Un país, un territorio, una crisis que no tiene fin.

Un territorio, el conurbano bonaerense, y una fecha concreta, la crisis de 2001, son, además de los protagonistas de este libro, las coordenadas que terminaron con un modelo de país y forjaron la Argentina que llega hasta el presente, la de una crisis sin final, con la degradación de la vida material como telón de fondo permanente y al parecer inevitable. «El modelo económico que había entrado en convulsión estalló en el lugar donde se lo había fundado. El conurbano de la provincia de Buenos Aires», dice Carlos Pagni en el comienzo de estas páginas, que son el resultado de una indagación de cinco años.

En la extraordinaria auscultación de ese temblor que supone El nudo, Pagni cruza sus dos juegos de herramientas: las del analista político mejor informado de la Argentina y las del historiador. Del mismo modo, aquí conviven dos libros: los grandes temas que caracterizan al conurbano (pobreza, clientelismo, hacinamiento, cuentapropismo, informalidad y fallas crónicas del Estado) y la historia de la conformación de ese territorio indómito, los hitos de la irrupción de la provincia de Buenos Aires en la política nacional, desde finales del siglo XIX hasta un tour de force final con el relato de 2001, porque, como dice el autor, «la sociedad sigue atrapada en una agenda de problemas que se inauguraron en medio de esa gran alteración».

Carlos Pagni

El nudo

Por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina

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diegoan 26.06.2023

Carlos Pagni, 2023

Editor digital: diegoan

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Para Martina

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INTRODUCCIÓN

Este libro habla de un lugar: el conurbano bonaerense. Pero sería también correcto decir que se refiere a un momento: la crisis de 2001. Fue a partir de esa tormenta que el conurbano despertó un interés desconocido. La conmoción le asignó un significado.

Con la gran perturbación de comienzos de siglo se precipitó un proceso con antecedentes más remotos. En esos días turbulentos cayeron presidentes y colapsó un régimen monetario y cambiario. Pero, sobre todo, se aceleró la descomposición del Estado de bienestar tal como había sido concebido desde los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón.

El terremoto se desarrolló sobre todo en una geografía. El modelo económico que había entrado en convulsión estalló en el lugar donde se lo había fundado. El conurbano de la provincia de Buenos Aires. En medio de esas ruinas hizo su aparición un nuevo drama: la pobreza. La Argentina era, por supuesto, un país con pobres. Pero a partir de 2001 emergió la pobreza como un fenómeno sistémico.

La sociedad sigue atrapada en una agenda de problemas que se inauguraron en medio de esa gran alteración. El aislamiento financiero por el recurrente riesgo de default; las dificultades para solventar el consumo de energía; una maraña de impuestos, que incluye las retenciones a las exportaciones; y el previsible desencuentro con las corrientes internacionales de inversión, forman parte de ese inventario de trastornos que adquiere rasgos de cronicidad.

La política también se transfiguró. El radicalismo, que había sido el instrumento de intervención de los sectores medios en la vida pública durante más de cien años, ingresó en una recesión. El PRO se gestó en ese vacío, con el propósito de cubrirlo. El peronismo se reconvirtió. Bajo la tutela de Eduardo Duhalde y, sobre todo, con el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, se conurbanizó. Los trabajadores organizados dejaron de ser la columna vertebral de una fuerza que ahora tenía su centro de gravedad en la pobreza organizada. Así como Perón se había ofrecido a mediados de los años cuarenta como el demiurgo de un nuevo orden, que evitaría la revolución social insinuada en el mundo del trabajo, Duhalde y, con mayor énfasis, los Kirchner, aparecieron como los proveedores de un equilibrio que sería siempre inestable por el malestar de los sumergidos. Son los dos extremos de una misma parábola. La de la expansión y el descenso de un sistema social, productivo y laboral. El terreno donde se experimentó esa trayectoria es el conurbano.

Para que la paz que se reconquistó después de 2001 fuera valorada, debería recordarse que se trata de una paz amenazada. Este juego está en el corazón de la visión del conurbano que se elaboró a partir de aquel incendio. Es el espacio desde el cual asoma una catástrofe detenida. No se trata solo de un objeto imaginario. En ese concepto hay algo de real. Porque el orden que se repuso es un orden demasiado defectuoso. En 2001 se restauró el poder del Estado ante la perspectiva del caos. Pero ese Estado choca contra sus propios límites y deja demasiadas zonas de descubiertas. Los desocupados o subocupados son una legión que, llegado el caso, se estructura alrededor de movimientos más o menos informales. En infinidad de barrios carenciados la autoridad es ejercida por los narcos. La pandemia fue un papel de tornasol que volvió más perceptible la impotencia de la gestión pública frente a estas miserias.

Sin embargo, esa imagen de un conurbano homogéneo en su peligrosidad, que siempre está a punto de lanzarse desde el margen hacia el centro, a la que recurren a diario las convenciones periodísticas, es incorrecta. No incorpora un rasgo sobresaliente de esa extensísima trama urbana: la diversidad. Bajo el mismo nombre se designa una variedad de regiones imposible de clasificar. Esa diversidad es también fragmentación y muestra un rostro cada vez más inquietante: la desigualdad.

La presunción de que más allá de la Ciudad de Buenos Aires se extiende un valle de lágrimas en el que solo predomina la pobreza está desmentida por los datos. El conurbano es, en su composición socioeconómica, un mosaico. Un 3,5 % de sus habitantes son propietarios o directivos de empresas con más de diez empleados. Un 6 % tiene la misma posición pero en medianas empresas. El 16 % de esos vecinos son propietarios que ejercen una profesión independiente o un oficio matriculado. Los empleados formales en la educación, el comercio, los bancos o la administración pública representan el 38 % del total; 13 % son asalariados en establecimientos de más de diez empleados. Y un poco más del 6 % lo son en kioscos, almacenes, oficinas profesionales, farmacias o emprendimientos por el estilo. Por su parte, un 6 % son trabajadores manuales en empresas con menos de diez empleados: choferes, albañiles u operarios en general.[1]

Las nacionalidades agregan su propia pluralidad: esa región ha sido durante un siglo y medio la meca de migrantes de toda procedencia. Los que cruzaron el Atlántico, los que dejaron sus provincias, los que llegan desde países limítrofes. El Gran Buenos Aires es, en este sentido, un pequeño Estados Unidos del subdesarrollo.

Esa diversidad está, como siempre, asociada a una gran vitalidad, que llama la atención de muchos observadores. Basta leer Una historia del conurbano de Pedro Saborido; o revisar las cuentas «The Walking Conurban», en Instagram o en Twitter, que definen a ese mundo con una frase una que sugiere todos los matices: «Un paraíso post-apocalíptico a minutos del obelisco». En esos textos, que convergieron en el documental Universo conurbano, esa urbanización inabarcable es el laboratorio de una sensibilidad desencajada de los cánones convencionales y, en un plano ideológico-político, una zona de reserva activa frente a los intentos de modernización capitalista. Es un enfoque que ve, o sueña, al conurbano como un agente histórico.

Alrededor de este sujeto se han constituido instituciones académicas, como el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También se despliega una literatura en la que, de nuevo, tiempo y espacio se superponen: está formada por obras que localizan a través de ese laberinto híper poblado los rasgos de una nueva sociedad fraguada en el año 2001. La indagación sobre el conurbano cruza desde las ciencias sociales a los textos de ficción, en la senda abierta por Bernardo Verbitsky y su Villa Miseria también es América, de 1957. Esa escritura va de Rodrigo Zarazaga a Washington Cucurto; de Adrián Gorelik a Juan Diego Incardona; de Jorge Ossona a Cristian Alarcón; de Javier Auyero a Josefina Licitra; de Lucas Llach a Florencia Castellano. El cine se interesó por ese territorio en múltiples producciones. Pizza, birra, faso, Mundo grúa, Un oso rojo, El bonaerense o Vikingo son algunas. También la televisión se propuso retratarlo con programas como Conurbano, tierra de oportunidades, de Diego Valenzuela, o columnas especializadas, como las de Daniel Bilotta. Okupas, El puntero o Un gallo para Esculapio son series que se ambientaron en esa geografía; igual que personajes de humor crítico, como Jesús de Laferrere y Micky Vainilla, que encarna Diego Capusotto con guiones de Saborido. Sería imposible consignar la infinidad de muestras de artes visuales dedicadas al conurbano y exhibidas en el conurbano. Y sería un desacierto olvidar que ese laberinto que rodea a Buenos Aires tiene una llamativa fertilidad para la música, como demuestra la cumbia villera, un género que ha trascendido más allá de las fronteras.

Este libro explica el peso decisivo que tiene el conurbano en la vida pública argentina. Lo hace de dos maneras. Cuatro capítulos ofrecen un enfoque sistemático. Otros cuatro consideran al Gran Buenos Aires desde el punto de vista de la historia. Están intercalados. El primero de tipo sistemático se denomina Conurbano y es una presentación de la región y sus problemas a la luz de categorías de la sociología urbana. Cuenta cómo se fue constituyendo esa extensión, ajena a cualquier plan premeditado. Las aberraciones en el uso de la tierra. El desborde de las instituciones creadas para administrar la vida colectiva: de la escuela a la comisaría, del hospital a las oficinas de asistencia social. Los contrastes económicos establecen barreras de aislamiento: en las villas y los asentamientos, en los countries y en los barrios privados. Es el paisaje de una sociedad que se desintegró.

Esa fractura es la materia del segundo capítulo de este género, que se titula Pobreza. Sigue el rastro del deterioro sociolaboral del país en el último medio siglo. Allí se analizan fenómenos entrelazados y superpuestos: desocupación, desempleo, informalidad, a la luz del lento agotamiento del paradigma productivo que se adoptó con la crisis de los años treinta y se consolidó con el peronismo. La explicación se centra en el modo en que esta declinación se proyecta sobre la política, abriendo espacio a la aparición de nuevos actores, como los movimientos sociales.

El tercer escrito de este estilo se llama Villas. Es el resultado de una observación prolongada de los barrios más desamparados del conurbano, una narración de su establecimiento, y un relevamiento sobre cómo ha cambiado su existencia en los últimos veinte años. En el fondo del fenómeno opera un problema de larga duración: la crisis de las economías regionales, en especial las del Norte del país, que ha impulsado la migración hacia los alrededores de la Capital Federal. Ese capítulo contiene un análisis del lugar operativo e ideológico que ocupan desde hace más de medio siglo las instituciones religiosas, sobre todo la iglesia Católica, en las zonas más necesitadas.

El cuarto capítulo de carácter sistemático se refiere al Clientelismo. Es un examen de una relación entre pobreza y política en la que el Estado defecciona de su rol por incapacidad o desistimiento. La lente se centra en el peronismo y su aparato bonaerense. También se observan las complejas dificultades que enfrentan quienes, en competencia con esa fuerza dominante, pretenden ensayar un nuevo estilo de acción política.

Entre estos cuatro capítulos se intercalan cuatro historias. Presentan cuatro momentos en los que la provincia de Buenos Aires y su conurbano irrumpieron en la vida nacional. La primera está dedicada a las batallas que se libraron por la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Está centrada en 1880 pero, en realidad, se extiende hasta 1890, que es cuando el Estado nacional termina de subordinar a la provincia en el terreno financiero. Esa narración explica cómo, alrededor de la figura de Julio Argentino Roca, se configuró un diseño de poder de base territorial: las provincias fortalecieron al Estado nacional para encuadrar a la provincia de Buenos Aires. A la figura de Roca se le contrapone la de Leandro Alem, un profeta solitario que vio, muy antes de tiempo, que la decapitación de Buenos Aires dejaría a esa provincia sin una agenda propia. Ese esquema, que nació en 1880, se desarticuló en 2001.

La segunda historia tiene como protagonista central al gobernador bonaerense Manuel Fresco (1936-1940). Lo sitúa en 1935, organizando un desfile multitudinario sobre la Capital Federal. Fue el acto central de su campaña proselitista para gobernar la provincia. Esa movilización, tan novedosa, fue promovida por un dirigente filofascista que vio antes que otros que en los alrededores de Buenos Aires se estaba formando una clase obrera de índole industrial. Fresco entendió que el conurbano era una amenaza que debía ser conjurada. Fue, con nitidez, el precursor de Perón.

El tercer texto histórico está dedicado a Perón. Es una reflexión, sostenida en un hilo narrativo, sobre una acción determinante del conurbano en la historia del país: el 17 de octubre de 1945. Esa historia permite examinar el rol del peronismo en una escena social y económica que se había transformado durante los tres lustros anteriores. En el centro de esa pintura está Perón, entregado a su experimento principal: impedir una revolución a través de una política de distribución de la renta facilitada por la excepcional coyuntura internacional.

El cuarto escrito histórico es, por varias razones, otro libro dentro de este libro. Su núcleo es un ensayo sobre el significado de la crisis de 2001 en la historia del país. Para desentrañarlo se propone una lectura del ciclo anterior, centrada en un eje: el descubrimiento del poder del conurbano bonaerense por parte de Eduardo Duhalde. Su rol como soporte y, a la vez, como límite del liderazgo de Carlos Menem y de sus reformas económicas. La reconstrucción de esa experiencia ilumina una mutación principal de la política argentina durante el último cuarto de siglo: su conurbanización. La caída de De la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá, y el tránsito de Duhalde desde el Senado a la Casa Rosada, imprimieron un nuevo diseño a la configuración territorial del poder fundada por Roca en 1880: ahora el Estado nacional, cuya constitución definitiva se produjo en detrimento de la provincia de Buenos Aires, se controlaría desde esa provincia. Néstor y Cristina Kirchner entendieron la nueva ecuación, un poder nacional dominado desde la consola bonaerense, y se apropiaron de ella. Si la misión del liderazgo de Perón había sido garantizar desde el Estado que la potencia de la clase obrera no derivara en un cambio radical del orden establecido, los Kirchner se propusieron asegurar que el agotamiento de aquel universo de Perón, que se manifestó en el conurbano durante la convulsión de 2001, no se transformara en el funeral de un sistema que giraba en el vacío. Perón ofrecía, antes que cualquier otro servicio, la inclusión de los trabajadores. Los Kirchner, la administración de la pobreza.

La crisis de comienzos de siglo también remodeló el campo no peronista. Como los Kirchner, Mauricio Macri y la fuerza que se constituyó alrededor de él son hijos de aquel colapso. Llevan la marca de su tiempo: el PRO, a diferencia del radicalismo, al que se alía y al mismo tiempo pretende sustituir, no concibe encerrar su acción política en los límites de la clase media. Se propone atraer también a los sectores más necesitados. Esta aspiración del macrismo inaugura dos pregunta inéditas para el marco cultural en el que se inscribe. ¿Qué debe hacer un partido gestado en el seno de las capas medias para generar poder en el conurbano? ¿Cómo transita por allí una fuerza que levanta banderas proclives al mercado?

Durante cinco años estuve dedicado a indagar y reflexionar sobre el conurbano como el lugar en el que se condensan los principales conflictos económicos, sociales y políticos del país. Fue necesario revisar una bibliografía de materias muy diversas, que van desde la economía y los problemas sociales, a la historia y los trabajos sobre la hiperurbanización, que es una tendencia internacional; también recorrer el territorio y, sobre todo, visitar villas y asentamientos a los que a menudo es difícil acceder; mantuve muchísimas entrevistas con gente muy interesante: vecinos del lugar, intelectuales que lo han estudiado, protagonistas de la vida pública que operan en esa región. La variedad de fuentes y puntos de vista confirman las características del objeto examinado. El conurbano es difícil de entender y eso explica que sea difícil de gobernar y transformar.

Este libro se inspira en preocupaciones relativas al futuro. El interés por el conurbano es parte de una interrogación más amplia sobre las razones que llevaron al país a su angustiante situación. En las complejidades de ese extensísimo entramado se juega un drama de larga duración. Un sistema económico que, convertido en una fábrica de pobres, degrada la política con la tentación cortoplacista del clientelismo. Un Estado desbordado de demandas, con problemas estructurales de financiamiento, que en su voracidad impositiva desalienta la inversión. La solución es problemática. Porque la mejor respuesta a la demagogia autoritaria no es un ajuste predatorio. Este dilema al que se enfrenta la Argentina deja sus huellas en el conurbano. El daño que produce tiene manifestaciones tangibles: fragmentación social, degradación de la infraestructura, vaciamiento de la escuela pública que se va reduciendo a ser un refugio asistencial de los más pobres, instalación de mafias que ejecutan delitos complejos y colonizan la entretela del Estado. Estos rasgos constituyen, de facto, una política exterior. Una forma de relacionarse con el mundo. Condicionan la ubicación del país en el contexto internacional. Y son un factor determinante para las corrientes de inversión. Son evidencias de que allí, en el conurbano, está el nudo. El desafío consiste en construir un nuevo paradigma productivo. Es una tarea que se posterga por razones diversas. Una de ellas es el malentendido al que condujo un ciclo expansivo tan rutilante como efímero, que transcurrió entre 2003 y 2010. Amparada por la magnitud del crecimiento, apareció la fantasía de que el modelo ya agotado podía restaurarse. Esa hipótesis, en la que basa su autosatisfacción el kirchnerismo, acentuó la dificultades que hay que resolver. Desde 2005 en adelante, comparada con los principales países de la región, la Argentina creció menos y fue incapaz de reducir el número de pobres en relación con la cantidad de población.

Una corriente de economistas, que lidera Pablo Gerchunoff, afirma que la raíz del problema está en un desencuentro entre las aspiraciones y las posibilidades económicas de la sociedad. Esos especialistas sintetizan la contradicción en el tipo de cambio real. Una simplificación deliberada, que se expresa de esta manera: el tipo de cambio real que permitiría que la economía se desarrolle de un modo competitivo, es un tipo de cambio antipático, que obliga, al menos por un tiempo, a un ajuste en el estilo de vida. Dicho de otro modo: la estrategia que hay que adoptar para crecer en el mediano plazo hace perder las elecciones en el corto plazo.

Ese desajuste es la manera en que se proyecta sobre la economía la antigua tensión entre la libertad, que es una condición de la competitividad, y la igualdad, que exige niveles mínimos de inclusión. La Argentina deambula desde hace más de dos siglos en busca de ese talismán. En ese extravío aflora una contradicción entre el distribucionismo voluntarista, que en su demagogia es irreverente ante la técnica, y la ortodoxia, que sacraliza una receta desentendiéndose de su aceptación social. No hace falta personificar estas dos inclinaciones. Además, es inconveniente, porque impediría tomar consciencia de que la pregunta es muy antigua y de que la respuesta se está demorando demasiado.

La democracia se sostiene sobre una normativa. Es el consenso sobre un sistema de reglas. Sin embargo, para que ese sistema sea aceptado, debe darse un mínimo de satisfacción material por debajo del cual la legitimidad se desmorona. La aspiración de estos escritos es llamar la atención sobre ese riesgo. El conurbano es la geografía en la que mejor se representa el estancamiento de una década. Es el último capítulo de un descalabro que comenzó hace casi medio siglo. En 1974 el país tenía un nivel de integración social equivalente al de Francia. Hoy está a la par de Perú, que en 1974 exhibía una abismal desigualdad. En los últimos veinticinco años la pobreza en la Argentina tuvo ascensos y caídas. Pero la tendencia del número de pobres fue en ascenso. Esos pobres no son solo excluidos. Son expulsados. Es decir, no son personas que desconocen el bienestar. Estuvieron y perdieron su lugar. Tienen consciencia plena de qué es lo que les falta. Las derivaciones emocionales de esa involución generan un tipo de política. Porque generan un tipo especial de desengaño.

La insatisfacción se expresa en todas las investigaciones sociológicas. En números y en estados de ánimo. Se ha vuelto habitual que los consultados en encuestas cualitativas se pongan a llorar al contar lo que les pasa. Por si hubiera alguna duda, ese desencanto tuvo una manifestación electoral. En 2021 se registró la mayor abstención del ciclo democrático. Su expresión más estridente se dio en el conurbano bonaerense, que reduce a escala en su mortificada geografía el panorama nacional. Además, masas cada vez más caudalosas de votantes se sienten atraídas por un discurso antisistema. Se está verificando en la Argentina un problema que se reproduce en todo Occidente. La democracia republicana, que se basa en el pluralismo ideológico, la división de poderes, la libertad de expresión y el imperio de la ley, soporta impugnaciones como consecuencia de las malas prestaciones económicas. Muchas sociedades están apelando a liderazgos autoritarios, a cambio de la promesa de superar la frustración. La Argentina, por recurrir a una expresión que utilizó Tulio Halperin Donghi en 1964, corre el riesgo de quedar encerrada en un callejón. Todavía queda tiempo para impedir esa dolorosa vuelta atrás.

Febrero 2023

2
CONURBANO

Nada es más difícil de advertir que lo obvio. Con el conurbano bonaerense pasa eso. Para quien quiera entender la vida pública argentina, es una realidad ineludible. La demografía, con su tediosa matemática, manda. Y esa región se impone por la prepotencia del tamaño. Pero a la vez se trata de una zona misteriosa, no solo porque es un laberinto inabarcable, sino también porque su representación es problemática. Ni siquiera hay coincidencias con su denominación. ¿Conurbano? ¿Gran Buenos Aires? ¿Área metropolitana? Pero la raíz de esa incomprensión está en que esa geografía es la sede de una brecha. Allí viven millones de personas instaladas en lo que del otro lado del muro se llama marginalidad. Un lugar donde se vive de otro modo. La agenda periodística está saturada de noticias que llegan desde allí, pero ese caudal informativo se resiste a la conceptualización. La escasez estadística es llamativa, y la bibliografía tiene lagunas insalvables. Esa ceguera puede ser deliberada. Es una respuesta a lo que resulta doloroso.

La simplificación es otra dimensión de esa ignorancia. En la noción de conurbano, está excluida, muy a menudo, una extendida clase media. Y también lo están las manifestaciones de opulencia, sin las cuales resulta imperceptible un rasgo principal de esa economía: el contraste de la desigualdad.

De vez en cuando, como en 1945 o 2001, ese mundo irrumpe y desconcierta. Sería comprensible que el conurbano fuese el destinatario de una negación, porque contradice la imagen convencional que el país tiene de sí mismo, aun cuando sea una especie de caricatura de lo que ha sucedido con Argentina. Su historia es la de una expansión y una decadencia, de un universo que pasa de la integración a la fractura, una reducción a escala de la peripecia nacional. El contraste está cifrado, si se quiere, en esas fechas. En 1945, ingresaron a escena los trabajadores organizados. En 2001, los desocupados, los despedidos del trabajo. El conurbano es el escenario principal en el que se representa esa tragedia que va desde la reivindicación sindical al conflicto piquetero.

Desde el siglo XIX, esa área constituye lo que Norma Meichtry caracteriza como una distribución urbana de alta primacía.[2] Desde hace ya cien años, concentra más del 20 % de la población del país. Pero el peso relativo de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano fue modificándose. En 1869, la ciudad representaba el 10,2 % de la población total, y el conurbano, el 2,4 %. En 1914, esas proporciones eran el 19,9 % y el 5,8 %, respectivamente. En 1947, la ciudad sigue siendo predominante: el 18,8 % contra el 10,9 % del conurbano. Pero en 1960 se revierte la relación: la ciudad representa el 14,8 % y el conurbano, el 18,9 % del país. En 1980, esas participaciones son el 10,5 % y el 25,1 %. Y, en 2001, el 7,7 % de la ciudad contra el 25,6 % del conurbano. Hoy la población de la Capital es el 7,2 % y la del conurbano, el 29 por ciento.

Juan José Llach y Martín Lagos discuten que exista una relación directa entre alta concentración urbana y retraso en el desarrollo de un país.[3] Apuntan que el área metropolitana de Buenos Aires alcanzó el 34,9 % de la población argentina en 1970 y descendió al 31,9 % en 2010. En comparación, países que tuvieron un desarrollo veloz, han registrado una densidad urbana considerable. En Nueva Zelanda, Auckland concentra el 29,4 % de la población. En 2012, el 40,2 % de los chilenos vivía en el Gran Santiago. Y Seúl reúne al 50,3 % de la población de Corea del Sur.

Meichtry explica que un polo de mayor concentración urbana o de alta primacía puede ejercer una influencia virtuosa durante una etapa inicial de desarrollo. Y que, a partir de un pico, esa aglomeración comienza a ser contraproducente. Esa lectura coincide con lo que sucedió en el conurbano. Su primera expansión fue armónica. Se debió al desborde de la ciudad de Buenos Aires y se organizó por el tendido de las grandes líneas ferroviarias, hacia el norte, el sur y el oeste. Esos ramales seguían, en general, el trazado de los antiguos caminos reales del virreinato. Uno era el del oeste, tendido hacia el pueblo de Flores por donde hoy corre la avenida Rivadavia. El otro llegaba hasta Chascomús, bifurcándose sobre las que en la actualidad son las avenidas Pavón y Mitre.

La formación de esta región está relacionada con su atractivo para determinar una migración permanente. Como sostiene Francisco Delich, «si se excluyen los gobiernos de Avellaneda y Roca a fines del siglo XIX propiciando la radicación de inmigrantes en colonias fundacionales, los asentamientos urbanos siguieron la ruta del empleo precario o estable, calificado o sin calificación, pero escapando del mundo rural inicialmente y de los pueblos intermedios hasta alcanzar la ciudad que ofrece las mayores oportunidades».[4]

Esta tendencia tiene distintas velocidades. La mayoría de los pueblos del Gran Buenos Aires deben su existencia a la vertiginosa expansión que tuvo lugar en el apogeo agroexportador de Argentina. Por supuesto, había núcleos anteriores a ese período. Quilmes, por ejemplo. Pero casi todas las localidades que rodean a la Capital Federal, sobre todo hacia el sur, llevan el nombre de la estación de ferrocarril en torno a la cual fueron creciendo. En muchos casos, se fijó como fecha de fundación la de la llegada del primer tren.

Para 1890, si se observa el mapa de Carlos de Chapeaurouge, por citar uno muy representativo, se advierte que la línea de edificación no traspasaba la actual avenida Pueyrredón y hacia el sur llegaba al parque Lezama. Más allá, un pequeño manchón muestra La Boca. La superficie pierde después continuidad: Barracas Sud (que después se llamaría Avellaneda), Quilmes, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro o San Fernando son pequeñas manchas de cuadrículas de superficie limitada. La línea serpenteante del Riachuelo recorre, desde una amplia región semivacía llamada La Matanza, una amplísima zona rural de chacras y quintas.[5]

Alrededor de esa estación, se realizaron los primeros loteos y se levantaron instituciones y comercios. El conurbano era una orilla semirrural. Por eso, a sus habitantes se los conocía como orilleros, denominación que quedó consagrada en la literatura por el célebre cuento de Borges. El orillero era un tipo humano de frontera, un personaje de transición entre el mundo de la campaña y el mundo de la ciudad. Si ese universo se industrializaba, era siguiendo el sesgo impuesto por la inserción del país en la globalización comercial de fines del siglo XIX. Las empresas más poderosas fueron hijas de ese proceso: un indicio elocuente lo proporcionan los frigoríficos de Dock Sud, donde trabajaban más de cinco mil personas.

Adrián Gorelik relató muy bien la historia de este crecimiento.[6] Describe dos ciclos. Uno va de 1895 a 1938. El auge demográfico fue impresionante: de 800 000 a 4 millones de habitantes. Durante ese período, se dotó a la nueva urbanización de una infraestructura vial, sanitaria y educativa que permitió la integración entre los suburbios y la Capital. Ese corrimiento de la frontera no fue homogéneo. Gorelik describe que la ciudad se expandió hacia los suburbios de manera discontinua. Centros secundarios tuvieron su propio crecimiento. Y en ese movimiento se constituyó una entidad urbana, sociológica y cultural: entre 1895 y 1915, los vecindarios suburbanos se fueron convirtiendo en barrios.[7]

Este arquitecto e historiador urbano analiza la utilización que hace el Estado de dos instrumentos cruciales para intervenir en esa expansión: la cuadrícula y el parque. Ambos ponen de manifiesto una pretensión organizadora que, más allá de la eficacia que haya tenido, se fue perdiendo. En 1904, consigna Gorelik, el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires programó la cobertura de las áreas libres con la cuadrícula amanzanada y también un cerco de parques para limitar el desborde de la ciudad. Esta segunda iniciativa fue liderada por el célebre Jules Charles Thays. Este paisajista francés, heredero de la escuela que había reconfigurado París durante el Segundo Imperio, llegó al país en 1888 para trabajar en Córdoba, en el diseño del parque Crisol, hoy parque Sarmiento. Como director de Parques y Paseos de la ciudad de Buenos Aires, Thays proyectó los parques Colón (1904), que es la actual plaza Colón; del Oeste (1904), llamado parque Central; Patricios (1902); Chacabuco (1903), y Centenario (1909).

La creatividad y sobre todo la ejecutividad de este urbanista hablan de un Estado que todavía estaba capacitado para organizar la ciudad. Por supuesto, la escala de esa ciudad aún era dócil. Además, los trabajos de Thays, que se inician bajo la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, son la manifestación de un espíritu de intervención estatal en el espacio público que desmiente el estereotipo convencional de los gobiernos conservadores. Y denuncian, a la luz de la experiencia posterior, una marcada involución. Lo mismo revela, como explica Gorelik, la extensión de la cuadrícula y la creación de barrios obreros. La cuadrícula «es también, por supuesto, la manera de guiar una sociedad convulsionada hacia el ideal de una comunidad de pequeños propietarios».[8] El autor cita al ingeniero Domingo Selva, responsable de la creación de barrios obreros impulsada en 1904. Dice Selva: «Yo no deseo que se haga una Buenos Aires de obreros y otra de gente acomodada. Yo deseo enclavar en la ciudad grupos más o menos grandes, en continuo contacto con las demás gentes, por su trabajo, por las vías de comunicación, por cien otras causas».[9]

Ese sueño integrador fue de a poco desmentido. Entre 1938 y 1975, la población aumentó en proporción mucho menos que en el período anterior: de 4 a 9 millones. Pero la infraestructura comenzó a ser muy deficitaria. En muchas áreas de esa nueva periferia, no alcanzaría a cubrir al 10 % de la población. ¿A qué se debió ese desequilibrio? Gorelik apunta dos razones. La primera: entre 1938 y 1975, se multiplicó menos la cantidad de habitantes, pero se amplió muchísimo más el área geográfica en la que se establecían. Para 1975, ya estaban formados los dos cordones del conurbano, separados por el Camino de Cintura. La segunda explicación: mientras en el lapso inicial la inversión fue solventada por el Estado nacional, en la segunda etapa corrió por cuenta de los gobiernos provinciales.

Es imposible comprender el fracaso del sueño integrador de los textos de Selva sin observar el contexto general en el que se inscribe. El repliegue de la economía exportadora en los años treinta forzó el ensayo de una industrialización sustitutiva. La gran expansión del conurbano es hija, en este sentido, de una estrategia favorecida por los altos aranceles y la escasez de divisas. Esas condiciones impulsaron el reemplazo de bienes importados por bienes producidos en el país. Sectores que en los años veinte ya habían comenzado a desarrollarse, como el del tejido, siguieron creciendo. También la fabricación de alimentos, productos químicos y metálicos. Este proceso de industrialización se sostuvo en las reglas de protección que fue estableciendo el Estado, sea por las tarifas externas o por la fijación del tipo de cambio. Para los empresarios que apostaron a la industria, mantener un buen vínculo con los gobiernos fue siempre más importante que mejorar la eficiencia o los precios. A este impulso industrial, se le sumó, en la década de 1930, un marcado avance de la construcción por el incremento de población, derivado de migraciones internas, y de la obra pública. Como consecuencia de este fenómeno, hacia 1940 la Federación Obrera Nacional de la Construcción era el segundo sindicato del país, con unos cincuenta mil afiliados. El primero todavía seguía siendo la Unión Ferroviaria, con cien mil. El tránsito de una dinámica impulsada por las exportaciones a otra proteccionista, liderada por el mercado interno, fue presentado en el discurso de la época como una modernización.

La pretensión urbanizadora era parte de ese horizonte que hacía juego con la creación de una nueva infraestructura, cuyo signo más claro fue la dimensión funcional pero también material que adquirió el ministerio de Obras Públicas, emplazado en Cerrito y Moreno. Allí se manifestó el impulso que recibieron los grandes trabajos urbanos. Eran parte de una estrategia generalizada de reactivación económica frente a la Gran Depresión, pero también de la nueva confianza en la capacidad del Estado para organizar la vida pública. La formación de grupos de arquitectos e ingenieros que planificaban la ciudad y su periferia en reparticiones públicas coincidió con la aparición de un equipo de técnicos que ejecutaron una política económica sobre premisas intervencionistas.

Lo que conocemos como conurbano, con todas las resonancias que cobija esa palabra, es el resultado de ese proceso que se inicia después de la crisis de 1929. Es el testimonio, por lo tanto, del colapso del orden económico internacional en el que la Argentina estaba instalada y de las enormes dificultades para reemplazarlo. Es el producto de una impugnación al liberalismo y del intento de sostener el orden material en el Estado interventor. Es la pretensión planificadora que se desarrolló a partir de esa maniobra, convertida, a fuerza de fracasos, en una pesadilla.

A lo largo de décadas, el proceso estuvo acompañado por una caudalosa migración interna. Con los años, el tejido urbano desbordaba hacia las tierras bajas. El nuevo radio debería ser cubierto por líneas de colectivos que trasladaran a los trabajadores desde la estación de tren hasta la última manzana edificada. El suburbio comenzaba a tener suburbios.

El despliegue urbano, ordenado por líneas que se extienden hacia el descampado como los dedos de una mano, fija el valor del suelo. Los terrenos más costosos estarán siempre cerca de las estaciones de tren.

El ordenamiento de este proceso era una atribución del gobierno bonaerense, en La Plata. Gorelik rescata varios intentos de organización espacial. Es lo que él llama «una polémica sobre el suburbio», de la que participaron, de manera secuencial, Benito Carrasco, Werner Hegemann, Carlos María Della Paolera, Emilio Siri o José María Pastor. La lista no es exhaustiva. Corresponde agregar a Pascual Palazzo y a una figura que fue en su tiempo maldita: el general Juan Pistarini.

Esos nombres están asociados a sucesivos intentos planificadores. Carrasco fue un gran paisajista, discípulo de Carlos Thays. A él se le debe el Rosedal de Palermo. No es sorpresa: el paisajismo expresó las preocupaciones de los urbanistas contra las patologías de la vida urbana. Por esa vía, Carrasco llegó a la discusión de las dificultades que ya en los años veinte presentaba la expansión del centro porteño. Como recuerda Gorelik, el reproche a sus colegas fue que no podían pensar Buenos Aires más allá del eje Callao-Entre Ríos.

Es asombroso que los problemas de la formación del Gran Buenos Aires ya resultaban evidentes hace más de ochenta años. En 1931, el historiador, crítico y urbanista alemán Werner Hegemann visitó la Argentina invitado para un ciclo de conferencias. Un año antes, Walter Benjamin lo había caracterizado como «un jacobino contemporáneo». Se refería a las investigaciones de Hegemann sobre los barrios bajos de Berlín. Desde esa plataforma conceptual, Hegemann afirmó durante su viaje que los porteños «solo clavan su atención fascinada en los relativamente pequeños problemas del viejo centro de la ciudad [y] se olvidan de que hoy, fuera de los azarosos límites políticos de la denominada Capital Federal, se obstruyen y destruyen irracionalmente las posibilidades de una vivienda sana, de sistemas de parques más espaciosos, de reservas de bosques y de vías de tránsito».[10]

Gorelik refiere a un interlocutor argentino de Hegemann, Carlos María Della Paolera. Este ingeniero creó en 1932 y dirigió hasta 1939 la Oficina de Urbanización de la Municipalidad de Buenos Aires. Desde allí, elaboró el plan de la avenida 9 de Julio. En el Instituto de Urbanismo de París, Della Paolera había aprendido las categorías principales del «urbanismo científico». En 1927, en el diario La Razón, expuso sus ideas bajo el título «El plan regulador de la aglomeración bonaerense». En 1936, en un texto llamado «El Gran Buenos Aires», reclamó la creación de «un organismo técnico para que la ciudad y la provincia organicen, como un solo conjunto, a la gigantesca urbe que poseen en condominio».[11]

Durante aquella década que la historiografía denominó «infame», signada por el intervencionismo económico y urbano, se desarrollaron grandes proyectos para racionalizar la expansión de Buenos Aires en la perspectiva planteada por Della Paolera. Con la 9 de Julio, se imaginó también una avenida-parque de circunvalación: la General Paz. Comenzó a construirse el 8 de junio de 1937 y se inauguró el 5 de julio de 1941. Fue ideada por el ingeniero Pascual Palazzo, en cuya carrera se refleja el espíritu de la época. Palazzo había trabajado desde 1923 en la Dirección de Puentes y Caminos de la provincia, una agencia que él reorganizó en 1934. Planificó y supervisó las obras de la General Paz, la primera vía del país en tener calzadas separadas, como jefe de la División de Acceso a Grandes Ciudades de Vialidad Nacional. El estudio, además de tener en cuenta el paisajismo, incorporaba criterios sobre flujo de tránsito.[12] Palazzo fue también, en la década de 1940, ya bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, el autor de los proyectos iniciales de accesos Norte y Sudeste. Alejado del peronismo en 1952, volvió a Vialidad Nacional entre 1955 y 1956 y desarrolló el primer tramo del Acceso Norte. En 1959, con Arturo Frondizi, este urbanista fue designado secretario de Obras Públicas, cargo desde el que imaginó la fundación de ciudades satélite para el Gran Buenos Aires. Hay un detalle significativo sobre este momento: Roy Hora detectó que el primero que utilizó la palabra «conurbano» fue Oscar Alende, durante la campaña electoral de 1962. Dijo que «el problema es el conurbano». Fue la primera elección en la que los votos de esa región superaron a los del resto de la provincia.

La confianza en la capacidad del Estado, es decir, de la política, para ordenar el Gran Buenos Aires, que se expresaba en Palazzo y sus proyectos, apareció también en uno de los grandes experimentos urbanísticos de la revolución fascistoide de 1943, que continuó durante el peronismo. Fue la creación del aeropuerto de Ezeiza como pieza ordenadora de un emprendimiento habitacional, vial y paisajístico que revalorizaría el sudoeste del conurbano. Como expone Anahí Ballent,[13] la creación de una estación aérea, discutida desde los años treinta, fue convertida en un símbolo de la modernidad con la que pretendieron asociarse el gobierno militar y su sucesor, el de Juan Domingo Perón. El proyecto se aprobó en 1944 y dio lugar a la expropiación de 6800 hectáreas. Esa dimensión excedía las necesidades de un aeropuerto y retoma una línea de trabajo iniciada en 1925 con la extensión del parque La Tablada: constituir el sudoeste en una reserva verde de la ciudad de Buenos Aires, entendida como extensión del Bajo Flores. Con el aeropuerto, se formó una zona forestal de parque; se crearon barrios populares, como Ciudad Evita, BHN y Aeropuerto, y se trazó una autopista, la Ricchieri, entendida, al modo de la General Paz, como avenida-parque. La Ricchieri conectó el aeropuerto con la ciudad de Buenos Aires, pero además ligó y amplió distintos fragmentos del conurbano. La General Paz y la Ricchieri fueron avenidas complementarias. Una limitaba la Capital respecto de su conurbano. La otra integraba a ese conurbano con el centro de la ciudad, convirtiéndose en un nuevo acceso, una nueva puerta.

El complejo Ezeiza simbolizó la idea de comienzo absoluto y salto modernizador del peronismo. El urbanismo fue una dimensión crucial de esa simbología. Está explicado en el revelador trabajo de Mark Healey sobre el relevante papel que tuvo la reconstrucción de San Juan en el lanzamiento de Perón como figura pública y en la elaboración del imaginario peronista, después del terremoto que arrasó la ciudad el 15 de enero de 1944.[14] Esa San Juan destruida fue el dócil espacio del sueño urbanístico de un grupo de ingenieros y arquitectos que, al mismo tiempo, pretendían modelar un conurbano bonaerense que ya se estaba volviendo rebelde a los ensayos intervencionistas del Estado.

En ese clima, Emilio Siri, el intendente de Buenos Aires designado por Juan Domingo Perón entre 1946 y 1949, impulsó el urbanismo como una dimensión más del proyecto de refundación utópica que inspiraba al gobierno nacional. En 1947, al amparo de un Consejo Municipal de Obras Públicas, creó el Estudio para el Plan de Buenos Aires. Entre las funciones de ese estudio, estaría «proyectar los acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y las municipalidades que se considere conveniente incluir en los estudios, tendientes a la confección de un Plan del Gran Buenos Aires». Entre los inspiradores de esta empresa planificadora, estaban el arquitecto Jorge Ferrari Hardoy y el abogado Guillermo Borda, que sería célebre como tratadista de derecho civil. Ambos habían trabado relación con Le Corbusier, en cuyo estudio Ferrari había trabajado en 1937 y 1938.[15] Fruto de aquella experiencia fue la publicación del «Plan Director para Buenos Aires», del propio Le Corbusier. Allí, el genial arquitecto suizo escribe palabras impresionantes por su dramatismo:

Buenos Aires, la ciudad del gran destino de Sudamérica, está más enferma que ninguna. Justamente porque es de naturaleza fuerte y juvenil, ha sufrido en su crecimiento relámpago el asalto acelerado de los errores. Hoy es una de las grandes capitales del mundo. Un formidable destino le aguarda. En 1929, habiéndola conocido, la llamé: «La Ciudad sin esperanza». En la cual los hombres no podrían conservar ni aún la esperanza de días armoniosos y puros. A menos que, fuerte de su fuerza, Buenos Aires reaccione y actúe.[16]

Della Paolera fue parte de ese audaz equipo porteño formado a la sombra de Siri, aunque con una responsabilidad de menor jerarquía. La iniciativa, sin embargo, no tuvo consecuencias prácticas. El Grupo Austral de Hardoy y Borda no pudo dejar su marca en la ciudad y tampoco en San Juan, donde las autoridades prefirieron los planes más moderados de arquitectos neocoloniales.

El empeño de racionalizar la expansión urbana de Buenos Aires terminó naufragando a mediados de los años cincuenta. Es decir, cuando más se lo necesitaba. Porque el conurbano, tal como lo conocemos, es hijo de una política intervencionista fundada en la década de 1930 y llevada a la plenitud por el peronismo. Y es también hijo del fracaso de ese intervencionismo, económico y urbanístico. En ese paisaje, están las huellas de las crisis que se sucedieron en la Argentina desde los años setenta. El Rodrigazo, el desmantelamiento industrial llevado adelante por el gobierno militar, la hiperinflación alfonsinista y, sobre todo, el abismo recesivo que determinó el derrumbe de la convertibilidad y provocó el estallido del año 2001 son los jalones de una inestabilidad con rasgos crónicos, que dejó una gigantesca marca urbana. Recuerdo la noche en que le comenté a Paolo Rocca que había comenzado a garabatear este libro. Él, que mira la Argentina desde dentro y desde afuera, comentó: «Si yo tuviera que hacer una pregunta a la dirigencia argentina sobre el destino del país, le preguntaría qué va a hacer en los próximos quince años con el conurbano bonaerense». Ya pasaron cinco años de esa conversación.

La manifestación física de este curso histórico se percibe desde el cielo. Si se la recorre en helicóptero o en avión, se registra un collage extrañísimo: barrios elegantes intrincados en gigantescas villas de emergencia, que conviven con los restos de chacras antiguas o de estancias incrustadas en esa desorganizada urbanidad. La deformación de esa geografía hace que la previsión sea una necesidad de sentido común. Della Paolera entendió que esa «enorme urbe» debía ser administrada «en condominio» por los gobiernos de la ciudad y la provincia. Pero ese empeño fue espasmódico. Hoy, casi setenta años más tarde, todavía no existe una entidad que permita coordinar con eficiencia las políticas porteñas y bonaerenses destinadas al área metropolitana. La única agencia en la que se puede reconocer ese rol es Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que procesa los residuos. Es heredera de La Quema, el viejo incinerador del basural que desde 1970 estaba emplazado a orillas del Riachuelo. Quedaba detrás del camino del puente Alsina. Hasta allí llegaba el Trencito de la Basura, por lo que hoy es la calle Oruro, hasta las inmediaciones del estadio de Huracán. Esta es la razón por la que a los simpatizantes de ese club se los llama «quemeros».

El conurbano se hizo solo

La falta de armonía entre nación, provincia y ciudad ha llegado a veces a extremos insólitos. Cuando Mauricio Macri buscó la autorización para extender la autopista Illia por un corredor lindero al Aeroparque, el ministro del Interior y Transporte del gobierno kirchnerista, Florencio Randazzo, planteó una inesperada condición. Por orden de Cristina Kirchner, debía aceptar el desplazamiento del monumento a Cristóbal Colón, en la plaza vecina a la Casa Rosada, para que se pudiera levantar allí una estatua de Juana Azurduy. Para la expresidenta, ese canje escultórico era una forma de complacer una reprimenda del caudillo venezolano Hugo Chávez. Asomado a la ventana del despacho presidencial, Chávez se indignó ante la imagen de Colón: «¿Cómo puedes tener allí a ese genocida?». El mandato del emir venezolano, su influencia, desmerece la visión sobre América hispánica que la señora de Kirchner puede haber encontrado en autores como Norberto Galasso, Felipe Pigna, Osvaldo Bayer, tal vez Pacho O’Donnell. O, como presume la mordacidad de Beatriz Sarlo, «las obras de Jauretche que le comentaron en los fogones de la Universidad de La Plata». Lo que importa es asomarse a una planificación urbana que se ejecuta por la vía del absurdo. El imperativo de confinar a Colón a un lugar menos visible de la Capital permitió a muchos porteños llegar más rápido a la zona norte a través del nuevo tramo de la autopista Illia.

El conurbano es la representación más ostensible de una silenciosa derrota de la política. Pero sería un error leerlo solo como un fenómeno local. Es el modo en que se registró en la Argentina un proceso decisivo de la civilización contemporánea: la urbanización acelerada. Según el Banco Mundial (BM), para 2030 se espera que el 85 % de la población del planeta se encuentre en países en desarrollo, que son los que más crecen. Ese aumento es en más del 90 % urbano. Para esa fecha, se prevé que el 60 % de la población mundial viva en ciudades. Además, los pobres son sobre todo urbanos. Hay casi mil millones en el mundo. Más de 750 millones viven en ciudades. Un tercio de la población de los países en desarrollo vive en favelas, rancheríos o villas de emergencia. Este problema ocupa gran parte del estudio y esfuerzo de los organismos internacionales. El ejercicio más notorio es la Alianza de Ciudades, que se creó en 1999 con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el BM. El conurbano bonaerense conecta a la Argentina con esa dinámica global.

El fenómeno excede al país y a la región. Un urbanista como el español Pablo Arias Sierra lo describe en estos términos:

La explosión demográfica y migratoria de los años 50 y 60 significa una voluntad de cambio social que se expresa territorialmente en la aparición de los incipientes fenómenos metropolitanos. La improvisación y la falta de referencias en relación con el problema de los nuevos crecimientos, como espacios de desarrollo discontinuo al margen de las propias fronteras municipales, va a producir de forma acelerada un aglomerado tentacular donde la vivienda social, los polígonos industriales y los enclaves marginales, van a construir «la otra ciudad», que de forma imprevisible impone su presencia como una nueva expresión discontinua y conflictiva de lo periférico.[17]

Arias Sierra habla de regiones hiperurbanizadas y las caracteriza como «fenómenos patológicos» o «malformaciones». La imagen clásica de la ciudad se fue transformado durante el siglo XX como consecuencia de dos movimientos: la dispersión y la fragmentación, que Arias llama «discontinuidad». El objetivo utópico de Selva resultó inalcanzable. El Gran Buenos Aires es la geografía de la fragmentación.

Y se refiere al clásico modelo que el sociólogo Ernest Burgess propuso en 1925, según el cual la ciudad se extiende en áreas concéntricas. Esta interpretación sería incompleta si no se advierte una peculiaridad que Arias consigna y que tiene en Buenos Aires una manifestación contundente: la expansión hacia la periferia también modifica el centro. La ciudad de Buenos Aires mantiene su número de habitantes desde hace cincuenta años: tres millones. Pero es una de las pocas urbanizaciones del mundo que durante el día duplica su población, porque se convierte en receptora de los habitantes de su conurbano.

Ese movimiento cotidiano es de una gran riqueza para entender la vida en la región, porque no solo habla de que la Capital recibe a diario una invasión desde los bordes. También significa que tres millones de vecinos del conurbano pasan el día en la ciudad. Muchos de esos bonaerenses, que durante la jornada diaria están en un lugar distinto del que viven, se trasladaron a la vez al conurbano desde sus provincias. Dejaron el ambiente social, físico y cultural en el que nacieron para radicarse en otra localidad de la que también deben moverse durante casi todo el día. Son migrantes al cuadrado.

Innumerables aspectos de la administración porteña están condicionados por esta relación con las ciudades colindantes. Uno de los signos más evidentes es que dos tercios de los pacientes que se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires provienen del conurbano. Pero también hay que advertir lo que no siempre se dice: tres millones de personas, que ingresan a diario a la ciudad desde los bordes, tributan a las arcas porteñas, en especial por ingresos brutos. El transporte es otro servicio que no puede ser pensado a escala municipal. Aquí el problema es más complejo, porque al flujo creciente de pasajeros se agrega el deterioro de los medios públicos, que es uno de los grandes problemas que sufren los habitantes del área metropolitana. En el centro de esta involución, está la decadencia y el consiguiente abandono del ferrocarril. Hay una comparación que ilustra esta declinación. La red subterránea de la ciudad se extiende a través de 60 kilómetros de túneles y traslada a 1200 000 de pasajeros por día. La trama ferroviaria del conurbano bonaerense tiene 800 kilómetros de longitud y recibe la misma cantidad de usuarios. Es la misma cantidad de gente que transportaba en los años noventa, cuando el precio del boleto era muy superior.

El sistema de transportes del Gran Buenos Aires es una exhibición de irracionalidad casi inigualable. A partir de la crisis de 2001 y sobre todo de la llegada de los Kirchner al poder, se subsidió la demanda de ferrocarril y se consiguió que cayera la cantidad de pasajeros. Solo una caída libre en la calidad de la oferta puede lograr ese prodigio. A este desaguisado se agrega otro: la ineficiencia de los servicios ferroviarios indujo a trazar las grandes autopistas no con una orientación radial, sino en paralelo con las vías del tren. Si se quiere demostrar el desacierto de esta (falta de) política, alcanza con un dato: apenas se introdujeron mejoras en el ramal del Ferrocarril Mitre Retiro-Tigre, el caudal de usuarios ascendió un 35 por ciento.

La decadencia del sistema de transporte marca a la población del conurbano en un aspecto principal de su existencia cotidiana: la pérdida de tiempo. Millones de personas dedican varias horas del día a trasladarse. Es una condena igualitaria. Mortifica a los ricos y a los pobres. Se trata de una marca distintiva de la vida en la región. Tan extendida que acaso no la perciben los nativos. En cambio, el que ha vivido en alguna ciudad más pequeña advierte, sobre todo cuando vuelve a visitarla, que gracias a la facilidad para trasladarse el tiempo sobra.

La desarticulación de las políticas dirigidas a esta región se vuelve más evidente si se agrega la acción de la administración central. Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel y luego se incorporó al gobierno de María Eugenia Vidal, suele comentar que en cualquier comuna del conurbano hay por lo menos tres responsables de poner cemento. La nación, la provincia y el municipio. Pero, al mismo tiempo, la nación tiene varios responsables de la obra pública. Por ejemplo, el ministerio del Interior y Obras Públicas, el de Transportes y Agua y Saneamientos Argentinos (aySA). Todos esos actores intervienen con regímenes de contrataciones diferentes y prioridades no discutidas. La irracionalidad del resultado no es un accidente. Parece ser un objetivo. El caso del cemento se puede proyectar sobre muchas otras funciones estatales. Desde la seguridad hasta la salud.

No se trata de una mera dificultad administrativa. Esa dificultad es la manifestación de otra más rebelde: la imposibilidad de categorizar al conurbano, la imposibilidad de pensarlo. Ese límite proviene de la naturaleza del objeto, que es su historia. Como suele definir un dirigente peronista formado en esa geografía, «el conurbano se hizo solo». Ni siquiera existe unanimidad respecto de los partidos que lo integran. Además de una trampa subliminal: desde un punto de vista técnico, conurbano es todo el entramado que rodea a la ciudad de Buenos Aires, pero desde un punto de vista social o cultural las áreas más prósperas de ese gigantesco cordón no son, en realidad, el «conurbano», sino que se las llama zona norte y tienen una connotación muy diversa. Así, en esta dispersión, se explica la multiplicidad de clasificaciones dedicadas a imprimir un ordenamiento conceptual a lo que está desordenado.

La división coloquial por zonas es la menos precisa: norte, sur y oeste. Es evidente que existen diferencias, hasta se podría decir tres estilos, pero tienen poco poder explicativo.

Otra taxonomía habitual es la de los «cordones» o «coronas». Pueden ser dos o tres, según la cantidad de partidos que se integren al concepto «conurbano». El primer cordón está formado por Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, un sector de La Matanza (Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, San Justo, La Tablada, Villa Madero, Tapiales, Aldo Bonzi y Ciudad Evita), Morón, Tres de Febrero, General San Martín, Vicente López y San Isidro. El segundo cordón se compone de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, un segundo sector de La Matanza (Rafael Castillo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán, 20 de Junio y Virrey del Pino) y Almirante Brown. Las descripciones que amplían la definición de «conurbano» contemplan un tercer cordón al que pertenecerían San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, General Rodríguez, Escobar y Pilar.

Cuando se quiere interpretar el conurbano según el criterio del uso del suelo, se establecen corredores. Son antiguos. Están diseñados por el tendido ferroviario y pueden tener valor para una comprensión inmobiliaria de toda la región.

Una organización distinta es la administrativa. Pero, en vez de aclarar, oscurece. Según cuál sea el tema, el mapa se altera. Por ejemplo, existen tres regiones electorales, cinco regiones sanitarias, nueve regiones judiciales, diez regiones educativas y trece regiones de seguridad.

La organización administrativa está desafiada por otro inconveniente: el concepto de conurbano es engañoso. Hay muchos conurbanos. Esa diversidad no está capturada por la imagen de la región. Más aún, la concepción del conurbano como una entidad única impide no solo pensar, sino también actuar. Es imposible gestionar esa multiplicidad de situaciones.

En el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal existió una aproximación a este problema.[18] Estuvo a cargo de los dos funcionarios a los que la gobernadora encomendó el trabajo sobre una solución de largo plazo, estructural, para esta agenda de desafíos. Fueron el subsecretario de Control de Gestión, Emmanuel Ferrario, y su jefe de Gabinete, Christopher Stromeyer. Ha sido hasta ahora, aun cuando se trate de un trabajo preliminar, la iniciativa más sistemática para abordar un programa de reformas estructurales en el enmarañado Gran Buenos Aires. Su punto de partida es una nueva clasificación, que hasta ahora parece ser la más sofisticada.

Ellos elaboraron un índice compuesto por indicadores ponderados de los siguientes fenómenos: habitantes por kilómetro cuadrado, porcentaje de población con nivel universitario completo, porcentaje de analfabetismo, porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, porcentaje de población que vive en barrios populares, tasa de mortalidad infantil, cantidad de empresas sobre cantidad de habitantes, cantidad de accidentes viales y cantidad de denuncias policiales por habitante. A partir de esos criterios, se elaboró una clasificación a través de la cual se establecieron trece zonas con un grado aceptable de homogeneidad, en las que incluyeron partidos que, en sentido estricto, no forman parte del conurbano. Esas zonas estaban integradas y caracterizadas de la siguiente manera:

Vicente López y San Isidro: densidad media, nivel socioeconómico alto, producción alta y seguridad media.

Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón y General San Martín: densidad media, nivel socioeconómico medio, producción media y seguridad baja.

La Matanza: densidad media, nivel socioeconómico bajo, producción baja, seguridad baja.

Ezeiza, Esteban Echeverría y Presidente Perón: densidad baja, nivel socioeconómico bajo, producción baja y seguridad baja.

Lomas de Zamora y Almirante Brown: densidad media, nivel socioeconómico bajo, producción baja y seguridad media.

Quilmes, Avellaneda y Lanús: densidad media, nivel socioeconómico medio, producción media, seguridad media.

Tigre, San Fernando y Escobar: densidad baja, nivel socioeconómico medio, producción baja, seguridad media.

José C. Paz: densidad media, nivel socioeconómico bajo, producción baja, seguridad media.

Merlo y Moreno: densidad baja, nivel socioeconómico bajo, producción baja, seguridad media.

Berazategui, Florencio Varela y San Vicente: densidad baja, nivel socioeconómico bajo, producción baja, seguridad media.

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar y Luján: densidad baja, nivel socioeconómico medio, producción media, seguridad media.

General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras y Cañuelas: densidad baja, nivel socioeconómico medio, producción baja, seguridad baja.

Brandsen, La Plata, Berisso y Ensenada: densidad baja, nivel socioeconómico medio, producción media, seguridad media.

El trabajo dirigido por Ferrario y Stromeyer repasó la agenda completa de políticas que requería la región y propuso una forma de coordinación entre nación, provincia y municipios, tendiente a una gran reforma administrativa con objetivos en cuatro y ocho años.

Este inventario de dificultades y desafíos obliga a mirar al Gran Buenos Aires como un todo y, por lo tanto, a ajustar la imagen convencional del conurbano como algo externo al núcleo originario. En una dimensión más general, se vuelve a convalidar la encantadora declaración de Patrick Geddes que Horacio Caride eligió como epígrafe para su trabajo sobre «La idea del conurbano bonaerense, 1927-1947»: «La ciudad, más que una localización en el espacio, es una práctica dramática en el tiempo».[19]

A partir de los años cincuenta, la línea de edificación de la ciudad de Buenos Aires, que avanzó por décadas hacia la periferia, comenzó a hacerlo a ciegas, deteniéndose en las zonas inundables. El municipio casi no intervenía. No existían redes de agua corriente, y los drenajes se limitaban a largas zanjas en las que por las noches croaban las ranas. Hasta la década de 1960, el Gran Buenos Aires todavía conservaba algo de bucólico. La política, entendida como la capacidad regulatoria del Estado, ya había dejado de regir ese proceso.

Durante esos años, se multiplicaron las sociedades de fomento, encargadas de conseguir servicios mínimos. Se sentía la presión de la inmigración limítrofe, se formaron los primeros asentamientos en zonas inundables, se instalaron viviendas en las márgenes de los arroyos y, al final, se fueron poblando las viejas cavas, de las que había salido la tierra para fabricar ladrillo. La degradación se fue profundizando. Se multiplicaron los asentamientos, que todavía conservan el trazado cuadricular y asignan áreas especiales a servicios.

Muchos asentamientos se producen a partir de la ocupación sistemática de terrenos fiscales que luego se comercializan. Jorge Ossona describe el caso de Santa Catalina.[20] A la vera de la avenida El Olimpo, un puntero peronista, José Romero, a quien Ossona se refiere solo por su sobrenombre, «Pantera», montó una organización de apropiación de tierras fiscales que se fueron revendiendo hasta convertirse en barrios. Los más importantes fueron Juan Manuel de Rosas I y II. Pantera reportaba a uno de los jefes históricos del peronismo de Lomas de Zamora: Osvaldo Mércuri. Este dirigente secundó a Eduardo Duhalde como encargado de las políticas sociales de Lomas entre 1974 y 1976 y entre 1983 y 1989. Después ocupó una banca de diputado en la Legislatura bonaerense, cuya cámara baja presidió durante años.

Bajo la tutela política de Mércuri, relata Ossona, Pantera consiguió leyes de expropiación que le permitieron lotear y vender las tierras para avanzar con sus urbanizaciones, que se convirtieron en un fenomenal negocio inmobiliario, en negro. El artículo cita a uno de los lugartenientes del «desarrollador»: «“Pantera”, a diferencia de otros ocupadores, nunca improvisaba, corte [sic] que iba a lo seguro, negociando antes la operación con amigos pesados de la Municipalidad con llegada al intendente y, por su intermedio, con la policía y los jueces. Por eso, la toma se hacía en tiempo récord; ya a los pocos días tenías las máquinas de la Municipalidad rellenando y abriendo calles y veredas. […] De la urbanización se hacía cargo él».

La ocupación desataba enfrentamientos violentos en los que morían integrantes de una u otra banda para quedarse con los terrenos. Asesinatos que eran disimulados por la policía, cuyas autoridades estaban asociadas con un «canon» al emprendimiento. Pantera era, a su modo, un Eduardo Constantini. El desarrollador de la megaurbanización Nordelta explicó así su rol:

Cuando yo era chico —dice Constantini⁠— los barrios los hacía el Estado. A nadie se le ocurría hacer un barrio. Y vos comprabas el terreno. Pero en los últimos veinte años, los partidos que más crecen en la Zona Norte (también en la Zona Sur), Pilar, Tigre y Escobar, lo hacen a través de la inversión privada. En ellos, la inversión pública de los caminos y de la infraestructura, incluso la administración de la seguridad, la realizaron los privados. Es porque el Estado permite ese modelo urbanístico.[21]

A su modo, Pantera creaba su Nordelta amparado por políticos y policías, al margen de la ley. Esa clandestinidad inicial se desplegaba más tarde en otros negocios. El fundador del barrio cobraba el peaje a los piratas del asfalto o asaltantes armados. También se encargaba, a través de jóvenes organizados por él, de la recolección de la basura. Al tratarse de terrenos fiscales, las empresas contratadas por el municipio no realizaban la tarea.

El poder de Pantera languideció en el año 2000, cuando fue detenido. Al poco tiempo, consiguió la libertad, pero fue asesinado. Sus subordinados se enredaron en una interminable guerra por la jefatura. A los delitos tradicionales, se les agregó la elaboración y distribución de cocaína, en extraordinaria expansión desde entonces.

La vida de los Mércuri tomó otro camino. A partir de 2015, se sumaron a Propuesta Republicana (PRO). Gabriel, hijo de Osvaldo, fue el primer viceministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal. Una genealogía dedicada a, por llamar a su saga de algún modo, la lucha contra la pobreza.

En los barrios fundados por Pantera, se fue estableciendo una comunidad cada vez más numerosa de inmigrantes bolivianos, que reprodujeron allí la organización social y la actividad económica de sus localidades de origen. Así nació, con el tiempo, La Salada, una feria gigantesca, concentrada sobre todo en la venta de indumentaria, que se expandió con los años a varias actividades ilegales.

Instalada en el viejo Cuartel IX, a orillas del Riachuelo, La Salada debe su nombre al balneario y parque La Salada, un recreo de grandes piletas inaugurado en los primeros años de la década de 1940. El centro del lugar era una gran laguna de agua salitrosa, rodeada de varias piletas, que se alimentaban con tomas de cincuenta metros de profundidad. Era un lugar de veraneo de las familias de clase media y media baja que carecían de quintas para pasar los fines de semana. Las piletas eran muy frecuentadas. Las principales eran Punta Mogote, que tomaba el nombre del tradicional balneario marplatense, y Ocean. Además de un parque frondoso, el lugar tenía calles de asfalto y estaba equipado con quinchos, duchas, vestuarios, baños y hasta con un pequeño zoológico. La gente llegaba en colectivo o en la línea Midland de ferrocarril, que pasó a llamarse General Belgrano luego de la nacionalización. Durante las noches, en La Salada se organizaban bailes y kermeses. Era una realización bastante fidedigna del sueño planificador de urbanistas como Carrasco o Hegemann.

El cierre del balneario se produjo en 1961. La transformación del lugar expresa muy bien la de todo el conurbano. El ministerio de Salud detectó que las aguas se estaban contaminando por la cercanía del Riachuelo, sobre todo con las crecidas. Se trata de la zona que pintó Homero Manzi en «Sur» (1948), cuando habla de «Pompeya y más allá la inundación». El lugar se fue deshabitando y, a comienzos de los años noventa, empezó a ser ocupado por bolivianos que instalaban allí sus puestos para la venta de ropa barata. Fundaron la primera feria cerrada: Urkupiña.

Ese mercado se fue expandiendo hasta contar, en la actualidad, con 7800 locales. Tres días por semana, llegan allí colectivos de todo el conurbano y del interior para comprar mercadería que muchas veces se revende. La actividad se sostiene en una enorme red de talleres clandestinos que ocupan mano de obra casi esclava. Pero no se trafica solo ropa. También se pueden comprar drogas o armas.

La feria tiene varios «administradores». Jorge Castillo y su sobrino Ariel controlaron durante años Punta Mogote, evocación imperfecta del balneario marplatense Punta Mogotes, y Ocean. Enrique Antequera lo hizo en Urkupiña. Controlar significa, sobre todo, cobrar los alquileres en esos predios cerrados. Los cálculos difieren, porque la actividad es informal, pero se sospecha que solo por ese rubro los jefes del negocio reciben 500 millones de pesos por año. Para la Unión Europea (UE), se trata del mayor mercado negro de indumentaria del mundo.

Como en los asentamientos de Pantera, aquí el Estado también funciona como garante u organizador de actividades clandestinas. La Salada no podría haber subsistido sin la complicidad de los gobiernos municipales de Lomas de Zamora. Ese partido estuvo durante tres décadas bajo el mando de Eduardo Duhalde. Los intendentes fueron Hugo Toledo, Bruno Tavano, Edgardo Di Dio, que triunfó con la Alianza en 1999, Jorge Rossi y su exsecretario de Gobierno, Martín Insaurralde, Santiago Carasatorre y, de nuevo, Insaurralde. En la Policía de la provincia de Buenos Aires, siempre fue un secreto a voces que los jefes comunales ejercen un patronato sobre los de la policía local, empezando por el comisario de Ingeniero Budge. Cuando el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, fue designado ministro de Seguridad por Daniel Scioli, creó una dirección departamental específica para Lomas de Zamora y puso al frente al comisario general Leandro Bastida, de total confianza del intendente Insaurralde. Bastida fue retirado por la gestión de Vidal en marzo de 2016.

La cadena de complicidades estatales que permitió el crecimiento de ese gran centro clandestino de venta de todo tipo de mercadería quedó al descubierto durante un procedimiento realizado en junio de 2017. Cayeron los Castillo. En agosto, Antequera. Todos tienen vinculación con los políticos de Lomas de Zamora.

A diferencia de los asentamientos, las villas de emergencia o villas miseria son como viejas medinas orientales, en las que la circulación transcurre a través de pasillos laberínticos. Crecen hacia arriba y son muy difíciles de urbanizar. La comparación con las medinas se puede extender también a los burgos medievales. Como consigna Richard Sennet: «Ni el rey ni el obispo ni el burgués tenían una imagen de cómo debería ser la ciudad en su conjunto […] Los constructores levantaron lo que les permitieron. Los vecinos se enzarzaron en luchas legales contra las construcciones de los demás y a menudo actuaron brutalmente valiéndose de bandas de maleantes que echaban abajo la obra del vecino».[22]

La ciudad medieval fue en su origen laberíntica, inorgánica, con calles pequeñas y retorcidas en las que siempre había atascos. Las villas tienen también esa desorganización caótica. El factor que explica esa fisonomía es el mismo en ambos casos: la ausencia del Estado. En la época en que se instalaron los primeros burgos, el Estado todavía no se había constituido. En el caso de las villas del conurbano, el Estado fracasó y desertó. O, si se mira más de cerca, se reconvirtió en un agente mafioso.

Las villas son la manifestación de que el corrimiento de la frontera de aquellos suburbios del suburbio había llegado a un límite. José Luis Romero, que dedicó gran parte de su trabajo como historiador al estudio del fenómeno urbano, localiza el comienzo de la formación de «barriadas subproletarias» en los años cuarenta, en toda América Latina: «El proceso de formación de los grandes rancheríos que hoy caracterizan a casi todas las metrópolis se inicia alrededor de 1940 y se acentúa durante la década del cincuenta. Reciben diversos nombres: villas miseria en la Argentina, callampas en Chile, barriadas en Lima, favelas en Brasil, cantegriles en Uruguay, ciudades perdidas en México, y generalmente “invasiones”, “construcciones paracaidistas” o “rancheríos”».[23]

Las familias comienzan a radicarse en territorios baldíos que eran propiedad del fisco. Las playas de maniobras del ferrocarril, zonas pertenecientes a Vialidad, cavas que se formaron por la extracción de tierra destinada a hacer ladrillos, márgenes de algún arroyo. La primera villa del Gran Buenos Aires fue Itatí, en Quilmes. Comenzó a formarse en 1961 a la vera del que sería el Acceso Sudeste a la Capital, que se inauguró en 1978. En lo que en algún momento supo ser un paisaje bucólico, semirrural, se instalaron las primeras casillas de chapa y restos industriales, distantes unas de otras. Ese rancherío fue extendiéndose, irregular, hacia abajo, hasta ocupar la cava que se había creado en la vieja cantera de toscas que se explotó para formar el acceso.

Itatí es uno de las 864 villas o asentamientos que existen en el conurbano según un relevamiento de la ONG Techo. En La Matanza, hay 156. En Quilmes, 65. El 95 % de quienes viven allí no tienen acceso a la red cloacal, y el 90 % no tiene acceso a agua corriente. El 90 % utiliza garrafas para cocinar. En el país, los asentamientos y las villas son 1834, en los que viven quinientas mil personas. Más del 50 % tienen más de veinticinco años de antigüedad.

La proliferación de las villas es un proceso de escala global. Su mejor descripción se la debemos a Robert Neuwirth y su libro Shadow Cities.[24] Allí, Neuwirth cuenta su propia experiencia, vivida en cuatro grandes villas: en Río de Janeiro, Nairobi, Bombay y Estambul. Antes de caracterizar las peculiaridades de cada una de estas «ciudades sombrías», calibra la dimensión del fenómeno internacional en el que esas urbanizaciones se inscriben. Consigna que en la actualidad existen mil millones de squatters, es decir, colonos usurpadores o villeros en el mundo. Se trata de uno de cada seis humanos. «Cada día —⁠dice Neuwirth⁠— cerca de 200 000 personas dejan sus hogares ancestrales en las regiones rurales y se mudan a las ciudades. Casi un millón y medio de personas por semana, 70 millones al año. Se espera que el número se duplique en 25 años. El mejor pronóstico es que hacia 2030 haya 2000 millones de esos usurpadores, una de cada cuatro personas en la tierra».[25]

Para muchos especialistas en acción social, sobre todo funcionarios que han estado a cargo de políticas urbanas, el vecino de las villas de la ciudad de Buenos Aires sigue respondiendo al estereotipo clásico del porteño: tiene conciencia de sus derechos y los reclama. Es verdad que una parte importante de quienes viven en los barrios sumergidos del conurbano participan en movimientos sociales que tienen un programa reivindicativo. Sin embargo, en contraste con la ciudad de Buenos Aires, en esa región predomina el fatalismo, la falta de confianza frente a cualquier promesa. Es comprensible. Alguien que vive en la Villa 31 está mucho más cerca de las condiciones de vida de un vecino de Caballito o Flores que alguien radicado, por decir un lugar, en cualquier villa bonaerense. Delich ilustra esta diferencia con algunos datos: «La infraestructura de las villas icónicas de la CABA es muy superior a la de barrios pobres del interior del país y del GBA. Prácticamente el 100 % de las villas tiene agua potable y electricidad en un 87 %. La villa del Bajo Flores tiene cloacas. La mitad de la población tiene servicio de televisión paga. Cuenta en su entorno con servicios educativos y sanitarios gratuitos».[26]

En los últimos cuarenta años, se ha ido acentuando un contraste entre la ciudad y el conurbano que hasta mediados del siglo pasado no existía. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la tenencia irregular de la tierra, del 10 % en la ciudad, llega al 15 % en el conurbano. El hacinamiento va del 3 % al 10 %. Las calles de tierra, del 2 % al 28 %. Las áreas inundables son 18 % en la ciudad y 33 % en el conurbano. La proximidad a basurales, 11 % y 27 %, respectivamente. La falta de acceso a agua corriente va del 2 % al 26 %. A la red de gas, del 9 % al 32 %. La carencia de cloacas es del 2 % en la ciudad y del 55 % en el conurbano.

El paisaje que asoma detrás de estas cifras es el resultado de una irracionalidad, sobre todo si se lo observa como la manifestación de una continuidad, y no de una antítesis. Lo describió muy bien el arquitecto peruano Manuel de Rivero en una exposición que realizó sobre Lima el 20 de septiembre de 2017 en Buenos Aires.[27] Rivero dijo que el 90 % de la capital peruana no existía en 1960. Esa expansión, muy impulsada por las invasiones a zonas baldías, dio lugar a un tipo de urbanización que es el resultado de millones de decisiones de corto plazo y pequeña escala. Primero se hace la casa; luego, el barrio; recién entonces se trazan las calles y, algún día, cabe esperar, llegan los servicios. Es lo contrario de lo que se supone debería ocurrir. Lo contrario de una planificación racional. La descripción de este urbanista es interesante, porque, si bien Lima puede ser considerada un caso exagerado, podría corresponder a cualquier megalópolis de América Latina. En el fondo de esta historia, hay una paradoja. Se trata del continente en el que se llevó a cabo uno de los experimentos de creación de ciudades más racional y civilizado de la historia: el de la colonización española, que dio lugar a un tipo desconocido de ciudad. Es la ciudad indiana que, a diferencia de la bajomedieval, fue concebida de acuerdo con un plan predeterminado. De aquel ejercicio utópico derivaron estas pesadillas.

Las villas miseria son la expresión más dramática de una urbanización irracional que contradice uno de los axiomas sobre los que se elaboró la imagen de la Argentina moderna. La premisa según la cual lo urbano, encarnado en Buenos Aires, era un agente de civilización, mientras que el interior y, sobre todo, lo rural encarnaban la barbarie. Esta interpretación constituye un núcleo ideológico cuyo principal expositor fue Domingo F. Sarmiento en el Facundo. En el capítulo VII de ese texto fundamental, Sarmiento contrapone Córdoba y Buenos Aires como dos formas de ser de la Argentina.

Me he detenido en estos pormenores para caracterizar la época en que se trataba de constituir la República, y los elementos diversos que se estaban combatiendo. Córdoba, española por educación literaria y religiosa, estacionaria y hostil a las innovaciones revolucionarias, y Buenos Aires, todo novedad, todo revolución y movimiento, son las dos fases prominentes de los partidos que dividían las ciudades todas; en cada una de las cuales estaban luchando estos dos elementos diversos, que hay en todos los pueblos cultos. No sé si en América se presenta un fenómeno igual a este; es decir, los dos partidos, retrógrado y revolucionario, conservador y progresista, representados altamente cada uno por una ciudad civilizada de diverso modo, alimentándose cada una de ideas extraídas de fuentes distintas: Córdoba, de la España, los Concilios, los Comentadores, el Digesto; Buenos Aires, de Bentham, Rousseau, Montesquieu y la literatura francesa entera.[28]

Esta oposición entre lo moderno y lo tradicional se superpone con otra, la de lo urbano contra lo rural:

Facundo es el rival de Rivadavia. Todo lo demás es transitorio, intermediario y de poco momento: el partido federal de las ciudades era un eslabón que se ligaba al partido bárbaro de las campañas. La República era solicitada por dos fuerzas unitarias: una que partía de Buenos Aires y se apoyaba en los liberales del interior; otra que partía de las campañas, y se apoyaba en los caudillos que ya habían logrado dominar las ciudades: la una civilizada, constitucional, europea; la otra bárbara, arbitraria, americana.[29]

La formación del Gran Buenos Aires altera y cuestiona esta clasificación. No solo porque es una urbanización impulsada hacia la campaña, pero, por efecto de la migración, desde la campaña. También porque rompe la identificación entre ciudad y civilización. El conurbano se ha ido instalando en la imaginación de los argentinos como el nuevo rostro de la barbarie. Ezequiel Martínez Estrada, en cuya obra la huella de Sarmiento es ostensible, propone otra lectura. Para él, Sarmiento «no vio que la ciudad era como el campo y que dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las almas de los muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos vicios y aquellas fallas de estructuración y de contenido, habían tomado el aspecto de la prosperidad, de los adelantos mecánicos y culturales. Los baluartes de la civilización habían sido invadidos por espectros que se creían aniquilados».[30] Carlos Altamirano, al citar este texto, identifica su deuda con el modelo freudiano. A la luz de estas ideas, se podría pensar que la barbarie, negada por la vida urbana, regresa en las patologías de megalópolis. Lo que en Sarmiento es oposición y ruptura en Martínez Estrada es continuidad, retorno de lo reprimido.

La concentración en Buenos Aires no es solo demográfica. Es también concentración de poder. Se superpone con el caudillismo. No debería sorprender demasiado. La exaltación de Buenos Aires que acompañó su federalización, fue parte de un proyecto orientado a fortalecer al Estado nacional sobre cualquier autonomía. Y, en ese contexto, al jefe de ese Estado. Esa fue la visión de Julio Roca. El área metropolitana cumple hoy esa función absorbente, aun cuando sea un territorio en disputa entre los presidentes y los gobernadores.

Adrián Gorelik nos hace ver cómo Manuel Gálvez y Juan Álvarez vieron muy temprano ese problema.[31] Gálvez observó en varias de sus novelas que Buenos Aires, que fue federalizada con el mandato de liderar un proceso de modernización para el interior del país, terminó fagocitándose del que sería su beneficiario. Álvarez, en su ensayo sobre Buenos Aires y, sobre todo, en su clásico Estudio sobre las guerras civiles argentinas, mirando el mismo drama, imaginó una organización territorial que descentralizara el poder urbano en varias sedes. Un diseño que podría compararse con el de los Estados Unidos, donde compiten Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Houston, con una Miami ascendente. O Brasil, con San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Belo Horizonte. Álvarez pensó en Córboba, Tucumán y Mendoza. Y en dos puertos: Bahía Blanca y Rosario.

De nuevo la lectura de Sarmiento es un disparador inclusive para ver las paradojas que propone cuando se confrontan sus premisas con lo que resultó de la sociedad con el paso del tiempo. Ya no es el desierto el que engendra al caudillo. Es la megaurbanización la que sostiene un movimiento regresivo hacia una cultura política de rasgos premodernos.

Esa representación se sostiene en el déficit de infraestructura, sobre todo habitacional, sanitaria y de transporte. Sin embargo, el rasgo más inquietante que caracteriza a la megalópolis que se extiende alrededor de la Capital Federal es la inseguridad. Es el que impacta sobre el bien más preciado: el derecho a la vida. Y, por lo tanto, la dimensión de la política más difícil de gestionar, como demuestran todas las encuestas de opinión pública.

En este campo, las estadísticas son también defectuosas. Los datos se han cargado con negligencia deliberada, sobre todo para disimular las gravísimas fallas del aparato de seguridad. Recién con la llegada de Julio Conte Grand a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, que es la máxima jerarquía del cuerpo de fiscales, se ha ido corrigiendo esta laguna estadística. Las cifras posteriores a 2016 exhiben un incremento en el volumen de delitos derivado de este sinceramiento.

Si se observa la cantidad de delitos cometidos cada 100 000 habitantes, sin diferenciación, el índice se mantiene bastante estable en los últimos años. La cifra refiere, por supuesto, a las investigaciones que se iniciaron. Ese índice fue de 4165 en 2012, 4322 en 2013, 4428 en 2014, 4356 en 2015 y 4458 en 2016.[32] Si se considera el número de casos denunciados durante el mismo año, en términos absolutos, La Matanza lidera la lista, con 62 064, que es el 12 % de los que se verificaron en el Gran Buenos Aires. El partido que le sigue, Lomas de Zamora, presenta un número muchísimo más bajo, 34 027, o el 6,8 % del conurbano. El salto es llamativo cuando se miran los números de 2021, relevados con otro patrón estadístico, como ya se explicó: en La Matanza hubo 69 636 delitos denunciados y en Lomas de Zamora, 101 171. Aumentaron los casos y se modificó la tabla de posiciones.

Sin embargo, el examen de cada partido refuta algunos prejuicios. Contra lo que se podría pensar, La Matanza no está entre las diez zonas más peligrosas. Es lo que se deduce de calcular la cantidad de crímenes por 100 000 habitantes. Según ese criterio, el grupo está encabezado por San Martín, con 6986. Le siguen Morón, con 6693; Tres de Febrero, con 5951; Avellaneda, con 5914; Ituzaingó, con 5706; Pilar, con 5620; General Rodríguez, con 5563; Lomas de Zamora, con 5330; Ezeiza, con 5270, y Lanús, con 5028. La Matanza, que es el partido donde más delitos se registran en términos absolutos, es el que tiene el índice más bajo si se computa esa cantidad cada 100 000 habitantes: 2973. Le siguen Florencio Varela, con 3518; Hurlingham, con 3637; Berazategui, con 3695, y Merlo, con 3770.

Para tener una noción aproximada de la evolución del problema, se puede comparar el índice de 2016 con el de 2012. Esa lectura revela que el partido en el que más se incrementó la inseguridad fue General Rodríguez: la cantidad de delitos cada 100 000 habitantes aumentó en 1330. En Tres de Febrero, lo hizo en 1324; en Morón, en 1071, y en Lomas de Zamora, en 1051. En cambio, en Malvinas Argentinas esa proporción bajó en 780 delitos; en San Fernando, en 720; en San Miguel, en 586; en Tigre, en 364, y en La Matanza, en 157.[33]

Si el foco se ubica sobre los homicidios no culposos, los diez primeros partidos son La Matanza, con 287, que es el 15,5 % del Gran Buenos Aires; Lomas de Zamora, con 171 (9,3 %); Moreno, con 144 (7,8 %); Almirante Brown, con 127 (6,9 %); Merlo, con 120 (6,5 %); Lanús, con 106 (5,7 %); Quilmes, con 100 (5,4 %), y San Martín, con 91 (4,9 %).

El índice de homicidios no culposos por cada 100 000 habitantes obliga a revaluar toda esta geografía. El promedio del conurbano es de 16. Para tener una referencia: la tasa argentina en 2015, según la Oficina sobre Crimen y Drogas de la ONU, fue de 6,6. La lista de partidos la encabezan General Rodríguez, con 36; Moreno, con 28; Lomas de Zamora, con 27; Lanús, con 23; Almirante Brown, con 22; Merlo, con 21; José C. Paz, con 20; Morón, con 16; Esteban Echeverría, con 16; San Fernando, con 15, y Ezeiza, con 15. La Matanza no forma parte de ese grupo: allí se cometieron, en 2016, 14 homicidios no culposos cada 100 000 habitantes.

La percepción que suele alimentar la crónica periodística coincide con las estadísticas: Lomas de Zamora está entre los partidos en los que la vida parece menos valiosa. El índice de homicidios no culposos fue de 33 en 2012, 34 en 2013, 35 en 2014, 31 en 2015 y 27 en 2016. General Rodríguez, menos citado en la prensa, registra también índices alarmantes: 18 en 2012, 24 en 2013, 26 en 2014, 26 en 2015 y 36 en 2016.

Para poner estas cifras en perspectiva, conviene recordar que El Salvador, que es el país más violento del mundo, tuvo en 2016 una tasa de 103 homicidios cada 100 000 habitantes. Y Venezuela, el segundo en nivel de violencia, una de 92 cada 100 000 habitantes. En términos absolutos, en este último país se produjeron durante ese año 21 752 asesinatos. Brasil, si se anualizan los datos de la primera mitad de 2017, arroja un índice de 27 muertos en forma violenta cada 100 000 habitantes. En Río de Janeiro, en 2015, fue de 31 muertos. Mucho menos que diez años antes, cuando habían registrado 48. En San Pablo, se celebra el mismo retroceso: de 22 a 12 en esa década.

El crimen en el conurbano se alimenta de un clima de impunidad. De las causas por homicidios que se cerraron en 2016, solo el 57 % fue por elevación a juicio. El 33,5 % de los casos de homicidio se archivó. En 2015, fueron a juicio el 60 % de los asesinatos, pero el 28,8 % fue al archivo. En 2014, esa proporción fue del 55 % y el 34 %, respectivamente. En 2013, el 55 % y el 35 %, y en 2012, el 56 % y el 36 por ciento.

La topografía del delito en el Gran Buenos Aires es bastante homogénea. Si del homicidio pasamos al robo con uso de armas, los partidos que encabezan el ranking se repetían en 2016 con variaciones mínimas. En términos absolutos, La Matanza sigue estando a la cabeza: 8269 casos abiertos, el 18,3 % del conurbano. La nómina continúa con Lomas de Zamora, con 3607 casos (8 %); Lanús, con 3293 casos (7,3 %); Quilmes, con 3041 (6,7 %); San Martín, con 2693 casos (6 %); Morón, con 2501 casos (5,5 %); Merlo, 2318 (5,1 %); Tres de Febrero, con 2304 casos (5,1 %); Almirante Brown, con 2153 casos (4,8 %), y Moreno, con 2084 casos, (4,6 %). El total de casos del año para todo el conurbano fue de 45 180 investigaciones iniciadas.

El índice de robos a mano armada por 100 000 habitantes del mismo año muestra algunas sorpresas. Lo encabeza Morón, con 780 casos. Siguen Lanús, con 711; Tres de Febrero, con 670; San Martín, con 637; Lomas de Zamora, con 565; Vicente López, con 450; Moreno, con 410; Esteban Echeverría, con 408; Merlo, con 402, y La Matanza, con 396. El dato curioso es que en el alto ranking de delitos aparece un distrito de la zona norte, lindero a la Capital Federal, como Vicente López.

Cuando se observa el comportamiento de ese índice entre 2012 y 2016, aparecen picos llamativos. Morón supera la barrera de los 1000 en 2013 (1167) y 2014 (1127). En ambos años, Vicente López también registra más robos con armas: 610 en 2013 y 768 en 2014.

Si el nivel de impunidad para el homicidio no culposo resultaba ya alarmante, en el caso del robo a mano armado resulta escandaloso. De las investigaciones que se cerraron en 2016, el 91 % fue por archivo del caso. Solo el 6 % fue a juicio. Esas proporciones repitieron las de 2015 y 2014. En 2013, se archivó el 92 % y se elevó a juicio el 6 % de las causas. En 2012, las archivadas fueron el 90 % y las enviadas a juicio, el 7,2 por ciento.

Esta aritmética indica que el robo a mano armada se ha ido de a poco despenalizando en el conurbano. El registro más elocuente de este panorama es la estética que adquirieron las casas de la región. Los vecinos viven detrás de rejas o se refugian en barrios cerrados y countries, urbanizaciones a las que Fernando Henrique Cardoso llamó «penitenciarías de lujo». Son recintos que proveen seguridad a cambio de una vida más o menos regimentada.

El malestar que tiñe la vida en la megalópolis ha impulsado a escala global esa urbanización privada. En el conurbano bonaerense, la tendencia ha tenido un desarrollo extraordinario. Al mismo tiempo que se multiplicaban las villas de emergencia, florecieron los countries y los barrios cerrados.[34] Son los dos grandes tipos de organización residencial que adquieren luego modalidades específicas: clubes de campo, barrios náuticos, chacras, ciudades-pueblo. Estos desarrollos representan una masiva apropiación de tierras libres, que en muchos casos se loteaban para viviendas de familias de clase media baja. En otros, se dedicaban a la horticultura. Los primeros emprendimientos son antiguos. Tortugas Country Club fue el primero en su tipo en América del Sur. Se fundó en 1930, ligado a la práctica del polo. Highland Park data de 1945. En los años sesenta, se fundan varios «clubes de campo»: Aránzazu, Pingüinos, Los Lagartos, La Martona, entre otros. Sin embargo, el fenómeno comienza a generalizarse en la década de 1980 y florece en los años noventa. En la zona norte, se produjo también otro movimiento: el aprovechamiento inmobiliario del frente costero del río Luján y del Paraná de las Palmas. El fenómeno es curioso. Una migración hacia la ciudad, la de quienes huyen de la pobreza rural para radicarse en la periferia metropolitana, y la de quienes huyen hacia la periferia buscando un entorno rural estilizado.

Como las villas de emergencia y los asentamientos, estas urbanizaciones se extienden en los intersticios que dejó vacante la expansión inorgánica de Buenos Aires. Solo que en este caso el acceso es formal, a través de un mercado dedicado a los habitantes de alta renta. Su proliferación fue facilitada por la dotación de infraestructura por parte del Estado. En especial, el tendido de grandes autopistas que conectan la periferia con la ciudad de Buenos Aires. Las urbanizaciones cerradas se establecen entre 30 y 60 kilómetros de distancia de la Capital, sobre los corredores viales Norte, Oeste y Sudeste. Su multiplicación ha alterado con los años la dinámica del transporte. El ingreso a la ciudad se ha vuelto, con los años, cada vez más lento, debido a que los que ahora viven en barrios cerrados del conurbano utilizan el automóvil como medio de transporte. Ese flujo, que enloquece cada vez más el tránsito en el centro de Buenos Aires, apenas se alivia con el recurso a las combis. Para amplios sectores de la clase media, el transporte colectivo también fue privatizado.

Countries y villas de emergencia no pueden ser aislados. Son dos manifestaciones de un mismo fenómeno, que es la tendencia de la sociedad argentina hacia la fractura. El índice de Gini, que mide la distancia entre los sectores de mayor y menor poder adquisitivo, en 1980 era del 40,8 y en 2014, del 42,7. El conurbano es el escenario principal de esta nueva configuración que genera nuevos pobres y nuevos ricos. Juan Carlos Torre, en un brillante ensayo de historia social, sintetiza el fenómeno:

En el otro extremo del universo heterogéneo de las clases medias se situaron sectores ubicados con éxito en la nueva economía de servicios y producción que floreció con las reformas de mercado. Típicamente, profesionales, gerentes, altos empleados de las finanzas, nuevos empresarios de los medios de comunicación y de la agricultura moderna. Para ellos, la década de 1990 fue la plataforma del ascenso social. Y, desde ella, la oportunidad de profundizar estilos de consumo en auge desde hacía años, como el abandono de la escuela pública a favor de colegios privados y la atención de la salud por medio de la medicina prepaga. La nueva vuelta de tuerca en la tendencia a diferenciar los consumos fue la expansión de barrios privados y countries en la periferia de las grandes ciudades; los ámbitos de una sociabilidad más exclusiva ya eran familiares en Brasil y México, países más desiguales.[35]

Los protagonistas de esta mutación son familias de clase media alta y alta, que se desplazan hacia la orilla en busca de una vida bucólica dentro del perímetro de urbanizaciones que varían de porte. En ese movimiento, convergen desarrolladores inmobiliarios y empresas financieras. Estas estructuras urbanas son una respuesta a la insatisfacción que domina la experiencia cotidiana en la gran ciudad. La publicidad inmobiliaria asegura una nueva forma de existencia: un contexto natural idealizado, la promesa de placidez y seguridad, y referencias más o menos explícitas a una comunidad homogénea y, al mismo tiempo, exclusiva. Al igual que las villas de emergencia, el hábitat está definido por un perímetro. En el caso de los countries y barrios cerrados, ese perímetro es material y los convierte en pequeñas ciudadelas. Son dos modos de guetificación que materializan el contraste creciente que caracteriza a la sociedad argentina, sobre todo en el Gran Buenos Aires. El fin del sueño de un país integrado, en el que se sostuvo la presunción de una excepcionalidad nacional respecto del resto de América Latina.

Los primeros emprendimientos se produjeron en la zona norte. La estadística en esta materia también es escasa e imperfecta. Pero, si se toma en cuenta el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas (<www.urbasig.minfra.gba.gov.ar/urbasig>), en el Gran Buenos Aires existen 196 countries y barrios cerrados. Solo el partido de Pilar concentra el 44 %, con 87 desarrollos. En Tigre, hay 30, es decir, el 15 %. Sin embargo, hay que consignar que en ese partido y en Escobar se han establecido los proyectos de mayor magnitud, basados en la ocupación de humedales y en el relleno de la ribera del río Luján y del Paraná de las Palmas. Serían más de 100 urbanizaciones, que ocuparían unas 10 000 hectáreas.[36] La mayoría, que incluye a la más ambiciosa, la ciudad-pueblo de Nordelta, no está en el listado oficial. Nada que sorprenda. El partido de San Isidro no figura en esa nómina, a pesar de tener alrededor de 25 barrios privados y de ser la sede del segundo country bonaerense después del Tortugas: el Boating, pionero entre las urbanizaciones náuticas.

Los megaemprendimientos de Tigre están ligados, en especial, a tres empresas: Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común SA (Eidico), que llevó adelante el complejo Villanueva, con once barrios cerrados; J. P. Urruti, que realizó cinco barrios, y Consultatio SA. Esta última, de Constantini, es el corazón financiero de Nordelta, la mayor urbanización cerrada de toda el área. Hasta 2010, había creado 14 barrios.[37] Hernán Vanoli y Alejandro Galliano[38] reconstruyen la historia de Constantini y de su ciudad-pueblo, Nordelta, desde el nacimiento del negocio. Financista volcado al negocio inmobiliario desde 1976, Constantini se asoció en 1998 con Julián Astolfoni, accionista principal de Supercemento SA. En 1972, esa empresa había adquirido 1600 hectáreas baratísimas en los humedales de Tigre, que no son aptos para la construcción. Esa forma de acceso a la tierra es una de las claves financieras de las urbanizaciones cerradas. Asociado a Dragados y Obras Portuarias SA, Astolfoni planificó pólderes, terraplenes y diques que permitirían organizar una ciudad bucólica cruzada por cursos de agua apropiada del río Luján. En 1992, consiguió que bajo la administración del intendente Ricardo Ubieto se aprobara su plan. Ubieto, que gobernaba Tigre en representación del partido vecinal Acción Comunal, era secretario de Hacienda de la comuna cuando Astolfoni adquirió los lodazales en 1972. En ese entonces, el intendente era el interventor militar Osvaldo Fossati. Ubieto falleció en 2006. Había tenido que pedir licencia en el gobierno de Tigre por una larga enfermedad. Néstor Kirchner lo acogió nombrándolo director de la estatizada aySA. Siempre agua.

En 1998, Constantini compró el 50 % del proyecto de Astolfoni. A partir de allí, comenzó a realizarse Nordelta. Sus primeros barrios fueron La Alameda, La Isla, Los Castores y Las Glorietas, todos lanzados en 1999. El emprendimiento de Astolfoni y Constantini fue innovador por dos motivos principales. Aunque estuviera vinculado al río Luján, no se emplazaba sobre un curso de agua natural. Y era de una magnitud descomunal para las experiencias conocidas: 1053 hectáreas. Una ciudad. Vanoli y Galliani describen así la propuesta: «De la misma manera que hombres como Robert Owen y Charles Fourier diseñaron sociedades perfectas y autogobernadas en el contexto terrible de la Revolución Industrial del siglo XIX, Constantini […] bajó a la Tierra para realizar su utopía en el ciclo final de la espectacular reestructuración capitalista de los años noventa. Nacía Nordelta y debía ser mejor que el mundo mismo».[39]

La creación de una ciudad privada, que en el caso de la de Constantini tiene 45 000 habitantes, exige dotar al tradicional barrio cerrado de un equipamiento desconocido: colegios, universidades, hospitales, centros comerciales y de entretenimiento, hoteles y edificios de departamentos y edificios para oficinas. En el caso de Nordelta, cuenta con todo el dispositivo comercial de la gran ciudad. Desde un centro comercial con las marcas de los grandes shoppings, restaurantes y cines, además de sedes de las escuelas prestigiosas de la zona norte, desde Michael Ham a Northlands. Una de las innovaciones más recientes es la instalación de una clínica del grupo Swiss Medical. El eslogan de Nordelta sintetiza lo que se pretende ofrecer: «La tranquilidad de la naturaleza y la comodidad de la ciudad».

En la entrevista que le realizó Diego Genoud en 2014, Constantini ofrece una definición muy expresiva. Los desarrolladores hacen su negocio gracias a la defección del Estado para cumplir con su papel frente a una franja socioeconómica de la población:

Hay una animosidad en contra del barrio privado que ha venido creciendo. Hay una bipolaridad en la sociedad, que está un poco partida. Un gran segmento de la población no tiene recursos y, para peor, hay un fenómeno que es la exacerbación de la inseguridad. Desde el punto de vista urbanístico, es mucho mejor un barrio abierto, una sociedad abierta. Nosotros ofrecemos un hábitat ordenado, armónico y equilibrado desde el punto de vista estético y urbano. […] Ante el aumento de la violencia, el que tiene se protege, el que no tiene queda desprotegido. Nosotros, como Eidico en ese sentido, somos agentes de organización de la sociedad para solucionar un problema y darle hábitat a cierto segmento. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un grupo de privados.[40]

La escala de la ciudad-pueblo, el country o el barrio cerrado obliga a lo privado a adquirir alguna modalidad de lo público. La seguridad, la recolección de residuos, el mantenimiento de la infraestructura y del paisaje, la educación, el cuidado de la salud, el transporte y otras demandas de la vida colectiva, que fueron siempre competencia de gobiernos locales, se han ido privatizando. La convivencia en urbanizaciones perimetradas impone formas de autogobierno, ejercidas por directorios o juntas vecinales. Son instancias de administración, regulación y también de selectividad. Uno de los problemas de este tipo de organización colectiva es el establecimiento de criterios para permitir o vetar el ingreso de nuevos vecinos a la «comunidad». O al gueto. Esa sanción puede ser mucho más temida que aquella que puede aplicar el Estado fuera de esa pequeña comunidad. En sus innumerables observaciones sobre la vida en el conurbano, Pedro Saborido suele notar que en los countries la gente tiene un comportamiento mucho más atado a las reglas que el que practica cuando sale de ese microcosmos.

La aspiración a la homogeneidad social adquirió rasgos caricaturescos en aquella grabación, viralizada por las redes sociales, del diálogo entre la «cheta de Nordelta» y su agente inmobiliario.

La rentabilidad del urbanismo privado está ligada al bajo valor de la tierra en las zonas donde se establecen sus proyectos. Esos precios favorecen el negocio financiero que subyace al inmobiliario. Y es una de las razones de la expansión demográfica hacia el borde de la ciudad. Allí la tierra es más barata que en el casco. La tendencia a invertir, tener casas de fin de semana o establecerse en un barrio cerrado o un country para vivir de manera permanente estuvo asociada, en un comienzo, con los sectores de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, desde hace algunos años esa corriente se nutre también de familias de una clase media ampliada.

La empresa Eidico lidera a este sector, con un modelo que sus titulares denominan «cooperativo», pero que no difiere del que, en la ciudad, domina la construcción de edificios de propiedad horizontal: el capital es aportado por los futuros propietarios, desde la apertura del pozo en el que se levantará la obra. Los barrios de Eidico, que en la zona norte ya concretó 21 proyectos, ofrecen terrenos más pequeños, que pueden reducirse a solo 300 metros cuadrados, para levantar casas de 80 metros cuadrados.

Como Consultatio, de Constantini, Eidico intenta atraer a sus clientes con la urbanización acuática. Además de ser un factor estético, este tipo de diseño mejora la rentabilidad por la utilización de tierras bajas de la cuenca del río Luján y a orillas del Paraná de las Palmas. Desde Campana hasta Tigre, las urbanizaciones polderizadas se multiplicaron como hongos. Solo en la década que fue desde 1991 a 2001, la superficie ocupada por este tipo de proyectos en las zonas inundables de Tigre creció más de veinte veces: de 166 a 3313 hectáreas.[41] La mayor parte de esos desarrollos se extiende sobre terrenos que están por debajo de la cota de 7,5 metros sobre el nivel del mar.

El refulado de tierras y la construcción de terraplenes tienen efectos negativos sobre los barrios aledaños. El caso más conocido es el de Las Tunas, un barrio humilde que lleva el nombre del arroyo sobre cuya margen se fue expandiendo, que está entre los más poblados de Tigre. Los vecinos sufren inundaciones recurrentes por dos factores que reflejan los problemas de organización del conurbano. Por un lado, están instalados sobre zonas bajas, muchas veces en asentamientos. Por otro, la construcción de barrios en zonas de escurrimiento agrava el problema. Aunque Constantini responsabiliza a las vías del Ferrocarril Mitre como «la gran barrera que impide que pase el agua de un lado al otro hacia el río».[42] Todas las explicaciones demuestran la misma ceguera para la planificación y la regulación por parte del Estado.

Las víctimas atribuyen las crecidas a la construcción de La Comarca, una urbanización náutica creada sobre el Corredor Bancalari, que lleva a Nordelta. Lo paradójico es que la Fundación Nordelta, creada en 2002 y presidida por Constantini, realiza obras de bien público en ese barrio de calles de tierra y casas precarias, afectado por la ciudad-pueblo, que se erige sobre el humedal. No hay que dejar escapar esta relación entre la fundación de Constantini y los vecinos del barrio Las Tunas. Encarna una práctica muy difundida en urbanizaciones que colindan con barrios de gente humilde. Se organizan acciones de promoción que, más allá del genuino impulso filantrópico, tienen motivaciones insondables. La asimetría provoca, en algunos, culpa; en otros, miedo. Modulaciones subjetivas del ascendente índice de Gini.

Cuando se le pregunta por las consecuencias perniciosas de las urbanizaciones acuáticas sobre las zonas aledañas, Constantini intenta refutar a sus detractores con una explicación que demuestra que es un hombre audaz:

Según esa teoría, toda la costa del Río de la Plata, incluyendo Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Escobar, no se debería haber desarrollado como se desarrolló. Deberían ser campo abierto con escurrimiento libre de agua. La intervención del hombre ha tergiversado el humedal que fue en un origen con diques y albardones. Pero eso viene desde hace doscientos años. La provincia de Buenos Aires es un gran humedal, es una olla que desagota en el río Salado. Cuando llueve, se inunda todo.[43]

Constantini tiene razón en un aspecto: las inundaciones de los barrios pobres aledaños a urbanizaciones creadas en zonas bajas, no aptas para la edificación, son la reducción a escala de una desviación mucho más extensa, sobre todo en la cuenca baja del Luján. Él reprocha al Estado no realizar las tareas de polderización que evitarían los desbordes. Luciano Pugliese y Alejandra Sgroi analizan con detalle la complicidad del sector público con la expansión irracional de la urbanización privada. Los desarrolladores sacan ventaja de la superposición de jurisdicciones para aprobar proyectos; de la falta de regulaciones específicas para los emprendimientos acuáticos, y también de la propensión de las autoridades, sobre todo municipales, a convalidar obras que fueron construidas sin autorización, porque los empresarios confiaron en su poder de lobby.

Para ilustrar esta imbricación de lo privado con lo público, siempre se cita el caso de Jorge O’Reilly, uno de los socios de Eidico, que milita en el Opus Dei y fue asesor religioso de Sergio Massa, el exintendente de Tigre, donde él tiene sus principales negocios.[44] La piedad de este desarrollador está registrada en sus marcas. Casi todos sus barrios llevan el nombre de algún santo.

La proximidad de O’Reilly con Massa es solo la sombra de una compenetración actual entre las agencias del Estado y el negocio inmobiliario: María Eugenia Vidal designó al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano a Dante Galeazzi. Es el yerno de Eduardo Constantini, con quien el funcionario trabajó en Nordelta. Ubieto y Astolfoni. O’Reilly y Massa. Constantini y Vidal. Es difícil encontrar una metáfora más perfecta que esta serie de combinaciones para entender la defección de la política frente a la endemoniada agenda del conurbano. Es un exceso comparar a esos desarrolladores/financistas con Pantera Romero, el «desarrollador» de Santa Catalina. Pero, igual que Pantera, muchos de esos líderes de la industria inmobiliaria se apalancaron en la negligencia o la connivencia de los funcionarios públicos. Unos, consiguiendo la condescendencia frente a la intrusión de tierras fiscales. Los otros, arrancándole al Estado el visto bueno para una utilización del suelo inconveniente. Es, de nuevo, una exageración. Pero, como decía Chesterton, «la exageración es el microscopio de los hechos». En este caso, permite advertir, detrás de una y otra deformación, un enorme vacío en la defensa del interés general.

El peruano De Rivero decía que la favelización es el resultado de innumerables decisiones de pequeña escala y corto plazo. La urbanización privada amplía un poco la escala. No se hace primero la casa y luego el barrio. Pero el barrio, el country o la ciudad-pueblo son reductos de una racionalidad que más se anhela cuanto mayor es la inexistencia de un proyecto general. Son refugios de quienes huyen de la Capital aprovechando las grandes vías de escape provistas por el Estado.

Los que están en condiciones de hacerlo migran hacia countries o barrios privados. Otros van a vivir al suburbio del suburbio. Es lo que demuestra, entre otros casos, el corrimiento de la frontera urbana en La Matanza. Desde finales de los años noventa, comenzó a poblarse la zona semirrural. Hoy ya no hay casi solución de continuidad entre González Catán y Virrey del Pino con Cañuelas. A ambos lados de la ruta 3, sobre lo que fueron las antiguas posesiones de Juan Manuel de Rosas, se extienden barrios de vecinos que, en general, proceden de las zonas más densas de La Matanza y buscan una mejor calidad de vida en ese límite humilde y casi agrario. Lo mismo sucede a la vera de la ruta 200 o avenida Ricardo Balbín, por donde Merlo se va transformando en Marcos Paz, a través de un mismo hilo de edificación. La ruta 205 es otro tentáculo de este movimiento que va desgranando vecindarios sin interrupción desde Ezeiza, Tristán Suárez y Spegazzini hasta Máximo Paz, sin tocar, en este caso, Cañuelas. Este derrame más o menos espontáneo de la ciudad hacia las tierras libres contrasta con el experimento planificador de Pistarini, que medio siglo antes organizó, también a la vera del Matanza, el paisaje fronterizo y pintoresco de Ezeiza.

El movimiento migratorio alcanza asimismo a quienes habitan en barrios más desprotegidos, en las villas. Gente que se muda de una villa a otra en busca de un progreso y huyendo de la inseguridad, que es atribuible a la proliferación de la droga en esa sociabilidad.

Resulta imposible entender la dinámica social del conurbano sin un sentimiento cada vez más difundido que induce a esas conductas: miedo. La antigua campaña bonaerense, que fue una tierra de oportunidad, se va transformando en una zona amenazante, sobre todo para quienes viven en ella. Los countries y barrios cerrados no logran aislarse de este problema, aun cuando Constantini se ufane de la protección de los vecinos de Nordelta, que expone, otra vez, su osadía retórica. Admite que su ciudad-pueblo es un «nido de narcotraficantes». Pero se debe a una de sus virtudes: «El narcotraficante elige Nordelta porque piensa más en la seguridad de su familia».[45] Antes de la información institucional, el sitio web del Tortugas Country Club ofrece una pestaña con un manual de instrucciones para prevenir la inseguridad. Es un mensaje paradójico, del tipo «en la burbuja nadie está a salvo». Tal vez se deba a este contraste subliminal el impacto informativo que tuvieron algunos crímenes ocurridos en la placidez de un barrio cerrado. El de María Marta García Belsunce, en Carmel, de Pilar, y el de Nora Dalmasso, en el Villa Golf Club, de Río Cuarto.

Temor que produce políticas

La historia de la política es la historia de cómo la humanidad ha ido exorcizando sus miedos, es decir, produciendo previsibilidad. El conurbano es percibido como una región en la que ese ejercicio fracasa. Para comprender el significado de ese fracaso, conviene subrayar que, como explica el psicoanalista Rafael Paz, no existe una línea divisoria entre lo público y lo privado. Los sentimientos persecutorios que produce la sensación de inseguridad ponen de manifiesto una crisis del Estado que es la crisis de la última capa de regulación que produce el yo, en relación con otros, para constituir un orden, para evitar el caos. Que esa operación sea exitosa es una de las condiciones de la democracia. De modo que una de las variables con las que se puede calibrar la calidad democrática es la capacidad que exhibe el Estado para que la comunidad viva sin miedo.

Este criterio alcanza su máxima eficacia cuando se piensa en el terrorismo y, más todavía, en el terrorismo de Estado. Paz sostiene:

Lo abstracto de la Ley y del Estado recupera su carne humana originaria cuando un continuo, irregular y conflictivo, pero existente, nos muestra en la experiencia cotidiana que los parámetros de regulación perduran. Si —⁠como alguien decía hace algunos años⁠— al oír un llamado a la puerta por la mañana muy temprano pensamos que es el lechero, quiere decir que estamos en democracia, tal supone una enorme masa tácita de confianzas que sostiene la cotidianidad.[46]

El conurbano bonaerense es una de las regiones del país en las que esta función principal, y si se quiere última, de la democracia, conjurar el miedo, se vuelve esquiva. Esta dificultad para proveer seguridad tiene un potencial movilizador extraordinario, porque atraviesa todas las capas de lo público hasta penetrar en la subjetividad. Sigamos poniéndolo en los términos de Paz:

El amparo se va constituyendo en el encastrado del sistema de espacios al que hacíamos referencia al comienzo: el propio cuerpo en el habitáculo de la cotidianidad basada en el amor confianza que cada uno pudo lograr, a su vez incluido en los ámbitos de intimidad continente y este, a su turno, en las seguridades de los pactos humanos y reciprocidades en regímenes de garantías legalmente sostenidos. Son capas de protección constituidas por niveles sucesivos que fundan el trato con el semejante desde los encuentros primarios en más, habiendo metabolizado lo destructivo y localizado eficazmente sus remanencias.[47]

El temor como condición dominante de la existencia no tiene un carácter momentáneo, referido a una situación catastrófica pero acotada en el tiempo, como podría ser un atentado terrorista. No es la reacción ante un acontecimiento. La amenaza forma parte del ambiente. Cubre todo. Tiñe por completo la cotidianeidad. Y se superpone con otras dimensiones de la vida, más intimidantes cuanto mayor es la vulnerabilidad: la posibilidad de perder el empleo o el subsidio, de no poder alimentar a la familia, de contraer una enfermedad o de contaminarse. Si se adoptan aquellos criterios del psicoanálisis para interpretar esta situación emocional, indeterminada y persistente, habría que concluir que áreas como el conurbano contribuyen a corroborar sentimientos persecutorios primordiales. Se constituye así un estado de malestar.

Esta asociación entre miedo y urbanización vuelve a invertir la fórmula de Sarmiento. En el primer capítulo del Facundo, diagnostica que «el mal que aqueja a la Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas». Sarmiento asocia la despoblación con el temor en esta página memorable:

Allí, la inmensidad por todas partes: inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues, que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo. Al sur y al norte, acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas que atraviesa pesadamente las pampas, y que se detiene a reposar por momentos, la tripulación, reunida en torno del escaso fuego, vuelve maquinalmente la vista hacia el sur, al más ligero susurro del viento que agita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede, de un momento a otro, sorprenderla desapercibida. Si el oído no escucha rumor alguno, si la vista no alcanza a calar el velo oscuro que cubre la callada soledad, vuelve sus miradas, para tranquilizarse del todo, a las orejas de algún caballo que está inmediato al fogón, para observar si están inmóviles y negligentemente inclinadas hacia atrás. Entonces continúa la conversación interrumpida, o lleva a la boca el tasajo de carne, medio sollamado, de que se alimenta. Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que no puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquiera otra, y puede, quizá, explicar, en parte, la indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas.[48]

La fuente de miedo ya no es el vacío. Es la hiperdensidad. No es el desierto. Es la megalópolis. Vivir en ella conlleva la carga de temer. Y cuanto más ajustada es esa vida, mayor es el temor. La villa es un lugar peligroso, antes que nada, para el villero. Sarmiento soñó con derrotar el miedo a través de la urbanización, que asociaba con la civilización. El conurbano es la inversión de ese proyecto. Una antiutopía.

El temor produce una política. Sarmiento entendió, inspirándose en Montesquieu, que el desierto bloqueaba la formación de la ciudadanía y favorecía el liderazgo autoritario. El caudillo era un producto del vacío, de la falta de proximidad, de la ausencia de la mirada del otro. De esa segmentación infinita emergió Facundo. Para el pensamiento romántico del siglo XIX, ese jefe era la encarnación de una forma primitiva de orden. El imperio no de la ley, sino de una voluntad sobre la masa igualitaria. En la línea de Rafael Paz, podría decirse que la subordinación a un mando era el modo primitivo que esa sociedad desértica tenía de desalojar el miedo.

Las amenazas actuales generan también una política. En todo Occidente, el sistema de partidos tradicional abre paso a formas de representación que se sostienen en el miedo: miedo al terrorismo, miedo a la pérdida de empleo. Esta lógica plantea un interrogante: ¿el conurbano está a la espera de una interpelación demagógica y autoritaria?

La fisonomía que surge de las estadísticas del delito emparenta esta zona con otras geografías del planeta, sobre todo si se examinan las tasas de criminalidad. Según Robert Muggah, un especialista en seguridad y desarrollo que analiza el problema de la violencia en las grandes ciudades, «con apenas 8 % de la población mundial, América Latina es el escenario de 33 % de los homicidios en el mundo y está desproporcionadamente afectada por otras formas de victimización, incluyendo asaltos, robos y crímenes contra el patrimonio». Muggah observa que Brasil, Colombia México y Venezuela son responsables por uno de cada cuatro homicidios globalmente. Este estudioso dirige el instituto Igarapé de Brasil, que está dedicado a estudiar la inseguridad en las grandes urbanizaciones. Según las estadísticas elaboradas en ese centro, 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina y el Caribe. Y 14 de los 20 países con mayores tasas de homicidios se concentran en la misma zona.

Este experto ofrece cifras llamativas. De las 525 000 personas que mueren por año a causa de la violencia, solo 50 000 lo hacen en guerras. El resto pierde la vida en conflictos no bélicos. De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 40 son latinoamericanas y 13 están en Brasil. La más peligrosa es San Pedro Sula, en Honduras. Su tasa de homicidios es de 111 cada 100 000 habitantes.

La tesis de Muggah es que la violencia y el delito no prosperan en las ciudades más grandes, sino en las que crecen de manera más rápida. Designa a ese proceso «turbourbanización» y anota que es un fenómeno del hemisferio sur. Solo 600 ciudades, 30 de las cuales son megaciudades, representan dos tercios del producto bruto interno (PBI) mundial.

Hoy, la población mundial es de 7900 millones de personas. En 2050, se calcula que llegará a 9600 millones. Durante el siglo XIX, una de cada 30 personas vivía en la ciudad. Hoy es una de cada dos. Todo el mundo, dentro de poco, vivirá en ciudades, sobre todo en ciudades del hemisferio sur. Muggah parece coincidir con Llach y Lagos en que el tamaño de la ciudad no es determinante de la calidad de vida o de la estabilidad económica. Insiste en que el problema es la velocidad de la urbanización. Remite a Karachi, en Paquistán. En 1947, tenía 500 000 habitantes. Hoy tiene 21 millones. Manhattan tardó 150 años en tener 8 millones. San Pablo y México, 15 años.

La población que aumenta es la joven. En muchas grandes ciudades, las personas de menos de 30 años representan el 75 % de la población. Para Muggah, es un factor clave. Las ciudades pobres son, en general, jóvenes. En muchas de ellas, las personas de menos de 30 años constituyen también el 75 % de la población. Hay casos extremos: Dhaka, Dili y Kabul tienen un promedio de edad de 16 años. El de Tokio es de 46. El problema es la combinación de juventud, desempleo y escaso nivel educativo. Son factores de riesgo que suelen coincidir con altos niveles de violencia.

A Muggah le gusta mostrar lo que sucede con Tokio. Es una de las mayores urbanizaciones del planeta y una de las más seguras. El problema no es el tamaño, sino la velocidad del crecimiento. Es una idea novedosa. Contradice que haya patologías sociales que tienen su raíz en la magnitud de la ciudad. Es un problema que se remonta hasta Aristóteles, para quien «resulta evidente por los hechos que es difícil, tal vez imposible, que la ciudad demasiado populosa sea regida por buenas leyes […]. La ley, en efecto, es un cierto orden, y la buena legislación es necesariamente una buena ordenación, y un número excesivamente elevado no puede participar del orden, ya que esto sería obra de un poder divino, como el que mantiene unido el universo».[49]

Aristóteles insiste en ver el tamaño como clave de la virtud o de la patología:

Es necesario que los ciudadanos se conozcan unos a otros y sus cualidades respectivas, en la idea de que donde esto no ocurre, la elección de los magistrados y los juicios serán por fuerza defectuosos, pues en ambas cosas no es correcto improvisar como evidentemente ocurre con un número excesivo de ciudadanos. […] Es evidente que este es el límite ideal de la ciudad: el mayor número posible de población para la autarquía de la vida y que pueda ser abarcada fácilmente en su totalidad.[50]

Las ideas demográficas de Muggah, que menosprecian la cantidad absoluta de vecinos, iluminan la historia del conurbano bonaerense por la aceleración del aumento de población. Una visión general podría consignar que a mediados del siglo pasado, tal como se registró en el censo de 1947, el conurbano contaba con 2174 450 habitantes. Eran alrededor del 50 % del total de la provincia. La ciudad de Buenos Aires tenía, para la misma fecha, 2982 580 vecinos. Para el censo de 2010, el conurbano registraba 11948 875 habitantes, que eran el 76 % de la provincia. En la misma fecha, la ciudad tenía 2890 151, es decir, menos que a mediados del siglo XX. Esto nos da una idea de la aceleración que se produjo en el gran suburbio porteño.

Esta comparación revela un aspecto bastante obvio pero poco comentado de los movimientos de las personas. La ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor saldo migratorio interprovincial negativo, según los datos de la Dirección Nacional de Población elaborados por el Registro Nacional de las personas.[51] De todas las jurisdicciones, es la que más gente expulsa. Entre 2005 y 2010, le seguían Formosa y Misiones. En ese período, el saldo entre inmigrantes y emigrantes de la Capital Federal fue de alrededor del 35 por mil de la población. La mayor parte de esa población se traslada al conurbano.

El mismo destino buscan los extranjeros que llegan al país. Desde fines del siglo XIX hasta comienzos de este siglo, la procedencia fue cambiando. En 1914, hubo un pico de inmigrantes: el 29,9 % respecto del censo anterior, que se había realizado en 1895. El 91 % venía desde países no limítrofes. Esa proporción fue cayendo con el tiempo. Y también se fue modificando el origen de los que llegaban. A partir de 1991, comenzaron a predominar los de países limítrofes. En 2001, el total de inmigrantes fue un 4,2 % más que en 1991. Y en 2010, un 4,5 % más que en 2001. Ese censo de 2010 registra que el 30,5 % de esos nuevos habitantes llegaba desde Paraguay; el 19,5 %, desde Bolivia; el 10,8 %, desde Chile, y el 8,7 % desde Perú. Cuando se observa el mapa realizado por la Dirección Nacional de Población en el estudio citado para graficar los destinos más frecuentes de esa ola migratoria, es impactante la predilección por el conurbano bonaerense y, dentro de este, por La Matanza. Compiten con esas preferencias, de modo muchísimo menos intenso, las ciudades de Córdoba y Rosario y el corredor que une el oeste de Río Negro con el este de Neuquén.

Muchos observadores del conurbano ven en el fenómeno migratorio una clave de vitalidad. En esos barrios donde conviven provincianos argentinos con paraguayos, bolivianos o peruanos, la diversidad chispea en un dinamismo callejero y una creatividad que es difícil encontrar en otras geografías. En sus ensayos, que zigzaguean entre el apunte antropológico y el relato de ficción, Pedro Saborido se detiene mucho en este rasgo. Para él, se trata de una expresividad propia de los vecinos del Gran Buenos Aires, que estarían menos atados al canon estético que predomina en la ciudad de Buenos Aires o en la zona norte de esa misma región. Una manifestación más espontánea, menos regulada, del deseo. ¿Es una marca del territorio o es una marca de una clase social, que profesa su propia estética? Las cuentas @TheWalkingConurban,[52] en Twitter e Instagram, justifican estas sospechas con infinidad de testimonios fotográficos de una forma de construir, decorar o denominar establecimientos, tan plagada de excentricidades que remite al realismo mágico que engendró Macondo. En octubre de 2022, Saborido y los autores de esas cuentas, Diego Flores, Guillermo Galeano, Ángel Lucarini y Ariel Palmiero, se asociaron para presentar en el Canal Encuentro el documental Universo Conurbano, en el que se muestran esas excentricidades: desde la señora que instala un tanque de agua con forma de caballo encima de su humilde casita hasta el comerciante que llama a su establecimiento Lomo Sapiens. Los casos son infinitos y están documentados con mucha gracia tanto en los textos de Saborido como en esas cuentas.

Para poner luz sobre la evolución de la población con los criterios formulados por Muggah, se puede comenzar con un análisis particular de la evolución del partido de La Matanza a través de los censos. En 1895, tenía 4498 habitantes y, en 1914, 17 935. En 1947, los habitantes eran 98 471: el salto fue del 449 %. En 1960, la población era de 401 738 personas, lo que indica un aumento del 308 % en 13 años. En los diez años siguientes, ese incremento fue del 64 %, es decir, llegó a los 659 193 habitantes en 1970. En la década siguiente, otra suba del 44 %, hasta llegar casi al millón de habitantes en 1980: 949 566. Entre 1980 y 1991, la suba fue más moderada: el 18 %. Y entre 1991 y 2001, también: el 11 %. Pero entre 2001 y 2010 La Matanza incrementó su población en el 41,1 %, alcanzando 1775 816 de personas. Para 2021, el partido tenía, según proyecciones del municipio, 2327 284 habitantes. Quiere decir que en once años expandió su población en el 31 por ciento.[53]

La Matanza representa un caso típico de turbourbanización por aceleración demográfica. Mientras entre 1947 y 1960 aumentó su población en el 308 %, el resto del conurbano, que también protagonizaba un boom, lo hizo en el 117,75 por ciento.

La sociedad en general, y en especial la dirigencia política, fue ganando conciencia acerca de los desafíos que presentan las patologías acumuladas en esa megaurbanización llamada conurbano. La manifestación más clara de esa preocupación es la creación del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, por el cual todo el país destinaría recursos específicos a asistir las urgencias de la región. El modo en que se diseñó y fue modificando ese instrumento es también un indicio de la falta de visión estratégica de esa dirigencia para abordar el problema.

Los primeros esbozos de un fondo especial son del gobierno de Antonio Cafiero, que comenzó en 1987. El propósito central era compensar a la provincia por la cesión que había realizado durante la negociación de la Ley de Coparticipación 23 548, sancionada en enero de 1988. El gobierno de Alfonsín había forzado al gobernador radical Alejandro Armendáriz a ceder varios puntos en el reparto. A Buenos Aires se le asignó el 19,93 % de la distribución entre las provincias, cuando le hubiera correspondido el 27,56 por ciento.

El fondo se constituyó más tarde por una exigencia de Eduardo Duhalde, quien puso como condición esos recursos adicionales para aceptar la candidatura a gobernador que le ofreció Carlos Menem en 1991. La ley que estableció el fondo se aprobó el 2 de abril de 1992. En su artículo 40, establecía que el 10 % de la recaudación del impuesto a las ganancias se destinaría al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. A cambio de esta asignación especial, las provincias consiguieron un 2 % de lo recaudado para que les girasen Aportes del Tesoro Nacional. Y un 4 % para distribuir entre todas las jurisdicciones menos Buenos Aires, con destino a obras de infraestructura social.

El fondo se aprobó en la provincia a través de la ley 11 247 del 17 de junio de 1992. Es muy interesante apuntar que en los fundamentos del proyecto de esa norma se consigna que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 36,7 % de los hogares del conurbano eran pobres. Al cabo de 25 años, según los datos del mismo instituto, para 2022 la pobreza alcanza al 33,3 % de los hogares de esa región. Si se siguen los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 51,5 % de la población del conurbano es pobre.

El fondo recaudó 208 millones de pesos en los meses de 1992 durante los que ya tenía vigencia; 427 millones de pesos en 1993; 587 millones de pesos en 1994, y 624 millones de pesos en 1995. En relación con el presupuesto provincial, esos recursos representaron un 4,39 % para 1992; un 7,83 % para 1993, y un 9,53 % para 1994.[54]

Una nota sobresaliente del Fondo del Conurbano fue que su existencia y administración estuvieron sometidas al imperativo de la urgencia política. No solo se creó cuando la alianza Menem-Duhalde necesitaba corroborar su poder en la provincia. También fue un instrumento del gobernador para la construcción de su imperio provincial. La propuesta formulada por el diputado mendocino Raúl Baglini para que el fondo fuera administrado por un directorio federal resultó descartada. Y tampoco se aceptó que hubiera participación de la oposición provincial que asegurara la distribución equitativa entre los municipios.

El ente administrador estuvo siempre bajo la dependencia de Duhalde, a través de dos personas de su confianza: primero, Julio Carpinetti y, después, Antonio Arcuri. Entre los dirigentes del peronismo bonaerense, circuló siempre la versión de que el reemplazo de Carpinetti se decidió el día en que descubrieron que el contestador telefónico de la institución lo presentaba como el «futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires». Duhalde designó entonces a Arcuri, uno de sus colaboradores más cercanos. En junio de 1999, San Vicente recibía 320,4 pesos por habitante. Cinco veces más que Ezeiza, el segundo municipio que recibe más dinero per cápita, y 25 veces más que el promedio de todos los municipios.[55] Por supuesto, San Vicente no era ni es un partido muy poblado, ni sus vecinos registran grandes índices de necesidades básicas insatisfechas, como los de La Matanza, José C. Paz o Florencio Varela. Pero sí era, en aquel tiempo, gobernador por Brígida Malacrida de Arcuri, la esposa de quien controlaba los recursos. Esta arbitrariedad no debe sorprender. El reparto de fondos solía realizarse los sábados en la quinta de los Duhalde, que quedaba también en San Vicente. Allí, el gobernador asignaba cupos según la simpatía política que le despertaban los intendentes que asistían a su mesa.

Si se analizan los años 1993, 1994 y 1995, cuando el fondo tuvo plena vigencia, la aplicación del dinero no obedece a criterios claros. En 1993, el 18 % fue a seguridad. Pero esa finalidad desapareció en los dos años siguientes. El rubro bienestar social, que incluye áreas de familia y desarrollo social, recibe el 13 % de los fondos en 1994. Sin embargo, nada en los otros dos años. Desarrollo económico, nombre genérico destinado a obras de infraestructura hídrica y a erogaciones del ministerio de la Producción, lleva el 9 % de los fondos en 1993, el 34 % en 1994 y el 51 % en 1995. A educación se aplicó el 20 % de los recursos en 1994, pero solo el 1 % los otros dos años. Desarrollo urbano, identificado en general como obras públicas, recibió el 54 % en 1993, el 22 % en 1994 y el 34 % en 1995.

Con el mismo ánimo faccioso con que se lo creó, se puso fin al fondo. Fue cuando Menem y Duhalde iniciaron su durísimo duelo, provocado a partir de 1995, momento en que ambos comenzaron a pretender lo mismo: la presidencia de la nación. Menem dejó de contener el malestar de otros gobernadores peronistas frente a los recursos adicionales que recibía Duhalde. El más destacado de esos dirigentes, Rubén Marín, reunió a todos sus colegas en la Casa de La Pampa para comunicar a Duhalde que el fondo tendría un límite de 650 millones de pesos. La recaudación del 10 % del impuesto a las ganancias que excediera ese monto se repartiría entre las demás provincias según el índice de coparticipación. La pesificación que siguió al estallido de la convertibilidad y la espiral inflacionaria desencadenada durante los años kirchneristas condujeron a una situación ridícula. En 2016, los bonaerenses recibieron 650 millones de pesos, y los habitantes de las demás provincias, 51 350 pesos de un fondo de reparación que se seguía llamando «bonaerense». En la distribución per cápita, Tierra del Fuego era la más beneficiada: 6005 pesos. Buenos Aires, la última: 38 pesos.[56]

La corrección de esta disparidad fue el corazón de la reforma fiscal que Mauricio Macri propuso apenas triunfó en las elecciones legislativas de octubre de 2017. En el núcleo de ese paquete legislativo, estuvo la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establecía el ya muy disparatado fondo. Los gobernadores solicitaron que se les repusiera el dinero que cedían. El gobierno central aceptó. Los recursos saldrían del ahorro que realizaría la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) gracias a una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, que se fijaría en la misma operación parlamentaria. Ese ahorro también solventaría giros sistemáticos a la provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de 65 000 millones de pesos. Fue otro mendocino como Baglini el que esta vez opuso resistencia. El gobernador Alfredo Cornejo increpó a Vidal, en una reunión de la que participaba la cúpula del poder, por pretender una caja adicional. «Nosotros no tenemos la culpa de que lo que les dimos se lo hayan gastado los intendentes corruptos del conurbano», argumentó. Igual, los oficialistas mendocinos votaron lo que les pedía la Casa Rosada.

La modificación jubilatoria desató furiosas manifestaciones en contra. El Congreso estuvo a punto de no poder sesionar. Ese nivel de tensión se debió a que Macri tocó, con las jubilaciones, lo que en Estados Unidos denominan «el tercer riel», por donde corre el cable fulminante que alimenta con electricidad a los trenes. Pero la agresividad se explica no solo por el origen sino también por el destino de los recursos. Macri dotó a María Eugenia Vidal y, en general, a Cambiemos de una caja invalorable para llevar adelante su gran saga política: la conquista del conurbano. Fue un triunfo y también un desafío. Dotada de fondos, se sabría cuál podía ser la destreza de Vidal como administradora. Ese desafío duró tan poco como el sueño. La relación con el Fondo Monetario Internacional que comenzó en 2018 obligó al gobierno de Macri a negociar la aprobación de un plan fiscal con el peronismo en el Congreso. Los peronistas esperaron el momento para desactivar la amenaza que tenían delante: el Fondo del Conurbano comenzó, de nuevo, a perder magnitud e importancia.

Es un error habitual entender que la provincia de Buenos Aires sufre una discriminación fiscal en términos absolutos. Es verdad que en materia de coparticipación recibe una proporción mucho menor que la que le correspondería por su dimensión. Sin embargo, hay que tener en cuenta un factor muy poco visible. Los bonaerenses son beneficiarios de un flujo de recursos muy importante, que es la aplicación de recursos federales que el Estado nacional hace en su territorio y, en especial, en su conurbano.

A fines de 2019 el ministerio de Hacienda,[57] que conducía Nicolás Dujovne, hizo un estudio sobre la proporción de recursos federales destinados a provincias que correspondían a Buenos Aires. Ese trabajo demostró que, si se contabilizan los fondos federales de asignación automática, la mayor provincia recibió, en 2015, 19 % del monto total; en 2018, 20 % y en 2019, otro 20 %. En cambio, si se observan los fondos que el poder central asigna de modo discrecional, se advierte que los bonaerenses son mucho menos discriminados: en 2015 recibieron el 38 % del total; en 2018, otra vez el 38 %; y en 2019, el 39 por ciento.

Esta aritmética es clave desde el punto de vista del manejo de poder. Pone en evidencia que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires son receptores de grandes transferencias de dinero desde la administración central. Pero esos fondos obedecen al arbitrio del presidente. Quiere decir que hay una estrategia de asignación de recursos que contribuye a la concentración del mando en manos del presidente. El ordenamiento impositivo está puesto al servicio del conflicto más o menos larvado entre el jefe del Estado y el gobernador de Buenos Aires.

El cambio político que se insinuó en la provincia con el triunfo de Cambiemos puso en primer plano una región frente a cuyos dramas la clase política parecía resignada. La provincia de Buenos Aires había dejado de ser un campo de competencia de la política desde que Antonio Cafiero ganó la gobernación en 1987. Como sucede siempre cuando el debate se congela, los problemas emergen de manera catastrófica. El Gran Buenos Aires irrumpe en la conciencia nacional por la movilización de sus sectores populares, pero también aparece cuando el colapso de la infraestructura se vuelve trágico.

El 22 de febrero de 2012, a las 8.33 a. m., una formación del ferrocarril Sarmiento se estrelló contra los paragolpes de una plataforma de la estación de Once. Murieron 51 personas. Las víctimas se contabilizaron en 52, porque también perdió la vida un bebé en gestación. A esa hora, cuando ingresa al centro de la ciudad una muchedumbre desde la periferia, el tren transporta a 1200 pasajeros. El 29 de diciembre de 2015, un tribunal oral federal condenó al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, a seis años de prisión; a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, a ocho años de prisión; al extitular de Trenes de Buenos Aires, la operadora del Sarmiento, Claudio Cirigliano, a nueve años de prisión, y a dieciocho personas más, la mayoría de ellos directivos de la empresa. El tribunal también ordenó que se investigara al exministro Julio de Vido, que había sido excluido de la causa por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio. En los tribunales federales, se atribuyó esa indulgencia a una negociación mediada por el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo y allegado al exministro. Lijo habría logrado que De Vido fuera puesto a salvo de los procesamientos, objetivo para el cual debió reemplazarse también al fiscal original del caso, Federico Delgado. Por supuesto, existe la posibilidad de un cuestionamiento de fondo a este tipo de imputaciones piramidales. Es un cuestionamiento muy difícil de hacer en los días del espanto, con el calor de la tragedia. Pero es inevitable: ¿es de sentido común atribuir responsabilidades penales en el escalafón, hasta llegar a un ministro, por la situación de un sistema ferroviario susceptible siempre de producir una masacre?

Esa masacre de Once puso en evidencia los riesgos que están condenados a afrontar quienes viven en el conurbano y dependen del transporte público. Después de la tragedia, el gobierno dispuso que los otros operadores de trenes suburbanos se hicieran cargo del funcionamiento del Sarmiento. Los directivos de esas empresas, Ferrovías y Metrovías, relevaron el estado de los ramales y encontraron una situación calamitosa: redes eléctricas en cortocircuito, rieles en mal estado, vagones con agujeros en el piso, sistemas de señalización deteriorados. La catástrofe no parece un accidente. Parece un objetivo.

El 2 de abril de 2013, el conurbano entró de nuevo en escena con pésimas noticias. Otra vez una masacre, pero, en esta oportunidad, por la inundación de varias zonas periféricas de La Plata. El gobierno de Daniel Scioli la atribuyó a la naturaleza. Entre las 18 y las 21 cayeron 181 milímetros de agua. No obstante, cuando se examinaron las razones del desastre que se produjo en barrios como Los Hornos, Villa Elvira o Tolosa, quedó claro que se debió al colapso de la infraestructura.

Las viviendas inundadas fueron alrededor de 70 000. Hubo 190 000 afectados. Sin embargo, lo más notable es que no se sabe el número de muertos. Las autoridades de la provincia, con Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, a la cabeza, resolvieron fijar la cantidad en 52. Esa cifra oficial habría sido elegida en comparación con la tragedia de Once. El gobernador no quería tener un muerto más que Cristina Kirchner. Por eso comenzaron a ocultarse o a tergiversarse los motivos de los fallecimientos. La Policía de la provincia de Buenos Aires prestó un servicio indispensable en esa manipulación macabra de las estadísticas.

La primera pista de que Scioli estaba ocultando la dimensión de lo que sucedía apareció en los barrios más humildes, donde algunos curas eran requeridos por familias que habían perdido a algún pariente, pero que no declaraban el fallecimiento. Con el paso de los días, otros vecinos comenzaron a denunciar que los médicos oficiales habían mentido en el diagnóstico del deceso. Empleados del Registro Provincial de las Personas fueron desplazados o amedrentados para evitar que revelaran los detalles de la maniobra. Pero pronto el juez contencioso-administrativo Luis Arias empezó a registrar la falsificación, y en la Legislatura se creó una comisión bicameral para investigar lo que estaba sucediendo. El número de fallecidos comenzó a ascender, también por denuncias periodísticas: llegó por lo menos a 89. Durante los actos que se realizaron un año más tarde para conmemorar la tragedia, todavía no había una cifra confiable.

La masacre de La Plata se debió a varios factores, ajenos a la meteorología. La autopista que une esa ciudad con Buenos Aires interrumpió el drenaje de las aguas en su zona norte. El arroyo El Gato se transformó en el único desagüe, por el que escurre el 70 % del agua de la ciudad durante las precipitaciones. Pero ese canal estaba obturado. La máquina que solía despejarlo de tierras y basura permanecía en desuso por roturas en un galpón municipal de la localidad de Villa Elisa. Ese galpón pertenecía a una pequeña fábrica, ahora destruida. Además, el arroyo está atiborrado de asentamientos. Fue en ese barrio de enorme precariedad donde se registró el mayor número de muertes. Pero sigue habiendo más motivos que convergieron en el drama. En varias ocasiones, la Municipalidad había recibido informes técnicos sobre la urgencia de un plan hidráulico para prevenir las crecidas. Sin embargo, el entonces intendente de La Plata, Pablo Bruera, había hecho derogar el Código de Ordenamiento Urbano, lo que permitió un boom inmobiliario que cubrió de cemento zonas que antes eran permeables y el establecimiento de villas de emergencia en áreas deprimidas.

Las dos tragedias, Once y La Plata, tienen un parecido: los funcionarios reaccionaron como idiotas ante la desgracia. Al enterarse de la catástrofe, Bruera emitió un tuit diciendo que estaba recorriendo los barrios inundados. Pero se supo enseguida que estaba de vacaciones en Río de Janeiro. Scioli y Casal, como se dijo, atinaron a congelar el número de muertos. El gobernador apeló a otro recurso: llamó a la Nunciatura Apostólica y logró que lo comunicaran con el papa. La tapa de los diarios fue ganada con la información de que Jorge Bergoglio, elegido hacía dos semanas como jefe de la Iglesia, estaba angustiado por el desastre platense. Scioli logró con ese auxilio modificar la cobertura de los diarios. El debate sobre la cantidad de fallecidos fue reemplazado por el saludo de Bergoglio. En la tragedia de Once, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, explicó que en la masacre tuvo que ver que la gente no sabe viajar en tren: se amontona en el primer coche de la formación, y eso facilita la masacre. Y Cristina Kirchner se ufanó, hablando de las víctimas del accidente, de que, por lo menos, ahora se movilizan hacia los lugares de trabajo. En 2003, cuando ella y su esposo llegaron al poder, no tenían a dónde ir.

Estas insólitas respuestas a la crisis tienen una explicación. Para el administrador, la gente suele ser una estadística, casi una abstracción. Pero, cuando se produce una tragedia, las víctimas del deterioro urbano, de la mala administración, de los servicios colapsados, de la retirada del Estado adquieren nombre y apellido. Tienen rostro y una familia que las llora. El político suele quedar paralizado. En su profesión, no está prevista esa encarnación de la desgracia.

En 1879, Julio Verne escribió Los quinientos millones de la begún. La novela narra el conflicto entre dos ciudades imaginarias: France-Ville, la del bien, y Stahlstadt, la del mal. France-Ville encarnaba los ideales higienistas y racionalistas del urbanismo del último cuarto del siglo XIX.

En 1882, el gobernador Dardo Rocha convocó al ingeniero Pedro Benoit para diseñar La Plata. Se inspiraron en France-Ville: calles numeradas y arboladas; manzanas idénticas; cada seis cuadras, una avenida con un carril para el tranvía; plazas en los cruces de avenidas; parques y un bosque gigantesco.

Tal vez Rocha y Benoit ya conocían a Verne cuando definieron el trazado. Los tres pertenecían a la masonería, que en 1870 realizó un congreso en Buenos Aires, al que el escritor había concurrido. Un detalle: el diseño de las grandes diagonales que cruzan la ciudad desde sus vértices reproduce la forma de la escuadra y el compás.

En 1889, se celebró en París una Feria Internacional. La Argentina participó con los planos de La Plata. Ganó el premio a la modernidad. Rocha, el gobernador, lo recibió de las manos de Verne.

Las tristísimas inundaciones de 2013 son la metáfora de un declive. La ciudad real le hace una mueca siniestra a la ciudad proyectada. La Plata, como capital, es una reducción a escala de la peripecia de toda la provincia. La irracionalidad del conurbano es también la traición a una utopía.

3
HISTORIA 1
LA FEDERALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1880)

La federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la apropiación por parte del Estado nacional de la capital de la provincia de Buenos Aires, se ejecutó con sangre. La peripecia de la Argentina posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas, en 1852, es la de la construcción de un Estado que, con enormes dificultades, y siempre con violencia, consigue sobreponerse a los poderes locales. Bartolomé Mitre fue el más destacado entre los dirigentes que intentaron que esa tarea se llevara a cabo bajo el liderazgo porteño. Mitre puso al servicio de esa empresa no solo su intervención en la disputa cruda de poder. Confió en el poder del periodismo, fundando La Nación Argentina y, en 1870, La Nación, que llevan en sus nombres el sentido de esa lucha. Y elaboró una visión del pasado para demostrar que su estrategia contaba con la fuerza de la historia: la biografía de Belgrano, que es su máximo trabajo historiográfico, estuvo modelada por esa visión de la política. Belgrano, que pretende llevar la libertad desde la ciudad de Buenos Aires al interior del país, es presentado, en alguna medida, como un precursor del propio Mitre.

Esa estrategia fracasó. Fue una élite del interior la que logró liquidar rebeldías caudillescas en beneficio de la autoridad nacional. La última barrera frente a esa centralización se levantó en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de 1880, se desarrolló una batalla política y militar entre las fuerzas nacionales y las locales, lanzadas al combate por el gobernador Carlos Tejedor, que ensangrentó a la ciudad de Buenos Aires. Tejedor fue vencido, y la federalización de la capital de la provincia coronó la formación del Estado. O, visto de otro modo, para que se formara el Estado fue necesario decapitar la provincia de Buenos Aires. La Argentina moderna es el resultado de una alianza de élites del interior que, poniéndole hormonas a la administración central, encuadra, disciplina y somete a la provincia de Buenos Aires. Ese experimento se consumó en 1880, y su máximo demiurgo fue Julio Argentino Roca.

La crisis de 2001 reconfiguró esa escena casi por completo. El cerebro debe aprender a identificar sujetos que antes no existían, y actores tradicionales mutan, quedan eclipsados o desaparecen. Una de las razones por las que esa convulsión fue tan significativa es que conmovió un orden político que se había mantenido inalterado por más de cien años. La crisis de 2001 tocó un nervio principal de la historia argentina: la relación entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Con el acceso de Eduardo Duhalde al gobierno, se puso en tela de juicio el diseño fundado al cabo de otra tormenta: la de 1880. Es imposible entender en profundidad lo que ocurrió a comienzos de este siglo sin reconstruir aquella otra encrucijada.

El avance de Eduardo Duhalde desde el Senado a la Presidencia alteró un sistema de poder territorial. En 2001 Duhalde asoció el poder bonaerense al gobierno nacional en detrimento del resto del país. La plataforma desde la que se lanzó fue una mayoría constituida por el radicalismo, dirigido por Raúl Alfonsín, y por el peronismo de la provincia, que impusieron su candidatura al resto de la Asamblea Legislativa. Esa matriz territorial engendró al kirchnerismo, que terminó destronando a Duhalde. En 2001 no solo se estableció una base político-electoral. También se inauguró la dinámica fiscal que la alimenta. En una brutal simplificación se podría presentar así: un grupo bonaerense toma la palanca del Estado nacional para, sobre todo a través de las retenciones, volcar un caudal indiscriminado de subsidios sobre el área metropolitana. En un plano imaginario, Duhalde vindica a Tejedor.

Entender la relevancia de lo que sucedió en la crisis de 1880 ayuda a desentrañar el significado de lo ocurrido a fines de 2001. La crueldad de la disputa es un módulo para calibrar la importancia de lo que estaba en juego. Aquí se van a exponer los trazos más relevantes del proceso, siguiendo la guía de dos textos principales: Buenos Aires en Armas. La revolución de 1880, de Hilda Sábato,[58] que es el estudio más completo sobre el tema, y el clásico Soy Roca, de Félix Luna.[59] Quien tenga interés en leer los partes de batalla de los combates que se libraron en la ciudad los tiene disponibles en el libro de Mario Serrano La capitalización de Buenos Aires y la revolución de Carlos Tejedor.[60]

El actor principal del drama es Roca. El conflicto se desencadena alrededor de su candidatura presidencial para la sucesión de Nicolás Avellaneda. Roca es quien conduce, entre bambalinas, la estrategia del gobierno nacional frente a la provincia levantada. Y Roca es quien cierra el ciclo desde el punto de vista conceptual con su célebre discurso de asunción del mando.

La batalla de Buenos Aires es el último episodio del progresivo aplastamiento de las resistencias provinciales a una unificación centralizada. Entre los antecedentes más cercanos de esa tendencia, estuvo, en 1873, la derrota de las milicias entrerrianas, que sostenían la rebeldía de Ricardo López Jordán frente al gobierno encabezado por Domingo Faustino Sarmiento. Y, en 1874, la caída del improvisado ejército de Mitre ante las tropas enviadas por Avellaneda, el 26 de noviembre, en la batalla de La Verde.[61]

Las motivaciones inmediatas del enfrentamiento hay que buscarlas en la competencia electoral por la sucesión de Avellaneda. El 1.º de junio de 1879 se proclamó en una asamblea porteña la fórmula de Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, y Saturnino Laspiur, un hombre de Mitre. Y el 27 de julio, en el Teatro Variedades, la de Julio A. Roca y Eduardo Madero. Roca llevaba ventaja en la opinión pública, como le escribió a su concuñado Miguel Juárez Celman a fines de 1978, en una muy poco liberal referencia al periodismo a la que suscribirían varios líderes actuales: «Sea por habilidad o por suerte, la verdad que hasta ahora no ha habido ningún porteño que disponga o pueda disponer de tantos diarios como yo, en un momento dado. Y Ud. sabe que este pueblo se gobierna y tiraniza con los diarios».[62]

La rivalidad había germinado en una interna en el gabinete de Avellaneda. Laspiur, ministro del Interior, se enfrentó al ministro de Guerra, Roca, por el envío de armas a grupos aliados de las provincias. Laspiur terminó renunciando. Lo reemplazó Sarmiento. Los opositores del Congreso interpelaron a Roca. Sábato, citando el diario El Porteño, cuenta el ataque que sufrió el ministro al salir de la sesión: «Atropellaron el carruaje […], cortaron las riendas, apuñalaron un caballo, hicieron fuero con trabucos a la volanta y el cochero, al grito de “Viva Tejedor, muera Roca”».

En medio de ese clima se abre una discusión medular entre el ministro Sarmiento y el gobernador Tejedor sobre quién tenía derecho a convocar a la Guardia Nacional. Ese cuerpo era una suerte de ejército de reserva, establecido en las provincias, y al que debían enrolarse todos los varones adultos. Sarmiento firmó un decreto estableciendo que solo el Poder Ejecutivo nacional podía servirse de esa fuerza. Al día siguiente, Tejedor reclutó a 600 hombres para la Guardia Nacional, organizada a través de toda la provincia en 53 regimientos de caballería y 22 de infantería. La comandancia general quedó bajo el mando del general Martín de Gainza.

El entredicho entre Sarmiento y Tejedor, que está en el origen fáctico del conflicto que desemboca en la federalización de Buenos Aires, no podría tener más densidad: se trata de determinar quién tiene derecho al uso de la fuerza. Sarmiento sostiene que solo el Congreso puede convocar a la Guardia Nacional. Tejedor contesta que la provincia tiene derecho a hacerlo, porque se avecina una turbulencia en la nación, sobre todo por el avance de una candidatura militar, la de Roca, que pondrá en peligro la libertad de los porteños.[63] Así está planteado el marco retórico del gran enfrentamiento de la provincia y el Estado nacional. De un lado, el orden, que requiere la centralización de la fuerza. Del otro, la autonomía de esa fuerza para garantizar la libertad frente a un Estado autoritario, comandado por una fuerza militar.

El 15 de febrero de 1880, la polémica se materializó. El gobierno nacional ocupó militarmente el predio del Tiro Nacional de Palermo, donde los domingos se reunían los voluntarios de la Guardia Nacional de Buenos Aires. Estos porteños decidieron desfilar por el centro de la ciudad. Hilda Sábato cita a Eduardo Gutiérrez:

He aquí una fecha que Buenos Aires no borrará nunca de su memoria. ¡Fue en ese día memorable que todos sus hijos, sin distinción de edades ni sexos, ofrecieron el espectáculo más grandioso y la manifestación más imponente que haya presenciado jamás pueblo libre! Buenos Aires, unido y compacto, uno e indivisible, con el semblante de sus hijos irradiando entusiasmo, santo amor a la patria y a sus instituciones, se presentaba resuelto a morir o a vencer, por sus libertades y sus leyes amenazadas de muerte. Media hora después se veían acudir a la plaza Lorea, a todos los batallones que componían el Tiro Nacional, con sus jefes a las cabezas y sus armas al hombro […] El Gobierno mandaba desarmar al pueblo y el pueblo se paseaba en las calles haciendo bailar sus bayonetas […] Cuando la columna llegó a la calle Florida, sus proporciones eran colosales. Era el pueblo que se había lanzado a las calles, amenazador y terrible, para protestar frente al ejército de la conculcación de sus libertades y de aquella política terrible.[64]

El 1.º de junio, se desató en la ciudad una guerra civil. El gobierno de Tejedor había traído 3500 fusiles desde Europa en el vapor Riachuelo. El gobierno ordenó a la Armada capturar la embarcación y destacó al Regimiento 1 de Infantería en la Vuelta de Rocha para decomisar el armamento. Tejedor envió al coronel José Inocencio Arias a defender el desembarco, con instrucciones de abrir fuego si era necesario. El Riachuelo no pudo ser alcanzado. Cuando el Regimiento 1 quiso impedir el desembarco, Arias lo forzó a rendirse. Al día siguiente, los cajones con los fusiles de la provincia fueron paseados, desafiantes, por la calle Florida.

La maquinaria militar se movía con un combustible que proveía la política. En abril se habían realizado elecciones. La fórmula Roca-Madero había vencido a la de Tejedor-Laspiur por 155 electores contra 71.[65] Roca había confirmado su hegemonía en todo el país. Y Buenos Aires se presentaba a sí misma como la resistencia frente a un déspota. Para esos días, los diputados bonaerenses retaceaban el quorum, impidiendo la proclamación de la fórmula en el Congreso.

El presidente Avellaneda, alentado por el ministro de Guerra, Carlos Pellegrini, y por el candidato Roca se sobrepuso a sus propias dudas y resolvió enfrentar a la provincia. Declaró que Belgrano, que para entonces era un pueblo separado de Buenos Aires, sería la capital provisoria de la nación. Y trasladó allí su gobierno. El Congreso se partió en dos y la Corte prefirió no innovar. Avellaneda llamó a todas las fuerzas nacionales a avanzar sobre la ciudad rebelde.

El gobernador Tejedor tomó la Casa Rosada, la Aduana y el edificio de Correos. Puso a Arias y a Julio Campos al frente de las fuerzas provinciales. Es interesante detenerse en estos dos militares para entender el funcionamiento de la fuerza militar en aquellos años. Arias había sido, en 1874, uno de los encargados de reprimir la revolución de Mitre en contra de Avellaneda. Ahora se había alineado al revés. Y Campos era el hermano de Luis María Campos, figura clave en el Ejército nacional que debía aplastar a Buenos Aires. Este tipo de alineamiento faccioso era uno de los síntomas de la dificultad para constituir el Estado nacional.

Del otro lado, Avellaneda ordenó ocupar San Nicolás, Pergamino y Zárate, con fuerzas traídas desde el norte, a cargo de los generales Eduardo Racedo y Nicolás Levalle. Este militar tuvo una trayectoria curiosa, siempre ligada a Roca. Se llamaba Nicola Levaggi. Era un italiano que inmigró con sus padres en la década de 1840 y al que la Aduana le castellanizó el nombre. En 1873 intervino junto a Arias, ahora enfrentado a él, en la represión del entrerriano López Jordán. Había participado de la Conquista del Desierto y comandaría las fuerzas que reprimirían, en 1890, la revolución contra Juárez Celman.

Arias, el jefe de las fuerzas de la provincia, le escribió al ministro Amancio Alcorta que había reclutado a veinte mil hombres. También le expuso un plan: después de vencer a Levalle, se lanzaría a la conquista de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. «Aprovechemos esta brillante oportunidad para librar de pillos al país y constituir de una manera estable las instituciones de la República».[66]

El enfrentamiento se produjo el 20 y 21 de junio de 1880. Cada ejército tenía alrededor de diez mil hombres. Se enfrentaron dos veces en Barracas, en el puente Alsina y en la meseta de Los Corrales, que es hoy Parque Patricios. Los combates duraron más de diez horas. La narración más detallada sigue siendo la de Sábato.[67]

Los enfrentamientos se desataron a las 10:35 del 20 de junio. Las fuerzas de Tejedor se enteraron de que los nacionales habían llegado por tren a Lomas de Zamora y marchaban hacia el puente de Barracas[68].

Levalle tomó el puente, pero los provinciales de Arias acudieron con refuerzos y lo obligaron a retroceder hacia Lomas de Zamora. Una legión armada que se desplazó primero a pie y luego en tren. Hubo una masacre; nunca se supo la cantidad de víctimas.

La segunda batalla fue en puente Alsina y se extendió hasta la meseta cercana, una zona llamada Corrales Viejos, que ocupaba desde el Riachuelo hasta la plaza Miserere[69]. En esa plaza, estaba el cuartel general del ejército porteño.

El bando nacional era conducido por Racedo y contaba con 4200 hombres. Racedo avanzó de noche y sorprendió a las fuerzas de Arias, que estaban acampadas junto al puente. Los participantes revelan los alineamientos políticos en relación con Buenos Aires: con Racedo se alinearon guardias nacionales de Santa Fe y Córdoba.

El combate de los dos ejércitos se libró sobre el puente y duró dos horas. Fue encarnizado. Hombres y caballos caían al Riachuelo. Hubo escenas de gran teatralidad: el coronel Manuel Vázquez, por ejemplo, que comandaba la Guardia Provincial de Santa Fe, perdió la vida y fue velado en el mostrador de la pulpería La Blanqueada. Los relatos cifrados en los partes de uno y otro bando difieren: ambos acusan al otro de haberse retirado. Los nacionales, hacia Lomas; los de la provincia de Buenos Aires, que por entonces eran denominados porteños, hacia Los Corrales. El nombre de esa área se debe a que, en 1866, allí se habían instalado corrales. Más tarde, en 1872, se habilitó un matadero, para evitar la contaminación de matar animales en las cercanías de la estación Constitución, después de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Más adelante, esos mataderos se trasladarían a Nueva Chicago, para dar hasta hoy su nombre al barrio.

Allí, en Los Corrales, los ejércitos volvieron a enfrentarse. Era un gran descampado, con caminos irregulares. Los de la provincia de Buenos Aires se instalaron en el matadero, que estaba sobre la meseta que se levanta en esa zona. Los comandaba el coronel Hilario Lagos (h). Eran tres mil, entre los que se contaban cadetes de la Escuela Naval. Los nacionales, cuatro mil. Fue el combate más sangriento y duró horas. Los carruajes de la ciudad operaban como ambulancias a los heridos desde esa área semirrural hacia los hospitales. El momento culminante, el más cruento, se produjo en Rioja y Caseros, en las adyacencias de lo que hoy es la sede de Huracán, en el corazón de Parque Patricios. Los provinciales lograron contener a los nacionales. Pero ambos se retiraron. Lagos, hacia la Comisaría de los Corrales, que era el nombre del barrio actual de Constitución. A las 2 de la tarde, recibió la orden de relegarse hacia plaza Miserere, donde estaba el cuartel general porteño. Los nacionales se dirigieron hacia San José de Flores.

El enfrentamiento volvió al puente de Barracas. Levalle lo ocupó a las 9 de la mañana del 21. Así bloqueó cualquier salida, encerrando a los rebeldes en el entramado urbano de Constitución. En esas calles, chocaban fuerzas de uno y otro bando, que a veces se confundían, porque los uniformes eran parecidos. Este combate, además de sangriento, fue muy caótico. Se extendió en un área edificada, y los enfrentamientos llegaron hasta lo que se conocía como Parque de los Inválidos, lo que hoy es Parque España, en el límite de Constitución con Parque Patricios.

La ciudad comenzó a estar sitiada. Sábato cita a Vicente López diciéndole a su hijo Lucio, que estaba en Londres: «A pesar del sitio tenemos leche en abundancia, porque los sitiadores dejan entrar ese artículo, desde que no siendo alimento de soldados, sirve solo para los niños».

Muchas actividades quedaron suspendidas, porque los hombres estaban en el frente de combate o asistiendo a los que peleaban. El transporte se vio afectado por el decomiso de caballos. También hubo robos y saqueos, debido a que la policía estaba abocada a la defensa de la ciudad. Las colectividades y la Masonería, que había cumplido un rol central durante la fiebre amarilla, estuvieron hiperactivas en tareas humanitarias. Al mismo tiempo, se peleaba en puente Alsina y en Los Corrales y en Constitución.

Todo se había vuelto muy salvaje. Si bien ambos bandos se atribuyeron el triunfo, era evidente que el ejército de la provincia no podía seguir controlando la escena, porque sus tropas estaban debilitándose y dependían cada vez más de fuerzas no profesionales. Los nacionales tampoco podían cantar victoria. Sobre todo desde que el ministro de Guerra, Pellegrini, descubrió que la pólvora que almacenaban en Chacarita estaba mojada. Los muertos llegaron a ser más de tres mil.

En ese contexto, se abrió una negociación. El primer ensayo lo realizó el nuncio apostólico Luigi Mattera. Es el mismo diplomático a quien cuatro años más tarde el presidente Roca le pediría que abandone el país por su acérrima oposición al laicismo que promovía el gobierno, sobre todo en el campo educativo. En aquellas jornadas violentas de 1880, Mattera se entrevistó con Avellaneda y después con Tejedor, para establecer una tregua que durara hasta el 24 de junio. Esa tregua se mantuvo por tiempo indefinido.

Las fuerzas nacionales habían rodeado la ciudad con un cerco casi absoluto, que se extendía también por el río, con embarcaciones de la Armada. El gobierno de Belgrano iba ocupando la campaña, desplazando a los jueces de paz de la provincia y designando a los propios. La resistencia que encontró fue muy escasa. El 24, la mitad de la Cámara de Diputados que funcionaba en Belgrano convalidó los pliegos de representantes de Córdoba y La Rioja, constituyendo así una mayoría. De inmediato, se declararon vacantes los lugares de los legisladores fieles a Tejedor, que permanecían en Buenos Aires. Avellaneda sabía que estaba actuando en el borde externo de la ley. Se advierte en la proclama que dictó para explicar estas medidas como «remedio salvador» ante una situación anómala. Esa mayoría parlamentaria permitió más tarde, el 9 de octubre, la proclamación de Roca como presidente.

Tejedor había designado a Mitre al frente de un Consejo Militar de la Defensa. El general recorrió las fuerzas de la provincia, y su dictamen fue desalentador. Aconsejó al gobernador que desistiera de seguir peleando. Mitre era clave en el tablero de Tejedor: apadrinaba a Laspiur, su candidato a vicepresidente. El 25 de junio, Mitre inició una negociación con Tejedor. La paz llegó cinco días más tarde.

Félix Luna se pregunta qué llevó a finalizar los combates. Responde: 1) la certeza de que la nación no cedería y haría cualquier cosa por subordinar a Buenos Aires; 2) la imposibilidad de Tejedor de seguir un plan ulterior. ¿Mandaría los rifleros al resto de las provincias? ¿Declararía a Buenos Aires estado independiente?[70]

Tejedor debió dejar el cargo. Por unas semanas asumió la gobernación su segundo, José María Moreno. La provincia debió desarmarse. Le quedarían una guardia de cárceles y las milicias de control de la ciudad y la campaña, pero sin organización militar.

Sin embargo, las consecuencias más importantes para la provincia todavía no habían llegado. Roca, que miraba los acontecimientos desde Córdoba, se trasladó a Belgrano para completar su jugada, que era aplastar a Buenos Aires. Temía de la debilidad de Avellaneda. Luna le hace decir: «Al llegar a Belgrano volví a entender lo que había comprendido dos años antes, al hacerme cargo del ministerio de Guerra: que no hay poder nacional en la Argentina si no tiene su asiento en Buenos Aires».[71]

El Congreso, desde la sede de Belgrano, disolvió la Legislatura bonaerense. Avellaneda renunció, pero los legisladores no le aceptaron la renuncia. Roca hizo enviar fuerzas al mando del general Francisco Bosch, quien esperó que los legisladores salieran a comer y ya no les permitió volver. El 24 de agosto, Avellaneda presentó un proyecto para federalizar la ciudad de Buenos Aires. El 20 de septiembre, fue convertido en ley. La Legislatura volvió a formarse a través de elecciones muy manipuladas.

Se resolvió así, cuando todavía sonaban los cañones, un problema que se venía arrastrando a lo largo de toda la historia independiente: el de la capital de la república. La decapitación de Buenos Aires fue la máxima expresión de la consagración del poder nacional. Todos los bandos lo entendieron así, aunque asignaran a ese hecho muy distinto juicio de valor. Constituir la nación era someter a Buenos Aires.

Para las fuerzas del interior, que lideraba Roca, sin disciplinar a Buenos Aires no habría orden posible. En un plano subliminal, como suele hacerlo, la memoria ejercería su influencia. Encuadrar a Buenos Aires significaba, en un plano simbólico, terminar con Rosas. La batalla de Caseros fue el punto de partida de un proceso de organización liberal de la nación que se desplegaba, de un modo tácito, contra Rosas. El desafío consistía en encontrar la fórmula que permitiera exorcizar a la vida pública de la aberración que significaba la imagen del caudillo porteño, bonaerense. Domesticar a Buenos Aires era llevar a su última frontera la victoria sobre Rosas. En este contexto simbólico, adquiere una dimensión muy atractiva la figura de Sarmiento, el autor del Facundo, convertido en ministro de Defensa después de haber sido presidente, redactando resoluciones para terminar con la insubordinación militar de Buenos Aires frente a la nación.

Los actores del momento eran conscientes de que el Estado nacional terminaría de constituirse, en buena medida, contra Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi, que había sido, con sus Bases, el ideólogo de Justo José de Urquiza, el vencedor del porteño Rosas, celebró el desenlace de ese proceso publicando, en 1881, un libro titulado La República Argentina consolidada en 1880, con la ciudad de Buenos Aires como capital.[72]

Roca sintetizó esas ideas en su mensaje al Congreso, el 12 de octubre de 1880, cuando asumió la presidencia. Solo sobre la derrota de Buenos Aires, materializada en la federalización de su capital, se podía esperar una era de «Paz y administración», el célebre lema de Roca. Lo dice así:

La ley que acabáis de sancionar fijando la capital definitiva de la República es el punto de partida de una era en que el gobierno podrá ejercer su acción con entera libertad, exento de las luchas diarias y deprimentes de su autoridad, que tenía que sostener para defender sus prerrogativas contra las pretensiones invasoras de funcionarios subalternos. Ella responde a la suprema aspiración del pueblo, porque significa la consolidación de la unión y el imperio de la paz por largos años. Su realización era ya una necesidad inevitable y vuestro mejor título a la consideración de la República será el haber interpretado tan fielmente sus votos. En adelante, libre ya de estas preocupaciones y de las conmociones internas, que a cada momento ponían en peligro todo, hasta la integridad de República, podrá el gobierno consagrarse a la tarea de la administración y a las labores fecundas de la paz; y cerrado de una vez para siempre el período revolucionario, que ha detenido constantemente nuestra marcha regular, en breve cosecharemos los frutos de vuestro acierto y entereza.[73]

Desde la misma provincia de Buenos Aires, se discutiría esta visión del proceso. La versión más completa de esa contradicción fue expuesta por Leandro N. Alem en noviembre de 1880. Alem era en ese momento diputado provincial. Había llegado a la Legislatura en 1879, desde el Partido Autonomista. Pero expresaba una corriente disidente dentro de esa fuerza. Se había opuesto a Alsina hasta fundar, con Roque Sáenz Peña, Lucio V. López, Pedro Goyena, José Manuel Estrada y Aristóbulo del Valle, el Partido Republicano, que existió hasta 1877. Desde esa agrupación, Del Valle y Alem compusieron una fórmula para enfrentar a Tejedor, que terminó imponiéndose como gobernador. Alem se opuso al levantamiento de Tejedor, pero mantuvo su postura contraria al centralismo identificado con Avellaneda y, sobre todo, con Roca.

Ese era el cuadrante político en el que se ubicaba Alem cuando, el 12, el 15, el 17 y el 24 de noviembre de 1880, la Legislatura debatió la ley que cedería a la nación el municipio porteño, que ya había sido federalizado. El Poder Legislativo bonaerense se había constituido en elecciones muy controladas por el gobierno nacional, por lo que Alem expresaba allí a una ínfima minoría. Solo tres diputados votaron con él la negativa a entregar la ciudad.

Alem habló durante tres noches. Sus palabras cobijan un significado extraordinario. Expresan el ideario de un individualista liberal muy convencido, rasgo que interesó una y otra vez a Ezequiel Gallo, el historiador que con más sagacidad lo estudió.[74] Esta peculiaridad es interesante por lo inesperada. El radicalismo del siglo XX no se identificó, en su trazo grueso, con esa orientación de su fundador. Prefirió mirarse en el espejo de Hipólito Yrigoyen, el sobrino de Alem, su temprano rival interno. La semilla liberal de Alem fue cultivada por corrientes que tuvieron siempre, por lo menos, una tensión con Yrigoyen. La más notoria fue la del antipersonalismo, amparado con timidez por Marcelo T. de Alvear, quien de joven fue secretario privado de Alem.[75] Esas rivalidades afloraron de manera muy curiosa en 1930. Cuando, como parte de las turbulencias del golpe de Estado del 6 de septiembre, fue saqueado el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), un gran retrato de Alem iba a ser tirado a la hoguera hasta que la voz de un asaltante lo evitó: «¡No!… ¡Alem no!».[76]

Alem profesaba un liberalismo muy acentuado, que lo llevó a decir, en uno de aquellos discursos de 1880:

En economía como en política, estrechamente ligadas, porque no hay progreso económico si no hay una buena política —⁠una política liberal que deje el vuelo necesario a todas las fuerzas y a todas las actividades⁠—; en economía como en política, decía, la teoría que levantan los principales pensadores, los hombres más distinguidos del antiguo y del nuevo continente, teoría que se va inoculando, por así decirlo, en el seno de todas las sociedades, se puede condesar, y ellos la sintetizan en esta sencilla fórmula: «No gobernéis demasiado», o mejor dicho y mejor expresada la idea, «gobernad lo menos posible». Sí, gobernad lo menos posible, porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza en libertad, más gobierno propio tiene, y más se fortalece su iniciativa y se desenvuelve su actividad.

Ese liberalismo se proyectaba sobre su visión de la organización institucional. Había que moderar el peso del Estado, y eso se lograría limitando su poder con la fragmentación territorial. El federalismo era en Alem una derivación de un liberalismo que consagraba, en el centro de la política, la autonomía del individuo. Por eso Gallo retrata al fundador del radicalismo como un liberal, individualista, federalista. La asociación de esas posiciones no debería sorprender. Todo el pensamiento contrario a la monarquía absoluta identificó descentralización político-administrativa con libertad y, si se quiere, democracia. La asignación de un signo positivo de valor a la distribución territorial del poder polarizó, en el liberalismo del siglo XIX, con la demonización de los procesos de concentración.

Contra el telón de fondo de esta concepción general, se recorta otra característica del notable discurso de 1880. Alem encarna en Buenos Aires la garantía de la libertad y el federalismo. Asigna a esa provincia la capacidad de equilibrar el poder del orden centralizado que intentaba imponer Roca. Alem levanta la bandera de la descentralización federal como una valla contra la formación de un mando nacional autoritario. La defensa porteña se convierte así en la primera modulación del conflicto de Alem con el roquismo, que tendrá su manifestación más contundente diez años más tarde, en la Revolución del Parque.

Hay otra nota relevante en la oratoria de Alem en aquellas sesiones, que es la más llamativa: su capacidad profética. Anticipa que con la federalización la provincia quedará, en términos políticos, esterilizada. En cambio, la ciudad de Buenos Aires, convertida en Capital Federal, no hará más que expandirse desbordando hacia sus suburbios. En aquellas jornadas de noviembre de 1880, Alem vislumbró el Gran Buenos Aires y dejó planteado, sin formularlo del todo, un problema central: esa región destinada a crecer carecerá de un centro de gobierno. No será parte de la jurisdicción nacional, aunque sea desde el punto de vista urbanístico y social su extensión. Y dependerá de unas autoridades provinciales carentes del poder suficiente como para organizarla. En las entrelíneas de aquel largo planteo de Alem, ya está sugerido el drama central del conurbano: se hizo solo.

Alem pretende poner la mirada en un horizonte mucho más lejano del que sirve de referencia al debate de la Legislatura. Lo explicita en la discusión final de esas jornadas: «Yo he hablado para todos, he dicho, menos para la Cámara, y no he hablado siquiera para estos momentos, sino para el futuro».

Vale la pena leer esas palabras.[77] Alem era consciente de que la causa que defendía ya había sido derrotada. A tal punto que ese discurso fue su última participación en la escena pública antes de renunciar a la banca y a la militancia política. No suponía el orador de esas noches que el momento culminante de su carrera, aquel por el que sería recordado en el futuro, tardaría diez años en llegar: la Revolución del Parque, cuna de la UCR.

La tesis central de la oposición de Alem a ceder la ciudad de Buenos Aires al Estado nacional es que, con esa cesión, la república quedará para siempre desequilibrada. El principal temor de Alem está asociado a la cuestión del federalismo: después de reconstruir la historia institucional siguiendo el hilo de la controversia en torno a la «cuestión capital», pronostica que la decapitación de la provincia inaugurará un sistema autoritario en cuyas entrañas asomará siempre la amenaza de una dictadura centralizada. Sostiene, en favor de esa posición, que el modo en que Avellaneda arrasó el levantamiento de Tejedor es una demostración de que el poder central no necesita, como arguyen quienes dispusieron la federalización, de más recursos:

El Poder Supremo en la República federalmente constituida, que reconoce personalidad política en las diversas colectividades que la forman, debe ser relativamente fuerte, y disponer nada más, que los elementos necesarios para los fines generales de la «institución» porque no es admisible que todos los Estados se alzaran sin razón y sin justicia contra esa Autoridad, funcionando legítimamente. Pero si en su mano tiene y centraliza la mayor suma de elementos vitales y de fuerzas eficaces —⁠la República dependerá de su buena o mala intención, de su buena o mala voluntad⁠—, de las pasiones y de las tendencias que le imputen. La dictadura sería inevitable siempre que un mal gobernante quisiera establecerla, porque no habría otra fuerza suficiente para controlarlo y contenerlo en sus desvíos.

Y estas consideraciones son tanto más exactas en este caso y entre nosotros, atendiendo al estado y a las condiciones en que se encuentran las otras Provincias, incapaces todavía de inspirar respeto al mandatario extraviado, ni de ejercer una influencia saludable que lo detuviera en sus primeros pasos o en la ejecución de sus pensamientos. El único Estado, que en esta situación se presenta, es precisamente Buenos Aires, a quien se debilita de esta manera, y para fortalecer más al Poder Central con los elementos que se les desprenden.

Si Buenos Aires, con su volumen, estará acosada por el poder central, las demás provincias serán más vulnerables todavía en su autonomía. Para Alem, la federalización de la capital porteña no es una agresión a la provincia que la cede, sino al principio federal en su conjunto:

No, señor Presidente, la Autoridad Nacional tiene todas las atribuciones y todos los elementos necesarios para conservarse en cualquier emergencia, para guardar el orden y abatir todo movimiento irregular.

¿Y no lo acabamos de ver ahora mismo? Un espíritu violento y apasionado, dirigiendo los negocios públicos de esta importante Provincia y disponiendo de todos sus elementos eficaces, promueve una convulsión. La Autoridad nacional, muy culpable en el desarrollo que esos sucesos tomaban, abandona en un día la Ciudad y se traslada a las soledades de la Chacarita,[78] dejando en poder del rebelde, porque quiso dejados, poderosos elementos bélicos, de la Nación: y en quince días no más se encuentra rodeado de un ejército poderoso, y en los primeros pasos que avanza sobre aquel, todo a quedado concluido.

Pero si no hay peligro respecto a la Nacionalidad argentina y al libre ejercicio de las funciones nacionales, ese peligro será muy grande para las libertades públicas y las autonomías provinciales, el día que se entregue al Poder Nacional este centro poderoso, que quedando bajo su acción y gobierno inmediato, no podrá ser en adelante un obstáculo a los avances que un Gobernante mal dirigido o apasionado intente, y consumará fácilmente.

Dominando previamente en esta Capital por medio de sus agentes y allegados, ¿quién podrá contenerlo después?

¿Es una tendencia natural del Poder a extender sus atribuciones, a dilatar su esfera de acción y a engrandecerse en todo sentido; y si ya observamos ahora como se arrojan sombras, de continuo, sobre la autonomía de algunas Provincias, influyendo sensiblemente la Autoridad Nacional en actos de la política y del régimen interno de aquellas?, ¿qué no sucederá cuando se crea y se sienta de tal manera poderosa y sin control alguno en sus procedimientos?

Creo firmemente, Señor, que la suerte de la República Argentina federal, quedará librada a la voluntad y a las pasiones del Jefe del Ejército Nacional.

La argumentación de Alem es muy sugerente. Tiene una raíz ideológica que va más allá de su facción política: la premisa es que Buenos Aires ha sido motor y garante de la libertad. Esa idea preside, por ejemplo, la historiografía de Mitre y está formulada con toda contundencia en su Introducción a la historia de Belgrano. Sobre el punto de apoyo de esa tesis, Alem identifica la mutilación de Buenos Aires como el comienzo de un avasallamiento autoritario llevado adelante por el Estado nacional:

Pero es que necesitamos y queremos un gobierno fuerte —⁠nos contestan.

¿Y qué significa esto de los gobiernos fuertes, qué alcance tiene la frase?; ¿hasta dónde va el propósito de la evolución?

Yo no la entiendo bien, señor Presidente, ni puedo explicármela de una manera satisfactoria.

En un País constituido, que tiene por su carta orgánica perfectamente distribuidos los «poderes» y deslindadas las atribuciones, yo no comprendo otro gobierno fuerte, sino el de la ley severa e imparcialmente aplicada, con los elementos necesarios para hacerla respetar.

¿Tiene el Poder Central esos elementos? Acabo de examinarlos en mi exposición anterior, poniéndolos a la vista de todos. Un gobierno que dispone de la gran parte de la renta de la Nación, y con facultades ilimitadas para mantener un Ejército permanente, que puede colocarlo y distribuirlo a su voluntad, es un «Poder» muy respetable, Sr. Presidente, es una «Autoridad» que siempre se hará obedecer en el ejercicio de sus atribuciones. Nada tiene que temer procediendo legítimamente; toda y cualquiera trasgresión que se pretenda, será sin gran esfuerzo reprimida. Acabamos de verlo en estos últimos sucesos.

La tendencia autoritaria se desenvuelve entre nosotros de una manera alarmante. Son los partidarios de esa escuela que atribuye al «Poder social» derechos absolutos e independientes, sin pensar que solo es un Encargado de armonizar y garantir los derechos de los asociados. Son los que pretenden la infalibilidad en la «Autoridad suprema», puesto que sus órdenes deben ser obedecidas y acatadas sin observación ni control, de ninguna especie. Allí donde el «Poder» habla y procede, allí estará necesariamente la razón. Es él que debe dirigirlo todo, que debe impulsarlo todo, porque es él que mejor piensa y obra también.

En el primer fragmento de este largo discurso, Alem trata de convencer a sus colegas de que no es conveniente resolver un problema de la dimensión de Capital Federal en el clima de exaltación emocional que derivó de los enfrentamientos armados. Denuncia que se trata de una jugada oportunista, si se quiere artificial, que tendrá consecuencias indeseables:

Desaparece la convulsión, recobra la ley su imperio y es necesario pensar en el «Poder» y establecerlo en buenas condiciones. Perfectamente. Hasta aquí los sabios están de acuerdo con los hábiles, pero ya comienza a desconfiar un poco de ellos. ¿Qué es el Poder? y ¿cómo debe levantarse de una manera legítima, para que no se hiciera la justicia y no produzca futuras y funestas reacciones? Los hábiles ya no escuchan. Van directamente a su objetivo; quieren aprovechar las circunstancias y consumar sus planes de cualquier modo.

Severa es la crítica del filósofo, Sr. Presidente, y entre nosotros, o mejor dicho, en nuestro lenguaje vulgar y pintoresco, podría bien comprenderse en aquellas palabras: «A río revuelto ganancia de pescadores».

¿Habrá pescadores en esta tormenta?

Si los hay, sin que se encubra una ofensa en estas palabras, porque no tengo intención de hacerla. Si los hay repito, y son los partidarios de los gobiernos fuertes, como ellos le llaman y enseguida yo les examinaré en sus propósitos y en sus resultados; —⁠son los defensores de la escuela autoritaria en su expresión extrema, y son también, por otra parte, aquellos que hace mucho tiempo, y sin razón y sin justicia, miran de mal ojo, por así decirlo y con la peor voluntad esta legítima influencia que tiene Buenos Aires en el movimiento político de la Nacían. Han encontrado la ocasión de abatida y quieren pescarla, señor Presidente.

Pero esto no es modo de constituir sólidamente el País. Cometen un grave error y sus consecuencias no pueden ser buenas. Obtendrán momentáneamente sus resultados, pero dejan una causa permanente para futuras y muy tristes reacciones.

Tendrán que hacer un gobierno de fuerza y no un gobierno de opinión, y «con la fuerza se conquista pero no se convence, se domina pero no se gobierna».

El fortalecimiento del Estado federal conducirá a una gran desigualdad. Este vaticinio se sostiene en las premisas que había defendido Alem durante toda la década anterior, en especial la concepción que supone que la distribución del bienestar deriva de la distribución del poder, también del poder territorial.

Aquí vendrá todo lo que valga, todo lo que algún mérito tenga, se ha dicho como argumento para sostener la medida. Sí; aquí vendrá todo lo que valga, se centralizará la civilización y ¿saben los SS. DD., lo que esto significará? El brillo, el lujo, la ilustración, la luz en un solo lugar, y la pobreza, la ignorancia, la oscuridad en todas partes —⁠y ya vendrán también aquellas odiosas e irritantes distinciones, con sus funestas consecuencias sociales; aparecerán las gentes principales separando a las gentes plebeyas⁠—; el elemento civilizado, condenando al elemento ignorante —⁠las clases distinguidas y privilegiadas repudiando a las clase de baja esfera⁠—; y en este estado de cosas la opresión casi inevitable sobre los últimos, y el principio de aquellas funestas cuestiones sociales, de que nos íbamos librando felizmente.

