El Oeste no era tan salvaje como la leyenda nos ha hecho creer. El mercado ofrecía protección y agencias de arbitraje que funcionaban con bastante eficacia, y que sustituían al gobierno total o parcialmente. Más de una vez hemos visto en la gran pantalla como una turba enfurecida de vecinos asaltaba la prisión de un pueblo americano en el lejano Oeste para intentar sacar por la fuerza a un reo con el propósito de ahorcarlo. Frases como «¡Hagámosle un juicio justo y después colguémoslo!» o del estilo, han sido tan protagonistas no sólo en los westerns sino también en las novelas y ensayos de la misma temática, que poco a poco han ido creando un mito sobre la extrema violencia de una sociedad debido a la ausencia de instituciones gubernamentales. Si a ello le unimos algunos episodios violentos dignos de reproducir en la gran pantalla o en los circos (a pesar de que no representaban las características generales de la sociedad del Oeste americano) solo se estará incrementando el mito de la anarquía como desorden violento y caos social.

La rapidez con la que se extendían los ganaderos, agricultores o mineros a los territorios del Oeste era mucho mayor que la del sistema gubernamental americano. Y sin embargo, la producción y ejecución de leyes se llevaba a cabo por parte de los particulares. Las leyes privadas se aplicaron a través de los land clubs (o clubes de propietarios de tierras), las asociaciones de ganaderos, las caravanas que tantas veces hemos vistos en películas atravesar las praderas de lo desconocido, o las empresas y explotaciones mineras que se asentaban en las tierras californianas en busca de oro.

Los nuevos propietarios de las tierras fronterizas debían asociarse para procurarse la ley y para ello adoptaban sus propias constituciones según las preferencias de los integrantes de estos clubes y disponían de sus propios jueces y oficiales que se encargaban de llevar a cabo estas disposiciones. Los gastos del juicio corrían a cargo del demandante y del demandado. Una manera de hacer cumplir las reglas que este tipo de asociaciones ciudadanas extralegales (por estar fuera de la ley estatal) disponían era la de no comerciar ni relacionarse con aquellos que decidían saltarse este tipo de convenciones. Otro modo de resolver disputas y conflictos era a través de sistemas de arbitraje, más rápidos y neutrales que los juicios estatales: como sucedía en las caravanas, en donde fácilmente surgían conflictos y disputas y donde leyes propias se pactaban voluntariamente antes de salir hacia las praderas americanas. En estos casos encontramos las mismas cualidades y beneficios que actualmente.

De hecho, las conclusiones a las que podríamos llegar a través de recientes estudios bien podrían ser las mismas que en el salvaje oeste: flexibilidad, participación de las partes, irrevocabilidad de las sentencias, privacidad, grandes especialistas de prestigio (auctoritas en la materia)… y no es difícil pensar que en un futuro estos sistemas se perfeccionen y cobren mayor rapidez, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 80% de las empresas internacionales prefieren este tipo de resolución de conflictos al de los tribunales estatales de justicia. Por tanto, lejos de ser una época y unos lugares en la que la ley de la selva imperaba, el Lejano Oeste americano da ejemplos siempre limitados (pues había un trasfondo gubernamental) de cómo los ciudadanos cobraban protagonismo y lograban organizarse para desarrollar leyes privadas guiadas por la costumbre, la competencia y la propiedad privada como base para dicha organización.

Terry Lee Anderson & Peter Jensen Hill

El no tan salvaje Oeste

Los derechos de propiedad en la frontera

ePub r1.0

Titivillus 07.05.2019

Título original: The Not So Wild, Wild West

Terry Lee Anderson & Peter Jensen Hill, 2014

Traducción: Carlos López Montero

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A nuestros hijos: Sarah, Peter, Jennifer, Josh y Lisa.

Que el espíritu y la libertad del Oeste les bendigan por siempre.

Agradecimientos

El desarrollo de este libro ha llevado un largo tiempo; la primera vez que pensamos en la evolución de los derechos de propiedad en la frontera fue a principios de la década de los setenta. El asunto se convirtió en una parte fundamental del curso sobre historia económica que ambos impartimos en la Universidad Estatal de Montana durante dos décadas.

A lo largo del proceso de gestación de este proyecto, la relación de seminarios, artículos y conversaciones que mantuvimos con colegas es demasiado vasta como para entrar ahora en detalle. Pero gracias a nuestros amigos y compañeros Dan Benjamin, Bruce Benson, James Buchanan, David Friedman, David Haddock, Ron Johnson, Gary Libecap, Fred McChesney, Andrew Morriss, Seth Norton, Richard Stroup y Bruce Yandle por sus comentarios. Además, también nos gustaría agradecer a Anna Nordberg su ayuda en la investigación y la edición del manuscrito. Por supuesto, los errores en el análisis y en las pruebas aportadas son responsabilidad nuestra.

Somos afortunados por haber recibido el apoyo de instituciones y particulares a través del PERC (Property and Environment Research Center, Centro de Investigación de la Propiedad y del Entorno), el Instituto Hoover y el Wheaton College. Estamos especialmente contentos por el respaldo obtenido de la Earhart Foundation, que nos permitió comenzar a ordenar nuestras disparatadas ideas y artículos acerca de este asunto, así como recopilar el material gráfico incluido en el libro. Andy Morriss organizó un coloquio del Liberty Fund que giró alrededor de varios pasajes de la obra, por lo que le agradecemos a él y a los participantes, así como al Liberty Fund, que hayan hecho de este un libro mejor. El emprendedor Bill Dunn proporcionó generosamente ayuda de todo tipo al PERC con tal de ayudar en la elaboración de este libro. En el Instituto Hoover, John Raisian le concedió a Terry la flexibilidad necesaria para que pudiera trabajar en este proyecto, y Marty e Illie Anderson han estado apoyando el puesto de Terry como investigador principal. En el Wheaton College, la familia Bennet ha respaldado la cátedra patrocinada de Peter.

La parte más fácil de este proyecto consistió en teorizar sobre la evolución de los derechos de propiedad en la frontera, así como recabar información acerca de la fascinante historia del Oeste. Lo difícil fue juntar todos los resultados en un manuscrito para que posteriormente pudiera ser publicado. Por todo ello, esto no hubiera sido posible sin el trabajo duro y la atención por el detalle de Michelle Johnson. No podemos agradecerle lo suficiente el haber organizado y corregido nuestros errores, siempre con una sonrisa en la boca. Además nos gustaría darle las gracias a Monica Lane Guenther por hacer malabarismos con los turnos en el PERC, lo que nos permitió trabajar en el borrador, y a Michelle McReynolds por ayudarnos a conseguir el material gráfico necesario.

Por último, agradecemos a nuestras familias su paciencia, interés y apoyo. Siempre se mostraron «cariñosamente» críticos cuando aprovechábamos cualquier oportunidad para compartir nuevas ideas con ellos. Por descontado que nuestro hijos Sarah, Peter y Jennifer no tienen ganas de calcular la cantidad de cenas con lecturas improvisadas que se han tenido que tragar. Y un agradecimiento especial a nuestras esposas, Janet y Lois, por todo su amor y apoyo moral durante todos los buenos y malos momentos escribiendo este libro.

UNO

Héroes, villanos y vaqueros de verdad

Una fría mañana de 1892, Peter Jensen se dirigió a una caballeriza de Denver, ensilló el caballo que acababa de comprar, amarró todas sus pertenencias materiales y partió hacia Montana en busca de fortuna. Cinco años antes, el inmigrante danés de 22 años había abandonado la hacienda familiar en Nebraska para trabajar en Cheyenne, Wyoming; luego en Cripple Creek, Colorado, y finalmente en Denver. A pesar de que había disfrutado de sus aventuras, sentía ahora que debía adquirir tierras si de verdad quería ganarse la vida. El este de Montana, tras solo una década dedicado a la ganadería, parecía ofrecer abundantes oportunidades.

La travesía de Jensen en dirección al norte resultó ardua, pese a que no esperaba que fuese peligrosa. El primer día, arrojó su recién adquirido revólver a un riachuelo al no encontrarse cómodo con él, y nunca más volvió a llevar encima un arma. Conforme discurría la travesía, Jensen y sus dos compañeros de viaje se dieron de bruces con una tormenta de nieve primaveral que provocó que tuvieran que marchar a pie con sus caballos durante dos días, y muertos de hambre durante al menos tres. La segunda noche posterior a la tormenta, se refugiaron en una cabaña vacía que se habían encontrado. Si bien pudieron cortar ramas de álamo para dárselas de comer a sus caballos, no fueron capaces de encontrar comida para ellos. A la tercera noche, por fin, un trampero les ofreció alimento y cobijo en su remota cabaña.

Cuando Jensen llegó a Montana, empezó a trabajar en el rancho Biddle and Ferdon, situado en el sudeste del estado. A finales de aquel año, se trasladó al rancho Powder River, donde permaneció otros dos años. En 1894 compró del rancho un pasto llamado «campo de toros», en el cual se guardaban los toros cuando no se les mezclaba con las vacas. Esa propiedad, ubicada en Crow Creek, se convirtió de esa manera en el cuartel general de las actividades de Jensen. El P J Ranch (Rancho P J) permanecería en la familia a los próximos 98 años. Aunque Jensen poseía una cabaña, unos cuantos corrales y varios cientos de acres de terreno al fondo del arroyo, criaba a su ganado en pastizales al aire libre junto a otros ganaderos de la zona.

Más o menos al mismo tiempo, al otro lado del mundo respecto de Jensen, un joven serbio llamado Novak Kapor se embarcaba en un navío en dirección a Nueva York. Llegó a la ciudad en 1896 acompañado por su hermano, ya que ambos planeaban cruzar el vasto continente para ir trabajar a las minas de Montana. Tras atravesar la aduana de la Isla de Ellis, y mientras esperaban a su tren transcontinental, lanzaron una moneda al aire para dirimir quién se iría con destino a Red Lodge, Montana, para trabajar en las minas de carbón, y quién a las de cobre en Butte. Así, Novak se convirtió en minero del carbón.

Cuando llegó a Red Lodge, se encontró con una boyante villa étnica que suministraba de carbón a la Northern Pacific Railroad (Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte). Otros muchos enclaves étnicos, tales como Finn Town, Little Italy o Slav Town, salpicaban el paisaje de esta remota tierra salvaje del Oeste. Entre estas comunidades se producían pocas fricciones, incluso pese a que los inmigrantes trataban de conservar sus identidades culturales al tiempo que aprendían inglés y trabajaban codo con codo en las minas. Para Novak, el centro serbio y las jiras yugoslavas seguían siendo una parte importante de su vida ya bien entrado el siglo XX.

Trabajando en las minas, Novak hizo una fortuna en comparación con lo que su familia ganaba en Serbia. Para cuando regresó de visita a casa antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ya se había convertido en un héroe local por haberle adquirido a su familia una granja. En los tiempos de la prohibición, aumentó su riqueza destilando whisky en el sótano de la casa de un compatriota en Red Lodge, y que posteriormente vendían por toda la región. Gracias a las ganancias derivadas de la minería y del contrabando, se trasladó a Bridger, Montana, a unas 27 millas de distancia. Allí construyó un hotel, bar y cafetería que se convertiría en un sostén importante de los negocios que se llevaban a cabo en la pequeña calle principal.

Los dos individuos de los que hemos estado hablando son nuestros abuelos: Peter Jensen es el abuelo de P. J. Hill, y Novak Kapor el de Terry Anderson. De este modo, nos presentamos en esta obra como economistas profesionales interesados en cuestiones de diseño institucional, pero también como los nietos de unos recién llegados a la frontera del Oeste.

Las experiencias de nuestros abuelos plantean diversas cuestiones que trataremos de responder a lo largo de este libro. ¿Actuó Pete Jensen de manera insensata al deshacerse de su pistola conforme se abría paso en la aparentemente violenta sociedad de los pueblos ganaderos y sus terrenos de pastoreo al aire libre? ¿Cómo pretendía defenderse a sí mismo y a su propiedad? Y, para cuando comenzó su propio rancho en el campo de toros, ¿acaso tenía algún derecho de propiedad sobre el terreno abierto que le era necesario para su supervivencia? ¿Cómo podía estar seguro de que las mejoras en sus infraestructuras, como el depósito de agua que había construido con un arado tirado por dos caballos, no se volverían inútiles conforme más y más reses ocupasen el campo? ¿Fue discriminado Novak Kapor por razones étnicas en las comunidades mineras y, por consiguiente, perdió ciertas oportunidades? ¿Cómo pudo este emigrante que no hablaba inglés y que comenzó como un peón ordinario, convertirse en emprendedor (si bien un emprendedor ilegal, al menos en lo tocante al contrabando) y dueño de tierras? ¿Por qué no prevaleció la violencia? ¿Cómo se establecieron las reclamaciones mineras? ¿Qué mantuvo a una comunidad carente de reglas, formada por grupos de inmigrantes de diversas procedencias, alejada de caer en el caos y degenerar en bandas enfrentadas entre sí?

A la curiosidad personal, le añadimos nuestro interés profesional en la historia económica del Oeste de los Estados Unidos.

En 1893, Frederick Jackson Turner consiguió que los historiadores comenzaran a plantearse la importancia de la frontera dentro de la historia americana. Turner argumentó ante la American Historical Association (Sociedad Americana de Historia) que el cierre de la frontera en 1890 fue también «la conclusión de un gran momento histórico»[1], una etapa que, en su opinión, había mostrado lo mejor del carácter americano. Los colonos domaron un territorio sin ley y un entorno natural hostil a través de un fuerte individualismo y de acciones heroicas. Varias generaciones de historiadores adoptaron y desarrollaron las tesis de Turner, convirtiéndolas en el paradigma dominante para interpretar la historia del Oeste americano. Retrataban el Oeste como un lugar que «promovía el individualismo, la dependencia de uno mismo, el pragmatismo, el optimismo y un espíritu democrático que rechazaba coacciones externas»[2]. En este marco, el individuo heroico se convirtió en el punto central de un análisis que lo caracterizaba conteniendo el entorno natural, a los pueblos indígenas y a los bandidos, transformando el anárquico Oeste en un lugar en que reinaba la ley y el orden. La violencia, simplemente, fue parte de esa transición hacia la civilización[3].

A diferencia del individualismo heroico, los historiadores revisionistas han desarrollado más recientemente la teoría de la dominación[4]. Esta nueva perspectiva se centra en la conquista, en las perturbaciones del medio y en el antagonismo entre clases y grupos étnicos. Términos como «invasión», «colonización» y «explotación» han reemplazado otros como «destino manifiesto», «progreso» y «civilización»[5]. Patricia Nelson Limerick, probablemente la más célebre historiadora de estas nuevas teorías, afirma que «la historia del Oeste es el estudio de un lugar sometido a una conquista y que nunca pudo escapar del todo de sus consecuencias»[6]. Así, el retrato heroico de colonizadores robustos que mejoraron la riqueza humana ha dejado paso al retrato de una élite despiadada y hambrienta de poder que luchaba por controlar los recursos naturales y los asentamientos humanos. Al igual que en interpretaciones previas, la violencia juega un papel importante en la interpretación de la historia del Oeste, pero acaba por convertirse en la herramienta que utilizan los poderosos para la opresión y la explotación.

A pesar de que ambas interpretaciones ofrecen percepciones útiles acerca del desarrollo del Oeste americano, ninguna explica la manera en que los individuos, héroes o villanos, dieron forma el entorno institucional y cómo este, por contra, moldeó la manera en que la gente interactuaba. Nosotros pretendemos llenar este vacío.

Nuestra aproximación al tema se basa en la «nueva economía institucional», que explica cómo evolucionan las instituciones y de qué manera afectan a la actividad económica[7]. Por «instituciones», nos referimos a las reglas que rigen la manera en que las personas interaccionaban entre sí. Más concretamente, los derechos de propiedad son los que determinan quién debe usar los recursos (incluidos los recursos naturales, el capital y el trabajo), cómo podrían emplearse otros recursos, y si estos pueden intercambiarse. Por ejemplo, explicaremos cómo los derechos de propiedad han evolucionado hasta regular el pastoreo en las vastísimas Grandes Llanuras, la forma en que los mineros que se apresuraban a los filones de oro pudieron concretar regulaciones para reclamar minas cercanas a arroyos o vetas de minerales, y cómo los irrigadores repartían el agua en el árido Oeste.

En nuestra explicación institucional, la violencia (un juego de suma negativa) es, por norma general, sustituida por el comercio y la cooperación (juegos de suma positiva). Consideramos la manera en que las reglas determinaban los beneficios y los costes que afrontaban los individuos, y cómo estos intentaron cambiar las normas y las instituciones. Si las leyes que se encargan del uso del agua no permitían regar para recoger los beneficios de construir presas y canales, entonces habría habido muy poca inversión en infraestructuras de riego. Al contrario, si las normas sobre el pastoreo hubieran permitido a los ganaderos aprovecharse de los beneficios de sus buenas prácticas, sería posible una mejor administración de los recursos. La falta de leyes que estimulasen la inversión en infraestructuras para el agua y para el pastoreo, supusieron un incentivo para que los emprendedores cambiaran las reglas y se hicieran con los beneficios de esos cambios.

En la medida en que las instituciones alentaron la cooperación y la ganancias derivadas del comercio, el «salvaje Oeste» fue en realidad el «no tan salvaje Oeste». Por esta razón, los empresarios institucionales fueron los héroes que promovieron la ley y el orden, el uso eficiente de los recursos humanos y naturales, así como una buena administración de los recursos. Estos emprendedores institucionales vieron oportunidades en la abundancia de pastos, la escasez de agua, la riqueza de vetas minerales y los géiseres en Yellowstone. Todos esos recursos ofrecían recompensas a aquellos que pudieran establecer nuevas reglas.

Resulta más fácil comprender la importancia de los emprendedores institucionales en un contexto que ponga a prueba su habilidad para prevenir la «tragedia de los comunes»[8]. La tragedia de los comunes se produce cuando no existen límites para acceder a un recurso, lo que redunda en una sobreexplotación del mismo. El ejemplo más típico es el pastoreo excesivo de las zonas comunes de los poblados. Si las costumbres y las tradiciones no limitan el acceso a los pastos, los individuos los explotarán irremediablemente, y todo el pasto será devorado por el ganado. El emprendedor capaz de desarrollar normas para restringir el pastoreo, se hará con parte del incremento del valor de los pastos. Así, su valor no se disipará, algo que sí sucedería a través la tragedia de los comunes. En casos como este, el empresario es un héroe debido a que no solo previene la destrucción de los recursos, sino que además está creando oportunidades para la ganancia mediante el comercio, lo que a su vez hace mayor el pastel a repartir.

Todo esto no sirve para negar la violencia en el Oeste. La violencia se producía con certeza y, en esos casos, adquiría dos variantes. El primero de ellos es que la violencia, o más concretamente, el poder coactivo, lo ejercían individuos e instituciones para defender sus derechos de propiedad frente a intrusos. Por ejemplo, las asociaciones de ganaderos exhibían su fuerza al excluir a los recién llegados del pastoreo al aire libre, y grupos de vigilantes se encargaban de asegurar el cumplimiento de las leyes. En segundo lugar, la violencia se manifestaba a través del ejercicio del poder gubernamental al arrebatar recursos a otros. Las Guerras Indias de finales del siglo XIX son el ejemplo por antonomasia de estas prácticas.

Si el Oeste no era el lugar violento y confuso que describen muchos historiadores e incontables novelas y películas del oeste, la pregunta entonces es: ¿bajo qué condiciones se promovió en la frontera la cooperación frente al conflicto? Sostenemos que la cooperación dominó al conflicto porque los beneficios y los costes del cambio institucional redundaron en pequeños grupos y comunidades bien definidas. Mientras que las nuevas instituciones evolucionaron local y voluntariamente, los costes del conflicto y los beneficios de la colaboración fueron interiorizados por aquellos que tomaban las decisiones. Por consiguiente, las instituciones locales se adaptaron eficientemente a nuevas condiciones económicas y medioambientales. Sin embargo, conforme los gobiernos estatales y nacionales comenzaron a hacerse a cargo de la legislación, los individuos empezaron a no cuadrar sus cuentas, ya que tenían que tenían menos costes por el conflicto, pero también obtenían menos beneficios de la cooperación. Si pudieras situar a un ejército permanente pagado por el tesoro nacional para arrebatarles la tierra a los indios, o si fueras capaz de que el gobierno federal subvencionara los proyectos de regadío poco rentables, lo harías sin tener en cuenta los beneficios netos que esto supondría para la sociedad. Esta transformación se produjo porque un gobierno centralizado, que se encuentra lejos de los sitios afectados por los cambios institucionales, podía permitirse dividir los gastos entre toda la población general, concentrando los beneficios en aquellos grupos con un interés especial en las medidas.

El Oeste de los Estados Unidos ofrece numerosos ejemplos acerca de cómo los emprendedores institucionales crearon y adaptaron reglas armonizadoras para dar cabida a limitaciones naturales y tecnológicas en la frontera:

Con anterioridad a la llegada de los europeos, los nativos americanos conseguían sacar adelante instituciones cooperativas que sobrevivieron al reconocer y hacerse con los beneficios derivados del comercio y la especialización. Pese a que no se trataba de sociedades capitalistas, sus instituciones establecieron incentivos que promovían la misma «riqueza de naciones» descrita por Adam Smith. Este reconocimiento de los beneficios económicos derivados del comercio se extendió a las relaciones con los blancos tras su llegada. No obstante, con el aumento de los ejércitos permanentes, los blancos optaron por arrebatarles las tierras a los indios en vez de negociar por ellas.

En busca del «oro suave», los mercaderes de pieles intercambiaban objetos manufacturados con los indios a cambio de pieles de castores, y organizaron empresas complejas para llevar estas pieles al mercado, pese a que el coste del transporte y de la mercadotecnia era muy elevado. A pesar de que los emprendedores fueron capaces de solventar la mayoría de los problemas de obtener y vender pieles de castores, negociar por bisontes resultaba más complicado. Los costes para definir los derechos de propiedad del bisonte vivo eran más elevados, lo que hubiera ayudado a su preservación. En cambio, los pobladores de la frontera eliminaron al bisonte y lo reemplazaron por ganado.

Los mineros de las minas de oro de California y Nevada desarrollaron derechos de propiedad de forma pacífica, lo que desalentó el conflicto y promovió la extracción eficiente del oro y la plata.

De manera similar, los primeros granjeros y los mineros reaccionaron a las condiciones áridas, en las que el agua debía ser depositada y redistribuida a través de un arroyo, mediante el desarrollo con anterioridad de derechos de apropiación previa del agua, en respuesta a los derechos ribereños que habían evolucionado en las regiones en las que el agua era abundante.

Los emigrantes que se desplazaban en caravanas entendieron la importancia de la cooperación para poder sobrevivir a las duras condiciones del viaje, y de ahí que llegasen a acuerdos constitucionales que promovían la eficiencia y la justicia.

Muy pronto se formaron asociaciones de ganaderos que definieron y reforzaron los derechos de propiedad del ganado y los pastos. El rodeo común y marcar a las vacas bastó para limitar el acceso a tierras valiosas para el pasto, hasta que la llegada de los pastores y sus rebaños de ovejas interrumpieron el sistema impuesto y dieron lugar a guerras en el campo.

Las lecciones del Oeste americano trascienden su época porque nos proveen de conocimientos acerca de las causas de la evolución eficiente e ineficiente de las instituciones. Cuando cayó el muro de Berlín y el comunismo se colapsó, resultaba obvio para la mayoría de observadores que las instituciones habían determinado el desempeño económico de manera crucial. Diversos estudios recientes han evaluado la influencia que tuvieron los derechos de propiedad y la aplicación de la ley[9], y han establecido nexos de unión entre el crecimientos económico y los derechos de propiedad. Seth Norton resume estos estudios, llegando a la conclusión de que «la evidencia actual no es ambigua. Los derechos de propiedad y su concepto relacionado, el gobierno de la ley, así como la libertad más genérica derivada de la atenuación de los derechos de propiedad, son todos positivos y contribuyen al crecimiento económico. Su ausencia nos lleva al estancamiento y a la debacle económica»[10].

Pese a que los derechos formales de la propiedad, las normas y las leyes pueden ser importantes a la hora de determinar la prosperidad económica, su efectividad a la hora de promover la armonía depende en gran medida de cómo las reglas formales interactúan con las instituciones informales. Las costumbres y las tradiciones pueden ser factores decisivos en el proceso de crecimiento. Si la gente respeta los derechos de propiedad porque es lo correcto, o si un apretón de manos tiene el mismo valor que un contrato legal, entonces los costes de transacción serán menores, y los beneficios potenciales del comercio, mayores.

El proceso a través del cual las instituciones evolucionan también afecta a su potencial para promover la formación de capital y las ganancias del comercio. Este el tema principal del libro de Hernando de Soto, El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo? De Soto hace hincapié en que ahora entendemos la importancia de los derechos de propiedad en el proceso del crecimiento, pero que todavía no hemos apreciado del todo la importancia de que estos derechos evolucionen desde abajo. En relación a la frontera americana, de Soto observa lo siguiente: «La información acerca de la propiedad y las normas que la rigen estaban dispersas, atomizadas y desconectadas entre sí. Se encontraban disponibles en estantes rudimentarios, notas personales, constituciones informales, regulaciones del distrito y testimonios orales en cada granja, mina o asentamiento urbano»[11].

Los derechos de propiedad que evolucionan desde abajo y no desde arriba, tienen muchas más probabilidades de conservar recursos y promover la inversión, si bien lo contrario también es cierto. Cuando los derechos de propiedad los dictan autoridades centrales con un interés menor en el resultado, normalmente se desperdicia tiempo y esfuerzo en el proceso de crear derechos de propiedad, por lo que la inversión productiva sufre. Al igual que el cambio tecnológico es, por lo general, de un incremento gradual y no discontinuo, el cambio institucional efectivo evoluciona lentamente, teniendo en cuenta condiciones específicas de tiempo y lugar. Los países desarrollados en general, y los antiguos países comunistas en particular, están descubriendo ahora lo difícil que resulta alimentar este proceso evolutivo. Creemos que se pueden aprender muchas lecciones importantes del Oeste americano, donde la evolución institucional superó a la revolución institucional.

DOS

Las instituciones que domaron el Oeste

El estudio de la historia de la frontera de los Estados Unidos a través de sus instituciones traslada el foco de atención del empeño independiente de los héroes tradicionales, a los esfuerzos cooperativos de una serie de comunidades y grupos de interés. Al abordarlo desde la perspectiva institucional, pretendemos examinar la manera en que la gente se unió para establecer normas, formales o informales, que atribuyeron beneficios y costes a sus acciones. Si recursos valiosos tales como la tierra y el agua se abandonan a su suerte en un mundo en el que el más poderoso se lleva siempre lo que quiere, entonces con total certeza la vida será, como predijo Hobbes, «desagradable, corta y salvaje». En ese mundo, la frontera se habría asemejado mucho a las películas de vaqueros de Hollywood. Pero si es posible establecer normas que definan y refuercen los derechos de propiedad, así como incentivar el comercio en condiciones pacíficas, entonces el orden reemplazará a la lucha, y la prosperidad a la privación.

Alexis de Tocqueville, al viajar a los Estados Unidos en la década de 1830, fue el primero en reconocer que la frontera fue un crisol para la evolución institucional que enfatizaba la cooperación[12]. Los pioneros trazaron la línea que les separaba del gobierno formal para crear e implementar leyes y organizaciones que se amoldaran a sus necesidades, enfrentándose a nuevas limitaciones climáticas y del entorno mediante el desarrollo de nuevas técnicas de producción.

Consideremos, por ejemplo, el uso del agua (que tratamos en su totalidad en el Capítulo 10). En el este de los Estados Unidos, donde el derecho anglosajón garantizaba a los terratenientes acceso ilimitado al torrente de agua más cercano, esta solución funcionaba debido a la abundancia de agua. Sin embargo, esta norma no resultaba apropiada en el árido Oeste al no permitir trasvases, precisamente en una tierra en que el agua debía poder destinarse a la minería y la agricultura. No es sorprendente que los mineros y los granjeros abandonasen el sistema ribereño y concibieran la doctrina de la apropiación previa, con la cual se acomodó la necesidad de repartir el agua y se dividieron los escasos flujos existentes.

El problema de desarrollar normas apropiadas no se produjo solo con el agua. Los tramperos, los viajeros en caravana, los ganaderos, los pastores e incluso los indios de las llanuras se enfrentaron a condiciones que exigían nuevas reglas. En cada caso concreto, los individuos y los grupos tuvieron que idear instituciones que gobernasen las interacciones entre ellos mismos y con otros grupos.

Al examinar estas leyes y organizaciones, nos preguntamos: ¿qué motivó a la gente a cambiar las normas? ¿Por qué escogieron una serie de reglas y no otras? ¿Quién se hizo con los derechos de propiedad recién promulgados? ¿De qué manera afectaron las nuevas leyes en que la gente entablase relaciones comerciales justas y productivas, y no saqueos violentos?

Definir la frontera

Antes de esbozar nuestros pensamientos acerca de estas cuestiones, debemos definir a qué nos referimos exactamente con frontera. Para un individuo o un grupo, la frontera es el margen de tiempo o lugar en el que los recursos no tienen valor, y el margen en el que tienen valor positivo[13]. Consideremos, por ejemplo, el estatus en 1821 de una extensión de tierra situada en lo que hoy conocemos como Montana. En 1821, ese terreno quizás habría tenido valor para los nativos americanos si reunía una serie de características únicas que lo convertían en lugar sagrado, o en un excelente precipicio para cazar búfalos[14]. Para ellos, ese terreno se encontraba dentro, y no fuera, de sus límites, de su frontera.

Pero lo que para un individuo o un grupo cuenta como frontera, puede no hacerlo para otro, ya que lo que se tiene en cuenta es su valor, y no su situación geográfica. La extensión de tierra que tiene valor para los indios quizás no la tenga para los que no lo son. De hecho, la parcela podría incluso tener un valor negativo si los que no son indios deben ocuparla demasiado lejos de donde se encuentra su sociedad y economía. Por tanto, ese terreno se situaría más allá de la frontera para los no indios.

GRÁFICA 2.1 La trayectoria de las rentas de la tierra a lo largo del tiempo.
La «renta» es el valor de un recurso único que no se puede reproducir.

La Gráfica 2.1 representa una trayectoria del valor concebible a este terreno hipotético a lo largo del tiempo. En 1821, el terreno habría tenido un valor negativo, pero conforme la población no india fue creciendo y dirigiéndose hacia el oeste, llevando consigo su civilización y economía más cerca, el valor de la tierra habría ido aumentado, hasta volverse finalmente positivo. El punto de inflexión se produciría en t*, el momento en que la extensión de tierra se convierte en frontera para los no indios.

Pensemos en la frontera en el contexto del espacio exterior. Si bien estamos explorando Marte mediante sondas no tripuladas, el planeta todavía no es un lugar que vayamos a habitar en un futuro cercano. Cualquier valor que hubiéramos podido tener al habitarlo no se compensaría debido al coste del viaje, al riesgo que conlleva y a la distancia a la que estaríamos de amigos y familiares. Pero nos podemos imaginar que todas las mejoras posibles en la navegación espacial aumentarán el valor de la propiedad en Marte, al igual que las locomotoras aumentaron el valor de la tierra en el oeste para los no indios, cambiando de esa manera su frontera. Tarde o temprano, el valor de esa propiedad se volverá positivo. Y cuando lo haga, la propiedad estará dentro de la frontera.

Los recursos de la frontera y las rentas económicas

Los economistas denominan «renta» al valor del suelo del que estamos hablando. Y la renta es simplemente el valor de un activo único que no puede ser reproducido. Pero volvamos al valor del hipotético terreno que estaba considerado como un salto propicio para cazar búfalos[15]. Los peñascos a los que los indios dirigían a los bisontes debían reunir una serie de características concretas. Primero, debían estar situados cerca de las rutas migratorias de los búfalos para que estos pudieran ser tentados hasta allí. En segundo lugar, el risco no podía contar con una ruta de escape fácil al alcance del animal. Por todo ello, un precipicio que se va estrechando resultaba muy valioso, ya que una vez que el bisonte accedía al desfiladero, resultaba muy difícil escapar. Esas características especiales significan que unos precipicios tenían más valor que otros: con ellos se conseguían mayores rentas. De manera similar, también conseguían rentas los cañones con forma encajonada, ya que los bisontes se confinaban en ellos, listos para ser sacrificados.

Si bien este tipo de barrancos no les resultaban valiosos a los no indios para cazar búfalos, sí podían servirles para evitar que las reses deambulasen por ahí, y para protegerlas de los ladrones de ganado. Sin embargo, si el cañón se encontraba tan alejado del mercado que mover al ganado pesado hasta allí resultaba imposible, entonces la parcela no tendría un valor positivo y permanecería fuera de la frontera. Conforme los mercados se fueran trasladando más cerca de esa tierra, o los costes del transporte descendieran, debido a la llegada del ferrocarril, las rentas asociadas a ese terreno aumentarían.

Por supuesto, las rentas equivalen a todo tipo de recursos únicos. Los terrenos que se encuentran situados en la confluencia de los ríos ganan rentas por su proximidad a las vías de transporte y del comercio. Esa es la razón por la que eran tan importantes para los indios mandan en lo que actualmente es Dakota del Norte. Desde ellos podían controlar el terreno en la confluencia entre las rutas comerciales de las Grandes Llanuras y del Medio Oeste. Los singulares géiseres y desfiladeros de Yellowstone recibieron el nombre de «Colter’s Hell» («El Infierno de Colter», lo que sugiere un valor negativo) debido a la terrorífica descripción del primer hombre blanco en verlos, John Colter. Pero cuando los costes del transporte en ferrocarril transcontinental descendieron, las rentas se volvieron positivas porque visitar Yellowstone resultaba más barato: ya no se encontraba fuera de la frontera. Como es evidente, los arroyos repletos de oro conseguían más rentas que aquellos en los que no yacía el metal precioso. En un contexto moderno, tanto la longitud de ondas en un espectro electromagnético, como los atletas con talento y los nombres únicos en internet, generan rentas.

No debemos confundir rentas con beneficios. La diferencia reside en que las rentas no admiten competencia, ya que surgen debido a su singularidad. Sin embargo, los beneficios sí que se pueden competir en el mercado. Por ejemplo, cuando Ray Kroc «inventó» McDonald’s, algunas de las ganancias derivadas de su idea eran rentas, y otras eran beneficios. Sus técnicas de producción y su servicio rápido y constante eran nuevos y únicos, por lo que producían rentas. En la medida en que pudiera mantener bajo secreto esas técnicas y establecer los «arcos dorados» y a Ronald McDonald como marcas registradas, podría seguir ganando rentas por sus ideas. Los competidores podría hacer descender los beneficios de McDonald’s, pero no eliminarían las rentas asociadas a las ideas y a las localizaciones exclusivas que hacen famosa a la marca. De manera similar, los deportistas tratan de emular las habilidades de Michael Jordan y discutirle algunas de sus ganancias, pero mientras las habilidades de Jordan sigan siendo consideradas únicas, no podrá ser imitado y seguirá ganando rentas por ello.

Conviene señalar que, pese a que las rentas no se pueden competir, sí que pueden desvanecerse[16]. Las rentas no admiten competencia alguna porque provienen de activos con características que los hacen únicos, y que permiten que se establezcan derechos de propiedad sobre los mismos. Sin embargo, si los derechos de propiedad no están bien definidos ni se defienden como se debería, los activos especiales pueden ser sobreutilizados y cuestionados, lo que terminará disipándolos e incluso arruinándolos por completo. Un pasto especialmente valioso produce dividendos ya que nos permite alimentar al ganado. Pero si se pone a disposición de todo el mundo, el pasto padecerá la tragedia de los comunes y terminará explotándose en exceso. De igual manera, un acceso sin restricciones hará desvanecerse las rentas de las pesquerías por la pesca en exceso, o las de las balsas de petróleo y las cuencas submarinas si las sometemos a un bombeo excesivo, o las autopistas si dejamos que se congestionen incontroladamente.

Si las rentas de recursos que son únicos no se desvanecen a causa de su uso excesivo, también se pueden disipar en caso de producirse enfrentamientos por controlar o poseer los recursos[17]. Por ejemplo, la carrera por ocupar fincas y parcelas indujo a mucha gente a establecerse más allá de la frontera, en lugares donde la tierra no poseía valor positivo. Si esperaban, corrían el riesgo de perder la tierra a manos de otros. Pero el sufrimiento que padecieron los primeros colonos disipó buena parte de las rentas derivadas de las tierras, si no todas. Enfrentarse a otros colonos para pescar, extraer petróleo o agua del subsuelo, e incluso para ocupar la órbita de los satélites, son otros ejemplos de cómo las rentas que produce un lugar pueden diseminarse fácilmente.

Las rentas también pueden desaparecer como consecuencia de la guerra[18]. Cuando las tierras de los indios se encontraban situadas al otro lado de la frontera con los no indios, lo que significaba que tenían valor negativo para ellos, no había competición entre indios y no indios por la tierra (aunque sí se libraban luchas entre diferentes tribus indias). Pero cuando esas mismas tierras atravesaban el límite de la frontera y creaban rentas positivas para los no indios (debido a un descenso en los costes del transporte, por ejemplo), estallaban los enfrentamientos. Y pese a que las recompensas se dividían, el esfuerzo malgastado en las luchas disipaba la gran mayoría de las rentas, por no mencionar las injusticias infligidas a los indios.

La historia de la frontera del Oeste es una historia de rentas, y de la manera en la que se conseguían o se desvanecían. La percepción que tenemos del wild, wild West o «salvaje Oeste» es que las rentas desaparecían debido a la competencia y a la lucha. Por contra, lo que el «no tan salvaje Oeste» nos sugiere es que los individuos y los grupos se hacían con las rentas y las conservaban, al tiempo que definían y promovían de forma pacífica los derechos de propiedad. Además, interactuaban en el mercado mediante transacciones en las que se intercambiaban esos mismos derechos. En los próximos capítulos ahondaremos en otros ejemplos como el establecimiento de los derechos del agua, de los pastizales libres y de las explotaciones mineras. Y es que resulta necesario comprender la forma en la que se establecieron y se hacían cumplir los derechos de propiedad para poder entender bajo qué condiciones el Oeste era o no salvaje.

Los costes de transacción

Dependiendo de lo bien definidos y ejecutados que estén los derechos de propiedad, la gente luchará por los recursos valiosos o entablará relaciones comerciales y de cooperación. Los derechos de propiedad determinan quién tiene acceso a los recursos y servicios valiosos, quién recoge sus beneficios y quién paga por hacer uso de ellos. En otras palabras, se trata de las normas que rigen quién se hace con qué, y quién paga por qué.

Los costes de transacción son el factor más importante para determinar si las personas pueden definir y reforzar los derechos de propiedad sin disipar las rentas que pretenden obtener a través de la aplicación de esos derechos[19]. Los costes de transacción son los derivados de especificar, supervisar, reforzar y comerciar con los derechos de propiedad. Cuanto mayores sean los costes transacción, mayor será el coste por cooperar, lo que provocará que sea menos probable que las personas se beneficien del comercio, y más probable que se origine un conflicto.

Supongamos que Tex se pone de acuerdo con Hoss para intercambiarle algunas de sus vacas por parte del terreno que pertenece a Hoss. Esta operación requiere que los dos especifiquen qué vacas y qué extensión de tierra van a ser intercambiadas, exactamente cuántas reses por cuánta tierra, cómo se asegurarán del cumplimiento de los términos del contrato y cómo actuarán en caso de desacuerdo. Si Tex y Hoss se conocen bien, saben los bienes que van a ser intercambiados y esperan hacer más negocios en el futuro, los costes de transacción probablemente sean menores. Pero si, por contra, no se conocen ni saben con exactitud los bienes que van a ser intercambiados, entonces tendrán que poner un mayor esfuerzo en especificar, controlar y asegurar el contrato. Esto es, la transacción les supondrá mayores costes.

Los costes de transacción en los mercados pueden compararse con la fricción de una máquina. De igual manera que la fricción reduce la eficiencia de un motor y desvía energía valiosa a productos derivados no deseados, los costes de transacción reducen los beneficios netos derivados del comercio. Si Tex y Hoss deben contratar a un abogado para que les redacte el contrato, a un veterinario que examine a cada una de las vacas y a un perito que evalúe el precio de la finca, al final todos estos costes se sustraerán de los beneficios que esperaban obtener del intercambio. Si además alguna de las dos partes quebranta los términos del contrato, por ejemplo al intercambiar vacas o tierras con un valor inferior al acordado, los esfuerzos para asegurarse del cumplimiento del acuerdo nos harán incurrir en costes adicionales, tales como gastos legales. Demasiadas fricciones en los costes provocarán que el acuerdo comercial entre Tex y Hoss se venga abajo, cual motor arenoso y sin lubricar.

Que se pueda confiar en los socios de negocios, o que la gente mienta, engañen o robe, depende de algo más que de las consecuencias legales de romper contratos. Las coacciones morales y culturales que animan a las personas a respetar los contratos y los derechos de propiedad, hacen también las veces de lubricantes en las transacciones económicas. Entre los conceptos humanos que disuaden los comportamientos oportunistas se encuentran los mandamientos y las doctrinas religiosas, las ceremonias fraternas que unen a los individuos, los preceptos morales que se inculcan a través de la educación y la ética del trabajo en equipo que infunde el entrenamiento. Principios como «no robarás», «trabajar por el bien de la orden», «no hagas aquello que no quieras para ti» o «espíritu de equipo» instan a los individuos a dejar de lado intereses personales por el bien común. En las transacciones económicas, las limitaciones morales reducen los costes de transacción al inducir a las personas a cumplir con sus obligaciones contractuales y a no arrebatar las pertenencias ajenas. Como estos preceptos morales hacen menos necesaria la supervisión del cumplimiento de los contratos y de los derechos de propiedad, los costes de transacción serán menores, y los beneficios, mayores.

Debido a que los valores morales y culturales reducen el coste de las transacciones, las personas tienden a formar parte de comunidades homogéneas, a vestir determinados tipos de ropa y a participar en rituales que inculcan ciertos principios morales[20]. De hecho, muchas hermandades y sectas (como por ejemplo la masonería[21] o los mormones) han jugado un papel importante en la reducción de los costes de transacción en la frontera del Oeste.

Cuando las restricciones morales no son suficientes para que las personas cumplan con sus contratos y respeten los derechos de propiedad, entra en juego la fuerza con el fin de castigar a los infractores. Y el empleo de la fuerza formará parte de los costes de transacción sin importar de dónde provenga, ya sean sanciones sociales, de la justicia o de la policía gubernamental. Supongamos que Tex y Hoss se conocen y confían el uno en el otro. Pero Jesse, que es alguien en quien no se puede confiar, trata de robar el ganado de Tex o hace que su rebaño paste en la finca de Hoss. En consecuencia, Tex y Hoss obtendrán menores ganancias de su intercambio comercial y deberán incurrir en los costes de defender sus derechos frente a la apropiación indebida de Jesse. Tanto los individuos como los grupos incurren en los costes de transacción. Además, las barreras legales, culturales y lingüísticas dificultan las interacciones entre los grupos. Un buen ejemplo en el Oeste son las disputas por la tierra entre indios y blancos. Debido a que los indios de las llanuras carecían de derechos de propiedad sobre los terrenos que los blancos necesitaban para la agricultura y la ganadería, resultaba prácticamente imposible que un grupo negociase con el otro. Las sangrientas Guerras Indias fueron, en parte, ejemplos dramáticos de lo que sucede cuando los costes de las transacciones son tan altos que el comercio se vuelve inviable.

Los costes de aplicar los derechos de propiedad y los contratos se pueden reducir a través de acciones conjuntas debido a dos razones[22]. La primera es que los colectivos pueden aprovecharse de las ventajas de las economías de escala. Un grupo de propietarios podría contratar a un vigilante para proteger todos los derechos de propiedad de sus viviendas a un menor coste, en vez de que cada propietario tuviera que contratar a su propio vigilante. En segundo lugar, los colectivos pueden reducir el potencial problema del polizón, o del oportunismo, derivado del refuerzo de los derechos de propiedad frente al robo. Si el guardia contratado por los propietarios ve a un ladrón pero desconoce cuál es la casa que tiene por objetivo, sería negligente por parte del vigilante no actuar. Pero imaginemos que esa casa en concreto pertenece a una persona que no forma parte del colectivo de propietarios. En ese caso, el dueño está considerado como un polizón u oportunista, ya que ve protegidos los derechos de su propiedad sin tener que abonar los servicios de vigilancia. El coste de reforzar sus derechos de propiedad recaería entonces en los propietarios de tierras que sí pagan. Si estos obligasen a todos los dueños de la zona a pagar, entonces el colectivo eliminaría el problema y, al mismo tiempo, reduciría los costes de la protección de todos los miembros. De no existir esa obligación expresa, los propietarios tendrían un incentivo para aprovecharse de la situación y, consecuentemente, quizás no habría un servicio de vigilancia.

Por lo general, las acciones conjuntas ofrecen una solución potencial al problema del polizón en lo relacionado a servicios públicos ya que, una vez que estos le prestan servicio a un individuo, están disponibles para todos. El servicio de protección contra incendios en zonas urbanas posee un buen aspecto público, dado que resulta del todo imposible proteger un edificio sin proteger al menos unos cuantos más. De la misma manera, resulta difícil construir embalses y diques, y no prevenir del riesgo de inundaciones a varios vecinos a la vez.

Las caravanas ilustran la forma en que las acciones conjuntas redujeron los costes de transacción de los viajes a lo largo de las Grandes Llanuras (véase el Capítulo 7). Al agruparse en un mismo convoy, los emigrantes podían contratar a un líder que los guiara, que coordinara su defensa, que facilitase el paso de vados o que resolviera las disputas que se originasen entre ellos. Una vez que las personas se unían voluntariamente a la caravana, estaban obligados a contribuir a la producción de bienes de uso común, mejorando de esta manera las condiciones de todos.

Hasta ahora hemos estado hablando acerca de los costes de transacción que no se pueden evitar por completo. Volviendo a la analogía de la fricción, así como ninguna máquina carece de fricción, no existen intercambios que no lleven aparejados costes de transacción. Debemos encontrar a los compradores, controlar a los vendedores y proteger los contratos, y cada una de estas tareas conlleva un gasto de recursos, lo que reduce el valor neto de los intercambios. La fricción nunca se puede eliminar del todo, pero un buen engrasado puede reducir sus efectos. De forma similar, algunos costes de transacción no se pueden eliminar totalmente, pero se pueden rebajar a través del comercio continuado, de las costumbres y de la moral, de los requisitos precisos en los contratos y de las acciones conjuntas. Así como la lubricación puede convertir más energía en resultados útiles, menores costes de transacción pueden convertir el ingenio humano en una producción valiosa. Las instituciones que dilucidan los derechos de propiedad existentes o los crean cuando hacen falta, también reducen los costes de transacción gracias a las labores de supervisión y protección que ofrecen. Por ejemplo, las normas para marcar con hierro al ganado provocaron que su mercado fuera más eficiente, y las inspecciones y los registros de las tierras hicieron que los traspasos de propiedades costaran menos.

Pero como sucede con la fricción, algunos costes de transacción son innecesarios o directamente artificiales. Conducir un coche con las ruedas desinfladas o sin combustible, provoca más fricción en el motor y produce menos resultados útiles. De manera similar, las normas que restringen el intercambio disuaden los negocios rentables e incentivan los conflictos. Y las leyes que impiden la propiedad privada pueden producir que las rentas desaparezcan, tal y como sucede con el pastoreo excesivo, la pesca descontrolada o la sobreextracción de recursos. Todos estos tipos de reglas crean costes de transacción artificiales. Por ejemplo, la ley del agua suele excluir la venta de agua entre vendedores y compradores que están dispuestos a ello. En California, el agua para uso agrícola hoy en día todavía cuesta menos de 100 dólares por acre (un pie de agua cubre un acre), pero si se vendiera a usuarios urbanos costaría tres veces más[23].

Al centrarnos en los costes de transacción y la manera en que se relacionan con distintas instituciones, podemos entender mejor el origen de la cooperación y de la prosperidad. Cuando los derechos de propiedad están bien definidos y se protegen de forma adecuada, los mercados promueven ganancias derivadas del comercio y estimulan un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, cuando los derechos de propiedad no están bien especificados ni protegidos, los recursos valiosos se desvanecen, ya que las personas competirán entonces por obtener las rentas de los recursos únicos.

Emprendedores institucionales

Nuestro interés no se centra solo en la manera en que las instituciones promueven la cooperación y la prosperidad, sino en cómo y por qué cambian esas instituciones. Obviamente, si las rentas desaparecen cuando los derechos de propiedad no están bien definidos ni se asegura su cumplimiento, existe un incentivo para que las instituciones cambien y prevengan el despilfarro de recursos valiosos. Si la gente cree que puede obtener las rentas de los recursos, entonces tratarán de cambiar las reglas que rigen el recurso, y la cantidad de esfuerzo que se dedique a establecer los derechos de propiedad se verá influido por la tasa de retorno que esas personas perciban que pueden obtener de sus inversiones. En resumidas cuentas, los derechos de propiedad se producen de forma endógena, y no exógena.

Los emprendedores institucionales reconocen beneficios potenciales al establecer derechos de propiedad, y actúan para establecer normas que permitan esas ganancias. Son los que determinarán en última instancia quién tiene acceso a los recursos, quién se queda con las rentas derivadas de los mismos y quién se hace cargo de los costes por usarlos. El pensamiento tradicional es que los emprendedores son los que crean valor al dar a conocer nuevos bienes y métodos de producción, abren nuevos mercados, descubren nuevas fuentes de abastecimiento y reorganizan el proceso productivo[24]. A esta lista de contribuciones por parte de los emprendedores, habría que añadir la planificación de nuevas soluciones institucionales. Algunas de estas instituciones promoverán la productividad y la cooperación, pero otras redistribuirán la riqueza y alentarán los conflictos. Para entender por qué el Oeste no era tan salvaje, debemos comprender bajo qué circunstancias se producía lo primero, y no lo segundo.

Los caminos del emprendedor institucional

Los emprendedores se benefician de tres actividades: (1) reorganizar los derechos de propiedad existentes, (2) definir nuevos derechos de propiedad donde son necesarios y (3) redistribuir los derechos de propiedad existentes. Si comparamos las tres, nos daremos cuenta de que el objetivo de los emprendedores de las instituciones no siempre es el mismo: mientras que la reestructuración y la definición de los derechos crea riqueza para la sociedad, la redistribución de los derechos la reduce.

REORGANIZAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

El emprendedor está considerado como la persona que identifica usos de mayor valor para los recursos, así como los beneficios derivados. Si Hoss dedica su parcela para el pasto de su ganado, pero Tex cree que la tierra sería más valiosa empleándola para la producción de trigo, entonces Tex podría adquirir la tierra y beneficiarse del cambio. Como ya explicamos antes, y para que esto se pueda llevar a cabo, los derechos de propiedad del terreno tienen que ser definidos y de obligado cumplimiento a un bajo coste para que el intercambio sea rentable. Al tomar este camino, el emprendedor institucional acepta los derechos de propiedad existentes y los reorganiza a través del funcionamiento del mercado. Este proceso se pone de manifiesto en los contratos que transfieren derechos de propiedad de un individuo a otro.

Otro ejemplo de esta vía es la creación de una nueva empresa. Supongamos por ejemplo que Hoss cree que sería rentable conducir el ganado desde Texas hasta Montana, donde podría cebarse a base de hierba rica y abundante, para luego ser vendido a los mineros. Para ello, podría adquirir ganado de Tex, llevarlo hasta Montana y hacerse con los beneficios. Alternativamente, Hoss y Tex podrían unirse y emprender un nuevo negocio. Tex, al poseer un mayor conocimiento acerca del ganado en Texas, proporcionaría las reses, y Hoss, que conoce la ruta, las llevaría hasta Montana para, posteriormente, comerciar con ellas en las explotaciones mineras. Gracias a esta compañía, los propietarios pueden aprovecharse de las economías de escala, de la especialización y del conocimiento específico que puedan compartir. Sin embargo, también supone incurrir en costes organizativos, por lo que Hoss y Tex tendrían que precisar su contribución a la empresa, y qué porcentaje de las ganancias se repartirán, respectivamente. También deberán supervisarse mutuamente, asegurándose de que cada uno de ellos cumple con las condiciones acordadas. Los contratos incompletos son un pasto de cultivo para los comportamientos oportunistas, ya que una de las partes se hará con ganancias que no le pertenecen, a expensas de la otra. Dicho de otro modo, cuando los términos contractuales no son fáciles de calcular ni de supervisar, las partes involucradas competirán por los beneficios que le corresponden a la empresa. Por ejemplo, un trabajador podría holgazanear ya que cobra lo mismo independientemente de su esfuerzo. Para solucionarlo, la empresa podría instaurar un sistema de retribución por unidad o cuota, y así pagar a sus trabajadores por exactamente aquello que producen.

Hoss y Tex solo crearían una empresa si creyeran que las ventajas que supondría, tales como las economías de escala o la especialización, y contando con los gastos derivados de definir y defender sus contratos, fueran mayores que las ventajas de actuar por separado. En ese caso, Tex le vendería directamente el ganado a Hoss y este, a su vez, actuaría después de forma totalmente independiente. Al formar una empresa que integra el control del ganado desde su compra inicial en Texas hasta su venta en Montana, lo que los propietarios están sustituyendo son decisiones internas de distribución por intercambios en el mercado, en el que el control va pasando de dueño en dueño. El economista Oliver Williamson se refiere a la cuestión de intercambiar derechos de propiedad o unir fuerzas en una empresa como la búsqueda de «fronteras eficientes»[25]. A todos los efectos, la búsqueda emprendedora de las fronteras de eficiencia de la empresa es también la búsqueda del volumen de producción óptimo y de la forma contractual óptima.

En el Oeste americano, la búsqueda de la forma contractual óptima fue un proceso en desarrollo debido a la necesidad de adaptarse a condiciones naturales muy distintas de las del Este, y también a causa del dinamismo de la economía, que experimentaba un asentamiento y un progreso muy rápidos. Las empresas que surgieron para desplazar ganado desde Texas con destino a las vías férreas de Misuri y Texas, o a las regiones desabastecidas del norte, encarnan la adaptación contractual a nuevas oportunidades (véase el Capítulo 8). Entre 1866 y 1886, se desplazaron más diez millones de ganado de cuernos largos desde el sudoeste con destino a distintos puntos en el norte. Los pastores encargados de acarrear semejantes rebaños experimentaron con cantidades que fueron desde las 70 hasta las 45 000 cabezas de ganado, y llegaron a la conclusión de que el tamaño óptimo era 2500 cabezas[26]. El ganado hubo de agruparse para las travesías más largas debido a que el tamaño del rebaño excedía el de cualquier rancho habitual. Cuando comenzaron los acarreos, resultaba muy difícil especificar las funciones del pasto y asignar de forma apropiada los riesgos de cada ruta. Los ganaderos de Texas se mostraron reacios a contratar a gente que dirigiera los arreos, porque no sabían la mejor manera de trasladar los rebaños más grandes ni qué riesgos se encontrarían en las largas travesías. Si lo hubieran hecho, los pastores podrían haber robado ganado muy fácilmente, esgrimiendo que los habían perdido en circunstancias imposibles de corroborar. En otras palabras, mediante un simple contrato en el que el ganadero pagase a los pastores por sus servicios habría puesto parte de los beneficios a disposición de quien los quisiera.

Para sobrellevar los costes de evaluar y supervisar los pastores, los ganaderos optaron por venderles ganado directamente. Al convertirse en propietarios, los pastores recibían beneficios por la travesía hacia el norte y además no tenían incentivo alguno para engañarse a sí mismos. A lo largo del tiempo, se pudieron cuantificar los riesgos de las rutas, para así especificarlo en los contratos. De este modo se fueron desarrollando distintas empresas especializadas, agencias de transporte que se contrataban para cubrir las grandes distancias que debía recorrer el ganado[27].

Los contratos laborales de los pastores también eran un reflejo del espíritu emprendedor institucional. Como los desplazamientos requerían de un grupo de empleados en todo momento, y además resultaba difícil encontrar a nuevos trabajadores en parajes tan remotos, los jefes de las travesías decidieron contratar a sus trabajadores para la totalidad del viaje. Hasta que el rebaño no llegara a su destino final, no cobraban. Mediante la creación de compañías de transporte de ganado, y gracias a que pagaban a los vaqueros al final de la travesía, los emprendedores institucionales evitaron comportamientos oportunistas que habrían reducido el retorno por la redistribución del uso del recurso.

DEFINIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La reorganización de los derechos de propiedad asume, en primer lugar, que estos existen y, en caso contrario, el emprendedor puede beneficiarse si los crea y posteriormente los supervisa. En caso de hacerlo, el emprendedor puede conseguir las rentas asociadas a un recurso único, en vez de que estas que se disipen como consecuencia de la lucha o la competición por el recurso. Si por ejemplo un emprendedor puede definir y supervisar un derecho de propiedad para controlar el acceso a los pastos libres, entonces sus rentas provendrán del terreno y consecuentemente tendrá un incentivo para impedir el pastoreo excesivo. Mediante esta vía, el emprendedor institucional tiene el reto de encontrar un equilibrio entre el incremento de las rentas asociado a prevenir la tragedia de los comunes, con los costes de definir y supervisar los derechos de propiedad que limitan el acceso. Por consiguiente, es de esperar que el aumento de la acción emprendedora eleve las rentas derivadas de los recursos y que disminuya los costes de definir y supervisar los derechos asociados[28].

Los ganaderos de la frontera comprendieron la tragedia de los comunes y trabajaron para desterrarla (véase el Capítulo 8). Mediante la creación de asociaciones de ganaderos, limitaron el acceso a los pastos a aquellos que no eran miembros. También buscaron la ayuda de los gobiernos locales, territoriales y estatales para establecer leyes sobre herrar, para registrar sus marcas y para que estas fueran inspeccionadas antes de que se vendiese el ganado.

De manera similar, los mineros establecieron las reclamaciones mineras. Como sabían que capturarían todas las rentas futuras derivadas de sus inversiones, estaban dispuestos a incurrir en costes de prospección y a invertir en infraestructuras, lo que les permitió extraer los minerales, procesarlos y ponerlos a la venta. Los mineros pudieron definir sus normas y supervisar el cumplimiento de sus demandas bajo el paraguas protector de los campamentos mineros, por lo que sus reclamaciones se desarrollaron de forma relativamente pacífica.

REDISTRIBUIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Que los emprendedores quieran capturar rentas mediante el establecimiento de derechos de propiedad asociados a los recursos, no significa que sus acciones siempre crearán ganancias para la sociedad. Tal y como señala el economista William Baumol,

(…) existen una serie de roles mediante los cuales podemos clasificar los esfuerzos de los emprendedores, y no todos siguen el patrón constructivo e innovador que tendemos a atribuirles. De hecho, en ocasiones el emprendedor arrastra una existencia parasitaria que en realidad perjudica a la economía. La manera en que el emprendedor se comporta en un lugar y tiempo determinado depende sobremanera de las reglas del juego (la estructura de recompensas de la economía) que prevalecen en ese momento concreto[29].

En otras palabras, la búsqueda de las rentas por parte de los emprendedores no es siempre un juego de suma positiva. Y si dividen sus esfuerzos en redistribuir los derechos de propiedad existentes o actuar de manera oportunista en acuerdos contractuales, se tratará de juegos de suma cero o incluso negativa. Casos como ese reducen el tamaño de la tarta económica de la sociedad.

Para lograr el control sobre derechos existentes, los emprendedores deben emplear sus esfuerzos en llevar a cabo la redistribución y esto, en consecuencia, obliga a los actuales dueños de los recursos a gastar esfuerzos en defender sus derechos[30]. Los economistas denominan a este proceso «búsqueda de rentas», ya que el emprendedor está buscando rentas que ya pertenecen a otros individuos[31]. El emprendedor que realice la búsqueda deberá invertir un tiempo y esfuerzo valiosos, lo mismo que el propietario para tratar de defender su derecho.

Aunque la redistribución se realice mediante acciones privadas, como el robo, o acciones gubernamentales, como los impuestos y las regulaciones, el resultado será invariablemente el mismo: los recursos se consumen y el tamaño global de la tarta de la economía se reduce proporcionalmente. Ciertamente, los robos privados o de los particulares redistribuyen la renta, pero la «búsqueda de rentas» mediante acciones políticas también lo hace.

En el Oeste de los Estados Unidos o, la subvención de proyectos del agua bajo el amparo de la Reclamation Act (Ley de Recuperación) de 1902 (véase el Capítulo 10) supone un excelente ejemplo. Los estudios empíricos sobre esos proyectos informaron de que no aprobaban ninguno de los análisis ordinarios de beneficio-coste a los que habían sido sometidos, por lo que debemos preguntarnos por qué aun así se llevaron a cabo. La respuesta es que los receptores de la generosidad del gobierno habían presionado con insistencia para recibir las subsidios del agua[32]. El embargo federal de terrenos cerrados al pasto libre a ganaderos pioneros es otro ejemplo de búsqueda de rentas. Pese a que los ganaderos habían definido y supervisado sus derechos de propiedad sobre el pasto libre, el gobierno federal los vetó y puso la tierra a disposición de los colonos. De nuevo, el proceso se llevó a cabo debido a intereses políticos que pretendían redistribuir la titularidad de la tierra[33]. Y, como no podía ser de otra manera, los indios perdieron sus derechos de propiedad cuando el gobierno federal abrió las reservas a los asentamientos y a la minería, redistribuyendo la riqueza entre todos los colonos (véase el Capítulo 4).

Si bien la búsqueda de rentas como forma de influenciar al gobierno a redistribuir los derechos de propiedad quizás esté legitimada por la democracia, su impacto en el incentivo para hacer inversiones más productivas y promover la prosperidad difiere poco o nada de la que tiene la guerra. La guerra es, con certeza, la forma definitiva de búsqueda de rentas: un bando malgasta esfuerzos tratando de defender su territorio y sus recursos frente a las agresiones del contrario. Esta forma de búsqueda de rentas es la auténtica esencia del salvaje Oeste, el lugar donde los indios lucharon contra el influjo de los blancos en sus territorios, los ganaderos se batieron contra los pastores por los pastos, los mineros se enfrentaron entre sí por las concesiones del oro y los granjeros se pelearon por el agua. Cada uno de estos casos se trata de un juego de suma negativa debido a que solo gana un bando pero, en el proceso, tanto los ganadores como los perdedores invierten sus recursos, también los humanos. No obstante, veremos que esa lucha prevaleció menos de lo que sugieren los historiadores clásicos.

Los políticos capaces de «vender» su habilidad para cambiar las reglas del juego son los claros ganadores en este proceso de búsqueda de rentas. Los políticos de esta índole amenazan con confiscar las rentas de propiedad privada a través de la regulación y de los impuestos[34], extrayendo así algunas para sí mismos. Los emprendedores políticos capaces de proferir amenazas creíbles no las suelen llevar a cabo, siempre y cuando el propietario esté obligado a «comprar» de nuevo la titularidad de su propiedad. Al igual que sucedía con la búsqueda de rentas, la extracción de rentas es un juego de suma negativa en el que los políticos compiten por el poder de amenazar. En el Oeste americano, el ejemplo más evidente es el sheriff que emplea su poder para amenazaba a los propietarios de tierra de la misma manera en que hoy en día lo haría un jefe de la mafia.

¿Qué motiva a los emprendedores institucionales?

Como el espíritu emprendedor de cualquier otro colectivo, el de los emprendedores institucionales está motivado por la expectativa de conseguir grandes retornos[35]. Tales percepciones requieren que el emprendedor establezca control sobre los recursos productivos: el trabajo, el capital y la tierra. El emprendedor es, antes que nada, un innovador contractual que debe encontrar formas de capturar el valor generado mediante la creación y reorganización de los derechos de propiedad.

La motivación más obvia para los emprendedores institucionales es la renta que le corresponde al dueño de un recurso. Cuando los precios del terreno en el Oeste eran bajos, por ejemplo, los esfuerzos para definir y obligar al cumplimiento de los derechos de propiedad no merecían la pena, ya que las rentas eran mínimas. Conforme el valor de la tierra fue subiendo, el retorno por restringir el acceso aumentó, lo que provocó que se comenzasen a proteger los derechos de propiedad. En un principio, los colonos simplemente proclamaban sus reclamaciones en periódicos y carteles, pero a lo largo del tiempo sus esfuerzos se fueron organizando, llegando a amenazar con sanciones legales o violentas a aquellos que no cumplieran con las normas. Pero una disminución del valor puede tener el efecto contrario. Cuando el valor de los caballos se desplomó al final de la Primera Guerra Mundial, la gente redujo su inversión en la definición y protección de sus derechos al soltar caballos sin marcar en zonas públicas (véase el Capítulo 8). Como cualquier otra decisión económica, la inversión en definir y defender el cumplimiento de los derechos de propiedad depende no solo del valor de la propiedad, sino también del coste de asegurar la titularidad de la propiedad. Esta última, en cambio, depende de la tecnología. Con la invención del alambre de espino, por ejemplo, se redujeron los costes de cercar propiedades individuales respecto del espacio abierto, lo que permitió a los ganaderos especificar sus derechos de propiedad de forma más precisa, y supervisarlos de manera más eficiente. Resultaba más barato construir alambradas que contratar a vaqueros para que llevaran a las reses dentro de los límites y para que las protegieran de los cuatreros.

Decidir cuánto alambre se debe emplear en el vallado, ilustra la naturaleza de la decisión acerca de cuánto se debe invertir en definir y hacer cumplir un derecho. Un cable de alambre sirve para demarcar los límites de una propiedad, pero no para mantener al ganado dentro de ellos. Dos cables confinarán mejor al ganado, tres más, cuatro todavía mejor y así sucesivamente. Pero en cierto momento (normalmente cuatro alambres, en el caso del ganado), se alcanza un límite en la seguridad que ofrece la cerca, ya que los costes adicionales de instalar más cables de alambre no justifican el beneficio de proteger la propiedad todavía más.

The Line Camp, de L. A. Huffman. Los line camps eran unos puestos de avanzada construidos a lo largo de las líneas fronterizas entre los territorios de pastos. Los vaqueros que vivían en estos campamentos se encargaban de que el ganado no se alejase demasiado, así como de protegerlo frente a los cuatreros. En efecto, los vaqueros de la foto ayudaron a formar una barrera humana hasta que la invención del alambre de espino les dejó sin trabajo. Cortesía de la Coffrin’s Old West Gallery, Bozeman, Montana.

La aridez, la falta de capital disponible y la escasez de mano de obra significaba que había recompensas para los innovadores contractuales. La persona que contratase a los dueños de ganado de Texas para llevarlo al norte y venderlo una vez cebado, podría hacerse con un elevado beneficio. Sin embargo, la operación requería contratar a muchos propietarios de tierras para facilitar los largos viajes. De manera parecida, un emprendedor que contratase mano de obra y tierras para llevar agua a los parajes más áridos, estaría en posición de llevarse una parte sustancial de la riqueza recién creada. De nuevo, sin embargo, construir el almacenamiento y los sistemas de reparto, así como negociar los acuerdos a largo plazo con los granjeros, requería una habilidad para llegar a acuerdos que no todo el mundo poseía.

La aparición de nueva tecnología también solía provocar el cambio institucional. Gracias al alambre de espino, los ganaderos pudieron delimitar su territorio y confinar sus reses a un coste mucho menor. A cambio, redujo la necesidad y el coste de coordinar rodeos en las agrupaciones de ganaderos. Cuando se descubrió oro en California, un único minero lo cribaba y lo bateaba directamente de la grava de los arroyos. Al agotarse esta fuente, se comenzaron a emplear nuevas tecnologías para extraer el oro, tales como esclusas con compuertas y explotaciones hidráulicas. Sin embargo, todas estas técnicas requerían una ingente cantidad de agua lo que, a su vez, precisaba de grandes organizaciones que pudieran invertir mucho capital para capturar las economías de escala. Consecuentemente, fueron las grandes empresas las que se aprovecharon de estas oportunidades.

