SINOPSIS

Todo empezó hace casi seis años, cuando Artur Mas regresó de la Moncloa con la negativa de Mariano Rajoy a abordar un pacto fiscal para Catalunya. Aquel presidente de la Generalitat designado a dedo por Jordi Pujol, un gestor de factura clásica convergente, un político de corbata que se definía como business friendly, emprendió entonces una carrera imparable abrazado al independentismo en el que nunca había militado.

Mas fue avanzando en la vía del desafío al Estado español como quien se adentra en un bosque de espesa maleza que se obstruye a sus espaldas, cerrándose puertas una tras otra a una posible rectificación, en la confianza de que su rival en la Moncloa cedería en algún momento a una negociación o sería obligado a hacerlo por los líderes europeos. El president prometió a los catalanes que mantendría el rumbo a Ítaca, pero por el camino fue extraviando enseres y tripulación sin que se avistara el anhelado destino en el horizonte.

¿Qué impulsó a Mas a enfilar esa dirección y a mantenerla frente a viento y marea? ¿Quiénes le influyeron durante el trayecto? ¿Hubo algún momento en el que fuera posible cambiar el curso de la historia y evitar una de las mayores crisis institucionales y políticas de España? Al final, Carles Puigdemont, alcalde de Girona, independentista de cuna, tomó el relevo y acabó por proclamar una república simbólica que sólo sirvió para que Cataluña perdiera el autogobierno del que había disfrutado durante 40 años. «No quiero ser el presidente de Freedonia», dijo Puigdemont en un destello de clarividencia justo antes de sucumbir al apelativo más corrosivo y letal de todos, el de «traidor», y declarar una independencia que acabó naufragando.

Lola García

El naufragio

La deconstrucción del sueño independentista

Prólogo de Enric Juliana

Para Francesc y Luis, por su apoyo,

y para Carles Pastor, un maestro de periodistas

PRÓLOGO

SE LES FUE DE LAS MANOS

ENRIC JULIANA

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, llegaron a reunirse secretamente en un convento de monjas de Madrid para intercambiar puntos de vista e intentar algún tipo de acercamiento en el marco de la Constitución. Las monjas fueron muy hospitalarias, pero en la reunión no se pudieron dibujar paralelas convergentes. El presidente Mas se reunió al menos tres veces en secreto en Madrid con el presidente Mariano Rajoy antes de la ruptura de septiembre de 2012 que propició la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña bajo el signo de la consulta soberanista. Mas viajó en coche a Madrid para no ser reconocido en el AVE o en el puente aéreo, como ya hiciera unos años antes cuando negoció secretamente con José Luis Rodríguez Zapatero algunos recortes sustanciales en el Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña. Hubo horas y horas de conversación entre Rajoy y Mas antes de que ambos políticos entraran en ruta de colisión.

Estos son algunos de los datos novedosos que aporta Lola García en este libro sobre el reciente naufragio de la política catalana. Hay muchos más, que no defraudarán al lector, puesto que estamos ante el relato más conciso y riguroso de los acontecimientos acaecidos desde que la crisis económica interrumpió las perspectivas triunfales del «Govern dels millors» (fórmula con la que la coalición Convergència i Unió recuperó el poder en 2010) hasta los indescriptibles días de octubre de 2017 en los que se proclamó la independencia de Catalunya (es un suponer) sin que se arriase la bandera de España de ningún edificio oficial de la Generalitat.

Existió la voluntad de controlar el conflicto y este escapó de las manos de sus dos principales protagonistas. En el momento de escribir este prólogo, ocho años después de que comenzasen a dibujarse las rutas de colisión, Mariano Rajoy Brey está empaquetando algunos de sus enseres para trasladarse a la localidad alicantina de Santa Pola, donde volverá a ejercer de registrador de la propiedad, después de haber sido arrollado por la primera moción de censura que logra triunfar en la democracia española. Más que una moción de censura, un impeachment. Unos cuantos años después de aquella secreta reunión en el convento de monjas de Madrid, Artur Mas Gavarró se halla en un segundo plano de la política catalana, inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público durante un periodo de dos años (la condena expira en julio de 2019) y se ha visto obligado a depositar una muy cuantiosa fianza ante el Tribunal de Cuentas por el presunto empleo de dinero público en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Rajoy ha sido expulsado del poder por el Congreso de los Diputados. Nunca olvidará la tarde transcurrida en el restaurante Arahy el jueves 31 de mayo de 2018, después de que le llamase el presidente del Euzkadi Buru Batzar (el comité ejecutivo del PNV), Andoni Ortuzar, para comunicarle que tenía la moción de censura perdida. Fue una tarde larga, bañada en whisky y rumores. Aquella tarde, Rajoy decidió que no se sometería a la humillación de presentar la dimisión al rey, como le pedían indirectamente los sorayos, la extensa red de altos cargos guiados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se veía capaz de obtener el voto del PNV para su investidura. Rajoy cortó en seco los rumores y salió del Arahy con la mirada perdida.

Mas ha adelgazado y ha envejecido visiblemente estos últimos años. Nunca fue un hombre feliz en política. Tenaz, sí; feliz, pocas veces. El expresidente de la Generalitat se siente víctima de los acontecimientos y sigue empeñado en ejercer algún tipo de influencia. Aconsejó a los suyos que votasen favorablemente la moción de censura a Rajoy, mientras Carles Puigdemont emitía desde Berlín algunas primeras señales a favor de la abstención.

El conjunto de tensiones, movilizaciones y simulaciones que ha recibido estos años el nombre de procés ha sido muchas cosas a la vez. Por decirlo con un término de moda, el procés ha sido un magnífico significante vacío. Una maniobra de gran envergadura del grupo dirigente catalán de raíz pujolista para atravesar las turbulencias y desgastes de la crisis económica, después de haberse jurado a sí mismos que nunca más perderían el Gobierno de la Generalitat. Una astuta modificación del campo de batalla para impedir la formación de otra coalición de izquierda en Cataluña. Una fenomenal movilización de masas que en algún momento ha logrado aunar pulsiones sociales antagónicas: la de los que imaginan una Cataluña independiente como una Gran Andorra con bajos impuestos y la de los que sueñan con una república socialista. Una instintiva maniobra de bloqueo por parte de las clases medias de habla catalana de la impugnación de la Generalitat por parte del 15-M, movimiento que en Barcelona se expresó con mucha más agresividad que en Madrid. Una severa impugnación catalana de la alianza de los altos funcionarios —la «brigada Aranzadi»— con los poderes oligárquicos españoles.

Hay más significantes. Un marco de politización intensiva de gentes que habían vivido los años del bienestar considerablemente alejados de la política. Un ámbito de socialización y fraternidad: ahí está el álbum de fotos de las gigantescas manifestaciones de los últimos ocho años. Una segunda juventud para miles de personas mayores de sesenta años que han encontrado en la militancia independentista un lugar en el mundo. Un extenuante combate de judo entre las distintas mutaciones convergentes y Esquerra Republicana, un combate que aún no ha concluido. Una movilización civil sin precedentes que ha estimulado la movilización en sentido contrario de muchos ciudadanos que hasta hace dos días aceptaban un catalanismo bajo en calorías. Un eficaz despertador de los apegos a España en Cataluña. Un foco de atención internacional. Un acontecimiento europeo. Uno de los más poderosos detonantes de la crisis política española. Un estímulo para la impugnación del sistema político en otros lugares de España. Un estímulo para la reaparición explícita del nacionalismo español. Una movilización genuina de casi la mitad de la sociedad catalana; en ocasiones más de la mitad. Una hábil manipulación de los deseos de encontrar una salida rápida a las angustias de la crisis. Un proyecto. Una ilusión. Una fantasía. La primera señal de una posible crisis europea de gran envergadura: la fractura de los viejos estados nacionales. Un motivo de seria preocupación para varios gobiernos europeos. Un campo de maniobras para los servicios digitales rusos (algo ha habido, pero no deberíamos exagerar). Obsesión e insomnio de los grupos dirigentes aferrados a la España uninacional. Detonante de numerosas discusiones familiares, algunas de las cuales no han acabado bien. Motivo de desasosiego para muchas personas que no desean vivir experiencias de alta tensión política; personas que con su voto han impedido la formación de una mayoría independentista incontestable. Excusa para algunas actuaciones sucias por parte del aparato del Estado, que han dejado heridas indelebles y poco han contribuido a ampliar la adhesión catalana a la unidad española, más bien al contrario. Y, por último, aunque no lo último, un conflicto que sus primeros impulsores —Mariano Rajoy y Artur Mas— querían tener controlado y ha acabado fuera de control. De ahí, el naufragio de ambos.

Lola García ha efectuado un excepcional trabajo de reconstrucción de los principales acontecimientos de estos últimos ocho años, con fuerte apego a la narración de los hechos. Hechos más que opiniones. Tozudez en la narración de los hechos, con varias joyas escondidas en los mejores pliegues del relato. Rigor narrativo, claridad analítica y un magnífico control de las pasiones, tan desatadas en algunos ámbitos del periodismo de este país. Este libro es la mejor crónica que se ha escrito de los acontecimientos de Cataluña.

Quisiera añadir algo más sobre la autora. Lola García es en estos momentos una de las mejores intérpretes de la compleja política catalana. Sus crónicas dominicales en La Vanguardia son imprescindibles. Es una periodista de larga trayectoria que ha conseguido compaginar la pluma con el difícil trabajo en el cuarto de máquinas. La autora ha hecho algo más que escribir este libro. Ha resistido la enorme presión emocional que en Cataluña se ha llevado a muchos periodistas por delante, arrastrándolos hacia las aguas turbulentas del sectarismo y la propaganda. Lola García ha resistido valientemente para poder escribir la mejor crónica del naufragio.

Madrid, 18 de junio de 2018

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EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT, EN LA CÁRCEL

Varios furgones policiales salen de la Audiencia Nacional a toda velocidad. Los destellos de sus luces de alarma chocan con los flashes de los fotógrafos mientras cae la noche de este 2 de noviembre de 2017 en la que todo se ha venido abajo.

Los vehículos conducen a buena parte del Gobierno de Cataluña a la cárcel. Uno de los agentes de la policía que vigila el edificio judicial y ve salir los furgones ya augura que el recorrido va a ser desagradable para sus ocupantes cuando le suelta a su compañero de servicio: «Digo yo que estos van a ir follaos, las van a pasar hasta allí…». El otro le responde entre risas: «Al osito ya verás cómo lo van a poner». El «osito» es Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y hasta hace unos días vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. En una de las furgonetas, esposados a la espalda, viajan dos de los consellers ya cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución: Santi Vila (Empresa) y Carles Mundó (Justicia). Van en dirección a la cárcel de Aranjuez, a unos 40 kilómetros de Madrid.

Vila y Mundó mantienen una buena relación. Ambos son de talante afable. El exconvergente es extrovertido, y el republicano, reservado, pero comparten un carácter razonable, son alérgicos al extremismo y exhiben un trato educado y exquisito. Pertenecen a la misma generación (Vila es de 1973 y Mundó, de 1976) y, dada su trayectoria y juventud, son aspirantes a desempeñar funciones relevantes en la política catalana. O lo eran hasta hace unos días. Porque esta noche aciaga están sentados cara a cara, aún trajeados, en sendos bancos en una furgoneta que, a cada curva, a cada rotonda, a cada frenazo, provoca que se desplacen impelidos de un lado a otro, dando tumbos. Para evitar salir despedidos, intentan aferrarse, con las esposas puestas, a la rejilla que hay a sus espaldas.

A las puertas de la cárcel de Aranjuez, mientras esperan a bajar del furgón, unos policías deciden «amenizarles» la espera y les hacen escuchar tres veces el himno de España en su teléfono móvil. Vila trata de tomárselo con humor, aunque no tenga ni pizca de gracia. Pero no será Aranjuez su destino. La juez de la Audiencia Nacional ha decidido de repente que irán a Estremera, a unos 60 kilómetros de la capital, casi en el límite con Castilla-La Mancha. El furgón da la vuelta... A la misma prisión han ido a parar los otros miembros del Gobierno de Cataluña. La instructora Carmen Lamela había citado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y a sus trece exconsellers, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista de Cataluña. Solo nueve de los imputados se han presentado en la Audiencia Nacional. Para ocho de ellos, la juez ha ordenado prisión incondicional por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Únicamente a Vila —que dimitió a tiempo— le ha impuesto una fianza de 50.000 euros, aunque va a pasar una noche en la cárcel hasta poder hacerla efectiva al día siguiente.

A la prisión de Alcalá-Meco van destinadas Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación, y Dolors Bassa, de Trabajo. Y en Estremera, Vila y Mundó se encuentran con el vicepresidente Junqueras, y con sus compañeros de gabinete Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Joaquim Forn (Interior). Al llegar, siguiendo el protocolo penitenciario, todos son despojados de sus enseres personales y de aquello que pueda servir para lesionarse, como los cinturones. Dos de ellos, Turull y Romeva, son obligados a desnudarse, como se hace con algunos delincuentes para comprobar que no entran drogas en la prisión. Todos se someten a la revisión médica. Mundó consigna las lesiones leves que se ha producido en las muñecas por el roce de las esposas mientras viajaba en el furgón policial. Después, visita con el educador y con el asistente social. También acude a verles el director de la cárcel, que admite que son presos un tanto peculiares y que, pese a las lamentables circunstancias, espera que se sientan bien tratados.

Les adjudican las celdas por parejas. Las cuentas no salen y hay uno que deberá compartir habitáculo con un preso común. Enseguida todos abogan por que sea Vila, puesto que solo va a estar una noche en la cárcel. Efectivamente, el exconseller de Empresa conoce así a un recluso de unos 60 años a quien mira con cierto recelo. Tienen que compartir un espacio de unos ocho metros cuadrados, con una litera, dos sillas, una ducha y un váter sin puertas. El preso intenta tranquilizar a Vila, le ayuda a hacer la cama. Empieza para todos la vida en la cárcel. A las ocho de la mañana, el recuento. A las 8.30 horas, el desayuno y tiempo para hacer una llamada... La pesadilla solo dura una noche para Vila, pero otros permanecerían varios meses antes de salir en libertad condicional y volver a entrar por orden del Tribunal Supremo.

Mientras, Borràs y Bassa viven escenas similares en la prisión de Alcalá-Meco. Durante su encierro, los medios de comunicación les prestan mucha menos atención que a sus compañeros varones, a pesar de que las condiciones de esta cárcel, muy antigua, son objetivamente peores. Quizá por eso, al llegar, les reparten unas pastillas y les recomiendan tomarlas a diario. Borràs, que estudió Farmacia, sabe que son antidepresivos. Su pesadilla diaria son las picaduras de los chinches en la cama. Cuando salen en libertad condicional aún llevan las marcas en brazos y piernas. En ese intervalo, aún creen escuchar a veces el sonido de los cerrojos de las celdas, que se graba como una huella indeleble en sus mentes. Borràs y Bassa habían mantenido una relación cordial, pero distante, mientras compartían tareas de gobierno. Sin embargo, en la prisión forjan una gran amistad.

La dureza de la cárcel pone a prueba las relaciones personales. Algunas se estrechan, mientras que otras se resienten. Turull y Rull, que habían mantenido posiciones políticas enfrentadas a raíz del congreso de la refundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en el que se alumbra el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), comparten celda y entablan amistad. En situaciones límite, lo que parecía primordial ya no lo es y viceversa, así que los vínculos personales no se traban por afinidades políticas. Por ejemplo, Turull mantiene en la cárcel buena relación con Junqueras, mejor con Romeva y no conecta tanto con Mundó, los tres últimos de ERC. Entre rejas, están muy aislados de lo que está ocurriendo en Cataluña. Enseguida compran una televisión por celda, aunque solo es posible ver los canales en abierto de ámbito español. Nada de TV3. Así es como Turull, por ejemplo, reconoce un día con el corazón encogido a una de sus dos hijas en una de las movilizaciones para pedir su libertad. A través de la televisión, los dirigentes políticos encarcelados se enteran de algunos acontecimientos relevantes, como la decisión de Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones del 21 de diciembre desde Bruselas, donde se ha refugiado junto a otros cuatro exconsellers: Toni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Todos ellos huidos de la justicia o, para el independentismo, exiliados. Todos los partidos que abogan por la secesión, incluida la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), han decidido participar en las elecciones, a pesar de haber sido convocadas por Mariano Rajoy.

Una parte de la sociedad catalana parece exhausta después de los intensos acontecimientos de los últimos meses, pero la otra se moviliza contra las medidas de prisión provisional dictadas por la juez Lamela y que después mantendría el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La huelga general del día 8 de noviembre tiene un seguimiento más bien escaso, salvo en sectores como la educación, pero la actuación de grupos independentistas radicales provoca cortes de tráfico en 70 carreteras y en el AVE. Son los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), creados para defender los lugares de votación del referéndum del 1 de octubre. Estos CDR se sitúan en la órbita de la CUP, pero tampoco responden jerárquicamente a esta organización política. Hay casi 300 repartidos por toda Cataluña y, aunque en principio pregonan la resistencia pacífica, sus actuaciones resultan coactivas.

Desde la cárcel, los políticos presos conocen también por televisión los primeros compases de la campaña electoral e incluso llegan a discutir sobre los posibles resultados cuando se encuentran en algunas dependencias compartidas. En esas conversaciones, los exconsellers del PDeCAT ven a los de ERC muy convencidos de que su partido será el indiscutible vencedor de las elecciones.

El día 10 de noviembre, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, también pasa una noche en Alcalá-Meco, de donde sale después de pagar una fianza de 150.000 euros y gracias a una declaración ante el juez en la que admite que la declaración de independencia tuvo un valor «simbólico» y meramente «declarativo», sin ninguna consecuencia práctica, además de mostrarse dispuesta a acatar la Constitución. Pese a esa actitud, Forcadell volverá a ingresar en prisión en pocos meses. Esa línea de defensa, con más o menos énfasis, sería utilizada por todos los miembros de la Mesa del Parlament y, con posterioridad, por la mayoría de los encarcelados para conseguir la libertad condicional. Finalmente, después de 32 noches durmiendo en la cárcel, el 5 de diciembre salen Romeva, Turull, Rull, Mundó, Borràs y Bassa. Atrás quedan Junqueras y Forn. Todos se preparan para abandonar el encierro. Ellos deciden hacerlo trajeados, con «uniforme de consellers», excepto Mundó, que se niega y opta por un jersey negro y tejanos. El exconseller de Justicia acepta participar de forma muy activa en la campaña de ERC para paliar la ausencia de Junqueras, pero ya ha tomado la decisión de apartarse de la política al menos hasta el juicio.

Parece que la pesadilla se ha acabado, al menos para la mayoría de ellos. En este momento, no pueden imaginar que regresarán solo tres meses después. La despedida de los que se quedan dentro, Junqueras y Forn, es emotiva, intensa. Apenas pueden reprimir las lágrimas. No ven el final del drama que empezó el 2 de noviembre. Fue aquella misma mañana cuando Junqueras exteriorizó en voz alta su convencimiento de que ingresaría en prisión. En el coche que le conduce a declarar ante la juez Lamela, sus colaboradores le van poniendo al corriente de las últimas noticias. Comentan que la fiscalía tiene intención de solicitar la prisión y recuerdan con pesimismo que hace pocos días el comunicado oficial enviado por correo electrónico desde la Fiscalía General del Estado anunciando querellas contra la Generalitat y la Mesa del Parlament llevaba por título «Más dura será la caída». Los augurios se presentan sombríos. Junqueras alberga la íntima certeza de que esa noche probablemente ya no verá a su esposa y sus dos hijos.

La larga espera en un frío pasillo del edificio de la Audiencia es el escenario en el que todos ellos visualizan que su destino más probable es la cárcel. La posibilidad de ingresar en prisión empezó a plasmarse en el horizonte de los miembros del Gobierno de Cataluña a partir del 1 de octubre, cuando tomaron conciencia de que el Estado no estaba dispuesto a ceder bajo ningún concepto. Antes, la mayoría de ellos dibujaban un escenario similar al vivido por Artur Mas, es decir, se iniciaría un procedimiento judicial, deberían acudir a declarar y quedarían probablemente en libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio, que tardaría un par de años en llegar. Y, para entonces, podrían ocurrir muchas cosas en el panorama político. Pero desde el 1-O, las perspectivas eran más lúgubres. Tanto, que los días previos a la declaración unilateral de independencia, el aún conseller Rull reconocía que había pasado el último fin de semana libre despidiéndose de su familia. Sus presentimientos no iban errados.

¿Cómo es posible que se haya llegado hasta aquí?, ¿cómo podía nadie imaginar que todo un Gobierno elegido en democracia acabaría entre rejas?, ¿qué clase de fracaso colectivo ha conducido a la fractura de la sociedad catalana y al alejamiento entre esta y la del resto de España?, ¿por qué una parte tan sustancial de Cataluña creyó tener en la punta de los dedos el sueño prometido?, ¿por qué sus líderes eligieron el camino que conducía a un callejón sin salida?, ¿pueden señalarse culpables? Las páginas que siguen desgranan los acontecimientos que han conducido a la explosión de la mayor crisis de Estado en España desde el inicio de la Transición y las motivaciones que indujeron a sus protagonistas a adoptar las decisiones que tomaron y no otras. Unos determinados líderes inmersos en una etapa convulsa, en un tiempo de extrema complejidad que no supieron afrontar.

Tres dirigentes políticos han tenido en su mano la capacidad de tomar un camino u otro en diferentes momentos de los años que van desde el 2012 al 2017, el periodo álgido del llamado «proceso soberanista» catalán. Son Artur Mas, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Ha habido muchos más actores, pero ellos son los tres que pudieron marcar el rumbo. Las metáforas marineras, precisamente, son muy del agrado de Mas, que nada más llegar a su despacho del Palau de la Generalitat colgó un timón con el lema «cap fred, cor calent, puny ferm, peus a terra» («cabeza fría, corazón caliente, puño firme, pies en el suelo»), procedente del Sebastiana, una corbeta que comandó su abuelo. La determinación de Mas de virar la nave desde ese equilibrio entre reivindicación permanente y el pacto con el Estado que fue el pujolismo hacia el independentismo unilateral es un elemento esencial en esta historia.

En noviembre de 2007 el líder de Convergència pronunciaba una conferencia titulada «El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor», en el Palacio de Congresos de Barcelona ante 2.000 invitados de la sociedad civil. Mas había puesto en marcha una plataforma política bautizada como la «casa gran del catalanisme» para buscar una mayor transversalidad que superara el movimiento pujolista. En aquella conferencia defendió por primera vez «el derecho a decidir», pero circunscribió su aplicación solo a cuestiones muy concretas como el Estatut (que aún estaba pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional) o la financiación: «El derecho a decidir requiere que los temas sobre los cuales se ejerza descansen sobre mayorías cualificadas o reforzadas de forma amplia, con la finalidad de darle a la decisión toda la legitimidad y la fuerza necesarias, y también para evitar dividir a la sociedad en dos mitades, con el riesgo de fractura social que eso comporta». E insistía en que el derecho a decidir se debía aplicar «sobre aquellos temas que más nos unen a los catalanes y no sobre los que más nos dividen». Entonces, ¿por qué cambió de opinión?

Mas justifica su viraje por el fracaso de los reiterados intentos del catalanismo por cambiar el «encaje» de Cataluña en España sin que los poderes del Estado lo hayan permitido. Y aporta como argumento definitivo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)dictada en 2010 que anula 14 artículos y sujeta a su interpretación 27 más de los 223 con que cuenta el Estatut aprobado en el Parlament. Un texto negociado in extremis por Mas siendo jefe de la oposición con el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y votado por los catalanes en un referéndum que obtuvo el 74 % de apoyo con una participación del 48,8 %.

El «proceso» recibió primero el apelativo «soberanista». En efecto, su pretensión era cambiar por vías democráticas la soberanía del Estado español para que esta residiera también en el pueblo catalán. El debate estatutario sobre la consideración de Cataluña como nación (que finalmente se plasmó en el preámbulo para no darle categoría jurídica) evolucionó en el discurso de una buena parte de los dirigentes catalanes hacia la siguiente fase: ejercer la soberanía propia. Y ese se convirtió en un obstáculo insalvable en la relación entre el poder político catalán y el del resto de España.

El movimiento independentista entronca con el anhelo de arrasar con la herencia de la Transición en todas sus facetas, tanto la del modelo territorial como la social, explotada por Podemos. Porque el discurso rupturista no solo triunfa en Cataluña. Al mismo tiempo que el independentismo comienza su explosión, Pablo Iglesias y los suyos empiezan a ver cómo cala en la sociedad su propuesta de que ha llegado el momento de derrocar el «régimen del 78», que entienden como una componenda de intereses políticos y económicos de la clase dirigente —«la casta»— que se ha introducido en todos los rincones de la sociedad y la ha corrompido hasta la médula. La narración del independentismo, a su vez, parte de dos premisas. La primera sostiene que España no tiene remedio, por lo que no vale la pena implicarse en su gobernación. Según esa tesis, es indiferente que ocupe el poder cualquiera de los dos partidos que se lo han repartido en las últimas décadas. La segunda defiende que es imposible hallar una incardinación adecuada de Cataluña en España porque el centralismo siempre encuentra alguna vía espuria para limitar los logros conseguidos por el autogobierno. El independentismo prende con ímpetu en tiempos de soflamas rupturistas, en los que pregonar simples reformas es predicar en el desierto.

Durante los cinco años que van de 2012 a 2017, el proceso independentista discurrió entre dos sectores que daban apoyo al nuevo relato, pero que perseguían objetivos diferentes. Por un lado, quienes concluyeron, como Mas, que la única forma de conseguir que el Estado se aviniera a negociar un encaje diferente de Cataluña en España, en el que se blindara su singularidad cultural y lingüística y se atendieran sus reclamaciones económicas, era subir la apuesta, estirar la cuerda al máximo para sentarse a la mesa de negociación desde una posición de fuerza. De otra forma, los enviados catalanes siempre acababan laminados por la potente estructura de los abogados del Estado, como solía explicar uno de los principales colaboradores de Mas, su mano derecha en la oposición y en el Gobierno, Francesc Quico Homs. Mas encabezaba ese sector. Pero en el proceso también confluyeron de forma impetuosa quienes consideraron que esta era la oportunidad histórica para convertir Cataluña en un Estado independiente. Para ellos, se trataba de una ocasión única: ahora o nunca. Incluso algunos acuñaron el lema «tenim pressa» («tenemos prisa») y justificaron esa premura con el razonamiento de que, cuanto antes Cataluña lograra su independencia, antes gozaría de los recursos y herramientas necesarios para salir de la crisis. Con España en una situación de debilidad en Europa debido a sus maltrechas finanzas, y un movimiento popular en ebullición en Cataluña, creían llegado el momento de dar el salto decisivo. A Puigdemont se le podría incluir emocionalmente en este sector, aunque a veces se manifestara partidario del primero, consciente de las dificultades.

Mas emprendió un camino de incierto final que culminó Carles Puigdemont, al que designó sin apenas conocerle, un dirigente idealista y tozudo, un verso libre de la política, que fue mucho más lejos de lo que su predecesor hubiera ido jamás. Si bien Mas decidió emprender una ruta determinada, en el desenlace todo se le fue de las manos. Echando la vista atrás, el sucesor de Pujol no considera que haya cometido un error al adentrarse en el terreno abierto de la defensa de la independencia porque considera que su deber era escuchar el clamor de la sociedad. Sin embargo, Mas tampoco se hace responsable de los últimos pasos que llevaron a la intervención de la Generalitat, quizá porque su itinerario político siempre estuvo ligado al espíritu más conservador y elitista de la vieja Convergència i Unió (CiU), exponente del orden establecido, mientras que Puigdemont perteneció a ese partido casi por tradición, pero siempre lo consideró un instrumento necesario, aunque no demasiado eficaz, para lograr lo que fue su obsesión vital: alcanzar el sueño de la independencia.

Al otro lado, en la Moncloa, reside Mariano Rajoy, un líder imperturbable, alérgico a la precipitación e incluso a la iniciativa, un superviviente, una roca contra la que se estrellaron todas las peticiones para proponer soluciones políticas durante cinco años, convencido de la máxima orteguiana que reza que el conflicto catalán no es resoluble, sino solo «conllevable». Cada político afronta los problemas en función de su trayectoria. Mas salió defraudado de su experiencia estatutaria y seguro de que el diálogo no fructificaría nunca, que solo un Gobierno central contra las cuerdas cedería parcelas reales de poder. Y Rajoy disponía de su bagaje como negociador del pacto del Majestic, cuando la Convergència i Unió de Jordi Pujol hizo presidente a José María Aznar a cambio de algunos avances en el autogobierno, como el traspaso del control del tráfico a los Mossos d’Esquadra. A Rajoy, un pragmático, no le pareció ningún drama negociar entonces las concesiones que reclamaba el presidente de la Generalitat. Pero sí extrajo de aquella experiencia su convencimiento de que el nacionalismo catalán es un organismo insaciable ante cada cesión. Por si ello fuera poco, el desgaste que supuso para Zapatero el intento de resolver el contencioso mediante un nuevo Estatut acabó por persuadirle de que abrir melones políticos en Cataluña solo podía abocarle a lidiar con una fuente inagotable de problemas. Cada vez que políticos, empresarios o periodistas le inquirían durante los cinco años del proceso catalán por qué no negoció, Rajoy replicaba que cualquier otorgamiento que pudiera hacer al independentismo habría sido insuficiente y no les habría convencido de que abandonaran esa meta.

En este corto, pero intenso, lapso de la historia de Cataluña, muchos más protagonistas tuvieron un papel destacado. Pero el independentismo alegaría a esta premisa que este fue sobre todo un movimiento «de abajo a arriba», que surgió del pueblo y su fuerza acabó por arrastrar a los políticos. Es evidente que la enorme movilización ciudadana que abrazó la idea de una separación de Cataluña del resto de España es un elemento fundamental que define este periodo. Sin ese impulso popular, nada habría sido igual. Otra cosa será el análisis de las causas profundas del malestar que llevó a tantos catalanes a la calle. De igual forma, el procés no habría avanzado sin el liderazgo político desde el poder de la Generalitat.

El contexto económico y social propició un hábitat adecuado para que germinara un fuerte y activo movimiento en favor del independentismo. La llamada «revolución de las sonrisas», como se bautizó la movilización en demanda de un Estado catalán, toma impulso en medio de la peor crisis económica y financiera que vive Europa, y en especial el sur del continente, desde los años 70. No fueron los más desfavorecidos los que impulsaron esta revolución. Quizá su característica más llamativa es el amplio respaldo que enseguida alcanzó entre las clases medias, los profesionales, ciudadanos con estudios y acceso a la información. No fueron tampoco los jóvenes sus impulsores, puesto que la nueva convicción prendió entre todas las edades. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan sin ninguna duda que, en este periodo, las capas más formadas de la sociedad catalana, con estudios superiores, y los residentes en poblaciones medianas o pequeñas son más proclives a la independencia y constituyen, a su vez, los más motivados a la hora de ir a votar. Teniendo en cuenta esa pincelada sociológica, no es de extrañar que las movilizaciones del 11 de septiembre del 2012 al 2017 fueran impresionantes coreografías escénicas, las mayores de toda Europa en las últimas décadas, disciplinadas, familiares y pacíficas.

Los debates sobre si el independentismo catalán es consecuencia o no de la recesión son arduos y objeto de otros estudios. En cualquier caso, si no ha sido el único detonante, tampoco es una circunstancia ajena. Y, a buen seguro, la crudeza de la crisis fue un caldo de cultivo excelente para mensajes simplistas como el «España nos roba» de los primeros compases de este proceso. La socióloga Marina Subirats considera que, ante una crisis de tamaña envergadura, cuando los poderes públicos nacionales y europeos se muestran incapaces de mantener los estándares del Estado de bienestar, los ciudadanos optan por «una idea fácil y visceral: nos vamos». Es lo que ella denomina «una utopía disponible», es decir, una buena parte de los catalanes consideraron que esa salida estaba a su alcance. El sueño de borrar todo lo que se había corrompido para construir una sociedad sin mácula parecía posible. Precisamente, a la tarea de presentar la independencia (sea o no utópica) como una meta factible en un corto plazo de tiempo contribuyó de manera decisiva el Gobierno de Cataluña. Un Gobierno que, como hemos visto, acabó en prisión.

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EL PROCÉS PONE RUMBO DE COLISIÓN

Un helicóptero de los Mossos d’Esquadra aterriza en el parque de la Ciutadella, frente al edificio del Parlament, a las 9.43 horas. De él desciende el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con gesto contrariado. Acaba de evitar así la protesta de unos 2.000 «indignados» concentrados alrededor del recinto. «Es intolerable», declara a los medios de comunicación nada más entrar en el Parlament. «Es intolerable que los diputados, para realizar nuestras funciones, tengamos que hacerlo por estos medios debido a la violencia que se vive en la calle, con agresiones a diputados...» El presidente de la Generalitat ha intentado acceder al edificio en su vehículo oficial en dos ocasiones, pero el dispositivo policial ha sido incapaz de contener a los manifestantes. Días después, llegaría a calificar de «kale borroka» la actuación de los «indignados» y a pedir un «castigo ejemplar».

También en helicóptero llegan la vicepresidenta, Joana Ortega, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, socialistas como Joaquim Nadal o Higini Clotas, o el presidente de ERC, Joan Puigcercós. Hasta 32 cargos y parlamentarios van entrando en el Parlament en helicópteros de la policía autonómica. Otros diputados no tienen tanta suerte. La mayoría se ven obligados a soportar una lluvia de objetos e insultos. La socialista Montserrat Tura ha intentado llegar a través de la multitud. Se ha parado a hablar con algunos de los manifestantes. Mientras una señora le explica que tiene dos hijos jóvenes en el paro, alguien le pinta la chaqueta con aerosol. Una vez señalada, su avance se complica. Le escupen y le lanzan objetos. Por fin llega al cordón de los Mossos y se abre camino entre ellos hasta el edificio del Parlament. La imagen de Tura con la chaqueta pintada va a convertirse en la más repetida en televisión. Aún guarda la prenda como el recuerdo «agridulce» de aquel día. Es el 17 de junio de 2011 y tienen que aprobarse los presupuestos de la Generalitat.

Desde su llegada al poder, seis meses antes, Mas no había hecho más que recortar y recortar. El líder de CiU nunca ha tenido fácil su carrera política. Sus adversarios comentan con un punto de mala fe que es algo gafe. A pesar de haber alcanzado el liderazgo por designación a dedo del gran patriarca, Jordi Pujol, la fatalidad de la aritmética parlamentaria le ha perseguido siempre. Y nada más empezar tuvo que vérselas con Pasqual Maragall. El exalcalde de Barcelona fue durante mucho tiempo su pesadilla. Ya lo era en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando Mas era un joven concejal de la oposición y el alcalde olímpico le trataba con evidente displicencia. En 2003 pudo desquitarse y Mas le ganó en escaños (no en votos) las elecciones catalanas a Maragall, pero este le pilló por sorpresa y, mientras el convergente descansaba unos días del esfuerzo de la campaña, forjó un tripartito de izquierdas que dejó a CiU en la oposición.

El periodo que va desde ese chasco hasta la llegada al poder en 2010 siempre ha sido considerado por Mas como el colmo de todas las injusticias. Una «travesía del desierto», como él la denomina, a la que siempre se ha referido con una profunda amargura, como si le hubieran robado esos años. Mas ha estado más tiempo de su vida en la política que fuera de ella. Con apenas 30 años ya era concejal en Barcelona y, desde entonces ha seguido desempeñando cargos públicos hasta que deja la Generalitat a punto de cumplir los 60. El acuerdo de gobierno de las izquierdas no lo vive como un lance de la democracia parlamentaria, sino como una mala jugada, casi como una subversión del orden natural de las cosas. Y, cuando por fin logra su objetivo, cuando llega a la presidencia de la Generalitat, lo hace en el peor momento, en medio de una de las crisis económicas más crudas de la historia reciente.

En efecto, el sistema sanitario catalán, orgullo del pujolismo, calificado en Cataluña como «modelo» propio envidiable en medio occidente, está en plena ebullición. Los recortes presupuestarios se han cebado en ese sector o, al menos, es donde más daño parecen haber causado. Miles de trabajadores de los hospitales salen a la calle a protestar y encuentran la complicidad de muchos ciudadanos. Hasta los pacientes se llegan a concentrar junto con los empleados sanitarios. Incluso en algún corte de carretera los conductores cambian los clásicos bocinazos por aplausos a los manifestantes. La temperatura ambiente es infernal. Un dato relevante para interpretar lo que la historia depararía en los años venideros: el movimiento del 15-M había explotado en mayo de este 2011 y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que jugaría un papel decisivo en la movilización independentista, se constituye legalmente como entidad el 25 de mayo, solo diez días después.

El 15-M nada tiene que ver con el movimiento independentista. Entre los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona no ondean estelades ni se escuchan discursos en favor de la secesión. Pero es evidente que la coincidencia de ambos fenómenos es síntoma de un malestar subyacente, expresión de una irritación ante un sistema político incapaz de afrontar la crisis de otra forma que no sea laminar el Estado de bienestar y degradar los servicios públicos. Unas semanas después de instalarse en la plaza de Catalunya, los acampados del 15-M son desalojados con muy pocos miramientos por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. La orden de cargar la da el conseller de Interior, Felip Puig, histórico hombre fuerte del aparato de Convergència cuyo independentismo nunca fue puesto en duda, aunque acabara por distanciarse de muchas de las decisiones de los dirigentes «procesistas».

Las cuentas que se debaten en el Parlament constituyen un nuevo y doloroso tijeretazo. Mas lo sabe mientras desciende del helicóptero. Pero eso no es lo peor. Para colmo, el nacionalismo convergente había tenido que recurrir de nuevo al apoyo del Partido Popular (PP) para aprobarlas, ya que CiU, pese a su buen resultado electoral (62 diputados) no cuenta con los 68 escaños que requiere la mayoría absoluta. Mas había logrado la investidura gracias a los socialistas, pero esa alianza no tendría continuidad. El líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pere Navarro, le había ofrecido a Mas un acuerdo presupuestario que ponía el acento en un plan de empleo juvenil y en las ayudas a los comedores escolares, entre otras cuestiones. Pero no llegan a un pacto y el PP se presta raudo a dar su respaldo a los presupuestos, aunque son unas cuentas que no gozan precisamente de popularidad. Para Mas, ha sido muy cómodo lograr ese apoyo, ya que el PP apenas ha puesto exigencias sobre la mesa. Pero esto supone revivir lo que ya sufrió como una humillación durante la última etapa de Jordi Pujol en el poder, cuando Mas aún era el sucesor y desempeñaba la labor de conseller en cap (consejero jefe). Entre el 2000 y el 2003, el Gobierno de CiU dependía de los votos del PP en el Parlament en un momento en que gobernaba José María Aznar y los nacionalistas catalanes debían corresponder a esa alianza prestando su apoyo a medidas como el Plan Hidrológico Nacional, lo que provocó una rebelión en las Terres de l’Ebre, incluidos episodios de abucheos a Pujol y su Gobierno. Esa alianza con el PP, además, acabó por resultar letal para los intereses electorales de CiU. Mas tenía grabado a fuego como un auténtico infortunio esa dependencia del PP. Se había prometido a sí mismo que no volvería a repetir la experiencia.

Pero corre el 2011 y ahí está el acuerdo de presupuestos con el PP de Alicia Sánchez-Camacho. Para el president, es imperativo cambiar ese escenario sumamente incómodo cuanto antes. Pero hay que encontrar el momento oportuno. Romper con el PP y cambiar de caballo así como así no es tan sencillo. Una insinuación a ERC supondría que los republicanos querrían cobrárselo muy caro. Hay que empezar a virar el discurso. Y el instrumento para hacerlo es la promesa electoral del pacto fiscal, lo que dificulta apoyarse en el PSC. Esa reclamación se sitúa en primer término del relato político. El argumento es sencillo: Cataluña tiene tanto derecho como el País Vasco a recaudar sus impuestos directamente y gestionarlos. Sobre este aserto se empieza a construir el andamiaje que pondría sordina a los reproches por los recortes, aunque estos se continuaran aplicando. Empieza así el discurso del expolio fiscal, la antesala del «España nos roba». Un lema tan populista como efectivo. Una frase que no se escucha explícitamente en boca del president Mas, pero sí de todos los figurantes de la obra política que pululan con profusión por los medios de comunicación. El plan de Mas y de su principal estratega, Quico Homs, es mantener el pacto fiscal como eje de la reivindicación nacionalista durante buena parte de la legislatura. Ha sido la principal promesa de CiU en las últimas elecciones de 2010 y puede aún exprimirse como argumento político hasta el final del mandato.

Pero pronto los acontecimientos se precipitan y el relato del pacto fiscal queda superado. En el Parlament se han desarrollado los trabajos de una comisión sobre este asunto que finaliza en el verano de 2012, un año después de la escena del helicóptero. Las conclusiones de esa comisión se han aprobado con los votos de CiU, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y ERC, con apoyo parcial del PSC e incluso la abstención del PP en algunos aspectos. Es una muestra de que la mayoría de los partidos catalanes consideran que la financiación de Cataluña está mal resuelta, pero también es la evidencia de la popularidad que ha obtenido en poco tiempo el discurso del pacto fiscal. Buena parte de la sociedad catalana está convencida de que su aportación a la caja común española es excesiva y que si los servicios públicos adolecen de carencias es porque el reparto con el resto de las comunidades autónomas es injusto. Los socialistas se han abstenido en la creación de una agencia tributaria catalana única y abogan por una consorciada, es decir, como recoge el Estatut. En el resto de las cuestiones están bastante de acuerdo. En definitiva, unos quieren la llave de la caja solo en Cataluña y el PSC propone que el Gobierno central comparta una copia. Para Homs, ese apoyo parcial de los socialistas, que pueden gobernar en España, es importante. Los populares se han abstenido en buena parte del texto y rechazan de plazo la caja única catalana. Ciutadans (Cs) y Solidaritat Catalana per la Independència (SI) se han mostrado contrarios al pacto fiscal por motivos opuestos. El texto aprobado establece que la agencia tributaria catalana sería «la única administración responsable» de la gestión de todos los tributos que pagan los catalanes y que para fijar la aportación a la solidaridad interterritorial y el pago por los servicios que presta el Estado se acordaría de manera bilateral una cuota a revisar cada cinco años. Muy similar al pacto fiscal con el País Vasco. Ese es el mandato que el Parlament le da a Mas para negociar con el Gobierno central. «Con la mitad del pacto fiscal, tendríamos déficit cero», insiste el president. La solución a todos los problemas.

La paradoja es que ese mandato se aprueba un día después de que la Generalitat revele que se va a acoger al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, al rescate del Estado. La prima de riesgo supera los 600 puntos. La bolsa está por los suelos. Hace meses que Mas-Colell pide un mecanismo de financiación más barato para las autonomías. En el segundo semestre de 2012 la Generalitat tiene que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 5.700 millones y es imposible acceder al mercado del crédito. El Gobierno de España pone en marcha el rescate. El conseller de Economía insiste en que se trata de que Cataluña pida al Estado una pequeña parte de lo que han pagado los catalanes en impuestos. Pero en la práctica, acogerse al FLA supone perder una buena parte de la autonomía del Gobierno de la Generalitat. En esta situación de extrema debilidad financiera y política debería empezar a negociarse el pacto fiscal. Pero no hay prisa. Hay tiempo al menos hasta la segunda mitad de 2013, piensa Homs, puesto que a partir de ahí ya solo queda un año para acabar la legislatura y puede cambiarse el discurso de cara a las elecciones. Sin embargo, una vez más, todo se precipita.

Se acerca la celebración del 11 de septiembre de 2012 y la ANC lleva un tiempo preparando una gran movilización. La conmemoración de la Diada ha sido polémica en los últimos años por el diferente enfoque simbólico que Maragall y Mas han querido darle, pero hasta ahora no se habían producido manifestaciones importantes. Es más, la marcha reivindicativa de ese día solía ser muy minoritaria y de corte radical. Pero este año es diferente. Y en el Gobierno de Cataluña lo saben. Solo han transcurrido dos años desde que Mas ha llegado al Palau de la Generalitat, pero la estrategia de su ejecutivo ha dado un giro de 180 grados, de justificar los recortes y el pacto con el PP a una exigencia del pacto fiscal y de enfrentamiento con el Gobierno central. La impresionante manifestación del 11 de septiembre de 2012 irrumpe como un soplo de aire fresco para Mas. El president no está presente en esa marcha (ni en las sucesivas movilizaciones de la Diada) para preservar su papel institucional. «Como president no iré a la manifestación, pero sí estaré anímicamente», declara. No se puede expresar un apoyo más claro. La organización corre a cargo de la ANC y los partidos quedan al margen hasta que se percatan de que la movilización puede adquirir grandes dimensiones y algunos se adhieren. Tanto es así que incluso se apunta Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, después de que hubiera declinado acudir. Al final, Duran va con muletas debido a una lesión de menisco y al cabo de media hora tiene que abandonar la marcha ante los abucheos y gritos de «botifler» (traidor). En el Gobierno de Cataluña también se produce un debate interno sobre si participar o no en la manifestación. Casi todos los consellers deciden ir, pese a las críticas de CiU al tripartito cuando algunos dirigentes de izquierdas combinaron la protesta en la calle con los despachos en la Generalitat.

La ANC cuenta con el apoyo implícito del Gobierno de Cataluña. Y no solo en un sentido anímico, como decía Mas, sino en otro aspecto bastante más efectivo: el mediático. La prueba del interés en que la manifestación fuera un éxito es que desde el Palau de la Generalitat se convoca días antes al presidente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, hombre de confianza de Homs, y al director de TV3, Eugeni Sallent. Las instrucciones que reciben son precisas y nítidas: hay que ayudar a calentar la manifestación al máximo, conseguir que sea lo más masiva posible. Bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa» («Cataluña, nuevo Estado de Europa»), la del 11 de septiembre de 2012 es una gran demostración de fuerza del independentismo. Más allá de las clásicas controversias sobre el número de participantes, un río humano de tres kilómetros ocupa el paseo de Gràcia y la Via Laietana de Barcelona. La Guardia Urbana cifra la asistencia en un millón y medio de personas. La delegación del Gobierno, en 600.000. Es la primera exhibición histórica del secesionismo.

Mas y Homs siguen el curso de la manifestación por televisión. En el Palau de Pedralbes. Solos. Allí extraen sus conclusiones. Homs pertenece al núcleo que se conoció como «el pinyol» (el hueso), un reducido número de estrechos colaboradores de Mas que acabaría por disolverse con el tiempo, algunos de ellos enfrentados entre sí o sin hablarse. De ese pinyol también formaron parte Oriol Pujol, hijo del expresident y entonces secretario general de Convergència, firme candidato a delfín del propio Mas, y David Madí, que fue su jefe de gabinete, el cerebro de sus campañas electorales y guía de cabecera, cuya innegable habilidad le permitiría compaginar durante años su ferviente independentismo con la presidencia del consejo asesor en Cataluña de una empresa del Ibex como Endesa. Podría decirse que Madí es una de las personas que más y durante más tiempo ha influido en Mas. El president es uno de esos políticos que valora la fidelidad de sus colaboradores por encima de casi cualquier otra consideración. Y Mas apreciaba en Homs que hubiera permanecido a su lado durante la «travesía del desierto». Homs, que acabaría convirtiéndose en conseller de la Presidencia, ejerce ascendencia en Mas, aunque eso no significa enfrentarse a sus planteamientos.

Aquel 11 de septiembre, los dos siguen el desarrollo de la manifestación por TV3 en el Palau de Pedralbes, residencia de la familia real en tiempos de la Exposición Universal y que acabaría por acoger las reuniones más conspiradoras y secretas del núcleo dirigente del independentismo. Allí, en uno de los salones del palacete, Mas y Homs se asombran del impresionante seguimiento de la marcha y concluyen que esa movilización constituye un capital político muy valioso, un formidable instrumento de presión a Mariano Rajoy. No tienen ninguna duda de que esa herramienta es controlable, de que se puede modular en adelante para reclamar mejoras financieras al Gobierno central y aliviar así el lastre de dos años de recortes y desgaste político. «Son nuestra gente», concluyen Mas y Homs sobre los asistentes a la manifestación. En efecto, allí están probablemente muchos de los electores de CiU. El corolario de ambos dirigentes es diáfano: o bien el president ejerce el liderazgo de ese enorme caudal social en ebullición y lo encauza en favor de sus intereses o bien, si se sigue con la poda de los servicios y cuentas públicos y el paro disparado, esa ola popular se les llevará por delante.

Aún con las imágenes de la gran manifestación en la retina, Mas acude el 12 de septiembre a Madrid. Al día siguiente debe pronunciar una conferencia en el Foro Nueva Economía. Puesto que se trata de un desayuno, el presidente de ese evento, José Luis Rodríguez, le invita a alojarse la noche anterior en el hotel Ritz. Cuando los dirigentes de CiU van a Madrid suelen instalarse en un establecimiento de capital catalán de menos lujo y tienen a gala recordar que no van al Palace, como hacía Duran i Lleida, quien se defiende asegurando que el precio era más reducido de lo que se quería hacer creer. Mas y Homs cenan en el restaurante del Ritz al día siguiente de la manifestación de la Diada. Techos altos, enormes lámparas de araña, pesados cortinajes... Los dos dirigentes llevan semanas dándole vueltas a un posible adelanto electoral. Esa noche en el Ritz también abordan esa cuestión, cada vez con mayor convencimiento.

Todo el discurso del Gobierno de Cataluña se ha reconducido hacia la reclamación «a Madrid». Los recortes ya no se presentan como consecuencia de la decisión responsable del president por los excesos en la gestión del tripartito y por la crisis internacional, sino como efecto del trato injusto del Ejecutivo central hacia Cataluña que Mas intenta combatir. Rajoy gobierna con mayoría absoluta, pero el ambiente en el que se desarrolla su gestión es de extremo ahogo económico y contestación social. Una manifestación trata de rodear de forma simbólica el Congreso de los Diputados. La protesta acaba en batalla campal con las fuerzas de seguridad, con el resultado de 64 heridos y 35 detenidos. Las imágenes de las cargas policiales tienen una gran repercusión internacional. Rajoy tampoco está en su mejor momento. Tras la manifestación del 11 de septiembre, Homs había recibido una llamada procedente de las torres negras de la Diagonal, sede de La Caixa, para pedirle encarecidamente que Mas declinara la invitación del Foro Nueva Economía. «Quizá no sea el mejor momento, sería mejor dejar pasar algo de tiempo...», apunta el interlocutor de Homs. Pero Mas no solo va a pronunciar la conferencia, sino que piensa ser muy claro y contundente.

El ambiente ante su visita a la capital es gélido. Ningún miembro del Gobierno central acude a su conferencia, a diferencia de lo que había sido habitual tiempo atrás. Hay un llamamiento generalizado a hacer el vacío al presidente de la Generalitat. Solo una persona de alto rango parece no haberse enterado de la consigna. Se trata de Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey desde hace aproximadamente un año. El diplomático se da cuenta de que algo no va bien y justo cuando empieza el acto, se levanta de su asiento y deja la sala. A Mas, desde la tribuna, le llama la atención esa escapada. Spottorno, sin embargo, vuelve a su sitio y sigue el acto. Luego explica que había ido al lavabo, pero Homs sospecha que fue a hacer una llamada, extrañado por el boicot institucional al president. En contraste con la ausencia de representación política (los dirigentes del PSOE tampoco acuden), la conferencia despierta más interés de lo común entre embajadores y corresponsales extranjeros. Fuera se empieza a detectar que algo diferente está ocurriendo en Cataluña.

Mas no defrauda las expectativas y evita contemporizar. «Nuestro proyecto ha sido durante décadas intentar transformar el Estado español para que fuera el nuestro, pero si eso no es posible lo que hay que entender es que Cataluña necesita un Estado, Cataluña necesita el instrumento de un Estado. Les pido que esto no se vea como que nos hemos echado al monte. No nos hemos vuelto locos, lo reclamamos dentro de la Unión Europea y dentro del euro». Mas no pronuncia ni una sola vez la palabra «independencia» porque juega con la ambigüedad implícita de opciones como un Estado federal, confederado, asociado... Pero nunca se había escuchado en Madrid un discurso semejante en boca de un dirigente de CiU. Mas plantea el conflicto con crudeza. El público, muchos empresarios y directivos de grandes compañías, siguen su exposición en un silencio sepulcral. Muy frío. Esa mañana Mas plantea el nuevo desafío: un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

Entre el mandato del Parlament de negociar un pacto fiscal que se aprobó el 7 de septiembre y el discurso que acaba de desgranar Mas en Madrid el día 13 hay un salto que se ha salvado en menos de una semana. ¿Cuál ha sido el combustible que ha insuflado semejante evolución con tanta velocidad? La manifestación del 11 de septiembre. Lo admite el propio Mas: «Tenemos ahora un mandato de la calle, que no se puede ignorar, porque un gobernante no puede cortar las alas de la ilusión de un pueblo». A su regreso a Barcelona, Mas es recibido por sus colaboradores en el Palau de la Generalitat como un héroe. Le repiten con incansable admiración que, por primera vez, un presidente de la Generalitat se ha atrevido a decir lo mismo en Barcelona y en Madrid. Los gestos de arrojo ante el poder central cotizan al alza en la política catalana. Es una reacción que años después llegaría al paroxismo. La valentía ya despunta como valor contrapuesto al diálogo y, por tanto, a la cesión que comporta cualquier acuerdo.

