La transición ocupa un lugar destacado en el imaginario español. Reverso positivo de la tragedia representada por la Guerra Civil, la transición se ha convertido en el mito fundacional de la nueva España que emergía del franquismo. Promocionada en el exterior como un modelo que emular, buena parte del mito se fundamenta en la idea de que estuvo exenta de violencia política, de que apenas hubo derramamiento de sangre. Pero ¿fue la transición tan pacífica como se pretende? A partir de una ingente cantidad de datos no publicados, este estudio definitivo desvela el ciclo de violencia que, lejos de ser culpa única y exclusivamente de ETA, cabe atribuir tanto a radicales de toda índole como a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ocasiones más partidarios de desatar la represión que de servir a la naciente democracia.

Este libro explora, además de las motivaciones y las prácticas de todos los actores implicados en la violencia, la reforma del sistema represivo franquista, afectada por el recurso a la tortura o a la «guerra sucia» contra un terrorismo creciente. Sophie Baby estudia igualmente, con magistral pericia, el peso de los imaginarios políticos y sociales en una España traumatizada por un pasado doloroso de pérdida y represión que reactiva el uso de la violencia. De esta forma, al colocar la violencia y su memoria en el centro del análisis, la autora construye una nueva interpretación de este periodo crucial de la historia de España.

Sophie Baby

El mito de la transición pacífica

Violencia y política en España (1975-1982)

ePub r1.0

Titivillus 28.02.2021

Título original: Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982)

Sophie Baby, 2018

Traducción: Tomás Fernández Aúz & Beatriz Eguibar

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo

PRÓLOGO

16 AÑOS ATRÁS

La transición española se ha convertido en las últimas décadas en ese «oscuro objeto del deseo», por retomar el título de la célebre película de Luis Buñuel[1], del que todos tratan de apropiarse elogiando, revisitando o criticando lo que no es sino el periodo fundacional de la democracia en curso. «Hace tiempo que la Transición murió de éxito, pero aun después de muerta sigue reconciliando a los españoles», afirmaba en noviembre de 2016 un joven y polémico columnista en un artículo titulado «El mito de la Transición»[2], resumiendo así las vicisitudes de la memoria del periodo de transición a la democracia. La transición española, tras haber sido convertida, por su éxito, en un mito fundacional de la democracia cuyo relato intocable se impuso durante años en la esfera pública, es ahora el blanco privilegiado de las voces contestatarias que quieren desprenderse de la leyenda y reformar un sistema cuyas deficiencias se imputan a dicha transición. Aun así, el llamado «espíritu de la transición», nos dice el periodista, seguiría teniendo un impacto simbólico basado en el diálogo y la búsqueda del consenso para garantizar la convivencia entre los ciudadanos. Este tipo de reflexiones parecen hoy en día banales, y son cada vez más numerosos los que se manifiestan en contra del llamado «régimen del 78», suscitando la movilización inversa de los que tratan de defenderlo.

No olvidemos, sin embargo, que criticar el modelo español de transición era casi blasfemo allá por el año 2000, cuando empecé la investigación que constituye el meollo del presente libro. También debe quedar bien claro que el trabajo de historiadora aquí efectuado, aunque se inscriba en un movimiento global de relectura del periodo de la transición democrática —más allá de los mitos y de las leyendas—, poco tiene que ver con los discursos banderizos que tienden a monopolizar el espacio público en la península.

De hecho, este libro surge de la generosa labor de traducción, propuesta por Ediciones Akal, del volumen publicado originalmente en francés, en el año 2012, por la Casa de Velázquez. Quiero en este punto agradecer calurosamente al editor de Akal, Tomás Rodríguez, su propuesta de traducirlo en un momento en que la edición francesa ya se encontraba agotada y en que parecía oportuno que el público español pudiera acceder más fácilmente a los resultados de la investigación. Traducido seis años después de su primera edición francesa, el libro es asimismo el fruto de un trabajo de reescritura de mi tesis doctoral, acabada en 2006.

Obviamente, mientras tanto, España ha cambiado. No solamente España, sino también las percepciones que la sociedad española tiene de su pasado reciente, de la Guerra Civil a la transición, cuyas memorias plurales no han cesado de desarrollarse mientras pesaban cada día más en la actuación política y social del presente. Cuando empecé la investigación sobre la violencia política en la transición gobernaba el Partido Popular de José María Aznar con mayoría absoluta, cerrando de manera definitiva la etapa socialista posterior a la transición, en el mismo año 2000 en que se realizaba, si no la primera exhumación de fosas de la Guerra Civil tras la muerte de Franco —muchas tuvieron lugar en tiempos de la transición de manera tan discreta que pasaron desapercibidas—, al menos sí la primera que despertó la atención de la opinión pública. Promovida por Emilio Silva, dio lugar a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y, con ella, al impulso del movimiento del mismo nombre que llegaría a ocupar en breve una centralidad inédita en el espacio político.

Seis años más tarde, cuando defendí la tesis doctoral, todavía no había sido aprobada la Ley de Memoria Histórica, adoptada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. No había tenido lugar el intento del juez Baltasar Garzón de enjuiciar los crímenes del franquismo (2008) ni había sido presentada la querella argentina en los tribunales de Buenos Aires (2010) que llevó a la inculpación de algunos de los torturadores más tristemente célebres de la época de la transición, así como de algunos de sus protagonistas clave, Rodolfo Martín Villa en particular. Tampoco ETA había anunciado su rendición (2011), abriendo el camino a una política de reconciliación y de paz encabezada por el gobierno vasco. Tampoco había nacido un «movimiento de los indignados» que, tras la gran crisis económica y social que sacudió el país desde 2008, llevó a un cuestionamiento creciente de los fundamentos económicos, sociales y también políticos del Estado establecido por la transición. Sin hablar, obviamente, de los temblores provocados por la radicalización de las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos, que llevaron a la crisis catalana del otoño de 2017.

Hoy en día, se habla de manera trivial de la crisis del régimen del 78 y ya no resulta chocante criticar el modelo español de transición que, durante mucho tiempo, fue hegemónico. Incluso decir que la transición a la democracia no fue tan pacífica como se pretendió durante décadas, sino que, por el contrario, dio lugar a bastantes episodios de violencia —afirmación que es uno de los resultados mayores del presente libro—, ha llegado a ser un tópico extendido por igual en la esfera académica y en ciertos sectores sociales y políticos. No hay que olvidar, sin embargo, que hace quince años a duras penas se hablaba de violencia en la transición; tal violencia era, más bien, rotundamente negada. Y me parece que todavía hoy, a pesar de todas las evoluciones mencionadas, muchos se resisten a aceptar la realidad de un fenómeno que, cuando surge en los discursos, sigue apareciendo demasiadas veces reducido a sus aspectos más visibles, más caricaturales o más polémicos, cuando no se minimiza su importancia en el proceso de cambio político.

Volver al presente texto, a fin de revisar la traducción realizada por Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, me convenció de la conveniencia de publicarlo hoy en castellano. En primer lugar porque, a pesar de los avances del conocimiento acerca del periodo abordado, no existe ningún otro trabajo que intente analizar en su globalidad, y en todo el territorio nacional, el fenómeno violento. En segundo lugar porque sigue siendo necesario, y hoy quizá más que nunca, salir de los debates apasionados y polémicos para intentar reflexionar sobre el asunto al margen de toda intención partidaria, de la manera más clínica posible[3]. En este sentido, espero que las reflexiones sugeridas en estas páginas abran paso a otras pistas, sean convergentes o contradictorias, que permitan hacer avanzar de manera decisiva la investigación sobre el papel de la violencia en la España reciente.

Por todas estas razones hemos decidido, de común acuerdo con el editor, no alterar significativamente el texto original. Con excepción de algunos errores puntuales que han sido corregidos, el texto conserva las cualidades y los defectos de su tiempo. Unos capítulos podría haberlos escritos tal cual hoy en día; otros, los hubiera planteado de manera muy diferente. En efecto, la palabra se liberó y se multiplicaron los testimonios sobre la violencia padecida en los años setenta y ochenta, del mismo modo que han sido bastantes las investigaciones y los trabajos académicos que han arrojado luz sobre varias cuestiones abordadas en el libro. Quiero destacar aquí algunos de ellos, que hubieran tenido el espacio debido en el análisis crítico efectuado a lo largo de las siguientes páginas.

En primer lugar, hay que referir aquí las investigaciones judiciales, en particular la ya mencionada querella argentina por crímenes de lesa humanidad, pero también los procesos llevados en España ante tribunales provinciales o ante la Audiencia Nacional —por casos de malos tratos o por casos de terrorismo—, que suponen un trabajo de investigación muchas veces colosal y valioso material de estudio. De la misma manera, habría que tener en cuenta el gran trabajo de recopilación de testimonios y de datos llevado a cabo por varias asociaciones en ámbitos tales como la memoria histórica (CeAqua, la Comuna, etc.), las víctimas del terrorismo (COVITE, AVT, etc.), o los derechos humanos (Amnistía Internacional, Argituz, etc.). También varios gobiernos autonómicos —no así el Ejecutivo madrileño— han impulsado investigaciones de gran envergadura que permiten tener un mejor conocimiento de las violencias desarrolladas en las últimas décadas a nivel local; en particular, el gobierno vasco. Cabe destacar el Informe Foronda sobre las víctimas del terrorismo redactado por Raúl López Romo[4], así como el Informe sobre las vulneraciones de derechos humanos[5], publicados ambos en 2014 y completados por el estudio sobre la tortura elaborado por el Instituto Vasco de Criminología[6]. Todos estos informes hubieran enriquecido las páginas dedicadas en este libro a la tortura o a la violencia parapolicial, y hubieran contribuido a precisar, si bien de manera marginal, el balance mortífero de la violencia desatada en el periodo aquí estudiado.

La mayoría de las investigaciones mencionadas han puesto el enfoque en las víctimas, de acuerdo con una tendencia que traspasa las fronteras, contribuyendo a arrojar luz sobre casos desconocidos y a llamar la atención sobre el aislamiento y el desamparo en que se han encontrado durante mucho tiempo las víctimas. También ha prevalecido el ámbito regional. En este sentido, hoy podemos encontrar varios trabajos académicos de muy buena factura[7]. Pocos trabajos han conseguido, sin embargo, ahondar en la interpretación global de las violencias desatadas y sus impactos en la sociedad española en su conjunto, así como en la construcción del Estado democrático[8]. A mi juicio, siguen faltando por ejemplo unos estudios históricos y sociológicos rigurosos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en esta etapa crucial de mutación del uso del monopolio estatal de la violencia, que permitan salir de la ideología en lo que a la presunta continuidad de los cuerpos represivos del Estado del franquismo hasta hoy respecta.

Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS

El presente prólogo no puede acabarse sin antes volver a expresar toda mi gratitud a quienes ya en la primera edición fueron objeto de la misma.

Mis pensamientos se remontan aquí a los orígenes de este trabajo, en los que figura François-Xavier Guerra, primer guía de mis titubeantes pasos por la senda de la investigación, cuyo prematuro fallecimiento le impidió asistir a la conclusión de aquel proyecto. A continuación, la mente recuerda a Robert Frank, juicioso director de la investigación, pese a que transitaba esta está lejos de sus ámbitos predilectos. Por su parte, el añorado Julio Aróstegui fue un codirector inestimable en el ámbito académico español, que supo enriquecer las reflexiones, en ocasiones ingenuas, de una estudiante francesa no curtida aún en las sutilezas de la historia y la historiografía españolas. Eduardo González Calleja desempeñó también un papel fundamental con sus sensatos consejos, su impresionante erudición y su entusiasmo contagioso.

Por lo demás, este trabajo no habría podido ver la luz sin el concurso de las ayudas públicas de que he podido disfrutar en los años dedicados a la elaboración de la tesis, primero como becaria en la Universidad de París 1, y más tarde como miembro de la Casa de Velázquez. Deseo expresar aquí mi gratitud a todo el personal de esa institución; si esta obra ha podido concretarse ha sido también gracias a sus directores, quienes auspiciaron su publicación en francés, en una edición preciosa, que ahora ve la luz en castellano.

Mucha gente ha contribuido, de un lado y otro de los Pirineos, a enriquecer mi perspectiva y a conseguir que me abriera a otros puntos de vista, sugiriéndome pistas que debía investigar, archivos que me convenía consultar y personas con las que me interesaba entrevistarme. Mencionarlos a todos sería un desafío imposible, pero no hay excepciones en el enorme agradecimiento que les debo. Recuerdo así a Bénédicte Bazzana, a Lorenzo Castro y a Ramón Adell, que me permitieron consultar sus tesis o sus artículos inéditos; a Rosana de Andrés, que consiguió descubrir un conjunto de valiosos documentos en los archivos del Ministerio del Interior; y a todo el personal de los archivos de la administración de Alcalá de Henares, los archivos del Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo y la Biblioteca Nacional. También deseo dar las gracias al puñado de actores políticos que aceptó recibirme para contarme su experiencia: me refiero a Leopoldo Calvo-Sotelo, ya fallecido, a Rodolfo Martín Villa, a Nicolás Sartorius y a Landelino Lavilla. Este libro es, además, el fruto de un gran número de debates informales tanto con mis colegas como con algunos compañeros de viaje y amigos de reconfortante presencia, de París a Madrid y luego Marsella, sin los cuales hubiera sido difícil llevar a cabo la presente edición. Ellos se reconocerán, empezando por Bertrand, que sabe mejor que nadie todo lo que estas páginas representan.

Por último, este libro sigue dedicado a mi abuela paterna, Eva, y a mi abuelo materno, René, ahora ambos fallecidos, que han atravesado los recovecos de la historia y a quienes tanto les debe mi trayectoria como historiadora. Espero ahora que el hilo de la transmisión siga su curso a través de vosotros, Naomie, Ulysse e Iris.

Marsella, marzo de 2018

Nadie consagrado a pensar sobre la Historia y la Política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos.

H. Arendt, Crisis de la República, p. 116.

Siglas

SIGLAS

ACNP | Asociación Católica Nacional de Propaganda
AGA | Archivo General de la Administración (Madrid)
AGMI | Archivo General del Ministerio del Interior (Madrid)
AP | Alianza Popular
APDHE | Asociación Pro Derechos Humanos de España
ATE | Antiterrorismo ETA
AUN | Acción Universitaria Nacional
AVT | Asociación de Víctimas del Terrorismo
BI | Boletín Informativo
BOCG | Boletín Oficial del Congreso de los Diputados
BOE | Boletín Oficial del Estado
BPS | Brigada Político-Social
BRIS | Brigada Regional de Investigación Social
BVE | Batallón Vasco-Español
CAA | Comandos Autónomos Anticapitalistas
CC. OO. | Comisiones Obreras
CD | Coordinación Democrática («Platajunta»)
CE | Constitución Española
CEDADE | Círculo Español de Amigos de Europa
CESID | Centro Superior de Información de la Defensa
CIS | Centro de Investigaciones Sociológicas
CNT | Confederación Nacional del Trabajo
COPEL | Coordinadora de Presos en Lucha
COVITE | Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco
DGS | Dirección General de Seguridad
DSC | Diario de Sesiones de las Cortes
DSS | Diario de Sesiones del Senado
DU | Defensa Universitaria
EE | Euskadiko Ezkerra
EPOCA | Exèrcit Popular Català
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya
ETA | Euskadi Ta Askatasuna
ETAm | ETA militar
ETApm | ETA político-militar
FAC | Front d’Alliberament Català
FAE | Frente Anticomunista Español
FAI | Federación Anarquista Ibérica
FE de las JONS | Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
FEI | Falange Española Independiente
FET y de las JONS    | Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
FLN | Front de Libération Nationale
FN | Fuerza Nueva
FNC | Frente Nacional de Cataluña
FNJ | Frente Nacional de la Juventud
FNT | Fuerza Nacional del Trabajo
FRAP | Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
GAE | Grupos Armados Españoles
GAL | Grupos Antiterroristas de Liberación
GARI | Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista
GAS | Grupos de Acción Sindicalista
GCM | Gobierno Civil de Madrid
GCR | Guerrilleros de Cristo Rey
GEO | Grupo Especial de Operaciones
GRAPO | Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
HASI | Herriko Alderdi Sozialista Iraultzaile
HB | Herri Batasuna
IL | Primera Legislatura
IRA | Irish Republican Army
KAS | Koordinadora Abertzale Sozialista
LAIA | Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia
LC | Legislatura Constituyente
LCR | Liga Comunista Revolucionaria
LO | Ley Orgánica
LRP | Ley para la Reforma Política
MCE | Movimiento Comunista de Euskadi
MFTS | Memorias del Fiscal del Tribunal Supremo
MIL | Movimiento Ibérico de Liberación
MPAIAC | Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario
MSE | Movimiento Social Español
MULA | Mando único para la lucha antiterrorista
OAS | Organisation de l’armée secrète
OCN | Organización Contrasubversiva Nacional
OIC | Organización de Izquierda Comunista
OLLA | Organització de Lluita Armada
OMLE | Organización Marxista-Leninista de España
ORT | Organización Revolucionaria de los Trabajadores
OUA | Organización para la Unidad Africana
PCE | Partido Comunista de España
PCE(i) | Partido Comunista de España (internacional)
PCE(m-l) | Partido Comunista de España (marxista-leninista)
PCE(r) | Partido Comunista de España (reconstituido)
PENS | Partido Español Nacional Socialista
PNV | Partido Nacionalista Vasco
PP | Partido Popular
PSAN | Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
PSAN-p | Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans-provisional
PSOE | Partido Socialista Obrero Español
PSP | Partido Socialista Popular
PSUC | Partido Socialista Unificado de Cataluña
PTE | Partido del Trabajo de España
RAF | Rote Armee Fraktion
RDL | Real Decreto-Ley
REIS | Revista Española de Investigaciones Sociológicas
RTVE | Radio Televisión Española
SECED | Servicio Central de Documentación
SEU | Sindicato Español Universitario
SGT | Secretaría General Técnica
SIGC | Servicio de Información de la Guardia Civil
TOP | Tribunal de Orden Público
UCD | Unión de Centro Democrático
UGT | Unión General de los Trabajadores
UMD | Unión Militar Democrática
UPG | Unión do Pobo Galego
USO | Unión Sindical Obrera

Introducción

INTRODUCCIÓN

«La transición política ha comenzado en España», titulaba el 17 de noviembre de 1975 el semanario Cambio 16[1]. Tres días después expiraba Franco, a la edad de 83 años, a consecuencia de una larga enfermedad. Tras casi cuatro décadas de dictadura, el poder pasaba a manos del delfín designado, el príncipe Juan Carlos de Borbón, abriéndose la puerta a una nueva etapa de la historia de España a la que habría de calificarse como de «transición» a la democracia. Desde entonces, la «Transición», con mayúscula, se ha hecho con un lugar de privilegio en el imaginario ibérico. Entendida como faceta positiva de la historia contemporánea española y contrapunto de la tragedia que supuso la Guerra Civil, la transición se percibe como fundadora de la democracia actual. No solo es cimiento de sus principios e instituciones, cristalizados en la Constitución de 1978, sino también de la idea de ciudadanía y del modo de ser político de una nación desprovista de modelo democrático al que poder remitirse. En la década de 1970, la única experiencia democrática que había conocido España, la Segunda República (1931-1936), constituía más bien un contramodelo y, de hecho, las recientes tentativas de recuperación de su legado continúan no escuchándose sino con sordina frente a la potencia seductora de una transición convertida en un verdadero «mito», tanto histórico como político.

I. EL MITO DE LA TRANSICIÓN

El proceso de democratización español fue rápidamente considerado un modelo de éxito en la transición a la democracia, hasta el punto de hallarse en el origen mismo del concepto de «transición». En el marco de la «tercera ola»[2] democratizadora de finales del siglo XX, cuyos precursores habían sido los países del sur de Europa, la tarea que tenían ante sí los observadores, principalmente los politólogos, consistía en explicitar las claves de ese éxito español a fin de diseñar un modelo teórico, un «caso»[3], un tipo ideal en el sentido weberiano del término, susceptible de aplicarse a otras naciones aún sujetas a la dominación de un régimen autoritario —a los países latinoamericanos que en los años ochenta se irían liberando paulatinamente del yugo de las dictaduras militares, seguidos de los Estados de la Europa del Este, llamados a emanciparse de la tutela soviética a lo largo de la década inmediatamente posterior[4]—. Por consiguiente, los especialistas han contribuido a forjar y a legitimar una visión ejemplar de la transición que en España llegaría a transformarse incluso en un mito político[5]. En este sentido, el discurso científico ha reforzado el discurso político, un discurso que en momentos de crisis nacional o de aguda tensión política apela de manera recurrente al «espíritu de la transición», elogiado por lo demás en todas las conmemoraciones de la Constitución de 1978. En el 25 aniversario de la misma, Juan Carlos I centraba su discurso en la necesidad de «recuperar el espíritu conciliador de la Constitución», subrayando los «hábitos de diálogo sincero, consenso y moderación» que la habían precedido[6]. En el año 2011, marcado en este caso por la gran crisis financiera, económica y social que se abate sobre la península y sacude la zona euro, se asiste a un resurgir de esa necesidad de «recuperar el espíritu de la Transición», entendido como llamamiento a la unidad nacional y medio para remediar los males que aquejan al país.

La interpretación canónica del periodo de la transición, elaborado por la «transitología», ve en ella el paradigma de una operación fundamentalmente política[7], negociada entre la oposición y las élites del régimen anterior, divididas a su vez entre los reformistas, situados en el poder, y los inmovilistas del llamado «búnker», que defienden unos planteamientos intransigentes basados en la preservación de la esencia del régimen establecido en 1939[8]. Al ser un compromiso necesario entre la «ruptura» radical que reclamaba la oposición y la «reforma» desde el interior de las instituciones que desea la élite en el poder, la fórmula política resultante de las decisiones estratégicas de los actores de la época revela tener en último término un carácter híbrido, bien de una «reforma pactada», bien de una «ruptura pactada»[9], en función del bando político en el que uno se sitúe. Desde este punto de vista, se impone el gradualismo. La transformación del Estado franquista en un Estado democrático obedece a un conjunto de reformas paulatinas que no implican una ruptura radical con la legalidad anterior, simbolizándose la continuidad de los hombres y las instituciones mediante la presencia en la cima del Estado de un monarca al que el propio Caudillo había designado sucesor. Esta perspectiva, de carácter interaccionista, convierte a los dirigentes políticos en los protagonistas centrales del cambio, relegando a un segundo plano las transformaciones socioeconómicas y la participación ciudadana. Algunos autores llegan a minimizar la influencia de la oposición al concentrar la iniciativa del cambio en las solas manos de la élite franquista, como sucede en el caso de G. Hermet, quien habla de «democracia otorgada»[10], o atribuyendo incluso la exclusiva responsabilidad de su instauración al rey Juan Carlos, al que otros autores consideran «motor» o «piloto del cambio»[11].

Esta visión de un proceso dominado por las decisiones estratégicas de los actores se oponía a las teorías de la «modernización», según las cuales la liberalización económica, la industrialización, la urbanización y el desarrollo del capitalismo, asociados al surgimiento de una clase media moderada o a la aparición de una burguesía integrada, tenían como necesario correlato político la democracia[12]. No obstante, en contra de la hegemonía politista de los transitólogos, los sociólogos han recuperado ese legado estructuralista y buscado las raíces del cambio en la dilatada temporalidad del ámbito socioeconómico[13]. Estos sociólogos insisten en las mutaciones sociales provocadas por la apertura y la modernización económica que impulsaron los tecnócratas del Opus Dei a finales de los años cincuenta, lo que explicaría que la España de 1975 no tuviese ya nada que ver con la de 1939. Sin caer por ello en el determinismo, estos estudios señalan la importancia que tuvo el «despertar de la sociedad civil»[14] en el proceso de democratización, al calor de la flexibilización, limitada pero real, que vino a experimentar el yugo represivo en el transcurso de la década de 1960. En efecto, en este segundo franquismo, las lenguas se desatan y se expresan las divergencias, instaurándose un cierto aprendizaje del hecho político, de la práctica del diálogo y de la negociación en el marco de las universidades, las asociaciones de vecinos, los sindicatos o las fábricas. Hay estudios monográficos que señalan la importancia de las movilizaciones colectivas —de estudiantes, de obreros, sindicales[15]— tendentes a revalorizar el impulso político procedente «de abajo», un aspecto que los transitólogos habían descuidado hasta entonces. Lejos de conducir a una exaltación radical de la revolución, estas movilizaciones habrían favorecido, antes al contrario, la «lenta incorporación de nuevos valores democráticos»[16], fundamentalmente a través de la práctica de la resolución negociada de los conflictos colectivos[17].

Pese a que todavía no se haya cerrado el debate sobre la previa existencia de una cultura política democrática —ya que hay autores que subrayan, por el contrario, el carácter atomizado y apático de una sociedad más preocupada por mejorar su bienestar material y privado que por movilizarse en pro de su emancipación política[18]—, el tono dominante del discurso converge en la idea de que ya antes de la muerte de Franco tuvo que haberse desarrollado un consenso favorable a la democracia. La transformación del marco político se presenta entonces como una simple adaptación de las instituciones a una realidad social trastornada, un argumento del que habrán de hacerse eco profusamente los líderes de la reforma a fin de convencer a los más reticentes de la necesidad del cambio[19]. Por consiguiente, la incesante búsqueda del compromiso no sería únicamente fruto de un pragmatismo político impuesto por la relación de fuerzas entonces vigente, sino al mismo tiempo la traducción política de la pretendida madurez histórica del pueblo español, guiado por valores de tolerancia, de respeto al otro, de diálogo. Más aun, el espíritu de consenso sería la expresión de una profunda voluntad social de reconciliación nacional entre los vencedores y los vencidos de la Guerra Civil, una reconciliación que vendría a sellar la ley de amnistía de 1977. De esta voluntad común se desprendería el supuesto carácter pacífico de la transición.

II. LA VIOLENCIA, PUNTO CIEGO DE LA «INMACULADA TRANSICIÓN»

Entre las características del mito transicional figura pues la de haber sido un proceso pacífico, ejemplar por no haber provocado derramamiento de sangre alguno. «El hecho mismo de que haya sido posible crear un modelo de cambio político pacífico e incruento, y que ese cambio haya significado el inicio de un periodo dinámico y creativo como no se había conocido otro igual antes, abre una inmensa esperanza para hacer del siglo que ahora se inicia una de las eras históricas más prósperas y felices de la historia de nuestra tierra»: esta es la nota lírica con la que se pone punto final a una historia de la democracia en Extremadura redactada en el año 2003[20]. Lejos de resultar excepcional, esa idea del cambio ilustra por el contrario la amplitud de la impregnación del mito de la «inmaculada transición»[21] en el discurso, tanto académico como político, lo que ha llevado a los especialistas a descuidar los márgenes y las desviaciones del modelo. Raros son los trabajos que cuestionan directamente la visión canónica de la transición[22]. Ahora bien, el hecho de contemplar la violencia y la influencia eventual que haya podido tener en el proceso de cambio de régimen choca de frente con esa representación hegemónica. Por lo tanto, los historiadores, al igual que los politólogos, los sociólogos o los juristas, han preferido ignorarla, como atestiguan los manuales de carácter general, incluso los más recientes, que rara vez dedican un capítulo a las amenazas violentas[23].

Cuando la violencia aparece como objeto de estudio entre los comentaristas, lo hace veladamente y de manera sesgada. Pese a que se reconozca tanto su intensidad como el peligro que representa, el riesgo queda inmediatamente diluido entre otras contingencias, colocadas en el mismo plano que la propia violencia —como la crisis económica o las tensiones vinculadas con la construcción de las autonomías—, y nadie se atreve a concederle el espacio de un ensayo interpretativo. Las amenazas que se mencionan se reducen al golpe militar por un lado y al terrorismo separatista vasco por otro, con la añadidura de que ambos fenómenos contribuyen justamente a consolidar el mito. En efecto, frente a la dura resistencia de los nostálgicos del franquismo, simbolizada en la muy real tentativa de golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981 —el «23-F»—, la transición pacífica se presenta como un proceso aún más excepcional. En cuanto al terrorismo vasco, lo cierto es que se percibe como una aberración periférica que no consigue sino resaltar todavía más la cohesión del resto de España[24]. Lo mismo puede decirse de ciertos estallidos espectaculares de violencia, como las matanzas de Vitoria de marzo de 1976, o los crímenes de Atocha de enero de 1977, que únicamente se señalan para resaltar su carácter excepcional[25]. Podrían añadirse muchos más ejemplos, pero todos dan fe del deslumbramiento que genera este modelo y que desemboca en una verdadera ceguera de los especialistas. ¿Cuántas veces no me habrán manifestado, al enunciar el objeto de mis investigaciones, que no había habido actos de violencia durante la transición, o cuando menos que esta había tenido un papel tan marginal en la construcción de la democracia que no merecía constituirse en objeto de estudio?

Y sin embargo, el simple visionado de la exitosa serie documental que dirigió Victoria Prego[26], completada con un rápido repaso de la prensa de la época, basta para convencer al neófito de su incómoda presencia. Los tumultos, las agresiones, los saqueos, las amenazas y los atentados parecen jalonar de forma casi cotidiana este periodo. Estamos aquí ante un desfase narrativo sorprendente y sin duda alguna sospechoso que interpela por sí solo al estudioso. ¿De qué recela entonces la arisca determinación —compartida por las esferas política y académica— de convertir a la transición en un modelo de tranquilidad social y política, aun a riesgo de distorsionar la realidad? No cabe duda de que esa representación emana en parte de una interpretación negativa del legado histórico de la España de los últimos dos siglos, ya que en ese lapso de tiempo la violencia ha constituido uno de los medios más recurrentemente utilizados en la resolución de los conflictos políticos. Lo atestiguan las decenas de pronunciamientos vividos, tanto fallidos como logrados[27], el asesinato de cuatro presidentes de gobierno entre los años 1870 y 1973, las guerras civiles —de la contienda carlista a la de 1936—, o aun las dos dictaduras autoritarias del siglo XX. Lo que dicta la percepción es que ese clima de confrontación endémica es el resultado del conflicto que opone a las «dos Españas», una moderna, urbana, liberal y laica, y otra conservadora, rural, tradicional y católica. Dos Españas intolerantes, excluyentes e irreconciliables cuyo choque apocalíptico habría quedado consagrado en la Guerra Civil. Más allá, la lejana interrogante esencialista sobre la excepción española[28], que viene a reflejar las inquietudes relacionadas con las dificultades que ha encontrado habitualmente España en su camino hacia la modernidad liberal, se centra en la pretendida incapacidad de los españoles para gestionar pacíficamente los conflictos políticos, o incluso en su permanente propensión a la violencia. En este largo periodo de historia nacional, la transición representa el fin del ciclo de las violencias contemporáneas y la superación del mito de las dos Españas. Los dirigentes de la transición lo interpretaban ya en esos términos. Para Adolfo Suárez, la definitiva aprobación de la Constitución supuso una victoria en la «batalla contra el miedo, contra el desánimo, contra el pesimismo secular, contra la violencia y contra nuestras propias pasiones»[29]. Para el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, la cuestión residía en superar «la accidentada historia política de los dos últimos siglos», en cerrar «una vieja y enconada herida en los tejidos más vitales de nuestra nación», en «romper lo que es, para algunos, maleficio y para otros, fruto de limitaciones congénitas del suelo o del pueblo españoles»[30]. Se precisaba inevitablemente la fuerza de otro mito para destronar a los que parecían constituir la esencia trágica de la nación española: el papel le correspondió al mito de la transición pacífica entendido como elemento aglutinador para la reconciliación de la ciudadanía democrática.

III. AL ASALTO DEL MITO: PARA UNA HISTORIA DE LA VIOLENCIA

Afirmémoslo sin ambages, lo que pretendemos en este libro es claramente deconstruir esa representación mítica de una transición pacífica llamada a poner fin al conflicto secular entre las dos Españas. Lejos de considerar que la violencia constituye un extravío, una excepción, una anomalía condenada a la desaparición ante la omnipotencia del consenso, esta obra se propone situarla nuevamente en el eje de la interpretación de la transición, dando para ello un eje radical a la perspectiva epistemológica dominante. Al proceder de ese modo, el texto se inscribe en la corriente de renovación historiográfica que viene reflexionando, desde hace ya unos quince años, sobre la presencia recurrente de la violencia política, no solo en la historia contemporánea de España, sino también en la historia general de la Europa del siglo XX —y todo ello de un modo que no es ya filosófico ni moral, sino histórico[31].

Desde esta perspectiva, la violencia política ha de percibirse en su globalidad, al contrario de los estudios existentes, que tienden a fragmentar el enfoque. Existen por cierto unas cuantas obras monográficas que abordan la cuestión de la violencia en el periodo de la transición. Parece incluso que la irrupción en la plaza pública, a partir de principios de la década de 2000, del movimiento de «recuperación de la memoria histórica» —un movimiento que viene a poner directamente en cuestión el modelo de reconciliación promovido por la transición al tratar de rehabilitar la memoria de los vencidos de la Guerra Civil y el franquismo— habría participado no solo en el desarrollo de una corriente crítica con la transición, sino también en el resurgimiento de un interés por las víctimas de la misma. El trabajo de investigación que yo misma he realizado ha tenido lugar de forma paralela a ese movimiento, entre los años 2000 y 2006. Aunque la elección del objeto de estudio haya sido anterior al impulso recibido en ese lapso de tiempo por las reivindicaciones de la memoria histórica, lo cierto es que estas han acompañado la redacción del presente libro, lo que determina que este quede igualmente inscrito, casi a su pesar, en dicha corriente crítica. No obstante, las publicaciones que se derivan del mencionado movimiento también vienen a reflejar por regla general las imperfecciones que hemos evocado más arriba: la atomización de las interrogantes, el escaso número de interpretaciones globales, el desarrollo de una fuerte dependencia del modelo (incluso en su versión crítica) y la debilidad del análisis histórico[32]. De este modo, el riesgo de un golpe de Estado se entrevé únicamente a través del 23-F, un acontecimiento que se halla en la base de una verdadera explosión de éxitos editoriales, cuando en realidad el análisis de la transformación del potencial violento del Ejército —o dicho de otro modo, la transición militar— sigue siendo una laguna historiográfica. Del mismo modo, el peligro terrorista queda reducido al sector separatista vasco, que es el que obtiene la mayor cantidad de sufragios editoriales[33], mientras que a los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), el otro grupo terrorista relevante de la época, se les dedica tan solo una única monografía inédita[34]. La violencia de los grupos radicales de extrema izquierda y extrema derecha solo es percibida de manera indirecta, y siempre en el marco de las monografías clásicas relativas a los partidos que preconizan su utilización. Por consiguiente, los intentos de interpretación global del fenómeno terrorista son más bien raros[35], igual que los estudios asociados con la política antiterrorista, que frecuentemente se ciñen tan solo a su vertiente jurídica[36]. Por su parte, el potencial represivo de las fuerzas del orden y la violencia policial no han llamado la atención de los investigadores[37]. En las historias generales de la policía o la Guardia Civil, la política vinculada con el mantenimiento del orden se aborda únicamente de manera muy superficial[38], y las alteraciones del orden público apenas han sido objeto de un puñado de análisis monográficos[39].

Ante el escaso número de trabajos académicos y su heterogeneidad, quienes se han apoderado del tema de la violencia han sido los periodistas o los protagonistas puntuales del momento, cuyos escritos han venido a satisfacer las expectativas de un gran público receptivo al sensacionalismo. Estas publicaciones, que oscilan entre la crónica, la investigación periodística, el manifiesto político y el testimonio personal, han sacado provecho del sufrimiento, de la afición al secretismo y al escándalo, de la obsesión por las conspiraciones. De este modo, Pío Moa, un exmilitante de los GRAPO transfigurado en reaccionario convencido, sacó de su experiencia terrorista un enorme éxito editorial[40], mientras los relatos de las víctimas de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y libertad) competían en los anaqueles de las librerías con los de los exetarras arrepentidos. Y esto por no mencionar el sinnúmero de publicaciones sensacionalistas que pretenden revelar el secreto de la trama del 23-F o de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). El campo bibliográfico de referencia revela ser por tanto particularmente heteróclito, hallándose además bajo sospecha. La violencia sigue siendo un objeto espectacular utilizado con fines editoriales de naturaleza pragmática, un elemento marginal con el que topa el lector de manera indirecta a medida que va pasando las páginas, una realidad truncada y exclusivamente ceñida al terrorismo etarra o una entidad atomizada en una infinidad de visiones parciales. Esta es la razón de que nos parezca tan necesario recurrir a la historia, no solo por tratarse de una disciplina que rechaza toda forma de esencialismo o determinismo, sino también por preocuparle la puesta en evidencia de las manipulaciones que mistifican el pasado. En la búsqueda que le lleva a aproximarse lo más posible a lo real, el historiador explora la complejidad de las dinámicas que operan en un proceso que ignora por principio su propio devenir, examina los matices, las zonas grises, los intersticios, las desviaciones y las ausencias, procediendo en sentido contrario a los empeños de mitificación de los hechos, ya que estos jerarquizan, simplifican, esquematizan y llegan incluso a caricaturizar. El rigor del método crítico constituye un recurso inestimable, tanto para servir de contrapeso a esa literatura polémica como para cuestionar con firmeza los fundamentos de la idealizada imagen de la transición.

Entendida de manera global, la violencia sigue siendo por tanto un ángulo muerto de la literatura. Esta es la razón de que las páginas que siguen se propongan «reagrupar en un concepto único un conjunto de comportamientos cuyo denominador común radica en el hecho de remitir a los usos políticos de la fuerza física»[41], por atender a la sugerencia de Philippe Braud. Lejos de contentarse con los atentados terroristas, el análisis incluye por un lado todas las formas y todos los grados de violencia, desde la amenaza al asesinato, y por otro reconcilia la violencia contestataria dirigida contra el régimen y la que emana del aparato del Estado, todo ello con el objetivo de proponer una interpretación global del fenómeno en el marco de la transición. Sin embargo, la caleidoscópica complejidad de la violencia, en tanto que objeto provisto de una multiplicidad de facetas, obliga al investigador a limitar sus ambiciones. El enfoque que hemos elegido aquí, a diferencia del antropólogo o del psicólogo, que se zambullen en el corazón mismo de la decisión de actuar y de la dolorosa interacción entre el verdugo y su víctima, es el que corresponde a una historia social y cultural de lo político decidida a situarse en el plano de la sociedad que vive de forma colectiva esas manifestaciones de violencia. Al no interesarse únicamente en la acción violenta sino también en las condiciones de producción del acontecimiento violento, en las modalidades de su recepción, en las representaciones que vehicula y en los discursos y usos políticos a que se presta, este enfoque viene a cuestionar, más allá de las modalidades del ser en lo político, las culturas políticas en proceso de mutación que alberga una sociedad llamada a vivir un periodo clave de su historia.

Pretender analizar históricamente la violencia política sobrevenida durante la transición española equivale por tanto a resituar en el eje mismo de la comprensión de ese periodo un objeto que hasta ahora había permanecido invisible; a cuestionar la mitología política y bibliográfica mediante una recuperación de la materialidad de los hechos, y a tratar de responder a una de las preguntas fundamentales de la historia contemporánea de España sobre la presencia recurrente de la violencia en la escena política. De hecho, no se trata solo de que el periodo que aquí estudiamos revele no haber escapado a la violencia, sino también de que dicha violencia se sitúa, antes al contrario, en la médula misma de sus envites políticos y simbólicos: eso es justamente lo que se propone demostrar la presente obra, basándose para ello, principalmente, en dos ejes de reflexión.

El primero se ocupa de la significación que pudo haber tenido la supuesta paz de la transición. La obsesión de la reconciliación nacional, tan central para la comprensión de este periodo, alberga en su seno la cuestión de la violencia, puesto que la memoria traumática que se dirime es antes que nada el recuerdo de una violencia masiva y devastadora, una violencia que más tarde habría de fundar otra forma de violencia, tan selectiva como represiva, la de la dictadura franquista. La violencia existente constituye tanto una amenaza real para el proceso de democratización como el acontecimiento que reactiva los temores asociados con esa violencia pretérita cuya presencia recurrente ha sido ya observada en la historia contemporánea de España. Por tanto, lo que está en juego no incide únicamente en la realidad de la violencia del presente de la transición, sino también en el peso de la memoria de la violencia pasada y en la gestión de la violencia temida del porvenir, cuestiones ambas que anidan en el corazón mismo del proceso de pacificación democrática que lleva a cabo la transición.

La segunda dimensión de la reflexión apunta a las modalidades del surgimiento de la democracia a finales del siglo XX, una cuestión de la que España revela ser un apasionante paradigma. El problema de la violencia se halla presente en el núcleo mismo del proceso de mutación por el que un Estado autoritario, cimentado en la represión, pasa a ser un Estado democrático que, en su calidad de garante de los derechos individuales y de las libertades públicas, procede a una reorganización simbólica, normativa y práctica del sentido que suele darse al monopolio estatal de la violencia. Pero se encuentra igualmente presente en las construcciones imaginadas de la democracia, que en tal caso se percibe a un tiempo como un régimen-emancipación y como un régimen-refugio, al ser el único modelo político susceptible de proteger eficazmente los derechos humanos frente a la tentación monopolística del Estado moderno. Garantizar unos derechos ultrajados, pisoteados y despreciados durante los largos años de la dictadura es una de las incumbencias esenciales de los procesos de democratización de finales del siglo anterior. La democracia se presenta entonces como un espacio sociopolítico pacificado en el que se excluye toda forma de violencia física, y no solo por el hecho de que el monopolio de la violencia por parte del Estado sea objeto de una contención regulada, sino también porque la expresión de la soberanía popular no precisa ya de la violencia, dado que la gente dispone de la papeleta de voto, símbolo de un juego político esencialmente pacífico. ¿Hemos de pensar por ello, igual que los contemporáneos, que la democracia es el ámbito de materialización idóneo para la civilización, la tolerancia, el diálogo y la razón, realidades todas ellas que desactivan por sí mismas la violencia y despojan de sentido al delito político[42]? El caso español revela, por el contrario, que la violencia contestataria fue creciendo a medida que el país se democratizaba, lo que viene a cuestionar la visión utópica de una democracia concebida como curación natural del mal de la violencia. ¿Cuáles son entonces los mecanismos que explican que esa violencia persista, e incluso tienda a crecer, conforme se afianza la democracia? ¿Ha de inscribirse en el debe de los residuos del pasado; atribuirse a la incertidumbre de la coyuntura política, institucional y normativa; imputarse a las veleidades revolucionarias de los rebeldes; o incluirse en la suma de efectos perversos que el propio sistema democrático genera por inducción? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a la violencia según se produzca, respectivamente, en una dictadura o en una democracia, tanto desde un punto de vista de los principios como de sus aplicaciones prácticas?

IV. TEMPORALIDADES

El periodo de referencia que hemos elegido es el que se admite de forma más habitual para establecer los límites de la transición, esto es, desde la muerte de Franco, ocurrida en noviembre de 1975, hasta la victoria de los socialistas en las elecciones legislativas de octubre de 1982. La desaparición del dictador constituye una verdadera ruptura, pese a que la crisis del régimen se iniciara en la década de 1970 y se viera precipitada tras el asesinato de Carrero Blanco, presidente del gobierno franquista y mano derecha del general, en diciembre de 1973. Sin embargo, el tirano fallece de hecho en la cama, de muerte natural, el 20 de noviembre[43], mientras que la entronización de Juan Carlos pocos días después viene a señalar un punto de inflexión tanto en las perspectivas de futuro como en las expectativas y los comportamientos de todos, pese a que el nuevo proyecto político no logre cobrar impulso sino varios meses más tarde, al ponerse Suárez al frente del gobierno, en julio de 1976[44].

Las elecciones del otoño de 1982 consagran por su parte la aplastante victoria del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), que, tras obtener más del 48 % de los sufragios, se hace acreedor a las dos terceras partes de los escaños del Parlamento. Dichas elecciones constituyen una triple inyección tendente a la consolidación democrática[45]: en primer lugar, en razón del éxito de la alternancia y del traspaso de poderes, lo que refuerza la legitimidad de las instituciones; en segundo lugar, debido a la fuerte participación, que desactiva las maniobras reaccionarias; y en tercer lugar, a causa del plebiscito que supone y que ofrece a los nuevos dirigentes un margen de maniobra real para llevar a la práctica su política de modernización económica, política, social y administrativa. Esas elecciones tienen además un vasto alcance simbólico, al dar un sólido espaldarazo, mediante la victoria de los que representan simbólicamente a los vencidos en la Guerra Civil, excluidos del poder durante más de cuarenta años, a la plenitud de la reconciliación nacional.

Esto no quita que sigue resultando muy difícil establecer indicadores fiables, es decir, un umbral a partir del cual quepa considerar que un régimen democrático ha adquirido ya la condición de realidad estable y consolidada, puesto que la institucionalización de la democracia implica la materialización de largos y difusos procesos de aculturación que obedecen a ritmos temporales bien diferenciados[46]. Lejos de ceder a la tentación de prejuzgar cuál deba ser el ideal democrático a alcanzar —un ideal que en la práctica revela ser invariablemente inacabado—, parece más sensato tener en cuenta el «sentido flotante de la democracia», por emplear aquí la fórmula de Pierre Rosanvallon[47], que abraza el perfil de unas realidades de pluralidad infinita. El análisis habrá de tener presentes tanto los complejos procesos por los que las mentalidades y las prácticas van adaptándose a un nuevo entorno político como la evolución de los acontecimientos tendentes a reconfigurar el sentido asignado al empleo de la violencia, no solo para los contestatarios sino también para los agentes del Estado. Por consiguiente, para una mejor comprensión de las características específicas del periodo de la transición, nuestro examen deberá trascender necesariamente los límites establecidos por las fechas admitidas, tanto hacia el pasado como hacia el futuro de esas fronteras temporales. Si el año 1986 puede presentar así el aspecto de un jalón cronológico mejor adaptado a la mutación de aquellas instituciones estatales que ostentan el monopolio de la violencia física (es decir, el Ejército y las Fuerzas del Orden Público), no por ello deja de ser cierto que el ciclo de actos violentos que se percibe con toda claridad a partir del año 1975 termina efectivamente en 1982, dejando de ese modo paso a un único ciclo violento: el del nacionalismo vasco.

Un capítulo introductorio (titulado «Violencias políticas en fase de transición»), de carácter epistemológico y metodológico, perfilará con mayor precisión los límites de la noción de violencia política que aquí hemos empleado, enunciando al mismo tiempo los criterios tipológicos utilizados a continuación y explicitando el enfoque que ha permitido enmarcar los acontecimientos violentos del periodo. El cruce de las informaciones proporcionadas por las distintas fuentes —que siempre han sido lo más variadas posible— ha posibilitado la elaboración de una base de datos de los acontecimientos violentos, una base de datos que no solo es inédita por su amplitud, sino también por su precisión. Esta base socava de inmediato los cimientos del imaginario pacífico de la transición.

En la primera parte se relata seguidamente la historia de la violencia contestataria y se establece el perfil de sus actores; se traza su genealogía, su ideología incluyendo la parte de apología de la lucha armada que efectivamente contiene, sin olvidar sus estrategias, ritmos y repertorios de actuación (capítulos I a III). A continuación, el análisis cronológico global permite concluir que existe un ciclo de violencias propio que se encuentra íntimamente ligado a las diferentes etapas del proceso político de cambio (capítulo IV). La segunda parte se consagra al examen de la violencia de Estado. Durante la transición, el Estado se ve frente a un doble desafío. Por un lado, ha de canalizar a los actores violentos externos —los que protestan— con el fin de impedir que se conviertan en un obstáculo infranqueable y cierren el paso al proceso de democratización. No obstante, tanto la filosofía como los métodos de contención de dicha violencia van a experimentar una serie de vuelcos muy profundos a lo largo del periodo. La transformación de un orden autoritario y represivo en un orden ciudadano garante de las libertades y los derechos individuales (capítulo V) se ve de ese modo perturbada por los nuevos retos que viene a plantear la aparición del enemigo terrorista (capítulo VI). Por otro lado, el Estado topa con una violencia interna, puesta en práctica por las instituciones que se encargan de la contención de la violencia externa y del mantenimiento del orden, ya que dichas instituciones no logran adaptarse sino a regañadientes a sus nuevas misiones democráticas. Se recorre así el largo y tortuoso camino que separa la contención represiva, autoritaria e ilegítima de la violencia de la contención ajustada a los imperativos del Estado democrático y de derecho. Y, en las grietas de ese proceso, irán deslizándose las formas violentas que vendrán a adoptar la represión, las violencias policiales (capítulo VII) y el terrorismo de Estado (capítulo VIII), cuya interpretación se sitúa en la encrucijada entre el lastre de la dictadura y el legado de la modernidad democrática.

Capítulo introductorio. Violencias políticas en fase de transición

CAPÍTULO INTRODUCTORIO

VIOLENCIAS POLÍTICAS EN FASE DE TRANSICIÓN

La situación resulta […] tan clara como enmarañada: si por un lado la violencia es totalmente real, por otro únicamente aparece acompañada de un determinado tipo de representación del ámbito social. La violencia, que es de una positividad ineludible, flota y se metamorfosea al mismo tiempo al albur de las convicciones que la aprehenden. […] Ese es por tanto el círculo: el que media entre una realidad que constantemente nos esquiva y unos discursos que, en su pluralidad, volatilizan esa realidad pese a intensificarla simultáneamente con su vehemente evaluación de los hechos y su búsqueda de la totalización[1].

Estas palabras de Yves Michaud describen maravillosamente bien la paradoja de la violencia. Lejos de su aparente evidencia fáctica, cuya presencia se impone a través del sufrimiento que provoca, la naturaleza de la violencia elude la tentación positivista de encerrarla en el corsé de una definición fija. Sin embargo, el reto que aborda este capítulo consiste justamente en construir un objeto homogéneo y mensurable que se atenga con la mayor fidelidad posible a la visibilidad de lo real, erigiéndose de este modo en el fundamento de la investigación que este libro se propone llevar a término.

I. Los perfiles de una noción evanescente

I. LOS PERFILES DE UNA NOCIÓN EVANESCENTE

Son muchos los sociólogos, filósofos, psicólogos o politólogos —más que los historiadores— que, tras interesarse por el concepto de la violencia, han topado con su complejidad y su fluidez, sin lograr que se imponga una respuesta unívoca a las múltiples paradojas inherentes a dicha noción. No nos proponemos presentar aquí una síntesis de esas teorías, pero sí arrojar alguna luz sobre las implicaciones que tienen esos planteamientos en la comprensión de las violencias políticas en la España del periodo que aquí estudiamos.

Violencia e historicidad

Proponer una definición teórica y general de la violencia política es una empresa arriesgada. En primer lugar, porque se trata de un concepto a un tiempo relativo y subjetivo. No todo el mundo ni todas las épocas admiten que unos mismos hechos sean violentos; unos actos idénticos se percibirán y calificarán de muy diferente manera dependiendo de los individuos, los grupos sociales, las regiones o las épocas que se tomen en consideración. La determinación de la acción violenta depende de las normas en vigor, que son las que dan contenido a la noción, que a su vez depende del ámbito social en el que se inscriba y de la situación histórica en la que se produzca. En términos históricos, el hecho violento es contingente, o dicho de otro modo, «se metamorfosea en función de las convicciones que lo aprehendan»[2].

Esta primera observación tiene un conjunto de repercusiones epistemológicas y metodológicas de gran envergadura, dado que señala la importancia de la mirada, de la percepción, de la calificación y de la estigmatización social. Es violento todo aquello que la sociedad percibe y denomina, consecuentemente, así. Por consiguiente, estudiar la violencia implica cuestionar las normas de la evaluación social, los valores y los sistemas de representación culturales y simbólicos de los grupos activos. En su alegato en favor de la historia de las representaciones sociales, Pierre Laborie ha mostrado el importante papel que tienen dichas representaciones en la explicación de lo político y de los comportamientos[3]. Indisociables de los hechos, las mencionadas representaciones se transforman a su vez en elementos capaces de crear realidad, llegando en ocasiones a contar más que los acontecimientos mismos. Este enfoque de lo político, edificado en «el entramado de las prácticas y las representaciones» (P. Rosanvallon)[4], determina que debamos prestar una particular atención a las palabras. En primer lugar, porque la difusión de un discurso de justificación de la violencia crea unas condiciones favorables a su surgimiento y precede muy a menudo a su aparición, como sostiene con razón Yves Michaud, quien afirma que los discursos sobre la violencia han de comprenderse a un tiempo como «síntomas de la situación producida por las manifestaciones de la violencia “real” y [como] posibilidad social de que se materialice la violencia de esa violencia»[5]. En segundo lugar, porque el simple hecho de nombrar la violencia, de estigmatizarla como tal, hace que aflore al plano de la existencia a los ojos de una sociedad.

Y sin embargo, esta perspectiva que afirma el carácter relativo de la violencia es problemática, dado que, para la víctima, la violencia es una percepción palpable e inmediata. Para quien la padece, la violencia es una intrusión sensible, una transgresión de la intimidad, una violación indiscutible del ser que no depende únicamente de la percepción del otro. El sufrimiento que se experimenta y las marcas de la herida que se inflige a la autoestima son comunes a todas las formas de violencia. «La realidad de la violencia está patentemente ahí, masiva y lancinante»[6], afirma Yves Michaud. Además, el hecho de no entrever la realidad de la violencia sino a través de sus representaciones comporta el riesgo de otorgar un lugar preponderante a la moralidad. Son muchos los autores que consideran que la violencia surge cuando se recurre a la fuerza sobre bases inmorales, injustas o ilegítimas. De no ser así, prefieren hablar de imposición, de coerción o de poder. De este modo vienen a presuponer que existen valores universales sobre lo que es justo o injusto, sobre el bien y el mal, nociones que, sin embargo, dependen de las normas históricas en vigor. Frente a esta tentación moralizante, hemos optado por incluir bajo un mismo concepto todas las formas de violencia física, ya se las considere legítimas o ilegítimas, relegando la cuestión de la ética al análisis contextual de las percepciones sociales y de las imposiciones simbólicas que chocan en la plaza pública en función de un diverso conjunto de intereses que será preciso determinar en cada caso. Es entonces cuando surge la posibilidad de contemplar una definición de la violencia que tenga un carácter «clínico» en lugar de ético[7].

Una vez admitida la doble necesidad de no restringir la violencia política a sus representaciones y de proponer una definición científicamente unificada, ¿cómo dar cuenta de la materialidad de la violencia sin transformar ni su naturaleza ni su sentido? Yves Michaud ha planteado muy adecuadamente esta aporía teórica, proponiendo al mismo tiempo una resolución imperfecta de la misma mediante el recurso a una «base de objetividad mínima»[8], es decir, a un núcleo de hechos que todo el mundo coincide en considerar violentos —en una época determinada—, sabiendo fehacientemente que esos hechos no habrán de constituir más que un conjunto de elementos incompletos de la realidad y que esta es evanescente. La disciplina histórica se revela entonces particularmente pertinente debido tanto a la atención que presta a la contingencia temporal como a su relación con las fuentes. El historiador sabe bien que la información que figura en los documentos no refleja la realidad bruta, sino la percepción que de ella tienen los redactores de esos documentos o la imagen que quieren transmitir en un momento dado: es por tanto el historiador el que debe distinguir la parte que corresponde, respectivamente, a la objetividad y a la opinión, él es quien ha de detectar la huella de los hechos más allá de los velos discursivos. Pese a ser una evidencia metodológica, este enfoque adquiere un carácter crucial en el estudio de la violencia, puesto que en ese análisis la información disponible revela la existencia de tantas conciencias de violencia —comunes o diferentes— como hechos tangibles y mensurables. Por consiguiente, la salida hay que buscarla en el enfoque constructivista, que extrae del cruce riguroso de las fuentes el contenido de una cierta violencia «objetiva», a la vez física y estigmatizada como tal por la mayoría de sus contemporáneos.

Esbozo de una definición genérica

De la confrontación entre las diversas definiciones teóricas de la violencia y la realidad que nos ofrecen las fuentes se deriva la definición genérica que aquí hemos adoptado. Se considerarán actos de violencia política todas las formas de empleo consciente, o todas las amenazas de uso deliberado, de la fuerza física, ya vaya esta dirigida contra un régimen político o sus actores, ya se efectúe con el objetivo de obtener, influir o conservar el poder, ya logre adquirir una significación política por medio de sus efectos.

Esta definición se fija únicamente en las manifestaciones físicas de la fuerza, tanto si esta se dirige contra las personas como si ejerce sus efectos sobre uno o más bienes[9]. Sin embargo, la definición no excluye la violencia verbal, comprendida como la amenaza del uso de la fuerza física. De este modo se logra mejor el objetivo de dar cuenta del clima de violencia, producto de una serie de fenómenos latentes que constituyen la base sobre la que se apoyan necesariamente tanto la aparición del acontecimiento violento como el afloramiento de la conciencia de la violencia. Queda de este modo claro que optamos preferentemente por la amenaza de un ejercicio de la violencia antes que por la problemática noción de «violencia simbólica»[10].

Esta definición viene a precisar, por lo demás, el carácter «político» del acto violento. En efecto, la expresión «violencia política» resulta en sí misma paradójica, dado que la finalidad de la política consiste en excluir la violencia física de las modalidades de regulación de los conflictos, ofreciéndole otras alternativas en el marco de la polis. Maurice Duverger definía la política como un «esfuerzo constante encaminado a la eliminación de la violencia física con el fin de dar a los antagonismos sociales e individuales otros medios de expresión, menos toscos, menos brutales, menos sangrientos». Poco después, Duverger concluye con estas palabras: «la política es la continuación de la guerra civil por otros medios», dando así la vuelta a la célebre frase de Karl von Clausewitz[11]. Sin embargo, la experiencia que han tenido los Estados modernos a lo largo de los siglos XIX y XX muestra que el campo político es un ámbito privilegiado para el surgimiento de la violencia física, lo que pone de manifiesto quizás el fracaso de «la» política en el sentido filosófico del término. Resulta por tanto crucial determinar qué es lo que determina que un acto de violencia se transforme en una violencia susceptible de ser considerada «política».

Los tres criterios a los que vamos a atenernos son los que han aducido también, en la literatura clásica, los teóricos de la violencia política: a saber, el objetivo, la intencionalidad y el efecto. Si nos fijamos en el primero, que es el más obvio, el objetivo al que se apunte deberá ser un objetivo político físico capaz de representar al sistema político en vigor (pudiendo tratarse de un político, de una institución, de un partido, de un agente del Estado, etcétera)[12]. No obstante, este criterio, por sí solo, resulta insuficiente, dado que excluye los actos de terrorismo que golpean de forma indiscriminada a la población. De ahí la necesidad de introducir un segundo criterio, el de la intencionalidad política, ya que este invita a considerar como «política» —sea cual sea el objetivo al que apunte— toda acción violenta que intente conseguir «el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado» (Eduardo González Calleja)[13]. Una concepción de este tipo esboza no obstante una percepción de la violencia como algo instrumental y racional, descuidando en cambio su aspecto contingente o colérico. Por ejemplo, en una manifestación de protesta, los efectos de la masa pueden derivar en una serie de comportamientos no intencionales, bien por parte de las fuerzas del orden, bien por parte de los manifestantes, y esos comportamientos pueden alcanzar a su vez a un objetivo de naturaleza no política sin dejar por ello de constituir un acto políticamente significativo. Se hace por tanto necesario introducir un tercer criterio, un criterio capaz de tener en cuenta los efectos de la acción, tanto si son deseados como si no[14], así como las percepciones colectivas que determinan que una misma acción violenta constituya o no un acto políticamente significativo en función tanto de las circunstancias en las que se haya cometido como de la utilización política que se haga de él. Este criterio confirma la voluntad que ya hemos manifestado de permanecer atentos a las normas que rigen la estigmatización social del acto violento, normas que no solo varían en función del tiempo y de los grupos sino que en el periodo que aquí estudiamos son objeto de una verdadera confrontación política y simbólica.

Violencias y poder en fase de transición

Por lo demás, esta definición de la violencia política no distingue las acciones en función del conjunto de juicios éticos de principio con los que se diferencian la violencia de la coerción, siendo la primera el elemento característico del empleo ilegal de la fuerza y la segunda atributo específico del poder. Ateniéndose en este sentido a los trabajos de la sociología anglosajona de los años sesenta del siglo XX, esta clasificación incluye tanto la violencia que ejercen los poderes del Estado como la perpetrada por los grupos que se levantan contra él, máxime teniendo en cuenta que la tensión entre ambas radica precisamente en el punto de articulación entre estos dos tipos de violencia, los cuales se reflejan y se engendran de manera recíproca, lo que significa que no es posible comprender una sin la otra.

a) Violencias de Estado

¿Qué se entiende por violencia de Estado? ¿Se trata del conjunto de formas de coerción que emplea el Estado para ejercer su control sobre la sociedad? ¿De todas las modalidades de recurso a la fuerza física que utilizan sus agentes? Probablemente no, puesto que si retomamos los preceptos de Max Weber, para quien el Estado contemporáneo se define por «el monopolio de la violencia física legítima»[15], que es a su vez el fundamento último de la autoridad del poder político, el empleo de la fuerza es justamente un atributo exclusivo de los agentes del Estado en el que se ha delegado ese uso. Por consiguiente, la legalidad del recurso a la coerción no es un criterio que nos permita establecer aquí una distinción, dado que en tal caso el empleo sistemático de la fuerza que se observa en los regímenes autoritarios —legal respecto del sistema jurídico por el que se rigen— no podría calificarse como acción violenta. Esto nos vuelve a situar frente al callejón sin salida ideológico que acabamos de denunciar. Por el contrario, la noción de legitimidad se revela mucho más operativa, a condición de que la entendamos en su sentido histórico y no en su acepción ética. Y ello porque, en efecto, en el Estado moderno, el uso de la fuerza física por parte de sus agentes aparece cuidadosamente codificado, y se beneficia al mismo tiempo de una presunción que no nos remite únicamente a legalidad, sino sobre todo a la legitimidad. Las fuerzas del orden han sido investidas de una función concreta: la de sancionar la violación de ciertas reglas, recurriendo para ello, en caso necesario, a la presión física, y haciéndolo además en nombre de la colectividad cuya seguridad se intenta preservar. Queda por tanto claro que si el empleo de esa presión se considera excesivo, arbitrario e ilegítimo, la sociedad que la padece la denunciará como violenta. En ocasiones, la legalidad puede superponerse a la legitimidad, sobre todo en los sistemas democráticos en los que tanto la legislación como las normas de la vida ciudadana emanan supuestamente de la soberanía popular. Por consiguiente, solo cuando las formas de la coerción estatal merecen ser juzgadas ilegítimas por la comunidad —e ilegales, si la legislación quiere seguir contando con la presunción de legitimidad—, se produce su rechazo y se las percibe como actos de violencia.

La cuestión pasa entonces a ser la siguiente: ¿cuándo hemos de considerar ilegítima la fuerza física empleada por los agentes del Estado? La respuesta solo puede ser histórica. Uno de los objetivos de nuestra investigación consiste por tanto en determinar los criterios contingentes de legitimidad o ilegitimidad de la acción de los agentes del Estado, una tarea tanto más compleja cuanto que el periodo que aquí estudiamos es un periodo presidido por la mutación del régimen político y los valores normativos vigentes, es decir, un lapso de tiempo en el que el sentido y la práctica de la violencia estatal cambian de manera radical. Al transformarse al hilo de la evolución cronológica y de los grupos considerados, estos criterios pertenecen a una multiplicidad de sistemas de valores plurales y a veces contradictorios que vienen a colisionar entre sí a lo largo del periodo que estudiamos, buscando cada uno de ellos el predominio simbólico. El vocabulario de la época refleja muy adecuadamente la fluctuante frontera que separa en ese tiempo las prácticas lícitas de las ilegítimas. La expresión que ha quedado consagrada para hacer referencia a las segundas es la de «represión», y la oposición la esgrimirá al comienzo de la transición a modo de bandera tanto de la lucha antifranquista como de la emancipación democrática, convirtiéndose en pretexto legítimo para el surgimiento de las acciones violentas de protesta. El uso del término tiende más tarde a ser utilizado exclusivamente por la minoría que persiste en recurrir al esquema normativo de la lucha contra la opresión, incluso después de que la democracia se haya consolidado. A la inversa, el «mantenimiento del orden» será la voz predilecta de los gobernantes y los sectores políticos emanados del régimen anterior, que niegan la existencia de una violencia estatal, aunque luego vaya siendo adoptada poco a poco por los sectores moderados de la oposición, al calor de la democratización del régimen y de la evolución de los comportamientos de las Fuerzas del Orden Público.

El sistema normativo de la democracia liberal se impuso con rapidez, ya que uno de los envites que debía afrontar la transición consistía en transformar el Estado autoritario anterior en un Estado democrático de derecho. El primero se fundaba en la institucionalización de la violencia: el régimen franquista debió su nacimiento y su supervivencia a la eliminación física y simbólica del enemigo, al empleo sistemático de la fuerza física para paliar su falta de legitimidad. Pese a que la represión disminuyera de manera considerable con el paso del tiempo, tanto en intensidad como en gravedad, lo cierto es que se perpetúa hasta el momento mismo de la muerte del dictador[16]. El Estado de derecho se funda por el contrario en la aceptación consensual del uso de la coerción, y su construcción pasa por la legitimación y el control de ese monopolio de la violencia. Conviene por tanto examinar a un tiempo el modo en que se formularon primero y se institucionalizaron después los nuevos valores destinados a regular ese monopolio, la manera en que se integraron en el discurso de los gobernantes, las vías por las que se insertaron en la legislación y los métodos que emplearon los agentes del Estado al aplicarlos. Una mutación de ese calibre se revela lenta y difícil, y va necesariamente acompañada de bolsas de resistencia en las que las prácticas represivas se mantienen, convirtiéndose no obstante, con el avance de la democratización, en ilegítimas, y más tarde en ilegales. El hecho de que no se produjeran procesos de depuración y de que el personal del Estado permaneciera en sus puestos —incluso en aquellos cuerpos que se habían encargado de la represión en tiempos de la dictadura (es decir, en el Ejército, la Policía, la Guardia Civil o la justicia)—, así como la multitud de desfases creados por las sucesivas etapas de la concreción institucional del nuevo orden democrático, ofrecieron en su momento un vasto campo de acción a las prácticas arbitrarias. Los reiterados abusos policiales ocurridos al procederse a la dispersión de las manifestaciones, la utilización de la tortura en los interrogatorios o las actividades paraestatales de lucha contra la violencia terrorista son algunos de los ejemplos de violencia estatal que se analizan en este libro.

Para poder comprender plenamente la persistencia de estos hábitos violentos en el seno de las instituciones del Estado, es preciso ampliar la perspectiva del análisis y hacerla extensiva a algo más que la simple presencia de la violencia física. La práctica arbitraria del mantenimiento del orden, la variabilidad del grado de tolerancia en la aplicación de la legislación relativa a las manifestaciones, las reuniones, las asociaciones o la censura, la desigual persecución de los delitos denominados políticos, las diversas violaciones de los derechos humanos, son algunas de las modalidades que adopta la represión política heredada del régimen anterior y que merecen ser tenidas aquí en cuenta pese a no que no presenten un carácter directamente violento. La percepción pública relacionada con estos comportamientos, denunciados una y otra vez por los partidos de la oposición, hace que las fuerzas del cambio tiendan a eliminarlas progresivamente de la esfera democrática. Resultaría por tanto inútil aislar la violencia física de otras formas no violentas de la represión, dado que, de no resituar esa violencia física en el sistema que la sustenta, sería imposible comprenderla. Esta es la razón de que el análisis de la violencia estatal vaya acompañado de un examen de la represión.

b) Violencias protestatarias

La violencia protestataria es aquella que va dirigida contra el orden social, el régimen político o los representantes de la fuerza pública, aunque esta definición teórica diste mucho de resultar evidente en el caso de la transición. En efecto, si desarrollamos las consecuencias de las reflexiones que acabamos de exponer sobre el régimen franquista, constataremos que la violencia de protesta se inscribe en la lógica de una resistencia contra la opresión tiránica del régimen y, a pesar de que, a los ojos de los gobernantes, la acción violenta revista un carácter subversivo e ilegítimo, esta es también, a juicio de sus autores, legítima y necesaria, justificándose en el hecho de constituir un medio de lucha eficaz contra el régimen dictatorial. Sin embargo, si la violencia estatal va entrando paulatinamente en la categoría de lo intolerable a medida que avanza la democracia, también irá siendo cada vez más difícil justificar la violencia de protesta tomando como base el argumentario de la tiranía, lo que determinará que dicha violencia comience a presentar, de forma crecientemente acentuada, el aspecto de un recurso propio de minorías deslegitimadas en el espacio democrático en proceso de construcción. Y a la inversa, los grupos de extrema derecha que habían venido practicando una serie de acciones violentas al margen del Estado franquista —toleradas, no obstante, o espoleadas incluso, por las autoridades del régimen, con las que los ultraderechistas comparten un conjunto de objetivos ideológicos de naturaleza similar— se alzan ahora, al ir progresando la transición, contra los gobiernos de la reforma. Se convierten de ese modo en grupos contestatarios empeñados en provocar la vuelta del régimen anterior. Dichos grupos, legítimos en opinión de las autoridades franquistas, se convierten progresivamente en ilegítimos desde el punto de vista de los reformistas. Eso nos obligará por tanto a reconstruir la cronología y los ritmos de los procesos de paulatina deslegitimación de todas las formas de violencia —convergentes pese a estar bien diferenciados.

Tanto si el objetivo que se proponen consiste en acelerar el proceso reformista, como si lo que pretenden es reorientar su curso, dotarlo de un contenido más hondo, o, por el contrario, frenar su desarrollo e impedir su culminación, lo cierto es que, durante la transición, el recurso a la violencia de los grupos contestatarios constituirá una forma de actuación con la que estos tratarán de imponer su propia visión del porvenir político del país. En este sentido, la violencia es de índole instrumental, y si se echa mano de ella se hace a la manera de un recurso más del «repertorio» de la acción colectiva[17]. Gracias a los teóricos anglosajones de la acción colectiva racional tenemos clara conciencia de que el acto violento, lejos de constituir un síntoma disfuncional de las sociedades, es, por el contrario, un recurso que se utiliza racionalmente de acuerdo con un cálculo de utilidad en el que se ponen en la balanza los costes previstos de la acción y los beneficios esperados, los cuales dependen de una multiplicidad de factores[18]. No obstante, la acción violenta no siempre obedece a una racionalidad de este tipo, dado que también puede derivar de un variado conjunto de pulsiones y de una agresividad colérica no dominada[19], sin dejar por ello de llevar aparejada una significación política de carácter contestatario. Los enfrentamientos entre grupos extremistas que se oponen en la plaza pública no son invariablemente fruto de una intención premeditada, ya que pueden surgir como consecuencia de un encuentro fortuito o de un incidente imprevisto. Pese a que no formen parte de una estrategia planificada, esos enfrentamientos revelan no obstante las culturas de conflicto de que son portadores los grupos de ideologías radicales, culturas que favorecen el surgimiento de la violencia misma.

Ya sea de naturaleza instrumental o irracional, legítima o ilegítima, la acción violenta destinada a expresar una protesta es una de las formas que adopta la contestación colectiva. Ahora bien, cabe preguntarse entonces lo siguiente: ¿hemos de tener en cuenta toda acción violenta surgida como consecuencia de una movilización social? El hecho de que implique una violencia física, ¿debe llevarnos a tomar en cuenta todo «acontecimiento contestatario», por emplear la expresión de Jan Willem Duyvendak[20]?

Violencias políticas y violencias sociales

Esta interrogante nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia surgida a raíz de las movilizaciones colectivas. Los años 1976 y 1977 asistirán a una fuerte movilización social expresada mediante un amplio abanico de prácticas distintas que van de los paros laborales a la manifestación clásica, pasando por las asambleas, los mítines, las convocatorias reivindicativas en el espacio público, las ocupaciones de locales (fábricas, iglesias, teatros, cines…), los actos destinados a recoger firmas de apoyo a una causa, las huelgas de hambre, las marchas de protesta por la geografía del país, las fiestas populares, los festivales de música, etcétera. Las acciones de ese tipo surgen de una variada gama de grupos, ya que puede tratarse de movimientos sociales en el sentido clásico del término (es decir, de episodios protagonizados por obreros y estudiantes), de actos organizados por los partidos políticos de la oposición, de quejas de las asociaciones ciudadanas (de vecinos, de padres de familia, de amas de casa, de jóvenes), de iniciativas promovidas por corrientes cristianas, o incluso de otro tipo de demandas, como las feministas, las ecologistas o las pacifistas. Por consiguiente, las motivaciones son tan diversas que las reivindicaciones económicas compiten con las demandas sociales y con otras exigencias más estrictamente políticas. Sin embargo, casi todas acaban adquiriendo una significación política debido a su índole transgresora. Al ser ilícitas, su simple existencia pone en entredicho tanto la ley como la sustancia del sistema político en vigor. Manifestarse, reunirse o participar en una huelga son todos ellos actos políticos en sí mismos, actos que reivindican la legalización de las asociaciones, el reconocimiento de la libertad de expresión, y la aceptación de una serie de derechos básicos, como el derecho de huelga, de manifestación o de reunión. En esos casos, la confusión de los ámbitos social y político alcanza su punto álgido.

Por lo demás, las movilizaciones populares son particularmente propicias para el surgimiento de la violencia física. Al comienzo del periodo que nos ocupa se toleran de cuando en cuando algunas huelgas, asambleas sindicales o manifestaciones, pero es mucho más frecuente que se las prohíba y reprima. La policía interviene para disolver las manifestaciones ilegales, para desalojar una iglesia o un cine tomados por grupos de sindicalistas clandestinos, o aun para interceptar a uno o varios piquetes de huelga decididos a impedir el buen funcionamiento de una fábrica. La policía utiliza la fuerza física con escasa contención, ateniéndose a las normas represivas del régimen franquista, y no duda en cargar con fuego real contra la multitud. La violencia también puede proceder de los agentes que se encargan de activar las protestas, radicalizados por la acción de las minorías de agitadores internos o externos al movimiento de protesta —que unas veces lanzan piedras o cócteles molotov sobre las Fuerzas del Orden Público y otras revientan los escaparates de los comercios próximos al paso de los manifestantes, destrozan el mobiliario urbano, construyen barricadas, incendian papeleras o contenedores, etcétera—. De este modo, casi la mitad de las manifestaciones convocadas en Madrid entre 1976 y 1977 adoptarán la forma de otras tantas algaradas violentas, todas ellas declaradas ilegales y reprimidas de manera brutal[21]. Los Boletines Informativos que emite diariamente la policía, que aquí hemos estudiado en la parte correspondiente al primer semestre de 1977, muestran que la cuarta parte de las manifestaciones del conjunto de la península ibérica provocaron incidentes[22].

¿Debemos entonces incluir en nuestro ámbito de estudio la totalidad de los incidentes violentos ocurridos durante las manifestaciones convocadas para protestar por la carestía de la vida o el paro, la conducta agresiva de los piquetes de huelga que optan por bloquear físicamente el acceso a las fábricas y amenazan con tomar represalias a los obreros que insisten en atender a sus compromisos laborales, o aun las acciones particularmente enérgicas de los trabajadores enfurecidos que deciden medir sus fuerzas con las autoridades, enfrentándose a ellas en un espacio público —como sucede por ejemplo en las barricadas levantadas con el fin de cortar las carreteras o en los actos vandálicos con los que se destruyen tácticamente los productos agrícolas—? No es tarea fácil distinguir la violencia política de la violencia social, ya que para ello es preciso valorar qué grado de implicación política conllevan los conflictos sociales violentos, comprender la interacción que existe entre la violencia de las movilizaciones colectivas y los procesos propios de una reforma política, y entender la repercusión política que puedan tener los actos de violencia de los manifestantes. Los conflictos sociales de la transición son fundamentalmente de origen profesional. Su motivación se halla vinculada con el mundo industrial y con las dificultades económicas coyunturales, dado que se trata de protestas relacionadas con la congelación salarial, los despidos masivos, las sanciones impuestas a los trabajadores, la mejora de las condiciones laborales, la participación en las decisiones empresariales, etcétera. Vendrán a sumarse de cuando en cuando las reivindicaciones políticas: la legalización de los sindicatos, de las asociaciones y por tanto también la de los partidos políticos, las elecciones libres de los representantes sindicales y con ello de todos los dirigentes políticos, el reconocimiento de las libertades públicas, etcétera. La bandera de la amnistía, que movilizó con fuerza a la población civil, también puede comprenderse, siquiera parcialmente, como una reivindicación social, dado que en muchas ocasiones se la esgrimía más para reclamar la reincorporación al puesto de trabajo de los empleados sancionados por haber participado en una huelga, o la liberación de los delegados sindicales detenidos durante la celebración de una reunión clandestina, que para exigir la liberación del conjunto de los presos políticos[23]. La significación política de la movilización queda entonces relegada a un segundo plano, pasando a situarse así tras las motivaciones sociales propiamente dichas[24]. No obstante, hay ocasiones en que es lo político, por el contrario, lo que cobra protagonismo frente a lo social, como sucede en el caso de las huelgas explícitamente convocadas por razones políticas, ya se trate de huelgas espontáneas, de respuesta a una o más acciones represivas locales —respuesta que puede llegar a adquirir dimensiones nacionales—, o de los paros generales convocados por los sindicatos en 1976 y 1977 en el marco de la estrategia rupturista llevada a cabo por la oposición. También ocurre lo mismo con las manifestaciones que se convocan en fechas clave —como el primero de mayo— o con la intención de expresar un conjunto de reivindicaciones de carácter directamente político —como el derecho a la autonomía o la exigencia de una amnistía general.

Para no diluir la noción de violencia política en un espacio social excesivamente amplio —lo que interferiría negativamente en su operatividad—, hemos circunscrito aquí el análisis a las movilizaciones que acabaron generando víctimas mortales, que además son fáciles de descubrir debido a las repercusiones mediáticas y sociales surgidas por inducción, dado que el desenlace fatal transforma el acto de la manifestación o del conflicto en un episodio marcado por una violencia particularmente intolerable[25]. En tal caso, la dimensión política del acontecimiento adquiere un relieve tanto más notable cuanto que, en la mayoría de los casos, los responsables de las muertes violentas son justamente los miembros de las fuerzas policiales: se interpreta pues la violencia como consecuencia del sistema represivo del Estado que está siendo cuestionado.

II. En busca de las violencias de la transición española

II. EN BUSCA DE LAS VIOLENCIAS DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Una vez delimitado el ámbito de la violencia política, surge un segundo desafío, el de determinar la senda a seguir para abordar del mejor modo posible su realidad.

El camino del conocimiento

Se ha impuesto la necesidad de establecer un censo de los actos de violencia, ya que ese es el único medio de tomar contacto con la materialidad de los hechos, con la sutileza de la realidad, y de captar la pluralidad de sus formas y cadencias. Si, por un lado, concebimos el corpus construido de ese modo a la manera de un instrumento que, estando destinado a la comprensión de los actos violentos, se revele capaz de preservar al mismo tiempo su complejidad y de ofrecer un punto de partida al análisis cualitativo y más profundo que nos proponemos efectuar posteriormente, por otro lo entendemos como una base de datos codificada y susceptible de permitirnos la realización de un tratamiento cuantitativo y estadístico de los mismos.

¿Por qué ese empeño en cuantificar los actos violentos de la transición española? Es cierto que la traducción a guarismos facilita la comparación con otros contextos nacionales, lo que permite evaluar la importancia que tienen los hechos y las representaciones, respectivamente, en los procesos de cambio históricos. Pero es que, además, la mera cifra parecerá, a mi juicio, suficientemente potente para poner en cuestión el mito de la transición pacífica que tan profundo arraigo ha encontrado en la conciencia popular. Y tanto más cuanto que, paradójicamente, la propia naturaleza de la violencia invita a recurrir al número. Se oye decir muy a menudo, y con razón, que el simple recuento de muertos no explica nada, es más, que la abstracción numérica constituye un velo que se interpone entre la realidad y su conocimiento, creando una serie de efectos de umbral artificiales que oscurecen el incomunicable sufrimiento inherente a la violencia. Sin embargo, el número contribuye a cortar de raíz todo intento de negacionismo, un riesgo intrínsecamente ligado a la violencia misma, dado lo muy frecuentemente que tienden a negarla o a envolverla en eufemismos sus propios autores, o a confinarla en el silencio quienes la padecieron. Y a pesar de que nuestro objeto de estudio no lleve aparejada la perpetración de actos de violencia extremos —como los que constituyen el núcleo de los empecinamientos negacionistas—, lo cierto es que pueden percibirse algunos mecanismos de inhibición similares en ese rechazo colectivo que termina por no ver la violencia que jalonó en su día el periodo de la transición. Los «balances no son solo instrumentos al servicio del conocimiento, poseen también un peso argumental» (Philippe Braud)[26] necesario para el desenmascaramiento de la realidad y la deconstrucción del discurso que la niega.

Por consiguiente, el enfoque que hemos aplicado aquí no solo se inscribe en la línea de los análisis cuantitativos de los conflictos sociales, las movilizaciones colectivas y la violencia —un tipo de estudio muy en boga en la sociología anglosajona y europea[27]—, sino que procura huir también de los defectos de esas series longitudinales que, al abarcar una extensión de tiempo y de espacio excesivamente vasta, tienden a diluir su objeto en una realidad abstracta. El periodo que abordamos en el presente libro no es solo corto, también constituye un tiempo histórico significativo que hace posible la constitución de series homogéneas y continuas. Por lo demás, el hecho de que yo misma haya elaborado el corpus de datos del texto contribuye igualmente a garantizar la fiabilidad del resultado. Dicho corpus se basa en el cruce de informaciones procedentes de fuentes extremadamente diversas.

Frente al relativo fracaso de la búsqueda inicial de estadísticas oficiales satisfactorias[28], y tras constatar las dificultades que presentaba el acceso a la mayoría de los archivos relacionados con el periodo aquí estudiado —debido a la proximidad temporal de los acontecimientos[29]—, he encontrado en el análisis de los medios una fuente de información crucial. Sujetas a una censura limitada desde la instauración de la ley de prensa de 1966, las publicaciones periodísticas dispondrán a partir de 1976 de una libertad de expresión creciente[30], lo que les permitirá referir con exactitud la evolución política posfranquista. El País, cabecera emblemática de la transición, fundado en mayo de 1976 con la explícita finalidad de contribuir a la democratización, se convirtió, por tanto, en la base misma de la recopilación de datos[31], que luego completaría con la consulta de otros diarios nacionales, como ABC, Informaciones o Diario 16, junto con distintos semanarios: Triunfo, Cambio 16, Cuadernos para al Diálogo o Punto y Hora de Euskal Herria.

También he podido consultar varios archivos administrativos, empezando por las Memorias anuales de los Gobiernos civiles[32]. La muestra elegida para el conjunto del periodo estudiado concierne a las grandes provincias, que fueron las que más sufrieron los efectos de la violencia: por un lado, Madrid, Barcelona, las tres provincias vascas (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y Navarra; seguidas de las Canarias, víctimas de actos de violencia separatista; de la provincia de Valladolid, ejemplar por la intensidad de las manifestaciones violentas de la extrema derecha; y finalmente de la de Valencia, que, pese a estar densamente poblada, apenas padeció atentados políticos, lo que nos servirá como elemento de comparación. Estos informes, desiguales por su factura y su importancia, contribuyeron a enriquecer el corpus de referencias sobre todo de los años 1975 a 1978, dado que la uniformización generada por el nuevo modelo administrativo impuesto a partir de 1979 dejó menos espacio a la información cualitativa para favorecer en cambio la consignación de un conjunto de datos estandarizados, menos aprovechables para nuestros fines. En términos globales, todos esos apuntes vinieron a confirmar a posteriori la validez de la primera recopilación, añadiendo no obstante una importante cantidad de datos inéditos. Un estudio comparativo de los acontecimientos violentos que recoge nuestra base de datos en relación con Navarra, cotejados con los documentos que suministran por su parte los informes del Gobierno civil de la provincia —que no solo contienen un conjunto de referencias más rico sino que constituyen la serie más completa de cuantas se hallan a nuestra disposición—, muestra que estos últimos han aportado la tercera parte de los datos del trabajo. En otras palabras, la prensa consultada ha supuesto el 66 % del total de acontecimientos tenidos finalmente en cuenta[33]. La realización de un estudio similar en la provincia de Guipúzcoa muestra que el índice de representación de los actos violentos que aparece recogido en los periódicos es superior: en los tres años que figuran adecuadamente cubiertos en los informes —a saber, los correspondientes a 1976, 1977 y 1980—, solo un 14 % de las acciones violentas queda sin notificar —con el añadido de que en 1980 se observa una clara mejoría (dado que el índice de los acontecimientos no cubiertos baja al 8 %)—[34]. Además, la comparación muestra que los acontecimientos no presentes en la prensa rara vez corresponden a atentados contra personas y que guardan más bien relación con acciones materiales de escasa consecuencia. En los informes de los Gobiernos civiles se precisa a menudo la ocurrencia de una o varias series de explosiones, actos que, al producirse en un mismo día, aparecen notificados en la prensa como un conjunto indivisible y son contabilizados por consiguiente como un único acontecimiento, mientras que la fuente administrativa concreta los datos relativos al objetivo y la localización de las bombas, lo que permite integrarlos como una pluralidad de acciones en la base de datos.