Tras la introducción del caballo en la cultura de los indios de las llanuras (véase el Capítulo 3), tuvo lugar otra respuesta institucional al cambio tecnológico. Antes de emplear caballos, los indios de las llanuras eran mucho más sedentarios y, cuando cazaban búfalos, tendían a organizarse en grandes grupos para obtener los beneficios de las economías de escala[36]. Sus técnicas de caza requerían jefes con una fuerte presencia, que además contaran con el apoyo de las patrullas de las sociedades tribales que se encargasen de vigilar el cumplimiento de las normas de la caza[37]. No obstante, la aparición de los caballos cambió significativamente las técnicas para cazar bisontes. Un pequeño grupo de cazadores ecuestres podía matar a un búfalo para satisfacer las necesidades del grupo. Pero con esta técnica de caza, se producían pocas economías de escala. De hecho, si había demasiadas personas a la vez, estas podrían espantar a las manadas de búfalos, aumentar los problemas sanitarios en los campamentos y comprometer el pasto para los caballos.

En este marco tecnológico, la importancia del jefe de la cacería disminuyó conforme la aumentaba la importancia del jinete experto, modificando los sistemas de compensación. En la caza a pie, todo el grupo contribuía equitativamente a la productividad, y la carne se distribuía a partes iguales entre los cazadores y sus subordinados tras llegar a un consenso. El jefe de la cacería y el señuelo, el valiente individuo que se guarnecía con piel de búfalo para atraer a la manada al precipicio, solían llevarse cada uno una mayor cantidad de carne[38]. En la cultura ecuestre, el individuo que posee un caballo y sabe cómo disparar flechas montado, se lleva siempre la mejor parte. Así, cada búfalo pertenecía al jinete que hubiera lanzado la flecha mortal, por lo que estas estaban convenientemente marcadas. Pero los avances tecnológicos alteraron la organización de los poblados indios y los acuerdos contractuales a los que llegaban los miembros del grupo[39].

A pesar de que el cambio tecnológico suele reducir el coste de establecer derechos de propiedad, si aumenta el acceso a los recursos también puede hacer más difícil la tarea del emprendedor institucional. En mar abierto, por ejemplo, la mejorada tecnología de los navíos aumentó las rentas por pescar lejos de la costa, lo que dificulta restringir el acceso para evitar la tragedia de los comunes. Conforme progresaba la colonización del Oeste, las primeras caravanas de carretas y los ferrocarriles facilitaron el acceso a tierras que no habían sido reclamadas todavía. De hecho, buena parte del conflicto entre rancheros y colonos se debió a la reducción de costes, lo que provocó que los granjeros se trasladasen al Oeste y compitieran por el terreno con los dueños de los ranchos (véase el Capítulo 9). Las posibilidades de que el espíritu emprendedor institucional solucione esta creciente competición por las rentas dependen de una serie de factores, entre los que se encuentra la probabilidad de una acción colectiva, y sobre la que nos centraremos muy pronto.

El acceso político al gobierno federal animó a los emprendedores de la frontera a embarcarse en la búsqueda de rentas. Los primeros proyectos de riego fueron financiados de manera privada, pero los granjeros del oeste vieron una ganancia sustancial en la subvención del regadío de acuerdo a la Ley de Recuperación de 1902. Las tierras de los indios también fueron redistribuidas en cuanto aumentó su valor, y mientras el Ejército de los Estados Unidos disputaba su propiedad con los indios.

Emprendimiento institucional colectivo

En muchos casos, la efectividad del espíritu emprendedor institucional depende del coste de organizar grupos de individuos para proteger las rentas frente a la disipación causada por circunstancias externas. Sin ir más lejos, un individuo podría acordonar una pequeña sección en los pastizales libres, pero en ausencia de vallado o innovaciones como el alambre de espino, los ganaderos tenían que lidiar con cada vez más competencia. La decisión entre actuar de forma individual o colectiva era fácil. Actuando de formar colectiva, podrían incluir a los actuales ocupantes del terreno y excluir a los recién llegados. Incluir a más personas al colectivo significaba excluir a menos, pero también que cada uno de los miembros capturase menos rentas. Hacer el colectivo menos inclusivo excluiría a más gente, pero también permitiría a los miembros del colectivo capturar mayores rentas[40].

Los colectivos muy pequeños quizás no puedan excluir a potenciales participantes en las zonas comunes, pero los colectivos que son demasiado grandes se enfrentarán a mayores costes organizativos, lo que los economistas denominan costes de agencia. La innovación institucional capaz de crear derechos de propiedad necesita buscar una estructura de gobierno apropiada. Hay tres factores generales que determinan el tamaño y la forma de esta estructura.

LA EXTENSIÓN TERRITORIAL

El tamaño óptimo de la unidad colectiva que se emplea para restringir el acceso a las rentas variará dependiendo del tamaño que tenga el territorio a proteger y este, a su vez, puede variar considerablemente dependiendo de la naturaleza del recurso y de su proceso de producción[41]. La organización colectiva óptima para restringir el acceso a la pesca en un lago pequeño será menor que el colectivo óptimo para restringir el acceso al océano a 200 millas de la costa que, a su vez, será menor que el colectivo óptimo para impedir la entrada al mar abierto. De manera semejante, una explotación minera pequeña podía limitar el acceso a yacimientos de minerales poco conocidos que además estén confinados, pero una tribu india era demasiado pequeña como para restringir el acceso a las manadas de búfalos que migraban a lo largo de vastos territorios[42]. Una asociación de ganaderos formada por doce miembros podría controlar la entrada a un pastizal sin vallar, simplemente excluyendo de los rodeos a los que no son miembros. Pero esa misma asociación dependía del gobierno territorial y estatal para asegurarse de que las reses se herraban correctamente, ya que con el ganado se comerciaba en territorios mucho más alejados de los que pastaba. Por lo tanto, ceteris paribus, cuanto más grande sea el área geográfica a proteger, mayor será el tamaño óptimo de la unidad colectiva[43].

LA VENTAJA DIFERENCIAL EN EL USO DE LA FUERZA

Una de las razones económicas importantes para la acción colectiva es la imposición de lindes que prohíban la entrada a quienes no son miembros del colectivo. Prevenir el acceso al territorio requiere que los miembros del colectivo ejerzan la fuerza tanto contra los intrusos como contra los miembros del colectivo, para asegurarse de que estos últimos también ayudan a pagar por la protección frente a los forasteros[44].

Un factor determinante en el tamaño óptimo del colectivo es hasta qué punto tener una fuerza mayor reduce el coste medio de defenderse. En otras palabras, ¿existen economías de escala en la producción de la fuerza? Si hay pocas economías de escala, los colectivos pequeños pueden proteger los derechos de propiedad de manera adecuada, pero si los costes decrecen en relación al tamaño de la unidad que los refuerza, entonces saldrán ganando los colectivos más grandes.

Las economías de escala en el empleo de la fuerza provocan que las personas formen unidades colectivas mayores. En la frontera del Oeste, por norma general, el revólver era la tecnología que daba un poder parejo a casi todo el mundo, y que mantenía reducido el tamaño de las unidades colectivas[45]. Los grupos de vigilancia podían ofrecer un mayor poder colectivo sobre los individuos y las bandas organizadas, pero el hecho de que no fueran permanentes y que solo se ocuparan de problemas locales sugiere que no brindaban ninguna ventaja competitiva en costes.

Para proteger las fronteras de la nación frente a amenazas externas, eran necesarias unas fuerzas armadas nacionales que se organizasen a tal fin, y a las que también se recurría para capturar economías de escala. Pero esas grandes economías de escala también crearon un potencial para usar el poder coactivo colectivo para la redistribución de derechos. En los comienzos de la historia americana, las milicias locales fueron las primeras unidades militares. Tras la Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión, sin embargo, las milicias fueron sustituidas por un ejército permanente completo. Para los colonos, la existencia del ejército alteró los cálculos de negociar frente a luchar, ya que redujo los costes que los individuos tenían que afrontar para arrebatarles las tierras a los indios. Como el ejército es un grupo de interés especial que cuenta con un incentivo por entablar combate, no resulta sorprendente comprobar que los asaltos superaran a los acuerdos comerciales después de la Guerra de Secesión[46].

LOS COSTES DE AGENCIA

Conforme los beneficios aumentan en relación al tamaño de la unidad colectiva, ya sea porque una unidad mayor puede abarcar un territorio geográfico más amplio con mayores rentas, o porque puede capturar economías de escala mediante el uso de la fuerza, los beneficios se compensan con los costes que van asociados al fracaso de los representantes gubernamentales para hacer lo que los ciudadanos demandan. Supongamos, por ejemplo, que un grupo de ganaderos contrata a Wyatt para que les ayude a defenderse frente a los cuatreros. Esta protección adicional aumentará las rentas de la tierra, pero existe el riesgo de que Wyatt actúe de forma oportunista con el fin de capturar parte de esas rentas aumentadas. Entonces podría exigir un salario mayor, con el argumento de que el trabajo es peligroso o de que no se ve capaz de realizarlo sin esforzarse mucho más de lo que lo hace. Podría incluso dejar que se escapasen algunos de los bandidos, y luego justificarse conque necesita más recursos para realizar su trabajo. En el ámbito político es todavía más común que los agentes tengan el potencial de extraer rentas a través de los impuestos y de la regulación. Si calcular su productividad y verificar sus argumentos resulta difícil, entonces Wyatt podrá capturar una mayor cantidad de rentas, en especial si tiene un talento especial para defender el cumplimiento de la ley. Siempre resulta costoso asegurarse de que los agentes actúan en representación de los ciudadanos y de que no emplean su poder para extraer rentas de los contribuyentes. Los ciudadanos deben incurrir en ciertos gastos para evitar que sus agentes (políticos, burócratas, policía, etc.) actúen de manera oportunista.

Estos costes de agencia son especialmente evidentes cuando la unidad colectiva es tan geográficamente grande que complica que sus miembros la abandonen. Esta situación le proporciona a los agentes un poder mayor respecto de los miembros del colectivo. Una cosa es trasladarse de un municipio a otro, o incluso de un condado a otro, pero mudarse entre países es mucho más costoso. Si además la frontera está vallada y minada, como sucedía entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, el coste será todavía mayor. Si para la gente fuera más sencillo tomar decisiones, los agentes del gobiernos tendrían una habilidad menor para extraer rentas, y viceversa.

Los costes de vigilar a los agentes no solo aumentan con el tamaño geográfico del colectivo, sino también dependiendo del número de personas que forman parte de ese colectivo. Esto es así porque en un colectivo mayor, cada miembro captura una porción menor de las rentas creadas por la protección del colectivo y, por tanto, existen menos incentivos para vigilar al agente. El resultado es que, conforme el tamaño del grupo aumenta, a cada individuo le resulta más barato aprovecharse del esfuerzo de supervisión del resto. Si el interés del colectivo está inversamente relacionado con el tamaño del grupo, podemos esperarnos menos vigilancia y más captura y extracción de rentas conforme el tamaño del grupo aumente.

La regla aquí es que, si los agentes diseñan normas que se encargan de la formación de derechos de propiedad para un grupo colectivo pequeño, el grupo controlará a los agentes de forma más eficiente para asegurarse de que las normas que han impuesto no malgastan esfuerzos en el proceso de formación de los derechos de propiedad. Al contrario, si no se supervisa a los agentes de manera tan estrecha porque los costes de agencia son altos, las reglas que diseñen tienen más probabilidades de promover la disipación de rentas.

Para entender este apartado en su totalidad, consideremos la norma que permite establecer derechos de propiedad al terreno con una evolución de las rentas en el tiempo, tal y como se muestra en la Gráfica 2.1. El momento óptimo para establecer y producir en esta parcela de tierra es t*, que es el momento en que las rentas se vuelven positivas. Es muy probable que se produzca un asentamiento prematuro para capturar las rentas antes de que sean reclamadas por otros individuos, y esto podría disipar por completo todas las rentas, a menos que el grupo colectivo se ponga de acuerdo y limite la competición y a los forasteros que no cumplan con sus normas[47]. Este fue el caso de las agrupaciones de reclamación de tierras, organizadas por personas que tenían un interés en reducir la disipación de rentas provocada por la competición (véase el Capítulo 9). Por otro lado, si las normas para establecer derechos de propiedad las fijan agentes que tienen poco o ningún interés en las rentas que no se disipan, entonces probablemente se producirá una disipación de rentas derrochadora. Un ejemplo extremo de esto fue la fiebre agraria de Oklahoma, en la que los denominados sooners[48] se lanzaron a la carrera por conseguir tierras antes que otros. De manera similar, en la medida en que las homestead acts (leyes de asentamientos rurales) promovieron los asentamientos precipitados (un asentamiento anterior a t*) y requirieron inversiones que de otra forma no se habrían realizado, estas disiparon rentas potenciales de la tierra en la frontera.

Además de los grupos de tamaño más pequeño y de la competencia con otras unidades colectivas, existen otros factores que pueden ayudar a reducir los costes de agencia. La homogeneidad del grupo (que puede estar inversamente relacionada con el tamaño del grupo), puede reducir los costes de supervisar a los agentes. En sociedades relativamente estables en que se efectúan numerosas transacciones, puede resultar más barato confiar en las normas y en las restricciones morales en vez de en leyes formales supervisadas por agencias gubernamentales oficiales. Tales normas sociales y culturales se desarrollan en el tiempo conforme las normas para aumentar la eficiencia sustituyen a las que reducen la eficiencia, y aquellos que no están de acuerdo con las normas se trasladan a otros grupos cuyas normas se adaptan mejor a sus preferencias[49]. La homogeneidad cultural también reduce los costes de transacción a través del lenguaje común y del entendimiento, además de reducir los costes por especificar los derechos de propiedad y negociar sobre su uso[50].

El mantenimiento de la homogeneidad cultural precisa excluir a los forasteros de la acción colectiva, lo que puede ayudar a explicar los límites en la transferibilidad de los derechos de propiedad. Aquellos derechos de uso que no se pueden comprar ni vender a personas que no pertenecen al grupo, se pueden racionalizar en este contexto. En una sociedad cuyos mecanismos de protección son los valores compartidos y la repetición de las interacciones, sería perjudicial permitir a un miembro de una sociedad transferir sus derechos a terceras personas ajenas a la sociedad. Un traspaso de estas características podría permitir que nuevas personas se convirtieran en miembros del grupo sin un condicionamiento social apropiado, lo que podría resquebrajar el consenso social en torno a la distribución de los derechos[51].

La ley del agua en el Oeste nos ofrece un buen ejemplo. Pese a la evolución de los derechos del agua en las remotas explotaciones mineras y en los proyectos de regadío, las normas solían calcar la tradición y raramente contenían algún tipo de codificación formal. Incluso cuando los estados comenzaron a codificar los derechos, los usuarios de los servicios de agua locales confiaban en las estructuras informales para determinar su distribución. Por ejemplo, si un apropiador de los derechos del agua recién llegado no disponía de agua suficiente durante un año de sequía, los mecanismos informales entre los irrigadores podían redistribuir el agua sin un contrato formal. Además, cuando se producían disputas legales formales, solo podían estar involucrados en la disputa aquellos que tuvieran derechos del agua en el arroyo en cuestión. Al no permitir el traspaso de derechos a otros usos que no fueran los tradicionales, como el regadío, las leyes podían desbaratar la distribución para usos de mayor valor, tales como la conservación de instalaciones medioambientales, pero a su vez ayudaban a conservar la homogeneidad cultural que podía reducir los costes de transacción.

Las leyes formales ofrecen una manera de limitar a los agentes para cuando las normas y las costumbres no son suficientes para controlarlos. Estas normas pueden ser desde leyes constitucionales hasta estatutos. Tales normas sirven para restringir el poder coactivo de los agentes de manera que las rentas no se disipen mediante la redistribución de los derechos de propiedad. La cláusula sobre expropiaciones de la Constitución de los Estados Unidos es uno de los ejemplos más obvios. En ella se especifica que la propiedad no puede ser expropiada por el gobierno sin al menos ofrecer una compensación y el proceso adecuado. Si tales normas son obligatorias en la acción gubernamental, las opciones para redistribuir los derechos de propiedad se reducen; si las normas no son obligatorias, la redistribución y sus resultados de suma negativa serán sustituidos por juegos de suma positiva. Esto explica por qué las caravanas de carruajes establecieron contratos similares a constituciones antes de salir rumbo a las llanuras (véase el Capítulo 7). Las constituciones de las caravanas de carretas especificaban derechos y obligaciones, y estaban diseñadas para limitar el poder coactivo del jefe de la caravana. En resumen, podemos esperarnos más limitaciones constitucionales sobre los agentes conforme el tamaño del colectivo aumenta, y la competencia entre los colectivos y la homogeneidad se reduce.

Predecir el pasado

Dados los factores descritos con anterioridad, a continuación tenemos diversas hipótesis acerca de la evolución de los derechos de propiedad en la frontera americana.

Si el valor de los recursos aumenta, los emprendedores institucionales responderán esforzándose más para crear, reorganizar y redistribuir los derechos de propiedad, y viceversa.

Si el cambio tecnológico reduce los costes de definir y asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad, entonces se dedicará un mayor esfuerzo a su definición y a su cumplimiento.

Si el cambio tecnológico altera la forma en que se producen los bienes, entonces se desarrollarán nuevos acuerdos contractuales para organizar la producción y calcular y supervisar el uso de insumos.

Si los recursos se pueden trasladar a lo largo de territorios extensos, si el proceso productivo requiere el control de grandes zonas, o si hay economías de escala en el uso de la fuerza, el tamaño de la unidad colectiva será mayor.

Las unidades más pequeñas tienen más probabilidades de reducir los costes de transacción, ya que cada miembro de una unidad colectiva más pequeña tiene un mayor interés en las rentas residuales (esto es, las rentas que permanecen tras haber sustraído los costes de transacción), mientras que las unidades más grandes tienen una mayor probabilidad de aumentar los costes de transacción.

Las unidades colectivas mayores tienen una mayor probabilidad de crear ventajas diferenciales en el uso de la fuerza y, debido a ello, es más probable usarlas para redistribuir derechos.

Debido a que los costes de agencia aumentan en relación al tamaño del colectivo, formado por miembros heterogéneos, y dada la dificultad de abandonar el colectivo, las unidades colectivas más grandes tienen más probabilidades de llevar a cabo una redistribución de los derechos.

Veamos cómo encajan estas predicciones en la historia del Oeste.

TRES

Los derechos de propiedad en el Territorio Indio

No hay lugar mejor para comenzar a examinar por qué el Oeste americano no era tan salvaje que el «gobierno del hombre de piel roja»[52]. Y es que al estilo de vida de los indios americanos antes de tener contacto alguno con los europeos se suele retratar como el modelo humano de coexistencia con la naturaleza. «¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, el calor de la tierra?» se preguntaba el Jefe Seattle en un discurso que supuestamente pronunció en la década de 1850[53]. Este discurso da la impresión de que los derechos de propiedad y los mercados eran adversos a una cultura amerindia que reverenciaba la naturaleza y sus recompensas. Sin embargo, ahora sabemos que esa cita tan frecuente no la pronunció el Jefe Seattle, sino Ted Perry, quien a su vez parafraseó la traducción del discurso que hizo el clasicista William Arrowsmith, y le añadió «una buena dosis de moderna imaginería ecológica»[54]. Así que fue Perry, y no el Jefe Seattle, el que escribió que «Todas las fracciones que conforman la Tierra son sagradas para mi gente», la filosofía subyacente que se acepta para explicar por qué los indios no depredaban la naturaleza ni arrasaban su entorno. Tal y como lo expresó Boyce Timmons, «debido a su herencia cultural, los indios americanos mantienen una relación especial con todas las cosas, una identidad o unidad de cuerpo y espíritu que les ha permitido sobrevivir a todo tipo de opresión y a las más increíbles adversidades»[55].

Esta visión simplista omite respuestas importantes que las culturas indias daban a la escasez y a la cambiante competición por los recursos. De hecho, «mucho antes de que Darwin y Wallace revelasen al mundo la evolución biológica en 1858, los observadores de la cultura indígena americana habían reconocido que la evolución tiene lugar en todas las culturas»[56]. Esta evolución produjo tal variedad de acuerdos institucionales como ninguna otra en la historia humana.

Para los indios norteamericanos, la necesidad fue con frecuencia la causa de las invenciones institucionales. Todas las sociedades deben acostumbrarse a cambiar la dotación de sus recursos, pero la evolución de la cultura y de las instituciones fue particularmente importante en aquellas sociedades que «vivían en el umbral de la subsistencia. En sociedades más desarrolladas, todo lo que sea desviarse del nivel óptimo se traducirá en un índice de crecimiento y una calidad de vida menores (lujos que estas sociedades no se pueden permitir). Por el contrario, en sociedades cercanas al límite de la subsistencia y en las que la población está bajo un control maltusiano, tales desviaciones conllevan consecuencias más severas (…). Por lo general, las estructuras de derechos endebles implican un tamaño de la población menor y, quizás, la desaparición de la sociedad»[57]. Ciertamente no todos los indios de Norteamérica vivían en el umbral de la subsistencia, pero todos tuvieron que adaptarse. Si no podían o no lo hacían, entonces se morirían de hambre o serían conquistados.

En las sociedades indígenas americanas no existía el concepto de propiedad tal y como lo conocemos. Sin embargo, la ausencia de leyes formales y de derechos de propiedad modernos no significa que no tuvieran normas que prestasen atención a los incentivos. Como los recursos eran escasos, la supervivencia dependía de reglas y costumbres que determinaban quién tenía acceso al uso de los recursos. La ética personal contaba al igual que los derechos de propiedad privados y comunales para limitar el acceso a los recursos más escasos. El profesor de derecho James Huffman llegó a la siguiente conclusión:

(…) no es del todo cierto que los nativos americanos no tuvieran concepto alguno sobre la propiedad. El lenguaje de la ley común de propiedad, como el resto del idioma inglés, no les era familiar. Pero el concepto de la tenencia en común no le era extraño a las bandas y tribus que reclamaban y defendían su derecho a los terrenos aptos para la caza y la pesca. Tampoco les resultaba ajeno el concepto de dominio pleno a aquellos individuos que poseían instrumentos para la paz y para la guerra, e incluso tierras de las que podían excluir a otros[58].

MAPA 1. Tribus nativas americanas, 1850

No olvidemos que el cambio institucional fue tan endógeno para los indios americanos como lo fue para los europeos que llegaron a la frontera americana y se enfrentaron a restricciones de los recursos muy distintas.

¿A quién le pertenecía realmente la tierra y el cielo?

Resulta difícil encajar las instituciones indias precolombinas en el contexto actual de ley, gobierno y derechos de propiedad. Pese a que hoy en día hablamos de «naciones indias», pocas tribus tenían estructuras de gobierno formales que fueran más allá de las bandas locales. Al describir a los indios yurok, que vivían en el río Klamath, en el Pacífico Noroeste, Goldsmidt descubrió que «podríamos descartar al pueblo y a la tribu con una palabra. Pese a que a las personas se les conocía según el poblado en que residían y a su tribu de origen, ninguno de estos grupos tenía poder directo alguno sobre la acción del individuo. No había un gobierno nacional o del poblado, ni siquiera una acción de la tribu en tiempos de guerra»[59]. De esta manera, las nociones modernas de los derechos de propiedad privados tenían poca aplicación en la sociedad india, como tampoco la tenían la definición de la propiedad y su intercambio en el mercado que auspician las instituciones de gobierno.

No obstante, la ausencia de estructuras formales y centralizadas de gobierno no significa que los indios precolombinos no dispusieran de normas para evitar la tragedia de los comunes. Tal y como afirma el antropólogo Adamson Hoebel, «la anarquía primitiva no significa desorden»[60]. Las costumbres evolucionaron a lo largo del tiempo, permitiendo a los indios sobrevivir y prosperar no solo en el Pacífico Noroeste, una región rica en recursos, sino también en los entornos desérticos del Suroeste.

El juez y profesor de derecho Richard Posner resume por qué debemos esperar que las instituciones indias que evolucionaron a nivel local vayan a minimizar los costes de transacción y a promover la creación de riqueza:

Resulta más fácil explicar por qué la eficiencia tendría un gran valor social para la supervivencia en el mundo primitivo, que tratar de explicarlo si lo aplicamos a nuestro mundo. La sociedad eficiente es más rica que la ineficiente (de ahí su significado), y una sociedad más rica podrá albergar una población mayor. Este efecto de la mayor riqueza puede ser decisivo en la competición entre sociedades primitivas, en las que los métodos de guerra son simples y los números de la población son mucho más importantes que en las contiendas modernas. Aquellas sociedades arcaicas lo suficientemente duraderas como para dejar restos literarios o arqueológicos sustanciales, las sociedades primitivas lo bastante longevas como para sobrevivir hasta el siglo XIX (…) son sociedades cuyos usos y costumbres probablemente sean eficientes[61].

La eficiencia en este contexto significa dos cosas. La primera es que la gente solo se esfuerza por cambiar las instituciones cuando los beneficios netos son positivos. Debido a ello, no esperaremos que las personas malgasten su tiempo y su energía en definir y proteger los derechos de propiedad de recursos que no son escasos. Y, en segundo lugar, también significa que las sociedades desarrollan instituciones que alinean los incentivos individuales de manera que la gente pueda soportar los costes y recoger los beneficios de sus acciones. Los indios precolombinos del Oeste americano eran eficientes en ambos aspectos.

Debido a que los indios invertían en establecer derechos de propiedad cuando resultaba económico hacerlo, la tenencia de la tierra india variaba según la tribu y según su ubicación, «oscilando entre sistemas totalmente comunales o casi, y sistemas poco menos individualistas que el nuestro, basado en el pleno dominio»[62]. En referencia a las tribus migratorias de Basin-Plateau, el antropólogo Julian Steward concluye que los indios no se preocupaban por definir y dictar el cumplimiento de los derechos de propiedad de recursos que tenían poco o ningún valor: «Todos los recursos naturales, con la única excepción de los nidos de águila que estuvieran en manos privadas, eran libres y estaban a la disposición de cualquiera. Esto no se trataba de una propiedad comunal; de hecho, no consistía en una propiedad de ningún tipo, ya que ningún grupo reclamó jamás los recursos naturales. El agua, las semillas, las zonas de caza, los depósitos de sal y de minerales, etc., estaban a disposición de quien los quisiera utilizar»[63]. Por otro lado, en aquellos lugares en que los recursos escaseaban o eran necesarias inversiones para hacer la tierra productiva, «las propiedades comunales de verdad eran escasas. Pero en casi todas las tribus agrícolas existía la tenencia en común, así como el dominio absoluto. Los indios definían y obligaban al cumplimiento de los derechos de propiedad de la tierra, fueran estos individuales o familiares, en especial en aquellos casos en que era necesario una inversión de capital para el riego, el cultivo o la cría de animales»[64].

Entre los indios pueblo que vivían en la cuenca superior del río Colorado había muchas de estas tribus agrícolas. Como la cosecha requería una inversión considerable en el despeje y nivelación de la tierra, las tierras de labranza pertenecían al clan que hubiera realizado estas inversiones. «A través de la asignación del gobernador de los isleta, un individuo solía obtener un único acre de tierra (y los derechos del agua necesarios), pero si el gobernador o sus capitanes descubrían que el asignado abandonaba o dejaba de cultivar la tierra en el periodo de un año, entonces la parcela y los derechos del agua asociados volvía a poseerlos el Pueblo de Isleta, que posteriormente los reasignaba»[65]. Los havasupai también reconocían la propiedad privada de las tierras de cultivo, siempre que estas estuvieran en uso. Los hopis asignaron derechos exclusivos de la tierra a los distintos clanes matrilineales del poblado, tal y como señala Edward Kennard: «La asignación de cada clan se marcaba mediante mojones de piedra en las esquinas de la parcela, y estos se decoraban con símbolos que pintaban los clanes»[66]. Daryll Forde afirma también que las tierras del clan hopi se marcaban «con numerosas piedras que se situaban en las esquinas y en las intersecciones de los caminos» y que estas «las grababan con símbolos del clan correspondiente»[67]. Las parcelas de los clanes se asignaban por lo general a las mujeres, y se asociaban a una familia concreta a través de la herencia.

Las presas y los canales de riego que construyeron los indios pueblo, a diferencia de lo que pasaba con la tierra, eran de propiedad común. Este tipo de tenencia era más eficiente que la propiedad individual porque estos sistemas precisaban de una inversión considerable que no estaba al alcance de un único individuo, y porque su construcción conllevaba significativas economías de escala. Estos sistemas habrían sido por tanto prohibitivos para los particulares, debido sobre todo a los costes de transacción por estar continuamente negociando para llegar a acuerdos sobre su mantenimiento.

Otra muestra más de la eficiencia de las instituciones de los indios pueblo la encontramos en la manera en que gestionaban el riesgo de tener malas cosechas en un entorno árido. «La dispersión de las tierras de cada clan a lo largo de numerosos sitios tiene un gran importancia práctica, ya que reducía las posibilidades de que se dieran malas cosechas. Si una extensión de cultivos fracasaba, siempre cabía la posibilidad de que el resto se hubiera salvado»[68]. Forde resume así el éxito de la estructura institucional de los hopi: «La agricultura de los hopi presenta una serie de características extraordinarias que emplean para mitigar la severidad del entorno árido. Mediante una cuidadosa adaptación a las condiciones locales y el uso de artilugios ingeniosos, aunque poco elaborados, son capaces de cultivar a gran escala y con éxito las plantas americanas más características (maíz, calabaza y alubias, también conocidas como “las tres hermanas”). A diferencia de los que sucede en las regiones marginales, aquí la agricultura no es complementaria a la caza y a la recolección, sino básica dentro de la economía»[69].

Numerosas culturas indias desarrollaron derechos privados bien definidos para los recursos que eran únicos o que necesitaban cuidados y una inversión a largo plazo, y estos derechos normalmente eran hereditarios[70]. «Los piñones eran un recurso tan importante que las arboledas estaban consideradas propiedad familiar en muchos sitios» de la Gran Cuenca[71]. Un paiute del norte dejó constancia de que su padre «había pagado un caballo por un terreno de pinos piñoneros»[72], lo que sugiere que los derechos de propiedad eran valiosos y se podían intercambiar. Por contra, los derechos de pastoreo se solían poseer en común debido al coste de contener al ganado y a la variación del forraje en el pasto.

Los indios de California, pese a que su estilo de vida era más sedentario, también aseguraban el cumplimiento de los derechos de propiedad de aquellos activos fijos valiosos que necesitaban inversiones. «La tierra que había entre los paiute del valle de Owens y los shoshoni del valle de Salinas pertenecía a las tribus, que además se encargaban de protegerla frente a los intrusos»[73]. A diferencia de las tribus de las Grandes Llanuras, los indios de California poseían tierras más fértiles, y que reunían las condiciones para la práctica de la agricultura productiva. Esto provocó que sus pobladores se asentaran en poblados permanentes densamente poblados. Steward aclara que entre los indios paiute del valle de Owens, «los grupos comunales permanecían dentro de los límites del territorio de su zona», obligados en parte por los elementos naturales que les rodeaban: montañas, crestas y arroyos[74]. El resultado fue un sistema aplicable de derechos de propiedad privados, apoyado en buena medida por un cierto control de la organización tribal. «La ecología permitió y provocó en buena medida el desarrollo de los grupos»[75]. Los grupos de terratenientes con nombres específicos vivían bajo la dirección de los jefes, cuya autoridad estaba bien definida. Las cabañas de sudar comunales y las ceremonias fúnebres reforzaban la unidad del grupo. Las familias atesoraban piñones, mezquite, arbustos de tornillo y unas pocas semillas silvestres, y su propiedad «se marcaba mediante hileras de rocas»[76]. Pese a que durante las épocas de abundancia estaba permitido en ocasiones acumular comida, la intrusión no se toleraba. Los propietarios le soltaban «reprimendas [al intruso] con expresiones como “¡No cojas piñones de aquí! Me pertenecen a mí, no a ti”»[77]. John Muir llegó a informar de un caso extremo, y en el que el dueño de un pino piñonero mató a un hombre blanco por talarlo[78].

Steward resume el impacto a largo plazo de invertir en derechos de propiedad:

El agua, las semillas, las zonas de caza, los depósitos de sal y de minerales, etc., los podía utilizar quien quisiera. Pero en el momento en que se hubiera trabajado en el producto de los recursos naturales, estos se convertían en propiedad de la persona o de la familia que hubiese realizado el trabajo. Cualquiera podía utilizar las arboledas de sauces, pero las cestas que se hiciesen con sauce pertenecían a quienes las hubieran hecho. No importaba quién se ocupase de recolectar semillas silvestres pero, una vez se cosechaban, el fruto de la tierra pertenecía a la familia que se estuviera ocupando del cultivo[79].

Si los derechos de propiedad de las tierras de los indios se desarrollaron cuando definirlos y protegerlos se volvió económico, ¿qué sucedió con otros recursos como el pescado o el resto de especies salvajes, cuyos derechos de propiedad resultaban mucho más costosos de definir y aplicar? Sería de esperar que, mientras hubiera abundantes recursos, se pusiera muy poco esfuerzo en definir y aplicar los derechos pero, si la abundancia desciende debido a las condiciones naturales o a la competición por los recursos, los derechos de propiedad se desarrollarán inevitablemente. Harold Demsetz llegó a la conclusión de que esto era exactamente lo que sucedía tanto en el Noroeste como en el Oeste, donde los derechos de uso de la caza, la pesca, la recolección o la agricultura solían ser comunales[80]. Entre los apaches, cada grupo «tenía sus propios cotos de caza y, excepto en los momentos de hambruna, se mostraban reacios a transgredir los derechos de los vecinos (…). Cada grupo local tenía derechos exclusivos sobre zonas concretas para el cultivo y la caza, y cada uno de ellos estaba liderado por un jefe que dirigía las empresas colectivas»[81].

Pese a que los derechos eran comunitarios, el acceso para todos los miembros de una comunidad más grande no era libre. Se delimitaban lindes que reflejaban el valor del recurso y el coste de definir y aplicar sus derechos. Algunas tribus establecieron derechos «para las zonas de caza de osos y cabras, de recogida de bayas y raíces, para las aguas termales, las nutrias marinas, las focas y los lobos marinos, los lechos de crustáceos, los cedros y las rutas del comercio»[82].

El Pacífico Noroeste quizás nos ofrezca el mejor ejemplo de derechos pesqueros territoriales, ya que los indios tenían sitios de pesca bien definidos a lo largo del río Columbia[83]. Como el pescado discurría de forma natural en bancos a través de los cauces del río, los indios construyeron ruedas de molino para pescar, diques y otros dispositivos fijos, con los que resultaba muy fácil pescar el salmón que regresaba del océano con el objetivo de desovar en las corrientes de agua dulce. «El hombre de piel roja había estudiado detenidamente los hábitos y los movimientos del salmón, y sabía que las bocas de los afluentes, las cataratas y las cascadas eran los mejores lugares para atrapar el pescado»[84]. Los indios de la costa aplicaban con firmeza los derechos de propiedad de estos lugares y de los dispositivos fijos. Además, el acceso a estos sitios estaba limitado a los miembros del clan o del grupo. Robert Higgs añade que los lugares para «la pesca en las inmensas cataratas Celilo, en el río Columbia y en los arrecifes de coral de la tribu lummi al norte del estrecho de Puget (…) eran propiedades individuales hereditarias, por lo que se pasaban de padre a hijo»[85].

Las unidades de gestión podía excluir a otros clanes o tribus de sus territorios de pesca. Cuando se infringía el acceso a un territorio, el intruso estaba obligado a indemnizar al grupo terrateniente o bien enfrentarse a violentas consecuencias[86]. Las decisiones de esta índole solía hacerlas el yitsati, o «guardián de la casa», que era quien tenía el poder para tomar decisiones relacionadas con el volumen de las cosechas, los mecanismos de escape, las temporadas de pesca y los métodos de cultivo. El varón más anciano del clan poseía un conocimiento mayor sobre los remontes del salmón, los escapes y las tecnologías pesqueras, por lo que se encontraba en una posición privilegiada para convertirse en el «custodio o administrador de los territorios dedicados a la pesca y a la caza»[87]. A pesar de que los antropólogos todavía discuten acerca del poder real del yitsati, lo que está claro es que las rutas del salmón se mantenían a lo largo del tiempo, ya que las desarrollaban grupos pequeños que tenían un gran interés en el resultado, aplicando normas específicas dependiendo del lugar[88].

Pese a que la tecnología que usaban los indios para pescar salmón en pleno desove era tan eficiente que podría haber agotado las existencias de salmón, pronto se dieron cuenta de lo importante que era permitir que algunos de los salmones se escaparan y desovaran corriente arriba. Higgs cita a un indio quileute nacido alrededor de 1852: «Cuando los indios han obtenido suficiente pescado, quitan los diques del río para que los peces sobrantes depositen sus huevos, garantizando así el suministro de años venideros»[89]. La decisión Boldt (conocida así por el juez George Boldt) en un caso importante para los derechos de pesca de los indios del Pacífico Noroeste, resume su lucha histórica:

Por lo general, los indios tenían derechos de uso primordiales en los territorios en los que residían, y derechos de uso permisivos en su territorio natal (en caso de que este fuera distinto), o en aquellos territorios en que tienen parientes consanguíneos. Sujetos a tales reclamaciones individuales, la mayoría de los grupos reclamó derechos de pesca en otoño en las aguas cercanas a sus poblados de invierno. Las zonas pesqueras de primavera y verano solían encontrarse más lejos y además se compartían con grupos de otros pueblos (…). Ciertos tipos [de equipos de pesca] requerían un esfuerzo cooperativo para su manejo y/o construcción. Los diques también estaban considerados propiedad cooperativa, pero las estaciones de pesca en los diques se controlaban de forma individual[90].

El antropólogo Frank Speck sintetiza por qué cree que los indios eran lo que él denominaba «procuradores aborígenes»:

[Los indios] cazaban, de generación en generación, en lugares exclusivos para las familias que procedían de la misma línea paterna de parentesco. En estos linajes se producían sistemas deliberados de rotación en la caza y la recolección para mantener la provisión de animales para la caza. Los grupos familiares defendían además su herencia desde el tiempo remoto en que el Creador le otorgó la tierra a sus antepasados[91].

Lo que en un primer lugar Speck dio en denominar «posesión nuda», condujo al «mantenimiento de una provisión de vida animal y vegetal, métodos que garantizasen su propagación como fuentes de vida para la posteridad, una residencia familiar permanente dentro de unos límites bien conocidos y la animadversión a la intrusión de grupos familiares cercanos que poseían sus propios terrenos»[92].

La propiedad personal era casi siempre privada, ya que requería una inversión significativa de tiempo para producirla y conservarla. La ropa, las armas, los utensilios y las viviendas solían pertenecer a las mujeres que las habían fabricado. El tipi, por ejemplo, pertenecía a la mujer que hubiera recogido, curtido y pulido las pieles (entre ocho y veinte normalmente), para posteriormente coserlas todas juntas en un esfuerzo colectivo. Las puntas afiladas, las flechas y los arcos también eran de propiedad privada, ya que fabricarlos también llevaba un tiempo considerable. Por supuesto, la piedra de alta calidad para las puntas de las flechas y los cuchillos eran de propiedad privada, lo mismo que la madera para arcos que venía de lugares lejanos, ya que la única manera de conseguirla era a través del comercio de larga distancia.

En algunas zonas, «se cazaban conejos en grupo, bajo la supervisión de un experto jefe secular. El oficial al cargo era distinto del líder de la caza del ciervo y del encantador de antílopes»[93]. Sin embargo, las trampas a las que dirigían a los conejos y su mantenimiento eran de propiedad privada. «Las camadas que se capturaban se solían dividir a partes iguales entre todos los que habían participado pero, en ocasiones, el líder y organizador de la caza o los dueños de las trampas se llevaban una porción mayor»[94].

El impacto del caballo

El economista Martin Bailey enumera cinco atributos de los recursos o la tecnología que determinan cuándo prevalece la propiedad común sobre la propiedad privada en el proceso evolutivo de las sociedades tribales:

La baja previsibilidad de la localización de una planta o una presa dentro de los confines del territorio tribal;

Que la información acerca de la localización de esta fuente de alimento imprevisible sea en pos del bien común;

La naturaleza cambiante del éxito del individuo debido a los atributos 1 y 2, u otras circunstancias que se escapen a su control;

La productividad superior de las técnicas de caza en grupo, como por ejemplo dirigir a las presas a una emboscada o al borde de un precipico; y

La seguridad frente a los grandes depredadores, en especial cuando se lleva a casa el producto de un viaje exitoso[95].

Estos atributos sugieren una compensación entre los incentivos superiores que son inherentes a la propiedad privada, y las ventajas de las economías de escala que se capturan a través de las actividades comunales. En una sociedad que se dedica a recolectar y a cazar, el que exista poca previsibilidad acerca de dónde encontrar a las presas y a las plantas explica por qué la cooperación era una condición necesaria para la supervivencia. De manera similar, lo que Bailey denomina «la información en beneficio de la gente», se trata en realidad de las economías de escala fruto de la recogida de información[96]. Esto estimulaba la coordinación a la hora de buscar, ya que esta «produce mejores resultados globales para el grupo de los que se obtendrían si un individuo rastrease en solitario»[97]. La alta variabilidad del éxito cazando y recolectando se traduce en que los esfuerzos individuales podrían llevar a la hambruna. Por último, de la misma manera en que los negocios modernos deben compensar las ganancias de las economías de escala con los costes de supervisar las líneas de montaje, las tribus indias tuvieron que sopesar la productividad superior de la caza en grupo frente al potencial de que algunos de sus miembros rehuyesen trabajar[98].

El contacto con los europeos cambió muchas de estas variables, y además presionó a los indios americanos a cambiar sus instituciones. En algunos casos, los cambios fueron más revolucionarios que evolutivos, fundamentalmente por dos razones. La primera fue que el comercio con los europeos alteró de forma dramática los precios relativos. Como ya hemos mencionado, la demanda de piel de castor indujo a los indios del Noroeste a establecer derechos de propiedad en aquellos territorios en que se podía cazar. Con el búfalo sucedió lo mismo. A medida que las tribus tenían mayor movilidad, aumentaron las posibilidades de que se produjera la tragedia de los comunes. Al mismo tiempo, la demanda europea de pieles aumentó las rentas potenciales por acceder al recurso. Por ello, los indios de las Grandes Llanuras comenzaron a patrullar sus territorios de caza[99].

En segundo lugar, la tecnología europea, y en especial la introducción del caballo, alteraron de manera radical los procesos de producción. El caballo «fue una de las transformaciones más dramáticas y trascendentales que se han producido en cualquier lugar. El simple hecho de su aparición y las consecuencias que forjó lo convierten en el mayor descubrimiento animal que se haya producido jamás sobre la faz de la tierra»[100]. La respuesta de los indios al impacto revolucionario del caballo consistió en concebir nuevas instituciones y derechos de propiedad eficientes, ya que el proceso evolutivo tuvo lugar en pequeños grupos cuyos miembros tenían interés en el resultado.

Si aplicamos la teoría de Bailey a la cultura ecuestre india, se revelan tres factores que condicionaron la elección entre las actividades individuales sin coordinar y las iniciativas colectivas. Primero, las economías de escala derivadas de recabar información acerca del paradero de especies migratorias como el búfalo, estimularon la caza coordinada. El segundo factor es que las organizaciones comunales permitieron a las sociedades de subsistencia compartir el riesgo en el caso de que variase la localización de los recursos, de las condiciones atmosféricas o de otros factores biológicos. Por último, los beneficios de las economías de escala y de la división de riesgos tenían que compensarse con los costes de la organización colectiva. La hipótesis central que se deriva de esta nueva estructura es que los caballos cambiaron la manera en que los indios cazaban búfalos. Al reducir las economías de escala y la variabilidad del acceso a los búfalos, así como cambiar el valor relativo de los insumos para la caza, obtenemos como resultado una reducción del tamaño óptimo de las organizaciones sociales.

LA ORGANIZACIÓN DE LA CAZA A PIE

Con anterioridad al caballo, la caza del búfalo era un actividad en grupo que se desarrollaba en verano, y que reunía a grupos que durante el resto del año estaban dispersos en bandas más pequeñas. La caza a pie requería grupos más grandes para dirigir a las manadas de animales (en ocasiones con la ayuda del fuego) hacia los alrededores (en los que se encontraban formaciones semicirculares de mujeres intercaladas portando narrias volcadas) o hacia precipicios conocidos como saltos de búfalo o piskuns. El líder de la cacería coordinaba las tareas y nombraba a los guardas, «los cuales evitaban la perturbación del esfuerzo común a manos de aquellos que trataban de adelantarse al poblado y cazar por su cuenta. Tal ofensa se castigaba con la destrucción de sus propiedades “sin que el hombre o mujer dijera ni una palabra”»[101]. Los indios perseguían, cercaban y mataban a los animales. Al final, la carne se troceaba y se distribuía entre todos de manera equitativa.

Durante este tiempo prevalecieron fundamentalmente tres métodos para cazar bisontes: acecharlos, rodearlos o arrearlos (conducirlos hacia un determinado lugar). Al acecharlos se obtenían menos economías de escala que con cualquier otra técnica de caza a pie, lo que contribuía a que los grupos más grandes se desbandaran[102]. Esta técnica era especialmente exitosa en invierno, dado que los bisontes se solían quedar atrapados en los profundos lomos de nieve. Si la nieve se descongelaba tras un día o dos en que hacía calor, y luego volvía a helar, la superficie endurecida podía soportar a un hombre con botas de nieve, pero colapsaría bajo las pezuñas de un búfalo. La disparidad de velocidades absolutas se reduciría entonces ya que, equipados con su calzado, los indios tenían la gran ventaja de poder desplazarse por la superficie nevada a toda velocidad. A veces se podía debilitar al búfalo hasta el punto de que, totalmente desvalidos, para matarlos bastaba con usar una daga o lanza[103]. Acecharlos a pie se antojaba fundamental incluso tras la llegada del caballo a causa de las profundas nevadas[104].

Rodearlos incluía elementos del acecho y del arreo y, consecuentemente, conllevaba economías de escala y costes comunales de organización. En una de las técnicas del rodeo, se construía una improvisada cerca atando varias narrias para perros. Entonces, un grupo de hombres incitarían a la manada y los dirigirían velozmente hacia la valla, mientras otros permanecían a lo largo del camino conforme les iban cerrando el paso. Al verse rodeados y cercados por completo, la manada no hacía otra cosa que correr en círculos, momento en el cual los indios aprovechaban para abatirlos con sus arcos. A pesar de que la coordinación resultaba costosa y llevaba bastante tiempo prepararla, esta era la técnica escogida cuando el terreno era el adecuado y había búfalos a la vista debido sobre todo a las economías de escala.

Mediante el arreo era posible masacrar a una manada entera, pero a costa de una planificación y un esfuerzo coordinado cuidadosamente realizados. A grandes rasgos, se trataba de acorralar a la manada de bisontes en un hoyo o agujero del terreno, o en una trampa creada por el hombre. La variante más famosa de esta técnica es el salto del búfalo, que consistía en dirigir la estampida hacia un precipicio. A diferencia del acecho, una conducción bien hecha no tenía por qué alarmar a otras manadas cercanas, ya que la manada seleccionada se dirigía hacia una muerta segura. Por esta razón, muchas tribus realizaban arreos durante todo el año, siempre que hubiera bisontes en los alrededores[105].

Pero tanto rodearlos como conducirlos planteaba una dificultad: era necesario dirigir a la manada a lo largo de grandes distancias hasta que llegasen al sitio concreto en que se producía el rodeo o el salto. La mayoría de trampas y saltos se situaban en lugares cercanos al hábitat natural de los bisontes, como son las cuencas geográficas o las vegas de los valles. Desde estas zonas se conducía lentamente a las manadas por caminos construidos a base de piedras, excrementos de búfalo u otros materiales disponibles, y se dividían en forma de «V» con la trampa situada en la cima. La manada se dirigía hacia ella como si estuviera introduciéndose poco a poco a través de un embudo, mientras los indios les golpeaban en los costados desde los lados, con tal de que no pusieran a prueba la resistencia de las líneas del camino. En una de las ubicaciones, el camino se extendía a lo largo de 2 millas y media en dirección oeste, pero los bisontes podrían haber sido conducidos incluso una distancia mayor antes de empatar con esa ruta[106]. A menudo les dirigía un indio que ejercía de «corredor» o «señuelo», y que además vestía como un búfalo al tiempo que imitaba sus movimientos y sonidos. El cebo balaba como un becerro extraviado con tal de atraer la atención de la manada y, a medida le iban siguiendo, les dirigía hacia los caminos marcados.

Si las manadas estaban pastando lejos de una trampa, el pastor que ayudaba al señuelo se encargaba de ir a por ellos a diez, veinte o hasta cincuenta millas de distancia, tan lejos como fuera necesario. Con la ayuda del humo y del viento, o apareciendo en momentos estratégicos, conseguía que cambiaran de dirección y se aproximaran a la trampa. En ocasiones, su tarea consistía en esperar durante horas hasta que fuera el «momento adecuado». De noche solía golpearlos en la piel para incitarlos a que se movieran; en cuanto estaban lo bastante cerca, el cebo relevaba al pastor[107].

Un grupo de personas también podía dirigir a la manada si caminaban detrás de ella, replegándose cuando fuera necesario[108].

El arreo requería mucho tiempo, paciencia y conocer bien a los búfalos. Además era una operación difícil en cualquier momento del año, si bien los bisontes eran más manejables en otoño. El más mínimo inconveniente podía provocar que se lanzasen en estampida, arruinando toda posibilidad de cazar algún ejemplar de la manada. Pero el mayor peligro se producía cuando el bisonte alcanzaba el borde de un precipicio o la entrada de un socavón. Si el animal era lo bastante fuerte y astuto, y la manada que venía detrás no le empujaba lo suficiente, podía volverse y conducir de vuelta a la manada entera[109]. Por tanto, el éxito también dependía de las características topográficas del precipicio y del área adyacente.

Como la disponibilidad de los búfalos fluctuaba dependiendo de la estación del año, las bandas de indios solo se aliaban cuando había una cantidad suficiente. Tal y como ejemplifica Sarah Carter, «la vida india en las llanuras seguía un patrón de concentración y dispersión que guardaba muchos paralelismos con el del búfalo»[110]. George Bird Grinnell describe así el uso estacional de los saltos de búfalo y de los rodeos:

Con la llegada de la primavera, los búfalos se dirigían a las planicies alejándose de los pis’kuns. Entonces los Pies Negros también se trasladaban. Conforme se acercaba el invierno, los búfalos volvían cerca de las montañas y los indios les seguían hacia los pis’kuns, ya que el alimento comenzaba a escasear. A finales del verano y comienzos del otoño siempre tenían a corredores buscando búfalos, tratando de trazar hacia dónde se dirigían. A principios del otoño, reparaban y reforzaban todos los pis’kuns para que estuvieran en plenas condiciones durante el invierno[111].

Cuando los indios sabían que los búfalos se encontraban cerca, formaban cacerías y compartían las recompensas; cuando los búfalos estaban lejos, los indios se dispersaban. Había grupos más pequeños que se juntaban cada cierto tiempo en grupos de 150 personas[112] para cazar bisontes[113]. Cuando se juntaban grupos más grandes, tendían a dividirse pacíficamente, ya que al parecer los costes de agencia aumentaban de manera significativa[114].

LA REVOLUCIÓN ECUESTRE

El uso del caballo se fue extendiendo de tribu en tribu al norte de México en el periodo comprendido entre 1600 y 1740[115]. Este simple hecho cambió las vidas de los indios a lo largo de los siglos XVIII y XIX, ya que aumentó su movilidad y redujo los costes de transporte. «El efecto inmediato que produjo en los indios conseguir unos cuantos caballos españoles mediante el intercambio o la sustracción, fue disuadirles de su mínima agricultura y que empezasen a depender del búfalo todavía más que antes (…). Con el caballo podían deambular largas distancias, allanar las tierras de caza de otros grupos e ir a la guerra, por lo que se convirtieron en los moradores de las llanuras»[116].

Los indios cambiaron su dieta a base de semillas y raíces, unas cuantas plantas de cultivo y poca carne, por una compuesta básicamente por las proteínas de la carne del búfalo[117]. Además, aprovechaban mucho menos los animales que cazaban:

Durante el siglo XIX, los búfalos fueron masacrados sin necesidad debido a la abundancia de ellos en la Nación Pies Negros, a la facilidad de cazarlos a caballo, a la escasez de instrumentos para transportar el excedente de carne y a la fuerte demanda comercial por sus pieles (…). Anthony Hendry ya había observado en 1754 que, cuando había abundantes búfalos, la [tribu] «Archithinue» de las llanuras Saskatchewan tan solo les arrancaba las lenguas y otras partes por puro capricho, y el resto se lo dejaba a los lobos (…). Todos estos factores provocaron que comenzaran a cazar de forma más selectiva, y que empleasen las mejores partes solo en épocas de bonanza[118].

El caballo también cambió las viviendas de los indios, que se trasladaron de las cabañas permanentes o semipermanentes a grandes tipis que simbolizaban la nueva vida en las Llanuras. En los «tiempos de los perros», cuando empleaban a perros para el transporte, los indios también usaban tipis, pero estos tenían de media un tamaño de 12 pies de diámetro. «Una vez que se introdujeron los caballos, los tipis se hicieron más grandes (dado que los caballos podían transportar las largas estacas que hacían falta) y su territorio se expandió. La razón por la que los tipis aumentaron de tamaño fue que siempre había una provisión de piel de búfalo lista para servir de cubierta, y porque se podía usar en prácticamente cualquier terreno o clima»[119]. De hecho, las circunferencias de los tipis en las llanuras tras la introducción del caballo revelan que eran comunes los que tenían un tamaño comprendido entre los 18 y los 21 pies de diámetro.

La adaptación a la cultura ecuestre cambió drásticamente el tamaño óptimo de los grupos socioeconómicos y de los patrones económicos estacionales. La movilidad que ganaron con el caballo provocó de inmediato una mayor disponibilidad de búfalos, también cuando su población comenzó a disminuir. «Con la ayuda de los perros, cinco o seis millas suponían un día entero de travesía; con el caballo, se podían recorrer diez, quince e incluso veinte millas sin problemas»[120]. Con anterioridad al caballo, en una estación una tribu se podía desplazar escasamente 50 millas. Pero en los tiempos ecuestres, la misma tribu podía recorrer 500 millas[121]. Además de permitirles atravesar distancias mayores, el caballo también les permitió desplazarse con menos asiduidad, pues las tribus habilitaban campos base permanentes desde los que salían partidas en busca de comida[122]. Gracias al caballo, las tribus de repente se vieron en condiciones de embarcarse en expediciones que podían durar meses e incluso años, aunque consistieran en atravesar las montañas Rocosas para aprovechar las numerosas manadas de búfalos en la región de Yellowstone[123]. Incluso cuando el caballo no ayudaba a conseguir carne fresca, los indios lo usaban para transportar y almacenar más provisiones para cuando llegaran los tiempos difíciles[124].

El uso del caballo redujo las economías de escala de la caza, facilitando que las bandas fueran independientes unas de otras. A caballo, los individuos podían perseguir y cazar más fácilmente. Por otra parte, esta mayor habilidad individual provocó que disminuyeran los planes de protección comunales.

Las persecuciones a caballo explotaron la capacidad de los caballos para correr más rápido que el más veloz de los búfalos. Esta nueva técnica de caza era más eficiente y versátil que cualquier otro método que hubieran empleado con anterioridad. No solo llevaba una fracción del tiempo y de la energía, sino que además era menos peligrosa y tenía muchas más probabilidades de salir bien que otras técnicas. Daba igual que se tratase de un solo hombre o de un poblado entero. Un cazador habilidoso sobre una montura inteligente y veloz podía conseguir desde cerca, y en cuestión de minutos, carne suficiente para alimentar a su familia durante meses[125].

Los indios trasladaron sus campamentos para amoldarse a las necesidades de los caballos, que necesitaban agua y un pasto adecuado[126]. Como de media había entre quince y veinte caballos por campamento[127], los emplazamientos de los campamentos siempre «se escogían teniendo en cuenta que hubiera suficientes pastos en los alrededores»[128].

Así como los caballos eliminaron las economías de escala de la caza y la necesidad de tener instituciones centralizadas dedicadas a esa tarea, también aumentaron la necesidad de tener instituciones militares y sus intrínsecas economías de escala. «Fue (…) un tiempo ocioso, en el que la riqueza se medía a partir del crecimiento de los ponis, pero en el que la vulneración de los pastos de búfalos de todo el mundo derivó en una guerra entre tribus»[129]. El aumento de la movilidad produjo más conflictos entre las tribus a causa de mayores territorios para la caza, así como el aumento de los asaltos con el fin de robar caballos. Como consecuencia, los indios de las llanuras tuvieron que «construir nuevas patrones militares y para el comercio que reemplazaran a aquellos que se habían colapsado»[130].

Para organizar las contiendas entre tribus, se desarrollaron nuevas políticas más centralizadas, que permitieron la captura de las economías de escala. Así es como Demitri Shimkin describió la transición de los shoshoni del este: «Con la adquisición de los caballos llegaron (…) continuos asaltos a lo largo y ancho de las Llanuras entre 1700 y 1780. Lo cierto es que durante este periodo prevalecieron los liderazgos fuertes, un considerable protocolo y las leyes suntuarias»[131]. Antes de la introducción del caballo había muy pocos enfrentamientos entre las tribus. Según los pies negros, una de las tribus más violentas, «las tradiciones sostienen que los shoshoni eran sus únicos enemigos en los tiempo anteriores a la cultura ecuestre»[132]. En los tiempo ecuestres, sin embargo, había pocas alianzas pero las contiendas entre grupos eran algo común. «En el siglo anterior a 1885, la paz entre las tribus de pies negros y sus vecinos (a excepción de los sarsi y los gros ventres) era la excepción: la guerra era la norma. Los periodos pacíficos no fueron más que breves paréntesis entre muchas hostilidades»[133].

La mejorada movilidad que supuso el caballo significó que las tribus se encontraban mucho más frecuentemente y, en ocasiones, luchaban por las mismas manadas de búfalos. En vista del aumento del peligro y de las intrusiones por parte de otras tribus, de la mayor dependencia del búfalo y de la posibilidad de patrullar a caballo, tribus de todas partes reclamaron zonas de caza privadas. Las tribus además delimitaron franjas fronterizas y firmaron pactos para defenderse. Si no existían características topográficas para trazar los límites, se empleaban rocas cubiertas de piel de búfalo[134].

The Buffalo Hunt, de C. M. Russell. Los indios de las llanuras tuvieron que hacer muchos ajustes cuando se introdujo el caballo en su cultura. Cazar búfalos a caballo requería de coraje y habilidad, por lo que había que recompensar al cazador de forma adecuada. Al marcar sus flechas, jinetes como el que representa la pintura establecían los derechos de propiedad sobre su presa y reivindicaban las mejores porciones de la carne. Cortesía de la Sid Richardson Collection of Western Art, Fort Worth, Texas.

Inmediatamente después de las contiendas entre las tribus, se produjeron conflictos con los blancos que reclamaron todavía más un cambio institucional que se ajustase a este periodo bélico. Durante el siglo XIX, las instituciones que contaban con jefes tribales fuertes desarrollaron métodos para organizar a sus guerreros. Tal y como aclara Steward, «La institución del jefe del grupo era innovadora, por lo que les ofrecía a las personalidades influyentes una oportunidad para reivindicarse» y de unir poblados independientes en «organizaciones militares bajo un alto mando»[135].

Debido al profundo impacto del caballo en el estilo de vida indio, no debería sorprendernos que su mera posesión fuera considerada un símbolo de riqueza y prestigio. A los caballos siempre se les consideró propiedad personal, con plenos derechos de intercambio y herencia. James Willard Schultz, que vivió con los pies negros, subrayó sobre ellos en la década de 1870 que «los caballos suponían la riqueza de la tribu, y quien poseyera una gran manada era comparable a los multimillonarios actuales. Estamos hablando de individuos que poseían desde cien hasta trescientos o cuatrocientos caballos»[136]. Las tribus que habitaban al oeste de las Rocosas, donde eran prácticamente inmunes a los asaltos de los indios de las llanuras y las condiciones del pasto eran mucho más favorables que en las llanuras, se hicieron «conocidos por su cuidado y habilidad en la crianza de caballos»[137].

Conclusión

Cuando reconsideramos desde un contexto institucional el estereotipo de los indios salvajes en Hollywood (al igual que sucede en general con su visión prototípica del salvaje Oeste), y la visión popular de que los nativos fueron los primeros ecologistas de América, el romance deja paso a la realidad. La frontera india no era tan salvaje, ya que sus leyes se desarrollaron de acuerdo a sus costumbres, cultura y escasez de recursos. Los indios norteamericanos entendieron la importancia de usar normas para limitar el acceso a los recursos comunes, pero solo dedicaron recursos al proceso de definirlas y de aplicarlas cuando resultaba económico hacerlo. Los derechos de propiedad no existían en todas partes; solo se crearon dónde y cuándo los indios pudieron capturar rentas económicas mediante el esfuerzo de definir y aplicar tales derechos. Estos derechos se desarrollaron en entornos pequeños en que cada uno de sus miembros se beneficiaba de las instituciones que economizaron los costes de transacción y redujeron la disipación de rentas.

Y para cuando los indios americanos se hicieron con caballos, no solo concibieron nuevas y revolucionarias tecnologías para la caza, la vivienda y el transporte, sino también instituciones dedicadas a la creación de riqueza, excepto en el momento en el que los caballos aumentaron la competición por las zonas comunes. El aumento de la movilidad trajo consigo un aumento de la competición por los recursos (en especial de los bisontes que deambulaban por territorios amplios), e incitó conflictos entre las tribus indias. Incapaces de establecer derechos de propiedad para recursos móviles, los indios se enfrentaron entre sí antes de enfrentarse a los blancos. De hecho, si los indios no hubieran desarrollado sus instituciones militares en respuesta al conflicto entre tribus, quizás no habrían sido capaces de resistir las arremetidas de los blancos durante todo el tiempo que lo hicieron. En cualquier caso, tanto las guerras entre tribus como las guerras contra los blancos tenían como finalidad la búsqueda de rentas, como consecuencia de derechos de propiedad que eran incompletos.

CUATRO

La fuerza acapara los derechos en el Territorio Indio [138]

Desde el contacto inicial hasta la actualidad, la historia de las relaciones entre indios y blancos ha girado en torno a los derechos de propiedad, dado que la estructura de estos derechos determinó quién podía reclamar las rentas de los recursos en cuestión. Esta historia se divide fundamentalmente en tres periodos bien diferenciados. El primero es el que discurre desde el contacto inicial hasta mediados del siglo XIX, y durante el cual los colonos y los gobiernos de los Estados Unidos respetaron por lo general la propiedad de los indios y sus derechos territoriales. En la segunda etapa, que comprende desde mediados hasta finales del siglo XIX, el gobierno nacional empleó su poderío militar para arrebatar a la fuerza los derechos de los indios. Y por último, en el periodo que transcurre desde los últimos años del siglo XIX hasta la actualidad, las agencias federales han estado controlado la formación de derechos de propiedad en las reservas con el fin de garantizar la supervivencia de la burocracia, pero sin permitir la soberanía de las tribus[139].

Para comprender la transición en las relaciones entre indios y blancos, consideremos los valores relativos de la tierra para los dos grupos[140]. Cuando los peregrinos llegaron por primera vez a Plymouth Rock en busca de tierra firme, el valor de una pequeña porción de tierra habría sido bastante elevado para los colonos mientras que, para los indios, unas cuantas acres más o menos habrían tenido muy poco valor[141]. Bajo estas circunstancias, los beneficios potenciales de un intercambio habrían sido muy altos, ya que los indios estaban dispuestos a aceptar lo que ellos consideraban dijes valiosos (pero de escaso valor para los europeos) a cambio de la tierra valiosa para los europeos (pero de poco valor para los indios).

Sin embargo, desplazar la frontera hacia el oeste habría cambiado esos valores para ambos grupos. El valor que para los europeos tenía la tierra adicional habría disminuido seguro a medida que adquiriesen más tierras, mientras que el valor de la tierra para los indios aumentaría a medida que le transfiriesen más a los europeos. En algún momento, el precio que los indios exigirían por cualquier acre adicional excedería el precio que los europeos estarían dispuestos a pagar. Por consiguiente, los beneficios potenciales del intercambio disminuirían y, tarde o temprano, desaparecerían cuando los europeos desplazasen la frontera en dirección oeste. Si los dos grupos hubieran mantenido un intercambio pacífico bajo estas condiciones, la distribución de la tierra habría alcanzado un equilibrio, y ninguno de los dos grupos lo controlaría todo.

Pero los europeos podían obtener la tierra por medios diferentes del comercio: podían conseguirla sin ofrecer compensación alguna. Ya fuera a través de amenazas o mediante el empleo de la fuerza, los europeos podrían haber adquirido la tierra a un coste menor que el del precio de mercado. En otras palabras, la redistribución forzosa de los derechos de propiedad (a través del asalto) puede dominar el traspaso voluntario de los derechos de propiedad (a través del comercio). Si existen ventajas diferenciales derivadas del uso de la fuerza, lo más probable es que se produzca una redistribución forzosa y no un intercambio comercial (véase el Capítulo 2). Por supuesto, el coste de arrebatar la tierra dependerá de si los indios combaten la fuerza con más fuerza, y si tal respuesta podría contraatacar efectivamente la amenaza europea. Nos podemos imaginar que, de nuevo, se alcanza un punto muerto en que las amenazas de cada grupo se equilibran mutuamente, llegando conclusión de que el comercio es una solución mejor que la violencia. El cálculo de la elección entre comerciar o combatir nos puede ayudar a entender los cambios en las relaciones entre indios y blancos a lo largo del siglo XIX.

Comerciar en vez de asaltar

A menudo se pinta que la historia de las relaciones entre indios y blancos consistió meramente en que los blancos les arrebataron sus derechos a los indios sin miramientos. Tal y como sostiene el economista J. R. T. Hughes, «desde el comienzo y hasta el final, se llegó al acuerdo tácito de que el titular de los derechos se dirimiría en una conquista, ya que para los colonos [y] la corona, los indios eran inferiores»[142]. El historiador Don Russell describe la historia popular como un largo episodio de «“masacre”, “exterminio” y “aniquilación”, tan “completo” como “total”», aderezado «con matices de racismo, genocidio y otras marcas de la casa»[143]. Teddy Roosevelt creía que los colonos europeos «tenían a la justicia de su parte; este vasto continente podía ser muchas más cosas que una zona de caza y preservación para salvajes escuálidos»[144].

La carta de Thomas Jefferson a David Campbell que reproducimos a continuación, versa sobre el coste de la guerra en comparación al coste de la paz, y describe de manera más apropiada los 100 años de relaciones entre indios y blancos posteriores a la revolución estadounidense:

Yo también espero que tus advertencias contra las invasiones de las tierras indias tengan un efecto beneficioso. Los Estados Unidos creen que una guerra contra los indios es algo muy serio, un riesgo en el que incurriríamos para contentar a unos cuantos colonos con tierras, pero una guerra al fin y al cabo, que le costaría al resto de habitantes del país miles de veces su valor en impuestos. Debido a ello, me complace el hecho de saber que siempre será más justo y menos costoso enviar fuerzas militares a luchar contra los intrusos (los colonos blancos)[145].