Alem prevé una tendencia que se desplegó desde entonces: el temor de los gobiernos nacionales a que se reproduzca un poder bonaerense que los acorrale o desestabilice. Allí está la semilla del recurrente enfrentamiento entre presidente y gobernador, coincidan o no en su filiación partidaria: «La autonomía de la Provincia vivirá continuamente amenazada y perjudicada, para evitar precisamente que un desarrollo rápido en sus fuerzas morales políticas vuelva a traer los mismos inconvenientes, que ellos ven en la influencia porteña, altanera y pretenciosa y egoísta, a su modo de entender y de sentir».

Hay una presunción todavía más interesante en las preocupaciones que Alem expresa en aquellas sesiones legislativas. Es la sospecha de que, desprovista de su centro cultural, económico, institucional, la provincia de Buenos Aires quedará, en un sentido profundo, despolitizada. «La que hará política en la provincia, Presiente, será la Nación». Buenos Aires, carente de una agenda propia, será la playa de maniobras del juego nacional: «La influencia que la Ciudad ejerce sobre la Campaña no desaparecerá, al menos, por muy largo tiempo; pero en adelante ella será nociva en las corrientes de nuestra vida política porque vendrá del Poder Central, será la influencia nacional que necesaria y fatalmente perjudicará la autonomía de la Provincia que queda y se forma con el resto del territorio».

Avellaneda y, sobre todo, Roca justifican la federalización de Buenos Aires en la necesidad de neutralizar el desafío permanente que enfrenta la organización nacional en esa provincia. Ese distrito, el distrito de Rosas, tiende a generar liderazgos desbordantes. El último fue el de Tejedor.

Alem contesta a ese razonamiento aconsejando resolver los problemas de la concentración de poder con más descentralización. A la hora de garantizar libertades, parece confiar mucho más en la fragmentación territorial que en la división funcional de los poderes. Es decir, para él el modo de limitar al gobernador de Buenos Aires no es someterlo a una autoridad más voluminosa, sino descentralizar sus atribuciones en los municipios. El último eslabón de la cadena argumental de Alem es la reivindicación de la autonomía municipal, consagrada por la Constitución provincial de 1873, como garantía de equilibrio republicano.

La descentralización era reclamada por el Pueblo, que sintiéndose con aptitudes para dirigir por sí mismo los negocios comunales no quería permanecer bajo la tutela de un poder que todo lo absorbía.

La Constitución del 73 respondió a esas legítimas aspiraciones y sancionó la autonomía de las comunas, emancipándolas de aquella intervención nociva, que ahogaba la iniciativa y debilitaba su actividad, librando su suerte y su destino a la voluntad de un gobernante.

Así aseguraba la libertad con el orden. Ni una ni otra quedaban dependientes del mal gobernante. Las colectividades comunales, dueñas de sí mismas y responsables de sus actos, serían las primeras en trabajar una situación normal que les asegurase sus derechos, impulsando el progreso y el desenvolvimiento de sus legítimos intereses.

Descentralicemos, pues, en la Provincia y habremos conjurado todo peligro para el porvenir pero no centralicemos al mismo tiempo en la Nación, incurriendo en contradicciones inexplicables y engendrando el mismo mal con más graves consecuencias.

Las propuestas de Alem perdieron la batalla política. El 6 de diciembre, Roca, que había asumido la presidencia el 12 de octubre, emitió una proclama celebrando que, con la cesión de Buenos Aires por parte de la Legislatura, se cerraba un ciclo constitucional y se inauguraba una era de prosperidad. Roca entendía que el valor supremo era la estabilidad, el orden: paz y administración. A ese objetivo se llegaría en un proceso de centralización tendiente a desdibujar particularismos: centralización de la fuerza militar, centralización de la moneda, centralización territorial del ejercicio del poder. Es una lógica con largo arraigo político. Está ya en Maquiavelo, quien aconsejó el fortalecimiento del poder del príncipe en el contexto de una Italia convulsionada por la fragmentación. Es interesante leer los términos en los que Roca identifica la consolidación definitiva del Estado nacional con la derrota de Buenos Aires:

La última jornada de nuestra vida constitucional está ya recorrida. La organización política de la República queda completada. ¡Honor a la Legislatura de Buenos Aires! ¡Honor al Congreso de 1880! ¡Honor y gloria a la generación que ha coronado con tan soberbia cúpula el edificio de la nacionalidad! Con este último esfuerzo que el patriotismo ha realizado, ¡cuántos peligros se disipan en el porvenir y cuánta confianza y seguridad renacen![79]

Roca tenía derecho a ese optimismo triunfal. Sin embargo, apenas consumó su obra, reaparecieron, muy atenuadas, las rivalidades que él se había propuesto sepultar. Vale la pena leer la historia novelada de la fundación de La. Plata que escribió Hugo Alconada Mon en La ciudad de las ranas [80]. Allí se describen los enfrentamientos cargados de cinismo y disimulo entre el presidente Roca y su aliado, Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires. No sería la última vez en que el titular del Estado nacional debe empeñarse en cortar el camino a un gobernador obsesionado por sucederle. Roca y Rocha hasta recurrieron al espionaje en esa lucha atávica.

Las ideas de Roca son relevantes porque dominaron la vida pública durante más de un siglo. Lo son también porque se sostienen en un temor que, con distintas formulaciones y motivos, se mantiene vigente hasta nuestros días: el temor a un desborde bonaerense. Se trata de la identificación de la provincia de Buenos Aires no como un agente de la libertad, como soñaba Alem, sino de caos, como sugería Roca. El imaginario que rodea a la existencia del conurbano reproduce esa fantasía.

La reducción o, si se prefiere, el sacrificio del poder bonaerense en el altar de la nación no concluye con la capitalización de Buenos Aires. Se extiende más allá, en una batalla cifrada, pero de un significado importantísimo: el duelo alrededor del sostenimiento de la banca pública y, por lo tanto, del financiamiento estatal. Hasta bien entrada la década de 1880, la expansión agropecuaria se solventaba con hipotecas. Accedía más al crédito quien más tierras poseía. Ese juego era dominado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y por el Banco Hipotecario de Buenos Aires.

El cordobés Miguel Juárez Celman, concuñado y sucesor de Roca, se propuso licuar ese poder permitiendo en 1887 que todos los bancos pudieran emitir moneda, siempre que compraran títulos del gobierno nacional para respaldar esa emisión. La decisión derivó en un festival de bonos que desató la gran crisis de 1890.

El colapso motivó un debate sobre la conveniencia de tener una banca pública. Pablo Gerchunoff, Fernando Rocchi y Gastón Rossi narran con mucha meticulosidad los conflictos que se abrieron alrededor de una crisis que duró mucho más de lo previsto.[81] La Revolución del Parque produjo el reemplazo de Juárez Celman por Carlos Pellegrini, quien con su ministro de Hacienda, Vicente Fidel López, trataron de sostener a las entidades estatales. La secuencia fue dramática. Primero, obligaron a las grandes fortunas a suscribir un «Bono Patriótico»; después, forzaron a la Caja de Conversión a emitir 8000 000 de pesos a favor del Banco de la Provincia y 3000 000 de pesos a favor del Banco Nacional. Aun así, no consiguieron frenar la fuga de depósitos, por lo que, el 7 de abril de 1891, dictaron un decreto autorizando a esos dos bancos a suspender el pago de sus depósitos hasta el 1.º de julio.

Como esa estrategia no dio el resultado que se le había confiado, comenzó una disputa muy dura entre Pellegrini y el gobernador de Buenos Aires, Julio Costa. A la historia le agradan las ironías. El encargado de ajustar el poder de la provincia en el campo financiero se llamó Juan Manuel Ortiz de Rosas. Era el nieto del Restaurador, que encarnaba el viejo desequilibrio de poder en favor de Buenos Aires, que el roquismo quería corregir. Conviene apuntar un detalle que completa este ajedrez: Costa era la cabecera de playa bonaerense de la disidencia liderada por Roque Sáenz Peña, que Roca consiguió abortar en 1893 con la candidatura de su padre, Luis Sáenz Peña. No hablaban, como se ve, solo de plata. Toda disputa fiscal es una disputa de poder.

Buenos Aires debió desprenderse de sus ferrocarriles para sanear su banco. El 1.º de abril, Rosas prohibió tomar crédito a la provincia, lo que determinó el default de su deuda externa. Dicen Gerchunoff, Rocchi y Rossi: «El cambio en las relaciones de fuerza puede ejemplificarse políticamente con el siguiente paralelismo: la actitud mendicante de Julio Costa buscando la ayuda de Pellegrini solo es comparable con las imploraciones de Avellaneda a la provincia de Buenos Aires los días previos al convenio de 1876, que salvó a la nación del default».[82]

La crisis de la banca pública obligó a la liquidación del Banco Nacional, en sustitución del cual se creó el Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Provincia siguió en la tormenta. Costa y Rosas intentaron que la nación les facilitara un salvataje con emisión de moneda. No lo consiguieron. Los datos que siguen son la aritmética de una feroz disminución del poder bonaerense frente al Estado nacional: entre 1893 y 1895, se cerraron casi todas las sucursales del banco. El 20 de julio de 1893, Luis Sáenz Peña lo intervino por decreto. Después intervino la provincia. El Congreso dispuso, el 25 de febrero de 1896, una nueva moratoria para el banco, por diez años, a pedido del gobierno provincial. Distintos proyectos de reorganización fracasaron, y el banco debió cerrar. Recién reabrió sus puertas en 1906, en un contexto de recuperación general de la economía. El concepto central del roquismo se había vuelto operativo: la nación terminó de imponer su poder a Buenos Aires. Esa subordinación tuvo un primer movimiento en la federalización de la capital de la provincia. Su protagonista fue Roca. Pero su consumación efectiva tuvo un segundo movimiento financiero. Su protagonista fue Pellegrini. Imposible pensar en la conquista del poder nacional a expensas de Buenos Aires sin referir esos dos nombres.

4
POBREZA

En la Argentina existe una enorme dificultad para explicar la expansión de la pobreza, que ya ha alcanzado a más del 35 % de la población.[83] El inconveniente principal a la hora de hallar y aun de buscar una explicación radica en que ese fenómeno desmiente la imagen convencional que la mayoría de la sociedad argentina tiene de sí misma. Ese retrato supone que la prosperidad es un rasgo constitutivo, que el país es rico. Ese prejuicio no implica negar la existencia de una multitud de excluidos, pero sí conduce a que se la perciba como un problema transitorio, imputable a un grupo político o a una gestión económica. Es llamativa, inclusive, la deficiencia estadística para analizar lo que ha ocurrido. Ese enfoque impide pensar un proceso que lleva más de cuatro décadas. Sin analizar ese deterioro en cámara lenta, es imposible comprender el drama más doloroso del conurbano: la existencia de una infinidad de personas que viven en condiciones inhumanas.

La comparación estática con otros países de la región no ayuda a comprender la naturaleza del problema. Como señalan Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzmann,[84] la Argentina siempre estuvo entre los países con mayor producto bruto interno (PBI) per cápita a igual poder adquisitivo, y también ha presentado siempre una baja tasa de desigualdad. Su nivel de pobreza es el tercero después de Chile y Uruguay. Esa baja tasa solo se disparó de manera alarmante durante el proceso de salida de la convertibilidad.

En cambio, desde hace muchos años, la sociedad argentina se viene mostrando muy ineficiente en la reducción del número de pobres. La polarización política, la tendencia a pensar que los males están personificados en una facción distinta a la propia, impide advertir las largas continuidades de este problema, impide pensarlo. La confrontación automática pone un velo inconveniente sobre los nudos que ningún gobierno, sea del color político que sea, ha logrado desatar.

Si se la considera según el criterio del nivel de ingresos, la pobreza en la Argentina presenta hoy una tasa similar a la de veinticuatro años atrás. Según los datos del CEDLAS, en 1999 la pobreza era del 40 % en los principales conglomerados del país. En 2022, con los mismos criterios de medición, el INDEC calculó el 36,5 %. Durante ese período, el mundo en desarrollo redujo el número de pobres en un 25 %, y América Latina lo hizo en un 45 por ciento.

Esta es una gran novedad en la larga duración. La Argentina se vio a sí misma demasiado tiempo como una excepción respecto de la región a la que pertenece. En los últimos 45 años, esa excepcionalidad se ha invertido. El progreso socioeconómico del país es muy discutible. Si se lo mira desde una perspectiva individual, avanza con extraordinaria lentitud. Si se lo compara con la región, retrocede.

Una nación que experimentó ciclos impresionantes de inclusión social, como el que se verificó entre 1880 y 1930, o a partir de 1946, en la primera experiencia peronista, envía gente a la exclusión desde mediados de los años setenta. En ese momento entró en crisis lo que Pablo Gerchunoff denomina «patrón productivo», una forma de organización de la economía impulsada por la sustitución de importaciones, que alcanzó dos modalidades culminantes: la identificada con Juan Domingo Perón en los años cincuenta y la que se asocia con Arturo Frondizi y Juan Carlos Onganía en la década de 1970.

El peronismo promovió la instalación de una industria nacional destinada a proveer bienes de consumo a los sectores obreros que constituían su base electoral. Utilizó dos instrumentos principales: controles de cambios y altos precios de exportación. Fue la receta de Perón. Fue la receta de Néstor Kirchner. Los controles en el mercado de divisas, que se expresan en tipos de cambio múltiples, fueron mucho más frecuentes y eficaces que la política arancelaria para este tipo de proteccionismo. La industria no podía estar expuesta al libre comercio. No había arancel que alcanzara para resguardarla. Por eso la estrategia siempre fue la intervención sobre las cantidades en el mercado de divisas.

El desarrollismo tuvo otra aspiración: dotar a la Argentina de industria pesada para producir bienes durables mediante la atracción de la inversión extranjera.

El experimento peronista y el desarrollista tuvieron en la presencia activa del Estado una condición indispensable de su viabilidad. La protección del sector público fue la palanca para la creación de un mercado interno en el que esos dos proyectos buscaban sostenerse. Cuando promediaba la década de 1970, este patrón productivo estaba agotado. El episodio con que identificamos su colapso es el Rodrigazo de 1975, una tormenta con rasgos que volverán de manera cíclica a través de episodios parecidos que la sociedad ha sufrido desde entonces.

En los desajustes cada vez más graves de ese patrón productivo, está la raíz del fenómeno que se analiza en estas páginas. La Argentina se convirtió en una máquina de hacer pobres. Gerchunoff dedicó ensayos muy penetrantes[85] al problema por detrás de esa propensión sistemática a la exclusión. En una síntesis brutal, el problema podría ser descripto de este modo: los argentinos no generan los recursos suficientes como para sostener el nivel de vida que pretenden. La economía orientada al mercado interno alcanzó un límite infranqueable para producir esa riqueza.

El final de ese modo de organización de la vida material se expresa en una crisis de décadas. La historia confirma, como si obedeciera más que a un pronóstico a un mandato, aquella escalofriante sentencia de Paul Samuelson de 1971: «Si se desmorona el sistema equilibrado mediante el cual Suecia logró generar un rápido progreso técnico en una estructura de redistribución social, ¿qué abismo puede abrirse? La sombra en el muro para todos nosotros, me temo, no es la revolución totalitaria de un Lenin o un Mao. Tampoco un retroceso hacia el laissez faire de la reina Victoria o del presidente Coolidge. Me atrevo a decir que Argentina constituye la pauta que ningún hombre moderno puede contemplar sin persignarse y decir: “Dios no lo quiera…”».[86]

Samuelson veía en la Argentina el curso más probable que podría tomar un orden distributivo en su derrumbe. Al imaginarlo se hacía la señal de la cruz. Formulaba esas ideas 30 años antes de que todo se desmoronara.

El problema que detectan Gerchunoff, y con él otros economistas, es que la adopción de otro modelo, que permita buscar esos recursos en el mercado internacional a través de exportaciones, frustraría la aspiración de la población al bienestar. La historiografía ha dedicado ríos de tinta a retratar esa peculiaridad argentina consistente en la creación muy temprana de una clase media abierta a los bienes de la educación y, sobre todo, del consumo. Era el orgullo del país. Sin embargo, con esa libertad de pensamiento que lo caracterizó siempre, Tulio Halperin Donghi propuso que esa excepcionalidad fue, en rigor, un drama. En una interesantísima entrevista con José Carlos Chiaramonte y Oscar Terán en 1998, Halperin sostiene: «Diría que en el fondo, la visión muy reaccionaria que considera que lo que arruinó a la Argentina fue la democratización de los años veinte, no es del todo errada. Porque prácticamente lo que hizo la Argentina en aquella época fue mantenerse con dificultad en la cresta de la ola, endeudarse más, porque amplió de manera considerable la deuda externa, y hacer algo que creo que es muy importante históricamente, que es crear la clase media. Eso es lo que hicieron los radicales, quienes, contra lo que dice la gente, tuvieron una política, la que eran quizás incapaz de definir, pero perfectamente capaces de desarrollar, y que era, por lo menos, tan audaz como la peronista, y, en el fondo, más duradera, porque la clase media resultó tener mucha más capacidad de defenderse y por más tiempo que la clase obrera levantada por el peronismo. Pero esa decisión hizo que se perdiera la última oportunidad en que hubo recursos con los cuales podría haberse preparado el país para superar una situación que era, a la larga, insostenible, aunque no hubiera terminado el sistema de comercio mundial que hizo posible el auge exportador aunque se había creado sobre la base de tierra abundante y barata, y esa base estaba siendo destruida por el avance mismo de la economía exportadora».[87]

Se puede objetar que la de Halperin es una provocación exagerada, muy de su estilo. También cabría decir que el «error» de haber creado muy temprano una clase media no es imputable, al menos en exclusividad, a los radicales, sino también a los conservadores que los precedieron antes de 1916. Es posible que el «desacierto» haya sido no el proceso en sí mismo, sino su velocidad. Una idea que seducía a Guido Di Tella cuando observaba, refiriéndose al peronismo, que «había hecho en tres años lo que a Australia le llevó cien». En cualquier caso, más allá de la justicia que Halperin le haga o deje de hacer a la dirigencia de los años veinte, su polémica afirmación plantea una cuestión central: los beneficios de la igualdad presentan para la vida material argentina un desafío muy problemático. Para ponerlo en términos paródicos, habría que preguntarse cuál debió haber sido «una economía para el igualitarismo argentino».

En mayo de 2016, es decir, en los albores de la gestión de Macri y Alfonso Prat-Gay, envuelto en el optimismo que infunde toda aurora, Javier González Fraga, por entonces presidente del Banco Nación, fue mucho más crudo que Halperin. Se refería a los gobiernos de los Kirchner, sobre todo al de Cristina, calificándolos como una burbuja ilusoria. Con toda sinceridad afirmó: «Le hicieron creer al empleado medio que con su sueldo podía comprarse celulares, motos, plasmas, autos e irse al exterior». Después explicó: «Ahora eso tiene que basarse en más productividad, en exportaciones. Es algo que va a llevar tiempo porque estamos sincerando la economía para que la Argentina regrese a niveles que nunca debería haber abandonado en los rankings internacionales».

Gerchunoff, tomando la parte por el todo, condensa ese complejo desencuentro entre aspiraciones sociales y posibilidades económicas en las tensiones recurrentes por el tipo de cambio. Volvamos a una simplificación salvaje: el dólar que permitiría exportar y financiar una trayectoria de progreso, es un dólar que lleva a perder las elecciones porque, al menos durante una larga transición, frustra las expectativas de consumo.

En un artículo de gran calidad, Martín Rapetti desarrolla el argumento en el que se apoya esta línea de interpretación.[88] Sostiene que la Argentina arrastra un problema de crecimiento debido a la volatilidad de su economía, es decir, a que los procesos de expansión sufren interrupciones recurrentes.

Esa imposibilidad de mantener una trayectoria ascendente está en directa relación con el déficit muy frecuente de sus cuentas externas. Faltan dólares. Es una carencia que se potencia por la peculiaridad de que los argentinos acostumbran a ahorrar en esa moneda y a consumir productos que, si no son importados, están fabricados con insumos importados.

Dicho de otro modo, la expansión de la economía tiene un límite inevitable, debido a la contradicción que plantea Gerchunoff: la capacidad productiva del país es insuficiente para las demandas de la sociedad. El tipo de cambio real que se necesita para alcanzar un equilibrio macroeconómico es mayor al tipo de cambio real que se necesita para satisfacer las pretensiones materiales de los habitantes, es decir, para satisfacer el equilibrio social.

La dinámica económica concreta de esta desviación que ya parece crónica es bien conocida. En los períodos de crecimiento, aumentan las importaciones sin que las exportaciones produzcan los dólares necesarios para pagarlas. Por lo tanto, se financian con reservas del Banco Central. Cuando estas comienzan a agotarse, se produce una devaluación de la moneda, que reduce el salario real. En consecuencia, cae el consumo privado y, con él, el nivel de actividad y el empleo. Cuando esas importaciones se solventan con financiamiento externo, a la turbulencia se le agrega una crisis de deuda. Es lo que sucedió en 2001.

El desencuentro entre aspiraciones y posibilidades que está por detrás de esta inestabilidad maníaca genera dificultades reiteradas. A veces, son largos estancamientos. Otras, colapsos. Esta volatilidad es la mejor explicación de por qué la Argentina se ha transformado en una máquina de fabricar pobres. Rapetti presenta números asombrosos. Compara al país con Venezuela, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, Chile, México, Bolivia y Colombia durante el período 1960-2018. Así descubre que Argentina fue el que menos creció, que tuvo catorce recesiones y veintidós años de crecimiento negativo. Durante toda la posguerra, que se inicia en 1945, solo en dos oportunidades logró crecer por más de cinco años consecutivos. Entre 1964 y 1974 y entre 2003 y 2008. Rapetti coloca este desempeño a contraluz de la experiencia global y descubre que la Argentina es, desde 1960, el país con mayor número de años de crecimiento negativo, solo seguido por la República del Congo, y forma parte del 25 % de países que menos crecieron en el mundo durante ese lapso.[89]

Se trata de una historia de decadencia en la que lo primero que se expandió fue la pobreza y, en las últimas dos décadas, el desempleo. El conurbano es la geografía donde ese drama se presenta con intensidad excepcional. Allí se concentra el mayor número de pobres, radicados en una forma de, llamémosle así, urbanización indignante: la villa miseria.

Es imposible comprender esta situación escindiéndola de la peripecia nacional. Entre sus avatares, están la crisis de la agricultura de la primera mitad del siglo XX, el proceso de sustitución de importaciones que produce una gran concentración industrial en el Gran Buenos Aires, una posterior caída en el nivel de empleo de ese sector manufacturero y la larga recesión que se desencadenó con el colapso de la convertibilidad. Esta última etapa, que tuvo dimensiones catastróficas alrededor del año 2001, es imprescindible para entender la actual fisonomía del área metropolitana y del país. Del derrumbe que se produjo a comienzos del 2001, surgió otra Argentina. El corazón de esa nueva Argentina es el conurbano.

Lucas Llach escribió un interesante ensayo[90] sobre el modo en que la historia económica del país fue modelando la provincia. El factor determinante más antiguo fue la retracción del negocio agropecuario a partir de la década de 1920 y hasta mediados de los años setenta. La pampa húmeda comenzó a expulsar habitantes hacia las grandes capitales, las ciudades importantes del interior bonaerense y el área metropolitana. Esta secuencia fue seguida por la sustitución de importaciones, que derivó en la industrialización del conurbano y en un fabuloso incremento demográfico que se verificó sobre todo entre 1947 y 1960.

La actividad manufacturera siguió siendo importante, pero generó cada vez menos trabajo. La reducción del empleo industrial coincidió con la suba en la cantidad de habitantes, que se dedicarían cada vez más a actividades terciarias. Este fenómeno se inició en los años sesenta y no se interrumpió. Al revés, se agudizó en la década de 1990. Primero, por la crisis del efecto Tequila y, después, por el ingreso en una recesión que produciría una modificación profunda del paisaje social hasta hoy. La persistencia que adquirieron esos rasgos demuestra que la historia argentina no tiene, para regresar a estadios anteriores, la plasticidad que muchas veces se le asigna. La bonanza que se verificó entre 2003 y 2013, derivada, entre otros factores, de la gran demanda asiática de materias primas, produjo una mejoría provisoria. Agotado ese bienestar, los dramas volvieron a ser los mismos. El Tequila, primero, y el derrumbe de la convertibilidad, unos años más tarde, produjeron caídas a niveles de los que fue imposible regresar. Es importante detenerse en esta secuencia. Esa mejoría de las condiciones económicas que se extendió entre 2003 y 2013 no significó el reencuentro con un modelo de desarrollo que seguía estando agotado. Los años de expansión, que entusiasmaron a analistas y políticos con la creación de nuevas clases medias, produjeron un malentendido. Como observa muy bien Leonardo Gasparini, «durante la década del 2000 la desigualdad de ingresos se redujo en América Latina. Cayó en todos los países, con independencia de la orientación política de sus gobiernos. Las razones son múltiples: rebotes de crisis anteriores, excepcionales condiciones internacionales, políticas laborales activas, expansión de programas sociales».[91]

Era la idea de que la vieja receta recuperaba su efectividad. El regreso del kirchnerismo en 2019 y de Lula da Silva en 2023, por citar dos ejemplos eminentes, supone para ellos advertir que las condiciones de la primera experiencia habían cursado una dramática modificación.

Llach cuantifica estos procesos en la larga duración. La Argentina dejó de ser una potencia agraria a partir de los años veinte: «El cociente entre precios locales e internacionales del agro pampeano cayó a un valor de menos del 50 % de su nivel en 1900-1929 entre los años 1930 y 1975, y de un 34 % en el lapso 1940-1960». Esta comparación es crucial para entender el destino de la economía durante buena parte del siglo XX, pero en especial lo que significó la revolución que se produjo en los agronegocios a partir de la década de 1990. Llach explica que, «mientras el mundo iniciaba su “segunda revolución verde”, la economía pampeana se encontraba estancada en sus niveles de productividad».

La retracción agropecuaria tuvo consecuencias demográficas. El lapso que corre entre los censos de 1947 y 1960 asiste a una reducción de la población rural bonaerense en términos absolutos. Entre 1947 y 1970, fue de 1200 000 a 680 000 personas. Su participación en el total provincial cayó del 48 al 21 por ciento.

La contracara de ese movimiento fue una llamativa urbanización. En ese período, la población de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca sumó 470 000 habitantes, más de la mitad de los 800 000 que se incrementaron en el interior de la provincia. Esas tres ciudades duplicaron su población. El área metropolitana, en cambio, la aumentó un 77 %. El conjunto del interior provincial lo hizo solo en el 35 por ciento.

El eclipse de la agricultura coincide con la industrialización por sustitución de importaciones. Ese proceso no desencadena la expansión del conurbano, que ya estaba en curso desde finales del siglo XIX, debido a la concentración de actividades en torno al puerto. Pero el ascenso de las actividades industriales lo acelera.

Entre los censos de 1914 y 1947, esa región aumentó su población en 1300 000 personas, solo 100 000 menos que la Capital Federal. Avellaneda, Lanús y San Martín llegaron a tener 250 000 vecinos cada uno. Vicente López, Morón, Lomas de Zamora y Quilmes superaron los 100 000 cada uno.

En el período siguiente, que va de 1947 a 1970, la industrialización sustitutiva es más marcada, y también es más marcada la conurbanización. En ese lapso, la población provincial se duplicó. De 101 partidos, solo un tercio creció más del 50 %. De ese tercio, veinticuatro partidos están en las cuatro principales ciudades o en el Gran Buenos Aires. Apenas Avellaneda fue la excepción, ya que creció solo el 23 por ciento.

Existen, entonces, tres vectores combinados: industrialización, concentración geográfica y económica y crecimiento acelerado del conurbano. En 1948, la provincia de Buenos Aires representaba el 77,8 % de la producción manufacturera. Esa actividad se registraba en el Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo, hubo un despliegue en el interior del conurbano. En 1935, el 85 % de la producción de la región procedía de Avellaneda, pero en 1947 ya sobresalían Quilmes, con el 13,5 % de la producción, y General San Martín, con el 10 %. Para ese año, tres cuartas partes de lo que se producía en el conurbano correspondían a textiles y alimentos.

La aritmética de esta metamorfosis es impresionante. En 1954, el conurbano igualaba en empleo industrial a la Capital Federal, pero no la igualaba en producción. En 1974 la producción industrial del conurbano duplicaba a la de la ciudad. Esa hegemonía bonaerense comenzó a relativizarse. En 1954, dos tercios del valor agregado nacional eran bonaerenses. En los años sesenta, esa participación se redujo al 57 %. Ascendían Córdoba y Santa Fe.

Es imprescindible poner la lupa sobre un desbalance que se produjo entre 1960 y 1970. Llach hace notar que en esa década aparecieron algunos atisbos de una crisis que suele datarse a partir de 1975: aumentó la producción, creció la población, pero disminuyó el empleo industrial.

Estos datos obligan a revisar una concepción frecuente en torno a la historia de nuestra economía. Los problemas que tenemos identificados, cuando son analizados de cerca, tienen un origen anterior al que a menudo se supone. Alrededor de Buenos Aires, se estaba creando un entramado urbano de gran densidad cuando todavía no se habían desatado las migraciones internas. La declinación agraria comenzó antes de que a la Argentina se le cerraran los mercados, en la gran crisis de 1929. Y la pérdida de peso relativo del empleo industrial en el conjunto productivo ya había ocurrido cuando se produjo la crisis de 1975 y la inmediata liberalización de la dictadura militar.

En la década de 1960, la actividad manufacturera acentuó su peso en la economía provincial del 44 al 48 %, pero el empleo que generaba ese sector se retrajo del 30 al 25 %. Esta caída del empleo industrial iba a contramano de la participación demográfica del Gran Buenos Aires en el total nacional: el 30 % en 1947; el 34 % en 1960; el 36 % en 1970. En el área metropolitana, se crearon 730 000 puestos de trabajo en esa década. La mitad correspondió a servicios; el 25 %, al comercio; el 20 %, a la construcción, y solo el 7 %, a la industria. El conurbano ya comenzaba a plantear un problema, aunque nadie lo advirtiera.

Oscar Altimir y Luis Alberto Beccaria se enfocan en estos síntomas, que eran difíciles de detectar, porque quedaban ocultos tras aquella circunstancia ya mencionada, que fue constitutiva de la imagen de la Argentina: su excepcionalidad respecto de los demás países de la región. Los autores ayudan a entender el fenómeno que estamos analizando: hubo una declinación paulatina de las condiciones sociales del país, que ya se había iniciado antes del Rodrigazo,[92] y mucho antes de los dos colapsos que se identifican como la raíz de los males materiales argentinos: la hiperinflación de finales de los años ochenta y sobre todo la hiperrecesión de finales de la década de 1990. Esos dos grandes traumas fueron más agudos porque ocurrieron en una secuencia de deterioro mucho más larga y persistente.

Conviene detenerse en estas cifras que presentan Altimir y Beccaria, porque exponen la ventaja argentina respecto de los vecinos, pero también enseñan cómo esa ventaja empezó a perder su impulso. Entre 1950 y 1970, la tasa de crecimiento de la población fue del 1,7 % anual, mientras que el promedio latinoamericano fue del 2,7 %. La mayoría de los países de la región consiguió en 1980 que el 65 % de los trabajadores fueran asalariados. La Argentina había alcanzado ese porcentaje en 1914. Una diferencia similar aparece en el nivel de escolarización de la población económicamente activa. Para 1960, solo el 5 % de los hogares era pobre. El promedio de América Latina era del 50 %. En 1960, nuestro país tenía una desigualdad que, expresada según el índice de Gini, era de 0.41. La de Brasil era de 0.57; la de México, de 0.54, y la de Costa Rica, de 0.52.

Entre 1950 y 1970, sin embargo, la capacidad empleadora de las empresas manufactureras resultó escasa, mientras aumentó la ocupación en el sector terciario. Cada vez hubo menos obreros y más cuentapropistas. También creció la subocupación. Ninguno de estos problemas presentaba la gravedad con que aparecieron en el resto de la región, pero eran novedosos para la propia experiencia nacional. Con este cuadro, el país ingresó a un ciclo de retracción que se inauguró a mediados de la década de 1970.

Hay una coincidencia generalizada en que a mediados de los años setenta la Argentina profundizó un proceso de deterioro que tenía antecedentes poco visibles. Beccaria[93] lo atribuye a la inestabilidad macroeconómica que caracterizó a todo el ciclo posterior. Si hasta los años noventa los efectos de ese problema no se reflejaron tanto en la tasa de desempleo, fue porque la población económicamente activa creció con lentitud y la productividad fue disminuyendo. Así se entiende que la tasa de desempleo a finales de los años ochenta no haya sido superior al 8 %. Esta lenta mutación presenta dos rasgos que indican una metamorfosis de la sociedad argentina, en especial de sus capas medias y medias bajas. Uno es la expansión del cuentapropismo: del 24 % en 1974 al 33 % en 1990. Al mismo tiempo, durante la década de 1980 la ocupación formal creció el 5,5 %, y la informal, el 24 %. El trabajo en negro aumentó en el Gran Buenos Aires del 20 % en 1980 al 30 % en 1990.

En su trabajo con Altimir, Beccaria apunta que la disminución del trabajo asalariado y el aumento del cuentapropismo son habituales en economías que se ajustan. La gente compensa con actividades por cuenta propia para generar otros ingresos. El cuentapropismo, por lo tanto, no sería la respuesta a la caída del empleo, sino a la caída del salario. El promedio salarial que se verifica entre 1976 y 1990 es un 10 % inferior al de la década de 1960 y similar al del ciclo 1950-1963. Ya antes de la hiperinflación, la relación entre masa salarial y PBI se había derrumbado del 43 % en 1975 al 32 % de 1988.

Así se entiende mejor la paulatina pero persistente propensión al cuentapropismo y la informalidad, que se refleja en algunos números relevantes. Entre 1980 y 1990, la cantidad de puestos de trabajo aumentó el 1,4 %, pero los puestos de trabajo formales lo hicieron solo el 0,2 %. Quiere decir que lo que se expandió fue, sobre todo, la informalidad. Esta tendencia se hizo más aguda en el área urbana, donde los empleos informales aumentaron el 2,8 %. A esto hay que agregarle el 2,4 % de incremento del cuentapropismo.

Ese era el escenario cuando se produjo el pasaje de los años ochenta a los noventa, que fue el de una de las dos crisis más traumáticas de la historia reciente, las de las hiperinflaciones de 1989 y 1990. La otra fue la de 2001.

Los desequilibrios de la convertibilidad

Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, en un excelente trabajo de historia económica, ponen en cifras la dimensión del daño social ocasionado por las hiperinflaciones de 1989 y 1990:

El producto cayó 11 por ciento entre 1988 y 1990, y las tasas de inflación anuales fueron de 343, 3080 y 2314 por ciento en los años 1988, 1989 y 1990, respectivamente. Las tormentas hiperinflacionarias tuvieron también un impacto distributivo significativo: la pobreza aumentó en 25 puntos porcentuales y el coeficiente de Gini, en 6.3 puntos entre 1988 y 1989, aunque debe notarse que la desigualdad había estado creciendo continuamente entre la estabilización de 1985 y el repentino salto en su nivel determinado por la hiperinflación de 1989.[94]

La sociedad de fines de los años ochenta había desmejorado mucho su aspecto, en rasgos que mutan con lentitud, respecto de aquella otra de mediados de los años setenta. En 1974 la participación del empleo no asalariado en el mercado de trabajo era del 24 %. En 1990, había saltado al 33 %. Entre 1980 y 1991, el sector formal creció un 5,5 %. El informal lo hizo un 24 %. La caída que las remuneraciones tuvieron en 1976 explica que en el período 1976-1990 se ubicaran un 10 % por debajo de los niveles de 1960 y en un rango similar al de los años cincuenta. Entre 1974 y 1990, la reducción salarial fue del 47 %. Si la serie se toma desde 1970, la caída fue del 33 por ciento.[95]

Esta transformación del paisaje social, que se inicia a mediados de la década de 1970, se aceleró a partir de los años noventa. La convertibilidad, y sobre todo su crisis, engendraron un nuevo país. Se inauguró un ciclo con indicadores socioeconómicos intolerables para la imagen que la sociedad tenía de sí misma. Emergieron, como una evidencia incómoda y con una extensión inocultable, el desempleo y la pobreza.

Los años noventa fueron los del aumento de la desigualdad. Es relevante advertir este detalle: fue así aun durante el lapso en que la economía se dinamizó. Al comienzo de la década, la relación entre los ingresos familiares del primer quintil y el último era de 12 veces. Al final de la década, se elevó a 20 veces. El coeficiente de Gini pasó de 0.49 a 0.55.[96]

Estos números cobijan un mensaje muy importante: la experiencia más audaz de inserción del país en el régimen capitalista que se haya llevado adelante en las últimas décadas, el ciclo en el que con mayor intensidad se desregularon los mercados, se abrió el comercio, se reformó la burocracia del Estado, estuvo asociada a un malestar creciente en las condiciones laborales. Nadie discute que durante la década de 1990 se estabilizó y modernizó la economía, pero ese salto hacia delante se sirvió de procedimientos que dañaron el nivel de empleo.

Todos los especialistas advierten que la normalización y la expansión de la economía asociadas al menemismo, en especial en el período 1991-1998, no fueron acompañadas por un incremento equiparable en el nivel de empleo. Entre junio de 1991 y mayo de 1998, el nivel de actividad aumentó a un ritmo del 6,2 % anual, pero el empleo urbano lo hizo a una tasa anual del 1,7 por ciento.

Esta correlación tan baja entre crecimiento y creación de empleo se explica por una constelación de razones. En el centro está el salto de competitividad que se registró en esos años. Un factor fue el mejor aprovechamiento de la capacidad productiva ya instalada. Además, hubo un impulso muy importante en la productividad, es decir, se comenzó a utilizar menos mano de obra para producir lo mismo o más. Este cambio se debió, sobre todo, a la incorporación de tecnología y a las privatizaciones de empresas públicas.

Otros motivos se combinaron para la baja creación de puestos de trabajo en medio de una oleada de expansión. Para comenzar, la apertura comercial impulsada por el menemismo. Las compañías argentinas debían bajar sus costos para conservar o ganar mercados frente al desafío de empresas extranjeras, y esta exigencia era más fuerte porque la convertibilidad de la moneda impedía ganar en competitividad por vía de una devaluación. Al contrario, la apreciación del peso hacía que el costo salarial en dólares, es decir, el precio del trabajo, fuera en ascenso. Por lo tanto, si se quería seguir compitiendo, el recurso para hacerlo era la reducción de la cantidad de personal. Toda esta transformación estuvo acompañada de cambios en las instituciones laborales, en especial, en las normas que rigen los contratos.

La baja multiplicación de puestos de trabajo a pesar del crecimiento de la economía derivó en niveles cada vez más elevados de desempleo: del 6,3 % de fines de 1990 al 13,2 % de 1998, pasando por un pico del 18,4 % en 1995. Ese salto en el nivel de desocupación abrió paso a una nueva realidad social cuyo rasgo principal es la falta de equidad.

La degradación en las condiciones de vida de los sectores más postergados que comenzó a insinuarse en los años noventa se expresó también en el avance del empleo en negro, que es otra característica de la sociedad argentina que se convertirá, a partir de entonces, en perdurable. El aumento de la ocupación entre 1991 y 1997 correspondió solo en un 23 % a empleos registrados. Los trabajadores en negro representaron el 27 % de la creación de empleo en el sector privado. Los establecimientos con cinco ocupados o menos, que empleaban al 30 % de los asalariados, registraron un aumento del 40 % del número de trabajadores no registrados, pero en las empresas con cien empleados o más el empleo en negro subió del 5,8 al 10 por ciento.

Esta crisis social en cámara lenta exhibió dos rasgos relevantes. La mayor parte de los no registrados eran personas que no habían completado la educación primaria. En el Gran Buenos Aires, en 1991, constituían el 40 %. El otro dato importante: hubo un salto notorio de la cantidad de jefes de hogar desempleados. Hasta principios de los años noventa, eran alrededor del 3 % de los desocupados. Hacia 1998, eran el 10 por ciento.

Desigualdad, desempleo, informalidad, pérdida de trabajo de los jefes de hogar. Las heridas sociales que se fueron abriendo bajo el régimen de convertibilidad de la moneda no pasaron inadvertidas. En el momento en que se verificaban, la preocupación no era tan intensa como para obligar a revisar la receta. Esto se debió a que el menemismo estaba conquistando un gran trofeo: lograba controlar y eliminar la inflación. Hubo, entonces, una transacción tácita.

Carlos Menem pudo disfrutar de una enorme delegación de poder gracias a la cual pudo hacer las reformas que estabilizaron y modernizaron la economía, con consecuencias dolorosas desde el punto de vista del equilibrio social. Esa delegación de poder se produjo porque estaba emancipando a la Argentina de una peste: el descontrol de precios. Es imposible entender por qué se ingresó en un ajuste con derivaciones durísimas para la calidad de vida de muchísimas familias si no se observa ese proceso contra el telón de fondo de la hiperinflación. El descontrol enloquecido de los precios, que fue el desenlace de largos años de inestabilidad, produjo un trauma a la luz del cual se explica que la sociedad se hubiera vuelto tan permisiva respecto de los costos que presentaba la solución.

Este comportamiento es antiquísimo. El mito de Edipo lo recoge a su manera. Edipo accede al trono gracias a que consiguió liberar a Tebas del acoso de la esfinge. Los grandes desajustes facilitan la adopción de recetas draconianas, porque las personas aceptan con docilidad los costos de lo que se les ofrece como solución. Quien suministra esa medicina consigue un dominio extraordinario de la escena, que se convierte, a la vez, en una droga. El líder se termina aferrando a su terapia mucho más de lo aconsejable, es decir, hasta el momento en que las consecuencias colaterales de esa terapia generan una nueva enfermedad.

En un trazo muy grueso, casi brutal, esto es lo que sucedió con la estabilización menemista. Fue una fuente de capital político tan atractiva que se prolongó hasta un nivel intolerable de inconsistencia, y el país cayó en una hiperrecesión.

La encarnación de esta desfiguración fue Fernando de la Rúa, quien se abrazó al modelo económico de Menem hasta hundirse con él. Ese destino tiene el encanto trágico de que lo haya cumplido buscando, cuando el artefacto de la convertibilidad ya no funcionaba, a Domingo Cavallo, el economista que lo había creado. A la luz de este proceso, se podría aventurar que los grandes colapsos económicos generan «soluciones» tan dramáticas que llevan en sí mismas la semilla del próximo desequilibrio. Es un ciclo que se verificó muchas veces a lo largo de la historia nacional. Reaparecerá más tarde asociado al liderazgo de los Kirchner.

En un balance provisional, se puede afirmar que durante la convertibilidad los momentos de expansión no se correspondieron con un aumento del empleo. Si no se presta atención al subibaja de mejoras y caídas, se puede detectar que el mercado de trabajo se iba volviendo cada vez más vulnerable. Es decir, se iban creando las condiciones para que, ante un impacto recesivo, se desatara una gran crisis. Eso es lo que ocurrió en el ciclo que se abre a partir de 1998. Beccaria interpreta esta disonancia.[97] Para él, las reformas de los años noventa abatieron la inflación, alcanzaron equilibrios apreciables y dinamizaron la economía, pero el aparato productivo no logró generar empleos suficientes y con calidad.

La visión de Beccaria sintetiza el juego de mediano plazo de las variables socioeconómicas. El período menemista, asociado a la convertibilidad, al combatir la inflación estabilizó el precio del trabajo, es decir, el salario, y hasta lo mejoró en dólares. Pero volvió inestable la cantidad de trabajo. El empleo se volvió inseguro. La vida social argentina empezó a estar signada por lo que se denomina volatilidad de los ingresos. Los saltos cada vez más frecuentes en los ingresos, no solo por la erosión de los aumentos de precios, sino también por el deterioro de la calidad de los empleos, es el factor que mejor permite entender el avance de la pobreza.

Un salto, aunque sea leve, en el nivel de precios representa un recorte en el poder de compra que puede deteriorar el nivel de vida de multitudes. Lo mismo sucede con la pérdida de puestos de trabajo o el desplazamiento hacia la informalidad. Detrás de esta involución cuantitativa, hay otra cualitativa. La inestabilidad laboral supone pérdida de conocimiento y de salud. Por eso, estas patologías socioeconómicas, que presentan rasgos de cronicidad, han configurado el nuevo rostro de la Argentina, y empezaron a hacerlo antes de que se desatara la gran recesión de 1998.

Entre 1991 y 1993 hubo un aumento significativo de la ocupación: el 4,7 %. El sector asalariado registró muchos más puestos de trabajo. Pero ese ascenso no fue más allá de 1993. Allí la ocupación se estancó, y entre mediados de 1994 y 1995 comenzó a decaer. Ahora bien, esta mejora no significó que toda la mano de obra disponible estuviera empleada. Antes de que la ocupación entrara en una meseta, la desocupación, es decir, la presión de los que buscaban un empleo, comenzó a crecer. Altimir y Beccaria consignan que, en mayo de 1993, cuando la ocupación todavía no había caído, la desocupación ya había alcanzado el 10 por ciento.

Hay que insistir: el problema de la falta de trabajo ya se había hecho presente en medio de una fase en la que la economía se mostraba muy dinámica. Hay razones complementarias de esta aparición del desempleo como gran novedad de los últimos veinticinco años. No solo porque, como ya se explicó, la expansión de algunas actividades estuvo asociada a su mayor productividad. Además, el deterioro del salario obligó a personas que no formaban parte de la población económicamente activa a incorporarse al mercado laboral. En especial, amas de casa que comenzaron a buscar un empleo para mejorar los ingresos del hogar. Este fue un cambio importantísimo en la estructura sociolaboral, que se registra de manera sobresaliente en el Gran Buenos Aires.

La Argentina y, en especial, el conurbano bonaerense fueron el laboratorio de una lenta pero profunda flexibilización laboral de facto. Es la historia de la segmentación de un país que había presentado niveles de integración inusuales para la región. Conservar el trabajo estable, con derecho a los beneficios tradicionales del contrato legal, se convirtió en un privilegio. Por fuera de esa ciudadela de los empleados protegidos por el convenio pactado por empresarios y sindicatos, se fue expandiendo una sociedad cada vez más desamparada. Una legión de trabajadores sometidos, en el sentido más estricto, a la competencia darwiniana del mercado, sin marco alguno de seguridad jurídica.

La pobreza disminuyó en la estabilización posterior a las hiperinflaciones, pero cayó hasta niveles y valores que seguían siendo altos si se los compara con las cifras anteriores a esa gran crisis. Gasparini, Tornarolli y Gluzmann consignan que en mayo de 1992 la pobreza descendió a un 29,7 %. Los valores mínimos de la década se alcanzaron en octubre de 1993, el 26,9 %, y mayo de 1994, el 27,9 %.[98] Son cotas altas.

Estos problemas se hicieron más complejos cuando apareció la recesión, consecuencia de la crisis internacional originada en México en 1995, el llamado «efecto Tequila». Entre mayo de 1994 y mayo de 1996, la reducción del empleo fue del 4,1 %. Pero el trabajo en negro no operó como un refugio de los desocupados. Al contrario, se redujo, igual que el cuentrapropismo. Lo que menos cayó fue el trabajo asalariado: solo el 0,8 %. La pobreza aumentó cinco puntos porcentuales, y el índice de Gini, 2.7. Ambos deterioros en un año. La pobreza alcanzó un 40,2 % en octubre de 1996. Bajaría, pero solo hasta el 38,8 %, en octubre de 1999.

Cruces y Gasparini ven que el gran cimbronazo del Tequila tuvo efectos a menudo menospreciados por el análisis histórico. Muchas miserias de la Argentina actual se inauguraron con el Tequila. Son consecuencias de largo plazo en la lenta marcha hacia una sociedad más deteriorada. La tasa de desempleo alcanzó por primera vez los dos dígitos y se mantendría así hasta 2006. Hubo un aumento más sensible en la participación laboral de las mujeres. Y se estableció el primer programa de transferencia de ingresos hacia los más vulnerables, el Plan Trabajar.[99] En otras palabras, comenzaron a perfilarse los rasgos de una Argentina que ya no volvería a su tradicional fisonomía. Ni siquiera por el período, muy breve, de la extraordinaria recuperación que se verificó después de 2001, entre 2002 y 2008.

Vale la pena prestar atención a estos datos para advertir que hay descensos irreversibles. Muchos indicadores pueden anunciar el fin de una crisis y una posterior recuperación, pero algunos problemas se resisten a desaparecer y quedan arraigados. El desempleo de dos dígitos al que se llegó durante el Tequila es uno de ellos. La multiplicación de programas de asistencia social que pretenden compensar la carencia de un salario, otro.

Un mérito de Cruces y Gasparini es haber advertido este impacto perdurable en la crisis que se expandió desde México, aun cuando entre 1997 y 1998 la economía volviera a recuperarse y el empleo a expandirse. La tasa de esa mejora fue del 4,2 % anual. Altimir y Beccaria admiten que es muy difícil saber cuánto de esa recuperación se debió a subsidios y a puestos creados por el Estado, sobre todo a nivel municipal en el Gran Buenos Aires.

En un balance general del período de la convertibilidad anterior a 1998, Beccaria sostiene que el anclaje nominal del dólar y algunas mejoras tributarias aumentaron el poder adquisitivo del salario y alentaron el crédito al consumo. Si a este último factor se le agregan las inversiones de las empresas privatizadas, se advertirá por qué hubo una gran expansión de la demanda. Estas variaciones coincidieron con otras que afectaron el empleo: la revaluación del peso y la apertura arancelaria alentaron las importaciones y pusieron contra las cuerdas a muchas empresas que no lograron adecuar sus costos de producción. Para la misma época, además, no se registraron emprendimientos capaces de potenciar las exportaciones e incrementar el empleo.

Conviene insistir, una vez más, en la característica principal de la evolución sociolaboral de los años noventa. Fue un ciclo en el cual el crecimiento y los indicadores de bienestar estuvieron disociados. Creció el PBI y también la pobreza. En parte, por la calidad de los factores que determinaron el crecimiento y, en parte, por reformas estructurales muy veloces y desprovistas de un marco de contención de los más vulnerables. Esta fue la plataforma desde la cual el país se lanzó hacia la recesión que acompañó al ocaso de la convertibilidad.

2001: el nombre de una recesión de cinco años

A partir de 1998, se inicia una transformación clave para entender la configuración actual de la Argentina. Es habitual que los grandes cambios, aquellos que dividen épocas, se identifiquen con una fecha. Son años que condensan el significado de lo que en rigor fue una transición. El 2001 tiene esa condición. Indica el momento de un quiebre en el curso de la historia. Simboliza esa transformación y, a la vez, la oculta, porque disimula que la crisis no fue un hecho, sino un proceso que tuvo, es cierto, un momento culminante, dramático, operístico.

Así y todo, no es tan difícil advertir qué es lo que se inauguró a partir de 1998. Menos frecuente es tomar nota de qué es lo que en ese momento se canceló: 1998 es el año en que se detuvo el dinamismo del proyecto modernizador de Carlos Menem. Es habitual que ese plan, multifacético, quede opacado por su línea principal: el programa de convertibilidad de la moneda. Sin embargo, la experiencia Menem en relación con la vida materia fue mucho más amplia. Y entró en recesión con la recesión general de la economía, obturada por las urgencias de una crisis que estalló tres años más tarde.

En 1998, se inauguró una recesión que comenzó a revertirse hacia finales de 2002. Esa caída agravó el deterioro sociolaboral que se venía verificando en la larga duración. Cualquier esfuerzo por comprender las nuevas formas de representación de los sectores populares, la retracción del poder sindical y las mutaciones que se verificaron en el sistema de partidos debe comenzar analizando la contracción económica que se inició en aquel año. Fue determinante no solo por su profundidad, sino también por su duración. En muchísimas dimensiones, se puede afirmar que todavía estamos inmersos en aquella crisis, que se identifica casi siempre con el icónico año 2001.

Para explicar esta secuencia tan relevante, hay que examinar las dificultades que condujeron al colapso del régimen de convertibilidad. Existe mucha bibliografía al respecto, pero hay un autor que, por su lugar en la política, se vuelve muy interesante de leer. Es Jorge Remes Lenicov, el ministro de Economía al que a comienzos de 2002 le tocó abandonar ese modelo. Remes escribió un libro[100] destinado a señalar los límites intrínsecos del sistema fundado por Domingo Cavallo y a reivindicar su responsabilidad en la recuperación iniciada durante el mandato interino de Eduardo Duhalde. Un mérito que en general se atribuye a su sucesor, Roberto Lavagna.

El reproche principal de Remes a la experiencia que estalló en 2001 es el más frecuente: el reemplazo del tipo de cambio flexible, que había caracterizado la etapa de Erman González en Economía y Javier González Fraga en el Banco Central, por el tipo de cambio fijo. Ese nuevo sistema tuvo una desventaja inevitable: cuando la paridad se atrasa, la pérdida de competitividad del tipo de cambio obliga al aparato productivo a un ajuste de costos dolorosísimo, que tiene siempre como desenlace la pérdida de puestos de trabajo. Además de impugnar esa renuncia a instrumentos cambiarios y monetarios, Remes advierte que el tipo de cambio real era casi la mitad del promedio de los veinte años anteriores, cuando se fijó la paridad 1 peso = 1 dólar. El atraso de esa paridad 1 a 1 se hizo más agudo en los dos primeros años por la persistencia de la inflación.

¿En qué condiciones no habría naufragado la convertibilidad? Remes enumera algunas. Son tan exigentes que cualquier éxito sería utópico: productividad igual o mayor a la de los Estados Unidos; tasa de interés internacional, flujos financieros y precios de commodities favorables; cuentas fiscales equilibradas; reformas estructurales beneficiosas.

Remes admite que, a pesar de sus limitaciones, la convertibilidad creó una «sensación de riqueza» decisiva para que Carlos Menem obtuviera la reelección en 1995. En realidad, aquella experiencia cobijaba, exagerada, la contradicción económica principal de la economía argentina. En una simplificación brutal, un tipo de cambio muy favorable al consumo de los sectores medios terminó, por su persistente retraso, en una crisis externa que determinaría una hiperrecesión. Esta vez con una dimensión dramática, el dólar con el que se ganan elecciones produjo un abismal derrumbe económico por pérdida de competitividad.

Cuando se recorre la bibliografía, aparece una información inadvertida: Cavallo coincide con que la convertibilidad se había vuelto inviable y con que, si se quería evitar la recesión que comienza en el cuarto trimestre de 1998, se la debería haber abandonado a tiempo. Con este Cavallo retrospectivo nos encontramos en un libro escrito en coautoría con su hija. Allí lamenta que las autoridades no hayan pasado a un régimen de flotación cambiaria en 1997.[101]

En 1998, las dificultades inherentes a la convertibilidad se entrelazaron con las que planteó la crisis financiera internacional del mundo emergente. La Argentina era muy vulnerable a esta tormenta. La convertibilidad implicaba renunciar a la política monetaria. La emisión de pesos debería estar atada a la oferta de dólares. Una de las condiciones necesarias para que esa correlación se mantuviera sin generar sobresaltos era que el Tesoro dejara de financiarse con emisión. Y para facilitar esa abstención debería producirse un ajuste en el gasto público. Sin embargo, el gasto primario, en lugar de contraerse, aumentó a una tasa anual del 5 % entre 1993 y 1998. El financiamiento del desequilibrio se lograría por dos vías distintas de la clásica impresión de pesos. Por un lado, las privatizaciones. Por otro, el endeudamiento en un mercado de bonos que se estaba expandiendo en el mundo.

Este último recurso comenzó a volverse esquivo a partir de la turbulencia financiera internacional que comenzó en 1997. En julio de ese año, Tailandia inició una onda que se trasladó a la mayoría de los vecinos del Sudeste Asiático. ¿Cómo se disparó el incendio? Cuando el gobierno tailandés decidió desacoplar la moneda del dólar. De inmediato, se desató una crisis de deuda y el desplome de las monedas de la región. Para los países latinoamericanos, esta crisis representaba una amenaza adicional: la caída en el precio de las materias primas que se exportan a Asia y, por lo tanto, un menor ingreso de dólares.

Ese torniquete en el ingreso de divisas afectó un año después a Rusia, que ingresó en un drama financiero cuyo desenlace fue el default de la deuda. Entre los problemas que dañaron a Rusia, estuvo la disminución en el flujo del ingreso de dólares debido a una caída en el precio de las commodities, que constituían el 80 % de las exportaciones del país.

La onda comenzó a amenazar a América Latina. Cuando los rusos entraron en cesación de pagos, los diarios brasileños empezaron a explicar que «Brasil no es Rusia». En aquellos días, Pedro Malan repetía la consigna. Reunido con él en Brasilia, lo escuché quejarse, como todo ministro de Economía en ese trance, de los banqueros de inversión que no leían con detenimiento los números que aseguraban la fortaleza de su programa. Debió admitir que, cuando habían decidido invertir en el país, tampoco habían revisado la situación con una lupa.

La caída en el precio de las commodities y el estrangulamiento en los flujos financieros desde los países centrales hacia los mercados emergentes agravaron el principal problema del momento: falta de dólares. La secuencia es conocida. Los inversores detectan esa escasez y la agravan, porque, presintiendo una devaluación inminente, huyen de la moneda local. El 13 de enero de 1999, el Banco Central brasileño modificó las bandas que limitaban las fluctuaciones cambiarias. Permitió una devaluación del real del 8 %. La corrida contra esa moneda continuó, y dos días después el gobierno comunicó que se pasaría a la flotación libre. La depreciación del real llegó al 60 por ciento.

Este ajuste brutal en la cotización de la moneda del principal socio comercial fue letal para el programa económico argentino. Carlos Menem, suponiendo que esa dinámica enloquecida era administrada por las autoridades, lo tomó como una agresión. Desde entonces, dejó de referirse a su colega brasileño como «mi amigo Fernando Henrique» para llamarlo «el señor presidente de Brasil». En ese giro retórico, Menem dejó entender con claridad que era muy consciente del golpe que la devaluación del real representaba para la convertibilidad.

El cuadro se había complicado mucho. Escasez de dólares financieros por la crisis de los mercados emergentes; escasez de dólares comerciales por el deterioro del valor de las commodities, que representó, en el segundo semestre de 1998, un ajuste en los ingresos por exportaciones del 10 %; una pérdida de competitividad respecto de Brasil, que agravó el problema anterior. Estos factores determinaron una asfixia económica a la que el régimen de convertibilidad debió contestar, por definición, sin instrumentos monetarios ni cambiarios. La respuesta fue una dañina recesión.

A pesar de la contracción que comenzó en 1998, el nivel de empleo no cayó hasta la segunda mitad del año 2001. Beccaria consigna que, al contrario, hubo una leve mejoría en la ocupación y un aumento en el desempleo, es decir, en el universo de los que buscan trabajo. Pero los nuevos puestos que se crearon fueron, en su gran mayoría, en negro. También subió la proporción de no asalariados o de empleados del servicio doméstico. El trabajo seguía volviéndose algo más y más incierto para miles de personas.

El derrumbe de la ocupación se concentró en la segunda mitad de 2001. Si se mide en octubre de ese año, en comparación con octubre de 2000, la reducción fue del 4 %. No es la única señal de deterioro social que acompañó a la crisis de la convertibilidad. El salario real promedio en septiembre de 2001 era un 3 % menor que el de septiembre de 1998, pero entre los trabajadores no registrados esa caída fue del 10 %, y entre los cuentapropistas, del 20 %. Esos recortes demuestran que la violencia del tornado no se debió a su dimensión, sino a que afectaba condiciones socioeconómicas que venían empeorando desde mucho tiempo atrás, inclusive en los períodos de bonanza económica.

La caída en el financiamiento de la economía, que se venía arrastrando desde 1997, se volvió vertical a lo largo de 2001. Entre enero y noviembre, las reservas internacionales pasaron de los 36 000 a los 15 000 millones de dólares. En noviembre, los bancos habían perdido depósitos por 18 000 millones de dólares. Para frenar esa corrida, que dejaría sin dólares al Banco Central, se dispuso el «corralito», que limitaba la salida de depósitos del sistema financiero. Los ahorristas vieron cerrado el acceso al dinero en efectivo. Al mismo tiempo, era imposible girar fondos al exterior. Fue la antesala del control de cambios. Estas medidas produjeron una hecatombe financiera, y el empleo registró una contracción dramática.

Es habitual que el corralito, que desencadenó incesantes movilizaciones en las calles, sea visto como el disparador de un estallido de los sectores medios. Sin embargo, las restricciones de acceso al dinero en efectivo tienen un efecto corrosivo sobre quienes viven en la informalidad. Esa derivación se advirtió también cuando comenzó, en marzo de 2020, la cuarentena para enfrentar al coronavirus. Aquel que trabaja en negro no tiene posibilidad alguna de operar con los bancos. Depende del intercambio diario de billetes. Sin él, su economía personal colapsa. El trueque es el último y muy imperfecto refugio para estas crisis. Fue el drama de miles de personas en 2001 y en la pandemia veinte años después.

En esta escena construida en torno a la clausura de los bancos, adquiere una dimensión dramática la lenta pero imperturbable decadencia del entramado laboral, que se venía registrando desde mediados de los años setenta y que se aceleró con la hiperinflación y, en la década de 1990, con una modernización económica que, en vez de mejorar, deterioró las modalidades del empleo. Lo que se conoce como «crisis de 2001» es la eclosión que termina de configurar una sociedad escindida.

Beccaria consigna un dato revelador del nuevo perfil económico que caracteriza al mundo del trabajo. El declive de la convertibilidad y su colapso se reflejaron en una pérdida de bienestar para los empleados en negro o los cuentapropistas, sobre todo del servicio doméstico. En cambio, los asalariados formales estuvieron en una situación menos dramática. Y aquí aparece lo interesante: si se compara esa situación con la que atravesaban antes del establecimiento de la convertibilidad, estaban mejor. El promedio de las remuneraciones reales de los asalariados en octubre de 2001 fue un 8 % superior al de octubre de 1991. En el caso de los asalariados formales, esa mejora fue del 16 %. Esto indica que los trabajadores en negro vieron caer su poder adquisitivo. La explicación es que los sueldos de comienzos de los años noventa eran en comparación bajísimos, debido a la hiperinflación de la transición Alfonsín-Menem.

El mundo de la informalidad económica aparece por primera vez con toda evidencia y, por lo tanto, comienza a formalizarse en la política. Fue un fenómeno equivalente a la hiperinflación del ciclo Alfonsín-Menem. Por la dimensión de la destrucción material, por lo traumático, han sido los infartos económicos más graves del período democrático.

Entre octubre de 2001 y mayo de 2002, el empleo cayó un 4 %. A mediados de 2002, la desocupación alcanzó la inédita tasa del 25 %. Entre 2001 y 2002, las remuneraciones reales se derrumbaron un 30 por ciento.

Se mantiene un rasgo peculiar de los años noventa: la falta de trabajo entre los jefes de hogar. En 2001, llegó al 12 %. Impactante contraste con un fenómeno que, a lo largo de la historia reciente, no superaba el 3 %. Reapareció, además, la inflación. Por lo tanto, el deterioro del salario real se hizo más agudo. Entre septiembre de 2001 y abril de 2002, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia se redujeron un 20 por ciento.

El colapso de la convertibilidad agigantó la desigualdad. Entre 1999 y 2002, el coeficiente de Gini aumentó 4 puntos. La devaluación impactó sobre los precios, y los sueldos cayeron por la recesión. Esta combinación determinó un aumento impresionante en la tasa oficial de pobreza del 38,3 % en octubre de 2001 al 53 % en mayo de 2002.[102] El pico histórico se alcanzó en octubre de 2002: el 65,5 %.[103]

De estos indicadores económicos, se desprende un corolario político. La hiperinflación ajustó por nivel del salario. La recesión, por deterioro y pérdida del empleo. La hiperinflación afectó a los ocupados y, por lo tanto, desencadenó una permanente conflictividad sindical. Es lo que la memoria identifica con los trece paros realizados por la Confederación General del Trabajo (CGT) al gobierno de Alfonsín. El desempleo y el subempleo disciplinaron a los ocupados y a sus organizaciones gremiales, pero generaron una nueva forma de representación: la de los movimientos sociales. Y una nueva modalidad de protesta: el corte de ruta o el piquete.

La poscrisis de la convertibilidad, en cuyo centro hay que registrar una brutal devaluación de la moneda, produjo una recuperación fuerte y veloz de la producción. La caída en la cotización del peso convivió con una inflación muy baja, lo que constituyó una rareza en comparación con experiencias similares de la historia argentina. La etapa de alta inflación fue muy breve debido a la depresión económica, a la difícil situación laboral y al congelamiento de pesos por el corralito bancario.

La década ganada para los Kirchner

La combinación de drástica devaluación e inflación moderada o baja permitió una mejora notoria del tipo de cambio real, que a su vez mejoró la competitividad de los productores de bienes transables. Para comprender el crecimiento que se verifica a partir de 2002, y que ya resulta perceptible al momento de la llegada de Néstor Kirchner al poder, hay que recordar otra constelación de factores: la expansión del programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados; el aumento del poder de compra por las negociaciones salariales; el incremento del empleo por la sustitución de importaciones en varias ramas manufactureras; la mayor inversión en construcción, que capta los recursos de los tenedores de divisas; el lento aumento del consumo, y un gran alivio financiero derivado del default, que llevó los pagos de deuda del 4 % del PBI en 2001 al 1 % en 2004.

En este marco, la economía exhibió resultados inéditos. La tasa de crecimiento anual fue, promedio, del 8,8 % entre 2003 y 2007. Esa cifra debe ser ubicada al lado del 5,3 % anual de caída entre 1998 y 2002 para que se perciba más su significado político. La tasa de desempleo se redujo del 20 % hasta el 8 %, impulsada por el crecimiento y la multiplicación de planes de asistencia social. La pobreza verificó una caída llamativa, que comenzó a advertirse en mayo de 2003, el mes en que asumió Néstor Kirchner: pasó del 65,5 % de octubre de 2002 al 62 %. De ese escalón, se desplomó al 36,7 % en el segundo semestre de 2007.

Esta colección de indicadores se refleja en la política. Kirchner ha sido el presidente más aclamado por las encuestas en todo el ciclo democrático. Para percibir la escala del fenómeno, conviene compararlo con otros presidentes. Sigamos para eso una encuesta de Aresco, la consultora de Federico Aurelio, que releva los niveles de imagen positiva de los líderes desde 1983. En octubre de 1984, Raúl Alfonsín llegó al 81 % de aprobación popular, y Carlos Menem, en septiembre de 1989, al 85 %. Ni Fernando de la Rúa ni Eduardo Duhalde disfrutaron de un prestigio superior al 80 %. Kirchner, en cambio, tuvo una performance inédita: en febrero de 2004, tocó el 92 %; en marzo de 2005, el 88 %; en febrero de 2006, el 87 %, y en enero de 2007, el 86 %. Cristina Kirchner tampoco alcanzó una popularidad del 80 %. Es una historia de consenso político inescindible de la historia de la economía. Para la apoteosis de Kirchner, no hay que recordar solo los niveles de crecimiento y reabsorción de la pobreza y el desempleo. Tampoco hay que olvidar la recesión que terminaba con ese rebote.

Un dato muy relevante para comprender el significado de todo el ciclo recesivo: recién en ese segundo semestre de 2007, el volumen de pobreza regresaría a porcentajes similares a los registrados antes del comienzo de esa secuencia, en 1998.[104] El coeficiente de Gini también fue, en 2006, equivalente al de los años anteriores a la recesión que comenzó en 1998.[105] Estos progresos fueron el resultado de una confluencia de variables que permitió una gran expansión de la producción. Pero esa tendencia convivió, al poco tiempo, con un proceso inflacionario cada vez más acelerado.

Conviene poner este fenómeno en la perspectiva de una continuidad más larga. La tormenta de 2001 fue tan impresionante, tan traumática, que impide por momentos advertir que cobija otro significado. Ha sido el comienzo de un extrañísimo viaje de la Argentina hacia un territorio de coordenadas insólitas. Ese lugar que ocupa 2001 en la larga duración aparece con toda claridad cuando se observan algunas cifras y se las compara con las de otros países. Entre 2001 y 2005 esa lamentable excepcionalidad todavía no había aparecido, gracias a los beneficios del enorme ajuste que supuso la salida de la convertibilidad. Pero a partir de 2005 el país se convierte en una rareza.

Veamos. Si tomamos las estadísticas de crecimiento del período 1944-2021, la performance de la Argentina no difiere demasiado de la de países comparables: 1,1 %. Brasil creció 2,7 %, Chile 1,9 %, Perú 1,8 % y Uruguay 1,7 %. Sin embargo, si nos enfocamos en el lapso 2005-2021, la Argentina creció 0,8 %; Brasil, 1,3 %; Chile, 1,6 %; Perú 3,4 % y Uruguay 2,7 %. Quiere decir que la economía argentina fue la que tuvo el peor comportamiento. Solo fue superado, con mucha diferencia, por Venezuela, que se contrajo 6,6 por ciento.

Sin embargo, la variable que demuestra el retroceso del país respecto de la región es la inflación. Hubo muchos períodos en el transcurso que va de 1944 a 2021 en los que hubo alta inflación en toda América Latina. La Argentina encabeza la lista, es cierto, pero con discreción. Presenta una tasa del 60 %, Brasil una del 59 %, Chile una del 27 %, Perú del 36 % y Uruguay una del 30 %. Pero en el lapso 2005-2021, la Argentina tiene una inflación anual promedio del 30 %, que hay que comparar con una de Brasil del 5 %, una de 4 % de Chile, la de 3 % de Perú y el 8 % de Uruguay.

Esta desviación respecto del promedio, esta excentricidad, puede atribuirse a varias razones. Una de ellas es que buena parte de la dirigencia del país, con el kirchnerismo como representante casi excluyente, decidió reponer el orden social a través de una extraordinaria fiesta de consumo amparada en una bonanza muy transitoria. Energía regalada, alimentos subsidiados, tasa de interés real negativa, dólar barato, default y reestructuración de la deuda, transformación del sistema previsional en una gran caja de asistencia social. Ahí están algunas de las claves que explican que el país se haya apartado tanto del promedio.

Esa operación supuso también no resolver muchos de los desequilibrios que se inauguraron con la crisis de 2001. Durante tres lustros, hasta la llegada de Macri, no se recompusieron los contratos de los principales servicios públicos para el área metropolitana. Tampoco se eliminaron las retenciones a las exportaciones. Las relaciones con los acreedores tuvieron más períodos de conflicto que de acuerdo. Los impuestos especiales que se inauguraron a comienzos de siglo se mantuvieron. Es decir: al cabo de más de veinte años el país no logró resolver la agenda de aquel colapso. Vive en la crisis de 2001, que ya dejó de ser crisis para adquirir rasgos de cronicidad. Este es el marco general en el que se inscriben las desviaciones que ya se advierten cuando el mandato de Néstor Kirchner estaba promediando.

¿Es muy distinto lo que ensayaron los Kirchner a lo que inauguró Perón en los años cincuenta? No. Como solía decir Tulio Halperin Donghi, y desarrolló en La larga agonía de la Argentina peronista, Perón pretendió crear una sociedad para los decenios y no para los siglos, sobre la base de una coyuntura que duró tres años. El afán de los Kirchner estuvo más desorientado: su objetivo no era crear sino recrear una sociedad cuya organización originaria ya había fracasado. Una utopía ubicada en el pasado. Y aquí caben dos observaciones. Perón detectó a tiempo los límites de su experimento. Los Kirchner, no. Sobre todo Cristina, que sigue queriendo introducir la llave en una cerradura que se modificó. En ellos ha anidado una fantasía cuya inconsistencia se ha mostrado cada vez más clara con el paso del tiempo. La pretensión de reconstruir aquella Argentina de Perón en un contexto tan distinto. Es decir, cuando los límites podrían verse ya al comienzo.

Esta pretensión se sostiene en otro prejuicio. En realidad, en un gran malentendido: confundir que la bonanza, para usar la feliz designación de Julio María Sanguinetti, habilitaba la reconstrucción arqueológica del viejo paradigma peronista. Aquella experiencia de los cincuenta se puso al servicio de una industrialización incipiente, basada en la sustitución de importaciones. Era el comienzo de una trayectoria. Los Kirchner llegan al poder cuando esa receta había dado todo de sí, mucho tiempo antes. La aventura kirchnerista consumía divisas en lugar de ahorrarlas. Sobre todo en el campo energético que fue, si se mira bien, su talón de Aquiles.

En 2007 la inflación ya había llegado a 26 %; fluctuó alrededor del 25 % entre 2010 y 2013, y en 2014 trepó a alrededor del 38 %. Cifras que se vuelven más alarmantes cuando se recuerda que las tarifas de los servicios públicos estaban casi congeladas. Y, sobre todo, cuando se toma consciencia de una mutación de primera magnitud: esa inflación era, comparada con la de los años ochenta, de otra naturaleza social y política. Esta inflación posterior a 2001 afectaba a una sociedad con inquietantes niveles de informalidad. Es decir, castigaba a familias que vivían fuera del marco de protección laboral que había caracterizado a la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Es indispensable advertir esa modificación para calibrar las derivaciones sociales y políticas de la carrera de los precios.

Y, sobre todo, cuando se toma consciencia de una mutación de primera magnitud: esa inflación era, comparada con la de los años ochenta, de otra naturaleza social y política. Esta inflación posterior a 2001 afectaba a una sociedad con inquietantes niveles de informalidad. Es decir, castigaba a familias que vivían fuera del marco de protección laboral que había caracterizado a la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Es indispensable advertir esa modificación para calibrar las derivaciones sociales y políticas de la carrera de los precios.

La inflación y el atraso tarifario resultaron determinantes de los grandes desequilibrios macroeconómicos que se fueron acentuando a partir de 2007: atraso cambiario, debido a que el ritmo de la devaluación no acompañó el de los precios, y un aumento del gasto público, originado en un caudal mayor de subsidios, sobre todo energéticos, además de una suba impresionante en el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por la incorporación de millones de beneficiarios que no habían hecho aportes jubilatorios.

En este frente, el fiscal, el año 2006 muestra una distorsión inédita, cuyas consecuencias se extienden hasta hoy. A raíz de la disparatada política previsional liderada por Néstor Kirchner y ejecutada por Sergio Massa, se registró un aumento del 50 % en el gasto público, cuando la inflación fue del 18 %, es decir, una disparada del gasto de 32 puntos porcentuales en términos reales. La explicación hay que buscarla en las moratorias que se concedieron en la ANSES, por las cuales, entre comienzos de 2005 y principios de 2007, hubo un incremento de más de un millón de beneficiarios que no habían realizado los aportes correspondientes. Las pensiones, sobre todo las de invalidez, también se multiplicaron: hubo más de 1300 000 nuevas. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tuvo un aumento de inscriptos del 25,6 % de 2006 a 2007.

En 2020, la cantidad de personas que recibieron una pensión no contributiva (61,78 %) superó ampliamente a la de beneficiarios del sistema contributivo (38,22 %). Las pensiones por invalidez son, en su expansión, una desviación dentro de la desviación: entre 2002 y 2017, aumentaron el 1299 %.[106] El corolario de estos desajustes es que la Argentina tiene un sistema previsional con costos similares a los de países con una población muy envejecida, aun cuando tiene una población joven.

Especialistas como Rafael Rofman consideran que el déficit previsional para 2023 sería de 160 000 millones de pesos, que es el equivalente de la Asignación Universal por Hijo extendida a un millón de niños; para 2030 ese déficit se duplicaría y, en veinte años, se cuadruplicaría, si todo se calcula en términos reales.

En 2019 Alfonso Prat-Gay elaboró un estudio sobre el estancamiento de la economía de América Latina, en el marco del cual presentó datos muy preocupantes sobre el régimen de seguridad social argentino.[107] Vamos a consignar esta información, actualizada a septiembre de 2022.

En 2001 había tres millones de beneficiarios del sistema. De ellos, 2.7 millones eran jubilados y 0.3 millones eran pensionados. Para atender a esos beneficiarios había 4.2 millones de empleados registrados. De ellos, tres millones eran del sector privado y 1.2 millones, del sector público.

Desde entonces, esos tres millones se multiplicaron por dos: los trabajadores registrados del sector privado son 5.9 millones. Y el universo del sector público se multiplicó casi por tres: son 3.3 millones.

En cuanto a los beneficiarios de la ANSES, de los 2.7 millones que habían realizado aportes solo queda un millón. Los 300 000 que no habían hecho aportes se multiplicaron casi por cinco: son 1.4 millones. Lo más relevante es que para 2022 se agregaron 3.4 millones de jubilados que no hicieron aportes y se acogieron a una moratoria. Hay que detenerse en este detalle antes de continuar: los que no hicieron aportes son más de tres veces que los que los hicieron. Hay que agregar la Asignación Universal por Hijo, que representa unas 4.4 millones de prestaciones. Y los pagos de otros planes sociales financiados por la ANSES, que son 0.7 millones, lo que significa una cifra tangencial respecto del problema.

Quiere decir que el número de beneficiarios en 21 años pasó de 3 millones a 12.1 millones. Se multiplicó por cuatro. ¿Cómo evolucionó el número de aportantes? Fue de 4.2 millones a 9.2 millones. Es decir, se multiplicó por apenas más que dos.

Prat-Gay consigna luego el impacto presupuestario de esa multiplicación por cuatro de los beneficiarios de la ANSES. En 2001 los 4.2 millones de beneficiarios consumían 5.5 % del PBI, mientras que en 2022 los 12.1 millones de beneficiarios consumían el 9.3 % del PBI. Una vez más: la adopción de una estrategia de asistencia social basada en los recursos previsionales ha colocado a la ANSES como una de las encrucijadas más peligrosas de cualquier política fiscal.

La fiscal no es la única desviación. La distribución de estos beneficios ha incurrido en faltas graves contra le equidad. Según información disponible en la ANSES, en julio de 2018, de las 3594 237 personas beneficiadas con la moratoria, 1229 150 eran propietarias de más de dos inmuebles. En el colmo de la aberración, 276 eran propietarias de veinte inmuebles. La distribución geográfica parece ser azarosa. O estar ligada a razones políticas. Las ciudades más favorecidas eran Mendoza, con 5500 beneficiarios, y San Miguel de Tucumán, con 4000.

Hay otras inequidades que no tienen que ver con la distribución sino con el sistema mismo. La vigencia de las moratorias ha hecho que gente en condiciones similares recibiera distintos grados de protección. Otro problema es que, al no cruzarse información con las provincias, muchas personas han cobrado dos y hasta tres beneficios superpuestos.

Como ha anotado en numerosas ocasiones Silvia Stang en artículos del diario La Nación, solo en una moratoria, la dispuesta en 2014, se estableció la obligatoriedad de un test socioeconómico previo para acceder al beneficio. Es decir: el Estado lleva adelante una costosísima política de ayuda social a ciegas.

Con independencia de la baja calidad de estas decisiones, es interesante observar a través de ellas un problema estructural. La parsimoniosa ampliación del trabajo informal y el desempleo ha provocado un desfasaje gravísimo. Los empleados que contribuyen al sistema de seguridad social, que incluye el régimen previsional y también la cobertura sanitaria que ofrecen las obras sociales y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), son cada vez menos. Hasta mediados de los años ochenta, esa relación fue de cuatro activos por un pasivo. En la actualidad, cuarenta años más tarde, es de 2,3 a uno.

La salida que encontraron Kirchner y Massa en 2006 solo agravó la distorsión. Allí se puso la semilla de la crisis fiscal que la Argentina sufre hasta hoy. Se intentó una «solución» con gravísimas derivaciones: la presión tributaria creciente. El aumento de la carga impositiva sobre la economía fue una tendencia creciente desde el estallido de la convertibilidad. Aquí hay una evidencia que no siempre resulta tan evidente: un país con más pobres es un país con más gasto público y, por lo tanto, con más impuestos. Ya en el primer tramo posterior a la salida de la convertibilidad, la presión tributaria fue del 20 % al 26,4 % del PBI. Fue una de las claves del superávit fiscal que se obtuvo durante los primeros años del kirchnerismo.

La incorporación de una abultadísima plantilla de beneficiarios a la ANSES fue la principal razón para el aumento constante de la presión tributaria. Si se incorporan los impuestos provinciales, entre 2001 y 2011 fue de quince puntos del PBI. Se trata de una expansión del sector público sobre el privado sin antecedentes. Una de las derivaciones del apogeo que significó para todos los países de la región el impulso del consumo asiático fue que en la Argentina se construyó un Estado a escala de esos precios de las materias primas. Esta política generó un problema fiscal en cuyo centro está el costo del sistema previsional. Es imposible pensar un nuevo régimen de impuestos si antes no se encuentra una solución para ese agujero negro.

La deformación impacta en el mercado de trabajo y agudiza los desequilibrios sobre los que estamos reflexionando. El mayor ahogo tributario abarca a los denominados impuestos al trabajo. Para contratar a alguien con un sueldo de 10 000 pesos, el empleador debe contemplar una erogación de 14 000, es decir, un 40 % más. La erosión que esa carga ejerce sobre la rentabilidad induce a tomar trabajadores en negro, con lo cual el círculo vicioso se acelera.

Al mismo tiempo que aumentaba el déficit de las cuentas públicas, la actividad comenzó a mostrar una lenta caída, que hizo que a mediados de 2015 la economía ingresara en una nueva recesión.

Las variables laborales de este ciclo reflejan aquella expansión productiva y esta retracción. Luis Beccaria y Roxana Maurizio indican que la tasa de ocupación creció ocho puntos porcentuales entre mediados de 2002 y fines de 2014, «lo que equivale a un aumento anual del 2,6 % de la cantidad neta de puestos de trabajo».[108] Por eso, la tasa de desempleo cayó del 25 % al 7,9 %. Fue un período en que el PBI creció a un ritmo del 4,9 % anual. Los sectores que protagonizaron esta recuperación del empleo durante el ciclo kirchnerista fueron la construcción, los servicios «empresariales y de alquiler» y, en términos relativos, la industria manufacturera. Este último rubro dejó de caer y aportó el 14 % de los nuevos puestos de trabajo creados entre 2002 y 2014.

Un rasgo virtuoso de esta mejora es que el número de asalariados registrados creció más que el del resto de los empleados. Mientras estos aumentaron un 2,6 % anual, los trabajadores formales lo hicieron a un 4 % anual. La expansión laboral fue, sin embargo, breve. Se concentró entre 2002 y fines de 2006, a una tasa anual del 5,6 %. Entre 2006 y 2014, ese ritmo se redujo al 0,9 por ciento.

El restablecimiento del poder adquisitivo del salario fue lento y leve. Hay que recordar que en el primer semestre de 2002 las remuneraciones reales tuvieron una caída del 30 %. Recién a fines de 2009 los sueldos regresaron a los valores de fines de 2001. Este es el marco para ubicar un dato significativo: el valor real medio de los ingresos laborales creció el 36 % desde el tercer trimestre de 2003 al último trimestre de 2014.

Beccaria y Maurizio reflejan en su trabajo un dato muy relevante de la mejora laboral del ciclo: entre 2007 y 2014, el crecimiento del empleo comenzó a menguar, y durante ese período su principal factor fue el sector público. El Estado proveyó el 55 % de los puestos que se crearon durante esos años. Los puestos públicos crecieron a una tasa anual del 0,9 %, mientras que los privados lo hicieron a una del 0,5 %. La multiplicación del empleo público hace juego con el aumento del gasto y de la presión tributaria consignados más arriba, y que signaron la experiencia kirchnerista.

Esta proporción indica un cambio de época de mayor alcance. En 1974, el 39 % del empleo correspondía a la industria manufacturera. En 2006, ese porcentaje era del 17 %. En 1974, el 21 % de los puestos de trabajo correspondía al sector público o a servicios empresariales. En 2006, esa participación alcanzó el 41 %.[109] Estos números encierran, en una síntesis, una gran transformación de la sociedad argentina.

La paulatina ralentización del crecimiento económico durante el kirchnerismo debe atribuirse, en general, a los desequilibrios provocados por la política oficial. Muchos países de la región siguieron incrementando su PBI mientras la Argentina tendía, de a poco, al estancamiento. Solo en 2015 podría identificarse un problema general, por la baja en el precio de las commodities.

La tasa de pobreza reflejó el comportamiento de los demás indicadores socioeconómicos. A partir de 2007, cayó con menor velocidad, hasta alcanzar el 26 % en el segundo semestre de 2011. Desde esa fecha, hubo un estancamiento que terminó en el segundo semestre de 2013. En 2014, la pobreza comenzó a aumentar de nuevo: tuvo una suba fuerte, hasta llegar al 32 % en el segundo semestre de ese año. En la primera mitad de 2015, cayó hasta el 29,8 por ciento.

Las estadísticas que se han consignado hasta aquí indican un proceso crucial por su significación política. Los ajustes que se produjeron con la salida de la convertibilidad, asociados a un ciclo de bonanza internacional para los países productores de commodities, otorgaron al kirchnerismo un escenario inédito de prosperidad que fue en poco tiempo desaprovechado. El aumento del producto bruto, la mejora en las cuentas públicas y en la balanza comercial y la caída notoria de la pobreza y el desempleo son presentados como un milagro que permitió a la sociedad argentina incorporarse a la senda de la prosperidad, pero vistas en la secuencia histórica las cifras de la economía hablan de otra cosa.

Entre 2002 y 2007, hubo una recuperación extraordinaria. Esa recuperación pudo haber sido la plataforma de lanzamiento de una gestión de progreso material, pero no lo fue. A partir de 2007, el propio kirchnerismo comenzó a consumir el capital inicial, y los indicadores sociales reflejaron ese deterioro: regreso de altas tasas de pobreza y desempleo.

Los líderes de ese ciclo de ascenso y caída reconstruyen el proceso con distintas narrativas, inspiradas en el papel que cada uno se asigna en esa historia. Para Cristina Kirchner, 2003-2015 son los extremos de una saga igualitaria sin antecedentes. Alberto Fernández, en cambio, solía echar incienso sobre las virtudes de la administración de Néstor Kirchner, que su esposa vino a arruinar. La hazaña que Fernández gusta evocar no fue tanto hija del talento administrativo de Kirchner como de la herencia recibida y de un contexto global propicio. Antes que construir un orden de bienestar, Kirchner corroyó las bases de ese posible orden.

El gobierno que comienza en 2003 encuentra una economía que ya había iniciado el ciclo de la recuperación. Antes hablamos del desempleo: en mayo de 2001, había tocado el pico del 23,3 %, pero en el cuarto trimestre de 2002 cayó al 20,2 %. En el primer trimestre de 2003, fue del 19,9 %, y en el tercero, con Kirchner ya en la Casa Rosada, del 17,4 %. Es decir, la desocupación se había derrumbado diez puntos porcentuales en poco más de un año.

Esta mejora del empleo se explica por el fin de la recesión y el inicio de una etapa de expansión que será un beneficio formidable para Kirchner. La economía, que se había contraído durante cinco años, registró por primera vez, en el segundo trimestre de 2002, un crecimiento respecto del trimestre anterior. Es el momento en que Duhalde anuncia que dejará la presidencia debido a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el segundo trimestre de 2003, el crecimiento fue, anualizado, del 13 % respecto del primero. Cuando Kirchner llegó, la economía ya se había reanimado.

También el nivel de reservas aumentaba. El 1.º de enero de 2003, era de 10 500 millones de dólares, y el 25 de mayo, día de la asunción del nuevo gobierno, de 11 100 millones de dólares. Un incremento de 10 % en cinco meses. En septiembre de 2004, cuando Alfonso Prat-Gay dejó el Banco Central, las reservas netas en relación con el PBI estaban en un nivel superior al de fines de 2021: el 12,7 % contra el 0,5 %. Así como se acumulaban más reservas, disminuía la tasa de interés. Para los depósitos a plazo fijo en pesos, el 1.º de enero de 2003 era del 22 %, pero el 23 de mayo ya había caído al 12 por ciento.

Cuando Kirchner llegó a la Casa Rosada, la inflación también se desaceleraba. Había tenido un pico del 40 % durante 2002 por la devaluación del 200 %. Pero en mayo de 2003 era de un 14 % interanual. En junio, bajó al 10 %, y en diciembre fue del 3,7 %. A Kirchner también le dejaron un superávit fiscal que, en diciembre del año en que abandonó el poder, era del 3 %. Y un superávit comercial récord de ocho puntos del PBI.

Desde esa formidable plataforma, el kirchnerismo llevó adelante una gestión expansiva, que se sostuvo en especial en un estímulo notorio al consumo. Quien lea la historia como un proceso impersonal, sub specie aeternitatis, puede pensar que esa potenciación fenomenal de la demanda fue la respuesta no de un gobierno, sino de toda la clase dirigente, a una sociedad, (sobre todo a una clase media) a la cual la recesión y su colapso financiero habían enloquecido hasta llevarla a exigir que se vayan todos. Hay una manera de leer la inducción al consumo del kirchnerismo como un movimiento de autopreservación de la élite, sobre todo de la política.

Lo cierto es que Kirchner adoptó una estrategia de incentivo al consumo a través de varias políticas. Entre ellas, estuvieron el establecimiento de una tasa de interés real negativa —⁠o, dicho de otro modo, una tasa de interés nominal inferior a la inflación⁠—, que desincentiva el ahorro y aconseja deshacerse del dinero, y el establecimiento de subsidios a los alimentos y, muy en especial, a la energía.

El precio de la luz y el del gas tuvieron un atraso llamativo, que retrajo la inversión y obligó a importar hidrocarburos en grandes cantidades. Estas importaciones están en el corazón de la falta de dólares que comenzó a registrarse durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y que obligó a instalar un cepo sobre el mercado de cambios.

El gasto público, que aumentó en todas las jurisdicciones, tuvo un salto notorio en la seguridad social, como se consignó más arriba. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se fue atrasando, manteniendo alto el salario en dólares, de modo tal que la adquisición de bienes importados o fabricados con insumos importados se hizo más accesible.

Si se observa la macroeconomía de todo el período se advierte que los Kirchner consumieron a lo largo de sus mandatos las ventajas que encontraron como punto de partida y que se habían fortalecido durante los primeros cuatro años de gobierno. El orden social amenazado en 2001 se repuso con una fiesta distributiva de cortísimo plazo que incubaba las razones por las que ese orden sería, a la larga, cuestionado. La experiencia contó con un entorno internacional inigualable: el boom de las materias primas, provocado por la demanda asiática, sobre todo china. Ese salto benefició a toda la región. Pablo Gerchunoff analizó el ascenso y el descenso de esa curva en una conferencia dictada en el Instituto Fernando Henrique Cardoso, en San Pablo, en 2019. Tomamos de esa exposición este párrafo que sintetiza el significado de la gran incorporación de China al comercio internacional: «En 1978, la participación de China en el PBI mundial era del 5 %, pero la participación en el comercio, de solo el 1 %; en 2000, del 10 % en el PBI y del 4 % en el comercio; pero en 2015, fue del 16 % en el PBI y del 14 % en el comercio. Subrayémoslo, después de la apertura la participación china en el comercio mundial creció diez puntos, y además con un sesgo sur-sur. Eso explicó el boom en los precios de las materias primas entre 2003 y 2013».[110]

Esos diez años de bonanza se reflejaron en un precio excepcional de los productos exportables de la Argentina. El más notorio, la soja. El reflujo trajo consigo un fenomenal ajuste económico y social en América Latina, que todavía se está experimentando. Si se comparan los rendimientos con las posibilidades que ofreció el momento histórico, y se tolera un ejercicio mordaz de la ironía, se podría concluir lo contrario de lo que predica la hagiografía kirchnerista: medido contra las posibilidades que se les ofrecieron, aquellos gobiernos fueron los peores de la historia.

Para el segundo semestre de 2015, no existen datos estadísticos. Los primeros que aparecen son los del segundo y tercer trimestres de 2016, e indican una leve alza en los niveles de pobreza: el 30,8 %. En cambio, 2017 fue un año de gran reducción, que permitió llegar a un piso del 25 %, el más bajo de los veinticinco años anteriores.[111] Fue una recuperación breve, ya que la crisis cambiaria de 2018 volvería a deteriorar las condiciones sociales.

La cantidad de indigentes se comportó del mismo modo que la de pobres a lo largo de las últimas décadas. Durante el ciclo 1992-2018, el punto más bajo se alcanzó en 1994: el 4,1 %. El más alto fue en octubre de 2002: el 27,2 %. De ese nivel escalofriante fue descendiendo, como la pobreza, hasta 2006, para entrar en un estancamiento. En 2014-2015, volvió a subir, alcanzando un 6,1 % en el segundo semestre de este último año. El año 2016 fue el de un aumento de la indigencia, igual que de la pobreza. Y la misma similitud presenta 2017: una caída llamativa en el segundo semestre, cuando alcanzó un 5,2 por ciento.[112]

Ahora conviene alejar el zoom para tomar conciencia de que, con altibajos ocasionales, nuestro país protagonizó una tendencia general al deterioro. Esta propensión queda oculta si se consideran los datos de manera estática. Sin embargo, cuando se toma en cuenta el movimiento de reducción de la pobreza y se lo compara con sociedades similares, aparece con claridad la involución. Al comenzar este capítulo, consignamos que la proporción de pobres sobre la población total se mantiene igual a la de veinticuatro años atrás, cuando el resto de la humanidad la hizo descender un 25 por ciento.

Si miramos ahora esa dinámica a la luz de la región, la conclusión es igual de deprimente. En el período 2006-2016, que es el de una bonanza con poquísimos precedentes, nuestro país redujo la tasa de pobreza en 52,4 % o 9 puntos porcentuales. Fue del 17,5 % al 8,5 %. Pero Uruguay la recortó un 78,4 %: del 17,1 % al 3,7 %, es decir, 13,4 puntos porcentuales. En Chile, la caída fue del 67,9 %; del 20,9 % al 6,7 %, o sea, 14,2 puntos porcentuales. Panamá la bajó un 52,4 %, es decir, 16,1 puntos porcentuales: del 30,7 % al 14,6 por ciento.[113]

Quiere decir que si se toman diez años de la experiencia reciente y se evalúa al país al lado de otro con niveles de pobreza similares, los argentinos hemos fracasado en reducir ese problema.

El trabajo como sueño

Como hemos visto hasta aquí, el problema de la pobreza económica y la informalidad laboral se fue convirtiendo en un rasgo estructural de la Argentina, un rasgo que sobresale en el conurbano. Sobre esta agrietada plataforma social, en abril de 2018 se instaló una crisis financiera que tuvo derivaciones recesivas con impacto sobre las condiciones de vida y el nivel de empleo. Solo en 2018, la moneda perdió el 50 % de su valor, lo que significa un encarecimiento de todos los bienes que, de un modo u otro, están ligados al dólar. Sea porque son importados, sea porque tienen componentes o insumos importados. Para detener ese deterioro, las tasas de interés iniciaron una suba con efectos recesivos que afectó la producción y el empleo. El enloquecimiento de las variables macroeconómicas intentó ser detenido con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que obligó a mayores ajustes, fiscales y monetarios. Fue el clima en el que Mauricio Macri caminó hacia la salida del poder.

Estos desequilibrios macroeconómicos fueron una vez más los determinantes de un empobrecimiento general, que sufrieron más los que ya vivían al borde del abismo. Si observamos la escena laboral del país, de la población económicamente activa mayor de 18 años, menos de la mitad, es decir, solo el 41,6 %, tenía un empleo pleno de derechos a fines de 2019. El 10,9 % estaba desempleada, y el 20,6 % tenía un empleo precario, intermitente. Al mismo tiempo, de los que tenían un empleo estable, el 26,9 % cobraban salarios que alcanzaban para subsistir, pero no estaban afiliados al sistema de seguridad social.[114]

La pandemia y la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias a partir de marzo de 2020 fueron una estribación más dolorosa de ese deterioro. La crisis en la salud afectó más a los pobres, y hubo más pobres. El drama atravesó a todo el país, pero tuvo en el conurbano su manifestación más aguda.

Santiago Poy y Camila Alfageme[115] identificaron un fenómeno que no siempre resulta visible: la pobreza de los que tienen trabajo. Entre 2018 y 2019, los pobres pasaron de ser el 21,8 % a ser el 29,8 % de la población con trabajo, es decir, aumentaron 8 puntos porcentuales. En 2017, el 16,8 % de los trabajadores eran pobres. Quiere decir que en solo dos años hubo un incremento de la pobreza entre los trabajadores de 13 puntos porcentuales.

Entre 2019 y 2020, durante el primer año de gestión de Alberto Fernández, hubo otro salto. El ingreso laboral promedio de los trabajadores, que implica el salario y lo que obtengan en tareas por cuenta propia, se redujo el 7,4 %. La pobreza subió del 29,8 % al 33,4 % en ese sector. Atención: estamos diciendo que entre 2017 y 2020 los trabajadores pobres pasaron de ser el 16,8 % a ser el 33,4 % de la población con empleo.

La pandemia fue un golpe durísimo sobre las familias con vidas más ajustadas. El ingreso per cápita familiar de fuente laboral se redujo un 25 %. Tener trabajo garantiza cada vez menos que las necesidades básicas estarán cubiertas.

Además está el flagelo de la falta de empleo, que estudiaron María Albina Pol, Valentina Ledda y Lucía Bagini.[116] Allí es donde la pandemia fue más dañina, sobre todo en el conurbano bonaerense. La degradación del paisaje económico-social fue impactante. La crisis sanitaria fue más dura en el segundo trimestre. El nivel de empleo saltó de un 65,9 % a un 64,6 %. En el conurbano, la caída fue mayor: el empleo pasó al 64,2 %.

Si se compara el segundo trimestre de 2020 contra el segundo trimestre de 2019, el deterioro es más dramático. El total de empleo urbano nacional cayó el 20,8 %, pero en el conurbano lo hizo el 24,2 %. ¿Cómo se comportó cada tipo de empleo? El público subió el 10,9 %; el formal cayó el 21 %, y el informal es el que más se derrumbó: 37,8 por ciento.

El denominado sector microinformal fue el que mejor reaccionó a la reapertura de la economía posterior a la pandemia a partir del tercer trimestre de 2020. Pero entre fines de 2019 y fines de 2020 el volumen de microempleos urbanos a nivel nacional se recortó un 4 por ciento.

Veamos la comparación entre los cuartos trimestres de 2020 y 2019 en el conurbano bonaerense. En 2019, el 14,1 % del empleo era estatal. En 2020, era el 14,4 %. En 2019, el 40,5 % del empleo era formal. En 2020, se redujo al 25,4 %. En 2019, el 45,3 % del empleo era microinformal. En 2020, era el 38,4 %. La mayor caída se produjo, entonces, en el sector formal: el 15,1 por ciento.

Estamos observando que a partir de la crisis de 2018 y de la pandemia de 2020 la tendencia hacia el deterioro en las condiciones de vida se aceleró. El trabajo se volvió todavía más informal y la pobreza se estabilizó aun entre los que tienen trabajo. Es un fenómeno general, que se verifica en todo el país, pero que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires se manifiesta de manera más dramática.

No es un fenómeno externo. No es un país o un conurbano con más pobres. Cuando estos problemas de desintegración social y de mala o pésima calidad de vida se estabilizan, el comportamiento de toda la sociedad se modifica. El Estado tiene exigencias cada vez más pesadas. Y no solo porque hay que hacer frente a un gasto social cada vez más caudaloso. Se vuelve crítico, en especial, el sistema jubilatorio, por la desocupación y por la informalidad, que se combinan para corroer el financiamiento de la seguridad social. El sistema jubilatorio, que hace aguas en todo el mundo, suma dificultades en este contexto.

Sin embargo, hay un impacto que podríamos llamar político y cultural que resulta menos contundente, pero tiene consecuencias muy profundas. Tiene que ver con la visión del mundo y de sus propias vidas de sectores cada vez más extensos de la población. Durante la pandemia, los equipos dedicados al estudio de la situación social de Juntos por el Cambio encargaron una encuesta cualitativa, denominada «Exploratorio de los sectores populares», que circuló como un documento de trabajo para conocer esas percepciones que se van configurando en un entorno de pobreza más o menos permanente.

Interesa destacar que la investigación se hizo cuando había avanzado mucho la crisis sanitaria, que fue como un papel de tornasol que otorgó más nitidez a las dificultades sociales. La opinión constante que se percibió entre los consultados fue de vulnerabilidad: menos conexión entre las personas, más miedo a la enfermedad, pérdida del empleo para quienes realizan changas o trabajan en casas de familia.

Una constante en los testimonios fue que apareció una mayor valoración de los lazos de parentesco y que los templos se volvieron lugares indispensables de socialización y contención, más que lo habitual. La pandemia colocó una lente de aumento sobre una forma de ver la realidad, que es propia de quienes están en una situación económica muy ajustada: la sensación de urgencia con la que se convive como algo natural. Frases como «no sé cómo voy a hacer para conseguir comida la semana que viene», o «no sé cómo va a seguir mi familia si me pasa algo». Las mujeres soportan esta preocupación más que los hombres, porque además de conseguir un ingreso deben encargarse de los cuidados domésticos. En este cuadro aparece siempre un sueño, y es el de conseguir un trabajo formal para «quedarse tranquilo». La pobreza implica una forma de relación con el tiempo, un modo de pensar el futuro o de no poder hacerlo, por la incapacidad práctica de programar, de proyectar. Es imposible comprender los niveles de adhesión que despiertan determinados líderes políticos que, aun con decisiones demagógicas e irresponsables, resuelven ese problema del empleo estable, si no se registra ese nivel de angustia.

La mayor parte de las personas que viven en esta situación tiene la expectativa de un progreso. Para muchos, recibir un plan social es «entregarse». Perciben su inclusión en la pobreza como algo transitorio, no constitutivo. No les gusta que se los vea como pobres. Mucho menos si son nuevos pobres, es decir, si son personas que vivieron en la clase media y cayeron en la pobreza: ese escalón les hace sentir que fueron desterrados de su situación natural, del lugar al que pertenecen por derecho. Estos sentimientos siempre van asociados a una rivalidad con «el vago», los que se drogan, los que consumen la ayuda social en alcohol, los que gastan más de lo que consiguen. En muchos casos, esos son los «pobres». Los que no trabajan. Es curioso, pero la pobreza está estigmatizada también entre quienes la padecen.

En los testimonios recogidos en ese trabajo, aparece un detalle llamativo: la valoración de los hijos, como si se regresara a la etimología de la palabra proletario. «Lo único que tengo son mis hijos» o «no tengo nada, pero por lo menos tengo hijos», son frases que se repiten. Es una apreciación que se proyecta sobre el valor de la educación. Es muy posible que lo que sospechan muchos analistas sociales sea cierto: el cierre de las escuelas tuvo un efecto demoledor entre las familias pobres del conurbano y puede ser visto como un factor importante de la derrota electoral del oficialismo peronista en las elecciones de 2021.

En el extenso universo de los pobres la inseguridad se ha vuelto un problema determinante de la percepción de la política. El entorno se hizo agresivo. Y hay un drama sobresaliente: la pérdida, por robo, de los instrumentos de trabajo. En un segundo lugar, la oferta sanitaria, tener un hospital cerca, que es una de las grandes carencias de la pobreza rural, más bucólica, más dolorosa. Hay otra dimensión de la vida cotidiana que pasa inadvertida: la salud mental. Es permanente la confesión de que «vuelvo a casa y no tengo ni ganas de hablar». O «voy a la Iglesia porque me levanta el ánimo». Pobreza y depresión son una pareja estable, pocas veces percibida por la gestión política. Recuerdo que una tarde en la que se debatían las ventajas de la tarjeta alimentaria que entregaba el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, Graciela Fernández Meijide, que había ocupado el lugar de Arroyo, me dijo: «Creen que benefician a las familias haciendo que se compren los ingredientes para hacerse la comida y no se dan cuenta de que la mayoría de las personas que viven en una situación límite están con un nivel de depresión que les impide cocinar».

Este paisaje social está plagado de matices. Su persistencia, además, ha abierto un debate importante sobre la economía en general. En cuanto a los matices, hay que prestar atención a una peculiaridad de la Argentina: la informalidad se extiende más allá del mundo de los pobres y caracteriza a todos los sectores sociales. Es una evidencia que hay que tener en cuenta. Informalidad no significa, por definición, pobreza. Igual que esta otra: trabajo formal no significa, por definición, una vida ajena a la pobreza. Muchos trabajadores formales son pobres, por muchas razones, pero sobre todo por el efecto de la inflación sobre los ingresos.

La informalidad generalizada ha sido señalada infinidad de veces. Sin embargo, existe un trabajo de Manuel Mora y Araujo que presenta el fenómeno con gran poder de síntesis, sin eludir su complejidad. Una de las condiciones que vuelve a ese texto atractivo es que es muy antiguo. Data de 1987, antes de que se desatara la crisis que, a comienzos de siglo, abrió lugar a otra Argentina. Otra nota interesante es que el texto es parte de un debate con especialistas que estudian la informalidad y la pobreza en otros países de América Latina. Entre ellos, Hernando de Soto, que se convirtió en una estrella desde que escribió su libro El otro sendero.

En esa intervención,[117] Mora y Araujo pinta el paisaje de la informalidad a partir de la información que él mismo obtuvo en un trabajo de campo realizado en aquellos años. Llama la atención que las cosas no han cambiado desde entonces. Solo se han agravado. Mora observaba que existen muchas actividades, algunas de ellas bastante sofisticadas, que se mantienen en la informalidad. Mencionaba un ejemplo: el de una fábrica de ascensores que ensamblaba partes producidas en distintos lugares del país.

Hacia noviembre de 2022, se desató una polémica porque se detectaron miles de prestaciones sociales, casi todas del programa Potenciar Trabajo, asignadas a personas que poseían varias viviendas. Es mucho más habitual de lo que se supone que en actividades que se realizan fuera del mercado formal haya empresarios que cobran ese tipo de ayuda. La distribución y venta de carne es un caso típico. La percepción de un plan social es valiosísima para gente que gana muchos cientos de miles de pesos por mes en negro, ya que es el único recurso disponible para hacer operaciones en blanco.

En el mismo panel en el que intervino Mora y Araujo, el chileno Manfred Max-Neef completaba la idea: el rico puede ser formal, pero trabajar en la informalidad a través del pobre. Citaba el caso de la industria textil, que en toda América Latina se sirve de talleres clandestinos de pequeña escala. Las maquinarias que estaban en las fábricas ahora están en multitud de locales informales. En el Gran Buenos Aires lo vemos a diario: por ejemplo, los vendedores ambulantes que ofrecen en los semáforos pañuelos de papel de marcas establecidas.

Es difícil, por lo tanto, trazar un límite preciso entre el sector formal y el informal. Tampoco se puede afirmar que, como sugiere aquella encuesta cualitativa de Juntos por el Cambio, la aspiración de los informales de convertirse en formales sea universal. Mora habla de un movimiento inverso: la presión de los formales por informalizarse. En ese movimiento, tiene mucho que ver la presión impositiva, a la que se agrega la de otras regulaciones, también laborales y sindicales, que vuelven inviables algunas actividades. Estas barreras impiden entrar el mercado formal y tientan a salir de él.

La diversidad de situaciones vuelve difuso el campo social. En esa intervención, ya muy antigua, Max-Neef aportaba una visión muy interesante: proponía que en mucha gente existe una resistencia a la formalización. Una inclinación deliberada a mantenerse fuera de los cánones productivos y, si se quiere, existenciales, promovidos por la revolución industrial. Distingue entre empleo, en el sentido convencional, y trabajo, como actividad productiva. Y recuerda que a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII se registraron muchos levantamientos de personas que querían trabajar pero no perder su libertad cotidiana. No querían un «empleo». Es inevitable advertir que ese rasgo premoderno aparece, y lo señalamos en este libro, en otros aspectos de la civilización urbana: las villas de emergencia son urbanizaciones en las que no se verifica el régimen de las ciudades que conocemos en la modernidad y, sobre todo, a partir del siglo XIX, que fue el gran siglo del urbanismo. Se parecen mucho más a la ciudad medieval o a la medina del mundo árabe.

En la escena productiva, apunta Max-Neef, parece haber un retorno a esa edad media. Refuerzan esta posición relatos de personas involucradas en la creación de empleo para personas o familias alojadas en la informalidad. Diego Valenzuela, por ejemplo, que es intendente de Tres de Febrero y milita en Juntos por el Cambio, desarrolla en su región un programa de integración laboral muy interesante, en combinación con empresas de la zona.[118] Cuando cuenta su experiencia se detiene en algunos casos curiosos de gente que no quiere incorporarse a una empresa porque se ha acostumbrado a trabajar en su casa. No es una señal de haraganería, sino de organización: «Crio mis hijos, no tengo con quién dejarlos, dispongo mejor del tiempo, etc.». Por supuesto, en muchos casos hay un estímulo a mantenerse en esa situación, que es la percepción de una ayuda social incompatible con el empleo registrado.

No son los únicos motivos que obturan lo que, a veces, se supone un pasaje natural del sector informal al formal. Mucha gente ha perdido las destrezas o la disciplina básica de las rutinas que supone el empleo convencional. Eduardo «Wado» de Pedro suele comentar algunos ejercicios de los que estuvo cerca. Por ejemplo, el del empresario Hugo Sigman, que incorporó un conjunto de personas que vivían de planes sociales para tareas en sus laboratorios, pero, al cabo de un tiempo, solo pudo retener al 30 % por ese tipo de dificultades.

En Desiguales,[119] uno de los libros más completos que se hayan escrito en América Latina sobre la cuestión social vista desde el ángulo económico, Leonardo Gasparini analiza los pliegues que presenta el problema de la informalidad. Distingue, desde ya, entre el informal que no tiene un empleo estandarizado y el informal que trabaja «en negro» en una empresa. Y hace dos observaciones indispensables para entender esa situación. La primera: la informalidad está muchísimas veces relacionada con la falta de capacitación, es decir, es una variable ligada a lo que se denomina «capital social» y tiene que ver con las aptitudes de la población trabajadora. La segunda: la informalidad es una característica del subdesarrollo, no su causa. Quiere decir que hay economías, como la argentina, que no pueden, por su dimensión, absorber en el sector formal toda la fuerza de trabajo disponible. Por lo tanto, el combate al empleo en negro como una cruzada intransigente no es en todos los casos un procedimiento muy recomendable. Esa estrategia depende del margen que tengan las empresas para realizar esa absorción y también del momento del ciclo económico. Gasparini hace notar que, durante la gran bonanza que transcurrió entre 2003 y 2013, todos los países de América Latina vieron reducir los niveles de informalidad laboral del 74 % al 64 %. Él lo atribuye a que, en la expansión, el sector público puede ser más riguroso en el combate al trabajo en negro.

Gasparini hace notar también que no siempre empleo formal implica bienestar material. Los trabajadores vulnerables, y esto se verifica en el conurbano como en ningún otro lugar del país, se desempeñan en la construcción, el comercio y los trabajos en casas de familia. Son actividades valiosas, pero mal remuneradas. Muchos de esos trabajadores son pobres aun cuando están formalizados y, por lo tanto, gozan de vacaciones pagas, seguridad social y cobertura de salud.

La lección de todos los procesos de reducción de la pobreza y de la informalidad es que ese objetivo solo se puede alcanzar a través de largos períodos de crecimiento económico. Las grandes recesiones, que han sido cíclicas en la Argentina, alimentan la informalidad, porque cada vez más emprendimientos se vuelven precarios por el letargo económico. El recurso más inmediato en esa encrucijada es sustraerse de la fiscalidad, pero esa inclinación a pasar a la sombra de la fiscalidad se extiende por todo el país. En 2021 y 2022, el sistema bancario ha registrado la devolución de 2000 000 de tarjetas de crédito. «Es gente que quiere borrarse del mapa, no quieren existir más», comenta el ejecutivo de un banco local. Quiere decir que informalidad no siempre equivale a explotación. A veces, equivale a supervivencia.

La presencia persistente de grandes masas de pobres, trabajadores informales y desocupados, ha abierto un cada vez más intenso debate sobre el funcionamiento de la economía. La discusión clásica sobre cómo asistir a esas extensas masas de personas vulnerables se superpone con otro debate: el que se abre a partir de un cuestionamiento más radical sobre la capacidad del capitalismo para absorber a los excluidos. Este reproche parte de dos premisas. La primera: la falta de trabajo, la permanente producción de nuevos pobres, la informalidad con sus distintos ropajes no se alcanzan a explicar por una crisis macroeconómica que va adquiriendo, en su repetición, rasgos de cronicidad; se explican por una falla constitutiva del sistema.

La segunda, derivada de la anterior: dada esa falencia intrínseca, debe organizarse una nueva economía, alrededor de esos productores sumergidos, subsidiados por el Estado y también por la economía convencional. Quienes auspician este nuevo «modo de producción» hablan de economía popular. El concepto se elaboró en las últimas décadas del siglo pasado, a partir de la observación sobre el modo en que se ganan la vida muchos pobres en grandes ciudades de África.[120]

Es la que integran quienes solo poseen su fuerza de trabajo y los subsidios del Estado, para sostener emprendimientos destinados a satisfacer sus necesidades básicas. En el centro de esta economía popular deben estar, como ordenadores, los movimientos sociales. Ellos tienen en esta propuesta su principal proyecto político.

Quien con más insistencia y contundencia viene defendiendo este modo de ver la cuestión es Juan Grabois, quien se inició en la militancia social en relación con la formación de cooperativas de «cartoneros» o recicladores urbanos. Fue un fenómeno muy ligado a la gran crisis de 2001, que se multiplicó por todo el conurbano, con ejemplos prominentes como el de la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí, en Quilmes, identificada con la actividad de la monja Cecilia Lee. Grabois tuvo dos saltos en su popularidad. Uno fue cuando comenzó a proyectarse su amistad con el papa Francisco, que lo llevó a ocupar posiciones en el Vaticano. El otro ocurrió en 2016, cuando acompañó a Cristina Kirchner a su primera audiencia con el juez Claudio Bonadio. Llamó la atención, porque él nunca se había identificado con el kirchnerismo. Al contrario, se lo sabía crítico.

De todas las declaraciones y escritos de Grabois, acaso el más claro y sintético sea el artículo que publicó en elDiarioAr para polemizar con un discurso de la señora de Kirchner.[121] Allí argumenta que el objetivo de alcanzar el pleno empleo es una quimera propia de alguien que sigue pensando en términos de movilidad ascendente. Desafía a los economistas a que hagan alguna proyección a diez años que arroje una mejora significativa en el mercado de trabajo. Y sostiene que la sociedad padece una irremediable fractura que divide a los trabajadores entre los que tienen derechos y quienes no los tienen. Estos últimos son los que carecen de protección social.

Los planes sociales, es decir, la asistencia convencional del Estado para este segundo tipo de trabajadores, solo alcanzan al 5 % de estos desamparados, que para Grabois son 11000 000 al momento de escribir su nota. De ese total, 2000 000 trabajan en negro en pequeñas empresas. Su situación mejoraría con una mayor vigilancia sobre esa informalidad, que podría ir acompañada de alguna ayuda para los empleadores que no están en condiciones de blanquearlos. Para los demás, Grabois afirma que «nosotros tenemos muchas propuestas al respecto: el desarrollo de la economía popular mediante cooperativas, unidades productivas y grupos de trabajo para convertir el trabajo informal de subsistencia en trabajo formal comunitario; el salario básico universal para que ningún trabajador sufra los niveles de inestabilidad que caracterizan al sector informal; una política masiva de trabajo garantizado en actividades socialmente útiles».

Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, defiende las mismas ideas, pero las integra en una crítica más explícita al capitalismo convencional. Es decir, en su discurso está subrayada una condición que en el de Grabois es tácita: esa economía popular solo puede funcionar si se reforma la economía de mercado, y para esa reforma hace falta la mano del Estado. A medida que se avanza en las explicaciones de algunos dirigentes sociales, como Pérsico, o de algunos cientistas sociales, como Chena, se advierte que la idea de economía popular es una estilización de otra menos rutilante, la de «economía informal». Un cambio de denominación que implica un cambio de apreciación, porque la economía popular ya no es presentada como la salida de emergencia para las «víctimas» del capitalismo, sino que constituye un horizonte al que se aspira. Esa economía poco productiva, no institucionalizada, en la que «se privilegia el trabajo sobre el dinero», se va transformando, en estas explicaciones, en un modelo de rango utópico.

Esa utopía, en rigor, existe. Se ve realizada en países en los que la productividad es bajísima y muy alto el costo del capital. Se llega así a economías muy pobres, basadas en la mano de obra aplicada a actividades poco remuneradas. Para simplificar con algo de dramatismo: por este camino la Argentina se iría pareciendo cada vez más a Somalia y menos a Noruega.

Una de las notas novedosas de la transformación que produjo en la Argentina la larga recesión que se inició en 1998, que eclosiona en la convulsión de 2001, es la movilización de trabajadores sin empleo. En una larga reflexión sobre estas agrupaciones de desocupados, Juan Carlos Torre registra la ruptura con un modelo clásico. Observa que el activismo de las personas sin trabajo desmiente tres premisas tradicionales: que los desempleados no se agrupan porque están acuciados por el drama del sustento individual; que la expulsión del mundo productivo los desarticula como grupo, como pensó durante décadas el marxismo; que la desvalorización de su rol les impide convertirse en un sujeto gravitante en la política.[122]

En el caso del conurbano bonaerense, los ejemplos de esta organización económica de los pobres abarcan distintas actividades. La forma jurídica suele ser la de una cooperativa, con finalidades que van desde la recolección y venta de cartón, las huertas (que se expanden sobre todo en la zona sur, llegando hasta La Plata) y la construcción (en general para realizar trabajos contratados por el municipio).

Los ordenadores principales de estas actividades son los movimientos sociales. El que más se expandió fue el Evita, que conducen Pérsico y Fernando «Chino» Navarro. Estos movimientos nacieron de los conflictos sociales asociados, de un modo u otro, a la crisis de la convertibilidad. Sea por la privatización de YPF, sea por el colapso general de la economía, están vinculados de un modo u otro al ciclo recesivo que se abrió después de 1998 y que tuvo su expresión más dramática en el estallido de 2001.

Los movimientos sociales aparecen con la desocupación. Son la derivación del movimiento piquetero, que tiene una asociación intrínseca con la falta de empleo. El que perdió el trabajo no dispone de la huelga para recuperar ingresos. Debe abrir un conflicto público para obtener un subsidio. Este fenómeno instaló una novedad que después se estabilizó: una nueva forma de utilización política del espacio público, sobre todo por el corte de calles y de rutas, y su derivación inevitable, un debate eterno sobre la capacidad y la legitimidad del Estado para reprimir.

Los primeros conflictos de gran dimensión se registraron en General Mosconi, en Salta, durante 1992. Fue el punto de partida de una escalada que tuvo su momento crítico entre 1999 y 2000, con el gobierno de Fernando de la Rúa. Allí se formó el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Importa mucho prestar atención al nombre, porque implica una iniciativa bastante inusual, aun a escala internacional: desocupados que se organizan. En Salta, el principal dirigente de estos conflictos, asociados al ajuste de personal de YPF, fue Juan Carlos «Hippie» Fernández.

En 1996 y 1997 tuvieron lugar los piquetes de Plaza Huincul y Cutral-Co, también asociados en su origen a la pérdida de puestos de trabajo de YPF. El de 1997 se motivó en un conflicto docente, en protesta contra una reorganización del trabajo en las escuelas, dispuesta por el gobernador Felipe Sapag. El gobierno provincial ejecutó una durísima represión, que se cobró la vida de Teresa Rodríguez, asesinada el 12 de abril por un policía neuquino que le disparó un tiro en el cuello. Si se observa toda la secuencia con precisión, el movimiento de desocupados, que daría lugar a los movimientos sociales, nació en estas jornadas de Neuquén.

Casi al mismo tiempo, el 7 de agosto de 1997, se produjo una gigantesca movilización de incipientes organizaciones sociales en Córdoba. Participó, en especial, gente procedente de las villas de la Capital Federal, que demandaban tierras y planes sociales. En aquel momento, se había implementado uno denominado Trabajar.

Es imposible entender la explosión de 2001 y la transformación que esa explosión produjo, sin registrar los antecedentes de estos conflictos, que fueron estableciendo una metodología de reclamo y una red de organizaciones de trabajadores que habían perdido su trabajo. La base territorial de estas acciones fueron los asentamientos y villas. Es una peculiaridad en la que los sociólogos ven una lógica: desalojados de su lugar institucional de trabajo, estos desempleados encuentran en el barrio su principal zona de relación con otros. Es más que un detalle. Comienza a aparecer otra forma de asociación, que no está determinada, como en los conflictos sindicales, por la pertenencia a una empresa o a una rama de actividad. Estamos frente a un nuevo sujeto socioeconómico y, a la vez, territorial.

La secuencia tiene un punto de ruptura en las grandes protestas de La Matanza, en el corazón del conurbano, a comienzos de julio, con unas trescientas personas que cortaron la ruta 3, en el kilómetro 22, donde pasan las vías del Ferrocarril Belgrano. Es una zona de grandes galpones, no residencial, por la que transita buena parte del tráfico de vehículos que se dirigen a la Capital. Aquel piquete duró diecinueve días y produjo un caos, pero lo relevante es que, a diferencia de los anteriores, los que lo organizaron obtuvieron conquistas importantes, a partir de una agenda más amplia de reclamos dirigidos al gobierno nacional y al provincial.

Para el gran público fue el bautismo de fuego de la Federación de Tierra y Vivienda, liderada por Luis D’Elía, que por entonces era concejal de La Matanza por el Frente País Solidario (FREPASO). D’Elía estaba integrado a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Víctor de Gennaro. Ambos eran una expresión de la disidencia que se había abierto en la Alianza con la salida de Carlos «Chacho» Álvarez y el deterioro económico asociado al drama recesivo. El otro actor importante en el terreno era Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, una expresión obrera del Partido Comunista Revolucionario. Hay que destacar una característica significativa de estos dirigentes, que se encarga de consignar Torre en el trabajo citado: todos poseían un arraigo territorial previo y experiencia en el manejo de conflictos. Ellos politizaron y dieron forma a un movimiento que se había ido formando entre los propios desocupados.

Es un aspecto interesante: este brote de conflicto, que fue la cuna del movimiento que estalló más tarde, no tuvo un origen peronista. Iba también contra el gobierno de la provincia. Hundía sus raíces en el sindicalismo estatal, de corte antimenemista, asociado desde finales de los años noventa al Frente Grande.

Esta lectura se superpone con otra, de rasgos conspirativos: la idea de que los dirigentes sociales operaban con el apoyo tácito del intendente Alberto Balestrini. Y que Balestrini tenía un plan al servicio de Carlos Ruckauf, con quien se había aliado en pasable tensión con Duhalde. Esta tesis es la que defendía el gobierno de la Alianza, sobre todo en declaraciones de su ministro del Interior, Ramón Mestre. El cordobés había denunciado la presencia de gente armada. Y era cierto, porque D’Elía amenazó con armas a varios funcionarios nacionales y provinciales que se habían reunido con él a negociar: allí estaban Marcelo Stubrin, César Martucci, el vicegobernador Felipe Solá y el ministro de Trabajo de Ruckauf, Aníbal Fernández.

El gran piquete se levantó al cabo de diecinueve días de bloqueo de la ruta 3. En las negociaciones, intervino el secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello. Siempre se rumoreó que, en el afán de liquidar la protesta, llevó plata en efectivo hasta el corte. Aiello estaba ligado, a través de su hermano, a Esteban Caselli, secretario general de la gobernación, es decir, mano derecha de Ruckauf. Otra figura importantísima de esta encrucijada fue Patricia Bullrich, ministra de Trabajo nacional.

Para entender el cambio de época, es muy significativo el modo en que se levantó la protesta de La Matanza. El gobierno entregó 7500 prestaciones de planes sociales, asignadas a jefes de hogar sin trabajo. La negociación corrió por cuenta de D’Elía y Alderete. Se profundizaba un procedimiento que había sido inaugurado por Duhalde y su esposa en la década anterior: la tercerización de la acción social fuera del aparato del Estado. Los Duhalde «privatizaron» la política de asistencia en las «manzaneras» que, como es obvio, ellos manejaban. Ahora se seguía y exageraba esa conducta, pero con una innovación importantísima: se tercerizaba la acción social en aquellos dirigentes capaces de mostrar los dientes a través de un conflicto que acorralara de alguna manera al gobernante. Allí, en el gran corte de la ruta 3 de Isidro Casanova, se estaba inaugurando, en lo que se refiere a la política social, una nueva Argentina.

No es una propensión que naciera con el corte de ruta. D’Elía y Alderete se quejaban de las prestaciones sociales que habían caído. Estaba claro que el gobierno de De la Rúa había puesto su política de asistencia al servicio de los piqueteros, que ya se iban transformando en líderes de movimientos sociales, en parte por esa delegación de poder. Estamos ante un tema importante: los movimientos sociales se han expandido no por la crisis del peronismo, pero sí porque aparecen actores políticos que entran en crisis con el peronismo. En otras palabras: los saltos adelante en términos de poder estructural los dan cuando en el gobierno hay alguien que quiere evadirse del cerco peronista. Puede ser De la Rúa, puede ser Macri, pero, como se verá más abajo, puede ser Kirchner. Durante la gestión de De la Rúa, hubo una decisión de reducir el poder de los intendentes del conurbano confiando la distribución de beneficios a organizaciones piqueteras. Aquí toma de nuevo sentido el dato de que muchas de esas organizaciones estaban en manos de militantes sociales adscriptos al FREPASO.

Es importante advertir otro rasgo de estas novedades: el marco general de la acción de estos dirigentes sociales lo ofrece la Iglesia. No estamos hablando de las expresiones de izquierda, sino de las que proceden del FREPASO. De Gennaro y, mucho más, D’Elía venían de actuar en las organizaciones católicas ligadas, en los años setenta, al tercermundismo. D’Elía había militado en las Comunidades Eclesiales de Base, vinculado a obispos como Jorge Novak, de Quilmes, o Rodolfo Bufano, de San Justo. Bufano murió en 1990 y fue sucedido por Julio Menvielle, que ofreció sus oficinas como lugar de negociación para levantar aquel corte de julio de 2001.

Una de las primeras iniciativas de Duhalde cuando se hizo cargo de la presidencia en 2002 fue convocar a los «piqueteros». Los puso en contacto con la Mesa del Diálogo Argentino, establecida por la Iglesia, y conversó con D’Elía y Alderete para organizar la ayuda social. Así se fue gestando el plan Jefes y Jefas de Hogar. Sin embargo, todavía la intermediación política de estos dirigentes sociales era menor.

De todas las organizaciones en las que se ha tercerizado la ayuda social del Estado, la que más desarrollo político ha tenido es el Movimiento Evita. Es, además, un producto originario de la Argentina posterior a 2001. No tanto del conflicto, sino más bien del esfuerzo por reponer el orden. En esta prioridad, ejerció un papel crucial Néstor Kirchner. D’Elía recuerda que Kirchner lo invitó a su acto de asunción en el Congreso y le pidió que fuera «vestido de piquetero». En el ritual de esa jura, D’Elía fue sentado entre el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. El mensaje era clarísimo: D’Elía debía ser incorporado y, con él, todo lo que representaba. Para ese momento, era el ejecutor del corte de la ruta 3.

El Evita fue fundado por Pérsico, un exmontonero platense que venía de ejercer funciones de liderazgo en el grupo Quebracho. En 2004 Pérsico se incorporó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, por invitación del gobernador Felipe Solá. El 10 de mayo de 2006, durante un acto en el Luna Park, su movimiento quedó inaugurado de manera oficial. Kirchner no concurrió, pero envió un mensaje a través de su secretario general, Oscar Parrilli. Hablamos de un día significativo para la vida pública. El santacruceño cooptaba como parte de su maquinaria a un movimiento social que se convertiría en el más numeroso. Ya había hecho lo mismo con D’Elía. Es relevante este detalle: a ese acto fueron el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, y el secretario de Obras Públicas, José López. Daba la impresión de que por esos dos canales correrían los vínculos con el poder… o con el financiamiento.

Es imposible no llevar la imaginación a 1943, 1944 o 1945, los años en que Perón absorbe a «la vieja guardia sindical» sobre la que escribió Juan Carlos Torre. Aquel general que había llegado poco tiempo antes desde la Italia de Mussolini quería neutralizar por cooptación a los que, suponía él, constituían la vanguardia de un conflicto social que estaba inscripto en la evolución misma del conurbano industrializado durante la década anterior. Había que dar un lugar en el esquema de poder al sindicalismo que expresaba ese dinamismo social de una Argentina que se había expandido en el marco de la sustitución de importaciones. Vamos a ponerlo en términos brutales: había que evitar la revolución. El método fue la sutil «estatización» de los sindicatos, intervenidos por el sector público a partir de sus formas jurídicas.

Kirchner estaba en el otro extremo de la parábola. Tenía delante de sí el panorama desolador y convulsivo del largo agotamiento de aquel modelo productivo. Crisis tras crisis, la Argentina de Perón presentaba ese nuevo rostro de pobreza, desocupación e informalidad que las estadísticas describen con la neutralidad abstracta de las matemáticas. Los que debían ser convocados eran los piqueteros, los líderes de los desocupados. También había que, de algún modo, intervenirlos en sus organizaciones, darles un lugar en el aparato del Estado.

Cuando los investigadores, intelectuales o dirigentes de la izquierda crítica observan este momento, no hacen más que lamentarlo. Conviene repasar la bibliografía de Maristella Svampa, por ejemplo, las páginas trotskistas de La Izquierda Diario o los trabajos de investigación militante de Mario Santucho, el director de la revista Crisis, para tomar contacto con lo que allí se ve como la frustración de un proceso de cambio social. Kirchner capturó a las organizaciones nacidas en la hoguera de la convertibilidad y, al hacerlo, abortó lo que, para estos observadores y militantes, era un alentador proceso de productividad social expresado en asambleas barriales, redes de solidaridad territorial, expresiones piqueteras. Se abren, por lo tanto, dos lecturas antagónicas sobre 2001. Para unos es el instante del que hay que huir. Para otro, el momento al que hay que regresar.

El fenómeno objetivo fue la presencia de un vacío. Para el poder constituido, ese vacío fue la insinuación de un caos. Duhalde y el kirchnerismo tomaron para sí la tarea de restaurar un cosmos en lo que prometía disolverse. Para la visión de esa izquierda más radical, fue una intervención que no evitó un caos, sino que obturó el flujo hacia una nueva forma de democratización. Santucho: «El momento de gran incertidumbre que se abrió en 2001 permitió experiencias de autoorganización que terminaron siendo muy visibles en el control de los territorios. Esto, en general, se ignora, pero quienes representaban al Estado y al sistema de partidos tradicional, vieron que su poder había sido amenazado. Fue esa experiencia la que pretendió obstruir. El problema es que no se logró reponer en plenitud la acción estatal. El vacío se llenó de otras maneras: lo llenaron las iglesias, pero también lo llenaron los narcos».[123]

Cuando los investigadores, intelectuales o dirigentes de la izquierda crítica observan este momento, no hacen más que lamentarlo. Conviene repasar la bibliografía de Maristella Svampa,[124] por ejemplo, o las páginas trotskistas de La Izquierda Diario, para tomar contacto con lo que allí se ve como la frustración de un proceso de cambio social. Kirchner capturó a las organizaciones nacidas en la hoguera de la convertibilidad y, al hacerlo, abortó lo que, para estos observadores y militantes, era un alentador proceso de productividad social expresado en asambleas barriales, redes de solidaridad territorial, expresiones piqueteras.

Esta interpretación confirma que el kirchnerismo es peronismo y que el peronismo es orden. Orden populista, en el sentido en que lo pude pensar la izquierda de raigambre marxista. En 1945, Perón, y a partir de 2001, Duhalde y Kirchner, fueron los encargados de reponer el sistema allí donde había irrumpido la amenaza de un vacío. En la literatura más radical sobre esta cuestión hay una fecha por encima de todas las fechas: el 26 de junio de 2002. Fue el día en que policías bonaerenses asesinaron en las inmediaciones de la estación de tren de Avellaneda a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ese crimen es interpretado como la expresión sanguinaria de una decisión: abortar la protesta social.[125]

El año 2009 va a ser clave en esta historia. Kirchner pierde la elección de diputados en la provincia, que lo tenía a él como primer candidato. Sospecha de una traición de los intendentes peronistas y comienza a armar una estructura alternativa de poder a través de los movimientos sociales, sobre todo con el Evita. El Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía su hermana, pasa a estar tomado por líderes de esas organizaciones. La misma Alicia Kirchner controla una: Kolina. El instrumento de esta jugada es el plan Argentina Trabaja, que con el tiempo se denominará Potenciar Trabajo.

Estamos hablando de recursos destinados a cooperativas que son controladas por líderes sociales. El Evita es el gran destinatario de estos planes. Para el propio movimiento, significa una oportunidad de acumulación de poder político y, además, económico. Las herramientas, materiales, los medios de transporte, etc., que requieren esas cooperativas son provistos, en muchos casos, por la propia organización.

Pérsico y Navarro hacen malabares retóricos para justificar esta dependencia del Estado, que los pone en situaciones políticas complejas. La más traumática ocurrió en 2016, cuando debieron romper con el kirchnerismo y pactar con el gobierno de Macri. Y, sobre todo, con el de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. En este acuerdo hubo una figura central: Federico Salvai, jefe de Gabinete de Vidal y esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social del gobierno nacional. El acercamiento se produjo en La Plata y fue gestionado por el empresario Mario Montoto, proveedor casi monopólico de tecnología para las fuerzas de seguridad. Montoto es un platense que ocupó cargos de jerarquía en Montoneros, al lado de Mario Firmenich. Desde entonces data su amistad con su vecino Pérsico, quien vive en la vieja casa de Firmenich, en La Matanza.

El Evita prestó servicios inapreciables para el gobierno de Macri. Dividió el bloque de diputados en el Congreso, repudiando la corrupción del gobierno anterior, encarnada en José López, aquel secretario de Obras Públicas que había asistido a su bautismo, en el Luna Park, y que apareció con 9000 000 de dólares y una ametralladora en un convento de General Rodríguez. En 2017, encolumnados detrás de Alberto Fernández, apoyaron la candidatura de Florencio Randazzo a la senaduría bonaerense. Randazzo competía con Cristina Kirchner por el voto peronista. No debe sorprender que el kirchnerismo imagine una conspiración espuria y sospeche que el financiamiento a Randazzo le llegaba desde el Estado a través del Evita. Habladurías. Con el jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, en la presidencia, el Movimiento Evita se convirtió en su sostén más notorio y permanente. Esta relación lleva la memoria a un vínculo parecido: durante el largo período en que el peronismo estaba proscripto, el sindicalismo sirvió de estructura a los dirigentes del partido. En los años de Macri, políticos como Randazzo, Fernández, Jorge Taiana o Juan Manuel Abal Medina (h) buscaron refugio en el Evita.

La presencia de esta organización adquiere otro sentido y magnitud con la llegada de Alberto Fernández al poder. Pérsico y Navarro se integran a pleno en el gobierno de quien fue su aliado de 2017, cuando los tres expresaban la oposición a la señora de Kirchner en el peronismo bonaerense. Al comienzo, Navarro ocupó el área de relaciones con el Congreso, lo que entraña de por sí una paradoja debido al mal vínculo con la vicepresidenta y con quien era en ese momento presidente del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner.

Mucho más interesante es la inserción de Pérsico. Designado como secretario de Economía Social, su función es organizar, desde el Estado, ese concepto. La herramienta principal de la tarea es el plan Potenciar Trabajo. Es obvio que se trata de una prestación asistencial para quienes integran cooperativas, pero también es un instrumento para multiplicar esas cooperativas y, de ese modo, ampliar el Movimiento Evita. En una forma bastante insólita de organizar la política de desarrollo social, los antiguos piqueteros dan y reciben las prestaciones. Esa ventaja es percibida con lupa, y sin satisfacción, por las agrupaciones que compiten con el Evita.

Una forma, tal vez la mejor, de leer la relación entre los movimientos sociales, con el Evita en el centro, y la política es seguir la cantidad de prestaciones otorgadas a lo largo del tiempo. El trabajo más sistemático lo realizó el Centro de Investigación y Acción Social, que dirige el jesuita Rodrigo Zarazaga, junto con Fundar, la fundación que lidera Sebastián Ceria. Se denomina Mapa de las políticas sociales en la Argentina.[126]

El estudio, que ya citamos a propósito de la cuestión previsional, es muy extenso. Nos vamos a concentrar solo en algunos datos. Por ejemplo, la cantidad de asignaciones que se han dado por el plan Potenciar Trabajo y sus similares en los últimos años. Los autores consignan lo siguiente:

Mientras Cristina Fernández de Kirchner dejó su mandato en 2015 con 253 939 beneficiarios de este tipo de planes sociales, Mauricio Macri finalizó su mandato en 2019 con 641 762 beneficiarios de planes de cooperativas (esto es, dos veces y media la cantidad de planes que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 2015). Para septiembre de 2021, el gobierno de Alberto Fernández tenía 1223 537 de beneficiarios de planes de cooperativas (cinco veces la cantidad de planes que dejó Cristina Fernández de Kirchner, y un 91 % más que los que dejó Mauricio Macri).

Si observamos lo que sucedía en octubre de 2022, esos planes ascendían a 1586 676. Es decir, un incremento del 240 % respecto de lo que había dejado Macri.

Schipani, Zarazaga y Fiorino miran esta evolución desde otro punto de vista: el del valor de la remuneración que reciben los beneficiarios a través del tiempo. Y descubren que la multiplicación gigantesca de asignaciones se corresponde con un deterioro dramático de su valor. Considerada una moneda constante, en octubre de 2009 un plan equivalente al Potenciar Trabajo representaba 1200 pesos, y en abril de 2021, 600 pesos. El estímulo político de quienes presionan por esos programas está en la cantidad de prestaciones, y no en su poder adquisitivo.

Ahora corresponde observar un problema medular, que sigue siendo poco advertido con el paso de los años: en virtud de qué representación los dirigentes de movimientos sociales administran y asignan dineros públicos. Para calibrar la dimensión de esta deformación, se podría comparar con la función de los dirigentes sindicales que, al menos en teoría, están sometidos a una cantidad de regulaciones y obligaciones para gestionar dineros a los que acceden porque el Estado se los transfiere desde el bolsillo de los trabajadores, por ejemplo, los fondos del sistema de salud. Un gremialista, aun con todas las salvedades que se puedan formular a esta afirmación, está obligado a justificar su representatividad delante del Estado, con elecciones que regula el Ministerio de Trabajo. ¿Quién eligió, en cambio, a los dirigentes de las distintas agrupaciones para asignar fondos procedentes de los impuestos? En general, accedieron a esa posición como agentes de un conflicto real, que se vuelve después latente o potencial. La administración de ese conflicto en forma de amenaza es una de las claves para mantener un lugar en el juego. El líder social debe recordar de vez en cuando que puede regresar a su condición original de piquetero, aun cuando sea funcionario del gobierno al que le muestra los dientes de esa forma.

Para ponerlo en palabras más duras: todo este sistema que se ha ido creando a partir de presiones y asignaciones de dinero constituye una manifestación de clientelismo llevado a escala industrial. La evidencia de este vicio es la dificultad que existe para conseguir información precisa sobre los montos que el Estado asigna a cada movimiento o facción. Es un secreto que tiene varias funciones. Una de ellas es que una organización no se entere de lo que se lleva la otra.

Los propios líderes de movimientos sociales advierten esta precariedad institucional de su rol y buscan construir un marco institucional que les asigne un lugar parecido, mutatis mutandi, al del dirigente sindical. La constitución de registros de beneficiarios administrados por ellos es una vía hacia esa posición. Igual que la obtención de un lugar en la mesa en la que se define, por ejemplo, el salario mínimo, al que están asociadas muchas prestaciones. Esta es una dimensión que no hay que perder de vista. La economía popular es también el vehículo para constituir una nueva dirigencia reconocida por el Estado: la que surgió de las revueltas populares de la década de 1990. No hay que argumentar demasiado para que se note que la constitución de este nuevo poder es un estímulo formidable a la perduración del sistema de planes. Aquí es donde, sin presumir intencionalidades, aparece una incógnita o una sospecha. El concepto de economía popular, que supone la eternización de la economía de los pobres, más allá de la densidad que tenga en el debate teórico, presta un servicio invalorable a la constitución de esta nueva estructura que puja por un lugar en el mapa de poder: la de los antiguos piqueteros, líderes de los movimientos sociales.

Esta metamorfosis podría representar, en un sentido simbólico, una secreta victoria de Néstor Kirchner: la demostración de que bajo su tutela y la de su esposa se pudo pasar del caos al orden. O, puesto en la clave de interpretación de la izquierda crítica de raíz marxista, la demostración de que la revolución fue conjurada. Sin embargo, al kirchnerismo le cuesta asumir esa victoria, verla como propia. Más bien está inquieto porque este comensal que se sienta a la mesa del poder tiene un costado agresivo, desafiante. Empezó a ser conflictivo para la organización general del peronismo y, sobre todo, del kirchnerismo. Los dirigentes de La Cámpora, primero, y Cristina Kirchner, más tarde, abrieron un debate sobre la expansión de los movimientos y su rol en la tercerización de las ayudas. Es una discusión reveladora, que admite muchas presentaciones. Una de ellas, la más operativa y ligada a la estructura de poder, es que los políticos convencionales, dirigentes de partido, manifiestan una alarma abierta sobre un problema fundamental: quién ejerce la representación de los pobres. El resquemor clásico de los intendentes ante el avance de organizaciones que comenzaron a ejercer en el territorio, sobre todo del conurbano, una expresión estatal que competía con la de ellos de pronto amenazaba con desafiar su propia maquinaria.

La disputa se ha profundizado desde el momento en que los líderes de movimientos sociales, y aquí el Evita sigue siendo el más notorio, aspiran a constituirse en partido político para disputar posiciones de poder en la vida interna del peronismo. Un intendente del sur del conurbano comenta: «Hoy mi problema no son tanto los concejales de Juntos por el Cambio, sino los de Evita, que tienen su propio plan, pero forman parte del oficialismo». El lamento se reproduce en muchos territorios, donde Pérsico y Navarro constituyen El Partido de los Comunes. El caso más significativo es La Matanza, donde el aparato político de Fernando Espinoza debe enfrentar el desafío de la esposa de Pérsico, Patricia Cubría. El problema más delicado, inédito: esos «piqueteros» movilizan a su gente en contra del caudillo municipal en nombre de la justicia social, es decir, en nombre de lo que ese caudillo ofrece. Juan Grabois fue más allá y comenzó a diseñar una candidatura presidencial.

A medida que pasa el tiempo, la intermediación de la acción social del Estado a través de agrupaciones que siguen siendo, ellas mismas, informales multiplica más y más las distorsiones. Schipani, Zarazaga y Fiorino señalan tres de ellas. La primera es la tercerización en sí, que expresa una renuncia del sector público a ejercer él mismo esa función social: los movimientos sociales ganan cada vez más espacio en detrimento del Estado. La segunda: el que está en un movimiento social recibe muchísimo más auxilio que el que no lo está: «En noviembre de 2021, una familia tipo cuyos padres viven en la informalidad y reciben un plan de cooperativa y además cobran dos AUH por sus niños, tiene un nivel de beneficios que representa un 258 % del beneficio de un mismo tipo de familia que solo cobra dos AUH».[127] La tercera: los programas sociales con mayor financiamiento público son los destinados a la economía informal, ligada a los movimientos sociales, en detrimento de los que fomentan el empleo formal. En 2019, dicen los mismos autores, por cada peso que se destinaba a la promoción del empleo formal se destinaban 11 pesos a cooperativas de la economía popular.

En el campo de la política social, se va consolidando una tendencia que tiene un aire de familia con otras deformaciones de la administración del Estado, en campos muy diversos. Es lo que podríamos llamar una pérdida de foco. El foco ya no está puesto en la asistencia al pobre, formal o informal. Prevalece la necesidad de mantener la estructura de los movimientos sociales que conquistaron una intermediación que se vuelve escandalosa. Sucede algo similar, por ejemplo, en el sector aeronáutico: la estrategia del kirchnerismo va dejando cada vez más en el camino el interés de los ciudadanos para centrarse en la preservación de Aerolíneas Argentinas. Para mencionar un solo aspecto: es muy poca la gente de clase media baja o baja que se incorpora al mercado aeronáutico, debido a que las tarifas de todo el sector deben seguir siendo altas para que la empresa estatal no termine de quebrar. Es lo que sucede con el acceso a productos electrónicos, en especial a teléfonos celulares: son muy caros en términos relativos, porque hay que mantener un mercado cerrado para los ensambladores de partes importadas que afincaron sus plantas en Tierra del Fuego.

Es muy difícil identificar hasta qué punto estas malas políticas sociales demoran la eliminación siquiera relativa de la pobreza en el país. Schipani, Zarazaga y Fiorino, por ejemplo, comparan la performance de la Argentina con la de países con poblaciones similares en términos de urbanización, envejecimiento demográfico y punto de partida similar en cuanto a situaciones de pobreza. Si se toma como base la población que vive con 5,5 dólares por día, en Chile ese grupo disminuyó un 81 %; en Uruguay, un 84 % y en la Argentina, un 54,73 %, que es una proporción inferior al promedio de los principales países de la región: el 55,77 por ciento.

Estas comparaciones no son del todo conducentes para evaluar políticas sociales. Ni siquiera se pueden equiparar niveles de pobreza, porque son distintos los rangos de poder adquisitivo en dólares. Pero lo que más hay que destacar es que el principal factor en la creación de pobreza es la inestabilidad macroeconómica. La estrategia de asistencia social mejor diseñada se vuelve inocua si la economía del país entra en tormentas periódicas.

Existe también otro problema, crucial para imaginar el futuro del conurbano bonaerense: si se verificara un milagro económico argentino, con niveles llamativos de crecimiento, es posible que mucha más gente ingrese a un calvario en los primeros años. Ese ciclo positivo debe ir de la mano de un salto de productividad que, es muy probable, deje fuera del sistema laboral a personas que hoy están en él, aunque con el agua al cuello.

La dificultad que aparece asociada a un hipotético «milagro económico» conduce a muchos especialistas a contemplar la creación de una remuneración universal, lo que en el sistema anglosajón se denomina Universal Basic Income (UBI). Sería una salida que aliviaría también al sistema previsional, que debería buscar su propia reforma, de capitalización o de reparto, en el universo de los ocupados. En Estados Unidos, existe un debate muy amplio sobre esta receta. Figuras estelares del capitalismo avanzado, como Bill Gates y Elon Musk, disienten al respecto. El primero cree que la economía estadounidense no está todavía preparada para un salto progresivo de ese alcance. Musk, en cambio, cree que tarde o temprano habrá que echar mano a ese procedimiento, porque la creación de riqueza está cada vez menos asociada a la creación de empleo. Al contrario, está cada vez más asociada a la destrucción de empleo. Gasparini cita estudios académicos de Estados Unidos según los cuales alrededor de 2042 el 47 % de las ocupaciones en ese país podrán ser desarrolladas por robots o inteligencia artificial.[128] Pero también observa otra novedad: en muchas actividades, el capital humano, ligado a sofisticados niveles de capacitación, se ha vuelto tan importante como factor productivo que en ese país los salarios se están convirtiendo en la principal fuente de ingresos del 1 % más rico de la población.

El balance de la trayectoria que recorrió la Argentina en los últimos cincuenta años arroja un resultado doloroso y, como suele suceder con lo doloroso, difícil de ser reconocido: la Argentina no es un país con más pobres, sino que, por la persistencia y dimensión del fenómeno, es otro país. Es difícil fechar esa metamorfosis, pero 2001 es un hito inconfundible.

¿Qué quiere decir que es otro país? Que el deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la población cambia la dinámica de toda la sociedad, sobre todo porque introduce nuevos incentivos, a menudo perversos.

La existencia de pobres en un número jamás imaginado hace que muchísima gente viva instalada en el cortísimo plazo. Es un error inmenso generalizar. Son innumerables las personas que, instaladas en un nivel de vida muy ajustado, con necesidades básicas que siguen sin estar cubiertas a pesar del paso del tiempo, imaginan el futuro de sus hijos. Apuestan, sobre todo, de manera consciente, a su capacitación. Son legiones los vecinos que viven en villas de emergencia y salen todas las mañanas de allí para trabajar. Hacen un esfuerzo más que humano para trasladarse en medios de transporte catastróficos, en un derroche de productividad que les obliga a perder seis horas en movimiento para realizar un trabajo de otras seis horas. Lo hacen para sostenerse y también pensando en el porvenir.

Sin embargo, la urgencia del cortísimo plazo, la angustia por llegar a la noche, pesa muchísimo en la vida de los pobres, y es una tentación siempre presente entre los políticos dar respuesta a ese corto plazo sacrificando más y más las perspectivas de futuro. Eso es lo que, con una palabra que presenta una elasticidad exasperante, se conoce como populismo. La propensión, por completo comprensible, de ligar este modo de concebir la vida pública con una persona, con un líder o con un movimiento impide comprender que hay condiciones sociales que estimulan ese modo de abordar la política. El mediano y el largo plazo, ligados a la mejora de la infraestructura, a la atención de la salud, a los ciclos educativos de larga duración, quedan de lado frente a prioridades mucho más rentables desde el punto de vista político-electoral: la conquista del voto a través de la distribución de bienes, que es el combustible del clientelismo.

Este orden de prelación constituye un círculo vicioso. La necesidad de satisfacer cada vez más el cortísimo plazo comienza a ser un fuerte repelente de la inversión que se requiere para sostener ciclos expansivos de largo plazo. Quiere decir que el populismo acelera y agiganta los vicios que potencia. ¿Cómo se percibe esta trampa? En que la economía va generando nuevos pobres, que son ciudadanos de clase media que van cayendo en la pobreza. No hay que cansarse de mirar este fenómeno, que explica muchísimas de las características que ha adquirido la política, sobre todo en el conurbano bonaerense. La existencia de nuevos pobres siempre va acompañada de frustración y enojo. Esos desamparados sienten que se los desalojó a su lugar natural: las capas medias con determinados niveles de consumo, asociados a cierto bagaje cultural. Esa expulsión produce una frustración que tiene cada vez más expresión electoral.

La evolución de ese fenómeno va convirtiendo a la sociedad argentina en un cuerpo cada vez más desintegrado. Se va formando una sociedad dual. El conurbano bonaerense es la expresión de esa fractura. Esta configuración podría estar explicando cambios de conducta que inquietan a los observadores sociales, sobre todo a los analistas de opinión pública. Las antiguas clasificaciones, sobre las que se organizan las bases de datos para las encuestas, han perdido vigencia. No está tan claro cuáles son las que las han venido a reemplazar. Este paisaje mutante explica los desaciertos tan frecuentes de las encuestas electorales. Así como al sociólogo le resulta esquivo el nuevo rostro de su objeto de observación, al político le resulta distante y huidizo el destinatario de su mensaje, es decir, el elector.

No hay una fisura. Hay muchas superpuestas. Estudiosos de la política se han preguntado el efecto que este resquebrajamiento puede tener sobre la estructura de los partidos, en especial, sobre el peronismo. Comenzó Rodrigo Zarazaga imaginando que esa fuerza política ya no podría contener a los trabajadores ocupados y a los desocupados a la vez. Juan Carlos Torre se planteó el mismo interrogante al reflexionar sobre las derivaciones del fenómeno que hemos estudiado en este capítulo: la contracción de la sociedad salarial y la expansión de las organizaciones de pobres sin trabajo. Las preguntas siguen abiertas. La historia sigue abierta. Hasta ahora, los peronistas han conservado esa legendaria plasticidad que les permite reabsorber aquello que, al parecer, está por escindirse y expulsarse. Los movimientos sociales son una respuesta, es cierto, provisoria, a estas incógnitas. En la clasificación convencional, son organizaciones no gubernamentales, para llamarlos de algún modo. Pero también son engranajes de la gran maquinaria peronista. Reproducen la naturaleza anfibia del sindicalismo peronista. Representan a un sujeto social que, a cambio de contraprestaciones materiales, acepta ser partidizado. Y en esa inserción partidaria garantizan el orden que parecía amenazado en el momento en que nacieron, en los arrabales del año 2001. Es curioso: como los sindicatos, que constituían una incómoda rama dentro de la organización del movimiento, los antiguos piqueteros también plantean una molestia a la dirigencia política. Se siguen molestando entre sí, dentro de la misma casa, la representación electoral con la representación corporativa. También como los sindicalistas, que se miran en el eterno espejo de Vandor, pueden tomar autonomía de esa identidad partidaria para negociar con el oficialismo cuando este no es peronista.

En este inventario de interrogantes, cabe uno más general, que abre una perspectiva para pensar el significado político que ha adquirido la pobreza mientras se volvía más y más masiva. Los movimientos sociales se han convertido en un poder fáctico que sirven como un dispositivo crucial del peronismo para ejercer presión sobre el sistema político. Despliegan el poder que fue propio de los sindicatos en la sociedad del pleno empleo. Se ofrecen como garantes de orden, pero a través de una operación extorsiva. Venden paz social. Si se pensara en un programa de largo alcance para terminar con la pobreza, es muy difícil decidir si son parte de la solución o parte del problema.

5
HISTORIA 2
LA IRRUPCIÓN DEL CONURBANO (1935)

En varias ocasiones la periferia irrumpió en la Capital haciendo sentir su presencia familiar y a la vez extraña. La intención de estos textos históricos no es reconstruir todo el hilo de esa relación, pero sí recortar algunos momentos significativos, como quien organiza una colección de postales. Una de esas irrupciones se produjo en 1935 y tuvo como protagonista principal al líder conservador Manuel Fresco. Enfocar la figura de Fresco sobre el paisaje del conurbano es de una extraordinaria ayuda para comprender la tradición política de esa región.

El 21 de febrero de aquel año el Partido Demócrata Nacional, que era el nombre oficial del conservadorismo, proclamó su fórmula para gobernar la provincia. Fresco como candidato a gobernador y Aurelio Amoedo a vice.[129] Las elecciones serían el 3 de noviembre de 1935.

Tres semanas antes, el domingo 13 de octubre, Fresco hizo una demostración de poderío con una manifestación que sorprendió por lo multitudinaria. Es posible que haya sido la primera gran movilización del conurbano sobre la Capital. Es decir, la primera expresión de que el conurbano podía pesar en la política por su potencia demográfica. Un recurso que la clase política de esa región sigue utilizando hasta hoy y que esconde un rasgo amenazante.

Es obvio que no era la primera vez que multitudes se expresaban en las calles. Desde 1890 las organizaciones obreras celebraban el 1.º de Mayo con concentraciones masivas. La peculiaridad de la de Fresco es que fue, muy posiblemente, la primera organizada por una fuerza de derecha. No debería sorprender demasiado. Como veremos un poco más adelante, el candidato a gobernador se inspiraba en la Italia de Benito Mussolini. En sus métodos, en su discurso. Entre el 27 y el 29 de octubre de 1922 Mussolini comandó la Marcha sobre Roma que le entregó la llave del poder. La que lideró Fresco tenía otro propósito. Era una marcha de demostración de fuerza y de popularidad. El partido de Fresco estaba en el poder. Pero la idea de hacer política ocupando el espacio público, que hasta ese momento expresaba un estilo de la izquierda revolucionaria, fue apropiada por la derecha que aspiraba a introducir cambios dentro del orden.

La crónica de La Nación es riquísima por una infinidad de pormenores consignados por sus redactores y también por innumerables aspectos novedosos del fenómeno que esos observadores todavía no pueden percibir.[130] El relato cubre casi toda la página 7 del diario y consigna el asombro por la dimensión de la muchedumbre que ingresó a la ciudad. No fue un aluvión. La gente estaba organizada en columnas que llegaban desde el sur y desde el oeste. El diario habla de 100 000 ciudadanos. Fresco, en su discurso, habló de 120 000. Es posible que haya sido una de las mayores concentraciones que se hayan registrado en la Capital Federal hasta ese momento. Siempre existen dudas acerca de cuántos fueron los que acompañaron los restos de Hipólito Yrigoyen hasta la Recoleta, una multitud que, hasta ese año 1933, no había tenido precedente. Los organizadores llamaron a esa exhibición de fuerza «Marcha de la Victoria». Hay que prestar atención a un dato: Fresco promete, como el vaticinio de un gran triunfo electoral, que los conservadores ganarán la provincia colocando en las urnas 300 000 votos.

El relato de La Nación menciona a las estrellas de esa movilización. A la cabeza de todos, Fresco. Llegó desde el oeste, su campo de acción. Lideraba el comité «6 de Septiembre», llamado así en homenaje al golpe de 1930 contra Yrigoyen. Ese golpe que era presentado en los discursos como el luminoso comienzo de una nueva era.

Desde la estación Constitución llegaba con una columna Alberto Barceló, que fue el padrino inicial de Fresco y su aliado intermitente. Venía con militantes de Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown, que era donde tenía fuerza el Partido Provincial que había fundado en 1921, como escisión del Partido Conservador. El grueso del público fue aportado por la tercera sección electoral, que ya era el centro de gravedad de aquel conurbano.

La presentación que hacen los periodistas de La Nación tiene varias peculiaridades que llaman la atención. No describen una manifestación como las que fueron frecuentes un tiempo después y hasta hoy. Lo que se está registrando por la avenida de Mayo, desde el Congreso hasta el Cabildo, es un desfile. Y el diario lo denomina así: «Desfile». Gente que marcha en grupos organizados en escuadras, según los comités de cada distrito, acompañados por bandas de música. La impresión que se quiere dar es la del orden y la disciplina social que es capaz de suministrar el oficialismo instalado después del derrocamiento de Yrigoyen, en contraste con la chusma que representaba el presidente depuesto.

La escenografía coincide con los discursos. Los oradores principales fueron dos. Daniel Videla Dorna y Fresco. Videla Dorna era el jefe de campaña, organizador de la marcha. Feroz antirradical, cercano al nacionalismo de los Irazusta y de Roberto de Laferrère, Videla Dorna tuvo una biografía novelesca. Fue intendente de San Miguel del Monte hasta que lo desplazaron los radicales hacia 1916. En sus enfrentamientos con los hombres de Yrigoyen llegó a tomar por la fuerza, en 1926, el Concejo Deliberante. Cuatro años después, en Lincoln, se enfrentó en un tiroteo con un grupo de radicales. Junto con él salió también herido Fresco. Ambos solían presentar ese hecho de sangre como una prueba de su compromiso con la causa partidaria. Videla Dorna fue productor agropecuario y fundador del Banco Metropolitano. Pero su pasión era el tango, del que fue un bailarín excepcional. En un célebre viaje con Ricardo Güiraldes, introdujo esa danza en los grandes salones de París.

Otro rasgo interesante de la pintura que hace La Nación de la marcha de aquel 13 de octubre es la caracterización de los manifestantes más humildes como criollos o gauchos:

Nunca se vio en ese kilómetro —⁠escenario de nuestra capital, donde se desarrollan los grandes hechos de la vida social argentina contemporánea⁠— tanto poncho bien llevado, tanta vestidura característica del paisano criollo, tanta sobria efusión de entusiasmo. Aquí y allá, la inmensa columna humana, matizada de banderas y cartelones con leyendas, señalaba un aspecto que acentuaba esa fisonomía típica de la masa. Ya era un conjunto de jinetes con magnífica caballada y estampa netamente gaucha, ya un batallón de viejos criollos marchando con juvenil vigor a pesar de las botas o las alpargatas, ya una avanzada de muchachas tocadas con boinas rojas y cintas azules y blancas que anuncian el paso de los afiliados de una ciudad provinciana cara al sentimiento porteño, ya en fin, una banda de músicos civiles, esas bandas de pueblos de la provincia que en ellos hacen las delicias de la juventud enamorada en los atardeceres dominicales, y que ayer, desfilando por la Avenida de Mayo, acaso han satisfecho un íntimo ideal de cada uno de sus componentes.

El barroquismo de la prosa, que hoy resulta tan lejano, no debe distraer de un aspecto relevante de lo que se está contando: el cronista describe la irrupción de lo distinto en la vida porteña: la irrupción del conurbano. Es un conurbano disciplinado, desprovisto de cualquier ímpetu revoltoso. Es un conurbano amigable y rural. Una multitud que parece ser observada por los ojos del patrón de la estancia. No hay conflicto. No hay amenaza. Los autores de la crónica, igual que Videla Dorna y Fresco en sus discursos, pretenden sugerir dos tesis. La primera: el radicalismo no monopoliza lo popular, sino la demagogia, pero el Partido Conservador, impugnado por el fraude, tiene una base democrática. La segunda: esa base democrática es un principio de armonía, no de reivindicación. Fresco llama a sus correligionarios «un ejército pacífico». Es un concepto muy valioso, porque el lenguaje de los líderes y la manifestación misma pretenden despojar a la noción de democracia de la presunción de alteración del orden establecido que anidaba en ella para todo un sector de la sociedad y la política. En síntesis: Fresco y el Partido Conservador, además de mostrar algo, prometen algo, y eso que prometen es que pueden garantizar el orden de la muchedumbre, el orden de las masas, cuando lo que había ganado la escena, nacional e internacional, era el temor a —⁠por decirlo con Ortega⁠— su rebelión. Es, acaso, la primera vez en que un líder o un grupo político cree necesario ofrecerse como el garante de que la multitud no arrasará con el sistema establecido. No será la última. Interesa rescatar el alcance de esta innovación: la aspiración a generar una política que conjure el caos nace en el conurbano porque, en un pliegue todavía subliminal, la industrialización y urbanización que se despliegan en ese territorio son imaginados como caóticos. Este juego de asociaciones ha sobrevivido hasta hoy. Sin él, no se pueden explicar muchos fenómenos. Entre ellos, el peronismo.

Estamos ante una constelación conceptual que se ilumina con otra curiosidad muy significativa. Los periodistas describen una multitud bucólica y criolla. En cambio, Fresco habla de trabajadores. Lo dice así: «Hemos logrado cabalmente nuestro propósito de identificar a los ciudadanos de la capital con los trabajadores de la provincia en el común ideal de asegurar la obra de reconstrucción económica e institucional emprendida por el Gobierno de la Nación, y de la cual se benefician, sin distinción de clases ni de partidos políticos, todos los habitantes de la República».

Entre los criollos de «poncho bien llevado» de los periodistas y los trabajadores de Fresco se abre una brecha perceptiva, propia de un conurbano cuya transformación no es evidente para todos. Recuerdo haberle escuchado a José «Pancho» Aricó, un gran intelectual de izquierda, en una charla ofrecida en el centro del Partido Socialista de Mar del Plata, una observación que refuerza este hiato. Aricó señalaba que los almanaques de Alpargatas seguían ilustrándose con las escenas campesinas pintadas por Florencio Molina Campos, cuando el paisaje popular estaba sometido a un proceso acelerado de industrialización.

Fresco se empeña en administrar esa transición en términos de armonía, de entendimiento, de conciliación. Habla de «identificar» a la sociedad urbana porteña con el mundo laboral del conurbano. Sin embargo, esa identificación no es absoluta. Habla de «ciudadanos» de la Capital y «trabajadores» de la provincia. Hay que identificarlos, porque existe una tensión. En esa aspiración, asoman las impresiones que puede haber obtenido meses antes, en su viaje por Italia. Asoma también, anticipatorio, un discurso preperonista.

Fresco lidera su manifestación y pronuncia su discurso en la campaña para gobernar una provincia cuya conformación social registraba cambios cuantitativamente relevantes. El censo industrial de 1935 revela que Buenos Aires era el segundo centro industrial detrás de la Capital. Allí estaba radicado el 24,9 % de los obreros y el 25,6 % de los establecimientos industriales. El 34,5 % de la fuerza motriz y el 26 % de la inversión. Entre 1936 y 1943, se sumaron al conurbano 85 000 habitantes por año, en su mayor parte procedentes del interior provincial.[131]

La figura de Fresco debe ser rescatada si se quiere entender un tipo de enfoque sobre la realidad del Gran Buenos Aires que se encontrará, de manera recurrente, hasta hoy. ¿Quién era este caudillo? A diferencia de muchos líderes conservadores, no había nacido en una familia acomodada ni tradicional. Médico de profesión, se había graduado en 1915. Ejerció en el Ferrocarril Oeste y en organizaciones barriales de Villa Sarmiento y Haedo, donde vivía. Sin embargo, la zona en la que comenzó su actuación política era el sur, Avellaneda, a la sombra de Barceló, quien lo convirtió en concejal por un breve período, en 1918. Entre 1919 y 1922, ocupó una banca de diputado en la Legislatura provincial, y volvió a hacerlo entre 1925 y 1929. En 1930, llegó a la cámara baja del Congreso en una lista encabezada por Antonio Santamarina.

En la filiación partidaria de Fresco con Barceló, pueden identificarse algunas características específicas del proceso político bonaerense. Barceló fue el caudillo indiscutido de Avellaneda, que a la vez era el corazón de ese suburbio que se iría industrializando con el correr de los años. Roy Hora[132] destaca cómo, bajo su patrocinio, crecieron figuras que irían formando una dirigencia provincial, en tensión con el predominio de los conservadores porteños.

En 1923, Barceló creó el Partido Provincial, una fuerza que solo actuaba en las elecciones provinciales. Su fuerte estaba en Avellaneda, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Más del 50 % de sus votos provenían de Avellaneda. Béjar consigna que solo en 1929 la suma de los votos de radicales y conservadores consiguió superar los que el partido de Barceló cosechaba en esa zona.[133] Actuaba también en Esteban Echeverría, pero su inserción era menos vigorosa. Como se puede observar, la tercera sección electoral ya se iba convirtiendo en lo que ha sido hasta hoy: la zona crucial de la política bonaerense, por ser la zona crucial del conurbano.

Barceló buscó una autonomía táctica respecto del Partido Conservador para poder negociar recursos, sobre todo obra pública, con el radicalismo, que en 1921, con José Luis Cantilo, se convirtió en el partido dominante. Hora analiza la constitución de esta red de dirigentes bonaerenses, donde se destacaban Barceló, Rodolfo Moreno y Manuel Gnecco, que para la década de 1920 ya controlaba el partido. Cantilo estimuló con recursos presupuestarios la fisura del conservadorismo. Los legisladores del Partido Provincial de Barceló votaron el presupuesto de Cantilo, que contenía un gran programa de obras para el conurbano. Nihil novum sub sole.[134]

Fresco, como dijimos, surgió a la sombra de Barceló. El 6 de septiembre de 1930, asistió, en la madrugada, a la reunión donde se terminó de planear el golpe contra Yrigoyen. Fue en el diario Crítica, de Natalio Botana. La columna que iría hasta Campo de Mayo a promover el apoyo militar para ese derrocamiento partió desde su casa, en Haedo. Entre 1932 y 1933, Fresco ocupó la Secretaría General del Partido Conservador y, entre 1934 y 1936, fue diputado nacional, presidiendo la Cámara. Allí conoció a Roberto Noble, quien en 1945 fundaría Clarín. Noble era un joven diputado del Partido Socialista Independiente, aliado a los conservadores. Cuando Fresco llegó a la gobernación, en 1936, lo convirtió en su mano derecha como ministro de Gobierno. Noble tenía 32 años.

En 1935, antes de lanzar su campaña para la gobernación, Fresco realizó un viaje a Italia, que lo mantuvo alejado del conflicto que desgarró al Partico Conservador en la provincia. Además de Fresco, compitieron Matías Sánchez Sorondo, Rodolfo Moreno, que tenía el respaldo clave de Antonio Santamarina, y Barceló, con el apoyo del gobernador, Federico Martínez de Hoz. Esta disputa tuvo un desenlace crítico: Martínez de Hoz debió renunciar y fue reemplazado por el vicegobernador Raúl Díaz.

En todo ese trance, Fresco estuvo viajando por Italia, donde quedó impactado por la figura de Benito Mussolini. La impronta del fascismo fue muy marcada en Fresco. Tanto que hasta imitaba el saludo y los desfiles que caracterizaban al régimen del Duce. Una leyenda asegura que tenía un busto suyo en el escritorio. Al conmemorar su primer año al frente del gobierno bonaerense, Fresco dijo: «Esa política de pacificación social se cumple con intensidad en Italia bajo el gobierno esclarecido de Mussolini y en Alemania bajo otro gobierno ilustre. Hitler y Mussolini no son malas palabras, ni hay que tener temor a pronunciarlas, ya que son estadistas capaces de pacificar sus Estados, de lograr la unidad espiritual y la restauración económica después de las guerras sufridas, constituyendo dos poderosas naciones de Europa que admiramos».[135]

Esa gira italiana tiene un gran atractivo para la imaginación histórica, porque anticipa la que realizó Juan Domingo Perón en 1939.

Fresco ganó la gobernación en las elecciones del 3 de noviembre de 1935 abrazado al lema: «No volverán los radicales», que a la vez hicieron su campaña con la consigna: «Volveremos». Bajo su dirección, el Partido Conservador hizo una utilización sistemática del fraude. Fresco fue, acaso, quien más defendió la manipulación del voto, entendida como «fraude patriótico», porque conjuraba el peligro de una regresión al radicalismo, identificado con la demagogia y el desorden. Los argumentos que Fresco desplegaba en su discurso para defender esa práctica tenían algo de comicidad. «A los argentinos les gustan las cosas claras —⁠decía⁠—, ¿qué es eso de encerrarse en un cuarto oscuro?»; o «El argentino es varón, es macho, le gusta decir su voto, cantarlo».

De manera más articulada, Fresco expone su desdén por la democracia liberal y admite que la legitimidad de su poder deviene, según él lo interpreta, de la revolución del 6 de septiembre de 1930: «El concepto de inmutabilidad y perfección de la Ley Electoral perdió vigencia en la conciencia pública después de la Revolución […] Con el voto secreto estamos creando una raza débil y una juventud incapaz de mantener con ardor la fibra y temple de los varones que fundaron la República e hicieron grande a la Nación».[136]

La degradación de la cultura electoral se ejecutaba de manera violenta, expulsando a los fiscales opositores de las mesas. Es difícil ilustrar las manualidades y el alcance de estas aberraciones con un texto distinto de este de Béjar:

En su edición del 4 de noviembre de 1935, La Prensa publicaba las instrucciones que el comité conservador de Bragado había distribuido a los hombres del partido responsables de inaugurar los comicios en esa localidad: «Los comicios deben abrirse a las 7 y 45 horas y no a las 8 horas. A las 7 y 45 estarán presentes el presidente, el fiscal conservador y el fiscal impersonalista y se procederá a colocar en la urna de 40 a 50 sobres con votos demócratas y de 8 a 10 impersonalistas correspondientes todos a las libretas en poder del partido. Cuando llegue el fiscal radical a las 8 horas y pretenda protestar […] se le contestará que su reloj está atrasado, para lo cual el presidente y los fiscales amigos y demás presentes arreglarán sus relojes convenientemente. Donde a pesar de esto no exista la seguridad del triunfo, se pondrán votos de más o se dejarán de hacer las anotaciones en las actas, para invalidar esa mesa. Estas instrucciones deberán ser quemadas una vez que hayan sido aprendidas de memoria».

No todas las prácticas asociadas al fraude eran tan ingenuas como las consignadas en esta nota. Es posible que la imagen más ampliamente difundida sea aquella en la que un grupo de guapos con armas y apoyados por la policía impedían votar a todos aquellos identificados como opositores al oficialismo. Diferentes testimonios de la época coincidieron en destacar que, cuando el radicalismo retornó al escenario electoral bonaerense en noviembre de 1935, la coerción abierta fue la vía ampliamente difundida para evitar su reingreso al gobierno. No obstante, en la primera mitad de la década, la instrumentación del fraude fue notoriamente menos dramática. El socialismo, la segunda fuerza electoral, no alcanzó en la provincia un grado de inserción que pusiera en peligro el control del gobierno por parte de los conservadores.[137]

Fresco intentó compensar la falta de representatividad derivada de estas irregularidades con una relación muy estrecha con la Iglesia y con un sindicalismo todavía incipiente pero expresivo del cambio de entramado social y productivo del conurbano bonaerense. Así, en 1937, el gobernador promovió un código laboral, del que carecía la nación, y creó el Departamento Provincial del Trabajo. Desde allí, se llevó adelante un registro de las organizaciones sindicales sin el cual quedaban excluidas de cualquier actividad reivindicativa. También se sancionó una Ley de Accidentes de Trabajo y otra fijando el régimen de sábado inglés, es decir, el descanso a partir del mediodía del sábado.

Durante la gestión de Fresco, se celebraron trescientos convenios colectivos de trabajo, que alcanzaron a 115 000 trabajadores.[138] Los sectores más regulados fueron el textil y el de la construcción, que representaban el 21 % del empleo. El sector del movimiento obrero que más se acercó a Fresco fue el de los sindicalistas que menos respondían a un alineamiento ideológico. Una diferencia con los socialistas, distantes, y con los comunistas, perseguidos.[139] En 1938, se realizó una concentración obrera en la plaza San Martín, de La Plata, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT)-sede Independencia, para agradecer a Fresco la creación de la Ley del Departamento del Trabajo.

Esta experiencia de gobierno es interesante porque, más allá de su especificidad, inaugura algunos rasgos recurrentes de la política bonaerense. Por ejemplo, centralizó la Policía de la provincia de Buenos Aires y le dio un rol central en su operación política. Roy Hora interpreta que, de ese modo, la fuerza se constituyó en una palanca de poder del gobernador frente a los caudillos locales que resistían la aparición de un actor gravitante en La Plata.[140] Hasta ese momento, la que en los años noventa fue conocida como «la Bonaerense» o «la Maldita Policía», tenía una dependencia muy marcada respecto de los intendentes. La orientación que adoptó Fresco permitió alinear los intereses de una zona delictiva de penumbra, sobre todo los ligados al juego clandestino. Poder provincial, policía y delito oficialista es un triángulo que conserva una vigencia ostensible en la vida pública del distrito.

La figura principal en la gestión de la seguridad fue Noble. Su misión era tanto más importante en la medida en que la ejecución del fraude requería del acompañamiento inevitable de la policía. También había otro aspecto muy controvertido en la utilización facciosa de esta fuerza: Fresco creó la Oficina de Movimiento Político para hacer inteligencia sobre las actividades de la oposición.[141] Estableció también la Cédula Policial de Vecindad, para el control capilar de la población. Entre otras consecuencias de esta propensión persecutoria, de corte fascistoide, prohibió al Partido Comunista (PC).

Sivak, que examina a Fresco para comprender mejor el paisaje sobre el que se recorta la figura del primer Roberto Noble, observa algunas decisiones interesantísimas. Una de ellas es la de utilizar con intensidad la radio y el cine como instrumentos de ordenamiento político. Noble fue el encargado del Servicio de Comunicación y Broadcasting de la provincia. También inauguró la Oficina de Prensa e Información. Eran dispositivos de propaganda y adoctrinamiento para cuya creación el gobernador encontraba inspiración en la Italia fascista. La exaltación de ese modelo abrió grandes controversias. Sivak cita declaraciones de Noble en Caras y Caretas: «El periodismo es la mejor escuela de política que existe y el hombre que está acostumbrado a contemplar los problemas de un país con el punto de vista panorámico con que se lo contempla desde un diario está más preparado para la política y las funciones de gobierno».[142]

El marco general de estas decisiones de Fresco es el de un cuestionamiento muy difundido a la democracia liberal en muchos países de Occidente. Fresco encarna ese fenómeno, que además de responder a una filiación ideológica, se inspira en el entorno en el que le toca operar. Es imposible desvincular estas adhesiones conceptuales con el proceso de transformación que este dirigente, como muchos otros, tenía ante sus ojos en el conurbano bonaerense.

Fresco inaugura una preocupación: cómo administrar la masividad, que siempre supone conflicto. Es una pregunta de la que se hará eco la política bonaerense, centrada en el conurbano hasta hoy. Él pensaba en aprovechar la nueva demografía que deviene del desborde porteño, con ese aparato de poder que hemos descripto. Y, sobre todo, con una intensa actividad del Estado en materia de obra pública. Confía en la capacidad del gobierno como organizador de un orden. Sus iniciativas en campos como la seguridad, el trabajo, las comunicaciones, etc., tienden a esa finalidad. Esa inquietud por ordenar es la otra cara del temor a una «subversión», que el conservadorismo nacionalista, de simpatías fascistoides, identifica en la chusma radical o en la agitación de la izquierda, sobre todo gremial. La configuración de esta agenda, que se produce en un clima ideológico antiliberal y en medio de un ciclo recesivo, tendrá un alcance extraordinario, que nos llega hasta la actualidad.

Bisso cita dos mensajes de Fresco a la Legislatura en párrafos muy expresivos. En el del 5 de mayo de 1936, sostiene: «El extraordinario aumento de la riqueza, del número de habitantes y las facilidades de traslación en la vastedad de su territorio, junto con la formación de grandes centros urbanos cuya población cambiante escapa a los medios habituales del conocimiento, constituyen un serio obstáculo para que la policía pueda desenvolver con eficacia su misión preventiva y represiva de la criminalidad». Y en el del 2 de mayo de 1938 se lee: «Así como perseguimos las agrupaciones ideológicas que, con el pretexto del sindicalismo profesional, fomentan la subversión y los sentimientos antiargentinos, somos decididos partidarios de un sindicalismo sano y responsable. ¡Queremos sindicatos que ostenten con orgullo los colores nacionales y el escudo de la patria, porque estos emblemas no cobijan intereses de clases!».[143]

Esa vocación de Fresco de constituir, en el laboratorio del Gran Buenos Aires, un nuevo tipo de sociedad modelada por el Estado, en la que las libertades individuales fueran relativizadas, explica con mayor claridad el papel secundario que él le asignaba al voto de los ciudadanos. El sufragio, explicó en aquel acto de la plaza San Martín de La Plata en 1938, «cualquiera sea la forma o su extensión, no puede ser la razón última y suprema de la existencia de los pueblos. Será siempre inferior y posterior a la necesidad de vivir, a la de obtener el pan de cada día, el lecho para el enfermo pobre, la instrucción para el analfabeto, el salario justo para las necesidades elementales de la vida y el goce de los bienes terrenales».[144] De nuevo, los derechos sociales deben estar por encima de los derechos políticos.