También han venido a enriquecer el fichero los informes de los fondos del Gobierno civil de Madrid, fondos que he podido consultar a medias gracias al carácter aleatorio de los meandros archivísticos, dado que su acceso ha quedado restringido. Integrados por diversas clases de documentos (panfletos propagandísticos, notas de prensa, etcétera), y sobre todo por informes y memorias policiales relativos a distintos actos de alteración del orden público, estos fondos son extremadamente completos en aquellos periodos en que la actividad violenta muestra una densidad particularmente intensa en Madrid, es decir, entre los años 1976 y 1979. Sin embargo, no han supuesto una aportación de datos excesivamente elevada para nuestra base, ya que El País relata de forma muy pormenorizada los acontecimientos relacionados con la capital.

Para el análisis del periodo comprendido entre 1975 y 1977 ha resultado notablemente útil el fondo del Gabinete de enlace del Ministerio de Información y Turismo[35], algunas de cuyas cajas remiten explícitamente a cuestiones de orden público. Los elementos que contiene este archivo —notas de prensa, artículos periodísticos y apuntes de los delegados provinciales del Ministerio— han cooperado a un mejor conocimiento de las alteraciones del orden ocurridas en los primeros años de la transición. La serie formada por los Boletines Informativos que redactaban diariamente los miembros de dicho gabinete, encontrada por una feliz casualidad entre los legajos del fondo anterior —al menos por lo que hace a los meses de enero a julio de 1977—, ha constituido una valiosa muestra[36]. Estos Boletines recogen, en efecto, las perturbaciones del orden público registradas en el conjunto del territorio nacional, día tras día, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por la policía. Una vez incorporados a la base de datos, estos acontecimientos permitieron enriquecer el fichero general de la investigación con un 38 % de hechos nuevos: esta cifra tan considerable pone de manifiesto los límites de la información suministrada por El País[37]. Por consiguiente, en relación con los sucesos del primer semestre de 1977, nuestro corpus dispone de una información excepcionalmente completa, hasta el punto de que hemos juzgado preferible no incluir este exceso de acontecimientos en los análisis con los que intentamos sacar conclusiones válidas a largo plazo, con las miras puestas en no sesgar su interpretación global[38].

Las Memorias del Fiscal del Tribunal Supremo, unos informes anuales que sintetizan la información llegada a ese organismo a lo largo del año y cuya redacción se efectúa sobre la base de la documentación enviada por los responsables de los juzgados provinciales, así como las sentencias del propio alto tribunal, han contribuido a precisar, por un lado, el sentido que el poder estatal atribuía al comienzo del periodo a las libertades políticas (y por consiguiente también a su transgresión) y a la gravedad y a los motivos de los actos terroristas, y a facilitar, por otro, la comprensión del sistema de sanciones impuesto a dichos actos. Además, las estadísticas que proporcionan esas Memorias han servido para completar de manera puntual la aproximación numérica que forma parte de las aportaciones de nuestro corpus de datos.

Del mismo modo, hemos visto necesario consultar los fondos del Parlamento —el espacio político por antonomasia—, esperando comprender gracias a ellos los conflictos ideológicos, políticos, simbólicos o legislativos surgidos, así como las transformaciones del sentido asignado al monopolio estatal de la violencia y a la violencia contestataria practicada en un espacio democrático en construcción, sin olvidar el análisis de las medidas políticas adoptadas para luchar contra esa violencia (básicamente el mantenimiento del orden y la lucha antiterrorista). La violencia y su contención inciden notablemente en la médula misma de los envites a que se ve confrontada la joven democracia, y ha contribuido a probarlo el examen pormenorizado y sistemático de las actas de las sesiones parlamentarias (tanto las del pleno como las de la Comisión de Interior) y el estudio del texto del Boletín Oficial del Congreso —revisando todos los documentos disponibles desde la formación del primer Parlamento democrático, en 1977[39]—. Algunas de las sesiones e iniciativas parlamentarias han contribuido a enriquecer de manera muy notable nuestro fichero de datos, sobre todo en los casos en que el Ministerio del Interior, empujado por la oposición, dio en aportar un conjunto de estadísticas determinantes y en esclarecer varios acontecimientos sumidos en la oscuridad[40].

Por último, el auxilio de una variada documentación nos ha permitido aumentar los conocimientos que teníamos sobre ciertos acontecimientos, indicándonos asimismo su contexto, la modalidad de su recepción, y sus consecuencias. Hemos estudiado detalladamente los informes de las asociaciones defensoras de los derechos humanos —Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)—, con el fin de poder enfocar mejor ciertos hechos como la tortura o las violaciones de los derechos humanos. Hemos consultado de manera sistemática los testimonios, resumidos o levemente modificados, de los actores de la época, y los hemos completado mediante entrevistas orales con los individuos que protagonizaron en primera persona los hechos[41]. También hemos utilizado crónicas, investigaciones periodísticas y diversas clases de recursos electrónicos, aunque siempre con las precauciones que conviene adoptar con este tipo de fuentes. De este modo, hemos contrastado de múltiples maneras las informaciones relativas a las víctimas mortales del terrorismo, cotejándolas con los datos que aparecen en los portales de internet del Ministerio del Interior, y muy particularmente con los que figuran en la página electrónica de la Guardia Civil[42], así como con los que proporcionan las asociaciones de víctimas del terrorismo[43] y las que se consignan en un cierto número de obras monográficas[44]. La cifra de muertos que se recoge en nuestra base de datos es prácticamente exhaustiva.

Tipología de las acciones violentas de la transición

Una vez recogidos los datos, tuvimos que clasificar y codificar los acontecimientos consignados en las fuentes, incluyéndolos en una serie de categorías elaboradas con el fin de poder responder tanto a los imperativos teóricos que hemos señalado anteriormente como a las complejas exigencias de lo real. La tipología resultante no pretende constituir un modelo teórico, pero sí proponer un marco coherente y estructural en el que dar cabida al conjunto de los acontecimientos violentos que hemos ido recopilando.

Las propias fuentes ofrecen elementos propicios para la clasificación. En mayo de 1976, El País, que se hallaba entonces en sus mismos inicios, sugiere varias formas de efectuar el balance de las acciones violentas. Los únicos elementos que se recogen son los atentados, clasificándolos después en función del arma empleada, de los objetivos buscados y de la eficacia de la acción. Se distinguen así explosiones, bombas desactivadas por la policía, atentados contra personas (definidos como «agresión personal por motivos ideológicos» o «muerte violenta ocurrida como consecuencia de enfrentamientos políticos»), atentados con arma de fuego contra bienes materiales, lanzamiento de cócteles molotov, incendios provocados, destrucción de instalaciones, amenazas de muerte mediante carta anónima y falsos avisos de bomba[45]. Igualmente instructiva es la clasificación que proporcionan las autoridades policiales[46]. Al comienzo del periodo, los documentos distinguen las «acciones terroristas» de «otras acciones». Con las primeras se designa lo que en nuestra tipología queda reagrupado bajo el rótulo de atentado o amenaza: explosiones, artefactos explosivos (la distinción sugiere que esta segunda categoría se refiere a los dispositivos que no explotaron), amenazas de explosivos (o avisos de bomba), robos de armas y explosivos, atracos, atentados (término con el que se designan en este caso los atentados perpetrados contra personas y mediante arma de fuego, dado que le sigue inmediatamente la consignación del número de muertos y heridos) y amenazas anónimas. Con la expresión «otras acciones» se agrupa un conjunto de hechos diversos que van de las alteraciones del orden público (enfrentamientos con las fuerzas del orden, manifestaciones, concentraciones, asambleas, encierros, ocupación de locales, etcétera) a las detenciones, pasando por las ofensas a la bandera nacional, los desórdenes vinculados con los conflictos sociales, o las protestas en cárceles. En unos casos, incluimos esas acciones en nuestra tipología bajo el epígrafe de alteraciones del orden público. En otros, en cambio, las excluimos por distintas razones: bien por no tener un carácter estrictamente político, bien por no ir acompañadas de un uso directo de la fuerza física. Los documentos administrativos más tardíos se interesan específicamente en los delitos de terrorismo, y en tal caso la clasificación difiere, dado que la definición que los categoriza es más rigurosa. Esto es lo que sucede por ejemplo con un informe de la unidad de la Policía Judicial fechado en 1979 que se refiere a los delitos de terrorismo. En él se clasifican las acciones terroristas como asesinatos, secuestros, voladuras y atracos[47]. Desaparecen así las acciones carentes de efectividad (como las bombas que no explotan y las amenazas), las que implican un menor grado de organización y una intensidad inferior (las asociadas por ejemplo con el empleo de armas de escasa potencia, como los cócteles molotov), y las alteraciones difusas del orden público no imputables a un grupo terrorista organizado. Esta restricción se debe al hecho de que la definición que se va dando al fenómeno terrorista es cada vez más precisa[48]. Al final del periodo que nos ocupa, la categorización policial concreta con mayor exactitud las características de los diferentes tipos de violencia. Así sucede con un informe de la Jefatura Superior de Policía de la provincia de Vizcaya, en el que se detallan del siguiente modo las acciones cometidas por las bandas armadas en 1982 y 1983[49]: «atentados contra la vida», indicándose a continuación el número de muertos y heridos, subdivididos en función de las armas utilizadas (explosivos, armas cortas y largas, u otros —como por ejemplo un lanzagranadas—); «robos a punta de pistola»; colocación de explosivos, diferenciada en epígrafes correspondientes a su resultado («resultado de daños», «resultado mortal» o «artefactos desactivados»); secuestros, frustrados o efectuados con éxito; y amenazas. Esta clasificación, bastante más detallada que las de 1977, tiene en cuenta la gravedad intencional del acto y su resultado.

Estos documentos han confirmado algunas de las decisiones básicas de nuestra tipología: la existencia de una diferencia esencial entre los actos de violencia cometidos por grupos pertenecientes a la sociedad civil y los perpetrados por agentes del Estado —actos estos que nunca aparecen reseñados en los balances que realizan las autoridades—; la distinción cada vez más nítida entre los atentados por un lado y las alteraciones del orden público por otro, dado que no conllevan el uso de los mismos recursos, ni materiales ni políticos; y el hecho de que no solo se tengan en cuenta las acciones realizadas, sino también las efectuadas en grado de tentativa, como las amenazas. En un esfuerzo por reunir el mayor número de criterios posible —clasificados en función de los responsables de la acción (agentes del Estado o personal civil), las armas empleadas, el objetivo buscado o alcanzado (bienes o personas), las circunstancias (alteraciones del orden público o actos aislados), la efectividad (amenaza o acción palpable), o las consecuencias (daños materiales o heridas corporales)—, el resultado que se obtiene obedece también a una voluntad de homogeneización de los datos del periodo estudiado. Se configura con él el repertorio de las acciones utilizadas de facto por los grupos violentos de la transición (cuadro 1).

Cuadro 1. Tipología de las acciones violentas

La tipología se elabora en torno a una distinción: la que media entre las violencias de Estado y las violencias contestatarias, diferenciación que vertebra asimismo la presente obra. El golpe de Estado militar se sitúa en los límites de esta demarcación tipológica, dado que si, por un lado, son agentes del Estado, militares de carrera o guardias civiles, los que se erigen en fuerza de protesta, el objetivo de la acción es no obstante subversivo, puesto que se alza contra el poder establecido con la finalidad de sustituirlo por otro. Aunque el carácter subversivo de la acción predomine ampliamente en cuanto a la finalidad, lo cierto es que, si lo que nos proponemos es hallar sus raíces, deberemos buscarlas en el movimiento de resistencia de una institución, el Ejército, que encuentra difícil amoldarse a la democratización. De hecho, durante la transición, y a pesar de que las presiones de los militares fuesen una constante, solo se produjo un golpe de facto, y fracasó, el del 23 de febrero de 1981 —el «23-F»—, mientras que otras dos intentonas golpistas nacieron muertas: la operación «Galaxia» de noviembre de 1978, y la conspiración del «27-O», prevista para el día de las elecciones legislativas de 1982.

Por su parte, los actos de violencia contestataria se reparten entre dos de los subconjuntos que emergieron con el progreso del análisis mismo: en primer lugar, el de las violencias terroristas, y en segundo lugar, el de las violencias de baja intensidad.

a) Las violencias terroristas

He venido omitiendo deliberadamente hasta ahora la utilización del término «terrorismo» debido a que su realidad queda oscurecida por un gran número de desafíos ideológicos y simbólicos. La coyuntura internacional posterior al atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York no solo ha contribuido de manera muy notable a la confusión semántica, sino que también ha suscitado un crecimiento exponencial de las publicaciones relacionadas con el terrorismo. Sin pretender reexaminar aquí las abundantes controversias que lo rodean, lo cierto es que a partir del momento en que empiezo a emplearlo resulta evidentemente necesario precisar el sentido de esa noción. El término de «terrorismo», polisémico[50], contiene una constante implícita: la de deslegitimar el sentido de la acción de quienes quedan catalogados como terroristas. Ahora bien, este juicio ético negativo choca con la neutralidad axiológica que acabo de reivindicar, de modo que no voy a utilizar aquí el término en ese sentido, sino en un sentido instrumental en tanto que forma de acción: los actos de violencia terrorista son aquellos cometidos en el seno de grupos identificados y estructurados, capaces de planificar y de organizar operaciones violentas de fuerte intención mortífera[51]. Más allá del continuo que forman las modalidades violentas que pueden ser empleadas por el conjunto de los actores, hay ciertas formas de acción que presentan el aspecto de ser otras tantas técnicas de guerra típicas de las prácticas terroristas: la daga, la pistola, y más tarde la dinamita, eran instrumentos inherentemente utilizados por los terroristas del siglo XIX, mientras que los asesinatos, los atracos, las prácticas de chantaje y de exigencia de un rescate económico, los atentados con bomba, la toma de rehenes o el secuestro aéreo son técnicas terroristas propias del siglo XIX[52]. Este tipo de acciones —que obedecen a una lógica basada en la búsqueda de la máxima eficacia con el menor coste posible— generan, con pocos medios, un resultado espectacular y muy a menudo letal. Percibido como el arma de los débiles en el contexto de una guerra asimétrica[53] que se inscribe en la misma lógica que la guerrilla y se opone a las contiendas consideradas convencionales, es decir, a las que se libran entre dos o más Estados, el terrorismo aparece como una forma de guerra indirecta contra un Estado cuya fuerza militar es superior a la de sus atacantes. El terrorismo se funda en una estrategia de terror que persigue una visibilidad y un impacto sociales muy superiores a las consecuencias inmediatas de la acción, principalmente a través de los medios, y concede a dicha estrategia una centralidad tal que termina por convertirla en su seña de identidad, pese a que pueda recurrir a otras formas de acción —como atestigua el hecho de que en el seno de un mismo grupo coexistan frecuentemente un aparato militar y un aparato político[54]—. Queda trazado así el perfil de una especie de tipo ideal de terrorismo, que algunos califican como «terrorismo puro»[55], que conlleva un repertorio de acciones determinado, limitado, predominante y central.

De hecho, los asesinatos con arma de fuego, junto con la colocación de artefactos explosivos y los secuestros, son las tres formas de acción que habrán de privilegiar las organizaciones terroristas llamadas a cruzarse en el camino de la transición[56]. En este sentido hay atentados que presentan características típicamente terroristas. ETA, los GRAPO, el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario), Terra Lliure y los grupos antiterroristas que operaban durante el periodo en el País Vasco son los causantes de las tres cuartas partes de los atentados de esta clase, lo que contrasta claramente con el 13 % imputable a las nebulosas extremistas situadas a derecha e izquierda del espectro político. Dichas formas de acción son asimismo las que presentan una mayor eficacia mortífera, dado que la práctica totalidad de las personas que murieron como consecuencia de actos de violencia de protesta —el 92 por ciento, para ser exactos— fueron víctima de ellas. El 75 por ciento de esas personas fallecieron tras recibir un disparo, y el arma letal empleada, por ser la más accesible y la más eficaz, es casi siempre la pistola o la metralleta. Si el objetivo del arma de fuego es matar, el artefacto explosivo se propone destruir. De hecho, pese a que la bomba sea el arma utilizada con mayor frecuencia en el transcurso del periodo que nos ocupa —dado que si sumamos las bombas que explotaron y las que pudieron ser desactivadas[57] observaremos que se empleó en más de la tercera parte de las acciones contestatarias—, lo cierto es que también es, con toda claridad, la menos mortífera (dado que únicamente puede imputársele el 11 % de las muertes causadas por la violencia contestataria). Lejos de la imagen habitualmente divulgada de un terrorismo ciego e indiscriminado, son raros, en el periodo que nos ocupa, los atentados con bomba destinados a provocar masacres generalizadas[58]. En la mayoría de los casos, lo que se proponen es producir daños materiales[59], ya que explotan a menudo de noche o después de que los terroristas hayan dado aviso de la inminente detonación, permitiendo con ello la evacuación previa de la zona. No obstante, el hecho de que implique una cierta logística, así como la capacidad material de procurarse la dinamita (ya sea comprándola o robándola), además del conocimiento de los procedimientos de fabricación y de las precauciones necesarias para su manipulación, significa que el atentado con explosivos sigue siendo dominio exclusivo de los grupos terroristas. El secuestro tampoco se propone provocar la muerte de su víctima, dado que solo el 10 % de los casos se salda con el fallecimiento del secuestrado. Se trata de una práctica utilizada fundamentalmente por ETA con el fin de sanear su tesorería mediante la obtención de un rescate y de disuadir a toda persona renuente a pagar el impuesto revolucionario.

b) Las violencias de baja intensidad

Por el contrario, las acciones violentas de baja intensidad no forman parte del repertorio de acciones predilecto de las bandas armadas organizadas —pese a que, de manera puntual, puedan hacer uso de ellas—. Su finalidad no consiste en matar, sino en provocar más bien daños materiales, y apenas representan el 3 % de las víctimas mortales generadas por los actos de contestación, lo que justifica que se haya optado por esa denominación para calificarlas. Al ser acciones de carácter difuso, menos espectacular y más espontáneo, pertenecen más a la esfera de las alteraciones del orden público y de los disturbios urbanos que al ámbito de la acción terrorista, aunque también puedan causar daños materiales de consideración. Los atentados de baja intensidad forman parte de este tipo de acciones, y su desglose nos indica que se deben a atentados con cócteles molotov, a distintas clases de sabotaje material y a agresiones aisladas provocadas por un individuo[60]. También es preciso incluir en este apartado las alteraciones del orden público y las amenazas de violencia. Al contrario de los atentados, que son actos individuales o cometidos por un pequeño grupo de individuos, la alteración del orden conlleva una acción colectiva a mayor escala que implica generar una perturbación manifiesta en el espacio público[61]. Los enfrentamientos tienen lugar, en su forma clásica, en la plaza pública, y en ellos intervienen varios grupos políticos rivales e identificables, mientras que las intrusiones de grupos extremistas se traducen en la irrupción colectiva de personas en un bar, un cine o el local de una asociación —con el añadido de que, en el curso de esas intrusiones, los actores aterrorizan a los individuos presentes empujándolos, insultándolos, golpeándolos con porras o con cadenas, o destrozando los bienes que encuentran a su paso—. Al tratarse de prácticas intimidatorias en las que se usa la fuerza física, las intrusiones se asemejan por su objetivo a las demostraciones de fuerza que efectúan en el espacio público los grupos radicales, demostraciones que aquí hemos incluido en la categoría de intimidación sin violencia física. No debe pensarse que por el hecho de ser solo amenazas de violencia, estas acciones no constituyan una notable alteración del orden público.

Por otra parte, la amenaza que calificamos de anónima no se inscribe en una relación cara a cara, sino que lleva aparejada la introducción de una distancia conseguida gracias al vector empleado (carta o llamada de teléfono, habitualmente). Se trata por regla general de una amenaza de muerte que intenta aterrorizar a un sector de la población. Este tipo de amenazas contribuyen por tanto plenamente a la generación de un clima de violencia, hasta el punto de que las fuentes las incluyen en la categoría de los actos potenciales de violencia. En la época que sometemos aquí a estudio suele efectuarlas bien ETA, que recurre a ellas como fórmula con la que financiarse y como un elemento más de su estrategia basada en difundir el terror en la sociedad vasca para controlarla, bien los grupos de extrema derecha, que se sirven de ellas como de un instrumento de intimidación con el que frenar la actividad de centros culturales, librerías, personalidades políticas de la oposición y simpatizantes nacionalistas o comunistas. Los archivos también mencionan habitualmente los avisos de bomba. No obstante, los hemos excluido de nuestro estudio debido a que resulta imposible determinar el grado de implicación política de los mismos, puesto que el aviso puede ser falso o fruto de una acción etarra. Ahora bien, los falsos avisos de bomba parecen ser enormemente abundantes en el periodo que nos ocupa, como sugieren los archivos de principios del periodo, que contabilizan una o dos alertas diarias[62]. De hecho, parecen intensificarse incluso tras la consolidación de la democracia[63].

c) Las violencias de Estado

Por su parte, la violencia de Estado no aparece contabilizada en el fichero sino en la medida en que su incidencia venga a provocar víctimas mortales, no solo por garantizar la fiabilidad de los datos[64], sino también porque es la existencia de una víctima mortal lo que provoca la movilización de la opinión y convierte a la acción del mantenimiento del orden en una represión intolerable, en violencia ilegítima. Lo que el acontecimiento mortal viene a revelar en tal caso es la presencia de una amenaza real, aunque oculta, vinculada con las disfunciones latentes del aparato represivo del Estado.

La violencia policial se divide en dos grandes categorías de sucesos, todos ellos surgidos en la práctica cotidiana del mantenimiento del orden. Los abusos cometidos en el marco de una manifestación se producen cuando la intervención de las fuerzas del orden en los actos destinados a controlar o a dispersar a las personas que participan en una manifestación con los medios habituales —cargas colectivas, empleo de tanquetas lanza-agua, granadas lacrimógenas, botes de humo, porras, pelotas de goma o disparos de fuego real— se salda con la muerte de civiles. Por su parte, el incidente sobreviene cuando las fuerzas del orden —al perseguir a un delincuente común o a un presunto terrorista, al efectuar un control de identidad al que trata de sustraerse el individuo, al detener a una persona que está cometiendo un delito (como el de hacer una pintada propagandística en una pared)— echan mano de sus armas de fuego y provocan heridas irremediables a los individuos detenidos o a los transeúntes que circulan por las inmediaciones. En cuanto a la tortura, forma parte de los actos de violencia estatal ya que seguimos aquí las definiciones internacionales que la conciben como una práctica que emana exclusivamente del poder[65]. En la época de la transición existen casos de tortura, por más que se trate de un fenómeno silenciado y poco conocido. Por regla general tiene lugar en las comisarías de Policía, los cuarteles de la Guardia Civil o los sótanos de la Dirección General de Seguridad, en Madrid, y se perpetra durante los interrogatorios efectuados a los detenidos en situación preventiva. En términos numéricos, supera con mucho los contados casos de fallecimiento que se mencionan en nuestro fichero.

Por último, no podemos concluir este apartado sin mencionar las formas paraestatales de lucha antiterrorista, calificadas también como «guerra sucia». Esta categoría no aparece explícitamente inscrita en la tipología debido a que los agentes del Estado o los mercenarios que operan al amparo de las autoridades recurren al repertorio propio de las acciones terroristas para materializar sus objetivos. El atentado denominado «terrorista» no obedece por tanto a una conducta exclusivamente imputable a las violencias de protesta, dado que la violencia de Estado también puede ser terrorista y recurrir a la colocación de bombas, al secuestro y al asesinato. Por lo demás, el término «terrorismo», al aparecer por primera vez en el suplemento de 1798 del Dictionnaire de l’Académie Française con el fin de designar un «régimen de terror» —en referencia al Terror instaurado por Robespierre entre los años 1793 y 1794—, define por tanto un sistema estatal y no la acción de unos insurgentes. Las acciones violentas de lucha contra el independentismo vasco, llevadas a cabo con la complicidad, e incluso la colaboración, de las autoridades, se incluyen por consiguiente en la categoría de las violencias protestarias de extrema derecha, aunque se las somete también a un tratamiento interpretativo específico (véase el capítulo VIII).

d) Objetivos y víctimas

Al margen de la tipología presentada, las acciones violentas quedan caracterizadas mediante la indicación de la fecha, el lugar, el autor, las motivaciones (si el acto ha sido objeto de alguna reivindicación, se señalan también el objetivo perseguido y los motivos o las circunstancias susceptibles de aclarar su sentido), los efectos directos e indirectos que alcanzan a entreverse en la orientación de la sanción (en caso de que los presuntos autores hayan sido detenidos y juzgados), el impacto sociopolítico de la acción (en la eventualidad de que esta diera lugar a reacciones populares y políticas o de que el acontecimiento fuera mencionado en el Parlamento), o aun la escalada de acciones violentas que pudo haber generado. También se reserva un espacio para la detallada consignación del acontecimiento así como para la notificación de las fuentes de las que procede la información[66]. Se ha asignado a cada una de las diferentes categorías una tipología propia, siempre con idea de contribuir a la interpretación de los datos. La tipología vinculada con el resultado de la acción violenta tiene una significación particularmente importante y merece algunas explicaciones. El hecho de considerar a un tiempo los blancos iniciales de la acción y las víctimas que acabaron viéndose efectivamente afectadas permite valorar de facto tanto la intencionalidad de la acción como los aspectos palpables que se derivan de la gravedad de su resultado. De este modo, cuando explota una bomba por la noche en un almacén, tiene sentido entender que el atentado apuntaba a un bien material sin abrigar a priori una intención letal, mientras que si lo que sucede es que unos individuos que circulan en moto disparan a quemarropa contra un policía, cabe pensar que existen grandes probabilidades de que la acción se propusiera herir o matar al agente ametrallado. Pese a ser muchas las situaciones que adolecen de una definición bastante menos diáfana que las que acabo de contraponer, he tenido ocasión de elaborar una tipología de los blancos en la que caben todos los casos presentes en las fuentes. Esa tipología gira en torno a la distinción fundamental que separa los bienes de las personas (cuadro 2).

Cuadro 2. Tipología de los objetivos de las acciones violentas (1)

Si adoptamos aquí el término víctima es en su sentido más neutro, es decir, para designar a la persona que resulta físicamente afectada por la violencia, aunque no tiene por qué tratarse necesariamente de alguien herido o muerto. Con esta palabra, las fuentes mediáticas, los documentos administrativos, e incluso las obras académicas, suelen aludir únicamente, al menos por regla general, a los individuos «fallecidos», y a veces a los «heridos», sin entrar en mayores precisiones semánticas, lo cual convierte en utópica toda esperanza de hallar cifras que concuerden. Por ejemplo, ¿es preciso contabilizar entre las víctimas a los propios terroristas, es decir, a los violentos —por emplear un término genérico— que mueren como consecuencia de sus actos (bien por error en la manipulación de explosivos, bien como consecuencia de las torturas sufridas, o incluso a causa de un atentado perpetrado por un bando contrario)? Cuando estalla un tiroteo entre los violentos y las fuerzas del orden, las fuentes oficiales solo se hacen eco de los agentes estatales fallecidos, sin saber muy bien qué hacer con los militantes etarras muertos en atentados perpetrados por la extrema derecha, lo que introduce un sesgo en el balance global de víctimas. Con el fin de mantenernos fieles a la determinación teórico-práctica que hemos adoptado en el presente estudio, exento, en esta fase del análisis, de todo juicio ético relacionado con la atribución de responsabilidad en la génesis de la violencia, hemos decidido incluir entre las víctimas a los presuntos terroristas[67], al menos en caso de que su muerte se haya producido por una causa directamente relacionada con un acto de violencia política. Por las mismas razones hemos contabilizado entre las víctimas de la violencia estatal a los delincuentes comunes, ya que su existencia es un indicador del carácter represivo de los agentes del Estado, encargados de ostentar el monopolio de la violencia. Esta determinación nos permite establecer comparaciones con otros países democráticos y valorar si los abusos policiales revelan o no la existencia de un habitus heredado del régimen dictatorial anterior o si no son más que las consecuencias irreductibles de una función difícil, sometida a tensiones emocionales y a la posibilidad del error. Esta opción se justifica todavía más si tenemos en cuenta que, en ocasiones, la sociedad puede reaccionar con la misma emoción ante un delincuente muerto a manos de las fuerzas del orden que tras el fallecimiento de un militante comunista, transformando así un error policial en un acontecimiento político. Con todo, se trata de una categoría que plantea problemas: ¿cómo distinguir al delincuente? ¿Debemos llamar así a quien comete un delito común, a quien provoca un intercambio de disparos con las fuerzas del orden como consecuencia de una detención asociada con el tráfico de drogas, a quien es objeto de una persecución policial por haber robado un coche…? Las fuentes policiales consideran que son unos criminales, y también las informaciones mediáticas los tachan de delincuentes. Por eso el empleo de este término remite aquí a esa estigmatización común, aunque sin prejuzgar por ello la culpabilidad de la víctima.

Más allá de estos casos particulares, nuestro fichero presenta la ventaja inédita de permitir el establecimiento de estadísticas, no solo en relación con el número de muertos, sino también respecto del conjunto de las personas afectadas por la violencia política[68]. Esas víctimas se distinguen en función de las categorías que figuran con mayor asiduidad en las fuentes: las pertenecientes a los cuerpos armados (las fuerzas de seguridad o los militares profesionales); las catalogadas como autoridades civiles, en tanto que representantes del poder (encontrándose entre los objetivos más frecuentes de este grupo los ministros, los diputados, los alcaldes, los concejales o los jueces); las incluidas entre los terroristas; y las comprendidas como personal civil. Estas últimas constituyen un conjunto heterogéneo cuyo desglose no se efectúa en función de unos tipos predeterminados constituidos sobre la base de criterios de diferenciación objetivados, como por ejemplo las categorías socioprofesionales, sino en función de las percepciones de los actores implicados. Y ello porque, en efecto, al elegir el blanco contra el que van a actuar, los violentos operan de acuerdo con una estigmatización cuyo sentido viene dado por el contenido de su imaginario simbólico y por el objetivo al que a su parecer contribuyen las acciones que realizan[69]. Esta categorización resulta igualmente significativa para la opinión pública a la que va destinado el mensaje que vehicula la acción de los violentos, según sus propios perpetradores, y de hecho así es como lo recogen las fuentes mediáticas. Hay civiles que resultan atacados por el hecho de ser vectores simbólicos del poder, del mundo político o de la esfera económica, mientras que otros, a los que calificaremos por defecto como individuos anónimos, no manifiestan ningún criterio de pertenencia que pueda considerarse susceptible de haberlos convertido en blanco privilegiado de la violencia, pero representan en cambio el tipo ideal del civil que integra por lo común las filas de la sociedad española. De este modo, un individuo agredido por militantes de extrema derecha como consecuencia de su participación en una manifestación pro-amnistía será caracterizado en nuestro estudio como un civil perteneciente al universo político en sentido lato, dado que si ha sido elegido como blanco propicio se debe al hecho de ser un símbolo de la oposición democrática. En este sentido, la tipología no responde a una veleidad de objetivación intrínseca, sino que es más bien un esfuerzo destinado a determinar, siquiera por aproximación, el estatuto social y simbólico de las dianas que la violencia escoge.

Este mismo objetivo es el factor que ha guiado la calificación de la índole de los bienes afectados por los actos de violencia, así como la incorporación al corpus del conjunto de los blancos —ya fueran bienes o personas— en un segundo marco analítico (cuadro 3). Y ello porque, más allá de cuál sea el bien afectado, lo que motiva el acto violento es su estatuto simbólico: se incendia por ejemplo un bar arrojando un cóctel molotov debido al hecho de que lo frecuentan grupos de simpatizantes de la extrema derecha, o por pertenecer a un nacionalista vasco, del mismo modo que se prende fuego a un coche de matrícula francesa en el marco de una campaña contra la extradición de los vascos con el fin de denunciar la implicación del Estado francés. Por esta razón hemos considerado que tanto el bar atacado como el vehículo destruido constituían otros tantos vectores del mundo político en su sentido amplio y no simples elementos de un patrimonio privado. Esta segunda tipología permite una interpretación global del sentido que ha de atribuirse a la violencia política. ¿Se infiltra esta en los más recónditos recovecos de la sociedad civil u obedece mayoritariamente a códigos simbólicos determinados por los violentos y comprendidos por todos? El hecho de ser un ciudadano corriente, circunscrito al ámbito de la vida privada, ¿garantizaba algún tipo de protección contra la violencia? Estas y otras preguntas similares son esenciales para comprender la significación y el impacto social y político de la violencia perpetrada durante la transición.

Cuadro 3. Tipología de los objetivos de las acciones violentas (2): interpretación

Un corpus inédito

El resultado de este trabajo de recopilación y clasificación cristaliza en un corpus de casi 3200 acontecimientos violentos cuyas fechas se hallan comprendidas entre el último trimestre de 1975 y el último mes de 1982, un compendio que no solo se revela inédito por su volumen[70] sino también por su elevado grado de precisión analítica. Esta cifra nada desdeñable, y que no representa más que un mínimo, es muy superior a las estimaciones existentes hasta ahora.

José Luis Piñuel es el único autor que ha elaborado una verdadera base de datos con la que poder analizar el fenómeno terrorista de manera global, y para un periodo comprendido entre los años 1972 y 1982[71]. Su corpus abarca un total de 773 acciones violentas en la década estudiada, cantidad que apenas supone una cuarta parte de los datos que hemos recabado nosotros, y además en un periodo más largo. Pese a que el autor únicamente tenga en cuenta los «atentados terroristas»[72] y no el conjunto de la violencia política, los datos que ofrece siguen siendo muy inferiores en términos numéricos a los que aquí presentamos, ya que hemos recogido una cifra de atentados tres veces superior en el periodo que va de 1975 a 1982. Otras cantidades, que pueden consultarse en las obras de Francisco J. Llera Ramo y José Manuel Mata López[73], reagrupan a partir de 1978 las «acciones violentas», definidas como actos derivados de «bombas, sabotajes, robos, acciones de colectivos de apoyo y otros actos violentos», a lo que añaden los secuestros. También aquí los resultados obtenidos son muy inferiores en número a los nuestros, ya que los acontecimientos violentos contestatarios que recoge nuestro estudio suponen más del doble de lo consignado por estos autores, y multiplican por 1,5 el volumen de atentados registrados como tales en el mismo periodo. La explicación de semejante diferencia hay que hallarla, siquiera en parte, en el origen fundamentalmente vasco de las fuentes utilizadas por los autores, lo que les lleva a minimizar la violencia presente en el resto del territorio español. De hecho, las estadísticas que aportan se acercan asombrosamente a lo que se deduce de nuestros propios datos restringidos a los atentados cometidos en el territorio vasco. Por último, Cayo Sastre García procede a una recopilación de las acciones violentas, partiendo de la misma fuente que empleamos nosotros —El País— y examinando un periodo que va desde mayo de 1976 a diciembre de 1978. Este autor ha consignado lo que él denomina «atentados contra personas y bienes (trabajadores en huelga, manifestantes, librerías, asociaciones de vecinos, sedes de partidos políticos, etcétera)», con resultados inciertos. De su estudio hay que destacar, de manera especial, el hecho de que en sus conclusiones conceda un peso relativo excesivamente elevado tanto a la violencia represiva como a la de la extrema derecha, facción que según sus afirmaciones habría cometido más del 59 % de las acciones violentas de la transición, cuando los datos que nosotros manejamos estiman que únicamente puede imputársele el 39 % de las acciones contestatarias. De hecho, el autor se desentiende por completo de la violencia perpetrada por los grupos de extrema izquierda, y muy en particular de la que provocaron los GRAPO, que sin embargo ya cometían asesinatos en esta época[74].

Por último, debemos contrastar nuestra estimación estadística con las cifras aportadas por las autoridades policiales. Si bien es cierto que no me ha sido posible encontrar series estadísticas homogéneas, lo que sí he logrado reunir en cambio ha sido un conjunto de documentos dispersos y constituir de ese modo una secuencia significativa, en la que únicamente falta el año 1978. El gráfico 1 recoge la totalidad de esos datos y los homogeneiza con los nuestros.

Gráfico 1. Cotejo de nuestro corpus de datos con las informaciones del Ministerio del Interior*

Fuente: Elaboración personal efectuada sobre la base de un conjunto de «Datos estadísticos generales», 1975-1976, AGMI, SGT, 11048 —estos datos se refieren únicamente a los primeros semestres de 1975 y 1976, de modo que los he multiplicado por dos para obtener una estimación anual—; «Datos numéricos de actividades terroristas y otras acciones», MFTS, 1978, pp. 68-69; «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234.

* Para una optimización de este cotejo hemos eliminado de las estadísticas oficiales los avisos de bomba, los atracos bancarios a mano armada —que solo aparecen recogidos en las estadísticas de 1977— y los robos de armas y explosivos —que, aun formando parte de las estadísticas de las acciones violentas realizadas entre los años 1975 y 1977, fueron clasificadas a partir de 1980 en la categoría de los actos de delincuencia común—. Lo que queda es por tanto una recopilación integrada por los artefactos explosivos —desactivados o no—, los atentados con arma de fuego, las distintas acciones contra bienes materiales, los secuestros y las amenazas anónimas. De nuestro propio fichero hemos retirado igualmente los incidentes y los abusos policiales, así como las diferentes alteraciones del orden público. También hemos incluido en el año 1977, aunque de manera excepcional, un conjunto de datos que únicamente figura en los Boletines Informativos del Ministerio de Información y Turismo, dado que también se trata de referencias proporcionadas por las autoridades policiales. Y dado que los datos de ese ministerio finalizan el 31 de julio de 1982, he interrumpido también en esa misma fecha la secuencia de hechos que consta en nuestro fichero.

El gráfico resulta revelador por dos razones. Si por un lado pone de manifiesto una realidad no sorprendente, la de la ligera pero constante inferioridad que muestran las cifras de nuestro informe en relación con las de los recuentos oficiales, por otro revela también que las tendencias cronológicas son similares y que existe un notable grado de homogeneidad entre ambas series de datos, sobre todo a partir de 1979. En cambio, las diferencias que se observan en los años 1976 y 1977 son claramente más acusadas e irregulares. El informe que emite el Tribunal Supremo en relación con el año 1977 señala una cifra de tres a cinco veces superior a la de nuestro propio corpus, ya que, de las 697 explosiones que recogen las autoridades, únicamente 140 aparecen en nuestro fichero, mientras que de la recopilación del fiscal del Tribunal Supremo, integrada por 200 acciones de los GRAPO, 447 de ETA, y 100 del MPAIAC, nuestro corpus solo conserva 43, 140 y 54, respectivamente —es decir, una cifra de dos a cuatro veces menor—. No obstante, es preciso ponderar con la máxima prudencia estos datos del Tribunal Supremo, dado que las propias fuentes oficiales parecen contradecirse. Y ello porque, en efecto, los Boletines Informativos que hemos consultado al estudiar el primer semestre de 1977 —en los que se enumeran de manera cotidiana, y sobre la base de un conjunto de fuentes policiales directas, las acciones subversivas perpetradas en el conjunto del territorio español— no recogen más que 80 explosiones[75], aproximadamente —y resulta difícil imaginar que en el segundo semestre pudieran haberse producido las más de 600 explosiones que serían necesarias para alcanzar el balance final de 697 que registra el fiscal del Supremo, máxime teniendo en cuenta que todos los indicadores parecen señalar que la conflictividad del primer semestre fue muy superior a la del segundo—. Estas incoherencias estadísticas vienen a revelar más bien la gran confusión que rodea los primeros años de la transición, en los que resulta difícil recopilar con exactitud el número de actos de violencia, dado que estos no solo se producen de manera difusa, sino que se deben a una multitud de autores y obedecen a una casuística que en muchos casos se desconoce. A la bruma que rodea los criterios de la contabilidad ligada a las heterogéneas y tornadizas percepciones de la violencia[76] vienen a añadirse el escaso profesionalismo heredado de la burocracia franquista y la deficiente coordinación entre los servicios de información, que no solo son muy numerosos sino que están fuertemente compartimentados. Los métodos y los criterios empleados para recoger la información se irán desarrollando y homogeneizando a lo largo del periodo, al calor de un proceso de modernización administrativo, a la vez técnico y político, que permite explicar en parte el incremento de coherencia que se observa a partir de 1979 entre las dos series que hemos comparado. Y a la inversa, nuestro corpus tiene el mérito de revelarse homogéneo en todo el lapso de tiempo aquí estudiado.

Inédito en virtud de su volumen y su homogeneidad, el corpus sobre el que reposa el conjunto del presente trabajo se revela igualmente novedoso por la extensión del campo que toma en consideración, dado que no se circunscribe únicamente, como sucede con la mayoría de los datos numéricos que existen, a las acciones de protesta a las que se asigna la calificación de atentados, sino que integra tanto otras modalidades de agresión que contribuyen por derecho propio a generar un clima de violencia (amenazas, intrusiones, enfrentamientos en el espacio público) como las acciones cometidas por los agentes del Estado —ya que, sin ellas, el panorama de la violencia quedaría irremediablemente truncado—. El fichero resulta asimismo inestimable debido al enfoque constructivista que ha presidido su elaboración. En todas y cada una de las etapas de la determinación de las acciones violentas, las fuentes han acudido a rescatarnos de los callejones sin salida que planteaban las dificultades teóricas. Solo en los archivos pueden hallarse las claves capaces de relatarnos la verdad de los actos violentos ocurridos en la España posfranquista y de señalarnos en qué punto comienzan y cuando acaban, por mucho que esta cuestión de los límites se revele invariablemente problemática en un contexto tan marcado por las profundas mutaciones sociales, institucionales, ideológicas y normativas de la época —dado que oscila constantemente entre la violencia física y la violencia simbólica, entre la violencia política y la violencia social, entre la violencia de Estado y la violencia contestataria, entre los abusos policiales y el legítimo recurso a la fuerza para el mantenimiento del orden, entre la violencia instrumental y la violencia espontánea, entre el atentado y la alteración del orden público—. Siendo un objeto movedizo e inaprehensible, la violencia política adquiere sentido al convertirse en conciencia de la violencia, es decir, cuando sus actores, sus víctimas y todos cuantos la padecen de forma directa o indirecta pasan a percibirla como tal y a reconocerla por su nombre. Ha llegado al fin la hora de penetrar en la médula interpretativa de estas manifestaciones.

Primera parte. El ciclo de las violencias de protesta

PRIMERA PARTE

EL CICLO DE LAS VIOLENCIAS DE PROTESTA

Introducción. ¿Una transición no violenta? El desmoronamiento de un mito

INTRODUCCIÓN

¿UNA TRANSICIÓN NO VIOLENTA?

EL DESMORONAMIENTO DE UN MITO

Del corpus elaborado de acuerdo con los criterios y modulaciones descritas en el capítulo anterior se desprende una primera constatación evidente: la violencia política ocurrida a lo largo de la transición constituye un fenómeno generalizado. Se producen más de 3000 acciones violentas en siete años, con más de 700 muertos, de los cuales casi 540 se debieron a acciones provocadas únicamente por los actores que protestaban (cuadro 4)[1]: estas cifras, que no representan más que un volumen mínimo —aquel del que tenemos constancia fehaciente—, son lo suficientemente abultadas para afirmarlo.

Un rápido repaso comparativo terminará de convencernos. Los países vecinos a España, que también sufren las consecuencias de diversos brotes de violencia política en la década de 1970, pueden servir aquí de elemento para el cotejo. En Francia, las estimaciones globales sobre el número de atentados políticos cometidos entre 1968 y 1974 arrojan una cifra superior a las 900 acciones violentas —cuyo desglose indica sobre todo la incidencia de actos vandálicos, con una sola víctima mortal si descontamos la decena de muertos que dejaron tras de sí los acontecimientos de mayo de 1968[2]—. Esto lleva a Isabelle Sommier a concluir que, en Francia, la tentación terrorista se tradujo en una «escenificación» de la violencia que no rebasó en ningún momento el plano de lo simbólico, rehuyendo fundamentalmente la práctica de la acción terrorista. El grupo Action Directe, que operó tardíamente, entre 1979 y 1985, no representa más que una prolongación residual y solo cabe imputarle unas cincuenta acciones y un asesinato[3]. En Italia, por el contrario, el balance es mucho más grave, puesto que entre 1969 y 1987 los distintos terrorismos del país habrán de provocar más de 400 muertos, con una cifra de atentados superior a los 14 000[4]. Isabelle Sommier recoge las cifras que da el Ministerio del Interior italiano para un periodo más corto, aunque contemporáneo del que aquí estudiamos: el comprendido entre los años 1969 y 1980. De acuerdo con esas estimaciones se habrían perpetrado más de 12 600 acciones violentas y provocado 362 muertos[5]. En esta macabra contabilidad, España ocupa una posición intermedia: el índice de mortalidad medio que se registra en Italia entre 1969 y 1980 se sitúa aproximadamente en 30 muertos anuales, siendo esa misma media de 70 en el caso de España. Por otro lado, si este último país es escenario de 400 acciones violentas por año en nuestro periodo, Italia encaja 1050 en ese mismo lapso de tiempo[6]. La época de la transición española es por tanto comparable, de acuerdo con estas cifras, a los «años de plomo» italianos, ya que aun siendo la violencia menos intensa por su número de acontecimientos, lo cierto es que arroja un balance de víctimas mortales más elevado.

Este oneroso balance, incontestable, basta para poner en cuestión la etiqueta de «pacífica» que se ha solido asociar con la transición española: el periodo no se halla exento de episodios de violencia; es más, la incidencia de víctimas mortales duplica año a año el número de muertos debidos a la violencia política del vecino italiano —pese a que en Italia nos encontremos frente a uno de los periodos que figuran entre los más trágicos de su historia contemporánea—. Esta simple constatación, que revela el peso relativo que tienen las cifras en las representaciones colectivas, dado que las percepciones sociopolíticas no se ajustan en todos los casos a la realidad estadística, viene a respaldar sin apelación posible la intuición inicial que dio motivo a la investigación.

Una segunda idea preconcebida sobre este periodo también se tambalea desde el principio: la violencia terrorista vasca no es el elemento que monopoliza la cuestión de la violencia durante la transición. Desde luego, ETA, con sus diversas ramificaciones, es el grupo más mortífero —dado que al haber generado 376 víctimas se hace responsable del 53 % de los muertos del periodo, así como del 70 % de los fallecidos que cabe imputar a las acciones contestatarias (cuadro 5 y gráfico 2)—. Es claro que el País Vasco[7] es, de lejos, la región más afectada por la violencia, dado que en ella tienen lugar el 47 % de las acciones y el 63 % de las muertes violentas del periodo (cuadro 7). A la violencia etarra es preciso añadir la violencia antiterrorista, perpetrada por la extrema derecha, y la violencia imputable a las fuerzas del orden, particularmente tensas en esta región. Esas violencias, notablemente circunscritas, tienen por tanto un peso innegable en este estudio. Sin embargo, no por ello debe deducirse que la violencia permaneciera confinada en la periferia y quedara específicamente localizada en el ámbito del País Vasco —afirmaciones que contribuirían a reforzar el mito de un periodo globalmente pacífico en el resto del territorio español—. Otros grupos contestatarios son efectivamente responsables de más de un centenar de víctimas en el periodo que nos ocupa, mientras que las fuerzas del orden, por su parte, eliminaron, por sí solas, a cerca de 180 personas, primer indicio de la persistencia de los comportamientos represivos heredados del régimen anterior. Además, lejos de reducirse a los atentados terroristas, la violencia de la transición se compone en muchos casos de un conjunto de violencias de baja intensidad (que constituyen el 40 % de las acciones), caracterizadas por tener un escaso coste en términos de sufrimiento humano y por generar consecuencias de naturaleza fundamentalmente material. Esto se ve aún más claro si tenemos presente que nuestro recuento subestima sin la menor duda este tipo de acciones, dado que, al ser poco espectaculares, resultan más difíciles de medir. Las violencias de baja intensidad son la expresión contestataria que más espontáneamente cometen los grupos que reivindican un espacio identitario propio en el nuevo juego político en construcción, y se hallan vinculadas con una conquista simbólica y física del espacio público, aunque sin lanzarse por ello a una estrategia de lucha armada contra el poder instituido.

Desde el punto de vista geográfico, las violencias de la transición se centran en las grandes ciudades, ya que en ellas se dirime el porvenir político de España. Estos centros urbanos se reparten entre el centro, tanto peninsular como político, que representa Madrid, sus márgenes fronterizos vasco y catalán, y unos cuantos focos de actividad aislados —quedando el resto del territorio casi totalmente exento de actos de violencia—. Las regiones vasca, madrileña y catalana centran las tres cuartas partes de las acciones, y el 85 % de las víctimas (cuadro 6). No es extraño que en Madrid, sede del poder político y de las instituciones, se concentren actos de violencia de muy diverso tipo: la extrema derecha (responsable del 48 % de las acciones perpetradas en la capital) tiene aquí su cuartel general (en el barrio de Salamanca), beneficiándose además de una gran impunidad; también actúan en la ciudad los GRAPO (20 % de los actos violentos)[8] y el resto de los agitadores marxistas radicales (12 %), que encuentran en la urbe uno de los terrenos predilectos para sus acciones directamente contrarias a las instituciones. Por su parte, ETA aparece prácticamente ausente (4 %). En Cataluña se concentran a un tiempo las reivindicaciones nacionalistas y las protestas, sean de extrema izquierda (fundamentalmente de formaciones anarquistas) o de extrema derecha —y esto por razones históricas y de implantación grupuscular—. Al margen de estos núcleos, hay algunos focos que sufren una afectación local, como las islas Canarias, escenario de algunos actos de violencia independentista; las poblaciones de Valencia y Sevilla, donde la fuerte implantación de los GRAPO choca con la competencia de la extrema derecha; y Málaga y Valladolid —feudos locales de esta última tendencia—, que conviven con Galicia y Asturias, donde causarán estragos algunos comandos de los GRAPO. El resto del territorio constituye un espacio vacío que escapa en gran medida a la violencia contestataria[9], aunque sufre en cambio la violencia policial, que provoca en él más del 60 % de las víctimas mortales.

Por último, y a contracorriente de los presupuestos de una tercera idea preconcebida, la violencia de la transición no se ejerce exclusivamente sobre los representantes del poder civil y militar, sino que se extiende difusamente por el conjunto de la sociedad. Desde luego, los cuerpos armados ocupan un lugar muy especial en el conjunto de las víctimas, ya que son el sector que sacrifica un mayor número de vidas humanas —cerca de la mitad (49 %)— a la violencia de protesta (cuadro 8). En los miembros de los distintos cuerpos policiales, los efectivos de la Guardia Civil y los integrantes de los tres ejércitos, se localiza el foco de una lucha dirigida fundamentalmente contra el aparato represivo del antiguo régimen dictatorial, que los rebeldes consideran intacto. Los atentados que los ponen en su punto de mira tienen casi siempre una intención asesina y son obra, exclusivamente, de ETA (80 %) y los GRAPO (18 %). El primer grupo agrede sobre todo a los guardias civiles del País Vasco, mientras que el segundo atenta contra la vida de los militares de alto rango o los policías que operan en las grandes ciudades, y muy particularmente en Madrid[10]. Los cuerpos armados del Estado son por tanto, sin contestación posible, los que han pagado el más fuerte tributo a la violencia de los insurgentes. En comparación, el 3 % de los muertos pertenecientes al ámbito de la autoridad civil —y representantes por tanto de la médula misma del poder político— supone un escaso sacrificio de vidas humanas a la violencia política. Se trata sobre todo de autoridades locales, es decir, de alcaldes o de concejales, que son las víctimas privilegiadas de un conflicto regional, dado que las tres cuartas partes de dichas autoridades fueron asesinadas en el País Vasco. Las tres únicas personalidades muertas en Madrid eran representantes del poder judicial y su elección como blanco de actos violentos se sitúa en el contexto de unas acciones antirrepresivas muy concretas[11]. Las instituciones nacionales no constituyen por tanto un blanco directo de las acciones asesinas. No obstante, si añadimos al cómputo a los representantes no electos de la administración y a los civiles que actuaban como vectores del mundo político, podemos considerar que el 16 % del total de víctimas fueron eliminadas por el hecho de ser emanaciones del poder político, tanto de carácter administrativo como vinculado a la representación popular, y sin distinción entre participantes directos del juego político, vectores indirectos (como sucede por ejemplo con los familiares de esos actores), agentes reales del poder (es decir, integrados en el partido de gobierno), actores potenciales (vinculados al partido de la oposición), de ámbito nacional, regional o local. Además, los bienes de tipo administrativo son uno de los blancos predilectos de las acciones de objetivo estrictamente material, ya que en ellos se centra el 26 % de tales acciones, lo que las eleva al primer plano de las dianas buscadas (gráfico 3). ETA, los GRAPO y los diferentes grupos de extrema izquierda lanzan a través de esas acciones un mensaje al poder estatal al que se hallan directamente enfrentados. Por su parte, la extrema derecha monopoliza la acción destructiva de carácter estrictamente político que gravita sobre los locales de los partidos contrarios, sobre todo durante los periodos electorales. Por último, los representantes del poder económico también se ven fuertemente afectados por la violencia. Si, por un lado, solo el 3 % de los asesinados corresponde a empresarios muertos como consecuencia del trágico desenlace de un secuestro etarra, destinado en la mayoría de las ocasiones a recaudar fondos para la organización, lo cierto es, por otro, que el poder económico sufre fundamentalmente pérdidas de tipo patrimonial (derivadas en un 15 % de las acciones materiales). Los blancos predilectos de las acciones de guerrilla urbana que llevan a cabo los grupúsculos marxistas o libertarios que combaten la explotación imperialista del capitalismo son los bancos, las grandes empresas, las cadenas hoteleras y los centros comerciales. Cabe por tanto afirmar que los representantes del Estado y de los poderes políticos y económicos sufren duramente las consecuencias de una serie de atentados de diversa consideración.

Sin embargo, lo anterior no debe hacernos pensar que la violencia sea ajena a la vida cotidiana de los ciudadanos anónimos. Los civiles carentes de toda significación particular en el plano de las estructuras políticas o socioeconómicas del poder —estudiantes, obreros, comerciantes, taxistas, mujeres, jubilados, niños— representan el 22 % de las víctimas muertas como consecuencia de las acciones de la violencia de protesta (cuadro 8), índice que se eleva al 29 % si incluimos la violencia policial. Bastan estas cifras para mostrar lo mucho que golpearon los efectos de la violencia vivida en el periodo que nos ocupa a los integrantes de la sociedad civil no específicamente implicada en los torbellinos del cambio político. Los porcentajes que hemos mostrado vienen a corroborar en parte los que presenta José Luis Piñuel, un autor que estima, en su estudio sobre las víctimas de la violencia (tanto materiales como personales), que el peso del sufrimiento de la sociedad civil carente de vinculación con lo que él denomina las «instituciones sociales» o con el Estado es de un 26 %. No obstante, Piñuel acota en exceso el factor del anonimato de los particulares; estima en apenas el 5,5 % las víctimas sin un «rol social» identificable, cuando yo misma he valorado que esa cifra representa aproximadamente el 25 % del conjunto global de víctimas. Las conclusiones de Piñuel le llevan por tanto a ofrecer una visión de la violencia del periodo entendida como resultado de un terrorismo centrado en objetivos elegidos de manera simbólica y en función de su proximidad al poder[12]. Nuestros resultados tienden a matizar este punto de vista. Si tenemos en cuenta el conjunto de los blancos contra los que se atentó, incluyendo simultáneamente a bienes y personas (cuadro 9 y gráfico 4), observaremos que el núcleo del poder, civil o militar, representa menos de una tercera parte de los objetivos violentos, de modo que el poder en general no es ni el único ni el más importante enemigo contra el que actúan los agentes violentos. Antes al contrario, el principal adversario es la sociedad civil, que destaca como víctima número uno, dado que sufre el 66 % de las acciones violentas.

No obstante, los civiles que padecieron ataques contra sus bienes o su persona adquirieron la condición de víctimas, en la mayoría de los casos, debido al estatuto sociopolítico que les atribuyeron en su momento los actores violentos. En primer lugar, sufrieron atentados debido a razones políticas (hasta en un 27 % de los casos si sumamos los vectores directos e indirectos), y, en segundo lugar, los padecieron por motivos económicos (en un 17 % de los casos). La violencia es por tanto selectiva, ya que en cerca de las tres cuartas partes de los acontecimientos registrados afecta a individuos portadores de una especificidad que los transforma en blancos, de acuerdo con un proceso simbólico de objetivación del enemigo. El hecho de participar en el juego político, de militar en un partido, de pertenecer a la familia de un sindicalista o de un simpatizante radical, de significarse como independentista, de escribir en un periódico, de poseer una empresa vasca, de dirigir una sucursal francesa, de regentar una librería especializada en obras catalanas, de intervenir en una manifestación pro-amnistía, o de ser policía, guardia civil o magistrado, se convierte en otros tantos estigmas a los ojos de quienes practican la violencia. Por consiguiente, la acción subversiva no es ni ciega ni indiscriminada, siendo esto último, además, una práctica juzgada contraproducente: está claro que la meta de la violencia es infundir un cierto terror en el cuerpo social, pero también lo es procurar que la población no se vuelva en contra de los violentos y lograr que la ciudadanía comparta el sentido de su lucha. No obstante, por mucho que el blanco se elija en función de un determinado código simbólico, no hay que olvidar que la finalidad del terrorista es llevar la preocupación a las mentes de todos: nadie ha de tener la seguridad de no acabar siendo un día víctima de su violencia[13]. Y, de hecho, los efectos de las agresiones se cuelan por todos los recovecos del cuerpo social: desde el peatón que se convierte en víctima accidental de un tiroteo o la explosión de un artefacto, hasta el ciudadano al que se confunde con otro como consecuencia de un error de información, pasando por los transeúntes asaltados por circular en las inmediaciones de una algarada, las tiendas saqueadas por el simple hecho de hallarse en el lugar equivocado o los clientes sentados y atacados al paso de una banda vandálica… todos ellos son casos en los que una situación trivial puede acabar transformándose en un drama político. Por consiguiente, que una persona se repliegue en la esfera de la vida privada y se abstenga de participar de forma directa en los envites políticos puestos en marcha durante la transición no le aporta la certeza de que habrá de verse libre de los actos violentos que jalonan el periodo. Lejos de ser periférica, la violencia invade en estos años el espacio social de la transición, lo que explica que la población urbana ordinaria no consiguiera escapar a su impacto destructor.

Bastan estos primeros resultados, indiscutibles, para colocar en posición precaria el mito de una transición pacífica cuyas únicas amenazas habrían provenido de la eventual perpetración de un golpe militar y los tormentos de un terrorismo vasco circunscrito a las fronteras del país. Los actores contestatarios pueden reagruparse en tres grandes conjuntos: la extrema derecha, la izquierda revolucionaria y el nacionalismo radical[14]. Este último, dominado por la presencia hegemónica de ETA, supone el 40 % de las acciones de la contestación violenta, siendo el causante de casi las tres cuartas partes de las víctimas (gráfico 2). La nebulosa de la extrema derecha no le va a la zaga, al protagonizar cerca de la tercera parte de las acciones —lo que la convierte en el segundo grupo violento—. Sin embargo, su acción es relativamente menos mortífera, dado que perpetra casi tantos asesinatos como la extrema izquierda (en torno a 70 personas). En este último grupo, los GRAPO son quienes cometen la práctica totalidad de los crímenes, puesto que el resto de los grupúsculos marxistas o libertarios se ciñen a una guerrilla de efectos estrictamente materiales. Consagraremos los capítulos siguientes al estudio sucesivo de estas tres grandes corrientes contestatarias. Las etapas necesarias para la interpretación global del ciclo de las violencias de la transición nos llevarán a determinar los motivos ideológicos que justifican —desde el punto de vista de los actores— la utilización de una violencia de finalidad política, así como a comprender cómo se produce el paso de la apología verbal de la lucha armada a su efectiva puesta en práctica, y a descifrar el sentido de las prácticas violentas llevadas finalmente a cabo.

Cuadro 4. Violencias contestatarias y violencias de Estado

Cuadro 5. Actores de las violencias contestatarias

Gráfico 2. Actores de las violencias contestatarias (1)

Gráfico 3. Daños materiales causados por los actos de violencia*

* Los cálculos se han elaborado partiendo de las 1165 acciones violentas que recoge nuestra base de datos y que afectan a bienes.

Cuadro 6. Regiones más afectadas por la violencia (por Comunidades Autónomas)

Cuadro 7. El peso de Euskal Herria*

* Euskal Herria = Euskadi Sur (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya); Comunidad Autónoma de Navarra; y los tres territorios franceses que integran Euskadi Norte: Labort, la Baja Navarra y la Sola.

Gráfico 4. Objetivos de las acciones violentas (personas y bienes)

Cuadro 8. Víctimas mortales de las acciones violentas

Cuadro 9. Objetivos de las acciones violentas (personas y bienes)

* El total es ligeramente superior al número de acciones perpetradas dado que algunas de ellas afectan simultáneamente a un bien y a una persona de diferente naturaleza.

I. La nebulosa de la extrema derecha

I

LA NEBULOSA DE LA EXTREMA DERECHA

En la España contemporánea resulta difícil hablar de «una» extrema derecha, debido a que se trata de una tendencia política integrada por una multiplicidad de organizaciones y a que estas obedecen además a un conjunto de corrientes ideológicas distintas y en ocasiones divergentes. No obstante, las personas que viven personalmente la transición —y de hecho también los mejores especialistas de este periodo[1]— emplean el singular y hablan de la extrema derecha en general, denominada a veces ultraderecha, razón por la cual dan a sus militantes el nombre de ultras. Más allá de sus discrepancias ideológicas, estos últimos coinciden en la común defensa del orden establecido, posición que adornan con una feroz oposición al proceso de democratización iniciado. Comparten asimismo una larga serie de rituales, símbolos, liturgias y términos —aunque, a pesar de que esos elementos concordantes deriven en todos los casos del régimen franquista y la Guerra Civil, la doble cuestión de quién haya de ser considerado legítimo heredero de la dictadura y cuál sea el mejor modo de verificar su conmemoración constituye uno de los elementos de disputa que enfrenta a los grupos de esta corriente.

I. Las raíces de la movilización ultra: la crisis del régimen

I. LAS RAÍCES DE LA MOVILIZACIÓN ULTRA: LA CRISIS DEL RÉGIMEN FRANQUISTA

A juicio de Michel Wieviorka, el «terrorismo interno de extrema derecha» viene a sustituir de forma voluntarista a «las élites claudicantes, ya se trate de las económicas, incapaces de garantizar el desarrollo del país, o de las políticas —e incluso las militares—, impotentes frente al desorden interno»[2]. Esta caracterización se aplica de manera muy particular al caso español, en el que la extrema derecha se moviliza para frenar la descomposición de un régimen agónico.

El impulso de la década de 1960

Las raíces de la movilización de la extrema derecha se remontan a la década de 1960 y se enmarcan en un contexto marcado por el doble hecho de que la Falange[3] y los pilares tradicionales del régimen queden marginados y de que estalle al mismo tiempo un movimiento de contestación estudiantil y obrero. Esta corriente de protesta irá cuajando en dos tiempos. A partir de 1957, los miembros de la Falange, pilar ideológico del régimen y médula del partido único del periodo —el Movimiento Nacional—, empezarán a ser expulsados del gobierno en beneficio de los «tecnócratas», es decir, de los integrantes del Opus Dei, defensores del aperturismo y la modernización económica. El freno a la Falange se completa con la promulgación de la Ley fundamental de los principios del Movimiento Nacional (1958), que fija la estructura del partido único. Paralelamente a estas iniciativas legislativas se producen los incidentes de febrero de 1956[4] en Madrid y Barcelona, incidentes que revelan el nacimiento de una corriente de oposición estudiantil que escapa al control de los organismos oficiales, en manos de los falangistas. A finales de los años sesenta, una segunda constelación de acontecimientos contribuirá a generar inquietud entre los elementos que apoyan tradicionalmente al régimen. En 1969, la consolidación institucional del sistema franquista se traduce en la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, perfilándose así una suerte de prolongación monárquica de la dictadura que no solo dista mucho de contentar a los falangistas sino que desagrada también a los carlistas, cuyas ambiciones dinásticas quedan de ese modo en el aire. Además, los católicos nacionalistas e integristas ven con malos ojos el paulatino alejamiento de un sector de la Iglesia que acaba de desarrollar, tras el aldabonazo del Concilio Vaticano II, una corriente crítica, progresista y reconciliadora, dirigida por el cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal. Por su parte, la ley de prensa que impulsa Manuel Fraga Iribarne en 1966 viene a constituir el punto culminante de la política aperturista puesta en marcha por el gobierno. Al suavizar la censura, esta ley permite que aflore el librepensamiento y refuerza de facto a los partidarios de la contestación, sobre todo en los campus universitarios, que vibran, por lo demás, con la contagiosa agitación de mayo del 68. Por último, la aparición de ETA, que perpetra sus dos primeros asesinatos en 1968, alarma a los más acérrimos defensores de la unidad de la nación. Por consiguiente, si la extrema derecha pasa a la ofensiva es con la simultánea intención de contrarrestar el aumento de los movimientos de oposición izquierdistas, a los que el régimen parece dejar un cierto margen de maniobra, y de recuperar el terreno perdido en el ámbito ideológico. Surgen de este modo un puñado de grupos ultras nuevos, dispuestos a centrar su estrategia en el activismo violento.

A partir del año 1963 empezará a actuar en Madrid y en Barcelona el grupo de Defensa Universitaria (DU)[5], en el que confluyen falangistas, carlistas tradicionalistas y católicos integristas. Convertidos en una especie de chivatos dedicados a proporcionar a los servicios policiales informaciones relativas a los estudiantes y los profesores de izquierdas, los miembros del grupo de Defensa Universitaria organizarán también patrullas encargadas de sembrar el terror en la universidad mediante la realización de distintos actos de intimidación, desde la irrupción en las reuniones universitarias hasta el apaleamiento de los estudiantes progresistas. Al final de la década, viéndose enfrentados a la expansión del movimiento estudiantil contestatario, los grupos de Defensa Universitaria aceptarán ser sustituidos en 1968, a instancias del Alto Estado Mayor del Ejército, por otra asociación denominada Acción Universitaria Nacional (AUN), oficialmente sujeta al Ministerio de Educación, pero que en realidad se halla directamente a las órdenes del almirante Luis Carrero Blanco, llamado a ocupar la presidencia del gobierno[6]. Esta nueva organización se mostrará activa sobre todo en Madrid entre 1968 y 1972, cumpliendo las mismas funciones que la antigua Defensa Universitaria: infiltrarse en las formaciones adversas que circulan por la universidad, alzarse y desbaratar las asambleas estudiantiles, y captar nuevos militantes. No obstante, dispone de un apoyo logístico muy superior, el que le proporciona el teniente coronel José Ignacio San Martín, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Este militar ofrece a la AUN informaciones, dinero y material con el que divulgar su propaganda, así como cursos doctrinales e instrucción relacionada con los métodos de la acción directa, garantizándole al mismo tiempo el comportamiento permisivo de la policía[7]. Los militantes aprendían

a colocarse unos en primera fila y otros en medio de los grupos de manifestantes. Los de delante tenían la misión de insultar a los policías a caballo y lanzarles piedras […], con el fin de provocar la carga. Después debían retirarse para que sus compañeros de la zaga pudieran empujar hacia los miembros de las Fuerzas del Orden Público a los estudiantes que se encontraran en el medio, con el triple objetivo de que fueran ellos los que recibieran los golpes, de que la algarada cobrara forma y de que la manifestación no se extendiera fuera de los límites del campus[8].

Estos servicios secretos de la presidencia acogerán también bajo su mando a otro grupo, nacido de forma espontánea. Me refiero al Partido Español Nacional Socialista (PENS)[9], creado en Barcelona en 1968 por un movimiento de jóvenes neonazis agrupados en torno a Fernando Poveda y defensores de una ideología en la que las amalgamas del antisemitismo, el racismo, el anticomunismo, la exaltación de la revolución nacionalsocialista y el europeísmo conviven con un léxico ultraortodoxo, nacionalista y reaccionario. En 1971, el partido queda en manos de Ernesto Milá, que imprime a la formación un rumbo ligeramente diferente, algo más orientado hacia el modelo neofascista inspirado en Stefano Delle Chiaie, un fascista italiano de extrema derecha sobre el que pesan acusaciones de terrorismo en su país y que se ha refugiado en España, donde ha logrado establecer contactos con personas de los medios ultras[10]. A partir de ese momento, el Partido Español Nacional Socialista comienza a atraer la atención de la presidencia, a través del Servicio Central de Documentación (SECED)[11], que ve en él una alternativa posible al AUN madrileño en Barcelona, con la vista puesta en asignarle la misión de «contener, y a ser posible reducir, el proceso subversivo». En tal sentido recibirá el respaldo técnico y logístico del SECED, «para evitar que la subversión en los círculos universitarios colocara al régimen en una situación similar a la que el mayo francés situó a De Gaulle»[12]. En su activismo violento, el PENS se halla vinculado a dos organizaciones nazis ideológicamente próximas, el Movimiento Social Español (MSE), que opera en Valencia, y el Movimiento Nacional Revolucionario, que causa sus estragos en Madrid. Pese a que jamás consiguiera reunir más de unas cuantas decenas de militantes[13], el Partido Español Nacional Socialista —especializado en la acción directa— será el homólogo del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE)[14], que acabó congregando entre quinientos y seiscientos militantes y constituyó una de las principales corrientes de la extrema derecha en las postrimerías del franquismo. La fundación oficial del CEDADE, surgido de la asociación fascista Joven Europa, creada pocos años antes y vinculada orgánicamente con el Nuevo Orden Europeo, tendrá lugar en la Barcelona de 1966. Dirige la formación un neonazi llamado Jorge Mota que comparte con el PENS una mezcla ideológica compuesta de falangismo y nazismo que ya había servido de apoyo a los fascistas extranjeros, que de ese modo no solo consiguieron encontrar un confortable refugio en España tras la derrota del Eje en 1945 —alemanes, rumanos, franceses, croatas…—, sino que disfrutaron de cierto respaldo en algunas de las estructuras del régimen franquista. No obstante, el CEDADE quedará desarbolado en 1975, víctima de la propaganda negativa que se realiza contra él y de la asociación del círculo con las actividades violentas que perpetra el PENS, cuyos miembros son detenidos en masa a mediados de 1974, poniéndose de ese modo fin a la formación.

Irán surgiendo también, de forma espontánea, otros grupúsculos llamados a dedicarse a la acción directa. Tal es el caso del que tuvo una existencia más dilatada, los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR), que aparecen en 1969 al mando de Mariano Sánchez Covisa. Los GCR se especializan en agredir a los «curas rojos», es decir, a los sacerdotes proletarios que se muestran abiertamente partidarios del marxismo, y en lanzar ataques contra determinadas entidades culturales, como librerías, galerías de arte o salas de espectáculos consideradas progresistas. Les secunda en este tipo de acciones una multitud de bandas diferentes, no solo el PENS, sino también diversos grupúsculos sin identificar cuyas siglas esporádicas surgen al calor de los atentados cometidos contra las instituciones culturales de izquierdas. Estos ataques acabarán teniendo una repercusión mundial en noviembre de 1971, al quedar dañadas varias obras de Picasso como consecuencia de unos actos vandálicos perpetrados en la Galería Theo de Madrid, donde resultan destruidos una veintena de grabados del artista al lanzarse ácido sobre ellos. Al mismo tiempo, en Barcelona, el fuego propagado por unos cócteles molotov destruirá el primer estudio del artista[15]. Acompañadas de amenazas anónimas, las acciones de este tipo irán intensificándose a lo largo de los años inmediatamente posteriores, registrándose tanto en Barcelona como en Valencia y Madrid. Según los periódicos de la época, más de seiscientos miembros del gremio de libreros de la ciudad condal habrían sido víctimas de amenazas anónimas en 1973[16].

Por último, en 1966 Blas Piñar[17] creará un vivero de idéntico sesgo llamado Fuerza Nueva (FN) que acabará convirtiéndose en el grupo más peligroso de la ultraderecha de la transición. Concebida en su momento como una «empresa político-editorial»[18], la formación se dota enseguida de un semanario homónimo con el doble objetivo de combatir el extrañamiento del sector del clero vinculado con el nacionalcatolicismo integrista que había venido impregnando las estructuras del régimen hasta entonces, y de paralizar el proceso del aperturismo político, defendiendo para ello una postura radicalmente inmovilista. Impulsada por el incontestable carisma de su líder, Fuerza Nueva logrará atraer a un gran número de simpatizantes del falangismo y el carlismo, así como a militares ultras, antiguos combatientes y personalidades del «búnker», hasta el punto de que tras la muerte de Franco se empezará a asociar su nombre con el de algunas acciones violentas.

Los años decisivos: del asesinato de Carrero Blanco a la muerte de Franco

El 20 de diciembre de 1973, al asesinar ETA al presidente del gobierno, Carrero Blanco, la movilización de la extrema derecha recibe un impulso decisivo. Este atentado pone de manifiesto la creciente debilidad del régimen, que se había revelado impotente para poner freno al desarrollo de la organización vasca. El Caudillo parece próximo a su fin. Gravemente enfermo, ha de ser hospitalizado en varias ocasiones, y en julio de 1974 se ve obligado a dejar temporalmente las riendas del Estado en manos de Juan Carlos. En abril de 1974, la Revolución de los Claveles, que desarma la dictadura salazarista del vecino Portugal, deja a España más aislada que nunca en la escena internacional y provoca el temor a que una situación similar acabe deshaciendo el régimen de Franco. Por último, Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero Blanco, anuncia una relativa apertura política, conocida con el nombre de «espíritu del 12 de febrero», que siembra la inquietud entre los más radicales[19].

José Antonio Girón de Velasco, antiguo falangista, exministro de Franco en los primeros años de posguerra, miembro del Consejo del Reino y personaje emblemático del bando ortodoxo, lanzará entonces un llamamiento que no tardará en conocerse como el gironazo. Se trata de una declaración programática publicada el 28 de abril de 1974 en Arriba, el diario oficial del Movimiento Nacional. En ella, Girón se subleva contra las ideas reformistas y trae enérgicamente a la memoria de sus seguidores los valores esenciales del régimen, emanados de la Guerra Civil y de la doctrina de José Antonio. En julio de ese mismo año, Girón funda la Confederación Nacional de Excombatientes[20], heredera de las diversas asociaciones corporativas de antiguos soldados (las Hermandades), y le insufla un nuevo aliento. Girón y su Confederación se convierten de ese modo en uno de los bastiones del «búnker» franquista, sostenido además por el poderoso órgano mediático de El Alcázar, que hace las veces de boletín oficial en los cuarteles. La ofensiva de Girón, secundada por Blas Piñar y los partidarios del inmovilismo, que todavía gozan de una sólida implantación en las estructuras del régimen, provoca el fracaso del «espíritu del 12 de febrero», lo que conllevará, en octubre, la destitución del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, representante del ala más reformista del régimen; la dimisión del ministro de Economía, que se solidariza de esa manera con él; y la subsiguiente renuncia de un gran número de altos funcionarios. Al mismo tiempo, el proyecto de ley sobre las asociaciones políticas, concebido para conceder un espacio más amplio a la participación política, queda reducido a la condición de mero envase vacío. Entre tanto, se acentúa la violenta campaña puesta en marcha por los Guerrilleros de Cristo Rey, el Partido Español Nacional Socialista y sus acólitos, todos los cuales dirigirán más que nunca sus ataques a la oposición constituida por los comunistas y los nacionalistas vascos.

Esta rápida visión de conjunto de la movilización de la extrema derecha, que se desarrolla de forma paralela a las sucesivas crisis del régimen y a la pérdida del control de los círculos tradicionalistas que todavía ocupan el poder, nos permite concluir, con Paul Preston, que esa activación del radicalismo reaccionario se halla claramente vinculada con las dificultades por las que atraviesa el régimen en esos años[21]. El objetivo de la extrema derecha, adopte o no los métodos violentos, consiste en favorecer el rearme político e ideológico del régimen y en contrarrestar el empuje de las corrientes, cada vez más numerosas, en las que vienen a converger quienes se oponen a la dictadura. Presente antes incluso de que se produzca la muerte de Franco, la violencia ultra es de carácter «reactivo», por retomar aquí la distinción teórica que establece Fernando Reinares entre violencia «proactiva» y violencia «reactiva»[22]. Pese a que los grupos de extrema derecha actúen al margen de las filiales oficiales del régimen, lo cierto es que cuentan con la tolerancia de los servicios policiales, cuando no con su ayuda explícita. Suscribo en este aspecto la tesis de Paul Preston, que sobre este particular afirma que el régimen utilizó en su propio beneficio la radicalidad de esos grupos extremistas, y no solo para combatir la creciente oposición que estaba surgiendo en los campus universitarios y en los lugares de trabajo de la clase obrera, sino también para poner fin a cualquier tipo de veleidad contestataria, sin olvidar que le servirá igualmente para atribuirse a sí mismo, mediante un efecto de espejo invertido, la imagen de un sistema moderado y centrista: «la invención de una extrema derecha fanática colocaba al régimen, como por arte de magia, en una posición de centro»[23]. Eso no evitará, sin embargo, que en este periodo de crisis terminal del franquismo se esté concibiendo la creación de una larga serie de grupos y de prácticas que habrán de permanecer presentes cuando eche a andar la transición, dispuestos a proseguir la labor iniciada en los últimos años del dictador.

II. La extrema derecha frente a la transición

II. LA EXTREMA DERECHA FRENTE A LA TRANSICIÓN

Tras el fallecimiento de Franco, la movilización de la extrema derecha se convierte en una necesidad más perentoria que nunca, ya que debe plantar cara a la inminente democratización y a la previsible desaparición de las estructuras implantadas por el General. La meta sigue girando en torno a la defensa de un régimen amenazado, pero su más importante objetivo radica fundamentalmente en impedir que la reforma llegue a buen puerto. Sin embargo, la transición asistirá a la consolidación del irreversible declive de la extrema derecha, que irá perdiendo progresivamente toda capacidad de influencia política.

La unidad imposible y el fracaso del desafío electoral que plantea la joven democracia…

En un primer momento, lo que persigue la nebulosa de la ultraderecha es simplemente mantener las posiciones que ocupa en el seno de las élites dirigentes y hacerse un hueco en el nuevo panorama electoral. Sin embargo, al hallarse profundamente dividida, las disputas internas impiden que fructifiquen los intentos de aproximación entre los diferentes grupos.

Incluso en el seno de la familia falangista, la unidad se revela inviable debido a que la organización se encuentra fragmentada en múltiples organizaciones microscópicas y a que todas ellas se disputan el legado de José Antonio. Los conflictos cristalizan fundamentalmente en torno a la cuestión de quién deba ser el exclusivo propietario de los símbolos de la Falange: al llegar el momento de constituir como tales los partidos políticos de la democracia, la denominación de «FE de las JONS» (Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) provocará un duro enfrentamiento entre los distintos grupos. Al final, la etiqueta será atribuida, en septiembre de 1976, al círculo de Raimundo Fernández-Cuesta, representante de la Falange oficial, decisión que suscitará una viva reacción por parte de las facciones disidentes antifranquistas, y muy particularmente en el sector hedillista[24], reagrupado bajo el doble paraguas de la Falange Española Independiente (FEI) y la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (Auténtica). Los hedillistas se lanzan entonces a una campaña destinada a retirar los símbolos falangistas del espacio público, denunciando de ese modo la utilización abusiva y tergiversada que había hecho de esos emblemas el régimen de Franco, dado que según estos grupos, el dictador había traicionado el auténtico pensamiento de José Antonio. La confrontación degenera hasta estallar en una serie de enfrentamientos físicos en octubre de 1976, durante la celebración en Madrid del 43 aniversario de la fundación de la Falange. El choque enfrentará a la FE de las JONS, con FEI y con FE de las JONS (Auténtica)[25]. El envite simbólico rebasa incluso los límites del bando falangista y repercute en Fuerza Nueva, a la que se acusa de haberse atribuido ilegítimamente la bandera roja y negra, la boina roja y la camisa azul de la Falange, circunstancia que no solo se traducirá en una sucesión de campañas de desprestigio sino incluso en varias agresiones físicas a sus militantes[26]. Los carlistas se hallan igualmente divididos, hasta el punto de que no tardarán en quedar decapitados como consecuencia de los incidentes violentos de 1976, vinculados con la celebración anual de Montejurra, acontecimiento en el que se enfrentarán los partidarios de Carlos Hugo con los de su hermano Sixto de Borbón-Parma, provocando la muerte de dos manifestantes. El cruento episodio revela la presencia de grupos ultras de tendencia neofascista y su implicación en un oscuro juego auspiciado por un sector del poder que pretende deslegitimar definitivamente la opción dinástica carlista[27].

Quedan de este modo en pie Girón, al frente de la Confederación Nacional de Excombatientes, y Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. El primero, próximo, a los sectores tradicionalistas del Ejército, fracasa en su intento de reagrupar al conjunto de las fuerzas de extrema derecha y termina decantándose por propiciar un acercamiento al «búnker», asociándose con la derecha conservadora neofranquista, que ha aceptado la reforma —acercamiento que sin embargo no podrán suscribir la mayoría de los grupos ultras—. Blas Piñar será finalmente el único que logre dar curso a sus ambiciones políticas. Transforma Fuerza Nueva en un partido político de estructura presidencialista y centrado en el carisma de su jefe de filas y, a continuación, pone en marcha una enérgica estrategia electoral a contracorriente del conformismo político de la transición. Fiel a los ideales del 18 de julio, a la memoria de Franco, a su obra, y a la monarquía católica tradicional, social y representativa, solo FN conseguirá concretar un crecimiento digno de mención en el transcurso de la transición, algo que no podrán igualar los demás partidos de extrema derecha, ya que partiendo de los dos locales de 1977, la formación pasará a 32 en 1978, y acelerará su progresión hasta encontrarse en condiciones de abrir un total de 165 sedes entre 1979 y 1982[28]. En 1979, la revista homónima exhibe una tirada de 45 000 ejemplares, y cuenta en ese momento con unos 40 000 o 50 000 militantes. Por lo demás, el éxito en las urnas también sonreirá al partido en las elecciones legislativas de 1979, dado que las siglas de Blas Piñar obtienen 380 000 votos y consiguen que su líder se convierta en diputado electo. La sección juvenil del partido, llamada Fuerza Joven, celebra su primer Congreso Nacional en enero de 1978, y hasta el año 1980 conseguirá captar un gran número de nuevas afiliaciones. Sin embargo, al margen de este éxito matizado, el movimiento se halla dividido entre una corriente tradicionalista nacionalcatólica, de carácter conservador y representada por Piñar y los militantes más veteranos, y otra tendencia nacional revolucionaria, neofascista y radical, favorable al activismo paramilitar y violento —un movimiento que tiene una notable implantación en Fuerza Joven—. De este modo, los elementos más radicalizados y propensos a la acción violenta irán alejándose paulatinamente del partido y terminarán fundando una serie de organizaciones autónomas.