La doctrina legal que dirigió la política estadounidense respecto de los indios a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX «reconocía el derecho de los indios a ocupar y emplear la tierra. Con arreglo al presente título, los Estados Unidos se responsabilizan a pagar a las tribus cuando decidan cesar sus derechos de uso y de ocupación»[146]. En apoyo de los derechos sobre la tierra de los indios, Thomas Jefferson aseveró que lo Estados Unidos tenían un «derecho único y exclusivo para comprarles aquello que estuvieran dispuestos a vender»[147]. A pesar de que esta teoría de la prioridad que adhirió Jefferson le daba a los Estados Unidos el derecho exclusivo para negociar con los indios, no proporcionaba «dominio, jurisdicción o prioridad fundamental alguna, sino simplemente, y en caso de que el presente derecho, que no nos garantiza ninguno a nosotros, se extinga, podamos evitar con anticipación que otras naciones nos arrebaten nuestras posesiones. Los indios tienen soberanía plena, total e independiente mientras así lo prefieran, lo cual podría ser para siempre»[148]. Jefferson creía que la adquisición negociada de tierras había sido la norma, y que las tierras arrebatadas no habían sido demasiadas, haciendo notar «que la tierra de este país la obtuvimos de ellos (los indios) a través de la conquista es una verdad a medias. He encontrado en nuestros archivos y crónicas numerosas pruebas de compra que cubren una parte considerable de las tierras del sur; no tengo dudas de que si buscamos aparecerán muchas más. Sabemos que la totalidad del norte se ha conseguido mediante compras realizadas de la manera más irreprochable posible»[149].

Por lo general, los historiadores concuerdan en que lo que predominó al comienzo de las relaciones entre indios y blancos fueron los asentamientos negociados. La economista Jennifer Roback resume así las relaciones entre indios y blancos durante la época colonial: «Por lo general, los europeos les reconocían a los indios los derechos de posesión que retenían sobre sus tierras. Y lo que es más importante, los ingleses se dieron cuenta de la ventaja que era estar en buenos términos con los indios. El comercio con ellos, en especial el de pieles, era rentable. Pero la guerra era costosa»[150]. Incluso tras la guerra que mantuvieron los franceses y los indios, por la que los ingleses se consideraron a sí mismos poseedores de los derechos de las tierras de los franceses en el Nuevo Mundo, «no se asumió que los derechos de los indios sobre las tierras reclamadas por Francia se hubieran extinguido. Pese a que los derechos de los indios estaban considerados como menos formales y fundados a ojos de los europeos, sí que existían en caso de compra, negociación o retención»[151]. «El contacto (entre los indios y los blancos) fue pacífico, incluso amistoso, mucho más de lo que se suele apreciar»[152].

En los lugares en que se invadieron tierras indias durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la política oficial del gobierno dictaba que había que proteger los derechos de los indios y expulsar a los intrusos blancos. Una circular del Secretario de Guerra William H. Crawford, con fecha del 27 de enero de 1816 y dirigida a los comandantes militares, confirma lo siguiente:

Las intrusiones en las tierras de las tribus indias amigas no solo suponen una violación de las leyes, sino que van en contra de la política del gobierno en relación a sus vecinos salvajes. Tras la solicitud de un agente indio, que afirma que se han cometido y continúan cometiéndose intrusiones de este tipo, el Presidente exige que [los blancos] sean expulsados, y que las fuerzas armadas destruyan sus vivienda y sus remodelaciones; y que cada intento de regresar sea reprimido de la misma manera[153].

Durante los primeros años, los indios respetaban a las tropas de los Estados Unidos, ya que los veían como protectores de sus derechos, no como agresores. Francis Prucha no está de acuerdo con «la opinión mayoritaria de que a los indios se les arrebataron sus posesiones de forma despiadada y sin que se hiciera nada por proteger sus derechos. Al contrario, a los indios no se les abandonó por completo. Se redactaron tratados que garantizaban explícitamente sus derechos, y se promulgaron leyes rigurosas que asegurasen el cumplimiento de esos tratados»[154]. A lo largo de estos años, a las fuerzas militares en Territorio Indio se las veía como a un grupo que protegía los derechos de los indios y no como «una ayuda para que los blancos se entrometiesen en las tierras que tenían vedadas»[155].

Toll Collectors, de C. M. Russell. Hasta que el ejército estadounidense cambió el balance de poder, resultaba más común negociar con los indios que enfrentarse a ellos. Cuando los ganaderos arreaban a sus reses dentro de territorios indios que estaban bien definidos, intercambiaban ganado por un paso seguro. Russell ilustra este sistema de intercambio al mostrar a un guerrero indio negociando el número de cabestros mientras otro los separa de la manada. Por cortesía de la Montana Historical Society, Mackay Collection.

La tabla 4.1 muestra el número de batallas y tratados que se dieron entre indios y blancos en el periodo comprendido entre 1790 y 1897. A finales del siglo XVIII, y durante las primeras cuatro décadas del siglo XIX, los tratados pacíficos que se negociaron superan con creces a las batallas. Felix Cohen, uno de los más respetados juristas en derechos de propiedad de los indios, se refiere a este periodo inicial en las relaciones entre indios y blancos como un «procedimiento justo»[156]. Por desgracia, algo a mediados de siglo cambió y provocó que los blancos invadieran a los indios en vez de comerciar con ellos.

TABLA 4.1

Del comercio al asalto. Tal y como hemos descrito antes, el número de conflictos entre indios y blancos dependió del coste de defender y arrebatar las tierras en relación al valor que la tierra tenía para cada grupo. Si cada uno de los bandos podía regatear sin coste y sabía el poderío militar y el valor de la tierra del otro, entonces pocas disputas terminarían en enfrentamientos. Después de todo, la guerra es un juego de suma negativa, y si ambos lados conocían las consecuencias con antelación, tratarían de evitar ese resultado. Pero negociar cuesta, y los bandos no poseían información precisa acerca de sus escuadrones. En última instancia, la decisión acerca de asaltar o comerciar dependía de muchos factores, entre los que se incluyen:

Los costes de transacción de definir e intercambiar los derechos de propiedad;

La tecnología militar disponible en cada bando;

Las asimetrías en la información; y

El alzamiento de las fuerzas armadas, en especial tras la Guerra de Secesión.

LOS COSTES DE TRANSACCIÓN DE DEFINIR E INTERCAMBIAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Si los derechos de propiedad están bien definidos y se pueden intercambiar, el coste de las negociaciones disminuirá en relación al coste de capturarlos. Si los blancos sabían a qué tribu le «pertenecía» una extensión de terreno y con quién debían negociar, entonces los costes por llegar a una solución negociada eran menores y las probabilidades de llegar a un acuerdo, mayores.

Pero había una diferencia importante entre el Este y el Oeste en lo que respecta a los derechos de propiedad de las tierras que pertenecían a los indios. Una diferencia que hacía aumentar los costes de transacción asociados con el comercio a medida que la frontera se desplaza más y más hacia el oeste. En el Este, la principal actividad tanto para indios como para blancos era la agricultura sedentaria, por lo que la propiedad privada era más común. En las sociedades agrícolas sedentarias, las reclamaciones de la propiedad eran más claras y las instituciones políticas indias hacían las negociaciones mucho más sencillas. Bajo estas circunstancias, el gobierno federal defendió los derechos de propiedad de los indios y negoció intercambios por los derechos de las tierras indias.

Ante la ausencia de derechos de propiedad claramente definidos que pudieran ser comprados y vendidos, no resulta sorprendente que las soluciones armadas sustituyeran a las soluciones negociadas. Y, tal y como vimos en el Capítulo 3, la movilidad que trajo consigo el caballo provocó que los derechos de propiedad de las tierras al oeste del Misisipi fueran muy distintos. Y es que el caballo desplazó a los indios de tierras ancestrales que habían poblado durante muchos siglos.

Conforme la vida en las Llanuras se volvía más apetecible gracias al uso del caballo, más y más tribus se mudaron allí: del este llegaron los sioux, los cheyene y los arapajó, y del oeste, los comanches y los kiowas. Algunos de ellos abandonaron por completo la agricultura y basaron su economía en torno a las manadas de búfalos («Hemos perdido los cereales», que decían los cheyene). Otros, como los osage, mantuvieron sus residencias permanentes, en las que plantaban sus cosechas. Si bien recorrían las Llanuras en busca de provisiones de carne, siempre regresaban para continuar con el cultivo de cereales y aguantar el invierno[157].

Esta nueva forma de vida en las llanuras provocó conflictos entre los indios incluso antes de que los blancos hicieran acto de presencia. Tal y como un jefe sioux declaró a los conquistadores blancos, «habéis dividido mi tierra y no me gusta. Estas tierra pertenecieron una vez a los kiowas y a los crow, pero les borramos del mapa. Lo que hicimos fue lo mismo que los blancos hacen ahora con nosotros cuando quieren las tierras de los indios»[158]. En otras palabras, la emigración blanca no se entrometió en el sistema de equilibrio de los derechos aborígenes que respetaban todas las tribus, «sino que se alzó sobre una diversidad de grupos diseminados que habían estado luchando entre sí durante generaciones, y que continuarían haciéndolo hasta el día en que finalmente fueron conquistados por los blancos»[159].

Los altos costes de transacción para las negociaciones se debieron también a la incapacidad de los gobiernos de ambos bandos para evitar que sus ciudadanos violasen los términos de los acuerdos. La mayoría de las transgresiones de los tratados no fueron cometidas por «líderes de los Estados Unidos o de las tribus indias, sino por miembros de esos grupos que escapaban al control del liderazgo»[160]. De hecho, los jefes raramente podían contener a sus guerreros, tal y como sucedía con los nez percé:

(…) les otorgaban su lealtad y fidelidad primero a su familia, luego a su banda y, por último, a su tribu, pero rara vez a alguien más (…). Las bandas autónomas les pedían consejo a sus jefes y caciques, aunque no dictasen órdenes (…). [Los guerreros] las obedecían o desobedecían atendiendo a su propia inclinación personal, en cuyo caso los enfrentamientos que se producían eran combates personales, y no un choque entre unidades organizadas[161].

Y «los jefes pocas veces representaban por completo a su pueblo, que es algo que los oficiales blancos daban por asumido, y tampoco podían asegurarse del cumplimiento de las normas si la gente no quería cumplirlas»[162]. Los guerreros ignoraban a menudo los acuerdos que sus jefes habían firmado, lo que desencadenó castigos por parte de los blancos para toda la banda o tribu, y no solo contra ellos. Dos ejemplos infames son el violento levantamiento de los sioux en Minnesota y la masacre de los cheyene de Black Kettle en el río Ouachita[163].

Por parte de los hombres blancos, se produjeron problemas similares a la hora de controlar a los ciudadanos, lo que complicó las interacciones con los indios. Los acuerdos firmados de buena fe por los políticos blancos se volvieron imposibles de cumplir, ya que los individuos blancos los transgredían sin impunidad alguna. El problema residía en la incapacidad del gobierno nacional para defender los derechos de propiedad de los indios frente a los ciudadanos blancos. Henry Knox, el Secretario de Guerra que reconoció el problema, le escribió lo siguiente al presidente Washington: «Los deseos que tienen demasiados blancos en la frontera de apoderarse de las tierras indias vecinas, ya sea a la fuerza o mediante el fraude, ha sido y continúa siendo una incesante causa de envidia y odio por parte de los indios (…). Y, cuando estos buscan venganza, muchas veces involucran a personas inocentes en este combate cruel. Este parece ser el motivo fundamental detrás de las Guerras Indias»[164]. Así que, por lo que se ve, los costes de transacción tuvieron algo que ver en que en el siglo XIX se resolvieran los asuntos a base de conflictos.

LA TECNOLOGÍA MILITAR DISPONIBLE EN CADA BANDO

Escoger el conflicto en vez de la negociación requiere que al menos un bando sienta que tiene una fuerza militar superior a la del otro. A pesar de que parece que las armas de los blancos son superiores a los arcos de los indios, este no tenía por qué ser el caso antes de las armas de retrocarga y de los rifles de repetición. Los primeros años, por ejemplo, las flechas y los arcos de los indios estaban a la par de las armas de avancarga de los blancos. Era el caso de los texanos y los comanches, a los que Walter Prescott Webb compara:

En muchos aspectos, los indios lo tenían mucho mejor. En primer lugar, un texano disponía de, como mucho, tres disparos, mientras que un comanche llevaba cuarenta flechas o más. Al texano le llevaba un minuto recargar su arma. En ese tiempo, un indio podía recorrer trescientas yardas y disparar veinte flechas. El texano tenía que bajarse del caballo para poder usar el rifle, su arma más fiable, de manera efectiva; el indio permanecía montado a caballo durante todo el combate. En resumidas cuentas, la única ventaja de la que disponía el hombre blanco era de un arma de mucho mayor alcance y precisión que el arco indio. Sin embargo, la agilidad y la rapidez de movimientos de los indios hicieron mucho para desnivelar esa ventaja[165].

El general Sherman afirma que «cincuenta indios podían poner en jaque a trescientas tropas»[166], y que «los oficiales militares de la frontera decían a menudo que los guerreros a caballo eran la mejor caballería ligera que había en el mundo, y desde entonces los historiadores no han parado de repetirlo»[167]. Incluso cuando mejoró la tecnología de las armas, con la aparición de los revólveres y de los rifles de carga rápida, la superioridad del armamento de los blancos no duraba demasiado, ya que los indios conseguían las nuevas armas de manos de comerciantes y tramperos. De ahí que a nivel militar no hubiera una superioridad manifiesta de ninguno de los dos bandos, lo que prolongó el conflicto en el tiempo.

ASIMETRÍAS DE LA INFORMACIÓN

Si bien por sí sola la tecnología militar no bastaba para desnivelar la contienda, las disparidades en la información que se tenía acerca de esa tecnología ciertamente sí lo hicieron. Para entender la importancia de las asimetrías de la información, primero debemos reconocer que no habría enfrentamiento si ambos bandos supieran con antelación cuál iba a ser el resultado. El bando que supiese que iba a ganar tan solo tendría que amenazar con que estaba dispuesto a luchar, y el bando que supiera que iba a perder arrojaría la toalla de inmediato. Cuando uno u otro bando están mal informados acerca de las probabilidades de conseguir la victoria, aumentan las probabilidades de luchar en vez de negociar.

Desde el comienzo del contacto con los indios, los blancos comprendieron la importancia de proveer a sus oponentes con información precisa acerca de su superioridad militar. Los blancos enviaban a indios a Europa continuamente con el fin de impresionarlos con el alcance de su tecnología, «con la expectativa de que, a su retorno, difundieran en sus poblados nativos la manifiesta superioridad europea»[168].

Sin embargo, conforme la frontera se desplazaba hacia el oeste, las asimetrías de la información aumentaron por diversas razones. Debido a que los indios del Oeste eran más nómadas, los blancos lo tenían más difícil para comunicarse con una tribu entera. Para asegurarse de ello, a menudo se llevaban a los indios nómadas de las llanuras a Washington para impresionarlos con el poder del gobierno federal y el crecimiento de la población blanca. Pero la información no siempre acababa llegando a oídos de las bandas dispersas e, incluso cuando sí llegaba, no siempre se la creían.

En el bando de los blancos, la diferencia del paisaje y del clima en las llanuras provocó que las tácticas de guerra de los indios fueran diferentes a todas a las que se habían enfrentado los blancos con anterioridad. Los indios de las llanuras «preferían con mucho la táctica del señuelo»[169], que consistía en que un grupo pequeño fuese desde el campamento al encuentro con un destacamento blanco, aparentemente por equivocación. Entonces echaban a correr y lanzaban el anzuelo a los blancos, que al perseguirlos acababan cayendo en una emboscada en la que les esperaban agazapados muchos más guerreros.

De hecho, el uso de información incorrecta por parte de ambos bandos parece haber sido un factor importante en la sangrienta lucha del Oeste. En la tristemente célebre masacre de Fetterman, en 1866, la táctica del señuelo atrajo a 81 casacas azules al encuentro fatal con unos 2000 sioux. La aparente temeridad de Custer por atacar a más de 3000 sioux y cheyene con apenas unos centenares de hombres, acaecida en Little Bighorn en 1876, atestigua su arrogancia. Pero también refleja su ignorancia y desconocimiento acerca del número preciso de indios a los que se enfrentaba[170].

La batalla de Wagon Box en 1867, en la que los sioux sufrieron bajas importantísimas, ilustra la manera en que cambiar la tecnología militar contribuye a la asimetría de la información. «Un jefe los situó [a las sioux caídos] a 1137 pies de altura, y la denominó “la batalla de la medicina” (como queriendo decir que contaban con ayuda sobrenatural). Pero los soldados del bando contrario disponían de los nuevos Springfields de retrocarga y de abundante munición, mientras que los indios seguían usando los viejos rifles de avancarga»[171]. Cuando los rangers de Texas usaron el revólver por primera vez en la década de 1840, los indios se conmocionaron por su efecto. Después de haber sido atacados por una banda numéricamente superior de comanches en Nueces Canyon, los rangers de Texas persiguieron montados a caballo a los indios mientras les disparaban con sus pistolas. «Tras esta carga, nunca ha vuelto a haber una banda de indios tan sorprendida», afirmó uno de los rangers[172]. Después de 300 millas de persecución, y con 100 indios muertos a sus espaldas, «un jefe comanche que estaba en la batalla dijo que nunca quería volver a enfrentarse a Jack Hays y a sus rangers» porque «tenían un disparo por cada dedo de la mano»[173]. De ahí que no fuera solo la nueva tecnología militar, sino el elemento de sorpresa que acarreó su introducción y que contribuyó a la lucha en vez de a la negociación. Una vez que se hizo patente que un bando tenía un poderío militar superior al otro, algunos como el jefe comanche se quedaron sin ganas de otra batalla.

EL ALZAMIENTO DEL EJÉRCITO PERMANENTE

Se podría decir que el factor más importante en contribuir al aumento de los enfrentamientos entre indios y blancos fue el alzamiento del ejército permanente de los Estados Unidos, que creó una ventaja diferencial en el uso de la fuerza y cambió los beneficios y los costes de luchar (véase el Capítulo 2, hipótesis 6). En los primeros años de la nueva república, el sistema de milicias era común: «las colonias individuales, así como los propios habitantes de la frontera, debían protegerla»[174]. Esto significó que los costes de luchar en vez de negociar redundaron más cerca del hogar, por lo que los individuos tuvieron que considerar la posibilidad de que su familia o incluso ellos mismos pudieran perder la vida.

A diferencia de crear una milicia local, mantener un ejército permanente desplazó el coste de luchar a otros y, como era de esperar, hizo aumentar el número de batallas. El establecimiento de un ejército permanente durante la Primera Intervención Estadounidense en México y el consiguiente desarrollo de ese ejército para la Guerra de Secesión significó que había oficiales a tiempo completo, burócratas militares que los respaldaban y todos aquellos cuyas carreras y presupuestos dependiesen de la lucha armada. Terminada la batalla en ambas guerras, el tamaño del ejército en tiempos de paz estaba condenado al fracaso, pero el «problema indio» aportó una vía a los intereses especiales de los militares para reducir ese decaimiento. «La protección de la población que vive en la frontera y de las rutas de tránsito frente a los indios hostiles se convirtió en la solicitud más importante para el ejército (…). [Durante la segunda mitad del siglo XIX], el ejército estadounidense tenía como principal misión y motivo de su existencia las exigencias del desplazamiento hacia el oeste más allá del Misisipi»[175].

Los individuos involucrados comprendieron los beneficios de luchar. Los oficiales de la Guerra de Secesión retuvieron su paga y sus ascensos nominales siempre y cuando luchasen contra los indios. El general Custer, por ejemplo, mantuvo su rango solo cuando luchaba; en caso contrario, era teniente coronel. Para los reclutas y para los oficiales, la paz significaba el hastío y la pérdida de oportunidades para progresar.

El deber de un soldado en la frontera era deprimente y frustrante. Les esperaba el aburrimiento, una paga escasa, comida horrible y habitaciones destartaladas, disciplina dura y castigos crueles, constante trabajo de índole no militar, trabajo de campo marcado por el frío o el calor, la nieve o la lluvia, el barro y el polvo, el hambre y la sed, y una fatiga entorpecedora. Ni siquiera tenían la esperanza de entablar un combate significativo que les diera esa distinción que normalmente hace que las condiciones de la vida militar sean más llevaderas[176].

El antídoto para el aburrimiento era la batalla, pero no es tan fácil encontrar una excusa para ella. Después de inspeccionar las vías de Smoky Hill que recorrían las zonas de caza de los cheyene y los arapaho, el general Sherman comentó que «solo Dios sabe cuándo, y yo no veo cómo, podremos inventarnos una excusa decente para tener una guerra contra los indios»[177]. Pero también «hizo referencias cínicas al hambre local por conseguir contratos con el ejército. Normalmente los ciudadanos eran felices porque el ejército regular se encargara de disparar, en especial las tropas federales que precisaban de suministros comprados localmente. Este factor provocó que los ciudadanos a menudo dieran voces antes de que les hicieran daño»[178]. Los políticos también fueron muy rápidos a la hora de reconocer que la lucha aumentaba la recaudación de impuestos federales en sus distritos[179]. En resumidas cuentas, las Guerras Indias surgieron en buena medida de una fuerte coalición de soldados profesionales, políticos, proveedores y ciudadanos.

La evidencia anecdótica de que el alzamiento de un ejército permanente aumentó el número de batallas con los indios está respaldada por los datos empíricos. La Tabla 4.2 confirma que el número de batallas que se produjeron en los cincos años posteriores a la Guerra Estados Unidos-México y a la Guerra Civil Estadounidense fue significativamente mayor que en los cinco años que precedieron a cada una de esas guerras[180]. Un análisis regresivo de estos datos llevado a cabo por Terry Anderson y Fred McChesney, que incluye otras variables que quizás expliquen el aumento en el número de batallas (como por ejemplo la densidad de población y el tamaño del ejército), muestra que el efecto independiente de la Guerra Mexicana provocó un aumento discontinuo de casi 12 batallas al año. La Guerra de Secesión, por su parte, provocó un aumento de aproximadamente 25 batallas al año[181]. El alzamiento de un ejército permanente redujo claramente el incentivo de los blancos para negociar con los indios y aumentó la tendencia de arrebatar propiedades y territorios.

TABLA 4.2

El campo de batalla se traslada a Washington

Una vez relegados a las reservas, los indios se esforzaron por adaptarse a sus nuevas limitaciones; o se adaptaban, o perecerían. Ciertamente, muchos indios murieron a causa de las enfermedades del hombre blanco y del hambre, pero otros se adaptaron. Después de haber vivido su propio sino durante generaciones, antes de que llegara la burocracia a la frontera, ahora las tribus se desarrollaban en base a aquello que mejor sabían hacer. Los pies negros por ejemplo, que estaban familiarizados con la crianza de caballos, comenzaron a acumular ejemplares de propiedad individual, pero que formaban parte de la manada comunal. Cuando la burocracia federal comenzó por fin a tratar de controlar la vida en la reserva, «la tradición de la propiedad individual estaba tan asentada que los indios se resistieron a los esfuerzos del gobierno por establecer manadas comunes entre 1910 y 1920»[182]. Las tribus que eran más sedentarias, como los cheroqui, «mostraron mucha aptitud y éxito para la agricultura»[183]. Entre las tribus con tradición agrícola, «el concepto indio de la propiedad de la tierra permitía a varios poblados aprovecharse del uso de la tierra para satisfacer sus necesidades específicas»[184].

La autonomía institucional, sin embargo, duró muy poco. A cambio, el Congreso y las agencias federales comenzaron a moldear de arriba a abajo los derechos de propiedad. Mediante la Dawes Act, o Allotment Act (Ley General de Distribución de Tierras), de 1887, el gobierno realizó su primer gran intento de controlar burocráticamente la distribución de las tierras en las reservas. Con esta ley, la tierra de las reservas tenía que ser distribuida a los individuos indios de la misma manera en que el dominio federal se transfería a individuos que no eran indios bajo las leyes de asentamientos rurales. Los que apoyaron la ley la solicitaron bajo el pretexto de que era necesaria para mejorar el bienestar de los indios. Tal y como el propio senador Dawes manifestó, «Hasta que esta gente no consienta entregar sus tierras y dividirlas entre sus ciudadanos, de manera que cada uno de ellos tenga su propia tierra para cultivar, no progresarán demasiado»[185].

Dado el lugar prominente que ocupa la propiedad privada en las teorías del desarrollo económico[186], podríamos llegar a pensar que los economistas celebraron los objetivos de la Ley General de Distribución de Tierras. Pero al hacerlo, ignoraríamos las lecciones de las teorías económicas de la elección pública, y que reclaman un escrutinio más cercano de los grupos de presión que apoyan la legislación[187]. Por ello debemos mencionar al menos dos de los grupos de presión que estuvieron involucrados en el proceso de asignación.

El primer lobby estaba formado por los colonos que no eran indios pero que querían tener acceso a las reservas. La Ley Dawes permitió este acceso; toda vez que los miembros elegibles de la tribu recibían sus parcelas, las tierras sobrantes se declaraban «excedentes». Entonces se abrieron estas tierras para «asegurar hogares para colonos de verdad»[188]. Con anterioridad a 1900, estas tierras «sobrantes» se las había comprado el gobierno federal a la tribu, y los colonos tenían permiso para asentarse en ellas. Antes del cambio de siglo, el gobierno le vendió las tierras a los blancos en nombre de las tribus. El resultado, tal y como lo describe Leonard Carlson, fue «una de las mayores operaciones de bienes raíces de la historia»[189].

Si los colonos hambrientos de tierras fueron los principales beneficiarios de la política federal de asignación, surge entonces una pregunta: ¿por qué el gobierno federal no declaró excedentes todas las tierras de las reservas y las abrió a la creación de asentamientos, o garantizó a los indios propiedad total sobre la tierra sin cargo de fideicomisario, de manera que los blancos pudieran simplemente comprarle la tierra a los indios y obtener el control más rápidamente?

La respuesta recae en el segundo grupo de presión, la Office of Indian Affairs u Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses (y que más tarde sería renombrada como Bureau of Indian Affairs, o BIA), y su deseo de aumentar su presupuesto y autoridad. Si se hubieran otorgado las tierras a los indios o a los blancos directamente, ¿de qué serviría la Oficina, más allá de ofrecerles a los indios consejos sobre tecnología agrícola? El sistema de distribución le permitió al Bureau aumentar sus costes administrativos por supervisar cada unas de las parcelas asignadas. «Una señal de este aumento de los costes administrativos fue el rápido crecimiento del número de empleados que se necesitaban en Washington. Entre 1900 y 1920, el numero de trabajadores de la Oficina aumentó desde los 101 hasta los 262»[190]. Mediante la modificación en 1891 de la Ley Dawes para que permitiera el arrendamiento de aquellas asignaciones que no habían sido liberadas por la administración fiduciaria, el Congreso permitió a los blancos acceder a las tierras, al tiempo que reservaba para la burocracia un papel muy importante. De hecho, esto le confirió a los agentes indios todavía más poder, ya que eran ellos los que determinaban y ejecutaban los términos de los arrendamientos. Por ello, Carlsen concluye que «Ningún estudiante de la bibliografía de los derechos de propiedad, incluso de teoría económica, se sorprenderá de que un derecho de propiedad complicado y fuertemente supervisado que emergió de la asignación podría llevarnos a ineficiencias, corrupción y pérdidas, tanto para los indios como para la sociedad»[191].

A partir de esta teoría de la asignación de acuerdo a los intereses de los lobbies, se desarrollan dos hipótesis:

El reparto se producirá primero en aquellas zonas en que los blancos hayan puesto un valor mayor sobre la tierra de los indios.

Como el proceso de asignación traspasó millones de acres fuera del control de la Oficina de Asuntos de Indios, la burocracia habría perdido casi todo su poder de no haber interrumpido el proceso y conservado su autoridad bajo la Ley de Reorganización Indígena de 1934.

Cuando comenzó el reparto en las reservas, si es que lo hizo, y como este daba acceso a los colonos que no eran indios, sería de esperar que las reservas que eran más apetecibles para asentarse fueran asignadas antes que las que no lo eran[192]. Para probar esta hipótesis, Carlson estableció la fecha de asignación como la función de un número de variables que reflejarían una demanda mayor por su redistribución[193]. Esas variables incluyen la cantidad de lluvia que cae, la densidad de población y el porcentaje de tierra mejorada que hay en el estado en que se sitúa la reserva. Y concluye que:

Una reserva en una región con menos de 20 pulgadas de lluvia al año fue asignada 12,3 años más tarde que una reserva situada en el mismo estado y en la que caen más de 20 pulgadas de lluvia (…). Para la muestra, el porcentaje medio de tierra mejorada fue del 43,44 por ciento, ya que oscila entre el 1,7 por ciento en Arizona hasta el 78,6 por ciento en Nebraska. El modelo predice que (…) una reserva en un estado como Arizona será asignada 10,2 años más tarde que una reserva en un estado como Nebraska. La densidad de población es de una media de 16,25, y varía desde el 1,5 en Wyoming hasta el 48,9 en Michigan. El modelo predice que una reserva en Michigan será asignada 14 años antes que una reserva en Wyoming[194].

Estos resultados respaldan la teoría de que la política india la dominaban grupos de presión que no eran indios. Al igual que el ejército permanente se empleó para redistribuir los derechos de propiedad y arrebatárselos a los indios, la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses también sirvió para redistribuir las tierras de los indios. En ambos casos, lo que provocó que mereciera la pena el esfuerzo por capturar la agencia pertinente fue la superioridad en el uso de la fuerza. El hecho de que el poder coactivo se usase para redistribuir los derechos, también significó que los costes de transacción por definir e intercambiar los derechos de propiedad aumentaron. Los burócratas interesados y los colonos ávidos de tierras fueron capaces de moldear la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses para sus propios fines a través de la atenuación de los derechos de los indios.

A pesar de que los granjeros que deseaban tierras influyeron en la elección del momento oportuno para la distribución, la implementación básicamente corría a cargo de la Oficina, cuyo trabajo consistía en inspeccionar la tierra de las reservas, asignar las parcelas a individuos indios y enseñarles a convertirse en granjeros autónomos. Tal y como Prucha hace ver, si la Oficina hubiera hecho su trabajo, «cuando el proceso se completó no habría habido necesidad de tener una Oficina India para gestionar las relaciones con los indios, ya que entonces no habría más indios identificables»[195].

Dada la velocidad con la que el proceso de asignación se estaba llevando a cabo los primeros años, parecía que la Oficina estaba haciendo su trabajo. En particular, las tierras excedentes se estaban vendiendo tan rápido que las tierras tribales descendieron de 119 375 930 acres en 1887 hasta 52 455 827 acres en 1900. «De hecho, el proceso se incrementaba año tras año, y las tierras excedentes se traspasaban rápidamente a los blancos (…). El proceso parecía ser tan exitoso que los reformistas estaban ansiosos por que llegase el día en que la supervisión del gobierno sobre los indios desapareciese por completo y los indios pudieran ser absorbidos dentro de la sociedad americana»[196]. El economista Fred McChesney resume a continuación los efectos que tuvo la velocidad a la que la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses dio a los individuos indios propiedad privada y libre de cargas fiscales a través de la administración fiduciaria federal (también conocida como propiedad de pleno dominio o dominio absoluto):

En primer lugar y, como siempre, el objetivo que tenía la nueva norma era terminar con cualquier papel que tuviera que jugar la administración federal en los asuntos de los indios. En la Declaration of Policy in the Administration of Indian Affairs de abril de 1917, la Oficina India declaró que el sistema de dominio pleno «marca el amanecer de una nueva era para la administración india (…). Se traduce en menos apropiaciones por parte del Gobierno y mayor respeto e independencia para los indios (…). En pocas palabras, supone el comienzo del fin del problema indio». Y, en segundo lugar, como la población india disminuía y las tierras pasaban a manos privadas antes de ser vendidas, la población india y las tierras bajo la administración de la BIA comenzaron a decaer[197].

Habida cuenta de la rapidez de la distribución, la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses se estaba quedando sin trabajo. Sin embargo, la tenaz burocracia se aseguró de que esto no ocurriese. No en vano, la oficina se ha caracterizado a lo largo de su historia por el crecimiento, más que por el decaimiento. Un resultado difícilmente sorprendente, si tenemos en cuenta que es muy poco probable que los burócratas vayan a permitir que sus cometidos y sus empleos se marchiten[198]. En palabras del comisionado de asuntos indígenas en 1906, «La suma total de los distritos electorales de la nación va a disminuir, y a un ritmo cada vez mayor»[199]. Pero «en lugar de marchitarse tal y como pretende el plan de acción, la Oficina Indígena incrementó enormemente su implicación; se convirtió en una especie de agencia inmobiliaria que manejaba multitud de traspasos de tierras para particulares indios»[200]. Laurence Schemeckebier concluye que «mientras que la emisión de posesiones plenas a los que han sido asignados había hecho disminuir el número de indios bajo la supervisión de la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses, el control sobre la propiedad y los asuntos fiscales de otros individuos han redundado en un aumento real del volumen de trabajo»[201].

Con la aprobación en 1934 de la Indian Reorganization Act (Ley de Reorganización Indígena o IRA), se sustentó la fundamentación vital para lo que hasta entonces se había conocido como la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses. La ley inauguró un proceso para establecer gobiernos tribales, concediéndole la autoridad a la BIA. También supuso el fin del proceso de asignación, por lo que se congelaron la mayoría de los repartos cuyos derechos absolutos de propiedad no habían sido expedidos mediante un fideicomiso perpetuo. McChesney explica a continuación el interés que tenía la burocracia en esta nueva política.

En sus fases iniciales, la distribución serviría al interés de los burócratas por contar con presupuestos más holgados, ya que se precisaba una Oficina Indígena mayor para administrar la Ley [de Distribución] Dawes (…). Terminar con el reparto y congelar la propiedad de los agraciados bajo la administración fiduciaria federal garantizó el mantenimiento del control burocrático. También significó que el trabajo aumentaría conforme el número de indios en la reserva (…) comenzara a aumentar, como de hecho sucedió (…). En resumidas cuentas, la hipótesis que explica todo el capítulo de la distribución es el crecimiento del presupuesto de las agencias (…). Cada cambio que se produjo en la secuencia de los hechos de la distribución desde 1887 hasta 1934, nos condujo a un aumento de la partición del gobierno federal en los asuntos de los indios. Y cada una de esas modificaciones se puede explicar a través de su habilidad para generar más empleo dentro de la burocracia india[202].

Si tal y como se argumenta anteriormente, la Ley de Distribución le concedió a los no indios acceso a las territorios indios, ¿entonces por qué no se opusieron a la IRA los ciudadanos que no eran indios y sus representantes? Después de todo, la ley detuvo la emisión de derechos absolutos de propiedad libres de cargas del control total de la BIA, lo que imposibilitó que los colonos compraran tierras directamente a los indios. McChesney explica que la oposición blanca a la IRA no se materializó porque «el valor de la tierra en el Oeste se desplomó con la disminución del ganado y de los precios de la agricultura [en la década de 1920]» y porque «las mejores tierras indias ya habrían sido repartidas»[203]. Esto le quitó parte de la presión al Congreso para dejar que las tierras de las reservas pudieran ser adquiridas por quienes no eran indios, lo que aumentó la influencia relativa de la burocracia.

La evidencia presupuestaria exhibida por McChesney es convincente. No solo los presupuestos de la BIA aumentaron, sino que el crecimiento aumentó significativamente debido al número de asignaciones y a la superficie repartida. La tasa de aumento del presupuesto que se le puede atribuir a la distribución disminuyó con el tiempo, concediéndole no obstante un incentivo a la BIA para encontrar una política alternativa que mantuviera su impulso. La IRA, que inició su aplicación durante el New Deal, proporcionó el cambio de política que ha marcado el crecimiento de la agencia hasta el día de hoy. McChesney resume su veredicto haciendo ver que una explicación:

congruente con la totalidad del episodio de la distribución es que sus auténticos beneficiarios fueron los blancos del Este y del Oeste, los políticos y la Oficina Indígena. Sin embargo, en 1920 solo los burócratas indios [la Oficina Indígena] tenían intereses que tuvieran algo que ver con la distribución, y esos intereses dictaron el fin de la privatización. La asignación inicial y los cambios subsiguientes, que aumentaron la propiedad india, beneficiaron a los burócratas, ya que aumentó sus presupuestos. Pero conforme la cantidad de tierra privatizada aumentó, estas ganancias en los presupuestos no se podían sostener. Finalmente se detuvo la privatización, lo que aumentó todavía más los presupuestos[204].

Que el experimento de la distribución funcionara o no depende del criterio con el que evaluemos sus objetivos. Si lo vemos desde la perspectiva de los indios, que perdieron millones de acres que fueron traspasadas a no indios, la distribución fue sin lugar a dudas un desastre. Pero si lo observamos desde la perspectiva de aquellos grupos que querían un cambio institucional que redistribuyese los derechos de propiedad, entonces la distribución fue un total y completo éxito. Los que no eran indios terminaron poseyendo o arrendando cantidades importantes de muchas reservas. Y la BIA floreció al operar primero como una agencia inmobiliaria para las tierras indias, y luego como el fideicomisario de la administración de esas mismas tierras. Desafortunadamente, el barrizal burocrático que creó la IRA atenuó los derechos de propiedad de la tierra de los indios, lo que redujo su productividad y su riqueza.

Confía en el Gobierno

Cuando la distribución terminó en 1934, aquellas tierras que no habían sido liberadas de la administración fiduciaria, permanecieron bajo la autoridad fiduciaria de la BIA. De ahí que las reservas fueran un auténtico mosaico de tenencias de la tierra[205]. Los dueños de tierras en pleno dominio tenían total autonomía y capacidad de decisión sobre el uso de la tierra. Las decisiones de producción de estas tierras atañían al propietario, y la parcela se podía vender o utilizar como aval en el mercado de capitales. De las 39 extensas reservas de las que hablaremos a continuación, el 47 por ciento de la superficie de las mismas es de dominio absoluto (o bien pertenece a los indios o a los que no lo son).

Al contrario que la tierras de tenencia plena, las extensiones de las reservas que se encontraban bajo la autoridad del gobierno estadounidense estaban sujetas a la regulación de la BIA pese a que pertenecían a individuos o a tribus indias. Bajo esa autoridad fiduciaria, la BIA no tiene influencia sobre el aumento de la productividad, tan solo un poco de responsabilidad sobre su reducción y, además, tiene el potencial de conseguir presupuestos mayores si los indios son menos autónomos. También concede o deniega los permisos para cambiar el uso de la tierra, aprueba las disposiciones de los arrendamientos y autoriza las mejoras de las infraestructuras. Cuando se posee la tierra a través de un crédito, esta no se puede vender ni gravar como garantía para conseguir un préstamo. Para complicar la situación, las tierras de fideicomiso individuales a menudo se han ido heredando en múltiples ocasiones, lo que produce una multitud de propietarios que deben estar de acuerdo en las decisiones que conciernen a la administración de la parcela. Este problema del «fraccionamiento» o de la «herencia» aumenta los costes de establecer a un dueño y gerente específico, que pueda decidir acerca del uso de la tierra y obtener los beneficios por su buena gestión. En el caso de las tierras tribales administradas en fideicomiso, las decisiones sobre su gestión las toman las instituciones de gobierno tribales, que de paso reducen el incentivo de cualquier gestor individual tendría para maximizar el valor neto de la producción. Por ejemplo, Gary Libecap y Ronald Johnson concluyen que las políticas del Consejo Tribal Navajo y sus comités dedicados al pastoreo han legislado esencialmente «una condición de la propiedad común de la pastura» en la que todos los miembros de la tribu tienen acceso, lo que produce una sobreexplotación. Dadas estas limitaciones, esperaríamos que los costes de transacción más elevados asociados con las decisiones sobre la administración frustraran el uso óptimo de la tierra[206].

Este régimen de tenencia de la tierra dividido en tres partes (dominio absoluto, fideicomiso individual y tierras tribales administradas en fideicomiso) produce productividades muy distintas por una serie de razones. La primera es que los costes de organizar la producción bajo un sistema de tenencia de dominio absoluto son menores que bajo una administración en fideicomiso, sea esta individual o tribal. En cambio, la elección de tierra, trabajo y capital del propietario con pleno dominio debería ser aproximadamente óptima. En segundo lugar, debido a que las limitaciones fiduciarias elevan el coste del capital al restringir que los propietarios puedan traspasar la titularidad de la tierra, en las tierras en fideicomiso la productividad debería ser menor. La tercera razón se debe a que los retornos de las tierras en fideicomiso individuales y tribales están repartidos entre muchos propietarios, y cada uno de ellos tiene menos incentivos para supervisar la gestión de la tierra, lo que hace descender la producción final. Y, por último, porque la tierra en fideicomiso no se puede distribuir libremente, por lo que las granjas y las haciendas tienen un tamaño demasiado pequeño como para ser productivas de forma óptima[207].

Los datos confirman estas predicciones. La tabla 4.3 informa de los valores de producción del pleno dominio y de las tierras en fideicomiso, y de la proporción de ambos en 39 reservas de gran tamaño. La proporción del valor de la producción de las tierras administradas en fideicomiso comparado con el valor de la producción del pleno dominio muestra que las primeras producen solo la mitad del valor por acre que dan las tierras en pleno dominio, y la diferencia es estadísticamente significativa[208].

Terry Anderson y Dean Lueck estimaron el impacto de la tenencia en una muestra representativa de reservas usando el valor total de la producción por acre en cada una de ellas[209]. El valor último proviene de la suma del valor de la producción de tierras administradas en fideicomiso, tanto individuales como tribales, y del valor de producción de las tierras en dominio absoluto que se encuentran en reservas, divididas por los acres indios con potencial para la agricultura, más la suma de todos los acres en dominio absoluto. Mediante el uso de un análisis regresivo para controlar otra serie de variables que podrían afectar a la productividad, han encontrado que el valor de la producción agrícola por acre fue entre un 85 y un 90 por ciento menor en las tierras tribales administradas en fideicomiso que en las tierras en dominio absoluto, y de un 30 a un 40 por ciento menor en las tierras individuales en fideicomiso que en las que están en dominio absoluto[210]. La magnitud de estos números respalda la teoría de que las restricciones burocráticas reducen la productividad agrícola. Y es que resulta muy difícil maximizar la productividad cuando existe la imposibilidad de traspasar la titularidad de las tierras en fideicomiso, sumada a la dificultad de usar estas tierras como garantía, y a que los costes de transacción son el resultado de la suma de todos los propietarios de pequeñas parcelas. Los resultados son especialmente significativos en las tierras tribales administradas en fideicomiso, lo que sugiere que las instituciones de gobierno tribal no han compensado las dificultades de tomar decisiones colectivas que incentiven la productividad.

TABLA 4.3

TABLA 4.3 (continuación)

Conclusión

La mejor manera para comprender la interacción entre indios y europeos en la frontera es dentro de un contexto de definición y aplicación de los derechos de propiedad. En un principio, los dos grupos fundamentalmente comerciaban y no se atacaban. Los costes de transacción del comercio disminuyeron debido a que las tribus del Este tenían derechos de propiedad sobre tierras que estaban situadas mucho más cerca de las que necesitaban los blancos. Además, la guerra es un juego de suma negativa, por lo que durante los primeros años de interacción, los bandos que hubieran escogido ir a la guerra tendrían que haber afrontado directamente los gastos derivados de los enfrentamientos.

Sin embargo, varios factores condujeron a un predominio de los enfrentamientos durante la primera mitad del siglo XIX. Primero, los costes de transacción eran más altos porque las tribus nómadas de las llanuras no tenían derechos de propiedad que fueran compatibles con los que los colonos blancos necesitaban para establecer la agricultura. En segundo lugar, el establecimiento de un ejército estadounidense permanente tras la Guerra Mexicana y la Guerra Civil condujo a una ventaja diferencial en el uso de la fuerza, permitiendo a los colonos de la frontera confiar en el contribuyente medio para costear los gastos derivados de la guerra. Y, por último, las Guerras Indias le dieron al ejército permanente una razón de ser que les permitió mantener sus cifras y presupuestos.

Las batallas para arrebatarle tierras a los indios no terminaron con las Guerras Indias, sino que continuaron con la redistribución burocrática de los derechos de propiedad indios. Desde la Ley General de Distribución de Tierras de 1887, pasando por la Ley de Reorganización Indígena de 1934 y hasta el día de hoy, los derechos de propiedad en las reservas han sido principalmente determinados de arriba para abajo, esto es, no por los propietarios de las tierras sino por mandamases de la burocracia que no tenían que cargar con el coste directo de sus decisiones. Los derechos de propiedad de las tierras indias son, por lo general, inconsistentes con las limitaciones específicas de tiempo y de lugar de cada reserva y tribu. Como además estaban sometidas a merced del gobierno federal, siempre estaban disponibles para quien los quisiera. No resulta sorprendente que, en un mar de riqueza, las reservas hayan sido siempre islas tercermundistas.

CINCO

El oro suave: comerciantes, tramperos y cazadores

Cuando nos referimos a la tragedia de los comunes, el ejemplo más citado quizás sea el del exterminio de la fauna salvaje. De los millones de bisontes que cubrían las Grandes Llanuras cuando Lewis y Clark se embarcaron en su aventura, hasta que a finales del siglo XIX su población había caído en picado. Los economistas argumentan que la vida salvaje en general, y la del bisonte en particular, estaba sujeta a esta tragedia debido a que no eran propiedad de nadie; aunque alguien se abstenga de cazar un animal o pescado, cualquier otro lo hará. Esta es la razón por la que los balleneros cazaban ballenas en exceso, por la que los cazadores mataban pájaros tan solo por su plumaje y prácticamente exterminaron a numerosas especies a principios del siglo XX, y por la que los pescadores consumieron los saltos del salmón en el río Columbia. Ante la ausencia de derechos de propiedad, no existe incentivo por conservarlos.

La pregunta aquí es por qué los emprendedores institucionales no establecieron derechos de propiedad que evitaran este tipo de tragedias, en especial en lo relativo a los castores y a los búfalos, dos especies que mermaron muy rápidamente en el Oeste americano durante el siglo XIX. La respuesta más obvia está relacionada con los beneficios y los costes de establecer instituciones sobre la propiedad. Tal y como señaló el economista Dean Lueck, establecer derechos de propiedad a la vida salvaje depende de controlar la tierra que habitan los animales[211]. La decisión de gestionar la tierra para la vida salvaje dependerá del valor de la tierra para los animales, el valor de la tierra destinada a otros usos alternativos y del coste de consolidar el reparto suficiente de la tierra para acomodar la naturaleza migratoria de las especies en cuestión. De ahí que, si el valor de la tierra como hábitat de la vida salvaje es menor en comparación con su valor si la empleamos para la agricultura, o si el uso agrícola dicta que el tamaño de las parcelas será demasiado pequeño para que los animales anden sueltos, entonces los derechos de propiedad y los acuerdos contractuales derivados del gobierno de las especies animales probablemente no se produzcan. Pero si se invierten los valores comparativos, y las parcelas son lo suficientemente grandes como para acoger a la vida salvaje, entonces es probable que tales derechos y acuerdos evolucionen. De ahí que el magnate de la comunicación Ted Turner pudiera gestionar búfalos y alces salvajes de manera efectiva en sus ranchos de más de 100 000 acres de superficie, debido a que el valor de la tierra usada como hábitat animal excedía el valor de usos alternativos. Además, como en primer lugar su rancho ya era lo suficientemente grande como para acoger vida animal, no tuvo que consolidar su propiedad.

Desde luego, el destino de la vida salvaje en la frontera americana no estaba marcado tanto por el tamaño reducido de las extensiones de tierra, como por la completa y total ausencia de derechos de propiedad. Al carecer de propiedad sobre la tierra, el emprendedor institucional encontró dificultades para impedir a otros el acceso a la vida salvaje y a su hábitat. Los indios, en cambio, habían desarrollado instituciones de la propiedad razonablemente efectivas para los territorios de caza de castores y para los cauces pesqueros, situados en el este de Canadá y en el Noroeste, respectivamente (véase el Capítulo 3). De esta forma, proporcionaron un incentivo para que los individuos, familias y clanes evitaran la sobreexplotación. Pero, incluso entonces, los conflictos entre tribus condujeron a la sobreexplotación de recursos fugaces, tales como el bisonte, que se movía por territorios tan extensos que escapaban al control de los individuos y de las tribus[212].

Cuando los europeos se aventuraron en Territorio Indio, los derechos de propiedad sobre los territorios de los animales y la gestión sostenible de la vida salvaje se convirtieron en situaciones problemáticas. Enfrentados a la disyuntiva entre comerciar o saquear (véase el Capítulo 4), a menudo los europeos no respetaban los derechos territoriales de los indios. Como explica Robert Higgs, el establecimiento de derechos para los arroyos y otras zonas de pesca a las que regresaba el salmón, permitió a los indios una pesca sostenible y eficiente en el Pacífico noroeste[213]. Sin embargo, los europeos ignoraron estos derechos y fueron trasladando progresivamente sus redes a las bocas de los ríos, diezmando los saltos del salmón.

Cuando la ausencia de derechos de propiedad bien definidos y ejecutados se combinaba con la expectativa de que el recurso tuviera un alto precio a corto plazo, la tragedia de los comunes se exacerbaba todavía más. Los indios habían echado mano tradicionalmente del castor y del búfalo, pero su consumo personal de la vida salvaje como comida o ropa no suponía una amenaza para las poblaciones animales. Cuando los comerciantes europeos ofrecieron precios desorbitados por las pieles, los pelajes y el cuero[214] la presión cambió de bando: los indios y los blancos luchaban de manera similar por capturar a los animales más huidizos. El historiador David Wishart atribuye la sobreexplotación de los recursos resultantes a una «actitud de explotación cortoplacista y rapaz»[215], pero nuestro marco analítico sugiere que la causa principal fueron los derechos de propiedad, o más bien la ausencia de ellos.

En lo que resta de capítulo, consideramos que las instituciones que gobernaron la caza y el comercio del castor fueron las responsables del exterminio casi total del bisonte americano. Como veremos, ninguno de estos casos es el ejemplo por antonomasia de la tragedia de los comunes. La rápida disminución del castor fue una respuesta racional a la expectativa de que su alto valor en el mercado no duraría demasiado. La aniquilación del búfalo se produjo porque el ganado se podía controlar y transportar en el mercado mucho más fácilmente, por lo que tenía sentido sustituir como principal consumidor de los recursos del pasto al ganado por el búfalo.

Los cazadores de castores

El comercio de pieles en Canadá y en los Estados Unidos, predominantemente del castor[216], duró relativamente poco y vivió su apogeo entre 1820 y 1840. Pese a que las compañías inglesas y francesas comerciaron de forma activa a lo largo del siglo XVIII en el Oeste canadiense, el comercio americano de pieles solo prosperó tras la compra de la Luisiana y de la expedición de Lewis y Clark. Siguiendo la senda marcada por el Corps of Discovery[217], Manuel Lisa se llevó en la primavera de 1870 a unos 50 o 60 hombres río arriba del Misuri y del Yellowstone en dirección hacia la confluencia entre los ríos Bighorn y Yellowstone[218]. Allí, su grupo intercambió pieles con los crow, pero también atraparon castores ellos mismos. Unas cuantas expediciones más continuaron a lo largo de la siguiente década gracias al respaldo de la Missouri Fur Company (Compañía de Pieles de Misuri), pero la auténtica expansión del comercio de castor comenzó en la década de 1820 y se prolongó durante dos décadas más[219]. En 1822, al menos cinco grandes compañías de pieles se involucraron en el comercio con los indios, la caza por cuenta propia, o ambas[220]. La competición fue voraz, y se llevó consigo cientos de miles de dólares en pieles de la parte oeste de las Montañas Rocosas.

MAPA 2. El Oeste de los montañeses.

Por una serie de razones, la era del comercio de pieles terminó en 1840 casi tan rápido como había comenzado. Desde mediados de la década de 1830, la demanda de pieles de castor se precipitó conforme la seda reemplazaba a la piel de castor como el material de moda para sombreros en el Este y en Europa. Además, el aumento de la disponibilidad de la nutria suramericana (que es un roedor acuático) compitió con lo que quedaba del mercado de pieles. Finalmente, tal y como veremos a continuación, el castor se fue volviendo más y más escaso, lo que provocó que el coste de encontrarlo y ofrecerlo en el mercado aumentase[221]. De ahí que, «en 1840 dejaron la montaña más tramperos que cualquier otro año»[222].

Dada la distancia a la que se encontraban de los mercados, el territorio desconocido en el que se hallaban y las diferentes maneras que había de obtener pieles, los comerciantes que se dedicaban al comercio con pieles de castor encontraron un desafío para establecer y reconfigurar los derechos de propiedad de su comercio. Para ello, tuvieron que desarrollar contratos de inversión de capital que financiasen expediciones que tenían una alta probabilidad de no regresar. También para contratar a un equipo que remase, empujase o tirase, o cualquier otra manera de conseguir que los barcos fueran río arriba. Debían coordinar su defensa contra los indios, además de encontrar castores, ya fuera mediante el comercio con los indios o cazándolos ellos. Y, finalmente, esos contratos debían servir también para hacer llegar las pieles a los mercados europeos.

La elaboración de los contratos era complicada debido al coste de las comunicaciones entre los puestos fronterizos y los mercados. Comunicarse con Europa para determinar la demanda del producto final llevaba meses, y conseguir que esa información llegara a San Luis, el punto de partida de la frontera, llevaba semanas[223]. Las comunicaciones con las expediciones que se encontraban río arriba eran todavía más difíciles. Las expediciones para comerciar o cazar podían fácilmente durar un año o más, antes de que llegara paulatinamente cualquier noticia sobre su éxito. Incluso después de que el uso de los barcos a vapor fuera algo cotidiano[224], la duración de los viajes era muy elevada. En 1843, llevaba 40 días subir el río hasta Fort Pierre y 49 para llegar hasta Fort Union.

CAZAR O COMERCIAR

La decisión de los europeos de atrapar a sus presas o comerciar para conseguirlas dependía de que creyeran o no que los indios tenían derechos defendibles sobre los castores. En caso afirmativo, el comercio ofrecía a ambos grupos la posibilidad de beneficiarse de un mismo recurso. En caso contrario, era probable que se produjera un conflicto, y que la población de castores padeciera la tragedia de los comunes.

Para tomar esta decisión entre cazar o comerciar se realiza un cálculo similar al de la disyuntiva entre «asaltar o comerciar» que vimos en el Capítulo 4. En aquellos lugares en que los indios tenían derechos territoriales bien definidos y el control sobre ellos para defenderlos, los europeos tendían a comerciar en vez de a cazar. Allí donde los derechos territoriales no estaban claros o prevalecía la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, lo más probable era la caza. De ahí que el general Henry Atkinson, uno de los primero líderes militares del Oeste, «no percibió “nada inapropiado” por cazar en el territorio de los indios que todavía no se encontraba bajo jurisdicción federal»[225], porque ser independiente frente al gobierno significaba que los derechos de propiedad no estaban del todo claros. Pero un agente indio de la región, Benjamin O’Fallon, advirtió «que una vez que se habían establecido relaciones formales con esas tribus, la caza y captura de animales de su propiedad debería estar prohibida»[226]. Y en 1823, el Nile’s Weekly Register publicó un editorial que sostenía que «en nuestra opinión, las tierras que todavía no han sido cedidas les pertenecen a ellos [a los indios] y, de esta manera, suponemos que un grupos de blancos no tiene más derecho para allanarlas con el pretexto de atrapar y cazar a las bestias salvajes de los bosques, que si los indios entrasen en nuestros asentamientos e hicieran lo que les diera la gana»[227].

La cuestión del control territorial se produjo por primera vez cuando los cazadores de castores que se estaban aventurando en la parte alta del Misuri se encontraron con los poblados hidatsa. Estos poblados controlaban emplazamientos estratégicos para el comercio entre las culturas indias que se asentaban desde la bahía de Hudson hasta las laderas al oeste de las Rocosas y las mesetas de México. Mari Sandoz describe cómo era el comercio en estas localizaciones estratégicas:

La gente del Oeste trajo consigo la piel de las cabras montesas y los cuernos de las cabras, el pelaje de las martas y los leones además de hierbas y plantas, obsidiana para la punta de las flechas y de las lanzas, y conchas marinas y marfil de morsa de sus propios centros de comercio situados en las laderas más lejanas. Del norte llegó mucha cecina, lobo de tundra, a menudo catlinita y, en ocasiones, cuernos de reno, osos blancos y zorros. A cambio, se llevaban a casa los productos inferiores de los poblados agrícolas, maíz y alubias, sus pieles de ciervo y pelajes de búfalo hermosamente tejidos y, como siempre, el recuerdo de otra visita agradable a un lugar donde había una media luna de paz para todos[228].

Los hidatsa y otras tribus como los mandan y los arikara poseían prácticamente un monopolio sobre el comercio y «se las arreglaron para quedarse con un buen porcentaje del comercio gracias a su favorable emplazamiento río arriba (…). Durante años (…) los británicos y los comerciantes traían los bienes de la parte baja del Misuri directamente a través de los portones de entrada, acrecentando la importancia de estos poblados como lugares pacíficos para el comercio»[229].

Pero los arroyos más lejanos al oeste, repletos de castores, eran demasiado tentadores para sus cazadores. Estos comerciantes no indios trataron de pasar por encima de las tribus que comerciaban, suprimiendo potencialmente lo que las tribus consideraban que era el porcentaje de las ganancias del comercio que les correspondía legítimamente. No es sorprendente que las tribus trataran de persuadir o impedir físicamente que los comerciantes se trasladaran al oeste. Por ejemplo, cuando François Larocque intentó dirigirse al oeste para comerciar con indios y no indios, «los mandan en particular montaron en cólera. No podían permitirlo». Temían que si las tribus del Oeste conseguían armas, «se volverían independientes, insolentes y también peligrosas, pero Larocque sabía que lo que más temían los mandan era la posible independencia, ya que esta conllevaría el cese del pago de beneficios y tributos a los Cinco Poblados por sus bienes»[230]. La tensión fue en aumento conforme los mercaderes que no eran indios se dirigían río arriba. Los indios trataron de aumentar los precios de los bienes que tenían en venta, pero los comerciantes no indios evitaron comerciar a estos precios tan elevados, a la espera de encontrar tratos mejores más hacia el oeste. En el caso de Larocque, primero los mandan le negaron los caballos que necesitaba para su travesía en dirección oeste. Finalmente, accedieron a intercambiar los caballos, pero por el doble de precio.

Para la Hudson’s Bay Company (Compañía de la Bahía de Hudson), la decisión sobre cazar o comerciar fue relativamente sencilla. Dado que el gobierno respaldaba su monopolio comercial con los indios, la compañía pudo denegar la entrada a muchos comerciantes y tramperos, mientras regulaba el suministro ajustando los precios que pagaba por las pieles[231]. Por consiguiente, contrataba esencialmente a indios para cazar y comerciaba con ellos a un precio que controlaba. Como la compañía comerciaba, fue capaz incluso de entablar conversaciones pacíficas con los pies negros, que aterrorizaban continuamente a los cazadores blancos a lo largo de los cursos altos del Misuri[232].

Otros cazadores de castores que prefirieron comerciar gozaron de un éxito similar. Por ejemplo Kenneth McKenzie, uno de los pioneros del comercio de castores, «prefería conseguir sus pieles a través del comercio antes que exponer a sus hombres y animales a la ferocidad de la gente que consideraba suya toda la vida salvaje, y que podían explotarla o no su antojo»[233]. McKenzie fue tan exitoso con el comercio que «alcanzó la increíble hazaña de abrir negociaciones con los pies negros y asegurarse su aprobación para la apertura de un establecimiento comercial [Fort Piegan, renombrado más tarde a Fort McKenzie] en la parte alta del Misuri, próximo a la desembocadura del río Marias»[234].

La compañía comercial dominante durante la época, la American Fur Company (Compañía Peletera Americana), evitó el conflicto siempre que le fue posible, respetando los derechos territoriales de los indios. Su estrategia básica consistía en «trabajar dentro de los límites de la ocupación existente de los indios para estimular la producción de pieles y pelajes»[235]. Esto era de especial importancia si la compañía quería proteger sus inversiones en los fuertes y los bienes que en ellos almacenaba. Las ganancias derivadas de la cooperación son evidentes, sobre todo si tenemos en cuenta que se comerciaban por otros artículos y no solo por pieles. En 1831, un agente indio estimó que los indios proveían alrededor de la mitad de la carne que se consumía en los establecimientos comerciales. En aquellos lugares en que los indios se dedicaban a la labranza, también se comerciaba con vegetales y cereales[236].

El Departamento de Guerra trato de implementar un sistema de licencias para mantener a raya los enfrentamientos y promover el comercio frente a la caza. Se suponía que las licencias debían conceder a las compañías pioneras el derecho para comerciar en vez de cazar. Tras un encuentro con los arikara, el coronel Leavenworth escribió que «este negocio de la caza se lleva a cabo bajo una licencia para comerciar», y por tanto «el negocio de la caza debería suprimirse por completo»[237]. Y de la misma manera que la primigenia política federal de la tierra empleó al ejército para desalojar a los colonos blancos de las tierras indias (véase el Capítulo 4)[238], Leavenworth favoreció el uso de la fuerza militar para expulsar de las tierras de los indios a los cazadores y tramperos blancos.

Pero se demostró que el sistema de licencias no era efectivo en absoluto, ni para mantener alejados a los extranjeros, en especial a los británicos en el norte, ni para prevenir que los cazadores blancos «libres» (aquellos sin un contrato a largo plazo con una compañía) cazaran castores sin respetar los derechos de los indios. El sistema no funcionó debido a dos razones. La primera es que había demasiados cazadores blancos libres en la región que no tenían licencias, por lo que no cumplían con la política gubernamental. Cazaban castores y comerciaban con ellos con las compañías licenciadas. Sencillamente, estos cazadores de castores iban a las montañas para sacar beneficio de los castores, ya fuera negociando con los indios o cazándolos ellos mismos.

La segunda razón que hacía que fuera imposible proteger el plan de licencias era el insuficiente número de tropas militares en la zona. En 1823, tras un encuentro entre William Ashley y los arikara, se dieron los pasos necesarios para reducir el conflicto con los indios y limitar los cazadores de castores[239]. El senador por Misuri Thomas Hart Benton quería estacionar tropas en la parte alta del Misuri, pero sus compañeros se resistieron a la idea ya que no creían que fuera posible reunir fuerzas suficientes como para prevenir la caza ilegal en las tierras de los indios. Un acuerdo mutuo en mayo de 1824 autorizó que, escoltados por tropas, los comisionados del tratado «ascendieran el Misuri e hiciesen las paces con los indios». En estos tratados, que firmaron los ponca, los sioux, los cheyene, los hidatsa, los mandan e incluso los arikara, los indios «prometieron proteger a los comerciantes americanos y entregar a todos los comerciantes forasteros a los oficiales americanos. Las disposiciones resolvían la regulación del comercio y la rectificación de las reclamaciones. Ninguna de ellas abordaba la caza en territorio indio»[240]. En todo caso, la expedición de Ashley impulsó los conflictos de la caza al sentar las bases para que las compañías construyeran fuertes para comerciar con los indios. Estos fuertes también comerciaron con cazadores blancos, ahorrándoles la protección frente a los indios.

La razón por la que se trabajó a favor de la caza y contra el comercio en el cálculo de «cazar o comerciar» fue que los costes de negociación en los acuerdos comerciales eran muy altos. Tratar con algunos de los poblados indios que se habían asentado, como con los mandan y los hidatsa, era relativamente sencillo. Pero negociar con pueblos mucho más nómadas como los pies negros, los assiniboine o los crow, era mucho más difícil. Otra razón por la que se apostó por la caza fue que las rentas que los indios capturaban continuamente gracias al comercio del castor, tentaban a los cazadores blancos a invadir su territorio. De hecho, la mayor parte de esa extensión era «tierra de nadie», fundamentalmente el triángulo que formaban los ríos Misuri y Yellowstone y el frente de las Montañas Rocosas, y por el que pugnaban las tribus de la región. Ciertamente, los antropólogos Paul Martin y Christine Szuter razonan que la abundancia de presas que se encontraron Lewis y Clark en la región se puede atribuir al hecho de que los indios no cazaban en este triángulo porque estaba bajo disputa y era, en consecuencia, más peligroso. Dado que los indios no querían aventurarse allí, que en la zona abundaban los castores y que los cazadores pensaban que podían eludir a los indios que por allí habitaban, es comprensible que prefiriesen cazar antes que comerciar[241].

Al final, sin embargo, prácticamente ningún cazador blanco que se moviera en los arroyos alrededor del frente de las Montañas Rocosas podía evitar el territorio de los pies negros, que «fue como levantar un muro a lo largo de la ruta de los peleteros americanos durante mucho tiempo»[242]. Las compañías americanas pudieron establecer fuertes en el Misuri hasta el Marias, en el Yellowstone y su confluencia con el Bighorn, en el Henry’s Fork of the Snake, y a lo largo del Pacífico noroeste, pero no podían penetrar el muro de los pies negros. Y así fue como fracasaron todos los esfuerzos realizados para establecer un fuerte en las Three Forks (Tres Bifurcaciones) del Misuri, una de las regiones peleteras más ricas, ya que los pies negros les robaban a los comerciantes sus provisiones, pieles y caballos, o bien asesinaban y mutilaban a los cazadores que atrapaban[243].

Teniendo en cuenta el muro de los pies negros, no resulta sorprendente que el grueso de los cazadores de castores se apresurase a otros territorios, porque «los pies negros (…) repulsaban cualquier intento americano de aprovecharse de esas pieles, por lo que preferían dirigir sus pieles hacia el norte, a los puestos de la Compañía de la Bahía de Hudson en Canadá. El territorio de los pies negros permaneció como una reserva de animales de pelaje prácticamente hasta la década de 1830», e «incluso entonces los pies negros permitían a comerciantes en su territorio, pero no a tramperos»[244].

LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS PELETERAS

Ya fuera mediante la caza o el comercio, se necesitaba una gran cantidad de nuevas combinaciones de derechos de propiedad para capturar los retornos del valioso recurso que constituían las pieles. Los castores se encontraban a una distancia enorme del mercado, y para obtenerlos se requería una inversión considerable de tiempo y de dinero. De ahí que numerosas compañías peleteras se organizasen para aportar capital y detalles organizativos a la empresa de la caza. La Compañía de la Bahía de Hudson, constituida en 1670, era la que estaba más jerarquizada y, a través de su base en el disputado territorio de Oregón, enviaba a las Rocosas, y más allá, innumerables expediciones comerciales y de tramperos. Los británicos también compitieron por las pieles a través de la North West Company (Compañía del Noroeste) hasta que se fusionó con la Compañía de la Bahía de Hudson en 1821. En 1808 y 1809, Manuel Lisa se aseguró el respaldo y el apoyo de los comerciantes de San Luis para formar la Missouri Fur Company (Compañía de Pieles del Misuri). Esta compañía se disolvió en enero de 1812, pero ese mismo año se fundó una nueva con un capital de 50 000 dólares[245]. John Jacob Astor también disputó la influencia británica en el Pacífico Noroeste mediante la creación en 1810 de la Pacific Fur Company (Compañía de Pieles del Pacífico). Sin embargo, la empresa duró tan solo tres años, hasta que la compañía le vendió todo su equipamiento a los británicos[246].