La política catalana empieza aquí a configurarse como una línea continua en la que solo es posible avanzar, nunca buscar meandros en los que esquivar obstáculos, jamás retroceder. De lo contrario, hasta los mejores expedientes pueden acabar pisoteados, acusados de cobardía, escalón inmediatamente anterior al de traidor. «Traïdor», «botifler», «esquirol»..., el vocabulario del catalán para la misma acepción es amplio. Durante todo el proceso soberanista, este será un elemento fundamental. Al tratarse de un movimiento con fuerte componente sentimental, cualquier decisión política es sometida al juicio implacable de los supuestamente más aguerridos, capaces de imputar la traición a todo aquel que abogue por componendas políticas o que apunte cualquier cesión para emprender un diálogo. Al valiente, en cambio, al que sostiene sus posiciones inflexible, se le reviste de los ropajes del héroe y, sin poder evitarlo, se acaba gustando en ese papel agradecido, pero inútil en política.

Al día siguiente de la conferencia en Madrid, Álvaro Nadal, jefe de la oficina económica del presidente del Gobierno central, viaja a Barcelona y se reúne con Homs en el Palau de la Generalitat. Seis días después está previsto un encuentro oficial entre Rajoy y Mas en la Moncloa. Ambos saben que poco va a salir de esa visita, pero tienen la obligación de intentar una aproximación. Álvaro Nadal es designado por Rajoy como interlocutor de la Moncloa con la Generalitat de ahora en adelante. Él y su hermano gemelo, Alberto, son hijos políticos de Rodrigo Rato. De personalidad altanera, Álvaro Nadal recoge en su currículum «estudios de doctorado en la Universidad de Harvard». Al amparo de la poderosa vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, llegaría a ser ministro de Energía. Nadal y Homs no congenian en absoluto. Quizá acumulaban juntos demasiada autoestima. Mientras el primero alardea de conocimientos económicos y desprecia a quien considera que no los atesora, el segundo lo ve como un dirigente de estrechas miras políticas.

La reunión entre Rajoy y Mas es un desastre. Es el colofón a una ristra de desencuentros que la opinión pública desconoce. En numerosos artículos periodísticos se ha llamado la atención sobre la precipitación con la que Mas dio por finalizado el diálogo con Rajoy. ¿Todo se puede ir al traste con una sola reunión de un par de horas?, ¿acaso no deberían darse alguna oportunidad más? La realidad es muy distinta. Desde que Rajoy llegó al poder hasta este 20 de septiembre de 2012, él y Mas se han visto al menos en tres ocasiones más de forma secreta. En Madrid, aunque no siempre en la Moncloa. Para evitar que nadie pudiera identificarle en el AVE o en el puente aéreo, Mas enfilaba a Madrid en coche, igual que había hecho cuando negociaba el Estatut con Zapatero. Fueron entrevistas largas. Alguna llegó a durar cinco o seis horas. Ambos tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones en profundidad sobre Cataluña.

Rajoy y Mas ya se conocían de los tiempos del Pacto del Majestic. Existía confianza entre ellos. También habían mantenido dos encuentros en su día secretos en Doñana en 2002 y 2003. Al primero acudieron también los populares Eduardo Zaplana y Jaume Matas. En el Palacio de las Marismillas, acompañados de sus esposas, tuvieron oportunidad de conocerse mejor. Mas suele decir que es difícil enfadarse con el líder del PP porque es una persona de trato afable y campechano y, además, nunca te dice ni que sí ni que no. En un principio, a Rajoy le parece que Mas es un político sensato, apegado a la realidad, pero la relación se acaba deteriorando hasta tal punto que le considera el causante de casi todas sus desgracias. Desde luego, de todos los males que tienen que ver con Cataluña. En sus encuentros secretos previos a la famosa reunión de 2012 en la Moncloa no entran en demasiadas disquisiciones sobre el pasado reciente. Pasan de puntillas por las negociaciones del Estatut y el sensible episodio de la recogida de firmas por parte del PP en contra de esa ley, y se centran más en cómo afrontar la espinosa situación económica de la Generalitat y del Gobierno central.

En esas reuniones secretas, Mas insiste mucho en intentar que Rajoy asuma el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Estatut en relación con la disposición adicional tercera y que el Gobierno de Cataluña cifraba en 759 millones de euros. Se trataba de que Mas-Colell pudiera consignarlos en las cuentas que se aprobarían en 2012, lo que implicaba un buen pellizco menos de recortes. El president argumentaba que no podría establecerse una relación de confianza entre Cataluña y el Estado si no se cumplía la ley. En esos encuentros, Mas también le avanza a Rajoy que pondría sobre la mesa la reclamación del pacto fiscal. Le insiste en que podía negociarse un sistema diferente al vasco y que la Agencia Tributaria española pudiera disponer de los mismos datos, en tiempo real, que la catalana. Es decir, que se acercaría más a una agencia compartida que no a una exclusiva de Cataluña. El líder del PP no lo ve claro. Le responde que no está dispuesto a desmembrar la Hacienda española y subraya que el pacto fiscal está fuera de la Constitución. Es más, no cree que Cataluña esté sufriendo un maltrato especial y, en todo caso, es un asunto que podía abordarse en cuanto se revisase el sistema de financiación autonómica. Rajoy, además, argumenta los enormes apuros económicos que están sufriendo todas las administraciones, incluida la central. Todo son deudas, así que no hay mucho que repartir...

Llega la cita del 20 de septiembre de 2012 en la Moncloa, Mas ya sabe que no va a conseguir gran cosa de Rajoy. Sin embargo, confía en que quizá pueda arrancarle algún compromiso que permita ganar tiempo. Al fin y al cabo, CiU ha hecho algunos gestos hacia el PP en el Congreso que no deberían caer en saco roto. Aunque los populares gozan de mayoría absoluta, CiU ha hecho el guiño de apoyar algunas de sus decisiones más duras, como la subida del IRPF y la reforma laboral. Así que Mas también espera a su vez algún gesto de Rajoy. Quizá una comisión de trabajo para discutir el pacto fiscal. Pero el presidente del Gobierno prefiere no comprometerse. Después de dos horas de entrevista, Mas no espera a regresar a Barcelona y se va directo a la delegación de la Generalitat en Madrid para explicar a la prensa que la reunión ha sido un auténtico fracaso. Algunas veces se le ha reprochado al president que no tuviera la cintura política de Josep Tarradellas, quien después de su cita con Adolfo Suárez, cuyo contenido también fue muy insatisfactorio para el líder catalán, optó por ofrecer una versión positiva que obligó al entonces presidente del Gobierno a seguir su estela. Pero ese tipo de reacción no casa con el carácter cartesiano de Mas, reacio a considerar la política como un material dúctil.

Educado en la exigente y elitista escuela Aula de Barcelona y en el Liceo francés, Artur Mas (Barcelona, 1956) no fue un adolescente con intereses políticos. En su caso, todo parecía ir encaminado a una carrera empresarial. Es el mayor de cuatro hermanos de una familia vinculada al mundo industrial. Empezó a trabajar con 23 años en el departamento de exportación de una empresa del sector del metal. Se había licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y se afilió a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Pronto entró en la Administración. Su primer cargo público fue el de director general de promoción comercial. Lo consiguió gracias a Francesc Granell, que le encomendó encargarse de las ferias. Tenía 30 años. Trabajó también brevemente en la empresa Vilassar Internacional, sociedad perteneciente al grupo Tipel, una peletera que pasó de unos resultados espectaculares a la quiebra. Le contrató un primo de Lluís Prenafeta, por entonces ya hombre fuerte de Jordi Pujol.

Por esta relación con Prenafeta y también con los hijos de Pujol, Mas quedó encuadrado dentro del llamado «sector negocis» de Convergència, junto a Macià Alavedra. En su breve paso por La Seda, conoció a Jordi Vilajoana, que llegaría a ser su secretario general de Presidencia (fueron compañeros de Gobierno en la etapa de Pujol, cuando Vilajoana era conseller de Cultura) y a quien le une una estrecha amistad. La buena relación de Mas con la familia de Pujol, en especial con su esposa Marta Ferrusola y su hijo Oriol, favorecería su ascenso político. De ideología liberal, Mas puede considerarse un dirigente perfectamente incardinado en el establishment catalán.

Su primer salto político se produjo como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Josep Maria Cullell. Después fue nombrado conseller de Obras Públicas. Mas se fue ganando con esfuerzo la confianza de Pujol, aunque su relación nunca ha sido tanto de amistad como de respeto. Si su mentor es un político maleable, que se comporta como el junco que, sin partirse, busca el mejor acomodo para extraer el máximo partido de cada situación, Mas resulta más rígido. Para él, un «sí» es un «sí», y un «no» es un «no». Para Pujol, todo ello puede llevar aparejado un «pero», un «depende»... No es que se cierre a escuchar los consejos de sus asesores, pero estos se circunscriben a un círculo muy reducido. Mas es de talante educado y amable, pero se muestra distante con sus interlocutores, salvo contadas excepciones. Meticuloso y trabajador, fue ganando influencia en los gobiernos de Pujol hasta convertirse en su delfín. Como líder político mostraría también otras dos características de su personalidad: su alto sentido de la fidelidad, que aplica a sus colaboradores, y un pundonor quizá excesivamente acentuado que le lleva a reaccionar con cierto orgullo cuando cree que se le ha ultrajado.

A su llegada a Barcelona procedente de la Moncloa, Mas entra en el Palau de la Generalitat en su coche oficial y les explica a sus colaboradores que el encuentro no ha servido de nada y que Rajoy se ha negado a pactar incluso un grupo de trabajo sobre su propuesta de pacto fiscal. La plaza de Sant Jaume está a rebosar de gente (unas 4.000 personas) que han ido a recibir a Mas a su regreso de Madrid. La ANC y las juventudes de CDC habían convocado la concentración para apoyar al president y para pedir la independencia. Mas sale para ser aclamado, acompañado de su esposa, Helena Rakosnik, por la puerta principal del Palau, mientras la muchedumbre corea: «Mas, sé valiente, Cataluña independiente». Entre los concentrados destacan intelectuales como el filósofo Xavier Rubert de Ventós, los cineastas Ventura Pons e Isona Passola, el profesor Ferran Requejo, el historiador Jaume Sobrequés, los sociólogos Salvador Giner y Salvador Cardús, o la líder de Òmnium Cultural, Muriel Casals. Mas entona Els Segadors junto a los manifestantes. Todo ello es transmitido en directo por TV3. El procés pone la directa.

«La gente ha pasado de silbarme a aplaudirme.» Es el significativo comentario de Mas a uno de sus colaboradores. El ambiente para el Gobierno de Cataluña ha mejorado de forma sustancial. Siguen los recortes, el Banc dels Aliments bate récords de recogida (y entrega) de víveres para los más necesitados, pero la presión política sobre Mas y sus consellers se ha relajado. Es el momento de convocar elecciones. Madí es uno de los asesores que se lo ha aconsejado con mayor vehemencia. Circulan encuestas que llegan a manos del president que garantizan la mayoría absoluta. Incluso hay algunos entusiastas que aventuran que se podrían rozar los 80 escaños. CiU gobierna ya en el Ayuntamiento de Barcelona, con Xavier Trias como alcalde. El nacionalismo catalán tiene a su alcance hacerse con la mayor cuota de poder de las últimas décadas. Una tentación irresistible. Al mismo tiempo, el PSC sufre una convulsa crisis interna. El tradicional contrincante de CiU se está desgarrando por dentro.

El discurso del «derecho a decidir» ya ha empezado a calar en la sociedad catalana. Esta expresión es uno de los grandes éxitos del proceso independentista. Su enunciado resulta muy difícil de rebatir para los partidos definidos como constitucionalistas. «Cataluña tiene derecho a decidir su futuro político», será el lema que se impondrá de manera casi natural. «Derecho a decidir» es una frase sencilla con la que buena parte de los catalanes pueden sentirse identificados, es más transversal y carece de las reminiscencias coloniales o ideológicas del «derecho de autodeterminación». El «derecho a decidir» se expresa votando y votar es igual a democracia. Ese es el silogismo que se impone. Poco importa que la democracia incluya además otros conceptos como el pluralismo y el respeto a la legalidad. El axioma político ya está servido y su potencia es tal que hace mella en varios partidos que no tienen la independencia como objetivo. Los buenos augurios de las encuestas y el desconcierto de la oposición —sobre todo del PSC, su clásico rival, en plena crisis—, contribuyen a que el entorno de Mas se convenza sin lugar a dudas de que la mayoría absoluta va a caer como fruta madura. Incluso el líder de Unió, Duran i Lleida, lo ve claro.

El president decide poner rumbo a Ítaca. La primera escala es convocar elecciones para el 25 de noviembre de 2012, dos años antes del final de la legislatura. No tardaría en arrepentirse.

La campaña electoral va a estar marcada por dos hechos inesperados. El primero es el cartel de Mas. El candidato aparece con los brazos alzados rodeado de una muchedumbre entre un mar de estelades bajo el lema «la voluntad de un pueblo». Lejos del efecto deseado, la imagen se convierte en objeto de burla y concita todo tipo de comparaciones con el cartel de la película Los diez mandamientos. Mas como Charlton Heston en el papel de Moisés guiando al pueblo elegido... El diseño de la campaña corre a cargo de Homs, que es muy criticado dentro del partido por semejante resbalón. Pero el acontecimiento más inesperado es la publicación en El Mundo, el 19 de noviembre, de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se acusa a Mas, Pujol y al conseller Felip Puig de disponer de cuentas secretas en Suiza para el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música. Más de cinco años después llegaría la sentencia sobre el expolio de esa institución cultural, en la que la Audiencia de Barcelona condena al extesorero de Convergència Daniel Osàcar a cuatro años y medio de prisión por el presunto cobro de comisiones por parte del partido de al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en Cataluña. El partido también es condenado como responsable civil. La sentencia considera probada esa trama de financiación irregular, pero no va más allá en la asignación de responsabilidades.

Tanto esta vez como en otra ocasión, cuando Trias fue acusado de contar con dinero escondido en el extranjero, CiU no duda en acusar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Un informe de la UDEF filtrado a la prensa revelaba que Trias tenía una cuenta en Suiza, pero la fiscalía acabó por archivar el caso porque esta no existió. Más tarde, su nombre apareció con el de sus padres y hermanos en un fideicomiso o trust vinculada a una cuenta en el extranjero de la que Trias aseguró que no tenía conocimiento. Esta información surgió a partir de investigaciones internacionales sobre paraísos fiscales, mientras que la primera procedía de la policía española. En otro tiempo, Pujol había tratado con singular aprecio a Fernández Díaz, hasta el punto de que quien fuera presidente del PP catalán, Aleix Vidal-Quadras, tachaba a ese dirigente de su partido de «criptoconvergente».

La acusación de El Mundo contra Artur Mas sacude el tramo final de la campaña. Los afectados presentan una querella y el fiscal superior de justicia de Cataluña, Martín Rodríguez Sol (que después sería cesado por defender un referéndum en Cataluña), abre una investigación por calumnias al diario a raíz del informe que le envió la Generalitat. Según la fiscalía, la información es «radicalmente falsa y mendaz». Un año después, la juez archiva la querella por injurias y calumnias que habían presentado Mas, Pujol y Felip Puig. Mas admitió que su padre tenía una cuenta en Liechtenstein y sostuvo que la única beneficiaria de esos fondos fue su madre. Explicó que su padre regularizó el dinero en 2008. En una comisión de investigación en febrero de 2015 a la que fue obligado a comparecer por la presión de quienes ya eran sus socios, ERC, Mas declaró: «Conocí esos recursos de mi padre a finales de los 80 o principios de los 90. A partir de ese momento, nunca pregunté nada. No me afectaba a mí, no eran recursos míos ni nada que tuviera que ver con ningún partido. Nunca supe cómo eran las declaraciones de la renta de mis padres».

Mas siempre ha considerado la publicación de El Mundo una demostración evidente de la actuación de «las cloacas del Estado». Sea cual fuere la influencia de esa información sobre el electorado, lo cierto es que los comicios propinan un fuerte varapalo a CiU. Los nacionalistas pierden nada menos que 12 escaños y se quedan en 50. Casi los mismos que gana ERC, que pasa a tener 21. Por cierto, el PP solo sube uno y Ciudadanos pasa de tres a nueve, un indicio premonitorio para años venideros. CiU no se presenta a estas elecciones como una formación netamente independentista. O al menos aún lo disimula bajo subterfugios conceptuales. Se define como soberanista, es decir, incluye el reconocimiento de Cataluña como un sujeto político con derecho a decidir su futuro en un referéndum. El objetivo, según se aprueba en el XVI congreso de CDC en Reus, es un Estado propio. Puede tratarse de un Estado confederado dentro de España, como prefiere verlo Unió y algunos convergentes, o directamente como la independencia. Mas surfea sin acabar de definirse: «Si un día existieran los Estados Unidos de Europa, Cataluña sería como Massachusetts». Esas ambigüedades, sin embargo, son cada vez menos convincentes.

En ese congreso, Convergència se aleja del pujolismo, aunque emerja con brío uno de sus vástagos. Oriol Pujol es elegido secretario general adjunto y queda así ungido quien está llamado a ser el futuro delfín de Mas. Durante su etapa al frente de CDC, Pujol combinó con soltura el verbo épico de Francesc Macià, sobre todo cuando tocaba enardecer los ánimos de sus seguidores en sus discursos para el partido los fines de semana, con el pragmatismo de Francesc Cambó, que le llevó a sostener gobiernos del PP y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pero sus herederos empiezan a dar carpetazo a esa época. El pinyol que rodea a Mas y el resto de los dirigentes del partido pertenecen a una nueva generación que desea desembarazarse de eufemismos y que se sienten independentistas sin reparos. Así lo ve ya con cierta desesperación Duran i Lleida, que significativamente no acude como invitado a ese congreso en el que Mas sigue sin pronunciar la palabra «independencia», pero que ya apunta en esa dirección.

En ese marco, ante su partido, el president recurre por primera vez a una metáfora que haría fortuna: el viaje a Ítaca. Pensaba en la canción de Lluís Llach del disco publicado en 1975, en los estertores del franquismo. Los versos del poeta griego Kavafis hablan de la vida como un viaje que es bueno que dure muchos años, pero también de Ítaca como el símbolo del anhelo del héroe Ulises de regresar al hogar luchando contra todas las dificultades. En su discurso de cierre del congreso, Mas exhorta así a los suyos: «Nosotros, después de muchos años de travesía del desierto, vimos la ribera del mar. Ahora hemos subido a las barcas y hemos puesto rumbo a Ítaca. Eso es la construcción nacional. Pero no queremos que sean solo unas cuantas barcas, sino que en ese viaje vaya la gran mayoría del pueblo de Cataluña». Convergència está sufriendo una metamorfosis. El antiguo movimiento nacionalista forjado alrededor de la carismática figura de Pujol se está transformando en una nueva criatura que abraza el independentismo. Pero su líder, eslabón entre uno y otro estadio, intenta modular el proceso, controlar los tiempos. Mas anuncia ese viaje, pero advierte a su partido de que, para recorrerlo, necesitan convencer a una gran mayoría de catalanes. CiU se presenta así a las elecciones de 2012 con un programa que aboga por «construir una mayoría social amplia para que Cataluña pueda tener un Estado propio en el marco de Europa». En ningún momento se pide la independencia y se incluye la propuesta de una consulta legal, aunque no se especifica cómo hacerla realidad.

Pero los resultados electorales son un varapalo para CiU, que ha pedido una «mayoría excepcional» para dirigir el proceso soberanista y ha perdido 12 diputados. Mas atribuye el fiasco a la crisis económica. La lectura que se impone es que los votos que esperaba recibir Convergència se han decantado por ERC porque Mas es un recién llegado a las tesis independentistas y, de paso, los convergentes le echan la culpa a Duran i Lleida por considerar que sus reticencias a seguir ese camino han sido un lastre. Oriol Junqueras logra 21 escaños, cerca del récord de 23 que había conseguido Josep-Lluís Carod-Rovira en 2003, con una campaña cuyo lema fue «mans netes» («manos limpias»), centrada en denunciar la corrupción de CiU. Esquerra también obtuvo un récord de votos en las generales de 2004, cuando planteó su campaña como un desafío a José María Aznar, quien filtró su escapada a Perpiñán para verse con un dirigente de ETA, lo que supuso la salida del Gobierno catalán del líder de ERC y el final de su carrera política.

El Parlament surgido de estas elecciones de 2012 arroja una mayoría absoluta holgada del independentismo: CiU, ERC y la CUP suman 74 escaños (con el 47,9 % de los votos). Pero la sensación de fracaso que invade a la primera fuerza política catalana se lee en la Moncloa como una demostración evidente de que el proceso soberanista no es más que un globo discursivo que no va a ninguna parte. «Lo de Cataluña no nos ocupa ni dos tardes al mes», confiesa en privado un alto cargo del Gobierno de Rajoy, que insiste en que el nacionalismo catalán se ha vuelto más vehemente, pero en el fondo sigue queriendo negociar más financiación y autogobierno. «Son insaciables», concluye. En la Moncloa el PP celebra su primer año de Gobierno, aunque puede calificarse de annus horribilis: subidas de impuestos, dos huelgas generales, paro desbocado, recortes... Rajoy y los suyos esperan respirar algo en 2013 y, desde luego, Cataluña no es ninguna prioridad. Pero Mas, lejos de virar la nave, decide continuar. En su investidura como president después de las elecciones, anuncia que pone «rumbo de colisión».

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EL VIRUS DE LA RUPTURA

Desde el momento en que el discurso soberanista acapara la política de forma aplastante, sin dejar un resquicio a introducir cualquier otro debate, varios de los partidos o coaliciones que han protagonizado la vida pública catalana en los últimos 30 años se ven obligados a adoptar una posición nítida sobre este asunto y sufren una sacudida interna que en algunos casos llega incluso a la ruptura. Durante las últimas décadas, la política catalana había estado marcada por dos ejes, el nacional y el social, que convivían en un cierto equilibrio. La mayoría de los catalanes, según los sondeos, se situaba escorada hacia un sentimiento más catalán que español y algo orientada más a la izquierda que a la derecha. Pero lo importante es que los extremos eran minoritarios.

Durante sus sucesivos mandatos, Jordi Pujol tenía por costumbre acentuar el eje nacional de vez en cuando para desarbolar a la oposición de izquierdas, representada sobre todo por el PSC, pero el expresident siempre se movía en una ambigüedad calculada entre una ambición nacionalista que se acentuaba en los mítines y la componenda del día a día. Pujol manejaba a placer el discurso de la identidad, pero había dos líneas rojas que se resistía a traspasar: gobernar mediante un acuerdo con ERC, formación a la que consideraba poco de fiar, y la reforma de la Constitución, con la que amagaba de vez en cuando sin demasiado convencimiento porque estaba seguro de que abrir la Carta Magna serviría más para retroceder que para avanzar.

Cuando Pasqual Maragall decidió optar a la presidencia de la Generalitat, el líder socialista, siempre amante de grandes retos, pretendió reconciliar Cataluña con el resto de España (y, de paso, a las diversas Cataluñas siempre latentes). Uno de sus reproches fundamentales a Pujol era recriminarle que otorgara «carnets de buen catalán». Al llegar al poder, Maragall cambió la celebración institucional del 11 de septiembre. Quiso darle más empaque y, al mismo tiempo, intentó abrirla a sectores sociales que fueran más allá del nacionalismo. Pero no se limitó solo a los discursos y a la simbología, sino que pretendió cambiar también las reglas de juego, y así se embarcó en la redacción de un nuevo Estatut. Un texto que serviría, creía Maragall, para zanjar el eterno conflicto catalán y que eliminaría así de un plumazo la razón de ser del nacionalismo. Tanto confiaba en esa solución que convenció a José Luis Rodríguez Zapatero, quien se lanzó, en un mitin en Cataluña, a asegurar que el PSOE aprobaría en el Congreso el texto que se pactara en el Parlament. El nuevo Estatut acabaría siendo el germen de un mayor desencuentro con el resto de España y acrecentó el malestar político en Cataluña. Desde luego, no había suficiente consenso entre el Parlament y las Cortes españolas como para que ese sueño de Maragall pudiera hacerse realidad. Y esa discrepancia alejó aún más las posiciones dentro de Cataluña y entre esta y el resto de España.

José Montilla, exponente del sector de los socialistas catalanes más cercano al PSOE, intenta virar la narración nada más llegar al Palau de la Generalitat en el 2006 y trata de poner el acento en el eje izquierda-derecha, pero no lo consigue, entre otras cosas porque resulta muy difícil hacerlo mientras se dirige el Ejecutivo de la mano de ERC, que vive la contradicción de ser un partido de reivindicación independentista mientras gobierna una autonomía. Al cabo de un año de estar en el poder, el propio Montilla advierte en público a Zapatero de la «desafección» que está creciendo en Cataluña respecto al resto de España, en una conferencia en el hotel Ritz de Madrid. La sentencia del Tribunal Constitucional llega en 2010, después de meses y meses de desprestigio de la institución por los intentos de manipulación política. Finalmente, se recorta el alcance del Estatut en algunas materias, sobre todo relativas a la lengua y al poder judicial, aunque lo más relevante es que esa merma se produce sobre un texto ya votado por los catalanes. La sentencia lleva a Montilla a encabezar una manifestación de protesta en julio de 2010 que se acaba convirtiendo en una marcha a favor de la independencia en la que el president socialista es abucheado. Es en esta época cuando Felipe González y Carme Chacón, ninguno de los dos sospechoso de flirtear con el nacionalismo catalán, firman un artículo conjunto en El País en el que defienden que España es una «nación de naciones» y añaden que los magistrados del Constitucional, con su sentencia, demuestran un «desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española».

La irrupción con fuerza del debate soberanista obliga a los partidos a definirse de forma nítida sobre la independencia o sobre un posible referéndum, algo que trasciende las tradicionales fronteras políticas entre izquierda y derecha. Y casi todos ellos comprueban que en su seno conviven almas contrapuestas que habían permanecido aletargadas durante largo tiempo, pero que ahora se sienten concernidas. La primera formación que percibe cómo sus costuras internas se tensan por este motivo es precisamente el PSC. Los socialistas catalanes pierden las elecciones autonómicas de 2010 y se produce el relevo en el liderazgo del partido en favor de Pere Navarro. La candidatura del que fuera alcalde de Terrassa es impulsada por un pequeño núcleo de «capitanes» socialistas que creen que su perfil es el apropiado para acomodar las llamadas «dos almas» del PSC, que se define como un partido catalanista, pero que siempre ha contado en su seno con posiciones soberanistas, federalistas y autonomistas. El perfil de Navarro es el de un dirigente no demasiado identificado con ninguna familia interna en particular y procedente de la segunda corona barcelonesa. Justo el punto medio. Un alcalde, pero no del Baix Llobregat, la tradicional plaza fuerte de los socialistas catalanes, donde el voto independentista tiene poco arraigo.

Navarro tiene que lidiar con un periodo convulso en el PSC. Para el independentismo, es esencial ampliar el respaldo social y político a sus tesis y una fórmula eficaz consiste en situar en primer plano el debate sobre el «derecho a decidir». Sumar el PSC a sus tesis supondría contar no solo con una contundente mayoría política en escaños, sino también con un respaldo social más transversal, ocupar de forma clara la centralidad. Para los socialistas este es un debate envenenado. Al fin y al cabo, «el pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades que integran el Estado español» figuraba en el programa del PSOE que surgió del congreso de Suresnes, en 1974. El PSC de Navarro vive un debate interno devastador. El clamor independentista de la Diada lleva al partido a incluir en su programa electoral de 2012 «el derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad». Inesperadamente, es el poderoso sector del partido en el Baix Llobregat, comandado por el alcalde de Cornellà, Antoni Balmon (sucesor de Montilla en ese ayuntamiento), el que aboga con más ímpetu por incluir el derecho a decidir en el programa. Considera que el PSC no puede oponerse a un deseo que abraza casi el 80 % de la población. Así que los socialistas acotan ese referéndum a que haya un acuerdo y se cuidan mucho de expresar cuál tendría que ser la pregunta que debería someterse a consulta. De esta forma, se deja en la ambigüedad que el referéndum sea en realidad el de ratificación de un acuerdo con el Estado sobre el encaje de Cataluña, plasmado en un Estatuto o en un cambio constitucional.

La votación de la primera declaración de soberanía en el Parlament de Catalunya en enero de 2013 se salda con la indisciplina de voto de cinco diputados socialistas (Joan Ignasi Elena, Núria Ventura, Àngel Ros, Marina Geli y Rocío Martínez-Sampere), que se niegan a votar en contra. La fractura del partido parece inevitable. De los nombres mencionados, el diputado Elena dejaría el partido en 2014 para situarse en la órbita independentista. Presidirá el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, organismo promotor del referéndum. En cambio, Àngel Ros acabaría por llegar a un acuerdo con Ciudadanos para gobernar, en coalición, el Ayuntamiento de Lleida. La decisión de Ernest Maragall, hermano del expresident, de formar un nuevo partido supone otro revés para la dirección de Pere Navarro. Meses después, «el tete», como se conoce a Ernest Maragall precisamente por su parentesco con el exalcalde olímpico, formaría parte de la lista electoral de ERC a las elecciones europeas. En un mitin electoral de los republicanos, aparece acompañado del carismático alcalde, lo que causa una notable polémica, dado que Pasqual Maragall ya se encuentra en un estadio bastante avanzado de alzhéimer. Su esposa tiene que salir a explicar que la decisión se había improvisado. Ernest Maragall, que participó de manera activa en la negociación del Estatut, que defendió posiciones como la introducción de una sexta hora de castellano en las escuelas de Cataluña y que acusaba a los republicanos de ser el elemento desestabilizador del tripartito que presidió su hermano, acabaría culminando su evolución política con la militancia en ERC.

Entre los críticos del PSC hay motivaciones diversas. Unos están íntimamente convencidos de que el partido se equivoca, que no va acompasado con los tiempos que corren. Creen que la centralidad en Cataluña se ha movido hacia el independentismo y que no es posible distanciarse de esa posición social nuclear. En otros pesa más la incomodidad que supone representar a un partido que no está en la corriente discursiva principal, lo que se refleja en una pérdida de confortabilidad en la calle, en las instituciones y en los medios de comunicación a los que suelen acudir. Unos pocos, finalmente, piensan más en sus salidas profesionales o personales.

Así pues, en un principio, Navarro intenta sostener una posición que se percibe como intermedia, a favor del «derecho a decidir» pero en contra de la independencia. Ni se acaba de entender en Cataluña ni mucho menos en el resto de España. El problema del PSC es también una grave distorsión para todo el socialismo español. Así que Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, se proponen llegar a un punto en común que ahorre disgustos. Por el camino ocurren algunos accidentes, como la decisión del líder del PSC de opinar en el transcurso de una conferencia en la Cambra de Comerç de Barcelona que el rey Juan Carlos debería abdicar en favor del príncipe Felipe. Mientras Navarro lanza la idea, Rubalcaba está a punto de intervenir en el Congreso de los Diputados y Elena Valenciano, mano derecha de Rubalcaba, telefonea a Navarro, muy alterada, y le reprocha que acaba de boicotear la intervención del líder del PSOE. Más tarde, el primer secretario del PSC se entrevistaría con Juan Carlos I y después con Felipe VI, a los que pediría que mediaran de alguna forma en el conflicto catalán.

Pocos días después de ese incidente, a finales de febrero de 2013, se produce uno de los momentos más críticos en la turbulenta relación entre el PSC y el PSOE. Ambos partidos están a un paso de la ruptura. CiU presenta una iniciativa en el debate sobre el estado de la nación, en el Congreso, en defensa del derecho a decidir. Navarro ordena a sus diputados en Madrid que la apoyen, rompiendo así la disciplina de voto del PSOE, una decisión histórica. Solo Carme Chacón se desmarca y no vota ni que sí ni que no. La diputada catalana aún tiene esperanzas de dar la batalla de nuevo por el liderazgo del partido o por la candidatura a la presidencia del Gobierno. Pero su decisión resulta insuficiente para unos y para otros. Navarro le había aconsejado que, si deseaba asaltar el poder en el PSOE, debía afiliarse como militante en Madrid o en cualquier otra provincia española que no fuera catalana. Pero ella siempre se mantuvo en el PSC. Es la primera vez que se rompe la disciplina de voto entre los dos partidos en el grupo parlamentario del Congreso. Rubalcaba amenaza con cambiar el protocolo de relaciones entre el PSC y el PSOE, que data de 1978. Alfonso Guerra es mucho más expeditivo y aboga por la ruptura. Algunas voces empiezan a especular con la creación de un PSOE en Cataluña que compita con el PSC.

No llega la sangre al río, pero dada la incomprensión creciente entre las posiciones del PSC y de su partido hermano, Navarro emprende una ronda con todos los secretarios generales territoriales. Al mismo tiempo, le encarga a la Fundación Rafael Campalans, dirigida por Miquel Iceta, una propuesta federal y de reforma de la Constitución. Las relaciones intentan reconducirse con el congreso territorial de Granada de julio de 2013. A partir de ese punto, el PSC evoluciona ya con claridad del derecho a decidir a la votación de un acuerdo de reforma constitucional y estatutaria. Para ninguno de los dos es fácil gestionar la cita de Granada. Rubalcaba tiene que domeñar a los barones territoriales y hay que tener en cuenta que, pese a la autoridad de su figura dentro del PSOE, había ganado el congreso por el que se erigió en secretario general por un resultado muy ajustado contra Chacón. Para Navarro, la situación también es explosiva, con un partido muy dividido y una gran presión política y mediática en Cataluña. Rubalcaba y Navarro discuten mucho, mientras que Ramon Jáuregui y Miquel Iceta intentan plasmar sus acercamientos en un texto común. Es complicado el uso de los términos «federal» y «nacional». Por supuesto, despierta recelos todo lo referente a la financiación autonómica y se evita ser demasiado concreto sobre la composición del Senado, ya que unos prefieren que sus miembros sean elegidos en elecciones, otros por los gobiernos de cada comunidad y algunos más mediante una fórmula mixta. De todas formas, es un documento que acaba siendo firmado por todos y cada uno de los responsables territoriales del PSOE en ese momento, aunque algunos más tarde no recordarían lo que suscribieron, a tenor de algunas de sus manifestaciones públicas.

La declaración de Granada defiende una reforma constitucional, en la que se aboga por incluir los «hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas» de las diferentes autonomías. No se incluye el reconocimiento a la plurinacionalidad de España, como pedía el PSC. Sí se introduce el conocido como principio de ordinalidad en la financiación autonómica, lo que supone que los territorios que más aportan a las arcas del Estado no vean mermada su posición en el ranking de recepción de recursos. Pese a los equilibrios, el texto va más allá de la declaración de Santillana del Mar de diez años antes, auspiciada por Maragall y Zapatero, y en la que apenas se apunta un reconocimiento de la pluralidad de España y sus «singularidades», así como la conveniencia de contar con las comunidades a la hora de negociar con Europa aspectos de su competencia y se reseña la utilidad de la Conferencia de Presidentes para mejorar las relaciones entre territorios. A partir de Granada, Navarro se desmarca con claridad de la consulta que ya están promoviendo Artur Mas y ERC. Y Rubalcaba empieza a mantener fluidas conversaciones con Rajoy sobre el asunto de Cataluña.

Hacia el final de su liderazgo al frente del PSOE, el astuto y veterano dirigente socialista acudirá un día a almorzar a la Moncloa con Rajoy y le entregará una propuesta para abordar este conflicto, sin que el presidente del PP le diera nunca acuse de haberlo tenido en cuenta. En ese dosier, Rubalcaba recoge un plan B que había abordado con Navarro y en el que coincidían otros dirigentes como el democristiano Duran i Lleida o expertos como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Dada la dificultad objetiva para afrontar una reforma de la Carta Magna en un breve plazo de tiempo y con el consenso necesario, se propone redactar una disposición adicional transitoria que incluya el blindaje del reconocimiento nacional de Cataluña, sus recursos, cultura, lengua, representación... Herrero de Miñón sostiene que esa fórmula no precisa de un cambio constitucional como tal, sino que puede realizarse por la vía de «una mutación», es decir, por acuerdo de las fuerzas políticas. Navarro incluso mantiene contactos con magistrados del Tribunal Constitucional para saber si esta disposición se podría votar solo en Cataluña. Pero esas iniciativas ni siquiera llegan a ver la luz.

A pesar del polvorín en el que viven los socialistas, se producen algunos resquicios para tender puentes con Mas. Navarro acude varias veces a verse con el president en la Casa dels Canonges, a la que accede discretamente por una portezuela que hay bajo el puente de inspiración gótica que une esas dependencias con el Palau de la Generalitat, entre las idas y venidas de los turistas. Y ambos se ven también con Rubalcaba en la sede del PSOE en Ferraz un domingo por la tarde. Para disimular, Mas regresa de Madrid en AVE y Navarro en avión. En esa cita, el president insiste en que solo renunciará a su intención de celebrar una consulta si se produce una propuesta formal del Estado. Es decir, no solo del Gobierno del PP, sino una oferta compartida entre los populares y el PSOE, con un beneplácito implícito del Constitucional. Mas ya está inmerso en el horizonte del 9-N, del que el PSC acabaría por desvincularse por completo, para disgusto de ICV. Joan Herrera insistiría en que la pregunta de ese referéndum debía incluir más opciones además del sí o no a la independencia con la esperanza de atraer a los socialistas, pero estos se desmarcarán definitivamente.

El conflicto en el seno del socialismo se desata de nuevo a finales de 2013 en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE apoya una moción presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en contra del derecho a decidir y los diputados del PSC se abstienen. En esta ocasión, sin embargo, la desavenencia se encauza con menos tensión que en la anterior. En cambio, en Cataluña continúa la división interna. Ya en enero de 2014 los diputados Geli, Ventura y Elena vuelven a desobedecer la disciplina de voto del PSC cuando la Cámara catalana pide la transferencia de las competencias para celebrar referéndums. La sangría no cesa. Unos meses después, dimiten diez miembros de la ejecutiva del PSC en Girona, una plaza donde el independentismo es mayoritario. Entre ellos figura un dirigente histórico: Joaquim Nadal, que fue alcalde de Girona de 1979 al 2002 y después conseller en los gobiernos de Maragall y Montilla. Es uno de los momentos de mayor tensión interna en el PSC y con el PSOE. En abril de 2014 una delegación de políticos catalanes (Jordi Turull por CiU, Marta Rovira por ERC y Joan Herrera por ICV) acuden al Congreso para reclamar la delegación de la competencia para convocar referéndums mediante el artículo 150.2 de la Constitución. En el socialismo catalán hay voces que reclaman apoyar esa vía. Un mes después, llegan las elecciones europeas, que suponen un varapalo tremendo para el PSC: el partido pierde más de la mitad de sus votantes con respecto a los anteriores comicios al Europarlamento. El partido pasa de la primera posición a la cuarta. Y llega la dimisión de Navarro.

Los socialistas catalanes han sufrido un enorme desgaste por muchos motivos en los últimos años. Por un lado, les ha afectado la crisis de la socialdemocracia, un fenómeno común en la mayor parte de Europa, ahondada por la falta de soluciones a la debacle económica. Han padecido la erosión de ser un partido de gobierno, tanto en España como en Cataluña, identificado con el establishment en un momento de auge de los populismos y de exigencias de cambio radical. A ello hay que añadir el fiasco que supusieron los dos tripartitos que gobernaron la Generalitat por su permanente inestabilidad y, finalmente, la presión del debate soberanista y la tensión que este provoca en la relación con el PSOE y, en especial, con los barones territoriales de ese partido. Sus fronteras con otras franjas de votantes le hacen perder apoyos entre electores de un catalanismo más acentuado que se identificaron con Maragall, pero también de aquellos que castigan su tibieza con el independentismo y que empiezan a pasarse a las filas de Ciudadanos, lo que abre una auténtica vía de agua. El llamado «cinturón rojo» de Barcelona es cada vez más naranja.

Cuando Iceta se pone al frente del PSC, su primer paso es aferrarse a lo aprobado en la declaración de Granada y consolidar las relaciones con el PSOE. El proceso independentista catalán ya es un problema de primer orden también para los partidos de ámbito estatal. Iceta procura orientar los primeros y vacilantes pasos en este terreno de Pedro Sánchez. El líder del PSOE se había impuesto en 2014 en un congreso a Eduardo Madina, pero pierde la secretaría general después de uno de los motines más cruentos políticamente hablando de la historia reciente de España. Finalmente, se enfrenta en 2017 a Susana Díaz, la presidenta andaluza, en unas primarias y, gracias a su victoria, resurge como ave fénix al frente del PSOE. Sánchez arrancó en su primer mandato con mucha prudencia en todo lo referente a Cataluña. La posibilidad de que Susana Díaz se hubiera convertido en secretaria general del PSOE habría complicado más la posición de Iceta, puesto que las opiniones de la líder andaluza son vistas desde Cataluña como el exponente más centralista del PSOE. Al regresar al liderazgo, Sánchez e Iceta firman la llamada declaración de Barcelona (titulada «Por el catalanismo y la España federal»), en julio de 2017, que recoge en esencia el espíritu de aquella propuesta de Rubalcaba que cayó en saco roto. Este documento pretende ser un manual de urgencia para aplicarlo al conflicto catalán y salir del bloqueo. Prevé el desarrollo de aquellos contenidos del Estatut que fueron enmendados por el Constitucional y que pueden rescatarse mediante cambios legislativos en las Cortes. Incluye una referencia a la financiación en los términos aprobados en Granada (ordinalidad), inversiones, reconocimiento de la lengua, cultura y símbolos de Cataluña y, finalmente, plantea la reforma constitucional.

Sánchez abre una nueva etapa al frente del PSOE, pero en esta segunda fase mantiene dos posiciones diferentes. Primero se lanza impetuoso a defender la idea de plurinacionalidad, pese a los recelos de sus barones, y después los acontecimientos en Cataluña le llevan a entablar una asidua relación con Rajoy, con quien cierra filas frente al independentismo. Hasta llega a apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, medida que también es respaldada por el PSC. No obstante, las sensibilidades siguen siendo distintas. Por ejemplo, las declaraciones de Iceta durante la campaña electoral de diciembre de 2017 en favor de un futuro indulto a dirigentes independentistas que pudieran ser condenados no son en absoluto comprendidas ni compartidas por sus compañeros socialistas del resto de España.

Iceta logra pacificar el PSC, pero en el tramo final del procés, y pese a que los representantes más escorados hacia el soberanismo ya han abandonado el partido, se producen algunos episodios de tirantez interna. Por ejemplo, con algunos ediles, como los de Girona, Blanes o L’Escala, partidarios de facilitar la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. En esta etapa, los principales problemas surgen con alcaldes y concejales de municipios pertenecientes a territorios donde el independentismo es la opción mayoritaria entre sus vecinos, lo que hace muy embarazoso para sus representantes defender otras opciones.

El virus de la ruptura se va a extender a más formaciones políticas que se ven obligadas a desenvolverse en el ecosistema del procés. El contagio continúa por la izquierda. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) serían los siguientes. Durante una primera fase del proceso, ICV se aferra a la defensa de un referéndum, una reclamación compartida de forma mayoritaria en su seno. Las distintas sensibilidades internas se manifiestan de forma más conciliadora y sutil que en el PSC. De hecho, a principios de 2013 se pone en marcha un curioso tándem en la dirección entre Joan Herrera y Dolors Camats, que se presenta como un equilibrio de género, pero que también refleja otra bicefalia: la posición federalista de Herrera y la independentista de Camats.

ICV sufre los estragos de la contradicción entre su necesidad de situar como prioridad la agenda social y el debate sobre la independencia. Al mismo tiempo que sus líderes tratan de desgastar a Artur Mas como representante de la derecha que defiende la austeridad y los recortes, se sitúan al lado del president en los preparativos de la consulta del 9-N. También lo hace ERC, pero para esa formación el objetivo de la separación de Cataluña es primordial, mientras que esa meta no forma parte del programa de ICV. Conforme el proceso avanza, la discusión interna se acentúa y en julio de 2015 se celebra la primera asamblea de Compromís per la Independència, una corriente dentro de Iniciativa formada por unos 200 miembros, entre los que se encuentran Ricard Gomà, exconcejal de Barcelona, o la diputada Laura Massana. Ese colectivo surge con el objetivo de presionar al partido para que se convierta en un agente activo a favor de la independencia y que promueva la «unidad de acción» entre las fuerzas de izquierda para lograr ese fin.

Iniciativa se mantiene junto al bloque independentista liderado por Mas hasta la consulta del 9 de noviembre de 2014. La posición inicial del partido ante esa consulta era promover el «sí» a la primera pregunta («¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?») y dar libertad de voto en la segunda («¿quiere que ese Estado sea independiente?»). La primera respuesta permite multitud de interpretaciones, ya que puede tratarse de un Estado federal o confederal. Pero al final ICV no da un apoyo formal a la consulta, sino que pide que se convierta en una recogida de firmas a raíz de la prohibición del Tribunal Constitucional. Después del 9-N, Iniciativa pasa a marcar distancias con el bloque soberanista durante el tiempo del liderazgo compartido de Herrera y Camats, que llega hasta la primavera de 2016. Para entonces, Iniciativa ya está en otra fase de inserción plena en un proyecto más amplio, el de los comunes, cuya cabeza más visible es la alcaldesa de Barcelona. Y, como consecuencia de la suma de más actores a ese conglomerado de izquierdas que es el partido de Ada Colau, las diferentes sensibilidades internas sobre el proceso independentista no solo se mantienen, sino que incluso se acrecientan.

La nueva formación, hermana de Podemos, se presenta por primera vez como tal en unas elecciones catalanas en septiembre de 2015, de forma un tanto precipitada y bajo el nombre de Catalunya Sí que es Pot. Si en Iniciativa convivían, muy a grandes rasgos y de forma injustamente simplificadora, sectores procedentes del sindicalismo y la lucha vecinal más decantados hacia el federalismo con otros más identificados con el ecologismo y movimientos sociales favorables a la secesión, en la amalgama de los comunes se repite la misma situación. Entre sus diputados, Lluís Rabell, independiente vinculado a ICV y al asociacionismo vecinal, y Joan Coscubiela, también procedente de Iniciativa, son dos de los diputados que resultan elegidos en esas elecciones y que mantendrán una posición contraria a la independencia, incluso de forma combativa. El diputado Joan Josep Nuet, de EUiA, miembro de la Mesa del Parlament, asegura que no es partidario de la secesión, pero en algunos momentos se sitúa junto al bloque independentista cuando considera que la presión judicial se excede en sus decisiones. Y en posiciones más favorables a la separación podría colocarse Albano Dante Fachín, llegado de las filas de Podem, aunque enfrentado a Pablo Iglesias. Así configurado, el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot sufre multitud de enfrentamientos internos que llegan a su cénit el 6 de septiembre de 2017, durante el debate de la ley del Referéndum. Cuatro diputados abandonan el hemiciclo porque los responsables del grupo, Rabell y Coscubiela, no les dejan dividir el tiempo disponible para expresar su posición divergente.

La posición política de los comunes oscila según los titubeos de Ada Colau. Con motivo del 9-N, la alcaldesa aseguró que no es independentista, pero que votó a favor para protestar por el inmovilismo de Rajoy respecto a Cataluña. Después se sumó al pacto por el referéndum promovido por Puigdemont hasta que el president consideró que la votación debía hacerse a pesar de no contar con la autorización del Gobierno central. Y, cuando llegó el 1 de octubre de 2017, Colau amagó con dar apoyo logístico a la celebración del referéndum con la cesión de locales municipales, pero se frenó para no incurrir en ilegalidad alguna, si bien acudió a votar.

Aunque habían ganado en las elecciones generales en Cataluña, la posición intermedia de los comunes le impide gozar de un buen resultado electoral en unos comicios tan polarizados como los del 21 de diciembre de 2017. De hecho, el conflicto catalán ha perjudicado las expectativas electorales del PSOE y de Podemos. La formación de Iglesias es contraria a la independencia, pero apoya, en principio, un referéndum legal y acordado con el Estado, algo que en buena parte de España tiene escaso predicamento, sobre todo después de la declaración unilateral de independencia en el Parlament.

Pero no solo la izquierda sufre desgarros internos a raíz del proceso soberanista. En el verano de 2015 se rompe la alianza entre CDC y UDC después de 37 años de exitosa experiencia. Durante toda esa etapa proliferaron las escaramuzas entre convergentes y democristianos, sobre todo debido a las disputas internas para repartirse poder y cargos, pero cuando parecía que el divorcio estaba a punto de producirse siempre llegaba el acuerdo que permitía continuar juntos. Unió llega a este momento después de sufrir una fractura interna que acaba con la marcha de algunos de sus dirigentes, que abrazan la causa del independentismo, como la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y el exdiputado Antoni Castellà, que funda un nuevo partido, Demòcrates de Catalunya, con el que se adhiere a la lista electoral de ERC en 2017. El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, defiende la llamada «tercera vía», es decir, un pacto sobre la preservación de algunas prerrogativas de Cataluña relativas a la educación, la lengua y la cultura, así como un reconocimiento constitucional de su singularidad y, por último, una mejora de la financiación y de las inversiones del Estado. La posición de Duran se encardina en la trayectoria del pujolismo y choca frontalmente con la vía rupturista que ya desde la etapa de Mas va tomando el proceso. Finalmente, la división se consuma con gran alborozo por parte de los dirigentes de Convergència, que consideran que Unió es un lastre en su pugna con ERC por convertirse en el partido de referencia del independentismo.

A partir de esa separación, Mas tiene las manos libres para competir con ERC en su mismo terreno y poner la directa hacia la consulta del 9-N. Pero la ruptura con Unió no implica la paz interna en Convergència. La formación se sumerge en disputas internas por la sucesión de Mas que tienen su máxima expresión en el congreso de la refundación, del cual surge el PDeCAT. Pues bien, durante el 2017 ese partido recién estrenado experimenta también el virus de la división interna entre quienes respaldan la vía más radical, de desobediencia al Tribunal Constitucional y a los poderes del Estado en general, y los que prefieren no traspasar esas líneas rojas. Las negociaciones con la CUP para lograr su apoyo al sostenimiento del Gobierno de Cataluña e incluso con ERC en el seno del Ejecutivo desfiguran el perfil ideológico del PDeCAT. Todo ello provoca que, mientras algunos dirigentes se alinean con la estrategia más radical de Carles Puigdemont, otros ansíen recuperar algunas de las señas de identidad de la antigua Convergència.

El proceso soberanista llega incluso a perjudicar al PP, que ve cómo el conflicto catalán se convierte en 2017 en un asunto que marca la agenda política de toda España. Si en el pasado los populares consiguieron réditos electorales de su firmeza contra el nacionalismo catalán, por ejemplo, con la recogida de firmas en contra del Estatut, ahora al PP le ha salido un competidor temible en ese terreno. Ciudadanos experimenta un ascenso fulgurante después de los sucesos de septiembre y octubre de 2017. El partido de Albert Rivera es ya en Cataluña el referente nítido contra el independentismo y, de repente, pasa a serlo en toda España, restándole esa baza al Gobierno del PP. Por primera vez, gana en Cataluña un partido que no tiene como referencia el catalanismo.

Cuando la identidad se sitúa en el primer plano de la política atraviesa todas las facetas de la sociedad. El pluralismo interno de los partidos, sus matices, saltan por los aires y las diferentes facciones acaban por enfrentarse entre sí porque la tensión con que se vive ese debate con un fuerte componente sentimental impide encontrar un punto de encuentro. Las cuestiones que unieron a un colectivo de personas en torno a una idea común de lo que debe ser la sociedad, y que hicieron que se afiliaran a un partido político como instrumento para llevarla a cabo, pasan a un segundo plano. Ese pegamento ya no es suficiente ante semejante tsunami emocional.

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PUENTES SECRETOS

«¿Y tengo que llamarle yo?», contesta Rajoy cuando sus colaboradores le comentan la conveniencia de mantener una entrevista con Mas.

Ambos dirigentes llevan sin hablar desde su famoso encuentro sobre el pacto fiscal, en septiembre de 2012. Han pasado las elecciones y los dos presidentes no se han vuelto a ver. De hecho, en Cataluña ya no se habla de pacto fiscal. Ahora la palabra «consulta» se ha convertido en la más empleada del vocabulario político. El procés ha pasado ya una pantalla, por utilizar una de las metáforas más populares del independentismo. Rajoy cree que es Mas quien debe descolgar el teléfono. Ambos son dos políticos que se conocen bien, que han negociado en el pasado, y, aun así, el velo de la incomunicación se instala entre ellos. ¡Cuántas veces se repetiría esa reticencia de uno y otro lado a romper el hielo y desbloquear situaciones con una simple llamada!

El año 2013 ha empezado con una declaración de soberanía del Parlament. Comparada con la que tendría lugar más adelante, en 2015, de la mano de la CUP, el grupo antisistema que lograría marcar la agenda política con apenas un puñado de diputados, la declaración de este 23 de enero de 2013 puede calificarse de tímida, aunque su texto entraña ya de forma clara el germen de la ruptura. Ha sido aprobada con los apoyos de CiU, ERC, ICV-EUiA y solo uno de los tres diputados de la CUP (que de esta forma da un «sí crítico» al texto por parecerle insuficiente), pero además cinco parlamentarios socialistas se han saltado la disciplina de su grupo y se han negado a votar para no tener que hacerlo en contra. Han sido Joan Ignasi Elena, Rocío Martínez-Sampere, Marina Geli, Àngel Ros y Núria Ventura.