Existen por tanto profundas líneas de fractura ideológica que separan a los monárquicos tradicionalistas conservadores, de los partidarios de la revolución nacional; a los falangistas defensores del régimen de Franco, de los falangistas disidentes que reivindican la revolución inacabada de José Antonio; a las diferentes ramas dinásticas, escindidas entre los carlistas integristas y los carlistas recién convertidos al socialismo; a la vieja generación de excombatientes, de los jóvenes cachorros neonazis; y a los partidarios de las estrategias electorales, enfrentados tanto a los fervientes defensores de un pronunciamiento militar como a los activistas favorables a la acción directa. Todo esto determinará en último término el fracaso de las sucesivas intentonas destinadas a fraguar una extrema derecha unida y solidaria en su combate contra la reforma[29].

Las alianzas electorales son tan parciales como efímeras: en 1977 Girón lanza un llamamiento destinado a proporcionar apoyo al partido de Manuel Fraga, Alianza Popular (AP), mientras, por su parte, la coalición Alianza Nacional 18 de Julio, en la que convergen FN y FE de las JONS, apenas obtiene 65 000 votos. En total, los partidos ultras no pasan del 1 % de los sufragios. En 1979, la extrema derecha afronta las elecciones legislativas con una frágil coalición electoral, Unión Nacional, que a duras penas alcanza a rebasar el 2 % de los votos y a dar un escaño a Blas Piñar. En 1982 se presentarán a las elecciones ocho partidos ultras, pero el intento se salda con una dura derrota, tanto en el caso de FN, que cae nuevamente al nivel de los cien mil votos y pierde su diputado, como en el de Solidaridad Española, la fugaz formación creada por Antonio Tejero Molina, quien había protagonizado el golpe de Estado del 23-F y que abrigaba la esperanza de aprovechar el impulso de su recién adquirida condición de héroe. La división del bando ultra y el fracaso del 23-F, que deslegitima la opción del alzamiento militar, unidos a la imagen cada vez más deteriorada de los partidos de extrema derecha y al ímpetu de AP, que capta el voto de los inmovilistas, inquietos ante una posible victoria de los socialistas, explican esta última desbandada electoral con la que queda rubricada la bancarrota de ese espacio ideológico y su inanidad en el arco parlamentario. A partir de ese momento, la extrema derecha desaparecerá prácticamente del tablero político. Después de estos reveses no logrará constituir ya un partido de auténtica significación en la joven democracia española, dejando así el terreno libre a la derecha parlamentaria representada primero por AP, y más tarde por el Partido Popular (PP), la formación sucesora, que sí conseguirá atraer al electorado que contempla con nostalgia el franquismo.

… parcialmente compensados por una notable capacidad de movilización

Pese a no ser una fuerza política importante, la extrema derecha dispondrá durante la transición de una notable capacidad de movilización que habrá de visualizarse de manera espectacular con ocasión de las ceremonias conmemorativas que se inscriben en el calendario ritual franquista y en las que se congregan los ultras, los inmovilistas y una fracción nada desdeñable de la población que cultiva sentimientos de nostalgia respecto del régimen anterior. Como señala Xavier Casals i Meseguer, «los plebiscitos que [la extrema derecha] perdió en las urnas los disputó con mucho más éxito en calles y plazas»[30], donde alcanzará a congregar bajo una misma bandera a un conjunto de facciones inconciliables en el plano político.

a) El 20-N

El calendario franquista aparece jalonado por una larga serie de fechas que han pasado a formar parte de los empeños conmemorativos del régimen, de fuerte connotación militar. Los días 18 de julio y 1 de abril les brindan la ocasión de recordar, respectivamente, el alzamiento militar de 1936 y la victoria del bando nacionalista en 1939, mientras que el 1 de octubre, «Día del Caudillo», se consagra exclusivamente al ensalzamiento del líder. Sin embargo, durante la transición, estas emblemáticas efemérides del régimen —que eran las que propiciaban una mayor congregación de masas— serán sustituidas por el 20 de noviembre[31], habitualmente conocido como 20-N. Esta fecha evoca a un tiempo la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, fusilado por los republicanos en la prisión de Alicante al inicio de la Guerra Civil, y la muerte de Franco. Esta doble condición permite reunir tanto a los falangistas más ortodoxos como a quienes defienden la dictadura desde posiciones extremadamente conservadoras, sin olvidar a los simples nostálgicos del régimen desaparecido. Sin embargo, esta misma fecha simbólica es también portadora de los estigmas propios de las fracturas ideológicas que hemos mencionado más arriba, puesto que a partir de 1976 se celebrará por separado: la ceremonia oficial que organizan los gobiernos de la reforma, de carácter estrictamente religioso, tiene habitualmente lugar en la basílica del Valle de los Caídos, donde yacen enterrados tanto Franco como José Antonio, mientras que los ultras más fieramente opuestos al proceso de democratización se reunirán, en un rito paralelo de fuertes tintes políticos, en la Plaza de Oriente de Madrid. Dicha plaza, situada frente al Palacio Real, adquirió un fuerte simbolismo en tiempos del franquismo, dado que en ella se organizaban las grandes congregaciones de masas favorables al régimen, lo que permitía al dictador emplear el balcón del Palacio a manera de tribuna[32]. Esta manifestación paralela permite que nos hagamos una idea del número de seguidores con que contaba la extrema derecha, dado que hasta el final del periodo que aquí estudiamos logró reunir a varios centenares de miles de personas: 100 000 en 1976, 150 000 en 1977, 250 000 en 1978, 400 000 en 1979, 300 000 en 1980 y 150 000 en 1981[33].

El 20-N conseguirá por tanto movilizar a los sectores ultras a lo largo de la transición, y lo mismo cabe decir de los mítines de Fuerza Nueva o de los congresos de la FE de las JONS, en los que se dan cita, invariablemente, varias decenas de miles de personas, ya sea en los espacios públicos de Madrid o en otra ciudad. La razón hay que buscarla en el hecho de que estos momentos de celebración constituyan también una ocasión para la extrema derecha de hacer una exhibición de fuerza en la escena pública mediante desfiles, cánticos, uniformes y eslóganes, configurando así una dramaturgia franquista de coyunturales virtudes unificadoras, más allá de las divisiones entre facciones.

b) El ritual ultra

Los enfáticos discursos que pronuncian los líderes ultras al calor de las ceremonias del 18 de julio o del 20-N, o aun durante los mítines de sus partidos, permiten la difusión de unos códigos verbales que reflejan el imaginario del primer franquismo. Coinciden en la defensa común de la España tradicional, puritana y ultranacionalista, y en la idealización tanto de los valores promovidos durante la Guerra Civil como de los principios de la revolución social y nacional de José Antonio. La visión providencialista de la historia aparece acompañada de una exaltación del pasado belicista que se complace en la invocación del alzamiento del 18 de julio de 1936 y en la proclamación de llamamientos destinados a salvar a la patria en peligro: «La guerra no ha terminado», declaraba Piñar en diciembre de 1973 tras el asesinato de Carrero Blanco[34], inaugurando así uno de los eslóganes que habría de emplear la extrema derecha durante la transición. El tono apocalíptico que se adopta en estos acontecimientos responde a una coyuntura histórica que está despojando paulatinamente al ideal franquista de toda capacidad de influir en el mundo real, ya que lo que dibuja es un ataque frontal a la democracia en construcción, a la que apenas le dedica otra cosa que un torrente de palabras catastrofistas asociadas a un odio fanático hacia los enemigos seculares de España, que irrumpen ahora con fuerza en la escena pública: el comunismo, el separatismo y el liberalismo. De este modo, lo que los ultras despliegan es la vieja temática franquista del complot internacional[35] contra una España cuyo ultrajado honor ha de ser salvaguardado, debido a que la decadencia liberal y la invasión de la pornografía están amenazando la pureza moral de la patria. El llamamiento que lanzan trata de promover una verdadera reconquista de la España perdida, como ellos la llaman, mientras cargan contra el gobierno de la transición —integrado por antiguas personalidades del franquismo—, al que acusan de traicionar los principios del 18 de julio. El rey, Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado —vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa—, y el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, polarizan ese odio visceral, como de antiguos hermanos enemistados, mientras Santiago Carrillo y la Pasionaria[36], por su parte, se convierten en el blanco predilecto de las invectivas anticomunistas.

Este lenguaje simultáneamente nostálgico y belicoso opera en consonancia con un poderoso aparato simbólico, tanto visual como discursivo. Las muchedumbres fanatizadas subrayan cada una de las intervenciones de los oradores con el saludo fascista y los tradicionales himnos del Cara al Sol[37], en el caso de los falangistas, o el Oriamendi[38], en el de los carlistas, secundados aunque con menor frecuencia por marchas militares, bien de la Infantería, bien de la Legión. La bandera nacional bicolor, adornada con el águila imperial franquista y la divisa «España una, grande y libre», se halla omnipresente en todas esas asambleas de masas, frecuentemente mezclada con la enseña negra y roja de la Falange, en la que figuran el yugo y las flechas, una imagen que el régimen franquista hará suya como símbolo del Movimiento Nacional. Tanto la boina roja de los carlistas como la camisa azul de los falangistas, o la enseña rojigualda cosida a modo de escudo en la ropa, dominan el atuendo de los asistentes, transformando a veces su vestimenta en un verdadero uniforme paramilitar. De este modo, las juventudes de Fuerza Nueva lucen una camisa azul cortada a la manera de los legionarios, con el yugo y las flechas de la Falange en el bolsillo izquierdo y una boina roja. Se distribuye también una propaganda abundante, que va desde los simples objetos de culto, como las pegatinas y los carteles con retratos de Franco o José Antonio, a los ejemplares del testamento del Caudillo y las banderas o gorras con los colores de la Falange, pasando por los panfletos directamente encaminados a fomentar la divulgación de las ideas políticas de la extrema derecha, las octavillas de las juventudes falangistas, y la venta de números de El Alcázar o la revista Fuerza Nueva.

Los eslóganes que aúllan los miles de asistentes a esas multitudinarias concentraciones apenas variarán en el transcurso del periodo que nos ocupa: el grito de «¡Arriba España!», divisa del bando nacionalista que se alzó militarmente en 1936, remata todos los discursos, acompañada de una rítmica evocación del general —«¡Franco, Franco, Franco!»—. Otros eslóganes reflejan el tono apocalíptico y conspirativo de la ideología ultra, desarrollando el tema de la salvación de la patria en peligro e invocando el advenimiento de un valedor: «¡Franco, resucita, España te necesita!». Los asistentes reclamarán también la providencial intervención de los militares, y con mayor insistencia cuanto más vaya avanzando la transición. «¡Viva el Ejército!», «¡Ejército al poder!», es el clamor que más se escucha. Otras expresiones orales son ataques personales a los exfranquistas reciclados: «¡Procuradores, sois unos traidores!», «¡Gobierno, dimisión, por perjuro y por masón!», «¡Juan Carlos, Sofía, el pueblo no se fía!», «¡Franco, sí; traidores, no!», «¡Suárez, traidor, cantaste el Cara al Sol!», «¡Suárez, dimite, el pueblo no te admite!», «¡Suárez, atiende, España no se vende!», «¡Gutiérrez Mellado, estás acojonado!», «¡Tarancón al paredón!». En otros casos, el blanco serán los enemigos seculares de España: «¡Rojos a Moscú!». El terrorismo etarra dará origen a nuevas consignas, coreadas en los funerales de los militares asesinados: «¡ETA asesina!», «¡Queremos metralletas para luchar contra ETA!».

El espectáculo que ofrecen en el espacio público las concentraciones de la extrema derecha contiene por tanto un simbolismo retórico, visual y oral, con el que se unifica a los militantes de diversos movimientos en la común defensa de una España amenazada. El mensaje es meridianamente claro para el conjunto de la sociedad, que no en vano lleva cuarenta años sometida a la propaganda franquista. El auténtico despliegue teatral al que se entrega la extrema derecha en esas reuniones de masas ilustra perfectamente bien su voluntad de reconquistar física y simbólicamente el espacio sociopolítico. Esto explica, por ejemplo, que al celebrarse el 43.º aniversario de la Falange, el 29 de octubre de 1976 en Madrid, haya manifestantes que decidan desfilar, tras la ceremonia oficial del Palacio de Congresos, según un itinerario de notable peso simbólico: después de recogerse frente al Teatro de la Comedia, en el que José Antonio pronunció el discurso fundador de la Falange, los congregados se dirigen a las Cortes, ante las que entonan el Cara al Sol y efectúan el saludo fascista, en una actitud de desafío hacia los procuradores, que se disponen a debatir los pormenores de la Ley para la Reforma Política (LRP), finalizando la marcha en la sede de la Secretaría General del Movimiento de la calle de Alcalá[39]. Por si fuera poco, esta escenificación aparece fuertemente impregnada de referencias bélicas y de llamamientos a un levantamiento militar, todo lo cual constituye un primer paso decisivo en la dirección de una legitimación de la violencia.

c) La legitimación de la violencia

La incitación a la violencia, pues, tiene una presencia constante en los afanes ultras y se presenta en continuidad absoluta con los procesos legitimadores del alzamiento de 1936. El hecho de apelar a la violencia como recurso defensivo aparece legitimado por la necesidad de salvar a España de las garras de los enemigos de la patria. Para Blas Piñar, «el derecho de rebelión» emana del derecho natural católico, que legitima el uso de la violencia en el marco de una resistencia contra la tiranía. Piñar se inscribe en esa corriente de la «derecha de resistencia»[40] y tiñe sus discursos de referencias religiosas, sobre todo cuando lanza llamamientos a la cruzada —«Quien quiera salvar a España, que coja su cruz y me siga»—, en una referencia explícita a la magna «Cruzada» del 36, en la que el Ejército se contentó simplemente con ejercer su «lícito derecho a la rebelión»[41]. Al proceder de ese modo, la extrema derecha restablece sus vínculos ideológicos con la década de 1930, ya que en ella el discurso de los conservadores —esencialmente basado en las nociones de resistencia y defensa— recibió el aporte de otras culturas políticas más movilizadoras y abiertas a la confrontación[42]. La táctica del «puño y las pistolas», popularizada por José Antonio[43], vuelve a estar a la orden del día: «el poder pertenece al que baja a las calles y sabe dominarlas», señala en uno de sus testimonios un antiguo activista de extrema derecha[44].

El llamamiento al levantamiento nacional se dirige en primer término al pueblo, por eso Piñar declarará que «si no se emplean todos los medios en defender la ley, el orden y la convivencia, tendremos nosotros que salir a la calle a defenderla»[45]. Se incita a los militantes a reconquistar por sus propios medios el terreno perdido, ya que lo que está en juego es indudablemente la recuperación de un territorio, si damos crédito a las palabras de un jefe local de la Falange que en 1978 declara que los auténticos falangistas han de evitar que las calles caigan en manos de los marxistas[46]. A continuación se arenga al Ejército, instándole a repetir el alzamiento de 1936: «Si el pueblo español y el Ejército reaccionan como se espera, España se salvará y se hará un gran servicio a la paz mundial, eliminando un peligroso proceso de inseguridad en la península ibérica»[47], declara Mariano Sánchez Covisa en 1977. La extrema derecha ensalza al Ejército, al que considera la vanguardia de la sociedad y la «columna vertebral de la patria», respetándolo tanto por este motivo como por vehicular un conjunto de valores éticos y morales —entre los que destacan la disciplina, el valor y la lealtad—, asociados con su alto sentido del sacrificio al servicio de la patria española.

Estas temáticas, ampliamente difundidas en los medios radicales y militares, en las ceremonias rituales que glorifican el simbolismo paramilitar, así como en las recurrentes manifestaciones que adoptan la forma de actos de intimidación, crean un clima propicio para el desencadenamiento de acciones violentas, pese a que la idea de una agresión física sea una tendencia circunscrita a una minoría. Y ello porque, en efecto, los discursos fanáticos, aquellos en los que aparece reflejada una auténtica mística de la violencia, son más raros. El propio Sánchez Covisa, líder de los Guerrilleros de Cristo Rey, se parapetará tras el pretexto defensivo al exaltar la violencia. «La violencia no es nada malo. Naturalmente que la violencia por la violencia no es nada bueno, pero la violencia al servicio de una causa justa, cuando las demás vías han sido agotadas, es, en mi opinión, algo bueno», afirma Covisa mientras se declara dispuesto a «matar sin demasiados escrúpulos al servicio de mi patria»[48]. José Luis Rodríguez Jiménez deduce de este tipo de manifestaciones que

ni en los años setenta ni en los ochenta existe una «moda» de culto a la violencia semejante a la existente en la década de los treinta […]. [Aunque] no deja de ser cierto que en algunas formaciones extremistas pervive una mística de la violencia, en la que se entremezclan apelaciones a la primacía de la acción y de la juventud, a la ruptura de valores, así como una «moral del guerrero» basada en una visión del enfrentamiento violento como purificación[49]…

¿Quienes son por tanto estos grupos que, inspirados en los mencionados ideales, vienen a traer al primer plano de la actualidad, en los años setenta, los planteamientos de las milicias paramilitares de la década de 1930 y rebasan el ámbito de la simple apología de la violencia para consagrarse físicamente a ella?

III. Las violencias ultras durante la transición

III. LAS VIOLENCIAS ULTRAS DURANTE LA TRANSICIÓN

Casi dos terceras partes de las acciones violentas que aparecen registradas en nuestro corpus de datos como actos imputables a la extrema derecha no han podido ser atribuidas a ningún grupo en particular. Basta esta cifra, por sí sola, para poner de manifiesto lo difícil que resulta aprehender con nitidez los perfiles de la nebulosa ultra en los años de la transición. Varias son las razones que pueden aducirse para explicarlo: en la inmensa mayoría de los casos, los actos violentos cometidos por extremistas de derechas no son reivindicados; en el periodo posfranquista, marcado por la escasa voluntad de luchar contra un sector ideológico que todavía se halla presente en los puestos de mando, es muy raro que se efectúen investigaciones policiales y que después se proceda a practicar detenciones; el hecho de que la proliferación de siglas sea tan impresionante, contribuye a acentuar la confusión relacionada con la identificación de los violentos; y, por último, no disponemos de demasiados testimonios o trabajos académicos sobre la extrema derecha. No obstante, al recoger más de 900 acciones violentas atribuidas a la extrema derecha, nuestro corpus de datos se encuentra en condiciones de ofrecer la inédita posibilidad de un análisis particularmente fino que viene a poner en cuestión un cierto número de postulados comúnmente considerados válidos —y ello a pesar de adolecer parcialmente de esas zonas oscuras que acabamos de mencionar.

La dispersión de los actores

Podemos identificar tres tipos de actores (cuadro 10). En primer lugar, aparecen como principales responsables aquellos partidos que, situados en el extremo del arco político, llevan tiempo utilizando y difundiendo una terminología de exaltación de la violencia que acaba por plasmarse en acciones físicas durante la transición, ya que en este periodo se crean una serie de facciones paramilitares integradas por jóvenes militantes que se dedican al activismo violento. Los elementos que forman parte de ese caldo de cultivo son, entre otros, Fuerza Nueva; los grupos surgidos tras las sucesivas escisiones de la derecha ultra; las diferentes organizaciones falangistas; el Círculo Español de Amigos de Europa; y los grupúsculos neonazis. Consideradas en conjunto, todas estas facciones vendrán a perpetrar casi el 25 % de las acciones violentas de la extrema derecha, siendo asimismo, con toda probabilidad, autoras de buena parte de las acciones sin esclarecer. Les sigue un amplio abanico de individuos más o menos aislados y autónomos, integrado por nostálgicos del franquismo y personas que simpatizan con la ideología de los grupos anteriores, todos los cuales contribuirán a las acciones de agitación urbana y someterán al bando contrario, en el contexto local, a esporádicas operaciones de acoso materializadas en forma de amenazas, de maniobras de intimidación, de agresiones o de ataques destinados a provocar daños materiales. A estos activistas cabe imputarles el 3 % de las acciones ultras reivindicadas en nombre de un conjunto de siglas que no deja de proliferar pese a su efímero carácter —y es muy posible que también sean los causantes de la mayoría de los actos cuya autoría no ha sido explícitamente reclamada por ninguna facción—. Por último, hay un tercer grupo constituido por el específico caso de las organizaciones vinculadas con los servicios policiales creados para combatir la amenaza del separatismo vasco, responsables confesos del 10 % de las acciones violentas y de la gran mayoría de las víctimas mortales. Procedamos a examinar todo esto con más detalle.

Cuadro 10. Actores violentos de extrema derecha

a) El activismo ultra en la continuidad del franquismo

Dejando a un lado a la violencia contraterrorista vasca, es Fuerza Nueva, junto con sus diversas secciones, la organización a la que se identifica con el mayor número de acciones violentas (más de 80, lo que supone el 9 % del total) y la más elevada cantidad de muertos (14 víctimas), pese a que en la época FN fuera, conviene recordarlo, un partido que aspiraba a hacerse un hueco en el Parlamento.

Como complemento simultáneo de su estrategia electoral, FN se dotó de un conjunto de organizaciones juveniles dedicadas a la acción directa. Los individuos que integran Fuerza Joven, capitaneados primero por Antonio Muñoz Perea y más tarde por Juan Ignacio González[50], reciben mensajes de incitación a la violencia y disfrutan desfilando en uniforme, cumpliendo así el deseo de José de las Heras, secretario general de FN, cuyo propósito consiste en transformar el partido en una organización paramilitar. Sus miembros se entregan devotamente a labores de propaganda, a recaudar fondos en la calle y a nutrir los servicios de orden durante los mítines o las manifestaciones de FN. Sin embargo, también se dedican a realizar acciones violentas mediante la creación de milicias o «grupos de choque», dado que algunos de esos militantes están especializados en la fabricación de los cócteles molotov y otros explosivos empleados en los asaltos. Estos grupos se organizan en forma de centurias, cada una de ellas dedicada a una zona específica. Por poner solo dos ejemplos, en Madrid, la centuria «Víctor Legorburu» —nombre del alcalde de Galdácano (Vizcaya) y militante de FN asesinado por ETA en febrero de 1976— actúa en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, mientras que en la centuria «Francisco Franco» vienen a coincidir los más radicales, activos en torno a la sede del partido. Por otra parte, es precisamente en Madrid donde FN realiza la mitad de sus fechorías, por delante de Valladolid y Málaga, poblaciones de carácter secundario en las que sin embargo goza de buena implantación. Los activistas no tardarán en especializarse en las intrusiones y las agresiones físicas, a las que no solo proceden durante los acontecimientos conmemorativos celebrados en honor del franquismo sino también con ocasión de los numerosos mítines de FN, sobre todo en los periodos electorales, que les brindan la oportunidad de sembrar el pánico en las ciudades en que operan. En esos casos proceden a intimidar y a agredir a los peatones que circulan por la calle o que se relajan en las cafeterías, obligándoles de cuando en cuando a cantar el Cara al Sol o a gritar «¡Viva Franco!», cuando no les propinan una paliza que muchas veces acaba con las víctimas en el hospital. Las agresiones afectan también a sus adversarios políticos, aunque en realidad los perjudicados son fundamentalmente socialistas o marxistas pertenecientes a distintos partidos, que sufren los ataques mientras se disponen a pegar carteles o a distribuir propaganda, como sucederá por ejemplo en junio de 1977, durante la campaña de las elecciones legislativas, o en el Rastro de Madrid algunos domingos. Estos actos violentos provocan a veces la muerte de la persona atacada, como ocurrió en el caso de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinada en febrero de 1980 en Madrid por un grupo denominado «Comando 41», integrado por miembros de Fuerza Nueva. Y uno de los crímenes más sobresalientes de la transición, cometido en un gabinete de abogados de la madrileña calle de Atocha en enero de 1977[51], ha de imputarse, al menos parcialmente, a militantes de FN.

Los sectores de este partido derechista que se revelan hostiles a la vía parlamentaria que reivindica oficialmente Blas Piñar y que optan por un activismo directo son por tanto muy numerosos. Dichos sectores exigen disponer de una mayor autonomía respecto del partido, que representa un freno para sus acciones[52], hasta el punto de que terminarán desgajándose de él para crear en 1977, en Barcelona, el Frente Nacional de la Juventud (FNJ), dirigido por Ernesto Milá, y el Frente de la Juventud (FJ), en Madrid, en 1978[53]. El primero se inspira muy notablemente en un partido neofascista italiano, el MSI o Movimiento Social Italiano, mientras que el segundo sigue orbitando en las proximidades de Fuerza Joven, aunque se diferenciará por sustituir la gorra roja por otra de color negro y porque sus cerca de 300 militantes se consagran casi exclusivamente a perpetrar actos violentos. Antes de ser objeto de una primera oleada de detenciones a comienzos de 1981, y de conocer una segunda tras la campaña puesta en marcha en 1982 para conmemorar el primer aniversario del frustrado golpe de Estado del 23-F, estos militantes se harán responsables, sobre todo, del ataque a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de enero de 1979 y del asesinato, en abril de ese mismo año, de Andrés García, un joven afiliado al Partido Comunista.

Con todo, de forma más o menos esporádica, también continuarán causando estragos otros grupos surgidos a principios la década de 1970 y ya endurecidos en la acción directa. Destaca de entre ellos el grupo de los Guerrilleros de Cristo Rey, responsables de unas cincuenta acciones violentas (me refiero únicamente a las contenidas en nuestro corpus de datos) y cuyo periodo de mayor actividad se sitúa fundamentalmente entre los años 1975 y 1977, en Madrid y Bilbao. Sus acciones se proponen sobre todo provocar daños materiales, atentando contra comercios propiedad de nacionalistas vascos y librerías progresistas, y alternando las amenazas con las acciones reales —que ejecutan en la mayoría de los casos mediante el lanzamiento de cócteles molotov, aunque de cuando en cuando las refuercen con cartuchos de dinamita—. Se muestran asimismo muy activos en las universidades y en las marchas reivindicativas de la oposición, donde operan a la manera de agitadores, lo que en ocasiones provoca verdaderas tragedias, como la del 23 de enero de 1977 en Madrid, fecha en la que los «guerrilleros» asesinan a un joven llamado Arturo Ruiz García, al margen de una manifestación pro-amnistía. La Falange también dispone de sus propios grupos de choque, ya que volverá a crearlos durante la transición a semejanza de las milicias de la década de 1930, cuyo nombre —Primera Línea— deciden recuperar. Esta Primera Línea, que actúa como servicio de orden de FE de las JONS en los mítines del partido, se dará a conocer sobre todo en la universidad, donde se distingue por atacar con bates de béisbol, porras o puñales a los estudiantes de la oposición. La FE de las JONS (Auténtica), el Partido Español Nacional Socialista o el Círculo Español de Amigos de Europa también reivindicarán puntualmente la perpetración de algunas acciones.

b) Una inquietante proliferación de siglas

En el resto de las ocasiones, las acciones llevadas a cabo por la extrema derecha serán reivindicadas —caso de serlo— por un vasto conglomerado de grupúsculos de siglas muy diversas y existencia efímera que plantean un verdadero problema de interpretación. Un ejemplo puede contribuir a ilustrar aquí la situación: el de Orden Nuevo. En una nota de la policía hallada en los archivos del Gobierno Civil de Madrid, fechada en octubre de 1976[54], se identifica a los autores de las acciones violentas cometidas por un grupúsculo que se hace llamar Orden Nuevo. El apunte señala que se trata de miembros del CEDADE —una de cuyas acciones más destacadas es la del atentado de 1971 contra las obras de Picasso—. Estos miembros del CEDADE reivindican sus acciones ocultos bajo distintas denominaciones, todas las cuales reflejan no obstante su ideología: unas veces nazi —el VI Comando Adolfo Hitler de Orden Nuevo, el Comando Benito Mussolini de Orden Nuevo—, y otras afín al legado franquista, o falangista incluso —es el caso de los comandos Francisco Franco de Orden Nuevo y José Antonio-Orden Social—. Además de los ataques contra las librerías que juzgan incómodas —ocurridos a finales de 1976—, estos comandos organizarán, entre noviembre de 1976 y febrero de 1977, una campaña de envío de cartas en las que se vierten amenazas de muerte contra sus destinatarios, líderes de la oposición o periodistas vinculados a distintos órganos de prensa progresistas (Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, El País, Posible) o a medios vascos[55]. Se da el caso de que esta ola de amenazas parece deberse a un único individuo, Rogelio González Medrano, arrestado en febrero de 1977 en San Sebastián, al que solo se le incautan dos máquinas de escribir[56]: con la detención cesan las actividades de este VI Comando Adolfo Hitler. Según algunos especialistas de la historia de la «guerra sucia», González Medrano[57], nuevamente detenido en 1981, ahora como integrante del Batallón Vasco-Español (BVE), es considerado el inventor de más de la mitad de las siglas de la extrema derecha.

El ejemplo de Orden Nuevo pone de manifiesto la confusión que genera la prolífica utilización de siglas desconocidas y amenazadoras, ya que estas no solo sirven de tapadera a otros grupos conocidos con el fin de desorientar a la policía en su labor de represión, sino que ocultan en otras ocasiones la implicación de individuos aislados y carentes de vínculos orgánicos con dichos grupos. Del mismo modo, los GAS (Grupos de Acción Sindicalista)[58] —coordinados por Alberto Royuela, miembro de la Guardia de Franco[59]—, cuyos activistas atentan en Barcelona contra librerías, puestos de periódicos o locales de asociaciones de vecinos, se verán frenados en seco al procederse en febrero de 1976 a la detención de un puñado de individuos responsables de estas acciones violentas[60]. Otro grupúsculo engañoso, el Comando Incontrolado Pátriotico Caza-Rojos, autor de algunos atentados contra bienes materiales en agosto de 1976 en Valencia, no era más que la tapadera del Movimiento Social Español, un grupo neonazi de esa ciudad vinculado al Partido Español Nacional Socialista[61].

Otros de los grupúsculos consignados en nuestro corpus de datos surgirán con el único propósito de reivindicar un ataque aislado, como las oscuras siglas CFK y ZWJ, probables tapaderas de los falangistas que en 1976 perpetraron dos atentados con cóctel molotov contra sendas librerías; el Frente Anticomunista Español (FAE), un minúsculo grupo falangista que realiza sus fechorías en la Málaga de finales de 1976; los Grupos Armados por la Libertad de Europa (GALE), que detonan un explosivo en diciembre de 1976 en una sinagoga de Madrid; el Comando 18 de Julio, que reivindica el atentado cometido contra una librería madrileña en julio de 1977; o aun los Grupos Armados Revolucionarios (GAR), que se atribuirán la autoría de dos atentados en Valladolid. Algunas de las denominaciones más sugerentes son las reservadas a la defensa de la moral y a la lucha contra la invasión de la pornografía en una España finalmente libre de censura: pienso por ejemplo en el llamado Equipo Campaña Antipornográfica de Santander o en el grupo de la Campaña Antipornográfica Madrileña, que aparecen en estas ciudades en junio de 1976 como autores de una operación de amenazas de represalia contra los quioscos que venden revistas de esa naturaleza.

Estas múltiples denominaciones, que encubren tanto a los miembros de un grupo de extrema derecha bien conocido como a un puñado de agitadores aislados, tienen la doble función de desviar la atención de la policía por un lado, y de contribuir a generar por otro un clima de tensión y de amplificación del terror, haciendo creer que existe un complot urdido por una entidad poderosa que únicamente encontraría en ellos a uno de sus eslabones.

c) En el País Vasco, la extrema derecha se moviliza contra el separatismo

Hemos de referirnos ahora a un último conjunto de actores violentos que únicamente causan sus estragos en el País Vasco, y ya no para impedir el éxito de la reforma sino para frenar el fenómeno nacionalista centrífugo que amenaza la unidad de la nación. Estos activistas se inscriben en parte en la misma dinámica que los grupos anteriores. Al inicio de la transición surgirá un cierto número de siglas, de vida extremadamente efímera, cuyo objetivo consistirá en reivindicar una o varias acciones que se resumen en amenazas o atentados materiales. Un ejemplo es el de la Organización de Voluntarios Antiseparatistas y Antiterroristas (OVAA), que surge con la sola intención de amenazar en 1976 a un exfutbolista de la Real Sociedad de San Sebastián por sus vínculos con los comités pro-amnistía. Otro nos lo proporciona el Grupo Vasco-Español de Represión, Comando Carlos Aguimberri, que en abril de 1976 amenaza en Vizcaya al propietario de la librería vasca Jakintza, que sufre dos atentados en un mismo año. En su informe de 1977, el Gobierno Civil de Guipúzcoa señala que las explosiones e incendios registrados en distintos locales de la provincia han sido reivindicados por entidades desconocidas como el Grupo Independiente Patriótico Antiterrorista (GIPA), el Grupo Anticomunista Internacional (GAI), la Guerrilla Anticomunista y Antiseparatista (GAA), o aun los Grupos Armados Españoles (GAE), que se atribuirán, junto al Batallón Vasco-Español o a la Triple A, varios asesinatos de nacionalistas vascos entre octubre de 1979 y febrero de 1980. Las denominaciones elegidas contienen la mención explícita de su doble objetivo anticomunista y nacionalista, y su similitud permite suponer que entre sus autores pudo haberse dado una cierta connivencia.

Una de estas siglas tuvo una existencia bastante más duradera, aunque igualmente ambigua: me refiero a la Triple A, nombre con el que se conoce comúnmente a la Alianza Apostólica Anticomunista. Activa entre 1976 y 1982, esta organización adquirirá notoriedad al reivindicar primero el asesinato de Arturo Ruiz García y más tarde, en enero de 1977, el de cinco abogados que trabajaban en un despacho de la calle Atocha de Madrid, aunque sabemos ahora que los autores estaban relacionados con los Guerrilleros de Cristo Rey y con Fuerza Nueva. En el momento en el que se cometieron los crímenes, se consideraba que la Triple A era una banda anticomunista que hallaba inspiración en el modelo de la organización homónima argentina, creada en julio de 1974 por una serie de policías tutelados por oficiales del Ejército peronista con el fin de luchar contra la izquierda revolucionaria[62]. La idea de que existía una poderosa organización subterránea adquiere todavía mayor fuerza si tenemos en cuenta las revelaciones del Diario de Barcelona, que afirma haber recibido una llamada de teléfono de un miembro de la Triple A que amenazaba a España con una «noche de los cuchillos largos» si el GRAPO terminaba asesinando al abogado tradicionalista Antonio María de Oriol y al teniente general Emilio Villaescusa, a los que mantenía secuestrados, declarando al mismo tiempo que disponía de tres comandos guerrilleros ya constituidos en España[63]. Posteriormente, la Triple A reivindicará también otras acciones, sobre todo contra los órganos de prensa que apoyan la reforma política. Dichas acciones se materializarán en forma de amenazas anónimas y atentados con bomba, algunos de los cuales provocarán víctimas mortales, como sucede en septiembre de 1977 con el ataque contra la revista catalana El Papus, o con el perpetrado en octubre de 1978 contra El País. La implicación de la Triple A en el País Vasco no se producirá sino más tarde, y de forma contradictoria, a través de reivindicaciones de atentados atribuidos a ETA o, al revés, a comandos contrarios a la organización terrorista vasca[64].

Esta confusión respecto a la naturaleza de la Triple A se explica si pensamos, con Xavier Casals i Meseguer[65] —y ciñéndonos siempre a la misma línea interpretativa que la evocada por la propia existencia de tantas siglas ultras de carácter efímero—, que más que una entidad real, el marchamo de «Triple A» sería una denominación empleada por diversos grupúsculos autónomos de extrema derecha que se valían de la notoriedad adquirida por la banda en enero de 1977 para amplificar la repercusión pública de sus acciones. Las detenciones que se realizan a raíz del atentado sufrido por la revista El Papus en Barcelona contribuyen a respaldar esta tesis, ya que revelan la implicación de jóvenes neofascistas reagrupados en una asociación autónoma denominada Juventud Española en Pie, creada por personalidades de la extrema derecha violenta como Alberto Royuela, conocido por su antigua pertenencia a la Guardia de Franco y ya mencionado por sus vínculos con los Grupos de Acción Sindicalista. Estos radicales catalanes no tienen ninguna relación ni con los asesinos de Atocha ni con los extremistas acusados de la bomba colocada en la sede de El País. Por todo ello, da la impresión de que la Triple A era simplemente una tapadera nominal con la que se amplificaba, tanto en términos sociales como políticos, la credibilidad de una constelación de grupúsculos de reducida capacidad de acción.

Otra cosa muy distinta es lo que ocurre, por el contrario, con las bandas que se lanzan a una verdadera guerra contra ETA (y ya no contra los comunistas o los simples nacionalistas), contando además con la complicidad de las autoridades policiales y actuando en nombre de las dos organizaciones principales en este terreno: Antiterrorismo ETA primero, y, más tarde, el Batallón Vasco-Español. Pese a que la historia de estos grupos pertenezca a la guerra sucia contra ETA[66], lo que aquí debemos precisar es simplemente que estas siglas aparecieron al principio de la transición y que apenas pasaron de ser un anagrama más de entre las decenas existentes, de modo que, en su momento, no despertaron ningún interés particular. ATE inicia sus acciones violentas en Guipúzcoa y Vizcaya entre los años 1975 y 1976. Sus miembros reivindican la comisión de varios atentados dirigidos contra nacionalistas próximos a ETA, como el 5 de octubre de 1975, día en el que afirmará haber ametrallado a Iñaki Etxabe Orobengoa, hermano de Juan José Etxabe, jefe histórico de ETA, refugiado en Francia; o el 22 de marzo de 1976, fecha en la que unas ráfagas de metralleta hieren gravemente en San Juan de Luz a Tomás Pérez Revilla, miembro de ETA, y a su mujer. Las siglas ATE reaparecerán en enero de 1979 para reivindicar el atentado perpetrado en San Juan de Luz contra el dirigente de ETAm José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias «Peixoto». No obstante, la banda ATE será sustituida rápidamente por el Batallón Vasco-Español, cuya primera y discreta aparición se remonta al mes de mayo de 1976, cuando un grupo denominado BVE-Comando Víctor Legorburu dirige en Tolosa una serie de amenazas contra la librería vasca Izaskun. En julio de ese mismo año, el BVE irrumpe en la escena pública al reivindicar el asesinato de «Pertur» (el dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche) en Francia. Pese a todo, la sociedad no se toma excesivamente en serio esas siglas, dado que hay otras organizaciones ultras que reivindican el atentado, como la Triple A, ATE o los GAE. El informe del Gobierno Civil de Guipúzcoa correspondiente a 1977 no concede más crédito a las manifestaciones del BVE que a las de los demás grupos, máxime teniendo en cuenta que el BVE únicamente perpetra dos acciones en ese año[67]. Será en el transcurso de los años posteriores cuando estas siglas adquieran su mayor notoriedad, precisándose mejor sus vinculaciones específicas: en marzo de 1981, la policía de San Sebastián detiene a Ignacio María Iturbide Alcain y Ladislao Zabala Solchaga, a los que ese cuerpo imputa la comisión de siete asesinatos entre 1979 y 1981. Ya obedecieran al deseo de ocultar la realidad tras una cortina de humo o se tratara de medidas de auténtica efectividad, lo cierto es que estas detenciones pondrán fin a las actividades del BVE, pese a que el grupo todavía habrá de reivindicar esporádicamente unos cuantos atentados más, hasta 1982 —los estertores de una banda que agoniza—. Entre 1976 y 1982, puede considerarse que el BVE es el responsable de unos cincuenta atentados y de cerca de treinta asesinatos. El 50 % de esos crímenes se cometen en Guipúzcoa y Vizcaya, mientras que el País Vasco francés será el escenario de un tercio de sus acciones. Aunque durante la transición se tenga la percepción de que el BVE es una organización de extrema derecha entre otras muchas pese a su particular carácter letal, actualmente se lo considera autor de la primera «guerra sucia», resultado de las acciones de una oscura mezcla de activistas neofascistas españoles, mercenarios extranjeros y miembros del hampa local, todos ellos amparados por mandos policiales del más alto nivel.

El alcance político de las prácticas violentas de la extrema derecha

Pasemos a interesarnos ahora en las prácticas violentas llevadas a cabo por estos actores: ¿qué significación cabe asignarles en vista de la gran dispersión de los grupos activos? El examen atento de la cronología de sus acciones violentas nos aportará un primer elemento de respuesta.

a) El precoz apogeo de la movilización violenta

El gráfico 5 revela claramente que en 1976 la actividad violenta registra un pico, y que después de ese máximo se inicia un declive irreversible que no obstante verá frenado su descenso con la meseta de los años 1979 y 1980, preludio de la desaparición casi total de estos grupos en 1982. Suele considerarse por lo común que la transición constituye un salto cualitativo en las prácticas de la extrema derecha. Así lo sostiene por ejemplo el gobernador civil de Guipúzcoa, que sitúa ese punto de inflexión en 1977 al afirmar en su informe que «por primera vez, durante el año 1977 se ha pasado de la amenaza a la acción o comisión de hechos delictivos bajo esta vertiente terrorista»[68]. Sin embargo, si procedemos a eliminar las amenazas de la gráfica, la forma de la curva no se modifica, dado que en el conjunto del territorio español, nuestro corpus de datos muestra que el año 1975 registró ya una gran densidad de acciones violentas de facto, lo que significa que el salto cualitativo por el que se pasa de la amenaza a la materialización de la acción se produjo en realidad antes de la muerte de Franco, pese a que las amenazas sigan una curva ascendente hasta alcanzar el mencionado máximo de 1976. Rosario Jabardo mantiene por su parte que el apogeo del activismo de derechas se sitúa entre las elecciones de junio de 1977 y el referendo constitucional de diciembre de 1978[69], cuando lo que muestra el corpus de datos que utilizamos es que el punto culminante de las acciones ultras se produce en realidad en el año 1976, y con mucha diferencia. La movilización violenta de la extrema derecha se revela particularmente intensa en el arranque de la transición, es decir, en un momento en que el futuro no se ve todavía con claridad y en que los inmovilistas todavía abrigan la esperanza de poder influir eficazmente en el rumbo histórico del país.

Gráfico 5. Evolución cronológica anual de los actos de violencia de la extrema derecha*

* Los datos de 1975 comienzan aquí el 1 de enero.

Sin embargo, lo que la cronología viene a indicarnos apunta en direcciones muy distintas si dejamos de fijarnos en el número de acciones violentas y optamos en cambio por poner el foco de nuestra atención en la cantidad de muertos provocada (gráfico 6). Si exceptuamos el repunte relativo del año 1977, vinculado con la matanza perpetrada en Atocha en enero de ese año, responsable por sí sola de cinco víctimas mortales, el punto culminante de la actividad criminal de la extrema derecha se sitúa claramente entre los años 1979 y 1980. La explicación es muy sencilla: el BVE es el único grupo al que cabe imputar esta distorsión, pues es el que perpetra las tres cuartas partes de los asesinatos contabilizados en esos años. La lucha contra el separatismo vasco fue la única que dio lugar a una especialización terrorista de las acciones, es decir, a un «terrorismo antiterrorista», por emplear la expresión de Juan Avilés Farré[70]. Más de la mitad de los atentados con explosivos o a mano armada se perpetraron en el País Vasco, de acuerdo con una ofensiva dividida en dos etapas. La primera, efectuada en 1976, se dirigirá fundamentalmente contra los bienes de los nacionalistas vascos —casas, vehículos, comercios, librerías…—. Es obra de un gran número de grupúsculos que responde a la multiplicidad de siglas que hemos señalado anteriormente, y operan de forma relativamente autónoma. La segunda ofensiva, llevada a cabo por el BVE en 1979 y 1980, será en cambio particularmente sangrienta, ya que el saldo de esos dos años ronda los treinta muertos en el País Vasco, lo que representa más de la mitad de las víctimas imputables al terrorismo ultra en ese plazo. Si dejamos a un lado el caso vasco, observamos que el número de asesinados apenas experimenta variaciones, ya que oscila entre 2 y 5 al año —aunque en 1982 no se registra ningún crimen—. La mayoría de las víctimas mueren como consecuencia de acciones cometidas bien por agitadores que operan en los márgenes de las manifestaciones de la oposición, bien por grupos de militantes que atacan, enfurecidos, a las formaciones rivales, debido al acaloramiento de los mítines o de las campañas de propaganda. Algunos de los muertos son víctimas accidentales de atentados con explosivos que, en principio, se proponían provocar daños materiales[71]. Por tanto, y pese a ser cierto que la extrema derecha inicia su carrera criminal con la transición, resulta igualmente notable que al margen de la lucha contra el nacionalismo vasco, y a excepción de la matanza de Atocha, nuestro corpus de datos no indica que la extrema derecha tuviera intenciones particularmente letales. Y aun teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en las razones de esta ausencia global de un viaje hacia la comisión de asesinatos, no debemos concluir por ello que la extrema derecha no se movilizara o que esa reacción no implicara, siquiera parcialmente, el recurso a la acción violenta —aunque se trate de una violencia de baja intensidad concebida como una prolongación de la acción política.

Gráfico 6. Evolución cronológica anual de las víctimas asesinadas por la extrema derecha*

* Los datos de 1975 comienzan aquí el 1 de enero.

b) Una violencia de reconquista política y simbólica del espacio público

Los actos de violencia de baja intensidad representan efectivamente más de las tres cuartas partes del conjunto de las acciones. De ellas, la parte esencial corresponde a los atentados con daños materiales (25 %) y a las alteraciones del orden público (27 %), seguidas de las amenazas (14 %) y de las agresiones físicas (9 %). Todas ellas tienen una doble significación política, dado que son al mismo tiempo actos de violencia cultural de fuerte connotación simbólica, y violencias directamente orientadas a atentar contra la esfera pública.

Podría parecer, a primera vista, que los objetivos de la extrema derecha son de carácter indiscriminado, dado que el 90 % de los bienes y las personas contra los que se actúa pertenecen a la sociedad civil, y a que, de esos blancos, más de la cuarta parte corresponde al sector anónimo de la ciudadanía. Podríamos tener por tanto la tentación de suscribir las conclusiones de José Luis Piñuel, para quien el rasgo distintivo de la extrema derecha consiste en que atenta contra individuos carentes de un papel sociopolítico específico[72]. Es obvio que la ultraderecha no arremete frontalmente contra el Estado ni sus representantes, sean civiles o militares[73], pero la elección de sus víctimas responde sin ninguna duda a una voluntad política concreta: el 62 % de ellas son vectores del mundo político en el sentido más amplio del término —militantes, cargos electos, sindicalistas, abogados laboralistas, periodistas, libreros afectados física o patrimonialmente…—. Los activistas ultra se especializan en la destrucción de locales con bates de béisbol, porras, piedras, cuchillos o cócteles molotov —todas ellas formas de intervención rápida que no requieren ningún tipo de preparación logística previa—. Los encargados de realizar las incursiones urbanas son grupos mal equipados que no obstante cuentan con una fuerte motivación y que operan por regla general de noche con el fin de no toparse con testigos fortuitos y de eludir una eventual intervención de la policía. Dirigen sus ataques contra objetivos materiales previamente identificados y vinculados con ideologías contrarias. No obstante, los bienes que destrozan son bienes de índole política en la gran mayoría de los casos (42 %). En un menor número de ocasiones su blanco será un patrimonio de naturaleza privada, fundamentalmente pequeños comercios, y si los atacan es porque saben que pertenecen a un nacionalista vasco conocido, a un miembro de la familia de un militante de ETA, a un político electo de la oposición, a un sacerdote marxista o a un abogado laboralista. No obstante, la inmensa mayoría de los sucesos se producen en locales de partidos políticos, de sindicatos o de asociaciones de vecinos, y a veces también se los ataca de día y en presencia de los militantes de esas organizaciones, a los que inmediatamente se convierte en víctimas de la agresión física. A estos ataques directos vendrán a sumarse las agresiones aisladas a algunos militantes políticos de la oposición y los enfrentamientos que se producen en el ámbito público entre distintos grupos. Las sedes y los militantes más afectados son los de los partidos socialistas (PSOE y PSP [el Partido Socialista Popular de Tierno Galván]) y comunistas (PCE y PSUC [Partido Socialista Unificado de Cataluña]), así como sus respectivos sindicatos (UGT y CC. OO.), y otros movimientos situados más a la izquierda del arco parlamentario (MCE, ORT, PTE y CNT). Además, las acciones se recrudecerán durante las campañas electorales de 1977, 1979 y 1982.

El gráfico 7, en el que puede verse la curva cronológica que describen los actos de violencia de la extrema derecha a una escala más detallada —ya que es de rango trimestral—, pone de manifiesto la fuerte correlación existente entre los picos de violencia y la coyuntura política, sobre todo en los periodos electorales: así se aprecia en el otoño de 1976 con motivo del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, en los primeros comicios legislativos de junio de 1977, y en la convocatoria de la primavera de 1979. Este resultado sugiere que, más que una alternativa, el empleo de la violencia viene a constituir un medio de acción paralelo a las vías electoral y parlamentaria. Asistimos por tanto a una transferencia que reubica parcialmente en la calle la contienda electoral, como si la realización de acciones directas contra los militantes y los locales de los partidos adversos viniese a constituir una suerte de complemento de la lucha que está teniendo lugar en las urnas[74]. Se constata de este modo que entre finales de 1976 y principios de 1977 los enfrentamientos entre formaciones de signo opuesto, que por otra parte pueden pertenecer incluso a su mismo espectro ideológico, son especialmente numerosos. En efecto, estas son fechas en las que varios militantes de Fuerza Nueva o de FE de las JONS se enfrentan con militantes socialistas, anarquistas o comunistas en una pugna propagandística centrada en impedir que el adversario alcance a pegar sus carteles o a repartir sus octavillas. Enmarcado en la categoría de las reacciones defensivas, el objetivo consiste en este caso en contrarrestar frontalmente las ambiciones políticas de los antiguos enemigos internos del franquismo.

Gráfico 7. Evolución cronológica trimestral de los actos de violencia de la extrema derecha

Sin embargo, la campaña de terror adquiere proporciones más amplias en los mencionados periodos electorales, ya que empezará a ir más allá de la realización de agresiones contra militantes de signo político contrario para tratar de influir, desde una perspectiva proactiva, en las decisiones de los electores, recurriendo para ello a unas prácticas intimidatorias que hallan en las ceremonias rituales del franquismo y en los mítines electorales una ocasión favorable para expresarse. Por eso la extrema derecha terminará echando mano de todo su repertorio violento en noviembre de 1976 —un mes que se revela particularmente propicio para la movilización ultra debido por un lado a la celebración del primer aniversario de la muerte de Franco, y a la negociación, por otro, de la Ley para la Reforma Política, que no solo está teniendo lugar por esas mismas fechas sino que supone el certificado de defunción del régimen anterior—. Se producen así, de manera recurrente y durante todo ese mes, procesiones de coches acompañadas de grandes bocinazos, de la exhibición de banderas rojigualdas o de estandartes con los colores de la Falange, de uniformes paramilitares y de eslóganes hostiles a la reforma. Varios militantes intimidarán, en repetidas ocasiones, a los clientes del Café Gijón de Madrid, punto de reunión de artistas e intelectuales: por ejemplo el 3 de noviembre, fecha en la que un grupo de una quincena de jóvenes irrumpe en el establecimiento en torno a las 22 horas al grito de «¡Arriba España!», obligando a los presentes a dar vivas a Blas Piñar, cubriendo al mismo tiempo las paredes de pintadas en las que certifican su pertenencia a los GCR («¡Viva Cristo Rey!»), y lanzando llamamientos a la movilización en memoria del dictador («¡Por Franco, 20 de noviembre!»). Estas jornadas de noviembre les darán asimismo ocasión de agredir a los transeúntes, como le sucederá a un joven que sufre una noche el ataque de varios ultras dedicados a pegar carteles para convocar a sus simpatizantes a la manifestación que tienen previsto celebrar en la Plaza de Oriente, o a un estudiante al que dos radicales de derechas surgidos bruscamente de un Simca blanco golpean brutalmente con barras de hierro y guantes de boxeo en pleno centro de la capital. Las acciones violentas adquieren en Madrid tal envergadura que al día siguiente de la manifestación del 20 de noviembre, El País firma un cáustico editorial contra la acción de esos «grupos neonazis y bandas de pistoleros y matones de extrema derecha que siembran el desconcierto y algún pánico en diversos puntos de la ciudad», provistos muy a menudo de armas de fuego[75]. Está claro que ese mes de noviembre de 1976 el objetivo consistía en llevar a cabo una violenta campaña destinada a presionar al conjunto de la población en vísperas del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política. El mensaje es cristalino: o fracasa la reforma, o el país se abismará en el caos. Vencido el año 1976, los mítines de Fuerza Nueva serán la espoleta de una serie de actos de violencia de magnitud muy similar, como sucederá por ejemplo en 1978 en casi todas las ciudades en las que tengan lugar reuniones de esa formación —tanto es así que el Consejo General Vasco[*] solicitará su prohibición a fin de evitar incidentes con armas de fuego—. De hecho, a lo largo de todo el periodo que nos ocupa, el 20 de noviembre seguirá dando a la extrema derecha una ocasión propicia para recordar su existencia a los ciudadanos mediante el recurso sistemático a una violencia endémica que adopta la forma de agresiones físicas, intimidaciones verbales, procesiones de coches y de individuos uniformados, e inesperadas intrusiones en los espacios públicos[76].

Las acciones violentas de los grupos ultra tienen por tanto unos ciclos temporales propios, pautados por las fechas conmemorativas del pasado franquista y por las campañas electorales. Además de un complemento de la estrategia electoral, dichas acciones son la expresión de una estrategia de reconquista física y simbólica de un espacio público que los esquiva. Sus enemigos de otros tiempos no solo se han convertido en unos adversarios políticos temibles, sino que están ocupando cada vez más los ámbitos públicos —y no únicamente la calle, sino también los medios, y, en general, el conjunto de la esfera política—. Ya se verifiquen en forma violenta o pacífica, estas exhibiciones ofrecen a la extrema derecha la oportunidad de reapropiarse temporalmente de un espacio que se retrae ante ella. El franquismo dio pie a una privatización del espacio público, y los grupos de extrema derecha se conciben a sí mismos como custodios de su control. Se movilizan en defensa de un territorio amenazado que está siendo paulatinamente erosionado por sus adversarios políticos. «Allí donde alcanzábamos a golpear, seguíamos siendo los amos de la calle», confirma un activista de la extrema derecha catalana[77]. En Madrid, el barrio de Salamanca, donde tiene su sede FN, se verá particularmente afectado por las acciones violentas, dado que se lo considera una «zona nacional», más aún que el resto de la capital, un verdadero coto privado de los extremistas[78]. En el plano peninsular, el combate se centra lógicamente en Madrid (ciudad en la que tiene lugar el 30 % de las acciones violentas), capital política y sede de los principales partidos, y en el País Vasco (27 %). En el flanco suroccidental del país se aprecia también la existencia de otras tres zonas marcadas por la violencia —Andalucía (sobre todo en Málaga y Sevilla), el litoral valenciano y Barcelona—, a las que hay que añadir Valladolid en el centro. Tal localización periférica de la violencia corresponde en parte con los objetivos de unas acciones cuya puesta en marcha obedece a la voluntad de contrarrestar «las amenazas de disgregación cultural germinadas por las culturas periféricas», según la interpretación de José Luis Piñuel[79]. No obstante, afecta sobre todo a aquellos centros urbanos en los que encuentran arraigo los grupúsculos locales movilizados, como los neonazis de la costa oriental de la península (GAS, CEDADE y PENS en Barcelona, MSE en Valencia), y aquellos otros en los que FN y la Falange cuentan con una fuerte implantación local (Málaga y Valladolid). La reconquista territorial se verifica allí donde hay tropas operativas. En este mismo sentido han de entenderse también las acciones violentas cometidas en las universidades, donde en los últimos tiempos del franquismo ya había grupos extremistas que provocaban desmanes con el objetivo explícito de recuperar un espacio tempranamente perdido por el régimen.

Esta es también la perspectiva desde la que han de interpretarse las violencias culturales, es decir, las que afectan al patrimonio cultural, que representa el 28 % de los bienes atacados —librerías, quioscos de prensa, salas de espectáculos (cines, teatros) y centros culturales—. En este caso, lo que persiguen los activistas es proseguir también con una práctica iniciada a principios de los años setenta. Los atentados contra las librerías progresistas o contra las que defienden algún particularismo cultural es incluso uno de los elementos específicos de este periodo —ya que el 90 % de los ataques se produce en los dos primeros años de la transición (1975-1977)[80]—. Además, las acciones pueden llegar a causar grandes destrozos, dado que no es raro que se coloquen bombas o se ametrallen escaparates. El mensaje es tan claro como inmediato: lo que se persigue es, en primer término, extirpar de raíz el espíritu recién reactivado de la anti-España que el bando nacionalista había tratado de aniquilar durante la posguerra, e impedir a toda costa, en segundo lugar, la renovación ideológica. Las campañas contra la pornografía tienen un sesgo similar, y lo mismo puede decirse de la movilización contra la desaparición de los símbolos del franquismo en el espacio público. La extrema derecha actúa contra los alcaldes que cambian los nombres de las calles o retiran las estatuas que honran a los héroes del franquismo, como ocurrirá en 1980 al amenazar a Enrique Moral, un concejal de Cultura de la villa de Madrid que se había planteado modificar el rótulo de algunas calles de la capital, y al manifestarse contra la transformación de la «Avenida del Generalísimo» en el «Paseo de la Castellana»; o aún en noviembre de 1981, al oponerse a la retirada de una estatua de Franco propuesta por el alcalde socialista de Valencia[81]. La reconquista del espacio público tiene por tanto un carácter tan simbólico como político.

c) ¿Estrategia de la tensión o «espontaneísmo armado»?

No obstante, queda todavía por dirimir una cuestión muy presente en los debates historiográficos: el hecho de que la extrema derecha recurra a la violencia, ¿obedece a una «estrategia de la tensión» orquestada con el objetivo de poner término al proceso de democratización? Dicha estrategia, inspirada en el modelo ofrecido por los neofascistas italianos durante los años de plomo, consiste en desestabilizar la vida política del país mediante la provocación de perturbaciones significativas del orden público y la instrumentalización de las situaciones conflictivas generadas por terceros, como las derivadas de la actividad terrorista de los GRAPO o ETA. El fin perseguido pasa por crear una sensación de angustia, de inseguridad y de vacío de poder capaz de convencer a un sector de la población, así como a la clase política y a los militares, de que es preciso ordenar la intervención del Ejército para enderezar el rumbo e interrumpir el proceso de reformas. Paul Preston, Rosario Jabardo, Fernando Reinares y José Luis Rodríguez Jiménez[82], autores de los primeros trabajos sobre esta cuestión, tienden a considerar que en la España de la transición se puso efectivamente en práctica una estrategia de ese tipo. No obstante, y en sentido contrario, los estudios más recientes[83] parecen dejarse persuadir por el análisis de Xavier Casals i Meseguer, que refuta esa tesis.

Paul Preston sitúa la puesta en práctica de esa estrategia entre finales de 1976 y principios de 1977, periodo en el que los «divididos restos del falangismo, aún más impotentes a finales del decenio de 1970, intentaron hacer lo mismo que sus predecesores en el decenio de 1930»[84]. La «Semana Negra» de enero de 1977[85] constituye el eje de la demostración de Preston, como también ocurre en el caso de José Luis Rodríguez Jiménez, que estima que en dos ocasiones se puso en marcha una campaña de desestabilización de esa índole: en 1977 y 1979. La primera se habría iniciado justamente con esa «Semana Negra», en la que los sectores ultras aprovecharon la confluencia de acciones violentas para desacreditar fundamentalmente al Partido Comunista e impedir su legalización, que sin embargo se produjo en abril de 1977 —poniéndose de ese modo fin a la primera intentona desestabilizadora—. La segunda habría hallado su origen en el relativo fracaso de las elecciones de 1979, un fracaso que habría llevado a la extrema derecha a priorizar una estrategia distinta a la electoral con el objetivo de provocar el deseado vuelco de la situación, que se revelaba irrealizable mediante la simple apelación al voto. No obstante, el análisis que acabamos de efectuar contradice esa interpretación, ya que acabo de mostrar que el apogeo del activismo de extrema derecha tiene lugar, con toda claridad, en el otoño de 1976 y que su meta principal se centró en impedir la promulgación de la Ley para la Reforma Política, dado que los sectores ultras eran conscientes de que esa norma significaba no solo la ruptura con el régimen franquista, sino más aún, su desaparición. En comparación, el primer trimestre de 1977 se revela más calmado, y esta realidad se opone a las hipótesis de Paul Preston y José Luis Rodríguez Jiménez, ya que la «Semana Negra» no se vio seguida por una oleada de acciones violentas desestabilizadoras por parte de la extrema derecha. Y por lo que refiere a la movilización de 1979, ya hemos visto que se dejó sentir sobre todo durante la campaña electoral y que después disminuyó considerablemente, lo que significa que no puede asumirse que se tratara de una decisión alternativa tomada con posterioridad al fracaso electoral. Hay que concluir por tanto que fue el BVE el que se lanzó, por su propia cuenta y riesgo, a un ataque generalizado contra el separatismo vasco, ateniéndose a una lógica muy distinta.

Por su parte, Xavier Casals recurre a otros argumentos para determinar la ausencia de la mencionada estrategia de desestabilización. A su juicio, las acciones violentas perpetradas por la extrema derecha no obedecían a una planificación global, dado que no hubo en ningún momento un cerebro único capaz de orquestar una conjura contra la democratización. No tengo ningún inconveniente en suscribir este planteamiento, sobre todo porque ya se ha mostrado sin ambigüedades que la multiplicidad de actores implicados no solo actuaban de forma autónoma tanto en el plano geográfico como en el orgánico y el ideológico, sino que respondían además a distintas motivaciones. Las autoridades de la época tampoco creen que existiera una organización sólida y estructurada de objetivos claramente definidos. En este sentido, el informe del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1977 descarta ya la presencia, «en esta provincia, de una estructura orgánica de ese signo»[86]. Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior entre 1976 y 1979, también afirma en sus memorias que el terrorismo ultra «nunca llegó a contar con una verdadera organización estable»[87], versión que confirma el titular de esa misma cartera entre 1980 y 1982, Juan José Rosón, en una intervención realizada ante el Congreso en abril de 1981, en la que no solo evoca la existencia de una decena de grupos, integrados por un máximo de tres personas, sino que señala además que la policía no pudo demostrar que esos individuos se hallaran integrados en una estructura orgánica de carácter permanente[88]. Resulta por tanto razonable concluir que la violencia ultra fue de naturaleza caleidoscópica y que obedeció a un gran número de iniciativas autónomas que dieron la impresión de converger, creando así la ilusión de una táctica conjunta. Por consiguiente, antes que de una estrategia terrorista, convendría hablar más bien de un «espontaneísmo armado», por retomar aquí la expresión de Xavier Casals[89].

Con todo, esta demostración no basta para invalidar la hipótesis de una estrategia de tensión, dado que esta no se apoya únicamente en el paso de la amenaza a la acción violenta, sino también en un conjunto de elementos que contribuyen a crear un clima de violencia: la exaltada apología de la agresión a los contrarios; los reiterados llamamientos a una intervención militar, ampliamente difundidos; la propagación de un discurso catastrofista tendente a exagerar la degradación del orden público; la instrumentalización a ultranza del terrorismo de signo opuesto, son todos ellos elementos que contribuirán a inculcar en la opinión pública la idea de que la democracia es sinónimo de desorden, de violencia y de caos —nociones con las que se intenta lograr que la sociedad se pronuncie contra la reforma y se muestre favorable a una solución autoritaria—. En efecto, durante la transición, circula insistentemente el rumor de que existe una conspiración de ramificaciones internacionales que se propone acabar con la joven democracia. Esta creencia es en realidad un constructo que los partidos de la extrema derecha instrumentalizan para hacer creer a la gente que se ha puesto realmente en marcha una estrategia tan sistemática como poderosa. Tomemos el ejemplo de la campaña de amenazas efectuadas por el grupo Orden Nuevo entre finales de 1976 y principios de 1977. Sus maniobras intimidatorias no solo irán dirigidas contra los principales líderes de la oposición nacional y vasca[90], sino que tratarán de amedrentar también a los grandes órganos de la prensa progresista (y muy particularmente al diario El País), con el evidente objetivo de incrementar su impacto mediático. Además, estas amenazas se servirán de los atentados de los GRAPO como de un instrumento propicio: en diciembre de 1976 Santiago Carrillo, Felipe González y otros dirigentes de la oposición reciben a mediados de diciembre una serie de amenazas vinculadas con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, advertencias en las que se dice, en esencia, lo siguiente: «Le ejecutaremos si le ocurre cualquier cosa a Oriol». Dado que las amenazas se toman muy en serio, se refuerzan las medidas de protección policial con el fin de proteger a las personalidades políticas[91]. Y a su vez, esas disposiciones de seguridad contribuirán a aumentar la inquietud que reina por esa época en España, dado que alimentan el mito de una conspiración ultra contra la democracia. La deliberada proliferación de las siglas y la utilización como tapadera de un anagrama de conocida eficacia mediática —como ocurre en el caso de la Triple A— son algunos de los elementos empleados para favorecer la común estrategia del terror. A pesar de todo, durante la transición, esa estrategia no conseguiría generar, por retomar las palabras de Xavier Casals, una «concepción clara del uso de la violencia que fuese más allá de la simple acción directa contra la “subversión”»[92]. Es posible que lo que debamos investigar sea justamente esta ausencia de un paso generalizado de la amenaza a la agresión.

Las acciones violentas llevadas a cabo por la extrema derecha durante la transición se producen claramente, en un primer momento, como una reacción de defensa orientada a impedir el desmantelamiento de un orden que peligra. El ciclo de sus manifestaciones coincide con las fechas del calendario ritual franquista y con la cronología electoral de la reforma política. Con la difusión de un discurso apocalíptico, la exhibición de símbolos fuertemente impregnados de un ideario militar, la celebración de ceremonias unificadoras y la exaltación de la violencia reactiva, se intenta paliar la incapacidad de la extrema derecha para formar un frente político común y arraigar en el tablero político de la nueva democracia. Todos esos elementos contribuirán a generar un clima de violencia, que a su vez se revela propicio para que algunos grupos o individuos pasen de las palabras a los hechos —de acuerdo con un proceso que facilitarán en último término los propios partidos ultraderechistas al crear sus milicias paramilitares—. De ese modo, para quienes las perpetran, las prácticas violentas adquieren sentido en un contexto que juzgan defensivo.

No obstante, el análisis ha mostrado que el objetivo último no consistía únicamente en proteger un ámbito ideológico amenazado, sino en reconquistar asimismo un espacio público ocupado por grupos enemigos —procediendo para ello a reafirmar una identidad vacilante—. Enfrentada a una evolución histórica que parece cada vez más inexorable, lo que intenta la extrema derecha con sus iniciativas de carácter proactivo es construirse un espacio identitario propio y conquistar una esfera de influencia en el nuevo panorama político que se está organizando. De hecho, da la impresión de que, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política y desde los mismos inicios de 1977, los grupos de extrema derecha renuncian a poner en práctica una estrategia global de terror. A partir de ese momento se contentan con instrumentalizar las acciones terroristas de sus oponentes, con intimidar a la oposición durante los periodos electorales, y con reafirmar su presencia en el espacio público mediante periódicas demostraciones de fuerza. El sector social más nostálgico del franquismo se integra en el proceso de reforma: los líderes del búnker, como Girón de Velasco, que se halla al frente de la Confederación de Excombatientes, se suman al juego parlamentario pasando a engrosar las filas de Alianza Popular, y el propio Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, termina por mostrarse más proclive a la estrategia electoral que a la acción directa. De ese modo, los militantes más radicales quedan desprovistos de todo apoyo organizativo. Los únicos que seguirán disfrutando de un respaldo activo, al menos de forma oficiosa, serán los grupos que se lancen a la lucha contra el terrorismo vasco —lo que explica el impacto de sus crímenes—. Por lo demás, después de 1979, la extrema derecha acabará poniendo todas sus esperanzas en una reacción del Ejército. Deja por tanto el destino de la patria en manos de los militares, renunciando con ello a convertirse en protagonista autónoma de la historia: demuestra así inscribirse en la tradición de la extrema derecha española, además de confesarse incapaz de toda renovación, ya sea en el plano ideológico o en el estratégico, lo cual la abocará a la desaparición política.

II. La izquierda revolucionaria

II

LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Varias son las denominaciones con las que se conoce a estos grupos aparecidos en la década de 1960 en el conjunto del mundo occidental, caracterizados por su gran pluralidad ideológica: en España se habla de «nueva izquierda», de «izquierda radical», de «izquierda revolucionaria» o de «extrema izquierda». Más allá de los matices ideológicos, que son casi infinitos, estos términos, que aquí utilizaré de forma intercambiable, designan un movimiento que se caracteriza por la existencia de rasgos generacionales, culturales y políticos comunes —lo que justifica el empleo de una misma palabra—. Los adjetivos que se añaden a la voz «izquierda» expresan la definición histórica de dicho movimiento, surgido de una contestación a la izquierda tradicional, representada por el Partido Comunista, opuesto a toda forma de compromiso o de conciliación y decididamente radical, extremo y revolucionario. De este amplio caldo de cultivo que todos estos grupos comparten surgirán los actores que adopten la violencia como táctica o estrategia central de su acción, poniendo así en práctica los preceptos de la lucha armada revolucionaria.

I. Los orígenes de la izquierda revolucionaria

I. LOS ORÍGENES DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

La historia de la izquierda revolucionaria española ha de entenderse en relación, por un lado, con el contexto internacional de los años sesenta, y, por otro, en función de las especificidades del marco político español.

El contexto internacional

La década de 1970 será asimismo el escenario en el que venga a surgir el fenómeno del «terrorismo revolucionario»[1] en las democracias occidentales, tanto de Europa como de América o Asia. Entre 1969 y finales de 1980, las Brigadas Rojas causarán estragos en Italia; a principios de la década de 1970, la RAF (Fracción del Ejército Rojo) aterrorizará a los alemanes; Acción Directa operará en Francia a finales de esa misma década; en Estados Unidos se padece la agitación provocada por los llamados Weather Men; y Japón se ve sometido a la esporádica intervención del Ejército Rojo japonés. Las raíces de este auge del uso de la lucha armada en las naciones democráticas se remonta a la década anterior y al desarrollo de la nueva izquierda contestataria organizada al calor de los acontecimientos de mayo de 1968.

Esta nueva izquierda, que brota en los medios universitarios, aflorará a finales de los años sesenta, impulsada por ideas derivadas del marxismo y de la crítica global al statu quo político y social de Occidente —en la que se mezcla el rechazo de las desigualdades generadas por el sistema capitalista; la oposición al modelo consumista que invade el tejido social, encadenado al fuerte crecimiento económico de los Treinta Gloriosos; y el repudio de la confiscación conservadora del poder—. Este movimiento se considera a sí mismo idealista, utópico y rebelde, pero también radical y maximalista. La reacción de izquierdas acabará estallando en el transcurso de la década inmediatamente posterior a la generalizada ola contestataria de mayo de 1968, siguiendo no obstante un conjunto de direcciones distintas. Unas corrientes vendrán a fundar los nuevos movimientos sociales alternativos —ecologistas, feministas, pacifistas o favorables a los derechos humanos—, otras moderarán la vehemencia de sus posiciones y se sumarán a los partidos socialdemócratas, y finalmente habrá algunas que se identifiquen con la ideología comunista, víctima de profundas divisiones.

De hecho, las primeras escisiones en el seno del comunismo internacional se producirán como consecuencia de la conmoción generada en febrero de 1956 a raíz de la política de desestalinización iniciada por el XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En la década de 1960, una segunda onda de choque precipita la materialización de una fractura previa al consumarse en 1962 la ruptura entre la Unión Soviética y China, mientras, por otra parte, la feroz represión de la Primavera de Praga, en la Checoslovaquia de 1968, terminará por alejar a muchos comunistas europeos de la ortodoxia soviética. Se rompe así el monolitismo del movimiento comunista internacional encarnado en la rigidez ideológica, jerárquica y estratégica impuesta por la Unión Soviética en el marco de la III Internacional. Surgen de este modo grupos que no solo reivindican un regreso a las fuentes de la ideología marxista, en sus variantes leninista, trotskista o maoísta, sino que se oponen a los comunistas prosoviéticos, a los que consideran revisionistas y traidores contrarios a la pureza de los ideales revolucionarios.

De esas facciones, las más radicales se abismarán en la utopía de la violencia revolucionaria, nutriendo de efectivos a los grupúsculos terroristas. Influidos por los movimientos tercermundistas dedicados a las luchas de liberación nacional y a la renovación teórica de la apología de la violencia emancipadora y creadora de un mundo mejor[2], esos radicales fundarán grupos marxistas o libertarios y promoverán el uso de la lucha armada como medio para sacudirse de encima la tutela imperialista y capitalista y poner en marcha la revolución social total. El éxito de las guerrillas revolucionarias, primero en China y más tarde en Cuba, el ejemplo dado por las guerrillas de descolonización de Argelia o Vietnam, la multiplicación de focos rurales de lucha guerrillera en Latinoamérica, África y Asia, así como los mitos que rodean la figura del guerrillero encarnado en el Che Guevara, vienen a enriquecer y a reforzar el atractivo que ejerce en Occidente la violencia revolucionaria. El modelo de la guerrilla urbana teorizado por el brasileño Carlos Marighella vendrá a sustituir en Europa al modelo de la guerrilla rural, obsoleto a causa del elevado índice de urbanización de las sociedades de ese continente. Al margen de los infinitos matices ideológicos, lo que estos grupos emergentes siguen tratando de lograr es la creación de una vanguardia popular capaz de iniciar un movimiento de insurrección de masas cuyo devastador empuje estaría llamado a derrotar a los grupos dominantes que ocupan el poder, dando paso a un mundo nuevo.

No obstante, las formaciones radicales que llevan a la práctica la posibilidad de recurrir a la lucha armada difieren de los movimientos de la guerrilla tercermundista por un hecho: el de conferir al método violento una posición medular en sus estrategias, hasta el punto de convertirlo en un elemento no solo central sino exclusivo. La violencia deja de ser una simple táctica inserta en un continuo constituido por el resto de las acciones efectuadas en paralelo con el fin de propiciar la insurrección de las masas, y pasa a convertirse en una estrategia de carácter único y exclusivo. La elaboración teórica de los objetivos que persiguen esas acciones violentas se reduce a su componente negativo de resistencia a la opresión y de destrucción del orden existente, mientras que el diseño de la sociedad futura permanece relegado al ámbito de un porvenir tan borroso como distante. El grupo coloca en segundo plano la búsqueda del apoyo de la población y se aleja de ese modo de las aspiraciones reales del pueblo, aislándose en su torre de marfil vanguardista y cayendo en el proceso de inversión que tan bien describiera en su día Michel Wieviorka[3]. Los actores aislados de esa violencia revolucionaria dicen ser guerrilleros, pero las naciones democráticas a las que atacan les adjudican la etiqueta peyorativa y condenatoria de terroristas.

Las peculiaridades del marco español

La situación de España responde en gran medida a este modelo occidental global, aunque presenta algunas características propias de considerable relevancia. La más evidente e importante de todas ellas es la relacionada con la naturaleza dictatorial del régimen en el que se inscribe la lucha revolucionaria. Al contrario de lo que sucede en Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, que son democracias —jóvenes o confirmadas—, España es todavía un país sujeto al autoritarismo del general Franco. Se trata además de un régimen cuyo acceso al poder se produce tras una guerra civil que cabe considerar como uno de los escenarios del conflicto ideológico que enfrentó a fascistas y antifascistas, dividiendo a Europa, en los años treinta del siglo XX. Este origen permite que los grupos contestatarios que se oponen al régimen franquista se apropien de los planteamientos asociados con el enfrentamiento militar al fascismo y al nazismo, con lo que su lucha vendrá a prolongar, más allá de la década de 1950, la que en su día libraran los miembros de la resistencia aliada contra las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la opresión autoritaria de un régimen que cierra todos los espacios de libertad a los españoles justifica la utilización de una violencia defensiva y permite, mucho más que en las democracias occidentales, la reivindicación de un modelo tercermundista de emancipación nacional —idea que se rescata en nombre del derecho de los pueblos a decidir su propio futuro—. De este modo, el combatiente antifranquista queda investido de un aura que lo convierte en defensor de la libertad y no entra en la categoría de terrorista.

Ahora bien, los resistentes antifranquistas abandonaron la lucha armada a finales de los años cuarenta. Hasta ese momento, los grupos formados por «fugitivos», es decir, por soldados que habían peleado en las filas del Ejército republicano derrotado en 1939 o por campesinos perseguidos por la represión franquista, continuarán oponiéndose al dictador realizando acciones guerrilleras desde una serie de bases resistentes organizadas en los montes del norte y el centro del país. El intento del Partido Comunista Francés, que se plantea darles un decisivo impulso militar tras la caída del Eje, fracasa, con lo que los últimos guerrilleros españoles se desmoronarán a principios de los años cincuenta, vencidos por el acoso militar y policial del régimen y por la fuerte represión de posguerra que sufre el país, arruinado, exhausto y despojado de toda veleidad rebelde —lo que priva de apoyo popular a los combatientes—. Por último, los acuerdos hispanoestadounidenses de 1953, preludio del ingreso de España en las Naciones Unidas, que se produce en 1956, acabarán sellando el reconocimiento diplomático del régimen. Esta legitimación internacional asesta un duro golpe a los republicanos, dado que significa que el mundo libre abandona irrevocablemente su causa. Ello obedece ya a un conjunto de imperativos estratégicos nuevos, que ahora dejan de polarizarse en torno a la línea de fractura entre fascismo y antifascismo para pasar a orbitar alrededor de las exigencias de la Guerra Fría.

El Partido Comunista de España es la primera organización que extrae las consecuencias de la situación al renunciar definitivamente a la lucha armada y lanzar, en 1956, su «política de reconciliación nacional»[4]. Este planteamiento estratégico propone abrir una vía de lucha pacífica contra el franquismo mediante el reagrupamiento de todas las fuerzas de oposición, sean de derechas o de izquierdas, en nombre de la libertad democrática. Esta voluntad nació en parte de las motivaciones que acabamos de evocar —desestalinización, constatación de la ineficacia de la lucha guerrillera, renuncia a la ayuda internacional directa, y necesidad de encontrar en el interior de la propia España los recursos precisos para derrocar al régimen—. Sin embargo, también se debió, siquiera parcialmente, a una reflexión sobre la evolución interna de la sociedad española. Los acontecimientos de febrero de 1956 que hemos mencionado más arriba llevaron aparejado el resurgimiento de un movimiento interior de oposición fundado en una nueva generación de españoles que no había combatido en la guerra y que aspiraba a trascender las divisiones de la anterior. Era por tanto preciso, en palabras de Santiago Carrillo, futuro secretario general del Partido Comunista, «superar la divisoria establecida por la Guerra Civil e ir audazmente al encuentro de las nuevas fuerzas», con la explícita voluntad de superar el periodo de violencia padecido y los «hábitos y las costumbres arraigados en la vida política española durante más de un siglo de guerras civiles, pronunciamientos y represión terrorista que la dictadura intenta perpetuar». En esta senda pacífica, los comunistas renuncian «a todo espíritu de revancha» y tienen en cuenta el «deseo de paz civil del pueblo español»[5]. Los comunistas abandonan también la opción revolucionaria que bebe de las fuentes del marxismo-leninismo, y se aleja progresivamente —a partir de 1968— de la tutela soviética para orientar sus pasos hacia el eurocomunismo. Este giro estratégico del Partido Comunista explica las sucesivas escisiones provocadas por quienes desean continuar con la resistencia armada contra la dictadura capitalista y fascista.

Por último, los movimientos de la izquierda radical se inscriben en un ciclo de protestas más amplio que se inicia a finales de la década de 1960, asociado a la crisis de los últimos años del régimen franquista. El movimiento obrero, que despierta en los años sesenta, conseguirá prosperar a lo largo de la década siguiente, sobre todo a partir de 1973: el número de conflictos laborales declarado en 1974 lleva a España a ocupar la segunda posición entre los países europeos, con más de 14 millones de horas de trabajo perdidas y medio millón de huelguistas[6]. Estos se convierten en portavoces de las reivindicaciones democráticas, dado que al exigir la adecuación del orden constitucional y social a la modernidad económica terminarán por reclamar el derecho de huelga y la existencia de sindicatos libres, elegidos por sufragio universal. José María Maravall ha mostrado perfectamente este proceso de politización del movimiento obrero, ya que estima que a partir de 1967 la convocatoria de cerca de la mitad de los conflictos laborales no obedece a reivindicaciones de carácter profesional, sino a razones de solidaridad o a motivaciones de naturaleza política[7]. La conflictividad social encontrará eco en el ámbito universitario con el surgimiento de una serie de organizaciones clandestinas como el Sindicato Democrático de Estudiantes, que ocupa a partir de 1966 el espacio recientemente dejado vacante por el Sindicato Español Universitario, el sindicato oficial abolido en 1965. Dominada por el Partido Comunista, con fuerte arraigo en el movimiento obrero gracias al control que ejerce sobre Comisiones Obreras, la oposición política tampoco quedará rezagada. La formación de Carrillo se convierte en la corriente antifranquista por antonomasia, aglutinando a todas las personalidades que desean movilizarse contra la dictadura sin adherirse por ello a las tesis marxistas-leninistas.

A partir del año 1974, esta nebulosa contestataria adquirirá una dimensión inédita que subvierte las expectativas del movimiento contrario a la dictadura, ya que el fin del franquismo deja de ser una perspectiva lejana y utópica para transformarse en una realidad más o menos próxima. El contexto de la crisis de la dictadura sirve de acicate a la oposición, que se reagrupa en una serie de plataformas unitarias para crear un bloque contrario al régimen autoritario basado en el modelo de la Asamblea Democrática de Cataluña, en la que los grupos opositores catalanes venían confluyendo desde 1971[8]. A partir del verano de 1974, la Junta Democrática Española reunirá en torno al Partido Comunista al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, a los socialistas andaluces liderados por Alejandro Rojas-Marcos, al Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón-Parma, y a las personalidades monárquicas independientes, como Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano. El PSOE, capitaneado por los jóvenes socialistas del interior desde la elección de Felipe González como secretario general de la formación en el Congreso de Suresnes, en octubre de 1974, congrega a su vez a las fuerzas democráticas en un organismo rival, la Plataforma de Convergencia Democrática, creada en junio de 1975. Esta entidad, conocida por lo común con el simple nombre de «la Plataforma», cubría un amplio espectro ideológico que iba de la extrema izquierda a la democracia cristiana, pasando por la socialdemocracia, los nacionalistas vascos y el Partido Carlista.

La oposición política se organiza por tanto con vistas a la inminente desaparición del dictador, y al mismo tiempo las fuerzas sociales se movilizan sin descanso, hasta provocar en 1975 un repunte de la represión estatal, cuyos más simbólicos exponentes serán por un lado la declaración en Vizcaya y Guipúzcoa del estado de excepción —en abril de ese mismo año—, y, por otro, la ejecución en septiembre de las cinco últimas víctimas de la justicia franquista. Este es el doble contexto, nacional e internacional, en el que se inscribe la activación de la extrema izquierda revolucionaria.

II. La lucha armada a finales del franquismo: de la apología a la práctica

II. LA LUCHA ARMADA A FINALES DEL FRANQUISMO: DE LA APOLOGÍA A LA PRÁCTICA

En la década de 1960 surgen en el ala más izquierdista del PCE nuevos partidos de inspiración marxista-leninista[9]. Darán lugar a la aparición de la izquierda «radical», en el sentido de que preconizan una interpretación extremista respecto a los medios que es preciso emplear para provocar una revolución social —fundamentalmente, la lucha armada del proletariado—, tesis contraria a la estrategia pacífica y gradual del Partido Comunista, al que se tachará por ello de revisionista. Estos partidos afloran principalmente debido a la influencia de tres corrientes: la marxista, la católica y la nacionalista. Todas ellas darán lugar a la aparición de formas de violencia política más o menos radicales.