Tras 1820, se organizaron otras compañías que compitieron por el comercio de pieles. La French Fur Company (Compañía Peletera Francesa), que contaba con el apoyo de los comerciantes de San Luis, dominó los cursos bajos del Misuri[247]. La Columbia Fur Company (Compañía de Pieles de Columbia) la formaron comerciantes y tramperos en 1821, al sentirse redundantes tras la fusión de la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noroeste. Astor continuó jugando un papel influyente en el comercio de pieles gracias a la Compañía Peletera Americana, que constituyó después de haber vendido la Compañía de Pieles del Pacífico. Su compañía estableció en 1822 el Western Department (Departamento del Oeste) para sacarle provecho al comercio en el río Misuri. Otro gran competidor fue la Rocky Mountain Fur Company (Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas), constituida en 1830.

Cada una de estas compañías empleó innovadores acuerdos contractuales para atraer a la zona el capital necesario para capturar castores y distribuir sus pieles en el mercado. Habida cuenta del prolongado periodo de producción que esto implicaba, tuvieron que utilizar los recursos financieros de los comerciantes de San Luis y otros lugares para mantenerse a flote mientras recibían los pagos. A pesar de los problemas de comunicación, «el sistema era una unidad controlada con firmeza, supervisada y organizada cuidadosamente, unida por un movimiento continuo de pieles, bienes y personas, y regulada por la información que procedía de San Luis, el centro de toma de decisiones»[248].

El sistema de comercio era complejo. Los indios eran muy específicos acerca de los artículos en particular que deseaban intercambiar[249]. Por ejemplo, preferían el tabaco brasileño al de Virginia; los mercaderes cree llegaban al extremo de rechazar esa marca[250]. Los indios también preferían la variedad china de pigmento bermellón, y en muchos casos no aceptaban la variedad americana. Para poder satisfacer estas demandas, las compañías de intercambio de pieles contrataban a ciertos proveedores debido exclusivamente a estos productos específicos. Estos productos se solían adquirir a plazos, con el apoyo financiero de compañías en Inglaterra[251].

Por supuesto que la mayor parte del esfuerzo organizativo se dedicaba a la caza en sí. Los tramperos se organizaban en grupos bastante grandes con el fin de protegerse ellos mismos y beneficiarse de la especialización.

Lo que los tramperos hacían entre sus rendezvous[252] difiere del saber popular. No deambulaban en completa soledad a través de las montañas cazando castores. Eso hubiera sido suicida, una invitación para los pies negros que les estaban observando. En lugar de eso, viajaban en brigadas de entre 40 y 60 hombres, entre los que se incluían cazadores de alimento y aquellos que se encargaban de establecer el campamento. Normalmente salían en parejas desde el campamento base de la brigada para tender las trampas. Ese era el momento en que eran más vulnerables, y las emboscadas indias se cobraban el precio más alto[253].

Los contratos de trabajo variaban, dependiendo de las habilidades del individuo. Un grupo de trabajadores se encargaba de cuidar y transportar a los animales de tiro, de recolectar leña y de establecer el campamento. Otro grupo consistía en tramperos contratados, a quienes la compañía también equipaba y pagaba un salario anual. Otros tramperos trabajaban en base a un contrato de aparcería en el que la compañía les suministraba provisiones y, a cambio, recibían un porcentaje de la captura total del año. Por último estaban los tramperos libres, que eran los más habilidosos y los cuales no solían estar atados a contratos de retribución fija. Normalmente se unían a un grupo organizado, pero conservando siempre la posibilidad de vender sus pieles a quienes quisieran ellos[254]. Por todo lo anterior, no es inesperado que el tamaño de la expediciones, la forma de los contratos labores y la combinación de caza y comercio experimentasen revisiones constantes como parte de la búsqueda empresarial de la organización óptima.

EL RENDEZVOUS

Una de las innovaciones institucionales más drásticas de esta época fue el rendezvous. Proveer a los tramperos era un proceso difícil para el que, o bien había que confiar en localizaciones fijas dentro del territorio de caza, las cuales resultaban muy caras de mantener y proteger, o bien se hacían viajes una vez al año a San Luis, en los que los tramperos podían vender sus pieles y reponer provisiones. Pero en 1825 se concibió un nuevo sistema cuando el líder de una gran expedición de caza, William H. Ashley, anunció que se reuniría con numerosos grupos de tramperos en algún lugar río abajo del Green antes del 10 de julio. Otros tramperos oyeron hablar también de la reunión y decidieron presentarse. Este rendezvous en el Henry’s Fork del río Green fue el primero de una serie de reuniones que continuaron teniendo lugar de forma anual hasta 1840.

El sitio del rendezvous se anunciaba con un año de antelación y, por lo general, se situaba en un valle amplio con abundante forraje para los caballos y las mulas. Seis de los rendezvous se llevaron a cabo en el valle del río Green, al oeste de la cordillera Wind River. El río y el lago del Oso, al norte del Gran Lago Salado, también eran ubicaciones frecuentes[255]. El rendezvous ofrecía la oportunidad de beber, de socializar y de competir contra los montañeses[256]. Y lo que es más importante, era un modo eficiente de proveer a los tramperos y que se pudieran pasar todo el año en las montañas.

Los trenes de aprovisionamiento para el rendezvous solían constar de entre unos 50 a 70 hombres y de más de 100 caballos y mulas[257]. Los costes de transporte se redujeron en cierto modo después de 1832, cuando se le acoplaron vagones al tren de suministro. Estas expediciones de provisiones solían partir desde Misuri a finales de abril y, por lo general, seguían el río Platte durante la mayor parte de su travesía y cruzaban la divisoria continental en South Pass, que había sido redescubierta en 1824 por Jedediah Smith[258]. En 1833, un tren de suministro dirigido por Nathaniel Wyeth costaba 11 382 dólares en provisiones, trabajo y animales[259].

La competición por suministrar los lugares del rendezvous solía ser feroz, ya que varias compañías peleteras tratarían de llegar antes para asegurarse las mejores oportunidades comerciales. En 1834, por ejemplo, Andrew Wyeth y William Sublette dirigieron sendos trenes rivales al emplazamiento del rendezvous en el sur de Wyoming, en el lugar en que el Ham’s Fork se junta con el río Muddy. Sublette llegó al rendezvous el 13 de junio, cuatro días antes que Wyeth[260].

Un aspecto fascinante de los rendezvous, y del sistema de caza mediante trampas en general, fue la ausencia de conflictos armados entre los tramperos[261]. Los rendezvous ofrecían una gran oportunidad para robar, ya que todos los bienes y las pieles valiosas estaban concentrados en un mismo lugar. Pero por lo general, estos hombre respetaban los derechos de propiedad de las pieles que un trampero había cazado. Es más, como todos los grupos portaban armas y sabían cómo usarlas, no empleaban la fuerza. Así, a pesar de que indudablemente en ocasiones prevalecían algunas desigualdades de poder, y que los rendezvous ocasionaban un consumo masivo de alcohol y algunas peleas, las crónicas evidencian que en contadas ocasiones se emplearon armas o se robaron pieles. Tanto los comerciantes como los tramperos llevaban con seguridad sus mercancías, sin miedo a que se las robasen. La mayor parte de la violencia que se produjo se debió a enfrentamientos personales fruto del orgullo. Al describir este periodo, Hiram Chittenden afirma que: «Puede que se llegue a la conclusión (…) de que, como literalmente en el país no había ley, ni forma alguna para hacer cumplir las leyes, la anarquía y el desorden fueran la norma. Pero ese no era el caso (…). En las profundidades de aquella tierra salvaje se respetaba tanto la vida, la libertad y el derecho de propiedad como en las ciudades mejor reguladas»[262].

EL LIBRE ACCESO A LOS CASTORES

A lo largo de la era de la caza de pieles, los montañeses y los oficiales de las compañías reconocían a menudo el problema de la sobreexplotación. En 1829, David Jackson, Jedediah Smith y William Sublette, reunidos en Pierre’s Hole, se lamentaron de las perspectivas para la próxima temporada. El historiador Dale Morgan ha reconstruido el tono de la reunión a través de las cartas y los diarios de Jedediah Smith: «El sur de las Rocosas estaba infestado de tramperos de Taos. El territorio de Utah estaba a rebosar de trampas. Las tierras de los cabezas lisas no parecen ofrecer una buena oportunidad este año. El Snake Country, que ha sido cubierto por británicos y americanos por igual, parece estar casi agotado»[263]. En 1831, William Gordon, trampero desde hacía mucho tiempo, afirmó lo siguiente: «Las pieles están disminuyendo, y este decrecimiento es general y extenso. Se podría decir que el castor está extinto a este lado de las Montañas Rocosas»[264]. Otro trampero, Edwin Denig, dijo que una vez había habido una gran cantidad de castores en la parte alta del Misuri, «pero en la década de 1830 se volvieron bastante escasos después de haber sido cazados y desenterrados por los indios y los tramperos que habitan por la zona»[265]. Al describir el fin de la era de las pieles, Wishart sostiene que «Ya no se podía confiar en el territorio del río Snake debido a que en muchas de sus zonas se habían cazado castores hasta su extinción». Prosigue diciendo que «La base del recurso había sido prácticamente destruida por las incursiones euroamericanas en las Montañas Rocosas (solo un cambio en la manera en la que se hacían las cosas en los Estados Unidos y en Europa salvó al castor de la extinción en las extensas áreas del Trans-Misuri Oeste»[266].

Un trampero de la época hizo una descripción acertada de la tragedia de los comunes aplicada a las pieles:

Los indios estaban acostumbrados a cazar de una manera descuidada, y dejaban a unos cuantos animales cada año para que se reprodujeran. Pero los cazadores blancos tenían un espíritu más meticuloso, y hacían su trabajo de raíz. Cuando se establecían en un distrito, destruían tanto a los viejos como a los jóvenes; y cuando se marchaban, no dejaban nada vivo tras de sí. Cuando un grupo era competente, enseguida había más igual de preparados, y cada año sucesivamente había más bandas a caballo de cazadores armados, de entre 20 y 100 hombres o más, anegando los territorios de caza de los indios. Y todo esto era una flagrante violación de la ley de los Estados Unidos, que prohibía de forma expresa atrapar y cazar en tierras indias. La consecuencia es que ahora hay muy pocos animales con pieles a esta lado de las montañas[267].

¿POR QUÉ NO SE DEFINIERON DERECHOS TERRITORIALES PARA LA CAZA CON TRAMPAS?

En vista de la preocupación mostrada por los tramperos acerca de la extinción del castor, ¿por qué los tramperos y las compañías peleteras no fueron capaces de establecer y llevar a cabo derechos de propiedad entre ellos mismos? Tal y como conjeturamos en el Capítulo 2, cuando las autoridades reguladoras están en condiciones de obtener beneficios sustanciales a partir de la creación de normas eficientes, es más probable que se creen y protejan las rentas a través de innovaciones institucionales, y no que se disipen. En el caso de la caza con trampas, diversos factores frustraron esa innovación.

En primer lugar, resultaba muy difícil organizar a los tramperos ya que había demasiados, estaban todos desperdigados geográficamente y, además, se desplazaban constantemente. Robert Utley estima que el número total de tramperos en su momento álgido era de aproximadamente 1000[268]. Wishart eleva todavía más ese número al incluir a los tramperos de México y Canadá. Sostiene que:

En total, en el verano de 1832 había en las montañas alrededor de 1000 tramperos americanos (quizás la mayor población que logró el sistema de trampas de las Montañas Rocosas). A esta suma habría que añadirle los 600 hombres que la Compañía de la Bahía de Hudson empleaba en Oregón y los numerosos, y en gran parte anónimos, tramperos mexicanos y americanos que trabajaban en el sur y el centro de las Montañas Rocosas desde las bases de Taos y Santa Fe[269].

Con unos 2000 tramperos diseminados y en continuo movimiento por todo el área de las Montañas Rocosas, habría sido difícil llegar a convenios colectivos acerca de cómo deberían ser o cómo se deberían proteger los derechos de propiedad. E incluso si se hubiera llegado a un acuerdo, asegurarse de su cumplimiento hubiera sido caro. La presencia del propietario (o de un agente del propietario) fue importante para la aplicación de los derechos de la tierra en la frontera, pero después de atrapar castores en una zona sin ningún otro tipo de uso productivo alternativo, mantener una presencia física era muy costoso.

El sistema de rendezvous podría haber aportado una manera de reducir los costes de coordinación, pero el sistema era precario, ya que incluso había competición por establecer la ubicación de los rendezvous. Como ya describimos anteriormente, numerosas compañías peleteras compitieron por ser las primeras en llegar al emplazamiento del rendezvous y, cualquier intento de restringir esta competición, habría tenido como resultado la aparición de lugares alternativos[270].

En segundo lugar, la competición entre las compañías era voraz. Si un trampero o un grupo descubría territorio fértil, otros se introducirían rápidamente. «La estrategia operativa de la Compañía Peletera Americana en las Montañas Rocosas era muy clara: Henry Vanderburgh y Andrew Drips (que eran los capitanes sobre el terreno) tenían la intención de seguir a las brigadas de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas para conocer los mejores lugares para poner trampas, y así capturar el comercio de los tramperos libres ofreciéndoles precios inflados por sus pieles»[271]. Joe Meek, un trampero de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas, describe el efecto causado por esta competición:

La compañía rival tenía la costumbre de aparecer en los lugares más inesperados, aprovechándose del conocimiento fruto de la experiencia que tenían los líderes de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas. Manipulaban a los tramperos y averiguaban la ubicación de su próximo rendezvous. Seguían su rastro, como si hicieran de guías de las zonas para poner trampas. Y vendían mercancías a los indios y, lo que es peor, también a los tramperos contratados[272].

Si los propios tramperos no reivindicaban ni defendían sus derechos en los territorios propicios para la caza mediante trampas, ¿por qué las compañías no organizaron su caza y su comercio para evitar la tragedia de los comunes? Hubo un precedente de la Compañía de la Bahía de Hudson en Canadá. Edwin Denig, el jefe comercial de Fort Union, en la confluencia entre el Yellowstone y el Misuri, explica cómo funcionaban las restricciones de la Compañía de la Bahía de Hudson: «Permiten a los indios atrapar en determinados arroyos en algunas estaciones, y sucesivamente prohíben la caza en ciertos lugares durante dos o tres años. El territorio en el que el animal (el castor) abunda, lo parcelan en porciones para la caza que se trabajan en rotación hasta que llega el tercer año. Entonces lo dejan para que se acumulen en el periodo intermedio de dos años»[273].

Ann Carlos y Frank Lewis sostienen que en aquellos lugares en que una compañía tenía un monopolio sobre el comercio de pieles (Fort Churchill en particular) respaldado por una acta constitutiva de la Corona, controlaba la caza de los indios negándose a aceptar pieles pequeñas y quemando algunas (por las que no pagaban), si el trampero traía una cantidad mayor de la que la compañía consideraba que era sostenible y rentable a largo plazo[274]. Carlos y Lewis hacen ver que este procedimiento generó una población sostenible de castores. Por el contrario, la sobreexplotación se producía en aquellos lugares en que la compañía se enfrentaba a la competencia de los franceses.

A diferencia de la Compañía de la Bahía de Hudson, la compañías peleteras americanas no tenían actas constitutivas que les dieran derechos exclusivos para la caza y el comercio en una región en particular. Las compañías americanas trataron de conseguir una regulación de la entrada a las zonas de caza americanas por parte del gobierno, pero su intento resultó infructuoso. En 1816, el Congreso prohibió que los comerciantes de pieles extranjeros operaran en territorio estadounidense[275]. En 1827, William Ashley le sugirió a Thomas Hart Benton, «Tal es la peculiar situación de nuestro país que, bajo regulaciones adecuadas, probablemente podríamos permitirnos una gran cantidad de pieles en los siglos venideros»[276]. Y, tal y como tratamos con anterioridad, el gobierno estadounidense trató de controlar la actividad a través de un sistema de licencias para el comercio, pero no para la caza. Desafortunadamente, no prosperaron ni las restricciones sobre los comerciantes extranjeros ni los intentos de licenciar el comercio.

Las políticas para restringir la entrada para la caza y el comercio fracasaron por dos razones. La primera, que los Estados Unidos carecían de un mecanismo de supervisión y aplicación en la frontera. La segunda, que a pesar de que los Estados Unidos hubieran adquirido buena parte de su territorio tras la compra de la Luisiana en 1803, las reclamaciones de la mayor parte de las zonas con abundantes castores estaban bajo disputa. Por ejemplo, los británicos disputaron todo el Pacífico Noroeste hasta 1846. En 1819, los dos países habían acordado que administrarían conjuntamente la región que va desde la cresta de las Rocosas hasta el océano Pacífico y al norte del paralelo 42, la actual frontera del sur de Oregón. La Compañía de la Bahía de Hudson empleó la reclamación británica de soberanía sobre la región como una justificación para la participación activa en el comercio de pieles, y frecuentemente atravesaba las Rocosas. Los tramperos de la compañía incluso trataron de crear un «desierto de pieles» en toda la divisoria continental al oeste de Oregón para evitar cualquier tipo de actividad americana en la zona. George Simpson, el gobernador de la compañía, dijo en 1827, «Si los animales con pieles se agotan en el país, los americanos no tendrán ningún incentivo para avanzar más lejos»[277].

La mayor parte del resto de la región estuvo bajo la disputa de México hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Como las reclamaciones de México y los Estados Unidos se superponían, cualquier esfuerzo para restringir la entrada estaba condenado al fracaso. En 1824, el gobierno mexicano trato de prohibir la caza a los extranjeros, pero los tramperos americanos evitaron esa restricción adquiriendo la ciudadanía mexicana[278]. D. J. Weber estima que hasta un tercio de la captura total en las Montañas Rocosas a principios de la década de 1830 se llevaba a cabo a través de Nuevo México[279]. Los capitanes de barco también hacían paradas en California de forma habitual y les compraban pieles a los tramperos[280]. De nuevo, la tragedia de los comunes prevalecía.

Los fuertes permanentes dedicados al comercio de pieles tenían el potencial de capturar las rentas de los lugares en que estaban situados y, por tanto, deberían haber tenido un incentivo por conservar la población de castores en la región de la que obtenían las pieles. Tal y como hace ver Wishart, puestos tales como Fort Union, Fort Tecumseh y Fort William «sirvieron de puntos de control para el comercio de pieles: eran centros de toma de decisiones, de recogida de pieles de otros puestos regionales dependientes y, a su manera, grandes centros comerciales»[281].

Sin embargo, la competencia sacó a relucir de nuevo su lado más oscuro. Para conseguir los mejores emplazamientos, los fuertes se tenían que establecer en el momento en que el actual valor actualizado del lugar se acababa de volver positivo (véase el Capítulo 2). Esta carrera por los mejores sitios para los fuertes habría disipado las rentas del lugar debido a la entrada prematura. En cuanto William Sublette se introdujo en el negocio peletero, en 1833, comenzó a «erigir centros de comercio adyacentes a la mayoría de puestos fijos de los que la Compañía Peletera Americana disponía en la parte alta del Misuri»[282]. Como consecuencia de la competición por buenas ubicaciones, «se levantaban más y más puestos duplicados en los arroyos y en las ensenadas, unos enfrente de otros»[283].

El factor final que contribuyó a la ausencia de derechos de propiedad en los territorios de caza de pieles fue lo poco que duró el mercado de castores. Hasta 1805 o 1806 no se tendió la primera trampa de cualquier tipo en las Montañas Rocosas, ni tampoco se habían organizados expediciones significativas hasta una o dos décadas más tarde. En el año 1840, el comercio del castor prácticamente se había terminado. Los derechos de propiedad evolucionan, pero no inmediatamente, en especial cuando hay tantos implicados, que provienen de etnias distintas y que ocupan un territorio de miles de millas de extensión.

El modelo económico de explotación de los recursos nos muestra que el uso racional se producirá a un ritmo que provocará que el valor de la renta del recurso aumente al mismo ritmo que la tasa de interés[284]. No obstante, la información de los precios en la Tabla 5.1 muestra que los precios de la piel decaen durante la mayor parte de este periodo[285]. Dada la caída de los precios, los tramperos y sus compañías tenían pocos incentivos para invertir en la protección de los territorios de caza. Y si tenemos en cuenta el descenso vertiginoso en la demanda que provocó el cambio de los sombreros de castor a los de seda en la década de 1840, en retrospectiva parece que sus expectativas estaban bien fundamentadas. Si hubieran atrapado de forma menos intensa, dejando que se propagasen más castores, los esfuerzos desperdiciados por cazar habrían tenido un retorno negativo. Si a la caída de los precios le añadimos el hecho de que los castores repoblaban rápidamente las zonas en las que se habían quitado las trampas, el incentivo para conservar el recurso se debilitó todavía más. Un observador escribió en 1854 que había notado que la población de castores había aumentado con rapidez en aquellas zonas en las que la caza había cesado después de 1840. En sus propias palabras, los castores eran de nuevo «bastante abundantes en todos los arroyos pequeños y en el Misuri y en el Yellowstone»[286]. En resumidas cuentas, invertir esfuerzo en definir y aplicar los derechos de propiedad en los territorios en que se atrapaban castores, tenía poco sentido económico.

TABLA 5.1

La tragedia de los comunes del búfalo

Un alegato todavía más dramático sobre la tragedia de los comunes es el exterminio del búfalo americano. De los 30 millones de bisontes que recorrían las llanura antes de que comenzase la caza extensiva comercial[287], hacia 1886 prácticamente todos habían sido exterminados, ya que tan solo quedaban unos pocos en cautividad y una pequeña manada salvaje en el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Es la rápida y completa aniquilación de las manadas de búfalos en las Grandes Llanuras otro ejemplo de fracaso institucional? Y, en caso afirmativo, ¿por qué ocurrió y cómo se podría haber evitado?

Algunos comentaristas atribuyen la práctica extinción del búfalo a la competición capitalista motivada por los beneficios. El destacado historiador del búfalo Andrew Isenberg, por ejemplo, argumenta que «la raíz del fracaso a la hora de regular la caza del bisonte se debe al pensamiento de la competición económica de mitad de siglo. Todo el mundo, incluidos los indios y los euroamericanos, estaba involucrado en una carrera por explotar los recursos con el único fin del beneficio personal. Reservar recursos para el uso exclusivo de cualquiera iba en contra del ideal competitivo»[288]. Prosigue:

Pese a que es del interés de todos preservar recursos comunes, tales como el bisonte, en una economía competitiva es de interés individual agotar los recursos disponibles con el fin de lograr la riqueza personal (…). Al igual que la sociedad industrial euroamericana, que cortaba árboles y extraía carbón y mineral de hierro a un ritmo alarmantemente destructivo, a mediados del siglo XIX la economía de los nómadas se basaba en la explotación insostenible de las manadas (…). Pero cuando los euroamericanos masacraron al bisonte para pacificar a los nómadas de las llanuras (…) expusieron la fragilidad de todas las sociedades, incluida la suya, que se apoyaba en la explotación insostenible de la naturaleza[289].

La competición y la sobreexplotación que describe Isenberg conviene analizarlas en un contexto institucional. La pregunta es, ¿cuáles eran los costes y los beneficios de establecer derechos de propiedad al bisonte o a su territorio? Para enmarcar el contexto, es importante comprender que el número inicial de búfalos era tan grande que pocas personas podían imaginar que se llegaría a su práctica extinción. También debemos entender que se desplazaban a lo largo de vastos territorios difíciles de controlar, que resultaba incluso más difícil transportarlos vivos a los mercados de la carne en el Este, y que además competían con el ganado por el costoso forraje. Por todas estas razones, el búfalo simplemente no era un recurso valioso económicamente hablando. Ciertamente, el acceso libre aceleró el proceso de exterminio y, con toda probabilidad, acercó los números totales a cero más que en cualquier otro caso. Pero dado que resultaba menos costoso comerciar con los valiosos pastos a través del ganado que del bisonte, la rápida y amplia reducción de las manadas de búfalos fue probablemente inevitable.

EL COMERCIO DEL CUERO Y DE LA PIEL

La mayor parte de las primeras transacciones comerciales que afectaron a la cantidad de búfalos en las Grandes Llanuras, se realizaron a cambio de su pelaje, esto es, de su cuero con su pelambre. Se mataba a los búfalos durante el invierno y las mujeres indias curtían cuidadosamente el cuero. Los pelajes resultantes eran para los indios mercancía valiosa con la que comerciar. A diferencia de lo que sucedía con los castores, las pieles de bisonte eran asunto de los indios más que de los blancos[290]. En la década de 1840, el mercado de San Luis disponía de una media de 90 000 pelajes al año, una cifra que aumentó hasta los 100 000 durante las dos siguiente décadas[291].

La masacre del búfalo se aceleró de forma dramática durante el último cuarto del siglo XIX debido a tres razones. La primera fue que la derrota de los indios sioux en las batallas de 1876 y de 1877 provocó que los blancos pudieran cazar búfalos de forma más segura. En segundo lugar, la extensión de la Northern Pacific Railroad (Vía Férrea del Pacífico Norte) al oeste de Bismarck, Territorio de Dakota, redujo los costes de distribuir las pieles en el mercado. Y la tercera y última razón, quizás la más importante, es que el cuero reemplazó a los pelajes como materia prima para la confección de pieles, convirtiéndose en el producto principal del búfalo. Los indios solían curtir los pelajes de piel de búfalo que, para que fueran de la mejor calidad, debían cazarse en otoño o al comienzo del invierno, que es cuando tenían el pelambre más espeso. La transición de las pieles a pieles hechas a partir de cuero, fundamentalmente para su uso industrial como correas, significó que la calidad del pelo ya no importaba, por lo que se podía cazar el búfalo en cualquier momento del año.

Five Minute’s Work, Montana, 1880, de L. A. Huffman. El cuasi total exterminio de las manadas de búfalos se menciona a menudo como ejemplo de la forma en la que los colonos blancos explotaban los recursos naturales del Oeste. Como no era económicamente viable establecer derechos de propiedad para los búfalos vivos ni transportarlos a los mercados del Este, la única manera que tuvieron los colonos de capturar un beneficio sostenible de los pastos de las Grandes Llanuras fue exterminarlos y sustituirlos por ganado. Por cortesía de la Coffrin’s Old West Gallery, Bozeman, Montana.

Los cazadores de cuero solo se llevaban las pieles, dejando que los cadáveres se descompusieran y, por lo tanto, reduciendo el tiempo que se tardaba en procesar a un animal. De una vez podían llegar a matar hasta un centenar de bisontes; primero mataban a la hembra que iba al frente, lo que producía que el resto de la manada se pudiera a deambular sin rumbo[292]. La dificultad de coordinar el tiroteo y de despellejarlos dio como resultado un despilfarro tremendo a principios de este periodo, con un rendimiento de un solo cuero comerciable por cada tres búfalos muertos[293]. La reorganización de los grupos de cacería de búfalos redujo este desperdicio, probablemente hasta un porcentaje de un cuero por cada 1,25 búfalos muertos.

El efecto del cambio al cuero y el aumento en la demanda fue rápido. «Los búfalos del oeste de Kansas fueron arrasados en menos de cuatros años (1871-1874), los del oeste de Texas en menos de cinco (1875-1879) y los del este de Montana en poco menos de cuatro (1880-1883)». John Hanner estima que entre ocho y diez millones de búfalos recorrían las Altas Llanuras en 1870[294]. Una vez dio comienzo el comercio del cuero en 1871, el exterminio fue tan raudo que en 1883 los búfalos habían desaparecido prácticamente en su totalidad.

La aniquilación del búfalo fue tan rápida que pilló por sorpresa incluso a los cazadores. Resulta curioso que ni siquiera los cazadores de búfalos se dieran cuenta de que el final de la temporada de caza de 1882 a 1883 marcó también el final del búfalo, al menos como morador de las llanuras y como fuente de ingresos. En el otoño de 1883 casi todos se equiparon como siempre, a menudo a un coste de varios cientos de dólares, y buscaron despreocupadamente «los prados» que hasta entonces habían sido tan fecundos en pieles. En casi todos los casos se dio el mismo final, un fracaso total que llevó a la bancarrota. En efecto, era difícil creer que no solo millones, sino miles de búfalos, se habían ido para siempre[295].

NO SE PUEDE CERCAR AL BÚFALO

Dado el valor del búfalo al comienzo de la caza y su escasez en aumento, nuestra teoría predice que los emprendedores institucionales habrían tenido un incentivo para invertir en la definición y en la protección de los derechos de propiedad del bisonte. Pero por diversas razones, no prosperó.

Primero, los derechos de propiedad no se desarrollaron debido a la rapidez con la que se produjo la extirpación. Pese a que la caza por parte de los indios redujo de forma significativa la cantidad de búfalos en las Grandes Llanuras en el periodo comprendido entre 1840 y 1870, todavía quedaba una manada muy grande, compuesta probablemente por entre ocho y diez millones, cuando empezó la caza en serio. Pero en cuanto comenzó en la década de 1870, el búfalo fue eliminado en apenas diez años. Dada la rapidez con la que se produjo y el hecho de que muchos cazadores de cuero de búfalo pensaron que las manadas simplemente se habían trasladado de región, la mayor parte de los que tomaban parte no percibieron la creciente escasez.

En segundo lugar, y como sucedió con el comercio de pieles de castor, el alto número de cazadores autónomos elevó el coste de la acción colectiva para crear derechos de propiedad y limitar el acceso. William Hornaday calcula que solo en los pastos del norte había unos 5000 cazadores y peleteros blancos[296]. Isenberg estima que en el invierno de 1872 y 1873 trabajaban en el oeste de Kansas entre 1000 y 2000 cazadores de pieles[297].

Un posible tercer factor fue el papel que desempeñó el ejército. Existe la idea generalizada de que los militares contribuyeron al exterminio del búfalo destruyendo la fuente de alimento de los indios, con el fin de pacificarlos[298]. Si bien el ejército en sí mismo no era lo suficientemente grande como para matar grandes cantidades de búfalos, sí que proporcionó protección y entregó municiones a los cazadores de cuero[299]. Sin embargo, y a la vista de las presiones mencionadas con anterioridad, es muy dudoso que el ejército jugase un papel importante en la desaparición del búfalo[300]. Un argumento bastante convincente contra esta teoría del ejército es el hecho de que el exterminio del búfalo en las llanuras canadienses se produjo tan rápidamente como en los Estados Unidos. Y eso que Canadá no tenía una política militar que favoreciese la matanza de búfalos como una manera de controlar a los indios[301].

La cuarta razón, y quizás la más importante, que explica por qué los derechos de propiedad del búfalo no se desarrollaron, es que los bisontes eran difíciles de controlar y gestionar. La propiedad y el control requerían que un propietario controlara una extensión de terreno lo suficientemente grande como para que los búfalos pastasen libremente o que, en su defecto, pudiera cercarlos. La política agraria de los Estados Unidos estaba dirigida a la agricultura sedentaria de las granjas de pequeño tamaño, y esto dificultaba el establecer la propiedad y el control de grandes extensiones de tierra (véase el Capítulo 9). La política de asentamientos durante el periodo de la caza estableció que un colono podía reclamar un máximo de 160 acres. Algunos colonos pudieron controlar un mayor acceso a través de múltiples reclamaciones y del fraude, pero rara vez los derechos de propiedad eran tan seguros como para establecer demandas para los miles de acres necesarios para establecer una manada de búfalos. Cercar al búfalo en un área más pequeña era improbable, ya que el alambre de espino no se patentó y produjo en cantidades comerciales hasta 1873, y porque además las leyes federales sobre la tierra prohibían el vallado en terreno abierto. En otras palabras, los costes de transacción artificialmente altos provocaron que fuera prácticamente imposible que nadie se plantease establecer la propiedad de una manada de búfalos.

Como el búfalo no se podía domesticar, tampoco servía para ningún tipo de agricultura sedentaria[302]. Los búfalos eran difíciles de manejar, en particular en las situaciones de mucho estrés, y no se les podía dirigir en manada ni conducir al mercado como con el ganado[303], tal y como informa Ernest Seton:

El búfalo de pura sangre no sirve como animal doméstico. En contacto con el hombre, su temperamento obstinado y a menudo feroz permanece intacto. Las hembras muestran una actitud combativa cuando están junto a sus crías, mientras que los machos se comportan así en todo momento, y uno nunca sabe cuándo van a estallar. Muchos hombres han muerto a manos de búfalos amansados pero, los que los conocen bien, confían menos en ellos[304].

Como el coste de transporte de la carne era muy alto a menos que se trasladase sobre la marcha, la carne de búfalo se abandonaba hasta su completa descomposición. En palabras de Hanner, «el cádaver de un búfalo solo tenía valor si se podía transportar hasta los clientes potenciales a un coste razonable. Para los carruajes que recorrían las llanuras resultaba tan exigente en términos de tiempo y esfuerzo transportar la carne que, incluso cuando hacía frío y esta se podía salvar, tan solo se aprovechaba la de los cuerpos sin vida de aquellos búfalos que hubieran muerto a poca distancia de una estación de ferrocarril»[305].

LA COMPETICIÓN CON EL GANADO

Argumentar que el bisonte se estaba volviendo cada vez más escaso y que, por tanto, no merecía la pena invertir en el desarrollo de derechos de propiedad, requiere que nos preguntemos: ¿no merecía la pena en comparación con qué? La respuesta es que en comparación con el ganado. Básicamente, los búfalos y el ganado consumían el pasto de las Grandes Llanuras y lo convertían en productos demandados en el Este y en Europa. De ahí que el emprendedor se tuviera que preguntar cuál era la manera más rentable de convertir la hierba en mercancías comercializables. El hecho de que el ganado se pudiera dirigir con facilidad hasta la vía del tren o incluso el mercado, hacía que fuera valioso por su carne y por su cuero, mientras que del intratable búfalo solo se podía aprovechar esto último[306]. En la década de 1880, el cuero de búfalo costaba 3 dólares, mientras que el de la vaca valía entre 20 y 25. Y conviene tener en cuenta que ambos precios eran válidos desde el punto de envío, como por ejemplo Miles City, en Montana[307]. En vista de esta diferencia de precios, no debería causarnos ninguna sorpresa que el ganado fuera una alternativa más rentable que el búfalo.

Así, al mismo tiempo que desaparecía el búfalo, se conducía al ganado a las planicies que tenían pastizales aprovechables (véase el Capítulo 8). Este proceso fue muy rápido, tal y como ya mencionamos anteriormente, toda vez que se produjo la pacificación india y la extinción del búfalo. En 1883, unas 500 000 cabezas de ganado pastaban en el este de Montana[308]. De hecho, la sustitución del búfalo por el ganado se produjo tan rápidamente que en 1890 había probablemente más ganado en las Altas Llanuras que en 1870[309].

SALVAR AL BISONTE

Pese a que el búfalo no resultaba rentable para la ganadería extensiva, hubo emprendedores particulares que evitaron la completa extinción de la especie. Los emprendedores individuales estaban más al tanto que el gobierno del casi total exterminio, y entendieron la importancia de conservar al menos a unos cuantos búfalos. En 1878, el ganadero Charles Goodnight capturó a unas crías de bisonte cerca de su rancho. En 1882, Frederick Dupree capturó seis crías en Montana y se las llevó a su rancho en Dakota del Sur. Y dos rancheros de descendencia india de Montana, Charles Allard y Michael Pablo, adquirieron los remanentes de manadas de búfalos de otras personas y capturaron algunos para ellos. Allard y Pablo se convertirían en dos de los criadores de búfalos más exitosos, proporcionando animales para múltiples intentos de repoblación en Canadá[310].

Los esfuerzos privados y sin ánimo de lucro también ayudaron a la preservación del bisonte. En 1905, un grupo de individuos pudientes formaron la American Bison Society (Sociedad Americana del Bisonte) y recaudaron dinero para ayudar a su preservación. El gobierno federal ayudó finalmente a la conservación del búfalo con la compra de 21 ejemplares para complementar la manada del Parque Nacional de Yellowstone en 1902, en constante descenso, y mediante el establecimiento en 1908 de la reserva natural National Bison Range en Montana. Excepto por la pequeña manada que habitaba el Parque Nacional de Yellowstone, todos los esfuerzos de conservación del bisonte se llevaron a cabo a través de la captura, un método caro y difícil.

Los esfuerzos por salvar al búfalo de la extinción total fructificaron. En 1996, más de 200 000 búfalos vivían en reservas privadas, y unos 11 000 lo hacían en manadas públicas[311]. Hoy en día, la concienciación pública y los derechos de los particulares son suficientes para asegurar su conservación.

Teniendo todo en cuenta, quizás la historia del bisonte americano estuvo cerca del nivel económico óptimo. Se trataba de animales majestuosos que poblaban la mayor parte de las Grandes Llanuras, y que constituyeron un recurso económico que respaldó a los indios y a los primeros colonos. Se les explotó con mucha celeridad a causa tanto del comercio de pieles como del de cuero, quizás más rápido de lo que lo hubieran permitido los derechos de los particulares. Sin embargo, es probable que se haya producido el nivel apropiado de conservación, si tenemos en cuenta el bajo valor económico del búfalo y lo sumamos al hecho de que era valioso principalmente como recurso recreativo.

Conclusión

Para entender mejor la saga del castor y del búfalo, nos debemos situar en un contexto en el que los emprendedores institucionales se enfrentaron a recursos que, o bien no eran valiosos, o no parecía probable que fueran a conservar su valor, y cuyo coste derivado de definir y proteger sus derechos de propiedad habría sido elevado. El resultado fue que se explotó tanto al búfalo como al castor muy rápidamente, ya que los tramperos y los cazadores compitieron entre sí por capturar las rentas. Los castores sí regresaron a la mayoría de sus hábitats originales después de que cesara la caza, en la década de 1840. El búfalo, sin embargo, padeció un exterminio prácticamente total y hoy en día solo pervive como curiosidad ecológica. En ambos casos, se pueden aprender muchas lecciones de la historia institucional de la época.

Los emprendedores institucionales tuvieron bastante éxito organizando el comercio del «oro suave», como se denominaba a las pieles, y también organizando la producción de pieles, pelajes y cuero. En un tiempo en el que organizar una producción en equipo era difícil, los emprendedores hicieron uso de contratos innovadores que compartían los riesgos y acertaban en los incentivos.

No obstante, estos emprendedores no gozaron de tanto éxito desarrollando derechos de propiedad para el castor y para el búfalo por dos razones. La primera es que las políticas federales hacían más difícil la definición y el cumplimiento de los derechos de propiedad. En el caso del castor, la ausencia por parte de cualquier nación de un control soberano claro sobre los arroyos de las montañas que habitaban, provocó que fuera difícil establecer normas que restringieran el acceso. El gobierno impuso costes de transacción artificiales al establecimiento de derechos de propiedad en las zonas de búfalos, restringiendo la posibilidad de vallarlas y demandando que solo se pudieran reclamar las parcelas más pequeñas bajo las leyes de asentamientos rurales.

En segundo lugar, y mucho más importante, los valores que se percibían a posteriori no siempre coincidieron con los valores vistos con previsión. De ahí que echemos la vista atrás hasta esa época y nos preguntamos por qué los tramperos y los comerciantes no conservaron a más presas. Muy simple, el valor del recurso esperado ex-ante no era lo suficientemente alto como para justificar que se pospusiera la caza. Y cuando los retornos de usos alternativos de los recursos complementarios eran más altos, ciertamente tenía sentido eliminar a los animales salvajes de la ecuación y sustituirlos por los domesticados. Lo que a simple vista parecen ejemplos clásicos de la tragedia de los comunes, si los analizamos con detenimiento veremos que, en realidad, son ejemplos de emprendedores institucionales respondiendo de forma racional a las limitaciones del beneficio y del coste propias de los tiempos que vivieron.

SEIS

En esas colinas hay derechos de propiedad [312]

Si aumentar el valor de los recursos es una causa fundamental para el cambio institucional, el descubrimiento del oro y de la plata tuvo que ser uno de los casos más dramáticos de formación de derechos de propiedad. Mientras los buscadores de oro corrían en dirección a las colinas, los emprendedores institucionales tenían una tarea a su medida. En lugares como California después del descubrimiento de Sutter’s Mill en 1848, y en Nevada tras el descubrimiento de Comstock Lode en 1859, la tierra pasó de prácticamente carecer de valor a ser extremadamente valiosa en cuestión de días o semanas. Los alborotados campamentos mineros que surgieron inmediatamente, dieron paso a imágenes de robos y de violencia por las luchas entre los mineros que reclamaban el oro.

Sin embargo, en realidad los mineros evitaron el juego de suma negativa que es la violencia, y optaron en cambio por establecer y proteger los derechos de propiedad. Para asegurarse de ello, la violencia se producía en los campamentos mineros pero «por lo general se reducía a unas pocas categorías especiales y no afectaba ni a todas las actividades, ni a toda la gente», en especial a los niños, a las mujeres y a aquellos ciudadanos respetuosos con las leyes. Pese a la violenta fama de la frontera, «los crímenes más comunes hoy en día (como robos, hurtos, asaltos y violaciones) no eran significativos»[313].

Ante la ausencia de un gobierno formal, los mineros de un lugar determinado se reunían y acordaban normas para establecer sus reivindicaciones y resolver sus disputas de forma pacífica. Su tarea resultaba incluso más difícil, ya que los arroyos en que cribaban y las vetas de las que extraían no habían tenido dueño antes. No obstante, en los campamentos mineros surgieron normas para el reparto del agua y de los minerales que todavía perviven hoy en día. Además, estas normas siguen al pie de la letra las predicciones de nuestra teoría, variando de acuerdo a los tipos y a los emplazamientos de los metales preciosos, y en relación a la tecnología empleada para extraerlos. Esta actividad de los derechos de propiedad era económica por naturaleza, ya que respondía a los beneficios y a los costes de la definición y de las medidas dirigidas a su cumplimiento.

Cuando se formaron los gobiernos territoriales y estatales, estos codificaron las normas de los campamentos mineros, pero el gobierno federal no se inmiscuyó en la legislación hasta 1866. Hasta entonces, la ley federal del suelo no había realizado una disposición para la exploración de minerales, ni tampoco para el establecimiento de derechos sobre los minerales en el Oeste. Los antecedentes en la regulación de la minería se remontan a la Land Ordinance (Ordenanza de tierras) de 1785, que especificaba que un tercio de todo el oro, plata, plomo y cobre que se encontrase en terrenos públicos pertenecía al gobierno[314]. Esta disposición se mantuvo solo hasta 1807, fecha tras la cual el gobierno nacional experimentó con un programa de arrendamiento (para las minas de plomo, fundamentalmente) diseñado con el fin de generar beneficios para el gobierno[315]. Sin embargo, las dificultades que entrañaba la ejecución de esta normativa provocaron que la política de arrendamiento estuviera condenada desde un principio. En 1846, el Congreso autorizó la venta de las minas de plomo y dio carpetazo a los intentos de alquilarlas. Más tarde, en 1866, el Congreso aprobó la Mining Law (Ley de Minería), la cual todavía rige en la actualidad la exploración de minerales y su desarrollo en terrenos públicos, lo que genera interminables controversias sobre a quién le pertenecen los minerales que allí yacen.

Las normas que rigen los derechos mineros y minerales evolucionaron literalmente partiendo de cero. Parte de la labor del minero que disponía de un conocimiento específico acerca de los recursos y de la tecnología minera consistía en desarrollar reglas para las explotaciones mineras. Los mineros no solo abrieron el camino de los derechos sobre los minerales a lo largo del Oeste, sino que también sentaron las bases para la ley del agua del Oeste. En este contexto, no nos debería llamar la atención que las normas variasen ostensiblemente dependiendo de si los metales preciosos yacían en arroyos, en la grava de la superficie o en filones bajo tierra.

Todo lo que reluce en California podría ser oro [316]

La primitiva ley de minería de California estaba basada en la ley española. Esta norma, pese a que estaba bien desarrollada, poseía una naturaleza compleja y consistía en una serie de regulaciones centralizadas diseñadas con el objetivo de producir beneficios para el gobierno. Según Charles Shinn, «las leyes mineras de Nueva España, y en especial las de México (…) constituyen el sistema especial de jurisprudencia más detallado, complicado y único que jamás se ha desarrollado en este continente»[317].

Después de que México asegurase su independencia de España en 1821, la influencia institucional española descendió rápidamente, en especial tras la declaración estadounidense de guerra contra México en 1846. El tratado de paz firmado en Guadalupe Hidalgo en 1848 cedió California a los Estados Unidos, pero especificaba que los derechos de propiedad mexicanos sobre la tierra y otros recursos debían respetarse siempre y cuando no entrasen en conflicto con la Constitución estadounidense[318]. De los catorce millones de acres que el gobierno mexicano había garantizado a individuos con anterioridad al tratado de 1848, nueve de ellos fueron confirmados por los Estados Unidos[319]. Estas concesiones, sin embargo, tuvieron poco impacto sobre la minería de California debido a que estaban situadas principalmente en zonas costeras, más que en las laderas de las Sierras, donde se había descubierto el oro. Además, tan solo diez días más tarde de que se firmara el acuerdo, el gobernador militar de California, el coronel Richard Mason, abolió las leyes y costumbres que regían la adquisición de derechos sobre la minería en terrenos públicos[320]. En su lugar propuso un sistema de arrendamiento, o bien la subasta de las tierras que disponían de recursos minerales, pero ninguno de los dos se llegó a adoptar.

Pero la razón principal por la que se abandonaron las leyes mexicanas y el sistema de arrendamiento nunca se llegó a poner en marcha, se debe quizás al descubrimiento de oro en Sutter’s Mill, actual Sacramento, el 24 de enero de 1848, tan solo nueve días antes de la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin un gobierno formal fuerte que reemplazara al gobierno mexicano de estructura vertical, los mineros tenían libertad para desarrollar desde cero sus propias instituciones mineras. El coronel Mason concluyó de manera formal cualquier posibilidad de que las leyes mexicanas de la minería rigieran los nuevos descubrimientos, e incluso si una legislación territorial hubiese tratado de aprobar los estatutos de la minería, esta hubiera sido ignorada debido a que la mayoría de los descubrimientos se produjeron en territorios federales. De ahí que los mineros hicieran tábula rasa a la hora de redactar sus nuevas normas.

Un poder externo nunca le impuso un distrito a ningún alcalde, ni a ningún abogado ni juez de paz. El distrito era la unidad de organización política en muchas regiones bastante tiempo después de la creación del estado. Y los delegados de distritos limítrofes se solían reunir para tomar decisiones relacionadas con las fronteras o con asuntos de gobierno local, e informaban de ello a su electorado en reuniones al aire libre, en laderas o a la orilla de un río[321].

Tras su descubrimiento en 1848, la fiebre del oro dio comienzo. A finales de ese mismo año, cuatro de cada cinco varones californianos eran mineros del oro[322]. La población de California aumentó de 14 000 en 1848 a 100 000 a finales de 1849, y hasta las 223 000 personas en 1852[323]. De las 100 000 de 1849, 40 000 se dedicaban a la minería y, en 1850, lo hacían 50 000[324].

El rápido influjo de mineros resulta todavía más impresionante si tenemos en cuenta por lo que tenían que pasar los inmigrantes para llegar hasta California a mediados del siglo XIX. Aquellos americanos de cualquier lugar al este del Misisipi que desearan viajar a los yacimientos de oro tenían tres opciones: podían embarcarse en un viaje de entre 4 y 8 meses alrededor del Cabo de Hornos en Suramérica; también podían viajar en barco hasta Panamá, o por tierra a través del istmo de Panamá y allí, mediante otra embarcación, llegar a San Francisco en un total de 35 días; y, por último, podían realizar una excursión de varios meses de duración a través del país desde varios puntos de embarque situados en Misuri. Las tres alternativas eran arduas, caras y arriesgadas, y muchos de los que se aventuraron nunca llegaron a su destino.

Una competición por el oro en las faldas de las montañas de California con más de 100 000 participantes parece la receta perfecta para que se produjera un conflicto violento o un desastre, tal y como predijo un periódico de la época:

Las regiones del oro en California se convertirán en un teatro de trágicos acontecimientos, el lugar de una matanza. El sol nunca ha alumbrado a una multitud tan variopinta como la que allí se dará cita Temblamos por el resultado que conllevará para la moral de la gente y para la paz del país. En la confusión que allí prevalecerá durante los siguientes 12 meses, la ley no tendrá poder, los derechos serán ignorados, la razón será derrocada y la fuerza bruta reinará triunfante[325].

El «teatro de trágicos sucesos» al final demostró no ser tan violento como el periódico había predicho, ya que los emprendedores institucionales con interés en la definición y protección de los derechos de propiedad desarrollaron normas efectivas para su gobierno y ordenación. Para asegurarse de ello, algunos mineros se lanzaron a la ya clásica competición por los derechos de propiedad, enfrentándose a duras adversidades con tal de descubrir los filones y las vetas de oro antes de que lo hicieran el resto. Pero esta competición se desarrolló de forma relativamente pacífica. En 1849, un observador se dio cuenta de que los campamentos mineros desarrollaron con celeridad una serie de normas que «situaron a los fuertes y a los débiles en una posición de igualdad, definieron las reclamaciones que podrían diferenciarse, protegieron las herramientas abandonadas en el suelo como prueba de su propiedad y permitieron que los aventureros se aferraran a sus derechos de manera tan seguro como si estos hubieran sido garantizados por una acta constitutiva del gobierno»[326]. Tal y como resumimos en el Capítulo 2, un rápido incremento en el valor de los recursos tiende a aumentar los esfuerzos necesarios para definir y ejecutar el cumplimiento de los derechos de propiedad de ese recurso[327], pero todavía deja en el aire si las reclamaciones de propiedad enfrentadas se resolverán de manera pacífica o violenta. Por ello se desarrolló una abundante cantidad de obras que examinan esta cuestión en el contexto en que las partes en conflicto se disponen a litigar o negociar[328]. A partir de esta bibliografía, queda claro que la decisión depende del coste estimado de negociar en comparación con el coste estimado de litigar.

John Umbeck aplicó este marco general a los campamentos mineros de California, en los que los demandantes residuales tenían un incentivo para conservar los recursos consumidos en el proceso de definición y ejecución[329]. Y lo que es más importante, tuvo en cuenta la productividad de las reclamaciones, el potencial de las mismas para las economías de escala de la minería y la habilidad de los mineros para emplear la fuerza unos contra otros. Todo esto debido a que la productividad estimada de las reclamaciones era relativamente la misma; a que había pocas economías de escala en la minería de los depósitos aluviales, en especial con anterioridad al uso de las técnicas hidráulicas; y dado que el revólver de seis tiros proporcionó a casi todo el mundo una habilidad pareja para ejercer la fuerza, los mineros tenían todos los incentivos para resolver sus disputas de forma pacífica (mediante la negociación) antes que resolverlo peleando (litigación). «Al contrario que las películas del Oeste que afirman representar este periodo de la historia americana, se registraron actos violentos con muy poca frecuencia. En vez de luchar por los derechos de los campos de extracción de minerales, los mineros llegaron a acuerdos contractuales que asignaron derechos de explotación mineral de una forma ordenada y (…) predecible»[330].

Las normas culturales aumentaron la tendencia de tratar de buscar soluciones de suma positiva. Tal y como lo veían Richard Zerbe y C. Leigh Anderson, «Las normas de ecuanimidad que derivan de aspectos culturales encarnados por instituciones familiares ayudaron a facilitar la acción colectiva y establecieron el orden entre los mineros del oro en California, ejerciendo como focos de atención para solucionar el problema de coordinación inicial. Estas instituciones promovieron la cooperación en los yacimientos de oro personificando principios justos y familiares»[331]. Estas normas culturales incluían un fuerte compromiso con el principio de primera posesión[332], con la justicia ejercida por la mayoría, y con los juicios con jurado para la resolución de disputas. Estas normas garantizaron que los mineros recurrían a la fuerza principalmente para defender derechos sobre los cuales se había llegado a un acuerdo, en vez de redistribuirlos.

Campamento minero de California. Los mineros que se apresuraron a hacerse ricos en los yacimientos de oro de California y Nevada provenían de todo tipo de ambientes y etnias. Para reducir las reivindicaciones territoriales y promover la inversión, los mineros establecieron reglas claras y aplicables acerca de lo que constituía una reclamación minera, el tamaño que podía tener y todo lo necesario para mantener su propiedad. Las disputas se resolvían en tribunales mineros, entidades jurídicas locales extralegales que normalmente estaban formadas por todos los mineros de una localización concreta. Kern Co.: Randsburg; cortesía de la California History Room, California State Library, Sacramento, California.

A pesar de ello, todavía se precisaba llegar a un acuerdo inicial para evitar la disipación de rentas, y algunos mineros se contrataron entre ellos antes de llegar a los yacimientos de oro para aclarar quién se quedaría con qué. Estos contratos iniciales que involucraban a 40 o 50 mineros especificaban la producción conjunta, con una carga de trabajo diaria obligatoria para todos los implicados, así como una división a partes iguales del oro encontrado[333]. Sin embargo, estos contratos rara vez funcionaron.

Esta capacidad para la autoorganización se produjo en centenares de compañías mineras en California. La primera de ellas se formó en 1849, antes de que los Argonautas[334] abandonaran sus hogares en el Este. Los potenciales buscadores de oro tenían una práctica habitual que consistía en unir sus esfuerzos en empresas conjuntas, de manera que se protegían mutuamente en la naturaleza despoblada a la que se dirigían, y además así podían compartir gastos. Los inversores del Este proveían a menudo de capital a estas compañías a cambio de participaciones.

La gran mayoría de estas empresas se desintegraron poco después de alcanzar California. Las elaboradas constituciones y actas constitutivas bajo las que la mayoría debía operar habían sido redactadas por personas que ignoraban las condiciones de California. Y una vez puestas en práctica, demostraban ser inviables[335].

Por todo ello, no resulta sorprendente que, dado el incentivo por eludir este sistema de propiedad conjunta, esto condujera a la disolución de estas compañías y a la creación de nuevos contratos. Cuando se desataba un conflicto entre los mineros de un campamento, se convocaba una reunión en la que se redactaba un contrato que especificara la manera en que se definirían y aplicarían los derechos de propiedad. Este contrato especificaba los límites del distrito, el tamaño de la reclamación permitida, y los métodos mediante los cuales se llevaría a cabo el cumplimiento de estas reclamaciones. También permitía el registro de concesiones, por lo general a través de alguno de los mineros más respetados en el campamento[336]. Los contratos típicos especificaban que, por ocupación, se entendía que cada minero podía reclamar no más de 100 pies cuadrados; que las reclamaciones adquiridas requerían de un recibo de venta certificado por dos personas sin interés en la misma y que certificaran la validez de la firma y su consideración; que un jurado compuesto por cinco personas resolvería las disputas en torno a las ventas; que una reclamación podría realizarse mediante la publicación de una notificación de intención que debía ser renovada cada diez días hasta que hubiera agua disponible para trabajar la reclamación; y que se considerarían como abandonadas y a las que se había renunciado, a aquellas reclamaciones de las que el minero se hubiera ausentado durante cinco días por razones que no fueran enfermedad o lesión[337].

Estos contratos reflejaron las características especiales de los distritos mineros y solían reformularse conforme aparecían nuevas informaciones o condiciones. En palabras del historiador del siglo XIX Theodore Hittell, experto en la minería de California: «Prácticamente cada barranco, marjal o banco de arena tenía sus propias normas. Las jurisdicciones solían cambiar con frecuencia y, mientras algunas se consolidaban en distritos más grandes, otras se dividían en unidades más pequeñas. Este cambio dependía fundamentalmente de la homogeneidad del emplazamiento dentro de la región minera, así como de lo conveniente que resultara para los mineros tener un lugar común de reunión»[338].

Uno de los estudios más completos que se han llevado a cabo acerca de los contratos es el de Umbeck, que reunió alrededor de 200 contratos originales de los campamentos mineros[339]. Estos contratos, por lo general, crearon derechos de propiedad a través del principio de primera posesión, y a menudo garantizaban una doble reclamación al descubridor del yacimiento. Por razones tanto de eficiencia como de equidad, los contratos limitaban el tamaño de la reclamación; de media, solían ocupar la extensión que un minero podía trabajar productivamente. Umbeck descubrió que se permitieron reclamaciones de mayor tamaño cuando la productividad estimada por acre era menor de la esperada[340]. Pese a que la limitación de la extensión de las reclamaciones estaba basada en la igualdad de oportunidad, esta limitación no se llevaba al extremo de que pudiera perjudicar a la productividad. De hecho, la igualdad de oportunidad no permitía el acceso ilimitado. Toda vez que un distrito había sido repartido por completo, estaban prohibido el acceso y la subdivisión ulterior.

Una vez que una reclamación se anotaba en el registro local y sus lindes se marcaban mediante estacas (en ocasiones con un aviso escrito en que figuraba el nombre del reclamante), se requerían otras indicaciones de uso. En algunos casos, se podían conservar los derechos de propiedad dejando herramientas en la reclamación pero, más a menudo, los distritos especificaban el número mínimo de días que debía trabajarse una reclamación al mes para conservar su título de propiedad. Se hacían excepciones en caso de enfermedad, y los requisitos se reducían o eliminaban por completo durante los meses de invierno, en los cuales a menudo no había agua disponible[341]. Los requisitos mínimos de días de trabajo conllevaban un desembolso en recursos, pero proporcionaban una manera poco costosa de determinar si una reclamación estaba todavía activa, y también de proteger sus derechos al asegurarse de que siempre hubiera suficientes mineros presentes como para defender sus reclamaciones frente a los forasteros[342].

La resolución de disputas era rápida y efectiva bajo las normas de los campamentos mineros. En 1849, un participante afirmó que «Aquí se aplican con demasiada celeridad los juicios, las sentencias y la justicia en general como para que robar salga rentable»[343]. Shinn nos proporciona una descripción de tales procedimientos:

Cuando los tribunales trataban cuestiones de vida o muerte, todo aquel que se presentaba tenía derecho al voto y a ser escuchado; pero cuando se decidía acerca de leyes relativas a las concesiones y al gobierno local, entonces los miembros de otros campamentos no podían votar. Al acusado (ladrones que saqueaban el campamento, ya fueran caballos o minerales, así como los asesinos) lo custodiaban hombres armados o se le ataba a un árbol. En tales casos, el tribunal de los mineros se congregaba inmediatamente, sin un aviso formal previo, sino de forma oral, pasando de reclamación en reclamación, de montaña en montaña, y que proclamaban, por ejemplo, que «habían atrapado al tipo que le había robado su esclusa a John Smiley la noche anterior». Entonces, la gran mayoría se reunía en el campamento, y el caso se juzgaba en alrededor de media hora (…). Si no había jurado, la decisión del caso la tomaban los mineros allí presentes, que se encargaban también de decidir el castigo. Este solía ser el caso habitual en los campamentos pequeños, donde solo se congregaban unos 30 o 40 hombres. No obstante, en los campamentos de mayor tamaño prevalecía el sistema mediante jurado[344].

Como la encarcelación precisaba de recursos que resultaban escasos para construir una celda y vigilarla, los castigos solían consistir en latigazos, el destierro del campamento y, en los casos más severos, el ahorcamiento[345].

Una vez que los derechos de propiedad de las concesiones habían sido definidos y se aseguró su cumplimiento, los mineros formaron contratos laborales y de capital eficientes con el fin de explotar los recursos.

Las exigencias del trabajo en las reclamaciones mineras requerían de al menos dos o tres personas trabajando juntas si pretendían emplear la fuerza lo mejor posible. El contrato legal de sociedad, frecuente en comunidades asentadas, se convirtió bajo estas circunstancias en una unión casi de hermanos, sagrada por la tradición del campamento y protegida por sus leyes. A los que la infringían se les trataba como cualquier otro crimen contra alguno de los mineros (…). Pronto aparecieron asociaciones mayores que trataban reclamaciones más grandes, o que convertían los canales de los ríos. Pero todas y cada una de esas asociaciones aparecieron en el momento en que fueron necesarias, ni un minuto antes[346].

Las reglas que regían las reclamaciones mineras en California establecieron exitosamente derechos de propiedad seguros que promovían una extracción del oro ordenada y eficiente, tal y como indican las cifras de producción de la Tabla 6.1. La efectividad del sistema de derechos de propiedad establecidos desde abajo que se llevó a cabo en California, viene confirmada por el hecho de que la legislación federal que formalizó este sistema de derechos no tuvo un impacto apreciable en la extracción del oro[347].

Llevarle agua al oro

En California, dominaba la minería de placeres. En ellos, el oro se encontraba mezclado fundamentalmente con gravilla y tierra que debía ser separada del medio mediante el uso de agua. Los requisitos de agua variaban dependiendo de la tecnología que se emplease. El bateo separaba el oro de la grava de los lechos a través del uso de agua que estaba disponible inmediatamente, pero tan solo podía procesar pequeñas cantidades de material. Las esclusas, en las cuales el agua discurría a través de una lámina de filtro para separar el oro, podían procesar más grava pero necesitaban mayores cantidades de agua, de ahí que hubiera que realizar inversiones adicionales para desviar el agua. Y la minería hidráulica, que empleaba agua presurizada para desplazar el oro de los sedimentos de tierra, necesitaba todavía más agua e inversión.

TABLA 6.1

Para asegurarse el agua e incentivar la inversión en su almacenamiento y trasvase, los emprendedores institucionales desarrollaron el sistema de apropiación previa que domina la ley del agua en el Oeste hasta hoy en día. Bajo este sistema, se le garantizaban a una persona o compañía los derechos del agua cuando desviaban el agua de su fuente; y cuando no se podía cumplir con todas las reclamaciones de agua, la prioridad en el uso de los derechos será para quien lo hubiera empleado antes (Prior in tempore, potior in iure)[348]. Bajo esta norma, las reclamaciones se adjudicaron teniendo en cuenta la fecha en que habían sido registradas. En los años en que había un caudal bajo de agua, las concesiones que se hubieran registrado tarde quizás no tendrían derecho a acceder al agua, pero los propietarios del agua tenían su derecho asegurado y una expectativa razonable acerca de cuánta agua podían reclamar según bajo qué circunstancias.

Bajo esta institución, las compañías del agua se organizaron para cavar zanjas, construir presas y levantar canales. En ocasiones, los canales llegaron a situarse a una altura sobre el suelo de 35 pies, y tenían una longitud de miles de pies[349]. Hacia 1857, se habían construido más de 4000 millas de canales, zanjas y tubos, con un coste total de casi doce millones de dólares[350]. Para asegurar una inversión de esta magnitud, era imprescindible tener asegurados los derechos sobre el agua, lo que estaba garantizado a través del sistema de apropiación previa.

Como el agua podía fluir entre distritos, la naturaleza local de las normas de los distritos causó algunos problemas para el desarrollo del agua. A causa de la falta de coordinación entre los distritos, se construían presas y desvíos por duplicado a lo largo de los flujos. El agua podía depositarse una vez, redirigirse a un emplazamiento de minería hidráulica, volver al río, trasvasarse una presa y desviarla de nuevo, y así continuamente[351]. Según Umbeck, «Aparentemente no había razón tecnológica por la que estos grupos no podrían haber construido una presa río arriba del lugar que estuvieran excavando, cavar una larga zanja que fuera del mismo tamaño que la suma de las zanjas que se encontraban separadas, y así ahorrarse los costes de construir diferentes presas. Sin embargo, no lo tuvieron en cuenta»[352].

Pese a que las normas originales de los distritos mineros evolucionaron con poco o ningún control legal formal por parte del estado o del gobierno federal, la legislación sí tuvo influencia a lo largo del tiempo sobre los campamentos mineros. En 1851, California aprobó la Civil Practice Act (Legislación de Prácticas Civiles), que estableció un sistema judicial y básicamente codificó los acuerdos a los que se habían llegado en los campamentos mineros. La justicia, al decidir en los casos de la minería, admitía como evidencia «los usos, costumbres o regulaciones establecidos o aplicados en las excavaciones, aceptando tales reclamaciones y sus usos, costumbres y regulaciones cuando estas no entrasen en conflicto con la Constitución ni con las leyes de este Estado, decidiendo sobre la acción»[353].

El gobierno nacional también se involucró pero, al igual que las leyes estatales, la mayor parte de su primitiva intervención simplemente codificó y reconoció normas habituales, o derechos consuetudinarios. En Sparrow contra Strong (1865), la Corte Suprema decretó que la norma local implicaba la misma sanción que la del gobierno federal[354]. En 1866, el Congreso aprobó la primera legislación minera que se ocupaba de la extracción de minerales en el Oeste. Reconoció el derecho al acceso a los terrenos públicos con el fin de buscar minerales, y proporcionó una patente para las reclamaciones a través de su ocupación y su mejora[355]. La Ley Minera de 1872 aclaró las provisiones de las ley de 1866[356].

La codificación central de los derechos consuetudinarios de los mineros podría haber reducido los costes de transacción de definir y aplicar los derechos de propiedad al proporcionar normas específicas y aplicables a todos los campos, pero además también abrió la posibilidad de usar unidades mayores del gobierno para redistribuir la riqueza. Las unidades de acción colectiva más grandes tienen el potencial de hacer descender los costes de transacción entre las jurisdicciones, pero también hacen aumentar el coste de abandonar las jurisdicciones que redistribuyen los derechos (véase el Capítulo 2). Un ejemplo de esta redistribución fue la Foreign Miner’s Tax (Impuesto a los Mineros Extranjeros), aprobada por el gobierno estatal de California en 1850. Este impuesto se diseñó para limitar el acceso a los mineros extranjeros imponiéndoles una tasa de 20 dólares al mes. Lo cierto es que los campamentos mineros locales también trataban de discriminar a los foráneos[357], pero estos podían evitar la discriminación trasladándose a otros campamentos o estableciendo los suyos propios. «Había muchos poblados habitad[358]os prácticamente en su totalidad por mexicanos, otros por franceses; en otros lugares había grupos de unos doscientos o trescientos chilenos que habían formado su propia comunidad. Los campamentos chinos eran muy numerosos. Y, aparte de todas estas colonias de extranjeros, cada pueblo de las minas del sur poseía una abundante población extranjera»[359]. En palabras de Philip Choy, «la formación de campamentos chinos en 1852 a lo largo de los ríos y de los cañones [fue] perceptible en toda la región del oro». Sin embargo, tales opciones desaparecieron bajo una única legislación nacional[360].

Lejos de convertirse en un «teatro de trágicos acontecimientos, el lugar de una matanza», los campamentos mineros en California fueron un banco de pruebas para la evolución institucional. Los mineros reconocieron la violencia como un juego de suma negativa y desarrollaron métodos eficientes para definir y aplicar los derechos de propiedad. Shinn concluye que, «Allá donde fuéramos, entre los que conocían la vida minera, aquello era un testimonio del éxito del sistema de autogobierno adoptado por los campamentos»[361]. De forma similar, Zerbe y Anderson creen que «la predicción de que las minas serían la viva imagen de la violencia caótica era errónea. En vez del gobierno de la anarquía o de la violencia, lo que emergió muy pronto en los yacimientos de oro de California fueron instituciones sociales y normas para la extracción de oro que confiaban en un sistema de reglas sin la violencia habitual. Cada campamento minero creó un contrato explícito, la mayoría de ellos escritos»[362].

Bajo aquellas colinas hay oro[363]

La minería en Nevada proporciona otro ejemplo de rápido desarrollo en un marco de vacío institucional. La extracción de oro en el oeste de Nevada se había estado produciendo a lo largo de la década de 1850, pero había producido demasiado poco como para provocar conflictos significativos. En una zona de unas 40 millas de extensión trabajaban tan solo cerca de cien mineros; de ahí que la competición por el recurso fuera mínima y que no hubiera incentivos para definir y proteger los derechos de propiedad[364]. Esto cambió rápidamente en enero de 1859, cuando dos irlandeses descubrieron Comstock Lode, uno de los hallazgos con mayores riquezas del Oeste[365]. El filón de Comstock era tan rico que, en 1889, había producido más del 12 por ciento del total del oro y de la plata que se había extraído en la historia de los Estados Unidos[366]. Entre 1859 y 1861, la población minera pasó de 100 a 20 000 personas.