En la declaración se acuerda «iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir». Hasta ahí, nada que sobrepase formalmente los márgenes de la legalidad, ya que no se especifica si ese «derecho a decidir» se ejerce con permiso del Gobierno central o no. De hecho, el texto recoge que «se utilizarán todos los marcos legales existentes» para conseguirlo. Hay que subrayarlo: legales y existentes. Puede tratarse de la normativa vigente, pero también de la que pueda crearse ad hoc. Esta va a ser una de las constantes del proceso soberanista: el recurso habitual a estratagemas retóricas que permitan leer una cosa hasta un límite determinado, o algo más allá en función de los intereses del momento.

Así, en esa declaración también se establece que el demos es el pueblo catalán, y no el español como reza en la Constitución. «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», dice el texto. Se retorna así a la discusión que había tenido lugar durante la negociación del Estatut sobre si Cataluña es una nación y si esa definición comporta consecuencias jurídicas. En aquella ocasión, para desbloquear el debate, Mas propuso a Zapatero que la nación figurara solo en el preámbulo y no en el articulado del Estatut, de forma que se le restaba fuerza jurídica, una premisa que acabó por ratificar el Tribunal Constitucional en su sentencia. También sobre la declaración de soberanía de 2013 se discutiría mucho sobre si tendría efectos jurídicos o era un simple brindis al sol como tantas otras resoluciones que se aprueban en el Parlament sin que se tenga verdadera intención de aplicarlas.

En cualquier caso, un año después de su aprobación, el alto tribunal zanjaba la discusión y suspendía la declaración al considerar que la cláusula que proclamaba el «carácter de sujeto político y jurídico soberano» de Cataluña vulneraba el artículo 1.2 de la Constitución que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el 2, que afirma la indisoluble unidad de la nación española. Pero los magistrados incluyen una salvedad muy importante: aunque advierten que «una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España», también reconocen que «cabe una interpretación constitucional» en el llamado «derecho a decidir». Se deduce así que el acuerdo político puede propiciar las modificaciones legales oportunas para hacer factible un referéndum de estas características. Y añade, para dejar bien claro el camino a seguir, que al Constitucional no le corresponde solucionar conflictos de índole política, es decir, no jurídica.

Detrás de ese añadido del tribunal está la mano de Rubalcaba. El líder del PSOE había estado moviendo los hilos de su influencia sobre los magistrados considerados progresistas para que la sentencia no fuera un mero portazo, sino que incluyera algún llamamiento a alcanzar una solución política. Rubalcaba estaba pensando en una reforma constitucional de corto alcance para mejorar el encaje de Cataluña en la arquitectura territorial española, mediante una nueva disposición adicional que reconociera su singularidad nacional, una propuesta que, como hemos dicho, había entregado a Rajoy en uno de los varios encuentros privados que mantuvieron en aquella época en la Moncloa. Si de aquel informe de Rubalcaba nunca se supo, también la sutil, pero relevante, apelación del Tribunal, cayó en saco roto.

La reivindicación de la consulta sobre la independencia ocupa a gran velocidad el centro de cualquier debate político y se convierte en omnipresente en los medios de comunicación catalanes, mientras en el resto de España no se presta atención a una cuestión que aún se ve de desenlace lejano en el tiempo. El pacto fiscal ha quedado relegado en Cataluña y toda referencia a los recortes y la situación de ahogo financiero de la Generalitat deriva en el mismo argumento por parte del Gobierno catalán: solo cuando Cataluña disponga de sus propios recursos será posible mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a ese objetivo solo es posible llegar si se celebra una consulta para decidir su futuro. En la Moncloa se considera que la élite política catalana se está empleando a fondo en emitir propaganda únicamente para salir del paso, pero no se le presta gran atención, sumida la economía española en graves tensiones derivadas del control del déficit que reclama Bruselas.

Los discursos de CiU y ERC empiezan a asemejarse como dos gotas de agua, pero la relación entre ambos partidos no está madura como para pactar los presupuestos de 2013, que aún se enmarcan en la política de recortes. Así que las cuentas, finalmente, se acaban prorrogando. Pero eso apenas ocupa el relato político. La discusión se centra en cómo organizar la consulta, en cuándo se celebrará y cuál será la pregunta. Para Mas, consensuar esos aspectos con el máximo de partidos posible es el mayor reto que tiene por delante. Se trata de congeniar las aspiraciones radicales de ERC o la CUP por un lado, con las más comedidas de Unió o ICV por el otro. Y sin perder a nadie por el camino. Una tarea nada sencilla.

En Madrid se lo miran como el despliegue de un juego de distracción política. En la Moncloa creen que si Mas se atreve a convocar una consulta de estas características, únicamente hay que recurrir al Tribunal Constitucional y hasta ahí llegará la aventura. Solo algunos dirigentes del PP y del PSOE a título particular empiezan a ver con preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña. Uno de ellos es el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien por su propia cuenta llegaría a elaborar un borrador para modificar la Constitución. Por mucho que se ninguneen las masivas manifestaciones de la Diada o se reivindique una «mayoría silenciosa» que no sale a la calle para defender su españolidad, es evidente que la situación se está deteriorando y que el independentismo está abriéndose camino, al menos en el relato público. Quizá por eso se establecen algunos puentes discretos entre Barcelona y Madrid.

El que fuera presidente del Parlament y dirigente de Unió Democràtica, Joan Rigol, es el enlace designado por Mas. Rigol había sido sacerdote y, en los años 70, secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (Pimec). En su día, hombre de confianza de Duran i Lleida, aunque después fue virando hacia el soberanismo, lo que le alejó del líder democristiano. Por su parte, Rajoy delega en Pedro Arriola, fiel asesor del PP desde los tiempos de José María Aznar. Los estudios demoscópicos del marido de Celia Villalobos siempre han ejercido una enorme influencia en las estrategias electorales de la cúpula popular. Por parte de los socialistas se incorpora también José Enrique Serrano, siempre en la sala de máquinas del PSOE, ya fuera con Felipe González o con Zapatero. Los tres vienen manteniendo contactos habituales desde hace meses en secreto. El problema es que se limitan a intercambiar la información que están autorizados a dar por sus superiores, que desean conservar un hilo de comunicación institucional y política. Pero no tienen capacidad para entrar en el fondo del conflicto y hacer propuestas con contenido relevante.

Homs, conseller de la Presidencia, ha intentado restablecer el vínculo que un día entabló con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos tuvieron oportunidad de conocerse y mantener largas conversaciones en Madrid durante la negociación del Estatut. Después de las agotadoras sesiones parlamentarias aún tenían ganas de seguir discutiendo más relajadamente en un bar con una cerveza en la mano. Jóvenes y apasionados por la política, los dos están, sin embargo, a años luz en sus objetivos, convicciones e incluso caracteres. La iniciativa de Homs no tiene mucho éxito. Él siempre lo ha atribuido a un ataque de celos de Duran i Lleida, oficialmente el hombre de CiU en Madrid, al que acusa de boicotear su relación con la vicepresidenta, pero lo cierto es que tampoco ella encuentra que esas conversaciones, ni con Homs ni siquiera con Duran, le resulten prácticas. No consigue establecer con ellos un gran vínculo de confianza. Duran, por su parte, despliega todo su bagaje de contactos a lo largo de Madrid, atesorados a lo largo de muchos años de dedicación a la política, para alertar de que el independentismo no es un suflé que se vendrá abajo solo con esperar. Sin éxito.

Homs también intenta tender un puente con la Zarzuela. El conseller de Presidencia tiene la teoría de que el príncipe Felipe, una vez llegue al trono, puede propiciar una negociación para un mejor encaje de Cataluña en España. Homs considera que, si Juan Carlos I consiguió «ganarse» el puesto gracias a su apuesta por la transición a la democracia y a su papel de defensa de la misma en el 23-F, el heredero puede emularle encauzando la resolución del contencioso catalán. Por este motivo, Homs mantendría encuentros primero con Alberto Aza, jefe de la Casa Real, y luego con su sucesor, Rafael Spottorno. Siempre que se le presenta la oportunidad, el conseller aprovecha los actos públicos con el príncipe Felipe para informarle y hacerle partícipe de la visión del Gobierno de la Generalitat sobre los motivos del contencioso. Incluso le envía una carta en la que le recuerda los discursos que en su día escribiera Baltasar Porcel para su padre. Spottorno, nada más conocer el contenido de la misiva, le telefonea. «Don Felipe está de imaginaria», le espeta para dejarle claro que no intente inmiscuir al príncipe en la espinosa cuestión catalana.

Pero entre los encuentros más curiosos que nunca se han desvelado figura el que mantiene Mas con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. De haberse hecho público en aquel momento, ambos se habrían visto envueltos en una situación delicada. El president habría sido acusado por ERC de intentar arreglos bajo mano con el enemigo y la imparcialidad del magistrado respecto a Cataluña también se habría puesto en entredicho. El encuentro se produce porque una tercera persona se lo propone al presidente catalán. A este le parece bien y Pérez de los Cobos acepta. Mas pide que la entrevista no sea en la sede del Tribunal Constitucional, sino en un lugar discreto, así que el magistrado, que no sabe muy bien dónde puede recibirle, consulta con su secretaria.

Por circunstancias familiares, la secretaria explica a Pérez de los Cobos que puede interceder para que la entrevista tenga lugar en un convento de la capital, así que Mas y Pérez de los Cobos acaban viéndose rodeados de monjas que supieron guardar muy bien el secreto. La conversación es franca y cordial, pero tampoco resolutiva. El magistrado advierte a Mas que el Estado no permitirá de ninguna manera que se celebre la consulta prometida por el Gobierno de Cataluña y el president intenta explicarle que no tiene otra alternativa dada la cerrazón del Ejecutivo de Rajoy a negociar un referéndum pactado. La distancia entre ambos es abismal.

Las hojas del calendario van cayendo durante 2013 sin que ninguno de los tímidos puentes tendidos entre Barcelona y Madrid permita cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mas sigue con su plan en medio de numerosos rifirrafes en el seno del bloque favorable a la consulta. Parece que nunca se va a producir el acuerdo sobre qué debe preguntarse a los catalanes en esa convocatoria. Y eso da pie a que en Madrid se relajen pensando que el independentismo sucumbirá ahogado en sus propias contradicciones y en sus disputas internas. Pero finalmente, después de muchos encuentros y equilibrios, el 12 de diciembre de 2013 Mas anuncia un acuerdo: la consulta se celebrará el 9 de noviembre de 2014. Y la pregunta, como ya hemos dicho, será la siguiente: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y, «en caso afirmativo, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». El enrevesado enunciado ya da una idea de lo arduo de las discusiones previas. Refleja la necesidad de mantener en el lado independentista a ICV-EUiA y a Unió, que reclamaban que la pregunta fuera más allá de la dicotomía entre secesión sí o no, que contemplara otras opciones. Mas se siente eufórico. Ha conseguido cuadrar el círculo. Y además ha mantenido el secreto hasta el último minuto.

Esa discreción es, precisamente, lo que provoca la indignación de Rajoy. No ha servido de nada contar con Rigol y Arriola como enlaces. En la Moncloa se han enterado del acuerdo sobre la consulta por los medios de comunicación y están que trinan con Mas. Lo consideran una deslealtad en toda regla. Como muestra de su indignación, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le envía un mensaje de móvil a su homóloga catalana, Joana Ortega, dando por roto el acuerdo al que habían llegado para reformar la ley de régimen local. Sin embargo, el president no cree que sea tan grave y, al fin y al cabo, está convencido de que si hubiera avisado a Rajoy del acuerdo, desde la Moncloa lo habrían filtrado a la prensa para boicotearlo. Así que considera que ha hecho lo que tenía que hacer. Mas tiene casi un año por delante antes de la crucial consulta. En estos momentos, en minoría y con unos presupuestos prorrogados, ganar tiempo es esencial.

Para Rajoy, este episodio marca un antes y un después. A partir de ahora, el silencio entre Madrid y Barcelona será total. Apenas van a subsistir algunas iniciativas por parte de grandes representantes del Ibex como Emilio Botín (Banco Santander), César Alierta (Telefónica) o Isidre Fainé (CaixaBank), que comparten su preocupación por la falta de una estrategia desde la Moncloa para evitar el avance del independentismo e intentan llamar la atención de Rajoy al respecto. Alierta es quien asume el encargo de acudir de vez en cuando a la Moncloa para despachar con Rajoy y alertarle sobre la situación en Cataluña. Pero el presidente del Gobierno considera que el único plan posible es que Mas abandone su deriva. Después se puede hablar de financiación autonómica o de inversiones, pero el presidente del Gobierno central considera que antes es imprescindible que la Generalitat reconduzca su hoja de ruta. Las visitas de Alierta en nombre de los grandes bancos y corporaciones no hacen mella. Es más, Rajoy se ufana de que también fueron ellos quienes le insistieron en que aceptara el rescate de España por la Unión Europea y, afortunadamente, no les hizo caso. El presidente de Telefónica se acaba cansando y deja de acudir al despacho de Rajoy.

Los escasos puentes se van hundiendo y todos los partidos entran en la dinámica electoral, preparándose para los comicios europeos de mayo de 2014. La competencia dentro del independentismo entre Convergència y ERC emerge ya con fuerza. Es la primera vez que los republicanos visualizan con nitidez que pueden superar a los nacionalistas y convertirse en el partido hegemónico en Cataluña. Al mismo tiempo, Mas es consciente también de que ese sorpasso puede producirse y lanza la primera operación de unidad del independentismo. Propone en privado a Oriol Junqueras ir juntos a las elecciones europeas. El líder de ERC está dando apoyo parlamentario al Gobierno catalán mientras ostenta el reconocimiento como jefe de la oposición, una paradoja a la que saca buen rédito político, ya que le permite atribuirse los avances del Ejecutivo en aquellas decisiones relativas al proceso independentista y mostrarse crítico con otras.

Mas y Junqueras llegan a negociar concurrir juntos a las europeas e incluso barajan nombres de posibles candidatos, como los de Antoni Comín o Germà Bel, dos independientes. El dirigente republicano parece dispuesto a participar de esa operación, pero su partido no lo ve claro. ERC tiene al alcance de la mano una victoria electoral y rechaza una unidad en la que no ve más que una treta de Convergència para camuflar unos malos resultados. En efecto, los republicanos se convierten en la fuerza más votada (el 23,6 %), pero CiU resiste bastante mejor de lo que auguraban las encuestas (21,8 %). No sería la última vez que los sondeos predicen unos resultados para ERC mejores de lo que le otorga después la realidad de los votos.

Pese a las tiranteces entre CiU y ERC, Mas está relativamente tranquilo. Tiene unos cuantos meses por delante hasta la consulta del 9-N. Los ajustes económicos continúan erosionando a su Gobierno. La vicepresidenta y consellera de Gobernación, Joana Ortega, tiene que ir acompañada de escolta hasta cuando va a comprar al supermercado de su barrio porque se le encaran o le insultan por la calle por los recortes. Los funcionarios se han quedado sin pagas extras. La tensión social continúa alta, pero al menos ahora el Gobierno catalán puede hablar de otros asuntos que no sean las malas noticias económicas. De hecho, se pone gran empeño en difundir que se está trabajando para construir las llamadas «estructuras de Estado». Se trata de planificar al detalle el funcionamiento de una Cataluña independiente si se decidiera desconectar de España.

El ideólogo de las «estructuras de Estado» es Ferran Mascarell. Todo un superviviente y, al mismo tiempo, eterna promesa a más altas empresas. Mascarell fue concejal de Cultura de Barcelona con el socialista Joan Clos como alcalde, también fue conseller de ese ramo con el tripartito de Maragall. Pero su relación con el PSC se fue deteriorando, en parte porque Mascarell consideraba que el partido no aprovechaba como debiera sus cualidades y en parte por su decantación hacia el soberanismo. Así que, en las Navidades de 2010, Artur Mas le invitó al exquisito café Vienés, en el hotel Casa Fuster. En este edificio modernista de Domènech i Montaner, ubicado en la parte alta del paseo de Gràcia, trabajó el poeta Salvador Espriu, autor de La pell de brau. Mas eligió bien el escenario para seducir a un político culto como Mascarell y este se convirtió no solo en su conseller de Cultura, sino también en uno de sus asesores, sobre todo en la elaboración del relato político.

Pero si Mascarell es el autor intelectual, el artífice y máximo responsable de los trabajos que dieron forma a la idea de las «estructuras de Estado» es Carles Viver Pi-Sunyer. Este jurista mantendrá durante todo el proceso soberanista un plano voluntariamente muy discreto, pero es esencial a la hora de facilitar la arquitectura jurídica de los pasos que va dando el independentismo. No en vano Viver Pi-Sunyer fue vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001. Ya asesoró a la Generalitat en la redacción del nuevo Estatut de 2006. Antes, había recibido la Orden de Isabel la Católica y la del Mérito Constitucional. Viver Pi-Sunyer está cada vez más comprometido con la causa independentista, si bien se mantiene siempre en una segunda línea. Reacio a las entrevistas, intenta pasar desapercibido seguramente porque conoce como nadie las consecuencias jurídicas de la aplicación de algunas de sus recomendaciones.

Cuando más adelante es citado a declarar por su participación en el proceso, Viver Pi-Sunyer le diría al juez que el hecho de haberse mantenido fuera del foco mediático había forjado en torno a su figura una «leyenda» sobre su verdadera influencia y que esta era mucho menor de lo que se pregonaba. Aseguró que en realidad solo era un asesor jurídico del Gobierno catalán. Miembros del Ejecutivo y dirigentes del proceso soberanista le señalan como el principal suministrador de material jurídico para sortear las resoluciones del Constitucional y para tratar de «desconectar» del Estado español. Para Mas, es una guía, sin ningún tipo de duda. Entre sus labores, figura la de encargar a todos los departamentos de la Generalitat que redacten informes sobre cómo funcionarían si ya estuvieran separados de España, desde la gestión de los trasplantes de órganos hasta el servicio de correos, desde el control de fronteras hasta la gestión del aeropuerto... todo.

Algunos altos cargos confiesan que se dedican a redactar auténticos ejercicios de imaginación. De forma discreta se ha calculado que la Generalitat necesitaría 40.000 millones de euros para pagar nóminas y gestionar la administración durante unos meses en caso de una secesión unilateral. Y esa es una cifra astronómica que no está al alcance de un Gobierno que depende de los créditos del Ejecutivo central. «Si no fuera porque en Cataluña hay más de 200.000 funcionarios que no están dispuestos a renunciar unos meses a sus sueldos, ya podríamos ser independientes», asegura un conseller. Pero esa información solo circula de puertas adentro. Los informes de Viver Pi-Sunyer tienen también otra función. Algunos contenidos se van filtrando a la prensa para dar la impresión de que se están haciendo todos los preparativos para poner en marcha la Cataluña independiente y de que esta no solo es factible tanto técnica como políticamente, sino que está más cerca que nunca.

En el libro blanco elaborado por el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), organismo presidido por Viver Pi-Sunyer, se reconoce que, de prosperar la secesión, el PIB podría caer hasta un 2 % por un posible boicot a los productos catalanes por parte del resto de España y que una separación unilateral, sin acuerdo, podría costar casi 5.000 millones de euros al mes. No obstante, propone utilizar créditos, emisiones de deuda o bonos patrióticos (un producto de inversión financiera que apela al patriotismo de los ahorradores) para solucionarlo. El documento narra el paso a la independencia como un proceso «similar» al que se dio en España durante la transición del franquismo a la democracia, de forma que las leyes españolas vigentes en Cataluña se fueran reduciendo «de forma progresiva en los años sucesivos» a la secesión. En el libro también se reconoce que la independencia podría provocar la marcha de jueces, fiscales o inspectores de hacienda, entre otros funcionarios del Estado, pero considera que se podrían sustituir sin muchos problemas. El informe aborda todo tipo de cuestiones, pero no concreta, por ejemplo, si debería crearse un ejército, aunque sí señala que el nuevo Estado catalán debería reforzar sus relaciones con Estados Unidos y ser miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). En cuanto a su permanencia en la UE, los autores del estudio consideran que Cataluña cumple 31 de los 34 requisitos para formar parte de la Unión y, en todo caso, considera que podrá mantener el euro, sea o no miembro de la UE.

Finalmente, Mas presentará el libro blanco para la transición nacional en febrero de 2016 como una prueba de que la Generalitat no está lanzando a Cataluña a un abismo, sino que tiene planificado el día después de la independencia, si esta se logra aplicar. Es un instrumento que sirve para convencer a la sociedad de que todo es posible «si se hace bien». Se pretende garantizar así que en ningún momento se producirá un vacío legal. Más adelante esa idea se expresaría con la frase «pasar de la ley a la ley». Todo ello contribuye a potenciar la máxima que empieza a hacerse popular entre los independentistas, el «tenim pressa». La primera vez que surgió esa frase fue en 2010, antes de la gran manifestación de respuesta a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, en un vídeo de Òmnium Cultural titulado Somniem (soñemos), inspirado en la canción de Lluís Llach. En él participan diferentes personalidades del mundo político, cultural y mediático catalán, desde Jordi Basté hasta Justo Molinero, Jordi Pujol, Lloll Bertran, Gerard Quintana o los sindicalistas Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, que recitan un texto que contiene referencias como «hemos aprendido a esperar y lo esperamos todo», «sí, tenemos prisa, mucha prisa, y lo queremos todo...». Un pequeño extracto, este «tenim pressa», acaba por hacer fortuna entre el independentismo más convencido y contribuye a dar la impresión de que todo está listo. Solo hace falta atreverse.

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DE LA «BOMBA PUJOL» AL PACTO TÁCITO DEL 9-N

El palco de Mestalla está a rebosar. Final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. Es el 16 de abril de 2014. Pese a su delicado estado de salud y aún con muletas después de varias operaciones de cadera, el monarca acaba de regresar de un inesperado viaje a Arabia Saudí. Juan Carlos I y Artur Mas son captados por las cámaras compartiendo charla amable unos instantes. Una mera conversación de cortesía. Pocos minutos antes, el rey ha abroncado a Quico Homs por la deriva que va adquiriendo el proceso independentista. El conseller ha empezado el diálogo en tono distendido, pero el rey ha ido al grano. La pitada en el estadio por parte de los seguidores del Barcelona al máximo representante de la Corona es impresionante.

El enfado del monarca no hace mella en el Gobierno de Mas. De todas formas, se avecina un vuelco inesperado. Unas semanas después, el 2 de junio, salta la noticia de que Juan Carlos I abdica en su hijo Felipe. Es muy probable que en sus últimos desplazamientos por el Golfo el rey se estuviera despidiendo de sus amigos de las monarquías árabes. La abdicación provoca un doble efecto político. Por un lado, favorece el discurso de renovación institucional después de unos años de progresivo desprestigio y deterioro de la imagen de la Corona, pero por otro también sitúa en primera línea el debate entre monarquía y república, sobre todo al calor del ascenso de los nuevos partidos, como Podemos. En Cataluña, la abdicación se contempla con moderado optimismo por parte de los dirigentes de la Generalitat. Quizá las especulaciones de Homs sobre el papel de Felipe VI puedan tener algún recorrido...

Con toda España pendiente aún de los primeros pasos del nuevo monarca y la reina Letizia, El Mundo publica a principios de julio una información que pasa casi desapercibida. El diario asegura que la policía ha descubierto que, al menos hasta el año 2011, Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, y los hijos de la pareja Marta, Mireia, Pere y Oleguer, contaban con cuentas en la Banca Privada de Andorra. Y que en ellas hicieron hasta once ingresos en un solo mes, en las Navidades de 2010, por valor de 3,4 millones de euros. Mas telefonea a su padre político: «President, ¿qué hay de eso?, ¿hay algo que deba saber?». Pujol le quita importancia y lo atribuye a una intoxicación mediática.

El 25 de julio, a las ocho de la mañana, Pujol telefonea a Mas. «Nos hemos de ver con urgencia, ahora». El actual president de la Generalitat y de Convergència tiene previsto anunciar esa mañana que Josep Rull será el coordinador general del partido con motivo de la marcha definitiva de Oriol Pujol de la secretaría general por su imputación en la trama de las ITV. Es un momento delicado. Oriol Pujol, hijo del expresident, había sido encumbrado a la secretaría general del partido apenas dos años antes con la vista puesta en convertirlo en sucesor de Mas. El movimiento creado por Pujol iba a volver así a manos de un Pujol. La votación por la que Oriol fue elegido secretario general fue incluso manipulada al alza para que superara el 90 % (oficialmente obtuvo el 97,8 %), según varias fuentes del partido. De hecho, solo Mas y Rull recibieron más del 90 % de los votos. Pero el asunto de las ITV y de su apoyo a la deslocalización de varias multinacionales instaladas en Cataluña habían situado a Oriol Pujol en una posición insostenible. Con su imputación, era evidente que su carrera había quedado truncada.

Este 25 de julio de 2014 quedará grabado como el día más negro para el apellido Pujol. El único hijo del fundador que había optado por dedicarse a la política como su padre veía imposible realizar su deseo. Es también una situación incómoda para Mas, ya que la salida de Oriol supone el reconocimiento de que una de las personas más relevantes de Convergència por su puesto y por su apellido puede estar implicada en un caso de tráfico de influencias y corrupción. Pero eso no va a ser nada comparado con lo que se avecina.

Ante la insistencia del patriarca por verse, Mas acude a su encuentro. Pujol le entrega un papel con una declaración que, asegura, va a leer esa misma mañana. Pese a ser una persona que no deja traslucir demasiado sus emociones, el rostro de Mas se va desencajando conforme avanza en la lectura del documento...

«No me hagas preguntas. Los abogados me dicen que tengo que hacerlo ahora. No me queda más remedio», le asegura Jordi Pujol.

Mas va leyendo los folios y empieza a darse cuenta de la magnitud de la tragedia.

«¿Seguro que lo tienes que leer hoy?», le insiste una y otra vez Mas.

Pujol no da su brazo a torcer. No hay alternativa.

«Te pido que esperes unas horas. Estamos a punto de anunciar el relevo de Oriol por Rull...»

Pujol accede. Mas se marcha pensando en que por la tarde tiene un acto en el que los periodistas seguramente le preguntarán por la bomba informativa que está a punto de impactar.

En efecto, por la mañana, Mas, acompañado de Rull, anuncia el relevo en el partido y por la tarde Pujol confiesa que tenía dinero en el extranjero que no declaró a Hacienda. La siguiente vez que Mas y Pujol hablan de ese espinoso asunto es porque el primero tiene que hacerle una solicitud incómoda a su mentor: «T’he de demanar que pleguis de tot» (tengo que pedirte que lo dejes todo). Pujol no opuso ningún reparo a desprenderse de su estatus de «molt honorable» ni de su oficina de expresident, aunque esto último le dolió mucho. Para Pujol, salir de casa y dirigirse al despacho, leer los diarios a primera hora, escribir y recibir visitas es toda su vida. Lleva muy mal recluirse en su domicilio. Acabaría por instalarse en el semisótano de la vivienda donde reside, en la avenida General Mitre de Barcelona. Más adelante, un amigo le prestaría un pequeño despacho en el principal de un edificio donde acudir cada día, leer, escribir y recibir a sus amigos y conocidos.

En el futuro, Mas pediría en varias ocasiones a Pujol que mostrara el documento original de la deixa o legado origen del escándalo con el argumento de que ese gesto aportaría credibilidad a su versión y se atenuarían las especulaciones sobre la procedencia del dinero, que enseguida se empezó a vincular con comisiones ilegales por concesiones de obras por parte del Gobierno de Cataluña. Pero el expresident le contesta siempre que no puede aportar nada. «No lo puedo demostrar», es lo máximo que acierta a responder.

La declaración de Pujol es un acto de contrición. El que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años y uno de los políticos con más autoridad moral en España confiesa que su familia ha mantenido una deixa, una herencia, en Andorra, sin declarar. En su comunicado, admite que el dinero —no desvela el importe— procede de un legado de su padre, el empresario Florenci Pujol, que «dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero fuera destinado a mis siete hijos y a mi mujer». Según explica, a él no se le designó heredero porque Florenci Pujol consideraba «errónea y de incierto futuro» su apuesta por la política. Reconoce también que en todos esos años transcurridos no ha encontrado el momento idóneo de regularizar el dinero.

En el momento de su hundimiento político y moral, Pujol tiene 84 años. Su figura, aunque controvertida, había pasado a la historia hasta entonces como la de un político inteligente, culto, completo y respetado, al margen de la lógica crítica ideológica de sus rivales. Todo lo construido durante décadas se desmorona en un instante. El comunicado acaba en tono compungido: «Expongo todo esto con mucho dolor» y, consciente de su papel referente en buena parte de la sociedad catalana, pide «perdón» a «la gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza». A Mas le ponen esa tarde una nube de micrófonos delante y su reacción es muy escueta: «Lo que ha explicado el expresident Pujol es un tema personal suyo, nada tiene que ver con Convergència ni con el Gobierno de Cataluña».

En Madrid la confesión de Pujol se lee prematura y erróneamente como el final de la aventura independentista. No será así, ni mucho menos. Sí que es el golpe final a Convergència Democràtica de Catalunya. Con el secreto de su fundador al descubierto, el partido resta moribundo. CDC había crecido como un movimiento conservador, pero capaz de atrapar a ideologías diversas bajo el carisma de un Pujol que introducía siempre en sus discursos la moral y los valores como pilares de una sociedad. Su confesión, sumada a las investigaciones judiciales por presunto cobro de comisiones que en su día destapó Maragall con la famosa frase «ustedes tienen un problema que se llama 3 %», arruina el futuro de Convergència. De ahí que Mas y los suyos empiecen a pergeñar la «refundación» del partido, que además aprovecha para deshacerse de la piel autonomista y revestirse con la funda soberanista. Sin embargo, no hay ninguna duda de que la caída del pedestal de Pujol es el motivo principal de la conversión de CDC en el PDeCAT.

Con el lastre de ese episodio sobre las espaldas, Mas acude pocos días después, el 30 de julio, a la Moncloa. Lleva una lista de 23 puntos para entregarle a Rajoy. Los diferentes departamentos de la Generalitat han confeccionado deprisa y corriendo la relación de reclamaciones desatendidas por el Gobierno central que deberían abordarse. Uno de los puntos es la consulta. Pero se añade el resto para evidenciar que Rajoy no tiene interés en solucionar las necesidades de Cataluña. En la reunión, de todas formas, se habla sobre todo de la consulta.

Mas propone a Rajoy un pequeño subterfugio con el que sortear el recurso ante el Constitucional de su decreto de convocatoria de la consulta. Es uno más de los intentos de evitar consecuencias jurídicas acudiendo a redactados alambicados que no pueden esconder la finalidad real. Así, el president le propone a Rajoy que en ese decreto se evite explicitar que una victoria del sí comportaría directamente la declaración de independencia. Plantea que, en lugar de eso, el decreto recoja una referencia a que las instituciones del Estado buscarán la forma de aplicar el resultado. Mas asegura que tiene que consultarlo con ERC, pero que cree poder convencerles si él se compromete a no recurrir el decreto. El líder del PP responde que lo pensará, sin darle demasiadas esperanzas. Ya en las escaleras de la Moncloa, Mas le dice: «¿Te llamo entonces a final de agosto para confirmar que podemos hacerlo?». «No, te llamaré yo», le contesta Rajoy.

La reunión que acaban de mantener se produce después de meses y meses de jugar al gato y al ratón sobre la celebración de la cita. Esa respuesta hace creer a Mas que hay posibilidades de que el Gobierno central no recurra su decreto de convocatoria de la consulta. Así que, efectivamente, en el texto final figura una referencia que pasó inadvertida pero que pretendía ser el salvoconducto para su celebración. En ella se señala que la consulta se llevará a cabo sobre «aspectos respecto de los cuales la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado», tal como se reconoce en la Constitución y el Estatut. La argucia a la que Mas da tanta importancia no tendría ninguna viabilidad.

Llega el verano. Empieza la cuenta atrás para la consulta del 9-N. Lo que parecía lejano en el horizonte ya está al caer. Mas y Junqueras suelen verse a solas de vez en cuando y este agosto de 2014 aprovechan el relativo sosiego político de la época estival para quedar un día y charlar en privado. En esa conversación, el president le comenta de manera informal que en algún momento quizá se podría plantear una reforma de la Constitución. Junqueras no dice ni que sí ni que no, pero a partir de entonces ERC aumenta sus recelos hacia Convergència y pone en duda la verdadera intención de Mas de realizar la consulta. Las relaciones entre ambos partidos se tensan más de lo habitual en vísperas de la celebración del 11 de septiembre.

Llega la Diada de 2014 y, pese a los roces políticos, el independentismo mantiene su vigor en la calle con otra demostración de fuerza. Por tercera vez consecutiva, la imagen es espectacular y da la vuelta al mundo. La ANC reúne a cientos de miles de personas (1,8 millones según la Guardia Urbana y unos 500.000 para la delegación del Gobierno) que ocupan la Diagonal y la Gran Vía de Barcelona, formando una enorme uve con la que se reclama la celebración del referéndum anunciado para el 9 de noviembre de ese año. En el momento cumbre de la manifestación, una joven de 15 años deposita de forma simbólica un voto en una urna en la plaza de les Glòries, justo el punto de conexión de la V.

La organización de esa gran movilización sigue estando en manos de la ANC y el resultado es otra enorme protesta marcada por un desarrollo pacífico y exquisito. Sin embargo, los partidos independentistas ya hace tiempo que están en permanente contacto con la ANC y discuten sus intenciones con sus miembros. De hecho, en algunas reuniones preparatorias de la Diada algunos dirigentes de la Assemblea han propuesto otro tipo de acciones más contundentes como rodear los aeropuertos y otras instalaciones vitales de Cataluña, pero los partidos consiguen encauzar la movilización hacia una nueva performance familiar y vistosa.

El poder de la ANC en el proceso es impresionante. Controlada por Carme Forcadell, exconcejal de ERC en Sabadell, la entidad posee una capacidad de movilización que atemoriza a los políticos. De hecho, cuenta con una base de datos espectacular confeccionada gracias a la colaboración de miles y miles de catalanes que no han dudado en prestar sus identidades, sus números de teléfono e incluso el número de su tarjeta de crédito para adquirir productos del merchandising independentista, cada vez más amplio y variado. De orígenes humildes, Forcadell, profesora de secundaria, es una mujer de formas suaves, aunque eso no le impedirá levantar la voz en más de una ocasión. En Cataluña, a ella y a la presidenta de Òmnium, Muriel Casals, hija de un republicano en el exilio, economista, se las conoce como «les tietes» (las tías), por su aspecto de señoras de orden con un aire familiar, casi maternal. Una imagen aparentemente comprensiva que contrasta con su enorme poder, sobre todo cuando disponen de un megáfono en la mano.

Mas siempre tuvo mejor relación con Muriel Casals (que fallecería en enero de 2016 atropellada por una bicicleta al cruzar una calle de Barcelona), seguramente por su talante, más reflexivo que el de Forcadell. Aunque el president siempre ha considerado que él acababa por templar y manejar a la ANC, lo cierto es que una de las características del proceso soberanista es la preponderancia del activismo sobre la política. Si en el resto de España, Podemos refleja la conversión de un movimiento social de protesta en una opción parlamentaria, en Cataluña se producen dos fenómenos en ese sentido. Uno muy similar con la llegada de Ada Colau, activista antidesahucios, a la alcaldía de Barcelona en 2015, y otro que actúa en teoría desde fuera de las instituciones, pero que acabaría por introducirse hasta sus más recónditos rincones. La ANC y Òmnium Cultural han sido actores decisivos en todo el proceso independentista, primero con su presión movilizadora de masas, después desde el Parlament de Cataluña y, por último desde el Palau de la Generalitat. Siempre sin dejar la calle.

La gran manifestación de este 11 de septiembre acaba con una frase de Forcadell que se haría muy popular y que revela su enorme autoridad. Ante cientos de miles de personas, la líder de la ANC gritó conminando a Mas: «President, posi les urnes!» (presidente, ponga las urnas). De esta forma, Forcadell sitúa todo el peso de la celebración de la consulta sobre los hombros de Mas. El president lo sabe y es consciente también de que, mientras Esquerra se mantiene oficialmente a su lado, en realidad está a la espera de que los convergentes tropiecen para ocupar su sitio. Arrecia ya la pugna entre las dos formaciones por la hegemonía del independentismo, que les llevará a una carrera cada vez más acelerada y competitiva. Mas sabe que su partido está maltrecho y que la única forma de seguir adelante es unir fuerzas con ERC. Siguiendo la máxima «si no puedes con tu rival, únete a él», empieza a introducir la idea de una lista conjunta del independentismo y aumenta la presión para que Esquerra entre en la Generalitat.

Unos días después, el 18 de septiembre, tiene lugar en Escocia el referéndum que arroja un no a la independencia con el 55,3 % de los votos frente al 44,7 % de los partidarios de la secesión. La participación supera el 84 %. Esos días, Europa se mantiene en vilo a la espera de que se resuelva el referéndum escocés y Rajoy escucha las críticas que los líderes europeos lanzan contra David Cameron en privado, a quien reprochan su irresponsabilidad. Así que el líder del PP se reafirma en su posición de rechazo a cualquier negociación con la Generalitat. De hecho, en la Moncloa están convencidos de que Mas no se atreverá a culminar su propósito, que se frenará cuando el Tribunal Constitucional anule el decreto de convocatoria de la consulta. Y de lo que están seguros es de que la logística de una votación de estas características sin apoyo legal es imposible de llevar a cabo.

Finalmente, con toda solemnidad, el 27 de septiembre Mas firma el decreto de convocatoria del 9-N. Lo hace acompañado de su Gobierno y de líderes de ERC y de la CUP. Declina su asistencia el responsable de ICV-EUiA, Joan Herrera, que lo considera un acto de propaganda, pese a apoyar la consulta. Mas envía la pluma de la marca Inoxcrom con la que acaba de firmar al Museu d’Història de Catalunya. Los actos con pompa y cargados de simbolismo son otra de las constantes del proceso soberanista. Proporcionan ánimo a los convencidos y su difusión contribuye a dar una pátina de verosimilitud. No faltan los momentos épicos en los que el proceso se salva en el último minuto, cuando parece que todo está perdido. Y tampoco las escenas grandilocuentes que inspiran en el ánimo la impresión de estar viviendo jornadas para la historia. Mas proclama: «Este es un día que no olvidaremos». Otra jornada histórica en el calendario del proceso, también transmitida en directo por TV3, como las muchas que han jalonado estos cinco años de vértigo.

En su alocución, Mas también incluye un mensaje dirigido a Rajoy, recordando su último encuentro en la Moncloa: «Es una ley constitucional y pedimos que sea respetada». Pero el decreto es recurrido ante el alto tribunal y este lo suspende de inmediato. De un plumazo. La ley de consultas que enmarcaba la votación del 9-N aprobada en el Parlament también es suspendida. Es justo lo que se temía Mas. De hecho, en el seno de CiU ya se calcula que habrá que convocar elecciones si no es posible realizar la consulta. Unas elecciones que se presentarían como plebiscitarias, es decir, como sustitutivas de la consulta que el Gobierno central impide llevar a cabo. Incluso en Convergència algunos dirigentes aseguran en privado que si el independentismo gana esas elecciones tendrá que proclamar la secesión de Cataluña.

El president, de todas formas, no quiere cargar con la culpa exclusiva de un fracaso en la celebración de la consulta y pretende que Junqueras y él asuman por igual cualquier responsabilidad. «O entra Esquerra en el Gobierno o yo no convoco», insiste Mas a sus colaboradores. De hecho, Junqueras había ofrecido públicamente meses antes entrar en el Ejecutivo, pero entonces el president no lo consideró conveniente.

Las reuniones para buscar una solución que permita celebrar la consulta son tensas y maratonianas. ERC y la CUP abogan por la desobediencia al Constitucional, mientras que Unió e ICV llaman a no adentrarse por ese camino. Mas está más cerca de estos, pero intenta por todos los medios que los republicanos no aparezcan ante la opinión pública soberanista como los únicos decididos a cumplir la promesa de la consulta, mientras él es señalado como un cobarde. Siempre ha tenido la impresión de que ERC esperaba que el 9-N no se hiciera, que el president anunciase que es imposible organizar la consulta, lo que permitiría a los republicanos señalar a los convergentes como los eternos defensores de la componenda de última hora.

Durante todo este tiempo, en el Palau de la Generalitat siempre se piensa que el Gobierno central cederá en algún momento y ofrecerá algún tipo de diálogo. Es esta una constante en el planteamiento de los estrategas del Gobierno catalán. El análisis de Mas y de Homs siempre sigue el mismo patrón: ante una acción de desafío por parte del independentismo catalán, esperan que se mueva algo en la Moncloa, que se aporte una salida negociada antes de permitir que la escalada de tensión acabe en desastre, pero ese movimiento nunca llega. Los mínimos gestos de aproximación de Rajoy se producen sistemáticamente a destiempo. Cuando en Barcelona se plantea un pacto fiscal, en Madrid están pendientes de si España es intervenida por la UE. Cuando en Barcelona se propone una consulta, en Madrid empiezan a pensar en un posible acuerdo de financiación. Cuando en Barcelona se habla de independencia, en Madrid se abren con timidez a una eventual reforma constitucional. En Barcelona se va muy rápido, en Madrid demasiado lento... El desfase en los tiempos entre unos y otros es evidente.

Mas conoce bien a Rajoy y sabe que suele afrontar los problemas con un imperturbable inmovilismo, pero confía en que el conflicto catalán atraiga la atención de los líderes europeos y sean estos quienes obliguen al líder del PP a plantear un arreglo político, de la misma forma que se le ha forzado a embridar el déficit público, por ejemplo. Pero eso no ocurre. Es más, las rencillas en el seno del soberanismo crean la ilusión en la Moncloa de que entre ellos acabarían por fagocitarse y la consulta jamás tendrá lugar. En el Gobierno de Rajoy el plan era esperar a que Convergència se peleara con Unió y luego con ERC, después ver el resultado de las elecciones europeas y, como la consulta no se podría hacer, se convocarían autonómicas y ya veríamos.

Cuando el Constitucional veta el decreto y la ley de consultas, Mas pone en marcha un plan B. Propone una triquiñuela para tratar de eludir la actuación del alto tribunal convirtiendo la consulta en un proceso participativo para el cual, en principio, la Generalitat tendría competencias. Mas se lo explica en privado a Junqueras y después lo propone en una reunión con el resto de los partidos en el Palau de Pedralbes. El líder de ERC, que en el encuentro con el president ha mantenido una actitud prudente, reacciona en la reunión más amplia con verdadera indignación. Pone el grito en el cielo y acusa a Mas de incumplir sus compromisos. David Fernández, diputado de la CUP, intenta reconducir la negociación.

Mas acabaría por entablar una relación de respeto y entendimiento con el representante cupero que sorprendería a propios y extraños. Que alguien como el president, considerado un prototipo de la clase media acomodada y conservadora, educado entre las élites, defensor de un Gobierno bussiness friendly, se entienda tan bien con David Fernández, exponente de la izquierda más radical y a años luz teóricamente en sus postulados ideológicos, despierta, como mínimo, curiosidad y, en algunos dirigentes de su partido, auténtico estupor.

Durante varios días, Esquerra insiste en que Mas pretende rebajar el planteamiento de la consulta convirtiéndola en un ejercicio simbólico sin relevancia para esquivar posibles consecuencias. De esta época es una de las escenas más curiosas protagonizadas por Junqueras. Es su particular interpretación del «tenim pressa». El líder de ERC acude a Catalunya Ràdio y advierte que cualquier cosa que no sea un referéndum es «perder el tiempo». Y, entre sorprendentes sollozos, con la voz truncada, exclama: «Dejemos de hablar y hagámoslo de una vez, por favor... Lo digo con esperanza y al mismo tiempo con la angustia del que sabe que perder el tiempo no es bueno...».

Para buscar una solución, tiene lugar otra turbulenta reunión en la que Mas se muestra muy irritado: «¡Muy bien, yo destituyo al Gobierno y os ponéis vosotros y lo hacéis vosotros!». Están presentes Junqueras, David Fernández, Joana Ortega y Joan Herrera, entre otros. El líder de Esquerra no replica. Mas se sale con la suya e impone el proceso participativo. Quiere seguir hasta el final y espera que el Gobierno central le deje hacer. «Es una consulta sin participación de funcionarios, sin censo, no tiene ninguna validez jurídica. Si Rajoy lo impide es que quiere humillarnos», asegura en privado.

Al mismo tiempo, empieza a negociar con Esquerra la posibilidad de una lista conjunta por si hay que convocar elecciones catalanas porque finalmente se impida la consulta. Para aceptar que Mas sea el cabeza de lista y candidato a presidir la Generalitat, los republicanos quieren a cambio que se incluya en el programa electoral compartido el compromiso de una declaración unilateral de independencia (DUI) posterior si se ganan los comicios.

El Consejo de Ministros impugna el 2 de noviembre el proceso participativo y el Tribunal Constitucional lo suspende dos días después. Pero la Generalitat continúa adelante con los preparativos. La víspera de la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abre diligencias para investigar el uso de locales públicos para esa celebración y pide a los Mossos una lista de los mismos. La Generalitat ha habilitado 1.317 puntos de votación. No hay censo ni miembros de mesa reconocidos como tal, sino que ejercen voluntarios. Se han ofrecido para esa tarea más de 40.000 ciudadanos. Los residentes en Cataluña pueden consultar su local de votación en una página web en la que vuelcan sus datos. Estos se comprueban por parte de los voluntarios en ordenadores portátiles.

Pese al aviso del Constitucional y las diligencias abiertas por la fiscalía, no se produce ninguna orden judicial efectiva para evitar que abran los colegios. En la Moncloa se han dado cuenta tarde de que resulta imposible detener el operativo previsto y que intentarlo solo abocaría al fracaso. En los meses previos se produjo un momento de pánico entre los colaboradores de Rajoy al pensar que Mas podía hacer coincidir la consulta con unas elecciones catalanas, un temor que se reproduciría con el referéndum de 2017. Pero van transcurriendo las semanas y la actuación de la Moncloa se circunscribe al Constitucional. Esa actitud aparente de dejar hacer parece consecuencia de un pacto con el Gobierno de Cataluña para evitar males mayores. Es cierto que en vísperas del 9-N existen algunos mensajes a través de intermediarios entre ambas partes, pero no un acuerdo explícito. Si acaso, tácito, puesto que el Gobierno de Rajoy ya no se encuentra en disposición de evitar lo inevitable. Su estrategia pasa por minimizar la importancia de la consulta, descalificar la convocatoria, reducirla a una mera expresión de protesta popular y confiar en que no participe demasiada gente.

El 9-N amanece tranquilo.

Poco a poco se van formando colas, cada vez más largas, ante los colegios, que dan fe del éxito de la convocatoria. El ambiente es festivo. No acuden solo independentistas, sino también muchos descontentos con la actitud de Rajoy hacia Cataluña. Al finalizar la jornada, han votado 2,3 millones de personas. Ada Colau, a quien aún le faltan unos meses para convertirse en alcaldesa, explica que ha votado sí-sí. Es decir, favorable a la independencia. Durante la jornada se han captado dos imágenes muy reveladoras. Una, la de Junqueras ejerciendo de voluntario en una mesa electoral. Atrás quedan los recelos del líder de ERC hacia el proceso participativo, que había considerado un simulacro devaluado del verdadero referéndum. Está claro que el éxito de la convocatoria le ha hecho cambiar de idea. Se apunta como voluntario en una mesa a última hora, cuando se percata del aluvión de solicitudes. Y la segunda fotografía destacable es el cariñoso abrazo entre Mas y David Fernández. La campaña del 9-N, en cambio, ha sido la evidencia de que las relaciones entre Convergència y sus socios de Unió son cada vez más distantes, puesto que ambos han ido por su cuenta y, de forma más o menos explícita, han pedido votos diferentes.

La euforia en el Palau de la Generalitat es manifiesta. Durante el día ha sido la vicepresidenta, Joana Ortega (de Unió), la que ha dado los datos de participación, pero por la noche es Mas quien decide salir en la rueda de prensa triunfal. En instalaciones de la Fira de Barcelona en Montjuïc esperan centenares de periodistas, una gran cantidad de ellos extranjeros. Mas comparece ufano y responde a sus preguntas en catalán, castellano, inglés y francés, haciendo gala de sus conocimientos de idiomas. Nunca antes el nacionalismo catalán había logrado un eco internacional tan amplio como este 9 de noviembre de 2014.

Esa misma noche, Duran i Lleida tuitea varios mensajes dirigidos al Gobierno central, reclamando que se escuche el clamor de esos dos millones de catalanes y se responda con el diálogo para lograr un mejor encaje político e institucional de Cataluña en España si no se quiere que el independentismo vaya a más. Los votantes favorables a la secesión fueron 1,8 millones, lo que supone casi el 30 % del censo calculado por la Generalitat, de unos 6,3 millones, ya que se dejó votar a los extranjeros residentes en Cataluña y a los mayores de 16 años. Lejos de escuchar los consejos de Duran, en Madrid la lectura es que se ha lanzado un desafío al Estado que debe atajarse en seco. El Fiscal General del Estado presenta una querella por desobediencia, prevaricación y malversación contra Mas y sus consejeros Joana Ortega e Irene Rigau, que después se ampliará a Francesc Homs. Todos ellos serían condenados por los dos primeros delitos, que comportaron inhabilitación temporal para ocupar cargo público.

La inhabilitación preocupa a Mas de forma relativa, puesto que aún cree que puede apartarse un tiempo y regresar, pero el Tribunal de Cuentas les impondría a todos los encausados por el 9-N el pago de los gastos de la consulta, es decir, más de cinco millones de euros que han supuesto el embargo de sus bienes. El patrimonio de Mas y de sus consellers resulta perjudicado. El president lo considera un golpe bajo. Que le despojen de sus posesiones a él, y por tanto a su familia, es un revés que le llena de amargura e indignación.

6

MAS Y EL CANTO DE LAS SIRENAS

El éxito del 9-N podría haber sido una de esas oportunidades en las que echar el freno de mano. Pero, una vez más, se acaba imponiendo la táctica cortoplacista. La paradoja es que situar la consulta como meta ha permitido a Artur Mas ganar tiempo, ha proporcionado el combustible para mantener a un Gobierno en minoría y avanzar, pero una vez celebrada, la legislatura está agotada. Algunos convergentes en el seno del Gobierno de Cataluña defienden un avance de las elecciones, aun siendo conscientes de que el riesgo de perderlas es máximo, pero creen que es necesario purgarse en la oposición para volver dentro de un tiempo con un proyecto renovado, cuando ERC, que ya se perfila como ganadora en todas las encuestas, acuse el agotamiento de gobernar una autonomía siendo un partido independentista. Mas podría adelantar las elecciones y presentarse ante el electorado que quiere irse de España como el presidente de la Generalitat que ha desafiado al Estado con una consulta sobre la independencia. Pero también podría perder, como auguran los sondeos. Y ya avanzó una vez las elecciones en 2012 y el resultado fue desastroso. Además, es muy consciente de que la herida provocada por la confesión de Pujol sigue supurando aún. En su ánimo siempre acaba pesando el temor a la «travesía del desierto», a quedar fuera del poder por un tiempo indefinido. Más adelante se arrepentiría de no haber convocado las elecciones justo después del 9-N.

El president querría aguantar hasta después de las generales, en 2016, a la espera de un resultado diferente en el Congreso de los Diputados que permitiera abrir un periodo de negociación con el Gobierno central. Pero estamos a finales de 2014 y sabe que no va a resistir tanto tiempo. Para lograrlo, necesitaría el apoyo parlamentario que le permitiera aprobar los presupuestos y la actitud de ERC es cada vez más arisca. Mas mantiene una reunión con Junqueras justo después de la consulta para plantearle un pacto hasta el final de la legislatura. El líder de Esquerra declina. Para los republicanos, mantenerse junto a un partido asociado a casos de corrupción es un mal negocio ante las elecciones municipales de la primavera de 2015. Así que Mas intenta con ERC la estrategia del abrazo del oso. El president promete que habrá elecciones plebiscitarias para refrendar con una votación legal, autonómica, si los catalanes desean la independencia. Para ello, argumenta, es preciso presentarse con una sola lista que aúne a todos los partidarios de la secesión. Empieza una dura pugna con los republicanos. La principal baza de Mas es la potestad para convocar las elecciones cuando él lo considere oportuno. Con ese as en la manga, marea a Junqueras, que no desea todavía ese escenario y que no ve nada claro una candidatura conjunta. El pulso se escenifica en dos conferencias.

El primero en dar un paso al frente es Mas, el 25 de noviembre de 2014 en el Auditorio del Fòrum. Envalentonado por el éxito del 9-N, lanza una apuesta más alta. Anuncia que está dispuesto a adelantar las elecciones solo si se convierten en un plebiscito sobre la secesión, con una candidatura unitaria y presenta un plan para convertir Cataluña en un país independiente en... ¡18 meses! en caso de que los partidos que apoyen ese proyecto ganen los comicios. Añade que está dispuesto a no liderar el cartel. «Puedo encabezar la lista, pero también la puedo cerrar, puedo ser el primero o puedo ser el último», deja caer. Junqueras queda descolocado. No contesta de inmediato y emplaza a escuchar su respuesta en una conferencia el 2 de diciembre, a la que invita a Mas. El president, aconsejado por sus asesores, decide acudir al acto protagonizado por Junqueras, a pesar de que él, personalmente, no lo cree necesario. Se sitúa en primera fila. Su presencia no frena al líder de ERC a la hora de criticar a los partidos corruptos, en clara alusión a la formación de Mas. Y propone presentarse a las elecciones por separado para llegar a más votantes, pero con algunos puntos programáticos comunes que conduzcan hacia la independencia.