Los partidos de la izquierda radical

Los primeros, es decir, los marxistas, de inspiración maoísta, son el resultado directo de la fragmentación del movimiento comunista y del rechazo de la política de reconciliación pacífica defendida por el PCE. En 1964 se crea en Bruselas, en torno a células de exiliados, el Partido Comunista de España (marxista-leninista)[10] que acabará alumbrando en 1971 una de las organizaciones armadas que habrán de alzarse contra la dictadura: el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En 1967, serán los militantes del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), radicalizados tras las luchas obreras y políticas que se libran en esa región, los que abandonen la órbita del PCE para fundar un partido independiente el Partido Comunista de España (internacional) —PCE(i)—, que también habrá de recurrir a la violencia, centrando sus objetivos en un ideal táctico consistente en la creación de un frente popular unido contra la dictadura. En 1968 se funda en Bruselas otro movimiento marxista-leninista de confesión maoísta, la Organización Marxista-Leninista de España (OMLE), que dará pie al surgimiento del brazo armado más letal de la transición: los GRAPO. Otros grupúsculos marxistas-leninistas habrán de añadir mayor complejidad aún al caleidoscopio de siglas de la izquierda revolucionaria, sin una trayectoria futura comparable a la de los tres anteriores ni asumir la práctica de la lucha armada[11].

El Movimiento Comunista de Euskadi (MCE) obedece por su parte a un doble origen: nacionalista y comunista. Surgió de la escisión de un grupo obrerista marxista de ETA en 1966 y dio lugar a la fundación de ETA-Berri (la nueva ETA), que se transformará en 1966 en Komunistak antes de terminar adoptando el nombre de MCE en 1972, tras unirse a la Organización Comunista de Zaragoza. De carácter maoísta y raíces nacionalistas, el MCE, fundamentalmente implantado en el País Vasco, tendrá posteriormente una trayectoria muy influida por el contexto regional, lo que le llevará a entrar en contradicción con la violencia que practica ETA. Lo mismo le sucederá a la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), creada en 1969 sobre la base de un conjunto de obreros católicos que coordinan las acciones reivindicativas en las fábricas. Esta organización irá adoptando poco a poco una línea ideológica marxista-leninista pro Mao, pero no se internará por senderos violentos. Distinto es en cambio el caso de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), igualmente surgida de corrientes católicas[12]. Esta organización se ciñe al modelo trotskista de las Juventudes Comunistas Revolucionarias de Alain Krivine. En diciembre de 1973 se fusiona con ETA-VI Asamblea sin modificar su línea ideológica basada en la teoría de la revolución permanente y mundial, lo que en la práctica se traducirá en un constante activismo urbano[13].

Por último, y al margen de estos partidos de inspiración marxista-leninista, la corriente libertaria conseguirá recuperar, impulsada por los movimientos de protesta posteriores a mayo de 1968, el dinamismo que había perdido tras el desmantelamiento de la resistencia y la división de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)[14]. En los años setenta surgirán diversos grupos neolibertarios animados por la atención que se viene prestando a la corriente antiautoritaria entre los jóvenes y la clase obrera. Estos grupos se nutren de una amalgama ideológica en la que cohabitan el ideal comunitarista fundado en la dinámica participativa de la asamblea espontánea, la utopía de la violencia revolucionaria y la reactualización del anarcosindicalismo que a veces se asocia con la ideología marxista[15]. Estas distintas organizaciones libertarias, extremadamente fragmentadas, irán orientándose progresivamente hacia su unificación en el seno de una CNT renovada que de ese modo cobrará un nuevo empuje en el inicio de la transición, sobre todo en Cataluña, crisol histórico del anarquismo español[16].

Teoría y práctica de la violencia revolucionaria

Dejando a un lado las sutilezas ideológicas que diferencian a estos grupos, lo cierto es que todos ellos legitiman, al menos desde el punto de vista teórico, el recurso a la lucha armada. Se consideran la vanguardia de una clase obrera cuya movilización masiva es preciso impulsar sin descanso mientras no se alcance el momento oportuno para la insurrección, según la teoría del foco insurreccional. Esta teoría, derivada de la aventura del Che Guevara y de la experiencia vivida durante la revolución cubana[17], sostiene que la creación de un foco guerrillero de vanguardia puede proporcionar el impulso revolucionario preciso para propagar la lucha armada a la manera de un incendio. Se legitima así el primer paso tendente a la puesta en marcha de una violencia efectiva. Que se lleven realmente a cabo acciones violentas dependerá de cómo analice cada uno de esos grupos las oportunidades de una determinada coyuntura. Por tanto, si por un lado es evidente que la función liberadora de la violencia se halla en el corazón mismo de la idea revolucionaria, por otro resulta igualmente claro que el carácter dictatorial del régimen de Franco justifica aún más su empleo, dado que el objetivo consiste en derribar a un tirano simultáneamente tachado de capitalista, imperialista y fascista.

a) La agitación armada. El caso de los movimientos libertarios

Sin embargo, serán pocos los grupos que den en materializar de facto el recurso a la lucha armada, pese a su legitimación ideológica. En la mayoría de los casos, el discurso permanecerá anclado en su fase retórica. Tal es el caso de la ORT, el PTE (Partido del Trabajo de España) y el MCE. Y en cuanto a los demás, ha de señalarse que el repertorio de acciones violentas queda fundamentalmente limitado a un «activismo de agitación» o «aventurerismo armado», por emplear aquí los términos esgrimidos por los actores mismos[18]. Este activismo, de bajo nivel técnico —dado que se reduce en la práctica a las armas incendiarias—, es obra de un conjunto de militantes no especializados que actúan en el marco de las campañas propagandísticas de sus respectivas formaciones. En la década de 1970 es frecuente asistir al lanzamiento de cócteles molotov durante los enfrentamientos callejeros con la policía o como elemento con el que causar daños materiales en las sucursales bancarias. Esto es particularmente cierto en el caso de la LCR, una organización a la que le encantaba practicar su activismo a la manera de una «represalia» —como sucederá tras el golpe de Estado que derriba a Salvador Allende, ocasión en la que el grupo lanzará una serie de objetos incendiarios contra las oficinas madrileñas de la compañía nacional chilena de aviación—. En su informe de 1976, el Gobierno Civil de Guipúzcoa subrayará también el carácter agresivo de los miembros de la LCR, que organizan «piquetes de autodefensa» en las manifestaciones, «armados con cadenas, palos, cócteles molotov y otras armas contundentes»[19].

También encontramos otro tipo de activismo armado entre los movimientos anarquistas, que muy a menudo vendrán a mostrarse solidarios con las luchas de sus rivales marxistas-leninistas. Barcelona es el foco de actividad de la constelación libertaria, donde surgen los escasos grupos dispuestos a llevar a la práctica la violencia revolucionaria. Destaca entre ellos el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL)[20], que es el que adquirirá mayor notoriedad pese a su efímera existencia. Se forma en 1971, impulsado por Oriol Solé Sugranyes, exmilitante del PSUC exilado en la Tolosa francesa, partiendo de dos núcleos iniciales: el primero cuajará en la ciudad gala, en torno a jóvenes relacionados con los círculos libertarios y dispuestos a pasar a la acción (entre los que se encuentra Jean-Marc Rouillan, futuro líder del grupo terrorista francés Acción Directa), y el segundo se constituirá en Barcelona, sobre la base del heterodoxo grupo de Acción Comunista. Las referencias ideológicas de este movimiento son una mezcla del legado de los anarquistas de tendencia comunitarista y de los planteamientos de los marxistas maoístas y los seguidores de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Tras erigirse en grupo de apoyo al movimiento obrero, que necesita autoorganizarse, el MIL funda con ese objetivo una corriente autónoma en el seno de Comisiones Obreras, los Grupos Obreros Autónomos, cuya misión consiste en formar y orientar a la clase obrera en sus luchas reivindicativas. Además, uno de los elementos medulares de su estrategia pasará por «la agitación armada», concebida explícitamente como una actividad distinta de lo que los partidos marxistas-leninistas revolucionarios entienden por «lucha armada»[21]. Los objetivos de la agitación armada consisten únicamente en combatir la represión, garantizar que el grupo pueda autofinanciarse y ayudar materialmente a la clase obrera, demostrándole de ese modo que su lucha puede transformarse en una insurrección revolucionaria. El grupo pasará a la acción durante el segundo semestre de 1972, firmando sus acciones con las siglas MIL-GAC (Grupos Autónomos de Combate). Sus acciones se reducen concretamente a una serie de atracos a bancos y establecimientos comerciales, efectuados con la intención de obtener dinero y material —sobre todo de imprenta, a fin de poder elaborar su propaganda—. Su trayectoria será muy breve, dado que el grupo, descontento con el aislamiento que sufre en el seno del movimiento obrero, se autodisolverá en agosto de 1973. Un mes más tarde, los militantes del MIL son objeto de una oleada represiva, y se arresta en Barcelona a sus principales responsables[22]. En el curso de la detención resultará muerto un policía. Se considera responsable del asesinato a Salvador Puig Antich, uno de los dirigentes del MIL, que será condenado a muerte por garrote vil y ejecutado en marzo de 1974. Esta ejecución se encuentra en el origen tanto de la posterior celebridad del MIL como de una corriente de solidaridad que dará lugar a la reactivación de otros grupúsculos libertarios basados en un modelo similar.

Tal es el caso del Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI), creado en París en 1973 por una célula de anarquistas españoles exiliados. Nació para actuar un poco al modo de un comité de enlace entre distintos grupos anarquistas, con bases en el extranjero (en Francia, Bélgica e Italia), y con el objetivo de derribar al régimen de Franco. De él partieron las órdenes para la realización de algunos de los atentados cometidos en 1974 en Francia, como los sabotajes de vías férreas y de comunicaciones con España, los atracos a sedes bancarias, los ataques dirigidos contra determinadas instituciones españolas, e incluso el secuestro del director del Banco de Bilbao en París[23]. Los Grupos Armados Revolucionarios (GAR) y la Organización para la Lucha Armada (OLLA) son otros dos grupúsculos directamente surgidos de los comités de solidaridad favorables a Puig Antich, aunque en este caso actúan en Cataluña. En 1974 y 1975 se les imputan algunos atentados, como la detonación de un artefacto en un monumento a los caídos de Mataró, el robo de unos explosivos, o el atraco a una oficina de correos[24]. En septiembre de 1975 se produce una oleada de detenciones en los círculos anarquistas catalanes, lo que prácticamente viene a poner término a la agitación armada libertaria, que adquirirá un carácter meramente residual durante la transición.

En las postrimerías del franquismo, casi toda la izquierda revolucionaria se contentará con este tipo de activismo de baja intensidad violenta[25]. Los únicos grupos que deciden superar ese umbral y llevar a la práctica las teorías voluntaristas de la guerrilla urbana son el PCE(m-l) y el PCE(r) —Partido Comunista de España (reconstituido)—, organizaciones que terminarán creando dos auténticos frentes militares, el FRAP y los GRAPO respectivamente, ambos concebidos como brazo armado de sus formaciones, al servicio de su aparato político.

b) La lucha armada contra el franquismo. El PCE(m-l)/FRAP y el PCE(r)/GRAPO

¿Cómo hemos de interpretar el salto a la lucha armada de estas dos organizaciones marxistas-leninistas? Para Consuelo Laíz Castro, el fenómeno puede explicarse en función de unas cuantas semejanzas significativas[26]. Por un lado, la fundación de las dos formaciones tuvo lugar entre los círculos de los españoles que habían emigrado a Europa, personas todas ellas que, en el momento de la constitución de esos brazos armados, carecían de toda implantación social en España y no disponían por tanto de información sobre la realidad de las transformaciones internas del país. Esta distancia inicial explica que estos grupos que se erigen en vanguardia de las clases populares no consigan penetrar en los movimientos sociales de oposición a la dictadura, circunstancia que precipitará a su vez el paso a la acción violenta con el fin de acelerar la maduración del pueblo. La espiral de sucesivos fracasos en los combates estudiantiles y sindicales, o en las reivindicaciones vecinales, facilita un cierto repliegue de la comunidad, lo que a su vez empuja a los militantes a una acción armada clandestina, animados por el radical intento de expresar su oposición frontal al sistema político entonces vigente. Por otro lado, el PCE(m-l) y el PCE(r) no solo son los partidos en los que más intensamente se ejerce la influencia de las teorías maoístas, sino también los que muestran una mayor fascinación por el éxito militar de la guerrilla china, en la que la táctica militar prima sobre la estrategia política. La determinación de pasar a la acción es por tanto resultado a la vez de la radicalización de las tesis revolucionarias marxistas-leninistas, a las que han venido a añadirse ahora los principios del maoísmo y el tercermundismo, hasta incluso un enfrentamiento abierto con el Estado opresor; y de la situación de aislamiento que sufren respecto de los sectores sociales a los que dicen representar, de acuerdo con un proceso de inversión que les aboca a practicar exclusivamente la violencia terrorista. La diferencia entre ambos partidos se sitúa por el contrario en su evolución, ya que si el PCE(m-l) sucumbe rápidamente, destruido por su experiencia terrorista, en el caso del PCE(r) la violencia logrará por el contrario estructurar a la formación y convertirse en la razón de su supervivencia.

En 1971, el PCE(m-l) crea un «frente de masas» denominado FRAP[27] que se propone integrar en sus filas a todos los militantes que se muestren dispuestos a proseguir la revolución desbaratada por la Guerra Civil, revolución a su juicio traicionada por el Partido Comunista de España, sin importar que sean marxistas-leninistas o republicanos, ni que vivan en el exilio o en el interior. En los enunciados ideológicos del FRAP se vincula la guerra con la revolución y se afirma que no solo es preciso luchar contra la dictadura sino también contra el invasor imperialista estadounidense, de acuerdo con un modelo militar que encuentra su inspiración en la guerra popular maoísta. De hecho, el FRAP no conseguirá aglutinar a los individuos que ya participan en las luchas revolucionarias, con lo que sus miembros procederán casi exclusivamente de las filas del PCE(m-l) —tanto es así que, en el momento de su proclamación oficial, en enero de 1974, el FRAP no tendrá ya nada de frente popular integrado por revolucionarios, sino que se habrá visto reducido a la condición de simple brazo armado del partido—. El FRAP comete sus primeras acciones violentas el 1 de mayo de 1973, fecha en la que se enzarza deliberadamente en una serie de escaramuzas con las Fuerzas del Orden Público que se saldan con la muerte de un subinspector de policía, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, apuñalado por un grupo de manifestantes. En el transcurso de los días y las semanas siguientes se detiene a cientos de personas, bajo la acusación, frecuentemente infundada, de pertenecer al FRAP, iniciándose de ese modo el proceso de acción-reacción que conduce a la instalación de la violencia. Los militantes del PCE(m-l) continuarán tratando de impulsar las luchas urbanas y de procurar apoyo a los movimientos obreros, como ocurre en noviembre de 1974, fecha en la que convocan una huelga general revolucionaria, repartiendo octavillas propagandísticas, lanzando unos cuantos cócteles molotov en Barcelona para solidarizarse con los trabajadores de SEAT, y haciendo explotar una bomba contra un monumento a los caídos de Madrid. Pese a todo, no conseguirán movilizar a las masas y se desvinculan cada vez más de las luchas sociales, internándose progresivamente, al mismo tiempo, por la senda de la violencia terrorista a través de los contactos que han establecido con ETA y con el Frente Polisario.

En 1975, al constatarse la aceleración de las perspectivas de cambio político y la proximidad de la muerte de Franco, el FRAP inicia un giro estratégico. Sustituye en su discurso la retórica de la lucha de clases y la teoría revolucionaria por un llamamiento explícito a la violencia, afirmando que «la clase obrera siente, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de defenderse contra la violencia fascista con su propia violencia revolucionaria»[28]. En abril, el Comité Permanente del FRAP decide organizar una serie de acciones armadas puntuales, y poco después, en el verano, se lanza con toda determinación a la «guerra popular» mediante una campaña de acciones armadas en Valencia, Barcelona y Madrid, en la que realizará varios robos de armas y atracará distintas entidades bancarias, agrediendo a algunas personas, atentando contra empresas vinculadas con ciertos conflictos laborales, arrojando cócteles molotov contra los edificios de la administración y las sedes de los intereses estadounidenses, y realizando diferentes actos vandálicos contra monumentos conmemorativos[29]. La veintena de atentados que perpetrará el FRAP a partir del mes de junio, valiéndose fundamentalmente de armas incendiarias, se salda con la muerte de tres miembros de las Fuerzas del Orden Público[30].

El FRAP esperaba ganarse a las masas populares e iniciar una oleada de enfrentamientos armados junto con la población capaz de provocar la insurrección del futuro ejército del pueblo. Sin embargo, el resultado es el contrario, y conduce a la desintegración del partido. La reacción policial es inmediata: decenas de miembros del FRAP son detenidos y juzgados, y tres de ellos acaban siendo condenados a muerte y fusilados el 27 de septiembre de 1975, junto a dos etarras. En septiembre, tras una segunda tanda de detenciones, el PCE(m-l) quedará prácticamente desmantelado, y los militantes que logran escapar a la represión policial huyen al exilio. Cabe concluir por tanto que la experiencia terrorista fue a un tiempo la culminación de la radicalidad ideológica del partido y la causa de su propia destrucción.

En el caso del PCE(r), el brazo militar terminará acaparando el eje estratégico de partido y adquiriendo una dimensión totalmente diferente. El PCE(r) inició su andadura bajo las siglas OMLE[31], una formación, cuyo control, pese a haberse fundado en el exilio, pasará a manos de los militantes del interior del país a partir de 1971. No tardará en convertirse en un partido comunista de carácter revolucionario, tercermundista y maoísta, centrado en el modelo bolchevique —lo que significa que sus militantes más activos, los que operan en la clandestinidad, irán profesionalizándose cada vez más—. La formación cuenta con un buen arraigo en Madrid, pero también en Andalucía y Galicia, donde ha logrado llevar a buen término los procesos locales de reclutamiento de militantes entre los marxistas radicales decepcionados con la política del PCE y CC. OO. En total, el aparato político cuenta con unos doscientos miembros, a los que hay que añadir los varios cientos de simpatizantes que se reagrupan en las «organizaciones de masas» como el Socorro Rojo, el Comité de Solidaridad Obrera, la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas, o la rama juvenil del partido, denominada Unión de Juventudes Antifascistas. Los militantes profesionalizados participan en acciones destinadas a financiar al partido y a proporcionarle pertrechos (agrediendo a policías o guardias de seguridad para quitarles el arma, robando material de imprenta, etcétera), organizados en torno a un equipo constituido en marzo de 1974 e iniciando de este modo el giro que les llevará a la puesta en práctica de la lucha armada. En junio de 1975, el OMLE se transforma en PCE(r). Se crean una serie de comisiones especializadas, y una de ellas, denominada «técnica», se encargará de hecho de las acciones armadas. Su primer dirigente será Abelardo Collazo, seguido de Enrique Cerdán. En agosto, la sección militar asesina a un guardia civil en Madrid, rubricando así el primer crimen mortal de una larga serie futura. El 1 de octubre fallecen cuatro agentes de la Policía Armada, igualmente asesinados a tiros en la capital de España, como consecuencia de una acción de represalia por las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975. Nadie reivindicará estas acciones —las únicas ocurridas antes de la muerte de Franco—, así que serán atribuidas al FRAP o al movimiento comunista en general. En todo caso, constituyen la confirmación simbólica de que se ha cruzado de facto el umbral de la acción sangrienta y de que los militantes han pasado a implicarse personal y estructuralmente con la violencia. No obstante, será preciso esperar al 18 de julio de 1976 para ver aparecer de forma oficial el nombre de los GRAPO, una denominación que es en sí misma un reconocimiento a posteriori de los asesinatos del primero de octubre anterior.

A partir de ese momento, el grupo, verdadero brazo armado del PCE(r), entrará de forma creciente en una dinámica terrorista, tanto mayor cuanto más vaya avanzando hacia la democracia el proceso de transición. De este modo, la estrategia terrorista se alza con la primacía sobre la justificación social y revolucionaria, convirtiéndose en la razón de ser de esa ideología[32].

Los últimos años del franquismo constituyen por tanto un terreno propicio para que las organizaciones de la izquierda radical lleven a la práctica las teorías de la liberación por medio de la violencia revolucionaria. La gama de la praxis revolucionaria está teóricamente bastante extendida, desde el activismo concebido como elemento de apoyo a un partido clandestino hasta el terrorismo, pasando por el aventurerismo armado. En realidad, solo unos cuantos grupos recurrirán, de forma bastante esporádica, a una violencia de baja intensidad. La lucha armada revolucionaria no produce demasiadas víctimas mortales —tres muertos a partir del año 1971, a los que hay que sumar los cuatro policías asesinados por el FRAP en 1973 y 1975, y las víctimas del GRAPO a mediados de 1975—. Esto explica que sean pocos los autores que adjudiquen el calificativo de terrorista a estas prácticas violentas de corte revolucionario. Las armas no son más que una táctica entre otras muchas, una táctica pensada para derribar al régimen opresor y realizar la revolución socialista. Solo la breve experiencia del FRAP recibe a veces el marchamo de terrorista, pero la connotación peyorativa del adjetivo queda posteriormente compensada por el carácter dictatorial del régimen contra el que se alza. Para Consuelo Laíz Castro, la aventura del FRAP se percibe como una violencia «predemocrática»[33], con la particularidad de que la naturaleza autoritaria y opresiva del régimen que combate justifica el recurso a la violencia. Yo he preferido, por mi parte, situar en un mismo plano al FRAP y a los GRAPO, quienes serán claramente considerados enemigos de la democracia en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. ¿Qué ocurre con estos grupos revolucionarios cuando se instala la democracia en España y el aura del combatiente guerrillero antifranquista va perdiendo progresivamente su significación social?

III. La izquierda revolucionaria frente a la reforma

III. LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA FRENTE A LA REFORMA

Ante el desafío que suponen la muerte del dictador y el proceso de la transición, los movimientos de extrema izquierda se ven, desde el punto de vista político, en un callejón sin salida. Lo que hacen entonces es optar por distintos tipos de lógica —una lógica que es en realidad una prolongación de las diferentes decisiones adoptadas en los últimos tiempos del franquismo— que los llevarán en todos los casos a la marginación del sistema democrático que se está construyendo. Fernando Reinares distingue dos dinámicas: una, de las «vanguardias», y otra, de las «retaguardias»[34]. Las primeras tienden a rechazar el proceso de cambio en curso si se constata que constituye una amenaza para las posiciones adquiridas, lo que significa que subordinan toda movilización de las masas al ejercicio de una violencia sistemática dirigida contra el nuevo régimen con el fin de paralizarlo. En cambio, las segundas son más propensas a reconocer la legitimidad de las transformaciones políticas y a aceptar las nuevas modalidades de acción reivindicativa eficaces y no violentas que ofrecen. En este caso, el potencial violento queda sometido a la primacía de los métodos de acción pacíficos y convencionales, con lo que la tentación de la violencia tiende a desaparecer. En el transcurso de la transición española, la izquierda revolucionaria se verá sujeta a estos dos tipos de lógica: por un lado, los grupos anarquistas que habían podido sucumbir a la tentación de la violencia, y los partidos marxistas-leninistas que se habían contentado con teorizar acerca de su uso, se adentrarán progresivamente en la vía de la integración pacífica en el sistema democrático, llegando incluso a abandonar sus preceptos revolucionarios; mientras que, por otro, los grupos ya anclados en la dinámica de la acción armada se verán abocados a una huida hacia delante que los conducirá a la perpetración de una violencia terrorista.

La integración pacífica en el nuevo sistema democrático

La lógica que se impondrá en la cuasi totalidad de los grupos de extrema izquierda será la de la retaguardia. La perspectiva de la muerte de Franco ya había provocado la evolución de los enunciados utópicos de muchos partidos de la izquierda radical, orientándolos hacia la aceptación del diálogo, la negociación y el pluralismo político. Pese a que dicha aceptación no resolviera el dilema fundamental que planteaba la oposición entre revolución y reforma, estos partidos mantendrán un discurso dualista en el que primará temporalmente la necesidad de restablecer las libertades democráticas en España, y de hacerlo además de forma pacífica y gradual, antes de ponerse siquiera a sopesar la posibilidad de una revolución socialista. La ORT, el PTE, el MCE, la LCR y los anarquistas se encaminan de este modo hacia la aceptación del consenso transicional.

a) Los titubeos iniciales

La participación en las plataformas unitarias de la oposición es el primer paso para una integración en el futuro sistema. El PCE(i) solicita, ya en 1974, su incorporación a la Junta, pese a que esta esté dominada por el Partido Comunista contra el que se había constituido. Presionado por este último, el PCE(i) aceptará incluso abandonar el calificativo de «comunista» para poder integrarse en la organización. En 1975 queda convertido por tanto en el Partido del Trabajo de España (PTE), integrándose en la Junta en marzo. La Organización Revolucionaria de los Trabajadores y el Movimiento Comunista de Euskadi prefieren sumarse a la Plataforma, más abierta a tendencias de toda clase, que además excluye al PCE. Solo la Liga Comunista Revolucionaria conservará su independencia, denunciando la alianza burguesa de la oposición, que no sirve, a su juicio, más que para perjudicar a los trabajadores y frenar las luchas obreras.

Una vez iniciada la transición, la extrema izquierda, que se mantendrá a la expectativa hasta el año 1977, presenta un discurso ambivalente en el que intenta combinar la participación en el proceso de cambio político y el ejercicio de presiones subterráneas destinadas a materializar la ruptura revolucionaria. El conjunto de la izquierda vacila todavía entre la actitud «pactista», que consiste en negociar con el gobierno y aceptar la modalidad de cambio reformista que esto le impone, y la tenaz voluntad de provocar una ruptura total con el régimen anterior. La última acción común de la izquierda unitaria será la de la campaña en favor de la abstención en el referéndum de diciembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Política. De hecho, las movilizaciones quedarán a cargo de los partidos de extrema izquierda, con el complaciente, aunque ya distante, apoyo de la izquierda moderada, que es consciente de los beneficios políticos que puede cosechar con una aprobación masiva de esa ley —una norma que ya constituye en realidad una primera ruptura con el régimen franquista—. Poco después, se crea —con el objetivo de abordar directamente las modalidades de la reforma con Adolfo Suárez— una comisión de negociación que excluye a los partidos de la izquierda radical. La ficticia solidaridad de la oposición de izquierdas, producto de los años pasados en la lucha clandestina contra Franco, deja paso a la competencia entre partidos. La perspectiva de las elecciones legislativas de junio de 1977 incita a todas las formaciones a esforzarse individualmente para obtener una parcela de poder. Los partidos de extrema izquierda siguen mostrándose dubitativos y llevan a cabo una estrategia basada en la movilización popular y el activismo con el fin de lograr una amnistía general, la ruptura con el régimen franquista y el completo reconocimiento de sus respectivas formaciones en el espacio público de la democracia. Estos partidos no serán legalizados sino después de las elecciones de junio de 1977[35], aunque esta circunstancia no les impedirá participar en los comicios a través de candidaturas disfrazadas y de efímeras alianzas electorales[36]. Sus resultados son mediocres: con 300 000 votos, los partidos de la izquierda radical apenas representan al 3 % del electorado y 15 % de la opción marxista —ya que 85 % del electorado marxista prefirió votar al PCE—. Al quedar fuera de la representación parlamentaria, se ven relegados a las fronteras del sistema político, lo que dará lugar a un cuestionamiento esencial del sentido que habrán de dar en lo sucesivo a su acción.

b) ¿Integración o conflicto?

Los partidos de extrema izquierda emprenderán entonces dos sendas diferentes, conscientes de la necesidad de poner remedio al sectarismo y a la proliferación de las siglas, con la esperanza puesta en llegar a tener un peso específico en el juego político. El primero de esos caminos es el que siguen la ORT y el PTE, que no solo reconocen que las elecciones han supuesto un gran avance para el pueblo español sino que declaran que el gobierno de la dictadura ha desaparecido y defienden abiertamente la democracia. Estas formaciones se embarcan entonces en una campaña activa de apoyo a la Constitución y dejan de cuestionar en sus programas electorales de 1979 la forma política del Estado —es decir, la monarquía parlamentaria—, el sistema de producción capitalista y la economía de mercado. No obstante, la lógica fusión entre ambas organizaciones[37] no conseguirá frenar el proceso de desintegración que sufre este sector político —proceso que las elecciones legislativas de 1979 vendrán a confirmar, dado que estos partidos no logran superar los 320 000 votos—. La crisis que desgarra a los militantes al constatar la pérdida del sentido revolucionario de su acción terminará provocando primero la escisión del partido, y más tarde su disolución, materializada en el transcurso del año 1980. Debe comprenderse por tanto que esta desaparición es en realidad la culminación de la dinámica de integración.

El MCE y la LCR extraerán en cambio una lección opuesta del fracaso electoral de 1977. Tras recuperar las veleidades negociadoras que los habían animado al comienzo de la transición, los dos partidos optarán por la vía del conflicto y del repliegue comunitario. El MCE en particular se reapropiará del brillo de los principios revolucionarios, afincándose en una radicalidad renovada en su congreso de abril de 1978 e inscribiéndose en una óptica de resistencia entendida como oposición sistemática y global al conjunto del ordenamiento jurídico vigente. Ambos grupos se niegan a aceptar el sistema político democrático y se oponen frontalmente a la Constitución de 1978, ya que el MCE preconizará la abstención en el referéndum de diciembre y la LCR lanzará por su parte un llamamiento de voto contrario. Pese a todo, uno y otro practicarán también un cierto «oportunismo institucional»[38], en el sentido de que participan en las elecciones y aprovechan las posibilidades que les ofrece el régimen democrático. El fracaso electoral de 1979 les lleva a reorientar sus acciones y a encauzarlas, bien hacia una mayor participación en los nuevos movimientos sociales —como sucederá con las campañas contrarias a la OTAN o de rechazo a las centrales nucleares de los años 1981 y 1982—, bien hacia la defensa de la opción regionalista. En consecuencia, la LCR y el MCE se marginan cada vez más, alejándose del espacio político propiamente dicho para primar en cambio la voluntad de canalizar las protestas sociales más movilizadoras y radicales[39].

En uno y otro caso, es decir, ya se acepte el consenso o se abogue por la externalización del conflicto, la adaptación de la extrema izquierda al nuevo sistema político se traducirá en una evolución del lenguaje de la violencia. Los defensores del consenso —ORT y PTE— expresarán con toda firmeza su rechazo de la violencia y el terrorismo muy pronto, a partir de 1978. Al reconocer las posibilidades pacíficas que brinda la democracia, renuncian explícitamente a una potencial revolución violenta. La LCR y el MCE no irán tan lejos: la idea de la revolución armada seguirá presente en su corpus teórico, pese a que no sea para ellos un asunto de la realidad inmediata. Estos dos partidos no rechazan el principio de la violencia en sí mismo, pese a que condenen el terrorismo individual que practican ETA y los GRAPO, tachándolo de ineficaz e inapropiado, dado que carece de conexión con las luchas populares.

c) El efímero resurgir del movimiento anarquista

La corriente libertaria no escapa a las reestructuraciones que impone el cambio de régimen. Tras la muerte de Franco, la CNT resurge de sus cenizas mediante una serie de reorganizaciones regionales sucesivas cuyo éxito cristaliza en el primer mitin de la Confederación, celebrado en Mataró (Barcelona) el 30 de octubre de 1976. En el transcurso de los años posteriores, la formación conocerá una considerable expansión en los círculos obreros, al apoyar sus luchas reivindicativas, pese a la progresiva desmovilización impuesta por la izquierda moderada y a la hegemonía sindical más burocrática de que disfrutan CC. OO. y UGT. Los grandes mítines organizados en San Sebastián de los Reyes, Valencia o Barcelona en 1977, dan fe de su creciente capacidad de convocatoria. En julio, las Jornadas Libertarias Internacionales reúnen durante varios días en la ciudad condal a cerca de 600 000 personas, las cuales acuden a la capital catalana para asistir a conciertos y participar en distintos debates sobre ecología, evolución social, urbanismo, liberación sexual, utopía artística, etcétera. El movimiento ejerce una notable influencia cultural, y en algunos barrios los Ateneos Libertarios se transforman en lugares destacados de la cultura popular. En 1977, la Confederación cuenta con cerca de ciento treinta mil afiliados, lo que la convierte en el tercer sindicato de la península.

De forma paralela, la FAI (Federación Anarquista Ibérica) trata de reunir a los distintos grupos libertarios, integrándolos en una comunidad ideológica mejor definida. El 30 de enero de 1977, un centenar de delegados de diversas organizaciones se dan cita en Barcelona, pero la infiltración policial determina la detención de la práctica totalidad de los dirigentes del movimiento. La mayoría de ellos abandona la prisión uno o dos meses después, pero el impulso unitario ha quedado cortado de raíz[40]. A partir de 1978, la CNT queda afectada a su vez por la parálisis: las tensiones ideológicas se agudizan a consecuencia de una serie de acontecimientos desestabilizadores, como el caso Scala, que obliga a los militantes a explicar claramente la posición que defienden en relación con la agitación armada[41], mientras, por otra parte, una campaña externa de difamación por la que se asimila a la CNT con una organización terrorista contribuye a desacreditarla en los medios obreros. Sin embargo, lo que más contribuye a alejar a la Confederación de la realidad social es la postura radical que adopta. El hecho de que rechace de forma absoluta la integración en el sistema democrático se traduce en la no aceptación de los Pactos de la Moncloa[42], alcanzados a finales de 1977, y en el boicot de las elecciones sindicales. Por lo tanto se excluye voluntariamente de la lucha sindical y pierde progresivamente implantación en el seno del movimiento obrero. En 1979, el V Congreso de la CNT toma nota de ese declive y concluye con una profunda ruptura interna con la que se certifica el debilitamiento definitivo del movimiento libertario.

La resistencia armada a la reforma

Otras organizaciones sindicales tardan en aceptar la emancipación real que permite ahora el nuevo marco de libertades, o se niegan en redondo a asumirlo. Lo que hacen es optar en cambio por una tercera postura, la del «conflicto abierto»[43]. Ateniéndose a la lógica inmovilista de la resistencia, dichas organizaciones rechazan categóricamente la apreciación de las transformaciones ocurridas en la naturaleza del Estado, que sigue siendo a su juicio un opresor «fascista» de las clases populares. La lucha armada, que continúa concibiéndose a la manera de un instrumento para el despertar de la conciencia de las masas y la insurrección popular, es también una forma de adquirir notoriedad para los grupúsculos marginales. No obstante, ese combate violento determina que los militantes se hundan cada vez más en el callejón sin salida de la revolución, excluyéndose al mismo tiempo de las fórmulas de praxis política, más civilizadas, que se adivinan en el horizonte.

Un reducido número de grupos anarquistas y marxistas-leninistas se internarán por esta senda estratégica. Además de su propia rareza, lo cierto es que disponen de muy pocos medios, lo que reduce considerablemente su potencial violento, lo que explica que los restos del FRAP y del PCE(i), así como los de la nebulosa libertaria, no consigan superar el plano de la agitación armada de baja intensidad. Solo los GRAPO cuentan con una capacidad criminal verdaderamente digna de mención. Además, a la policía le resulta fácil infiltrarse en esas organizaciones clandestinas y desmantelarlas, sobre todo en cuanto el Estado logra dotarse de los medios necesarios para una lucha antiterrorista eficaz. De este modo, entre los años 1979 y 1980, la represión policial conseguirá a poner fin de forma casi definitiva a sus actividades.

a) Las violencias anarquistas

Desde el punto de vista teórico, el último congreso de la CNT, celebrado en Francia en agosto de 1975, continuará considerando que la acción directa es la táctica más adecuada para poner fin a la dictadura[44]. Un boletín de la CNT fechado en febrero de 1977[45] confirma la conservación de esta línea táctica, distanciándose al mismo tiempo de la práctica de la violencia, ya que en él se sostiene que la acción directa no puede compararse en modo alguno con el «atentado terrorista». Además, ni siquiera ha de ser «forzosamente violenta», y en todo caso se trata «de una violencia de clase que va dirigida contra las estructuras y no contra las personas», dado que se ejerce mediante manifestaciones «cívicas y políticas», actos de boicot y huelgas. De cuando en cuando se toleran «el sabotaje y la huelga general revolucionaria», pero únicamente en caso de que exista un alto grado de «cohesión organizativa de los trabajadores». De acuerdo con esta línea de actuación que pretende ser revolucionaria y solidarizarse con las luchas obreras, habrá también algunos sectores que den en participar de forma puntual en acciones de agitación y propaganda que a veces rebasan el marco de acción estipulado por la teoría anarcosindicalista, aunque sin superar por ello los niveles propios de la agitación urbana de baja intensidad.

La campañas de agitación y propaganda que se llevan a cabo durante la transición se proponen fundamentalmente denunciar el carácter represivo de que adolece todavía el Estado. De este modo, el anarquismo se solidariza con la lucha de los presos comunes para reivindicar la aplicación de medidas de gracia o de amnistía, así como una mejora de las condiciones de vida de las cárceles. Con este propósito se crea en 1976 la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), organización que realizará una larga serie de acciones espectaculares, a través de sus comités de apoyo, entre 1977 y 1978: motines, incendios en los penales, automutilaciones, huelgas de hambre, etcétera. Nuestro corpus de datos recoge en ocasiones la perpetración de un conjunto de acciones violentas llevadas a cabo, en nombre de la COPEL, fuera de las penitenciarías, como ocurrirá en junio de 1977 al reivindicar la organización la explosión de seis cócteles molotov contra otras tantas entidades bancarias en Valencia; o en julio, fecha en la que una banda denominada Grupo Armado de los Presos en Lucha (GAPEL) —presuntamente el brazo armado de la COPEL— se atribuirá el incendio de dos vagones de metro y el ataque a una oficina del registro civil. Y otro tanto volverá a suceder en mayo de 1978, al reivindicar los grupos armados que apoyan a la COPEL la colocación de una serie de explosivos en las vías de la línea ferroviaria Madrid-León[46].

La solidaridad internacional del movimiento anarquista ofrecerá también la oportunidad de denunciar, mediante esporádicas acciones violentas, el carácter represivo de las socialdemocracias. De este modo, por ejemplo, en mayo de 1976, un comando anarquista provocará el incendio de los locales de la empresa Hoechst Ibérica de Barcelona, en señal de protesta por la muerte de la fundadora de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), Ulrike Meinhof, que se había «ahorcado» en su celda en Alemania. Este mismo motivo dará lugar a un incendio en el consulado alemán de Bilbao, reivindicado por «Die Mainhoff bewegung»[47], mientras que al año siguiente, en octubre, el fallecimiento en la cárcel de otros tres miembros de la RAF (entre los que se encuentra Andreas Baader) da pie a una serie de incidentes de tipo muy similar contra los intereses alemanes[48]. Por lo demás, la conmemoración de la ejecución de Salvador Puig Antich convierte al día 2 de marzo en una jornada conflictiva: en 1977 se comete en Madrid un atentado contra el Ministerio de Justicia, y, al mismo tiempo, las algaradas urbanas surgidas tanto en Madrid como en Barcelona se saldan con importantes daños materiales y el lanzamiento de unos cuantos cócteles molotov contra diversas entidades bancarias. En junio de 1977, lo que conducirá a un grupo de jóvenes anarquistas a prender fuego a las urnas previstas para los comicios del día 15 de ese mes, en un barrio periférico de Barcelona, será el rechazo del sistema parlamentario y la denuncia del espejismo democrático del país[49].

Nuestro corpus enumera cerca de treinta acciones violentas de este tipo, todas ellas perpetradas por grupos anarquistas a lo largo del periodo que nos ocupa. Podemos tener la certeza de que esta cifra es inferior a la real, dado que es frecuente que los libertarios no reivindiquen sus acciones. Al procederse a la detención de los activistas, la policía descubre alijos de armas que sugieren una voluntad de utilizarlas[50], consiguiendo de ese modo identificar a los responsables de un conjunto de atentados que hasta esa fecha carecían de una autoría clara. En febrero de 1978, los miembros de una organización denominada «Grupos Autónomos Libertarios» son detenidos en Madrid y acusados tanto del atentado con explosivos ocurrido el 25 de julio de 1977 en cinco locales comerciales como del lanzamiento de cócteles molotov contra unos tribunales de la capital en agosto y en diciembre[51]. Otro comando libertario de Barcelona, detenido a principios de 1978, tendrá que responder de los cargos de varios atracos, de haber colocado explosivos en la cárcel Modelo de la ciudad, así como en varios tribunales de justicia, y del lanzamiento de distintos cócteles molotov contra entidades bancarias entre junio de 1977 y enero de 1978. En 1977, el Gobierno Civil de Guipúzcoa describe a los anarquistas diciendo que son poco numerosos pero «violentos, participando en todas las movilizaciones populares», y fundamentalmente encargados de las labores propias de «piquete de autodefensa»[52]. Se trata efectivamente de grupos extremadamente reducidos, integrados como mucho por una decena de militantes, y radicados principalmente en Barcelona y Madrid, y de forma secundaria en las regiones de Valencia y Andalucía. Dichos grupos practican de manera esporádica y aislada acciones directas armadas. Los cócteles molotov son su arma predilecta, y más rara vez recurren a la colocación de artefactos explosivos de fabricación casera —bombas cuya aparición se debe a los materiales que consiguen a través de la red anarquista internacional[53] o por medio de sus propios robos—. Los atentados —o «sabotajes», por emplear el lenguaje revolucionario— van exclusivamente dirigidos contra bienes y objetos, de modo que no pongan en peligro vidas humanas.

Existe no obstante una excepción[54], llamada a tener una enorme repercusión en el movimiento anarquista: el caso Scala. El 15 de enero, en Barcelona, tras una manifestación de la CNT en la que se dan cita cerca de cien mil personas para oponerse a los Pactos de la Moncloa, se lanzan por la ventana, al interior del teatro La Scala —en el que se hallaban trabajando en ese momento unos obreros— varios cócteles molotov que provocan el incendio del edificio y la muerte accidental de cuatro de ellos. El incidente, que escandaliza a la opinión pública, da origen a una oleada de detenciones en los círculos anarquistas. Dos jóvenes militantes de CNT reconocen los hechos y son juzgados por la Audiencia Nacional[55]. La operación asesta un golpe muy duro al conjunto del movimiento anarquista, que es objeto de una intensa campaña político-mediática destinada a desacreditar a la CNT, asociándola con el terrorismo. Pese al enérgico movimiento propagandístico de sentido contrario que emprenden los anarquistas con el fin de rechazar esa amalgama[56], la corriente libertaria pierde impulso, y tanto más cuanto que la tragedia contribuye a agudizar las tensiones previamente existentes en el seno de la CNT, tensiones que enfrentan a los que manifiestan su solidaridad con los detenidos y a quienes les condenan, exigiendo además que se les expulse de la organización. La perpetración de acciones violentas por parte de los anarquistas no disminuirá de forma considerable sino a partir del año 1980, como bien aciertan a confirmar las cifras de la Dirección General de Seguridad: pese a que todavía se les identifique como autores de 38 acciones violentas en 1979 —entre julio de 1978 y junio de 1979 serán detenidos 22 anarquistas en aplicación de la legislación antiterrorista[57]—, en 1980 no cometerán más que ocho, cuatro en 1981 y ninguna en 1982[58]. En las postrimerías de la transición, la corriente anarquista —que no logrará hacerse un hueco en el damero político del posfranquismo— dejará de considerar que la acción directa armada constituya un recurso potencialmente movilizable.

b) El binomio PCE(m-l)/FRAP

Algunos de los supervivientes de los grupos contrarios a la reforma que logran superar el desmantelamiento policial llevado a cabo en el otoño de 1975, intentarán reconstruir el PCE(m-l) en Francia en 1976, aunque la mayoría de los miembros del aparato y de los militantes radicados en el interior de España abandone el partido tras la II Conferencia Nacional, celebrada en julio en París. El PCE(m-l) no dispone ya de una organización estable y se halla ausente de la escena política española. Pese a todo, las autoridades siguen entendiendo que el FRAP es un grupo terrorista peligroso. Así lo confirma el informe del Gobierno Civil de Guipúzcoa correspondiente al año 1977, en el que se afirma que se trata del «segundo de los grupos terroristas» de la provincia, inmediatamente por detrás de ETA, pese a que de hecho su «agresividad» se haya visto reducida al «lanzamiento de unos cuantos cócteles molotov en las manifestaciones en que ha participado»[59]. En efecto, de acuerdo con los documentos de la Jefatura Superior Policía hallados en los archivos del Gobierno Civil de Madrid, y contrariamente a la opinión que habitualmente se maneja —según la cual el FRAP habría desaparecido en 1975—, el partido habría conseguido reorganizarse en torno al comité madrileño y contaría aún con un millar de afiliados en toda España en 1978[60].

La propaganda del PCE(m-l) defiende sin descanso sus tesis marxistas radicales, además de criticar al Partido Comunista de España —al que tacha de revisionista y colaborador—, y de alzarse contra el imperialismo estadounidense, previendo al mismo tiempo el surgimiento de una insurrección armada de las masas. Dicha propaganda incluye una doble temática particularmente movilizadora, a la vez republicana y antirrepresiva. El partido denuncia de este modo la farsa de la monarquía, que a su juicio no es más que una prolongación de la dictadura franquista —calificándose de fascista a la bandera rojigualda monárquica—, y lanza un llamamiento destinado a promover la realización de una larga serie de acciones propagandísticas todos los 14 de abril, fecha de la proclamación de la Segunda República. Desde su punto de vista, la única interpretación de los signos represivos consiste en ver en ellos una de las manifestaciones del carácter fascista del gobierno. Por eso denuncia con todo lujo de detalles y la máxima publicidad las medidas legislativas antiterroristas, así como las detenciones, la prohibición de algunas manifestaciones y los abusos policiales. En este sentido, uno de los eslóganes más destacados del partido dirá: «¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!». El PCE(m-l) reclama incesantemente la depuración de los «cuerpos represivos» y expresa su solidaridad con la represión que padecen los nacionalistas vascos. En esta misma línea, la formación recrudecerá su propaganda el 27 de septiembre, fecha en la que se conmemoran las últimas ejecuciones franquistas de 1975 y que ha sido elevada a la categoría de símbolo entre los partidos radicales de izquierdas[61]. El reiterado llamamiento a la violencia defensiva y revolucionaria conseguirá que el Ministerio del Interior se niegue a legalizar al partido antes de las elecciones de 1977. Un año después, en julio de 1978, su demanda de legalización vuelve a ser rechazada[62], lo que suscita temporalmente la preocupación de las autoridades ante la eventual reacción violenta de los militantes, como queda atestiguado en una serie de notas policiales. Las jerarquías de la nación sospechan fundamentalmente que pueden «surgir brotes violentos de republicanismo: alteraciones callejeras del orden público con la aparición de banderas respublicanas, cócteles molotov, saltos, pintadas, siembras de panfletos, etcétera»[63]. Queda así enunciado el repertorio de acciones del PCE(m-l), comprobándose que se reduce a un activismo de baja intensidad. De hecho, la reacción del partido parece temporalmente contraria a las expectativas de las autoridades, dado que prohíbe a sus militantes la perpetración de acciones violentas, incluyendo la utilización de cócteles molotov, con la esperanza de ganarse las simpatías de la opinión pública y lograr que se sume a su causa[64].

Respecto al FRAP, nuestro corpus de datos encuentra difícil recoger sus acciones, debido a su carácter esporádico. Hay una decena de ataques que se le atribuyen, consistentes sobre todo en el lanzamiento de cócteles molotov contra edificios, vehículos policiales o monumentos presentes en la plaza pública. En mayo de 1980, la policía hace responsable al FRAP del asesinato de un agente de seguridad de Zaragoza. Juan José Rosón, que ocupa por entonces la cartera de Interior, evocará incluso en una sesión parlamentaria la extraña «reactivación del FRAP»[65]. Sin embargo, con posterioridad a esta imputación no se señalará la realización de ninguna acción, pese a que la represión policial se abata con dureza sobre los miembros del PCE(m-l). Un informe de la policía judicial señala de este modo que entre junio de 1977 y junio de 1979 se procede a arrestar a 56 individuos por su vinculación al FRAP. Entre julio de 1978 y junio de 1979, los 21 miembros del FRAP detenidos entrarán en prisión en virtud de la legislación antiterrorista, acusados de 40 atracos, en los que se habría sustraído una cantidad total de 50 millones de pesetas[66].

El panorama que esbozan los fragmentos de información de que disponemos muestra que el FRAP no desapareció durante la transición, pese a que su activismo violento se redujera a unas cuantas decenas de acciones. Las transformaciones políticas y sociales promovidas por la democratización de España no modificarán en lo más mínimo la línea ideológica y estratégica del PCE(m-l), para quien la monarquía es simple y llanamente la prolongación de la dictadura fascista. En cambio, tanto la represión que se abate sobre los militantes como el creciente foso que los separa de las realidades sociales limitarán considerablemente el impacto del partido, que desaparecerá definitivamente a principios de los años ochenta. A partir de 1980, los informes de la Dirección General de Seguridad sobre las actividades terroristas presentes en el territorio español dejan de mencionar la existencia del FRAP[67]. Otra rama radicalizada, en este caso del PCE(i), vivirá una evolución similar.

c) El PCE(i)-línea proletaria

Con la integración del PCE(i) en una de las plataformas unitarias de la oposición en 1975, el partido, como hemos visto, moderó sus posiciones y modificó incluso su nombre para convertirse en el PTE. Una fracción minoritaria del mismo se opuso a esta transformación y continuó utilizando las siglas PCE(i), añadiendo no obstante, para diferenciarse mejor de la antigua formación, el apéndice de «línea proletaria»[68]. Reducido a unas cuantas decenas de militantes, este partido residual seguirá un planteamiento ideológico radical en el que se percibe una fuerte influencia del tercermundismo. Sostendrá los movimientos independentistas canario, vasco o catalán, con los que mantiene estrechos contactos, y pondrá en práctica el dogma de la lucha armada. De este modo, en mayo de 1977, las autoridades policiales prevén que el «PCE(i) iniciará en breve una escalada de acciones violentas, habiendo establecido contactos con otros grupos de carácter terrorista, como son el MPAIAC y el Frente Polisario»[69].

Por un lado, el PCE(i) participa en las periódicas movilizaciones que se producen aquí y allá en el centro de Barcelona, movilizaciones que él transformará en disturbios urbanos gracias a la acción de su facción juvenil, la Unión de las Juventudes Marxistas-Leninistas (UJML). Resulta difícil detectar este tipo de activismo en nuestro corpus de datos, debido a que no tiene en cuenta, conviene recordarlo, el objeto «manifestación». No obstante, la presencia de militantes del PCE(i) en las grandes movilizaciones se aprecia claramente cuando se producen detenciones o abusos policiales: en particular el 11 de septiembre de 1978, fecha en la que Gustavo Adolfo Muñoz, un joven militante del partido, muere a manos de la policía en el transcurso de la conmemoración de la Diada, día de la patria catalana. En el momento del entierro se arresta a un gran número de miembros del partido, y a algunos de ellos se les aplicará incluso la legislación antiterrorista. Por otro lado, el PCE(i) se encuentra en el origen de algunas acciones armadas de baja intensidad. De este modo, en febrero de 1978, la detención de doce militantes permite atribuirles el incendio de una serie de coches, así como la destrucción de varios autobuses municipales y dos todoterrenos de la policía, además de la colocación de barricadas urbanas y de acciones incendiarias contra edificios oficiales. En el transcurso de una de esas detenciones, resultará herido un agente[70]. Las autoridades policiales también imputan al PCE(i) el incendio de Galerías Preciados, ocurrido en Madrid en 1977[71], la colocación en Barcelona de dos bombas —desactivadas por la policía— en noviembre de 1978, y una serie de atentados perpetrados a principios de 1979. Dos bombas en particular adquirirán relevancia al explotar —una a finales de febrero y otra a principios de marzo— en Ceuta y Melilla, provocando quince heridos. Reivindica la acción una organización hasta entonces desconocida, el Frente Patriótico Marroquí de Liberación, pero la policía sospecha que se trata de un acto cometido por el PCE(i), que desea crear tensiones diplomáticas entre España y Marruecos a cuenta del conflicto saharaui. También se imputará al PCE(i) al atentado fallido contra Adolfo Suárez que se producirá ese mismo mes de marzo[72].

Estos militantes radicalizados son objeto de una fuerte represión. En este sentido, un informe de la policía judicial establece una lista con los nombres de 51 miembros del PCE(i) detenidos entre julio de 1978 y junio de 1979 en virtud de la ley antiterrorista, de los cuales 34 permanecerán en prisión por orden del juez[73]. Las múltiples divisiones internas[74] que sufre el partido contribuirán por lo demás a que este desaparezca de la esfera pública en 1981.

La vía terrorista de los GRAPO

Finalmente, el último grupo de la izquierda radical que opta por la lucha armada será también, con mucho, el más violento —hasta el punto de que muchos autores consideran que es el único verdadero grupo terrorista de extrema izquierda de toda la transición—. Para los GRAPO, la lucha armada —que siguen concibiendo como un instrumento destinado a despertar la conciencia de las masas y a provocar una insurrección popular— se transforma, con una extrema polarización de los términos del conflicto, en una guerra brutal destinada a destruir al Estado. Dicha violencia se alza ciegamente contra el proceso de democratización en curso, sin pensar en modo alguno en el porvenir de la sociedad.

a) La especialización terrorista, una excepción en la izquierda revolucionaria

Los GRAPO son los causantes de las tres cuartas partes de las acciones violentas atribuidas en nuestro corpus a la extrema izquierda, así como los autores de la práctica totalidad de las víctimas mortales.

Seguirán además una trayectoria inversa a la de los grupos que hemos venido mencionando hasta ahora. Todas las organizaciones anteriores sustentan sus acciones en el pasado antifranquista y se proponen intervenir en el proceso de cambio mientras no vean garantizado el futuro democrático de España. De este modo, su activismo violento alcanza su apogeo en 1977, fecha en la que todavía reina la incertidumbre y en que las primeras elecciones legislativas focalizan las tensiones políticas. Más tarde, tras el fracaso electoral de la extrema izquierda y su creciente marginación, que la aparta del juego político, el activismo radical de izquierdas entra en una ininterrumpida fase de decadencia para terminar desapareciendo prácticamente a partir de 1979 (gráfico 8). En cambio, los GRAPO nacen con la propia transición. Surgen desde luego, de los movimientos de la nueva izquierda radical (de la OMLE), pero la decisión estratégica y organizativa que les lleva a practicar la lucha armada es posterior a la muerte de Franco y obedece a una dinámica propia. La cronología de sus acciones violentas no responde a los mismos planteamientos que se aprecian en los grupos anteriores, ya que el periodo en el que los GRAPO se encuentran en el apogeo de su actividad violenta se produce en 1979, es decir, después de las elecciones legislativas y de la aprobación de la Constitución. A partir de esa fecha quedarán considerablemente debilitados a causa de la represión policial, igual que los demás grupos de extrema izquierda, pese a que consigan detonar varias bombas en el otoño de 1982 con el fin de intentar influir en las elecciones generales. Serán esas explosiones sucesivas las que permitan el breve repunte que registra su presencia pública a finales de 1982 —una recuperación que sin embargo es totalmente artificial y que llega a su fin el 29 de octubre, víspera de los comicios—. Por consiguiente, si los demás grupos de extrema izquierda son fenómenos «predemocráticos», el binomio PCE(r)-GRAPO revela ser, por el contrario, un «producto de la democracia»[75]. Además, es la única organización de la izquierda radical que realmente entró en una lógica terrorista.

Gráfico 8. Evolución cronológica anual y comparada de la actividad violenta de la izquierda revolucionaria

La especialización terrorista de los GRAPO se observa claramente en el repertorio de las acciones que emprenden, en los blancos contra los que actúan, en la distribución geográfica de sus atentados y en el impacto letal que persiguen[76]. La comparación del repertorio de acciones de los GRAPO con las del resto de grupos de la izquierda revolucionaria refleja esta diferencia esencial. Se constata por ejemplo una inversión de las prácticas de la violencia (cuadro 11 y gráfico 9): los atentados de baja intensidad, consistentes fundamentalmente en el lanzamiento de cócteles molotov, constituye más del 60 % de las acciones violentas perpetradas por el segundo conjunto de organizaciones de izquierda —organizaciones que, además, prácticamente no utilizan armas de fuego—. Y a la inversa, los GRAPO recurren en casi el 80 % de los casos a métodos típicamente terroristas, mientras que la agitación armada de baja intensidad es poco menos que inexistente en su repertorio de acciones. Más que las pistolas o las metralletas, sus armas predilectas son, con mucho, los explosivos, ya que los utilizan en más del 60 % de sus acciones[77].

Cuadro 11. Repertorio de acciones de la izquierda revolucionaria

Gráfico 9. Repertorio de acciones de la izquierda revolucionaria

Por lo demás, y a pesar de que sus ataques vayan primordialmente dirigidos contra bienes materiales (en las dos terceras partes de las ocasiones) —rasgo que comparten con los demás grupos de la izquierda revolucionaria—, lo que caracteriza a los GRAPO es el hecho de que esos bienes sean cuidadosamente elegidos como personificaciones del Estado y el capitalismo económico, enemigos fundamentales de la acción revolucionaria. Así, en más del 80 % de los casos los bienes afectados serán edificios administrativos, objetos públicos (monumentos, falsos artefactos explosivos disimulados bajo banderas republicanas), bancos y empresas[78]. Respecto a la localización de las acciones perpetradas, aunque es claro que reflejan el arraigo territorial del PCE(r) y de los comandos de los GRAPO, también conviene señalar que obedecen a las aspiraciones nacionales de un grupo que plantea una confrontación abierta y directa con el Estado. De este modo, Madrid es la zona más afectada (ya que en ella se cometen más del 40 % de las acciones registradas), seguida de Cataluña (19 %), Andalucía (15 %) y Galicia (9 %), y ya a cierta distancia, y con carácter más secundario, del litoral valenciano y Asturias —en cambio, la región vasca carece aquí de toda significación para este terrorismo de objetivos nacionales y no de miras regionales.

Por último, hay que señalar que la acción de los GRAPO resulta particularmente mortífera, especialmente a partir de 1979, año en que se declarará abiertamente una guerra entre el sistema democrático y esta organización. La naturaleza de las víctimas revela que sus acciones tienen un carácter perfectamente definido (cuadro 12); los agentes armados del Estado son sus primeros objetivos. Si excluimos del cálculo a los terroristas que también resultan muertos durante sus acciones, constatamos que el 71 % de las víctimas mortales de los GRAPO son policías, guardias civiles y militares. Estos últimos solo empezarán a ser asesinados tras el giro estratégico de 1979, de modo que en 1980, de las cinco personas muertas a manos de los GRAPO, cuatro pertenecen al Ejército. Los terroristas aprovechan entonces el nocivo clima del año 1980, cada vez más proclive a dar pábulo a rumores golpistas, para agudizar las tensiones existentes en el seno del Ejecutivo y obligarle a negociar. En cambio, las autoridades civiles apenas se verán personalmente afectadas (se producen tres muertos en este colectivo), y en esos casos se trata siempre de víctimas cuidadosamente elegidas en función de su carácter simbólico, por lo que estos atentados se cometerán con la intención de transmitir un mensaje de represalia específico en un contexto coyuntural muy concreto. Una de esas víctimas civiles es el director general de Instituciones Penitenciarias, asesinado en marzo de 1978 en respuesta al fallecimiento en prisión del anarquista Agustín Rueda, ocurrido como consecuencia de la paliza mortal que le habían propinado funcionarios de Prisiones. Otra de las víctimas civiles es un magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Cruz Cuenca, al que se califica como «juez verdugo del fascismo», que es asesinado en 1979 con el objetivo de denunciar tanto las condiciones en que viven los compañeros encarcelados como los procesos que empiezan a emprenderse contra los GRAPO[79].

Cuadro 12. Víctimas mortales de los GRAPO

a Incluimos aquí a los integrantes de los GRAPO fallecidos en alguna acción.

La acción de los GRAPO tiene por tanto un carácter extremadamente específico en cuanto a la elección de sus blancos. Si casi el 20 % de sus víctimas revela pertenecer estadísticamente al grupo de los civiles anónimos se debe a un único atentado que provocó ocho muertos —siniestro balance que lo convierte en el más sangriento de toda la transición—. El 26 de mayo de 1979 explota una bomba en la cafetería California 47, en el madrileño barrio de Salamanca, un lugar frecuentado por los objetivos que la acción perseguía: los militantes de Fuerza Nueva. Sin embargo, los ocho muertos y los cuarenta heridos son en esencia mujeres de edad avanzada sin ninguna relación con esa formación de extrema derecha. La condena es unánime, la comisión política del PCE(r) recrimina al responsable de los GRAPO y considera que el ataque constituye un «grave error político que va a perjudicar la imagen del partido»[80]. Exceptuando este atentado, propio de un terrorismo ciego e indiscriminado, las demás víctimas civiles son accidentales: agentes de seguridad que topan con un comando de los GRAPO mientras estos proceden a atracar un banco[81], o peatones muertos a consecuencia del intercambio de disparos de la banda con las fuerzas de la policía[82]. No existe por tanto duda alguna de que los GRAPO se entregan a «una práctica especializada del terrorismo»[83], lo vienen a confirmar las decisiones estratégicas efectuadas en el transcurso de la transición.

b) La centralidad estratégica de la violencia. La «guerra abierta» con el Estado democrático

El análisis de los argumentos teóricos utilizados por el PCE(r) para justificar los atentados revela la existencia de un bagaje teórico extremadamente simple, ya que los términos de «guerra popular» y de «guerra de guerrillas» se emplean de forma ortodoxa, para designar una acción armada llevada a cabo por pequeños comandos llamados a nutrir muy notablemente sus filas, según los supuestos del propio grupo, hasta convertirse en un Ejército popular, en un «Ejército rojo». La reforma no es más que una fachada, un «maquillaje» que intenta disimular la verdadera naturaleza «fascista» del Estado, que es asimismo un opresor capitalista de la clase obrera. La base «económica y militaro-represiva», de la oligarquía sigue ahora, durante la transición, tan presente como antes, y cuenta además con la colaboración de la burguesía y «de los clanes reformistas y traidores a la clase obrera (PSOE, PCE…)»[84]. El recurso a la violencia es por tanto una necesidad defensiva frente a la oposición tiránica del Estado, así como un eficaz medio de lucha que se encuentra a disposición de las masas para paralizar un proceso político de consolidación del sistema democrático, percibido a su vez como una simple prolongación disfrazada del franquismo.

En marzo de 1976, el PCE(r) verá en los incidentes de Vitoria[85] un síntoma de que el clima revolucionario ha alcanzado ya un grado de madurez suficiente para iniciar la insurrección de las masas, razón por la cual decidirá lanzar un llamamiento a las armas. Consagrará los meses inmediatamente posteriores a captar y a preparar a un conjunto de nuevos militares, así como a proveerse de armamento mediante la realización de distintos tipos de atracos, robos y agresiones. El 18 de julio de 1976, fecha del cuarenta aniversario del alzamiento nacional —día elegido simbólicamente con el fin de denunciar la persistencia del fascismo y de identificarse con la lucha antifranquista—, celebrará el acta de nacimiento de los GRAPO con una serie de explosiones (que rondan las treinta). Esas bombas van dirigidas contra los objetivos clásicos de la violencia revolucionaria, es decir, contra los monumentos destinados a honrar la memoria de los héroes del franquismo y los edificios administrativos, tribunales y sedes del Movimiento Nacional, emblemas de la opresión que sufren los trabajadores. Posteriormente, el 18 de julio dará ocasión a que los GRAPO recuerden su existencia a la opinión pública, al menos hasta el año 1979, recurriendo para ello a la colocación de artefactos explosivos o al lanzamiento de cócteles molotov destinados a causar daños materiales de carácter similar.

Al producirse la III reunión del Comité Central del PCE(r), en noviembre de 1976, el partido debatirá acerca de la legitimidad teórica del recurso terrorista en la lucha revolucionaria y consolidará definitivamente la opción armada[86]. El referéndum de diciembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Política será la segunda ocasión que escojan los GRAPO para lograr que la opinión pública, escéptica, reconozca su combate, ya que lo que intentará conseguir con esta «Operación Papel» será denunciar la «farsa democrática» mediante la comisión de unos cuantos atentados contra las instalaciones de la televisión nacional. El objetivo de otra de sus acciones de envergadura será presionar para obtener una amnistía total: la «Operación Cromo»[87] se traduce así en el espectacular secuestro, el 11 de diciembre de ese año, de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, consejero del reino y monárquico integrista. Poco después, el 24 de enero de 1977, los GRAPO secuestran al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), y exjefe del Estado Mayor Central. A cambio de la liberación de los rehenes, exigen una amnistía total y la liberación de quince presos del PCE(r), ETA y el FRAP, reafirmando con ello la vigencia de sus viejas solidaridades revolucionarias. Con estos dos secuestros prácticamente simultáneos, los GRAPO cruzan un umbral cualitativo en el ejercicio de la violencia terrorista. Vendrá a confirmarlo el asesinato, el 28 de enero de 1977, de tres agentes de las fuerzas policiales en Madrid —atentado con el que se cierra la llamada «Semana Negra»—. Con estas acciones, los GRAPO consiguen sembrar la inquietud en la opinión pública y en los círculos políticos, adquiriendo a partir de ese momento una triste notoriedad.

Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, los GRAPO no logran ni desestabilizar al régimen naciente ni aumentar el número de seguidores con que cuentan entre las clases populares, cuya movilización finaliza con la democratización. Antes al contrario, serán incesantemente objeto de rumores que los descalifican, y la opinión pública recelará de ellos, ya que no solo le cuesta ver en la banda a un simple grupo de extrema izquierda, sino que tiende a considerarlos como un grupúsculo de provocadores, manipulados a un tiempo por la extrema derecha, los servicios secretos o el KGB. Además, la represión policial empieza a dar sus frutos, sobre todo en octubre de 1977, fecha en la que el Comité Central del PCE(r) es detenido en pleno en Benidorm, gracias a una infiltración policial. No obstante, los GRAPO continuarán actuando de forma esporádica en 1978, pero los debates internos que dividen al aparato político llevarán al partido a proponer una tímida apertura. Esto les inducirá a proclamar un programa de cinco puntos, calcado sobre el modelo vasco de la Alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista, o Coordinadora Patriota Socialista)[88], como base para una eventual negociación con el gobierno. Las cinco condiciones son las siguientes: amnistía total y derogación de las leyes represivas, depuración «de los elementos fascistas de los cuerpos represivos, los tribunales y otras instituciones del Estado», afirmación sin restricciones de las libertades políticas y sindicales, rechazo al ingreso en la OTAN y desmantelamiento de las bases americanas, disolución del Parlamento, y convocatoria de elecciones libres para elaborar una constitución «verdaderamente democrática». Por lo demás, el PCE(r) incrementará la actividad movilizadora que viene realizando en los sectores obreros, participando, especialmente en torno al grupo de activistas vigués, en una amplia gama de disturbios urbanos con los que pretende enmarcar las luchas sociales (barricadas, incendios de papeleras, saqueo de comercios, lanzamiento de cócteles molotov, etcétera)[89].

Con todo, la lucha armada seguirá formando parte del núcleo estratégico del PCE(r). Tras la aprobación de la Constitución, el aparato político del partido llegará incluso a considerar que ha llegado el momento de declarar una «guerra abierta» al Estado. En 1979, los GRAPO aumentan de forma muy notable su presión mortífera —una presión vinculada en parte a la operación «Ciento por uno» que libran para vengar la muerte de uno de los dirigentes del GRAPO, muerto a manos de la policía en abril de 1979— y emprenden una huida hacia delante de carácter terrorista con la que intentan desestabilizar al gobierno y obligarle a negociar. Así lo sostiene Lorenzo Castro Moral:

El terrorismo aparece como un recurso apropiado para resolver la contradicción existente entre su posición periférica [de los GRAPO], marginalidad en la práctica, y la centralidad que el grupo se atribuye en el proceso histórico, contradicción que se resuelve a través de la utilización de la violencia que permite una centralidad simbólica, presencia en los medios de comunicación sobredimensionando su propia entidad, fortaleciendo el imaginario grupal y haciendo percibirse a sus miembros como componentes de un actor político relevante más allá de su realidad grupuscular[90].

Sin embargo, la respuesta del Estado es estrictamente policial y terminará por aniquilar a la organización terrorista. La escalada de violencia de 1979 encontrará respuesta en una represión policial sin precedentes. Según las cifras de la Dirección General de Seguridad[91], entre julio de 1977 y junio de 1978 se procede a la detención de 50 militantes del PCE(r)-GRAPO (incluyendo entre ellos a los veinte arrestados en Benidorm), pero la cifra no dejará de aumentar a lo largo de los años siguientes. Entre julio de 1978 y junio de 1979 se detiene a 141 activistas y se les aplica la ley antiterrorista. De ellos, solo 65 permanecerán en prisión, acusados de 14 asesinatos, 30 atentados con explosivos y 50 ataques a mano armada. En el conjunto del año 1979, esta cifra se duplicará, alcanzándose las 306 detenciones. Y la presión no disminuirá en lo sucesivo: en 1980 se producen 143 detenciones al amparo de la legislación antiterrorista; en 1981 serán 207; y en el transcurso del primer semestre de 1982 se efectúan 57 arrestos más. A finales de 1979 el grupo se encuentra ya prácticamente desarticulado, dado que casi todos sus comandos operativos e informativos han sido apresados, lo cual obliga al grupo a simplificar su estructura, a sumirla cada vez más en la clandestinidad (proceso que de todas formas viene acentuándose desde hace tiempo) y a centrarla en los militantes encarcelados. La eficacia de la acción policial explica el descenso de la actividad violenta que registran las gráficas entre 1980 y 1981: las autoridades estiman que el 80 % de los militantes del PCE(r) dejan de realizar por completo sus actividades en este periodo. No obstante, el grupo consigue reestructurarse tras la espectacular evasión de terroristas que se registra en diciembre de 1979 en la prisión de Zamora[92], perpetrando así, en 1980, unos cuantos atentados contra oficiales del Ejército que obtienen gran repercusión. Tras el fallido golpe de Estado del 23-F se produce una nueva oleada de detenciones, lo que reducirá el grupo a un puñado de militantes. Además, la represión policial provocará la muerte de un número nada desdeñable de miembros de los GRAPO: entre 1979 y 1982, 12 resultarán muertos en el transcurso de sus enfrentamientos con la policía. Entre ellos figuran varios dirigentes históricos de la organización, como Juan Carlos Delgado de Códex, fallecido el 20 de abril de 1979 en Madrid, Enrique Cerdán Calixto, muerto el 5 de septiembre de 1981 en Barcelona, y Juan Martín Luna, desaparecido el 5 de diciembre de 1982, también en la ciudad condal.

Tras ejercer una fuerte presión en las elecciones generales del otoño de 1982 mediante la explosión de una larga serie de bombas, la victoria de los socialistas empuja al PCE(r) a declarar una tregua temporal ante las expectativas de cambio real, aunque siempre sobre la base del programa en cinco puntos que habían enunciado varios años antes. El PCE(r) exige fundamentalmente que el gobierno libere a todos sus presos y tolere las actividades del partido, pero mantendrá a pesar de todo una cierta presión militar a partir de principios de 1983, realizando diversos atentados. Sin embargo, en 1983 los intentos de negociación con el nuevo gobierno socialista se saldan con un fracaso, con lo que el grupo entra en una grave crisis interna que termina con una escisión que divide a los que consideran que el enfrentamiento revolucionario ha llegado a su fin y que por tanto es necesario abandonar la lucha armada, y los que deciden, por el contrario, que es preciso regenerar el partido. La crisis se prolongará hasta 1985, año que marca el punto de inflexión definitivo y el fin del ciclo de violencias terroristas de este grupo[93].

Antes de concluir, conviene relativizar la importancia numérica de los movimientos cuya historia acabamos de exponer a grandes rasgos. Según José Manuel Roca, el número de militantes de extrema izquierda no superó en ningún momento los cincuenta mil individuos durante la transición, pese a que su capacidad de movilización y su poder de atracción en determinados medios populares e intelectuales pudiera revelarse muy superior. Les unen algunos referentes comunes, como la adhesión a alguna de las infinitas variantes del marxismo-leninismo, la creencia en la utopía de una sociedad mejor, la denuncia del fascismo, la experiencia de la lucha antifranquista, y el ensalzamiento de la Segunda República y el Frente Popular. Por consiguiente, a las efemérides ultra, heredadas del empeño franquista, se opone el calendario de la movilización radical —violenta o no—: la victoria del Frente Popular el 16 de febrero (de 1936), la ejecución de Salvador Puig Antich el 2 de marzo (de 1974), particularmente relevante para los anarquistas, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril (de 1931), el alzamiento del 18 de julio (de 1936) —cuyo sentido se invierte para denunciar la persistencia del fascismo—, las últimas ejecuciones franquistas del 27 de septiembre (de 1975); todos estos serán los acontecimientos que dé en conmemorar la izquierda revolucionaria a lo largo del la transición. A los emblemas franquistas se les contrapone un conjunto de símbolos opuestos: la bandera rojigualda encuentra su contrapartida en el estandarte rojo o en la enseña tricolor de la República; el Cara al Sol halla respuesta en la Internacional; y el saludo fascista es contrarrestado por el puño en alto.

Los partidos de la izquierda radical trataron de imponerse durante el proceso de reforma, emprendiendo para ello distintas vías, de la integración política pacífica en el sistema, a la estrategia terrorista, pasando por la agitación revolucionaria armada. Los grupos que eligen las fórmulas moderadas son los escasos sectores libertarios, junto con los restos del binomio PCE(m-l)-FRAP y del PCE(i), que cesan prácticamente toda actividad violenta ya en 1979, ante la aplastante consolidación democrática posconstitucional y la creciente eficacia de la represión policial. La opción de la violencia extrema y radicalizada solo se presenta en el caso del conjunto PCE(r)-GRAPO, embarcado en una espiral que a partir de 1983 dará lugar a su desaparición casi total de la escena pública.

Sin embargo, todos ellos habrán de encajar el contragolpe de la democratización, dado que ese proceso conducirá a la progresiva marginación de este sector, cada vez más apartado del juego político, al quedar rápidamente privado de su principal justificación, que era la presencia de un Estado susceptible de ser percibido como una entidad opresora, fascista y capitalista. El clima de consenso que se impone en el país, unido en torno a la reforma, así como el empuje de la reconciliación nacional y del liberalismo económico resultan cada vez menos propicios a la radicalidad revolucionaria, como también sucede con el entorno internacional, que presiona en favor del fin de la guerra fría e impulsa al mismo tiempo el declive de las ideologías y el fin de la utopía marxista.

III. Los movimientos nacionalistas radicales

III

LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS RADICALES

Tras la extrema derecha y la izquierda revolucionaria, la corriente nacionalista radical constituye el tercer tipo de actor que expresa por medio de la violencia su contestación a la reforma. Los grupos que la componen responden a una doble filiación. Por un lado, sitúan en la médula de su proyecto político a la nación, entendida como comunidad étnica, lingüística y cultural, y reclaman que esta tiene derecho a existir de forma autónoma. Por otro, se inscriben en el movimiento contestatario de la izquierda radical y toman prestado del marxismo-leninismo su proyecto revolucionario y social. Lo que les permite conciliar la voluntad de independencia con la revolución socialista es el modelo de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo: consideran que España es una metrópoli extranjera que se ha apropiado ilegítimamente de unos territorios cuya independencia reivindican. Al ser compañeros en la vida clandestina y compartiendo a veces hasta unas misma siglas, los militantes del nacionalismo radical y de la izquierda marxista-leninista mantendrán más de un lazo de solidaridad bajo el franquismo, estableciéndose incluso entre ellos vínculos de carácter operativo que habrán de perdurar tras la muerte del dictador. No obstante, la filiación nacionalista tiende a sustituir al legado marxista, que se ve reducido a su aspecto instrumental y es puesto al servicio de la causa independentista. Este predominio ideológico y estratégico del objetivo de la emancipación nacional determinará que estos grupos primen el recurso a la lucha armada en detrimento de la búsqueda de una mayor influencia social y una mejor integración política.

En el periodo que aquí estudiamos, los grupos que actúan en este marco son tres: el movimiento independentista canario, el independentismo catalán radical y el nacionalismo vasco. Si dejamos a un lado los elementos ideológicos comunes que acabamos de evocar, lo cierto es que todos estos movimientos muestran una gran heterogeneidad, tanto en términos de repercusión en la vida nacional como en términos de evolución cronológica, de permanencia en el tiempo, de prácticas violentas o de impacto mortífero. La bibliografía relacionada con sus ideas y sus operaciones es también muy desigual, ya que, por ejemplo, las breves páginas que aluden al Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) contrastan con los centenares de obras que se han publicado sobre el caso vasco. Las reflexiones que expondré a continuación constituyen por tanto un intento tendente a homogeneizar este panorama. Abordaré la evolución de ETA en último lugar debido a su peso específico, pese a que preceda a los dos anteriores, sirviéndoles de referencia y de modelo.

I. El MPAIAC

I. EL MPAIAC

La aparición de un movimiento nacionalista canario se remonta a finales del siglo XIX, aunque en realidad nunca llegó a alcanzar una amplitud sociopolítica de verdadera relevancia[1]. Resurge sin embargo en la década de 1960, debido a la represión franquista, especialmente a partir de 1959, fecha en la que un grupo de jóvenes abogados de la oposición al régimen —entre los que se encuentra Antonio Cubillo— funda, tras la ejecución de un resistente refugiado en las islas, el Movimiento Autonomista Canario (MAC). Sin embargo, este movimiento —de tendencias revolucionarias, obreristas y nacionalistas— será decapitado a consecuencia de la fuerte represión surgida a raíz de los conflictos sociales del año 1962. Cubillo, que no consigue obtener un respaldo significativo del Partido Comunista, se exilia a Argel. Será justamente en esta ciudad magrebí donde el movimiento logre transformarse, en 1964, en el MPAIAC. La organización adquiere entonces un matiz radical en el que se percibe intensamente la influencia de las teorías tercermundistas de emancipación nacional y el ascendiente del Front de Libération Nationale argelino, que ocupa el poder en ese país tras la guerra de independencia con Francia.

A partir de ese momento, el MPAIAC empezará a preconizar un discurso en el que se fusionan la ideología revolucionaria socialista y la ambición independentista anticolonial, basada en presupuestos indigenistas y africanistas, según los cuales el archipiélago canario sería una colonia africana oprimida por la España continental. En 1970, el movimiento de Cubillo publica un libro blanco titulado El nacionalismo revolucionario de Canarias. La «crisis» colonial de Madrid. Fase actual de nuestra lucha nacional y revolucionaria, en el que se desarrollan todas estas teorías anticolonialistas, y propone a continuación, en 1972, un anteproyecto de Constitución guanche[2] de acuerdo con el cual las Canarias quedarían convertidas en una República Federal independiente, fundada en un vago socialismo y en la exaltación de la auténtica identidad guanche. Queda así planteada la particularidad anticolonial y africanista del movimiento independentista canario, una particularidad que lo diferencia de los demás movimientos nacionalistas surgidos en la España de la década de 1960, los cuales se revelarán más impregnados de la ideología marxista-leninista.

Una estrategia original basada en la movilización diplomática

Esta especificidad del pensamiento de Cubillo es también la que orienta la estrategia política que adopta el MPAIAC a partir de finales de los años sesenta. Dicha estrategia no se apoya en la movilización de las masas, sino en la internacionalización del problema canario, una internacionalización cuyo objetivo consiste en lograr que el MPAIAC sea reconocido en la esfera diplomática como un movimiento de liberación nacional —sobre todo por la Organización para la Unidad Africana (OUA)—. A partir de 1964, Cubillo comienza a actuar, asistiendo por ejemplo a la Conferencia de Países No Alineados de El Cairo, donde consigue el visto bueno del presidente de Guinea, Ahmed Sékou Touré. En 1968, logrará que el Comité de Liberación de la OUA dé un paso significativo al promover una resolución por la que se reconoce que las islas Canarias forman parte de África y tienen derecho a la autodeterminación y a la independencia. Se asigna a una comisión compuesta por Argelia, Guinea y Senegal la tarea de estudiar el asunto y prestar apoyo al MPAIAC en su lucha por la liberación nacional del archipiélago[3].

Además, Cubillo intensifica las gestiones que viene realizando ante el gobierno argelino, el cual utiliza a su vez al movimiento independentista en provecho propio con el fin de obtener ventajas en el contexto de rivalidad que le enfrenta a Marruecos por el control del Sáhara Occidental. En efecto, el 14 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Franco, España, Marruecos y Mauritania firman un acuerdo tripartito por el cual el país europeo cede los territorios de Saguía el Hamra y Río de Oro a las otras dos naciones, haciendo caso omiso de las reivindicaciones de Argelia sobre el Sáhara. El agónico régimen del general Franco cede así a la presión de la «Marcha Verde» que, iniciada por Hasán II a finales de octubre, había logrado encaminar a El Aaiún a varios cientos de miles de marroquíes. Este acuerdo zanja el problema de la última colonia española de África, de modo que, en febrero de 1976, las últimas tropas españolas abandonan definitivamente el Sáhara Occidental. No obstante, al convertir a las Canarias en el extremo fronterizo más meridional por el que España viene a limitar con el continente africano, el pacto estimulará también las veleidades independentistas locales y proporcionará un impulso decisivo al apoyo que ya venía prestando el gobierno de Argelia a la organización de Cubillo. Pocos días después, el 2 de diciembre de 1975, comienza a emitir diariamente desde Argel La Voz de Canarias Libre. Todas las tardes, y por espacio de una hora, los canarios reciben la propaganda independentista del MPAIAC, hasta enero de 1978. Esta radio ofrece una importante proyección al movimiento, hasta el punto de que, a partir de ese momento, el gobierno español, que hasta entonces se había mostrado escasamente interesado en las actividades de Cubillo, empieza a tomarse en serio la amenaza que representa. Un voluminoso memorando encontrado entre las cajas del Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo da fe de la preocupación de las autoridades y de la estrecha vigilancia a la que comienza a verse sometido el movimiento[4]. Por su parte, el MPAIAC se apresta a aprovechar el periodo de incertidumbre política que se inicia con la transición para entrar en una fase de ofensiva sin precedentes, sostenido material y económicamente por Argelia.

La práctica de la lucha armada

El MPAIAC lanza entonces un llamamiento a la movilización armada destinado a lograr que el opresor metropolitano ceda. Con ese objetivo en mente, el movimiento independentista canario forma un frente militar considerado como la base vanguardista de los futuros Ejércitos guanches: en marzo de 1977, La Voz de Canarias Libre anuncia la creación de una serie de grupos especiales de ataque, y en julio proclama que la organización tiene intención de intensificar la campaña terrorista[5].

Nuestro corpus de datos recoge la perpetración de unas setenta acciones violentas entre noviembre de 1976 y enero de 1979[6]. Se trata casi exclusivamente de atentados con bomba (en un 80 % de los casos), cometidos con explosivos de fabricación casera que causan pocos daños materiales. Estos atentados van dirigidos contra edificios que simbolizan la opresión peninsular, cuyas expresiones más claras son, a juicio del MPAIAC, el turismo y la injerencia del capital «extranjero». Se convierten así en blanco de sus acciones las oficinas de turismo, las agencias de viajes, los grandes hoteles y las oficinas de las compañías aéreas, junto con las entidades bancarias y los centros comerciales. Estos actos de propaganda armada, que forman parte de un empeño de boicot de carácter más global por el que se torpedean los productos y las inversiones de la metrópoli, apenas provocarán más que simples cristales rotos, por regla general[7]. Las acciones se dividen en dos fases ofensivas. La primera de ellas, que va de noviembre de 1976 a junio de 1977, se llevará a cabo con la esperanza de influir en el proceso electoral. La segunda se realiza entre octubre de 1977 y febrero de 1978. A partir de esa fecha, la actividad terrorista del MPAIAC se reducirá prácticamente a cero hasta terminar desapareciendo por completo a principios del año 1979. Los atentados se concentran en el archipiélago canario[8], con la excepción de una efímera tentativa de exportar el terrorismo independentista canario al corazón de la península ibérica, a la capital política del Estado colonial, siguiendo el precedente del Front de Libération Nationale argelino —se producen así unos cuantos atentados con explosivos en Madrid contra Galerías Preciados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, o el Museo del Ejército.