Los campamentos mineros de California y Nevada tenían muchas semejanzas institucionales, pero también diferencias sustanciales. Al igual que el descubrimiento de oro en Sutter’s Mill, California, el hallazgo de Comstock Lode aumentó rápidamente los beneficios de definir y proteger los derechos, y tal y como nuestra teoría predice, los emprendedores institucionales respondieron inmediatamente con una amplia variedad de innovaciones institucionales. Además, al igual que sucedió en California, el temprano desarrollo institucional en Nevada floreció con independencia de las leyes mineras locales, estatales o nacionales. Las distintas leyes nacionales del suelo, tales como las Preemption Acts (Legislaciones sobre la Prioridad o la Preferencia)[367] y las leyes de asentamientos rurales, se aplicaron a terrenos sin minerales, puesto que el gobierno retenía la propiedad sobre todos los yacimientos[368], pero de todas formas estas leyes no tuvieron nada que ver con estos recursos. Ante la ausencia de leyes mineras formales mientras aumentaba con celeridad el valor de los recursos, fue necesaria una acción espontánea que previniera la anarquía y estableciera procedimientos fuera de la legalidad que creasen derechos de propiedad.

Los primeros esfuerzos por crear derechos de propiedad en Nevada se inspiraron en los de los campamentos mineros de California.

A los cinco meses del descubrimiento de la mena de Comstock, los primeros buscadores de oro que habían llegado al emplazamiento establecieron un gobierno formal para el campamento minero, Gold Hill. El Distrito de Gold Hill tenía normas escritas sobre el establecimiento y el mantenimiento de propiedades privadas, y las reglas estaban protegidas por un registro permanente de las reclamaciones y por un tribunal de mineros ad hoc. Tres meses más tarde se organizó un gobierno similar en Virginia City, y a principios de 1860 le siguió el Distrito de Devil’s Gate (…). En general, las regulaciones del campamento minero describían los requisitos establecidos para localizar una reclamación, el tamaño de las asignaciones individuales, los procedimientos para marcar los lindes de las parcelas y los requisitos de trabajo para conservar la propiedad. Si seguían las normas de los distritos mineros, a los reclamantes se les garantizaban derechos de posesión locales sobre el terreno mineral[369].

Una de las diferencias sustanciales entre los primeros descubrimientos de oro en California y los de Nevada fue la localización de los recursos. A diferencia de las reclamaciones en los placeres, los cuales se podían definir por los límites de su superficie, las reclamaciones sobre el cuarzo, como las de Comstock Lode, consistían en vetas profundas que requerían distintas formas organizativas y técnicas de extracción minera. Dado que el oro se encontraba bajo la superficie, la estructura de los derechos escogida por los mineros separó las reclamaciones sobre la superficie, de los derechos que había bajo la misma. Por ejemplo, las normas originales en el Distrito de Gold Hill permitían que a un reclamante tuviera derechos de la minería a lo largo de 200 pies en línea recta desde el filón[370]. El minero estableció derechos por descubrir la veta y entonces podía proseguirla bajo tierra, incluso si pasaba debajo de los derechos que otra persona tenía sobre la superficie. «Bajo esta teoría, la veta era la propiedad, y la superficie se convertía en un mero facilitador»[371]. En las reclamaciones de cuarzo se impusieron menores requisitos de trabajo debido a que resultaba más fácil proteger estas reclamaciones. A diferencia de los que sucedía con las reclamaciones de los placeres, en que un intruso podía comenzar a extraer oro directamente mediante una batea o una esclusa, el que quisiera aprovecharse de una reclamación de cuarzo debía invertir un capital significativo para poder excavar hasta la veta.

Las disputas sobre las reclamaciones del cuarzo se producían con más frecuencia que las de la minería en los placeres, debido a que las rutas que seguían las vetas eran menos obvias, en especial en el caso de las vetas «afluente» a las que se podía acceder desde distintos lugares de la superficie.

Las normas de los campamentos mineros definían claramente los límites de las reclamaciones que se encontraban bajo la superficie entre minas a lo largo de la misma veta, y estas no se ponían en duda. No obstante, esas mismas reglas resultaban menos evidentes en relación a los lindes entre minas de diferentes vetas. Esta falta de precisión para los límites se debía a la concesión de derechos extralaterales que permitía a los mineros proseguir su sección de la veta adonde quiera que fuera bajo la tierra. Estos derechos (…) permitieron que una mina discurriese por debajo de otra reclamación, siempre que las dos minas estuvieran accediendo a vetas distintas. Como consecuencia de la indefinición de los límites laterales, las ricas minas de Comstock estaban expuestas a reclamaciones «vampiras» que se aprovechaban del mismo depósito mineral mientras afirmaban que se trataba de una veta distinta[372].

Debido a las dificultades de establecer de forma clara derechos para acceder a un mineral valioso, la tarea de desarrollar derechos de propiedad más precisos redobló su importancia. La especialización en el proceso de definición y aplicación tenía sentido de nuevo, jubilando el anterior método que simplemente consistía en reunir a los mineros para que juntos resolvieran los conflictos. La necesidad de poseer mayor información acerca de la geología bajo la superficie y la dirección de las vetas hizo que los archivos permanentes y las instituciones se volvieran más importantes. Los expertos se volvieron necesarios para resolver las disputas, y las recopilaciones centralizadas de sus hallazgos provocaban beneficios no solo a nivel local.

Todo esto creó una fuerte presión para que hubiera más disposiciones formales y permanentes para la definición de los derechos y la resolución de las disputas[373]. En 1861, el gobierno federal garantizó un estatus territorial a Nevada presionado por la comunidad minera local. La legislatura de Nevada (territorial hasta 1864, cuando se concedió la estatal) consagró su atención a las cuestiones de los derechos de los minerales. Entre 1861 y 1866, aprobó 47 leyes acerca de estos derechos. Estas leyes se centraban fundamentalmente en resolver la cuestión de quién tenía derechos sobre las vetas extralaterales que se ramificaban desde una veta principal, en los procedimientos para arbitrar las disputas y en las evidencias que debían usar los tribunales para defender los derechos de propiedad frente a los que los infringían.

A causa de las dificultades para solucionar las disputas en torno a los derechos bajo tierra, los tribunales territoriales se vieron «desbordados ante la enorme cantidad de casos»[374]. Ciertamente, los costes de litigación de los mineros sumaban el 11 por ciento de los costes totales. Leshy declaró que en 1865 «el agrimensor general de Nevada estimó que una quinta parte de la dotación de 45 millones de dólares de Comstock Lode se gastó en litigios»[375].

Gary Libecap argumenta que los costes de resolver los casos de forma individual se elevaron tanto, que los estatutos del estado redujeron los costes de transacción:

Hacia 1868, los derechos de la minería en Comstock estaban bien establecidos (…). Mientras que en el periodo de seis años que va de 1863 a 1868, la [Corte Suprema de Nevada] tuvo treinta y dos casos de derechos de los minerales (el 60 por ciento del total que se tuvo en cuenta hasta 1895), en los siguientes seis años tan solo hubo siete casos; después de 1880, prácticamente cesaron las resoluciones de la Corte Suprema acerca de los derechos de la minería en Comstock (…). Las ley de los derechos minerales se definió con claridad en la promulgación de 178 estatutos y en los veredictos de la Corte Suprema en 1895, lo que contrastaba con las, por lo general, normas no escritas de 1858[376].

Mediante el empleo de análisis regresivos, Libecap muestra que la demanda de estatutos estatales y de fallos de los tribunales para resolver disputas se debía al valor de las concesiones mineras; esto es, la gente respondía a los mayores beneficios que aportaba definir y aplicar los derechos de propiedad. «El patrón del cambio legal en Nevada del campamento minero al gobierno estatal estuvo determinado por la necesidad de eficiencia, de reducir la incertidumbre de la posesión al tiempo que la competición por las ganancias de las minas aumentaba». Concluye que, hacia 1868, «los derechos privados sobre los minerales eran relativamente seguros, reduciendo la necesidad de hacer ajustes legales a mayores, incluso a pesar de que hubo pozos más profundos que condujeron a nuevas bonanzas cuyas cotas más altas se alcanzaron en 1876»[377].

Conclusión

La minería en el Oeste ofrece una prueba interesante de la hipótesis de que los derechos de propiedad se desarrollaron en respuesta a los cambios en los beneficios y en los costes. Debido a que la irrupción del oro y de la plata se produjo tan súbitamente, calcular la influencia en el aumento del valor de otros factores es relativamente fácil. Tanto en California como en Nevada, los mineros encontraron modos efectivos de definir y aplicar los derechos de propiedad rápidamente. Los grupos de mineros eran tan pequeños que el ahorro en recursos resultante de diseñar y adjudicar normas fue obvio. Pese a que la mayor parte del cambio institucional no se dio en forma de redistribución, sino de creación de derechos de propiedad y en su reempaquetado en nuevas formas contractuales de producción. En California, la mayor parte de la actividad alrededor de la definición y la protección de los derechos tuvo lugar a nivel local, extralegal, a pesar de que finalmente se ratificó y codificó a través de la acción del estado y de los tribunales. Nevada, en cambio, adoptó rápidamente un sistema legal formal debido a la complejidad de establecer derechos de propiedad a las vetas subterráneas, y dado el regreso a la especialización que se produjo en la definición y en la protección. Incluso allí, la fuerte influencia de la minería en la economía estatal provocó que las normas se centrasen en la creación y en la defensa de derechos de propiedad, más que en su redistribución[378].

SIETE

Los gobiernos de las caravanas

Al igual que los campamentos mineros del Oeste, los grupos móviles de personas que cruzaban las Grandes Llanuras en búsqueda de las riquezas de la tierra se enfrentaron a un vacío legal que debía llenarse si pretendían completar su arduo viaje. Una vez que salían de Independence, St. Joseph o cualquier otro punto de partida, dejaban atrás la infraestructura institucional conocida como gobierno formal. A cada grupo le correspondía desarrollar sus propias normas, necesarias para controlar a sus miembros y protegerse de los forasteros (principalmente de los indios), para resolver disputas entre los miembros del grupo y para organizar la producción de bienes públicos que precisaban del trabajo en equipo, tales como cruzar arroyos, cazar y enfrentarse a los indios. En resumidas cuentas, estas sociedades migrantes tuvieron que formar sus propios gobiernos.

De esta forma, los 300 000 emigrantes que desafiaron el peligroso paso entre las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas entre 1840 y 1860 pusieron a prueba centenares de experimentos institucionales (véase la Tabla 7.1). Desde 1841 hasta 1848, un viaje por tierra a California u Oregón llevaba una media de 164 días[379]. En consecuencia, los viajeros tenían que partir lo antes posible en la primavera para alcanzar su destino antes del comienzo del invierno. En el periodo que va de 1850 a 1860, la duración del trayecto se redujo hasta los 116 días debido a la mejora de las rutas y de los ferris y los puentes, así como la aparición de atajos que acortaron las distancias. Sin embargo, el viaje seguía siendo arriesgado y arduo, y llevaba a los emigrantes a sus límites.

TABLA 7.1

MAPA 3. Las rutas de los emigrantes.

¿Por qué emprendía este peligroso viaje tanta gente? La respuesta, por supuesto, es que vieron rentas potenciales en los recursos del Oeste. La primera oleada de viajeros por tierra consistió en colonos que pretendían reclamar tierras en el valle de Willamette, en Oregón. Con anterioridad a 1840, varios misioneros protestantes de Nueva Inglaterra viajaron con caravanas comerciando con pieles por todo Oregón[380]. Sus experiencias provocaron que un goteo de colonos comenzara a dirigirse hacia el oeste en 1840, y pronto ese goteo incesante se desbordó. La segunda gran oleada de viajeros en 1848 consistió en mineros que se apresuraron a los yacimientos de oro de California. La noticia del descubrimiento de oro en Sutter’s Mill se propagó rápidamente durante la primavera y el verano de ese año y, en 1849, miles de personas cruzaron las Grandes Llanuras para demarcar sus reclamaciones. La oleada final, que siguió de cerca a la de los forty-niners[381], estuvo formada por mormones que escapaban de la persecución religiosa iniciada en el Medio Oeste.

Las riquezas esperadas debían ser enormes habida cuenta del alto coste de realizar el viaje. De hecho, a la primera vez que se observaba la inmensidad de las Grandes Llanuras y se llegaba a la conclusión de las dificultades que habría a continuación, se la denominaba como «contemplar el elefante»[382]. Las enfermedades, en particular el cólera, la brucelosis y el escorbuto, provocaban un gran sufrimiento en las rutas. En los vados de los ríos se producían ahogamientos con frecuencia. Los accidentes por arma de fuego también conllevaban un riesgo. Trabajar con caballos de montar y de tiro causaba la rotura de extremidades, así como otro tipo de lesiones. John Unruh estima que la mortalidad durante la travesía era de un 4 por ciento, un poco mayor que el 2,5 por ciento de probabilidad a la que afirmaba que los emigrantes se hubieran expuesto de haberse quedado en casa[383].

Pese a que es un dato importante, la tasa de mortalidad entre los emigrantes que realizaban la ruta por tierra nos da una imagen incompleta de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente. El viaje de 2000 millas en dirección hacia la Costa Oeste llevaba a la gente y a sus animales al límite durante entre cuatro y seis meses implacables. Todo se sumaba a los costes del viaje: las tormentas, las averías en la caravana, la dieta espartana y los conflictos interpersonales. A menudo se tenían que descartar posesiones durante el viaje con el fin de aligerar los sobrecargados carros. Una gran cantidad de emigrantes experimentó momentos de hambruna. Pero el hecho de que tantas personas completasen estas migraciones por vía terrestre atestigua la voluntad y la cooperación humana.

En vista de estas dificultades, nos podríamos preguntar por qué los emigrantes no esperaron a que la información y el transporte mejorasen para hacer el viaje menos costoso. De nuevo, la respuesta la encontramos en la carrera por los derechos de propiedad. La única manera de obtener derechos de propiedad sobre la tierra consistía en poseerla antes que nadie. De ahí que una persona que ansiase un terreno no pudiera esperar a que el valor neto actual de las rentas se volviera positiva, ya que entonces otro individuo le adelantaría y conseguiría antes el recurso. Combinemos esta competición con el alto coste de obtener información acerca del valor del terreno, y entonces no resulta sorprendente que algunas personas infravalorasen el retorno neto del viaje y fracasasen en su empresa. Dado que cada parcela de terreno tenía un potencial y unas características diferentes, sumado a que la comunicación desde las nuevas regiones era algo esporádico, provocó que antes de su llegada pocos emigrantes conocieran con exactitud la disponibilidad y la renta que generaría la tierra. Resulta igualmente llamativo que no hubiera una mayor disipación de rentas si tenemos en cuenta las dificultades añadidas de reunir el capital necesario para el viaje y de prevenir que los miembros de los grupos que cruzaban las llanuras no holgazaneasen.

Por otro lado, los acuerdos contractuales establecidos por aquellos que tenían un gran interés en organizar un viaje exitoso solían promover el orden en la travesía y reducían la disipación de rentas (véase el Capítulo 2). Las normas en las que se habían puesto de acuerdo antes de comenzar el viaje y su adaptación a las nuevas circunstancias durante el viaje se adecúan a nuestra teoría de la evolución institucional.

Las constituciones del elefante

Los individuos e incluso los grupos pequeños habrían tenido poco éxito cruzando las Grandes Llanuras. Aunque unos pocos hicieron el trayecto solos, en palabras de John Reid, «La combinación de recursos fue la técnica empleada por un largo porcentaje de viajeros que cruzaban las llanuras para conseguir realizar el viaje. Muchos, la mayor parte de los individuos en grupos pequeños que habían abandonado el río Misuri, quizás nunca habrían empezado si no hubieran podido compartir el elefante»[384].

Debido a que cruzar las Grandes Llanuras debía ser un esfuerzo conjunto, los viajeros astutos desarrollaron las normas de la acción colectiva antes de comenzar la travesía. Casi todos los grupos adoptaron acuerdos similares a constituciones antes de iniciar el viaje. Un acuerdo típico decía lo siguiente:

Acordamos como firmantes que nosotros, miembros de la Compañía de emigrantes a California del Condado de Green y Jersey, nos encontramos ahora en St. Joseph; y que en vista del largo y difícil viaje que nos espera, estamos de acuerdo en que nuestros propios intereses precisan para nuestro objetivo de seguridad, comodidad y buenos sentimientos y, lo que es de mayor importancia todavía, de la prevención de demoras innecesarias, la adopción de reglas y regulaciones estrictas que nos gobiernen durante nuestro avance: y lo hacemos mediante nuestras firmas en esta resolución, en que nos comprometemos los unos con los otros a respetar todas las normas y regulaciones que se tomen a votación de la mayoría de la compañía para su regulación durante nuestro viaje[385].

De la misma manera, la Union Emigration Company comenzaba su constitución en 1849 de la siguiente manera: «Los aquí firmantes acordamos establecernos en una compañía para nuestro beneficio y protección mutuos con el fin de emigrar a California, y prometemos protegernos los unos a los otros y a nuestras respectivas pertenencias en todos los casos justificables, así como ajustarnos a la constitución y a las leyes»[386]. Las constituciones especificaban por los general un grupo de oficiales y una serie de responsabilidades para los mismos. También establecían la elegibilidad para votar y los criterios para las enmiendas. La mayoría también definían los castigos por quebrantar las normas y trazaban las directrices para disolver la compañía.

De la misma manera en que las economías de escala en la empresa moderna ponen énfasis en todo lo necesario para evitar que se eluda el trabajo, las economías de escala de prácticamente todas las actividades hicieron necesario que los emprendedores institucionales del siglo XIX tuvieran que establecer normas específicas para la producción. Ya fuera montar y desmontar el campamento, la defensa frente a los ladrones y los ataques de los indios, cruzar ríos, hacer pasar los carromatos cuesta arriba y cuesta abajo por pendientes empinadas, o cazar animales salvajes, todo se llevaba a cabo de forma mucho más eficiente si se hacía en grupos mayores que una familia. Los retornos de la producción conjunta se debían en parte a la indivisibilidad de los elementos necesarios para atravesar las llanuras. Por ejemplo, no tenía mucho sentido que todos tuvieran conocimientos acerca de la ruta si el conocimiento de un solo individuo podía ser empleado por muchos. De ahí que las caravanas de carretas extendiesen este coste al contratar a un guía experimentado que los guiase en la ruta. De manera similar, un carro típico equipado para el viaje era demasiado grande para una sola persona, y por lo tanto la poseían y la usaban entre cuatro o cinco. Lo mismo sucedía con otro capital humano, como las habilidades para la medicina o para la caza, y para el capital físico, como los animales de tiro y las herramientas.

Una forma contractual que evolucionó para lidiar con los problemas de la producción conjunta fue el conocido como mess[387]. En este acuerdo que se rige contractualmente, los individuos comprometían su propiedad a la producción conjunta con el objetivo de atravesar las llanuras, pero retenían su propiedad, y esta debía remitírseles al final de la travesía. Estos contratos especificaban las condiciones generales bajo las que se emplearía la propiedad y los criterios que regirían los usos específicos imprevistos que podrían aparecer a lo largo del camino. Se podía convocar una reunión del mess mediante quórum, para el que por lo general el contrato especificaba que eran necesarios entre tres y siete miembros de la caravana. Normalmente, el capitán de una caravana que operaba como mess tenía el poder para determinar la hora de comienzo y la hora de parada, la velocidad de desplazamiento, la elección de la escolta y otras actividades de la producción conjunta[388]. El contrato del mess también establecía procedimientos para despedir al capitán en caso de que hubiera un número suficiente de miembros que no estuvieran de acuerdo con sus decisiones. Algunos contratos permitían que una mayoría simple lo reemplazase, pero otros requerían de al menos dos tercios[389].

Otra forma común de acuerdo durante el viaje fue el contrato de capital conjunto o de asociación, también conocido como acuerdo de asociación, en el que el equipamiento necesario para el viaje le pertenecía al grupo. En este acuerdo, los miembros contribuían una cantidad pareja a la de la formación original de la compañía, o bien aportaban animales de tiro o carretas que pasarían a pertenecer al conjunto de la caravana. Por ejemplo, «tres hombres jóvenes llegaron a Council Bluffs en 1854 con la misma cantidad de fondos pero sin equipo alguno, a excepción de una yunta de buey que pertenecía a uno de ellos». Al aportar su dinero, «compraron por 45 dólares un carromato desvencijado e inestable tirado por dos caballos, [y] por 60 dólares un par de cabestros salvajes que nunca habían sido domados»[390]. Estos contratos de capital conjunto también especificaban la manera en la que se disolvería la asociación, tal y como ilustra el siguiente ejemplo: «Los aquí firmantes hemos llegado a un acuerdo de asociación con el fin de ayudarnos a llegar a California, y por la presente acordamos dividir entre todos el capital conjunto y las ganancias que se deriven del mismo, en proporción a la cantidad invertida por cada uno. Tal división tendrá lugar tan pronto como sea conveniente tras nuestra llegada a destino»[391].

En algunos casos, las sociedades anónimas o las sociedades colectivas se unieron para formar un mess. Reid lo describe con un ejemplo:

Tres forty-niners, naturales de Wisconsin, poseían un carro entre ellos mediante una sociedad. Tras atravesar el Misuri a la altura de St. Joseph, estos tres «se unieron en un mess con otros cuatro». Esto elevó a siete el número total de personas que viajaron juntas hasta California. No se trataba de una sociedad de siete dueños de la mismas posesiones, sino dos sociedades distintas (una de tres miembros y la otra de cuatro), unidas en un mess de siete miembros[392].

La elección de la forma contractual dependía de las actividades que era probable que se fueran a llevar a cabo al final de la ruta. La mayoría de los emigrantes que se dirigían a Oregón planeaban dedicarse a la agricultura, ya que procedían de ambientes agrícolas. Solían poseer sus propios carros y animales de tiro antes del comienzo del viaje, y planeaban usarlos a su término. Por todo ello, lo más probable es que escogieran un acuerdo de tipo mess. Por otro lado, los buscadores de oro de California, que con anterioridad al viaje no poseían el equipo necesario para la producción conjunta, probablemente se unirían en sociedades anónimas o en sociedades colectivas. Consecuentemente, al llegar a los yacimientos de oro disolverían sus acuerdos, venderían toda su propiedad y dividirían las ganancias obtenidas entre sus miembros[393].

Sin importar el acuerdo contractual general escogido para organizar la caravana, también se tenían que negociar otros tipos de contratos con el fin de maximizar la cooperación y minimizar el conflicto. Por ejemplo, el puesto más favorable para situarse en una caravana era delante, donde el polvo no se convertía en un problema. De ahí que los propietarios rotasen su posición, y el carro que el primer día fuese encabezando la travesía, al día siguiente le tocaría ir al final, y así sucesivamente. Algunas compañías permitieron una excepción a esta norma cuando un solo individuo poseía más de un carro, en cuyo caso la regla sostenía que «iría en cabeza tantos días como carros tuviera, para luego hacer lo mismo a la cola de la caravana»[394].

Las caravanas también contrataban mano de obra de individuos que no eran miembros ni del mess ni de las sociedades por acciones. A través de estos contratos:

Muchos jóvenes vieron por primera vez el legendario Lejano Oeste al trabajar durante el camino a través de las llanuras. En ocasiones, el empleado debía pagar algo más, pero en general simplemente recibía alimento y transporte a cambio de su trabajo.

Durante la fiebre del oro, se revivió la vieja práctica de los trabajos forzosos o de explotación. Los especuladores ofrecían viajes a California a gastos pagos, siempre que el individuo luego se comprometiera a trabajar en las minas durante un periodo de tiempo determinado, un año normalmente, al final del cual el mecenas se reservaba una porción considerable de sus ganancias[395].

Entre aquellos que carecían de capital para contribuir a la mess o a las sociedades de capital conjunto, o que habían perdido su equipamiento durante el camino, resultaba habitual que se involucrasen en contratos de alquiler. Tal y como los describe Reid, «la práctica consistía en combinar conjuntos de propiedades complementarias entre sí como, por ejemplo, que Davidson emplee los animales sobrantes de Mann en sus propias carretas. Un caso similar tuvo lugar (…) cuando la señora Goltra “unió sus fuerzas a las de otro hombre y se deshizo de nuestro carro hasta que pudimos conseguir uno más ligero”»[396].

La resolución de conflictos durante la ruta

En medio de este orden social, aparecieron inevitablemente conflictos acerca de los derechos de propiedad y de los acuerdos contractuales de la producción conjunta. Y estas ocasiones precisaron de procedimientos para resolver las disputas. A diferencia del Oeste violento y desordenado, más propio del imaginario popular, la travesía terrestre fue, por lo general, un lugar en que se respetaron los derechos y se mantuvo el orden. Los malhechores fueron a juicio, y los dictámenes se tomaron con rapidez. Barbara Hansen nos muestra un ejemplo:

Un crimen brutal que provocó reacciones airadas por parte de los emigrantes tuvo lugar en una zona cercana a LaBonte. Lafayette Tate apuñaló brutalmente a un hombre llamado Miller, que era el líder de una sección de la caravana Al parecer, el hermano de Tate había desafiado las instrucciones de Miller de esperar a que el capitán de la caravana estuviera de vuelta (…). El asesino trató de escapar, pero pronto se le echó encima un grupo de quince hombres. Tate sostuvo que no había ley en las llanuras y que su juicio debía celebrarse en territorio organizado. Sus reclamaciones fueron ignoradas y en muy poco tiempo se escogió a un juez, a un abogado defensor y a un fiscal de entre las caravanas cercanas. Las justicia actuó con celeridad y esa medianoche colgaron al asesino por su crimen, para alivio de la mayoría de los emigrantes. Fue un alivio reafirmar que la justicia existía durante el viaje y que los viajeros estaban protegidos frente a aquellos elementos de la migración cuyo comportamiento era peligroso para el resto[397].

La resolución de los conflictos y la búsqueda de la justicia eran prioridades importantes para los emigrantes. Las caravanas solían cooperar para atrapar criminales, y en ocasiones hacían llamamientos entre sí para ayudar en las investigaciones o para proporcionar juicios más imparciales y castigos más justos[398]. Otra práctica interesante para conseguir que se empleara la justicia se codificó en una norma que «determinaba que, en caso de que se produjese cualquier disputa entre los miembros de una Compañía, estos deberán ser conducidos ante tres árbitros, uno escogido por cada una de las dos partes, y el tercero por los árbitros que hayan sigo designados, y cuyas decisiones serán inapelables»[399]. Reid resume así la naturaleza de la justicia entre los emigrantes durante el viaje:

[Los emigrantes] no eran justicieros ni reguladores que actuasen al margen de la ley establecida, dado que no había un mando soberano en el viaje por tierra. No había turbas enardecidas ejecutando su venganza sobre aquellos individuos que hubieran transgredido algún criterio de comportamiento ofensivo hacia una parte de la comunidad (…). Al igual que los emigrantes creían que tenían el derecho y el deber de arrestar a los delincuentes sospechosos, así como de determinar su culpa sometiéndolos a un juicio celebrado por sus iguales, también creían que tenían el derecho de imponer una sanción sobre aquellos que fueran condenados, que era su deber cívico castigarlos por ciertos actos «criminales»[400].

Por tanto queda claro que los emigrantes crearon y pusieron en práctica contratos que les permitieron cooperar en esfuerzos de producción conjunta. Esfuerzos que les proporcionaron a los viajeros retornos superiores a los que hubieran obtenido actuando de forma individual o en pequeños grupos. Mantuvieron un grado razonable de justicia, orden y respeto por los derechos de propiedad. El viaje al Oeste estuvo caracterizado por el comportamiento cooperativo ya que los individuos se beneficiaron del mismo. Los emigrantes asumieron los costes derivados de reglas que no especificaban los derechos de propiedad claramente, sino que promovían la disipación de rentas.

Recontratar para el elefante

Las constituciones y los contratos para la producción conjunta que se realizaron antes de que los emigrantes dejaran sus puntos de partida a lo largo del río Misuri formaron la base de la coordinación social. Pero los emigrantes no podía anticipar todas las condiciones que se producirían durante un viaje tan largo e incierto. De ahí que muchas veces fuera necesario recontratar o revisar los contratos a lo largo del camino.

Uno de los principales problemas organizativos en los puntos de partida era el tamaño apropiado de la caravana. Si esta era demasiado grande, la saturación de personas provocaría problemas para controlar a todos y a lo que se dedicaban, la abundancia de carros crearía congestiones en los vados de los ríos, y el exceso de ganado exigiría demasiado forraje a lo largo de la ruta. Por otro lado, si el tren era demasiado pequeño, la falta de gente minimizaría los beneficios de compartir el riesgo, y la escasez de capital pondría a las economías de escala fuera del alcance. Según Reid, las compañías se separaban en las rutas por tres razones, y todas tenían que ver con el tamaño óptimo: «la insatisfacción con el ritmo del viaje; las discusiones por conservar las propiedades necesarias para el camino; y el miedo de cargar a los animales con demasiado peso»[401]. El ritmo del viaje era un problema porque desplazarse demasiado rápido significaba un mayor estrés para los animales de tiro, pero ir demasiado lento pondría a la caravana en peligro de no llegar a su destino antes del invierno. El exceso de equipamiento y de pertenencias personales sobrecargaba los carros y ralentizaba el avance, pero demasiado poco significaría que no habría suficiente capital durante el trayecto o al llegar a destino.

Ajustar el tamaño de una caravana en marcha requería a menudo de la participación de otras caravanas, y que estas pudieran proporcionar carros adicionales o absorber los que hubieran sido excluidos. De este modo, al comienzo de la emigración en dirección hacia el oeste, cuando había pocas caravanas en el camino y estas se encontraban a mucha distancia unas de otras, reorganizar una caravana resultaba muy difícil o incluso imposible. Sin embargo, este problema se sosegó después de los primeros años porque el desplazamiento terrestre aumentó tanto que las caravanas llegaban a estar a la vista unas de otras.

Tal y como nos enseña la teoría de la elección pública, las reglas colectivas son importantes en caso de que se dé una reorganización ordenada. Los economistas James Buchanan y Gordon Tullock remarcan los problemas inherentes en base a dos tipos de normas. Por un lado, aquellos criterios que permiten a una pequeña parte de un grupo decidir por todos reduce los costes de la toma de decisiones, pero tiene el potencial de imponerles otros costes a los miembros que no deciden, y además sin su consentimiento. Por otro lado, los criterios que tienden hacia la unanimidad del grupo entero reducen el potencial de imponer costes a los que no deciden, pero eleva los costes de tomar decisiones[402]. La clave para tomar decisiones colectivas de forma adecuada está en encontrar un equilibrio entre los dos costes opuestos.

Las constituciones de las caravanas reflejaron la comprensión de la importancia de establecer buenas normas para la toma de decisiones colectiva antes de partir.

Las instituciones judiciales que desarrollaron tenían la intención de resolver las disputas y de mantener la armonía entre los miembros de una caravana mediante la adjudicación, en lugar de provocar conflictos cara a cara que además fueran potencialmente perturbadores. Este objetivo era especialmente relevante para las sociedades por acciones formadas por miembros que habían comprado el mismo número de participaciones, y que poseían los mismos derechos sobre la propiedad concurrente de la compañía. Se esperaba que más allá del río Misuri, la propiedad común se dividiría con dificultad y, para evitar controversias, debieron establecerse tribunales de adjudicación que resolvieran las cuestiones que podían producirse en torno al reparto justo de las participaciones[403].

Debido a que si una persona se retiraba de la caravana su decisión tenía implicaciones significativas para el resto, las normas para poder retirarse estaban especificadas muy claramente. El procedimiento era más simple para aquellas caravanas que estuvieran organizadas como un mess. Hansen pone el siguiente ejemplo:

La Sagamore Company, organizada en Lynn, Massachusetts, alcanzó su desenlace el 22 de junio de 1849, pero logró hacerlo a través de la acción democrática. Esa noche el primer mess hizo una petición para abandonar la compañía. Tras un debate libre, se tomó la decisión de proceder con la división de la organización. Los equipos y otros bienes divisibles se distribuyeron a partes iguales entre los miembros del mess, pero la propiedad que resultaba difícil de vender se subastó, y las ganancias fueron repartidas entre los inversores. El comité escogido para negociar las transacciones realizó muy bien sus funciones, lo que inspiró al escritor anónimo de un diario a afirmar que «todo es paz y armonía»[404].

Reorganizar las sociedades anónimas y las sociedades colectivas que tenían propiedades en común fue más complicado. «Una de las responsabilidades más pesadas de la propiedad, y a la que se tenían que enfrentar los individuos que eran miembros de las sociedades por acciones, era la norma incluida en muchos artículos del acuerdo por la que ningún miembro se podía retirar de la sociedad sin contar con la aprobación de un porcentaje específico de los socios. La sanción habitual consistía en la pérdida de los derechos de propiedad»[405]. A menudo, el proceso para reorganizar una sociedad anónima o una sociedad colectiva consistía en determinar el valor de la propiedad concurrente y luego dividirla entre los miembros. En un caso concreto, «lo que había sido propiedad de la compañía se redistribuyó en tres pasos. Primero, a cada miembro que hubiera contribuido a “una evaluación extra o a cualquier parte de la misma” se le reembolsaba con dinero en efectivo. A continuación, “aquella propiedad que pudiera dividirse” se dividía en participaciones individuales. Por último, se vendía el balance y las ganancias correspondían a los inversores»[406]. Rein concluye que, incluso en estos casos complicados, «hubo al menos tantas disoluciones de asociaciones de forma amigable como con rencor»[407].

La migración mormona a finales de 1840 nos ofrece un ejemplo de cómo la homogeneidad de un grupo y el sentimiento de pertenencia personal redujeron los costes de transacción en la acción colectiva. Expulsados de Nauvoo, Illinois, a causa de la persecución religiosa en 1846, 2200 emigrantes se abrieron paso hasta llegar al valle del Gran Lago Salado en 1847. El número de emigrantes mormones aumentó durante las siguientes décadas; en 1860, más de 40 000 habían completado el viaje[408]. La homogeneidad cultural y religiosa, así como la voluntad de organizarse en torno a una disciplina centralizada, redujeron el coste de controlar los costes de agencia[409]. Por ejemplo, la migración de 1848 incluía 566 carros, 3000 bueyes y aproximadamente unos 2000 emigrantes[410], mientras que la típica caravana no mormona consistía en 10 o 20 carros y unas 50 personas[411].

Incluso sin contar con la homogeneidad de los mormones, la mayoría de los emigrantes que se enfrentaron a las nuevas condiciones y a las difíciles circunstancias del viaje fueron capaces de establecer el orden en un mundo de anarquía. No solo se respetaban los derechos de propiedad, sino que cuando las normas existentes eran inadecuadas, se producía la recontratación con tal de evitar la disipación de rentas. Los implicados tenían una buena razón para crear instituciones que promovieran la cooperación, habida cuenta de que sus grupos eran lo suficientemente pequeños como para hacerse con ganancias fruto de un diseño institucional eficiente.

Una importante excepción durante el viaje fue la competición por ser primeros. Las caravanas partían lo antes posible de Independence o de St. Joseph, Misuri, para poder asegurarse los pastos a lo largo del trayecto para sus animales. Pese a que algunos emprendedores vendieron heno y derechos de pastoreo, la mayor parte de los campos tenían la consideración de un recurso de libre acceso, lo que produjo una sobreexplotación de los mismos. Las caravanas también compitieron por la posición durante la travesía, ya que avanzar por detrás de una caravana cercana era incómodo y levantaba una gran polvareda. La siguiente explicación de un emigrante captura la esencia de esta particular carrera:

[Nosotros] habíamos calculado que pararíamos hoy, pero esta mañana muy temprano descubrimos que habíamos acampado justo entre dos grandes rebaños de ganado, Baker por delante de nosotros y Pomeroy justo detrás. Hacia las 3 de la mañana escuchamos cómo se acercaba el ganado de Pomeroy, así que en quince minutos nos despertamos y nos pusimos en camino; estábamos determinados a no tragarnos el polvo y los restos que dejasen dos manadas de reses. En el camino resulta casi imposible adelantar a una recua, e ir detrás supone tragarse tanto polvo que apenas se puede respirar[412].

Los emprendedores del elefante

El elevado número de personas que cruzaban las Grandes Llanuras creó un mercado de bienes y servicios durante la travesía. Pronto, los emprendedores llenaron ese nicho. Tal y como explicamos con anterioridad (véase el Capítulo 4), las ganancias potenciales derivadas del comercio motivaron más transacciones comerciales que enfrentamientos entre los indios y los blancos.

El que se produjera una importante interacción beneficiosa con tanta frecuencia, contradice el mito ampliamente difundido de que entre los valientes emigrantes y los traicioneros indios solo se produjo una incesante guerra (…).

Mientras que un número relativamente pequeño de exploradores confiaba en los indios para obtener información u orientación en las rutas, muchos les confiaban sus bienes, pertenencias, carros e incluso familias a nadadores y barqueros indios en los vados de los ríos más peligrosos del viaje. La mayor parte de esta ayuda prevaleció en el margen de Fort Hall que pertenece a Oregón, en los vados de los ríos Snake y Deschutes, y en especial al navegar río abajo el Columbia desde The Dalles[413].

Los emigrantes comprendieron la importancia de los derechos de propiedad para poder realizar intercambios pacíficos, y además parece ser que respetaban los derechos de propiedad de los indios.

Los emigrantes sabían y actuaban con la convicción de que, salvo la propiedad robada, a los indios les pertenecía todo lo que poseían. Si pretendían hacerse con un caballo indio, los emigrantes debían comprarlo, si querían hacer uso de una balsa india, negociaban con sus dueños para poder alquilarla. Ya hemos visto que había numerosos comerciantes indios a lo largo del viaje, y que vendían desde productos como verduras y salmón hasta utensilios de madera tallados a mano. Esto implica que los indios esperaban que los emigrantes les comprendieran y que actuasen en base a sus propias nociones de la propiedad privada[414].

Wagon Boss, de C. M. Russell. Los emigrantes que partían en caravanas sabían que se estaban embarcando en un viaje arriesgado y que la cooperación era clave para el éxito. Antes de partir redactaban contratos detallados (constituciones) que asegurasen la cooperación, y en los que se especificaban responsabilidades y métodos para resolver disputas. Los acuerdos también disponían a menudo los mecanismos a través de los cuales se podían disolver las caravanas, así como la manera en que se repartiría la propiedad común. Por cortesía del Gilcrease Museum, Oklahoma.

Los establecimientos comerciales que aparecieron durante los años del comercio de la piel (véase el Capítulo 5) estaban estrechamente relacionados con el comercio con los indios. Conforme el comercio de la piel fue perdiendo en importancia, estos puestos avanzados evolucionaron hacia fuentes significativas de aprovisionamiento para los emigrantes que realizaban la ruta terrestre. Con frecuencia, los viajeros se quedaban en estos puestos durante una semana o incluso más, mientras sus animales descansaban y aprovechaban para aprovisionarse de nuevo. Tres establecimientos comerciales fueron especialmente importantes para la ruta de Oregón: Fort William, en la confluencia de los ríos Platte y Laramie; Fort Hall, próximo a la confluencia de los ríos Snake y Portneuf; y Fort Boise, cercano a la desembocadura del río Boise[415]. Los dos últimos operaban bajo el control de la Compañía de la Bahía de Hudson, que vio una oportunidad rentable en la necesidad de provisiones y de animales de tiro y para montar por parte de los viajeros, ya que debían sustituir a aquellos que se habían agotado durante el viaje.

La demanda de animales de tiro o carga durante la ruta creó una oportunidad para muchos montañeses. Ya en 1841, cuando apenas había emigración, el montañés Joseph Reddeford Walker llevó caballos y mulas hasta el valle del río Green, el lugar desde donde comerciaba con caravanas. En 1843, Jim Bridger levantó un establecimiento comercial en la esquina sudeste de lo que hoy en día es Wyoming, afirmando que los viajeros estaban «bien provistos de dinero pero, para cuando lleguen allí, lo que querrán será todo tipo de provisiones. Los caballos, los suministros y la herrería les arrebatan todo su efectivo»[416].

Los establecimientos comerciales ofrecían rentas por su ubicación siempre y cuando estuvieran situados cerca de la senda terrestre. Pero cuando se descubrieron las nuevas rutas, los comerciantes tuvieron que ir en la busca de las caravanas. Por ejemplo, cuando una nueva ruta pasaba por el establecimiento comercial de Bridger, su socio, Louis Vasquez, realizó continuos viajes de negocios a la nueva ruta. Unruh comenta que «Los comerciantes móviles se abalanzaron hacia las rutas (…) y aparecían nuevos establecimientos periódicamente (…). Conforme (…) más y más viajeros se embarcaban en la travesía, los itinerarios variaban y se acortaban al mismo tiempo que aumentaba la competencia. En consecuencia, los comerciantes se volvieron más y más agresivos en sus intentos por asegurarse la aparición continua de carros chirriantes en sus estaciones de servicio»[417].

Los servicios de guías también proporcionaban otra importante oportunidad comercial para los montañeses que estuvieran familiarizados con los itinerarios, gracias a sus experiencias con el comercio de castores. Se empleaban una variedad de contratos, de los cuales el más común de todos era el que cobraba por persona o por carro[418], y el pago se realizaba tras la llegada segura de la caravana al destino que se había acordado[419]. En ocasiones, los guías solo estaban familiarizados con el tramo inicial de la ruta, y por consiguiente estaban contratados por la caravana solo hasta un cierto punto. Llegado ahí, la caravana contrataba los servicios de otros guías para completar su viaje.

Sin embargo, hacia 1850 la ruta estaba lo bastante establecida y los libros de rutas se habían vuelto lo suficientemente fiables y disponibles que pocas caravanas de emigrantes contrataban el servicio de los guías[420]. Los libros de rutas contenían información útil acerca de los vados de los ríos, los fuertes y los establecimientos comerciales, así como ritmos apropiados de viaje y listas de las provisiones que serían necesarias. Estas guías competían unas con otras, y algunas se crearon una reputación por gozar de una mayor precisión y utilidad. Los periódicos a menudo respaldaban a libros en concreto, y también proporcionaban información actualizada sobre las condiciones de la ruta[421].

El conocimiento especializado de los vados de los ríos también fomentaba el comercio. Los servicios de ferris se desarrollaron rápidamente en estos cruces. Los indios proporcionaban muchos de los primeros servicios que aparecieron, pero los blancos pronto entraron en el mercado. Tras la migración de 1847 en dirección al valle del Lago Salado, los mormones establecieron ferris en muchos vados importantes. La competición prevaleció en la mayoría de los vados de los ríos y, si los precios aumentaban muy rápido, alguien ofrecería un ferri a un precio competitivo o los emigrantes construirían sus propias balsas. Cuando el precio que cobraban los indios en Wolf Creek se elevó hasta los 5 dólares, la competencia construyó cuatro puentes en dos días[422].

Los emprendedores también desarrollaron nuevos atajos y cobraron peajes por circular por carreteras mejoradas. En 1845 y 1846, Samuel K. Barlow abrió una carretera de 90 millas en la cordillera de las Cascadas, por la que cobraba un peaje de 5 dólares por carro y de 10 centavos por cabeza de ganado[423].

La necesidad de herreros creó otro nicho de mercado por el que los emprendedores compitieron. Había servicios muy demandados, como cambiar las ruedas de los carros y herrar a los animales de tiro, por lo que se construyeron muchas herrerías temporales a lo largo de las rutas[424].

Después de que los mormones se estableciesen en el valle del Lago Salado a finales de la década de 1840, comenzaron a aprovecharse de las oportunidades comerciales. Plantaron verduras, proporcionaron alojamiento temporal, e intercambiaban animales de carga con las caravanas que se quedaban en el valle para tomarse un pequeño descanso. Este comercio contribuyó a la recuperación de los asentamientos mormones que se encontraban en aprietos, a la vez que proporcionaba una necesaria fuente de reabastecimiento para los viajeros. Tan solo en 1849, al menos 10 000 emigrantes se desviaron a los asentamientos mormones con el fin de comerciar[425]. Los mormones también enviaron partidas de husmeadores a las rutas en busca de bienes que habían sido previamente descartados, y que pasaban a formar parte de las provisiones con las que comerciaban.

Conclusión

Si había un momento y un lugar en que el caos debería haber reinado, ese fue sin duda el largo, difícil y peligroso viaje a través de las Grandes Llanuras. Las personas que formaba las caravanas no solían conocerse, no se planteaban mantener su relación más allá del viaje, pero se enfrentaron a desafíos inesperados y superaron los límites de las instituciones formales de gobierno. En tales condiciones, no habría sido sorprendente que se hubieran producido conflictos.

El hecho de que tantos emigrantes completasen con éxito su viaje atestigua su habilidad para desarrollar instituciones innovadoras. Al comienzo de su travesía, adoptaron constituciones que fijaban el marco institucional general para la toma de decisiones colectivas. Alquilaron capitanes para las caravanas en mercados competitivos situados en los puntos de partida, y los comprometieron legalmente mediante normas constitucionales. Como una compañía moderna que debe aglutinar capital para aprovecharse de las economías de escala, las caravanas se convirtieron en empresas formadas por vidas limitadas que compartían su capital humano y físico durante el viaje. Los emigrantes experimentaron con distintas formas contractuales y nuevas formas de derechos de propiedad. Como miembros de grupos relativamente pequeños, asumieron los costes y recogieron los beneficios derivados de instituciones que minimizaron los costes de transacción y la búsqueda de rentas. Pese a ello, solían acertar con los incentivos. Desastres famosos como la muerte de la expedición de Donner mientras cruzaba las Sierras contribuyeron a la imagen del salvaje Oeste. Pero para un incontable número de granjeros, mineros y emprendedores, cruzar las llanuras «fue una historia de compartir más que de dividir, un tiempo de acuerdo más que de desacuerdo. Lejos de los abogados y de los tribunales, el concepto de posesión concurrente demostró ser una fortaleza legal, y no un fracaso, para promover la paz social frente a la discordancia interna. La ruta por tierra no fue un lugar de conflicto. Fue, con más exactitud, un lugar de consenso»[426].

OCHO

Vaqueros y contratos

Conforme los colonos se desplazaban hacia el oeste, se hizo evidente que la ganadería se convertiría en un gran recurso económico para la región. El área por la que andaban sueltos una gran cantidad de búfalos era adecuada para el pastoreo, y el bajo índice de chubascos hacía que la agricultura fuera poco rentable en la región. Sin embargo, para desarrollar las instituciones necesarias que hicieron posible la ganadería se necesitaron emprendedores institucionales que reconocieran las limitaciones, pero también las nuevas oportunidades que se les presentaban ante sus ojos.

Los pastores que trasladaron a millones de cabezas de ganado en dirección hacia el norte por las famosas rutas, veían las praderas de las Grandes Llanuras como un vacío que había que llenar. En palabras del historiador Terry Jordan, «en total, entre 1866 y 1884 se desplazaron al norte más de 5 millones de reses de Texas, lo que a corto plazo supuso el mayor desplazamiento geográfico de rebaños domésticos de la historia»[427]. Para producir este traslado masivo de ganado fue necesario que se combinasen hasta tres fuerzas económicas. En primer lugar, durante la Guerra de Secesión el número de cabezas de ganado en Texas aumentó rápidamente, lo que creó un excedente que debía trasladarse a otras áreas en donde produjeran rentas mayores. En segundo lugar, como los bisontes habían sido exterminados y los blancos podían asentarse en las tierras de los indios, el valor neto de los pastos al norte de las llanuras aumentó de forma dramática. Por último, la extensión de la vía férrea hasta Kansas, y más adelante al resto del Oeste, provocó que disminuyeran los costes de transporte. Consecuentemente, esto aumentó el valor de las dehesas, ya que ahora existía una conexión directa con los mercados del Este con tan solo transportar al rebaño hasta la vía del tren.

El desplazamiento de ganado a nuevos territorios, con el fin de capturar mayores rentas derivadas del pastoreo, provocó que los emprendedores institucionales en la frontera se tuvieran que enfrentar a muchos retos. Para poder llevar a los rebaños hacia el norte por aquellas rutas, los ganaderos y los vaqueros tuvieron que desarrollar contratos eficientes. Los ganaderos tuvieron que encontrar maneras de asegurarse de que los pastores actuaban adecuadamente en un mundo peligroso. Tenían que contratar a vaqueros habilidosos para evitar que se pudieran plantar y abandonasen al rebaño, aprovechando de paso para reclamar un salario más alto. Además, para poder transportar a los rebaños por tierras de propiedad privada, los ganaderos tuvieron que suscribir contratos con sus dueños para compensarlos por los daños que las reses pudieran causar. Una vez que el ganado llegaba a los nuevos territorios, comenzaron a surgir cuestiones acerca de a quién le pertenecían las reses, la manera en que se aplicarían los derechos del propietario, y cómo se organizarían las compañías ganaderas. De nuevo, el Oeste se convirtió en un crisol para el cambio institucional.

Antes de herrar

Debido a que los vaqueros abandonaron a muchas reses para luchar en la Guerra de Secesión, tras la guerra había disponible en Texas numeroso ganado de cuernos largos[428]. Ernest Staples Osgood observó que «el ganado era prácticamente un bien común en algunas partes del estado». Conforme los vaqueros regresaban de la guerra y el ganado volvía a revalorizarse, los pastores juntaron a los animales salvajes y los pusieron en el mercado. Ellos «no hacían pasar a los dueños por el problema de tener que rodearlos, simplemente iban al campo y amontonaban a todas las reses que se pudieran vender, sin referencia alguna a su propietario»[429].

Los pastores no estaban robando el ganado, dado que a los dueños se les compensaba tarde o temprano. Más bien el valor del ganado era tan bajo que el coste de hacer un rodeo en condiciones no estaba justificado. De ahí que los pastores tan solo invirtieran una pequeña cantidad de esfuerzo en definir y proteger sus derechos de propiedad. En 1874, The Pleasanton Journal describió el proceso para llevar a efecto los derechos de propiedad:

Cuando se recogía [el ganado salvaje], él [el pastor] lo examinaría y haría una nota que especificase los hierros que llevaba el ganado. Cada año se llevaba a cabo una «reunión de las existencias» en la que se daban cita todos los productores, ganaderos y comerciantes con aquellos que habían transportado ganado. Entonces se recopilaban las marcas de los hierros de las reses, y llegaban a un acuerdo con sus dueños. Si aparecía un forastero y quería adquirir un rebaño, primero debía encontrar a alguien dispuesto a venderle dos mil o tres mil cabezas de ganado (…). Una vez se convenían los términos del acuerdo, el vendedor saldría al campo a reunir el número acordado de reses, sin importar a quién pertenecieran, y entonces se las daría al comprador, que era el encargado de desplazarlas al norte. En la reunión anual, el vendedor informaría del número de cabezas de ganado que había transportado y de los hierros que portaban y, por consiguiente, llegaría a un acuerdo con sus propietarios[430].

Estos acuerdos informales funcionaban debido a que el número de partes implicadas era reducido, y porque las partes tenían que hacer honor a su palabra, ya que de ella dependía su reputación para poder volver a hacer transacciones. Según Paul Wellman, cada vez que el ganado que pertenecía a otro dueño terminaba en un rebaño en dirección al norte, «se realizaba un cuidadoso recuento de los animales, ya que era una cuestión de honor “llegar a un acuerdo” con los propietarios»[431]. El pastor Joseph McCoy relató que:

la mayoría de ellos [los vaqueros de Texas] son hombres honorables, y [consideran] que, cuando dan su palabra de honor en un contrato verbal, esta es inviolable, sagrada y no se puede romper nunca bajo ninguna circunstancia. Las transacciones de muchos miles de dólares se hacen a menudo solo de forma verbal, pero se acatan al pie de la letra. De hecho, si esto no fuera así, experimentarían muchas dificultades para realizar transacciones en su negocio, y también para conseguir atravesar el país con su mercancía. Recordamos pocas ocasiones en que un texano se fuera a casa sin pagar todas sus obligaciones después de haber vendido a su rebaño. Pero hay una de la que sí nos acordamos: un vaquero más joven que honesto desapareció de Texas después de vender su rebaño, sin pagar a su banquero, ni tampoco sus suministros. Un grupo de destacados pastores se reunió y, tras pedir consejo acerca del efecto que aquel comportamiento tendría sobre su reputación, se decidieron a enviar a uno de ellos detrás del joven pícaro. Unas semanas más tarde lo trajeron de vuelta, y le obligaron a pagar su imponente deuda, así como los gastos totales derivados de atraparlo y traerlo de regreso[432].

Conforme aumentaba el número de ganaderos y de pastores, se requería una mayor actividad formal de definición y protección de sus derechos, por lo que los usos y costumbres informales fueron codificados por la asamblea legislativa de Texas. En 1866, por ejemplo, se aprobó una ley que convertía en fechoría trasladar ganado sin herrar del pastizal en el que se encontraban. Esto ayudaba a conservar el coste de herrar al ganado, pues le proporcionaba al ranchero de un pasto específico derechos de propiedad sobre el ganado que no estuviera marcado, pero que se encontraba dentro de los límites de su terreno. Esta ley fue suficiente durante un cierto tiempo, pero a medida que aumentaba el valor del ganado, así como el número de animales que se desplazaban al norte, los beneficios marginales de definir y hacer cumplir los derechos cambiaron de nuevo. En 1871, la legislación de Texas aprobó otra ley que obligaba a que el ganado transportado al norte tuviera una marca de viaje, «una marca grande y a la vista, compuesta por cualquier marca o artilugio que se escoja, y que debe estar situada en la parte izquierda del lomo, detrás del hombro»[433]. La ley también obligaba a tener una prueba fehaciente de propiedad, y «era la norma para los ganaderos que tuvieran rebaños que se desplazaban que les proporcionasen facturas de venta al pastor que los transportase, y que estuvieran numeradas, dispusieran de hierro, de marcas en las orejas y de todo tipo de identificaciones que demostrasen su contribución al rebaño»[434].

La ruta hacia el norte

Como trasladar el ganado llevaba mucho tiempo de viaje, al menos un mes desde Texas hasta las terminales ferroviarias de Kansas y más de tres meses para conducirlo hasta los pastos del norte en Montana y en Wyoming, y como además era esencial contar con vaqueros habilidosos, la crianza del ganado y su posterior traslado se convirtieron en dos empresas distintas. La teoría moderna de la empresa sugiere que un emprendedor institucional reorganizará los derechos de propiedad de manera que el propietario cuya contribución a la compañía sea la más difícil de medir, tendrá que asumir las ganancias, las pérdidas o lo que sobre, una vez se hayan cumplido todas las obligaciones contractuales[435]. El transporte del ganado implicaba riesgos inimaginables a través del hostil territorio indio, un clima incierto y altos costes de información acerca de los mercados a los que iba destinado el producto final. No resulta sorprendente que, bajo estas condiciones, la mayor parte de los primeros arreos de ganado los organizasen pastores que habían comprado las reses a sus dueños y que, por lo tanto, debían asumir todos los riesgos y las pérdidas económicas, pero también capturarían los beneficios resultantes[436].

MAPA 4. Las rutas del ganado.

Uno de los desplazamientos pioneros más dramáticos fue el que inició Nelson Story, un minero que se hizo rico en 1866 gracias a la reclamación de un placer en Alder Gulch, Montana. Como creía que había mayores beneficios en servir a los mineros que en ser uno de ellos, Story se hizo con 30 000 dólares de la reclamación y viajó hasta Forth Worth, Texas. Allí adquirió 1000 cabezas de ganado de cuernos largos a 10 dólares la res, contrató a un grupo de vaqueros, y se dirigió a terrenos inexplorados del norte. Compró incluso carros que cargó con provisiones en Fort Leavenworth, Kansas, ya que su intención era vendérselos junto a su ganado a los 10 000 mineros que había en los alrededores de Virginia City, Montana[437].

Story siguió la ruta de Oregón hasta el fuerte Laramie, en el Territorio de Wyoming, y desde ahí tomó la ruta Bozeman hasta Virginia City. De camino allí, perdió a dos vaqueros cuando le atacaron unos sioux cerca del fuerte Reno. Story continuó hasta el fuerte Phil Kearney, en el norte de Wyoming, pero el comandante del fuerte le impidió proseguir. Después de esperar durante varios días y de darse cuenta de que la autorización para avanzar probablemente no fuera a llegar pronto, consultó a sus hombres si debían seguir adelante sin permiso. Todos menos uno, George Dow, estuvieron de acuerdo. Mientras Dow se quedaba con el rebaño, Story y sus hombres rastreaban el camino de noche, y de día pastaban al rebaño bajo vigilancia. Durante el viaje, los indios les atacaron hasta dos veces, matando a uno de los vaqueros. El 9 de diciembre de 1866 llegaron por fin a Virginia City, un mes y medio después de partir del fuerte Phil Kearny[438].

El peligroso viaje de Nelson Story ilustra por qué el vaquero era el demandante residual del transporte de ganado. Para un ganadero de Texas habría sido casi imposible contratar a un pastor para que desplazase su ganado de la forma en que lo hizo Story. Simplemente había que especificar demasiados márgenes que eran imposibles de medir y de controlar, desde estampidas y vados traicioneros, pasando por los peajes de los indios y las demoras provocadas por autoridades militares impredecibles.

No obstante, a medida que se conocían mejor estos riesgos se comenzaron a desarrollar compañías que ofrecían sus servicios a los ganaderos[439]. Ike T. Pryor, uno de los emprendedores involucrados en el desarrollo de estas agencias, transportó a los campos del norte hasta 45 000 cabezas de ganado de Texas por temporada entre 1881 y 1884[440]. El mercado era extremadamente competitivo, ya que ninguna agencia de transportes controlaba más del 15 por ciento del tráfico total[441]. En la mayoría de los casos el ganado se trasladaba a cambio de un precio fijo, aunque en alguna que otra ocasión los jefes negociaban contratos de coste más margen de beneficio[442].

El coste de conducir al ganado por estas largas rutas dependía del tamaño del rebaño y de la distancia que hubiera que transportarlo. Se necesitó mucha experimentación para determinar el tamaño óptimo del rebaño para un arreo. Aunque los primeros trasladaron desde 70 hasta 25 000 cabezas de ganado, los vaqueros llegaron a la conclusión de que 3000 reses era el tamaño ideal. Un rebaño de este tamaño era lo suficientemente grande como para capturar algunas economías de escala, pero también lo suficientemente pequeño como para minimizar los problemas derivados de conducir una carga superior, de mantener al rebaño junto y de desplazarse a la velocidad apropiada. Para desplazar a 3000 cabezas de ganado se precisaban diez vaqueros, incluyendo al jefe de la expedición, que cada uno de ellos contase con seis u ocho caballos, además de un cocinero que preparase las comidas y manejase el chuckwagon, una carreta destinada a la cocina y al transporte de provisiones[443]. El coste de operación era de aproximadamente 1 dólar por res[444]. Dado que había una diferencia de hasta 10 dólares entre el precio del ganado en Texas respecto del de los campos del norte, no resulta sorprendente que se transportasen al norte miles de cabezas de ganado.

Otro importante problema para el jefe de la expedición era «La manera de encontrar hombres que pudieran vivir y trabajar juntos a lo largo de varias semanas de aislamiento parcial, y que además “aguantaran” hasta que se completase el trabajo»[445]. Ciertamente, y habida cuenta de que era muy difícil encontrar trabajadores de reemplazo en medio de una travesía, los vaqueros podía actuar de forma oportunista para tratar de extraer un porcentaje mayor de los beneficios si amenazaban con abandonar el viaje. Para combatir este problema, los jefes de expedición no solían pagar a su equipo hasta que no completaran sus tareas[446].

No en mi patio trasero

Muchos de los problemas organizativos asociados con la conducción de ganado hacia el norte a lo largo de 1200 millas entre Montana y Wyoming eran internos, esto es, concernían a las propias partes contratantes. ¿A quién le pertenecía el ganado? ¿Cómo se resolverían los litigios sobre la propiedad? ¿Quién asumiría las pérdidas que se produjeran durante el arreo? ¿Cuánto cobrarían los vaqueros? ¿Cuándo se les pagaría? Cada una de estas situaciones conllevaba costes de transacción, y estos debían ser gestionados por los emprendedores institucionales que se beneficiaban de establecer y reorganizar los derechos de propiedad.

Pero también se produjeron problemas organizativos ajenos a las partes contratantes, cada uno con sus propios costes de transacción. Y manejar estas situaciones proporcionó otro nicho a los emprendedores institucionales. Una de las cuestiones más difíciles a las que se tuvieron que enfrentar fue el impacto que un rebaño de 3000 reses tenía sobre una región en la que había cosechas y en la que también pastaba más ganado. Imagina el espectáculo que debía ser observar a 3000 cabezas de ganado de cuernos largos desplazándose en dirección hacia una granja con una cosecha de maíz recién plantada. Incluso si los cultivos estaban vallados, lo que al principio era de lo menos probable, una cantidad así de ganado podía dejar un rastro de devastación por toda la propiedad. Para empeorar todavía más las cosas, el ganado podía además portar la babesiosis, también conocida como fiebre de Texas o fiebre española. Esta enfermedad del ganado la producía un parásito microscópico para el que la garrapata del ganado servía como huésped intermediario. El ganado del sur de Texas que estaba expuesto de forma continua al parásito desarrolló inmunidad a la enfermedad, pero cuando se desplazaban al norte, las garrapatas infectadas atacaban a las reses que no eran inmunes, lo que les provocaba una muerte rápida[447]. Las pérdidas por culpa de la fiebre de Texas fueron enormes. El Dr. John R. Mohler, jefe de la División Patológica del Bureau of the Animal Industry (Oficina de la Industria Pecuaria) estima que las pérdidas totales de ganado a causa de la enfermedad entre 1866 y 1889 ascienden a 63 millones de dólares[448].

El potencial conflicto entre granjeros y vaqueros fue especialmente predominante cerca de aquellas poblaciones que tenían una terminal de ferrocarril. Por ejemplo, cuando Joseph G. McCoy, un comerciante de ganado de Springfield, Illinois, se aproximó a los residentes de Salina, Kansas, con la idea de establecer una vía del tren con la Union Pacific Railway en su pueblo, se encontró con el rechazo de los granjeros, temerosos de que llegasen a su zona más rebaños. Su solución emprendedora fue desplazarse un poco más al este de Salina, donde una docena de cabañas de leñadores componían el incipiente pueblo de Abilene[449]. Abilene estaba lo suficientemente apartado de Salina, pero también lo bastante alejado hacia el oeste de otras poblaciones como para que el ganado pudiera ser transportado sin interferir con los cultivos ya existentes. McCoy procedió a levantar un hotel de tres plantas, el famoso Drover’s Cottage[450], una oficina con grandes balanzas Fairbanks y establos para acomodar a hasta 3000 cabezas de ganado. También negoció un contrato con la compañía ferroviaria por el que tenía que recibir un octavo del importe bruto de todo el ganado que se transportase al este de allí[451].

McCoy completó su construcción a tiempo para capturar solo una porción del comercio de ganado en 1867, pero aun así recibió 35 000 cabezas de ganado. Ese invierno llevó a cabo una extensa campaña publicitaria, en la que se gastó 5000 dólares para que los vaqueros de Texas supieran que Abilene era el lugar apropiado para llevar a su ganado[452]. Esta campaña tuvo tanto éxito que en 1868 pasó mucho más ganado por Abilene. De hecho, solo en junio se enviaron más de 1000 cargas al máximo de su capacidad[453].

Al proporcionar instalaciones adecuadas, McCoy no solo estimuló a los arrieros a venir, sino que también creó una oportunidad para todo otro tipo de servicios. Como muchos compradores se alojaron en el Drover’s Cottage, otras empresas complementarias crecieron rápidamente. En 1870, la entidad bancaria First National Bank of Kansas City abrió una sucursal en Abilene y gestionó más de 900 000 dólares en negocios en sus dos primeros meses de operación[454].

Abilene era un lugar en el que los compradores podían adquirir ganado no solo para enviarlo por tren a los corrales de engorde o a los mataderos del este, pero también para transportarlos al norte y al oeste. «El transporte hacia los territorios de los rebaños comprados en Abilene se convirtió en algo tan común como ir de Texas a Abilene»[455]. Por ejemplo, de las 190 000 cabezas de ganado conducidas hasta Abilene en 1871, solo se enviaron 40 000 por tren; el resto fue trasladado a pastizales más verdes[456].

A pesar de los esfuerzos de McCoy por establecer un centro de comercio en un lugar escasamente poblado, se siguió encontrando con cierta oposición al desarrollo del comercio de la ganadería extensiva en Abilene. Un grupo de colonos convocó una reunión para debatir la posibilidad de evitar que los rebaños de ganado accediesen al condado. McCoy le pidió a un amigo pastor que hablase en esa reunión a favor de las ganancias potenciales derivadas del comercio:

El orador señaló que la inmensa afluencia de hombres que campaban en las planicies adyacentes necesitaría alimento. También les contó que si les cobraban muchos impuestos a sus pequeñas granjas por cultivar cereales y verduras, estas no se podrían permitir pagar el diezmo. Como entonces su oferta sería pequeña pero la demanda elevada, los precios debían y serían desorbitadamente altos, y además no podrían ofrecer ni la mitad de la cantidad necesaria, fuese al precio que fuese (…). Mientras se llevaba a cabo esta pequeña charla, prácticamente todos los vaqueros presentes, por un acuerdo previo, intercambiaban con la gente de Kansas mantequilla, huevos, patatas, cebollas, avena, maíz y todo otro tipo de productos que necesitaban en el campamento[457].

Un colono habló por muchos cuando dijo que, «Si puedo ganar dinero gracias al comercio del ganado, entonces no le tengo miedo a la “fiebre española”; pero si no puedo ganar dinero a través de este comercio, entonces sí que le tengo miedo a la “fiebre española”»[458]. La presencia de ganado también trajo consigo otros efectos colaterales positivos para los colonos. Una vez en que había poco combustible, «los colonos les preguntaron a los ganaderos si podían acostar a su ganado durante una o dos noches, con el fin de emplear sus excrementos como combustible durante el invierno»[459].

Para facilitar todavía más las ganancias del comercio, McCoy tomó medidas activas para proteger a la población local de los efectos nocivos: «Se hizo todo esfuerzo posible de buena fe con tal de establecer y llevar a cabo un comercio bovino que no supusiera adversidad alguna para los colonos y para su condado. Y con esta finalidad, se contrató a un hombre para que localizase posibles terrenos para el pastoreo en que situar a los rebaños tan rápido como llegasen»[460]. McCoy también prometió indemnizar a todo aquel ganadero local que hubiera sufrido pérdidas a causa de la fiebre de Texas. En 1868 pagó 4500 dólares, de los que consiguió recaudar 1200 de los otros vaqueros, pero el resto salió de sus bolsillos y de sus propias ganancias con el comercio de ganado[461]. En 1869, McCoy depositó públicamente un bono de 20 000 dólares para asegurar a los ganaderos locales de que no sufrirían daños injustificados[462]. En todas estas actividades, McCoy se comportó como el emprendedor institucional por antonomasia, ya que vio oportunidades para internalizar tanto los costes como los beneficios mediante la creación y la reorganización de los derechos de propiedad[463]. Al formar un pueblo de nuevo cuño con los pocos reclamantes de tierras que ya había, se aseguró de que los nuevos colonos que llegasen a Abilene estuvieran concienciados de que se trataba de un pueblo dedicado al transporte de ganado. Al compensar a los colonos por sus pérdidas, creó beneficios derivados del comercio al permitir que los pastores «adquiriesen» los derechos de acceso a las tierras locales. Y mediante la compra de terrenos para el pueblo y la construcción de rediles, capturó personalmente beneficios derivados del ganado que llegaba a Abilene, algunos de los cuales se debió a la venta de grandes cantidades a los negocios que pretendían aprovecharse de la presencia de los vaqueros.