He aquí otra paradoja del proceso soberanista: con su apoyo, Mas dio a este movimiento la credibilidad que necesitaba. Un líder político clásico, tanto en la apariencia (un dirigente de traje y corbata con el que se identifican clases medias y la burguesía catalana) como en hechos (un historial de pactos con el Estado y de gobiernos de factura conservadora), decide sumarse al proyecto de la independencia y dota así a este proceso de crédito. El independentismo, gracias a Mas, deja de ser algo que defienden unos cuantos radicales. El mensaje que aporta es sencillo: si este político, considerado un gestor sensato y cabal, opta por esa vía, será porque es posible. Mas es un activo imprescindible para que el proceso soberanista cobre fuerza en amplias capas de la sociedad catalana. Pero en un determinado momento empieza a convertirse en un lastre: es el líder de un partido acusado de corrupción y un exponente de la vieja política. Mas intenta desprenderse de esas etiquetas y la lista unitaria del independentismo es un instrumento ideal. Tanto insiste en ella que ya empieza a conocerse como «la lista del president». Pero Esquerra se sigue resistiendo.

A la vuelta de las vacaciones de Navidad, ya en enero de 2015, Mas anuncia el adelanto electoral para el 27 de septiembre, es decir, con nueve meses de antelación. Un síntoma inequívoco de la fragilidad de su Gobierno. Asegura que esas elecciones tendrán un carácter plebiscitario. Los partidos independentistas, junto a la ANC y Òmnium, pactan lo que llaman «hoja de ruta unitaria» hacia la independencia en 18 meses, que deberá ponerse en marcha si obtiene el refrendo en esas elecciones. Ese documento es un compendio de «actos de soberanía» a llevar a cabo de ahora en adelante. Así, en esos 18 meses se supone que deberá elaborarse un texto constitucional y poner a punto las «estructuras de Estado», como la hacienda propia, seguridad social, acción exterior, aprovisionamiento energético, seguridad..., con la intención de tenerlo todo listo para una eventual independencia. La legislatura empezará con un «anuncio e inicio del proceso hacia la proclamación del Estado y la república catalana» a realizar en el Parlament. Y todo culminará con dos convocatorias a las urnas. Se plantea, «si es posible, la celebración de un referéndum vinculante», es decir, previo acuerdo con el Gobierno español. Y, si no es factible, se declarará directamente la independencia. A continuación, se celebraría un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana y unas nuevas elecciones.

Para poner en marcha esa ambiciosa «hoja de ruta», el independentismo tiene que ganar los comicios del 27-S. No queda claro si con una mayoría en escaños es suficiente para activarla o si, dado el carácter plebiscitario de las elecciones, se necesita la mitad más uno de los votos para ratificar ese plan. Esas mínimas reglas del juego no se explicitan en ninguna parte, aunque conforme pasan los meses los dirigentes independentistas interpretan en público que el plebiscito se gana si se logra una mayoría de escaños, algo que se ve favorecido por la ley electoral española, que es la que se aplica en Cataluña, donde en más de tres décadas de autonomía los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para elaborar una propia. Al día siguiente de la presentación de la «hoja de ruta», Rajoy se limita a declarar que «ningún Gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional».

De momento, lo que sí va a romperse es la unidad de la coalición CiU. El curso de los acontecimientos y la posición de Mas hace cada vez más insostenible que Unió siga sus pasos. Desde que en 1978 firmaron su matrimonio de conveniencia, la pareja política se ha mantenido durante 37 años con muchos altibajos en la relación, salpicada de roces y desprecios. Los convergentes siempre han considerado excesiva la cuota del 25 % de cargos para los democristianos, sobre todo teniendo en cuenta que no había habido oportunidad de calibrar el peso real de estos en unas elecciones. Mientras Pujol estuvo al mando de Convergència, mantuvo una relación fluida con Duran. Tuvieron sus desavenencias, pareció incluso en algunas ocasiones que la ruptura estaba cerca, pero el respeto mutuo era suficiente como para sellar la alianza. Nunca lo explicitó, pero es más que probable que Pujol prefiriera a Duran como delfín antes que a Mas, algo que no podía materializarse siendo de otro partido.

Mas y Duran empezaron con mal pie su relación, rivalizando por el favor del patriarca y compitiendo ante la opinión pública. Pero a estas alturas ambos se respetan. Sin embargo, el avance del proceso independentista provoca cada vez más incomodidad en las dos partes. Para Duran, resulta muy difícil seguir a Mas en su nueva «hoja de ruta» y para los convergentes, Unió es una rémora que siembra dudas ante el electorado soberanista sobre la sinceridad y el alcance de su compromiso en favor de la secesión. Duran intentó durante meses mantenerse unido a Convergència. Incluso organizó una consulta interna para proponer seguir con el proceso siempre que no se vulnerara la legalidad. Pero la situación es insostenible. La «hoja de ruta» hacia la independencia en 18 meses de la mano de ERC, la CUP y las dos entidades, ANC y Òmnium, hace imposible la continuidad de la coalición. Unió acaba por anunciar la salida de los tres consellers que tiene en el Gobierno de Cataluña, aunque garantiza la mayoría parlamentaria hasta las elecciones. Enseguida, Convergència confirma que no se presentarán juntos a esos comicios y que el divorcio se ha consumado. En la rueda de prensa, a Rull se le ve exultante, no puede —o no quiere— reprimir una evidente sonrisa de satisfacción. Su actitud provoca la tirria de algunos dirigentes democristianos.

La nueva cúpula de Convergència es ya independentista sin complejos, sin eufemismos. Y los más convencidos, empezando por Rull, el coordinador general, viven sus mejores momentos pensando en un futuro liberados de lo que consideran el lastre de Unió y con posibilidades de que Cataluña se sitúe en puertas de la independencia o, quién sabe, si incluso pueda conseguirlo. No es el título de la película que este verano de 2015 han visto algunos dirigentes del partido en una escapada de trabajo a Chile. El film, dirigido por Pablo Larraín, relata la campaña del no en el plebiscito de 1988 convocado por Pinochet para perpetuarse en el poder con el beneplácito internacional. Para conseguir ese aval extranjero, el general permitió que la oposición pudiera acceder a estrechas franjas televisivas y, pese a la desigualdad de oportunidades, esa grieta resultó decisiva. Los partidos de la Concertación por el No pensaron en una campaña que denunciase todo el terror de la dictadura para reivindicar el respeto a los derechos humanos, pero los publicistas les convencieron de que aquella idea solo abonaría el miedo entre los indecisos. El mensaje debía ser optimista, de alegría ante el nacimiento de un nuevo Chile. Así que la felicidad rebosa en las imágenes del vídeo y el logotipo de la campaña fue un arco iris. Aquel plebiscito marcó el final de Pinochet.

Imbuidos por la lección, en Convergència empiezan a difundir «la revolución de las sonrisas». El logotipo del partido era un emoticono feliz (nada demasiado original: el smiley ha sido símbolo de Coca-Cola, empresas de seguros..., sin ir más lejos dos de los anuncios que emitiría TV3 después de la Diada de 2015, de agua mineral y de yogur, tenían como emblema la sonrisa). Pero «la revolución de las sonrisas» se convierte en un lema que enseguida hace fortuna. Combina a la perfección los anhelos del momento: la revolución como deseo de cambio radical. Aún inmersos en una crisis económica e institucional sin parangón, los ciudadanos reclaman soluciones drásticas. Pero al mismo tiempo sin costes, con una sonrisa en el rostro. Esta forma de presentar el proceso hacia la independencia como un camino transitable sin sacrificios, para el que solo es preciso acumular grandes dosis de ilusión y buenos deseos, ha sido uno de los grandes éxitos discursivos del proceso. Este se manifiesta como un proyecto colectivo edificante, una oportunidad para construir una sociedad mejor desde cero, sin las rémoras ni mochilas del pasado. Un mensaje que rápidamente cala en todos los estratos sociales, pero significativamente entre las clases medias, temerosas en medio de tiempos marcados por la incertidumbre. Buena parte de la población prefiere sacudirse de encima el clima de abatimiento que impera en casi toda Europa y arrojarse en los brazos de un sueño que considera que está a su alcance mediante espectaculares movilizaciones y la expresión más comprensible y elemental de la democracia como es el voto.

Ante esa oleada de entusiasmo, el discurso de quienes defienden la unidad de España aparece como el augurio de las plagas de Egipto. Toda suerte de desgracias caerán sobre Cataluña si se empeña en culminar la senda de la secesión. Los partidos españoles aportan datos económicos, razonamientos legales y, sobre todo, insisten en que la independencia comportaría la salida automática de la Unión Europea. En vano. El independentismo ha conseguido que su discurso cale de tal forma que esas advertencias son rechazadas como amenazas de quienes tienen un mal perder. El inconveniente más temido, el de una eventual salida de la UE, se despacha con el argumento de que los Estados europeos siempre han encontrado soluciones a cada circunstancia cuando esa se produce, no antes, como ya ocurriera con la reunificación alemana. El proceso logró su primer empuje de la mano del argumento económico. El «España nos roba» fue la música que infundió fuerza al movimiento en sus comienzos. El lamento por las supuestas injusticias económicas, el «català emprenyat» que dibujó Enric Juliana a raíz de los incumplimientos de la época de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el AVE hasta Barcelona, mantiene su vigencia. Pero la reclamación es ahora más amplia. El mensaje que se transmite se resume en que España no tiene arreglo y que Cataluña puede aspirar a ser un actor de la UE, modesto pero asimilable en calidad de vida a algunos países nórdicos. Solo necesita ganarse el favor de la opinión pública europea.

Ese es el clima de exaltación que vive el independentismo a la vuelta del verano de 2015, cuando todo empieza a prepararse para unas elecciones decisivas, en las que se reclama «el voto de tu vida». Liberado ya de Unió, Mas está listo para su nuevo desafío a Rajoy, que espera que sea el golpe definitivo. Antes de las vacaciones, en junio, se celebra el primer acto preelectoral de Convergència sin sus socios. Es un mitin en Molins de Rei en el que el partido pretendía sacar pecho, ser el protagonista, pero el president deja helados a los suyos con una sorpresa que no se esperaban: un paso atrás. En ese acto, Mas plantea con rotundidad que él no sea el líder de la candidatura: «No penséis en una lista del president. Pensad, si es necesario, en una lista con el president». Mas ha madurado ese paso con David Madí, su principal consejero de confianza. Y ni siquiera lo ha compartido con Quico Homs, su colaborador más cercano en el Gobierno. Madí y Homs, que formaban parte del mismo núcleo, están cada vez más distanciados. El pinyol de los inicios casi no existe, pero el primero sigue ejerciendo una enorme influencia en Mas.

Madí es un protagonista constante en el proceso, pero siempre en la sombra. Formaba parte de la guardia pretoriana de Mas junto con Homs, Oriol Pujol y Germà Gordó. Nieto del empresario Joan Baptista Cendrós, el «padre» de la mítica loción masculina Floïd para después del afeitado, Madí proviene de una familia burguesa, estudió en el Liceo francés e ideológicamente él se define como un liberal, aunque sería una apreciación discutible. Siempre ha estado junto a Mas, que admira su capacidad para la estrategia política. Madí es una persona de formas exquisitas que transmite una gran autoestima, pero también es descrito por dirigentes del partido como un personaje maquiavélico. Su abandono de la política (dimitió siendo secretario de Comunicación del Gobierno catalán acusado de manipular encuestas públicas) no ha sido nunca tal, puesto que ha movido más los hilos desde fuera que desde dentro. Primero recaló en la consultora Deloitte y en Applus, la operadora de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Las dos empresas con importantes relaciones con la Generalitat. Después prestaría sus servicios como consultor en Telefónica y en Endesa. El papel de Madí siempre ha sido proporcionar a estas empresas una capacidad de influencia en la Generalitat, algo sencillo teniendo en cuenta su privilegiada relación con Mas. Solo hacia 2017, cuando el proceso entra en una fase de fuerte choque con el Estado y cuando en el Palau ya no está Mas, Telefónica y Endesa dejan de contar con Madí, para entonces señalado ya como instigador del independentismo por parte de la Moncloa.

Mas defiende a capa y espada la idea de la gran lista unitaria del independentismo. El canto de las sirenas que le llega le tienta y, a diferencia de Ulises, no pide a nadie que le ate al mástil para no sucumbir a la tentación. Está convencido de que si logra convencer a ERC, los republicanos quedarán diluidos en el resultado final. Él, además, será el presidente que liderará la mayor corriente social movilizada. Entre esa música y la de volver a la oposición por un tiempo indefinido, no hay elección. Mas se la juega para conseguir la lista unitaria renunciando a liderarla. Pocas semanas después, se anuncia que la candidatura estará encabezada por Raül Romeva, exeurodiputado por ICV, Carme Forcadell y Muriel Casals. Mas sería el cuarto y Junqueras, el quinto, aunque se acuerda que el líder de CDC sería investido presidente. Estamos en un momento de profundo desprestigio social de la política y, sobre todo, de quienes a ella se dedican. La confección de la lista unitaria es un paso más en el desplazamiento de los políticos por personajes más o menos mediáticos y supuestos independientes que, en el fondo, están más implicados en una opción política que los propios profesionales de los partidos. Los independientes y, sobre todo, los activistas, van ganando terreno en los ámbitos de decisión política. Pero lo importante para Mas es que la nave prosigue su rumbo a Ítaca.

La opción de Romeva es consecuencia del desgarro interno sufrido también en ICV a raíz del proceso soberanista. Por él apuesta Esquerra, decidida a incorporar al mayor número de dirigentes provenientes de otras formaciones para subrayar el carácter transversal del independentismo. La lista unitaria, en cualquier caso, está plagada de nombres que no proceden directamente de los partidos, es decir, que no cuentan con experiencia parlamentaria ni han dedicado ni un minuto a estudiar las materias de cada conselleria. Un ejemplo es el cantautor Lluís Llach, que además se convertirá en uno de los diputados con mayor ascendencia en el grupo parlamentario a la hora de limar asperezas y buscar consensos. La operación Junts pel Sí se pone en marcha. Es un proyecto que transmite unidad, un cierto sentido de la trascendencia histórica, optimismo e ilusión por encima de todo. La maquinaria de los dos partidos independentistas unida a la capacidad de movilización de la ANC y Ómnium proporcionan una campaña con actos masivos que ofrecen una imagen de victoria. Nunca antes había acudido tanta gente a participar en mítines electorales. El fenómeno es inédito. La Diada de 2015 se convierte en un megaacto de campaña a favor de Junts pel Sí. Esta vez la gran manifestación tiene lugar en la Meridiana de Barcelona, a lo largo de más de cinco kilómetros. La épica en los mensajes es constante. «El voto de tu vida» se impone como lema. «La consulta definitiva», asegura Mas. Esta vez sí, clama el independentismo.

En las elecciones del 27 de septiembre de 2015, Junts pel Sí consigue el 39,6 % de los votos y 62 escaños. La CUP logra un 8,2 % y diez escaños. Sumados, las opciones independentistas ganan en número de diputados (72, cuatro por encima de la mayoría absoluta), pero no en votos (47,8 %). De hecho, la suma de Convergència y Esquerra baja nueve escaños, que compensa la CUP al subir siete. Los republicanos sacan sus conclusiones: la lista unitaria, pese al subidón de adrenalina de la campaña, no es una buena idea, ya que algunos electores muy críticos con Convergència han preferido a los cuperos antes que votar una candidatura en la que figura Mas. El resto del hemiciclo refleja ya el ascenso fulgurante de Ciudadanos, que se lleva los réditos de la polarización y aglutina al elector que rechaza la independencia. Inés Arrimadas logra 25 escaños (16 más de los que tenía). Una buena parte provienen del PP, que pierde ocho diputados y se queda en 11. Y algunos del PSC, que baja cuatro y se planta en 16. La sorpresa desagradable se la lleva Catalunya Sí que es Pot, la lista cercana a Podemos, que solo ha obtenido 11 diputados. Esta opción política siempre ha pedido que no se sumen sus votos ni a un bloque ni al otro, lo que ha permitido al independentismo argumentar que los partidarios del sí son más que los del no.

Cunde un sentimiento de decepción. Un esfuerzo único de movilización y unidad en la historia política de Cataluña se ha quedado a las puertas de su objetivo. Podría ser el momento de frenar, de reconsiderarlo todo, de rectificar el rumbo. La misma noche electoral, Antonio Baños, el candidato de la CUP, admite que no se ha ganado el plebiscito. Por tanto, no se cuenta con el apoyo necesario para aplicar el plan para lograr la independencia en 18 meses. Mas podría asumirlo también en público e iniciar una reorientación hacia otras formaciones políticas para gobernar con otros apoyos, por ejemplo, del PSC. Pero no. El independentismo prefiere poner el acento en la mayoría parlamentaria alcanzada y no en el 47,8 % de los votos obtenidos. El control del Parlament está garantizado. Así que los dirigentes de Junts pel Sí afirman que tienen la legitimidad de la victoria electoral para comenzar el proceso hacia una república catalana. No se frena, se acelera. En más de una ocasión, el socialista Miquel Iceta ha aplicado una frase a esa tendencia del independentismo por la huida hacia adelante cuando hay otras opciones posibles: «Como dicen algunos sobre el conflicto entre israelíes y palestinos: nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad».

Pero nada más constituirse el nuevo Parlament estalla la primera crisis. Para empezar, la CUP no quiere dar sus votos para que Mas sea presidente. Exige que Junts pel Sí ponga otro candidato sobre la mesa. Además, al aún president en funciones le estalla una pequeña, pero significativa rebelión, en el seno de su Gobierno.

Estamos en el 27 de octubre de 2015. Los consellers van llegando a la sala Tàpies del Palau de la Generalitat minutos antes de las diez de la mañana para su reunión semanal. Algunos comentan con cierto estupor el discurso de Forcadell del día anterior. La flamante presidenta del Parlament culminó su intervención en la sesión constitutiva de la Cámara con un «¡Viva la república catalana!» que ya auguraba por qué derroteros iba a discurrir la legislatura. Pero bastantes consellers creen que se trata solo de retórica y que no se traspasarán líneas rojas. Pronto van a comprobar que no es así.

Mientras los consellers van llegando a su cita semanal, se está registrando en la Cámara catalana una resolución pactada por Junts pel Sí y la CUP que insta a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república» mediante la ruptura con la legalidad española y desobedeciendo al Tribunal Constitucional si es necesario. Cuando llevan casi dos horas de reunión, a algunos móviles de los consellers empiezan a llegar mensajes alertando sobre esa resolución. Inquietos, preguntan qué está pasando. Alguien pide que se hagan fotocopias del texto, que se reparten allí mismo. Mientras lee, el titular de Economía, Andreu Mas-Colell, con las gafas subidas por encima de la frente, suelta: «¡Pero ¿esto qué es?!». El conseller Mas-Colell, reputado economista, es de los pocos que se permite decir lo que piensa en las reuniones del Gobierno catalán. Su indignación ante un texto que aboga sin tapujos por saltarse la legalidad suscita una discusión intensa, muy inusual en las reuniones del Consejo Ejecutivo.

El siguiente en tomar la palabra es Jordi Jané, conseller de Interior, con muchos años de experiencia política en el Congreso de los Diputados. Abogado y profesor de Derecho Constitucional, Jané es un político muy respetuoso con los procedimientos legales. Había aspirado incluso a ser vocal del Consejo del Poder Judicial. Es un hombre de probada fidelidad al partido, discreto, pero que no puede compartir de ninguna manera la resolución de la ruptura. Sorprende menos la intervención del conseller de Territorio, Santi Vila, considerado un «moderado», partidario del diálogo con el Gobierno central, amigo personal de la ministra Ana Pastor. Vila critica no solo la resolución, sino también el discurso de Forcadell. El enfado que expresan la mayoría de los miembros del Gobierno catalán en privado es monumental. No en vano se les ha ninguneado por completo presentando un escrito de semejante calibre sin ni siquiera avisarles.

Al debate acaban sumándose casi todos. Irene Rigau (Educación) y Felip Puig (Empresa y Ocupación) buscan una explicación práctica a la resolución. ¿Se trata de una concesión a la CUP para que vote la investidura de Mas? Eso lo explicaría todo... Homs admite que eso no está garantizado, ni mucho menos. De hecho, para entonces la CUP ya está anunciando públicamente que, pese a la declaración de desobediencia, mantienen su negativa a ceder sus votos para que Mas sea investido presidente. Rigau y Puig concluyen entonces que la resolución era innecesaria si no se obtenía nada a cambio. Ferran Mascarell, titular de Cultura, defiende el texto con el argumento de que a nadie debe sorprender que se ponga en marcha lo prometido en el programa electoral de Junts pel Sí. Por su parte, el conseller de Justicia, Germà Gordó, cada vez más resituado entre los moderados, hombre del aparato de Convergència cuya esposa es vocal del Consejo General del Poder Judicial, discrepa de la resolución, aunque lo hace de forma discreta. No intervienen la vicepresidenta Neus Munté, que en ese momento cuenta con posibilidades de situarse como sucesora de Mas, ni la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.

Mas les deja hablar. Al final toma la palabra y argumenta que solo hay una forma de constituir Gobierno, que es el acercamiento a la CUP. Ante algunas interrupciones, zanja: «Entonces, ¿qué me estáis pidiendo?, ¿unas nuevas elecciones?». Y se desata una especie de tormenta de ideas para buscar soluciones alternativas. Hay quien propone incluso que la votación de la investidura sea secreta para ver si algunos diputados de la CUP se suman... pero, ¿y si entonces los de ERC no cumplen? La reunión finaliza y Munté, portavoz del Gobierno de Cataluña, se enfrenta a la prensa. Rajoy acaba de comparecer y ha calificado de «provocación» la declaración de desobediencia de Junts pel Sí y la CUP, además de garantizar que no permitirá que se aplique. Munté se aferra a esa réplica para no entrar en el contenido de la resolución: «Nos entristece que hable de provocación cuando lo que hay es un mandato democrático que se está empezando a ejercer por parte de unas formaciones avaladas por los votos de los catalanes». Y se escabulle ante las preguntas sobre si el Gobierno que se constituya desobedecerá o no al Tribunal Constitucional.

La resolución de ruptura es aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015 con 72 votos a favor y los 63 de la oposición en contra. Aunque todavía hay diputados y consellers que esperan que se quede en un mero ejercicio retórico para conseguir los votos de la CUP y no llegue a aplicarse, esa resolución constituye un salto cualitativo en el proceso independentista por cuanto supone un compromiso formal y solemne de desobediencia explícita a la legalidad española. Una línea roja se acaba de traspasar. El texto será recurrido por Ciudadanos, PSC y PP ante el Constitucional, así como por el Gobierno central. El 2 de diciembre, el alto tribunal, por unanimidad, la declara inconstitucional.

7

A LA PAPELERA DE LA HISTORIA

«Un paso al lado.» Así define Artur Mas ante la prensa este 9 de enero de 2016 su decisión de abandonar la presidencia de la Generalitat a cambio de que la CUP siga sosteniendo la permanencia de su partido en el poder y el independentismo continúe con sus planes. El «paso al lado» es uno más de los muchos recursos retóricos que ha alumbrado el proceso soberanista. Permite eludir el siempre desagradable verbo «dimitir» o el humillante «paso atrás». Pero además es una forma de anunciar la intención de un regreso. Mas ha permanecido en el Palau de la Generalitat poco más de cinco años, tres menos que los que estuvo en el Gobierno como conseller bajo la batuta de Jordi Pujol.

Hace varios días que la CUP ha puesto como condición para apoyar un Gobierno de Convergència y Esquerra que Mas deje la presidencia. La CUP es un partido que aglutina a multitud de movimientos sociales de extrema izquierda, antisistema, anticapitalistas, que defienden la independencia de los Països Catalans y que funciona de forma asamblearia. Han crecido mucho en pocos años. Comenzaron con vocación únicamente municipal hasta que decidieron presentarse a las elecciones catalanas y participar de la política parlamentaria. El éxito de este salto se debe sobre todo a la elección de sus candidatos más visibles, como David Fernández. Suelen ser dirigentes jóvenes con una amplia formación y una cuidada retórica que acaba por sobresalir en la tribuna del hemiciclo y, sobre todo, ante los micrófonos de radio y televisión.

Los cuperos someten el nombre de Mas como presidente de la Generalitat a una votación asamblearia que arroja un resultado, como mínimo, sorprendente, o mejor dicho, sospechoso: un total de 1.515 votos a favor de su investidura y exactamente 1.515 en contra. Las conjeturas sobre un amaño del resultado son lógicas, pero eso no afecta a un partido que presume de transparencia y participación interna frente a las prácticas de la vieja política. Así que nadie discute el empate. Mas tiene dos posibilidades: acceder al chantaje de la CUP y colocar a otro candidato en su lugar o convocar elecciones. Algunos dirigentes de Convergència consideran que esa condición es inaceptable y que resulta más conveniente ir a elecciones, incluso a riesgo de acabar en la oposición. Pero el entorno de Mas juega en contra de esa tesis. Su fiel amigo David Madí le aconseja una retirada temporal, dejar paso a otra persona que cumpla con el mandato de la hoja de ruta de año y medio pactada con ERC y las entidades soberanistas, para después regresar. Se trata de encontrar a alguien que esté dispuesto a ese sacrificio temporal.

Pero Mas duda. Entre las personas que ejercen gran influencia en él figuran también quien fuera director de La Vanguardia y después fundador del diario digital El Nacional, José Antich, y la columnista y escritora Pilar Rahola, con quien Mas entabló una relación estrecha a raíz de la entregada biografía que ella le dedicó, titulada La màscara del rei Artur. Y también Jordi Sànchez, presidente de la ANC desde mayo de 2015, en cuyos consejos cada vez confía más. Entre los argumentos que este grupo aporta para convencer al president figura la necesidad imperiosa de evitar unas nuevas elecciones, ya que sería muy difícil reeditar el acuerdo con ERC para repetir la fórmula de Junts pel Sí. Se pondría en riesgo la mayoría independentista, añaden. Y, sobre todo, los republicanos pasarían por delante de Convergència, ocupando por fin la posición hegemónica en el independentismo. Podrían tener incluso la tentación de reeditar el tripartito de izquierdas, dejando a los convergentes en la oposición, ya que los comunes de Ada Colau parecen estar en una buena racha. Las encuestas del partido dan que Mas apenas obtendría 30 escaños. Le insisten en que se trata de una retirada táctica, que podrá dedicarse a refundar Convergència para volver en un futuro no muy lejano con más fuerza. Según su esquema, Junqueras, como vicepresidente económico, se desgastará en el Gobierno, mientras que él aparecerá como el héroe que se sacrificó cuando fue necesario. La legislatura debería durar 18 meses, pero no creen que vaya a culminarse, así que es preciso prepararse para elecciones en un año. Todos esos razonamientos hacen mella en el ánimo del president, que de todas formas confía en que la CUP decida finalmente aceptar su investidura.

Los cuperos están divididos, si bien dos dirigentes, Antonio Baños y David Fernández, dan esperanzas a Mas de que la crisis se reconducirá. Pero la CUP no es solo Baños y Fernández. Es una plataforma política con gran habilidad para presentar candidatos de factura impecable y empáticos como los dos mencionados, pero siempre supeditados al aparato. David Fernández en especial es un tipo siempre atento, presto a interesarse por las circunstancias familiares o personales de sus interlocutores políticos, que se ha ganado la confianza de Mas. Sin embargo, el consejo político de la CUP, formado por 67 personas, decide el 4 de enero que veta al president. Baños presenta su dimisión. Paradójicamente, el president le consuela por teléfono: «Antonio, en política pasan estas cosas...».

Mas claudica. Es uno de los mayores errores que ha cometido. La confección de la lista conjunta del independentismo, en la que se mezclaron opciones ideológicas muy dispares como la de un partido liberal conservador como Convergència con otro de izquierdas como ERC y en la que el presidenciable ocupaba el cuarto puesto ya constituyó un retorcimiento de las reglas electorales. Aunque se trate de una maniobra legal, esa sistemática afición por manipular las normas para amoldarlas a intereses para los que no fueron pensadas acabaría por traer males mayores. La aceptación del chantaje de la CUP es un paso más en esa errónea dirección, puesto que el grupo anticapitalista solo representa a una ínfima minoría de la población de Cataluña. Una cosa es negociar con esos diez diputados algunos aspectos del programa para lograr su voto y otra otorgarle la capacidad para decidir sobre quién ostenta la máxima representación institucional y política. Mas no considera que su retirada en ese momento fuera un error. Además, lo hace convencido de que regresará.

Pero el cupero Benet Salellas expresa con cruel rotundidad la victoria de sus diez diputados: «Hemos enviado a Mas a la papelera de la historia». El president tira la toalla, pero no hay tiempo para pensar en ello porque hay que buscar a la persona adecuada para sustituirle. Alguien fiel, dispuesto a seguir sus consejos y que no desee perpetuarse en el poder. Enseguida, Mas piensa en Neus Munté, consellera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán. Procedente de la UGT, Munté es una de las dirigentes de Convergència mejor situadas para optar a la sucesión en el partido, junto a los nombres de Jordi Turull o Josep Rull. Precisamente estos dos últimos, junto con Lluís Corominas, son los encargados de negociar con la CUP los términos de la capitulación. No se trata de entregar la cabeza de Mas sin tener garantías de que la mayoría independentista podrá mantenerse durante el año y medio de legislatura que se ha marcado. Incluso se acuerda con los cuperos que algunos de sus diputados pasarán a formar parte del grupo parlamentario de Junts pel Sí para garantizar de manera segura esa mayoría, algo que nunca llegaría a materializarse. Como si intuyera que la CUP no cumpliría con sus compromisos, durante varios meses el ya expresident llevaría consigo, en el bolsillo de su americana, el papel con el acuerdo que le ha costado el cargo, para enseñárselo a todo aquel que quiera leerlo.

Mas piensa en Munté para relevarle, pero la consellera declina el ofrecimiento. El aún president intenta convencerla de que no tiene que preocuparse por la CUP, que apoyará los presupuestos y facilitará el curso de la legislatura. Pero Munté no ve claro asumir esa responsabilidad en estos momentos y aduce motivos personales. Así que salen a relucir otros nombres. Mas baraja seriamente los de Rull y Muriel Casals, la líder de Òmnium Cultural. La primera vez que surge la opción de Carles Puigdemont en presencia de Mas la pone sobre la mesa Jordi Sànchez. Es también el preferido por Madí. En su libro De héroes y traidores, el exconseller Santi Vila describe que el 23 de octubre de 2015, durante el pregón de las fiestas de Girona, Madí le pregunta: «¿Y este que tal?, ¿no crees que podría ser president?», refiriéndose a Puigdemont y dando a entender que no fue una improvisación. Pero la primera vez que Mas escucha el nombre del elegido es por boca de Sànchez, aunque hay que aclarar que el líder de la ANC mantiene una gran sintonía con Madí, por lo que defendían en realidad la misma opción. Ambos se conocieron en la Crida a la Solidaritat, un movimiento centrado en teoría en defensa de la inmersión lingüística que en realidad se dedicaba más al activismo y la movilización independentista y que tuvo especial protagonismo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona.

De hecho, es Madí quien telefonea a Puigdemont el martes, 5 de enero de 2016, y le explica que hay muchas posibilidades de que sea el elegido para ocupar el despacho del Palau de la Generalitat, que se vaya haciendo a la idea. Así que no es cierto que a Puigdemont le coja tan desprevenido la llamada de Mas para que acuda al Palau de la Generalitat, aunque a él le gusta explicar que le pilló por sorpresa mientras almorzaba en una casa de comidas cerca del ayuntamiento. A Puigdemont también le telefonean esa víspera del día de Reyes el propio Jordi Sànchez y Raül Romeva, aunque no son tan explícitos. Lo cierto es que Mas apenas ha mantenido en su vida alguna conversación informal con el alcalde de Girona. Casi no le conoce. Había escuchado algunas intervenciones suyas en las reuniones de Convergència y había coincidido en algunos actos oficiales y le parecía un tipo con una oratoria directa y efectiva, pero tampoco le había prestado demasiada atención porque Puigdemont no estaba muy interesado en los avatares del partido en Barcelona. Fue incluso difícil convencerle para que aceptara la presidencia de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Podría decirse que a Mas le ponen sobre la mesa un plato cocinado y él lo acepta. En el último minuto, el viernes por la tarde, día 8, Mas hace otro intento con Munté, señal de que no estaba del todo convencido, pero el resultado vuelve a ser negativo. Así que, finalmente, el president accede a pasarle el testigo a Puigdemont. Una decisión de la que, en algún momento, se arrepentiría.

Esta semana de infarto culmina el domingo, día 10, con el debate de investidura en el Parlament, en el que Puigdemont logra la confianza de la mayoría independentista con un discurso en el que asume como programa de gobierno la ruptura con España. Promete que esta legislatura de 18 meses será la de la «postautonomía a la preindependencia». Dos días después, toma posesión solemne en una ceremonia en la que promete el cargo sin mencionar la Constitución ni el rey, referencias que sustituye por la frase «con fidelidad al pueblo de Cataluña». De momento, son solo gestos, pero pronto se verá que Puigdemont no es como su predecesor, heredero de un tiempo en el que la política mantenía el respeto hacia ciertas líneas rojas. Al acto asiste en representación del Gobierno central el ministro Jorge Fernández Díaz.

Cuando entra por primera vez como presidente en su despacho del Palau de la Generalitat, Puigdemont se acerca a su escritorio, despejado de papeles y, en el centro, ve un sobre cerrado. Se trata de una carta de Jordi Pujol, en la que le da algunos consejos para la nueva etapa que tiene por delante. Pero Puigdemont ya no pertenece a la generación de Pujol ni se identifica con su Convergència. De hecho, durante su mandato, no tuvo interés en mantener ni una sola conversación con el histórico líder de CiU. Este, en cambio, le escribiría otra carta en los momentos críticos previos a la declaración unilateral de independencia en la que le pedía encarecidamente que convocara elecciones. El expresident había empezado a escribir a mano, pero un cargo de su partido que fue a visitarle a su despacho, se ofreció a pasárselo al ordenador y Pujol lo firmó. Leyera o no Puigdemont las dos cartas del fundador de Convergència, lo que es un hecho es que no les hizo el menor caso.

A partir de ahora, las decisiones trascendentales para el futuro de Cataluña las va a tomar Carles Puigdemont. ¿Quién es el nuevo presidente de la Generalitat? Para la mayoría de los catalanes, un perfecto desconocido. Apenas lleva cinco años como alcalde de Girona y no se prodiga mucho más allá de esa localidad. Desde el primer día, asegura con convicción que está en el Palau de paso, que su aspiración es poder regresar cuanto antes a su ciudad. Ni siquiera se traslada con su esposa e hijas a Barcelona, donde no se siente a gusto. Aunque reservado e introvertido, Puigdemont es de un trato más cálido y cercano que Mas. Esa virtud y el cargo le revisten enseguida de popularidad. Algunos alcaldes de otros partidos, como Ada Colau en Barcelona, o Núria Marín en L’Hospitalet, elogian que el nuevo presidente tiene una mayor sensibilidad municipal y un carácter más amable y accesible.

Puigdemont (29 de diciembre de 1962) soñaba de niño con ser astronauta. Así lo explica él mismo en el libro de Josep Riera Em dic Carles (Me llamo Carles). La llegada del hombre a la luna le pilló con seis años y la noticia le impactó tanto que se pasaba los días mirando al cielo por si veía algún cohete. Así ilustra él su interés por la modernidad, por la vanguardia, por el futuro. Y de esta forma explica su afición por las nuevas tecnologías de la comunicación. Sus amigos recuerdan que les hablaba entusiasmado de algo llamado internet cuando aquí casi nadie sabía de qué se trataba. Es, por supuesto, un incansable tuitero, una herramienta que utiliza con profusión en su actividad política.

Nació en Amer, un pueblo de 2.000 habitantes de la provincia de Girona. Su familia tiene una pastelería desde 1928, en la que él ayudaba de pequeño. Cursó estudios en el internado del Collell, lo que marcó un cierto carácter introspectivo, resistente a la soledad. Cerca de Banyoles, el santuario de Santa Maria del Collell, luego convertido en internado, forma parte de los parajes de la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, que narra cómo en la mañana del 30 de enero de 1939, los republicanos sacan de la prisión del santuario a una cincuentena de presos, entre ellos el falangista Rafael Sánchez Mazas, escritor e ideólogo del fascismo, que logra zafarse al caer al suelo empujado por otros cuerpos, pero sin que las balas le hieran. Un soldado republicano le encuentra, pero le perdona la vida.

En aquel internado cuya enseñanza gozaba de buena fama en Girona, regentado por sacerdotes, estudió Puigdemont, al igual que Joaquim Nadal, que sería alcalde de Girona, y su hermano Rafa Nadal, escritor y periodista. No lo ha manifestado de forma tan clara como Junqueras, pero el president también se considera católico, aunque no sea practicante. Una de las narraciones más repetidas en la familia Puigdemont es lo que lloró su abuelo Francisco, fundador de la pastelería, viendo cómo quemaban los altares de la iglesia de Santa Maria de la plaza de Amer al final de la guerra civil. El grupo de milicianos fue destrozando una por una las figuras religiosas. La familia Puigdemont ocultó en su casa a tres perseguidos por el bando republicano, entre ellos dos sacerdotes.

Ya con 16 años empezó a enviar crónicas deportivas locales al Diari de Girona. Fue así como llegó a trabajar en el Punt Diari, donde conseguiría ser redactor jefe. De ahí que Puigdemont se considere periodista, aunque no cursara esos estudios, sino que inició los de Filología Catalana, que abandonó para dedicarse al periódico y a la política. De familia de tradición carlista, conservadora, catalanista y católica, Puigdemont tenía como referente político a su tío Josep, primer alcalde de la democracia en Amer. A los 17 años asistió por primera vez a un mitin de Jordi Pujol. Fue uno de los fundadores de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la organización juvenil de Convergència, en Girona, en un hotel de Platja d’Aro en 1980. También en su juventud, Puigdemont sufrió un grave accidente de coche que le dejó algunas marcas en el rostro.

Su paso por El Punt no acabó demasiado bien. Mantuvo algunas discrepancias con sus jefes. Así que dejó el diario y se colocó como director de la Casa de Cultura de Girona, gracias a su amistad con quien ocupaba ese puesto, Marià Busquets, un pujolista de toda la vida a punto de jubilarse, por quien profesaba una devota amistad. Por consejo de Busquets, le nombró para el cargo el presidente de la Diputación, Carles Páramo (CiU). Fue un lapso corto antes de crear Catalonia Today, una publicación que ofrecía noticias de Cataluña en inglés, dirigida a extranjeros, y que logró disponer de subvención. Su esposa acabaría por ser la directora. Más adelante, Puigdemont también montaría Cat Edicions, una empresa que ofrecía servicios periodísticos, como boletines de noticias o resúmenes de prensa, sobre todo a ayuntamientos. En esa búsqueda de un negocio propio y pionero se refleja su aversión a cumplir órdenes. Tampoco es constante en sus emprendimientos, que abandona sin dudarlo cuando dejan de interesarle.

De Cat Edicions pasó a asesorar a dirigentes locales de Convergència, sugiriendo eslóganes o frases impactantes. En las elecciones generales de 1996, por ejemplo, recomendó que la última semana de campaña se centrara en la promesa «con nuestro voto, nunca haremos presidente a Aznar». Le hicieron caso y esa fue la consigna, aunque después Pujol acabó por apoyar la investidura del líder del PP. Algunos dirigentes de Convergència también le atribuyen la idea del adhesivo CAT en las matrículas, una campaña que irritó sobremanera a Aznar. En 1999, Puigdemont puso en marcha la Agència Catalana de Notícies (ACN), la agencia oficial de la Generalitat, que también abandonaría en poco tiempo. Solo un año antes, conoció a Marcela Topor. Ella formaba parte de un grupo de teatro universitario de Rumanía, la Ludic Theatre, que presentó el espectáculo King Dies en el Festival Internacional de Teatre Amateur El Pati de Girona, organizado por la Casa de Cultura. En junio de 2000 se casaron en el Ayuntamiento de Roses, en una ceremonia oficiada por Carles Páramo, también alcalde de esa localidad.

Puigdemont da el salto a la política profesional en 2006, cuando CiU le hace una doble oferta: formar parte de la lista al Parlament y ser el candidato a alcalde de Girona en las elecciones de 2007, es decir, afrontar el reto de desbancar a los socialistas, que gobernaban en la ciudad desde 1979. El diputado de Convergència en el Congreso Jordi Xuclà es el primero que piensa que Puigdemont puede ser la persona que plante cara al incombustible alcalde Joaquim Nadal. Su candidatura topó inicialmente con la resistencia de algunos dirigentes locales, por lo que su amigo y defensor Josep Maria Jami Matamala acudió a ver a Mas para recabar su apoyo, si bien no consiguió convencerle. Puigdemont logró finalmente ser candidato y perdió en el primer intento. Hasta que accedió a la alcaldía en 2011, una vez retirado Nadal.

Jami Matamala es el mejor amigo del president. Fue concejal de Girona desde 1987 hasta 1995. Ambos se conocieron a raíz de un artículo que escribió Puigdemont cuando ejercía como periodista crítico con otro edil de Convergència y Matamala quiso hablar con él. Ambos se hicieron inseparables. El padre de Matamala, católico y nacionalista activo, fundó la librería Les Voltes, situada junto al Ayuntamiento de Girona. Cuentan que tenía tres carnets de partido, el de Convergència, el de Unió y el de Esquerra. Su ideal político era unificar el nacionalismo catalán y así se lo inculcó a sus hijos. También Puigdemont acabaría por acariciar esa idea. Uno de los hijos de Matamala padre siguió con el negocio familiar de la librería, mientras que Jami heredó la copistería Stein. De hecho, hacia 1995 Jami Matamala baraja la idea de ser el candidato a alcalde, pero, oportunamente para Nadal (algunos le atribuyen la filtración), El Punt publica contratos de Stein con la Diputación de Girona y aborta la carrera política del aspirante convergente, que crea entonces una empresa dedicada a organizar ferias de productos y gastronómicas, que recibe subvenciones del ayuntamiento y de la Diputación.

Su influencia sobre Puigdemont es absoluta. No constituye solo un ascendente político, sino que siempre ha sido una especie de asistente imprescindible. Y esa faceta se acentúa sobremanera cuando su amigo accede a la presidencia. Este súbito ascenso supone una convulsión familiar para Puigdemont. Para su esposa e hijas resulta difícil la adaptación. Viven en un piso de Girona, pero Matamala les aconseja que se trasladen a un chalet que poseen en una urbanización de Sant Julià de Ramis para no molestar a los vecinos con las medidas de seguridad que lleva aparejado el cargo. La casa está alquilada, pero ya se encarga Matamala de negociar con los inquilinos. El chalet, del que Puigdemont aún está pagando la hipoteca, fue una adquisición bastante ventajosa porque se la vendió una familia con la que mantiene amistad, la de la esposa de Josep Maria Calders, economista, otro histórico de Convergència de Girona junto a Matamala. Calders falleció en 2014. Puigdemont hizo un emotivo discurso en su funeral y mantiene muy buena relación con su viuda, Júlia Ramió, quien le entregó algunas de las corbatas de su esposo que el president utilizaría en momentos cruciales del proceso soberanista.

Precisamente, luce una de esas corbatas el día de su investidura como presidente de la Generalitat. Puigdemont deja claro su programa de gobierno. Se compromete a aplicar la declaración de soberanía del Parlament en la que se abona la desobediencia al Tribunal Constitucional y que había sido anulada precisamente por ese mismo órgano judicial. También enumera algunas de las «estructuras de Estado» que piensa desarrollar, como aduanas, un banco central catalán y una hacienda y una seguridad social propias, entre las más destacadas. Otra de las prioridades será la ley de «transitoriedad jurídica», que pretende servir de puente entre la legalidad española y la del futuro Estado catalán, con el objetivo de realizar el eventual traspaso sin vacíos legales. No se olvida de Mas y asegura que contará con su asesoramiento y resume su labor con una frase que resultaría premonitoria: «No son épocas de cobardes, ni para temerosos ni para los flojos de piernas, ni para resignarse en la confortabilidad».

Puigdemont toma posesión el día 12 de enero y tarda poco más de una semana en firmar su primera decisión: el cese de Joan Pluma como director de Bibliotecas, Archivos, Museos y Patrimonio de la Generalitat. Pluma había sido concejal socialista de Girona y había mantenido muchos choques con CiU. Había accedido a un cargo en la Generalitat de la mano del exconseller Ferran Mascarell cuando gobernaba el tripartito. Pero Pluma es un personaje de infausto recuerdo para el nuevo presidente. Cuando Puigdemont era candidato a alcalde, un periodista le avisa de que al día siguiente se publicará una información que le perjudica. Se trataba de todas sus multas e impuestos impagados. Puigdemont atribuye a Pluma esa filtración. El cese lo firman el president y el conseller de Cultura, Santi Vila, a quien conoce de cuando este era alcalde de Figueres.

Puigdemont emprende su nuevo cometido rodeado del equipo que hereda de Mas, incluidos los consellers, a los que se unen los de ERC. La obsesión de Junqueras es convencer a los catalanes de que su partido está capacitado para gestionar de manera eficiente. Quiere borrar el recuerdo del tripartito, cuando Esquerra se convirtió en el elemento desestabilizador por excelencia de los gobiernos de Pasqual Maragall y de José Montilla. Junqueras sabe que los ojos escrutadores están puestos en su persona, ya que va a ocupar la vicepresidencia y la cartera de Economía en sustitución del académico Andreu Mas-Colell en un momento en el que el control del déficit es la prioridad marcada por Europa y por el Gobierno español. El líder de ERC quiere demostrar que es capaz de aplicar una política progresista con responsabilidad, cumpliendo al máximo los compromisos de reducción del gasto. Su primer objetivo es ganarse la confianza del Ejecutivo central, en especial de los dos ministros económicos, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, y también de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Se reúne con todos ellos y les garantiza que su gestión y su colaboración serán impecables. Lo cierto es que tanto Santamaría, como Guindos y Montoro están encantados con la actitud del vicepresidente catalán. Junqueras también se presenta ante los poderes económicos y financieros de Cataluña como un político fiable y bussiness friendly.

Los convergentes, que inicialmente se frotaban las manos pensando en que el desgaste de gobernar le pasaría factura enseguida a Esquerra, van comprobando con el transcurrir de los meses que no es así. Por si fuera poco, la marcha de Mas del Gobierno ha desatado las pugnas internas en el partido por la sucesión. Son batallas que tienen poco que ver con la ideología. Si acaso, se va configurando un sector partidario de avanzar más lentamente hacia la independencia y sin situarse fuera de la legalidad, mientras que el otro apunta posiciones más radicales, pero esa configuración aún está muy desdibujada. Se trata más bien de una mezcla de ajustes de cuentas internos, ambiciones personales y rencores acumulados que a Mas no parecen preocuparle en exceso. El ya expresident cree que cuenta con la suficiente autoridad moral dentro del partido como para imponer la dirección que él considere más conveniente para el futuro sin demasiadas resistencias.

Mientras las diferentes familias del partido se remueven inquietas, Mas empieza a dar un giro apreciable a su discurso. La legislatura que acaba de comenzar tendrá 18 meses porque así lo impuso el expresident y debe conducir a la independencia porque de esa forma lo pactó con ERC y las entidades soberanistas, pero ahora Mas se dedica a explicar en todas las entrevistas que concede y en las reuniones a las que acude que la secesión no es algo que vaya a ocurrir en poco más de un año y que hay que recuperar la reivindicación de un referéndum. Así que, mientras Mas rechaza una declaración unilateral de independencia y proclama que antes hay que superar el 50 % de los votos, su sucesor en el Gobierno de Cataluña asegura en la prensa internacional que el divorcio con España puede conseguirse sin el acuerdo de Madrid. Mas había suscrito una «hoja de ruta» hacia la secesión con la esperanza de ganar tiempo y de que algo podría pasar por el camino que alterara los planes, pero su sucesor considera que tiene una misión que cumplir. Al pie de la letra.

Puigdemont y Junqueras empiezan a conocerse. Sus colaboradores organizan algún que otro almuerzo familiar para reforzar su relación. Los primeros meses de cohabitación son tranquilos. El líder de ERC aprovecha para poner en marcha su plan de disputar a los convergentes el emblema de la experiencia de gestión, dado que ya dispone del pedigrí independentista. Para Junqueras, su puesto como vicepresidente es una oportunidad para ocupar protagonismo ante el vacío de liderazgo que, a priori, supone la marcha de Mas. A medio plazo, sin embargo, la figura de Puigdemont acabaría por eclipsar a los demás.

La tranquilidad salta por los aires de la mano de la CUP. Pese al acuerdo con Mas, los cuperos se niegan a aprobar los presupuestos de 2016. «Los acuerdos mutan», replican cuando se les recuerda el pacto por el que Mas dejó la presidencia. La CUP ha decidido forzar un referéndum unilateral de independencia y quiere un compromiso claro de que lo organizará el Gobierno de Cataluña y que, a continuación, si se gana, Puigdemont desplegará un proceso constituyente para la creación de la república catalana. El president toma en persona las riendas de la negociación. Conoce bien a la CUP desde su etapa como alcalde. Cuenta con un buen enlace con ese ámbito como es su amigo Miquel Casals, un histórico independentista de Girona que en los años 80 militó en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), formación de izquierda revolucionaria favorable a la secesión.

Casals fue detenido durante la llamada «operación Garzón» acusado de pertenecer a la organización terrorista Terra Lliure. En esa época, Puigdemont pasó unos meses en el extranjero que le sirvieron para escribir el libro Cata... què? Justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el juez Baltasar Garzón ordenó 45 arrestos vinculados al movimiento independentista catalán por presunta pertenencia a Terra Lliure. Tres años después serían condenados, pero el proceso acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en 2004 condenó al Estado español por haberse negado a investigar las denuncias de torturas. Puigdemont denunció esos hechos en el Parlament con motivo del recordatorio de los 25 años de los Juegos. Casals y otros de sus compañeros fueron indultados por el Gobierno de Aznar a raíz del pacto del Majestic entre el PP y CiU. Casals siempre ha comentado que Puigdemont aboga por un independentismo pacífico frente al suyo, más combativo, lo cual no ha sido óbice para que entablaran una estrecha amistad. Casals y su esposa serían la pareja que acompañaría a Puigdemont en la Nochevieja de 2017, cuando ya se había refugiado en Bruselas. Junto al confeti y a unos sombreros con brillantina, los cuatro amigos posan en un selfie y difunden la imagen en un tuit.

Pese a sus contactos con la CUP, Puigdemont no consigue doblegar a los negociadores para que apoyen el presupuesto. Aunque podría prorrogarse, se impone la tesis de que, sin las cuentas, el pacto entre los tres partidos independentistas salta por los aires y, con ello, la legislatura. Estamos en junio y en Convergència no son pocos los que prefieren que eso ocurra para que haya elecciones y romper así amarras con la izquierda radical y con la vía unilateral. Pero Puigdemont da la sorpresa con un reto a la CUP. Anuncia que el 28 de septiembre se someterá a una cuestión de confianza para comprobar si la mayoría independentista aún mantiene su hoja de ruta. Eso significa que, si para entonces no hay acuerdo, convocará elecciones y, por tanto, la transición hacia la separación de España se puede ver truncada.

Mientras, tienen lugar las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Desde los comicios de noviembre de 2015, Rajoy ha gobernado en funciones ante la incapacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo de investidura. Se han tenido que repetir las elecciones y el PP las ha vuelto a ganar con 137 escaños, 14 más de los que tenía. El PSOE se mantiene segundo, aunque su resultado sea escaso (85 escaños), pero Unidos Podemos no ha conseguido el sorpasso que buscaba y se queda con 71 escaños. Los 32 diputados de Ciudadanos (pierde ocho) serán decisivos para la investidura de Rajoy. La situación política catalana impide que el socialista Pedro Sánchez pueda intentar siquiera liderar una alternativa, ya que necesitaría el voto de los partidos independentistas y esa posibilidad resulta imposible de explicar en el resto de España mientras estos mantengan su programa. Convergència ha disminuido su representación en el Congreso, no tiene ni grupo parlamentario propio, pero aún cuenta con ocho diputados. Lo cierto es que esos escaños podrían ser decisivos en un parlamento abocado a pactos, pero los convergentes han abandonado hace tiempo la doctrina del «peix al cove». El PNV logra sustanciosos acuerdos para el País Vasco con menos representación, pero los nacionalistas catalanes ni se plantean la posibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno del PP que no sean sobre un posible referéndum de independencia. Es más, abominan de esa práctica con la que Pujol consiguió hacer realidad muchas de sus reclamaciones para la Generalitat a cambio de sus votos. Así que esos ocho diputados pasean sin pena ni gloria por los pasillos del Congreso.