A lo largo de este periodo, el MPAIAC establece contacto con algunas organizaciones de la izquierda revolucionaria que también practican la lucha armada. Sus afinidades ideológicas las llevarán a apoyarse mutuamente mediante comunicados recíprocos[9], e incluso a prestarse ayuda logística en la realización de sus acciones terroristas. En marzo de 1977, Cubillo afirma hallarse en estrecha relación con ETA, los GRAPO, el PCE(r), el PCE(i) y el Frente Polisario del Sáhara[10]. A partir del invierno de 1977, la dinamita que utiliza el MPAIAC en sus atentados es la goma-2 que le proporcionan directamente los GRAPO, que poco antes habían conseguido hacerse con un importante alijo tras una operación efectuada en el polvorín de La Reigosa (Pontevedra), en mayo de 1976. Los contactos entre el PCE(r) y Cubillo se habían establecido vía Argelia, al calor de la crisis suscitada por los secuestros de Oriol y Villaescusa, a principios de 1977[11], sobre todo en el transcurso del viaje que efectúa Francisco Javier Martín Eizaguirre, uno de los dirigentes de los GRAPO, a la capital argelina con el fin de estudiar con las autoridades del país la posibilidad de acoger a los prisioneros que pudieran ser puestos en libertad a cambio de la liberación de los rehenes. La Voz de Canarias Libre emitirá los sucesivos comunicados de los GRAPO sobre el asunto de Oriol, así como la reivindicación del atentado contra los policías asesinados en Madrid durante la «Semana Negra». Poco después se establece una coordinación operativa entre el MPAIAC, los GRAPO y el PCE(i)-línea proletaria, en torno a un agente de enlace llamado José Luis Espinosa Pardo, que no solo mantiene vínculos muy próximos a la cúpula del Front de Libération Nationale y se halla en los mejores términos con los medios del exilio antifranquista, sino que es además confidente de la Dirección General de Seguridad[12]. Espinosa se encarga así de la creación de un comando canario en Madrid y de proporcionar al MPAIAC los explosivos que le ofrecen los GRAPO. Los Boletines Informativos de la policía señalan que la unificación operativa de ambas organizaciones —MPAIAC y GRAPO— queda confirmada por el atentado del 13 de mayo de 1977 contra Galerías Preciados de Madrid[13].

El atentado contra Cubillo y la agonía del MPAIAC

En 1977, el MPAIAC se convierte por tanto en una formación particularmente amenazadora. Una de las cosas que provocan inquietud en Madrid es el creciente eco internacional que encuentran sus reivindicaciones, repercusión que obtiene gracias a la plataforma que le brinda la OUA y al respaldo directo del gobierno de Argelia. En febrero de 1978, el Consejo de Ministros de la OUA adopta una resolución que reconoce el carácter colonial y africano de las islas Canarias, reafirmando al mismo tiempo su apoyo al MPAIAC. La reacción del gobierno español es inmediata, y el Congreso de los Diputados condena por unanimidad los acuerdos de la OUA, percibidos como una intolerable injerencia en los asuntos internos de España[14]. La amenaza adquiere tales proporciones que Madrid inicia una intensa ofensiva diplomática en los países africanos para lograr que estos renuncien a prestar apoyo al MPAIAC en la siguiente cumbre de la OUA, prevista para julio de 1978. Por otra parte, la lucha armada, de intensidad moderada hasta ese momento, podría empezar a adquirir una mayor amplitud con el apoyo logístico de los GRAPO y el PCE(i). El 27 de marzo de 1977 se imputará al MPAIAC el accidente aéreo más letal de la historia de España, al chocar de frente, en la pista del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, dos aviones de la PanAm y KLM, provocando la muerte de 582 personas. El siniestro se produce a causa de la intensa niebla que reina ese día en la pista, pero los aviones habían sido desviados del aeropuerto de Gran Canaria, donde debían haber aterrizado en principio, como consecuencia del artefacto explosivo colocado por el grupo independentista en ese aeródromo y desactivado poco después por la policía[15].

En este contexto doblemente tenso tiene lugar el atentado contra Cubillo, apuñalado junto al portal de su casa de Argel, el 5 de abril de 1978. Gravemente herido, conseguirá sobrevivir gracias a la milagrosa intervención de una vecina. Se verá no obstante obligado a permanecer en el hospital durante meses y quedará discapacitado para el resto de su vida. Actualmente hemos llegado a conocer, siquiera parcialmente, los tortuosos senderos que llevaron al fallido intento de asesinato, y todo apunta a una responsabilidad directa de los servicios de seguridad españoles[16]. La decapitación del movimiento señala el fin de las actividades armadas del MPAIAC. Con todo, el atentado es rápidamente instrumentalizado por el gobierno argelino, que inicia una activa campaña contra el Ejecutivo español, al que acusa de complicidad en la intentona. La tensión entre Argel y Madrid alcanza así su punto culminante, hasta el extremo de que las relaciones diplomáticas entre ambos países quedan al borde de la ruptura. Al final, España contrarrestará la ofensiva diplomática de Argelia al conseguir que la XV Reunión de Jefes de Estado de la OUA, celebrada en Jartum en julio de 1978, rechace la propuesta argelina de reconocer al MPAIAC como movimiento africano de liberación nacional. En junio de 1981, la sede local del secretario general de la OUA en las Canarias cierra el caso y rechaza las tesis del MPAIAC, afirmando que las islas, pese a hallarse situadas geográficamente en África, son plenamente españolas. De forma paralela, mientras trata de digerir el fracaso de su estrategia diplomática, el MPAIAC empieza a sufrir una fuerte represión policial, con lo que el movimiento terminará desarticulado antes de que acabe el año 1978. Según las cifras que ofrece la Dirección General de Seguridad, entre julio de 1977 y junio de 1979 se detiene por delitos de terrorismo a 57 militantes del movimiento[17].

Unido al hecho de que el arraigo social del independentismo radical es extremadamente débil en Canarias, el carácter personal del MPAIAC, basado en el carismático voluntarismo de Cubillo, explica que el movimiento desaparezca de la escena pública española al quedar su jefe fuera de juego y abandonar Argel la partida. El proceso de autonomía puesto en marcha a partir del año 1978 desactiva las raras iniciativas de quienes tienden a recurrir a la lucha armada para conseguir una independencia que apenas desean los canarios. Los partidos nacionalistas que optan por la vía parlamentaria obtienen unos pobres resultados en las elecciones de 1977. La ligera mejoría de los comicios de 1979 permitirá a Unión del Pueblo Canario (UPC) obtener un diputado en Madrid —Fernando Sagaseta—, pero en 1982 volverá a encontrarse sin representación[18]. Por consiguiente, la población canaria no sucumbió a la tentación del independentismo ni a la seducción de las tesis africanistas y colonialistas promovidas por Cubillo, un hombre que, en esencia, debe tanto su renombre como su derrota al hecho de que su causa se imbricara en un juego diplomático cuyas dimensiones le superaron.

II. Terra Lliure y el independentismo catalán armado

II. TERRA LLIURE Y EL INDEPENDENTISMO CATALÁN ARMADO

A diferencia de lo que sucedió con el MPAIAC y las organizaciones armadas de la izquierda revolucionaria, surgidos de los movimientos reivindicativos de la década de 1960, Terra Lliure (Tierra libre)[19] nace tardíamente, como consecuencia de la reforma democrática, dado que su primera aparición pública se produce en 1980. No obstante, es una derivación de los movimientos nacionalistas catalanes originados en la corriente de la izquierda radical de los años setenta, sobre la base de los restos del Frente Nacional de Cataluña (FNC), creado al término de la Guerra Civil con el fin de continuar el combate político-militar contra el franquismo. El surgimiento de Terra Lliure se enmarca en la obstinación de un conjunto de militantes dispuestos a ir más allá de la simple lucha política —en el contexto de una transición polémica—. Sin embargo, una de las características del nacionalismo catalán es su pacifismo, rasgo que comparten incluso los independentistas. Los que optan por la senda violenta serán por lo tanto en todo momento una exigua minoría, tanto antes como después de la muerte de Franco.

Los antecedentes de la corriente «catalana separatista» radical

A finales de la década de 1960, la corriente «catalana separatista»[20] se halla en plena expansión. El año clave en este sentido es el de 1969, ya que será el que señale el inicio de la edición de la Gran enciclopèdia catalana, la celebración de la primera universidad de verano catalana y la constitución de la primera plataforma regional y unitaria de la oposición democrática —la Comisión de Coordinación de las Fuerzas Políticas de Cataluña, que dará lugar, en 1971, a la Asamblea de Cataluña—. En 1969 se funda también, a partir de una escisión del Frente Nacional de Cataluña, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes, PSAN)[21], en el que se integran las generaciones más jóvenes, que no han vivido la guerra, así como las nuevas referencias ideológicas de los años setenta. En esta corriente surgirán igualmente una serie de grupúsculos defensores de la lucha armada como fórmula para conseguir la independencia de una Cataluña socialista.

Surgirá así el FAC[22], Frente de Liberación Catalán (Front d’Alliberament Català), en 1970, constituido por antiguos combatientes independentistas y por jóvenes procedentes de las juventudes obreras. El FAC se define como una organización armada marxista-leninista, mantiene contactos con otros grupos armados de tendencia libertaria, como el MIL o la OLLA, y se lanza a la práctica de la agitación armada con el objetivo de provocar la insurrección del pueblo. Su primera acción violenta se remonta a los últimos meses de 1970, y hasta finales de 1972 el FAC habría perpetrado, según el independentista Jaume Fernàndez i Calvet, cerca de 80 acciones violentas[23]. Dichas acciones son de tipo idéntico a las que cometen los grupos de la izquierda radical: atracos a mano armada destinados a lograr equipamiento y financiación, sabotaje de vías férreas y de repetidores de medios de comunicación, explosiones y cócteles molotov dirigidos contra los tribunales, los cuarteles de la Guardia Civil, los monumentos erigidos en memoria del franquismo, o ciertas empresas. En marzo de 1971, una de esas bombas provocará la muerte de un guardia civil al explotar en el edificio de la Diputación de Barcelona. Por lo demás, estas acciones pasan prácticamente desapercibidas debido a la eficaz censura franquista, que se asegura de que los periódicos no concedan la más mínima publicidad al grupo independentista, privándolo así del apoyo popular. Las sucesivas oleadas de detenciones que se producen entre 1972 y 1975 desmantelan la organización. En el otoño de 1975, el arresto de unos veinte militantes[24] determinará el cese de las actividades del FAC.

De forma paralela, al término del franquismo, los partidarios de la lucha armada se separan del PSAN para constituir el PSAN-provisional (PSAN-p), que se embarca en la actividad militar, sobre todo al rubricar un acuerdo de colaboración con los grupos independentistas de otras regiones —con la Unión do Pobo Galego (Unión del Pueblo Gallego, UPG) en Galicia, y con ETA político-militar (ETApm) en el País Vasco[25]—. La organización adopta la posición de una confrontación total con la reforma, ya que se niega a participar en la plataforma unitaria de la oposición catalana, no solicita que se la legalice en el marco de la nueva democracia, boicotea las elecciones, y rechaza la Constitución y el Estatuto de autonomía catalán. Este planteamiento radical de automarginación hará que el PSAN-p pierda toda capacidad de presión política, con lo que su única salida será la creación de una organización armada revolucionaria destinada a dinamizar la lucha —dando origen con ello a Terra Lliure.

El movimiento independentista catalán frente a la reforma democrática

Tras haber sido censurado en tiempos del franquismo, el movimiento nacionalista catalán logra un cierto reconocimiento en los inicios de la transición. En 1976 y 1977 se producen fuertes movilizaciones en torno al programa de la Asamblea de Cataluña —que reivindica la amnistía, las libertades públicas y el restablecimiento provisional del Estatuto de autonomía de 1932—. La fiesta nacional catalana, la Diada, cuya celebración tiene lugar los días 11 de septiembre —prohibida bajo el régimen franquista—, reúne a cerca de cincuenta mil personas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en 1976, y a más de un millón en 1977. En diciembre de 1975, se encarga a una coordinadora unitaria de las fuerzas políticas catalanas que negocie directamente con el gobierno. El proceso dará lugar al restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña en septiembre de 1977, bajo los auspicios de Josep Tarradellas[26]. En 1979 se instituye el Estatuto de autonomía de Cataluña. Este movimiento positivo de emancipación privará al independentismo de un respaldo popular generalizado. En 1977, un informe del gobierno lo constatará así en un apartado encabezado con la expresión «terrorismo separatista»: el texto señala que, tras el restablecimiento de la Generalitat, se observa una «disminución de las actividades catalanistas, cuya principal bandera consistía en la petición del Estatuto de autonomía». «Los grupos separatistas más radicales, al no encontrar el campo óptimo en que obtener sus bases», se han visto obligados a reducir «en cantidad» su actividad criminal[27].

Sin embargo, ese año el independentismo catalán recupera fuerzas y encuentra el modo de ampliar su apoyo social perpetrando dos asesinatos particularmente oscuros: los de José María Bultó y Joaquín Viola[28]. El 9 de mayo de 1977, José María Bultó Marqués, un industrial catalán, es secuestrado por unos individuos que le colocan un cinturón de explosivos y exigen un rescate de quinientos millones de pesetas. Al querer desembarazarse de los explosivos, Bultó provoca la explosión de la dinamita. Las autoridades policiales y la opinión pública piensan que se trata de un acto relevante e imputable a delincuentes comunes, de modo que el 1 de julio de ese año se produce una enorme sorpresa al detenerse a cuatro independentistas catalanes, miembros de un grupo denominado EPOCA (Exèrcit Popular Català), que aflora de ese modo al espacio público[29]. Después de esas detenciones aparece una corriente de movilización que exige la liberación de los inculpados y que conseguirá reunir a treinta mil personas el día de la Diada —antes de la celebración oficial de la efeméride— en torno al eslogan: «Libertad para los patriotas catalanes». En marzo de 1979 se produce una situación similar al ser detenidos cerca de diez militantes independentistas[30] a los que se acusa de los asesinatos de José María Bultó y Joaquín Viola. En efecto, en enero de 1978, Joaquín Viola, exalcalde de Barcelona, y su esposa, Montserrat Tarragona Corbellá, habían sido asesinados en condiciones idénticas a las que habían provocado la muerte del industrial catalán José María Bultó. Otras detenciones vendrán a completar la redada policial en junio de 1979, tras la muerte de un independentista, Félix Goñi, fallecido a causa de la explosión de la bomba que estaba tratando de colocar en un centro comercial de Barcelona[31].

En este periodo nacen también otros comités de solidaridad, convirtiéndose en una plataforma que termina por dar un nuevo impulso al nacionalismo radical. Entre las nuevas generaciones, el eje en torno al cual vendrá a consolidarse la conciencia del independentismo catalán será la solidaridad contra la represión. Posteriormente, dicha conciencia se difundirá por el tejido social a través de la participación en los movimientos sociales tradicionales —estudiantiles, obreros, vecinales— y alternativos —ecologistas, antinucleares, feministas, de defensa de la lengua catalana, etcétera—. Este nuevo independentismo se construye alrededor de una estrategia de resistencia y de feroz oposición a la democracia «de baja calidad» que ha surgido de la reforma, una democracia a la que se critica por no haber desmantelado las estructuras político-administrativas del franquismo, por no haber dejado que el pueblo se pronunciara sobre la forma monárquica del Estado, por cortar el paso al derecho de autodeterminación[32], y por haber frenado la democratización social mediante los Pactos de la Moncloa. Tras quedar relegados a los márgenes del ámbito político, los sectores más radicales continuarán la lucha en torno a una nueva organización armada, Terra Lliure.

Terra Lliure o la opción de la lucha armada

La decisión de crear un grupo armado se remonta a finales del año 1978. Según Jaume Fernàndez i Calvet, los meses posteriores a esa fecha se consagrarán a la captación de nuevos militantes, sobre todo entre las filas de EPOCA y el PSAN-p; a la formación de comandos; a la obtención de armas; y a la instrucción teórica y militar de los activistas —lograda en este caso mediante el establecimiento de una colaboración con las dos ramas de ETA[33]—. Lo que espera conseguir Terra Lliure por medio de la acción militar es dinamizar las luchas sociales y políticas con el fin de obtener la independencia socialista de los Países Catalanes. Terra Lliure reagrupa así, en torno a sus comandos armados, a toda una red de militantes integrados en el aparato político, los Independentistas de los Países Catalanes o IPC —un partido socialista revolucionario creado en 1979, al que la policía acusa de proporcionar ayuda logística a los terroristas (escondites para sus activistas, lugares para ocultar armas y explosivos, documentación falsa, etcétera)—. Esta red se moviliza tras cada oleada de detenciones, avivando así la llama de la solidaridad contra la represión y la estrategia de resistencia. En tanto que grupo de vanguardia, Terra Lliure pretende proporcionar impulso a un nuevo movimiento político unitario de la izquierda independentista extraparlamentaria: el Movimiento de Defensa de la Tierra, fundado en 1982.

La primera aparición pública de Terra Lliure tiene lugar el 25 de julio de 1980, fecha en la que la organización reivindicará dos atentados con bomba perpetrados en Barcelona contra las instalaciones de la empresa energética FECSA, como signo de su apoyo a los movimientos contrarios a las centrales nucleares. Entre ese día y finales del año 1982, nuestro corpus de datos recoge unas cuarenta acciones violentas, todas ellas cometidas por Terra Lliure en Cataluña o el litorial valenciano, con dos picos particularmente elevados en el otoño de 1981 y enero de 1982, debidos a tres series de explosiones. Las bombas son el arma predilecta de las acciones de propaganda y van dirigidas exclusivamente contra aquellos bienes a los que se atribuye un carácter simbólico. Los edificios administrativos son los más afectados —y de entre ellos destacan los que representan bien al sistema judicial opresivo (es decir, a los tribunales), bien al gobierno central (delegaciones provinciales y Gobierno Civil)—, junto con las instalaciones eléctricas, que son objeto de la campaña contra la energía nuclear[34].

Pese a las sucesivas oleadas de detenciones que vienen a desmantelar periódicamente a la organización, el creciente empuje del independentismo catalán irá proporcionando nuevos militantes a la formación hasta su disolución final, ocurrida en 1995 —aunque ya en 1992 una operación policial había puesto fin a sus actividades—. Hasta su disolución, Terra Lliure seguirá perpetrando esporádicamente sus acciones violentas, pero el punto culminante de su actividad se sitúa en los años centrales del decenio de 1980, entre 1984 y 1988. El número de atentados que comete no supera la cifra de treinta al año, y sus ataques se dirigen siempre, de forma mayoritaria, contra bienes materiales. Terra Lliure prolonga por tanto su estrategia de resistencia hasta un periodo bastante avanzado del proceso democrático, aprovechando la vitalidad que muestra la dinámica nacionalista catalana que, sin embargo, rechaza de forma muy mayoritaria el recurso a la violencia, lo que de hecho coloca a la organización armada en una situación de crisis endémica. Por consiguiente, su estudio rebasa el marco de nuestro estudio[35].

III. ETA

III. ETA

La organización independentista vasca ha suscitado la redacción de miles de páginas, escritas bien por actores que intervinieron en sus acciones o las padecieron, bien por testigos de toda clase o especialistas de un gran número de disciplinas. Su historia es por tanto muy conocida, de modo que remito al lector a las referencias que cita la bibliografía. En cambio, he considerado necesario ofrecer unos cuantos puntos de referencia con el fin de comprender mejor los pormenores de esta organización terrorista que resulta excepcional tanto por su longevidad como por su capacidad letal —con más de 840 personas asesinadas desde su primera acción, ocurrida en 1968, hasta que anuncie el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011—. Dado que mi propósito consiste aquí en incluir a ETA en el marco de los demás grupos armados que actúan durante la transición, el discurso se centrará tanto en las evoluciones estratégicas que habrá de ir sufriendo la organización en el transcurso del periodo como en las consecuencias que irán teniendo sobre su actividad terrorista esas variaciones[36], analizadas por medio de nuestro corpus de datos[37].

Breve esquema de la historia de ETA en tiempos del franquismo

Un grupo de jóvenes nacionalistas funda ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o País Vasco y Libertad) en 1959. Sus promotores son individuos ávidos de acción frente a la mesura del partido dominante del nacionalismo vasco —es decir, el Partido Nacionalista Vasco[38], de tradición moderada— y la postura pasiva que se adopta en relación con el régimen franquista. La organización dedicará la década de 1960 a definir su identidad ideológica, escindida entre dos corrientes: el nacionalismo y el proyecto revolucionario.

a) Definición ideológica

La parte nacionalista, de carácter central, surge del pensamiento de Sabino Arana[39], y se funda en la afirmación de la pureza de la raza vasca, el integrismo católico, el ruralismo antiliberal y el regeneracionismo. Este núcleo ideológico se reexamina y adapta —desde un interés focalizado en el pragmatismo y la eficacia política— a la realidad vasca de la década de 1960, sometida a las conmociones de la industrialización, la urbanización y la inmigración masiva. De este modo, el etnocentrismo sustituye al racismo inicial, la comunidad de cultura y lengua reemplaza a la filiación derivada de la sangre como fundamento de la identidad vasca, y la inspiración rural tradicional se desdibuja ante la importancia que adquieren las clases obreras de las ciudades. Será justamente el progresivo reconocimiento de esta realidad social lo que permita a los jóvenes nacionalistas vascos acceder a las teorías marxistas, pese a proceder en su inmensa mayoría de una gran burguesía anticomunista. La obra de Federico Krutwig titulada Vasconia. Estudio dialéctico de una nacionalidad, publicada en 1963, tiene en este sentido un carácter fundador, ya que efectúa la fusión del nacionalismo vasco tradicional con la ideología revolucionaria marxista, adhiriéndose para ello al modelo anticolonialista del tercermundismo. ETA se define en su I Asamblea, organizada en 1962, como un «movimiento revolucionario vasco de liberación nacional», de modo que es entonces cuando nace el mito de una tierra vasca ocupada por España, entendida como una nación extranjera y explotadora, cuyo yugo opresor exige a los vascos una reacción. Esta interpretación adquiere mayor sentido en el marco de la dictadura franquista, que prohíbe toda manifestación efectiva del particularismo regional. Mediante la aceptación de la teoría marxista de la lucha de clases, ETA se aproxima a los combates del movimiento obrero que empiezan a aflorar por esta época, pese a que titubee constantemente, en el curso de su trayectoria, respecto a la postura estratégica que debe adoptar frente a las luchas sociales.

Por esta razón, en las sucesivas escisiones y expulsiones que se producen a lo largo de los años sesenta y setenta, las facciones que se alcen con la victoria serán siempre las que se decanten por la primacía del objetivo nacional de liberación, que dominan a las que adoptan el punto de vista del socialismo revolucionario —mientras que las tendencias obreristas, por su parte, acabarán siendo expulsadas y tachadas de «españolistas»—. Los debates ideológicos llegan a su fin tras la importante división de 1970, en plena agitación por el proceso de Burgos, que da lugar al surgimiento de ETA-VI Asamblea[40], de carácter socialista, mientras que ETA-V Asamblea retoma el estandarte del nacionalismo radical y violento y se gana a las juventudes del PNV. Según algunos observadores, a partir de ese momento «ETA queda ideológicamente muerta»[41]. Para la formación ideológica de los militantes bastan unas cuantas convicciones básicas: la idea de que Euskadi es una nación ocupada, la integración de la lucha del pueblo vasco en un marco revolucionario antiimperialista, y la absoluta necesidad de la lucha armada como método más apropiado para la liberación nacional. En 1974 se producirá una última escisión como consecuencia de las diferentes percepciones relacionadas con la estrategia que adoptar frente a la crisis del régimen franquista. Esta división dará lugar al surgimiento de las dos ramas de ETA que habrán de permanecer activas durante la transición: ETA político-militar (ETApm) y ETA militar (ETAm). La primera, que en ese momento goza de una amplia mayoría, se propone combinar en el seno de una misma organización la acción armada y la movilización de las masas. La segunda se pronuncia en cambio en favor de la primacía absoluta de la lucha armada, procediendo a una estricta separación entre la estructura clandestina exclusivamente militar y el frente dedicado a la movilización de las masas —frente que se deja en manos de los grupos sociales que han de organizarse al margen de la propia ETAm y gozar además de la libertad que el marco de la nueva legalidad democrática permite ahora—. Enormemente minoritaria en 1974, ETAm no solo viene a reagrupar a la vanguardia más intransigente del sector abertzale[42] sino que va ganando progresivamente terreno a su rival, ETApm, hasta adquirir hacia 1980 un peso tres veces superior a la otra rama, tanto en términos de militancia como de actividad.

b) La etapa de la «guerra revolucionaria»

Inspirándose en las guerras de liberación nacional que están en boga en el tercer mundo de la década de 1960, ETA considera, en consonancia con el pensamiento de los grupos de la izquierda revolucionaria, que la lucha armada es necesaria para la emancipación nacional, ya que las acciones terroristas han de contribuir a impulsar la insurrección armada del pueblo vasco que busca su independencia. La IV Asamblea define en 1965 las bases teóricas de lo que ella denomina la «guerra revolucionaria». Esta se funda en el principio de acción-represión-acción: la acción terrorista debe provocar al Estado para que este reaccione mediante la represión de las masas populares, generándose de ese modo un movimiento de rebelión contra el sistema y de simpatía hacia los gloriosos combatientes. El modelo autoritario y represivo del Estado franquista permite que este planteamiento funcione espléndidamente bien, constituyéndose así en un terreno abonado para la corriente nacionalista radicalizada e intransigente. El régimen de Franco, al responder a las provocaciones terroristas —y ajustarse por tanto a las expectativas de la banda—, contribuye a despertar las conciencias y a incitarlas a volverse hacia el nacionalismo vasco, convirtiéndose, en cierto sentido, en el «mejor propagandista de ETA»[43].

El frente militar, estructurado en el transcurso de la V Asamblea, entrará en acción en 1968 mediante una serie de explosiones dirigidas contra diferentes símbolos de la victoria militar franquista (como los monumentos a los caídos) y la opresión de la dictadura (cuarteles, ayuntamientos), para cruzar finalmente la frontera moral del asesinato. El 7 de junio de ese año, un guardia civil muere a consecuencia de los disparos de unos militantes de ETA en un control de carretera, pero será el 2 de agosto cuando se cometa el primer asesinato deliberado de la banda en la persona del comisario de la Brigada Político-Social (BPS) de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. La reacción del gobierno no se hace esperar, se decreta inmediatamente el estado de excepción y se procede a la detención de más de cuatrocientas personas en el resto del año[44]. El estado de excepción se revela particularmente contraproducente, ya que en las postrimerías del franquismo será una medida que se decrete de forma casi sistemática en las provincias vascas, privando al individuo de los raros espacios de libertad de que todavía disfruta, dejando la puerta abierta a las arbitrariedades policiales y generando oleadas de detenciones y de acusaciones masivas que superan con mucho el ámbito etarra y contribuyen a solidarizar a la sociedad vasca con la causa nacionalista. Otro de los instrumentos de represión es el de los procesos en que se ven inmersos los militantes detenidos —procesos que ETA consigue hacer que se vuelvan en su favor—. El más importante de todos esos procesos es el de Burgos, que se desarrolla entre el 3 y el 10 de diciembre de 1970. Este consejo de guerra, que juzga a los 16 activistas acusados del asesinato de Manzanas, suscita una oleada de protestas nacionales e internacionales a la que el régimen responde en un primer momento con la intensificación de la represión (prolongando, por ejemplo, el estado de excepción hasta febrero de 1971), antes de ceder no obstante a la presión y conmutar las penas de muerte de los encausados. ETA consigue en ese momento un apoyo popular generalizado que termina sublimando la lucha armada y atrayendo a un gran número de militantes a las filas de la organización.

Posteriormente, los atentados se sucederán por oleadas, sobre todo en 1972, fecha en la que se producen varios atracos a entidades bancarias, a los que vendrán a sumarse poco después los atentados perpetrados contra determinados elementos simbólicos del Estado (se colocan explosivos plásticos en monumentos dedicados a conmemorar la victoria franquista y bombas en los edificios del Sindicato Vertical, por ejemplo) y los primeros secuestros de empresarios[45]. En diciembre de 1973 se produce el atentado más espectacular y más rentable de toda la historia de ETA, a saber, el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, en pleno centro de Madrid[46]. El impacto que provoca el atentado y la emoción popular llegan a tal punto que el capital de simpatía que se genera tanto entre la población vasca como en numerosos sectores de la oposición apenas quedará empañado por el drama del atentado de la calle del Correo, el más letal de la historia del régimen. El 13 de septiembre de 1974, explota una bomba en una cafetería de Madrid que mata a 13 personas y hiere a otras 80. ETA se proponía acabar con los funcionarios de policía de la Dirección General de Seguridad —que frecuentaban con mucha asiduidad el establecimiento, ya que la comisaría se hallaba justo al lado—, pero lo cierto es que la explosión afecta casi exclusivamente a individuos civiles, incluyendo numerosas mujeres. El atentado causa una gran estupefacción y provoca tal movimiento de rechazo que la dirección de ETA no se atreve a reivindicarlo. Adoptará incluso la tesis que se divulga en los círculos de la oposición, según la cual semejante barbarie solo puede deberse a una manipulación de la extrema derecha. Así se afirmará un mes más tarde en un comunicado de esos medios antifranquistas, que los culpables de la matanza son los «núcleos ultrafascistas estrechamente ligados a determinados medios policiales y políticos del Estado español»[47].

No obstante, el incidente no impedirá que ETApm y ETAm intensifiquen las acciones militares que dirigen contra objetivos específicos: en 1974 aún habrán de asesinar a otras seis personas, y matarán a otras dieciséis más, sobre todo policías y guardias civiles, en 1975. La respuesta policial se sitúa a la altura de esta ola de violencia: el 25 de abril de 1975 el gobierno proclama el estado de excepción, por un periodo de tres meses, en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. En el transcurso de ese mismo año se detendrá a cerca de 300 miembros de ETA en el territorio vasco, además de a 150 militantes de otros grupos considerados subversivos[48]. Se desarticula asimismo a un gran número de comandos etarras. Dos militantes arrestados en el verano de 1975 serán condenados a muerte y ejecutados en septiembre en medio de una indignación general, mientras que una decena de militantes cae en el curso del año, abatidos por los disparos de la policía. Esta represión deja a la organización extenuada, y en el momento en que se produce la muerte del dictador, ETApm se encuentra prácticamente desmantelada y la situación de ETAm apenas es ligeramente mejor.

De este modo, ETA afronta la transición desde una posición operativa debilitada. Sin embargo, el capital de simpatía que ha ido acumulando no tarda en convertirse en un vivero de nuevos reclutas para los años venideros. Cuenta además con un arraigo popular profundo que da fe del éxito de la estrategia adoptada. El memorándum del Gobierno Civil de Guipúzcoa correspondiente al año 1975 sostiene con razón que «la libertad de los presos y exilados políticos es sin duda alguna la única consigna capaz de movilizar a las masas populares vascas», dado que la represión masiva ha determinado que muchos vascos tengan a un conocido o a un miembro de la familia en la cárcel[49]. En el momento en que fallece Franco, la lucha armada cuenta con un sólido arraigo en el imaginario etarra. Los dirigentes de la banda subliman la violencia, elevándola a la categoría de catarsis, de concepto, de símbolo y de fin en sí mismo, ya que es creadora de una identidad colectiva nacionalista[50]. La transformación del régimen español en una democracia no modificará en nada estos preceptos.

La plenitud de ETA en democracia

Si ampliamos nuestra perspectiva cronológica hasta la década de 2000, constataremos que el 95 % de las víctimas de ETA fueron asesinadas después de la muerte de Franco: a pesar de que la banda naciera en plena dictadura y de que el comportamiento represivo del régimen franquista fuera un factor clave de su desarrollo, resulta innegable que la organización dirige su violencia más sanguinaria contra un Estado ya democrático. Será durante la transición cuando se instauren las coordenadas de la huida terrorista hacia delante por parte de la organización. Entre noviembre de 1975 y diciembre de 1982, nuestro corpus de datos recoge más de mil acciones violentas atribuidas a ETA, y cerca de cuatrocientas muertes provocadas (incluyendo en el cálculo a los terroristas fallecidos) —lo que representa más de la mitad de las víctimas de la transición—. En 1978, el año de la elaboración de la Constitución y su votación en referéndum, se sitúa el punto de inflexión mortífero de ETA (gráfico 10); el periodo comprendido entre 1979 y 1980 constituye el apogeo del terrorismo etarra.

Gráfico 10. Evolución cronológica anual de la actividad violenta de ETA

Para comprender esta particular trayectoria que, de entre los grupos violentos que hemos examinado en los párrafos anteriores, únicamente puede compararse con la andadura de los GRAPO, es preciso repasar brevemente la evolución estratégica de la organización. La consolidación del proyecto democrático que lleva a cabo Adolfo Suárez arruina efectivamente toda esperanza de una insurrección popular derivada de la táctica de la «guerra revolucionaria» que hasta entonces había venido funcionando. Esta es la razón de que ETA se dote de una organización sociopolítica paralela capaz de realizar una actividad política propia —de acuerdo con los deseos expresados en la V Asamblea— y de ampliar la base social abertzale. Se trata de la plataforma de coordinación denominada KAS[51], en la que vienen a confluir, en torno al núcleo armado de la cúpula de ETA (militar y político-militar), una serie de movimientos sociales y políticos estructurados en forma de red: los comités pro-amnistía, extremadamente activos en los inicios de la transición, el sindicato LAB[52], nacido en 1974, los partidos LAIA y HASI[*], y las juventudes de Jarrai, fundadas en 1979. KAS forma lo que da en llamarse el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), en el que se decide la estrategia global de la izquierda nacionalista vasca radical. Dicha estrategia definirá en agosto de 1976 «la alternativa KAS», constituida por cinco puntos destinados a informar en lo sucesivo las reivindicaciones básicas previas a toda negociación con el gobierno español: la amnistía total, las libertades democráticas, la salida de las fuerzas militares y policiales españolas del territorio vasco, la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, y el derecho de autodeterminación de una comunidad nacional que incluya a Navarra y que afirme sus vínculos con las provincias vascas del norte (en Francia). La estrategia armada se subordina a la obtención de esos objetivos, ya que consiste, desde este punto de vista, en mantener mediante la actividad terrorista una presión insostenible susceptible de obligar al Estado a ceder y a aceptar la alternativa KAS. Se pasa de ese modo de la teoría de la insurrección popular a la fase de la negociación política, o de la guerra revolucionaria a la guerra de desgaste[53]. Tanto ETApm como ETAm suscriben esta estrategia, que tiene en cuenta la apertura de los nuevos canales de participación política —aunque ETAm concederá a la violencia un papel estratégico central—, y se dotan de sendos brazos políticos, integrados en la plataforma KAS. A partir de septiembre de 1976, en el transcurso de la VII Asamblea, ETApm funda un partido, EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia, o Partido para la Revolución Vasca), que participará en las elecciones de 1977 adscrito a una coalición abertzale denominada EE (Euskadiko Ezkerra, o Izquierda de Euskadi), obteniendo un diputado: Francisco Letamendia. En 1978, ETAm alumbra a su vez a Herri Batasuna (HB, o Unidad popular), que se convierte inmediatamente en el portavoz de las reivindicaciones etarras y en un indicador de su apoyo popular[54]. Esta estrategia de integración política no excluye en modo alguno la práctica de la violencia terrorista, cuyo objetivo consistirá en impedir la estabilización de la reforma en Euskadi, ya que eso reduciría las posibilidades de lograr que el Estado se avenga a sus exigencias.

Esta será la línea estratégica que se mantenga a lo largo de toda la transición. La aprobación de la Constitución no consigue cambiar nada, dado que los nacionalistas consideran —ateniéndose a un cálculo que consiste en sumar los votos negativos y las abstenciones para interpretarlas como expresión del rechazo a la reforma democrática— que el pueblo vasco la ha rechazado[55]. Más dificultades tendrá la organización terrorista para pasar por alto la realidad del Estatuto de Autonomía del País Vasco, conocido también como Estatuto de Guernica en honor de la simbólica población en la que se firmó en 1979. Al contrario que la Constitución, el Estatuto fue aprobado por una amplia mayoría de vascos[56]. Fue el resultado de una negociación entre el gobierno central y la franja moderada del nacionalismo, representada por el PNV, que accede en marzo de 1980 al Ejecutivo regional. La existencia de percepciones divergentes de la autonomía llevan a la ruptura entre el nacionalismo moderado y el nacionalismo radical, que adopta una posición antisistema maximalista. Los abertzales intransigentes continúan con su lógica de resistencia, no solo frente al gobierno central, sino también frente al gobierno regional. Sin embargo, en el seno de ETA también afloran divisiones, de modo que los planteamientos extremistas que insisten en el rechazo llevan a los sectores más radicales de la organización a provocar el fracaso de todos los intentos de negociación con los gobiernos del Estado, tanto durante la transición como después de ella. ETAm rompe así, mediante la violencia, las veleidades negociadoras de ciertos ámbitos de ETApm[57], hasta la rendición de esta última, ocurrida en 1982[58].

Según Alfonso Pérez-Agote, ETA no supo vivir el luto de su objeto de odio original, el franquismo, luto que además mantiene irresuelto a través de la «profecía autorrealizada» que sostiene que nada ha cambiado con la muerte de Franco[59]. El paso queda abierto a la reproducción infinita de la violencia en democracia.

La práctica de la violencia

Con todo, la intensa represión del año 1975 había dejado a ETA en una situación operativa muy problemática, lo que obliga a la organización a reestructurarse. La amnistía de julio de 1976 y las medidas de gracia decretadas posteriormente por el gobierno de Adolfo Suárez desembocan en la liberación provisional de todos los presos vascos[60]. No obstante, lejos de incitar a los dirigentes de ETA a reconsiderar la necesidad de recurrir a la lucha armada, estas medidas de emancipación, unidas al clima de creciente libertad que invade España entre los años 1976 y 1977, permitirán que la banda se organice como un verdadero ejército. A partir de 1975, el frente armado impone una disciplina y una jerarquía estrictamente militares, mientras la estructura del movimiento actúa con gran eficacia y recluta a un gran número de militantes. En un primer momento cuenta con la inestimable y masiva aportación (entre sesenta y cien activistas) de los comandos Bereziak, un conjunto de células operativas de ETApm que no aprueban los nuevos principios ideológicos de la dirección y se suman a las filas de ETAm en septiembre de 1977. Además, la efervescencia social de los primeros años de la transición incide de manera muy particular en el País Vasco, promoviendo las banderas de la amnistía, el euskera, la ikurriña (la enseña vasca) y la autonomía, rozando en ocasiones la insurrección. Según Benjamín Tejerina, «el grado de sensibilización social y de politización se eleva a cotas nunca vistas en la historia contemporánea del País Vasco»[61]. Por su parte, los abusos y excesos policiales que puntúan esos años, minan la credibilidad de las Fuerzas del Orden Público, contribuyen a deslegitimar al Estado —que sigue estando dirigido por individuos procedentes de la élite franquista— y alimentan la ficción de que nada ha cambiado.

Ese clima activa el alistamiento de los jóvenes vascos radicalizados en ETA, que no solo se erige en referente simbólico del nacionalismo vasco, sino que hereda el capital mítico de la lucha antifranquista. En 1977 serán al menos trescientos los activistas que engrosen las filas de ETA, que consigue constituir 82 comandos legales entre 1977 y 1979, a los que hay que sumar tanto los ya existentes como los comandos ilegales[62]. Los legales, que están integrados por militantes que la policía no tiene identificados, que se mezclan con la población y que llevan una vida cotidiana ordinaria, representan en ese momento la principal fuerza operativa de ETA. Estos comandos, repartidos por todas las provincias del País Vasco español y Navarra, perpetran las tres cuartas partes de los atentados de los años 1978 y 1979. Los ilegales, es decir, los grupos clandestinos buscados por la policía, son menos numerosos, pero constituyen la élite profesionalizada de la banda. Residen en Francia y pasan clandestinamente a la península para cometer las acciones terroristas más complejas y arriesgadas. Durante estos años cruciales se constituirá también la cúpula dirigente, que no habrá de experimentar prácticamente ningún cambio hasta la redada policial de Bidart (Francia), efectuada en 1992. Los atentados que llevan a cabo son de naturaleza característicamente terrorista (en un 80 % de los casos), pese a la relativa simplicidad que muestran en el plano operativo —aunque hay que incluir aquí, a título de excepción, las espectaculares acciones perpetradas por un comando de élite formado por ciudadanos franceses, el comando «Argala», brazo ejecutivo de la dirección de ETA—. El atentado con bomba es el método predilecto en el 40 % de las ocasiones, seguido de los atentados cometidos con armas de fuego (en un 33 % de los casos) —y consistentes, las más de las veces, en ráfagas de metralleta lanzadas a corta distancia—. Los militantes etarras reciben una breve instrucción de unas cuantas semanas, y la realizan fundamentalmente en Francia[63]. Dicha instrucción se consagra básicamente al aprendizaje, siquiera rudimentario, del manejo de las armas y a la manipulación de artefactos explosivos —suficiente para llevar a efecto la mayoría de las acciones violentas.

a) Garantizar la supervivencia de la organización: financiarse, consolidar la retaguardia y apoyar a los presos

Si la lucha armada pretende tener alguna eficacia política, lo primero que debe permitir a la organización que la practica es su estructuración, su financiación y su equipamiento —es decir, la procura de las armas necesarias.

Nuestro corpus de datos no registra rastro alguno de la función vinculada con la obtención de los pertrechos terroristas, dado que excluye el robo de armas y municiones o los atracos a las entidades bancarias. Solo tiene parcialmente en cuenta las extorsiones realizadas a las empresas a través de la reivindicación del impuesto revolucionario. En efecto, las amenazas acostumbran a mantenerse en secreto y reciben en la mayoría de los casos una respuesta positiva. De este modo, el Gobierno Civil de Guipúzcoa refiere, en relación con el año 1976, el envío de un centenar de cartas a distintos industriales vascos, a los que se exige globalmente un total de trescientos millones de pesetas. El Gobierno Civil estima que esa fórmula ha podido permitir que ETA[64] se haga con unos cincuenta millones a lo largo de ese año, lo que convierte al impuesto revolucionario en un medio de financiación particularmente rentable. Las campañas destinadas a recaudar ese impuesto se efectúan de manera periódica. Así, volvemos a encontrarlas en abril de 1982, fecha en la que ETA envía cartas a una decena de entidades bancarias, reclamándoles la entrega de doscientos cincuenta millones de pesetas a cada una. Uno de los instrumentos de persuasión que emplea ETA es la perpetración de atentados con explosivos contra el patrimonio de quienes se resisten a entregar el impuesto exigido. Atacan así la propiedad privada de los empresarios, las sedes de sus compañías o las sucursales de los bancos puestos en el punto de mira. Por ejemplo, la campaña de recaudación que organiza ETAm en 1982, al dirigirse a las entidades bancarias irá acompañada de la explosión de una treintena de bombas que destruirán otras tantas sucursales[65].

La disuasión resulta tanto más eficaz si la amenaza se transforma en secuestro, o incluso en asesinato. Los secuestros jalonan la totalidad del periodo y representan la tercera forma de acción de los terroristas, siendo su blanco principal los empresarios, que en la mayoría de los casos son liberados sanos y salvos, aunque los menos afortunados saldrán heridos con un tiro en la pierna a modo de advertencia. La ejecución es el desenlace más trágico: entre 1975 y 1982, ETA asesina a 17 directores de empresa —y entre ellos habrá algunos cuya liquidación obedezca al hecho de haberse negado explícitamente a pagar el impuesto—. En marzo de 1976, el secuestro del industrial Ángel Berazadi, director general de una empresa de máquinas de coser de Guipúzcoa, por cuya liberación ETA exige un rescate de doscientos millones de pesetas, se salda con su ejecución cerca de un mes después. Este caso contribuirá a quitar a los industriales toda tentación de hacer frente a las exigencias etarras y facilitará el pago del impuesto revolucionario.

La procura de respaldo a los militantes encarcelados y la preservación del «santuario» francés son otros dos frentes que tienden igualmente a garantizar la supervivencia de la organización. Estos frentes son básicamente incumbencia de la plataforma KAS, que es la encargada de impulsar las campañas de movilización —cuya eficacia será tanto mayor cuanto más puedan esgrimir sus militantes el factor de la lucha contra la represión, un elemento particularmente sensible en el País Vasco desde los acontecimientos de los últimos años del franquismo—. Dichas campañas van acompañadas de las acciones violentas que perpetra ETA, concebidas como una forma de apoyar la movilización social y de incrementar todavía más la presión ejercida sobre el gobierno. Tras las fuertes movilizaciones registradas en favor de la amnistía, que llenan a rebosar los espacios públicos entre 1976 y 1977, superando incluso los límites del ámbito vasco, se produce el traslado de los presos etarras a cárceles de máxima seguridad, alejadas de su tierra de origen —lo cual suscitará a su vez unos movimientos de protesta todavía mayores—. El primer traslado de casi un centenar de detenidos, que son enviados a Soria, tiene lugar en diciembre de 1978. Esta medida provocará una intensa movilización en 1979, concretada en forma de la habitual panoplia de huelgas de hambre, manifestaciones, demandas y denuncias de malos tratos hasta el punto de que el Congreso de los Diputados ordenará la realización de una investigación. En julio de 1979, ETApm lanza una campaña de atentados contra los intereses turísticos de la Costa del Sol con el fin de exigir el regreso al País Vasco de los presos trasladados y la dimisión del director de la cárcel de Soria, antes de proceder en noviembre al secuestro de Javier Rupérez, diputado de UCD (Unión de Centro Democrático). A cambio de su liberación, ETA mantiene la exigencia del traslado de los presos. La operación deja vehementemente impresionados durante un mes a los integrantes de los círculos políticos y se salda, pese a los desmentidos oficiales que niegan la eventualidad de cualquier negociación, con un éxito político para los terroristas, dado que pocos días después de la puesta en libertad del secuestrado, el gobierno anuncia el traslado de treinta de los presos encarcelados en Soria[66]. En julio de 1981, se produce un nuevo traslado de cerca de 120 etarras a la nueva prisión de Puerto de Santa María (Cádiz), lo que da lugar a una movilización similar y desemboca, en octubre de 1983, en el asesinato del médico de la penitenciaría.

Los obstáculos que pone el gobierno francés a la libertad de movimientos de que disfrutan los dirigentes de ETA en el sur de Francia provocarán ofensivas todavía más violentas, dado que esas trabas amenazan directamente la supervivencia operativa de la organización. No podemos abordar aquí las vicisitudes de la postura que adopta Francia en relación con los exiliados vascos[67], así que bastará con recordar simplemente que durante la totalidad del periodo que aquí estudiamos el País Vasco francés constituirá la base operativa, logística y estratégica de la banda terrorista. Convertida en verdadero «santuario», Francia, tradicional tierra de asilo, acoge a los refugiados vascos, al menos hasta el año 1984, lo cual no impedirá que las autoridades policiales procedan a realizar detenciones de manera puntual, ni que la justicia haga su papel, no sin provocar fuertes reacciones en la Euskadi Sur. De este modo, la amenaza francesa de extraditar a Miguel Ángel Apalategui, alias «Apala», un dirigente de ETA arrestado en Francia en junio de 1977 por haber participado en el secuestro de Ángel Berazadi, suscitará, además de una impresionante movilización del conjunto de la izquierda española, que todavía se sigue solidarizando con el nacionalismo vasco, una campaña de atentados contra intereses franceses en julio y agosto. Perpetrados a lo largo de la Costa Brava contra vehículos con matrícula francesa, o en Madrid contra los servicios culturales de la embajada de Francia, los ataques, que únicamente causan daños materiales, serán reivindicados no solo por ETA sino también por algunos grupos de extrema izquierda (entre los cuales figurarán los GRAPO), como muestra de solidaridad con la organización terrorista vasca[68]. En 1979, ETA volverá a responder a la decisión francesa de retirar a los presuntos terroristas el estatuto de refugiados políticos del que venían disfrutando hasta entonces todos los ciudadanos españoles exiliados —una decisión que además va acompañada de una redada policial en los círculos nacionalistas que se salda con una treintena de detenciones[69]—. Esta actitud, radicalmente nueva, del gobierno de Valéry Giscard d’Estaing hará peligrar el refugio de los etarras. ETA reaccionará en marzo y abril con una campaña de atentados contra los intereses franceses en el País Vasco. En agosto, se levanta contra los procesos de extradición abiertos a varios dirigentes etarras. En este caso lanzará ataques contra una veintena de blancos, incendiándolos o destruyéndolos con explosivos —entre ellos se cuentan las sucursales de varias empresas francesas (Renault, Citroën, Carrefour)—. Este tipo de campañas se reproducirá cada vez que la organización terrorista vea amenazado el refugio del que venía disfrutando en el país vecino.

Una vez asegurada la reproducción de la organización mediante la perpetración de una serie de acciones armadas de finalidad exclusivamente instrumental —consistentes, como ya se ha señalado, en armarse, financiarse, consolidar la retaguardia y proporcionar apoyo a las tropas—, ETA comenzará a concentrar su esfuerzo militar en los objetivos políticos que se propone materializar.

b) En el plano nacional: conseguir que la reforma fracase

El objetivo de la lucha armada consiste en obtener la independencia del País Vasco, y para ello es preciso que el Estado central ceda, obligándolo a aceptar la alternativa KAS. En este sentido, resulta primordial impedir que la reforma se consolide y que el nuevo Estado democrático alcance a cuajar. Esto llevará a ETA a intervenir en todas y cada una de las etapas de la reforma, siempre con la vista puesta en hacerla naufragar[70]. Las campañas electorales del referéndum en favor de la Ley para la Reforma Política, celebradas en diciembre de 1976, las elecciones generales de junio de 1977, y sobre todo el referéndum constitucional del otoño de 1978, darán lugar a un creciente número de atentados, en una escalada que desembocará en el paroxismo mortífero de los años en que se procede a negociar y a aprobar el estatuto de autonomía del País Vasco (1979-1980).

El enfrentamiento abierto con el Estado se traduce también en una concentración de la acción sobre los objetivos que lo encarnan: los edificios oficiales (delegaciones provinciales del gobierno, sedes de los gobiernos civil y militar, locales del sindicato vertical) serán objeto de una gran cantidad de atentados con bomba, lo que causará la muerte de un importante número de representantes de las autoridades civiles (27 en el transcurso del periodo que aquí estudiamos). No obstante, los más afectados serán los cuerpos armados, ya que han de encajar más de la tercera parte del total de acciones de ETA (cuadro 13). Los cuarteles de la Guardia Civil, las comisarías de policía y los vehículos militares o policiales sufren un acoso constante. Más de doscientas de las muertes provocadas por la banda, es decir, más de la mitad de las víctimas que asesina ETA, se producen en las filas de la Guardia Civil, los integrantes de los diferentes cuerpos de policía, o el Ejército. Los miembros de esta última institución serán el blanco predilecto de ETA a partir de julio de 1978, fecha del primer asesinato de un general en Madrid. Los altos mandos del Ejército, antiguos héroes de la Guerra Civil, se cuentan entre las personas más reticentes a la democratización —sobre todo si esta pretende avanzar más de lo que consideran adecuado—, y son además particularmente sensibles al riesgo de desmembramiento territorial que supone el independentismo vasco. Al golpearles directamente, ETA contribuye a reforzar las tramas golpistas, de acuerdo con una lógica extremista decidida a desestabilizar al joven régimen democrático.

Cuadro 13. Víctimas mortales de ETA

a Incluimos aquí a los integrantes de ETA fallecidos en alguna acción.

Será este planteamiento radical el que empuje a ETA a actuar fuera de su territorio natural, sobre todo a partir del año 1979 —aunque de forma excepcional (apenas el 8 % de sus acciones)—, perpetrando toda una serie atentados espectaculares, como los que lleva a cabo al asaltar en noviembre de 1980 el acuartelamiento militar de Berga (en Barcelona), o al dejar sin electricidad a cerca de un millón de madrileños en abril de 1982. Cuando ETA opera en Madrid lo hace para matar. Muchas altas jerarquías del Ejército serán asesinadas en la capital, ya que la tercera parte de los 35 militares atacados morirán en esa ciudad. Seis de los ocho atentados mortales perpetrados en Madrid iban dirigidos contra generales o tenientes coroneles, y uno acabó con la vida de Mateu Cánoves, juez del Tribunal Supremo, asesinado en noviembre de 1978. Es el comando de élite «Argala» el que perpetra todos estos crímenes, de gran alcance político. Por lo demás, ETA concentra sus acciones en su feudo vasco.

c) En el País Vasco: entre la movilización de las masas y el terror social

No obstante, ETA sigue siendo principalmente una organización de carácter regional que actúa en el territorio que reivindica, ya que más del 90 % de los atentados y de los muertos provocados por las acciones violentas etarras se producen en Euskal Herria. La provincia de Guipúzcoa, fronteriza con Francia, concentra por sí sola el 40 % de los ataques y el 47 % de los asesinatos. Vizcaya la sigue de cerca, con el 27 % de las acciones cometidas y el 31 % de los muertos. Y a la inversa, la provincia de Álava, en la franja sudoriental de la Comunidad Autónoma Vasca, queda relativamente al margen (con un 6 % de las acciones y de los muertos). De hecho, Álava padece incluso menos atentados que Navarra, una provincia que en el transcurso de la transición irá afirmando cada vez más su hostilidad al proyecto de reunificación con el País Vasco, y a la que por tanto será preciso someter mediante una oleada creciente de atentados (registrándose así en ella el 13 % de las acciones y el 7 % de los asesinados). En cambio, la Euskadi Norte quedará excluida de los territorios de caza de ETA: Francia es su refugio y su base operativa, y la organización no tiene ningún interés en poner en peligro esa ventaja. Esta concentración de las acciones terroristas etarras coincide con su implantación logística y sus bases sociales, así que a ETA le resulta más fácil acosar a los guardias civiles presentes en Guipúzcoa que matarlos en Extremadura. No obstante, este radio de acción se corresponde fundamentalmente con su objetivo político de la liberación nacional, dado que el hostigamiento de los cuerpos armados del Estado central es una táctica de desgaste con la que se pretende conseguir que abandonen el territorio vasco.

De forma paralela a las iniciativas sociales que lleva a cabo el colectivo formado por KAS, ETA consagrará una parte de su esfuerzo militar a sostener todas aquellas medidas que considere apropiadas para incrementar sus índices de popularidad y asegurarse nuevas adhesiones. En este sentido, la campaña más intensa, más mortífera y más duradera de la transición es la que ETA emprenderá contra las instalaciones eléctricas de la compañía Iberduero, con las que se propone impedir la apertura de la central nuclear de Lemóniz (en Vizcaya). La organización intenta de este modo instrumentalizar en su favor el movimiento ecologista y antinuclear que se halla por entonces en plena expansión, al hacerse eco la sociedad de una posición originalmente surgida en la extrema izquierda. Esta ofensiva, iniciada en junio de 1977, se reanudará con tremenda intensidad en 1981, y no cejará hasta que, hartos, la empresa y el gobierno decidan abandonar definitivamente los trabajos de construcción de la central. Se trata de una gran victoria simbólica para ETA. Según nuestro corpus de datos, la campaña antinuclear se saldó con 120 acciones terroristas, aunque otras fuentes[71] indican la comisión de 246 —casi todas ellas dirigidas contra las instalaciones eléctricas de Iberduero[72]—. Hubo seis víctimas mortales. El asesinato de dos civiles, los ingenieros José María Ryan en enero de 1981 y Ángel Pascual Mújica en mayo de 1982, provocará una reacción de rechazo particularmente fuerte —contraproducente en cuanto al capital de simpatía de la organización, pero eficaz respecto al resultado final—. En el marco del respaldo a las movilizaciones sociales también se llevarán a cabo otras acciones, aunque ninguna de ellas logre alcanzar la amplitud de la anterior. De este modo, en mayo de 1980, ETAm anuncia el inicio de una ofensiva contra la droga, cuyo consumo constituye por esa época un azote muy extendido entre la juventud vasca. En 1980 y 1981 son asesinados dos presuntos traficantes, y según los especialistas, quince personas caerán abatidas por los comandos de este nuevo frente de acción, cuyos atentados se prolongarán más allá de la transición[73].

Al margen de estas campañas puntuales, la acción armada de ETA se propone frenar toda veleidad de resistencia ciudadana o de «colaboración» con el enemigo, sembrando progresivamente el terror entre la población vasca. La organización elige como blanco a aquellos individuos a los que previamente ha estigmatizado como adversarios de la causa nacionalista, lo que deja la puerta abierta a la práctica de un terrorismo indiscriminado. Un análisis detallado de las víctimas civiles de ETA permite entrever a un tiempo las fórmulas con las que se califica a ese enemigo y el lugar que ocupan los civiles que escapan a ese etiquetado simbólico (cuadro 13). Dejando a un lado a los empresarios, que se convierten en blanco de la banda por motivos principalmente vinculados con la extorsión de fondos, y a los representantes de la administración, que sufren las acciones de ETA en el contexto de su enfrentamiento con el Estado, la quinta parte de los civiles asesinados por ETA serán atacados por su compromiso político, confirmado o supuesto. Al ser consideradas como enemigos ideológicos decididos a oponerse frontalmente al proyecto que acaricia el movimiento de liberación nacional de los radicales vascos, esas personas pueden ser simpatizantes de la extrema derecha (antiguos miembros de la Guardia de Franco, carlistas tradicionalistas o presuntos integrantes de los grupos antiterroristas que causan estragos en el País Vasco), o militantes regionales de los partidos parlamentarios nacionales. La UCD, partido fundado por Adolfo Suárez e iniciador de la reforma democrática, se cuenta entre las formaciones más afectadas, ya que en el otoño de 1980 tres miembros del Ejecutivo regional mueren asesinados, mientras otros sufren diversos ataques, como Gabriel Cisneros, un diputado de notable reputación, víctima de un intento de secuestro en julio de 1979 —del que logrará escapar, aunque gravemente herido—, o las víctimas de largos secuestros, como Javier Rupérez, de quien ya hemos tenido ocasión de hablar. También morirán asesinados dos militantes de Alianza Popular, el partido de derechas que dirige Manuel Fraga, exministro de Franco y duramente hostil a ETA desde sus inicios[74]. En octubre de 1979 se llega a asesinar incluso a un militante del PSOE, acusado de ser un «colaborador de las fuerzas represivas»[75].

El resto de los civiles asesinados por ETA, es decir, la mitad del total de civiles muertos a manos de la banda, pertenecen a la categoría de «civiles anónimos». No pocos de ellos serán acusados de actuar como confidentes de la policía, tanto si se trata de antiguos militantes de ETA sospechosos de traición[76] como de simples taxistas víctimas de una conjetura que los imagina colaborando con las Fuerzas del Orden Público. Aún habrá otros que morirán víctimas de un error de información por parte de los comandos, que en algunas ocasiones reconocerán haberse equivocado de blanco, como en el caso de un obrero asesinado en febrero de 1976, cuya familia recibiría excusas de ETA después de muerto el trabajador[77]. Otros fueron víctimas colaterales del apoyo prestado a los movimientos populares que hemos señalado anteriormente, como los seis muertos del conflicto de Lemóniz, o los desdichados transeúntes que se hallaban en el sitio equivocado en el momento menos indicado, como las siete víctimas de las bombas que explotan en julio de 1979 en las estaciones madrileñas de Chamartín y de Atocha, o el niño de trece años muerto como consecuencia de la colocación de un explosivo plástico bajo el vehículo de un guardia civil[78].

Aunque las acciones de ETA afecten en la mayoría de los casos a individuos supuestamente pertenecientes a una línea sociopolítica determinada, el sistema de estigmatización de las víctimas a posteriori, o sobre la base de informaciones vagas y dudosas, dará lugar a las mayores arbitrariedades. No obstante, este sistema siembra la duda entre la población: con cada víctima de ETA, la opinión vasca responde mayoritariamente con un lacónico «algo habrá hecho», atribuyendo de ese modo la responsabilidad de la muerte de la víctima al propio afectado y justificando así, de forma indirecta, la acción terrorista. La exclusión social que genera el solo hecho de que una persona haya sido marcada como blanco de la violencia etarra es real, produciéndose así un espectacular proceso de inversión social: la víctima es culpable y el verdugo se convierte en justiciero[79]. Por consiguiente, ETA logra sembrar un terror generalizado en la sociedad vasca, que se zambulle en una «espiral del silencio» llamada a perdurar incluso mucho después de acabada la transición. A finales de los años setenta, queda claro que la violencia ha invadido la vida cotidiana vasca, ya que no pasa prácticamente un solo día sin que se produzca un nuevo atentado. «Son verdaderamente unos años de plomo en los que la sombra de la muerte se cierne amenazadoramente sobre una sociedad víctima de la intimidación»[80], afirma con razón Florencio Domínguez Iribarren. Con todo, esa violencia permanece confinada en el País Vasco: la centralidad que está llamada a adquirir en la política nacional durante la transición queda contrarrestada por su carácter periférico, lo que puede contribuir a explicar algunas de las resistencias en la lucha contra ETA.

d) Epílogo: ETAm como única continuadora de la lucha armada

Pese a la intensificación de la violencia etarra entre 1978 y 1980, hay una serie de factores —como la consolidación de la democracia, la puesta en práctica de la autonomía (partiendo del Estatuto de Guernica), y la victoria de los socialistas en el otoño de 1982— que no tardarán en impulsar a algunos sectores de ETA a reconsiderar su estrategia política. ETApm renuncia a la lucha armada poco después del 23-F y anuncia su disolución en octubre de 1982, tras una serie de negociaciones con el ministro del Interior que dan lugar a la adopción de un conjunto de medidas de gracia individuales que garantizan la progresiva reinserción de los antiguos terroristas en la vida civil[81]. Los que se niegan a aceptar esa lógica de integración, iniciada ya con la participación de Euskadiko Ezkerra en las elecciones de 1977, se suman a las filas de ETAm, que en lo sucesivo será la única que practique la lucha armada. Tras una breve fase dubitativa respecto a la postura que debe adoptar ante el gobierno de Felipe González, ETAm echa por tierra toda esperanza de tregua con el asesinato del general Víctor Lago Román en noviembre de 1982. Por consiguiente, la llegada al poder de los que representan simbólicamente a los vencidos en la Guerra Civil no modifica en absoluto la estrategia de resistencia de ETAm, que ya venía aplicando desde el año 1978 una táctica extremista de la práctica de la violencia, convertida en un fin en sí misma.

Solo mucho más tarde, a mitad de la década de 1990 —frente a la importante reducción de su capacidad operativa debida a la eficacia cada vez mayor de la lucha antiterrorista[82], a la consolidación del nacionalismo democrático en el marco del Estatuto de Guernica[83], y a la creciente deslegitimación social de sus acciones—, dará ETA en replantearse su forma de actuar. La organización compensará su debilidad operativa implicando a los jóvenes en la kale borroka, expresión con la que se designa la práctica de una violencia urbana de baja intensidad (algaradas, enfrentamientos con la policía, lanzamiento de cócteles molotov, provocación de daños materiales…) que hasta entonces había estado relativamente ausente del repertorio de acciones de ETA, en el que predominaban los atentados terroristas. Además, ETA comienza a buscar una alianza de todas las fuerzas nacionalistas, incluidas las no violentas, en el rechazo común al marco establecido por las autonomías. Se abre entonces una etapa marcada por la formación de un frente nacionalista, que hallará concreción en el pacto de 1998 entre el PNV y ETA[84].

Entre 1983 y 2010 ETA provoca la muerte de más de 450 personas[85], lo que significa que, en treinta años, perpetra un número de asesinatos ligeramente superior a los siete de la transición. Por consiguiente, ETA no deja de matar, pese a que la intensidad de su activismo no vuelva a alcanzar en ningún caso los niveles de 1978 a 1980. La frecuencia de las acciones violentas se mantiene en índices muy altos tanto en la década de 1980 como a principios de la de 1990, descendiendo después poco a poco a medida que se aproxime el año 2000. Nacida de la corriente de la lucha antifranquista radical, ETA se distingue por tanto de los demás grupos armados por su notable longevidad, su eficacia mortífera y el apoyo popular del que se benefició durante mucho tiempo.

IV. El ciclo de violencias de la transición

IV

EL CICLO DE VIOLENCIAS DE LA TRANSICIÓN

El franquismo es la cuna de las violencias políticas que sufre el país, y la transición el ámbito en el que estas se despliegan. La coincidencia cronológica entre el surgimiento de los diversos y fraccionados actores de la violencia, puesta de manifiesto en los tres capítulos anteriores, resalta la importancia de la coyuntura política como elemento que contribuye a explicar la aparición de lo que propongo calificar como «ciclo» de acciones violentas de la transición.

La idea de ciclo, tomada en préstamo del vocabulario económico que, desde Nikolái Kondrátiev, determina y define la existencia de ciclos de crecimiento y recesión, hace referencia al concepto sociológico de «ciclo de protestas», teorizado fundamentalmente por Sidney Tarrow[1]. Definido como una «fase de intensificación de los conflictos y de la confrontación en el sistema social», este ciclo de protestas implica antes que nada un aumento del volumen de la acción colectiva, cosa que nuestro corpus de datos ha demostrado respecto a la transición. Por lo demás, la noción supone que esa intensidad es un fenómeno de carácter global. Ahora bien, los capítulos anteriores han mostrado que el periodo que nos ocupa era el punto de confluencia de una gama de violencias múltiples de orígenes plurales —izquierda revolucionaria, extrema derecha reaccionaria, nacionalismo independentista— y formas diversas —ya que abarcan desde las modalidades violentas de baja intensidad hasta los atentados de tono terrorista—. Las acciones violentas no provienen de una única fuente ni se restringen a una sola región o comunidad, sino que conciernen al conjunto del territorio urbano y penetran en todas las capas sociales, siendo su principal víctima la población civil. Por último, la idea de ciclo subraya la existencia de factores sistémicos que conducen a la acción colectiva, más allá de las especificidades de los diferentes actores. Las acciones violentas han de compartir una misma dinámica y un mismo esquema cronológico, fundado en una fase ascendente correspondiente a la movilización, un periodo de meseta, y una fase descendente que marca la desmovilización. El gráfico 11 sugiere directamente la existencia de esa dinámica cronológica.

Gráfico 11. Evolución cronológica anual de las violencias contestatarias

Fuente: Aquí figura el número de muertos registrado a lo largo del año 1975. Para ese periodo he consultado los datos derivados de los balances publicados por El País en mayo de 1976; los distintos balances ofrecidos en las páginas de ABC a principios de 1976; los informes de los Gobiernos Civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona, muy completos en el caso del año 1975 (Archivo General de la Administración); el informe de Amnistía Internacional correspondiente a 1975; los archivos del Gabinete de enlace del Ministerio de Información y Turismo (AGA); el trabajo de José Luis Piñuel titulado El terrorismo en la transición española (1972-1982); y los periódicos ABC e Informaciones para los meses de octubre a diciembre. El conjunto compilado de todas estas fuentes ofrece una visión de conjunto satisfactoria de las acciones violentas perpetradas en el año 1975.

La fase ascendente parece situarse en las postrimerías del régimen franquista, con una clara aceleración de las acciones violentas en 1976. A esta fase le sigue otra en la que el número de acciones llega a su punto culminante, entre 1976 y 1980 —y que en el caso de la violencia más letal se circunscribe al periodo comprendido entre 1978 y 1980—. Los años 1981 y 1982 corresponden a una fase de desmovilización, ya que el incremento del número de acciones que se registra en 1982 se halla coyunturalmente vinculado con las elecciones del otoño de 1982. La demostración de nuestra hipótesis exige mostrar ahora que cuenta con el respaldo de la delimitación de los límites cronológicos de este ciclo y la exposición explícita de sus dinámicas temporales, que interactúan de forma muy marcada con la evolución de la coyuntura política.

I. El auge del ciclo violento

I. EL AUGE DEL CICLO VIOLENTO

¿En qué momento se sitúa exactamente el inicio del ciclo de violencias? La historia de los actores que hemos esbozado en las páginas anteriores muestra que su puesta en marcha es anterior a la muerte de Franco. El surgimiento de los nuevos actores proclives al empleo de la violencia como arma política tiene lugar en los años sesenta, que actúan a modo de caldo de cultivo del fenómeno. No obstante, la expansión de las acciones violentas nacidas de la dictadura se producirá durante la crisis en que entra el régimen en los años setenta, es decir, en el momento en el que su final deja de ser una utopía lejana para convertirse en una perspectiva próxima, en el que el Estado deja patente su debilidad al proceder a reformarse, en el que la incertidumbre se adueña del espacio público, en el que las conmociones políticas obligan a los actores a redefinir sus estrategias y a posicionarse en un tablero político en construcción.

Para ser más exactos, el asesinato de Carrero Blanco, ocurrido el 20 de diciembre de 1973, viene a señalar el punto de inflexión con el que se marca el paso de la teoría a la acción. El asesinato del presidente del gobierno, mano derecha del general Franco y defensor extremista de los ideales del 18 de julio de 1936, conmociona tanto las esferas del poder como la opinión pública, ya que se descubre de pronto la potencia destructora de la amenaza etarra, que logra con este atentado alcanzar la médula del poder. Se trata también de una sacudida visual, ya que el coche del almirante explota en plena calle Claudio Coello, en el centro de Madrid, vuela por encima de una residencia de jesuitas, y cae al otro lado, en el patio del edificio, dejando un cráter abierto en la calzada cuya imagen recorre los periódicos y telediarios del mundo entero. El atentado, inédito por su faceta espectacular y su eficacia letal, tiene importantes repercusiones políticas. Para empezar es una señal de alarma para el régimen, que aprieta aún más la brida coercitiva y entra en una espiral represiva que oscurece los dos últimos años del régimen. El anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado con el método del garrote vil en marzo de 1974, será el primero en sufrir las consecuencias. Las oleadas de detenciones masivas se ajustan a la cerrada cadencia de los estados de excepción, y de hecho, solo en el primer semestre de 1975 se contabilizan más de 1500 arrestos políticos en el conjunto de la península[2]. El 27 de septiembre de 1975, la ejecución de cinco militantes de ETA y del FRAP vendrá a señalar el punto culminante de esta escalada represiva —pese a que la campaña internacional de protestas adquiera una amplitud inédita y a que se eleve un gran número de peticiones de gracia al general Franco[3]—. Por lo demás, el asesinato de Carrero Blanco es un signo más que patente de la crisis en que se halla sumido el régimen franquista. Cuando estudiamos el caso de los grupúsculos de extrema derecha, vimos que su presencia era señal del debilitamiento del Estado, cuya energía original creerán estar restituyendo con sus acciones esos grupos. Al margen de la obsesión de vengar la muerte de Carrero —obsesión que se apodera de algunos sectores de los servicios secretos—, la facción ultra asume a partir de ese momento la función de mano derecha oficiosa de la represión policial. Los extremistas reaccionarios, respaldados por el «gironazo», lanzan entonces una ofensiva política que incluye la acción violenta y logra acabar de raíz con el «espíritu del 12 de febrero» que impulsaba Carlos Arias Navarro, reduciendo con ello a un mero caparazón vacío el proyecto de autorizar el asociacionismo político y permitir por tanto un cierto pluralismo. Por último, el atentado precipita la concienciación de la población en general, que comprende de este modo que el régimen de Franco toca a su fin. Además, si por un lado la Revolución de los Claveles que derriba la dictadura salazarista del vecino Portugal el 25 de abril de 1974 infunde en los círculos ultras el temor a que España asista a una evolución similar de los acontecimientos, también anima por otro a la movilización de la oposición[4], en un clima de efervescencia político-social que anuncia la ebullición de los primeros años de la transición. De este modo, y considerando que la coyuntura es propicia al levantamiento de las masas populares, los partidos marxistas y libertarios más radicales pasarán a la acción y llevarán a la práctica los planteamientos teóricos de la lucha armada revolucionaria, siguiendo el ejemplo de ETA.

El ciclo movilizador que se pone en marcha a finales de la década de 1960 da por tanto en 1974 un fuerte acelerón, que se traducirá en un fuerte incremento del empleo de la acción armada. En 1974, el número de personas asesinadas experimenta un salto cuantitativo notable (gráfico 12). Dicho salto se debe en realidad a la masacre que provoca el atentado contra la Cafetería Rolando de Madrid, responsable por sí solo de trece muertes. Hasta este momento ETA ha permanecido poco activa, y los grupúsculos radicales de izquierdas, por su parte, tampoco cometen demasiadas acciones letales[5]. Por consiguiente, será en 1975 cuando se cruce realmente el umbral del derramamiento de sangre: ETA prosigue su ofensiva, secundada en lo sucesivo por otras organizaciones revolucionarias, como el FRAP o los GRAPO, y, al mismo tiempo, el antiterrorismo vasco causa su primera víctima.

Gráfico 12. Víctimas mortales de la violencia contestataria fallecidas antes de la transición*

* Contabilizamos aquí las víctimas fallecidas como consecuencia de las acciones perpetradas por grupos de protesta, salvo en el caso de las personas pertenecientes a dichos grupos.

Las dispersas informaciones que hemos recogido respecto al número de ataques también muestran que en el año 1975 se produce un gran número de acciones violentas. Nuestro corpus de datos detecta más de 170, y el periódico El País contabiliza 48 atentados políticos contra personas entre enero de 1975 y mayo de 1976, así como cerca de 140 atentados contra edificios públicos en el transcurso del año 1975[6]. La documentación oficial del Ministerio del Interior enumera por su parte 244 acciones violentas en el curso del primer semestre de 1975, y 257 más durante el primer semestre de 1976, lo que supone un ligero aumento del 5 % en 1976[7]. Si nos detenemos a examinar con más detalle el año 1975, veremos que nuestro corpus pone de manifiesto la existencia de un claro aumento de estas acciones violentas durante el segundo trimestre de 1975, lo que se corresponde a una fase de crispación entre ETA y el régimen: tras asesinar ETA a dos policías en marzo y abril de ese año, el gobierno decreta el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, con lo que se pone en marcha una espiral de acción-represión que genera a su vez un repunte de violencia en el mes de mayo, tanto por parte del activismo reaccionario como en el bando de la agitación revolucionaria —violencia que no cesará sino al final de 1975.

Queda por tanto claro que el año que marca el despegue del nuevo ciclo de acciones violentas es el de la muerte de Franco. Después de esa fecha se distinguen con nitidez tres fases. La primera, comprendida entre los años 1975 y 1977, es una fase de acciones violentas dispersas, urbanas y tumultuosas. A esta etapa le sigue un periodo de acciones terroristas, cuyo apogeo se sitúa claramente entre los años 1978 y 1980, es decir, antes de que el intento de golpe de Estado del 23-F anuncie el declive irreversible del ciclo iniciado en las postrimerías del franquismo.

II. La tumultuosa vilencia de los primeros años (1975-1977)

II. LA TUMULTUOSA VIOLENCIA DE LOS PRIMEROS AÑOS (1975-1977)

La primera línea de evolución del ciclo surge claramente de la comparación de los dos grandes conjuntos tipológicos construidos, a saber, las acciones violentas de baja intensidad y las acciones característicamente terroristas: la única vez en que se cruzan ambas curvas (gráfico 13) se produce entre los años 1977 y 1978, ya que en lo sucesivo se observa un constante declive de las acciones violentas de baja intensidad, sea cual sea el tipo de acciones considerado. Un estudio cronológico más detallado, dividido en lapsos trimestrales (gráfico 14), permite precisar la frontera que viene a establecer el periodo de 1977 a 1978, observándose así que a partir del verano de 1977 surge una zona incierta, caracterizada por una sensible disminución del nivel global de acciones violentas y por un reparto equitativo entre violencias terroristas y violencias de baja intensidad, con el añadido de que las primeras no destacan claramente antes del último trimestre de 1978. El valle que refleja la gráfica durante el verano de 1977 corresponde evidentemente a las vacaciones de verano, pero su causa profunda guarda fundamentalmente relación con la pausa posterior a las elecciones de junio, que habían dado un notable impulso a la agitación violenta. Está por tanto más próxima a nuestra primera etapa que el último trimestre de 1977, en el que las violencias terroristas superan ya a las demás, lo que viene a marcar el inicio de una segunda etapa. Por consiguiente, el cálculo de las estadísticas relativas a la primera fase se efectúa en un periodo que va del último trimestre de 1975 al tercer trimestre de 1977, ambos incluidos, y únicamente contabiliza las cifras de la violencia contestataria.

Gráfico 13. Evolución cronológica anual y comparada entre las violencias terroristas y las de baja intensidad

Gráfico 14. Evolución cronológica trimestral y comparada entre las violencias terroristas y las de baja intensidad

Los años 1975 a 1977 son años en que dominan las acciones violentas de baja intensidad, constituidas, como recordaremos, por atentados materiales sin utilización de armas de fuego, así como por agresiones físicas, alteraciones del orden público, intimidaciones y amenazas verbales. Esas modalidades de acción, sin ser espectaculares, adquieren no obstante una gran visibilidad pública, no solo por alcanzar una intensidad inédita en 1976, sino también por ir acompañadas de una ocupación física del espacio público que afecta a todos los sectores sociales y que provoca una vigorosa reacción represiva que viene a incrementar las cifras de las violencias contestatarias. De este modo, el espacio urbano se ve invadido por un clima endémico de violencia, lo que convierte a ese ámbito en un escenario privilegiado de desórdenes públicos de carácter plural que, en ocasiones, presentan matices insurreccionales. Entre los contemporáneos[8], la sensación de desorden y de confusión es el elemento dominante, un caos que las páginas siguientes tratarán de hacer inteligible.

¿Un desorden ininteligible?

Estos dos primeros años llevan la impronta de la extrema derecha, mientras se ponen en marcha las coordenadas terroristas llamadas a desarrollarse durante la siguiente etapa. La constelación ultra es la autora de casi la mitad (48 %) de las acciones contestatarias registradas en ese periodo, lo que supone 16 puntos más de lo constatado en el conjunto de la transición —dicho de otro modo, la extrema derecha se encuentra en estos años en el apogeo de su actividad violenta (gráfico 15)—. Esta violencia todavía no ha adoptado los perfiles propios de la especialización antiterrorista vasca, pese a que el asesinato político arroje ya un balance muy considerable, con 14 víctimas mortales. Se funda más que nunca en una serie de acciones de baja intensidad en las que la intimidación y la amenaza se combinan con prácticas de destrucción material y agresiones físicas cuyas consecuencias son en ocasiones mortales.

Gráfico 15. Actores de las violencias contestatarias (2), octubre de 1975 — septiembre de 1977

Las prácticas intimidatorias llegan entonces a su punto máximo, tanto en el caso de la extrema derecha como en el de los nacionalistas y la izquierda revolucionaria. El fenómeno de la amenaza disminuye de forma considerable en el transcurso de los años posteriores, incluso en la región vasca, como sugiere el informe del Gobierno Civil de Vizcaya, que no registra más que doce amenazas en su ámbito competencial en 1982 y solamente dos al año siguiente[9]. El informe emitido por el fiscal general del Estado para el año 1983 confirma esta tendencia a la baja, ya que en él se señala que en el transcurso de 1982 solo se abrieron seis procesos judiciales por delitos de amenazas y coacciones[10]. El hecho de que a lo largo de este periodo se recurra con frecuencia a la utilización de materiales explosivos para perpetrar atentados también podría interpretarse como una práctica de intimidación en el sentido de que, por regla general, no se trata de actos que vehiculen una voluntad letal. La cuarta parte de las bombas no llega a explotar, no tanto a causa de la inexperiencia de los grupos terroristas en el manejo del material explosivo —como sucede por ejemplo en el caso del MPAIAC, que fabrica bombas artesanales que no siempre explotan— como por el hecho de no existir una verdadera voluntad de provocar una detonación. El caso de la bomba hallada en abril de 1976 en la vía férrea Bilbao-Miranda de Ebro, anunciada mediante una bandera vasca y una pancarta perfectamente visible con la inscripción «Bomba», para que el conductor de la locomotora pudiera detener el tren a tiempo[11], es un ejemplo significativo de la intención que tienen este tipo de acciones, que no es otra que la de hacer un alarde de poderío militar sin llevarlo auténticamente a la práctica, al menos de momento. De este modo, estos primeros años son también años jalonados por la exposición en la plaza pública de pancartas con mensajes y banderas, vascas o republicanas, con las que se cubren artefactos explosivos simulados o reales, que en este último caso no llevan una carga excesivamente potente. Los nacionalistas vascos recurren a este método en 1976 como fórmula para presionar al gobierno e inducirle a legalizar la ikurriña. Los GRAPO la emplearán para conmemorar la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 o para celebrar su irrupción en la escena pública el 18 de julio de 1976. Así se constata por ejemplo en 1977 al descubrirse en la mañana del 18 de julio, en Madrid y un gran número de ciudades de provincia, varias decenas de banderas republicanas empleadas para simular la presencia de otros tantos artefactos explosivos. Estos años son también años de cartas-bomba. La extrema derecha las envía, acompañadas de amenazas, a las redacciones de los periódicos progresistas como una forma de intimidación extrema. Así lo harán los Guerrilleros de Cristo Rey en junio de 1976, al mandar un gran número de cartas explosivas a los críticos teatrales de las redacciones de Ya, Doblón, Cambio 16 y Pueblo, con el siguiente mensaje: «No a los rojos. Primer aviso»[12]. Además, los grupos ultra todavía disponen de un importante volumen de armas de fuego gracias a la complicidad, pasada y presente, que aún mantienen con los servicios policiales. Ahora bien, la forma en que las utilizan da fe de que su objetivo es de carácter fundamentalmente intimidatorio: se esgrime una pistola para aterrorizar a la población o para poner en fuga a grupos oponentes, pero rara vez se apunta deliberadamente con ella a un individuo en concreto.

Cuando la amenaza alcanza el nivel de la acción violenta, los objetivos serán mayoritariamente de naturaleza material (en el 58 % de los casos), mientras que las agresiones físicas a individuos son minoritarias. Las armas que se emplean para deteriorar el patrimonio al que se apunta son cócteles molotov, bates de béisbol, barras de hierro, porras, piedras o cualquier otro objeto cotidiano que pudiera servir de proyectil o de agente destructivo. Los grupúsculos de extrema izquierda se encuentran, igual que los de extrema derecha, en la cima de su capacidad de agitación insurreccional, y será durante los años 1976 y 1977 cuando la guerrilla urbana, cuya vocación pasa por impulsar el levantamiento revolucionario de las masas, se emplee con mayor intensidad. Ahora bien, estas acciones se componen esencialmente de sabotajes materiales y de ataques con cócteles molotov o con explosivos dirigidos contra el patrimonio del poder económico o administrativo. Es raro encontrar delitos de sangre, aunque estos se producen en dos ocasiones: una en mayo de 1977, fecha en la que un comunista apuñala en Madrid a un falangista en el transcurso de una reyerta vinculada con la venta de Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista de España, y otra, ocurrida ese mismo mes, al provocar un grupo de independentistas catalanes la muerte, en circunstancias oscuras, del industrial José María Bultó. En términos generales, el patrimonio afectado lleva el sello de la extrema derecha, dado que se constata una fuerte sobrerrepresentación de los bienes culturales, cuyo peso relativo dobla al del periodo global aquí considerado (20 % de los bienes afectados contra el 10 % correspondiente al conjunto de la transición). Es una época fuertemente marcada por la perpetración de atentados contra empresas culturales progresistas o nacionalistas: las entidades que reciben cartas amenazadoras, que sufren en repetidas ocasiones daños materiales por la noche y a veces padecen la irrupción diurna de bandas armadas son las librerías, las redacciones de la prensa escrita, las salas dedicadas a representaciones teatrales o cinematográficas y los quioscos de periódicos señalados por vender revistas pornográficas. Detectamos dos grandes oleadas de provocaciones, una en la primavera de 1976, y otra en el otoño de ese mismo año —sin embargo, tras las elecciones de junio de 1977 desaparecen prácticamente todos los atentados contra las librerías—. En fechas posteriores, la extrema derecha renunciará a este tipo de defensa simbólica de un espacio público que ya no le pertenece —y lo sabe.