Pese a que McCoy tuvo éxito comprando propiedades y redactando contratos para evitar los efectos colaterales negativos, algunos problemas permanecieron sin resolver, en especial en aquellas áreas en que la fiebre de Texas planteaba una amenaza. En respuesta, muchos estados aprobaron leyes que regulaban la importación de ganado enfermo. En 1855, por ejemplo, Misuri promulgó una ley que prohibía la importación de ganado a menos que este estuviera libre de enfermedades. Kansas hizo lo propio con una ley en 1858, pero en 1866 el estado derogó la ley debido al obvio impacto económico que había tenido en un mercado que dependía del ganado que llegaba de Texas. En 1867 se llegó a un compromiso que estableció una línea de cuarentena a lo largo de la mitad del estado[464]. No se podía transportar ganado al este de la línea a menos que estuviera en cuarentena o llegase durante los meses de invierno, cuando se suponía que no portaban garrapatas. La línea de cuarentena se fue trasladando continuamente hacia el oeste conforme la densidad de población y los rebaños de ganado domesticado aumentaron en la parte oeste del estado. Otros estados y territorios (Arizona, Colorado, Montana, Nebraska, Nuevo México y Wyoming), aprobaron leyes similares que restringían la importación de ganado de Texas, y algunos experimentaron con la cuarentena y con reglamentaciones que permitían las inspecciones[465].

Las normativas nacionales y estatales que rigen las cuestiones de salud animal crearon derechos de propiedad todavía más completos, pero toda vez que el poder se concentró en manos de los reguladores, podía ser capturado por intereses especiales preocupados por redistribuir los derechos[466]. Evidentemente, eso fue lo que sucedió en este caso, ya que los productores de varias partes del país estaban interesados en aducir la amenaza de la enfermedad para limitar la entrada y eliminar a la competencia[467]. Cualquier restricción al acceso al mercado del ganado de Texas o a su transporte a los campos del norte se traducía en retornos más elevados para los ganaderos de Wyoming y Montana, los que más dispuestos estaban a emplear la reglamentación a su favor[468].

La ganadería en el campo

Una vez que se ubicaba al ganado en sus propios terrenos, aparecían numerosos problemas institucionales. ¿Debían ser privados los campos? ¿O acaso era más deseable que la propiedad fuera comunal? ¿Cuáles eran los mecanismos más baratos y efectivos para asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad? ¿Cuánto debían ocupar las actividades de la ganadería? ¿Qué forma legal debían adoptar los contratos laborales? ¿Cómo se obtendría el capital necesario, y cómo vigilarían sus dueños el uso que del mismo se hacía? Los emprendedores institucionales se interesaron por estas cuestiones y desarrollaron soluciones que promovían un uso más eficiente de los recursos.

LOS PASTOS LIBRES

Si bien aportamos más detalles sobre la propiedad de terreno en el siguiente capítulo, basta con decir que la inmensidad del campo y el alto coste de vallarlo desafiaron a los ganaderos que trataban de crear instituciones de la propiedad para capturar el valor de los pastos. Y dado que era imposible cercar los terrenos hasta que se inventó el alambre de espino, el ganado podía pastar libremente. Los vaqueros formaron una especie de valla humana, y patrullaban en grupos de vecinos los lindes habituales del campo. La era de los pastizales libres duró aproximadamente de 1870 a 1900, cuando una combinación entre los asentamientos y el alambre de espino cercó los campos y sustituyó muchas de las funciones que tenían los vaqueros en los pastos libres. Mientras tanto, el pastoreo del ganado precisaba de cooperación para determinar y proteger los límites entre pastos, de asociaciones que controlasen el acceso de los recién llegados y de vaqueros que patrullasen contra los ladrones de ganado y que controlasen que el ganado no se alejase mucho de su hogar[469]. Esta fue la época romántica de los vaqueros.

DEFINIR LOS DERECHOS DEL GANADO

Definir los derechos de propiedad del ganado resultaba más fácil que definir esos mismos derechos para la tierra gracias a la larga tradición de herrar, que se originó en España y llegó al Sudoeste a través de los colonos españoles. El uso de estas marcas permanentes se extendió rápidamente por todo el Oeste.

Los primeras hierros se establecieron por tradición, pero conforme aumentaba el número de rebaños y se ampliaban los mercados, los propietarios se unieron en asociaciones de ganaderos para dar a conocer sus marcas únicas, para registrar esos hierros a nombre de dueños particulares y para emitir decisiones en torno a disputas. De hecho, una de las primeras acciones de la Montana Stockgrowers Association (Asociación de Productores de Ganado de Montana) en su reunión en Miles City, Montana, en 1885, fue publicar un libro de registro de hierros, un registro de sus marcas para que todos las tuvieran en cuenta.

Conforme aumentó el número de asociaciones, estas se unieron para forzar a las legislaciones territoriales y estatales a registrar y proteger sus hierros. En Montana y en Wyoming, tal sistema de registro se estableció en las primeras sesiones legislativas territoriales. El sistema de registro de hierros requería que se acordasen entre los rancheros tanto la marca del hierro como la descripción de la parte del animal en que se pondría, y que estos datos se registrasen con el gobierno territorial o estatal.

Las leyes sobre los hierros no solo establecían la propiedad, sino que también establecían algunas normas claras acerca del traspaso de la titularidad. Sin una marca registrada, la propiedad del ganado no se podía transferir legalmente[470]. Si alguien que no era el dueño registrado poseía un animal marcado, esa persona debía tener la factura de venta correspondiente. El sistema de registro de hierros también legislaba sobre la venta de la marca en sí misma[471].

Para que un sistema de hierros protegiera los derechos de propiedad de manera efectiva, las marcas debían ser inspeccionadas en el momento de venta del ganado. Tanto las asociaciones de productores de ganado de Wyoming como las de Montana pagaban a inspectores en sus regiones, pero también en lugares distantes donde se vendía ganado, como St. Paul, Chicago, Council Bluffs y Omaha. Las asociaciones de Wyoming y de Montana cooperaron para reducir los costes de inspección, en virtud del cual Montana pagaría por un inspector en St. Paul y Wyoming por otro en Chicago. El inspector mantenía actualizado en cada caso un libro del registro de hierros en ambos estados, y examinaba a cada animal conforme lo descargaban para comprobar su prueba de propiedad[472].

El sistema de registro de hierros también facilitó la venta de ganado que se alejaba de su pastizal habitual:

En los tiempos de los pastos libres, un rodeo de reses incluía ganado de grupos que no tenían representación entre los encargados del mismo. Si estos animales se alejaban de su terreno (ya que algunos deambulaban distancias extraordinarias) y estaban en condición de ser transportados, abandonarlos hubiera causado un perjuicio a sus dueños, y tarde o temprano hubieran muerto a causa de la vejez. Es más, se comerían la hierba que necesitaban cabestros comercializables que sabían que debían permanecer en su pasto habitual. Así que se les incluía de forma deliberada en el envío de reses a modo de «cortesía del pastizal», con la seguridad añadida de que un buen inspector los identificaría y que sus dueños recibirían el pago correspondiente. Ese ganado se vendía en las mismas condiciones que el resto de los que eran transportados, y el dinero de la venta se le remitía directamente al dueño de los animales extraviados cuando había una instrucción del archivo que ponía a su disposición tales fondos.

En el caso de que no se pudiera determinar quiénes eran sus propietarios, el precio de la venta se enviaba al secretario de la Asociación antes de que se convirtiera en responsabilidad del estado, junto a un informe de las marcas de los hierros de cada una de las reses extraviadas. El personal de la Asociación buscaba en los registros e iniciaba investigaciones en un esfuerzo minucioso por localizar al dueño. Tan pronto como se estableciese sin rastro de dudas su propiedad, se le remitía el dinero. Mediante este sistema, solo en 1889 los dueños legítimos recuperaron casi 625 000 dólares[473].

Las normas del registro de hierros también se encargaron del ganado sin marcar, conocido como mavericks. Un ternero sin marcar acompañado por una vaca marcada que parecía ser su madre se asumía que pertenecía al dueño de la vaca. Pero a un ternero sin marcar que se hubiese perdido o cuya madre hubiera muerto no se le podía emparejar con un animal marcado. Si esto sucedía en un pasto habitual en que solo pastaba un rebaño, el ternero pasaba a pertenecer al ganadero que tuviera derechos sobre ese terreno. Si un maverick se mezclaba con las terneras que llevaban otros hierros, lo que era muy común en los grandes rodeos, entonces la propiedad no se podía determinar. Para solventar este problema, los rancheros de Montana decidieron que venderían a los mavericks de un rebaño común al mejor postor, y que este los marcaría con su propio marca de hierro. «Tan solo los ganaderos de los pastos podían adquirir esos terneros. El dinero que recibían de la venta de los mavericks debía pasar al fondo común del rodeo»[474]. En 1884 el Territorio de Wyoming se encargó del problema aprobando una ley que exigía que todos los mavericks se pusieran a subasta en los pastos cada diez días durante los rodeos. El dinero de la venta de los mavericks se destinaba a la tesorería de la asociación de productores de ganado con el fin de pagarles a los inspectores, así como otro tipo de actividades destinadas a proteger sus derechos[475].

Las asociaciones de ganaderos proporcionaron una protección efectiva frente a los cuatreros mediante la patrulla de los pastos y la contratación de detectives que se encargaban de atrapar a los ladrones. La siguiente declaración del ranchero Granville Stuart así lo atestigua:

Si bien lo habían intentado a través del derecho civil en los tribunales, el resultado había sido claramente deficiente. Los ganaderos de Montana eran tan pacíficos y respetuosos ante la ley como cualquier otro hombre, pero a lo largo de setenta y cinco millas cuadradas de tierra prácticamente desierta les habían robado unos 35 000 000 de dólares en propiedades, y reclamaban que se les protegiese de los ladrones. La única manera de conseguirlo era hacer que la pena por robar fuera tan severa, que les hiciese perder su único incentivo[476].

La inadecuación de la protección legal que se percibía llevó a un reconocimiento general de que era necesario una acción colectiva entre los propietarios de ganado. Bob Ford, un importante ranchero de Montana, afirmó:

El robo de ganado y de caballos se está convirtiendo en un hecho común. Si todos nosotros nos organizamos y nos convertimos en detectives, podremos ponerle fin a esto más fácilmente. Tal y como están las cosas ahora, si un hombre roba treinta o cuarenta cabezas de ganado y se sale con la suya, lo más probable es que nunca nos esforcemos por atraparle debido a que el coste es demasiado elevado y que digamos, «Dejemos que se marche». Pero si nos organizamos y asumimos una parte proporcional de los gastos, entonces perseguiremos y atraparemos al ladrón, y tan solo nos costará una fracción a cada uno[477].

En 1884, la Asociación de Productores de Ganado de Montana organizó una patrulla de detectives armados. En los siguientes dieciocho meses, el comité de detectives de los ganaderos realizó varias redadas en las guaridas de los ladrones de ganado. Stuart argumentó que la patrulla no actuó de manera arbitraria, sino que representaba una aplicación razonable de las normas frente al robo:

No había más que catorce miembros en el comité de vigilancia, y todos ellos eran hombres que tenían propiedades en los pastos y que habían sufrido robos a manos de los ladrones. A ninguno de ellos se le juzgó únicamente en base a simples sospechas, ni se colgó a nadie por haber cometido un delito una única vez. Los hombres que fueron apresados eran todos miembros de una banda organizada de ladrones que, durante más de dos años, había evadido la justicia y robado en los pastizales a su antojo. El hecho de que los ganaderos prestaran vacas lecheras, caballos y maquinaria de granja a los colonos que vivían en pequeños ranchos, que también herrasen sus terneros a precio de rodeo, que estableciesen sus escuelas, comprasen su mantequilla y sus verduras a un precio elevado y que al principio tratasen de ayudarles de cualquiera de las maneras posibles, es la prueba patente de que cualquier persona respetuosa con las leyes era bienvenida en este país[478].

No obstante, los rancheros no siempre estaban interesados en simplemente ejercer el cumplimiento de sus derechos. En aquellas zonas en que había un gobierno fuerte, los ganaderos eran capaces de capturar su poder de coacción y emplearlo en su provecho redistribuyendo los derechos de los pastos a su favor. La famosa Guerra del Condado de Johnson que se produjo en Wyoming en 1892, nos proporciona un claro ejemplo. Con la autorización implícita del estado, un grupo de miembros prominentes de la Asociación de Productores de Ganado se adentró en el Condado de Johnson con el propósito expreso de deshacerse de una banda de ladrones de ladrones de ganado que allí residía. Los lugareños, sin embargo, creyeron que estaban siendo invadidos por un ejército extranjero y organizaron una respuesta conjunta que culminó en una batalla entre las dos facciones. Sitiados, los ganaderos echaron mano de su influencia política para obligar al gobernador de Wyoming, Amos Barber, a que telegrafiase al presidente Benjamin Harrison pidiéndole que ordenase a las tropas federales que restaurasen el orden y rescatasen a los invasores[479].

Pese a que durante el último cuarto del siglo XIX los ganaderos casi siempre buscaron definir y proteger sus derechos de propiedad tal y como sugerimos en el Capítulo 2, no siempre fue así. Como mencionamos más arriba, durante la Guerra de Secesión, cuando no había mano de obra suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad sobre el ganado, en Texas se soltaron miles de reses en el medio salvaje. Las tropas de la Unión también trataron de que no se comerciase con el ganado, de manera que los Confederados no dispusieran de provisiones de alimento. Estas medidas gozaron de mucho éxito, como lo ratifica Ernest Staples Osgood: «el ganado prácticamente carecía de valor. En las áreas centrales del estado deambulaba libremente, y sus dueños no solo no tenían interés en saber dónde se encontraba su propiedad, tampoco se preocupaban de su creciente aumento»[480].

TABLA 8.1

Los caballos quizás ofrezcan el mejor ejemplo de que limitar la definición y protección de los derechos de propiedad provoca una disminución en el valor del animal. Tal y como muestra la Tabla 8.1, el precio real de los caballos descendió un 61 por ciento entre 1918 y 1926. Este descenso en el precio se debe a la menor demanda de caballos, provocada por la introducción de los tractores en las granjas, así como por los recortes y la mecanización que sufrió la Caballería Estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Debido a sus bajos precios, ya no merecía la pena afrontar el coste de alimentar a los caballos ni el de defender sus derechos de propiedad. De ahí que se soltasen miles de caballos en terrenos públicos, lo que acabó convirtiéndose en un problema para los rancheros que trataban de controlar la sobreexplotación de los pastos[481].

TRABAJAR JUNTOS EN LOS PASTOS LIBRES

Incluso después de que los derechos de propiedad estuvieron bien definidos gracias al sistema de herrar, los ganaderos todavía tenían que aprender la manera de organizar mejor sus operaciones ganaderas. Por lo general, el ganado no se supervisaba todos los días, ni tampoco se les daba alimento durante el invierno; dos veces al año se hacía un rodeo para recontarlo, una vez en primavera para herrarlo y otra en otoño para venderlo. Al darse cuenta de que el rodeo en los pastos libres suponía un ahorro económico, los ganaderos desarrollaron reglas para la cooperación con sus vecinos. Un vaquero contemporáneo comentó la razón por la se escogió realizar rodeos conjuntos en vez de que cada granjero hiciera su propio recuento por separado:

Cuando un propietario de ganado decidía recontar su ganado, se lo hacía saber al resto de los vecinos, y entonces todos sacaban su propiedad, la contaban, marcaban a los terneros, se deshacían de algunas reses y se dirigían de vuelta a casa. Pero habían llegado tantos grupos que, inevitablemente, el número total de cabezas de ganado aumentó, y ante tanto ajetreo, las reses nunca engordaban[482]. Este recuento continuo del ganado iba en detrimento del negocio, y aquellos interesados (…) querían que se sentaran las bases de algún otro tipo de plan o de sistema[483].

Como mencionamos antes y en el Capítulo 9, los productores se organizaron formalmente en asociaciones para registrar las marcas de sus hierros en la década de 1870 y a principios de la década de 1880, y además usaban estas organizaciones para coordinar los rodeos. Teddy Blue, uno de aquellos vaqueros precursores, recuerda cómo funcionaban los rodeos:

El entramado giraba en torno a un sistema. Hacia 1894, todos los pastos en el sur de Montana y de Wyoming estaban organizados en distritos para el rodeo, y estos estaban rodeados por determinados riachuelos y cadenas montañosas. No había vallas, y aunque cada implicado trazaba una línea que delimitaba los lindes de su propio pastizal, las reses iban sin rumbo y más o menos todas juntas. En primavera se juntaban todas las que pertenecieran al mismo rodeo, y con sus carros se ocupaban de ellas, yendo y viniendo de arroyo en arroyo. La propiedad sobre un ternero venía determinada por la marca que tuviera la vaca[484].

Los distritos para el rodeo estaban cuidadosamente dispuestos, con especial énfasis en el detalle. En 1886, el Weekly Yellowstone Journal and Livestock Reporter (Semanario de Yellowstone y de la Ganadería) describió una zona que nos sirve como ejemplo:

El distrito número 4 comienza en el rancho de Hocket, que data del 25 de mayo de 1886, desciende siguiendo el curso del río Powder hasta la desembocadura del Mizpah y sus posteriores divisiones. La primera de ellas se desarrolla hasta el nacimiento del río Mizpah, luego se encuentra con el rodeo del río Tongue en la fuente de Pumpkin Creek, y continúa hasta el nacimiento de este último. La segunda división desciende por el río Powder hasta su desembocadura, y continúa descendiendo por el Yellowstone hasta Cabin Creek. De ahí asciende hasta el nacimiento de Cabin Creek, luego hasta el de Little Beaver, para desciende por este hasta la parte baja del rancho Hashknife. E. P. Fletcher, capataz[485].

The Roundup #2, de C. M. Russell. El ganado se organizaba según sus hierros en el rodeo de primavera, luego se ataba a los terneros y se les marcaba con hierro de acuerdo a la marca que lucieran sus madres. Los rodeos cooperativos que realizaban varios ranchos a la vez tenían más sentido que los que llevaban a cabo los ranchos de forma individual. Los rodeos también servían como mecanismo de exclusión para evitar la sobreexplotación de los pastos.

Las normas del rodeo aportaban instrucciones detalladas acerca de la contribución de cada uno de los participantes. En 1884, The Cow Boy, un periódico publicado en Medora, Territorio de Dakota del Norte, publicó lo siguiente:

Todos los ganaderos deben saber que el rodeo en esta zona de las Bad Lands comienza el 25 de mayo en la intersección de Beaver Creek con la N. P. R. R. [acrónimo de Northern Pacific Railroad, la vía férrea de la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte]. Cada propietario de ganado enviará a suficientes vaqueros para velar por sus intereses, y estos estarán bajo las órdenes del capataz, John Goodall, que también podrá ejercer su derecho a despedirlos. Cada ganadero proporcionará un carro de provisiones o llegará para tal fin a acuerdos con otra persona. Cada hombre necesitará al menos seis buenos caballos. Habrá pastoreo de día y de noche, y todos están obligados a tomar parte. Se herrará a las reses todos los días. Aquellos que deseen que se cuide de su ganado, deberán estar representados en el rodeo. El rodeo llevará de seis semanas a dos meses, y la extensión de terreno será de unas cien por cincuenta millas. En esta zona hay unas 40 000 cabezas de ganado[486].

Para asegurarse de que se cumplían las fechas de inicio, así como la contribución al rodeo, las asociaciones de ganaderos se negaban a cooperar con aquellos que hubieran tratado de ir por libre o mostraran actitudes oportunistas.

Las asociaciones de productores de ganado coordinaron otro tipo de actividades aparte de los rodeos. La Wyoming Stock Growers’ Association (Asociación de Productores de Ganado de Wyoming) controlaba el muermo, una enfermedad contagiosa propia de los caballos, a través de sus poderes sancionadores, mediante los cuales obligaba a los propietarios de caballos a que permitiesen que sus ejemplares fueran examinados, y eliminados en caso de que estuvieran infectados[487].

Las asociaciones también regularon la calidad de los toros que cada miembro aportaba a los pastos libres. Sin vallas, el ganado se mezclaba, con el resultado de que un dueño podría aprovecharse de los toros de calidad que otro hubiera aportado. Si un ranchero proporcionaba muy pocos toros, o estos eran de baja calidad, no tenía que asumir el coste total de su gesto, ya que una parte de su rebaño se reproduciría con los toros de otro rancho. Las asociaciones locales y estatales trataron de superar el problema del oportunismo especificando tanto la proporción de toros respecto de vacas, como la calidad de los toros que debía haber en los pastizales libres[488].

ORGANIZAR LOS INSUMOS DE TRABAJO Y DE CAPITAL

Gestionar el trabajo en los pastos libres, donde la demanda laboral es bastante irregular de temporada en temporada, era otro reto para los dueños de los ranchos. Durante los rodeos de primavera y de otoño tenía lugar la máxima demanda de vaqueros habilidosos que pudieran montar, lazar con cuerda y manejar al ganado[489]. Durante el invierno, muchos vaqueros se encontraban desempleados. Si bien los ranchos no solían pagar salarios durante el invierno, sí que ofrecían alojamiento y alimento a los vaqueros que se quedaban esperando a formar parte de la fuerza laboral de la primavera siguiente[490].

Para cumplir con los requisitos de capital que producían los ranchos provistos de rebaños de entre 10 000 y 100 000 cabezas de ganado dispersos por los pastizales libres[491], los ganaderos obtenían inversores procedentes del Este de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Escocia[492]. En la década de 1870, los inversores se dieron cuenta de los buenos retornos que se conseguían gracias a las operaciones ganaderas en el Sudoeste, y en la década siguiente, Colorado, el Territorio de Dakota, Montana y Wyoming estaban considerados como lugares atractivos para los ranchos ganaderos. Los inversos estadounidenses vivían fundamentalmente en Nueva York y Boston; llegaron incluso a contratar a la compañía Dun & Bradstreet para que investigase y evaluase las oportunidades de inversión de distintas ubicaciones en el Oeste[493]. Gene Gressley informa de que durante los años de auge del ganado, entre 1882 y 1886, se constituyeron 93 compañías ganaderas en Wyoming, con una capitalización total de 51 millones de dólares; 66 en Montana, con una capitalización de 19 millones; 104 en Nuevo México, con una capitalización de 24 millones; y 176 en Colorado, con una capitalización de 74 millones[494].

Más comunes que los préstamos eran las inversiones directas a manos de inversores que poseían el ganado y contrataban a gerentes residentes para que dirigieran la operación. Este acuerdo requería que el propietario controlase al gerente, una tarea difícil en un tiempo en que los canales de comunicación era tan precarios. Para solventar estos problemas de supervisión, los emprendedores experimentaron con una amplia variedad de modelos de propiedad, entre los que figuran las sociedades colectivas y las empresas conjuntas. En algunos casos, los gerentes se convirtieron en demandantes parciales de los beneficios a través de la posesión de bienes de la compañía. Para reducir el problema de que los gerentes herrasen ganado para sí mismos, muchos inversores estipularon que el capataz del rancho no podía poseer ganado personalmente[495].

Las dificultades para supervisar a los gerentes se combinaron con los problemas causados por el cierre de los pastos por parte de los colonos. Cuantas más parcelas pequeñas vallaban los colonos, más difícil se volvía la ganadería de pastos libres, ya que conforme avanzaba el tiempo era menos productiva. Los problemas se acrecentaron tras el desastroso invierno de 1886 y 1887. Ese invierno convenció a muchos agentes de que una compañía organizada a gran escala con un propietario ausente no era la forma organizativa más apropiada. Se hizo evidente que la ganadería requería que le prestasen mucha más atención, y de que era clave para su buen funcionamiento que se plantase heno en el verano para que sirviese de alimento en el invierno[496]. En 1889, el corresponsal en Miles City del Montana Livestock Journal (Semanario del Ganado de Montana) describió el cambio de perspectiva y del tipo de operación:

Puedo demostrarlo [que tales cambios se han producido] al citar las operaciones de muchos e importantes dueños en el Condado de Custer que se han estado preparando durante estos últimos dos o tres años mediante la compra de terrenos, la construcción de edificios importantes y espaciosos, la toma de agua para el regadío, la reducción de sus rebaños a 1000 o 2000 vacas bien alimentadas para que sean arreadas a muy poca distancia, que dispongan de un toro en el momento adecuado, y que todos estén alimentados y protegidos durante las semanas más crudas del invierno en que no se pueden ocupar de sí mismos[497].

Hacia 1900 se había retirado la mayor parte del capital externo, y la financiación provenía entonces de los bancos locales y regionales[498]. El último gran rodeo en Montana, que constó de 150 hombres y 9 carros, se produjo en 1903[499]. La era de los pastos libres, con todos sus singulares problemas organizativos, había llegado a su fin. En las zonas más áridas del Oeste, algunos pastos permanecieron sin ser vallados hasta 1940, pero ya no había vastos rebaños pastando a lo largo de miles de acres sin intervención humana, más allá de los rodeos de primavera y de otoño.

Conclusión

La era romántica de la ganadería en los pastos libres precisó de un tremendo espíritu emprendedor e institucional. Organizar los viajes para trasladar a miles de reses a lo largo de 1500 millas hacia los prados del norte, proteger los derechos de propiedad del ganado tanto en el viaje como en los pastizales, así como comerciar con ellos una vez que hubieran engordado, presentaba retos en el proceso de contratación para crear nuevos derechos de propiedad y reorganizar los ya existentes. Amasar capital del otro lado del país que financiase las operaciones ganaderas planteó desafíos similares e incluso mayores. Pero a pesar de los tremendos obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar, se pudieron transportar millones de cabezas de ganado desde Texas hasta las llanuras del Oeste, al mismo tiempo que evolucionó una efectiva combinación de derechos privados y comunitarios con el fin de producir carne de ternera para los mercados del Este. El hecho de que la mayoría de aquellas innovaciones institucionales, tales como herrar a los animales y el registro de marcas, continúen empleándose hoy en día, atestigua la innovación demostrada por los ganaderos de la frontera.

NUEVE

El hogar está en los pastos

Una vez que se resolvió la cuestión de la propiedad entre los nativos americanos y los colonos (véase el Capítulo 4), la tierra estuvo disponible para su toma. Y al existir el libre acceso para todos los que llegaran, parecía inevitable que se produciría una competición por los derechos de propiedad. Al menos dos factores contribuyeron a esta potencial carrera. El primero, que debían inventarse nuevos sistemas para los derechos de propiedad que acomodasen la dotación de los recursos en la frontera, en especial los referidos al clima y al relieve. Debido a que las fronteras naturales eran diferentes a las del Este, a que las líneas divisorias eran más grandes y a que no había disponibles materiales para vallar, los colonos tuvieron que encontrar nuevas formas de especificar y proteger los lindes del terreno. En segundo lugar, la iniciativa local tenía que reemplazar al gobierno formal ya que los asentamientos precedieron a los órganos legislativos, a los estatutos de gobierno y al sistema judicial. Aparte del Ejército de los Estados Unidos, no existía organización gubernamental alguna que tuviera el poder legal para restringir el acceso.

Al carecer de sistemas formales para establecer y adjudicar los derechos de propiedad, los emprendedores institucionales tenían un diamante en bruto en el que establecer derechos de propiedad, pero este empeño requería limitar el acceso a la tierra. Los colonos respondieron a estas oportunidades formando asociaciones voluntarias, desarrollando normas específicas para restringir el acceso mutuo a los terrenos y limitando el acceso a los forasteros. El éxito de esas asociaciones voluntarias fue al final socavado por las normas gubernamentales que sobrepasaron los derechos sobre la tierra habituales y que reabrieron la tierra a otra carrera por su ocupación.

¿A quién pertenece esta tierra?

Incluso antes de que los ganaderos dirigiesen a sus rebaños hacia las Grandes Llanuras del norte, los granjeros de la frontera de Ohio, Indiana e Illinois confrontaron el problema de crear derechos de propiedad ante la ausencia de instituciones de un sistema legal formal. Para limitar el acceso a la tierra, formaron clubes o asociaciones de reclamantes de tierras, los cuales registraron las demandas de tierras de los colonos y garantizaron que esas reclamaciones serían respetadas cuando la tierra estuviera disponible formalmente para su ocupación bajo las diferentes leyes federales[500]. Estos clubes establecieron sus propias constituciones y ordenanzas, desarrollaron normas para resolver disputas y concibieron procedimientos para registrar las reclamaciones. Otro de los objetivos de los clubes consistió en garantizar que los ocupantes pudieran adquirir la tierra al precio mínimo al que el gobierno las ponía a la venta.

Como los miembros de los clubes de reclamación de tierras tenían un interés directo en el resultado, también tenían un incentivo para desarrollar un proceso ordenado que minimizase el gasto de recursos en establecer los derechos de propiedad. Definir y asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad precisó de cierto esfuerzo, pero en la medida de lo posible, este se centró en la productividad. Por ejemplo, un club en el condado de Webster, Iowa, necesitaba reclamantes para realizar un trabajo en su terreno por un valor de 10 dólares por cada mes que poseyeran la propiedad después del primer mes, mientras que un club en el condado de Poweshiek precisaba que los reclamantes invirtieran solo 30 dólares durante los siguientes seis meses. El club del condado de Johnson no requería que sus miembros residentes invirtieran ningún tipo de recurso en su terreno hasta que no lo desearan; no obstante, los no residentes debían realizar una inversión de 50 dólares por cada seis meses que mantuvieran su reclamación[501]. La especificación de los gastos de los reclamantes, en términos de trabajo, de los clubes de reclamación de tierras locales, le otorgaban una gran libertad al granjero sobre qué tipo de trabajo realizar, y no requerían una residencia continua en la parcela. Esto supone un marcado contraste con las leyes federales de asentamientos rurales, que especificaban las inversiones de los reclamantes en términos del tamaño de la cabaña, las zanjas para el riego, la cantidad de tierra que debía ararse y el tamaño de la superficie sobre la que debían plantarse árboles, la mayoría de los cuales aportaba muy poco al valor productivo del terreno[502].

Como miembros de los clubes de reclamación de tierras, los ganaderos economizaron sus esfuerzos para definir y asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad. Cuando los primeros pastores trajeron a su ganado para cebarlo a las planicies del norte de Montana y de Wyoming, la abundancia de terreno permitió a los recién llegados evitar la tragedia de los comunes simplemente desplazándose a tierras sin ocupar. En palabras del historiador Ernest Staples Osgood, «Había espacio suficiente para todos, y cuando un ganadero se adentraba en un valle adecuado y bien cubierto de pasto, pero acto seguido se encontraba con ganado, simplemente se iba a buscar a cualquier otro lugar del campo»[503].

Pero el proceso de asentamiento se llevó a cabo más y más rápidamente conforme hubo más ganaderos que buscaban capturar una porción de los pastizales de las planicies norteñas. Y así lo documentó Granville Stuart:

En el verano de 1883, Conrad Kohrs pastoreó a tres mil reses y las ubicó en los campos de Sun River, y D. A. G. Floweree trasladó también tres mil cabezas de ganado y las colocó en el mismo lugar. La Green Mountain Cattle company transportó veintidós mil y las emplazó en Emmel’s Creek. La Dehart Land and Cattle Company llegó con dos rebaños formados por tres mil animales cada uno y las llevó hasta el Rosebud. Griffin Brothers and Ward trajo a tres mil cabezas de ganado y las situó en Cabin Creek. Tussler y Kempton trajeron tres rebaños de veinticinco mil reses cada uno y se asentaron en el Musselshell (…). La mayor parte de este ganado provenía de Texas, y había llegado aquí a través de la ruta de Texas. El primer día de octubre había seiscientas mil cabezas de ganado en los campos y, junto a los caballos y a las ovejas, suponía la cantidad máxima que podían acoger estos pastos.

Sería imposible tratar de explicarle a alguien que no ha estado en los campos ganaderos de Montana la rapidez con la que se sucedieron los cambios en estos pastos en solo dos años. En 1880, el terreno era prácticamente virgen. Se podía viajar durante millas sin ver más que el vivac de un trampero. Miles de búfalos ensombrecían las onduladas planicies. En cada colina, barranco o matorral había ciervos, antílopes, alces, lobos y coyotes. En todo el territorio de Montana no había más de doscientas cincuenta mil cabezas de ganado, incluyendo al ganado lechero y a los bueyes.

En el otoño de 1883, no quedaba ni un búfalo en los campos, y los antílopes, alces y ciervos escaseaban. En 1880 nadie había escuchado hablar nunca de un vaquero en «este nicho en el bosque» y Charlie Russell todavía no había tenido tiempo de dibujar a uno; pero en el otoño de 1883, había seiscientas mil cabezas de ganado en los prados[504].

De manera similar, Osgood relató que «A una velocidad que podría medirse mejor en meses que en años, se ocupó cada porción de terreno disponible en el norte y en el centro de Wyoming; la región en el este de Montana estaba saturada, desde el norte del Yellowstone hasta el sur, en el límite con la reserva india. Como consecuencia, los rebaños comenzaron a buscar ubicaciones favorables más allá de la frontera internacional a lo largo del río Saskatchewan»[505].

En este escenario de rápido asentamiento, ser el primero en poseer algo, lo que también se conoce como «principio de primera posesión», se aceptó como forma de establecer los derechos de propiedad. Según Osgood, «al pastorear una zona concreta, el productor de ganado estaba iniciando el proceso para apropiarse de un derecho preceptivo sobre la misma, y a partir de entonces un recién llegado tendría que buscar otro emplazamiento para sus reses»[506]. Este derecho se solía reconocer por costumbre, y llegó incluso a ser respetado por parte de los agentes de la ley[507].

Para notificar a otros de que un terreno ya había sido reclamado, los ganaderos publicaban anuncios en la prensa local especificando las áreas que estaban bajo reclamación. Por ejemplo, el 12 de abril de 1884 Charles S. Johnston anunciaba lo siguiente en el Glendive Times, que se publicaba en Glendive, Montana: «Un servidor, abajo firmante, notifica por la presente al público que yo reclamo el valle que va desde Glendive Creek, cuatro millas al este de Allard, y que se extiende hasta su origen en el lado sur de la Vía Férrea del Pacífico Norte, como explotación ganadera»[508]. Sin embargo, y conforme llegaban más y más personas a las Grandes Llanuras (véase la Tabla 9.1), la competición por las tierras se intensificó y hubo que destinar un mayor esfuerzo para definir y proteger los derechos de propiedad.

Para definir y asegurar mejor el cumplimiento de los derechos de propiedad, los ganaderos establecieron line camps, o puestos avanzados, a lo largo de los límites habituales de sus parcelas. Desde esos campamentos, los vaqueros recorrían los lindes, trayendo al ganado de vuelta a su redil y protegiéndolo frente a los cuatreros[509]. Estos puestos cobraban especial importancia durante el invierno, cuando las tormentas de nieve podían obligar al ganado a desplazarse distancias muy largas. Sin los line camps, los rancheros y los granjeros cercanos tendrían que haber dejado la comodidad de sus «hogares en los pastos» en condiciones de mal tiempo, con el fin de traer de al ganado desperdigado de vuelta a su terreno habitual[510]. De ahí que esta combinación de puesto y campamento protegiese de forma efectiva los derechos consuetudinarios sobre los pastos libres, los derechos de propiedad sobre el ganado y que, además, proporcionase empleo a los vaqueros que no participaban en los rodeos.

TABLA 9.1

LAS ASOCIACIONES DE GANADEROS

Los ganaderos formaron asociaciones locales, tal y como vimos en el Capítulo 8, con el fin de desarrollar el sistema de herrar, para dirimir los litigios entre los reclamantes del principio de la primera posesión, para excluir a los recién llegados una vez que ya se hubiera reclamado un pasto y para realizar todo tipo de actividades que tuvieran que ver con la definición y la protección de sus derechos de propiedad. En 1871, los productores de ganado de Wyoming se organizaron en torno a la Wyoming Stock Grazier’s Association, que en 1879 cambió su nombre a Wyoming Stock Growers’ Association. En 1873, se formaron dos asociaciones de criadores en Colorado. Y en el resto de estados les siguieron muchas otras asociaciones locales. Por ejemplo, en 1873 un grupo de rancheros del oeste de Montana se reunieron para formar la primera organización en ese territorio. En 1885 la Eastern Montana Stockgrowers Association se fusionó con el grupo del oeste de Montana para formar la Montana Stockgrowers Association (Asociación de Productores de Ganado de Montana). Estas asociaciones ofrecen pruebas contrarias a los que afirman que los primeros colonos del Oeste eran muy individualistas, y que operaban de manera fragmentada, sin apenas relacionarse los unos con los otros. Las asociaciones de ganaderos tenían tres objetivos: «primero, mantener la propiedad individual sobre el rebaño, así como su aumento; en segundo lugar, proteger los rebaños individuales; y tercero y último, controlar el pastoreo en los terrenos de domino público y prevenir la sobreexplotación de los pastos y su aglomeración. Estos objetivos, los cuales debido al aislamiento quizás podría haber logrado antes un individuo, ahora solo se pueden conseguir a través del esfuerzo colectivo»[511].

PREVENIR LA SATURACIÓN DEL CAMPO

Las asociaciones tuvieron que encontrar métodos eficientes, económicamente hablando, para excluir a los forasteros y para restringir el acceso a los pastos comunes. Contraria a la imagen que se da de que los enfrentamientos eran la norma en el campo, los ganaderos reconocieron la naturaleza de juego de suma negativa de esos conflictos, y por tanto optaron por un mecanismo de protección más eficiente. Y ese mecanismo lo aportó el rodeo, descrito en el Capítulo 8 como un contrato entre productores destinado a alcanzar economías de escala a través de la producción conjunta. A partir de 1874, los productores y criadores de Wyoming organizaron un sistema de rodeo voluntario que dependía, para su aplicación, de rechazar a aquellos que no pertenecieran a la asociación. Otras asociaciones siguieron su ejemplo.

Las asociaciones controlaron de forma efectiva el acceso a los pastos comunes no permitiendo que participase nadie que no fuera miembro. Si un nuevo participante colocaba ganado en lo que consideraban que era el pasto de otra persona, los rancheros le negaban al recién llegado la posibilidad de unirse al rodeo. Tales sanciones eran bastante efectivas. En 1885, John Conrad trasladó 6000 cabezas de ganado a un pasto al este del río Musselshell, en el Territorio de Montana. La Niobrara Cattle Company ya controlaba ganado en esa zona, y sostenía que los pastos ya estaban lo suficientemente cubiertos. En su siguiente reunión, los productores locales «condenaron a Conrad por violar la ley de pastos, y le advirtieron de que no se encargarían de sus reses ni colaborarían de modo alguno con él. Conrad captó el mensaje y retiró su ganado»[512].

Incluso alguien tan ilustre como Theodore Roosevelt padeció la presión del asociacionismo cuando trató de expandir su rebaño. Al adquirir en 1884 un segundo rancho en el Territorio de Dakota, Roosevelt también aumentó el tamaño de su rebaño en unas mil reses, un número mucho más elevado que el permitido por los derechos sobre los pastos asociados al nuevo rancho[513]. La expansión conllevó la visita de un representante en nombre de Marquis de Morès, uno de los más destacados rancheros de la zona. Su emisario advirtió al capataz de Roosevelt «de que debía decirle a su jefe que su ganado estaba invadiendo terrenos que pertenecían a Marquis. O adquiere Roosevelt los derechos correspondientes para pastar a cambio de una cuantiosa suma o, en caso contrario, no le quedaría más remedio que sacar a su ganado». Roosevelt acató la advertencia[514].

Los periódicos locales publicaban a menudo anuncios que alertaban de que la cooperación no sería amistosa si se colocaba más ganado en aquellos pastos que se consideraba que ya estaban lo suficientemente poblados:

Por la presente se informa de que en la reunión de otoño de la Little Missouri River’s Stockgrowers’ Association, que tuvo lugar en septiembre de 1886, se decidió que los pastos de los ríos Pequeño Misuri y Beaver Creek, así como sus afluentes, están poblados al completo por ganado y caballos, y que cualquier rebaño adicional que se coloque en esos pastos implicará graves pérdidas, no solo para los ocupantes actuales, sino también para cualquier nuevo rebaño que aparezca en tales pastos. Consecuentemente y llegado el caso, los miembros de la asociación se negarán a ayudar o a asistir de cualquier forma al grupo que sitúe ganado o caballos en esos terrenos, tal y como se decidió tras la reunión[515].

Y una noticia publicada en 1883 en un periódico de Helena, Montana, afirmó lo siguiente: «Los aquí abajo firmantes, productores ganaderos de los terrenos anteriormente citados, queremos por la presente indicar que consideramos que tales pastos ya están cubiertos. Por lo tanto, declinamos la posibilidad de que cualquier grupo externo emplee nuestros corrales o coloque a su ganado en estos pastos, así como tampoco le permitiremos que se nos una en los rodeos que se celebren en el citado emplazamiento a partir de esta fecha»[516].

Estos esfuerzos funcionaron a la hora de crear derechos consuetudinarios económicamente valiosos para los pastos, y además se podían comprar y vender junto a la propiedad inicial y al ganado que formaba un rancho. R. Taylor Dennen encontró numerosos casos en que los derechos sobre los pastos se intercambiaban en el mercado. En 1884, la Swan Land and Cattle Company adquirió un rancho de 160 acres con mejoras añadidas y ganado de la National Cattle Company por 768 850 dólares. La misma compañía adquirió otro rancho de 320 acres también con mejoras y ganado por 984 023 dólares, 200 000 de los cuales constituían los derechos sobre el terreno. La Arkansas Valley Land and Cattle Company reflejaba en sus libros de cuentas una tasación de 85 000 dólares tan solo por los derechos sobre los pastos que poseía[517].

Y ENTONCES LLEGARON LAS OVEJAS

El rodeo como mecanismo de exclusión se vino abajo cuando el pastoreo del ganado vacuno comenzó a interactuar con el de las ovejas. Las primeras ovejas en los pastos del norte se trajeron desde California, Utah y Oregón en la década de 1870. Hacia 1881 en Montana, y alrededor de 1886 en Wyoming, el número de ovejas excedía al número de reses[518]. La razón que se suele dar para explicar la antipatía entre los ganaderos bovinos y los ovejeros es que las ovejas arruinaban los pastos para el ganado porque rebañan demasiado la hierba de la que se alimentan, y que además contaminan el agua[519].

No obstante, una razón más plausible que explica el conflicto entre los ganaderos bovinos y los ovinos es la amenaza que los ovejeros suponían para el habitual sistema consuetudinario de derechos de propiedad que habían estado protegiendo las asociaciones de ganaderos vacunos. Tal y como explicó un ranchero:

La creencia de que el ganado no puede pastar en el mismo rancho que las ovejas (…) es complemente falsa. Si pertenecen al mismo dueño o, como solía decir el dicho, «si llevan el mismo hierro de marcar», se llevan muy bien. En los últimos años tuvimos pasturas para el ganado en el invierno y en el otoño. En ciertas ocasiones, teníamos a un rebaño de ovejas pastando en esos mismos pastos (…). El problema se produjo cuando un ovejero «díscolo» trajo a sus ovejas a una zona que ya era el «pasto habitual» de otra persona, ya fuera este ganadero bovino o pastor de ovejas (…). Los tan manidos enfrentamientos entre los ganaderos bovinos y los ovinos tuvieron la misma raíz que el largo conflicto que había entre los ganaderos y los ganaderos recién llegados (…). Todos estos conflictos estallaron debido a la ausencia de una marco legal para regular los pastos que había disponibles[520].

Los rodeos eran esenciales para las operaciones ganaderas vacunas, y el acceso al rodeo era un método efectivo de controlar el número de participantes y el tamaño total de los rebaños en una zona determinada. Pero cuando llegaba un ganadero ovino, este no necesitaba ser incluido en el rodeo para poder realizar una operación viable desde el punto de vista económico. Los pastores controlaban a las ovejas en campo abierto, y no hacía falta confiar en los vecinos para ningún trabajo cooperativo. De ahí que los ganaderos bovinos no se enfrentasen con los ovejunos a causa de algún tipo de discordancia natural entre el ganado vacuno y las ovejas, sino por la incompatibilidad institucional entre estos dos modos de funcionamiento. En palabras de Osgood, «las vallas o la fuerza eran las únicas medidas de protección adecuadas contra el pastor de ovejas»[521].

TABLA 9.2

EL ALAMBRE DE ESPINO: UNA REVOLUCIÓN PARA EL VALLADO

Con el fin de dirimir los conflictos entre los animales de pasto en los pastizales, de evitar algunos de los costes colectivos del rodeo y para reducir aquellos derivados de tener encargarse de los line camps, los ganaderos estaban buscando constantemente maneras más baratas de definir y proteger sus derechos de propiedad. Como en las Grandes Llanuras el vallado convencional no era una opción, dada la escasez de árboles y de rocas, los puestos eran la solución. Sin embargo, los inventores del alambre de espino respondieron finalmente a la demanda de maneras más baratas de definir y aplicar los derechos de propiedad, para lo que registraron 368 patentes entre 1866 y 1868[522]. El alambre que más éxito cosechó fue el desarrollado por Joseph Glidden en 1873. El alambre de espino se disparó en ventas, tal y como muestra la Tabla 9.2, ya que se trataba de una forma de establecer derechos de propiedad a un coste notablemente más bajo. Con los 80 millones y medio de libras de alambre que se vendieron en 1880, se construyeron 500 000 millas de alambradas con apenas cuatro hilos de alambre.

Allí donde era posible establecer con claridad un título de propiedad sobre un terreno, había una gran demanda de alambre de espino. Texas, donde no regían las leyes de asentamientos rurales porque se había unido a la nación con un estatus independiente, fue uno de los mayores consumidores de alambre de espino. En 1881 Joseph Glidden, en asociación con Henry Sanborn, adquirió 125 000 acres en el Texas Panhandle, a los que añadió otros 125 000 acres de terreno texano que estaban originalmente destinados para la construcción de escuelas públicas. Vallaron esa extensión al completo con 150 millas del alambre de espino de Glidden y lo abastecieron con 1500 cabezas de ganado[523]. Otro famoso rancho, el XIT, se creó cuando tres millones de acres de terrenos del estado se intercambiaron con un sindicato a cambio de la construcción del capitolio estatal. Tras asegurarse la titularidad del terreno, los propietarios comenzaron a levantar vallas inmediatamente, para lo que contrataron a 300 constructores, con tal de proteger su propiedad antes de que llegasen las 50 000 reses que tenían planeado ubicar dentro. Hacia 1885, habían vallado 476 000 acres para formar una gran pastura. Al final, 1500 millas de alambre cercaban el rancho XIT[524].

El alambre de espino también se usó para vallar terrenos en los que los derechos consuetudinarios habían evolucionado a través del principio de primera posesión y de acuerdos locales al margen de la ley. La tabla 9.3 muestra la extensión de estos cercados ilegales en los once estados del Lejano Oeste. El economista Gary Libecap concluye que este vallado «aumentó el valor de los ranchos: se podían proteger las pasturas y los pozos; la dirección del ganado se podía limitar para evitar que se desperdigaran por zonas con plantas venenosas, agua alcalina o animales muertos; y la reproducción se podía controlar para mejorar la calidad del rebaño»[525].

Una tragedia provocada de forma artificial

Los métodos para deshacerse de los terrenos públicos que eran propiedad del gobierno generaron una gran controversia desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX[526]. Hasta 1862, las tierras de dominio público se repartían principalmente mediante su venta en subastas, pese a que los estados y los individuos recibían algunas tierras a través de concesiones y, con el tiempo, los ocupantes ilegales recibieron derechos preferenciales[527]. La continua presión para que la tierra «libre» se pusiera a disposición llevó a la aprobación de la primera Ley de Asentamientos Rurales en 1862. Esta ley permitía a los colonos reclamar 160 acres si habían residido en esa tierra durante al menos cinco años, y además la cultivaban[528]. A la Ley de Asentamientos Rurales le sucedieron muchas otras leyes. La Timber Culture Act (Ley de la Cultura de la Madera) de 1873 permitió que los colonos reclamasen 160 acres adicionales si destinaban 40 de ellos al cultivo y a la plantación de árboles. La Desert Land Act (Ley de la Tierra Desértica) de 1877 permitía reclamar hasta 640 acres si se regaba el terreno. La Enlarged Homestead Act (Ley Ampliada de Asentamientos Rurales) de 1909 aumentó la superficie disponible inicialmente hasta los 320 acres. Por último, la Stock Raising Homestead Act (Ley de Asentamientos Rurales y de Crianza del Ganado) de 1916 expandió la superficie hasta los 640 acres.

TABLA 9.3

A pesar de que todas estas leyes crearon derechos de propiedad sobre la tierra, también sustituyeron a los derechos consuetudinarios existentes hasta la fecha y que protegían las instituciones locales, y además aumentaron de forma artificial los costes de definir y proteger los derechos de propiedad. El vallado de los terrenos de dominio público había sido un esfuerzo por asegurar el control sobre los derechos de propiedad de una manera menos costosa que a través de los asentamientos. Sin embargo, en respuesta a esas cercados, la legislación que fue aprobada en 1885 afirma que:

Ninguna persona, ya sea mediante la fuerza, la coacción, la intimidación, cualquier tipo de vallado o cercado, u otros métodos ilegales, podrá prevenir u obstruir, tampoco asociarse con otros para prevenir u obstruir, a cualquier persona que se establezca o se instale en un asentamiento, residencia o extensión cualquiera de terreno de dominio público sujeto por las leyes del terreno público de los Estados Unidos al asentamiento o establecimiento, ni tampoco podrá prevenir ni obstruir la libre circulación ni el tránsito por o a través de las tierras de dominio público[529].

En esencia, esta ley codificaba el acceso libre a las tierras de dominio público. Catorce meses después de la aprobación de la ley anti vallado de 1885, «375 cercados ilegales en terrenos públicos que contenían un total de 6 410 000 de acres han sido puestos en conocimiento de los agentes, que han iniciado los procesos judiciales para obligar a la retirada de las vallas en 83 casos, para un total de 2 250 000 acres, y se han obtenido decretos finales ordenando su eliminación en 13 casos que suman un total de 1 millón de acres»[530]. En muchos casos, para que se retirasen las alambradas ilegales fue necesaria la intervención de los militares[531].

Las leyes de asentamientos rurales también aumentaron de forma artificial los costes de definir y asegurar su aplicación de muchas formas: al especificar un tamaño para las reclamaciones que por lo general era inapropiado dada la aridez del terreno en la frontera, al requerir residencia en la parcela durante cinco años, y al exigir mejoras en la tierra que no eran económicas[532]. Si los terrenos se hubieran puesto a la venta, estos habrían sido adquiridos cuando su valor actual descontado se volviera positivo (véase el Capítulo 2)[533], pero no se habrían puesto en producción hasta que las rentas anuales de la producción se volvieran positivas (t* en la Gráfica 2.1). Sin embargo, las normas de los asentamientos rurales exigían a los reclamantes que pujasen por los terrenos en base a su residencia y a la mejora del terreno, en vez de hacerlo en base a los dólares que se pagasen por los mismos. De ahí que, bajo las leyes de asentamientos rurales, el momento para trasladarse a la tierra y producir en ella no fuera cuando las rentas anuales se volvían positivas sino antes, cuando el valor neto descontado se volvía positivo[534]. En otras palabras, las leyes de asentamientos rurales promovieron un asentamiento prematuro, que disipaba al menos parte del valor de los derechos de propiedad sobre la tierra y[535], en el límite, disipaba potencialmente el valor total de la tierra a través de la competición por los derechos de propiedad.

Nadie se preguntó el cálculo exacto de estos valores, por lo que estos variaban en relación a las expectativas sobre la productividad de la tierra, a la lluvia, a los cultivos apropiados, al precio de la producción final y a los costes de transporte. Pero cualesquiera que fueran las mejores estimaciones sobre esas incógnitas, la carrera por los derechos de propiedad obligaba a que se produjera el asentamiento antes de que el valor neto del producto final de la tierra fuera positivo. Y si los colonos eran optimistas sin justificación aparente acerca del potencial productivo del terreno, como le sucedió a muchos (lo que quiere decir que pensaron que las rentas se volverían positivas mucho antes), entonces pujarían aún más pese a las dificultades que padecieran. Gary Libecap y Barbara Hansen concluyen que este optimismo «llevó a muchos a emigrar a la región y a asentarse en demasiadas granjas de trigo pequeñas y con terrenos secos»[536]. Como resultado, las leyes de asentamientos naturales provocaron «periodos de hambruna» para muchos de los colonos.

La cabaña de un colono. El asentamiento alentó una competición por los derechos de propiedad que indujo a los asentamientos prematuros y a excesivas dificultades hasta que las granjas y los ranchos se convirtieron en económicamente viables. Esta cabaña de colonos era típica de estructuras rudimentarias en las que la gente vivía para tratar de «mostrarse» en sus asentamientos. Núm. 81-78, «Sodbuster’s Place», Thain White Collection, K. Ross Toole Archives, Universidad de Montana, Missoula.

Los índices de fracaso de los asentamientos evidencian la incertidumbre inherente al proceso y la presión por establecer derechos de propiedad de forma prematura. Fletcher denuncia que el 80 por ciento de los asentamientos originales en el Benchland District, al norte de la parte central del río Musselshell en Montana, desistieron[537]. De entre los 70 000 y 80 000 que se asentaron en Montana entre 1909 y 1918, «hacia 1922, alrededor de 60 000, el 88 por ciento, había tirado la toalla o se había muerto de hambre»[538]. Y menos de la mitad de los 88 687 expedientes de asentamiento que se registraron en Wyoming entre 1910 y 1934 se llegaron a completar[539]. En palabras de Benjamin Hibbard, notable historiador especializado en este tema, «La gran debilidad de la Ley de Asentamientos Rurales fue, y es, su total inadaptabilidad en aquellas partes del país para las que no fue diseñada. La idea de granjas de pequeña superficie en regiones semiáridas fue tenaz, pero insostenible. Fue incluso un planteamiento malicioso»[540].

Un ejemplo prototípico de la competición por los derechos de propiedad es la Oklahoma Land Rush (Toma de la Tierra de Oklahoma) de 1893[541]. El Outlet, también conocido como Cherokee Strip o Franja Cheroqui[542], fue una área de 226 millas de largo y 58 de ancho (8,4 millones de acres) en lo que hoy en día es el noroeste de Oklahoma[543]. Debido a las anteriores asignaciones a las tribus indias, solo se podían reclamar 6 millones de un total de 8,4. El Outlet se había creado como parte de un tratado de 1828 con la tribu cheroqui con el fin de darles acceso a los cotos de caza, pero su acceso se limitó tras 1866 a causa de un tratado posterior[544]. La tribu, no obstante, retuvo sus derechos de propiedad sobre la zona y trató de defender tales derechos frente a la intrusión, primero de los rebaños que atravesaban por allí y luego de los rancheros más próximos[545]. Los primeros años, los cheroquis recaudaban en el Outlet impuestos nominales sobre el ganado, hasta que después de 1878 comenzaron a establecer contratos de arrendamiento con los rancheros.

En un esfuerzo por reducir los costes de negociación y de protección, los rancheros formaron la Cherokee Strip Livestock Association (Asociación Ganadera de la Franja Cheroqui) en 1883 y la facultaron para establecer un contrato de arrendamiento con la tribu que les permitiera hacer subarriendos a los rancheros miembros[546]. El arrendamiento original entre la asociación y la tribu tenía una duración de cinco años y conllevaba un pago anual de 100 000 dólares[547]. Como creían que sus derechos de propiedad eran lo suficientemente seguros, los rancheros levantaron vallas y realizaron otro tipo de mejoras en el Outlet.

El gobierno federal anunció en 1888 que dejaría de reconocer los contratos de arrendamiento entre los cheroquis y los rancheros, y en 1889 el Congreso aprobó una legislación para adquirir el Outlet a un precio de 1,25 dólares por acre. En octubre de ese año, el secretario del interior le dijo a los rancheros que debían retirar su ganado del Outlet[548]. La tribu accedió a vender sus derechos de propiedad al gobierno por un total de 8,6 millones de dólares[549]. Lo hicieron pese a que, al mismo tiempo, habían recibido ofertas por parte de los rancheros de hasta 30 millones de dólares. Evidentemente, los cheroquis reconocieron que la expropiación por parte del gobierno era muy probable, por lo que consideraron que la venta a cambio de 8,6 millones era mejor que que les arrebatasen su tierra.

El gobierno quería volver a controlar el Outlet debido a la presión política para abrir la tierra a los colonos que deseaban reclamarla a través de los asentamientos[550]. Tan pronto como la compra se hizo efectiva, se comenzó a ejercer presión para que las tierras se pusieran a disposición de los asentamientos. Sin embargo, el hecho de que ya hubiera asentamientos rodeando a esta enorme franja de tierra, provocó que tuvieran que establecerse normas para decidir quién y cuándo podía asentarse allí. El 19 de agosto de 1893, el presidente Grover Cleveland emitió una proclama de 15 000 palabras que detallaba las condiciones para reclamar la tierra situada en el Outlet[551]. El área estaría disponible a partir del 16 de septiembre pasado el mediodía, y no se permitían reclamaciones con anterioridad a esa fecha.

La proclamación especificaba que se debía acceder al terreno a través de las fronteras norte o sur de la franja. También proporcionaba nueve puestos de inscripción, cuatro en la frontera del sur y cinco en la del norte. Estas cabinas eran necesarias, ya que los potenciales reclamantes tenían que obtener un certificado para poder formar parte de la competición. Tras encontrar una concesión, el individuo debía informar a la oficina de tierras y registrar su reclamación, así como presentar el certificado correspondiente. También se permitió que varias vías del tren atravesasen el Outlet para mayor comodidad de los reclamantes, pero no podían superar las quince millas por hora de velocidad, y además debían hacer paradas en sitios que no estuvieran a más de cinco millas los unos de los otros[552]. La fiebre colonizadora se convirtió en un gran acontecimiento, y por ello vinieron periodistas de muchos sitios que garantizaron que la carrera se diese a conocer.

Los aspirantes asediaron los puestos de inscripción tan pronto como se instalaron. De ello nos informa Irene Lefebvre:

Las cabinas comenzaron sus actividades a las siete de la mañana del lunes, antes de que se produjera la carrera el sábado 16. La gente había estado formando cola en Arkansas City durante los dos días anteriores (…).

La fila en Orlando, en el Territorio de Oklahoma, contaba con al menos mil quinientas personas a la hora de apertura del puesto de inscripción, pero llegaban centenares hora tras hora (…). Los números aumentaron cada día hasta que hubo unos 10 000 hombres y mujeres esperando de pie en aquel calor sofocante que arrastraba una espesa capa de polvo[553].

Según D. Earl Newsom, «Hacia principios de septiembre, la frontera de la Franja se había convertido básicamente en un enorme campamento. Las condiciones de vida eran apenas tolerables. El agua se encontraba a dos millas de distancia. La mayoría de los aspirantes a colonos disponían de exiguas provisiones de alimento y poco dinero. Los inodoros eran primitivos. El sol y el polvo seguían cerniéndose sin compasión alguna»[554]. Un periódico informó de varias muertes: «Ese día en Arkansas City más de cincuenta personas perecieron a causa del calor, seis de las cuales fallecieron antes de que cayese la noche; en Caldwell, veinte personas sufrieron golpes de calor, de las cuales murieron dos; en Orlando, se registraron veintidós casos de golpes de calor y dos muertes; en Hennessey, dieciocho y un fallecido»[555].

Aguardar en las colas fue solo una de las formas que provocó que se disipasen las rentas; también se produjeron intentos para obtener ventaja en la carrera. Los trenes cargaron envíos de caballos veloces. Había correveidiles que trataban de disuadir a la gente contándoles chismes sobre los peligros potenciales a los que se enfrentarían, o acerca de cambios en las normas que elevaban el coste de la competición. Los militares estuvieron ocupados desalojando a colonos que trataban de colarse en la región antes de que diese comienzo la competición, con el fin de encontrar las mejores tierras.

Por fin, la mañana del 16 de septiembre entre 100 000 y 150 000 competidores (lo que significa que había unas tres o cuatro veces más personas que reclamaciones disponibles)[556] se dieron cita en las entradas del terreno. Había soldados armados con rifles apostados cada 600 yardas con la orden de detener a cualquiera que saliera antes de que se diese la señal. Un señor sordo creyó que la señal ya había sonado, y fue abatido en su montura por salir antes de tiempo. En el momento en que dieron la señal al mediodía, los competidores se abalanzaron en masa y los trenes, rebosantes de pasajeros que surgían por todas partes, soltaron los frenos. Se formó una tremenda algarabía conforme la gente a caballo y a bordo de los vagones del tren corría apresuradamente en dirección a los asentamientos. Los caballos se partieron las patas y los trenes descarrilaron en el duro terreno. Todo tipo de objetos y utensilios provenientes de los carros, tales como estufas, cubos y cajas, se desperdigaban a lo largo y ancho de la planicie. Los que creyeron que podrían correr a pie fueron pisoteados por los caballos y atropellados por los carros. Aquellos que montaron en los ferrocarriles se arriesgaban a romperse las piernas conforme saltaban del tren en marcha con tal de batir al resto[557]. «E. C. (Evalyn) Aldrich de Chambersville, Misuri, marchó sobre la línea montado en una becerra. Después de milla y media, se detuvo para contar que hasta 40 caballos de carreras se habían colapsado y muerto a causa del calor, de la sed y del sobreesfuerzo»[558]. Los que trataron de adelantarse se arriesgaban a ser disparados, ante la cantidad de gritos que se escuchaban y que decían «¡Sooner! ¡Sooner! Disparad a ese hijo de puta»[559].

La Toma de la Tierra de Oklahoma se diferenció de los asentamientos habituales en que la carrera tuvo lugar después de que la tierra pudiera generar retornos anuales positivos (t* en la Gráfica 2.1), pero el proceso claramente disipó parte del valor del terreno. La lección importante que se puede sacar de aquí, al igual que de las leyes de asentamientos rurales, es que resulta más probable que las reglas para establecer derechos de propiedad disipen el valor de la propiedad si las dictan individuos o grupos que no tienen un interés directo en el resultado. Si ya con anterioridad había derechos de propiedad bien establecidos en la Franja Cheroqui, no tuvo sentido promover las piernas rotas, el comportamiento poco civilizado y la muerte.

Conclusión

El desperdicio de recursos que provocó la definición y la aplicación de los derechos de propiedad bajo las leyes nacionales de la tierra, contrastó duramente con las economías que habían producido las normas para establecer los derechos de propiedad por parte los clubes de reclamación de tierras y las asociaciones ganaderas. Estos grupos se centraron en invertir en la definición y en la protección de sus derechos. La diferencia entre las instituciones informales de la propiedad determinadas localmente y las leyes formales determinadas a nivel nacional, es que las primeras las habían creado individuos que tenían un interés en el resultado, es decir, un incentivo por conservar los recursos invertidos en el proceso de definición y de protección. Por otro lado, las leyes de asentamientos rurales fueron creadas por miembros del Congreso con poco interés en las rentas que se podrían haber salvado, de haberse producido un proceso de definición y aplicación de los derechos más eficiente. Por contra, los políticos ganaron popularidad al defender «la tierra libre»[560], y las burocracias locales de la tierra que les presionaron trataron de extraer algún tipo de valor a través del proceso de asentamiento[561]. Jonathan Raban describe así la manera que tenían los empleados de los gobiernos locales de sacar provecho del sistema federal de asignación de tierras: «pasar un corto periodo junto a un equipo de inspección podía conducir a una exitosa carrera en el negocio de los bienes raíces o inmuebles; y la mayoría de los agentes, que aparecían en la estación de tren en sus calesas cada vez que se esperaba la llegada un emigrante, habían pasado algún tiempo en el Departamento de Inspección de Tierras. Para alguien que hubiera trabajado ahí, el negocio inmobiliario suponía dinero fácil, unos 25 dólares por una mañana de trabajo tranquila»[562].

Como las leyes federales de la tierra aumentaron de forma artificial los costes de transacción de los derechos de propiedad existentes, no resulta sorprendente que creciese la presión para cambiarlas por un sistema más eficiente. Los rancheros se dieron cuenta de que no era probable que se derogasen las leyes de asentamientos rurales, pero mantenían la esperanza de que se crease un sistema de arrendamiento que les diera control sobre las tierras que todavía eran de dominio público. En 1884, la National Cattle Growers’ Association (Asociación Nacional de Productores de Ganado) presionó al Congreso para que «se promulguen leyes que permitan a los ganaderos del Oeste adquirir arrendamientos para pastar en las tierras que están sin ocupar»[563]. Sin embargo, el poder político del Este prevaleció, y el Congreso no aprobó ninguna legislación sobre el arrendamiento hasta la Taylor Grazing Act de 1934. En ese momento, todavía había 165 millones de acres de tierras públicas que no estaban apropiadas ni reservadas en once estados del Oeste, lo que da fe de la dificultad de establecer derechos de propiedad mediante los asentamientos[564].

El Oeste estaba anclado, en parte, por un sistema ineficiente para establecer los derechos de propiedad porque los legisladores del Este no tenían la misma información e incentivos que poseían los emprendedores de los derechos de la propiedad en la frontera. Tal y como lo veía Walter Prescott Webb,

cuando [el que venía del Oeste] comenzó a hablar acerca de sus necesidades y deseos a su vecino y legislador de las regiones húmedas del Este, lo hacía a menudo en un lenguaje extraño. El del Oeste hablaba en términos que un hombre del Este no podía entender, porque este último y sus padres carecían de la experiencia que les permitiese apreciar nuevos problemas; debido a esto, el del Este era reacio a aprobar cualquier propuesta que le hiciera el del Oeste con el fin de crear nuevas instituciones en su territorio[565].

Las leyes nacionales de la tierra no solo fomentaron el regreso de la tragedia de los comunes, sino que además alentaron una competición por los derechos de propiedad que disipó al menos una parte de los beneficios de la privatización que habían sido capturados anteriormente a través de asociaciones voluntarias.

DIEZ

Hacer que el desierto florezca

A finales del siglo XIX los asentamientos agrícolas continuaban con sus incursiones en la región, siempre en dirección hacia el oeste del meridiano cien. Entonces se hizo patente que la aridez era el elemento más característico de esta región. Muchos analistas ponían en cuestión si el Oeste (y en particular la región de las Grandes Llanuras, que recibía el sobrenombre de Gran Desierto Americano), tenía algún tipo de aprovechamiento económico. En 1837, Washington Irving escribió lo siguiente:

La gran cadena montañosa Chippewyan, así como las llanuras arenosas y volcánicas que se extienden a ambos lados, se tienen por imposibles para el cultivo. El pasto que abunda allí durante buena parte del año se marchita bajo la aridez de la atmósfera, y al final no quedan más que residuos inservibles. La inmensa cadena de montañas rocosas y de llanuras volcánicas, de centenares de millas de anchura, debe permanecer para siempre como un paraje natural y salvaje, que sirva de lugar intermedio entre las moradas de la civilización y, en último caso, de refugio para los indios. Los grupos itinerantes de cazadores que viven en tiendas o en cabañas, y que siguen la migración de las especies, podrían llevar aquí una vida de independencia primitiva, ya que no hay nada que pueda incitar la codicia del hombre blanco[566].

Incluso en una fecha relativamente tardía como 1875, W. B. Hazen, un oficial del ejército que servía en el Oeste, afirmó que la tierra que había entre el meridiano cien y Sierra Nevada era inhabitable. «En lo sucesivo, deberíamos disuadir enfáticamente la emigración a estos lugares en que nada se puede cultivar», llegó a declarar[567].