El verano es intenso en acontecimientos políticos. Convergència afronta su refundación. El decisivo congreso del partido empieza con mal pie y se cerrará peor aún. Mas intenta imponer su plan. Ha pensado en que él continuará al frente del partido y que Neus Munté será la número dos. Pero también quiere situar en un puesto destacado de la dirección a Jordi Turull, que preside el grupo parlamentario de Junts pel Sí. El congreso abre con un esperpéntico debate sobre el nuevo nombre del partido que deja en muy mal lugar a quienes pretenden hacerse con la dirección. Partit Nacional Català, Partit Demòcrata Català, Junts per Catalunya... son algunas de las opciones que se debaten sin una directriz clara. Cunde el desconcierto y cuando se llega a la discusión de los nombres, la batalla interna ya es fratricida. La dirección que sale finalmente elegida no tiene nada que ver con lo que había previsto Mas. Por debajo de él habrá un órgano bicéfalo: una coordinadora general que será Marta Pascal y un coordinador organizativo, David Bonvehí. Dos treintañeros que han conseguido concitar el suficiente apoyo porque aún no están demasiado alineados en ninguna de las familias en liza, pero que lo tendrán muy difícil para mantenerse en pie, ya que el congreso se cierra en falso. Lo que debía ser un cónclave para alumbrar un nuevo partido reforzado sin las rémoras del pujolismo se convierte en un escaparate de todas sus debilidades.

A Puigdemont no le quitan el sueño las cuitas internas del partido. A la vuelta de las vacaciones, el día 5 de septiembre, el president se reúne con las dirigentes de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel. Al finalizar el encuentro, las cuperas anuncian que el president contará con sus votos en la cuestión de confianza, a pesar de que, en apariencia, ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer. Es sorprendente. La CUP no suele claudicar tan fácilmente. Todo apunta a que ha recibido garantías de Puigdemont de que se celebrará el referéndum unilateral que reclama la formación anticapitalista. Con el apoyo de la CUP ya expresado públicamente, el independentismo celebra una nueva Diada, que se presenta como la última de la Cataluña autonómica. La movilización es algo menor que la de otros años, pero sigue demostrando que el independentismo goza de una gran capacidad de resistencia. Las policías locales aseguran que unas 800.000 personas salen a la calle en las cinco manifestaciones organizadas en este 11 septiembre. El aspecto del paseo de Sant Joan de Barcelona, escenario de la movilización de este año, es impresionante. Pero todas las miradas están ya puestas en Puigdemont, que en pocos días deberá someterse a la cuestión de confianza anunciada. La CUP es imprevisible, así que todo puede pasar. Si Puigdemont no supera este trámite, se acaba la legislatura y, con ella, el proceso soberanista.

La idea del referéndum unilateral cobra fuerza entre el independentismo. Pero no convence a todos. El 20 de septiembre, en el Consejo Ejecutivo de cada martes, los consellers abren un inusitado debate sobre este asunto. Las reuniones del Gobierno suelen discurrir plácidas, por derroteros más bien técnicos. En cambio, ese día los consellers se enzarzan en una discusión cordial sobre cómo culminar el proceso independentista. La mayoría de los consellers de la antigua Convergència se manifiestan en contra del referéndum unilateral. Solo Josep Rull (Territorio) se muestra partidario por considerar que una consulta pactada con el Estado nunca se conseguirá y que, en algún momento, habrá que optar por la ruptura. En cambio, otros consellers como Jordi Jané (Interior), Santi Vila (Cultura) o Meritxell Borràs (Gobernación) ponen objeciones con el argumento de que sería una repetición del 9-N que no conduciría a ninguna parte, ya que no gozaría del reconocimiento internacional necesario. Neus Munté, consellera de Presidencia, comenta que, si se opta por el referéndum, habría que prepararlo muy bien para garantizarse el éxito, puesto que una menor participación que el 9-N sería un fiasco para el movimiento independentista. Entre los consellers de ERC predominan las intervenciones favorables al referéndum unilateral. La más vehemente es la de Toni Comín (Salut). Algunos insisten en que es preciso cargarse de razones subrayando las previsibles negativas del Gobierno central a acordar los términos de una consulta legal.

Junqueras participa muy discretamente en el debate. Es una de las características del líder de ERC. A una pregunta suele contestar con otra. No es que esté especialmente interesado en la respuesta, sino que así elude dar una opinión concluyente. Junqueras nunca habla con sinceridad cuando hay más de una persona enfrente. Solo si la conversación es cara a cara, en privado. Y no siempre. Está convencido de que cualquier cosa que diga ante testigos puede acabar filtrándose a un medio de comunicación o llegar a oídos indeseados, así que se ahorra problemas manteniendo casi siempre una actitud de ambigüedad constante que suele desconcertar a sus interlocutores. En este caso, en la reunión del Gobierno catalán, vuelve a ocurrir lo mismo. Su intervención no es muy entusiasta con el referéndum unilateral, pero tampoco contraria. ¿Y Puigdemont? La mayoría de los presentes extraen la conclusión de que el president ya ha decidido emprender esa vía. Le gustaría convocar el referéndum con una pregunta clara (independencia sí o no), no como la promovida por Mas, y conseguir más de un 50 % de votos afirmativos. Puigdemont ya ha dejado claro a su partido que no piensa ser candidato a la presidencia de la Generalitat, así que el referéndum sería el broche a su misión temporal al frente del Gobierno de Cataluña. Pero en la antigua Convergència tampoco hay unanimidad al respecto.

En efecto, Puigdemont tiene más que decidida la convocatoria de un referéndum, a pesar de que no formaba parte de la hoja de ruta inicial pactada con ERC y las entidades soberanistas. En aquel acuerdo se consideraba que ya se había intentado una consulta, la del 9-N, y que se había ganado el plebiscito en las elecciones del 27-S. Por tanto, solo quedaba prepararse para poner en marcha la nueva república. El único referéndum previsto era el de ratificación de la nueva Constitución por la que se regiría el Estado catalán. Pero todos los actores son conscientes de que la idea del referéndum concita muchas más adhesiones de los ciudadanos que la de una independencia unilateral. Así que Puigdemont aprovecha la cuestión de confianza que tiene lugar en el Parlament el 28 de septiembre para anunciar su intención de convocar una consulta, lo permita o no el Gobierno central. «O referéndum o referéndum», es su titular. Y encarga su organización a Junqueras y al conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. La CUP está satisfecha.

A partir de ahora, el president emprende una estrategia envolvente para atraerse al partido de Ada Colau y Xavier Domènech. Los comunes se prestan a sumar su voz a la reclamación de un referéndum pactado. Hasta que se decida si finalmente se celebra por la vía unilateral hay tiempo. Ya pensarán en tal caso qué hacer. Puigdemont espera que más adelante la presión de la calle en favor de la nueva consulta será tan intensa que, para entonces, los comunes no podrán despegarse. El acercamiento culmina en una foto de Colau junto a Puigdemont y Forcadell presidiendo una reunión del Pacte Nacional pel Referèndum (un foro que reúne a decenas de entidades sociales) en el que se aboga por una votación pactada. Aparentemente, el president ha aparcado la unilateralidad, pero solo es una maniobra momentánea, para lograr esa imagen que amplía el perímetro de los partidos independentistas. Ese ligero retroceso permite a Junqueras tomar la delantera, también por un instante, advirtiendo que él no va a pedir ningún permiso para celebrar un referéndum. La competencia entre ambos ya es evidente.

Mientras, Rajoy acaba de iniciar su segunda legislatura en la Moncloa. El presidente tiene intención de abordar el conflicto catalán, aunque ni mucho menos en la dirección que reclaman los independentistas. La idea de Rajoy es abrir la negociación sobre la financiación autonómica y atender a algunas reivindicaciones sobre infraestructuras. Incluso desea escenificar la nueva etapa con una conferencia de presidentes autonómicos. En principio, no descarta la reforma constitucional que le plantea el PSOE, pero lo cierto es que no le convence. Rajoy cree que en un escenario político más fragmentado, en el que Podemos es un actor principal en el Congreso, es poco recomendable abrir la Constitución porque está convencido de que el resultado obtendrá menos consenso del que recibió en su día el texto vigente.

Fruto de esa reflexión, Rajoy encarga a su vicepresidenta que abra un periodo de mayor atención y presencia en Cataluña. Es lo que empieza a conocerse en Cataluña como «operación diálogo», no sin un punto de ironía. Siempre que se ha desatado alguna crisis que afecta al Gobierno central, el presidente ha recurrido a su número dos para afrontarla. Pero este es un encargo envenenado. A nadie se le escapa que el conflicto catalán es de tal envergadura y sus raíces son tan profundas que poco puede hacer la vicepresidenta en unos meses para encauzarlo. Además, no existe un plan para afrontar el reto. Pronto se comprobará que simplemente se trata de mejorar la imagen del Ejecutivo del PP. Los rivales de Sáenz de Santamaría en el Gobierno y en el partido se frotan las manos. Ya auguran su fracaso y el consiguiente debilitamiento de sus opciones a suceder a Rajoy. La vicepresidenta esboza en una entrevista radiofónica un reconocimiento de que la recogida de firmas del PP contra el Estatut fue un error y no tardan en echársele encima todos sus enemigos externos y, sobre todo, internos. Sáenz de Santamaría empieza por prodigarse por Cataluña cada semana, aunque casi siempre en entornos controlados. Nada de pisar la calle, ya que se considera que puede producirse alguna escena hostil. Se reúne con diferentes sectores sociales y políticos. Aunque no explora los círculos independentistas, sí escucha los lamentos de quienes han intentado defender lo que se ha dado en llamar «tercera vía», es decir, una negociación para blindar el autogobierno catalán que pueda votarse y evitar así que el independentismo aparezca como la única salida al conflicto para muchos catalanes. También pide a sus ministros que revisen la lista de las reclamaciones de la Generalitat y, en la medida de lo posible, intenten darles respuesta.

Pero a la hora de la verdad los avances son inexistentes. De hecho, la intención del Gobierno de Rajoy es recuperar la presencia que ha perdido en Cataluña y restarle argumentos al independentismo, que cada día se encarga de amplificar supuestos o reales desprecios por parte del poder central hacia los catalanes. Los intentos de la vicepresidenta empiezan a chocar con la maquinaria judicial que el propio Gobierno ha puesto en marcha. Mientras Sáenz de Santamaría intenta poner su mejor cara en sus constantes visitas a Cataluña, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tiene que acudir a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia al Constitucional al haber permitido un debate en la Cámara sobre el «proceso constituyente».

Sin embargo, el fracaso de la «operación diálogo» se debe más a la ausencia de una verdadera propuesta de solución política que al devenir judicial. Las encuestas reflejan de forma indiscutible que la mayoría de los catalanes no se creen las promesas del Gobierno, que asegura que se van a mejorar las inversiones en infraestructuras. Unos meses más tarde, Rajoy protagoniza un acto en Barcelona al que invita a buena parte de la sociedad civil catalana. Ante decenas de empresarios —incluida la sorprendente presencia de Florentino Pérez— y altos cargos de firmas y entidades financieras, el presidente del Gobierno anuncia una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Cataluña hasta el 2020. Pero al cabo de unas semanas, la presentación de los presupuestos por parte del ministro Cristóbal Montoro echa un jarro de agua fría a esas promesas.

La «operación diálogo» no cuaja y el proceso soberanista entra en una fase de tensión derivada de la actividad de los jueces. La imagen de Forcadell entrando en la sede del Tribunal Superior de Justicia se suma a la inminente fotografía de Mas y sus consellers en el banquillo por la organización del 9-N. El tiempo transcurre rápido y la legislatura de Puigdemont ya ha cumplido un año. Empieza la cuenta atrás para el referéndum unilateral, aunque en el Gobierno catalán no se ha hecho ningún preparativo para su realización efectiva. ¿Cuál es el estado de ánimo del president ante el decisivo tramo final de su corto mandato? Por un lado, confía con ilusión en que está cercano el día en que abandonará la misión que le ha sido encomendada y regresará a Girona. Aunque suele recorrer a diario el centenar de kilómetros que separan su casa de Barcelona, cada vez se ve más obligado a pasar algunas noches en la Casa dels Canonges, la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat (aunque ninguno se ha instalado en ella de forma permanente) debido a actos o reuniones que se prolongan hasta tarde o empiezan muy temprano. «Quiero volver y disfrutar de la calidad de vida de Girona», confiesa en varias ocasiones en privado. A juzgar por ese comentario, aún cree que si lleva a cabo sus planes del referéndum, será inhabilitado y, si acaso, deberá afrontar alguna multa, pero nada más. Sin embargo, hay otros síntomas de que Puigdemont también es muy consciente de que se está adentrando en un terreno arriesgado que puede tener consecuencias fatales para su futuro personal.

En enero de este 2017, justo un año después de su investidura, el president disfruta de una cena con amigos en la casa de la viuda de Calders. Allí, junto al fuego de la chimenea y tomando un gintónic durante la sobremesa, Puigdemont confiesa a sus íntimos que cree que el proceso independentista acabará en conflicto abierto. «Se va a montar un pollo», asegura, utilizando una expresión que, curiosamente, emplearía más adelante en el mismo sentido, a raíz de su resultado electoral del 21 de diciembre de 2017, para describir la crisis de Estado que él había contribuido a abrir en España. En un ambiente distendido, explica a sus amigos: «Yo no seré un cagado como Mas y Homs, no me someteré al Tribunal Constitucional». ¿Y qué puede ocurrir? El president lo resume con una frase que deja helados a los presentes: «Igual tengo que marchar al exilio». Y añade que sería un presidente que intervendría desde el extranjero en la política catalana a través de las redes sociales... Aún estamos en enero, faltan meses para que culmine el mandato. Y la velada transcurre entre cábalas, sin mayores consecuencias.

Durante todo el mes se especula con la posibilidad de un encuentro entre Rajoy y Puigdemont. El entorno del president lo niega, hasta que lo publica La Vanguardia. De hecho, este diario le pregunta directamente mediante un whatsapp y el president contesta: «Quedamos en que nos veríamos después de la conferencia de presidentes pero aún no hay fecha para vernos con el presidente Rajoy». Ante la insistencia periodística sobre si ese encuentro ya se ha producido, añade: «Los movimientos para vernos formalmente con el presidente Rajoy solo los saben dos personas de mi Gobierno. Los medios que se interesan por el tema me piden si tenemos fecha para vernos y la verdad es que no la tenemos fijada. Y no es por nosotros. Parece que les cuesta encontrar un hueco para hacerlo». La transcripción de estos mensajes revela la incomodidad de Puigdemont al intentar esquivar la respuesta tratando al mismo tiempo de no mentir explícitamente. Se refiere todo el rato a la entrevista pública solicitada por carta a Rajoy, en la que le pide hablar del referéndum y de entablar una relación bilateral, pero evita contestar a si ya se han visto en secreto, tal como se le pregunta.

En efecto, se han reunido el 11 de enero en la Moncloa. Almuerzan juntos y mantienen una conversación cordial, pero infructuosa. Por eso en público parece injusto el escaso interés del líder del PP en programar un nuevo encuentro formal. Puigdemont subraya ante Rajoy la necesidad de convocar el referéndum y su interlocutor le replica que no va a permitirlo. El president le insiste en que pueden negociarse las condiciones de la consulta, la fecha, una pregunta que vaya más allá de independencia sí o no... La negativa del líder del PP es tajante. La iniciativa del encuentro ha sido de Rajoy, que ha convocado la conferencia de presidentes autonómicos para el 17 de enero, un foro creado en su día por Zapatero para reforzar la coordinación entre las comunidades. Rajoy intenta convencer a Puigdemont para que acuda a esa cita como una forma de empezar a reconducir las relaciones y atender a algunas de las reclamaciones catalanas en el marco de la cooperación autonómica. Asuntos como la financiación, los recursos para atender a la dependencia o la pobreza energética. Puigdemont había anunciado que no asistiría a esa conferencia porque es diluir Cataluña en «el café para todos». El president le propone acudir si le permite una intervención final en la que explicar al resto de los representantes autonómicos su posición sobre el conflicto catalán. Es más, le asegura que no convertiría ese discurso en un alegato exclusivo sobre el referéndum. Rajoy no lo ve claro.

Los dos presidentes deciden ser discretos sobre el almuerzo. Tanto es así que la consellera portavoz, Neus Munté, se ve obligada a negar, por encargo del president, que se haya producido el encuentro ante las preguntas insistentes de los periodistas. De la conversación con Puigdemont, a Rajoy le queda la sensación de que no hay forma de entenderse con el jefe del Ejecutivo catalán. No se puede creer que esté dispuesto de verdad a celebrar un referéndum y confía en que acabará por desechar la idea conforme la maquinaria judicial vaya interceptando sus intenciones.

Unas semanas después, el 6 de febrero, Mas se sienta en el banquillo de los acusados junto a su exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau. El expresident quiere que el recorrido hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cerca del Arc de Triomf de Barcelona, sea un homenaje a su persona. Sale del Palau de la Generalitat, acompañado por Puigdemont, Ortega y Rigau y va caminando hasta el Arc de Triomf, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, rodeados de ciudadanos que les van animando. La comitiva llega con más de media hora de retraso a presentarse ante el juez. Según la Guardia Urbana, unas 40.000 personas arropan al expresident. No se produce ningún incidente, a pesar de que el día antes Mas y sus colaboradores han barajado la posibilidad de que la gente impidiera su acceso al tribunal para visualizar la voluntad popular contra el juicio por el 9-N. Finalmente, se desecha la idea para evitar que la situación jurídica de los encausados pueda empeorar. Aunque sean miles de personas las que acuden a respaldar a Mas este lunes de invierno, muchas llegadas en autocares desde otros puntos de Cataluña, la sensación entre muchos dirigentes del PDeCAT, la Convergència refundada, es que tampoco es el levantamiento de indignación popular que probablemente esperaba Mas.

Han pasado un año y tres meses desde el 9-N y el tiempo lo amortigua todo. Cuando se celebró la consulta, parecía imposible que Mas pudiera acabar en el banquillo y, en caso de ocurrir, se daba por supuesto que la movilización ciudadana sería de dimensiones sobresalientes. Pero no ha sido así. Unas 40.000 personas son mucha gente, pero no un número que impresione a ningún poder del Estado. El expresident desprende cierta amargura por lo que considera que ha perdido en este viaje en relación con el reconocimiento obtenido. Y eso se refleja en los intentos que hace de subrayar su sacrificio ante la opinión pública. Por ejemplo, al finalizar el juicio, cuando protagoniza una rueda de prensa conjunta con Puigdemont en el Palau de la Generalitat para subrayar la injusticia de la que, en su opinión, está siendo objeto. En estos momentos, Mas, Ortega y Rigau son los primeros dirigentes del proceso independentista que sufren las consecuencias directas de la actuación de los tribunales.

Durante el juicio, Mas se declara «el responsable» de la organización y celebración del 9-N, pero niega que desobedeciera orden alguna del Tribunal Constitucional, ya que esta afectaba a una consulta y lo que se hizo finalmente fue «un proceso participativo». Es decir, Mas no admite en ningún momento que desafiara al Estado ni que cometiera ilegalidad alguna. La sentencia es de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público para Mas, un año y nueve meses para Ortega y un año y medio para Rigau, por desobediencia al Constitucional. Son absueltos del delito de prevaricación. Pese a que deciden recurrir, la ley electoral les impide presentarse como candidatos aunque no sea una condena firme, lo que significa que Mas tiene que olvidarse de la idea que acariciaba, la de presentarse como candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas.

El frente judicial no se agota en el juicio del 9-N. Y también afecta a Mas. Después de casi ocho años de instrucción, por fin se sientan en el banquillo los responsables del saqueo del Palau de la Música, Fèlix Millet y su número dos, Jordi Montull. Y, con ellos, la posibilidad de que aflore la financiación irregular de Convergència. El Palau de la Música representa la institución cultural del catalanismo por excelencia. Exponente modernista del impulso cultural de la burguesía catalana a finales del XIX, el Palau de la Música no es solo un auditorio patrimonio de la humanidad por su arquitectura, sino también un templo del catalanismo. El juicio rememora todas las miserias del delincuente Fèlix Millet, que aprovechó su apellido y su posición para un latrocinio vergonzoso y continuado durante años en las narices de la sociedad pudiente, estamentos privilegiados e incluso de todas las administraciones sin que nadie se percatara o aparentara saber nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la atención se centra enseguida en el juicio a Convergència.

La hija de Montull, Gemma, secretaria de Millet, revela que el tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, le dio facturas para encubrir pagos al partido. El procedimiento lo explica muy sucintamente Fèlix Millet: «Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública que Convergència le daba». Y lo hacía a través del Palau de la Música, para despistar. El relato es pornográfico. Millet explica que la comisión era del 4 % (resuena la frase de Maragall: «Ustedes tienen un problema que se llama 3%»). De ese 4 %, el 2,5 % era para el partido, 1,5 % para Millet y 0,5 % para Montull. En total se habían desviado a Convergència 6,6 millones de euros. El escándalo está servido. En aquella época, Mas era ya el responsable del partido, aunque él sigue insistiendo en que no sabía nada. La sentencia, que llegaría en enero de 2018, consideró acreditada esa financiación ilegal y condenó a Osàcar a cuatro años y cinco meses de prisión y una multa de 3,7 millones de euros además de considerar al partido responsable civil.

El futuro político de Mas se extingue. Su partido, el PDeCAT, pasa por horas muy bajas. Pero Puigdemont sigue adelante con sus planes, ajeno a todo aquello que no sea el proceso independentista. La metáfora del choque de trenes entre los gobiernos catalán y central, que durante mucho tiempo ha acompañado el proceso, empieza a cobrar fuerza. Queda solo medio año para culminar lo prometido: el referéndum, el proceso constituyente... Y no hay nada preparado. Esa es la realidad. Mientras, desde Madrid llegan señales de que los poderes del Estado empiezan a inquietarse. La Fiscalía General del Estado está al acecho ante cualquier mínimo indicio de que el Gobierno de Cataluña pueda moverse para organizar un referéndum. Y el Tribunal Constitucional ha dejado atrás algunos titubeos internos. En determinados círculos de la derecha madrileña empieza a reclamarse con insistencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Copiado casi literalmente del artículo 37 de la Carta Magna federal alemana, ese precepto permite al Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Generalitat, dictar las órdenes necesarias «para el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales». Ese mecanismo debe activarlo el Senado como cámara territorial, aunque en España no funcione realmente como tal y esta no sea representativa de los estados federados como en Alemania.

Si nadie lo remedia, parece que todo está listo para el choque de trenes...

8

UNA PURGA PARA ENCARAR LA RECTA FINAL

En la Generalitat se ha instalado la desconfianza. Puigdemont y Junqueras casi no se hablan. Incluso hay veces que el president no le coge el teléfono a su socio. Utiliza a la consellera Munté como enlace porque no desea verse con el número dos del Gobierno de Cataluña. Ambos se miran de reojo y se acusan de tibieza a la hora de preparar el referéndum, que aún no tiene fecha pero que se vislumbra para después del verano. Estamos en la primavera de 2017. La fiscalía ya está en guardia. Nada más publicarse en los diarios un anuncio para completar el censo de los catalanes residentes en el extranjero (en el que se insta a «decidir de forma directa sobre lo que pasa en nuestro país») ya se han activado todas las alarmas. El fiscal ve indicios de desobediencia y malversación en esa campaña. El aviso es claro. No se va a dejar pasar la más mínima actuación encaminada a la organización del referéndum.

En marzo, Santi Vila hace un intento de mediación con el Gobierno central. El conseller goza de buena relación con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, así como con algunos ministros como Rafael Catalá o Íñigo Méndez de Vigo. Sin embargo, apenas conoce a la vicepresidenta. Así que decide pedir un encuentro a Sáenz de Santamaría y ponerle sobre la mesa una propuesta que antes comenta con Puigdemont y con Mas, quienes le dejan hacer. Vila plantea un acuerdo que incluya la reforma del Senado, garantías de que se respetará el modelo educativo y lingüístico catalán, el cambio del sistema de financiación y el resarcimiento en materia de inversiones en infraestructuras. A continuación, se pactaría un plazo para su ejecución, de cuatro o cinco años y, finalmente, se votaría el acuerdo solo en Cataluña. La vicepresidenta le escucha, pero le responde que, dado el grado de desafío al que se ha llegado por parte de las autoridades catalanas, es imposible plantear ahora algo así. «No se dan las condiciones de confianza», asegura. Vila vuelve a Barcelona y comenta el resultado de su gestión a Puigdemont y Mas, quienes le responden con un «¿lo ves?» en el que resumen su convencimiento de que el interés del Gobierno central por el diálogo es nulo.

No es el único intento de encauzar el conflicto por la vía de una negociación. El delegado del Gobierno, Enric Millo, exmilitante de Unió pasado a las filas del PP a quien Sáenz de Santamaría eligió dentro de su «operación diálogo» para que fuera sus ojos y sus oídos en Cataluña, también lo intenta. Puigdemont y Millo se conocen porque el ahora delegado fue dirigente del PP de Girona. Ambos negociaron un acuerdo cuando, al principio de su mandato como alcalde, Puigdemont necesitó el apoyo de los populares para aprobar los presupuestos. En la primavera de este 2017, ambos se encuentran dos veces en el Palau de Pedralbes, dos citas que se mantienen en secreto a petición del president. Sus vehículos oficiales entraban por una puerta lateral para evitar ser descubiertos y luego subían ellos desde un sótano hasta la sala donde se reunían. Millo le propone abrir un diálogo, crear una comisión que prepare reformas que afecten a la financiación, las competencias, las infraestructuras... Puigdemont apunta que los miembros de esa comisión no deberían pertenecer a los partidos e insiste en que cualquier propuesta debe ser votada en un referéndum, pero Millo tiene el encargo de la Moncloa de no entrar a discutir ningún tipo de consulta. Le contesta al president que una votación podría tumbar esa oferta y provocar un bloqueo aún mayor. «La gente ha de votar. Vais tarde», insiste Puigdemont. «Y si hay una consulta sobre la base de ese acuerdo, ¿saldrás tú a pedir el sí?», le replica Millo. El president no se compromete a tal cosa. Ambos se vuelven a encontrar en la cena de la Nit de l’Empresari de la Pimec. Millo le insiste al president en que el diálogo tendrá recorrido mientras no se convoque el referéndum. Después, no será posible hablar más... «No puedo no convocar, me he comprometido», le responde Puigdemont.

Mientras, el Gobierno central sigue acudiendo al Constitucional para frenar al independentismo. Como consecuencia, el president recibe la quinta resolución de ese tribunal apercibiéndole sobre el incumplimiento de la legalidad. Puigdemont coloca los cinco avisos bajo el cuadro de Tàpies que tiene en su despacho, «Catalunya endavant», y se hace una foto que tuitea acompañada del mensaje: «No deixarem d’anar endavant» (no dejaremos de seguir adelante).

A estas alturas, el ambiente en el seno del Ejecutivo catalán está muy enrarecido. Crecen las suspicacias entre consellers del PDeCAT y de ERC, sobre todo hacia Junqueras. Los exconvergentes están convencidos de que el líder republicano intenta zafarse de su misión de organizar el referéndum para evitar ser inhabilitado. Puigdemont también empieza a estar muy irritado con Junqueras porque está convencido de que su diligencia deja mucho que desear. Los republicanos, en cambio, aseguran que están dispuestos a ir hasta el final, pero todos juntos, en el mismo barco. Para desbloquear esa situación, intervienen David Madí en nombre de Puigdemont y Sergi Sol, uno de los colaboradores de máxima confianza de Junqueras. Se decide organizar un almuerzo, que tiene lugar en una masía del Empordà en abril, con un reducido grupo de personas dispuestas a ayudar en la estrategia a seguir a partir de ahora, cuando se acerca la hora de la verdad. En ese encuentro Puigdemont y Junqueras se sinceran y se acusan mutuamente de estar pensando más en un adelanto electoral que en la celebración efectiva del referéndum. Ese almuerzo es el origen de lo que se llamará el «Estado Mayor», un pequeño grupo de personas, algunas ajenas orgánicamente al Gobierno catalán, a los grupos parlamentarios y a la cúpula de los dos partidos, es decir, sin ninguna representatividad, que tendrán una influencia crucial en las decisiones que se tomarán de ahora en adelante.

Al almuerzo acuden por primera vez dos de esas personas que tendrán una autoridad notable sin haber sido elegidas para ocupar ningún cargo. Se trata de Xavier Vendrell y de Oriol Soler, cuyas propuestas tendrán un destacado impacto en los dirigentes políticos a los que asesoran. Ambos son independentistas de toda la vida, no han llegado a este convencimiento en la última hornada. Según publicó ABC, Vendrell fue militante de Terra Lliure hasta 1991, cuando ingresó en ERC. Duró solo 23 días como conseller de Gobernación en el primer tripartito de Pasqual Maragall. Tiene una consultoría dedicada a asesorar a empresas en su internacionalización, sobre todo con América Latina, por lo que viaja a menudo a Bogotá (Colombia). Soler también es un empresario próximo a ERC. Está convencido de que el independentismo no tendrá éxito sin una maquinaria comunicativa potente a su servicio. Es cofundador del diario Ara. Pasó por Òmnium Cultural, donde se le recuerda por su capacidad para aumentar la recaudación de esa institución cultural. Estuvo a cargo de la campaña electoral de Junts pel Sí. Según informes de Hacienda, Soler cuenta con sociedades como Cultura 03, que dio paso al grupo Som, del que forman parte la editorial Ara, las revistas Sàpiens y la productora Batabat, que en conjunto han recibido ingresos de la Generalitat por importe de 1,5 millones de euros entre 2015 y 2018.

El Estado Mayor es un ente maleable, que se amplía o se reduce en función de sus intereses o de las circunstancias. Podría decirse que está formado por círculos concéntricos. Madí no acude a sus reuniones físicamente, lo que no significa que haya dejado de tener influencia a distancia o mediante personas interpuestas. A veces se suma Jordi Sànchez. En un principio funciona como un pequeño sanedrín, pero más adelante se permite la entrada a otros dirigentes de ERC y del PDeCAT según los asuntos a abordar. De esta forma, Puigdemont y Junqueras toman las decisiones asesorados sobre todo por ese núcleo del que son parte esencial Vendrell y Soler.

En poco más de un mes, las relaciones entre Puigdemont y Junqueras se encarrilan. El president le ha encargado a su número dos los preparativos del referéndum de manera oficial. El Estado Mayor funciona a todo trapo. En ocasiones también se suma a las reuniones Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, que solo en 2017 recibiría 1,1 millones de la Generalitat, a cargo del Consell Català de l’Esport. Se ofrece sobre todo para asesorar en materia informática de cara a evitar que el Gobierno central pueda impedir esa faceta del funcionamiento del referéndum. Corre el mes de mayo y, conforme transcurren las semanas, los miembros de ese sanedrín, que se reúnen con Puigdemont y Junqueras en el Palau de la Generalitat, al principio en una sala conjunta a la Tàpies, van afianzando su relación. Cada vez los encuentros son más frecuentes. Después optan por la sala del piano de la Casa dels Canonges, residencia oficial de la presidencia de la Generalitat, y más adelante, hacia junio, cuando ya es más evidente que son ellos quienes llevan las riendas de lo que ocurre en Cataluña, prefieren verse en el Palau de Pedralbes, donde se cuelan por la cocina para no llamar la atención.

Los dirigentes del proceso y su Estado Mayor se vuelven cada vez más desconfiados. Sospechan que se les está escuchando por parte de la policía y los servicios secretos españoles. La paranoia va en aumento y acaba por afectar a casi todos los altos cargos del Gobierno catalán. Vendrell suele utilizar un ordenador muy viejo porque asegura que así evita ataques informáticos. Deciden que antes de entrar a cualquier reunión se tienen que dejar fuera los teléfonos. Proliferan las altas en Telegram, que les parece más seguro que WhatsApp. Aparece un día Vinyals con unos móviles Huawei de color blanco para repartirlos entre el núcleo dirigente, a los que garantiza que con ellos están a salvo de escuchas. Puigdemont lo utiliza para sus comunicaciones importantes. Uno de esos móviles apareció en el registro policial en la vivienda de Josep Maria Jové, secretario general de la conselleria de Economía y uno de los organizadores del referéndum. Algunas reuniones del sanedrín se abren a otros actores como Mas y Marta Pascal por el PDeCAT, o a Lluís Llach por el grupo parlamentario de Junts pel Sí, pero más a menudo acuden dirigentes de ERC encargados de la preparación del referéndum, como Marta Rovira o el propio Jové. Sin duda, la influencia de Esquerra en el Estado Mayor es mucho mayor que la del PDeCAT.

El sanedrín va avanzando, pero queda atar en corto a los consellers, que empiezan a dar muestras de inquietud ante la posibilidad de estampar su firma en documentos que puedan reportarles desagradables consecuencias penales, así como a los secretarios y directores generales, también nerviosos ante lo que se avecina. Por ello, el día 21 de abril un total de 144 cargos, entre ellos todos los consellers, son obligados a firmar solemnemente en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat un manifiesto en el que se comprometen a «organizar, convocar y celebrar» un referéndum de independencia. El Tribunal Constitucional, en su última resolución por la que anuló las disposiciones de los Presupuestos destinadas a financiar el referéndum, advirtió de las posibles consecuencias penales no solo para los consellers, sino también para otros cargos de la Generalitat.

A los miembros del PDeCAT no se les entrega el texto que van a tener que firmar para que lo lean hasta 20 minutos antes de empezar el acto. Los de ERC lo reciben la noche anterior. Se empieza con la lectura del «compromiso» por parte de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que afirma que «la historia de la nación catalana ha estado marcada por la lucha por la libertad» y pone como ejemplo desde la guerra de sucesión de 1714 hasta la guerra civil, la dictadura franquista, la «mutilación» del Estatut a cargo del Constitucional o la inhabilitación de Artur Mas «por poner las urnas». Todos ellos reiteran así «su compromiso con la celebración del referéndum, que debe convertirse en el ejercicio práctico de un derecho inalienable: el derecho de autodeterminación». No solo prometen realizar la consulta, sino también «aplicar los resultados». El rostro descompuesto de algunos de los presentes lo dice todo.

A pesar de esa maniobra, los recelos no se disipan del todo, ni mucho menos. Algunos miembros del Estado Mayor aconsejan a Puigdemont que se deshaga de determinados consellers, sobre todo de una pieza clave como es el titular de Interior, Jordi Jané, y de su número dos, Albert Batlle, que están al frente de los Mossos d’Esquadra. El control de este cuerpo policial es esencial para permitir la celebración del referéndum unilateral. Los nervios afloran cuando a la consellera de Gobernación le toca realizar los trámites para la compra de las urnas, ya que bajo su departamento cae el área de procesos electorales. Meritxell Borràs intenta que Junqueras, en virtud de su condición de vicepresidente económico, le firme una autorización de gasto por escrito, pero no lo consigue. Los problemas continúan cuando se forma la mesa de contratación pública para acreditar qué empresas pueden realizar el suministro, Paso previo para una compra. Los funcionarios que deben integrarla se niegan a hacerlo ante la posibilidad de ser procesados por la justicia. Finalmente, la consellera recurre a cargos de confianza política para formar esa mesa. Borràs se convierte en el primer miembro del Gobierno de Cataluña bajo investigación del Tribunal Superior de Justicia en relación con el referéndum. La fiscalía presenta una querella contra ella y su secretario general, que es admitida. Durante su declaración, la consellera insistió en que la compra de urnas podía ser para unas elecciones, puesto que el procedimiento es el mismo y la administración catalana tiene competencias para ello.

Otro hecho va a provocar aún más angustia entre los consellers, altos cargos y funcionarios: el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación contra Mas y tres de sus consellers que podría suponerles una reclamación de cinco millones de euros a la que tendrían que hacer frente con su patrimonio personal. La noticia corre como un reguero de pólvora en el seno del Gobierno catalán y hay numerosos altos cargos que deciden cambiar de nombre algunas de sus propiedades. Los consellers están preocupados porque es inminente el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, y Junqueras quiere que todo ello sea aprobado por el Consejo Ejecutivo o, al menos, que se debata por parte del Gobierno y se presente en público en un acto posterior para evidenciar que es todo el Gabinete el que se responsabiliza de la consulta y, por tanto, de las consecuencias. Pese a todas estas trabas, Puigdemont está decidido a seguir adelante. Ha ordenado mantener reuniones con los ayuntamientos de la AMI para buscar dónde y cómo colocar las urnas. Y pretende aprobar cuanto antes un cambio de reglamento del Parlament para permitir que se pueda dar luz verde a la ley del Referéndum y a la ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como «ley de desconexión» por la vía de urgencia, es decir, sin apenas debate político con la oposición y saltándose el criterio de los letrados de la Cámara.

Mientras, en la Moncloa prevén responder por la vía judicial cada paso que dé el Gobierno de Cataluña hacia el referéndum. Están convencidos de que es posible atajar sus preparativos. Sería nefasto que la Generalitat consiguiera colocar urnas, admiten. La «operación diálogo» ya pertenece al pasado y Sáenz de Santamaría ha enfriado de manera ostensible su relación con Junqueras. La vicepresidenta está muy defraudada con su homólogo catalán, a quien había considerado un dirigente pragmático con quien podría entenderse. Ambas partes, los gobiernos central y catalán, tienen claro que, a estas alturas del conflicto, no hay posibilidad de dar marcha atrás. Sería una claudicación en la que ninguno de los dos bandos está dispuesto a sucumbir. El resto de los partidos españoles empiezan a despertar y a mirar hacia Cataluña. El socialista Pedro Sánchez propone a los diputados convergentes en el Congreso crear una comisión parlamentaria para abordar el conflicto catalán. Hace un año que Homs hizo una propuesta similar y fue rechazada por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Pero al mismo tiempo, Sánchez empieza su acercamiento a Rajoy en este asunto. El líder del PSOE intuye con claridad que solo tendrá alguna opción de ser presidente en España si se alinea claramente en contra de las pretensiones del independentismo catalán. En julio, el socialista acude a la Moncloa y ambos cierran filas contra el referéndum.

Se perfila el choque de trenes y Puigdemont pisa el acelerador. El 9 de junio de 2017 el president anuncia que el referéndum será el 1 de octubre y que tendrá una pregunta muy clara: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». Nada del enunciado alambicado por el que optó Mas cuando aún tenía que hacer equilibrios entre partidos que deseaban una opción intermedia entre la independencia y el statu quo. Por la mañana ha tenido lugar un Consejo Ejecutivo extraordinario en el que los consellers han sido informados de los discursos institucionales que tendrían lugar y que acogieron con aplausos. Algunos de ellos no comparten los pasos que se están dando, pero se ven incapaces de cuestionarlos ante la oleada de entusiasmo que despierta el referéndum en los colectivos independentistas que forman su entorno. Después, todos ellos, junto con los diputados de Junts pel Sí y la CUP, protagonizan un acto en el Pati dels Tarongers. Puigdemont y Junqueras justifican la decisión de realizar el referéndum en el silencio del Gobierno de Rajoy. El president enfatiza que la consulta se hará «en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña» e insiste en que se compromete a aplicar su resultado.

Puigdemont, pero sobre todo Junqueras, necesitan explicar que este referéndum no es una repetición del 9-N. El president pondrá el acento en que la diferencia sustancial es que el 1-O se aplicará y que si los ciudadanos deciden votar sí a la independencia, esta se hará efectiva. Por su parte, el líder de ERC enfatiza que este será un referéndum con todas las garantías, organizado por la Generalitat como cualquier otra de las elecciones que tienen lugar en Cataluña. Es su forma de despegarse del 9-N, cuando acusó a Mas de organizar un sucedáneo de referéndum, aunque luego se sumara a su celebración. En ambos casos, se trata de animar a los votantes que defienden el no a participar, ya que es la forma más efectiva de legitimar la convocatoria.

El president está convencido de que el éxito de la empresa es conseguir que voten más de tres millones de personas (el censo es de 5,5 millones). Esa movilización avalaría el referéndum y su resultado. Lo cierto es que el president cuenta con una baza a su favor, la de convertir el 1-O en una forma de protesta contra el inmovilismo de Rajoy. Pero cada vez más dirigentes independentistas creen que no será posible organizar un referéndum desde el Gobierno catalán y que habrá que sustituirlo por algo parecido al 9-N. Los sindicatos y los alcaldes son dos colectivos que empiezan a ponerse nerviosos, ya que un referéndum organizado como unas elecciones supone que los colegios deberán abrir y que los ayuntamientos tendrán que cooperar, lo que significa que se pondrá en riesgo a trabajadores públicos. Puigdemont intensifica el cortejo a algunos alcaldes, o mejor dicho, alcaldesas. Por ejemplo a las de Barcelona y L’Hospitalet, Ada Colau y Núria Marín. Con la primera intenta que se sume a todos los actos en favor del referéndum, aunque el partido de Colau acaba por desmarcarse de la consulta porque no reúne los requisitos legales. No obstante, en septiembre, Puigdemont y Colau escenificarían un misterioso acuerdo para el 1-O que ambos anuncian, pero ninguno hace público, y que en la práctica se traduce en que el Ayuntamiento de Barcelona no cede locales propios para el referéndum y deja que la consulta se celebre en instalaciones de la Generalitat. De hecho, es la misma fórmula que se repite en otros municipios metropolitanos, pero esa puesta en escena facilita a Colau esquivar las críticas de los independentistas y a Puigdemont le permite aparentar cierto apoyo de los comunes. El president está convencido de que el éxito del 1-O se basa en que los alcaldes de Barcelona y su área metropolitana faciliten la votación aunque pidan el no. Por eso, Puigdemont llama a Núria Marín y le propone almorzar juntos. Le devuelve así la invitación que le había hecho un mes antes la dirigente de L’Hospitalet: «President, no sabrás lo que son unas buenas tapas hasta que vengas conmigo». Ambos han entablado una relación cordial. Intenta convencerla de que aporte locales para el referéndum aunque haga campaña en contra de la secesión, pero sus ruegos obtienen una negativa rotunda. Marín trata de explicarle que no toda Cataluña respalda sus tesis, que hay localidades con mucha población, como L’Hospitalet, donde sus pretensiones tienen un respaldo muy minoritario...

Mientras, en el Gobierno catalán, a pesar de las escenificaciones de unidad, el nerviosismo cunde entre buena parte de los consellers, que no consiguen que Puigdemont escuche sus prevenciones y se avenga a externalizar la organización del referéndum para evitar la acción judicial contra cargos públicos. El president ya solo se guía por los consejos de su Estado Mayor, con el que se reúne con mucha frecuencia. La olla a presión que es el Ejecutivo catalán está a punto de estallar.

Y, efectivamente, explota.

«A Jordi Baiget ustedes le recuerdan, seguro, del día que el presidente Artur Mas firmó el decreto del 9-N.» Así empieza un artículo de El Punt-Avui del 3 de julio de 2017. En efecto, Baiget, entonces secretario del Gobierno catalán, leyó solemnemente un extracto del documento en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat. Considerado «un hombre de Mas», Baiget es ahora conseller de Empresa y Conocimiento. Nacido en Balaguer en 1963, economista, conoció a Mas en 2004, cuando este iniciaba su trayecto como líder de la oposición a Maragall. Baiget es lo que se suele denominar una persona de partido, disponible y disciplinado. Es un político riguroso, discreto y poco dado a las declaraciones llamativas. Pero hoy, este 3 de julio de 2017, sus palabras recogidas en el diario El Punt-Avui van a sacudir el Gobierno y el panorama político catalán.

La entrevista está plagada de frases explosivas. «Una parte del Gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones y eso... eso genera lo que genera.» Es la primera vez que un conseller denuncia en público que la dirección del proceso soberanista está en manos de un reducido núcleo de personas ajenas en buena parte al Ejecutivo y a cualquier proceso de elección democrática. Es el Estado Mayor el que decide las estrategias, aunque su aplicación corresponda a los consellers, que pueden acabar procesados por la vía penal. En estos momentos, la mayoría de los miembros del Ejecutivo catalán consideran que se arriesgan a seguir los pasos de Mas, es decir, que pueden ser acusados por desobediencia y malversación de fondos públicos (aunque en la condena se le eximió de este segundo delito). En todo momento, creen que las penas no irían más allá de la inhabilitación y el embargo de bienes. Aun así, algunos no están dispuestos a tirar por la borda su patrimonio. Eso supone la «muerte civil», aseguran, y recuerdan que tienen familias a las que atender. «Nos preocupa no lo que nos acabe pasando a nosotros, sino lo que puedes estar provocando a tu familia», prosigue Baiget en la entrevista. «¿Ir a la cárcel? Yo podría aguantar tener que ir a la cárcel, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia... nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias.»

Durante los últimos meses, esas inquietudes eran la comidilla en el Gobierno catalán. El exconseller Homs, que es abogado, ha empezado a buscar por su cuenta documentación sobre el delito de sedición. Tiene la sospecha de que acabarán por imponerles esa acusación. Pero en este momento los consellers no piensan realmente en que puedan acabar en la cárcel. No creen en el fondo que se pueda llegar tan lejos. Algunos se reúnen y comentan la situación. Intentan elevar su preocupación a Puigdemont, que les recibe en varias ocasiones, a pesar de que es evidente que al president no le interesa nada atender esas inquietudes. Sus protagonistas explican que en esos encuentros se muestra displicente, con cara de pocos amigos. Unas veces escucha mientras se distrae con el bolígrafo dibujando en un papel, otras se enfrasca en su teléfono móvil... Así que, cuando a Baiget le solicitan la entrevista, piensa que es una buena oportunidad para responder con sinceridad a las preguntas espinosas que le pudiera hacer el periodista.

La entrevista la había pedido el director de El Punt-Avui, Xevi Xirgu, amigo personal de Puigdemont, de cuando el ahora president ejercía de periodista en Girona. Se había hecho en vigilias de Sant Joan. Era una de esas charlas veraniegas con políticos en las que se pretende conversar en un ambiente más relajado. Y sí, efectivamente, Baiget, que no suele conceder este tipo de entrevistas, se muestra sincero. Quizá demasiado: «Probablemente no podremos hacer el referéndum, tendremos que hacer algo diferente...». El conseller pone el dedo en la llaga porque la dirección del proceso está empeñada en que no se puede repetir la experiencia del 9-N, que el 1-O hay que ir en serio. Esa afirmación refleja que algunos consellers ven muy difícil que el referéndum tenga las garantías necesarias para luego poder aplicar su resultado como si fuera oficial. Deja entrever también la desconfianza hacia ERC, que desdeñó el 9-N y prometió que el 1-O sería un referéndum de verdad.

El conseller también opina sin tapujos sobre la labor presidencial de Puigdemont: «Mas entraba en todos los detalles, en el día a día del Gobierno, sopesaba mucho los pros y contras de las decisiones, era muy profesional... ¿Y Puigdemont? Puigdemont es mucho más explosivo, no entra en nuestro día a día, deja hacer...». Con el tiempo, Baiget comentaría a algunos amigos su convencimiento de que seguro que esa fue la frase que más disgustó al president, que decidió cesarlo. Al fin y al cabo estaba revelando algo que otros consellers comentaban en privado: a Puigdemont no le interesaba nada la gestión diaria de la Generalitat, sino únicamente el proceso hacia la independencia.

Ese lunes, 3 de julio, con la entrevista ya corriendo veloz por las redes sociales, está convocado el comité ejecutivo del PDeCAT. Un rato antes, como en otras ocasiones, se reúnen Puigdemont, Mas, algunos consellers y las direcciones del partido y del grupo parlamentario. Nadie pronuncia una sola palabra sobre la entrevista. Solo Mas deja caer una frase que podría interpretarse como dirigida a Baiget y al resto de los consellers: «Quien tenga dudas, que se vaya ahora, porque vamos a ir hasta el final». Mas tiene en buena estima a Baiget, pero su frase es una sentencia para el conseller. El expresident está convencido de que solo si el pulso con el Estado se lleva hasta el final se forzará a Rajoy a abrir una negociación sobre un encaje diferente de Cataluña o un referéndum legal en el futuro, así que ahora no es posible echarse atrás. Durante la ejecutiva del PDeCAT tampoco se aborda la entrevista de Baiget.

El conseller de Empresa acude a mediodía al Palau de la Generalitat a un evento con la Jove Cambra Internacional, una asociación de jóvenes emprendedores. Allí está Puigdemont, que no le dirige la palabra y que, al finalizar el acto, se marcha visiblemente disgustado. Baiget le pide al jefe de gabinete del president que le transmita su deseo de verle. Le responden que acuda al despacho por la tarde. Hacia las 17.30 horas, Baiget llega al Palau y espera a Puigdemont, que viene de una de las reuniones del Estado Mayor que ha tenido lugar en la Casa dels Canonges. «Mira Jordi, hay gente que yo nunca pensé que pediría que no puedes seguir y que ahora me lo pide..., gente sensata, ¿eh?, que ha hecho tuits diciendo que no se puede permitir que se arrojen dudas sobre lo que estamos haciendo...» En efecto, en las redes sociales el mundo independentista reclama un gesto de autoridad. «Jordi, me veo en la obligación de cesarte, a no ser... a no ser que vayas hoy mismo a TV3 y te desdigas».

Baiget no se presta a la maniobra y tampoco dimite. No cree que haya motivos, así que obliga a Puigdemont a cesarle. Es más, el aún conseller, que conoce bien los procedimientos administrativos, explica a su presidente en el despacho cómo debe hacerlo, a quién llamar para que lo disponga todo y se publique cuanto antes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Para entonces, Puigdemont ya cuenta con el relevo en esa conselleria puesto que ya ha hablado con el sustituto. Se trata del titular de Cultura, Santi Vila. Pasa a ocupar Empresa y en su lugar en Cultura entra Lluís Puig, un desconocido en ese ámbito que había sido director del Mercat de Música Viva de Vic y en ese momento era director general de Cultura Popular.

El cese de Baiget cae como un jarro de agua fría en el PDeCAT. «Hasta los huevos», tuitea Homs. El exconseller se desfoga en caliente y reprocha que siempre acaben pagando los del PDeCAT y no los de ERC. En el partido cunde el convencimiento de que Puigdemont ha utilizado a Baiget para dar un golpe de autoridad en el seno del Gobierno catalán y evitar un reguero de dimisiones. A nadie se le escapa que la entrevista se ha publicado en un diario cuyo director es amigo del president. Todos creen que Puigdemont conocía con antelación el contenido de la publicación y dejó que saliera a la luz para provocar el cese, lanzar un aviso a navegantes y reforzar su posición.

De hecho, el president ya barruntaba desde hacía semanas la posibilidad de destituir a algún alto cargo para dar un golpe de autoridad. Y Mas estaba de acuerdo. También Jordi Sànchez. Presiona el Estado Mayor al completo para echar a los consellers que no estén plenamente implicados. En ese momento, no era la actitud de Baiget la que más les preocupaba. El nombre de Joan Vidal de Ciurana, secretario del Gobierno de Cataluña, había salido en varias ocasiones en la quiniela. Era uno de los cargos que más había plantado cara a ERC y a la CUP. Ponía muchas pegas en las reuniones a las pretensiones de esos dos partidos... Vidal de Ciurana tenía más números que Baiget para salir del Ejecutivo. Pero la entrevista llegó en el momento oportuno.

El ambiente en la Generalitat es asfixiante. Hay suspicacias entre colegas, sospechas de escuchas telefónicas, temor a expresar las ideas propias ante la posibilidad de ser tildado de traidor... El cese de Baiget, contrariamente a lo que buscaba Puigdemont, no cierra la crisis interna. Varios consellers y el propio Vidal de Ciurana le plantean que aparte al sanedrín que toma las decisiones. No se trata de vetar que pueda consultar a consejeros externos, pero los consellers le piden ser partícipes de la estrategia. También le reclaman que obligue a Junqueras a implicarse de manera total y efectiva en el referéndum. Y, por último, que se admita que es preciso externalizar su organización para evitar la imputación de miembros del Gobierno catalán por malversación, lo que conlleva penas de prisión y embargos de patrimonio.

En ese grupo figuran la portavoz, Neus Munté; la consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz; y el de Interior, Jordi Jané. Intentan también convencer a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs. Y, pese a tratarse del exponente moderado del Gobierno, Santi Vila no es consultado sobre los pasos inmediatos que piensan dar. No se acaban de fiar de él. Este núcleo le deja claro a Puigdemont que si no se atienden sus solicitudes, dimitirán. El president inicia rondas con los consellers del PDeCAT de manera individual para saber hasta dónde están dispuestos a llegar. Solo un par de ellos ha respondido que seguirán hasta donde haga falta, hasta el final. Borràs sigue dudando. Lo dejaría, pero su entorno familiar le insta a aguantar. Sobre todo su padre, que padece un cáncer muy avanzado. Jacint Borràs fue fundador de Convergència desde los tiempos de la clandestinidad, amigo personal de Jordi Pujol, persona respetada en L’Hospitalet de Llobregat, población del cinturón barcelonés donde residía. En los últimos tiempos presidía una Convergència en fase de liquidación para su conversión en el PDeCAT. Su hija había conseguido ser consellera, un orgullo para un hombre del partido de toda la vida.