Este primer periodo es también una etapa en que la violencia penetra en todos los espacios sociales, ya que nadie escapa a los tumultos cotidianos que invaden la esfera pública. Casi todas las regiones experimentan el incremento de las acciones violentas; el territorio afectado es más extenso del que estará llamado a sufrir la violencia en el conjunto del periodo que nos ocupa, y las acciones que ahora tienen lugar golpean duramente a la sociedad civil[13]. En esta primera etapa, las instituciones estatales civiles y armadas se ven relativamente poco afectadas[14], lo que demuestra muy adecuadamente que el recurso a la violencia todavía no ha sido concebido como elemento de un enfrentamiento general con el Estado, sino que se ve más bien como un instrumento de afirmación grupal en una escena pública y política en pleno proceso de transformación. Y es que son, en efecto, los civiles a los que se adjudica una etiqueta política, por vaga que pueda resultar (como la derivada de vender libros en catalán o regentar un bar en el que se hable euskera), los que más intensamente sufren la violencia. Todos los indicadores señalan la magnificación del peso del mundo político: el 14 % de los muertos son vectores políticos, frente al 10 % que habrán de representar en el conjunto del periodo que nos ocupa, y si tenemos en cuenta íntegramente las acciones violentas, observamos que 41 % de las mismas se ejercen contra individuos señalados por alguna connotación política —cuando en la totalidad del periodo apenas suponen una cuarta parte de los casos—. Esta politización puede percibirse igualmente en los picos cronológicos de la violencia: la curva trimestral (gráfico 14, p. 250) resalta muy claramente dos momentos de fuerte tensión, el último trimestre de 1976 —es decir, el correspondiente al periodo de negociación de la Ley para la Reforma Política—, y la primavera de 1977, durante la cual tiene lugar la primera campaña electoral que se celebra en varias décadas, con motivo de las generales de junio. No cabe por tanto duda alguna de que la violencia difusa, aparentemente tumultuosa y escasamente discriminatoria de estos primeros años, es una violencia de orientación política.

La distribución espacial de las acciones violentas refleja también esta dimensión, en la que se entrelazan simultáneamente la dispersión y la politización intensa. El núcleo de las tensiones se sitúa en Madrid, capital política en la que se juega el porvenir de España —marcadamente incierto en los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Franco[15]—, así como en las ciudades del espacio peninsular, que son escenario del 64 % de las acciones violentas, frente al 55 % que representan en el conjunto de la transición. Las luchas por el control del poder se desarrollan en las ciudades, ya que no en vano son la sede real y simbólica de ese poder. Barcelona será la segunda urbe más afectada, y con un 7 % de las acciones violentas revelará actuar como un punto neurálgico, ya que en él se concentran no solo las tensiones que enfrentan a los extremistas de izquierdas con los radicales de derechas, sino los conflictos relacionados con la redefinición de la identidad cultural, dado que la suerte de la autonomía catalana se juega precisamente en estos primeros años. Más allá de esta relativa dispersión de la violencia por las ciudades de todo el territorio, la distribución espacial de las acciones violentas refleja asimismo la presencia de una serie de grupos terroristas que comienzan en esta época su trayectoria. Las Canarias ocupan en este sentido un lugar privilegiado (3 %), debido al terrorismo independentista del MPAIAC, que únicamente se mostró activo en estos años iniciales, mientras, por otra parte, el País Vasco concentra ya, por sí solo, más de la tercera parte de las acciones violentas, pese a que esta polarización sea menos fuerte que en el conjunto de la transición (38 % frente a 47 %). San Sebastián, capital de la provincia de Guipúzcoa, focaliza las tensiones independentistas, espoleadas por la presencia de ETA, cuya implantación en esta región fronteriza es mayor que en el resto de las provincias vascas.

ETA, los GRAPO y el MPAIAC se reparten equilibradamente con los demás grupos de la izquierda revolucionaria la responsabilidad de las acciones violentas, y el resto es imputable a la extrema derecha. En esa época, tanto los GRAPO como ETA están todavía en periodo de pruebas. Los primeros, como ya hemos visto, irrumpen en la escena pública el 18 de julio de 1976 con la perpetración de una serie de atentados, nacimiento que conmemorarán al año siguiente mediante una oleada de ataques similar. Tras el golpe de efecto inicial de octubre de 1975, los GRAPO no volverán a matar hasta finales de 1976, lo que significa que, en este primer periodo, su balance se limita a catorce muertos. Hasta el último trimestre de 1978, punto de inflexión de su estrategia letal, ETA se encuentra en una fase de expectativa frente a las transformaciones políticas y no puede ser asimilada todavía al terrorismo extremista. Al igual que los GRAPO, trata más de interferir en el proceso en curso mediante la realización de una serie de acciones espectaculares que de sembrar el terror entre la población. De este modo, en diciembre de 1976, ETA y los GRAPO actúan conjuntamente contra los repetidores de RTVE (Radio Televisión Española), con el fin de hacer saber que desaprueban la Ley para la Reforma Política, que está a punto de ser votada. En junio de 1977, ETA ataca masivamente los enlaces de las comunicaciones, las vías férreas y las instalaciones eléctricas para provocar la discordia en la campaña electoral de los primeros comicios generales, cuyos presupuestos no comparte.

Sin embargo, ETA se distingue ya por su alcance mortal, dado que tiene ya más de treinta asesinatos en su haber y se erige por tanto en causa inmediata de más de la mitad de las víctimas del periodo. Con todo, se muestra mucho menos activa, en términos relativos, que durante los años posteriores, ya que apenas provoca más víctimas mortales que los GRAPO y la extrema derecha juntos —grupos que, por su parte, conocen en esta época el punto máximo de su peso letal relativo, con un 20 % de las víctimas cada uno—. Más tarde, ETA se distanciará notablemente de ellos debido a que su potencial militar es infinitamente superior. No obstante, el dato más notable de este primer periodo no puede verse en los gráficos anteriores, ya que en ellos no se incluyen las acciones violentas del Estado. Ahora bien, el número de víctimas de la violencia política casi se duplica si incluimos las correspondientes a la represión policial, que genera 51 muertos en estos primeros años de la transición, es decir, el 40 % del total de personas fallecidas. No es ETA la organización que más crímenes comete entre 1976 y 1977, sino las Fuerzas del Orden Público, en un contexto en el que la fuerte movilización choca con el marco represivo del régimen anterior. La importancia extremadamente relevante y desproporcionada de la violencia que perpetran los agentes del Estado —y que habremos de estudiar con detalle más adelante, en la segunda parte— pone de manifiesto, por simple comparación, la debilidad del impacto letal de las acciones violentas contestatarias.

Los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Franco no solo aparecen impregnados de una gran incertidumbre, sino que, al añadirse a esto la alteración de los puntos de referencia, el periodo aparece sumido en una extrema confusión. De hecho, las perturbaciones del orden cotidiano que invaden el ámbito público van acompañadas de prácticas violentas que adoptan ese perfil fragmentado que acabamos de poner de manifiesto —una fragmentación que afecta, recordémoslo, tanto a los actores como a los espacios, las formas o los blancos—. El desconocimiento de los grupos que operan y de sus objetivos —que no solo presentan un aspecto vago y permeable al menor síntoma de cambio sino que se hallan en constante mutación, lo que dificulta su reducción a un marco conocido— amplifica todavía más la sensación de caos. Será en el transcurso de estos primeros años cuando la proliferación de las reivindicaciones de grupos desconocidos se revele más intensa, lo que, además de contribuir a sembrar la confusión en la opinión pública sobre su identidad, amplificará también el alcance real de la amenaza que representan. En particular, la profusión de las siglas decuplicará el peligro que supone en realidad la extrema derecha y participará de forma muy notable en la sensación de que los grupos violentos se hallan dispersos por todo el tejido social. Sin embargo, ese caos es una mera apariencia. Tanto si adoptan una postura defensiva como una actitud proactiva, los actores que logramos identificar gracias a nuestro corpus de datos tratan en todos los casos de afirmarse en la escena pública y política que está construyéndose en ese momento y de influir en el proceso de cambio que se ha puesto en marcha. La violencia es un arma política, y está destinada fundamentalmente a intimidar al adversario mediante la exhibición de su fuerza. Ni siquiera los grupos terroristas han entrado todavía en la espiral del enfrentamiento letal con el Estado. Por último, la violencia se utiliza deliberadamente en función de la coyuntura política, con la que está íntimamente ligada. Esta es la razón de que sea preciso desplegar ahora los hilos que conforman el tejido de la vida cotidiana de la transición para comprender las causas diacrónicas que, con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en julio de 1976, experimentan un cambio profundo.

El choque entre un país en plena efervescencia y el inmovilismo de Carlos Arias Navarro

«Incertidumbre» e «inmovilismo» son las dos palabras clave que califican los ocho primeros meses de la transición. Juan Carlos de Borbón es entronizado como rey de España el 22 de noviembre de 1975, de acuerdo con los planes del general Franco y sometido al tradicional juramento de fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino y a los Principios del Movimiento Nacional. Pese a que anuncia, por emplear sus propios términos, una «nueva etapa de la historia de España»[16], Juan Carlos opta en ese momento por la continuidad y mantiene en su puesto de presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, que viene ejerciendo el cargo en funciones desde la muerte de Carrero Blanco. Arias forma entonces un gabinete dominado por los reformistas del régimen anterior, liderados por Manuel Fraga, que además de vicepresidente y ministro de la Gobernación[17] es considerado en ese momento la cabeza visible del bando reformista[18]. Pese a la significativa presencia de un importante número de pesos políticos pesados que se muestran partidarios del aperturismo, la reforma se atasca al topar con la fuerte resistencia que ofrece el aparato del régimen anterior. El propio Arias se considera depositario del legado de Franco y se conduce estrictamente como un continuador del franquismo, reacio a la más mínima apertura política. La prensa internacional sigue mostrándose escéptica frente a la intensa actividad diplomática que se despliega en los países occidentales para vender la imagen de un país en vías de democratización[19]. De hecho, y a pesar de que algunos proyectos de ampliación de las libertades consigan llegar efectivamente a término —como las leyes relativas al derecho de reunión y asociación política—, lo que regula jurídicamente a esta sociedad en ebullición es todavía la legalidad del régimen anterior.

a) El invierno caliente de 1976

La movilización popular, que alcanza una amplitud inédita, determina que el invierno de 1976 merezca en muchos aspectos el calificativo de «caliente». Se dan ya todas las condiciones necesarias para provocar el estallido del movimiento obrero, orquestado por CC. OO.: «hacíamos las huelgas cuando queríamos. Ahora van estos, ahora van estos, ahora van estos otros»; era un movimiento «perfectamente planificado, que iba metiendo sectores en huelga cuando nos interesaba», ya que nuestro objetivo confeso consistía en «acabar con el gobierno Arias», sostiene actualmente Nicolás Sartorius, miembro fundador de CC. OO.[20]. Y es que las elecciones sindicales de 1975 habían tenido por un lado el efecto de provocar una importante infiltración de los sindicatos clandestinos de la oposición, sobre todo en el caso de CC. OO., y por otro habían coincidido con el hecho de que las dos terceras partes de los convenios colectivos hubiesen expirado y tuvieran que ser renegociados a principios de 1976 —con un conjunto global de unos dos mil acuerdos a revisar—. Y a todo esto ha de añadirse la crisis económica que golpea de lleno al país, una crisis para la que el gobierno no ha encontrado más respuesta que la congelación salarial en pleno periodo inflacionista.

Los meses de enero y febrero de 1976 serán por tanto escenario de la larga serie de conflictos que afectan a las zonas industriales del país. A los sectores tradicionalmente conflictivos, como la metalurgia, la industria minera o la construcción, se suman ahora los sectores de servicios, como la banca o los seguros. En Madrid, la paralización del metro, de correos y de los trenes provoca la militarización de esos servicios, mientras que en Barcelona la huelga de funcionarios municipales, incluidos los policías y los bomberos, provoca una particular inquietud entre las autoridades. En 1976 se pierden ciento diez millones de horas de trabajo (lo que contrasta con los diez millones de horas de 1975) en cuarenta mil conflictos que afectan a más de 3,6 millones de trabajadores. Solo en los meses de enero a marzo, José María Maravall señala la declaración de dieciocho mil huelgas[21]. Ahora bien, las huelgas no son el único medio de expresión de los obreros, ya que estos se reúnen cotidianamente en las asambleas sindicales que celebran en fábricas, iglesias o estadios de fútbol, y en las que pueden llegar a participar decenas de miles de personas. Además, los obreros también se echan a la calle, invadiéndola a millares con ocasión de un conjunto de marchas de protesta que en muchas ocasiones adquirirán tintes de campo de batalla debido a la fuerte represión policial.

La intensa movilización popular del periodo, de carácter social y cívico, secunda estos conflictos sociales. Por un lado, las asociaciones de vecinos vienen a enmarcar un movimiento de reivindicación de unas mejores condiciones de vida en los barrios menos favorecidos y de protesta contra la creciente carestía de la vida. Y por otro, la movilización ciudadana en favor de la amnistía y de las libertades individuales —sostenida en este caso por la oposición democrática— adquirirá una amplitud inédita en los primeros meses de 1976. Las manifestaciones de masas iniciadas en Barcelona los domingos 1 y 8 de febrero[22] se multiplicarán en las grandes ciudades hasta la celebración de la «Semana pro-amnistía» del mes de julio. Por lo demás, la manifestación no es el único repertorio utilizado por el movimiento en favor de la amnistía: los festivales de música se transforman en fiestas democráticas, como ocurrirá con el recital de Raimon el 5 de febrero en Madrid, en el que se dan cita todos los líderes de la oposición[23]. Además, se reparte abundante propaganda en los mercados, se crean comités y surgen cientos de peticiones al calor de las múltiples iniciativas que promueve la gente o demandan los partidos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales, las entidades culturales o las entidades católicas. La oposición, que sigue siendo ilegal, participa en esta efervescencia posterior a la muerte de Franco y su existencia se hace patente en forma de conferencias de prensa, asambleas, seminarios y actos de distribución de propaganda.

Frente a esta tumultuosa presión popular, social y política, el gobierno reacciona de acuerdo con las normas del régimen anterior, es decir, mediante la represión. A su vez, esa represión justificará la aparición de conflictos laborales de motivación estrictamente política, dado que la oposición instrumentaliza la brutalidad policial como elemento desencadenante de una movilización que, en 1976, se orienta a conseguir la ruptura con el gobierno en vigor. Ese año, el 42 % de los conflictos sociales que se producen en el país obedecen a razones estrictamente políticas, como ocurre por ejemplo en Álava[24]. Es preciso recordar que esta provincia vive en ese momento una movilización espectacular como consecuencia del drama que acaba de conmocionar a la ciudad de Vitoria, ese mismo mes de marzo: el movimiento de protesta, que se propaga por todo el País Vasco durante varios días, culmina con la paralización total de la región el 8 de marzo, fecha en la que más de seiscientos mil trabajadores protagonizarán la huelga general más importante de todo el periodo posterior a la guerra[25]. Esto se debe al hecho de que la tragedia de Vitoria polariza las tensiones que operan en el país a lo largo de este primer periodo[26].

El 3 de marzo de 1976, fecha declarada «jornada de lucha» tras dos meses de una huelga de la máxima dureza, se congregan en la iglesia de San Francisco, en la capital alavesa, cerca de seis mil manifestantes que desean celebrar una reunión sindical. La orden de desalojo del templo se efectúa por la fuerza y se salda con la muerte de cinco obreros y una treintena de heridos. La interpretación dominante en los comentarios relacionados con el suceso habla de una tragedia inevitable, del trágico desenlace de una serie de acontecimientos incontrolables. Para Salvador Sánchez-Terán, que en ese momento es gobernador civil de Barcelona, «se veía venir […], y al fin ocurrió en Vitoria. Tantos enfrentamientos entre manifestantes o huelguistas y fuerzas de seguridad tenían que explotar en algún lugar, en algún momento»[27]. Del mismo modo, el Gobierno Civil de Álava estima que durante esa «vandálica jornada» se sucedieron sin descanso «distintas algaradas y manifestaciones en creciente escalada de intensidad, y produciéndose la obstrucción de vías públicas, con barricadas, vuelco de vehículos particulares, derribo de árboles y farolas, amenazas y agresiones a transeúntes y actos de extremada violencia contra las Fuerzas del Orden Público», las cuales no habían tenido más remedio, frente a la «crudeza de los ataques», que defenderse sacando sus armas de fuego[28]. Una declaración posterior del gobierno confirmará esta versión de los hechos, ya que en ella se afirma que los sucesos se produjeron después de haberse «agotado todos los intentos de negociación y conciliación en el largo pleito laboral que ha tenido lugar en Vitoria», y después de haberse constatado «la violencia física empleada a menudo por los manifestantes»[29]. Rodolfo Martín Villa defiende la tesis de una minoría radical de agitadores no vinculados con los sindicatos mayoritarios de la oposición, a los que responsabiliza de la creación de una situación «prerrevolucionaria»[30]. Para Manuel Fraga, que en ese momento ejerce el cargo de ministro de Gobernación, se trata incluso de una «ocupación de la ciudad como la de Petrogrado en 1917», y su inspiración se sitúa «entre los sóviets de 1917 y el 68 parisino»[31]. Esta es también la interpretación predominante en los círculos de la oposición, que afirma haberse visto desbordada por individuos incontrolados: la necesidad de asociarse a una imagen moderada y de desmarcarse por tanto de toda forma de violencia adquiere carácter imperativo en unas circunstancias tan delicadas como estas[32]. Nicolás Sartorius comparte asimismo la idea de que el enfrentamiento diario, e incluso la «guerra abierta, de movimiento», solo podía desembocar en una tragedia[33]. Sin embargo, y a pesar de no abrigar la más mínima duda de que hubo una minoría que se propuso radicalizar el conflicto social, la explicación del insólito balance luctuoso de los hechos obedece más bien, según Sartorius, a un conjunto de factores que dejan al descubierto las deficiencias del sistema represivo de los inicios de la transición[34].

Los sucesos de Vitoria son por tanto un emblema de la persistencia de las representaciones que asimilan el conflicto social y la manifestación con una convulsión violenta del orden público. Ahora bien, contrariamente a esa idea preconcebida, los primeros meses de 1976 se verán todavía relativamente libres de violencia política.

b) Una violencia contestataria todavía limitada

Pese a que el número de acciones violentas se duplique entre el último trimestre de 1975 y el segundo trimestre de 1976, el volumen de víctimas de la violencia contestataria sigue siendo reducido, ya que tras su espectacular irrupción en la plaza pública en octubre de 1975, los GRAPO no volverán a asesinar hasta noviembre de 1976, y solo ETA habrá de perpetrar catorce asesinatos entre la muerte de Franco y el nombramiento de Suárez. El suceso que suscitó mayor sentimiento de consternación fue el del secuestro del industrial Ángel Berazadi, que mantuvo en vilo a la opinión pública entre el 18 de marzo y el 8 de abril de 1976. Como ministro de Gobernación, Fraga opta por la dureza, y en una nota emitida el 30 de marzo prohíbe formalmente que cualquiera de las partes afectadas responda al chantaje terrorista con una negociación, al contrario de lo ocurrido al producirse en enero el secuestro de José Luis Arrasate, hijo de los propietarios de la empresa Forjas de Bérriz de Vizcaya, liberado a cambio del pago a ETA de un rescate estimado entre ocho y veinticinco millones de pesetas. Con ocasión de estos dos asuntos, un centenar de industriales vascos confesarán haberse vistos sometidos al chantaje de la organización terrorista, pese a que apenas doce de ellos hubieran denunciado la amenaza. ETA se había lanzado a una campaña de recaudación de fondos para reestructurarse tras las pérdidas sufridas a lo largo del año 1975. El envite es por consiguiente tan determinante para el gobierno como para la banda separatista. El 8 de abril, la firmeza de Fraga se salda con la ejecución de Berazadi. Este desenlace trágico indigna a la opinión y a toda la clase política, que condena sin paliativos el atentado, incluido el PNV. Los partidos de la oposición vasca deciden suspender incluso la celebración, prevista para el 18 de abril en Pamplona, del Aberri Eguna[35] —la fiesta de la patria vasca, reprimida durante el franquismo y transformada ese año en «jornada de duelo»—. Pese a que el episodio se revele contraproducente en términos de capital de simpatía para la organización separatista, el mensaje que reciben los industriales vascos es cristalino.

La extrema derecha también pasará a la ofensiva durante el primer trimestre de 1976, como reacción al avance de la movilización popular. Las amenazas se vuelven más numerosas, amplificadas asimismo por varios atentados —que en Guipúzcoa y Vizcaya se multiplican, afectando sobre todo a pequeños comercios de simpatizantes del nacionalismo vasco y a las librerías, como también sucede en Madrid, Valencia o Valladolid—. Uno de esos incidentes revela el tipo de prácticas de intimidación al uso: José Antonio Martínez Soler, director de la revista económica Doblón, es secuestrado el 2 de marzo en Madrid y conducido al campo por un grupo de cinco individuos armados con metralletas. Una vez llegados a un lugar solitario, los secuestradores le propinan una terrible paliza por haber escrito un artículo que comprometía a la Guardia Civil y le ordenan que abandone el país, ya que de lo contrario será ejecutado. El suceso recibe la cobertura mediática que los extorsionadores deseaban. La imagen del rostro tumefacto del periodista es difundida en la prensa y cuatrocientos periodistas, indignados, dirigen una carta a Fraga en la que reclaman la apertura de una investigación[36]. El método del «paseo», utilizado en tiempos de la Guerra Civil para liquidar a los enemigos políticos, se reactiva deliberadamente durante la transición para intimidar a los adversarios, con la particularidad de que se eligen preferentemente blancos de fuerte potencial mediático con el fin de multiplicar la sensación de terror. La dolorosa memoria de la contienda fratricida, instrumentalizada de forma muy notable por los discursos catastrofistas que menudean entre los extremistas, vuelve a incidir en los españoles, ahora en forma de acciones intimidatorias, al reanudarse el recurso a ciertas prácticas violentas comunes durante la guerra. Todo el mundo capta claramente el mensaje: si continuáis, lo que va a producirse es otra guerra civil. Esta operación de defensa de un territorio amenazado se traduce también en una larga serie de reyertas simbólicas entre las diferentes facciones. La ofensiva de «Montejurra 1976», en la que se constata la existencia de connivencias policiales, tiene por tanto el objetivo de hacer avanzar la «reconquista» de la celebración carlista en detrimento de la opción progresista de Carlos Hugo, pero persigue también, soterradamente, la meta de desacreditar la opción dinástica carlista a fin de garantizar del mejor modo posible la estabilidad del joven monarca en ejercicio.

El impulso a la reforma con Suárez

Pese a las vivas críticas que Juan Carlos dirige por vía indirecta al presidente del gobierno, Arias Navarro —a través de una entrevista concedida al semanario Newsweek el 26 de abril de 1976[37]—, habrá que esperar hasta el primero de julio para que exija finalmente su dimisión. El nombramiento de Adolfo Suárez como sustituto para el cargo genera una enorme sorpresa entre los medios informativos[38] y la clase política, ya que lo consideran un joven falangista carente de la talla y el peso político necesarios para llevar a buen puerto la reforma. Sin embargo, a pesar de estos prejuicios iniciales, Suárez revelaría ser el hombre de la transición. Excluye del gabinete que forma a toda la vieja guardia reformista y la reemplaza con una nueva generación[39], dominada por Alfonso Osorio, vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia, procedente del grupo Tácito[40], al igual que Marcelino Oreja, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, o de Landelino Lavilla, al frente del Ministerio de Justicia, a los que añadirá, en el puesto clave de Gobernación, a su compañero de filas en el Movimiento Nacional, Rodolfo Martín Villa. Los únicos representantes del «búnker» son el almirante Gabriel Pita da Veiga en el Ministerio de Marina y el general Fernando de Santiago en Defensa. El tono cambia inmediatamente: en una breve declaración televisiva emitida el 6 de julio, víspera del día en que debe jurar el cargo, Suárez afirma que su «meta última» es conseguir que «los gobiernos futuros sean resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles»[41].

a) La incomprensión derivada de la persistencia de las violencias policiales

La expectativa que despierta el rumbo que pueda tomar Suárez determina que en el verano de 1976 las gráficas de la violencia registren un descenso relativo: ETA cesa sus acciones hasta el mes de septiembre, a diferencia de la extrema derecha, ya que uno de sus grupúsculos se lanza en Valencia, por ejemplo, a una oleada de ataques contra bienes de los progresistas. Los GRAPO aprovecharán igualmente el periodo estival para darse a conocer a la opinión pública el 18 de julio, fecha hasta entonces reservada a las manifestaciones de la extrema derecha, que conmemora ese día el alzamiento de 1936.

Por su parte, la movilización política prosigue su andadura a comienzos del mes de julio. En efecto, la plataforma unitaria de la oposición —Coordinación Democrática— convoca una «semana pro-amnistía» entre el 7 y el 12 de julio que tiene su punto de máxima intensidad el día 11, ya que en esa fecha se reúnen en toda España más de doscientas cincuenta mil personas en favor de la liberación de los presos políticos y sindicales, del retorno de los exiliados, del impulso a las libertades y de la democracia. En Cataluña se organiza una marcha por las libertades, pero el Gobierno Civil la prohíbe. Entre tanto, en Bilbao, una manifestación autorizada reúne a más de ciento cincuenta mil personas en defensa de la libertad del pueblo vasco y la reincorporación a sus puestos de trabajo de los obreros despedidos. Durante el verano, las fiestas populares serán a su vez objeto de una politización aguda, empezando por la feria de Pamplona, que dará a la gente ocasión de exhibir la ikurriña y de distribuir peticiones en favor de la amnistía. Así prosiguen las cosas hasta que el 30 de julio el Consejo de Ministros, reunido en La Coruña, aprueba un decreto de amnistía política del que únicamente quedarán excluidos los delitos de sangre[42]. Pese a la tibia recepción con que es acogida la medida, tanto en los círculos de la oposición como en el entorno de CC. OO. —ya que todos los grupos se declaran dispuestos a continuar la lucha «hasta que salga el último preso político de la cárcel»[43]—, las manifestaciones de masas se terminan en vista de los centenares de reclusos que abandonan los penales franquistas. Las convocatorias, que todavía habrán de producirse con frecuencia en el transcurso del año 1977 en favor de una amnistía que en adelante habrá de calificarse de «total», se concentran en las filas de los partidos de la izquierda radical y de los nacionalistas vascos, que abogan en favor de la liberación de los presos de ETA pero no cuentan ya con la participación masiva de la población de ámbito nacional[44].

En noviembre, la oposición intenta un último acto de fuerza lanzando un llamamiento a la huelga general el día 12. Según Nicolás Sartorius, el objetivo consistía más en enviar un mensaje al gobierno de Suárez que en provocar la ruptura política mediante una movilización de masas. Y, en efecto, durante una reunión secreta organizada por el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, con los dirigentes de CC. OO., el primero había pedido paciencia a los sindicalistas, instándoles a aceptar que otros sindicatos considerados más moderados que el de Sartorius —como la UGT— fueran legalizados antes que su formación. Se trataba por tanto de hacer en primer lugar una demostración de la capacidad de convocatoria de los sindicatos —y muy en particular de los comunistas—, a modo de «advertencia», y, en segundo lugar, de prestar apoyo a una oposición a la que se había dejado al margen del proceso de elaboración de la Ley para la Reforma Política[45]. Sin embargo, Martín Villa, al frente del Ministerio del Interior, pone en marcha todos los mecanismos preventivos y coercitivos posibles para provocar el fracaso de la huelga[46]. El balance final es de quinientos mil huelguistas, según el gobierno, y de dos millones según los sindicatos, aunque de lo que no cabe duda es de que la jornada constituye la movilización nacional más importante desde la Guerra Civil —pese a lo cual no conseguirá paralizar el país, y menos aún modificar el curso de la reforma emprendida por Suárez—. Otras reivindicaciones tomarán posteriormente el relevo de las movilizaciones populares, en particular las relacionadas con la obtención de las libertades regionales, como es el caso de la Diada, día de la patria catalana, en la que se darán cita más de cincuenta mil personas en Sant Boi de Llobregat el 11 de septiembre de 1976 —cifra que asciende a un millón en la de 1977—. De hecho, pese a que el índice de participación en las marchas populares no alcance su punto culminante en 1976, sino en el segundo semestre de 1977, lo cierto es que las manifestaciones —que ya son legales (y por tanto susceptibles de atraer a un mayor número de personas)— se inscriben en un marco reivindicativo totalmente diferente. En lo sucesivo, su motivación vendrá dada por las exigencias autonomistas y por la crisis económica[47]. Con todo, durante el segundo semestre de 1976, el motivo dominante de la movilización seguirá ligado a la represión, que provoca más víctimas en esta primera etapa de la transición que los propios grupos terroristas.

En efecto, la llegada de Suárez a la presidencia del gobierno no generará una mutación inmediata en el terreno de las libertades públicas. El marco legal sigue siendo el del régimen anterior y las Fuerzas del Orden Público causan un gran número de víctimas. Entre enero de 1976 y octubre de 1977 la policía provoca 18 muertos entre los manifestantes, y 32 (7 de ellos terroristas) en controles o detenciones. La primera víctima de los brutales métodos de dispersión de los manifestantes, ya bajo el gobierno de Suárez, es María Norma Menchaca, muerta en Santurce (Vizcaya) el 9 de julio, en plena semana pro-amnistía[48]. Le sigue F. J. Verdejo, militante de las juventudes del Partido del Trabajo de España (es decir, perteneciente a la Joven Guardia Roja), muerto el 13 de agosto a manos de la Guardia Civil, tras ser sorprendido en Almería mientras realizaba una pintada en la que pedía pan y trabajo. La lista continúa con la muerte de un joven integrante de CC. OO. —J. M. Zabala— en Fuenterrabía (Guipúzcoa), víctima de un disparo de la policía armada el día 8 de septiembre, durante una fiesta popular. El 22 de septiembre fallece Bartolomé García, víctima de un error policial, en Santa Cruz de Tenerife. El 28 de noviembre serán dos muchachos, S. Navas y J. Nuin, los que fallezcan a causa de los disparos de un guardia civil de paisano tras producirse unos incidentes en una sala de fiestas de Santesteban (Navarra). Por otra parte, el 15 de diciembre, fecha del referéndum de la LRP, Á. Almazán, joven militante de la ORT, muere en una manifestación en Madrid. El 9 de enero muere en Sestao (Vizcaya) J. M. Iglesias, víctima de una insuficiencia cardiovascular surgida tras verse perseguido por la policía en el transcurso de una manifestación pro-amnistía.

La población percibe del modo más negativo esta brutalidad policial, así que se moviliza para protestar contra la persistencia de la represión: el elevado número de muertos provoca varias manifestaciones de masas durante el entierro de las víctimas (veinticinco mil personas en el caso de Iglesias, treinta mil en los de Menchaca y García, y cincuenta mil en el de Zabala —mientras en Tenerife, una huelga general mantiene paralizada la isla el 27 de septiembre—), así como una serie de peticiones populares destinadas a exigir el esclarecimiento de los hechos, y un amplio abanico de comunicados por parte de los partidos políticos de la oposición. Todo esto se debe justamente al hecho de que el desfase entre las expectativas de cambio y una política de mantenimiento del orden público que todavía arrastra la herencia del régimen provoca un enorme sentimiento de incomprensión y frustración.

b) El apogeo de las violencias a raíz de la Ley para la Reforma Política

Sin embargo, en el plano político, la reforma avanza a pasos agigantados. Suárez establece los primeros contactos con la oposición ya en el mes de julio y pone en marcha la LRP, cuyo objetivo consiste en restaurar la soberanía del pueblo partiendo del cuerpo legislativo anterior. El proyecto de ley de la nueva norma garantiza los derechos fundamentales del individuo y prevé la elección por sufragio universal[49] de los miembros de dos cámaras (Congreso y Senado), encargadas de redactar una Constitución. Esto significa de hecho, aunque no se afirme explícitamente, la desaparición del marco institucional del franquismo. El gobierno, que se ha asegurado de contar con el respaldo de los militares, entabla una serie de intensas negociaciones con los procuradores del régimen anterior con el fin de instarles a aceptar su propia disolución: el 18 de noviembre, el proyecto es aprobado en una sesión a la que se dará el nombre de «harakiri de las Cortes»[50], antes de ser ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un 94 % de votos afirmativos.

La coyuntura política del otoño de 1976 se canaliza por tanto a través del proyecto de reforma. No obstante, nuestro corpus de datos pone de manifiesto que, justo en ese momento, se produce un pico espectacular de acciones violentas. Tras la pausa del verano de 1976, ETA vuelve a ocupar el primer plano de la actualidad al asesinar, el 4 de octubre, al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, que también es consejero del reino[51]. El atentado provoca una reunión extraordinaria del gobierno, y ese mismo día Martín Villa da lectura a un comunicado, retransmitido por radio y televisión, con el que tranquiliza a la opinión pública, que teme la eventual declaración del estado de excepción, manteniendo no obstante en todo momento una postura de gran firmeza para «impedir a toda costa la actividad de los grupos subversivos que utilizan la violencia como norma de acción política»[52]. Al día siguiente, la capital de la provincia de Guipúzcoa amanece en estado de sitio, dado que varios comandos de extrema derecha, ávidos de venganza, provocan el pánico en el centro de la ciudad. De hecho, el atentado provoca un endurecimiento de los sectores ultras del régimen y dificulta todavía más la negociación en curso de la LRP en el seno del Consejo Nacional del Movimiento[53].

La campaña electoral vinculada con el referéndum no se libra únicamente en los ámbitos del discurso y la propaganda política, sino que encuentra también una contrapartida en las acciones violentas. En las bancadas de la oposición, los partidos se pronuncian en favor de una abstención activa, pese a que la campaña se esté desarrollando sin estridencias: si por un lado no pueden aceptar una reforma que se efectúa desde las entrañas mismas del franquismo —lo que les induce a continuar mostrándose partidarios de una ruptura jurídica y política con el régimen anterior—, por otro son también plenamente conscientes del inmenso avance que supone la LRP y de las dramáticas consecuencias que acarrearía una victoria del no. Los partidos de extrema izquierda, que también llaman a la abstención (ORT, MCE, PTE), son por tanto los únicos que intentan movilizar a las masas bajo la mirada complaciente, aunque ya distante, de la izquierda moderada. Dicha movilización tiene un carácter fundamentalmente pacífico, ya que nuestro corpus de datos no registra que este sector político perpetre ningún acontecimiento violento —salvo por el pequeño número de cócteles molotov que se arrojan contra los cuarteles—. Solo los GRAPO muestran su oposición a la reforma cometiendo el 5 de diciembre tres atentados contra las instalaciones de RTVE en Madrid y Guadalajara, en lo que denominan la «Operación Papel», pero sobre todo con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, el día 11 de diciembre. Los GRAPO, que lograrán adquirir notoriedad con esta última acción, consiguen introducir también una sensación de intranquilidad en los círculos políticos, a escasas fechas del referéndum.

Por consiguiente, hay que imputar fundamentalmente a la extrema derecha la responsabilidad del pico de acciones violentas observado durante el último trimestre de 1976. Entre el 1 de septiembre de 1976 y el final del año, nuestro corpus de datos recoge más de 110 acciones de la extrema derecha. Dichas acciones siguen perteneciendo mayoritariamente al ámbito de la amenaza (ya que constituyen la tercera parte del total de sucesos), amenazas que van dirigidas contra los blancos tradicionales de la derecha ultra, es decir, los periodistas y las librerías. Sin embargo, la extrema derecha también ataca los locales de las asociaciones de izquierdas, como ocurre el 2 de noviembre en Málaga, fecha en la que un comando formado por una decena de miembros del Frente Anticomunista Español, armados con pistolas, toma al asalto el local de un centro de juventud, insultando a los presentes y agrediendo a uno de ellos. La derecha radical agrede físicamente a las personas, pasando de la amenaza verbal a la intimidación física. Las agresiones físicas se multiplican. El estudiante Carlos González sufrirá las consecuencias el 27 de septiembre de 1976 al ser asesinado de un disparo en los riñones en los aledaños de una manifestación celebrada en memoria de los últimos ejecutados del franquismo. Este crimen suscita las más encendidas reacciones por parte de la oposición, cuya plataforma unitaria convocará una jornada de lucha para el primero de octubre en señal de protesta. Sin motivo aparente, R. Martín Pajares resulta herido el 16 de noviembre en Madrid a causa de los disparos de un grupo de extrema derecha que se encontraba pegando carteles para convocar la manifestación del 20-N en homenaje a Franco. El 14 de septiembre, en Vitoria, será una mujer, integrante de CC. OO., recién amnistiada y puesta en libertad, la que resulte agredida por un grupo de jóvenes con cadenas, antes de ser secuestrada, seis días después, por una banda que la lleva a un descampado, le propina una paliza y la amenaza de muerte —y la intimidación funciona, dado que la víctima abandona la ciudad, por temor a sufrir un nuevo ataque—. Este tipo de agresiones se repetirá, por ejemplo el 15 de octubre en Barcelona, en la persona de un militante de la UGT a quien cinco neonazis obligan a tragar una foto en la que se le ve participando en un mitin del sindicato, para después golpearle e intentar prenderle fuego rociándolo con gasolina; o el 13 de diciembre, fecha en la que un joven militante del Movimiento Comunista de Euskadi es secuestrado en Ermua (Vizcaya), conducido a un monte, amenazado y torturado por un grupo de Guerrilleros de Cristo Rey. Con estas prácticas, cada vez más brutales, la extrema derecha intenta sembrar el temor entre los simpatizantes de la oposición y hacer fracasar el proyecto de la reforma política.

El recrudecimiento de las acciones violentas en el momento en que se tramita la primera ley orientada frontalmente a demoler el régimen franquista topa no obstante con la tranquilizadora posición de Suárez que, en su discurso de cierre de la campaña electoral, el 14 de diciembre, en la televisión, lanza un llamamiento de serenidad a la población, denigra el «lenguaje de la violencia [que] no es ya el lenguaje de nuestro pueblo», desactiva el sentimiento de inquietud que intentan sembrar «la fuerza de la violencia, la coacción, el secuestro y el crimen», y pide a los españoles que contribuyan con su voto positivo al cambio «pacíficamente, sin revoluciones y sin traumas» que les propone el proyecto de ley[54].

c) La «Semana Negra» del 23 al 28 de enero de 1977

La euforia del triunfo electoral de diciembre de 1976 se verá rápidamente alterado como consecuencia de la conjunción de acciones violentas que se produce en enero de 1977 por espacio de siete días, un lapso de tiempo que ha quedado grabado en la memoria colectiva con el nombre de «Semana Negra»[55]. Todos los comentarios coinciden en considerar que esta semana representa el momento más crítico de la transición, el punto decisivo en el que podría haber ocurrido cualquier cosa. Resumiremos aquí muy brevemente los hechos, cuyo balance se eleva a diez muertos en pocos días. La semana se inicia el domingo 23, fecha en la que un estudiante de 19 años llamado Arturo Ruiz García muere tiroteado por unos extremistas de derechas durante una manifestación pro-amnistía. Al día siguiente se producen los acontecimientos más luctuosos, ya que la jornada comienza con el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia militar y exjefe del Estado Mayor central, por parte de los GRAPO, que todavía mantienen como rehén a Oriol. Poco después se produce la muerte de María Luz Nájera, una estudiante de veintiún años que fallece tras recibir en la cabeza el impacto de un bote de humo lanzado por las Fuerzas del Orden Público en una manifestación de protesta por la muerte de Ruiz. Por último, esa misma noche, tiene lugar el atentado que ha permanecido grabado en el recuerdo como uno de los más crueles de la transición —hasta el punto de adquirir la denominación específica de «matanza de Atocha»: tres individuos armados con metralletas irrumpen en un despacho de abogados laboralistas, de ideas comunistas, y ametrallan a sangre fría y a quemarropa a los nueve letrados presentes. El balance es de cinco muertos y cuatro heridos graves. La investigación posterior muestra que los asesinos guardan relación con el entorno de la extrema derecha (sobre todo con Fuerza Nueva) y con el Sindicato Vertical de Transportes de Madrid, que vive en esos días una importante huelga[56].

Una serie de unánimes reacciones de indignación y duelo marcarán el ritmo del país a lo largo de los siguientes días, y muy particularmente el 26, ya que en esa fecha los sindicatos han convocado una jornada de protesta a la que responderá medio millón de trabajadores de toda España mediante una serie de paros laborales parciales. Ese mismo día, en Madrid, el cortejo fúnebre de los abogados irá acompañado de una inmensa manifestación pacífica, convocada por el Partido Comunista, en la que se dan cita más de cien mil personas. Tras la calma del 27 de enero, la reanudación de las acciones terroristas se traduce en el asesinato, el viernes 28, de tres agentes de las Fuerzas del Orden Público en dos atentados reivindicados por los GRAPO. Su entierro da pie al surgimiento de una serie de incidentes notables provocados por los ultras, que demuestran su hostilidad a la reforma política realizando un conjunto de gestos simbólicos, todos ellos característicos del franquismo —vivas a la Policía, a la Guardia Civil y a Franco, saludos falangistas, eslóganes hostiles al comunismo, a los francmasones y al gobierno, y cánticos del Cara al Sol—, y abucheando gravemente a Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno al frente de Defensa, al que acusan de traición. Habrá que esperar al 11 de febrero para que la policía libere a los dos rehenes que los GRAPO mantienen secuestrados y arreste a los culpables. Por otra parte, los asesinos de Atocha serán detenidos en marzo, pero sus vínculos con determinadas personalidades del «búnker» franquista no lograrán establecerse más que de manera parcial[57].

Tanto los apocalípticos comentarios que acompañan a los acontecimientos como la interpretación de que esa extraordinaria concatenación de sucesos violentos se debe a un complot, o las medidas urgentes que toma el gobierno —que se niega no obstante a declarar el estado de excepción[58]—, dan fe del peligro al que los españoles tienen conciencia de hallarse expuestos. Sin embargo, si exceptuamos esta semana trágica, el primer trimestre de 1977 resulta relativamente tranquilo en líneas generales, y de hecho se corresponde incluso, en nuestra gráfica, con un valle, flanqueado por los picos violentos del otoño de 1976 y la primavera de 1977. Los GRAPO no reaparecerán hasta el mes de junio[59]; ETA, que ha ganado la batalla de la ikurriña —enseña que el gobierno viene tolerando desde finales de 1976—, permanece en la sombra, mientras la extrema derecha continúa con su táctica de intimidación en la que mezcla amenazas, agresiones, ataques a la universidad y atentados contra librerías —sin embarcarse por ello en una «estrategia de tensión».

d) La legalización del PCE, una crisis temida y desactivada (9 de abril de 1977)

Entre tanto, el proceso de reforma se acelera tras la aprobación de la LRP. Las libertades dan un importante salto adelante con la desaparición del TOP (Tribunal de Orden Público), es decir, del órgano encargado de la sanción de los delitos políticos; la derogación de la responsabilidad penal subsidiaria, que condenaba a los acusados a penas de cárcel en caso del impago de una multa; la expansión de la libertad de expresión; el decreto de amnistía; la libertad sindical; la supresión del Movimiento Nacional; y el progresivo reconocimiento de los partidos políticos y los sindicatos. El 23 de diciembre de 1976 se inician oficialmente las negociaciones con la oposición, incluida la comunista. Dicha oposición encuentra representación en la «Comisión de los nueve»[60]. De este modo queda expedita la vía que conduce a las elecciones, y la ley electoral que se aprueba en marzo fija sus modalidades. Sigue siendo preciso, no obstante, legalizar previamente los partidos políticos. Las nuevas disposiciones que se adoptan en febrero, mediante las cuales se otorga al Tribunal Supremo la facultad de rechazar las propuestas —en lugar de ser, como antes, una competencia exclusiva del Ministerio de la Gobernación—, facilitan dicha legalización. El proceso no plantea mayores dificultades —los partidos socialistas se legalizan en febrero—, salvo en el caso del Partido Comunista y de todas las formaciones situadas a su izquierda.

Las peripecias que precedieron el reconocimiento del Partido Comunista son bien conocidas, desde la detención de Santiago Carrillo el 22 de diciembre hasta el anuncio de la legalización de la formación, el 9 de abril, sábado santo, pasando por la entrevista secreta que mantienen Suárez y Carrillo el 27 de febrero y las idas y venidas que habrá de sufrir el expediente de legalización —que pasa una y otra vez de las instancias judiciales al gobierno, y viceversa, ya que ambas tratan de remitirse mutuamente la responsabilidad de la decisión—. Y lo cierto es que el envite tiene una enorme importancia y existe un riesgo real de que los que dirigen el «búnker» reaccionen de forma violenta: el comunismo es la personificación misma del enemigo interior contra el que el franquismo ha construido su identidad, de modo que dar el paso de su reconocimiento equivale a quebrar uno de los ejes que vertebran la ideología que ha venido dominando España en los últimos cuarenta años. En este sentido, los militares son particularmente sensibles, dado que han adquirido sus credenciales en el combate contra el enemigo comunista durante la Guerra Civil —y hay que tener en cuenta además que, en la controvertida reunión del 8 de septiembre de 1976, Suárez les ha garantizado que el Partido Comunista va a ser excluido del nuevo escenario político[61].

Con todo, el temido brote de violencia no se producirá. Las reacciones se limitaron en gran medida a una serie de manifestaciones verbales de desaprobación: los círculos ultra condenaron el acontecimiento emitiendo una serie de duros comunicados, como el de Fraga, que considera que la legalización del Partido Comunista supone un «verdadero golpe de Estado». Los militares manifestaron su profundo malestar en un comunicado del Consejo Superior del Ejército, que se reunió al efecto y en un clima de notable crispación. Sin embargo, la dimisión del almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, no logrará desencadenar ninguna cascada de renuncias, y tanto las tropas como el cuerpo de oficiales encajarán disciplinadamente la noticia[62]. Respecto a la violencia, nuestro corpus de datos no recoge más que unas cuantas acciones aisladas dirigidas contra los símbolos de la ideología comunista —quince a lo sumo[63]—. En el terreno de la intimidación, contabilizamos por un lado las amenazas que se esgrimen contra varios despachos de abogados laboralistas de Madrid, así como el puñado de avisos de bomba que se reciben en los locales del PCE, y por otro una manifestación de protesta celebrada el día 12 de abril en Madrid —durante la cual un conjunto de excombatientes y militantes extremistas recorrerán en coche las principales avenidas de la ciudad, blandiendo la bandera nacional, entonando himnos tradicionalistas y dando vivas a Franco—. Unas cuantas mesas de distribución de propaganda del PCE y el PSOE sufrirán el ataque de grupos de militantes de Fuerza Nueva en Madrid, y otro tanto sucederá con los puestos de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores en Pamplona. Algunos coches resultarán incendiados, como sucede por ejemplo con dos vehículos en Barcelona, en un acto de vandalismo rubricado con la hoz y el martillo. Se destruyen también algunos locales. Tal es el caso del que está construyendo el PCE en la capital de España, donde explotará un cóctel molotov el día 14 de abril; de una sede comunista de Granada que sufre el lanzamiento de dos botellas incendiarias el 15 de ese mismo mes; de una sociedad cultural igualmente comunista de Valencia, que es objeto de un ametrallamiento el 16; y de un local del PCE de Elche contra el que se perpetra un atentado el 18. El despacho de un abogado, que también es dirigente del Partido Comunista de Euskadi, es ametrallado una noche en Vizcaya. Por último, se producen también varios enfrentamientos entre grupos contrarios, como el registrado por ejemplo el 20 de abril en Madrid entre militantes del Partido del Trabajo de España y extremistas de derechas. Es poca cosa en realidad, sobre todo si comparamos estos hechos con la crisis que se temía, pero lo cierto es que las acciones violentas que se esperaban terminaron por no producirse, lo que significa que los nostálgicos del franquismo se contentaron con reapropiarse simbólicamente de un espacio público que ya no les pertenecía.

La legalización se había preparado con la vista puesta en desactivar toda tentativa de rebelión. El Partido Comunista había ido imponiendo progresivamente su presencia en la esfera pública, y después de su detención (y su puesta en libertad a los pocos días) la opinión pública había tolerado sin problemas las actividades de Carrillo. Se le había autorizado incluso a celebrar una «cumbre eurocomunista» el 2 de marzo en Madrid, acompañado por los partidos comunistas italiano (con Enrico Berlinguer) y francés (con Georges Marchais) —reunión cuya finalidad no era otra, según Martín Villa, que la de poder exhibir el hecho de haber sido celebrada en suelo español[64]—. El Partido Comunista se había forjado una imagen tranquilizadora que había encontrado su más brillante prueba en la manifestación del 26 de enero, en plena «Semana Negra», ya que la marcha había sido pacífica y había transcurrido en medio de un impresionante silencio que había demostrado su sentido de la responsabilidad y su capacidad para movilizar y disciplinar a sus tropas —todas las opiniones coinciden unánimemente en señalar que ese día el PCE se había ganado a pulso la legalización—. A pocas fechas de su efectiva legalización, el PCE también se había dejado guiar por la prudencia, ya que en sus muestras de alegría no había dado rienda suelta a ningún tipo de júbilo excesivo. Además, la dirección del partido aceptó la bandera rojigualda de la monarquía, calmando con este gesto algunas inquietudes relacionadas con sus objetivos políticos[65]. Por último, el gobierno maniobró también con gran tacto, observando en todo momento un estricto respeto de los procesos legales, recurriendo por tanto a las instancias judiciales y eligiendo como fecha para el anuncio de la noticia uno de los días de vacaciones más populares del año —con lo que eliminaba el riesgo de cualquier reacción de masas en las calles.

Las elecciones pueden celebrarse ya con total credibilidad, así que a mediados de abril el gobierno da a conocer que su celebración tendrá lugar el 15 de junio y que la campaña electoral quedará abierta el 24 de mayo.

e) Las violencias de la campaña electoral de junio de 1977

A partir de ese momento disminuirá la represión que se venía ejerciendo sobre los partidos de la oposición. En diciembre de 1976, el PSOE ya había tenido ocasión de celebrar en Madrid su XXVII congreso, y de hecho, en 1977 las detenciones relacionadas con acciones de propaganda se circunscriben únicamente a los militantes del Partido Comunista y a los de las formaciones de extrema izquierda —y tras legalizarse el primero, solo se arrestará ya a los simpatizantes de estas últimas, a las que no se concederá el reconocimiento político antes de las elecciones—. Por otra parte, las manifestaciones se siguen reprimiendo con toda severidad, dado que lo que más teme el gobierno son las alteraciones del orden público: se prohíben así tanto la conmemoración de los sucesos de Vitoria —el día 3 de marzo— como la fiesta de la patria vasca, o Aberri Eguna —el 10 de abril—, encontrándose los que intentan festejar esas efemérides ante un potente dispositivo policial desplegado para impedir su efectiva celebración. Por otra parte, el primero de mayo recibe tan solo una autorización parcial, con lo que queda reducido a un conjunto de reuniones confinadas en espacios cerrados[66].

En este contexto es inevitable que surjan enfrentamientos y que se sigan produciendo víctimas mortales, como sucederá por ejemplo el 12 de marzo, fecha en la que J. L. Aristizabal fallece como consecuencia de una herida causada por una bala de goma disparada durante una manifestación pro-amnistía en San Sebastián. En las posteriores manifestaciones de protesta, otro civil, militante de Acción Nacionalista Vasca, será igualmente víctima de otra bala de goma en Pamplona[67]. El lapso de tiempo más letal de este periodo es el de la «semana pro-amnistía» que se convoca en el País Vasco entre los días 7 y 15 de mayo, y cuyas principales reivindicaciones son la liberación de todos los presos políticos y la legalización de la totalidad de los partidos antes de las elecciones de junio. Cerca de cincuenta alcaldes vascos amenazan incluso con dimitir. También en este caso habrá de topar la fuerte movilización popular con la extrema brutalidad de las Fuerzas del Orden Público, ya que los enfrentamientos se saldan con un balance de seis muertos[68]. Con cada nueva víctima se da un nuevo impulso a la movilización y a la represión, en una espiral que termina por transformar al País Vasco en un verdadero campo de batalla. Los sindicatos no logran adoptar una postura unitaria respecto a la actitud que conviene mostrar, dudando entre el apoyo incondicional a los huelguistas de Euskadi y la prudencia duramente aprendida tras la experiencia vivida en Vitoria el año anterior, que les induce a dar prioridad al diálogo y a la negociación sobre la contribución a una tensión desestabilizadora que podría condicionar negativamente el inminente voto[69]. De este modo, en Euskadi el conflicto político se intensifica a pesar de que se tolere la ikurriña, debido a que los nacionalistas abertzales llevan al gobierno al límite de su permisividad antes de las elecciones de junio, y a que sobre el telón de fondo del periodo se recorta el recrudecimiento de la violencia etarra.

ETA, en efecto, se dedica a reactivar una lucha armada que parece adormecerse desde el atentado perpetrado contra Juan María de Araluce en octubre. Con ese objetivo asesinará, el 13 de marzo, a un guardia civil en Mondragón (Guipúzcoa), y a un agente de la Policía Armada el 18 de mayo en San Sebastián. Sin embargo, si logra acaparar la atención de los medios, será una vez más con un secuestro, como había ocurrido en 1976 al raptar a Ángel Berazadi: por eso secuestra el 20 de mayo de 1977 en Guecho a Javier Ybarra, consejero del Banco de Vizcaya, procurador en Cortes y exalcalde de Bilbao, exigiendo a cambio de su liberación un rescate de mil millones de pesetas. A pesar de las intensas negociaciones que lleva a cabo la familia de la víctima para obtener la inaccesible suma demandada, y a pesar también de las medidas de gracia que se adoptan en el consejo de ministros celebrado el día mismo del secuestro —con las que se concede la posibilidad del exilio a los presos políticos vascos condenados por delitos de sangre—, Ybarra no será puesto en libertad al expirar el plazo del ultimátum en la fecha de las elecciones, hallándose finalmente su cadáver el 22 de junio, como mensaje de terror dirigido a los empresarios vacos que se niegan a pagar el impuesto revolucionario.

Nuestro corpus de datos indica la existencia de un agudo pico de acciones violentas durante el segundo trimestre de 1977, pico que corresponde a las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones, dado que estas, como ya sucediera en la época en que se negociaba la LRP, avivan las tensiones políticas, con lo que las acciones violentas se superponen a la campaña electoral verbal y pacífica. Gracias a los cotidianos Boletines Informativos que emiten las autoridades, los datos de que disponemos en relación con este periodo son extremadamente precisos: de este modo, nuestro fichero recoge más de doscientas acciones violentas, todas ellas perpetradas entre el 15 de mayo y el 15 de junio, acciones que afectan fundamentalmente a la ciudad de Madrid —en donde se produce la tercera parte de los atentados—, seguida de Barcelona y de las capitales de provincia vascas, andaluzas y valencianas. Desde luego, tanto la campaña electoral como los propios comicios se desarrollan sin mayores incidentes, pero dan lugar a un recrudecimiento de la acción directa por parte de los grupos radicales, que de esa forma tratan de imponerse en un espacio político del que se sienten excluidos o que no desean.

ETA es responsable de la tercera parte de los sucesos vinculados con la campaña, que esta organización se empeñará en alterar entre el 2 y el 15 de junio mediante una serie de explosivos que destruyen los repetidores de los sistemas de comunicación, las instalaciones eléctricas, varios coches, distintos comercios y una serie de monumentos o cuarteles de la Guardia Civil —de hecho, la escalada acabará entrando en una fase de atentados llamada a persistir hasta el mes de octubre siguiente—. El movimiento independentista canario también incrementará su presión en mayo y junio de 1977, realizando para ello una campaña de atentados con explosivos contra diversas empresas y edificios administrativos. Por su parte, los GRAPO darán muestras en esta ocasión de tener una capacidad de acción limitada, ya que si asesinan a dos guardias civiles el 4 de junio en Barcelona, es en realidad como represalia a la respuesta que había dado la policía a su intento de atracar un banco pocos días antes —respuesta que había causado dos heridos a la banda terrorista—. Lo que se observa por tanto es que los activistas que se movilizan de forma violenta son los grupúsculos de extrema derecha y de extrema izquierda, ya que a lo largo del mes de campaña añaden más de setenta ataques a su haber. Si la extrema izquierda realiza una serie de acciones bastante tradicionales, tanto contra bienes administrativos como contra tribunales, ministerios o bancos, la extrema derecha apunta en cambio más directamente a las fuerzas del adversario, atentando sobre todo contra los locales de los partidos opuestos, como les ocurrirá a los del PSP, que sufrieron tres ataques de la derecha radical en Alicante y Sevilla. Alfonso Guerra refiere en sus memorias el ametrallamiento, en plena noche, del despacho del Partido Socialista en el que se encontraba trabajando en ese mismo momento[70]. Los extremistas multiplican asimismo las agresiones multitudinarias contra aquellos adversarios a los que sorprenden repartiendo propaganda, como ocurrirá el 23 de mayo, fecha en la que varios miembros del PCE y del PSP son agredidos en el madrileño barrio de Salamanca mientras pegan carteles de sus respectivas formaciones, por una banda enemiga provista de armas de fuego; o como sucederá igualmente, aunque en sentido inverso, cuando el 3 de junio un militante de Fuerza Nueva reciba una paliza con una barra de hierro en Madrid. Los radicales boicotean los mítines, como hace por ejemplo el Frente Nacional Revolucionario el 25 de mayo en Barcelona, acción que se salda con tres heridos y dos coches destrozados; o como ocurre, nuevamente a la inversa, con el mitin del Partido Socialista de Galicia celebrado el primero de junio en Orense, que se verá interrumpido por la explosión de una botella repleta de dinamita que hiere a dos niños. Queda por tanto claro que lo que intentan estos grupos enfrentados es dañar la capacidad electoral del adversario mediante una larga serie de medidas de intimidación física.

Pese a todo, los españoles optan de forma meridiana por el centro político y la moderación, concentrando sus votos en la UCD de Adolfo Suárez y el PSOE de Felipe González y desacreditando al mismo tiempo las ofertas radicales, tanto de derechas como de izquierdas. Desalentados, los extremistas decidirán concederse una pausa durante el verano de 1977, esperando así el tiempo necesario para que el nuevo parlamento electo se constituya y se dote de un reglamento interno, permitiendo con ello que los grupos parlamentarios elaboren sus programas políticos.

La primera etapa finaliza por tanto con la puesta en marcha del sistema parlamentario y de las cámaras encargadas de redactar la futura Constitución. Ha sido una fase en la que ha predominado la incertidumbre sobre el porvenir de España. Frente a lo desconocido, la presión popular adquiere, en los primeros meses de 1976, unas proporciones inéditas ya que, en este periodo, los conflictos laborales que impulsan los sindicatos clandestinos y las reivindicaciones sociales manipuladas por los partidos derivarán en un conjunto de movilizaciones políticas en favor de las libertades públicas y de una amnistía general para los presos y los exiliados. El Estado, que todavía no ha acometido su reforma, reacciona de acuerdo con las claves del régimen anterior, provocando enfrentamientos de muy notable violencia con los huelguistas y los manifestantes. Con los cinco muertos registrados en marzo de 1976 en Vitoria, este estado de cosas alcanzará su paroxismo, pero esas víctimas distan mucho de ser las únicas de la violencia policial, ya que en estos primeros años de la transición las Fuerzas del Orden Público habrán de causar más muertos que los grupos que practican la violencia de protesta. Sin embargo, dicha violencia no tiene que ver solamente con la movilización social, sino que se halla íntimamente ligada, por el contrario, con las diferentes etapas políticas del proceso de reforma. La negociación de la LRP y la campaña electoral de la primavera de 1977 polarizan tanto las acciones violentas de baja intensidad que se producen en el ámbito urbano como los atentados terroristas. Y a su vez, las organizaciones terroristas intentarán alterar un proceso de reforma que no solo consideran de mínimos sino también incapaz de responder a sus aspiraciones extremistas, razón por la que golpean de forma precisa, y en el momento oportuno, con el objetivo de obligar al gobierno a ceder —ataques que provocarán además fuertes reacciones populares, como en el caso del asesinato de Juan María de Araluce o de los secuestros de Antonio María de Oriol y Emilio Villaescusa—. Por su parte, los grupúsculos de extrema derecha y extrema izquierda, mal organizados, actúan de forma relativamente espontánea y dispersa en el espacio público, atentando contra los bienes de sus respectivos adversarios políticos —coyunturales o sistémicos— mediante la realización de una serie de acciones puntuales y destructoras perpetradas en grupo. Las prácticas de intimidación llevadas a cabo por medio de amenazas y agresiones físicas son un elemento más de esta táctica de acoso al otro, una táctica cuyo objetivo consiste en conquistar simbólica y físicamente un territorio que justamente se les está escapando de las manos a los agresores. Y si intentan retener ese espacio se debe, bien a que consideran que el ámbito público que han venido dominando de forma exclusiva durante cuarenta años es un patrimonio que les pertenece, bien a que tratan de apropiarse con la lucha armada, por el contrario, de un espacio que les ha estado rechazando a lo largo de esos mismos años. Ya la practiquen con intención defensiva u ofensiva, lo cierto es que esta búsqueda de la dominación, por medios violentos, de la calle y el terreno político llevará a la extrema derecha a desmarcarse de sus antagonistas por la amplitud de su capacidad de acción —que puede revelarse particularmente letal, ya que dos de las grandes crisis del periodo se producirán por causa suya: Montejurra y Atocha.

El profundo sentido político de esta agitación urbana tenderá a difuminarse en cuanto queden establecidas las reglas del nuevo sistema político construido sin la participación de esos grupos radicales, e incluso contra ellos, pero que cuenta con la aprobación de una aplastante mayoría social. Se abre así la segunda etapa de la transición, la de la escalada terrorista.

III. La escalada terrorista (1978-1980)

III. LA ESCALADA TERRORISTA (1978-1980)

La fase de incertidumbre sobre el porvenir nacional termina y da paso a una etapa de construcción y consolidación del sistema democrático cristalizado en la Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. En lo sucesivo, las acciones violentas adquirirán un perfil y unos objetivos mejor definidos: lo que sus autores persiguen no es ya hacerse oír en medio del alboroto reinante con la esperanza de influir en la determinación del porvenir, sino acabar abruptamente con el proceso en curso con el fin de poner nuevamente a cero todos los contadores del cambio. La oposición se efectúa ahora de manera frontal, y lógicamente resulta cada vez más mortífera. El año 1978 viene a señalar un punto de inflexión en la morfología de las violencias, ya que a partir de ese momento las violencias terroristas pasarán a ocupar el primer plano, desbancando a las de baja intensidad, que tienden a desaparecer. Se perfila así el inicio de la segunda fase, la de la deriva terrorista de la violencia —fase que alcanzará su punto culminante en 1980, con una última tentativa de derribar un proceso que no solo parece consolidarse cada vez más sino que se revela satisfactorio para la mayor parte de la población—. Esta segunda fase llegará a su fin en 1981, año en el que nuestro corpus de datos señala un descenso espectacular de las acciones violentas. De hecho, para ser más exactos, este declive se pone en marcha a partir del segundo trimestre de 1981: el fallido golpe de Estado del 23-F constituye una ruptura política tan significativa que los cálculos se extenderán, por lo que a esta segunda etapa respecta, al periodo comprendido entre el último trimestre de 1977 y el 23 de febrero de 1981.

La especialización de las violencias

Todos los indicadores señalan que la espiral terrorista va acompañada de una creciente especialización de la violencia. El número de actores es menor que en el periodo anterior, y su presencia es también menos difusa, ya que en adelante no solo habrán de quedar claramente definidos, sino reducidos a tres grupos conocidos: ETA, los GRAPO y la extrema derecha (gráfico 16). A lo largo de este periodo, ETA es la organización manifiestamente predominante en el terreno de las violencias de protesta, y lo es más todavía en términos de víctimas (72 %) que en términos de acciones violentas (41 %). Además, este predominio es muy superior al que mostraba en la etapa precedente (49 % y 19 %). La extrema derecha ocupa el segundo lugar, con el 29 % de las acciones violentas y el 13 % de las víctimas, de modo que se constata que su peso relativo disminuye de forma muy considerable, sobre todo por lo que hace al número de acciones perpetradas. En tercera posición se sitúan los GRAPO, mientras que el resto de la extrema izquierda desaparece prácticamente del panorama de la violencia. La mayoría de los grupos marxistas-leninistas o libertarios reconoce el carácter democrático, libre y plural del régimen que instaura la Constitución, optando en consecuencia por la vía de la integración pacífica en el sistema parlamentario. Las organizaciones que persisten en utilizar la vía del conflicto reducen progresivamente el recurso a la violencia, acusando así el golpe que les supone el aislamiento creciente en que se encuentran y la eficacia de la represión policial. Tras el atentado sufrido por su líder en 1978, y el fracaso de la estrategia diplomática que venía poniendo en marcha de forma paralela, el MPAIAC también desaparecerá de la panoplia de organizaciones terroristas. Tomará ahora el relevo, en el plano del independentismo, un nuevo grupo radicado en Cataluña —Terra Lliure—, que hace su primera y tímida aparición en 1980, y cuya historia pertenece al periodo siguiente. Por último, las Fuerzas del Orden Público continúan cayendo en el abuso policial, con un número casi constante de excesos, aunque se observa que se producen cada vez menos durante las manifestaciones y más, en cambio, a causa de los enfrentamientos que las oponen a grupos de delincuentes o de terroristas.

Gráfico 16. Actores de las violencias contestatarias (3), octubre de 1977 — 23 de febrero de 1981

Por consiguiente, quedan únicamente en liza las bandas caracterizadas por la deriva terrorista, lo cual se traduce en un claro incremento de su impacto letal. Los años 1978, 1979 y 1980 son los más sangrientos, con 435 víctimas —lo que significa un muerto cada dos o tres días—. La voluntad de asesinar conduce a los violentos a emplear de forma generalizada las armas de fuego —tres veces más, por término medio, que a lo largo del periodo anterior—. La pistola y la metralleta —las armas más utilizadas en los atentados— se revelarán aún más letales ahora, dado que cerca de las tres cuartas partes de las víctimas de la violencia de protesta mueren como consecuencia de las heridas de bala recibidas. A partir de 1978, los cuerpos armados (Guardia Civil, policía, militares) sacrificarán más vidas en el altar de los acciones violentas de los insurgentes (49 %, frente al 38 % del periodo anterior) que los civiles —que hasta este momento habían constituido el grupo mayoritario (44 %, frente al 51 % de la etapa precedente; véase el gráfico 17 adjunto)—. No obstante, 167 civiles encontrarán la muerte a lo largo de estos tres años, y, de ellos, más de la mitad (88) serán «civiles anónimos», sin ninguna pertenencia sociopolítica específica. Sin embargo, lo que marca de forma particular este periodo es la deriva sanguinaria, que se centra en un conjunto de víctimas, elegidas como tales por el hecho de llevar uniforme. Los militares —que hasta entonces no habían sufrido el ataque terrorista— son ahora el grupo más afectado, al convertirse, a partir del otoño de 1978, en el blanco predilecto tanto de ETA como de los GRAPO. Del mismo modo, los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de policía, símbolos del poder represivo del Estado, se ven fuertemente afectados por una violencia que apunta, a través de ellos, a todos los atributos del poder central, mientras que los edificios administrativos que representan al Estado (tribunales, ministerios, delegaciones provinciales del gobierno, sedes de los gobiernos civil y militar) pasarán a constituir el objetivo predilecto de los GRAPO. Esa concentración revela que los grupos rebeldes entran ahora en un periodo de enfrentamiento abierto con el Estado. Lo que abrigan ya no es la simple esperanza de influir en el curso de la reforma, sino la voluntad de doblegar al Estado mediante una estrategia letal de carácter extremista.

Gráfico 17. Evolución cronológica comparada (por año y tipo) de las víctimas mortales de la violencia contestataria

Esta es exactamente la posición de la organización separatista vasca, que en 1978 entrará en la fase más sangrienta de su historia, alcanzando su paroxismo en 1980, año en el que asesina a más de cien personas. Ahora comete el 43 % de las acciones con armas de fuego, cuando en la etapa anterior su uso apenas representaba el 19 %. Por otra parte, los explosivos solo se emplean en el 31 % de los casos, frente al 51 % de los atentados del periodo anterior. No existe la menor duda de que ETA tiene en esta época una nueva determinación mortífera, aunque no por ello deje de mantener sus fuentes de financiación mediante la práctica del secuestro; en este periodo rapta a cerca de cincuenta personas. Durante esta etapa, ETA lanzará igualmente su campaña contra la energía nuclear, proponiéndose sabotear las instalaciones de la empresa de energía eléctrica Iberduero y provocando con ello algunas víctimas accidentales[71]. Como consecuencia de la ofensiva etarra y de la relativa disminución de la actividad de la extrema izquierda, la violencia se polariza cada vez más en la región vasca: del 38 % anterior, la región pasa a ser el escenario de un 46 % de acciones violentas en 1978 y 1979, superando en 1980 el listón del 50 %[72]. Pese a tener un peso estadístico similar al que poseían en la etapa anterior, lo cierto es que los GRAPO también protagonizan en este periodo sus acciones más sangrientas. Será en 1979 cuando alcancen su apogeo, tanto en términos del número de atentados perpetrados como en número de víctimas, lo que da fe de su rechazo de la legitimidad constitucional. Pese a que recurran con frecuencia creciente, al igual que ETA, al uso de armas de fuego (empleadas ahora en el 28 % de los casos, frente al 10 % anterior), y con la explícita voluntad de matar, lo cierto es que continúan prefiriendo los materiales explosivos, el arma utilizada en más de la mitad de sus acciones, en consonancia con sus prácticas previas destinadas a provocar al poder central. No obstante, al superar un cierto umbral en la comisión de asesinatos de representantes de ese poder, la organización acabará siendo decapitada en 1980.

Por último, la extrema derecha contribuye en cierta medida al conflicto extremista. Pese a que continúen con la táctica de defender un territorio que se les escapa, los ultras cambian de blanco y de modalidad de acción. De hecho, han bajado su guardia moral y cultural dado que los bienes culturales ya no representan más que el 7 % de los blancos afectados —frente al 20 % de objetivos de esa misma índole del periodo anterior—. La extrema derecha también ha renunciado a las simples amenazas verbales (dado que estas no constituyen más que el 5 % de su práctica, frente al 26 % de épocas precedentes) para atacar de forma más frontal a sus adversarios políticos, a los que ahora identifica con mayor precisión. Las agresiones físicas contra las personas (agresiones y secuestros) se incrementan (pasan del 9 % al 13 %), y las alteraciones del orden público —que integran la parte esencial de su repertorio de acción (la tercera parte, frente a la quinta parte de la etapa anterior)— consisten ahora, fundamentalmente, en agresiones grupales. Los locales de los partidos políticos de la oposición son uno de sus blancos predilectos. Entre el verano de 1978 y el primer semestre de 1979 serán atacados cincuenta de ellos, unos porque en esos meses estivales se debate el texto constitucional en el Congreso, y otros porque en la primera mitad del año 1979 tienen lugar las campañas electorales de las generales y las municipales. Las entidades más afectadas son los sindicatos de la oposición democrática —la UGT y CC. OO., junto con la CNT anarquista y los partidos contrarios a la extrema derecha, sobre todo el PSOE y el PCE, además del PNV en el País Vasco, y del recientemente creado partido del poder, la UCD, agredida por haber traicionado los principios fundamentales del régimen—. Tras las primeras elecciones municipales de marzo, varios extremistas asaltarán los ayuntamientos de izquierdas, símbolos patentes de su propio fracaso y de su irreversible declive. Se rebelan contra todo intento de borrar la gloria pasada del régimen franquista. De este modo, en julio de 1980, Fuerza Nueva interrumpe la sesión de la corporación municipal de Valladolid, que había incluido en su orden del día la modificación del nombre de algunas calles. Más tarde, se lanzarán piedras contra las ventanas del ayuntamiento, y lo mismo ocurrirá con la vecina sede de CC. OO. A primeras horas del día siguiente, explota una bomba frente al edificio consistorial. Este incidente revela la fuerte connotación simbólica del activismo ultra, relacionado con la preservación de los restos de una ideología perdida en el espacio público[73]. Nuestro corpus de datos revela por lo demás un importante aumento de las acciones violentas ultras en Valladolid, feudo tradicional de la extrema derecha, acciones que constituyen un claro síntoma de los últimos estertores de un ámbito ideológico acorralado. Con todo, estos sobresaltos no tienen un carácter únicamente simbólico, ya que una decena de simpatizantes de izquierda pagará con la vida esas ambiciones nostálgicas de reconquista.

Por lo demás, en el País Vasco, una cierta franja de la extrema derecha se pasará al terrorismo, o mejor dicho al antiterrorismo. Será la responsable del aumento de la utilización de armas de fuego, cuyo uso por la extrema derecha se multiplica ahora por dos, lo que se traducirá inevitablemente en un aumento del número de muertos. A lo largo de este periodo serán asesinadas en el País Vasco, francés o español, una treintena de personas, en atentados perpetrados con explosivos o con metralletas y reivindicados por el Batallón Vasco-Español, que en esta época alcanza el punto culminante de su actividad letal.

El periodo que va de 1978 a 1980 es por tanto un lapso de tiempo claramente marcado por el terrorismo. Esta especialización terrorista se inscribe en la etapa de institucionalización del régimen democrático. En un primer momento —hasta la aprobación del texto constitucional por el Parlamento en el verano de 1978—, lo que se constata es una pausa relativa en la manifestación de las violencias, que se mantienen en un nivel medio inferior al de la etapa previa. Sin embargo, con la campaña para el referéndum, celebrada a lo largo del tercer trimestre de 1978, se percibirá un súbito recrudecimiento de las acciones terroristas, que también seguirán produciéndose en gran número en el transcurso del año siguiente. El año 1979 es efectivamente muy denso en acontecimientos políticos susceptibles de avivar las tensiones: la primavera aparece marcada por las campañas electorales de los primeros comicios generales posteriores a la Constitución y de las primeras municipales, y, poco después, de la conflictiva elaboración de los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco. Más tarde, durante el valle estadístico relativo que se observa en el verano de 1979, se iniciará una tercera etapa, marcada por una fuerte degradación del clima político y una escalada de la tensión terrorista. El año 1980 asiste a una crisis generalizada —gubernamental, política, económica y social— en la que la creciente tentación de la violencia desembocará en la intentona de golpe de Estado de febrero de 1981.

Las expectativas que despierta el periodo constituyente

Los partidos políticos que había obtenido representantes en el Congreso y en el Senado consagrarán el año 1978 a las negociaciones constitucionales, dominadas por la búsqueda del consenso. Las dos cámaras, reunidas en sesión plenaria el 31 de octubre, ratifican por una amplísima mayoría el proyecto de Constitución[74]. El consenso político se ve seguido de un pacto económico y social, rubricado en 1977 por el gobierno y los delegados de los grupos parlamentarios, conocido con el nombre de «Pactos de la Moncloa». Era necesario salir al paso de la falta de una política económica eficaz susceptible de resolver la crisis, aunque capaz también de crear un clima de paz social favorable a la elaboración de la Constitución. Por consiguiente, los sindicatos aceptan, en nombre del interés colectivo, una congelación temporal de los salarios con el fin de luchar contra la inflación a cambio de contrapartidas sociales y de reformas estructurales, sellando de este modo, en el ámbito económico y social, la reconciliación nacional ya obtenida en el plano político[75]. La ley de amnistía de octubre de 1977, que amplía su aplicación a los delitos de sangre, e incluye por tanto a los terroristas de ETA, viene a completar este panorama pacificador[76]. Se abre así un periodo de calma social que todos los indicadores recogen: el número de horas de huelga pasa de los 110 millones de 1977 a los 68 millones en 1978[77], la cifra de manifestaciones cae de forma extremadamente abrupta a principios de 1978[78], y lo mismo sucede con su propensión a degenerar en disturbios[79].

Este contexto político de apaciguamiento es poco propicio a una manifestación violenta de la disensión política, así que esa violencia se mantiene en un nivel medio. La extrema derecha permanece vigilante y es responsable de la persistencia de las acciones violentas de baja intensidad, que se producen a un nivel superior al de los años precedentes mediante un conjunto de acciones que apuntan tanto a los locales como a los militantes de los partidos políticos de izquierda. El 6 de octubre de 1977, en Alicante, un militante del Movimiento Comunista pagará con su vida este estado de cosas al fallecer, a causa del impacto de una piedra arrojada por un miembro de Fuerza Nueva, mientras se dedicaba a pegar carteles de propaganda en los que se invitaba a la celebración de la fiesta nacional valenciana. Por lo demás, el activismo urbano ultra sigue dirigiéndose contra los periodistas y los órganos de prensa, como ejemplifica el atentado con bomba que se perpetra en octubre de 1977 contra los locales de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, en Pamplona, reivindicado por la Triple A y las «Brigadas de Navarra — Primera Escuadra».

En el bando de la extrema izquierda, los anarquistas vivirán un débil y último repunte de actividad entre finales de 1977 y principios de 1978, repunte que se traducirá en cerca de veinte atentados con bombas o con cócteles molotov contra bancos, edificios de la administración o de los tribunales, tanto en Madrid como en Valencia, Barcelona o Pamplona. Uno de ellos, el ataque contra la Scala, una sala de fiestas de Barcelona, se convertirá accidentalmente en el más letal jamás perpetrado por grupos de extrema izquierda. En este mismo periodo, el MPAIAC vivirá también su última oleada ofensiva, formada por cerca de treinta atentados con explosivos contra complejos hoteleros y comerciales, además de bancos o edificios de viviendas de los cuerpos represivos —aunque el atentado sufrido por Cubillo en abril de 1978 pondrá fin a su actividad—. Por su parte, los GRAPO prosiguen con regularidad su activismo: atacan los edificios administrativos y los cuarteles de las Fuerzas del Orden Público mediante artefactos explosivos o cócteles molotov, llegando incluso a disparar en dos ocasiones contra el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del gobierno, en noviembre de 1977. Los GRAPO provocan pocas muertes, y cuando las causan, concentran sus ataques en los agentes armados del Estado (seis de las ocho víctimas mortales son policías o guardias civiles). Un gran atentado suscitará no obstante la más viva indignación: se trata del asesinato, el 22 de marzo de 1978, del director general de Instituciones Penitenciarias, reivindicado por el GRAPO como represalia por la muerte de Agustín Rueda, el anarquista fallecido tras recibir una paliza a manos de los funcionarios de la prisión de Carabanchel.

Será ETA quien realice en adelante el grueso de las acciones terroristas. Con 36 muertos entre octubre de 1977 y septiembre de 1978, ETA es la organización que provoca, de lejos, el mayor número de víctimas, pese a que todavía no haya puesto en marcha su mayor ofensiva. La banda elige minuciosamente sus objetivos y el momento más oportuno para asestar el golpe. De este modo, en octubre de 1977, un año después del asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, y en plena negociación de los Pactos de la Moncloa, ETA asesinará en Guernica al presidente de la Diputación de Vizcaya y a dos guardias civiles de su escolta. El 21 de julio de 1978, día de la aprobación del texto constitucional en el Congreso de los Diputados, un general y su ayudante serán asesinados en Madrid. El atentado tiene un perfil simbólico por varias razones: la fecha elegida indica claramente que ETA rechaza el proyecto constitucional y el marco democrático; el lugar del ataque, la capital del país, corazón del poder estatal y parlamentario, señala que ETA tiene capacidad para atentar fuera de su feudo septentrional; y por último, el atentado es el primero de cierta magnitud que se efectúa contra militares de alta graduación, en una evidente provocación dirigida a un sector sensible y propenso al intervencionismo. Los agentes de los cuerpos, «sostén de la dictadura española en Euskadi»[80], pagarán muy cara esta situación con 22 muertos a lo largo de este periodo. El asesinato de un civil cierra este episodio de terror: José María Portell, periodista, director del semanario Hoja del Lunes y redactor jefe de la Gaceta del Norte, es asesinado el 28 de junio en la capital vizcaína, tras acusarle ETA de ser un agente al que el gobierno español habría solicitado entrar en contacto con la organización terrorista. Este paso, uno más en el endurecimiento del terrorismo de ETA, indica igualmente que la banda rechaza toda tentativa de negociación con el gobierno en ejercicio.

De este modo, en el inicio de 1978 se sientan las bases de un nuevo panorama. Las organizaciones terroristas se ven empujadas a intensificar su activismo con el fin de quebrar un consenso que parece cada vez más definido e inevitable y desgarrar el apaciguamiento social y político generado por los Pactos de la Moncloa y el consenso constitucional. Este clima, pese a inducir un descenso de la movilización, todavía no se ve acompañado de un declive significativo de los abusos policiales, excesos que la opinión pública cada vez rechaza de forma más clara. Seis civiles serán víctima de abusos policiales al proceder las Fuerzas del Orden Público a dispersar las manifestaciones, lo cual provocará a su vez un recrudecimiento de las movilizaciones mismas. En este sentido, es preciso señalar dos acontecimientos en particular que dan fe de la capacidad de reacción del joven Parlamento democrático. En primer lugar, el ocurrido en diciembre de 1977, tras fallecer dos muchachos con una semana de diferencia en Málaga y Tenerife, momento en el que las reacciones populares adquirirán tales dimensiones que se acabará por constituir en el Congreso una comisión de encuesta destinada a esclarecer los hechos[81]. Y en segundo lugar, el de la irrupción de las Fuerzas del Orden Público, en julio de 1978, en la plaza de toros de Pamplona, un gesto que transformará la región en un campo de batalla[82].

El apogeo terrorista

El referéndum constitucional del 6 de diciembre es un triunfo en términos de «síes» (88 %), pero un éxito matizado en materia de participación (ya que hay un 33 % de abstenciones). Esta abstención es particularmente notable en el País Vasco, donde los nacionalistas radicales lanzan un llamamiento para votar en contra de la constitución mientras los nacionalistas moderados del PNV instan a sus seguidores a abstenerse. En esta región, la abstención supera el 54 %, lo que reduce el número de los que aprueban la carta magna a una tercera parte del electorado. La Constitución no logra por tanto un caudal de legitimidad en el País Vasco, lo que no dejará de constituir una dolorosa espina para el desarrollo de la democracia en la región. En el último trimestre de 1978, la campaña que precede al referéndum coincide con una brutal elevación de las curvas que reflejan tanto las acciones terroristas como el número de víctimas.

a) El pico del referéndum constitucional (6 de diciembre de 1978)

Los GRAPO y la extrema izquierda aparecen prácticamente ausentes de esta escalada de acciones violentas vinculada con el referéndum, mientras que, por el contrario, los grupos de extrema derecha protagonizarán cerca de treinta acciones de baja intensidad, además de distintas agresiones a militantes o a periodistas que abogan por el «sí» en el referéndum y de varios ataques a sedes de partidos en el País Vasco. Una sola acción provocará una víctima y la indignación de la opinión mediática: se trata de un paquete bomba enviado el 30 de octubre a la redacción del periódico El País, que explota y provoca tres heridos —uno de los cuales, Andrés Fraguas, empleado de 19 años, fallece a causa de sus heridas—. El trágico desenlace del atentado, reivindicado por la Triple A y los Grupos de Acción Sindicalista, es poco habitual, dado que se trata de una técnica empleada de ordinario por los grupos de extrema derecha sin que el artefacto explote ni provoque víctimas. No se está asistiendo por tanto a una ofensiva significativa por parte de los ultras, dado que las acciones se perpetrarán de forma muy aislada y no alcanzarán en modo alguno la amplitud de los incidentes ocurridos durante la campaña electoral de la primavera de 1977. Si por un lado la extrema derecha se halla dividida y poco movilizada contra el referéndum constitucional, también sucede, por otro, que algunos militares eligen este momento para lanzarse a preparar un intento de golpe de Estado —que sin embargo los servicios secretos conseguirán desbaratar—. Denominada «Operación Galaxia» en atención al nombre de la cafetería en la que habían tenido lugar las reuniones en que se había venido gestando la conspiración, este intento preveía tomar al asalto el Palacio de la Moncloa. Descubierta a tiempo, se saldará con una serie de detenciones y condenas menores.