Pese a este pesimismo, muchos vieron un potencial para la agricultura productiva, en especial si estas tierras se pudieran regar. Parte del optimismo se debió a promotores como el gobierno federal y las compañías ferroviarias, que alentaron a los granjeros a aprovecharse de la tierra «gratuita», e incluso llegaron a usar reclamos fraudulentos para atraer colonos. Un científico agrícola llegó a decir que si los granjeros se asentaban en la zona y regaban 10 acres por cada 160, llovería moderadamente y con frecuencia, convirtiéndola en una zona abundante para la producción agrícola[568].

Si bien la carrera para reclamar la tierra causó sin lugar a dudas un asentamiento prematuro (véase el Capítulo 8), la agricultura terminó volviéndose económicamente rentable, en especial cuando los colonos regaban los terrenos. Por esta razón, las rentas derivadas de la agricultura estaban tan estrechamente ligadas a la propiedad del agua como lo estaban de la propiedad de la tierra. Así que no nos debería llamar la atención que, consecuentemente, los emprendedores institucionales dedicasen un esfuerzo considerable a definir, reorganizar y redistribuir los derechos del agua.

Derechos sobre el agua a partir de cero

Debido a la naturaleza transitoria del agua, las normas que regían la propiedad de este recurso evolucionaron de manera muy distinta a la de otros recursos. El gran jurista del derecho común William Blackstone afirmó, desde su posición privilegiada en la húmeda Inglaterra, que «El agua es un elemento disperso en continuo movimiento, y debe necesariamente seguir siendo común de acuerdo a las leyes naturales; por tanto, yo solo podré ejercer sobre el agua una propiedad temporal, transitoria y usufructuaria»[569]. De ahí parte la doctrina ribereña que evolucionó bajo el derecho anglosajón, y que otorgaba a los hacendados de tierras próximas a un cauce el derecho a disfrutar de una cantidad y calidad ilimitada de agua. La doctrina ribereña funcionaba bien en aquellos lugares en que el agua se usaba fundamentalmente para usos domésticos, como el ganado o los molinos de agua, o donde no se necesitaba desviarla para regar. Bajo estas condiciones, los dueños ribereños podían ejercer su derecho sobre el agua sin perjudicar a los dueños río abajo.

Mineros trabajando en un canal. Los mineros invirtieron sumas considerables para trasvasar el agua de los arroyos, con el fin de bañar la grava de sus esclusas y para proporcionar energía a los conductos hidráulicos que desprendían el oro de las rocas. Las inversiones de capital en las canales de agua y en las esclusas requerían de un sistema legal que permitiese los desvíos y garantizase los derechos sobre el agua. Por eso los mineros reemplazaron la doctrina ribereña del Este por la doctrina de la apropiación previa que hoy en día rige la mayor parte del agua del Oeste. Cortesía de Doris Whithorn.

No obstante, en una región árida, para el empleo del agua era imprescindible trasvasarla, y en una cantidad mayor que la que se necesitaba para su uso doméstico y por parte del ganado, lo que perjudicaba a los ribereños río abajo. Esta limitación se hizo evidente en la minería, ya que había que desviar cantidades considerables de agua a lo largo de grandes distancias para destinarla a las esclusas, así como a mangueras de alta presión para su uso en la minería hidráulica. Tales desvíos de un arroyo privaban a los usuarios río abajo del disfrute de una cantidad y calidad ilimitada del agua. Además, dado que los niveles del agua variaban considerablemente de año en año, tarde o temprano habría un momento en que el suministro no sería suficiente para satisfacer la demanda de todo el mundo.

En este escenario, la doctrina de apropiación previa se desarrolló en el Oeste como una alternativa al sistema ribereño:

Las normas de los mineros y sus regulaciones (…) eran muy simples y, en lo que respecta a los derechos de propiedad en relación a la adquisición, maniobra y retención de las reclamaciones mineras, la apropiación y trasvase del agua se empleaba para esos usos (…). Todas esas reglas encarnaban un principio único, bajo el que se sostiene la Arid Region Doctrine (Doctrina de la Región Árida) de la propiedad y el uso de aguas: el reconocimiento del descubrimiento, seguida de la apropiación previa (al igual que la titularidad del propietario) y el desarrollo de la concesión trabajándola de acuerdo a las condiciones fijadas para su retención[570].

Esta doctrina constituyó un cambio respecto del derecho anglosajón en cuatro aspectos. El primero, que garantizó al primer apropiador un derecho exclusivo sobre el agua y condicionó otros derechos a ese derecho previo. Segundo, que permitió el trasvase del agua a tierras que no estaban cerca de los arroyos ni de los cauces. En tercer lugar, limitó la cantidad de agua que se podía reclamar a aquella a la que se le pudiera dar un uso beneficioso. Por último, permitió el intercambio voluntario de derechos del agua. Todos estos cambios representaron nuevos atributos de los derechos de propiedad que se volvieron importantes a la vez que el agua se volvía más valiosa.

El Mapa 5 ilustra la importancia de la escasez del agua como fuerza impulsora en la adopción de la doctrina de apropiación previa. Los estados que adoptaron plenamente esta doctrina están claramente situados en las áridas Grandes Llanuras, y aquellos que adoptaron una versión modificada de la doctrina ribereña contaban con una mayor cantidad de lluvias[571].

Mezclar agua y capital

Para trasvasar el agua en pequeñas cantidades a una esclusa de poco tamaño o para regar los campos ribereños se necesitaba una mínima infraestructura, pero los trasvases a mayor escala requerían de una coordinación de trabajo y de capital. Para que se produjeran las economías de escala con esclusas más grandes o con la minería hidráulica, los mineros tuvieron que construir presas para el almacenaje y el desvío, además de construir canales que llevasen el agua hasta las esclusas o las mangueras. En algunos casos, incluso dividían arroyos enteros de sus cauces naturales para que se pudieran minar los lechos de los arroyos. De forma similar, los granjeros que querían cultivar tierras que estaban situadas a cierta distancia del arroyo tenían que construir presas y zanjas para trasvasar el agua.

MAPA 5. La evolución de la ley del agua.

La búsqueda de la organización apropiada para el depósito y transporte del agua, en especial para el regadío, conllevaba tres importantes costes de transacción. En primer lugar, una compañía de riego que vendiera agua a lo largo de un canal de entrega tenía que contratar a muchos irrigadores, y convencerlos de que nos les comprometería a tener que comprarle agua a la compañía de riego y que esta luego subiría el precio del agua. El segundo, que una compañía que desease construir un canal a través de propiedades cuyos dueños eran individuos distintos, pondría en peligro sus retornos si cualquier propietario amenazaba con negarles el derecho de paso a menos que recibiese un precio mayor por tal derecho. Finalmente, los individuos que trataban de coordinar el funcionamiento y el mantenimiento de una instalación de regadío se enfrentaban al problema de los oportunistas, porque los usuarios río arriba tenían pocos incentivos para preocuparse por la entrega del agua más abajo.

Los emprendedores institucionales respondieron al desafío planteado por estos costes de transacción construyendo presas para trasvasar y almacenar el agua, así como cientos de miles de canales, tubos y zanjas[572]. Tal y como se muestra en la Tabla 10.1, se regaron millones de acres a través de un desarrollo privado del agua, excediendo por mucho la superficie irrigada mediante los proyectos gubernamentales. Las formas de organización para estos proyectos privados variaron considerablemente.

Compañías de riego privadas

La forma organizativa más simple fue la compañía privada que disponía de instalaciones para el riego. En la década de 1880, se establecieron numerosas compañías de riego privadas en los estados del Oeste[573]. Estas compañías construyeron y mantuvieron presas para los trasvases, canales de reparto y canales de suministro, e hicieron contratos para proveer de agua a los granjeros al borde de los canales.

Este simple acuerdo contractual se encontró con muchas dificultades, tanto para la compañía como para el granjero. El primero de ellos fue que la compañía debía asegurarse derechos de paso para sus canales. Al no contar con el derecho de expropiación, las compañías se enfrentaban a un problema de resistencia o de no colaboración: si el canal tenía que cruzar la propiedad de un terrateniente, este podía exigir un precio desorbitado por el derecho de paso y su consentimiento. El irrigador sin un acceso alternativo al agua se enfrentaba a un problema de monopolio: una compañía con un control exclusivo sobre la entrega del agua en la zona podía fijar sus precios sin la presión de la competencia, o si no amenazaría a los terratenientes con la pérdida del servicio de agua.

Al integrar la propiedad de las instalaciones para regar con la propiedad de la tierra, los emprendedores podían superar estas dificultades[574]. Si una única empresa poseía la tierra sobre la que se construiría un canal, no se producirían problemas de resistencia ni habría costes de negociación a la hora de ubicar las instalaciones para el riego. Si además también poseía la tierra que iba a regar, las rentas derivadas de esa tierra y las del agua le corresponderían a la propia compañía, por lo que no tendría incentivo alguno para restringir el flujo del agua o para tratar de obtener un precio más alto a causa de su monopolio.

Numerosos intentos para solventar los problemas de coordinación a través de la integración tuvieron éxito, incluidos varios en California. En 1857, por ejemplo, cincuenta colonos alemanes formaron una empresa conjunta y compraron un largo rancho establecido bajo una concesión española de tierra. Conocida como la Anaheim Colony (Colonia Anaheim), esta compañía fue uno de los intentos de regar a gran escala más exitosos al comienzo de la agricultura en California. La compañía de propiedad conjunta poseía y operaba la instalaciones del regadío, mientras que la propiedad se distribuyó por sorteo entre los miembros de la colonia[575].

TABLA 10.1

La Southern California Colony Association (Asociación Colonial del Sur de California) en Riverside también se creó con el fin de integrar la posesión de la tierra y de las instalaciones para el riego. En 1870, el juez John Wesley North adquirió grandes extensiones de tierra del rancho Roubidoux y del rancho Gurapo[576]. La asociación desarrolló el proyecto de regadío con agua del río Santa Ana y luego le vendió la tierra a colonos.

A continuación se sucedieron otros muchos proyectos. En 1872, un grupo de inversores compró 8000 acres del rancho Cucamonga y obtuvo derechos sobre el agua de San Antonio Creek[577]. En 1875, otro grupo adquirió 5600 acres del rancho San José. La San Gabriel Orange Grove Association, bajo el liderazgo de D. N. Berry, compró 2800 acres de terrenos situados a cuatro millas de Los Ángeles, desarrolló instalaciones para la irrigación, y de nuevo asignó extensiones a sus miembros por sorteo[578].

Las homogéneas organizaciones religiosas o cuasi religiosas aportaron otro mecanismo privado para reducir los costes de transacción asociados con el desarrollo privado del agua. El ejemplo más notable fue el de los mormones en Utah. Tras llegar al valle del Lago Salado en 1847, los mormones disponían de 5000 acres de cultivos de regadío en 1848 y de 150 000 en 1865[579]. La cohesionada estructura jerárquica de la comunidad mormona les ayudó a superar los costes de transacción:

Las presas y los canales se construían en comunidad, los derechos de uso del agua estaban asociados con la utilización de la tierra, y se nombraba a una autoridad pública que supervisase la apropiación del agua para su uso culinario, industrial y agrícola (…). Cuando un grupo de familias necesitaba agua (o agua adicional) para regar sus granjas y jardines, el obispo encargaba un estudio y echaba mano de sus hombres para organizar un equipo de construcción. Cada hombre debía trabajar en proporción a la cantidad de tierra que necesitaba regar. Tras completar el proyecto, un gerente del agua se encargaba de distribuirla en proporción a la cantidad de trabajo desempeñado. El trabajo necesario para mantener el canal en buen estado se llevaba a cabo de la misma manera, en concordancia con los encargos que se hacían en los oficios del domingo o en las reuniones del sacerdocio[580].

Las actividades de regadío se desarrollaban en grupo para capturar las economías de escala, pero la propiedad de la tierra era privada para preservar los incentivos de producción[581].

Otras organizaciones religiosas cosecharon menos éxito con los proyectos de irrigación porque no les prestaban atención a los incentivos. Por ejemplo, en 1898 el Ejército de Salvación estableció dos colonias para el regadío, una en Fort Amity, en el valle del Río Arkansas en Colorado, a 267 millas al este de Denver, y la otra cerca de Soledad, en el valle de Salinas en California[582]. Como estas colonias de regadío estaban diseñadas para ofrecer oportunidades agrícolas a familias desamparadas, más que para miembros de la fe como hacían los mormones, pronto atrajeron a indigentes. Los pordioseros urbanos que llegaron a los proyectos carecían tanto de experiencia en la agricultura como de homogeneidad para la causa. El resultado fue que ambos proyectos se abandonaron hacia 1907.

Horace Greeley instigó otro experimento social privado, en el lugar que más tarde se convertiría en Greeley, Colorado. En 1869, Nathan Cook Meeker, un representante de Greeley, dirigió el establecimiento de una colonia de regadío a unas cincuenta millas al norte de Denver, en el delta de los ríos Platte Sur y Cache la Poudre[583]. Greeley publicó una propuesta para la comunidad en el periódico en el que trabajaba como editor de agricultura, el New York Tribune. La colonia adquirió 12 000 acres de terrenos privados de la Denver Pacific Railroad (Compañía Ferroviaria de Denver y del Pacífico), y diseñó un pueblo y un sistema de regadío para las granjas adyacentes. Pronto la comunidad atrajo a colonos, y la venta de tierras se sucedió con rapidez. Sin embargo, la colonia no prosperó porque sus fundadores subestimaron el coste de los canales para distribuir el agua.

TABLA 10.2

Compañías de riego compartido

Para recaudar dinero para las instalaciones de regadío a gran escala, y para superar el problema del reparto del poder en el mercado por parte del dueño de las instalaciones, los granjeros formaron compañías de riego compartido[584]. La Tabla 10.2 muestra la importancia relativa de las distintas formas organizativas que tenían las empresas de riego en California entre 1920 y 1950. Si excluimos a las compañías que solo tenían una granja, las compañías de riego compartido eran la forma de organización dominante en 1920. Pero esto cambió de forma dramática durante la siguiente década conforme los distritos de riego públicos comenzaron a dominar.

Además de recaudar capital, las compañías compartidas ayudaron a los granjeros a vencer el problema del oportunismo asociado con el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de riego. Una vez que el canal de reparto estaba construido, aquellos situados al comienzo del canal no tenían incentivos para contribuir a su funcionamiento y mantenimiento, tal y como describe Elwood Mead:

El entusiasmo o la necesidad bastaban para construir canales, pero las fricciones perturbarían su funcionamiento posterior, ya que el egoísmo humano se hacía patente. Aquel que tenía un terreno próximo al comienzo de un canal no necesitaba conservarlo en buen estado; siempre y cuando el agua destinada al resto pasase por su lado, serían estos los que se tendrían que ocupar del asunto. El irrigador que disponía de esta ubicación privilegiada tenía el ingenio para manipular sus compuertas con el fin de obtener una cantidad de agua mayor de la que le correspondía. Consecuentemente, el irrigador que se encontraba al final del canal obtendría cada vez menos agua que el resto de miembros de la sociedad. Hasta que los granjeros se dieron cuenta de que debían poner el control de su canal en manos de una sola persona, o bien el asesinato, o bien el suicidio, rondaba el corazón de cada miembro de la sociedad[585].

El economista Rodney Smith concluye que las compañías de riego compartido amasaron capital de forma efectiva, resolvieron el problema del oportunismo y redactaron contratos que evitaron los potenciales problemas de monopolio a la hora de fijar los precios[586]. No obstante, y pese a su potencial para mejorar la eficiencia, las compañías de riego compartido perdieron terreno frente a los distritos de riego públicos. La explicación que da Smith para la relativa disminución de estas compañías en comparación con las del sector público se debió a la habilidad de estas últimas «para tasar tierras para el uso de agua subvencionada de forma cruzada, que le otorgó al gobierno local poderes para redistribuir los ingresos, el ejercicio de los cuales se demostró como un incentivo importante para algunos dueños de tierras que preferían la propiedad pública»[587].

Los distritos de riego

A los distritos de riego, que fueron creadas por los gobiernos estatales en las década de 1880 y de 1890, se les otorgaron poderes de tributación y de adhesión con el fin de construir, operar y mantener instalaciones para el regadío. California fue el primer estado en establecer este procedimiento mediante la aprobación de la Wright Act (Ley Wright) en 1887. Otros estados le siguieron con celeridad a través de legislaciones semejantes: Washington en 1890; Kansas y Nevada en 1891; Idaho, Nebraska y Oregón en 1895; y Colorado en 1901[588]. Bajo la ley californiana, que era la más común, cuando cincuenta o más terratenientes en una misma área querían formar un «distrito» (también conocido como «zona») debían hacer una petición a la junta de supervisores de su condado. En ese momento se convocaba una elección especial en la que podían participar todas las personas con derecho a voto, y no solo los dueños de las tierras, y para la que se necesitaba una mayoría de dos tercios para la creación de un distrito de riego. Una vez se formaba, una mayoría simple de votantes podía aprobar la emisión de bonos de riego. Toda el terreno de la zona, y no solo la que estuviera bajo el regadío, estaría gravada con impuestos para amortizar la deuda[589].

Las zonas de riego ofrecieron una forma de reducir los costes de transacción en aquellos lugares en que la titularidad de la tierra estaba fragmentada. Se habían probado unos cuantos proyectos de integración vertical, como antes comentamos, pero estos solo eran posibles allí donde las grandes concesiones españolas de tierras reducían los costes de transacción de unir grandes cantidades de terreno entre sí. Con numerosas granjas, sin embargo, los costes de transacción eran mucho más elevados, lo que convertía a los distritos de riego en instituciones útiles para tratar de solventar el problema de los oportunistas y de los que se negaban a colaborar.

Unos costes de transacción más bajos permitieron también a los distritos de riego resolver los problemas de las externalidades. Por ejemplo, a medida que un proyecto de riego aumentaba, el drenaje de un terreno podía afectar a otro y a la calidad del agua. El regadío también aumentó los niveles freáticos del agua e hizo descender los costes del bombeo de agua desde los pozos. Además, los embalses para depositar el riego aportaron el bien público del control de las inundaciones. Al centralizar la toma de decisiones y el empleo de los impuestos, los distritos podían internalizar los costes y los beneficios asociados con la irrigación.

A pesar de estas ventajas, muy pocas tierras disfrutaron del regadío en los primeros distritos debido a las limitaciones de la financiación a través de bonos. La legislación de California, por ejemplo, fijó una tasa de interés del 6 por ciento y especificó que los bonos no se podían vender por menos del 90 por ciento de su valor nominal. En 1897, las restricciones se volvieron todavía más onerosas cuando el índice del cupón se redujo hasta el 5 por ciento y no se permitió su venta a un precio menor de su valor nominal[590]. Es más, los bonos no estaban respaldados por un gravamen sobre las obras de los regadíos o cualquier otra propiedad; en lugar de eso, los tenedores de bonos solo podían reclamar aquellas tierras en las que no se hubieran pagado los impuestos sobre los distritos de riego[591].

El éxito del distrito de riego como organización que promovió el cambio en la irrigación cambió de forma drástica a principios del siglo XX. Hacia 1930, California tenía 169 distritos que se ocupaban de regar 3 110 305 acres[592]. Los distritos de riego en California entre 1910 y 1930 debían en parte su éxito al aumento sustancial en el precio de los cultivos de regadío y a la creación, por parte de la legislatura de California, del Bond Certification Commitee (Comité de Certificación de Bonos o BCC) en 1911[593]. El BCC redujo los costes de obtener capital al proporcionar información acerca de la fiabilidad de los bonos de los distintos distritos de riego. Esta información era valiosa porque los servicios de calificación privados como Moody’s no comenzaron a calificar los bonos del riego hasta bien entrada la década de 1920[594].

Otra razón que explica el creciente éxito de los distritos de riego fue la regulación gubernamental de las compañías de riego privadas. La California State Railroad Commission (Comisión Ferroviaria del Estado de California), establecida en 1911, reguló los precios que se cobraban por los servicios públicos, incluidos aquellos que cobraban las compañías de riego privadas, pero no reguló los precios de las compañías de riego compartido ni los de los distritos de riego[595]. Y la mayor flexibilidad de precios y la estructura de tarifas de los distritos de riego las hizo más atractivas.

Los argumentos arriba descritos sugieren que los distritos de riego ejemplifican la reducción por parte del poder gubernamental de los costes de transacción, pero ese mismo poder también tenía el potencial de redistribuir las rentas creadas por los proyectos de regadío. Cuando impuestos que abarcan un distrito se usan para apoyar la irrigación, el pago por las instalaciones del regadío no está conectado con los beneficios recibidos. Rodney Smith argumenta que este poder para gravar impuestos llevó a la redistribución de costes de un grupo de terratenientes a otro, en especial cuando estos diferían en sus demandas de agua por acre[596]. Por otro lado, si los distritos de riego eran pequeños y homogéneos, se reducía el potencial para su redistribución porque los miembros eran reclamantes residuales y era más fácil controlar a los agentes que trabajan para el colectivo.

La evidencia de que la redistribución quizás no resultó del todo acertada la encontramos en los registros de votos de los distritos de riego. James Buchanan y Gordon Tullock sostienen que el potencial para la redistribución coactiva se reduce a medida que el acuerdo colectivo se acerca a la unanimidad[597]. La Tabla 10.3 enumera los resultados de las votaciones de 46 distritos de riego que fueron creados entre 1915 y 1925. La media de votos «positivos», a favor de la formación del distrito, fue de un 92,2 por ciento, lo que indica que hubo un alto grado de consenso en el distrito de riego. Además, no existe una tendencia negativa en el porcentaje de votos «positivos», lo que sería de esperar si la gente sabía que iban a estar subvencionando proyectos de los que no iban a poder disfrutar[598].

Otro factor que influyó en contra de la redistribución fue el potencial de que hubiera tierras que quedaran excluidas de un distrito. La legislación pertinente permitía que, si los terratenientes realizaban una petición y podían demostrar que no se iban a beneficiar del regadío, los directores del distrito estarían entonces obligados a excluir esos terrenos del distrito y de sus impuestos. En la formación del Distrito Glenn-Colusa, por ejemplo, el comité organizativo de hecho preguntó a muchos terratenientes opositores que excluirían 10 000 acres (de un total de 121 592 acres) para aumentar la probabilidad de que se crease el distrito de riego[599]. El hecho de que se ejercieran opciones similares de exclusión en numerosos casos, sugiere que los hacendados podían evitar la redistribución optando por no formar parte de la misma, y así lo hicieron.

Costes de transacción artificiales

Tal y como hemos visto, los emprendedores institucionales que deseaban desarrollar los derechos sobre el agua y los proyectos de riego en el Oeste se enfrentaron a altos costes de transacción, asociados con problemas de resistencia o de no colaboración a la hora de obtener derechos de paso para construir, con problemas de oportunismo en la construcción y en el mantenimiento de los sistemas de distribución, y con tratar de controlar el poder monopolístico. Si la tierra se encontraba dividida en grandes parcelas, estos costes serían más bajos debido a que estos problemas estarían internalizados; un único terrateniente que desarrollase un proyecto no podía retenerse un derecho de paso a sí mismo, ni robarse recursos, ni tampoco cobrarse precios muy altos[600]. Conforme aumentó el número de dueños de tierras que querían regar sus terrenos, los costes de transacción también aumentaron. Desafortunadamente, una serie de políticas gubernamentales exacerbaron esta fragmentación de la titularidad de la tierra al aumentar los costes de transacción de manera artificial.

LAS LEYES DE ASENTAMIENTOS RURALES

A partir de 1862, una serie de leyes de asentamientos rurales impusieron en el Oeste una realidad formada por pequeñas granjas familiares (véase el Capítulo 9). En palabras del historiador Benjamin Hibbard, «la idea de una pequeña granja de pocas acres de superficie en una región semiárida fue obstinada, pero insostenible»[601]. Los asentamientos conllevaban una obligación de residencia que alentó una carrera por los derechos de propiedad, así como una serie de limitaciones sobre el tamaño de la superficie que, por lo general, era de dimensiones demasiado reducidas como para llevar a cabo una producción agrícola eficiente.

Los requisitos provocaron que fuera más costoso conseguir capital para los proyectos de irrigación, ya que los individuos que querían regar su parcela debían realizar inversiones sin tener asegurados sus derechos de propiedad, o esperar primero al requerimiento residencial antes de hacer las inversiones. El título de propiedad no se garantizaba hasta que no se «demostrase» a través de la tierra[602]. Debido a esto, alguien que quisiera instalar un regadío no tenía la opción de aportarle a su prestamista el aval legal de su propiedad. Si el riego era necesario para tener el cultivo provechoso, pero se necesitaba capital externo para poder regar, el granjero se enfrentaba a un problema irresoluble. No podía satisfacer las demandas de residencia y de cultivo hasta que regase la tierra, y no podía regar la tierra hasta que tuviera el capital adecuado, lo que requería una cierta seguridad para obtener un préstamo.

TABLA 10.3

TABLA 10.3 (continúa)

Cuando los requerimientos para los asentamientos se combinaron con el uso beneficioso de la doctrina de apropiación previa, los costes de transacción de crear compañías de riego independientes aumentaron aún más. Un uso beneficioso demandaba que los granjeros usaran el agua, por lo que las compañías de riego que no poseían el terreno que iba a ser regado tuvieron muchas dificultades para tener un derecho de propiedad claro sobre el recurso que querían vender. Mead captura la esencia del problema: «En teoría, el derecho de la compañía del canal se basa en un empleo beneficioso del agua, y este uso lo debe realizar el comprador. La compañía del canal está, por tanto, vendiendo algo que no posee»[603].

La integración vertical proporcionó un resquicio a este problema de la titularidad de la propiedad, pero era casi imposible de llevar a cabo bajo las leyes de asentamientos rurales, y sus restricciones de residencia y de superficie. Alguien que quisiera consolidar propiedades se enfrentaba a los altos costes de transacción de tener que negociar acuerdos con numerosos terratenientes privados, o de entablar transacciones fraudulentas a través de títeres que se asentaban en la propiedad, cumplían los requisitos de los asentamientos, y luego le transferían el título de propiedad a la persona para la que realmente estaban trabajando[604]. Por el contrario, los esfuerzos irrigadores en California descritos con anterioridad estuvieron facilitados por las concesiones españolas de tierras que proporcionaron grandes cantidades de terreno consolidado. En el caso de los mormones en Utah, las leyes de asentamientos rurales no se aplicaban, y ni tan siquiera hubo una General Land Office (Oficina General de Tierras) en Utah hasta 1869. Cuando abrió, los mormones ejercieron presión suficiente como para conseguir que sus títulos de la propiedad existentes fueran reconocidos por el gobierno federal[605].

Si las concesiones sobre la tierra de las vías férreas hubieran sido más contiguas, quizás habrían ayudado a disminuir los costes de transacción del desarrollo privado del agua. Las concesiones sobre la tierra ferroviarias, no obstante, existían fundamentalmente para secciones alternas a lo largo de la vía del tren, y evitaban que «las vías férreas se hicieran con los tramos intactos que se necesitaban para los proyectos completos del agua»[606]. Una vez se dio la circunstancia de que la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte controlaba una superficie adyacente significativa, y llevó a cabo un gran proyecto de regadío. La compañía ferroviaria formó en 1889 la Northern Pacific, Yakima, and Kittitas Irrigation Company (Compañía de Riego del Pacífico Norte, de Yakima y de Kittitas) para regar terrenos en el valle Yakima[607]. Hacia 1982, la compañía había construido 42 millas de acueducto y regado 15 000 acres, y planeaba regar 85 000 acres tarde o temprano. Cuando la compañía vendió la tierra regada gracias al acueducto, le garantizó una participación a cada dueño de diez acres de tierra, con el acuerdo de que el control de cada canal debía pasar a manos de los granjeros. La depresión de 1893, sin embargo, ralentizó los asentamientos en la zona y dejó el proyecto parado hasta la llegada del nuevo siglo, cuando el gobierno federal lo absorbió dentro de su Proyecto Yakima[608].

LA LEY DE LA TIERRA DESÉRTICA DE 1877

En la década de 1870, había una creciente aceptación de que las leyes de asentamientos rurales estaban oprimiendo el regadío privado en el Oeste. En su mensaje anual de 1876, el presidente Ulysses S. Grant reconoció que las leyes nacionales de la tierra eran «muy defectuosas» y que «la tierra se debe poseer en cantidades mayores para justificar el gasto de conducir el agua hasta ella con el fin de hacerla fructífera, o para justificar su uso como pastura»[609].

Para rectificar el problema, el Congreso aprobó en 1877 la Desert Land Act (Ley de la Tierra Desértica). La ley se aplicó en California, Oregón, Nevada y en los territorios de Washington, Idaho, Montana, Utah, Wyoming, Nuevo México y Dakota. Bajo esta ley, un solicitante podía pagar 25 centavos por acre por un total de 640 acres y luego, si el solicitante trasvasaba agua al terreno y lo reclamaba en el plazo de tres años, podía adquirir todos los derechos a un precio de un dólar por acre. La legislación no aclaraba cuánto se tenía que regar la tierra, pero el comisionado para la Oficina de Tierras, J. A. Williamson, prefirió interpretarlo como que era necesario regar los 640 acres[610]. Esto elevó los costes de adquirir el título de propiedad y también promovió el fraude. «Grupos que no tenían interés alguno en cultivar las tierras construyeron centenares de canales con el único objetivo de poder adquirir el título de propiedad»[611].

Pese a los esfuerzos para fomentar el riego a través de las nuevas oportunidades para reclamar tierras, el Congreso todavía tenía ideas preconcebidas acerca de la manera en la que debía producirse la agricultura de regadío. «En sentido estricto, la Ley de la Tierra Desértica no hizo ninguna disposición para la reclamación, excepto mediante el esfuerzo individual, y el Congreso designó la unidad de 640 acres de superficie en base a este supuesto»[612]. Donald Pisani argumenta que «una extensión de 640 era demasiado terreno para que los regase un granjero, pero no suficiente para una compañía de canales, a menos que comprase varias secciones de forma fraudulenta»[613].

Al igual que las leyes de asentamientos rurales, la Ley de la Tierra Desértica dificultó el empleo de la tierra como aval para conseguir préstamos. «Como la propiedad de la tierra residía en el Gobierno hasta que tuviera una prueba final y fehaciente, y esta no se podía conseguir hasta que se trasvasase el agua a la misma, no se podía avalar hasta después de que se hubiera regado. Consecuentemente, ese método para conseguir dinero para construir proyectos estaba descartado»[614].

En 1891, el Congreso revisó la Ley de la Tierra Desértica pero, en vez de reducir los costes de transacción, la legislación incluyó restricciones adicionales que incrementaron tales costes:

Las personas que presentaran solicitudes después de 1891 estaban obligadas a enseñar sus planes para regar la tierra, incluidos los canales y las zanjas previstas, así como la fuente del agua; también debían gastar 1 dólar por acre cada uno de los 3 primeros años tras la construcción de las construcciones del regadío, así como de nivelar el terreno; se les permitía asociarse para planificar la construcción, pero tenían que afirmar que no realizaban su solicitud para otras personas, ya fueran estas físicas o jurídicas[615].

Además, la ley revisada repetía limitaciones previas para la adquisición de la tierra por parte de extranjeros, lo que limitó la inversión extranjera, que tan importante había sido en el desarrollo de la industria ganadera del Oeste[616]. Así, la ley que se supone que debía rectificar los problemas creados por las leyes de asentamientos rurales, hizo muy poco para alentar el riego privado en el gran desierto americano.

LAS PROSPECCIONES DE POWELL Y LAS RESERVAS PARA LOS EMBALSES

John Wesley Powell fue uno de los exploradores del Oeste más influyentes del siglo XIX. Dirigió expediciones a regiones inexploradas en 1867 y 1868, y en 1869 completó un famoso viaje río abajo del Green y el Colorado. En 1879 publicó su Report on the Lands of the Arid Region of the United States (Informe sobre las Tierras de la Región Árida de los Estados Unidos). En él, Powell mostró su entendimiento sobre la naturaleza de la agricultura viable en las Grandes Llanuras, y recomendó que se enmendaran las leyes de asentamientos rurales para que permitiesen reclamar hasta 2560 acres por persona. Aunque reconoció que había grandes diferencias en la productividad de distintas tierras, sugirió ajustes en las reclamaciones basadas en esa misma productividad. Powell también sintió la necesidad de involucrar a los colonos en la toma de decisiones, y desde muy pronto recomendó que las iniciativas locales fueran reconocidas en el desarrollo del riego.

No obstante, la confianza máxima que Powell tenía en la ciencia y su convicción de que solo la recopilación y centralización de la información podría aportar el conocimiento adecuado, básicamente negó el papel que podrían ejercer los reclamantes locales residuales en el desarrollo del regadío. En 1888, el Congreso destinó 100 000 dólares al Geological Survey (Servicio Geológico) dirigido por Powell, que creía que «tenía que completar el mapa cartográfico, hacer una prospección de los embalses, de las cuencas hidrológicas, de los caudales y el flujo de los arroyos, del cauce de los canales y de las tierras a las que podría llevarse agua de manera más económica y eficiente, así como dirigir un estudio técnico exploratorio para determinar la posibilidad de construir presas y canales»[617]. Powell temía que sin la adecuada identificación de las características de la tierra y del agua, los colonos regarían los terrenos erróneos, y que se produciría un desarrollo caótico. Powell quería que su trabajo sirviese como plan maestro para el riego, y sostuvo que debían ignorarse los proyectos de desarrollo que ya se habían llevado a cabo y los que estaban en planificación por parte de empresas privadas. Si el proceso de prospección invalidaba derechos de propiedad que ya estaban establecidos, eso formaba parte del coste de tener un plan de riego bien ordenado[618].

De ahí que el Servicio Geológico se encarase de especificar aquellas tierras apropiadas para el riego y para los embalses, por lo que las retiró del dominio público disponible para los asentamientos. Si bien generar esta información fue una labor ardua que llevó muchos años, Powell realizó el trabajo con un gran entusiasmo. Dos años más tarde de la creación del Servicio Geológico, se habían seleccionado 30 millones de acres de tierras áridas y 150 emplazamientos para embalses[619]. La Oficina de Tierras cooperó descartando 850 millones de acres adicionales del dominio público mientras esperaba los resultados de los esfuerzos de clasificación de Powell. También instó a las oficinas de tierras locales a cancelar todas las reclamaciones registradas después del 2 de octubre de 1888 en aquellos emplazamientos que habían sido escogidos para emplazar embalses, canales o zanjas para el riego[620].

En 1889, el fiscal general de los Estados Unidos decretó que no se permitirían nuevas solicitudes de asentamientos en terrenos designados como potencialmente regables y que, después de 1882, cualquier reclamación sobre tierras que se hubiera hecho y que más tarde se designase como apta para el riego, sería invalidada. Estas medidas pusieron en cuestión todo el plan de privatización de las leyes de asentamientos naturales, e hicieron que los costes de transacción de establecer derechos de propiedad se volvieran desmesuradamente altos.

El cierre de prácticamente todo el terreno de dominio público para los asentamientos provocó un clamor tal que, en 1890, el Congreso votó revocar la retirada del dominio público de las tierras de regadío. Mantuvo la retirada sobre las ubicaciones potenciales para los embalses lo que, sin embargo, provocó que los embalses privados a larga escala fueran muy improbables. Esto fue particularmente importante porque, por estas fechas, la mayoría de las tierras que se podían regar sin instalaciones para el depósito ya habían sido desarrolladas.

LA CESIÓN DE TIERRAS A LOS ESTADOS

Otra ley federal, la Carey Act (Ley Carey) de 1894, también trató de promover el riego. Además de las 500 000 acres reservadas por el Congreso en 1841 para cada estado admitido en los Estados Unidos[621], la Ley Carey cedió un millón de acres a cada estado del Oeste que desarrollase el riego sobre el terreno antes de que este fuera patentado[622]. Por desgracia, el proceso de elección y segregación de las tierras que debían cederse a los estados era muy costoso. «La objeción a la misma [a la ley] se fundamenta en el retraso y en el gasto que supone segregar las extensiones que deben regarse. Los mapas y los planes tienen que ser aprobados, primero por el Estado y luego por el Secretario del Interior. En este proceso hay una cantidad casi infinita de papeleo, lo que implica retrasos y gastos, restringiendo la utilidad de la Ley para proyectos tan grandes»[623].

Siete estados optaron por obtener tierras bajo la Ley Carey, con la condición de que desarrollarían el riego en las tierras cedidas. De los siete estados, cinco replicaron las disposiciones de la Ley de la Tierra Desértica de exigir el asentamiento y el cultivo de la tierra antes de que se garantizase la titularidad de la propiedad. También especificaron que si se emprendían esfuerzos para establecer el riego cooperativo, los derechos de titularidad de cualquier compañía de riego debían permanecer en manos de los granjeros, lo que de este modo impedía que hubiera una titularidad separada en las instalaciones de regadío[624]. La efectividad de la Ley Carey para impulsar el riego la evidencia el hecho de que, en 1902, solo un estado, Wyoming, había patentado algún acre bajo esta ley[625].

Redistribución a través de la Ley de Recuperación

A pesar de que hacia 1900 los proyectos privados habían llevado agua a 7,5 millones de acres en diecisiete estados (véase la Tabla 10.1), los ciudadanos de los estados del Oeste dirigieron su atención a Washington en busca de ayuda para desarrollar los proyectos de regadío. En 1891 se reunió en Salt Lake City el primer National Irrigation Congress (Congreso Nacional de Riegos), apoyado por James J. Hill, presidente de la Great Northern Railroad (Gran Compañía Ferroviaria del Norte), y por otras muchas compañías ferroviarias, comisionados para las tierras estatales, abogados e ingenieros civiles[626]. Los participantes en el congreso acordaron que se necesitaban subsidios federales para el riego, y debatieron sobre el mecanismo apropiado para distribuir esas subvenciones. Algunos apoyaron la construcción federal de grandes proyectos para el regadío, mientras que otros preferían la cesión de tierras federales a los estados, y que la recaudación por esos terrenos se emplease para apoyar los proyectos hídricos. El Congreso Nacional de Riegos se reunió de nuevo en Los Ángeles en 1893 y en Denver en 1894, lo que generó una mayor presión para el gobierno en lo concerniente al riego[627]. Hacia 1900, los partidarios del desarrollo gubernamental del riego habían generado suficientes apoyos políticos como para que tanto el partido Republicano como el Demócrata tuvieran plataformas que defendían el desarrollo por parte del gobierno federal de los proyectos del agua en el Oeste[628]. En 1901, en su discurso del Estado de la Unión, el presidente Theodore Roosevelt defendió la política federal de recuperación:

Se necesitan grandes instalaciones de depósito para igualar el flujo de las corrientes y para salvaguardar el volumen de las aguas. Su construcción ha demostrado de forma concluyente que es una tarea demasiado difícil para la iniciativa privada, y que tampoco la pueden llevar a cabo los Estados actuando cada uno por su cuenta. Están implicados aquí problemas interestatales de gran alcance; y los recursos de los Estados por separado serían, a menudo, inadecuados. Se trata probablemente de una empresa nacional, al menos en algunas de sus características. (…). El Gobierno Nacional debería construir estos trabajos de regadío (…). Ninguna presa ni ningún canal debería construirse jamás con el fin de satisfacer intereses egoístas o personales; solo de acuerdo al consejo de expertos calificados, y después de realizar una exhaustiva investigación[629].

Roosevelt entendió correctamente que los esfuerzos privados del agua eran inadecuados y que se necesitaba la participación federal para «hacer que el desierto floreciese como una rosa». En 1902 el Congreso aprobó la Ley de Recuperación, que fijó la planificación, construcción y mantenimiento de las presas y otras instalaciones para el regadío en los estados del Oeste. Tal y como tratamos a continuación, las pruebas indican que casi todos los proyectos federales de recuperación subvencionaron a granjeros particulares sin realizar primero un simple análisis de coste-beneficio acerca de la viabilidad económica de estas prácticas[630].

De estos subsidios se benefició un número relativamente pequeño de personas en el Oeste a costa de un gran número de las que vivían en el Este. ¿Cómo se desarrolló esta distribución de los costes? Una legislación similar a la Ley de Recuperación había fracasado en 1901 porque los legisladores del Este y del Medio Oeste temían los aspectos redistributivos de la propuesta de ley de recuperación. Pero en 1902 el presidente Roosevelt hizo valer su considerable peso en la legislación, y los que estaban preocupados por la potencial redistribución se aseguraron una cláusula, en virtud de la cual los que recibían agua de riego debían hacer frente al coste total de la construcción de estos proyectos[631]. Los 26 representantes de los estados áridos votaron en pleno a favor de la Ley de Recuperación, y el apoyo de otras parte del país fue suficiente para elevar el resultado final en la Cámara de Representantes hasta los 146 votos a favor por 55 en contra[632].

Sin embargo, no todos los miembros del Congreso celebraron la aprobación de la ley. Hepburn, representante de Iowa, expresó el sentir de la oposición:

la propuesta de este proyecto de ley es el intento de latrocinio más insolente e impúdico que jamás he visto encarnado en una propuesta legislativa. ¿Qué es lo que quieren estos caballeros? Nos piden (…) que les entreguemos un imperio para que su propiedad privada pueda tener valor (…). Insisto ahora, como he hecho anteriormente, en que este es un intento muy poco camuflado y enmascarado de hacer que el Gobierno, a través de su fondo general, pague por estas grandes obras (grandes en extensión y en gasto, pero no en resultados) (…). Lo único cierto es que el gobierno general no obtendrá nada a cambio[633].

No obstante, ambas cámaras del Congreso aprobaron la propuesta sin problemas, y el presidente Roosevelt firmó la ley el 17 de junio de 1902.

El intento de prevenir la redistribución, obligando a que los beneficiarios de los proyectos de riego reembolsaran el total de los costes, fracasó desde un principio. La financiación de los proyectos de recuperación debía provenir de la venta de tierras públicas en dieciséis estados de terreno árido[634]. Anteriormente, los recibos de la venta de terrenos públicos se habían destinado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para pagar diversas iniciativas federales. Si ahora los recibos iban a la recuperación, la financiación de otros esfuerzos federales tendría que surgir de otras fuentes, al menos hasta que los costes de los proyectos de recuperación se pagaran con intereses.

Quizás no nos sorprenda saber que nunca se llegaron a pagar con intereses. En primer lugar, la Ley de Recuperación especificaba la devolución del pago en un plazo de diez años, pero no decía nada acerca de los intereses. Así que se asumió que el pago no los incluía. La subvención implícita de los préstamos sin intereses era muy elevada, ya que iba desde un 48 hasta un 95 por ciento del coste original[635].

El interés del subsidio se aumentó debido a que el Congreso alargó el plazo para la devolución del pago más allá de los 10 años, convirtiéndolo en 20 años en 1914, y de 40 en 1926[636]. En los tiempos difíciles para la agricultura, en especial durante la década de 1920 y de 1930, el Congreso también pospuso los pagos y al final, en 1939, permitió que la Oficina de Recuperación elaborase un plan de «capacidad de pago» que determinase cuándo tendría lugar la devolución del pago, si es que sucedería[637].

El Congreso trató de restringir la extensión y la distribución de las subvenciones, limitando la superficie que se podía regar bajo la Ley de Recuperación a 160 acres. No obstante, los individuos podían eludir esta estipulación si sus esposas también poseían 160 acres, transfiriendo la tierra a su descendencia o vendiendo la tierra y arrendándola después. Y, por supuesto, los funcionarios de la oficina admitían de buena gana la ampliación de la superficie total porque, al hacerlo, también aumentaban el tamaño y el presupuesto de la agencia[638].

Finalmente, el alcance de las subvenciones también aumentó cuando el Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército) empezó a competir con la Oficina de Recuperación suministrando presas y agua para el regadío. El Cuerpo de Ingenieros había estado involucrado en el Oeste durante un tiempo, retirando la madera flotante para facilitar la navegación, realizando labores de dragado y desenterrando navíos hundidos en ríos y puertos. Pero las funciones del Cuerpo en el Oeste aumentaron significativamente durante la Gran Depresión cuando comenzaron a construir presas[639]. Las comunidades que querían tener diques para prevenir las riadas y las inundaciones, así como presas para el riego, podían escoger al Cuerpo de Ingenieros antes que a la Oficina de Recuperación. En muchos casos, ambas agencias les ofrecieron repetidamente a los irrigadores proyectos más caros y que gozaban de una mayor subvención[640].

Así como los colonos en la frontera prefirieron asaltar a los indios antes que comerciar con ellos, toda vez que contaban con el apoyo del Ejército de los Estados Unidos (véase el Capítulo 4), los granjeros del Oeste encontraron amplias oportunidades para asaltar a otros contribuyentes cuando el gobierno federal se involucró en el desarrollo del agua. Como las leyes se creaban a nivel estatal y nacional, y los legisladores no tenían que hacer frente al coste de sus acciones, había muy pocos incentivos para la eficiencia institucional.

Conclusión

La escasez de agua en el Oeste americano, en comparación con Inglaterra y el Este de los Estados Unidos, condujo a la evolución de derechos de propiedad asegurados y transferibles bajo la doctrina de apropiación previa. Bajo este marco, los emprendedores institucionales desarrollaron numerosas formas organizativas para almacenar y distribuir el agua a las minas y a los campos agrícolas.

No obstante, las políticas federales limitaron el potencial del desarrollo privado del agua. En particular, los costes de transacción artificiales hicieron más difícil que los emprendedores institucionales capturasen las economías de escala inherentes a los grandes proyectos de riego, así como para integrarse verticalmente y superar los problemas derivados de las actitudes oportunistas y de no colaboración. La retirada de las tierras públicas y de los emplazamientos de los embalses para la privatización limitó todavía más la iniciativa privada en el desarrollo hídrico. Dadas estas restricciones federales, es increíble que hacia 1890 el sector privado fuera capaz de regar 3 millones de acres.

A partir de 1902, el gobierno federal comenzó a inmiscuirse de forma directa en el reparto del agua en el Oeste a través de la Ley de Recuperación. Esta ley no solo fue un esfuerzo equivocado para solventar lo que se percibía como un fallo del mercado, sino una oportunidad para que los terratenientes del Oeste buscaran rentas a gran escala. La entrada del Cuerpo de Ingenieros en el desarrollo del agua en el Oeste en la década de 1930 proporcionó oportunidades adicionales para la redistribución. Y la centralización del reparto del agua por parte de las legislaturas y de las agencias de la administración, aumentó todavía más las oportunidades de búsqueda de rentas. En resumen, la historia del agua en el Oeste evolucionó de una era de creación y de reorganización de los derechos de propiedad del agua a una era dominada por la redistribución de tales derechos.

ONCE

Las nuevas fronteras

La frontera del Oeste en el siglo XIX fue un crisol para la evolución de los derechos de propiedad. Tanto indios como blancos tuvieron que establecer nuevos derechos para la tierra, la fauna, los minerales, el agua y el ganado con el fin de enfrentarse a nuevas tecnologías, y a un entorno físico que era muy diferente de Inglaterra y del Este del país, y además tuvieron que reestructurar las organizaciones sociales para coordinar la producción. Por ejemplo, cuando los caballos llegaron a las llanuras, los indios dejaron de vivir en los grandes grupos que les habían permitido capturar las economías de escala de cazar búfalos a pie. A cambio, formaron grupos más pequeños capaces de seguir las migraciones del búfalo y de cazar animales montados caballo. Aquellos que poseían caballos y tenían la habilidad de montar y disparar a las manadas de búfalos en estampida, se alzaron a la cima jerárquica de su sociedad. De manera similar, la organización de las caravanas fue necesaria para controlar a grupos de personas y de equipamiento que trataban de atravesar las Grandes Llanuras en dirección hacia el oeste, en busca de mayores riquezas. Como la minería exigía que el agua se trasvasase de los arroyos a las esclusas y a los canales hidráulicos, los mineros concibieron la doctrina de apropiación previa para reemplazar la antigua doctrina ribereña que se había importado de un país abundante en agua como es Inglaterra. El hierro y el registro de marcas evolucionaron como métodos efectivos para definir la propiedad del ganado en los pastos libres, y los rancheros formaron asociaciones de ganadores para manejar los pastizales, antes de que se cercaran con alambre de espino.

Estudiando este crisol, hemos aprendido lecciones importantes acerca de la forma en la que evolucionan los derechos de propiedad, y el impacto que tienen en la administración y la prosperidad de los recursos. Al recompensar a los propietarios por una buena administración, los derechos de propiedad desbaratan la tragedia de los comunes. En vez de dejar que las rentas derivadas de los recursos naturales estén a disposición de quien los quiera, alentando por tanto una búsqueda de rentas ineficiente, los derechos de propiedad promueven un intercambio voluntario de suma positiva. Como definir y proteger los derechos de propiedad es costoso, la gente no se preocupará de definirlos y aplicarlos hasta que no resulte económico hacerlo. De este modo, cuando la tierra estaba disponible de inmediato, solo se hacía un mínimo esfuerzo por definir los lindes a través de señales que establecían la propiedad. Pero conforme el valor de la tierra aumentó, se empezó a poner más empeño en trazar límites y protegerlos con vallas. Cuando se requería la acción colectiva, la tendencia era minimizar la disipación de rentas derrochadora porque los grupos pequeños tenían un mayor incentivo en la eficiencia del resultado. No resulta sorprendente que las distritos de riego pequeños y organizados de manera privada produjeran proyectos de riego más rentables que los planes masivos construidos por la Oficina de Recuperación. Los grupos pequeños también podían sacar provecho de sus culturas más homogéneas para asegurarse del cumplimiento de sus derechos de propiedad y fomentar la cooperación entre los miembros del grupo, tal y como evidenciaron las asociaciones de ganaderos. Por otro lado, cuando el gobierno federal comenzó a dictar el cambio institucional, promovió una tendencia de disipar recursos en el proceso de creación de los derechos de propiedad.

La historia institucional del Oeste aporta una visión muy distinta de la que narran las películas de Hollywood y la mayoría de las crónicas más académicas. Estas tienden a representar el Oeste o bien como un lugar de individualismo triunfante, o bien como uno dominado por poderosos capitalistas. A diferencia de la región salvaje y confusa que se imaginaba, en que la pistola más rápida o el terrateniente más grande explotaban al resto, el auténtico Oeste fue por lo general pacífico debido al entorno institucional estable que forjaron los primeros colonizadores. Sin lugar a dudas, el gobierno federal empleó a su ejército permanente para arrebatar enormes extensiones de terreno de manos de los indios. Pero cuando grupos más pequeños de particulares determinaron la evolución de los derechos de propiedad, tales capturas distaron de ser la norma. Ciertamente, los dos primeros siglos de relaciones entre indios y blancos estuvieron caracterizados por un comercio relativamente pacífico, en contraste con la violencia de las Guerras Indias. En los campamentos mineros y en los pastos libres, el revólver pocas veces ejerció como árbitro para dirimir disputas. En lugar de eso, los mineros establecieron normas en las reuniones de los campamentos, y los ganaderos emplearon sus asociaciones para labrar los pastizales, rodear su ganado y proteger el registro de marcas. Pese a que no todos los intentos de resolver litigios tuvieron éxito, los emprendedores institucionales encontraron formas de definir y de aplicar los derechos de propiedad que crearon riqueza en vez de destruirla. En pocas palabras, el Oeste en realidad no fue tan salvaje.

Las lecciones del Oeste americano no solo encuentran utilidad en la historia, sino que aportan perspectivas acerca de cómo están evolucionando los derechos de propiedad, y de cómo lo harán en nuevas fronteras. Aunque la frontera del Oeste se cerrase a finales del siglo XIX, se están abriendo continuamente otras nuevas. Los debates medioambientales tratan fundamentalmente de los derechos de propiedad, sobre quién posee la tierra, el aire, el agua y la vida salvaje, y de cómo estos derechos evolucionarán o no para establecer propiedad sobre estos recursos. Por ejemplo, los océanos han sido comunes durante mucho tiempo, pero conforme la recompensa por ellos aumenta, los emprendedores institucionales tendrán la elección de crear nuevos derechos de propiedad u observar cómo la tragedia de los comunes destruye los recursos de los océanos. Las nuevas tecnologías están cambiando constantemente los caminos que se toman para definir y hacer cumplir los derechos de propiedad. Al igual que el alambre de espino hizo posible que vallásemos los terrenos, los satélites nos permiten explorar y vigilar lugares remotos de la tierra. Internet ha creado una frontera electrónica en la que se puede intercambiar y explotar la información. Y la nueva tecnología de la red puede debilitar los derechos de autor de la música, como descubrió la industria con el caso Napster. El espacio exterior quizás sea la frontera definitiva por los siglos venideros.

Veamos cómo se pueden aplicar las experiencias del Oeste americano a estas nuevas fronteras.

Las fronteras en los países en vías de desarrollo

Los países en vías de desarrollo se asemejan mucho al Oeste de Estados Unidos. En muchos casos, los pueblos indígenas habitan tierras remotas muy alejadas de las tecnologías y de las instituciones modernas. Tal y como vimos en el Oeste americano, las tradiciones y la cultura forman a menudo la base de los derechos de propiedad entre las sociedades indígenas homogéneas. Pero a medida que la frontera del mundo desarrollado se desplaza hacia los territorios indígenas, las costumbres y los hábitos locales no están bien preparados para la interacción con grupos heterogéneos, ni permiten el intercambio de derechos de propiedad.

Consideremos la frontera del Amazonas en Brasil. Aplicando poca presión sobre los recursos del bosque, los pueblos nativos usaron sus costumbres y su cultura para asignar derechos a aquellas partes de la selva que tenían valor para ellos. Las políticas del gobierno, sin embargo, han subvencionado la agricultura moderna en la cuenca del Amazonas y el transporte de los productos agrícolas a los mercados urbanos. Al aumentar de manera artificial las rentas de la tierra, estas normas han alentado una carrera por los derechos de propiedad, unos derechos que requieren asentamientos y desarrollos sobre los terrenos, lo que nos evoca los asentamientos en el Lejano Oeste[641]. El proceso de reparto de la tierra está altamente politizado, y los ocupantes ilegales son capaces de expropiar granjas privadas, aumentando de este modo la incertidumbre de la titularidad de la tierra[642]. Los economistas Lee Alston, Gary Libecap y Bernardo Mueller concluyen que «las jurisdicciones burocráticas y gubernamentales que entran en conflicto han confundido la estipulación de derechos de propiedad de la tierra definitivos» y que «las inconsistencias entre el derecho civil y su protección del título de propiedad, y de la ley constitucional populista y su énfasis en la redistribución de la tierra, han dispuesto un escenario proclive para la confrontación violenta entre propietarios e invasores de tierras, a los que acompaña una disipación de las rentas de la tierra»[643]. Al igual que en el Oeste de los Estados Unidos, las políticas verticales para establecer derechos de propiedad en la frontera amazónica no están promoviendo la eficiencia ni la equidad.

En muchas economías en vías de desarrollo, los derechos de propiedad en las zonas urbanas están evolucionando a nivel local debido a los costes de transacción artificialmente altos impuestos por los entes de los gobiernos formales[644]. Hernando de Soto y sus colegas calcularon el coste de establecer un taller textil en Lima, Perú. En suma, tardaron un total de 289 días «en rellenar todos los impresos, esperar en las colas y hacer los viajes de autobús hasta el centro de Lima para conseguir todos los certificados necesarios para poder operar»[645]. Estiman que, por lo general, en Perú «el 15 por ciento de los ingresos brutos por producir en el sector ilegal se gastan en sobornos, y estos pueden ser desde “muestras gratuitas” y “regalos” especiales de mercancía, hasta dinero en efectivo»[646]. La ausencia de un registro de derechos de propiedad que obligue a su cumplimiento provoca que los pobres tengan pocos incentivos para mejorar su propiedad, y además tengan dificultades para usar sus hogares y terrenos como hipoteca para conseguir un préstamos y fundar pequeños negocios. En la mayoría de casos, las instituciones locales informales, tales como la iglesia o la comunidad tienen registros sobre a quién le pertenecen las propiedades. Como estos títulos pueden ser muy inseguros, de Soto estima que «el valor total de los inmuebles que los pobres tienen, pero no poseen legalmente, en el tercer mundo y en las antiguas naciones comunistas es de, al menos, 9,3 billones de dólares». Esta cifra equivale a «casi tanto como el valor total de todas las compañías que cotizan en las principales bolsas de valores de los países más desarrollados del mundo»[647].

La investigación sobre los derechos de propiedad de de Soto va más allá de Perú para detallar las normas formales e informales en Haití, Egipto y Filipinas. De Soto halla que, en todos estos países, el sistema legal ha fallado en reconocer y proteger los derechos de propiedad, en especial los de los más desfavorecidos. La ausencia de registros formales limita su cumplimiento, crea costes de transacción artificialmente altos, y eleva los costes de crear nuevas formas contractuales para producir bienes y servicios y adaptarse a la tecnología moderna.

Además de su trabajo de investigación sobre los derechos de propiedad, de Soto es asimismo un emprendedor institucional. Ayuda a población local de Perú e Indonesia a formalizar sus sistemas locales e informales de los derechos de propiedad, codificándolos de manera similar a como hacían los ganaderos con sus registros de marcas de hierro. Una vez que estos derechos cuentan con un título oficial y están protegidos por los tribunales, los dueños pueden realizar inversiones a largo plazo usando su propiedad como aval. A este respecto, el contraste entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo es dramático. Casi un 70 por ciento de los nuevos negocios en los Estados Unidos emplean sus hipotecas como garantía[648]. Pero si en los países que de Soto ha estudiado el 80 por ciento de los propietarios carece de títulos de propiedad formales o en regla, resulta muy complicado obtener capital a través de hipotecas.

La ausencia de derechos de propiedad asegurados y el control de las instituciones por parte de los gobiernos centrales, sin consideración alguna por las condiciones locales, también han sido motivos para el estancamiento y el conflicto en toda África[649]. Durante el periodo colonial, los gobiernos establecieron y protegieron derechos de propiedad que ignoraron las instituciones indígenas, ganándose así la enemistad de la población local. Los dirigentes coloniales de Inglaterra, Francia y Bélgica extrajeron riqueza del comercio de esclavos y de la exportación de metales preciosos, casi siempre violando los derechos de propiedad de los nativos.

Incluso después de que los países africanos obtuvieran su independencia en las décadas de 1950 y 1960, el control centralizado de las instituciones ha seguido siendo la norma. En palabras de George Ayittey:

La libertad de verdad no llegó a la mayor parte de África tras las declaraciones de independencia. A pesar de la retórica y de los vituperios contra el colonialismo, en los años que siguieron a la independencia cambiaron muy pocas cosas. Para muchos países, la independencia solo significó un cambio de color de los administradores, del blanco al negro. Los nuevos líderes comenzaron a actuar de la misma forma que los colonizadores. De hecho, en muchos sitios eran peores que los dirigentes colonialistas[650].

Por ejemplo, Nkrumah de Ghana, inmediatamente después de llegar al poder, abolió numerosos derechos constitucionales. Julius Nyerere hizo de manera similar tras convertirse en presidente de Tanzania, pues declaró que el país solo tenía un partido político y mandó a la cárcel a los líderes opositores. Quizás el caso más notorio sea el de Mobutu Sese Seko, quien gobernó Zaire desde 1965 hasta 1997. Durante este periodo, se apoderó de cuatro mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales envió fuera del país[651].

Unos derechos de la propiedad intelectual bien definidos y protegidos son clave para el crecimiento económico en el mundo moderno, pero pocas veces se aplican en los países en vías de desarrollo. Al no reconocer ni proteger los derechos de la propiedad intelectual, los gobiernos de estos países disuaden la inversión intelectual y las transferencias de tecnología en sus países. Por ejemplo, en 1997 en China, el 96 por ciento del software que se usaba era fraudulento, el 93 por ciento en Bulgaria, y el 89 por ciento en El Salvador y en Rusia[652]. Un sondeo en 1995 de las compañías médicas y farmacéuticas de los Estados Unidos reveló que, debido a la inseguridad de los derechos de la propiedad intelectual, el 55 por ciento se negaba a trasladar su mejor y más actual tecnología a Colombia, el 51 por ciento rechaza llevarla a Venezuela, el 49 por ciento a Argentina, el 45 por ciento a México y el 42 por ciento a Chile[653]. La estimación de pérdidas de las compañías estadounidenses a causa de la piratería de programas informáticos se elevaban a 1,4 millardos de dólares en 1997. En América Latina «los Estados Unidos pierden unos 3,45 millardos de dólares al año a causa de una ejecución inadecuada de los derechos de la propiedad intelectual en sectores que hacen un uso intensivo de la información, como las compañías farmacéuticas, las productoras cinematográficas y las que publican software de entretenimiento»[654]. Si bien resulta sencillo para los gobiernos de los países en vías de desarrollo achacar las pérdidas de las empresas extranjeras a una simple redistribución de la riqueza de los capitalistas más poderosos, la inseguridad de los derechos de la propiedad intelectual supone un impedimento para el crecimiento económico.

¿A quién le pertenece el medio ambiente?

El aumento del valor recreativo de los recursos naturales, esto es, de su valor como fuentes de entretenimiento y disfrute, permite a los emprendedores institucionales una oportunidad para capturar las rentas de estos servicios. Los emprendedores ya habían identificado estos valores a finales del siglo XIX. Los magnates de las compañías ferroviarias siempre estaban buscando maneras de capturar las rentas de la tierra, y no solo a partir de la producción tradicional de las cosechas, la madera y los minerales. Ellos fueron los primeros que reconocieron los valores recreativos de, sin ir más lejos, el Parque Nacional de Yellowstone[655]. Así lo veía un funcionario de la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte:

No queremos ver las Cascadas del Yellowstone mientras manejamos los telares de una fábrica de algodón, o los grandes géiseres a la vez que cocemos cerdo para alguna planta de empaquetado, sino en toda su salvaje grandeza y majestuosidad. Tal y como se pueden contemplar hoy en día, sin rastro alguno de esa decoración que supone la profanación, esas mejoras que equivalen a arruinarlas, o ese empleo del medio que significa una destrucción todavía mayor[656].

En contra de la creencia popular, Yellowstone, el primer parque nacional, no se creó porque unos ecologistas con visión de futuro temieran que el desarrollo privado destruiría las espectaculares maravillas naturales de la zona. Se creó principalmente porque los emprendedores ferroviarios reconocieron las oportunidades disponibles para sacar beneficio de transportar turistas al parque y de ofrecerles alojamiento[657]. Como sabían que su ruta transcontinental pasaría cerca de Yellowstone, la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte financió muchas de las primeras expediciones a la región. Y como temían que los colonos reclamasen atracciones como las fuentes termales de Mammoth o de Old Faithful y cobrasen entrada por visitarlas, lo que arrebataría una parte proporcional de las rentas potenciales de la compañía, esta presionó al Congreso para que la región se convirtiera en un parque nacional y para que le concediera el monopolio del transporte y del alojamiento del parque a la compañía y a sus filiales. Al no haber competencia que ofreciera alternativas de transporte a Yellowstone, y con el control monopolístico de sus servicios internos, la Compañía Ferroviaria del Pacífico Norte podía capturar de forma efectiva las rentas recreativas a través de las entradas que cobraba a los primeros visitantes. Como las leyes de asentamientos rurales crearon costes de transacción artificialmente altos, la compañía ferroviaria no pudo obtener el título de propiedad sobre Yellowstone, pero fue capaz de sortear estos costes de transacción artificiales y de capturar las rentas a través de su monopolio en el transporte y en los servicios dentro del parque.

Los valores recreativos que reconocieron los primeros magnates ferroviarios han aumentado todavía más desde la Segunda Guerra Mundial, aportando así un mayor retorno a los emprendedores institucionales que pueden reorganizar los derechos de propiedad sobre la tierra. Tom Bourland, director de fauna silvestre para International Paper (IP) en las décadas de 1980 y de 1990, es uno de esos emprendedores[658]. Mientras trabajaba para uno de los mayores productores de madera de los Estados Unidos, se dio cuenta de que los valores relativos de la madera y de la recreación habían cambiado, y de que crear nuevos derechos para la caza y la acampada aumentaría los beneficios de la compañía. A principios de los ochenta, Bourland se convirtió en responsable de la dirección de fauna salvaje de los 1,2 millones de acres que tenía IP para producir madera en la región del medio sur. En ese momento se ponía poco énfasis en cobrar para permitir el acceso a la caza, la pesca y la acampada en los terrenos de IP. Bajo el liderazgo de Bourland, la compañía creó y comercializó derechos sobre estas actividades de manera que, a finales de los noventa, los ingresos por estas actividades de recreo constituían el 25 por ciento del total recaudado por IP en esta región.

Durante siglos, los tribunales del derecho común han emitido veredictos en litigios sobre el uso de los recursos y contribuido así a la evolución de los derechos de propiedad. Por ejemplo, cuando propietarios vecinos no estaban de acuerdo en los lindes, la cuestión quizás acabaría en un pleito civil en el que el demandante reclamase que el acusado le ha causado un perjuicio traspasando la propiedad del demandante. Hasta donde sabemos, en 1611 un tribunal inglés dictaminó sentencia en el Caso William Aldred, en el que el dueño de una propiedad, Mr. Aldred, declaró que el olor que provenía de una granja porcina próxima le estaba provocando un perjuicio. El tribunal dictó sentencia a favor de Aldred, afirmando que «Uno debería hacer uso de su propiedad de forma que no moleste a la de otra persona»[659].

Desde entonces, los tribunales han seguido esta lógica para resolver las disputas complejas acerca de los derechos de propiedad que involucraban distintos tipos de polución. En Carmichael contra La Ciudad de Texarkana (1899), por ejemplo, el tribunal falló a favor de la familia Carmichael, que reclamaba daños y perjuicios a causa de las aguas residuales que la ciudad estaba vertiendo en el suministro de agua de la familia. El tribunal sostuvo que la «fosa séptica es una gran molestia porque contamina, corrompe, poluciona, empeora y envenena el agua [del arroyo] (…) privándoles [a los Carmichael] del uso y disfrute del susodicho arroyo»[660].

Si bien la evolución de los derechos de propiedad a partir del derecho común ha sido en parte sustituida por diversos estatutos medioambientales[661], los tribunales del derecho común ofrecen un juzgado para resolver disputas medioambientales, en especial cuando las nuevas tecnologías permiten demostrar la causa y el efecto de los perjuicios más fácilmente. En 1982, un tribunal de Rhode Island anuló una sentencia de 1934 en el caso Wood contra Picillo. La sentencia original rechazaba la reclamación del demandante por la cual los vertidos del acusado estaban contaminando las aguas subterráneas, porque estas son «indefinidas y oscuras». En otras palabras, los costes de definir y asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad de las aguas freáticas eran tan altos, que provocaban que fuera imposible llevarlos a cabo. El tribunal dio marcha atrás en 1982 porque «la ciencia de la hidrología de las aguas subterráneas, así como la preocupación social por la protección del medio ambiente se han desarrollado de forma dramática. A nivel científico, el curso de las aguas subterráneas ya no es un asunto oscuro ni misterioso»[662].

Una ciencia y una tecnología más avanzadas pueden mejorar el potencial para definir y proteger los derechos de propiedad del aire y del agua, y así reducir la polución. En un esfuerzo para determinar el origen de la contaminación del aire en la zona del Gran Cañón, un consorcio de agencias gubernamentales y de compañías de servicios emplearon un análisis mediante radiotrazador. Este estableció en la zona una batería de estaciones para controlar el aire e inyectó metano deuterado, un gas que imita al dióxido de azufre, en el conducto de la Navajo Generating Station (Estación Generadora Navajo). El experimento reveló que la instalación generadora era responsable del 70 o del 80 por ciento de la niebla provocada por el azufre. Tras estudiar varios métodos de identificación de las fuentes de los contaminantes, la ingeniera medioambiental Anna Michalak concluyó que «la identificación de la fuente del contaminante puede ayudar a definir y a hacer cumplir los derechos de propiedad de todas las partes afectadas por la contaminación, pero no sin ciertos costes»[663]. Su trabajo nos muestra que la ciencia y la tecnología están reduciendo estos costes y mejorando las expectativas para la evolución de los derechos de propiedad medioambientales.