Entre los rasgos del gobierno de Fresco que caracterizan a toda la experiencia provincial, está su apuesta por la obra pública. En su caso, se justificaba no solo por la confianza en fortalecer su liderazgo resolviendo carencias de infraestructura. También tenía por finalidad la reactivación de una economía afectada por la Gran Depresión. La figura central de este plan fue el ingeniero José María Bustillo. Como a Noble, Fresco lo había conocido como colega en la Cámara de Diputados y lo designó después su ministro de Obras Públicas. Bustillo emprendió un programa muy ambicioso, cuya manifestación más importante fue la remodelación de la rambla de Mar del Plata, con la instalación de sus edificios icónicos: el Hotel Provincial y el Casino, ambos con una reminiscencia, sobre todo en sus entradas, del palacio de El Escorial, en España.

El creador de esas obras monumentales fue Alejandro Bustillo, hermano de José María[145], acaso el máximo arquitecto de la historia nacional. En 1936, comenzó a proyectar la rambla, cuyos trabajos terminaron una década más tarde, con la urbanización completa de la playa Bristol. Al mismo tiempo, diseñó el palacio municipal de Mar del Plata, con una subliminal referencia al Palazzo Vecchio de Florencia. Ese mismo año, Bustillo ganó el concurso para construir el Llao Llao en Bariloche. En 1939, concluyó ambos trabajos y ganó el concurso para construir el Monumento a la Bandera en Rosario. La obra de Bustillo es innumerable, sobre todo en Bariloche. Es difícil determinar cuál fue su máxima creación, pero es indiscutible que la sede central del Banco Nación, frente a plaza de Mayo, es una obra maestra.

La arquitectura de Bustillo hace juego, en su monumentalismo, con las inclinaciones fascistoides de Fresco. El mismo estilo aparece en la obra de otro escultor y arquitecto que trabajó a la sombra del gobernador: Francesco Salamone. Fresco le encargó numerosos palacios municipales del interior de la provincia: entre otros, los de Carhué, Pellegrini, Rauch, Tornquist, Puán, Alberti, Laprida, Gonzales Chaves, Vedia y Pringles. Salamone construyó varios cementerios, siempre en un molde monumentalista, de inspiración art déco. Entre los más impactantes, están el de Azul y el de Laprida, presidido por una cruz que es la segunda escultura más alta de América del Sur, después del Cristo Redentor de Río de Janeiro. En la Capital Federal, Salamone diseñó el edificio que se encuentra en la esquina noroeste de avenida Alvear y Ayacucho.

La arquitectura de Bustillo y Salamone son un indicio de que Fresco imaginaba un proyecto de poder para nada episódico, en el cual la construcción de un nuevo orden social y político iba acompañada de realizaciones simbólicas.

Esa misma ensoñación fue, tal vez, su límite. En poco tiempo, el programa de obras públicas debió ser recortado. La restricción fue una variable dependiente de las tensiones de Fresco con el gobierno nacional. Este juego es interesantísimo y se repite muchas veces. Por citar dos casos: como se puede ver con más detalle en el extenso capítulo final de este libro, el Fondo del Conurbano con el que Duhalde inició su gobernación comenzó a perder recursos a medida que avanzaba su conflicto con Carlos Menem por la sucesión de 1999. Más cerca en el tiempo, el principal conflicto de María Eugenia Vidal con Mauricio Macri se desata cuando el gobierno nacional decide no actualizar, como había previsto, el Fondo del Conurbano votado para Buenos Aires en el paquete legislativo de 2017, aquel que desató una tormenta en la plaza de los Dos Congresos por la sanción de una nueva fórmula de actualización jubilatoria.

Fresco había solicitado a la Legislatura partidas especiales por 102 000 000 de pesos. La suma ascendió a 118 555 000 pesos por reclamos de distintos distritos. Pero las recaídas de la economía y, sobre todo, la negativa de la nación a firmar los avales correspondientes a los empréstitos obligaron al gobernador a suspender las obras en curso.[146]

El de Fresco es un caso muy demostrativo para advertir los distintos frentes de un bloqueo a la consolidación de un poder provincial. Es interesante, entre otras razones, porque es repetitivo. Fresco siempre fue el blanco del recelo de los presidentes con los que convivió. Se trata de Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz, dos radicales antipersonalistas que gobernaban con fragilidades: una coalición que reunía a conservadores, antiyrigoyenistas y socialistas independientes; una fisura en la legitimidad como consecuencia del fraude; una base de poder muy discutible en la provincia. El otro problema para Fresco fue que su liderazgo entraba en contradicción con la cúpula tradicional de su partido, que tenía un carácter, si se quiere, colegiado. La figura clave en la que Fresco siempre encontró una fría desconfianza fue la de Antonio Santamarina, enfrentado a los bonaerenses y, en especial, a Barceló, que fue de un modo u otro el padrino de Fresco. Sin embargo, Barceló, igual que los demás caudillos locales del partido, nunca vio con simpatía las ambiciones del gobernador. Por arriba y por abajo, Fresco estaba sitiado, y la manifestación más evidente de esa situación fue la imposibilidad de construir a su sucesor.

Bisso[147] observa muy bien que Fresco tuvo siempre un talón de Aquiles: la superioridad electoral de la UCR en su distrito. Su llegada y su continuidad debían depender del fraude. Esto lo enfrentó con Ortiz, que se había propuesto un saneamiento de la cultura electoral en Buenos Aires. Ortiz intervino los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia el 7 de marzo de 1940. Las elecciones del 25 de febrero para suceder a Fresco habían sido escandalosas. Había ganado la fórmula Barceló-Edgardo Míguez. La postulación de Barceló había sido inevitable: su peso en la tercera sección, ya convertida en la llave del conurbano, era determinante. El fraude se corroboró el 3 de marzo: ese día se celebraron, con bastante corrección, elecciones legislativas, y se impusieron los radicales con el 55 % La intervención terminó con el sueño de Fresco a la presidencia.

Retirado de la provincia, Fresco renunció al Partido Demócrata Nacional y fundó la Unión Nacional Argentina. Sus ideas se radicalizaron. Tomó distancia del gobierno de la Concordancia, se volvió más nacionalista y antiliberal. Estas definiciones aparecen en Conversando con el pueblo. Hacia un nuevo Estado, una obra en tres tomos, el último de los cuales se publicó el 4 de junio de 1943, es decir, el día del golpe de Estado filofascista que servirá de cuna al peronismo. Fresco agregó una página al último tomo para saludar la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas. «¡El régimen ha muerto!», celebra, y pide «que Dios ilumine a estos patriotas en esta nueva etapa de nuestra historia».[148]

En las páginas de esa obra, aparecen curiosidades reveladoras. Sostiene, por ejemplo, que «la Patria necesita en su gobierno los hombres más capaces y más probos, que encuentren soluciones argentinas a los problemas argentinos». Esa fórmula, muy habitual en Fresco, resuena hasta hoy en el eslogan de Clarín. El libro defiende la neutralidad adoptada por Ramón S. Castillo durante la Segunda Guerra y, al hacerlo, muestra la hilacha de su antisemitismo: «No podría descender jamás al procedimiento judío de hurgar intenciones que disminuyan el significado de la Paz Argentina».[149] Algunos párrafos desentonan con el Fresco previsible. Por ejemplo, uno que elogia a Hipólito Irigoyen [sic] por su política neutral en la Primera Guerra. Todo el planteo es reaccionario, volcado hacia la extrema derecha, de un profundo sentimiento antiliberal:

Implantar la educación religiosa, levantar escuelas, proteger la infancia desvalida, legislar el trabajo con justicia social, trazar caminos, edificar hospitales, aniquilar el auge de la delincuencia, convertir honorablemente la deuda pública e imponer un nuevo orden constructivo, al servicio de la comunidad, en medio de la enconada oposición de una vieja estructura liberal-capitalista, que desde el Gobierno de una provincia no era posible corregir: esa fue mi lucha.[150]

Es útil detenerse en la última frase, que señala la impotencia de un gobernador para tramitar una agenda política con el solo poder que le ofrece la provincia. En ese concepto, está, aunque velada, la tensión entre la nación y el principal distrito, que lleva un recorrido secular. Aparece también, de manera muy poco reconocible, la denuncia y la profecía de Alem: la conformación del Estado nacional deja sin agenda propia a la provincia. Fresco llora el fracaso de una aventura en que imaginó sacar a la provincia de Buenos Aires de ese limbo y dotarla de un poder propio.

En octubre de 1945, se habría reunido con Juan Domingo Perón para expresarle su apoyo para las elecciones de 1946. Su efímero partido quedó subsumido en el peronismo, y él se retiró a practicar la medicina en su casa de Haedo.[151]

La experiencia liderada por Fresco es relevante porque es la primera modulación política y conceptual que se propone responder al ambiente de aceleración demográfica, urbanización e industrialización del conurbano. Es, en ese sentido, una matriz. Los proyectos políticos están inspirados por ideas, por la contradicción de un juego de fuerzas en competencia por el poder, pero también tienen otra determinación: el sector social del que emergen y a la que esperan representar, los problemas a los que deben dar respuesta. El proteccionismo nacionalista de Fresco, la expectativa de preservar el orden entre capas sociales que parecen destinadas a estallar en un conflicto, el imperativo de garantizar, si no la expansión, por lo menos la supervivencia de un entramado industrial imprimen una orientación y un estilo a su liderazgo y al de muchos de sus sucesores bonaerenses. Esa genealogía llega hasta Duhalde y Sergio Massa y se distingue de la de hombres como, por ejemplo, Carlos Menem, que pudo llevar adelante una empresa de desregulación, competencia y apertura, porque se había formado en un noroeste agrario, donde había poquísimo que proteger. Fresco es, en su trazo grueso, un arquetipo.

No hace falta aclarar que, en muchos aspectos, el experimento de Fresco fue un espejo que adelantó al de Perón. Hablaba de una democracia social, «que es anterior y superior a cualquier democracia política». Con un tono de matices religiosos, propio de alguien que se presentaba como defensor de la doctrina social de la Iglesia, sostuvo como pilares «la obtención del pan de cada día, el lecho para el enfermo pobre, la instrucción para el analfabeto, el salario justo para las necesidades elementales de la vida y el goce de los bienes terrenales».[152] Es imposible entender a Perón sin recrear el paso de Fresco por la historia.

6
VILLAS

En el último medio siglo la sociedad argentina ha demostrado una capacidad extraordinaria para crear pobreza. Esa capacidad se sostiene en un factor indispensable: un esfuerzo sobrehumano, o subhumano, por disimular el fenómeno. De vez en cuando, esa destreza entra en emergencia y los pobres irrumpen de un modo u otro en el mundo de los no pobres. No se trata de que esos dos universos estén desconectados. Todo lo contrario. Están entrelazados. No se explican del todo el uno sin el otro. Los que viven sumergidos en barrios o en villas de emergencia tienen una presencia cotidiana entre los vecinos de barrios de clase media y alta, abiertos o cerrados. Son sus empleadas domésticas, los que lavan los autos, el barrendero, el que cartonea por la noche o el que carga con el pedido del supermercado. Sin embargo, esa relación habitual cambia de sentido cuando los pobres irrumpen como un grupo, cuando se pone de manifiesto su masividad. En esas ocasiones, pasan a ser percibidos. Muchas veces, como una amenaza.

Un ejemplo elocuente de esta percepción obnubilada, intermitente, lo ofreció Alberto Fernández. El 26 de mayo de 2020, en un acto celebrado en La Plata, afirmó que «la pandemia deja al descubierto la desigualdad en que vivimos, y a millones de personas a las que el Estado no tenía registradas».[153] La frase no revela un descubrimiento, sino un redescubrimiento. Fernández no desconocía el drama que lo tenía conmovido. Llegó al poder como candidato de un frente cuya principal base electoral se encuentra entre los pobres del conurbano. Lo que él estaba confesando es algo habitual: en la emergencia, las estadísticas se transforman en personas, se materializan e impactan en su dimensión trágica.

La pandemia que se desplegó en 2020 impulsó una de esas irrupciones. El problema médico materializó el contraste social de modo irrefutable. Existen grupos enormes, radicados en áreas muy extensas, para los que la estrategia del aparato sanitario es una quimera. No es un problema argentino. Es universal. Ha habido una discusión muy dura sobre el límite temporal de la cuarentena. Quedó de manifiesto su límite socioeconómico. Las medidas recomendadas por los médicos para preservarse del COVID-19 son impracticables en lugares en los que existen grandes concentraciones de pobreza urbana. Son las kijiji de Kenia, que se llaman johpadpatti en India o gecekondu en Turquía. La pandemia hizo que esta limitación apareciera con una intensidad desconocida en regiones de Asia y en América Latina, donde noventa millones de familias viven en urbanizaciones que, según el país, se llaman favelas, villas, barrios nuevos o cantegriles. No es la región más escandalosa. Según publicó The Economist basándose en datos de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe vive en barrios pobres el 20,8 % de la población; en Asia del Este y el Pacífico, 25,8 % de la población; en Medio Oriente y África del Norte, 28,4 % en el África Subsahariana, 55,2 %; y en Asia del Sur, 30,6 % de la población.[154]

La necesidad de controlar la circulación del virus introdujo en la Argentina, de manera indirecta, la evidencia de que existen cientos de miles de personas a las que no se les puede pedir que se laven las manos con frecuencia, porque carecen de agua corriente y, cada vez que quieren conseguirla, deben caminar más de cien metros. Tampoco pueden aislarse en una habitación, ya que viven de a seis u ocho en el mismo cuarto. La instrucción de las autoridades era encerrarse. Sin embargo, en una villa, el lugar más adecuado para evitar el contagio es el pasillo que se abre entre las casillas o la calle que circunda a toda la barriada. Las pésimas condiciones de vivienda hacen que allí la gente pase todo el tiempo posible al aire libre. Es una peculiaridad interesante, que imprime una marca en el aspecto: la vitalidad. Que también se debe a la cantidad de personas moviéndose a lo largo del día, porque la mayoría de ellas carece de trabajo. «Fue la primera revelación: la comunidad de ocupas era más trajinada que la comunidad legal de al lado. Tenía más vida», describe Robert Neuwirth en su extensísimo testimonio: Shadow Cities.[155] El distanciamiento social es muy problemático en ese entorno.

No es la principal contrariedad que planteó la pandemia. «Apareció» gente que no podía encerrarse, mucho menos aislarse, tampoco higienizarse. Pero, y esto es lo principal, «apareció» gente que no podía estar un solo día sin trabajar. En crisis como la del coronavirus, las estadísticas encarnan en personas con nombre y apellido. Se entiende, entonces, qué significa que el 35 % de la población económicamente activa viva en la informalidad. Se entiende qué significa que dentro de esa legión haya muchísimos individuos que carecen de salario. Viven con lo que ganan en el día. El riesgo de enfermarse es para ellos mucho más relativo que para quien está integrado a la economía formal. Cuidarse de un contagio puede exigir comportamientos que condenen al hambre a la familia.

Con la pandemia, salió a la luz algo que nunca está escondido, pero que no se ve: la presencia de una multitud que vive en condiciones infrahumanas en suburbios interminables. Sobre todo, en el conurbano bonaerense. Gente a la cual la proliferación de la enfermedad convierte en algo peligroso, inmanejable. Una síntesis de esta situación se verificó cuando se detectó un brote de contagios en la Villa Azul, que se extiende entre Quilmes y Avellaneda. No es un barrio tan extenso. En Azul, viven unas tres mil personas. Pero ¿qué se podía hacer? Se las cercó con la policía. Alrededor de mil agentes repartidos en tres turnos. En los pasillos de la villa no se internaba nadie. Los cargamentos de agua y lavandina se dejaban cerca de la sala de primeros auxilios, donde los que presentaban síntomas iban a ser revisados. Un movimiento algo insensato: los vecinos debían ir a buscar el agua al lugar en el que se concentraban los presuntos infectados.

La irracionalidad de todo el cuadro puso al desnudo, con un realismo doloroso, las condiciones inhumanas en que transcurre la vida en barrios ubicados a veinte minutos del centro porteño. Reveló también la incapacidad del Estado frente a esa situación. La decisión de cercar la villa fue escandalosa, sobre todo porque apareció en televisión. Llegó a los medios. Pero cuando eso ocurrió hacía ya semanas que en varios municipios bonaerenses se había decidido, como único recurso, tender un cerco alrededor de los barrios pobres: una práctica que se denominó «aislamiento comunitario», y cuya principal preocupación fue evitar que contagiaran a «los de afuera». En la urgencia, sin que hubiera otro remedio, la salida inmediata fue consolidar una condición que, de por sí, la villa ya tiene: la de gueto. Un gueto tácito, que se vuelve físico, material, cuando aparece un virus. Importa advertir esa aparición más que discutir si es o no una solución. Por supuesto, es una solución falaz, no solo porque se puede practicar en un barrio de pocos miles de personas, sino también porque es imposible alimentar a esa multitud encerrada. Muchos vecinos perdieron el trabajo por inasistencia.

El mismo 26 de mayo, varios periodistas recibimos un mensaje firmado por tres personas de la villa que ofrecían sus teléfonos. El texto era el siguiente:

Los vecinos de Villa Azul de Wilde denunciamos:

La insuficiencia de alimentos suministrados por el gobierno para una familia tipo, tanto en cantidad como en su calidad nutricional.

La falta de elementos sanitarios y de higiene básicos para enfrentar el coronavirus.

La ausencia de testeos masivos para todos los vecinos.

Asimismo exigimos el retiro inmediato de todas las fuerzas represivas y el fin de la militarización de nuestro barrio, ya que nada tienen que ver con nuestras necesidades de salud, sino que nos están tratando como si fuésemos animales enjaulados.

El gobierno debe garantizar inmediatamente la provisión inmediata de jabón, alcohol en gel, lavandina, detergente. De pañales y leche, medicamentos para garantizar la continuidad de tratamientos, frutas y verduras de estación, carnes y legumbres necesarios para una dieta adecuada. Así como también de garrafas suficientes para poder cocinar y calefaccionarnos.

Pero la deficiencia principal del método, que en Azul se aplicó durante quince días, fue que bastaría con que la epidemia decidiera un ataque simultáneo a varias aglomeraciones similares para que no hubiera policía suficiente como para garantizar un cerco.

El episodio de Azul tiene una extraordinaria densidad de significado. Trajo de nuevo a primer plano que hay miles y miles de personas que en el conurbano viven una semivida. Ese drama, que retorna de vez en cuando como si fuera una novedad, esta vez llegó por el lado sanitario. El dato relevante no es que no puedan practicar una cuarentena. Lo que importa observar es que en la vida de todos los días su salud está amenazada. Dicho de otro modo, la pandemia, con sus miedos y sus riesgos, volvió a correr el velo que envuelve a ese territorio ignorado de la pobreza estructural instalado en el Gran Buenos Aires desde hace más de setenta años.

El cerco que tendió la policía alrededor de Villa Azul es, desde otro punto de vista, una metáfora. La indigencia está rodeada de otra valla que la vuelve inaccesible. Es una valla menos obvia, persistente, inmaterial, pero estratégica: la ignorancia. Se sabe poquísimo de la existencia en los barrios más vulnerables. El Estado sabe poco. Las estadísticas son imprecisas. En consecuencia, cualquier política ligada a este problema camina a ciegas. Es un desconocimiento más llamativo cuando se advierte la dimensión del fenómeno.

En ese contexto, debe reconocerse que en agosto de 2016 se puso en marcha el primer Registro Nacional de Barrios Populares (renabap), en el que intervinieron la Jefatura de Gabinete de Ministros de la nación, el ministerio de Desarrollo Social, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Techo, organizaciones sociales representadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, y la Iglesia católica a través de Cáritas. Fue un primer paso. No fue exhaustivo, pero se relevaron los barrios populares de todas las localidades del país con más de diez mil habitantes. Es la aproximación global más fidedigna a la vida de los pobres urbanos.

En renabap ha sido un avance extraordinario hacia un objetivo: la denominada integración sociourbana de los asentamientos y villas. ¿Qué quiere decir? El trabajo para dotar a esos barrios de los servicios e infraestructura elementales para que allí se pueda vivir con un mínimo de dignidad. Es imposible pensar cualquier gestión de desarrollo de esas comunidades si no se lleva su entorno urbano, material, a un piso básico de funcionamiento y contención.

El renabap es una dependencia que colecta información sobre los barrios, algo que es indispensable para cualquier política. Lo primero que se puede observar con ese trabajo es un mapa que releva las villas y asentamientos de todo el país, en especial, del Gran Buenos Aires.[156]

El hito más relevante en relación con esta política fue la sanción de una ley en 2018, la 27 453 de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, por la cual se declaran de interés público las tierras donde se extienden villas y asentamientos; se ordena la expropiación según sea el caso; se otorga la posesión a quienes viven en esos terrenos; se prohíbe su desalojo, etc. Se parte de la hipótesis de que este programa, de gran dimensión y complejidad, está destinado a cinco millones de personas. La ley fue reformada por la 27 694 en octubre de 2022. Se introdujeron algunas innovaciones relevantes. Por ejemplo, fueron incluidas las villas de ciudades de entre dos mil y diez mil habitantes. En la versión original, solo se registraban las de más de diez mil habitantes. Quiere decir que el nuevo padrón consigna la existencia de cinco mil villas con una población de alrededor de cinco millones de habitantes. La reforma motivó la reacción de aquellos que creen que con esta normativa se premia la ocupación ilegal de propiedades privadas. La respuesta de los que defienden esta solución es doble: existe un enorme problema habitacional, que se refleja entre otras cosas en el precio de las tierras, y además se está ordenando un problema que existe desde hace décadas, difícil de resolver por otra vía.

¿Cuánto costaría urbanizar con una varita mágica todas las villas de la Argentina? Sería un ejercicio teórico. La última vez que se hizo fue en 2016. Sebastián Welisiejko, un economista especializado en inversión con impacto social, fue el líder del estudio.[157] Welisiejko llegó a la conclusión de que un proyecto de esa magnitud, que les cambiaría la vida a alrededor de cuatro millones de personas (que era la población de las 4416 villas registradas en diciembre de ese año), demandaría cerca de 26 000 millones de dólares. Según las cantidades incorporadas a la nueva versión de la ley, debería pensarse en un estimado de 32 000 millones de dólares. La mejor manera de entender de qué magnitud estamos hablando es recordar que, en un año muy generoso, el Estado invierte en integración sociourbana de barrios populares unos 60 millones de dólares. Estos se asignan de manera desarticulada, en jurisdicciones que, por lo general, son municipales o a través de movimientos sociales. Tal es la razón por la que los especialistas piensan en la creación de un fondo especial para financiar esa transformación.

Las villas del conurbano reciben la atención del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), realizó un extraordinario trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal, consistente en coordinar iniciativas del sector público para promover mejoras. En la gestión de Axel Kicillof, quien siguió con esa responsabilidad fue Romina Barrios.

En todas las intervenciones en villas que se pueden relevar existe una carencia bastante generalizada que las vuelve demasiado imperfectas: la apertura de calles, que implica vincular esos barrios con el resto del entorno en el que están enclavados, es escasísima. No es una falla secundaria. Supone que se demora o se evita la integración urbana, que es un soporte importantísimo de la integración social. Es la tarea indispensable para que la villa deje de ser un gueto.

Los trabajos sobre urbanizaciones pobres o barrios populares los dividen en dos tipos: asentamientos y villas. En los primeros, la densidad de población es baja y los trazados son regulares. En el último estudio realizado, se establece que la densidad promedio de los asentamientos es de 7269 habitantes por kilómetro cuadrado. En las villas, esa densidad es mucho mayor: 28 351 habitantes por kilómetro cuadrado. En los primeros, la trama es regular, amanzanada, y en los segundos, irregular. Esto determina, entre otras cosas, la accesibilidad, pero también la luminosidad y el aireamiento de las viviendas. Como comenta Robert Neuwirth refiriéndose a las favelas cariocas, las villas «parecen retorcerse hacia el sol, amontonándose en busca de luz y aire. A la distancia, parece no haber calles, ni patios, ni ningún espacio vacío. Toman todo, y hacen que la presencia de la comunidad sea permanente».[158] Estas son más o menos firmes en los asentamientos y muy endebles en las villas. Los asentamientos son casi siempre organizados de manera colectiva. Las villas son el resultado de muchas radicaciones individuales.

El desarrollo de este tipo de barrio es un espejo de la historia económica del país, del deterioro de las condiciones de vida, pero, más que eso, de la velocidad de ese deterioro. El 55 % de villas y barrios populares nacieron antes del año 2000. Allí han estado 631 119 familias. El 26 % data del período 2000-2010. Son 200 150 familias que pasaron a vivir en villas. Un 14 % se estableció entre 2010 y 2013, 83 210 familias. Y entre 2014 y 2016 se registra un 4 %, con 21 477 familias. Es difícil encontrar cifras más recientes,[159] pero sería interesante tenerlas, ya que hay que presumir un crecimiento de la radicación de gente en villas y asentamientos como consecuencia del aumento de la pobreza producido por la recesión posterior a la crisis de 2018.

La asociación entre crecimiento de los barrios vulnerables y deterioro de la situación socioeconómica debe ser relativizada. Entre enero de 2008 y diciembre de 2010, se completaron 1720 209 trámites migratorios. En el mismo período, se habían iniciado 1582 268 trámites. La mayor parte de esas radicaciones corresponde a personas provenientes de países limítrofes o cercanos, como Perú, que llegaron a la Argentina en busca de progreso, aprovechando el ciclo expansivo de la economía que se registró entre 2004 y 2012, o las ventajas de las fluctuaciones cambiarias, con independencia del mayor o menor crecimiento económico. Muchos de ellos se radicaron en barrios populares.

Buenos Aires es la provincia en la que se concentra la mayor cantidad de población en esos barrios. Según cifras de 2018, había 4416 en todo el país, y 1716 estaban en la provincia de Buenos Aires. Se reparten entre 417 villas y 1309 asentamientos. Allí viven 484 045 familias. Es decir, el 52 % de las que habitan en la misma situación en todo el país.

El conurbano es la región donde se extiende gran parte de esos barrios. En 2018, se registraron allí 1585 villas y asentamientos, que alojan a 420 048 familias. Cuando se mira el mapa, estos números se ajustan a la realidad material: muchísimas veces, se distinguen como asentamientos o villas a subdivisiones de conglomerados complejos que constituyen una misma urbanización.[160] Tres municipios concentran la mayor cantidad de hogares vulnerables: La Matanza, con 53 459, Lomas de Zamora, con 51 038, y Quilmes, con 34 409.

La concentración de pobres en el conurbano, cada vez más caudalosa y veloz, es el resultado de una historia nacional. Allí convergen los desequilibrios de la macroeconomía y las crisis productivas que afectaron al interior del país, expulsando a sus víctimas hacia Buenos Aires. Además de la inmigración desde países vecinos, que convierten a la Argentina en una especie de Estados Unidos pobre, un sitio en el que buscan prosperidad quienes se sienten sin destino en su propia tierra. Quiere decir que la expansión de los barrios vulnerables del Gran Buenos Aires se vuelve incomprensible si no se toma conciencia de que existen niveles de pobreza mucho más intolerables que los que se registran en las villas del conurbano. En otras palabras: si se advierten los niveles de miseria que puede haber en zonas semirrurales, se puede comprender que los deprimidos asentamientos bonaerenses sean un destino apetecible.

Ese movimiento migratorio está relacionado con el devenir económico del país y, en especial, con la existencia material de las provincias, sobre todo las del norte. Es imposible entender la vida del conurbano sin escuchar el secular diálogo entre el interior y el puerto. El conurbano, con sus contrastes y sus niveles de pobreza, es un espejo de las dificultades económicas de la historia nacional, pero también de las economías regionales, que desde mediados del siglo XX fueron grandes expulsoras de población. En este sentido, refleja la incapacidad argentina para encontrar una fórmula económica exitosa, pero también revela los problemas específicos del federalismo y las deformaciones de la administración pública. Si se mira bien el Gran Buenos Aires, queda la impresión de que allí, como en un aleph macabro, están condensados nuestros males.

Ruta de una sola mano dirección Capital

Una de las muchas maneras de explicar el conurbano es recordar la peripecia del norte del país. Aquella región, que había sido el centro de gravedad de esta área del Imperio hispánico durante cuatro siglos, entró en crisis por el derrumbe de la minería de Potosí, la corrosión que impuso la guerra de independencia en vidas humanas y capital y, como consecuencia de esa guerra, la pérdida de la salida al mar por el Pacífico para la economía de esa parte del Virreinato. Una vez que terminó esa saga, el noroeste fue desarrollando con timidez una economía bastante autónoma, con intercambio interprovincial. Existe un mito, infectado con algo de paranoia, que afirma que el centralismo porteño fue el resultado de una maquinación del Imperio británico, que diseñó los ferrocarriles privilegiando el puerto. Si se recrean los flujos comerciales posteriores a la independencia, se observa que ese arco productivo que se canalizaba hacia Buenos Aires existía desde antes de la llegada del ferrocarril. El trazado ferroviario corroboró flujos preexistentes.

La existencia económica de aquellas provincias se definió, sin embargo, con un experimento productivo que trazó su destino, tanto en su auge como en su contracción: la industria azucarera. La primera etapa de esa industria ocupa alrededor de cuarenta años. Son los que van desde el establecimiento de los primeros ingenios hasta la llegada del ferrocarril a Tucumán en 1876.

Osvaldo Meloni, a quien debemos excelentes estudios de historia regional sobre el noroeste y el noreste, cuenta que a mediados del siglo XIX «la riqueza de Buenos Aires con relación a las provincias en general y del norte en particular era tan apabullante que no se podía esperar otro resultado que un continuo drenar de mano de obra hacia el puerto y sus aledaños en busca de mejores salarios y ocupaciones». Catamarca, Tucumán y Salta tenían cada una apenas el 4 % de la riqueza de Buenos Aires. Santiago del Estero, el 3 %. Jujuy y La Rioja, el 1 %. «Las migraciones del interior al puerto eran una consecuencia natural de ese proceso. Así lo demuestra el Primer Censo Nacional, en 1869. La población del noroeste argentino representaba el 28 % del total del país, pero entre los económicamente activos, los varones en los tramos de veintiuno a sesenta años, tenían una participación menor al 24 %».[161]

Con la llegada del ferrocarril en 1876, se produjo una revolución. Gracias a ese cambio en el transporte, el costo de una tonelada de equipo para la industria se redujo de 220 a 20 pesos. Entre 1875 y 1881, la inversión en la actividad superó con holgura al presupuesto público tucumano. En esos seis años, la producción azucarera se triplicó y la superficie de caña sembrada se expandió a más del doble: de 2847 a 5405 hectáreas. La operación azucarera se completó con la instalación en 1889 de una refinería en Rosario que permitió la conquista del mercado de Buenos Aires.

La prosperidad tucumana se extendió a Jujuy, otro foco azucarero, y a Salta, que producía azúcar, aguardiente y vino. Este despegue no se generó sin la protección del Estado. La llegada del ferrocarril fue acompañada por la fijación de un arancel de importación del 25 % para proteger el azúcar. El presidente era Nicolás Avellaneda, de origen tucumano. Diez años más tarde, cuando gobernaba Julio Argentino Roca, el establecimiento de la refinería rosarina fue alentado con una garantía del 7 % de la rentabilidad, provista por el Estado nacional.

El auge de la industria azucarera se debió a la decisión de una dirigencia nacional proveniente del noroeste. Esos líderes tendieron una red de protección alrededor de sus provincias, que se verían en desventaja frente a la prosperidad que adquiriría la pampa húmeda, destinada a insertarse en el mercado agropecuario internacional. Y tuvo un efecto demográfico. Tucumán se convirtió en el destino de muchos migrantes de provincias vecinas, sobre todo Catamarca y Santiago del Estero. En 1895, el 20 % de los residentes en Tucumán había llegado desde otra provincia.[162]

En un muy original trabajo sobre historia demográfica, Pablo Gerchunoff e Iván Torre se preguntan por las razones y las consecuencias de esa retención de población que hicieron las economías regionales ligadas a cultivos industriales.[163] La incógnita es si, ausente ese estímulo estatal a actividades como el azúcar en Tucumán o el vino en Mendoza, se hubiera producido un flujo de personas al litoral que habría vuelto menos necesario el caudal migratorio ultramarino. La respuesta es negativa, en especial porque, como ellos demuestran, había muy poca capacidad en la mano de obra criolla para satisfacer la demanda de la agricultura.

Gerchunoff y Torre, igual que Meloni, consignan algo relevante para entender la demografía del conurbano bonaerense. La migración interna hacia ese centro de comercio internacional y, después, de consumo fue bastante tardía. En su trabajo sobre el noroeste, y también en el que escribió sobre el noreste,[164] Meloni explica que, cuando la economía agropecuaria entró en crisis, esas economías del interior fueron asistidas por la protección del Estado más allá de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esa cobertura sería cada vez más insostenible.

Entre 1895 y 1914, el flujo migratorio de las provincias del noroeste iba hacia Tucumán. Entre 1947 y 1960, comenzó a ir hacia el litoral y sobre todo hacia Buenos Aires. En la transición entre ambas etapas, básicamente a partir del gran trauma que significó para la Argentina agropecuaria la crisis de 1930, la industrialización de cultivos se benefició con las políticas de sustitución de importaciones, orientadas al mercado interno.

Meloni indica que la industrialización ligada a la sustitución de importaciones tuvo un movimiento pequeño en el noroeste. Estaba ligada a Altos Hornos Zapla, a la industria del cemento, al petróleo de Tartagal o a la madera santiagueña. Entre 1935 y 1943, el empleo industrial había crecido un 11 %, mientras que en el país lo había hecho un 8 %. Pero el censo industrial de 1964 ya demostraba que ese auge se detuvo. La tasa de crecimiento del empleo industrial entre 1943 y 1964 había sido de 0,1 % anual.

En el noreste, en cambio, hubo un estímulo importante a las industrias maderera y de la yerba mate. Pero la edad de oro llegó con el algodón. Las dificultades para importar que aparecieron durante la depresión de los años treinta potenciaron la producción local de hilados, que además recibió una protección oficial que llegó a aranceles del 22 % a partir de 1931. Como había ocurrido con Tucumán y el azúcar, el algodón no solo mantuvo sino que incluso impulsó un incremento de población alrededor de su industria, sobre todo en Chaco. Sin embargo, hacia los años cuarenta comienzan a multiplicarse las evidencias de que la industria algodonera, igual que la maderera o la aceitera, aunque se habían potenciado, no tenían el dinamismo necesario para absorber la mano de obra que quedaba vacante en el sector agropecuario, entre otras razones por la adopción de nuevas tecnologías. No debe sorprender, entonces, que el censo de 1947 ya muestre un movimiento significativo de gente hacia la Capital Federal y el conurbano. Hasta ese entonces, conviene recordarlo, la demanda de mano de obra de Buenos Aires provenía en especial del interior de la provincia, que protagonizaba su propia crisis agropecuaria.

En todo este proceso migratorio, 1966 fue un año clave. Hubo una producción récord de azúcar, 1211 000 toneladas, que produjo una crisis en la industria por la caída fenomenal del precio. El subsidio a los ingenios se volvió, además, muy exigente desde el punto de vista fiscal. Al azúcar le llegaban las señales de agotamiento que eran visibles en todo el modelo de sustitución de importaciones con subvenciones del Estado. Juan Carlos Onganía intervino catorce de los veintisiete ingenios que había en Tucumán, pero mantuvo los estímulos a la producción de caña. Así, se incentivaba a sembrar más para recibir más subsidio. El desenlace fue una cantidad importante de cierres de establecimientos industriales, con la consiguiente ola de despidos. Meloni consigna que muchos de los treinta mil desocupados que dejó este colapso aprovecharon la indemnización para mudarse al Gran Buenos Aires. En octubre de 1968, la tasa de desempleo tucumana tocó el 12 %. En 1972, se fijaron cupos a la producción y precios para el azúcar y la caña de azúcar, en una política en la que los militares aparecen como precursores de Axel Kicillof. No debe sorprender: en muchos lugares de América Latina —⁠el más eminente es Brasil⁠—, la visión de la economía aproxima muchísimo al nacionalismo militar con los movimientos de izquierda.

La asfixia a los subsidios del interior no se debió solo a las crisis propias de esos sectores productivos. Para mediados de la década del sesenta, ya era evidente el costo fiscal que tenía la política desarrollista. La idea de establecer industria pesada e industria automotriz, que son grandes consumidoras de capital, obligaba a un gran esfuerzo del Tesoro, sobre todo en el primer rubro, que es donde el Estado estuvo más comprometido. Esa exigencia llevó a los gobiernos de esos años a cuestionarse la conveniencia de mantener las subvenciones a las industrias provinciales, centradas en el procesamiento de cultivos.

La confluencia de la contracción agropecuaria que afectó a la pampa húmeda con las crisis de las industrias subsidiadas del interior explica el auge demográfico del conurbano bonaerense, sobre todo a finales de los años sesenta. Ese aumento se produjo en un marco general de urbanización. La población de las grandes ciudades pasó, entre 1950 y 1970, del 62,2 % al 79 %. Los censos indican que el 60 % del destino de los migrantes era el Gran Buenos Aires.

Hay que poner la lupa en un rasgo importante de esta dinámica. La urbanización coincidió con un incremento de la industrialización. Pero esa industria que se expandió no absorbió, ni de lejos, la mano de obra que quedaba desocupada en el sector agropecuario o en las actividades productivas del interior. Veámoslo en números. Los años que van de 1960 a 1970 son los de un gran momento industrial. Ese sector tuvo un incremento anual del 6,1 %. Pero el empleo industrial apenas creció: fue del 0,4 al 1,7 % de la población económicamente activa. Si se observa un rango más amplio de años, 1947-1970, el empleo industrial permanece estable, pasando del 23,9 % al 23,7 %. En cambio, el terciario va del 45 % al 53,5 %. Y se duplica el empleo en la construcción: del 4,8 % al 8,6 por ciento.[165]

Estamos, entonces, frente a una dimensión esencial del proceso de formación del conurbano y, más todavía, del proceso de pauperización del conurbano. La urbanización estuvo asociada a la industrialización, pero esta última no produjo un salto en los niveles de empleo. Conviene ahora incorporar otras dos variables a la explicación. Una de ellas es la respuesta que dieron las provincias, en especial las del norte, a la crisis de sus actividades industriales: hubo un aumento notable del empleo público. Esa tendencia continúa y ha convertido al Estado en el que asigna con el trabajo estatal un seguro de desempleo. En 1965, el noroeste tenía un gasto por habitante un 1 % menor que el promedio nacional; cinco años más tarde, era un 5 % mayor; en 1975, lo superaba por el 54 %. El sector privado se asfixiaba cada vez más, produciendo un mayor desempleo, lo que convertía al Estado en «empleador de última instancia».[166]

Esta estrategia, por llamarla de algún modo, está facilitada por otra práctica: la distribución de los ingresos fiscales. Meloni se detiene en este problema en sus dos artículos: las leyes de coparticipación han conseguido que en muchas provincias los ingresos no guarden relación directa con la actividad del lugar. Por lo tanto, la sociedad tiene un control mucho más condescendiente sobre el gasto, porque los fondos con los que se solventan esos gastos provienen en una proporción muy alta de la nación. ¿Qué relación tiene esto con las migraciones hacia el conurbano? La siguiente: este manejo de los recursos del Estado en el norte del país ha derivado en una caída dramática de la inversión en infraestructura. Buena parte de la expulsión de gente hacia el conurbano se explica por las condiciones en las que viven los pobres en muchas provincias. Quiere decir que allí se ha ido expandiendo, con el paso de las décadas, no solo el desempleo, sino también la bajísima calidad de los servicios, cuando los hay.

Hay otro factor que permite esbozar la deprimente sociología del Gran Buenos Aires: los años dorados de la agroindustria del norte no estuvieron acompañados de un esfuerzo educativo. En 1914, el 46 % de los chicos de 6 a 14 años no iba a la escuela. Esta deficiencia, que se mantuvo a lo largo de las décadas, ilumina muy bien el presente. La migración del interior hacia los alrededores de la Capital Federal se hizo intensa a partir de los años setenta. La industria que prosperaba en ese ciclo, con la siderurgia y la fabricación de autos en su centro, reclamaba mano de obra calificada. Los provincianos que llegaban a Buenos Aires no tenían, en su mayoría, la capacitación suficiente como para satisfacer esa demanda. Se incorporaron a la gran ciudad como obreros de la construcción, la gastronomía o los servicios domésticos. Es decir, en sectores de bajos ingresos, que son, como es obvio, los más vulnerables a las crisis.[167]

El espejo al que nadie se quiere asomar

El conurbano bonaerense es una reducción a escala de la dinámica socioeconómica nacional. Es la región donde se expresa con mayor nitidez la dramática travesía material de la Argentina contemporánea. No es la que registra las peores condiciones de vida, pero sí la que sufrió un mayor deterioro a lo largo de los años. Y, en especial, la que más defraudó las expectativas que había sobre ella. Es decir, la que menos se parece a lo que se esperaba que fuese.

La pobreza allí ha ido en ascenso. Cuando disminuyó, fue solo para asentarse en niveles anteriores a los grandes picos. Fue la experiencia de la recuperación posterior al 2001, por ejemplo. La desigualdad se fue ampliando crisis tras crisis de manera escalonada.

El coeficiente de Gini, que mide desigualdad en ingresos, pasó de 0.344 en 1974 a 0.487 en 2006.[168] En el segundo trimestre de 2022, según el INDEC, era de 0,414. En el período correspondiente a la dictadura militar, esa brecha creció más rápido: de 0.344 en 1974 a 0.430 en 1981. Los noventa, aun cuando fueron años de crecimiento, registraron otro salto: de 0.452 en 1992 a 0.507 en 2000.[169] La tendencia a la desindustrialización de esa etapa afectó en especial al Gran Buenos Aires.

Para advertir ese fenómeno hay que detenerse en un número llamativo que acaba de pasar delante de los ojos del lector: 0.344, el coeficiente de 1974. Esa cifra está diciendo que para aquel año la Argentina tenía el mismo nivel de integración social que Francia. Hoy se parece a Perú, que a comienzos de los años setenta tenía un índice de 0.55.

En el lapso que va de los años ochenta a los noventa, el Gran Buenos Aires exagera algunas características de la declinación social de todo el país. Aumentó el sector informal, pero al mismo tiempo lo hizo el cuentapropismo, es decir, el empleo no asalariado. Esta tendencia se explica por la caída del salario, que obligó a buscar nuevas fuentes de ingreso. El trabajo informal, carente de cobertura social, se expandió entre octubre de 1980 y octubre de 1990 al 2,8 % anual. El cuentapropismo lo hizo al 2,4 % anual. Estos números cobran su verdadero significado cuando se los compara con el 1,4 % de expansión de los empleos asalariados y el 0,2 % del empleo formal. Se reproducen en el área metropolitana, entonces, las propensiones de la economía nacional: antes de que llegara la gran recesión de 1998, y su pico más doloroso, el colapso de 2001, la región, vista en términos de integración social, ya había descendido durante mucho tiempo.[170]

El trabajo en negro tiene además una relación directa con la falta de educación formal. En 1991, el 40 % de los empleados informales del Gran Buenos Aires no había completado la primaria. En cambio, entre los que se habían graduado en la universidad, la proporción caía al 11 por ciento.[171]

Existen partidos del conurbano en los que la pobreza crónica es más intensa, donde las cifras de educación se vuelven alarmantes. En las últimas estadísticas referidas a municipios con índices elevados de pobreza, se enciende una luz colorada en una variable estratégica para la cronicidad de la miseria: se eleva mucho la proporción de niños y jóvenes que tienen entre 6 y 17 años que no van a la escuela. Sobre el total de la población, en General Rodríguez son el 6,75 %; en Pilar, el 5,87 %; en José C. Paz, el 5,57 %; en La Matanza, el 5,05 %; en Escobar, el 5,3 %; en Echeverría, el 4,94 %; en Ezeiza, el 4,83 %; en Merlo, el 4,82 %, y en Malvinas Argentinas, el 4,59 %. La falta de escolaridad en la edad en que ir al colegio es obligatorio es más elevada aún en las comunas con peores índices de pobreza crónica. En Marcos Paz, es del 7,18 %; en Presidente Perón, del 6,54 %. Florencio Varela presenta una proporción no tan dramática: 4,99 por ciento.[172]

En los últimos años, el paisaje social se ha vuelto más sombrío, y todavía es incierto con qué nos encontraremos cuando la recesión ligada a la pandemia haya terminado de hacer su trabajo. Veamos la radiografía que ofrece Alejandra Beccaria en un trabajo de 2017 sobre la pobreza en esta región.[173] Ella la considera en términos de ingresos, es decir, como la imposibilidad de una persona de adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Según ese criterio, de los alrededor de 11 800 000 habitantes que había en esa zona, cuatro millones eran pobres: un 34 %. Lo más inquietante es que la mitad está constituida por niños o adolescentes menores de 18 años. Los varones pobres son menos que las mujeres pobres: 35 % contra 33 %. Pero quienes viven en hogares encabezados por una mujer suelen ser más pobres que los que viven en uno encabezado por un hombre. La diferencia es notoria: 39 % contra 31 por ciento.

Como se consignó más arriba, uno de los fenómenos que signaron el debilitamiento de las condiciones sociales a partir de los años noventa fue que la desocupación se hizo cada vez más visible entre los jefes y jefas de hogar. Allí la pobreza se dispara: en el conurbano, llega al 71 % en hogares que se encuentran en esa situación. También es alta, aunque no tanto, la pobreza en hogares presididos por un trabajador informal: 49 por ciento.

En un universo más sufrido que el de los pobres, se encuentran los indigentes. Es decir, aquellos con recursos insuficientes para adquirir alimentos que superen un monto mínimo de proteínas. Para decirlo con mayor claridad: casos de personas que están al borde del hambre o sumergidas en él. El estudio de Beccaria ubica esa pobreza extrema en 7 % de la población total del conurbano. El 11 % de ese grupo son niños o adolescentes menores de 18 años. Este nivel de penurias modifica las proporciones de la pobreza por ingresos: es más alto entre los hombres (7,3 %) que entre las mujeres (6,8 %), pero sigue siendo menor en hogares presididos por un varón (4,3 %) que por una mujer (11,3 %).

La cuantificación de la pobreza es, desde hace décadas, motivo de debate académico. El criterio más habitual es el que sigue Alejandra Beccaria: pobre es aquel cuyo ingreso no le permite acceder a una canasta mínima de bienes y servicios. Gasparini, Tornarolli y Gluzmann analizan esa categoría y la comparan con otras dos, que también desarrollan: la pobreza multidimensional y la pobreza crónica. Ambos conceptos mejoran la percepción del mundo de los pobres, porque no los definen solo por el nivel de ingreso. Se puede ser pobre con un ingreso suficiente, pero se tienen otras carencias relevantes, como la del acceso a la salud, la educación o la infraestructura. Es la idea que está detrás del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

La pobreza estructural está ligada a otra variable: el tiempo. El pobre estructural es el que ha pasado su vida en la pobreza, el que casi seguro se la transmitirá a sus hijos, alguien que no supera sus penurias aunque la situación económica general mejore. Los pobres estructurales dejan de ser pobres si se benefician con algún plan de intervención pública muy eficiente, o si se produce una especie de milagro económico por el cual se incorpora al mercado de trabajo gente que en condiciones habituales no está capacitada para hacerlo. Esta clasificación requiere de información muy difícil de conseguir en la Argentina: datos sobre la situación de las personas a lo largo de años y, tal vez, décadas. Allí radica la dificultad para obtener una imagen del fenómeno que sea más que una aproximación.[174]

Si se observa el conurbano bonaerense a la luz de estos parámetros, se advierte con más detalle la inquietante situación social de ese paisaje. Como venimos insistiendo a lo largo de estas páginas, una de las dimensiones del problema es la falta de información para estudiarlo. Existe un apagón estadístico que sirve de maravillas a una gran operación de ocultamiento. Por suerte, ese apagón no es absoluto, y podemos movernos en una incómoda penumbra. Para detectar el panorama de la pobreza en el área que circunda a la Capital Federal, recurriremos a un muy buen instrumento, del que salieron también las cifras de escolaridad, que es el «Mapa de la pobreza crónica», elaborado en asociación por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El mapa examina la pobreza crónica en treinta partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Escobar, Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Isidro, San Fernando, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Para esos partidos, establece cuatro niveles de pobreza crónica: bajo, moderado, alto y muy alto. Esta clasificación expone, para comenzar, los contrastes sociales que caracterizan al conurbano, para mostrar los casos extremos. En Vicente López, el porcentaje de pobres crónicos es de 1,38, mientras que en Presidente Perón es de 17,49.

Seis partidos exhiben un nivel de pobreza crónica bajo. Es decir, con un porcentaje inferior a 5. Son Avellaneda, Ituzaingó, Morón, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López.

La cantidad de personas condenadas a la pobreza hace juego con otros indicadores que contempla este mapa para detectar necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, en San Fernando solo el 2,41 % de los vecinos vive en viviendas deficitarias, es decir, ranchos, casillas, casas con piso de tierra, carente de agua corriente en su interior o de inodoro con descarga de agua. En Vicente López, el 2,98 %; en San Isidro, el 4,83 %; en Morón, el 5,95 %; en Tres de Febrero, el 6,32 %, y en Ituzaingó, el 9,84 por ciento.

Si se observan otras variables, se confirma que estos seis partidos no presentan una situación social dramática. Por ejemplo, si se contempla la cantidad de hogares en los que viven más de cuatro personas por habitación. Es decir, lo que se consigna como porcentaje de hacinamiento crítico. En Vicente López, esos hogares no llegan a ser el 1 %: 0,71 %; en Morón, el 1,3 %; en San Isidro, el 1,35 %; en Tres de Febrero, el 1,89 %; en Ituzaingó, el 2,2 %; en Avellaneda, el 2,19 %. Estos municipios son los que presentan menos carencias de un servicio crucial para medir el nivel de desarrollo humano: el tendido de la red cloacal. En Vicente López, solo el 2,83 % de los hogares carece de ese servicio; en Tres de Febrero, el 18,44 %; en San Isidro, el 18,95 %; en San Fernando, el 22,33 %, y en Avellaneda, el 32,67 %. Ituzaingó se separa del grupo: a pesar de tener un bajo nivel de pobreza estructural, el 91,58 % de los hogares no cuenta con cloacas.

Hay otro grupo de distritos en los que el número de personas cuya salida de la pobreza es casi imposible va del 5 al 10 %. Es lo que el mapa denomina nivel de pobreza crónica moderado. Allí se ubican Hurlingham, cuyos vecinos sumergidos en la pobreza son el 5,10 %; Lanús, con el 5,41 %; Quilmes, con el 8,95 %; Berazategui, con el 9,15 %; Almirante Brown, con el 9,25 %; Lomas de Zamora, con el 9,40 %, y Malvinas Argentinas, con el 9,43 por ciento.

Los demás indicadores sobre necesidades insatisfechas se alinean con el índice de pobreza crónica. Los vecinos que viven en ranchos o en casas con piso de tierra se acercan o superan el 10 %. En Lanús son el 9,38 %; en Hurlingham, 12,45 %; en Berazategui, el 16,41 %; en Quilmes, 17,16 %; en Lomas de Zamora, el 19,46 %; en Almirante Brown, el 23,26 %; y en Malvinas Argentinas, el 26,01 %. En estos dos últimos partidos, el número de personas que pasa su vida en viviendas deplorables equivale o supera del de distritos con niveles de pobreza estructural más elevados, como La Matanza o Marcos Paz.

Indicadores de pobreza estructural en el conurbano

Fuente: «Mapa de la pobreza crónica», CIPPEC, PNUD, ODSA-UCA y CEDLAS-UNLP.

Las personas que viven hacinadas tienden a ser más numerosas en estos partidos. Las excepciones son Lanús, donde los hogares en los que viven cuatro o más familiares por cuarto no son más del 2,8 %, Hurlingham (2,89 %) o Quilmes (3,85 %). En Lomas de Zamora, son el 4,06 %; en Berazategui, el 4,6 %; en Almirante Brown, el 4,37 %, y en Malvinas Argentinas, el 5,2 por ciento.

La carencia de red cloacal es despareja en este grupo de municipios. En Berazategui, es solo del 33,03 %; en Quilmes, del 40,42 %; en Lanús, del 62,19 %; en Lomas de Zamora, del 69,11 %, pero en Almirante Brown se dispara al 84,01 % de casas sin ese servicio; igual que en Hurlingham, donde esa carencia llega al 88 % de los hogares, o en Malvinas Argentinas, con el 97,92 %, una proporción que excede aun a aquellas zonas con elevados niveles de pobreza.

Hay diez partidos del conurbano en los que la proporción de personas condenadas a vivir en condiciones indignas va del 10 al 15 %. Son Escobar (10 %), Echeverría (10,26 %), Merlo (10,53 %), San Vicente (10,53 %), La Matanza (10,66 %), Pilar (11,31 %), José C. Paz (11,39 %), General Rodríguez (11,44 %), Moreno (12,35 %) y Ezeiza (12,44 %).

Las condiciones de vida de esos vecinos son pésimas y, se presume, lo seguirán siendo por mucho tiempo. Por ejemplo, por lo menos una de cuatro personas habita en ranchos o casillas. En Ezeiza, el 35,24 % de los vecinos no cuenta con una vivienda digna; en José C. Paz, el 33,7 %; en Moreno, el 32,04 %; en General Rodríguez, el 31,17 %; en San Vicente, el 28,89 %; en Merlo, el 28,22 %; en Escobar, el 25,42 %; en Pilar, el 25,47 %; en La Matanza, el 24,9 %, y en Echeverría, el 24,81 por ciento.

En estos diez municipios, también son más numerosos los hogares en los que en una misma habitación deben vivir cuatro personas más. En Ezeiza, el 7,26 %; en San Vicente, el 6,74 %; en Moreno, el 6,46 %; en General Rodríguez, el 6,08 %; en Pilar, el 5,98 %; en José C. Paz, el 5,88 %; en La Matanza, el 5,88 %; en Echeverría, el 5,32 %; en Escobar, el 5,22 %, y en Merlo, 5,03 por ciento.

La falta de obras de saneamiento cloacal también es más notoria en estos partidos. En general, más de la mitad de los vecinos no cuenta con ese servicio. En José C. Paz, es el 94,04 %; en Escobar, el 84,27 %; en Ezeiza, el 83,41 %; en Pilar, el 82,59 %; en Moreno, el 81,1 %; en Merlo, el 79,41 %; en General Rodríguez, el 73,04 %; en La Matanza, el 54,47 %, y en San Vicente, el 52,27 por ciento.

Hay tres municipios donde la pobreza crónica se vuelve todavía más preocupante: Florencio Varela, Marcos Paz y Presidente Perón. Allí, el nivel es, en la categoría del mapa que estamos recorriendo, muy alto. Es decir, la población que está atrapada por condiciones de vida muy difíciles es en Varela del 15,23 %, en Marcos Paz del 15,52 % y en Presidente Perón del 17,49 por ciento.

En Varela, el hacinamiento afecta al 7,33 % de las familias. Y el 34,35 % de los vecinos vive en ranchos, casillas o casas con piso de tierra. En Marcos Paz, los hogares donde cuatro o más personas comparten habitación son el 6,85 %, y los que ocupan viviendas deficitarias, el 22,91 % de la población. En Presidente Perón, las familias hacinadas son el 9,23 %, y los que habitan en ranchos o casas muy humildes, el 40,82 %. La falta de red cloacal es notoria en Florencio Varela (72,83 %) y Marcos Paz (69,76 %), pero en Presidente Perón es alarmante: el 98,21 %. Casi nadie tiene servicios de saneamiento. Es un caso similar al de Malvinas Argentinas, que se trata de un municipio con un grado moderado de pobreza crónica.

Para los que viven en los barrios más vulnerables, la falta de red cloacal es una pesadilla permanente. En Villa Azul, la que se hizo famosa por el brote de coronavirus, conocí a una mujer, Cintia, de unos 35 años, que lidera una cooperativa encargada de organizar el destape cloacal y drenaje de los pozos ciegos de las casillas. El camión y el chofer son contratados por el Estado. Cintia ordena el cronograma de visitas, asiste al camionero y extiende, con su grupo, las mangueras. Cobra con «cupos», que son salarios sociales complementarios. No los recibe de manera directa del Estado, sino que depende de la agrupación La Dignidad, que ha tenido un gran desarrollo en el conurbano en los últimos años. Es interesante lo que hace Cintia con la tarea de saneamiento cloacal. Ella le «inventa» un trabajo al beneficio que recibe del Estado. Lo convierte en algo parecido a un salario. A Ariel Wilkis le encantaría esta historia, que encarna lo que él llama «dinero militado».[175] Las estadísticas sobre servicios cloacales son abstracciones de una mortificación crucial: si el pozo ciego no se desagota cada veinte días, comienza a filtrar hacia la red de agua.

Villa Azul está al borde del Acceso Sudeste. Se inunda todo el tiempo por la falta de desagote. «Los chicos toman el agua turbia o con basura. Ya están acostumbrados, aunque a veces tienen diarrea», cuenta Cintia con naturalidad. Azul es una materialización de la irracionalidad política. Está encabalgada entre Avellaneda y Quilmes. El intendente Jorge Ferraresi urbanizó la parte de Avellaneda y provocó un contraste impactante con la parte de Quilmes, que quedó con la degradación tradicional. Cuando se refería a esta villa para hablar de la pandemia, Alberto Fernández enfatizaba esa diferencia. Tal vez suponía que se debía a que Quilmes había estado, hasta hacía pocos meses, bajo el mando de Martiniano Molina, de Propuesta Republicana (PRO). Pero las obras se habían lanzado mucho tiempo antes, cuando los quilmeños eran gobernados por Francisco Gutiérrez, tan kirchnerista como Ferraresi. La precisión no pretende exculpar a Molina, que no será recordado como un genio de la administración. Se trata de poner en evidencia que hay problemas notorios de coordinación aun entre dirigentes de la misma facción política.

El hacinamiento es otro calvario que las estadísticas no alcanzan a reflejar. En la villa Costa Esperanza, en el partido de San Martín, una muchacha joven, que debe lidiar con la obesidad, contaba en febrero de 2020: «Alquilo por 6000 pesos, a veces 5500, a veces 7000. Una pieza de dos por dos, con cocina adentro. Un solo ambiente, con un baño separado, que se inunda, y mis chicos caminan sobre la porquería que sale del baño. No te admiten alquilar si es con más de un chico».[176] Este pequeño testimonio aclara que hacinamiento no significa bajo costo.

La pelea por espacio es eterna y permanente. Y la calidad de la vivienda establece jerarquías y denominaciones. La villa Carlos Gardel no es una villa en sentido estricto. Es un sistema de monoblocks de pocos pisos. A cada departamento se accede por una plataforma. El deterioro del complejo hace que los vecinos lo llamen villa. Esos vecinos viven en lo que se denomina, por lo común, villa, pero como consiguieron escriturar sus terrenos ya no la llaman así.

Consumo, transas y soldaditos: la gran expansión

En Villa La Cava, de San Isidro, conocí a Jorge Ignacio García Cuerva en 2017. Era el cura del lugar. Ahora es obispo de Río Gallegos. García Cuerva había vivido en La Cava entre los años 1997 y 2005 y a partir de 2011. Según él, las familias originarias del barrio tuvieron una etapa de ascenso, después se estancaron y luego comenzaron a padecer una aguda degradación en su calidad de vida. García Cuerva no lo atribuye solo a factores económicos. Las condiciones físicas en las que se sobrevive en una villa, centradas sobre todo en el hacinamiento, desencadenan una dinámica de decadencia que tiene su propia lógica. El sacerdote explica:

El hacinamiento es un modo de vida que deteriora mucho a la persona. El ser humano no fue creado para vivir en una isla. Pero tampoco para vivir con otras ocho personas en una sola habitación. Además de no haber intimidad, se producen problemas graves para el desarrollo personal. Hay chiquitos, por ejemplo, que tardan mucho en aprender a caminar por carecer de espacio. Van agarrándose de la cama a la mesa, sin soltarse. Hay chicos que no saben comer en una mesa, porque no tienen mesa. Han comido siempre sobre la cama. Entre los adultos está el problema de la sexualidad, que no se ejerce con libertad también por la falta de espacio. En un lugar de la habitación vive una pareja con sus hijos y, del otro lado de una sábana que cuelga a modo de cortina, vive la madre de uno de ellos con otro hijo que trajo a la novia que ya no quería vivir en su casa.

No debería llamar la atención que esas condiciones estén acompañadas por una agresividad más o menos permanente. Es mejor ver pasar el tiempo en casas precarias, muchas veces de chapa, que salir a la calle. Porque no hay calle. Hay pasillos casi intransitables. La zona más baja es aún más tóxica. Pozos ciegos que explotan, desagües contaminados que llegan desde los terrenos más altos y un eterno problema de suelos por la emergencia de la napa freática.

Que en vidas como esas prosperen los narcóticos es bastante comprensible. La novedad de los últimos diez años es la expansión del consumo. García Cuerva explica una de sus razones: «La droga enamora. Las campañas oficiales que pretenden combatirla alertando sobre el daño que produce no entienden el fondo del problema. Para que un chico que vive sumergido en la miseria decida abandonar la droga, debe encontrar un proyecto de vida más atractivo».

Uno de los fenómenos que ha aparecido en los últimos años es la exposición del negocio a la luz del día. A los que venden, los transas, se los conoce por nombre y apellido. Tienen sus puntos de expendio, atendidos por subordinados, dentro de casillas o en algunas paradas. Esos distribuidores son, en muchísimos casos, mujeres. Y están escoltados por un pequeño ejército de soldaditos: preadolescentes que, por no alcanzar la edad de imputabilidad penal, son utilizados por los narcos como colaboradores, sobre todo para avisar si llega la policía. Aunque es difícil que llegue, porque el narcotráfico tiene en el conurbano una amplia protección policial.

El transa suele ser odiado, aun por sus clientes. Aunque ya no vivan allí, suelen tener su casa, casi siempre ostentosa. Se los conoce bien y a menudo se los repudia. Es habitual que las viviendas de los narcos sean atacadas por grupos integrados por quienes consumen drogas. El aumento del tráfico aumentó la violencia. En La Cava, ha habido movilizaciones de los vecinos en repudio por la muerte de jovencitos que fueron víctimas de alguna balacera. Una de ellas, a fines de 2016, terminó en el funeral del chico asesinado. En medio de la ceremonia, apareció el hijo de uno de los reconocidos dealers de la villa y, vestido con traje blanco y sombrero Panamá, se abrió paso entre los amigos del muerto para arrojar un enorme ramo de flores sobre el féretro. Enseguida se fue, dejando una estela de asombro e indignación. El joven se llama Brandon, es hijo de «Pode», uno de los dos transas de La Cava. El otro mayorista es «Cacha» o «Cachamay». Ambos viven de ese comercio desde hace veinte años.

Esta historia de La Cava se repite, con variaciones, en todos los barrios populares del conurbano. Después de caminar doscientos metros desde el borde de Villa Libertador, en San Martín, junto al Camino del Buen Ayre, vi un cartel que colgaba sobre un poste. Unas letras defectuosas decían: «Tranza. Tus hijo van a ser más drogado que todos. Sabes todo vuelve. Todo vuelve».

La expansión del consumo y la venta de drogas están produciendo una transformación impresionante entre los más pobres. En La Cava conocí a un muchacho de unos cuarenta años que me mostró, orgulloso, su camino de recuperación de una pesadilla. «Una noche estaba en casa, totalmente drogado, con un amigo y mi sobrino. Comenzó una discusión con mi sobrino y me puse muy loco. Saqué el fierro y se lo puse en la cabeza. Por suerte mi amigo me paró. Al día siguiente me prometí curarme. Me había caído la ficha de que casi mato a mi propio sobrino. Fui a un centro de recuperación, donde conocí a mi señora, que también estaba en lo mismo. Ahora tengo una familia». Este hombre, que tiene como sobrenombre el apellido de una estrella de fútbol de los años setenta, explicaba así su drama: «En ese centro descubrí que podía ser hombre sin drogarme. Pude terminar con el ejemplo de mi papá, que me enseñó, sin darse cuenta, que el que más tomaba era el más macho. Me hacía tomar vino a los ocho años». Después se refirió a su sobrino: «Él no cambia. Se sienten valientes y salen de caño todas las semanas. No es porque les falta plata. Es porque se sienten más. Yo ya no puedo rescatarlo. Algún día aparecerá muerto, pobrecito…».

Este muchacho contaba su historia con neutralidad emocional. Casi exageraba que parecía el curso normal de una vida en esas circunstancias. Solo lo vi vibrar con otro relato cuando se remontó a su infancia para recordar el día en que su familia debió cargar sus cosas en un camión para ser trasladados de una villa porteña a otra del Gran Buenos Aires. Es esa, y no otra, la imagen para la que no encuentra consuelo.

De la charla con ese hombre me impactó lo más obvio. Lo que no me debería haber impactado: que estaba contando la historia de un ser humano que, modificadas muchas situaciones, podría haber sido la mía. Me impactó, insisto, lo más evidente: que éramos iguales. Subrayo esta impresión porque, en su extrañeza, es tal vez la más difícil de obtener. Y allí radica, en un ellos y un nosotros que parece insuperable, la médula de la problemática relación que tenemos los que no somos pobres con los que viven sumergidos en la pobreza.

Esa cristalización del otro, del pobre, no es una situación sino una «naturaleza», se reproduce en todas las escalas. Es fácil de percibir en el campo educativo. Con toda naturalidad una maestra puede decir: «¿Qué vas a esperar de Fulanito si es hijo de Menganito?». Se constituye así una visión condenatoria del pobre. ¿Condenatoria a qué? A la pobreza. Como si ya no fueran siquiera una clase social, sino un tipo humano ontológicamente diferente.

En Itatí se registra con la droga un drama semejante al que describen en La Cava. Solo que allí reina el paco, no la cocaína. La franciscana Bea explica por qué el consumo y la transa modificaron la sociabilidad de la villa. Comenzó a haber inseguridad: pobres que roban, hieren o matan a pobres. «El cambio más importante —⁠dice Bea⁠— es que ahora hay mucho robo. Antes podías dejar un par de zapatillas en un callejón, o la ropa colgada, que nadie te la iba a quitar. Hoy hay robo porque muchos necesitan dinero para comprar la droga».

Como cuentan en La Cava, en Itatí el consumidor de paco está estigmatizado. Paquero es un insulto. Y el peor agravio es: «Tu madre es transa». El avance de la droga cambia los hábitos de vida. Bea cuenta: «Hay mujeres que ya no pueden abandonar su casa, porque tienen que estar cuidando a su hijo o a su hermano, que les roba para poder comprar el paco. Otras encontraron en ese negocio un nuevo oficio. Conozco una cartonera, ya mayor, que dejó de cartonear y se gana la vida cuidando el “bolsito”. Es decir, una pequeña cantidad de droga que le deja el narco por si la policía le cae en su propia casa. También se roba más porque hay que pagar los abogados».[177]

Entre las nuevas «profesiones» que florecen con el tráfico, está la de «soldadito». A los chicos que comienzan a consumir, se les paga con droga para que se conviertan en soldaditos, vigilantes que cuidan el negocio de los dealers. Algunos consumen menos para estar lúcidos durante ese trabajo.

La venta de drogas a la luz del día y con narcos identificados no podría ocurrir sin la complicidad y a menudo la participación de la policía. Esa connivencia se ha vuelto visible y desata a veces la furia. En octubre de 2013, Enzo Ledesma, de 14 años, murió por el disparo de un arma de fuego en José León Suárez. Familiares y amigos atacaron la comisaría 4.ª de San Martín, porque acusaban a los agentes de la bonaerense de encubrir a los narcos que habían cometido el crimen.

«El barrio está lleno de transas. El comisario me dijo que lo apuñalaron, pero a mi hijo le metieron dos tiros. La gente está cansada»,[178] denunció Juan Enrique Ledesma, el papá de Enzo. Contó que el comisario de la seccional le había dicho que su hijo había muerto apuñalado, cuando en la autopsia se demostró que fue por dos balazos tirados por la espalda.

Una tarde de viernes, en julio de 2019, visité la villa San Petersburgo. Allí, un funcionario del gobierno provincial me mostraría lo que se estaba haciendo en la lucha contra el tráfico de drogas. Caminamos por el laberinto de pasillos y salimos a un pequeño descampado. Ahí había, sentados a la sombra de un arbusto, unos adolescentes haciendo nada. Mi guía los saludó. Cambiaron unas palabras sobre un tal «Potro», que había sido internado. A metros de allí, había un letrero instalado por los funcionarios que decía: «Búnker recuperado del narcotráfico». Seguimos caminando hasta la casa de Mabel. Ella era la hermana del Potro y desde hacía tiempo venía trabajando con su esposo, al que llamaban «Chancho», en la venta de drogas. Los roles estaban bien determinados. Chancho vendía la droga. Potro manejaba «los fierros». Mabel era «isa», es decir, avisaba sobre la proximidad de la policía.

Llegamos a la casa de Mabel. Era poco más que una tapera, de chapa y cartón, con dos cuartos. En uno de ellos, se improvisaba una cocina. El otro, donde nos recibieron, estaba vacío. Solo había colchones apoyados de canto sobre las paredes. Abrazada a la pierna de Mabel, trataba de esconderse una nenita de alrededor de 4 años. Otra más grande estaba con una amiga de la madre en la cocina. Mabel tenía una remera corta, que dejaba ver una panza que se explicaba de inmediato: con el brazo izquierdo, sostenía a un bebito al que amamantaba.

Cuando el funcionario que me acompañaba le preguntó cómo estaba, ella comenzó un desordenado lamento, mezclado con reproches y confesiones involuntarias. «Estoy para atrás —⁠comenzó⁠—, porque al Potro casi me lo matan. Le tiraron una piedra en la cabeza y le hicieron un agujero. Está todavía internado y, con Chancho en rehabilitación, en Jujuy, eso me complica la vida». Después contó su enredo judicial. «Fui a la fiscalía para ver qué me contestaban. Pero me dijeron que tenía que esperar un mes. ¿Sabés qué pasa? Nos obligan a hacer justicia por mano propia. Suero por suero. Sangre por sangre. Por eso me quiero ir. Me quiero ir porque estoy tentada con la droga. No la puedo cortar. Estoy para atrás. Desarmamos el búnker, pero están los soldaditos. Ahora venden ellos. ¿No los vieron allá afuera?».

Los soldaditos que se hicieron cargo de la venta eran los adolescentes que vimos al llegar. Estaban a dos pasos del cartel que se ufanaba de haber arrebatado el búnker de las manos del narcotráfico. Casi debajo del cartel estaba estacionado un patrullero con un policía en su interior. Todo parecía un chiste de mal gusto. El «narcotráfico», temible, sofisticado, eran esos chicos que encuentran como soldaditos un ingreso de 150 000 pesos, o su equivalente de 400 dólares por mes, si se trata, digámoslo así, de un buen búnker. Corren riesgos, es cierto. ¿De que les peguen un tiro en una pierna? A la luz de las condiciones en que viven, esos balazos son un costo mínimo. ¿De que los lleven unos días detenidos? Tampoco es tan grave. Es lo habitual en ese ambiente. Hablamos de personas con la vida destrozada, muchas veces desde el momento en que comienza a ser vivida. Se sospecha que en San Petersburgo el 90 % de las familias tienen a algún pariente preso. Por supuesto que detrás de esta trama existen otros movimientos más poderosos y organizados. El signo de ese otro nivel es el agente policial que no sabe desde su patrullero lo que sí sabía Mabel desde su rancho: la droga ahora la venden los soldaditos. Pero si se observa el negocio en contraste con la vida cotidiana de los sumergidos se comprende bien que sea una opción al alcance de la mano. Aun así, un detalle valioso, que promete cerrar una historia: el 20 de julio de 2020, el funcionario que me había guiado por los pasillos de San Petersburgo hasta la casa de Mabel me envió un mensaje de WhatsApp con una foto de la propia Mabel y otra de cuatro chicos, escalonados, vestidos con la camiseta de Boca: «Estuvo cuatro meses internada y acaba de recuperar a sus hijos», decía.

El complejo Carlos Gardel vive agitado por el problema del tráfico. Se disputan el control dos familias, los Peña y los Melgarejo. Se dividieron el barrio en zonas, separadas por la línea imaginaria que pasa, en un descampado que no llega a ser una plaza, sobre un gran tanque de agua. Así se divide una geografía que todo el mundo tiene clara. De vez en cuando, se desatan batallas campales, pero los Peña y los Melgarejo avisan, para que las madres guarden a los chicos. El «hueco del 8», por el número del monoblock, es donde se distribuye la droga. La Gendarmería hace guardia en el borde del barrio. Esa presencia atenuó el problema, pero ni de lejos lo eliminó.

El negocio siempre es ostensible. Cintia, de Villa Azul, que es muy graciosa, observa: «Ponen una carnicería y al mes ya compraron una camioneta. ¿Tan rica es la carne?». En cualquier barrio humilde que se visite en el conurbano, el tema de conversación más frecuente y angustiante es el de la droga. La perspectiva de llegar a la villa desde lugares más desamparados, en las provincias o en países vecinos, podía ser vista como una evolución. Pero la droga perfora esa promesa de progreso y encierra la vida de los pobres en un drama distinto. Hace quince años, esta trampa casi no existía. Hoy es la principal fuente de angustia. En el barrio Puerta de Hierro, Ramón, un vecino de 40 años que prefiere ocultar su apellido, cuenta el final de su hijo: «Yo vi que mi pibe se iba poniendo cada vez más agresivo. Después me di cuenta de que se había mezclado con una bandita que hay acá en el barrio. Son unos de ahí», dice señalando unas casas que quedan a escasos cincuenta metros. Sigue: «Empezó a tener problemas, se pusieron más violentos, y me lo mataron. Yo sé bien quién me lo mató. Igual no le voy a hacer nada. Mi mujer me vuelve loco. Me dice: “Sos un cobarde”. Pero a mí Jesús se me apareció y me lo mostró. Me hizo ver que mi hijo estaba conmigo. Por eso no me voy a vengar. A mí la religión me mantiene vivo».

Hemos narrado en los párrafos anteriores peripecias individuales, dramas familiares. Deben ubicarse en el marco general de un problema político. El narco, las mafias instaladas en el corazón de las villas y asentamientos, comienzan a cumplir funciones de la administración pública. Organizan grupos, ofrecen salidas económicas, regulan un orden. Llegan allí adonde el Estado dejó de llegar. Estamos ante otra derivación de la gran crisis de 2001, que fue la manifestación más conflictiva del colapso estatal que se venía registrando en cámara lenta en la periferia de la periferia. Estamos, dicho de otro modo, ante el fracaso de la dirigencia política que se había fijado el objetivo de reconstruir un sistema. Observar esos suburbios es tomar contacto con el contundente límite, sobre todo, del proyecto kirchnerista.

El conurbano como ideal de progreso

El mencionado «Mapa de la pobreza crónica» cifra en números el desafío estratégico que representa el conurbano para la Argentina y requiere de un contexto para ser comprendido en toda su dimensión. Los partidos que rodean la Capital Federal concentran la mayor cantidad de pobres estructurales de todo el país. Allí está el 23,76 % de la pobreza crónica. Son casi un millón de personas que han estado en esa situación desde que nacieron y es muy probable que no puedan salir de esa trampa en el resto de sus vidas. El número exacto es 941 759 personas. La región que le sigue es la misma provincia de Buenos Aires, sin el conurbano: 7,02 %, que equivale a 278 448 personas. Detrás viene Chaco, con 6,90 % de los pobres crónicos del país, es decir, unos 274 000. De las provincias grandes, le sigue Santa Fe, con 6,86 %, que equivale a 272 000. Corrientes es la siguiente provincia, con 6,55 %, que son alrededor de 259 000 personas con carencias extremas. La suma de pobres de estos distritos equivale a la cantidad que vive en el conurbano.

Se puede realizar otra aproximación para ajustar mejor la imagen. Si se observa la proporción de gente sumergida en la pobreza crónica dentro de algunas provincias, se verá que esta región bonaerense no es tan calamitosa. Por ejemplo, en Corrientes ese nivel es crítico, es decir, para la clasificación adoptada por CEDLAS/CIPPEC supera el 25 %. Registra un nivel del 26,37 %. Chaco, el 26,13 %. Santiago del Estero, el 25,52 %. Ningún partido del conurbano llega a este estado.

En cambio, Florencio Varela, Marcos Paz y Presidente Perón pertenecerían, por su nivel de pobreza muy alto, al lote en el que aparecen Jujuy, Salta, Formosa, San Juan o Misiones.

Estas comparaciones son relevantes para entender aspectos importantes de la vida de los pobres del Gran Buenos Aires. El más obvio, como ya vimos, es la migración. Conviene insistir, para entender lo que domina la cabeza de un migrante que decide radicare en una villa del conurbano: la afluencia de personas que viven en la pobreza del noroeste, del noreste o de la Mesopotamia hacia las inmediaciones de la capital es, vista desde la aritmética, un movimiento de progreso. Hay distritos como Bermejo, en Formosa, donde el grado de acceso a la red cloacal es cero. Es decir, no se conoce ese servicio. La cantidad de chicos que no están en el aula, en edad en que esa asistencia es obligatoria, llega al 12 %. Las familias que viven en ranchos o casas sin piso de material superan el 91 %. Allí, el 82 % de la población desconoce la cobertura médica de una obra social o una prepaga. En General Güemes, Chaco, el 41,51 % de las personas ha vivido en la miseria. En ese lugar, el 73 % de la población vive en ranchos o viviendas que se parecen a ranchos. Y la falta de cloacas alcanza al 98,78 % de la gente. Y los chicos en edad escolar que no asisten al aula son el 12,54 %. En ese rincón chaqueño, el 77,65 % no tiene ni prepaga ni obra social.

Es una situación que no se verifica en el conurbano, donde los mayores grados de desprotección médica, si se identifica a esta con la cobertura de obra social o mutual, se dan en Florencio Varela, con un 52,39 %; en Presidente Perón, con un 50,49 %; en Moreno, con un 49,56 %, o en Marcos Paz, con un 48,78 %. Si se tiene en cuenta la proximidad de hospitales, la distancia entre los partidos aledaños a la Capital y las zonas más pobres del norte es todavía mayor. Quiere decir que no está demostrado, ni mucho menos, que el problema de la pobreza se vaya a resolver enviando a la gente de nuevo a sus provincias.

Estos conceptos encarnan en historias existenciales. En un merendero de Villa Itatí, la tarde de un sábado tórrido de enero de 2020, conocí a Sandra Toscano, una militante social cargada de energía que llegó al barrio hace un par de décadas. Me explicaba de manera muy expresiva las razones por las cuales su mamá dejó Salta y la dejó a ella, de bebé, para radicarse en la Capital Federal. Decía Sandra: «Es lógico que se viniera para acá. Allá, en el medio del campo, se vive muy mal. No tienen nada. Nosotros acá nos quejamos, pero acá tenemos de todo».[179]

Esta desigualdad dentro de la desigualdad se manifiesta con mayor claridad cuando se la calibra a la luz de otros criterios. ¿Qué quiere decir Sandra cuando dice «de todo»? En la provincia de Buenos Aires, existen 69,4 conexiones a Internet cada 100 hogares, una proporción similar a la de Córdoba y Santa Fe e inferior a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la relación es de 112 conexiones cada 100 hogares. En Chaco, es de 35,9. En Formosa, de 30,1.[180] Carecemos de datos específicos sobre el conurbano, pero es razonable pensar que esté más cerca de la Capital que de las provincias del norte. En todo caso, por encima del promedio provincial.

La posibilidad de conectar a la red es un indicador privilegiado de lo que Gasparini, Tornarolli y Gluzmann describen como pobreza multidimensional. La conectividad supone el acceso a bienes culturales que incluyen, entre otras cosas, información, que es la clave para la constitución de la opinión pública. No hace falta aclarar el vínculo que existe entre esos consumos y la política. Recuerdo a Mauricio Macri, un lunes de agosto de 2015, recién llegado desde Tucumán, donde se habían celebrado las escandalosas elecciones de las que surgió gobernador Juan Manzur, comentar, azorado, que en el este de la provincia era muy difícil hacer campaña, porque no existía tendido de fibra óptica ni cobertura satelital.[181] Es decir, no había conexión a internet. La observación revela muchas dimensiones del problema. Entre ellas, los límites territoriales y sociales del PRO, una organización que podía competir, y aun ganar, en el Gran Buenos Aires, pero que se diluía en el desierto rural y pobre de las provincias con peor infraestructura.

Meses antes, en Itatí, el salesiano Mario Romanín, «Coco», ya me había hablado de por qué esas condiciones de vida tan difíciles que se verifican en los barrios sumergidos del conurbano pueden seguir siendo las preferidas: «Los primeros habitantes de Itatí venían de situaciones muy duras. Otro tipo de pobreza. Vivían aislados, eran cosechadores de algodón, no tenían escuela. Un día invité a unos correntinos a ir a pie a Luján y me contestaron: “Pedinos cualquier otra cosa, menos caminar. Ya caminamos muchísimo en el algodonal. No queremos caminar más”».[182]

García Cuerva, mirando La Cava, tiene la misma percepción: «Los primeros que llegaron lo hicieron con el sueño de crecer. Se asentaron en ese vacío, sin tener demasiada experiencia urbana. Venían sobre todo del interior. Y para ellos radicarse allí, al lado de la ciudad, era un progreso. Es curioso advertir cómo gente que vino del mismo pueblo del interior descubren que habían sido vecinos una vez que están en la villa. En su pueblo de origen estaban aislados, no se conocían».[183]

Esta reflexión sintetiza una migración constante y gigantesca que provocó, a lo largo de los años, un complejísimo problema de viviendas que se materializa en la multiplicación de asentamientos y villas de emergencia en el Gran Buenos Aires. Un proceso que comienza siendo un fenómeno porteño desborda con los años hacia el conurbano. De la mano de ese movimiento, se fue extendiendo un largo debate sobre la emergencia habitacional crónica. Un debate estéril, ya que no encontró una solución hasta ahora. O, dicho con mayor precisión, encontró soluciones parciales, que siempre resultan ínfimas comparadas con la dimensión del problema.

Uno de los estudios más interesantes y comprehensivos sobre la proliferación de las llamadas villas de emergencia es el de Lidia de la Torre, Buenos Aires. Del conventillo a la villa miseria (1869-1989).[184] Allí narra la historia de la urbanización ligada a la pobreza en la Capital y se aproxima a su proyección sobre el suburbio bonaerense. En la base de este trabajo, hay una comparación muy sugerente. El conventillo y la villa miseria son manifestaciones de dos migraciones, de dos economías, de dos países. No solo porque las condiciones materiales de la villa son muy distintas de la del conventillo.[185] De la Torre subraya que, a diferencia de la villa, el despliegue habitacional del conventillo se dio en el marco de la ley. No era irregular. Pero, y aquí está lo más interesante de la observación, el conventillo fue transitorio. Los inmigrantes que se radicaron en él, en su mayoría europeos, lo abandonaron. En cambio, la villa tiene rasgos de cronicidad que parecen por momentos incorregibles. El contraste entre estas dos formas de inserción urbana y habitacional habla de dos dinámicas económicas y sociales, una incluyente y otra marginalizante. En alguna medida, el conventillo y la villa hablan de las limitaciones de un modelo de crecimiento y de los grados, tan diversos, de integración social de la Argentina a lo largo de más de un siglo.

La instalación de familias en viviendas precarias, en barrios sin un trazado urbano y carentes de servicios, es decir, la creación de villas de emergencia o villas miseria, es el resultado de la aceleración demográfica de Buenos Aires. De la Torre consigna que entre 1936 y 1947 la ciudad creció un 23 %. Zulma Recchini de Lattes, en un estudio canónico sobre esta explosión, apunta que los provincianos, que en 1936 eran el 14 % de los residentes en la Capital, pasan a ser en 1947 el 32 %, mientras que los extranjeros pasan, en el mismo período, del 36 % al 28 por ciento.[186]

Entre 1936 y 1942, ya es visible una oleada migratoria interna. Según el censo de 1947, la población urbana era del 76 % y la rural quedó en el 24 %. El destino era el área metropolitana. Este cambio se refleja en que, en 1947, en la Ciudad de Buenos Aires existen 25 150 plantas industriales. Eran el 30 % de las de todo el país. Ocupaban al 40 % de los obreros y al 50 % de los empleados. La población de la ciudad había crecido en ese lapso un 23 %, y los edificios, un 43 por ciento.

Para esta época, la industrialización de la Capital comenzó a tocar su límite por falta de tierras disponibles. En 1945, Philips se instala al lado del Puente Saavedra, del lado porteño de la General Paz, pero Mercedes Benz ya no encuentra espacio y establece su planta automotriz en González Catán. Ese mismo año, Alpargatas, asfixiada en Barracas, monta una sede, que será en poco tiempo la principal, en Florencio Varela. El corrimiento de las industrias, sobre todo hacia el sur, fue siguiendo las vías del Ferrocarril Roca. Algunas, como Rigolleau en Berazategui o Firestone en Llavallol, se establecieron frente a la estación del tren. Este movimiento se atenúa hacia la década de 1960, por la crisis ferroviaria y el auge de las autopistas. Por eso, el cordón industrial comienza a ensancharse hacia el oeste y el norte.[187]

El incremento demográfico que acompañó a este despliegue no fue seguido por una política de viviendas. Por eso, este es el marco histórico del nacimiento y la multiplicación de villas de emergencia, dentro y fuera del perímetro porteño. Comienzan a proliferar, como en otros conurbanos de América Latina, viviendas construidas con materiales paupérrimos, sin servicios, instaladas en terrenos fiscales de la periferia o en cavas que se formaron con la extracción de piedra o tierra para la construcción de autopistas: parajes condenados a la inundación.

De la Torre consigna que la gente común las llama «villas miseria» y las autoridades, «villas de emergencia», con lo que esta denominación tiene de supuesta provisoriedad. Los números que presenta la autora para la Capital son sorprendentes: en 1956, el 1,4 % de la población vivía en villas. En 1966, el 3,1 %. En 1976, el 7,3 %. En 1963, los inmigrantes de países limítrofes eran el 1,85 % de la población porteña, pero el 21 % de la población villera.[188]

La primera villa fue porteña. Inmigrantes europeos, sobre todo polacos, habían sido alojados en unos galpones de Puerto Nuevo que desbordaron en 1932. Así se formó Villa Esperanza, sobre el río, entre las actuales avenida Sarmiento y Salguero. En 1935, ese barrio fue arrasado y sus vecinos, relocalizados, la mayoría en los galpones de Puerto Nuevo. Ese fue el nombre de una película de Luis César Amadori y Mario Sofficci, que se estrenó en el cine Monumental de la calle Lavalle en 1936. Fue el primer registro narrativo del nuevo fenómeno urbano.[189]

Una década más tarde, el secretario de Obras Públicas y Urbanismo de Juan Perón, en una conferencia pronunciada el 18 de diciembre de 1946 en el Salón Blanco de la Municipalidad de Buenos Aires, analizaba el problema de la vivienda, que se recortaba sobre el gran flujo migratorio interno. Ese funcionario era Guillermo Borda, que pasó a la historia como eminente tratadista de derecho civil. Borda hizo notar que el primer factor que daría lugar a la multiplicación de villas fue esa migración:

Hace cuarenta años la población argentina estaba radicada un 60 % en los campos y un 40 % en las ciudades. Hoy, el 76 % está en las ciudades y solo el 24 % en los campos. Grandes masas se han desplazado hacia los grandes centros urbanos, especialmente hacia la gran Buenos Aires, entendiendo por ello no solo los límites geográficos de la Capital Federal, sino todo el conglomerado urbano adyacente, cuya población asciende a más de cuatro millones de habitantes. Este verdadero éxodo de las poblaciones rurales ha provocado un desequilibrio económico de incalculables consecuencias y ha repercutido con intensidad en el gran problema de la vivienda urbana.[190]

Borda enumera otras causas para la distorsión que está describiendo. Una es la ausencia de un sistema de transportes, lo que obliga a los trabajadores a vivir cerca del centro de la ciudad, que sigue siendo el lugar de mayor actividad económica. Por eso, señala, la demanda de vivienda derivó en un inquietante hacinamiento. También identifica un cambio de costumbres, que lleva a las parejas jóvenes a pretender un hogar propio, aumentando la demanda habitacional. Y no deja de elogiar al coronel Perón, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión mejoró la vida de los trabajadores haciéndoles abandonar el conventillo en busca de casas más dignas.

Borda mira el tema con mucha preocupación. Defiende el «Estatuto del peón», recién dictado, como un instrumento para retener a los trabajadores rurales en el campo. Y proyecta también la creación de casas en serie para resolver un déficit que él contabiliza con números de diez años atrás: «En 1936 había 9022 casas de madera o de zinc con un total de 33 768 piezas de ese material, en las que vivía una población de 124 189 personas, de las cuales la mitad eran niños».[191]

Migración interna, debida a la crisis del campo y a la industrialización del Gran Buenos Aires; cambio de costumbres; deficiencias de transporte; creación de una nueva clase media por el progreso económico. Borda detecta estos factores para explicar el deterioro creciente de las condiciones habitacionales que dieron lugar a las villas. Los identifica en 1946, hace más de setenta años. Pero no ve o no quiere ver que una política plagada de regulaciones para el régimen de alquileres desalentó la oferta y agravó lo que se proponía remediar. Nada que sorprenda: este desajuste entre medios y fines es una condición típica de las estrategias intervencionistas.

Borda elogia al exsecretario de Trabajo Juan Perón por haber elevado las pretensiones de las clases trabajadoras en el acceso al bienestar. Entre ellas, la de la vivienda. Pero olvida que el mismo Perón, durante el gobierno del general Pablo Ramírez, había establecido una rebaja drástica en el precio de los alquileres.[192] Como suele suceder con esas medidas, hubo un primer efecto agradable: el 82 % de los porteños alquilaba. Enrique Wernicke ilustró el momento en su cuento «La ley de alquileres». En 1947, con Perón ya en la presidencia, se suspendieron por dos años los desalojos. Y un año más tarde entró en vigencia una ley que forzaba a ofrecer en alquiler las viviendas desocupadas. De la Torre consigna que entre 1943 y 1955 el costo de vida subió el 700 %, pero los alquileres lo hicieron solo el 27,8 %. Así se termina de explicar el colapso de la oferta de casas para rentar, que completó el drama habitacional de los más pobres.

En los años cincuenta, ya existían villas en la periferia porteña. Formaban parte del borde de la ciudad. Una de ellas se edificó sobre los bañados de Flores. Se la llamó Villa Venecia. Otra estaba en Mataderos, escondida detrás de un viejo muro. En el Bajo Belgrano, que desde antiguo estuvo formado por terrenos baldíos y funcionó como el basural del Alto Belgrano, se extendió otra villa. En este caso, no estaba escondida detrás de un paredón preexistente. La del Bajo Belgrano fue tapiada, como se puede ver en una foto de época.[193]

En 1941, se crea la avenida General Paz. Con el tiempo, a sus costados se fueron implantando villas. La más notoria fue Villa Inta, que tomó su nombre de una empresa de la zona, en Lugano. Como sucedió con la del Bajo Belgrano, en tiempos de Perón se la tapió, para que quienes venían de Ezeiza no vieran su miserable panorama.

La expansión hacia el conurbano ocurrió a raíz de la superpoblación de las villas porteñas. Entre 1962 y 1976, se quintuplicó la población de las villas. La densidad pasó de 216 a 1190 personas por hectárea. En 1976, había 213 823 personas viviendo en villas, el 7 % de la población.

En 1955, comenzaron los planes de erradicación. Así nacieron, por ejemplo, Lugano I y II. Se crearon quince «núcleos habitacionales transitorios», de los cuales doce se alzaron en el conurbano. Y no funcionaron. Los suspendió Alfonsín con un decreto en 1984.

La gran crisis que se desarrolló, con altibajos, entre 1995 y 2003 está en la raíz de la expansión de las villas de los últimos años. Según el Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios, en 2015 existían 1585 villas y asentamientos en la provincia de Buenos Aires. En 1990, esos barrios eran 870. De modo que en quince años se agregaron 715. En ese período, por lo tanto, la multiplicación fue del 82 por ciento.

Este fenómeno se concentró en el conurbano. Los 622 barrios que se registraban en 1990 pasaron a ser, en 2015, 982: un crecimiento del 59 por ciento.

Ya hablamos más arriba del Registro Nacional de Barrios Populares, para el cual en la provincia las villas son 1726, es decir, el 39 % del total. Y las familias, 484 045. La cantidad se incrementó muchísimo en los últimos veinticinco años y demuestra el poder corrosivo que tuvieron, como se desarrollaron, las hiperinflaciones de fines de los ochenta y la gran recesión que coincidió con el cambio de siglo. En el conurbano, se pasó de 117 280 hogares en villas y asentamientos en 1991 a 328 056 en 2015. Significa un aumento del 179 por ciento.

A diferencia de lo que fue el conventillo, una característica principal de las villas es que no están integradas al resto de la ciudad. En mayor o menor medida, tienen la delimitación de un gueto. Esa condición, en los años cincuenta, como se comentó, era física. Las villas estaban tapiadas. El aislamiento de quienes viven en villas y asentamientos respecto del resto de los vecinos se mantiene, aunque con modalidades más sutiles, a través del tiempo. Estas concentraciones de miseria desmienten el mito del país rico y, sobre todo, de una sociedad integrada.

La segmentación es una propensión que separa a los sumergidos del resto de la sociedad, pero también se verifica entre los pobres. Así como hay un escalonamiento en las condiciones de vida de todo el conurbano, bien relevado por las estadísticas, las villas en su interior también están fragmentadas. Por su misma instalación, casi siempre en hondonadas o terrenos deprimidos, en general tienen distintas alturas que determinan el estatus de los vecinos. El embudo físico se reproduce en una estratificación social imperceptible para el visitante, pero clarísima para los vecinos. Los que viven en la parte alta constituyen una franja superior respecto de los que se hunden en la cava, diez o quince metros más abajo. No es lo mismo, tampoco, estar cerca del asfalto que chapotear en el barro casi todo el tiempo. En la depresión, allá abajo, las familias viven en condiciones infrahumanas, en medio de la inundación, que se alimenta con los desagües de las casillas y se mezcla con el basural. Esos sumideros son inevitables. En las villas, no hay recolección de residuos. Por lo tanto, se constituyen focos infecciosos, los chicos viven expuestos a todo tipo de enfermedades, mientras conviven con cerdos, gallinas o patos. Allí no puede ingresar una ambulancia ni un carro de bomberos. El verano se vuelve irrespirable.

Itatí, en Quilmes, es un caso típico. En ese lugar, habitan unas setenta mil personas, de las cuales tres mil sobreviven en la cava. Predominan los correntinos y los paraguayos. La villa se extiende en veintitrés manzanas, de las cuales solo dieciocho son habitables. Allí se instaló, hace más de veinte años, una comunidad de las Franciscanas Misioneras de María. En una casa muy humilde, viven tres religiosas, Cecilia, Bea y Julia, que trabajan con el salesiano Romanín. La historia de esta congregación, muy comprometida con los desamparados de Itatí, es sumamente curiosa. Llegaron allí por iniciativa de Juan Monteverde, un sacerdote salesiano que había conocido su trabajo en Mar del Plata. En ese balneario, las monjas condujeron, desde 1912, el asilo Saturnino Unzué. Habían llegado al país a instancias de la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal, donde gravitaban las poderosas María Unzué de Alvear y su hermana, Concepción Unzué de Casares. En junio de 1955, las franciscanas protagonizaron un conflicto muy estridente con el gobierno peronista, que las expulsó del asilo. La Revolución Libertadora las repuso: en octubre de 1955, las monjas regresaron a Mar del Plata en una especie de marcha triunfal.

Hoy están lejos del poder. Cecilia Lee, una coreana menuda e inquieta, cuenta: «La gente sigue llegando y radicándose en el barrio. Ya no proceden de la miseria. Muchos son chaqueños que tienen el secundario completo. Buscan trabajo. Alistarse en la Gendarmería o el Ejército. Como no tienen donde vivir, alquilan una cama. El negocio está muy extendido. Se rentan camas por ocho horas. Como en Japón o en los viejos conventillos».[194] Una suerte de Airbnb de los pobres.

En algunas villas de la Capital, este negocio registra un temible desarrollo. Vecinos del barrio pueden forzar a los más débiles a que abandonen sus casillas para ir integrando edificios complejos, con decenas de cuartos o camas que alquilan a cifras bastante caras. Los desalojos siempre son violentos. Los expulsados deben establecerse muchas veces en villas más incómodas. Casos de capitalismo salvaje, o de violencia medieval, en ese despiadado mundo preestatal.

Estas descripciones corroboran lo que sistematizó Romero:

Todo el mundo sabe lo que eran los guetos judíos en las ciudades medievales y aun modernas, o lo que es el gueto negro en Nueva York. Pero pocos latinoamericanos se acostumbran a la idea de que los rancheríos constituyen verdaderos guetos, zonas urbanas prácticamente incomunicadas en las que se alojan grupos sociales con escaso contacto —⁠o, mejor, con contactos muy superficiales⁠— con el resto de la sociedad. Cierto sistema de normas y valores tiene vigencia dentro del gueto, distinto del que prevalece fuera de él.[195]

La franciscana Cecilia confirma este criterio por la experiencia en Itatí:

Es curioso cómo se especializan las nacionalidades. Los chaqueños o correntinos casi siempre son cartoneros. En cambio, los paraguayos son albañiles. Supongo que es por la inseguridad que produce la condición de inmigrante, que yo misma experimenté al llegar desde Corea. El inmigrante acumula ladrillos, quiere tener su casa. Los paraguayos están en eso. Es una de las diferencias. La otra es que el que se gana la plata trabajando se distingue del que no lo hace. Sea porque recibe un subsidio, sea porque obtiene el dinero de modo poco claro. También hay divisiones geográficas. Hasta que fundamos la cooperativa de cartoneros de Villa Itatí, a la cava no iba nadie. El barrio tiene circuitos muy rígidos.

Itatí es un gran barrio que incluye a otros barrios. Esas demarcaciones interiores están controladas por punteros que muy a menudo son transas. Allí se ejerce la discriminación entre discriminados. Hay una observación de Cecilia que ilustra con mucha claridad la condición de gueto de la villa: «Un día, me traían en un auto más lujoso que el que solemos usar nosotros, de esos que tienen GPS. Y, cuando nos acercábamos a Itatí, la voz del GPS comenzaba a avisar: “Zona peligrosa, zona peligrosa”. Al que manejaba, le pedí que sacara esa voz, que era ofensiva». Mario, el salesiano, agrega: «Los chicos del barrio tienen GPS en el celular. Y si a un chico le estás diciendo todo el tiempo: “Sos peligroso, sos peligroso”, lo convertís en peligroso».[196]

La segregación es material, física. También está, como indica Cecilia, en el lenguaje. Y además funciona en el comportamiento cotidiano, sobre todo en los detalles de la vida de los marginados y de quienes los marginan. En un barrio humilde de Avellaneda, me presentaron a Camila, una chica de 20 años que trabaja como peluquera y al mismo tiempo cursa la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Arturo Jauretche. Camila me contó su experiencia en San Ignacio, un colegio de clase media, religioso, de Wilde, donde sus padres la enviaron a estudiar. Con ella mantuve un diálogo que sintetizo aquí:

¿Cómo fue la experiencia en el colegio?

Durante bastante tiempo, fue muy dolorosa. Yo era distinta. Es difícil salir de la villa.

¿Por qué?

Porque es una burbuja. Es cómodo. Nadie te discrimina. Pero te vas quedando. Sobre todo porque no te educás.

¿En el colegio hacían sentir esa diferencia? ¿Cómo?

Sobre todo en la ropa. En las marcas. Yo no podía comprarme las marcas que usaban las demás chicas. También se notaba en otras cosas.

¿Por ejemplo?

Yo era la única que, los días de lluvia, dejaba barro debajo del pupitre. Y por eso me hacían bullying.

¿Hubo algún momento en que pudiste sentirte mejor?

Sí, cuando llegaron otras chicas que también vivían en la villa. Entonces comenzamos a defendernos juntas. Igual es una situación difícil.

¿Por qué?

Porque hay muchas diferencias, que lleva tiempo resolver. Por ejemplo, a mi casa no quería venir ninguna compañera. Los padres no las dejaban ir a la villa. Después dos amigas empezaron a venir, a escondidas de los padres. Era divertido, porque ellas conocían un mundo distinto. Tampoco se manejaban muy bien ahí. Me acuerdo de que el primer día se cayeron en la zanja.

La Cava, en San Isidro, representa con fidelidad la condición de gueto. Tiene una característica peculiar: está incrustada en una de las áreas más ricas del país. El contraste es impactante. Como se advierte en cualquier fotografía aérea, los pobres viven encerrados detrás de un muro que los separa de algunas de las mansiones más opulentas del barrio. La Cava, a diferencia de la mayoría de las villas del conurbano, no está en una orilla, no es un suburbio. Es la representación más tangible del gueto del que habla Romero. Y, como todo gueto, tiene cierta invisibilidad. Es difícil percibir ese caserío paupérrimo, que tiene ya más de medio siglo, desde las avenidas que lo circundan. Pero la delimitación social y física tiene, desde hace unos años, un refuerzo: la villa comenzó a tener entradas y salidas «oficiales», donde están apostados efectivos de la Gendarmería. No da la sensación de que sea para proteger a los villeros.

La señal que constituyen esos destacamentos, igual que la referencia de «zona peligrosa» del GPS, que detectó Cecilia Lee, confirman una idea muy desarrollada en el estudio de los guetos: la tendencia a realimentar la discriminación en un círculo vicioso. Las villas reproducen esa circularidad. Mitchell Duneier despliega esta idea, expuesta en el clásico Black Metropolis, de St. Clair Drake y Horace R. Cayton: «Existe una tendencia a culpar al grupo por las condiciones del área y esas condiciones se transforman en una conveniente racionalización para mantener al grupo segregado».[197]

Jorge Bergoglio y la profecía autocumplida

Las villas de emergencia, villas y barrios populares en general se caracterizan por ser, además de un campo donde se despliega con particular intensidad la militancia política, el terreno de un sistemático activismo religioso. Es el lugar en que actúan distintas confesiones. El catolicismo y las iglesias evangélicas conviven allí con expresiones más informales, como los ritos umbandas.

En el caso de la Iglesia católica, la inserción en esas barriadas es parte de una relación con la cuestión social alrededor de la cual se ha elaborado una doctrina y se han desatado debates y conflictos. Estamos hablando de una tradición que se inicia con la encíclica Rerum novarum, publicada por el papa León XIII en 1891. Ese documento pone de manifiesto la primera gran reacción del Vaticano frente a la expansión del socialismo. Es una reacción crítica que, al mismo tiempo, revela el despertar de la doctrina eclesiástica frente a «las cosas nuevas», que es el nombre en latín de la encíclica. El trabajo de los curas en las villas y asentamientos es un capítulo de esa larga trayectoria. Un capítulo importantísimo, ya que la conveniencia de que una confesión religiosa como el catolicismo haga de la cuestión social un asunto propio es una de las características específicas de la Iglesia de América Latina.

El fenómeno es importante, porque ilumina muchos aspectos de la vida pública. Es imposible entender la historia de la izquierda, y aun de la izquierda revolucionaria, sin reconstruir el hilo de la actividad religiosa en las zonas castigadas por la indigencia. La aproximación a esas franjas sociales provocó una controversia muy intensa en la segunda mitad del siglo XX, originada en América Latina, pero, como se dijo, con proyecciones de alcance universal. Esta actividad de la Iglesia cobró un impulso especial a partir de la gran crisis de 2001 en el conurbano bonaerense, a instancias del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Cuando Bergoglio fue elegido papa, ese trabajo se volvió más orgánico y llegó hasta requerir un nuevo diseño institucional por parte de la curia.

Se podría decir, sin lugar a error, que Bergoglio fue uno de los líderes públicos que con mayor nitidez advirtió que el conurbano bonaerense, por su dimensión y su creciente problematicidad, le estaba imprimiendo un sello a la esfera pública nacional. Influyó en esa sensibilidad una propensión de este sacerdote a tener una visión apocalíptica de los problemas sociales, el presentimiento de estar en las vísperas de una catástrofe. La gran convulsión que rodeó el colapso de la convertibilidad fue para él la corroboración de esas conjeturas. No le faltaron, por supuesto, evidencias objetivas para pensar de ese modo. Pero es posible que Bergoglio estuviera en presencia de algo que, por su visión del mundo, estaba esperando: el agitado derrumbe de un orden por la insensible corrosión que produce la economía de mercado. Porque la crisis de 2001 puede ser vista, con la lente de quien más tarde sería papa, de ese modo: el inevitable desajuste social que produjo la convertibilidad, que fue la reforma capitalista más audaz o más salvaje que experimentó la sociedad argentina en toda su historia.

Quien para ese momento era arzobispo de Buenos Aires tuvo un rol protagónico en los esfuerzos por crear una malla de contención frente al caos amenazante. La Iglesia tuvo una participación intensísima en el ejercicio denominado Diálogo Argentino, inaugurado en enero de 2002 por la Conferencia Episcopal Argentina y el PNUD, que era administrado en Buenos Aires por el diplomático español Carmelo Angulo Barturén. Bergoglio, que desde febrero de 2001 ostentaba la jerarquía de cardenal primado, movió los hilos de esa organización. Fue el comienzo de una gran afinidad con Eduardo Duhalde, quien tercerizó en la Iglesia un trabajo de pacificación frente a organizaciones sociales y políticas.

Era la iniciativa de superficie, institucional, de un proceso más sigiloso y profundo de trabajo sobre el conurbano. El mismo Bergoglio recorría esa geografía los fines de semana. En especial, los sábados después del mediodía, cuando iba a celebrar misa a distintos barrios del Gran Buenos Aires. La primera señal del énfasis que pondría en esa tarea se produjo el 9 de octubre de 1999, poco tiempo después de su designación como arzobispo. Ese día, Bergoglio encabezó la ceremonia de traslado de los restos de Carlos Mugica, el arquetipo de cura villero, desde la bóveda familiar del cementerio de la Recoleta hasta la Villa 31, donde había ejercido el sacerdocio. Mugica había sido asesinado en Florencio Varela, se presume que por bandas parapoliciales organizadas por el gobierno peronista, la denominada Triple A, el 11 de mayo de 1974.

Casi veinte años después del traslado de los restos, el 11 de mayo de 2018, se creó el Equipo de Sacerdotes para las Villas de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En su nombre, homenajeaba a un grupo similar, de alcance solo porteño, nacido en 1968. Para 2022, el equipo contaba con 38 curas radicados en las villas La Cárcova, 13 de Julio, Curita, Hidalgo y Lanzone, de la Diócesis de San Martín; villas 31, 3, 1-11-14, 21-24, 15, 20, Zavaleta, Inta, Cildañez, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Barrio Ramón Carrillo y Monoblocks de Villa Soldati, de la Arquidiócesis de Buenos Aires; villa Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y Palito, de la Diócesis de San Justo; Barrio Don Orione, de la Diócesis Lomas de Zamora; villas Trujuy, Manantiales, Atalaya, Rififi, Cascallares y Cassasco, de la Diócesis Merlo-Moreno; Villa Itatí, de la Diócesis de Quilmes, y villas La Cava y San Fernando, de la Diócesis de San Isidro. Esta liga de sacerdotes es, de por sí, un sujeto político en el conurbano.

Desde Roma, ya en su condición de papa Francisco, Bergoglio nombró obispos a dos curas villeros. A uno de ellos, Ignacio García Cuerva, lo mencionamos en este texto. El otro, Gustavo Carrara, fue puesto al frente del Vicariato para la Pastoral en Villas de Emergencia de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

La importancia que Bergoglio le otorga a este tipo de ministerio tiene una densidad extraordinaria. No solo alentó su desarrollo. También lo jerarquizó dentro de la curia. Y, al hacerlo, lo incorporó y lo contuvo. Existe una conexión directa entre los curas que viven en las villas y la jerarquía episcopal. Ese eslabón es Carrara, que a la vez es obispo auxiliar de Buenos Aires. Carrara fue consagrado por el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, y por otros tres prelados: Oscar Ojea, Víctor Fernández y Joaquín Sucunza, quienes se cuentan entre los obispos más cercanos a Bergoglio.

La promoción de los curas villeros es solo un capítulo de una estrategia general sobre el conurbano que se desarrolló cuando Bergoglio era arzobispo, y cobró una singular intensidad una vez que este llegó al poder en Roma. Desde la Santa Sede, promovió como obispos de las diócesis del Gran Buenos Aires a sacerdotes de su máxima confianza. Para citar los ejemplos más notorios: Eduardo García en San Justo; Jorge Torres Carbonell en Gregorio de Laferrere; Damián Nannini en San Miguel; Oscar Ojea en San Isidro, o el jesuita Jorge Lugones en Lomas de Zamora.

Bergoglio siempre pensó la Iglesia como una organización operativa, no intelectual. Suele definirla como «un ejército de párrocos», con lo que tiene de militar esa consideración. El campo de batalla de ese ejército es el conurbano. Desde que llegó al pontificado, le suministró un generalato: los obispos designados por él en esa región. Ese énfasis no está desvinculado de su vida de jesuita. Él alentó que la comunidad radicada en el Colegio Máximo de San Miguel, que ha sido durante décadas un gran centro de formación de alcance internacional, trabajara en las parroquias del lugar y sobre todo en las capillas diseminadas por los barrios más humildes. El centro religioso más activo fue la capilla de Santa Brígida, en Cuartel V, que está donde las últimas calles de San Miguel se encuentran con el campo. Estamos hablando de la frontera del conurbano. La misma fisonomía tiene la parroquia de Itatí, a 12 kilómetros de allí, en Trujui. El entorno de esos templos no son villas de emergencia, pero sí barrios muy modestos: calles de tierra, semirrurales, con casas de ladrillos huecos sin revoque alternadas con baldíos. Los jesuitas que se formaron con Bergoglio tenían la obligación de trabajar en esas instituciones, cerca de los pobres, mientras estudiaban filosofía y teología en el Máximo, como ellos llaman a su seminario.

El primer capellán de Santa Brígida fue Ernesto López Rosas, durante años el mejor amigo de Bergoglio y una especie de alter ego, no solo en la vida sacerdotal, sino también en la política. López Rosas fue siempre muy cercano al peronismo. En rigor, los jesuitas tuvieron desde siempre afinidad con ese partido, con el que conectan por una concepción muy reacia al liberalismo. En especial, figuras como Ernesto Dann Obregón o Ismael Quiles, que fueron decisivas en la formación de la Universidad del Salvador.

Bergoglio no tiene un aprecio especial por la vida académica. Entiende que los sacerdotes deben estar volcados a la espiritualidad, no a los estudios teóricos. Su maestro, Miguel Ángel Fiorito, especialista en desentrañar los valores que anidan en las enseñanzas de san Ignacio, lo formó en esa línea. Sin embargo, el énfasis puesto en el trabajo barrial conecta con una oleada general de interés social en el pensamiento de muchos miembros del clero. La Compañía de Jesús fue el corazón de ese movimiento en la Argentina. Es difícil establecer el punto de partida de estos movimientos, pero acaso esté en 1955, cuando el general de los jesuitas, el belga Jean-Baptiste Janssens, envió a América Latina al padre Manuel Foyaca de la Concha, un sociólogo brillante que había nacido en Cuba y se desempeñaba como profesor en España. Esa misión fue parte del estilo impuesto por Janssens, un belga progresista, célebre por su oposición del nazismo, que le permitió salvar a numerosos jóvenes judíos. Janssens gobernó la Compañía de Jesús desde 1946 hasta 1964 y fue quien vio, cuando pocos lo veían, el impacto que tendría sobre la Iglesia la efervescencia ideológica que ya en los años cincuenta comenzaba a registrarse en el Nuevo Mundo. En 1949, Janssens inauguró una serie de exhortaciones bajo el título de «El apostolado social», que continúan hasta hoy a través de las sucesivas conducciones de la Compañía. En la Argentina, este curso de acción converge con el que venían llevando adelante obispos como Miguel de Andrea o sacerdotes como Gustavo Franceschi, ligados a los Círculos de Obreros Católicos fundados por el redentorista alemán Federico Grote, el primer sacerdote que organizó peregrinaciones al templo de la Virgen de Luján.

Foyaca se vinculó con la Argentina en los años sesenta y designó, casi a dedo, a un grupo de jesuitas que debían concentrarse en analizar la cuestión social. Entre ellos, estuvo uno que tendría enorme gravitación como sociólogo: Alberto Sily, que fue el primer director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), fundado en 1956. El CIAS comenzó siendo la expresión institucional de un boletín. Sily se acercó al Arzobispado de Buenos Aires, conducido por Antonio Caggiano, para comenzar a diseñar una agenda social. El cardenal lo envió a enseñar doctrina social de la Iglesia a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Más tarde, fue asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las Ligas Agrarias. En los años ochenta, dejó la Compañía y se dedicó a la investigación social en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En los años sesenta y setenta, el CIAS constituyó, acaso, la organización más influyente en el estudio de los problemas económicos y sociales para la renovación de la doctrina católica. En la misma corriente, se integró José Balista, introductor en la Argentina, en especial en el área metropolitana, de la red de ayuda a los necesitados Emaús. José María Meisegeier pertenece a la misma oleada y tuvo desde el comienzo una posición de militancia más radical, ligada a la de Carlos Mugica, a quien sucedió en la Villa 31 después del asesinato.

La inclinación de la Iglesia argentina y, en especial, de los jesuitas por la cuestión social fue parte de una corriente internacional, sobre todo latinoamericana. La militancia en los barrios populares es una reverberación más de la renovación impuesta por el Concilio Vaticano II, que sesionó entre octubre de 1962 y diciembre de 1965. Esa asamblea provocó un cambio de concepción sobre la vida de la Iglesia y sus relaciones con el mundo, expresado en documentos como Lumen Gentium y Gaudium et spes.

Esos cambios tuvieron una recepción diversa y conflictiva en el clero de los distintos países. El 15 de agosto de 1967, causó gran conmoción un «Manifiesto de obispos del tercer mundo», firmado por dieciocho prelados y cuatrocientos sacerdotes, con una visión social que se expresaba con un lenguaje muy directo de denuncia política:

En el momento en que los pueblos y las razas pobres toman conciencia de sí mismos y de la explotación de la cual todavía son víctimas, este mensaje dará valor a todos los que sufren y luchan por la justicia, condición indispensable de la paz. Un empuje irresistible lleva a estos pueblos pobres hacia su promoción para liberarse de todas las fuerzas de opresión. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. Lejos de contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría, como una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo.[198]

Como se advierte en ese pronunciamiento, la pretensión de un «apostolado social» despertó pronto la inquietud por la relación entre catolicismo y socialismo. La pobreza comenzó a ser vista como explotación. La justicia, como un condicionante necesario de la paz, lo que sugiere la inversa: sin justicia, podría estar justificada la violencia, o por lo menos comprendida. Es imposible olvidar que esto sucedía en plena Guerra Fría, cuando el socialismo real dominaba las dos terceras partes del planeta y promovía movimientos de liberación en todo el tercer mundo, que es la denominación que adoptan para sí esos obispos.

Un año más tarde, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1968, se celebró una reunión crucial para la historia de las relaciones entre el catolicismo, la política y los sectores populares de América Latina: la Segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que sesionó en la ciudad colombiana de Medellín. Los documentos emitidos en ese encuentro, en cuya elaboración intervino, entre muchos otros, el jesuita Sily, aceleraron la politización que se venía viendo en muchos clérigos de la región.

En una línea que desarrolla las ideas que un año antes habían estado en la voz de un grupo de obispos y sacerdotes, los documentos de Medellín denuncian una y otra vez un sistema opresivo y lo hacen desde el punto de vista de una teoría social. Defienden la paz y condenan la violencia, pero insisten en que la paz solo puede derivar de la justicia. No convalidan la lucha armada, pero admiten que esta puede provenir de una saludable indignación frente a un sistema cargado de injusticia.

En toda América Latina y, de manera destacada, en la Argentina, estas palabras acompañaban un trance de radicalización por parte de muchos sacerdotes que se volcaron a la acción social atraídos por el marxismo en lo que se perfilaba como un cristianismo revolucionario. Algunos tomaron las armas, y otros aconsejaron o inspiraron a los que las tomaban. Fueron los años de la teología de la liberación, cuya primera formulación se escuchó en una reunión de expertos de la ciudad de Petrópolis, cercana a Río de Janeiro, en 1964, en la voz del dominico peruano Gustavo Gutiérrez. Existe una numerosa bibliografía para reconstruir este proceso en la Argentina, en lo que tiene que ver con la aproximación entre clérigos y guerrilleros, pero es muy posible que el mejor trabajo sea el libro de Lucas Lanusse Montoneros. El mito de sus 12 fundadores.[199] El estudio cuenta con un gran prólogo en el que Samuel Amaral recrea el contexto general en el cual la organización Montoneros se inspiró en el catolicismo, adoptó como método la lucha armada para llegar al socialismo y reivindicó para sí una identidad peronista. Esos guerrilleros venían, en su mayoría, de hogares católicos que cultivaban un nacionalismo de derecha. Las derivaciones ideológicas de este integrismo antiliberal, estilizado por la Doctrina Social de la Iglesia, alimentaban de este modo una insurgencia de corte anticapitalista, a tono con lo que estaba sucediendo a escala internacional y local. Alcanza con recordar que el Cordobazo se produjo a fines de mayo de 1969.

Más cerca en el tiempo, y con un tono testimonial, no académico, aparece el libro de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón.[200] Su primera parte recrea con bastante minuciosidad la imbricación entre el catolicismo conservador y nacionalista y la irrupción de la guerrilla de Montoneros. El trabajo está plagado de menciones a la relación entre esos jóvenes integristas católicos, entre los que se encuentra el propio autor, con la jerarquía militar, sobre todo del gobierno de Juan Carlos Onganía. Abal Medina no profundiza en el significado de estos vasos comunicantes. Solo los menciona, casi al pasar.[201] No los explica.

A escala universal, y también local, en la segunda mitad de los años setenta se produjo una reacción poderosísima a este curso que había tomado el «apostolado social», por utilizar su denominación originaria. En el plano global, irrumpe la figura de un papa ultraconservador como Juan Pablo II, surgido de la militancia anticomunista de Polonia. En el orden local, 1974 es el año del giro a la derecha del peronismo, hasta que en 1976 un golpe militar inicia una tenebrosa dictadura.

El papado de Karol Wojtyla se manifestó hacia la región con la contramarcha doctrinaria de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Puebla, México. Allí se modifica un detalle estratégico: al referirse a la opción por los pobres, acentúa el adjetivo «preferencial», «opción preferencial por los pobres». El documento final de la conferencia explicita que esa predilección no excluye a nadie. Para calibrar en qué medida se intentó frenar la inercia que traía el activismo social de la Iglesia en aquel momento, lo mejor es leer la carta que remitió el papa a los obispos en esa ocasión.

Allí se leen advertencias como la que sigue:

En la amplia documentación, con la que habéis preparado esta Conferencia, particularmente en las aportaciones de numerosas Iglesias, se advierte a veces un cierto malestar respecto de la interpretación misma de la naturaleza y misión de la Iglesia. Se alude, por ejemplo, a la separación que algunos establecen entre Iglesia y reino de Dios. Este, vaciado de su contenido total, es entendido en sentido más bien secularista: al reino no se llegaría por la fe y la pertenencia a la Iglesia, sino por el mero cambio estructural y el compromiso socio-político. Donde hay un cierto tipo de compromiso y de praxis por la justicia, allí estaría ya presente el reino. Se olvida de este modo que: «La Iglesia… recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino» (Lumen Gentium). O esta otra: «En otros casos se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, e incluso implicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia».[202]

El viraje en el enfoque sociopolítico de la acción de la Iglesia encuentra a Bergoglio al frente de la Compañía de Jesús en la Argentina. Es el lugar donde él debe encargarse de moderar lo que se presentaba como una propensión revolucionaria.[203] Crucial papel histórico de un Bergoglio muy joven para su jerarquía: 36 años y solo cuatro de sacerdote. Este empeño moderador es medular en su visión conceptual y, por lo tanto, en su enfoque sobre la tarea de los curas villeros. Como arzobispo y como papa, él intentará mantener vivo el interés por el trabajo con los pobres y, al mismo tiempo, evitar su desplazamiento hacia posiciones extremas. Este equilibrio está asociado a un proyecto doctrinario denominado teología del pueblo, que supone un abandono de la teología de la liberación, más cercana al socialismo. Los principales exponentes de esta interpretación han sido Lucio Gera, Rafael Tello y Gerardo Farrell.

La premisa mayor de este desarrollo es que los curas deben tener un enfoque religioso de la cuestión social. Esto no implica negar la opresión y la injusticia, pero sí entender que, en último término, son expresiones del pecado. En otras palabras, la política debe ser abordada con los criterios de la fe. Con este telón de fondo, estos teólogos ponen en el centro de su reflexión social el concepto de pueblo y establecen una continuidad no del todo aclarada, no del todo definida, entre Pueblo de Dios y comunidad histórica concreta. El conflicto no radica en un enfrentamiento de clases, de ricos contra pobres, sino en una traición de un sector del pueblo al pueblo mismo. La contradicción es, entonces, entre el pueblo y el antipueblo. Quien mejor explicó esta teoría fue el teólogo jesuita Juan Carlos Scannone, en un trabajo en el que se propone disimular la discontinuidad entre teología de la liberación y teología del pueblo, exaltando el papel del papa Francisco en esa conciliación.[204]

La preocupación por la cuestión social desde un punto de vista religioso, que no olvide la espiritualidad, inspira el documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Aparecida, Brasil, en mayo de 2007.[205] El texto se agrega a la secuencia de los elaborados en Medellín y Puebla y tiene el valor de llevar la impronta de Bergoglio, quien se constituyó en esa asamblea en un líder inocultable de la Iglesia de la región. La redacción del documento estuvo casi en su totalidad a cargo de un sacerdote íntimo de Bergoglio, Víctor Fernández, quien con los años sería consagrado obispo y designado al frente del Arzobispado de La Plata.

Para comprender el modo en que Bergoglio encuadra la cuestión social y política en un marco religioso, veamos este pasaje:

Las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre, mesa abierta, incluyente, en la que no falte nadie. Por eso reafirmamos nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres.

Nos comprometemos a defender a los más débiles, especialmente a los niños, enfermos, discapacitados, jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, presos, migrantes. Velamos por el respeto al derecho que tienen los pueblos de defender y promover «los valores subyacentes en todos los estratos sociales, especialmente en los pueblos indígenas» (Benedicto XVI, «Discurso Guarulhos», No. 4). Queremos contribuir para garantizar condiciones de vida digna: salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo para todos.

La fidelidad a Jesús nos exige combatir los males que dañan o destruyen la vida, como el aborto, las guerras, el secuestro, la violencia armada, el terrorismo, la explotación sexual y el narcotráfico.

Invitamos a todos los dirigentes de nuestras naciones a defender la verdad y a velar por el inviolable y sagrado derecho a la vida y la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural.

Ponemos a disposición de nuestros países los esfuerzos pastorales de la Iglesia para aportar en la promoción de una cultura de la honestidad que subsane la raíz de las diversas formas de violencia, enriquecimiento ilícito y corrupción.

En coherencia con el proyecto del Padre creador, convocamos a todas las fuerzas vivas de la sociedad para cuidar nuestra casa común, la tierra, amenazada de destrucción. Queremos favorecer un desarrollo humano y sostenible basado en la justa distribución de las riquezas y la comunión de los bienes entre todos los pueblos.

Algunas observaciones para entender el espíritu de esta prédica, llevada adelante bajo la autoridad de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que fue el teólogo de cabecera de un pontificado conservador, como el de Wojtyla: ya no se habla de explotación de los pobres por los ricos, sino de «diferencias» que deben ser superadas trabajando para compartir la mesa; es insistente la aclaración de que la opción por los pobres no es exclusiva; se hace notar que en todos los sectores y estamentos sociales hay valores respetables, etc. Lo más relevante: todo el enfoque sociopolítico se inspira en una pretensión que, en definitiva, es espiritual.

El documento de Aparecida está redactado en el horizonte discursivo de la teología del pueblo, que presenta en su estructura central algunos interesantísimos deslizamientos semánticos. El más relevante es una identificación difusa entre Pueblo de Dios y pueblo laico y entre pueblo laico y pobres. En los textos de esta corriente, está presente una ambigüedad no resuelta entre la pobreza entendida como categoría económica y la pobreza entendida como una categoría espiritual. No se renuncia a hablar de «liberación», pero ahora se le agrega «cristiana». Esa ambivalencia se sostiene en la idea de que el pobre, por carecer de bienes materiales, tiene más facilitada su apertura interior a los valores cristianos. Uno de los líderes del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, su integrante más visible, José María Di Paola, el padre «Pepe», va más allá en la asociación: esa presunta disponibilidad espiritual ya no está referida a los pobres, sino a los pobres que viven en las villas. La villa sería un lugar con condiciones para vivir la fe con mayor plenitud.[206] La decisión de estos curas de ir a vivir en las villas está inspirada en estas creencias. Ser pobre es una aspiración; vivir en una villa es estar más cerca de Dios.

Esta idealización de la pobreza que conduce a una estrategia pastoral puede ser vista desde un ángulo polémico. No solo porque ignora lo evidente: a medida que pasan los años, esos barrios van perdiendo el encanto de solidaridad bucólica que, se supone, alguna vez tuvieron, para convertirse en una zona amenazante para quienes están condenados a vivir en ellos. En las villas se pueden encontrar historias conmovedoras de solidaridad. Pero se han convertido en un infierno para sus habitantes.

Además de este desajuste entre lo evidente y lo imaginario, al destinar a las villas a un grupo de sacerdotes tan «especializados» que deciden vivir en el mismo entorno que los pobres a los que consagran su acción, la Iglesia parece reforzar la condición de gueto de esos barrios. El que vive en ellos ya no es convocado a participar de la vida comunitaria en las parroquias «convencionales», junto a fieles de otras capas sociales y otro bagaje cultural. Empieza a haber una «iglesia para pobres» que implica la involuntaria convalidación del aislamiento de los desamparados.

La visión modélica del pobre y de la villa integra un todo con una inquietud permanente de los obispos latinoamericanos desde los años sesenta: es el rescate de la llamada «religiosidad popular». Para la jerarquía eclesiástica, es un problema: hasta dónde trazar los límites de la ortodoxia frente a devociones y prácticas fronterizas con la superstición. No estamos hablando de las innumerables advocaciones de la Virgen María, sino de devociones como la del Gauchito Gil o la Difunta Correa, que en la cultura popular no tienen límites precisos con la religión oficial. Los documentos episcopales intentan incorporar la mayoría de estas formas de acceso al orden sobrenatural en un esfuerzo teológico que es parte del mismo horizonte conceptual: el Espíritu Santo actúa a través del Pueblo de Dios, que no se distingue demasiado del pueblo civil o político. Antiguas resonancias hegelianas.

Es interesante observar cómo para Bergoglio es importantísimo, también a través de esta vía, el acercamiento hacia los pobres. Pero asimismo es clave evitar que ese acercamiento produzca una radicalización conceptual y, más todavía, metodológica. En esta posición, se refleja en el sacerdote la misma visión del simpatizante peronista. Como sucedió con el peronismo en la configuración general de la política, el objetivo último es pacificar, conciliar, evitar la revolución. «La unidad es superior al conflicto», no se cansa de predicar el papa Francisco.

El peronismo de Bergoglio, que es inocultable, aflora aquí en su carácter estructural. Se trata de tomar conciencia e incorporar la agenda de los pobres para habilitar su promoción sin una ruptura del orden establecido. Se trata de formular una teología del pueblo que ofrezca una contención a una inclinación revolucionaria que estaba, no tan entrelíneas, en la teología de la liberación. Curas villeros, no curas del Tercer Mundo.

Esta concepción tiene la suficiente plasticidad como para contener casi todas las expresiones ideológicas o doctrinarias en el clero católico, inclusive la de corrientes en abierta identificación con el kirchnerismo, como el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, o Curas en la Opción Preferencial por los Pobres, ya que usan ambas denominaciones. Son religiosos que se miran en el espejo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fundado en la Argentina en 1967, el año del pronunciamiento de los dieciocho obispos, y la teología de la liberación. Allí milita Domingo Bresci, quien ganó notoriedad por haber sido detenido después de que celebrara una misa por los montoneros Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus, a un mes de que perdieran la vida en un enfrentamiento con la Policía bonaerense. Si se quisiera trazar una genealogía, se podría ir desde el nacionalismo católico, en el que se formaron los Abal Medina, a la militancia villera de Bresci, que termina escoltando a Cristina Kirchner como un primus inter pares en una reunión convocada por ella en el Senado de la Nación a las pocas semanas de haber sufrido un atentado en el que le quisieron volar la cabeza de un balazo. Francisco «Paco» Olveira también se identifica con la señora de Kirchner en la Argentina y con Podemos en su España natal. Y Alberto Carbone, que murió en 2022 a los 98 años y encarnaba un nexo entre los Sacerdotes para el Tercer Mundo y los de la Opción por los Pobres. En este grupo, la militancia política es mucho más explícita y constituye una nota esencial en su forma de entender la fe y el ministerio religioso.

La presencia de estos sacerdotes en las villas es polivalente. Ejercen, como es obvio, una tarea religiosa, en un sentido muy amplio, que incluye la promoción educativa y la contención emocional. Pero también son, en alguna medida, punteros. Se transforman en gestores para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sustituyen la presencia del Estado, o lo compensan en su ausencia. En este sentido, se prodigan en una extraordinaria solidaridad. Conviene poner el acento en este aspecto: estos curas instalados en casas modestísimas y barrios intransitables no solo sustituyen la acción del sector público. También compiten con la política en la medida en que contrastan con las mil formas de manipulación de los partidos. En un momento de crisis de representación, los ministros religiosos ejercen un contraste no del todo voluntario con el dirigente político. Ese contraste se convierte, muchas veces, en abierta contradicción: la actividad de estos religiosos denunciando la creciente expansión de la droga entre los vecinos de las villas ha sido constante y se manifestó, muchas veces, en marchas y otras formas de protesta.

Hay un punto de vista desde el cual este fenómeno se enriquece muchísimo. Es el que sugiere el politólogo Luis Felipe Miguel al reflexionar sobre clientelismo en su muy sugerente Consenso y conflicto en la democracia contemporánea. Allí, Miguel describe una concepción popular de la representación para la cual los dirigentes sociales o punteros reproducen en la escala profana la mediación que la fe católica atribuye a los santos. Son distintas formas de intercesión. Un paso más allá del planteo de Miguel, y nos encontramos con una idea muy sugerente. Dos planos que se imbrican metafóricamente, con contornos difusos: el sacerdote es puntero y también «santo», es un puntero inscripto en un «orden sagrado» que, se podría decir, casi efectiviza en un nivel subliminal la comparación planteada por este autor.[207]

La elección como papa de Bergoglio otorgó a esta estrategia pastoral una visibilidad sin antecedentes. Lo mismo ocurrió con las consignas e ideas del nuevo pontífice. Se abrió un debate político alrededor de un nuevo concepto, el «pobrismo», entendido como la exaltación de los valores que, se supone, están atesorados en la pobreza. Más allá de este reproche, es muy posible que hoy la figura de Bergoglio relance, en segmentos muy extendidos de la militancia política y social, la figura de Perón o, mejor aún, de Eva Perón. ¿Qué queremos decir? Que Bergoglio y su doctrina quizás impregnen mucho más la acción práctica de la red tradicional, sobre todo en el conurbano, que una doctrina peronista que desde hace mucho perdió definición. Uno de los detalles que permiten advertirlo es que su consigna/programa de «Las tres t», tierra, techo y trabajo, se ha convertido en el eslogan de muchas organizaciones barriales de acción social; es levantado como bandera por movimientos sociales agrupados bajo el nombre de Los Cayetanos, debido a que tiene un punto de encuentro en la peregrinación que se realiza todos los 7 de agosto al santuario de san Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y fue adoptado como fórmula propia por el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en las elecciones de 2015.

Movimientos sociales como el Evita han buscado articular su acción política en los barrios junto a los curas villeros de Bergoglio. Y funcionarios de Obras Públicas, como el secretario José López, que administró esa área durante el largo transcurso de los Kirchner en el poder, se prodigó en ofrecer a la Iglesia la construcción de capillas en las zonas en las que más avanzaba el catolicismo. No hay que recordar que el escándalo de López, su insólita aparición nocturna con bolsos que contenían nueve millones de dólares y una ametralladora, tuvo lugar en un convento del partido de General Rodríguez.

A propósito de lo que acabamos de consignar, esa estructura del catolicismo compite con otras expresiones cristianas. Sobre todo, las del evangelismo pentecostal, que es la denominación específica de lo que se conoce como «los evangélicos». Las diversas corrientes del cristianismo no católico, en general conocido como protestantismo, que se expanden por América Latina influyen cada vez más en la escena política. Hay que incorporar esta motivación al interés de la jerarquía de la Iglesia por los barrios populares, en especial los del Gran Buenos Aires.

Este despliegue de iglesias de todo tipo que se disputan la atención de los vecinos, y sobre todo de los más vulnerables, llegó a la televisión por la vía del absurdo: el personaje Jesús de Laferrere, interpretado por Diego Capusotto y guionado por Pedro Saborido, quien ha escrito páginas muy sagaces sobre el imaginario social del conurbano.

En 2019, el CONICET realizó una encuesta a partir de la cual se puede percibir ese avance.[208] Y también el incremento del número de personas que no profesa religión alguna. La otra evidencia de ese estudio es el retroceso del catolicismo. Los números indican que, a nivel nacional, el 62,9 % de la población se declaró católica. En 2008, lo había hecho el 76,5 %. El 18,9 % se declaró sin religión. En 2008, había sido el 11,3 %. El 15,3 % se declaró evangélica. En 2008, había sido el 9 %. Los Testigos de Jehová fueron en ambos años el 2,1 %, y otra religión, genérica, fue el 1,2 % también en los dos años.

La situación del Área Metropolitana de Buenos Aires es, según esa encuesta, similar a la del país, en general. Entre 2008 y 2019, los católicos pasaron de ser el 69,1 % a ser el 56,4 %. Los que no profesan ninguna fe fueron del 18 % al 26,2 %. Los evangélicos, del 9,1 % al 15 %. La presencia de Testigos de Jehová disminuyó muchísimo, igual que la de otras religiones.

Pablo Semán viene estudiando con mucho rigor esta transformación en las preferencias religiosas. En varios estudios, puso la lupa sobre la fe en los barrios populares. El más extenso es Vivir la fe, donde combina su trabajo de campo en algunas localidades el conurbano con un enfoque general sobre la sociología religiosa allí donde viven los más desprotegidos.[209]

Semán analiza las variaciones de la religiosidad de estas confesiones, que no reconocen una autoridad central y tienen un nivel de autonomía cada vez más creciente. Visto desde el punto de vista de sus pastores, se trata de algo así como microemprendimientos religiosos. Si uno recorre el mapa de determinados partidos del conurbano, lo verá sembrado de templos protestantes, que adoptan distintas modalidades y denominaciones. Están establecidos cientos de centros religiosos de raíz evangélica: iglesias bautistas; un templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, procedente de Brasil; la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta, que tiene filiales también en la Capital Federal, y numerosas variantes más: Piedras Vivas; Congregación Cristiana; Iglesia Cristiana en su Presencia, etcétera.

Hay iglesias bautistas, que realizan poca actividad social, más allá de las donaciones que recogen, y que se vuelcan, en general, en tareas misioneras en provincias del norte. En cambio, las iglesias de raíz pentecostal han comenzado a tener comedores, hogares de día para personas sin techo, lugares de asistencia a personas con adicciones, vacunatorios, etc. Una feligresa que pertenece a una familia de varias generaciones de evangélicos comenta: «Cuando uno ve que hay un comedor, o una actividad social, empieza a ver enseguida que hay alguna vinculación con la política. Los fondos muchas veces tienen que ver con subsidios y, además, que los políticos se aproximan en busca de votos».

Muchas de estas comunidades están lideradas por pastores con inclinación política. La novedad de este campo es que los evangélicos tienen, en numerosos casos, vinculaciones con el PRO. Pastores destacados, como Luciano Bongarrá, que fue hiperactivo en la campaña contra la Ley de Despenalización del Aborto, u Osvaldo Carnival, que ha prestado servicios religiosos en instituciones porteñas, expresan esa línea. Es interesante registrar que esos ministros se involucraron de manera mucho más enfática en la oposición a derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario, que sus colegas los sacerdotes católicos. Se advierte en estas batallas un impulso conservador que tiene conexión con el que se verifica en Brasil o México. Inclusive en la pelea contra la despenalización del aborto hubo mensajes expresos de adhesión de personalidades ligadas a Jair Bolsonaro. No hay que perder de vista este flanco de la relación entre fe y política, porque es cada vez más frecuente que el voto se oriente por vectores que tienen que ver con opciones morales, con el comportamiento y, casi siempre, con la respuesta al temor o desconcierto que provoca en muchas personas la evidencia de que instituciones como el matrimonio o la familia registran una mutación acelerada.

Sin embargo, un estudioso de la relación de los evangélicos con la política, como Marcos Carbonelli, afirma que existe también una proximidad importante con el peronismo y con su versión dominante, el kirchnerismo.[210] Cuenta que ese puente fue construido, sobre todo, por Alicia Kirchner, cuando era ministra de Desarrollo Social de la nación. Carbonelli señala, sin embargo, que el ascenso del PRO ejerció una fascinación en muchos pastores que se sintieron identificados con la idea de voluntariado, ajeno a la militancia partidista, que se proyectaba desde el mismo ministerio cuando lo ocupaba Carolina Stanley.

El mensaje de los pentecostales puede tener zonas de afinidad con la imagen de la pobreza que predomina entre la dirigencia del PRO: la visión del pobre como un aspirante a integrar la clase media gracias a un camino de superación y progreso, el pobre como un sujeto aspiracional. Esta visión coincide con una concepción evangélica para la que la intervención de Dios en la vida tiene dos consecuencias visibles: un mejor nivel de vida, relacionado con el éxito material, y un mejoramiento en las relaciones familiares. Esos son los ejes que se encuentran en toda la prédica de los pastores. Por eso, para muchos observadores, su presencia en las villas y los barrios humildes es un factor de racionalidad anglosajona: como si de la mano de los evangélicos se diseminara el espíritu capitalista al que están asociados, sobre todo, en Estados Unidos.

A escala internacional, las iglesias evangélicas se vinculan a un movimiento de predicación encabezado por el famoso Luis Palau, ya fallecido y heredado en esa tarea por su hijo Andrés. Los Palau realizan presentaciones que reúnen a decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, que concurren a sus espectáculos atraídos también por los recitales de música popular que anteceden a los sermones. La masividad de esos encuentros es asombrosa.

Estas redes de comunidades evangélicas no tienen la organicidad política y el sesgo ultraconservador —⁠o solo algunas lo poseen⁠— que exhiben, por ejemplo, en Brasil, donde desde hace más de veinte años los cultos evangélicos poseen una numerosa bancada de legisladores propios. Pero en la Argentina cuentan con una estructura común cada vez más activa, a la que los políticos se acercan todo el tiempo en busca de sostén popular entre esa feligresía: la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA).

Sin embargo, en América Latina están teniendo una influencia sobre la política cada vez más marcada. En Brasil, es ostensible desde hace tiempo, ya que manejan importantes cadenas de radiodifusión. Pero también son poderosísimos en México, en Colombia y en Perú. En la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, esta propensión a que las iglesias evangélicas se transformen en un factor político es cada vez más pronunciada. Y se advierte en las declaraciones de ACIERA, que alarman a algunos obispos. Uno de ellos, con responsabilidades importantes en la Asamblea Episcopal, comentó: «Si mirás el sitio de ACIERA, tienen una vocación por lo público que nosotros, me parece, estamos perdiendo».

Examinar la presencia de sacerdotes, pastores, monjas, etc., en las zonas más carenciadas del conurbano, solo desde el punto de vista religioso o político, impide advertir una dimensión importantísima de esa presencia. Muchísima gente concurre a capillas, templos y oratorios para buscar una salida a un problema muy difundido en esos barrios. Es la depresión emocional. Es obvio, y por eso más llamativo, que esta dificultad de orden psíquico afecta de gran manera a personas que, en muchísimos casos, viven vidas semihumanas. Sin embargo, en el discurso acerca de la pobreza, es un aspecto que está negado, oculto, no registrado, y que explica bastante bien el desarrollo de las existencias en esas zonas. Pero explica todavía más el fracaso de muchas políticas sociales que no parten de la trampa mental y anímica en la que viven millones de pobres. La religión es muchas veces un sucedáneo de la terapia, un recurso para encontrar sentido, para dar con alguna forma de verdad. Entre tantas misiones, los ministros religiosos que viven en esos barrios tienen que hacerse cargo de esa demanda.

7
HISTORIA 3
EL 17 DE OCTUBRE DE 1945

«No hay nada en nuestra historia que se parezca al 17 de octubre». Con esa afirmación, Félix Luna abre la narración de esa jornada en su clásico El 45. Tanto Luna en su libro, como Juan Carlos Torre en sus numerosos y magistrales escritos sobre los orígenes del peronismo, destacan un mismo rasgo de aquella movilización: fue la puesta en escena de un grupo social cuya formación había tomado varios lustros, pero cuya existencia era ignorada por el país oficial. Luna dice que

lo más singular del 17 de octubre fue la violenta y desnuda presentación de una nueva realidad humana que era expresión auténtica de la nueva realidad nacional. Y eso es lo que resultó más chocante a esta Buenos Aires orgullosa de su rostro europeo: reconocer a esa horda desaforada que tenía el color de la tierra, una caricatura vergonzosa de su propia imagen. Caras, voces, coros, tonos desconocidos: la ciudad los vio con la misma aprensión con que vería a los marcianos desembarcando en nuestro planeta. Argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presumidos, que de súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente. Por eso lo del 17 de octubre no provocó el rechazo que provoca una fracción política partidista frente a otra: fue un rechazo instintivo, visceral, por parte de quienes miraban desde las veredas el paso de las turbulentas columnas.[211]

La movilización de aquel miércoles 17 de octubre de 1945 representó la irrupción decisiva del conurbano bonaerense en la vida nacional. Fue la expresión física, material, no solo de un universo social que se había ido desplegando, de manera no del todo perceptible, con el impulso de las migraciones internas y al amparo de la industrialización sustitutiva con la que el país había respondido a la crisis de 1929. Fue también la aparición en la superficie de un proyecto político basado en dos vigas maestras: los trabajadores, como sector social dominante, y el conurbano, como principal economía regional. El proceso socioeconómico que se había iniciado tres lustros atrás adquirió una estructuración política que le dará una gravitación y supervivencia determinantes. Ese fue el lugar de Juan Domingo Perón y el movimiento que aquel 17 de octubre todavía estaba en formación. Y ese fue el lugar del conurbano en la historia de ese nuevo sujeto.

Luna reconstruye la escena con una narración cargada de romanticismo. Cuenta cómo los trabajadores iban llegando temprano a las fábricas y en lugar de entrar, se agrupaban en columnas para avanzar por las avenidas para pedir por la liberación del coronel Perón, que esa madrugada había sido internado en el Hospital Militar, después de permanecer encarcelado cinco días en la isla Martín García. Había logrado su objetivo: que lo sacaran de la jurisdicción de la Marina.

El comportamiento de esos obreros fue, en algunos casos, imitativo de lo que hacían empleados similares en plantas vecinas. En otros, actuaron piquetes que organizaban a la gente en la entrada del trabajo. El flujo de gente era hacia el Riachuelo: el mismo Riachuelo donde se libraron las batallas de 1880, el mismo en cuyas inmediaciones fueron asesinados Kosteki y Santillán. El Riachuelo es un accidente geográfico histórico: se trata de una especie de membrana osmótica y turbulenta que recibe la presión del borde sobre el centro, del conurbano sobre una capital que sigue siendo la capital real de la provincia, a pesar de su federalización, como previó Alem.

Luna cita al sindicalista de la carne Cipriano Reyes, que había sido uno de los organizadores del reclamo sindical. Reyes recuerda que la multitud ya no pudo cruzar el puente porque la policía ordenó levantarlo. Entonces comenzó a pasar en «barcas medio deshechas o haciendo equilibrio sobre tablones amarrados a guisa de balsas». Cuando el puente volvió, también de modo misterioso, a tenderse, la avalancha se incrementó desde Avellaneda y desde 4 de junio, el nombre original del flamante partido que se creó en homenaje al golpe de 1943, lo que hoy es Lanús. «Rostros morenos y pelos renegridos conformaban el rostro proteico de esa multitud pobremente vestida, que repetía sin cansancio un solo grito, un solo nombre. Llegaban sin rencor ni prepotencia, simplemente exponiendo su fuerza, al corazón de una ciudad que muchos recorrían por primera vez».[212]

En cambio, los que se movían desde Berisso o Ensenada tenían otro temperamento. Habían interrumpido el recorrido de los tranvías, se dirigieron hasta La Plata, apedrearon la sede del diario El Día y desvalijaron la casa del presidente de la universidad. Algo parecido había ocurrido en Córdoba y en Tucumán.

En su cinematográfica recreación de aquella fecha, Luna cita a Leopoldo Marechal:

Era muy de mañana… El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia; el rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra: «Yo te daré, / te daré, Patria hermosa, / te daré una cosa, / una cosa que empieza con P / ¡Perón!». Y aquel «Perón» rebumbaba periódicamente como un cañonazo… Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban: no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina «invisible» que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista…[213]

En 1971, cuando escribió El 45, en el contexto que ofrecían los acelerados movimientos del retorno de Perón desde el exilio, Luna se emociona relatando aquella manifestación, en la que aparece una asociación, que está en la médula del peronismo, entre lo popular y lo nacional:

Aire de verbena, de fiesta grande, de murga, ¿por qué no? Y de candombe, con las contorsiones que los más ágiles o los más jóvenes efectuaban incansablemente. Aire fresco, popular, saludable, bárbaro, vital. La política en términos de masas era algo tan olvidado desde Yrigoyen en adelante, que el espectáculo del pueblo derramado por las calles dejó alelados, turulatos, a todos aquellos que se habían manejado idealmente dentro de la ficción política impuesta primero por diez años de fraude electoral y después por una democracia que en boca de muchos era solo retórica. Se habían habituado a invocar a una entelequia llamada pueblo, a la que se atribuía apriorísticamente determinadas opiniones. Ahora el pueblo estaba aquí, para expresarse por su propia boca, por su propia, ronca voz.[214]

La manifestación del 17 de octubre fue el resultado de una secuencia que se desencadenó con un detalle burocrático: el 6 de octubre Perón había designado como secretario de Comunicaciones a un amigo de quien entonces era su novia, Eva Duarte. Se trataba de Oscar Nicolini, un personaje intrascendente cuya promoción terminaría de activar el malestar que se venía acumulando en relación con Perón en las Fuerzas Armadas. El casus belli fue que el teniente coronel Francisco Rocco aspiraba al mismo cargo. Intervino aquí una figura clave de todo el proceso: el general Eduardo Ávalos, quien además de ser jefe de Campo de Mayo era un militar interesado en la disputa política, sobre todo por su relación con el líder radical de Córdoba, Amadeo Sabattini. Ávalos, que tenía más jerarquía que Perón pero que era su amigo, se entrevistó con el coronel. No se entendieron. Ávalos fue a hablar con el presidente Farrell, quien lo mandó a hablar de nuevo con Perón.

La nueva entrevista se produjo el 8 de octubre, el día en que Perón cumplía 50 años. Fue un encuentro en el ministerio de Guerra, es decir, en la sede de Perón, que además era secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente. De la reunión participaron varios militares cercanos al coronel. El tema ya no fue el pequeño conflicto entre Nicolini y Rocco. Ávalos expuso la irritación que había entre los uniformados con Perón y sus políticas.

Ese entredicho se había ido agravando a lo largo de los dos años previos. No era un mero conflicto entre sectores castrenses. En el seno del gobierno militar que se había inaugurado con un golpe filofascista el 4 de junio de 1943, se proyectaba una fractura social que se había vuelto muy visible e inquietante.

La sociedad que asistió a ese golpe cobijaba desde hacía años un conjunto de tensiones de distinta índole. Torre imagina que el origen de esa ola podría ubicarse en la anulación de los comicios de 1931, cuando el partido mayoritario, que era la UCR, quedó excluido de la competencia por el poder. A partir de ese momento comenzó a erosionarse la legitimidad del sistema político, sobre todo con el fraude. Pero también las demandas laborales, crecientes por el proceso acelerado de urbanización e industrialización que recorrió toda la década, fueron tramitadas de la peor manera. En el caso del régimen que se instauró en 1943, y que tenía a Perón como uno de sus jóvenes promotores, con una represión sistemática a la actividad sindical, identificada siempre como actividad revolucionaria o subversiva. En este contexto fue asomando un ambiente de intranquilidad social. El campo de esa agitación era, más que ningún otro, el conurbano bonaerense. A mediados de julio de 1944, a pesar de la dureza de la persecución, comenzaban a lanzarse huelgas en los frigoríficos de Avellaneda y Berisso. Algunos militares percibieron esa novedad. El que lo hizo con mayor preocupación, astucia e imaginación política fue Perón.[215]

El coronel comenzó a reunirse con suma discreción con algunos sindicalistas en las oficinas del ministerio de Guerra. Eran encuentros casi clandestinos, porque algunos de esos dirigentes tenían orden de captura del ministerio del Interior. Torre pone un énfasis especial en hacer notar que se trataba de gremialistas que ya aquilataban una experiencia de más de una década. En general, eran antifascistas, no solo por los alineamientos que imponía la Segunda Guerra Mundial, sino también por la polarización que produjo en la Argentina la Guerra Civil española. Aun cuando habían venido a derribar a un régimen muy corroído en su calidad democrática, los militares eran conscientes de su déficit de legitimidad. Por esa razón, buscaron un acuerdo con ese gremialismo ya fogueado. No sería la última vez en la historia en que las Fuerzas Armadas buscarían en la proximidad de los gremialistas una representación social de la que ellas carecían. Fue un acuerdo reticente: los generales y coroneles del régimen eran renuentes a cualquier manifestación reivindicativa de izquierda, y en cuanto a los sindicalistas, si algo no tenían era simpatía frente a esos uniformados de corte fascista. Pero tampoco podían rechazar una invitación que podría permitirles avanzar en una serie de conquistas por largo tiempo reclamadas y siempre ignoradas.[216]

Entre los sindicalistas que primero se acercaron a Perón estaba Ángel Borlenghi, secretario general de Empleados de Comercio, que para esa época ya tenía un gran protagonismo en la escena sindical. Borlenghi era socialista. Fue el gran aliado gremial de Perón, que lo tuvo a su lado como ministro del Interior entre 1946 y 1954. Otro fue Jorge Michelon, militante comunista y líder de la Unión Obrera Textil. Era uno de los que concurrían a los encuentros con orden de detención pendiente. Michelon entró en un eclipse dentro del PC a raíz de esos contactos con Perón.

Los comunistas rehuyeron del trato con Perón. El emblema de esa postura fue José Peter, acaso el dirigente sindical más relevante de la Argentina anterior al peronismo. En los años treinta, había fundado el sindicato y la Federación Obrera de la Industria de la Carne, es decir, del sector cuya inquietud en el conurbano había encendido el radar militar. Dos días después del establecimiento de la dictadura, Peter fue detenido y encarcelado en Neuquén. El 2 de octubre de 1943 los obreros de la carne iniciaron una huelga para liberarlo. Perón lo hizo traer a Buenos Aires. Peter se entrevistó con el teniente coronel Domingo Mercante, que era la sombra de Perón, y se acordó levantar la huelga y evitar los despidos. Sin embargo, como Peter no accedió a integrarse al esquema que estaba diseñando Perón, las sedes de su organización fueron allanadas, la Federación fue disuelta y Peter encarcelado en los calabozos de la Policía Federal. Meses después, ya en 1944, fue deportado a Montevideo. Es relevante prestar atención a esta historia, por lo que puede haber tenido de persuasiva para otros dirigentes de la «vieja guardia». La peripecia de Peter fue una reducción a escala de la de todo el sindicalismo comunista, que terminó siendo disuelto bajo la presidencia de Perón.

Luis Monsalvo era el tercero de ese grupo inicial: pertenecía a la Unión Ferroviaria, la organización más numerosa en aquella época. En ese sindicato, militaba también José Domenech, que fue quien denominó a Perón «el primer trabajador». La Unión Ferroviaria fue clave por su volumen y también porque consiguió que Perón removiera al interventor militar que le había destinado el gobierno de facto. El encargado de tratar con esos sindicalistas fue Mercante, que era hijo de un obrero ferroviario.

El 23 de noviembre de 1943 es muy relevante para la historia que estamos contando: ese día se crea la secretaría de Trabajo y Previsión, al frente de la cual queda Perón, y que reúne a las siguientes dependencias del Estado: el Departamento Nacional de Trabajo; la Comisión Nacional de Casas Baratas; la Cámara de Alquileres; las secciones de Higiene Industrial y Social; la Sección Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles; la Comisión Asesora para la Vivienda Popular; la Junta Nacional para Combatir la Desocupación y la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios.

El decreto de creación, el 15 074, fue redactado por José Figuerola. Se trata de una figura interesante para entender la genealogía del peronismo y su imagen del orden social. Un protagonista inevitable de cualquier historia de las relaciones entre España y la Argentina. Figuerola era un catalán nacido en 1897 —⁠es decir, dos años después que Perón⁠— que había estudiado derecho laboral. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, fue el jefe de asesores del ministro de Trabajo Eduardo Aunós. En ese cargo, se dedicó a estudiar y regular programas sociales inspirados en la Italia de Benito Mussolini, que él visitó en varias oportunidades. El propósito de Aunós era aprovechar la fuerza de la dictadura de Primero de Rivera para establecer un nuevo orden social desde arriba: había que sofocar la efervescencia revolucionaria de lo que se llamó el Trienio Bolchevique, que fue de 1918 a 1922. Aunós fue nombrado en 1929 presidente de la XIII Asamblea Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra. Figuerola fue el representante de España en esa organización.

Cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera, Aunós viajó a París[217] y Figuerola a Buenos Aires. Perón lo conoció en octubre de 1943, en la Dirección Nacional del Trabajo, donde Figuerola se encargaba, entre otras cosas, de las estadísticas. Desde esa posición impresionó al coronel con las novedades sociológicas que se estaban verificando en un Gran Buenos Aires sometido a una rápida mutación. Como su mentor Aunós, este catalán era un especialista en organizaciones profesionales de trabajadores, sobre cuyo desarrollo habían legislado con mucha amplitud en España. En 1943, Figuerola publicó un libro bajo el revelador título La colaboración social en Hispanoamérica, en el que censuraba al mismo tiempo la radicalización obrera y la rigidez patronal. Es obvio que Perón leyó ese material. Figuerola se convirtió en un asesor muy influyente de Perón, con un cargo técnico en la presidencia, hasta algún momento de 1949, en que entró en conflicto con Eva Perón, lo que lo condenó a la marginación el resto de su vida.

El otro diseñador de la secretaría fue Juan Atilio Bramuglia, que era abogado de la Unión Ferroviaria. La importancia de Bramuglia se advierte en que Perón lo convirtió en interventor de la provincia de Buenos Aires, la sede del experimento social y político que estaba llevando adelante.

El tono conceptual con el que se creaba la nueva dependencia se puede percibir en este pasaje del discurso de asunción de Perón: «No se percatan los gobernantes de que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, resultado del olvido de los deberes en los patrones que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Los trabajadores, por su parte, al lograr el predominio de las agrupaciones sindicales, enfrentaban a la propia autoridad del Estado, pretendiendo disputar el poder político».[218]

Perón queda más condenado de lo que pretendía a la alianza con el sindicalismo, por el fracaso de dos intentos de acercamiento: el de la UCR, sobre todo en la figura de Sabattini, y el del empresariado. Para ilustrar este último existe un curioso documento conservado por la familia Rodríguez Larreta, que fue transcripto por el diario La Nación en 1998. Allí se reconstruye una reunión del 12 de diciembre de 1944 entre Perón y un grupo de empresarios, en la que queda expresado el desacuerdo. Durante la conversación, que se fue volviendo cada vez más agresiva, Perón ofreció como un servicio público su combate despiadado contra los sindicalistas afiliados al Partido Comunista. En un momento dice: «Esos dirigentes obreros comunistas son los que están hoy en Martín García y en Neuquén, porque los he metido presos a todos. Felizmente tuvimos tiempo de anticiparnos a la realización de los planes que los comunistas tenían preparados. Poco tiempo después del 4 de junio debió estallar una huelga general revolucionaria. Pero nosotros transamos con ellos y conseguimos postergarla. Entretanto, convencido yo personalmente de que el Departamento Nacional del Trabajo estaba colocado bajo la dirección de un funcionario que no le hacía rendir buenos frutos, propicié la creación de la actual Secretaría de Trabajo y Previsión, y pasé a actuar al frente de ella. El problema consistía en resolver la cuestión social. En realidad, frente al comunismo, solo se puede adoptar una de las siguientes actitudes: 1) destruir por la violencia toda organización comunista; 2) hacer a los obreros promesas que no se cumplen, como antes; 3) quitarle su razón de ser, satisfaciendo con justicia las reclamaciones obreras. Es este último el camino que yo he elegido; siempre he creído mejor hacer que desaparezcan las causas, en vez de empeñarme en destruir sus efectos».

Esas palabras de Perón revelan cómo miraba la expansión del sindicalismo como la amenaza de una revolución, similar a la que podía asomar en Europa si prevalecían gobiernos de izquierda apalancados en el avance triunfal del Ejército Rojo. Podría ser curioso para el punto de vista actual que los empresarios disintiesen con él, alegando que la dureza con el comunismo, en lugar de apaciguar al país, estaba alentando una reacción violenta. No era la única disidencia. Perón justificaba la idea de postergar el proceso electoral para garantizar la pureza de los padrones, mientras que sus interlocutores pedían que los comicios se celebraran de inmediato. Si hubiera que encontrar un episodio que materializara el conflicto entre el peronismo y las grandes empresas, habría que identificar esta reunión.[219]

De todas maneras, el poder del coronel se fortalece, en especial después de que, con la excusa de haber declarado la guerra al Eje, un golpe interno reemplazara como jefe del régimen militar a Pedro Pablo Ramírez por Edelmiro J. Farrell. A partir de entonces, Perón se convirtió en el hombre fuerte de esa estructura, acumulando tres cargos: vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.

Desde esa plataforma, impulsó un Consejo Nacional de Posguerra destinado a fortalecer el mercado interno y estimular la industrialización. En ese organismo, cuyo espíritu intervencionista no es necesario hacer notar, quedaron integrados los sindicalistas. En la foto oficial de la creación, Perón aparece escoltado por Mercante, su brazo político ante el mundo obrero, y Figuerola, su brazo técnico. Ese consejo fue la semilla de toda la elaboración económica posterior del peronismo, hasta el giro de Alfredo Gómez Morales. A partir de su creación, la gestión laboral del régimen se volvió mucho más intensa: se firmaron cientos de convenios de trabajo, que beneficiaron sobre todo a los sindicatos de servicios y de transporte.[220]

Es muy relevante entender que esa hiperactividad regulatoria tenía como telón de fondo un paisaje amenazante: el de la intensísima industrialización, urbanización y proletarización del conurbano. El Gran Buenos Aires, que desde los años treinta se había visto sometido a una transfiguración impresionante, es la cuna y la sala de máquinas del peronismo. Lo es hasta hoy. El espíritu contrarrevolucionario con el que Perón lleva adelante su política de integración asoma aquí y allá, pero en ningún texto aparece expuesto con mayor claridad que en el célebre discurso de la Bolsa de Comercio, que tanto incomoda a la izquierda peronista. Vayamos a esas palabras que condensan el sentido conservador, estabilizante, de la operación peronista:

Es un grave error creer que el sindicalismo es un perjuicio para el patrón. Por el contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que luchar con sus obreros en forma directa: es el medio para llegar a un acuerdo y suprimir las huelgas [además] al Estado le conviene tener fuerzas orgánicas que puede controlar y dirigir […] Pueden venir días de agitación […] Está en manos de nosotros hacer que la situación termine antes de llegar a ese extremo [la guerra civil] en el cual todos los argentinos tendrán algo que perder, pérdida que será directamente proporcional a lo que cada uno posea.

Es necesario dar a los obreros lo que estos merecen por su trabajo y lo que necesitan para vivir dignamente, a lo que ningún hombre de buenos sentimientos puede oponerse […] Es necesario saber dar un 30 por ciento a tiempo a perder todo a posteriori.[221]

El vértigo de ese movimiento, que toma vida en un sistema para el cual la acción sindical solía ser motivo de la pérdida del empleo, explica la intensidad del rechazo que produjo. La legislación sobre indemnización por despido y sobre jubilaciones empieza a ganar para el régimen la adversidad creciente de sectores del establishment empresarial, encabezados por la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA). El foco del repudio está puesto en el papel que comienzan a tener los sindicatos en la vida del país.

Además de las novedades legislativas, que fueron muy accesibles para un régimen que funcionaba sin Congreso, se empezó a notar la vocación política de Perón. El 1.º de mayo de 1945 se celebró la figura del coronel con una manifestación ante la secretaría, a la que Perón responde con un discurso que incluyó este párrafo:

Conozco bien los linderos que separan la reivindicación obrera de índole económico-social de otra que aspira al dominio del proletariado: conozco qué tan peligroso es para nuestra paz interna el extremista que aspira al triunfo para vengarse de las injusticias recibidas como el potentado que financia las fuerzas opositoras al pueblo. Y conozco cuánto más peligrosa es la alianza entre unos y otros, cuando a toda costa pretenden apoderarse del poder con la secreta esperanza de sacarse del medio al aliado para quedar como único dueño y señor de la situación.[222]

El acto del Día del Trabajador fue el punto de partida de un crescendo conflictivo que desembocó en la gran crisis de octubre. El 15 de junio, trescientas entidades patronales divulgaron el «Manifiesto de la Industria y el Comercio». Para comprender el clima de esta fisura, hay que tener presentes algunas fechas: entre el 19 y el 25 de agosto de 1944, se había producido la liberación de París; el 30 de abril de 1945, se suicidó Adolf Hitler, y el 8 de mayo Alemania se rinde sin condiciones. No debe sorprender, entonces, que la solicitada que por esos días publicó la Rural quejándose de la administración laboral peronista estuviera plagada de citas de Churchill y Truman.

Torre pone la lupa en este momento de la saga: considera que el manifiesto empresarial abrió paso a una fase distinta del conflicto político, que estuvo signada por la novedad de que el 12 de julio, por primera vez, los sindicatos apoyaron al régimen militar, haciendo caso omiso de la naturaleza política e ideológica de ese régimen, en defensa de las ventajas que obtuvieron de él.[223]

Es importante detectar que cada actor está buscando su propio contorno en una escena sometida a una mutación de gran velocidad. Los sindicalistas también buscaron un puente con la UCR y el socialismo, en un movimiento casi simétrico al de Perón. Él no quería exagerar la dependencia sindical, los sindicatos no querían quedar absorbidos por el régimen. Los gremialistas no obtuvieron esa recepción. Es más, el socialismo nunca toleró la autonomía de la fuerza sindical que llevaba en su propio seno. Estos rasgos son cruciales para entender lo que sucedió en la Argentina entre 1943 y 1945: ni el empresariado ni la dirigencia política opositora habían registrado la transformación que se había llevado adelante en el país, en especial en los cada vez más extensos suburbios industriales de la ciudad de Buenos Aires. Esa ceguera es determinante para entender el avance de Perón.

Aquel 12 de julio las organizaciones gremiales se manifestaron en defensa del gobierno, que era en defensa de Perón. Bancarios, empleados de comercio y del seguro, telefónicos, la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviaria se lanzaron a una guerra de solicitadas contra las entidades empresariales y realizaron concentraciones en Monserrat, el Congreso y la plaza San Martín, para dirigirse después hacia Diagonal Norte y Florida, donde se llevó a cabo un acto en el que hablaron Borlenghi y Manuel Pichel, que era tesorero de la Unión Ferroviaria. Ambos reivindicaron la tarea de Perón sin mencionarlo. La manifestación siguió hasta la secretaría, y el coronel salió a saludar.[224]

La contradicción social iba en aumento y tuvo un catalizador el 19 de septiembre de 1945: partidos políticos, estudiantes universitarios, empleados de clase media, público en general recorrieron desde el Congreso hasta la Recoleta en una manifestación que se conoció como la «Marcha de la Constitución y la Libertad». El número de los concurrentes es difícil de establecer: la policía, que calculaba para el régimen, anotó 65 000 personas. Los organizadores, 500 000. Si hubiera sido la mitad, esa demostración política hubiera sido, igual, portentosa. Los que protestaban llevaban carteles con las imágenes de San Martín, Belgrano, Moreno, Rivadavia, Echeverría, Mitre, Urquiza, Sarmiento y Roque Sáenz Peña. Al pasar por el ministerio de Guerra, en Callao y Viamonte, insultaron a Perón. A partir de Santa Fe, el río humano se fue volviendo más caudaloso. Luna cita al Daily Mail de Londres: «Fue una demostración política, pero ni Bond Street podría haber hecho una exhibición tal de modelos y ni aun Mr. Cochran, el conocido empresario de teatro, lograría reunir a tantas mujeres bonitas para exhibirlas en una mezcla semejante de pasión política y alegría».[225]

Más allá de lo anecdótico, esa «Marcha de la Constitución y la Libertad» encierra un significado riquísimo para toda la historia posterior. Hoy es muy difícil de entender el modo en que se alinearon las fuerzas y las opiniones. Para lograrlo, habría que percibir con claridad la profundidad de la contradicción conceptual y de la movilización emocional con que dividía a la opinión pública la peripecia internacional. Tulio Halperin Donghi dedica uno de sus últimos libros a pintar ese panorama. El título es ajustadísimo: La Argentina y la tormenta del mundo.[226] Halperin reconstruye la crisis del liberalismo local en el clima de ideas que comienza a dominar la escena occidental a partir de los años treinta. La polarización se acelera con la Guerra Civil española, frente a la cual las posiciones que se fijaron en la Argentina fueron tan nítidas y fuertes que hacían pensar que se trataba de un drama doméstico. El conflicto entre democracia y totalitarismo durante la Segunda Guerra Mundial profundizó esa tensión.

Sin tomar en cuenta este contexto, resulta trabajoso entender la comodidad con la que el empresariado de la UIA y la Sociedad Rural compartían una misma empresa política con el socialismo y, aún más, con el PC. La marcha de septiembre fue convocada por radicales, socialistas, demócratas-progresistas y comunistas con la consigna: «Por la libertad, contra el nazismo». La estrategia de terminar con el régimen nacido en 1943 entregando «el gobierno a la Corte» fue formulada por figuras del comunismo, como el psiquiatra César Augusto Cabral. Por supuesto, el carácter represivo de los militares filofascistas convalidaba esta articulación del otro bando.

Esta configuración, modelada por «la tormenta del mundo», tendrá consecuencias de larga duración. Imprimirá a la vida pública argentina rasgos que son difíciles de decodificar con los patrones convencionales. Uno de ellos es la existencia de una izquierda marxista, la del PC, con escasísimo arraigo sindical. Y un gremialismo integrado, que se constituyó, en los términos que suele utilizar el expresidente del Uruguay Julio María Sanguinetti, «no en un factor antisistema, sino en un costo del sistema».

Las divergencias que se establecen en los años cuarenta quedan canceladas, aunque de un modo parcial, bajo el kirchnerismo. Sobre todo a partir de 2008, cuando el conflicto con el campo hace que desde esa izquierda doctrinaria se mire con otros ojos al peronismo encarnado por los Kirchner. Ese reacercamiento, que tiene distintas sedes, entre las cuales hay que destacar al grupo Carta Abierta, forma parte de una reelaboración más amplia del papel del populismo, que llevan adelante los comunistas. La formación del chavismo no es ajena a esta experiencia. Pero sería engañoso entender el fenómeno en una sola dirección: la asociación de sectores de la izquierda no peronista que habían formado el Frente País Solidario (FREPASO), como el Frente Grande, se mueve tras un objetivo secreto, que es una promesa brumosa de los Kirchner, sobre todo de Cristina: la fantasía de la fisura irreversible del Partido Justicialista (PJ).

El gobierno de Farrell, en cuyo núcleo palpitaba el poder de Perón, reaccionó ante la «Marcha por la Constitución y la Libertad» reprimiendo a universitarios, empresarios y dirigentes políticos. Apunta Luna: «Nunca vivió la Argentina un clima tan parecido al de una guerra civil». A la luz de todo lo que siguió, era la inauguración de una fractura que reaparecería una y otra vez.

Este país, que era dos países en uno, era el contexto en que discutieron Perón y Ávalos en el día del cumpleaños de Perón y en la sede del ministerio de Guerra. Ambos se desafiaron a pedir el retiro en el caso de que su posición fuera derrotada. Perón dejó a Ávalos con sus amigos y se dirigió al sótano del edificio, donde un grupo de periodistas lo esperaba con un almuerzo improvisado para festejar su medio siglo. Arriba seguía la discusión, y el general Fortunato Giovannoni, jefe de la Gendarmería, desautorizó de mala manera al jefe de Campo de Mayo.

Ávalos regresó a su guarnición con la cabeza gacha. Pero en un rato los oficiales, sobre todo los más jóvenes, le hicieron sentir el malestar que les provocaba Perón. La gran guarnición, que ha sido siempre el corazón del Ejército, comenzó a tomar temperatura. El desenlace de esa tirantez ocurrirá al día siguiente: Farrell mismo visita Campo de Mayo. Los oficiales le piden la renuncia de Perón. Farrell se resiste. Les hace notar que esa medida podría desencadenar la protesta obrera a favor del desplazado. Los oficiales insisten. Entonces, se designa a una comisión formada por los generales Juan Pistarini y Carlos von der Becke para que visiten a Perón en el ministerio y le pidan la renuncia. Es curiosa la identidad de estos dos emisarios, que habían hecho su carrera codo a codo. Pistarini era ministro de Obras Públicas del régimen y lo seguiría siendo durante parte de la presidencia de Perón. Su rol fue clave en la reestructuración del conurbano que se produjo en aquellos años. Pero, sobre todo, fue crucial en la reconstrucción de San Juan después del terremoto del 15 de enero de 1944.[227] Esa tragedia está asociada al peronismo, no solo porque la versión oficial del primer encuentro entre Perón y Eva Duarte indica que ocurrió el 22 de enero, en un acto en beneficio de las víctimas organizado en el Luna Park. Fue solicitando ayuda para los vecinos de San Juan a través de la radio que Perón hizo escuchar por primera vez su voz a los argentinos. Von der Becke se reencontraría con Perón en otra circunstancia difícil: en 1955 fue el presidente del tribunal profesional que privó al presidente derrocado del uso del grado y el uniforme militar.

Aquel 9 de octubre de 1945 Perón firmó su renuncia, escrita de puño y letra. La clase media porteña, que ya lo había convertido en el centro de imputación de todos sus males, celebró con alivio. Luna consigna un destalle sugerente: al día siguiente, casi a medianoche, Sabattini llegaba a Buenos Aires para entrevistarse con su amigo el general Ávalos. ¿Se especuló con una fórmula Sabattini-Ávalos? ¿Escondía el duelo entre los dos militares una disputa por la herencia político-electoral de la dictadura?

En el mundo sindical, la renuncia de Perón a todos sus cargos fue percibida como un golpe de Estado que ponía en tela de juicio las conquistas alcanzadas hasta entonces. Las organizaciones gremiales se convirtieron en un avispero, en cuyo interior se debatió, una vez más, el nivel de integración que debía tener el movimiento obrero con un liderazgo político surgido de un golpe militar filofascista. No hay una línea nítida. La historia se mueve, en esos días de octubre, a los bandazos.

Una síntesis de la minuciosa reconstrucción que hace Luna de esa crisis indica que el 9 de octubre los sindicalistas cercanos a Perón se congregan de manera muy sigilosa en el Sindicato de Cerveceros, en Quilmes. Eran alrededor de setenta. Al día siguiente se organiza un acto de despedida al frente de la secretaría, al que, según Luna, asisten cerca de setenta mil personas. Perón es proclamado, por esa multitud, candidato a presidente.[228]

Mientras el golpe contra Perón fracturaba el régimen en su intimidad, la oposición, organizada en una Junta de Coordinación Democrática, reclamaba la entrega del poder a la Corte.

El jueves 11 a medianoche, Perón se va de su departamento de la calle Posadas, entre Callao y Ayacucho, rumbo a una casa de la zona norte. Fue en su auto, un Chevrolet que manejaba él mismo, con Eva Duarte en el asiento del acompañante. Juan Duarte y Rodolfo «Rudi» Freude iban atrás.[229]

Juan Duarte y Freude quedaron en ese domicilio. Perón y Eva se refugiaron en el Delta, en la casa Ostende, que los Freude tenían en ese lugar. Allí pasa dos días con su mujer. En Madrid, ya anciano, recordará que fue el único período en que estuvieron a solas. Fue breve, porque el viernes 12 los militares fueron a detenerlo. Habían conseguido su paradero interrogando a Mercante. Perón fue llevado a la cañonera Independencia y, desde allí, a Martín García.

Farrell convocó a elecciones, derogó el estatuto de los partidos políticos y le encargó al procurador general de la nación, Juan Álvarez, armar un nuevo gabinete desprovisto de ingredientes peronistas.

Aquel 12 de octubre se realiza una manifestación antiperonista en la plaza San Martín, en la que los concurrentes cantan el himno nacional y «La marsellesa». Por esas horas, Mercante se reúne en la secretaría de Trabajo con sindicalistas que comienzan a evaluar alguna intervención institucional de la CGT en el proceso. En este contexto, Perón escribe desde el encierro su ya célebre carta a Eva, en la que promete reencontrarse con ella y abandonar para siempre la vida militar y la política. Esa carta fue publicada por primera vez en 1971 por Luna, en El 45. El sentido de lo que Perón escribe ahí está en discusión. Algunos oficiales que lo asistieron durante aquel gobierno militar y lo acompañaron más tarde a lo largo de su vida, como Benito Llambí, opinaban que Perón, convencido de que le espiaban la correspondencia, planteó a su mujer ese proyecto para despistar al régimen, mientras se organizaba una protesta por su situación.

El sábado 13, Crítica publica en la tapa que Perón está detenido. Hay algarabía en el antiperonismo porteño, que sigue exigiendo la retirada del régimen. Esa noche, el sucesor de Perón en la secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Fentanes, aclara por radio que no van a ser removidas las reformas establecidas en favor de los trabajadores. Pero también recuerda que el Estado no debe cumplir un papel preponderante en las relaciones de trabajo, porque «obreros y patrones deben resolver directamente sus problemas».

Mercante se reúne con numerosos sindicalistas del conurbano. Al final de la tarde, se presenta en el ministerio de Guerra, adonde ha sido convocado, y es detenido.

El lunes 15, el secretario general de la CGT Silverio Pontieri visita a Farrell y al general Ávalos para ponerse al tanto de lo que está ocurriendo y exigir el mantenimiento de las medidas sociales legisladas por el gobierno. Pontieri expresaba a un sector cauteloso, negociador. Se contraponía al que lideraba Cipriano Reyes, que pretendía la movilización a favor de la libertad de Perón. El estado de inquietud ya se insinuaba con pequeñas marchas de obreros desde el Gran Buenos Aires hacia el centro de la ciudad. La moneda estaba en el aire. La presión callejera era un instrumento para forzar una dirección.

El 16 es clave para entender esa encrucijada: ese día se reúne el Comité Central Confederal de la CGT y debate qué política seguir frente a la crisis. El tema en discusión es si se gestiona un acuerdo con el gobierno, que es la posición de la poderosa Unión Ferroviaria, o si se convoca a una huelga general en protesta contra el golpe que se ha producido el 9 en detrimento de Perón. Pontieri cuenta allí su reunión con los militares, que se han comprometido a mantener las políticas en favor del movimiento obrero. Farrell y Ávalos han dado la versión oficial: Perón ha sido puesto a resguardo de un posible asesinato. Al mediodía de ese martes, el gobierno ha emitido un comunicado aclarando que no estaba preso. Y Ávalos le ha dado una entrevista a Reuters manifestando que «el coronel había sido invitado a trasladarse a Martín García para evitar un posible atentado».[230]

Los otros sindicatos plantean que, si no se declara la huelga, serán desbordados. El secretario adjunto de la CGT, Néstor Álvarez, fija una posición que ilustra bien el nivel de autonomía que tenían esas estructuras sindicales respecto del secretario de Trabajo detenido: aclara que si se convoca a la huelga debe quedar claro que es en defensa de las conquistas sociales, y no en defensa de Perón. Finalmente, triunfa por 16 votos contra 11 la posición de convocar a la huelga para el jueves 18. Hay que prestar atención a este punto: en la protesta por la detención de Perón, aun en el clímax del conflicto, la CGT intenta mantener rasgos de autonomía.[231]

Antes de que empezara la huelga, comenzó la movilización. El conurbano se ponía en movimiento para protagonizar uno de los acontecimientos más decisivos de la historia nacional. La dinámica demuestra que la CGT era todavía una entidad sin poder y que la organización de los trabajadores dependía mucho más de sindicatos locales y agrupaciones que operaban en el nivel de las fábricas.

Berisso fue el punto de partida de esa movilización. Los episodios iniciales ocurrieron en la calle Nueva York. Seis cuadras míticas, de una vitalidad extraordinaria, debido a que allí estaban los grandes frigoríficos instalados junto al puerto de La Plata. Desde las fondas situadas frente a esas plantas, desde el club Hogar Social, arengados por Reyes, emprendieron su camino los obreros que llegaron a la plaza de Mayo.