ETA inicia en ese momento su ofensiva terrorista más letal: 31 personas, fundamentalmente miembros de los cuerpos armados del Estado, morirán a manos de la banda en los 25 atentados que perpetra entre principios de octubre y la celebración del referéndum. El día en que el Senado debate el título VIII de la Constitución, relativo a la nueva división territorial en Comunidades Autónomas, ETA asesina a un militar de la Capitanía de Marina de Bilbao, mostrando claramente que rechaza el Estado de las autonomías. La víspera del referéndum, tres policías son asesinados en un bar de San Sebastián, en una última tentativa destinada a perturbar el desarrollo de las elecciones. Al día siguiente del debate en el Congreso sobre la reforma del Código Penal en materia de terrorismo, ETA asesina en Madrid al magistrado José Francisco Mateu Cánoves, juez del Tribunal Supremo y antiguo miembro del Tribunal de Orden Público. Contrariamente a las campañas electorales de 1976 y 1977, ETA no atacará masivamente los repetidores y los sistemas de comunicación —excepción hecha de unas cuantas interrupciones de programas televisivos y radiofónicos destinados a pedir el no en el referéndum—, sino que optará por elevar muy notablemente el nivel de agresividad de su repertorio de acciones.

b) La expansión terrorista posconstitucional: más de 120 muertos en nueve meses

Una vez aprobada y promulgada la Constitución, la democracia dispone ya de un marco normativo sólido llamado a cimentar en lo sucesivo el desarrollo de la vida ciudadana. La Constitución es garante de los derechos fundamentales del individuo y de las libertades públicas —cuyo ejercicio se ajusta cada vez más a la normalidad democrática—. Las huelgas, las reuniones y las manifestaciones no encuentran ya ningún obstáculo digno de mención, y cientos de miles de personas celebran sin trabas las fiestas regionales vascas o catalanas, o el primero de mayo como día del trabajo. Las manifestaciones topan no obstante con el comportamiento brutal de las Fuerzas de Seguridad, encargadas de la canalización de las marchas, dado que en 1979 mueren seis civiles como consecuencia de los disparos efectuados por la policía, bien con fuego real, bien con balas de goma —y entre esas víctimas figurarán un niño de 14 años en Madrid, y una joven, Gladys del Estal, fallecida durante la jornada mundial contra la energía nuclear en Tudela y convertida en mártir de la causa.

En esta época, España ha entrado ya en una fase de «consolidación de la democracia», según la denominación al uso. Las normas establecidas en el texto supremo han de desarrollarse ahora en los órdenes jurídico, administrativo y penal, y a ello se consagrarán los representantes de la primera legislatura, elegidos el 1 de marzo de 1979[83], y los mandatarios electos el 3 de abril, con motivo de las primeras municipales que logran que la democracia llegue al fin al plano local. La actualidad política de los años siguientes es muy densa, y uno de los nudos de tensión residirá en la construcción del «Estado de las autonomías» y, más exactamente, en la negociación de los estatutos de autonomía de las nacionalidades a las que se reconoce un carácter histórico —Cataluña, País Vasco y Galicia—, hasta su ratificación en octubre. Ahora bien, este periodo de desarrollo constitucional, centrado en la elección de los primeros representantes del nuevo régimen y en la negociación del marco autonómico de las nacionalidades históricas, viene a corresponderse justamente con el vertiginoso ascenso de las violencias terroristas, que provocan más de 120 víctimas, es decir, más de tres muertos por semana —atribuidos a ETA, los GRAPO y el Batallón Vasco-Español.

La mitad de ellas son agentes de los cuerpos armados, esencialmente policías y guardias civiles —con lo que crece sin cesar la lista de miembros de estos organismos sacrificados por el terrorismo—. La perpetración, por parte de los comandos de élite de ETA, de atentados espectaculares contra oficiales de dichos cuerpos significa que la banda ha dado un paso más en la estrategia de la tensión: tras el asesinato del general Juan Sánchez Ramos en julio de 1978, doce militares fallecerán abatidos por los disparos de ETA. La organización elige cuidadosamente sus objetivos en función del rango, y presta una particular atención al calendario: el 3 de enero de 1979 caerá asesinado nada menos que el gobernador militar de Madrid; el 25 de mayo, víspera de la celebración del «Día de las Fuerzas Armadas», morirá en Madrid el jefe de personal del Ejército, junto con los dos coroneles y el chófer que le acompañaban; y el 23 de septiembre, pocas semanas antes de la aprobación del Estatuto de Guernica, será el gobernador militar de Guipúzcoa el que perezca asesinado en San Sebastián. El 5 de marzo, los GRAPO participarán en la creciente tensión contra el Ejército, asesinando a un general en Madrid. Este atentado viene a completar la lista de las acciones espectaculares llevadas a cabo por el grupo en la capital, como el que sufrirá en enero de 1979 Miguel Cruz Cuenca, magistrado del Tribunal Supremo acusado de ser un «verdugo» fascista al que se ejecuta en «represalia por los juicios farsa» promovidos contra sus compañeros de armas[84].

Los civiles pagarán también un terrible tributo, sobre todo al producirse las dos oleadas de acciones violentas que conmocionan al país. La primera, obra de los GRAPO, se produce durante una semana de rara densidad violenta que coincide por un lado con el acalorado debate sobre el orden público que habrá de mantener ocupado dos días enteros al Congreso —el 24 y el 25 de mayo—, y por otro con la celebración anual del «Día de las Fuerzas Armadas», que se desarrolla el 27 de mayo en Sevilla. En dos días —25 y 26 de mayo— 18 personas morirán víctimas de incidentes políticos. El 25, un inspector de policía y un peatón mueren en un tiroteo entre la policía y los GRAPO en Sevilla. Por otra parte, las Fuerzas de Seguridad matan a un joven que intentaba escapar de uno de los controles policiales establecidos en Madrid tras el atentado contra el teniente general Luis Gómez Hortigüela, cometido ese mismo día por ETA. Al día siguiente, los GRAPO hacen explotar una bomba en la cafetería California 47, cuyo balance asciende a ocho muertos civiles y cerca de cuarenta heridos. Esa misma tarde, en la provincia de Teruel, la policía mata en un tiroteo a dos miembros de los GRAPO que huían tras el tiroteo ocurrido la víspera en Sevilla. La emoción es muy intensa y se producen reacciones políticas muy duras contra un gobierno al que se acusa de debilidad e incompetencia, pero a pesar de todo la crisis no suscitará una movilización popular masiva como la registrada en enero de 1977.

La segunda oleada será obra de ETA: en un mismo día —29 de julio— explotarán varias bombas en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, así como en el aeropuerto de Barajas. El balance es de siete muertos civiles, desdichados transeúntes que tuvieron la desgracia de hallarse cerca de las bombas en el momento de la explosión. Estas explosiones marcarán el punto culminante de la campaña que ETAm viene manteniendo desde principios del verano contra los intereses turísticos del país a fin de forzar el traslado de sus prisioneros de Soria, para lo cual realiza una gran cantidad de avisos de bomba y coloca asimismo un elevado número de artefactos explosivos en las playas de la Costa del Sol o en las zonas turísticas del litoral levantino. Al constatar la anulación de los viajes que organizan las agencias extranjeras, y dado el maná económico que representa el turismo estival, sobre todo francés[85], para Andalucía y la región valenciana, la campaña de atentados suscitará la inquietud tanto de los empresarios del sector como de los dirigentes políticos, que adoptarán por tanto unas medidas de seguridad excepcionales. La campaña no se proponía causar víctimas, pero los servicios de seguridad recibirán demasiado tarde el aviso de ETAm, en el que se anunciaba la presencia de explosivos en las estaciones, y por consiguiente los artefactos no podrán ser desactivados a tiempo. Ante la amplitud de la indignación, ETAm se ve obligada a reconocer su error en una conferencia de prensa clandestina.

Por último, la extrema derecha aportará su contribución a la escalada letal de 1979 por medio de su rama antiterrorista. El Batallón Vasco-Español pasa a la ofensiva y provoca cerca de diez víctimas. Cuatro refugiados vascos son asesinados en el País Vasco francés, llevando de ese modo a la práctica una de las reglas de oro de la futura guerra sucia que habrán de librar los GAL, consistente en actuar fuera del territorio español. Por lo demás, los jóvenes partidarios de la acción directa, personas de ideología falangista o próxima a Fuerza Nueva, continuarán con la agitación urbana llevada a cabo a pequeña escala, o perpetrarán acciones de mayor envergadura, como sucede por ejemplo el 26 de enero al tomar al asalto la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, acción en la que emplean armas de fuego, recuperando así, de la forma más espectacular, unos procedimientos dignos del último franquismo[86]. En ocasiones, este activismo tendrá consecuencias trágicas, ya que se cobrará las vidas de cuatro jóvenes en Madrid en el transcurso del año. Si algunos se convierten en objetivo de estos grupos de extrema derecha por su pertenencia, real o supuesta, a partidos de la oposición —como es el caso, por ejemplo, de un militante del PCE asesinado por miembros del Frente Nacional de la Juventud—, otros serán simplemente víctimas colaterales de luchas territoriales —como sucede en julio con los diez heridos y la joven muerta a causa de la explosión de una bomba en el madrileño barrio de Malasaña, donde se encuentra la sede de Fuerza Nueva.

La crisis de 1980

En octubre de 1979, la aprobación popular del Estatuto de Guernica mediante un referéndum que amplía el consenso constitucional, dado que la participación alcanza el 60 %, y los «síes» el 90 % de los votos —pese a las consignas de abstención de HB—, se revelará incapaz de poner fin a una violencia terrorista cada vez más circunscrita a la violencia etarra. No obstante, lo que sí consigue es apaciguar provisionalmente las tensiones existentes en la región, que experimentan un descenso a lo largo del último trimestre de 1979. Sin embargo, y a pesar de que dicho descenso se continúe a principios de 1980, lo cierto es que se debe fundamentalmente a la desaparición casi total de los GRAPO, que dejan de operar en el escenario de la violencia, mientras ETA y la extrema derecha reanudan en cambio su ofensiva. Estos dos movimientos son los que acaparan las acciones violentas del año 1980, ampliamente centradas a su vez en el País Vasco (ese año el 56 % de las acciones se perpetran allí).

a) El «desencanto» y la crisis del gobierno de Adolfo Suárez

En 1980, España atraviesa una grave crisis en múltiples frentes, una crisis que amenaza la legitimidad de la joven democracia. En primer lugar, la recesión económica golpea duramente el país, que sufre las consecuencias de la segunda crisis del petróleo, la economía nacional conoce un periodo de depresión, la inflación sube sin parar y el desempleo experimenta un constante crecimiento, llegando a superar la barrera simbólica del millón de parados en 1980. La política económica de austeridad que han puesto en marcha los gobiernos centristas refuerza el descontento de los trabajadores. A estas dificultades económicas se añade además una cierta apatía cívico-social que terminará conociéndose con el nombre de «desencanto», una suerte de desilusión posterior a las expectativas generadas por la muerte de Franco. Tras la efervescencia de los primeros años, en los cuales el porvenir parecía abierto a cualquier posibilidad y ofrecía grandes esperanzas, lo que ahora se desvela a los ojos de los españoles es la rutina democrática cotidiana, con sus conflictos políticos y sus crecientes dificultades sociales. Todos los indicadores muestran una fuerte desmovilización social: las huelgas caen a su nivel más bajo desde el año 1976 (si en 1980 se pierden 50 millones de horas de trabajo, en 1981 la cifra es de 41 millones)[87], el índice de afiliación sindical sufre a su vez una importante erosión tras el fuerte ascenso experimentado en 1977 y 1978, y cae hasta uno de los niveles más bajos de Europa[88]. El desencanto tiene también una vertiente política, como sugiere la evolución de los índices de participación electoral, en claro descenso: se pasa así del 22 % de abstención del referéndum de 1976 al 39 % de las elecciones legislativas de marzo de 1979, y después al 40-41 % de las elecciones municipales de abril de 1979. Este índice se mantendrá en casi todas las elecciones regionales de los años 1979 a 1981, y se revela aún más elevado en Galicia (donde alcanza el 71 % en el referéndum de diciembre de 1980, y el 53 % en las elecciones al Parlamento regional de octubre de 1981). Puede que el electorado español haya acabado cansándose de acudir a las urnas, pero en cualquier caso lo que se constata es que cada vez se muestra menos interesado en la política, y así lo atestiguan las encuestas sociológicas[89]. No obstante, todavía sigue movilizándose en las manifestaciones masivas que se convocan al calor del debate sobre las autonomías[90], la entrada en la OTAN[91], o las reformas de modernización social —cuestiones todas ellas que suscitan vivas polémicas, como también ocurrirá con la legalización del divorcio[92] o con las reformas de la enseñanza superior—. Algunas de esas manifestaciones topan con la dura represión de la policía y se producen víctimas, como sucederá por ejemplo en diciembre de 1979, fecha en la que fallecen dos estudiantes en Madrid a causa de las heridas provocadas por los disparos de la policía en una manifestación contra el Estatuto de los trabajadores.

Además, el gobierno de Adolfo Suárez asiste al desmoronamiento del apoyo popular que le había llevado al poder en 1977 y respaldado suficientemente en 1979, como atestiguan sus dolorosos y reiterados fracasos electorales. En los comicios regionales de los parlamentos vasco y catalán de marzo de 1980, la UCD no conseguirá, respectivamente, más que el 8,5 % y el 10,6 % de los votos, mientras que, en enero de 1980, el referéndum andaluz supondrá una bofetada para el gobierno[93]. La falta de coherencia de la política territorial golpea de lleno al gobierno, que solo en el año 1980 sufrirá tres reajustes ministeriales. Además, en 1980 la UCD se halla inmersa en una aguda crisis, dado que no solo se trata de un partido híbrido surgido de la necesidad de presentar en junio de 1977 una coalición electoral sólida en torno a Suárez, sino que es una formación en la que confluyen tendencias distintas, antagónicas incluso, vinculadas en unos casos con los sectores falangistas y reformistas del antiguo régimen y asociadas en otros a la oposición monárquica conservadora, liberal, democristiana o socialdemócrata[94]. Afloran por tanto una serie de corrientes críticas en el seno de la formación y se le reprocha a Suárez que dirija de un modo excesivamente personalista el gobierno y el partido, que desdeñe la vida parlamentaria[95] y que adopte una actitud pasiva frente al desplome del apoyo popular.

Por lo demás, la debilidad del gobierno estallará a plena luz del día en mayo de 1980, fecha en la que Felipe González plantea la primera moción de censura de la joven democracia. El debate que se produce a continuación en el Congreso de los Diputados demostrará el carismático potencial del líder socialista, que da la impresión de hallarse capacitado para dirigir con firmeza a la nación, convirtiendo al PSOE en una opción de gobierno creíble[96]. Por contraste, la respuesta de Suárez aparece empalidecida, lo que contribuirá al declive de su popularidad y determinará que, tras el verano de 1980, el PSOE adelante a la UCD en los sondeos de opinión de ámbito nacional. Todos estos factores dan al gobierno una imagen de debilidad, de división y de ineficacia, cuando no de incompetencia, que amenaza con poner en peligro la legitimidad de todo el sistema democrático. Y en ese preciso momento en el que se enfrenta a la crisis económica, al desencanto político y al deterioro de las relaciones internas de su partido, Suárez padece además el recrudecimiento de la ofensiva terrorista del año 1980.

b) 1980, un año sangriento

En esta atmósfera deletérea, los actores de la contestación política encontrarán un terreno abonado para el desarrollo de sus acciones violentas, máxime sabiendo que sus ataques hallan ahora un eco mayor que nunca. Todo ello determinará que el año 1980 se convierta en el más sangriento de la transición. Las cifras son impresionantes, ya que entre octubre de 1979 y febrero de 1981 se producen 185 víctimas mortales.

A pesar de que a principios de 1980 los GRAPO se encuentren prácticamente desmantelados, su debilidad no les impedirá resurgir de forma tan puntual como espectacular en septiembre para asesinar a varios oficiales del Ejército. ETA continúa con la mortífera estrategia del periodo anterior, perpetrando 112 asesinatos. Es más, todavía ascenderá un peldaño más en esta escalada de la violencia al recurrir a la comisión de ataques masivos que provocan un importante número de muertos y demuestran una mayor capacidad de acción. Varios convoyes de la Guardia Civil serán víctima de una emboscada, como la que se produce en febrero de 1980 en Ispáster, en la que mueren de un golpe seis guardias civiles. Los etarras practicarán asimismo el ametrallamiento colectivo de agentes de policía o de la Guardia Civil en los bares del País Vasco, y de este modo, el 20 de septiembre, perpetrarán en Marquina la masacre de cuatro guardias civiles de una tacada, repitiendo la matanza el 3 de noviembre en Zarauz. Este periodo es también el que eligen para atacar, en un endurecimiento estratégico más contra el consenso constitucional, a los miembros de los partidos parlamentarios. Atentarán sobre todo contra políticos de la UCD, pero también contra sus antiguos compañeros de viaje, que ahora apoyan el Estatuto de autonomía. El secuestro, práctica habitual de la organización terrorista vasca para doblegar a los industriales reacios a pagar el impuesto revolucionario, mantiene al país en vilo al raptarse en noviembre de 1979 a Javier Rupérez, diputado de UCD, o al hacerse otro tanto en enero de 1981 con José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, que será ejecutado en febrero. Por último, ETAm reiterará también su campaña de atentados estivales, haciendo estallar bombas contra los intereses turísticos de la Costa del Sol, aunque este año recurrirá más a la amenaza que al atentado de facto, dado el gran revuelo político suscitado por el anuncio de su campaña, fundado en el recuerdo de la masacre que había provocado la banda el año anterior.

En respuesta a este espectacular crecimiento de la violencia terrorista vasca, el Batallón Vasco-Español se situará igualmente en la cima de su ofensiva contra el mundo abertzale. El BVE reivindicará así la colocación de diez bombas en vehículos, alcaldías o monumentos, practicando asimismo el secuestro y la tortura de civiles presuntamente nacionalistas[97]. También perpetrará una insólita cantidad de asesinatos —22—, dirigidos contra figuras del entorno etarra, empezando por militantes de Herri Batasuna. No obstante, muchos de esos atentados son de carácter indiscriminado y afectan a civiles que no están implicados en el combate político de ETA. Esto es lo que sucede en enero de 1980 al estallar una bomba en el bar Aldana de Baracaldo (Vizcaya), que provoca la muerte de cuatro civiles, o en julio, al fallecer en Bilbao tres transeúntes, entre los que había un niño y una mujer embarazada, víctimas de una bomba destinada a un local de HB. Uno de esos atentados, conocido con el nombre de atentado de Hendaya, perpetrado el 23 de noviembre de 1980, tendrá una repercusión particular, no solo por provocar la muerte de dos civiles de nacionalidad francesa y herir a otras diez personas en el ametrallamiento de un bar, sino por acabar transformándose en un incidente diplomático con el que salen a la luz las connivencias que unen a ciertos agentes de las fuerzas de seguridad con el grupo terrorista[98]. Este atentado constituye por tanto el punto culminante y el canto del cisne del BVE, dado que en adelante su complicidad con la policía quedará comprometida.

Esta campaña de 1980 en el País Vasco se verá secundada a lo largo del primer semestre del año por el recrudecimiento del activismo ultra en el resto del territorio nacional. Los agitadores vuelven a irrumpir en la universidad, en los bares o en las sedes de los partidos, tanto parlamentarios (PSOE, PCE, UCD o PNV) como extraparlamentarios (MCE, LCR), agrediendo en algunas ocasiones a sus militantes. Valladolid es una de las ciudades más particularmente afectadas, ya que en diciembre de 1979, el incendio del local del Movimiento Comunista se saldará incluso con dos muertos. Los comandos de Fuerza Nueva también practican el asesinato, acabando con la vida de un mínimo de cinco personas en Madrid en una serie de acciones que suscitan preocupación en los poderes públicos —acciones que tendrán lugar en febrero y mayo de 1980—. El 2 de febrero muere asesinada Yolanda González, militante de un partido de extrema izquierda. Una semana más tarde morirá un joven abatido por los disparos de unos militantes en el contexto de un mitin de FN. En mayo volverá a correr la sangre con los asesinatos de un joven integrante de la Confederación Nacional del Trabajo, y del líder de una asociación de vecinos, apuñalado con motivo del Primero de Mayo. Y pocos días después, un comando irrumpe en el bar San Bao de Madrid y comienza a disparar a ciegas, causando un muerto y tres heridos. Casi simultáneamente, el BVE reivindica la violación y el asesinato de una joven en San Sebastián. Para comprender esta inédita conjunción de acciones violentas mortíferas por parte de la extrema derecha hemos de tener en cuenta que forma parte de una estrategia de tensión, de una voluntad de contribuir a la espiral desestabilizadora que asuela al país en 1980, con el objetivo de provocar la reacción del Ejército. En cualquier caso, la oleada genera vivas muestras de rechazo político, lo que obliga a los poderes públicos a actuar de forma más eficaz contra esos grupos, calificados por entonces de «incontrolados». Otra de sus consecuencias es el resurgimiento puntual y defensivo de la acción directa por parte de los militantes de izquierdas, que ha dejado algunas huellas en nuestro corpus de datos. En Málaga y Valladolid se atenta contra los locales de FN, y en diciembre de 1980 fallecerá asesinado en Madrid Juan Ignacio González, secretario general del Frente de la Juventud, convertido posteriormente en mártir de la causa ultra. Por último, en mayo, el ministro del Interior atribuirá el asesinato de un agente de seguridad a una última acción del FRAP.

A modo de balance de este largo segundo periodo de la transición, comprendido entre el otoño de 1977 y los inicios de 1981, hemos de insistir en el giro que se observa en la violencia política de 1978. Dicha violencia se desentiende ese año del escenario delimitado por la agitación urbana de baja intensidad —dispersa y de consecuencias esencialmente materiales— para discurrir en lo sucesivo por derroteros que llevan el sello del terrorismo y la muerte. La especialización terrorista que se aprecia en este cambio morfológico se traducirá en una concentración de los actores, reducidos en un primer momento a tres grupos identificables, y más tarde, ya en 1980, a solo dos —tras el desmoronamiento provisional de los GRAPO—; en una polarización cada vez más marcada en torno del eje vasco; en la creciente precisión de la elección de los objetivos, transformados en chivos expiatorios de carácter simbólico; y en un aumento espectacular del número de víctimas. El balance total de esta fase es de 459 muertos, 379 si excluimos a las víctimas de la violencia policial. Este terrible inventario se eleva todavía más si añadimos a los heridos que nuestra base de datos no contabiliza. Los informes del fiscal general, que sostiene que en 1980 la violencia terrorista alcanzó «cotas inimaginables en los momentos actuales»[99], nos dan una idea aproximada al señalar la cifra de 449 heridos en los tres años que van de 1978 a 1980[100]. Estos informes mencionan muy especialmente, ya desde 1979, el caso de las provincias vascas, a las que se considera las más afectadas por el terrorismo. «Inmerso en el terror, el ciudadano se enfrenta a diario con el problema de su supervivencia. Va hacia un estado de sumisión, asumiendo resignado su destino […]», frente «a las continuas algaradas», al «creciente desprestigio de las instituciones», y la tensión «asfixiante» que le rodea, señalan[101].

Esta tensión terminará por rebasar el marco de la esfera vasca para invadir progresivamente el espacio social en su conjunto. En efecto, la tendencia a la especialización de la violencia no debe hacernos olvidar que gran parte de los muertos de este periodo son civiles, «gentes de las más variadas condiciones y actividades, en general de humilde condición, modesta, pueblo mismo», según plantea el fiscal general[102]. Además, la insistencia de los terroristas, empeñados en colocar en el punto de mira a los cuerpos armados, y muy particularmente a los oficiales del Ejército, tiene graves consecuencias, ya que aumenta el temor, previamente presente, a un golpe de Estado —cuyo carácter inminente vendrá alimentado por los crecientes rumores, es decir, por el dichoso «ruido de sables» que tanta tinta hará correr en la prensa, respaldado además por la intentona de noviembre de 1978—. En 1980, el clima de conspiración no se reduce ya a un grupo de oficiales indignados, sino que la tentación de un correctivo autoritario se extiende más allá de los cuarteles, alimentado por la creciente tensión terrorista y por la ineficacia que demuestra el gobierno de Adolfo Suárez, desgastado por la práctica del poder y socavado desde el interior. El marasmo de la vida política pone en peligro al presidente del gobierno que, acorralado, se resignará a presentar su dimisión el 29 de enero de 1981. Pese a todo, este gesto personal no evitará que la coyuntura pesimista de los dos años anteriores socave la legitimidad del régimen democrático ni que la verificación de los rumores el día 23 de febrero de 1981 venga a poner en peligro su existencia misma.

IV. ¿Hacia el fin del ciclo de violencia? (1981-1982)

IV. ¿HACIA EL FIN DEL CICLO DE VIOLENCIA? (1981-1982)

A partir del segundo trimestre de 1981, nuestro corpus de datos indica con toda claridad un descenso del nivel de la violencia, declive que proseguirá hasta dar lugar al valle estadístico del verano de 1981, durante el cual alcanzará el nivel más bajo desde 1975 (gráfico 14). En el verano de 1982 se inicia un repunte espectacular, que únicamente admite compararse con los picos registrados durante la primavera de 1977 y el otoño de 1978. Al igual que entonces, ese pico se debe a la celebración de unas elecciones[103]. ¿Anuncia ese repunte el arranque de una nueva oleada de acciones violentas? No, ya que un análisis cronológico más detallado, de carácter mensual, pone de manifiesto que, a partir del mes de noviembre (gráfico 18), la violencia experimenta una caída no menos espectacular. Cabe decir además que, en términos de víctimas, el significativo descenso de 1981 continúa en 1982, sin ningún pico notable en otoño. En cambio, el número de personas asesinadas se mantiene en unos niveles más elevados que en 1976, puesto que los atentados mortales se suceden con una frecuencia relativamente estable en el transcurso de esos dos años. ¿Son estas características un indicio de que el ciclo de violencia de la transición está llegando a su fin?

Gráfico 18. Evolución cronológica mensual de las violencias contestatarias, 1981-1982

La culminación de la especialización anterior

El descenso de las acciones violentas de baja intensidad iniciado a partir de 1978 continúa hasta llegar prácticamente a desaparecer. Solo unos cuantos grupos de extrema derecha siguen realizando incursiones de intención intimidatoria y agresiones en grupo, residuos de un activismo urbano concentrado en Madrid cuyo carácter no solo es irregular y puntual, sino que resulta incomparablemente menor al registrado en los años 1976 y 1977 —de hecho, ni siquiera puede compararse con el observado en el periodo comprendido entre 1979 y 1980—. Unas cuantas bandas irrumpirán en la universidad, produciéndose varios enfrentamientos en la plaza pública contra militantes comunistas o socialistas. Durante la campaña electoral de octubre de 1982 un reducido número de sedes de partidos políticos sufrirá algún ataque, aunque, por otra parte, se aprecia un incremento en la frecuencia de los asaltos a los ayuntamientos —estando el consistorio municipal en plena sesión—. Estas irrupciones se producen para oponerse a la desaparición de las huellas simbólicas del franquismo (nombres de calles, monumentos, emblemas) surgidas a lo largo del periodo anterior. Con todo, el conjunto de estas acciones sigue siendo marginal, dado que la extrema derecha ya no es responsable más que del 15 % de las acciones violentas, cuando entre 1978 y 1980 había cometido más del doble —y más del triple en los inicios de la transición (gráfico 19)—. Desanimada por el fracaso de la solución militar, la extrema derecha renunciará progresivamente a influir mediante la violencia en el porvenir del país.

Gráfico 19. Actores de las violencias contestatarias (4), 23 de febrero de 1981 — diciembre de 1982

Por consiguiente, da la impresión de que la especialización terrorista desplegada a lo largo del periodo anterior continúa también en este, aunque acaparada ahora por ETA. La deriva antiterrorista del Batallón Vasco-Español desaparece súbitamente en 1981, dado que las últimas acciones que reivindica la organización se remontan a la primavera de 1981. Pese a que este brusco frenazo se atribuya a la detención de dos individuos considerados responsables de varios asesinatos perpetrados en nombre del BVE, lo más probable es que se deba al repliegue, por lo que a las autoridades respecta, de la guerra sucia tras las revelaciones posteriores al atentado de Hendaya y por el contexto político surgido a raíz del 23-F. Y en cuanto a los GRAPO, nuestro corpus de datos indica un ligero aumento de su presencia relativa, aunque la cifra es engañosa, ya que en realidad desaparecen casi totalmente, al menos hasta el otoño de 1982. Durante el primer semestre de 1981 vuelven a matar (causando cinco muertos), y no resurgirán después sino a finales de agosto del año siguiente para interferir en la campaña de las elecciones generales mediante una serie de explosiones —lo que explica el artificial ascenso que registra la curva de acciones en 1982—. A partir del 29 de octubre, es decir, del día siguiente a los comicios, los GRAPO abandonan toda actividad violenta. Por último, es preciso señalar la aparición de un nuevo grupo terrorista de veleidades independentistas: Terra Lliure. No obstante, su peso relativo será marginal. A lo largo de este periodo cometerá cerca de treinta atentados en Cataluña, y sus objetivos serán simplemente materiales. A partir de este momento, ETA será la única banda que perpetre atentados, responsabilizándose de más de la mitad de las acciones violentas y de más del 80 % de las víctimas de la violencia de protesta. Estos datos confirman el análisis que ofrece la Dirección General de Seguridad en el verano de 1982, según el cual, ya en 1980,

aparecen los primeros síntomas de la disminución progresiva de la actividad terrorista que, posteriormente, a partir de 1981, dará como resultado la práctica desaparición de las acciones de extrema derecha, de otros grupos de extrema izquierda, y la práctica inoperancia de los GRAPO […] que a estas alturas de 1982, prácticamente no ejerce […]. En 1982 el terrorismo en España puede decirse que casi se circunscribe a ETA, y, dentro de ésta, fundamentalmente a su rama militar, a pesar de la existencia de pequeños grupos de matiz independentista y de acciones aisladas de miembros de grupos de extrema derecha[104].

Esta polarización tiene un reflejo territorial. La centralidad de Madrid pasa a ser un simple recuerdo, dado que ahora la capital únicamente es escenario del 12 % de las acciones violentas, lo que supone un 50 % menos que entre los años 1976 y 1977. En este sentido, Cataluña se eleva incluso al nivel de Madrid, debido al surgimiento de Terra Lliure. Sin embargo, la región que más polariza la violencia es incontestablemente el País Vasco, en donde no solo se supera en 1980 el umbral del 50 % de acciones violentas, sino que ya no se regresará a cifras inferiores en mucho tiempo. Por otra parte, el 82 % de las víctimas mortales son asesinadas en esa comunidad, un porcentaje que no desciende sino que se mantiene en el elevado nivel del 61 %, si incluimos las víctimas de la violencia policial. Observamos por tanto que el resto del territorio nacional queda en adelante al abrigo de una violencia claramente periférica.

Otra de las características que presenta este periodo, en comparación con la etapa anterior, es el significativo declive de la intención sanguinaria de las acciones, dado que la determinación de matar se restringe cada vez más a ETAm. Tras el 23-F, el terrorismo será claramente menos letal, dado que el número de víctimas de la violencia de protesta supera ligeramente las 80, lo que apenas representa un crimen por semana, es decir, tres veces menos que entre 1979 y 1980. El BVE deja de matar en la primavera de 1981, los GRAPO causan menos de diez muertes a lo largo de este periodo, y ETApm no practica ya el asesinato desde que decidiera incorporarse al curso normal de la vida política: solo queda ETAm, aunque también esta organización disminuye sus índices de criminalidad[105]. También se registra un descenso en el número de heridos, si damos crédito a las cifras que ofrece la Dirección General de Seguridad, ya que se producen 80 en 1981 y 35 hasta el verano de 1982[106]. Este declive no se debe únicamente al descenso del número de acciones perpetradas, sino también al hecho de que su intención no es ahora tan letal. Las armas de fuego, que son invariablemente las más mortíferas, no serán ya las preferidas por los grupos terroristas, ni siquiera en el caso de ETA, dado que no las utilizará ya más que en el 20 % de sus acciones —frente al 43 % de épocas anteriores—. Del mismo modo, los secuestros perpetrados por la organización separatista, pese a seguir siendo una práctica habitual, únicamente afectarán ya a los empresarios, siendo su objetivo de carácter económico y no ejecutándose ya a ningún rehén. La modalidad de acción predilecta de los terroristas durante este periodo es, más que nunca, el atentado con bomba, dado que se trata del sistema elegido en más de la mitad de las acciones. No obstante, el recurso a los explosivos obedecerá a dos fines distintos. El primero de ellos hace su aparición a lo largo de este periodo y consiste en matar de forma generalizada y con el mínimo coste —como ocurre cuando ETA hace estallar artefactos de gran potencia al paso de los convoyes de la Guardia Civil (puesto que con ese método corre menos riesgo de perder algún efectivo que tendiendo una emboscada[107])—. El hecho de que ETA introduzca ahora la novedad de un material explosivo muy potente y pase a emplear además granadas anticarro y lanzagranadas hace temer una escalada de las acciones letales. Sin embargo, la dinamita será, por regla general —como en el periodo anterior—, el arma predilecta de los grupos que se propongan llevar a cabo una campaña de intimidación en serie sin provocar víctimas. Eso es lo que sucede por ejemplo con Terra Lliure, que en septiembre de 1981 hará explotar seis bombas contra edificios públicos de Cataluña y el País Valenciano; y lo que ocurre también con los GRAPO, que resurgen en el otoño de 1982 con acciones que emplean únicamente este método explosivo: los días 28 y 29 de septiembre de ese año harán estallar cerca de veinte bombas en edificios administrativos, y el 16 y el 17 del mes siguiente colocarán otra docena de artefactos en una zona bastante amplia que va de Asturias a Andalucía, pasando por Cataluña, la región valenciana y Madrid. Esta será también la modalidad de acción que elija ETApm para presionar en las negociaciones que se están llevando a cabo con vistas a la reinserción de sus militantes. Es lo que sucede en julio de 1982, fecha en la que reivindicará las 21 detonaciones que se escuchan ese mismo día en los edificios públicos de las capitales de provincia vascas. Por último, ETAm también recurrirá a estas explosiones en serie, bien en el marco de su campaña contra la energía nuclear, bien con la intención de alterar el curso de la campaña electoral de octubre de 1982. La eficacia de estas sucesiones de atentados no depende de su impacto mortífero, que es bajo o nulo, sino, por el contrario, de su capacidad para captar la atención de la opinión pública sin herir por ello su sensibilidad.

Por consiguiente, la acción de los terroristas, que se inscribe en la línea del periodo anterior, revela ser extremadamente específica. Los objetivos culturales y políticos desaparecen y dejan de estar en el punto de mira de los violentos: lo que se persigue no es ya intimidar al adversario político. De hecho, ni siquiera se trata ya —y esto hace referencia a la extrema derecha— de venir en auxilio de una ideología a la baja. En lo sucesivo, la meta consistirá en ejercer una presión durante algunas campañas electorales, apuntando fundamentalmente a objetivos de tipo administrativo[108], es decir, incidiendo sobre el gobierno con la intención de mejorar las condiciones de reinserción de los militantes; sobre los tribunales, para conseguir que los presos disfruten de una situación mejor o que se les reduzcan las penas; sobre la empresa Iberduero, para hacer fracasar el proyecto de la central de Lemóniz; o sobre la opinión pública, para modificar la orientación del voto. Por otra parte, ETA también concentra sus intenciones letales en dos categorías de víctimas. En primer lugar, en los policías, los guardias civiles y los militares, que representan —por primera vez desde los inicios de la transición— más de la mitad de las víctimas de la violencia de protesta (el 59 %); entre ellos los oficiales siguen siendo uno de los objetivos predilectos cuyo peso relativo en la estadística de las víctimas sigue aumentando. En cambio, la organización separatista renuncia provisionalmente a asesinar a diputados o a concejales políticos de los partidos de representación nacional, dado que el coste social de esos crímenes resulta excesivamente elevado. En segundo lugar, las acciones etarras incidirán en los civiles que viven en el País Vasco, asesinados por unos motivos simbólicos que cada vez son menos explícitos, y también por error o accidente. De este modo, en noviembre de 1981, tres trabajadores, a los que la banda acusa de ser confidentes de la policía, aparecen ametrallados; fallecerá uno de ellos a causa de las heridas. El atentado provoca la indignación de la familia y de los vecinos de las víctimas, que se esforzarán por hacer saber a la opinión pública que sus parientes y amigos eran «inocentes», simples obreros llamados a vivir en un barrio en el que también tenían su domicilio muchos policías. Paradójicamente, la sociedad civil anónima sufrirá ahora más víctimas que en el periodo anterior, ya que los muertos que provoca la violencia de protesta en el seno de este grupo social suponen un 28 % del total —porcentaje que asciende al 33 % si incluimos a los civiles muertos a manos de las Fuerzas de Seguridad—. Para terminar con esta visión de conjunto de las acciones violentas del periodo, conviene precisamente insistir en la importancia de los civiles fallecidos por la actuación de esas fuerzas públicas, ya que su número no solo se mantiene, sino que se muestra extremadamente estable. Los civiles ya no mueren durante el proceso de dispersión de las manifestaciones (solo cabe señalar la incidencia de dos casos en este periodo), sino en los controles o en las detenciones. A lo largo de este periodo, serán también numerosos (más de diez) los terroristas que mueran a causa de los disparos de la policía —tratándose fundamentalmente de dirigentes de los GRAPO (a tal punto que, a finales de 1982, la organización quedará decapitada).

En esta última etapa de la transición se pone por tanto en marcha un doble proceso. Por un lado, la mayoría de los actores que todavía se mantienen en liza se verá afectada por la evolución del estado de cosas reinante con posterioridad al 23-F y renunciará, por verse más o menos obligado a ello, a intentar conseguir la victoria de su causa por medio de la violencia. Por otro lado, el proceso de especialización de las acciones violentas llegará a su punto culminante, lo que determinará a su vez que esas acciones comiencen a girar en torno a las reivindicaciones independentistas maximalistas que ya solo defiende ETAm. La coyuntura política que surge tras el fallido golpe de Estado del 23-F es crucial en esta evolución, una evolución que en cierta medida rompe con la desenfrenada espiral puesta en marcha a lo largo del periodo anterior.

Las consecuencias del golpe de Estado del 23-F

Pese a la persistencia de los rumores que apuntaban a la posibilidad de una intervención reaccionaria del Ejército en el transcurso del año 1980, la irrupción en el Congreso —reunido en sesión plenaria para proceder a la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo— de un grupo de guardias civiles, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, provocará la sorpresa general. La tarde y la noche del día 23 transcurren marcadas por la angustia: la radio y la televisión se hallan en manos de los golpistas, que quedan a la espera del apoyo de los capitanes generales de las regiones militares —aunque el único que forma parte de la conspiración es Jaime Milans del Bosch, que toma militarmente Valencia y declara el estado de excepción en esa región—. Sin embargo, el rey desactiva la posibilidad de una reacción en cadena desplegando a lo largo de esa noche una intensa actividad telefónica destinada a garantizar la lealtad de sus generales. La solución política que propone el general Alfonso Armada, consistente en un gobierno presidido por él, fracasa ante las reticencias de Tejero, que se esfuerza en conseguir una dirección estrictamente militar. Mientras los jefes de gabinete de los distintos ministerios se dedican a paliar la parálisis del Ejecutivo y del poder legislativo, cuyos representantes se encuentran presos en las Cortes, Juan Carlos tranquiliza al país mediante una intervención televisada retransmitida en plena noche, tras conseguir que se retiren las unidades que ocupaban las instalaciones de RTVE. En el discurso que pronuncia, el rey se alza contra la indisciplina de los golpistas y reafirma la legitimidad de la legalidad constitucional aprobada por el pueblo español en 1978. El golpe de Estado ha fracasado, así que en la mañana del día 24 los guardias civiles liberan a los rehenes, con lo que se pone fin a la intentona más seria de derribar a la joven democracia española.

a) ¿Se reanuda la normalidad democrática?

¿Qué consecuencias políticas tiene el 23-F? Para algunos, el fallido golpe de Estado no habría incidido en absoluto en el desarrollo de la vida política. Calvo-Sotelo se mostrará de acuerdo con este punto de vista al afirmar que el 23-F «cambió muy pocas cosas en el terreno político»[109]. En efecto, el 25 de febrero el Congreso de los Diputados terminará de investirle presidente del gobierno, un resultado ya previsto en segunda vuelta, aunque en este caso se beneficiará del respaldo —poco probable antes de la intentona— del partido de Fraga y de la minoría catalana de Jordi Pujol. Constituye a continuación un gobierno monocolor, rechazando las propuestas socialistas posteriores al 23-F, en las que los diputados de la izquierda moderada solicitan participar en un gabinete de coalición. Calvo-Sotelo confiesa haber tenido «la preocupación, casi obsesiva, de la vuelta a la normalidad», voluntad que le llevará a aplicar una política de «normalización democrática»[110]. Aprovecha su periodo de mandato para llevar a buen puerto las reformas anteriormente iniciadas: en junio de 1981 el Parlamento aprueba la ley del divorcio; en diciembre de ese mismo año los quince países miembros de la OTAN firman la entrada de España en la organización, pese a la enconada oposición del PSOE; la LOAPA[111] armoniza el proceso de acceso de las provincias a la autonomía, transformado en un sistema incoherente por las iniciativas de Suárez; y se aprueban también muchos de los Estatutos de autonomía en curso, empezando por los de Andalucía y Galicia[112].

Los partidos políticos, por su parte, también continúan avanzando por la senda que cabía prever antes del 23-F. La UCD no consigue frenar el proceso de desintegración que había empezado a sufrir en 1980. Las disensiones internas, momentáneamente puestas a un lado ante la crisis nacional del 23-F, vuelven a estallar con fuerza en el verano de 1981. Se traducirán en una serie de remodelaciones sucesivas en el seno del partido, en dos reajustes ministeriales en noviembre y diciembre de 1981, y en una serie de casos de transfuguismo que reducirán a la mínima expresión al grupo parlamentario de UCD[113]. Los socialdemócratas son los primeros en abandonar el grupo, seguidos de la corriente derechista, que funda un nuevo partido, el Partido Demócrata Popular (PDP), y, poco después, el propio Suárez da a conocer su desacuerdo, fundando a su vez un partido propio, el Centro Democrático y Social (CDS). En el terreno electoral, la UCD habrá de encajar también una larga serie de dolorosas derrotas: en octubre de 1981 pierde Galicia frente a su rival de derechas, la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, y en mayo de 1982 queda relegada en Andalucía a la tercera posición, detrás de PSOE y AP. En estas elecciones, el Partido Socialista confirma en cambio su carrera ascendente hacia la victoria en el ámbito nacional —una victoria que los sondeos ya vaticinaban antes del 23-F, pero que en el transcurso de 1982 irá revelándose cada vez más segura.

¿Significa esto que la intentona golpista del 23-F no incidió en modo alguno en la vida política nacional? Pese a que no parezca haber tenido una repercusión importante ni en el programa político del gobierno ni en la vida interna de los partidos, no es menos cierto, en sentido contrario, que la irrupción de Tejero en el Congreso marcó de forma muy notable la cultura política de los españoles, creando un verdadero punto de ruptura en el ciclo de acciones violentas de la transición.

b) Las acciones violentas vacilan frente a la reafirmación del consenso democrático

En efecto, la población se movilizó en masa para defender la «libertad, la democracia y la Constitución»: el 27 de febrero, los principales partidos y sindicatos convocarán bajo ese eslogan una manifestación en la que participarán más de un millón de personas en Madrid y medio millón en Barcelona, pese a las tres bombas que explotaron en el Paseo del Prado pocas horas antes de que pasara por allí la marcha ciudadana. Fue la mayor manifestación que habría de conocer la capital en toda la transición, como una reacción defensiva de la sociedad española, decidida a respaldar el sistema democrático en peligro. La tentativa golpista permitió que los españoles reafirmaran su vínculo con el régimen democrático y barrió los temores que el «desencanto» de 1980 había introducido en torno a su legitimidad. Habiendo experimentado en carne propia el coste de la dictadura y conservado vivamente en la memoria el despropósito que supuso, los ciudadanos muestran con esta manifestación que están dispuestos a movilizarse en defensa de la democracia, aunque sea después de pasado el peligro[114]. Además, en las elecciones de octubre de 1982, el índice de participación rozó el 80 %, cifra que no solo es la más alta de la breve historia electoral de la España de la época, sino también la más elevada jamás registrada en Europa desde el año 1968, lo que viene a contradecir las tendencias a la apatía constatadas durante las elecciones anteriores. Además, el 23-F contribuyó sin duda alguna a reforzar la legitimidad monárquica de la persona de Juan Carlos[115], percibido como el salvador de la legalidad constitucional. El intento de golpe de Estado permitió por tanto que la sociedad española reafirmara a un tiempo la solidez de la joven democracia y su voluntad de vivir en pacífica unidad. En ese sentido supuso un paso decisivo hacia la deslegitimación de quienes trataban de utilizar la violencia para oponerse a ese deseo y derribar un régimen que la generalidad de los españoles abrazaba. No habrá réditos positivos para quienes asesinen después del 23-F. Las reivindicaciones terroristas distan mucho de tener el viento en popa, y en lo sucesivo muchas de las motivaciones políticas que esgrimía la violencia quedarán desautorizadas.

Las veleidades intervencionistas del Ejército serán uno de los factores que acusen de manera muy particular el impacto del fracaso de la única conspiración golpista materializada en una acción concreta. Esas tentaciones perderán el eco social y político que podía arroparlas en cierta medida en las horas de más intenso «ruido de sables». Tras el 23-F, los mandos del Ejército aún habrán de urdir varios complots. Pese a que los servicios secretos los descubran y desbaraten, reactivarán el temor al golpismo, como ocurrirá en junio de 1981, fecha en la que son detenidos tres oficiales —entre ellos el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas—, acusados de una posible conjura contra el gobierno. También se sancionarán de manera inmediata otros hechos de carácter tendencioso, como el hecho de que el 5 de diciembre de 1981 se publique un panfleto con el título de «Manifiesto de los Cien», que debe su nombre a los casi cien oficiales y suboficiales que lo firman. El gobierno entiende que el texto, que ataca la libertad de prensa con el fin de impedir la condena de los golpistas del 23-F, constituye un acto de indisciplina, así que sanciona a los firmantes. Al mismo tiempo se celebra en Madrid y en Barcelona una manifestación por la libertad y contra el golpismo. Más tarde, los servicios de inteligencia desactivarán otra conspiración, prevista en este caso para el día 27 de octubre de 1982, víspera de las elecciones —dado que todos los sondeos dan por vencedores a los socialistas—. Sin embargo, estas acciones dispersas, cada vez más aisladas del conjunto de la sociedad, no son más que el «canto del cisne»[116] de las veleidades intervencionistas del estamento castrense que un día constituyera la columna vertebral del régimen franquista.

Con el fracaso de la acción militar, la extrema derecha pierde el principal elemento motivador de su activismo, un activismo que, tras las derrotas electorales de 1977 y 1979, había tendido a crear un clima de tensión destinado a favorecer una reacción conservadora del Ejército. Esta era, en efecto, la única esperanza que le quedaba a un sector que no solo había quedado desacreditado en el plano político, sino que no había sabido captar al electorado nostálgico del franquismo. Esta es la razón de que los activistas de extrema derecha consideraran que «el franquismo murió en realidad el 23 de febrero […]. A partir de esa fecha, las algaradas, los asaltos y las acciones de choque perdieron toda utilidad política, así que, poco a poco, dejamos de realizarlas»[117]. Entre febrero y junio de 1982, el proceso a los responsables del golpe de Estado y la elevación de Tejero al doble estatuto de mártir y héroe de la causa ultra darán no obstante ocasión de impulsar nuevamente la oleada intervencionista en el plano de la propaganda. Calvo-Sotelo menciona en sus memorias que los golpistas disfrutaron de una presencia mediática desproporcionada: «el juicio acaparó la actualidad, amplificó la voz de los golpistas y les dio una presencia diaria en la sociedad que no habían tenido nunca, ni se correspondía con su fuerza real»[118]. Y efectivamente, al día siguiente del fallido golpe de Estado, el nombre de Tejero aparece en las paredes de las grandes ciudades, y también más tarde, con motivo del primer aniversario de la intentona, en febrero de 1982, volverá a figurar en ellas, convertido en héroe y eje de los eslóganes ultras. Aquí nos contentaremos con citar unos cuantos ejemplos de las pintadas que menudean en esa época: «¡Tejero, amigo, España está contigo! ¡Venceremos a tus órdenes!», «¡Tejero, libertad! ¡Militares, venceremos!», «¡Viva Tejero y viva el 23-F!»[119]. También se fabrican, para venderse después en mercadillos, pegatinas, chapas y objetos de diverso tipo con la efigie del guardia civil[120], que por lo demás recibe un gran número de visitas en su celda de El Ferrol[121]. Se organizan colectas para recoger fondos y abonar así las indemnizaciones que se imponen a los inculpados. Con vistas a las elecciones de 1982 se crea un partido político llamado Solidaridad Española, ligado a Tejero. Sin embargo, esta oleada de propaganda es de carácter coyuntural y no va acompañada de ninguna acción violenta significativa. En 1982, el aniversario del 23-F dará lugar a algunos incidentes, como los registrados en Madrid, donde se lanzan aquí y allá cócteles molotov durante las manifestaciones de los militantes de extrema derecha favorables a Tejero; en Alcalá de Henares, donde el «comando 23-F» reivindica la explosión del coche del alcalde de la ciudad, o aun en Barcelona, capital en la que aparecerá destruida la figura del rey Juan Carlos presente en el museo de cera local. El juicio también provoca un repunte de las agresiones que realizan, en el cinturón industrial de Madrid —dominado por la izquierda desde las elecciones municipales de 1979—, algunos militantes de Fuerza Nueva que se significan al intentar tomar por asalto los ayuntamientos y atacar a algunos miembros del PSOE y el PCE. Sin embargo, este tipo de incidentes sigue siendo de naturaleza aislada y puntual, en una especie de última tentativa de impulsar una agitación urbana desmotivada y carente de todo crédito.

Además de desincentivar las tentativas de insurrección del Ejército y la extrema derecha, el 23-F trae consigo la verificación de un primer paso hacia la reinserción de un sector de ETA: el 28 de febrero de 1981, ETApm declara un alto el fuego sin condiciones, liberando al mismo tiempo a los tres cónsules que retenía como rehenes desde el 19 de ese mes. Las negociaciones que se ponen entonces en marcha entre el gobierno y la organización terrorista —por intermediación de Euskadiko Ezkerra— darán pie, en octubre de 1982, al anuncio de la disolución de ETApm-VII Asamblea —una disolución que una facción radicalizada de la banda rechazará, dando un nuevo impulso a la lucha armada y sumándose a las filas de ETAm—. Entre tanto, ETApm no romperá sino puntualmente la tregua anunciada a principios de 1981, como ocurrirá por ejemplo en diciembre, al secuestrar al padre del cantante Julio Iglesias. Pero lo relevante es que deja de asesinar.

Por consiguiente, el fallido golpe de Estado del 23-F tuvo un efecto inverso al previsto por los golpistas, dado que reafirmó a un tiempo la solidez del sistema democrático recientemente asentado en España y el apego de los españoles a dicho régimen. La unión en torno al consenso de la transición encuentra un elemento de particular simbolismo en septiembre de 1981 con el regreso del Guernica de Picasso, que no solo es un poderoso signo de reconciliación entre las dos Españas, sino también un síntoma de que las naciones occidentales consideran al fin que España es un país democrático[122]. Esta afirmación de la voluntad de convivir en paz constituyó en realidad una etapa decisiva hacia la marginación de las acciones violentas y su expulsión de la esfera pública, una fase tendente asimismo a la desaparición de las motivaciones políticas de un gran número de actores violentos, los cuales irán abandonando progresivamente las armas, bien por quedar desanimados, bien por adquirir conciencia del callejón sin salida al que les conduce la lucha armada, dado el nuevo contexto político.

Solo queda ETA

En cambio, ETA y los GRAPO, que continúan instalados en su lógica extremista, utilizarán las emociones derivadas del 23-F para incrementar el impacto que ejerce su acción en la opinión pública, una opinión que se revela particularmente sensible a la amenaza. En este contexto, los atentados contra los oficiales del Ejército adquieren una doble resonancia. Apenas una semana después del 23-F, ETAm instrumentaliza esa sorda angustia asesinando a dos tenientes coroneles con tres días de diferencia, y liquidando más tarde, ya en el mes de mayo, a tres militares, en un atentado perpetrado en pleno corazón de Madrid —dirigido en este caso contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey—. La tensión se revela tanto más elevada cuanto que, pocos días antes, los GRAPO habían atacado a su vez al Ejército al asesinar en Madrid a un general retirado y a un policía de su escolta, además de a dos guardias civiles en Barcelona. El miedo se vuelve entonces palpable, tanto en la opinión pública como en los círculos políticos, que ponen sobre la mesa todos los medios necesarios para garantizar la normalidad ciudadana. Poco después, un asunto en particular vendrá a reactivar la angustia de la conspiración —una oscura aventura llamada a tener en vilo al país durante 48 largas horas: el 23 de mayo de 1981, un comando formado por unos diez hombres toma al asalto la sede de un banco de Barcelona y mantiene retenidas a las 250 personas que se hallan presentes, exigiendo la liberación de Tejero y de los demás acusados del fallido golpe de Estado del 23-F—. Las características y las motivaciones de los actores de esa toma de rehenes permanecen inciertas durante mucho tiempo, dudándose entre atribuir la autoría de los hechos a los anarquistas, o a un grupo de ultras conchabado con otro de guardias civiles, o asociado incluso a una banda de delincuentes comunes manipulados por la extrema derecha —y de hecho, es justamente esta última versión la que parece merecer más crédito[123].

ETAm también siembra el pánico al optar por la perpetración de una serie de matanzas generalizadas en un periodo de tiempo reducido, como sucederá en abril de 1981 al morir asesinados cinco individuos en Guipúzcoa y Vizcaya en el breve plazo de una semana. Además, lo que inquieta a las autoridades es la utilización de un nuevo armamento pesado —ya mencionado anteriormente—, dado que eso supone una escalada logística. En abril se produce en particular una concatenación de acciones violentas, concentradas en el plazo de unos pocos días, que siembran el pánico: en Barcelona, ETAm ataca con lanzagranadas un convoy de las Fuerzas de Seguridad; en Pamplona, atenta con granadas contra un convoy de la policía, matando a un agente e hiriendo a otros 67; y, en Madrid, hace explotar 170 kilos de dinamita en la central telefónica de Ríos Rosas, sabotaje que deja sin teléfono a casi un millón de madrileños durante varios días. El salto cualitativo del armamento que emplea ETA y su capacidad de causar graves daños fuera del País Vasco generan una gran intranquilidad, justo en un momento, además, en el que las negociaciones entre ETApm y el gobierno avanzan a buen ritmo, en el que la celebración del juicio del 23-F aviva las tensiones, y en el que la proximidad del Mundial de Fútbol que se dispone a acoger España atrae la atención mediática. Las acciones dirigidas contra los civiles producen también una indignación creciente entre la población. Así ocurre al asesinar ETAm al director de la empresa Moulinex en abril de 1981; al doctor Ramiro Carasa, jefe del Servicio de Traumatología del hospital universitario de San Sebastián; o aun a un ingeniero de la central de Lemóniz en mayo de 1982, un crimen que reactivará la movilización producida un año antes con el asesinato de Ryan.

Las series de bombas que explotan para interferir en el proceso electoral concluyen la crónica de la violencia de estos dos años. Ya hemos mencionado las oleadas de explosivos que ETApm, los GRAPO y ETAm colocan a lo largo del otoño para atentar contra los edificios públicos y administrativos, así como contra las entidades bancarias. ETAm interviene asimismo en la campaña, intensificando su ofensiva letal: diez personas mueren asesinadas entre mediados de septiembre y las elecciones —seis de las cuales son agentes de los diferentes cuerpos armados del Estado—. Y en cuanto a la extrema derecha, hemos de señalar que agrede de forma esporádica a los militantes de izquierdas, incendiando además los locales de algunos partidos (PNV, PSOE, PCE) o intentando sabotear determinados mítines electorales, como le sucederá a Suárez en Badajoz. No obstante, estas acciones, que recuperan la tradición de las anteriores campañas, siguen siendo de carácter puntual (ya que se producen menos de veinte). Las diferentes oleadas de artefactos explosivos inflan de manera artificial el número de acciones, dado que nuestro corpus de datos contabiliza un acontecimiento por detonación. En realidad, la densidad y la gravedad de las acciones violentas no admite comparación con las campañas precedentes, puesto que el tono no es ya ni el de la angustia vivida en 1976 ni el de la tensa y conflictiva euforia de junio de 1977 ni el de la repulsión generada por la carnicería perpetrada por ETA en diciembre de 1978. En 1982, el país está sereno y acude masivamente a las urnas para elegir triunfalmente a Felipe González: con más del 48 % de los votos y 202 escaños, el PSOE es el gran vencedor de las elecciones, que por lo demás consagran el desmoronamiento del PCE y la UCD, sustituida en su flanco derecho por AP, que se convierte en el segundo partido nacional, con el 26 % de las papeletas y 106 diputados.

El 1 de diciembre es investido presidente Felipe González, y al día siguiente presta juramento ante el rey. El normal desarrollo del traspaso de poderes confirma el buen funcionamiento de las instituciones. De este modo, con esta espectacular avalancha electoral, se inicia una nueva etapa de la historia de España, cuyo régimen democrático queda consolidado por la triple inyección de legitimidad derivada de la alternancia, la fuerte participación y el plebiscito socialista.

Estas elecciones confirman por lo demás las tendencias que ya se venían constatando a lo largo del periodo anterior y obligan a los violentos a cuestionar el sentido de su acción. La extrema izquierda se ve obligada a reconsiderar sus motivaciones, dado que, ahora, el partido de los vencidos en la Guerra Civil acaba de llegar al poder. Si hacía ya algunos años que la mayoría de los extremistas, fueran marxistas o libertarios, se habían rendido a la evidencia de que la democratización de España era real y de que no resultaba necesario continuar con la lucha armada puesto que ya existía un régimen de libertades, la victoria obtenida por la izquierda en 1982 aportará a los más radicales la prueba de que los tiempos han cambiado. Hasta los GRAPO emiten muy pronto, el 6 de noviembre, un comunicado en el que anuncian el alto el fuego —aunque la tregua será muy efímera, dado que se rompe ya en el mes de enero de 1983, fecha que marca el comienzo de una inacabable espiral terrorista de los GRAPO, centrada ahora en la propia supervivencia de la organización, lo que los llevará a cometer asesinatos esporádicos hasta el año 2000—. Todavía hoy siguen sin desaparecer del todo, lo que no contribuye sino a prolongar indefinidamente una agonía que el año 1982 dejó ya programada. Unos cuantos grupos independentistas de corte marxista continuarán a hacer breves actos de presencia, como Terra Lliure o el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego, aunque sin llegar al asesinato ni lograr una gran influencia sociopolítica. Esta misma lógica interpretativa de la coyuntura política llevará a los militantes históricos de ETApm a implicarse en un proceso de negociación con el gobierno de Calvo-Sotelo y a entregar las armas —y todo ello antes incluso de que se verifique el triunfo socialista—. En cuanto a la extrema derecha, hemos de señalar que, debilitada ya tras el fracaso de la única conspiración militar puesta efectivamente en práctica, queda además definitivamente desacreditada con la postrera derrota electoral que sufre en 1982. Los sobresaltos vinculados con el juicio a los acusados del 23-F no eran más que los últimos estertores de un espacio ideológico en vías de extinción. El 20 de noviembre de 1982, durante la celebración del séptimo aniversario de la muerte de Franco, Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva, el partido más destacado del bando ultra, anuncia su disolución. Los activistas se ven privados de su apoyo político y de toda perspectiva de alzamiento militar. Aislados, renuncian a derribar el régimen democrático —dado que la violencia solo ha servido para consolidarlo— y abandonan la escena política.

Si el otoño de 1982 marca efectivamente el fin de un ciclo para el conjunto de estos actores, no ocurrirá lo mismo con ETAm, que continuará asesinando agentes de las Fuerzas de Seguridad a partir del 31 de octubre, y matando a generales del Ejército desde el mes de noviembre de ese mismo año. El día 4 ataca al general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete, en las inmediaciones de Madrid, en una acción destinada a provocar al futuro gobierno —que afirma entonces su determinación de combatir al terrorismo por todos los medios de que dispone el Estado—. El mensaje es claro: para ETAm, la llegada de los socialistas al poder no modifica en modo alguno los elementos de la causa por la que lucha, ya que a su juicio España sigue siendo el opresor del pueblo vasco y el obstáculo que se opone a su independencia. De este modo, en 1982 la organización terrorista se despoja de los ropajes antifranquistas con que se había adornado y desvela sin ambages su esencia estrictamente nacionalista. Adquiere una dinámica propia —iniciada ya en los años anteriores— que constituye la culminación del proceso de especialización que se venía observando desde 1978. Con su acción terrorista continúa parasitando la vida política vasca y nacional, y, a pesar de que sus efectos letales no vuelvan a alcanzar nunca los niveles registrados entre los años 1978 y 1980, la banda mantendrá no obstante unos índices de criminalidad elevados hasta principios de la década de 1990. Puede por tanto afirmarse que después de 1982 la violencia queda exclusivamente polarizada por el País Vasco, con el terrorismo insurrecto de ETAm por un lado y el resurgimiento de la violencia antiterrorista parapolicial de los GAL por otro.

La cuestión vasca es por tanto la última espina derivada del ciclo de acciones violentas que arranca al final del franquismo, aunque puede considerarse que termina por adoptar una dinámica propia, independiente de las coyunturales vicisitudes de la situación política. Por lo demás, el ciclo de acciones violentas iniciado en las postrimerías de la dictadura termina aquí.

Conclusión. La interpretación del ciclo de protesta

CONCLUSIÓN

LA INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE PROTESTA

Al término de este primer análisis de las violencias políticas contestatarias que se han ido produciendo entre los años 1975 y 1982, merece la pena subrayar unas cuantas líneas interpretativas.

Una primera constatación nos lleva a destacar la extrema fragmentación y heterogeneidad de los actores que operan. Dichos actores son muy numerosos, y de ello da fe la proliferación de siglas que se aprecia tanto en el ámbito de la nebulosa ultra como en el de la constelación revolucionaria. Las infinitas declinaciones ideológicas y la tendencia al dogmatismo explican la multiplicación de unos extremismos que no consiguen unirse para transformarse en una fuerza política relevante. Se trata por tanto, a excepción de ETA, de organizaciones de carácter grupuscular. Pese a que puedan reunir a varios centenares de simpatizantes, lo cierto es que rara vez cuentan con más de unas pocas decenas de militantes, lo que reduce considerablemente su capacidad de acción. Los militantes especializados en el activismo violento todavía son menos numerosos. La mayoría de ellos practica la violencia de forma ocasional, sin dedicación especializada, en forma de agitación urbana y con relativa espontaneidad. Los militantes de extrema derecha parecen obedecer mayoritariamente a este planteamiento del «espontaneísmo» armado, que no solo opera de forma aislada sino que carece de una dirección centralizada —pese a que, coyunturalmente, se perciban algunas fases ofensivas—. Esto es igualmente lo que ocurre, al menos en parte, con los raros activistas libertarios del periodo, o aun con los militantes de la izquierda revolucionaria, que, sin embargo, están mejor integrados en una estructura de partido consolidada por la experiencia de la clandestinidad y basada en el modelo jerárquico y disciplinario del comunismo. Estos activistas actúan en el marco de una serie de campañas de propaganda tan puntuales como fáciles de identificar. Los restos del FRAP y el PCE(i)-línea proletaria, así como los del MPAIAC o Terra Lliure, son los que más claramente obedecen a un esquema estructurado en torno a un frente militar. Junto a esta constelación radical situada en las franjas marginales del arco político, algunos grupos revelarán contar en cambio con una organización, una disciplina, una longevidad y una capacidad de acción muy superiores que los asimilarán a unos grupos terroristas ante la opinión pública. Dichos grupos utilizan un repertorio de acciones muy distinto, basado esencialmente en la utilización de explosivos, en el tiro a quemarropa y en el chantaje. ETA es sin duda el arquetipo de este tipo de grupos. Pese a que esta organización constituya en muchos aspectos una excepción, empezando por su notable longevidad, su eficacia letal y el apoyo popular del que se beneficia, lo cierto es que comparte con otros grupos su afiliación ideológica, nacionalista y marxista, así como una misma interpretación de la situación histórica y política, una misma concepción de la lucha armada revolucionaria y una misma práctica de la violencia extrema. En particular, los GRAPO siguen ciertas líneas estratégicas similares a las que adopta ETA, por ejemplo al lanzarse a asesinar a altos mandos militares en 1979, o al proponer al gobierno una alternativa política como base para la negociación. Lejos de ser un apéndice aislado, la violencia es claramente un arma política utilizada ad hoc en el marco de un movimiento global de protesta. Los actores valoran racionalmente la relación de fuerzas existente en cada momento concreto y las ventajas que pueden obtener con el uso de la violencia. Asignan a sus acciones unos objetivos más o menos precisos y definen también las formas que prefieren emplear para perpetrarla, concretando asimismo la frecuencia, la intensidad, la ocasión más propicia y el blanco que les parece más indicado con el fin de materializar sus metas estratégicas. Lo mismo puede decirse del Batallón Vasco-Español, que sin embargo obedece a una lógica distinta, antiterrorista, en la que se aprecia una fuerte implicación policial.

Esta extrema dispersión de los actores violentos es un factor esencial para la comprensión del impacto aparentemente débil que tuvo su acción —que no logró torcer el éxito de la reforma política—, dado que imposibilitó la polarización de los grupos de protesta en dos bandos opuestos llamados a disputarse la conquista del poder.

No obstante, esa fragmentación no impediría el surgimiento de un ciclo de acciones violentas solapado al periodo de la transición —y esta es una segunda conclusión fundamental—. En 1975 se afirmará, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, la opción violenta, y a finales de 1982, con la llegada de los socialistas al poder, el ciclo llega a su fin. También se detecta, además del ciclo específico de estas acciones violentas, otro ciclo más amplio de contestación, un ciclo que nace a finales de la década de 1960, crece en la de 1970, alcanza su punto culminante entre los años 1976 y 1977, y decae después al disminuir las movilizaciones a finales de la década de 1970 —disminución que dará paso al llamado «desencanto»—. Lo que encontramos en la base del surgimiento de los movimientos colectivos de protesta que irán adquiriendo una amplitud creciente a finales del régimen franquista es el doble contexto favorable que se registra tanto en el ámbito internacional como en el nacional. El fin del régimen dictatorial y el periodo de la transición ofrecen una «estructura de oportunidades políticas»[1] favorable a la expansión de este ciclo de acciones colectivas. El régimen, sumido en una crisis y debilitado internamente, se vuelve vulnerable a las acciones de protesta. En este sentido el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, ocurrido en diciembre de 1973, asesta un duro golpe al régimen y da un impulso definitivo a toda clase de activistas. Unos retoman el hilo —que en realidad nunca se había quebrado— de una tradición violenta que se remontaba a los años treinta del siglo XX y acuden al rescate del vacilante orden establecido. Y otros aprovechan la desestabilización del régimen para incrementar la presión de la protesta. Habrá algunos que opten por la vía de la lucha armada, legitimada no solo por la ideología marxista y tercermundista, sino, sobre todo, por la represión estatal, que transforma el recurso a la violencia en un medio legítimo de lucha contra la tiranía. La represión generalizada, indiscriminada y creciente que se produce en las postrimerías del régimen franquista es en este sentido esencial para comprender la expansión de la contestación y el paso de la apología verbal de la lucha armada a la realización de acciones violentas. Encontramos el paradigma de este mecanismo en la espiral acción-represión que se ejerce eficazmente en el País Vasco, pero también es cierto que todos los grupos armados o sus antecedentes directos (con la única excepción del MPAIAC) cometieron su primera acción violenta en vida de Franco.

La muerte del dictador señalará a continuación el inicio de una etapa decisiva. Con su fallecimiento no desaparece solo un jefe de Estado, sino todo un sistema político, con sus instituciones, sus leyes, su ideología, sus valores y sus referencias morales e identitarias. Pese a que los marcos normativos e institucionales del régimen anterior quedan rápidamente deslegitimados, el problema surge al no ser prontamente sustituidos por un conjunto de nuevas referencias capaces de compensar el vuelco, lo que creará un vacío normativo propicio a las transgresiones, máxime cuando la capacidad coercitiva del Estado se halla debilitada. Los movimientos contestatarios encuentran de este modo un vasto campo de expresión. Dichos movimientos tratarán entonces de imponerse en un espacio político en plena construcción. Los que optaron en su momento, ya en tiempos del franquismo, por la violencia, aprovecharán ahora el margen de libertad que se les presenta con la emancipación reformadora. Será justamente en estos años cuando ETA, prácticamente desmantelada a finales del franquismo, se reestructure, y este periodo también se revelará propicio a la transformación de un movimiento independentista canario en estado vegetativo en un grupo doblemente amenazador, ya que actúa a un tiempo en el plano diplomático y en el terreno del orden público. Este será también el momento que escojan los diversos grupúsculos extremistas, tanto de derechas como de izquierdas, para lanzarse a un activismo difuso, escasamente letal, pero marcadamente ajustado al ritmo del proceso de reforma, lo que demuestra en sí mismo la intencionalidad directamente política de unas violencias espontáneas que a primera vista podrían parecer carentes de significación. De este modo, los periodos correspondientes a las campañas electorales dan lugar a una serie de brotes de violencia destinados a imponer a sus autores como adalides de la conquista física y simbólica del poder —un poder que se dirime en la calle tanto como en las urnas—. Además, la indeterminación del porvenir y la confusión de los actores determinarán que la sociedad se vuelva particularmente reactiva al hecho violento, lo que permite que algunos grupúsculos —como el de los GRAPO— cuenten con una cobertura mediática desproporcionada en relación con su auténtica capacidad operativa. Por último, el marco represivo heredado del régimen anterior chocará con las expectativas de libertad y las movilizaciones colectivas —que alcanzan en esta época su punto culminante—, lo que provocará un importante número de víctimas. Y a su vez, esas víctimas alimentarán el mecanismo de la cultura contraria a la represión que tan bien había demostrado funcionar bajo el franquismo.

Poco a poco se van estableciendo las nuevas reglas del juego político, se ponen en marcha nuevas instituciones y se consolida la democracia. La negociación del texto constitucional deja paso a un relativo descenso de la actividad armada, como si los violentos se mantuvieran a la expectativa, aguardando la afirmación, en un sentido u otro, del devenir político del país. En unos casos se pronunciarán entonces a favor de la vía de la integración y de la renuncia a la violencia, dado que el espacio político es esencialmente pacífico, pero en otros abogarán por la continuación de la lucha armada, lo cual les arrastrará a una espiral terrorista de carácter extremista que se aprecia de forma palpable en la creciente especialización de las acciones violentas, cuyos efectos serán ahora más letales e irán específicamente dirigidos contra los agentes armados del Estado. La decisión dependerá de cómo valoren los grupos activos la coyuntura política y seguirá ritmos diferentes, evidenciándose desde luego en todos los casos un desfase con la movilización social, que se detiene al instalarse la democracia en 1978. Algunos de esos grupos renuncian muy pronto a la violencia, como sucederá con la mayoría de las organizaciones de extrema izquierda. Otros intentarán influir el mayor tiempo posible en el curso de la reforma, como se observa en el caso de la nebulosa de extrema derecha o de ETApm, que esperarán al fallido golpe de Estado del 23-F y a la victoria socialista de las elecciones de 1982 para poner fin a su estrategia armada. Y finalmente, un último grupo persistirá en la lógica de la resistencia. Es lo que ocurre en el caso de ETAm y los GRAPO, con la diferencia de que los segundos se ven diezmados de facto por la lucha antiterrorista, que vuelve a adquirir eficacia. Después de 1982, el País Vasco polarizará por completo las violencias políticas que todavía subsisten: las que perpetra ETA por un lado, y las que cometen las fuerzas policiales y el terrorismo antiterrorista por otro —primero el del BVE y más tarde el de los GAL—. Esas acciones violentas pertenecen ya a otro ciclo, un ciclo que surge precisamente durante las violencias de la transición y que, al quedar perdido en el abigarrado conjunto de los demás fenómenos de protesta que entonces se producen, acaba por singularizarse de forma progresiva hasta adquirir una lógica propia que rebasa con mucho el periodo de tiempo que aquí estudiamos. Se trata del ciclo de la violencia nacionalista vasca, que puede interpretarse como una variación del ciclo global que hemos venido analizando aquí, un ciclo que parece, hoy en día, haber llegado a su fin.

Segunda parte. El Estado y la violencia

SEGUNDA PARTE

EL ESTADO Y LA VIOLENCIA

Introducción. El Estado, entre las violencias internas y las externas

INTRODUCCIÓN

EL ESTADO, ENTRE LAS VIOLENCIAS INTERNAS Y LAS EXTERNAS

Las acciones violentas de protesta no se pueden entender sin tener en cuenta su relación con el Estado. Los rebeldes afrontan un Estado convertido en enemigo pero también en símbolo de un poder que esos grupos desean hacer suyo. Isabelle Sommier ha percibido acertadamente esta «rivalidad mimética» de la relación entre los actores terroristas y el Estado, un Estado que, al modo de un «doble monstruoso», no solo es «combatido, odiado y demonizado […], sino también objeto de fascinación, e incluso de deseo»[1]. Y a la inversa, el Estado topa con la competencia de unos insurrectos que constituyen un desafío para su capacidad de ejercer el control social y la gestión del orden interior, unos grupos que cuestionan su legitimidad y que le obligan por tanto a redefinirse y a reforzar sus instrumentos de dominación.

De hecho, los factores que están en juego resultan tanto más complejos cuanto que el Estado de la transición, como institucionalización del poder, se halla en plena mutación: el Estado español de 1982 no tiene nada que ver con el de 1975. El objetivo de los dirigentes reformistas de la transición se identifica rápidamente: se trata, en efecto, de transformar el régimen autoritario en un régimen de tipo democrático, empezando para ello por restaurar la soberanía popular y por restablecer las libertades públicas[2]. No obstante, el segundo objetivo propuesto consiste en llevar a buen puerto esa transformación sin romper drásticamente con la legitimidad anterior, pasando «de la ley a la ley», según una fórmula que se ha hecho célebre. La reforma es un método formal con el que conseguir la ruptura de fondo. De aquí se deduce un elemento fundamental: la continuidad del Estado. Una continuidad a un tiempo jurídica, administrativa y humana. El propio rey Juan Carlos, representante supremo del Estado, es heredero de la legitimidad franquista —antes de recuperar, en mayo de 1977, la histórica legitimidad dinástica al renunciar su padre, don Juan de Borbón, heredero legítimo de la corona de España, a sus derechos dinásticos, cediéndoselos así al hijo—. Pese a que los barones del franquismo vayan siendo progresivamente apartados de los puestos influyentes, la élite gubernamental y político-administrativa procede del caladero franquista, ya que más de las tres cuartas partes de los ministros, así como los altos funcionarios de la época con mayor proximidad al poder, provienen del régimen anterior[3]. Los funcionarios continúan realizando sus tareas administrativas, y el personal de las instituciones desmanteladas se recicla y pasa a ocupar un puesto en otras estructuras que se conservan intactas, como ocurre con los empleados del Movimiento Nacional y del Sindicato Vertical, que se incorporan a la administración civil, o aun con los magistrados del Tribunal de Orden Público, que pasan a la jurisdicción ordinaria. Durante la transición no habrá ninguna depuración de personal, ya se trate de políticos, de funcionarios, de magistrados, de policías o de militares. Esta marcada continuidad refuerza la actitud de confrontación de los contestatarios, que perciben que el Estado de la transición es una entidad estrictamente continuadora del régimen proscrito. Y también actúan en nombre de la continuidad del Estado, aunque en una relación invertida, los grupos que perpetran las acciones violentas de la ultraderecha, dado que acuden a socorrer a un Estado naufragado al que traicionan ahora los mismos que deberían haber garantizado, supuestamente, su permanencia.

Además, el Estado es también la entidad que dispone del monopolio de la violencia física. Según Max Weber, el Estado

solo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física […]. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio […], reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permita. El Estado es la única fuente del «derecho» a la violencia[4].

Por consiguiente, la violencia forma parte del núcleo definitorio mismo tanto de lo que es el Estado como de su legitimidad. Ahora bien, durante la transición, el monopolio estatal de la violencia física se pone doblemente en cuestión: por un lado debido a los contestatarios, que le disputan el uso de esa violencia y la legitimidad de recurrir a ella en el espacio público, y, por otro, a causa de las veleidades de disidencia presentes en el seno de los organismos que ostentan el instrumento estatal de la violencia —es decir, las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, la justicia—, los cuales no solo se hallan fuertemente influidos por el régimen anterior, sino que se resisten a someterse a la nueva autoridad. El Estado de la transición se encuentra efectivamente sometido a la presión de una multiplicidad de poderes divergentes que se enfrentan entre sí con el fin de erigirse en autoridad única y legítima. Lejos de ser un bloque monolítico, ese Estado es víctima de la crisis de poder del franquismo y se halla sujeto a las tensiones que desgarran al conjunto de una sociedad que está en plena efervescencia. En este sentido, algunas parcelas del Estado escapan al control del poder heredado del régimen anterior, un poder que no tiene más remedio que someterlas a su autoridad. Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta el Estado democrático en construcción es por tanto el de la imperativa recuperación del monopolio de la dominación física y simbólica, recuperación que se dirime en el doble ámbito de la violencia interna y de la violencia externa.

Un buen ejemplo de ello es el que representa el Ejército, que interviene de dos maneras en este proceso. Por un lado el Ejército es una institución dotada de un notable peso político debido al muy particular lugar que ocupaba en el régimen anterior. Al morir Franco, los militares no solo se hallan a la cabeza de las operaciones de mantenimiento del orden, ya sea en el seno de la Guardia Civil o en el de los cuerpos policiales, sino que se encuentran igualmente presentes en las más altas instancias políticas (es decir, en las Cortes, en el Consejo del Movimiento Nacional, en el Consejo del Reino…) y disponen tanto del control total de los ministerios del Ejército, la Armada y el Aire (unificados en 1977 en el Ministerio de Defensa) como del mando de los servicios secretos del Alto Estado Mayor y de los tres Ejércitos, contando al mismo tiempo con un importante poder judicial propio, debido a las amplias competencias de la jurisdicción militar. Por consiguiente, las vías que siguen los gobiernos de la transición para gestionar las resistencias internas que existen en la institución militar y adaptar, tanto al Ejército como a sus generales, al proceso de la democratización es una cuestión crucial de la que ya se han ocupado algunos autores[5]. En términos generales, los dirigentes de la reforma supieron embridar con habilidad a las Fuerzas Armadas, apartando a sus miembros más recalcitrantes, gracias sobre todo al preponderante papel del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa entre septiembre de 1976 y febrero de 1981, que estaba totalmente decidido a comprometerse en favor de la democratización. También ha de resaltarse la importancia del rey Juan Carlos, dado que supo aprovechar la lealtad del Ejército al monarca, garantizada en el testamento de Franco. De hecho, los discursos oficiales de las cúpulas militares empezarán a mostrar muy pronto la impronta de una serie de llamamientos destinados a encarecer el respeto de la legalidad constitucional, de las arengas tendentes a fomentar la lealtad a la Corona, y de las lecciones relacionadas con ese primordial deber que insta al Ejército a mantener una posición política neutral. Además, el gobierno se ocupa de neutralizar las tentaciones de injerencia política que acechan a los militares, como sucederá por ejemplo después de la legalización del Partido Comunista, o la misma tarde del 23-F, que a fin de cuentas solo consiguió reunir a un puñado de guardias civiles y de unidades del Ejército. Landelino Lavilla presume hoy de no haber temido en ningún momento un retorno al régimen pasado, y menos presentándose en forma de un pronunciamiento digno «de las zarzuelas del siglo XIX» —y si lo afirma es justamente porque él mismo controlaba al Ejército—. Es verdad, añade, que existían riesgos, pero «había que tener la habilidad suficiente o la capacidad suficiente para saber lidiarlos, reconducirlos o convivir con ellos en los términos que fueran». «Yo, personalmente, todo eso lo llevé con el guante», concluye el entonces ministro de Justicia que se encargó de resolver un gran número de conflictos con la jurisdicción militar[6]. Los ejes de la política de reformas —que sin embargo tarda en llevarse a cabo— son por tanto la despolitización, la sumisión al poder civil, el extrañamiento de los veteranos de la Guerra Civil aferrados a sus ideales, la restricción de las competencias militares al ámbito exclusivo de la defensa del territorio, la profesionalización de los cuerpos armados, etcétera.

En efecto, durante la transición, los sectores del Ejército más afectos a la ideología franquista ejercen una presión constante sobre el gobierno, de modo que el temor a un golpe lleva a los dirigentes de la reforma a conducirse con prudencia. De hecho, estos últimos dan pruebas de una gran inhibición frente a los actos de indisciplina y los llamamientos, tan reiterados como crecientes, a una reacción violenta del Ejército[7], mientras, por otra parte, las intentonas de golpe de Estado que puntúan el periodo dan fe de lo importantes que son las resistencias que impregnan las Fuerzas Armadas[8]. Son varias las tentativas que fracasan, además de la del 23-F. El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) desarticulará en 1978 la primera de ellas, la Operación Galaxia. En el complot se hallaba ya implicado el teniente coronel Tejero, así como el capitán de la Policía Nacional, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, sancionados ambos, tras un consejo de guerra, a penas meramente simbólicas (unos meses de arresto), pese a los reiterados actos de indisciplina del primero. Esta negligencia dejará el campo libre a Tejero, futuro protagonista del 23-F. Según un informe de los servicios secretos, para esa intentona operaron en España tres grupos de conspiradores[9]: el primero estaba formado por una serie de antiguos barones tradicionalistas del franquismo y por generales ultramontanos, reunidos en torno a El Alcázar y la Confederación Nacional de Excombatientes; el segundo se hallaba integrado por oficiales de rango intermedio y por profesionales salidos de las filas del régimen anterior, a veces antiguos miembros del Servicio Central de Documentación, como es el caso del teniente coronel José Ignacio San Martín; y el tercero y último estaba constituido por militares de alto rango, así como por monárquicos apoyados por amplios sectores de la sociedad civil, todos ellos favorables a una operación similar a la que realizara De Gaulle en 1958, es decir, partidarios de una suerte de «golpe de timón» destinado a enderezar la situación de un país que parece ir a la deriva. Estos distintos grupos se reunirán, cada uno en su momento, para llevar a buen fin el asalto al Congreso de los Diputados[10]. La jurisdicción militar halla culpables del delito de rebelión militar a cerca de diez oficiales —y a un solo civil, el ultra Juan García Carrés—, pero no a los guardias civiles, a los que considera meros ejecutores de las órdenes recibidas. La sentencia se conoce el 4 de junio de 1982, y se la considera excesivamente suave: el Consejo del Reino interpone inmediatamente un recurso ante el Tribunal Supremo. Como recuerda Calvo-Sotelo, era esencial dar la última palabra al poder civil[11]: en abril de 1983, el Tribunal Supremo condena a Jaime Milans del Bosch y a Antonio Tejero a treinta años de reclusión, así como a una serie de penas menores a cerca de veinte militares más. El poder civil intenta reforzar de este modo el control que ejerce sobre un poder que parece querer escapar a su acción. En un gesto que no carece de simbolismo, Calvo-Sotelo constituirá el primer gobierno sin militares desde la Guerra Civil.

No obstante, en diciembre de 1981, el «Manifiesto de los Cien» y el juicio a los acusados del 23-F reavivarán a lo largo del año 1982 las tensiones que aquejan al país, mientras el CESID desmantela una nueva tentativa golpista. La intentona, cuya materialización estaba prevista para el 27 de octubre de 1982 —organizada desde la cárcel por Milans del Bosch—, se proponía impedir la victoria de los socialistas[12]. Se detiene a tres oficiales, y unos cuantos más serán puestos bajo arresto durante unas semanas, pero las sanciones son mínimas, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud y las ramificaciones de la trama. Lo que trataba de evitar en ese momento el gobierno era que los militares reaccionaran de forma radical a una eventual purga del Ejército, y también se observa que el Ejecutivo se esfuerza en reducir al mínimo el impacto público del asunto, máxime en este periodo delicado en el que se avecinan unas elecciones y en el que está próximo a producirse un histórico traspaso de poderes. Finalmente, una última conspiración militar planeaba hacer saltar por los aires la tribuna oficial —con Felipe González y el propio rey— de los asistentes a los actos del día de las Fuerzas Armadas, cuya celebración estaba prevista para el 2 de junio de 1985 en La Coruña. El proyecto, concebido por un puñado de radicales desesperados y aislados, llegó a tiempo a oídos de los servicios secretos. Su eventualidad se mantendrá oculta hasta bien entrada la década de 1990.