Pero Borràs duda. Una noche acude a casa de Munté y la portavoz intenta convencerla de que lo mejor es abandonar el barco antes de arruinar sus vidas sin que sirva para nada. Mientras está allí, tomando una copa de cava que Munté ha abierto para animarla, Mas telefonea a Borràs. El expresident la convence de que ahora no puede hacerle algo así a Puigdemont. Lo cierto es que si se marchan más de tres consellers, el Gobierno catalán se viene abajo. No se sostiene la aplicación de un programa de gobierno en el que una parte tan sustancial del Ejecutivo no está de acuerdo. La convocatoria de unas elecciones acecha. Borràs, que ya tiene una querella en su contra por el intento de comprar las urnas, concluye que estará más protegida jurídicamente si permanece bajo el paraguas de la Generalitat.

Finalmente, dimiten tres consellers y el secretario del Gobierno de Cataluña. En la Moncloa creen que quizá Vila también se sume y provoque una crisis de mayores dimensiones. Pero el conseller sigue junto a Puigdemont. Ni Rajoy ni Sáenz de Santamaría le perdonarían esa actitud. Consideran que, durante todo el proceso, Vila tuvo en su mano un par de veces forzar unas elecciones con su renuncia, pero prefirió cerrar filas con el president. Y siempre lo han atribuido a un interés personal, a su aspiración por intentar el asalto al Palau de la Generalitat. Vila, en cambio, argumenta que puede ser más útil al lado de Puigdemont que lejos del Gobierno catalán y que, de esta forma, aún tiene opciones de influir en él o de intentar construir puentes con Madrid.

Puigdemont actúa con rapidez y busca relevos para las conselleries que estén dispuestos a asumir las consecuencias de una desobediencia al Estado, sean cuales sean. Como secretario del Gobierno de Cataluña entra Víctor Cullell, uno de los artífices de las leyes de ruptura. Cuesta un poco encontrar a un sustituto para el departamento de Cultura. De hecho, tres personas declinan aceptar el puesto antes de que Lluís Puig asuma el encargo. En Interior entra Joaquim Forn, mano derecha de Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona, independentista de toda la vida, amigo de Oriol Pujol, pero también con una visión pragmática de la gestión política. Para Educación se elige a Clara Ponsatí, que se convierte enseguida en una de las voces más radicales dentro del Gobierno catalán. En 2013 protagonizó un incidente con el Gobierno español porque decidió no renovar su puesto como profesora visitante de la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown alegando presiones del ministerio y censura a sus opiniones políticas. En Presidencia entra Jordi Turull, que había intentado el asalto a la cúpula del PDeCAT con el beneplácito de Mas, pero perdió el congreso y fue desbancado por el tándem Pascal-Bonvehí. También Turull fue en su día una persona cercana a Oriol Pujol.

Precisamente, Pascal y Bonvehí intentan que Puigdemont aborde una reestructuración más amplia del Gobierno que afecte también a ERC. Parece que solo los consellers del PDeCAT estén acoquinados ante la perspectiva de posibles actuaciones judiciales. Y no es así, ciertamente. También en las filas de Esquerra cunde la preocupación. Los consellers de Justicia, Carles Mundó, y la de Treball, Dolors Bassa, temen las consecuencias penales de determinadas decisiones, pero se mantienen en silencio. Ante la presión del PDeCAT sobre Puigdemont, el president comenta a Junqueras que le ayudaría mucho si se prestara a relevar a algún conseller de Esquerra y pone sobre la mesa el nombre de Antoni Comín, que es el que le pide su partido. Junqueras responde que no va a pedirle a ninguno de sus independientes (como es el caso de Comín) que deje el cargo y que, en todo caso, si es necesario que alguien de Esquerra abandone el Gobierno, tendrán que ser él mismo o Mundó, que son los que pertenecen al partido. Puigdemont le dice que lo deje correr...

A Junqueras no le hubiera importado que el president insistiera en que un conseller de Esquerra dejara el Gobierno. Le habría servido de excusa para preservar a Mundó, uno de los dirigentes con más futuro del partido, de una futura inhabilitación. Junqueras valoró esa posibilidad. Con sus colaboradores estudió incluso cómo abordarlo y se acordó que se presentaría como una concesión al PDeCAT para permitir que continuara la unidad en torno al referéndum y a la «hoja de ruta» prevista. Además, se le daría a Mundó algún otro cargo de relevancia fuera de la primera línea del proceso para visualizar que no había salido del Gobierno por cobardía. Ese nuevo puesto sería una recompensa a su sacrificio a la causa. Finalmente no es necesario. Aunque a Mundó le habría ahorrado un amargo paso por la cárcel.

A la dimisión de consellers se suma también la del director general de los Mossos, Albert Batlle, que en su carta de renuncia muestra su confianza en que la policía catalana cumplirá la ley. Es sustituido en el cargo por Pere Soler, partidario del referéndum unilateral y que, nada más ser nombrado, se ve envuelto en la polémica al conocerse que había tuiteado frases como «espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles».

Acabada la purga en el Gobierno catalán, todos los que quedan saben que, a partir de ahora, no hay marcha atrás. Que deberán asumir las decisiones que tome Puigdemont y su Estado Mayor, aunque eso suponga poner en riesgo su patrimonio o incluso su libertad. Sin embargo, en el momento de tomar posesión de sus cargos, prefieren pensar que el pulso al Estado no acabará de forma tan dramática. Quieren creer que en algún momento alguien frenará. O que, en cualquier caso, las consecuencias no irán más allá de su inhabilitación para ocupar un cargo público. La realidad iba a ser mucho más dura de lo que, a estas alturas, son capaces de discernir.

9

EL ESPEJISMO DEL 1-O

Mientras Cataluña sigue absorta en su conflicto político, el terrorismo yihadista se convierte en una preocupación acuciante en Europa. Francia ha sido golpeada de manera brutal. Desde enero de 2015, cuando los terroristas atacaron la revista satírica Charlie Hebdo, los franceses vienen sufriendo los zarpazos del yihadismo con tanta saña y frecuencia que el miedo ha hecho mella en una sociedad que ha acabado por aceptar incluso la imagen del ejército en las calles de París. Las medidas de protección se reproducen en otras capitales europeas, mientras Barcelona parece ajena a ese riesgo. Por supuesto, los cuerpos policiales lo conocen y, por tanto, procuran actuar en consecuencia. Pero la población y los medios de comunicación en general se muestran poco inquietos ante la eventualidad de que esta ciudad tan turística, convertida en icono mundial, acabe siendo objetivo terrorista.

A las cinco de la tarde del 17 de agosto de 2017, una furgoneta se adentra en la zona central del paseo de la Rambla, la arteria más concurrida de Barcelona —un millón de personas la visitan al año—, atropellando a todo aquel que encuentra a su paso en un macabro recorrido de más de medio kilómetro. Al llegar al mosaico de Miró, frente al mercado de la Boqueria, el conductor se da a la fuga dejando tras de sí un reguero de dolor, muerte y desolación. El fatídico balance es de 16 muertos (entre ellos, dos niños) y 130 heridos. Horas después de ese ataque, cinco terroristas tratan de cometer una masacre en Cambrils y son abatidos por los Mossos d’Esquadra. Días después, en su intento de fuga, el conductor de la furgoneta de la Rambla también es tiroteado por la policía catalana. Después se sabría que los atacantes formaban parte de una célula de jóvenes procedentes de familias marroquíes, pero criados y escolarizados en Ripoll, localidad de la provincia de Girona, dirigidos por un imán. Un grupo de chicos que no había despertado ninguna sospecha, que se relacionaban sin problemas con sus compañeros, que hablaban habitualmente en catalán, la lengua en la que habían sido escolarizados, que asistían a las clases con regularidad...

En un momento de enfrentamiento entre las administraciones catalana y central, el atentado suscita una agria polémica sobre las actuaciones de unos y otros cuerpos policiales y, como no podía ser de otra manera, acaba con reproches políticos de calado. La masacre da pie a algunos encuentros entre dirigentes que no estaban previstos. Los reyes se desplazan a Barcelona para visitar a los heridos y acuden a rendir homenaje a las víctimas al mosaico de Miró. Felipe VI, junto al president Puigdemont, encabeza la concentración en la plaza de Catalunya, donde surge de manera espontánea el grito «No tenim por!» (no tenemos miedo). Mariano Rajoy se traslada también a Barcelona, mantiene un encuentro con Puigdemont en el que se pone a su entera disposición (la investigación de los atentados corre a cargo de los Mossos) y aprovecha para darle su teléfono móvil:

«Sobre todo, mantenme informado de lo que pase; no pases por la secretaria ni por nadie de mi equipo. Tú llámame directamente al móvil para lo que quieras...».

Efectivamente, Puigdemont telefonearía días después a Rajoy: «Presidente, los Mossos han abatido al terrorista de la Rambla...».

A partir de ahí, no se volverían a hablar más.

En los primeros momentos, parece que el dolor por lo ocurrido y el respeto institucional se van a imponer al resto de las consideraciones, pero todo se complica con la manifestación convocada para diez días después, el 27 de agosto. Tras el anuncio de la protesta, la Casa Real evita aclarar si el rey acudirá o no. Puigdemont no desea que el monarca vaya a la manifestación porque cree que será abucheado y eso perjudicará la imagen de Cataluña en el exterior. En cambio, Esquerra es partidaria de que Felipe VI asista y trata de hacer llegar a la Zarzuela ese mensaje. Se producen varios intentos por parte del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona para que los asesores de Felipe VI sean conscientes de la inconveniencia de que acuda a la manifestación, pero caen en saco roto y, finalmente, el rey anuncia su presencia.

Dado que deben viajar a Barcelona para asistir a la manifestación, algunos líderes aprovechan para mantener encuentros políticos. Por ejemplo, el día antes de la marcha, Puigdemont almuerza con Pedro Sánchez, una cita a la que no se da publicidad. El líder del PSOE le explica al president que tiene previsto impulsar una comisión parlamentaria sobre Cataluña y que esa iniciativa podría servir de base para un diálogo y futuros acuerdos. Le asegura también que tiene apoyo interno suficiente como para imponer su apuesta por la plurinacionalidad, un concepto que Sánchez ha empezado a utilizar tras su regreso a la secretaría general del PSOE con un desparpajo que nada tiene que ver con la actitud extremadamente prudente que mantenía sobre el asunto territorial en su primera etapa al frente del partido. Un concepto que provoca sarpullidos en algunos barones territoriales. A Puigdemont, sin embargo, no le entusiasma esa vía, no ve futuro en explorarla y le interesa mucho más conocer qué posibilidades hay de que el PSOE presente una moción de censura contra Rajoy, una opción que Sánchez no ve clara.

No es el único encuentro discreto. Una vez finalizada la manifestación, Oriol Junqueras cena con Pablo Iglesias en casa del empresario Jaume Roures. Primero llega Iglesias en una furgoneta con los vidrios tintados y después Junqueras. Al líder de Podemos le acompaña Xavier Domènech, mano derecha de Ada Colau. Y con el presidente de ERC van su número dos, Marta Rovira, y Oriol Soler. La reunión se celebra a petición de los republicanos y Soler se encarga de que tenga lugar en el domicilio del presidente de Mediapro. Roures es un millonario que en los años 80 y 90 trabajó en TV3, donde supo ver antes que nadie el enorme potencial de la gestión de los derechos televisivos en el fútbol. Pese a su fortuna, se define como trotskista y exhibe por igual sus afinidades con el mundo de Podemos al mismo tiempo que con los independentistas. Mediapro, por ejemplo, produciría el documental Las cloacas del Estado, sobre la guerra sucia del Ministerio del Interior contra el independentismo. Durante la cena, los republicanos preguntan cuál será la actitud de Colau durante el referéndum del 1 de octubre, en cuya organización está volcada ERC. Junqueras argumenta con vehemencia para que Iglesias presione a la alcaldesa, pero el líder de Podemos le pasa la pelota a Domènech para que conteste. Iglesias, en cambio, está más interesado en dibujar un escenario de colaboración entre las izquierdas en Madrid y en Barcelona. En el Congreso mediante una moción de censura del PSOE, Podemos y ERC, mientras en Cataluña, pasado el 1-O y ante unas posibles elecciones, Iglesias plantea que podría reproducirse esa colaboración con los republicanos en el poder. Roures interviene poco. En un momento dado, aboga por una acampada como las del 15-M en favor del referéndum en el paseo de Gràcia.

Esa cena tiene lugar muy pocas horas después de la convulsa manifestación en la que Felipe VI sufre la mayor humillación de su reinado. En el verano de 2015 se vio obligado a soportar una monumental pitada en el Camp Nou con motivo de la final de Copa en la que resultaron polémicas unas imágenes de Mas en el palco esbozando una sonrisa. Pero la manifestación antiterrorista de Barcelona resulta mucho más incómoda para el monarca, recibido con un estruendoso abucheo. La ANC había llamado a participar enarbolando estelades con un crespón negro para protestar por la presencia del rey. A su alrededor, proliferan los carteles con mensajes contra el monarca, entre ellos uno en el que puede leerse «Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas» y que se coloca muy cerca de él, de forma que es captado por todas las cámaras y fotógrafos. El cartel lo lleva David Minoves, activista, exdirigente de ERC y tertuliano del independentismo, que intentó sin éxito liderar la ANC. Durante la marcha, no faltan los silbidos, imprecaciones y gritos de «fuera, fuera». La polémica está servida. Miembros del Gobierno y de la Zarzuela no dudan en acusar al independentismo de haber organizado «una encerrona» al rey. Con esa impresión sale también Pedro Sánchez, impactado por lo que ha visto, que considera sin lugar a dudas que se ha tendido una trampa al monarca y a los políticos españoles orquestada por Puigdemont.

Ni siquiera los atentados yihadistas han conseguido que el conflicto entre el Gobierno catalán y las principales instituciones del Estado quede en un segundo plano. Al contrario. Los ánimos están muy caldeados. El enfrentamiento entre los Mossos y la Policía Nacional ahonda aún más en la división política. Provoca además una escena inédita: la de ciudadanos de a pie colocando claveles en los vehículos de la policía autonómica catalana en señal de agradecimiento por haberles librado de los terroristas. Los atentados han convertido también al jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, hasta entonces un cargo discreto, en un personaje tremendamente popular. Los Mossos, que en el pasado habían sido objeto constante de controversia por algunas actuaciones que sectores políticos y sociales catalanes consideraban desproporcionadas, son ahora héroes para los mismos que criticaban a este cuerpo policial. ¿Por qué? Pues porque el independentismo convierte su eficacia contra el yihadismo en la prueba de que Cataluña puede contar con un instrumento propio y definitorio de un Estado, la policía, y no necesita recurrir a otras fuerzas de seguridad españolas.

El verano ha estado marcado por los atentados, pero a principios de septiembre el proceso vuelve a ocupar toda la atención política con bríos renovados. El independentismo se vuelca en la celebración del 1 de octubre y fía el éxito de los cinco años de proceso soberanista a que ese día acuda más gente a votar que el 9-N. Puigdemont y los suyos están totalmente decididos, aseguran que el referéndum se va a hacer, que tienen las urnas y que se abrirán los colegios. Mientras, Rajoy y sus ministros insisten en que eso no va a ocurrir de ningún modo. Ambos bandos parecen jugar de farol, a ver cuál de los dos asusta más al rival, pero nadie se atreve a hacer predicciones. Lo cierto es que, para estas fechas, Puigdemont ya sabe que podrá contar con lo más importante: las urnas.

Los días 6 y 7 de septiembre pasarán a la historia de Cataluña como jornadas ignominiosas para sus instituciones. Las dos leyes que se aprueban esos dos días constituyen la médula del intento de secesión. El Parlament vive jornadas en las que hunde su reputación. Una mayoría parlamentaria simple arrasa con todo el marco jurídico vigente: el Estatut y la Constitución. El día 4, Puigdemont se reúne con Forcadell para abordar cómo se van a aprobar las leyes del Referéndum y de Transitoriedad (conocida como «ley de desconexión»). Ante los recelos de la presidenta del Parlament, que ya está siendo investigada judicialmente por haber desobedecido al Constitucional, la discusión va subiendo de tono. «¡Yo eso no lo puedo hacer!», exclama Forcadell, que insiste en que ha hablado con su abogado y este le desaconseja por completo seguir la vía que está a punto de ejecutarse.

Como señala Jordi Amat en La conjura de los irresponsables, «el Parlament, que existe para evitar los abusos de la mayoría sobre la minoría, pervirtió su función». El día 6 culmina tras once horas de pleno que pueden considerarse uno de los espectáculos más bochornosos que ha vivido la Cámara catalana por el desprecio con el que se trata a la oposición y a los servicios jurídicos parlamentarios. El bloque independentista aprueba por la vía exprés y con los informes en contra de los letrados y del Consell de Garanties Estatutàries (organismo catalán garante de que las leyes se ajusten a la Constitución y el Estatut) la ley del Referéndum, en la que se establece que si la consulta del 1 de octubre arroja como resultado un solo voto a favor de la independencia más que en contra se proclamará la secesión.

Son las nueve de la mañana del día 6 y los miembros de la Mesa del Parlament del PSC y de Ciudadanos han recibido información confidencial de que el Tribunal Constitucional está reunido en Madrid y que necesita tiempo, dos o tres horas, para deliberar y resolver en contra de la tramitación parlamentaria de la ley del Referéndum, de forma que esta no llegue siquiera a votarse. Para lograr ese margen de tiempo, dos diputados, el socialista David Pérez, y José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, se emplean a fondo pidiendo reconsideraciones que permitan ganar un par de horas. Las reuniones de la Mesa se suceden, interrumpiendo el pleno, de forma extenuante, dando vueltas una y otra vez sobre las mismas cuestiones. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, parece superada por las circunstancias. Apenas domina la dinámica parlamentaria y es asistida en todo momento por un veterano convergente, Lluís Corominas. Incluso él, curtido en negociaciones, no puede evitar los gestos de hartazgo hacia lo que considera un ejercicio de filibusterismo por parte de la oposición. Echado hacia atrás en su asiento durante las reuniones de la Mesa, con gesto de agotamiento, no cesa de repetir: «Votemos ya, votemos ya...». Forcadell, en uno de los recesos para convocar a la junta de portavoces, deja a un letrado con la palabra en la boca: «¡Usted no puede hablar!». El jurista no da crédito.

A mediodía, a los diputados de la oposición les llega que los magistrados del Constitucional han decidido irse a comer y que no volverán a reunirse por la tarde. Los representantes de Ciudadanos y el PSC no se lo pueden creer. Tienen la sensación de haber sido abandonados a su suerte. Aun así, siguen con la misma estrategia en las horas siguientes para llamar la atención sobre el atropello parlamentario que se está llevando a cabo. Los ánimos están enervados. En una de las repetidas reconsideraciones, uno de ellos avisa a los diputados independentistas de que si mantienen su intención de aprobar las leyes de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, las consecuencias penales pueden ser muy duras. «¿Nos estáis amenazando?», salta furiosa la republicana Anna Simó. La ley del Referéndum se aprueba ya entrada la noche con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP y la abstención de Catalunya Sí que es Pot. Y en ausencia del resto de los diputados, los de Ciudadanos, PSC y PP, que abandonan sus escaños en señal de protesta. El prestigio de Forcadell como presidenta de la institución queda muy maltrecho. No pocos diputados soberanistas admiten en privado que el espectáculo ha sido lamentable.

Ya de noche, al finalizar el pleno y una vez aprobada la ley del Referéndum, el president reúne a su Gobierno y a los diputados para transmitirles «la trascendencia» del momento y reclamarles «serenidad y determinación». Todos los miembros del Ejecutivo firman el decreto para la votación del 1-O, consumando así la desobediencia al Tribunal Constitucional. De madrugada se crea incluso la Sindicatura electoral, el equivalente a la Junta Electoral Central. Si Mas había presentado el 9-N formalmente dentro de la ley mediante la triquiñuela de convertir la consulta en un proceso participativo sin las mismas garantías que un referéndum, Puigdemont se ha saltado cualquier prevención y en este momento ya ha ido mucho más lejos, consiga o no poner las urnas. Sáenz de Santamaría anuncia que el Gobierno central recurrirá todos estos actos a la Junta Electoral Central y pedirá acciones penales contra la Mesa del Parlament, empezando por su presidenta, Carme Forcadell.

El día 7 por la mañana, en el pasillo anterior a la entrada al hemiciclo del Parlament, Puigdemont asegura a algunos miembros de su Gobierno, entre ellos Santi Vila, que no piensa repetir el espectáculo del día anterior. Esa mañana debe aprobarse nada menos que la ley de Transitoriedad Jurídica, es decir, la norma a aplicar justo después de la futura proclamación de independencia. Se trata de la ley que debería regir hasta que la república catalana pueda dotarse de una Constitución propia. En ella se establece que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social». Se recoge que el derecho de la UE «mantiene su naturaleza y su posición respecto al derecho interno». Rige además quiénes pueden acceder a la nacionalidad catalana y, en líneas generales, mantiene las disposiciones legales del Estado español hasta que se disponga de la nueva Carta Magna catalana. También señala que quedan anulados los procesos judiciales a dirigentes soberanistas.

El apartado judicial de esta ley merece un comentario específico, ya que su contenido es alarmante porque establece un evidente sometimiento del poder judicial al ejecutivo. Así, establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasaría a ser el Tribunal Supremo de Cataluña y que su presidente sería nombrado... ¡por el presidente de la Generalitat!, a propuesta de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo, el conseller del ramo, cuatro miembros de la Sala de Gobierno del tribunal y cuatro personas designadas por el Ejecutivo catalán. También el fiscal general sería nombrado por el Parlament a propuesta del Gobierno de Cataluña. Se establece así una dependencia del poder judicial, subordinado al Gobierno, que contrasta con las constantes críticas del independentismo a la falta de separación de poderes en España. Finalmente, la ley incluye un apartado para preparar la nueva Constitución mediante un «proceso constituyente». Se trata de abrir un cauce de participación ciudadana para redactar la Carta Magna que duraría seis meses desde el referéndum del 1-O. Después se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones constituyentes. Los nuevos diputados redactarían la Constitución, que sería ratificada mediante otro referéndum.

La ley de Transitoriedad Jurídica o «ley de desconexión» pretende ser el germen de la nueva República. Es obra de Viver Pi-Sunyer. Durante meses se ha anunciado como el tránsito a la independencia sin salir de la legalidad. «De la ley a la ley», se repite sin cesar para dar confianza a la ciudadanía. Esa mañana del 7 de septiembre, algunos diputados y miembros del Gobierno catalán intentan convencer a Puigdemont de que lo importante es la ley del Referéndum para poder celebrar el 1-O y que si se consigue ese objetivo ya será más que suficiente... No hace falta aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica. El president parece darles la razón, puesto que no desea repetir el espectáculo que se vivió el día anterior en el Parlament. Algunos se sientan en sus escaños esa mañana pensando que el pleno apenas va a durar unos minutos y que la norma de la desconexión será retirada del orden del día. Pero no es así. Puigdemont, de repente, decide continuar. La oposición vuelve a poner de manifiesto con todos los ardides posibles que se le están hurtando sus derechos parlamentarios. Una sentida intervención de Joan Coscubiela, diputado de Catalunya Sí que es Pot, se lleva la ovación del PP, PSC y Cs: «No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella...».

«Rajoy jura: no se hará.» Así titula Enric Juliana su crónica del 8 de septiembre en La Vanguardia. El presidente del Gobierno declara que no renuncia «a nada» para impedir que se celebre el referéndum. La prensa editada desde Madrid ya habla sin tapujos de un intento de golpe de Estado por parte de las autoridades catalanas. «Ese referéndum no se va a celebrar», asegura Rajoy en una inusual comparecencia, con semblante serio. Pero también el 13 de diciembre de 2013, Rajoy sentenció: «Esa consulta no se va a celebrar», refiriéndose a la del 9-N. ¿Cómo va a impedirlo ahora? El Gobierno español está preparando la movilización de más de 6.000 policías y guardias civiles que en las próximas semanas se desplazarán a Cataluña para obstaculizar la logística del referéndum. La mayoría serán alojados en barcos atracados en el puerto de Barcelona en unas condiciones lamentables. Una de las embarcaciones, decorada con los dibujos de la Warner Bros, propicia que buena parte de los catalanes empiecen a referirse a los policías como «los piolines». El sentimiento de humillación entre los agentes es hondo. A su vez, algunos guardias civiles procedentes de poblaciones del resto de España han sido despedidos de los cuarteles al grito de «¡a por ellos!», exclamación que pasa a formar parte de los agravios del independentismo, que ve en esa evidente muestra de hostilidad un sentimiento generalizado en la sociedad española. En paralelo, la Fiscalía General del Estado anuncia que presentará una querella contra todos los miembros del Gobierno catalán por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al haber suscrito la convocatoria del 1-O. «Ningún tribunal suspenderá la democracia», replica Puigdemont.

El president está rodeado de un grupo que le anima a continuar, mientras que el PDeCAT no comparte su estrategia, pero no se atreve a alzar la voz a la espera de los acontecimientos. Entre los irredentos está Mas, quien ha decidido finalmente que, a estas alturas del desafío al Estado, solo es posible continuar hacia adelante, con la esperanza de que el Gobierno central ceda en algún momento y se siente a negociar un posible referéndum legal de independencia o bien algún pacto para permanecer en España que pueda votarse. Es también el análisis que hace David Madí. Y, por supuesto, son fervientes partidarios de culminar el reto el conseller de Presidencia, Jordi Turull, los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y los asesores del sanedrín presidencial Xavier Vendrell y Oriol Soler. Estos últimos han empleado muchas horas en reuniones de estrategia para organizar el referéndum. En esos encuentros han surgido ideas para todos los gustos: desde la propuesta de Vendrell de utilizar una firma colombiana para montar la arquitectura informática de la consulta hasta la iniciativa, ya mencionada, de las entidades soberanistas de ocupar puertos, aeropuertos o autopistas si se pretende impedir la votación. Todo ello en vísperas de la Diada de este 2017.

La manifestación de este año decisivo para el proceso soberanista reúne a un millón de personas en Barcelona, según la Guardia Urbana, y 350.000, según la Delegación del Gobierno. La movilización sigue estando viva, no decae. Aunque tampoco aumenta. Puigdemont hace oídos sordos a los avisos de Rajoy y pone en marcha la web del referéndum en la que se apuntan decenas de miles de personas dispuestas a participar como voluntarios en su organización. El president confía en la fuerza de la calle, en la movilización ciudadana, para hacer posible el referéndum. La manifestación del 11 de septiembre parece darle la razón. Y ya van seis. Seis impresionantes y pacíficas movilizaciones. Cada año se repite la absurda polémica sobre si son más o menos que en la Diada anterior, pero solo hace falta contemplar las fotos aéreas de la masa de gente para darse cuenta de que el movimiento independentista sigue gozando de gran predicamento, con sus oscilaciones al alza o a la baja en función de la coyuntura. Las siguientes semanas se convertirán en un lamentable juego del gato y el ratón, con la policía buscando papeletas y urnas por todos los rincones de Cataluña...

El president ha aprovechado estos días para ejercer presión sobre los alcaldes, sobre todo Ada Colau, con la que llega al misterioso acuerdo ya mencionado. En la práctica, en Barcelona ocurrirá igual que en otros municipios no adheridos a la AMI, que el referéndum se realizará en dependencias propiedad de la Generalitat. En paralelo, la Fiscalía del Estado cita a centenares de alcaldes que apoyan el referéndum y van a ceder espacios para su celebración. Les avisa que serán detenidos por los Mossos si se niegan a acudir a declarar. Esas actuaciones elevan el tono de los reproches de Puigdemont a quienes no apoyan el referéndum.

Para entonces, el president sabe que ya dispone de las urnas, que era lo más difícil de conseguir. Durante bastante tiempo se intentó mantener el discurso de que sería un referéndum vinculante para diferenciarlo de la consulta del 9-N y que lo organizaría el Gobierno de Cataluña. Pero las dificultades para que funcionarios y altos cargos de la administración se involucren sin correr riesgos llevan a Puigdemont y Junqueras a asumir su externalización. Es ERC la que se encarga de todo el operativo, con apoyo de organizaciones como la ANC y de muchos particulares. La persona que lleva más directamente la organización es Josep Maria Jové, secretario general de la conselleria de Economía y dirigente de Esquerra. La secretaria general del partido, Marta Rovira, supervisa el dispositivo.

El Gobierno central sospecha que está en un momento clave si quiere impedir la celebración de la consulta. Para evitar la compra de urnas, el Consejo de Ministros aprueba las medidas para garantizar que la Generalitat «no dedique ni un solo euro» al referéndum y que, en la práctica, suponen una intervención absoluta de las cuentas de la administración catalana. «Llámenlo como quieran», afirma el ministro Cristóbal Montoro cuando se le pregunta si se ha suspendido la autonomía de la Generalitat por la puerta de atrás. Al mismo tiempo, el Gobierno central pide a otros países que controlen las empresas que puedan estar produciendo un volumen importante de urnas.

Un particular ha comprado las urnas, que son finalmente de plástico y llevan estampado el sello de la Generalitat. Al principio, Puigdemont se empeñó en que debían ser de vidrio para distinguir este referéndum de la consulta organizada por Mas, en la que se utilizaron urnas de cartón. No ha sido posible, pero aquí están las urnas, homologables a las de cualquier país democrático. ¿Cómo se ha conseguido realizar el encargo con todos los cuerpos policiales españoles detrás? Los periodistas Laia Vicens y Xavi Tedó explican en el libro Operació urnes que un empresario compra las 10.000 urnas de plástico por 100.000 euros. Las encarga a una empresa de China con meses de antelación. Incluso llegan a enviarle tres modelos de prueba para que elija el más adecuado. Llegan al puerto de Marsella hacia finales de julio, bajo el concepto «cajas de plástico». Los agentes preguntan a la persona responsable de recibir el encargo para qué están destinadas y este les explica que se trata de un homenaje a una colla castellera de Cataluña que cumple 20 años. Las cajas son escondidas en un almacén de Ribéral, cerca de Conflent, en los Pirineos orientales. Y son trasladadas poco a poco durante agosto, aunque el atentado yihadista y el consiguiente aumento de la vigilancia entorpece la operación. Una red de activistas a cada lado de la frontera, vinculados a ERC y a la ANC, se encargan de la distribución por todo el territorio catalán. No se va a votar «como siempre», que era la promesa repetida una y otra vez por Junqueras. No habrá tarjetas censales, por ejemplo. Pero el Gobierno catalán espera disponer de la logística informática necesaria como para realizar un recuento. Todo está listo semanas antes del 1-O. El ridículo de los servicios de inteligencia españoles es clamoroso. La policía y la Guardia Civil registran imprentas y se incautan de unos miles de papeletas, pero no encuentran lo primordial, las urnas, el icono de la protesta.

Poco antes de las ocho de la mañana del 20 de septiembre, la Guardia Civil entra en la Consejería de Economía, situada en la Rambla de Catalunya, junto a la Gran Via de Barcelona, por orden judicial. La jornada se salda con 41 registros y 14 detenidos, entre ellos el secretario general de la vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Son los pilares sobre los que se apoya el vicepresidente del Gobierno catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras. La orden parte del titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El objetivo es desmantelar la logística del referéndum. La noticia del registro en la sede de Economía se difunde con rapidez. Puigdemont convoca de urgencia a sus colaboradores en el Palau de la Generalitat. Acuden los presidentes de los grupos parlamentarios, también Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, más algunos miembros del llamado «comité invisible» que dirige el proceso. El president llama a dar una respuesta «masiva y cívica». Los altavoces del independentismo piden una movilización permanente ante la Consejería de Economía.

En la puerta solo han quedado dos agentes antidisturbios de la Guardia Civil. En la acera, los dos todoterrenos con los que han llegado. Un cordón de los Mossos d’Esquadra los protegen. Al cabo de unas horas, unas 40.000 personas impiden el acceso o la salida del edificio. Los dos coches han sido aplastados por el gentío. Los fotógrafos y cámaras los han acabado utilizando para disponer de mejores tomas. Los manifestantes también se han subido encima para soltar sus proclamas. Unos tuits de la ANC y Òmnium han llamado a la movilización. Este es un día de inflexión. La primera vez que el proceso soberanista se desborda en la calle, de manera súbita, que no se vehicula a través de manifestaciones teatrales y cívicas previstas con antelación, sino que la protesta surge sin que haya previsto una organización, un servicio de orden... Y, de hecho, lo que ocurre hoy va a ser determinante para el futuro personal y político de varios dirigentes independentistas.

Por delante de la Consejería de Economía pasan Junqueras, Forcadell, Sànchez y Cuixart. El trabajo de la policía judicial acaba sobre las diez de la noche, pero resulta imposible salir sin correr un riesgo. Los Mossos plantean hacerlo por el patio interior a otras fincas, pero los guardias civiles no quieren salir huyendo. Pasada la medianoche, Sànchez y Cuixart suben hasta la planta donde están los agentes. Hablan con ellos y les anuncian que se van a casa. «¡Ustedes no se pueden ir!, ¡ustedes controlan a esta gente!» Los agentes abandonan la conselleria finalmente pasadas las seis de la mañana. Esta movilización sería el eje de la argumentación judicial para mantener en prisión provisional a «los Jordis», a Junqueras y a Forn, además de para sostener la acusación inicial de presunta rebelión, por cuanto se habrían cometido acciones violentas en el destrozo de los vehículos policiales, pero también en el acoso a las autoridades al no permitírseles su libre circulación y el ejercicio de sus deberes.

La detención de Jové, además, provoca que la policía se incaute de un documento en su domicilio llamado «#EnfoCATs» que también sería utilizado por los jueces. Unos papeles que dirigentes de Esquerra aseguran que no fueron confeccionados a iniciativa de Jové ni de la formación política ni del Gobierno de Cataluña, sino que se lo entregaron al dirigente republicano, pero que resultan ser un compendio de la estrategia independentista. En el documento se analizan los logros alcanzados hasta el momento, después se propone cómo conseguir «un apoyo ciudadano estable y creciente» intentando sumar a las fuerzas favorables al referéndum, es decir, los comunes y Podemos. ¿Cómo? «Seduciéndolas» y «desenmascarándolas». La suma de Puigdemont, Junqueras y Colau hará la independencia «inevitable», asegura el texto. La «credibilidad internacional» es otro de los puntos que analiza «#EnfoCATs». Pero sobre todo apunta la apuesta por la unilateralidad y recoge la vía a seguir: «Generar un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a crear inestabilidad política y económica, que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación... o un referéndum forzado». En estas reflexiones halladas en casa de Jové se sostiene que la DUI «generará un conflicto que, bien gestionado, nos puede llevar al Estado propio». Finalmente, se advierte que, para seguir la vía unilateral, es necesario disponer de «un plan de actuación de desconexión forzosa» que va desde garantizar la seguridad ciudadana hasta los servicios básicos o el aparato administrativo. Todo este plan sale a la luz a raíz de la actuación policial, aunque el diseño de «#EnfoCATs» data de un par de años atrás. En él ya se aventuraba la organización de un comité estratégico y uno ejecutivo. El primero liderado por el president, el vicepresident, los representantes de los partidos independentistas y las entidades soberanistas, mientras que en el segundo figurarían cargos de la Generalitat, incluidos los consellers.

Además del documento «#EnfoCATs», a Jové se le incauta una libreta Moleskine con anotaciones que llegan solo a noviembre de 2016, afortunadamente para muchos de los que después serían procesados. Jové había ido anotando de manera minuciosa reuniones internas sobre la hoja de ruta hacia la independencia. En esa libreta se recogen citas de diversos protagonistas. Como esta de Puigdemont: «¿Qué harán las grandes empresas del país? Hay que asegurar el tráfico financiero los primeros tiempos. Esquemas de seguridad de país. O hemos garantizado seguridad o algunos actores nos darán la espalda». O esta otra de Anna Gabriel, diputada de la CUP: «No renunciaremos a la estrategia de la desobediencia». Según Jové, Gabriel pide que le avisen de si los detendrán. «¿Puede ser?», se pregunta. «Así nos podríamos coordinar. ¿Podemos pactar un protocolo?»

A partir de la jornada crítica del 20 de septiembre, el foco se sitúa sobre los Mossos y su grado de colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de evitar la celebración del referéndum. Los tres cuerpos policiales están comandados por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, hermano del que hasta hace seis meses era presidente del Constitucional. En su última intervención al frente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos no se mordió la lengua y dijo que problemas como el planteado en Cataluña, en reivindicación de una soberanía propia, distinta de la del conjunto del pueblo español, «no pueden ser resueltos por este tribunal». Y añadió que el diálogo político pedido por el propio TC en algunas de sus sentencias es «una necesidad inexcusable y urgente». El proceso independentista, como ya hiciera en su día la discusión sobre el Estatut, ha tensionado enormemente las costuras internas del Constitucional, sobre todo cuando el Gobierno decidió a finales de 2015 aprobar solo con los votos del PP la reforma del alto tribunal para darle la posibilidad de suspender a cargos públicos, una iniciativa que fue cuestionada por la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa. El TC, en aras de evitar un conflicto institucional frente al desafío independentista, optó por avalar ese cambio legislativo, aunque no lo compartiera. Fue uno de los momentos en que el Constitucional votó dividido durante el proceso soberanista. En el instante de su despedida, Francisco Pérez de los Cobos no puede evitar el reproche hacia el Gobierno de Rajoy por haber traspasado al alto tribunal una responsabilidad que no es la propia, volviendo a poner en riesgo su independencia y credibilidad.

En los días previos al 1-O se masca la tragedia. La tensión entre las fuerzas de seguridad es perceptible. La fiscalía había dictado ocho resoluciones para evitar el referéndum, pero visto que los preparativos continúan, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas toma las riendas y ordena, a cuatro días del 1-O, que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional impidan la utilización de locales o edificios públicos para celebrar la consulta y que cierren los colegios electorales. La orden llega el mismo día en que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha hecho unas declaraciones en las que avisa de la dificultad de cerrar centros públicos como ambulatorios o geriátricos. La juez es muy precisa y, a modo de réplica, pide que se cierren las zonas de esos centros en las que se vaya a realizar la votación, «cuidando de que no se vea afectado el resto de las dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios». Y todo eso, añade, se debe hacer de manera coordinada, con apoyo de las policías locales, y bajo el mando de Pérez de los Cobos. La juez, al contrario que el fiscal, no ordena ninguna actuación que afecte a la vía pública o a las posibles concentraciones ciudadanas en los alrededores de los colegios electorales.

Lo cierto es que cerrar todos los colegios es una tarea titánica para la que habrían sido necesarios muchos más efectivos, pero el mando del dispositivo se propone cumplir la orden en los centros donde puedan acudir mayor número de votantes. Al mismo tiempo que la magistrada hace público ese auto, Puigdemont convoca una junta extraordinaria de seguridad para el día siguiente, 28 de septiembre. Se reúnen en el Palau de Pedralbes Puigdemont; el conseller de Interior, Joaquim Forn; dos de sus hombres de confianza, Pere Soler, director de los Mossos, y César Puig, secretario general del departamento, además de Trapero. Por parte del Gobierno central acuden el delegado del Gobierno, Enric Millo; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; Pérez de los Cobos, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver. Junto a la mesa de reuniones, una bandera española y otra catalana. Las caras largas son evidentes. Los ánimos están encrespados antes incluso de que ninguno tome la palabra.

El president abre el encuentro y expone que tienen ante sí un auto del TSJC que se debe cumplir. Y que de esa resolución judicial se desprende que no se ha de interferir en el desarrollo de la vida ciudadana, ya que la juez pide que se permita el normal funcionamiento de los centros públicos y solo se actúe, quirúrgicamente, en los lugares específicos donde se coloquen urnas. Nieto contesta que los papeles se deben leer completos, no solo los fragmentos que a uno le interesan y que la juez deja muy claro que debe impedirse la votación mediante el cierre de los colegios. A partir de ahí se desatan los reproches mutuos. Está claro que no se va a producir ningún acuerdo. En un momento de la reunión interviene Trapero: «Nadie va a dar una orden a los Mossos que no sea yo». El mayor sostiene que no se puede aplicar la violencia policial si hay menores o personas mayores. Nieto insiste en que si se cierran los colegios con anterioridad, no habrá nadie, ni niños ni abuelos. Forn defiende que sean los Mossos los que se encarguen de cumplir el auto judicial y que si necesitan ayuda, la pedirán. Pérez de los Cobos le replica que la magistrada dice muy claro que se tienen que coordinar. En un intento de buscar una vía intermedia, Millo propone que se cierren los colegios y que se permita la votación en plazas y en las sedes de entidades y partidos independentistas, e incluso que Puigdemont convoque una manifestación de protesta. «Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, no hace falta que nos lo digas tú», le espeta el president.

El encuentro concluye al cabo de una hora. El número dos de Interior atiende a los periodistas a la salida y recoge a su manera la propuesta de Millo: «En un caso con un pícnic, en otro caso con una manifestación, se podrán exteriorizar los sentimientos pero no a costa de violentar la ley». Puigdemont, por su parte, tiene previsto recibir esta tarde en el Palau de la Generalitat a la plataforma Som Escola, que promueve la ocupación de las escuelas públicas durante el fin de semana para evitar que sean precintadas por las fuerzas de seguridad y garantizar que se podrán utilizar el domingo para el referéndum. Miles de padres con sus hijos se encierran en colegios de toda la geografía catalana para garantizar la votación. Trapero instruye a sus mandos policiales para que desocupen los centros de votación sin recurrir a la fuerza y preservando «la paz social». «No seremos los héroes del día ni seremos traidores de nada», les dice el mayor.

El 1-O amanece denso.

En el ambiente flota una mezcla de expectación y temor. De determinación en el independentismo social. De cierta angustia en quienes no desean avalar la jornada con su voto. Trapero avisa al president de que las fuerzas de seguridad del Estado están dispuestas a hacer lo que sea necesario para impedir el referéndum. La estrategia de los mandos de los Mossos, que tienen la orden de la juez de impedir la consulta, es hacer lo posible para cumplir esa instrucción siempre que no se provoquen males mayores, es decir, no actuar si ello supone un choque violento con los votantes. Miles de urnas han aparecido en los centros de votación. Unas han llegado en coches particulares, otras estaban en los falsos techos de los colegios, en el fondo de los frigoríficos donde se guarda el cátering para los alumnos, por todas partes... Rajoy va a tragarse por segunda vez el escarnio. Hasta Puigdemont ha conseguido votar, pese a la vigilancia a la que ha sido sometido. Un helicóptero de la Policía Nacional seguía su coche, pero los escoltas del president, entre los que hay miembros de una unidad especial equivalente a los GEO, han diseñado una estratagema para despistarlo y el president cambia de vehículo bajo un puente cerca de Sarrià de Ter (Girona) y despista así a sus perseguidores.

A media mañana, las imágenes de cargas de la Policía contra los votantes y organizadores del referéndum empiezan a dar la vuelta al mundo. Circulan fotos de ciudadanos ensangrentados. Durante esas horas, varias personas preguntan a Puigdemont si no sería mejor suspender la consulta para evitar más heridos o que pueda ocurrir algo más grave. Al fin y al cabo, el objetivo político, demostrar que la voluntad popular puede más que la represión ordenada por el Gobierno de Rajoy, ya está conseguido. Trapero plantea esa posibilidad. Marta Rovira aseguraría al juez meses después que también ella comentó al president en una reunión con otros dirigentes del proceso esa opción. Pero el referéndum continúa. Las órdenes del coronel al mando, Diego Pérez de los Cobos, han sido evitar la consulta, pero por la tarde esas instrucciones parecen suavizarse y el nivel de tensión se relaja un poco. Los Mossos han mantenido en todo momento una actitud que unos consideran de prudencia ante la imposibilidad de evitar choques con los ciudadanos y otros estiman de evidente pasividad a la hora de acatar las órdenes judiciales e incluso de colaboración con quienes organizan el referéndum.

Más de 2,3 millones de catalanes han votado, según el Gobierno catalán. De poco sirve alegar que el recuento no es homologable a cualquier otra elección legal y que no se han cumplido las garantías exigibles, ya que las enormes colas y la afluencia a los colegios evidencia que la jornada ha sido un éxito de participación. La actuación policial ha producido un efecto inverso al perseguido, ya que miles de catalanes que no tenían previsto acudir a los colegios lo hicieron finalmente como forma de protesta. Según los datos del Gobierno de Cataluña, han votado 2.286.217 personas, lo que supone una participación del 43 %. El sí se ha impuesto por un 90 %. Los heridos son 844, según la Generalitat. El Ministerio del Interior pone en duda esa cifra y asegura que los cuerpos policiales también han sufrido agresiones.

Ni en el mejor de los escenarios dibujados por el independentismo en los últimos años habrían imaginado que se repetiría el desafío del 9-N y que el Estado reaccionaría como lo ha hecho este el 1-O. «¿Qué van a hacer? ¿enviar a la policía a requisar urnas? Ojalá.» Así se expresaba un líder independentista en privado unos meses antes, cuando ni siquiera estaban seguros de poder organizar la consulta y, ni mucho menos, de que acudiría más gente a votar que el 9-N. El independentismo no solo ha logrado la imagen de la policía requisando urnas, sino también la de agentes antidisturbios cargando contra personas de todas las edades que pretendían votar. La mayoría de los corresponsales extranjeros llegados a Barcelona —centenares— han enviado crónicas a sus países que dejan en muy mal lugar al Gobierno de Rajoy. Al día siguiente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reprende a la Moncloa reprochándole el uso de la fuerza. Es cierto que pide diálogo entre las partes dentro de la Constitución y que avisa al Gobierno catalán de que, en caso de secesión, Cataluña quedaría fuera de la UE, pero el mensaje dirigido a Rajoy es demoledor: «La violencia nunca puede ser un instrumento político». En este momento, el independentismo ha ganado por goleada la batalla de la imagen entre la opinión pública europea. En el Palau de la Generalitat creen que la posibilidad de una intervención o mediación internacional europea que obligue al presidente del Gobierno a moverse está más cerca que nunca. Se vive la euforia del momento. Pero va a durar poco.

Mas es una de las personas que, en los días siguientes, defiende la convocatoria de elecciones para aprovechar el tirón del 1-O y para evitar la aplicación de la hoja de ruta de los partidos independentistas, que dicta que el resultado favorable a la independencia en ese referéndum apunta ya a una declaración unilateral, a menos que se reconozca que la consulta ha sido una gran movilización, pero no una votación legal y con garantías de la que se puedan extraer conclusiones políticas. A partir de este momento, las opiniones entre Mas y Puigdemont sobre los pasos a dar van a ir en direcciones diferentes. El expresident no es partidario de tensar más la cuerda ni, aún menos, de una declaración unilateral de independencia. E intentará persuadir a su sucesor para evitar caminos que puedan resultar irreversibles. En esta discrepancia se aprecia el distinto talante y trayectoria política de ambos líderes. En el fondo, Mas atesora un poso institucional que su sucesor no valora con la misma intensidad. En términos weberianos, cuando llega la situación límite, el momento decisivo, Mas pone por encima la ética de la responsabilidad, mientras que Puigdemont sitúa en primer plano la ética de la convicción.

Vila también trata de convencer a Puigdemont de la conveniencia de convocar elecciones. El president les escucha. También se reúne con los dirigentes de los tres partidos independentistas y los líderes de la ANC y Òmnium y tras hacerlo decide mantener el rumbo. El día 2 de octubre por la tarde comparece rodeado de su Gobierno ante las cámaras en la galería gótica del Palau de la Generalitat para anunciar que va a llevar el resultado del 1-O al Parlament para que se dé cumplimiento a la ley del Referéndum, es decir, para proclamar la independencia dado el resultado favorable a esa opción en la consulta. Lejos de retroceder, Puigdemont decide seguir adelante hacia la DUI.

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PRESIDENTE DEL BARÇA, NO DE CATALUÑA

Es día de emociones desbordadas. Juega el Barça. Séptima jornada de Liga. Los azulgrana reciben a la U. D. Las Palmas en el Camp Nou a las 16.15 horas. Nada más levantarse, Josep Maria Bartomeu enciende el televisor y se conecta a través del móvil con las webs de noticias para conocer cómo comienza esta extraña e impredecible jornada. Es 1 de octubre de 2017. Fecha histórica. Hoy tiene lugar un referéndum sobre la independencia de Cataluña prohibido por los tribunales que nadie sabe cómo puede acabar. El presidente del Barça intuye que será un día estresante. De hecho, va a ser una de las jornadas más complicadas de su vida.

Aún en casa y con la televisión ya emitiendo los primeros choques en las puertas de los colegios electorales entre policías y electores, Bartomeu telefonea al entrenador, Ernesto Valverde, y al capitán Andrés Iniesta para comentarles que, aunque hay que esperar acontecimientos, el panorama no pinta bien. Después se dirige hacia las oficinas del club, adonde van llamando algunos jugadores para preguntar qué deben hacer, si acuden o no. Bartomeu comunica que todos han de presentarse en el estadio como un día de partido normal.

A media mañana, en una sala del antepalco del estadio, el presidente del Barça se reúne con el consejero delegado del club, Òscar Grau, y con sus vicepresidentes Jordi Cardoner, Jordi Mestre y Carles Vilarrubí. En algunos momentos entran otros directivos, como Jordi Monés. Las imágenes que llegan de los colegios electorales son estremecedoras. Cargas policiales, votantes arrastrados por el suelo, heridos, colas… En las redes sociales ya proliferan los llamamientos a suspender el partido y también llegan mensajes de entidades independentistas en la misma línea. Bartomeu pide a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) posponer el encuentro. Habla con Javier Tebas, quien le responde que él no va a anularlo. Para suspender el partido y celebrarlo otro día, se requiere un informe de los Mossos certificando que no se puede disputar por motivos de seguridad. El club se propone conseguir ese documento.

Así que tiene lugar una conversación entre Òscar Grau y el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien asegura que se puede garantizar la seguridad si se celebra el encuentro. Bartomeu quería el informe de los Mossos, pero no hay forma de conseguirlo. Nadie se niega a hacerlo, pero tampoco se lo hacen llegar. En un momento de la mañana, Puigdemont intenta ponerse en contacto con Bartomeu y no le encuentra. Este le devuelve enseguida la llamada. El presidente de la Generalitat le pide al del Barça que suspenda el partido, que el club no puede permitir que se aporree a los catalanes por participar en un referéndum y jugar como si nada estuviera pasando. El presidente del Barça le explica que está pensando en jugar a puerta cerrada, que la suspensión del partido apenas será una noticia a pie de página de la jornada y que, en cambio, si se disputa sin público, llamará la atención internacional sobre la excepcionalidad que está viviendo Cataluña… No se ponen de acuerdo.

Puigdemont no es el único que presiona para que el Barça no juegue. También llaman al club el líder de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de la Plataforma pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals. Hacia las 14.30 horas, Gerard Piqué sube desde el vestuario a la sala del antepalco donde están reunidos los directivos a través del ascensor que comunica ambas plantas para insistir en que no se celebre el partido. Piqué es uno de los jugadores que más abiertamente se ha manifestado sobre la situación política en Cataluña. Por ejemplo, ha declarado sin ambages que no ve ningún problema en que se exhiban estelades en el Camp Nou y se ha mostrado también partidario del «derecho a decidir». Aunque no ha afirmado de forma explícita que sea independentista, sí que ha acudido a alguna manifestación con motivo de la Diada cuando estas ya eran claramente favorables a la secesión. El carismático defensa no oculta tampoco su aspiración a presidir el Barça un día. En una entrevista a TV3 en octubre de 2016, confiesa: «Me gustaría ser presidente del Barça, es el paso que me gustaría hacer una vez me retire, porque de entrenador no me veo...». Sus posicionamientos deportivos y políticos le han comportado problemas en la selección española. Cuando juega con la Roja son habituales los pitidos cada vez que toca el balón.

Piqué manifiesta su opinión a los directivos reunidos y, cuando se marcha, los presentes siguen sopesando pros y contras. Sin el permiso de la Liga para no jugar, el Barça pone en riesgo la competición al perder seis puntos. Pero la presión ambiental es enorme. Ante las dudas que manifiesta la directiva, en las redes sociales se empieza a promover una invasión del campo en el caso de que finalmente empiece el partido. La grada de animación del Barça avisa a las 15.36 horas con un tuit: «Si no suspenden el partido, lo haremos nosotros». La amenaza consiste precisamente en la invasión del campo en el minuto 1 para que el partido sea suspendido. Por tanto, disputar el partido con público es un riesgo para el club.

Vilarrubí y Monés son los directivos más combativos en favor de la suspensión. También algunos cargos ejecutivos del club intentan presionar para que no se celebre. Mientras, continúan los contactos para que los Mossos declaren el partido de riesgo y, por tanto, la LFP lo aplace. Pero nadie en el lado del Gobierno de Cataluña ofrece garantías de nada. Parece que Bartomeu da su brazo a torcer. Al menos así lo interpreta Vilarrubí. El vicepresidente de relaciones institucionales se ha erigido en el puente con el Gobierno de la Generalitat dentro de la directiva del club. Es un empresario poderoso. Casado con Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola en España, ha estado históricamente bien relacionado con la familia Pujol, aunque él procuró distanciarse en su declaración ante el juez que investiga los fondos irregulares manejados por algunos de los vástagos del expresident. Vilarrubí aboga con vehemencia por suspender el partido y parece que se ha salido con la suya porque, mientras Bartomeu decide bajar al vestuario, él filtra a algunos periodistas que no va a celebrarse el encuentro. RAC 1 anuncia que el partido ha sido suspendido.