Daniel James analiza con detenimiento esta marcha desde Berisso, en la que encuentra interesantísimos significados.[232] Recuerda que, para 1943, esa localidad contaba con alrededor de 45 000 habitantes y era la principal concentración industrial de la provincia de Buenos Aires, debido a la expansión que tuvo durante la Segunda Guerra la exportación de carne procesada. James apunta también que Perón tuvo una relación muy estrecha con Berisso y los obreros de sus frigoríficos. Desde la secretaría de Trabajo y Previsión apoyó la creación de una estructura sindical en las plantas de Armour y Swift. Pocos días antes del 17 de octubre, había visitado Berisso para asistir a los funerales de Doralio Reyes, hermano de Cipriano, quien había muerto en una refriega con trabajadores comunistas.

James reconstruye los detalles de la operación sindical liderada por Reyes y lanzada desde Berisso en la mañana del 17. Se cortaron los accesos a la ciudad, se forzó el cierre de comercios y escuelas y, después, se realizó una marcha hacia La Plata, que desfiló por la calle 1, la diagonal 80 y llegó a la plaza San Martín. Allí se pronunciaron discursos y tuvo lugar un pormenor interesantísimo: se aclamó al nuevo interventor de la provincia, el general Francisco Antonio Sáenz, que apareció en el balcón para saludar. Sáenz había reemplazado ese día a Francisco Arturo Sainz Kelly. Esta información es valiosa porque tanto Sáenz, saludado como alguien propio por los manifestantes obreros, como Sainz Kelly, que había sido ministro de Gobierno de Atilio Bramuglia, pertenecían y siguieron perteneciendo al peronismo. Tal vez Sainz Kelly es la clave para entender por qué los puentes sobre el Riachuelo, que habían sido levantados para evitar la incursión en Buenos Aires, volvieron a tenderse.

Sin embargo, el fenómeno trascendente para una visión de largo plazo es otro: Perón fue muy celoso en garantizarse el control de la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis. El peronismo se formó, antes del 17 de octubre, en el seno del gobierno de facto surgido en 1943, como una estructura cuya médula sería bonaerense. Aquí hay un núcleo político e histórico relevante: para la fuerza fundada por Perón, la provincia de Buenos Aires fue siempre una prioridad absoluta.

La movilización del 17 de octubre puso en jaque al gobierno y a las Fuerzas Armadas. James recrea la violencia que hubo en esa marcha sobre Buenos Aires. Detalla los ataques a distintas instituciones, sobre todo en La Plata: desde la casa del presidente de la universidad hasta el Jockey Club y el diario El Día. Interpreta también que todos esos rasgos tumultuosos fueron olvidados en el relato oficial de aquella fecha, entendida como la del nacimiento de un movimiento que carecía de vinculación alguna con expresiones o intereses del sistema tradicional. El propio Perón es presentado en esa semblanza como un líder que nada en esas jornadas sin antecedentes. Estos rasgos conviven con un ambiente que en muchos lugares, también en Berisso, fue festivo y permitió, a través del tiempo, superponer el nacimiento del peronismo con un clima de alegría y armonía social. Y algo más importante: la presentación del 17 de octubre como un comienzo absoluto, en la que se niega la existencia del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y también de las complejas organizaciones sindicales que lo impulsaron, permite postular una identidad absoluta entre pueblo y peronismo. Esa identificación deriva una y otra vez en una perversión: solo hay democracia donde hay peronismo.

El 17 de octubre tiene también otro mensaje para la formación del peronismo. Se trata de un desequilibrio sobre el que vuelve siempre Torre y que describe bien Daniel Campione en un libro de conversaciones editado por el sindicalista Leonardo Juárez, tan interesante como difícil de encontrar: Perón queda mucho más atrapado por los sectores obreros de lo que hubiera querido. Él venía imaginando una alianza entre esos sectores, el empresariado, la Iglesia, tal vez todo el radicalismo, pero se convierte en instrumento de un sector de la clase obrera, organizada durante los años treinta y cuarenta en un movimiento sindical. Para Campione, la historia posterior del peronismo es la del esfuerzo de Perón por emanciparse de ese cepo.[233]

James contrasta esa percepción del pasado con el registro de las publicaciones comunistas y socialistas, que veían en las masas que marchaban hacia la plaza de Mayo a murgas dirigidas por hampones. Para el diario La Vanguardia, por ejemplo, los obreros dignos y organizados no estaban allí. Si volviéramos tres décadas atrás, leeríamos en esas mismas páginas la censura a la denominada «política criolla» de los comités del radicalismo. Quiere decir que para la izquierda democrática del socialismo lo que se venía verificando era una lenta degradación que tenía lugar en ese laberinto en expansión que era el conurbano bonaerense.

Esas afirmaciones de comunistas y socialistas expresan uno de las grandes cuestiones que han modelado la historia argentina contemporánea: el desencuentro dramático entre la izquierda y el peronismo, una discordancia mil veces revisada.

Volvemos sobre una dimensión ya señalada de este momento histórico: es imposible comprender esta visión si no se recuerda que la opinión pública argentina estaba modelada en aquellos años por la política internacional, es decir, por el enfrentamiento entre los aliados y el Eje. En aquel libro de conversaciones de Leonardo Juárez, el economista Jorge Beinstein observa que Perón simpatizaba con el fascismo no por una convicción doctrinaria, sino por un clima cultural que impregnaba a muchos sectores ilustrados de la burguesía argentina. Sin embargo, el comunismo lo vio como un fascista orgánico, porque respiraba en la atmósfera de los frentes democráticos de partidos de izquierda asociados a la burguesía progresista en contra de formaciones fascistas. También los empresarios lo vieron así, como se advierte en esa conversación con empresarios de diciembre de 1944. Estamos hablando de 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra y todavía no había comenzado la Guerra Fría. En ese marco, era posible suponer que el PC no se sintiera incómodo aproximándose a las posturas de la Embajada de los Estados Unidos. Se trata de algo tan tolerable y tan mecánico como la traslación a la Argentina de la asociación entre los aliados.

Aquel 17 de octubre, los manifestantes fluían durante la mañana sobre la plaza de Mayo, provocando la alarma de los oficiales del Ejército, que recurrieron al general Ávalos para que ordenara la represión. Torre[234] recorta la figura de Ávalos, al interrogarse sobre la posibilidad de que esa protesta, que cambió el curso de los acontecimientos, no hubiera ocurrido. Ávalos se niega a cualquier acción militar o policial que impida la concentración. Al mediodía, se instala con Farrell en la Casa Rosada, y su única ocurrencia es llamar a Mercante para que calme a lo que, ya para las primeras horas de la tarde, era una multitud. Pero la picardía peronista es anterior al peronismo. El mensaje de Mercante fue una provocación adicional. Empezó diciendo: «El general Ávalos», cuando la plaza rugía pidiendo por Perón.

Ávalos habilitó, entonces, una negociación. Se modificó el gabinete, y él mismo debió renunciar. También lo hizo el más duro de los enemigos del coronel cautivo: Héctor Vernengo Lima, jefe de la Armada, ministro de Marina y de Justicia, que el 17 pretendía desalojar la plaza por la fuerza. Todos los cargos fueron cubiertos con figuras adictas a Perón.

¿Qué detuvo a Ávalos? Robert Potash provee una pista: el 4 de junio de 1943, el general había tomado la Escuela de Mecánica de la Armada, en medio de un tiroteo en el que perdieron la vida setenta personas. Esa masacre lo mortificó el resto de su vida.[235] Él la recordó en la entrevista con Reuters del 16. Ese fue el trauma que impidió a Ávalos torcer el curso de los hechos el 17 de octubre.

La única manera de desmovilizar a la multitud fue, al cabo de la transacción, traer a Perón desde el Hospital Militar y hacerlo hablar en el balcón de la Casa Rosada. Perón dialogó con Farrell durante casi media hora en la residencia presidencial, y desde allí fueron juntos a la Casa de Gobierno, donde apareció ante la multitud casi a medianoche.

Como cuenta Luna, el discurso de esa noche fue un diálogo con una muchedumbre enfervorizada, que había estado esperando su aparición durante todo el día:[236]

Trabajadores:

Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora en el trabajo la grandeza del país. Con esto doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la Patria: el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra, al que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió frente al Cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en número.

Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha a pie durante horas, para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con el deber de respetar sus auténticos derechos. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la Nación.

Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo, por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, mezclado con esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel Perón el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía; que sea esta unión eterna e infinita para que este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la nacionalidad y del orden; que esa unidad sea indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad sino también sepa defenderla dignamente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la Patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos. Esa unidad, base de toda felicidad futura, ha de fundarse en un estrato formidable de este pueblo, que al mostrarse hoy en esta plaza, en número que pasa de medio millón, está indicando al mundo su grandeza espiritual y material.

[El pueblo pregunta: ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?… ]

Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría mil veces por ustedes. No quiero terminar sin enviar un recuerdo cariñoso y fraternal a nuestros hermanos del interior que se mueven y palpitan al unísono con nuestros corazones, en todas las extensiones de la Patria. A ellos, que representan el dolor de la tierra, vaya nuestro cariño, nuestro recuerdo y nuestra promesa de que en el futuro hemos de trabajar a sol y a sombra para que sean menos desgraciados y puedan disfrutar más de la vida. Y ahora, como siempre, de vuestro Secretario de Trabajo y Previsión, que fue y que seguirá luchando a vuestro lado por ver coronada la obra que es la ambición de mi vida, la expresión de mi anhelo de que todos los trabajadores sean un poquito más felices.

[El pueblo insiste: ¿Dónde estuvo?… ]

Señores: ante tanta insistencia les pido que no me pregunten ni me recuerden cuestiones que yo ya he olvidado, porque los hombres que no son capaces de olvidar no merecen ser queridos ni respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser querido por ustedes y no quiero empañar este acto con ningún mal recuerdo. Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en movimiento a todos los díscolos y descontentos, para que, junto con nosotros, se confundan en esta masa hermosa y patriota que constituyen ustedes. Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño mi inmenso agradecimiento por las preocupaciones que han tenido por este humilde hombre que les habla. Por eso les dije hace un momento que los abrazaba como abrazaría a mi madre, porque ustedes han tenido por mí los mismos pensamientos y los mismos dolores que mi pobre vieja habrá sufrido en estos días. Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el país. Mantengan la tranquilidad con que siempre han esperado aun las mejoras que nunca llegaban. Tengamos fe en el porvenir y en que las nuevas autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos que aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe ninguna causa para ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que retornen tranquilos a su trabajo. Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como Secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo, que son las esperanzas más puras y más caras de la Patria. He dejado deliberadamente para lo último recomendarles que al abandonar esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que ustedes, obreros, tienen el deber de proteger aquí y en la vida a las numerosas mujeres obreras que aquí están.

Finalmente, les pido que tengan presente que necesito un descanso, que me tomaré en Chubut para reponer fuerzas y volver a luchar codo con codo con ustedes, hasta quedar exhausto, si es preciso. Pido a todos que nos quedemos por lo menos quince minutos más reunidos aquí, porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días.[237]

Hay varias postales del 17 de octubre. Están las del sindicalista metalúrgico Ángel Perelman y la del nacionalista Raúl Scalabrini Ortiz, ambas rescatadas por Luna. Sin embargo, la más interesante, por los matices que encierra, es la de Delfina Bunge de Gálvez, citada por Torre. El valor de esa página se debe a que fue publicada al día siguiente de la movilización y también a que la autora observa el acontecimiento desde una perspectiva inusual: es una mujer de familia acomodada,[238] mira la novedad de las masas que van al rescate de Perón con el temor que inspira la perspectiva de clase, pero también la mira con las categorías de la caridad cristiana. En este sentido, la descripción presenta de manera muy elocuente la comodidad y, al mismo tiempo, la contrariedad que representó el peronismo para la visión católica de la vida pública. A tal punto que el texto tiene un pasaje misterioso, en el que la escritora presiente que las masas enfurecidas emprenderán la quema de la catedral y de la curia. En el diario El Pueblo, de raigambre católica, como la autora, el 18 de octubre Delfina Bunge publica esta descripción de lo que vio:

Las calles de Buenos Aires presenciaron algo insólito. De todos los puntos suburbanos veíanse llegar grupos proletarios: eran los más pobres entre los proletarios. Y pasaban debajo de nuestros balcones. Era la turba temida. Era —⁠pensábamos⁠— la gente descontenta. Con el antiguo temor, nuestro primer impulso fue el de cerrar los balcones. Pero al asomarnos a la calle quedábamos en suspenso. Pues he aquí que estas turbas se presentaban ante nosotros como trocadas por milagrosa transformación. Su aspecto era bonachón y tranquilo. No había caras hostiles ni puños levantados como vimos hace pocos años. Aquel primer impulso de cerrar convirtiose en un compasivo deseo de ofrecer a los pobres caminantes algún descanso y alimento. Pero ¿qué irán a hacer cuando se encuentren luego reunidos y fuertes en número? ¿Cuáles serán sus finales intenciones? Nuestras sorpresas irán en aumento. Al avanzar la noche, hemos presenciado las horas emocionantes en que la multitud de trabajadores iba engrosando frente a la Casa Rosada. Llega a decirnos la radio que era medio millón. Para los escépticos, reduzcámoslos a menos de la mitad: unos doscientos mil. ¿Va a estallar el odio contenido? ¿Van a comenzar las hostilidades? Semejante multitud debía sentirse poderosa para llevar a cabo cualquier empresa. Tenían allí a un paso la Catedral, pueden incendiarla. Ahí está la Curia, que tantas veces fue objeto de insulto anticlerical. Pero la multitud se muestra respetuosa. Hasta se veía una columna en la que parte de sus componentes hacía la señal de la cruz al enfrentarse a la iglesia. Se objetará que en alguna parte de la ciudad hubo desmanes. Milagro portentoso sería que ninguno hubiera habido en parte alguna. Estas turbas parecían cristianas sin saberlo. Su actitud era tal que nos hizo pensar que ellas podían ser un eco lejano, ignorante y humilde, de nuestros Congresos Eucarísticos.[239]

Alrededor del significado del 17 de octubre y, más ampliamente, de los orígenes del peronismo, la historiografía ha desarrollado un largo debate en el que intervienen muchos autores. En última instancia, todos discuten con los textos fundadores de Gino Germani, quien fija una visión que no ha perdido vigencia en un sector de la opinión pública, a pesar de las sucesivas refutaciones a la que fue sometida. Esa visión es la que presenta al peronismo como la combinación de una masa caudalosa y, sobre todo, informe de migrantes internos que llegan al conurbano para ponerse a disposición de un líder paternalista. En la versión racista del gorilismo más reaccionario, el nuevo movimiento se alimenta de un «aluvión zoológico».[240] El relato de Luna del 17 de octubre es la variante narrativa de este punto de vista, enfatizada por la emoción romántica. El propio Perón se siente a sus anchas con una presentación para cual, en la saga, no hay más que dos protagonistas: el pueblo y él, sin mediación alguna.

Torre analiza la relación entre la emergencia del peronismo y lo que venía ocurriendo en el conurbano bonaerense. Formula varias observaciones que obligan a ajustar la lente. En principio, hace notar que la migración que se produce entre 1936 y 1943 no tenía su origen en las provincias más alejadas, sino en las más modernas. Coincide con los historiadores económicos que identifican la enorme influencia que tuvo en la formación del conurbano la crisis agrícola de los años treinta, que afectó a áreas no tan lejanas de la Capital.[241]

Tampoco fue un movimiento único, sino un desplazamiento por etapas. Quiere decir que una gran porción de esos migrantes ya tenía, al llegar al Gran Buenos Aires, una experiencia urbana anterior. Torre consigna que en 1914 los que vivían en centros urbanos de más de veinte mil habitantes representaban el 53 % de la población. O sea, en la corriente que se volcó hacia Perón, los recién llegados eran una minoría. La estructura laboral que se va formando tiene su base más extensa en las actividades terciarias. Entre 1925 y el período anterior al surgimiento del peronismo, es decir, 1940-1944, ese sector se expandió el 114,9 %. Es una información importante para entender las primeras alianzas de Perón, con sindicalistas de comercio o ferroviarios. La población industrial también creció: para el mismo lapso, pasó de 890 000 a 1810 000 trabajadores. Esa fuerza de trabajo se compone de viejos inmigrantes, desplazados del interior y un conjunto nada despreciable de hijos de inmigrantes europeos.

Esta nueva sociabilidad obrera lleva más de una década de formación cuando se produce el golpe contra Ramón Castillo. Por eso, Torre advierte que, a diferencia de la dócil masa de migrantes criollos identificada por Germani, la red a la que Perón atrae para su proyecto está formada por la vieja guardia sindical. Allí los niveles de compromiso fueron distintos. Figuras como Borlenghi o Bramuglia se integraron al elenco. Otros tuvieron relaciones tácticas, basadas en el oportunismo de quien quiere aprovechar una coyuntura favorable para sacar ventajas.[242]

Hay que detenerse un poco más en este punto de vista. Su centro está en esta afirmación: el peronismo no fue la respuesta manipuladora a una masa social tan disponible como amorfa, sino el resultado de la interacción entre una organización que se había ido formando a lo largo de más de una década y un movimiento militar, en cuyo seno emergía un líder, que iba a servirse de ese aparato y, a la vez, dar respuesta a él.

Esta tesis es de una riqueza extraordinaria, porque obliga a pensar el largo curso de la historia con un acento específico. Concede una autonomía y una creatividad al movimiento obrero que explicará su comportamiento posterior a la caída de Perón en 1955. Es por su propia consistencia preperonista que el sindicalismo es capaz de llevar adelante una estrategia frente a los gobiernos militares posteriores al derrocamiento de su líder. En especial, a la Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía, durante el largo exilio del viejo jefe. El encuentro del sindicalismo con Perón explica la posibilidad de un peronismo sin Perón.

El otro mensaje que hay que rescatar de esos estudios es que desafían la visión convencional del conurbano. La imagen corriente supone una región llamada a ser explorada, asistida, contenida. En otros términos: curada. Sin embargo, Perón, como antes Fresco, el precursor, vieron ese territorio de otra manera. Advirtieron que se trataba de un sujeto activo. Más aún, creativo. Un productor de organización y, en un curso posible de la historia, el agente de una transformación conflictiva. Por lo tanto, no había que salir al encuentro del Gran Buenos Aires con un espíritu caritativo o terapéutico. Había que pactar con él para integrarlo. Se recupera de otro modo una relación basada en el desafío, en el temor. Roca creyó que para consumar la organización política era necesario encuadrar a la provincia de Buenos Aires. Y así lo hizo. Con Perón esa definición es más compleja: para alcanzar el orden social es necesario contener al conurbano bonaerense entendido como la metáfora territorial de un nuevo actor, la clase obrera estructurada en sindicatos. La línea de continuidad entre ambas ambiciones es bastante obvia: desde la provincia se insinúa siempre la extorsión de algún desborde.

Para entender el fondo histórico del problema conviene volver a la riquísima complejidad de la reflexión de Torre sobre los orígenes del peronismo. Para entender el fenómeno, hay que tener en cuenta a esa sociedad nueva que ya estaba allí, desde hacía más de una década, sin ser percibida por la mayoría. Los militares la descubren e intentan obtener de ella los insumos de un orden social integrado. En ese proceso, hay un rasgo muy sobresaliente: la velocidad. Torre observa que el peronismo ofrece, desde el Estado, un acceso a los beneficios sociales de un mundo industrial y urbano que en otras sociedades tardaron mucho tiempo en ser democratizados.[243] Esa rapidez, que se encadena con la acelerada modificación sociolaboral que trajo consigo la sustitución de importaciones, explica la veneración que obtuvo el peronismo de la mayoría de sus beneficiarios. También explica la irritación que produjo en quienes integraban el orden establecido. Las preguntas que se formula Delfina Bunge de Gálvez en su pintura del 17 de octubre expresan todos estos matices. Torre observa además que, dado que la adquisición de esos bienes económicos y sociales no fue el resultado de una lucha reivindicativa, sino de una política estatal, la noción de conflicto de clases está ausente de la interpretación del cambio.

Perón ve más allá: advierte lo que había estado ocurriendo en el Gran Buenos Aires y construye un proyecto político a partir de esos obreros que ya tenían algún grado de organización. La empresa está imbuida de un espíritu conservador, que es el que se pone de manifiesto en el discurso de la Bolsa de Comercio: hay que incorporar al nuevo sujeto social no para producir una alteración del orden, sino para evitarla.

Esta concepción tiene un notorio parecido con la de Fresco, que en tantos aspectos prefigura al peronismo. Fresco y Perón expresan el temor al potencial revolucionario de esa fuerza obrera que se está gestando en el conurbano. En el discurso de cierre de su «marcha sobre Buenos Aires» de 1935, conviene insistir, el candidato conservador presenta a esos trabajadores que lo siguen como un «ejército pacífico». El concepto es interesante porque cobija la violencia, pero una violencia que, por disciplinada, se vuelve inofensiva. Fresco se ofrece como el gobernante capaz de disciplinar esa violencia que, en realidad, era conocida: en los años veinte, el sindicalismo anarquista había atemorizado a la sociedad con el ejercicio sistemático de la acción directa. El fraseo de Perón tiene la misma pretensión: se ofrecerse como el constructor de lo que más tarde llamará la «comunidad organizada».

Detrás de esta elaboración discursiva y conceptual, opera una hipótesis que recorre la historia contemporánea de la Argentina: la visión del conurbano como una presencia amenazante; el temor al desborde que arrasará con todo. En Fresco y en Perón subyace esa presunción. El Gran Buenos Aires es, en un sentido estructural, peligroso, porque en él radica una fuerza que amaga con desatarse. Esa fuerza que demanda ser encorsetada, domada, administrada.

Un punto de contacto, acaso el más superficial, es que tanto Fresco como Perón habían visitado la Italia de Mussolini. El caudillo conservador lo hizo en 1935, como presidente de la Cámara de Diputados, antes de ser gobernador. Durante esa estadía, se entrevistó con el Duce. Perón vivió en Italia entre 1939 y 1940. Todavía no había conocido a Figuerola, tan ligado a la experiencia de Mussolini, tan gravitante en su gobierno. Perón fue destacado en aquel destino a instancias de camaradas que temían por la interminable depresión en que había caído después de la muerte de su primera esposa, Aurelia Tizón, «Potota». Antes de morir, ella lo había comprometido a que estableciera una relación de pareja con su hermana María Tizón. Durante el viaje por Italia, Perón escribe varias cartas a María. Todas están recopiladas en el minucioso trabajo de Ignacio Cloppet, Perón en Roma. En una de esas cartas, dice:

Este gran hombre que es Mussolini sabe lo que quiere y conoce bien el camino para llegar a ese objetivo. Si las fuerzas desatadas al servicio del mal se oponen a sus designios, luchará hasta morir, y si lo matan, quedará su doctrina, aunque yo siempre he tenido más fe al hombre que a las doctrinas. El panorama social de Italia es igual al de los demás países: un capitalismo sin grandes recursos, pero que mueve lo que tiene para crear valores; un laborismo sufrido y pujante, que en combinación con el capitalismo elabora valores y crea riquezas donde la naturaleza ha negado gran parte de sus dones. La dirección a cargo de otra clase nueva (el fascismo) que gobierna y administra, vale decir dirige el capital, el trabajo y las fuerzas espirituales que no descuida. Lo más difícil es mantener la justa proporción que debe existir, en todos los regímenes, entre la parte de la población que produce (capital y trabajo) y la que dirige (que no produce). Hasta ahora el fascismo mantiene esta justa proporción, pero si las necesidades político-internas lo llevan a aumentar el personal que dirige, caerá en la burocracia, que un país pobre como Italia no podrá resistir. Nuestro régimen burocrático que ya es una rémora, lo aguantamos porque la Argentina es inmensamente rica, pero un país europeo sin colonias para exprimir, como lo hacen Inglaterra, Francia, etcétera, no puede cosechar una burocracia sin sucumbir.[244]

Hay otro aire de familia entre la frustrada empresa de Fresco y la exitosa de Perón. Ambos ven el movimiento obrero como proveedor de una legitimidad de la que ellos carecen. Fresco necesitó del fraude para gobernar. Estaba obligado a denostar a una democracia electoral que estaba encarnada en el radicalismo. La fuerza organizada de los sindicatos, con los que negoció y a los que ofreció conquistas que preanuncian las del secretario de Trabajo y Previsión de 1944, podía irrigar a su proyecto con una savia popular que la competencia política no le proveía.

El caso de Perón es similar. Su acercamiento a los sindicatos viene impulsado por un déficit. El régimen que se establece con el golpe del 4 de junio viene a redimir a la política de las prácticas oligárquicas de la década anterior. Pero eso no alcanza para proveerle legitimidad democrática. Perón es el que mejor advierte entre sus camaradas que los sindicatos podían suministrar una base sobre la que asentar el poder crudo de las armas. Los gremialistas aprovecharon esa demanda para obtener, en la negociación con el régimen, conquistas que la política convencional les había negado.

Esta situación transaccional, que es novedosa porque lo es la fuerza política de los trabajadores, tiende a perdurar más allá de estas experiencias. Reaparece cada vez que la Argentina estuvo a cargo de gobiernos de legitimidad dudosa o nula. Fueron demasiadas veces. Es inevitable que la observación de esta relación entre peligro social, fuerza sindical y regímenes de baja calidad lleve la memoria al vínculo entre la Revolución Argentina de 1966 y el proyecto vandorista de un peronismo sin Perón. No se agota allí ese rol. Al mismo tiempo, durante los períodos de proscripción del peronismo o de gobiernos de facto, los sindicatos fueron el refugio de la dirigencia política, lo que incluía el suministro de un empleo.

El movimiento que se inició el 17 de octubre decantó en las elecciones del 24 de febrero de 1946, en las que el Colegio Electoral consagró la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Jazmín Quijano. Se eligieron, también por el Colegio Electoral, los senadores por la Capital, diputados nacionales, gobernadores y legisladores provinciales.

La información detallada de estos comicios se puede encontrar en los tres tomos que publicó Samuel Amaral bajo el título Perón presidente,[245] que es la fuente de los datos que consignaremos a continuación.

Amaral desarrolla un estudio preliminar analizando las características de aquella elección. Como parte de ese trabajo, reseña con bastante detalle las distintas tesis alrededor de las cuales ha girado el debate sobre la base social sobre la que Perón llegó al poder. Es, en apretada síntesis, la tesis de Germani y su discusión.[246] El balance final es el siguiente:

No es posible responder con certeza a la pregunta ¿quiénes votaron a Perón?, pero sí establecer dónde Perón obtuvo los votos que le dieron los electores que lo designaron presidente. De este modo, se puede echar nueva luz sobre la dimensión nacional del peronismo, es decir, fuera de los límites de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, ya que el voto por Perón en el resto de Buenos Aires y en los otros trece distritos no se debió a la presencia decisiva de obreros industriales, ni de migrantes recientes, ni de sindicalistas, y esos votos fueron tan necesarios para consagrarlo presidente como los de aquellos en que estaban presentes los actores principales de las explicaciones de Germani y de sus críticos.[247]

En un primer vistazo, los cómputos de aquellas elecciones de 1946 en el conurbano impresionan por las diferencias que esa geografía presenta con la actualidad. Para definir la región, Amaral considera diez partidos que muestran una densidad demográfica significativa. Es decir, algunas jurisdicciones que hoy formarían parte de ese entramado eran semirrurales en aquella época. Los que el autor considera son, de norte a sur, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, 6 de Septiembre —⁠así se denominó Morón entre 1932 y 1946⁠—, que pertenecen a la primera sección electoral; La Matanza, Lomas de Zamora, 4 de Junio —⁠así se denominó lo que a partir de 1955 sería Lanús⁠—, Avellaneda y Quilmes, de la tercera sección electoral.

Para los comicios de 1946, estos diez partidos presentaban 288 940 inscriptos, de los cuales 250 908 emitieron su voto. Es decir, hubo una participación del 86,84 %. Esos votantes fueron el 30,53 % de la elección bonaerense y el 8,83 % de la elección de todo el país. La cantidad de inscriptos era muy dispar. El partido menos caudaloso fue San Fernando, con 12 838. En el otro extremo estaba Avellaneda, con 59 688 inscriptos. Todos los partidos del Gran Buenos Aires superaron el promedio provincial de inscriptos (8835) y de votantes (7337). Los partidos más populosos eran Avellaneda, 4 de Junio y San Martín. En cambio, San Fernando, San Isidro y, llama la atención, La Matanza eran zonas similares de Chivilcoy, Pergamino, Necochea, Junín, Olavarría o Azul.

Las elecciones del 24 de febrero fueron decisivas, por supuesto, porque pusieron a Perón en el gobierno, con todo lo que eso significa. Pero también lo fueron porque reflejaron con su aritmética la profundidad de la transición que estaba viviendo la Argentina, lo que constituye una explicación de su desenlace. Entre los comicios, para diputados nacionales, que se realizaron el 3 de marzo de 1940 y los del 24 de febrero, el incremento de inscriptos en el Gran Buenos Aires fue del 49,39 %. Amaral[248] apunta: dos veces mayor que el 18,50 % de la provincia, 22 puntos por encima del 27,54 % de la Capital Federal y casi 19 puntos superior al 30,44 % de Mendoza, que fue el distrito en el que más aumentó el número de los autorizados a participar.

Entre las dos elecciones, la participación creció el 51,56 %. La cantidad de votantes creció el 100,95 %. Una ampliación que no se explica solo por el crecimiento vegetativo de la población; hay que incorporar la relevancia de las migraciones internas.

En el conurbano bonaerense, la fórmula Perón-Quijano obtuvo 162 883 votos. Tamborini-Mosca, 78 392. Los electores del Partido Demócrata Nacional, que no fue aliado a la Unión Democrática, 4218 votos. La diferencia entre el primer binomio y el segundo fue de 84 491 votos.

De todos los partidos, el más indiferente a Perón fue Vicente López: allí el triunfador obtuvo el 56,33 %, una tendencia que se mantendrá a lo largo de la historia. Igual que la que se manifestó en Lanús, por entonces 4 de Junio: el 69,97 % de los votos para Perón, el máximo alcanzado aquel 24 de febrero. Tamborini y Mosca obtuvieron el 31,24 %. Alcanzaron el máximo en Vicente López, con el 39,07 %, y el mínimo en 4 de Junio, con el 27,28 %. Estos porcentajes alimentan la tradición por la cual Lanús ha sido la «capital nacional del peronismo».

8
CLIENTELISMO

La expansión de la pobreza, el avance de la informalidad laboral, el colapso de la infraestructura, la crisis del sector público han ido modelando, en franjas muy amplias del conurbano bonaerense, un tipo especial de democracia. Las formas de participación y representación, en lugar de superar, tienden a reforzar la fragmentación social. Para una parte muy extendida de la ciudadanía, la política se gestiona de manera clientelar.

Una compilación de artículos realizada por Javier Auyero ofrece una definición muy sintética del fenómeno: es el intercambio de favores por votos.[249] Esa presentación ayuda a percibir que el clientelismo no puede ser encasillado entre los pobres. En todas las clases sociales se produce esa transacción. Los favores pueden no ser bienes materiales, y la contraprestación no tiene por qué reducirse al voto. Muchos empresarios ofrecen financiamiento a cambio de resoluciones que les garantizan, como si fuera un coto de caza, una porción del mercado. Tzvetan Todorov señala que «no es solo el Estado el que puede privar de libertad a los habitantes de un país, sino también determinados individuos especialmente poderosos, que pueden reducir la soberanía popular».[250] Es habitual que los legisladores aprueben determinadas normas a cambio de beneficios tangibles para sus distritos. De los gobernadores puede decirse lo mismo. La política tiene, en todos los niveles, una dimensión transaccional. Todos los sectores son capaces de ofrecer su adhesión a cambio de un choripán. Lo que cambia es la calidad del choripán. Gabriel Kessler subraya que existe una observación sesgada: se circunscribe el clientelismo «a lo que sucede con los sectores subalternos y pocas veces se usa el atributo para tipificar y juzgar hechos comparables que involucran a otras clases sociales».[251]

El clientelismo, entendido como un tipo de vínculo de los pobres con la esfera pública, tiene un significado específico. Es el intercambio de derechos políticos por ayudas materiales destinadas, en muchísimas ocasiones, a satisfacer necesidades básicas, lo que se constituye en un factor de dominación. Un rasgo peculiar de ese vínculo es que los bienes que se ofrecen son públicos. Pero no se obtienen directamente del Estado, sino a través de un intermediario. El ejercicio de un derecho depende, por lo tanto, de una relación cara a cara con un mediador. En la Argentina se le llama puntero y en una de las traducciones al inglés se lo designa como bróker.

Los orígenes de la palabra puntero son brumosos. Una versión insistente supone que se refiere a los capitalistas de juego o bancas de juego que, a comienzos del siglo pasado, ponían a disposición de un político a sus apostadores o puntos. En este sentido, el clientelismo es un aspecto de la constitución de partidos políticos como maquinarias electorales, un proceso que se acelera a medida que se universaliza el derecho a votar. El puntero es una figura ligada a la necesidad de llevar a los electores a las urnas.

Gabriel Vommaro y Hélène Combes reconstruyen la historia del clientelismo en la Argentina.[252] Se remontan a la figura del juez de paz, que encarnaba las prestaciones de la administración en las zonas rurales. Reunía en su persona las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, y después se le agregaron las de agente electoral. No era un puntero, pero su función ayuda a entender el funcionamiento de la vida pública cuando el Estado está ausente, sea porque no terminó de constituirse —⁠en el caso del juez de paz⁠—, sea porque desertó —⁠en el caso del puntero⁠—.

El clientelismo es un problema que se inscribe en una agenda mucho más general, referida a la calidad de la democracia, sobre todo en relación con su acto fundacional, que son los comicios. Esa cuestión, que la bibliografía estudia con más énfasis en la provincia de Buenos Aires y en el ciclo que se abrió en 1983, hunde sus raíces en toda la historia nacional. En el filo de lo que parece una caricatura del clientelismo, y de Juan Manuel de Rosas, el Restaurador escribe este párrafo en una carta dirigida a su esposa, Encarnación Ezcurra: «Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres y cuánto interesa atraerlos. Escríbeles con frecuencia y mándales cualquier regalo. Los amigos fieles que te hayan servido, déjalos que jueguen al billar en casa».

Y otro párrafo en el mismo sentido: «No repares en visitarlos, servilos y gasta con ellos cuanto puedas. Lo mismo que con las pobres tías y pardas honradas, mujeres y madres de los que nos son y han sido fieles. No repares en visitarlas y llevarlas a tus paseos de campo aprovechando tu coche que para [eso] es y no para estarlo mirando».[253]

Hubo varios momentos en los que estas miserias de la vida pública fueron sometidas a debate. Acaso la discusión más interesante sea la que se abrió a comienzos del siglo XX, sobre todo con la ley electoral de 1912, de voto secreto, obligatorio y «universal». Fue impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, para quien la pureza del sufragio era constitutiva de la cultura política. Como recordó Rodolfo Rivarola, Sáenz Peña se proponía «crear al ciudadano por el ejercicio del sufragio».[254] Toda discusión sobre el clientelismo tiene en su núcleo otra sobre la calidad electoral. Es decir, sobre los comicios, «cuando uno va a ejercitar el acto más grande de la vida republicana, en que el pueblo es soberano con todas sus energías, derechos y prerrogativas», en las palabras del diputado Pastor Lacasa, pronunciadas durante los debates de 1911.[255] El secreto del voto fue imaginado, en aquellos debates de comienzos del siglo pasado, como un remedio para las prácticas clientelares.

La guía más eficaz para estudiar esa experiencia sigue siendo El orden conservador, de Natalio Botana. Allí se estudian las reformas electorales con que la dirigencia tradicional respondió a una impugnación que le llegaba desde las luchas sociales y la abstención política. Botana reconstruye un sistema clientelar cuyos vicios tienen un extraordinario parecido de familia con el que provoca escándalos en la actualidad. Consigna:

Entrado ya el siglo, en las postrimerías del régimen, los procedimientos tradicionales fueron reemplazados por el comercio de libretas de inscripción y la compra directa de votos. Este peculiar cambio en los procesos de control fue, para muchos, un saludable signo de progreso. «¡No hay voto más libre que el voto que se vende!», exclamaba Pellegrini en la Cámara de Diputados en 1906, y observaba que «en la materia se entraba —⁠desgraciadamente en la Capital⁠— en una etapa de progreso por la que habían pasado las grandes democracias. Si se torcía con dinero la voluntad popular, era porque resultaban insuficientes la intimidación y la violencia». Para comprar votos se pusieron en práctica métodos más refinados, perfeccionados a medida que los adelantos tecnológicos facilitaron las comunicaciones rápidas y eficientes desde los comités electorales.[256]

Uno de los dos grandes reformadores de comienzos del siglo pasado, el salteño Indalecio Gómez, ideólogo de la que pasó a la historia como Ley Sáenz Peña, describe así el conjunto de desviaciones que se proponía corregir: «Hay tres grandes males en el país desde el punto de vista electoral: la abstención de los ciudadanos, la maniobra fraudulenta en el comicio, la venalidad que hace perder la conciencia de ciudadano al elector. Y una cuarta dolencia constitucional, que es fuente, origen de todas las otras: que el pueblo no elige; quien elige es ese estado de cosas, ese mecanismo, esa máquina de la que ya se ha hablado».[257]

La organización de maquinarias electorales adquirió importancia con la Ley Sáenz Peña, de voto obligatorio, secreto y «universal», en 1912. Botana recuerda el repudio a esta novedad por parte de Joaquín V. González, el ministro del Interior de Julio A. Roca y reformador electoral de 1904. Consigna su «repudio al comité y a los mecanismos de mediación que distribuían candidaturas y acarreaban votos para las listas oficiales». González, consigna Botana, llamaba a los agentes de esos procesos «elementos políticos o reclutadores». Se está refiriendo, como es obvio, al puntero.[258]

Los radicales fueron los primeros en constituir un aparato de esa naturaleza. Vommaro y Combes recuerdan que ellos constituyeron su clientela sobre todo utilizando el empleo público. Y consignan la competencia entre «mediadores» de la Unión Cívica Radical (UCR) con el socialismo y las sociedades de inmigrantes. Sin embargo, las críticas al clientelismo se cifraron en el yrigoyenismo, que fue en este sentido un precursor del peronismo. Ricardo Martínez Mazzola reconstruye esa caracterización y recuerda cómo los socialistas vieron en el ascenso de Hipólito Yrigoyen el triunfo de la barbarie. Por eso, al día siguiente de su asunción presidencial, publicaron en la tapa del diario La Vanguardia fragmentos del Facundo. Martínez Mazzola detecta que esa diatriba tiene un blanco más amplio que el caudillismo:

Sin embargo, si bien los socialistas mantendrían las fuertes críticas, consideramos que la categoría más empleada por ellos para analizar la política de la época, la de «política criolla», no puede asimilarse sin más a la de «caudillismo». Aun sin dejar de lado la cuestión del liderazgo, aquella remitía centralmente a las prácticas «de base» de la política popular, a la alcoholización, al juego, al intercambio de favores por apoyo. Podría afirmarse que en el discurso socialista la crítica al caudillismo se veía subordinada al cuestionamiento más general a esa «política criolla» que —⁠consideraban⁠— incluía tanto a los viejos partidos conservadores como al radicalismo, la que sería superada —⁠postulaban con fe evolucionista⁠— a partir de la educación política que suponía el repetido ejercicio del sufragio.[259]

La denominación «política criolla» equivale para los socialistas, sobre todo para Juan B. Justo, a lo que después se llamaría clientelismo. Y se opone a «política científica» o «racional». Está caracterizada por la falta de organicidad institucional de los partidos, por los rasgos facciosos y por apelar a las necesidades materiales como principal vector de movilización y obtención de consenso. Justo y sus seguidores identifican esta cultura en el radicalismo y el conservadurismo. Son los partidos tradicionales, burgueses, que utilizan métodos ajenos a la racionalidad para manipular a sus bases. Es interesante advertir que la calificación «criollo» se opone a «racional» o «científico». Hay un eco sarmientino en esta contradicción. También para Domingo Faustino Sarmiento lo criollo, con su sustrato hispánico, se identificaba con la barbarie, y lo europeo o anglosajón, con la civilización. Esta atribución geográfica recorre, como explican Vommaro y Combes, la bibliografía sobre el clientelismo: en general, se lo entiende como un vicio propio de sociedades mediterráneas. Para desmentir ese prejuicio, existe todo un desarrollo teórico que localiza prácticas similares en la política de Estados Unidos o Japón.

Martínez Mazzola estudia el antiyrigoyenismo en su expresión radical, antipersonalista. Pone el foco sobre el jujeño Luis Reyna Almandos y su libro Hacia la anarquía. Examen de la política radical. En ese poeta, jurista y criminólogo, se puede advertir una asociación destinada a perdurar hasta hoy: la conexión entre caudillismo y clientelismo y entre clientelismo y política suburbana. Reyna Almandos sostiene que el personalismo yrigoyenista es hijo de la decadencia de la élite encarnada por Mitre, Roca y Pellegrini y que retrotrae la vida pública a las modalidades anárquicas y despóticas anteriores a Caseros. Pero ya no como la oposición del campo a la ciudad, sino como producto de una nueva geografía: «El arrabal plebeyo en el que se junta la muchedumbre anónima».[260]

Reyna no habla de clientelismo, pero describe el fenómeno e identifica a sus agentes. No son solo los caudillos. Son también los compadritos, hijos de gauchos e hijos de inmigrantes que van transformando su identidad en las periferias urbanas, que organizan su base electoral. Con el tiempo, ese compadrito sería identificado como puntero. El de Reyna es un planteo interesante, porque en él el puente entre el caudillo tradicional y el compadrito, antecedente del puntero, es el suburbio. Es una identificación muy temprana de un modo de hacer política, distinto al del interior provincial que él conoce bien como jujeño. Reyna identifica, en un clientelismo al que no puede llamar por su nombre, la forma en que el caudillismo tradicional se presenta, mutante, en el conurbano. En su texto, hay una definición clave: muchedumbre anónima. Intuye que el clientelismo es una expresión de la demografía urbana.

Esta visión aristocratizante del clientelismo aparece también en la impugnación conservadora al yrigoyenismo. Ramón José Cárcano, citado por Botana, describe el desembarco del radicalismo en las elecciones provinciales cordobesas de 1912 en términos llamativos por su actualidad:

De todas las provincias acuden grupos de radicales a colaborar en los trabajos electorales. Es un reclutamiento general, novedoso y sorpresivo. Puede crear una opinión artificial y transitoria y varía del verdadero sentimiento local. Disponen además de mucho dinero. Se han verificado colectas secretas en Buenos Aires y algunas provincias y reunido un caudal. Multiplican las donaciones, los trenes expresos, automóviles, comilonas y promesas fantásticas. La propaganda radical ofrece desde la primera hora un carácter nuevo. No se habla de candidato a gobernador. No se menciona en los discursos, carteles ni forma alguna de propaganda. No aparece para nada. Solo existe un nombre y un hombre: Yrigoyen.[261]

Botana rescata también la descripción que Rodolfo Rivarola hace de un clientelismo que contamina las tácticas electorales de los conservadores: «Rivarola describió a los Partidos Unidos —⁠o Conservador, como se lo denominó más adelante⁠— como el nombre que se había dado a sí mismo el ejército de funcionarios y empleados públicos provinciales y municipales que ejecutaban los designios del gobierno o de un jefe común para simular elecciones».[262]

La denuncia de estas miserias se torna sistemática después del golpe de 1930, cuando el fraude electoral se vuelve más escandaloso. El gobernador Manuel Fresco (1936-1940), que tenía como ministro de Gobierno a Roberto Noble, el futuro fundador de Clarín, organizó para el Partido Conservador una red de comités y campañas de afiliación. Para 1943, otro conservador relevante, el salteño Robustiano Patrón Costas, en el discurso que pronunciara delante de la convención de su partido el 3 de junio, un día antes del golpe militar que engendraría al peronismo, formulaba esta caracterización: «La mala política ha entronizado el profesionalismo político, con sus caudillos y sus trenzas, ha traído el desprestigio de la palabra y el alejamiento de la actuación de nuestra vida pública de muchos valores intelectuales y morales». Patrón Costas condena el fraude electoral, por el que se responsabilizaba, con razón, a su partido, pero acotaba: «El fraude está, y es mucho más pernicioso que el otro, en la acción demagógica de los partidos que engañan al pueblo con falaces promesas, que no se piensa cumplir y que se hacen con el único propósito de conquistar el voto. El fraude está en la vida interna de las agrupaciones políticas, en la formación de sus padrones y en la elección de sus candidatos». Son afirmaciones de una gran riqueza para entender el debate de la época. Desde el golpe del 6 de septiembre de 1930, los conservadores se sintieron obligados a reivindicar para sí una condición democrática de la que carecían en plenitud por razones obvias: habían tomado el poder recurriendo a las armas y reproducían esa situación a través del fraude. Patrón Costas propone ver el problema desde otra perspectiva: el radicalismo, que tenía en la identificación con la participación popular un rasgo indiscutido, también transgredía el espíritu democrático, debido a que su manera de conseguir el voto era, en esencia, fraudulenta. El clientelismo es para él un fraude «más pernicioso que el otro», es decir, que el que practicaba su partido.

Todos estos testimonios demuestran que el peronismo no inventa ni el clientelismo ni al puntero. La experiencia de los años cincuenta revela que transformó el fenómeno. Organizó la lealtad de los trabajadores formales a través de los sindicatos, y la de los subempleados, mujeres y niños a través de la Fundación Eva Perón, encargada de hacer beneficencia. A la creación de esa «clientela» contribuyó una red de comités, llamados «unidades básicas».[263] La diferenciación entre ocupados y subocupados o desocupados es interesante, porque prefigura la que dominará con toda nitidez el proceso posterior a la gran recesión que se inició en 1998.

El clientelismo y la figura del puntero cambian su sentido a partir de los años setenta. La crisis productiva modifica el conurbano. La decadencia industrial produce un empobrecimiento que determina el surgimiento del puntero como agente social que gestiona frente al Estado los recursos indispensables para la supervivencia de quienes integran su red. Es una de las formas en que la exclusión modifica la política.

Jorge Ossona describe esa mutación con estas palabras:

Hasta fines de los años setenta […] los lazos de solidaridad barrial eran incomparablemente menos relevantes que los del denso entramado institucional de la poderosa maquinaria administrativa nacional. […] En las barriadas periféricas de Lanús, lindantes con el Riachuelo, el trabajo fabril era el eje de la acción colectiva y el termómetro que medía la temperatura de la inclusión en las prácticas comunitarias locales. Ya desde fines de los años setenta empezaron a registrarse las primeras señales de una profunda reestructuración. Muchas fábricas quebraron o redujeron su planta. En todos los casos, la amenaza de perder la fuente de trabajo activó las antiguas redes de solidaridad barrial, las que por ende debieron añadir a sus funciones tradicionales otras nuevas. Entramados familiares organizados por razones de parentesco, de nacionalidad o de origen local, grupos de clases definidos por la vecindad, parroquias católicas e iglesias evangélicas —⁠que por entonces irrumpieron con un éxito asombroso⁠— debieron emprender acciones colectivas de ayuda mutua. La crisis de la sociedad industrial fue redefiniendo así las formas de subsistencia y de realización tradicionales de familias e individuos, impactando particularmente entre los jóvenes.[264]

El rol del puntero se modifica. Ya no es solo el engranaje de un aparato partidario con funciones importantes durante la competencia electoral. Con la reestructuración socioeconómica que comienza a verificarse a mediados de los años setenta, ese papel pasa a ser el de un «mediador» entre los sectores necesitados y las prestaciones del Estado. En especial, vivienda, infraestructura, salud y algo clave: documentación. Rodrigo Zarazaga realiza una caracterización bastante completa de este puntero-mediador social, instalado en las zonas más carentes de la sociedad. No va a las villas, sino que vive en las villas. Entre sus entrevistados, cada uno ayuda, en promedio, a unas 85 personas. Cerca de dos tercios de estas tienen un sueldo municipal o reciben un plan social. El 25 % ya hacía trabajo social antes de ponerse al servicio de un partido, casi siempre el peronista.[265]

Los mediadores intercambiables

Una visión del fenómeno, la que enfatiza el costado más romántico, sostiene que el reclutamiento partidario de punteros suele realizarse entre los líderes sociales de los barrios, gente que en su momento comenzó a dirigir un merendero o una salita de primeros auxilios. «Yo no soy un puntero. Soy un trabajador social que ingresó a la política», se definió un puntero de Lanús, y agregó: «A nosotros nos viene a buscar la política».[266] Una versión más prosaica, que escuchamos a un exintendente de la Primera Sección Electoral, identifica al puntero con alguien que ya está engarzado en la vida pública: «El puntero es un eslabón de la cadena que, en general, termina en el jefe del municipio. Puede ser que maneje un club de jubilados, una sociedad de fomento, pero siempre tiene un enganche con el aparato de poder del lugar».

La principal prestación de ese mediador es movilizar vecinos para los actos, sobre todo durante la campaña electoral. De ese modo, el dirigente del que depende puede exhibir su poder social y reclamar beneficios a cambio. Estas relaciones terminan formando una escalera que puede llegar al intendente e incluso al gobernador, que también consiguen ventajas relacionadas con el control de una demografía.

Ese rol se ha ido profesionalizando y, en el marco general de una crisis de los partidos, les ha dado a los punteros la posibilidad de alinearse detrás de banderas distintas. Se trata de una consecuencia de la dependencia de los recursos del Estado. Así, punteros que trabajaban para el Partido Justicialista (PJ) de Hugo Curto, en Tres de Febrero, o de Darío Díaz Pérez, en Lanús, se «transfirieron» a Diego Valenzuela o Néstor Grindetti, de Propuesta Republicana (PRO). Cuando se habla con esos mediadores, se aclara que no han abandonado su identidad peronista. Operan como si estuvieran ploteados con la divisa del nuevo poder local, aunque sin abandonar su lealtad tradicional. En esa disociación, queda de manifiesto el carácter profesional de la función. En ciertos casos, la dicotomía produce alguna vergüenza por lo que tiene de pragmática. Un puntero de San Miguel, que trabaja a las órdenes del exintendente Joaquín de la Torre, quien se incorporó más tarde al gobierno provincial de Cambiemos, aclara con orgullo: «Yo amarillo no pinto».[267] Quiso decir que él no hace pintadas para el PRO. Pero sí las puede hacer su empresa.

El profesionalismo alimenta un negocio de varios frentes. El puntero no solo moviliza a su clientela. También brinda servicios de pintura de paredones durante la campaña. O, si logró comprarse un ómnibus, traslada a los que concurren a los actos. Ariel Wilkis detalla la importancia que puede tener para un cliente necesitado hacerse ver en una manifestación. Se podría resolver, a cambio de esa participación, desde el arreglo de un caño en una vivienda precaria hasta la obtención de un certificado de trabajo para que un familiar preso obtenga la libertad condicional.[268]

El puntero, entendido en su rol de encargado de una leva de necesitados para concurrir a los actos proselitistas, se ha convertido en un personaje estratégico. Es la pieza imprescindible de un simulacro. La sociedad está, desde hace décadas, cada vez menos movilizada por la política convencional. Pero los dirigentes siguen haciendo concentraciones para demostrar su poder. El puntero presta sus servicios para que esa ficción quede disimulada. Coopera con una imagen de vitalidad popular que la democracia ha perdido hace mucho tiempo.

El lazo económico entre los clientes y su puntero está solapado. Como observa Aaron Ansell, el uso de dinero en efectivo para la compra de votos es mal visto. Se entiende que transforma en episódica una relación entre votante y candidato que debe ser de larga duración. La duración otorga legitimidad al vínculo. Los duraderos mantienen un orden, mientras que los de corto plazo se refieren al interés individual.[269] Sin embargo, Wilkis, que estudia las distintas funciones que puede cumplir el dinero entre los pobres, habla de dinero «militado». Es el dinero que se cobra no a cambio de un voto, sino de un trabajo que fortalece al dirigente o al puntero. Esa variante se había extendido tanto que hasta detectó a un párroco que pedía una remuneración a cambio de los servicios que prestaba.

Existe una discusión muy amplia sobre la relación del puntero con el Estado. Algunos la ven como una manifestación de la ausencia del Estado en las franjas sociales donde las necesidades son más críticas. Otros, como el modo en que el Estado se hace presente en esas mismas franjas. Zarazaga sostiene esta última explicación, señalando que los ingresos de esos mediadores provienen del Estado y que ellos mismos se entienden como el Estado frente a los pobres. El Estado, apunta Zarazaga, actúa con una improvisación tan marcada que depende del puntero para cumplir sus cometidos. Y, a la vez, tanto el puntero como sus beneficiarios reciben un sueldo estatal, casi siempre de las municipalidades.

Estas dos perspectivas no agotan la explicación de la política clientelar. La existencia de punteros pone en evidencia una claudicación deliberada del Estado que permite el ejercicio de una forma de dominación. Se puede pensar a los punteros como la consecuencia de la ineficacia del sector público, pero cabe también verlos como el resultado de un desistimiento deliberado del Estado. Un Estado al que los funcionarios hacen abstenerse para permitir que los beneficios públicos, cuya distribución debería ser impersonal, sean provistos a cambio de una adhesión facciosa. El Estado no se ausenta. Es ausentado.

Y esa ausencia no es una fatalidad. Es una decisión de los agentes estatales. La expresión más clara de esta estrategia, por la cual un dirigente o una camarilla pueden apropiarse de las facultades públicas para fortalecerse como funcionario o como agrupación, es la sistemática toma violenta de tierras para establecer asentamientos. El clientelismo es imposible de entender si no se advierte la renuncia deliberada del sector público a desarrollar una política habitacional para los más pobres. Este factor es preponderante en la mediación del puntero entre los necesitados y el poder público.

La bibliografía está plagada de narraciones sobre estas prácticas. Wilkis cuenta el caso de Mary, militante paraguaya de Villa Olimpia, subordinada al puntero Luis Salcedo. Narra cómo la estructura de poder de Salcedo se basó en una «urbanización» producida en octubre de 1999, con la toma de 20 hectáreas de la empresa Gas del Estado. El acampamiento duró meses. «El éxito —⁠tanto de la urbanización como del nuevo líder⁠— dependía de que se estrecharan los vínculos con los agentes estatales y partidarios del peronismo».[270]

La integración de Mary a la red de Salcedo se produjo por su participación en la toma. Recolectaba las cuotas que había que pagar para legalizar la compra de los terrenos. «La construcción de la nueva vivienda dependía de los programas de asistencia del Estado». «A medida que transcurría el tiempo, no solo la traza de la villa empezaba a cambiar: también se producían transformaciones de otra naturaleza. La urbanización producía una diferenciación social asociada a la red de Salcedo: para llevarla adelante, se creaban nuevos puestos de trabajo».[271]

También Ossona cuenta el papel de estas tomas de tierras en la consolidación de los punteros. Describe una que se realizó en Caraza, propuesta a un grupo de ocho bandas, cada una integrada por veinte clanes. La diagramación fue pésima. Se desbordó la cantidad de ocupantes. La intendencia radicó la denuncia ante un juez, pero fue una formalidad, porque la toma había sido autorizada «desde arriba». Se celebró al día siguiente en Campo Unamuno. Se creó una comisión vecinal y se designó el barrio como Eva Perón.[272]

Estos asentamientos se volvieron sistemáticos en el conurbano bonaerense. Es evidente que no se producen porque no hay Estado o porque el Estado sea inútil. Se producen porque los funcionarios ponen en suspenso el poder público para acumular para sí y para sus secuaces un poder de facción, que es privado, aunque derive de la función pública, manipulando las necesidades de los pobres.

El puntero ejerce un poder territorial que puede estar en contradicción con el poder estatal. Hay muchos testimonios de los obstáculos que un puntero puede llegar a poner a la intervención del Estado en un barrio o una villa. El propio Zarazaga sostiene que «el acceso del intendente y la municipalidad a las villas, los asentamientos y los barrios periféricos está condicionado a estos referentes».[273] Quienes en el gobierno porteño llevan adelante la reconversión de la Villa 31 comentan que el obstáculo más importante que debieron remover para iniciar el plan fue la resistencia de los dirigentes sociales y políticos asentados en el barrio. Un funcionario que trabaja en el área de Seguridad de Lanús a las órdenes del intendente Néstor Grindetti comenta: «El mérito más importante que podemos atribuirnos después de casi cuatro años de trabajo es que hoy podemos entrar a cualquier zona de Lanús. Cuando llegamos había lugares vedados porque estaban tomados por los transas. Esta posibilidad de que un representante del Estado pueda caminar por todo el territorio no es habitual en el conurbano».[274]

El vaciamiento del rol del Estado llega a su expresión más estridente cuando las autoridades se declaran impotentes para controlar parte del territorio. Esa degradación puede conducir a paradojas increíbles. Aquel puntero peronista de San Miguel relataba, orgulloso, sus servicios y los de sus seguidores para que se cumpliera la ley en contradicción con los representantes institucionales de la ley: «Nosotros nos encargamos de desalojar a los privados que toman tierras en los barrios. Muchas veces son narcos. Me pasó de ir con mis muchachos a desalojarlos, pero el fiscal les avisó antes para que desaparezcan».[275]

En ocasiones, el puntero pone este poder al servicio de guerras territoriales de negocios, sobre todo en el campo de los servicios públicos. El conurbano registra infinidad de casos en los que una empresa debe pagar un peaje al dirigente barrial para ofrecer sus prestaciones. El sector en el que más se repite es el de la televisión por cable, donde la competencia es abierta. Muchos punteros impiden el cableado en las zonas más humildes, a la espera de una compensación, que por lo general reciben. Pero los aspectos extorsivos que a veces acompañan esta forma de representación pueden ser menos lineales. En la zona oeste, fue habitual durante años que una empresa local de TV por cable estimulara a los punteros de un barrio para que impidieran, a menudo de manera violenta, el ingreso de un competidor. El puntero, entonces, puede reemplazar al mercado o distorsionarlo.

Esta oposición entre el dominio del puntero y el dominio del Estado plantea un interrogante sobre la autonomía de estos mediadores: ¿dónde obtienen los recursos los que enfrentan al Estado? Esta pregunta abre un campo de observación inquietante sobre la vinculación entre clientelismo y delincuencia. Ossona analiza como nadie esta proximidad, cuya raíz está en la descomposición económica y social que comienza a registrarse desde mediados de la década del setenta. Desindustrialización, aumento de la informalidad y el desempleo, deserción escolar, crisis de la familia son algunos de los factores que facilitaron una novedad: la transformación de muchos malandras en punteros políticos. Explica Ossona:

Hasta los años setenta era raro que un malandra —⁠sin dejar de ser un personaje respetado, e incluso una pieza clave en las relaciones entre la policía y la política⁠— fuera dirigente barrial, dado que eso contradecía sus intereses. Los «malandras» habían procurado preservar su halo de misterio y hermetismo, conjugado con vínculos de reciprocidad comunitarios esporádicos y precisos. Sin embargo, la propagación de las armas de fuego entre la mayoría de los vecinos y los conflictos inherentes a la desorganización social convirtieron a los miembros de la nueva generación en figuras estratégicas para dominar esa zona marginal.[276]

Esta transformación tiene que ver con la transformación de la economía del delito entre los pobres. El Estado participa del proceso con operaciones deliberadas, sobre todo a través de la policía, que también va modificando su perfil. Entre ellas, la delimitación de zonas liberadas y la participación del reparto del botín a través de la recaudación. Sigue Ossona:

En el transcurso de los años ochenta —⁠y hasta la segunda mitad de la década de 1990⁠— se fue gestando una gigantesca maquinaria por cuyos vericuetos circulaba el dinero de la creciente recaudación policial. El papel de los «jefes de calle» y de los comisarios en las zonas más pobres y de mayor densidad demográfica resultó por lo tanto crucial para el funcionamiento de una institución agobiada por las restricciones financieras del Estado provincial. El problema habría de agravarse desde mediados de los años noventa debido a la aparición de un nuevo y amenazante actor en el mundo del delito: las mafias distribuidoras de drogas y estupefacientes.[277]

Ossona describe la emergencia de este nuevo fenómeno, el de la droga, en la figura de Maguila, un malandra que se fue convirtiendo en dirigente político. Maguila deviene garante del tráfico de drogas:

La cuestión de la droga involucró a un número suficientemente importante de personas como para convertirse en un nuevo factor de movilización política. Ya hacia fines de los años ochenta era un elemento central para la organización de actos o de elecciones internas. Como en los casos de piratería del asfalto o del robo de automotores, sus abultados ingresos se distribuían a través de un complejo circuito que involucraba a la policía y la política. La participación marginal de los traficantes en sus beneficios fue uno de los detonantes de sus recurrentes rupturas con la así denominada «estructura», que no tardaba en remplazar a los díscolos entregándolos como «prenda sacrificial» para exhibir ante los medios las exitosas operaciones en contra del narcotráfico.[278]

El delito y su relación con la política se fueron reconfigurando en el mundo de los pobres. A diferencia de lo que ocurría desde siempre, los delincuentes dejaron de especializarse. Comenzaron a mutar entre actividades cuyas fronteras son borrosas. Lo que se obtenía con la piratería del asfalto o por el robo de autos podía ser cambiado por droga, que se repartía después entre los que participaban de la operación, pero también entre la policía. El malandra-puntero garantiza, por un lado, la cobertura política. Por otro, mantiene un pacto de no agresión con las grandes bandas de narcos, que toleran estas incursiones episódicas en su negocio. El malandra-puntero es socio y, al mismo tiempo, informante de la policía cuando se producen casos críticos. También mantiene al intendente al tanto de lo que pasa. Es su forma de aportar a la (por decirlo de algún modo) gobernabilidad.

Vale la pena seguir leyendo a Ossona:

La mayoría de los «malandras» debía articular sus actividades con otras más o menos legales, como remiserías, puestos en las grandes ferias surgidas por aquella época, pequeños comercios —⁠quioscos, almacenes, verdulerías⁠—, tareas en organizaciones vecinales o cumpliendo «contratos» municipales conseguidos por punteros políticos. Se fue esbozando, así, una economía informal cuyas franquicias constituyeron uno de los principales insumos de la actividad política, incluyendo el delito. La huella de ilegalidad de los barrios generados por ocupaciones determinaba que todo emprendimiento requiriera allí de permisos especiales tramitados por los punteros o por los jefes barriales. Así, prácticamente todas las actividades de esos barrios registraban algún nivel de politización, por lo cual una parte no menor del consumo de los vecinos retornaba a las cajas de la política. Fuera de los barrios, esto se extendía a la autorización para la instalación de florerías, fruterías, remiserías, o zonas informalmente habilitadas para el ejercicio de la prostitución o la distribución de droga.[279]

La participación de estos negocios en la política está registrada por la bibliografía con llamativa naturalidad. Zarazaga apunta las dificultades crecientes de los punteros para conducir a sus seguidores, debida a la proliferación de la droga: «Cuando se trata de movilizar a “pesados”, no es infrecuente el incentivo de ofrecer marihuana, paco u otras drogas. Alrededor del 70 % de los punteros considera que es común que ciertos servicios sean compensados con este tipo de sustancias».[280]

La obtención y la distribución de la droga están ligadas al otorgamiento de franquicias informales por parte del poder administrador, en combinación con la policía. Estas patentes otorgan muchas veces al puntero un grado considerable de autonomía frente al financiamiento del Estado.

La aparición y expansión de Cambiemos (y con mayor precisión del PRO) en el conurbano bonaerense expuso la doble dependencia: de los punteros respecto de los funcionarios y de los funcionarios respecto de los punteros. Un dirigente muy cercano a Mauricio Macri, que ocupa un cargo intermedio en una comuna de la zona Sur, bajo estricta reserva de identidad, confiesa:

En el Gobierno nacional hay una doble convicción, que a nosotros, en el territorio, nos parece ingenua. A mí me pueden mandar los fondos para la obra pública. Pero yo en el barrio tal o cual tengo que soportar a una mujer a la que todos escuchan, que gravita en su cuadra, y que puede estar llenando la cabeza de sus amigos con «Macri es una lacra, Macri ladrón, Cristina genia». Y frente a eso no hay asfalto o cloaca que valga. Por lo menos en el corto plazo, que es el plazo electoral. Por eso nosotros fuimos a seducir a esos punteros. Y nos trajimos a muchos.[281]

Esos punteros, que se pasaron de bando y que, como se dijo más arriba, ahora llevan ploteada en algunas localidades la camiseta amarilla del PRO, dependen del presupuesto público, pero logran que también el dirigente dependa de ellos. Esta subordinación del partido emergente respecto de la vieja estructura clientelar se hace sentir en especial durante las elecciones. La historia que se narra a continuación, que fue expuesta por un dirigente de Cambiemos que milita en el conurbano, tiene una riqueza extraordinaria para entender la degradación del vínculo político y, sobre todo, la rigidez de un sistema que se resiste con éxito a ser modificado:

Nosotros nos dimos cuenta de nuestra dificultad territorial en las primarias de 2015. Hubo barrios, mesas, donde nuestro candidato a intendente sacó cinco votos, catorce votos o ningún voto. Ahí me involucré en el tema. Aunque siempre hice política en Capital, entiendo cómo funciona, porque en todos lados es igual. Averigüé y di con un tipo que era puntero, amigo del jefe de la facción disidente de la barra brava del club X. Le pedí que me presente a ese jefe. Un sábado, mientras nuestro candidato recorría un barrio muy humilde, lo fui a ver. Tuve que cumplir sus condiciones: ir solo a su lugar, en una villa del borde del distrito. Llegué y me puse a esperarlo dentro de un galpón. Mientras estaba ahí, uno de los nuestros, que acompañaba al candidato, me llamó por teléfono para decirnos que estaban huyendo del andurrial por el que andaban porque había empezado una balacera. Se escuchaban los tiros. Al ratito llegaron varios autos, de los que bajó un grupo grande de tipos con aspecto intimidante. Al final de todos venía el cacique. Los demás eran la barra. El jefe me invitó a comer, y cuando promediaba el almuerzo le dije: «¿Y? ¿Cerramos?». El tipo me dijo: «Claro, cerramos, ¿por qué no?». Yo le aclaré que si ganábamos tendríamos trabajos para todos los miembros de su barra. Pero que no toleraríamos que anduvieran en la droga. Él aceptó y me dijo: «Bueno, ya está. ¿Vieron esos tiros que hubo hoy? Eso no va a pasar más». Era obvio que los disparos eran de los que ahora comían conmigo, y que los habían hecho para intimidar y subirse el precio. En la general duplicamos los votos de las primarias. En esos barrios donde nos había ido tan mal mejoramos muchísimo.[282]

La historia tiene muchos de los rasgos que caracterizan el sistema político-delincuencial del conurbano. Cuando se le pregunta al dirigente del PRO cómo siguió la historia, responde: «Siguió mal, porque cuando llegamos al poder no querían agarrar los trabajos. Y los pescamos manejando droga en la villa más grande del distrito. Nuestro secretario de Seguridad se reunió con el barra y le recordó el acuerdo. Y decidió reventarle catorce búnkeres que tenía en la villa. Antes le recordó que él manejaba un ejército de policías y que la barra no tenía más de cincuenta malandras armados. Terminamos con el pacto con la droga. El tipo [lo menciona con nombre y apellido] ahora está preso, por un homicidio».

Este caso ofrece muchos aspectos de la práctica política en el mundo de los pobres del conurbano bonaerense. Los barras intervienen porque en un contexto de retirada del Estado la violencia se convierte en un método ineludible, aun para operaciones que parecen secundarias o triviales. Hay un mundo al que no se llega con Facebook. Para hacer proselitismo en ese mundo, es indispensable la pintada. En las zonas más desprotegidas, cada metro cuadrado de pared vale oro durante la campaña. Y a ese metro cuadrado libre hay que bancarlo. Y lo banca el más agresivo, el más pesado. Lo más habitual es que ese pesado provenga del mundo del delito. Que sea un exconvicto. Que esté cerca de la droga. La política debe pactar con ese capanga, al que convierte en puntero. Por lo general, narco-puntero. Es obvio que para ese trato, en la mayoría de los casos, hace falta el desistimiento de las fuerzas de seguridad, que también intervienen en el juego. Al hacerlo, ejercen una presión extorsiva sobre el político que se sirve de ese modus operandi.

Enredados en las peores cosas

En conexión con este entramado de ilegalidad y política, está, como quedó claro en el relato de ese funcionario del PRO, la práctica del fútbol, que en el conurbano tiene distintos niveles y perfiles. Más allá de la pasión deportiva, en un clima de desempleo e informalidad, convertirse en futbolista y convertirse en delincuente son, en la imaginación de muchos jóvenes, vías rápidas de ascenso social. Maradona en Fiorito o Tévez en Fuerte Apache constituyen modelos operativos. Pero la relación con el fútbol puede derivar también en la integración a la barra brava de algún club. Las barras son organizaciones esenciales para el control de la marginalidad. Mano de obra «ocupada» a menudo por los municipios, ejecutan la violencia física necesaria para la preservación de ese orden. El barra que opera durante un partido un sábado o un domingo es la fuerza de choque imprescindible para una toma de tierras. O para delimitar las zonas de influencia de los punteros. La capacitación para esas tareas es temprana: se reciben en las trifulcas que se producen entre bandas para dominar un potrero. Ossona localiza allí la cuna de los porongas, los machos del equipo, que son reclutados después por la dirigencia futbolística y política como fuerza de choque, como barras.[283]

El lenguaje oculta una mutación. La denominación «barras bravas» mantiene la conexión con el fútbol como el rasgo principal de esas bandas. Pero ese enfoque impide ver que en los últimos años las organizaciones de barras ganaron autonomía. Se convirtieron en pandillas criminales que prestan servicios a distintas actividades, entre las cuales están la política y el fútbol. Es una de las razones por las cuales muchos de sus integrantes deben ocultar su identidad usando capuchas en las movilizaciones. Un ejemplo muy expresivo del funcionamiento de este sistema lo proporcionó el grupo Quebracho. El 1.º de septiembre de 2017, Fernando Esteche, su líder, fue apuñalado en la esquina porteña de Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo, mientras participaba de una marcha por la aparición de Santiago Maldonado. Esteche no quiso llamar al servicio de ambulancias de la Ciudad, con la excusa de no llevar el caso a «una justicia en la que no creo». Se hizo atender en una clínica de Berisso y presentó el ataque como la reacción violenta de un grupo de militantes enojados con él porque había dejado Quebracho para integrarse, con el exvicegobernador Gabriel Mariotto y el exvicepresidente Amado Boudou, a un nuevo nucleamiento, Patria para Todos, aliado a la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner.

En el submundo de la política, se cuentan los hechos de otra manera. Los puntazos contra Esteche fueron realizados por los integrantes de una barra brava que él había dejado de contratar en beneficio de otra. Los que se presentaban como «militantes que perdieron el norte» eran bandidos que prestaban servicios a cambio de dinero, sin compromiso alguno con ideas u objetivos. Se parecen más a extras que representan un papel que a la base social de un movimiento. Sería interesante conocer de dónde provenían los fondos con que Esteche los incorporaba a su escenografía. Este caso peculiar indica una mutación: hay un tipo de vínculo clientelar en que ya no se puede hablar de intercambio de «favores por votos». El puntero no es ya, en este orden, un «emprendedor social». Ni siquiera uno que montó una empresa para ofrecer sus servicios. El último eslabón que unía a una agrupación con la política se cortó.

Aquel exintendente de la Primera Sección Electoral aclara: «Si de algo hay que cuidarse, es de conducir un club. Terminás enredado en las peores cosas. Tenés que tener amigos allí, integrarlos a tu red, pero no estar al frente. Todo termina mal. Y, si no, miralo a Aníbal». Se refiere a Aníbal Fernández, que fue intendente en los años noventa y presidió el club Quilmes. Fernández quedó salpicado por barras bravas, los Lanatta, que lo vincularon al crimen que terminó con la vida de tres empresarios involucrados en el tráfico de efedrina. El de Aníbal fue un ejemplo eminente, el más notorio, del riesgo que atemoriza a ese antiguo alcalde. Martín Lanatta, el jefe de la banda, había sido contratado por Andrés Meiszner, el hombre a quien Fernández apadrinó como titular del Registro Nacional de Armas. Meiszner es el hijo de José Luis Meiszner, alter ego del exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner en el club Quilmes. Meiszner fue una pieza clave en las relaciones entre la expresidenta y Julio Grondona, el caudillo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que permitieron en 2009 la estatización de las transmisiones de los partidos, hasta entonces en poder del Grupo Clarín en sociedad con la empresa Torneos y Competencias. Fernández y Meiszner negociaron con Grondona los términos de esa operación en reuniones periódicas que se realizaban en el campo que el presidente de la AFA tenía en Brandsen. El éxito de la transacción estuvo muy favorecido por el vínculo estrechísimo entre Grondona y Meiszner, que era secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El propio Meiszner se ufanaba del poder que le había otorgado esa proximidad a Grondona: «Estar durante años a centímetros del titular de la AFA no es algo que se gane por concurso». No hacía falta que lo aclarara. En esa condición de ahijado de Grondona, fue uno de los principales acusados del escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Esta telaraña de relaciones e intereses jugaron un papel histórico en 2015. Las declaraciones de Lanatta, identificando a Fernández como «la Morsa», es decir, como el funcionario que proveería cobertura desde la Casa Rosada a los traficantes de efedrina y que figuraba con ese apodo en los expedientes judiciales, fueron decisivas en la campaña electoral de ese año, que desembocó en la victoria de María Eugenia Vidal sobre Aníbal. Sin ese resultado, sería impensable el triunfo de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli en la segunda vuelta electoral. Macri asumió el poder el 10 de diciembre de 2015. El día anterior, Meiszner se entregaba a la Justicia argentina por el escándalo de la FIFA. Ninguna historia ofrece la densidad ni la dimensión de la de Aníbal Fernández y Meiszner para exhibir el modo y el alcance de las relaciones entre el fútbol y el poder en el conurbano bonaerense. «Si de algo hay que cuidarse, es de conducir un club. Terminás enredado en las peores cosas». Tenía razón ese antiguo intendente de la Primera Sección Electoral.

Si se saca el foco de Aníbal Fernández y Meiszner en Quilmes para ubicarlo sobre los Moyano en Independiente, las imágenes son parecidas. Hugo y Pablo Moyano terminaron más complicados en la Justicia por su estrechísima relación con la barra brava del club de Avellaneda que por las escandalosas irregularidades cometidas en la obra social de la Federación de Camioneros. El Lanatta de los Moyano fue Pablo «Bebote» Álvarez.

Esta comunicación más o menos subterránea entre fútbol y política no distingue alineamientos políticos. En Lanús, por ejemplo, el enfrentamiento político entre el PRO y el kirchnerismo se reproduce en la barra brava del Club Atlético Lanús. El presidente del club Nicolás Russo, muy ligado en su momento a Grondona, y con mandato de diputado en la Legislatura bonaerense entre 2021 y 2025 ¿Fuerza? Frente de Todos. Néstor Grindetti, intendente del PRO y antes ministro de Hacienda porteño de Mauricio Macri, sostuvo su campaña en una banda liderada por Carlos «Repacha» Mollo. La fracción disidente estaba encabezada por Matías Soto, «el Polaquito», identificado con Julián Álvarez, dirigente de la agrupación kirchnerista La Cámpora. A mediados de 2018, el Polaquito fue detenido, acusado de querer matar a Mollo dos años antes.

La rivalidad entre Mollo y Soto es heredera de otro duelo. En la madrugada de Navidad de 2014, el padre del Polaquito, Gabriel Soto, fue acusado de matar al «Gallego Popeye», Alejandro Fernández, mano derecha del jefe de la barra de entonces, Diego «Fanfi» Goncebate, el antecesor de Mollo. Goncebate fue el fundador de la alianza con el PRO de Grindetti, continuada por Mollo.

En febrero de 2016, los enfrentamientos entre bandas tuvieron características cinematográficas. El camporista Julián Álvarez denunció que uno de sus locales había sido baleado por los barras de Grindetti. Es verdad. El 13 de febrero, hubo un ataque a la unidad básica del Frente para la Victoria atribuido a Fanfi Goncebate. Jefe histórico de la barra de Lanús, Goncebate cayó preso en septiembre de 2018 por un asesinato cometido en Luján. Es un barra modelo: controló por años las pintadas de Lanús, cobraba planes de asistencia social a través de una cooperativa de limpieza y era dueño de una empresa de seguridad. Lo detuvieron en su medio y haciendo su tarea: en Villa Sapito, revendía entradas para Lanús-River. La reventa es una fuente de ingresos importante para las barras. Un negocio que no se puede realizar sin la participación de algún alto dirigente del club.

La denuncia de Álvarez no consignaba, sin embargo, que los disparos estaban dirigidos al Polaquito, que huyendo de sus enemigos se refugió en esa sede partidaria. Mollo heredó el poder de Goncebate, el barra del PRO. Con una peculiaridad: antes de trabajar para Grindetti, había sido dirigente de Hinchadas Unidas Argentinas, una (llamémosle así) organización social creada por el kirchnerismo. Continuidades inesperadas de Cambiemos.

Grindetti es polivalente. En 2022 pasó a integrar la conducción de Independiente, al cabo de elecciones en las que fueron desplazados los Moyano. Su aliado en esa jugada fue Cristian Ritondo, exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal que había sido parte de la conducción desplazada de Moyano.

Estas combinaciones entre política y fútbol tienen su expresión eminente (y, si se quiere, más exitosa) en el camino de Macri desde la presidencia de Boca Juniors a la presidencia de la nación y en la prolongación de su poder deportivo en la figura del «Tano» Daniel Angelici. Ignacio Damiani y Julián Maradeo detallaron las turbulentas conexiones entre Angelici y las diversas bandas que integran La Doce, la histórica barra de Boca.[284] La narración deja al descubierto las fronteras, muy porosas, entre la conducción del club y los negocios delictivos de los barras. Y se asoma a un plano principal de esta arquitectura: la complicidad de parte del aparato de Seguridad y Justicia, sin la cual este orden sería inviable.

La derrota de Angelici y, detrás de él, de Macri, en Boca, en 2019, estuvo también entrelazada con la política. Fue Sergio Massa, para ese entonces enemigo acérrimo de Macri, quien se aseguró que Román Riquelme, una figura inapelable, se integrara a la conducción del club. Macri perdió el manejo de Boca pocos días después de alcanzar la reelección presidencial. No se sabe cuál de las dos caídas lo golpeó másEl análisis de Boca y de la relación de las barras con la conducción Macri-Angelici tiene la virtud de iluminar una cuestión central: desmiente el prejuicio de ver al conurbano como una región separada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como un margen. Boca Juniors, en la descripción de Damiani y Maradeo, es una de las innumerables membranas osmóticas que vinculan dos geografías cuya separación es más administrativa que sociológica. No solo porque la Capital Federal registra áreas que son una continuidad del conurbano, sino también porque el conurbano contiene barrios que están entre los más costosos del país, además de innumerables instituciones de élite.

La presencia del conurbano en la organización nacional del fútbol es determinante, sobre todo desde que en 1979 Grondona inauguró en la AFA un reinado que se prolongaría hasta 2014. Grondona tenía su base en el club Arsenal, fundado por él y su hermano Héctor en Sarandí, en 1957. El apego de ese caudillo a Arsenal de Sarandí fue tan profundo que, cuenta la leyenda, movió los hilos que dominaba con maestría para que ganara el Torneo Clausura de 2012. Quería que Nélida, su esposa, viera campeón a su club, pero Nélida falleció antes del último partido.

Esa condición de hombre del conurbano iluminó en la astutísima cabeza de Grondona una estrategia que se mantiene hasta hoy: el poder de la dirigencia de la AFA se sostiene en el voto de los clubes de la Primera B, muchos de los cuales se localizan en el Gran Buenos Aires. Entre ellos están Acassuso, Almirante Brown, Colegiales (Munro), Estudiantes (Caseros), Platense (Florida), San Miguel, San Telmo (Dock Sud), Talleres (Remedios de Escalada), Tristán Suárez y Urquiza (Villa Lynch). La sociedad entre Angelici y Moyano, que entronizó en la presidencia de la AFA al yerno del camionero, Claudio «Chiqui» Tapia, se sostiene en la misma red de clubes bonaerenses. Son las instituciones que pelean el ascenso a primera división. Son el fútbol tal cual se da en el conurbano.

Aquel astuto intendente que recomendaba no asumir la presidencia de un club en el conurbano sabía de qué hablaba. Que lo diga si no Moyano, que ha estado más cerca de la cárcel por las fechorías de los barras que por los escandalosos desaguisados de la obra social de Camioneros. Aun así, es poco conveniente hacer política en esa región sin identificarse con algún banderín. Eduardo Duhalde, la máxima expresión de la región, es hincha de Banfield y siempre le gustó influir en ese club.

Sergio Massa se muestra fanático del Club Atlético Tigre, que preside su alter ego Ezequiel «Kelo» Melaraña, y donde jugaba su cuñado, Matías Galmarini. La adhesión de Massa a esa divisa logró desplazar su originario amor por San Lorenzo, cultivado cuando no vivía en Tigre, sino en San Martín. El uso de los colores para establecer un vínculo político puede ir más allá. Cuando Amado Boudou se subordinó a Massa, consiguiendo que el joven dirigente de Tigre lo convirtiera en heredero de su feudo más preciado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien sería más tarde propietario oculto de Ciccone Calcográfica correspondió a esa confianza afiliándose al club de Victoria. Boudou no se perdía un solo partido y gritaba los goles con un fervor llamativo por lo reciente.

El de Massa no es el único ejemplo de mutación en la afición futbolística. Luis Barrionuevo, que siempre estuvo cerca de Independiente, reorientó esa predilección hacia Chacarita Juniors cuando comenzó a hacer política en San Martín. En Cristian Ritondo, el viaje resultó casi inverso: fue de Nueva Chicago, al que seguía cuando militaba bajo la sombra de Miguel Ángel Toma en su Mataderos natal, a Independiente, que condujo gracias a una alianza con los Moyano y que volvió a conducir gracias a una alianza contra los Moyano, sellada con Grindetti, el intendente de Lanús. Es la carrera inversa a la de Macri: en estos casos, la política lleva al fútbol.

La esencia del fenómeno es siempre la misma: ese deporte logra condensar las identidades colectivas con una eficacia de la que los partidos carecen desde hace mucho tiempo. El kirchnerismo utilizó esa llave como las demás fracciones de la política, pero la llevó hasta límites aberrantes. A través del jefe de la barra de Lanús, Fanfi Goncebate, y del de la de Independiente, Bebote Álvarez, fundó la ya mencionada Hinchadas Unidas Argentinas. Ambos terminaron presos. La organización funcionó entre 2010 y 2014 y tuvo momentos estelares por sus patibularias actuaciones en los mundiales de Sudáfrica y Brasil. Goncebate suele reconocer que es admirador de Néstor Kirchner por aquella experiencia institucional alentada por el expresidente. En la causa judicial que se abrió para investigar las irregularidades de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), se detectó que esa entidad canalizaba subsidios a través de Hinchadas Unidas, como si se tratara de una cadena de feedlots. Como Hinchadas, la ONCCA también tuvo que ser disuelta.

El líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, también está preso. Barra brava de Quilmes, quedó envuelto en las fechorías de Cristian y Martín Lanatta y de Víctor Schillaci, cuando escaparon del penal de General Alvear pocos días después de la asunción de María Eugenia Vidal. Antes, Mallo había sido imputado porque en su casa apareció un arma utilizada por narcos colombianos en un tiroteo mortal que tuvo lugar en 2008 en Unicenter. Mallo pertenecía a la agrupación Compromiso K, encabezada por Carlos Zannini, y se declaró a las órdenes de Rudi Ulloa, el antiguo chofer de Néstor Kirchner. Esos vínculos le consiguieron un lugar de privilegio durante el funeral del expresidente: lo colocaron al lado de Alberto Sileoni, el ministro de Educación.

La existencia de las barras bravas y su entrelazamiento con el mundo del poder es solo un aspecto del avance del crimen a través del deporte más popular del país. El lavado de dinero mediante la compra-venta de jugadores o el enriquecimiento prodigioso de instituciones que son apenas un poco más que clubes de barrio, tanto en el Gran Buenos Aires como en algunas provincias del interior del país, son evidencias de que la vida pública argentina no solo exhibe una degradación de la política. También el fútbol está en descomposición.

Si uno se remonta a la formación de barras bravas como grupos coordinados, es probable que el primer experimento haya tenido lugar en 1982. La Argentina concurría al Campeonato Mundial de España y los barras querían viajar. Como era de prever, tenían dificultades para conseguir los pasaportes porque era inevitable que durante el trámite aparecieran los antecedentes penales de la mayoría, que eran forajidos.

Aquella liga de hinchadas había sido organizada por varios cabecillas: Roncallo y «Pajarito», de Argentinos Juniors; «Madera», de San Lorenzo; el «Cabezón Fanta», de Rosario Central; el «Loco Julio» y «Tatino» Ibáñez, de Huracán; y «Turi» Ginés, de Chacarita. Para viajar a Madrid hicieron méritos: hasta animaron con sus bombos el gigantesco asado que se le ofreció a Leopoldo Galtieri en Victorica.

Sin embargo, no lograron obtener el salvoconducto hasta que un comedido les consiguió una entrevista con el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, que había sido el organizador del Mundial 78. Los barras fueron al escritorio de Lacoste con sus mejores galas. Comenzaron la explicación de su problema apelando, como podían, a algunos eufemismos, que Lacoste no entendía. Hasta que, ansioso, interrumpió la charla, desde una tercera fila, el Loco Julio, líder de la barra de Huracán. «Disculpe jefe, pero los muchachos no saben explicarle. Nuestro problema son los pasaportes. A mí no me lo pueden dar porque tengo tres homicidios. Aquel tiene dos. Este tiene tres…». Lacoste no lo dejó seguir hablando y concluyó: «Hubiéramos empezado por ahí. Ahora entiendo. Vamos a resolver todo». El Loco Julio miró a sus secuaces y, riéndose, les gritó: «¿Vieron, muchachos? Este es un turro como nosotros».

La conexión con Lacoste tuvo derivaciones. Los barras viajaron a España. De regreso, los contactó el almirante Emilio Massera, que les propuso comenzar a ser la base del partido que estaba armando, el de la Democracia Social, para convertirse en presidente el día que hubiera una salida electoral.

Los barras se convirtieron, con el paso del tiempo, más y más en un sujeto político del conurbano. Durante el mundial de 2022 se comentaba que en algunas villas de emergencia se había descontrolado la venta de drogas y la violencia ligada a ese negocio porque los líderes territoriales, los que son capaces de imponer orden, estaban alentando a la Selección en Qatar.

La política estuvo siempre al lado del deporte y fue uno de los factores que modeló a lo largo de las décadas la vida social del conurbano. Acaso el ejemplo más nítido sea la historia de Racing Club. Su líder indiscutido, Ramón Cereijo, fue la clave de ese club en los albores del peronismo. Entre 1946 y 1952 fue el ministro de Hacienda de Perón. El estadio de Racing, que lleva el nombre Presidente Perón, se construyó en 1946 con financiamiento del gobierno nacional. La madrina fue Evita, que simpatizaba con el club. Una diferencia de estilo con Perón, a quien nunca se le conoció con claridad una preferencia futbolística. Sin embargo, ejerció una influencia directa en la política futbolística. En 1947 llegó a la presidencia de la AFA un hombre clave de su entorno: Oscar Nicolini. Venía de ser director de Radiodifusión. Nicolini era, desde los años treinta, una especie de protector de la familia Duarte. Él se encargó de que Eva se mudara a Buenos Aires desde Junín. La leyenda atribuye a Nicolini, sin que haya datos para corroborarlo, haber sido la pareja de Juana Ibarguren, la madre de Evita.

El estadio de Racing fue construido por el ingeniero Eduardo Baumeister, que le imprimió un estilo monumental, que hacía juego con la arquitectura europea de la época. Avellaneda exhibe una rareza única en el mundo. Dos estadios separados por 300 metros. Es la distancia a la que está la cancha de Independiente, construida en 1928 sobre un pantano. Baumeister siguió con Racing una orientación que, en una escala menor, ya había dejado huella en la cancha de Huracán. En todos existe un obelisco sobre la tribuna principal. El estadio de Parque Patricios se llama Tomás Adolfo Ducó, en homenaje al coronel que lo mandó a constuir. Ducó formaba parte, con Perón, del Grupo de Oficiales Unidos que condujeron el golpe filofascista del 4 de junio de 1943.

Economía moral y punteros de Dios

La interpretación del clientelismo no es homogénea. Estudiosos como Vommaro y Combes critican una visión prejuiciosa y moralizante que domina a muchos estudios académicos, algunas organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, a los organismos internacionales que financian programas de lucha contra la pobreza. Las denuncias del clientelismo como una perversidad política estarían contaminadas por un economicismo racionalista al que se le escapan peculiaridades culturales del fenómeno que estudian.

Esta posición traslada al análisis del vínculo clientelar las categorías que la antropología y la etnografía desarrollaron para el examen de las sociedades precapitalistas. Discute con los cientistas políticos que, como Guillermo O’Donnell, sostuvieron que la accountability vertical, es decir, el control del representante por parte del representado, y la horizontal, entendida como el control entre poderes estatales, constituyen un rasgo de calidad de la democracia. Vommaro y Combes contraponen a esta visión la idea de economía moral, tomada del historiador inglés E. P. Thompson. La economía moral es definida como una organización de las relaciones entre dirigentes y dirigidos, basada en «nociones compartidas de justicia». Este tipo de regulaciones, sostienen citando a Thompson, tiene en las sociedades no regidas por la economía de mercado una gravitación que las críticas corrientes al clientelismo no advierten.[285]

Esta corriente entiende que el enfoque crítico impide comprender que hay vinculaciones interpersonales que modelan de manera especial la vida política. «No solo se intercambian bienes materiales, sino también sentimientos y valores: reconocimientos simbólicos, deferencia, gratitud», sostienen Vommaro y Combes. Y agregan: «Como hemos visto, la “economía moral” define el valor de las cosas y los sentimientos intercambiados porque, en las relaciones políticas personalizadas, el “cómo” importa tanto, si no más, que el “cuánto”».[286] Wilkis propone el mismo enfoque, que descubre en el clientelismo una cara virtuosa: «Mediante el dinero militado se simboliza el cumplimiento de las obligaciones mutuas: funciona como una unidad de cuenta moral de los vínculos políticos y, por lo tanto, de cohesión social».[287]

Esta visión tolerante del clientelismo, que lo entiende como una práctica anclada en valoraciones prepolíticas ajenas a la racionalidad del Estado, desemboca en una pasable defensa del puntero. Como mediador entre el Estado y los clientes, no sería el instrumento desalmado de una dominación, sino que él también está obligado a prestar asistencia y distribuir bienes públicos, a riesgo de perder poder y caer en el desprestigio. No solo son, como señala Zarazaga, «lobistas de los pobres», quienes «se encuentran a diario con un Estado que, al borde de la improvisación, “la ata con alambre”».[288] Dicho de otra manera: la presencia del puntero es más gravitante allí donde el sector público presenta una marcada ineficiencia. Existen sociedades donde esa relación es evidente. En Brasil, por ejemplo, existen niveles bajos de política clientelar en San Pablo, que es un Estado bastante bien organizado. En cambio en Río de Janeiro, donde el Estado hace agua por los cuatro costados, el clientelismo tiene modalidades bonaerenses.

Las prestaciones del puntero, además, son más consistentes y duraderas que el mero intercambio de favores urgido por una situación electoral. Los autores citan, entre otros casos, el de Darío, un dirigente de un barrio popular de México, que está a punto de perder su matrimonio debido a que su esposa le recrimina que destine recursos personales a mantener un comedor popular que antes se sostenía con dinero del Estado. «La relación con “su gente” y, por tanto, el papel que debe desempeñar para con ellos están modelados y restringidos por expectativas en relación con el personaje que él ha llegado a ser: estar al servicio del barrio, ayudar a sus administrados en dificultades, etc.».[289] Lo que se pretende demostrar es que el clientelismo no se constituye solo por un vínculo opresivo entre puntero y cliente, sino que expresa una relación mucho más compleja y menos asfixiante. «La posibilidad de negociar y, llegado el caso, de escoger el exit modifica la ecuación de negociación entre las partes, aun cuando su dotación de recursos sea desigual».[290]

Esta absolución del puntero tiene bordes difusos, que impiden distinguirla de un rescate político y moral del clientelismo. El análisis de la economía moral se enfoca en el lazo personalizado de lealtad y reconocimiento entre cliente y puntero. Y deja en la penumbra el problema central: que el clientelismo es una forma aberrante de distribución de bienes y servicios públicos. Es la privatización de esos bienes. La peor de las privatizaciones, porque se ejecuta allí donde el Estado, lo público, debe estar más presente. Es llamativo que la presentación dulce del clientelismo sea más frecuente entre quienes defienden el intervencionismo estatal en otros campos de la vida pública. Hay pocas materias en las que el papel del Estado es tan imprescindible como el de la promoción social.

Las políticas sociales, que incluyen alimentación, salud, vivienda, etc., deben estas sometidas a reglas y ser impersonales. El clientelismo es la manifestación de la insuficiencia del sector público para llevar adelante esas prestaciones. Esta impotencia del Estado es deliberada. Es el resultado de una estrategia de poder. Los organismos estatales desisten de ejercer su función para que la distribución de bienes y servicios públicos quede en manos de una facción política. El Estado transfiere su función al partido o a un sector dentro del partido. El elogio del entramado prepolítico en el que se sostiene la operación clientelar es una coartada ingenua de esta forma de dominación.

La defección del Estado puede ser pensada a la luz de aquellas fases históricas en las que lo estatal no había terminado de formarse. El ejemplo más obvio es el feudalismo. El vínculo entre puntero y cliente tiene un aire de familia llamativo con el pacto de vasallaje. En ese acuerdo por el cual el vasallo asistía al señor en la defensa del feudo, a cambio de protección y tierras para el usufructo familiar. Como en la economía moral propuesta por Thompson, quien no en vano postula esa categoría para comprender estructuras sociales precapitalistas, ese contrato incluía la sumisión y también la lealtad. El lazo clientelar es análogo. El puntero ofrece acceso a los bienes públicos a cambio de la movilización político-electoral del cliente. Quiere decir que las políticas públicas quedan suspendidas o relativizadas para dar existencia a un contrato bilateral privado, en el que el dinero de los contribuyentes se distribuye con arreglo a criterios peculiares. Se transforma, como explica Wilkis, en «dinero militado». No se reparte según patrones objetivos, como podría ser el grado de necesidad del que lo recibe. La asignación puede incrementarse según la contribución del cliente al sostenimiento o la expansión de la maquinaria política de la que forma parte.

La sumisión del cliente con el puntero y de este con su «señor» es llamativa. Dos anécdotas. Para la elaboración de este libro, se realizaron varias entrevistas con punteros. La primera de ellas había sido acordada a través de un dirigente social, amigo del puntero. Antes de que se produjera, recibí el llamado de un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del área de Vivienda, al que ese puntero reportaba. Con ese llamado, el propósito del funcionario fue hacerme saber que la entrevista le había sido comunicada por el «vasallo». En otro encuentro, un almuerzo en el Rodi Bar de la Recoleta, un puntero de la zona sur del conurbano comenzó la charla con esta notificación: «Quiero que sepas que fulano [y dio el nombre del intendente al cual estaba subordinado] sabe que en este momento me estoy reuniendo con vos». Me llamó la atención la minuciosidad de ese sometimiento. La conversación con este último puntero iluminó otro aspecto del pacto de vasallaje. Vommaro y Combes afirman, citando al antropólogo británico Julian Pitt-Rivers, que el honor es la espina dorsal del sistema de patronazgo. «El patrón y el cliente aumentan su prestigio por la relación de patronazgo: el cliente participa del prestigio del patrón y este incrementa el suyo al acordar protección a quienes reconocen su poder».[291] Aquel mediodía, mi interlocutor miró los cuadros con fotografías que colgaban en la pared cercana a la mesa e identificó al expresidente español Felipe González. Con un marcado tono de orgullo, hizo notar: «Yo lo conocí a Felipe. En la Casa de Gobierno de La Plata, cuando yo era chofer de otro Felipe: Solá». El mensaje daba a entender: gracias a la jerarquía de mi jefe de entonces, yo soy más que un puntero.

Como en el caso del feudalismo, este sistema de pactos es piramidal. El puntero es, a la vez, vasallo de un señor. El vasallo puede ser también el presidente de un club de barrio o el titular de una sociedad de fomento. Y el señor puede ser, como describió Ossona en el caso del duhaldismo de Villa Fiorito, un secretario de Deportes o de Acción Social de la municipalidad. O el propio intendente, que se sirve de esa red de sumisiones para hacer valer su peso electoral ante la Casa de Gobierno o la Casa Rosada. Al analizar la administración del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense aparece el modo en que Eduardo Duhalde repartía entre los intendentes los beneficios de esa «caja», los sábados por la mañana, según estándares de lealtad y sumisión. Para perfeccionar la naturaleza de esa distribución, la reunión se realizaba en la quinta particular del gobernador. No en una dependencia pública. A la vez, Duhalde recibía esos recursos por su lealtad y sumisión al presidente. Por esa razón, el Fondo quedó congelado apenas ese pacto de vasallaje con Menem se quebró.

El feudalismo es utilizado aquí como metáfora. Y eso debe ser advertido para que no quede oculta una diferencia fundamental entre un caso y otro. El clientelismo, a diferencia del feudalismo, es un orden que se establece cuando el Estado, aun con deficiencias muy visibles, ya existe como institución. No son, por lo tanto, casos equivalentes de ausencia de Estado.

En el clientelismo, la debilidad o el debilitamiento del Estado son deliberados y se orientan a otorgar al puntero un poder territorial del que este y sus «señores» obtienen una renta, política o económica. La forma en que, como se expuso antes, estos dirigentes condicionan negocios ligados a la territorialidad, como el de la TV por cable, también los asimila a la organización feudal, en la que todavía no existía un Estado con imperio sobre el espacio público. Con una diferencia esencial: el clientelismo implica una privatización informal o clandestina del Estado. En el orden feudal, esa privatización no existía, por la sencilla razón de que el Estado aún no se había creado.

Toda sociedad está asentada, al mismo tiempo, en distintos momentos de la historia. El clientelismo no es solo una rémora. Es un código de organización sociopolítica que quedó anclado en el pasado y no evolucionó hacia formas más modernas y racionales. La historiografía es muy generosa en estudios sobre el pasaje de regímenes políticos basados en relaciones privadas a otros sostenidos en la legislación. En su interesantísimo Los griegos y lo irracional, el antropólogo irlandés Eric R. Dodds reconstruye lo que denomina la «crítica ilustrada al conglomerado mítico», entendido como «la carga heredada de costumbre irracional». Recuerda que los sofistas impulsaron a Anaxágoras a discutir nomos frente a physis, ley o costumbre, convención o naturaleza.[292] Dodds reconstruye las distintas acepciones de nomos y physis. Nomos podía significar «un sistema racional de derecho estatal» y physis, «un puro inmoralismo anárquico, el derecho natural del más fuerte».[293]

Esta contraposición entre un orden consuetudinario y un orden institucional permite entender mejor el vínculo clientelar en el sentido que le dan los antropólogos: un lazo prepolítico basado en la lealtad, la sumisión y la contraprestación, opuesto a la organización racional de una sociedad constituida en torno a la ley. La pretensión de un gobierno de la ley está en el origen mismo de la democracia. En el fragmento 44 de Heráclito, aparece, se calcula que por primera vez, el vínculo entre demos (pueblo) y nomos (ley): «El pueblo debe lugar por la ley como por los muros». Lo recuerda Osvaldo Guariglia, para quien «la conexión entre el nomos, la polis y el demos se convierte en una relación conceptual, permanente y constitutiva».[294]

El clientelismo expresa la frustración de una expectativa constitutiva del proyecto democrático: la de establecer la igualdad ante la ley. La experiencia clientelar supone que hay una cantidad enorme de ciudadanos que no son respetados en su derecho a acceder a los bienes públicos liberados de cualquier forma de coacción. Esa cantidad enorme se recluta entre los más pobres. En lugar de tener garantizado que recibirán lo que les corresponde, deben tirar de la manga de un puntero. Encontramos aquí el aspecto más deplorable de la ausencia deliberada del Estado, que es la ausencia de la ley. Las reglas generales son reemplazadas por la voluntad de un caudillejo. Esta sustitución es reaccionaria por definición. Porque la anulación de la norma perjudica siempre al más débil. La ley es un activo, sobre todo, para el pobre. Una garantía de que su vulnerabilidad material no lo volverá objeto de opresión. La carencia de ley pone al débil a merced del poderoso. Este es el rasgo más extendido en la vida de los más necesitados del conurbano bonaerense: el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad o a un medio ambiente saludable son el resultado incierto de negociaciones y gestiones infinitas con alguien que ejerce de manera fantasmática la representación de un Estado cuya defección es estratégica.

Hay un concepto corriente que ayuda a comprender mejor este problema: el de «seguridad jurídica». Es habitual que la «seguridad jurídica» sea defendida y reclamada en beneficio de los inversores. Es decir, de quienes están bien establecidos en la sociedad. El abogado Jorge Eduardo Bustamante lo formuló en una síntesis muy eficaz hace ya varios años, en un artículo publicado por La Nación:

Celebro un contrato y se cumple. Deposito ahorros y los retiro. Pago impuestos y no soy tonto. Violo un semáforo y soy multado. Robo e iré preso. Intento coimear y soy denunciado. Me chocan y me pagan. Seguridad jurídica es poder prever el resultado de las conductas propias y los actos de terceros. Si la inversión es proyección al futuro, la seguridad jurídica despeja ese horizonte. Un delicado túnel de cristal que elimina los costos que cada emprendedor tendría para desbrozar el camino por sí mismo. El rol de las instituciones es reducir esos costos, los costos de transacción. La inseguridad jurídica implica la desaparición del Estado como garante del derecho, y la necesidad, para quienes actúan, invierten y contratan en esa tierra de nadie, de recurrir a fórmulas privadas para disminuir riesgos y obtener certidumbre mediante costosos arreglos contractuales, como en las sociedades primitivas.[295]

El clientelismo ayuda, por contraste con los ejemplos que menciona Bustamante, a comprender que la inseguridad jurídica tiene consecuencias más nefastas sobre los más necesitados, los que viven «en el margen». El clientelismo es el régimen de prácticas de esa inseguridad jurídica.

El filósofo francés Bernard-Henri Lévy escribió páginas brillantes en las que, refiriéndose al extremismo islámico, opone una sociedad basada en la tradición con otra basada en el contrato social. En la primera, operan vínculos familiares, de subordinación personal, preestatales. En la segunda, rige, impersonal, la norma. Esa contraposición propuesta por Lévy se inserta en una tradición muy reconocible. Montesquieu ya identificaba un nexo entre sociedad preestatal y tradicionalismo, que conducía a algo que él todavía no llegaba a denominar caudillismo. Describía así la sociedad de los beduinos. Sarmiento abrevó en esa idea cuando describió a Facundo como cabeza de un sistema no regido por un código, un contrato, sino por la voluntad del que manda. Había tomado de Montesquieu la idea de que esa variante autoritaria de la política prospera en el desierto. El clientelismo, entendido como una variante del caudillismo, prospera, sin embargo, en los densos entramados periféricos de las grandes urbanizaciones.

La dimensión precontractual que señalan desde perspectivas e intereses distintos Dodds y Lévy hace juego con un fenómeno extendido en el conurbano: la presencia militante de ministros de distintas religiones y, de manera eminente, de los curas católicos. Es una dimensión de la vida colectiva a la que nos referiremos de manera más detallada cuando tratemos la cuestión de las villas de emergencia. Pero aquí podemos examinarla a la luz del clientelismo. La atención a los pobres tiene un significado pastoral, entendida la pastoral también como política. Esa presencia de la jerarquía católica excede en mucho la mera asistencia social. Hunde sus raíces en una ideología que observa la secularización, es decir, la emancipación de la vida pública de las interpretaciones y prescripciones religiosas, como una decadencia. Quien mejor estudió esta concepción reactiva al laicismo del proyecto ilustrado que predomina en Argentina es el italiano Loris Zanatta, autor del célebre Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1943-1946), quien sintetizó en un párrafo el núcleo de esa ideología:

Un fantasma se pasea por la Argentina: es el mito de la nación católica. Es un mito que ha impregnado su historia, que se basa en un par de bisagras y tiene algunas consecuencias. Las bisagras: una es la idea de que el pueblo de Dios de los cristianos coincide con el pueblo de la Constitución; la otra es que las leyes y el orden social son legítimas si reflejan la voluntad de Dios, de la que el pueblo encarnado por el peronismo es el custodio. Las consecuencias: el mito impone serias limitaciones a la autonomía de la política con respecto a la religión; las instituciones republicanas están expuestas al chantaje de los que apelan a ese mito para cuestionar su legitimidad; la competencia política e ideal tiende a desembocar en una guerra religiosa: la legitimidad reside en ese pueblo mítico, y los otros son enemigos.[296]

La identificación de pueblo soberano y pueblo de Dios se refuerza en relación con la pobreza. Está formulada en la definición de una «opción preferencial por los pobres» que aparece por primera vez en los documentos emanados de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla en 1979. Esa misma formulación reaparece en el pronunciamiento de la V Conferencia, que se realizó en Aparecida en 2007. Ese texto tiene relevancia porque fue elaborado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, con la asistencia de uno de sus hombres de confianza, Víctor Fernández, hoy arzobispo de La Plata. Ese documento señala que

la opción preferencial por los pobres, que no es exclusiva ni excluyente, está implícita en la fe en Jesucristo, el Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a Cristo.[297]

Esta visión se completa, para la teología de la pobreza, con la presunción de que en el pobre hay, en razón de la propia carencia, una predisposición superior a comprender el mensaje espiritual del cristianismo. Esta admiración es lo que se califica muchas veces de «pobrismo» y explica una parte del apego, y en algunos casos la resignación, de muchos sacerdotes católicos frente al mundo de los que están sumergidos.

La religión se constituye en otro aspecto de esa economía moral postulada por Thompson. Dirigentes sociales, como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, lo advirtieron temprano y buscaron una alianza con los curas villeros, que fue previa a la coronación de Bergoglio como papa. Cuando Bergoglio ya estuvo al frente de la Santa Sede y se tejió su alianza con el kirchnerismo, Julio de Vido y quien fuera su secretario de Obras Públicas, José López, elaboraron un programa de construcción de capillas en las villas del conurbano.

El ofrecimiento cruzaba la política profana con la religiosa. Se proponía fortalecer al catolicismo en su lucha contra las confesiones cristianas no católicas. No fue más que la continuidad de una relación con la jerarquía eclesiástica que se cultivó mucho antes. De Vido y López se hicieron muy temprano amigos del pragmático obispo Rubén Di Monte, titular de la diócesis de Luján. Fue a través de Di Monte que conocieron a las monjas de General Rodríguez que terminaron siendo en 2016 depositarias de los nueve millones de dólares que López, pertrechado con una ametralladora, trasladó al convento. La relación con esas monjas tenía ya muchos años. Se sostenía sobre las habilidades culinarias de la madre Alma, quien solía ofrecer a los comensales de Di Monte, entre los que estaban De Vido y López, unas pastas prodigiosas. Alma tenía otras capacidades, también prepolíticas. Se le atribuía la facultad de conversar con la Virgen María. Fue aprovechando esas dotes, según dice una fuente irreprochable, que Cristina Kirchner habría mandado preguntar, a través de De Vido y Alma, en un mes incierto de 2011, si su esposo Néstor estaba en el Cielo o en el Infierno. ¿Qué respuesta podría devolverle el súbdito De Vido? Curiosidades de la religiosidad popular.

Los curas villeros son también agentes sociales y gestores de bienes públicos ante las distintas reparticiones del Estado. Punteros de Dios, podría decirse. En un momento de descreimiento político, es posible que tengan una gravitación mayor que la del puntero profano. Pero su rol refuerza el rasgo central del clientelismo: el acceso a las prestaciones del Estado está mediado por vínculos parainstitucionales o prepolíticos.

El clientelismo es una expresión de esa cultura política basada en la informalidad. Como sostenían los socialistas que veían en el conservadorismo y en el yrigoyenismo dos rostros de la misma «política criolla», y como advirtió el radical antipersonalista Reyna Almandos, caudillismo y clientelismo son frutos del mismo árbol. Se lo podría formular mejor. El puntero puede ser visto como un caudillo, alguien que ejerce el poder por su acceso particular a los bienes del Estado, no por su investidura institucional. La noción de emprendedor social deja entrever esta peculiaridad. El puntero es un agente que gestiona como un emprendedor privado los recursos públicos. Es la manifestación del caudillismo en la micropolítica ligada a la asistencia social. La pirámide feudal se puede interpretar como una pirámide de caudillismo. Este ejercicio particular de lo colectivo, esta preponderancia de los lazos de amistad, afinidad, lealtad o parentesco por sobre la ley, tuvo una manifestación simbólica incomparable durante el kirchnerismo. Fue en el ritual de Cristina Kirchner para la asunción en su segundo mandato. El bastón de mando no se lo entregó, como hubiera correspondido, el presidente provisional del Senado. Se lo entregó su hija. En 2007, se lo entregó su esposo, en calidad de presidente saliente. ¿O de esposo? El círculo cerró a la perfección: el bastón quedó depositado en el Senado. No fue entregado por la expresidenta a su sucesor, Mauricio Macri. Debía quedar clarísimo: el poder es un atributo personal, no una facultad institucional. Esta lógica se traslada desde el Palacio del Congreso hasta donde el fango se subleva, los rincones más perdidos del conurbano, para hacer sentir entre los pobres, a través de las redes de punteros, que el acceso a los bienes del Estado, más allá de que sea un derecho, debe pagar el peaje de la lealtad electoral y la sumisión política. El libro clásico de Auyero lleva un título que expresa a la perfección esta desviación: ¿Favores por votos? El clientelismo convierte las prestaciones del Estado en favores. Las personaliza en el laboratorio de una economía moral y, en vez de promover, subyuga.

Esta forma de sentir e interpretar el poder, como una emanación de la persona que lo ejerce, encierra también un modo de concebir la reivindicación social. Julieta Quirós observa dos dimensiones de la política popular que entran en tensión. Una es la resistencia, entendida como lucha colectiva para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Los beneficios que se obtienen son, para esta forma de intervención, el resultado de una reivindicación formulada en sentido ascendente, desde la base hacia el poder. La otra es el clientelismo, entendido como suministro de bienes a cambio de votos o lealtad. Dice Quirós: «Esas dos imágenes se definen de forma relacional y dan cuerpo al antagonismo entre la versión “positiva” y “negativa” de “lo popular”: la resistencia es la buena política, la política de la lucha, el compromiso y la transformación; el clientelismo es la mala política, la del intercambio instrumental, la manipulación y la reproducción».[298]

Reducir el segundo aspecto, el clientelar, a los intercambios específicos entre el puntero y su cliente impide ver el marco general en el que se inscriben esas relaciones.

La crítica del clientelismo se inscribe en una discusión general y conocida. Supone el horizonte utópico de la Ilustración, la idea de construir una esfera pública cuyo eje cultural es la autonomía del ciudadano. De la extensísima literatura sobre esta ideología, podemos escoger la excelente síntesis de Todorov:

Los pueblos están formados por individuos. Si estos empiezan a pensar por sí mismos, el pueblo entero querrá tomar las riendas de su destino. […] Para unos el rey ha recibido la corona de manos de Dios… […] Para otros, los que reivindican la razón, la naturaleza o un contrato original, el poder está en el pueblo, en el derecho común y en el interés general. Dios creó a los hombres libres y les dotó de razón. «Todo hombre cuya alma se suponga libre debe gobernarse a sí mismo», escribe Montesquieu.[299]

Todorov no reniega de la tesis que sostiene que la política se desarrolla dentro de una cultura que la envuelve. Es decir, en algo que en sentido muy amplio podría denominarse, con Thompson, «economía moral». Lo define así:

Esto [la idea de autonomía individual] no significa que el ser humano pueda prescindir de toda tradición, es decir, de toda herencia que le han transmitido sus mayores. Lo natural es vivir en una cultura, pero la cultura, empezando por la lengua, la transmiten los que nos preceden. No hay peor prejuicio que imaginar que podríamos razonar sin prejuicios. La tradición es constitutiva del ser humano, aunque no basta para proporcionar un principio legítimo ni una proposición verdadera.[300]

No hay legitimidad sin autonomía. No hay ciudadanía sin autonomía. No hay democracia sin autonomía. Y estas relaciones recíprocas fueron señaladas en los albores de sistema por Aristóteles. Como recuerda Guariglia, «por “comunidad” (koinonía) Aristóteles entiende la existencia de una agrupación de individuos en la cual ninguno está sujeto al servicio de otro como si fuese un instrumento».[301]

Si nos remontamos a la historia de la palabra «comunidad» aparecen acepciones etimológicas riquísimas. Roberto Espósito, en su libro Communitas, hace notar que su raíz está en cum munus. Munus significa deuda, vacío, un don. Por lo tanto, la comunidad no es una propiedad, un territorio que se debe defender, una plenitud. Es, en cambio, un vacío en relación con los otros, que nos remite a la vez a nuestra constitutiva alteridad respecto de nosotros mismos.

Esta lectura abre una perspectiva distinta para analizar la política. La comunidad, según ella, no es el cuerpo en el cual el individuo debe subsumirse, sino que es el ámbito de diversidad en el que el individuo se realiza en relación con otros que son distintos, como quería Aristóteles.

Los diversos ángulos desde los que se puede observar el fenómeno clientelista abren un interrogante central: el del tipo de democracia que se establece sobre las bases de esas prácticas. Porque la democracia como proyecto civilizatorio supone un conjunto de condiciones que deben ensamblarse. La autonomía de la persona y la capacidad del Estado para garantizar la igualdad ante la ley están amenazadas, cuando no negadas, por el lazo clientelar. Sin esas dos condiciones, no hay ciudadanía. O hay una ciudadanía que, como la definió Guillermo O’Donnell, es de «baja intensidad». O’Donnell planteó este problema en un artículo publicado en 1993.[302] La fecha es significativa: el análisis político estaba en ese momento formulándose preguntas respecto de la transición democrática de los países latinoamericanos y también de los que habían estado hasta muy poco tiempo antes tras la cortina de hierro. En el clima de esas discusiones, O’Donnell derrama una gota de duda sobre el optimismo que creía ver a la sociedad occidental marchando sin accidente alguno hacia «el fin de la historia», entendido como el establecimiento de un orden democrático general. O’Donnell observa que la instalación de la democracia no va a tener esa homogeneidad. Lo atribuye a que en algunas sociedades ese experimento estará condicionado por desviaciones arraigadas durante mucho tiempo: clientelismo, patrimonialismo, sultanismo, familiarismo.

La cuestión planteada por O’Donnell pone de relieve un problema principal: para la consolidación de una democracia no alcanza con el demos. Hace falta un ethos. Este es un interrogante inevitable en cualquier observación sobre la política en el conurbano: ¿qué tipo de democracia florece en condiciones clientelares? Dicho de otro modo: ¿qué calidad tiene una democracia establecida sobre un entramado político en el que la igualdad ante la ley, el acceso a los bienes públicos desprovisto de coacción y la autonomía personal están amenazados? ¿Qué tipo de democracia prospera en un marco de ciudadanía de «baja intensidad»?

La idea de un régimen político que niega la autonomía ciudadana puede ir más allá, hasta donde la lleva Héctor «Toty» Flores. Fundador de la cooperativa La Juanita, en Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, Flores es un militante social afiliado a la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió. Diputado nacional por tercera vez, dialogué con él una mañana, en un café de la avenida Callao, a media cuadra del Congreso. En esa charla, observó: «La dependencia con el puntero no solo supone la pérdida de autonomía del necesitado. Supone también una forma de construcción social. Si la organización depende de los recursos del Estado convertidos en dádivas, tampoco la organización colectiva es autónoma. Las agrupaciones que se forman alrededor de esa metodología, que se basan en el reparto, tienen siempre una dependencia malsana de los bienes que vienen del poder y en los que el puntero basa su existencia».[303]

Esta reflexión de Flores pone en evidencia que el clientelismo no se comprende del todo si se lo desvincula de una interpretación general que ve al Estado, gestionado por el caudillo, como el agente determinante del progreso social. La oratoria pública ofrece innumerables expresiones de esta concepción. Entre ellas, se puede rescatar un discurso, inapreciable por su sinceridad, que Cristina Kirchner pronunció el 11 de mayo de 2012, durante un acto en el que entregaba a empresas certificados de que eran susceptibles de acceder a créditos subsidiados. Para entender el mensaje, hay que recordar que fue pronunciado en el contexto de un conflicto con Hugo Moyano, quien, como parte de su campaña para la reelección como secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), amenazaba con una huelga general. Aquel día, en la Casa Rosada, la señora de Kirchner dijo:

Y les quería comentar, y sin hacer comparaciones porque mañana van a salir diciendo: «Eh, se cree que es Perón, se cree que es Evita». No, no, no, ni Perón fue Perón; Evita es Evita; Néstor es Néstor; Cristina es Cristina y mañana será otro. Pero lo que voy es a lo siguiente, el otro día se acercó la nieta de quien fuera secretario general de la CGT, en aquellas épocas de Perón y de Evita. ¿Ustedes saben cómo se llamaba? Bueno, si hay algún peronista ya se van a acordar, vayan a la calle a preguntar si alguien se acuerda del nombre del secretario general durante el gobierno de Perón y Evita. Le van a decir que no la inmensa mayoría de los argentinos, salvo que se encuentre con algún militante peronista que le diga era Espejo. Porque la gente sabe por qué vivieron mejor y por qué tuvieron las cosas. Y está muy bien que haya dirigentes sindicales que apoyen los procesos, que participen y que se identifiquen, que luchen por sus trabajadores, pero que tengan claro también que las primeras víctimas siempre históricamente de todas las crisis han sido los trabajadores, nunca los empresarios y mucho menos los dirigentes sindicales. Así que por favor señores empresarios, por favor señores dirigentes sindicales a poner el hombro a un país que le ha dado mucho a todos, a ponerle el hombro y articular intereses.[304]

Este párrafo es delicioso por muchas razones. Una de ellas, no la principal, es que desnuda la crueldad en la que puede incurrir la expresidenta cuando está enfocada en la defensa de un argumento. ¿Cómo se habrá sentido la nieta de José Espejo cuando se enteró, por televisión, de que para su admirada anfitriona de unos días antes su abuelo había carecido de toda relevancia? También es simpática la equiparación de Néstor y Cristina con Perón y Evita, sugerida por la vía de una recusación. Lo central, sin embargo, es la atribución del bienestar a la benevolencia del líder. «La gente sabe por qué vivieron mejor y por qué tuvieron cosas». ¿Por qué? Porque se las proveían Perón y Evita. El bienestar social no es un derecho cuya satisfacción es una obligación de funcionarios públicos como Néstor y Cristina, como Perón y Evita. Es la gracia que proporciona un demiurgo al que se debe gratitud. Mucho menos es el resultado de una lucha colectiva. El dirigente, en este caso el dirigente sindical, debe «apoyar procesos». No enfrentar al poder, no producir crisis. Porque de ese enfrentamiento, de esas crisis, salen perdiendo los trabajadores.

La visión política que Cristina Kirchner propone en este pasaje es la de un gran pacto clientelar entre el pueblo, «la gente», y un caudillo del que emanan los beneficios del Estado. Cualquier mediador es intrascendente y prescindible, como Espejo, quien, para el caso, era Moyano. Su papel se reduce, a lo sumo, al de un engranaje que facilita las mercedes del líder. Por lo tanto, su dependencia del presupuesto público adquiere un carácter virtuoso, porque es garantía de orden.

Hay otro supuesto político y moral en el planteo de la señora de Kirchner. Esa premisa constituye el corazón del clientelismo. Consiste en pensar que un derecho es algo que se da. No algo que se reconoce. Hay un caudillo benefactor que otorga algo. No el Estado que se inclina, para garantizarla y volverla operativa, a una prerrogativa propia de la persona. Por eso el cliente debe ser agradecido y leal a su puntero. Y el pueblo debe subordinarse a su caudillo. Estas ideas constituyen uno de los núcleos de cualquier experiencia de distribucionismo demagógico. Y, como es obvio, contienen un germen autoritario. Está en el otro extremo de cualquier visión progresista de los vínculos sociales. Cuando se revisa la práctica kirchnerista, está teñida por esta forma de concebir la vida pública. Cada vez que Néstor Kirchner o su esposa concurrían a un acto, ordenaban que, antes de hablar ellos, un locutor o locutora leyera el listado de cosas que los asistentes habían recibido de su parte. Esta perspectiva es lo contrario de un proyecto de desarrollo social.

Contra esta lectura, contrastan las observaciones de Toty Flores, que tocan un nervio de la política en el conurbano bonaerense. La captura de recursos fiscales, que es la columna de todo clientelismo, plantea contradicciones difíciles de salvar a los movimientos sociales y organizaciones de punteros. Al carecer de independencia de los fondos públicos, están encadenados a las fluctuaciones partidarias de sus «señores» en la pirámide feudal. Estos vaivenes pueden presentar encrucijadas traumáticas cuando se produce un cambio de liderazgo importante. Se advirtió con claridad con la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada. Su objetivo inmediato fue apropiarse de la maquinaria que conducían los Duhalde y que los había llevado al poder. Los punteros, que eran líderes barriales que, por su gravitación social, ascendían hasta la base piramidal de la política, comenzaron a ser cooptados desde arriba con el dinero del Estado. Esa operación está en el centro de la estrategia a través de la cual el santacruceño, que se proponía conquistar una geografía amenazante, fue minando el poder de los intendentes todavía alineados con el régimen anterior. La captura de punteros fue crucial para que Kirchner alcanzara el objetivo de subordinar el aparato bonaerense a una jefatura que sería ejercida por un santacruceño desde la presidencia, y no desde la provincia.

En 2015, se produjo un cambio todavía más radical. Y, por lo tanto, el nexo con la caja del Estado se volvió más evidente y la provisoriedad de las lealtades políticas, mucho más ostensible. El ascenso de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y, en especial, en numerosos municipios del conurbano obligó a muchos punteros a cambiar de escudería. En localidades como Lanús, Quilmes o Tres de Febrero, numerosos dirigentes barriales «se ofrecen» al nuevo poder partidario. Cambian la casaca del PJ por la del PRO. ¿O superponen una y otra? ¿Es un cambio de filiación o solo un «ploteo»? Aquel puntero de San Miguel que se preciaba de «no pintar amarillo» pretendía negar el pragmatismo de estos cambios de pertenencia. En su caso, estaba facilitado, porque el intendente De la Torre comenzó a trabajar para Cambiemos sin renunciar a su condición de peronista. En cambio, Toty Flores cuenta que recibió a muchos caudillejos barriales peronistas que proponían sus servicios con un mensaje ambiguo, que podría resultar hasta amenazante: «Nos van a necesitar…».

La expresión citada por Flores insinúa que en la tarea de preservación del orden social el puntero puede ser el antibiótico, pero también la bacteria. Esta ambigüedad es constitutiva de un sistema de relaciones políticas que se basa, si no en el conflicto, en la intimación permanente. Cuando las prestaciones o los servicios a los que el Estado se obliga se convierten en dádivas o favores, cuando los derechos son sustituidos por la subordinación personal o la lealtad, todo el edificio público pasa a estar presidido por una dinámica extorsiva. Esta permanece disimulada cuando no hay competencia política. Pero apenas aparece tal competencia, aquella dinámica queda al desnudo. Sobre todo cuando existe la alternancia en el gobierno y los punteros deben decidir su migración.

9
HISTORIA 4
LA CONURBANIZACIÓN DE LA POLÍTICA. LA ARGENTINA DE NUEVO EN EL CALLEJÓN (2001-2023)

El mediodía del 20 de diciembre de 2001, Horacio Rodríguez Larreta había organizado una reunión de su fundación, el Grupo Sophia. Esa red de jóvenes se había constituido ocho años antes como una derivación de tertulias más o menos informales que se realizaban en el departamento de Horacio Rodríguez Larreta padre, en Libertador y Bulnes. Aquel día el encuentro fue un almuerzo en Puerto Madero. Estaban Gustavo Lopetegui, Gonzalo Robredo, Martín Bohmer, Sergio Berensztein, Alec Oxenford, Martín Lousteau, Gabriel Martino y Augusto Rodríguez Larreta, el hermano de Horacio.

Esta vez había un invitado estelar: Carlos Ruckauf, quien llegó acompañado de su esposa, María Isabel Zapatero. El lugar era apacible, pero el día no era uno común. Del otro lado de los docks la ciudad ardía. Hacía más de veinticuatro horas que el conurbano se agitaba con los saqueos a supermercados y comercios en los barrios más humildes, ejecutados por turbas enardecidas que, de a poco, habían tomado la plaza de Mayo.

En contraste con ese vendaval, Ruckauf, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se mostraba sereno. A pesar de que el celular sonaba enloquecido, no lo atendía. Lo que estaba pasando afuera recién irrumpió en la mesa cuando Lopetegui recibió un mensaje de Nerio Peitiado, uno de sus socios en Eki Discount, la cadena de supermercados que administraba con Mario Quintana y que había apostado a expandirse con locales medianos por el Gran Buenos Aires. Lopetegui le transmitió el mensaje al gobernador: «Ya nos tomaron treinta sucursales y ahora está amenazado un centro de distribución». Ruckauf se comunicó con su ministro de Seguridad, Juan José Álvarez, y le pidió que protegiera ese centro. Las noticias ya no permitían seguir almorzando.

Lousteau y Augusto Rodríguez Larreta dejaron Puerto Madero y caminaron hasta la calle Reconquista. Lousteau quería encontrarse con su hermana, que estaba en una de las innumerables manifestaciones que circulaban por el centro. De pronto, cerca del Banco Nación, se toparon con una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía. Augusto la tomó y la arrojó hacia atrás. El aire no se podía respirar. Envueltos por ese humo, Lousteau comentó: «De esto que estamos viendo va a salir algo nuevo. No sé cómo será. Pero no va a ser bueno».

La ciudad de Buenos Aires estaba asistiendo a la irrupción más dramática del conurbano. Ese 20 de diciembre, las columnas se habían estado desplazando desde la noche anterior hacia la plaza de Mayo. Era otro 17 de octubre, pero muy distinto del original. Los que llegaban no eran los trabajadores, sino quienes habían dejado de serlo. Esta nueva movilización expresaba a una Argentina que venía, en muy buena medida, a cancelar aquella otra identificada con el ascenso de Perón. Llegaban los desocupados de un modelo industrial-proteccionista que arrastraba su agotamiento desde hacía décadas y que la convertibilidad, en su última fase recesiva, había hecho colapsar. En medio de la humareda deambulaban las víctimas de la desindustrialización.

Existe una discusión bastante desordenada, en la política y también en la bibliografía académica, acerca de la naturaleza de esta nueva marcha hacia la Casa Rosada: cuánto tuvo de espontánea; cuánto de organizada. Detrás de esta controversia anida otra pregunta: el estallido del 19 y 20 de diciembre, lo que se recuerda como «la crisis de 2001», ¿fue un golpe orquestado por el peronismo contra De la Rúa? Es importante ajustar la lente sobre estos acontecimientos, porque de ellos derivan fenómenos cruciales que persisten hasta ahora. En muchas dimensiones, la sociedad argentina todavía no salió de la crisis del año 2001.

El malestar social venía agravándose desde mucho tiempo atrás y se expresaba de un modo inédito: los piquetes o cortes de ruta.[305] Esa forma de protesta comenzó a multiplicarse a partir de la privatización de YPF, en 1992, y la consecuente desocupación en el sector petrolero. Las primeras puebladas ocurrieron en Plaza Huincul y Cutral-Co, dos ciudades vecinas de Neuquén, en las que predominaban los empleados de la petrolera. Ambas localidades están emplazadas en el cruce de dos rutas: la nacional número 22 y la provincial número 17. Es curioso: el miembro informante de la privatización en el Congreso fue un diputado neuquino, Oscar Parrilli, por ese entonces menemista, como todo peronista que se preciara de serlo.

El piquete o corte de ruta era una técnica adecuada al nuevo drama. Ya no cabía la posibilidad de la huelga, que es un recurso, por definición, de los empleados. El piquete es la táctica que le queda al que perdió el empleo, para exigirle al Estado un subsidio. Nacían en Neuquén los instrumentos de la lucha propia de una sociedad que había cambiado: la sociedad de la desocupación. Hacia mediados del año 2000 ese sistema ya se había hecho frecuente en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el 19 y el 20 de diciembre no fueron días de piquetes. Ocurrió algo más doloroso y temible: saqueos. Ya no era el recurso de la desocupación, sino del hambre.

El 1.º de diciembre, Fernando de la Rúa y sus ministros habían dictado un decreto de necesidad y urgencia que en el inciso a) de su artículo 2.º prohibía «los retiros en efectivo que superen los PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) o DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA (U$S 250) por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera». Se tendía así el «corralito», que hizo estallar a la sociedad.

La medida tenía efectos devastadores entre los más pobres, que se mueven con dinero en efectivo, fuera del sistema bancario. Es decir, entre muchas otras derivaciones, esta decisión puso en evidencia como nunca antes la extensión que había adquirido la informalidad. Los que ya tenían poco dinero en efectivo por la falta de trabajo carecían ahora de él por completo por el bloqueo de los bancos. Algo parecido sucedió en 2020 durante la cuarentena que impuso la pandemia. Al estar cerrados los bancos, inclusive los cajeros automáticos, los que realizan actividades fuera de la formalidad se fueron quedando sin dinero. Fue el caso típico de los cartoneros, que no tenían a quién vender su mercadería, porque nadie estaba en condiciones de pagarla en efectivo. La emergencia tuvo consecuencias impensadas. Como esos trabajadores seguían acumulando cartón en la entrada de sus casas, la lluvia producía charcos en los que prosperaba el dengue, que ya había provocado una epidemia sobre la que se montó la del coronavirus.

La presunción de que la dirigencia peronista organizó, a partir de ese caldo de cultivo, una rebelión del conurbano puede tener atractivo literario, pero es difícil de defender con la información disponible. En principio, porque la onda de insurgencia comenzó en el interior. A fines de noviembre, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, se quejó de que no había llegado a ninguna provincia la coparticipación federal ni recursos para pagar los sueldos de octubre.

Entre el 13 y el 17 de diciembre, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Víctor de Gennaro, organizó el Frente Nacional de la Pobreza y convocó a una consulta popular a lo largo de esos cinco días. El mismo 13 comienzan los piquetes en Mar del Plata, una de las ciudades más castigadas del país por el nivel de desempleo. Al mismo tiempo, en Pergamino se registra un ataque a la municipalidad. En Jujuy, el 16 se lanza un paro docente, y al día siguiente paran los universitarios de todo el país.

Los saqueos empiezan en esos días como acciones pacíficas de gente que pedía comida en los supermercados. Así fue en Mendoza, Rosario y Concordia. El 15, en el supermercado rosarino Azul, de Empalme Graneros, se produce el primer enfrentamiento entre saqueadores y policías. El gobierno provincial disuelve el entrevero repartiendo cuatrocientas bolsas de comida. Algo parecido sucede al día siguiente en un Carrefour de Avellaneda.

Día tras día aumenta la efervescencia. De la Rúa, que se iba ahogando en la desconfianza, pone al frente de las negociaciones con dirigentes sociales a su secretario privado, José Aiello. El 18, muchos supermercados del Gran Buenos Aires deben atender a grupos que piden comida. El Ministerio de Desarrollo Social anuncia que entregará 200 000 kilos de mercaderías para las zonas más conflictivas. A cargo de ese ministerio, había quedado un radical rionegrino, Daniel Sartor, por la renuncia, en octubre, de Juan Pablo Cafiero, el padre de Santiago, que pega un portazo porque le recortan el presupuesto de la cartera.

El 19 el país está sembrado de saqueos. La Iglesia católica toma la iniciativa y convoca a una reunión en la sede de Cáritas, en ese entonces liderada por Jorge Casaretto. Asisten el jefe de Gabinete Chrystian Colombo, el ministro del Interior Ramón Mestre, el secretario general de la Presidencia Nicolás Gallo y el vocero presidencial Juan Pablo Baylac. También, los gobernadores José Manuel de la Sota, Ángel Rozas, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y los senadores Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. Asimismo, el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren; el de la Rural, Enrique Crotto; el de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, y los líderes de dos centrales obreras: Rodolfo Daer y Hugo Moyano. Lo más significativo del encuentro fue que el presidente De la Rúa asistió y se retiró en menos de una hora, antes de que terminara la reunión. Quedó expuesto al ataque de unos manifestantes cuando quiso subir al auto.

Conviene observar esa reunión en Cáritas, porque es el punto de partida de un largo ciclo en el cual la Iglesia católica adquiere un protagonismo destacadísimo. No debería llamar la atención, ya que esa institución cuenta con sensores muy eficientes para captar el nivel de padecimiento e inquietud de los más necesitados. Tampoco debería llamar la atención que haya sido Casaretto el que tomó la iniciativa: figura protagónica de la relación entre el clero y la política, siempre estuvo alineado entre los obispos con mejor diálogo con el radicalismo, en la línea de su amigo Justo Laguna. Es una incógnita cuál era el lugar en esa escena del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, cuyas intervenciones comenzaron a ser mucho más activas durante el gobierno de emergencia de Eduardo Duhalde. Entre otras iniciativas, a través del Diálogo Argentino, que se organizó con el español Carmelo Angulo, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De la autoridad de De la Rúa ya no quedaba nada. Sobre la medianoche de ese 19 de diciembre, los canales de televisión anunciaban la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Nunca quedó claro si renunció o fue presionado por esa ola informativa para que dejara el cargo.

Cavallo había sido el último recurso de De la Rúa para salvar la convertibilidad. Como en un movimiento fetichista, recurrió al inventor, como si estuviera en posesión de las claves secretas del experimento. Desde el primer día, el 20 de marzo, la inserción de Cavallo en el gabinete fue imposible. Se lo sumó en una reunión multitudinaria, en la que estaba la principal dirigencia del partido, convocada por De la Rúa a través de Enrique Nosiglia. Solo los colaboradores directos del presidente sabían de qué se trataría el encuentro. La mayoría llegó a Olivos y se topó con De la Rúa escoltado por Ricardo López Murphy, quien había renunciado a bordo de un avión que lo traía desde Chile, y Cavallo, la nueva estrella. El padre de la convertibilidad hizo esfuerzos sobrehumanos para elogiar a un radicalismo que lo recibía de muy mala manera. Pero en medio del encuentro, Leopoldo Moreau lanzó una diatriba contra el «invitado» y todo terminó a los gritos. El nuevo ministro hizo una catarsis exaltada en la que, entre otras cosas, se refirió a la impotencia de los radicales para resolver cualquier tipo de problema en el país. Moreau y Cavallo eran viejos enemigos. El entonces senador Moreau había sido, en 1995, quien llevó adelante una ardiente interpelación contra el ministro estrella de Carlos Menem, haciéndolo responsable del escandaloso contrato informático entre el Banco Nación y la empresa IBM. Moreau era la expresión más extrema del fastidio que todo el radicalismo sentía por Cavallo. Las raíces de ese odio eran profundas. Se remontaban a otra caída, la de Alfonsín, cuando Cavallo pidió a la banca internacional que ya no le prestara más al gobierno argentino porque el peronismo, que se encaminaba hacia la Casa Rosada, no se haría cargo de esa deuda. Cavallo niega esa versión, que Daniel Marx, encargado de financiamiento en aquel final hiperinflacionario, afirma.[306] Es un antecedente del gesto que tuvo Alberto Fernández cuando, ya vencedor de las primarias del 9 de agosto de 2019, le indicó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que también dejara de seguir financiando al país, con la diferencia de que la de Fernández fue una agresividad inocua: el FMI ya había suspendido los desembolsos del megacrédito concedido a la Argentina.

La enemistad de Cavallo y el radicalismo se alimentó más tarde con otro derrumbe, el de Eduardo Angeloz como gobernador de Córdoba, a quien el Ministerio de Economía le negaba los avales necesarios para seguir accediendo al crédito internacional. El vocero de esta historia de inquinas fue, en los últimos tiempos de la gestión de De la Rúa, Alfonsín. El modo en que expresaba su veto al ministro de Economía era el reclamo de un «gobierno de unidad nacional». Es decir, un acuerdo con el PJ, que era por definición imposible si Cavallo seguía en el gabinete. De la Rúa, que practicaba el cinismo hasta el borde de la crueldad, contestaba sin insinuar siquiera una sonrisa: «Pero si tenemos un gobierno de unidad nacional… ¿O no lo incorporamos a Cavallo?».

En lugar de Cavallo, fue designado el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Era un hombre clave del gobierno. Íntimo amigo de Enrique Nosiglia, operó hasta último momento como un puente con Alfonsín y la dirigencia del partido. Con una capacidad de trabajo y diálogo inagotables, sin la bonhomía de Colombo el desbarajuste final de la gestión de la Alianza hubiera sido mucho más feroz. De todos modos, con la salida de Cavallo terminaba el gobierno de De la Rúa. Lo que siguió a aquella noche fue una escena dantesca.

El 20 se inició con saqueos en todo el país. Mónica Gordillo anota una modalidad: avanzaban hombres armados, pero el ataque a los comercios lo realizaban mujeres.[307] El saldo fue trágico. Solo ese día hubo dieciocho muertes, sin contar las que se produjeron por la represión de la Policía Federal en la plaza de Mayo y la del Congreso. Ese dramatismo contrasta con algunos relatos retrospectivos que se pueden escuchar todavía hoy de personas que viven en barrios populares y participaron en esos desmanes. Cuentan los asaltos a supermercados, sobre todo a los regenteados por chinos, con cierto tono festivo. Ayuda mucho a entender esta tonalidad un concepto acuñado por Denis Merklen: el oportunismo del pobre entendido en analogía con la lógica del cazador.[308] El concepto capta muy bien lo que se advierte en la vida cotidiana del que vive con necesidades acuciantes: está todo el tiempo atento al beneficio que pueda aparecer. Está al acecho. El avance sobre los supermercados se narra todavía hoy como una oportunidad que se abrió en un momento dramático, cuando el hambre merodeaba por las villas. No queda claro quién la abrió, ni hay que interrogar mucho sobre eso. Grupos de amigos o parientes aprovecharon esa licencia.[309]

Desde luego, al asalto de los necesitados se sumaron los que viven en lo que Javier Auyero denomina, analizando este fenómeno, «zona gris». Es un área en la que no está clara la frontera entre el puntero y el delincuente, que al mismo tiempo es informante de la policía. «Concibo la zona gris como un objeto empírico, a la vez que como una lente analítica que conduce nuestra atención hacia un área borrosa donde los límites normativos se disuelven, los actores del Estado y las élites políticas promocionan o activamente toleran o participan en la producción de los daños».[310]

Jorge Ossona converge con esa idea cuando estudia, en uno de sus interesantísimos trabajos de campo, los saqueos en Lanús y en Villa Fiorito del 19 y el 20 de diciembre. Ossona identifica a Samuel «el Pampa» Martínez como uno de los cabecillas de esos saqueos y, a la vez, como el que negoció con la policía para que pudieran llevarse a cabo. El vandalismo estuvo estimulado por las noticias que llegaban desde otros lugares del país, pero fue una operación organizada, desde la base territorial, aunque con intervención de sectores del municipio ligados al PJ, es decir, opositores del intendente de aquel entonces, Edgardo Di Dio, del FREPASO.

La explicación de Ossona es muy valiosa, porque expone el movimiento de las fuerzas en juego en medio de una transición. Samuel, nos dice, tenía por misión evitar que los piqueteros se pusieran al frente de la movilización de los vecinos. Es decir, tenía que defender la autoridad del puntero frente a un nuevo actor social, el piquetero, que iba adquiriendo poder en la medida en que conquistaba y suministraba los recursos distribuidos desde la nación. Es inevitable recordar la frase de Antonio Gramsci: «El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen monstruos».

En los saqueos hubo, entonces, algo de la vieja asociación entre punteros, malandras y policías destinada a regular el conflicto y el delito dentro de márgenes «razonables». Un viejo comisario de la zona cuenta hoy que el 19 hubo una reunión de diez jefes de comisarías con el titular del comando de Lanús en la que acordaron «organizar» los saqueos. Hasta ese momento parecía haber una instrucción por la cual debía dotarse de seguridad a las sucursales de las grandes cadenas y dejar expuestos a los supermercados chinos. «Pronto nos dimos cuenta de que, una vez que destrozaban al chino, la gente se lanzaba sobre jugueterías, ferreterías, lo que fuera». La intervención consistió en inducir a los comerciantes chinos a entregar de a veinte bolsos de comida, con control policial. Según este oficial, las circunstancias diferían según quién fuera el intendente del lugar. «En Lanús estaba Manolo Quindimil, que no quería que su distrito apareciera en televisión. Si el intendente en cambio era nuevo, como sucedía en Malvinas Argentinas, donde [Jesús] Cariglino había asumido en 1995, podía explotar todo». Queda por ser despejada otra incógnita frecuente: si en la misma maniobra de aministración del vandalismo hubo participación del gobierno nacional a través de la Secretaría de Inteligencia.

En el fondo de estas observaciones, yace la hipótesis resbaladiza de un golpe de Estado blando, organizado por el aparato peronista del conurbano contra el gobierno de la Alianza. Esa presunción se sostiene en un, llamémosle así, detalle: la movilización hacia la plaza de Mayo. La convulsión en el Gran Buenos Aires no parecía tener un objetivo político. No se registraron ataques generalizados a las intendencias, por ejemplo. Era gente en busca de comida, alentada por delincuentes que comunicaban la falsa novedad de que en tal o cual supermercado se estaba repartiendo alimento. Los investigadores que mejor estudiaron el fenómeno no se animan a afirmar que esas redes territoriales tuvieran una coordinación superior. Lo que sí está fuera de toda duda, y lo afirma ese oficial de policía ya citado, es que la instrucción que llegó desde el gobierno provincial fue que no se reprimiera, que se evitara la sangre.

Para iluminar esta escena, vale la pena acudir a un relato valiosísimo que llega desde la pluma de Felipe Solá, por entonces vicegobernador de Ruckauf.[311] Las memorias de Solá[312] son ricas por varios motivos: cuentan mucho, en un país en el que los políticos dan versiones tan estilizadas de los hechos que se vuelven por completo inverosímiles; además, cuentan bien, en especial por ese extraordinario sentido del humor que caracteriza a su autor. Solá relata allí una reunión clave que mantuvo el 19, cuando promediaba la tarde, en el Hotel Elevage. Se encontraron con él Carlos Becerra, que era el jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Enrique Nosiglia, que sin tener un cargo oficial fue una figura protagónica en toda la crisis; Juan José Álvarez, ministro de Seguridad de la provincia; Alberto Balestrini, intendente de La Matanza. Lo mejor es dejar hablar a Solá, quien comienza reproduciendo lo que él mismo les dijo a los representantes del gobierno:

No tiene sentido que discutamos las causas del desastre, ni que nos echemos culpas mutuas por los saqueos. A esta altura tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer esta noche. La policía de la provincia está superada: cuando caiga la oscuridad, puede haber tiroteos. Mañana podemos encontrarnos con 500 muertos en el conurbano si no actuamos ya. Necesitamos a todas las fuerzas posibles recorriendo los distritos: cuanto más aparato de prevención se pueda mostrar, mejor. Mandan la Gendarmería, la Prefectura. Pero que no usen sus armas, excepto en una cuestión de vida o muerte. Van a re-co-rrer. ¿Pueden hacerlo?

—Hace falta el estado de sitio para eso —⁠respondió Coti, cuya serenidad contrastaba con el silencio atemorizado de Becerra, que escuchaba, pálido e inmóvil.

—No, Coti. Basta con que el gobernador se los pida por escrito. Con eso están cubiertos.

—¿Me esperan que hago una llamada? —⁠dijo Coti, se levantó y salió.

Diez minutos después regresó:

—Lo vamos a hacer. Ya está arreglado. Ya le avisé al ministro Ramón Mestre, y están en marcha —⁠remató.

«O este tipo es un fanfarrón o tiene todo el poder», pensé, dada la sencillez del trámite.

Nos despedimos. En el ascensor Juanjo susurró, siempre propenso a imaginar conspiraciones:

—Se dieron cuenta, ¿no? Está clarito: el quilombo lo armaron ellos.

—Juanjo, estás en pedo. Ellos ya saben que se van. El Coti disimuló bien. Pero ¿viste la cara de Becerra? ¿Cómo se te ocurre que van a ponerse a armar saqueos si están contra la pared? —⁠objeté.

—El tema es que se viene la noche y estos son unos ineptos. No conocen el Gran Buenos Aires. Y estamos en sus manos —⁠observó Balestrini.

—Pero por ahora no podemos hacer más que esto.

Les pedí que no incrementasen el quilombo en la reunión a la que íbamos, en el piso 19 del Banco Provincia, donde ya estaban Duhalde, Ruckauf y un grupo grande de intendentes del conurbano. Nos enteramos de que, poco después de nuestro encuentro con Coti, se había declarado el estado de sitio.

Los celulares ardían, para informar a los caciques sobre lo que pasaba en sus distritos. Se los veía muy mal; algunos no podían hablar, sobre todo los más fuertes, porque sentían que su poder no había servido para parar los disturbios. Vi lágrimas en tipos rudos.

[…]

Le pregunté a Mariano West, de quien era amigo, por qué se había largado a armar una caravana por la ruta 202 hacia San Miguel y de ahí a Plaza de Mayo. «Era la única manera de que los que estaban saqueando sobre esa ruta dejaran de saquear. Así íbamos todos a Plaza de Mayo a reclamarle a De la Rúa. Los pibes tenían que darse cuenta de que los comerciantes del barrio no tenían ninguna responsabilidad».[313]

Al rato llega la noticia de que la gendarmería había entrado a los distritos del primer cordón, para alivio de los intendentes. Nosiglia había cumplido.

Esa noche hubo una guerra de rumores sobre saqueos generalizados en las casas. Nadie dejó su vivienda. El conurbano profundo se paralizó. Los saqueadores nunca aparecieron. La repetición y la mecánica olían a SIDE.

Algo había salido bien en el gobierno de De la Rúa. Al día siguiente la represión de la Policía Federal me borraría de un plumazo esa impresión.[314]

Vale la pena registrar otra lectura de la convulsión. Es la que proviene de militantes de una izquierda más radical, que estuvieron muy activos en numerosos barrios populares del sur del conurbano. Esos observadores-participantes recusan la presentación de los saqueos como una reacción de bandoleros. Consignan que el estallido se produjo al cabo de una larga y frustrada negociación de grupos de vecinos organizados con dueños de supermercados y, sobre todo, funcionarios del área de acción social de los municipios. Defienden la irrupción de esos pobres en busca de comida como una muestra de activismo y articulación política, en el intento de extraer de la crisis un nuevo orden. Es importante registrar la existencia de esta otra narración, porque le da un fondo histórico a toda la acción posterior de la izquierda no kirchnerista. Y, sobre todo, ilumina como se lee al kirchnerismo desde ese ángulo.[315]

Mientras el peronismo bonaerense había entrado en estado de asamblea, el radicalismo le comunicaba con cuentagotas un ultimátum a De la Rúa. A última hora de la tarde de ese 19 de diciembre, Raúl Alfonsín visitó la Casa Rosada acompañado por Carlos Maestro, jefe del bloque de senadores que él mismo integraba, y por la senadora rionegrina Amanda Isidori. Fueron recibidos por Chrystian Colombo, quien los introdujo después en el despacho del presidente. La sorpresa: con De la Rúa estaba Domingo Cavallo, cuya decapitación venían a solicitar. Alfonsín comenzó a argumentar la necesidad de una salida, insistiendo, una vez más, con la consabida «reestructuración del gabinete», que era el eufemismo para pedir la salida de Cavallo. Pero nadie se animó a ser preciso. Cuando la senadora lo intentó —⁠Maestro recuerda con mucha gracia la escena⁠—, Cavallo le clavó los ojos encima hasta dejarla muda, como hipnotizada. De la Rúa se retiró de la mesa, se dirigió hacia un rincón del despacho y se concentró en renovar las rosas de un florero. Cuando había terminado la charla, volvió a la reunión y saludó como si nada hubiera pasado. Maestro todavía está sorprendido por el rito funerario del florero.

De la Rúa dirigió un mensaje esa noche, anunciando la declaración del estado de sitio. El país estalló en un cacerolazo. Se aceleró la movilización de vecinos hacia la plaza de Mayo, un clima de agitación social sin precedentes. A las 2 de la mañana se conoció la renuncia de Cavallo, que venía siendo anunciada desde la medianoche, en lo que fue a todas luces una operación de acción psicológica para sacarlo del cargo. En su libro Doce noches, Ceferino Reato registra un diálogo de Cavallo con De la Rúa, en el que el presidente convence a su ministro de no renunciar con el argumento de que querían voltear su gobierno.[316] En las bocacalles del centro se multiplicaban las hogueras. La guardia de Infantería de la Policía Federal chocaba con los manifestantes. Durante la mañana, se reprodujeron los disturbios, con quema de comercios vecinos al obelisco y de autos a pocos metros de la Casa Rosada.

La renuncia de De la Rúa se produjo al día siguiente. Tuvo un disparador objetivo: reunidos por Nosiglia en el Hotel Elevage, los principales dirigentes del PJ, entre los que se encontraba Eduardo Menem en representación de su hermano Carlos, no encontraron una fórmula para constituir un gobierno de unidad nacional. Fue el argumento que daría el presidente en su último mensaje, a media tarde. ¿Hubo otro detonante? Las versiones difieren. De la Rúa le dijo a Reato que la bala final la disparó Maestro, desde el departamento de Alfonsín, cuando lo llamó para comunicarle que había perdido el respaldo del partido. De la Rúa aporta un dato, para él, importantísimo: Alfonsín había hablado un rato antes con Eduardo Duhalde. Maestro niega ese entramado.[317]

En su mensaje del 19, el presidente, que era un artista de la insinuación, había dicho lo siguiente: «En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral».

Esa afirmación ilumina muy bien cuál era la situación desde la que De la Rúa contemplaba la escena. Por un lado, un esfuerzo llamativo por negar lo evidente: bajo sus pies se había producido un estallido. Por otro, la convicción de que todo era el resultado de una conspiración de los que no habían podido ganar las elecciones. No las de ese año, sino las de 1999.

Esta segunda tesis puede ser, en lo anecdótico, más que discutible. Pero hace juego con un proceso que se había desarrollado durante, por lo menos, el año y medio anterior a la renuncia de De la Rúa. Este es el fenómeno que hay que resaltar: uno de los vectores de la crisis de 2001 fue la competencia entre la nación y la provincia de Buenos Aires por ver cuál de las dos caía primero. Entrelazado con esa rivalidad, se desarrolla también un duelo político entre oficialismo y oposición, pero, sobre todo, en la interna peronista.

El punto de partida de esta historia, si es que existe uno, fue la derrota de Duhalde frente a De la Rúa en 1999. Encierra una de las tantas paradojas de esta experiencia. Duhalde era el candidato del PJ gobernante, es decir, del oficialismo de Menem, pero estaba enemistado con este último desde el punto de vista político, pero también conceptual. A partir de 1995, Duhalde se fue convirtiendo en un crítico cada vez más explícito del régimen de convertibilidad. La bandera de la continuidad del tipo de cambio fijo, del uno a uno, la llevaba De la Rúa, que pidió el voto para garantizarla.

Después del fracaso electoral, Duhalde se sumergió, como tantas veces, en la depresión. Contrastaba con el chispeante temperamento de Carlos Ruckauf, quien no se esforzaba en confesar sus planes presidenciales. Felipe Solá, que se detesta con Ruckauf, lo cuenta así en sus memorias:

El caudillo de la provincia cayó en una depresión poseleccionaria. Duhalde permaneció en su casa de Pinamar, sin querer moverse ni oír hablar de política. Creo que no aceptaba la ambición explícita del candidato que había designado, devenido gobernador. Ruckauf le decía a todo el mundo que sería el futuro presidente. Un día, en una ceremonia formal, me dijo en voz baja:

—¿Te das cuenta de que nadie está vestido de negro, salvo yo?

—No, ¿por qué?

—Muy sencillo. Porque yo soy el presidente.

Sonreí, mientras pensaba en la frontera entre lo sublime y lo ridículo.[318]

El mismo Solá cuenta que, cuando le ofreció la candidatura a vicegobernador, Duhalde le explicó que había promovido a Ruckauf porque «Buenos Aires no produce sus gobernadores. Yo venía de ser vicepresidente. Y él también. Se necesita visibilidad nacional para que la provincia te conozca». Solá comenta: «Podía ser. Pero creo que también contaba con que Ruckauf era un extraño, que no podía competir con él en el futuro: no había amenaza sobre quién controlaba el territorio».

El argumento de Duhalde cobija una riqueza mucho mayor a lo que él, tal vez, suponía. Se podría desarrollar mejor aclarando que Buenos Aires carece de una agenda política propia, que perdió, como entendió con clarividencia Alem, en 1880, cuando quedó decapitada. Uno de los síntomas de este vacío es la dificultad que existe para evaluar una gestión bonaerense. Otro, la docilidad con que el electorado del distrito tolera el desembarco de figuras porteñas, en la que sobrevive que provincia y ciudad siguen siendo, en muy buena medida, una unidad. En 1999, Ruckauf compitió con Graciela Fernández Meijide, que también era porteña. Más aún: en 1995, había ganado la banca de senadora por la Capital y presidió su Asamblea Estatuyente, y en 1997 se impuso sobre Hilda González de Duhalde, «Chiche», como candidata a diputada, en la provincia. Ruckauf había sido diputado por la ciudad, que fue el escenario de toda su vida sindical y política.

No debe llamar la atención, en esta línea, que en 2007 Daniel Scioli también se lanzara a la gobernación desde la Capital. Igual que María Eugenia Vidal en 2015. En 2019, Vidal no pudo superar el desafío de un diputado también porteño: Axel Kicillof. Esta plasticidad territorial tiene su expresión más elocuente en las elecciones de 2021, cuando Vidal se postula como diputada en la ciudad de Buenos Aires. En medio del Riachuelo, se cruza con Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, que busca una diputación por la provincia.

Sin embargo, en la anécdota que cuenta Solá hay un detalle que no puede pasar inadvertido: los cargos los ofrecía Duhalde desde un poder bonaerense, no nacional. Esa peculiaridad trae consigo una novedad importantísima que el propio Solá sugiere, cuando especula con que Duhalde postulaba a Ruckauf porque su condición de porteño lo convertía en inofensivo desde el punto de vista territorial.

Que Ruckauf viera la provincia como un trampolín fugaz no implica que la ambición de controlar ese distrito le haya sido indiferente. Para ese objetivo, encontró la colaboración de tres aliados. Los llamaban «los tres mosqueteros»: Julio Alak, intendente de La Plata; Juan José Álvarez, intendente de Hurlingham; Alberto Balestrini, intendente de La Matanza. Antes de ponerse al servicio del pasable antiduhaldismo de Ruckauf, los tres habían sido el soporte de otras embestidas contra el caudillo de la provincia. Alak y Álvarez habían sido tentáculos de Menem, y Balestrini tuvo una larga alianza con Alberto Pierri, quien rompió con Duhalde en 1997, cuando la candidatura de Chiche le hizo ver que él no era el sucesor automático que había imaginado ser. En estos alineamientos, aparece una constante que ordena el juego de poder del conurbano: la rivalidad entre Lomas de Zamora y La Matanza. Subsiste hasta hoy, encarnada en Martín Insaurralde y Fernando Espinosa.

En la construcción cotidiana de ese emprendimiento territorial, Ruckauf contó con la colaboración de una figura indispensable: Esteban «Cacho» Caselli. Fue el secretario general y factótum de la gobernación. Es imposible resistir a la tentación de detener el foco sobre Caselli. Se trata de un personaje digno de una novela. Con Ruckauf, volvía a una provincia que conocía desde hacía tiempo, porque en los años setenta había sido, según unas versiones, consejero y, según otras, chofer del gobernador y sindicalista metalúrgico Victorio Calabró.

El regreso de este antiguo chofer-consejero a la política se produjo con la llegada de Carlos Menem al poder.[319] Una leyenda cuenta que apareció entre los colaboradores de Eduardo Bauzá, uno de los alfiles principales del riojano, encargándose de algunas manualidades de la ceremonia de asunción. Quedó, así, cerca de Bauzá. Un viejo funcionario de esa administración cuenta que Caselli ocupaba un pequeño despacho previo al del secretario general y, después, jefe de Gabinete. Parado detrás de un escritorio, recibía a las visitas —⁠sindicalistas, legisladores, gobernadores⁠— que pasaban hacia el escritorio del mendocino con un lacónico consejo: «No le hablés de plata que le hace mal. Eso después lo arreglás conmigo». Seguían las manualidades.

El servicial colaborador dio un paso largo hacia delante gracias a la muerte del obispo de San Justo, en La Matanza: monseñor Rodolfo Bufano, un prelado muy ligado al peronismo y, sobre todo, al movimiento obrero, cuyo sorpresivo fallecimiento requirió de la meticulosidad de Caselli para ordenar algunos detalles. La eficacia para tareas discretas convenció a Menem de la conveniencia de confiar a este colaborador la relación con los obispos, sobre todo con algunos de ellos, en especial en materia de donaciones. Caselli se hizo íntimo de Emilio Ogneñovich, que pasó a integrar un trío amistoso con él y con el empresario Mario Montoto, clásico proveedor de material militar y de seguridad.

Cuando Ruckauf se convirtió en vicepresidente, Caselli lo acompañó en la Secretaría de Acción Social creada a su medida en el Senado. De allí salió expulsado por la publicación de una carta en la que pedía al brigadier Juan Paulik, jefe de la Fuerza Aérea, un hangar para una empresa de aeronavegación de Alfredo Yabrán. Siempre se supuso que la filtración la había producido Cavallo, enemigo acérrimo de Yabrán. Pero los muy informados señalaban a Alberto Kohan, que competía con Caselli en infinitas intrigas palaciegas por el favor de Menem.

De nuevo la Iglesia, por la vía del absurdo, rescató a su devoto servidor. Durante una entrevista con el cardenal Raúl Primatesta, poderosísimo arzobispo de Córdoba, Juan Pablo II condenó la creciente desocupación de la Argentina. Menem montó en cólera y reprochó a Caselli la falta de lealtad de «tus amigos». Cacho movió a todos sus contactos en la Santa Sede y logró lo que se creía imposible: Primatesta dormía la siesta en un aposento del Vaticano cuando lo despertaron para hacerle saber que la Sala Stampa había corregido los dichos del papa, aclarando que no se referían a ningún país en particular. Con el cable en la mano, Caselli visitó a Menem y le dijo: «¿Sabés lo que me preguntaron mis amigos en Roma? ¿Por qué eras tan malo que, con todo lo que te ayudo, me tenés fuera de tu gobierno?». En el acto, Menem le ofreció la embajada ante el papa, que Caselli aceptó en el acto. Durante esa gestión, que está plagada de anécdotas desopilantes, el consejero-chofer convertido en diplomático tejió relaciones de gran intimidad con las principales figuras de la curia, sobre todo con el poderosísimo secretario de Estado, Angelo Sodano. La leyenda cuenta que le llegó al corazón cuando se hizo cargo de auxiliar a un hermano suyo que había quebrado una empresa constructora.

Desde Roma, Caselli regresó a La Plata y, sobre todo, a Puerto Madero. Allí se instaló en unas oficinas en las que la opulencia no coincidía con el buen gusto y abrió un restaurante, Piperno, homenaje a la gran casa de comida del gueto romano. Para esa época, Caselli llevaba ya una guerra sorda contra su antiguo jefe Menem y, sobre todo, contra sus exministros Cavallo y Oscar Camilión. ¿El motivo? Las imputaciones por las responsabilidades en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Camilión y Cavallo acusaron a Caselli.[320]

Esta querella es significativa, porque Ruckauf llevaba, en pos de su candidatura, dos batallas simultáneas. Una, muy discreta, contra Duhalde. Otra, explícita, contra Menem, para quien, desde julio de 2000, pidió varias veces la jubilación. Con Duhalde, sin embargo, alcanzaron un acuerdo: se lo impulsaría como candidato a senador en 2001. Con Menem solo cabía competir. Ambos querían la presidencia para 2003.

Las ambiciones de Ruckauf agravaban la principal debilidad de la Rúa: en 1999, había perdido la provincia de Buenos Aires. En esa derrota, estaba la semilla de su caída, impulsada después por conflictos alimentados por la crisis económica. ¿Hubiera sido otro su destino, hubiera sido otro el destino de la convertibilidad, si el gobierno de la Alianza no hubiera tenido que enfrentar al peronismo de la provincia de Buenos Aires? Ucronías.

El doloroso agotamiento de la convertibilidad transfiguró las divergencias políticas. En el término de un año, los actores se verían impulsados a acelerados cambios de roles y de alianzas. Ruckauf debería encabalgar sus aspiraciones sobre una feroz crisis financiera. Tenía una ventaja y una desventaja: ser gobernador de Buenos Aires. Es decir, de una provincia que ata su estabilidad y sus turbulencias a las de la Nación. El duelo por la sucesión presidencial comenzó a adquirir otra dimensión. Pasó a ser un trazo casi secundario, un adjetivo, de una pulseada entre la nación y la provincia de Buenos Aires. El motivo de esa pulseada era determinar quién quebraba primero. Fue sobre este paisaje que se recortó la figura de Cavallo, que será el gran rival de los bonaerenses, sobre todo de Ruckauf. Otra situación que deja perplejo al que la observa: Ruckauf llegó a la gobernación en 1999 gracias a su alianza con Cavallo, que había sido bendecida por Duhalde. Quiere decir que la campaña basada en un discurso que, en nombre del productivismo, impugnaba la convertibilidad, fue llevada adelante por candidatos aliados a Cavallo, el autor de ese programa.

El giro en las posiciones es sorprendente. Cavallo era el padre de la convertibilidad. Había conservado todo su prestigio desde que salió del Ministerio de Economía en julio de 1996, enemistado con Menem. En 1999 compitió con Duhalde por la presidencia, pero ambos compartieron la fórmula Ruckauf-Solá para la provincia. En las elecciones porteñas del 7 de julio de 2000, Cavallo se presentó, secundado por Gustavo Béliz, como candidato a jefe de Gobierno. Competían con la fórmula Aníbal Ibarra-Cecilia Felgueras, que triunfó. Esta encrucijada tuvo consecuencias importantísimas, aunque no tan evidentes. El gobierno de De la Rúa entendía que una derrota frente a Cavallo, en el distrito del que procedía el presidente, sería catastrófica para la salud de un programa económico en dificultades y muy necesitado de financiamiento en el mercado. Este diagnóstico convenció al oficialismo de la urgencia por dar una señal favorable a los inversores: esa ansiedad aceleró, de la peor manera, la reforma laboral que terminaría en el escándalo de las «coimas del Senado» y, como derivación, en la renuncia de Carlos «Chacho» Álvarez a la vicepresidencia de la nación.

En aquel julio de 2000, Cavallo y Béliz encabezaron una formación que para una lectura retrospectiva parece un aleph de la política porteña. Entre los candidatos a legislador de esa lista de defensores de la convertibilidad estaban Alberto Fernández, Julio Vitobello, Guillermo Oliveri, Nicolás Trotta, pero también Diego Santilli o Paula Bertol, que serían con el tiempo figuras prominentes de Juntos por el Cambio. Asimismo figuraba la actriz Elena Cruz, quien ganó notoriedad en aquella campaña por su defensa de Jorge Rafael Videla. Reconstruir estos alineamientos es significativo para entender cómo se fue endureciendo el vínculo de Cavallo con la dirigencia peronista de la provincia. La afinidad, que nacía de una campaña electoral compartida, tuvo una manifestación contundente: Ruckauf designó como presidente del Banco Provincia a Ricardo Gutiérrez, que había sido el secretario de Hacienda de Cavallo durante toda la gestión al frente del Ministerio de Economía.

El 17 de abril de 2001, Ruckauf hizo una presentación muy autosuficiente ante inversores en el Hotel St. Regis de Nueva York, en la que se refirió al «programa de gobierno que pienso llevar adelante en dos años y medio, cuando cambie el gobierno en mi país». Aclaró que brindaba a Cavallo un «apoyo crítico» y vaticinó: «Cuando haya elecciones presidenciales, mi principal rival va a ser Cavallo, que será candidato por el radicalismo».[321] Es obvio que esa caracterización era muy peyorativa hacia De la Rúa. Por si hiciera falta que se notara más, Ruckauf hablaba en Nueva York de «administración Cavallo» o «administración De la Rúa-Cavallo».

Para abril de 2001, Ruckauf sobreactuaba su entendimiento con Cavallo. También le auguraba, al menos en público, un desenlace exitoso. La relación entre ambos era cooperativa. No podía ser de otro modo: venían de ser aliados menos de dos años atrás, como revela Solá en sus memorias cuando cuenta que, apenas asumió, Cavallo citó a sus viejos secretarios de Estado en el subsuelo del Hotel Intercontinental. Entre los que tenían cargos electivos, estaban Juan Schiaretti y el propio Solá. El tema central de la charla era la necesidad de aprobar una ley de superpoderes enviada al Congreso. Solá recuerda que habló sobre el tema con Ruckauf, quien convenció a José Manuel de la Sota de aprobarla.

Este punto de partida de la gestión de Cavallo es interesante en la medida en que desdibuja un poco la idea de que la rivalidad política llegaba hasta el boicot contra el gobierno nacional. Al revés, la anécdota deja entrever que Ruckauf puede haber sentido que Cavallo le debía cierto apoyo en el momento en que iniciaba su nueva y riesgosa aventura.

En el radicalismo y, sobre todo, en el delarruísmo, no tenían esa percepción. El encargado de hacerlo notar fue Rafael Pascual, presidente de la Cámara de Diputados, cuando en una entrevista radial de comienzos de junio acusó a Ruckauf de «intentar un golpe institucional para adelantar las elecciones. Pero no va a tener suerte, porque este es un país que está maduro institucional y democráticamente, y va a haber elecciones en octubre y va haber elecciones en el 2003». Pascual fue más allá: «Lo que no sé es cómo va a hacer él para terminar su mandato frente al desgobierno y a la incapacidad que ha demostrado para conducir la provincia».

Para julio, la supuesta armonía estaba rota. Los problemas fiscales, agravados por la rigidez monetaria, se encargaron de hacerla saltar en pedazos. La nación, es decir, Cavallo, comenzó a fijar límites estrictos al financiamiento de la provincia, o sea, de Ruckauf. Solá tiene una visión descarnada, acaso demasiado, de este entredicho que fue uno de los vectores más poderosos de la crisis. Según él, Cavallo veía en Ruckauf a un competidor. Lo importante no era cómo evitar la debacle, sino ver quién caía antes.[322]

La manifestación más crítica de este conflicto tuvo lugar durante una reunión en el octavo piso del Ministerio de Economía, donde funcionaba la Secretaría de Finanzas, a cargo de Daniel Marx. Allí quedaron enfrentados el ministro de Economía de la provincia, Jorge Sarghini, y el representante del Banco de Galicia, que oficiaba como representante de los acreedores, Luis Ribaya. Sarghini escuchó allí que los bancos suspenderían el crédito a Buenos Aires, salvo que se les extendiera una garantía de coparticipación. Era un requisito imposible de satisfacer, porque los títulos que había emitido la provincia en el mercado internacional incluían cláusulas por las cuales había que acordar a sus titulares cualquier ventaja que se le diera a otro acreedor. Sarghini tuvo un cruce duro con Marx: «Esto que me dicen los bancos me lo tendrías que decir vos. Ustedes nos están asfixiando». Solá tiene una versión más dura de este encuentro. Refiere que Ribaya planteó su negativa en estos términos: «Los mercados no estamos dispuestos a financiar la aventura presidencial de un gobernador. Por lo tanto, de aquí a fin de año tendrán que hacer lo que les exigimos y les daremos un tercio de lo que nos piden».

La encerrona financiera derivó en la creación de una cuasimoneda, el Patacón. Fue una construcción financiera de Sarghini, para una decisión política de Ruckauf. En un primer momento, se emitieron patacones equivalentes a 90 000 000 de pesos, impresos en Ciccone Calcográfica. Con esos bonos, con los que cobraron su sueldo 160 000 empleados bonaerenses, se podían pagar todos los impuestos de la provincia, Aguas Argentinas y Aguas del Gran Buenos Aires, Edenor, Edesur, Eden, Edes y Cooperativas Eléctricas del interior de la provincia. También podían utilizarse en las líneas ferroviarias. La mayoría de las cámaras que agrupaban a la industria y al comercio aceptaron la nueva «moneda», cuyo uso estaba vedado para compra de medicamentos, combustibles o pago de servicios telefónicos.

El gobernador lo explicó el 10 de julio en una conferencia de prensa como una derivación inevitable de la crisis nacional: «El pago con patacones es una necesidad, no un capricho», dijo Ruckauf durante una conferencia de prensa en la sede porteña del Banco Provincia. Y agregó: «Por muchos meses, no va a haber pesos en circulación. La Argentina entró en cesación de pagos interna».

Ruckauf insistió: «Ellos [por el gobierno] nunca nos consultan, siempre nos han notificado hechos consumados y nos han pedido que aceptemos situaciones calamitosas. Una de las características de este gobierno es que, todos los fines de semana, tiene algún problema. Todos los fines de semana arman algún lío…».

Ruckauf formuló una declaración clave para lo que vendría en adelante: que ya no quería más fotos con el gobierno, sino que fuera el propio radicalismo el que definiera el apoyo a De la Rúa.

La decisión de romper con este último, de aislarlo desde Buenos Aires, se correspondía con otro movimiento reciente, que tenía como escenario la interna peronista: el 7 de junio, el juez Jorge Urso había dictado la prisión preventiva de Carlos Menem, que quedó encerrado en la quinta de su amigo Armando Gostanián, en Don Torcuato.

La crisis económica se aceleraba y recalentaba la política. Atrapado por el corsé del tipo de cambio fijo, Cavallo no tenía otra salida que llevar adelante un ajuste que tenía repercusión en las provincias por el recorte a los giros de coparticipación. Los ingresos provinciales eran la polea de transmisión más directa de la economía a la política. La voz más crítica seguía siendo la de Ruckauf, que explicaba las restricciones que debía aplicar en la provincia, sobre todo el pago a asalariados y a proveedores con patacones, como una imposición lisa y llana de la nación.

Dos estallidos técnicos

El ajuste atormentaba también al radicalismo. El 21 de junio Alfonsín acompañó a Eduardo Duhalde en la fundación del Movimiento Productivo Argentino, que se proponía «el cambio de modelo económico», como decía el exgobernador. El Movimiento Productivo incorporó, como uno de sus líderes, a Ignacio de Mendiguren, que era el presidente de la UIA.

El presidente de la UCR se pronunció a comienzos de agosto con una carta abierta en la que proponía la formación de un gobierno de unidad nacional en el que participaran diversos partidos, entidades empresarias, sindicales y espirituales, en obvia referencia a la Iglesia. Alfonsín volvía a una vieja idea: la conveniencia de utilizar al jefe de Gabinete como enlace con la oposición para rescatar gobiernos en estado de gran fragilidad. Era la escena para la que él había imaginado al primer ministro, que solo consiguió introducir de manera muy atenuada en la Constitución de 1994. Alfonsín habló de esto en una ocasión informal, bastante temprano. Fue el 8 de agosto de 2001, comiendo un asado en la casa de su amigo José «Chiche» Canata, en el barrio de Saavedra. Lo que sugirió aquella noche dejó la impresión de que había más conversaciones de las que se conocían con el peronismo bonaerense. Y las había. En marzo de ese año, cuando se decidió la salida de Ricardo López Murphy del Ministerio de Economía, Jorge Remes Lenicov recibió el ofrecimiento de hacerse cargo del Banco Central. Contestó que solo lo aceptaría con una condición: el abandono de la convertibilidad.

Hay un detalle problemático cuya resolución se pierde en el misterio de una historia contrafáctica: las tratativas con el peronismo bonaerense no incluían a Ruckauf, a quien Alfonsín no podía tolerar por varias razones, entre las cuales una principal era haber designado a Aldo Rico como ministro de Seguridad. Las tratativas de Alfonsín eran con Duhalde. Esa exclusión de Ruckauf era premonitoria.

En esa comida en lo de Canata, Alfonsín fue bastante preciso: había que salvar la gestión de De la Rúa incorporando a Duhalde como jefe de Gabinete y a Remes Lenicov como ministro de Economía. No hace falta aclarar: la jugada suponía, como en marzo, abandonar la convertibilidad.

Casi un mes después, en una entrevista que le realizó Mariano Grondona, De la Rúa dijo: «Cuando se habla de un gobierno de unidad y se publica que eso es para instalar a un jefe de Gabinete que cree un gobierno de salvación, como si el presidente no tuviera el papel constitucional que le compete, podría llamarse conspiración».[323]

Los recursos fiscales se iban agotando por la dramática contracción de la recaudación, derivada de una recesión que no solo era profunda, sino también interminable: había comenzado en 1998. También había un torniquete externo: el FMI era cada vez más restrictivo con los desembolsos. Esa dependencia del auxilio de las grandes potencias encarnó en una anécdota increíble. El 11 de septiembre De la Rúa estaba en su despacho de la Casa Rosada mirando las imágenes televisivas del ataque a las Torres Gemelas. Sus colaboradores estaban, como él, estupefactos. El único que logró salir de la hipnosis que producía la pantalla atroz del atentado fue Chrystian Colombo, que le preguntó a Cavallo: «¿Entraron los fondos que estaban previstos?». Esa mañana, el FMI debía realizar un giro, y lo hizo. Colombo intuía bien: el mundo estaba cambiando en ese instante y el lugar de la Argentina en la lista de prioridades de los países centrales estaba condenado a descender.

El poder está asistiendo al derrumbe de la convertibilidad. Faltan semanas para que el país asista al mismo colapso. Fue la caída de un régimen económico que desde 1997 presentaba cada vez más dificultades, como el mismo Cavallo reconoció. Quienes reemplazaron a Cavallo, Roque Fernández y, sobre todo, Pablo Guidotti, analizaron abandonar la convertibilidad y avanzar hacia la dolarización, con una condición previa: un cambio en la paridad uno a uno. Gerchunoff recuerda que, cuando llegaron con De la Rúa, el ministro José Luis Machinea y su equipo examinaron la posibilidad de abandonar ese esquema. Lo narra de esta manera:

Antes de asumir lo conversamos con José Luis. La propuesta era la siguiente: al entrar el gobierno presentaríamos un diagnóstico muy sombrío, comandaríamos la salida de la Convertibilidad y, a los cuarenta y cinco días, todo el equipo se iba. Patriotismo a la Remes Lenicov, avant la lettre. Nos inmolábamos, pero tras ese terremoto inicial quedaba la posibilidad de que, en el tiempo que le restara en el gobierno, la economía se recuperase y De la Rúa saliese adelante. Finalmente, José Luis descartó la idea, creo que con razón. Las catástrofes nunca ocurren de manera planificada. Con el tiempo me pareció una decisión sabia.

Gerchunoff se detiene en las anécdotas con que fueron tramitando este dilema:

Antes de llegar al gobierno convocamos, por separado y en horarios distintos, a los economistas más críticos de la Convertibilidad. Vinieron, por ejemplo, Roberto Frenkel y Roberto Lavagna. Nos reunimos en la quinta de Miguel Bein, camino a Quilmes. Les pedimos a nuestros invitados que respondieran una sola pregunta: «¿Nos quedamos o salimos?». No nos importaban los adoradores de la Convertibilidad, de los que había muchos, cuya respuesta podíamos adivinar. Nos interesaba la opinión de los economistas que se habían manifestado en contra. Y todos dijeron que había que seguir adelante. Hablaron de trabajar para incrementar la productividad, cosas que sabíamos, ellos y nosotros, que eran pura fantasía. Entonces dijimos: «Bueno, nos quedamos». Y, además, por supuesto, estaba el compromiso público de De la Rúa y Chacho a favor de mantener la Convertibilidad. Ambos se convirtieron en guardianes celosos de ese régimen. La fe de los conversos.[324]

La convertibilidad se había vuelto una trampa por las dificultades técnicas que planteaba su abandono. Pero el problema de salir de ella era mucho más complejo. Ese régimen cambiario se había transformado en un principio de orden político. Era el sortilegio gracias al cual la Argentina había salido de la pesadilla de la hiperinflación, la tabla de salvación con la que pudo huir del caos. Y, más allá de ese huracán de 1989-1990, se presentaba como la victoria sobre un largo ciclo inflacionario. Es natural que, para una sociedad que venía experimentando la inestabilidad como el clima natural desde hacía más de dos décadas, el hallazgo de una fórmula que hiciera reinar la calma tenía un significado que excedía muchísimo el reino de la macroeconomía.

Había otro aspecto de la convertibilidad que justificaba su alto valor simbólico. La propuesta de que la moneda local fuera equivalente a la de Estados Unidos suponía, en sí mismo, algo de magia. Era una propuesta arbitraria, pero fascinante. Cuando se aprobó la ley 23 928 por la que se fijaba, a partir del 1.º de abril de 1991, la equivalencia entre un dólar y 10 000 australes, Landrú, en Clarín, ilustró la novedad dibujando al ministro de Economía como el mago Fu Man Cavallo, al que le hacía decir: «¿Ven este billete de 10 000 australes? ¡Hop! Ahora es un dólar». Los humoristas tienen el talento de explicar una escena a partir de lo que tiene de absurdo. Landrú tal vez no sabía que ese truco, del que él se burlaba, fue la ficción consentida alrededor de la que se organizó la sociedad a lo largo de una década. Su potencial fue tan intenso que quien fue titular político de ese milagro o, si se prefiere, el demiurgo de ese simulacro, impulsó con éxito una reforma constitucional que modificó instituciones fundamentales y, de paso, le permitió la reelección por otros cuatro años.