Los derechos de propiedad de la pesca en el océano también están evolucionando, en este caso mediante el establecimiento de cuotas individuales transferibles (CIT). Cada cuota permite a su titular atrapar un porcentaje específico de un total permitido que, por lo general, viene especificado por una agencia del gobierno, pero preferiblemente con alguna contribución de los pescadores que tienen incentivos en el sector pesquero. Las CIT proporcionan a los poseedores de una cuota certeza acerca de la pesca total y, de este modo, evitan una tragedia de los comunes. Además, como son transferibles, las CIT tienden a acabar en las manos de los pescadores más eficientes. Tanto Nueva Zelanda como Islandia han usado las CIT para gestionar la mayoría de sus industrias pesqueras, y Australia y Canadá las usan cada vez más. El experto en gestión pesquera Donald Leal finaliza diciendo que «En líneas generales, la CIT han generado mayores beneficios para los pescadores y mejorado la calidad del producto para los consumidores, reducido los gastos de las flotas y eliminado casi por completo las situaciones en que la pesca total superaba el número que estaba permitido»[664].

Los enfrentamientos por el uso de las tierras de dominio público en el Oeste moderno ejemplifican lo que sucede cuando los derechos de propiedad se redistribuyen continuamente en la escena política. Estas luchas se expresan en términos de desarrollo frente a conservación, pero se analizan de forma más correcta como conflictos sobre qué demandas del uso de la tierra deberían garantizarse. ¿Deberían garantizarse las explotaciones forestales, el pastoreo, la minería, el senderismo, la caza, el hábitat de la fauna, la naturaleza, u otros usos distintos? Sin derechos de la propiedad asegurados y transferibles, la ganancia de un grupo de interés especial es la pérdida de otro. No sorprende pues que el conflicto vaya en aumento[665].

Para comprobar cómo podría ayudar una institución de la frontera, consideremos los debates sobre el pastoreo en los terrenos federales. Los ecologistas habían exigido que se retirase el ganado bovino y ovino de las asignaciones federales para el pastoreo o, al menos, que se cobrasen tarifas más altas a los rancheros por pastar con su ganado en esas parcelas, pero esto último gozó de muy poco éxito. Una solución «no tan salvaje» para el conflicto sobre el uso de la tierra reconocería los permisos para el pastoreo como derechos de propiedad asegurados, y permitiría traspasarlos a los ecologistas que se oponen al pastoreo. De hecho, un grupo ecologista ha tratado de emplear esta estrategia para eliminar el pastoreo en cientos de miles de acres en Utah, pero las restricciones federales en la transferencia de permisos para usos no relacionados con el pastoreo, sofocó esta solución pactada entre el comprador y el vendedor[666]. Como resultado, el conflicto y la búsqueda política de rentas continúan cuando podrían producirse beneficios derivados del comercio y de la cooperación.

Nuevas tecnologías

La aplicación de los derechos de pastoreo habituales en la frontera cambió de forma radical con la invención del alambre de espino. De manera similar, hoy en día las nuevas tecnologías continúan cambiando la manera en que se definen y protegen los derechos de propiedad a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, los sistemas de información geográfica (SIG), combinados con fotografías aéreas e imágenes de satélite, suponen herramientas que reducen los costes por adjudicar los derechos del agua y resolver contenciosos pendientes. El SIG permite a los usuarios extender diversas capas de información de referencia espacial en un formato de mapa visual. La tecnología informática ha reducido el precio de tales mapas y ha facilitado detectar transgresiones y demostrar reclamaciones sobre derechos del agua[667]. El estado de Oregón, por ejemplo, ha usado la tecnología SIG para producir mapas de derechos de superficie, de derechos del agua subterránea y de derechos de los flujos de las corrientes, así como de características físicas y naturales. Esta información, combinada con datos acerca de puntos de trasvase, lugares de bombeo y fechas de prioridad, hace que sea menos costoso definir y ejecutar el cumplimiento de las concesiones.

La tecnología también está reduciendo los costes de proteger las cuotas individuales transferibles (CIT) mencionadas más arriba. Los sistemas de posicionamiento global (GPS) pueden supervisar la localización y la actividad de las flotas pesqueras, y los dispositivos de medición situados en los barcos, como las cámaras de vídeo selladas, pueden grabar datos de las capturas. Al reducir los costes de aplicación, esta tecnología ha inducido a los pescadores con un incentivo en las industrias pesqueras a poner más esfuerzo en asegurar sus concesiones[668].

El aumento en el uso de los teléfonos móviles ha extendido la cuestión de los derechos de propiedad al espectro electromagnético. Inicialmente, los derechos de propiedad se crearon como parte de un proceso político que condujo a la disipación de rentas[669]. La Federal Communications Commision (Comisión Federal de Comunicaciones) asignó licencias de espectro en audiencias en las que se determinó la valía de los aspirantes. Estos pusieron mucho esfuerzo en intentar parecer «valiosos», disipando rentas por el camino. El Congreso reemplazó el proceso por un sorteo, asignando aleatoriamente cada licencia a los aspirantes. Como no se fijó un número tope de solicitudes, las rentas se fueron disipando cada vez más a medida que los aspirantes debían pasar por el proceso de enviar múltiples solicitudes para conseguir licencias que, quizás algún día, tendrían algún valor. En un momento dado, la comisión recibió más de 400 000 solicitudes para las potenciales licencias para servicios móviles[670]. Al final se implementó un sistema de subasta que atajó la disipación de rentas.

Conclusión

De la misma manera en que el Oeste de los Estados Unidos aporta abundantes ejemplos de cómo los derechos de propiedad alentaron la administración de los recursos y desanimaron la disipación de rentas, los ejemplos modernos de las nuevas fronteras sugieren que los emprendedores institucionales todavía poseen la clave para la cooperación y para la prosperidad. En los países en vías de desarrollo, en los tribunales de derecho común y a través de algunos programas gubernamentales, los derechos de propiedad están evolucionando para resolver los conflictos sobre el uso de los recursos.

Pero los derechos de propiedad no siempre evolucionan de forma pacífica y productiva, tal y como demostraron las Guerras Indias. Aunque menos sangrientas, las leyes de asentamientos rurales y los costosos proyectos del agua bajo la Ley de Recuperación de 1902 estimularon una competición por los derechos de producción que desperdició recursos. Hoy en día, la disipación de rentas continúa conforme los gobiernos tratan de distribuir los derechos de propiedad o, peor aún, continúan repartiéndolos mediante procesos políticos. Un ejemplo prototípico es la batalla por el agua entre los irrigadores, los ecologistas y las tribus indias en el río Klamath de Oregón. En 2001, con una escasez extrema de agua en el Klamath, los derechos de propiedad del agua se asignaron continuamente por decreto el gobierno[671].

Seguirán surgiendo nuevas fronteras, y seguiremos haciendo frente a elecciones importantes de diseño institucional. Marte es hoy en día muy similar al Oeste que exploraron Lewis y Clark. Al igual que mucha gente a comienzos del siglo XIX no concebía que nadie se pudiera asentar y desarrollar en los tramos altos del río Misuri, la mayoría de la gente todavía no se imagina un desarrollo económicamente viable de Marte. Pero, sin lugar a dudas, Marte y otros planetas se convertirán en fronteras del siglo XXI a medida de que mejore la tecnología y que cambie el valor de los recursos. Y mientras sucede, podemos especular con cómo evolucionarán al respecto los derechos de propiedad. El 11 de septiembre de 2002, el Servicio de Noticias de Reuters citó a un destacado astrónomo británico que dijo, «Marte podría parecerse al anárquico Salvaje Oeste si los aventureros financiados con fondos privados que buscan explotar los recursos del planeta llegan allí antes que los gobiernos». Nuestra historia del Oeste americano arroja una predicción mucho más positiva acerca de lo que quizás evolucione en el vacío «sin ley» del espacio exterior. Ciertamente, si los gobiernos llegan allí antes que «los aventureros financiados con fondos privados», el valor de la nueva frontera podría disiparse a través del conflicto en vez de conservarse a través de la cooperación.

La frontera del Oeste tuvo sus héroes en los emprendedores institucionales que concibieron derechos de propiedad para la tierra, el agua, la fauna, los minerales e incluso los parques nacionales. Las nuevas fronteras también tendrán sus héroes emprendedores. La lección que deberíamos aprender del «no tan salvaje Oeste» es que los derechos de propiedad asegurados y transferibles quizás no sean fáciles de desarrollar, pero son necesarios para sustituir el conflicto por la cooperación. Tanto si contemplamos el uso tradicional de los recursos en los países en vías de desarrollo, las cuestiones medioambientales en el mundo desarrollado o la carrera espacial, tenemos una elección entre salvaje y no tan salvaje.

Notas

[1] Turner 1894, 199. <<

[2] Dippie 1991, 114. <<

[3] Para una exposición más completa del punto de vista de Turner en relación al papel de la violencia en el Oeste y su relación con otros escenarios, véase Faragher 1994 230-32. <<

[4] Para un resumen de los distintos aspectos de la nueva perspectiva, véase Limerick, Milner y Rankin 1991. <<

[5] Véase Limerick 1991 y Robbins 1991, 191. <<

[6] Limerick 1987, 26. <<

[7] Para un útil resumen de la nueva economía institucional, véase Eggertsson 1990 y Furubotn y Richter 1997. <<

[8] Hardin 1968. <<

[9] Véase Gwartney y Lawson 2002 y O’Driscoll, Holmes y O’Grady 2002. <<

[10] Norton 1998, 44. <<

[11] De Soto 2000, 148-49. <<

[12] Tocqueville, 1835. <<

[13] Esta definición es de índole económica y difiere de la creencia clásica de la frontera como el lugar en el que comienzan a ocurrir los asentamientos (Turner 1894). De acuerdo a nuestra definición, la frontera se produce cuando el valor de la tierra se vuelve positivo. En nuestra concepción, un proceso de asentamiento importante se puede producir antes de que el valor sea positivo; en otras palabras, en tierras situadas más allá de lo que se define como frontera. El que esto suceda o no dependerá de la instituciones que rigen la forma en que se determinan los derechos de propiedad de la tierra. Tal y como analizamos con anterioridad, unas normas inapropiadas para establecer la propiedad pueden alentar los asentamientos prematuros. <<

[14] Que el valor sea espiritual o productivo no es de especial relevancia para nuestro análisis. <<

[15] Si bien admitimos que, técnicamente, la especie a la que nos referimos es el bisonte, empleamos el término «salto de búfalo» debido a que se trata de la denominación común que reciben los precipicios a los que los bisontes se abalanzaban en estampida hacia una muerte segura. <<

[16] Para un análisis completo acerca de cómo se pueden disipar las rentas en la formación de los derechos de propiedad, véase T. Anderson y Hill 1983. <<

[17] Para un análisis completo, véase T. Anderson y Hill 1990. <<

[18] Para un análisis completo de la frontera entre indios y no indios, véase T. Anderson y McChesney 1994. <<

[19] Para un análisis minucioso de los costes de transacción, véase Eggertsson 1990, 15. <<

[20] Para un análisis interesante de la evolución de las restricciones morales, véase Ridley 1997 y Ellickson 2001. <<

[21] Novak Kapor, del que hablamos en el Capítulo 1, fue un miembro activo de su Serbian Lodge (Fraternidad Serbia), una organización que unía a serbios que se comprometían a ayudarse los unos a los otros. <<

[22] La reducción de los costes de aplicación se tratará con más detalle en este mismo capítulo. <<

[23] Véase T. Anderson y Snyder 1995. <<

[24] Véase Schumpeter 1934, 66. <<

[25] Williamson 1985. <<

[26] Véase Wellman 1967 [1939], 111. <<

[27] Véase Skaggs 1973, 123. <<

[28] Para un análisis más completo de la evolución de los derechos de propiedad, véase T. Anderson y Hill 1975. <<

[29] Baumol 1990, 894. <<

[30] En este contexto, el término «emprendedor institucional» tiene la intención de incluir a una amplia variedad de actores que alteran las normas que rigen los derechos de propiedad. Así, por ejemplo, un burócrata o un político que se involucre en el cambio institucional, será tanto un emprendedor como un miembro del sector privado que echa mano de las innovaciones contractuales para crear o repartir derechos. De ahí que el empleo del término «emprendedor institucional» no implique ni tenga por sí mismo ningún contenido evaluador; las instituciones creadas por tal emprendedor pueden tanto mejorar como empeorar la asignación de los recursos, y alentar o desalentar la cooperación social. <<

[31] Los buscadores de rentas pueden hacer uso del gobierno tanto para asegurar la transferencia de los derechos de propiedad, como para restringir la competición por los beneficios. Por ejemplo, los servicios de taxi no son únicos, pero el acceso al negocio de los taxis está normalmente restringido gubernamentalmente, con el fin de que solo un número limitado de operadores se lleve los beneficios. Los beneficios no son el resultado de ideas únicas, productos o recursos, sino de restricciones en la competición amparadas por las regulaciones de los gobiernos. <<

[32] Véase Rucker y Fishback 1983. <<

[33] Para un análisis excelente sobre este asunto, véase Libecap 1981. <<

[34] Véase McChesney 1997. <<

[35] Véase Kirzner 1973 para encontrar el mejor análisis sobre la iniciativa empresarial. <<

[36] T. Anderson 1995, 57; véase también Holder 1970, cap. 3. <<

[37] Véase T. Anderson 1995, 55-58. <<

[38] Denig 1930, 533; Henry y Thompson 1965, 520. <<

[39] Véase T. Anderson 1995, 58-64. <<

[40] Para encontrar más detalles sobre las soluciones intermedias, véase Haddock 1997. <<

[41] Los métodos de producción dependen en gran medida de la tecnología existente. Consecuentemente, la tecnología influye en el tamaño geográfico. <<

[42] Para un análisis del impacto potencial de la tragedia de los comunes provocada por la interrelación entre los territorios tribales y los del búfalo, véase Martin y Szuter 1999. Además, véase Lueck 1989 para encontrar un análisis acerca de cómo el tamaño óptimo de las unidades de producción afecta a los costes de transacción. <<

[43] Véase Ellickson 1993 para encontrar un análisis excelente sobre la influencia del tamaño óptimo del colectivo. <<

[44] El uso de la fuerza contra alguien dentro del colectivo es necesario para prevenir lo que los economistas denominan el problema del polizón, como ya se ha tratado en este capítulo. <<

[45] Para una interpretación formal de este argumento en relación a los campamentos mineros, véase Umbeck 1981. <<

[46] Véase T. Anderson y McChesney 1994, 68-71. <<

[47] En términos técnicos esto significaría que el valor descontado de las rentas negativas anteriores a t* solo igualarían las rentas positivas descontadas después de t*. Para consultar un análisis formal de esta posibilidad, véase T. Anderson y Hill 1990. <<

[48] Termino anglosajón que se emplea para referirse a los colonos que entraron en las tierras del actual estado de Oklahoma antes de que se abriesen oficialmente para los asentamientos. Podría traducirse vagamente por «tempraneros» o «madrugadores». (N. del T.) <<

[49] Para un análisis más completo del papel que pueden jugar las normas en la definición y en la aplicación de los derechos de propiedad, véase Ellickson 1991. <<

[50] Los costes derivados del fallo de los litigios también es probable que sean menores en un grupo culturalmente homogéneo. Las normas especifican lo que está bien y lo que está mal, y aportan maneras de bajo coste para resolver las disputas. Y cuando los individuos de un grupo afrontan conflictos sobre los derechos de propiedad, la tradición se convierte en una manera de economizar en los costes de las sentencias. De ahí que el derecho común evolucione clasificando las similitudes entre diferentes conflictos, y usando esas similitudes para crear reglas de propiedad y reglas de responsabilidad. <<

[51] Véase Libecap 1989, 20-21, para consultar un análisis adicional sobre las consecuencias en la distribución de la homogeneidad de los grupos. <<

[52] Véanse los cap. 3 y 4 en T. Anderson 1995. <<

[53] Para consultar una narración detallada del mito del Jefe Seattle, véase Wilson 1992. <<

[54] Wilson 1992, 1457. <<

[55] Timmons 1980, ix. <<

[56] Farb 1968, 6. <<

[57] Bailey 1992, 183. <<

[58] Huffman 1992, 907. <<

[59] Goldsmidt 1951, 511. <<

[60] Hoebel 1954, 294. <<

[61] Posner 1980, 53. <<

[62] Copper 1949, 1. <<

[63] Steward 1938, 253. Como veremos en el próximo capítulo, las sociedades indias carecían de derechos de propiedad sobre recursos naturales debido a que estos recursos no eran escasos en su estado «natural». Como los recursos eran abundantes, no merecía la pena aplicarles derechos de propiedad. Los nidos de águila fueron una excepción, probablemente porque eran escasos y había que administrarlos. <<

[64] Ibíd. <<

[65] Ellis 1979, 355. <<

[66] Kennard 1979, 554. <<

[67] Forde 1931, 367. <<

[68] Ibíd., 369. El artículo de Forde aporta un análisis extenso sobre la agricultura y la titularidad de la tierra de los hopi. <<

[69] Ibíd., 399. <<

[70] Véase Kennard 1979, 554-57, y Forde 1931 para más detalles. <<

[71] Fowler 1986, 65. <<

[72] Steward 1941, 240. <<

[73] Ibíd., 254. <<

[74] Steward 1934, 252. <<

[75] Steward 1938, 258. <<

[76] Lowie 1940, 303. <<

[77] Ibíd. <<

[78] Documentado en Steward 1934, 305. Para un análisis más completo de los derechos de propiedad de los pinos piñoneros, véase Lowie 1940. <<

[79] Steward 1934, 253. <<

[80] Véase Demsetz 1967. <<

[81] Basso 1970, 5. <<

[82] Langdon 1989, 306. <<

[83] Para un análisis más completo, véase Higgs 1982. <<

[84] Netboy 1958, 11. <<

[85] Higgs 1982, 59. <<

[86] Véase Oberg 1973 y De Laguna 1972. <<

[87] De Laguna 1972, 464. <<

[88] Véase Olson 1967. <<

[89] Higgs 1982, 59. <<

[90] United States v. Washington, 384 F. Supp. 312, 352-53 (1974). <<

[91] Speck 1939, 258-59. <<

[92] Ibíd., 259. Este principio es similar a la condición lockeana; no obstante, resulta irónico que cuando Locke postuló su teoría por primera vez, ignoró de manera notoria su aplicación a la cultura india. De hecho, llegó a proclamar que América era un estado natural a la espera de que los blancos llegaran, se asentasen y reclamasen su parte proporcional. <<

[93] Freed 1960, 351. <<

[94] Fowler 1986, 82. Aunque no existen pruebas antropológicas que expliquen la razón por la que organizadores, líderes y dueños podrían haber recibido una porción mayor, es probable que la diferencia reflejase la mayor contribución que estas personas habían realizado a la cacería. Esto sugiere que los indios no eran necesariamente igualitarios, y que las recompensas por el esfuerzo realizado se basaban en el valor de la contribución personal. <<

[95] Bailey 1992, 187. Como el último punto es más aplicable a África, en donde hay mayores probabilidades de que los animales depredadores, en especial los grandes felinos, se queden con el producto de la caza, aquí lo ignoraremos. <<

[96] Este punto enlaza con la teoría del coste de la información de Posner (1980), ya que se aplica a sociedades primitivas. <<

[97] Bailey 1992, 188. <<

[98] En el contexto de este análisis, la compañía puede representar una institución comunal, aunque generalmente está más claro el demandante residual que en las instituciones comunales tradicionales. Para un análisis de la empresa en este contexto, véase Alchian y Demsetz 1972. <<

[99] Barsness 1985, 44. <<

[100] Sass 1936, 5. <<

[101] Ewers 1969, 303. <<

[102] El acecho también permitía evitar algunos de los costes de coordinación de la caza en grupo; como había menos personas involucrada en el primero que en el segundo, también había menos probabilidades de espantar a la manada de búfalos. Si el acecho incluía a muchos cazadores, había muchas posibilidades de que asustasen a la manada antes de que pudieran cazar a algún ejemplar. <<

[103] Véase Arthur 1975, 64, y Hornaday 1889, 423. <<

[104] Véase Simpson 1843, 404, y Denig 1961, 160. <<

[105] Véase Barsness 1985, 45-46. <<

[106] Véase Reher y Frison 1980, 8. <<

[107] Barsness 1985, 44. <<

[108] Ibíd., 37. <<

[109] Véase Schaeffer 1978, 247, y Henry y Thompson 1965, 725. <<

[110] Carter 1990, 27. <<

[111] Grinnell 1962, 234. <<

[112] La bibliografía, por lo general, no diferencia el tamaño de la comunidad de los indios de las llanuras respecto del de otros grupos norteamericanos. John White (1979, 76) aporta la cifra inclusiva de entre 100 y 300 personas. Pero con anterioridad escribió: «El tamaño idóneo para un grupo se creía que estaba entre las 100 y las 150 personas, pero a menudo eran muchas menos. Cuando comenzaba a aumentar en tamaño y la cifra se acercaba a los 200, el problema de la alimentación adquiría mayor seriedad, y la solución habitual era la escisión» (J. White 1979, 55). Wissler (1966, 261) escribe: «Una comunidad india raramente tenía más de cien miembros de todas las edades». <<

[113] Estas congregaciones no siempre se dedicaban a la caza. Los shoshoni se organizaban en grupos organizados para defenderse de las agresiones de los pies negros. Cuando el poderío de los pies negros entró en declive hacia la década de 1850, las congregaciones de temporada llegaron a su fin (Madsen 1980, 24-25). <<

[114] Véase Wissler 1966, 261. <<

[115] Véase Roe 1955, 191. <<

[116] Wyman 1945, 70. <<

[117] Steckel y Prince (2001) reseñan que los indios de las llanuras del siglo XIX eran probablemente las personas más altas del mundo. El alto contenido en proteínas de su dieta a base de carne de búfalo, contribuyó decisivamente a su estatus nutricional. <<

[118] Ewers 1969, 168-69. Véase también Baden, Stroup y Thurman 1981 para un análisis de la respuesta de los indios a los precios relativos. <<

[119] Faegre 1979, 152. <<

[120] Barsness 1985, 50. <<

[121] Véase J. White 1979, 71-72, y Wissler 1966, 289. <<

[122] Véase Barsness 1985, 50. <<

[123] Lavender 1992, 22. <<

[124] Ewers 1969, 304. <<

[125] Ibíd., 305. <<

[126] Lowie 1982, 42. <<

[127] Véase Maximilian 1902, 351, y Farnham 1843, 82. <<

[128] Carter 1990, 27. <<

[129] Wyman 1945, 74. <<

[130] Carter 1990, 35. <<

[131] Shimkin 1986, 309. <<

[132] Ewers 1969, 172. <<

[133] Ibíd., 175. <<

[134] Barsness 1985, 53. <<

[135] Steward 1938, 248-49. Cabe señalar que estas instituciones de guerra surgieron por necesidad, por lo que desaparecieron cuando los indios fueron subyugados por los blancos. «El puesto y sus responsabilidades, que no tenía precedente en las instituciones de los nativos, y que además estaba principalmente dirigido a la negociaciones con el hombre blanco, estaba limitado en su ámbito y duración. Duraron muy poco tiempo como para ganarse el respeto y el apoyo general. Cuando cesaron las guerras, la necesidad de organización se desvaneció casi por completo y los jefes perdieron su autoridad» (Ibíd., 249). <<

[136] Schultz 1907, 152. <<

[137] Ewers 1969, 22. <<

[138] La expresión original, Might Takes Rights in Indian Country, es a su vez una versión adaptada del aforismo inglés Might Makes Right, que se podría traducir como «La fuerza hace el derecho» o, más libremente, «El poder siempre puede con la justicia». (N. del T.) <<

[139] Véase T. Anderson y McChesney 1994. <<

[140] Para una aproximación más completa y rigurosa al análisis expuesto a continuación, véase T. Anderson y McChesney 1994. <<

[141] Por supuesto que nos damos cuenta de que no hubo ni una sola unidad colectiva de indios que controlase la tierra que se extiende entre las costas. De hecho, se puede aplicar el mismo análisis para tratar las zonas de conflicto entre distintos grupos de indios. <<

[142] Hughes 1976, 35. <<

[143] Russell 1973, 42. <<

[144] Roosevelt 1889, 90. <<

[145] Citado en Prucha 1962, 139. <<

[146] Kickingbird y Ducheneaus 1973, 7. <<

[147] Citado en Washburn 1971, 56. <<

[148] Jefferson, citado en Washburn 1971, 39. <<

[149] Jefferson 1955 [1787], 96. <<

[150] Roback 1992, 11. <<

[151] Washburn 1971, 49. <<

[152] Utley 1984, xx. <<

[153] Citado en Prucha 1962, 139. <<

[154] Ibíd., 143. <<

[155] Ibíd., 145. <<

[156] Cohen 1947, 32. <<

[157] Debo 1970, 16. <<

[158] Citado en Utley 1984, 61. <<

[159] Ibíd., 11. <<

[160] Roback 1992, 5. <<

[161] Utley 1984, 7-8. <<

[162] Ibíd., 44. <<

[163] El alzamiento de los sioux en Minnesota en 1862 comenzó cuando un grupo de jóvenes indios asesinó a cinco blancos. «El acto no había sido planeado. Uno le había desafiado a otro a que demostrase su coraje» (Utley 1984, 78). La masacre de Washita ocurrió porque Black Kettle, un jefe cheyene que abogaba de forma persistente por la paz con los blancos, «había tenido dificultades manteniendo a sus chicos jóvenes bajo control» (Ibíd., 125). Cuando un grupo de los más valientes se escapó para atacar asentamientos blancos, su rastro en la nieve llevaba de vuelta al poblado de Black Kettle. La caballería bajo las órdenes del general Custer siguió el rastro, arrasó la villa y mató a más de cien cheyene, incluido a Black Kettle. <<

[164] Citado en Prucha 1962, 156. <<

[165] Webb 1971, 169. <<

[166] Citado en Debo 1970, 221. <<

[167] Utley 1967, 7. <<

[168] Axtell 1988, 40. <<

[169] Utley 1984, 105. <<

[170] Para un análisis de la información incorrecta sobre la fortaleza de los indios de la que disponía Custer, véase Connell 1988, 263-264. <<

[171] Chapel 1961, 259. <<

[172] Citado en Webb 1971, 174. <<

[173] Ibíd., 175. <<

[174] Beers 1975, 173. <<

[175] Utley 1967, 2-3. <<

[176] Ibíd., 110-11. <<

[177] Citado en Debo 1970, 215. <<

[178] Russell 1973, 47. <<

[179] Para un análisis más a fondo, véase Utley 1967, 14-17. <<

[180] Este análisis se presta a la crítica, puesto que mientras el ejército estaba combatiendo, los indios se aprovecharon de su ausencia para aumentar sus ataques contra los blancos, antes de que el ejército regresara de la guerra y sometiera a las tribus. Sin embargo, durante la Guerra de Secesión en realidad aumentó el número de tropas en el Oeste. <<

[181] Para una exposición en detalle de este análisis regresivo, véase T. Anderson y McChesney 1994. <<

[182] Carlson 1992, 74. <<

[183] Hurt 1987, 230. <<

[184] Ibíd., 75. <<

[185] Citado en Otis 1973, 10-11. <<

[186] Bethell 1998 o Pipes 1999. <<

[187] De Soto 2000. <<

[188] Carlson 1981, 10, comenta: «La cesión al gobierno de las tierras excedentes debía ser aprobada por la tribu, aunque en la práctica el gobierno tenía una posición dominante en las negociaciones. El papel de las tribus se redujo aún más en 1903, cuando los tribunales sostuvieron que la aprobación de la tribu no era necesaria para disponer de las tierras excedentes. Las ganancias derivadas de la venta de las tierras se destinaron a un depósito para la tribu». <<

[189] Ibíd., 18. <<

[190] Ibíd., 44. <<

[191] Ibíd., 174. <<

[192] Ibíd., 43. <<

[193] Ibíd. <<

[194] Ibíd., 44. <<

[195] Prucha 1984, 716. <<

[196] Ibíd., 671. <<

[197] McChesney 1992, 114-15. <<

[198] Niskanen 1971 argumentó que la maximización del presupuesto por parte de las burocracias las convierte en perpetuadoras de sí mismas, y la bibliografía más reciente sostiene que el número de empleados, los salarios y el poder también pueden formar parte de lo que los burócratas maximizan. Véase Johnson y Libecap 1994 para consultar un resumen excelente de las distintas teorías acerca del crecimiento burocrático. <<

[199] Citado en McChesney 1992, 127. <<

[200] Prucha 1984, 864. <<

[201] Schemeckebier 1927, 81. <<

[202] McChesney 1992, 125, 127. <<

[203] Ibíd., 123. <<

[204] Ibíd., 135. <<

[205] La teoría y los datos de esta sección provienen principalmente de T. Anderson y Lueck 1992. <<

[206] Libecap y Johnson 1980, 83. <<

[207] Esta observación la realizó por primera vez Trosper (1978). <<

[208] Dadas la media de 0,54 y la desviación estándar de 0,495, la hipótesis de que la tierra en fideicomiso y la tierra en propiedad privada son igualmente productivas se puede rechazar con una seguridad del 99 por ciento. <<

[209] T. Anderson y Lueck 1992. <<

[210] Para más detalles sobre este análisis regresivo, véase T. Anderson y Lueck 1992, 446-48. <<

[211] Véase Lueck 1995. <<

[212] Véase Martin y Szuter 1999. <<

[213] Higgs 1982. <<

[214] Por «pieles», nos referimos a las pieles de muchas especies de animales pequeños, tales como zorros, visones, tejones, etc., aunque los castores eran la fuente principal. «Pelajes» hace referencia a la piel de los búfalos con su pelambre; y el «cuero» designa el que se extrae del búfalo o del venado, curtido o sin curtir. <<

[215] Wishart 1979, 212. <<

[216] Los registros de diversos fuertes y puestos comerciales de las décadas de 1820 y 1830 recogen la venta de pieles de zorros, perros de las praderas, osos, ratas almizcleras, nutrias, lobos, tejones, liebres, visones y martes, además de castores (Wishart 1979, 58-59). Chittenden (1954, 2: 826) menciona las pieles de zorro, nutria, visón, mapache, mofeta y rata almizclera como parte del comercio común de pieles con San Luis. <<

[217] Conocida en español como «cuerpo expedicionario», la Corps of Discovery fue una unidad especial del Ejército de los Estados Unidos que formó el núcleo de la expedición de Lewis y Clark. (N. del T.) <<

[218] Utley 1997, 11-12. <<

[219] Wishart 1979, 45. <<

[220] Maguire, Wild y Barclay 1997, 2-3. <<

[221] Véase Wishart 1979, 161 y Sunder 1965, 11-12. <<

[222] Wishart 1979, 166. <<

[223] Wishart estima que «el movimiento de pieles y cartas desde San Luis hasta Nueva York tardaba alrededor de cuatro semanas, y el viaje de ida y vuelta entre Nueva York y Liverpool llevaba, de media, 56,2 días en 1839» (ibíd., 79). <<

[224] El primer barco de vapor en llegar a Fort Union (el lugar en el que confluyen los ríos Yellowstone y Misuri) lo hizo en 1832. Después de eso, el barco de vapor se convirtió en un elemento habitual e importante del comercio de pieles, ya que acarreaba provisiones río arriba y regresaba a San Luis con pieles y pelajes. <<

[225] Utley 1997, 45. <<

[226] Ibíd. <<

[227] Citado en ibíd., 64. <<

[228] Sandoz 1964, 233-34. <<

[229] Ibíd., 234-35. <<

[230] Ibíd., 235. <<

[231] Para un análisis de la efectividad de la Compañía de la Bahía de Hudson para superar la tragedia de los comunes, véase Carlos y Lewis 1995. <<

[232] Véase Utley 1997, 135. <<

[233] Ibíd., 135. <<

[234] Ibíd. <<

[235] Wishart 1979, 64. <<

[236] Véase ibíd., 100-102. <<

[237] Citado en Utley 1997, 64, cursiva del documento original. <<

[238] T. Anderson y McChesney 1994. <<

[239] Los arikara atacaron a la partida de Ashley en la parte alta del Misuri. Gracias al apoyo de 230 soldados de infantería y de 750 sioux comandados por el coronel Leavenworth, la ofensiva arikara fue finalmente derrotada. <<

[240] Utley 1997, 65. <<

[241] Véase Martin y Szuter 1999. <<

[242] Sandoz 1964, 242. <<

[243] Para una narración excelente de los esfuerzos para establecer fuertes en las Three Forks, véase Sandoz 1964, cap. 4. <<

[244] Wishart 1979, 29 y 45. <<

[245] Ibíd., 46. <<

[246] Ibíd., 119. <<

[247] Ibíd., 50. <<

[248] Ibíd., 79. <<

[249] Véase ibíd., 81. <<

[250] Véase Wimmer 2001. <<

[251] Wishart 1979, 82. <<

[252] El uso en inglés de esta expresión francesa como término para referirse a las reuniones de los tramperos está muy difundido, y su significado se explica a continuación. No obstante, y aunque en el original se escribe en redonda, he optado por darle el mismo tratamiento que si se tratase de una expresión inglesa. (N. del T.) <<

[253] Utley 1997, 86. <<

[254] Véase Wishart 1979, 125, y Utley 1997, 87-88. <<

[255] Beck y Haase 1989, 26. <<

[256] Mountain Men en el original, expresión que designa a los cazadores, tramperos y exploradores que habitaban, fundamentalmente, las Rocosas en el siglo XIX. Ante la indefinición y ausencia de significado de la traducción literal «hombres de la montaña», he preferido emplear el término «montañeses» que recogen algunas fuentes en español. (N. del T.) <<

[257] Wishart 1979, 194. <<

[258] South Pass, una amplia depresión al sur de la cordillera Wind River, suponía un acceso fácil e importante a los territorios de caza mediante trampas que se encontraban más hacia el oeste. Robert Stuart lo cruzó en 1812, convirtiéndose con toda probabilidad en el primer americano blanco en atravesar este paso de montaña. Sin embargo, no se convertiría en una ruta habitual a través de las Rocosas hasta que Smith lo redescubrió en 1824. <<

[259] Wishart 1979, 195. <<

[260] Gowans 1985, 106. <<

[261] Véase Maguire, Wild y Barclay 1997, 165-91, y Gowans 1985. <<

[262] Chittenden 1954, 1:68. <<

[263] Morgan 1953, 307. <<

[264] Citado en Utley 1997, 175. <<

[265] Citado en Wishart 1979, 65. <<

[266] Ibíd., 143 y 161. <<

[267] Citado en Maguire, Wild y Barclay 1997, 194-95. <<

[268] Utley 1997, xiv. <<

[269] Wishart 1979, 142. <<

[270] Sunder 1965, 10. <<

[271] Wishart 1979, 149. <<

[272] Citado en ibíd., 150. <<

[273] Citado en ibíd., 32. <<

[274] Carlos y Lewis 1993 y 1995. <<

[275] Sandoz 1964, 272. <<

[276] Citado en D. White 1996, 1:296. <<

[277] Citado en Utley 1997, 97. <<

[278] Véase ibíd., 71. <<

[279] Weber 1971, 206-7. <<

[280] Véase Utley 1997, 109. <<

[281] Wishart 1979, 54. <<

[282] Ibíd., 71. <<

[283] Sandoz 1964, 273. <<

[284] Véase, por ejemplo, Burt y Cummings 1970. <<

[285] Los precios que se presentan en la Tabla 5.1 hacen referencia a todas las pieles. No existe una serie de precios consistente para las pieles de los castores específicamente, pero hay observaciones dispersas, las cuales indican que la caída de precios de la Tabla 5.1 también incluye el descenso del precio de las pieles de castor (Wishart 1979, 125, 140-41, 161; Burger 1968, 168). <<

[286] Citado en Wishart 1979, 66. <<

[287] Flores (1991) emplea el censo agrícola del ganado en las Grandes Llanuras de 1910 para obtener una estimación de entre veintiocho y treinta millones. Las estimaciones anteriores basadas en estimaciones contemporáneas de las grandes manadas fijan una cifra mucho más elevada, de entre sesenta y cien millones. Véase Roe 1970 y Hornaday 1889. <<

[288] Isenberg 2000, 1963. <<

[289] Ibíd., 197-98. <<

[290] Véase Hornaday 1889, 441-42, y Hanner 1981, 246. Algunos autores han argumentado que, durante este tiempo, los indios no sobreexplotaron el búfalo, y que el exterminio solo se produjo cuando los cazadores blancos accedieron al mercado. Frank Roe (1970) ha sido el máximo exponente de esa postura. Para consultar un argumento similar, véase Branch 1929. Para un argumento más general acerca de la harmonía de los indios con la naturaleza, véase Barreiro 1988, vii-xi. Las obras más recientes sostienen que, una vez que los indios obtuvieron caballos y rifles, los búfalos estaban condenados (véase Flores 1991 e Isenberg 2000, 94). <<

[291] Sunder 1965, 17. <<

[292] Rister 1929, 44. <<

[293] Hornaday 1889, 499. <<

[294] Hanner 1981, 239. <<

[295] Hornaday 1889, 512. <<

[296] Ibíd., 509. <<

[297] Isenberg 2000, 157. <<

[298] Véase Smits 1994. <<

[299] Ibíd., 332. <<

[300] Hanner 1981, 269. <<

[301] Geist 1996, 96. <<

[302] Véase Diamond 1999 para un análisis de la importancia de los grandes mamíferos domesticados en el desarrollo económico. <<

[303] Roe 1970, 712-13. <<

[304] Seton 1927, 671. <<

[305] Hanner 1981, 247. <<

[306] La piel del búfalo y la del ganado se sustituía mutuamente (Hanner 1981, 253-54). Y dado que los curtidores empleaban muchísima más cantidad de cuero de ganado que de búfalo, cuando la población de estos últimos comenzó a decrecer, el impacto en el precio del cuero no fue tan significativo (ibíd., 253, Tabla 1). <<

[307] Hanner (1981, 253) informa de que el precio del cuero de búfalo en el norte variaba entre los 2,85 y los 3,34 dólares en el periodo que va de 1880 a 1884, lo que de media son 3,07 dólares. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recogió estadísticas a finales del siglo XIX sobre el valor de las cabezas de ganado de cada granja. Según esos datos, el ganado de Montana valía en 1883, la primera fecha de la que existen registros, 25,10 dólares (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 1927). Los índices de precios del ganado nacional entre 1880 y 1884 (Strauss y Bean 1949, 110) indican que el precio del ganado varió considerablemente en este periodo, y que el precio más bajo fue de un 82 por ciento respecto del de 1883. El ochenta y dos por ciento de 25,10 dólares son 20,58 dólares. <<

[308] Isenberg 2000, 141. <<

[309] Hanner 1981, 261. <<

[310] Isenberg 2000, 182. <<

[311] Ibíd., 189. <<

[312] Traducido libremente del título original There’s Property Rights in Them Thar Hills, que a su vez parodia la famosa frase supuestamente acuñada por M. F. Stephenson durante la fiebre del oro: There’s gold in them thar hills (Hay oro en esas colinas). Si nos dejamos llevar por la historia popular, Stephenson pronunció esa icónica frase en Dahlonega, Georgia, cuando trataba de convencer a los mineros de que no se fueran a California, pues en su opinión todavía quedaba mucho oro por extraer en el pueblo. (N. del T.) <<

[313] McGrath 1984, 247. <<

[314] Gates 1968, 701. <<

[315] Ibíd., 702. <<

[316] Traducido del original All that Glitters Could Be Gold in California, que a su vez es un juego de palabras a partir del célebre dicho All that glitters is not gold: «No es oro todo lo que reluce». (N. del T.) <<

[317] Shinn 1948, 50. <<

[318] Umbeck 1981, 69. <<

[319] Gates 1991, 251. <<

[320] Davis 1902, 11. <<

[321] Shinn 1948, 168. <<

[322] Robinson 1948, 134. <<

[323] Paul 1947, 25. <<

[324] Ibíd., 43. <<

[325] Citado en Zerbe y Anderson 2001, 114. <<

[326] Citado en ibíd., 115. <<

[327] Para un análisis del cálculo de la decisión entre luchar por los derechos de propiedad o tratar de resolver las disputas de forma pacífica, véase T. Anderson y McChesney 1994. Su análisis traza paralelismos con el que realizó Umbeck (1981) para explicar la razón por la que los mineros preferían, por lo general, resolver pacíficamente sus litigios sobre los derechos de propiedad. <<

[328] Para encontrar una visión general de esta bibliografía, véase Cooter y Rubinfeld 1989. <<

[329] Umbeck 1981. <<

[330] Umbeck 1977, 430. <<

[331] Zerbe y Anderson 2001, 115-16. <<

[332] Véase Lueck 2003. <<

[333] Umbeck 1981, 88. <<

[334] En mayúscula en el original, «argonauta» es el término que se empleó en el argot de la minería del oro para designar a los forty-niners (los pioneros o primeros buscadores de oro, de ahí su referencia al año 1849) que habían llegado a California en barco. (N. del T.) <<

[335] Paul 1947, 198. <<

[336] Robinson 1948, 138-39; Umbeck 1981, 92-98. <<

[337] Véase Umbeck 1981, 94. <<

[338] Citado en Davis 1902, 20. <<

[339] Umbeck 1981. <<

[340] Ibíd., 108-9. <<

[341] Davis 1902, 22. <<

[342] Umbeck 1981, 123-25. <<

[343] Rohrbough 1997, 89. <<

[344] Shinn 1948, 168-69. <<

[345] Paul 1947, 203; Davis 1902, 31. <<

[346] Shinn 1948, 105. <<

[347] Paul 1947, 224. <<

[348] Expresión latina que se traduce literalmente como «Primero en el tiempo, mejor en el Derecho». Esta frase hace referencia a una máxima del derecho común según la cual, en caso de litigio entre dos partes, obtendrá los derechos la que haya inscrito su reclamación con anterioridad. (N. del T.) <<

[349] Rohrbough 1997, 203. <<

[350] Paul 1947, 164. <<

[351] Ibíd., 127. <<

[352] Umbeck 1981, 89. <<

[353] Davis 1902, 33. <<

[354] Leshy 1987, 18; Sparrow v. Strong, 70 U.S. (3 Wall.) 97, 104 (1865). <<

[355] Gates 1968, 720. <<

[356] Leshy 1987, 26-27. <<

[357] Véase Royce 1886, 366-67; Caughey 1948, 194; Shinn 1948, 234. <<

[358] Citado en Paul 1947, 108-9. <<

[359] Choy 1971, 270. <<

[360] Pese a que más adelante el Impuesto a Mineros Extranjeros se redujo a 3 dólares al mes, y a que solo se aplicaba de forma selectiva, principalmente a los mineros chinos, el impuesto supuso el 20 por ciento de la recaudación estatal total entre 1853 y 1859 (Clay y Wright 1998, 21). <<

[361] Shinn 1948, 164. <<

[362] Zerbe y Anderson 2001, 115. <<

[363] Traducción cuasi literal del original There’s Gold Under Them Thar Hills, que de nuevo plantea un juego de palabras con la mítica expresión del Lejano Oeste There’s Gold in Them Thar Hills, ya mencionada anteriormente. (N. del T.) <<

[364] Libecap 1978, 342. <<

[365] Gates 1968, 711. <<

[366] Libecap 1978, 339. <<

[367] Las Legislaciones sobre la Preferencia, que solían ser específicas de un estado o territorio, otorgaron derechos para adquirir la tierra a aquellos que se asentaron en una región antes de que se abriese de forma oficial. <<

[368] Leshy 1987, 10. <<

[369] Libecap 1978, 343. <<

[370] Leshy 1987, 170. <<

[371] Davis 1902, 14. <<

[372] Libecap 1978, 345-46. <<

[373] Libecap 1989, 41. <<

[374] Libecap 1978, 346. <<

[375] Leshy 1987, 21. <<

[376] Libecap 1978, 347. <<

[377] Ibíd., 361, 356. <<

[378] En 1870, el valor de la producción de oro y plata fue diez veces mayor que la producción agrícola (Libecap 1978, 33). Por esa razón, la mayoría de legisladores estatales tenían interés en crear instituciones eficientes que controlasen la minería. <<

[379] Unruh 1979, 403. <<

[380] Tal y como ya vimos en el Capítulo 5, en las décadas de 1820 y 1830, los rendezvous anuales en las Rocosas juntaban a rastreadores que intercambiaban pieles por suministros. Los emprendedores que portaban a los rendezvous bienes para su intercambio establecieron lo que se convertiría en el primer tramo de las rutas de Oregón y de California. <<

[381] Epíteto que traducido literalmente significa «los del 49», este término informal designaba a los buscadores de oro pioneros que se desplazaron a California en 1849. 49ers en el original. (N. del T.) <<

[382] Véase Reid 1997a, 1. <<

[383] Véase Unruh 1979, 408-9. <<

[384] Reid 1997a, 157. <<

[385] Citado en Hansen 1937, 1. <<

[386] Ibíd., Apéndice. <<

[387] Véase Reid 1997a, 128-36. <<

[388] Véase Hansen 1937, 20. <<

[389] Véase ibíd., 30. <<

[390] Reid 1997a, 131. <<

[391] Citado en ibíd. <<

[392] Ibíd., 133-34. <<

[393] Véase ibíd., 128, y Unruh 1979, 97. <<

[394] Citado en Reid 1997a, 287. <<

[395] Unruh 1979, 106. <<

[396] Reid 1997a, 84. <<

[397] Hansen 1937, 105-6. <<

[398] Véase Reid 1997b, 91, 94, 96. <<

[399] Citado en Reid 1997b, 104. <<

[400] Ibíd., 157. <<

[401] Reid 1997a, 171. <<

[402] Buchanan y Tullock 1962, 68-72. <<

[403] Reid 1997b, 103. <<

[404] Hansen 1937, 123. <<

[405] Reid 1997a, 174-75. <<

[406] Ibíd., 186. <<

[407] Ibíd., 200. <<

[408] Unruh 1979, 120. <<

[409] Véase Lamar 1998, 738. <<

[410] Stegner 1981 [1964], 174. <<

[411] Véase Reid 1997a, 29, 177, 188, 18, y Unruh 1979, 105, 139. <<

[412] Citado en Reid 1997b, 19-20. <<

[413] Unruh 1979, 156-57. <<

[414] Reid 1997a, 329. <<

[415] Unruh 1979, 244. <<

[416] Citado en ibíd., 245. <<

[417] Ibíd., 247. <<

[418] Ibíd., 110. <<

[419] Reid 1997a, 117. <<

[420] Véase ibíd., 116-17, y Unruh 1979, 110-11. <<

[421] Unruh 1979, 111. <<

[422] Reid 1997a, 324. <<

[423] Unruh 1979, 347. <<

[424] Ibíd., 260, 281. <<

[425] Ibíd., 303. <<

[426] Reid 1997a, 213. <<

[427] Jordan 1993, 222. <<

[428] Por ganado de cuernos largos hago siempre referencia al Texas longhorn, una raza autóctona de ganado vacuno que se caracteriza por la longitud de sus defensas. (N. del T.) <<

[429] Osgood 1929, 33, 32. <<

[430] Citado en ibíd. <<

[431] Wellman 1967 [1939], 114. <<

[432] McCoy 1932 [1874], 56. <<

[433] Citado en Osgood 1929, 33. <<

[434] Wellman 1967 [1939], 113. <<

[435] Véase Barzel 1984. <<

[436] Wellman 1967 [1939], 130; McCoy 1932 [1874], 78-79; Dale 1960, 33; Skaggs 1973, 30. <<

[437] Wellman 1967 [1939], 96-97. <<

[438] Ibíd., 100. <<

[439] Skaggs 1973, 10. <<

[440] Ibíd., 54. <<

[441] Ibíd., 123. <<

[442] Ibíd., 53. <<

[443] Wellman 1967 [1939], 111. <<

[444] Ibíd. <<

[445] Brayer y Brayer 1952, 89. <<

[446] Dale 1960, 51. <<

[447] La fiebre fue solo un fenómeno temporal, causado por la llegada de ganado a una región. Una vez que el ganado pasado un invierno allí, las garrapatas que portaban morían a consecuencia del frío y dejaban de representar una amenaza. <<

[448] Documentado en Skaggs 1973, 106. <<

[449] McCoy 1932 [1874], 44. <<

[450] De forma literal, se traduciría como «La cabaña de los pastores (de ganado)». (N. del T.) <<

[451] Wellman 1967 [1939], 133. <<

[452] McCoy 1932 [1874], 115. <<

[453] Wellman 1967 [1939], 139. <<

[454] Dykstra 1968, 83. <<

[455] McCoy 1932 [1874], 73. <<

[456] Dykstra 1968, 79. <<

[457] McCoy 1932 [1874], 64-65. <<

[458] Citado en ibíd., 65. <<

[459] Osgood 1929, 37. <<

[460] McCoy 1932 [1874], 125. <<

[461] Dykstra 1968, 155. <<

[462] Dykstra afirma que no está claro «si este bono se presentó ante el estado en cumplimiento de la ley de cuarentena de 1867, o si solo fue una medida voluntaria a nivel local» (ibíd., 154). <<

[463] Ibíd. <<

[464] Skaggs 1973, 107. <<

[465] Véase ibíd., 96, y Osgood 1929, 162-64. Durante este periodo, el gobierno federal también trató de controlar otro problema de salud, la perineumonía. En la década de 1880, el Reino Unido amenazó a los Estados Unidos con levantar un embargo sobre el ganado estadounidense debido a la amenaza que suponía la enfermedad. Como resultado, en 1884 se creó la Oficina de la Industria Pecuaria con el fin de regular el tránsito del ganado enfermo (Osgood 1929, 172). <<

[466] Véase el Capítulo 2, hipótesis 6 y 7. <<

[467] Osgood 1929, 170. <<

[468] Ibíd.; Meiners y Morriss 2003, 24. <<

[469] Cheney 1990, 1-7. <<

[470] Véase Osgood 1929, 125-26. <<

[471] Ibíd., 137. <<

[472] Ibíd., 151-52. <<

[473] Fletcher 1960, 142. <<

[474] Stuart 1967 [1925], 2: 166. <<

[475] Osgood 1929, 136. <<

[476] Stuart 1967 [1925], 2: 196. Si bien Stuart apoyaba la imposición de una sanción más severa, también se oponía a la creación de una hueste que atacase a los cuatreros. Creía que era una medida insensata que solo conduciría a una matanza. Sin embargo, luego apoyaría las acciones de la Asociación de Productores de Ganado de Montana descritas más adelante, que consistieron en crear un grupo más discreto de «detectives» que encontró y mató a varios de los ladrones de ganado. <<

[477] Citado en Fletcher 1960, 59. <<

[478] Stuart 1967 [1925], 2: 209. <<

[479] H. Smith 1966, 224. <<

[480] Osgood 1929, 28. <<

[481] Fulton 1982, 112 y 135. <<

[482] El autor se refiere aquí al agrupamiento y movimiento constante del ganado, que interrumpía su pastoreo y le mantenía tan activo físicamente que perdía peso. <<

[483] Citado en Osgood 1929, 120. <<

[484] Abbott y Smith 1939, 86. <<

[485] Fletcher 1960, 75-78. <<

[486] Citado en Brown y Felton 1956, 173. <<

[487] Meiners y Morriss 2003. El control del muermo no era una actividad privada por completo, ya que el estado compensó a los rancheros cuyos caballos tuvieron que ser sacrificados. <<

[488] Osgood 1929, 140. <<

[489] El trabajo del rodeo estaba compuesto por una serie de tareas claramente jerarquizadas, lo que se empleaba para incentivar ciertas habilidades. Cheney (1990, 19) informa de que los laceros tenían que anunciar la marca correcta cuando se herraba a un ternero. Si a continuación el ternero seguía a una vaca con una marca de hierro distinto, significaba que el lacero se había equivocado. Entonces se le asignaba una de las ocupaciones menos apetecibles, más concretamente la de contener al rebaño. <<

[490] Cheney 1990, 31. <<

[491] Ibíd., 79; Fletcher 1960, 54. <<

[492] Gressley 1966. <<

[493] Ibíd., 37, 71. <<

[494] Ibíd., 109. <<

[495] Ibíd., 137-39. Durante un tiempo, las asociaciones de ganaderos establecieron una norma similar para sus contratados que les prohibía poseer su propio ganado. Las asociaciones creían que esta restricción reduciría los incentivos de robar ganado. No obstante, muchos rancheros protestaron contra esta regla ya que, en su opinión, discriminaba a aquellos vaqueros lo suficientemente emprendedores como para ahorrar parte de su salaria y comenzar su propio rebaño. Como consecuencia, esta norma duró poco tiempo (Osgood 1929, 148). <<

[496] En la década de 1880, tan solo había 56 000 acres en Montana dedicadas al cultivo de heno, pero en 1990 esa cifra había aumentado hasta las 712 000 acres (Fletcher 1960, 111). <<

[497] Citado en Fletcher 1960, 115. <<

[498] Gressley 1966, 111. <<

[499] Fletcher 1960, 139. <<

[500] Véase Shambaugh 1900. <<

[501] Bogue 1963, 51. <<

[502] Tras la aprobación de las leyes de asentamientos rurales, los clubes de reclamación de tierras dejaron de ser una opción viable para establecer derechos de propiedad para la tierra, dado que su función había consistido en establecer reclamaciones con anterioridad bajo un sistema de adquisición. <<

[503] Osgood 1929, 182-83. <<

[504] Stuart 1967 [1925], 2: 185-88. <<

[505] Osgood 1929, 105. <<

[506] Ibíd., 183. <<

[507] En 1910 un sheriff de Belle Fourche, Dakota del Sur, fue llamado a resolver un litigio entre ganaderos ovinos y bovinos en los pastos libres. Tomó la decisión de que, como los ganaderos vacunos habían llegado antes allí, los pastores tendrían que marcharse (Rumph 1993, 7). <<

[508] Citado en Osgood 1929, 183. <<

[509] Véase Wellman 1967 [1939], 229. <<

[510] Véase Stuart 1967 [1925], 2: 146-49, y Roosevelt 1968, 29-30. <<

[511] Osgood 1929, 115. <<

[512] Malone y Roeder 1976, 124. <<

[513] Brands 1997, 186. <<

[514] Ibíd., 183. <<

[515] Citado en Dennen 1976, 426-27. <<

[516] Citado en ibíd., 427. <<

[517] Ibíd., 434. <<

[518] Osgood 1929, 189, 230. <<

[519] Véase Thaden 1989, 5. <<

[520] Fulton 1982, 42-43. <<

[521] Osgood 1929, 189. <<

[522] McCallum y McCallum 1965, 27. <<

[523] Ibíd., 111- <<

[524] Ibíd., 1124-27. <<

[525] Libecap 1981, 23. <<

[526] Para una cronología sobre las controversias surgidas a raíz de la disposición de las tierras, véase Gates 1968 y G. Anderson y Martin 1987. <<

[527] Véase Kanazawa 1996c. <<

[528] Véase Gates 1968, 395. <<

[529] Citado en McCallum y McCallum 1965, 177-78. <<

[530] Gates 1968, 468. <<

[531] Véase Libecap 1981, 33-34. <<

[532] La Ley de Asentamientos Rurales original requería que se labrase la tierra para conseguir el título de propiedad completo. Las leyes posteriores requerían que se regase o que se plantasen árboles. Incluso cuando la ley de 1909 aumentó el tamaño hasta 320 acres, y hasta 640 acres en 1916, las leyes no reconocían que la mayor parte de la superficie solo servía para el pastoreo, no para la agricultura. La superficie total disponible nunca alcanzó el tamaño de una unidad viable. En la mayor parte de las Grandes Llanuras, se necesitan 20 o 30 acres para mantener a una vaca durante un año. Así que, incluso bajo la Ley de Asentamientos Rurales y de Crianza del Ganado, un colono solo se pudiera permitir tener entre 20 o 30 reses, un número inferior al necesario para la supervivencia de un rancho. <<

[533] En el contexto en que definimos la frontera, el valor actual se vuelve positivo antes de que las rentas anuales derivadas de la tierra se vuelvan positivas. Por consiguiente, la tierra se adquiriría antes de que se comenzase la producción. <<

[534] Este valor viene determinado por calcular el valor descontado de las rentas negativas en que se incurren cuando se asienta la tierra antes de t*, y restándoselo al valor descontado de las rentas positivas a partir de t* y en adelante. Para una presentación formal de este cálculo, véase T. Anderson y Hill 1990. <<

[535] Ocupar ilegalmente un terreno con la esperanza de obtener derechos preferenciales también disipó rentas, a causa del asentamiento precipitado de reclamantes que creían necesario ocupar la tierra antes de t* para establecer su reclamación (véase Kanazawa 1996c). Sin embargo, la ocupación ilegal se produjo a menudo a través de los clubes de reclamación de tierras u otras acciones conjuntas diseñadas para limitar la cantidad de actividades prematuras, de ahí la disipación de rentas inherente a la competición por la propiedad. <<

[536] Libecap y Hansen 2000, 33. <<

[537] Fletcher 1960, 146. <<

[538] Fulton 1982, 66. <<

[539] Gates 1968, 505. <<

[540] Hibbard 1924, 409. <<

[541] La que aquí se trata es la más famosa y grande de las «carreras». Una anterior involucró a 50 000 personas y 1,9 millones de acres en el Distrito Sin Asignar (Campbell 1997, 1). <<

[542] El nombre «Franja Cheroqui» hacía referencia inicialmente a una estrecha porción de tierra (de 2,5 millas de ancho y 276 millas de largo) cedida a Oklahoma para enmendar un error en la medición topográfica de la frontera entre Kansas y Oklahoma (Newsom 1992, 1). No obstante, los términos «Outlet» y «Strip» se convirtieron en intercambiables para designar la extensión de mayor tamaño que aquí tratamos. <<

[543] Lefebvre 1993, 87. <<

[544] Véase Newsom 1992, 2, y Savage 1990, 19. <<

[545] Newsom 1992, 18, estima que 4,8 millones de reses de Texas atravesaron el Outlet entre 1866 y 1884. <<

[546] Savage 1990, 47. <<

[547] Ibíd., 60. <<

[548] Savage 1990, 108-16. <<

[549] Ibíd., 123. <<

[550] Véase Alston y Spiller 1992, 94. <<

[551] Newsom 1992, 29. <<

[552] Véase ibíd., 31. Las restricciones se diseñaron con el fin de evitar que tuvieran una ventaja en comparación con aquellos que montaban a caballo. <<

[553] Lefebvre 1993, 74-75. <<

[554] Newsom 1992, 38. <<

[555] Citado en Lefebvre 1993, 76. <<

[556] Cada colono podía reclamar 160 acres. De un total disponible de 5 740 000 acres (Newsom 1992, 29), solo había 35 875 reclamaciones potenciales. <<

[557] Véase Newsom 1992 y Lefebvre 1993. <<

[558] Newsom 1992, 50. <<

[559] Ibíd., 43. <<

[560] Véase G. Anderson y Martin 1987. <<

[561] Véase McChesney 1992 y 1997. <<

[562] Raban 1996, 59. <<

[563] Webb 1971, 201. <<

[564] Gates 1968, 612. No incluye la tierra que gestionaba el Servicio Forestal de los Estados Unidos. <<

[565] Webb 1971, 386. <<

[566] Citado en Pisani 1992, 70. <<

[567] Citado en ibíd. <<

[568] Véase ibíd., 74, y Raban 1996, 30-33. <<

[569] Citado en Webb 1971, 434. <<

[570] Kinney 1912, sec. 598. <<

[571] Webb 1971, 438. Kanazawa (1996b) argumenta que en los casos en que las normas ribereñas se mantuvieron pero impidieron el uso eficiente del agua, los tribunales dictaminaron la ley del uso razonable (que forma parte de la doctrina ribereña), ya que esta permitiría más trasvases. <<

[572] Los primeros esfuerzos organizativos tuvieron lugar en la minería, seguidos de innovaciones institucionales similares en la agricultura. En el invierno de 1852, por ejemplo, los mineros emprendedores del río Yuba, California, organizaron veinte compañías a lo largo de una franja en el arroyo de cuatro millas de longitud. Cada compañía contaba con entre ocho y treinta miembros, y las presas de desviación les costaron entre 50 000 y 80 000 dólares (Pisani 1992, 16). Construyeron embalses cada vez más grandes, provistos de canales todavía más largos, que proporcionasen un suministro del agua durante todo el año, y que desarrollase la presión del agua necesaria para la minería hidráulica. Los campamentos mineros de California emplearon sociedades y empresas de capital conjunto para la mayoría de sus compañías del agua. Hacia 1870, cerca de 7000 zanjas transportaban agua a las reclamaciones (Pisani 1992, 18). <<

[573] Ganoe 1937. <<

[574] Demsetz 2002. <<

[575] Winther 1953, 95. Nótese que el sorteo elimina la búsqueda de rentas asociada con la distribución de derechos de propiedad sobre la tierra, pues elimina cualquier oportunidad de obtener una ventaja en la distribución. <<

[576] Ibíd. <<

[577] Ibíd., 96. <<

[578] Ibíd., 97. <<

[579] Wahl 1989, 13. <<

[580] Arrington 1958, 53. <<

[581] Al comienzo de su historia, la iglesia mormona experimentó con un régimen comunal de la propiedad mucho más extensivo. En 1831 empleó la Law of Consecration and Stewardships (Ley de la Consagración y la Administración) para gestionar la titularidad de la propiedad dentro de la iglesia. Esta ley requería que toda propiedad se dedicase a la iglesia, si bien la mayor parte se asignaba de nuevo a su dueño original, que ahora ejercería de administrador. Sin embargo, la ley obligaba a una socialización de todos los superávits que estuvieran por encima de «las necesidades básicas» de la familia. La Ley de la Consagración y de la Administración se suspendió en 1834, y la propiedad privada, de la que se obligaba a otorgar un diezmo, se convirtió en la forma de propiedad dominante (Bullock y Baden 1977). <<

[582] Pisani 1992, 82-83. <<

[583] Ibíd., 79. <<

[584] De hecho, las compañías de riego integradas verticalmente y que se describen más arriba, se enfrentaron al problema del abuso de poder en el mercado cuando le otorgaron la titularidad de la tierra a particulares. Los contratos a largo plazo creados cuando la tierra se distribuyó a nuevos dueños podían reducir este potencial, pero tales contratos todavía permitían el abuso de poder en el mercado cuando expirasen. Para evitar este problema, los irrigadores formaron distritos de riego mutuo para adquirir las compañías de riego. <<

[585] Mead 1907, 52-53. <<

[586] R. Smith 1983. <<

[587] Ibíd., 173. <<

[588] Pisani 1992, 103. <<

[589] Ibíd., 102. <<

[590] McDevitt 1994, 190. <<

[591] Ibíd., 191. <<

[592] Ibíd., tabla 3.1. <<

[593] Ibíd., 194. <<

[594] Ibíd., 98. <<

[595] McDevitt argumenta que las normas contrarias a una tarifa en dos partes (esto es, una tarifa fija inicial por el servicio y una segunda tarifa variable según la cantidad de agua consumida), redujeron la viabilidad económica de las compañías privadas (ibíd., 173). <<

[596] R. Smith 1983. <<

[597] Buchanan y Tullock 1962. <<

[598] Una regresión de la tendencia del porcentaje de votos «positivos» a lo largo de este periodo de tiempo, muestra un coeficiente de pendiente de 0,1509 con un valor t de 0,421, lo que sugiere que la tendencia no es demasiado distinta de cero. <<

[599] McDevitt 1994, 88-89. <<

[600] Para un análisis de la relación de los costes de transacción y del tamaño de la compañía, véase Demsetz 2002. Véase también Lueck 1995 para un análisis acerca de cómo el tamaño de la parcela está relacionado con el coste de transacción de organizar actividades económicas en relación a la fauna. <<

[601] Hibbard 1924, 409. <<

[602] Bajo la Ley de Asentamientos Rurales original, se requerían cinco años de residencia, aunque más tarde el periodo se redujo a tres años, y el fallo de varias disposiciones permitió la adquisición tras un periodo todavía más limitado. <<

[603] Mead 1907, 93. <<

[604] Para un análisis de los títeres que se usaron en los terrenos madereros, véase Libecap y Johnson 1979. <<

[605] Arrington 1958, 249; Gates 1968, 412, 428. <<

[606] Pisani 1992, 87. <<

[607] Ibíd., 86. <<

[608] Ibíd., 87. <<

[609] Citado en ibíd., 88. <<

[610] Gates 1968, 639. <<

[611] Ibíd., 641. <<

[612] Ganoe 1937, 151. <<

[613] Pisani 1992, 89. <<

[614] Ganoe 1937, 152. <<

[615] Gates 1968, 642. <<

[616] Para un análisis de la inversión extranjera en la industria ganadera, véase Gressley 1966. <<

[617] Stegner 1953, 305-6. <<

[618] Ibíd., 309. <<

[619] Gates 1968, 642. <<

[620] Stegner 1953, 318-19. <<

[621] Hibbard 1924, 190. <<

[622] Ibíd., 436. <<

[623] Mead 1907, 26. <<

[624] Gates 1968, 648. <<

[625] Kanazawa 1996a. <<

[626] Gates 1968, 648. <<

[627] Ibíd. <<

[628] Mayhew y Gardner 1994, 71. <<

[629] Citado en Gates 1968, 652. <<

[630] Mayhew y Gardner 1994. <<

[631] Gates 1968, 655; Mayhew y Gardner 1994, 76. <<

[632] Véase Golze 1952, 25. <<

[633] Congressional Record (Registro del Congreso) 1902, 6742, 6762. <<

[634] Gates 1968, 655. <<

[635] Wahl 1989, tabla 2.1. <<

[636] Ibíd., 30. <<

[637] Ibíd., 28-33. <<

[638] Véase Rucker y Fishback 1983, 63-79. <<

[639] Reisner 1993, 173. <<

[640] Ibíd., 174-90. <<

[641] Alston, Libecap y Mueller 1999; Mahar 1989. <<

[642] Alston, Libecap y Mueller 1999, 20. <<

[643] Ibíd., 195. <<

[644] De Soto 2000. <<

[645] De Soto 2000, 18. <<

[646] Ibíd., 155. <<

[647] Ibíd., 35. <<

[648] Ibíd., 84. <<

[649] Ayittey 1992. <<

[650] Ayittey 1992, 100. <<

[651] Facts on File, World News Digest 1997. <<

[652] Buscaglia y Ratliff 2000, 20. <<

[653] Ibíd., 26. <<

[654] Ibíd., 21. <<

[655] T. Anderson y Hill 1994. <<

[656] Citado en Runte 1990, 23. <<

[657] El Parque Nacional de Yellowstone no fue el único parque cuyo valor fue reconocido y capturado por parte de las compañías ferroviarias. Las grandes compañías estaban detrás del monte Rainier, del Gran Cañón, de Yosemite, de las Rocosas y del lago del Cráter, por mencionar algunos lugares. Véase Runte 1990. <<

[658] T. Anderson y Leal 1997, 4-8. <<

[659] Citado en Yandle 1997, 89. <<

[660] Citado en ibíd., 96. <<

[661] Ibíd., cap. 6. <<

[662] Citado en ibíd., 112. <<

[663] Michalak 2001, 143. <<

[664] Leal 2002, 9. <<

[665] Nelson 1995. <<

[666] Thayer 2003. <<

[667] Landry 2001, 23-37. <<

[668] Huppert y Knapp 2001, 79-100. <<

[669] McMillan 1994, 145-62. <<

[670] Ibíd., 146. <<

[671] Meiners y Kosnik 2003. <<