Bartomeu está en el vestuario. Habla con Valverde y con Iniesta. Algunos jugadores están vestidos para salir al campo, pero la mayoría aún van ataviados con ropa de calle. El sentimiento generalizado entre los jugadores es favorable a disputar el partido. Perder seis puntos no es algo fácil de digerir, podría ser tirar por la borda la temporada. Piqué se muestra menos vehemente ante sus compañeros. Los que trasladan más preocupación por lo que está ocurriendo en la calle son Iniesta y Mascherano, que se interesan por conocer más detalles. Bartomeu sube de nuevo a hablar con sus directivos y les explica que ha decidido jugar a puerta cerrada, por primera vez en la historia del club. Vilarrubí le anuncia que presenta su dimisión. El presidente del Barça baja otra vez al vestuario para revelar su decisión al equipo. La mayoría de los jugadores preferían que se celebrara un partido normal, con público, pero dadas las circunstancias, respiran aliviados. Messi no ha abierto la boca, pero cuando se dirige al campo, le suelta a Bartomeu: «Tranquilo, presi, que ganamos».

La noticia se difunde por todos los medios de comunicación. Poco después de las cinco de la tarde, cuando ya se está disputando el encuentro, el expresidente del Barça Joan Laporta tuitea: «Jugar el partido a puerta cerrada es inhibirse, es votar en blanco, es ser cómplice de los que practican la violencia indiscriminada. Es ser cómplice de quienes impiden el ejercicio pacífico de los derechos y libertades democráticas». La actitud tibia de Bartomeu provoca la irritación de los partidarios de la secesión, pero también suscita incomprensión en otros, sobre todo entre las peñas de fuera de Cataluña, que no entienden su posición favorable al llamado «derecho a decidir». Por eso, durante todo el proceso, el club azulgrana ha estado sometido a innumerables presiones de ambas partes, pero sobre todo de los partidarios de la separación, para utilizar su enorme potencial en favor de la causa por la independencia.

«Cataluña no tiene una selección de fútbol que pueda ir a competiciones oficiales, pero el equipo nacional de Cataluña es el Barça.» Es una conocida frase de Jordi Pujol, que se suma al clásico lema que reza que «el Barça es más que un club». Conscientes de esa relevancia, los principales cerebros del independentismo siempre han intentado atraerlo a sus tesis. Desde el inicio del proceso soberanista, el debate sobre la secesión va acompañado de la pregunta trascendental: ¿Qué pasaría con el Barça si Cataluña se independizara? El reglamento de la Federación Española de Fútbol, organismo que organiza la Liga, establece que «los clubes que deseen participar en competiciones oficiales deberán estar afiliados a la Federación o integrados en esta». Pero sería lógico que Cataluña quisiera contar con una Liga propia, con una Federación de Cataluña, y participar en competiciones internacionales como el Mundial o la Eurocopa. Así que, para resolver esa dicotomía, se suele recurrir al modelo del Mónaco, que participa en la Liga francesa a pesar de ser un Estado independiente. Pero Mónaco no tiene selección nacional. Andorra, que sí tiene selección, cuenta con un equipo que compite en la Liga española, pero está inscrito en la Federación española y ese equipo renuncia a pertenecer a la Liga andorrana. Existen también otras particularidades, como el Cardiff, equipo galés que juega en el fútbol profesional inglés pese a tener su país una selección nacional. Es una situación derivada de un motivo histórico, ya que el Cardiff fue fundado a principios del siglo XX, cuando no existía fútbol organizado en Gales. «El Barça es un equipo deseado por todas las ligas del mundo. Jugaría en la liga que más le conviniera», declaró Laporta a la BBC cuando era diputado en el Parlament. Y algunos apuntan también que no tardará en crearse una liga europea, lo que solucionaría todas esas disquisiciones.

Pero no se trata solo de la influencia que pueda tener el futuro del Barça a la hora de convencer a más o menos seguidores de la conveniencia o no de la secesión. Lo relevante es el enorme poder propagandístico de esta entidad a la hora de favorecer una opción política. El Barça tiene 320 millones de seguidores en las redes sociales, más que la Premier o la NBA. Reúne así un potencial comunicativo descomunal. Es, además, el club de fútbol con más ingresos del mundo. No es extraño que sea una pieza muy preciada para el independentismo y de ahí que sea objeto de presiones constantes.

Uno de los primeros momentos críticos se produce a raíz de la organización por parte de la ANC y Òmnium de la Via Catalana, una cadena humana que recorre Cataluña de norte a sur el 11 de septiembre de 2013. Las conminaciones del independentismo para que el club, presidido todavía por Sandro Rosell, permitiera que la Via Catalana pasara por el Camp Nou son formidables. Entre los más persistentes, Jordi Bosch, dirigente de la entidad cultural, y Vinyals, uno de los independentistas que más ha insistido en su presión al Barça durante estos años. En 1989, Vinyals participó en la Vía Báltica, una cadena humana que atravesó las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania para exigir su independencia de la URSS. En esa experiencia se basó la acción reivindicativa catalana de 2013. Entonces Vinyals era cónsul honorífico de Letonia en Barcelona.

Después de intentar mantenerse al margen durante un tiempo, el club se acaba sumando al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en octubre de 2014, cuando Bartomeu era presidente en funciones después de la dimisión de Rosell. Los socios habían empezado a recoger firmas para pedir la adhesión a esa plataforma. El Pacte defendía un referéndum acordado con el Estado y, por tanto, legal. El amplísimo apoyo que una consulta de este tipo tiene en la sociedad catalana, según todas las encuestas, es lo que llevó al club a añadirse a la iniciativa. Sin embargo, para una entidad con ramificaciones en todo el mundo y con una masa social dividida, este ha sido un asunto espinoso en los últimos años. El club cuenta con encuestas por las cuales conoce que aproximadamente el 38 % de los socios se declara independentista, mientras que alrededor del 35 % no lo son. Lo que sí es transversal es un sentimiento fuertemente catalanista que se manifiesta de puertas afuera. Y, según los sondeos del club, el día 1 de octubre el 90 % de sus socios fue a votar.

2014 es un año de exaltación para el independentismo, que conmemora el tricentenario de la derrota catalana en la Guerra de Sucesión de 1714 ante las tropas borbónicas. Muchos aspectos de la vida institucional catalana quedan marcados por esa conmemoración y el Barça no resulta ajeno. En la grada del Camp Nou, con motivo de un partido ante el Athletic, el F.C. Barcelona despliega una inmensa pancarta para sumarse a esos actos que recuerdan la caída de la ciudad. Hace dos días que el club ha participado, como cada año, en la ofrenda floral del 11 de septiembre, pero ha intentado mantenerse al margen de otros fastos. Finalmente ha accedido a colocar una pancarta de 45 x 46 metros flanqueada por las banderas del Barça y de Cataluña en la que se expone el símbolo de la conmemoración del 1714. Los jugadores lucen por primera vez en su estadio la tercera camiseta, que lleva los colores de la senyera, la más vendida del club, que visten también muchísimos aficionados culés esta tarde del 13 de septiembre en el estadio, indiscutiblemente más presente que la tradicional azulgrana. En el palco proliferan los políticos, como la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el alcalde Xavier Trias; los convergentes Josep Rull y Lluís Corominas; los consellers Francesc Homs, Santi Vila y Ferran Mascarell; el líder de ERC, Oriol Junqueras... El club ha optado por sumarse a las conmemoraciones de 1714 gracias al empeño de Vilarrubí. Sin embargo, llegado el gran día, el directivo que lo ha organizado todo no está en el palco. Vilarrubí está en Santander, adonde ha acudido para estar presente en el funeral de despedida al banquero Emilio Botín, fallecido de un infarto. En la catedral se dan cita los principales exponentes del poder económico y político en España.

Los avatares del proceso soberanista han ido situando al Barça en situaciones comprometidas. Como la gran pitada a Felipe VI en el Camp Nou. Lo hemos explicado: en 2015, con motivo de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Barcelona, los pitidos atruenan en el Camp Nou en cuanto suenan los primeros compases del himno de España. Varias organizaciones independentistas han repartido antes del partido 10.000 silbatos en los aledaños del estadio. Con posterioridad, la Moncloa, a través del jefe de gabinete de Rajoy, el catalán Jorge Moragas, hace llegar a los responsables del club el malestar del Gobierno por haber permitido la pitada. Se reprocha a la directiva que no se tomaran medidas para evitarlo, se piden sanciones e incluso se les acusa de alentar la protesta.

En julio de 2015, justo después de que Bartomeu sea elegido presidente, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) sanciona al Barça con 30.000 euros por la exhibición de banderas estelades y los cánticos independentistas durante la final de la Liga de Campeones ante la Juventus. El expediente lo ha abierto la inspectora ucraniana Anna Bordiugova. La directiva del Barça siempre ha sospechado de la presión del Ministerio de Exteriores para que se presentara esa denuncia. Esta provoca muchas presiones, tanto en un sentido como en el contrario, para que el club se defienda en todas las instancias posibles, incluido el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. Pero Bartomeu prefiere llegar a un acuerdo con el presidente de la UEFA y evitar como sea el cierre del campo.

En las elecciones a la presidencia del club que gana Bartomeu se puede comprobar el interés del independentismo en hacerse con la emblemática entidad. Hay dos candidatos de ese sector, Joan Laporta y Agustí Benedito. Carme Forcadell (ANC) y Muriel Casals (Òmnium Cultural) se implican personalmente para que Laporta y Benedito unan sus candidaturas y tener así más opciones de ganar el preciado trofeo que es la presidencia del Barça. No lo consiguen. Bartomeu obtiene la victoria con un 54,6 % de los votos. Y sigue haciendo equilibrios.

El encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart suscita otro momento delicado para la directiva azulgrana al reclamar las entidades soberanistas que se puedan instalar grandes lonas en el estadio con las caras de sus líderes y el lema «freedom» («libertad»). El club lo rechaza y despliega una pancarta propia en la que se lee «Diàleg, respecte i esport» («Diálogo, respeto y deporte»). Al mismo tiempo, el Barça es una de las primeras entidades que «lamenta los encarcelamientos» y muestra su solidaridad «con los afectados y sus familias» después de que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretara prisión para todos los miembros del Gobierno catalán. Por ambas decisiones, Bartomeu es criticado por los dos bandos políticos en liza.

La actitud del actual presidente del Barça nada tiene que ver con la de un mito del barcelonismo como es Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City no duda en lucir un lazo amarillo para reclamar la libertad de los políticos y activistas del independentismo encarcelados, lo que le ha comportado una multa de la Premier. Y es que, si Bartomeu cree que ser presidente del Barça no es serlo de Cataluña y Piqué se postula como lo primero, a Guardiola le tienta la política y estuvo a punto de formar parte de la lista electoral de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. También fue el encargado de leer un manifiesto en nombre del independentismo para pedir ayuda internacional ante un «Estado autoritario» como España. Con un impresionante currículum de éxitos deportivos, Guardiola atesora también otra distinción a la que otorga gran importancia: la medalla de oro del Parlament, que le fue concedida en 2011.

El desarrollo del proceso independentista acaba por interferir en muchos aspectos de la vida del club. La pugna entre partidarios y detractores de la independencia le pasa factura a la directiva del Barça, que intenta no soliviantar a su masa social, sea del signo que sea. El fuerte activismo de muchos socios se comprueba en la persistencia con que, en cada partido, se canta a favor de la independencia en el minuto 17.14 de cada partido. Unos cánticos que una parte de la afición vive con fervor, mientras constituye un incordio para otros muchos, si bien en el campo la convivencia se mantiene inalterable.

La inestabilidad política tiene consecuencias, por ejemplo, en la búsqueda de un patrocinador que dé su nombre comercial al Camp Nou —con los consiguientes ingresos—, y cuya negociación se retrasa por el clima de incertidumbre abierto después del 1 de octubre de 2017. Incluso la relación profesional con algunos jugadores resulta afectada. Por ejemplo, en julio de 2017 el Barça anuncia la renovación de Messi a través de un comunicado con una cláusula de rescisión de 300 millones, firmada por su padre Jorge. Un mes después, con la marcha de Neymar, el club y Messi consideran que esas condiciones habían quedado desfasadas dadas las cifras manejadas con el brasileño. Así que se vuelve a negociar. Mientras, después del verano en Cataluña sube la temperatura política hasta llegar a la jornada convulsa del 1-O. Lo que parece inimaginable, la independencia, y, por tanto, la salida de Cataluña de la UEFA y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hasta su admisión futura, de repente se considera una posibilidad en el entorno del jugador. Así que los Messi piden una cláusula que garantice que Leo jugará en ligas de primer nivel o quedará libre. Y la cláusula de rescisión se eleva hasta los 700 millones. El 26 de octubre, finalmente, el jugador firma y se hace la foto con Bartomeu.

El presidente blaugrana argumenta que el club debe ir justo un paso por detrás de lo que dicte la mayoría de la sociedad catalana y que defiende la libertad de expresión de los socios en el campo. Pero esa posición no suele convencer ni a un extremo ni al otro. A sus colaboradores les ha confesado en más de una ocasión que el independentismo ha intentado desbancarle porque no se pliega a sus deseos. De hecho, Bartomeu fue grabado a escondidas por un supuesto socio que se quejaba de la propensión del club a contentar al independentismo y él le contesta: «Tengo todo en contra. Todo el mundo independentista contra mí. Me odian. El campo es libre para todo el mundo. No vamos a prohibir nunca nada». Y, refiriéndose al Gobierno de Cataluña, añade: «La realidad es que me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al proceso. Hay una campaña en contra del club. Todo el soberanismo independentista va en contra de nosotros, la directiva del Barça, porque no ayudamos ni financiamos».

Pero hoy es 1 de octubre de 2017. Un día histórico. Se está celebrando un referéndum de independencia en Cataluña declarado ilegal. Los votantes han ido en masa a los colegios electorales y la policía ha actuado con contundencia para impedirlo. El partido del Barça se ha convertido en un elemento más de esta jornada agitada, intensa y emotiva. Una vez Bartomeu transmite a los directivos y a los jugadores que el partido se juega a puerta cerrada, la noticia corre rauda por los medios de comunicación y por las redes sociales. El club recibe más de 20.000 mensajes críticos con la decisión adoptada. Es un encuentro extraño. Algunos directivos lo ven por las televisiones instaladas en el palco. En el campo, cada patada al balón resuena en el estadio vacío. Las instrucciones de los entrenadores reverberan en el cascarón del Camp Nou. Busquets marca en el minuto 49 y Messi remata el partido en la segunda parte con dos goles más. El Barça tiene la Liga de este año cada vez más cerca. De hecho, la ganará con varias jornadas de adelanto.

Al acabar el partido, Bartomeu acude a votar al colegio electoral de la Maternitat. Le reciben con silbidos e insultos. En los próximos días, el presidente azulgrana explicará a todo aquel que le pregunta que jugar el partido o suspenderlo le parecían decisiones políticas que no debía adoptar, que el F.C. Barcelona siempre ha sido un club que ha defendido el catalanismo y las libertades. «Yo soy presidente del Barça, no presidente de Cataluña», repite.

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EL NAUFRAGIO

El día después del 1-O, la desorientación se apodera de la cúpula independentista. Había un plan meticulosamente trazado hasta esa jornada, pero una vez traspasada la meta nadie se había ocupado de pensar con exactitud los siguientes pasos a dar. La hoja de ruta pactada entre los partidos independentistas dicta literalmente que ahora toca declarar la secesión. No hay ninguna duda. Pero incluso los observadores internacionales que han viajado invitados por el Gobierno para comprobar el desarrollo de la votación advierten que las circunstancias en las que esta se ha producido impiden considerarla un referéndum con garantías, y menos aún vinculante. La posibilidad de una declaración unilateral de independencia empieza a flotar en el ambiente, pero nadie se atreve a anunciar su proclamación. De momento, el grupo dirigente opta por seguir la línea mayoritaria que impulsa la sociedad catalana, que consiste en protestar contra las cargas policiales. Las entidades soberanistas y el Gobierno de Cataluña proponen un «paro de país», al que se suman los sindicatos, para el día 3 de octubre, acompañado de concentraciones. Lo del «paro de país» pretende ser un eufemismo para convencer a los empresarios de que no descuenten a sus trabajadores la parte del sueldo correspondiente a ese día. El Gobierno juega a fondo para que esa huelga sea un éxito. Tanto es así que hasta la consellera de Gobernación anima a los empleados públicos a no acudir a sus puestos de trabajo.

El paro resulta masivo en la administración, el transporte y el comercio, los sectores más visibles, pero apenas tiene repercusión en la industria. El clima en Barcelona es de excepción. Suspendido en el ambiente flota un cierto temor a que puedan producirse incidentes en la calle. Los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de activistas cercanos a la CUP y creados para impedir el cierre de colegios electorales el 1-O, cortan carreteras, incluso calles y avenidas en plena Barcelona. La ciudad está desierta. El consumo en ocio ha caído en picado desde el día 1. La gente ha dejado de ir a restaurantes, cines, teatros... Los rostros de los viandantes, apresurados, muestran preocupación. Por la tarde, las manifestaciones de protesta desbordan Barcelona y las plazas de toda Cataluña. Se puede palpar una indignación popular que va más allá del independentismo. Cataluña vive una jornada de sensibilidad a flor de piel.

El colofón de este extraño día es el discurso del rey. Nada más acabar su intervención televisada, la más seguida del monarca en Cataluña, se desata una cacerolada de dimensiones colosales en ciudades y pueblos. En su alocución televisiva, el rey critica la «vulneración sistemática de las normas aprobadas legal y legítimamente» por parte del Gobierno catalán, al que acusa de «demostrar una deslealtad inadmisible» y de «fracturar la convivencia». Reprocha también a la Generalitat su «menosprecio a los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles», situándose «al margen del derecho y la democracia». Más que por lo que dice, la indignación del independentismo se desata por lo que obvia, ya que los reproches del monarca se centran solo en una parte del conflicto, no hay referencias a la necesidad de un diálogo, ni un gesto de afecto hacia quienes fueron vapuleados el 1 de octubre, como tampoco se desprende ningún mensaje para los dos millones de catalanes que han manifestado con su voto que preferirían no pertenecer a España. Ni siquiera una vaga referencia que dé por sentado que los españoles desean que se mantengan a su lado.

Después del discurso, se especula con la influencia que la Moncloa ha tenido en la alocución del monarca. No son pocos los que están convencidos de que Rajoy ha utilizado al rey para su defensa. Esa no es la versión del propio Felipe VI, quien en conversaciones reservadas sostiene que el discurso del 3 de octubre es una idea suya a la que, en un principio, intenta oponerse el presidente del Gobierno. El monarca le había insistido al presidente en que la Corona tenía que pronunciarse ante el desafío al Estado que se estaba llevando a cabo desde Cataluña. Rajoy era reacio. El presidente le replica con el argumento de que la intervención de la institución monárquica es el último cartucho y que Puigdemont podría responderle de forma poco adecuada. No convence al rey, que le envía un discurso a la Moncloa. El texto pasa primero por la mesa de la vicepresidenta, y después por el despacho de Rajoy. Se introducen algunos matices. Para Felipe VI, era de vital importancia lanzar un mensaje de firmeza a los poderes del Estado, al mundo económico y al resto de los países europeos.

El rey es consciente de que el mensaje que lanza el 3 de octubre no va a gustar en Cataluña. Considera que no es un discurso dirigido solo a los catalanes, sino a todos los españoles. Sus palabras provocan un efecto inmediato en el PSOE, que cierra filas sin fisuras junto al Gobierno de Rajoy en todo lo referente a Cataluña. Los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, habían hecho amago de pedir en el Congreso la reprobación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por las cargas policiales del 1-O, pero después del discurso del rey, esa reclamación se esfuma. Sin duda, las palabras del monarca influyen en el apoyo posterior del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El rey también recibe llamadas de mandatarios extranjeros, sobre todo europeos, agradeciéndole que les marcara el camino con su discurso. De hecho, su alocución es también una manera de dar al traste con los intentos de la Generalitat de buscar una mediación internacional. Pero la intervención asimismo causa un gran disgusto en buena parte de la sociedad catalana, más allá incluso del independentismo. El hecho de que no incluyera ni una sola mención al diálogo y que diera por buena con su silencio la actuación policial del día del referéndum provoca desasosiego en muchos sectores de Cataluña.

Las siguientes semanas serían muy complicadas para la Fundació Princesa de Girona, una iniciativa que en su día emprendió la Zarzuela precisamente para mejorar la imagen de la monarquía en Cataluña. Felipe VI recibe señales de ese malestar. El monarca tiene presente que reconstruir los frágiles lazos de la Corona con Cataluña va a ser tarea muy larga y ardua, pero no se arrepiente en absoluto de las palabras que pronunció ese día. En las múltiples reuniones del rey con los diferentes líderes políticos catalanes siempre había mantenido una exquisita deferencia hacia las actuaciones políticas del Gobierno de Rajoy, pero todos esos interlocutores habían creído apreciar también en sus palabras una crítica velada a la inacción del presidente ante este conflicto. Quizá por eso el duro discurso del 3 de octubre cae como un jarro de agua fría sobre quienes aún creían que el rey podía presionar al Ejecutivo para que moviera ficha. Más adelante, el monarca podría comprobar el recelo provocado en Cataluña por su intervención. En abril de 2018, Felipe VI aprovecha una visita a Barcelona para almorzar con un grupo de empresarios. Algunos de ellos le insisten en su disgusto por sus palabras del 3 de octubre en el transcurso de una conversación no exenta de reproches e incomodidad y de la que el monarca sale muy defraudado.

A la misma hora que se emite el discurso del rey siguen reunidos en el Palau de la Generalitat, convocados por Puigdemont, un nutrido grupo de dirigentes para estudiar el camino a seguir después del 1-O. Se trata de Junqueras; los consellers Turull, Romeva y Forn; los líderes del PDeCAT Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí, y de ERC Marta Rovira y Xavier Vendrell; del grupo parlamentario, Lluís Corominas; los representantes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; el editor Oriol Soler y el empresario Xavier Vinyals. El president ha incorporado a estas reuniones al director de su oficina, Josep Rius, y a la directora de Coordinación Interdepartamental, Elsa Artadi, dos personas en las que cada vez confía más. Las intervenciones van en la línea de ganar tiempo, insistir en la disposición del Gobierno catalán a aceptar una mediación en el conflicto, en intentar mantener la ola de respaldo internacional ganada a raíz del referéndum. Se acercan las 21 horas, cuando está previsto que se emita el mensaje del rey, pero la mayoría opta por continuar la reunión como si no pasara nada. Solo uno de los consellers, Jordi Turull, abandona la sala un momento. Es fumador empedernido y necesita echar unas caladas. Aprovecha para plantarse delante de una televisión. Al regresar, le cuenta al oído a Puigdemont su resumen de los seis minutos de discurso del monarca: «Un desastre». Lo comparten con los presentes, que interpretan que el rey acaba de dar su beneplácito implícito a la aplicación del artículo 155. Los más duros abogan por cumplir con la hoja de ruta, es decir, que Puigdemont acuda al Parlament, dé cuenta de los resultados del 1-O y cumpla con «sus efectos de acuerdo con la ley de referéndum», es decir, que declare la independencia. Los más moderados confían en la mediación internacional, ya que Puigdemont ha asegurado que hay una propuesta discreta de la presidencia de Flandes, con el apoyo del Gobierno belga. La reunión acaba sin ninguna decisión clara, pero el enojo de Puigdemont con el discurso del rey es de aúpa. Así que el president anuncia la convocatoria del pleno del Parlament el día 9 para presentar los resultados del referéndum... y quizá para declarar la independencia. Eso queda en el aire.

En estos días de impasse, el independentismo empieza a comprobar que, pese a la corriente favorable a su causa ocasionada por la violencia policial del 1-O, los grandes países europeos, empezando por Alemania, no tienen ninguna intención de presionar a Rajoy para que se siente a dialogar. Europa se halla inmersa aún en las consecuencias de la votación que abonó el brexit, de la que solo han transcurrido cuatro meses, y no contempla con buenos ojos un nuevo foco de inestabilidad que complique aún más su unidad. Las sensaciones de vértigo ante una DUI también empiezan a hacer mella en el PDeCAT. El partido se moviliza para buscar alguna salida que evite ese escenario. Pero el planteamiento de Puigdemont de situar una declaración de independencia en el horizonte cercano impide cualquier posibilidad de trabajar una propuesta de mediación, ya que la convierte casi en un chantaje. En el otro lado tampoco hay gran interés. El Gobierno central no cree que este sea un conflicto en el que puedan aplicarse mediaciones. No es una disputa entre dos países y, en su opinión, la única salida consiste en que el Ejecutivo catalán acate las leyes. Si lo hace, luego se podrá discutir sobre asuntos que entren dentro del marco constitucional, sostienen en la Moncloa.

Antes del pleno convocado para el día 9 de octubre se van a producir nuevas sacudidas en la sociedad catalana, que vive días de inquietud, con movilizaciones casi constantes en la calle. El día 5 por la mañana, el Banc Sabadell anuncia el traslado de su sede social a Alicante. La noticia cae como una bomba. Es la primera evidencia de que el proceso emprendido hacia una declaración unilateral de independencia está afectando al tejido económico catalán. Horas después, CaixaBank sigue sus pasos. Su sede social estará en Valencia. La primera reacción del Gobierno catalán es restarle importancia al asunto. El argumento es que la sede social no comporta el traslado de la fiscalidad, es decir, que los bancos y empresas seguirán pagando sus impuestos en Cataluña y que los trabajadores tampoco se trasladarán. El pistoletazo de salida del Sabadell y CaixaBank provoca un reguero de deserciones. En los siguientes tres meses, más de 3.000 empresas y entidades bancarias anuncian el traslado de su sede social, de las que un millar cambia también de lugar su fiscalidad. Numerosas inversiones se paralizan y, en un primer momento, el consumo y el turismo notan un descenso. Esos días resurge de las hemerotecas un mitin de Mas en plena campaña de las elecciones del 27-S en el que aseguraba: «¡Claro que los bancos no se irán!, ¡se quedarán!, ¿y sabéis por qué?, porque el país representa el 20 % del mercado español».

Mientras la economía da síntomas de pánico, Junqueras mantiene un elocuente silencio. Los portavoces del Gobierno catalán insisten en que Rajoy ha tenido un papel clave en esos abandonos, puesto que el Consejo de Ministros ha aprobado con inusitada rapidez un decreto que permite a CaixaBank dar luz verde de urgencia al traslado, solo con la decisión de su consejo y sin convocar la junta de accionistas. El Banc Sabadell, más previsor, ya había cambiado sus estatutos con antelación para hacer efectiva esa decisión en solo 24 horas. Lo cierto es que desde el 1-O esos dos bancos estaban perdiendo dinero a espuertas. En los días que transcurren desde el referéndum hasta el 10 de octubre, las retiradas de depósitos de esos dos grandes bancos realizadas por sus clientes en Cataluña ascienden a 6.000 millones de euros. Muchos ciudadanos recurren a las llamadas cuentas espejo, que consiste en trasladar el dinero a una sucursal del mismo banco fuera de Cataluña. Incluso algunos dirigentes independentistas se apuntan a esa medida preventiva... Además de la fuga de depósitos, los bancos llevan semanas sufriendo el castigo de las bolsas. A raíz del anuncio de traslado, la situación se estabiliza en pocos días. En el futuro, Puigdemont confesaría a uno de sus fieles que, si tuviera que hacer una lista de enemigos de los que vengarse, los primeros serían los presidentes de CaixaBank y el Sabadell...

En este contexto, se activa el principal intento de mediación para impedir la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155. Se trata de la intervención del lehendakari, Íñigo Urkullu. El presidente del Gobierno vasco empezó a ejercer esa labor a partir de su visita a Barcelona el 19 de junio con motivo del 30º aniversario del atentado de Hipercor. Su interés no es solo fruto de una preocupación altruista: para el PNV es de vital importancia atajar el bucle de desobediencias a la legalidad en que está inmersa Cataluña para evitar un efecto mimético en el País Vasco y que la izquierda abertzale presione en ese sentido. Existe, además, un interés perentorio. Los peneuvistas tienen intención de apoyar los Presupuestos Generales del Estado del PP a cambio de un suculento pacto que le reportará una mejor financiación y una millonaria cifra de inversión en Euskadi. Pero al nacionalismo vasco también le preocupa la aplicación del 155 porque puede crear un peligroso precedente. Es la activación del último recurso. El artículo 155 establece que si una comunidad autónoma no cumple con la Constitución u otras leyes de forma «que atente gravemente al interés general de España», el Gobierno podrá «adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Nadie sabe exactamente qué significa en la práctica ese enunciado, más allá de que supone una intervención en toda regla del autogobierno. Se trata de una cláusula casi copiada del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, previsto para el caso de que un Estado atente contra la Federación de manera desleal.

La relación entre los nacionalistas catalanes y vascos siempre ha sido distante. La conexión de Convergència con el PNV ha ido variando. Ha habido periodos, como el del secretario general Pere Esteve, en la segunda mitad de los años 90, en los que se promovió una unidad de acción que fue más escenificada que real. Pero los convergentes suelen acusar a sus homólogos vascos de ir a la suya, de ocuparse solo de su interés particular. Urkullu, sin embargo, es un líder respetado y alguien que podía ejercer de mediador. Los primeros contactos se produjeron en verano entre el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y dirigentes del PDeCAT que se desplazaron varias veces a Bilbao. Ortuzar les explicaba su experiencia a raíz del plan Ibarretxe, cómo aquel episodio tensionó las costuras del partido, cómo lograron evitar la escisión (el PNV aún recuerda con amargura la ruptura con Eusko Alkartasuna). Les recomienda que, sobre todo, intenten mantenerse unidos. Los peneuvistas pasaron página de la etapa de Juan José Ibarretxe y su proyecto de convertir el País Vasco en un Estado asociado de España cuando el Congreso tumbó su propuesta y el lehendakari dejó sitio a otros dirigentes.

Urkullu mantiene durante varias semanas un voluminoso intercambio de mensajes de móvil con diferentes actores: con protagonistas directos como Rajoy, Puigdemont, Sáenz de Santamaría o Junqueras, y con algunos secundarios como Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Santi Vila o Josep Antoni Duran i Lleida, entre otros. Con todos ellos habla por teléfono en multitud de ocasiones, pero sobre todo les envía numerosos mensajes de móvil, largos textos en los que emplea un lenguaje deferente, de explícita cortesía. El lehendakari intenta por todos los medios frenar decisiones irreversibles, pero también plantea escenarios para un diálogo a medio plazo. Así, llega a preparar un documento titulado «Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas», según publica Enric Juliana en La Vanguardia. Entre las ideas de Urkullu para entablar el diálogo figuran la de negociar modificaciones en la financiación o introducir cambios en la Constitución que fueran después votados en referéndum. No habrá oportunidad de llegar a esa fase.

El día 6 de octubre, Urkullu recibe el mensaje de Rajoy de que se resiste a aplicar el 155, a pesar de que admite que está siendo muy presionado por su partido, por otras formaciones de la oposición, por varios poderes del Estado, medios de comunicación e incluso por algunos gobiernos europeos. También le explica que no puede aceptar una mediación internacional de ninguna de las maneras y que espera que Puigdemont se avenga a rebajar la tensión. El lehendakari lo transmite así a la Generalitat por varios canales y le envía un mensaje directo al president pidiéndole: «Habría que modular el planteamiento de la DUI». En los días posteriores, Urkullu también contacta con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler (que ha mantenido posiciones en favor del referéndum), y con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, para hacerles partícipes de sus gestiones, dados los estrechos vínculos que mantiene el PNV con la Iglesia.

Mientras Puigdemont deshoja la margarita sobre si declara o no la independencia, el domingo 8 de octubre tiene lugar la mayor manifestación contra la secesión que se ha visto hasta ahora, convocada por Societat Civil Catalana, una entidad que surgió durante el proceso independentista para contrarrestar el discurso predominante de los partidarios de la separación y denunciar las «mentiras» que, en su opinión, difunde la propaganda soberanista a través de los medios de comunicación. La principal atracción de la marcha es la presencia del escritor Mario Vargas Llosa y del expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. Los contrarios a la independencia reúnen a unas 350.000 personas frente a la Estació de França de Barcelona, según la cifra facilitada por la Guardia Urbana. En algunos momentos se escuchan gritos de «prisión» para Puigdemont. Es la primera vez que se vive en Cataluña una movilización pro-española tan multitudinaria. La imagen de manifestantes paseándose por la ciudad con banderas españolas a la espalda a modo de capas, igual que habían hecho desde 2012 los independentistas en multitud de ocasiones, resulta sorprendente. Esta marcha es un punto de inflexión, ya que da visibilidad a ciudadanos que hasta ahora se habían mantenido en un discreto segundo plano durante todo el debate independentista y que solo se habían manifestado con su voto en las convocatorias electorales debido a un cierto complejo de representar una parte minoritaria de la sociedad. Así, en las celebraciones del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, apenas se reunían unos pocos miles de personas, que se contaban solo por centenares antes del inicio del proceso independentista. Si en el resto de España, símbolos como la bandera española provocaban en ciudadanos que se identifican con la izquierda una cierta remembranza de épocas pasadas por la apropiación que hizo de ellos el régimen franquista, en Cataluña ese sentimiento es aún mayor. La desinhibida manifestación del 8 de octubre marca un antes y un después.

Con el eco de esa protesta aún en el ambiente, llega el lunes, 9 de octubre, en que empieza el pleno convocado para abordar los resultados del 1-O. «Nadie se puede sorprender por que hagamos lo que dijimos que haríamos», declara el president en TV3 la víspera. La presión económica, política y social para frenar la DUI está en su máximo apogeo. A Puigdemont le han llamado o le han visitado decenas de empresarios, sindicatos, partidos, entidades, para convencerle de que no declare la independencia. La división en el seno del Gobierno catalán ya es palmaria. La ANC añade presión al president al anunciar que al día siguiente, cuando está previsto que acabe el pleno con la proclamación de la secesión, habrá una concentración de seguidores a las puertas del Parlament para recibir la buena nueva.

Llega el día 10 y todo está en manos de Puigdemont. Solo un círculo muy reducido conoce sus intenciones. El president toma la palabra en el hemiciclo. Recuerda que, en cumplimiento de la ley del Referéndum aprobada, al cabo de un par de días desde la celebración del referéndum deben trasladarse sus resultados a la Cámara catalana, que «celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente». Los diputados, las decenas de periodistas llegados de todo el mundo y la gente que sigue la sesión en pantallas colocadas en el exterior del Parlament y por la televisión desde sus casas, contienen la respiración. Unos desean que el president dé el paso. Otros lo temen... «Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.» Los miles de seguidores que esperan en la calle están a punto de comenzar la celebración, sus rostros reflejan la emoción del momento... Pero siguen escuchando: «Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y, con la misma solemnidad, el Gobierno catalán y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada». Los mismos que estaban a punto de desplegar su euforia se quedan helados. Poco a poco, se marchan a sus casas con una sensación de desconcierto y frustración.

¿Se ha declarado la independencia o no?, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué ha hecho exactamente Puigdemont?, ¿ha proclamado la secesión?, ¿una declaración de intenciones?, ¿es una marcha atrás o solo un intento de ganar tiempo? Quizá un poco de todo. En todo caso, con su discurso, el president manifiesta su intención de seguir adelante y el Gobierno central no puede quedarse de brazos cruzados. Seguimos en la misma contradicción de apelar al diálogo mientras se amenaza con aplicar la DUI. Durante las últimas horas, Puigdemont había barajado todo tipo de declaraciones de independencia, unas más taxativas, otras cuya aplicación aplazaría seis meses... Finalmente, ha optado por una declaración que deja en suspenso. No ha sido votada ni se publica en el DOGC. Sin embargo, a esta intensa jornada se le añade una escenificación más. Todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP se trasladan al acabar el pleno a la sala de actos del Parlament en la que tiene lugar una de esas firmas solemnes a las que es tan aficionado el independentismo. Uno a uno van estampando su rúbrica en un documento que, sin eufemismos ni prevenciones, pero también sin validez jurídica, reza así: «Constituimos la República catalana...». Señal inequívoca de que a los cuperos lo ocurrido en el hemiciclo les había parecido claramente insuficiente. Con la firma de este documento se intenta mantener la unidad independentista.

Como era previsible, Rajoy hace oídos sordos a la solicitud de diálogo contenida en el discurso de Puigdemont, que le parece una estratagema más del president para marear la perdiz y le responde con una pregunta: ¿Ha proclamado la independencia? La Moncloa advierte que se expone a la aplicación del artículo 155 si la respuesta es afirmativa. Para activarlo, es preceptivo que se le avise con anterioridad al presidente de la comunidad autónoma afectada para que revierta su actitud. En su requerimiento a Puigdemont, el Gobierno del PP exige que confirme «si alguna autoridad de la Generalitat» ha declarado la independencia y pide que se conteste con un sí o un no. Cualquier contestación «creativa» será considerada «una confirmación». El president tiene de plazo hasta el día 16 a las diez de la mañana para contestar. Ese es justo el día en que el mayor de los Mossos y los presidentes de la ANC y Òmnium están citados a declarar ante la Audiencia Nacional acusados de sedición. Se inicia así una peculiar correspondencia de ida y vuelta entre Barcelona y Madrid que dura algunos días.

La respuesta de Puigdemont es una carta en la que deja claro a Rajoy que su apelación al diálogo no es una muestra de «debilidad», sino que responde a la multitud de peticiones que ha tenido en ese sentido de personalidades de todo tipo. Le insta además a revertir «la represión» citando como ejemplos las declaraciones de Trapero y los Jordis, así como la violencia policial del 1-O o la intervención económica de la Generalitat. Por último, le emplaza a una entrevista en persona. Pocas horas después de recibir esa misiva, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decreta el ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Trapero queda en libertad bajo medidas cautelares. La juez basa su auto en los hechos ocurridos el día 20 de septiembre ante el Departamento de Economía y acusa a los dirigentes de ANC y Òmnium de haber alentado a los manifestantes, «incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes» para impedir la labor de la Guardia Civil. Su encarcelamiento supone un mazazo emocional en Cataluña, ya que son los primeros líderes independentistas que ingresan en prisión por los recientes acontecimientos. Además, no son pocas las voces que se alzan entre representantes políticos o del mundo jurídico que critican el recurso a la prisión preventiva para estos casos o la aseveración de que dirigieron movilizaciones «tumultuarias» ante la Consejería de Economía, que es el elemento que justifica la acusación de sedición. Miles de personas ocupan la Diagonal de Barcelona con velas para protestar contra esa decisión. Y unos días después, 450.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestarían para reclamar la excarcelación de los Jordis. Los lazos amarillos para defender que los presos vuelvan a casa empiezan a invadir las solapas de muchos ciudadanos y a formar parte del paisaje catalán.

Pero enseguida la atención vuelve al terreno político porque desde la Moncloa se ha enviado un segundo requerimiento a Puigdemont para que se ciña a las preguntas que se le hacían en el primero. Y la respuesta del president es diferente según quien la lea. En ella, recuerda a Rajoy que no se ha dignado responder a su petición de entrevista y que no solo no ha revertido la represión, sino que han sido encarcelados dos líderes independentistas. Y, al final, señala: «Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre». Ese redactado es el resultado de múltiples presiones de sectores políticos y sociales moderados que reclamaban a Puigdemont un gesto para impedir la aplicación del 155. Una respuesta que permitiera a Rajoy asegurar que el president había aceptado que no se declaró la independencia (el día 10 no se votó), pero que tampoco resultara humillante para los partidarios de proclamar la república. Pero la carta no es satisfactoria para el Gobierno del PP, que anuncia que se pone en marcha el mecanismo para intervenir la autonomía de Cataluña por primera vez desde la aprobación de la Constitución, en 1978.

Rajoy ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. En el caso de Albert Rivera ha resultado sencillo, puesto que este lo reclama desde hace tiempo. Pero es más difícil de digerir para los socialistas, que se han llegado a plantear si someten su posición a la consulta de las bases. Esa posibilidad no provoca ningún entusiasmo en el PSC, ya que obligaría a este partido a seguir la misma vía. Y, aunque la dirección de Iceta está convencida de que la mayor parte de los militantes apoyarían su propuesta, no cree que sea buena idea. Aun así, en el PSC se producen algunas disensiones internas al principio que no van más allá.

Durante varias semanas, Sáenz de Santamaría ha estado analizando cómo abordar la intervención de la Generalitat. La vicepresidenta ha estudiado todas las posibilidades, que ha ido reuniendo en un buen puñado de carpetas. Hay intervenciones que suponen nombrar a consellers que sustituyan a los actuales, o incluso a una especie de «ministro para Cataluña», también hay modalidades que se centran solo en algunas conselleries y deja otras intactas... Sáenz de Santamaría presenta a Rajoy diversas opciones con sus pros y sus contras. Hay temor en el Gobierno del PP a no poder abarcar semejante tarea. Se ha barajado, por ejemplo, hacerse con la dirección de los medios de comunicación públicos, pero no se sabe cómo hacer efectivo ese control. Incluso se ha pensado si era posible el «fundido en negro», es decir, suprimir su programación, aunque se continuara pagando las nóminas de los trabajadores. Se ha estudiado también cuánto tiempo debía durar la intervención. Algunos abogaban por un periodo largo para revertir los efectos de lo que el Gobierno central considera propaganda independentista antes de unas elecciones. Incluso hay quien plantea aprovechar la coyuntura para cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán en las escuelas y los planes de estudios, a los que atribuyen la culpa del «adoctrinamiento» de las nuevas generaciones de catalanes.

El viernes 20 de octubre, mientras Rajoy anuncia en el Congreso que pone en marcha la maquinaria para aplicar el artículo 155, el Estado Mayor del president sigue su comparecencia por televisión en el Palau de la Generalitat. Una vez debatida la situación con ese núcleo, Puigdemont almuerza con sus consellers. Los ánimos están alterados después de escuchar al líder del PP. Surgen varias voces favorables a la declaración unilateral de independencia como respuesta a Rajoy. Algunos abogan por aplicar la resistencia pasiva a abandonar las conselleries y provocar que sea la Guardia Civil la que les eche fuera de los despachos. Hay quien defiende que se ponga en marcha el plan tantas veces invocado de movilizar a los partidarios de la independencia en la calle para «proteger» las instituciones de la Generalitat, el Palau y el Parlament. La consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, es de las más combativas. Jordi Turull, que había sido partidario de la DUI, se mantiene en un plano discreto. El titular de Empresa, Santi Vila, una vez más en su papel de moderado, intenta convencer a Puigdemont de que acuda al Senado para explicarse dentro del plazo para presentar alegaciones que tiene la Generalitat antes de que se apruebe el 155.

A estas alturas, en el PDeCAT ya hay bastantes dirigentes partidarios de convocar elecciones, pero esa salida no está aún en el ánimo de Puigdemont. Al menos no lo ha explicitado en ninguna reunión. El president está indignado con Rajoy por haber despreciado su gesto de renunciar de forma implícita a la DUI en su última carta y por desdeñar su petición de una entrevista. A eso se añade el encarcelamiento de los Jordis y el anuncio de un 155 que en el Palau se prevé «de máximos, nada quirúrgico». La manifestación del día anterior, con la presencia de los comunes, encabezados por Ada Colau, también pesa en su proceder, ya que cree que cuenta con más apoyo que solo el del independentismo. Mientras, en el grupo parlamentario de Junts pel Sí se le empuja hacia la DUI de forma sostenida e implacable. También en la ANC cunde una actividad frenética para planear cómo afrontar el 155. Según un informe de la Guardia Civil en poder del Tribunal Supremo, una dirigente de esa entidad, Teresa Mira, le envió a Jordi Sànchez un correo con un «plan de contingencias» ante el 155 en el que se planteaba que un número permanente de voluntarios, unos 3.000 o 4.000, acampasen ante el Parlament día y noche y por tiempo indefinido, así como la convocatoria de una huelga general.

De repente, salta la sorpresa.

Es lunes, 23 de octubre de 2017. Empieza la semana crítica.

Puigdemont convoca al Palau de la Generalitat a Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí, la cúpula del PDeCAT al completo, y les comunica que va a convocar elecciones, que está decidido, pero que va a resultar difícil explicarlo: «Me tenéis que ayudar». Los tres interpelados, gratamente sorprendidos, están de acuerdo, se ponen manos a la obra y empiezan a hacer llamadas para convencer a cuanta más gente mejor dentro del partido de que las elecciones son la única solución. En esos días, ya se ha mencionado, el expresident Pujol también le envía una carta a Puigdemont. Se intensifican los contactos entre Barcelona y Madrid, a través de diversos mediadores. Desde el Palau de la Generalitat se hace llegar a la Moncloa a través de diferentes canales el mensaje de que Puigdemont desistirá de la DUI si se cumplen cuatro condiciones: primera, que no se aplique el artículo 155; segunda, que se libere a los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; tercera, que el Gobierno se comprometa a embridar a la Fiscalía General del Estado y, cuarta, que se retiren los policías y guardias civiles desplegados de forma excepcional en Cataluña.

En estos días de nervios y pocas horas de sueño, Puigdemont confiesa a algunas personas de su entorno que no desea acabar en la cárcel. Incluso comenta la posibilidad de pedir asilo en Bélgica. A otros les ha dicho que podría asumir ir a prisión por un año, quizá dos. Por su parte, Junqueras ha expresado en alguna ocasión a su entorno el temor a que todo acabara con una condena de 30 años de cárcel. Sin embargo, ahora parece que la salida de unas elecciones puede encauzar el destino. Pero a Puigdemont le preocupa que esa solución aparezca ante la opinión pública independentista como una opción deshonrosa, cobarde. Por eso, el president insiste en buscar una fórmula alternativa que evite al mismo tiempo la DUI y las autonómicas. Una vez más, se intenta la cuadratura del círculo, la solución mágica. Y esta no llega.

Son días en los que se mueven todos los hilos posibles. El capítulo de los contactos entre Madrid y Barcelona es la historia de la incapacidad de ambos gobiernos para mantener un mínimo diálogo. En esta última semana antes de la DUI, Santi Vila mantiene una fluida comunicación con Ana Pastor, presidenta del Congreso y amiga personal de Rajoy, así como con el ministro Íñigo Méndez de Vigo y con el titular de Justicia, Rafael Catalá, con quien también contacta el conseller Carles Mundó, de ERC. Son relaciones que se han mantenido de manera soterrada durante meses gracias a una cierta afinidad personal, pero que no han fructificado. También los socialistas se movilizan. Miquel Iceta hace valer la aproximación que ha entablado con Sáenz de Santamaría durante sus entrevistas enmarcadas en la «operación diálogo». Interviene incluso la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, que se ganó el respeto del president cuando plantó cara a los policías que querían evitar la votación del 1-O en su municipio y que, al mismo tiempo, recibe llamadas de Rajoy para conocer su opinión después de que Marín riñera a Puigdemont en público por acosar a los alcaldes para que facilitaran la logística del referéndum. El expresident José Montilla también acude al Palau para intentar convencer a Puigdemont.

Pero es Urkullu quien mantiene en pie el único puente que puede dar resultados. Despliega una incesante actividad para convencer a Rajoy y Puigdemont de que es necesario apearse de la escalada de tensión. Su principal objetivo es que el president no declare la independencia unilateral. Le envía una carta exponiéndole sus motivos. Es miércoles, 25 de octubre. El lehendakari ha recibido en Ajuria Enea a una delegación catalana formada por el empresario Marian Puig, el notario Juan-José López Burniol y el abogado Emili Cuatrecasas, que el día 18 estuvieron en el Palau de la Generalitat para verse con Puigdemont. Van acompañados del ejecutivo Joaquín Coello, que les ha abierto las puertas del PNV y de la Lehendakaritza. Urkullu también confía en las gestiones del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que se entrevista con Puigdemont y después acude a la Moncloa. Esta intervención es propiciada desde Ajuria Enea después de que el Vaticano declinara ejercer cualquier tipo de mediación directa.

Este miércoles el lehendakari conversa varias veces por teléfono con Puigdemont. Y también le escribe un largo mensaje de móvil a Rajoy que encabeza con un «Estimado presidente» en el que le dice: «Te supongo totalmente implicado en las conversaciones (me consta por el presidente de EAJ-PNV) y que ello haga que no me respondas. No importa.» Y a continuación le da cuenta de todas sus gestiones. Hace lo mismo con Puigdemont y le explica que ha contactado con Pedro Sánchez, quien a su vez ha hablado con Miquel Iceta y este con la vicepresidenta. Y le pone al corriente de que el líder del PSOE intentará contactar también con Rajoy. A continuación, Urkullu prosigue dirigiéndose a Puigdemont: «Hay una cuestión que ya, de inicio, me y nos condiciona y que es el saber que no comparecerás ante la comisión del Senado».

En efecto, el president acaba de anunciar que rechaza la invitación de la Cámara Alta para que acuda personalmente a presentar sus alegaciones contra la aplicación del 155 y mantener un debate cara a cara con Rajoy en ese marco institucional. «Me y nos condiciona —continúa Urkullu— porque pensábamos que sí y, en tal caso, tenemos la impresión de que acudiría el propio presidente Rajoy y en buena disposición.» Y a continuación expone que el PSOE se ve en una «situación comprometida» ante la convocatoria del pleno del Parlament que incluye la declaración de independencia para la sesión del próximo viernes. El lehendakari concluye con una extensa propuesta que ocupa varias pantallas en el móvil y que constituye la síntesis de todo un plan de «pacificación», que se reproduce a continuación:

En esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento, y extensión de esta situación a otros ámbitos y consecuencias para el encaje de aspiraciones legítimas también en el seno de la Unión Europea, te planteo la oportunidad de trasladar al presidente del Gobierno español la asunción por ambas partes de la siguiente coincidencia tácita (referencia a las declaraciones concordantes que ambos presidentes conocéis):

No declaración de independencia (en su defecto, dejarla en suspenso)

No aplicación del artículo 155 (en su defecto, dejarlo en suspenso)

Sí elecciones en Cataluña, convocadas por el president,

Sí vuelta a la normalidad institucional y legal por ambas partes.

En relación con estos compromisos y, tras la disolución del Parlament, planteo la constitución de una mesa de diálogo entre ambos gobiernos o bien una acción facilitadora por quien se estime, que permita gestionar estos compromisos y las solicitudes planteadas por unos y por otros (liberaciones, retirada de miembros extra de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.) desde una interlocución normalizada entre ambos gobiernos y posteriormente el diálogo entre el nuevo Gobierno constituido y el Gobierno español para el análisis de la reformulación del modelo de Estado (para lo cual estamos dispuestos a acompañar) y del mejor encaje posible de Cataluña en el Estado español. Espero tu consideración y, en su caso, autorización para seguir intentando una vía de solución con los protagonistas concernidos en base a esta propuesta, quedando siempre a tu disposición. ¡Un abrazo!

La respuesta de Puigdemont no se hace esperar. Le insiste en si lo ha entendido bien: si convoca elecciones y no hay declaración de independencia, tampoco hay 155. «¿Puedo exponerlo así a Junqueras?», le pregunta.

Este miércoles, Puigdemont recibe a Núria Marín en la Casa dels Canonges. El aspecto del president es desaliñado. Sin afeitar a pesar de que casi es mediodía y con profundas ojeras. Recibe con frialdad a la alcaldesa. «Ya sé lo que me vienes a pedir y no puede ser», le espeta. Marín intenta calmarle y le asegura que solo quiere saber si puede prestar alguna ayuda. Para Puigdemont, la única posibilidad de convocar elecciones es si se cumplen sus condiciones, las referidas a los presos y sobre todo la aceptación pública por parte del Gobierno central de que no va a aplicarse el 155. Marín le promete hacer todas las gestiones que estén en su mano para conseguir este último punto. No es la única alcaldesa que intenta convencer a Puigdemont. Ada Colau también le propone asumir con él políticamente la decisión para afrontar las posibles acusaciones de traición de los sectores más radicales del independentismo.

A las 19 horas, el president reúne en el Palau a los dirigentes de los partidos, a los miembros del Gobierno catalán y a representantes de los grupos parlamentarios afines y de las entidades independentistas. Poco a poco, van llegando al Pati dels Tarongers y hacen tiempo, ya que el encuentro empieza con casi una hora de retraso. Se reúnen en la antigua Sala Tàpies, que ahora está organizada de manera muy funcional, alrededor de una larga mesa, pero que hace años servía para celebrar los consejos ejecutivos en la etapa de Pujol. Maragall la utilizó como despacho, enmarcado por el gran cuadro de Tàpies que ahora luce en la sala donde se reúne semanalmente el Gobierno. En su libro De héroes y traidores, Santi Vila describe el ambiente previo:

El solemne Pati dels Tarongers no dejó de llenarse de corrillos políticos, asesores, periodistas afines y otros tertulianos y personajillos para mí hasta aquella tarde desconocidos y que, al parecer, formaban parte de la inteligencia del proceso.

Y prosigue:

Pocas corbatas, mucha mochila, jerséis y botellines de agua, ninguna formalidad... y mucho improvisado compadreo fueron el primer desengaño de una noche que se avecinaba decisiva y en un entorno hostil. «Prefiero un president resistente en el exilio que un president rendido en Barcelona», me espetó un diputado de Junts pel Sí que en otros tiempos había tenido por moderado.