La convertibilidad obtuvo su extraordinaria densidad social de una lógica que se hace presente con bastante regularidad. Todo un edificio político se alza sobre una victoria particular. El poder se retiene a partir de un mérito principal, acaso un solo mérito.

Menem y Cavallo, con la convertibilidad, habían desentrañado el enigma de la esfinge, como Edipo en Tebas. Ese régimen cambiario sería un activo invalorable. Revisarlo implicaría mover la clave de bóveda de toda una arquitectura. De la Rúa adhirió al mismo temor, aun a pesar de las reservas que le planteaba desde el punto de vista técnico. «Por lo menos tres veces Fernando me preguntó qué pensaba respecto de abandonar la convertibilidad», recuerda Enrique Nosiglia.[325] Es una referencia valiosísima para ilustrar lo que venimos diciendo: es obvio que De la Rúa no buscaba de Nosiglia el diagnóstico de un macroeconomista, sino de un político. Pero no solo De la Rúa compartía esa fe. También lo hacía Carlos «Chacho» Álvarez, quien, como casi todo el Frente Grande, versión prehistórica del FREPASO, abandonó en 1991 el ángulo económico-social de impugnación a Menem para enfocarse, sobre todo con el emergente Aníbal Ibarra como vocero, en una fiscalización institucional. Álvarez adhirió tanto a la convertibilidad que fue el principal introductor de Cavallo en el crepuscular gabinete de De la Rúa, una gestión que para el expresidente radical fue crucial, ya que le servía para demostrar que los supuestos reparos morales de quien había sido su vicepresidente eran solo una coartada. Álvarez no solo había sido el anfitrión de Cavallo, sino que además, de su mano, soñó con reincorporarse al oficialismo como jefe de Gabinete, en reemplazo de Colombo. Cavallo puso esa reincorporación como condición, pero no le fue aceptada. Estas informaciones fueron utilizadas por De la Rúa durante el juicio oral por la causa de las «coimas del Senado», sobre todo cuando pidió hacerse cargo de su propia defensa para poder interrogar a Chacho Álvarez.

Como se puede advertir, no era solo el menemismo el que defendía el sistema inaugurado en abril de 1991. También el radicalismo de De la Rúa y el FREPASO sostenían esa columna. Quiere decir que alrededor de la convertibilidad se había organizado un consenso transversal que alcanzaba a figuras tan divergentes como Menem y Álvarez. No es la primera ni la única vez en que un gobierno obtiene un poder extraordinario de una receta que, por eso mismo, se sacraliza. Por lo tanto, existe un increíble incentivo político, no técnico, a mantener ese talismán más allá de lo que aconsejaría la ciencia. Lo que se había convertido en un salvoconducto frente al caos nos devuelve, de ese modo, al caos. Al establecerse, la convertibilidad había logrado salvar a la Argentina del abismo. Y, al dilatar su agonía, la condujo de nuevo hacia el abismo. Su ciclo podría ser visto, en una simplificación sinóptica, como un segmento encerrado entre los paréntesis de dos grandes convulsiones. El estallido del año 2001 refuerza, por la vía del absurdo, que se había caído la columna que sostenía todo el edificio. Corroboraba la fantasía acerca de que el país había encontrado y perdido una fórmula mágica.

El escenario para una catástrofe política ya estaba organizado. Faltaba que ocurriera. Y sucedió el 14 de octubre. Las elecciones legislativas de ese día representaron un estallido social incruento. Se podría decir «técnico». Los resultados pusieron en evidencia una crisis de representación que modificaría por muchos años a la democracia tal como se la había conocido desde 1983.

En la provincia de Buenos Aires, la suma de electores que se abstuvieron y que votaron en blanco alcanzó el 36,95 % del padrón. El justicialismo obtuvo el 21,34 % del padrón. La Alianza, es decir, el gobierno nacional, alcanzó apenas el 8,77 % de los ciudadanos en condiciones de participar. Los votos nulos llegaron al 14,02 %: en muchísimos casos, la anulación era deliberada, ya que se ponían dentro del sobre imágenes disparatadas como expresión de una protesta.

En la Capital, el primer conjunto fue el de la abstención y el voto en blanco: el 31,71 %. Los anulados fueron un inédito 24,47 %. La Alianza, que ganó en el rubro de votos positivos, sacó solo el 10,07 %. Le siguió Argentinos por una República de Iguales (ARI), aliado con el Socialismo, con el 6,27 %. El PJ, con Daniel Scioli como candidato, obtuvo el 6,03 por ciento.

El caso más notable fue Santa Fe. La suma de abstención y voto en blanco fue del 52,86 %. El PJ representó el 15,61 % del padrón, y la Alianza, el 12 por ciento.

Algunos detalles de esa elección explican también el aislamiento en que quedó De la Rúa respecto de su propio partido. En la Capital Federal, su distrito, un sector del radicalismo impuso la candidatura de Rodolfo Terragno, que se había alejado del gobierno, del que había sido jefe de Gabinete, enemistado con el presidente. La figura de Terragno era un emblema de la impugnación a Cavallo y su convertibilidad desde tiempos de Menem. En las internas del radicalismo venció a Facundo Suárez Lastra. Quienes lo postularon, liderados por dirigentes muy cercanos a Raúl Alfonsín, como Jesús Rodríguez, sabían que estaban infligiendo un golpe interno a De la Rúa.[326]

La convulsión social de saqueos y cacerolazos, que ensangrentó las calles hacia finales de diciembre, fue la trágica escenificación operística de un colapso político cuya aritmética ya había aparecido el 14 de octubre. La derrota del gobierno quedó casi disimulada en un revés de toda la clase política. Resulta bastante obvio que una medida como el corralito, que atemorizó a las capas medias con el fantasma de perder sus ahorros, y sumergió en el trueque y luego en el hambre a los sectores más vulnerables, encendería una pradera que ya estaba disponible para el incendio.

Quienes leyeron el pronunciamiento electoral con la mente puesta en la salud de la democracia reaccionaron de inmediato. El 25 de octubre, once días después de los comicios, Alfonsín, que con razón experimentaba una responsabilidad especial sobre el sistema, puso en manos de De la Rúa un documento pidiendo un cambio general en el gobierno.

El 20 de noviembre de 2001 ocurrió un episodio destinado a producir una aceleración secreta de la trama de alianzas y conflictos que se estaba urdiendo desde hacía meses. La Corte Suprema de Justicia determinó que en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia no estaba probada la figura de la asociación ilícita. Por lo tanto, Menem recuperó la libertad de inmediato. La liberación del riojano abrió la posibilidad de un eje entre un sector muy amplio del peronismo y la Casa Rosada. No debe olvidarse que, como se iba a demostrar en los encolumnamientos internos de las elecciones de 2003, Menem lideraba a buena parte de la dirigencia federal del peronismo.

El nuevo cuadro se hizo visible el 11 de diciembre, cuando Menem visitó la Casa Rosada, en el marco de una serie de contactos del gobierno con la oposición. Al día siguiente, mantuvo entrevistas con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y con el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni. Al abandonar la sede del Ejército, tuvo palabras muy audaces: «Estoy proponiendo una especie de acuerdo patriótico y sostengo en forma terminante que para un acuerdo de esa naturaleza es fundamental la participación de las Fuerzas Armadas y la Iglesia […] No queda otra salida que una especie de acuerdo con todos los sectores de la vida política, empresarial y militar».[327]

La observación de Menem sobre un papel de los militares en la crisis es muy interesante. El riojano estaba pensando en una crisis social como la que llegaría en pocos días y en otorgar a las Fuerzas Armadas un papel en esa convulsión. De la Rúa pensó lo mismo cuando estallaron los saqueos en el Gran Buenos Aires. Las versiones son encontradas. Si se examinan los diarios de la época, la hipótesis del recurso al Ejército para poner orden interno aparece todo el tiempo. Con los años, quien era ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el entonces secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, niegan que esa opción se haya evaluado.

Sin embargo, hay militares que recuerdan una ceremonia de entrega de sables a oficiales del Ejército, que se demoró por un buen rato debido a una reunión que De la Rúa mantenía en su despacho con el general Brinzoni. Al salir de ese encuentro, Brinzoni se dirigió a un grupo de generales, entre los que se encontraba, por ejemplo, Guillermo Sevilla, y les explicó: «La demora se debe a que nos piden intervenir para poner orden. Pero nos negamos. Pusimos como condición que el estado de sitio sea aprobado por el Congreso». Era un requisito imposible. Para la misma altura de la tarde, el general Juan Carlos Mugnolo, jefe del Estado Mayor Conjunto y hermano de un dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, recibía una consulta sobre la disponibilidad de fuerzas militares. Al que le preguntó, le dijo: «Digamos que no tenemos combustibles. Pero no nos metamos en esto». Un dirigente de la intimidad de Alfonsín y Jaunarena, Raúl Borrás (h), evoca que ese día, almorzando en el Congreso con el expresidente, recibió un llamado de Jaunarena anticipando que se convocaría a las Fuerzas Armadas. Todavía no habían recibido la negativa.

Se trata de un momento crucial de la historia, de esos que inspiran a los historiadores contrafácticos. Tiene una semejanza con aquella otra encrucijada, la del 17 de octubre de 1945, que llamó la atención de Robert Potash y Juan Carlos Torre: el general Ávalos negándose a bloquear con el Ejército la llegada de la multitud a la Plaza de Mayo.

En el marco del estado de sitio, la intervención de los militares hubiera sido legal. ¿Habría alcanzado a evitar la gran concentración en la plaza de Mayo, que comenzaría a gestarse ese 19 a la noche? Más inquietante: ¿se habrían evitado las muertes? Son incógnitas que están encerradas en esa afirmación de Menem después de visitar a Brinzoni, el 12 de diciembre, una semana antes del colapso.

Al día siguiente, el 13, comenzaban las manifestaciones de protesta y Menem visitaba a De la Rúa en la Casa Rosada. Le propuso un plan de dolarización. Ese día, renunció Daniel Marx a la Secretaría de Finanzas y se incorporó Miguel Kiguel, que había ocupado ese cargo con Roque Fernández, bajo la presidencia del riojano. Entre De la Rúa y los economistas de Menem siempre existió un canal de comunicación muy activo: el exbanquero y exsecretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, un Chicago Boy de la máxima confianza del presidente. Con la incorporación de Cavallo y el acercamiento a Menem, De la Rúa terminaba de encarnar una continuidad indisimulable con «los noventa».

La política va adquiriendo una geometría muy nítida, con alineamientos cada vez más claros, como sucede en las grandes crisis. El 15 de diciembre Ruckauf declaró: «Si los dos salen a decir las mismas cosas, son lo mismo. El nexo entre De la Rúa y Menem es Cavallo. Yo quiero otro modelo. Esa reunión fue la cristalización de una alianza para dolarizar, y estoy en desacuerdo. La dolarización es la consolidación económica de este modelo». Duhalde fue por el mismo camino: «De la Rúa y Menem son las dos vertientes, la radical y la justicialista, de los que creen en este modelo, bastante en soledad en los partidos. Por eso no me extraña que coincidan y crean que esto se va a solucionar sacando una fotografía de la realidad de hoy y prolongándola en el tiempo con la dolarización».[328] Alrededor de la convertibilidad, se constituyó una polarización cada vez más cargada de tensiones. Uno de los polos era la élite política de la provincia de Buenos Aires.

La convergencia con Menem abría un camino de supervivencia, con todo lo incierto que ese camino pudiera ser, a través del cual De la Rúa podía explorar un sostén parlamentario basado en la articulación de la nación con un abanico de líderes provinciales con proyección en el Congreso. Es lo que venía explorando Rafael Pascual desde la presidencia de la Cámara. Resulta interesante observar que la oposición intransigente de Duhalde y Ruckauf a la salida ortodoxa de la dolarización no encontraba un eco nítido en el interior. También tanteaba ese entendimiento Chrystian Colombo, que el 7 de diciembre visitó en Misiones a un grupo de gobernadores que, ajenos a Duhalde y Ruckauf, se había convocado bajo la denominación de Frente Federal Solidario. Lo lideraban Juan Carlos Romero y Ramón Puerta. Había un socio oculto, expresión de un sector amenazado por la catástrofe: el banquero Jorge Brito, amigo de los dos gobernadores en cuyas provincias reinaba el Banco Macro. Brito, que tenía fascinación por los juegos de poder, fue un actor importantísimo de la peripecia contemporánea del país y tuvo un rol muy activo en aquellos días, entre otras cosas, por su estrechísima relación con Colombo y con De Santibañes, a quienes conocía desde hacía añares por su actividad compartida en el mercado financiero.

En ese Frente interprovincial se inscribieron Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner. Esos mandatarios manifestaban una comprensible reticencia frente al ajuste brutal que se llevaba adelante, pero tampoco aceptaban con docilidad el avance del poder bonaerense.

La gota de oxígeno que Menem prometía a De la Rúa fue un catalizador que determinó el final del gobierno de la Alianza. El 13 de diciembre comenzaron los saqueos. Y el 14 el diputado Carlos Soria, padre del segundo ministro de Justicia de Alberto Fernández, que sería días más tarde el jefe de los servicios de inteligencia de Duhalde, reveló que tenía preparado el proyecto de juicio político contra De la Rúa por mal desempeño. Soria, en ese momento, era Ruckauf.

Comedia de enredos

El 13 empezó a encenderse la mecha de la convulsión social. El 20, De la Rúa renunció con una carta dirigida de puño y letra al Congreso. Abandonó la Casa Rosada en un helicóptero que quedó convertido en la imagen de la extrema debilidad de un presidente, del abandono del poder. Años más tarde, el periodista Martín Rodríguez Yebra recuerda los acontecimientos en una pintura muy expresiva:

La quiebra de un país era eso. El asfalto de la Avenida de Mayo regado de sangre; los policías que disparaban en todas direcciones; esa multitud que hacía estallar a patadas las vidrieras de los bancos; la lluvia de piedras; un encapuchado que en Carlos Pellegrini paraba autos a palazos y obligaba a los conductores a bajarse. El humo de fogatas que se mezclaba con el gas pimienta. El silbido de balas que se intuían de plomo. Periodistas que recorríamos el desastre con los ojos irritados y el carnet de prensa colgado al cuello. Las cinco muertes durante la represión policial en los alrededores de la Plaza de Mayo esa tarde daban una angustiante dimensión humana a la tragedia económica. De la Rúa intentó un acuerdo desesperado de cogobierno. El peronismo lo ignoró. A las 19.52 el helicóptero presidencial despegó sobre la plaza en llamas. El presidente había firmado su renuncia de puño y letra, a sugerencia del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini: lo convenció de que la historia debía recordarlo como un hombre de carne y hueso. El texto excluía cualquier atisbo de autocrítica.[329]

Meticuloso hasta la obsesividad, De la Rúa regresó al día siguiente a su despacho con la excusa de llevarse algunos objetos personales. En rigor, lo hizo en un afán muy impotente de corregir su imagen en la historia: no quería que se dijera que había dejado el poder huyendo en helicóptero. Intentó también mejorar otro «detalle»: aprovechando que no le habían todavía aceptado la renuncia, derogó el estado de sitio.

La presidencia quedó a cargo de Ramón Puerta. Era el presidente provisional del Senado. Puerta había llegado a esa posición después de la catastrófica derrota oficialista. La narrativa del proceso ubica a Puerta como parte de la conspiración peronista, pero todo tendría un origen mucho más episódico, o local. El presidente del Senado, primero en la línea sucesoria a partir de la renuncia de Chacho Álvarez, era en aquel momento Mario Losada. Radical, misionero, hijo de quien fuera gobernador durante la presidencia de Arturo Illia, Losada era de Apóstoles, como Puerta. Con la llegada a la jefatura de la Cámara Alta, este dirigente que buscaba el poder de la provincia comenzó a adquirir una visibilidad inesperada. Todos los fines de semana viajaba a Misiones con la pompa y, en la medida de lo posible, los recursos de un vicepresidente. Puerta sintió su liderazgo amenazado, en especial al registrar que en los comicios del 14 de octubre el peronismo se había impuesto sobre la Alianza, que era en rigor el radicalismo, por solo 13 000 votos. El conflicto creciente entre el gobierno y la oposición le abrió una hendija para filtrar su ambición y desplazar a Losada del sillón desde el cual se proyectaba sobre la provincia. Estas rivalidades de pueblo, casi imperceptibles, son a veces el agente de la historia.

Puerta comenzó a arrepentirse de lo sucedido cuando tomó conciencia plena de que sería levantado por una corriente que no manejaba. Tal vez recordó en ese momento algo que muchos testigos aseguran: Duhalde le desaconsejó ubicarse en la línea sucesoria. Según esta tesis, Duhalde pretendía que De la Rúa gobernara hasta 2003, para reemplazarlo por la vía electoral. Con independencia de la visión de Duhalde, Puerta le explicó a De la Rúa que él no tenía la menor intención de reemplazarlo. Más aún, apenas escuchó el mensaje presidencial del jueves 20, en el que De la Rúa insinuaba su salida, le rogó que no renunciara. La historia había tomado una velocidad que nadie controlaba, y mucho menos el presidente.

Los días que siguieron fueron una gran exhibición del poder que tiene el azar en la historia. Lo que parecía predestinado a suceder se desvanecía en el aire. Puerta terminó encontrándose, con toda incomodidad, al frente del poder. Él era la expresión de una liga de líderes provinciales agrupados detrás del objetivo de resistir el ascenso bonaerense. Ese Frente Federal se ordenaba alrededor de dos caudillos principales: el propio Puerta y el salteño Juan Carlos Romero. Ambos tenían bastante afinidad y dos puentes que fortalecían su relación. Uno era Ángel Torres, un colaborador de Romero, porteño, conocedor como pocos de la entretela peronista, que falleció en 2021. El otro ya fue mencionado: Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que era el agente provincial de Salta y de Misiones.

Puerta podría haber retenido la presidencia en aquel momento hasta que se normalizara una transición, pero se negó a hacerlo. Esa negativa le daba una posibilidad al hombre que se venía preparando para ejercer la jefatura: Ruckauf. Sin embargo, volvió a prevalecer la resistencia del interior al avance de la provincia de Buenos Aires. Ruckauf ya estaba ofreciendo ministerios cuando, en una reunión de dirigentes del interior en la que nadie se atrevía a dar un paso al frente, el puntano Adolfo Rodríguez Saá dijo: «Yo me animo».

La historia se había acelerado, como pudo advertir un testigo involuntario de la crisis: el expresidente del gobierno español Felipe González. El líder del socialismo había llegado a Buenos Aires de la mano del petrolero Carlos Bulgheroni, para asesorar a De la Rúa y, sobre todo, a los jóvenes —⁠conocidos como Grupo Sushi⁠— que rodeaban a su hijo Antonio en medio de la tormenta. No llegó a prestar sus servicios. Recién pudo ver a De la Rúa en la Casa Rosada durante unos minutos el 21 de diciembre, cuando el todavía presidente había ido a buscar sus cosas al despacho. González se encontró con un De la Rúa taciturno que, mientras hablaba con él, revisaba cajones. En esa conversación el español volvió a demostrar su sagacidad, facilitada por la distancia con que miraba el laberinto argentino. Según reveló muchos años más tarde, le dijo a De la Rúa: «Fernando, no puede ser que pongas un precio tan bajo a la cabeza del presidente. Si vas a renunciar, tienes que poner condiciones para que esa renuncia sirva a una estabilización».[330] El líder radical tal vez ni escuchó. Se fue y dejó en el despacho a González, acompañado de Puerta, que había llegado para hacerse cargo del poder. Más insólito todavía fue que, dos días más tarde, por invitación de Puerta, el español regresó a la Casa Rosada y se encontró con el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, que también acababa de asumir el mando. Excitado, el nuevo presidente saludó al ex y le pidió un favor: que aceptara que lo comunicase con su mamá, que era admiradora suya. González terminó su gira de asesor hablando con la madre del tercer presidente que tuvo el país en apenas tres días. Un detalle curioso: aquella experiencia del expresidente del gobierno español incluyó varias conversaciones con Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, que se manifestaba muy inquieto ante la crisis.

Rodríguez Saá llegó a la Casa Rosada como un presidente de compromiso, que debía, como objetivo principal, resolver la hecatombe en la que estaba envuelto el país y organizar la interna peronista, que era el principal obstáculo para que el poder se reencontrara con la legitimidad. Dejó en claro desde el primer momento que no podía hacer ninguna de las dos cosas. En el plano económico, declaró el default de la deuda como una medida desconectada de cualquier programa. Uno de los fenómenos principales con los que debió convivir Rodríguez Saá fue el desasosiego del gran empresariado. Las principales compañías habían tomado deuda en dólares y veían la inevitable devaluación del peso como una espada de Damocles. Alrededor de este problema, que estaba en el centro del gran desbarajuste que significaba la salida de la convertibilidad, se formó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que se comprometieron los accionistas de las principales compañías del país.

En el orden político, también dio señales de no entender, o de fingir que no entendía, para qué se lo había designado. El peronismo esperaba que él se abstuviera de participar en el juego y estableciera las reglas y el cronograma para una salida electoral urgente. Se había pactado que en tres meses llamaría a elecciones presidenciales. Pero con su conducta Rodríguez Saá empezó a demostrar que estaba aprovechando su designación como una oportunidad para perpetuarse.

En la escena predominaba un dato al que el puntano no prestó atención: el peronismo bonaerense había percibido su designación como una arbitrariedad que debía ser pronto corregida, sobre todo porque el motor principal que impulsaba la crisis, es decir, la competencia entre la nación y la provincia para ver cuál de las dos se derrumbaba antes, seguía operando.

En la vorágine cotidiana no se alcanzaba a ver lo que ahora aparece con toda claridad: Rodríguez Saá expresaba el último intento de resistencia a la conurbanización general de la política. En medio de la tormenta, del desórden, estaba jugándose otra partida. Estaba mutando algo de profundidad estructural.

La decepción bonaerense cobijaba una arbitrariedad muy evidente. Los que ejercían presión para capturar el gobierno nacional eran los que habían perdido las elecciones para ese período. Les había ganado el porteño De la Rúa. Ahora les ganaba el interior en la figura de Rodríguez Saá. Esa frustración se expresaba de distintas maneras. La guía más interesante para seguirle el rastro son las memorias de Solá. Él cuenta cómo Duhalde se ausentó de la elección de Rodríguez Saá para encerrarse en su despacho del Senado, deprimido, sin querer hablar con nadie, ni siquiera con Chiche, su esposa. Y también consigna un movimiento que resulta clave para entender muchos aspectos de la escena que se estaba configurando: el malestar de los intendentes y, en general, dirigentes de la provincia, frente al destino que había tomado el poder.

Durante aquella semana de Rodríguez Saá en la Casa Rosada, se produjo un encuentro clave. Ausente Duhalde, los intendentes del conurbano golpearon a la puerta de su esposa para manifestarle su desazón por lo que estaba sucediendo. Chiche recurrió a un colaborador de Duhalde que tenía un rol relevante en aquellos días: Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. En el despacho de Caamaño, los dirigentes bonaerenses hicieron su catarsis: «Avisale a Duhalde que no vamos a aceptar la candidatura a presidente de Ruckauf. Que nos diga qué va a hacer él porque, si no va a competir, tenemos que empezar a hacer nuestras propias alianzas». Varios de esos jefes territoriales estaban en conversación con De la Sota. Otros, con Reutemann.

Sobre la espontaneidad de la violencia que se fue desplegando a partir del 13 de diciembre hasta determinar el colapso del gobierno de De la Rúa existe un debate muy amplio. En cambio, parece menos discutible que la turbulencia que terminó con Rodríguez Saá fue bastante deliberada, aun cuando, como es lógico, existiera un clima propenso a un desenlace conflictivo de la crisis.

Ese final se produjo el viernes 28 de diciembre. Los cacerolazos se multiplicaron en repudio a algunos nombres que integraban el equipo de Rodríguez Saá. Sobre todo, el de Carlos Grosso. Esa tarde, Grosso, que ocupaba una oficina ínfima en un rincón de la Casa Rosada, había estado en conversaciones con empresarios de la AEA para organizar una reunión con el presidente el martes siguiente. Cuando recibió la visita de un par de amigos, les dijo, desaprensivo: «Hoy me están organizando un cacerolazo virtual». Era una novedad absoluta: una protesta a través de Internet, cuando faltaban todavía más de dos años para que Mark Zuckerberg creara Facebook.

Lo virtual se transformó en presencial en un par de horas. Hacia las 11 de la noche, Grosso debió ser sacado de la Casa Rosada en un helicóptero. La Avenida de Mayo era un solo cacerolazo con grupos que deambulaban gritando: «Que se vayan todos», e insultando a los políticos. En la otra punta, una patota forzaba las puertas del Congreso e ingresaba al Salón Azul, que se extiende debajo de la gran cúpula, produciendo un incendio que tardó horas en ser apagado.

Al día siguiente, Duhalde se pronunciaba con un tono apocalíptico, con el que se siente siempre muy cómodo, en una especie de ultimátum al puntano: «Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que la última estación después de la recesión y la depresión era la anarquía y el caos, y yo temo a hechos muy violentos, a una especie de guerra civil en la Argentina». Con estas expresiones el senador bonarense aportaba color a una imagen de los hechos que se iría consolidando con el tiempo: la presunción de que desde la provincia se encendía la hoguera para provocar el llamado a quien, se supone, estaba en condiciones de apagarla. Es curioso como este mecanismo, cuyo fondo extorsivo es muy visible, se repite en la historia peronista. En sus memorias sobre el regreso de Perón, Juan Manuel Abal Medina, explica con total sinceridad: «Centralmente, ¿qué quería Lanusse? Primero que nada, para poder continuar con el proceso, la condena de la guerrilla por parte de Perón, cosa que Perón nunca iba a hacer. (…) El General nunca iba a aceptarlo, porque no tenía sentido, dado que una parte que hacía indispensable su regreso era que el único que podía parar en serio lo que se llamaba la “guerra civil” en Argentina era él».[331] No puede ser más interesante esta interpretación de Abal Medina, un abogado que llegó al peronismo desde las filas del nacionalismo católico. El Perón que él nos presenta es el que ejecuta lo que aquel otro Perón de 1945 encarnaba de modo virtual: la posibilidad de sofocar la convulsión. Es evidente que para que ese rol sea apreciado, la disolución del orden debe insinuarse, estar a la vista. El 17 de octubre escenifica, en una jornada, esta reposición de un ordenamiento en el momento exacto en que ese ordenamiento está por derrumbarse. En 1972, como reconoce un actor principal de los sucesos, Perón alienta la «guerra civil» para, con su regreso, liquidarla. Por la boca de Duhalde, en 2001, habla esa tradición. O, si se quiere, se formula ese chantaje cuya palanca encuentra punto de apoyo en el conurbano. Deberemos volver sobre esta idea.

Sin embargo, aquel día Duhalde agregó: «Estoy convencido que va a rectificar políticas, es un hombre muy experimentado, a diferencia de De la Rúa, que no tenía experiencia».[332] Le hablaba a Rodríguez Saa. Esa declaración respalda a quienes, hasta hoy, insisten en que Duhalde pretendía ganar en 2003 lo que había perdido en 1999. Y que, con esa meta, soñaba que Rodríguez Saá gobernara hasta terminar el período de De la Rúa. Es lo que les dijo a algunos amigos a los que envió a integrar el gabinete del puntano.

La gestión de Rodríguez Saá duraría pocas horas más. Este convocó a una reunión de gobernadores y líderes del PJ en Chapadmalal para ese domingo. El encuentro tuvo características tragicómicas. El presidente fue entrando en estado de desesperación y enojo al advertir que varios mandatarios del interior lo dejaban solo. Sobre todo cuatro: Carlos Reutemann, José Manuel de la Sota, Eduardo Fellner y Néstor Kirchner, que se hizo representar por su vice, Sergio Acevedo. Ruckauf estuvo solo un rato. Transmitió un mensaje empresario, liderado por el Grupo Clarín: la solicitud de un seguro de cambio que blindara a las compañías endeudadas en dólares por los efectos de una devaluación que se veía inevitable. Cuando no consiguió la aprobación de Rodríguez Saá, se retiró del salón.

Ramón Puerta y el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, que por entonces era su subordinado absoluto, cuando vieron salir a Ruckauf le preguntaron adonde iba. «Voy a mear», contestó Ruckauf, con una displicencia que le es habitual. Rodríguez Saá miró con ojos de espanto que Puerta y Rovira se levantaban y seguían al bonaerense. «Y ustedes ¿adonde van?». Contestó Puerta, cortante: «Nosotros también nos vamos a mear».

Los dos misioneros corrieron detrás de Ruckauf, que ya estaba subido a su helicóptero. «Llevanos», le pidieron. El gobernador de Buenos Aires explicó que solo tenía lugar para un pasajero más. Puerta subió igual y sentó a Rovira, que es de baja estatura, sobre sus piernas, con tal de llegar al aeropuerto. Adentro quedaba Rodríguez Saá recibiendo las advertencias de Juan José Álvarez, que había dejado el Ministerio de Seguridad de la provincia para hacerse cargo del de la nación: «No puedo garantizar la seguridad del lugar, presidente. Vienen las hordas».

Las hordas eran, según muchos testimonios, militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y afiliados del sindicato de Gastronómicos, de Luis Barrionuevo, que atronaban en el parque con un cacerolazo. Rodríguez Saá decidió huir hacia San Luis. Debió demorarse un rato, dando vueltas en auto alrededor del aeropuerto de Miramar, hasta que llegaran los pilotos, que estaban durmiendo. Con él se fue Scioli, con la idea de que el vuelo lo dejaría en Buenos Aires. El desorden era tan grande que el motonauta apareció en San Luis, escoltando al presidente renunciante, en una escena que le gustaría haber evitado.

En un pequeño chalet de la residencia presidencial habían quedado Antonio Cafiero y Rodolfo «Rolo» Frigeri, a quienes les habían encomendado elaborar un nuevo programa económico. Salieron cuando en el salón principal, que mira al mar, ya no quedaba nadie. Se encontraron rodeados de una turbamulta de caceroleros amenazantes, que los aturdían. De pronto, Frigeri vio que se aproximaba una furgoneta y empezó a hacerle señas para que los llevara hasta la salida. Era el parrillero, a quien ese domingo le habían suspendido el asado programado. Cuando abrió la caja del vehículo, de donde colgaban los cortes y las achuras, Cafiero atinó a tirarse adentro. Frigeri lo detuvo y, en homenaje al traje color marfil que lucía su acompañante, tiró unos almohadones en el piso. Cafiero miró a la murga que lo asediaba, miró a Frigeri y, con una media sonrisa, preguntó: «¿Qué pasa, Rolo? ¿Para qué son estos almohadones? ¿También nos van a coger?».

Rodríguez Saá y buena parte del equipo que lo había acompañado se refugiaron en San Luis. Desde allí anunció, en un marco estético que combinaba bien con lo que estaba sucediendo, es decir, con micrófonos entrecortados y una escena iluminada con mortecinos tubos fluorescentes, su renuncia a la presidencia.

Desde el punto de vista técnico, al frente del gobierno quedaba, de nuevo, Ramón Puerta, como primera autoridad en la línea sucesoria. Pero Puerta se había marchado al Uruguay, para refugiarse en su casa de Carrasco. Allí fue a visitarlo el presidente Jorge Batlle, quien se encargó de explicar a los funcionarios del área latinoamericana del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca qué estaba pasando en la Argentina ese fin de año psicodélico.

Al frente del país, entonces, había quedado por default el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Para que asumiera, en una ceremonia casi fantasmagórica, con solo siete amigos como testigos, hubo que imitar la firma de Puerta en un texto de renuncia. Con discreción, la provincia de Buenos Aires se hacía cargo del Estado nacional, a tal punto que Camaño designó como jefe de Gabinete, por un día, a Cafiero. El fracaso de Rodríguez Saá había tenido un gran costo para la alianza del grupo de líderes del interior que aspiraba a evitar el avance de un poder bonaerense.

El último ensayo de ese frente federal se produjo la mañana del 2 de enero. Un grupo de gobernadores se reunió en el Hotel Colón, de Carlos Pellegrini y Lavalle, donde acostumbraba a alojarse Gildo Insfrán. Se habían conjurado para promover, en la Asamblea Legislativa que iba a sesionar esa tarde, a Carlos Reutemann como nuevo presidente. Sobre el filo del mediodía, Reutemann llegó al encuentro y comunicó: «Ni se molesten por hacer un esfuerzo. Duhalde ya arregló con Alfonsín y tiene el número para ser él». El gobernador de Santa Fe ya había descartado la candidatura presidencial, dos años antes, cuando lo tentó Carlos Menem. Y todavía le quedaría otra oportunidad para rechazarla, dos años después. Lo que dijo en el Hotel Colón no podía ser más cierto. Alfonsín llamó esa mañana a Duhalde y lo forzó a hacerse cargo del país. «Si no lo hace, va a tener que hacerse cargo de las muertes», dramatizó. Cuando cedió, Duhalde le pidió que colaborara en un gobierno de coalición, para el que aspiraba a tener tres ministros radicales. Tuvo solo dos: Jaunarena, en Defensa, y Jorge Vanossi, en Justicia. Varios peronistas opinan que fueron los mejores colaboradores de Duhalde en ese trance. Sin embargo, su solitaria presencia plantea una duda sobre lo que parecería una evidencia: el compromiso de Alfonsín con la gestión de Duhalde. Por ejemplo, Gerchunoff, en su ensayo ya citado, considera que la relación de Alfonsín con la gestión de Duhalde fue muy superficial, ya que no era ni la sombra de lo que el líder radical había imaginado: una alianza con el peronismo que, entre sus objetivos principales, salvara a su partido de la hoguera. El acercamiento pasaba por una visión de la economía que en ambos era mucho más antigua que la catástrofe de diciembre: la oposición que ambos manifestaban frente a la convertibilidad.

El compromiso de Duhalde con el radicalismo quedó de manifiesto en ese aspecto principal de ese experimento de crisis. Remes Lenicov suele recordar que cuando elaboró el presupuesto no aceptó discutirlo con ningún sector. Creía que, si lo ponía a consideración para hacer modificaciones, abriría un festival de reivindicaciones sectoriales y corporativas. Ni siquiera se dispuso a consultar a los miembros de los bloques peronistas del Congreso, que solo fueron informados en dos larguísimas exposiciones, en Diputados y el Senado. Hubo solo una excepción: Remes consultó al equipo económico de Juan Sourrouille, que introdujo algunos cambios en la versión original.

Vale la pena detenerse en la aritmética de la elección de Duhalde, comparada con la de Rodríguez Saá. Al puntano lo votaron 131 peronistas, pero se le opusieron 64 radicales. En cambio, a Duhalde lo votaron 135 peronistas y 66 radicales. La caída de Rodríguez Saá estaba predeterminada en esta alianza parlamentaria entre el PJ bonaerense y la UCR. Ahí estuvo su legitimidad original. Ana María Mustapic examinó esas votaciones para fundar una tesis: la formación de coaliciones parlamentarias alternativas precipita las renuncias presidenciales.[333] Fue el caso de De la Rúa, cuya falta de apoyo parlamentario, sobre todo en el Senado, se vio agravado por la renuncia de Chacho Álvarez, que le restó un escalón estratégico a la línea sucesoria.

Sin embargo, con la votación que llevó a Duhalde a la presidencia se consagraba un juego que domina desde entonces: el poder bonaerense es suficiente para arrastrar detrás de sí a todo el resto. Aquella Asamblea Legislativa fue la instancia propositiva de lo que, en 1999, había sido solo resistencia. Duhalde había puesto al conurbano como la muralla política que impediría, con un plebiscito, la segunda reelección de Menem. Ahora utilizaba esa misma fuerza, representada en los diputados, para articularla con la UCR e imponer un gobierno bonaerense al resto del país. Ese supuesto de preeminencia demográfico-territorial, que se consagra con Duhalde, se consolidaría con el kirchnerismo en una impresionante continuidad.

Acuerdos entre bastidores

Con el ascenso de Duhalde, decantó una fórmula de Alfonsín. La que el propio Alfonsín había expuesto en la casa de Canata el 8 de agosto, aún antes de que se conociera el pronunciamiento de las urnas. Solo que Duhalde ya no sería jefe de Gabinete, sino presidente. Como estaba previsto, Remes Lenicov llegaba al Ministerio de Economía. Nacía un gobierno peronista, pero, más que eso, nacía un gobierno bonaerense. La alianza política incluía un puente con el empresariado local, que se estaba nucleando en lo que sería la AEA. Un episodio ilumina bien este vínculo: la noche en que asumió la presidencia, Duhalde se reunió a comer con Héctor Magnetto, líder del Grupo Clarín y figura principal de la incipiente organización empresarial. Fue en la casa de Alberto Pierri, en Banfield.[334] Duhalde fue acompañado por Remes, que discutió con Magnetto buena parte de la noche. La cuestión central era la que los hombres de negocios habían intentado plantear ante Rodríguez Saá: un dispositivo que los sustrajera de los costos de la devaluación. Las empresas se insertaron en el nuevo orden a través del ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, que era en ese momento presidente de la UIA.

En sus memorias, Solá hace notar la antigüedad de estos acuerdos que parecían surgir casi de improviso aquella mañana del 2 de enero. «Ese año —⁠dice refiriéndose a 2001⁠— Duhalde y Alfonsín habían creado el Movimiento Productivo, que pasó inadvertido para muchos, pero no para mí, que estuve en su presentación y fui miembro fundador». Es posible que Solá agigante la importancia que tuvo esa iniciativa en el vínculo entre Duhalde y Alfonsín. Aún así, la creación de ese movimiento, como ya se consignó, era mucho más que una anécdota. En el clima recesivo que se había instalado a partir de 1998, la palabra «productivo» era una contraseña para objetar la convertibilidad. Para entender esa obsesión, deben contemplarse dos circunstancias dominantes en Alfonsín. Primero: la incorporación al gabinete de alguien tan hiriente para el radicalismo, como Cavallo, lo liberaba a él, desde el punto de vista emocional, de cualquier compromiso con De la Rúa. Es decir, con Cavallo en el gabinete Alfonsín le terminaba de bajar el pulgar al gobierno. Segundo: Alfonsín temía que, a raíz de las restricciones incesantes que imponía el tipo de cambio fijo, todo «se vaya al diablo y termine en una convulsión social», como le escuchaban decir en esos tiempos muchos de sus interlocutores. Cuando decía «todo», quería decir la democracia en cuya restauración él había ejercido el rol principal. Duhalde fraseaba esa premonición con las imágenes de la «guerra civil» o el «baño de sangre». Volveremos sobre estos presentimientos.

La historia posible de un gobierno de Reutemann dejó lugar a la historia de un gobierno bonaerense. Como «productivo», también «bonaerense» tiene un significado subliminal. La provincia de Buenos Aires es, por la existencia de su conurbano, la sede central de políticas más o menos proteccionistas, asociadas a un tipo de cambio alto. Más allá de las infinitas reservas epistemológicas del caso, en la fantasía de todo observador social está encontrar una ley que explique los fenómenos por la vía de regularidades. Esa ley es inexistente, pero la fantasía persiste. Se puede, entonces, imaginar una determinación geográfico-económica de los proyectos políticos. Chesterton decía que «la exageración es el microscopio de los hechos». Exageremos: un programa modernizador como el de Menem, en el que la convertibilidad era solo un capítulo, desaprensivo respecto del frágil entramado industrial existente, solo podía ser propuesto y liderado por alguien llegado desde el desierto. Es decir, alguien cuya carrera hacia el poder pudo prescindir de acuerdos y complicidades con un empresariado y un aparato sindical propios de una región industrializada o, más importante aún, en trance de desindustrialización.

Con Duhalde y con Alfonsín llegaba al poder un liderazgo modelado alrededor de un desafío: que el endeble entramado productivo del conurbano bonaerense no terminara de naufragar. Cualquier político que desarrolla su carrera en esa economía arrastra consigo una pregunta, más o menos explícita, respecto de su entorno: ¿cómo evitar que esto estalle? La respuesta suele ser la afirmación de políticas que ven en el mercado interno el motor de la vida material, favorecen los subsidios a actividades productivas poco competitivas, entre ellos aranceles altos y, sobre todo, inervenciones cambiarias. Es engañoso identificar estas propensiones con Duhalde. Si uno mira con detenimiento las políticas que defiende Sergio Massa, se advertirá que es un Duhalde 2.0. No en vano la red de alianzas empresariales y sindicales de Massa es una extensión de la de Duhalde. Podemos volver a una idea ya sugerida, que despersonaliza esta cuestión: el conurbano constituye el límite de cualquier receta que se abrace sin flexibilidad a reformas ortodoxas. O dicho al revés: cualquier programa de reformas ortodoxas debe contemplar, como condición de su viabilidad, cómo superar la resistencia del conurbano bonaerense.

El presidente designado el 2 de enero venía planteando sus reservas frente a la convertibilidad desde mucho tiempo atrás. El candidato de la convertibilidad fue De la Rúa. Duhalde fue el candidato de la disidencia. Y había comenzado a serlo desde 1995, cuando se rompió su pacto con Menem. Con Alfonsín sucedía algo parecido. Apenas asumió el gobierno de la Alianza, invitó a tomar un café a Ricardo López Murphy, entonces ministro de Defensa, para preguntarle cuándo se podía abandonar el sistema establecido por Menem y Cavallo. Alfonsín tenía una simpatía especial por López Murphy, con independencia de su distancia conceptual: lo veía como un radical, hijo de un tradicional dirigente bonaerense, Juan José López Aguirre, que fuera diputado nacional entre 1958 y 1962, y jefe de policía durante la gestión de Anselmo Marini, es decir, durante la presidencia de Illia. En aquella reunión, López Murphy, que obtiene cierto placer del tremendismo, le contestó: «Recién en quince años».

Por su formidable intensidad, la crisis de 2001 logró que los contrastes de intereses fueran indisimulables: conflicto entre el sistema financiero y las empresas de la economía real; conflicto más específico con los bancos internacionales, en cuyo auxilio salía el FMI, bloqueando salidas jurídicas criollas, ideadas para el salvataje de los deudores; conflicto geopolítico. La encrucijada del agotamiento de la convertibilidad oponía dos «soluciones»: la dolarización, defendida por Menem y, sin tanta convicción, por algunos interlocutores de De la Rúa, y el salto devaluatorio. El gobierno de Brasil intervino en ese juego. En los primeros días de febrero de 2002, visitó Buenos Aires Sergio Amaral, quien se desempeñaba como ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de la administración de Fernando Henrique Cardoso. Recuerdo que para esa ocasión el embajador brasileño, José Botafogo Gonçalves, nos invitó a Alfonso Prat-Gay y a mí para exponer sobre la situación del país durante un almuerzo con Amaral. Si bien el cuadro que pintamos no era para nada alentador, Alfonso describió un escenario menos pesimista, en el supuesto de que hubiera un correcto aprovechamiento de la devaluación que ya se había producido. Al terminar la presentación, el enviado de Cardoso dijo lo siguiente: «Entiendo que la situación es dramática. Pero quiero que sepan que Brasil va a hacer todo lo posible, todo, para que la Argentina supere esta crisis. Porque la alternativa sería el camino de la dolarización. Y eso supone el final del MERCOSUR, algo que Brasil no puede permitir».

Amaral miraba el paisaje desde otro ángulo. Para él y para su gobierno, la posibilidad de que la Argentina fuera un enclave dolarizado tenía una importancia estratégica, no solo en la dimensión económica. Cobijaba también una cuestión de liderazgo regional. La promesa de Amaral se verificó a los pocos días: el ministro impulsó una liberalización para el ingreso de productos argentinos a Brasil, que fue recíproca. Cardoso tuvo una cercanía extraordinaria con Duhalde. Realizó gestiones personales frente a George Bush para flexibilizar la posición de Washington en las discusiones con el FMI. Esa proximidad fue tan grande que tuvo un registro anecdótico: el 17 de febrero, Cardoso fue el único presidente extranjero que durmió en la residencia de Olivos.[335]

Duhalde reconoció siempre esa ayuda y actuó en consecuencia. Al dejar la presidencia, se radicó en Montevideo para ponerse al frente de una Comisión Permanente de Representantes del MERCOSUR. Fue la plataforma desde la que gestionó, en coordinación constante con Itamaraty, la cancillería brasileña, la creación de una Comunidad Sudamericana de Naciones. Esa entidad se inauguró en Perú, durante una reunión que se celebró el 8 de diciembre de 2004, y a la que no asistió el entonces presidente de la Argentina, Néstor Kirchner. La Comunidad Sudamericana de Naciones era, antes que nada, un proyecto brasileño, como lo demostraría después el énfasis que Luiz Inacio «Lula» da Silva pondría en su derivación, la Unión Sudamericana de Naciones. En su núcleo quedaba instalada la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), pensada para favorecer la internacionalización de las empresas de Brasil. Pero lo más relevante es que esa nueva comunidad postulaba un nuevo sujeto: América del Sur. Es decir, una región de la que estaría ausente, sobre todo, México, comprometido desde 1994 con los Estados Unidos en el Nafta. Síntesis: al sepultar la convertibilidad, Duhalde, con la colaboración indispensable de Alfonsín, sepultaba también toda una política exterior. La de alineamiento con Washington, que Guido Di Tella había definido con su irreverencia proverbial como de «relaciones carnales».

La aproximación de Duhalde a Brasil tuvo una enorme densidad en materia de política bilateral. Al mismo tiempo que se verificaba esa coordinación del caudillo bonaerense con la estrategia regional brasileña, ya mencionada, hubo un extraordinario avance de las empresas de Brasil sobre los castigados activos argentinos. Petrobrás compró gran parte del grupo Pérez Companc, que era el mayor conglomerado energético en manos privadas del país, y Brahma compró Quilmes, por citar solo dos casos. Nadie leyó con tanta atención e inteligencia la crisis argentina como la dirigencia brasileña.

La de Duhalde no fue, por supuesto, solo una opción diplomática. Había una sintonía conceptual en lo económico, que está detrás de la comprensible prevención de Amaral frente a una eventual dolarización. Brasil, o el Mercosur, si se prefiere, era para Duhalde el último horizonte de integración comercial. Un país destinado, por la estructurta de su producto bruto, a ser un global trader, buscaba refugio en el proteccionismo de esa unión aduanera, que era el máximo grado de internacionalización soportable para la economía bonaerense. También el trazo fundamental de la política exterior comienza a ser modelado según los imperativos de supervivencia de un aparato productivo radicado en el conurbano.

La catástrofe detenida o la catástrofe que hay que detener

Estamos viendo un fenómeno muy interesante: la larga recesión que se inicia en 1998, en cuyo curso se produce el derrumbe de la convertibilidad, induce a que una alianza bonaerense intente el rescate de un tipo de economía mercado-internista, estadocéntrica, cuyo agotamiento se había vuelto evidente muchos años atrás. El principal signo de ese agotamiento estaba delante de sus ojos: era el conurbano bonaerense, como geografía principal de un largo proceso de desindustrialización, agravado, es cierto, por la crisis de la estrategia menemista.

Sería un error, sin embargo, leer la tormenta de 2001 solo bajo la luz de la economía. El deterioro material activó un movimiento político muy significativo. Cuando se observan los movimientos de Duhalde y Ruckauf, en contraposición con los de De la Rúa y, sobre todo, cuando se presta atención al impacto que tuvo la aproximación de De la Rúa con Menem, se advierte que detrás de los duelos individuales o partidarios opera un enfrentamiento entre bloques. Como en 1890, a partir de 1999 y, más todavía, a partir del año 2000, la nación corre una carrera con la provincia de Buenos Aires, en la que cada una intenta salvarse a costas del ajuste de la otra. Contra este horizonte, se recorta el papel histórico de Duhalde. Si lo que conocemos como Argentina moderna puede ser simplificado como una alianza de provincias del interior que constituyen y fortalecen al Estado nacional mediante el encuadramiento o el sometimiento de la provincia de Buenos Aires, lo que ocurrió en 2001 puede ser visto como la reversión de esa configuración. La provincia de Buenos Aires se salva del abismo capturando el Estado nacional. Duhalde es, en esta postulación sinóptica, el vengador de Carlos Tejedor.

El modo en que se tramitó esa captura es materia de una larga polémica. Para De la Rúa y su gente, se trató de un golpe de Estado. Rodríguez Saá interpretó de la misma manera su propio final. Inclusive existe una controversia acerca del papel que jugó Juan José Álvarez como ministro de Seguridad y, más en particular, sobre el modo en que llegó a ese cargo: si fue o no por impulso de Ruckauf. Duhalde, por supuesto, niega esa lectura y atribuye la crisis a la ineptitud de De la Rúa. Lo más interesante de esta querella es que la imputación de un golpe a Duhalde aparece y desaparece a lo largo de los años según la posición ocasional de quien la formula. Así, por ejemplo, Aníbal Fernández, que había sido ministro de Trabajo de Ruckauf y ministro de la Producción y secretario general de la Presidencia con Duhalde, sostuvo la tesis de la asonada apenas los Kirchner se enfrentaron con el caudillo bonaerense. Como dijo Borges, «el pasado es arcilla que el presente labra a su antojo, interminablemente».

No es la intención de este ensayo despejar la incógnita sobre la existencia o no de un golpe «blando» organizado por la dirigencia provincial contra la Nación. De la Rúa, Patricia Bullrich y Luis D’Elía, entre otros, lo declararon ante el juez Norberto Oyarbide, en una causa en la que se investigó si existió una sedición. Existe un consenso muy extendido de que los saqueos tuvieron algún grado de organización, sobre una ola espontánea de efervescencia y malestar colectivo. La única conexión entre el vandalismo y la dirección política de la provincia podría ser la marcha organizada por West desde Moreno, ya consignada. Pero también eso es discutible.

Lo que interesa aquí no es discernir el carácter de los hechos, sino registrar la imagen que quedó de ellos. La llegada de Duhalde al poder alimentó la tesis según la cual la dirigencia bonaerense es un agente de inestabilidad. Esta presunción ha tenido un poder operativo importantísimo en la historia reciente. Menem y De la Rúa vuelven a estar hermanados en esta idea: la provincia de Buenos Aires es un obstáculo para cualquier intento de estabilización de un poder nacional.

Los acontecimientos de 2001 contribuyeron a afianzar estos recelos. La ola de violencia que se levanta en el conurbano, llega a la Capital y termina colocando a un gobierno en la nación es la corroboración de un temor secular. Es el temor que expresó Alem cuando vaticinó que la capitalización de Buenos Aires provocaría una expansión de los suburbios de esa ciudad, en una provincia que quedaba vaciada de política. Si hubiera utilizado términos más actuales, habría dicho que esa federalización causaría problemas de gobernabilidad. Es el temor que insinúa Fresco en 1935 cuando describe a la multitud que lo acompaña como un «ejército pacífico». Es decir, una muchedumbre que cobija, pero a la vez reprime, el potencial de la violencia. Es el temor de Perón, que aconseja a la burguesía que lo escucha en la Bolsa de Comercio aportar un porcentaje de su renta para evitar que la masa obrera que se desplegaba en el conurbano se levante en una revolución.

La presunción de que el aparato peronista bonaerense organizó el caos para luego resolverlo, es decir, la hipótesis de que Duhalde urdió la rebelión del conurbano para ofrecerse como el que repondría el orden, es, en el fondo, tranquilizadora. Duhalde y su red de dirigentes y punteros inocularían la bacteria y, al mismo tiempo, se propondrían como el antibiótico. Esta forma de explicar lo ocurrido es mucho menos perturbadora que la posibilidad de que todo se desmadre sin que nadie ponga orden.

El gran ensayista alemán Rüdiger Safranski recuerda lo siguiente:

En el antiguo Egipto estaba vivo el mito de Shou, el dios del aire. Era la personificación del Estado, pues tenía la tarea de mantener levantado el cielo sobre la tierra, a fin de que este no se desplomara. El dios mencionado sostiene la cúpula celeste a distancia de los hombres y así mantiene a la vez la unión entre el cielo y la tierra. De esa manera el orden del mundo se encuentra en un difícil equilibrio; es una catástrofe detenida. Por tanto, hay que comportarse cuidadosamente con Shou, pues de lo contrario podría suceder que dejara que el todo se derrumbase.[336]

La turbulenta epifanía del conurbano

La imagen que trae este mito sintetizado por Safranski tiene un poder expresivo valiosísimo para entender el imaginario que rodea al Gran Buenos Aires, sobre todo a partir del estallido de 2001. Esa región se resignifica con esa explosión. Produce su turbulenta epifanía. El conurbano es una catástrofe detenida, solo que quien la detiene no es, en sentido estricto, el Estado, sino la red política del PJ bonaerense, encarnada en Duhalde. Ese es Shou. Y con Shou conviene ser cuidadosos, porque podría permitir que todo se derrumbe.

Esta forma de configurar la escena compite con otra que dominó en aquel momento, y tal vez desde aquel momento, a la clase política. Desde mucho tiempo antes, Duhalde venía planteando el temor a un «baño de sangre». Cuando se consulta a interlocutores de Alfonsín en aquellos años, recuerdan algo parecido: manifestaba un temor permanente a que todo se destruyera, a que la democracia colapsara por un brote de furia de la ciudadanía. En Alfonsín, ese temor tenía una carga especial: él se sentía responsable por la democracia que se había restaurado con su victoria en 1983. Las elecciones de 2001 fueron una verificación tácita, silente, de ese presentimiento. Ausentismo y voto en blanco operaron como un «que se vayan todos» técnico, un gran desafío a la legitimidad de la clase política. El vacío se puso en acto con los saqueos y los cacerolazos, pero con un dramatismo inesperado. En 1935 habían desfilado por Buenos Aires masas obreras que los cronistas periodísticos todavía no sabían detectar. Veían peones rurales ahí donde ya había, como registraba Fresco en su discurso, trabajadores industriales. Esas masas obreras sorprendieron el 17 de octubre de 1945 ocupando la plaza de Mayo. Al hacerlo, generaron una incógnita inquietante en observadores como Delfina Bunge: «¿Va a estallar el odio contenido? ¿Van a comenzar las hostilidades? Semejante multitud debía sentirse poderosa para llevar a cabo cualquier empresa».

A fin de año de 2001 hubo otra irrupción que vino a confirmar aquellas fantasías persecutorias. La muchedumbre, la «turba temida», como se venía esperando desde hacía décadas, se descontroló. El «ejército pacífico» de Fresco, que en su disciplina contenía su agresividad, produjo el caos. Era también una nueva Argentina, pero más angustiante que la que había visto Bunge: se presentaron los desvalidos, los informales, los hambrientos. Eran los obreros, que se habían ido transfigurando en desocupados a lo largo de décadas, pero, sobre todo, a lo largo de los últimos cuatro años del ajuste sociolaboral producido por la agonía recesiva de la convertibilidad. A gente «nueva», nuevos métodos: el corte de ruta propio de los desocupados; el saqueo propio de los que no tienen qué comer, y una lucha por conducir el conflicto entre la vieja generación de punteros y los dirigentes de los incipientes movimientos sociales.

El estallido de 2001 terminó de introducir un nuevo sujeto en la observación pública: el conurbano bonaerense. Se empezó a ver a esa economía regional y a su dirigencia como un actor determinante. Sobre todo, un actor determinante en términos de orden/desorden. La «catástrofe detenida», o la catástrofe que hay que detener. Es uno de los impulsos principales de la vida pública posterior a 2001. Se la puede observar en su dimensión fiscal. Las cuentas públicas se organizan, sobre todo, alrededor de un problema: no tanto cómo se resuelve, sino cómo se administra la pobreza. Sobre este desafío se va estableciendo una clase política que se propone gobernar el país apalancándose en la prepotencia demográfica del Gran Buenos Aires. Las grandes novedades de esa tormenta política, el kirchnerismo y el PRO, no se explican sin el conurbano. El kirchnerismo fue engendrado, a escala nacional, por el aparato del PJ del Gran Buenos Aires, y la gran novedad que introduce el PRO respecto de las variaciones precedentes de no-peronismo, sobre todo respecto del radicalismo, es que no renuncia a representar a los pobres del conurbano. María Eugenia Vidal es quien mejor encarnó esa pretensión. Las identidades de los dos grupos políticos dominantes a partir de la crisis de comienzo de siglo son incomprensibles si no se tiene en cuenta el proyecto de adquirir poder en esa región. Esa pretensión busca su objetivo siguiendo el vector de la acción social.

Existe una particularidad interesantísima para advertir esta tendencia, que es un verdadero signo de los tiempos. Tanto en el PJ como en el PRO, las figuras ascendentes provienen, en su mayoría, del terreno de la acción social, es decir, de la relación con la pobreza. Le imponen un sello regional a la política: esa actividad tendrá como eje principal ser una maquinaria de asistencia en una región amenazada por la desindustrialización. Un ejemplo es el de Gabriel Katopodis, quien conquista la intendencia de San Martín en 2011, después de haber hecho carrera en el Ministerio de Desarrollo Social de la nación, bajo el mando de Alicia Kirchner, entre 2003 y 2005, y en el de Desarrollo Social de la provincia a partir de esa fecha. Ariel Sujarchuk, que llegó a la intendencia de Escobar a partir de 2015, venía de ser subsecretario de Comercialización de la Economía Social en el ministerio de la hermana de Néstor Kirchner. Leonardo Nardini, que se convirtió en intendente de Malvinas Argentinas en 2015, había pasado por la misma cartera entre 2007 y 2009, como subsecretario de Abordaje Territorial. Mariano Cascallares, que en 2015 ganó las elecciones municipales en Almirante Brown, había sido antecesor de Sujarchuk en Comercialización y, entre 2007 y 2009, pasó a ser subsecretario de Coordinación Operativa de Alicia Kirchner. Fernando Gray, que gana la intendencia de Esteban Echeverría en 2007, venía siendo desde 2002 secretario de Comunicación del Ministerio de Acción Social.

El mismo fenómeno se produce en el elenco que asume el poder en diciembre de 2015. Vidal se inició en política asistiendo a Horacio Rodríguez Larreta como subsecretario de Ramón «Palito» Ortega entre 1998 y 1999. Ella llegó a la gobernación desde la vicejefatura de Gobierno porteña, pero antes había sido ministra de Desarrollo Social de Macri en la ciudad. La sucedió en ese cargo Carolina Stanley, que se integró al PRO desde el PJ, en donde colaboraba con María Laura Leguizamón en el área social del duhaldismo. Stanley sería luego ministra de Macri en el gobierno nacional, y su esposo, Federico Salvai, se convertiría en la mano derecha de Vidal en la Jefatura de Gabinete de la provincia. Salvai había conocido a Stanley colaborando también con Leguizamón, en el interior de la maquinaria del PJ. Estos datos no dan derecho a exagerar, pero es evidente que el rol principal que juega la pobreza y la exigencia que significa para los partidos su representación han ido modelando otra clase política en la provincia de Buenos Aires, surgida sobre todo en su conurbano.

La turbulencia de comienzos de siglo va develando, a medida que se la observa, tantas facetas distintas que se confirma la impresión, impuesta por la prepotencia de los hechos, de que se trata de un acontecimiento que reconfigura toda la escena. Como pueden haberlo sido el año 1852, con la caída del rosismo; o 1916, con el ascenso de Yrigoyen al poder; o 1945, cuando se termina de impulsar la marcha de Perón hacia el gobierno; o 1983, el año de la refundación democrática. Son momentos en los que el cambio obliga a repasar todo, porque, como ya dijimos, aparecen objetos que el cerebro no registra, y el cerebro busca objetos que ya no están en el tablero.

El terremoto de 2001 no derrumbó solamente un régimen económico. Terminó, además, con una configuración del sistema político. Ese cambio puede ser observado en múltiples aspectos, pero hay uno principal: con la renuncia de De la Rúa, se aceleró y consumó la larga crisis del radicalismo. Para calibrar la magnitud de lo ocurrido, alcanza con consignar que estamos hablando de un actor principal de la vida pública desde 1890. Terminaba de colapsar el principal instrumento que habían tenido los sectores medios para intervenir en la vida pública durante más de un siglo.

No debería sorprender esta peripecia. La UCR ya había experimentado un trauma gravísimo con la salida anticipada de Alfonsín, envuelto en las llamas de la hiperinflación. Ahora De la Rúa le daba un golpe que parecía mortal apartándose del poder con las calles tomadas en medio de una corrida bancaria y en el marco más amplio de una hiperrecesión. Alfonsín temía, como ya dijimos, el hundimiento de la democracia. Pero, como buen radical, temía con la misma o tal vez mayor intensidad el hundimiento del partido. Luis León, eterno líder del radicalismo chaqueño, que se enfrentaba a Alfonsín desde su Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, solía contar, con mucha gracia, una escena casi fúnebre. Alfonsín había convocado a los senadores a la Casa Rosada, en 1989, para comunicarles que el proceso se había salido de control y había que abandonar el poder. Algunos intentaron disuadirlo, pero él insistió en que la renuncia, a la que prefería llamar «resignación», era inevitable. En ese clima de pesadumbre, cuando ya no había nada que agregar, se despidió de cada uno de esos patriarcas con un apretón de manos. Cuando llegó a León, lo miró a los ojos y le preguntó: «No me vas a cobrar esto en la interna, ¿no?». Sábato decía que «siempre habrá un hombre que, mientras se derrumba su casa, estará pensando en el universo. Y siempre habrá una mujer que, mientras se derrumba el universo, estará pensando en su casa». Siempre habrá un radical, se podría parafrasear, que mientras se derrumba el país estará pensando en el partido. Tal vez esa propensión tenga una lógica. El radicalismo fue fundado como un acto de oposición. Lo creó un poeta, que terminó en el suicido. Conoció el poder con Hipólito Yrigoyen, pero más conoció el llano. Esa instalación opositora, de la que Alfonsín vino a sacarlo, hace que la estructura partidaria sea sacralizada, porque es el lugar más frecuente de la acción política. Por momentos, se podría pensar, con ironía, que para los radicales el partido no es un instrumento para llegar al poder, sino que el poder es un instrumento para fortalecer el partido.

En 2001 Alfonsín tuvo miedo de que naufragaran la democracia y el partido, pero no tuvo la posibilidad de rescatarlo del derrumbe, que es lo que debe haber intentado aliándose en la disidencia económica con Duhalde. Es un aspecto no despreciable de la crisis radical: quien debía rescatar a esa fuerza del deterioro que le provocaba De la Rúa era un líder que también había dejado el poder de manera anticipada y que se había debilitado todavía más con el Pacto de Olivos.

No hay que aclarar que la situación del peronismo era por completo diferente. Con De la Rúa como sucesor, Menem había encontrado a un heredero, pero también a un chivo expiatorio de su propia invención fallida. De la Rúa y el radicalismo atado a él cargaron con el costo de una experiencia que se había ideado e implementado en la gestión anterior. Estas circunstancias facilitaron el esfuerzo de Duhalde de poner al peronismo, en la medida de lo posible, y ejerciendo una rivalidad cerril con Menem, a salvo de la destrucción total.

La debacle radical tuvo una productividad impresionante.[337] El fenómeno central ya fue definido: los sectores medios quedaron desprovistos del que había sido, por décadas, su vehículo principal de intervención política. Ese dispositivo comenzaba ahora a fragmentarse. Elisa Carrió planteó una secesión, motivada por la ley de superpoderes que De la Rúa pidió al Congreso para poner en manos de Domingo Cavallo, y formó Argentinos por una República de Iguales (ARI), en combinación con otras fuerzas que formaban parte de la Alianza. Es la semilla de lo que será Afirmación para una República Igualitaria (ARI), con que Carrió se postulará a las elecciones de 2003. También López Murphy abandonó la UCR y fundó Recrear para el Crecimiento, con el que asimismo compitió en 2003, sacó el 16,37 % de los votos.

La retracción radical, asociada a su dispersión, abrió un mercado electoral al que aspiraron después figuras como Mauricio Macri y Francisco de Narváez. La incorporación de estos empresarios a la política es una derivación de la agonía de la UCR. Desde un punto de vista materialista, se podría pensar que ellos debieron descender a la arena a defender sus intereses en un momento en que el aparato mediador que venía haciéndolo, el sistema de partidos y, en especial, el radicalismo como expresión de las capas medias, habían dejado de ejercer esa función. Macri y De Narváez no se podrían explicar sin el desmoronamiento del año 2001. Tienen algo de Juan Manuel de Rosas o de Silvio Berlusconi. Rosas fue el hacendado que, después de fracasar en el intento de inducir la concordia entre caudillos enfrentados, debió convertirse él mismo en político para recrear un orden. Berlusconi se lanza a la política cuando la operación Mani Pulite sacó de juego a toda una clase política en Italia. Todos son hombres de negocios que deben hacerse cargo del poder político porque las mediaciones se disolvieron y el sistema en el que operan entró en una descomposición objetiva.

Es interesante tomar en cuenta que el ARI, que integra después la Coalición Cívica, y ProCrear, el antecedente inmediato del PRO, de Macri, se proponen conquistar el viejo mercado electoral del radicalismo. Sin esa maniobra de sustitución, no terminarían de explicarse las tensiones, que perduran hasta hoy, entre estas agrupaciones nuevas y la tradicional UCR. La coalición Cambiemos, que acabó de gestarse en la Convención Radical de Gualeguaychú, celebrada el 15 de marzo de 2015, intentó revertir aquel estallido catorce años después. En las elecciones de 2021 ese movimiento de reconstrucción agrega un nuevo tramo, con la incorporación de López Murphy a las primarias de la alianza no peronista. La política, mirada en la perspectiva de una larga duración, navega todavía sobre la onda que se desató en aquella hecatombe.

La teoría de la Gestalt enseñó que la mente organiza las percepciones en figura y fondo. La atención se centra en la figura, que sería inconcebible sin un fondo aun cuando ese fondo no resulte evidente. El ejemplo clásico es el del jarrón negro que, si se mira bien, resulta del enfrentamiento simétrico de dos perfiles blancos. Con la estructura política que se fue estableciendo a partir de 2001 sucede algo parecido. Los sujetos centrales de los últimos veinte años son el kirchnerismo y el macrismo, pero, si se mira bien, lo más relevante que ha ocurrido es el eclipse del radicalismo. Entre otras cosas, porque el protagonismo del kirchnerismo y del macrimo son variables dependientes de la ausencia de ese gran contrapunto que había tenido el peronismo a lo largo de su historia. Las fantasías hegemónicas de los Kirchner, en especial de Cristina, solo fueron concebibles en el marco de una crisis de representación de los sectores medios en el campo electoral. Su primer ejercicio fue, sobre todo entre 2003 y 2005, extender la representación del peronismo hacia una sociología que siempre le había sido ajena. Llamaron a ese experimento «transversalidad». Esa pretensión se frustró. Pero la ausencia de ese contrapunto organizado y competitivo que había sido la UCR se hizo más notoria que nunca en el año 2011, cuando la señora de Kirchner obtuvo el 54 % de los votos, y el candidato que la secundó, Hermes Binner, solo alcanzó el 17 por ciento. El resultado no impresiona por el volumen de votos de la presidenta que se reelige, sino por la brecha entre quien va a gobernar y quien debería jugar el papel de controlador: 37 puntos porcentuales. Los esquemas de poder caudillesco de muchas provincias ilustran con claridad de qué modo, cuando la alternancia se vuelve inverosímil, todos los actores tienden a subordinarse al que manda. Empresarios, jueces, medios de prensa, también sectores principales de la oposición. En 2011, un 46 % del electorado había votado por la salida del gobierno. Es una proporción enorme, superior al 41 % que obtuvo Mauricio Macri ocho años después. Pero ese 46 % estuvo tan fragmentado que facilitó el impulso autoritario del grupo que había hecho una elección exitosa, aunque no apabullante.

El acontecimiento principal no fue la dimensión del triunfo oficialista, sino el desbalance de poder. Con ese resultado, quedó al desnudo la escasísima competitividad de una democracia que no podía recuperar el equilibrio perdido once años atrás, cuando uno de sus sujetos protagónicos quedó al borde de la extinción. En una simplificación exagerada, por lo tanto, discutible, el abismo que se abrió en 2001 se cerró en marzo de 2015, en Gualeguaychú, cuando los radicales decidieron asociarse a Macri y a Carrió.

El enorme impacto político de la convulsión que terminó con el gobierno de la Alianza no se circunscribe al diseño de la oferta partidaria. Las movilizaciones, el caos, la violencia fueron una bomba de profundidad con efectos todavía perdurables. Es probable que el más influyente de esos efectos haya sido el miedo: el miedo de la élite, sobre todo de la élite política; el miedo de los «dirigentes» a los «dirigidos». En ese tipo de tormentas, la sociedad, con la que el político suele tomar contacto a través de actos organizados, recorridas callejeras prefabricadas, encuestas, cifras, de pronto se corporiza. Ocurre lo mismo con las grandes tragedias, desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), hasta otras, de distinta naturaleza, como el choque de trenes de Once o el incendio de Cromañón. El desborde de los sistemas de salud, como quedó demostrado en el norte de Italia o en Quito, por ejemplo, han tenido el mismo efecto. Paralizan a la clase política. La retraen, la asustan. Durante aquella convulsión del año 2001 era habitual encontrarse con políticos en restaurantes de hoteles internacionales, donde tenían la posibilidad de reunirse a comer rodeados de extranjeros que no los conocían. Algunos exfuncionarios pedían aviones en préstamo a empresarios amigos para desplazarse hasta San Pablo y desde allí tomar un vuelo de línea, rodeados de brasileños, hasta los Estados Unidos o Europa. Por viajar desde Ezeiza, a Carlos Ruckauf, siendo ya canciller de Duhalde, le hicieron un cacerolazo arriba del avión. Alfonsín quedó perturbado como nunca cuando una muchedumbre fue a increparlo a la puerta de su casa, en la avenida Santa Fe, donde en aquellas noches hubo un cacerolazo permanente. Un amigo del expresidente, Luis Cabillón, organizó un grupo de jóvenes para defender su domicilio.

La clase política que asistió a la rebelión de aquel verano había perdido autoridad. No era para menos. Basta con imaginar que una persona que en 2001 tuviera 40 años podría haber perdido lo que tenía, supongamos un comercio, apenas once años atrás, en la hiperinflación, con 29 años. Todavía no había llegado al medio siglo de vida, y la política se introducía de nuevo en su casa para descalabrar su cotidianeidad. Dos desaguisados impresionantes, con pérdida de depósitos bancarios incluida, en apenas una década y con un mismo equipo al comando de la nave. Basta observar que las figuras que están al frente de la escena en 2001 ya tenían posiciones relevantes de poder en 1989.

La respuesta a esta «sublevación» explica, desde el ángulo político, trazos centrales de la política económica desarrollada desde entonces. Hay que aclarar: lo que se afirmará enseguida no está pensado con referencia a las necesidades y conveniencias técnicas de las estrategias macroeconómicas. Tiene que ver con lo que la política, en el afán de conservar o incrementar el poder, reclama de la economía. Tasa de interés real negativa, atraso tarifario, atraso del tipo de cambio, subsidios a la compra de alimentos han sido instrumentos destinados a ofrecer, a esa sociedad que se había rebelado, un boom de consumo que la devolviera al orden y la tranquilidad. El estímulo al consumo puede ser, según el caso, un instrumento racional de política económica, pero aquí se quiere decir otra cosa: que el estímulo al consumo fue la estrategia de relegitimación de una clase política erosionada en su autoridad frente a un electorado que la había impugnado, primero con niveles de abstención y voto en blanco sin antecedentes, y después con un estallido bajo la consigna: «Que se vayan todos». Puesto en otros términos: desde 2001, y esto se advierte sobre todo en la política de servicios públicos, buena parte de la gestión económica está modelada en torno al temor a una explosión de descontento, a algo parecido a un estallido. Ese fantasma es el límite de hierro con el que se encuentra cualquier empresa modernizante.

La necesidad de tranquilizar a quienes se habían movilizado, sobre todo al «rottweiler» de la clase media, que abandonó la vida doméstica para lanzarse al ataque de los dirigentes, fue más imperiosa por una situación evidente: el déficit de autoridad de la clase política no se debía solamente a que se le imputaba una crisis terminal. Hay que incorporar otro «detalle»: quien había quedado en el poder frente al tembladeral, Duhalde, era el candidato que había sido derrotado, es decir, rechazado, para el período en que, designado por el Congreso, estaba gobernando. El trámite había sido, como observa Mustapic en el texto que citamos, impecable desde el punto de vista procesal. Pero, visto desde un ángulo político, lo que surgía con Duhalde era un esquema de bases inestables. Esa característica iba a persistir por bastante tiempo. Es más: en ella se puede ver el germen de una institucionalidad demasiado defectuosa, que domina hasta nuestros días.

Si se contemplan los hechos en la perspectiva del largo plazo, se advertirá un fenómeno de gran creatividad histórica. Veinte, veinticinco años antes, el hartazgo de 2001 se habría resuelto con un golpe de Estado. Hay que celebrar que ese recurso ya no estaba disponible. Lo había agotado la atrocidad de la última dictadura y su desenlace, la guerra de Malvinas. Tampoco los militares parecían, ni parecen, proclives a intervenir como lo habían hecho desde 1930 en adelante. El año 2001 fue, entonces, un gran salto adelante, un salto con limitaciones. No hubo una asonada castrense, pero sí apareció el espíritu que había animado a lo largo del siglo XX a las asonadas castrenses. La idea de que los males de la política se pueden resolver eliminando la política. Esa fantasía está cifrada en la consigna: «Que se vayan todos».

Aquel clima antipolítico que dominó la rebelión de comienzos de siglo dejó una marca en esos dos grandes productos de ese momento histórico: el kirchnerismo y el macrismo. Ambas corrientes se presentan como una renovación del propio campo político. Néstor Kirchner se propone como el agente de una regeneración del «pejotismo», ese cuerpo sin alma identificado, según el momento y la conveniencia ocasional, con el menemismo o el duhaldismo. Macri termina liderando una fuerza llamada Cambiemos. En ambos casos, existe una oferta política de renovación que, de manera más o menos explícita, aspira a dar respuesta al «que se vayan todos». La misma relación entre ese clima antipolítico y la aparición de estos dos nuevos sujetos aparece de un modo menos edificante muchos años después. El macrismo tuvo un inquietante reflejo que, por un momento, lo puso en tensión con el ideal democrático: una resistencia inesperada para aceptar la derrota. Cuando salió vencido de las primarias de 2019, la primera explicación que Macri dio de esa caída fue que «la gente votó mal». Es cierto que lo que en Macri fue un arrebato en la señora de Kirchner es un axioma: somos el pueblo. En 2015, un día antes de marcharse de la Casa Rosada, Cristina Kirchner pronunció un discurso en el que interpretó la llegada de sus adversarios como la victoria de una patraña instalada en la cabeza del electorado por los medios de comunicación, una Justicia corrupta y los intereses financieros de los holdouts. Felipe González suele decir que la democracia implica una ética de la derrota. Es decir, la mejor expresión de la democracia consiste en admitir que la mayoría se puede haber inclinado por un rival dotado, por eso mismo, de una legitimidad irreprochable. A los kirchneristas les cuesta admitir esa peculiaridad esencial del juego democrático. En esa reticencia, hay un eco de aquellas manifestaciones antipolíticas del año 2001.

Duhalde, o la marcha accidentada

La llegada de Duhalde a la Casa Rosada es la coronación de un proceso que se había desarrollado a lo largo de una década. Ese proceso no solo lo colocó en la sede del poder de la nación. Le otorgó también un lugar en la historia: el del hombre que descubrió y logró desplegar el potencial político del conurbano bonaerense.

La encrucijada de 2001 revela, y a la vez oculta, la dimensión de esa secuencia. Duhalde llega a la presidencia en un esfuerzo, que ya fue descripto, por salvar a la provincia del derrumbe. Esa caída solo podía evitarse capturando el poder de la nación. Volvamos a servirnos de metáforas: Duhalde es un Tejedor exitoso. O, desde un punto de vista técnico, ejecuta la revancha de aquel débil Julio Costa evocado en este libro,[338] el hombre que había enfrentado a Pellegrini, sin éxito, para salvar a la provincia de un feroz ajuste, que condujo a la liquidación de sus ferrocarriles y nada menos que a la caída de su banco.

Que Duhalde haya podido ejercer ese rol es el resultado de un programa de acumulación de poder regional llevado adelante durante muchos años. Fue una marcha accidentada. El presidente que designó el Congreso en 2001 había estado cerca de llegar al cargo por la vía electoral en 1995, si no fuera porque el Pacto de Olivos le permitió a Carlos Menem volver a postularse. En 1999, cayó derrotado frente a Fernando de la Rúa. Y en la primera designación de 2001 quedó hundido en la depresión porque Adolfo Rodríguez Saá, cuando dijo «yo me animo», le arrebató la oportunidad de llegar a la meta. Esa frustración y la perspectiva de Rodríguez Saá de quedarse por más tiempo del acordado, que para hombres como De la Sota, por ejemplo, no eran más de sesenta días, explican por qué la caída del puntano ha sido vista como un golpe. Como un golpe bonaerense. Más inclusive que la de De la Rúa.

No era la primera vez que Duhalde se hacía cargo del Poder Ejecutivo por un camino no convencional. En 1975 se convirtió en intendente de Lomas de Zamora por una vía parecida. El intendente electo en 1973, Roberto Ortiz, fue depuesto el 26 de julio por el Concejo Deliberante, que designó al concejal que encabezaba la lista, Pedro Pablo Turner. Pero Turner tampoco completó el mandato. A principios de 1975, fue destituido por el Concejo, que lo reemplazó por Duhalde, quien había ocupado el cuarto lugar de la lista de concejales.

Estas defenestraciones y reemplazos tienen que ver con los enfrentamientos facciosos que sacudían al peronismo de la época. En rigor, la caída de Ortiz es atribuida a que había usurpado el lugar, haciéndose inscribir por la Justicia como primer candidato para evitar que fuera Turner quien encabezara. Turner, ahijado del líder de la CGT de los Argentinos Raimundo Ongaro, pertenecía a la izquierda peronista.

En enero de 1974, en la provincia se produjo un cambio relevante: el gobernador Oscar Bidegain, identificado, como Héctor J. Cámpora, con la izquierda peronista, fue reemplazado por el sindicalista metalúrgico Victorio Calabró. Perón cumplía la misión histórica que le asigna Abal Medina en sus memorias: produce un giro hacia la derecha en su principal base de poder, la misma que había conquistado con esmero en 1943. Esos movimientos en el mapa general se reproducían a escala. En Lomas de Zamora, el izquierdista Turner fue desplazado, lo que lo ha convertido hasta hoy en un emblema del peronismo más radical. En todos estos años, sus familiares y amigos se han encargado de narrar el modo en que el intendente fue apartado de la escena.[339] Duhalde asumió porque Héctor Lencina, concejal que seguía a Turner en la lista, fue asesinado por la Triple A.[340] E Irma Santa Cruz, la siguiente en el orden, renunció, intimidada por los que asumirían el poder. Cinco días antes de la caída del intendente, asegura esta versión, su familia fue secuestrada. Así habría llegado Duhalde a la intendencia. Con una curiosidad adicional: hasta ese momento, pertenecía a la Democracia Cristiana, aliada del PJ.

Duhalde regresa a la intendencia en 1983, en andas del mismo sistema de poder. En ese país, en ese peronismo, los candidatos surgían de la estructura sindical, dominada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Faltaba un tiempo para que el gremialismo sufriera el ajuste al que fue sometido por dos movimientos independientes: la corrosión de la desindustrialización y la democratización que se abrió paso en el peronismo, inspirada en el clima impuesto por la victoria de Alfonsín.[341] Los sindicatos seguían teniendo una influencia determinante en el peronismo de la transición democrática. El primer congreso normalizador del PJ posterior a la dictadura, en 1983, designó como presidenta a Isabelita, que permanecía en Madrid, y como vicepresidente al chaqueño Deolindo Bittel, que secundaría a Ítalo Argentino Lúder en la fórmula presidencial de aquel año. Sin embargo, el hombre clave del peronismo era el vicepresidente primero, Lorenzo Miguel, titular de la UOM, el gremio más gravitante, y jefe histórico de las 62 Organizaciones Peronistas. No obstante, en 1984, y a pesar de la derrota del año anterior, Miguel, o «el Tordo», como se lo conocía, se convirtió en vicepresidente. De hecho, en presidente. Su aliado interno era el presidente del PJ bonaerense, Herminio Iglesias. Esta configuración del poder, que tenía en su centro a los sindicatos, remite a una Argentina de pleno empleo, con un gran sector industrial que se expresaba, en especial, a través de los metalúrgicos. Es cierto que el gremialismo no solo tenía una gravitación inusual por el contorno sociolaboral, sino que además constituía la única referencia organizativa y, sobre todo, financiera del peronismo bajo la dictadura.

Las listas de candidatos se hacían en las 62 Organizaciones. Federico Russo, caudillo de La Matanza, procedía del sindicato de Municipales. Manuel Quindimil, de Lanús, del de la carne. «Manolo» Torres había adquirido su poder en Lomas de Zamora gracias a su vinculación, durante los años setenta, con el metalúrgico Calabró. Torres no procedía del gremialismo. Era propietario de un frigorífico, especialidad que lo asociaba a Herminio Iglesias.

La gravitación sindical no necesita de una explicación demasiado extensa. Era el resultado del poder que había adquirido el aparato construido por Perón durante los años de la resistencia. Esa fuerza había convertido a un sector del movimiento obrero, como explica muy bien Daniel James en un libro clásico,[342] en interlocutor de los gobiernos militares. La dictadura que se inició en 1976 no prescindió de ese contacto. Sobre todo a partir de la gestión de Roberto Viola, un ala sindical mantuvo un intercambio permanente con el régimen, del mismo modo que otra ala lo hizo a través de la mediación con la Armada de Emilio Massera, quien veía en los representantes de los trabajadores un canal para avanzar en su propio plan para alcanzar el poder.

Los resultados de 1983 convertirían a esos líderes en «mariscales de la derrota». Duhalde aprovechó la nueva escena para resetear su perfil político y, sobre todo, para afianzarse en Lomas de Zamora. Se sumó al bullyng contra Herminio, que él continúa hasta hoy.[343] Y comenzó a armar su propia red de organizaciones militantes y punteros con un método que, a lo largo de toda su carrera, sería recurrente: la regularización de la propiedad de la tierra en los asentamientos y villas de emergencia. Jorge Ossona, que se ha concentrado en estudiar el dispositivo clientelar del conurbano a partir de una observación meticulosa de la historia de Villa Fiorito, reconstruye al detalle esta microfísica del poder de Duhalde.[344] Para comprender el comienzo de esta estrategia, hay que recordar que en 1983 el problema del hábitat se había convertido en una bomba de tiempo que inquietaba a los políticos. Los radicales vivían en vilo presintiendo que la primavera democrática pudiera desatar un descontrol en los barrios más humildes, atiborrados de demandas, sobre todo desde que los militares habían ejecutado relocalizaciones compulsivas desde las villas de la Capital hacia el conurbano.

El otorgamiento de títulos de dominio como forma de conquista político-territorial fue una herramienta clave en la construcción del poder de Duhalde en Lomas. Así minó a Torres. Así atrajo también a figuras como Osvaldo Mércuri, quien asimismo había hecho de los asentamientos compulsivos una palanca de acción política. Esta empresa encuentra a Duhalde al lado de alguien que será clave en el resto de su carrera: Jorge Rossi, encargado del área social de Lomas en la primera y la segunda gestión del intendente. Asistencia social y dominio territorial han sido siempre, en Duhalde, una misma cosa.

En 1983, la ola alfonsinista hizo que Duhalde tuviera un triunfo muy ajustado en la intendencia. Para las elecciones de 1987, consiguió una victoria contundente, pero él ya no era el intendente. Lo sucedió su amigo Hugo Toledo,[345] quien sería más tarde suegro de Martín Insaurralde, su lejano sucesor como caudillo de Lomas de Zamora.[346] Ese año, Duhalde fue candidato a diputado nacional en la lista encabezada por Ítalo Lúder. Le tocó el segundo lugar en esa boleta.

Esas elecciones de 1987 son de una importancia estratégica. El gobierno de Alfonsín se reencontraba, agotada la estabilización del Plan Austral, con el flagelo de la inflación. Emergió, además, el movimiento «Carapintada», que produjo una dramática asonada en Semana Santa bajo el liderazgo de Aldo Rico. Ambas situaciones aconsejaron a Alfonsín a aceptar una jugada de Nosiglia: el sindicalismo ortodoxo, agrupado en el denominado Grupo de los 15, se incorporaba al gobierno ubicando a Carlos Alderete en la cartera de Trabajo. Como las vacunas, que están hechas con el mismo virus que se quiere neutralizar, esa operación estaba pensada para enfrentar a Saúl Ubaldini, que ya se había convertido en una mortificación. Había otro objetivo en esa alianza: impedir que esos gremialistas, liderados por Jorge Triaca y Diego Ibáñez, se aproximaran a los disidentes militares.

Alfonsín tenía otro inconveniente: muchos peronistas habían sintonizado con el clima de democratización que él mismo lideraba y habían promovido una corriente «renovadora». Alfonsín confesó en alguna oportunidad: «Cuando vi el avance de Cafiero, me di cuenta de que estábamos en problemas, porque pensé: “Este hombre le abre al peronismo el techo hacia la clase media”».[347]

Cafiero, que había superado a las facciones de su partido identificadas con la derrota de 1983, armando en 1985 una lista por fuera del PJ, triunfó en 1987 como candidato a gobernador. Venció al radical Juan Manuel Casella. La consecuencia inmediata de ese resultado fue una tristísima depresión de Alfonsín. Antes de los comicios, Nosiglia le había anticipado ese desenlace. El expresidente, algo impiadoso, lo obligó a defender su vaticinio en una reunión de gabinete, a la que Coti asistió con el encuestador Enrique Zuleta Puceiro. Los números no terminaron de convencer a los ministros, que preferían ver en ese pronóstico un ataque de Nosiglia a Casella, un rival interno. Cuando se verificaron los resultados, se produjo el derrumbe. El 6 de septiembre demostraba de nuevo ser una fecha fatídica para la UCR: 57 años antes, había sido derrocado Hipólito Yrigoyen. Alfonsín pensó en renunciar y convocar a elecciones en nocenta días. Antonio Tróccoli lo disuadió.[348] El que se marchó fue Tróccoli, porque la primera decisión de Alfonsín fue incorporar al augur Nosiglia, quien atesoraba infinidad de contactos en el peronismo, como ministro del Interior.

La derrota de 1987 inauguró el ocaso del primer gobierno democrático. Pero representó algo de mayor alcance: le quitó al radicalismo vigor competitivo. El partido adquiriría el estilo, con las peculiaridades propias de un distrito incomparable, que lo caracteriza en muchas provincias en las que no puede ofrecerse como alternativa de poder. Los radicales pasan a ser la «oposición de su majestad». O, como se burlaba Felipe González del Partido Popular conducido por Manuel Fraga Iribarne, la «oposición protocolizada». Encabezada por Leopoldo Moreau y Federico Storani, la UCR se puso bajo el ala de Cafiero. Y, más tarde, se convirtió en la rueda de auxilio del aparato montado por Duhalde. Es imposible entender el poder de Duhalde sin advertir este aletargamiento radical. Es imposible entender el deterioro de la vida pública bonaerense, las deformaciones de su Poder Judicial, la opacidad de su Legislatura, las miserias ya crónicas de su policía, sin tomar nota de que entre 1987 y 2015 pasaron veintiocho años sin tensión política, sin debate, sin alternancia. La manifestación más clara de ese desistimiento es que jamás pasó por la cabeza de Moreau ni de Storani competir por la gobernación de la provincia. Como se viene insistiendo aquí, Alem profetizó que Buenos Aires sería, después de su decapitación, una provincia sin agenda propia. La postración de sus descendientes frente al PJ a partir de 1987, su renuncia a la conquista del poder, colaboró muchísimo para que esa premonición se corroborase.

La ubicación que Cafiero asignó a Duhalde, secundando a Lúder, tendría consecuencias inesperadas. El intendente de Lomas tenía una promesa inicial de encabezar la lista. El primero en promover la candidatura de Lúder en el lugar principal fue Manolo Torres, que todavía peleaba por conservar sus unidades básicas en Lomas. Cafiero accedió al consejo, escuchando sobre todo a su vocero y hombre de confianza: Jorge Telerman. Es posible que en la segregación de Duhalde haya influido también la amistad de Cafiero con Torres, a quien el intendente quería terminar de desplazar en Lomas. La renovación bonaerense se organizó en la casa de Torres, en la calle Larroque al 500, Banfield. Esa casa lindaba por los fondos con la del dirigente demócrata-cristiano Carlos Auyero, quien espiaba por encima del muro con expectativas, si en el PJ surgía una opción más, por decirlo de algún modo, republicana. Auyero terminó ofreciendo su partido para que Cafiero armara su lista por fuera del peronismo y triunfara en 1985 sobre Herminio. Nada que sorprenda: desde el enfrentamiento de Perón con la Iglesia, en 1955, los peronistas católicos tuvieron afinidades con los demócrata-cristianos. Desde Alieto Guadagni a Guido Di Tella, por nombrar dos cafieristas de la primera hora. Cualquiera fuera el motivo por el cual Cafiero prefirió a Lúder, Duhalde tragó saliva. Quedó dolido.

A la sombra de Cafiero, se iba estableciendo, de a poco, un empresario que venía militando en el PJ de La Matanza, donde tenía una de sus fábricas de papel: Alberto Pierri, quien a partir de esta época se iría convirtiendo, por distintas razones y hasta hoy, en una figura crucial en la vida bonaerense. Pierri se había acercado a Duhalde de la mano de un puntero de La Matanza, Jorge Cruz, que se hizo célebre por el desastre administrativo que dejó en el club Mandiyú, adquirido por él en 2000 000 de dólares en 1994, cuando era diputado nacional. Cruz acercó a Pierri, que también vivía en Banfield, en la misma calle Larroque, en la que sigue siendo su casa, a 200 metros de la de Torres. Duhalde lo recibió muy bien, pero le dijo a Cruz: «Que se sume, pero en La Matanza, donde tiene la empresa».

En 1985 Pierri había colaborado con la campaña de Cafiero, consiguiéndole las oficinas en las que establecería su comando proselitista, cinco pisos en Suipacha 414.[349] Ese año compitió como diputado en la lista encabezada por el propio «Tony». Hizo una gran elección en La Matanza, a tal punto que se volvió indispensable para la administración del intendente, el poderoso Russo.

Pierri ya era entonces un voraz consumidor de encuestas, que realizaba él mismo con su esposa Olga, «Olguita». A fines de 1987, había enviado a Olguita y a su hija Silvina a realizar un sondeo en La Matanza. Se perfilaban dos candidaturas para competir por la presidencia en el PJ: Cafiero y el riojano Menem. Para sorpresa de Pierri, en los sectores populares del distrito Menem era mucho más atractivo que el flamante gobernador.

Sin dar vuelta las cartas, Pierri fue a visitar a Duhalde a la quinta Don Tomás, donde el intendente de Lomas pasó gran parte de su vida política.[350] En ese encuentro, le comunicó que en la interna se inclinaría por Menem. Esta conversación es significativa: desde comienzos del siglo XX, como ya se observó aquí, existe una constante, y es que la coordinación de La Matanza y Lomas de Zamora deciden el destino de la provincia. Cuanto más se fue poblando el conurbano, más valor tuvo esa regla. El eje Duhalde-Pierri se convertiría en la clave de bóveda del PJ bonaerense.

Duhalde no se entusiasmó con la idea, pero sí le sirvió para poner condiciones a Cafiero, con quien seguía resentido: «Alberto, andá y decile a Cafiero que, si nos da el PJ de la provincia, estamos con él». Pierri viajó hasta La Plata para ver a Cafiero en la gobernación. En la antesala, estaban Mario Cafiero y Alberto Lestelle. Cuando se encontró con el gobernador, Pierri olvidó el mensaje y lo cambió por este otro: «Antonio, quiero que esté todo claro entre nosotros, pero le quiero avisar que yo voy a apoyar a Menem en la interna». Eran los finales de 1987. Todavía faltaban siete meses para las elecciones del PJ en las que se consolidaría la fórmula presidencial. Para Cafiero, lo de Pierri no era siquiera digno de consideración. Por eso le contestó, pellizcándole la mejilla: «Pero, Alberto, si usted es mi baby face… ¿Cómo me va a dejar?».

Desde La Plata, Pierri volvió a la quinta de Duhalde. Se sentó en la mesa de la cocina con el intendente. Chiche estaba de espaldas, cocinando pastas. Pierri le cuenta al dueño de casa: «Lo fui a ver a Cafiero y me dijo que vos tenés que comer mucho mijo para ser el jefe del partido en la provincia». Antes de que contestara Duhalde, lo hizo Chiche, sin necesidad de darse vuelta: «¿No te digo siempre, Negro, que ese viejo es un hijo de puta?». En ese momento, aparece en la pantalla del televisor Menem, en una emisión del programa de Lucho Avilés El pueblo quiere saber.[351] Chiche lo mira y comenta: «Fijate, Negro. ¿No es divino?».

El 10 de enero de 1988, el PJ celebró en Mar del Plata un congreso nacional en el que quedó establecido el nuevo consejo, con Cafiero como presidente y Menem como vice. Duhalde y Pierri se instalaron en un hotel de la UOM de la calle Santa Fe. Pierri se propuso ver a Menem. Recurrió a un amigo de la juventud, Mario Caserta, un puntero de Lanús, que en aquel tiempo se encargaba de pagar una de las tarjetas de crédito del candidato.[352] Caserta hizo entrar a Pierri por los ascensores de servicio del Hotel Hermitage, que era el alojamiento tradicional de Menem en el balneario. Llegaron a la habitación de Menem, a quien encontraron sentado contra el respaldo de la cama, vestido con pantalón y zapatos blancos, camisa y medias coloradas. Al lado de la cama, Juan Carlos Rousselot y Alberto Kohan. En la mesa de luz, un balde de hielo con una botella de champagne. La imagen era una estampita que anticipaba todo lo que estaba por venir en la Argentina.

Rousselot ya figuraba en los medios como el candidato a la vicepresidencia. En las elecciones del año anterior había llegado a la intendencia de Morón. Era uno de los denominados «12 Apóstoles» de Menem. Caserta también integraba ese apostolado. Rousselot y Pierri se saludaron con simpatía: el conductor de TV había dirigido el diario Norte en Chaco, su provincia natal, que se abastecía con papel provisto por Pierri.

Menem saludó a Pierri y le hizo notar que lo tenía bien identificado: lo llamó «Beto» y le recordó los últimos pasos que había dado en La Matanza. De inmediato, Pierri fue al tema que lo motivaba. Le dijo a Menem que él y Duhalde se inclinarían por su candidatura, por convicción, y que creía que el mejor candidato para acompañarlo era Duhalde. Menem no asintió ni rechazó la idea.

Desde el Hermitage, Pierri se dirigió al hotel de la UOM, donde, ansioso, esperaba Duhalde. Le informó lo sucedido, con un optimismo del que Duhalde no se contagiaba. Esa noche Pierri fue al casino. Cuando estaba por llegar, un grupo de desconocidos le dio algunas patadas y trompadas en la espalda. «Cuidate en lo que hacés», fue el único mensaje. Nadie nombró a Rousselot. No hizo falta.

Cuando terminó el congreso, Pierri voló a Punta del Este, donde veraneaba su familia, pero debió regresar pronto. Caserta lo llamó el martes, tres días después de la reunión de Mar del Plata, para avisarle que Menem había quedado muy contento con la conversación y que quería comer en su casa al día siguiente. En medio de la urgencia, Pierri llamó a Duhalde y lo convenció de que debía participar de la reunión.

Duhalde llegó acompañado de uno de sus hombres de confianza, integrante de un círculo estético que hubiera fascinado a Martin Scorsese, el director de Buenos muchachos: Bruno Tavano, que sería intendente de Lomas en 1991, después de «Donosornabuco» Toledo. Esa noche se selló la fórmula. Duhalde propuso hacer un anuncio formal al día siguiente, pero lo contrarió Pierri: «Yo no puedo ser parte de ningún anuncio porque acabo de comprar una planta en Pacheco y necesito que el Banco Provincia me refinancie la deuda». Al parecer, no le fue bien. El banco estaba bajo el mando del cafierista Eduardo Amadeo, quien le debe haber explicado que si lo ayudaba perdía el cargo. Cafiero se enteró muy pronto de la comida en lo de Pierri y ardía de indignación, casi más que Rousselot. La novedad se anunció quince días después de aquella comida, en las oficinas de la calle Suipacha, para mayor humillación del gobernador.

Cafiero eligió como candidato a la vicepresidencia a José Manuel de la Sota, menospreciando a José María Vernet, vicepresidente primero del PJ, es decir, el tercero en jerarquía después de Menem. Vernet había ganado Santa Fe, a pesar de la oleada alfonsinista de 1983. Era un aliado incondicional de Lorenzo y los sindicatos de las 62 Organizaciones, que tomaron la preferencia por De la Sota como un desaire. Esta opción, en apariencia intrascendente, esconde un significado más denso. Cafiero, llevado tal vez por el vaivén de las presiones, le daba al sindicalismo el golpe que estaba implícito en el corazón del proyecto renovador. Vuelve a suceder algo habitual en la política: ese golpe lo ejecuta alguien que había hecho toda su carrera en dependencia del movimiento obrero y, en especial, de la UOM de Vandor, de José Rucci y de Miguel. Cafiero se traga a sus padres. O, por lo menos, lo intenta.

A los sindicalistas les sirvió de excusa para ir alineándose, de a poco, con Menem, llevados de la mano del más sagaz de todo el grupo: Jorge Triaca. Como Pierri, Triaca había sondeado a la opinión pública a través de un estudio de Rosendo Fraga, que lo convenció de la superioridad de Menem. No fue el único criterio: el sindicalismo ortodoxo de Triaca, Ibáñez, Lorenzo y Oscar Lescano arrastraba entredichos con Cafiero, que se remontaban al cautiverio compartido en los barcos en que fueron encerrados por la dictadura militar en 1976. Triaca integró la lista del PJ bonaerense que, encabezada por Herminio Iglesias, compitió contra la de la renovación de Cafiero en 1985. Y fue, como se consignó, una de las figuras principales de la negociación con Nosiglia para desembarcar en el Ministerio de Trabajo, desde donde contemplaban la campaña de Cafiero para ganar la provincia.

La alianza con el gremialismo seguía siendo decisiva en aquel tiempo. Se demostró dos días antes de la elección interna, gracias a quien sería un actor crucial en el entorno de Menem: el gastronómico Luis Barrionuevo. Fue el encargado de coordinar a sus colegas en un esfuerzo logístico que sorprendió al país: llenaron el estadio Monumental de River Plate.

Para esa manifestación impresionante, Barrionuevo tuvo el inesperado y, sobre todo, involuntario apoyo de Cafiero. El gobernador y candidato favorito de esas internas tenía un viejo vínculo con el sindicalismo. Entre otras razones porque había sido el contador de la UOM durante el apogeo del «Lobo» Augusto Vandor. La historia registra esa dependencia con un pormenor trágico: la última persona que vio en vida a Vandor, porque había ingresado a su despacho a entregarle unos papeles antes de que estallara la bomba que terminó con él, fue Cafiero. Esa amistad con el gremialismo perduró y se recreó con José Ignacio Rucci y con el sucesor de Vandor, Lorenzo Miguel. Cuentan sus allegados más estrechos que Cafiero no daba un paso sin consultar con el secretario general de los metalúrgicos. Por eso, cuando tuvo que seleccionar a su compañero de fórmula, el elegido fue otro ahijado de la UOM: el gobernador de Santa Fe, José María Vernet.

Cafiero tomó la decisión en acuerdo con Miguel y convocó a su residencia, en La Plata, a sus socios de la renovación: Carlos Grosso, José Manuel de la Sota, José Luis Manzano y el taxista Roberto García. Los esperó con Rodolfo Frigeri y Jorge Telerman, que por aquellos tiempos le eran inseparables. Cuando el cuarteto invitado escuchó lo de Vernet, se desató una trifulca. Manzano y, sobre todo, De la Sota comenzaron a insultarlo y a tratarlo de traidor a la renovación, por inclinarse por un compañero de fórmula salido del corazón de la ortodoxia, apañado por los «mariscales de la derrota» de 1983. De la Sota amenazó con salir a la puerta de la residencia y anunciar al periodismo su separación del emprendimiento de Cafiero.

El dueño de casa quedó paralizado y comenzó a ceder. Le propusieron el nombre de Grosso, allí presente, pero lo vetó sin dar razones. Un detalle que expone la mentalidad de Cafiero y las características de la época: a él, católico a ultranza, no le parecía bien que Grosso fuera divorciado. El cuarteto pidió un cuarto intermedio, que duró apenas minutos. Al salir de la habitación contigua donde deliberaron, Manzano, Grosso, García y De la Sota impusieron el nombre de este último. Cafiero debió comunicar a Lorenzo Miguel que no cumpliría lo pactado, que ya era vox populi en el gremialismo. Y que había elegido al peor de todos, a De la Sota, que había declarado que «el sindicalismo es la rama seca del peronismo». Así se enajenó, en minutos, el apoyo de los sindicatos, que terminaron sosteniendo a Menem y consiguieron llenar la cancha de River en un acto de campaña.

Este movimiento también permite advertir que estamos hablando de otra época: el movimiento obrero tenía un poder que reflejaba a una sociedad que todavía no se había desindustrializado. Pero asimismo es cierto que la renovación peronista, que Cafiero encarnaba con sus interlocutores en aquella discusión, llevaba en su esencia la pretensión de emancipar al peronismo de la tutela sindical, una tutela corporativa que distanciaba cada vez más a ese partido de un sistema democrático basado en la ciudadanía. Como suele suceder, la historia, entendida como empresa colectiva, si se quiere impersonal, suele ignorar estas encrucijadas personales para seguir su curso. Porque el poder político del sindicalismo acentuó su recesión con Menem. El apoyo que le otorgaron sirvió de poco para los sindicalistas. El riojano los sacó de la política y los recluyó en la actividad profesional y los negocios. Desreguló, con límites, el mercado de trabajo y las obras sociales; privatizó las empresas públicas, que eran un ámbito donde los gremialistas reinaban por encima de cualquier administración; los fue excluyendo de las listas parlamentarias. Es difícil imaginar si Cafiero y su grupo hubiera hecho tanto en contra del imperio corporativo del sindicalismo si hubieran ganado la presidencia.

La competencia entre Cafiero y Menem tuvo consecuencias no siempre advertidas para la provincia de Buenos Aires. Acaso la más relevante y duradera fue fiscal. En 1988, antes de la elección interna, se había estado negociando un nuevo régimen de coparticipación, que quedó cifrado en la ley 23 548. Cafiero aprovechó esas discusiones para seducir a los gobernadores de su partido y alinearlos detrás de él en la pelea. Esta es la razón por la cual los bonaerenses perdieron 6 puntos de coparticipación: los cedió el gobernador en esa mesa federal. Fue un recorte que sigue determinando hasta hoy el ritmo de la política provincial en relación con la nación.

La fórmula Menem-Duhalde se impuso sobre la de Cafiero-De la Sota el 9 de julio de 1988. El riojano obtuvo 833 353 votos, el 53,94 % del total. Cafiero, 711 596, el 46,06 % del total. Un factor muy importante del triunfo fue que, al cabo de una negociación del hábil salteño Julio Mera Figueroa, Menem consiguió que solo se enfrentaran dos fórmulas presidenciales. Es decir, que no fuera una elección simultánea de gobernadores, intendentes, etc. Esto le permitió al riojano ganar en dieciocho provincias. Y aquí el «detalle» más interesante para el punto de vista desde el que estamos reconstruyendo esta historia: Menem ganó también la provincia de Buenos Aires. El eje Duhalde-Pierri o Lomas-Matanza había demostrado ser la llave. Fue una paradoja. Un riojano se impuso sobre un hombre de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa clasificación es un espejismo. Cafiero era, como temía Alfonsín, la expresión de un peronismo capaz de seducir a las capas medias desde las Lomas de San Isidro, por recurrir a una ironía. Cafiero se veía a sí mismo, y se veía con acierto, como el líder de una corriente nacional, a la que se plegaron los gobernadores de las distintas provincias. El conurbano estaba con Menem. El conurbano eran Duhalde, Pierri, Barrionuevo y los sindicatos que se le alinearon.

Visto en la perspectiva de la historia, ese triunfo bonaerense tiene un significado mucho más denso. El lugar de Duhalde y del aparato político del conurbano excede el de ser proveedores de un caudal importante de votos a un candidato del interior. Duhalde y ese aparato estarían destinados a ser quienes administraran la capacidad de asimilación de esa economía, cuya industrialización contrariada daba señales cada vez más inquietantes de agotamiento, a la disciplina de un programa de reformas liberales. En medio de la hiperinflación era crucial el dominio político de esa región. Menem lo sabía. Es posible que Duhalde todavía estuviera a ciegas sobre lo que estaba por venir.

Hay otro punto de vista desde el cual mirar el resultado de esa gran interna peronista. Cafiero puede haber pagado con su derrota el costo de haberse abrazado a Alfonsín en el intento de salvar el Plan Austral, que cada vez con más dificultades intentaba estabilizar la economía. Es posible que, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del peronismo, Cafiero haya creído que su llegada a la presidencia de la nación era inevitable. Preservar la economía de Alfonsín era, a partir de esa presunción, preservar su propia economía, la que recibiría en herencia. Es posible que la aproximación de Cafiero con el oficialismo para compartir algunos costos del ajuste, sobre todo impositivos, le haya dado una ventaja a Menem en la competencia interna.

Alguien que tuvo una intensa participación en aquella experiencia, como Enrique Nosiglia, extrajo para siempre una especie de ley, bastante sencilla, pero muy ilustrativa: puede haber acuerdo entre dos, nunca entre tres. Cuando hay tres actores, siempre hay un tercero excluido que bloquea o dinamita el pacto. Nosiglia lo vivió con el trío Alfonsín-Cafiero-Menem. Muchos años más tarde, como ya vimos, la misma danza se verifica en la relación De la Rúa-Menem-Duhalde. El que pacta suele estar condenado a perder por la propensión del excluido —⁠Menem en el primer caso, Duhalde en el segundo⁠— a provocar una ruptura.

El 9 de julio de 1988 es una fecha importantísima de la historia reciente de la Argentina. Por primera y única vez, el principal movimiento político del país definió su liderazgo en una elección interna de la que participó el 40 % de los afiliados. Nunca había sucedido, como es obvio, en tiempos de Perón. Después de la muerte de Perón, la conducción se resolvía a través de congresos, bajo la regla general de que su viuda era la presidenta del partido. Después de esa interna de 1988, nunca volvió a celebrarse una competencia similar. Las proyecciones de ese hecho son innumerables. Pero, si se lo mira desde la perspectiva de la historia del peronismo, se terminaba de resolver un antiguo problema de legitimidad. Muerto Perón, su movimiento quedó sin jefatura. Mejor dicho: quedó bajo la jefatura corporativa del sindicalismo. Y, dentro del sindicalismo, de la UOM. La referencia a una presidenta oficial del partido que, alejada de todo, vivía en Madrid reforzaba esa escena. La desaparición física del fundador permitió realizar un proyecto interrumpido por su regreso: el del peronismo sin Perón. Con la consagración de Menem por el voto directo, se consumaba la saga renovadora y se despejaba una incógnita muy fastidiosa para esa fuerza política: la de la conducción. Más que eso. Se constituía un PJ democrático, liberado del sentimiento de inferioridad con el que venía atravesando la transición iniciada en 1983.

Registrar esta excepcionalidad es indispensable para comprender el enorme poder que tuvo Menem para llevar adelante sus reformas. Entre ellas, nada menos que una reforma constitucional de larguísimo alcance, impulsada por él. Ese poder derivó, en buena medida, es cierto, de un contexto hiperinflacionario que indujo a una amplia franja de la sociedad a efectuar una gran delegación política en el gobierno para encarar lo que hubiera que encarar para salir del drama. Pero no puede ignorarse que Menem llegaba al poder con una sobredosis de legitimidad, en especial frente a sus propios compañeros. El haberse impuesto, con una contundencia nunca cuestionada, sobre sus adversarios internos fue la gran palanca para quebrar el statu quo en muchísimos frentes y también para hacer rotar al peronismo respecto de posiciones conceptuales y organizativas que parecían sagradas.

La llegada de Menem al poder fue impulsada con parcial discreción por Alfonsín. Hubo hasta un auxilio económico que se cursaba a través de las obras sociales de sindicatos alineados con el riojano. El gastronómico Barrionuevo fue el puente más activo. Esa asistencia se sostenía en un favoritismo: los radicales veían en Menem al candidato más débil, el más fácil de vencer. Hay que volver a aquel juicio de Alfonsín: Cafiero amenazaba al radicalismo con la posibilidad de abrir al peronismo «el techo de la clase media». Él observaba al gobernador bonaerense con mucho respeto. Veía en él a un peronista de orientación socialcristiana, formado, con todo un cursus honorum recorrido desde los años cincuenta. Era una consideración correspondida. Los amigos de Cafiero atestiguan hasta hoy la admiración que ese peronista histórico profesaba hacia Alfonsín. El propio Cafiero lo ratificó en la inflamada oración fúnebre que pronunció en la Recoleta cuando falleció el líder radical.

Menem, en cambio, era un peronista estrafalario, triunfador en los arcaicos desiertos del norte, una caricatura de Facundo reciclada en la estética de un astro de bailanta. Se lo podía ayudar sin riesgo. Esa visión fue ciega a dos fenómenos. El primero es obvio: los radicales menospreciaron el potencial movilizador de Menem, sobre todo en los grandes conurbanos. Esas caravanas tumultuosas por las barriadas más humildes, que por primera vez registró Juan Bautista «Tata» Yofre en la contratapa de Ámbito Financiero, estaban fuera del alcance cultural del gobierno de entonces. Pero la otra dimensión que Alfonsín y los suyos no tuvieron en cuenta cuando financiaban a Menem fue la del poder desestabilizador que su triunfo podía tener sobre la economía. Y ese poder se verificó. La victoria de Menem sobre Cafiero instalaba un horizonte tan sombrío para las expectativas de los operadores de la economía que fue uno de los factores decisivos de la hiperinflación. El éxito final frente al candidato radical profundizó esa tendencia catastrófica.

Menem y Duhalde se impusieron a la fórmula de Eduardo Angeloz y Casella por 47,5 % contra 37,1 %. La vicepresidencia fue la plataforma inicial desde la que Duhalde comenzó a construir el lugar que ocuparía en la historia: el del hombre que descubrió y organizó el poder del conurbano sobre la política nacional. Es una forma de dominación que él inauguró y que se impuso sobre la Argentina hasta estos días. El kirchnerismo es, en este aspecto, heredero de Duhalde. No es un aspecto secundario: es la viga maestra de su poderío.

La primera fase de ese proceso fue la conquista y colonización del cafierismo. La consolidación del liderazgo de Menem dejó a Cafiero desprovisto de recursos. Sobre todo, recursos humanos. El riojano incorporó a las principales espadas del gobernador, que no esperaron a ser convocadas. Como Jorge Triaca había adelantado que ocurriría el día mismo del triunfo en las internas de 1988, «a partir de ahora todos los sectores comenzarán a trabajar para la victoria peronista». Y fue así: Carlos Corach, Guido Di Tella, José Luis Manzano, Carlos Grosso y hasta la secretaria privada de Tony, Libertad Porolli.

Menem le dio un lugar protocolar a Cafiero como presidente del PJ, recibiéndolo todos los martes por la mañana para desayunar. Con el paso de las semanas, Cafiero tenía que hacer antesalas cada vez más prolongadas. A veces, superiores a una hora. El ritual era siempre el mismo. Menem salía con la excusa de buscar algo o ver a alguien y se mostraba sorprendido de que Cafiero estuviera allí, en un pasillo, esperando. Entonces, rigoreaba a su eterno secretario Ramón Hernández por no haberle avisado: «¿Cómo no me dijeron que ya estaba Antonio?». Cafiero se cansó de las distracciones de Hernández, o descubrió el ardid, y dejó de asistir a los desayunos.

Sin embargo, el principal problema de Cafiero era que, vencido como candidato a presidente, tenía cerrado el camino hacia la reelección como gobernador. Para vencer ese obstáculo, inició un proceso de reforma constitucional en la provincia, avanzando por unas de las vías previstas: la Legislatura aprobaba una agenda de modificaciones, en este caso de 98 artículos, y esa propuesta se sometía a un referéndum. Ese referéndum se realizó el 5 de agosto de 1990. El fracaso de Cafiero fue estrepitoso: el «no» sacó el 65,7 %, con 3909 365 votos, y el «sí», el 31,9 %, con 1900 827 votos.

La derrota fue catastrófica, sobre todo porque involucró a los dos partidos principales: los radicales habían pactado las modificaciones que pretendía Cafiero. El menemismo sufrió el golpe, pero sin lágrimas. Era la caída de su adversario, que dejaba vacante el liderazgo de la provincia. El líder más identificado con el «no» fue, en esa consulta, Alberto Albamonte, diputado por la Unión del Centro Democrático (UCD). Un dato que dio en aquel momento para lecturas paranoicas fue la estrecha relación entre Albamonte y Pierri, el presidente de la Cámara. Es obvio que detrás de ellos estaban Menem y, sobre todo, Duhalde. Después de derrotar a Cafiero le quitaban su colina: la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, un resultado como el de aquel 5 de agosto no se podría explicar nunca por movimientos en la superestructura. La economía no salía de la hiperinflación, y el malhumor social se había agravado por una dolorosa peripecia deportiva. El 8 de julio, se jugó la final de la Copa del Mundo de fútbol. Argentina perdió ante Alemania por 1 a 0, debido a un penal cobrado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal. Años más tarde, Codesal defendió su decisión, pero el jugador alemán Lothar Matthäus dijo que no había existido falta alguna de Roberto Sensini contra Rudy Völler.

Duhalde, un paso al frente desde conurbano

En 1991, Duhalde se postuló para la gobernación, pero eligió todo un rodeo para hacerlo. Esperó a que Menem y su equipo, sobre todo Eduardo Menem y Eduardo Bauzá, se lo pidieran. En el modo en que diseñó esa candidatura están las pistas de sus preocupaciones y objetivos. La condición más relevante que planteó Duhalde fue la asignación de un Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Eligió como compañero de fórmula a Rafael Romá, un militante de la renovación cafierista acérrima, de Ramallo, cercano a lo que se denominó el Grupo de los Ocho, formado, entre otros, por Chacho Álvarez y por uno de los hijos del propio Cafiero, Juan Pablo. El candidato quería contener a los cafieristas y, en ese movimiento, diferenciarse de Menem. Para entender mejor el juego, hay que recordar el marco general en el que se produce. Para las elecciones de 1991, no había certeza alguna de que el gobierno convalidaría sus medidas de ajuste. La convertibilidad acababa de ser adoptada después de un programa de grandes recortes fiscales llevado adelante por Erman González. El peronismo entero miraba a Menem como quien mira a un equilibrista en la cuerda floja. Algunos, como los disidentes del Grupo de los Ocho, con ganas de que se cayera. Álvarez y sus diputados fantaseaban con que Cafiero podría encabezar un movimiento de impugnación severa a Menem en caso de que las urnas emitieran algún castigo. Quiere decir que Duhalde, al abrazar al cafierismo, avanzaba en la conquista del peronismo bonaerense, obturaba una posible fuga y se presentaba con un perfil distinto en relación con el riojano. Para retener a los antiguos seguidores de Cafiero, creó la Liga del Peronismo Bonaerense, a cuyo frente puso a Osvaldo Mércuri, amigable rival suyo en Lomas de Zamora y presidente de la Cámara de Diputados durante toda su gestión. El duhaldismo puro se organizó en la Liga Federal, encabezada por Donosornabuco y Pierri.

En la línea de lo que estamos reconstruyendo, es decir, el lento traslado del centro de gravedad de la política al conurbano bonaerense, las elecciones de 1991 ofrecen dos aspectos relevantes. Uno ya fue mencionado: el denominado, en su fórmula simplificada, Fondo del Conurbano. Esa caja de 600 millones de dólares por año era la dimensión material de su autonomía respecto de la Casa Rosada. Indicaba un triunfo más general: era la venganza bonaerense por un siglo de malos tratos de parte de la nación, entendida como mucho más que la administración central: como un sistema interprovincial de dominio del Estado nacional. Duhalde consiguió que las demás provincias le derivaran parte de sus ingresos por ganancias. Muchos gobernadores cambiaron la aprobación de esa cesión por beneficios para sus distritos. Uno muy eficaz fue Néstor Kirchner, quien negoció con el ministro del Interior de entonces, Manzano, que le giraran un fondo especial como parte de un acuerdo extrajudicial que liquidaría un pleito sobre regalías petroleras. Fueron los famosos «fondos de Santa Cruz», nunca registrados en la contabilidad formal de la provincia, que se perdieron de manera nunca aclarada.

Los recursos destinados al conurbano fueron también un tiento utilizado por Duhalde para atar al radicalismo bonaerense a su carro triunfal. No solo la UCR los votó sin pensar en la enorme ventaja política que estaban otorgando a su, en teoría, rival. Durante años, los auditó, con indisimulable complacencia, la Universidad de La Plata, catedral del storanismo.

La carrera interna de Duhalde en 1991 tuvo pocas discusiones. Solo debió hacer frente al desafío de la candidatura de Carlos Brown, alentada por Luis Barrionuevo. Fue una aventura que Barrionuevo emprendió en nombre de Menem, pero, por lo que se veía en el desarrollo de la contienda, a pesar de Menem o ante la indiferencia de Menem. Se podría interpretar que Barrionuevo estaba motivado por un enorme fastidio contra Duhalde, inspirado sobre todo en la frustración de la carrera vicepresidencial de su íntimo amigo Rousselot. Sería un error limitarlo a ese sentimiento personal. El gastronómico, un dotado para entender dónde está el centro en cualquier encrucijada de poder, advirtió desde temprano lo que la historia iría mostrando de manera cada vez más transparente: Duhalde fue el gran error de Menem. No la selección de Duhalde, sino la desaprensión con que el riojano se desentendió del enorme poder que se iría acumulando en el aparato político del Gran Buenos Aires. Menem entronizó a Duhalde en la provincia y nunca más tuvo modo de entrar en ese territorio. Como observa un viejo duhaldista: «Nunca Carlos hizo un acto sin Negro al lado». Ese control del gobernador sobre su feudo se advirtió cada vez que hubo que confeccionar una lista de legisladores nacionales: Duhalde le había asignado a Menem un cupo de dos lugares, que eran cubiertos por amigos suyos carentes de inserción territorial. Menem nunca hizo nada por discutir esa limitación.

Negro, sin artículo, como lo llaman sus amigos y familiares, armaba su imperio también hacia el interior del PJ bonaerense. Uno de esos amigos, que pide no ser identificado, comenta: «Nunca nos dejó crecer. Si uno era leal, te daba todo. Pero apenas veía que te reunías con otro, por ejemplo, en nuestro caso, que éramos intendentes, enseguida venía el castigo. Siempre fue muy celoso de su mando. Respecto de los de afuera, pero también de los de adentro».

Duhalde confió el control del conurbano a otros dos dispositivos. Hacia 1994, creó la red de manzaneras. Eran mujeres que asistían y, a la vez, controlaban parcelas del conurbano bonaerense y que establecían un vínculo con los más necesitados a través del reparto cotidiano de comida. En el centro de esta red, estaba el Plan Vida, que consistía, sobre todo, en el reparto de leche. La compra y distribución de la mercadería corría por cuenta de un emprendimiento privado, a cargo del empresario y antiguo militante peronista Daniel Lalín. La financiación del programa provenía del Ente de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que era la agencia administradora del fondo, para los municipios del conurbano, y el Consejo Provincial de la Mujer, para el resto de la provincia.

Sobre el origen de las manzaneras, existe una simplificación que llegó hasta la estigmatización. Un trabajo de Gisela Zaremberg analiza esa experiencia con mucho detalle.[353] En ella se registran rasgos sobresalientes del duhaldismo. El más obvio, que aparece también en el Fondo del Conurbano, es la exaltación del Gran Buenos Aires como problema. No debería sorprender que sea así: Menem y Duhalde accedieron al poder en el angustiante clima hiperinflacionario con el que se asociaron los saqueos a supermercados, podría decirse, de primera generación. Pero Duhalde tomó por primera vez la tarea, no tanto de resolver, sino de administrar la pobreza, como una señal de identidad de su liderazgo y de su grupo. Hasta ese momento, la acción social era una actividad burocrática o se reducía a las discretas acciones de asistencia que llevaba adelante la ejemplar Ana Goitía, la esposa de Cafiero. Ahora sería el vector dominante de un trabajo sistemático, que encontraba en la pobreza un desafío y, al mismo tiempo, una gran oportunidad política. El peronismo encontró en Duhalde a un líder que no lo vinculaba tanto al sindicalismo, es decir, a los trabajadores organizados, sino a los desocupados y trabajadores informales. Si hay que identificar, en una gran simplificación, quién descubrió el potencial político de esa agenda, cuyo predominio se extiende hasta hoy, la respuesta es: Duhalde.

Hay otro aspecto que tampoco habría que olvidar: frente a la instalación de un programa de reformas promercado como las que llevaba adelante Menem, Duhalde se reservó para sí, con estas iniciativas y el discurso que las envolvía, la bandera de la justicia social. Por supuesto, esa inclinación estuvo impulsada por razones objetivas. Para decir de otro modo lo que ya se dijo: los líderes políticos están condicionados por la economía regional en la que operan. Duhalde no procede de los llanos de La Rioja. Es un caudillo de la tercera sección electoral. Expresa a ese producto bruto. Además de esta determinación del entorno, en la predilección de Duhalde por la asistencia social está la semilla de su diferenciación con Menem. Bastaría que la relación política con el riojano ingresara en un duelo cada vez más agresivo y que la política económica comenzara a mortificar con sus costos sociales para que el estandarte de la diferenciación se convirtiera en otro, de lucha.

En todos los estudios sobre las manzaneras, aparece otra nota llamativa, que es el protagonismo casi excluyente de las mujeres, asociadas a tareas que son la prolongación de la maternidad hacia el espacio colectivo: alimentación, asistencia de la salud, en última instancia, educación. Se trata de un tipo conservador de participación, ajeno a cualquier perspectiva feminista. Al frente de esa red, creada en 1994, estaba, en su rol de esposa y madre, Chiche Duhalde, la primera dama, que encabezaba el Consejo Provincial de la Mujer, convertido más tarde en Consejo Provincial de la Familia y el Desarrollo Humano. Con el paso de los años, ese organismo fue asumiendo competencias de promoción social que estaban distribuidas en distintos ministerios.

La cobertura demográfica del programa también se amplió con extraordinaria velocidad. En 1994, contaba con 62 000 beneficiarios. Un año después, ese número llegaba a los 182 403, repartidos en 297 barrios donde vive la gente más humilde. Para el final del segundo mandato de Duhalde, en 1999, la asistencia llegaba a 1023 340 personas, entre niños, nodrizas y embarazadas. Los barrios ya eran 2041, la gran mayoría del conurbano.

Cada manzanera tenía a su cargo cuatro manzanas, en las que debía entregar los alimentos y recoger demandas y reclamos. Eran voluntarias y solo cobraban el beneficio que repartían. Cada ocho manzanas, se establecía una coordinadora, llamada «comadre». La relación de esas mujeres con la política estaba condicionada por el tipo de territorio en el que se movieran. Si el intendente era un aliado de Duhalde, se integraban al esquema oficial del distrito. En muchos lugares, sin embargo, competían con los punteros, que las veían como una amenaza a su dominio clientelar. En este sentido, inauguraron una fricción que, a partir de 2001, fue mucho más intensa entre punteros y dirigentes sociales.

Esta faceta del programa es muy significativa: con las manzaneras, Duhalde inició un movimiento destinado a arrinconar a las antiguas unidades básicas, ligadas a los caudillos locales, que en general son los intendentes. Zaremberg reproduce este testimonio de una manzanera: «Las unidades básicas nos odian, les sacamos el trabajo… qué querés, que no, que atendela vos… la unidad básica es fría. En cambio acá es más cálido, es como que vas a la casa de tu mamá».[354] Estamos, entonces, ante un tipo de acción política relacionada con la pobreza, alternativa de las tradicionales redes clientelares. Una empresa que precede y, a la vez, previene el surgimiento de los movimientos sociales que se conocerán después de la hecatombe de 2001.

Duhalde inaugura con las Manzaneras una tendencia que profundizarán hasta el escándalo esos movimientos sociales: la de un Estado de terceriza la acción social en personas o grupos que carecen de una representación institucional reconocida.

Otro eje operativo de Duhalde en la formación de su plataforma de poder fue la regularización de la tierra. Se trató de un método de trabajo social, pero también político, que llevó adelante desde la llegada a la intendencia de Lomas de Zamora en 1974. Los planes de regularización de los dominios de tierras ocupadas siguieron durante la gestión posterior a 1983 y alcanzaron dimensión provincial en 1991. En esta tarea, tuvo un rol especial Pierri, desde La Matanza, con un programa llamado «Cada familia en su lote». Alrededor de estos programas, se ha creado una controversia difícil de saldar. Sobre todo, cuando se tiene en cuenta que, al mismo tiempo que se entregaban fracciones de terrenos, el mismo sistema político toleraba las ocupaciones de tierras y, en algunos casos, se asociaba a ellas. Esta es la razón por la cual para muchos críticos del duhaldismo, sobre todo desde las filas opositoras, ocupación y regularización fueron dos aspectos de una misma política destinada a atraer de manera cada vez más desorganizada a nuevos pobladores del conurbano. Elisa Carrió es una de las figuras más severas en la crítica a ese proceso. En julio de 2017, en una sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, manifestó: «Miren, Pierri una vez, y con esto termino, señor presidente, me dijo: “Mire, Elisa, nunca se confunda, nosotros construimos una fábrica de pobres en el conurbano bonaerense para mantener el poder en la Argentina y nos fue bien”».[355] La idea de Pierri, fraseada por Carrió, supone un plan maquiavélico, consistente en producir marginalidad para luego servirse de ella en un emprendimiento político. Es difícil coincidir con esa imagen, pero sí es verdad que las políticas sociales que desarrolló el duhaldismo no tuvieron ningún reparo en crear un polo de atracción que expandiera el conurbano, que es su base de poder.

La hipótesis principal sobre la que Duhalde edificaba su lugar en la política, el punto de fuga de sus principales iniciativas, está fuera de dudas: el control de un entramado de dirigentes, punteros y agentes sociales, centralizado en la cúspide y blindado frente a cualquier avance externo, sería la estructura desde la cual se podría dominar al PJ en toda su extensión. El liderazgo de Duhalde tiene, por lo tanto, un rasgo inédito. A diferencia de Menem, de Alfonsín, del propio Cafiero, él no se concibe, en sentido estricto, como un líder nacional. No aparece en él la vocación ni la necesidad de urdir una red que alcance a toda la Argentina. Nunca se le conoció la inquietud de constituir al «duhaldismo» como fenómeno global. Esa vocación supone otra: la de elaborar una plataforma programática inclusiva de todo el país. La política, en el plano conceptual, también se replegaba sobre la agenda del extenso entramado que rodea a la ciudad de Buenos Aires. El «duhaldismo» sería bonaerense, suburbano, un producto político y estético de la tercera sección electoral. Esa prescindencia de cualquier otro alcance cobijaba la principal novedad: Duhalde aspiraba a imponerse sobre el PJ, y sobre el país, gracias a la gravitación demográfica del Gran Buenos Aires.

De la primacía de esa posición, Duhalde derivaba en aquellos años una pretensión que no tenía reparo alguno en explicitar: la de ser el «candidato natural» del peronismo. A medida que el mandato de Menem se iba consumiendo, él comenzaba a pensar en su candidatura para sucederlo. Las gestiones incluyeron una curiosidad: la aproximación con Domingo Cavallo, que tenía sus propias fantasías en el juego posterior a 1995. Esas ensoñaciones quedaron frustradas por un acontecimiento que determinó el fin de la paz entre Menem y Duhalde: el Pacto de Olivos, que abrió el camino a la reforma de la Constitución y, con ella, a la reelección presidencial.

El menemismo, una banda; el duhaldismo, una organización

El acuerdo entre Menem y Alfonsín tuvo consecuencias importantísimas para toda la historia posterior. Para comprenderlo, hay que tener en cuenta un gran número de factores. Uno de ellos, para nada coyuntural, es que la convergencia para una reforma era parte del programa político de Alfonsín desde hacía muchos años. En su propio gobierno, cuando ya no existía ninguna posibilidad de que ese cambio en las reglas de juego lo beneficiara a él, a comienzos de 1988, impulsó un acuerdo que gestionaron Enrique Nosiglia y su secretario del Interior, Ricardo Gil Lavedra. Esas conversaciones quedaron cifradas en un documento que conserva Gil Lavedra, firmado por quienes intervinieron en ellas: los precandidatos a presidente Antonio Cafiero, Carlos Menem y Eduardo Angeloz. El núcleo de ese programa era el mismo del Pacto de Olivos: reducir el poder presidencial e inducir, por la vía normativa, a la cooperación entre gobierno y oposición. La figura de un primer ministro sería un dispositivo para alcanzar ese objetivo.

La pretensión de reducir el poder del presidente tiene una riqueza extraordinaria. Desde el punto de vista histórico, expresa muy bien la cultura del radicalismo, un partido que nació del enfrentamiento con el poder concentrado del roquismo, fundado por Alem, que terminó su vida con su propia mano, repudiando cualquier flexibilidad que sacara a los radicales de la oposición. Rasgos de un modo de hacer política que son ajenos por completo a los del peronismo, un movimiento fundado, desde el Estado, por un coronel golpista. Es inimaginable un peronista que ceda atribuciones de su jefatura en obsequio a un acuerdo con sus rivales.

En Alfonsín, esa posición derivaba de una creencia muy firme. Apenas llegó al gobierno, creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, para que un grupo de figuras destacadas, casi todas centradas en la actividad teórica, elaborara las reglas del nuevo orden, entre ellas, una reforma de la Constitución. Por las dudas de que esa nave se fuera demasiado lejos, destacó allí a Nosiglia, que debía encargarse de mantenerla atada a tierra.

Lo que era una convicción conceptual se convirtió más adelante en una necesidad práctica. Después de la derrota de 1987, Alfonsín entendió que la única manera de salvar su administración era incorporar a ella al peronismo en la figura de algo parecido a un primer ministro. En su intimidad, pensaba en José Octavio Bordón, por entonces gobernador de Mendoza. La misma idea de rescatar una experiencia que está al borde del naufragio con un acuerdo institucional con la oposición reapareció, como ya se vio, en 2001: aquellas confesiones en la casa de Canata, en las que Duhalde aparece como jefe de Gabinete de De la Rúa, son una variación del mismo tema.

Más allá de esta forma de pensar la dinámica del poder, en 1993 Menem puso a Alfonsín ante una encrucijada desafiante. Tal vez se justifique introducir una experiencia personal. Es el recuerdo de una comida organizada por Julio Ramos en la planta impresora de Ámbito Financiero, en La Boca. Sucedió en el invierno de 1993. Era un asado, y el invitado era Alfonsín, que llegó acompañado por tres dirigentes que habían sido sus ministros: Juan Sourrouille, Aldo Neri y Jesús Rodríguez. Del diario, estábamos Ramos, Roberto García, Ignacio Zuleta y yo. La conversación consistía en una larga entrevista grabada, es decir, destinada a su publicación, pero en la sobremesa se apagó el grabador y Alfonsín habló con más libertad. En ese contexto, le pregunté qué suponía que haría Menem frente a la incógnita de la sucesión. Alfonsín, que tenía en público, y mucho más en privado, posiciones durísimas frente a Menem, dijo algo que me sorprendió, porque me resultó por completo inesperado: «Él va a intentar con su hermano, pero si no le alcanza tratará de ser él. Y nosotros ahí estaremos en un dilema complicado. Porque el menemismo es una banda. Pero el duhaldismo es una organización». Entonces intervino Jesús Rodríguez, quien, con una sonrisa, agregó: «Supongo que entienden a qué se refiere cuando dice organización, ¿verdad?».

Las palabras de Alfonsín de aquella noche son interesantes porque dan vuelta, por lo menos, dos naipes. El primero, que tenía grandes reservas frente a Duhalde, tal vez derivadas de la colonización a la que había sometido al radicalismo bonaerense de Moreau y Storani, además de algún conflicto que afectó actividades de sus hijos en Chascomús. El segundo, que la idea de negociar la reelección no estaba descartada por completo. Esta idea volvió a aparecer más adelante, cuando ya la propuesta de la reforma constitucional había ingresado con fuerza a la agenda pública. El radicalismo discutió el tema en su Convención Nacional, reunida en Parque Norte. El documento final de ese debate contenía una negativa muy firme a habilitar cualquier modificación institucional. Pero en la redacción de ese rechazo había prevalecido, contra la posición intransigente de los seguidores de Fernando de la Rúa y otros líderes del interior, la posición del alfonsinismo, que consistía en enumerar las razones por las cuales el partido debía negarse a cualquier conversación. El custodio de la estrategia de Alfonsín en aquella asamblea fue Raúl Alconada Sempé, un hombre de su más absoluta confianza, acaso el más cercano de todos los dirigentes que lo rodeaban. Esas razones, entre las cuales estaba la composición cesarista de la Corte Suprema, eran, como es obvio, el pliego de condiciones para un acuerdo.

El avance hacia ese acuerdo tuvo tres impulsos principales. El más contundente fue el resultado de las elecciones legislativas del 3 de octubre de aquel año. El menemismo, con su plan de convertibilidad, estaba en su apogeo. Y, más allá de los éxitos que obtuvo en casi todo el país, que le dieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, logró una victoria con impresionante poder simbólico: ganó la Capital Federal con la candidatura del riojano Erman González. En la provincia de Buenos Aires, se impuso el duhaldismo con Alberto Pierri, quien se ubicaba así en la plataforma de lanzamiento para la carrera a la gobernación de 1995. El radicalismo retuvo dos distritos: Córdoba, bajo el liderazgo de Angeloz, y Río Negro, liderado por Horacio Massaccesi. Las de Angeloz y Massaccesi serían, por lo tanto, dos voces muy influyentes en la vida del partido en esos meses.

El delarruísmo, que lideraba la ciudad de Buenos Aires desde 1991, lamentó haber llevado como primera candidata a la escritora Martha Mercader, de familia radical, pero ajena a la política militante. Era un argumento secundario: el impacto de la inesperada victoria de Erman González abrió para Menem una extraordinaria avenida para conseguir la reelección. La presión sobre los radicales para habilitar la reforma se ejerció desde dos ángulos. El más inquietante fue la amenaza de un plebiscito. En el contexto de esa elección legislativa, era una amenaza muy persuasiva, sobre todo para Angeloz y Massaccesi, que habiendo superado la ola menemista de octubre no querían sucumbir esta vez ante las urnas. Desde la Casa Rosada, presionaron con mucha eficacia para convertirlos en discretos abogados de un acuerdo dentro de la UCR.

El otro ángulo de ataque fue la posibilidad de que se reformara la Constitución mediante un proceso inconstitucional. El primero en sufrir esta pesadilla fue Alfonsín. Empezó a experimentarla después de recibir la visita de un habilidosísimo dirigente conservador, diputado por la UCD, Francisco de Durañona y Vedia.[356] En esa conversación reservada, que Durañona encaró por iniciativa del entonces secretario de Legal y Técnica de Menem, Carlos Corach, Alfonsín escuchó una frase que le heló la sangre: «Doctor, quiero advertirle que estoy preocupado, porque esta gente está dispuesta a cualquier cosa».

A los pocos días, se hizo evidente que Durañona formaba parte de «esta gente». Fue cuando presentó un proyecto de ley para interpretar el artículo 30 de la Constitución, que establecía que la declaración de la necesidad de la reforma debía ser aprobada por los dos tercios de cada cámara del Congreso. Durañona pretendía reglamentar esa cláusula aclarando que se trataba de los dos tercios de los presentes en la sesión, no de los miembros de cada cuerpo. Durañona reabría una discusión histórica sobre la interpretación de ese artículo, que devolvía a los radicales a la traumática situación de 1949, cuando, frente a la reforma de Perón, se dividieron en dos alas, la de los duros intransigentes y la de los todavía más duros unionistas.

Alfonsín estaba frente a una escena mortificante: o bien pactaba, o bien el radicalismo debía abstenerse de participar en un proceso irregular y negarse a aceptar todas las derivaciones de ese proceso. Entre ellas, la nueva Constitución y la consecuente reelección presidencial. Para él, representaba el ingreso de la democracia en un callejón sin salida, por la vía de un ataque rarísimo, muy distinto al de las asonadas militares que enfrentó en 1987.

A partir de las elecciones, se produjo una arremetida del peronismo para conseguir la reforma, pero el primer episodio de esa secuencia fue inesperado: el jueves 14 de octubre, Menem debió ser intervenido de urgencia por una obstrucción en la carótida. Fue un momento clave en el proceso de la reforma, porque Alfonsín visitó al presidente en su convalecencia el 15. Alcanzaron los siete minutos de ese encuentro para que Eduardo Menem, que esperaba junto a la cama de su hermano, planteara la conveniencia de aprobar la reforma. Por si no había quedado claro, el lunes siguiente, 18, al regresar a la Casa Rosada, Menem declaró: «Estoy mejor que antes. De ninguna manera voy a abandonar el objetivo de la reelección. Que le permitan al pueblo opinar sobre el tema».

El jueves de esa semana, el 21, el peronismo consiguió aprobar, por los dos tercios del Senado, la Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma. Era una nueva presión sobre los radicales, que tenían la llave de la Cámara de Diputados. De inmediato, el Poder Ejecutivo convocó a un plebiscito no vinculante para el 21 de noviembre.

La conducción del PJ había sido delegada en el vicepresidente primero, el pampeano Rubén Marín, aliado de Menem. Pero, a partir de ese momento, Duhalde se puso al frente del partido en su condición de vicepresidente. El motivo por el cual asumía esa responsabilidad no podía ser más cínico: iniciar gestiones con las demás fuerzas políticas para conseguir la aprobación de la Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma. En esa condición y con ese objetivo, hizo una visita pública y solemne al Comité Nacional de la UCR, donde fue recibido por su presidente, el misionero Losada, y el resto de la conducción. El efecto práctico de esas tratativas era el contrario del que se declamaba: obligaba a los radicales a pronunciarse de nuevo contra un acuerdo.

Alfonsín convocó a un asado en la casa de un amigo de Losada, en Ranelagh. Quería escuchar, de nuevo, las opiniones de los principales dirigentes del partido. El único que tuvo una posición nítida fue De la Rúa: rechazo total a la reforma. Alfonsín no mostró el juego. También estaba en contra, pero no terminaba de definirse por dos motivos evidentes. Al negarse a una modificación que él mismo había auspiciado cinco años atrás, ponía al país al borde de la ruptura institucional. Además, se le dividiría el partido.

En esa instancia, aparecieron dos factores que cambiaron el curso de los acontecimientos. Uno fue un artículo de Pablo Gerchunoff que pronosticaba un deterioro de la convertibilidad para el próximo mandato presidencial. Nosiglia tuvo acceso a ese paper y se convenció de que era mejor facilitar a Menem cuatro años trabajosos que abrir el paso a Duhalde, que en seis años podía revertir la situación y revitalizar al peronismo. El segundo hecho novedoso fue una visita del mendocino Raúl Baglini, presidente del bloque de diputados radicales, a la casa de Alfonsín. Baglini fue directo, casi cruel: «Jefe, vengo a entregarle la llave del bloque. Renuncio. Me los compran a todos». Con radicales ausentes, los dos tercios de los presentes estaban ya al alcance de la mano para Menem.

Alfonsín quedó angustiado. No terminó de convencerse de lo que algunos radicales daban por seguro en aquellos días: que Baglini venía tejiendo un acuerdo sigiloso con su amigo y comprovinciano Eduardo Bauzá, mano derecha del riojano. Cabizbajo, Alfonsín se sentó frente a la máquina de escribir, a garabatear un borrador. Así lo encontró Nosiglia, que le preguntó qué estaba haciendo. «Estoy redactando un borrador de declaración con las condiciones que debería tener un acuerdo para la reforma». Nosiglia: «En vez de anunciar un acuerdo, ¿por qué no hace el acuerdo y se acabó?». Así surgió la idea de una reunión secreta con Menem.

Nosiglia se comunicó con su amigo Barrionuevo, con el que venía conversando sobre la agitación política de aquellos días. Desde hacía un tiempo, Barrionuevo no estaba en las mejores relaciones con Menem. Para contactarlo, buscó a Miguel Ángel Vicco, el exsecretario del presidente. «El Flaco» Vicco le dijo de inmediato: «Venite para acá. Estamos en Palermo». Barrionuevo se dirigió hacia el hipódromo, donde Menem encabezaba una ceremonia oficial. Allí pactó con Vicco un encuentro en Olivos. Al caer la tarde, Barrionuevo fue a la residencia oficial. Lo acompañaba Nosiglia, quien, para no ser visto, se quedó esperando en una estación de servicios de la zona.

Barrionuevo encaró a Menem, a quien hacía tiempo que no veía: «Raúl está. Tenemos que reunirnos mañana a la mañana, porque él a la tarde tiene un acto afuera». Puntilloso como era con los rituales, Menem dudó: «Pero mañana es jueves, tengo reunión de gabinete». Barrionuevo, con la gracia de siempre, respondió: «¿Querés un gabinete más o seis años más?».

La reunión se desarrolló al día siguiente en la casa de Dante Caputo, que estaba ausente, cumpliendo con una misión como presidente de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Chipre. Menem invitó a Barrionuevo y a Bauzá. Cuando ya estaban en Olivos, los consultó: «Deberíamos decirle también a Duhalde, ¿no?». Llamaron a Duhalde para que fuera hasta Olivos, sin decirle el motivo. Duhalde apareció con pantalones cortos y raqueta, creyendo que era para jugar al tenis. Así asistió el gobernador a la reunión con Alfonsín, Nosiglia y Losada, donde se liquidaría su sueño de «candidato natural» para las elecciones de 1995.

La humillación estética hacía juego con la humillación política. Se desvanecía el sueño presidencial de Duhalde de manera tan inesperada para él que no atinó a garantizarse en esa reunión de Olivos, entre medialunas y mates, su propia reelección en la provincia, que requería del apoyo del radicalismo. La política tiene regularidades llamativas. El principal agente de esa frustración, desde el universo peronista, fue Barrionuevo. Era la venganza de la línea Rousselot abortada en 1988. No habría que menospreciar otro «detalle»: Menem tampoco se interesó en incluir la encerrona bonaerense de su antiguo compañero de fórmula en la agenda.

El Pacto de Olivos produjo una transformación de larga duración. Como sucede con las bombas de profundidad, para advertir sus consecuencias es necesario esperar con mucha paciencia. En su esencia, fue una transacción en la que Alfonsín le cambió a Menem poder por tiempo. El presidente tendría habilitada la reelección por un período, pero la duración del mandato se reduciría dos años, de seis a cuatro.

La Casa Rosada ya no podría designar al intendente de la Capital, que comenzaría a cambiar su estatus hacia el de una ciudad autónoma. La elección directa del intendente, llamado después jefe de Gobierno, sería una gran conquista para el radicalismo. En especial para De la Rúa, que era el líder del partido en el distrito y que, gracias a este cambio, alcanzó el gobierno porteño, que lo proyectó hacia la presidencia. De la Rúa, que había demonizado el acuerdo con Menem hasta el punto en que su línea interna, mayoritaria en la Capital, no participó de las elecciones para la Asamblea Constituyente, fue el beneficiario más inmediato de ese entendimiento. César «Chacho» Jarolavsky, fiel a su temperamento, solía describir la actitud de los delarruístas diciendo que «nos acusan de robar la gallina, pero vienen a comer el puchero». Se reitera aquella ley según la cual no puede haber pacto de tres: de nuevo el que pactó, en este caso Alfonsín, perdió. Y De la Rúa, que había impugnado el acuerdo, se quedó con la victoria electoral.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue un activo que duró poco en manos de la UCR. Para algunos dirigentes del distrito, como Nosiglia, De la Rúa cometió un error imperdonable al postular para la jefatura de Gobierno a Aníbal Ibarra en las elecciones de 2000. Para esta visión, se estaba renunciando a una de las grandes conquistas de Alfonsín en la Constituyente de 1994: la consagración de la autonomía porteña con la elección directa del intendente en su centro. Esta reforma, que le daba al radicalismo la posibilidad de controlar en plenitud una nueva «provincia», con independencia de quien ejerciera la Presidencia de la Nación, era sacrificada de manera irresponsable. Para entender este reproche hay que tomar consciencia de que la Constitución reformada en 1994 introducía un cambio de larguísimas consecuencias: establecía un territorio con una agenda propia, con una clase política más potente, y, de ese modo, una plataforma mucho más firme para proyectar a una fuerza política hacia la conducción de la Nación.

Es verdad que el radicalismo, que había renunciado a sus aspiraciones de gobierno en la provincia a partir de 1987, perdió allí una gran plataforma de poder. La llegada de Macri al gobierno porteño terminó de consolidar esa declinación. Es un trauma que opera hasta el presente: los que han auspiciado para 2023 la candidatura de Martín Lousteau sueñan con revertir todo este curso de acción.

El otro dispositivo con el que Alfonsín homenajeaba a su partido era el establecimiento del régimen de ballotage para la elección presidencial. Esa institución puede ser vista como una valla contra el peronismo. Así lo entendió el radical Arturo Mor Roig, ministro del Interior de Alejandro Agustín Lanusse, en su enmienda constitucional de 1972, cuando estableció que para convertirse en presidente el candidato debía superar el 50 % de los votos.[357] En las elecciones del 11 de marzo de 1973, en las que se impuso Héctor J. Cámpora, la juventud coreaba: «Duro, duro, duro / a la segunda vuelta / se la meten en el culo». Así y todo, Cámpora quedó a menos de medio punto de ganar sin ballotage. Ricardo Balbín, que había sacado el 21 % de los votos, reconoció igual la victoria y renunció a seguir con el ritual.

En 1993, los peronistas sabían que el ballotage del 50 % era una barrera demasiado exigente. Es decir, sabían que la mayoría del electorado no era peronista. Solo tres presidentes habían logrado hasta el momento superar la mitad más uno: Yrigoyen, Perón y Alfonsín. Desde entonces, solo Cristina Kirchner consiguió esa hazaña, en 2011. Por eso, la discusión de la fórmula del ballotage fue en 1993 muy específica. Se desarrolló un domingo, pasado el mediodía, en el departamento del empresario Gabriel Romero, en la torre de avenida Alvear y Parera. Romero estuvo siempre muy ligado a Alfonsín y en aquel tiempo era cercano a Bauzá. Al encuentro Alfonsín concurrió acompañado por uno de sus hombres de confianza, el senador Antonio «Pacheco» Berhongaray. Del otro lado de la mesa, se sentaron Eduardo Menem, Bauzá y Corach. La plataforma desde la que negociaron los peronistas fue muy sencilla: la estadística demostraba que el peronismo fluctuaba entre el 42 % y el 45 % de los votos. Se le haría muy difícil el acceso al poder si la barrera a superar era el 50 %. Después de una esgrima verbal que duró poco más de una hora, se llegó a la ecuación vigente en la Constitución: para ser presidente, hay que sacar el 45 % de los votos, o una cantidad que vaya del 40 al 45 %, pero con una ventaja de 10 puntos respecto del segundo.

En el pacto, Alfonsín consiguió el establecimiento del tercer senador para la fuerza que saliera segunda en las elecciones provinciales. Esta innovación fue vista como aberrante por muchos especialistas: los senadores surgirían ahora de elecciones populares, como los diputados, y no serían designados por las legislaturas provinciales. Un recorte importante al poder del peronismo, sobre todo porque se le haría casi imposible controlar los dos tercios de la Cámara Alta, esenciales para, por ejemplo, modificar la composición de la Corte.

La otra reforma relevante era la creación del Consejo de la Magistratura, que limitaría al presidente en la nominación de los jueces y también quitaría al Congreso la capacidad de removerlos, salvo en el caso de los ministros de la Corte. Alfonsín defendió la creación de esta institución por razones teóricas, inspirado sobre todo en el constitucionalismo moderno de Europa, pero también porque suponía que por razones de tradición cultural la UCR conseguiría siempre el apoyo de los colegios de abogados y de los claustros universitarios. La evidencia posterior, sobre todo la de los últimos años, demuestra que estaba en un error. De cualquier manera, este cambio esmeriló todavía más la capacidad del presidente, igual que el establecimiento del Ministerio Público, ya no como dependencia del Poder Ejecutivo, sino como órgano independiente, extrapoder.

En términos institucionales, Menem cedió muchísimo a cambio de cuatro años más. En un encuentro que tuvieron con él durante la Constituyente Augusto Alasino, que era el presidente del bloque del PJ en esa asamblea, y Jorge Yoma, una espada eterna del riojano desde los tiempos en que ejercía la gobernación, el primero le dijo: «Carlos, son demasiadas cosas a cambio de muy poco. Les das un tercio del Senado, los jueces y fiscales, la Ciudad de Buenos Aires, el ballotage…». Menem, como siempre seguro de sí mismo, respondió: «Muchachos, consíganme la lapicera cuatro años más, y yo les voy a demostrar dónde está el poder en la Argentina».

Detrás de esa afirmación había un supuesto: ningún aparato institucional puede neutralizar el poder que da el voto popular. En rigor, el PJ, como fuerza dominante, neutralizó lo que resignó Menem en el Pacto de Olivos por otra vía. Innovaciones cruciales de la reforma fueron solo bocetadas en la Constitución, para que las terminara de regular el Congreso. La realidad ha sido que la Constitución terminó de elaborarse por obra de un poder constituido y, sobre todo, por el peronismo del Senado. La naturaleza del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, del dictado de decretos de necesidad y urgencia o de la autonomía porteña fue modelada por esa fuerza, que domina dicha cámara. Para decirlo con mayor precisión: esas instituciones no terminan de modelarse nunca, ya que el Congreso puede modificarlas en aspectos esenciales. Por lo tanto, la Constitución tiene, en capítulos fundamentales, una plasticidad inconveniente.

Esto quiere decir que Menem cedió bastante al radicalismo y que Alfonsín cedió después bastante al Congreso, dominado en el Senado por el peronismo. ¿Por qué? Porque Alfonsín vivió angustiado cada día que pasó después del Pacto de Olivos por la posibilidad de que Menem lo traicionara. Es decir, que hiciera aprobar la reelección y cerrara la Convención para todo lo demás. Para evitar esa maniobra, que para Alfonsín sería catastrófica, se inventó algo muy heterodoxo, que la tradición atribuye a Enrique Paixao, una figura muy influyente en el entorno jurídico del líder radical. Ese dispositivo fue el Núcleo de Coincidencias Básicas: en la Constituyente, se podría votar a favor o en contra de un paquete indivisible, que contendría los artículos vitales del pacto. La reelección se establecería si se establecía todo lo demás. Aun así, Alfonsín durmió con un ojo abierto durante los meses en que se procesó la reforma, en Santa Fe. Se instaló en el viejo Hotel Castelar, en homenaje a que «era el lugar donde paraba don Arturo [Illia] cuando visitaba la ciudad», y montó guardia allí hasta la última sesión, siempre temiendo una jugada que desbaratara su receloso acuerdo.[358]

En el corazón de esas tribulaciones de Alfonsín estaba Duhalde. El líder radical tenía clarísimo que con el Pacto de Olivos estaba arbitrando en el duelo sucesorio del PJ. Duhalde experimentaba una doble frustración. Le habían arrebatado la candidatura presidencial, y no se aseguró la reforma constitucional bonaerense para postularse de nuevo como gobernador. Esta encerrona condujo a que se convocara a una constituyente en la provincia. Pero en esa asamblea, que comenzó a sesionar nueve días antes que la nacional, el PJ quedó en minoría, frente a la UCR y el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), de Aldo Rico.

Los radicales aliados de Duhalde estaban atrapados. Sobre todo Storani, que se había opuesto con fervor al Pacto de Olivos, no podía aceptar la reelección en la provincia. Aun así, se inició una negociación muy discreta con Duhalde, en una reunión en la quinta Don Tomás, a la que Storani llegó de la mano del diputado provincial peronista Carlos «Laucha» Díaz. Pero, al trascender el encuentro, Storani lo negó. Esa pasable mentira hizo que Duhalde se burlara de él diciendo que «jura que no vino a mi casa; debe haber venido un mellizo».

Con todos los caminos bloqueados, Duhalde decidió presionar a fondo, para desgracia de Alfonsín. La Constituyente nacional se inauguró el 25 de mayo de 1994, en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná. La simbología hacía una mueca: el gobernador de la provincia de Buenos Aires llegaba a ese teatro, que evocaba en su nombre la batalla de Caseros, en condición de víctima.

Horas antes de la ceremonia que abría las sesiones, Duhalde visitó la sede del PJ entrerriano. Antes de ingresar, hizo declaraciones ante la prensa: «De esta Constituyente deben salir también las reelecciones de los gobernadores». Era una amenaza muy concreta: los bonaerenses podrían levantarse y abandonar la asamblea si no se encontraba una solución para su líder.

El problema era más extenso. El anfitrión de la asamblea, en Santa Fe, Carlos Reutemann, tampoco tenía reelección. Su principal asesor jurídico imaginaba alguna solución para esa veda. Por ejemplo, considerar que la posibilidad de postularse para los comicios era un derecho humano. Ese asesor era el intendente de la capital de la provincia y tendría un largo desarrollo profesional en el futuro, que lo llevaría a la Corte Suprema de Justicia. Era Horacio Rosatti.

Más allá de la peripecia de Reutemann, que, fiel a su personalidad, no ponía demasiado énfasis en sus pretensiones, otra vez el gobernador de Buenos Aires quedaba convertido en la figura contradictoria de un acuerdo nacional. La amenaza de Duhalde puso en jaque a Menem. Si aceptaba su planteo, el que se levantaría de la Constituyente sería Alfonsín, con todo el radicalismo detrás. Conscientes de la gravedad de la encrucijada, un grupo de peronistas ligados a Menem se reunió con Duhalde en el Hotel Mayorazgo, que era, sobre la escenográfica barranca del Paraná, la sede de los bonaerenses. Hasta allí fueron Eduardo Menem, Corach, Alasino, Yoma, un hombre clave aunque discreto en aquellas negociaciones: Oraldo Britos, y otra figura de enorme gravitación en el PJ: el pampeano Rubén Marín. Duhalde les repitió lo que había dicho al periodismo, pero ahora con mayor crudeza: «Si la reelección no es para todos, tampoco es para Menem». Su idea era introducir en la Constitución una cláusula transitoria que obligara a revisar los textos provinciales.

La presión llegó a tal punto que fue necesario un viaje a Buenos Aires para hablar con Menem. La reunión se realizó en la Casa Rosada, con Duhalde, Alasino, Britos, Yoma y Marín, que volaron en el Tango 01. Cuando se expuso el problema, Menem hizo una profesión de altruismo y sentido comunitario del poder: «Muchachos, yo llegué hasta acá con mis compañeros, gracias a mis compañeros. No tengo ningún interés en seguir si no es con ellos. Así que tiene razón Eduardo. O hay reelección para todos, o no la quiero para mí».

El encuentro terminó con un aire de desconcierto, que se disipó minutos después, cuando Ramón Hernández, el secretario del presidente, convocó a Alasino y Yoma para que se vieran de nuevo con «el Jefe». Menem los recibió y les aclaró: «No me van a tomar en serio, ¿no? Ustedes están allá para defenderme a mí».

El problema de la reelección provincial de Duhalde se había convertido, a partir de allí, en un problema de los menemistas, que decidieron avanzar sobre Rico. Yoma lo invitó al departamento que alquilaba sobre el bulevar Pellegrini, a pocas cuadras del Paraninfo, la sede de la Universidad del Litoral, donde sesionaba la Constituyente. Cuando el antiguo coronel carapintada llegó, ya estaban Brito y Alasino. La esposa de Yoma, Mariel, recibió al militar con su cordialidad habitual, ofreciéndole un café, pero Rico, fiel a sus costumbres, refunfuñó: «Yo acá vine a comer». Pizzas para todos.

Los peronistas se encontraron con un dirigente preocupado porque ya había dicho en público que se oponía a la reelección. Era un problema, no solo porque no era una posición definitiva, sino además, sobre todo, porque Duhalde tenía una enorme popularidad en la provincia. Alasino y Britos le mostraron una puerta de escape: que aceptara la modificación siempre y cuando un referéndum aprobara el nuevo texto. Era inclinarse ante el pueblo, no ante Duhalde. Rico aceptó. Horas más tarde, fue recibido por Alberto Pierri, vicepresidente de la Constituyente y alter ego de Duhalde, en su suite del Mayorazgo. Allí terminaron de acordarse los detalles. Cuando Ámbito Financiero dio la primicia, fue con un título malicioso: «Se cerró el Pacto de La Plata (ciudad)».

Al despejarse el problema de la reelección provincial, la dificultad más importante que había enfrentado la Constituyente se terminó de disolver. En una especie de mueca o de parodia de aquel discurso inaugural de Roca, la nación volvía a constituirse o a reconstituirse en relación con una amenaza bonaerense.

Entre todas las reformas, hubo una a la que se le atribuye haber ocasionado un cambio estructural en la distribución del poder: la eliminación del Colegio Electoral para la elección de la fórmula presidencial y de los senadores porteño. El argumento habitual sostiene que con esa supresión se sacrificó el equilibrio territorial, en favor del conurbano. Es decir, se votaba por un número de electores igual al duplo de senadores y diputados de cada distrito. Esa composición podía hacer que pusieran el mando fuera a manos de alguien que no había ganado por el voto popular, como sucedió en cinco oportunidades en los Estados Unidos. También podrían existir acuerdos que contrariaran la voluntad del pueblo en las urnas. Esas eventualidades estaban supuestas en la ideología del Colegio Electoral, una institución pensada para que las élites pudieran corregir a las mayorías populares.

Hay quienes sostienen que, descartado el Colegio Electoral en la reforma de 1994, se le dio un poder extraordinario a Buenos Aires, en especial a su conurbano, que ahora carece de cualquier límite a su enorme peso demográfico. Es un razonamiento teórico. En la práctica, sería imposible desde el punto de vista político que un grupo federal de dirigentes, en su mayoría desconocidos, modifique lo que los ciudadanos eligieron en las urnas. Y lo sería mucho más después de 1989, cuando una componenda entre el PJ de la Capital Federal y la UCD, que había postulado a María Julia Alsogaray, eligió como senador a Eduardo Vaca en detrimento de Fernando de la Rúa, que había sido el más votado. Esa alquimia invistió a De la Rúa con la condición de víctima, a partir de la cual él se potenció en los años siguientes como líder porteño. Esa alquimia, además, inauguró las nupcias del PJ con los Alsogaray. Es un pormenor histórico a tener en cuenta: la asociación con esa familia no fue una operación exclusiva de Menem, inspirada en cuestiones ideológicas. Vaca, que no solo no era menemista sino que además se mantuvo en una posición de pasable resistencia a Menem mientras estuvo en el Senado, dio el primer paso hacia una sociedad que para muchos era por completo inesperada. En definitiva: la tesis de que el poder electoral del conurbano deriva, desde el punto de vista institucional, de la eliminación del Colegio Electoral puede tener algún sentido aritmético, pero carece de verosimilitud política.

Más allá de la peripecia institucional, el Pacto de Olivos terminó con la alianza entre Menem y Duhalde e inauguró para el primero, con una profundidad antes desconocida, el problema bonaerense. Esa ruptura establece un hilo histórico con la crisis de 2001, porque uno de los argumentos del entredicho fue la política económica: el programa de convertibilidad. Con un rasgo paradójico: la batalla se desató una vez que Cavallo dejó el gabinete.

Duhalde y Cavallo integraron una alianza política en múltiples niveles. Ese acuerdo se fue profundizando en una dirección antimenemista. Es verdad que Duhalde siempre tuvo reparos con el programa económico de Cavallo. O, para decirlo con mayor precisión, Duhalde tuvo reparos con el programa de Cavallo en la medida en que los ajustes que exigía terminarían imponiendo recortes a la provincia. Tanto en el antiguo entorno de Menem como en el de Duhalde, recuerdan una visita del gobernador al presidente para advertirle que él no aceptaría que le impusieran decisiones de austeridad, en especial privatizaciones. «Si me quieren obligar, se van a encontrar con los votos de los diputados bonaerenses en contra. No solo los peronistas. También los radicales», adelantó Duhalde en esa charla, ocurrida a mediados de 1996. Interesantísimo anticipo de lo que ocurriría cinco años más tarde, cuando ese acuerdo se volvió operativo, en un frente de Duhalde y Alfonsín contra un Cavallo, que ya era ministro de De la Rúa.

La prueba de que el entendimiento con Cavallo era independiente de la posición de Duhalde frente a la convertibilidad fue que el jefe bonaerense le entregó al ministro el control del Banco Provincia, que es el corazón de la autonomía económica del distrito, como se demuestra desde Carlos Pellegrini en adelante. Allí fueron el cordobés Carlos Sánchez y un cavallista ortodoxo, a manejar las empresas de la entidad: Alberto Fernández, que extendió a todo el Grupo Bapro los conocimientos adquiridos en materia de seguros como superintendente del área, con Menem.

El nexo Duhalde-Cavallo quedó demostrado en una anécdota que echa luz sobre otros túneles que perduraron varios años. El episodio vuelve a mostrar la astucia del riojano. La escena es la Casa Rosada. Esa mañana, la tapa de Página 12 informaba sobre una reunión de Cavallo con el más acérrimo opositor a Menem: Chacho Álvarez. El líder del FREPASO informó al diario el contenido de la reunión: la penetración de Alfredo Yabrán en el gobierno. «Cavallo me dijo que, si no fuera por él, Argentina sería Colombia», reveló. La afinidad entre estos contertulios se prolongó en el tiempo: como ya se consignó, cuando en marzo de 2001 De la Rúa invitó a Cavallo a hacerse cargo del ministerio, el economista pidió que Álvarez fuera incorporado como jefe de Gabinete.

Volvamos a Menem. Estaba enardecido. Y sus principales colaboradores le plantearon la urgencia de expulsarlo del gabinete. Cavallo estaba en llamas por las acusaciones contra sus hombres en el Banco Nación, en especial contra Aldo Dadone, el presidente, por el escandaloso contrato con IBM para la informatización de la entidad. Y contestaba pegando sobre las supuestas complicidades de Menem con Yabrán, a quien había denunciado en televisión como «jefe de una mafia enquistada en el poder». Fue en el programa de Mariano Grondona, en el que irrumpió siguiendo sus impulsos, esta vez estimulados por dos gobernadores que miraban con él Hora clave en el subsuelo del tradicional restaurante Clarks, de la calle Sarmiento. Esos dos gobernadores que, tal vez para divertirse, tal vez para ganarse la simpatía de un ministro decisivo para ellos, dieron cuerda a Cavallo eran el pampeano Rubén Marín y el santacruceño Néstor Kirchner.

La agresividad aumentaba. Menem se encontró con un equipo que le exigió expulsar a su ministro estrella, pero no quería hacerlo. Sobre todo, no quería que le impusieran una decisión. ¿Cómo la evitó? Pidió un momento para comunicarle todo a Duhalde, a sabiendas de que este frustraría la operación, por sus afinidades con Cavallo. Así fue: minutos después de haber «consultado» a Duhalde sobre el problema, la noticia de la reunión que ocurría en la presidencia estaba en los medios de comunicación.

A Cavallo le pidieron la renuncia un año más tarde, el 27 de julio de 1996. Una de las consecuencias de su alejamiento fue que liberó a Duhalde y a otros aliados suyos para enfrentar a Menem y su política económica. La manifestación más contundente de ruptura se produjo diez días más tarde: el 7 de agosto, día de san Cayetano, patrono de los que piden trabajo, la CGT lanzó un fuerte paro contra Menem. El secretario general era Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA): un aliado de Cavallo y, en especial, de Duhalde, que era el mayor promotor de la obra pública en aquel tiempo. La consigna de esa medida de fuerza fue: «Paremos la mano». Era la escenificación de un discurso crítico de la convertibilidad con el que Duhalde organizaría su carrera hasta voltear ese régimen.

Cabezas: el divorcio final entre Menem y Duhalde

La salida de Cavallo, entre sus múltiples efectos, liberó a Duhalde de los compromisos que mantenía con aquel, que seguía administrando con su gente el Banco Provincia. Fue el punto de partida, además, hacia una especie de transversalidad antimenemista que se iría agudizando y ampliando con el tiempo. Esa convergencia se aceleraría con un acontecimiento que convertiría en enemistad lo que hasta entonces era rivalidad entre Menem y Duhalde. El 25 de enero de 1997, dentro de un Ford Fiesta blanco, apareció carbonizado, con las manos en la espalda sujetadas por esposas y dos tiros en la nuca el fotógrafo de la editorial Perfil José Luis Cabezas. Fue a 15 kilómetros de Pinamar, en el camino que conduce a Madariaga. En esos días, Duhalde veraneaba en el balneario.

Quienes rodeaban al gobernador en aquellos momentos recuerdan que entró en un estado de desesperación. No sabía si estaba ante una trama policial o si en el crimen tenía que ver Alfredo Yabrán. El nombre del empresario de correos estaba hasta ese entonces unido a Cabezas por un episodio ocurrido en 1996: el fotógrafo lo había retratado en la playa, caminando con su mujer. Yabrán, de quien la revista Noticias ya había publicado una foto, era muy celoso de su anonimato. Tanto que le había dicho a Héctor D’Amico, por entonces secretario de redacción de Noticias, que «sacarme una foto es como pegarme un tiro en la frente». Esa frase fue un insumo crucial de la narración del crimen, porque servía de hipótesis, al menos literaria, para llegar a una autoría que era muy borrosa.

¿La Policía bonaerense? ¿Yabrán? ¿Desde qué inframundo le «tiraron un muerto» a Duhalde, como él decía? Los primeros días posteriores al bestial asesinato, el gobernador no podía dormir. Tomaba sedantes y los mezclaba con alcohol. Temía por su familia, a la que pensó en algún momento mandar por un tiempo a Miramar. En Pinamar, se cursaba ese verano una feroz pelea policial. El comisario, Alberto Gómez, era desafiado por un subordinado que, al parecer, quería su puesto: Gustavo Prellezo, el jefe del destacamento de Valeria del Mar. Pinamar y Valeria están separados por 5 kilómetros. En aquellos días, Gómez estaba enojadísimo: una banda que él no podía detectar cometía secuestros exprés en su jurisdicción, desvalijando casas con sus dueños o inquilinos adentro. Cabezas había ilustrado una nota de su compañero Gabriel Michi, con una entrevista a Gómez. Es posible que, con indicios aportados por el comisario, que se sentía sometido al desprestigio de una Pinamar asolada por una gavilla fuera de control, cronista y fotógrafo estuvieran cerca de identificar a los pillos que operaban al servicio de Prellezo.[359] Por eso, Duhalde pensó que detrás de ese crimen tan brutal podía estar la policía.

La figura de Yabrán, de todos modos, sobrevolaba como hipótesis, sobre todo después de que se descubrió que Prellezo tenía una tarjeta suya autografiada y de que aparecieran numerosas llamadas telefónicas entre Prellezo y el jefe de Seguridad del empresario, Gregorio Ríos, incluso la madrugada del crimen. Con esos indicios, Duhalde comenzó a convencerse de que Yabrán tenía que ver con el asunto, y Yabrán lo llevaba a Menem. De repente, la interna sucesoria del peronismo estaba atravesada por un asesinato que enardeció al país y, sobre todo, a la prensa.

Yabrán comenzó a quedar contra las cuerdas. Duhalde sugería que era el responsable de esa muerte. Otros actores alentaban esta hipótesis por razones inconfesables. En ese momento, Yabrán tenía un poder inconmensurable en el gabinete de Menem. Se había convertido en el operador oculto de los grandes negocios que se discutían en el segundo mandato del riojano. Sobre todo tres: la privatización de los aeropuertos, la privatización del correo y la concesión de la confección del documento nacional de identidad (DNI). En estas dos últimas operaciones, el empresario tenía una participación más o menos visible, detrás de Franco Macri, con quien había establecido una poderosa alianza. El crimen de Cabezas sirvió como munición pesada en una guerra en la que había, sobre todo, un actor principal: el grupo Siemens, aliado al Ministerio del Interior, donde Carlos Corach organizaba la licitación.[360]

La embestida de Duhalde contra Yabrán fue cada vez más agresiva. No sirvieron algunos mediadores para aplacarla. Entre ellos, estuvo Juan José «Chicho» Pardo, dueño del Banco Mariva y uno de los mejores amigos de Duhalde, que tenía relaciones con Yabrán por motivos comerciales. Otro amigo íntimo del entonces gobernador, que no quiere quedar ligado al tema, comenta: «Negro estaba convencido de que el culpable de la muerte de Cabezas era Yabrán. Hasta que aparecieron los Horneros y ahí cambió de parecer. Pero ya era imposible bajarse de esa tesis».

Los Horneros eran los integrantes de la banda que trabajaba para Prellezo. Se los acercó a Duhalde un gran puntero de la política platense, Carlos Martínez, jefe del PJ en el barrio de Los Hornos, donde vivían y donde habían obtenido su apodo los asesinos. Duhalde mismo interrogó a esos malvivientes. Varios de sus amigos recuerdan ahora que se tranquilizó al verificar que Yabrán no había intervenido en el asesinato, aunque nunca quedó claro, para nadie, el papel de su jefe de Seguridad, Ríos. La versión más extendida del crimen es que Ríos actuó por su cuenta, en la suposición de que halagaría a su patrón haciéndole pegar un susto al fotógrafo que lo había incomodado. Y para eso usó a la banda de Prellezo, que era un contacto policial suyo en Pinamar. Cómo se pasó del susto a la barbarie es una incógnita que nadie puede todavía despejar.[361]

Los enigmas policiales no deben distraernos de la rueda política que siguió moviéndose, impulsada por la muerte de Cabezas. En el centro de la investigación, con un gran despliegue mediático, quedó instalado un comisario: Víctor Fogelman. Se hizo famoso por el uso de un programa que para entonces parecía prodigioso: el Excalibur. No era otra cosa que un procesador que cruzaba llamadas telefónicas. Desde la oficina de Fogelman, se filtraban con buen ritmo mediático, y con indisimulable orientación política, datos sobre contactos que permitían alcanzar dos objetivos. Uno, demostrar que las denuncias de Cavallo sobre las empresas que eran de Yabrán pero que este no reconocía como propias eran verdaderas. Dos, poner en evidencia las relaciones entre Yabrán y funcionarios de Menem. El punto de ebullición llegó el día en que el Excalibur reveló llamadas desde el teléfono del empresario acusado a la persona más cercana al presidente: Ramón Hernández, su secretario privado, su sombra.

Ese día, Menem convocó a Carlos Corach. Era el interlocutor habitual de Duhalde, aun en la tormenta. El riojano lo instruyó para que visitara al gobernador con un mensaje breve: «Decile que a partir de ahora se olvide de ser presidente de la nación». Corach se sobrepuso a la incomodidad, localizó a Duhalde en su eterno refugio del San Juan Tenis Club y le transmitió el recado. La fractura que produjo la muerte de Cabezas terminó con la relación entre Menem y Duhalde. Daniel «Chicho» Basile, dirigente de la provincia de Buenos Aires que fue diputado provincial y tuvo distintas responsabilidades al lado de Duhalde, seguía cultivando a Menem a pesar del distanciamiento. Un día, se despidió del riojano comentándole que estaba yendo a ver a Duhalde. Menem le dijo, parco: «Decile que yo lloré cuando murió Yabrán». Basile lo hizo. Y Duhalde le contestó: «Decile que yo lloré cuando murió Cabezas».[362] Yabrán se suicidó en uno de sus campos el 20 de mayo de 1998. La teoría convencional sobre el crimen de Cabezas fue que el encargado de su seguridad, un suboficial retirado del Ejército, Gregorio Ríos, patrocinó a Prellezo para lograr lo que, según él suponía, podía alegrar a su jefe. Ese caso policial codificó la ruptura definitiva de Menem y Duhalde. El riojano comenzaría a chocar con el límite bonaerense para su proyecto de poder.

Para 1998, el escenario había sufrido para Duhalde una notoria modificación. En 1997, él había postulado a su esposa, Chiche, para encabezar la lista de diputados bonaerenses del PJ. La candidatura era la señal de un repliegue del gobernador sobre sí mismo. Ese año se quebró su histórica relación con Alberto Pierri, quien se consideraba en la línea sucesoria antes de estarlo. Tenía derecho: reinaba en La Matanza, había sido un socio indispensable de Duhalde y, en 1993, había demostrado superar a la UCR en la disputa por la Cámara de Diputados. Duhalde comenzaba a dejar claro que no cedería su feudo. Más allá de las formalidades de un movimiento colectivo, organizado en «ligas», su poder era un patrimonio familiar. Pierri lo entendió clarísimo y buscó una aproximación con Menem.

Enfrente de Duhalde, el ascendente FREPASO lanzó a Graciela Fernández Meijide. Por la UCR, el candidato era Raúl Alfonsín. El expresidente sintió que le faltaba oxígeno para esa carrera. Saldría tercero. Al advertir ese riesgo, dio un giro: aprovechó un encuentro fortuito en un programa de televisión del canal de noticias TN con Chacho Álvarez y le propuso hablar de una asociación. Así nació la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Meijide se impuso sobre Chiche por 469 465 votos. El resultado fue de 44,28 % contra 41,44 por ciento. En aquel momento, Pierri festejaba la derrota de la esposa de su antiguo amigo, con un argumento contrafáctico. Sostenía que la Alianza bajo la cual quedó aplastado había sido una creación involuntaria de Duhalde. «Pusiste a Chiche. Demostraste que pondrías todo. Que querías aplastarlos. Arrinconados contra la ventana, antes de caer, se unieron», le explicó al gobernador.

Se podrían hacer muchas observaciones sobre el éxito de Meijide, que ya se había convertido en una estrella. Pero vamos a detenernos en tres detalles. Primero: en su caso, se verifica el traslado de una figura de la Capital Federal a la provincia. Fue visto con naturalidad. Nada que deba asombrar: desde el punto de vista sociológico, existe una continuidad bastante obvia entre la ciudad y el primer cordón del conurbano. Un rasgo de esa continuidad es el acceso a la misma oferta mediática, siempre crucial, pero más crucial todavía en el despliegue de fuerzas no peronistas, ligadas a los sectores medios y carentes de redes clientelares. Siguen resonando las lejanas profecías de Alem: la mutilación de Buenos Aires no solo la dejará desprovista de una capital. Con la capital, perderá su agenda pública. O puesto de otro modo: en términos culturales, lo que incluye a la política, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la capital de la provincia. Meijide se desplaza en este continuum, como lo harían después Ruckauf, Solá, Scioli, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof o Diego Santilli.

El segundo detalle es que con el triunfo de Meijide se produjo una oleada. Es decir, un fenómeno generalizado de opinión pública, capaz de arrasar con los vínculos de poder locales. Hay que detenerse en este movimiento, que se volvería muy importante dos años después, cuando la misma Meijide competiría por la gobernación: gracias a él, quedaron instalados en plazas del conurbano casi siempre administradas por peronistas varios intendentes de otro signo político. Radicales como Fernando Geronés en Quilmes, o Ricardos Ivoskus en San Martín; o dirigentes del FREPASO como Martín Sabbatella, en Morón; Oscar Laborde, en Avellaneda; o Edgardo Di Dio en la Lomas de Zamora duhaldista. El cambio de signo político pone en tela de juicio la invulnerabilidad electoral en el nexo entre los caudillos locales y sus comunidades.

La candidatura de Meijide, sostenida por la Alianza, constituyó para Duhalde un desafío cuyas consecuencias tendrían un larguísimo alcance. Lo obligó a competir contra una formación política de centro-izquierda y, por lo tanto, a intentar correrse hacia ese campo. Agigantar la distancia con Menem fue uno de los recursos de esa reorientación. El caso Cabezas prestó un servicio inigualable, porque le dio la posibilidad de conectar con banderas, como la de la libertad de prensa, que no estaban en su inventario de valores. El enfrentamiento con Yabrán, que se fue recalentando al mismo tiempo en que se intensificaba la campaña electoral, era un auxilio en este esfuerzo, inclusive porque lo asociaba con figuras del FREPASO que se habían convertido en fiscales políticos del empresario. Además, Yabrán era un imputado ideal para desplazar de los medios, y también del expediente, a otro actor que presentaba indicios muy elocuentes de proximidad con el asesinato del periodista: la «maldita policía» con la que Duhalde estuvo siempre tan identificado, en especial desde que la calificó como «la mejor policía del mundo».

Esta reorientación de las velas se proyectaría un año más tarde sobre la vida interna del PJ. Duhalde comenzó una aproximación a los Kirchner, con quienes integró el Grupo Calafate. En ese grupo convergieron figuras de distinta procedencia y orientación: José Octavio Bordón y Mario Cámpora, Jorge Argüello, Julio Bárbaro, Miguel Bonasso, Juan Carlos Cernadas Lamadrid, Ignacio Chojo Ortiz, Jorge Coscia, Carlos Cruz, Dante Dovena, Alberto Fernández, Aníbal Franco, Alberto Iribarne, Norberto Ivancich, Ana Jaramillo, Carlos Kunkel, Francisco Larcher, Norberto Liwsky, Juan Pablo Lolhé, Antonio López Crespo, Graciela Maturo, Carlos Mundt, Heriberto Muraro, Oscar Parrilli, Héctor Recalde, Esteban Righi, José Salvini, Miguel Talento, Carlos Tomada, Eduardo Valdés y Ernesto Villanueva.

Fue un experimento efímero, animado sobre todo por los que querían tener un escenario en el cual participar del proceso político, más que por los líderes. Entre ellos, Julio Bárbaro y un incipiente Alberto Fernández. A Kirchner, ese ensayo le permitía avanzar en lo que se había propuesto desde la Constituyente de Santa Fe: nacionalizar su figura. Cristina, su esposa, se aproximaba a algunas caras más o menos intelectualizadas del peronismo. Duhalde tenía otro objetivo: dotar a su personalidad pública de un matiz menos territorial, algún sesgo hacia la izquierda que le permitiera competir con mejores chances frente a la Alianza, que se presentaba como una fuerza progresista. Más allá de estas evidencias, el intento de constituir una corriente común es el primer antecedente de un acercamiento Duhalde-Kirchner.

El grupo fue, además, la tentativa de formar un bloque antimenemista dentro del peronismo. Así convergían Duhalde, los Kirchner y, como un fantasma desencarnado, Cavallo, representado en esa colección de dirigentes por Alberto Fernández. Ese enfrentamiento entre Menem y Duhalde, que comenzó a germinar en la casa de Dante Caputo durante el Pacto de Olivos, rigió el juego político por casi una década. Su productividad, por la vía negativa, fue asombrosa. Para impedir un triunfo de Duhalde, Menem dio el empujón final que De la Rúa necesitaba para convertirse en presidente. Para impedir un triunfo de Menem, Duhalde produjo un experimento mucho más inesperado: hizo presidente a Néstor Kirchner. En los avatares de este conflicto, la sociedad fue advirtiendo con claridad creciente las posibilidades y los límites de un poder que se construye sobre el conurbano bonaerense.

El choque entre Menem y Duhalde terminó en una esgrima institucional. El riojano volvió a desafiar a su antiguo compañero de fórmula intentando una nueva postulación, a todas luces inconstitucional. El entredicho adquirió rasgos enloquecidos. Menem intentó, por vía de De la Sota, una convalidación de la justicia federal de Córdoba. Conviene anotar un pormenor que aparece una y otra vez para ilustrar una inercia: De la Sota, igual que Juan Carlos Romero y Ramón Puerta, eran los principales auspiciantes de la candidatura de Menem a otra reelección. ¿Lo hacían para beneficiarse en términos fiscales de una alianza con la administración central? ¿Había, en el caso de Romero y Puerta, una afinidad más extensa, de la que participaban, como ya dijimos, empresarios muy ligados a Menem, como Jorge Brito? También. Pero además de estos factores es evidente una resistencia a la «candidatura natural», como él la llamaba, de Duhalde. A la luz de estas evidencias, cobra una relevancia más intensa el papel de Romero y Puerta en el encumbramiento de Rodríguez Saá como presidente interino y, sobre todo, como valla en el camino del senador Duhalde hacia la presidencia en la gran crisis de diciembre de 2001. Romero y Puerta, como Rodríguez Saá y Marín, expresan la resistencia del interior a un acoplamiento del poder de Buenos Aires con el poder de la nación.

El juez federal con competencia electoral Ricardo Bustos Fierro, sin habilitar a Menem para una candidatura presidencial, lo autorizó para postularse como precandidato en las internas del PJ. Duhalde amenazó con convocar a un plebiscito bonaerense, para repudiar lo que denunciaba como una violación de la Constitución. Es interesante detenerse en este duelo. El gobernador de Buenos Aires cortaba el paso del proyecto de continuidad presidencial oponiéndole la fuerza del conurbano. Duhalde demostraba haber descubierto el potencial político de esa región. El menemismo, con todo lo que significaba en ese momento, en especial por su proyecto económico, tropezaba con el aparato peronista del Gran Buenos Aires, constituido en un actor político determinante. Era el vuelto tardío al Pacto de Olivos. Sometido a esa presión, y sobre todo a la de sus principales colaboradores, a la cabeza de los cuales estaba el ministro del Interior Corach, Menem desistió de esa aventura.

Se puede hacer otra lectura, complementaria, de ese duelo. Duhalde sabía que, si se la consultaba, la ciudadanía rechazaría la reelección de Menem. El ajuste que imponía el agotamiento de la convertibilidad encontraba un limite en la provincia de Buenos Aires. En especial, en su conurbano. Es un fenómeno interesantísimo, porque el tipo de cambio fijo, el «uno a uno» seguía ejerciendo su encanto como principio de orden post-hiperinflacionario, como lo demostraría un poco más tarde el triunfo de De la Rúa, abrazado a las consignas de la economía menemista. Los costos sociales de ese talismán parecían caminar por otro lado.

El corte de ruta contra la nueva reelección era más que el levantamiento del gobernador contra el Presidente. También constituía un veto tácito, impersonal, de una economía regional a un programa económico que había ido más allá de los límites que el cuerpo social estaba, en especial en esa región, dispuesto a tolerar. Duhalde, como caudillo de esa geografía, había cumplido el rol de subordinar a la expresión geográfica de una economía ya extenuada, a las exigencias de una modernización ortodoxa. Pero cuando los rigores de esa modernización se hicieron agobiantes, fue el encargado de marcarle un fin. La escena se puede mirar también con el foco puesto en Menem. El riojano mostró, como líder, un límite peligrosísimo: no contó con toda la sensibilidad necesaria para saber hasta dónde sus antiguos votantes estaban dispuestos a acompañarlo. El «síganme» de 1988 no ejercía la misma seducción, no despertaba ya la misma confianza.

Vale la pena deternerse en este juego. No será la última vez que un proceso de ajuste encuentra su límite en la conformación socioeconómica del conurbano bonaerense. Ese sujeto tiene poder de veto sobre la supervivencia de un proyecto de reformas. Pero carece, por sus propias dificultades de supervivencia, de la capacidad para formular un proyecto alternativo. Este es el gran dilema material de la Argentina, vista desde los bordes de la ciudad de Buenos Aires.

El de Menem fue, como dijimos, un desistimiento. No un acuerdo. Corach intentó reconciliar a Menem y Duhalde. Hubo, inclusive, una reunión entre ambos que no sirvió de nada. En adelante, la tarea del riojano fue concentrarse en una reivindicación de su gestión a través de la campaña publicitaria «Menem lo hizo». Duhalde estaba atrapado en una maniobra imposible: debía ser el rostro de un oficialismo con el que estaba en conflicto, un oficialismo que lo repudiaba. Su marketing se veía interferido por las apariciones sistemáticas de funcionarios con pésima imagen, como el interventor del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Héctor Alderete, o la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Duhalde entendía, con razón o sin ella, que esas irrupciones eran inducidas por Menem. Es decir, que Menem administraba su poder tóxico durante la campaña.

El gobernador intentó compensar sus deficiencias políticas con tecnología electoral. Contrató a James Carville, que llegó de la mano de James Cheek, el embajador de los Estados Unidos. Carville había sido uno los ideólogos de campaña de Bill Clinton; el autor de la consigna: «Es la economía, estúpido». La contratación de Carville fue muy adecuada, porque De la Rúa contaba con el consultor rival: Dick Morris, acercado por un colombiano con infinitas relaciones políticas en los Estados Unidos y en la Argentina: el petrolero y productor cinematográfico Jorge Estrada Mora. Carville ofreció a Duhalde dos consejos, si se quiere contradictorios. Primero: reconciliarse con Menem. «Es imposible ganar si estás peleado con un presidente que es de tu propio partido», le dijo. No hacía falta buscar a Carville para entenderlo. Cuando le recomendó encontrarse con Menem, Corach le sugirió a Duhalde: «Podés ganar con Menem o sin Menem. Pero nunca contra Menem».

El otro consejo de Carville era contradictorio con el anterior: tenés que incorporar a tu campaña el tema de la corrupción. Solá lo cuenta así: «Dijo que había un único tema dominante en el país, que definiría el triunfo: la corrupción. Se desató entonces una discusión sobre la importancia de la economía y la decadencia del uno a uno; se dijo que los medios querían imponer el tema ético. Hubo argumentos encontrados, hasta discusiones fuertes». Carville no consiguió persuadir a Duhalde, que intentaba convencerlo de que las cosas son a veces grises. El consultor terminó la discusión: «No, señor. Le cobro mis viáticos y me retiro. No puedo trabajar con alguien si no está convencido de mi propuesta. Su campaña será confusa y perderá».[363]

En reemplazo de Carville, y por consejo de José Manuel de la Sota, Duhalde convocó al brasileño Eduardo «Duda» Mendonça, que instaló un equipo tumultuoso y costosísimo en una casona de Belgrano, para rescatar un proyecto que, seis meses antes de las elecciones, ya había naufragado. La incorporación de Duda Mendonça fue la razón o la coartada por la que Kirchner se apartó de Duhalde, al lado de quien había oficiado hasta entonces el rol de una especie de puente federal. Kirchner se distanció del equipo de campaña, pero, sobre todo, de la suerte del bonaerense. Convocó a elecciones anticipadas en Santa Cruz. Se celebraron el 23 de mayo, seis meses antes de las presidenciales, y ganó por el 54,59 % por sobre el candidato radical, Alfredo Martínez, que obtuvo el 33,3 por ciento.

Las elecciones del 24 de octubre de 1999 llevaron al triunfo a la fórmula De la Rúa-Álvarez, que obtuvo el 48,37 % con 9167 220 votos, contra Duhalde-Ortega, que con 7255 586 votos sacó el 38,27 %. Es decir, De la Rúa superó a Duhalde por 10 puntos, aun con la desventaja de que en esos comicios compitió Domingo Cavallo, asociado a Armando Caro Figueroa, llevándose 1937 544 votos, es decir, el 10,22 % de la elección. Se supone que parte de esas adhesiones podrían haber ido a De la Rúa, de no haberse postulado Cavallo.

Lo importante para nuestra hoja de ruta es observar los resultados bonaerenses. De la Rúa le ganó a Duhalde en su propia casa. Sacó 3236 791 votos, contra 3115 966 de Duhalde-Ortega. Cavallo obtuvo 670 609. La clave de esta elección fue que Duhalde y Cavallo llevaron la misma fórmula para la gobernación: Carlos Ruckauf-Felipe Solá. Tenía lógica: compartiendo a Ruckauf con Cavallo, Duhalde se aseguraba conservar el sillón que ocupaba como gobernador para su propio partido, y Cavallo conseguía un candidato competitivo en un distrito muy exigente para hacer campaña. Esta asociación permitió que Ruckauf obtuviera 3501 870 votos. La candidata de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, sacó 2996. 483, es decir, 240 308 votos menos que De la Rúa. Ruckauf sacó 385 904 más que Duhalde.

Estos resultados albergan varios fenómenos políticos. Uno muy relevante: es posible que el gobierno de De la Rúa ya tuviera su suerte echada desde el primer día. Es muy difícil controlar el poder nacional, sobre todo en medio de una crisis económica, sin controlar Buenos Aires. Es acaso una de las grandes lecciones de la historia argentina. La lección que expuso Roca en 1880: el orden nacional se sostiene en el sometimiento a Buenos Aires. Aun cuando aquella Buenos Aires de la que hablaba Roca fuera muy distinta de esta otra de 1999, la enseñanza sigue siendo válida. Que lo diga si no Arturo Frondizi, quien aceleró su derrumbe cuando el 18 de marzo de 1962 vio ganar al peronista Andrés Framini la gobernación bonaerense. El desarrollo de los acontecimientos, como ya vimos, demuestra que De la Rúa cayó en un duelo con la provincia de Buenos Aires.

El otro dato de esas elecciones es que Duhalde montó una ingeniería electoral que le suministró algo más que la preservación de la provincia para un gobernador de su partido. Ese gobernador, Ruckauf, fue importado desde Buenos Aires. Algo parecido se puede decir de Solá: es bonaerense, está ligado al sector agropecuario que es esencial en la provincia, pero su vida es la de un porteño de la calle Carlos Pellegrini, su antiguo domicilio. La sagacidad de impedir que el sucesor fuera alguien con arraigo territorial se demostró dos años más tarde cuando, en plena crisis de 2001, Ruckauf no pudo sostener su proyecto presidencial en una red de dirigentes territoriales que seguía liderando Duhalde. La gran víctima de esta precaución fue Alberto Pierri, quien se terminó de separar de su socio para siempre.

En el fondo de esa selección anida la ensoñación de controlar el poder político delegando la función administrativa. Duhalde imaginó que eso sería posible. Tal vez se convenció de que lo era en la experiencia de Ruckauf. Gobernó la provincia, pero no consiguió constituir una plataforma propia más allá de la alianza, administrada por Caselli, con los Tres Mosqueteros: Alak, Álvarez y Balestrini. Sin embargo, cuando quiso lanzarse a la presidencia de la nación desde ese territorio, los jerarcas territoriales le hicieron saber que no era un jefe, que el jefe seguía siendo Duhalde.

Esta experiencia de un poder descentrado, un poder que está «afuera», es recurrente. La protagonizó Hipólito Yrigoyen con Marcelo T. de Alvear, a quien fue a buscar a Francia, donde se desempeñaba como su embajador, para hacerlo candidato y llevarlo a la victoria. El caso canónico, por la desproporción de los personajes y por el fracaso del ensayo, fue el de Perón y Cámpora. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva entronizó a su ministra Dilma Rousseff, que cayó en un impeachment durante su segundo mandato. Álvaro Uribe e Iván Duque, en Colombia, encarnan otro ejemplo. En la Argentina, todas estas combinaciones son hoy vistas como precursoras de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien no quiso ponerse «afuera», sino «abajo», es decir, como vicepresidenta.

Kirchner, nace una estrella

Duhalde descubrió la mina de oro que era el conurbano para un proyecto de poder político. Los Kirchner, surgidos de las entrañas de ese aparato, se dedicaron a explotarla. Es posible que Duhalde haya querido mantener un formato parecido al ideado por la señora de Kirchner en la elección de un sucesor; que haya imaginado que Néstor Kirchner sería su Ruckauf, pero en la presidencia. La posibilidad está fundada en que descartó a dos candidatos que podrían haber tenido un poder propio: José Manuel de la Sota y Roberto Lavagna. A Lavagna, que era su ministro de Economía, lo descartó, a pesar de que se lo propuso de manera muy explícita Ruckauf durante una comida en su casa de Villa Gesell. A De la Sota lo sacaron de la competencia porque, al parecer, no prosperaba en las encuestas. Es posible: tampoco prosperaba Kirchner. En una mirada retrospectiva Duhalde sostiene que, si hubiera ido adelante con De la Sota, Kirchner se habría postulado igual, y que esa dispersión de votos le hubiera dado el poder a Ricardo López Murphy, que al final salió tercero.

Duhalde no consiguió, y tal vez lo sabía de entrada, que participara Carlos Reutemann. Por tercera vez el santafesino volvía a boxes: con Menem, que lo postuló sin demasiada convicción;[364] en la mesa del Hotel Colón, a fines de 2001, cuando terminó imponiéndose el propio Duhalde; y en esta oportunidad de 2003. Al quedar descartado Reutemann, el presidente sondeó a Mauricio Macri, presidente de Boca desde 1995 y postulante, en aquel entonces, a la jefatura de Gobierno porteña. La renuncia de Macri a competir también sigue envuelta en un misterio. En julio de 2002, con su socio político de entonces, Francisco de Narváez, fue a visitar a Carlos Reutemann para consultarlo sobre su vocación por competir. Reutemann les aseguró que esa opción estaba descartada.

Macri subió con De Narváez al avión del empresario y viajó a Brasilia y Río de Janeiro con dos colaboradores que serían, así lo proyectaba, sus ministros: Alfonso Prat-Gay y Eugenio Burzaco. En Brasil vieron a autoridades y se entrevistaron también con Arminio Fraga, economista estrella que había colaborado con Fernando Henrique Cardoso. Al regresar, De Narváez percibió algo inusual: en la pista del aeropuerto de San Fernando esperaba Isabel Menditeguy, la esposa de Macri en aquel tiempo. Con ella, el candidato fue a encontrarse con Franco, su padre. Salió de la reunión con una negativa a iniciar la carrera. El primero en enterarse fue De Narváez, quien le preguntó: «¿Vale la pena insistirte?». Macri le contestó que no.

Era un domingo. Esa noche estaba previsto que Macri lanzara su candidatura presidencial desde Hora clave, el programa de Mariano Grondona. La emisión había sido promovida en los diarios con un aviso que mostraba el perfil de la cabeza de Macri en negro sobre blanco. Fue un desafío para Jorge Azcárate, quien colaboraba con Macri en las tareas de comunicación, elaborar argumentos que explicaran la bajada, y no la subida.

Es inevitable pensar ese momento en términos contrafácticos, con todas las salvedades que requiere ese enfoque. Si Macri hubiera aceptado el desafío, ¿no habría habido kirchnerismo? La pregunta supone que Macri hubiera llegado a la presidencia, una conclusión para la que hay que aceptar un mecanicismo bastante cuestionable. No se puede pensar igual una carrera Menem-Kirchner-López Murphy que una carrera Menem-Macri-López Murphy. No es la intención de este texto enredarse en esta trama. Solo provocar, sobre todo a los macristas, con una afirmación: dos veces, el país le debe a Macri el kirchnerismo. Una por omisión, en 2003, y otra por acción, en 2019.

Que Solá no haya entrado en la competencia es parte de una historia más divertida, que el propio interesado narra, de un modo muy estilizado, en sus memorias. Duhalde le sugirió a Solá que aceptara la candidatura, y Solá no contestó. Entonces, el presidente hizo rodar la versión, para dotarla de alguna densidad. Solá, en lugar de sentirse halagado, se ofendió. El «no» definitivo se produjo mientras estaba en una reunión con intendentes y un emisario de Duhalde, Eduardo Amadeo, lo visitó para darle el ultimátum. Solá volvió a decir que no, y al regresar al encuentro explicó: «Me vinieron a proponer la presidencia. Me quieren cagar». Hasta el propio Solá se burla hoy de su legendaria y autodestructiva propensión a desconfiar.

En la medida en que no aparecía un candidato, Duhalde recibía la presión de quienes pretendían que se postulara él. Y él seguía insistiendo en que había dado su palabra de apartarse. ¿Shock por el crimen de Kosteki y Santillán? Hay otra versión, que cabe consignar, aunque no sea convincente. Es lo que le dijo el entonces presidente a María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal electoral que intervino en el proceso sucesorio: «Me voy porque al que venga le va a tocar una crisis muy importante por la negociación de la deuda». Duhalde suele ofrecer narraciones muy distintas de los hechos frente a distintos interlocutores. Ahí radica la dificultad para aceptar esta explicación.

La decantación de candidaturas tuvo varias etapas, pero en aquel julio de 2002 hubo una reunión clave en La Pampa. Duhalde viajó hasta allí para entrevistarse con la mayoría de los gobernadores peronistas. Eran la base, siempre condicional, de su presidencia. En ese encuentro, él debía conseguir el apoyo para el acuerdo que Lavagna venía negociando con el FMI: suspender la Ley de Subversión Económica, la salida del corralito y un ajuste fiscal. Pero la reunión sirvió también para que cada uno muestre o, por lo menos, insinúe sus ambiciones políticas. Marín, que era el presidente del partido, invitó: «El que quiera jugar que avise». De la Sota levantó la mano. Puerta también. Kirchner guardó silencio. Sin embargo, en el hotel donde paraban, tuvo una reunión de trasnoche con José Pampuro, que era la sombra de Duhalde. Le dijo: «Si Reutemann se postula, yo voy a tratar de ser vice. Si no se postula, me lanzo a la presidencia». Kirchner había tenido en ese mismo viaje una larga charla con Reutemann, de la que salió con la sensación de que el santafesino desistiría de pelear por el poder.

En agosto hubo una prueba piloto para lanzar a De la Sota. Fue en un acto en el estadio de Racing, en Avellaneda. Menos los Duhalde, había asistido todo el duhaldismo. Hubo organización, faltó emoción. Al cabo de esa concentración, Manuel Quindimil, el legendario intendente de Lanús, diagnosticó: «Hacer campaña por De la Sota en el conurbano es como pasear a un perro muerto». Hugo Curto copiaría esa frase unos meses después para aplicarla a la candidatura de Kirchner.

Duhalde se decidió por Kirchner a fines de 2002. Tenía a su lado a un insistente abogado del santacruceño. Era José Pampuro, «Pepe», por entonces secretario general de la presidencia. El interlocutor puesto por Kirchner era Alberto Fernández, quien había trabajado para Duhalde en el Grupo Bapro. La definición se produjo en un viaje a Santa Cruz. Duhalde le dijo a Pampuro: «Pepe, ganaste. Va a ser Kirchner». Pampuro habló con Fernández. Pocos días después, el cuarteto se reunía en Olivos, y Kirchner terminaba de recibir el ofrecimiento.

Si hubiera habido alguien detallista observando ciertos antecedentes, podría haber previsto la predilección de Duhalde por Kirchner. Uno de esos indicios fue el acercamiento en el Grupo Calafate, que le había demostrado a Duhalde que su colega tenía el temperamento suficiente como para enfrentar a Menem, aun cuando este era todavía el presidente. El otro detalle premonitorio ocurrió en 1999: Duhalde trabajó para que Julio de Vido, que era ministro de Economía de Santa Cruz, quedara al frente de la Comisión Federal de Impuestos. Era un organismo gris, pero que en ese momento, cuando el peronismo perdía el poder frente a la Alianza, se convertía en un recurso estratégico. El 6 de diciembre de 1999 los gobernadores firmaron un acuerdo con quien sería cuatro días más tarde el ministro del Interior, Federico Storani, y con quien ocuparía el Ministerio de Economía, José Luis Machinea, donde se fijaban reglas muy claras en favor de las provincias para garantizar el financiamiento federal. Es obvio, pero no siempre es tenido en cuenta: las relaciones interprovinciales, que muchas veces han dado lugar a ligas de gobernadores, están organizadas, más allá de cualquier otro factor, alrededor de intereses fiscales.

La manera en que Kirchner llegó a la Casa Rosada está llena de significado. Entre otras razones, por una que está en el núcleo de nuestro interés: fue una manifestación cruda de ese poder bonaerense que Duhalde descubrió y puso en movimiento. Él no necesitó consultar con nadie. Le alcanzaba con imponer a su candidato ante la estructura política de su provincia, que venía reclamando que fuera él mismo, Duhalde, el candidato. Un reclamo alentado por Duhalde para poder rechazarlo en público y, al mismo tiempo, demostrar que no había perdido poder. Es decir que si no se postulaba a las elecciones era porque no quería, no porque no podía. Aquí hay un dato crucial: la candidatura de Kirchner, el kirchnerismo tal como lo conocemos, fue un engendro del aparato bonaerense. El primero en advertirlo fue Kirchner. Por eso fue el primero en neutralizar a ese aparato.

Como siempre, la carrera estuvo sembrada por el azar. El salteño Romero, que fue clave junto a Menem, a tal punto que fue su candidato a vice, propuso una nueva regla electoral. Para conjurar un fantasma que atormentaba al menemismo, el de la posibilidad de un gran fraude que se pudiera cometer en las internas bonaerenses del PJ, sugirió que se estableciera una ley de lemas para los candidatos del partido. Cada uno competiría en la elección general, pero se llevaría el trofeo el más votado, sumando el caudal que obtuvieran los demás. En el comando duhaldista, había alguien bendecido por la astucia: Juan José Álvarez. Fue él quien le propuso a Duhalde: «Tomémosle su propia propuesta. Pero con una modificación: cada uno va a las elecciones con su propia candidatura, pero los votos no se suman».

La idea de Álvarez albergaba un objetivo bastante visible: provocar un ballotage. El duhaldismo solo debería conseguir que su candidato saliera segundo en esa elección. Una vez ubicado en esa posición, debería ir a la segunda vuelta canalizando la amplia corriente antimenemista que dominaba por entonces a la opinión pública. Solo había que tener cuidado con un detalle: que no se multiplicaran las candidaturas, porque el segundo podría ser alguien de otra fuerza política. En el caso de esa competencia, Ricardo López Murphy.

La martingala de Álvarez estaba cargada de picardía, pero suponía algo que, desde una perspectiva histórica, podía ser atroz: para montar esa jugada había que lograr la proscripción del peronismo o, mejor dicho, su autoproscripción, con lo que esa palabra significa para la vida de ese movimiento. El ardid dice mucho sobre la época. Duhalde debía impedir que Menem consiguiera lo que era más probable: ganar las internas del PJ. Para eso, el PJ debía carecer de candidato.

Para observar el juego montado por Duhalde se requieren varios ángulos. Uno de ellos es contrafactual: qué hubiera sucedido si, como era previsible, Menem hubiera sido el candidato oficial del PJ después de haber ganado internas convencionales. En aquel entonces, la figura del riojano inspiraba un repudio muy profundo y generalizado. ¿Menem habría triunfado en primera vuelta? ¿O habría perdido un ballotage y el presidente hubiese sido López Murphy? Al obturarse la vida interna en el PJ, se inhibió un misterioso curso de la historia.

Desde otro punto de vista hay que subrayar la violencia institucional de lo ocurrido. Kirchner surgió como candidato gracias a que en un congreso, el de Lanús, se decidió que el PJ no concurriría como tal a las elecciones. Las excentricidades institucionales que ocurrieron en la Argentina en los años posteriores no deberían sorprender si se recuerda este origen viciado de arbitrariedad.

Duhalde motivó la reunión del partido en aquel congreso que se reunió el 24 de enero de 2003 en el miniestadio de Lanús, presidido por el capitán de las iniciativas que pusieron al duhaldismo en el borde externo de la ley: Eduardo Camaño, aquel presidente por un día que le abrió a su jefe la puerta de la Casa Rosada. Camaño fue irónico, perspicaz: anunció que en la asamblea «se pondrá en consideración la propuesta de neolemas de Juan Carlos Romero». El congreso autorizó a Menem, Rodríguez Saá y Kirchner a concurrir por fuera del PJ con simbología propia. La defensa más encendida de esa autoproscripción la realizó desde el estrado Cristina Kirchner. Estaba defendiendo las ambiciones de su esposo. Mientras ella hablaba, el menemismo se retiró enfurecido.

Duhalde buscaba que ganara Kirchner, pero ese era el segundo objetivo. El primero era que perdiera Menem. Esa enemistad había facilitado la llegada de De la Rúa al poder. Ahora impulsaba la de Kirchner.[365]

La postulación del santacruceño despertó numerosas resistencias entre los dirigentes bonaerenses que rodeaban a Duhalde y también en la estructura de poder. El límite más claro quedó expuesto durante una comida que se sirvió en Villa Gesell, el sábado 22 de febrero de 2003. Fue un asado para tres matrimonios: los dueños de casa —⁠es decir, Ruckauf y señora⁠—, los Duhalde y los Lavagna. Allí Ruckauf hizo todo lo posible para que Duhalde desistiera de la candidatura de Kirchner, que no prosperaba en las encuestas, postergara las elecciones y se abrazara a Lavagna. Las ambiciones del ministro de Economía eran sostenidas por sectores del empresariado y, en especial, por la CGT, donde su principal auspiciante era Armando Cavalieri, de la Federación de Empleados de Comercio. Duhalde se resistió. Esa noche tenía un objetivo: arrancar a Lavagna un compromiso para que acompañara a Kirchner como vicepresidente.

Conseguir un vice para un candidato tan poco promisorio como el santacruceño era un desafío. Puerta ya había rechazado en público la invitación de Duhalde. «Juanjo» Álvarez, ministro de Justicia, también. La jugada de Ruckauf era que se conociera una negativa de Lavagna, tan estridente que derribara al propio Kirchner. Una versión de aquellos días cuenta que Ruckauf le contó la jugada a un amigo de Clarín, que alertó a Kirchner. El santacruceño hizo que Alberto Fernández se moviera con rapidez para ofrecer la vicepresidencia al secretario de Turismo, Daniel Scioli. Ocurrió al día siguiente de la comida en Gesell. Scioli anunció su ingreso a la fórmula al mismo tiempo que competía en una interna para convertirse en jefe del PJ Capital. El miércoles de esa semana se lanzó la fórmula en un acto. Para Kirchner, era escoltarse con alguien que, como Scioli, estaba muy identificado con Menem. Bastaba ver las publicidades de empresas vinculadas a Menem en su lancha La nueva argentina: un próspero negocio que Scioli compartía con Ramón Hernández, el secretario privado del riojano.

La campaña a favor de Kirchner fue difícil de remontar. Toda una corriente antimenemista, simpatizante de Duhalde y ligada al FREPASO, en la que se podía identificar a Nilda Garré, Juan Pablo Cafiero o Darío Alessandro, seguían insistiendo ante los amigos de Duhalde para que revisara la decisión de no postularse. Tenían una gran distancia con Kirchner. Además, el santacruceño era un desconocido. Por eso Hugo Curto hizo suya aquella frase de Quindimil sobre De la Sota y se la destinó al nuevo candidato del grupo: «Hacer campaña por Kirchner es como pasear a un perro muerto». En la misma dirección, con ese humor trágico tan simpático que solía cultivar, Pampuro relataba: «Volví a mi casa de Valentín Alsina y la vecina de enfrente, de toda la vida, me dijo: “Quedate tranquilo, Pepe, que a ese Kissinger te lo voy a votar igual”».

Esa debilidad de Kirchner era la relativa fortaleza de Duhalde. El presidente interino se había propuesto, por segunda vez, bloquear al camino de Menem hacia la Casa Rosada. La valla que interpondría sería su estructura bonaerense, como cuando amenazó con un plebiscito y frustró la segunda reelección. Es verdad que reaparecería también el límite. Esa estructura podía obturar el triunfo de otro, no producir el propio triunfo.

En la personalidad política de Kirchner había un aspecto que puede haber resultado positivo, no tanto para su tránsito hacia el poder, sino para su instalación en él: los niveles de desconocimiento. La única referencia que existía sobre el gobernador era su esposa, que tenía un protagonismo muy vibrante en el Congreso y en la escena mediática. Pero Kirchner era un personaje brumoso. Menos todavía se conocía a su entorno. Nombres que luego se hicieron inevitables, como Julio de Vido o Carlos Zannini, eran por completo ignorados, aun después de la primera vuelta electoral. Es más: no se sabía siquiera que él tuviera dos hermanas, una de las cuales trabajó a su lado durante todas sus administraciones.

Que Kirchner fuera una gran incógnita puede haber producido un efecto subliminal beneficioso para él al comienzo de su administración: su encumbramiento fue como una respuesta satisfactoria a la pretensión de «que se vayan todos», que fue el eslogan de repudio a la clase política durante la gran tormenta de 2001. El ascenso de todos esos desconocidos tuvo el impacto visual de una renovación.

En las elecciones del 27 de abril de 2003, la fórmula de Carlos Menem y Juan Carlos Romero obtuvo 4741 202 votos, el 24,45 % del total. Kirchner y Scioli sacaron 4313 131 votos, el 22,25 % del total. Ricardo López Murphy salió tercero, acompañado por el salteño Ricardo Gómez Diez, con 3173 584 votos, el 16,37 % del total. Adolfo Rodríguez Saá y Melchor Posse obtuvieron 2736 091 votos, es decir, el 14,11 % de la elección.

Kirchner y Scioli consiguieron en Buenos Aires 1910 516 votos, equivalente al 25,72 % del distrito, es decir, el 44 % de los que sacaron en todo el país. Menem y Romero obtuvieron 1515 638 votos, el 20,40 %. Pero Kirchner aventajó a Menem por 10 puntos en el conurbano, y perdió frente a él por 11 000 votos en el interior de la provincia.

La de Kirchner-Scioli era una fórmula del Gran Buenos Aires, lo que expresaba con absoluta claridad su dependencia del duhaldismo. Kirchner lo entendió desde el primer minuto. Por esa razón, lo primero que hizo fue iniciar un lento movimiento de emancipación de Duhalde. La jugada central sería conquistar el conurbano, es decir, transformar al kirchnerismo en un fenómeno bonaerense. Se trata de un proceso al que le vamos a seguir la pista a lo largo de casi veinte años.

Muchos de los dirigentes que acompañaron al santacruceño en aquellos tiempos atestiguan que él miraba al Gran Buenos Aires como una amenaza, pero, sobre todo, como un desafío. Sentía una fascinación por ese aparato, que era una mina de oro en materia electoral. Era también la fascinación de alguien que procedía de una provincia de doscientos mil habitantes. «Si nosotros, que venimos de un territorio vacío, llegamos a la presidencia, estos no se dan cuenta del poder que tienen; mejor así, que no se den cuenta», bromeaba a menudo, refiriéndose a los peronistas bonaerenses. Ese origen puede haberlo hecho más sensible todavía al enorme poder demográfico de esa geografía. Kirchner no iba a cometer el error que cometió Menem: convivir con un caudillo, Duhalde, cuya capacidad para obturar cualquier política nacional sería siempre un riesgo.

Kirchner se instaló en la Casa Rosada el 25 de mayo de 2003. Al final de esa larguísima jornada, se encontró con su mano derecha, De Vido. Controlador como siempre, le preguntó:

—¿Qué tenés pensado hacer mañana?

—Verme con Balestrini y Curto —⁠respondió De Vido.

—¿Balestrini y Curto? ¿Para qué?

—¿Cómo para qué? Tenemos que empezar a construir gobernabilidad…

—No te van a dar bola… —afirmó Kirchner.

—No me importa. Los quiero escuchar. Ver qué quieren. Después vemos si se lo damos o no.

Así comenzó el lento desguace kirchnerista del aparato duhaldista. Es muy probable que, cuando explicó que había que reunirse con intendentes del conurbano para «construir gobernabilidad», De Vido tuviera conciencia plena de que por su boca estaba escapándose un criterio que recorría la historia contemporánea: la gobernabilidad depende, en buena medida, del encuadramiento político de la provincia de Buenos Aires al Estado nacional. Es la idea central de aquel discurso con el que Roca asumió la presidencia. Pero es la evidencia que cualquier observador de la gran crisis de 2001 tenía ante los ojos.

Para entender en plenitud este movimiento de Kirchner conviene no olvidar el contexto en el que se produjo. De la Rúa y Rodríguez Saa habían caído por la imposibilidad de garantizar el orden público. A Duhalde, si se mira bien, le había pasado lo mismo. Dejó la Casa Rosada traumatizado por el asesinato de Kosteki y Santillán. Ese doble crimen, que se produjo el 26 de junio de 2002, dejó una marca profundísima en la historia del poder en relación con el conurbano. En principio fue la corroboración de que el orden no se había repuesto. Volvía la muerte bajo la forma de la represión de una protesta, seis meses después de que la Plaza de Mayo se manchara de sangre. En la trama anecdótica de esa peripecia, Kirchner llega al poder gracias a ese episodio que saca a Duhalde de la Presidencia y le hace descartar, si es que la tenía, cualquier fantasía de continuidad.

A partir de esa experiencia luctuosa terminó de instalarse un problema extendidísimo en el tiempo: ¿cómo mantener el orden en el espacio público? Dicho de otro modo: ¿cómo reprimir?[366] Alfonso Prat-Gay suele recordar que la primera vez que, como presidente del Banco Central, se entrevistó con Kirchner, el santacruceño lo llevó hasta la ventana de su despacho de la Casa Rosada y le mostró la avenida Leandro Alem. A unas cuadras se veían columnas de piquteros protestando, que se dirigían al Ministerio de Trabajo. Kirchner le dijo a Prat-Gay: «Mi objetivo principal en estos cuatro años es que esa gente vuelva a sus casas».

Esta pequeña anécdota encierra un significado muy polémico, sobre todo para quienes miran al kirchnerismo desde la izquierda. El rol de esa fuerza en el momento histórico en el que llegó al poder sería, según la definición de su líder, reponer el orden. Y hacerlo sin sangre. Es una visión que descarta cualquier perspectiva revolucionaria. El kirchnerismo sería, así, lo más conservador que puede ofrecer la izquierda. O lo que está más a la izquierda de la configuración tradicional del poder. Esta característica es enfatizada por toda una literatura académica y periodística que entiende que la de 2001 fue una crisis del capitalismo capaz de convertirse en el punto de partida de un cambio de sistema. En esta perspectiva, los Kirchner vinieron a cumplir una misión: que ese cambio no se realice, que ese curso de la historia quede cancelado. El kirchnerismo es, en profundidad, peronismo. No tiene como mandato evitar el desborde de los trabajadores ascendentes. Debe evitar el desborde de los desocupados descendentes. Es el peronismo que se encuentra consigo mismo en el otro extremo de una parábola histórica. La breve confesión de Kirchner a Prat-Gay tiene, en su apretada síntesis, un aire de familia con el discurso de Perón en la Bolsa de Comercio.

Kirchner se encargó, sobre todo de la mano de De Vido, que administraba la obra pública, de cooptar a los intendentes del conurbano. Era una jugada de poder interno. Pero iba mucho más allá. Era tomar el control de un dispositivo indispensable para pacificar la región desde donde irrumnpía el caos.

Las campañas electorales del kirchnerismo tuvieron siempre una receta: antes de comenzar cada acto, una locutora leía, con el tono del que casi le refriega una dádiva por la cara, la lista de trabajos que se habían hecho en esa localidad. La tarea de seducción de los caudillos municipales está inspirada por una ambición, que supone, a la vez, una concepción del poder. Kirchner no pretendía modificar la escena bonaerense. Quería dominarla. Él aspiraba a ser el jefe de una gran red de dirigentes locales, gobernadores e intendentes, líderes territoriales. Detrás de este objetivo opera un factor personal. Kirchner conocía a la perfección las motivaciones que rigen el comportamiento de un jefe municipal o provincial, ya que él había estado en ambas posiciones. Esa foja de servicios le daba un punto de vista, un criterio: el de una evaluación muy respetuosa de la representación electoral. Kirchner era, en este sentido, un realista. Tenía en altísima consideración las jefaturas territoriales. Entendía que estaban sostenidas sobre vínculos entre el intendente o el gobernador y la gente, que eran difíciles de constituir y, por lo tanto, de remover. Las circunstancias en que él había accedido al gobierno pueden haber aconsejado ese enfoque: no solo carecía de votos suficientes; la totalidad de la organización política había sido impugnada. Por lo tanto, los intendentes podían ser vistos como una plataforma estable, como una referencia permanente en un panorama en el que casi todo se había vuelto provisorio. Aun teniendo en cuenta esta influencia de la coyuntura, el abordaje que el santacruceño hizo de la estructura duhaldista se explica también en que él nunca se vio a sí mismo como un reformador. Se vio como el titular de una red de caudillos. Con el tiempo se iría advirtiendo cada vez con mayor claridad que esa concepción estaba lejos de la que profesaba y profesa su esposa.

La inclinación ante lo existente iba a ser el sello de la operación política de Kirchner durante el comienzo de su mandato. Intentó establecer alianzas con los actores dominantes de tres esferas de la vida pública: una alianza con el aparato del conurbano bonaerense a través de la cual se alinearía el resto del PJ; una alianza con Clarín, que ordenaría la relación con los demás medios de comunicación; y una alianza con Hugo Moyano, que subordinaría a todo el universo sindical. El primer ensayo fue exitoso solo cuando fue reemplazado Duhalde como jefe. Los otros dos funcionarios durante un tiempo, pero fracasaron cuando apareció la resistencia de los supuestos socios a aceptar un vasallaje.

Ese método podía resultarle atractivo por dos motivos. Uno es una visión simplificada de la escena política, propia de una provincia como Santa Cruz. En Santa Cruz se podría imaginar una cultura similar a la que con mayor claridad se le adjudica al norte, sobre todo por influencia de Sarmiento: la propensión del desierto a generar jefaturas autoritarias. Sarmiento desarrolló esa idea en el Facundo. Se inspiraba en Montesquieu, quien entendía que los grandes espacios vacíos generaban el tipo de señorío que él identificaba con los beduinos. Estas percepciones son muy eficaces para observar a la clase política del noroeste, por la raigambre hispánica, reforzada por la inmigración sirio libanesa. Menem, Saadi, Romero, Manzur son solo algunos de los apellidos asociados a esa modalidad. El caso de Kirchner, que es tan distinto, tiene en común con ese fenómeno que en ambos casos la política se practica en un desierto.

El otro motivo por el que Kirchner pudo haber confiado en unas pocas alianzas cuando llegó a la presidencia ha sido, sin duda, la urgencia por establecer un orden. Kirchner vivía devorado por la ansiedad de tener que controlar un país enloquecido, como todavía lo era el de 2003.

El objetivo de desplazar a Duhalde expresa otra de las obsesiones de Kirchner: remover cualquier límite que pudiera encontrar en el ejercicio del poder. Es la misma razón por la cual quiso deshacerse de la tutela del FMI. Es cierto que hizo un pésimo negocio financiero: saldó al contado una deuda barata para sustituirla por otra, muchísimo más cara, contraída con la Venezuela de Hugo Chávez. Pero la ecuación fue, para él, muy ventajosa y racional si se le incorpora el rédito de sustraerse a una auditoría. Esta fobia frente a cualquier realidad que, para ponerlo en sus términos, «lime el poder», fue clave en sus relaciones con aquellos a quienes eligió eventuales aliados en un primer momento. Por ejemplo, Magnetto y Moyano. Con todos terminaría en una ruptura.

De Vido comenzó sus gestiones con Curto y Balestrini. El primero, un sindicalista de la UOM que había heredado un lugar mítico en el secretariado de su gremio: tesorero, igual que Lorenzo Miguel. Curto era un disciplinado soldado del PJ y de quien mandara en el PJ. Por lo tanto, hablaba con el nuevo poder, pero se mantenía leal a Duhalde.

Balestrini había crecido a la sombra de Pierri. Después se emancipó. Pero, para los intereses que dominaban a Kirchner en esa etapa inicial de su dominio, ofrecía una peculiaridad invalorable: estaba distanciado de Duhalde. Era uno de los Tres Mosqueteros en los que Ruckauf había pensado para armar su propia liga bonaerense. Los otros eran Juan José Álvarez y Julio Alak, el exintendente de La Plata, que tenía una relación muy amistosa con Ofelia Wilhelm, la mamá de Cristina Kirchner. Una de las características que convertían a Balestrini en molesto y a la vez respetable ante la mirada del santacruceño era que no se subordinaba con facilidad. Tenía sus criterios y los expresaba.

Kirchner y De Vido comenzaron a tejer una reunión a la que Duhalde debería haberle prestado más atención: el 65.º cumpleaños de Curto. Lo celebraron el 22 de agosto de 2003, noventa días después de la asunción del mando. Allí se selló la promesa de la autopista Presidente Perón, destinada a conectar doce municipios del conurbano: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Los trabajos comenzaron siete años después. Para la campaña electoral de 2021, solo se había realizado el 25 %, con obras que se extienden, sin conexión entre sí, a través de los cuatro tramos previstos. El plan es que debería estar terminada en 2023.

Para Kirchner la provincia terminaba en la ruta 6. Es decir, se limitaba al conurbano. La autopista Presidente Perón fue una de las muchas obras con las que alimentó, si no la lealtad, la disciplina de los líderes del conurbano. Una de sus iniciativas principales fue ir vaciando de poder al Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que Duhalde había puesto en manos de su heredero en Lomas, Toledo. Los intendentes deberían ir acostumbrándose a visitar a De Vido, pero en especial a José López, para obtener obras. Sobre todo, planes de viviendas, que son las que más retribuyen desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista político es que, apenas semanas después del ascenso de Kirchner, los intendentes bonaerenses dejan de concurrir a La Plata y comienzan a transitar por el Ministerio de Planificación para buscar cualquier tipo de ayuda. Las reuniones seccionales que solían realizarse durante el imperio de Duhalde, de un momento para otro, quedaron suspendidas.[367]

La de López con los jefes de cada comuna era una relación transaccional: visitaba a cada uno con la carpeta de obras que recibirían si hacían demostraciones de fidelidad. López tenía con el expresidente una subordinación directa, no intermediada. Igual que la de, por ejemplo, Ricardo Jaime. Aun cuando, en el organigrama, López y Jaime eran secretarios del ministro De Vido.[368]

En marzo de 2004 las que eran insinuaciones se fueron transformando en un conflicto. La política ofrece siempre este atractivo: las guerras comienzan con pequeñas diferencias, entredichos que no llegan a ser agresiones, mucho tiempo antes de que estallen a la vista de la ciudadanía. En un congreso del PJ, que se celebró en Parque Norte, se montó la primera escena de lo que sería el enfrentamiento definitivo por la dominación bonaerense, catorce meses después. Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, que protagonizarían luego esa ruptura, se enfrentaron en una árida discusión. La esposa del presidente fue abucheada. Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, calificó el debate en términos que hoy encenderían un escándalo, pero que en aquel momento no pasaron de ser una curiosidad: «Fue un debate de alta peluquería».

La conquista del aparato bonaerense era lenta y, si se quiere, subterránea. Kirchner carecía de allegados en esa geografía. Florencio Randazzo, que en 2003 era ministro de Gobierno de Solá, recuerda que la primera reunión que él organizó para establecer una base no duhaldista se realizó en la sede del Banco Provincia.[369] Había ahí solo dos amigos del presidente. Uno era Carlos Mosse, a quien Kirchner había ubicado como secretario de Hacienda apenas llegó al poder. El otro, Carlos «Cuto» Moreno, un abogado de Tres Arroyos que había estudiado en La Plata con los Kirchner, de los que fue testigo de casamiento. El rol de Cuto como ejecutor de los planes de los Kirchner se extendió a través del tiempo: fue el dirigente a quien Cristina Kirchner confió la tutela de Axel Kicillof. En ese encuentro el impulsivo Moreno, que no tenía como propio más que su voto, se presentó como «el nuevo jefe» del oficialismo bonaerense. No le importó que estuviera presente el gobernador Solá.

Más allá de esa iniciativa, Kirchner decidió por bastante tiempo tercerizar la avanzada sobre Duhalde. Para esa tarea se sirvió de las ambiciones de Solá, a quien alentó a organizar su propia fuerza en el distrito. Solá, por supuesto, se entusiasmó y creó el «felipismo». El santacruceño y su amigo Carlos Kunkel lo alentaban a través de sus conversaciones con Randazzo. Alberto Fernández, desde la Jefatura de Gabinete, hablaba con Solá. Kirchner no blanqueaba que pretendía romper con Duhalde, sino solo tensar la cuerda para acordar las listas.

Solá se entusiasmó con la carrera. El sábado 4 de mayo de 2005 organizó un acto en el estadio de Platense. Concurrieron intendentes que ya se habían alineado con el nuevo gobierno, encabezados por Julio Pereyra, de Florencio Varela. También organizaciones de piqueteros, como el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, que era funcionario de la provincia, y la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis D’Elía. La presencia de Pereyra era significativa: era uno de los interlocutores directos de Kirchner, igual que Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó. En el kirchnerismo íntimo, donde solían hacer bullying hacia todos los que lograban aproximarse al jefe, los llamaban «la Tota y la Porota», por aquellas caracterizaciones memorables de Jorge Porcel y Jorge Luz. La consigna de ese acto en Platense fue postular a Cristina Kirchner como candidata a senadora bonaerense para las elecciones de ese año. Dos días después, la señora de Kirchner lanzaba su candidatura en La Plata, su ciudad natal. En el discurso, quedó todo claro. Llamó a Duhalde «el Padrino». Para dejar un margen a la negociación, evitó llamarlo «Don Corleone». Piedad kirchnerista.

Kirchner fue dejando que el duelo se hiciera cada vez más explícito, sobre todo en la prensa, a sabiendas de algo que para él era una certeza: era imposible que su esposa fuera aceptada por Duhalde, hasta por razones de temperamento de ambos. Duhalde no toleró nunca que se levantaran protagonismos que no se le subordinaban. Cristina Kirchner es irreverente por naturaleza. La guerra terminó de declararse cuando Duhalde, consciente de que su cetro estaba amenazado, postuló a su esposa, Chiche, como candidata a senadora.

El día anterior al cierre de las listas, Juan José Mussi, Curto y su alter ego, Díaz Bancalari, y Julián Domínguez le fueron a pedir a Kirchner que no llevara las cosas a una ruptura. Kirchner le solicitó a De Vido que convocara a Curto: «Que vengan de a uno», le indicó. Los únicos que quedaron del lado de Duhalde fueron Curto y Díaz Bancalari, que era el presidente del bloque de diputados oficialistas, impuesto por el PJ bonaerense, desde 2003.

En la reunión del quiebre definitivo, participaron Kirchner, Aníbal Fernández y Pampuro por el gobierno; del otro lado, Duhalde, Curto, Díaz Bancalari y Mussi. El casus belli fue la lista de diputados. Kirchner ofreció cuatro posiciones al duhaldismo, y Duhalde pidió seis. Todos adoptaron la ficción de que la convivencia se quebraba por ese insignificante desacuerdo.

El peronismo fue a las urnas otra vez dividido, como en 1985. Cristina Kirchner fue postulada por el Frente para la Victoria, nombre del vehículo electoral que los santacruceños utilizaban en su provincia. Chiche competía con la marca del PJ. Los Duhalde pensaban, y lo decían, que esa marca se imponía en el universo peronista de la provincia por el 60 % de los votos. Kirchner creía que su esposa obtendría esa cifra si la competencia fuera una interna.

Los Kirchner eligieron a José Pampuro como segundo de su candidata. Era una provocación. Pampuro, que había sido el abogado de Kirchner frente a Duhalde y que, gracias a ese rol, conquistó el Ministerio de Defensa, pertenecía al círculo más íntimo del expresidente y de su esposa. Sería el encargado de hostigar a su antigua jefa, Chiche. El otro responsable de esa tarea sería Aníbal Fernández, quien también había crecido a la sombra del matrimonio bonaerense.

Duhalde le pidió a Díaz Bancalari que acompañara a Chiche. Utilizó un verbo más comprometido: que la «cuidara». Bancalari aceptó, sabiendo que perdería la jefatura del bloque. Kirchner lo apreciaba, sobre todo porque era una figura muy simpática. Mucho tiempo después le dijo: «Vos, Mono, me enfrentaste, pero lo hiciste por un buen motivo. La lealtad con Duhalde».[370]

El resultado de esas elecciones fue la manifestación del ocaso del duhaldismo. Cristina Kirchner y Pampuro obtuvieron 3056 572 votos, que equivalían al 45,77 %. Chiche Duhalde y Bancalari, 1364 527 votos: el 20,43 % del total. Es posible que Duhalde no haya tenido otra opción que enfrentarse a los Kirchner para resistir. Pero resulta impensable que no haya tenido en cuenta algunos rasgos notables del contexto: entre 2003 y 2005 el producto había crecido el 27 % y el empleo el 10 %. Comparados con los records de producto y empleo que se habían registrado en los años noventa, 2005 presentaba un 15 % más de empleos en el universo de ocupados urbanos y el 5 % más del producto de 1998. En consecuencia, Duhalde estuvo forzado a librar la batalla en un momento en que su adversario estaba en el apogeo. Con una paradoja extraordinaria: la fortaleza de Kirchner se debía, en buena medida, al ajuste que había realizado Duhalde. Dicho de otro modo: Duhalde afiló el cuchillo con el que su heredero iría a sacrificarlo.

El triunfo bonaerense del Frente para la Victoria con Cristina Kirchner como candidata en 2005 es un punto de llegada. Los Kirchner lograban destronar a quien los había promovido. Es también un punto de partida: el de la colonización lenta de esta estructura, que debía ser reunificada bajo el nuevo mando. En ese resultado radica, imperceptible, otra novedad: el peronismo más sensible a los mercados, ubicado en el centro del dial de la política, al que son proclives los caudillos del interior, perdía su base de apoyo en el conurbano bonaeresnse. Esa base que el riojano Menem había encontrado en Duhalde. Dicha plataforma pasó a estar a disposición de los Kirchner, quienes encandilados por una bonanza cuyo carácter episódido prefirieron no advertir, se entregaron a la reconstrucción de una economía subsidiada, aislacionista y estadocéntrica.

La elección de 2005 es, además, el momento de una transición en la identidad del kirchnerismo. Hasta esa victoria, los nuevos gobernantes parecían marginales del sistema. Eran figuras ignotas, sobre todo Néstor. Esa condición, como ya se observó al hablar de las elecciones presidenciales de 2003, era un activo. Con Kirchner y sus desconocidos colaboradores santacruceños en el centro de la escena, parecía que la realidad había obedecido a la exigencia del «que se vayan todos». El carácter periférico permitió al matrimonio encarar varios movimientos interesantes. Uno de ellos fue el de aspirar a seducir a los sectores medios urbanos, que habían asistido al hundimiento de la Alianza y, con ella, de la fuerza que les había servido como instrumento de intervención en el proceso por más de un siglo: la UCR. Necesitado de una base sobre la cual afianzarse, ese kirchnerismo inicial aspiró a representar a un sector social ajena al peronismo. Néstor Kirchner tenía otra ventaja para esa aventura: además de la aparente desaparición de la UCR, se había enfrentado a Carlos Menem, que acumulaba impresionantes niveles de rechazo en las capas medias. Ser el no-Menem, como lo habían caracterizado en algunos medios franceses, lo ayudaba mucho en esas pretensiones.

La idea de construir un liderazgo que estirase su sombra hasta cubrir a una franja de la sociedad que al PJ le resultaba muy esquiva obligó a operaciones materiales y discursivas. Entre ellas está el rescate de los restos del FREPASO, en lo que se llamó «transversalidad». Fue una estrategia originada en la CABA, cuyo resultado principal fue la captura de Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno que había pertenecido a la coalición encabezada por De la Rúa. No fue el único cooptado: Juan Pablo Cafiero, Nilda Garré, Darío Alessandro, Eduardo Sigal son parte de un pelotón mucho más amplio, que incluyó al mismo Chacho Álvarez, enviado a un destino diplomático.

Junto con las personas, se incorporaban los tópicos de una agenda. Los Kirchner asumieron como propia la regeneración institucional que la Alianza y, sobre todo, el FREPASO se habían propuesto en su lucha contra el menemismo. En el centro de esta tarea iba a estar el combate a la corrupción, del que Cristina Kirchner se proponía como abanderada. La embestida contra los senadores que habían protagonizado el escándalo de las coimas, llevada adelante con la invalorable cooperación de los servicios de inteligencia; la reivindicación de los derechos humanos, sobre todo con la derogación con efecto retroactivo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; el consecuente conflicto con la corporación militar, que retomaba un hilo de la saga alfonsinista; el desplazamiento de sindicalistas arraigados en los negocios de la salud, en especial en el PAMI; y, como empresa principal por su potencial simbólico, el juicio político a varios miembros de la Corte… Esas fueron iniciativas en las que los nuevos gobernantes se presentaban como subliminales herederos de la Alianza; herederos eficaces, ya que eran capaces de dotar de gobernabilidad al programa de esa experiencia fallida.

Esta orientación tenía un costado de pasable demagogia. Obedecía a aquella recomendación de Maquiavelo al Consejo de Florencia, cuando escribe que, para conquistar un territorio ajeno, hay que halagar a la plebe y demostrarle lo implacable que uno está dispuesto a ser con los actores a los que esa misma plebe atribuye sus sufrimientos. A la lista de militares, sindicalistas anquilosados, senadores corruptos y jueces venales, los Kirchner anexaron a los bancos, las empresas de servicios públicos, los acreedores externos, el FMI y hasta franjas ultraconservadoras del clero, como la que encarnaba el obispo castrense Antonio Baseotto.

Contra este horizonte general se destaca con mayor claridad otro significado de la disputa con los Duhalde. Si se examinan los discursos de la campaña de 2005, trabajo que realizó con meticulosidad María Matilde Ollier,[371] queda claro que Cristina y Néstor Kirchner enfocaron a Chiche y Eduardo Duhalde, sus recientes benefactores, como la representación de ese orden público que había que cambiar. Los Duhalde colaboraron mucho con sus impugnadores: pedían el voto en nombre de la estructura oficial del PJ bonaerense, es decir, de un aparato partidario que había sido puesto en tela de juicio como integrante de un orden que debía ser sustituido. Los Kirchner aprovecharon ese error para presentar a sus contrincantes como ejemplares de esa dirigencia que debía irse, pero que se resistía a hacerlo.

Si se observan los números de esa confrontación de 2005, esa conquista del voto de la Alianza, la expansión fue exitosa. Entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, obtuvieron 4421 099 votos. Equivalen al 66 % de la elección. Una proporción imposible de obtener si no hubiera una corriente importante ajena al peronismo que optó por la ganadora.

El kirchnerismo hizo una gran apuesta para seducir a votantes que podrían simpatizar con el radicalismo y el FREPASO. Esa plasticidad tiene una historia, y es el motivo de un debate interno. La instancia más llamativa de esa discusión tuvo como protagonistas a Néstor y Cristina Kirchner. Sucedió el sábado 27 de mayo de 2006. Cuarenta y ocho horas antes había ocurrido un hecho memorable, sobre todo para ellos: habían llenado la plaza de Mayo en un acto en el que confluían dos vertientes distintas del peronismo. Esa duplicidad se materializó en dos palcos. Uno acogía a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El otro, a intendentes y sindicalistas del peronismo convencional, que habían llegado hasta allí en un movimiento organizado por De Vido.

Kirchner fue el orador principal.[372] Comenzó haciendo notar que «volvemos a la plaza», lo que obliga a preguntarse si estaba aludiendo a aquella oportunidad en que los Montoneros fueron echados de allí por Perón. Para reforzar esa velada referencia, definió al lugar como la plaza que «es de los trabajadores, es de Eva Perón y es de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo». Enseguida propuso una narración de lo ocurrido hasta ese momento: se definió como el presidente menos votado de la historia, porque Menem se había negado a ir al ballotage, y debió asumir el poder con «60 % de pobreza, 26 % de desocupación y casi 30 % de indigencia»; «pero con la fuerza de la gente honesta, la gente que nunca permitió que este país se derrumbe, empezamos la reconstrucción». Como se ve, el rol de Duhalde en ese proceso fue excluido por completo.

El resto del discurso fue la argumentación de una clasificación: de un lado, intereses minoritarios, sin nombre ni rostro visible, salvo el del FMI, al que se le había pagado la deuda; del otro, el pueblo, la patria, a la que Kirchner pedía «fuerza», «polenta», para enfrentar a aquellos poderosos. Aquí está la paradoja: el objetivo que formuló en aquella arenga era un país plural, abarcativo. En el fondo del gran palco, un cartel decía: «La patria somos todos». Ese postulado de unidad siempre estuvo precedido por la descripción de una división. Si de algo carece ese planteo es de novedad. La historia de las agrupaciones políticas han incurrido una y otra vez en la tentación autoritaria de identificar a la parte con el todo.

Kirchner estaba exultante. De Vido suele recordar: «Fue la única vez en la vida que me agradeció algo». El sábado siguiente al acto, se realizó, como de costumbre, un asado en Olivos, del que participaron varios funcionarios y dirigentes. En esa ocasión Cristina Kirchner se dirigió a su esposo con este planteo: «Néstor, vos estuviste hasta ahora con la mortificación de haber llegado al gobierno con el 22 % de los votos. El año pasado ganamos las elecciones y anteayer tuviste tu plaza. Me parece perfecto. Estás feliz. Ahora bien: ¿cómo seguimos? Porque quiero recordarte que nosotros llegamos hasta acá para cambiar eso que estaba en la plaza».

La conversación en ese asado es muy reveladora de una discusión interna sobre la orientación política del kirchnerismo, en especial si se la define por su relación con el PJ. El agujero negro que dejó el fracaso de la Alianza era muy tentador para la realización de esa fantasía tradicional de la Argentina a la que acabamos de referirnos: la representación total, la integración en una misma organización de corrientes que compiten entre sí. No hace falta recordar al «tercer movimiento histórico» de Alfonsín, que reaparece ahora, con un aire de familia, en la transversalidad kirchnerista o en su heredera inmediata: la Concertación Plural con el radicalismo, que decantó en la fórmula presidencial con Julio Cobos para las elecciones de 2007.

En esos comicios, que se celebraron el 23 de octubre, aparecen los indicios de un cambio que demarcará el contorno del kirchnerismo. La fórmula con Cobos obtiene un éxito importante: 8651 066 votos (45,29 %), contra 4401 981 (23,04 %) de Elisa Carrió y el socialista Rubén Giustiniani, y 3229 648 (16,91 %), de Roberto Lavagna y el radical Gerardo Morales. La Concertación consigue un triunfo contundente: 1019 437 votos más que la suma de las dos alternativas principales. Pero hay algunos detalles, tal vez poco perceptibles en ese momento, con un potencial político que se desplegará más adelante. La alianza con la UCR, destinada a que el kirchnerismo no renuncie a constituir una oferta para los sectores medios no peronistas, sufre algunas derrotas sugerentes. Las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata prefieren a la oposición, sobre todo a Carrió-Giustiniani.

En este panorama electoral hay que incluir un fenómeno de enorme relevancia: el 24 de junio de 2007, Mauricio Macri había triunfado en la segunda vuelta de las elecciones porteñas y había conquistado la Jefatura de Gobierno. Macri se impuso por el 60,94 % sobre Daniel Filmus, que sacó el 39,06 %. En la primera vuelta, había participado una alianza entre un sector del PJ, representado por Jorge Telerman, y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Esa coalición había tenido un padrino secreto, muy enemistado para ese entonces con los Kirchner: Jorge Bergoglio. Lo importante de esta novedad porteña es que comenzaba a confirmar lo que los comicios nacionales ratificaron: la clase media buscaba opciones distintas al kirchnerismo.

Esa retracción de las capas medias sugirió un límite para la exploración que intentaban los Kirchner, sobre todo Cristina. Al mismo tiempo, esas elecciones de 2007 señalaban otra ruta: la de la conurbanización, que es una expresión geográfica de una tendencia a la peronización. La fórmula oficialista tuvo marcas destacadísimas en las provincias del norte: en Jujuy, el 61,69 %, a pesar de que Morales, todavía incipiente, opositor local, iba en la fórmula con Lavagna; en Formosa, el 74,14 %; en Catamarca, el 53,25 %; en La Rioja, el 48,79 %; en Misiones, el 69,28 %; en Salta, el 75,77 %; en San Juan, el 58,24 %; en Santiago del Estero, el 79,48 %, y en Tucumán, el 62,68 por ciento.

La cosecha en ese territorio de baja o nula industrialización compone un paisaje bastante coherente con los volúmenes alcanzados por Kirchner-Cobos en el conurbano, en especial, claro, en la tercera sección electoral: el 65 % en Almirante Brown; el 56 % en Avellaneda; el 72 % en Berazategui; el 64 % en Florencio Varela; el 50,96 % en La Matanza; el 58 % en Lomas de Zamora; el 50 % en Tres de Febrero, y el 46 % en Quilmes. Hubo una táctica que ayudó a impulsar esta ola: se estimuló la multiplicación de listas colectoras en casi todos los municipios, con lo que para esta competencia a nivel municipal rigió, de facto, una especie de ley de lemas. Esta saga permitió que Kirchner iniciara una renovación en el PJ del Gran Buenos Aires, reemplazando con dirigentes leales a antiguos caudillos ligados a Duhalde. El eterno Manuel Quindimil debió dejar paso a Darío Díaz Pérez en Lanús. El relevo tuvo algo de venganza: en 2005, Quindimil había apoyado a Chiche Duhalde y no a la ahora candidata a presidente. En Esteban Echeverría, un intendente local, pero aliado histórico del PJ, Alberto Groppi, fue reemplazado por el kirchnerista Fernando Gray. Otro duhaldista estricto como Jorge Villaverde debió ceder el sillón de Almirante Brown a Darío Giustozzi, apañado por el matrimonio presidencial.

En el conurbano norte, el experimento fue otro: la Concertación Plural facilitó la cooptación de Enrique García, el líder radical de Vicente López, y de Gustavo Posse, de San Isidro. No funcionó: en ambos distritos, se impuso la fórmula Carrió-Giustiniani. De nuevo, los sectores medios les dieron la espalda a los Kirchner, a pesar de la transfusión de sangre radical. De todos modos, los intendentes sí reeligieron. Más todavía: de los catorce jefes comunales que resultaron electos, trece llevaron su boleta anexada a la de Cristina Kirchner y Julio Cobos. La colonización kirchnerista del conurbano seguía su expansión.

Aquellas elecciones de 2007 dejaban implantada otra semilla: de nuevo sería candidato a gobernador, y llegaría al poder, un dirigente porteño. Con una rareza adicional: sería un porteño impuesto a los bonaerenses por un grupo de santacruceños. En este caso, Daniel Scioli, quien como Duhalde llegó desde la vicepresidencia de la nación. La postulación de Scioli surgió, casi por casualidad, un día en que estaba acompañando a Kirchner en un acto en La Matanza, cerca de Ramos Mejía. A Kirchner le llamó la atención, tal vez hasta le haya molestado, que su vicepresidente era saludado por la multitud con más euforia que la que le dedicaban a él. Le preguntó a Scioli si había alguna razón para esa preferencia. Y Scioli le contestó: «Es que yo soy de acá». En efecto, si bien nació en Villa Crespo, Scioli pasó su infancia en Ramos Mejía y asistió el colegio Ward de Villa Sarmiento, en el límite entre Morón y La Matanza. Kirchner no hizo comentarios, pero mandó a hacer una encuesta sobre el personaje. A los pocos días, Ricardo Echegaray, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), visitó a Scioli en la presidencia del Senado para ofrecerle la candidatura en nombre del presidente. El compañero de fórmula fue Alberto Balestrini, jefe político de La Matanza, a quien Kirchner respetaba a regañadientes, por su tendencia a contradecirlo. El pase de Balestrini al rango provincial dejó el camino libre para Fernando Espinosa. Era su chofer, pero quedó convertido primero en candidato y, después, en intendente de La Matanza. No era el único estadista escondido en el oficio de chofer: en 2003, Aníbal Fernández asimismo transformó en intendente a Sergio Villordo, que también le manejaba el auto.

La victoria de Scioli en 2007 inició una tendencia constante, que irritaría a los Kirchner. El candidato a gobernador obtuvo 93 404 votos más que la candidata a presidente. Él sacó 3376 795 votos, el 48,24 %; ella, 3283 391 votos, el 45,91 %. Esa brecha sería, para siempre, la brecha de la desconfianza, aun cuando Scioli ejerció el poder como los santacruceños esperaban que lo hiciera, sin desafío personal alguno. Para empezar, siempre estuvo lejísimos de soñar con una corriente o agrupación propia en la provincia.

El club de la pelea: nace el nuevo kirchnerismo

El año 2008 será de reconfiguración del kirchnerismo. Se tratará de una metamorfosis paradójica. Y, si se quiere, engañosa. Desde el punto de vista discursivo, conceptual, los Kirchner entrarán en tensión con el peronismo para volcarse hacia la izquierda. Pero desde el punto de vista territorial, serán cada vez más dependientes de su base más antigua. Ese cambio se irá modelando a través de conflictos. Como suele suceder, la metamorfosis se produjo desde afuera hacia adentro. Dos días después de mirar fijo a los ojos de su esposo mientras este le transmitía el bastón de mando, Cristina Kirchner debió asimilar un golpe durísimo proveniente de los Estados Unidos. El FBI dejó trascender que los venezolanos Moisés Maiónica, Franklin Durán y Carlos Kauffman y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello habían sido detenidos en Miami como agentes encubiertos del servicio de inteligencia venezolano. Los voceros del FBI afirmaron que, durante los interrogatorios a los que fueron sometidos, esos espías revelaron que los 800 000 dólares que había ingresado irregularmente a Buenos Aires el venezolano Alejandro Antonini Wilson formaban parte de por lo menos un envío de Hugo Chávez a la campaña electoral de Cristina Kirchner.[373]

La flamante presidenta declaró que esas informaciones formaban parte de una operación gestada «en los basurales de la política internacional». De inmediato, resolvió casi suspender la relación con los Estados Unidos. Hubo una prohibición a los funcionarios del gobierno de tomar contacto con diplomáticos de ese país, incluido el embajador Earl Anthony Wayne, quien comenzó a mantener encuentros clandestinos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el Hotel Sheraton de Pilar, administrado por un amigo de ambos: Gustavo Cinosi. Este cortocircuito agigantó el distanciamiento con Washington, que se produjo después de la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre de 2005. Fue en aquella reunión que Kirchner sorprendió a George Bush dedicándole una filípica por la responsabilidad de su país en el colapso democrático de muchos países de la región.

El kirchnerismo acentuaba así un sesgo «antiimperialista» que lo aproximaba todavía más a las corrientes de la izquierda nacionalista que reinaban en Cuba, Venezuela, Brasil y Bolivia. Hay un arco de decisiones, que comienza el 17 de septiembre de 2004, con la negativa de Kirchner a aceptar el programa que exigía el FMI para renovar un crédito al país. Ese entredicho con el Fondo influyó muchísimo en el distanciamiento del primer gobierno kirchnerista de George W. Bush y en el simétrico acercamiento a Hugo Chávez. A esa determinación le correspondió otra, del 3 de enero de 2006: pagar por adelantado al FMI toda la deuda, que era de 9810 millones de dólares, con reservas del Banco Central. Tampoco fue una decisión financiera aislada. Se integró en un movimiento más amplio, que incluyó la colocación de deuda en la Tesorería venezolana. Desde entonces, se critica, y con absoluta razón, el costo de esa opción: la deuda con el FMI suponía una tasa de interés de alrededor del 4 %, mientras que Chávez llegó a exigir por su financiamiento tasas del 15 por ciento.

La reorientación financiera, que hacía juego con una nueva dirección para la política exterior, se vio alterada a lo largo de 2008 por un acontecimiento de escala global: la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, que entre muchas otras consecuencias produjo la caída de Lehman Brothers, acaso la más estrepitosa de la historia del país del norte. El crédito internacional se cerraba, y el financiamiento de Chávez ya era impresentable por lo caro. Kirchner se atemorizó frente a que las restricciones afectaran a la que fue siempre su principal palanca para hacer política: la caja. En la atmósfera de esa aprensión, se gestó el proyecto de extraer recursos extraordinarios al sector agropecuario. Contra una propuesta draconiana de Guillermo Moreno, se impuso el esquema de retenciones móviles diseñado por el ministro de Economía Martín Lousteau, con el respaldo de Alberto Fernández.

Para comprender en toda su dimensión esta crisis de 2008 hay que advertir que la Argentina ya había adoptado un rumbo muy extraño para su economía. Si se echa una mirada retrospectiva se advierte con claridad: entre 2005 y 2021, el país fue el que menos creció, comparado con Brasil, Chile, Perú o Uruguay, y el que más inflación tuvo, siempre en relación con ese grupo de países. Solo Venezuela tuvo una performance más estrafalaria.

Las retenciones desataron un enfrentamiento con los productores agropecuarios de dimensiones desconocidas, que impuso un tono a toda la política económica posterior del kirchnerismo. Es importante consignar un detalle: esos productores ya venían sosteniendo una batalla, parcial, contra el gobierno, la batalla ganadera. Desde 2005, con Moreno como ejecutor, Kirchner intentó neutralizar el alza de los precios del ganado, derivada del ciclo productivo, imponiendo un sistema de cupos a los exportadores de carne y de leche. Fue una primera fisura.

El de las retenciones fue un choque sectorial, pero su significado se fue expandiendo, desde el punto de vista discursivo y político, hacia otros planos de la vida pública. Lo que se conoce como «conflicto con el campo» fue la crisis en la que se acuñó una nueva fisonomía para el kirchnerismo. Si la trayectoria del kirchnerismo se hubiera interrumpido, por cualquier motivo, antes de esa querella, es muy probable que los libros de historia recordarían esa experiencia con características muy distintas de las que adquirió en aquel momento y dominan hasta la actualidad.

Una novedad relevante es que los Kirchner entraron en una relación distinta con la izquierda. Sobre todo, con sectores intelectuales de origen marxista que tenían un vínculo reticente con el peronismo. Desde ese ángulo, Néstor y Cristina Kirchner eran percibidos como clásicos caudillos del peronismo del interior, que al llegar a la presidencia habían adquirido una pátina progresista por la adhesión, muy tardía en ellos, a la causa de los derechos humanos. El enfrentamiento con los productores agropecuarios modificó esa visión. Fue una demostración de que el kirchnerismo era más que peronismo clásico: se involucraba en una disputa por la renta con el sector caracterizado como la oligarquía tradicional, es decir, con la que para esa visión era la derecha más orgánica y agresiva. La expresión política de este descubrimiento fue la creación de la agrupación Carta Abierta, en la que convivían peronistas de izquierda con profesores y escritores de otras procedencias, muchos de ellos del PC. Bajo la inspiración de figuras como Horacio González o Ricardo Forster, el kirchnerismo comenzó a incorporar categorías y argumentos que le dieran sostén a una nueva identidad forjada en un nuevo inventario de conflictos.

La otra innovación es que, en la agresiva atmósfera de la controversia con el sector agropecuario, se desencadenó una lucha cuya incubación tenía ya varios años: la pelea con los medios de comunicación, sobre todo con el grupo Clarín. Una nota esencial de la personalidad política de Kirchner era la fobia ante cualquier límite. Ese rechazo operó detrás de la decisión de pagarle al FMI: más que liberarse de una deuda financiera, lo que pretendió fue emanciparse de una auditoría. Con la prensa, pero en especial con Clarín, ocurría algo parecido. Kirchner había heredado de la gestión de Eduardo Duhalde una relación amigable con ese conglomerado de medios. Sin embargo, cuando ya era presidente electo, pero todavía no había asumido el poder, en una reunión que se llevó a cabo en la Casa de Santa Cruz, confesó a un grupo de amigos que había dos figuras a las que temía: Moyano y Magnetto.

Con Magnetto, hubo un acercamiento inicial, a través del cual Kirchner exploró la posibilidad de un acuerdo político. Consistiría en una cobertura favorable durante varios períodos de gobierno a cambio del ingreso de Clarín al negocio de la telefonía a través de Telecom. Un socio de Clarín, el financista mexicano David Martínez, fue el mediador de ese entendimiento durante mucho tiempo. Era un acuerdo imposible, trabajoso, obstruido por la fantasiosa pretensión de Kirchner de conseguir una cobertura política incondicional para su administración. Una manifestación de esa incomodidad ocurrió durante del viaje que el expresidente realizó a Madrid en febrero de 2004. Entre las entrevistas que mantuvo en la residencia del embajador argentino, hubo una con el principal accionista de El País, Jesús de Polanco, y el director del periódico, Juan Luis Cebrián. Durante la charla, a la que asistió quien poco tiempo después ocuparía esa embajada, Carlos Bettini, Kirchner dijo, mirando a Polanco: «Don Jesús, ¿por qué no piensa en establecerse en la Argentina, y recortamos un poco el poder de Clarín?». En su libro Sinceramente, Cristina Kirchner ofreció pormenores de los resquemores frente a Magnetto, sobre todo los de ella misma, que se activaron cuando el líder del grupo periodístico planteó reparos sobre la conveniencia de que ella se postulara para suceder a su esposo.

El camino que se fue jalonando con estas piedras terminó de obstruirse cuando se desató la guerra con los contribuyentes agropecuarios. Kirchner tuvo primero la insólita pretensión de que desde las pantallas de Canal 13 y de TN se disimulara la gravedad de los cortes de ruta y los cacerolazos. Una versión afirma, sin embargo, que el casus belli fue otro: el expresidente se enfureció cuando vio que una cámara de TN se detuvo varios segundos en un cartel que, sostenido por un paisano en un piquete, decía: «Andate con Chávez, andate conchuda». Él lo tomó como una declaración de guerra de Magnetto. Pocos días después, durante un acto en el que hablaría Cristina Kirchner, Kirchner llegó a una tribuna, se sentó al lado de Hugo Moyano y le quitó de las manos un pequeño cartel que decía: «Clarín miente». En ese momento Moyano estaba librando su propia batalla, originada en una cobertura periodística en la que Clarín venía informando sobre prácticas mafiosas ocurridas en el sindicato de Camioneros. Este episodio es relevante: había empezado, como una dimensión de la pelea con el campo, la pelea con los medios. Con más precisión: la pelea con Clarín.

Hay un ángulo desde el cual esta querella con el grupo de comunicación más poderoso del país establece una continuidad con la política de Menem. Kirchner, como el riojano, decidió enfrentar a Clarín en la segunda presidencia, que fue la de su esposa.[374] Se distanció de Menem en otra decisión estratégica: no aceptó el poder establecido en la provincia de Buenos Aires. ¿Kirchner fue un setentista? Puede ser. Pero lo que está fuera de discusión es que fue un lector atento de lo que sucedió en el drama de la política durante los años noventa. Su identidad tuvo un rasgo estructural, no ideológico, contramenemista.

Distanciamiento con los Estados Unidos y alineamiento bolivariano; enfrentamiento con la «oligarquía agropecuaria»; asociación con la izquierda intelectual; enfrentamiento con la prensa: a estas peculiaridades, el kirchnerismo sumaría, en aquel contexto de 2008, otra que permanecería como un rasgo distintito. Es el recurso de descalificar al adversario asociándolo con la dictadura.

La primera vez que en el marco de esta discordia se utilizó el argumento fue el 1.º de abril de 2008. Cristina Kirchner se dirigió a una multitud congregada en la plaza de Mayo y en un pasaje de su discurso dijo:

Tal vez, muchos de ustedes son muy jóvenes, por ahí lo veo a Juan Cabandié, hijo de la tragedia de los argentinos, tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo un lock out patronal. Las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también al lock out patronal allá por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que, además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara.[375]

La misma superposición de opositor político y dictadura criminal se produjo cuando ya el entredicho con el campo había avanzado muchísimo: el 15 de julio de aquel año, el kirchnerismo concentró a una multitud en la plaza de los Dos Congresos. Al mismo tiempo, la protesta agropecuaria marchó hasta el Monumento a los Españoles. Ambas movilizaciones miraban hacia el Congreso. Al día siguiente, sesionaría el Senado para discutir la resolución 125 que había encendido la hoguera.

La concentración frente al Congreso condensa muchísimos significados de la escena política de aquel momento, pero, sobre todo, de la nueva fisonomía que estaba adquiriendo el kirchnerismo. Allí habló Néstor Kirchner. Habló en nombre suyo y de su esposa, de la que varias veces se presentó como vocero. La primera parte de su discurso fue una rendición de cuentas de los méritos de su gestión y de la de su esposa. Es decir, una enumeración de las razones por las cuales merecían ser respaldados. La responsabilidad de haberse hecho cargo de un país en llamas. La remoción de una Corte Suprema «vergonzosa». La renegociación de la deuda privada «con una quita del 70 %». El haber terminado con las visitas de las misiones del FMI, al que se le pagó «y le dijimos “chau”». La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por la que «recibimos un ataque de los sectores más concentrados de la economía». «Las estatizaciones del Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas».

Siguió con un planteo indispensable, pero tardío en ese momento: el problema no era con los productores, a los que «abrazamos». Pero «tenemos que tener cuidado con esos pooles que especulan y quieren enriquecerse a costa del pueblo argentino».

El tercer pasaje consistió, de nuevo, en una asociación entre protesta y golpismo: «Hablan de democracia y cortan las rutas. Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Hablan de democracia y —⁠escuchen por favor esto⁠—, como en las peores etapas del 55 y del 76, salen como comandos civiles o grupos de tareas a agredir a aquellos que no piensan como ellos, de forma vergonzosa».

Tras esa denuncia, Kirchner sostuvo algo revelador, que estará en adelante, de manera explícita o tácita, en la médula del discurso de su grupo y, en especial, de su esposa: la clase media estaba siendo manipulada en su contra. «Nuestra clase media, que fue lamentablemente instrumentada muchas veces, tiene que darse cuenta de que nunca va a encontrar la solidaridad de sectores de la oligarquía argentina. Sí va a encontrar la solidaridad de los trabajadores, de los intelectuales, de los estudiantes, de toda la patria entera».

Como si quisiera, arrepentido, corregir la ruptura que acababa de postular, agregó sin prestar atención a la incoherencia: «Por eso la clase media argentina hoy se encuentra acá».

El hilo de la explicación se cierra con una nueva caracterización del rival como golpista y como violador de los derechos humanos:

Cuando digo permanentemente que acá quisieron destituir al gobierno nacional y popular, lo digo con la fuerza de la realidad. Hoy están mostrando todos los que actuaban en la oscuridad dónde están, cómo se movían. Hoy empezaron a verse en los diarios, abrazados unos con otros. Ellos eran los que estaban y los que quieren desestabilizar la Patria. Basta de cortes de rutas, basta a los comandos civiles, basta al grupo de tareas, basta a todos estos esquemas de enfrentamiento, a estos esquemas de cobardía que el pueblo no necesita más.

Ya no se convocaba a una pelea fiscal, por la recaudación de las retenciones móviles. Se convocaba a una pelea para salvar la democracia. En la concentración que Kirchner había convocado a la plaza de Mayo el 25 de mayo de 2006, él se refería a unos misteriosos personajes con poder a los que debía enfrentar con la fuerza que, en ese mismo momento, pedía al pueblo. Ahora esos poderosos adquirían una identidad más precisa: eran los productores del campo, eran los medios de comunicación. En 2008, al calor de ese choque por la resolución 125, se fue inaugurando la identificación entre rivales y golpistas y la referencia a la violación de los derechos humanos como descalificación principal del kirchnerismo. Esa asociación presentó distintos niveles de significado. Hubo uno inmediato, y era la tendencia a imputar una intención desestabilizadora a cualquier crítica o protesta. En aquellos meses, se empezó a poner de moda la palabra «destituyente», de la que se hará uso y abuso. Se podría pensar que esta presentación de las contradicciones ha sido solo retórica. Si se quiere, cínica. Pero no es así. Kirchner tenía una inclinación marcadísima a sospechar que detrás de la escena visible había otra escena, la verdadera, a la que se accedía con dificultad. Esta visión un poco paranoica del juego político otorgó un enorme protagonismo a los servicios de inteligencia bajo su mando. Fue el clima mental en el que prosperó el poder de Antonio «Jaime» Stiuso, experto, como tantos otros personajes del submundo del espionaje, en postular conspiraciones que corroboren las presunciones de su jefe. Para personajes como Stiuso, la supervivencia depende, en gran medida, de que siempre haya un complot en curso que los convierta a ellos mismos en imprescindibles a los ojos del que manda.

Pero la explicación según la cual con el conflicto agropecuario reaparecía el golpismo tenía, además, una veta más profunda. Está en los planteos de Néstor Kirchner, pero, mucho, más en los de su esposa. Cuando ellos organizan el hilo de la historia en un relato, aparece a menudo una democracia genuina, la de 1973-1974, que va degenerando en una derechización que desemboca en el golpe del 24 de marzo de 1976. Allí se abre un ciclo que llega hasta el 25 de mayo de 2003, día de su llegada al poder. Quiere decir que la dictadura y los gobiernos que van desde 1983 a 2003 son, con matices, parte de un mismo trazo. En cambio, Cristina y Néstor Kirchner vienen a reponer aquella primavera progresista identificada con Héctor J. Cámpora. Esta construcción puede presentar una arbitrariedad insostenible, pero supone una contraposición que se iría afianzando con los años. Por un lado, una forma de democracia, de corte liberal, organizada alrededor del ciudadano. Por otro, otra modalidad, organizada alrededor del militante. Esta manera de entender la política está implícita en el discurso de la plaza de los Dos Congresos. Está en su base. Kirchner habla una y otra vez de la «nueva Argentina», del «nuevo país» que se está configurando, una nueva democracia frente a la cual, la que se desplegó desde 1983, tuvo algo de apócrifo. Quienes se enfrentan a ese país, cuyo creador es el gobierno, están fuera de la democracia. La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el acompañamiento de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la liturgia oficial prestan un servicio inigualable para esa presentación del pasado y el presente.

El conflicto con el campo fue la ocasión para que se pusieran en funcionamiento estos conceptos y explicaciones, destinados a diseñar una confrontación que estaría operativa hasta ahora. El kirchnerismo adquiere el rostro de un proyecto antiliberal, de demagogia plebiscitaria, en el que resuenan ecos del primer peronismo. Se suma así a una corriente que, en este siglo y a escala regional, ya había sido inaugurada en Venezuela, y que con el paso de los años se irá expandiendo como una gran ola de impugnación a la democracia liberal. Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Orban en Hungría o Bolsonaro en Brasil personifican ese paradigma.

Se podría fechar el nacimiento de esta tendencia en el conflicto por las retenciones móviles. Se constituye en ese momento un enemigo complejo, en el que convergen distintos actores concretos. Un día pueden ser los productores agropecuarios; otro día, los «fondos buitres». Los medios de comunicación siempre están presentes, encabezados por Clarín. Y aquí aparece un contenido clave: esos grupos y sectores son los agentes de una perversa manipulación de la clase media. Es interesante advertir cómo Kirchner plantea esa tesis en términos muy claros por lo brutales: la «clase media», entendida como un grupo homogéneo, indivisible, suele ser manipulada por los agentes antidemocráticos. «Nuestra clase media muchas veces fue lamentablemente instrumentada», dice el expresidente.

Hemos llegado al punto principal de nuestro interés: el conflicto con el campo constituyó, entre otras cosas, una instancia principal de un entredicho del kirchnerismo con los sectores medios. En especial, con los sectores urbanos, pero también con los rurales, que se relacionan con la política a través de los medios audiovisuales. Sin entender esta visión, es imposible advertir que fue al calor de esa batalla que el kirchnerismo aceleró dos trayectorias: un avance hacia una mayor radicalización hacia la izquierda, muy agradable en algunos circuitos intelectuales, y un proceso de conurbanización en cuanto a la representación política y, sobre todo, electoral.

Sería un error, sin embargo, mantener cerrado el ángulo de observación sobre el campo y sus intereses. Es mejor inscribir todo el giro en la superficie de un mar de fondo más intenso, aunque menos perceptible para el registro cotidiano de las noticias. Desde finales de 2006, se agudiza una patología económica que comenzará a ser un esmeril sobre la sociedad, en especial sobre la clase media. Es la aceleración de la inflación. A comienzos de 2007, cuando la carrera de los precios ya superaba el 20 % anual, Kirchner adopta una de las medidas más rudimentarias de su administración e interviene el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre las numerosas consecuencias de esta decisión, hay una financiera: se constituye en un nuevo default, ahora de los bonos en pesos ajustados por inflación. Para muchos observadores bien informados, no fue un accidente, sino que esa manipulación del valor de la deuda estuvo en la raíz de la manipulación del índice de precios. Existe un malestar agravado con los productores agropecuarios, al que se le agrega una lenta insatisfacción de los asalariados, que comienzan a verse perjudicados con la inflación. Son novedades que, es muy probable, operan en el no tan rozagante resultado de las elecciones presidenciales de 2007. Seguro intervinieron en el gran giro político que rodea al establecimiento de las retenciones móviles y que cambia por completo el sentido del juego.[376]

Recapitulando: el modo de ser del kirchnerismo adquiere una definición, un contorno, y esa definición deriva de una ruptura. Con el campo, sí, pero de manera más eminente con los medios y con la audiencia de esos medios. En el lenguaje de Néstor Kirchner, con esa «clase media» manipulada y con sus titiriteros. Esos manipuladores irán cambiando de identidad según la escena. Pueden ser los productores agropecuarios, los grandes medios, los Estados Unidos, los fondos que no entraron al acuerdo por la deuda, etc. Es interesante observar esta genética: la identidad no proviene tanto de un programa, sino más bien de la contradicción con determinados protagonistas del drama colectivo.

Alfonsín temía en Cafiero al renovador del peronismo que le abría a ese partido «el techo hacia la clase media». Los Kirchner comenzaban a cerrarlo. Era la cancelación definitiva de un deseo que había asomado en 2003, cuando el santacruceño se imaginó como el artífice de un peronismo que extendía su representación hacia el electorado que había dejado vacante el colapso de la UCR. Era la cancelación de la transversalidad. Es muy relevante detenerse en esas palabras de Kirchner referidas a los sectores medios, porque delatan el modo en que el kirchnerismo comenzaba a verse a sí mismo: como un actor cuya representación está cada vez más limitada a las franjas sumergidas de la población. Esas franjas parecen ser, desde el punto de vista político, cada vez más rentables, en la medida en que son más extensas. El empobrecimiento explica lo que va de Cafiero a los Kirchner como dos modos de pretender la inserción social del peronismo.

Para respaldar ese modo de ser, dotarlo de una legitimidad simbólica, fundar una base de poder y gobernabilidad, el kirchnerismo recurre al conurbano. La apelación a esa geografía en medio de la tormenta esconde varios sentidos. El control de esa región implica gobernabilidad. Es curioso este juego: Kirchner intenta conjurar lo que denuncia como una asonada buscando la adhesión y exhibiendo la subordinación de la clientela a la que se atribuye, con su desborde, terminar con el orden reinante. De Vido se lo dijo cuando entraba la noche del 25 de mayo de 2003: «Vamos a buscar gobernabilidad». ¿A dónde? Al conurbano. De allí se nutre la gobernabilidad, porque allí puede acabarse.

La aparición de los militantes y clientes del conurbano expresa, además, otro significado: la representación. Frente a la protesta agropecuaria identificada con lo peor del golpismo y la represión ilegal, esa masa a la cual Kirchner le habla es el certificado de que el gobierno es la democracia. Hay un lejano parecido con la movilización de Fresco en 1935: llenar la plaza desde los suburbios es el antídoto a cualquier impugnación sobre la calidad de la representación. Por supuesto, ese antídoto en el caso de Fresco, que pertenece a un sistema fraudulento, era indispensable. En el de los Kirchner, no. Sin embargo, ellos apelaron a la manifestación popular en ocasiones muy especiales. Aquella de mayo de 2006, que fue la celebración tardía del triunfo de 2005, fue una de ellas. Esta de julio de 2008, destinada a poner en escena la legitimidad del propio discurso y del propio poder en medio de un conflicto que se percibía como una amenaza desestabilizante, fue otra, muy significativa. Para entenderla en toda su dimensión simbólica, hay que recordar que la protesta del campo no se hizo solo con piquetes en las rutas rurales. Fue acompañada con igual intensidad por cacerolazos urbanos. Esos cacerolazos serían en adelante el método adoptado por los sectores medios urbanos para denunciar un impulso autoritario, es decir, para expresar una preocupación simétrica por la pérdida de calidad democrática. Este recurso al espacio público, que se inaugura en el contrapunto del entredicho agropecuario, será un signo característico de la polarización que dominará a la política durante los años por venir.

La conurbanización es un fenómeno que supone también una concepción de la economía. En este sentido, el choque con el sector agropecuario puso sobre la superficie una contradicción que excede la política. Una de las evidencias más interesantes de esa querella fue que desnudó la ignorancia que existía en una parte importante de la dirigencia política, y de manera eminente en el kirchnerismo, en relación con uno de los fenómenos más interesantes y promisorios que había vivido el país hasta ese momento desde los, digamos, doce o quince años anteriores. Estamos hablando de la revolución agraria. La caracterización que Cristina y Néstor Kirchner, y con ellos casi todo el oficialismo, hacían del sujeto que tenían enfrente atrasaba demasiadas décadas. La presidenta llegó a referirse a los que protestaban como «estancieros», un arcaísmo de los años ¿treinta?, ¿cuarenta? A la hora de reconocer a quienes tenía enfrente, padecía las mismas dificultades de los cronistas de La Nación en la cobertura de aquella movilización de Manuel Fresco, cuando veían peones de campo allí donde ya había obreros industriales.

¿Qué desconocían los Kirchner? En principio, los avances en la tecnología ligada a la producción de granos. El desarrollo científico que esconde una semilla o un poroto de soja es comparable y aún mayor al que cobija un auto de alta gama. Otra innovación no registrada en la narrativa oficial tiene que ver con nuevas formas de trabajo de la tierra, en especial, la siembra directa. Un tercer cambio: el desacople entre producción y propiedad de la tierra. No solo por las diversas formas de arrendamiento, sino también por la constitución de pools de siembra, en los que participan innumerables inversores y productores, constituyendo un «empresariado» que es imposible de reconocer en la palabra «estanciero». Estos cambios, que se venían registrando desde mediados de los años noventa, generaron otras formas de vida ligadas a la producción de la tierra. En las ciudades y pueblos del interior, se fue constituyendo una clase media de productores y profesionales asociados a la producción muy interconectada, incluso por la tecnología. Es imposible entender la rapidez, coordinación e inteligencia de la movilización de 2008 sin prestar atención a ese cambio sociológico, que estuvo acompañado por una nueva institucionalidad: en aquella protesta por las retenciones móviles, fue mucho más eficaz la intervención, silenciosa, de los grupos CREA (sigla de Consorcio Regional de Experimentación Agrícola) que el papel de alta visibilidad de las entidades gremiales constituidas en la Mesa de Enlace.

Esta era otra «nueva Argentina», distinta de la que predicaba Kirchner aquella tarde y no incorporada al registro oficial. Para enfrentarla, el esposo de la presidenta convocó a las masas del conurbano, que volvieron, una vez más en tan poco tiempo, al centro de la ciudad siguiendo a sus caudillos, los intendentes que integraban esa clientela privilegiada que tanto cultivaba Kirchner. La disposición de las personas fue paradójica. Kirchner subió al escenario que tenía a sus espaldas a los gobernadores, sobre todo a los de provincias agropecuarias. Esa participación tenía un costo enorme para ellos, porque significaba una desconsideración para una gran parte de su electorado que estaba enfrentada con el gobierno. Además, esos mandatarios provinciales debían mostrarse solidarios con una medida recaudatoria que no los beneficiaba. A pesar de que, en reconocimiento a este problema, la Casa Rosada había creado un fondo para beneficiar a las provincias con algo de lo que se recaudara con las nuevas retenciones, ese «impuesto» no era coparticipable. Más aún: las retenciones fueron un instrumento privilegiado, por su carácter centralizado, del disciplinamiento político que los Kirchner impusieron a la dirigencia del interior, sobre todo a la del PJ.

Si los gobernadores estaban en el palco, debajo de él se extendía una clientela suburbana a la que esa tarde Kirchner le recordó que, ella sí, se beneficiaba con los recursos extraordinarios que se extraerían de la producción de granos. A esos vecinos del Gran Buenos Aires, les recordó todo lo que le deben a la capacidad del Estado de extraer recursos de esa oligarquía heredera de los comandos civiles y los grupos de tareas, que se concentraría en el Monumento a los Españoles.

Las dos plazas, las dos manifestaciones, podrían ser leídas, en una simplificación que como toda simplificación sacrifica aspectos importantes de la realidad, como dos universos contrapuestos.

Uno de ellos, dinámico, que protagoniza una economía innovadora basada en la producción agropecuaria, que es la principal valencia que relaciona a la Argentina con el exterior. Es la plataforma de un nuevo modelo, con eje en las exportaciones, sobre todo de alimentos.

Enfrente, conducida por intendentes y movimientos sociales, una población, de cuyas necesidades se sirve la política desde hace décadas, que es la víctima de un curso de acción fallido: el proceso de industrialización asistida en el que ingresó la Argentina hace setenta años, cuando, desalojada de la economía internacional, resolvió explorar una «vía nacional al desarrollo».

El experimento fue la respuesta a la crisis surgida a partir de 1929 en el seno de otra globalización, la que protagonizó el Imperio británico, durante la cual la Argentina conoció, con marchas y contramarchas, siete décadas de progreso. Frente a aquel colapso, la economía se replegó sobre el mercado interno, con una industrialización sustitutiva y estadocéntrica. La mano de obra migró hacia las grandes ciudades, en una peregrinación que explica el surgimiento del peronismo. El horizonte intelectual de esta mutación fue la oposición entre la industria, con la que ahora se identificaba la modernidad, y el campo, asiento de una oligarquía rentista. Una caricatura criolla del pasaje del orden feudal al orden burgués.

Los Kirchner le hablaron al campo desde el corazón de ese modelo, con un discurso cuya debilidad radicaba en su anacronismo. La pretensión de «defender la mesa de los argentinos» mediante el castigo a las exportaciones agrarias y la destrucción de los contratos del comercio internacional hacía juego con la ilusión de que los servicios públicos mejorarían no cuando se elevara la calidad de los controles, sino cuando se sustituyera al inversor extranjero por una «burguesía nacional» nacida de la intervención del Estado.

Kirchner se dirigió al sector agropecuario y, detrás de él, a la clase media, parado sobre los hombros de un fantasma. Ese fantasma es un modelo alternativo de rasgos imprecisos, cuyo programa está siempre por definirse. Una experiencia económica que se agotó ya a mediados de la década de 1970 y no logra reanimarse. En reemplazo de ese espectro, está la realidad: una economía regional cada vez más degradada, empobrecida, radicada alrededor de la gran ciudad. La «conurbanización» del kirchnerismo, de la que el conflicto con el campo fue una instancia decisiva en lo material y en lo simbólico, es más que una evidencia sociológica. Es también un modo de sostener una ecuación económica, por la cual se extraen recursos de los sectores más dinámicos para volcarlos en forma de subsidios en las víctimas de una organización material que excluye cada vez a más y más personas. Fraseado de otro modo: Kirchner se estaba despidiendo de una alianza social sobre la que se había sostenido durante los años de una prosperidad sin contradicciones, para refugiarse en otra más conectada con una economía intervenida, estadocéntrica.

El gran ciclo de las commodities, ligado al consumo asiático, que fue desde 2003 hasta 2013, disimuló las insalvables limitaciones de este modo de administrar los recursos. La bonanza de esa década fue confundida con algo que no existió: la recreación de la economía del primer peronismo. Es un malentendido crucial para comprender el experimento kirchnerista. En el discurso de ese grupo prevalece una visión de la economía desencarnada de la historia. No son la única expresión política que incurre en esa deformación óptica: la idea de que existen recetas exitosas y recetas fracasadas con independencia del contexto en que se ejecutan. Los Kirchner y sus principales acólitos insisten en esa visión a lo largo de los años. Desconocen la presencia de dos factores transitorios y externos a su administración: el ajuste de Duhalde y la expansión de las economías asiáticas.

Al amparo de una experiencia más o menos efímera, se creó un Estado cuyo tamaño fue proporcional al precio de la soja en lo más alto del ciclo. Pablo Gerchunoff describe estos movimientos en la conferencia titulada «La Doble U invertida de América del Sur», que se mencionó en el capítulo Pobreza, de este libro. La Argentina extrajo del boom de las commodities un 4 % adicional de recursos fiscales; pero incrementó el gasto público 15 % del PBI, de los cuales 12 % se destinó a erogaciones sociales. Es el desequilibrio más llamativo de todos los que ocurrieron en la región, y contrasta con los casos de Chile y Perú, donde el gasto creció menos que los ingresos derivados de la expansión exportadora.

Desde 2013 en adelante el país está viviendo el anticlímax de aquella engañosa expansión. Hay que insistir: el malentendido de confundir un contexto favorable con la resurrección de un paradigma perimido es clave para entender el eje central del drama económico que se desarrolló con claridad en el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Volvamos al conflicto con el campo. Aquel 15 de julio Kirchner sabía que al día siguiente habría una sesión en el Senado cuyo resultado era incierto para todos. No solo se sabía que los números estaban justos. Se especulaba con un empate y con que Julio Cobos, el vicepresidente, podría votar la derogación de la resolución. Es decir: 48 horas antes de que ocurrieran los hechos, se preveía que podían ocurrir. Hubo dos señales al respecto. Una: trascendió en el diario La Nación que Cobos podría negarse a aprobar la norma. Fue por un comentario al pasar del propio Cobos a un productor agropecuario con el que se cruzó por casualidad en un restaurante. La otra señal la aportó Scioli. Él habló antes de Kirchner en la plaza de los Dos Congresos e hizo esta precisión: «Hablo como exvicepresidente, con la responsabilidad institucional que conlleva ese cargo».

No hace falta reproducir aquí lo ocurrido en aquella madrugada electrizante, cuando Cobos dijo: «Mi voto no es positivo». El kirchnerismo vivió horas dramáticas después de esa sesión, que incluyeron un impulso de la presidenta para abandonar el poder. Que el golpe de gracia lo diera Cobos era la confirmación de presunciones que, desde lejos, pudieron o pueden parecer exageradas, pero que los protagonistas tomaron como ciertas: la idea de un movimiento desestabilizador. Esta fue la confusión que otorgó a una polémica tributaria el dramatismo de una crisis institucional: desde un primer momento, los Kirchner quisieron ver en la protesta por las retenciones el germen de un golpe de Estado. La decisión de Cobos era la del primero en la línea sucesoria. Por eso, otorgaba verosimilitud a las fantasías persecutorias. Catorce años más tarde se ve con mayor claridad que se estaba frente a una presunción inconcebible: ¿o Cristina Kirchner no resolvió encarnar el papel de Cobos cuando se negó a avalar de manera nítida el acuerdo al que había llegado Alberto Fernández con el FMI? El presente muchas veces explica el pasado.

El sentido trágico que se le asignó al rechazo de las retenciones derivó en que los Kirchner quisieran irse del poder al día siguiente. El primero en enterarse fue Florencio Randazzo, que aquella noche la pasó en el Ministerio del Interior. A primera hora de la mañana recibió un llamado del esposo de la presidenta: «Nos vamos». «¿A dónde?», preguntó el ministro. «Nos vamos del gobierno». Un rato más tarde, Alberto Fernández almorzaría con Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, en Olivos. Intentó disuadirla con esta amenaza: «En los libros de historia que lean tus nietos vas a figurar en un lugar más lamentable que Fernando de la Rúa». El mensaje pareció haber calado, porque por la tarde, cuando viajó al Chaco a inaugurar un aeropuerto, el clima ya era otro. Por las dudas, una manifestación de feligreses, para nada espontánea, gritaba: «Cristina no se va, Cristina no se va». Le atribuyen a Oscar Parrilli haberla organizado.

Cristina no se fue. Se fue Alberto Fernández. El entonces jefe de Gabinete ofreció siempre la versión, publicada en aquellas horas con relatos off the record, de que había renunciado para facilitar a la presidenta una renovación total del gabinete. Ella asegura que lo echó, y ministros de aquel entonces confirman esa explicación. El vínculo entre ellos se había deteriorado, sobre todo desde que la señora de Kirchner lanzó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada Ley de Medios poniendo a Clarín en su temible mira. Fernández había sido el responsable de mantener esa relación en términos amigables. La señal del enojo de Cristina Kirchner estuvo en la sucesión: cubrió la Jefatura de Gabinete con el dirigente que, acaso, Fernández más odiaba: Sergio Massa. El movimiento de esa pieza —⁠ella no lo sabía⁠— tendría consecuencias todavía misteriosas. Había una evidente: adquiría notoriedad en la primera línea del oficialismo un hombre del conurbano bonaerense.

Lo ocurrido en el Congreso permite entender mejor la secuencia que venimos analizando, es decir, la progresiva pérdida de plasticidad del kirchnerismo para representar a los sectores medios y, al mismo tiempo, su creciente repliegue sobre la base sociológica del PJ, en especial sobre el conurbano. Cobos era la cabeza de un experimento que falló: la formación de una concertación que combinara a un peronismo de corte progresista, el kirchnerismo, con una parte del radicalismo, que encontraría en ese peronismo una manera de reverdecer, después de la que había sido una caída histórica.

El contrato entre el kirchnerismo y esa ala radical, los denominados «radicales K», enfrentó inconvenientes desde muy temprano, mucho antes del conflicto agropecuario, y esos inconvenientes aparecieron en el campo electoral. Es decir, en el campo de la demanda del electorado, no de la oferta de la organización política. Un ejemplo: en Mar del Plata, por ejemplo, el radicalismo de Daniel Katz, que se había aliado al kirchnerismo, terminó derrotado frente un movimiento comunal. Sin embargo, la principal señal de esas dificultades fue el fracaso de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos en los grandes centros urbanos en los que se concentra la clase media. Allí prosperó la candidatura de Elisa Carrió, asociada al socialista Rubén Giustiniani. Y en algunos lugares, la de Roberto Lavagna, que llevó como candidato a vice al radical Gerardo Morales. Cristina Kirchner y Cobos obtuvieron el 45 % de los votos en franjas electorales de claro corte peronista.

El conflicto con el sector agropecuario, que se extendió hacia un conflicto con franjas extensísimas de los sectores medios, se instaló en ese terreno político. Cobos saltó de un barco que ya lo tenía a él en la cubierta, muy cerca de la escotilla. Quiere decir que la gran pelea tributaria de 2008 no solo definió una distancia entre el kirchnerismo y las capas medias, sino que incluso malogró una creación destinada a satisfacer a esa parte de la ciudadanía. A partir de ese momento, los Kirchner se resignarían a mantener el poder dentro del universo del peronismo clásico. Las novedades vendrían desde la militancia de la izquierda ideológica. Pero aquella ensoñación de 2003, consistente en estirar la oferta política del nuevo gobierno hasta cubrir la franja que había dejado vacante el radicalismo y, si se quiere, la Alianza, quedó clausurada durante aquella saga de las retenciones móviles.

Ese enfrentamiento tuvo una descomunal productividad política, porque el conflicto del gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario no modeló solo al kirchnerismo con una fisonomía que tendería a perdurar. En la fragua de esa batalla, se formó también una nueva oposición. En la Cámara de Diputados, convergieron fuerzas que hasta ese momento se repelían entre sí. El PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo no kirchnerista. El intento de anular en esa cámara la resolución 125 produjo esa coordinación, que en algún momento de la noche estuvo a punto de tener éxito. Hasta ese momento, los diputados de la UCR trataban de evitar hasta la proximidad en el recinto con los que estaban alineados con Macri. Quiere decir que en la gran crisis política de 2008 se sembró una semilla que germinaría a fines de 2009, en el denominado «Grupo A» de la Cámara Baja. Habrá que esperar, sin embargo, a 2015 para que el núcleo de ese conglomerado, constituido por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se transforme en un actor electoral: Cambiemos.

La victoria de 2007 había implicado para el kirchnerismo una consolidación en el poder. Néstor Kirchner interpretó que se estaba abriendo una nueva etapa en la secuencia que debía conducir hacia su objetivo principal: la constitución de un liderazgo sobre el PJ, afincado en el conurbano bonaerense. Esa orientación era hija también de la constatación de un límite: la Capital Federal, Córdoba, Santa Fe le daban la espalda. La transversalidad que se había ensayado con Luis Juez o con Aníbal Ibarra había fracasado. El caso de Ibarra es el más significativo. Para advertirlo, hay que subrayar un dato que ya se anotó: desde el 10 de diciembre de 2007, la CABA, que es el laboratorio inevitable para cualquier experimento político que tenga como sujeto a los sectores medios, era gobernada por Mauricio Macri. La pérdida de esa colina fue un mensaje contundente de las urnas para el sueño kirchnerista de encarnar, desde el peronismo, una especie de FREPASO con gobernabilidad: casi la cuadratura del círculo.

Las fuerzas de la sociedad o de la historia, muy condicionadas como siempre por las de la economía, fueron notificando a Kirchner de que su lugar quedaba dentro de las fronteras del peronismo. El comienzo de la batalla con el campo coincidió con el de su ascenso a la presidencia nacional del PJ. Con su esposa en la Casa Rosada y él confinado en unas oficinas que Cristóbal López le alquilaba a Eduardo Elsztain en Puerto Madero, se concentró en la fragua de un instrumento que asentaría su poder.[377]

Hay dos aspectos de este trabajo a los que debe prestarse atención. El primero es la asistencia, el 10 de abril, al acto de reasunción de Julio Pereyra como presidente de la Federación Argentina de Municipios. Pereyra, «la Tota», estaba ya en su quinto período como intendente de Florencio Varela. Algunos asistentes a esa reunión comenzaron a sospechar del marcadísimo interés de Kirchner por el control de las comunas bonaerenses. Empezó a aparecer, todavía en una nebulosa, la candidatura a diputado nacional que el expresidente encarnaría poco tiempo después.

Doce días más tarde, Kirchner asumiría la presidencia del PJ. No hubo interna. La lista alternativa, en la que convergían dirigentes hasta ese momento enfrentados a muerte, unos seguidores de los Rodríguez Saá, otros de Duhalde, no fue oficializada. Problemas técnicos, dijo el apoderado de Kirchner, Jorge Landau, que antes había sido apoderado de Duhalde. La que emergía ahora era una conducción que pretendía capturar, salvo esas dos expresiones, todas las variantes del PJ. El vicepresidente sería el gobernador de Buenos Aires, Scioli. Seguirían el chaqueño Jorge Capitanich, el entrerriano Sergio Urribarri, la tucumana Beatriz Rojkes —⁠esposa del gobernador José Alperovich⁠— y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Para compensar al camionero, el metalúrgico Antonio Caló ocupó la secretaría gremial. El mismo equilibrio se proyectaba desde el gabinete: Alberto Fernández y De Vido tuvieron posiciones equivalentes.

Néstor Kirchner estaba realizando lo que había soñado cinco años atrás: constituirse en el líder de una liga de caudillos, provinciales y municipales, con sede central en el conurbano bonaerense. No sabía que, subido a esa maquinaria, iba a encontrar la derrota. Y la muerte.

Ya sabemos que a partir de 2006 la economía comenzó a presentar distorsiones. La inflación fue la principal de todas, que derivó en un deterioro progresivo de los salarios reales. A estas dificultades endógenas, se agregó la recesión internacional. El impacto de la contracción que afectó al capitalismo occidental, que se identifica con la crisis de Lehman Brothers, significó, para el período que fue de septiembre de 2008 a julio de 2009, una caída del nivel de actividad que, anualizada, estuvo en alrededor del 3 por ciento.

Kirchner ingresó a la tormenta en un contexto muy distinto al de 2005. Tenía a sus espaldas el triunfo de su esposa, pero era un triunfo limitado, el resultado más modesto para un candidato a presidente en la historia de la democracia restaurada en 1983. Sobre esa base, firme pero no inconmovible, se sacudió el conflicto con el sector agropecuario, expandido a una ruptura con los sectores medios urbanos y, sobre todo, con la gran prensa escrita y audiovisual. En este terreno cenagoso hizo su trabajo la inflación. Se agregaba una desaceleración en la creación de empleo, hija de la retracción importada. Y, a fines de abril de 2009, el paisaje se completó con un brote de gripe aviar, denominada gripe A, que paralizó muchas actividades, entre ellas la escolar.

Aquí están las coordenadas, para nada estimulantes, que señalaban el ingreso del gobierno a la campaña electoral de renovación parlamentaria. Pero deben anotarse dos novedades más, que se entrelazarían durante esa competencia. La primera fue que desde más de un año atrás se había potenciado un nuevo actor. El triunfo de Macri en la CABA proveía de un distrito de altísima visibilidad y de recursos a un grupo de dirigentes que habían surgido como respuesta al gran derrumbe de 2001. Sobre todo, al derrumbe del radicalismo. Como siempre, en política los fenómenos son dialécticos. El kirchnerismo se venía distanciando de los sectores medios y rompía con los grandes órganos de la prensa escrita y audiovisual que contribuyen a que esos sectores elaboren su imagen de la esfera pública, al mismo tiempo que las mismas capas medias comenzaban a ser interpeladas por una nueva fuerza política.

Un nuevo actor en ciernes: Macri

Hay que enfocar bien la personalidad política de ese Macri que encuentra una plataforma estable en la Jefatura de Gobierno, para entender qué sucedió en las elecciones de aquel 2009. Ya se analizó, con motivo de la reconfiguración que introdujo en el sistema de partidos la gran hecatombe de comienzos de siglo, el significado de regeneración política, que llega a la frontera de la antipolítica, que aspiraban a encarnar Macri y De Narváez, como empresarios que irrumpen en la escena como figuras de reemplazo. ¿De reemplazo de qué? En principio, del radicalismo. Sin embargo, hay que destacar un aspecto importante del movimiento de Macri para comprender todo el proceso político de esos años.

Macri no necesitó muchas evidencias para advertir que el mercado inmediato, el más natural, sobre el que estaba destinado a desplegarse, era el de la base social de la UCR. La más elemental era que estaba gobernando una ciudad que se había identificado durante décadas con esa representación. Sin embargo, él no se vio, ni vio a su fuerza política, como la sucesión del radicalismo. Así se pudo autopercibir Carrió. Así se pudo ver a sí mismo López Murphy. No el nuevo jefe de Gobierno porteño.

Hasta 2015, Macri interpretó que su lugar era el de representar una alternativa al kirchnerismo dentro del extenso campo peronista. Esta forma de ubicarse puede explicarse por varios factores. Uno de ellos es de tradición familiar. Franco Macri siempre fue un empresario ligado al peronismo, inclusive a dirigentes con nombre y apellido, como José Octavio Bordón o Carlos Grosso. Por supuesto, durante el largo reinado de Carlos Menem y Domingo Cavallo, fue uno de los «capitanes de la industria», como se los llamaba entonces, estelares del sistema. Grosso nunca entendió y siempre recordó con despecho que, en el enfrentamiento con Menem y Cavallo, que provocó su caída como intendente porteño, Macri, su amigo y beneficiario Franco Macri, se inclinara por la Casa Rosada.[378]

Hay que observar también que las principales valencias que unían a Macri a la política tradicional en aquel momento estaban más o menos ligadas al PJ. La principal: Ramón Puerta. El misionero tenía ya una larga amistad con Macri, que tenía interés en negocios de la provincia. Ambos habrían sido compañeros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina (UCA), aunque llama la atención ese detalle, ya que se llevan ocho años de edad. Entre los amigos de Puerta, hay quienes sospechan que Macri fabula con esa vieja camaradería para justificar afinidades posteriores, ajenas al quehacer estudiantil. Lo cierto es que Puerta fue de los primeros dirigentes que entusiasmaron a Macri con la posibilidad de ofrecerse al peronismo como una opción al kirchnerismo, sobre todo cuando este se volvía cada vez más rupturista.

Miguel Ángel Toma formó parte del mismo círculo. De su mano llegó cerca de Macri Cristian Ritondo, eterno lugarteniente de Toma. Diego Santilli integra la misma cofradía inicial, procedente del PJ porteño. Pero si se amplía un poco el diafragma de la clasificación, Horacio Rodríguez Larreta también es un allegado al peronismo. Cuando Macri comenzó su carrera política, Larreta le anexó su Grupo Sophia, del que ya se ha hecho referencia aquí, a propósito del estallido de 2001. Larreta, que fue desde el primer día jefe de Gabinete de Macri, venía de militar en el PJ de la mano de Ramón «Palito» Ortega, de quien fue viceministro, en paralelo con Jorge Capitanich, durante el gobierno de Menem. Después de varias posiciones en la administración Menem, terminó ocupando una de las tres butacas de conducción del PAMI, con De la Rúa, en representación de Duhalde. Más adelante habrá que volver a mirar a Larreta y su Grupo Sophia, que son una fase importante de la prehistoria del PRO y de Cambiemos, sobre todo para la política bonaerense.

Volvamos a este punto: Macri se vio a sí mismo como el predestinado a quedarse con el cetro del PJ cuando el experimento Kirchner fracasara. Esa expectativa era verosímil, porque había un sector del peronismo que estaba en busca de un dirigente que lo representara en las urnas. Ese sector era, por ponerlo en términos difusos, Duhalde y sus aledaños. Aquí la historia presenta una de esas paradojas desconcertantes. Kirchner llegó a la presidencia, en alguna medida, porque Macri desistió de la invitación de Duhalde a hacerse cargo de la candidatura principal. Duhalde alega que se vio «condenado» a Kirchner por falta de alternativas. Kirchner triunfó y su primera decisión fue socavar la base política de Duhalde, seduciendo a los principales jefes municipales del conurbano, hasta capturarlos a casi todos. La venganza de Duhalde, de un Duhalde derrotado, debía instrumentarse a través de una figura ascendente. Buscó a Macri para enfrentar a Kirchner, igual que había buscado a Kirchner para enfrentar a Menem.

De lo anterior, no debe decirse que Macri fuera un candidato duhaldista, pero se ubicaba en una zona de la política familiar al duhaldismo. Con De Narváez sucede lo mismo, pero de manera mucho más explícita. Este empresario se había aproximado mucho a Duhalde. Y, a diferencia de Macri, tenía una aspiración explícita a hacer política dentro del peronismo. Esa aproximación, de tan acelerada, tuvo algo de impostado. De Narváez compró el uniforme y la biblioteca de Perón con la intención de adquirir una identidad por la vía osmótica, en la posesión de ciertos talismanes. Establecido en su búnker cool de la calle Báez, en Las Cañitas, por sus oficinas pasó todo el peronismo no kirchnerista. Y esa familiaridad más un factor más poderoso que cualquier otro, su disposición a financiar la aventura electoral, lo dejaron al frente de la lista de candidatos a diputados bonaerenses. Además de las capacidades que da el dinero, De Narváez contaba a su favor con una incapacidad, que le fijaba la Constitución: colombiano de nacimiento, no podía ser candidato a presidente. Es decir, era inofensivo para Macri.

Balance provisional: el proyecto político de Macri, extendido hacia la provincia de Buenos Aires a través de De Narváez, anclaba mucho más en el peronismo residual o resistente que en una fuerza política alternativa. A los factores que ya se consignaron, conviene agregarles ahora otro: el conflicto con el campo. El enfrentamiento con el sector agropecuario tuvo, entre sus numerosas consecuencias, una todavía no mencionada: amplió la disconformidad peronista frente a los Kirchner. Hubo un conjunto de dirigentes que quedaron expulsados del oficialismo como consecuencia de la discusión de la resolución 125. Entre ellos, el más destacado fue Felipe Solá, pero también una organización no despreciable, por su capilaridad territorial y sus recursos financieros, en especial como consecuencia de la economía de la soja, como fue la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), liderada por Gerónimo «el Momo» Venegas. Más allá de su propio rol, Venegas desempeñó el papel que corresponde siempre a los hombres de frontera, a los que dan el primer paso: al aproximarse a Macri y De Narváez, desinhibió a otros dirigentes sindicales que fueron en la misma dirección.

Ya tenemos, entonces, ante nuestros ojos la alianza que enfrentaría al peronismo en aquel 2009 que venía a contrapelo de los Kirchner. Macri, De Narváez, Solá. ¿Por qué había que caracterizarlos como lo hicimos en los párrafos anteriores? Para advertir un rasgo crucial: nacía una oposición al kirchnerismo con una característica inesperada y es que se trataba de una corriente política con gran conectividad con el peronismo, que en buena medida lo incluía y que, por lo tanto, no renunciaba a verse con derecho y aptitud para representar a los sectores medios y bajos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno es muy relevante para comprender la historia de los últimos tres lustros. Por primera vez en mucho tiempo, al peronismo, en este caso en su versión kirchnerista, le nacía un competidor que no se resignaba, como lo hacía el radicalismo, a expresar solo a los sectores medios urbanos y rurales. De Narváez, Solá y, muy importante, Macri, querían rivalizar por el voto tradicional del peronismo. En una síntesis brutal: tenían la vocación de dar una pelea territorial en el conurbano bonaerense, que es la región en la que se concentra ese tipo de votante. Estamos, entonces, ante una novedad interesante desde el punto de vista del cambio político. Un rastro que hay que seguir, además, porque en él se esconde un parecido, una continuidad, entre dos bloques políticos que han apostado, desde el primer minuto, a una acérrima polarización retórica.

Hay que observar otro aspecto de esta configuración electoral. El radicalismo se resistió a ser parte de esa coalición. Quiere decir que Macri, Solá y De Narváez competían con el kirchnerismo y también con la UCR, lo que tendrá consecuencias de mediano plazo. Sobre todo porque restablece un fenómeno que ya se registraba en la ciudad de Buenos Aires: esos nuevos actores, sobre todo Macri, se oponían al kirchnerismo pero pretendían reemplazar a la UCR en la representación de los sectores medios. Lo segundo era más agresivo que lo primero. Se inauguraba una tensión de Macri con los radicales, que no desapareció jamás.

Las elecciones legislativas de 2009 estaban fijadas para el 25 de octubre. El gobierno, atemorizado por la atmósfera que se respiraba, las adelantó al 28 de junio. Existen muchos indicios de que Kirchner, como ya se dijo, pensó en postularse muy temprano, en el primer semestre de 2008. Las dificultades que se habían presentado desde entonces lo ratificaron en esa decisión.[379]

En aquellas legislativas, compitieron tres fuerzas principales: Unión-PRO, con De Narváez y Solá como postulantes principales; el Frente para la Victoria, encabezado por Néstor Kirchner, y el Acuerdo Cívico y Social, integrado por la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista.

La misma adversidad que debía afrontar el oficialismo aconsejó una estratagema: postular a candidatos «testimoniales», es decir, dirigentes que aparecen en un lugar prominente de la boleta pero que, se sabe de antemano, no van a ocupar el cargo para el que se presentan en los comicios. Este ardid fue discutido en la Justicia, por una impugnación de la UCR, referida en especial al gobernador Daniel Scioli y a Sergio Massa, jefe de Gabinete que había reemplazado a Alberto Fernández. Es interesante advertir la presencia de Massa en el corazón del oficialismo. Es un hombre del conurbano, con una edad y una ubicación en el dial de la política que lo convertía en un muy buen alfil para neutralizar el peso de una figura que siempre despertó recelos en el matrimonio: Scioli.

La idea de lanzar candidatos testimoniales fue de Massa. Kirchner la adoptó de inmediato. ¿Qué ventajas veían? En principio, poner al frente de las listas de diputados nacionales y de concejales, los rubros más atractivos, a las principales figuras del Frente para la Victoria. Kirchner, Scioli, Massa y los intendentes de cada municipio. Esos nombres potenciarían la oferta. Sin embargo, había otro propósito, sobre todo en la cabeza de Kirchner: comprometer a ese establishment con la suerte del gobierno. El desgaste de los primeros dos años de gestión de Cristina Kirchner, en especial el que ocasionó la guerra por las retenciones móviles, hacía presumir una marcha forzada hacia las urnas. Figuras muy cercanas a Kirchner, como Julio de Vido, consideran, hasta hoy, que el conflicto agropecuario, manejado con demasiada inflexibilidad, fue el causante de la derrota de aquel año. «Les pedimos demasiado a los intendentes. Y ellos se preservaron», suele comentar.

La campaña de 2009 constituye un hito para la política reciente, no solo porque Kirchner resultó derrotado, sino también por su dureza. Durante su transcurso, se trasladó al terreno electoral el nivel de agresividad que había adquirido el conflicto político durante la discusión de las retenciones móviles. Kirchner se mostró como una figura cada vez más intemperante y, esto es relevante para la evolución de su imagen delante de quienes no simpatizaban con él, dispuesta a todo. De hecho, fue la primera oportunidad en que se utilizaron los servicios de inteligencia de manera ostensible aplicados a la disputa por el voto. De Narváez fue presentado por el oficialismo y sus medios de comunicación adyacentes, a menudo haciendo palanca sobre su origen colombiano, como relacionado con el tráfico de efedrina y, sobre todo, con el encausado por ese delito, Mario Segovia,[380] denominado «el Rey de la Efedrina».[381] Como suele suceder en estos casos, a partir de datos ciertos pero marginales y, sobre todo, verosímiles, se montó una narración para estigmatizar y penalizar en la Justicia a quien ya aparecía como el principal rival de Kirchner. La maniobra se llevó adelante en el juzgado federal de Campana, a cargo de un magistrado, Federico Faggionato Márquez, estrechísimamente ligado al jefe de Contrainteligencia de la entonces Secretaría de Inteligencia, Stiuso y, sobre todo, a su principal gestor judicial, Darío Richarte. Fue muy obvio que De Narváez atravesó todo el período de proselitismo con sus comunicaciones intervenidas por el espionaje oficial. El interés de Kirchner en esta patraña era directo.[382] Se inauguraba otro estilo o, para mayor precisión, salía a la luz que se había inaugurado otro estilo.

Esa transgresión de las reglas de juego no se justifica, pero se entiende. De Narváez ascendía, en un momento en que los Kirchner ya evidenciaban, como se explicó, un desgaste considerable. Para advertirlo es interesante leer una investigación de opinión pública realizada en aquel momento por Isonomía. La consultora de Juan Germano, Pablo Knopoff y Rodrigo Martínez recién se inauguraba y había sido contratada en exclusiva por De Narváez. Fue la primera en detectar que el empresario se estaba imponiendo en la competencia contra el esposo de la presidenta.

Repasemos algunos datos interesantes de aquel trabajo.[383] El más evidente es que la pelea fue muy pareja. Arrancaron con una intención de voto del 27,1 % para De Narváez y el 26,1 % para Kirchner, y terminó con el 34,7 % contra el 32,1 %, que fue el resultado real. La consultora se había aproximado mucho: vaticinó el 34,7 % contra el 32,7 por ciento.

Para la fecha de la elección, De Narváez tenía el 42,5 % de imagen positiva, y el 35,8 % de imagen negativa. El 17,6 % no se pronunciaba, y el 4 % no lo conocía. Kirchner, en cambio, ya padecía un saldo de imagen negativo: el 40,8 % positiva, el 55,6 % negativa y solo el 3 % de consultados que no se pronunciaban. Cristina Kirchner también tenía un saldo negativo, más tolerable: el 44,7 % contra el 51,9 %. Vale la pena poner la lupa en dos casos. Scioli: el 49,6 % de imagen positiva y el 43,3 % negativa, con el 6,1 % de gente que no se pronunciaba. Flotaba por encima de cualquier peronista. La otra figura a observar es Solá: el 30,9 % de imagen positiva, el 55 % de imagen negativa y el 11,9 % de abstención. Se entiende, entonces, por qué Kirchner subió a Scioli a su embarcación. Y se entiende también por qué, contra la idea de un complot que él mismo reprochaba, De Narváez y Macri escondían a Solá.

Hay otro pormenor muy interesante de este estudio. Desde que comenzaron a estudiar su figura, a mediados de 2008, De Narváez fue siempre identificado por el electorado como un candidato peronista. En febrero de 2009 esa localización llegó a ser llamativa: el 42,5 % creía que era del PJ. Solo el 10,9 % lo veía como alguien del PRO y un 4,5 % entendía la verdad: que pertenecía a Unión-PRO. Cuando se produjo la elección, esta superposición con el PJ había descendido, pero seguía siendo la fuerza con la que más se lo asociaba: el 29,5 % lo veía peronista, el 18 %, del PRO, y el 14,5 % de Unión-PRO.

Hay que insistir, entonces, con la aparición de un fenómeno novedoso: una oposición al kirchnerismo que, entre otras razones por la propia división del peronismo de la que se alimentaba, no era antiperonista. Más: era identificada con el peronismo. Esta superposición de identidades fue el resultado de una acción deliberada. Unión-PRO, en particular De Narváez, como ocurrirá con el PRO de Macri más adelante, corrió su tono y su agenda hacia sectores sociales peronistas y logró un resultado favorable. Fue el esfuerzo simétrico de aquellos Kirchner que, entre 2003 y 2005, se esforzaron por estirarse hacia la base que había dejado vacante la Alianza. Fue una plasticidad, hay que insistir, de la que careció el radicalismo en su tarea de ser contrapunto del PJ.

La localización de De Narváez en el imaginario del electorado explica buena parte de su victoria.[384] Sacó 2606 632 votos contra 2418 104 de Kirchner. Margarita Stolbizer obtuvo, con su Acuerdo Cívico y Social, 1613 037 votos, equivalente al 21,46 % de esos comicios. Y aquí hay un dato que habrá que tener en cuenta para comprender mejor la estrategia kirchnerista posterior a la derrota: Nuevo Encuentro, con Martín Sabbatella a la cabeza, obtuvo 415 961 votos, es decir, el 5,53 % de la elección. Esa franja de electores, a cuya separación se le atribuye la derrota, será un objetivo sistemático de los Kirchner, sobre todo de Cristina, en el tiempo por venir.

La derrota de 2009 inaugura una trayectoria. En principio, un conflicto de Kirchner con muchos intendentes del conurbano, a los que les imputó haber cortado boleta en su contra y a favor de De Narváez. La peronización del discurso opositor había permitido esa aproximación. El distanciamiento con esos caudillos es decisivo para comprender dos cursos de acción: el fortalecimiento del vínculo entre la Casa Rosada y los movimientos sociales como organizaciones alternativas al PJ convencional, por un lado, y el progresivo y, a la vez, indeciso alejamiento de Massa, caudillo de Tigre, que ingresó en aquellos comicios a la lista de los traidores, por otro. Del piso de la derrota, además, Kirchner lanzó dos grandes iniciativas, que llevaban en su seno la fantasía de corregir los factores a los que él atribuía su caída. La Ley de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y la Ley de Medios Audiovisuales, que teñiría todo el ciclo posterior, hasta el abandono del poder en 2015.

Lecciones de una derrota inesperada

La interpretación de lo sucedido estuvo teñida por las clásicas hipótesis conspiranoicas que fascinaban a Kirchner. La dominante fue la traición de los intendentes, que en muchísimos casos obtuvieron un resultado mucho más exitoso para sus listas de concejales que el que consiguió el expresidente para la suya, de diputados nacionales. El fenómeno fue muy evidente en el conurbano, y no había que esperar a conocer el resultado para advertir que los dirigentes de esa región habían decidido ponerse a salvo de la suerte del gobierno nacional. Con excepción de la lista de diputados nacionales, el Frente para la Victoria estuvo ausente de la contienda. Las listas de diputados y senadores provinciales se presentaron con la denominación Frente Justicialista para la Victoria, pero ese nombre se repitió nada más que en las boletas de concejales de Quilmes y Merlo. El resto de los jefes municipales hicieron que sus listas aparecieran bajo la tradicional advocación de Partido Justicialista.

En aquellos días, ocupó bastante espacio en los medios una advertencia del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien había prometido salir a «cazar traidores». Meses después, se conoció un videojuego en el que el protagonista, Ishii, disparaba contra una serie de dirigentes identificados como los traidores: eran Alberto Descalzo, Sergio Massa, Cristian Breitenstein, Juan José Mussi, Humberto Zúccaro, Hugo Curto, Pablo Bruera, Joaquín de la Torre, Aldo Rico, Jesús Cariglino, Gustavo Pulti, Felipe Solá y Francisco de Narváez. En el PJ, todo el mundo dio por supuesto que la amenaza y la lista habían sido ideadas por Kirchner.

Las señales de distanciamiento del aparato del conurbano respecto de los intereses de su supuesto jefe fueron muy tempranas. Puede resultar inexplicable que en el centro del poder no las hayan advertido. No lo es tanto. Contra lo que supone la percepción externa, la gestión política está minada por el azar, la distracción y, en especial, la distorsión que introducen las emociones en lo que sería un curso racional de los acontecimientos. Kirchner interpretó la derrota como el resultado de una traición. Fue la tesis que le impuso, la mañana siguiente a la elección, José López, el secretario de Obras Públicas. López, un tucumano que había convivido con él desde los comienzos de la gestión santacruceña, sabía que Kirchner tenía una inclinación irrefrenable hacia las explicaciones conspirativas. Y, como todo aquel que la tiene, premiaba a quien detectaba los complots. López tenía autoridad para diagnosticar las causas de la caída. Era quien, más que ningún otro funcionario, mantenía el vínculo entre Kirchner y los intendentes.

Imputar a los intendentes una traición parece una ingenuidad o la señal de una inconcebible falta de experiencia. Como suele decir un prosaico dirigente del PJ porteño, «lo que a uno le sorprende en política es la lealtad; lo que hay que esperar es la traición». Hay que volver al comentario de De Vido, en el sentido de que a los intendentes se les había pedido demasiado durante la contienda con el sector agropecuario. Más allá de esta controversia, en las diferencias por la denominación de las listas aparece una característica estructural de los herederos de Perón. El peronismo rige su comportamiento por una especie de transacción de identidad por votos. Los dirigentes están casi siempre dispuestos a adoptar el ropaje que les asigna quien, en un determinado momento histórico, sintoniza con el electorado, es decir, trae los votos. Fueron neoliberales con Menem, mientras el riojano estaba en su apogeo. Cuando decayó, se replegaron en su identidad peronista, que no es otra cosa que la defensa de sus intereses inmediatos para conservar un poder que puede ser provincial, municipal o sindical. Cuando Kirchner demostró que estaba en condiciones de producir la magia del éxito electoral, aquellos neoliberales se pusieron el traje bolivariano, para incurrir en una caricatura. Sin embargo, ante la presunción de la derrota, los mismos intendentes corrieron a refugiarse bajo el paraguas «justicialista». Es una conducta que se repite a través del tiempo. En 2009, solo fue un poco más notoria.

La retracción sobre ese peronismo que en Brasil llamarían «fisiológico» adquiere modalidades especiales en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su conurbano, a partir de 2005. Esas peculiaridades se advierten con más claridad en 2009. ¿Por qué? Porque el electorado tenía disponible una oferta alternativa que también se presentaba como heredera de Perón. Esta es una derivación importantísima de la crisis entre Kirchner y Duhalde. El duhaldismo residual será la plataforma inicial de Unión-PRO: una asociación de quien había sido gobernador del PJ hasta 2007, Solá; de un empresario peronizado como De Narváez, y de un Macri que, como ya se dijo, se autopercibía como una alternativa dentro del PJ. Esta opción de un peronismo de centro o centro-derecha facilitaba una maniobra indisimulable: volver a la identidad tradicional del movimiento podía significar para los intendentes desdoblarse, a nivel municipal, entre el Frente para la Victoria de Kirchner y Unión-PRO.

Este mecanismo de autopreservación, que se verificó en infinidad de casos, trasciende lo anecdótico. Proyecta una luz sobre un aspecto principal del tipo de inserción de los intendentes en el juego político. Su objetivo prioritario es tener el control del territorio, de la propia jurisdicción, con prescindencia de cualquier condicionamiento ideológico y, si se quiere, partidario. Para lograrlo, una condición indispensable es retener la mayoría del Concejo Deliberante, es decir, contar con once o trece concejales propios, según cual sea la composición del cuerpo. Uno de los recursos para conseguirlo es ofrecer dirigentes propios como candidatos para una oposición que enfrenta dificultades para obtener representación en todos los distritos.

Es una estratagema que en 2009 se verificó en infinidad de casos. Uno muy notorio ocurrió en José C. Paz, donde Ishii, el que después saldría a cazar traidores, envió a un concejal propio, Gastón Ortega, a integrarse a la lista municipal de De Narváez. En Malvinas Argentinas, la lista de Unión-PRO estuvo encabezada por Mario Gualmes, cuya esposa, Sonia Alfonso, formaba parte del bloque kirchnerista de Jesús Cariglino. En Escobar, el segundo lugar de la lista opositora fue ocupado por Luis Balbi, que era funcionario del municipio. Hasta Hugo Curto, en quien tanto confiaba Kirchner, prestó a uno de sus hombres, el exsecretario de Empleo de Tres de Febrero, Luis Martinelli, para representar a De Narváez. Una vez que ganó, el candidato opositor le agradeció ese auxilio en una entrevista periodística.

Los desplazamientos camaleónicos caracterizan al juego político en todos los niveles. Los punteros examinan el ambiente y se ponen al servicio de quien les garantice mantener su cuota de poder. Sucedió eso con las versiones disidentes del peronismo, sea la de De Narváez o, más tarde, la de Massa, pero ocurrió también con la aparición de Cambiemos. El componente peronoide del macrismo, aun cuando fuera aliado de la UCR y la Coalición Cívica, facilita esas mutaciones oportunistas. Pero sería un error atribuir esta conducta solo a los punteros. Como se acaba de describir, los intendentes siguen un procedimiento similar. Mirado desde el ángulo opositor, esta cultura de poder territorial plantea un interrogante siempre abierto: ¿es posible conquistar o retener el poder en esa geografía si no se domina siquiera una fracción del aparato capilar organizado alrededor del peronismo? La respuesta, en la práctica, es negativa. Estamos, entonces, ante un problema de primera magnitud, y es si existe espacio en el conurbano para un estilo de acción política que pueda prescindir del lazo clientelar. Es un interrogante con el que nos encontraremos varias veces en este itinerario histórico.

Volvamos a los resultados de 2009, porque en esa aritmética están cifradas algunas claves de la evolución política posterior. Cuando se conoció la derrota, Kirchner prestó atención a un caso por sobre cualquier otro: Tigre. Era el distrito del jefe de Gabinete, Massa, quien había promovido una lista de concejales encabezada por su esposa, Malena Galmarini. Con su lista de diputados, en la que también estaba Massa, Kirchner obtuvo el 39 % de los votos. En cambio, Galmarini sacó el 53 %. En los 14 puntos de esa brecha estaba escondida, para Kirchner, la traición. Lo hizo notar: aquella noche, en el Hotel Intercontinental, donde esperó los números de las urnas, se enfureció con Massa. En esa escena, se estaba concibiendo, con muchísima antelación, lo que sería después el Frente Renovador. Nueve días después, Massa era despedido de la Jefatura de Gabinete.

Si se pone el foco en un par de figuras, se puede reconstruir esta genealogía posterior. Un ejemplo: Luis Andreotti. Fue el candidato a concejal de De Narváez para enfrentar al intendente Gerardo Amieiro en San Fernando. En 2001, fundó un partido propio y ganó la intendencia, apoyado en secreto por Massa, su vecino de Tigre. En 2013, fue uno de los fundadores del Frente Renovador. Otro ejemplo: Jorge D’Onofrio. Fue el primer candidato a senador provincial de Unión-PRO por la primera sección electoral. En 2010, dejó ese bloque, seducido por el presidente del Senado, Gabriel Mariotto. Pero en 2013 marchó junto a Massa, gracias a quien consiguió, en enero de 2022, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Las hostilidades que se abrieron contra los «traidores» ocasionaron en estos un movimiento de autopreservación. Kirchner comenzó a estudiar la posibilidad de armar listas de varios distritos, si no para vencer, para disciplinar a quienes habían intentado liberarse de su grillete. Esos dirigentes comenzaron a hablar entre sí. En marzo de 2010, se animaron a reunirse por primera vez. Fue en el último piso de la sede de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con Jesús Cariglino como anfitrión. Allí fueron Luis Acuña, de Hurlingham; Sandro Guzmán, de Escobar; Joaquín de la Torre, de San Miguel; Gilberto Alegre, de General Villegas; Pablo Bruera, de La Plata, y José Eseverri, de Olavarría. Y una novedad importante: también participó Massa, que ya había sido expulsado de la Jefatura de Gabinete.

La derrota de 2009 tuvo consecuencias de largo plazo para el kirchnerismo y para el país. Néstor y Cristina Kirchner se apresuraron a avanzar con varias iniciativas antes de perder, en diciembre, la mayoría en la Cámara de Diputados. Fueron operaciones destinadas a eliminar los factores a los que Kirchner había atribuido su fracaso. Tres de ellas se destacaron sobre las demás. Una fue la reforma del sistema electoral, estableciendo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Entre las numerosas novedades del nuevo régimen, había una que el ahora diputado bonaerense privilegiaba sobre las otras: un candidato ya no podría participar de varias listas, conocidas como «colectoras». Quien decidía intervenir en una interna y perdía ya no tenía chances de postularse por otra fuerza política ni de integrarse a la fórmula ganadora, en el caso de ser una competencia por el Poder Ejecutivo. Esta prohibición cobijaba una consecuencia inevitable que era la multiplicación de candidaturas a través de distintas fuerzas. Sin embargo, para la visión de Kirchner, la nueva normativa contenía un dispositivo esencial: limitaba el financiamiento privado de las campañas. Era un antídoto contra la aparición de cualquier otro De Narváez o del mismo De Narváez, es decir, de un hombre de negocios adinerado que pudiera solventar una campaña como outsider.

La otra medida adoptada por los Kirchner fue impulsar con mayor vigor la Ley de Medios, que Cristina Kirchner había anunciado en un acto cargado de la mayor solemnidad, al que fue invitado hasta el cuerpo diplomático acreditado en el país, el 18 de marzo de 2009. Fue en la catedral de sus grandes acontecimientos: el Teatro Argentino de La Plata.[385] En el círculo más cercano a Kirchner, siempre se aseguró que él no estaba convencido de abrir esa pelea, mucho menos con la agresividad con que lo hizo su esposa. Cuando ella dio los argumentos que justificaban la iniciativa, entre los cuales estaba «evitar que una empresa ejerza el monopolio de la comunicación», el expresidente se encargó de enviar un mensaje a Clarín: «Son fuegos de artificio», les avisó. Le contestaron: «Para nosotros, es la guerra nuclear». Lo fue. La Ley de Medios se relanzó después de la derrota, y el Grupo Clarín fue elegido como el principal enemigo del gobierno hasta la llegada de Macri a la presidencia. Pero el ataque fue más amplio. Se sometió a los hijos de Ernestina Herrera de Noble a un acoso inhumano, ejecutado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a quien en el mundo judicial siempre se atribuyó una estrecha relación con Stiuso. También se abrió otro campo de batalla: un intento de captura de las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina, organizado por Adrián Werthein y un íntimo de Kirchner, Ernesto Gutiérrez, CEO de Aeropuertos Argentina 2000.[386] El conflicto con Clarín terminó librándose en el terreno judicial, lo que abrió otro frente de guerra con la Justicia y, sobre todo, con la Corte. La Ley de Medios fue la madre de la fallida Ley de Democratización de la Justicia. Un detalle interesante: la contradicción con los medios dio lugar a una nueva agencia de telecomunicaciones que en 2012 fue puesta en manos de Martín Sabbatella. Era una interesante forma de cooptar a quien, con su Nuevo Encuentro, había restado un porcentaje valiosísimo de votos al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Con esta designación, también se estaba corrigiendo el pasado.

El tercer curso de acción que se desplegó desde la caída de 2009 fue la captura de la imprenta Ciccone Calcográfica. Kirchner ya había hecho un ensayo, fallido, encargado a Ernesto Gutiérrez. La palanca para quedarse con Ciccone era siempre la gran deuda impositiva de la empresa. Después de las elecciones, el expresidente encomendó el mismo objetivo a Amado Boudou, para que interesara a algún grupo empresario en hacerse cargo de la compañía. Para entender esa obsesión hay que prestar atención a un detalle: Kirchner siempre estuvo convencido de que la empresa Boldt, que administraba el sistema digital de la Lotería Bonaerense y empresas de juego como el casino de Tigre, no pertenecía a su dueño Antonio Tabanelli, sino a Eduardo Duhalde. ¿Por qué Boldt era estratégica en el contexto electoral? Porque era la encargada de confeccionar los padrones. Kirchner murió en el intento, y Boudou buscó alcanzar el objetivo a su manera. Kirchner estaba convencido de que su derrota había sido organizada por Duhalde a través de Boldt, que estaba a cargo de la impresión de los padrones electorales. Aquí está el origen del caso Ciccone, que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción durante el gobierno de la señora de Kirchner.[387]

El santacruceño construyó, con gran imperfección, la figura de un militante de los años setenta. Sin embargo, su manera de comportarse, sus planes, sus políticas son las de alguien que aprendió a entender el juego en la década de 1990. A través de infinidad de indicios se puede advertir que, desde el extremo patagónico, Kirchner observaba la intriga central con muchísima atención y entendió que un factor muy importante de esa intriga era la constitución de un poder regional, el del conurbano, capaz de jaquear a un caudillo del interior, como Menem, o a un dirigente porteño, como De la Rúa. No debe extrañar para nada que uno de los objetivos que se fijó al llegar al gobierno nacional haya sido eliminar ese poder, y de un modo muy sencillo: capturándolo para sí. Logró lo que Menem no pudo. Fue, en este sentido, un mejor discípulo de Roca.

La productividad de la derrota de 2009 es llamativa, como se advierte en una cuarta derivación: el lanzamiento de una política social mucho más intensa El programa hace juego con la orientación que venimos rastreando: un kirchnerismo resignado a que los sectores medios le sean demasiado esquivos y que, por lo tanto, debe radicalizar su opción por la base tradicional del PJ. Y por su región privilegiada, el conurbano. Al calor del resultado, el 30 de octubre de aquel año Cristina Kirchner emitió un decreto crucial: el que modificó el régimen de asignaciones familiares para crear la Asignación Universal por Hijo (AUH). El impulso para esa norma vino desde el Congreso: la oposición, encabezada por la Coalición Cívica, había presentado un proyecto de asignación universal elaborado por Alfonso Prat-Gay. La presidenta se quiso adelantar a esa medida, a la que el oficialismo no podría haberse negado. Es obvio que la AUH tenía una razón de ser muy legítima: como explican Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces[388] en otro de sus excelentes trabajos, a pesar de la recuperación económica, que incluía una recuperación del empleo, la pobreza seguía siendo alta. A partir de 2006, además, disminuía con mayor lentitud. No eran ya los volúmenes de la gran crisis, que superaron el 50 % de pobres en 2002, pero entre 2008 y 2009 la tasa de pobreza considerada por el nivel de ingresos rondaba el 22 %, tanto en el país como en el Gran Buenos Aires. Este fenómeno había desatado un debate en el campo político, en el académico y en el de las organizaciones no gubernamentales. Bastó que apareciera el proyecto de la Coalición Cívica para que Cristina Kirchner, el 30 de octubre de 2009, dictara su decreto. Era un giro: los Kirchner no apostaban a los programas de transferencia de ingresos universales; preferían planes focalizados. Pero, en el caso de la AUH, había otro estímulo. Ese incentivo era político: un programa impersonal, que se cobrara por vía bancaria, eliminaba la intermediación de los intendentes, que habían sido hasta ese momento los principales intermediarios de la asistencia social, una de las claves de las amplias redes clientelares del conurbano.

El alivio a la pobreza era también una venganza contra los traidores. Es interesante: las grandes políticas del kirchnerismo no procedieron de un programa preconcebido, inspirado en un derrotero ideológico. En muchísimos casos han sido derivaciones de conflictos. La imputación generalizada a los intendentes disparó también un incremento de las ayudas sociales a cooperativas. En 2009, se crea el plan Argentina Trabaja y se expande el de Empleo Comunitario, ambos asignados a cooperativas organizadas y administradas por movimientos sociales. Entre 2010 y 2011, se verificó el pico que alcanzaron las prestaciones de esos programas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: 657 090. Ella hizo un recorte a partir de esa fecha. Cuando dejó el poder, en 2015, los beneficiarios eran 253 939.[389] ¿A qué se debió este comportamiento? A que el kirchnerismo decidió recurrir a los planes de atención a la pobreza más que a la obra pública como instrumento de atracción del electorado. Destinó más que antes a la acción social, identificada siempre como una clave de poder, en manos de los movimientos sociales, para retraerla del poder de los intendentes. Aun cuando parte de esas prestaciones fueran a manos de los caudillejos del Gran Buenos Aires para volver a seducirlos. Fue un cambio muy significativo, porque el valor de la obra pública era atribuido, en general, a los gobiernos municipales. Los planes personalizados debían ser agradecidos al líder a quien ahora le aparecía un competidor: el dirigente de los movimientos sociales que funcionarían como intermediarios. Esta tercerización de la política social en los cabecillas de movimientos sociales, encabezados por el Evita, va a ser un fenómeno en expansión en los años siguientes, tanto con Macri como con Alberto Fernández. La predilección nació de la derrota de 2009.

Nadie puede ganarle a una viuda

Sería un error grave establecer una vinculación directa entre un episodio clínico y un trance emocional. La cómoda y vulgar tendencia a leer percances de salud como somatizaciones está cargada de un mecanicismo frívolo, pero en 2010 esa propensión estaba muy extendida. El 7 de febrero, Kirchner fue internado de urgencia en el sanatorio Los Arcos para ser operado por una obstrucción en la arteria carótida derecha que, le había ocasionado un pequeño accidente cerebrovascular. El 11 de septiembre volvió al mismo centro de salud, esta vez para un cateterismo y la colocación de un stent. El 27 de octubre, en su casa de El Calafate, murió por un infarto fulminante. Fue común y corriente atribuir este deterioro acelerado al trauma de la derrota del año anterior. Los médicos que lo atendían siempre se quejaban de su falta de disciplina para atender la salud. Una evidencia: dos días después de la angioplastia de septiembre, participó de un acto organizado por lo que todavía era el embrión de La Cámpora, en el Luna Park.

Hay un pormenor que sirve para subrayar el eje político en el que se había estado moviendo Kirchner desde que soñó con un poder de alcance nacional. Las últimas comunicaciones que mantuvo por la noche, antes de que le estallara el corazón, fueron para controlar lo que estaba sucediendo en el PJ bonaerense, desde cuya conducción Hugo Moyano había convocado a una reunión que para el expresidente estaba fuera de control. Tenía razón para estar inquieto. El 10 de agosto Moyano se había hecho cargo de la presidencia del partido en la provincia, después de que el verdadero titular, Alberto Balestrini, quedara impedido por un accidente cerebrovascular del que jamás se recuperó. El 16 de octubre, diez días antes de esos llamados telefónicos llenos de inquietud, desde Calafate, Moyano había congregado a 70 000 personas en River Plate. Habló él, pero no habló Kirchner. Al hacerlo, anunció que había llegado la hora de que un trabajador ocupara la presidencia de la nación. Cristina Kirchner, que lo miraba con su gesto más agresivo, tomó después el micrófono para recordarle que, en ese momento, al frente del país, ya había un trabajador. O una trabajadora. Porque ella trabajaba desde los 17 años. ¿No entendió lo que le habían dicho? ¿O fingió no entender? Porque Moyano había hablado de llevar a la presidencia no a un empleado, sino a un representante del movimiento obrero. Soñaba ser Lula.

Más allá de estas especulaciones, la muerte de Kirchner produjo una reconfiguración profunda del oficialismo en varias direcciones. Hay un punto de vista desde el cual se la puede ver como un big bang, es decir, un estallido a partir del cual se produce una fragmentación centrífuga. Kirchner tenía un estilo de conducción hipercentralizado que su esposa, aun ejerciendo la presidencia, respetaba mucho. Ausente ese centro, era muy difícil mantener la unión de las partes. Se pueden repasar varios ejemplos de este proceso. Uno muy claro, que no está entre los más importantes, tiene que ver con la toma de Ciccone. Boudou ya no tenía un mandante, por lo cual siguió con la operación, ahora organizada por él mismo y para sí mismo. Otro plano en el que, según infinidad de datos combinados con especulaciones, se advierte una desintegración es el de los negocios y la recaudación. Ya se mencionó el caso de Ernesto Gutiérrez, y también de los Werthein, con compromisos que se habrían asumido alrededor del avance sobre Telecom, que quedaron disueltos con la desaparición de Kirchner. Lo mismo se puede decir del conflicto entre Cristina Kirchner y la familia Eskenazi, sobre todo la pelea con Sebastián Eskenazi, que ejercía el control directo de YPF, lazo que jamás se recompuso.[390] Si se examina con atención la documentación que emerge de la causa judicial de los cuadernos de Oscar Centeno, queda la impresión de que, muerto el expresidente, se habría desplegado, debe presumirse, un sistema de extorsiones y sobornos sin centro alguno.[391]

En un plano mucho más significativo, la ausencia de Kirchner dejó sin conducción política al aparato de inteligencia que había trabajado para él y crecido bajo su mando como nunca antes. Esta emancipación tuvo consecuencias importantes en el campo judicial. Personajes como Stiuso, apoyado en gestores como Darío Richarte o Javier Fernández, asumieron una agenda propia. Cristina Kirchner intentó reemplazar a ese aparato por una liga basada en afinidades ideológicas: la agrupación Justicia Legítima. Ese giro, muy estimulado por las tratativas que se abrieron con Irán para darle un cauce político a la penalización del atentado de la AMIA, derivó en un enfrentamiento con Stiuso y con un sector de la Justicia Federal que ha tenido consecuencias desde entonces.

El otro planeta que salió de órbita después de la muerte de Kirchner fue Massa. Como ya se apuntó, en las elecciones de 2009 comenzó una navegación propia que terminaría, al cabo de varios accidentes, en la formación del Frente Renovador y el enfrentamiento electoral de 2013. Massa había comenzado a tejer una red propia, que Kirchner toleraba porque creía que compensaba la gravitación de Scioli. Los intendentes que se habían conjurado por primera vez en la Municipalidad de Malvinas Argentinas aparecieron en la tapa de Clarín del 11 de octubre presentados como «intendentes críticos encabezados por Massa y Bruera». Parecía un planteo contra Scioli, no contra los Kirchner. Pedían una policía propia para enfrentar la inseguridad. A los pocos días, se reunieron con el esposo de la presidenta y fingieron un acuerdo para deteriorar al gobernador. El fallecimiento del expresidente, diez días después de esa entrevista, hizo que la red no tuviera ya otro destino que darle una plataforma política al propio Massa, quien comenzó a funcionar con la hipótesis de que con la derrota de 2009 el kirchnerismo había ingresado en su crepúsculo.

La historia tuvo otras ideas. Con la muerte de Néstor Kirchner, nació otro kirchnerismo, por razones variadas y también contradictorias. Al día siguiente del fallecimiento, los mercados festejaron con una recuperación del valor de los activos argentinos. Entendieron que, desaparecido el líder, se aceleraba el paso del oficialismo hacia el llano, en una marcha que había comenzado con la derrota bonaerense del año anterior. Se equivocaron. Sin Kirchner, para un sector de la sociedad que no simpatizaba con el gobierno, el kirchnerismo había perdido el principal factor de negatividad, lo que habilitaba a una posible metamorfosis. Una especie de, dicho con todo respeto, desintoxicación.

Aparecía también otro cambio, obvio: la transformación de Cristina Kirchner en viuda. La presidenta exhibía ahora una vulnerabilidad digna de compasión. Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano a quien Mauricio Macri escuchaba como a un oráculo, prestó mucha atención a este aspecto: «No te presentes. Nadie puede ganarle a una viuda», le dijo al jefe de Gobierno, hablándole de sus chances para las elecciones presidenciales del año siguiente.

La imagen de quienes ejercían el poder comenzó a recuperarse. Muchos de ellos se ofenden cuando esa mejoría es adjudicada a la muerte de Néstor Kirchner. Hacen notar, con razón, que durante 2010 se venía produciendo un repunte llamativo de la actividad económica que sacaba al país del gran bajón de 2008 y 2009. Era cierto. La vida material tenía inconvenientes difíciles de superar. La mejoría no alcanzaba para volver a los niveles de bienestar que se habían registrado en 2007, cuando la señora de Kirchner había llegado a la Casa Rosada. Pero eso influía muy poco en la percepción de los votantes, muchos de los cuales comparaban el presente con las penurias del año anterior. Ganaba el presente por amplísima ventaja. Néstor Kirchner murió con cierto optimismo, observando ese fenómeno, que para él y para muchos otros dirigentes de su grupo había tenido una primera manifestación en el clima de algarabía en que habían estado envueltos los festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo.

La transfiguración que se produjo en el kirchnerismo a partir de la muerte de Kirchner no se debió solo a los movimientos más o menos azarosos del contexto. Cristina Fernández tomó decisiones que imprimieron a esa corriente una nueva orientación. Mientras comenzaba a dotarse a la imagen de su esposo de rasgos mitológicos, ella asumió la tarea de renunciar a algunas características principales del esquema en el que operaba su marido.

Cristina Kirchner construye su aparato de poder

La construcción del héroe comenzó desde el mismo funeral. La presidenta, para quien los aspectos simbólicos y litúrgicos son una dimensión importantísima del ejercicio del poder, organizó una ceremonia cinematográfica. Antes y después de ese homenaje, se reservó momentos de intimidad familiar a los que no tuvo acceso la prensa. Solo Hugo Chávez estuvo en esa parte del duelo. Pero el de la Casa Rosada fue un sepelio de gran dimensión. Se realizó en el Salón de los Héroes Latinoamericanos y fue transmitido por los principales canales de televisión. Asistieron personalidades internacionales, sobre todo del campo bolivariano: desde Chávez, que permaneció varios días en el país, hasta Rafael Correa; también Sebastián Piñera, Lula da Silva y Felipe González. En cambio, no estuvieron los expresidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Se alegaron razones de prudencia, para evitar algún maltrato por parte del público.

El desfile de personas que iban a expresar su dolor por la muerte de Kirchner fue interminable. Estaba integrado, sobre todo, por jóvenes. Fue un dato que inspiró, o tal vez corroboró, una decisión de la presidenta: imprimir a su gestión un sello juvenil. A partir de ese momento, la primera fila de su equipo, la más visible, estaría ocupada por funcionarios con menos de 50 años. Fue la transformación de La Cámpora en el principal instrumento de intervención en el proceso político en manos de Cristina Kirchner.

Hasta ese entonces, la relación entre kirchnerismo y juventud había sido bastante inorgánica. Los jóvenes que se acercaban al oficialismo, unos desde la militancia estudiantil del PJ, otros desde organizaciones de derechos humanos, mantenían con los Kirchner un vínculo intermitente. Con el tiempo, se fueron formalizando y se les asignó un jefe: Máximo Kirchner, que había tenido una proximidad inevitable con el poder a la sombra de sus padres. Sobre todo, de Néstor. Pero el propio Máximo recuerda a menudo que cuando él y sus compañeros se acercaban a su padre con la intención de participar en la función pública, recibían la misma respuesta: «Antes me traen un título. Vayan a estudiar». Una indicación especialmente incisiva para su hijo, a quien no le ha interesado terminar una carrera universitaria.

Sin embargo, esos jóvenes salieron a la luz de manera oficial antes de la muerte del expresidente. Fue tres días después del cateterismo que le habían realizado en el sanatorio Los Arcos. Ellos organizaron un acto en el Luna Park. Todavía no eran lo que serían. La convocatoria se realizó bajo la denominación Juventud Peronista, y la figura principal, que encabezó la reunión junto al matrimonio Kirchner, fue Juan Cabandié. José Ottavis, que era uno de los principales animadores de La Cámpora, quedó afuera. Kirchner, como le sucedería un mes más tarde en River, no pudo hablar. Cualquiera que repase las fotos de aquel acontecimiento advertirá que su deterioro era muy visible.

Después de su muerte, su viuda profundizó esta tendencia a dar más participación a los jóvenes en su gobierno. Hasta ese momento, Máximo Kirchner había vivido en Río Gallegos. Nunca le gustó formar parte de la vida de sus padres. Hasta hoy, sus amigos le escuchan quejarse: «No es lindo vivir en casas del Estado». En Olivos, por ejemplo, se había armado un departamento para vivir en la otra punta del parque, aislado.

Este papel de Máximo es interesante. Algunos miembros de La Cámpora, en charlas muy reservadas, se animan a plantear que los Kirchner impusieron el liderazgo de su hijo a un grupo que se había ido formando de manera más espontánea. Esa jefatura era tan extraña que, en un comienzo, había que viajar a Río Gallegos para interrogar la voluntad del que estaba al frente de la «orga». Reaparece aquí esa concepción patrimonial, familiar, del poder. Quien reinventó la política, igual que su esposa, tenía esa cultura. La sucesora debía ser su mujer, y ella misma recibió el bastón de mando no de las manos del presidente del Senado, sino de su propia hija, que no ejerce cargo público alguno, el mismo bastón que no le fue transferido a Macri. Una demostración adicional de esta forma de entender el poder y el liderazgo se verificó también en Santa Cruz. Los gobernadores que sucedieron a Néstor Kirchner nunca lograron estabilizarse. Solo lo consiguió Alicia. No por casualidad: se llama Kirchner.

Con la muerte de su padre, Máximo se acercó a Buenos Aires, mientras su madre les asignaba más y más funciones a sus compañeros de grupo. La Cámpora había sido una agrupación organizada, en un comienzo, por Ottavis, que venía de la Dirección Nacional de Juventud del duhaldismo, secundando a quien con los años sería el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que había liderado esa área en la provincia y más tarde en la nación.

Otros dos dirigentes prehistóricos de la agrupación eran Cabandié y Mariano Recalde. Solían compartir la mesa de Néstor Kirchner los viernes, en aquellos asados que se servían después de los partidos de fútbol. Una vez fallecido Kirchner, Recalde sería la puerta de entrada para todo un grupo de jóvenes que colaboraban con él, desde julio de 2009, en Aerolíneas Argentinas. Entre ellos, llegarían al entorno de la presidenta dos figuras que pronto ascenderían: Eduardo «Wado» de Pedro y el responsable financiero de la empresa, Axel Kicillof.

En un primer momento, el avance de estos jóvenes sobre la administración tuvo un sentido práctico. Es evidente que la señora de Kirchner no quería gobernar con una red de funcionarios que habían sido el equipo de su esposo, personas cuyas complicidades y pactos preexistentes ella desconocía. Mientras se enaltecía la memoria Néstor Kirchner con el argumento de que había redescubierto el valor de la política, los amigos del homenajeado iban ingresando a la penumbra. Guillermo Moreno, por ejemplo, fue enviado a Roma como agregado comercial, y Julio de Vido debió retirarse del área energética, que para el kirchnerismo es, como para toda corriente con tintes nacionalistas, la piedra filosofal de la vida nacional. Es curioso que el único integrante de ese círculo estrechísimo del expresidente que se mantuvo en su lugar sin ser «intervenido» fue José López, el eterno secretario de Obras Públicas, que con su conducta terminaría de correr el velo sobre la espesa corrupción que había contaminado el período.

La Cámpora, se podía conjeturar, había sido creada para promover una renovación dentro del kirchnerismo. Sin embargo, estos jóvenes parecieron propensos a lo contrario, es decir, a protagonizar una extraña regresión. Se presentaron a sí mismos como una especie de remake de las orgas que se multiplicaban en los años setenta. Una especie de parodia melancólica del mundo en el que vivían sus padres. Ese anacronismo es bastante evidente por una diferencia principal: en los setenta la política se ejercía en términos de militancia. Su horizonte era la revolución, lo que le imprimía un componente militarista que ha sido muy estudiado. La restauración democrática encausó a esa actividad en términos de ciudadanía. Su horizonte son las elecciones. Una pregunta acuciante que deben resolver los dirigentes de La Cámpora es si su estilo, si sus métodos, les facilitan o dificultan la competencia electoral. La falta de respuesta a ese interrogante le ha dado a esa agrupación una dependencia cada vez más extrema de Cristina Kirchner.

Estos cambios se acentuaron después de las elecciones de 2011. Ya hemos mencionado la principal consecuencia de esos comicios: un formidable desbalance de poder. La señora de Kirchner fue reelegida por el 54 % de los votos, superando por 3212 762 votos los que ella misma había conseguido cuatro años antes. En 2007, había sacado 8652 293. En 2011, 11 865 055.

Ese éxito confirmaba las presunciones del principal rival del gobierno, Macri, quien había dudado hasta último minuto en postularse. Al final, siguió, como de costumbre, el consejo de Durán Barba: nadie le gana a una viuda. Ausente el candidato más competitivo, la oposición quedó pulverizada. Hermes Binner sacó el 16,81 %. Ricardo Alfonsín, el 11,14 %. Alberto Rodríguez Saá, el 7,96 %. Eduardo Duhalde, el 5,86 %. Jorge Altamira, el 2,30 %. Elisa Carrió, el 1,82 %. Esta fragmentación explica que la diferencia entre Cristina Kirchner y su segundo fuera de un sideral 37 por ciento.

Comprender este desequilibrio es imprescindible para calibrar, por contraste, la importancia de los movimientos de síntesis que se produjeron en el campo rival. También para entender la audacia con que la presidenta adoptó una nueva dirección para su plan político. En 2011, nadaba en un océano de poder. Según las investigaciones de la consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, en aquel año logró sumar 49 puntos de imagen positiva en la Capital Federal. En el interior del país, tuvo un pico del 56 %. En el conurbano, su reino, lo que era de esperar: el 66 %. Estaba en la gloria. Lo revela un detalle estratégico: en la provincia de Buenos Aires, consiguió 4841 169 votos, mientras que Scioli sacó como gobernador 4288 400. Esa diferencia de más de medio millón de sufragios esa la clave de la consagración. El kirchnerismo se podía tomar un pasable respiro en relación con su principal desvelo: que en la provincia de Buenos Aires, su base principal de poder, apareciera un nuevo Duhalde.

El lugar de La Cámpora fue mucho más la arena bonaerense que el gabinete nacional. Scioli no les abrió un lugar en su gobierno. Ni Máximo y sus compañeros lo reclamaron, pero sí comenzaron a desplegar su actividad en ese territorio. En principio, estaban coordinados con Nuevo Encuentro y con los movimientos sociales, en especial con el Evita. Esa coordinación adquiriría después la marca Unidos y Organizados. Desde esa red, comenzaron a presentar listas propias en los municipios que habían sido disidentes, sobre todo en los que habían insinuado un alineamiento con Massa.

El otro ámbito de actuación de La Cámpora fue la Legislatura bonaerense. Ottavis presidía el bloque de la Cámara Baja, en combinación con Alberto España, empresario molinero de Mercedes, que llegó allí por ser tío de Wado de Pedro. En el Senado provincial, las figuras principales eran Santiago Carreras —⁠que sería en adelante el principal vínculo entre Máximo Kirchner y el mundo del fútbol⁠—, Cecilia Comerio y Marina Moretti. La Legislatura fue una de las fronteras en las que estos jóvenes kirchneristas hicieron de a poco retroceder a los intendentes y, sobre todo, a Scioli. Algunas figuras fueron claves: Juan Manuel Pignocco y Jorge «el Loco» Romero, por ejemplo. Eran los encargados de manejar los fondos asignados a los bloques que respondían a Máximo Kirchner.

La cuestión de los fondos es crucial en la Legislatura. Se manejan con una opacidad escandalosa. El presupuesto se acuerda con el gobernador. La Cámara de Diputados cuenta con uno que es un 35 % más caudaloso que el de los senadores. A la dieta, hay que sumarle viáticos, subsidios, nombramientos. Las designaciones son otra fuente de ingresos: se le asigna un puesto a alguien que devuelve su sueldo, pero que gracias a ese cargo tendrá obra social y jubilación. La Legislatura ha sido por años la gran fuente de ingresos de la oposición, como saben bien los radicales por su largo peregrinar en el desierto. La Cámpora comenzó a nutrirse de allí, aunque las habladurías siempre afirmaron, acaso por la cercanía de Héctor «Chango» Icazuriaga, el secretario de Inteligencia, que la gran fuente de recursos era la agencia de espionaje.

La renovación del personal y el ascenso de La Cámpora como vehículo político de Cristina Kirchner fueron las señales de superficie de un giro más profundo. El eslogan en el que quedó cifrado se vocalizó por primera vez el 27 de febrero de 2012, cuando en un acto de celebración del primer izamiento de la bandera, en Rosario, la presidenta indicó: «Vamos por todo».

Fue una bandera levantada muy a destiempo. Suponía la arremetida final para la construcción de un nuevo modelo socioeconómico y, sobre todo, institucional. La consagración del Estado y, en su centro, del líder, como organizador de la vida pública. El sueño era el despliegue, hasta su última frontera, de las ideas antiliberales, en un sentido estricto, que inspiran a la señora de Kirchner. La exaltación de Cámpora era coherente con ese designio. Cámpora, en una interpretación libérrima de su papel en la historia, es postulado como la encarnación de un proyecto reformas extremas, frustrado por el propio Perón. En 2011 el kirchnerismo, desprovisto del pragmatismo extremo de su líder, se veía retomando ese hilo de la historia.

Decimos que ese paso fue a destiempo porque quienes lo estaban dando no advertían que algunos factores que habían sido detrerminantes para su construcción de poder estaban perdiendo casi toda su potencia. Las ventajas circunstanciales del ajuste de Duhalde y la gran ola de bonanza regional que se impulsaba desde Asia se estaban agotando. «Vamos por todo» era, más que una convocatoria a la épica, la constatación de una ceguera. O la evidencia de un malentendido. Conviene decirlo otra vez: la señora de Kirchner y sus más fieles seguidores menosprecian el rol del momento histórico como modelador de éxitos o fracasos. Un voluntarismo obcecado los convence que la virtud o el vicio de una experiencia de gobierno están en su receta, desencarnada de sus circunstancias. La falta de plasticidad para advertir el cambio histórico y adecuarse a él hizo que en la forma de entender la «década ganada» estén las claves para explicar dos décadas perdidas.

La consigna «Vamos por todo» se proyectaría en distintos planos. Uno fue el del agresivo avance para ejecutar la Ley de Medios. Otro, el de las negociaciones del «Memorándum de entendimiento» con Irán para encontrar una salida política a la causa por la masacre terrorista de la AMIA. Hubo una señal más, decisiva: la estatización del 51 % de YPF, cifrada en un proyecto de ley que la señora de Kirchner envió al Congreso el 16 de abril de 2012, es decir, 48 días después de aquel mensaje de Rosario.

Hay que detenerse en la estatización de YPF como decisión política. Fue un antes y un después, por dos consecuencias que se potenciaron mutuamente. Una fue la ruptura de la Argentina con el mundo de la inversión privada. La captura del 51 % de la petrolera imprimió al kirchnerismo, en especial para quienes lo observaban desde el exterior, los rasgos del cliché bolivarianos de los que, hasta entonces, había carecido. Fue un gigantesco paso desde el intervencionismo de Néstor Kirchner y Guillermo Moreno al estatismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que para ese momento ya era su ministro de Economía.[392]

Al hablar de la captura de YPF, estamos hablando de una señal importantísima desde el punto de vista político y económico. En principio, la ruptura de los Kirchner con los Eskenazi fue interpretada, por la élite que conocía bien el entramado entre las dos familias, como una demostración de que todo un orden quedaba atrás: el orden del expresidente fallecido. Además, el mundo de los negocios interpretó que el gobierno soltaba las últimas amarras respecto de los inversores. Fue el último golpe a la credibilidad. No hay que olvidar que desde los primeros meses de 2011 el mercado de cambios había sido intervenido con un cepo destinado a obturar la salida de capitales provocada por la perspectiva de una reelección. Se podría decir que la estatización de YPF representó, para la identidad del kirchnerismo, un acontecimiento tan definitorio como el conflicto con el sector agropecuario, una toma de posición que se profundizó después, tanto en el plano retórico como operativo, con la decisión de no llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos que no habían entrado a los canjes de deuda y seguían litigando en los tribunales neoyorkinos.

Desde la cima alcanzada en octubre de 2011, Cristina Kirchner iba derivando su nave hacia la izquierda. Es interesante un rasgo anecdótico: las personas a las que ella confió las manualidades de sus dos operaciones más audaces, la estatización de YPF y la disputa con Clarín, Kicillof y Sabbatella, no eran peronistas. Venían de la izquierda. Con mayor o menor intensidad, ambos profesaban una visión del mundo nutrida en el marxismo. Se agudizaba, entonces, un giro que se había iniciado en la pelea con el campo. La ausencia de Kirchner fue determinante para esta nueva navegación. Emergía, al cabo de más de un lustro y en un paisaje muy cambiado, la derivación de aquella discusión entre Néstor y Cristina, en un asado, sobre el perfil que debía tener lo que estaban construyendo.

La nueva orientación, sin embargo, no era percibida como exitosa por una franja muy amplia de la sociedad, por motivos de sensibilidad ideológica, pero sobre todo porque iba acompañada de malas noticias económicas. Faltó que se conociera el fallido entendimiento con Irán para que el perfil con el que se presentaba en 2003 fuera ya irreconocible.

Esta mutación, en sus múltiples facetas, fue crucial, porque comenzó a abrir una distancia cada vez mayor con un sector de la opinión pública que ya no veía que las decisiones del gobierno coincidieran con el sentido común. Quien mejor percibió esa separación y sacó provecho de ella fue Massa. El intendente de Tigre y exjefe de Gabinete de la presidenta prestaría a su antigua jefa un servicio calamitoso. Iría al núcleo. Fracturaría al oficialismo en el conurbano bonaerense.

Massa rompe el juguete más preciado

La última escena del drama en la que habíamos visto a Massa con algún protagonismo destacado ocurrió la primera semana de octubre de 2010, alrededor de quince días antes de la muerte de Néstor Kirchner. Se presentaba en sociedad el kirchnerismo crítico de la provincia de Buenos Aires. Ese grupo de intendentes actuaba con el diagnóstico elaborado al calor de la derrota de 2009. No habían advertido que se estaba revirtiendo esa situación. Más los sorprendería la ola de popularidad que se levantaría semanas más tarde, impulsada por la desaparición del expresidente. Hubo que aletargarse, hibernar para sobrevivir. El repunte fue transitorio, mucho más breve de lo previsto. En 2012, aparecían las señales de que el kirchnerismo se desconectaba de un sector importante de la sociedad.

Es lo que más nos interesa de la trayectoria general que venimos describiendo: esa desconexión, ese deterioro, fue el contexto y, a la vez, la raíz de la división del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Un trauma de primera magnitud que condicionará toda la peripecia posterior.

Para entender el paso que dio Massa al fracturar al peronismo en la colina más preciada que habían conquistado los Kirchner, la provincia de Buenos Aires y su conurbano, debe advertirse que el gobierno nacional fue adquiriendo, a partir de 2011, los rasgos clásicos de todo modelo autoritario. La presidenta agravó las hostilidades contra la prensa y, como una derivación, declaró la guerra al Poder Judicial. El funcionamiento de la economía era cada vez más defectuoso, lo que contribuyó a subrayar esa embestida contra los dos dispositivos que se ha dado la democracia representativa —⁠que, como dice Felipe González, «es la única que existe»⁠— para mantener a raya al poder del que manda.

El triunfo oficialista de 2011 pareció generar un malentendido. Cristina Kirchner obtuvo el 54 % de los votos. Superó a su segundo por 37 puntos. Pero la fragmentación opositora ocultaba un dato obvio: el 46 % de la sociedad se había pronunciado porque el kirchnerismo no siguiera en el poder. La presidenta decidió tramitar una agenda que suponía que enfrente no tenía al 46 %, sino al 17 % del electorado. Se comportó como si hubiera ganado por el 83 %. Ahí está la raíz del «vamos por todo», una consigna que supone que el otro carece de espacio, cuando no de derechos. La manifestación más o menos folclórica de esa expansión era el plan, definido en las palabras de Diana Conti, «Cristina eterna». Es decir, el sueño de una reforma constitucional que abriera la posibilidad de una nueva reelección.

Una de las consecuencias de la muerte de Kirchner era que, dada la prohibición de una nueva reelección, el oficialismo quedaba privado de algo que es esencial a cualquier emprendimiento con ínfulas de hegemonía: la ilusión de eternidad. La martingala de la alternancia dentro del matrimonio, real o fantaseada, proveía ese espejismo. Ahora, la presidenta se enfrentaba al que, según la exageración del monárquico Salvador Dalí, era el único problema que afecta a la política: la sucesión, un problema que arrastraría hasta 2015.[393]

El clima de desprecio por la diversidad encontró a la ciudadanía no kirchnerista desprovista de un instrumento eficaz de intervención en el proceso. Los rivales del oficialismo, que habían ensayado una mínima coordinación parlamentaria en 2009, fracasaron en el intento de elaborar una estrategia competitiva frente al gobierno. En el espacio que se abría entre aquella compulsión autoritaria y esta indigencia opositora, afloraron las manifestaciones de protesta que jalonaron la política hasta las elecciones de 2013. Un cacerolazo tras otro, sin consigna, sin programa, más allá de la pretensión de que el gobierno reconociera los límites que establece el juego democrático. Daba la impresión de que la consigna de 2001, «que se vayan todos», había sido reemplazada por un tácito «que aparezca alguien». La ciudadanía fantaseó con la asfixia de un régimen de partido único. En este nuevo escenario se inaugura un juego: la discreta competencia entre Macri y Massa para ocupar ese vacío.

El duelo Macri-Massa

La polarización que se inauguró en el conflicto con el campo se profundizó. Fue la atmósfera en que se definió el antikirchnerismo. Los escarceos de Massa se fueron convirtiendo en una jugada de ruptura. Hacia finales de 2012, recuerdo haberle escuchado decir al propio Massa, con una contundencia que no dejaba margen de duda: «La sociedad ya dio vuelta el reloj de arena. Ahora es cuestión de tiempo. Pero esto se terminó».

Esa frase era significativa por un motivo en especial: Massa transitó 2013 exhibiendo una ambigüedad exasperante no solo para la opinión pública, sino también para los propios. Hasta 2012, lo que sería el Frente Renovador fue una corriente que se fue formando casi sola. Mejor dicho: la fue formando el kirchnerismo, hostigando a algunos intendentes que no le rendían suficiente pleitesía. Empezó con Néstor Kirchner, que antes de morir comenzó a insinuar que intervendría en todas las listas del conurbano, en especial en las de concejales. Estamos ante un núcleo relevante. La autoridad que Kirchner pretendía imponer en el antiguo dominio de Duhalde, su gran ensoñación político-demográfica, comenzó a enfrentar, a partir de la derrota de 2009, una resistencia. Esa resistencia se aletargó con el repunte oficialista de 2011, pero se relanzó en 2012, sobre una ola en la que, como suele suceder, es difícil discernir la indignación cívica del malestar económico.

En marzo de ese año, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, visitó a Massa en su casa de Tigre. Quedaron en retomar las reuniones que habían suspendido casi dos años atrás, por la muerte de Kirchner y la reanimación de su viuda. Los encuentros fueron mensuales, uno en Tigre y otro en San Miguel. A los intendentes originarios se les sumaron varios dirigentes históricos: desde Juan José Álvarez y Fernando «Pato» Galmarini, el suegro de Massa, hasta Juan Amondarain. Las conversaciones a lo largo del año decantaron en una conjura. Fue en el balneario CR de Pinamar, el 31 de diciembre. De la Torre se sirvió champagne y declaró: «No podemos levantar esta copa si no terminamos con “Cristina eterna”, si no nos presentamos en 2013».

En la misma ciudad, pero el 20 de enero de 2013, se sirvió un asado en el quincho de la casa de Osvaldo Mércuri. Estaba toda la historia del duhaldismo: Dámaso Larraburu, Isidoro Lasso, Baldomero «Cacho» Álvarez, Juan Garivotto, Cariglino, Juanjo Álvarez, Amondarain, Luis Acuña, Federico Scarabino y un comensal inesperado, Raúl Otacehé. El intendente de Merlo, controvertido dirigente del peronismo de derecha, ejerció siempre una suerte de padrinazgo sobre Massa. Hasta se le atribuye haberle regalado la luna de miel.

En ese asado, todos pidieron a Massa que se lanzara contra el kirchnerismo. Ese asado fue el punto de partida de un reguero de señales ambiguas a través de las cuales el candidato fue insinuando y, a la vez, refutando que fuera a provocar una ruptura e iniciar su propia marcha. La misma ambigüedad ejercían algunos de sus allegados, que informaban al poder de sus movimientos. Esta ambivalencia tiene más consistencia que el simple doble juego de quien pretende mantener la incertidumbre para evitar que un rival más fuerte lo boicotee. Massa estaba rodeado de gente que pertenecía a las dos orillas del río, porque, de una manera mucho menos definida, muchos kirchneristas comenzaron a separarse de Cristina Kirchner. No lo decidieron ellos. Lo decidió ella. Entre esos dirigentes y funcionarios, estaban Francisco Larcher y el espía Antonio Stiuso, que ya habían ingresado al freezer del poder.

De modo tal que la trayectoria que inició Massa lo mantuvo comunicado con dirigentes que no estaban tanto cerca de él como lejos del nuevo poder inaugurado en el clima de la viudez de la señora de Kirchner. Una viudez que, para cumplir su cometido de ser un divortium aquarum político, se prolongó mucho en el tiempo. La presidenta vistió el luto durante más de tres años: recién apareció con una blusa blanca a mediados de noviembre de aquel 2013.