Con todos sentados en la sala, Puigdemont toma la palabra y, conforme avanza, el ambiente se torna gélido. Les anuncia su intención de convocar elecciones. Les explica que no desea llevar a Cataluña a la «preautonomía». «No quiero ser el presidente de un país virtual», se justifica. Insiste una y otra vez en que la proclamación de la independencia no alumbrará un país nuevo de la noche a la mañana, que las estructuras de Estado no están listas para aplicarlas si no hay un mínimo acuerdo con el Estado, que Europa no ha dado señales de que pueda haber un reconocimiento internacional y que le preocupa sobre todo la eventualidad de que se produzcan enfrentamientos en las calles. Y recurre a un símil curioso: «No quiero ser presidente de Freedonia. Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente». La cita es de Sopa de ganso, la película más política de los Hermanos Marx. En ella, una millonaria, el personaje de Margaret Dumont, elige a Rufus T. Firefly, encarnado por Groucho, como presidente de la República de Freedonia. Por extensión, dícese de Freedonia cualquier país remoto que nadie conoce o incluso ilusorio. La referencia, aparentemente muestra de sentido del humor, evidencia también la amargura de alguien que siempre ha soñado con el momento de proclamar la independencia de Cataluña y que, cuando lo tiene al alcance de la mano, sabe que en este momento es un espejismo.

Conforme Puigdemont explica sus intenciones, en la sala empieza a percibirse la inquietud reinante. Marta Rovira se levanta como movida por su resorte y exclama: «¡Esto es una traición!». Muy alterada, se opone a los propósitos del president, insiste en que no se le puede hacer eso a toda la gente que ha confiado en ellos. Los consellers de ERC se mantienen en silencio, aunque algunos como Mundó y Dolors Bassa son favorables a la convocatoria de elecciones. Junqueras hace una exposición en la que señala los pros y contras de ambas posiciones hasta que, al final, deja claro al president que si convoca elecciones tendrá que asumirlo como una decisión personal de su entera responsabilidad y que impedirá la colaboración entre ambos para el futuro. En lo más íntimo de su ser, el líder de ERC desea elecciones, pero en ningún momento le pide a Puigdemont que las convoque. Tampoco que no lo haga. Y deja que Rovira ponga contra las cuerdas al president. En estos días hay en Junqueras una cierta sensación de fatalidad, de que ya no es posible reconducir nada. Y una pequeña esperanza de que Puigdemont se decante por las elecciones sin que él tenga que abonar esa salida. Pero Rovira, cada vez más airada, reprocha al president su traición a tanta gente de buena fe que había confiado en él e insiste en que el pueblo no le perdonará. Mas también interviene y recuerda premonitorio que la historia no les juzgará por las críticas que reciban en ese momento específico, sino por las consecuencias de sus actos.

Durante la reunión, se hace venir a Rafael Ribó, síndic de greuges (equivalente al defensor del pueblo) que acaba de llegar de visitar en la cárcel a Jordi Sànchez. Según explica Ribó, el líder de la ANC es partidario de convocar elecciones. «En la cárcel no hay nada que hacer», es el mensaje de Sànchez. El síndic intenta redoblar ese mensaje advirtiendo que la reacción del Estado ante una declaración de independencia será mucho más contundente que la del 1 de octubre. Ribó no es el único personaje ajeno a los partidos o a la administración que está en la reunión. Oriol Soler recurre a una estratagema retórica: se alinea con la convocatoria electoral, pero lo hace criticando al Gobierno catalán por no haber realizado los preparativos para que la declaración de independencia se hiciera realidad al día siguiente de su proclamación. También se encuentra presente Xavier Vendrell, que en un momento determinado, para convencer a Puigdemont, le asegura: «President, si te intentan meter en la cárcel, iremos centenares de miles de catalanes para impedirlo».

La discusión, a ratos muy acalorada, sube de tono en algunos momentos. Junto a una de las puertas de la sala esperan escoltas y personal del Palau que no dan crédito a los gritos que proceden de la reunión. Pero el debate avanza poco a poco hacia el terreno del president y de la opción de elecciones. Hay un momento en el que, ante la presión de Esquerra, Puigdemont les propone su renuncia y que Junqueras asuma la presidencia, pero nadie contesta a esa propuesta. Son casi las 2.30 de la mañana del jueves cuando se concluye que la vía elegida son las elecciones. Junqueras dirá en público que respeta la decisión del president, aunque no la comparta. Lluís Corominas pide a Puigdemont que convoque una reunión del grupo parlamentario para el jueves por la mañana para contarles por qué se ha decidido por las elecciones. Esa noche muchos de los presentes en la reunión no dormirán. Se siguen enviando whatsapps hasta muy tarde. Uno de ellos es de Vila a Urkullu: «Acabamos de acordar elecciones autonómicas. Esto ha de ser correspondido con la no aplicación del 155. Mañana intentarán contrastar este escenario a través de ti. Esta vez Madrid no se puede equivocar. Buenas noches».

Desde primera hora de la mañana del jueves 26 ya circulan veloces las noticias sobre la convocatoria electoral que ese día debe anunciar Puigdemont. A las 9.30 de la mañana, tal como habían quedado unas horas antes, se reúne el Consejo Ejecutivo para que Puigdemont dé cuenta del decreto de convocatoria de elecciones. Apenas dura 20 minutos, que los dedican a comentar el momento político. El president ha convocado una rueda de prensa para las 13.30 horas en la que se anunciará la disolución del Parlament y la fecha de las elecciones. Isabel Garcia Pagan, subdirectora de La Vanguardia, revela en la edición digital de ese diario el día elegido: el 20 de diciembre. Puigdemont ya tiene listo su discurso. En él asegura que quiere ser el presidente de todo el país, no solo de una mitad... A las diez de la mañana Puigdemont le envía un mensaje a Urkullu: «Lehendakari, convocaré elecciones». El decreto, ya redactado, incluye una referencia a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), a petición de Urkullu, que le ha asegurado a Puigdemont que debe figurar alguna alusión al Estatut o al ordenamiento jurídico español para garantizarse que Rajoy no aplicará el artículo 155. Al mismo tiempo, el PSOE presentaría una enmienda en el Senado pidiendo la paralización del procedimiento para la intervención de la Generalitat. Todo está listo. Hierven las tertulias en las radios y las televisiones y en el Gobierno catalán se da por hecho que los comicios se celebrarán el 20 de diciembre. Pero el president está inquieto porque espera una garantía clara de que no se aplicará el 155. En su entorno le han convencido para que antes de la rueda de prensa convoque al grupo parlamentario de Junts pel Sí para explicarles su decisión y que los diputados no se enteren por los periodistas.

A las 10.30 horas los parlamentarios se van acercando al Palau de la Generalitat para escuchar a su presidente. Llega Puigdemont, coloca ante sí su iPad y empieza a leer. El relato, que reproduce los argumentos del día anterior, adquiere un tono dramático para justificar su decisión. En un momento dado, advierte que le han llegado informaciones sobre una movilización de los militares de la base de Sant Climent Sescebes dispuestos para actuar en cualquier momento si la declaración de independencia se hace efectiva. A medida que avanza, empiezan a escucharse lamentos, incluso algunos sollozos. El ambiente es de gran emoción. La primera que se levanta cuando concluye el president es Carme Forcadell. «President, es inaceptable», sentencia. Después toma la palabra Marta Pascal, que apoya la tesis electoral. Antoni Castellà, diputado procedente de las filas de Unió, se muestra indignado con la decisión e incluso llega a acusar al Gobierno de Cataluña y en particular a Puigdemont y Junqueras de ser unos incompetentes por no haber preparado las estructuras de Estado y el reconocimiento internacional. Le sigue Marta Rovira... Otros diputados como la exconsellera Irene Rigau o el independiente Oriol Amat apoyan al president. Marta Pascal llama a Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, para que acuda en defensa de Puigdemont apelando a su autoridad histórica en el partido.

El diputado Jordi Cuminal y los alcaldes de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, y de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, dejan claro que si se va a elecciones romperán el carnet del PDeCAT y dimitirán de sus cargos. Cuminal lo anuncia en un tuit. Los tres pertenecen a una nueva generación de dirigentes del postpujolismo, que tienen entre 40 y 43 años. En la calle, miles de estudiantes que se estaban manifestando contra la aplicación del artículo 155 van congregándose en la plaza Sant Jaume, desde donde no cesan de gritar «Puigdemont, traïdor». Incluso pueden verse algunos carteles pulcramente fabricados que acusan al presidente de la Generalitat. Sus consignas se escuchan perfectamente dentro del Palau.

«155 monedas de plata.» No ha sido necesario que Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, procedente de Súmate, organización para promover el independentismo entre los castellanohablantes, agote los caracteres de su tuit. Son las 12.11 horas del 26 de octubre de 2017 y, con esas pocas palabras, «155 monedas de plata», Rufián acusa a Puigdemont de Judas, de traidor, provocando la adhesión de miles y miles de independentistas, tremendamente activos en las redes sociales. Puigdemont, ya lo hemos dicho, es un político muy atento a Twitter, se le considera casi un gurú de las nuevas formas de comunicación social crecidas al calor de los dispositivos móviles. Para él, la política ya no depende tanto de los partidos tradicionales ni es necesario estar pendiente de lo que reflexionan los diarios. Cree que las redes sociales le permiten difundir sus mensajes sin intermediarios, cómoda e instantáneamente. Y sin preguntas insidiosas.

La reunión ha acabado como el rosario de la aurora, mientras toda España espera sin saber a qué atenerse. Se supone que el president va a convocar elecciones, pero algo va mal… La expectación es enorme. El procés se ha convertido en un culebrón y, en teoría, estamos a punto de descubrir el desenlace. Puigdemont sale con paso firme de la reunión mantenida con los parlamentarios. Le siguen Turull y Rull. «No lo puedes hacer», «no podrás pasear por la calle», «la gente no lo entenderá», son algunas de las frases pilladas al vuelo por algunos de los presentes. El president se dirige a la Casa dels Canonges. Mientras él se siente traicionado por ERC por no apoyarle en la decisión que entre todos habían acordado la noche anterior, los republicanos se consideran engañados porque en el último momento los convergentes se han vuelto a echar atrás.

En una televisión que está encendida en el trayecto desde el Palau, Puigdemont ve a Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, asegurando que el 155 se aplicará convoque o no elecciones el president. Es el argumento que más le hace flaquear. Está íntimamente convencido de que Rajoy le engañará y mantendrá la intervención de la Generalitat aunque él convoque elecciones. Un colaborador le comenta que el dirigente popular Javier Arenas y el senador de ese partido José Manuel Barreiro también han hecho unas declaraciones en esa dirección. Puigdemont desconfía. Contacta con Iceta para que este pulse en la Moncloa cuáles son sus verdaderas intenciones. Reclama un gesto que le permita estar seguro. También le envía un mensaje a Urkullu: «Lehendakari, es cierto eso que corre por los medios que Moncloa mantiene el 155?». La respuesta: «President! Estoy en el pleno del Parlamento y no estoy siguiendo los medios. Creo que podemos valorar que el presidente ciertamente no saldrá públicamente [a decir que no aplicará el 155] pero estará muy atento a tu intervención y además él mismo ya dijo públicamente que valorará la convocatoria electoral. Además, estoy convencido de que él no querría aplicarlo. También el PSOE, que cualitativamente es importante, muestra antes de hoy su objeción a la aplicación del 155 si convocas elecciones. Es necesario también ponerse en la posición del otro y los pasos han de ser graduales» y concluye con un «vamos a confiar». Pero Puigdemont no lo ve claro. Iceta le responde que sus gestiones no han dado resultado. El president ya ha decidido que no convocará. Le escribe a Urkullu que tiene una rebelión y no puede cumplir con su palabra: «Los míos me han dejado solo». No habrá elecciones.

Quien tampoco puede aguantar más en el Gobierno es el conseller Santi Vila, que presenta su dimisión al president cuando ve que sus esfuerzos para convencerle de que convoque elecciones caen en saco roto. Vila tiene aspiraciones de ser el candidato del PDeCAT a la presidencia, puesto que Puigdemont ha reiterado en multitud de ocasiones que no desea repetir en el cargo. Durante los últimos meses, empresarios, dirigentes políticos y personalidades de la sociedad catalana han instado a Vila a dejar su partido y crear una plataforma electoral propia al estilo de Emmanuel Macron, el líder emergente en Francia. Pero el conseller ha preferido mantenerse al lado de Puigdemont el máximo tiempo posible, para evitar que se le tildara de traidor a la causa independentista. No lo ha conseguido. Los suyos le tachan de oportunista y quienes esperaban que diera un portazo a Puigdemont le consideran un cobarde. Aunque Vila es lo que se ha dado en llamar «un moderado» o defensor de la «tercera vía», partidario de un acuerdo con el Estado para reajustar la relación entre Cataluña y el resto de España, cree que solo podrá ganar unas elecciones si cuenta con el apoyo de los actuales votantes de su partido, que se han escorado hacia la secesión. Y por eso su dimisión llega justo cuando ya no es posible aguantar más sin suscribir una declaración de independencia en la que no cree. «Condeno absolutamente la imposición del artículo 155, pero este acto violento contra la democracia y las instituciones de Cataluña no justifica tomar ningún atajo», argumenta Vila en su despedida.

El president llega a la Casa dels Canonges y allí manda llamar a Mas, Turull, Rull, Pascal y varios estrechos colaboradores de menor presencia mediática pero influyentes: el periodista Jaume Clotet, director de Comunicación de la Generalitat; su jefe de gabinete, Josep Rius, que fue mano derecha de Joaquim Forn en el Ayuntamiento de Barcelona; Víctor Cullell, secretario del Gobierno catalán, y Elsa Artadi, directora de Coordinación Interdepartamental. Se encuentran en la conocida como sala del piano. Como toda la decoración de la Casa dels Canonges, es una estancia de aspecto rancio, con seis sofás tapizados en terciopelo verde y marrón distribuidos alrededor de dos mesas bajas. El president les explica que no lo ve claro, que no tiene ninguna certeza de que Rajoy no vaya a aplicar el 155 si él convoca elecciones. En un momento determinado, Rius sale de la sala para hablar por el móvil y vuelve a entrar: «Te confirmo que no van a retirar el 155». «¿Quién lo dice? ¿Rajoy?», replica Pascal. «Yo con quien hablo es con Moragas», responde Rius, refiriéndose a Jorge Moragas, jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

En todas estas horas críticas no se produce la única llamada que podría desbloquear la situación. La única que disiparía todos los malentendidos y superaría recelos y consejos interesados. Puigdemont no se fía de Rajoy. Rajoy no se fía de Puigdemont. Pero ninguno de los dos descuelga el teléfono para buscar el compromiso personal del otro de manera directa. ¿Quizá porque tampoco tienen fe en su palabra? ¿O puede que, en el fondo, ninguno de los dos deseara frenar los nefastos acontecimientos que estaban a punto de llegar? Intercambiaron sus teléfonos móviles a raíz del atentado yihadista del pasado verano, pero no llegarían nunca a marcar esos números.

En la Casa dels Canonges, el president ordena que dispongan algo de comer y se sientan a la mesa de comedor situada cerca del piano de cola, bajo la lámpara de lágrimas. Un camarero lleva bandejas de abundante jamón, salchichón, queso y tostadas, que acompañan con vino tinto. Puigdemont ha hecho llamar a Junqueras, que a su vez se hace acompañar de Rovira. El líder de ERC ha defendido la declaración de independencia, pero ha sido su número dos la que se ha mostrado más vehemente. Varias veces le ha insistido al president en que no podía defraudar las expectativas de tanta gente en el momento crítico, que no se lo perdonarían. Rovira ha empleado todas sus armas de persuasión, desde alzar el tono de voz hasta dejar caer algunas lágrimas... Puigdemont no soporta las invectivas de Rovira, pero quizá por eso Junqueras no la deja atrás. Cuando llegan, el president les anuncia que no habrá convocatoria de elecciones. Acabado el almuerzo, le espeta a Rovira: «Y ahora, vamos a hacer el pleno». «¿Ahora?, habría que preparar cómo lo hacemos», replica la dirigente de Esquerra. De hecho, el inicio del pleno que debía llevar a la aprobación de la DUI está convocado para la tarde, aunque el debate está previsto que se prolongue hasta el día siguiente. Puigdemont replica que no hay nada que preparar. La declaración de independencia está lista. Una de las personas que ha intervenido en su redacción es Elsa Artadi, una joven economista (nació en 1976) discípula de Mas-Colell que se había destacado por ser quien impulsó la Grossa, una lotería catalana a imagen y semejanza —y con voluntad de competir— con el tradicional Gordo de Navidad de las Loterías del Estado. Artadi ya se ha convertido en la mano derecha y persona de confianza de Puigdemont.

Corominas y Rovira empiezan a llamar a los diputados para que acudan al Parlament para celebrar el pleno. Algunos ya estaban de camino a casa. Mientras, Puigdemont hace una declaración en el Palau de la Generalitat en la que afirma: «He estado dispuesto a convocar elecciones siempre que se dieran unas garantías que permitiesen su celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones». En Madrid se deja claro que continúa el trámite del Senado para la aplicación del 155.

El pleno con la DUI en el orden del día se reanuda el viernes 27. Esa mañana tiene lugar un último intento de Marian Puig y Emili Cuatrecasas de convencer a Puigdemont y a Junqueras de que eviten la declaración de independencia. El líder de ERC les despacha con cajas destempladas. Les reprocha con vehemencia que no defendieran al Gobierno de Cataluña durante los años más graves de la crisis. Prácticamente les echa del despacho. En el Parlament, Puigdemont se muestra huraño y durante la sesión adopta una actitud pasiva. No va a intervenir el día histórico de la proclamación de la república catalana, a pesar de que han sido convocados medio centenar de alcaldes, que han acudido con sus varas de mando para celebrar el acontecimiento. El debate queda en manos de los portavoces parlamentarios. La profusión de épica con que se han arropado muchos momentos del procés desaparece en su culminación porque todos son conscientes de que las consecuencias van a ser fatales.

En el Senado, Rajoy justifica su decisión de aplicar el 155 y recibe una ovación de la bancada del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Mientras, en el Parlament, la tensión en el grupo de Junts pel Sí es máxima. Forcadell no quiere leer el texto de la declaración de independencia y sugiere que lo haga Puigdemont, pero este no piensa abrir la boca. Se discute si la votación debe ser o no secreta para poner las cosas más difíciles a los jueces si los diputados son procesados por rebelión o sedición. Los nervios están a flor de piel.

«Al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo...» Este es el encabezamiento de la histórica resolución que Junts pel Sí y la CUP han pactado. En ella se argumenta que «la nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia» y prosigue: «Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica». A continuación, repasa esos intentos, con especial énfasis en el último Estatut. «Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación», la Generalitat convocó un referéndum de autodeterminación, que fue respondido con una «brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes». Y se asegura que «la República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria». En virtud de esos razonamientos, se concluye con la constitución de «la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Se dispone también la entrada en vigor de la «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» y se inicia el «proceso constituyente». Se afirma la voluntad de abrir negociaciones «en pie de igualdad» con el Estado español y se pone en conocimiento de todo ello a la comunidad internacional, a la que se insta a supervisar esas negociaciones y a reconocer al nuevo Estado.

Pero lo que se va a votar no es este texto. Esa resolución será leída por la presidenta del Parlament y lo que se vota es instar al Gobierno catalán a desarrollar la ley de Transitoriedad Jurídica e iniciar el proceso constituyente. Es un curioso sobreentendido, puesto que esa ley contiene las disposiciones para el funcionamiento de un nuevo Estado, como el procedimiento para adquirir la nacionalidad catalana, la integración de los funcionarios del Estado en la administración de la Generalitat, la negociación para el reparto de bienes o la promoción internacional para el reconocimiento de la nueva república. Es decir, se va a votar la aplicación de la declaración de independencia.

Hasta el secretario general y el letrado de turno de la Cámara se ausentan después de advertir en la reunión de la Mesa que se estaba cometiendo una ilegalidad. Los partidos independentistas han acordado finalmente que la votación será secreta. Se trata de que el resultado favorable al «sí» arroje dos votos menos de los que disponen los grupos que apoyan la resolución para que un juez no pueda atribuirles a todos delitos de sedición o rebelión. La urna utilizada para la ocasión es la que se emplea para los debates de constitución de la Cámara e investiduras. Uno por uno, los diputados depositan su voto, menos los parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP, que abandonan el hemiciclo en señal de protesta. Los representantes de Catalunya Sí que es Pot votan y algunos de ellos lo hacen mostrando el papel con su «no» a las cámaras. El recuento lo hace Forcadell, ayudada por los secretarios de la Mesa. Se anuncia que «la declaración de los representantes de Cataluña» queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Son las 15.27 horas del 27 de octubre de 2017. Se supone que se acaba de declarar la república de Cataluña.

¿Y ahora qué? Al salir del hemiciclo, algunos diputados se abrazan, otros reconocen el vértigo e incluso el miedo por lo que pueda ocurrir. Hay unos momentos de discusión entre los equipos de Puigdemont y de Junqueras. El primero no quiere pronunciar ningún discurso, pero el vicepresidente considera ineludible decir unas palabras que culminen la proeza realizada. En la escalinata del Parlament se concentran los alcaldes con sus varas de mando y, arriba, en la balaustrada, se van situando los diputados independentistas. Finalmente, ante la presión de Junqueras, los dos acaban por dirigir unas palabras a los presentes, transmitidas en directo por televisión.

«Ciudadanos de Cataluña —clama el president—, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de este país. De mantenerlo sobre todo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad.» Las apelaciones a la paz y al civismo son explícitas ante el riesgo de que se produzcan altercados en las calles. Es una posibilidad que preocupa al president y que, de hecho, había pesado en su ánimo cuando estuvo a punto de convocar elecciones. El improvisado acto en la escalinata del Parlament culmina con el canto de Els Segadors. Los parlamentarios de la CUP se han situado justo detrás del president y, mientras este entona el himno de Cataluña, mantienen sus puños alzados. Son los más sonrientes de toda la escena. Es evidente que se han cumplido sus deseos. La preocupación puede entreverse en el rostro de la presidenta del Parlament, pero es incluso más evidente en los semblantes de algunos consellers del PDeCAT como Meritxell Borràs o Joaquim Forn, y de ERC, como Carles Mundó. Finalizado el canto de Els Segadors, los alcaldes se dispersan y la mayoría de los consellers no sabe qué deben hacer. El president propone que los miembros del Gobierno catalán se desplacen hasta el Palau de la Generalitat.

La declaración de independencia no provoca ningún reconocimiento internacional. Al contrario, en estas primeras horas todos los pronunciamientos subrayan que España sigue siendo el único interlocutor. Desde el Departamento de Estado norteamericano hasta Alemania, Reino Unido, Francia, Italia... Desde diferentes países se hace llegar el mensaje de que «la soberanía e integridad territorial de España son y permanecen inviolables» y se llama a resolver el conflicto por la vía del diálogo. Los esfuerzos internacionales de los dos últimos años no han servido para nada. La labor del conseller de Exteriores, Raül Romeva, que había sido eurodiputado y cuyo nombramiento produjo tanta polémica, se ha revelado inútil. Tampoco ha servido el Diplocat, organismo que pretendía instaurar una diplomacia catalana para pregonar en el mundo la causa de la independencia, y que durante casi cinco años gozó de un presupuesto que rondaba los dos millones de euros. Como tampoco resultó eficaz la ampliación de la red de «embajadas» de la Generalitat.

Alrededor del edificio presidencial se han concentrado unas 15.000 personas que desean celebrar el advenimiento de la república. En ninguna otra capital catalana se reúne un número destacable de personas. Solo en Girona el anuncio ha sacado a la calle al independentismo. Dentro del Palau de la Generalitat están Puigdemont y su Gobierno. No todos porque Oriol Junqueras, por ejemplo, ha decidido irse a casa, al igual que el conseller Mundó. Nadie le ha convocado formalmente a ninguna reunión en el Palau. En las reuniones del Estado Mayor de las últimas semanas se había contemplado este momento y se había previsto que los ciudadanos defenderían con su presencia la institución, mientras sus dirigentes políticos se mantendrían dentro, resistiendo cualquier intento de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Incluso se había hecho acopio de víveres y otros pertrechos en el Palau por si había que pasar varios días sin salir y se había adquirido un teléfono por satélite para garantizarse las comunicaciones con el exterior.

Pero en el Palau nadie sabe qué hay que hacer con exactitud. La idea de que el Gobierno de Cataluña apruebe ya los primeros decretos para el despliegue de la república, como se había previsto en las reuniones del Estado Mayor, queda desestimada porque podría agravar la posible respuesta judicial. Al menos tres consellers se niegan a participar de un Consejo Ejecutivo para ese fin. Cunde el nerviosismo ante las consecuencias inmediatas. Se comentan las opciones del exilio, que ya se habían puesto sobre la mesa en algunas reuniones del Estado Mayor. Están convencidos de que van a ser detenidos. Vendrell, que también está presente, les asegura que eso puede ocurrir en cualquier momento. No se sabe muy bien de quién parte la información, pero entre los reunidos en el Palau se difunde que la Guardia Civil ya se dirige hacia allí. Son momentos de angustia.

Aquel viaje a Ítaca emprendido hace cinco años ha acabado en naufragio.

En la calle, los miles de personas reunidas para celebrar el advenimiento de la república reclaman con insistencia que se arríe la bandera española del edificio de la Generalitat. Pero Puigdemont ha dado órdenes de no hacerlo. Ni piensa salir al balcón ni tiene intención de mandar arriar la rojigualda.

Cuando la multitud acaba dispersándose por sí sola, antes de la medianoche, la bandera española sigue ondeando en lo alto del Palau de la Generalitat, como el símbolo más evidente del despertar de un sueño.

EPÍLOGO

SIN REPÚBLICA Y SIN AUTONOMÍA

Las primeras horas de la recién estrenada república son desconcertantes.

Mientras los dirigentes independentistas celebran con contención en el Parlament la proclamación de la independencia, en Madrid se ha aprobado la aplicación del artículo 155 después de seis horas de debate en el Senado. Una medida inédita en la democracia española que recibe 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. La respaldan el PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. Lo aprobado incluye el cese del presidente de la Generalitat y de su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlament, la intervención de la administración catalana, incluyendo los Mossos d’Esquadra, y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses. El diputado del PSC José Zaragoza ha convencido al PSOE para que no apoyara la intervención de los medios de comunicación públicos catalanes, a pesar de ser muy crítico con ellos. El expresidente de la Generalitat José Montilla se ha ausentado del pleno para no votar esa medida por considerarlo incompatible con el cargo que había ostentado. La sesión ha sido tensa, marcada por las noticias que iban llegando desde Barcelona. La oposición al 155 se ha ceñido a Unidos Podemos, ERC, el PNV y el PDeCAT.

Pasadas las cinco y media de la tarde, llega al Palau de la Generalitat el burofax del Senado informando del acuerdo. La aprobación del texto en la Cámara Alta es un paso preceptivo, pero no supone su aplicación inmediata. Está convocado un Consejo de Ministros para esta misma tarde que le dé la luz verde definitiva. A las 20.25 horas, Rajoy comparece ante los periodistas para dar cuenta de los cinco decretos aprobados con los que se pone en marcha la intervención de la Generalitat. En ellos se cesa al presidente de la Generalitat y a todos sus consellers, se disuelve el Diplocat y las delegaciones en el extranjero. También se pone a los Mossos bajo control del Ministerio del Interior y se releva al mayor Trapero. La proclamación de la independencia ha durado apenas cinco horas.

Ya no hay república. Ni tampoco autonomía.

Pero el anuncio más sorpresivo de Rajoy es la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. No se agota el plazo de los seis meses aprobado en el Senado. El presidente del Gobierno ha acordado con Rivera y Sánchez que lo mejor es recuperar la normalidad cuanto antes y que la intervención dure lo menos posible. Por eso, se convocan elecciones para un día después de la fecha que había elegido Puigdemont y que finalmente desestimó. Y habría sido el mismo día si no fuera porque se tienen que cumplir los plazos preceptivos. En Barcelona nadie se espera que las elecciones sean tan pronto. De repente, los partidos independentistas tienen que decidir si se presentan a unos comicios convocados por el presidente del Gobierno español o si se arriesgan a quedar fuera de las instituciones catalanas durante cuatro años en caso de no acudir a la cita.

Pero ese punto no se pondrá sobre la mesa hasta el día siguiente. En esta noche del 27 de octubre de 2017 están reunidos el president, la mayoría de sus consellers y algunos miembros del Estado Mayor en el Palau de la Generalitat sin saber muy bien qué hacer. Acaban de llegar procedentes del Parlament, donde ha tenido lugar la intensa jornada que ha culminado en la declaración de independencia. Cunde el pánico ante la posibilidad de que vayan a ser arrestados todos en cualquier momento. El conseller Joaquim Forn se abraza a algunos de sus colegas, casi a modo de despedida. Xavier Vendrell les recomienda que no se les ocurra ir a sus casas porque serán arrestados. Organiza todo un dispositivo, con voluntarios, que acuden en sus coches a buscar a los miembros del Gobierno catalán para llevarlos al sur de Francia, donde pasarán la noche, unos en un hotel y otros en viviendas de los mismos particulares que cooperaron en la logística del referéndum. Vendrell hace lo mismo con los miembros de la Mesa del Parlament. La mayoría de los consellers sigue sus consejos, aunque no todos. Los integrantes de la Mesa de la Cámara tampoco se suman a la huida. Según la narración de uno de los consellers, se le condujo a una casa particular en una pequeña población cercana a Prada de Conflent. Le recibió una pareja que, sin mediar demasiadas palabras, le ofreció una habitación, toallas y le preguntaron qué querría desayunar al día siguiente.

Cataluña se despierta el sábado, 28 de octubre, inmersa en una gran resaca después de los trepidantes y emotivos sucesos del día anterior. Transcurren algunas horas de la mañana y parece como si nada hubiera ocurrido. Ningún miembro del Gobierno catalán da señales de vida. Han apagado los móviles. Junqueras ha decidido pasar el fin de semana con la familia en una casa rural. En TV3 no saben qué explicar a sus espectadores, así que el entorno de Puigdemont acaba preparando una comparecencia suya para que se emita a las 14.30 horas en la televisión pública catalana. Pero mientras se está transmitiendo esa declaración institucional, la cadena de televisión La Sexta conecta con un restaurante de Girona porque ha pillado allí al ya expresident comiendo con unos amigos. La declaración había sido grabada un rato antes en esa ciudad de forma un tanto improvisada, ante un atril con el emblema de la Generalitat y junto a las banderas catalana y europea, y es emitida en diferido, mientras Puigdemont almuerza en la céntrica Plaça del Vi un menú de anchoas, tortilla, embutidos, arroz y postres, regado con vino. Está acompañado de unos amigos. Uno de ellos es Jami Matamala.

En su declaración grabada, no se da por cesado y pide a los catalanes «paciencia, perseverancia y perspectiva». Asimismo, llama a ejercer «una oposición democrática a la aplicación del artículo 155» e insiste en que deben respetarse las manifestaciones de rechazo a la declaración de independencia y, en todo momento, mantener el civismo. No hace referencia a la república recién proclamada. La declaración, lejos de aclarar nada, provoca aún más desorientación, también entre los seguidores independentistas, que no saben muy bien a qué atenerse. Es una muestra evidente de que nada hay preparado para el día siguiente a la proclamación de independencia. Finalizado su almuerzo, Puigdemont se da un paseo por Girona, inmersa en las fiestas de Sant Narcís, junto a su esposa. Por las calles es vitoreado por muchos de sus vecinos.

El Estado Mayor se traslada a una casa rural de Vilaür, en el Alt Empordà, y convoca a una reunión urgente. Entre los asistentes figuran Oriol Soler, Marta Rovira, el dirigente de ERC Sergi Sabrià, David Bonvehí, y representantes de las entidades soberanistas, Agustí Alcoberro por la ANC y Marcel Mauri y Jordi Bosch por Òmnium. Por allí se pasa también en algún momento el propio Puigdemont. Es perentorio recomponer la estrategia y lanzar un mensaje claro a la población. Las claves que se ponen sobre la mesa son la decisión de consellers y altos cargos de regresar el lunes a sus puestos desobedeciendo así el artículo 155, la movilización en la calle «en defensa de las instituciones» y las órdenes que puedan trasladarse por parte del Gobierno central a los Mossos y al resto de los cuerpos de seguridad del Estado. También se vuelve a hablar de la posibilidad del exilio. Pero la única decisión que se toma en firme es que el lunes todos los consellers deben estar en sus departamentos, como si fuera un día normal. Algunos siguen cerca de Prada de Conflent, sin saber qué es lo que se está decidiendo en su nombre. Cuando se les traslada el resultado de la reunión, Rull retorna a Cataluña y el domingo se deja ver en un acto en Sant Cugat. También Turull y Romeva deciden regresar. Puigdemont se va a su casa.

El domingo, el ya expresident almuerza en su domicilio con algunos amigos y dirigentes políticos, entre ellos Turull (que ha dejado el equipaje en su refugio del sur de Francia), Romeva y Marta Rovira. La sobremesa discurre viendo el partido entre el Girona y el Real Madrid, que acaba con victoria para el equipo de Puigdemont (2-1). Se había especulado sobre si él mismo se presentaría en el palco del Girona, pero finalmente lo sigue desde su casa. Se despiden emplazándose para el día siguiente. El plan es acudir al puesto de trabajo para combatir así con su presencia la destitución decretada por el 155.

La mañana del día 30, lunes, el expresident envía un tuit del cielo de Barcelona fotografiado desde el Pati dels Tarongers, con sus gárgolas rompiendo la bóveda azul. En ese mismo espacio le esperan las cámaras de TV3 para inmortalizar el nuevo desafío a la legalidad española que supone la presencia del president destituido en el Palau de la Generalitat. Pero no aparece nadie. Y pronto se descubre que la foto tuiteada es de otro día. De hecho, ningún conseller aparece por sus despachos. Excepto Rull. El conseller de Territorio cesado se presenta en su departamento, se sienta a su mesa de trabajo y simula que consulta algo en el ordenador para enviar a las redes sociales unas fotos de supuesta normalidad. Turull y Romeva han quedado en un bar cercano al Palau de la Generalitat para entrar juntos. Mientras toman un café, reciben la llamada de Josep Rius, jefe de gabinete de Presidencia, que les comunica que Puigdemont no va a acudir al Palau. El expresident está en Bélgica. Los dos se quedan perplejos. No se lo esperaban.

Cuando Puigdemont decide viajar a Bruselas, algunos consellers le siguen. En ningún momento explica a Junqueras que ha tomado la decisión expresa de marcharse a Bélgica. Aunque esta posibilidad se había abordado en varias reuniones, en el instante crítico el president no telefonea a su número dos en el Gobierno para informarle de que va a dar ese paso. Le siguen hasta allí varios consellers, pero algunos regresan unos días después tras realizar consultas con compañeros de partido, abogados y con sus familias. Finalmente, se quedan con él como refugiados Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

En Madrid se pone en marcha la maquinaria judicial para la inmediata presentación de una querella por parte de la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno catalán por rebelión y malversación. A partir de este momento, la política ya ha perdido su oportunidad. Los jueces toman la palabra y lo hacen con dureza, decretando el encarcelamiento provisional de la mayoría de los líderes del independentismo por considerar que existe riesgo de reincidencia y de fuga. Si lo ocurrido en Cataluña es un desafío al Estado, uno de los poderes de ese Estado, el judicial, se ha sentido directamente concernido y opta por la máxima acusación, la de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión. La rebelión implica un delito contra la Constitución con el fin de «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» que requiere el «alzamiento con violencia». Arrecian las discusiones entre juristas y en el seno de la sociedad catalana sobre si hubo o no ese «alzamiento con violencia» que el juez Llarena ve en los sucesos acaecidos en septiembre ante la Consejería de Economía y en los que buena parte de la población solo aprecia una protesta en la que, si acaso, pueden concurrir «desórdenes públicos». El asalto al Congreso por parte del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en 1981, al que el juez hace referencia implícita en uno de sus autos, se saldó con una condena para el golpista de 30 años por rebelión militar. Tejero permaneció 13 años en la cárcel.

Las elecciones convocadas por Rajoy con la intención de devolver la normalidad institucional a Cataluña van a chocar con las actuaciones judiciales, que despiertan rechazo no solo entre los independentistas, sino entre otros muchos ciudadanos que intuyen que se pretende un castigo ejemplarizante por encima de la mera misión de impartir justicia. La visión de las furgonetas de la Guardia Civil conduciendo a los consellers a la prisión golpea a muchos catalanes. Es un elemento que ahonda el enfrentamiento de una sociedad ya fracturada. «Tengo sentimiento de culpa», se confiesa Homs ante sus compañeros en una ejecutiva del PDeCAT. El exconseller sabe que fue uno de los impulsores de un proceso que ha acabado con los líderes catalanes en la cárcel. En un Consejo de Ministros, la ministra Dolors Montserrat no puede contener las lágrimas mientras explica a sus colegas de gabinete que en su pueblo, Sant Sadurní d’Anoia, quieren declararla persona non grata. La tirantez y la angustia se perciben en muchas conversaciones, mientras se intenta desarrollar una campaña electoral que no puede ser normal.

El independentismo exhibe con una mezcla de orgullo y rabia contenida el lazo amarillo para reclamar la libertad de los presos, pero quienes no comparten el objetivo de la separación ya no permanecen callados como antes. La división se manifiesta sin ambages. Y, en medio, una parte de la sociedad catalana que no ha compartido las decisiones de Mas y Puigdemont de los últimos años se pone en guardia ante la tentación de que el Gobierno central aproveche la situación para rebajar de forma definitiva el autogobierno catalán y para humillar a sus dirigentes políticos. En realidad, aunque se tienda a simplificar la división política en Cataluña entre favorables y detractores de la independencia, la paleta de matices es mucho más rica, como lo demuestra la composición de un Parlament muy atomizado.

El resultado electoral del 21 de diciembre es un revés para Rajoy. Con una participación extraordinaria del 79 %, la primera fuerza política es Ciudadanos, pero la suma del independentismo la supera en número de escaños. Y el resultado del partido que gobierna en España, el PP, roza el ridículo. El cuadro es desalentador para Rajoy. Las elecciones no han sido la solución mágica, rápida e indolora que esperaba el presidente. El conflicto persiste. Como en el cuento de Augusto Monterroso, «cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». El porcentaje de voto independentista no ha crecido, pero tampoco se ha hundido: alcanzó el 47,8 % en las elecciones del 27-S y se ha quedado en el 47,49 en este 21-D.

Las elecciones arrojan un resultado espectacular para Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña. Justo once años atrás, Albert Rivera daba la sorpresa y entraba en el Parlament con tres diputados. En solo once años se ha multiplicado su representación hasta llegar a los 36 escaños. Ciutadans es la primera fuerza política en Cataluña. Su éxito consiste en aglutinar a todo el espectro de votantes contrario a la independencia por encima de cualquier otra consideración ideológica. Mientras la posible secesión no se vio como una vía factible, ese voto se dispersó entre diferentes opciones en función de las sensibilidades hacia la izquierda o la derecha, pero ante el avance del proceso independentista, el polo contrario empezó a engrosar las filas de Ciutadans, una formación que nació para enfrentarse sin complejos y frontalmente al nacionalismo catalán.

En su irrefrenable ascenso, Ciutadans deja reducido a la mínima expresión al PP. La casi extinción en Cataluña del partido que gobierna España debería inducir a una reflexión entre los dirigentes conservadores. El PP catalán ha sido siempre una formación sujeta a los intereses de la sede central de Génova en Madrid. Durante muchos años se atribuyó su escasa implantación en Cataluña a la presencia de una formación muy potente de centro-derecha como CiU. Pero en plena decadencia de la antigua Convergència, el PP ha profundizado su declive y se ha quedado con cuatro diputados. Es la última fuerza política en el Parlament. Su desconexión con la realidad catalana es total. Es este un elemento clave para analizar la crisis territorial española, ya que los dos grandes partidos que se han turnado en la Moncloa durante las últimas décadas cuentan con un apoyo minoritario en el Parlament.

Pero el proceso independentista no solo ha propulsado a Ciudadanos en Cataluña, sino también en toda España. Si Rajoy pensó que la recuperación económica después de casi una década de profunda crisis le sería recompensada, se equivocó. Ciudadanos le ha arrebatado el estandarte de la regeneración política, algo sencillo teniendo en cuenta el reguero de dirigentes acusados de corrupción que mantiene el PP, y el de la unidad de España, una seña de identidad que los populares creían poseer en exclusiva. El proceso independentista ha propiciado un despertar del nacionalismo español que se refleja en la multitud de banderas rojigualdas que decoran los balcones de las principales capitales (se reacciona a la profusión de estelades en Cataluña con una respuesta mimética a la que se quiere denostar). Ciudadanos se dispone a asaltar la Moncloa enarbolando un nuevo patriotismo español desacomplejado.

En estas elecciones del 21-D, el PSC también sufre una decepción. Logra un ligero ascenso, pero esperaba más. Se queda en 17 diputados. Los socialistas catalanes se han estabilizado después de varios años de caída, pero en una campaña tan polarizada, una posición contraria a la independencia pero matizada como la de Iceta despierta suspicacias entre quienes desean dejar claro su rechazo a la secesión. Algo similar les ocurre a los comunes, que mantienen sus ocho escaños. Su ambigüedad entre los dos polos solo ha convencido a los más fieles. Puesto que los diputados de Colau no están dispuestos a sumarse a un bloque constitucionalista en el que figuren Ciutadans y el PP, la posibilidad de un Gobierno no independentista está vetada.

La sorpresa se ha producido en el lado del independentismo, donde Puigdemont ha provocado un terremoto. El expresident, que había insistido en público y en privado durante casi dos años en que no se presentaría a unas elecciones, ha cambiado de idea para estupor de su propio partido. De hecho, ha despreciado al PDeCAT y lo ha obligado a aceptar una lista con un nuevo nombre, Junts per Catalunya, integrada en buena parte por personas de su confianza, sin tener en cuenta la opinión del partido. Puigdemont, desde Bélgica, tiene la intención de plantar cara al Estado español. El primer asalto no le ha salido mal. Con el potente mensaje de reclamar al pueblo que le restituya en el puesto que Rajoy le ha arrebatado, Puigdemont ha logrado 34 escaños, dos más que ERC. Sumados a los cuatro de la CUP son 70. La mayoría absoluta en el Parlament son 68. En el otro bloque, como hemos visto, la suma se queda en 57, puesto que si sumamos a los comunes, con ocho diputados, son 65, pero estos no desean abonarse a uno ni a otro bando.

La estrategia de Puigdemont es poner contra las cuerdas al Estado, acentuar las contradicciones de la democracia española, y ganarse la simpatía de la opinión pública europea. Es su salvoconducto para evitar un negro desenlace judicial. Mientras mantenga la atención internacional y el respaldo de una buena parte del Parlament, cree que podrá sostener la batalla. Y, de hecho, el expresident coloca a la justicia en una situación complicada cuando somete sus decisiones, como la acusación de rebelión y malversación del Tribunal Supremo, al escrutinio de otras autoridades judiciales europeas. La argucia de Puigdemont pone en evidencia además una contradicción intrínseca de un sistema político que permite a los partidos presentarse a las elecciones con un programa que propone la independencia sin que se hayan determinado las reglas de juego por las cuales se podría alcanzar ese objetivo.

Imposible vaticinar qué ocurrirá en el futuro. Para que surja una propuesta que permita engarzar un acuerdo, será preciso que todas las partes asuman primero una sincera autocrítica, algo que aún está lejos de suceder. Y no son pocos los errores cometidos en los últimos años. Algunos han aflorado a lo largo de estas páginas.

Artur Mas —y también Homs— ha comentado en varias ocasiones en privado que el Estado español está «genéticamente incapacitado para el pacto». Es una frase que condensa dos mensajes entrelazados: el primero es que no existe posibilidad de una convivencia acordada de Cataluña dentro del marco español. Es una forma de justificar su decisión de liderar el camino hacia la independencia. Y la segunda conclusión que se extrae de ese aserto consiste en atribuir el fracaso del proceso emprendido a una fatalidad derivada de la misma esencia del Estado en el que los catalanes se ven obligados a vivir.

Pese a la amargura que contienen esas palabras, Mas es de los pocos dirigentes del independentismo que ha admitido el principal error del proceso que él mismo impulsó: la lectura equivocada de la composición social de Cataluña en el momento en que se intentó la hazaña. Mas ha reconocido que no existe una mayoría suficiente en favor de la independencia en este momento, aunque no lo admitió cuando supo los resultados de las dos elecciones que él convocó. El expresident creyó que tensando la cuerda con el Gobierno central se llegaría a un momento de crisis que obligaría a este a negociar de manera bilateral un nuevo tipo de relación con Cataluña. Pero Mas acabó arrastrado por el «procesismo», una forma de subsistir políticamente que ha consistido en marcar el calendario con pequeños hitos de la causa que alimentaban el apoyo electoral y la movilización social. Por el camino, su partido ha quedado reducido a la mínima expresión —aunque él considera que aún estaría peor de haberse resistido a la oleada soberanista— y todo lo que representó Convergència desde su fundación ha quedado arrasado. Del nacionalismo pactista centrista y conservador que fue un día el eje, el «pal de paller», en expresión de Pujol, no queda apenas nada. Pero el destrozo va más allá: el catalanismo como fórmula integradora está en cuestión.

Entre los errores cometidos es preciso incluir también un diagnóstico erróneo de la capacidad de resistencia de las estructuras estatales y de la coyuntura europea. La «revolución de las sonrisas» no es suficiente para desafiar el poder de cualquier Estado. La dicotomía entre una pulsión revolucionaria y otra aburguesada que se da cita en este proceso viene de lejos, como describe Agustí Calvet, Gaziel, en el artículo titulado «Un buen consejo», publicado en La Vanguardia el 16 de junio de 1934 —y recogido en el libro Tot s’ha perdut (Todo se ha perdido)—:

El catalanismo de antaño había abusado de la táctica del «tot o res, si no ens ho donen, ens ho prendrem» [todo o nada, si no nos lo dan, lo tomaremos] y otras bravatas parecidas, tal como la de un posible alzamiento de Cataluña [...]. Entonces el catalanismo no lo sentían más que clases medias y conservadoras [...]. ¿Cómo iban ellas a jugarse el todo por el todo y hacerse romper la crisma? Sus dirigentes mismos, gente diestra en el arte de instalarse y progresar en la vida, con grandes posiciones sociales o en camino de obtenerlas, ¿cómo iban a sentir una debilidad por la carrera del martirio? No, aquello de la estridencia estaba muy bien como táctica, pero las armas eran todas imaginarias, de escenografía, y la pólvora se iba por completo en salvas.

Por más que las clases medias estuvieran viviendo con desazón la crisis que se desató en 2007, que por primera vez impedía que los hijos vivieran mejor que sus padres, Cataluña sigue siendo una de las regiones europeas con mejor calidad de vida. Demasiado que perder en un verdadero enfrentamiento con el Estado. Tampoco los líderes del procés desearon nunca someterse al martirio, aunque acabaron por sufrir unas consecuencias mucho más duras de lo que imaginaron. Algunos dirigentes independentistas flirtearon, imaginaron, discutieron y unos pocos hasta planificaron, la idea del alzamiento de un pueblo que, con su resistencia pacífica, doblegaría al Estado. Se repetían a sí mismos los ejemplos de Gandhi o Mandela. Pero a la hora de la verdad, nada de eso ocurrió.

El contexto europeo tampoco ha sido favorable. El independentismo justifica el fracaso de la empresa en lo que considera una incomprensible reacción de una Europa que protege los intereses de los Estados por encima de los valores democráticos. Un discurso que, en algún momento, ha llevado a algunos líderes, como Puigdemont, a proferir expresiones propias de un dirigente euroescéptico. Pero lo cierto es que se falló en el análisis de la reacción en el seno de la UE. Después de un periodo marcado por la inestabilidad económica y política, con el futuro del euro en el aire, con el brexit sobre la mesa, y frentes abiertos como el de los refugiados y el auge de los populismos en diversos países, la causa independentista catalana no podía ser vista con demasiada simpatía en los centros de poder europeos. Máxime cuando Rajoy había conseguido erigirse en un puntal de estabilidad en el sur del continente.

En un conflicto siempre hay dos partes en litigio. Los errores cometidos por la Moncloa en este periodo tampoco son menores. El principal, la inhibición. La renuncia a intentar cualquier tipo de aproximación política, incluso de explicación, acompañada de un profundo desconocimiento del extraordinario fenómeno que estaba desplegándose en Cataluña. Nadie en el Gobierno español diagnosticó con acierto lo que estaba ocurriendo. Es más, se desdeñó desde el principio como una triquiñuela más del nacionalismo para arrancar unas migajas de dinero y poder. No se tuvo en cuenta el peso económico de Cataluña ni su posición como región avanzada en el marco europeo que experimenta antes que ninguna otra zona en España el progreso, pero también los peligros que se viven en su entorno. Tampoco el principal partido de la oposición, el PSOE, fue capaz de afrontar el reto. No supo dirigirlo durante la negociación del Estatut y la posterior sentencia, ni después logró que sus barones territoriales entendieran que la crisis constitucional abierta por el crecimiento del independentismo no podía abordarse con la estrechez de miras habitual, centrada en advertir contra los supuestos privilegios de los catalanes. Una irresponsabilidad perpetuada en el tiempo que ha minado el Estado autonómico y tiene efectos muy perniciosos en la convivencia entre territorios de España.

Sin un diagnóstico acertado, Rajoy intentó aplicar a este foco de desestabilización la receta de siempre: dejar que el paso del tiempo acabara por encontrar una solución. Confiando en que cualquier movilización popular afloja tarde o temprano. «Si tienes tiempo, no tomes nunca la decisión hasta el último minuto. Porque en medio pueden pasar un millón de cosas... Y siempre es bueno hacer una última reflexión.» Es una frase de Rajoy aplicada en privado a otro asunto espinoso que requería de su atención, pero que resume a la perfección su disposición hacia el conflicto catalán. Esa actitud llevó a Rajoy a desprenderse de su responsabilidad y traspasarla en exclusiva al poder judicial, dando lugar a una especie de Gobierno de los jueces que estos no habían reclamado. Una práctica que complicará al máximo cualquier intento de reconducir la situación que se pretenda explorar en el futuro. Cualquier acuerdo deberá incorporar no solo cambios legislativos y de reparto de poder, sino un compromiso de lealtad mutua que faltó cuando se abordó el Estatut. Sin esa voluntad de cumplir con el espíritu de lo acordado, ningún texto legal resiste su aplicación en el tiempo. Pero antes habrá que desbrozar un campo de minas sembrado de humillaciones y rencores.

En algún momento habrá que abordar una solución política que permita al menos «conllevarse» en armonía. Y será tiempo de recuperar algunas propuestas de quienes fueron tildados de «traidores» o, con sorna, esos «moderados de la tercera vía» acusados de pretender perpetuar supuestos regímenes obsoletos. Habrá que reconstruir los consensos constitucionales, restaurar el prestigio de las instituciones, tan erosionado, y buscar un reconocimiento de la identidad catalana que resulte más o menos confortable para la mayoría. Para ello, es probablemente imperioso que cambien los protagonistas de este tramo de la historia. De hecho, ya lo están haciendo. En el Palau de la Generalitat gobierna Joaquim Torra, un independiente fichado por Puigdemont que llegó rodeado de un revuelo notable por unos escritos de tinte xenófobo hacia los españoles por los que él mismo pidió perdón. En la Moncloa ya no reside Rajoy, sino Pedro Sánchez, después de una súbita moción de censura que ha obtenido el voto de los partidos independentistas en el Congreso. Cataluña es clave para organizar España. Cualquier presidente del Gobierno deberá tenerlo muy interiorizado.

Los catalanes deberán superar una etapa de frustración colectiva y recomponer su fractura social. Procede de nuevo recurrir a Gaziel, quien después de los hechos del 6 de octubre de 1934, en su artículo titulado «La clara lección», se lamenta:

Ahora lo estamos viendo. Cataluña ha pasado de la cabeza a la cola, del primero al último lugar de España. Y esto ha ocurrido porque los catalanes no hemos sabido ni siquiera entendernos entre nosotros mismos. ¿Cómo, pues, podía ser que nos entendiesen y acompañasen los restantes españoles? Y si España no podía entendernos, ya que la misma Cataluña era una olla de grillos, ¿cómo iba Cataluña a transformar a España? ¿De dónde saldría la «España nueva» que soñábamos?

Habrá quienes concluirán que el independentismo, esta vez, ha sido derrotado para varias generaciones. También quienes añorarán el catalanismo como espacio de convivencia basado en una defensa de la identidad propia sin forzar la máquina, para que nadie se sintiera excluido. Una parte de los independentistas han visto cómo la ilusión de los últimos cinco años se desvanecía dejando atrás lo que vivieron como una oportunidad histórica. Y otros mantendrán que aún es posible superar el reto, que se ha traspasado la línea roja y que ya no hay marcha atrás.

El independentismo no ha llegado al 50 % de los votos, pero no puede descartarse en absoluto que lo consiga en el futuro. Hace diez años era una postura casi residual política y socialmente, mientras que ahora ocupa el centro del debate entre las clases medias. Esa fuerza no es suficiente para doblegar a un Estado, pero tampoco para que este la ignore y pretenda la ficción de meter ese movimiento en vereda recurriendo a los tribunales. Para muchos, la aventura no se ha acabado. Al fin y al cabo, el proceso ha sido un relato tan potente que ha logrado atrapar a más de dos millones de personas. Es una historia cuyo final no está escrito. Sin duda, llegarán otros líderes que intentarán una nueva travesía.

El naufragio

Lola García

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