Entre esos dirigentes que seguían perteneciendo a un oficialismo en el que no eran bien recibidos, estaba Daniel Scioli. Massa hizo un esfuerzo muy sistemático para conseguir una alianza con el gobernador. Había motivos. Scioli maduraba un sueño presidencial, que Kirchner siempre sospechó y quiso tener controlado. Hasta su muerte, estuvo monitoreando, con fastidio, las encuestas en las que Scioli lo superaba. Hubo una aproximación en 2011, ya fallecido el santacruceño. Una reunión organizada por Federico Scarabino, en la que varios dirigentes que terminarían luego con Massa intentaron convencerlo de que enfrentara a la presidenta. Se negó. Lo bien que hizo.

Massa volvió a esa idea en 2013. Todo comenzó el 26 de enero, con una reunión de la que participaron intendentes aliados de Massa con ministros de Scioli, cinco y cinco. Las conversaciones llevaron meses. Hasta se diseñaron las listas con una distribución que asignaba el 60 % para Scioli y el 40 % para Massa en las listas provinciales, y la proporción inversa en las nacionales. Llegaron hasta a pactar las listas de concejales. Ese armado contemplaba la incorporación de representantes de Macri y de De Narváez. De los primeros se haría cargo Massa; de los segundos, Scioli.

Las manualidades de ese entendimiento corrieron por cuenta del cuñado de Massa, Sebastián Galmarini, De la Torre y Eseverri, por el massismo. Los delegados de Scioli fueron Martín Cosentino y un personaje clave en el gobierno bonaerense de aquel entonces: Guido Lorenzino, encargado de mantener activos los vínculos, casi siempre subterráneos, entre el gobernador y la Policía bonaerense.

El pacto se hubiera firmado durante una comida en el restaurante La Parolaccia de Puerto Madero si no fuera porque Cosentino y Lorenzino se fueron de la mesa. Los habían llamado desde La Ñata, la quinta y parque temático del gobernador, en Benavídez. Scioli se echaba para atrás. En aquella casa, hubo un encuentro de emergencia, del que también participaron Jorge Telerman y Gustavo Marangoni, que formaban parte del círculo más cercano del gobernador. La situación fue tragicómica. Ya se había montado una escenografía con dos atriles, y las cámaras esperaban que Scioli y Massa anunciaran su asociación. Hasta el guion había sido elaborado por el publicista Ernesto Savaglio. Todo inútil.

Massa, exasperado, habló con Scioli, quien le confesó que estaba aterrorizado. «No puedo, Sergio. Son gente muy jodida. Te escuchan los teléfonos. Se metieron acá, en mi casa. Me contaron la plata. No puedo». Esa revelación le jugó a Scioli una mala pasada tiempo después. En agosto de aquel año, fue asaltada la casa de Massa, en Tigre. Una intrusión muy sospechosa, por la que después fue imputado un suboficial de la Prefectura, Alcides Gorgonio. Las víctimas hicieron un escándalo, sugiriendo que la mano del gobierno estaba detrás del robo. Scioli salió al cruce de esa tesis, diciendo que la familia no debía realizar esas especulaciones, sino atenerse a lo que dijera la Justicia. Esa semana, Malena Galmarini se cruzó con Scioli en un set de televisión y, ante los ojos y los oídos de todo el mundo, le gritó: «¡Pedazo de forro!». Sin que escuchara el resto, le reprochó: «¿Venís a decir que esto no es político cuando vos le dijiste a Sergio que te entraron en tu casa y te contaron la plata?».[394]

A los pocos días de esa defección de La Ñata, Scioli reunió a los más íntimos para ofrecer una explicación. Fue la más inesperada, la más insólita. Les leyó un texto escrito por un incógnito pastor evangélico en el que, con un lenguaje místico, simbólico, un poco menos hermético que el del I Ching, se le suministraban a Scioli las claves religiosas que determinarían, inapelables, su retirada. Un contraste impresionante con la versión más prosaica de esos hechos: que el gobernador lo tuvo a Massa pendiente de su ruptura para apalancar un reclamo de mayor flujo de fondos desde la Casa Rosada. Cualquiera haya sido la inspiración de los hechos, un arrebato contemplativo o una extorsión al poder central, la relación entre ellos quedó hecha trizas.

Massa mantuvo la incógnita de su movimiento final hasta último momento, lo que dio lugar a episodios hilarantes. Tal vez el más simpático fue el diálogo en el que Ignacio de Mendiguren le informó a Julio de Vido que iba a firmar la lista en la que sería candidato a diputado. «Pero, Vasco, si vos no estás en la lista…», le dijo el ministro. «No, Julio, voy a firmar la lista de Massa», contestó el empresario. De Vido intentó despabilarlo: «Pero no, Vasco. Si ya nos dijo Boudou que Massa no se presenta». El dormido era De Vido. Mejor dicho: el dormido era Boudou, que la había convencido a Cristina Kirchner de que a Massa le faltaba carácter para enfrentarla.

La presidenta no participó del proceso electoral. El 8 de octubre de 2013, tuvo que ser intervenida por un hematoma subdural que la tuvo convaleciente varias semanas.

Massa triunfó con 3943 056 votos, el 43,95 %. La lista de la presidenta, 2900 494, que equivale al 32,33 % de la elección. El radicalismo, con la Coalición Cívica, de Carrió, y Generación para un Encuentro Nacional (GEN), de Margarita Stolbizer, sacaron 1050 608 votos, es decir, el 11,71 %. Y Francisco de Narváez, con una alianza de pequeños partidos filoperonistas, consiguió 486 753 votos, es decir, el 5,43 % de la elección.

Si se pone el foco en el conurbano, el Frente Renovador obtuvo el 46,1 % contra el 34,6 % del oficialismo. La lista de diputados nacionales kirchnerista solo triunfó en La Matanza, Berazategui, Florencio Varela y Lomas de Zamora, la ciudad del candidato principal. En el resto de los municipios, se impuso Massa y su Frente Renovador. El perfil sociológico del voto quedó ratificado. Massa, aliado al PRO, tuvo triunfos llamativos en la zona norte. En Tigre, como era de esperar, se impuso por el 65,5 % contra el 19,5 % del kirchnerismo. En San Isidro, aliado a Gustavo Posse, la diferencia fue del 57,5 % contra el 16 %. En San Fernando, del 62,2 % contra el 22 %. En Vicente López, del 49,9 % contra el 16,8 %. En Malvinas Argentinas, Massa sacó el 59,5 % contra el 27,3 % de Insaurralde.

Sin embargo, hay que tomar nota de que en el oeste Massa también tuvo varios éxitos: en Merlo, consiguió el 47,1 % de los votos contra el 38,3 % del oficialismo. Es posible que allí haya jugado a su favor el viejo padrino Raúl Otacehé, que al poco tiempo de la elección se pasó al partido del triunfador. En Moreno, también apareció una diferencia de más de 10 puntos a favor de Massa: el 47,9 % contra el 36,3 %. En Morón, fue del 44 % contra el 27,5 por ciento.

En la tercera sección, impresiona el éxito en Lanús, que será premonitorio de la suerte del macrismo: el Frente Renovador obtuvo el 45,9 % de los votos contra el 27,3 % del kirchnerismo. Es interesante, porque se trata de un municipio bastante parecido en su composición social a Lomas de Zamora.

Estos resultados reclaman varias observaciones. La más obvia es que, como en 1985 o como en 2009, la fractura del aparato peronista bonaerense llevó a la derrota al oficialismo partidario de ese momento. El kirchnerismo ubicó en la cabeza de la lista a un intendente: Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora. Fue una decisión muy significativa. La presidenta estaba afectada por una crisis cuya dimensión queda clara a la luz de la historia que estamos reconstruyendo. Se le quebraba su base de poder en la provincia de Buenos Aires, que había pasado a ser el gran activo territorial de su grupo. Para hacer frente a ese gran desafío, volvió a las fuentes de su poder: el peronismo atávico de Lomas de Zamora, el peronismo duhaldista, encarnado en Insaurralde. Esa relación estaba destinada a ser muy productiva, como se verá con el paso de los años. Lo relevante es que, ante el peligro de la pérdida de la principal colina conquistada, la señora de Kirchner resolvió volver a golpear la puerta de la casa del Padrino, que, remodelada, tenía ahora un nuevo dueño. En otras palabras: recurrió a ese aparato que, según su comentario en aquel asado de mayo de 2006, ella y su esposo debían desplazar. No sería la última vez.

La profundidad del compromiso de ella con esa campaña fue una señal del dramatismo con que vivía esa encrucijada. A tal punto que, en julio, aprovechó un hecho providencial. Jorge Bergoglio, el nuevo papa, con el que ella se acababa de reconciliar, visitaba un encuentro de la juventud en Río de Janeiro. Cristina Kirchner viajó hacia allá y llevó a Insaurralde. El intendente venía de someterse a un duro tratamiento que le permitió superar el cáncer. El encuentro con Bergoglio se presentó como un acto de acción de gracias al Altísimo. Pero, a la vuelta, quedó registrado en cientos de miles de carteles que se pegaron por toda la provincia. Habían hecho entrar al papa en la campaña.

Debajo de Insaurralde, la lista de diputados estaba reducida casi por completo a dirigentes ligados a la señora de Kirchner. Los amigos de Scioli, el gobernador, si es que los tenía, brillaban por su ausencia.

Otro dato a destacar es que, como en 2009 y 2011, el radicalismo se resistió a asociarse al PJ disidente y, mucho más, a Macri. El triunfo de Massa pondría en tela de juicio esa reticencia. El papel de De Narváez también es llamativo. Desde el triunfo de 2009, se había ido distanciando de sus socios, sobre todo de Macri. Uno de los motivos de esa discordia fue la aspiración presidencial de De Narváez, que debía superar la interdicción que pesaba sobre él por el hecho de ser extranjero, una valla que intentó superar encargándole un dictamen constitucional a Carlos Rosenkrantz. Atribuir que una postulación minoritaria es un emprendimiento político puesto al servicio de otro, más competitivo, no solo puede ser incorrecto, sino también injusto. Aun así, desde aquel entonces se especuló con que De Narváez tenía algún acuerdo secreto con su amigo Scioli, a quien beneficiaba su participación, porque, se suponía, quitaba votos al principal opositor del Frente para la Victoria. En este caso, a Massa.

El año 2013 fue el de la ruptura definitiva de Macri y De Narváez. Podría inclusive asignársele una fecha, el 12 de junio de 2013. Ese día se realizó una reunión en el Hotel Emperador en la que delegados de Macri llevaron adelante una negociación surrealista con José Manuel de la Sota, quien mantenía una alianza inestable con De Narváez, en el marco del peronismo no kirchnerista. En ese hotel, De la Sota y De Narváez negociaron con representantes del macrismo, entre los que estaban Jorge Macri y Emilio Monzó, la lista de diputados nacionales de la provincia. Se produjo un cuarto intermedio, y cuando los delegados de Macri regresaron a la mesa, ya no estaban De la Sota ni De Narváez. Quedaban dos hombres de este último: José «Pepe» Scioli y el inseparable Gustavo Ferrari. Lo que se había pactado en la primera parte de la discusión, tres diputados para Macri, se rompió. De Narváez, a través de los suyos, no cedía más que dos lugares. Estuvieron a punto de trompearse. El entendimiento saltó por los aires y los dirigentes alineados con Macri fueron arrojados en brazos de Massa. Hay que prestar atención a un detalle: la siempre sospechosa proximidad de Pepe Scioli con De Narváez. Esa familiaridad operó durante años como una sombra sobre la imagen de este último. ¿Fue o no un instrumento velado del gobernador en la oposición bonaerense? Más allá de la anécdota, en esos forcejeos y trompadas lanzadas al aire en el Hotel Emperador anida un dato no desdeñable de la vida política nacional y bonaerense: el puente entre el PRO y el peronismo tuvo otra fractura.

La estrella de Belén, el adelantado de sí mismo, fue el pragmático Jesús Cariglino, que se había acercado al macrismo y que, al día siguiente del conflicto con De Narváez, ya enviaba saludos a sus aliados desde Tigre. Es posible que el fenómeno más importante de los comicios de 2013, después de la derrota kirchnerista, haya sido la alianza entre Massa y Macri. Por consejo de Jaime Durán Barba, el jefe de Gobierno porteño había decidido no participar con una lista propia. Durán Barba tranquilizaba a Macri diciéndole que Massa, aun en el caso de ganar, no tenía un destino amenazante para él en el orden nacional. El encargado principal de negociar con Massa fue Jorge Macri. En la lista de diputados nacionales, se incorporaron tres dirigentes del PRO: Soledad Martínez, en el sexto puesto de la lista, Gladys González, en el puesto doce, y Christian Gribaudo, en el puesto trece. Gribaudo indica la participación del negocio del juego, sobre todo el de los bingos: ha sido siempre un subordinado a Daniel Angelici. Esa misma actividad tenía asegurados sus intereses también en la lista kirchnerista, a través de Insaurralde, muy ligado a Daniel Mautone, socio de Angelici.

Si se observa en perspectiva, el desdén de Macri por las elecciones parlamentarias de 2013 presentaría un costo importante en 2015. Reforzaría el dramático problema de tener que gobernar el país con una escasísima fuerza propia en la Cámara de Diputados. Macri pasó a depender de Massa mucho más de lo que a él le hubiera gustado. El trato, siempre ríspido, entre estos dos dirigentes va a ser crucial para entender el destino de Cambiemos en el poder. Esa historia comenzó en estas elecciones de 2013.

El lugar que el PRO le debe asignar a Massa es una de las incógnitas cruciales del proceso político posterior. Ese enigma contiene varios otros. Es una pregunta sobre el lugar que debe ocupar el peronismo en la estrategia de Macri y, en general, de Cambiemos. También es un interrogante sobre el desarrollo del PRO en la provincia de Buenos Aires, una incógnita que va de la mano de esta otra: a qué debe aspirar esta fuerza política en relación con la clase media baja, es decir, con los sectores pauperizados que todavía no dependen del subsidio del Estado. Todo esto se encierra en el problema de la relación Macri-Massa.

Conviene ahora analizar el lugar de Massa y su Frente Renovador. En primer lugar, se trata de alguien nacido a la política en el conurbano bonaerense, un brumoso pasado en la UCD de los Alsogaray y el salto al peronismo de la mano de su madrina, Graciela Camaño, vecina suya en San Martín. La primera socialización de Massa tuvo que ver con los Galmarini, la familia de su esposa, clave en su vida. Alguien que lo conoce muy bien explica: «Los Galmarini son para Sergio un problema político y una contención emocional. Pero son cruciales, porque si a algo él le teme es al quilombo en la casa».

El padre de Malena, Fernando «Pato» Galmarini, había sido secretario de Deportes de Menem y ministro de Gobierno de Duhalde, a quien acompañó como ministro de Gobierno. La madre de Malena, Marcela Durrieu, fue una tradicional militante peronista de Vicente López. Trabajó, como todo el mundo, para Menem, al lado de un dirigente clásico de ese distrito, Ezequiel Alberto Oliva. Barrionuevista primero, Oliva actuó después, igual que Durrieu, cerca de Palito Ortega. Este alineamiento explica el viejo trato de Massa con Horacio Rodríguez Larreta, quien fue viceministro de Acción Social de Ortega durante el menemismo. El otro viceministro era Jorge «Coqui» Capitanich. En esos tiempos, Massa se puso de novio con Malena. Para elegir el lugar donde se radicarían, hizo un estudio político de toda la zona norte, partido por partido. Descubrió que el lugar más promisorio para una carrera sería Tigre, donde la vida pública estaba controlada por una fuerza vecinal, Acción Comunal, de Roberto Ubieto.

La primera hora de suerte de Massa llegó con el armado de las listas de legisladores de 1999. Se estaba discutiendo la de diputados provinciales por la primera sección electoral y Chiche Duhalde estaba espantada de incorporar a esa nómina a Oliva. Le sugirieron a Massa. Ella lo miró y dijo: «Claro, ¿por qué no este chico, tan lindo?». Y lo anotó. Dicen que a Massa, desbordado por la emoción, se le escapó un «¡gracias mamá!».

Poco tiempo después, Massa ya integraba el comando de campaña presidencial de Duhalde. Repasar los nombres de ese equipo es una experiencia asombrosa, porque quedan en evidencia, por contraste, los realineamientos y las fisuras que agitaron al sistema de partidos desde 2001 en adelante. La «rebelión» de Massa respecto del kirchnerismo es parte de esa onda de larga duración. El propio Massa figuraba allí, por el cupo que le correspondía al candidato a vice, Palito Ortega, como encargado de la logística, con Jorge Rossi, que era el nexo entre el duhaldismo y el negocio del juego. En el área de Comunicación, estaba Jorge Telerman, y en la de Acción Social, Horacio Rodríguez Larreta, que compartía el equipo con Alberto Fernández, al frente del área de Finanzas.

Massa proviene de esa matriz bonaerense que tiene, como ya se dijo con alguna exageración, una especie de determinación geográfica. La crisis del paradigma productivo argentino corroyó, desde los años setenta, con mayor agresividad del Gran Buenos Aires. Es muy difícil que un político desarrollado en esa región no se incline por políticas proteccionistas, mercadointernistas, subsidiadoras. Massa repite ese cliché, cuyo mejor representante ha sido Duhalde. Hay que observar este detalle: como una especie de Duhalde 2.0, Massa se rodeó de colaboradores del expresidente, desde la diputada Camaño hasta Roberto Lavagna o José Ignacio de Mendiguren.

Hay otra dimensión en el triunfador de 2013 que no debe ser ignorada. Massa recogió a muchos dirigentes cercanos a Kirchner, que habían sido dejados de lado por su viuda. No solo funcionarios, como los ya mencionados Larcher y Stiuso. También figuras del campo empresarial, que fueron desde Jorge Brito a Sebastián Eskenazi. La relación con Brito fue clave en la vida de este dirigente. Se consolidó, sobre todo, a partir de 2002, cuando Duhalde lo designó al frente de la ANSES, que es una enorme caja de recursos disponibles para hacer negocios financieros.[395]

La fisonomía política de Massa, que está modelada por su sistema de alianzas y adhesiones, esconde las claves de su destino. Por un lado, se alió con Macri y le sirvió como vehículo en la provincia de Buenos Aires. Esa posición antikirchnerista, que se centraba en ser el agente que impediría una nueva reforma constitucional, se manifestó con declaraciones intransigentes: desde el «los voy a meter presos, porque no les tengo miedo», hasta la promesa de «terminar con los ñoquis de La Cámpora».[396] Por otro lado, Massa salió al rescate de los kirchneristas heridos por la exclusión a la que los sometía la presidenta. En lo económico, debía plantear una ruptura con el orden reinante, pero estaba encadenado al problemático Gran Buenos Aires, que impide proponer reformas que supongan reducir niveles de protección estatal.

La ambivalencia fue muy negativa para Massa, quien defendía la estrategia de transitar «la amplia avenida del medio». El principal inconveniente fue que la opinión pública no se comportó como él esperaba. La polarización fue creciente, y la avenida del medio fue cada vez menos amplia. Ese proceso se agudizó y aceleró después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En una escena como esa, que prescindía cada vez más de los matices, Massa comenzó a quedar no como indefinido, sino como sospechoso. Es lo que trascendía de todos los estudios cualitativos de opinión. Aun quienes podían considerar darle su voto tenían cierto recelo: «Un día puede sorprendernos con un acuerdo con el kirchnerismo». Esa premonición era permanente.

La audaz novedad de Macri: conquistar el Gran Buenos Aires

El lugar de Massa en el tablero implica cuestiones que van mucho más allá de él. A partir de 2013, a las fuerzas que se enfrentaban al oficialismo, el PRO por encima de todas, se les planteó el problema de nivel táctico sobre qué hacer con Massa, cómo relacionarse con él. La pregunta incluía otra cuestión, de alcance estratégico, sobre la representación de los distintos sectores sociales. Esa pregunta sigue abierta y se la puede formular desde distintos ángulos. Uno de ellos es el de la base social del peronismo.

En los meses previos a las elecciones de ese año se introdujo una novedad en la provincia. El partido de Macri, que hasta el momento miraba esa geografía como una cancha auxiliar, comenzó una tarea sistemática de despliegue territorial. El experimento que desafía los cánones habituales de la política en el conurbano. Estamos ante una fuerza no peronista, pero que tiene afinidades con el peronismo; que viene de representar con éxito a las capas medias de la ciudad de Buenos Aires, pero que aspira a dar voz a otros sectores sociales, más humildes. Aspira es aquí un verbo clave, porque para cumplir con ese sueño debe vincularse con lo que esos votantes aspiran para sí mismos. El PRO pretende no quedar encasillado en un nicho sociológico. No se conforma con reemplazar al radicalismo en las zonas tradicionales del partido: Bella Vista o Adrogué, por citar dos localidades clásicas de clase media. Pretende cruzar la barrera y llevarse votos de Burzaco o San Miguel. Es decir, romper la división del trabajo que hubo en el bipartidismo bonaerense por más de sesenta años. Es una pretensión de doble faz. Habla de una innovación interesante de un competidor del peronismo. Habla también de que a partir de 2001 es imposible hacer política si no se elabora un proyecto para el conurbano.

El programa del PRO y las contradicciones internas de esa fuerza son incomprensibles si no se los ve como la respuesta política a un fenómeno social que estamos mirando en estos textos desde distintos ángulos: la creación de un nuevo universo de pobres caídos desde las franjas medias. La relación de Macri y de su grupo con el Gran Buenos Aires es una señal de ese cambio de larga duración. Se trata de una organización política modelada para instrumentar la intervención de la clase media en la vida pública, pero que también aspira a hablarle al pobre que sueña con empezar a ser de clase media y al pobre que sueña con volver a ser de clase media. Reconstruir el trabajo del PRO en este sentido significa ver los límites y las posibilidades de ese empeño.

La experiencia comenzó, si hubiera que ponerle una fecha más o menos arbitraria, en febrero de 2014. El equipo de comunicación y campaña de Macri proyectó una aproximación a Lanús. Ese grupo, liderado por Marcos Peña, contaba con dos experiencias muy interesantes. La que venían practicando en el gobierno porteño y la que, en una fase anterior, llevó a Macri a la presidencia de Boca. Alrededor de esas dos largas y múltiples campañas el entorno del candidato había desarrollado un método de trabajo con muy buenos resultados.

La historia de Macri en Boca cumplió un papel muy importante en la elaboración de la imagen del candidato. Por un lado, la gente le reconocía su éxito. Por otro, ofrecía un puente emocional. En las recorridas proselitistas siempre aparecía el tema del fútbol, con hinchas de Boca y también con hinchas de River, en una especie de rivalidad jocosa. El problema de los organizadores de la campaña era acortar la distancia establecida con Macri y se había estudiado en numerosas investigaciones con el método del focus group.

El consultor Jaime Durán Barba se nutrió siempre de los trabajos de Roberto Zapata, un venezolano radicado en España, psicólogo, que realiza investigaciones cualitativas muy sofisticadas. Durán y Zapata operaban en coordinación con Mora Jozami. En esos estudios Macri siempre apareció asociado en la cabeza de los vecinos a un león. Es decir, a alguien con poder. Siempre llamó la atención de esos expertos en opinión pública que quien desde 2007 se había convertido en jefe de Gobierno porteño fuera visto como alguien más poderoso que los Kirchner. Peña solía observar que «la debilidad de Mauricio es su poder». ¿Por qué? Porque ese poder estaba asociado a agresividad. El interrogante que inspiraba en la gente esa posición era: «¿Para quién va a gobernar? ¿Para nosotros o para sus amigos?». Había que convertir a Macri en un león bueno, lo que obligaría a una vigilancia discursiva muy estricta sobre sus expresiones.

La necesidad de atenuar ese perfil amenazante de personaje rico y poderoso, que carece por completo de contacto con las restricciones que la gente común enfrenta en su vida cotidiana, aconsejó a los cerebros de la campaña del PRO exhibir a su candidato con personas pobres en lugares muy humildes. Todos los afiches y spots de ese proselitismo mostraban a Macri tomando mate en barrios humildes con vecinos de aspecto más que austero. Había que exagerar esa inclinación hasta lo irreal. Daba la impresión de que Macri no se cruzaba siquiera con ciudadanos de clase media.

Este monitoreo, que implicaba permanentes actos de censura, iba a continuar con igual o superior intensidad durante toda su presidencia. En estos pormenores ligados al marketing de la imagen de Macri, están alojadas claves mucho más relevantes de su trayectoria política. El célebre gradualismo, como opción de salida de la crisis económica a partir de 2015, estuvo motivado por muchos factores, técnicos y políticos, pero uno muy influyente fue la negativa a que Macri encarara un ajuste que reforzaría su imagen de hombre insensible al sufrimiento ajeno. Este criterio fue central en Peña y Durán Barba, que eran los responsables de modular la gestión oficial delante de la opinión pública.

Aquella primera incursión en Lanús se inició con un mensaje distribuido a través de Facebook: «¿Alguien quiere invitarme a su casa?». Esa vez recibieron cientos de respuestas. Era el punto de partida para un intercambio. Este modo de trabajo que se inició en Lanús se practicó después en todo el territorio nacional. Llegaban al centro de campaña centenares de invitaciones, que se seleccionaban para que Macri fuera a algunas casas de familia allí donde iba para buscar votos. Peña recuerda que ese trato individual llegó a masificarse de tal modo que aparecían personas que afirmaban haber tenido al candidato en su casa, aun cuando eso no había ocurrido.[397]

Los encargados de la campaña atribuyen a las visitas a casas de familia, que eran parte de recorridas por barrios populares, la virtud de aproximar a Macri con un público que le era ajeno. Y más que eso: bajar sus niveles de resistencia al contacto con la gente. En el entorno del candidato inquietaba mucho un nivel muy agudo de fobia que él atribuía al trauma que le había dejado el secuestro del que fue víctima en agosto de 1991. Uno de los consultores contratados para la campaña presidencial de Macri en Boca recuerda que «lo hacíamos pasear por los pasillos de SOCMA para que saludara gente, porque no sabía hacerlo; esa retracción fue un problema importante para su ingreso a la carrera en el ámbito deportivo y, supongo, debe haber operado también como una barrera a superar en su lanzamiento a la política». Son comentarios que coinciden con los de habitués del gimnasio de la calle Ortiz de Ocampo, donde Macri solía entrenar por las mañanas: no entendían por qué él no saludaba a nadie.

Los contactos que se iniciaban a través de Facebook se masificaban después con mensajes de mail o teléfono, mediante encuestas IVR (interactive voice response o respuesta de voz interactiva), es decir, comunicaciones en las que el destinatario responde preguntas emitidas por una máquina. La relación con esas personas fue la base para el armado de un padrón de voluntarios que trabajaran en el proselitismo del PRO. Ese método tampoco fue una mera formalidad. Se trató de la apuesta a un tipo de proselitismo que prescindiera del puntero tradicional.

En una lectura muy lineal, Peña y Durán Barba estarían desafiando la visión de Gino Germani mencionada en el capítulo sobre el 17 de octubre. Su mensaje no se dirige a masas solo dispuestas a una identificación emocional con un líder fuerte y carismático. Apostaban a una racionalidad de los pobres en la que anida una ambición de progreso.

El ensayo de Cambiemos en el conurbano evoca un viejo debate de la izquierda clásica en relación con el populismo. ¿Es posible construir un proyecto de cambio sobre la base de desocupados o trabajadores informales sumidos en la pobreza extrema? ¿Cuáles son los límites de una política progresista frente al «lumpen»?

Alrededor de esta innovación existe un debate que perdura hasta la actualidad. Es una discusión medular sobre el modo en que se vive la política en los sectores populares. ¿Existe alguna posibilidad de conseguir el voto de los pobres sin un puntero que opere como nexo entre el entramado barrial y los candidatos? La pregunta es obvia: ¿en qué medida un proyecto de poder que pretende regenerar la política haciéndola girar alrededor del eje de la ley puede alcanzar resultados renunciando al clientelismo?

Si se mira de cerca la experiencia de intendentes del PRO, como Néstor Grindetti en Lanús, o Diego Valenzuela en Tres de Febrero, habría que deducir que no. Ellos cooptaron en sus municipios a redes clientelares construidas por punteros que habían servido al poder peronista preexistente a sus liderazgos. El equipo de Peña y Durán Barba siempre puso en tela de juicio esa dependencia. Ellos ven en el voto de los pobres una motivación por completo racional. Durán Barba, hasta hoy, suele preguntarse por qué alguien marginado, de escasísimos ingresos, va a votar por una fuerza política que le promete o, mejor, lo amenaza con que lo va a echar del terreno intrusado, le va a hacer pagar los impuestos o los servicios y no lo va a ayudar a que pueda liberar al pariente que tiene en la cárcel. Esa persona vota, con toda lógica, una opción populista. En nuestro caso, al kirchnerismo.

Se podría plantear esta objeción: puede ocurrir, y en realidad ocurre, que el intendente que pretende llegar a ese votante se sume al statu quo populista. Dicho de otro modo: en los municipios del conurbano gobernados por el PRO, no se advierte un cambio de estilo político muy marcado respecto de la cultura de poder del peronismo. Puesto ahora en los términos de Durán Barba, esos intendentes ganarían porque, de manera expresa o sugerida, ofrecen lo que ofrece el peronismo: no echar a los intrusos del terreno, no cobrar impuestos o servicios y ayudar a que el pariente preso recupere la libertad.

En el comando proselitista del PRO, sin embargo, se defendía otro abordaje del conurbano. La pretensión era enfocarse en el pobre «aspiracional», alguien que vive en la pobreza pero se siente con derecho a salir de ella o está dispuesto a considerar ese derecho. Macri solía comentar con asombro, después de sus primeros recorridos por el conurbano, la admiración con que muchos vecinos de áreas marginales le hablaban del Metrobus que veían en la CABA. En algunos casos, se confesaba cierto escepticismo sobre la posibilidad de que ese servicio llegase al propio barrio. Todas las encuestas cualitativas corroboraban esa sensación: gente humilde que pretendía mejores servicios pero sospechaba que nunca se le reconocería ese derecho, propio de porteños.

La cuestión metodológica no estaba desconectada de una concepción general que dominó siempre al grupo asesor de Macri. El PRO debía ofrecerse como el canal a través del cual la ciudadanía podía ejecutar un cambio. Y el orden que había que abandonar era, aunque esto nadie lo decía, el peronista. Polarizar con el kirchnerismo significaba polarizar con el peronismo. Sobre esta idea se edificó Cambiemos, es decir, la asociación entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, entendida como una asociación antikirchnerista.

Macri se entendió primero con Elisa Carrió, que había sido una severísima fiscal de su inserción en la política, en especial de sus relaciones, siempre opacas, con personajes como Nicolás Caputo, su socio o exsocio, íntimo amigo y principal recaudador, o como el binguero Daniel Angelici, sucesor en Boca y destacado gestor de temas judiciales ya desde la gestión porteña. La aproximación entre Macri y Carrió tuvo intermediarios discretos. El más activo, el empresario Javier Campos, en 2014 se había acercado a los cursos que dictaba la diputada en su instituto Hannah Arendt. Campos tejió la aproximación con Monzó, hasta que Macri y Carrió se encontraron a solas en una casa de la zona norte, el 31 de enero de 2015. La condición que puso Carrió para ese acercamiento fue que Massa no formara parte de la coalición.

Monzó se hizo cargo de otra negociación: la que incorporaría al radicalismo a la alianza Cambiemos. El terreno ya había sido roturado por Enrique Nosiglia, que tenía una larga vinculación con los Macri. Había tenido una relación muy estrecha con Franco, el padre del jefe de Gobierno, y con Mauricio compartieron la saga de la conquista del poder en Boca. Esa experiencia también los enemistó durante un tiempo. Para fines de 2014, Macri solía decir: «Con el político que mejor me entiendo es con “Coti”, porque ya estuvimos peleados y nos reconciliamos».

El acercamiento entre Macri y el radicalismo tenía un antecedente que facilitaba el entendimiento. Fueron las elecciones por la intendencia de Marcos Juárez, en Córdoba, el 7 de septiembre de 2014. En esa oportunidad, una alianza entre el PRO y la UCR le dio la victoria a Gustavo Dellarossa, quien se impuso como intendente por el 36,48 % de los votos, sobre del peronista Oscar Fragazzini, un hombre de José Manuel de la Sota, que sacó el 29,65 por ciento.

Este experimento, que le dio fama a Nicolás Massot, mostró por primera vez juntos sobre un palco, festejando, a Macri con dirigentes de la UCR. Sobre todo, Oscar Aguad, que fue uno de los pioneros en el armado de la nueva coalición. El triunfo de Marcos Juárez ablandó al resto del radicalismo de Córdoba, que es una pieza principal en la organización nacional del partido. Ese trabajo previo fue completado y profundizado por Ernesto Sanz, que era el presidente de la UCR. Sanz debió administrar la ansiedad de Macri, deseoso por cerrar una alianza cuanto antes. La administración del tiempo fue, como tantas veces, decisiva. Sanz tenía que contener a un sector del radicalismo que buscaba una alianza con Massa. El más interesado era Gerardo Morales, quien se postulaba como gobernador de Jujuy en una alianza local con el Frente Renovador. La confluencia entre Morales y Massa fue muy intensa y estuvo alentada por el banquero Brito, muy gravitante en el noroeste y en la vida de Massa. Desde un punto de vista, esa asociación tenía algo de natural. El diputado de Tigre había ganado en 2013 la elección bonaerense en una alianza con el PRO, y figuras muy cercanas a él, como Roberto Lavagna, tenían una buena relación con los radicales. Lavagna había sido candidato a presidente en 2007 con Morales como vice.

Ese curso de acción, sin embargo, fracasó. Macri selló su alianza con los radicales después de trabajosas negociaciones con Sanz, de las que participó Monzó, utilizando un vínculo amistoso que en ese momento fue muy relevante: la relación personal entre Sanz y Luis Betnaza, la mano derecha de Paolo Rocca en el Grupo Techint. La proximidad de Betnaza con Sanz y con otro radical decisivo en ese trance, Jesús Rodríguez, alentó muchas veces el malentendido de que el propio Rocca, como industrial, tenía interés en esta composición. Puede ser cierto, pero Betnaza, Sanz y Rodríguez han tenido siempre un vínculo personal ajeno a la vida de Techint.

La resistencia más fuerte a un acuerdo con el PRO se desplegaba desde la provincia de Buenos Aires y tenía como abanderado a Ricardo Alfonsín. El argumento de este sector era que la UCR debía ir con una fórmula propia, encabezada por Julio Cobos, que conservaba algún resplandor de su estrellato en la pelea del kirchnerismo contra el campo. Hubo una batalla, frustrada, el 7 de marzo de 2015 en Arrecifes. Hasta allí fueron los convencionales provinciales del radicalismo para discutir la posición del partido del principal distrito del país. Pero la convención provincial no tuvo quórum. Aun así, quedó claro el conflicto entre quienes pretendían ir con su propia candidatura, lo que por momentos enmascaraba mal la preferencia a combinar la oferta con Massa. Allí estaba Alfonsín. Del otro lado, el de la confluencia con Macri, estaba el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Estas conversaciones y controversias llevaron a la realización de la Convención Nacional de la UCR en Gualeguaychú, el 14 de marzo de 2015. En esa reunión, los radicales convalidaron la alianza con el PRO y sepultaron la pretensión de Morales y de los mendocinos, expresados allí por Julio Cobos, de incluir al Frente Renovador de Massa en la nueva familia. A esos dirigentes, les dieron la oportunidad de llevar también la boleta de Massa en las elecciones.

La convención de Gualeguaychú tuvo un significado histórico que los protagonistas no ignoraban. Puso punto final a la dispersión opositora que había permitido al kirchnerismo soñar con una larga hegemonía. Los sectores medios, en su mayoría esquivos al peronismo, que habían pedido en 2001 que se fueran todos, que habían desfilado a partir de 2012 con la expectativa de que apareciera alguien, se encontraban al cabo de catorce años con un vehículo capaz de permitirles impulsar, con alguna verosimilitud, a un elenco de dirigentes hacia la Casa Rosada. En Gualeguaychú, nacía un nuevo sujeto político. Venía a producir una síntesis en un espacio tan fragmentado que Cristina Kirchner, que en 2011 había obtenido el 54 % de los votos, fue secundada por Hermes Binner con solo el 17 %. Esa síntesis, sin embargo, estaba condenada a crujir por una razón elemental: el PRO surgió como aspirante a reemplazar al radicalismo, a sepultarlo. Una operación de sustitución que tenía como principal escenario a la Capital Federal. En Cambiemos, se reunían dos vertientes del radicalismo: la institucional y la que, desde su disidencia, lideraba Carrió. Se encontraban también dos tradiciones cuya conciliación suponía un desafío dificilísimo: la de una sensibilidad conservadora-popular, la de Macri, con la sensibilidad radical. Es difícil localizar en la historia argentina una animadversión más poderosa que la de conservadores y radicales. La amalgama que podía soldar o, por lo menos, disimular estas fisuras era un severo antikirchnerismo. Esa fue la esencia de la coalición naciente. Cualquier otro compromiso estaba fuera del contrato.

La convención de Gualeguaychú delimitó a la fuerza que competiría con el Frente para la Victoria, excluyendo a Massa. Feliz Carrió, feliz Sanz, feliz Macri. Sin embargo, el factor Massa siguió siendo una incomodidad para Cambiemos. Atraía a un electorado de clase media baja, insatisfecha, crucial para el desarrollo de cualquier iniciativa opositora al kirchnerismo, sobre todo por su presencia en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, siempre fue más potente el vector que recomendaba mantener una identidad si no anti por lo menos no peronista. Eso era, aunque de modo tácito, el «cambio».

En el centro de la concepción de Macri sobre el conurbano, estuvo siempre apalancar ese cambio político a través de la infraestructura. Metrobus, pero, sobre todo, cloacas, agua corriente y asfalto. María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora tendría la misión de acompañar ese acercamiento con un mensaje de contención social inmediata, pero el eje central de la estrategia del PRO para esa región sería una política de obras públicas diseñada desde la nación.

El ascenso de Vidal fue, en principio, un trabajo de Macri. Ella se incorporó a la política desde la vida académica. Cuando egresó de la carrera de Ciencias Políticas de la UCA, formó parte del grupo de trabajo de Rodríguez Larreta, en el Ministerio de Acción Social de Palito Ortega. Este inicio, ligado a la lucha contra la pobreza, imprimiría una marca en toda la carrera de Vidal.

En ese ministerio, Vidal conoció a Sergio Massa y Malena Galmarini, con los que mantuvo una asociación muy duradera, destinada a ser importante durante su gestión como gobernadora. Desde ese punto de partida, Vidal acompañó a Larreta en muchas dependencias del Estado: desde la ANSES hasta el PAMI.

Macri conoció a Vidal como integrante del Grupo Sophia, que lideraba Larreta. Ese grupo fue el núcleo de la Fundación Creer y Crecer, lanzada por el entonces candidato al gobierno porteño. Cuando resultó derrotado en 2003, quiso mantenerla junto a él y la incorporó a la fundación Boca Social, una organización destinada a la actividad comunitaria de Boca, que incluye la relación con la barra brava del club. «A mí me impresionó la habilidad que ella tenía para tener a todos esos monstruos comiendo de su mano», suele recordar Macri. Era natural que, cuando llegó a la Jefatura de Gobierno porteña, la designara en el Ministerio de Desarrollo Social.

Que el ascenso de Vidal era un plan de Macri se vio un poco después, cuando la llevó como acompañante en la fórmula de 2011, como vicejefa de Gobierno de la CABA. Vidal se hizo cargo de la Legislatura, cuyo manejo cotidiano, que tiene zonas de extraordinaria opacidad, confió a Cristian Ritondo. Desde allí, adquirió la proyección suficiente como para convertirse en una pieza del juego bonaerense de Macri, un juego plagado de contrariedades.

La personalidad política de Vidal se recorta sobre esos problemas que, entrelazados, reaparecen todo el tiempo en la experiencia reciente. Macri y su partido debían responder cómo resolverían la cobertura política de la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, del conurbano. Esa incógnita condujo a otra también insistente: ¿cuál sería la relación de esta nueva fuerza política con el peronismo?

Monzó era el encargado de dotar al PRO de una red territorial en la provincia de Buenos Aires. Pensó en una candidatura: la de María Eugenia Vidal. Hubo que insistir mucho para que ella aceptara, por razones obvias. Estaba protagonizando una carrera ascendente en la CABA y se la enviaba a un destino que tenía, a priori, la garantía de un fracaso. Vidal tenía, además, la natural prevención de quien ve el conurbano como una zona de enormes acechanzas.

Macri puso todo su esfuerzo en persuadirla. Ayudó mucho una charla de ella con Roberto Zapata, el especialista en estudios cualitativos de opinión pública. Zapata le informó sobre dos percepciones interesantes. La primera: se está retirando una mujer, en alguna medida, una mamá, y la gente espera otra. Hablaba de Cristina Kirchner, claro. La segunda observación trataba de resolver el miedo de Vidal de ingresar a un mundo complicadísimo, peligroso. «El electorado te ve como una flor de loto, que flota sobre el pantano sin ensuciarse». La consolidación de esa candidatura sobrellevó varios conflictos, entre otros, los relacionados con el lugar que debía ocupar Massa, aliado en 2013, en la oferta electoral.[398]

El candidato a presidente del Frente para la Victoria era Daniel Scioli, acompañado por Carlos Zannini. Una intuición generalizada, que parecía coincidir con el sentido común, indicaba que la incorporación del Frente Renovador a una asociación con Cambiemos garantizaba el triunfo para Macri, pero Marcos Peña y Jaime Durán Barba defendían otra postura. En contra de una corriente bastante amplia, apostaron a sostener a Vidal y a la separación de Massa. En esa decisión, que fue crucial para el itinerario posterior del macrismo, convergían una línea estratégica y otra táctica. La estratégica: resistir en la identidad de Cambiemos y, en especial, del PRO, como una fuerza de ruptura con el orden anterior. Esa definición no osaba decir su verdadera modulación: había que mantener un foso de separación con el peronismo que representaba Massa, sobre todo porque, y aquí aparece el nivel táctico, esa condición de peronista lo volvía más corrosivo para la base electoral de Scioli. La hipótesis central era que, con sus 20 puntos de intención de voto, Massa le sacaba a Scioli un número de adhesiones suficiente para hacer ganar a Macri. Una versión imposible de ser confirmada, pero insistente, afirma que, entre las primarias y las generales de 2015, los gastos de la campaña de Massa corrieron por cuenta de Cambiemos. Todo para que no desistiera de la competencia.

Es imposible saber si el electorado se comportó como indicaba esa conjetura. La disputa por el poder tomó otros canales. Cristina Kirchner tomó decisiones en la interna del oficialismo que derivaron en un trámite muy convulsionado. Una de ellas fue señalar a Scioli como candidato. Era resignarse ante lo que parecía estar, como diría un autor del siglo XIX, «en la lógica de las cosas». Néstor Kirchner siempre controló a Scioli, en el doble sentido de la palabra. Lo condicionó y lo tuvo bajo vigilancia. Siempre tuvo claro que en la provincia de Buenos Aires había una amenaza, aunque su gobierno estuviera encarnado en alguien con gran popularidad, obsesivo de su exhibición en los medios de comunicación, pero que carecía de estructura propia.

En 2010, cuando ya comenzaban a colocarse en el tablero las piezas para la candidatura de 2011, Kirchner monitoreaba cada movimiento del gobernador. Sobre todo, sus acercamientos con Duhalde. Varios colaboradores recuerdan que en aquellos meses estaba inquieto porque Scioli hacía actos adornados por carteles con su nombre. Le intrigaba que debajo de «Scioli» no dijera «gobernador». En una de esas presentaciones, en Chivilcoy, le encargó a Randazzo que le dijera a Scioli que debía lanzar la candidatura a gobernador. «Mañana, en la inauguración de los juegos juveniles bonaerenses, lo digo», contestó Scioli. Pero siguió manteniendo la incógnita.

Un día, esa ansiedad de Kirchner pudo más. Fue cuando el esposo de Carolina Píparo, joven que había ganado una luctuosa celebridad por ser víctima de un ataque con disparos en la puerta de un banco, contó que Scioli le había dicho que no podía ofrecerle soluciones, porque «tengo las manos atadas». El expresidente le pidió que dijera quién le ataba las manos, que diera nombres. Fue en una reunión de intendentes de la Federación Argentina de Municipios que encabezaba Julio Pereyra, uno de los jefes del conurbano a quien el kirchnerismo confiaba el control y el desgaste de Scioli, como antes había sido, según se consignó ya, uno de los pioneros en abandonar el duhaldismo y contribuir a la destrucción del poder del caudillo de la provincia.

El gobernador bonaerense exasperó siempre a los Kirchner. Entre él y el matrimonio gobernante, había un abismo, una incomunicación. Se vuelve a cumplir lo de Goethe: «El ser afinca en las profundas fortalezas del estilo». Para gente que abrazó la política con una pasión enfermiza, Scioli era un alien, alguien que hasta en su carrera deportiva fue extrañísimo: corría en solitario, en una categoría creada casi a medida para él, lo que limitaba sus desafíos a batir su propio récord. Scioli había tenido un vínculo lejano con la vida pública a través de su padre, don José, que se había aproximado a la campaña de Raúl Alfonsín en los años ochenta. Ese padre, que algunas versiones retratan como despiadado, continuó presente en el entorno del hijo mayor a lo largo de la vida. Su contador, Rafael Perelmiter acompañó a Daniel Scioli hasta su destino de embajador en Brasilia, donde terminó su vida. Su colega en la importación de electrodomésticos, Rubén Cherñajovsky, dueño del grupo Newsan, ha sido el empresario más cercano del exgobernador y su principal recaudador de campaña.

Pero el acercamiento de Scioli a la política activa se produjo con Menem, de la mano de Claudia Bello, que lo aproximó al expresidente para convertirlo en diputado por la CABA. Con una propensión irrefrenable a departir con la farándula, Scioli se integró con naturalidad absoluta al sistema menemista, hasta en los detalles más pequeños: por ejemplo, la amistad con Julio Iglesias y la devoción por la pizza con champagne. En su caso, las pizzas eran elaboradas por una cocinera uruguaya que lo asistió durante años.

Narcisista al punto de tener en su finca La Ñata un museo dedicado a sí mismo, sus amigos le endilgan rasgos depresivos. Devorado por la ansiedad, Scioli tiene una curva atencional brevísima y se aburre con extraordinaria facilidad. En su casa del Abasto, era habitual que dejara la mesa donde comía con sus invitados para entregarse, con una mueca de mal humor, a operar un gigantesco Scalextric. Incapaz de estar en soledad, suele combinar personajes de todo tipo en grandes almuerzos en los que se hace servir un vino y un aceite de oliva distintos de los que ofrece a los demás mortales. Carente de cualquier intimidad, tampoco es fácil que desarrolle un pensamiento. Como gobernante, es un obsesivo del marketing: «Para él, gestión es foto, foto y foto», dice un antiguo colaborador. El mismo amigo afirma: «Él es como su lancha: veloz, y siempre por la superficie». ¿Ideas políticas? Nadie se las conoce, más allá de un espíritu conservador estructural, que bordea el qualunquismo. ¿Vocación de poder? Escasa, salvo que se la confunda con la pulsión de protagonismo. En su paso por la gobernación, Scioli se privó de realizar movimiento alguno tendiente a organizar una estructura propia. Sus vinculaciones se redujeron a los intereses económicos, sobre todo con la policía.

Hermético en su coraza de simplicidad, esa falta de compromiso con algo que no fuera su propia carrera lo volvió insoportable para los Kirchner, que nunca toleraron su agresiva pasividad. Sometido a un maltrato sistemático, que comenzó temprano, cuando le tocó presidir un Senado integrado por la primera dama, él consiguió, con medias palabras y pequeños ademanes, presentar su sometimiento como una bandera política. Era el que resistía, sin entregarse, mientras en secreto tendía lazos, irreverentes aun en su superficialidad, con aquellos líderes o sectores que también eran hostigados por los Kirchner: desde Clarín hasta la Sociedad Rural Argentina.

Derrotado en 2009, Kirchner murió compitiendo, en su intimidad, contra Scioli y su envidiable popularidad, por la candidatura de 2011. Murió compitiendo también con su esposa, pero en este caso la rivalidad era explícita. En las redes todavía circula un video del 29 de septiembre de 2013, en el que Cristina Kirchner le cuenta a Jorge Rial que la última noche que pasó con su esposo, mirando televisión en Calafate, vieron una entrevista en la que Luis D’Elía apostaba a la reelección de ella: «Te voy a contestar lo que contestaría Néstor. En la facultad, yo era un 4 y Cristina era un 10», respondió D’Elía al periodista que le pedía una definición. A Néstor, cuenta allí su viuda, se le escapó entre dientes: «Gordo traidor… Pero te aseguro que voy a ser yo». El relato de la señora de Kirchner es inusual, porque cuenta que esa noche, enternecida por la reacción un poco infantil de su esposo, se levantó y le dio un beso. Algo que no era habitual entre ellos. El último beso.[399]

El desenlace de ese desafío doméstico y político lo trajo la muerte la madrugada del 27 de octubre de 2010. El fallecimiento de Néstor Kirchner dejó pendiente la solución a un problema que aparecería en 2015: cómo pensar una sucesión no familiar. El juego de la transferencia de poder matrimonial evitaba un trance dificilísimo para cualquier líder, en especial para los líderes populistas, que ejercen jefaturas carismáticas en las que la representación del pueblo parece ser patrimonial. Regresamos aquí a ese episodio de tanta densidad simbólica, que es Cristina Kirchner encomendándole a su hija Florencia, no a un funcionario del Estado, que le entregue el bastón de mando el 10 de diciembre de 2011 en el Congreso.

La inercia de la popularidad de Scioli volvió a imponerse, como cuando lo escogieron para la vicepresidencia, como cuando lo escogieron para la gobernación. Para la presidenta, era un desafío gigantesco. Esa es la razón por la cual ensayó otras opciones: alimentó la candidatura alternativa de Florencio Randazzo, puesta bajo la tutoría, que era también la vigilancia, de Carlos Zannini. El dilema era desafiante. Había que postular, de un modo u otro, a un bonaerense, porque el kirchnerismo ya se había vuelto bonaerense. Pero esa misma procedencia del candidato amenazaba con un desplazamiento en la jefatura de ese nuevo feudo.

Randazzo debía cumplir el papel que seis años antes Kirchner le había asignado a Massa. Que caminara en el sentido de su sueño, prestando un servicio tácito: desgastar, disminuir, acorralar a Scioli. Randazzo comenzó a hacer campaña como el candidato del kirchnerismo, frente a una opción sospechosa de herética y, por eso mismo, más competitiva. Pero el propio Randazzo despertó suspicacias. A Cristina Kirchner, no le gustó aquella aparición inconsulta delante de los intelectuales del espacio Carta Abierta, en la que lanzó la infeliz metáfora de que «no podemos permitir que el modelo quede manco», un fallido que celebraron esos profesores que preferían cualquier alternativa a la regresión noventista que se les proponía con la candidatura de Scioli; un fallido del que Randazzo tuvo que arrepentirse cuando Scioli, pero sobre todo su esposa, Karina Rabolini, comenzaron a victimizarse. Además, hubo una reunión de Randazzo con el gobernador de Chubut de entonces, Mario Das Neves, que siempre circulaba por el borde externo del oficialismo, que tampoco cayó bien en el palacio.

A la hora de las postulaciones, Randazzo fue sacrificado. ¿El verdugo? Zannini. El sigiloso secretario de Legal y Técnica pasó de ser el promotor del rival de Scioli a ser el candidato a vicepresidente de Scioli. En uno y otro caso, siempre contra Scioli. La candidatura de Zannini pone en evidencia un laberinto en el que ingresan con demasiada frecuencia quienes ejercen la jefatura de una fuerza, sobre todo cuando están deteriorados ante buena parte de la opinión pública. Ese decaimiento exige una renovación, que obliga a bendecir a alguien que no integra el círculo cercano. Es decir, a un sospechoso. Ese carácter de sospechoso obliga a controlarlo, rodeándolo de leales a la jefatura. Con lo cual, se termina marchitando lo que se pretendía estimular: algo refrescante, algo distinto.

En una jugada, la presidenta dañó a Scioli y enfureció a Randazzo. Esta segunda consecuencia la privó de un candidato aceptable para la provincia de Buenos Aires. Le ofreció a su ministro del Interior la candidatura a gobernador, y él la rechazó.[400] Aquí se abrió otro camino accidentado. Cristina Kirchner autorizó dos postulaciones, que fueron a las primarias bonaerenses: Aníbal Fernández contra Julián Domínguez, jefe de Gabinete contra presidente de la Cámara de Diputados. Ambos empezaron, en esa instancia, un duelo interminable. Los dos se acusan de traición. Domínguez atribuye su derrota a un fraude organizado por Fernández a través de la Dirección Nacional Electoral, a cargo de uno de sus hombres, Alejandro Tullio. Las habladurías del conurbano afirmaban por aquellos días que las boletas de Domínguez fueron provistas horas después de que los comicios fueran abiertos. Fernández reprocha a Domínguez haber organizado su traición después del resultado, apoyando de manera subrepticia el triunfo opositor. Cargos, sobre todo el segundo, imposibles de ser comprobados, aunque sí es razonable, y casi inevitable, pensar que, dada la agresividad de la contienda, los perdedores hayan buscado otro destinatario de su voto, distinto de Fernández. Es una física bastante sistemática de todas las internas, en especial cuando son abiertas e interviene un electorado extrapartidario.

El kirchnerismo sufría un repudio importantísimo de buena parte de la opinión pública. Hay que recordar que la muerte de Nisman, que para una inmensa parte de la sociedad no fue un suicidio, sino un asesinato, en venganza por haber denunciado a la presidenta por el acuerdo con Irán, hundió al gobierno en el nivel más profundo de la impopularidad. Cristina Kirchner nunca cayó tan bajo en las encuestas. En este contexto, la postulación de alguien que representaba la caricatura del oficialismo, una de sus caras más agresivas, era lo contrario de lo que recomendaría cualquier estratega electoral.

A estas contrariedades, se agregó que tres acusados por haber cometido un triple homicidio, de tres empresarios vinculados al tráfico de efedrina, insinuaron que Aníbal Fernández era uno de sus protectores. Era, en realidad, «la Morsa», es decir, ese funcionario misterioso al que en una declaración judicial habían indicado, mucho tiempo antes, como su contacto con la Casa de Gobierno.[401] La postulación de Fernández tuvo varias derivaciones. Acaso la más importante fue que volcó al clero bonaerense en contra del candidato. Muchos sacerdotes del conurbano predicaron en sus misas sobre la relación de la droga con la política, desaconsejando votar por dirigentes involucrados en esa conexión. En aquel contexto, era claro que hablaban del aspirante kirchnerista. Expertos en la vida de la Iglesia afirman que esos curas respondían a un mandato de Bergoglio. La evidencia de que, después de aquellas decisiones, el papa se negó a tener contacto con Cristina Kirchner daría verosimilitud a esa especulación.

La relectura de aquel proceso electoral lleva a pensar en un problema recurrente en la política, que ya mencionamos: el de la sucesión de los liderazgos populistas. La dificultad de otorgarles continuidad a la experiencia iniciada en 2003 y, sobre todo, a la iniciada con el giro más radical, introducido por Cristina Kirchner después de 2011, tuvo formulaciones iniciales muy tempranas. Por citar una: el 25 de agosto de 2012, el grupo de intelectuales Carta Abierta publicó una declaración titulada «La diferencia»,[402] en la que defendía la necesidad de una reforma constitucional. Ese argumento fue retomado muchas veces por esos escritores, profesionales y académicos que a partir de 2008 fueron adelantando, a veces con asombrosa precisión, el rumbo que tomaría el oficialismo. Ellos admitieron dos realidades desafiantes. La primera: sería muy difícil encontrar una candidatura sustitutiva de la de Cristina Kirchner, a la que se le veía vedada otra reelección. La segunda: debía iniciarse una reforma constitucional, pero no solo para resolver el problema electoral, sino también para despejar de limitaciones el camino de reformas implicadas en la política oficial. El mérito de estos textos fue explicitar lo que en el discurso oficial era, por razones comprensibles, tácito: el embate contra la Justicia y contra los medios y las modificaciones que se pretendían introducir en la economía eran, en el marco institucional vigente, inconstitucionales.

Como se notaba en aquel pronunciamiento, estamos ante una dificultad principal del populismo respecto de la jefatura política. El kirchnerismo, que está modelado por creencias e ideas antiliberales, no ha visto en esa barrera un vicio, sino un inconveniente. Es el inconveniente que supone el liderazgo carismático. Ya no caben aquí clasificaciones de izquierda o de derecha. Desde una perspectiva liberal-republicana, esa tendencia a no tolerar el límite que supone la periodicidad del mando se presenta no como un inconveniente, sino como un peligro. El ensayista italiano Beppe Severgnini describió la cuestión en referencia a Silvio Berlusconi, en una de sus columnas de Il Corriere della Sera.[403] Severgnini afirma: «Es una tentación perenne de poder. El aislamiento, la elección de no medirse con el mundo, el desinterés por el futuro, la convicción de ser el principio y el fin. El dinero y el carisma crean y mantienen una corte de adoradores y aduladores, dispuestos a ceder su autonomía a cambio de encargos, beneficios y cercanía con el jefe. Saben que es imposible criticarlo: serían despreciados y excluidos».

Y agrega: «Es un problema que todo líder político debería plantearse, pero pocas veces sucede. La personalidad, el encanto y la autoconciencia, digamos incluso el egocentrismo, son necesarios para abrirse paso. Estas son las cualidades que pide el electorado moderno, no solo en Italia. Pero estos mismos elementos dificultan la sucesión: el líder carismático ve en el heredero una prueba de su propia mortalidad política, y termina por detestarlo».

El texto de Severgnini ilumina un ángulo posible de la manera en que la señora de Kirchner organizó su sucesión en 2015. Si se descarta la suposición de que aquel oficialismo estaba condenado a ser derrotado, cualquiera fuera la ingeniería electoral que adoptara, aparece el interrogante sobre ¿cuál fue el error? Más todavía: ¿hubo error?

Una primera hipótesis es que Cristina Kirchner menospreció el problema de la calidad de los postulantes, sobre todo en el caso de Aníbal Fernández, que en vez de bajar el muro interpuesto entre el oficialismo y un sector muy extenso del electorado lo levantaba todavía más. No era la primera vez, ni sería la última, en que la presidenta tendría dificultades para elegir a un representante de su grupo. Un déficit que, en muchos dirigentes, deriva de un egocentrismo tan marcado que impide leer al otro, advertir sus peculiaridades. Ese menosprecio por el candidato se refuerza en la presunción, inconfesable, de que, en realidad, los simpatizantes votan al máximo líder, cualquiera sea el mediador de ese voto.

En el caso de Scioli, podría plantearse otra tesis, que algunos dirigentes experimentados del peronismo consideran obvia: la señora de Kirchner nunca se empeñó con seriedad en que su partido continuara, más allá de ella, en el poder. Para esos observadores, lo que sucedió fue el resultado de un plan deliberado, no de un desacierto. Era inocultable que a Scioli le costaría remontar el lastre que representaba la compañía de un hiperkirchnerista gris como Zannini. Ni qué hablar del servicio catastrófico que prestaba la candidatura de Aníbal, convertido con eficacia por la oposición y los medios críticos en «la Morsa». El extremo más conspirativo de estas observaciones afirma que, en rigor, la entonces presidenta movió las piezas de tal manera que ganara Macri, en la convicción de que un gobierno de Macri era la autopista más confiable para regresar a la Casa Rosada. Esta fantasía es atractiva desde el punto de vista literario, pero tiene demasiada confianza en la capacidad de manipulación de los líderes políticos. A Menem se le atribuyó también ser el padrino del triunfo de De la Rúa. Hay que admitir que el riojano, después del caso Cabezas, tenía muchas más motivaciones para jugar las cartas de ese modo.

Ese supuesto desinterés por el triunfo de Scioli podría reforzarse por una contradicción más profunda y oscura. La popularidad del candidato, siempre superior a la de los Kirchner, era la manifestación de una derrota. Más todavía lo era su triunfo. En un plano muy poco subliminal, Scioli aludía al menemismo. Surgió de sus filas, representaba su estética. Menem, además, rubricaba su obra: «Es mi discípulo», decía. Se podría abundar en muchísimos detalles, pero existe uno muy expresivo: en 2001, cuando la convertibilidad hacía aguas por los cuatro costados, Scioli representó al menemismo porteño como primer candidato a diputado. Su segundo, Horacio Liendo, el autor intelectual de ese régimen económico. En el peor momento, Scioli encarnó una forzada alianza Menem-Cavallo. Nunca se separó del riojano, a tal punto que, en diciembre de 2012, cuando Cristina Kirchner «iba por todo», él lo agasajó con una comida de amigos en La Ñata y dejó trascender esa reunión. Scioli tenía demasiado aroma a Menem, lo que, en un plano todavía más subliminal, significaba que tenía demasiado aroma a Macri.

En 2003, Néstor Kirchner fue a las urnas como el no-Menem. Su corriente se ofreció como un instrumento para desmantelar el «neoliberalismo» peronista de la década anterior. En 2015, Cristina Kirchner no tenía que esperar a que se contaran los votos para saber que había sido vencida. El fracaso fue anterior a la contienda. La candidatura de Scioli era insoportable, porque en sí misma materializaba ese fracaso. Sin embargo, conviene no dejar pasar por alto un detalle, y es que la candidatura de Scioli también era soportable. Dicho de otro modo, la vocación de poder se sobrepuso a las exquisiteces del estilo. Como síntesis de todas estas ambigüedades y paradojas, la presidenta repetía ante sus fieles, encabezados por los jóvenes de La Cámpora: «El candidato es el proyecto». Como Menem con Duhalde, anulaba al postulante que ella misma había promovido. En ambos casos, el formato fue similar. Durante la campaña de Duhalde, el riojano lanzó su propia reivindicación con un proselitismo paralelo, cifrado en la consigna: «Menem lo hizo». Cristina Kirchner desarrolló su propia liturgia en el patio interno de la Casa Rosada, con congregaciones de fieles a quienes les hablaba desde un balcón.

Estos esfuerzos litúrgicos eran infructuosos para ocultar una contradicción profunda. El kirchnerismo, que había soñado a partir del conflicto con el sector agropecuario envolverse en las banderas de un reformismo radical, ofrecía, a la hora de buscar el voto, el rostro más reaccionario y qualunquista del elenco disponible. Scioli era, antes siquiera de competir, la evidencia de una derrota. De una derrota ante el espejo. O, si se prefiere, una manifestación insoportable de pragmatismo. En esa ambivalencia late, tal vez, su esencia peronista.

Cambiemos y la reconquista de la alternancia

Cuando se celebraron las primarias del 9 de agosto de 2015, surgió un mapa sembrado de incertidumbre. Scioli y Zannini obtuvieron 8720 573 votos, que representaban el 38,67 % del total de votos positivos, es decir, de los votos válidos menos los votos en blanco. Para el kirchnerismo, un descenso vertiginoso desde aquel 54 % de cuatro años antes. Cambiemos consiguió, distribuidos en tres fórmulas, 6791 278 votos, es decir, el 30,12 % del total. Hay que prestar atención a dos números. El de los votos de Macri y Gabriela Michetti: 5523 413. Eran el 81,33 % de Cambiemos, pero solo el 24,49 % de la elección general. Esos fueron los votos propios de Macri. Olvidar esta información es olvidar una de las razones principales de su debilidad. El otro número a observar fue el del caudal del radicalismo: Sanz con Lucas Llach sacaron 753 825 votos, el 11,10 % de la primaria, pero solo el 3,3 % de la elección general. El resultado de Sanz daba la razón a quienes, con mucha discreción, habían recomendado negociar la vicepresidencia de la fórmula de Macri, sin competir con él. Preveían lo que pasó: la UCR volvió a desnudar su debilidad y, al hacerlo, perdió mucha autoridad para reclamar posiciones importantes en el futuro gobierno. Nunca se sabrá si esa postura era viable: Macri era muy reacio a compartir el viaje con los radicales.

En esas primarias, Carrió cosechó, con Toty Flores como vice, 514 040 votos, el 7,57 % de la interna y el 2,27 % de la elección general.

Importa ahora poner el foco en el otro mensaje de esas elecciones nacionales. Sergio Massa y José Manuel de la Sota, compitiendo entre sí en Unidos por una Nueva Alternativa, consiguieron 4639 405 votos, el 20,57 % del total. De ese volumen, 3320 887 votos, es decir, el 69,64 % de la interna y el 14 % del total. Números que obligaban a seguir planteando el problema de qué hacer con Massa.

El álgebra más elocuente de lo que pasó aquel 9 de agosto aparece, sin embargo, en la elección provincial. El Frente para la Victoria consiguió el 40,40 % de los votos: 3303 812. Un poco menos que Scioli-Zannini, que habían conseguido la adhesión de 3418 176 bonaerenses. Pero el fenómeno importante fue que Aníbal Fernández obtuvo 1734 467 y Julián Domínguez 1569 345 votos. La elección fue demasiado pareja. Dicho de otro modo: Domínguez sacó demasiados votos como para que Fernández los retuviera por completo.

María Eugenia Vidal, que iba con el radical Daniel Salvador como vice, consiguió 2449 078 votos, un número bastante parecido a 2510 298, que es lo que sacaron los candidatos a presidente de Cambiemos en la provincia. Una curiosidad: entre los bonaerenses, Carrió superó a Sanz: 197 049 contra 176 888. Felipe Solá, candidato del Frente Renovador, sacó 1607 427 votos, apenas menos que la suma de Massa y De la Sota en ese distrito.

En la elección de primera vuelta del 25 de octubre, se produjo la gran novedad: María Eugenia Vidal ganó la gobernación. Esa sorpresa, que casi nadie preveía, dio vuelta el clima del país. La candidata de Cambiemos se benefició con un incremento en la participación, protagonizado, sobre todo, por gente que votó por ella. Sacó 3609 312 votos. En las generales, hubo 979 742 nuevos votantes, y Vidal incrementó su caudal en 1160 234 votos.

A Aníbal Fernández le ocurrió lo que se suponía: no pudo retener todos los votos de Domínguez. Sacó 3230 789, es decir, 73 023 votos menos que los que el Frente para la Victoria había recogido con sus dos fórmulas en las primarias. Se podría suponer que parte de esos votos fueron hacia Solá, que mejoró su performance de las internas en 155 814 votos: sacó 1763 241 votos.

El impacto del triunfo bonaerense hizo que Macri, que sacó en la primera vuelta 8601 131 votos, es decir, el 34,15 %, sacara en la segunda 12 997 937 votos, es decir, el 51,34 %, ganando la elección. Scioli pasó de ganar la primera vuelta por 9338 490, el 37,08 %, a perder la segunda con 12 317 330 votos, el 48,66 %. Una clave de esa elección fueron los votos de Massa, que en la primera vuelta sumaron 5386 977, es decir, el 21,39 % de la elección.

Cristina Kirchner se sentía incómoda con el eventual triunfo de Scioli, pero cuando llegó la derrota no pudo aceptarla. No pudo entregar el bastón de mando a su sucesor. Presa del mismo sentimiento que ocho años más tarde embargaría en Brasil a Jair Bolsonaro frente a Lula da Silva, en esa ceremonia que la tuvo ausente de nuevo aparecía una representación de su idea del poder como un atributo patrimonial, personal, no institucional. Ella no le daría a Macri un bastón que recibió de manos de su hija. En el círculo de la expresidenta circuló en aquellos días una versión: la de que cargó la culpa del fracaso a Scioli por haber reconocido la derrota demasiado temprano, relajando la vigilancia de los fiscales del Frente para la Victoria sobre el voto. En el fondo de esta suposición, si es que existió, está la convicción de que la llegada de Macri a la Casa Rosada fue ilegítima, una posibilidad que debe sonar evidente para quien se concibe como representante natural del pueblo. No puede haber derrota que nazca de algo distinto que un error. Otra afinidad con Bolsonaro.

Para comprender la peripecia posterior, hay que consignar algunos datos más, relativos a la provincia de Buenos Aires. Macri perdió allí también en la segunda vuelta. Sacó 4662 935 votos contra 4882 082 de Scioli. Pero consiguió 1053 623 votos más que los que obtuvo Vidal, lo que se puede explicar por la ausencia de Massa en el ballotage. En la primera vuelta, el candidato del Frente Renovador había sacado 2143 827 votos.

Reaparece un problema que se va volviendo traumático: la relación con Massa. La relevancia de esta cuestión proviene, en principio, de que puede ser vista como una reducción a escala de la relación de Cambiemos, y en especial de PRO, con el peronismo. Además, es otra corroboración de que la incógnita bonaerense es la llave de la ecuación política nacional, más aún cuando se trata de un gobierno no peronista. Si se observan los números es bastante obvio que el voto de Massa, que desde 2013 tenía inflexiones antikirchneristas, estaba destinado a fluir hacia Macri.

Quiere decir que la tesis aislacionista de Durán Barba y Peña no era correcta. Quedará siempre abierto un enigma: hasta qué punto esa tesis era una posición de estrategia electoral o era solo el fraseo de una reticencia de Macri a asociarse con Massa, cualquiera fuera el escenario. Existe una alternativa más profunda, más estructural: hasta qué punto el rechazo a Massa no desnudaba que en el núcleo del antikirchnerismo latía, ancestral pero reciclado, el antiperonismo. Monzó y Massot siguen defendiendo hasta hoy su tesis. Creen que, si no se hubiera revocado el acuerdo sellado por ellos en Nordelta, Macri hubiera ganado en primera vuelta. Defienden esa posición observando la traslación casi en bloque de los votos de Massa a Macri en la segunda vuelta.

Estamos ante algo mucho más denso que una opción de ingeniería electoral. Una de las cuestiones que aparece remite al rol del disidente de una fuerza, sobre todo de gobierno, en una escena polarizada por el estado de la opinión pública y, sobre todo, por la vigencia de un régimen de doble vuelta. ¿Puede retener votos para sí o es solo un pasamanos de votos para la «verdadera» oposición? Puesto de un modo muy vulgar: ¿la gente vota arrepentidos? ¿O el arrepentido es el testigo calificado que rubrica la posición del «verdadero» opositor? Massa reponía en escena estos problemas, que antes encarnaron Eduardo Angeloz frente a Alfonsín y Eduardo Duhalde frente a Menem, aun cuando cumplían con la formalidad de ser postulados por el oficialismo.

Por debajo de esta mecánica aparece otro interrogante: ¿hay lugar para un peronismo no kirchnerista, que asuma como propias las preferencias del votante de centro, moderado, una vez que entró en escena el macrismo? Planteado de otro modo, muy brutal: ¿quién estaba en mejores condicionies de «heredar» al viejo duhaldismo? ¿Massa, como disidente del Partido Justicialista, o Macri, que encabezaba una oposición más contundente pero con algunos rasgos peronoides? Después de todo, en 2003 Duhalde imaginó que Macri podía ser su heredero. La pregunta es central para Cambiemos y, sobre todo, para el PRO: ¿qué plasticidad tiene esa fuerza para cubrir con su representación a las capas medias bajas, disconformes de la situación general pero remisas a ser destinatarias del asistencialismo del Estado? Si observamos a la luz de estas incógnitas la postura de Monzó y sus amigos, lo que está en discusión es una clasificación. ¿La política debe organizarse en peronismo/no peronismo? ¿O debe hacerlo en una corriente de izquierda nacionalista y otra de centro o centroderecha republicano-liberal? La segunda sería la posición que defendía Monzó y que tiene un eco en los planteos posteriores de Horacio Rodríguez Larreta. Era la que, al menos en teoría, defendió Kirchner en sus diálogos con Torcuato Di Tella. La disposición de las fuerzas que le propuso a través de Jorge Brito a Macri, en 2007, y que este rechazó.

El pacto bonaerense

El rol del diputado de Tigre siguió siendo decisivo. Alrededor de la relación con Massa, se organizan acuerdos y conflictos, sobre todo en el inicio de la gestión de Vidal. Para entender ese comienzo, hay que recrear el clima con el que Cambiemos, y en particular el PRO, llegaron al gobierno bonaerense. Nadie soñaba, ni en sus fantasías más optimistas, que allí podría verificarse un triunfo. Más aún, la campaña de Vidal no consumió demasiadas energías en la coalición, no solo por el pesimismo del resultado, sino también porque aparecieron otras urgencias. Una muy imperiosa era la disputa porteña que, de repente, se volvió endiablada. En una primera instancia, por el duelo entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, que dividió al PRO y fue mucho más parejo de lo que se pensaba en un comienzo, y sobre todo de lo que pensaba la facción de Larreta. A esa facción pertenecía Macri, que debió descender a una intervención explícita en favor de quien era su jefe de Gabinete. La secuencia siguió con otro riesgo. En la primera vuelta del 5 de julio, Larreta sacó el 45,56 % de los votos; Martín Lousteau, el 25,47 %, y Mariano Recalde, el 21,91 %. En la segunda, del 19 de julio, Larreta llegó al 51,64 %, pero Lousteau consiguió el 48,36 %. Para entender el significado de este duelo, tan tenso, sobre la provincia, debe recordarse que Vidal era una candidata porteña y que buena parte de su equipo recién llegaba al distrito provincial.

Resultado del cuadro anterior fue que nadie había pensado demasiado en la agenda bonaerense, además de aparecer una amenaza sobre la gobernabilidad, debido a que Cambiemos consiguió solo 16 senadurías para una cámara de 46 miembros, y 28 diputaciones para una cámara de 92 miembros. El pacto con Massa ahora sí era inexorable. Con Felipe Solá como candidato, el massismo incorporó 9 senadores y 20 diputados. Aliada a Massa, Vidal podría construir una mayoría en la Legislatura. Ese pacto se gestionó en una reunión de ambos, organizada por Rodríguez Larreta en su propio domicilio. Una de las derivaciones de ese entendimiento fue que Massa se quedó con la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, cargo al que fue destinado Sarghini, a quien ya vimos actuando como ministro bonaerense en el desenlace de la convertibilidad. Sarghini es uno de los dirigentes más serios que ha dado el peronismo bonaerense.

La alianza de Vidal con Massa, apadrinada por Larreta, tenía una cláusula secreta pero explícita: Cambiemos y en especial el PRO delegarían en el Frente Renovador la interlocución con el peronismo de la provincia. Visto desde otro ángulo: la factura principal que Massa pasaban por su aporte a la gobernabilidad del nuevo poder era que desde el oficialismo le dieran los instrumentos para colonizar al PJ. Sarghini presidiendo la Cámara de Diputados personificaba ese compromiso. La expresión institucional del mismo entendimiento fue la sanción de una ley, impulsada por Cambiemos y el Frente Renovador, que prohibía la reelección de los intendentes que hubieran completado dos períodos.

El pacto bonaerense provocó un conflicto en el nuevo oficialismo nacional. El juego de fuerzas e intereses ahora se invertía. Massa se convertía en socio de Vidal. En aquello por lo cual habían sido repudiados Monzó y Massot. Ahora a Massa se lo consultaba para todo. Hasta se le adjudica a él, lo que sin duda es una exageración, la sugerencia de que la gobernadora fuera a vivir a una base militar de Palomar, por razones de seguridad. Esta alianza llevó a Monzó a poner el grito en el cielo. Cambiemos, para esta cuestión, el PRO, en la provincia, hacía su propio acuerdo sin preguntarse por los intereses del gobierno nacional. Macri, Peña, Carlos Grosso, Nicolás Caputo, Durán Barba y su socio Santiago Nieto escucharon el planteo en una reunión de la que también participaba Vidal. Fue ella la que respondió: «Lo que sucede, Emilio, es que vos querés ser el gobernador de la provincia desde la Cámara de Diputados». El vínculo seguía roto.

Hay varios significados relevantes escondidos por esta esgrima solo en apariencia táctica. Uno de ellos es que la construcción de poder del gobierno de Cambiemos dependía mucho de la relación con el Frente Renovador, lo que quiere decir que dependía mucho de la estrategia bonaerense de ese gobierno. La objeción que Monzó había llevado a la mesa de Macri demuestra, en sí misma, que no había un plan de acción vertebrado sobre cómo relacionarse con la oposición. Tampoco una reflexión política sobre el lugar que la provincia de Buenos Aires iba a ocupar en la evolución del PRO y de Cambiemos. Conquistada gracias a una intervención asombrosa del azar, el acceso a la administración no inspiró un plan consistente de acceso al poder. Ni siquiera la evidencia estridente de que allí, en ese territorio, se asentaba el poder de Cristina Kirchner despertó un interés especial por el principal distrito del país. Se podría decir de esta otra manera: Macri nunca fue del todo consciente de que consiguió la presidencia porque antes había ganado las elecciones bonaerenses.

El peronismo, cuando está en la oposición, suele ser un sujeto escurridizo, inasible. Se conduce con una ambigüedad infinita en la que se alternan de manera exasperante la genuflexión con la resistencia. Lo supieron los distintos gobiernos militares, cuando tuvieron a disposición, en el campo sindical, un «peronismo sin Perón» o un peronismo dialoguista. Lo supo el mismísimo Perón, que debió condenar a una fracción, la del gremialista Rogelio Coria, que, aun consumado su regreso del exilio, seguía articulando sus jugadas con Lanusse. Lo supo Alfonsín, quien abrió las puertas de su gabinete a una variante del PJ, encarnada por los herederos de aquel sindicalismo vandorista. Y cuando encontró en Carlos Menem, el candidato que derrotaría a la UCR, a un socio capaz de dividir el bloque de senadores y acompañarlo, nada menos que contra Vicente Saadi, en el plebiscito por el acuerdo del canal de Beagle. Lo supo Fernando de la Rúa, a quien en la hora de la gloria mimaron varios gobernadores, encabezados por Ruckauf, y que en la caída encontró la solidaridad de Menem. Todos lo supieron, pero lo supieron mal. Recién cuando abandonan el poder, los líderes no peronistas caen en la cuenta de que ese colaboracionismo había sido una simulación cargada de hipocresía.

Vidal, como Macri en el orden nacional, vivió esa experiencia. Disfrutó la insinuación de una alianza con un grupo de intendentes, entre los que sobresalían el de Lomas de Zamora, Insaurralde; el de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el de Merlo, Gustavo Menéndez, quien había tenido un paso por el PRO de la mano de Ramiro Tagliaferri, el exmarido de Vidal. También hubo una aproximación con Mario Ishii, el intendente de José C. Paz. En contraste, una línea divisoria, de confrontación, con Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, y con Fernando Espinosa, el líder de ese partido.

La aproximación a esos jefes municipales se produjo luego de una alteración en la relación con Massa. Vidal se había comprometido a reconocer a Massa como su contraparte dentro del peronismo, un rol que le permitía a Massa avanzar sobre el partido que había abandonado. Sin embargo, cuando todavía no se habían cumplido dos años de gestión, el jefe de Gabinete Salvai comenzó un acercamiento con los intendentes del PJ, encabezados por Insaurralde. El jefe de Lomas de Zamora había recuperado autonomía, en especial desde diciembre de 2014, cuando renunció a la banca de diputado que había obtenido como cabeza de lista en 2013, enfrentando a Massa. Los representantes de aquel adversario, líderes del Frente Renovador, entendieron que se rompía un acuerdo. Lo hizo saber Sarghini durante una comida en que se encontraron los compañeros de Massa con Vidal y su equipo político, en la residencia de la gobernadora. Una interpretación generalizada imputa este quiebre a una orden de Macri que ya había entrado en un conflicto cada vez más agresivo con Massa.

El principal motivo de discordia fue el articulado de la ley 27 260 de Blanqueo Fiscal, que se promulgó el 22 de julio de 2016. Diputados del PRO aseguran que fue el entonces presidente el causante de ese entredicho. Macri, que estaba en el exterior, llamó a Massa durante la noche del tratamiento para pedirle que admitiese incorporar entre los beneficiarios del perdón impositivo a parientes de funcionarios. Massa se negó, alegando que él no podría dar los votos si no se cumplía con esa exclusión. Macri se enojó, pero la ley se aprobó con la excepción de los familiares. El conflicto se profundizó, porque el 29 de noviembre Macri firmó un decreto reglamentario en el que revocaba la prohibición pactada con Massa. El líder del Frente Renovador inició, con Felipe Solá como ejecutor, una acción penal contra el presidente.

Existe una concatenación interesante de episodios que demuestra la fragilidad y, si se quiere, el cinismo que caracterizaron a todos los intentos de cooperación. La semana siguiente a esa discusión telefónica con Macri, Massa se encontró casi en secreto con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, en un campo de Mercedes. Fue un reencuentro que terminaba con tres años de incomunicación. La otra secuencia ocurrió a fin de año. El 7 de diciembre de 2016, después de que Macri modificara la Ley de Blanqueo por decreto, Massa encabezó un acuerdo opositor que terminó imponiendo una reforma al impuesto a las ganancias muy distinta a la que figuraba en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La ley impulsada por trece bloques enfrentados al gobierno aumentaba el mínimo no imponible en un 40 % y modificaba todas las escalas. Massa pasaba de ser el aliado principal de Cambiemos a intentar convertirse en líder de la oposición. Fue en este contexto que Macri ordenó terminar con la asociación bonaerense entre Vidal y Massa, lo que determinó el acercamiento de la gobernadora a intendentes peronistas.

Estas afinidades y rechazos tienen interés para comprender un problema medular de la vida política en el conurbano. Ya fue expuesto: se refiere a los límites de cualquier proyecto político que pretenda desarrollarse en esa geografía y, al mismo tiempo, competir con el orden en ella establecido. Los intendentes peronistas son, antes que peronistas, intendentes. Su prioridad es mantener en orden su comuna, no perder la estabilidad de su administración. Esta no es una nota exclusiva del peronismo, sino de los alcaldes en general. Si se mira el otro lado del tablero, caudillos locales como Gustavo Posse, en San Isidro, o Enrique «el Japonés» García, en Vicente López, diluyeron cualquier rasgo partidario, en ambos casos radical, para convivir sin conflictos con el poder peronista, sea nacional o provincial. En esos pequeños caudillos del conurbano, suele ausentarse una ambición genuina de trascendencia más allá del propio territorio. Un veterano peronista del distrito lo explica de este modo: «Son tan celosos del control de sus localidades, lo alambran tanto para que nadie entre, que esas capas sucesivas de alambrado les impiden después ver hacia afuera».

Los intendentes que trataron con el gobierno provincial de Cambiemos mantuvieron una permanente ambivalencia. Pactaron recursos, aprobaron leyes en la legislatura local, recibieron beneficios, convivieron en la escenografía pública en actos e inauguraciones. Pero nadie cruzó al otro lado del arroyo, salvo Francisco Echarren, el jefe municipal de Castelli.[404] La peripecia de Echarren expone, en su miniaturismo, la falta de orientación de Cambiemos en las relaciones con el peronismo.

Para comprender esta cuestión, hay que advertir la actuación de varios factores. Uno es la dependencia de los intendentes respecto del Estado, en este caso administrado por Cambiemos. Ante los líderes provinciales del PRO, los intendentes crearon el espejismo permanente de una posible coalición. Reproducían los movimientos reflejos de otras experiencias peronistas fuera del poder, en especial la del sindicalismo dialoguista en todas sus variantes: la de los que congeniaron con los militares de la Revolución Argentina ofreciéndose como un peronismo sin Perón; la de los que pactaron con la dictadura, en especial Viola con Horacio Tomás Liendo, como ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla y como ministro del Interior de Roberto Viola; la de los que se incorporaron con Carlos Alderete al gobierno de Alfonsín. Los dirigentes del Gran Buenos Aires repitieron esa mímica ante la dirigencia del PRO y fueron correspondidos. Este es un aspecto importante del juego político que se desplegó durante los cuatro años de Vidal en la gobernación.

La expresión legislativa de este giro hacia el peronismo tradicional fue la renegociación de la ley que limitaba las reelecciones municipales. Por vía de reglamentación, se abría una puerta provisoria a la continuidad indefinida de los mandatos. El encargado de esa negociación fue un exintendente, Joaquín de la Torre, a quien Vidal había designado como su ministro de Gobierno. Esa incorporación de De la Torre fue, en sí misma, otra manifestación de ese cambio de frente promovido por Salvai. El nuevo ministro había sido uno de los colaboradores más estrechos de Massa, pero lo había abandonado. Sin embargo, esta aproximación a los intendentes no decantó en un plan conjunto. Todo quedó a mitad de camino.

La razón sobresaliente que hay que poner en observación para comprender la vida política bonaerense durante el período dominado por Cambiemos es que después de 2015 el atractivo de Cristina Kirchner sobre la base más vulnerable del electorado peronista se mantuvo intacto. Es muy interesante advertir cómo dicha gravitación tenía expresiones recurrentes y, sin embargo, era ignorada por algunos de los actores más relevantes de esta trama. El poder de la expresidenta se había expresado en los comicios presidenciales, en los que, como ya vimos, el entonces oficialismo kirchnerista se impuso en la primera vuelta con Scioli como candidato.

Los que con más realismo tomaron nota de esa vigencia fueron los intendentes del conurbano. La señora de Kirchner conservaba la capacidad de promover candidaturas alternativas que expulsaran de sus fortalezas a esos pequeños señores feudales. Ese peligro era más intenso cuando se advertía que Massa y su Frente Renovador ya venían corroyendo la base peronista. Aquí encontramos la principal razón por la cual esos alcaldes del Gran Buenos Aires nunca conectaron con otro proceso, que se iba desarrollando en la escala nacional: el de un peronismo que soltaba amarras del pasado kirchnerista y se ofrecía como posible facilitador de Cambiemos. Ellos hacían equilibrio, por su propio modo, localista, de insertarse en el proceso público, y también como consecuencia de esa inhibición frente a la amenaza muy visible del atractivo de Cristina Kirchner sobre su propia base electoral. Lo que se describe aquí es un aspecto muy relevante de la historia política reciente: el proceso de deskirchnerización que intentaron varios dirigentes del PJ, de los cuales el más audaz, el más notorio, fue Massa, no logró consumarse, porque fracasó en la conquista del conurbano de la provincia de Buenos Aires. La frustración de esa empresa, encarada por Massa, pero también por Lavagna, por Urtubey y por Randazzo, estableció un límite severo para los intentos del PRO de cooptar al peronismo.

Mientras sucedían los hechos, esta resistencia subterránea del kirchnerismo, ejercida por su jefa, no era del todo percibida. Muchos dirigentes del peronismo creían que el agotamiento de la experiencia transcurrida entre 2003 y 2015 era irreversible. El 3 de febrero de 2016, Diego Bossio anunció la creación de una bancada denominada Justicialista, que se apartaba del Frente para la Victoria.[405] El mismo movimiento se registraba en el Senado, bajo la iniciativa de Miguel Pichetto. Las secesiones estaban promovidas por los intereses de los gobernadores, que querían convivir con un macrismo en ascenso. La primera convergencia se produjo alrededor del levantamiento de la cláusula cerrojo que impedía abrir negociaciones con los holdouts. Los mandatarios provinciales auspiciaban una reconexión con los mercados que sacara a la Argentina del default, para ellos también comenzar a tomar deuda.

Estas corrientes apóstatas estaban inspiradas por un discurso renovador, que pretendía terminar con el liderazgo del kirchnerismo en el PJ. Massa estaba detrás del mismo objetivo. En su caso, más que en el de ningún otro, había una fantasía de reemplazo por la vía judicial.[406] Sin embargo, los dos sectores del peronismo, el de Pichetto y Bossio, y el del Frente Renovador nunca convergieron. Tampoco lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, donde Massa fantaseaba con utilizar la palanca de su acuerdo con Vidal, no para incorporar a los intendentes del PJ, sino para reemplazarlos.

Esta fragmentación del peronismo, entre kirchneristas, massistas y peronistas disidentes, beneficiaba en el plano táctico a Cambiemos, pero no ofrecía una ventaja mayor, como hubiera sido la posibilidad de cambiar la estructura de la organización política. Con su supervivencia, Cristina Kirchner obturaba esa pretensión. Además, la dirigencia oficial, encabezada por Macri, estaba desprovista de una estrategia de largo alcance respecto del PJ. En términos generales, ni se los atacaba ni se los seducía como para una cooptación, sobre todo porque el comando nacional, ejercido por el presidente con gran influencia de Peña y Durán Barba, había fijado una línea de confrontación conceptual y estética con la expresidenta, pero también con el peronismo. Durán Barba había diagnosticado, como ya se explicó, que había que plantear una cesura histórica con el pasado y, en particular, con el PJ, que era visto por él como una estatua de sal.

No solo había una indefinición acerca de un comportamiento unificado. El problema era más delicado: convivían distintas ideas. Desde la alianza bonaerense con Massa, traicionada por un impreciso proyecto de alianza con los intendentes peronistas, hasta la ruptura con él en el orden nacional. Peña y Durán Barba, que fraseaban los postulados tácitos de Macri, repudiaban una confluencia con el peronismo. En cambio, dirigentes como Monzó o Rogelio Frigerio la alentaban. Al hacerlo, cometían un error: nunca advirtieron hasta qué punto la permanencia del encanto de la expresidenta sobre las capas más sumergidas de la sociedad clausuraba la disponibilidad de la dirigencia provincial del peronismo para ese entendimiento.

Esta es la razón por la cual nunca hubo una inserción de esos caudillos municipales en el oficialismo, salvo hacia el final de todo el ciclo, cuando Miguel Pichetto se incorporó a la fórmula presidencial. Y esa decisión de Pichetto no desmiente sino que confirma el curso general que se ha venido describiendo aquí. El que había sido jefe de los senadores del PJ durante el largo reinado kirchnerista cruzó a la otra orilla cuando advirtió que había fracasado por completo la posibilidad de construir una alternativa peronista al kirchnerismo. Para ponerlo en otros términos: el acercamiento de Pichetto hacia Macri es simétrico al acercamiento de Massa hacia Cristina Kirchner. Ambos están inspirados por el mismo factor: hacia mediados de 2019 el peronismo no kirchnerista se resignaba a que el liderazgo de la expresidenta era inevitable. Pichetto y Massa abordaron ese problema con estrategias divergentes.

Un problema para el PRO: el molesto lugar del peronismo

En el plano nacional, y de forma más marcada en el del conurbano, en el PRO exhibió una vocación por «invadir» el área peronista. De la presunción de que el peronismo estaba agotado no solo se desprendía también el mandato de no buscar su acoplamiento. De esa presunción derivaba asimismo la ensoñación por reemplazarlo avanzando sobre su base. Entre las muchas simetrías que se pueden establecer entre el kirchnerismo y el PRO, aquí hay otra: en 2002 o 2003, Néstor Kirchner y su esposa también fantasearon, como ya se consignó, con expandirse hacia un mercado que, si no era propio de la UCR, había sido cultivado por el FREPASO. Los Kirchner y Macri comparten la sensación de ser los sujetos de un nuevo tiempo histórico, entre cuyas manifestaciones está el despliegue de nuevas líneas de representación política, distintas de las que habían organizado el juego desde 1983 hasta 2001. No les faltaba razón.

Este designio de explorar terra incognita, el mundo de la clase media baja y también de los pobres, como ya se sostuvo varias veces en este trabajo, era ajeno al radicalismo, que vio en la fuerza creada por Perón a un contrapunto con el cual competir y, en algunos casos, un sujeto a cuya sombra sobrevivir. Macri y Vidal, de dos modos distintos, hicieron movimientos para seducir a la base social del peronismo, pero estos fueron incompletos, no solo porque la marcha hacia el encuentro de esos sectores novedosos se interrumpió con la crisis de abril de 2018, sino también en su concepción.

Para Macri, el instrumento principal de esa conquista sería la obra pública. Para Vidal, la acción social implantada desde el Estado provincial. Macri auspició, como buen ingeniero y como un hombre forjado del imperio de su padre, un programa de mejoras en la infraestructura que traería hacia el PRO, por la sola evidencia, el voto cautivo del peronismo. El plan comenzó con la extensión del Metrobus, que para él era más que una organización del transporte colectivo: significaba una nueva estética, signada en especial por la iluminación, en lugares dejados de la mano de Dios. Más adelante, las obras crecieron en ambición. El entonces presidente se propuso, por ejemplo, dotar de cloacas y agua corriente a la mitad de la población del conurbano que carecía de esos servicios, además de mejorar la calidad de las prestaciones ferroviarias. El mismo enfoque predominó en la pretensión de competir con el peronismo en el norte del país, región a la que Macri destinó un plan de obras públicas conocido como General Belgrano.

En Vidal, hacer política fue llevar adelante la acción social. Llegó a la vida pública por ese camino y siguió transitando en él. El conurbano fue la arena de esa obra, organizada con programas como «El Estado en tu barrio», que sirvió para que el sector público estuviera presente en lugares a los que nunca llega. Más allá de esas iniciativas de carácter sistemático, la misma gobernadora tenía predilección por asistir a personas o familias con carencias, para lo cual organizaba visitas a los barrios más humildes, acompañada de su secretaria, sin divulgación alguna ante la prensa.

La acción de Macri y Vidal, en su pretensión de intervenir sobre el conurbano bonaerense, puso de manifiesto una deficiencia que es independiente de su calidad y eficacia práctica. Tampoco está determinada por límites más severos, como aquella resistencia del kirchnerismo, que convirtió la conquista del PJ en una aventura sobre arenas movedizas. La limitación es la imposibilidad de politizar esos emprendimientos administrativos, de gestión. ¿Qué quiere decir «politizar» en este contexto? Hacer perceptible, por parte de la sociedad en general, no solo de los beneficiarios directos de esas prestaciones, el valor que ellas encierran. En los dos líderes, Macri y Vidal, aparece una misma nota dominante: la idea de que el gobierno, entendido en un sentido pleno, consiste en la aplicación más o menos correcta de una receta, sin que sea necesario modelar esa tarea, que de por sí puede ser muy valiosa, para generar una fuerza social alrededor de ella. Más allá del marketing, faltó una prédica, un discurso, un vínculo.

La gestión de Macri ofrece evidencias muy llamativas de esa reducción de la gestión pública a una receta técnica o administrativa. Los intendentes del PRO recuerdan haber sido convocados solo una vez para un asado con el presidente a lo largo de cuatro años. La acción del Estado nacional se comandaba desde la consola centralizada de Marcos Peña, sin participación alguna de los líderes territoriales. O desde las oficinas del gobierno provincial, dominadas por cuadros tecnocráticos que, en el mejor de los casos, reportaban al jefe de Gabinete Federico Salvai. Ese estilo revela una concepción muy clara respecto de la representación: el vínculo político conecta al líder o al núcleo gobernante con la gente, sin que haga falta ninguna intermediación. Esta peculiaridad convivió con otra, que la reforzó. La distribución de las atribuciones políticas reproducía la matriz empresarial. La provincia gobernada por Vidal era concebida, en el fondo, como una filial del poder nacional: la filial de una organización centralizada cuyo comando estaba en manos del accionista principal, Macri, radicado en la Casa Rosada.

Reaparece aquí un problema principal, que ha dividido aguas dentro de Cambiemos y, sobre todo, dentro del PRO. El rol que juega el factor territorial en el despliegue de un proyecto de poder. Esa cuestión tiene una modulación menos presentable, que se refiere al papel de los punteros en la relación de los líderes con la gente. Incógnita esencial a la discusión sobre el clientelismo. Ahora escalamos un nivel: qué rol juegan los representantes de las comunidades a nivel municipal. Esta pregunta obtuvo una respuesta contundente cuando para Cambiemos ya era demasiado tarde; el día en que Vidal fue derrotada, pero varios de esos alcaldes conservaron sus comunas.

La prescindencia de los intendentes propios en el plan de poder de Macri y de Vidal obliga a volver sobre un rasgo general de la política en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en su conurbano. Por la propia naturaleza de su función, que es la de una especie de gestor de prestaciones y beneficios para los vecinos, el intendente debe estar siempre en buena sintonía con el Estado provincial y nacional. Es una nota que ya fue destacada y que explica la relativa indiferencia de la mayoría de esos funcionarios por plantearse objetivos políticos de largo alcance. La supervivencia obliga a cierta despolitización. Quiere decir que la diferencia tiene dos direcciones: tampoco los alcaldes se sienten muy tentados con apasionarse con un proyecto de poder que los obligue a alineamientos rígidos. Están dominados por un pragmatismo que queda al desnudo cuando se atraviesan procesos electorales demasiado desafiantes. Los intendentes arman su propia ecuación apoyando al mismo tiempo, a través de distintos ardides, a formaciones políticas que compiten entre sí. Ya lo vimos cuando, en 2009, se replegaron sobre sus feudos y dejaron a Kirchner librado a la derrota frente a De Narváez.

Esta reflexión pretende hacer notar que la distancia de Macri y Vidal respecto de los jefes territoriales del PRO no es una exclusividad de ellos. Sí está acentuada. Se parece, por ejemplo, a la misma indiferencia de Cristina Kirchner respecto de los líderes locales de su fuerza. Y se diferencia de la opción adoptada por Kirchner, que cultivó siempre a los caudillos comunales tratando, sobre todo, de que no se convirtieran en el ejército de otro. Duhalde fue más allá: su modelo de poder se sostuvo en una liga de intendentes. Un detalle a no menospreciar: Kirchner y Duhalde iniciaron su cursus honorum dentro del Estado gobernando una ciudad.

Nueva política con viejos métodos

En el caso de Vidal, la falta de vocación por organizar un aparato político propio hace juego con otras peculiaridades de su gobernación. La más llamativa: no buscó tampoco constituir un esquema de poder diferente en la que es, acaso, el área más destacada de la administración de la provincia, es decir, en la gestión de la Seguridad y en el manejo de la Policía bonaerense. Vidal confió esa tarea en un dirigente de su máxima confianza, que la había asistido en el control de los complejos y muy poco edificantes pliegues de la Legislatura porteña, cuando ella era vicejefa de Gobierno: Cristian Ritondo, que entre 2011 y 2015 había sido vicepresidente primero de ese cuerpo.

La de Ritondo fue una designación reveladora. Se trata de un dirigente político surgido de las entrañas del PJ porteño y vinculado a la política tradicional de seguridad. Ritondo desarrolló su carrera bajo el padrinazgo de Miguel Ángel Toma, figura del peronismo de la Capital Federal ligada a cuestiones de defensa, seguridad e inteligencia. De su mano, Ritondo fue jefe de asesores de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de Diputados y jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad de la nación, cuando estuvo a cargo de Toma. Ritondo llegó al PRO cuando Macri ya había ganado la CABA, en 2007. Quiere decir que, para una política definitoria de cualquier plan político en la provincia de Buenos Aires, Vidal se respaldó en un peronista del «sistema», por decirle de algún modo.

Ritondo entendió el sentido de su designación y lo profundizó. Para jefe de la controvertida policía provincial, eligió al comisario Pablo Bressi. Había sido el responsable de la lucha contra el narcotráfico de la gestión de Daniel Scioli, señalada por Vidal por su, por decir lo menos, negligencia, si no complicidad, en esa materia. Para Ritondo, no había contradicción alguna: «Es el hombre mejor preparado para lo que nosotros queremos, que es la lucha contra el narcotráfico», dijo cuando anunció su designación. Al frente de la policía, Bressi fue el resultado de un entendimiento de Ritondo con su antecesor y amigo, Alejandro Granados.

La designación de Bressi generó una crisis en Cambiemos, debido a las críticas que recibió de Elisa Carrió. En mayo de 2017, Vidal y Ritondo debieron entregarlo, en medio de un escándalo por reparto de coimas en la departamental de la policía de la ciudad de La Plata, sede del jefe Bressi.

Los signos de que Vidal y, sobre todo, Ritondo habían elegido la continuidad, y no la ruptura con el orden que ellos, durante la campaña, habían desarrollado en el campo de la seguridad, se multiplicaron. Ritondo, por ejemplo, eligió como jefe de Gabinete de su ministerio al abogado Marcelo Rochetti. Exjefe de Seguridad de la Legislatura porteña durante la gestión de Diego Santilli como vicepresidente primero, Rochetti tenía como antecedente haber sido abogado de barras bravas y policías delincuentes. Ningún abogado puede ser descalificado por la calidad de sus defendidos, pero es obvio que, en términos políticos, esos patrocinios sugieren un mensaje. Los agentes de la bonaerense lo recibieron con toda claridad cuando Ritondo designó como su mano derecha a quien había defendido a policías de la banda responsable del secuestro seguido de muerte de Axel Blumberg, que conmovió al país. Y también había prestado sus servicios para que Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca, evitara ir preso.[407]

Vidal tuvo una conducta ambivalente en relación con el orden mafioso que venía dominando, por años y años, el servicio de seguridad de la provincia. La preocupación por la gobernabilidad, que en la provincia es siempre una preocupación por el orden en las calles, convivió con otra cara de la gestión de la gobernadora en ese campo, la del titular de Asuntos Internos de la bonaerense, Guillermo Berra. Desde esa dependencia, se intentaron acciones para la depuración de la policía. La inaugural tuvo que ver con la exoneración del comisario general Néstor Martín, el más rico de la fuerza, quien debió dejar su trabajo en la administración de horas extras a pedido de Berra. Martín pertenecía al elenco que rodeaba al jefe Bressi y, después de haber sido ascendido por Granados, fue ratificado por Ritondo. Los choques entre Ritondo y Berra nunca trascendieron, pero se hicieron más enojosos una vez que, por una denuncia de Carrió, en mayo de 2017, el ministro debió desplazar a Bressi para designar a Fabián Perrone.

Como se advierte cuando se examinan muchos casos de la administración de la policía bajo el gobierno de Vidal, su solidaridad con la situación que ella venía, en el orden discursivo, a desbaratar, fue relativa. Aun así, existió a través de Ritondo una continuidad que vuelve anecdóticas otras designaciones, aunque vayan en el mismo sentido. Por ejemplo, la de Gustavo Ferrari, que pasó de ser asesor general de la gobernación de Scioli a ser ministro de Justicia de la gestión de Cambiemos. O la de Fabián Perechodnik, que llegó a la Secretaría General de la gobernación después de haber formado parte del equipo de campaña de Scioli.

La manera en que Vidal armó su equipo demuestra que tenía una vocación muy débil de producir un giro en la orientación política del poder bonaerense. Se puede conjeturar que la sorpresa del triunfo, que siempre supone la improvisación, por lo menos, en el comienzo de la gestión, le recomendó pactar con el orden establecido. Aparece aquí un aspecto muy relevante para la comprensión de todo el ciclo. La irrupción victoriosa de Vidal en 2015 fue tan asombrosa que modificó el clima imperante creando una ola que condujo al triunfo de Macri. Pero esa misma sorpresa sumergió a ella y a su fuerza política en un terreno resbaladizo, dominado por una urgencia cotidiana que le puso límites.

No obstante, de nuevo esta imagen debe ser matizada y, más que eso, corregida, porque también en lo relativo a un proyecto de largo alcance Vidal ofrece ambigüedades. Estaba atrapada por la urgencia, pero de todos modos se empeñó en formar y respaldar un equipo encargado de formular un programa y llevar adelante reformas estructurales. Esas eran las responsabilidades principales de dos figuras de bajo perfil pero cruciales en ese aspecto de la gestión: Emmanuel Ferrario y su mano derecha, Christopher Stromeyer. Ellos, dos jóvenes que venían de formarse con gran éxito en el exterior, encabezaron un grupo generacional de setenta funcionarios que trabajaron en el área de la Jefatura de Gabinete. A Ferrario y Stromeyer se les debe un programa de largo alcance, con estaciones previstas en 2023 y 2030. Avanzaron bastante, en relación con la CABA, con un plan asistencial basado en una red para el Área Metropolitana, diseñado por el entonces viceministro porteño de Salud, Fernán Quirós. Y también con una gran gestión de acceso a servicios del Estado para los barrios populares, a cargo de Milagros Maylin, que tomó esa tarea como una misión. Otras iniciativas fueron más lentas. Por ejemplo, la reforma general de la policía, que debió interrumpirse en las primeras etapas, o el plan de infraestructura hidráulica para los ríos Reconquista y Salado. De todos estos proyectos, el más osado, que estaba a cargo del ministro del área, Gabriel Sánchez Zinny, era la modificación del ordenamiento educativo, que incluía una reforma del siempre intocable «Estatuto del docente».

Es cierto que Vidal no llegó con un plan, pero intentó elaborarlo después, desde el poder. Y fue muy enfática, según infinidad de testimonios, en respaldar a los que estaban al frente de las reformas de largo alcance. Una de sus principales restricciones ya fue explicada: la relativa falta de autonomía frente al gobierno nacional, que se combinaba con otro problema, y era que la provincia y, sobre todo, su conurbano no estaban entre las prioridades de la agenda de Macri.

Las limitaciones que se enumeraron en esta descripción no estaban a la vista de todos mientras sucedían los hechos. Quedaron disimuladas, en especial, con las elecciones legislativas de 2017. Si se tienen en cuenta todas las alianzas ligadas a Cambiemos, esa fuerza obtuvo 10 263 329 votos, que representaron el 42,04 % del total. Con el mismo criterio, la totalidad de alianzas ligadas a la formación que lideró Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana, y a otras variantes del mismo signo obtuvieron 5509 602 votos, que fueron el 22,57 % de la totalidad.

Con independencia de la aritmética, el resultado de aquellos comicios provocó en el peronismo un trauma simbólico. Cambiemos triunfó otra vez en la provincia de Buenos Aires, cuyo timón había conquistado en 2015. La objetividad de las cifras indica que la señora de Kirchner perdió, aunque ese resultado deba ser reexaminado, como veremos enseguida. Pero acaso haya sido más relevante el destino que tuvieron tres dirigentes que se proponían, de un modo u otro, reemplazar a la expresidenta: Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa se hundieron más que ella.

Cuando se enfoca la provincia de Buenos Aires, el impacto del triunfo de Cambiemos se atenúa. En las primarias del 13 de agosto, se impuso la señora de Kirchner como candidata a senadora, por 3229 194 votos, que representaron el 35,58 % de los votos positivos, es decir, del total de votos válidos menos los votos en blanco. Esteban Bullrich salió segundo, con 3208 870, que fueron el 35,35 % de los votos positivos. Sergio Massa compitió, con la leyenda Alianza País, para la misma categoría, y obtuvo 1451 688 votos, que fueron el 15,41 % de los votos positivos. Significa que entre las generales de 2015, cuando se presentó para la presidencia, y las primarias de 2017 Massa perdió 692 139 votos, es decir, el 32 % de su caudal.

Para entender la situación política de aquel año en la provincia de Buenos Aires, debe prestarse atención a la cuarta fuerza en competencia: la Alianza Frente Justicialista Cumplir, que postuló, representando al PJ oficial, a Florencio Randazzo. Sacó 559 516 votos.

El 22 de octubre, se celebraron las generales. Esta vez, Cambiemos, con Bullrich, pasó al primer puesto con 3912 526 votos, el 41,35 % del total. Cristina Kirchner, con su Unidad Ciudadana, logró 3529 900 votos, el 37,31 % del total. Massa sacó 1069 747, el 11,31 %, y Randazzo, 500 945, el 5,29 % del total.

La polarización entre el gobierno y el kirchnerismo parece haber favorecido a esas dos opciones. Bullrich sumó 703 656 votos respecto de las primarias. Cristina Kirchner también mejoró en 300 706 votos. En cambio, Massa perdió 381 941 votos y Randazzo, 58 571.

Conviene detenerse en algunos detalles de la aritmética electoral bonaerense de 2017 y consignar algunos fenómenos que permiten discernir cuánto hubo de novedoso y cuánto de inercial en esos comicios. Cambiemos ganó la provincia, pero Cristina Kirchner se impuso en el conurbano. Consiguió 2190 684 votos, el 37,94 % del total en esa región. Bullrich sacó 1774 315 votos, el 30,73 %. Massa consiguió 904 737, el 15,67 % de la totalidad.

Cristina Kirchner retuvo bastante del voto del peronismo en esa región. En la primera vuelta de 2015, Scioli había obtenido 2373 320 votos, que eran el 39,88 % de la elección. Quiere decir que la señora de Kirchner descendió respecto de esa marca en un 7,69 %, o sea, 182 636 votos. No es un fracaso, sobre todo si se tiene en cuenta que ya no controlaba el Estado a nivel nacional ni provincial. ¿Se habrá arrepentido Randazzo de haber rechazado en 2017, durante aquella conversación en el departamento de Juncal y Uruguay, la candidatura a diputado nacional? ¿Habrá lamentado haberle hecho caso a Alberto Fernández, quien, a pesar de las advertencias de Wado de Pedro, insistió siempre con que «la conozco, Cristina no se va a presentar»?

La caída de la señora de Kirchner respecto de 2015 fue mayor en lugares como San Martín, 13 %; Presidente Perón, 13 %; Lomas de Zamora, 12 %, y Escobar, 11 %. Son escalones que se explican por circunstancias locales o azarosas, pero en el kirchnerismo se interpretaron con categorías conspirativas. En especial, en el caso de Katopodis en San Martín o de Insaurralde en Lomas. Ambos tenía una familiaridad con Cambiemos que para la expresidenta resultaba intolerable.

Bullrich apenas superó la elección que había hecho Macri en el Gran Buenos Aires en el primer turno de 2015: 1738 548 votos, el 29,23 % del total en esos partidos. Eran 35 767 votos menos que Bullrich, un insignificante 2 por ciento.

El gran fracaso lo protagonizó Massa, que tuvo una caída significativa respecto a lo que había obtenido dos años antes, como candidato a presidente, en la primera vuelta: 1376 839 de los votos, el 23,14 % de los comicios. Quiere decir que en dos años perdió 472 102 votos en el Gran Buenos Aires. Es el 34 % de su patrimonio político en esa geografía. Es natural que a partir de entonces comenzara a revisar la conveniencia de seguir aliado a Cambiemos, sobre todo cuando la relación con Macri ya había concluido. Como en 2015, Massa volvió a ser víctima de la tensión entre dos extremos.

Esa polarización encierra muchas claves de la política nacional de las últimas décadas. El año 2017 fue el de una revelación: el atractivo electoral de la señora de Kirchner seguía siendo un dato ineludible de la lucha por el poder. Otro dato relevante: para alcanzar el triunfo, Cambiemos debió introducir en la disputa a María Eugenia Vidal, que confirmó en esa ocasión el atractivo popular que venía demostrando desde su triunfo en 2015.

Estamos ante dos dimensiones muy significativas, aunque de distinto alcance, de la lucha por el poder bonaerense. Vidal certificó el diagnóstico del sagaz Roberto Zapata. En 2015, era la mujer que podía reemplazar, en el imaginario colectivo, a otra mujer que se estaba retirando. Dos años después, era la mujer que podía enfrentarla y vencerla. Esta caracterización de la gobernadora aludía a un potencial que provocó reacciones preventivas en el peronismo, pero también en el PRO. Volveremos sobre este aspecto de la historia.

La otra dimensión que se hacía presente en 2017 era la vigencia de una polarización política que se había enseñoreado de la vida pública desde casi una década atrás. Fechar el origen de estos procesos siempre es resbaladizo, pero no está mal aventurar que el conflicto con el campo fue el momento en que comenzó a constituirse la idea de un «ellos» y un «nosotros». Ese enfrentamiento organizó la política desde entonces, y también a Cambiemos. Antes que otra cosa, esa coalición era antikirchnerista. Lo fue en 2009, cuando se constituyó en la Cámara de Diputados el denominado Grupo A, que reunía a los legisladores que habían enfrentado al gobierno en la provincia de Buenos Aires detrás de De Narváez. Pero lo fue mucho más después de 2011, cuando la viuda de Néstor Kirchner encarnó con mayor claridad las consignas de una democracia iliberal, por utilizar el concepto que acuñaron las ciencias políticas. Es decir, una democracia que pone en tela de juicio los límites que ha fijado para el poder del Estado el liberalismo clásico: separación de poderes, con principal acento en la independencia del Judicial; libertad de prensa, y respeto por la propiedad privada. A partir de 2011, y sobre todo de 2013, cuando Axel Kicillof desembarcó en el Ministerio de Economía, el intervencionismo habitual del kirchnerismo, representado por Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, pasó a ser estatismo liso y llano. Fueron los años del conflicto institucional con los medios de comunicación, con Clarín a la cabeza, con la Justicia y con los inversores privados, desde Repsol a los holdouts.

Entender el enfrentamiento hostil entre dos bloques como el enfrentamiento entre dos cosmovisiones definidas es, sin embargo, un error. Cambiemos ha encontrado siempre su amalgama no en un programa, sino en una animadversión, la animadversión al kirchnerismo. Y el kirchnerismo se define también por oposición a lo que, en su lenguaje, se caracteriza como «los poderes fácticos». La prensa, las corporaciones empresariales (en especial las financieras) y el sector agropecuario y, en un fondo más borroso, los Estados Unidos, así, como una entidad homogénea, sin fisuras. Kirchnerismo y antikirchnerismo son dos «anti». Esto explica su cohesión y su vigencia. Y esto desnuda su límite político. Esa contradicción automática favorece también a ambos actores en la medida en que inculca en cada feligresía la convicción de que todo lo malo está en el otro. Lo primero que se suprime con estas enemistades extremas es la interrogación sobre el propio grupo. Es decir, la constatación de que en cada bando anida, incómodo, perturbador, algo del otro. La constatación de que por debajo de la ruptura hay una franja de continuidad. La sabiduría china sintetiza esa ambigüedad difícil de aceptar en el mandala del ying y el yang: en la sección negra hay un lunar blanco y viceversa. La polarización que ha dominado a la Argentina en los últimos, por lo menos, quince años es la negación de esa dialéctica.

Las elecciones de 2017 contenían un mensaje muy importante para esa bipolaridad. Cambiemos podía vencer a Cristina Kirchner en su territorio, la provincia de Buenos Aires. Este triunfo consolidaba su identidad como alianza, ratificaba la confianza en la receta del enfrentamiento automático y alentaba la idea de que, como ya se apuntó, Vidal tenía la llave del tesoro del adversario. Estas certezas entusiastas tenían un espejo en la perplejidad opositora. Hay un texto muy valioso de Pablo Semán que documenta ese estado de ánimo.[408] Allí queda clara la conmoción que produjo el triunfo del oficialismo en la provincia, auscultado desde el bastión inexpugnable del PJ: La Matanza. Semán cuestiona las premisas en las que se había basado el optimismo kirchnerista previo a las elecciones: las miserias de la economía y la presunción de que quienes habían abandonado al PJ y a Cristina Kirchner regresarían a casa. Pero el artículo va más allá. Entiende que el resultado de 2017 puede consistir en un quiebre histórico, es decir, registra un momento que tiene un lejano aire de familia a la traumática derrota frente a Alfonsín en 1983: la aparición de lo inconcebible. Semán advierte, sin decirlo, que en 2017 mostraba una desconocida densidad lo que en 2015 podía haber sido fruto del azar, o de malas decisiones en el plano de la táctica. En este marco, señala con el índice lo que para él es un sujeto que termina de formarse: el antikirchnerismo. Lo dice así:

En principio, el antikirchnerismo es a esta altura una corriente política y electoral de una densidad y operatividad histórica que excede el corto plazo. Renueva, adensa y prolonga el antiperonismo al nutrirse de imágenes imborrables que desde los bolsos de López a las moreneadas crean una disposición combativa y refractaria contra la que choca la obstinación basada en la ilusión de que «todo esto pase rápido» (en eso consiste el bien deseando en las repetidas ilusiones del «vamos al volver» y el «arrepentimiento del votante que nos dejó»). Pero mucho más que eso despunta la emergencia de una exploración hegemónica que se define también, y más que nada, por los deseos que logra anudar.

Con encantadora honradez, Semán se interroga sobre la falibilidad de los pronósticos. Describe un problema de primera magnitud: los extravíos cognitivos que están encerrados en la polarización:

Una dificultad profunda nos invade a todos los que somos políticamente interesados: la intensidad afectiva en que se tejen nuestras conclusiones analíticas. Es fácil ver el error en el otro pero no en uno mismo, y así se vuelve casi imposible el diálogo. Las diferencias entre k y anti k siguen conduciendo a la ruptura de vínculos. Si muchas veces el «espejo» ha llevado a reforzar las distancias, hoy algunos militantes comienzan a interrogar el razonamiento afectivo en que se sostiene la incomprensión mutua: «No pude entender el odio que le tenían a Cristina hasta que tuve que escuchar a Vidal… No la soporto». Pero aún con la empatía que se reconoce que la «pimienta en el ojo propio es refresco en el ajeno» resulta difícil de sortear la animadversión alimentada por la actualización continua de la confrontación.

La relectura del artículo de Semán es provechosa, porque ofrece dos registros. Es un muy buen relevamiento, elaborado desde la atalaya de La Matanza, de lo que sucedió en el conurbano en aquella elección. Pero también es, leído con el paso de los años, un excelente documento del impacto que eso que sucedió tuvo en las expectativas de alguien instalado en una concepción muy próxima a la oposición kirchnerista de entonces. El triunfo de Cambiemos en 2017 fue tan contundente que indujo a sobreestimar, sobre todo en sus adversarios, la potencialidad de algunos rasgos novedosos de la cultura política de esa formación. Sobre todo, el recurso al marketing digital como vía de aproximación a los votantes. Esta sobreestimación, que se puede calibrar recién con el «diario del lunes», tendrá, como veremos, un enorme efecto sobre la discusión fiscal.

Semán observa además otra realidad cuya influencia cobraría también importancia con el tiempo: la división del peronismo. Se trata de la bifurcación del peronismo en dos representaciones distintas: la de los sectores más pauperizados, ejercida por el kirchnerismo, y la de las capas medias bajas, interpretadas por el Frente Renovador de Massa y, en menor medida, por Randazzo.

Los intendentes se defienden con catorce toneladas de piedras

La atmósfera que introdujo la victoria de Macri y su gobierno en aquellas elecciones legislativas tuvo una proyección decisiva sobre el terreno fiscal. Desde la Casa Rosada, se avanzó con una reforma tributaria diseñada por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en cuyo centro había un acuerdo con el peronismo de las provincias. Era un entendimiento inevitable, porque afectaba tributos locales, como el de ingresos brutos. No hace falta distraerse en los detalles técnicos de aquel pacto. Alcanza con recordar que incluía una discusión sobre la coparticipación primaria, es decir, la que se distribuye entre la nación y el resto de las jurisdicciones. Macri y Dujovne solicitaban a las provincias una pequeña parte de los fondos que recibían para devolver al Fondo del Conurbano su sentido original. Se había llegado a un absurdo. La transferencia a la provincia de Buenos Aires había quedado congelada en 650 millones de pesos. El resto de lo que se recaudaba para aquel fondo iba a las demás provincias. Quiere decir que el fondo denominado «bonaerense» giraba a los bonaerenses 650 millones de pesos y a los no bonaerenses 51 000 millones de pesos. El gobierno propuso eliminar el fondo y destinar una parte de ganancias, equivalente a 20 000 millones de pesos, a Vidal. La palanca de esa transacción era un caso planteado por la gobernadora ante la Corte, que amenazaba al resto de los gobernadores no solo con retacearles parte del dinero que recibían, sino también con hacer que esa detracción fuera retroactiva.

Las provincias cedieron, aunque hubo una discusión interesante que, contra lo que podría suponerse, se planteó en el seno de Cambiemos. La abrió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Fue un debate acalorado, en la Casa Rosada, en el que Cornejo reprochó a Vidal, y también a Marcos Peña, una reorganización de recursos destinada a favorecer a los intendentes del conurbano, que tenían una fama, muy merecida, de haber derrochado ya muchos recursos durante la gestión provincial y nacional de Duhalde, sin beneficios a la vista. Cornejo exponía un problema fronterizo con lo moral, pero su cuestionamiento era político. No sería la primera vez que lo hacía. Estaba poniendo en tela de juicio la conveniencia de asignar dinero a una región dominada por el «voto peronista», desatendiendo las estrecheces de la clase media, que es la base electoral, si no de Cambiemos, de la UCR. El reproche de Cornejo desnuda una tensión que volvería a plantearse: no estaba claro para un líder radical, como él, la efectividad de la excursión que Vidal y segmentos muy amplios del PRO habían emprendido hacia los sectores más castigados del Gran Buenos Aires.

El gobierno nacional pedía ese aumento de ingresos para mejorar la situación de Vidal. El grueso de esa actualización del fondo bonaerense correría, sin embargo, por cuenta de la nación. Saldría del ahorro que permitiría realizar la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Se prevería que unos 40 000 millones de pesos irían también a Buenos Aires.

Los gobernadores no se alarmaron, pero los intendentes del conurbano sí. La reforma de la ecuación previsional y la pequeña transferencia de ingresos de las provincias estarían destinadas a fortalecer a una Vidal que se había mostrado arrolladora en un proselitismo en el que ocupó, de facto, un rol más visible que el candidato a senador, Esteban Bullrich.

Los dirigentes del Gran Buenos Aires percibieron con claridad el peligro. Así se explica que la movilización violenta que se realizó hacia el Congreso, célebre por las toneladas de piedras que se arrojaron esa noche, no estaba integrada por «los abuelos que se verán afectados en su jubilación», como describía el discurso opositor. No. Los que impulsaron esa manifestación fueron los intendentes del PJ, para quienes, «si además de carisma empieza a poner asfalto, nos vamos y no volvemos nunca más», como habría dicho a un amigo el líder de Avellaneda, Jorge Ferraresi, refiriéndose a la gobernadora. Hay que poner en perspectiva las palabras de Ferraresi: Vidal contaba en ese momento con una popularidad excepcional, que bordeaba el 70 %, y acababa de vencer al PJ por segunda vez consecutiva. Era natural que los peronistas sintieran que su unicato bonaerense, que había durado casi treinta años, estuviera llegando a su fin. Macri y Vidal tenían ese propósito.

En la imagen que quedó de aquel ataque contra el Congreso casi no aparece ese factor clave: la resistencia del aparato peronista a que Vidal fuera dotada de una caja que reforzara su liderazgo. En primer plano quedó otra lectura: ese asalto contra el Poder Legislativo era otra irrupción del conurbano, una más, para no dejar pasar un plan de ajustes. Esta presentación de los hechos quedó canonizada en el discurso del PRO. Cada vez que uno de sus líderes imagina una iniciativa reformista se pregunta «cuántas toneladas de piedras deberemos afrontar».

¿Fue realmente así? Lo más probable es que no. Que las toneladas de piedras se hayan arrojado contra un proyecto de reforma fiscal que cobijaba un trastorno importantísimo en el balance de poder: Macri y Vidal se asignaban una caja para sostener su proyecto de conquistar el conurbano bonaerense. Contra eso se arrojaron las catorce toneladas de piedras.

Cristina, madre y padre

El éxito oficial de 2017 mantuvo en un segundo plano, en especial para la maquinaria proselitista del gobierno, el papel de Cristina Kirchner en el paisaje general. Aparece ahora recortado un rasgo de la vida pública que había sido disimulado por el gran despliegue de poder que se había verificado durante los años en que el kirchnerismo estaba en el gobierno. Ese rasgo era el siguiente: la expresidenta no solo era un polo de la contradicción política; ahora quedó más claro que nunca que ese polo tenía una localización geográfica. Estaba radicado en el conurbano bonaerense.

Cuando descendió la gran ola kirchnerista, quedó más claro que antes que allí estaba su plataforma más firme. El lugar de la señora de Kirchner ha sido el de constituirse, antes que otra cosa, en la representante de los sectores más humildes de los grandes conurbanos. En especial, del bonaerense. Los circuitos en los que obtenía más votos eran aquellos en los que la pobreza era más aguda. Es muy interesante observar ese fenómeno desde el punto de vista, o los puntos de vista, de sus rivales de Cambiemos. Sobre todo del PRO, que es la fuerza que más quiso avanzar sobre esa base.

La primera evidencia es que para la alianza que lideró Macri la base social en la que se sostiene Cristina Kirchner es inaccesible. Recuerdo una conversación con María Eugenia Vidal, días después de la derrota frente a Kicillof, en la que ella me decía:

Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de llegar al votante de Cristina. ¿Cuál es el lazo entre ella y ese votante? Imaginate a alguien que carece de casi todo, que teme enfermarse, tener un accidente, y que a raíz de esa desgracia su familia no pueda sostenerse. A esa persona, desamparada por completo, Cristina le dijo: «No te preocupes porque desde ahora hasta que te mueras algo, aunque sea poquito, vas a tener». Eso es la Asignación Universal por Hijo o, más todavía, la cantidad innumerable de pensiones y jubilaciones que ella otorgó. Ahí está su capital, ahí está nuestro límite.

En línea con esta visión, alguien que ha estado durante más de quince años en el corazón del aparato de observación del PRO sobre la opinión pública afirma: «Nosotros ya nos desentendimos de Cristina. No hacemos encuestas para ver qué se piensa de ella. Damos por descontado que nosotros allí no llegamos». La desconexión se proyecta sobre una topografía. En el conurbano, el voto a Cambiemos ha estado siempre sobre las grandes avenidas y la franja de calles aledañas. A medida que los encuestadores se alejan de ese eje, las preferencias electorales van cambiando hacia el kirchnerismo. Los dirigentes del PRO emprendieron el camino de vuelta de su ambición de conquistar el conurbano. Para la izquierda más extrema integrada a Unidad Ciudadana, en Cristina Kirchner se superponen Evita y el Che. En extensísimos sectores de las capas medias, se trata de una veneración incomprensible, que podría remitir, remontándonos por el cauce de la historia, a ese sentimiento que despertaban los caudillos y que Borges define en el caso de Rosas: «Idolátrico amor en el gauchaje».

El rol de representante de los pobres que ella desempeña tiene un carácter bifronte. Como sostiene habitualmente Roberto Zapata: «Cristina es madre, pero también es padre». Quiere decir que en la interioridad de sus seguidores ella ocupa un lugar afectivo, proveedor, maternal, pero también funciona como regulador de las conductas, como ley. Este doble significado es riquísimo, porque expresa bien la duplicidad que estaría personificada en la señora de Kirchner: es reivindicativa, pero también contenedora, es decir, reproduce en su tiempo el designio peronista: reclamar por la distribución de un modo tal que se evite una radicalización. En otras condiciones, con una configuración social mucho más degradada, el conurbano sigue siendo, para esta visión, una amenaza tan operativa como la que percibió Perón. Seguimos en el universo simbólico de Shou, aquel dios de la mitología egipcia que sostenía el cielo para que no ocurriera, con su derrumbe, una catástrofe.

Esta doble valencia de la personalidad política de la expresidenta aparece con toda claridad en los discursos que pronuncia en sus visitas al conurbano. En esas presentaciones, describe con detalle qué significa ese lugar para su organización política o qué quiere que se sepa que significa. En el corazón de esa geografía, está La Matanza, y ella se encarga de explicitarlo cada vez que visita el lugar. La organización retórica suele ser la misma siempre, sobre todo después de la muerte de Kirchner. Comienza con una mención a las visitas que realizaba con su esposo a esa localidad, inclusive con la mención de algún detalle. A menudo, recuerda a algún vecino o vecina con la que estuvo en ocasiones anteriores. Y después ingresa al tramo central de su mensaje: las obras que su gobierno proveyó. Son contenidos recurrentes cuyo propósito es que quede claro su significado principal: ella, igual que su esposo, tienen presentes a los habitantes de esa región mucho más que nadie; los recuerdan, los conocen. Además, les dedican sus mejores esfuerzos como gobernantes, los asisten, los contienen, pero no los convocan. La muchedumbre que escucha, que recibe, que se emociona ante ella y la agasaja, es una muchedumbre, si se quiere, pasiva, receptiva. No es concebida como un actor movilizante. En estos mensajes, aflora la médula de una concepción de la vida social que refuerza lo que aparece en aquellos focus groups indagados por Zapata: ella es madre y padre, da y ordena, la dosis exacta de reforma y orden que anida en el corazón del peronismo.

Un cantar de gesta para enfrentar los tribunales

La persistencia de este protagonismo en el conurbano no fue para la propia Cristina Kirchner y su entorno más inmediato algo de lo que no cabía dudar. La derrota de 2015 los obligó a reconsiderar esa vigencia. Para Máximo Kirchner, el primer indicio de que existía la materia para ensayar un regreso apareció el 13 de abril de 2016.[409] La expresidenta había sido convocada por Claudio Bonadio a prestar declaración indagatoria el 26 de febrero, una fecha significativa para la familia, porque era la víspera del cumpleaños de Néstor. Aquel 13 de abril, la viuda se presentó en Comodoro Py acompañada por una multitud de más de diez mil personas. Este punto de partida le imprimirá un significado a todo el viaje de regreso. Había que iniciar la marcha en tribunales y asignar un sentido aceptable para la propia feligresía al principal obstáculo en la reconexión con el poder: el problema de la corrupción, asociado a un rosario de procesos judiciales. Así terminó de formularse el argumento del lawfare. El implacable Bonadio prestó servicios inestimables a esa construcción retórica. Por ejemplo, cuando fijó para Cristina Kirchner siete indagatorias en un mismo día o cuando puso mil reparos a que el excanciller Héctor Timerman pudiera viajar a los Estados Unidos para hacerse atender por un cáncer terminal.

La noción de lawfare reemplaza lo que se conocía como derecho penal del enemigo. Viene a denunciar que a algunos individuos o grupos se les aplica un régimen penal especial debido a que se los presume peligrosos, y no a los hechos que cometieron violando las normas. Günther Jakobs introdujo esta categoría a mediados de la década de 1980, en sus cursos de la Universidad de Bonn. Jakobs condenó esta concepción como contraria a la existencia de una sociedad libre. Sin embargo, matizó esa repulsión después de los atentados a las Torres Gemelas de 2001. Aparece en él, como en otros autores y en ciertos ordenamientos jurídicos, la suposición de que hay personas o grupos cuyas garantías deben ser recortadas porque pueden poner en crisis el orden general. Un penalista muy identificado con el kirchnerismo como Raúl Zaffaroni sostiene que ya en la misma extensión al campo jurídico de la figura de «enemigo» hay una semilla autoritaria.

Lawfare es una variante de ese concepto. Es una combinación de law (ley) y warfare (guerra), que indica una excepcionalidad, como la del derecho de guerra. El profesor Charles Dunlap lo definió como «el uso del derecho como arma de guerra». Su utilización comenzó a hacerse más frecuente con los procesos que se les han seguido a varios líderes latinoamericanos por casos de corrupción.

Cristina Kirchner comenzó a elaborar el argumento de una persecución durante su presidencia. Acaso la vez que lo formuló con mayor expresividad no fue en relación con una causa judicial, sino con la derrota de 2015. Un día antes de dejar la presidencia, desde el balcón de la Casa Rosada, se dirigió a una multitud de seguidores para explicarles que el triunfo de Mauricio Macri se había debido a una combinación maliciosa de poderes internacionales, medios de comunicación y jueces dóciles, que montaron una patraña en la cabeza de los votantes. La llegada de Macri al poder era, en este sentido, un episodio fraudulento, un malentendido de la historia.

En la postulación y denuncia del lawfare, hay un concepto acompañado de una coreografía. Las investigaciones judiciales se llevan adelante no para establecer responsabilidades sino para penalizar a un liderazgo popular. No son la demostración de una desviación moral o un delito. Son la certificación de un acierto político. En la raíz de este enfoque, está la idea central del pensamiento antiliberal o, como se suele designar desde hace un tiempo, iliberal. Esto es: la única legitimidad proviene del voto. El triunfo electoral no es un procedimiento. Es un criterio de verdad. Por lo tanto, no existe instancia alguna que pueda poner un límite al que se acreditó el poder surgido de esa fuente. Ni la Justicia ni la prensa, que son los dos dispositivos que las sociedades abiertas se dan a sí mismas para defenderse del avasallamiento de la política. O, dicho de otro modo, para garantizar la superioridad de la persona sobre el Estado.

Los jueces detentan una autoridad conservadora derivada del poder de los políticos que los designan. Son un poder no democrático, y se transforma en antidemocrático cuando ponen en el banquillo al líder. La verdadera absolución viene del voto. «La historia ya me juzgó», dijo la señora de Kirchner delante de un tribunal oral al poco tiempo de ganar la elección como vicepresidenta de Alberto Fernández.

Existe un marco general en el que se inscriben estas ideas. Es la premisa de que la vida pública, en sus innumerables dimensiones, se reduce a un problema de poder, a una lucha de poder. No existe lógica alguna que pueda tener autonomía frente a la política. Para decirlo con más crudeza: frente a la voluntad del que manda. Ni la Justicia ni las finanzas ni la energía. Nada.

La coreografía que se corresponde con esta concepción es la de la movilización popular convocada para enfrentar la arbitrariedad judicial. Una arbitrariedad intrínseca, dado que el líder, por el hecho de haber sido ungido por el voto, no es justiciable. El pueblo sale a la calle para reponer el orden violentado por una burocracia oligárquica. No sale a defender al líder. Sale a defenderse a sí mismo. Esta es la razón por la cual el kirchnerismo produjo el acompañamiento de la expresidenta a los tribunales en aquella citación de Bonadio del 13 de abril de 2016. Es interesantísimo advertir cómo lo que podría ser un gran límite político, la dificultad de enfrentar la lucha por el poder detrás de un jefe de partidario imputado por hechos de corrupción, invierte para los propios su signo de valor y se convierte en una señal indiscutible de legitimidad. No hay justicia, hay persecución, y esta se debe a la necesidad de castigar todo el bien que se ha hecho. Los procesos en Tribunales terminan siendo una prueba de la calidad de los gobiernos kirchneristas. Esta argumentación se completó en 2022 con un hecho trágico. El joven Fernando Sabag Montiel gatilló su arma sobre la cabeza de Cristina Kirchner sin que, por suerte, se disparara la bala. En su extraordinaria productividad metafórica, la víctima equipasó ese ataque con la condena que le estaba dictando el Tribunal Oral que la juzgó por la administración de la obra pública en Santa Cruz.

No hacen falta demasiados argumentos para demostrar que esa construcción es caprichosa. El Poder Judicial, en especial el fuero penal federal de la CABA, está plagado de miserias. Por momentos, parece una ciénaga, debido a los niveles de venalidad y corrupción que caracterizan a muchos de sus funcionarios. Sin embargo, aun en ese fuero, existen distintos niveles de revisión de las sentencias que permiten garantizar una pasable corrección en los procesos.

Además, si atendemos a los aspectos sustantivos y no solo formales del problema, debe admitirse que, a medida que el kirchnerismo fue perdiendo poder, las evidencias del festival de corrupción que fueron sus gobiernos se multiplicaron de un modo alarmante. Es imposible no registrar algunos episodios emblemáticos. José López, su cargamento de dólares y su ametralladora forman parte de una historia que sería inverosímil aun para un relato de ficción. Sergio Schoklender organizó una estrategia para arrancar recursos al Estado con la cobertura de las Madres de Plaza de Mayo. Robaron con el dinero destinado a las viviendas de los pobres. Ricardo Jaime confesó que cobró las coimas que se le atribuían. Y su asesor, Manuel Vázquez, se arrepintió para relatar una comida en la que él y su jefe Jaime pactaban los sobornos del soterramiento del Sarmiento con Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Macri, y con su gerente, Javier Sánchez Caballero. Las minuciosas revelaciones de los «cuadernos de las coimas», publicadas por Diego Cabot y su equipo de La Nación. Las inalcanzables fortunas acumuladas por elementales secretarios privados del expresidente, como Daniel Muñoz, Fabián Gutiérrez o Isidro Bounine. O las imágenes de los Báez contando un caudal incalculable de dólares en una oficina de Puerto Madero, filmadas, según versiones fidedignas pero imposibles de documentar, por Antonio Stiuso. Se podría seguir con la enumeración que demuestra que Cristina y, sobre todo, Néstor Kirchner practicaron la corrupción en una escala hasta para ellos desconocida.

Sin embargo, estos datos obvios no autorizan a descartar que haya manipulaciones. Sobre todo, procedimientos selectivos en la administración de Justicia. Uno es clásico: la demora en la atención a las causas cuando las imputaciones dañan a alguien que está en el poder, y la aceleración vertiginosa cuando se trata de un caído. En el primer trimestre de 2015, el equipo de Scioli, es decir, del candidato de Cristina Kirchner a la presidencia, negoció con jueces y fiscales de los triubnales federales, coordinados por el polémico juez Ariel Lijo, para que se suspendieran todos los procesos contra funcionarios nacionales, en homenaje al triunfo del oficialismo. Scioli había designado al hermano de Lijo, Alfredo, como síndico de la empresa de aguas de la provincia. Y había prometido al controvertido juez Rodolfo Canicoba Corral que, de llegar a la Casa Rosada, lo pondría al frente de la AFI. Lawfare, a la menos uno.

También es escandalosa la reticencia de la Justicia para enfocar a algunos personajes. El ejemplo más escandaloso es el del empresario Sebastián Eskenazi. Néstor y Cristina Kirchner explicaron al juez Norberto Oyarbide, en el expediente sobre enriquecimiento ilícito, que parte de su patrimonio se explicaba por las tasas exorbitantes que les pagaba Eskenazi desde el Banco de Santa Cruz, el banco que presidía Francisco Larcher, el hombre de Kirchner en el aparato de inteligencia. El contador Víctor Manzanares declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio que el dinero en efectivo que acumulaban los Kirchner en Santa Cruz era movido y atesorado por Eskenazi y Muñoz. A nadie se le ocurrió molestar al banquero. La Argentina es el único país de América Latina en el que Odebrecht no mereció sanción alguna. El involucramiento de Calcaterra tuvo mucho que ver con esa indolencia, en especial por el empeño que puso la AFI durante la gestión de Macri, según versiones más que fidedignas, para aliviar su situación.

Esta selectividad se vuelve más enfática y más grave cuando se toca un cable de alta tensión: los delitos ocurridos en el sistema de espionaje. Para ese submundo, no hay sanción. Se demostró con las prácticas deplorables introducidas por Néstor Kirchner en ese universo. No solo no hubo penalización alguna. Se llegó al extremo de que un administrador tenebroso de ese submundo, Stiuso, consiguió que una sala de la Cámara Federal resolviera que había jueces que no podían tenerlo como justiciable. Con la misma lógica, la misma cámara amparó a las autoridades de la agencia de espionaje durante la gestión de Macri, desligándolas de las innumerables irregularidades cometidas, que fueron adjudicadas al personal subalterno que, según esta insostenible doctrina, habría actuado por cuenta propia. En síntesis: hay una extensa gama de personajes que están dotados de una incomprensible inmunidad.

Sobre esta aberración, se construye un eje importante del discurso de Cristina Kirchner. Ella frasea algo como lo siguiente: «No me juzgan porque haya cometido delitos, porque muchos más que yo lo hicieron. Me juzgan por razones ideológicas. Todo el aparato de observación, mediático y judicial, se ensaña más conmigo porque he abierto conflictos inconvenientes». Este argumento está a un paso de sostener lo que la izquierda ha predicado desde hace más de un siglo: que la Justicia es un dispositivo constitucional cuya neutralidad es aparente, ya que, en rigor, está puesto al servicio de los sectores dominantes. En última instancia, como apunta Amador Fernández-Savater en un comentario sobre el libro Medios y cloacas, de Pablo Iglesias, para esta concepción la ley, en sí misma, es el lawfare.[410]

El problema de ese razonamiento es que se transforma en una coartada insostenible cuando existen testimonios irrefutables de que se ha robado demasiado.

Si regresamos a la situación de Cristina Kirchner, nos encontraremos con otro aspecto del problema: ¿Hubo declaraciones inducidas para involucrar a la expresidenta en el manejo de esos fondos a cambio de un alivio en las sanciones? Es muy probable que haya sido el caso de Claudio Uberti, cuando confesó que él entregaba en mano bolsos con billetes a la viuda de Néstor Kirchner en su departamento de Uruguay y Juncal. El sindicalista Omar «Caballo» Suárez revelo en su momento haber recibido la oferta de una reducción de la pena en la causa en la que estaba procesado por el juez Canicoba Corral si señalaba a la señora de Kirchner como ordenadora del delito.

Se podrían seguir observando facetas distintas del mismo asunto, pero es más relevante observar su núcleo estructural. Como ocurre en el resto de América Latina, en la Argentina la corrupción se ha vuelto una enfermedad sistémica. Solo una polarización que se infantiliza constituyendo héroes y villanos impide verlo. Es obvio que hay grados que obligan a separar un gobierno de otro, pero hay vicios que se han generalizado a lo largo del país y a través del tiempo. Difieren los montos, los niveles de chapucería y desprolijidad, pero el mal está extendido.

Cuando la corrupción avanza tanto, se incuban problemas de otro orden, es decir, se generan desviaciones que trascienden lo moral. Van más allá inclusive de lo económico y corroen la política y la vida institucional. En principio, la lucha por el poder se judicializa. Los magistrados terminan, aun a pesar de ellos, jugando un rol no previsto en la vida colectiva. Ese inconveniente es más visible cuando los procesos se cruzan con figuras relevantes desde el punto de vista electoral. El ejemplo más ostensible es el del juez Sergio Moro y sus procesos contra Lula da Silva en Brasil. Moro llevó a Lula a la cárcel y, de ese modo, produjo un vacío muy distorsivo en la escena electoral. Sus detractores alegan que quiso producirlo. Su decisión de aceptar ser ministro de Justicia de quien ganó esas elecciones en las que Lula no pudo participar dotan de una verosimilitud especial a ese reproche. Preferimos no detenernos en esas especificidades, porque ocultan lo que pretendemos señalar. Y es que, aun con la mayor corrección y buena fe, un magistrado puede introducir una enorme distorsión en la política. ¿Es culpa del magistrado? No. Es culpa de quienes dejaron que la Justicia se interne en la política por el pasillo de la corrupción.

Una vez que ocurre eso, se desencadena una dificultad simétrica. Los jueces se politizan o quedan en una posición por la cual se los ve politizados. Es inevitable que la opinión pública menos sofisticada entienda que Moro es un instrumento de los rivales de Lula. Lo mismo sucede en la Argentina con los jueces y fiscales que juzgan a la señora de Kirchner. Y, en alguna medida, se terminan politizando. Muchas veces, como reacción a las agresiones a las que se ven sometidos. Nada justifica esa parcialidad. No estamos afirmando que es inevitable y, mucho menos, que es justificable. Aquí solo se pretende señalar que existe ese problema.

Esta larga cadena de observaciones solo pretende fijar un marco para un tema que a partir de 2016 se convirtió en crucial para el desarrollo de la política: la situación judicial de Cristina Kirchner como eje principal de la disputa. Como ya vimos, ella y su grupo más estrecho resolvieron abordar ese gran inconveniente de manera muy audaz: en vez de ocultarlo, sobreexponerlo. La candidatura de la expresidenta para 2017 se decidió frente a los tribunales de Comodoro Py en 2016. Las acusaciones ya no serían motivo de vergüenza. Se transformarían en la bandera de una víctima que, además, intentaba identificarse con su movimiento político y con otras experiencias de la izquierda populista en la región. Estar en el banquillo sería, como se dijo más arriba, la demostración de que se ejercía un liderazgo popular, de que en el gobierno no se habían malversado los dineros de la gente; al revés, se defendieron los intereses de las mayorías. Esta forma de exculpación no solo alivia a los propios. También enfurece a los ajenos.

El motor peronista de la «persecución» judicial

Sobre este panorama general, hay que mirar de nuevo la peripecia de la señora de Kirchner durante la gestión de Macri, porque la cuestión judicial, que ella identifica como lawfare, tiñó de un color muy particular la interna peronista. Hay una recriminación que nunca fue pronunciada con todas las letras, pero que está en el centro de la visión que la expresidenta y su entorno más cercano se hacen de la lucha con otras figuras del PJ.

En un primer plano muy evidente, se encuentra Sergio Massa. El líder del Frente Renovador enfrentó al kirchnerismo con consignas cada vez más moralizantes: «Los voy a meter presos, porque no les tengo miedo», «me da asco la corrupción», «voy a terminar con los ñoquis de La Cámpora» son las más conocidas. Además, corresponde recordar que Massa llevaba adelante esta caracterización del kirchnerismo asociado a Margarita Stolbizer, autora de varias denuncias resonantes y de un libro dedicado de punta a punta a narrar la corrupción que contaminó todos los rincones bajo el liderazgo de los Kirchner. Sin insinuar que el exjefe de Gabinete haya sido fuente de esas páginas, lo cierto es que fueron escritas y publicadas al lado suyo.

Para el kirchnerismo, estos detalles son decisivos, en especial porque Massa ha constituido lazos muy estrechos con el entramado judicial al que la señora de Kirchner identifica como el ejecutor de la persecución. Por citar los vínculos más operativos: Massa ha sido muy amigo de Claudio Bonadio, el principal verdugo tribunalicio de la expresidenta. Verdugo prudente, porque esperó a diciembre de 2017, cuando ella ya tenía fueros como senadora, para ordenar una prisión preventiva. Massa también ha tenido una relación estrechísima con el fiscal encargado de recorrer los campos de Lázaro Báez en busca de tesoros enterrados, Guillermo Marijuán, que trabajó en la órbita de la ANSES cuando el diputado de Tigre la dirigía; también tiene una relación estrecha con Carlos Stornelli, cultivada en la placidez estival de Pinamar. Para mentalidades muy inclinadas a las teorías conspirativas, convertir a Massa en el demiurgo del lawfare es casi inevitable.

En un lugar similar se encontraba, en aquel camino por el desierto, Alberto Fernández. Además de haberse desempeñado como uno de los responsables de la campaña de Massa, el exjefe de Gabinete ocupó un rol muy activo denunciando a su antigua amiga en los programas de televisión en los que se la crucificaba. Llegó a decir que tenía responsabilidades en el encubrimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Si se parte de la premisa, como partió Cristina Kirchner, de que para su persecución judicial era indispensable la creación de una atmósfera en la opinión pública a través de la prensa, el rol de Fernández fue crucial, sobre todo por su condición de testigo calificado de la intimidad del kirchnerismo.

En la misma lista de eventuales cómplices del lawfare, por acción u omisión, ocupó siempre un lugar destacado el Movimiento Evita y sus dirigentes principales. A ellos se les recrimina haber roto el bloque parlamentario del Frente para la Victoria en el momento en que irrumpieron en el convento de General Rodríguez López, sus bolsos y su ametralladora. Pero la ruptura fue mucho más temprana. Ocurrió en diciembre de 2015, cuando Juan Ignacio Ustarroz asumió el mando en el partido de Mercedes. Sin dejar pasar una semana, los dirigentes del Evita tomaron los galpones de obras de la municipalidad. En La Cámpora, lo entendieron como una declaración de guerra. Leonardo Grosso, uno de los dirigentes del movimiento, deliberó con Wado de Pedro. Un intento de pacificación inútil, porque Máximo Kirchner ordenó llevar el tema a la Justicia. Los ocupantes se retiraron del galpón. Al día siguiente, Carolina Stanley les otorgaba el Instituto Unzué a los principales líderes del movimiento. En La Cámpora, entendieron siempre que la toma de esas instalaciones había sido una prueba de la ruptura con Cristina Kirchner y su hijo, requerida por el gobierno de Macri para iniciar una relación de cooperación que se extendió a lo largo de cuatro años.

En 2017, el Movimiento Evita fue la estructura principal al servicio de una propuesta electoral que llevaba a Randazzo como candidato a senador. La expresidenta lo tenía claro y, por eso, escogió como integrante de su fórmula senadorial a Jorge Taiana, su excanciller, que militaba en el Evita. Randazzo contó también con el apoyo de algunos intendentes del conurbano, sobre todo dos: Juan Zabaleta, de Hurlingham, y Gabriel Katopodis, de San Martín. La conducta de Zabaleta fue de un pragmatismo lindero con el desparpajo. Su lista perdió con la de La Cámpora. Conocido el resultado, declaró a través de Twitter: «Escuchamos a los vecinos de Hurlingham que se expresaron en las PASO. Se manifestaron contra las políticas de ajuste de este gobierno. Por eso, les propongo a todos los vecinos que acompañen a los candidatos de Unidad Ciudadana en octubre». Zabaleta abandonó así a Randazzo y se sumó al ejército triunfador.

La fragmentación que presentó la oferta peronista en la provincia de Buenos Aires en los comicios de 2017 es significativa para confeccionar un mapa de afinidades y rechazos que ha registrado bastante estabilidad. Se trata de un momento especial, porque nos pone frente a una Cristina Kirchner cercana al grado cero de su poder institucional, sin control del Estado nacional y provincial y con una relación muy condicionada con los intendentes del conurbano. Dentro de esas coordenadas, lo más importante es que 2017 demostró que ella seguía controlando una minoría homogénea pero determinante en la provincia, por su encanto sobre los sectores más vulnerables.

Los indicios de ese atractivo se fueron ofreciendo, para ella y para sus seguidores más cercanos, desde 2016. Ella destinó a Máximo a recorrer el conurbano. Era indudable: la principal base electoral debía ser controlada por La Cámpora, que tenía una base propia; pero, además, sería difícil de imaginar que los Kirchner iban a ceder su colina más preciada al trabajo de alguien ajeno a la familia. Por eso, Axel Kicillof, niño mimado de la expresidenta, fue enviado a «misionar» al interior rural de la provincia. En sus recorridas por el Gran Buenos Aires, que realiza con obsesividad desde entonces, el joven Kirchner tomó la temperatura del electorado más cercano respecto de su madre. Salió convencido de que el vínculo estaba vivo. Comenzó allí a elaborarse la idea de la candidatura con la que ella volvería al Congreso en 2017. Hubo tironeos, sobre todo porque la propia postulante no estaba segura de querer serlo. Influyó mucho una conversación telefónica con Lula da Silva, que enfrentaba como ella varias causas por corrupción, quien le comentó que muchos seguidores le sugerían postularse como candidato a senador por su Pernambuco natal. Pero Lula explicó en esa charla que él no podía admitir ese consejo. «Fui presidente de Brasil, no puedo ser senador». Lo que Lula no explicó en esa oportunidad fue que en marzo de 2016 Dilma Rousseff lo había nombrado jefe de la Casa Civil, cargo que equivale a una especie de jefe de Gabinete. Debió renunciar a los pocos días por una disposición judicial que estableció que ese nombramiento podía significar una forma de eludir responsabilidades penales, ya que está cubierto por fueros.

Los fueros ocuparon un lugar definitorio en la decisión de competir por el Senado. Muchos colaboradores, con Wado de Pedro a la cabeza, le hicieron ver que iba presa. «Esto no es Brasil», le decían, ignorando que en abril de 2018 el líder del Partido de los Trabajadores (PT) quedaría tras las rejas. En la intrincada trama de este proceso, es interesante aislar un hilo: el papel de Brasil en la Argentina posterior a 2001 y, más esclarecedor aún, el papel de Lula en la experiencia kirchnerista. No hay que olvidar que fue una charla con Lula la que convenció a Cristina Kirchner de no renunciar después del rechazo legislativo a la resolución 125 sobre retenciones. El líder brasileño seguiría apareciendo como modelo, por imitación o por contraste, para el núcleo más íntimo de la expresidenta.

La señora de Kirchner aceptó la candidatura e hizo un alarde de ese liderazgo: no consiguió retener la marca «PJ», que quedó en manos de Randazzo. Prefirió crear su propia fuerza, Unidad Ciudadana, como signo de una identidad distinta, acaso superior a la del justicialismo. Volvió a advertirse, entonces, un celo especial en cultivar esa distancia. Es decir, la pretensión de que entre su liderazgo y el peronismo no había una superposición exacta. Reapareció, más de una década después, aquel planteo que ella realizara a su esposo en un asado: «No te olvides de que nosotros venimos a cambiar eso». «Eso» era el aparato tradicional del peronismo. El abandono de la sigla supuso que ella, a pesar del tiempo transcurrido al frente del Estado, a pesar de estar cercada por innumerables causas judiciales, se seguía percibiendo como un agente de renovación en relación con lo existente.

La relación con ese aparato, quedó claro en 2017, es, si se quiere, extorsiva. El ejemplo de Zabaleta en Hurlingham es aleccionador. La señora de Kirchner disciplina a los intendentes amenazándolos con el establecimiento de candidaturas alternativas que, con ella como madrina, pueden vencerlos o, en todo caso, hacerlos perder frente a la oposición de sus distritos. Esta mecánica genera un tipo de adhesión: la adhesión por el temor, que tanto satisface a la propia expresidenta, autora de aquella frase memorable: «Tienen que temerle a Dios y, un poquito, a mí».

Por adhesión convencida o por prudente sentido de preservación, aun en el camino del desierto, entre 2015 y 2017 la señora de Kirchner contó con un grupo de intendentes que se le subordinaban: Mario Secco (de Ensenada), Ariel Sujarchuk (de Escobar), Jorge Ferraresi (de Avellaneda) y, un poco más distante, Fernando Espinoza y Verónica Magario, la dupla alternativa de La Matanza, fueron parte de ese núcleo que no podía o no quería desafiarla. La demostración de esa subordinación se verificó pocos días antes de las primarias en las que se impuso como senadora. En Lomas de Zamora, convocó a un grupo de intendentes que le garantizaban el control del Gran Buenos Aires: Pereyra, de Florencio Varela; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Ferraresi; Aníbal Regueiro, de Presidente Perón; Mario Secco, de Ensenada; Marian Fassi, de Cañuelas, y Hernán Yzurieta, de Punta Indio. Patricio Mussi, de Berazategui, faltó con aviso, por estar de viaje. Igual que Magario, de La Matanza. Era desafiante estar ahí, como consignó la crónica de Télam, al fechar esa reunión política: «Después de que el juez Julián Ercolini la citara en la causa que investiga maniobras de lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de hoteles…».

Hurlingham fue una reducción a escala de un problema más general: la invencibilidad de Cristina Kirchner en el conurbano. Entre 2013 y 2017, hubo sucesivos intentos por destronarla. Si existió el lawfare, su usina fue antes el PJ que cualquier otra organización. Para decirlo más claramente: fue más activo el peronismo que pretendía liquidar el ciclo kirchnerista que Cambiemos.

Para explicar esa supervivencia, hay que desentrañar las motivaciones de quienes siguen o se subordinan a la expresidenta. Unos lo hacen por veneración; otros, por conveniencia; otros, por temor. No son razones puras y nítidas. Están combinadas en distinto grado, pero convergen en un punto: Cristina Kirchner flota en un nivel de consideración bajo, pero denso y, sobre todo, estable. Salvo en las semanas posteriores a la muerte de Alberto Nisman, los registros sobre la aceptación a su figura se mantuvieron en una línea bastante inmutable.

Según los registros históricos de Poliarquía, la consultora que lidera Alejandro Catterberg, 2017 fue un mal año para ella. Aun así, registró en el conurbano un promedio de aceptación, entendida como imagen positiva, del 33 %. En el interior, había sido del 26 % y en la CABA, del 22 %. Fue una excepción, porque antes y después de ese año la señora de Kirchner tendría una atracción casi siempre superior al 40 por ciento.

Vamos ingresando ahora a una encrucijada en la que mueren todos los mecanicismos. Se trata de comprender la persistencia del fenómeno que personifica Cristina Kirchner, que se resiste a ser explicado por una o dos variables. Debemos retomar consideraciones que ya fueron expuestas y agregar otras. Entre los factores que explican esa capacidad de supervivencia, está la memoria de los gobiernos Kirchner, sobre todo el de Néstor. Más allá de su talento político, él gobernó en una circunstancia excepcional que se refleja en algunos números. El más interesante es el de recuperación del salario real. El economista Fernando Marull calculó ese proceso y lo comparó con las presidencias posteriores. Marull tomó como punto de partida el nivel salarial del mes anterior al comienzo de cada mandato y lo fijó en 100 pesos. A partir de esa convención, verificó que al final del período de Kirchner el salario real estaba en 142 pesos. Al terminar el primer turno de Cristina Kirchner, estaba en 120 pesos. Para finales de su segundo turno, había bajado a 100 pesos. Macri terminó su gobierno con un salario real de 82 pesos. Treinta y cuatro meses después de que Alberto Fernández llegara a la Casa Rosada, que es cuando Marull realiza su trabajo, el salario real estaba en 91 pesos.

No hay que aclarar que este comportamiento del poder adquisitivo no es un indicador de la calidad de la política económica ni mucho menos. El empeño por mejorar ese factor puede llevar a catástrofes en la vida material de las personas. Pero sí es importante tener en cuenta que la mejora o la caída del salario real son variables que están ligadas, como pocas, a la imagen de los presidentes y a la suerte electoral de los gobiernos. Por esta razón, es interesante observar esas fluctuaciones que explican, en una medida no desdeñable, la memoria positiva que muchos sectores de la sociedad han tenido de la experiencia kirchnerista, sobre todo en su primer período.

Un segundo motivo a tener en cuenta para explicar la persistencia del liderazgo de Cristina Kirchner es, como ya fue anotado, algunas políticas de transferencias de ingresos. La Asignación Universal por Hijo, inspirada en un proyecto de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y la multiplicación discrecional de prestaciones previsionales fueron determinantes del afecto de muchísimas personas, sobre todo de los sectores más sumergidos, hacia la expresidenta. Es inevitable apuntar una obviedad: la gravitación de la señora de Kirchner se explica, como es obvio, por el impresionante despliegue de la pobreza, que va de la mano de la degradación de las condiciones laborales. Como se señaló más arriba, ese paisaje económico social fue generando y justificando la formación de una élite ligada a su agenda de necesidades. Esa novedad se registró en el peronismo y también en el PRO. La expresidenta podría ser vista como la emergente más encumbrada de esa nueva conformación social de la política, alguien a la que la gestión, el deterioro en la calidad de vida colectiva y los avatares de su propia travesía política fueron llevando desde un discurso institucionalista a otro distribucionista.

Además de estas razones, ligadas a políticas públicas, la vigencia de ese liderazgo debe muchísimo a su condición de extremo de una polarización automática. Cristina Kirchner recibe adhesiones por la identidad de los «enemigos» a los que combate. La aversión a esos «demonios» la convierten en un ángel. Pero también sobrevive gracias a que una parte de la sociedad la ha convertido en «demonio». Dentro de ese universo, hay quienes la han transformado en un objeto persecutorio capaz de explicar todo y su contrario.

FMI y cuarto kirchnerismo: el mito de los eternos retornos

Existe un trazo muy característico de la secuencia política que transcurrió entre las elecciones de 2017 y las de 2019. Estamos ante un juego de espejos enfrentados. La tenacidad política de Cristina Kirchner le otorgó a Cambiemos un elemento imprescindible de cohesión. Y, a la vez, esa tenacidad era alimentada por la animadversión. Entre la multiplicidad de líneas de acción que caracterizaron a esos dos años, hay dos importantísimas, que están entrelazadas. La polarización antikirchnerista de Cambiemos no solo sostuvo la durabilidad de la expresidenta. Y cumplió con dos de las prestaciones básicas de cualquier polarización. Primero, le otorgó al polo opuesto una razón de éxito ajena a sus méritos. Es el éxito automático, que deriva de las dificultades del contrario. Segundo: sirvió como amalgama al propio grupo, en especial porque la estigmatización del adversario, convertido en centro de imputación de todos los males, disimula los desaciertos y las dificultades objetivas del propio sector. El odio es una engañosa fuente de autocomplacencia.

El contrapunto con la expresidenta es el marco general en el que se desarrolló la crisis del gobierno de Mauricio Macri, desde comienzos de 2018 hasta sus postrimerías. El primer semestre de 2018 fue el de una contradicción que se expresaba en dos dimensiones. La primera fue que el gran triunfo electoral de octubre había sido pensado, con lógica, como la plataforma de lanzamiento de iniciativas importantes, que se venían postergando por falta de capital político. Produjo una perplejidad impresionante que ese impulso quedara agotado en pocos meses, con un gobierno empantanado en una gran crisis económica. El otro aspecto de ese desajuste entre expectativas y realizaciones se relaciona con la naturaleza de esa crisis. Macri y su equipo se habían preparado, para decirlo en una brutal simplificación, para un estallido de los pobres del conurbano. Jamás pensaron que su desafío terminal iba a ser una sublevación de los ricos de Wall Street. Había una confianza cercana a la omnipotencia basada en la hipótesis de que, al tratarse de gente que conocía el funcionamiento íntimo de las finanzas, la macroeconomía, las empresas, en fin, la vida material, tendría un crédito que alejaría los nubarrones del horizonte, eso que Mario Quintana expresaba con la profecía «los mercados nos van a esperar».

Los mercados no los esperaron, tal vez porque su cultura consiste en no esperar a nadie. Sería desatinado desviarnos del hilo de nuestro interés, que es analizar la creciente gravitación del conurbano bonaerense como productor y destinatario de la política nacional, examinando las razones que condujeron a la tormenta de 2018. Se puede identificar una secuencia de episodios. ¿Cuál fue el punto de partida? No hay forma de saberlo. Pero se pueden establecer algunas marcas convencionales. Por ejemplo, la decisión de abandonar el régimen de metas de inflación. No porque ese régimen fuera sostenible en una economía que estaba obligada a realizar ajustes que traerían consigo una inestabilidad, por lo menos, ocasional. Los aumentos de tarifas, por citar un caso. El problema del abandono de ese modelo fue que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que se había comprometido con él, siguió en el cargo, lo que instalaba una duplicidad subliminal, pero muchas veces expresa, en el discurso económico oficial.

En el sistema financiero, adjudican un motivo importantísimo de intranquilidad a la decisión, impuesta en una negociación por Sergio Massa, de establecer un impuesto a las tenencias financieras, sobre todo a las Lebacs, que eran el instrumento en el que se estacionaba el gran movimiento de capitales que se venía estimulando.

Macri está convencido de que un desencadenante principal de su desgracia fue la objeción de la UCR y la Coalición Cívica a que llevara adelante un ajuste fiscal por la vía de un recorte en los subsidios energéticos. No es esta la oportunidad para ingresar en ese problema. Solo vale la pena apuntar que Alfredo Cornejo, por ejemplo, que con Elisa Carrió fue quien con mayor énfasis se quejó de esa estrategia, volvía de nuevo a fijar un criterio político-electoral: quería que Macri contemplara el costo que sus decisiones tenían para la base social de Cambiemos. Macri veía lo contrario: que esa preocupación deformaba sus programas y degradaba la calidad de la gestión, que es lo que llevaría al triunfo en las urnas. Todavía más: es posible que, si se lo hipnotizara, Macri estuviese dispuesto a confesar que él y su administración fueron víctimas del radicalismo, acaso más que del kirchnerismo.

Existió otro factor que dentro del gabinete se menospreció muchísimo: el atraso cambiario. Eterno colaborador de los presidentes que deben ganar las elecciones, porque es una manera de mejorar el salario real, se transformó en un agente preponderante de la crisis: el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. Cuando, por la presunción de que la Reserva Federal de los Estados Unidos dispondría una suba en la tasa de interés, se abrió un ansioso apetito por los bonos del Tesoro y, en consecuencia, por el dólar, en todos los mercados emergentes, los operadores financieros identificaron dos países que, afectados por el déficit de cuenta corriente, serían más vulnerables a esa escasez de divisas: la Argentina y Turquía. Fueron los dos países más afectados por la corrida internacional.[411]

Sturzenegger reaccionó intentando defender la paridad cambiaria, deshaciéndose de miles de millones de dólares de las reservas. La corrida siguió hasta que, por consejo de varios de sus economistas, en especial del ministro de Finanzas, Luis Caputo, Macri decidió recurrir al FMI. Este había dictaminado a fines de 2017, en un informe por la revisión rutinaria del artículo IV de su carta orgánica, que el país estaba afectado por el atraso cambiario. Es probable que esta haya sido la razón por la cual, cuando otorgó su voluminoso préstamo, no estuvo previsto que parte de él se fuera a utilizar en intervenir en el mercado de cambios para sostener el valor de una cotización determinada para el dólar. Es una lectura. Otra indica que David Lipton, el subdirector del organismo, se negaba a permitir esa intervención por razones conceptuales. Por lo tanto, en principio, sería solo para evitar preocupación o, con mayor precisión, para indicarle al sector financiero que la Argentina podía prescindir de él.

Por supuesto, existe otra interpretación de todo el proceso, que es a la que se abrazó Macri al terminar su gobierno: el error fue no haber llevado adelante una gestión más fiscalista, que atacara de entrada el voluminoso gasto público, es decir, el error fue el gradualismo, entendido como la decisión de ir buscando el equilibrio no en términos nominales sino reales, o sea, tratando de que los desequilibrios se licuaran en un producto bruto interno (PBI) más abultado. Para los gradualistas, esta tesis solo agigantaba el desafío: ellos entendían y entienden que desde mediados de 2015 la Argentina había entrado en recesión y que, por lo tanto, un ajuste fiscal hubiera tenido un efecto todavía más contractivo, que se habría hecho sentir en una caída de la recaudación y, por consiguiente, en una ampliación del déficit.

La idea de que en el subsuelo estaba operando una gran inconsistencia monetaria y cambiaria pareció tener una verificación empírica: la crisis obligó a Macri a producir dos cambios en el Banco Central, Caputo por Sturzenegger y Sandleris por Caputo, y ninguno en el Ministerio de Hacienda.

Es una discusión legítima, pero oculta una dificultad más importante y previa. La misma diversidad de posturas demuestra que Macri careció de un programa económico. Dentro de su gabinete, cobijaba varios programas económicos o varias líneas de acción contradictorias entre sí. La desarticulación se vuelve más paralizante porque cada uno de los actores busca potenciar su propio objetivo, lo que asegura llegar antes al desequilibrio general.[412] Esta multiplicidad estaba envuelta en el celofán de un discurso que exalta las virtudes de trabajar en equipo y que disimula que esa exaltación está en buena medida inspirada en la escasa vocación por delegar poder o, dicho de otro modo, en garantizar la exclusividad del manejo del timón para el líder. Otra vez adoptamos el mismo ángulo de observación: esa dificultad de Macri puede haberse inspirado en el ambiente empresarial en el que se formó, que se organizaba alrededor de un gran caudillo: Franco Macri. Lo cierto es que la cotidianeidad de la política económica se iba resolviendo en una mesa deliberativa, en la que participaban ministros con desniveles de formación técnica muy notorios. Todo coordinado por los vicejefes de Gabinete, Quintana y Lopetegui, que tenían un poder extraordinario sobre los jefes de cada cartera, pero que no tenían la responsabilidad de firmar resoluciones. En la cima de esa pirámide, un solo árbitro: Macri. La conclusión es paradójica. Lo que prometía ser la gran innovación, la redención de la política tradicional por las reglas del gerenciamiento privado, se convirtió en un error técnico, casi en un dislate.

Esta caracterización lleva a pensar que, en rigor, el gobierno de Cambiemos solo se fijó una política macroeconómica cuando fue «intervenido» por el FMI. Hasta entonces, tuvo varias. Y sus avances más exitosos se produjeron en el campo, o en los campos, de la microeconomía, de las estrategias sectoriales. Por supuesto, esos éxitos estuvieron subordinados al destino general de la macroeconomía.

Como toda crisis de esa dimensión, la de 2018 tuvo consecuencias traumáticas para Cambiemos y sus líderes. Macri suele contar cómo sufrió esa pesadilla. Para escándalo de algunos, con una sinceridad poco habitual en un político, llegó a recordar que, para huir de la angustia que le provocaba, se refugiaba en el streaming, devorando series eternas durante horas y horas. En el plano colectivo, la crisis llegó a la coalición con el impacto de una desconcertante frustración. Para numerosísimos funcionarios, la espectacular victoria de 2017 iba a inaugurar la edad de oro de esa experiencia por la cual muchos de ellos habían abandonado la actividad privada para ingresar a la política. Estaban ingresando a esa etapa en la cual se define la marca histórica de una experiencia de gestión, aquella por la cual permite que se la recuerde por sus rasgos positivos.

El desencanto convivió, como es casi inevitable, con el resquebrajamiento interno. Las fisuras se extendían en distintas direcciones. Unas aflojaban los lazos que unían a cada socio de la coalición. Macri, como se dijo, enfocaba su molestia hacia los radicales. A la vez, los radicales se veían de nuevo en la tristísima situación de naufragar en un gobierno: Alfonsín, De la Rúa, ahora Macri, con quien estaban distanciados, además, por una enorme brecha cultural. De Carrió hay que afirmar que su conducta fue imprevista: actuó, para lo que han sido siempre sus marcas, con una disciplina de grupo extraordinaria, sobre todo en los momentos más adversos.

Esta tendencia a la fractura se reprodujo dentro del PRO con consecuencias de larga duración. Se formó un bloque interno de impugnación a Macri. Por supuesto, era impensable que se planteara en esos términos. Por lo tanto, la erosión comenzó a trabajar sobre la figura de Marcos Peña y, de manera menos directa, sobre Dujovne. Las críticas tenían un acento metodológico. Parecía una rebelión frente al estilo de conducción del presidente, que descargaba en Peña el control rutinario de una consola centralizada. El jefe de Gabinete era el delegado del presidente, pero también su pararrayos, aquel sobre el que se descargaba el malhumor de terceros frente a decisiones que, en rigor, había tomado el jefe. Este estilo quedaba reflejado en las cuestiones administrativas, pero llegaba hasta las definiciones de discurso. Todos los funcionarios y dirigentes que tenían acceso a los medios de comunicación recibían cada mañana un mensaje titulado: «Qué estamos diciendo». La primera persona del plural ocultaba muy mal el sentido de lo que se pretendía: que nadie se apartase de los lineamientos retóricos que se decidían en el sancta sanctorum de la Casa Rosada.

El levantamiento contra esa maquinaria ocurrió el fin de semana del 8 y 9 de septiembre de 2018. Una escuadra de la que participó la UCR, representada en especial por Ernesto Sanz y Gerardo Morales, embistió contra el equipo de Macri para forzar una renovación. En el núcleo de ese movimiento, estaban Rodríguez Larreta, Vidal y alguien determinante en la intimidad de ese círculo: Nicolás Caputo. Promovieron a Carlos Melconián como ministro de Economía, en reemplazo de Dujovne. Si era por Dujovne, no debían hacer demasiado esfuerzo. Él ya había renunciado el sábado 8 por un motivo propio, pero que, en un segundo plano, no era ajeno a la tormenta general: pretendía que Macri hiciera renunciar a Caputo, que ahora estaba en el Banco Central, por las interferencias que ocurrían en la gestión del programa acordado con el FMI. Caputo era un discreto integrante del círculo de Larreta y de su primo Nicolás. Esa pertenencia ya se había demostrado cuando aceptó convertirse en ministro de Finanzas a pesar de la renuncia de quien era su amigo y jefe, Prat-Gay, en diciembre de 2016. La salida de Prat-Gay y la de Dujovne tenían la misma usina.

Es un detalle relevante, sobre todo si se recuerda que Prat-Gay y Dujovne han estado en orillas opuestas para la comprensión del proceso económico. Quiere decir que lo que palpitaba en aquella fronda de septiembre no era un cuestionamiento a la gestión de la crisis material. Era un cuestionamiento al liderazgo de Macri, uno de cuyos rasgos era tercerizar sus decisiones en Peña. Para comprender que el enfrentamiento estaba establecido en este campo, ayuda mucho recordar que Larreta y Vidal promovían a Melconián, es decir, a alguien que continuaría la política ortodoxa pactada con Washington.[413]

En aquella crisis, Macri demostró ser un hombre de poder. Se podría decir más: demostró, contra lo que aparece en su estampita mediática, ser mucho mejor político que administrador. Convalidó a Peña, reconquistó a Dujovne, pero removió a Quintana y a Lopetegui del segundo escalón de la Jefatura de Gabinete, haciendo el gesto de quien concede algo de lo que se le reclama. Todo fue astucia. A Lopetegui, lo retuvo como asesor, hasta que en enero de 2019 lo designó secretario de Energía. El objetivo parecía ser expulsar a Quintana. Macri lo había presentado en su momento como «sus ojos», igual que a Lopetegui, pero se convenció de que, en rigor, Quintana era los ojos de Larreta y, por lo tanto, de Vidal y de Caputo. Balance total de la operación: en una toma de judo, Macri utilizó la inercia de quienes pretendían alterar su esquema de poder para hacer que ese esquema se volviera todavía más centralizado. Desde entonces, en el círculo más íntimo de la administración funcionaban tres personas: Macri, Peña y Dujovne, unidos en la resistencia al fuego amigo.

Hacia el fin, con una escala

La tormenta de septiembre definió alineamientos que explicarían muchas jugadas y tensiones posteriores, en especial la que se abrió con la provincia de Buenos Aires y sus protagonistas. Fue la tercera grieta que apareció con la crisis económica. Volvió a escena el duelo ancestral entre el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una vez más, estamos ante un movimiento cuyo comienzo es imposible de ser fechado. Pero en el equipo de Vidal son varios los que coinciden en que el primero en advertir que Cambiemos se encaminaba a una derrota fue el siempre perceptivo Joaquín de la Torre, que dirigía el Ministerio de Gobierno. Aquel pronóstico ocurrió por octubre de 2018. Para dar una idea fetichista de qué estaba pasando en ese momento, se podría decir que el dólar, que a fin de marzo todavía no había tocado los 20 pesos, ya cotizaba a 37, después de haber pasado los 40.

Vidal y su equipo más cercano, en el cual De la Torre y Salvai participaban siempre en una discreta competencia, comenzaron a examinar un salvataje del hundimiento general. Así se forjó la propuesta de adelantar las elecciones bonaerenses. La idea no era solo emancipar a la gobernadora de la suerte del gobierno nacional. Convertida en provincial, la competencia permitiría que muchos intendentes peronistas se inclinaran, sin hacer mucho barullo, hacia Vidal.

Macri tomó conocimiento oficial de ese plan a fines de diciembre, mientras estaba de vacaciones en Cumelén, el club de Villa La Angostura, en Neuquén. Se lo propuso Salvai, que pasaba unos días también allá. Era en ese momento la persona más adecuada para llevar un mensaje incómodo. Salvai había ingresado, por la vía del pádel, a la intimidad de Macri, allí adonde solo llegan los amigos.

Para Macri, la sola postulación de esa ocurrencia debe haber sido una sorpresa inconcebible. Contrariaba la imagen que se había forjado de Vidal. Hasta entonces, en ruedas más o menos íntimas, solía comentar: «¿Viste qué bien María Eugenia? Yo llego a un acto y ella está primero. Habla menos que yo. Y cuando hay algún inconveniente, es la primera en salir a respaldar». La consulta de Salvai fisuraba esa estatua consagrada a la lealtad. María Eugenia se le animaba. Una señal del carácter de la gobernadora. Una señal de la debilidad en la que estaba Macri. El presidente resolvió la situación de la manera habitual: «Convencelo a Marcos», por Peña, su pararrayos.

Salvai había ido a Neuquén a blanquear, en rigor, una propuesta que Vidal y su equipo venían analizando desde hacía semanas. La gobernadora lo sugirió en una entrevista que le realizó Claudio Jacquelin, publicada el 25 de noviembre en La Nación. Allí dijo, refiriéndose al calendario electoral, que todas las opciones estaban abiertas. Añadió algo más, que para ese momento no sonaba demasiado significativo: «Voy a cumplir el compromiso que tomé con ellos [los bonaerenses] y que no lo tomó ningún otro gobernador: no ser candidata a presidenta el año que viene».[414] Jacquelin no se lo había preguntado. Ella introdujo la posibilidad de una candidatura presidencial distinta de la de Macri. Es cierto: para negarla y decir que «Mauricio va a ser reelecto».

Algo estaba cambiando para el PRO, algo de largo alcance. Así como la contextura de Cambiemos se ha sostenido en contraposición con el kirchnerismo, y en especial con Cristina Kirchner, el PRO siempre se organizó alrededor del liderazgo de Macri. Por primera vez, se insinuaba una fisura en el factor de pertenencia, porque lo que Vidal mandaba a decir a través de Salvai era que ella concebía un destino divergente del de Macri. Esa discreta manifestación de rebeldía era nada al lado de aquel levantamiento de Duhalde contra la segunda reelección, contra la convertibilidad, contra Menem. Pero tenía una lejana similitud.

Ese destino podía servir o no a las necesidades de Macri y el conjunto, pero no se sacrificaba ante ellos. La novedad calaba hondo, porque el expresidente ha sido un líder muy generoso. Muchas figuras de la vida pública le deben su impulso inicial. Entre ellos, Vidal, pero también Larreta y muchos más. Sin embargo, ese liderazgo de manos abiertas, pródigo, era, como ya se observó, el liderazgo de un dueño, como si se reprodujeran en la política las peculiaridades de la vida corporativa, donde hay accionistas y gerentes. Macri se formó en SOCMA, a la sombra de un líder caudillesco, único accionista concebible, que fue su padre, Franco. No debe haber sido tomado como algo natural para él advertir que una de sus creaturas, Vidal, pensaba en una estrategia que, a primera vista, se proponía un autosalvataje del hundimiento general. Había aparecido algo previsible en la política pero a la vez inesperado para el estilo de liderazgo dentro del PRO, partido que había funcionado hasta allí con un rasgo dominante: la apuesta y el seguimiento a una figura, Macri. El problema de cómo transformar un partido «personal», como el de Macri, el de Piñera, el de Berlusconi, en otro más horizontal, con un liderazgo multipolar, siguió abierto en la trayectoria del PRO.

La reunión para «convencer a Marcos» se realizó a los pocos días en Buenos Aires. Fue un asado, en lo de Salvai, del que participaron Vidal, Rodríguez Larreta, Peña, Durán Barba y su socio, Santiago Nieto. Peña demostró que no se iba a dejar convencer. Expuso que, según lo que Dujovne explicaba al presidente, en agosto, la fecha canónica para las primarias, la economía iba a estar mucho más animada que en junio, que era cuando Vidal sugería convocar a los comicios bonaerenses. Dijo también que, si por esa razón, en junio ella perdía, el hundimiento estaría garantizado. Además, ya el solo adelantamiento de la fecha debilitaría a Macri y, con él, a todo el oficialismo. Era obvio que Peña defendía los intereses de Macri, pero además su planteo era muy sensato. La sola modificación del calendario hubiera instalado en pantalla gigante los problemas electorales del gobierno, derivados de sus dramas económicos. Por si Vidal, Larreta y Salvai no se hubieran convencido, desde la Casa Rosada dejaron trascender que la gobernadora había desistido de cualquier modificación. Lo explicaron con algún sarcasmo: «No queremos que se exponga a aparecer especulando con intereses personales». El 29 de enero, Vidal y Larreta declaraban en público que las elecciones de sus distritos coincidirían con las nacionales.

Al menos por un tiempo, Macri había alcanzado el objetivo secular de todo presidente: someter al gobernador de Buenos Aires a un plan político diseñado desde la nación. No fue sin costo: quedó una herida en la relación con Vidal, más tarde superada.

Del estilizado desencuentro por las fechas electorales se pasó a un conflicto por dinero. Esa discordia ya estaba insinuada en aquel diálogo con Jacquelin. La gobernadora se quejó allí de que la aprobación del Presupuesto para 2019, diseñado para cumplir con el acuerdo con el FMI, es decir, para asegurar un crédito por 47 000 millones de dólares, había castigado a la provincia de Buenos Aires en beneficio de los distritos gobernados por el PJ. Ese resultado tenía toda la lógica, no solo fiscal, sino también política. El peronismo de las provincias se garantizaba sustraerse de cualquier ajuste fiscal a cambio de proveer los votos de su aprobación. En diputados, Macri consiguió 138 votos afirmativos, y en el Senado, 45. El kirchnerismo votó en contra en ambas cámaras. La consecuencia fue previsible: se recortarían recursos bonaerenses. Esos recursos con los que Cambiemos y, en especial, el PRO pretendía arrinconar al PJ del conurbano con un plan de obras públicas.

Para entender la trama política cifrada en esta esgrima fiscal, hay que recordar que en 2017 la reforma tributaria de Dujovne incluía una asignación especial para la provincia comandada por Vidal. El ministro de Hacienda había aventurado también que, como la inflación era mayor a la esperada, iba a haber una suba en los ingresos que podría mejorar la transferencia hacia Buenos Aires. Estamos hablando de la segunda mitad de 2018.

Para marzo de 2019, Vidal suspendió todos los actos públicos programados en el conurbano. Macri entró en pánico. Se comunicó con Dujovne, le comentó la novedad y le preguntó si había habido algún conflicto. Dujovne le informó que él había hablado con Vidal para comunicarle que aquel incremento de recursos ya no se haría efectivo por las exigencias del ajuste. Macri, muy inquieto, le dijo: «No, Nico. Ella está dudando de ser candidata a gobernadora. Con esto, se baja. Tenés que cumplir con lo que habías prometido». «Bueno, presidente —⁠contestó el ministro⁠—, recortaremos entonces del presupuesto de Guillo [Guillermo Dietrich]». «No, no, no, lo de Guillo no, reaccionó Macri, que se abrazaba a las pocas obras, todas de transporte, que le permitía realizar el recorte de fondos pactado en Washington». Al final, se llegó a un término medio.

Son detalles. Lo relevante fue que Vidal hizo una lectura muy suspicaz de toda la secuencia. Primero, le bloqueaban el adelantamiento electoral. Después, le recortaban los fondos prometidos. Para ella, no había malentendidos ni casualidades: veía que, consciente de que perdía competitividad electoral, Macri comenzaba a boicotearla para que no hubiera una alternativa. La gobernadora no culpaba a Macri en sus especulaciones. Sí a Dujovne y, por supuesto, al pararrayos Peña, a quien veía como el agente de todos sus disgustos.

La presunción de estar siendo jibarizada por Macri era solo un aspecto de un sentimiento de extendida frustración. Como el resto de Cambiemos, Vidal sentía que la promesa de una gran aventura política montada sobre el encanto de su imagen y un programa de transformaciones de largo plazo había muerto de manera abrupta y, sobre todo, inexplicable, con la corrida cambiaria de abril de 2018 y la debacle posterior. El tironeo por los recursos era la contracara amarga de lo que se había imaginado: llevar adelante la conquista del conurbano con carisma y también con los fondos de una especie de Plan Marshall organizado en combinación con la nación. Vidal y los suyos debieron despertar de golpe de esa ensoñación. Como explicaba un integrante de su equipo más cercano: «De un momento para otro, pasamos de programar reformas estructurales a administrar el termómetro de la emergencia».

La descripción se refiere a que a partir de marzo se estableció en la administración bonaerense una mesa de seguimiento de la crisis económico-social, enfocada en el conurbano. Era la corroboración de algo bastante evidente: es imposible abordar la endiablada agenda pública del Gran Buenos Aires en el contexto de una macroeconomía turbulenta, lo que no quiere decir que con la estabilidad económica alcance para procesar esos problemas.

De la mesa de crisis, encabezada por Vidal, participaban el ministro de Economía Hernán Lacunza, Salvai, el ministro de Gobierno De la Torre, Federico Suárez (que coordinaba la presentación discursiva del gobierno), Gustavo Ferrari (que tenía a su cargo un área inquietante en medio del ajuste: las cárceles, con 55 000 presos adentro), Cristian Ritondo (que tenía en sus manos otro instrumento delicado en tiempos de zozobra: la policía), el ministro de Desarrollo Social Santiago López Medrano, Emmanuel Ferrario (que hacía las veces, de facto, de un jefe de Gabinete en el control de la administración) y una incorporación muy sugerente: Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la nación y esposa de Salvai.

El equipo de Ferrario, que se había encargado de los planes elaborados en la perspectiva de 2030, pasó a ofrecer semana a semana un informe que iluminaba la situación de la provincia y, sobre todo, de su temible conurbano, desde innumerables aspectos: comportamiento de los precios; mercado de trabajo; asistencia escolar; conflictos sindicales; conflictos por reclamos sociales; niveles de criminalidad; servicios públicos, en especial de electricidad, y repercusión del malestar en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La presencia de Stanley en ese círculo era significativa. Señalaba una alianza con un sector del gabinete nacional o, tal vez mejor, una disidencia dentro de ese gabinete: la del área social. Contradicciones de superficie que tenían su réplica en el subsuelo del poder. A comienzos de marzo de 2019, Vidal se presentó ante Macri, acompañada de Ritondo, para informarle que tenía evidencias de que la AFI la estaba espiando. Macri se mostró sorprendido e hizo lo de siempre cuando recibía una queja en ese campo: mandó a Vidal a hablar con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de su espionaje, que también se mostraron sorprendidos.

Estas fisuras eran la causa y el síntoma de un desencuentro más amplio: en el entorno de Vidal, dirigido por Salvai y De la Torre, comenzaba a proyectarse la idea de una candidatura presidencial para ese año.

Varios funcionarios del gobierno nacional se enteraron de ese plan de la manera más insólita: desde el exterior. En Wall Street, muchos inversores comenzaban a tener y, al mismo tiempo, a generar la expectativa de que el caudal de imagen positiva que la gobernadora registraba en las encuestas anclara en una candidatura presidencial que le garantizara a la orientación económica una continuidad que Macri aseguraba cada día menos. Desde Buenos Aires, dos prestigiosos consultores de opinión pública alimentaban esa posibilidad con los números de las encuestas. Hubo funcionarios del FMI que interrogaron a sus interlocutores argentinos si existía la posibilidad de un reemplazo en la fórmula nacional: Vidal en vez de Macri.

Esta semilla germinó en el empresariado local y en los medios de comunicación. Macri leía esos datos y especulaciones con desasosiego, porque agravaba la fragilidad de su liderazgo y desmentía aquella presunción de los buenos tiempos: siempre llega antes, habla menos que yo, respalda ante los problemas.

La idea de reemplazar a Macri en la candidatura presidencial recibía más impulso del entorno de Vidal y de desairados del entonces presidente que de la propia gobernadora. Para sorpresa de la Casa Rosada, circulaba con mucho énfasis la versión, muy verosímil, de que Nicolás Caputo aconsejaba que su amigo de toda la vida diera un paso al costado. La relación entre los dos estaba dañada, en especial por la distancia que puso Macri, atribuida al «pararrayos» Peña. A él se le imputaba la prohibición de realizar reuniones con el antiguo socio en la Casa Rosada: se lo recibiría en Olivos, casi siempre los sábados a la mañana, igual que a Carlos Grosso. Horacio Rodríguez Larreta ya era un aliado de Caputo, aunque prefería prescindir de una definición. Es probable que especulara con que la postulación de Vidal, si era exitosa, modificaría demasiado su propia hoja de ruta hacia el poder nacional. Larreta detesta la incertidumbre.

Sin embargo, era la propia Vidal la que más reparos tenía al proyecto que alentaban, desde distintos rincones de su organización, De la Torre y Salvai. En la intimidad, ella repetía: «Solo admitiría ser candidata si me lo pide Mauricio. Pero me lo tiene que rogar». No era una declaración a favor de Macri. Era una declaración a favor de sí misma. Demostraba ser consciente de que postularse contra el presidente o sin el presidente era el hundimiento de los dos. Por las dudas de que esa regla no se entendiera por completo, Macri recurrió a un gurú. Esta vez no era Durán Barba. Era Felipe González, invitado a la Argentina por su amigo, el caudillo de la industria farmacéutica Hugo Sigman. Otra vez el líder del socialismo español, que tiene la dimensión de un líder latinoamericano, era convocado para aconsejar una solución al desbarajuste político argentino. González habló con gente de todos los ambientes y llegó a la conclusión que ya traía en su cabeza desde España: salvo que lo haya descartado de antemano, si un presidente en condiciones de presentarse a la reelección desiste de hacerlo, es la señal de fracaso de todo el partido de gobierno.

Tenía razón González. Entre otras cosas, porque la diferenciación que exigiría la campaña del nuevo candidato respecto de la gestión a la que debería representar sería la garantía del fracaso. Desde la otra orilla, lo explicaba muy bien Alberto Fernández en sus conversaciones con el entorno de Cristina Kirchner: «Si no se postula Macri, quien lo reemplace deberá pasar parte de su campaña explicando por qué en la silla que él o ella ocupa no está Macri».

En estas divergencias, se inscribían cuestiones decisivas para la vida de la coalición antikirchnerista, pero, sobre todo, para el PRO. En estado larval, aparecía un fenómeno que a Macri le ha costado mucho asimilar y que ha tratado de sofocar con una tarea sistemática. Es la posibilidad de que un grupo de dirigentes de su partido insinúen su propio destino, hagan política sin su tutela. El problema excede a Macri y caracteriza a todos los partidos personales, es decir, a todos los partidos cuya pertenencia se cifra en el seguimiento a un líder, un rasgo que se profundiza cuando el líder procede del mundo empresarial. Conviene apuntarlo una vez más: al estilo de Silvio Berlusconi, de Sebastián Piñera o, remontándonos en la historia hasta mediados del siglo XIX, de Juan Manuel de Rosas, Macri entiende a su fuerza política como dueño más que como líder.

Vale la pena observar una peculiaridad muy llamativa de este proceso, y es que los desajustes internos del PRO, que se proyectan sobre toda la coalición, emergen en la provincia de Buenos Aires. Tiene bastante lógica que sea de esa manera. En principio, porque, como se expuso más arriba, en la dirección del PRO existió siempre un sesgo refractario al peronismo, que es la fuerza dominante en ese distrito. Se le agregó con el correr de los meses que es allí, en especial en el conurbano, donde aparecen las resistencias a asimilar un programa de ajuste monetario y fiscal como el que Macri debió encarar en el marco del acuerdo con el FMI. Aquella misión encomendada al marketing político, consistente en desdibujar las características ortodoxas de la comprensión de la economía que profesaba el presidente, se enfrentaba con obstáculos insalvables. En Vidal, en alguna medida en Rodríguez Larreta y en el equipo político y de acción social que los seguían, apareció la enorme preocupación de tener que ir a una geografía como la del Gran Buenos Aires con un programa cuya prioridad no era, como se había intentado manifestar hasta entonces, la inclusión social. La prioridad era la estabilización de la economía, aunque eso significara afrontar una recesión.

No se trataba de un error en las prioridades, pero sí que la encrucijada económica obligaba a Macri a despojarse de la pretensión inicial y más original del PRO: la de ser una derecha que aspira al voto de los sectores más castigados, al menos los de clase media baja, y que modela su mensaje político alrededor de esa aspiración. El pasaje del gradualismo al shock, precipitado por la crisis, no buscado, era el pasaje de un macrismo que se atribuía una sensibilidad social a otro que debía lograr que las cuentas convergieran hacia algún equilibrio. Esa mutación abrió una disputa doméstica, que era una disputa geográfica: los que debían buscar el voto del conurbano imaginaron un destino independiente. Estamos diciendo, entonces, que en la contradicción entre ortodoxia y gradualismo se esconde una divergencia estratégica sobre la forma de abordar la conquista del electorado bonaerense. La plasticidad inicial que había puesto de manifiesto el PRO para esa tarea debió ser resignada en las arenas movedizas de la crisis.

Hacia la hora señalada

Las dificultades objetivas que enfrentaba el oficialismo en 2018 y 2019 para formular un mensaje que contuviera a los descontentos por el ajuste estaban destinadas a potenciar la figura de Cristina Kirchner. Por un lado, porque para Macri y su equipo era cada vez más imprescindible confrontar con la expresidenta presentando su perfil más inaceptable para los sectores medios con una sensibilidad institucionalista. Esa contradicción había sido una clave inocultable del éxito de Macri y de Cambiemos. Había una convicción profunda acerca del acierto de esa estrategia. Hacia mediados de 2019, cuando ya eran visibles los indicios de una derrota, Peña insistía: «Una parte importante de la gente cree que nuestros errores son culpa de acciones de Cristina». En la Casa Rosada, no advertían algo obvio: que el rostro cada vez más agresivo del gobierno frente a las expectativas de bienestar potenciaba al otro polo, a la señora de Kirchner, de manera automática, por dos razones: porque ella se presentaba como la encarnación de ese bienestar social y porque su base electoral nunca estuvo muy por debajo del 30 % de intención de voto. Bastaba que el gobierno atravesara una crisis más o menos larga para que ese 30 % se transformara en más del 40 por ciento.

En el estudio ya citado de Poliarquía, es posible constatar cómo la crisis de la administración de Cambiemos se proyectó con una recuperación de la expresidenta. Si tomamos 2017, 2018 y 2019, el promedio anual de su imagen positiva en la Capital era del 22 %, del 25 % y del 30 %, respectivamente. En el interior, era del 26 %, del 29 % y del 34 %. Pero la mejor evolución se registra, como era de esperar, en el Gran Buenos Aires: el 33 %, el 38 % y el 46 por ciento.

Isonomía, la consultora que lidera Juan Germano, confirma ese comportamiento de la opinión pública, de manera más impresionante. Entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019, el recorrido de imagen positiva pasó del 30 % al 55 %, y la negativa fue del 67 % al 40 %. La transformación de Macri transformaba a la señora de Kirchner.

No solo Cristina Kirchner se presentaba ante su feligresía como la heroína de la distribución del ingreso. Al cabo de cuatro años, también podía presumir ante los suyos de ejercer el don profético. En su último discurso como presidenta, el 9 de diciembre de 2015, frente a una multitud que colmaba la plaza de Mayo, había desafiado a Macri a terminar su mandato sin conculcar derechos económicos. Es obvio que este reto y aquella presentación pueden y deben ser discutidos. Lo que queremos subrayar es otra cosa: para quienes seguían a la señora de Kirchner, sus pronósticos se habían corroborado. Los cuatro años de un gobierno de centro-derecha terminaban en un ajuste. Era un activo para quien, en ese período, no había liderado al peronismo, pero había logrado que ningún adversario suyo lo liderase.

El problema de ella era otro, bastante evidente: reconectar con los sectores internos y externos que la veían como la representación del conflicto político y el desborde institucional. Una de las notas sobresalientes del ciclo que había terminado en 2015 era un entredicho muy fuerte entre la expresidenta y el peronismo que encarnaban los gobernadores de provincia. La divergencia se había extendido durante toda la campaña. Tuvo un hito en Tucumán, el 23 de agosto de 2015, cuando se cerraron los comicios para gobernador con una gran quema de urnas. Daniel Scioli había llegado a una Casa de Gobierno caótica, en la que José Alperovich, el gobernador y padrino del candidato Juan Manzur, parecía enloquecido. Entre Juan Manuel Urtubey y Diego Bossio, capturaron a Scioli y lo llevaron a una parrilla, para que evitara ese inconveniente acto de campaña. Sentados a la mesa, los dos dirigentes le explicaron que tendría que romper con Cristina Kirchner si quería tener algún futuro.

Para la presidenta, no era una sorpresa. Ella había impuesto a Carlos Zannini como candidato a vice para evitar lo que quería Scioli: cerrar un acuerdo federal con la presencia del sanjuanino José Luis Gioja en el binomio. La señora de Kirchner se lo negó. Es natural: la construcción de Scioli sería la marginación de ella y de lo que ella expresaba de su eventual gobierno y del peronismo. También les negó, una vez instalado Macri en el poder, que un dirigente del interior, el jujeño Eduardo Fellner, fuera el titular de la Auditoría General de la Nación. Sin miramiento alguno, les explicó a los gobernadores que ella llevaría a esa posición a Ricardo Echegaray, en previsión de que, si no era alguien de su confianza el que ocupara el puesto, su gobierno sería sometido a una auditoría escandalosa. Al final, Echegaray no pudo ser porque el gobierno de Macri pactó con Miguel Pichetto y el resto del peronismo no kirchnerista la designación de Oscar Lamberto. El tablero se iba componiendo: Cristina Kirchner enfrentaba a la dirigencia provincial de su partido, y esta se ofrecía como discreta interlocutora del nuevo poder.

Sería un error pensar que, convertida en expresidenta, la señora de Kirchner insistió en mantener esa membrana que la separaba de la dirigencia territorial de su partido. Durante el gobierno de Macri, ella ejecutó un programa bastante sistemático de regreso hacia el poder, sostenido en preservar su posición conceptual en el tablero, ligada siempre a consignas populistas, pero, a la vez, en reconectar con los dirigentes del PJ. El Instituto Patria fue la sede de ese trabajo, en el que colaboró muchísimo su hijo. Para ella debe haber sido un esfuerzo considerable esa tarea que suponía, en alguna medida, una reinvención. Ya no podía ejercer ese liderazgo imperial que le resulta comodísimo. Ahora habría que seducir, dedicar tiempo al otro, escribir un libro, asistir a más actos de los que hubiera tolerado… Es interesante observar ese proceso, porque tal vez no haya nada más dificultoso y audaz en la política que el regreso al centro de la escena de aquel que fue desalojado del poder. En la Argentina existieron algunos ejemplos: Julio Roca y, de manera muy especial, por las limitaciones que le imponía el destierro, Juan Domingo Perón.

Esa marcha de regreso se aceleró después de las elecciones de 2017. Las razones ya fueron expuestas. Solo deberíamos destacar las dos principales. Cristina Kirchner demostró seguir teniendo el monopolio de la representación de los sectores populares del conurbano, y el gobierno de Macri ingresó en una crisis con consecuencias económico-sociales diseñada a pedido por el discurso de su principal rival.

Los contactos con figuras del peronismo se fueron intensificando. Muchos encuentros se realizaban en la casa de Juan Cabandié, un militante periférico de La Cámpora, muy apreciado por ella. Fue Cabandié quien reacercó a Alberto Fernández con Cristina Kirchner. No le resultó fácil. Ambos querían que el convocante fuera el otro, hasta que un día el encuentro se produjo en las oficinas del Instituto Patria. Todas las versiones coinciden en relatar la misma escena. La expresidenta recibió a su antiguo jefe de Gabinete, de quien estaba distanciada desde 2008, como si se hubieran visto el día anterior. Fernández pidió conversar sobre esa distancia, pero ella lo cortó con pragmatismo: «Mirá, Alberto, si nos vamos a poner a charlar sobre los últimos diez años, no nos vamos a entender. Olvidemos esa etapa y trabajemos para adelante».

Al poco tiempo, para malestar de muchos militantes de La Cámpora, Fernández ya estaba «cama adentro». Fue él quien aconsejó, con éxito, la escritura de un libro en el cual la senadora diera su versión de su paso por el poder en los últimos quince años. Él la sedujo con la propuesta: «Vos tenés que explicar porque podés explicar». También la entusiasmó con otra iniciativa, en este caso personal: «Te quiero decir, Cristina, que a mí me mortifica mucho que la imagen de Néstor, que la imagen de mi amigo, esté empañada. Voy a dedicarme a reivindicarlo, igual que a vos». Como afirma alguien que ha trabajado a su lado de manera muy estrecha, «Alberto es un gran comedor de coco». Lo cierto es que la convenció con esas ocurrencias. ¿También le dio a entender que él, que se autopercibe como eximio penalista, daría vuelta las causas judiciales que asfixiaban a los Kirchner? Tal vez sí. De hecho, su antigua nueva amiga le hizo un lugar en la mesa de sus abogados para que orientara las defensas. Alberto Fernández fue más allá. Con la intención de dar una dimensión internacional a su empresa jurídica, visitó a Lula da Silva y se inscribió en su lista de abogados defensores. En esa condición, viajó a Roma y visitó al papa Francisco para interesarlo en la denuncia del lawfare.

Hubo un pormenor que, para algunos cazadores de detalles, reveló el papel que el exjefe de campaña de Randazzo estaba desempeñando en el entorno de Cristina Kirchner. El episodio ocurrió el 9 de mayo de 2019 en la Feria del Libro de Buenos Aires. La senadora estaba presentando su libro y solo mencionó a una persona: Fernández. El interesado preparaba para esos días actos con distintas agrupaciones del PJ porteño para exhibir algún espesor que les permitiera integrar listas en competencia con La Cámpora. Para esa época, imaginaba ser embajador en España, lugar al que acostumbraba a viajar y tenía varios amigos. En una conversación con Wado de Pedro, llegó a pedir ese cargo.

Por otra vía, Cristina Kirchner examinaba los límites de su ambición. Necesitaba reconstruir la relación con la dirigencia convencional del PJ. En esa tarea, había sufrido una pérdida dramática: la muerte de José Manuel de la Sota en un accidente automovilístico el 15 de septiembre de 2018. De la Sota venía dialogando con ella para constituir una alianza interna que permitiera al peronismo enfrentar a Macri. También se daba cuenta, y se lo confesó a algunos amigos que no formaban su círculo operativo, de que el país no podía romper el acuerdo con el FMI. Habría que negociar los términos del ajuste, que era inevitable, y para esa tarea debían recomponerse relaciones con actores con los que ella estaba incomunicada: el establishment de los Estados Unidos, la gran prensa, el mundo financiero y empresarial, etc. La expresidenta pensaba que toda esa tarea la debería hacer otra persona, entre otras razones, porque si la llevaba adelante ella corría el riesgo de desfigurar su imagen pública, construida como la de una heroína de la distribución del ingreso.

Con estas premisas en la cabeza, la señora de Kirchner comenzó a proponer a sus interlocutores más directos la idea de un «plan B», para ver cómo reaccionaban. Influyó mucho, aseguran en su entorno, una conversación con su exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Ella le preguntó en qué «plan B» estaba pensando. Valdés, como es obvio, le dijo que no pensaba en ninguno. Ella insistió. Entonces él se sinceró: «Mirá, Cristina, si vas a elegir a alguien, no te sirve ninguno de los que estás mirando. Yo que vos buscaría a alguien que haya trabajado con vos y con el que hayas estado peleada inclusive. Es decir, que me den garantías de lealtad. Tengo dos: Taiana y Alberto».

A los pocos días, Alberto Fernández recibió un llamado de ella, convocándolo para que fuera a la casa de su hija, en Humberto I y San José. Él le explicó que no podía ir de inmediato, porque tenía que dar clases en la facultad. Ella estaba ansiosa. Cuando se vieron, Fernández escuchó algo inconcebible: «Decidí que no me voy a presentar para la presidencia. Podría ganar, pero no podría gobernar. Por eso pensé en apoyarte a vos para que seas el candidato».

Fernández dijo lo que tenía que decir. Que era imposible. Que la única que podría ganar era ella. Arguyó algo más, sin imaginar la contestación: «Los votos son tuyos, yo no tengo votos». Cristina Kirchner contestó lo que él no esperaba y, es probable, no quería oír: «Eso ya lo pensé. Por eso decidí ir en la boleta. Te voy a acompañar como vicepresidenta». El sábado 19 de mayo por la mañana, se comunicó la decisión. A través de su cuenta de Twitter, la senadora anunció: «Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos: él como candidato a presidente y yo como candidata a vice».

El resultado tuvo el efecto de estupor que pretendía. Una vez superada la sorpresa, todos los actores interpretaron su significado. La expresidenta ponía distancia de la línea de fuego y buscaba que su antiguo jefe de Gabinete absorbiera la agresiva carga de críticas que pesaba sobre ella, consolidando niveles muy altos de rechazo electoral. Es decir, se corría del eje de conflicto que organizaba la campaña del oficialismo. La jugada, si se tienen en cuenta las encuestas, fue exitosa. Según los registros de Isonomía, entre junio y diciembre de 2019 la imagen positiva de Cristina Kirchner fue del 43 % al 58 %, y la negativa cayó del 57 % al 40 por ciento.

Estos registros, que coinciden en su trazo grueso con los de Poliarquía, inspiran una observación a la distancia: es llamativo que en el corazón de la Casa Rosada no se tuvieran en cuenta estos movimientos. Más llamativo todavía es que no los hayan tenido en cuenta los propios encuestadores, que en aquel tiempo seguían vaticinando un triunfo ajustado de Macri. Nada de eso era injustificado: sobre la mejoría de Cristina Kirchner, había un velo que era la episódica mejoría del presidente. Durante el trimestre anterior a la elección, su imagen negativa había caído del 59 % al 50 %, y la positiva había ido del 42 % al 45 %, según los registros de Isonomía.

La estrategia electoral de la señora de Kirchner se completó con una decisión que llevaba también el sello de su audacia. En la provincia de Buenos Aires, postuló a Axel Kicillof como candidato a gobernador. Kicillof venía haciendo campaña desde hacía tiempo en el distrito, con un estilo bastante sigiloso. Recorría en un Renault Clio los partidos del interior con su alter ego, Carlos Bianco, haciendo campaña con un megáfono. Como parte de esa instalación apresurada y fiel a su academicismo, el candidato publicó un manual sobre la provincia, en colaboración con otros militantes situados a la izquierda del dial peronista.[415] Su postulación tenía varios significados. En principio, retenía la candidatura a gobernador para alguien cuya existencia política se debía solo a la expresidenta. A ella y no a La Cámpora: este era el segundo mensaje de esa decisión y quedó claro con el tiempo. Kicillof hizo política subordinándose siempre al Instituto Patria. Su madrina, la expresidenta, destinó para trabajar con él a dos peronistas de la vieja guardia, a quienes conocía desde su paso por la Universidad de La Plata: Carlos Kunkel y Carlos Cuto Moreno. Además, alejaba a Kicillof del ministerio que había dirigido durante el último kirchnerismo, una confirmación de que Alberto Fernández, si ganaba, no sería la continuidad de esa experiencia.

Hay un dato más, estridente por lo novedoso: ponía al frente de la provincia a un porteño, de formación marxista, cuya adhesión al peronismo había sido muy tardía. En la intimidad de Kicillof, sigue latiendo un dirigente estudiantil, de izquierda intelectual, nacido en un hogar de alfonsinistas «progres» de clase media. Con él, Cristina Kirchner introducía en la maquinaria de poder bonaerense un elemento extraño, por su orientación ideológica y por su decencia. A su modo, Kicillof expresaba el antiguo impulso reformista que inspiraba a la expresidenta en relación con el PJ de ese distrito. Dicho de otro modo, volvía la misma dirigente que le preguntara a su esposo, en aquel asado de mayo de 2016, si el destino de lo que estaban haciendo era convalidar al aparato bonaerense, constituido por caudillos locales y líderes sindicales. Kicillof era un producto enteramente suyo, con el que se proponía establecer una discontinuidad con el orden anterior. Alguien que, en mil sentidos, estaba en las antípodas de Scioli.

Quedaba una gestión por realizar: atraer a Massa a la nueva formación. Como se pudo observar en todo el proceso electoral que comenzó en 2013, el lugar de Massa en el tablero era decisivo para toda la distribución del poder. A pesar de la agresividad de su trato, de su activismo judicial y, no hay que dejar pasar este detalle, de la asociación con Margarita Stolbizer, que escribió libros durísimos sobre Cristina Kirchner, la comunicación con Massa no se había cortado nunca. Había una zona de convivencia entre La Cámpora y el diputado de Tigre en la Legislatura bonaerense, cuya Cámara de Diputados había estado en manos del Frente Renovador con Jorge Sarghini. Y en la Cámara de Diputados de la nación comenzó a esbozarse cierta cooperación, sobre todo después de que Massa rompiera su alianza, siempre tentativa, con Macri. Una expresión de esa confluencia fue la votación conjunta de una reforma impositiva y, todavía más, a fines de 2018 se aliaron para ocupar dos bancas del Consejo de la Magistratura en representación de los diputados: una para Wado de Pedro y otra para Graciela Camaño.

El acercamiento de Massa quedó a cargo de Alberto Fernández, quien había sido parte de su equipo en 2013. Massa estaba condenado a regresar a las filas del kirchnerismo. Su performance de 2017 había sido capaz de producirle un derrumbe emocional. Como candidato a senador, sacó en la provincia menos de la mitad de los votos que había conseguido en 2015 como candidato a presidente: pasó de 2143 827 a 1069 747 votos. En este retroceso, hay una clave de la formación del Frente de Todos. Antes de caminar él hacia Cristina Kirchner, se había dirigido hacia allí, según todas las encuestas, su electorado y, en consecuencia, los dirigentes con algún anclaje territorial. Massa tenía que seguir esa corriente, entre otras razones, para disimularla.

Este cambio de vereda no solo sumaba al Frente de Todos. También desarticulaba al peronismo no kirchnerista, que asimismo vio pronto partir a Miguel Pichetto hacia la fórmula con Macri. El trance de descomposición dejó debilitados a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que terminaron concertando debilidades en una fórmula.

El triunfo de Fernández-Kirchner fue, antes que nada, su triunfo en la provincia de Buenos Aires. En las primarias, conquistó 4970 252 votos, el 52,61 % de la elección. El kirchnerismo seguía siendo bonaerense. Mauricio Macri, en su fórmula con Miguel Pichetto, había retrocedido a los niveles de las PASO de 2015, cuando todo Cambiemos había obtenido en la provincia 2510 298 votos, el 29,5 % del total. En agosto de 2019, sacó 2907 050, que era el 30,77 % del total. Hay que recordar que en 2017 Esteban Bullrich había cosechado 3912,526 votos. El retroceso del no peronismo también era bonaerense.

En 2019, ya no estaban los servicios prestados por Massa. En las primarias de 2015, la alianza que había formado con De la Sota había recogido 1778 809 sufragios. En la primera vuelta, Massa evolucionó: sacó 2143 827 votos. Como ya vimos, en 2017, candidato a senador, se derrumbó: 1069 747 votos. Ahora ese rol de disidente que le restaba votos al peronismo debía jugarlo Lavagna, quien solo obtuvo 750 784 sufragios.

Volvamos a la disputa de 2019. En la primera vuelta, Fernández y la señora de Kirchner sumaron mucho menos: 324 627 para alcanzar 5294 879.

La fórmula Macri-Pichetto corrigió bastante su mal desempeño: sumó 733 502 votos a los obtenidos en las primarias. Es decir, llegó a 3640 552. En términos porcentuales, el Frente de Todos retrocedió unas décimas: pasó del 52,61 % en las primarias al 52,20 % en la primera vuelta. Macri y Pichetto dieron un salto interesante: del 30,77 % al 35,89 por ciento.

Como sucedió en 2015, hay que buscar las claves de la elección bonaerense en la suerte que corrieron los candidatos a gobernador. La estrella fue Axel Kicillof, quien con Verónica Magario obtuvo 4921 536 votos, que fueron el 52,74 % del torneo. Vidal y Daniel Salvador sacaron 3223 460, el 34,54 % de la elección. La lista asociada a Lavagna, representada por Eduardo «Bali» Bucca y Miguel Saredi, sacó 575 202 votos.

Hay que observar dos fenómenos significativos. El primero: en las primarias, Kicillof casi calca los números de Cristina Kirchner. En la general, se distancia apenas un poco: 5274 511 votos, 20 000 menos que ella, el 52,40 % de la elección. Estos números son, en la intimidad del Frente de Todos, un activo envidiable de Kicillof. Él logra ser el depositario casi completo del caudal de su jefa. Dicho de otro modo, casi no hubo corte de boleta en su contra.

El segundo aspecto que debe subrayarse es que Vidal y Salvador sacaron 3852 324 votos, el 38,28 % de la elección. Sumaron 628 864 votos respecto de las primarias. Pero lo interesante es que mejoraron en 243 012 votos en relación con la elección de 2015. Claro, esta vez no estaba Aníbal Fernández, que en 2015 sacó 2043 722 votos menos que los que Kicillof cosechó cuatro años más tarde. Y tampoco estaba Felipe Solá llevando la bandera del Frente Renovador, que obtuvo 1249 391 votos más que Bucca. Es una tentación irrefrenable constatar que el acceso o la expulsión de Cambiemos o Juntos por el Cambio del poder bonaerense es una variable dependiente del comportamiento que tenga el peronismo; de su configuración, por un lado, y de la calidad de sus candidatos, por otro. En otras palabras, se podría decir de las elecciones bonaerenses, con todo el impacto nacional que ellas tienen, lo que se dice de los demócratas en Estados Unidos: son los peronistas los que las ganan o las pierden.

La manera en que los distintos actores reaccionaron ante el resultado de las primarias presenta signos que adelantan problemas posteriores. Entre esas elecciones y la primera vuelta, Fernández abandonó el Instituto Patria y se refugió en su propia sede de campaña, una casona de la calle México. Allí se rodeó de Santiago Cafiero, Cecilia Todesca y Juan Manuel Olmos. En el núcleo de Cristina Kirchner y, sobre todo, de La Cámpora, anotaron esa mudanza en la lista de las preocupaciones. Peor fue cuando, en una reunión con inversores financieros, afirmó: «La Cámpora carece de peso. Cristina decidió distribuir su herencia en vida. Me dio a mí la nación y a Axel Kicillof la provincia». Temprano, empezaba a insinuarse una fisura, que quedó expuesta el 27 de octubre, día de la victoria: Cristina Kirchner impidió que varios gobernadores que habían asistido al festejo nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, subieran al escenario. Esos gobernadores serían, en un plano todavía imaginario, los que dotarían a Fernández de autonomía frente a ella.

En el PRO, sucedía algo parecido, aunque mucho más amargo, como sucede siempre en el campo de los derrotados, sobre todo por la sorpresa de la caída. El viernes anterior a las primarias, en un almuerzo del que participaron Macri, Vidal, Larreta y Rogelio Frigerio, Jaime Durán Barba adelantó que «el domingo vamos a tener un problema, porque vamos a estar solo un punto arriba». Cuando Vidal vio que estaba 18 puntos abajo, su estado de ánimo se derrumbó.

El lunes, ella encabezó una reunión del gabinete más inmediato, en las oficinas que ocupaba sobre avenida del Libertador, en el complejo ferroviario de Retiro. Fueron tres horas de catarsis al cabo de las cuales pidió que se armara un gabinete de emergencia, integrado por Emmanuel Ferrario, el subsecretario de Educación Sergio Siciliano y Milagros Maylin, quien venía gestionando el programa provincial de reformas en asentamientos y villas de emergencia.

Destruido Salvai, Ferrario asumió de facto la Jefatura de Gabinete. Se encargó de cerrar la gestión. Vidal, muy golpeada, pasó veinticinco días sin convocar a reunión alguna. Reapareció al final de la campaña y ya sin poder, para coordinar la transición con Kicillof, quien recibió veinticinco pen drives con toda la información de la provincia.

Fue el comienzo del eclipse de Vidal. No hay que engañarse: fue el desenlace de una relación muy sufrida con el rol de gobernadora. Una demostración es la dificultad para encontrar un lugar de trabajo. Comenzó en la sede porteña del Banco Provincia, hasta que se hicieron frecuentes las hostilidades del sindicato. Entonces, decidió mudarse a la Casa de la Provincia, en la avenida Entre Ríos. Como allí había que soportar manifestaciones de protesta más a menudo, eligió refugiarse en un lugar anodino, poco identificable, como son las oficinas de detrás de la estación de Retiro del Ferrocarril Mitre. Era un aspecto, si se quiere, tangencial de un problema más complejo de instalación, que se hizo evidente cuando la gobernadora resolvió vivir a un cuartel en Palomar.

La declinación de Vidal puso de nuevo en evidencia las dificultades para constituir una fuerza organizada que, detrás de un liderazgo competitivo, garantizara la competencia con el peronismo en la provincia y, de ese modo, generase una agenda en el distrito. Este fue el significado estructural de esa derrota. El colapso, de todos modos, no fue absoluto. En la Legislatura, quedó un equilibrio relativo. Juntos por el Cambio retuvo 43 de las 92 bancas de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos se quedó con 45. En el Senado, Juntos por el Cambio se constituyó en mayoría, con 26 de 46 bancas. El Frente de Todos quedó con 20.

Sin embargo, la ola adversa que pasó por la provincia barriendo con Juntos por el Cambio no logró sacar del cargo a la mayor parte de los intendentes de esa fuerza: 61 jefes comunales de un total de 135. Antes de la derrota, tenía 69. En el Gran Buenos Aires, perdió Quilmes, Berisso, San Vicente, General Rodríguez, Pilar y Morón, pero retuvo Lanús, Tres de Febrero y, más previsible, Vicente López y San Isidro, además de La Plata.

Esos sobrevivientes no lograron darse una estrategia de poder para controlar la provincia. Sufren el mismo síndrome del peronismo, que es un síndrome no partidario, sino bonaerense. El liderazgo, como en el caso de Vidal, sigue viniendo desde la ciudad de Buenos Aires. Es lo que se verificó en 2021, cuando Larreta logró imponer la candidatura de diputado nacional de Diego Santilli, a pesar de la resistencia de los caudillos municipales, que habían formado, con ínfulas autonomistas, un efímero Grupo Dorrego. El único que se atrevió a levantar —⁠aunque no mucho⁠— la voz fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que resultó compensado con el Ministerio de Gobierno de la CABA. Se inauguraba una forma de cruzar la avenida General Paz en sentido contrario. Macri quedó aislado dentro del improvisado Grupo Dorrego. Larreta lo dejó en falsa escuadra una noche en la que apareció comiendo con los asociados a ese pequeño club autonomista, sin que el intendente de Vicente López hubiera recibido algún aviso. Era una burla para Jorge Macri, pero, sobre todo, para el apellido Macri.

La misma arbitrariedad quedaría de manifiesto en el regreso de Vidal a la política porteña como primera candidata a diputada. El pase fue acompañado de un gesto simbólico: Vidal eliminó de su caracterización en las redes sociales la frase «orgullosamente bonaerense». Era el final desangelado de un ciclo doloroso. Para muchos vecinos de la provincia, era la triste confirmación de una regla: gobernarlos a ellos es un ejercicio instrumental para saltar a otra posición.

El reingreso a escena de Vidal estuvo acompañado de gestos de incertidumbre provocados por la propia candidata, que explicitaba sus dudas personales: si competir o no, si hacerlo por la provincia o por la ciudad, si esperar para lanzarse a una carrera presidencial. Patricia Bullrich, con ese déficit de hipocresía que es su marca identificatoria, le pidió que se definiera y castigó donde dolía: la ausencia de Vidal durante la pandemia, en contraste con el protagonismo de ella misma durante ese trance traumático. Bullrich era alentada por Macri, pero este no la defendió a la hora de definir a los candidatos. El expresidente se ausentó por responsabilidades en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Quedó Vidal como única competidora por el PRO. Se enfrentaría en las primarias a Ricardo López Murphy, incorporado a Juntos por el Cambio con su agrupación Republicanos Unidos, y a un sector del radicalismo, alejado de Larreta y representado por el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

En la vereda oficialista, sucedía algo, en su formato último, similar. Alberto Fernández se sentía llamado a imprimir su sello en las listas. Era, como en el caso de Larreta, un camino oblicuo en la construcción de un liderazgo inconfesable. Fernández había hecho innumerables gestos en ese sentido, sobre todo durante la pandemia, que sirvió como un espacio de convivencia con Larreta. Se trataba de establecer un nuevo juego, que por su propia inercia terminaría enviando a la jubilación a los líderes de la etapa anterior, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Esa iniciativa, nunca explicitada, se frustró durante una crisis: fue en diciembre de 2020, cuando se produjo un levantamiento del personal de la Policía bonaerense en reclamo de salarios. Fernández rompió su alianza con Larreta antes de que esta se constituyera. Fue al echar mano de la coparticipación porteña para salir del atolladero gremial con la bonaerense. Fue a instancias de una exigencia de Cristina Kirchner, que demuestra que ella entendía muy bien el partido que se estaba desplegando.

La vocación de Fernández por independizarse de la tutela de la vicepresidenta siguió, sin embargo, vigente y se materializó en la confección de las listas, que fue un punto de ruptura en la cúspide oficial. El primer signo de discordia se produjo durante una comida en Olivos. Fue a comienzos de julio de 2021. Alrededor de la mesa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Wado de Pedro y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hubo una gran disparidad de pronósticos sobre el resultado electoral. El presidente aseguraba que iban a tener una gran victoria. Máximo Kirchner estaba convencido de que se ganaba, pero por uno o dos puntos. En cambio, su madre opinaba que iban hacia una derrota catastrófica. Eran distintas maneras de evaluar a un gobierno que ya daba, por sus enormes dificultades para encaminar la economía, inconfundibles señales de fracaso.

En esa oportunidad, se le sugirió a Fernández la conveniencia de armar una lista de diputados en la que cada sector colocara a una figura clave. La encabezaría, se propuso, Santiago Cafiero, dejando vacante la Jefatura de Gabinete para dar una señal de renovación administrativa. Máximo Kirchner ofreció su cargo de presidente de bloque para que lo ocupara Cafiero. Massa participaría en esa formación postulando a Malena Galmarini, su esposa. El presidente, fiel a su costumbre, disolvió la cuestión en un mar de palabras, pero comunicó que su candidata era Victoria Tolosa Paz, la esposa de su amigo y generoso locador, Enrique «Pepe» Albistur.

La candidatura porteña era menos problemática, entre otras cosas porque no había chance alguna de ganar. Fernández propuso a Leandro Santoro, también de su núcleo. Seguía siendo, en esta jugada, una imitación inesperada de Larreta. La similitud ponía en evidencia un aspecto significativo de la vida interna de los dos bloques dominantes: en ambos, la disputa por el liderazgo se cifraba en el control de la provincia de Buenos Aires y, dentro de ella, de su conurbano.

El 10 de julio, Cristina Kirchner y los suyos comenzaron a sospechar que el presidente los ignoraría. Ese día, se publicó una foto de él con su esposa, Fabiola Yáñez, y de Tolosa Paz y Albistur. Los dos matrimonios se habían reunido a ver la final de la Copa América, que la Argentina ganó frente a Brasil. Al final del partido, los cuatro se fotografiaron. Fernández y Albistur, desafiantes y sonrientes, hacían la V de la victoria.

A los pocos días, Fernández convocó a una reunión en la Casa Rosada en la que se trataría la cuestión de las candidaturas. Como de costumbre, se hizo esperar. Máximo Kirchner aprovechó la demora para recluirse con Cafiero en el despacho del jefe de Gabinete. Quería insistir con la conveniencia de que Cafiero encabezara la lista bonaerense. No hizo falta. A través de la pantalla de un televisor, Kirchner se enteraba de que el presidente había lanzado ya las candidaturas de Tolosa Paz para la provincia y de Santoro para la CABA. Se produjo la fisura. Todo lo que vendría en adelante no haría más que agigantarla.

Fernández había realizado una apuesta fuerte: poner su sello a lo que, él suponía, sería un triunfo en las urnas. Según lo que escuché en una revelación confidencial de un ministro del gabinete nacional el sábado 11 de septiembre, es decir, la víspera de los comicios, Fernández esperaba en la provincia de Buenos Aires una victoria de 8 puntos sobre Juntos por el Cambio. Sobre la base de esa plataforma, se fundaría el «albertismo». Su origen sería bonaerense. Quiere decir que el presidente soñó que las primarias de 2021 serían, en términos simbólicos, el punto de partida de una sucesión de liderazgo que, como no podía ser de otro modo, comenzaría en el Gran Buenos Aires. Repetía un ritual conocido: también la defenestración de los Duhalde se sirvió de la excusa del armado de una lista. Aquello terminó en una confrontación cruenta, casi seguro también buscada. La de 2021 parecía ser pacífica, pero nadie conoce el futuro. Por lo tanto, Fernández ignoraba si los Kirchner no responderían a su irreverencia con otra candidatura, para darle a Tolosa Paz la interna. Ucronías. Lo concreto es que en el desafío de su ahijado la señora de Kirchner vio el regreso de un movimiento conocido: la constitución de una corriente alternativa a la que ella encabezaba, encarnada en Randazzo y gestionada por Fernández. Esta vez se trataba de una especie de «randazzismo sin Randazzo», como lo definió durante un viaje a Madrid el ministro del Interior, Wado de Pedro. Hay algo evidente: cuando después de las primarias de 2019 el candidato victorioso alardeó frente a un grupo de financistas y banqueros que «Cristina me legó la herencia en vida», decía algo de lo que estaba convencido.

Los resultados agravaron el problema que se había inaugurado con la confección de la oferta electoral.

La aritmética electoral no dejó a nadie contento. Juntos por el Cambio había ganado la provincia y la CABA. Sin embargo, no lo había hecho como estaba previsto. Facundo Manes, con muy pocos recursos políticos, había desafiado la intimidatoria máquina proselitista de Larreta, dotada de recursos técnicos y económicos que son difíciles de identificar en cualquier otra corriente. La derrota de Manes, por esa razón, fue vista como un éxito. Mostró que el radicalismo expresaba un estilo que no había perdido encanto en todo el interior de la provincia, donde el neurólogo se impuso a Santilli. También mostró que ese mismo radicalismo sigue desistiendo de constituir un proyecto provincial: Manes siguió su carrera en busca de un destino nacional, sin que en el entramado de dirigentes que lo impulsó hacia la diputación apareciera alguien soñando con la candidatura a gobernador. El radicalismo, que por años se sintió cómodo en una posición auxiliar respecto del PJ, ahora adoptaba la misma posición en relación con el PRO.

Santilli ganó por 1968 336 de los votos, contra 1293 917 de Manes. En la ciudad, Vidal había hecho, si se tienen en cuenta los antecedentes del PRO en esa plaza, una elección demasiado discreta. En el gran salón del centro Costa Salguero, no había clima de festejo.

Santilli fue el instrumento con el que Larreta lanzó, subliminal, su duelo sucesorio contra Macri. La arbitrariedad con la que impuso a su vicejefe de Gobierno como candidato de un distrito ajeno era parte de la jugada. Larreta pensó esa arbitrariedad como una forma de exaltar su liderazgo. El plan era que Santilli arrasaría, sin referencia alguna a Macri, que recibió muy pocas invitaciones a participar de la campaña. El éxito de Santilli evitaría un conflicto directo con el expresidente. Larreta aprovecharía la declinación de Macri, que era la declinación propia de alguien que había salido herido del gobierno, sin alcanzar la reelección.

En la jugada de Larreta había una similitud con el movimiento de Duhalde contra aquel Menem que buscaba su segunda reelección. Duhalde amenazó con un plebiscito bonaerense. Larreta fue mucho más convencional: postuló a Santilli, a sabiendas de que Macri no tendría un candidato para oponer. El tamaño de esa ambición requería de un resultado más contundente en las urnas.

La elección general confirmó ese estado de ánimo, porque, como se verá más adelante, la diferencia con la lista de Victoria Tolosa Paz se hizo más pequeña. Los resultados confirmaban que Larreta había ganado, pero no con la contundencia necesaria para liquidar, a priori, cualquier duelo por la jefatura. Al revés: los números, comparados con las expectativas, desnudaban una debilidad relativa que invitaría a abrir una discusión de poder en la provincia. Vidal ya no era «orgullosamente bonaerense», pero no apareció nadie capaz de reemplazarla como referencia indiscutida de Juntos por el Cambio. Varias razones explican esa vacancia. Una evidente es la que ya se señaló: Santilli no tuvo al resto del PRO a su disposición, porque su victoria no tuvo el impacto suficiente. También porque esa adhesión sería esta vez muy dificultosa: las figuras que competían con Larreta, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, no estaban dispuestas a regalar reconocimientos que se volvieran en su contra. Hubo una tercera motivación para que el liderazgo bonaerense de Santilli no se constituyera. Fue que tanto él como Larreta ganaron y se ausentaron del distrito. Es decir, el triunfo, que fue un triunfo, no fue utilizado como plataforma para constituir una nueva jefatura. La relación de Larreta y de Santilli con la provincia y, sobre todo, con su conurbano siguió basándose en el marketing y el proselitismo, no en la construcción de un aparato de poder. Esta falta de convocatoria hizo que en poco tiempo el PRO tuviera, entre sus dirigentes territoriales, una llamativa dispersión. Ni siquiera el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que había sido el jefe de campaña en 2021, permanecía al lado de Santilli un año más tarde.

Este último rasgo de la peripecia del PRO revela toda una manera de entender el proceso político. Confirma que Juntos por el Cambio carece de un proyecto bonaerense, no solo por el reiterado recurso a dirigentes porteños para ofrecer candidaturas. Santilli, como Vidal, se lanzaron a la provincia desde la vicejefatura de Gobierno de la CABA. En el caso de Santilli, se había hecho una ocasión para el humor, durante la campaña de 2021, preguntarle en los programas periodísticos sobre datos del distrito que él, por supuesto, desconocía. El problema, sin embargo, es mucho más denso. La conquista del poder bonaerense no está acompañada de una agenda programática. Se reduce al marketing, por el cual los candidatos indagan en las preocupaciones del electorado y responden lo que ese electorado pretende escuchar. En el fondo de esta desidia, está la idea de que cualquier solución a los problemas de la provincia obedece al estado de la macroeconomía nacional. Esa suposición es obvia, pero muy insuficiente. Impide, entre otras cosas, un debate público provincial, que podría dar respuesta a un inventario infinito de dificultades.

Este desapego por los retos locales tiene manifestaciones impactantes. Vidal, igual que Scioli, llegó al cargo de gobernadora en ignorancia completa de las dificultades que le esperaban. Kicillof, fiel a su estilo de alumno aplicado, se puso a leer, mientras juntaba votos, una monumental historia de la provincia editada en seis tomos. En los ratos libres, que no eran tantos, se entrevistaba con personas que conocían el distrito, para escucharlas mientras tomaba apuntes. Se ignora si Santilli leyó alguna bibliografía. Sí busca baqueanos que lo orienten en el laberíntico bosque de dificultades donde cualquier dirigente bonaerense debe transitar. Todos van a ciegas.

En el oficialismo, el paisaje posterior a la elección era mucho más inhóspito. Los pronósticos de Fernández quedaron desmentidos. El Frente de Todos sufrió una durísima derrota. A nivel nacional, significó una pérdida de 5240 124 votos respecto de las primarias de 2019, una retracción de alrededor del 40 %, con una peculiaridad preocupante: un nivel bajísimo de participación, del 68,59 %. La abstención fue la mayor desde 1983, en especial entre los pobres. En las elecciones de 2001, que fueron escandalosas por el ausentismo, había concurrido a las urnas el 77,07 % del padrón.

El retroceso general del Frente de Todos fue más severo en la provincia de Buenos Aires. En las primarias, Tolosa Paz obtuvo allí 1800 000 votos menos que los que habían cosechado Cristina Kirchner y Sergio Massa en las primarias senatoriales de 2017. Respecto de las primarias de 2019, Tolosa cayó en 2064 532 votos. Ella sacó 2905 720 votos, y Alberto Fernández había sacado 4970 252 votos. El indicio más elocuente del derrumbe se produjo en la tercera sección electoral, es decir, en el conurbano sur, la casa natal del peronismo. En 2019, la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fue del 60 % al 24 %. En las primarias de 2021, esta proporción pasó a ser del 42 % al 32 por ciento. La gran jugada de Cristina Kirchner en 2019 se transformó, frente a la primera prueba electoral, en una derrota a gran escala.

Indagar en las razones del voto siempre es un poco estéril, pero entre las explicaciones que se dieron los propios dirigentes hay algunas que parecen bastante razonables. El conurbano bonaerense, sobre todo sus zonas más sufridas, fue la víctima principal de la pandemia y de la cuarentena a la que se abrazó el gobierno. Las estrategias sanitarias para enfrentar el virus suponen destinatarios de clase media capaz de mantener la higiene, la distancia social, el trabajo a través de computadoras. La parálisis económica fue durísima con los trabajadores informales, y hubo un factor que Kicillof, en especial, menospreció, un problema que los intendentes intentaron hacer ver a la vicepresidenta. Es el efecto calamitoso que tiene entre las familias más humildes el cierre de la escuela, no solo porque para las familias de menores ingresos los centros educativos son lugares de contención. Una familia pobre no sabe qué hacer con sus hijos cuando el colegio está cerrado. Pero hay un motivo más para que la cuarentena haya sido tan dura en el sistema de enseñanza. Madres y padres asistieron al atraso del aprendizaje de sus chicos, sobre todo de los que estaban dando los primeros pasos y comenzaron a perder habilidades y conocimientos que ya habían adquirido. Si esa verificación es siempre dolorosa, lo es más entre los que llevan vidas más ajustadas y saben que la educación es la única herramienta para salir de la penuria.

Hay que sumar a este descenso la caída del kirchnerismo entre los votantes más jóvenes. Habían sido su principal baluarte en los años de la bonanza, pero los jóvenes que votaron en 2011 vivían ya casi diez años sin conocer el crecimiento de la economía, es decir, no lo conocieron nunca.

No es, por supuesto, la única razón del desencuentro. José Natanson propuso explicaciones más estructurales en un artículo titulado «El día en que el peronismo perdió a los jóvenes».[416] Menciona cambios en el espíritu de la época, sobre todo en el modelo productivo: la economía de red que privilegia el trabajo individual, la innovación, el esfuerzo y, por lo tanto, el mérito. Lo contrario del mensaje estadocéntrico. Natanson observa también que el kirchnerismo perdió su carácter contestatario, que aparecía aun en el ejercicio del poder. Desde hacía tiempo se había convertido en parte del paisaje, del sistema establecido. Existe, desde ya, un tercer factor: el alejamiento general de los jóvenes respecto de la política. La ironía radica en que esta crisis del vínculo entre kirchnerismo y juventud se produce cuando La Cámpora y otros dirigentes jóvenes, como, por ejemplo, Axel Kicillof, más avanzaron en la estructura de poder.

El balance matemático de los resultados se proyectó sobre una coreografía que exacerbaba la derrota. Los funcionarios encolumnados con La Cámpora presentaron su renuncia al presidente. En sectores decisivos del peronismo se interpretó ese gesto como un golpe de palacio. Nueve gobernadores se pronunciaron a favor de Fernández. La CGT emitió un comunicado en esa línea, y los movimientos sociales anexos a la Casa Rosada, con el Evita a la cabeza, convocaron a una movilización a plaza de Mayo para respaldar al presidente. Mientras Máximo Kirchner comenzó a negociar con esos actores para desmontar la escena, su madre publicó una carta abierta revelando que su relación con Fernández estaba poco menos que arruinada.

De las palabras se pasó a los hechos. Había que buscar un comandante de campaña. Se convocó al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para ocupar la Jefatura de Gabinete en lugar de Cafiero, que fue desplazado a la Cancillería. Fue un intento por intervenir el Poder Ejecutivo. En la provincia de Buenos Aires, se adoptaba el mismo método. Cristina Kirchner convocó a su dilecto Axel Kicillof a Calafate y le comunicó que debía abrir su gobierno al poder territorial de los intendentes. Era la confesión fáctica de lo que la vicepresidenta nunca llegaría a confesar en la oratoria: el experimento montado en julio de 2019, exitoso en las urnas, terminó fracasando en la política.

El cambio de guardia bonaerense cobijaba un mensaje de extraordinaria densidad. Carlos Bianco, alter ego de Axel Kicillof y, como él, un funcionario procedente de las aulas universitarias, debió dejar su lugar como jefe de Gabinete al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. En la emergencia había que entregar el poder administrativo al conurbano. Insaurralde era el duhaldismo, inclusive en sus características más típicas, como su vínculo estrechísimo con el negocio del juego. Era todo lo que a Kicillof le resultaba intolerable, desde lo ético, que para el economista es importantísimo, hasta lo conceptual. Nada puede ser más distante de las categorías de ese profesor filomarxista que el escandaloso pragmatismo de un Intendente del conurbano bonaerense. La incomprensión es mutua. Para referirse a Kicillof, los intendentes hablan de «el Soviético». El desembarco de Insaurralde en la Jefatura de Gabinete provincial revelaba que a esos intendentes se los podía someter, se los podía arrastrar, pero no se los podía reemplazar.

En un plano nunca explícito, por razones elementales de respeto, se estaba imponiendo el realismo de Máximo Kirchner, muy parecido al de su padre. Él había impugnado siempre el artefacto que se había montado con la candidatura de Fernández y objetó también la consistencia de Kicillof para manejar la provincia. La postulación de Fernández como candidato de un sistema de poder descentrado y la promoción de Kicillof, un hombre de izquierda universitaria carente por completo de roce político, fueron las señales de un problema constitutivo del liderazgo de Cristina Kirchner: la dificultad para calibrar hasta qué punto sus propuestas políticas divergen del sentido común del promedio; en qué medida sus ensoñaciones pueden conseguir la comprensión y, por lo tanto, la adhesión del conjunto de su base electoral o de su propia maquinaria política. Esta fuga detrás de un objetivo que la deja en soledad ha sido recurrente en su carrera. Se advirtió en sus grandes batallas: con el campo, con los medios, con la Justicia. Se advirtió en iniciativas escabrosas, como el «Memorándum de entendimiento» con Irán. Volvió a verse esta vez en el diseño de una propuesta electoral.

El hijo de la expresidenta estaba de nuevo ante una silenciosa rendición de su madre. Aunque cultive una retórica rupturista, Máximo Kirchner parece ser el más perceptivo del entorno. El ascenso de Insaurralde atenuaba para él la acidez de la derrota. Insaurralde era su aliado. Juntos controlaban la opaca Legislatura bonaerense: un subordinado de Insaurralde, Federico Otarmín, era el presidente de la Cámara de Diputados, y un aliado de Kirchner, Facundo Tignanelli, era el presidente de la bancada oficialista de la misma cámara. Insaurralde había sido crucial para el entendimiento con los intendentes del conurbano que impulsarían, o tal vez solo tolerarían, que Máximo Kirchner, un patagónico recién llegado al barrio, asumiera la presidencia del PJ bonaerense. Como se puede advertir, también el caso de Kirchner es de una audacia a la que paracaidistas como Scioli, Vidal, Santilli o Kicillof tienen poco que envidiar.

A pesar de los cambios, las generales del 11 de noviembre confirmaron las tendencias anteriores. A nivel nacional, Juntos por el Cambio sacó 9864 868 votos, el 42,5 %, y el Frente de Todos, 7863 112 votos, el 33,9 %. Es importante advertir que ambas fuerzas perdieron caudal respecto de 2019. Por supuesto, no son elecciones comparables. En realidad, ninguna lo es, pero hay que tener en cuenta que los propios actores igual las comparan. La fórmula Macri-Pichetto había obtenido 10 811 345 votos. Es decir, 946 477 votos más que la cosecha de 2021. En el caso del oficialismo, el naufragio fue impresionante: en 2019, Alberto Fernández y Cristina Kirchner habían obtenido 12 945 990 votos. Quiere decir que en dos años perdieron 5082 878 sufragios.

En la provincia de Buenos Aires, el resultado fue parejo. La lista de Santilli sacó 3550 321, es decir, 39,77 % del total, y la de Tolosa Paz, 3444 446, el 38,59 %. Juntos por el Cambio ganó, pero de forma mucho más ajustada que en las primarias, cuando con 3262 253 votos había conseguido el 37,94 % de los votos válidos, contra 2905 720 del Frente de Todos, que equivalían a 33,80 % de los votos válidos. Esta reducción de la brecha tuvo para Juntos por el Cambio ese efecto depresivo que ya había aparecido en las primarias.

El Frente de Todos experimentó una revitalización bonaerense, en especial en la tercera sección electoral. Máximo Kirchner y La Cámpora dieron vuelta la derrota de septiembre en Quilmes, su colina más preciada. Sin embargo, esa mejoría debió mucho a intendentes ajenos al kirchnerismo: la mejor performance se verificó en Hurlingham, Merlo, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Malvinas Argentinas y San Martín. El conurbano sigue sostenido por las columnas del viejo aparato territorial.

La reacción de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo frente a la debacle fue tomar distancia del Poder Ejecutivo. En rigor, se consumó un conflicto que se había anticipado con señales cada vez más claras. Una de ellas se conoció el 9 de julio del año anterior a los comicios, cuando Alberto Fernández celebró el Día de la Independencia con gobernadores, sindicalistas y grandes empresarios, sin invitar a la vicepresidenta. Alcanzaron tres días para conocer la respuesta de ella, en un tweet en el que citaba un artículo periodístico de Alfredo Zaiat, en Página 12, condenando al sector exportador cuyos representantes habían rodeado al presidente. En octubre de ese mismo año, 2020, ella denunciaría que en el gabinete había «funcionarios que no funcionan». Y en diciembre, durante un acto en La Plata, explicó que el peronismo había vuelto al poder gracias a que la gente recordaba el gobierno que ella había encabezado y la gestión económica de Axel Kicillof.

El argumento de la ruptura posterior a los comicios legislativos de 2021 fue una crítica cada vez más acentuada al acuerdo con el FMI que negoció el ministro Martín Guzmán. Es curioso, porque lograron la salida de Guzmán, aceptaron un interregno de una semana de Silvina Batakis y sostuvieron como nuevo ministro a Massa, que emprendió un ajuste monetario y fiscal mucho más severo que el del renunciante.

La encrucijada presenta una densidad extraordinaria. El discurso de la señora de Kirchner y sus seguidores más próximos se centró en las miserias del acuerdo con el FMI. Es un reflejo superficial que les impide plantearse y resolver otra incógnita. Con independencia del programa pactado con el Fondo: ¿se pueden superar las llamativas distorsiones de la macroeconomía sin encarar el problema fiscal y monetario? ¿Es posible sostener en el tiempo el enorme atraso tarifario? En definitiva: ¿existe la posibilidad de aplicar una receta sacralizada, que comenzó a profundizar los desajustes a partir de 2012?

Debemos insistir con una idea: el kirchnerismo, en una visión que renuncia a la historicidad de las políticas económicas, interpreta que sus éxitos de la primera década del siglo se deben a una receta impuesta con suficiente vigor político. Esta forma de pensar le impide contactarse con una realidad dolorosa. Le impide, sobre todo, reformular sus promesas. Por lo tanto, la frustración por el incumplimiento es más traumática. En los dirigentes y en los votantes.

El ajuste parece inevitable. Lo lleven a cabo las autoridades o, peor aún, se encarguen de él los agentes del mercado. Si se miran los años de Alberto Fernández con cierta distancia, queda claro que Cristina Kirchner quedó a cargo de una tarea inconfesable, sobre todo para ella misma: debe ser la encargada de proveer disciplina política y social al ajuste que se aplica sobre la economía. Lo apliquen Fernández, Guzmán o el Fondo. Dicho de otro modo: superada la fantasía de la ilimitada expansión distribucionista, le tocó encarnar el papel de Duhalde durante las reformas menemistas. Ha intentado, como intentó Duhalde, decir «basta». Pero plantear ese límite, en su caso, puede ser suicida: es ella la titular del experimento político al que está adscripta la acción de gobierno. Este es el enigma que tienen abierto frente a sí los kirchneristas.

La imputación de los dramas a Guzmán o a Massa es un pasatiempo. El problema no es el ajuste con que avanzan los ministros de Economía. El problema es el ajuste con que avanza la economía misma: largo estancamiento, alta inflación, aumento de la informalidad y la pobreza, desencanto generalizado que se refleja en todas las encuestas.[417]

No se entenderá del todo esta dolorosa situación si no se registra un cambio de primera magnitud, que hemos señalado ya en otras ocasiones. La informalidad modifica el significado político de la inflación. No es lo mismo enfrentarla en el marco de una organización salarial regulada por las convencionles colectivas que hacerlo fuera de esa protección. La reaparición de la inflación y su larga permanencia cambia de sentido en el contexto de la extendida desocupación y, en especial, informalidad, que caracterizan a la sociedad argentina y sobre todo a los grandes conurbanos a partir de la recesión de 1998 y su colapso, en 2001. El discurso tolerante frente a la inflación, que tiene en el kirchnrismo a su vocero más estridente, parece ignorar este cambio. Una de sus manifestaciones, solo una, es el deterioro de los ingresos de quienes se benefician de una ayuda estatal. Ya se consignó en el capítulo dedicado a Pobreza: la prestación del plan similar a Potenciar Trabajo en 2009, que equivalía a 1200 pesos, sería, a moneda constante, de 400 pesos en 2021. Se debe, es cierto, a que con una masa similar de recursos suele otorgarse un número más caudaloso de asistencias. Pero la principal explicación es que aun esas ayudas sufren la corrosión de la inflación. Mucho más grave es lo que sucede con los ingresos de quienes dependen de la sensibilidad de quien contrata sus servicios o paga su salario en negro. Imposible entender por qué el malhumor social se ha acentuado entre los pobres sin registrar este nuevo significado de la inflación.

Las elecciones de 2021 fueron una expresión de ese desasosiego.

En octubre de 2019, las dos fuerzas principales reunieron 23 757 335 votos. En noviembre de 2021, redujeron ese número a 17 527 980 votos. Quiere decir que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio fracasaron en el intento de contener, mediante una discusión polarizada, a casi toda la sociedad. Entre una elección y otra perdieron 6229 355 votos. De ese monto, 5 millones corresponden al Frente. A la vez, 2 millones se perdieron en la provincia de Buenos Aires, el distrito liderado por Cristina Kirchner.

Ese caudal fluyó hacia la izquierda más radical, que duplicó su atractivo. Fue hacia la nueva derecha libertaria, que con José Luis Espert y, en especial, con Javier Milei hizo marcas llamativas, sobre todo en los barrios más postergados de la CABA, en un fenómeno que se fue extendiendo con discreción hacia el conurbano bonaerense. Más allá del economicismo de esa nueva derecha, impacta su crítica al Estado y a la clase política.

El significado de la presencia de Milei se va descifrando con el tiempo. Su aparición remite a otros períodos de alta inflación, como el de finales de los ochenta, por ejemplo, donde florecen discursos críticos respecto del tamaño del Estado, su financiamiento espurio y, un poco más allá, la dirigencia que se beneficiaría con el abultado gasto público. Milei fue transformándose, en esa línea, de ser un técnico que comentaba la economía con cierta exaltación en los programas de TV, a un ideólogo capaz de enfervorizar a muchos jóvenes. ¿Cuánto de su atractivo se debe a las explicaciones que ofrece? ¿Cuánto a que se muestra indignado, como buena parte de su audiencia? Es decir: ¿en qué grado la identificación con su mensaje es conceptual o es emocional? Responder a esta pregunta es crucial para interpretar a qué fuerza política de las establecidas desafía más su aparición. En principio, habría que suponer que a Juntos por el Cambio y, dentro de esa coalición, al PRO en sus vertientes más ortodoxas. Pero por la base social de la que han surgido los votos de Milei no hay que descartar que su carácter contestatario motive a franjas de clase media baja y baja que se sienten excluidas o expulsadas del sistema.

Entre 2013 y 2017, la irrupción de Massa dividió el universo electoral del peronismo y, de esa manera, facilitó la llegada de Cambiemos al poder. En 2021 Milei comenzó a insinuar otra línea de fragmentación. ¿Cuál es la plataforma que se está quebrando? La incógnita es importante porque, más allá del éxito que este economista alcance en su carrera, su mera postulación tiene un efecto sobre el conjunto del sistema. A escala nacional y en muchas provincias. En especial en la de Buenos Aires. Si la promoción de un candidato cercano a Milei erosiona el caudal de Juntos por el Cambio, al peronismo, al kirchnerismo, le será más fácil retener la gobernación. Es un objetivo principal de Cristina Kirchner. Es un desafío delicado para una eventual presidencia de Juntos por el Cambio: ya se sabe el costo que tiene para una formación no peronista gobernar el país con la provincia de Buenos Aires en contra. Mientras se escribe este libro estos interrogantes siguen sin contestación.

Hay evidencias, en cambio, que ya son irrefutables. Para Macri el ascenso de este nuevo actor es una novedad agridulce. Demuestra que las ideas que, sobre todo en el plano retórico, él defiende, se han puesto de moda. Era habitual que Marcos Peña, cuando estaba en la Casa Rosada, dijera: «Nuestro problema es que las ideas que planteamos están a la derecha del promedio de la sociedad». Milei sería la manifestación de que ese promedio se habría corrido hacia la derecha. El lado amargo de la noticia, para ese sector de Juntos por el Cambio, es que las preferencias por esas ideas se canalizan a través de nuevos candidatos. Este movimiento tiene un impacto casi mecánico en el PRO porque, en el afán por capturar el nuevo clima o, si se prefiere, en el afán por evitar el drenaje de votos hacia Milei y su propuesta, los líderes más conservadores de ese partido deben radicalizar su mensaje y, en consecuencia, entrar en tensión con el resto de la alianza.

Esta misma dinámica ha afectado al Frente de Todos, en especial después del derrumbe electoral de 2021. La pérdida de votos hacia la izquierda, o hacia la abstención, sobre todo entre los pobres, es la principal razón de la fisura entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Como Macri, ella también se siente impulsada a radicalizar sus propuestas. Para sintetizar: la fuga de votos hacia los extremos afecta más, como de costumbre, a los que están instalados en los bordes de ambas coaliciones. Y genera en ellos una reacción destinada a producir tensiones con sus aliados o compañeros de partido. ¿Hasta dónde operan esas tensiones? Misterio. En Chile o en España, donde, con las diferencias propias de cada caso, se han presentado historias parecidas, esta lógica terminó con el bipartidismo más o menos imperfecto que había dominado las últimas décadas. Para simplificar: una política que se organizaba en dos bloques ahora se (des) organiza en cuatro. La derivación de este nuevo diseño es que aparecen problemas de gobernabilidad.

A Mark Twain se le atribuye haber dicho que «la historia no se repite, pero rima». En la Argentina se configuró una escena con cierto parecido con el 2001. En aquel momento, que fue el del colapso de la convertibilidad, se produjo una crisis en el núcleo de la democracia, una crisis en la representación. Una parte muy amplia y movilizada de la sociedad no se sintió expresada en sus angustias y en sus expectativas por la dirigencia política. Ese sentimiento de incomprensión estalló en una consigna: «Que se vayan todos». La participación electoral en la provincia de Buenos Aires había sido entonces del 77 por ciento.

Veinte años más tarde, con otro ropaje, con otros actores, reaparecía el mismo fenómeno. En noviembre de 2021, la participación fue todavía más pequeña: el 72 %. En la mayor provincia, fue apenas superior: el 73 %. En las primarias había sido del 68 por ciento. La ciudadanía se desinteresa de lo que hacen los políticos. Falla lo central de la representación: el representado no entiende lo que hace el representante. Las investigaciones cualitativas que llevan adelante los sociólogos registran que en las reuniones los consultados rompen en llanto. Los motivos son diversos: la imposibilidad de llevar a un hijo al cine en medio de un paseo por falta de recursos para pagar la entrada; el trago amargo de tener que reducir para la familia el plan de cobertura médica; la congoja de no saber cuándo se volverá a ver a los nietos, porque los hijos se marchan del país. ¿Y la política? ¿Qué respuesta les da la política? Esa fue la pregunta de uno de esos sociólogos. La contestación fue gráfica: «La política es un circo vacío. El público se fue».

Como de costumbre, la nube de pesadez se tiende sobre la provincia de Buenos Aires y su conurbano. De nuevo, alta inflación, tasas de pobreza que fluctúan en el nivel del 40 %, la perspectiva de una devaluación disparada, como siempre, por la escasez de dólares.

El problema, hay que insistir, no es la profundidad de la crisis. Acaso es más desgastante su duración. Durante las dos décadas que transcurrieron entre 2001 y 2021, la Argentina fue el país que menos creció en relación con sus vecinos. Fue el que más inflación acumuló, con mucha ventaja. Y fue el que mantuvo estables sus niveles de pobreza, con las fluctuaciones propias del ciclo económico. Otros, como Chile, Uruguay o Perú, la redujeron a la mitad y también a un tercio.

En medio de este paisaje, el Estado, los representantes, la dirigencia política intentan cumplir con el cometido del dios Shou, como narra Safranski. Tratan de sostener el cielo para que no se derrumbe. Durante veinte años la sociedad huyó de aquel desplome del año 2001. El temor a que se reprodujera la catástrofe fue un ordenador disciplinario por dos décadas. La recreación del orden recurrió a una política económica de un distribucionismo cortoplacista que, al cabo de los años, en razón de sus propios desequilibrios, volvió a generar el descontento que se había prometido conjurar.

Ese miedo a un desborde, ese estado de alarma, modeló, como nunca antes, la imagen del conurbano bonaerense. Ahora, el malestar, extendido por demasiado tiempo, vuelve a inspirar presentimientos perturbadores, el temor a que a Shou le flaqueen los brazos, la evidencia de que en el corazón de la política palpita un problema no resuelto. El reinado del marketing llegó a su fin. La estrategia de preguntarle al soberano qué quiere escuchar, para después decírselo, se agotó como modelo. Habrá que formular una nueva.

La cuestión de fondo es por qué se ha abierto este juego. La respuesta no es sencilla. Pero se puede identificar un factor principal: la crisis, el aletargamiento de la vida material, el desalojo de muchísimas familias de la clase media hacia la clase media baja y baja, se ha vuelto muy persistente. Ha durado mucho tiempo. Esa característica es relevante no solo porque la percepción de una declinación sin término causa una pesadumbre y un descreimiento cada vez más profundo y extendido. La tardanza en que aparezca una salida, una recuperación, tiene otra consecuencia: deteriora a todas las fuerzas que pasan por el gobierno. Aquí hay un aspecto clave del problema. Cristina Kirchner dejó una economía estancada; Macri no la pudo recuperar y facilitó el regreso de Cristina Kirchner, ahora con el mascarón de proa de Alberto Fernández; Fernández tampoco resuelve el problema por el que se lo fue a buscar. Esta continuidad en la frustración es el mayor enemigo de la polarización tradicional. El número de personas que, en vez de imputar sus males a un partido o coalición, se los adjudica a todos los que tienen o han tenido algo que ver con la administración, tiende a aumentar. Por lo tanto, en las encuestas comienzan a identificarse grupos que rechazan la oferta tradicional en su conjunto. A estos grupos se dirige Milei cuando denuncia la existencia de una «casta». Es interesante el uso de ese término, porque en otras experiencias es utilizado por la izquierda más radical. Por ejemplo, la dirigencia de Podemos, en España. En la Argentina de 2021, la reducción de la cobertura de las dos alianzas principales se proyectó en una abstención electoral, que fue la mayor del ciclo inaugurado en 1983. De nuevo se ha producido un vacío. O, para ponerlo en los términos que utilizó Tulio Halperin Donghi en 1964, otra vez la Argentina está en el callejón. Todavía se está a tiempo de que esta encrucijada no inspire una impugnación en bloque a la democracia, como está ocurriendo en tantas sociedades de Occidente.

AGRADECIMIENTOS

Me resulta imposible expresar un agradecimiento individual a la infinidad de personas que contribuyeron con la realización de este libro. Sería inevitable incurrir en injusticias porque han sido demasiadas. Muchas de ellas están mencionadas en el texto. Otras no están identificadas. Quiero reconocer a todos los que me permitieron acceder a su información o me ayudaron a interpretar fenómenos complejos.

Sería también injusto no identificar a cinco de ellas por el tiempo y la minuciosidad que dedicaron para que lo que aquí se expone sea más claro y más certero.

Me refiero a Juan Carlos Torre y Pablo Gerchunoff, cuyas valiosísimas observaciones me permitieron entender mejor muchos aspectos de lo que pretendo explicar a los lectores.

A Martín Sivak y Marcelo Panozzo, que estuvieron a cargo de la edición de estos textos. Gracias por su talento profesional y por su calidad personal, que afloró cada vez que mi forma de trabajar amenazó con volverse exasperante.

Y a Ignacio Iraola, porque sin su insistencia no hubiera emprendido la tarea. En su persona expreso mi gratitud hacia todo el equipo de Planeta.

CARLOS ORLANDO PAGNI (La Plata, 13 de abril de 1961) es un periodista e historiador argentino, ganador del Premio Konex al Periodismo, el Premio Konex de Platino 2017: Análisis Político, y antes del Premio Konex 2007: Análisis Político Escrito,​ condecorado con la Orden de Río Branco por Brasil, especializado en análisis político.​ Es columnista de opinión en el diario La Nación y del canal de TV La Nación Más (LN+). Presta servicios de consultoría política para instituciones y empresas del país y del exterior,​ escribe para El País,​ tiene su propio podcast en La Nación,​ un programa llamado «Odisea Argentina» que emite LN+,​ y es el conductor de «Pequeñas historias para entender la Argentina», una serie documental de Flow.

Notas

[1] Eduardo Chávez Molina y Jésica Lorena Pla, «Distribución del ingreso y de la riqueza material», en: Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia, Coordinadores. La argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta nacional sobre la estructura social, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018; pp 87 y ss. <<

[2] Norma C. Meichtry, «Emergencia y mutaciones del sistema urbano», en Susana Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, t. II, Buenos Aires, Edhasa, 2007, p. 47. <<

[3] Juan J. Llach y Martín Lagos, El país de las desmesuras. Raíces del retraso de la Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 2014, p. 84. <<

[4] Francisco Delich, Megalópolis. Política y vida cotidiana en Buenos Aires, Buenos Aires, EUDEBA, 2017, p. 42. <<

[5] Horacio Difrieri, Atlas de Buenos Aires, t. II, Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura, 1981, p. 188. <<

[6] Adrián Gorelik, «Terra incognita. Para una comprensión del Gran Buenos Aires como Gran Buenos Aires», en Gabriel Kessler (dir.), Historia de la provincia de Buenos Aires, t. 6: El Gran Buenos Aires, Gonnet, Edhasa-UNIPE, 2015, pp. 21-69. <<

[7] Cfr. Adrián Gorelik, «La búsqueda del centro. Ideas y dimensiones de espacio público en la gestión urbana y en las polémicas sobre la ciudad: Buenos Aires, 1925-1936», en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», tercera serie, núm. 9, enero-junio de 1994, p. 44. <<

[8] Ibid., p. 49. <<

[9] Domingo Selva, «La habitación higiénica para el obrero», trabajo presentado al II Congreso Médico Latinoamericano, en Revista Municipal, núms. 46, 47 y 49, Buenos Aires, 5, 12 y 19 de diciembre de 1904; en Gorelik, op. cit., 1994, p. 49. <<

[10] Reproducido en Gorelik, op. cit., 2015, p. 31. <<

[11] Ibid. <<

[12] En la cuenta de Instagram fotos.antiguas.ba, se han publicado imágenes muy ilustrativas de ese proyecto urbanístico y estético. Disponible en línea: <https://www.instagram.com/p/CjWStjQL0P3/; https://www.instagram.com/p/CPEfnj9DBxB/>. <<

[13] Anahí Ballent, «La Operación Territorial Ezeiza (1944-1955)», en Seminario de Crítica – año 1996, núm. 72, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1999, disponible en línea: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0072.pdf>. <<

[14] Mark Healey, El peronismo entre las ruinas. El terremoto y la reconstrucción de San Juan, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. <<

[15] Diego Arango López, «La oficina de urbanismo. Transformaciones institucionales de Bogotá y Buenos Aires, una perspectiva comparativa entre 1946 y 1953», en Anuario núm. 25, Escuela de Historia, Revista Digital, núm. 4, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2013, disponible en línea: <http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/3701/305-1191-1-PB.pdf?sequence=1>. <<

[16] Le Corbusier, en La Arquitectura de Hoy, núm. 4, Buenos Aires, abril de 1947, p. 7, citado en «Plan Director para Buenos Aires», en Moderna Buenos Aires, disponible en línea: <https://www.modernabuenosaires.org/proyectos-urbanos/plan-director-para-buenos-aires>. <<

[17] Pablo Arias Sierra, Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003, p. 13. <<

[18] Subsecretaría de Control de Gestión de la Provincia de Buenos Aires, «Plan del Conurbano», documento de trabajo, 2018. <<

[19] Horacio E. Caride, «La idea del Conurbano Bonaerense, 1925-1947», documento de trabajo núm. 14, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, 1997, disponible en línea: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0076.pdf>. <<

[20] Jorge Ossona, «Detrás de La Salada. Ocupaciones territoriales y economías clandestinas en la localidad de Santa Catalina, Lomas de Zamora», en Rodrigo Zarazaga S. J. y Lucas Ronconi (comps.), Conurbano infinito. Actores políticos y sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, pp. 207-240. <<

[21] Diego Genoud, Massa. La biografía no autorizada, Buenos Aires, Sudamericana, 2015, p. 250. <<

[22] Richard Sennet, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid, Alianza, 1994. <<

[23] José Luis Romero, La ciudad occidental. Culturas urbanas en Europa y América, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, p. 280. <<

[24] Robert Neuwirth, Shadow Cities. A Billion Squatters, A New Urban World, Nerk, Routledge, 2016, p. 9 <<

[25] Ibid. <<

[26] Delich, op. cit., p. 54. <<

[27] Manuel Rivero, «El caso de Lima: una ciudad en rápida expansión», en «La ciudad que queremos». Congreso de urbanismo y movilidad, día 2, en <https://www.youtube.com/watch?v=ny4QR54BK7U#t=9p7m42s, 9:47–10:30>. <<

[28] Domingo F. Sarmiento, Facundo, con prólogo de José Pablo Feinmann, Villa María, Editorial Universitaria de Villa María, 2009, p. 191. <<

[29] Ibid., p. 194. <<

[30] Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, citado por Carlos Altamirano, «Pensar en la Argentina entre dos centenarios», en Roberto Russell (ed.), Argentina 2910-2010. Balance del siglo, Buenos Aires, Taurus, 2010, p. 353. <<

[31] Gorelik, Adrián, «Manuel Gálvez y Juan Álvarez: reformulaciones centenarias de un mal capital». En: Carlos Altamirano y Adrián Gorelik editores, La Argentina como problema. Temas, visiones y pasiones del siglo XX. Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, pp. 87-98. <<

[32] Las estadísticas sobre inseguridad que se publican en este apartado fueron elaboradas por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. <<

[33] Es lamentable, pero estos datos deben ser tomados con reserva, porque el censo de 2022 hizo presumir, con bastante fundamento, que en el de 2010 hubo una exageración grosera de la cantidad de habitantes de La Matanza. <<

[34] Para una visión completa sobre las nuevas formas de socialización de los sectores medios que están ligadas a la multiplicación de urbanizaciones, country clubs o barrios privados, es ineludible el libro de Maristella Svampa, Los que ganaron, Buenos Aires, Biblos, 2001. <<

[35] Juan Carlos Torre, «Transformaciones de la sociedad argentina», en Roberto Russell (ed.), Argentina 2910-2010. Balance del siglo, Buenos Aires, Taurus, 2010, p. 222. <<

[36] Leonardo Fernández, «Expansión urbana y sus impactos en los servicios ecológicos en la cuenca del Río Luján», en Patricia Pintos, Patricia Narodowski y Patricio Narodowski (coords.), La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012, p. 81. <<

[37] Silvina Fernández, Claudia Kochanowsky y Noelia Vallejo, «Urbanizaciones cerradas en humedales de la cuenca baja del río Luján. Características locacionales y dimensiones del fenómeno», en Pintos, Narodowski y Narodowski (coords.), op. cit., p. 116. <<

[38] Hernán Vanoli y Alejandro Galliano, Los dueños del futuro. Vida y obra, secretos y mentiras de los empresarios del siglo XXI, Buenos Aires, Planeta, 2017. <<

[39] Ibid., p. 35. <<

[40] Genoud, op. cit., p. 251. <<

[41] Fernández, Kochanowsky y Vallejo, op. cit., p. 87. <<

[42] Genoud, op. cit., p. 256. <<

[43] Ibid., p. 256. <<

[44] El vínculo se recuerda bien porque O’Reilly se puso al servicio de una de las tareas con las que Massa se había propuesto, como jefe de Gabinete, complacer a Néstor Kirchner: la defenestración de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. De esa malhadada gestión todavía perdura la animadversión de Bergoglio, ya como papa, hacia Massa. A O’Reilly, en cambio, lo perdonó. <<

[45] Genoud, op. cit., p. 258. <<

[46] Rafael Paz, Psicoanalizando, Buenos Aires, Biebel, 2017, p. 206. <<

[47] Ibid. <<

[48] Sarmiento, op. cit., p. 58. <<

[49] Aristóteles, Política, intr., trad. y notas de Manuela García Valdés, Madrid, Gredos, 1994, p. 411. <<

[50] Ibid., p. 413. <<

[51] Dirección Nacional de Población, Migración en Argentina. Evolución y distribución espacial a partir de datos censales, 2018, en <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/migracion_en_argentina_dnp.pptx_.pdf>. <<

[52] Ver <https://twitter.com/walkingconurban> y <https://www.instagram.com/thewalkingconurban/>. <<

[53] Estas estadísticas se basan en los datos provistos por el censo de 2010. Sin embargo, a la luz de lo que registró el censo de 2022, la población de La Matanza habría sido sobreestimada en aquella oportunidad. Un análisis del problema, en este artículo de Federico Tiberti: https://fedetiberti.com/post/poblacion-la-matanza/. <<

[54] Claudia Danani, Magdalena Chiara y Judith Filc, El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Una aproximación macroinstitucional, General Sarmiento, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, col. Investigación, serie Informes de investigación, núm. 2, 1997, p. 30. <<

[55] José Natanson, «San Vicente, polo de desarrollo», en Página 12, 19 de junio de 1999. <<

[56] Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, «Fondo del Conurbano 22-08-2017», documento de trabajo. <<

[57] Ministerio de Hacienda. Presidencia de la Nación (2019). «Provincia de Buenos Aires», documento de trabajo. <<

[58] Hilda Sábato, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. <<

[59] Félix Luna, Soy Roca, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. <<

[60] Mario A. Serrano, La capitalización de Buenos Aires y la revolución de Carlos Tejedor. (La Conciliación y el Acuerdo), Buenos Aires, Círculo Militar, 1995. <<

[61] Más allá de su significado histórico, a esta batalla le debemos el exquisito poema «Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges (1833-1874)», en el que Jorge Luis Borges retrata el final de su abuelo, que busca su muerte en el campo de batalla cuando su grupo ya había sido derrotado. <<

[62] Sábato, op. cit., p. 31. <<

[63] Ibid., pp. 29-34. <<

[64] Hilda Sabato, Historia de la Argentina 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016, pp. 276 y 277. <<

[65] Tal vez convenga recordar que, hasta la reforma de 1994, la Constitución Nacional establecía que la elección presidencial era indirecta. Los partidos postulaban electores que, reunidos en un colegio, elegían la fórmula presidencial. <<

[66] Sábato, Buenos Aires en armas, op. cit., p. 192. <<

[67] Ibid., pp. 208-262. <<

[68] Es interesante reconstruir la historia de este puente porque siguiendo su curso se advierte el tipo de relación que la ciudad de Buenos Aires fue estableciendo con su entorno a lo largo de las décadas. Era un puente giratorio, que había sustituido a varios otros, desde 1791. Allí estaba el Paso Salazar, habilitado para el tránsito de canoas desde el siglo XVII. En su primera versión era de madera y se llamaba puente de Gálvez, por su primer constructor. Rosas lo hizo pintar de rojo punzó y lo llamó Puente de la Restauración de las Leyes. En 1858, cuando se llamaba puente de Barracas, se lo llevó una crecida. Fue entonces que, por iniciativa de Prilidiano Pueyrredón, se construyó otro, que lleva el nombre de su impulsor. Era de hierro, forjado de Inglaterra, y giratorio. El día de la inauguración, se fue a pique, por lo que Pueyrredón quedó fundido. Sobre el nuevo puente se desarrolló el combate. El 23 de septiembre de 1884, fue arrasado por otra crecida, y se lo sustituyó por uno de madera. En 1931, se construyó un nuevo puente, levadizo, de gran actividad. En la década de 1940, pasaban por ahí veinte mil vehículos diarios. En 1969, se construyó allí cerca el nuevo puente Pueyrredón. El viejo quedó medio arrumbado. Sobre ese puente viejo, heredero del que se ensangrentó en la guerra civil de 1880, se produjo el piquete del 26 de junio de 2002, que terminó en el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. <<

[69] Como el de Barracas, el puente Valentín Alsina había sustituido a otro cruce de botes del Riachuelo, llamado Paso de Burgos. El puente fue construido en 1859, en sustitución de otro de 1855 que fue arrasado por la corriente. Era de madera. <<

[70] Luna, op. cit., p. 176. <<

[71] Ibid., p. 180. <<

[72] Juan Bautista Alberdi, La República Argentina consolidada en 1880, con la ciudad de Buenos Aires como capital, Buenos Aires, Imprenta de Pablo A. Coni, 1881. <<

[73] Julio Argentino Roca, «Discurso de Julio Argentino Roca al Congreso Nacional al asumir la presidencia de la Nación en 1880», disponible en línea: <http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=ee374700-620c-40ca-b44f-c84efb88dddf>. <<

[74] Ezequiel Gallo, Vida, libertad, propiedad. Reflexiones sobre el liberalismo clásico y la historia, Buenos Aires, Eduntref, 2008, y Alem. Federalismo y radicalismo, Buenos Aires, Edhasa, 2009. <<

[75] Alvear solía contar, según relata Ovidio Lago, que el regalo de cumpleaños más valioso que había recibido en su vida fue el de los 18 años, cuando Alem lo despertó con un mate en el Hotel Salta, de esa ciudad, en la que se encontraban haciendo campaña. <<

[76] Gabriel di Meglio y Sergio Serulnikov (comps.), La larga historia de los saqueos en la Argentina. De la Independencia a nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, p. 96. <<

[77] Leandro Alem, «Discurso de Leandro Alem en la Cámara de Diputados sobre el sistema federal, a propósito del proyecto de cesión de la Ciudad de Bs. As. para capital de la República (1880)», disponible en línea: <http://constitucionweb.blogspot.com/search/label/Alem%20Leandro%20-%20Discursos>. <<

[78] Alem se refiere a que, el 2 de junio de 1880, por recomendación del ministro de Guerra y Marina Carlos Pellegrini, Avellaneda se traslada a la Chacarita de los Colegiales para alojarse en el acantonamiento del Regimiento 1 de Caballería de Línea, apostado en esa zona semirrural, que había pertenecido a una extensísima estancia de los jesuitas. Desde Chacarita, el gobierno nacional se traslada a los pocos días al pueblo de Belgrano. <<

[79] Serrano, op. cit., p. 187. <<

[80] Alconada Mon, Hugo (2022), La ciudad de las ranas. Una novela histórica. Buenos Aires, Planeta. <<

[81] Pablo Gerchunoff, Fernando Rocchi y Gastón Rossi, Desorden y progreso. Las crisis económicas argentinas 1870-1905, Buenos Aires, Edhasa, 2008, pp. 189-206. <<

[82] Gerchunoff, Rocchi y Rossi, op. cit., p. 200. <<

[83] El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) determinó que, para el primer semestre de 2022, que es el último cálculo disponible durante la redacción de este texto, el 27,7 % de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, es decir, carecía de los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Esa cifra equivale al 36,5 % de las personas, que son 10600 000. Dentro de ese universo, el 6,8 % de los hogares estaban en la indigencia, es decir, no alcanzaban a adquirir una canasta alimentaria básica. Esa proporción incluye al 8,8 % de las personas, lo que equivale a 2600 000. Ver INDEC, Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos, primer semestre de 2022, disponible en línea: <https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_2223ECC71AE4.pdf>. <<

[84] Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzmann, El desafío de la pobreza en la Argentina. Diagnóstico y perspectivas, La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, 2019, p. 20. <<

[85] Ver Pablo Gerchunoff, «Desarrollo económico: un tratado de paz», memo, 2016, y «El nudo argentino», en Nuevos Papeles, 9 de mayo de 2020, disponible en línea: <https://www.nuevospapeles.com/nota/el-nudo-argentino>. <<

[86] José D. Atencio, Paul Samuelson y su visión sobre Argentina, disponible en línea: <https://es.linkedin.com/pulse/paul-samuelson-y-su-visi%C3 %B3n-sobre-argentina-jose-d-atencio>. <<

[87] José Carlos Chiaramonte y Oscar Terán, «Tulio Halperin Donghi: de Voluntades y Realidades», en: Ciencia Hoy, vol. 3, n.º 18, Buenos Aires, mayo-junio de 1992. <<

[88] Martín Rapetti, «Conflicto distributivo y crecimiento en Argentina», en Boletín Informativo Techint, núm. 357, enero-junio de 2019. <<

[89] Ibid., p. 50. <<

[90] Lucas Llach, «La ciudad que se convirtió en provincia que se convirtió en ciudad: una historia económica de Buenos Aires (1810-2010)», en proyecto Historias Económicas Regionales, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, diciembre de 2011. <<

[91] Leonardo Gasparini, Desiguales. Una guía para pensar la desigualdad económica, Buenos Aires, Edhasa, 2022, p. 67. <<

[92] Oscar Altimir y Luis Alberto Beccaria, El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en la Argentina, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estudios e Investigaciones, núm. 31 571, 2000. <<

[93] Luis Alberto Beccaria, «Las vicisitudes del mercado laboral argentino luego de las reformas», en Boletín Informativo Techint, núm. 312, mayo-agosto de 2003. <<

[94] Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, «Los determinantes de los cambios en la desigualdad de ingresos en Argentina. Evidencia y temas pendientes (Spanish)», Washington DC, Banco Mundial, serie de Documentos de trabajo sobre políticas sociales, núm. 5, 2009, p. 1, disponible en línea: <http://documents.worldbank.org/curated/en/165141468218384478/pdf/569390NWP0SPAN1LIC10CrucesGasparini.pdf>. <<

[95] Beccaria, op. cit., p. 85. <<

[96] Cruces y Gasparini, op. cit., p. 16. <<

[97] Beccaria, op. cit., p. 27. <<

[98] Gasparini, Tornarolli y Gluzmann, op. cit., p. 16. <<

[99] Cruces y Gasparini, op. cit., p. 15. <<

[100] Jorge Remes Lenicov, Bases para una economía productiva. El programa de enero-abril de 2002 y la rápida recuperación de la economía argentina, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2012. <<

[101] Domingo Felipe Cavallo y Sonia Cavallo Runde, Historia económica de Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 2018, pp. 343 y 344. <<

[102] Cruces y Gasparini, op. cit., p. 16. <<

[103] Gasparini, Tornarolli y Gluzmann, op. cit., p. 16. <<

[104] Gasparini, Tornarolli y Gluzmann, op. cit., p. 17. <<

[105] Cruces y Gasparini, op. cit., p. 16. <<

[106] Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Fiorino, Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente, Buenos Aires, Cias/Fundar, 2021, p. 25, disponible en línea: <https://fund.ar/wp-content/uploads/2021/12/Fundar-CIAS-Mapa-de-las-politicas-sociales-en-la-Argentina-1.pdf>. <<

[107] Alfonso Prat-Gay, «Is Latin America falling into oblivion?», Buenos Aires, 9 de abril de 2019, actualizado en 12 de febrero de 2023. <<

[108] Luis Alberto Beccaria y Roxana Maurizio, «Mercado de trabajo y desigualdad social en la Argentina. Un balance de las últimas tres décadas», en Revista Sociedad, núm. 37, 2017, disponible en línea: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/2971/2460>. <<

[109] Cruces y Gasparini, op. cit., p. 20. <<

[110] Pablo Gerchunoff, «La doble U invertida de América del Sur», conferencia dictada en la Fundación Fernando Henrique Cardoso, San Pablo, 2019. <<

[111] Gasparini, Tornarolli y Gluzmann, op. cit., pp. 17 y 18. <<

[112] Ibid., p. 19. <<

[113] Ibid., p. 23. <<

[114] Eduardo Donza, «Heterogeneidad del empleo en la Argentina», en Agustín Salvia, Santiago Poy y Jésica Lorena Pla (comps.), La sociedad argentina en la pospandemia. Radiografía del impacto del COVID-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2022. <<

[115] Santiago Poy y Camila Alfageme, «Trabajadores pobres en tiempos de pandemia (2019-2021)», en Salvia, Poy y Pla, op. cit. <<

[116] María Albina Pol, Valentina Ledda y Lucía Bagini, «Estructura ocupacional y calidad del empleo en las regiones urbanas», en Salvia, Poy y Pla, op. cit. <<

[117] Hernando de Soto, Manuel Mora y Araujo, Manfred Max-Neef, Cristián Larroulet y Víctor Tokman, «Sector informal, economía popular y mercados abiertos», 1987, disponible en línea: <http://www.hacer.org/pdf/Desoto001.pdf>. <<

[118] Ver disponible en línea: <https://drive.google.com/file/d/1VpO1rOpeOif_e_5mKH_N2qjW8KTnV-3Q/view>. <<

[119] Gasparini, op. cit., pp. 112 y ss. <<

[120] Pablo Ignacio Chena, «Economía popular. Un modo de producción que puja por desarrollarse», en Realidad Económica, año 52, núm. 351, 2022, p. 12, disponible en línea: <https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/article/view/195/179>. <<

[121] Juan Grabois, «Trabajo, salario y una utopía de Cristina que ya no es posible», en DiarioAr, Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022, disponible en línea: <https://www.eldiarioar.com/opinion/trabajo-salario-utopia-cristina-no-posible_129_9725 698.xhtml>. <<

[122] Juan Carlos Torre, «De la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor sociopolítico», en Desarrollo Económico, núm. 228, 2019, pp. 165-200. <<

[123] Conversación con el autor, enero de 2023. <<

[124] Maristella Svampa, Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, Edhasa, 2017. <<

[125] El trabajo más expresivo de esta interpretación es el de Patricio Escobar, Sofía Caravelos, Claudio Mardones y Mario Santucho, «Los fusilados del Puente Pueyrredón siguen hablando». En: Crisis, Buenos Aires, 27 de junio de 2022. <https://informes.revistacrisis.com.ar/>. <<

[126] Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Fiorino, Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente, Buenos Aires, Cias/Fundar, 2021, disponible en línea: <https://fund.ar/wp-content/uploads/2021/12/Fundar-CIAS-Mapa-de-las-politicas-sociales-en-la-Argentina-1.pdf>. <<

[127] Schipani, Zarazaga, y Fiorino, op. cit., p. 16. <<

[128] Gasparini, op. cit., p. 95. <<

[129] Amoedo era el padre de Julio Aurelio, quien ganó notoriedad política como alter ego de Vicente Solano Lima, vicepresidente de Héctor Cámpora, con quien fundó el Partido Conservador Popular. En la esfera social, Amoedo atrajo las miradas al casarse con Inés Lafuente, la hija de Amalia Fortabat, quien fue crucial en su elección como senador por Catamarca en 1983. <<

[130] «Extraordinariamente numeroso fue el desfile del P.D.N. de Buenos Aires», en La Nación, Buenos Aires, 14 de octubre de 1935. <<

[131] María Dolores Béjar, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 151. <<

[132] Roy Hora, «La política bonaerense: del orden oligárquico al imperio del fraude», en Historia de la provincia de Buenos Aires. De la federalización de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-1943), t. 4, Buenos Aires, UNIPE/Edhasa, 2013, p. 70. <<

[133] María Dolores Béjar, «Los conservadores bonaerenses: entre el fraude y las luchas facciosas», en Historia de la provincia de Buenos Aires, op. cit., p. 315. <<

[134] Matías Bisso, «Conurbano bonaerense: votos y política en el siglo XX», en Gabriel Kessler (ed.), Historia de la provincia de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, t. 6, Buenos Aires, UNIPE/Edhasa, 2015, p. 319. <<

[135] Martín Sivak, Clarín. El gran diario argentino. Una historia, Buenos Aires, Planeta, 2013, p. 29. <<

[136] Manuel Fresco, Mis mensajes, Buenos Aires, Damiano, 1940, pp. 17-18, cit. en Rafael Bitrán y Alejandro Schneider, El gobierno conservador de Manuel A. Fresco en la provincia de Buenos Aires (1936-1940), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991, p. 16. <<

[137] María Dolores Béjar, «El régimen fraudulento desde la dinámica facciosa del conservadurismo bonaerense», en Revista de Historia, año 1, núm. 1, Mar del Plata, 2005, disponible en línea: <https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/bejar.pdf>. <<

[138] Bitrán y Schneider, op. cit., p. 57. <<

[139] Béjar, El régimen fraudulento, op. cit., p. 152. <<

[140] Hora, op. cit., p. 76. <<

[141] Sivak, op. cit., p. 40. <<

[142] Sivak, op. cit., p. 42. <<

[143] Bisso, op. cit., pp. 322 y 323. <<

[144] Béjar, El régimen fraudulento, op. cit., p. 140. <<

[145] Un tercer Bustillo, Exequiel, fue presidente de Parques Nacionales y, en ese carácter, encargó a su hermano Alejandro el diseño y construcción del Hotel Llao Llao y de la Catedral de Bariloche, entre otras obras. <<

[146] Ibid., p.143. <<

[147] Bisso, op. cit., p. 323. <<

[148] Manuel Fresco, Conversando con el pueblo. Hacia un nuevo Estado, Buenos Aires, s. e., 1943, p. 1. <<

[149] Ibid., p. 7. <<

[150] Ibid., p. 18. <<

[151] Antonio Capellano, «Historia del Partido de Morón», 2009, disponible en línea: <https://web.archive.org/web/20111208092032/http://personal.globered.com/historia-de-moron/categoria.asp?idcat=46>. <<

[152] Manuel Fresco, Cómo encaré la política obrera durante mi gobierno, La Plata, Talleres Gráficos Damiani, 1940, p. XV, cit. en Béjar, «Los conservadores bonaerenses…», op. cit., p. 327. <<

[153] «Alberto Fernández: “La pandemia dejó en evidencia la desigualdad del país”», en Río Negro, 26 de mayo de 2020, disponible en línea: <https://www.rionegro.com.ar/alberto-fernandez-la-pandemia-dejo-en-evidencia-la-desigualdad-del-pais-1370 389/>. <<

[154] «Argentina’s Slum Policy is a Rare Bright Spot in the Country», en The Economist, Buenos Aires, noviembre de 2022, disponible en línea: <https://www.economist.com/the-americas/2022/11/03/argentinas-slum-policy-is-a-rare-bright-spot-in-the-country>. <<

[155] Robert Neuwirth, Shadow Cities: A Billion Squatters, a New Urban World, Routledge, versión Kindle, 2006, p. 31. <<

[156] Registro Nacional de Barrios Populares (renabap), «Mapa de barrios populares», disponible en línea: <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa>. <<

[157] Sebastián Welisiejko, «¿Cómo financiar a escala la integración socio urbana de barrios populares?», en Café de las Ciudades, núm. 206, febrero de 2022, disponible en línea: <https://cafedelasciudades.com.ar/articulos/como-financiar-a-escala-la-integracion-socio-urbana-de-barrios-populares/>. <<

[158] Neuwirth, op. cit., p. 36. <<

[159] Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, Integración sociourbana de barrios populares. Génesis, recorrido y futuro de una nueva política de Estado en la Argentina, Buenos Aires, 2019, p. 23. <<

[160] Secretaría de Hábitat de la Comunidad, ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Registro público provincial de villas y asentamientos precarios, 2018, disponible en línea: <http://190.188.234.6/registro/publico/>. <<

[161] Osvaldo Meloni, «Dos siglos de historia del noroeste argentino», en Susana Bandieri et al., Historia económica de las regiones argentinas. 1810-2020, Buenos Aires, Biblos, 2019, p. 268. <<

[162] Meloni, op. cit., p. 272. <<

[163] Pablo Gerchunoff e Iván Torre, «¿Estaba la población argentina en el lugar equivocado? Un enfoque de economía política sobre las migraciones (1880-1914)», en Desarrollo Económico, vol. 54, núm. 212, Buenos Aires, mayo-agosto de 2014, pp. 35-62. <<

[164] Osvaldo Meloni, «La historia económica de la región noreste», en Bandieri et al., op. cit., pp. 343-411. <<

[165] Javier Auyero y Rodrigo Hobert, «“¿Y esto es Buenos Aires?”. Los contrastes del proceso de urbanización», en Daniel James (dir.), Nueva historia argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2007, pp. 221 y 222. <<

[166] Meloni, «Dos siglos de historia del noroeste argentino», op. cit., p. 312. <<

[167] Gerchunoff y Torre, op. cit., p. 26. <<

[168] Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini, Los determinantes de los cambios en la desigualdad de ingresos en Argentina. Evidencia y temas pendientes (Spanish), serie de documentos de trabajo sobre políticas sociales, núm. 5, Washington DC, Banco Mundial, 2009, p. 6, disponible en línea: <http://documents.worldbank.org/curated/en/165141468218384478/pdf/569390NWP0SPAN1LIC10CrucesGasparini.pdf>. <<

[169] Ibid., p. 14. <<

[170] Oscar Altimir y Luis Alberto Beccaria, El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en la Argentina, Santiago, CEPAL Estudios e Investigaciones, núm. 31 571, 2000, p. 13. <<

[171] Ibid., p. 35. <<

[172] CIPPEC, PNUD, ODSA-UCA y CEDLAS-UNLP, «Mapa de la pobreza crónica», disponible en línea: <https://www.cippec.org/especial/mapa-de-la-pobreza-cronica/>. <<

[173] Alejandra Beccaria, «La pobreza en el conurbano bonaerense», en Documentos del observatorio, Los Polvorines, Observatorio del Conurbano Bonaerense, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2017, disponible en línea: <http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/la-pobreza-en-el-Conurbano-Bonaerense-2.pdf>. <<

[174] Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzmann, El desafío de la pobreza en la Argentina. Diagnóstico y perspectivas, La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, 2019, pp. 55 y ss. <<

[175] Ariel Wilkis, Las sospechas del dinero. Moral y economía en la vida popular, Buenos Aires, Paidós, 2013. <<

[176] Conversación con el autor. <<

[177] Conversación con el autor. <<

[178] «José León Suárez: vecinos tomaron comisaría y quemaron más de 20 autos», en Diario Popular, 30 de octubre de 2013. <<

[179] Conversación con el autor. <<

[180] Cámara Argentina de Internet - Cabase, Cabase Internet Index. Estado de Internet en la Argentina y la Región. Segundo semestre de 2019, disponible en línea: <https://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/CABASE-Internet-Index-II-Semestre-2019.pdf>. <<

[181] Conversación con el autor. <<

[182] Conversación con el autor. <<

[183] Conversación con el autor. <<

[184] Lidia de la Torre, Buenos Aires. Del conventillo a la villa miseria (1869-1989), Buenos Aires, Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2008. <<

[185] Para cualquier aproximación a la historia del conventillo es de imprescindible lectura el libro de Francis Korn, Buenos Aires. Los huéspedes del 20, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989. Allí se recrea de manera magistral la sociabilidad de inmigrantes y criollos en esas viviendas. <<

[186] Zulma Recchini de Lattes, «La población: crecimiento explosivo y desaceleración. 1855-1980», en José L. Romero y Luis A. Romero, Buenos Aires. Historia de cuatro siglos, Buenos Aires, Editorial Abril, 1983, pp. 241-254. <<

[187] Jorge Schvarzer, «La implantación industrial», en Romero y Romero, op. cit., pp. 229-232. <<

[188] De la Torre, op. cit. <<

[189] Ibid. <<

[190] Guillermo Borda, El problema de la vivienda de Buenos Aires en el Plan Quinquenal. Conferencia dictada en el Palacio Municipal el 18 de diciembre de 1946, Buenos Aires, s. e., 1947. <<

[191] Ibid., p. 16. <<

[192] Esta novedad no lo era tanto: en 1917 Hipólito Yrigoyen había tomado una medida similar, que repite Ramón Castillo en 1942. <<

[193] Daniel Schavelzon, «El Bajo Belgrano como borde urbano: una historia de rellenos y basurales», en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas «Mario J. Buschiazzo», vol. 47, núm. 1, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, 2017. <<

[194] Conversación con el autor. <<

[195] Romero y Romero, op. cit., p. 282. <<

[196] Conversaciones con el autor. <<

[197] Mitchell Duneier, Ghetto. The Invention of a Place, the History of an Idea, Farrar, Straus & Giraux, versión Kindle, 2016, p. 75. <<

[198] «Manifiesto de obispos del tercer mundo. 15 de agosto de 1967», en Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, disponible en línea: <http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap2/02-manifiestos-de-obispos-del-tercer-mundo.pdf>. <<

[199] Lucas Lanusse, Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, Vergara, 2005. <<

[200] Abal Medina, Juan Manuel, Conocer a Perón. Destierro y regreso, Buenos Aires, Planeta, 2022. <<

[201] Estas referencias son significativas porque convalidarían, sin informarlo ni afirmarlo, la versión según la cual los Montoneros surgieron al amparo de la dictadura de Onganía. Con mayor precisión: que el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu se ejecutó con apoyatura militar de inteligencia, debido a que Aramburu participaba en aquel momento de una conspiración para reemplazar a Onganía y llegar él mismo a la Presidencia, de la mano del jefe del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse. El paraguas a la acción de Montoneros lo habría provisto el ministro del Interior Francisco Imaz, un general del nacionalismo lonardista, y el enlace con la nueva organización armada habría sido el mayor Hugo Miori Pereyra. En estos registros, Montoneros sería un engendro de la Inteligencia militar. O, por lo menos, su instrumento. Una versión dentro de esta versión, desmentida de manera expresa en el libro de Abal Medina, es que Perón tenía contacto con Aramburu y estaba al tanto de esta asonada, que instauraría una salida electoral. Existen muchas publicaciones en las que se registra esta trama: desde la biografía de Aramburu de Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi, publicada por Vergara en 2005, hasta los siguientes artículos: <https://www.infobae.com/opinion/2020/05/29/aramburu-y-la-infancia-de-una-generacion/>, <https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/09/la-horrorosa-trama-detras-del-secuestro-y-asesinato-de-pedro-eugenio-aramburu/>. <<

[202] «Carta del Santo Padre a los Obispos Diocesanos de América Latina», en Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 1979, disponible en línea: <https://pastoralsocialbue.org.ar/wp-content/uploads/2014/11/Documento-Conclusivo-de-Puebla.pdf>. <<

[203] El papel de Bergoglio durante la dictadura ha sido motivo de numerosas publicaciones y una agitada controversia, que llegó incluso al cine. Los textos acusatorios sobre ese rol se deben, sobre todo, a Horacio Verbitsky, publicados en especial en El silencio, libro que lanzó en 2005 el sello Sudamericana. Allí, Verbitsky reprocha a Bergoglio el haber tenido un doble juego en la defensa y, a la vez, la desaprensión de los jesuitas Orlando Yorio y Franz Jalics, quienes ejercían su ministerio, muy cercano al peronismo de izquierda, en los barrios más humildes del Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Siempre se interpretó que las imputaciones de Verbitsky eran estimuladas por el kirchnerismo, en un período en que sus líderes tenían un enfrentamiento abierto con el arzobispo porteño. Estas suposiciones se confirmaron cuando Verbitsky eliminó sus textos referidos a este tema y publicados en la web. Fue una vez que Cristina Kirchner y Bergoglio se reconciliaron. Quien realizó el trabajo más equilibrado para investigar el papel de Bergoglio en la dictadura es Fernando Devoto, quien publicó al respecto un pormenorizado artículo titulado «Conocimiento histórico y dictaduras: el caso Bergoglio». El trabajo fue publicado en Pasajes. Revista de Pensamiento Contemporáneo, núm. 48, 2015. <<

[204] Juan Carlos Scannone, «El papa Francisco y la teología del pueblo», en Selecciones de Teología, vol. 54, núm. 213, 2015, pp. 39-50. <<

[205] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, Aparecida, 13-31 de mayo de 2007. <<

[206] José María Di Paola, «Haciendo memoria junto al Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia», en Criterio Digital, 2009, disponible en línea: <https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2009/11/03/haciendo-memoria-junto-al-equipo-de-sacerdotes-para-las-villas-de-emergencia/>. <<

[207] Luis Felipe Miguel, Consenso y conflicto en la democracia contemporánea, Buenos Aires, Eudeba, 2022, p. 72. <<

[208] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, «Creencias en Argentina», 2019, disponible en línea: <https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Infografi%CC%81a-Encuesta-Religi%C3 %B3n-1.pdf>. <<

[209] Pablo Semán, Vivir la fe, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021. <<

[210] Nicolás Iglesias Schneider, «Los evangélicos en la Argentina, entre los barrios y las urnas», en La Diaria, 18 de julio de 2020, disponible en línea: <https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/7/los-evangelicos-en-argentina-entre-los-barrios-y-las-urnas/>. <<

[211] Félix Luna, El 45, Buenos Aires, Sudamaericana, 2012, p. 288. <<

[212] Ibid., p. 290. <<

[213] Alfredo Andrés, Palabras de Leopoldo Marechal, 1968, cit. en Luna, op. cit., p. 291. <<

[214] Luna, op. cit., p. 295. <<

[215] Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2006, p. 54. <<

[216] Torre, op. cit., p. 60. <<

[217] Aunós fue más tarde, con la dictadura de Francisco Franco, embajador en Buenos Aires, entre 1942 y 1943. Dejó la Argentina para hacerse cargo en Madrid de la cartera de Justicia. <<

[218] Ibid., p. 68. <<

[219] Para la reunión, Perón se hizo acompañar por Figuerola. El organizador, Mauro Herlitzka, era muy cercano al entonces coronel. Al poco tiempo del encuentro hubo allanamientos en las casas de varios de los contertulios. Era para buscar si había algún registro escrito de lo conversado. Rodríguez Larreta conservaba una versión taquigráfica, que se salvó porque su esposa, Adela Leloir, la escondió en el oso de peluche de su hijo menor, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso se conservó hasta hoy, en manos de Augusto Rodríguez Larreta, nieto del anfitrión de aquella ocasión. <<

[220] Ibid., p. 79. <<

[221] Ibid., p. 82. <<

[222] Luna, op. cit., p. 154. <<

[223] Torre, op. cit., p. 94. <<

[224] Luna, op. cit., p. 158. <<

[225] Ibid., pp. 213-216. <<

[226] Tulio Halperin Donghi, La Argentina y la tormenta del mundo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. <<

[227] Véase el primer capítulo de este libro. <<

[228] Luna, op. cit., p. 247. <<

[229] Freude era el hijo de Ludwig Freude, un amigo de Perón, inmigrante alemán dedicado al negocio de la madera. Rudi estuvo junto a Perón durante toda la presidencia, colaborando con Juan Duarte en la secretaría. El periodista Uki Goñi lo identifica como el organizador de una red de recepción y protección de nazis llegados a la Argentina después de la Segunda Guerra. <<

[230] Luna, op. cit., p. 286. <<

[231] Torre, op. cit., pp. 112-113. <<

[232] Daniel James, «17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina», en Desarrollo Económico, vol. 27, núm. 107, octubre-diciembre de 1987. <<

[233] Leonardo Juárez, Izquierda y peronismo. Peronismo e izquierda. Conversaciones. Jorge Beinstein, Roberto Perdía, Daniel Campione, Patricio Echegaray, Salta, Editorial América, 2011, p. 49. <<

[234] Juan Carlos Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 190-197. <<

[235] Robert Potash, El Ejército y la política en la Argentina. 1928-1945. De Yrigoyen a Perón, Buenos Aires, Sudamericana, 1971, p. 396. <<

[236] Para un análisis del discurso, ver Emilio de Ípola, «“Desde estos mismos balcones”. Nota sobre el discurso de Perón del 17 de octubre de 1945», en: Juan Carlos Torre (comp.), El 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995. <<

[237] «Discurso de Juan Domingo Perón del 17 de octubre de 1945», en Biblioteca del Congreso de la Nación, Perón y el 17 de octubre, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 2002, pp. 26-29. <<

[238] Delfina Bunge de Gálvez es la hija de Octavio Bunge, que fuera distinguido juez de la Corte Suprema de Justicia, y hermana de figuras heterodoxas, como el diputado socialista Augusto Bunge, el economista Alejandro y el jurista y sociólogo Carlos Octavio. Delfina Bunge estaba casada con el escritor nacionalista Manuel Gálvez, sumo sacerdote de la novela histórica argentina. Ellos fueron los padres de Delfina Gálvez Bunge, una arquitecta de enorme calidad que quedó opacada tras la figura de su esposo, Amancio Williams. <<

[239] Juan Carlos Torre, «La ciudad y los obreros», en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (dirs.), Buenos Aires. Historia de cuatro siglos, Buenos Aires, Abril, 1983, p. 275. <<

[240] La expresión fue utilizada por el radical Ernesto Sammartino en la sesión de la Cámara de Diputados del 7 de agosto de 1947. Sammartino dijo: «El aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, para que desde ella maúlle a los astros por una dieta de 2500 pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta». El 24 de febrero es la fecha de las elecciones de 1946, que llevan a Perón a la presidencia. Más tarde, Sammartino intentó aclarar que no se refería al pueblo, sino a núcleos de dirigentes que atacaban las libertades públicas. <<

[241] Torre, La vieja guardia sindical y Perón, op. cit., p. 43. <<

[242] Ibid., pp. 87-91. <<

[243] Torre, «La ciudad y los obreros», op. cit., p. 282. <<

[244] Ignacio Martín Cloppet, Perón en Roma. Cartas inéditas (1939-1940). Amores y política, Buenos Aires, Ediciones Fabro, 2015, p. 144. <<

[245] Samuel Amaral, Perón presidente. Las elecciones del 24 de febrero de 1946, Buenos Aires, Eduntref, 2018. <<

[246] Amaral hace notar que el trabajo de Germani se origina en un estudio realizado para el gobierno de la Revolución Libertadora cuya pregunta central es por qué «las masas populares habían servido de “base humana” al totalitarismo». La reconstrucción de esa polémica enfatiza dos limitaciones en la visión de Germani. Una, haber proyectado sobre el conurbano las conclusiones que él había sacado estudiando la Capital Federal. Dos, haber menospreciado el éxito de Perón en el interior, donde no se verificaba la existencia de los dos factores claves para Germani: la industrialización reciente y la «masa disponible» de migrantes internos. Amaral reproduce las conclusiones principales de los estudios de Peter Smith, para quien ninguna categoría ocupacional explica el triunfo de Perón. Smith sostiene también que en las grandes ciudades los obreros tuvieron un papel más relevante que el de los migrantes, y que Perón tuvo votos de clase baja tanto urbanos como rurales. La referencia a los trabajos de Ignacio Llorente y Luis González Estévez le permite a Amaral observar que, en las zonas modernizadas, buena parte del voto peronista se explica por la insatisfacción con los partidos tradicionales; consigna que el peronismo fue policlasista desde sus comienzos y que es posible identificar un trasvasamiento del voto conservador al Partido Laborista. Manuel Mora y Araujo agrega que en el interior tradicional, de corte caudillista, el proyecto de Perón también consiguió el apoyo de los sectores medios. Es muy interesante la reseña que Amaral realiza de los estudios de Sandra Gayol, Julio César Melon y Mabel N. Roig, porque, al estudiar en detalle las elecciones de 1946 en muchas localidades del interior, aparecen peculiaridades que demuestran la multiplicidad política y social del fenómeno peronista. En muchos lugares, el Partido Laborista no estuvo organizado por obreros. Los radicales tuvieron un rol más importante que el que encarnaron en el área metropolitana. En varias provincias, la construcción del peronismo estuvo a cargo de militares retirados: Domingo Mercante en Buenos Aires; José Ramón Virasoro en Corrientes; Aristóbulo Mittelbach en Santiago del Estero, y Carlos Domínguez en Tucumán. En algunos casos, se demuestra que el peronismo se creó desde el Estado, durante el régimen surgido en 1943. <<

[247] Amaral, op. cit., t.1, p. 51. <<

[248] Ibid., pp. 533-539. <<

[249] Javier Auyero (comp.), ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo, Buenos Aires, Losada, 1997. <<

[250] Tzvetan Todorov, El espíritu de la Ilustración, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, p. 49. <<

[251] Gabriel Kessler, «Presentación. Aportes para pensar el clientelismo sin prejuicios», en Gabriel Vommaro y Hélène Combes, El clientelismo político. Desde 1950 hasta nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016, p. 10. <<

[252] Vommaro y Combes, op. cit., pp. 104-109. <<

[253] Pacho O’Donnell, <https://pachoodonnell.com.ar/articulos/encarnacion-ezcurra/>, citado por María Esperanza Casullo, «El perpetuo viaje hacia la barbarie», en Juan Carlos Torre, María Esperanza Casullo y Julieta Quirós, ¿Volverá el peronismo?, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2018, p. 42. <<

[254] Rodolfo Rivarola, «La presidencia futura» [1915], en Tulio Halperin Donghi, Vida y muerte de la república verdadera (1910-1930), Buenos Aires, Ariel, 1999, p. 304. <<

[255] Intervención del diputado Pastor Lacasa, 22 de noviembre de 1911, citada en Halperin Donghi, op. cit., p. 290. <<

[256] Natalio R. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Edhasa, 2012, p. 147. <<

[257] Ibid., p. 215. <<

[258] Ibid., p. 211. <<

[259] Ricardo Martínez Mazzola, «De la pampa al suburbio. La indagación de las raíces del caudillismo en los años yrigoyenistas», en Carlos Altarmirano y Adrián Gorelik (comps.), La Argentina como problema. Temas, visiones y pasiones del siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, p. 142. <<

[260] Ibid., p. 142. <<

[261] Botana, op. cit., p. 240. <<

[262] Ibid., p. 250. <<

[263] Vommaro y Combes, op. cit., p. 109. <<

[264] Jorge Ossona, Punteros, malandras y porongas. Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014, pp. 27 y 28. <<

[265] Rodrigo Zarazaga, «Punteros, el rostro del Estado frente a los pobres», en Rodrigo Zarzaga y Lucas Ronconi (comps.), Conurbano infinito. Actores políticos y sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad, Buenos Aires, Siglo XXI-Fundación Osde, 2017, pp. 22-27. <<

[266] Diálogo con el autor. <<

[267] Diálogo con el autor. <<

[268] Ariel Wilkis, Las sospechas del dinero. Moral y economía en la vida popular, Buenos Aires, Paidós, 2013, p. 74. <<

[269] Aaron Ansell, «Clientelism, Elections, and the Dialectic of Numerical People in Northeast Brazil», en Current Anthropology, vol. 58, núm. S18, abril de 2018, disponible en línea: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/696 530>. <<

[270] Wilkis, op. cit., p. 59. <<

[271] Ibid., p. 61. <<

[272] Ossona, op. cit., p. 39. <<

[273] Zarazaga, op. cit., p. 29. <<

[274] Diálogo con el autor. <<

[275] Diálogo con el autor. <<

[276] Ossona, op. cit., p. 38. <<

[277] Ibid., p. 37. <<

[278] Ibid., p. 51. <<

[279] Ibid., p. 65. <<

[280] Zarazaga, op. cit., p. 35. <<

[281] Diálogo con el autor, julio de 2018. <<

[282] Diálogo con el autor, abril de 2017. <<

[283] Ossona, op. cit., p. 23-26. <<

[284] Ignacio Damiani y Julián Maradeo, El Tano. Quién es Daniel Angelici, Buenos Aires, Ediciones B, 2016, pp. 181-212. <<

[285] Vommaro y Combes, op. cit., p. 144. <<

[286] Ibid., p. 147. <<

[287] Wilkis, op. cit., p. 76. <<

[288] Zarazaga, op. cit., p. 27. <<

[289] Vommaro y Combes, op. cit., p. 152. <<

[290] Ibid., p. 157. <<

[291] Ibid., p. 40. <<

[292] Eric R. Dodds, Los griegos y lo irracional, Madrid, Alianza, 1980, p. 172. <<

[293] Ibid., p. 174. <<

[294] Osvaldo Guariglia, Democracia, república, oligarquía. Origen, concepto y prospectiva de unos regímenes en constante mutación, Buenos Aires, Edhasa, 2017, pp. 18 y 22. <<

[295] Jorge Eduardo Bustamante, «Un delicado túnel de cristal», en La Nación, Buenos Aires, 17 de junio de 2002, disponible en línea: <https://www.lanacion.com.ar/405 933-un-delicado-tunel-de-cristal/amp/405 933>. <<

[296] Loris Zanatta, «El mito de la nación católica», en La Nación, Buenos Aires, 12 de junio de 2016, disponible en línea: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-mito-de-la-nacion-catolica-nid1907 503/?R=e3e046>. <<

[297] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, «Documento conclusivo», Aparecida, 13 a 31 de mayo de 2007, disponible en línea: <https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf>. <<

[298] Julieta Quirós, El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida), Buenos Aires, Antropofagia, 2011, p. 16. <<

[299] Todorov, op. cit., p. 42. <<

[300] Ibid. <<

[301] Guariglia, op. cit., p. 39. <<

[302] Guillermo O’Donnell, «Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas», en Desarrollo Económico, vol. 33, núm. 130, julio-septiembre de 1993, pp. 163-184. <<

[303] Héctor «Toty» Flores, conversación con el autor, 29 de junio de 2018. <<

[304] Cristina Fernández de Kirchner, «Acto de entrega de certificados de elegibilidad del Programa de financiamiento productivo del Bicentenario: Palabras de la Presidenta de la Nación», viernes 11 de mayo de 2012, disponible en línea: <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25 854-acto-de-entrega-de-certificados-de-elegibilidad-del-programa-de-financiamiento-productivo-del-bicentenario-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion>. <<

[305] En el capítulo «Pobreza» ya se ofreció una narración más detallada de este proceso. <<

[306] En la página 489 de su Diario de una temporada en el quinto piso, Juan Carlos Torre consigna: «El día 4 (de febrero de 1989) el diario La Nación dio a conocer la reacción de José Luis Machinea al informar que “el presidente del Banco Central denuncia que economistas del justicialismo presionaron al comité de bancos acreedores para que exijan el cobro de los intereses de la deuda con el argumento de que no hacerlo significaba contribuir a la vida de la administración radical en el proceso preelectoral”. El nombre de quien había hecho el planteo a los bancos estaba en el aire, pero fue sugestivo cómo llegamos a saberlo. Krieger Vasena, figura notable del establishment argentino, lo llamó a Mario y le dijo que en una reunión hecha en esos días en la embajada de EE. UU. escuchó a Domingo Cavallo decir que había hablado con los bancos acreedores para que no le prestaran al gobierno argentino. Y le comentó que, ante esa confesión, había reaccionado indignado diciendo: “¡Esto es un disparate! ¡Está jugando en contra del país!”. Por cierto, en polémica a través de la prensa con José Luis, Cavallo se ocupó en los días sucesivos de admitir, en los hechos, su intervención en ese postrer capítulo de las negociaciones de la deuda externa». Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso, Buenos Aires, Edhasa, 2021. <<

[307] Mónica Gordillo, «La violencia anunciada. El ruido de las ollas vacías en 2001», en Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov (comp.), La larga historia de los saqueos en la Argentina. De la Independencia a nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, p. 208 y ss. <<

[308] Denis Merklen, Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Gorla, 2005. <<

[309] Para una reconstrucción minuciosa de la convulsión social de 2001, ver Mario Wainfeld, Estallidos argentinos. Cuando se desbarata el vago orden en que vivimos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. <<

[310] Javier Auyero, La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, p. 54. <<

[311] Solá había sido postulado por Duhalde como vicegobernador, como alternativa al preferido de Ruckauf, José María Díaz Bancalari, un abogado de San Nicolás ligado a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como el propio gobernador. <<

[312] Felipe Solá, Peronismo, pampa y peligro. Mi vida en la política argentina, Buenos Aires, Ariel, 2018. <<

[313] La marcha organizada por West, intendente de Merlo, tiene un significado especial, porque fue el único episodio de aquellos días en los que un dirigente político dejó su firma. West organizó esa movilización durante el miércoles 19. Y lo hizo en un contexto que vuelve todo el tiempo: la Iglesia católica. El intendente invitó al obispo de la diócesis de Merlo-Moreno, Fernando Bargalló. Intervino también el cura Gabriel Barba. Bargalló y Barba participaron personalmente, decisión de la que se arrepintieron más tarde, cuando vieron que esa caravana había sido parte de una gran controversia política. En efecto, De la Rúa y sus principales colaboradores le adjudicaron a West ser el cerebro de una rebelión contra el gobierno, ejecutada a través de los saqueos. West explica que las cosas fueron al revés: que él organizó la movilización para evitar la expansión del vandalismo en su distrito. Bargalló tuvo protagonismo años más tarde por la publicación de fotos en las que se lo veía en un balneario con una mujer a la que estaba unido en una relación sentimental. Siempre se sospechó de que detrás de las fotos, como del seguimiento a través del cual fueron obtenidas, estaba el controvertido intendente de Merlo, Raúl Othacehé, de quien el prelado era muy crítico. Bargalló debió dejar el obispado. Hoy es párroco en la localidad de Plottier. Barba fue designado por el papa Francisco como obispo de Laferrere y, más tarde, de San Luis. <<

[314] Solá, op. cit., p. 201. <<

[315] Quien busque una visión completa del fenómeno desde esta perspectiva radical, puede leer: Colectivo Situaciones y Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, La hipótesis 891. Más allá de los piquetes. Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, 2002. <<

[316] Ceferino Reato, Doce noches. 2001. El fracaso de la Alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo, Buenos Aires, Sudamericana, 2015, p. 152. <<

[317] Ibid., p. 205. <<

[318] Solá, op. cit., p. 183. <<

[319] Durante la dictadura, Caselli vivió en una penumbra sospechosa, ya que muchos le atribuyen conexiones con la segunda línea militar. De ese vínculo solo está probada su relación con un próspero comodoro de la Fuerza Aérea, a quien asistía como una especie de maestro de cámara. Tampoco hay mucha luz sobre el modo en que Caselli heredó los bienes de ese oficial, entre otros, un formidable piso en Alvear y Libertad. Cuentan los vecinos que el más sorprendido por ese salto de fortuna fue «Coco», el encargado del edificio. Todas las mañanas, Coco departía con Cacho, uno barriendo la vereda y el otro esperando a su patrón, con el motor del auto en marcha, para llevarlo a alguna diligencia. Se había formado casi una amistad. Sin embargo, Coco advirtió que todo se había transformado el día en que vio salir a Caselli por la puerta principal y, después del rutinario «hola, Cacho», recibió como respuesta: «Perdón, señor Caselli». <<

[320] La política es siempre propensa a las versiones conspirativas. Los menemistas siempre sembraron suspicacias, tratándose de armas, por las relaciones de Caselli con Montoto. Con el paso de los años, también anotaron una declaración del fiscal Carlos Stornelli, responsable de la investigación judicial, que habló de su amistad con Montoto. Esas fantasías se fortalecieron con la versión de que en épocas recientes Stornelli habría pasado vacaciones en la casa de Caselli en Roma. <<

[321] María O’Donnell, «Cavallo va a ser candidato del radicalismo», en La Nación, 17 de abril de 2001. <<

[322] Solá, op. cit., p. 195. <<

[323] Pablo Gerchunof dedica varias páginas en su ensayo biográfico sobre Alfonsín a encuadrar en términos precisos un cruce de jugadas de gran ambigüedad. Gerchunoff concluye en que Alfonsín tenía como misión salvar al radicalismo del derrumbe de la convertibilidad. Que, por lo tanto, imaginaba una salida de ese régimen asociando a su partido, y por lo tanto, al gobierno, con los aliados naturales en esa faena, que eran Duhalde y quienes pensaban como él. Pablo Gerchunoff, Raúl Alfonsín. El planisferio invertido, Buenos Aires, Edhasa, 2022, p. 381. <<

[324] Pablo Gerchunoff y Roy Hora, La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021, pp. 102-103. <<

[325] Conversación con el autor, octubre de 2020. <<

[326] Esta perspectiva fue explícita: en una comida que se realizó en el restaurante Paper Moon, de la calle Cerviño, Jesús Rodríguez y su inseparable Roberto Vázquez desarrollaron delante de Enrique Nosiglia y Rafael Pascual la idea de promover a Terragno para el Senado. El argumento lo dio Vázquez, refiriéndose al gobierno de De la Rúa: «The game is over». <<

[327] «Otro contrabando de armas», en Página 12, 12 de diciembre de 2001. <<

[328] Martín Granovsky, «Cuanto más amor, mayor espanto», en Página 12, 16 de diciembre de 2001. <<

[329] Martín Rodríguez Yebra, «Diciembre 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la historia», en La Nación, 8 de diciembre de 2013. <<

[330] Conversación con el autor, noviembre de 2022. <<

[331] Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón. Destierro y regreso. Buenos Aires, Planeta, 2022, p. 145. <<

[332] «Duhalde teme que se produzca una guerra civil», en La Nación, 29 de diciembre de 2001. <<

[333] Ana María Mustapic, «Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes: Argentina en el año 2001», en Desarrollo Económico, vol. 45, núm. 178, julio-septiembre de 2005. <<

[334] Magnetto había gestionado la reunión unos días atrás y creyó que, dado el rumbo que habían tomado los acontecimientos, se suspendería. Se sorprendió cuando Pierri le confirmó el encuentro, a pesar de que ese día Duhalde se había convertido en presidente. <<

[335] Cardoso suele recordar que esa noche tuvo una larga charla con Duhalde, en la que, entre otras cosas, le recomendó: «Eduardo, no digo todos, pero al menos uno de tus ministros debería hablar inglés». <<

[336] Rüdiger Safranski, El mal o el drama de la libertad, Buenos Aires, Tusquets, 2014, p. 19. <<

[337] El ensayo clásico sobre el tema: Juan Carlos Torre, «Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación política». En Desarrollo Económico, 42 (168): 647, enero de 2003. <<

[338] Ver el capítulo sobre La federalización de la ciudad de Buenos Aires. <<

[339] Adrián Pérez, «Para recuperar la memoria de mi viejo», en Página 12, 4 de abril de 2011, disponible en línea: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-165 497-2011-04-04.xhtml>. <<

[340] La izquierda interpreta esta matanza ocurrida en Temperley, conocida como la Masacre de Pasco, como un antecedente de los asesinatos de Kosteki y Santillán. Es decir, esa masacre permite a los militantes trotskistas establecer un nexo estructural entre Duhalde y la violencia como método. <<

[341] Para un acercamiento más específico a este proceso se puede recurrir, en medio de una bibliografía muy caudalosa, a Marcos Novaro (compilador), Peronismo y democracia. Historia y perspectivas de una relación compleja, Buenos Aires, Edhasa, 2014, y a Seteven Levitsky, La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. <<

[342] Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. <<

[343] Cuando, el 18 de mayo de 2019, Cristina Kirchner anunció la candidatura de Alberto Fernández, declaró que esa fórmula estaba destinada a la derrota y que le hacía acordar «al cajón de Herminio». Véase «Duhalde dijo que el anuncio de Cristina le hacía acordar “al cajón de Herminio”», en La Capital, 18 de mayo de 2019, disponible en línea: <https://www.lacapital.com.ar/politica/duhalde-dijo-que-el-anuncio-cristina-le-acordar-al-cajon-herminio-n2501 266.xhtml>. <<

[344] Jorge Luis Ossona, «Política barrial y política comunal en “Nueva Fiorito” durante los años 80 y 90», en Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Nacional de General San Martín, disponible en línea: <https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/jornadas/Ossona.pdf>. <<

[345] Toledo fue un engranaje clave en la construcción de poder de Duhalde.

Cuando llegó a la gobernación, lo designó nada menos que ministro de Obras Públicas. Personaje simpático, le gustaba animar largas veladas disfrutando del champagne, su bebida favorita. Sus amigos lo llamaban, entre cariñosos y burlones, «Donosornabuco». La explicación: «Nabucodonosor le hablaba en griego a los persas. En cambio, Hugo le habla en pedo a los mersas». <<

[346] Se conservan registros gráficos de esa boda, a la que asistió Carlos Menem como presidente, y en la que aparece un Insaurralde casi irreconocible por la larga melena, al lado de su flamante esposa, Liana Toledo. Ese matrimonio duró seis años, Insaurralde se casó luego con Carolina Álvarez, hasta que se unió en terceras nupcias con la modelo Jésica Cirio. <<

[347] Conversación con el autor, diciembre de 1992. <<

[348] Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso, op. cit., p. 409. <<

[349] Cuando terminó la campaña, esos pisos habían quedado, como era de prever, destruidos. Al amigo al que Pierri se los había pedido prestado le devolvieron cuatro. Había uno, donde estaba el escritorio de Cafiero, que el gobernador triunfante quería conservar para el PJ. El día de la escritura, los apoderados del partido no se presentaron, y Pierri lo pagó y se lo quedó para sí. Allí funciona hoy Radio Latina, una de las empresas de su grupo de medios de comunicación. <<

[350] Duhalde acostumbraba a hacer allí todas sus reuniones. La quinta pasó a manos del Sindicato de Camioneros. La versión más insistente afirma que la venta coincidió con eficaces gestiones de Duhalde en la Justicia de Lomas de Zamora para aliviar al atribulado Hugo Moyano y su familia. <<

[351] El pueblo quiere saber, 1987, disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=zb9VajnbNaE&t=4s>. <<

[352] Caserta ganó notoriedad en 1991 cuando era secretario de Recursos Hídricos y quedó envuelto en la trama del escándalo Yomagate, protagonizado por el sirio Monser Al-Kassar y la cuñada y secretaria presidencial, Amira Yoma. Caserta fue el único que pasó años preso, período en el que se convirtió en fervoroso evangélico. <<

[353] Gisela Zaremberg, «Pedidos, demandas, reclamos y proyectos: la intermediación de manzaneras y comadres en el Conurbano Bonaerense», tesis de maestría en Políticas Sociales, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2000, disponible en línea: <file:///Users/carlos/Downloads/PedidosDemandasProyectos-libre.pdf>. <<

[354] Zaremberg, op. cit., p. 12. <<

[355] «Asuntos constitucionales, reunión del día 19/07/2017», en Diputados Argentina, disponible en línea: <https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/caconstitucionales/reuniones/vt/vtcom.xhtml?id=4740>. <<

[356] Figura central en la Cámara de Diputados de aquellos años, Durañona falleció en 1995. Se proyecta sobre la actualidad a través de dos figuras: su hijo, Francisco «Paco» Durañona, actual senador bonaerense, y Emilio Monzó, quien oficiaba como secretario privado de Durañona en aquellos años. <<

[357] Lanusse y Mor Roig habían constituido una comisión asesora con las principales figuras del constitucionalismo liberal, en la que el único peronista era Pablo Ramella: Germán Bidart Campos, Carlos María Bidegain, Natalio Botana, Carlos Fayt, Mario Justo López, Julio Oyhanarte, Roberto Peña, Adolfo Rouzaut, Alberto Spota y Jorge Vanossi. <<

[358] Para ilustrar estas circunstancias, valga una memoria personal. Pocos días después del acuerdo con Menem, Alfonsín invitó a su casa a tomar un café a Roberto García, en aquel entonces subdirector de Ámbito Financiero. Roberto, mi jefe en aquellos años, tenía un acceso inigualable al menemismo. Tal vez por eso Alfonsín quería escucharlo. En esa entrevista, me refirió después Roberto, Alfonsín le preguntó: «¿Usted cree que Menem me va a traicionar? Porque si lo hace, yo me tengo que pegar un tiro». <<

[359] La madrugada en que apareció asesinado con salvaje alevosía el fotógrafo Cabezas, Noticias publicaba una nota firmada por Gabriel Michi, con fotos del reportero gráfico, referida a la que, se sabría más tarde, era la banda responsable del homicidio: los Horneros, comandados por Prellezo. Sin embargo, en la mayoría de las reconstrucciones posteriores, que incluye la judicial, no se sugiere siquiera la posible relación del crimen con esta cobertura. <<

[360] La asignación del negocio a Siemens fue motivo de una larga causa judicial, en la que quedó probada la existencia de sobornos, pero no que Carlos Menem y Carlos Corach hubieran sido los receptores de estos. Esa sección del expediente fue enviada a archivo por falta de pruebas, ya que nunca llegó la información internacional requerida por exhortos. El negocio se entrelaza con el caso Cabezas en varios puntos. Uno de ellos, según una versión aportada por fuentes que piden no ser identificadas, fue una reunión de Corach con Macri en la casa que el ministro posee en el country Highland. Según esa narración, Corach le habría advertido a Macri que, si insistía con su participación en el concurso junto a Yabrán, terminaría envuelto en el caso Cabezas. En ese momento, Macri habría desistido de intervenir, pero cuando el ministro le llevó la información a Menem este le exigió que el industrial dejara su retirada por escrito. Menem quería tener una prueba frente a Yabrán, que estaba de vacaciones fuera del país. La guerra por este negocio dividía al gobierno del riojano en facciones no convencionales. Hugo Anzorreguy, que era rival de Corach, estaba también contra Yabrán. Cuando el empresario detectó que la Secretaría de Inteligencia de entonces hacía operaciones en su contra, en especial en la prensa, formuló una denuncia durísima, que llegó a Menem. Para calmar los ánimos, fue necesaria una reunión de conciliación, que se realizó en la casa del cuñado del presidente y principal contacto de Yabrán en ese oficialismo: Emir Yoma. En el departamento de Yoma, de la torre de Libertador 4444, Yabrán habría tenido una durísima discusión con Anzorreguy, quien terminó ofreciéndole, por toda garantía de transparencia, que le recomendara a alguien para designar en la secretaría como colaborador. Yabrán no aceptó la invitación, que sí fue aprovechada por Yoma: así llegó Joaquín Alonso, un gran amigo del cuñado de Menem y viejo militante peronista, a la agencia de espionaje. <<

[361] En defensa de Los Horneros comenzó a actuar un abogado todavía ignoto, Fernando Burlando. Platense, establecido en un humilde estudio vecino a los tribunales de la capital de la provincia, Burlando tenía una relación opaca y estrechísima con la Policía. Esa primera aparición estableció un patrón que se siguió repitiendo a lo largo de décadas: el patrocinio de Burlando en favor de personas que podrían, sea como víctimas o como victimarios, complicar el papel de la Policía Bonaerense en un crimen resonante. <<

[362] Conversación de Daniel Basile con el autor, marzo de 2021. <<

[363] Solá, op. cit., pp. 177-178. <<

[364] Reutemann solía contar que desistió de la candidatura cuando, en el último tramo del proceso de selección, visitó a Menem en Olivos. El riojano le mostró un arbolito que acababa de plantar y le describió el sueño de sentarse a la sombra de ese árbol en apenas unos años. Reutemann entendió que Menem no haría nada para salir de esa casa. <<

[365] Recuerdo un encuentro con mi querido amigo Miguel Ángel Cortés, quien por entonces estaba al frente de las relaciones de España con Iberoamérica. Había llegado a Buenos Aires el 2 de enero de 2003, procedente de Brasilia, adonde había acompañado al príncipe Felipe de Borbón para la asunción de Lula da Silva. Miguel quería entender la razón del encono, y le expuse una síntesis de la pelea entre Menem y Duhalde. Al final me dijo: «Ahora entiendo por qué Ruckauf me dijo, ahora, en Brasilia, que harían cualquier cosa para que no llegue Menem de nuevo a la Casa Rosada». <<

[366] Este problema tuvo infinidad de manifestaciones a partir de la llegada de los Kirchner al poder. La más elocuente y dramática se verificó el 20 de octubre de 2010. Cuando hubo que despejar las vías del tren tomadas, en Sarandí, por militantes del trotkismo, Kirchner encomendó la tarea a dirigentes de la Unión Ferroviaria. Así fue que José Pedraza, el histórico dirigente de ese gremio, terminó en la cárcel por el asesinato de Mariano Ferreyra, del Partido Obrero. Se trataba de evitar que apareciera la policía, es decir, el Estado, o el gobierno, reprimiendo al «pueblo». Un procedimiento inaceptable con consecuencias más inaceptables todavía. <<

[367] En febrero de 2004, cubriendo una visita de Kirchner a Madrid para el diario Ámbito Financiero, tuve oportunidad de encontrarme con Duhalde, que llegaba a la ciudad desde Palma de Mallorca, donde había ido a visitar a una hija. Él estaba acompañado por Ramón Ruiz, un viejo peronista ligado a Jorge Antonio, intermediario entre la jueza Servini de Cubría y el PJ, que en aquel tiempo estaba destacado en España como delegado de la Secretaría de Inteligencia. La conversación fue en el Hotel Intercontinental del Paseo de la Castellana. El tema de la charla rondó por las evidencias, cada vez más frecuentes, de que Kirchner pretendía constituir un liderazgo propio que lo llevaría en algún momento a un enfrentamiento con él. Duhalde se resistió con tenacidad a admitir ese curso de acción. Y, al final, con pocos argumentos, concluyó: «Mirá, los políticos hemos hecho tantas cagadas que hay que permitirle a Kirchner que se ensañe con nosotros para que la gente comience a creer en él». <<

[368] La caída de López fue cinematográfica. Apareció de madrugada, con 9000 000 de dólares y una ametralladora, para «depositar» su fortuna en un convento. Siempre se sospechó que había sido víctima de una operación de inteligencia. Es decir, alguien que conocía la fortuna que atesoraba lo hizo desplazar hasta la casa de las monjas para hacerlo caer cuando revoleaba los bolsos por encima del muro. ¿Había un seguimiento del espionaje sobre los recaudadores? En el kirchnerismo, con el paso de los años, se convencieron de que sí. Un detalle: en la causa que se le había iniciado por enriquecimiento ilícito, López era defendido por el estudio de Darío Richarte, el preferido de Stiuso. Las sospechas recrudecieron cuando aparecieron, publicados en La Nación por Diego Cabot, los misteriosos y minuciosos cuadernos de Oscar Centeno. ¿Centeno, un suboficial retirado del Ejército, había trabajado para alguien? ¿Ese alguien, a su vez, reportaba al desconfiadísimo Kirchner? Enigmas difíciles de descifrar. Igual que el que rodea a los cuadernos. Cabot primero recibió fotocopias y después, antes de una elección crucial, los originales, puestos en sus manos por un desconocido que lo había citado en una confitería. Son curiosidades de novela policial. Para la política, lo relevante es que, cuando cayó López, había caído alguien del corazón del esquema de poder de Kirchner. <<

[369] Conversación con el autor. <<

[370] La selección de Pampuro y de Aníbal Fernández dice bastante sobre la psicología de Kirchner y su manera de administrar el poder. Al elegir a ellos dos como agresores de Duhalde y, en especial, de su esposa, se garantizaba el bloqueo de cualquier túnel secreto entre su entorno y el campo enemigo. Esta es una característica del estilo paranoide de liderazgo. Para comprender la cuestión, conviene recurrir a un excelente trabajo de Jerrold Post: The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton, Michigan, The University of Michigan Press, 2005. Allí, este experto señala que la mentalidad paranoide suele percibir con una lente de aumento los datos que corroboran lo que ya piensa. Y tiene una dificultad enorme para contactar con los que desmienten esas convicciones previas. Ese tipo de líder acostumbra a identificar sujetos persecutorios, a los que atribuye una racionalidad infalible, en la que «todo cierra». Ese genio maligno es capaz, en su infinita habilidad, de infiltrar el propio ámbito. Por lo tanto, el paranoide dedica buena parte de su tiempo y su atención a chequear la lealtad de quienes lo rodean. A menudo, lo hace con pequeñas humillaciones, que miden el grado de fidelidad del colaborador. Este era el tratamiento al que debieron someterse Pampuro y Aníbal Fernández:

Kirchner los obligaba a lanzar agresiones hacia los Duhalde como una manera de asegurarse que esos dos antiguos duhaldistas no estaban trabajando en secreto para quienes habían sido sus jefes. <<

[371] María Matilde Ollier, Atrapada sin salida. Buenos Aires en la política nacional (1916-2007), San Martín, Universidad Nacional de General San Martín, 2010, pp. 199-201. <<

[372] «Discurso de Néstor en Plaza de Mayo, 25 de mayo de 2006», disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=yr4-8I57cvk>. <<

[373] En el entorno de Kirchner, siempre se sospechó, tal vez por informes de su propio aparato de Inteligencia, que a Antonini en Aeroparque lo había hecho caer el FBI, acaso por una información que ya controlaban desde Caracas. <<

[374] Sin embargo, ambos maquinaron sus batallas antes de lanzarlas. Convencionales menemistas negociaron con sus colegas radicales la redacción de una cláusula constitucional, en la Constituyente de 1994, para reducir el poder de Clarín. Se frustró el intento cuando llegó una contraorden desde las oficinas de Eduardo Bauzá. En febrero de 2004, Kirchner recibió a Jesús de Polanco, presidente del grupo Prisa, editor del diario El País de Madrid, en la residencia de la embajada argentina ante España. Polanco asistió acompañado por Juan Luis Cebrián, por entonces director del periódico. Allí Kirchner les sugirió que se establecieran en la Argentina para equilibrar el poder de Héctor Magnetto. <<

[375] «Encuentro por la convivencia y el diálogo en plaza d Mayo», 1.º de abril de 2008, disponible en línea: <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/16854-blank-16096;543>. <<

[376] Para entender mejor el movimiento de las variables económicas que están ambientando estos desplazamientos políticos, conviene leer el trabajo de Pablo Gerchunoff y Daniel Kaseff, «“¿Y ahora qué hacemos?”. La economía política del kirchnerismo», Instituto Universitario de Investigación de Asuntos Latinoamericanos, documentos de trabajo núm. 87, 2016, y el libro de Claudio Bellini y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en los siglos XX y XXI, Buenos Aires, Siglo XXI, 2020, pp. 332-340. <<

[377] Ese aislamiento de Kirchner respecto del centro administrativo no fue sencillo. Sus amigos, aun quienes seguían en el gabinete, se quejaban de que lo habían «exiliado». Él intentaba influir sobre la marcha de la gestión. Muchas veces Cristina Kirchner dejaba la Casa de Gobierno con una decisión que, al día siguiente, volvía modificada o suspendida, para alarma y frustración de quienes habían colaborado en llevarla adelante. «Vamos a esperar un poquito», era la frase de la presidenta para justificar esas desviaciones respecto de lo acordado, que también, aunque fuera un poco, la avergonzaban. Para Kirchner, alguien que trabajaba con niveles de ansiedad cercanos al paroxismo, no deben haber sido fáciles esos meses en los que trataba de hacer lobbying sobre el gobierno de su propia esposa a través de los funcionarios que, en penumbras, se le reportaban. Importa la observación de esa etapa por lo que tiene de parecido y de distinto con esa otra en la que la que debió soportar la excentricidad respecto del mando fue la señora de Kirchner, con Alberto Fernández a cargo del timón. <<

[378] Para no dejar al lector en penumbras en relación con esa referencia, hay que recordar que uno de los pretextos de ese conflicto de Grosso con Menem y Cavallo era el contrato de recolección de residuos de la ciudad, que estaba en poder de Macri. Franco Macri era socio de la empresa Manliba, en alianza con Waste Management. Siempre se sospechó que esa asociación era la compensación que había obtenido de Donald Trump, quien lo había expulsado de un frustrado intento de desembarco en el mercado del real estate de Nueva York. <<

[379] La candidatura de Kirchner debió ser convalidada por la Cámara Nacional Electoral, debido a que la UCR había objetado que carecía de los dos años de residencia en la provincia, que exige la ley. Si bien había vivido ya seis años en Olivos, sostenían los radicales, lo había hecho como presidente o como esposo de la presidenta, no como vecino empadronado en la provincia. <<

[380] Es muy interesante advertir que ocho años más tarde la causa contra Segovia serviría de nuevo para que el oficialismo espiara a sus rivales. En este caso, la ahora denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), conducida por Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Mauricio Macri, aprovechó que Segovia compartía el pabellón con numerosos kirchneristas encarcelados en Ezeiza bajo el régimen de prisión preventiva, para acceder a las comunicaciones que realizaban todos desde el mismo teléfono colectivo. Existen infinidad de indicios de que Segovia había sido trasladado a ese pabellón para facilitar la maniobra. El juez que lo dispuso, Federico Villena, tenía una estrechísima relación con la subdirectora de la AFI de Macri, Silvia Majdalani. <<

[381] En estos links, se puede acceder a algunos textos reveladores de esa maniobra de prensa: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124 646-2009-05-10.xhtml>; <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123 487-2009-04-19.html>; <https://www.lanacion.com.ar/politica/segovia-dice-que-le-pidieron-involucrar-a-de-narvaez-nid1127 912/>. <<

[382] Aquí conviene, nuevamente, consignar un episodio personal. Cuando se produjo el cierre de listas de aquella campaña, mantuve un intercambio vía mail con De Narváez, comentando las características de cada oferta. En uno de esos correos, consulté a De Narváez por detalles de la causa sobre su presunta vinculación con la efedrina, que habían aparecido en la prensa. Me contestó diciendo que «al juez lo vamos a recusar», así, en plural. A los pocos días, ese intercambio aparecía en una nota del diario Página 12 (<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-126 355-2009-06-09.xhtml>). Allí se interpretaba que, dado que De Narváez no era parte de la causa, el plural demostraba su complicidad con el narcotraficante. La mañana en que se publicó ese artículo, Kirchner lo utilizó durante una conferencia de prensa para hostigar a De Narváez. <<

[383] Isonomía, Informe estudio sistemático Buenos Aires, 5.ª. ola, junio de 2009. <<

[384] Felipe Solá, ofuscado, subraya en sus memorias el efecto positivo de la exitosa imitación que hacía de De Narváez el comediante Roberto Peña en el show Gran Cuñado, de Marcelo Tinelli. Véase Solá, op. cit., p. 340. Allí se consagró un eslogan, usado como muletilla cómica: «Quereme, querete; alica, alicate». <<

[385] «Así presentaba Cristina Kirchner el proyecto de Ley de Medios», disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=i8EmN5qj5vE>. <<

[386] La pelea por Telecom tuvo aspectos novelescos. La mayoría de ellos fue registrada por el autor de este texto para La Nación. Néstor Kirchner conocía el interés de Héctor Magnetto en esa empresa, de la que hoy Clarín es accionista. Gutiérrez tuvo un papel estelar, en una época en que parecía ser el preferido del expresidente. La relación con Cristina Kirchner se deterioró, sin embargo, después de la muerte del santacruceño. Entredichos contables, por llamarlos de alguna manera. Lo concreto: Gutiérrez debió exiliarse en Panamá. Tampoco el vínculo con los Werthein resultó amigable: el mercado se plagó de versiones sobre una cuenta de varias decenas de millones de dólares que no se saldó después de que Néstor Kirchner falleciera. Habladurías. Lo cierto es que la embestida sobre Telecom fue un fracaso, porque los italianos lograron un éxito en la Justicia, en la que perseveraron por insistencia de sus abogados argentinos. <<

[387] Hubo mil especulaciones sobre el origen del escándalo y, sobre todo, de la causa judicial. La más verosímil conduce, como tantos otros temas, al submundo del espionaje y a su figura central en aquel entonces: Antonio Stiuso. Esa versión afirma que Nicolás Ciccone recurrió a un amigo de Stiuso para encontrar una salida a su situación fiscal. Ese amigo habría sido el publicista Horacio D’Anunzio, quien le trasladó la inquietud al espía. Stiuso le presentó el negocio a su jefe, Francisco Larcher, de la máxima confianza de Kirchner. Pero Kirchner tomó otro camino y puso el asunto en manos de Boudou, quien se había ganado la confianza de la pareja gobernante cuando imaginó la estatización del sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Un pormenor persuasivo en favor de esta, llamémosle así, teoría: la causa judicial se inicia con la denuncia de un personaje cercano a la Secretaría de Inteligencia, Jorge Orlando Pacífico, quien escucha en un bar que, a sus espaldas, alguien comenta que Boudou es el dueño de una sociedad llamada The Old Fund, manejada por un testaferro, Alejandro Vandebroele. Pacífico, que no se dio vuelta para ver la cara de quienes hablaban, presentó una denuncia en el juzgado de Ariel Lijo. Una curiosidad: el mismo Pacífico fue mencionado en la causa AMIA por haber estado, sin demasiadas explicaciones, en la esquina de la mutual judía el día de la masacre. Esa presencia dio origen a la que entonces se denominó la «pista carapintada». <<

[388] Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, «Las asignaciones universales por hijo en la Argentina. Impacto, discusión y alternativas», en Económica, vol. LVI, La Plata, enero-diciembre de 2010. <<

[389] Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino, Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente, Buenos Aires, Cias-Fundar, 2021. <<

[390] En el peor momento de la estatización de la empresa, cuando estaba haciendo un abandono forzoso del país, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, mantuvo una entrevista con el autor de este texto en el departamento que ocupaba en la calle Levene. De la reunión participó también su principal consejero, director de Asuntos Jurídicos de la multinacional española. Enfurecido por lo que estaba ocurriendo, Brufau realizó este inesperado comentario: «¿Se están cargando una compañía porque la familia Eskenazi tiene un conflicto con la familia Kirchner por 400 millones de dólares?». Una versión que divulgaba alguien que había sido ministro de Kirchner y tuvo funciones después en una importante empresa contratista del Estado afirmaba que la pelea con los Eskenazi nació de un entredicho entre esa familia y Elías Jassán, exministro de Justicia de Carlos Menem, que había sido abogado de los accionistas de YPF. Despechado porque prescindieron de sus servicios, afirma este relato, Jassán le habría informado a Máximo Kirchner sobre pactos celebrados entre su padre y los Eskenazi, que según él estos querían desconocer. Es bastante obvio que resulta dificilísimo obtener confirmaciones de estas historias. La narración convencional sostiene que Cristina Kirchner se enemistó con Sebastián Eskenazi por la negativa de este a aceptar un programa de precios de combustibles que significaba una pérdida para YPF. <<

[391] Quien conozca el funcionamiento íntimo del kirchnerismo tiene derecho a dudar de versiones que aparecieron en el curso del proceso judicial, tendientes a hacer creer que Cristina Kirchner siguió coordinando la red económica que controlaba su esposo. Menos creíble todavía es la imagen de ella recibiendo bolsos de dinero de manos de funcionarios de segunda o tercera línea. Razones estéticas más que éticas obligan a sospechar que esas versiones estuvieron destinadas a conseguir ventajas procesales. <<

[392] Néstor Kirchner siempre estuvo obsesionado por contar con un dispositivo estatal de intervención en la política energética. Para ponerlo en términos anecdóticos, se cuenta de la envidia que le producía advertir, en reuniones con colegas sudamericanos, la capacidad que estos tenían de modificar situaciones en el campo del petróleo o del gas con solo un llamado telefónico: desde Lula da Silva hasta Hugo Chávez, pasando por Evo Morales. Por ese motivo, creó Energía Argentina (ENARSA). Pero era insuficiente. De allí que comenzó a presionar a los españoles de Repsol, accionistas de YPF, para que se desprendieran de una parte de la empresa. Las negociaciones avanzaron en manos de Julio de Vido, pero cuando le llevaron a Kirchner la candidatura de Carlos Miguens para convertirse en el socio local de Repsol volteó la idea y propuso a la familia Eskenazi. Los Eskenazi eran parte de su sistema desde hacía años, como titulares del Banco de Santa Cruz. Sebastián Eskenazi, el hijo mayor del pater familias, Enrique, pasaba buena parte de sus días en Olivos. Su vínculo más estrecho era el segundo de la Secretaría de Inteligencia, Francisco Larcher, que había sido director del banco. La manera en que los Eskenazi ingresaron a la empresa no podía ser más extravagante: además de un crédito bancario del siempre disponible Credit Suisse, la parte mayor del financiamiento provenía de la propia YPF a través de dividendos. Ese método, lejos de ser inconveniente, fue celebrado por los españoles de Repsol, ya que ellos también comenzaron a retirarse a través del reparto de utilidades que se reinvertían cada vez menos. Estas ventajas, a las que la familia no podría haber accedido si no hubiera sido por su promiscuidad con los Kirchner, eran las que hicieron que Cristina Kirchner viera a los Eskenazi como sus representantes dentro de la petrolera. Algo que, como ya se consignó, podría ser literal. ¿Venganza por una traición patrimonial? ¿Enojo por la falta de solidaridad con la política energética, sobre todo en el precio de los combustibles? ¿Ansiedad por la creciente falta de dólares? Todo eso junto fue, es muy posible, lo que provocó la estatización. La decisión fue discutida, sobre todo en la ANSES, que tenía acciones de YPF y pretendía ampliar su participación. Allí, Diego Bossio propuso la compra de las acciones de Repsol entre esa agencia y los Eskenazi, que ampliarían su participación. Kicillof, que era el responsable de parte de la presidenta, habría sido contundente: «La salida que proponés vos sale mucha plata. A mí la estatización me sale gratis». Esa frase fue pronunciada, según más de uno de los participantes, en una reunión entre Bossio y Kicillof a la que asistieron Nicolás Arceo, Emanuel Álvarez Agis y Valeria Loira, por entonces esposa de Bossio y principal asesora jurídica de Cristina Kirchner. Por supuesto, la jugada costó muchísimo al Tesoro, ya que por el 51 % de la compañía Kicillof se comprometió a pagar 10 000 millones de dólares. <<

[393] No hubo demasiados indicios sobre la vocación reeleccionista de Cristina Kirchner. Uno de ellos fue un pronunciamiento del grupo Carta Abierta, que solía expresar con mucha antelación y fidelidad la hoja de ruta del oficialismo. También comenzó a registrarse un activismo, enmascarado en iniciativas académicas, en los dirigentes más radicalizados del oficialismo. El 25 de abril de 2012, días después de que se enviara al Congreso el proyecto de estatización de YPF, fue invitado a hablar en la Facultad de Derecho el constitucionalista valenciano Roberto Viciano Pastor, uno de los inspiradores de las reformas bolivarianas de Chávez y Correa. Pastor, ligado más tarde a la izquierda de Podemos, predicaba en aquel entonces que las cláusulas pétreas de las constituciones no eran sino un cepo que las clases dominantes imponían a las mayorías populares. La democratización constitucional debía consistir en eliminar esas cláusulas, que establecían un número inalcanzable de voluntades legislativas para reformar la Carta Magna. Aquella vez, los anfitriones de Viciano Pastor fueron Eduardo Sigal, del Frente Grande; Luis D’Elía, de la Federación de Tierra y Vivienda, y Pedro Wasiejko, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Ni La Cámpora ni Kolina, la agrupación que alimentaba Alicia Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo Social, participaron del encuentro. El proyecto reeleccionista tuvo una nueva expresión por el impulso de una declaración inesperada. El 21 de mayo de 2012 Daniel Scioli dijo que si la presidenta no conseguía otra reelección, él pretendía ser candidato en 2015. Doble daño: explicitó un deseo que debía estar oculto e instaló con tres años de antelación la querella sucesoria. Una semana después, en el Teatro Margarita Xirgu, todas las organizaciones del kirchnerismo ultra, siempre con la ausencia de las familiares, lanzaron un movimiento para el «constitucionalismo emancipatorio». Había que terminar con la Constitución de 1994, que había sido un tributo al neoliberalismo, un tributo del que habían participado ambos Kirchner, entusiastas constituyentes de Santa Fe. <<

[394] El episodio ocurrido en la casa de Massa está detrás de una compleja intriga político-judicial. En ella, perdió su cargo el fiscal provincial Washington Palacios, quien planteó que las actas que se levantaron a propósito del robo habían sido adulteradas. ¿Para qué? Para disimular que en lo de los Massa se habían encontrado, en efectivo, más dólares que los que habían denunciado los dueños de casa. Palacios se basó en los dichos de un testigo, Néstor Jaunarena. Ese testigo, en sede judicial, afirmó que Palacios lo había «patrocinado» para que dijera lo que dijo. Palacios fue destituido como fiscal por un jury de enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense frente al cual el massismo militó con fervor. Contra Palacios, en defensa de la tesis de Massa, actuó el fiscal Claudio Scapolan, sometido más tarde a una investigación por narcotráfico por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Scapolan había estado subordinado al fiscal Julio Novo. Ambos muy próximos a un esquema de poder en el que han convivido, sobre todo, Massa, el intendente de San Isidro Gustavo Posse y el diputado provincial por San Martín Walter Carusso, puente eterno entre la UCR y el Frente Renovador de Massa. Scapolan terminó siendo suspendido por la Legislatura como consecuencia de esas complicidades con el narcotráfico. <<

[395] El heredero de Massa en ese sillón, Boudou, mantuvo el mismo trato con Jorge Brito padre y, sobre todo, con su hijo, también llamado Jorge. Fue este otro Jorge, el hijo, el que se entreveró con Boudou en la compra de Ciccone Calcográfica. <<

[396] Un colaborador de Massa de aquellos tiempos recuerda que cuando Máximo Kirchner escuchó esas manifestaciones lo llamó y le dijo, riéndose: «Tu amigo se hace el Néstor». Ya aliado del diputado Kirchner, en 2022, Massa se justificó fantaseando con que, en realidad, esas expresiones «habían sido editadas por el PRO». <<

[397] Conversación personal con Marcos Peña, septiembre de 2022. <<

[398] La definición de la candidatura de Vidal llegó al cabo de una reunión del círculo íntimo de Macri. Monzó ejerció una presión descomunal. Macri dio a entender que estaba en la misma sintonía. Vidal le dijo algo que, por el crédito que tomaba, signaría tiempo después la relación entre ambos: «Voy donde me necesites». Esa disponibilidad no fue suficiente como para que Vidal dejara de tener un enorme y duradero fastidio frente a Monzó. A un costado de la escena, Rodríguez Larreta, que compensa su déficit de carisma con montos incalculables de astucia, festejaba que su amiga quedaba desalojada de la Capital, donde había asomado como una competencia amenazante.

Monzó terminó de ganarse la animadversión de Vidal cuando, después de impulsarla como candidata, la quiso cancelar. La razón de ese viraje fue que, según el equipo de campaña que rodeaba Monzó, la figura de Vidal no evolucionaba en las encuestas, no «medía». Esta situación, que siempre es discutible, en especial para quien está lanzado a la carrera, se combinó con otra. Sergio Massa estaba proyectado hacia la presidencia y no vislumbraba una victoria, pero acumulaba unos 20 puntos en las encuestas. Llevaba como postulante para la gobernación a un De Narváez recolocado ahora como aliado del Frente Renovador. En un sector del macrismo, liderado por Monzó, comenzó a tomar fuerza la idea de que Massa se incorporara como aliado de Cambiemos, reemplazando a Vidal. De Narváez estaba dispuesto a ceder su lugar, que no era para nada promisorio.

Monzó consiguió la autorización de Macri para negociar con Massa. Se pactó una reunión en el Hotel Intercontinental de Nordelta. Allí se vieron Massa, Monzó y Massot. Fue un acuerdo práctico, se podría decir, de punteros. Se arreglaron lugares en las listas y lo central: Massa reemplazaría a Vidal como candidato a la gobernación. Dos días después, en un pequeño conciliábulo en la casa de Franco Macri, en la calle Eduardo Costa de Barrio Parque, Macri dio de baja el pacto que había autorizado. Se impusieron Peña y Durán Barba. Es habitual que Macri cambie de opinión y estropee una gestión encomendada por él a sus colaboradores, sin siquiera dar una explicación. No es líder, es dueño. Repite un molde propio de las empresas comandadas por un caudillo: se supone que a los gerentes se les paga para resolver los entuertos que arma el patrón con sus veleidosas idas y vueltas. Massa recibió las disculpas del caso de parte de Monzó y Massot, pero quedó una herida. Quedó algo más: un odio de Vidal a Monzó, su promotor inicial, que ha reaparecido mil veces desde entonces. <<

[399] «Desde otro lugar. Jorge Rial entrevista a Cristina Fernández», disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=GuPlOi2LKN8>. <<

[400] En la campaña de 2021, como candidato a diputado nacional, Randazzo lanzó un spot en el que una imitadora de la voz de Cristina Kirchner le ofrecía la candidatura a gobernador. Él aclaró, a propósito del spot, que la entonces presidenta lo llamó tres veces insistiéndole con ese ofrecimiento. <<

[401] Tal vez algún día se obtenga alguna claridad sobre un enredo político que obedece a movimientos del inframundo. El triple crimen de General Rodríguez fue, en rigor, un triple crimen de Sarandí. Habrían sido asesinados allí los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Fue en agosto de 2008. El 7 se denunció su desaparición, y el 13 sus cuerpos fueron encontrados en un descampado de General Rodríguez. Eran dueños de droguerías asociadas al tráfico de efedrina. La viuda de Forza había dicho que su esposo pagaba, como protección, una abultada suma de dinero mensual a «la Morsa», alguien con un bigote prominente. Los acusados por ese crimen fueron Cristian Lanatta, Martín Lanatta, Víctor Schilacci y Marcelo Schilacci. Se los condenó a cadena perpetua. Esteban Pérez Corradi, otro de los imputados, estuvo prófugo hasta junio de 2016. El caso está contaminado por indescifrables operaciones de inteligencia. La última vez que se los vio, los empresarios estuvieron reunidos con el agente de la Secretaría de Inteligencia Julio Pose, cercano al tenebroso Stiuso. ¿Pose era «la Morsa»? Está sugerido en algunas notas periodísticas referidas a un caso de contrabando de drogas por el que Pose fue a juicio como imputado. El relato público de los hechos siempre atribuyó a Aníbal Fernández el apodo de «la Morsa», debido a una declaración de los Lanatta. Los Lanatta estaban cerca de Fernández, o por lo menos se movían en su zona de actuación: la barra brava del club Quilmes. ¿Eran personajes controlados por los servicios de inteligencia? Se podría afirmar que sí, casi con seguridad. En el tramo final de la campaña de Vidal contra Aníbal Fernández, reaparecieron haciendo declaraciones comprometedoras contra el candidato oficial. Esta irrupción volvió muy intrigante lo que pasó apenas Vidal asumió: los presidiarios Lanatta y Schilacci se fugaron de la cárcel de General Alvear, donde purgaban su condena. Los buscaron durante días. Se iba creando la espesa sensación de que habían sido liberados como pago a servicios prestados a Vidal durante su proselitismo. Al final, aparecieron refugiados en la propiedad de un libanés, en Rosario, que se comunicó con el embajador de su país para informar lo que estaba ocurriendo. El embajador se lo confirmó a una casi compatriota: Silvia Majdalani, la vicedirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). <<

[402] «La diferencia», en Página 12, disponible en línea: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201 848-2012-08-25.xhtml>. <<

[403] Beppe Severgnini, «“Cuore di tenebra”, il potere senza eredi», en Il Corriere della Sera, disponible en línea: <https://www.corriere.it/politica/13_novembre_18/cuore-tenebra-potere-senza-eredi-3df1d436-501d-11e3-b334-d2851a3631e3.shtml>. <<

[404] Francisco Echarren era intendente de un partido ajeno al conurbano: Castelli. Se incorporó a la gestión de Vidal de la mano del subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. Echarren ocupó la Subsecretaría de Tierras, Vivienda y Hábitat. Había sido un intendente alineado con Julio de Vido. Simuló tan nivel de fanatismo que bautizó a un barrio con el nombre del ministro. Durante la gestión de Macri, le cambió la denominación y lo llamó René Favaloro. Con Vidal duró poco tiempo: en 2017, se marchó alegando que empezaba «la batalla de las ideas» y debía regresar a Castelli. Años después, volvió a pedir licencia para asumir un cargo en el Ministerio de Transportes del gobierno de Alberto Fernández. La comuna quedó a cargo de su hermano, Sebastián. <<

[405] Además de Bossio, lo integraban Carlos Rubin, Evita Isa, Pablo Kosiner, Javier David, Óscar Romero, Néstor Tomassi, Guillermo Snopek, Héctor Tentor, Rubén Miranda, Gustavo Martínez Campos, Teresita Madera, Alberto Roberti, Sergio Ziliotto y Gustavo Fernández Mendia. José Luis Gioja amagó con sumarse a esta disidencia, pero hizo un giro en u. Héctor Recalde y Máximo Kirchner se encargaron de retener a ochenta legisladores que seguirían en el bloque del Frente para la Victoria. <<

[406] Una versión nunca desmentida afirma que, en una gestión a favor del gremialista Rodolfo Daer, con el propio Daer presente, Massa le dijo a su amigo, el juez Claudio Bonadio: «Si la metés presa, sos ministro de Justicia. Sos Sergio Moro». Se refería al juez que en Brasil comandó el Lava Jato y llevó tras las rejas a Lula da Silva. <<

[407] La presencia de Rochetti en el gabinete de Ritondo es una especie de «distribuidor» que conduce a distintas regiones del submundo del PRO y algunos sectores de la UCR. Rochetti tiene un vínculo cercano a Daniel Angelici, el expresidente de Boca y gestor judicial de Macri. Ritondo también designó como jefe de Comunicaciones del Ministerio a Lautaro García Batallán, un radical que integraba el Grupo Sushi, liderado por Antonio de la Rúa, durante la presidencia de su padre, Fernando. García Batallán fue el encargado de Comunicación de Boca bajo el paraguas de Angelici. Para terminar de armar este rompecabezas, hay que integrar a Darío Richarte. En este texto, ya se lo mencionó en varias oportunidades: fue uno de los principales tentáculos de Antonio «Jaime» Stiuso en el mundo de la Justicia federal, sobre todo en su calidad de abogado penalista de innumerables funcionarios kirchneristas acusados de corrupción, a los que Stiuso controlaba a través de ese patrocinio. El caso más notorio fue el de Amado Boudou. Estamos ya ante un puente muy activo: el que comunica aparato de seguridad, fútbol y organismos de inteligencia. Angelici y Richarte fueron los padrinos de Juan Sebastián De Stefano, el director de Asuntos Jurídicos de la AFI bajo la dirección de Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Macri. De Stefano participó de la escandalosa reunión que se celebró en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017, en la que el entonces ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, habló de su fantasía de constituir una Gestapo de persecución al sindicalismo. El enredo fue mayor porque la reunión fue filmada de manera clandestina por personal de la propia AFI. Cuando se conocieron las filmaciones, en diciembre de 2021, el abogado que le asignaron a Villegas fue Rochetti. Y el encargado de defender a los funcionarios involucrados, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, Ritondo. <<

[408] Pablo Semán, «La Matanza, sin lugar para arrepentidos», en Anfibia, Universidad Nacional de San Martín, 2017, disponible en línea: <https://www.revistaanfibia.com/la-matanza-sin-lugar-arrepentidos/>. <<

[409] Conversación con el autor, julio de 2021. <<

[410] Amador Fernández-Savater, «Tres preguntas para Pablo Iglesias a propósito de “Medios y cloacas”», en Contexto y Acción, núm. 288, septiembre de 2022, disponible en línea: <https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40866/Medios-y-cloacas-libro-Pablo-Iglesias-comunicacion-Amador-Fernandez-Savater.htm>. <<

[411] Resulta ilustrativo consignar que, hacia noviembre de 2017, cuando el FMI emitió su diagnóstico, eran poquísimos los economistas que encendían luces de alarma sobre el desequilibrio de la cuenta corriente. El autor de este trabajo recuerda a solo dos que se lo expusieron para aquel tiempo, casi al mismo tiempo: Pablo Gerchunoff y Alfonso Prat-Gay. Conviene apuntar también que Prat-Gay, siendo ministro de Hacienda y Finanzas, planteó muy temprano el problema del atraso en el tipo de cambio, pero que nunca consiguió que Sturzenegger lo admitiera como cuestión. Macri zanjó siempre ese debate a favor de Sturzenegger. En diciembre de 2016, sin explicación alguna, decidió prescindir de los servicios de Prat-Gay. En el seno del gabinete, figuras que pertenecían al entorno más íntimo de Macri explicaban por entonces que en esa decisión habían tenido muchísimo que ver Mario Quintana y el ejecutivo del HSBC, Gabriel Martino. En algunos casos, la versión incluía también a Horacio Rodríguez Larreta, alrededor del cual orbitaban Quintana y Martino. <<

[412] Dos ejemplos: la decisión de que la ANSES reconociera las acreencias de jubilados que habían obtenido sentencias favorables a sus reclamos se tomó por fuera de todo plan fiscal. Y hubo actualizaciones tarifarias, por caso, en el área de Transportes, que se resolvieron sin consultar con el ministro de Hacienda. <<

[413] Macri llegó a reunirse con Melconián, o sea, consideró el reemplazo de Dujovne. Pero debió retroceder cuando Melconián puso como condición para reincorporarse al gabinete la salida de Peña. Era lógico que lo haría de ese modo: Peña, igual que Quintana, habían sido decisivos en la salida del economista de la presidencia del Banco Nación. Le reprochaban llevar adelante una gestión, vaya paradoja, demasiado gradualista, sobre todo por su afinidad con los sindicalistas de la Asociación Bancaria. <<

[414] Claudio Jacquelin, «María Eugenia Vidal: “Hoy todas las opciones sobre el calendario electoral están abiertas”», en La Nación, 25 de noviembre de 2018, disponible en línea: <https://www.lanacion.com.ar/politica/maria-eugenia-vidal-hoy-todas-las-opciones-sobre-el-calendario-electoral-estan-nid2196 076/>. <<

[415] Axel Kicillof y otros, Radiografía de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. <<

[416] José Natanson, «El día en que el peronismo perdió a los jóvenes». En: Le Monde Dilomatique, edición 283, enero 2023. Disponible en línea <https://www.eldiplo.org/283-por-que-la-derecha-conquista-a-los-jovenes/el-dia-en-que-el-peronismo-perdio-a-los-jovenes/>. <<

[417] Por citar solo una: la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, elaborada por la Universidad de San Andrés entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2022. Allí se consigna que solo el 11 % de los encuestados está satisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que el 88 % no lo está. Desde las postrimerías de 2020, bien entrada la cuarentena, las investigaciones de opinión pública consignan niveles de pesimismo del 70 % o más. Es decir, la percepción de que el año en curso es peor al anterior y será mejor que el que viene. <<