Las veleidades golpistas del Ejército confluyen por tanto, durante la transición, con los proyectos desestabilizadores de los grupos de extrema derecha, coincidiendo en particular con la puesta en marcha de una «estrategia de tensión» que se esgrime deliberadamente, tanto para ampliar el número de los partidarios de la reacción como para decuplicar las filas de quienes la temen. En este sentido, el Ejército es un actor clave en la materialización de las presiones violentas que gravitan sobre el proceso de reforma. No obstante, aquí habremos de dejar al Ejército al margen de nuestro estudio, optando en cambio por analizar el aparato represivo del Estado propiamente dicho, dado que los militares no intervienen en dicha represión sino a través de las funciones que ejercen en el seno de las Fuerzas del Orden Público.

Durante la transición, por tanto, el Estado se ve sometido a una doble tensión, atirantado entre, por un lado, sus esfuerzos democratizadores, y la necesidad que tiene, por otro, de conservar el monopolio de la violencia física y simbólica, dado que recibe amenazas que proceden tanto del interior como del exterior de sus propias estructuras de poder. Los actores de la época presentan esa tensión en su forma más clásica, es decir, como una dialéctica entre el orden y la libertad —dialéctica a la que ha de enfrentarse muy especialmente el Estado liberal—. La cláusula del orden público limita el ejercicio de los derechos y las libertades con el fin de crear un marco social común en el que todo el mundo pueda vivir en paz, puesto que la distancia entre dos regímenes de naturaleza diferente se sitúa en el sentido que dé el poder al orden público y en la amplitud del ámbito en el que las libertades se vean mermadas[13]. Según el fiscal general del Estado, el conjunto del procedimiento penal se funda en el «conflicto libertad-autoridad», el cual fluctúa en función de los «regímenes políticos muy distintos» vividos en el país[14]. Esta dialéctica entre la libertad y la autoridad sufrirá un vuelco muy profundo durante la transición, y lo hará además en unas condiciones particularmente delicadas.

En efecto, por un lado los gobiernos reformistas tienen como prioridad la liberalización del Estado franquista, a fin de ajustarlo al modelo democrático del Estado de derecho, garante de las libertades públicas y protector de los derechos humanos. Han de llevar por tanto a buen puerto la democratización de las instituciones que ostentan el monopolio de la fuerza física, modernizándolas tanto en el plano de los principios como en el de los cometidos, las mentalidades y las prácticas. Ahora bien, un proceso de adaptación de esa índole no solo se verifica con lentitud, sino que lleva aparejado el surgimiento de actitudes hostiles en los organismos conservadores y reacios al cambio. El paso de una práctica represiva hasta el exceso en materia de mantenimiento del orden a una práctica reglamentada y contenida del control de la violencia dista mucho de ser lineal e inmediato. Ahora procederemos a centrar el análisis de la violencia interna del Estado justamente en esta progresiva emancipación del sistema represivo, en las resistencias que se oponen a un proceso de esa índole, y en las medidas de contención adoptadas para salirles al paso.

Por otro lado, los dirigentes del gabinete Suárez están convencidos de que la condición para culminar con éxito la reforma democrática estriba en el mantenimiento del orden público, y se muestran igualmente persuadidos de que la transformación del sistema represivo no puede ir acompañada de una relajación de los métodos coercitivos. Según Martín Villa, «garantizar [el orden público] equivalía a garantizar el proceso de la democratización»[15]. Ciertamente, al fallecer Franco, lo que más inquieta a la opinión pública es la incertidumbre relacionada con la capacidad que puedan mostrar los gobernantes en la preservación del orden público y la paz. Los sondeos de opinión muestran que a la sociedad española de la década de 1970 le preocupaba más el mantenimiento del orden, percibido como requisito para la paz civil, que la libertad[16]. «Se era demócrata siempre que serlo no implicara un desorden generalizado», por emplear aquí la fórmula del historiador Santos Juliá[17]. Este sentimiento se halla directamente vinculado con un doble elemento determinante de la memoria en el que insistía machaconamente la propaganda franquista que había convertido al régimen dictatorial en el garante de los cuarenta años de paz y a la Segunda República en el símbolo del caos y la anarquía. Son muchas las personas que atribuyen al régimen de Franco tanto las ventajas derivadas del crecimiento explosivo que registra la economía de los años sesenta (en lugar de acusarle de haberlo retrasado) como las vinculadas con las décadas de estabilidad política y de paz. «Uno de los bienes que el régimen anterior dejaba a la sociedad española era el de un cierto nivel de seguridad y de orden, y que la existencia y la conveniencia de ese bien era, en una buena proporción, comprendida y apreciada por los españoles de tal suerte que convenía preservarlo», declara con acierto Martín Villa[18]. En sentido inverso, se acusa a la Segunda República de haber fracasado en su deber de procurar seguridad al país y de haberlo entregado al caos y a una revolución cantada que solo el alzamiento nacional del 18 de julio pudo impedir. Se imputa, pues, a la única experiencia democrática, el más colosal desencadenamiento de acciones violentas de su historia reciente. Por consiguiente, si quiere salir adelante, el cambio democrático debe evitar a toda costa que la anarquía se apodere de la calle. Tanto en la derecha como en la izquierda del espectro ideológico, las élites políticas son perfectamente conscientes de ello, y así lo refleja por ejemplo el periódico emblemático de la reforma, El País, que advierte constantemente de que «el Estado —si quiere sobrevivir— no debe admitir en la calle la dialéctica de los puños y las pistolas», retomando con ello la fórmula que popularizara José Antonio Primo de Rivera en los años treinta y que tanto habrían de repetir después los sectores ultras de la década de 1970[19]. Por consiguiente, la tarea prioritaria de los gobernantes pasa por controlar las violencias contestatarias, impidiendo que pongan en peligro la reforma y evitando al mismo tiempo los riesgos de una ruptura revolucionaria.

Ahora bien, como hemos visto en los capítulos anteriores, el Estado se ve enfrentado a un ciclo inédito de violencias contestatarias que no solo no disminuyen sino que se vuelven incluso más letales conforme avanza el proceso de liberalización de las instituciones —ya que los violentos aprovechan justamente la emancipación que permiten las libertades y la fragilidad del Estado, sabedores de que su sistema de seguridad se encuentra en plena mutación—. Los dirigentes de la transición se ven por tanto directamente confrontados a la tensión dialéctica que opone la necesidad del orden a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Además, esa tensión resulta tanto más intensa cuanto que ha de hacer frente a una opinión dominante: la de que «hay una cierta incompatibilidad entre el orden y la democracia», por recurrir a las palabras de Martín Villa[20], dado que los nostálgicos del franquismo instrumentalizan profusamente esa ecuación que vincula a la democracia con el desorden. Esta impresión se agudiza todavía más debido a que la sociedad española está convencida de que, desde la muerte de Franco, la inseguridad no ha dejado de crecer[21]: el terrorismo y el orden público figuran a lo largo de todo el periodo que aquí estudiamos en la segunda posición de sus preocupaciones, justo por detrás del paro[22]. Por todo ello, la supervivencia de la reforma depende tanto de la necesaria inversión de las representaciones —dado que la democracia ha de conseguir transformarse en la única encarnación del marco político capaz de posibilitar la realización de la paz civil— como del efectivo mantenimiento del orden en la calle. La comprensión de las vías seguidas por los sucesivos gobiernos para responder a este desafío, haciendo frente al mismo tiempo a las violencias protestatarias externas que amenazan el proceso de reforma, es el segundo objetivo de la parte que tenemos por delante.

V. La democratización y el mantenimiento del orden: el laboratorio de los primeros años de la transición (1975-1977)

V

La DEMOCRATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN: EL LABORATORIO DE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN (1975-1977)

Los primeros años de la transición son cruciales para la determinación del porvenir de España. Estos años, además de ser un verdadero laboratorio para la formulación de las modalidades democráticas, marcan también el periodo en el que se elaboran los principios que orientan la instauración de las libertades públicas mediante un constante arbitraje entre la afirmación del modelo liberal y la preocupación del mantenimiento del orden y la preservación de la autoridad del Estado. La apertura de las compuertas de la libertad y la explosión de la movilización colectiva configuran una realidad social cada vez más conflictiva que choca de frente con el modelo represivo del régimen anterior, que se revela inadaptado y arcaico. La reformulación del sentido que se da al lugar que han de ocupar, respectivamente, el individuo y el Estado en el horizonte democrático se ve confrontada por un lado a la resistencia que ofrecen las mentalidades autoritarias forjadas en los cuarenta años de dictadura, y, por otro, a la creciente presión de la oposición, decidida a acelerar el ritmo de las reformas. Por tanto, la liberalización dista mucho de ser un proceso lineal, pese a que la llegada del gobierno de Adolfo Suárez suponga una etapa crucial, destinada a proporcionarle impulso. En tanto no se efectúen las elecciones llamadas a configurar un parlamento representativo, el elemento dominante será una concepción estrecha de la democracia, a la que se encorseta y comprime en unos límites permeables a los avatares de la coyuntura política. La frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre lo permitido y lo reprimido, así como los distintos grados de tolerancia, evolucionarán siguiendo un proceso irregular que no está exento de una recaída en viejos hábitos represivos cuando así parecen exigirlo los envites políticos y simbólicos del momento. Ahora bien, ¿cómo se operan estas titubeantes metamorfosis?

I. La concepción autoritaria del orden público

I. LA CONCEPCIÓN AUTORITARIA DEL ORDEN PÚBLICO

En tanto no se produzca la elección de un parlamento representativo, el factor que domina la política del mantenimiento del orden es una visión autoritaria del orden público, en la cual el equilibrio dialéctico entre el orden y la libertad se decanta incontestablemente en favor del primero.

El orden represivo franquista

La dictadura franquista desarrolló una «concepción autoritaria y represiva del orden en la calle»[1], «simple expresión del aparato represivo»[2] impuesto de forma arbitraria y destinado a la defensa del régimen establecido y de su ideología. Las Fuerzas del Orden Público han de perseguir y reprimir toda actividad susceptible de atentar contra el orden político vigente, toda sospecha de disidencia, ya que la misión de esos cuerpos del Estado consiste en defender al régimen de cualquier subversión. Lo que predomina es un modelo marcial y policial del orden, un modelo en el que la preocupación de armonizar la garantía de las libertades individuales con la seguridad del Estado queda reducida a un conjunto de declaraciones teóricas y viciada de raíz por la restricción de las primeras. Las libertades fundamentales, definidas en el Fuero de los españoles de 1945, se hallan limitadas de facto por un arsenal legislativo represivo, cuya esencia perdura a pesar de las evoluciones formales. La declaración de derechos contiene en sí misma la posibilidad de suspender la libertad de expresión, el secreto de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio, los derechos de reunión y asociación, y la libertad de circulación. La proclamación del estado de excepción por parte del poder ejecutivo ante una grave alteración del orden público permite suspender tales derechos y dotar a la autoridad administrativa de facultades extraordinarias[3]. Y de hecho, los dirigentes del régimen no se privarán de recurrir a estas potestades ampliadas, dado que entre 1962 y 1975 se decretarán nueve estados de excepción[4].

Esta amplia concepción del orden público había cristalizado en la ley de 1959 sobre esta materia, una ley que, tras establecer una declaración de principios digna de un Estado de derecho[5], enumera la lista de los actos que suponen un quebrantamiento de la norma, revelándose de este modo el carácter borroso de una noción abierta a la arbitrariedad. Se considera como acto violento todo acto que atente contra la ley y el orden público: de este modo, toda manifestación o reunión ilegal se considera «no pacífica», sea cual sea la modalidad de su desarrollo, en una identificación perfecta entre lo ilícito y lo violento[6]. La ley de 1963, por la que se crea el Tribunal de Orden Público[7], reafirma este tipo de filosofía. En un contexto marcado por el empuje de la contestación popular, la creación de esta jurisdicción obedece a la voluntad de desmilitarizar y normalizar la jurisdicción represiva, confiada hasta ese momento a los consejos de guerra. Con todo, el Tribunal de Orden Público sigue siendo una jurisdicción especial, encargada de tratar todos los delitos que atentan contra el orden público, es decir, aquellos que inciden negativamente en la seguridad exterior e interior del Estado. Estos últimos forman un amplísimo catálogo que va de los delitos de terrorismo y de tenencia de armas a las infracciones de las leyes fundamentales (como las de prensa, reunión ilegal o asociación ilícita), pasando por los delitos contra las instituciones (el jefe de Estado, las Cortes, el Consejo de ministros, la forma de gobierno), o aun por los de rebelión, sedición, ultrajes a la autoridad y a la nación, desórdenes públicos, amenazas o propaganda ilegal, sin olvidar la apología del conjunto de esos delitos[8]. La etiqueta de la «subversión» asocia por tanto las prácticas violentas (como la tenencia de armas, el levantamiento contra el Estado mediante la «lucha armada», las conspiraciones, los atentados, las amenazas y las coacciones) con toda clase de conductas pacíficas: excesos verbales orales (gritos, vivas, aclamaciones durante las manifestaciones, ultrajes a las instituciones o a la nación) o escritos (prensa, propaganda, apología), así como con disturbios sociales (huelgas, tumultos) y disidencias políticas (fundar un partido, reunirse o manifestarse). Según el jurista Juan José del Águila, autor de un estudio sobre la actividad desplegada por el Tribunal de Orden Público en sus trece años de ejercicio, únicamente el 10 % de los asuntos tratados lo fueron por delitos de terrorismo, frente al 80 % del resto de delitos encausados, que se debieron a acciones contra la seguridad del Estado. Más de las tres cuartas partes de las instrucciones se referían a conductas que la Constitución de 1978 reconocerá posteriormente como derechos y libertades fundamentales. Esto le permite concluir que «la inmensa mayoría de los inculpados, procesados y condenados por el TOP, lo fue por lo que doctrinalmente se calificaba de delitos políticos, delitos de mera opinión o disciplina política, en los que la violencia quedaba siempre al margen»[9].

Los instrumentos represivos estaban a la altura de esa concepción marcial del orden. Las sanciones son elevadas y pueden llegar incluso a la pena de muerte, que, sin embargo, se aplicará en pocas ocasiones durante el segundo franquismo, pese a que las últimas ejecuciones tengan lugar en septiembre de 1975. Las penas de prisión son casi sistemáticas, y de ello da fe la estimación de Juan José del Águila, que considera que cerca del 80 % de los procedimientos abiertos por el Tribunal de Orden Público se saldan con la detención preventiva de alguno de los inculpados, a los que se retiene más tiempo de los tres días reglamentarios[10]. Esto se debe al hecho de que la pena de cárcel deriva en muchos casos del principio del «arresto sustitutorio»: cuando la autoridad administrativa condena a un rebelde al pago de una multa y el encausado no dispone de los medios suficientes para pagarla, el reo es enviado a prisión como forma de responsabilidad penal subsidiaria. Ahora bien, las autoridades competentes en materia de orden público, a saber, el ministro de la Gobernación, el director general de Seguridad, los gobernadores civiles y los alcaldes, disponen de la potestad de sancionar por medio de multas, así como de la facultad de encarcelar hasta noventa días al sujeto hallado culpable —sin necesidad de remitir el caso al juez— en caso de que la sanción económica no sea abonada de forma inmediata. Las Fuerzas del Orden Público, por su parte, disponen de la capacidad de suspender las reuniones o dispersar las manifestaciones, de arrestar a quienes participan en ellas, de secuestrar las publicaciones delictivas, etcétera. Por último, conviene señalar la importancia que tiene la jurisdicción militar en el control de la subversión. Un gran número de civiles —más de doscientos al año— son juzgados en consejo de guerra por actos que no tienen un carácter directamente violento, como sucede por ejemplo con los delitos de ultraje a las fuerzas armadas. El volumen de procedimientos que se ponen en marcha como consecuencia de este tipo de delitos aumenta en los últimos años del franquismo, debido al crecimiento tanto del número de manifestaciones ilícitas disueltas por la policía como de los enfrentamientos que se producen en esos casos entre los manifestantes y las Fuerzas del Orden Público[11].

Este breve repaso de conjunto nos da una idea de la envergadura del sistema represivo que estaba vigente a la muerte de Franco: Juan José del Águila estima que, entre el año 1964 y su desaparición, el Tribunal de Orden Público abrió procesos a más de cincuenta mil personas[12]. El orden público se entiende como una noción muy amplia que penetra en los ámbitos social y político, como atestigua el hecho de que se denomine habitualmente Brigada Político-Social a la policía política. Este orden público no se concibe como un instrumento puesto al servicio de los ciudadanos, sino como un factor de la defensa del Estado, que le confía su supervivencia: la represión que se lleva a cabo en nombre de la protección del Estado predomina sobre la garantía de los derechos individuales, en una configuración propia de un régimen autoritario. Este sistema, que deja amplio margen a la autonomía de la administración, la policía y el Ejército —y que por tanto está expuesto a muchas arbitrariedades—, permanecerá en vigor en los primeros años de la transición, en tanto no se inicie el progresivo desmantelamiento del arsenal represivo, un desmantelamiento que seguirá no obstante un ritmo desigual y dependiente de la coyuntura política.

El orden autoritario de los primeros gobiernos de la transición

Arias Navarro, a quien el rey volverá a colocar en su puesto de presidente del gobierno tras el fallecimiento de Franco, da muestras de una fidelidad sin fisuras al desaparecido dictador, lo que le empujará a continuar la obra del general. Según Arias, no se trata de crear nada nuevo, sino de «perseverar en la construcción de la democracia española», iniciada por el régimen franquista. La reforma queda por tanto reducida a un simple «perfeccionamiento del sistema institucional» existente[13]. «Continuidad y reforma son conceptos que se complementan […]. No hay reforma sin continuidad, ni sin reforma sería posible la continuidad», declara Arias en abril de 1976[14]. De estos preceptos se deriva un ritmo de transformación lento, «sin prisa y sin pausa», capaz de conciliar «a la vez continuidad y espíritu de reforma»[15].

Lo primero que se propone la reforma es responder a las aspiraciones de una sociedad que ha evolucionado de forma muy notable desde la promulgación de las leyes franquistas, proponiendo para ello una nueva regulación de las libertades públicas. Este es el objetivo que se asignan a sí mismos en 1976 tanto la ley para la regulación de los derechos de reunión y manifestación como el proyecto de reforma del derecho de asociación, cuya ambición consiste en abrir al país al pluralismo político[16]. Sin embargo, la reforma también está sometida a los imperativos de la preservación del orden público, cuya filosofía no se ha alterado. Los preámbulos de estas dos leyes, así como los discursos que habrá de pronunciar Arias Navarro en el curso del año 1976, insistirán en la necesidad de mantener la autoridad de un «Estado unitario y fuerte», que no «vacilará en aplicar las medidas, todas las medidas de que dispone, con la firmeza que sea necesaria para mantener el orden y la tranquilidad ciudadana», «sin dimitir ni en un ápice en el ejercicio de la autoridad»[17]. Es claro, por consiguiente, que Arias reacciona a las graves alteraciones del orden público con unos reflejos dignos del régimen anterior, como se verá con motivo de los altercados ocurridos en Vitoria en marzo de 1976, tras los que Arias querrá decretar de forma inmediata el estado de excepción[18].

Su ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, figura descollante del gabinete, se inscribe en la misma línea interpretativa, dado que una de las cosas que conserva del franquismo es «el concepto de autoridad y de orden»[19]. En el plano teórico, Fraga admite la legitimidad inherente a la idea misma de autoridad y reconoce que «el orden no se soluciona […] con acciones de la Policía», sino que «supone unas ideas aceptadas por la mayoría […]», y que «los ciudadanos reconocen el “derecho a mandar” de sus autoridades en la medida en que reconocen colectivamente su “interés por obedecer”»[20]. Sin embargo, en la práctica, la fórmula con la que tiene intención de salvaguardar la autoridad amenazada del Estado pasa por una imposición vertical del orden, partiendo desde arriba. En el curso de la intensa campaña que librará en todos los frentes durante ese primer trimestre de 1976, Fraga no dejará de recordar que un Estado ha de ser «fuerte e inflexible»[21], y que debe serlo aún más cuando se instituye un régimen de libertad, dado que «milimétricamente correlativa de la voluntad de ensanchar las esferas de la libertad es la exigencia de robustecer la autoridad». La finalidad del orden consiste en reforzar la seguridad del Estado y no en procurar amparo a la del ciudadano, de modo que no se contempla siquiera que pueda existir un ámbito de derecho para los rebeldes que niegan la autoridad del Estado. Ahora bien, Fraga tiene una visión amplia del Estado, heredada de la dictadura, una visión que tiende a confundir las esferas pública y privada. El espacio público no está al servicio de la comunidad ciudadana, sino que pertenece al Estado, al que Fraga, junto con otros políticos, representa. Esto es lo que significa la famosa frase que habría pronunciado la víspera de los incidentes de Vitoria —«la calle es mía»—. Los partidarios del régimen franquista, y muy particularmente la extrema derecha —que se alza, como ya hemos visto, contra la irrupción de otros grupos en un espacio que ella considera suyo—, comparten esta concepción patrimonial del bien público. Ante semejante omnipotencia estatal, apenas queda espacio para la expresión de las divergencias, de modo que el camino por el que debe transitar la reforma se revela muy angosto.

El tono cambia en julio de 1976 al ser nombrado nuevo ministro de la Gobernación Martín Villa, un nombramiento que además irá acompañado de una drástica transformación del lenguaje político que emplea el gobierno. «A los quince días ya habíamos introducido un lenguaje oficial que no tenía nada que ver con el lenguaje de la situación inmediatamente anterior», recuerda Landelino Lavilla[22]. Nada más llegar al poder el joven gabinete, se expresará con toda claridad el objetivo democrático del Ejecutivo, un objetivo que por lo demás es muy sencillo, ya que consiste básicamente en organizar unas elecciones libres antes del verano de 1977 y en nombrar un parlamento constituyente. El elemento que integra el núcleo mismo del «sistema político democrático» que anuncia Suárez en la declaración programática del 16 de julio es un «orden de libertad», entendido como «garantía de los derechos y las libertades cívicas», dado que la prioridad legislativa del gobierno radica en «reconocer y garantizar el ejercicio de las libertades públicas, corrigiendo las normas que las restrinjan», y en «asegurar el ejercicio responsable de la libertad de expresión como condición básica para que la sociedad pueda manifestar su pluralismo natural». En este nuevo marco teórico, el «ámbito de lo ilícito [se reduce] a lo que atente a la libertad de los demás y a la unidad, la independencia y seguridad del Estado»[23]. En la dialéctica que opone el orden a la libertad, lo que prima no es ya el orden, sino la libertad.

Al mismo tiempo, Suárez tranquiliza inmediatamente a la población al dejar patente su voluntad de hacer respetar el orden público al afirmar que «el reconocimiento del pluralismo, la garantía de las libertades y el ejercicio de los derechos solo podrán consolidarse en un clima de autoridad y serenidad»[24]. Las palabras clave de este periodo son las de «serenidad» y «firmeza», voces claramente representativas del doble discurso que se efectúa, de manera tan recurrente como omnipresente, en los momentos delicados: el ministro del Interior, al reafirmar la autoridad del Estado, pondrá en lo sucesivo buen cuidado en asociar sistemáticamente el irrenunciable objetivo de la democratización a esa característica estatal. Esto es lo que se aprecia, por ejemplo, en el comunicado que emite el consejo de ministros tras el asesinato de Juan María de Araluce, perpetrado por ETA en octubre de 1976, ya que, si por un lado el gobierno ofrece todas las garantías de seguridad al sostener que «actuará con toda firmeza para garantizar la paz y la convivencia ciudadana y el orden público por todos los medios a su alcance», por otro, solicita al mismo tiempo «la colaboración de las fuerzas sociales, de los grupos políticos, de los medios de información y de los ciudadanos todos para proseguir el proceso político de democratización iniciado»[25]. El hecho de que el gobierno se niegue a declarar el estado de excepción es otro indicio de este viento democrático. Martín Villa refiere que, ya en marzo de 1976, tras los incidentes de Vitoria, y al hallarse Fraga ausente —dado que se encontraba de visita oficial en Alemania—, Arias renunció a declarar el estado de excepción debido a la intervención de Suárez —por entonces ministro secretario general del Movimiento y suplente de Fraga—, de Osorio y de él mismo[26]. Esta línea de comportamiento se mantendrá con posterioridad, incluso durante la crítica «Semana Negra» de enero de 1977.

Con todo, el reconocimiento de las libertades queda limitado debido al objetivo que acaba de anunciar Suárez, conducir al país a unas elecciones libres, «pacíficamente, sin revoluciones y sin traumas»[27]. Pese a que el objetivo deseado sea fácil de enunciar, para Landelino Lavilla llevarlo a buen puerto era un «proceso delicado», «que requería muchos dedos, requería tener pulso y sensibilidad»: en primer lugar, para que «las instituciones que íbamos a desmontar, aceptaran ser desmontadas», y después para que los que querían «romper todo aquello y volver a empezar desde cero, sin embargo se incorporaran a las proposiciones que les habíamos hecho»[28]. Un informe de Enrique de la Mata, ministro de Relaciones Sindicales, afirma que la condición que pone el gobierno para acometer la reforma de las Leyes Fundamentales pasa por verificar que sean absolutamente necesarias para la creación de un parlamento libremente elegido, que será después quien deba encargarse de redefinirlas[29]. En este sentido, la tarea de Martín Villa es crucial. En su ministerio confluyen tres frentes esenciales: el relacionado con la organización de las futuras elecciones, dado que esa cartera se halla al frente de la madeja de la administración territorial; el asociado con la aplicación de la nueva legislación sobre las libertades de reunión y de asociación; y el vinculado con el mantenimiento del orden. «Mantener la calle en paz mientras se pactaba la reforma política con las dos oposiciones no era fácil», refiere Osorio[30]. De hecho, más allá de la intensa preocupación que sentía Martín Villa por el mantenimiento del orden —«Yo he sido siempre […] bastante abierto en el campo de las libertades y bastante estricto en el campo del orden», recuerda[31]—, los factores que predominan al tratar de resolver el dilema entre el orden y la libertad son el pragmatismo y la flexibilidad. Esta posición que, estando basada en objetivos democráticos, conserva no obstante esas virtudes de pragmatismo y flexibilidad en la gestión cotidiana se halla presente en las instrucciones que Martín Villa dirige en enero de 1977 a los siete nuevos gobernadores civiles que se disponen a tomar posesión de su cargo tras ser nombrados por indicación suya. Se trata antes que nada de «ser flexibles en las ideas», les recomienda, sin dejar en ningún momento de procurar el objetivo principal, que no es otro que el de instaurar «una verdadera y real soberanía política», un objetivo «tan alto, tan admirable» que inevitablemente habrá de «tropezar con los extremismos de todos los signos» y con «las dificultades que todos los días van surgiendo normalmente en la calle», a las que conviene responder con serenidad[32].

Vemos por tanto que, hasta la constitución del Parlamento democrático y del segundo gobierno de Adolfo Suárez, legitimado ahora por las elecciones libres del 15 de junio, la política del mantenimiento del orden oscila entre los reflejos autoritarios del régimen anterior y los impulsos propios de la democratización. Sin embargo, más allá de los principios, lo que guía la práctica cotidiana del mantenimiento del orden es el pragmatismo. Y buen ejemplo de ello es la cuestión de la amnistía.

Los retos de la amnistía

Da la impresión de que en estos primeros compases de la transición, la amnistía, más que operar a la manera de un símbolo de la reconciliación nacional, viene a ser la condición de posibilidad de la reforma misma. Esta no podrá materializarse, y menos aún aspirar a la legitimidad, mientras no se proceda a la puesta en libertad de los presos políticos retenidos en las cárceles franquistas y en tanto no se den las circunstancias precisas para que los exiliados que tuvieron que huir de la represión de la posguerra puedan regresar a su tierra natal sin ninguna inquietud. Esta es la razón de que, en 1976, la oposición reivindique con toda intensidad que se proceda a amnistiar a los presos por los delitos políticos y subsiguientes penas dictadas por el régimen anterior. Y lo cierto es que, frente a esta presión popular, la puesta en libertad de los presos políticos se gestionó de manera realista.

a) Las medidas de gracia del rey (noviembre de 1975)

El «deseo de paz y entendimiento […], de concordia nacional» que expresa Juan Carlos I desde el principio, ya desde su entronización[33], se traduce inmediatamente en la adopción de una serie de medidas de gracia concedidas con motivo de su proclamación como rey de España, en noviembre de 1975. El decreto de indulto, que es un primer paso simbólico con el que la Corona indica que tiene intención de promover la «convivencia solidaria y pacífica entre todos los españoles»[34], se presenta asimismo como un homenaje a la figura de Franco y a los once indultos que jalonaron su régimen[35].

En realidad, el indulto del rey afecta menos a los presos políticos que a los comunes, que se benefician de una reducción de penas de tres años como mínimo. De acuerdo con las cifras de la institución judicial, 8215 presos comunes serán puestos en libertad entre noviembre de 1975 y junio de 1976, lo que permite reducir la población carcelaria aproximadamente a la mitad. En cambio, solo 688 presos políticos obtienen la libertad, mientras que 85 se benefician de una reducción de condena[36]. A la puerta de la cárcel Modelo de Barcelona o de la de Carabanchel, en Madrid, tienen lugar diferentes escenas emotivas, sobre todo en el momento en el que Marcelino Camacho y sus compañeros de CC. OO., condenados en el «proceso 1001» en diciembre de 1973, recuperan la libertad, aclamados por la muchedumbre que acude a recibirles[37]. Por consiguiente, y a pesar de que el indulto del rey abra efectivamente unas cuantas compuertas a la libertad y constituya un primer paso hacia la reconciliación, también es preciso señalar que esa apertura es muy restringida. Quedan excluidos de ella los condenados a muerte y los juzgados en nombre de la legislación antiterrorista, lo que equivale a la cuasi totalidad de los presos vascos y a un gran número de militantes comunistas y de extrema izquierda. Una circular del fiscal del Tribunal Supremo precisa específicamente que los delitos de terrorismo y su apología quedan excluidos del ámbito de aplicación del decreto[38]. Además, el indulto, contrariamente a la amnistía, no anula la culpabilidad del condenado, solo le dispensa de la obligación de cumplir íntegramente su pena. Por consiguiente, no permite el regreso de los exiliados que han huido de la ley ni la rehabilitación social de los trabajadores condenados. Tampoco cuestiona la validez del juicio ni la legitimidad de la legislación que se aplicó en su momento. Por todo ello, es incapaz de calmar la sed de justicia de las personas reprimidas por el franquismo —y ahí encontrará su origen la explosión del número de movilizaciones populares que se registra a lo largo del año 1976 en favor de la amnistía—. «Este indulto no libera a casi nadie de los presos políticos y no permite regresar a los exiliados», declarará Camacho al salir de prisión. «No solo no cierra la perspectiva de enfrentamientos, sino que la deja intacta. Todas las formas de actuación, de movilización, todas las posibilidades bajo todos los aspectos posibles constituyen ahora una necesidad vital. El conseguir la amnistía es una necesidad de todo el país, no sólo de las familias de los presos»[39].

b) La amnistía del 30 de julio de 1976

El gobierno de Arias Navarro presta oídos sordos a la presión popular, pese a que esta alcance proporciones inéditas en la primavera de 1976[40]. De hecho, esa presión será proporcional al espectacular incremento de las detenciones por delitos políticos que se observa en los dos primeros años de la transición. En este primer periodo, distribuir propaganda de un partido ilegal, participar en la reunión de un sindicato clandestino, asistir a una manifestación «no pacífica» —es decir, prohibida—, exhibir una bandera regional, o criticar verbalmente las Leyes Fundamentales del Estado son motivos suficientes para que las fuerzas policiales procedan a detener al que realiza estas acciones, reteniéndole por espacio de tres días enteros en comisaría. Las cifras que ofrece la Dirección General de Seguridad revelan un aumento significativo de este tipo de detenciones: de los apenas tres mil detenidos que se registran en 1975, se pasa a cerca de cuatro mil en 1976, y a casi 4400 en 1977, lo supone un aumento del 40 % en dos años[41]. Estos datos reflejan a un tiempo el incremento que conoce la conflictividad sociopolítica en los dos primeros años de la transición —con la explosión del número de manifestaciones, la salida de los partidos políticos de la clandestinidad y la ebullición sindical— y el mantenimiento de unas prácticas represivas propias del régimen anterior. El análisis del número de procedimientos judiciales que abre el Tribunal de Orden Público lo confirma, dado que entre 1974 y 1976[42] esa cifra se multiplica por dos —antes de la supresión de dicho tribunal—. El número de investigaciones abiertas por delitos contra la seguridad interior del Estado revela la misma tendencia, dado que entre 1975 y 1977 se multiplica prácticamente por tres[43]. Muchos de estos procesos judiciales continúan saldándose con sentencias no absolutorias, puesto que en 1977 la jurisdicción militar condena a 124 civiles, y a 148 en 1978[44]. La magnitud de estas cifras contribuye a explicar que la bandera de la amnistía tenga tanta capacidad de movilización y resulte tan popular. Según un sondeo del Instituto de la Opinión Pública entregado a los dirigentes políticos en julio de 1976, el 67 % de los españoles son favorables a una amnistía[45].

Esta formidable aspiración popular recibirá respuesta positiva con la llegada del gobierno de Adolfo Suárez. Para Suárez, el decreto de esa amnistía es una forma de ganarse a las masas reformistas y de ofrecer a la oposición una muestra de su voluntad de cambio. En su declaración programática del 16 de julio de 1976, Suárez anuncia la inminente declaración de una amnistía destinada a lograr «una auténtica reconciliación nacional y a superar diferencias y contradicciones alcanzando unos niveles de convivencia suficientemente positivos»[46]. El decreto-ley de amnistía relativo a «todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión», con la única excepción de aquellos que hubieran «puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas», se promulga tras el consejo de ministros celebrado el 30 de julio de ese mismo año en La Coruña[47].

Una circular del fiscal del Tribunal Supremo precisará poco después el ámbito de aplicación, ateniéndose a una «interpretación extensiva». En varias ocasiones, el magistrado insistirá en «el espíritu amplio» y en la «línea de generosidad» del decreto[48], cuyo preámbulo queda presidido por la corona, en su determinación de «promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación»[49]. El fiscal del Tribunal Supremo abundará en este mismo sentido al solicitar a los magistrados que entiendan la ley desde una perspectiva capaz de abarcar «el conjunto de actos de clemencia y de olvido que se han dictado, tendentes a la conciliación nacional para conseguir una pacífica convivencia de los españoles y allanar el camino hacia la plena normalidad democrática»[50]. Por consiguiente, la amnistía incluye las infracciones de opinión (no solo los delitos de prensa y de imprenta, de propaganda ilegal y de reunión y manifestación ilícita, sino también los insultos, ultrajes y calumnias) y las transgresiones de intención política (no solo los delitos contra el Estado o sus instituciones, sino también todos los de «carácter político-social», es decir, los que atentan contra la seguridad interior y exterior del Estado). La interpretación tolerante del decreto se aplica también a los delitos de terrorismo, a condición de que no hayan puesto en peligro la vida de nadie, razón por la que la amnistía incluye los delitos que inciden en los bienes materiales o guardan relación con la tenencia de armas.

Los únicos delitos de intención política que quedan finalmente excluidos de la amnistía son aquellos que han puesto directamente en peligro la vida de una o más personas. Landelino Lavilla, ministro de Justicia y encargado de la redacción del proyecto de ley, me explicó que esa limitación se correspondía con la relación de fuerzas de la época. Había que calibrar «las audacias que toleraba la situación en cada momento». «Medimos nuestra posición, nuestra capacidad, nuestra autoridad, nuestra fuerza, la capacidad de asimilación social, la capacidad de aceptación de las personas afectadas», recuerda el ministro. La amnistía se correspondía, en primer lugar, con la voluntad de mostrar «que íbamos a una operación de entendimiento, de recuperación de la reconciliación entre todos los españoles», un poco al modo de una garantía de credibilidad para los objetivos democráticos del gobierno, pero obedecía también, en segundo lugar, al imperativo de no provocar más problemas, sobre todo entre los militares[51]. En esta fase inicial de la transición no podía considerarse siquiera la eventualidad de poner en libertad a los individuos que apenas un año antes habían sido condenados a muerte en consejo de guerra. Esta «natural excepción de los delitos que, por su carácter atroz, no pueden ni deben ser dados al olvido», por emplear las palabras del fiscal del Tribunal Supremo[52], encajaba además con las aspiraciones de la sociedad, si aceptamos los datos del sondeo de opinión mencionado más arriba, dado que entre la población favorable a la amnistía, el 45 % pensaba que no debía aplicarse a quienes hubieran causado lesiones físicas[53]. «Se ha ido hasta el límite», concluye Lavilla en sintonía con el editorial de El País, diario que afirma estar ante «la mejor de las [amnistías] posibles, aunque no la más amplia de las deseables»[54].

La amnistía va más lejos que el indulto, en el sentido de que, además de borrar los efectos de la pena, se asocia con el olvido del delito y con la extinción de la responsabilidad penal. Supone un significativo paso adelante hacia la reconciliación nacional. No obstante, los comentaristas coinciden en señalar, con el fiscal del Tribunal Supremo, que no se llevó «a sus últimas consecuencias»[55]. En efecto, la amnistía no condujo a la abolición de un sistema de sanciones del que sin embargo se renegaba, ni a ninguna indemnización ni restitución. De este modo, y a pesar de que los procedimientos judiciales en curso en los que viene a incidir la amnistía se salden con un sobreseimiento inmediato, seguirá existiendo la posibilidad de abrir nuevos juicios en virtud de los mismos delitos, dado que la legislación en vigor continúa sancionándolos. A juicio de Osorio, se trata por tanto de un «planteamiento híbrido entre la amnistía y el indulto» que no implica que «ante hechos nuevos, normativa nueva, sino normativa vigente». Según parece, Suárez habría confesado incluso que, en realidad, lo que hicieron fue «conceder un indulto al que le vamos a llamar amnistía»[56]. El preámbulo de la ley tampoco oculta que se trata de una norma inscrita en una continuidad cronológica que reivindica el legado de Franco, dado que se presenta como el punto culminante de «las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles» —en referencia explícita a los sucesivos decretos de indulto promulgados por el dictador[57].

Esta importante limitación simbólica, así como la exclusión de la práctica totalidad de los militantes de ETA, justifica las reacciones críticas del PCE, el PNV o CC. OO., que anuncian su intención de proseguir con la lucha «hasta que el último preso político salga de la cárcel»[58]. Sin embargo, en la primavera de 1977 no quedan ya muchos presos de esa índole. Según el Tribunal Supremo, si el 1 de junio de 1976 quedaban todavía 373 presos políticos entre rejas, el 30 de marzo de 1977 eran ya únicamente 86. En realidad, 330 se beneficiaron de la amnistía, pero 43 permanecieron recluidos por otros delitos[59]. De los 287 presos amnistiados y puestos en libertad, la mitad (49 %)[60] habían sido encarcelados por haber tratado de eludir el servicio militar —acusados de deserción o por ser objetores de conciencia, víctimas de la severidad de la jurisdicción militar—. La cuarta parte del total (24 %) está formada por individuos condenados por delitos de terrorismo, lo que constituye un índice de la relativa clemencia de las instancias encargadas de aplicar el decreto. A esta porción le sigue otra, nada desdeñable, integrada por los disidentes políticos que han sido acusados de pertenencia a partidos o sindicatos ilegales, comunistas en la mayoría de los casos, imputados por asociación ilícita (13 %). Por otra parte, el 3 % se encontraban en prisión por delitos de resistencia o de agresión a los agentes de los cuerpos armados, lo que refleja la conflictividad de las manifestaciones de la época. Por lo demás, la ley de 1976 permitió el regreso paulatino de los exiliados, que de este modo podrán volver a pisar el suelo de su tierra natal.

A pesar de las ochenta personas culpables de la comisión de delitos políticos que permanecen en prisión, el gobierno considera cerrada la cuestión de la amnistía, dado que, como refiere Lavilla, no es posible volver a poner sobre la mesa ese asunto, so pena de no poder continuar gobernando, ya que la gestión pública resultaría irrealizable «si el que mata hoy sabe que puede ser amnistiado»[61]. No se trata en modo alguno de ceder a las movilizaciones populares que continúan produciéndose, de forma claramente más heterogénea, en favor de una amnistía total. Una de las circulares que Martín Villa envía a los gobernadores civiles a finales de 1976 proporciona instrucciones extremadamente claras a este respecto: «la petición de amnistía en todas sus variantes no podrá volver a ser objeto de ninguna reunión o manifestación»[62]. En lo sucesivo, esta tarea quedará reservada al futuro parlamento, al que le corresponderá acordar las medidas adecuadas para conseguir una auténtica reconciliación nacional: de ahí saldrá justamente la ley de octubre de 1977. Sin embargo, también en este caso el gobierno de Adolfo Suárez revelará ser más pragmático y flexible de lo que sus presupuestos teóricos permiten presagiar.

c) Las medidas de gracia posteriores: la espina política vasca

En efecto, las medidas adoptadas con posterioridad ampliarán el ámbito de aplicación de la amnistía. Ya en marzo de 1977, un decreto-ley, que se presenta como un simple retoque técnico, vendrá a poner remedio a una deficiencia del decreto de julio, simplificando al mismo tiempo su aplicación[63]. A pesar de esta ampliación, el 1 de junio de 1977 quedan todavía 38 presos encarcelados por razones políticas[64] —la mayoría de ellos vascos—. Ahí es donde viene a incidir el «grave problema político» que menciona Lavilla. En efecto, Suárez comprende rápidamente la espina que suponen esos presos vascos, dado que hay grandes masas de personas que organizan manifestaciones de potente repercusión internacional para reclamar su liberación. Para que la reforma iniciada cuente con un crédito democrático impecable a los ojos del mundo occidental, no debe quedar un solo preso político entre rejas[65]. Esta es la razón de que Suárez pida a su ministro de Justicia que encuentre una fórmula jurídica que permita poner en libertad a los últimos presos vascos, sin que ello suponga tener que revisar el decreto de amnistía. La fórmula a la que se recurre, aprobada en consejo de ministros el 20 de mayo de 1977, consiste en conceder una serie de medidas de gracia individuales en función de una modalidad jurídica que faculta al Ejecutivo para conmutar las penas de prisión por el envío de los afectados al exilio. La operación, «dura y audaz», es compleja, ya que se hace necesario negociar individualmente cada caso, encontrar países de acogida y fletar aviones para cerca de cuarenta presos[66]. Se trata en todo caso de una medida estrictamente política, y en ella no intervendrá ningún juez. Puesta prudentemente en práctica, la fórmula permitirá que los últimos etarras encarcelados vayan saliendo progresivamente de prisión sin provocar grandes revuelos políticos. Así el 15 de junio, día de las elecciones, no queda ya un solo preso político en España. La perspicacia política de Suárez queda aquí patente, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo que sortear las vivas reticencias de algunos de sus ministros —y no solo la oposición que ya podía darse por supuesta (es decir, la de los ministros de profesión militar), sino también la de Osorio—. Es preciso señalar además que el día 20 de mayo, fecha en la que se adoptan estas medidas, ETA secuestra al empresario Javier Ybarra, en un hiriente desafío a la clemencia gubernamental. De hecho —y en este sentido Landelino Lavilla reconoce la «ingenuidad» del gobierno—, al día siguiente de su envío al exilio, los militantes cruzarán la frontera en sentido inverso. Algunos de ellos tendrán que ser detenidos por haber violado la pena impuesta y acabarán volviendo a las celdas al poco de haberlas vaciado el gobierno.

La crónica de estos indultos sucesivos es una perfecta personificación de las modalidades de acción de los primeros gobiernos de la reforma, ya que las medidas se sitúan entre la afirmación de los principios democráticos, la imposición de límites a la continuidad del franquismo y una gestión pragmática sometida a las vicisitudes coyunturales del momento. Además, la política del mantenimiento del orden depende de la percepción del enemigo y de la forma en que este determina sus ejes prioritarios. Durante esta primera etapa, anterior a la creación de un parlamento, los perfiles que definen al enemigo, que no solo proceden de conceptos heredados del régimen anterior sino que todavía no han podido adaptarse a los nuevos objetivos democráticos, se centran en la existencia o no de una subversión social y política[67].

II. La lucha contra la subversión social

II. LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN SOCIAL

La dictadura de Franco opondrá a las alteraciones del orden de la década de 1930 y a la anarquía de la Segunda República —que había sido, según la propaganda franquista, el origen de la Guerra Civil— un régimen de orden fundado en la represión de la subversión sociopolítica y en un severo control de la sociedad, estrictamente enmarcada en las estructuras corporativistas del Movimiento Nacional, menos interesadas en movilizar a la población para ponerla al servicio de la causa nacionalista que en someterla y relegarla a la esfera doméstica y privada. Al hallar su fundamento en la victoria militar, en la exclusión del enemigo y en la división, el régimen intentará encontrar, durante la década de 1960, una nueva fuente de legitimación más adaptada a las evoluciones de la sociedad. En 1964, el régimen celebra con gran pompa los «XXV Años de Paz» que lleva viviendo España desde 1939, otorgándose de este modo una nueva legitimidad «de ejercicio»[68] que resalta la prosperidad socioeconómica. Pero no debemos dejarnos engañar, esa «paz», que pretende ser reconciliadora, es antes que nada sinónimo de orden social. El orden de la paz franquista es lo contrario del desorden, dado que la tranquilidad de la vida social se opone a los alborotos del conflicto. En esta visión premoderna de la sociedad, el menor sobresalto se percibe como un atentado al orden franquista. No obstante, los conflictos del trabajo explotan ya en los primeros años de la década de 1960, multiplicándose después a lo largo de los dos lustros inmediatamente posteriores y generando con ello un gran número de situaciones de conmoción en el espacio público. De este modo, su control se erige en eje prioritario de la política del mantenimiento del orden, tanto para los últimos gobiernos del franquismo como para los primeros Ejecutivos de la transición, que se verán enfrentados entre los años 1976 y 1977 a un país en ebullición.

La estrecha vigilancia de los conflictos laborales

La confusión de los ámbitos social y político llega entonces a su punto culminante, dado que el conflicto social se percibe como un «desafío político frontal», por emplear aquí las palabras que pronuncia Fraga en relación con la ofensiva llevada a cabo por Comisiones Obreras en el invierno de 1976. A su juicio, «sólo sería enemigo el que buscara la subversión social»[69], afirmación que da fe de su visión agresiva y amenazadora del conflicto social, una postura que llevará a los dirigentes a asimilar con la violencia el menor síntoma de agitación social. Como ministro de la Gobernación, Fraga asocia con frecuencia, en una misma diatriba, a los delincuentes, los terroristas y los sindicalistas, advirtiéndoles a todos de que el Estado tiene la firme voluntad de contenerlos: «sépanlo de una vez por todas los criminales, los secuestradores, los agentes y complices de la subversión y también los que organizan algaradas sociales, los que se ven arrastrados a ellas y los que, por su cuenta, y con sus especiales procedimientos, quieran intentar reprimirlas»[70]. En el informe que emite en 1976 el fiscal del Tribunal Supremo se observa la misma amalgama, ya que en él se señala la preocupación que sienten los fiscales provinciales respecto de un conjunto de «datos negativos» en los que el terrorismo se mezcla con los conflictos sociales: «atentados terroristas, atracos, aumento de la delincuencia violenta, huelgas ilegales, con frecuente apoyo de gupos o piquetes de coacción, abuso del derecho de manifestación, con acompañamiento de tumultos y desórdenes públicos […], deterioro de la moralidad pública…»[71]. Martín Villa también prestará una particular atención al orden social, aunque reconoce que ese enfoque deriva de su larga carrera en el Sindicato Vertical y de su breve experiencia al frente del Gobierno Civil de Barcelona. Era preciso «impedir el desbordamiento en el ámbito laboral», dado que, «seguía siendo predominante la preocupación por el orden público, cuyas más graves y notorias alteraciones procedían precisamente del ámbito laboral»[72].

Según admite sin dificultad el propio Martín Villa, esta obsesión con la subversión social explica que «la policía conociera mejor las actividades de Comisiones Obreras que las de ETA»[73]. Salvador Sánchez-Terán, gobernador civil de Barcelona entre 1976 y 1977, confirma en sus memorias la eficacia de las redes de inteligencia de la policía: «los canales de información de la brigada especializada eran muy buenos. Casi todas las huelgas decretadas por la izquierda eran conocidas por el Gobierno Civil con varios días de antelación», refiere[74]. Los archivos dan fe de esta estrecha vigilancia. Los conflictos laborales, las huelgas y los movimientos sindicales ocupan ahora un espacio más amplio en los informes de los Gobiernos Civiles que las actividades de los grupos terroristas, al menos hasta el año 1979, fecha en la que una instrucción ministerial vendrá a modificar sustancialmente ese estado de cosas. Pero en tanto no se produzca esa instrucción, dichos informes consagrarán la primera y más importante parte de sus consideraciones a «la información sobre la situación general de la provincia», dividida en tres subsecciones —política, social y económica—. La información política, que es la más sustancial, reserva una parte prioritaria de su contenido a los conflictos sociopolíticos, sobre todo a aquellos que afectan al «sector enseñanza»[75], dado que los conflictos laborales son objeto de un apartado específico en el que se expone detalladamente el desarrollo de las huelgas y los conflictos, empresa por empresa. Los Boletines Informativos que elabora de forma cotidiana la Dirección General de Seguridad obedecen a un modelo muy parecido, un modelo que pone de manifiesto la importancia prioritaria que tienen los conflictos sociales en la gestión política[76]. Las Memorias del Gobierno Civil de Madrid, configuradas sobre la base de las Brigadas Regionales de Información y confeccionadas asimismo con las notas de los delegados del Ministerio de Información y Turismo —conservadas en los fondos del Gabinete de Enlace creado por Fraga—, también se ocupan en la mayoría de los casos de los incidentes laborales, las huelgas, los pedidos de desalojo de las fábricas, las reuniones sindicales y las manifestaciones. Estos informes constituyen un claro testimonio de la estrecha vigilancia a la que se hallaban sometidos los escenarios universitarios y sindicales.

En mayo de 1975, a finales del franquismo, el régimen se había decidido a reconocer, si no el derecho de huelga, sí al menos la legitimidad del conflicto social y de su resolución mediante la convocatoria de una huelga[77]. La huelga, que hasta ese momento había sido considerada un delito sancionado como acto contrario al orden público[78], entra a partir de esa fecha en un periodo de mayor permisividad, pese a que siga limitada a motivos estrictamente profesionales en el único seno de la empresa. La ocupación de las fábricas y la incitación a la huelga continuarán prohibidas, y lo mismo sucederá con las huelgas solidarias o las emprendidas por razones políticas. Será preciso esperar al mes de marzo de 1977 para ver aparecer nuevos dispositivos legales capaces de reconocer que la huelga es un derecho. Sin embargo, el nuevo decreto-ley conservará algunas limitaciones que se inscriben en una línea de continuidad con el franquismo. Se sigue considerando que la huelga es ilegal tanto si obedece a «motivos políticos» como si pretende ser «de solidaridad o apoyo»[79] a otras protestas, y por otra parte se sigue reprimiendo con severidad la acción de los piquetes. La reforma del Código Penal de julio de 1976 consagrará incluso a este particular un artículo específico en el que se condena a penas de prisión incondicional a todos los que se «autodenominan “piquetes de extensión de huelga”, y que maltratan o intimidan a los trabajadores», dado que ese proceder significa «no sólo una ofensa a la libertad del trabajo, sino también al mismo derecho a la huelga, que descansa en la libertad personal del trabajador»[80]. En la circular que hace llegar a los gobernadores civiles en septiembre de 1976, Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales y ahora titular de la cartera de Gobernación, incluirá una serie de severas instrucciones relativas a los integrantes de esos piquetes, puesto que ordena a las autoridades que procedan «a su detención y retención durante 72 horas» —lo que significa agotar la máxima duración legal de la detención preventiva—, antes de ponerlos a disposición del juez[81]. Esa instrucción, destinada a frenar la influencia de los delegados sindicales más radicales, adopta una tonalidad punitiva que revela que las mentalidades siguen discurriendo por los derroteros que hemos señalado anteriormente, es decir, se continúa percibiendo que algunos perfiles del conflicto social constituyen en realidad un desorden intolerable[82].

Y es que, en este inicio de la transición, las huelgas dirimen también algunos envites directamente políticos. Las fuentes recogen esta dimensión al distinguir las huelgas políticas de las huelgas sociales o profesionales. De este modo, el Gobierno Civil de la provincia de Álava enumera en 1976 la incidencia de 108 conflictos sociales de motivación estrictamente política —lo que representa un 42 % de los casos—. Esos conflictos son muchas veces una respuesta a la brutalidad policial, dado que la muerte de un manifestante puede desencadenar la convocatoria de una o más «jornadas de lucha», como sucederá en 1976 en Fuenterrabía. Los acontecimientos que se producen en Vitoria en marzo de 1976 también darán lugar a una conmemoración anual que se traducirá, entre otras cosas, en la convocatoria de una huelga general —huelga se reproducirá al menos hasta el año 1980[83]—. Otro tanto cabe decir de la conmemoración por la que la extrema izquierda coincide en recordar, todos los 27 de septiembre, las últimas ejecuciones franquistas —conmemoración que también se materializará a través de un llamamiento a la huelga—. Por otra parte, las huelgas son una de las modalidades de acción predilectas de la oposición democrática —sobre todo en el caso del Partido Comunista, que controla a CC. OO.—, dado que con ellas se pretende empujar al régimen a la ruptura. La «huelga general pacífica», en tanto que forma moderna del levantamiento nacional y popular, debía provocar el desmoronamiento del poder. Esa es justamente la apuesta política que se observa con ocasión de la huelga general que convocan el 12 de noviembre de 1976 el conjunto de los sindicatos. Martín Villa afirma que se dio cuenta inmediatamente de la «gravedad» de aquella convocatoria, dado que «podía constituir un serio ataque contra la reforma política y a la vez un fuerte pulso de la oposición». Martín Villa dirigirá con energía y rapidez la batalla contra la huelga, poniendo en marcha un dispositivo impresionante, capaz de responder a la importancia del desafío. Recomienda a los gobernadores civiles que se muestren muy severos con los piquetes de huelga, indicándoles que deben proceder a la detención del mayor número posible de agitadores, imponiéndose en cualquier caso multas elevadas[84]. En efecto, el reto político tiene también una vertiente de fuerte contenido simbólico, como ilustra la importancia que se concede a los servicios públicos, y, muy particularmente, al metro de Madrid: «si se lograba que funcionase el Metro de Madrid, la huelga constituiría un fracaso», señala el ministro[85]. De este modo, la clave de la victoria del combate simbólico por el control del espacio público, y consiguientemente por la obtención del poder —la victoria en el combate que enfrenta al gobierno de Adolfo Suárez con la oposición de izquierdas—, reside en el buen funcionamiento de esa encarnación del servicio público. Al prohibir y penalizar las huelgas políticas o de solidaridad con otras causas, el gobierno intenta mantener a raya las tentaciones rupturistas de los partidos de la oposición.

La reforma sindical llevará todavía más tiempo, dado que en la etapa de Arias Navarro permanece congelada en su fase de simple proyecto. Sin embargo, la propuesta de Martín Villa contará con el visto bueno del propio Fraga, que en abril de 1976 tendrá la osada iniciativa de autorizar la celebración del XXX congreso de la UGT en Madrid, el primero desde la Guerra Civil. Sin embargo, el espectáculo de las masas congregadas con el puño en alto y cantando a coro la Internacional no conseguirá más que reforzar la decidida oposición de las figuras más tradicionalistas del gabinete[86]: en octubre de 1976, el general Fernando de Santiago, vicepresidente del gobierno, dimite tras enterarse de que el gobierno está a punto de legalizar los sindicatos[87]. La cuestión sindical también constituye un importante reto simbólico, dada la naturaleza eminentemente política de la estructura del Movimiento Nacional —un partido único con representación política en las Cortes que se halla además a la cabeza de una pirámide de organizaciones sociales—. Además, el sindicalismo español de oposición estaba dominado por partidos marxistas, socialistas y comunistas, es decir, por los eternos enemigos de la ultraderecha, contra los cuales se había levantado el bando nacional en 1936. Por esta razón habrá que esperar a la primavera de 1977, una vez promulgada la Ley para la Reforma Política y afianzado el proceso de transformación mismo, para asistir al desmantelamiento del Sindicato Vertical. Y habrá de esperar hasta después de legalizado el Partido Comunista para que puedan dotarse de existencia jurídica los sindicatos de la oposición[88].

Controlar el espacio público, una obsesión

Lo que se propone el control de la «subversión social» con la estrecha vigilancia de los conflictos laborales es dominar la ocupación de la esfera pública. Como señala el gobernador civil de Barcelona, en tiempos del franquismo, «en la conciencia ciudadana, y de forma muy arraigada en la de las autoridades, se había impreso a lo largo de esos años la equiparación de desorden público a la presencia de las masas en la calle»[89]. La calle, «la famosa calle, cuya seguridad debe garantizar todo gobierno digno de este nombre», según las palabras de Fraga[90], es uno de los retos de la conquista simbólica del poder, y no solo para los partidos políticos que se enfrentan entre sí para arañar una parcela de ese poder, sino también para el Estado y los dirigentes encargados de la reforma, que ven que la movilización popular de los años 1976 a 1977 constituye una contestación a su autoridad. Esta es la razón de que la reforma de la normativa relacionada con las reuniones y las asociaciones —pese a haber sido colocada en el frontispicio de los proyectos de liberalización— tope ahora con un conjunto de fuertes restricciones que no conseguirán eliminarse sino de forma progresiva.

a) La regulación del derecho de reunión y manifestación

La primera ley liberalizadora que somete a votación el gobierno de Arias Navarro afecta al derecho de reunión, un derecho que las Cortes franquistas habían reconocido en mayo de 1976[91]. Uno de los avances que se introducen en esa norma es el del respeto a las reuniones que se califican de privadas, es decir, aquellas cuya verificación se limita al ámbito doméstico —dado que esas reuniones quedan excluidas de la normativa—. Por otra parte, las reuniones públicas que se celebran en un espacio cerrado no necesitan ya del requisito previo de una solicitud de autorización, dado que ahora basta con notificarlas previamente al Gobierno Civil de la provincia. En cambio, las manifestaciones siguen precisando la autorización del gobernador civil, autorización que debe solicitarse con diez días de antelación. La posterior reforma del Código Penal precisará los límites del carácter lícito o ilícito de la reunión, declarándose ilegales las que atenten contra la moral pública, las que se propongan cometer un delito, las que sean prohibidas por la autoridad competente, y las que tengan una deriva violenta. Por consiguiente, deja de considerarse que las manifestaciones ilícitas sean de índole «no pacífica», como ocurría durante en régimen anterior. Se precisa además en qué consiste el carácter violento de una manifestación, limitándose esa categorización a «aquellas a las que concurra un número considerable de personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso». Estas manifestaciones podrán dar lugar a la imposición de penas de cárcel. No obstante, el legislador juzga que esta desregulación le lleva a asumir un riesgo importante, dado que su éxito depende de «la madurez del pueblo español y [de] su capacidad de autocontrol en el ejercicio del derecho de reunión»[92]. Este sentimiento de peligro es el que viene a justificar las medidas mediante las que se restringe de forma muy considerable el ejercicio del derecho reconocido, dado que la autoridad administrativa sigue disponiendo de un gran poder discrecional. Por ejemplo, pese a que la obligatoriedad de la presencia de la figura del delegado del gobierno en las reuniones celebradas en lugares cerrados haya quedado abolida, lo cierto es que se sigue permitiendo de facto su asistencia cuando «las especiales circunstancias de una reunión así lo aconsejen», facultándosele además para suspender la convocatoria si lo juzga conveniente. Además, el único recurso que cabe plantear en caso de que la solicitud de autorización de una manifestación sea rechazada no puede dirigirse a las instituciones judiciales, sino al ministro de la Gobernación. La autoridad administrativa tiene por tanto plenos poderes para determinar si una manifestación es oportuna o no y decidir después si debe dispersarse en caso de que estime que constituye un delito en función del Código Penal en vigor, o de que la juzgue susceptible de provocar una grave perturbación del tráfico o del orden público.

b) De la norma a su aplicación: los envites políticos de la manifestación

La legislación deja por tanto un amplio margen de maniobra a los gobernadores civiles, lo que a su vez abrirá la puerta a una aplicación arbitraria de la norma y obligará al ministro a transmitir a sus subordinados una serie de instrucciones destinadas a homogeneizar los criterios. Una primera circular, difundida por la Dirección General de Política Interior inmediatamente después de la promulgación de la ley, insistirá en el espíritu de «generosidad» y de apertura que debe presidir la aplicación de la ley, dado que no es deseable que se produzca una acumulación de prohibiciones del permiso de manifestación, sobre todo en un contexto político centrado en la emancipación democrática[93]. Sin embargo, en la práctica, la permisividad se aplicará fundamentalmente a las reuniones en espacios cerrados, y así lo confirman las cifras que ofrece el Gobierno Civil de Vizcaya, que señala que, de las 1424 reuniones legalmente celebradas en 1976, solo se prohibieron 64, lo que apenas representa el 4 % del total de reuniones conocidas oficialmente por las autoridades[94]. Por tanto, los actos políticos grupales que constituyen un desafío político y simbólico no son tanto las reuniones en lugares cerrados como las manifestaciones en el espacio público.

El gobierno de Arias Navarro persiste en prohibir las manifestaciones de carácter político, dado que la cláusula relativa al orden público prima sobre la apertura en el terreno de las libertades públicas. «Es criterio del ministerio de la Gobernación, en la actual circunstancia política no autorizar grandes movimientos de masas con objeto de reivindicaciones políticas», argumenta en esa época el Ministerio[95]. La reclamación de la amnistía es una de esas reivindicaciones. El gobernador civil de Barcelona informa de que Fraga se negó explícitamente, en dos ocasiones, a autorizar una manifestación pro-amnistía convocada por el conjunto de la oposición democrática de Cataluña el día 1 de febrero de 1976, dado que «ni el clima político a los dos meses de la muerte de Franco estaba para autorizar manifestaciones multitudinarias, ni el ambiente social crispado, de huelgas tensas, aconsejaban la presencia de masas en las calles y además el tema de la amnistía era específicamente inabordable en aquellos momentos»[96]. Otros acontecimientos llevarán asimismo la impronta de una fuerte carga simbólica y desembocarán en una negativa categórica por parte del ministerio de la Gobernación, como se apreciará por ejemplo los días 14 de abril, aniversario de la Segunda República, y primero de mayo; en algunas fiestas patrióticas regionales, como el Aberri Eguna vasco, celebrado en Semana Santa, o la Diada catalana de septiembre; o aun el 27 de ese mismo mes, fecha en la que se conmemoran las últimas ejecuciones del régimen franquista y que ha pasado a convertirse en símbolo de la represión.

En 1976, la combativa actitud con la que Fraga se empeñará en prohibir toda forma de celebración del primero de mayo a fin de que esa jornada no acabe transformándose en una victoria de la oposición revela a un tiempo los envites políticos asociados con la manifestación y los mecanismos que dan curso concreto a la represión. «Todo el mundo […] era consciente de la importancia decisiva que en el tenso proceso político que estábamos viviendo iba a tener el primero de mayo, tras la muerte de Franco», señala Salvador Sánchez-Terán. «Todos mirábamos la fecha del 1 de mayo, con su carga histórica en el movimiento obrero, como el test de la evolución pacífica hacia la democracia»[97]. En este combate simbólico por el control de la reforma, Fraga considera que «la presión de la izquierda extrema para frustrar la reforma es excepcional; quieren hacer una suprema prueba de fuerza con motivo del 1 de mayo. Hay que detener […] a sus hombres claves, entre ellos Camacho y Tamames», señala[98]. Así las cosas, el gobierno iniciará muy pronto sus preparativos, desde el mismo mes de abril. El día 3 de ese mes, los gobernadores civiles reciben una nota de la Dirección General de Política Interior en la que se les informa de que

las razones políticas se superponen a las de orden público y desaconsejan el desarrollo de manifestaciones en la calle. En consecuencia y cualquiera que sea su significado político, deberá V. E. negar autorización para cualquier manifestación que pretenda celebrarse desde ahora hasta el día 1 de mayo[99].

El 28 de marzo, en Madrid, la presentación oficial de la Platajunta, es decir, de la plataforma unitaria de la oposición, había proporcionado al ministro ocasión de llevar a cabo sus planes de detención de los líderes comunistas. Ese día Marcelino Camacho, secretario general de CC. OO., Nazario Aguado, del Partido del Trabajo de España, Francisco Álvarez Dorronsoro, del Movimiento Comunista de Euskadi, y Antonio García Trevijano, coordinador de la Platajunta, son detenidos y enviados a la cárcel de Carabanchel. El 4 de abril les seguirán Ramón Tamames, el cineasta Juan Antonio Bardem y algunos otros, todos ellos arrestados por haber convocado en Madrid una gran manifestación pro-amnistía.

Inmediatamente estallan fuertes protestas con las que se reclama la liberación de los presos de Coordinación Democrática —denominación oficial de la Platajunta—, condenas a las que se suma el propio gobernador civil de Barcelona, que intenta doblegar a Fraga. Este último le hará callar con una respuesta sin apelación posible: «No vuelvas a plantearme esto. Esa es una cuestión de mi incumbencia. Son mis “prisioneros” y los pondré en libertad cuando lo considere procedente para el bien del Estado». De hecho, los dirigentes de la oposición solo serán puestos en libertad después del primero de mayo, por orden directa del ministro. La batalla prosigue mediante una nota enviada a los gobernadores civiles el 28 de abril, en previsión de la fecha fatídica, en la que se reitera la consigna de prohibición de toda manifestación pública y en la que se ordena a las autoridades que «adopten las medidas necesarias con el fin de asegurar la normalidad de la vida ciudadana e impidan la celebración de actos no autorizados»[100]. En los días previos al primero de mayo se organizan diversas reuniones en todas las provincias. El objetivo de esas reuniones, a las que asisten las autoridades encargadas del mantenimiento del orden, consiste en preparar la respuesta del gobierno a los llamamientos de la oposición. De hecho, el despliegue de las fuerzas policiales es el primero de esa magnitud desde el fallecimiento de Franco. Las detenciones se suceden, como se constata por ejemplo el 29 de abril en Navarra, fecha en la que 181 militantes de grupos de extrema izquierda (Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de los Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria-ETA-VI) son detenidos en el convento de los Dominicos de Villava mientras celebran una reunión ilegal con vistas a los preparativos del primero de mayo[101]. El día «D», las grandes ciudades asisten a un considerable número de enfrentamientos entre los escasos miles de manifestantes que se han atrevido a desafiar la prohibición y las Fuerzas del Orden Público. Cientos de personas resultan detenidas: Fraga consigue que la celebración del primero de mayo sea un fracaso.

Además de estos momentos clave, Martín Villa constata, al tomar posesión de su cargo en el verano de 1976, que las consignas gubernamentales respecto de la conducta a observar para mantener el orden eran sumamente vagas. «El mayor obstáculo lo constituía para mí la imprecisión, la falta de claridad y la carencia de unas completas normas de actuación gubernativa que todo periodo de transición política lleva consigo»[102], declara en sus memorias. De hecho, según él mismo recuerda, en el transcurso de este periodo del primer gobierno Suárez, Martín Villa se reunía todas las mañanas con los directores generales del Ministerio a los que se había encargado el mantenimiento del orden (Dirección General de Política Interior y Dirección General de Seguridad) con el fin de decidir si «esto sí y esto no». Los reunidos se interesaban «sobre todo en las manifestaciones públicas, pero también en los actos políticos» cuyas solicitudes de autorización llegaban al Ministerio del Interior a través de los gobernadores civiles. La decisión de autorizar o de prohibir esas acciones dependía de la coyuntura política y se determinaba en función de los criterios generales establecidos por el gobierno, pero se basaba también en el parecer personal de los gobernadores[103]. Por consiguiente, los primeros pasos de sus relaciones con los gobernadores estuvieron marcados por unas «diarias consultas personales, telefónicas y telegráficas sobre problemas concretos»[104]. Para poner remedio a esa situación, Martín Villa convocará el 31 de agosto de 1976 a todos los gobernadores civiles con el fin de proporcionarles unas líneas directrices homogéneas sobre el modo idóneo de encauzar el proceso de la transición[105]. Estas instrucciones retoman la línea iniciada en su día por Manuel Fraga, evitando todo riesgo de alteración del orden, precisando al mismo tiempo la frontera entre el acto legal y tolerado y el acto contrario al orden público, que debe ser sancionado. Martín Villa recomienda por tanto la mayor firmeza en lo que hace a la concesión de autorizaciones, sobre todo en el caso de «aquellas reuniones en las que resulte previsible una deriva subversiva, la alteración del orden público», recomendando asimismo idéntica firmeza en la decisión de dispersar las manifestaciones que acaben adquiriendo «un carácter subversivo o violento». Persisten por tanto las arcaicas indeterminaciones de la «deriva subversiva» como elemento previsible y del «carácter subversivo» como realidad constatada. Sin embargo, el acto delictivo queda restringido cada vez más a la acción violenta, la cual irá definiéndose cada vez mejor mediante el señalamiento de daños materiales y físicos, la creación de barricadas y la colocación de vehículos volcados. En efecto, la instrucción de Martín Villa precisa que «no [podrá] tolerarse la menor vacilación en lo relativo a atentados a personas, daños a cosas, formación de barricadas, o vuelcos de vehículos, procediéndose en todo caso a la disolución inmediata y a la detención de quienes más se hayan significado en tales hechos»[106]. No obstante, en la práctica, las autoridades ven siempre un peligro en las manifestaciones, y les resulta difícil reconocerlas como un elemento trivial de la vida política.

Hay un ejemplo muy significativo de la persistencia de estas representaciones. Durante la inquietante «Semana Negra» de 1977, una de las medidas administrativas que se adoptarán para frenar la espiral de violencia pasará por dictar a los gobernadores civiles una instrucción en la que se les ordena prohibir «la celebración de toda clase de manifestaciones públicas en tanto persistan las condiciones actuales»[107]. El hecho mismo de la manifestación se percibe como un elemento generador de desórdenes, y en este sentido no debemos olvidar que la semana arranca con el asesinato de un joven a manos de unos ultras —asesinato que se perpetra justamente en el contexto de una manifestación y que se verá seguido además de la muerte de una joven a consecuencia del impacto de una granada lacrimógena lanzada por las Fuerzas del Orden Público al disponerse estas a dispersar otra manifestación—. Sin embargo, la manifestación que finalmente será autorizada el mismo día en que se adopta esta medida —el 26 de enero—, la convocada para el entierro de los abogados de la calle Atocha asesinados el 24, viene a contradecir de forma palmaria esa concepción, dado que más de cien mil personas conseguirán desfilar de forma pacífica y en silencio por las calles de la capital.

De hecho, según las informaciones que transmiten los Gobiernos Civiles, los índices de prohibición de manifestaciones permanecerán bastante tiempo en valores altos, aunque con una ligera tendencia a decrecer. Justo después de la promulgación de la nueva legislación, en el verano de 1976, el primer balance que establece el gobernador civil de Barcelona sitúa ese abultado porcentaje de prohibiciones en el 67 %, indicando poco después, en el mes de septiembre, que ha descendido al 63 %[108]. En el conjunto del año 1977 encontramos índices similares en las regiones conflictivas (el 69 % de las solicitudes cursadas en Álava se zanjan con una negativa, cifra que en Vizcaya se situará en el 55 %), lo que contrasta con los índices inferiores al 50 % que se observan en las zonas de menor perturbación (como prueba el 47 % de rechazos registrado en la provincia de Valladolid). Solo a partir de 1978 se empezará a percibir una disminución significativa del porcentaje de denegaciones de solicitudes de manifestación, incluso en las zonas más conflictivas, donde ya no se volverá a superar el 30 % de rechazos[109]. El año 1977 marca por tanto un punto de inflexión y constituye una etapa esencial en la progresiva normalización del hecho manifestante, por una doble razón. Por un lado, la sed de manifestarse que tienen los españoles tarda un tiempo en adaptarse al esquema legal en vigor, dado que el motivo de las negativas no siempre apunta a razones políticas, pero también se debe a la existencia de defectos de forma en la presentación de las solicitudes, como ocurre cuando no se respeta por ejemplo el plazo de aviso estipulado. Poco a poco, las organizaciones ciudadanas irán haciendo suyas las normas democráticas y empezarán a convocar manifestaciones que se atienen a las reglas impuestas. Por otro lado, la normalización se debe asimismo a la adaptación de las propias autoridades, que van ajustando sus prácticas al nuevo entorno normativo e integrando la acción de la manifestación en la cotidianidad política.

Hay todavía algunos envites políticos que priman sobre la voluntad expresa de abrir el país a las libertades. La amnistía sigue constituyendo una reivindicación cerrada a la movilización popular: para Fraga fue un tema simplemente inabordable durante el primer semestre de 1976, y más tarde se considerará que el decreto de julio de 1976 deja zanjada la cuestión. De este modo, toda demanda de manifestación pro-amnistía será sistemáticamente prohibida —y por intervención directa del ministro del Interior en caso necesario—. Salvador Sánchez-Terán refiere que en marzo de 1977 acabó por autorizar un acto en favor de la amnistía que hacía meses que habían solicitado los representantes de la Asamblea de Cataluña, es decir, el órgano unitario de la oposición en esa región, solicitud que el gobernador había rechazado hábilmente en todos los casos. El motivo de esa decisión había sido el incremento de la tensión existente en la provincia entre el gobierno y la oposición. «La cuerda estaba ya muy tensa y podía romperse en cualquier momento», señala el gobernador. Sin embargo, Sánchez-Terán topó con «una negativa rotunda del Ministerio de la Gobernación», que no dio en ningún momento su brazo a torcer, a pesar de sus reiteradas presiones[110]. Pese a que la tolerancia política se hubiera ampliado, el primero de mayo sigue constituyendo un reto simbólico muy importante, hasta el punto de que, nada más quedar legalizados —el 28 de abril de 1977—, los sindicatos verán limitada su libertad de acción[111]. La oposición del ministro del Interior a toda posibilidad de manifestación en las calles el día primero de mayo es inapelable. Se abre así toda una coreografía de negociaciones entre los representantes sindicales y los gobernadores civiles con el fin de cambiar la celebración de esas manifestaciones por un conjunto de mítines en estadios de fútbol, campos deportivos y parques públicos. Algunos gobernadores autorizarán rápidamente esos mítines, como sucede por ejemplo en Burgos, Valencia, Palma de Mallorca o Barcelona. Sin embargo, el mismo día en que los sindicatos acuden a depositar sus estatutos en el registro de las asociaciones, el gobierno endurece su posición y el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, anuncia a los líderes obreros que se prohíben todos los actos previstos en espacios al aire libre, incluidos los estadios, los campos deportivos y los jardines públicos. Los sindicatos se indignan ante el mantenimiento a ultranza de esa postura represiva y no desconvocan las decenas de actos que tenían previsto realizar en todas las provincias, con lo que el conflicto se vuelve inevitable. El balance de esta jornada del primero de mayo será por tanto acorde con esta secuencia de titubeantes medidas. La represión será particularmente severa en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, en las que se efectúan cientos de detenciones (más de doscientas, según los Boletines de la policía[112]) y en las que se producen varios enfrentamientos brutales entre los manifestantes y las fuerzas de la policía, enfrentamientos que se saldarán con varias decenas de heridos, algunos de ellos graves. En sentido inverso, en otras provincias, la tolerancia del gobernador civil permitirá que los sindicatos celebren pacíficamente la fiesta del trabajo, como ocurre por ejemplo en Zaragoza. Ni siquiera en la capital será igual en todas partes la represión: se revela feroz por la mañana —con el fin de impedir que los manifestantes lleguen al mitin que prevén celebrar en el estadio del Rayo Vallecano—, mientras que por la tarde, tanto el homenaje a Pablo Iglesias que organiza la UGT como la improvisada concentración de CC. OO. y Unión Sindical Obrera en la Casa de Campo se desarrollarán de forma pacífica.

Este ejemplo demuestra por un lado hasta qué punto la conquista simbólica del espacio público sigue siendo, a menos de dos meses de las elecciones, un objeto simultáneamente conflictivo y codiciado para las fuerzas políticas. Por otro lado, también revela el papel rector del gobierno, resuelto a garantizar la progresiva liberalización de la práctica reivindicativa y empujado a mantener una postura represiva hasta el año 1977. El hecho de que se vayan dando los primeros pasos en el camino de la apertura es una decisión de naturaleza política que precisa directamente de su visto bueno. No obstante, el caso del primero de mayo de 1977 permite entrever también la responsabilidad de los gobernadores civiles, que desempeñan un papel esencial en la aplicación de las consignas gubernamentales.

c) La distancia entre las consignas y la práctica: el papel del gobernador civil

En el marco institucional del franquismo, los gobernadores civiles eran una de las claves del control del orden público. En esa época el gobernador, como figura emblemática del poder autoritario del Estado central, es a un tiempo el jefe provincial de la estructura administrativa, política y social del Movimiento Nacional y el responsable directo de las Fuerzas del Orden Público. Más que un simple eslabón de la administración, es un verdadero líder político que representa al régimen y dispone del monopolio estatal de la violencia[113]. Martín Villa reconoce que «durante ese difícil periodo» los gobernadores civiles fueron «una pieza fundamental del proceso democrático»[114] —y debemos recordar que lo dice precisamente un hombre que a su llegada al Ministerio de la Gobernación sustituyó prácticamente a todos los anteriores gobernadores civiles—. A ellos les corresponde bregar diariamente con las consignas que le proporciona el gobierno, muy vagas en época de Fraga y más precisas con Martín Villa, pero caracterizadas en todo caso por hallarse abiertas a un amplio margen de interpretación. Hasta el fiscal del Tribunal Supremo reconoce la vaguedad normativa que reina en torno a los delitos de prensa, al afirmar que «una nueva filosofía en la aplicación de las medidas sancionadoras […] ha provocado un vacío, una indeterminación y en algunos casos medidas poco consecuentes o tratamientos distintos en las sanciones administrativas»[115].

Para explicar el modo en que los gobernadores civiles ejercen cotidianamente sus funciones en estos primeros años de la transición contamos con el testimonio de Salvador Sánchez-Terán, de quien ya hemos tenido ocasión de hablar en varios apartados y que describe como sigue sus preocupaciones diarias, tras su nombramiento como gobernador civil de Barcelona en enero de 1976:

Mi «examen de conciencia» antes de dormir la noche anterior consistía en analizar los conflictos previstos para el día siguiente, evaluarlos cuantitativamente […], ubicarlos política y sindicalmente y encontrarles soluciones directas o indirectas de negociación o acuerdo. […]

En los inicios de la transición, la primera tarea que el gobernador civil de cualquier provincia tenía que afrontar cada mañana era la autorización o denegación de las reuniones públicas y manifestaciones que le habían solicitado […]. Constituía cada decisión una curiosa y extraña mezcla de discrecionalidad gubernativa, prudencia política, miedo al error y test de aperturismo. Y de este cóctel salía el SÍ o el NO personal del gobernador, influido a veces por el jefe superior de Policía y, en los casos más significativos, por el temor de presencia masiva en el acto o por la adscripción política de los promotores. […]

De momento, los gobernadores teníamos la obligación de canalizar de facto este derecho, sin excedernos en la permisividad ni quedarnos cortos en la cerrazón, valorando las presiones desde abajo y desde arriba y decidiendo con intuición predemocrática, sin ley y sin normas precisas[116].

Esta descripción, que tiene bastantes puntos en común con la que hace Martín Villa de su trabajo cotidiano al frente del Ministerio del Interior, revela la importancia de la particular personalidad del gobernador civil, ya que este dispone de un poder discrecional explícitamente reconocido. Todo gobernador se halla sometido a un impulso represivo heredado:

En la conciencia ciudadana, y de forma muy arraigada en la de las autoridades, se había impreso a lo largo de esos años la equiparación de desorden público a la presencia de las masas en la calle. Asustaban las movilizaciones numerosas, y por ello la primaria reacción de un gobernador era la negativa ante cualquier manifestación que se presumiera podía ser importante[117].

Con todo, la inclinación personal del gobernador a la tolerancia, así como su apertura al porvenir democrático del país, al diálogo y a la negociación, dará origen a situaciones muy diferentes en función de las distintas provincias. En este sentido, la gestión del gobernador de Barcelona se revelará particularmente liberal. Así, decidirá no suspender, por ejemplo, en contra del criterio de su ministro, los recitales del cantante catalán Lluís Llach en enero de 1976, pese a los incidentes que se habían producido durante su primer concierto, transformado en mitin de la oposición democrática. En esta misma línea autorizará en cambio, ya en marzo de 1976, la primera manifestación pública de Barcelona, antes incluso de que se adoptaran las nuevas normas sobre el derecho de reunión —«Barcelona necesitaba abrir brecha en el tema tabú de las manifestaciones», refiere—. Con buen sentido, la ocasión que se elige es una manifestación de periodistas que reivindican la libertad de ejercer su profesión sin trabas ni elementos de inquietud: «¿qué mejor oportunidad para dar una imagen pública de apertura que la de toda la prensa nacional comentando la manifestación de sus compañeros?», se pregunta acertadamente el gobernador. Su propensión a la negociación y su capacidad para proponer soluciones susceptibles de constituir una alternativa al enfrentamiento le llevarán también a autorizar, por primera vez, la celebración de la fiesta patriótica catalana, la Diada, el 11 de septiembre de 1976, tras una serie de ásperas conversaciones tanto con su ministro como con los promotores de la manifestación. Esta aptitud para el diálogo se demuestra igualmente en su gestión de los conflictos sociales, como ocurrirá con ocasión de la huelga insurreccional convocada en Sabadell en febrero de 1976, apaciguada en parte por negarse el gobernador civil a una intervención masiva de la Policía Nacional —así como por la escalonada puesta en libertad de los numerosos piquetes de huelga detenidos, pese a la recomendación en contra del gobierno[118].

A la inversa, algunos gobernadores civiles serán duramente criticados por la dureza de su gestión del orden público, puesta de manifiesto al quedar ensombrecida la vida cotidiana de la provincia por la incidencia de distintos abusos policiales. Ejemplo de ello es la denuncia pública de la actitud represiva de José Manuel Menéndez Manjón, que inició su notoriedad como gobernador civil de Granada y que más tarde ejercería ese mismo cargo en la provincia de Guipúzcoa. «Nuestra Granada padeció durante su mandato cientos de multas gubernativas —de quinientas mil, cuatrocientas mil y trescientas cincuenta mil pesetas, muchas veces aun a obreros en paro y a estudiantes—, y una aplicación desaforada del tristemente recordado decreto-ley antiterrorista. Y no digamos nada de actos públicos», declara José Cazorla Pérez, profesor de derecho en la Universidad de Granada, en septiembre de 1976[119]. Esta denuncia es un acto de solidaridad con el País Vasco, que se halla en plena ebullición tras la muerte de Jesús María Zabala, muerto a principios de septiembre en Fuenterrabía a consecuencia de los disparos de la policía. Cerca de veinte corporaciones municipales de la provincia dimitieron en señal de protesta, exigiendo el esclarecimiento de los hechos y mostrando su total desacuerdo con el gobernador civil, al que se hará responsable de los incidentes que acaban de sumir en el caos a la provincia. Pocos meses después, en enero de 1977, y acompañado por su colega de la provincia de Vizcaya, este mismo gobernador dimitirá en razón de su oposición a la despenalización de la ikurriña, dando así muestras de su actitud contraria a la apertura política. Y cuando las Fuerzas del Orden Público cometan acciones represivas brutales se repetirá este cuestionamiento de la actitud autoritaria de los gobernadores civiles[120].

Pese a que falten trabajos monográficos sobre el particular[121], el puñado de ejemplos que hemos analizado aquí indica que el margen de apreciación de los gobernadores civiles es real, lo que explica en parte que la liberalización se aplique con ritmos diferentes en función de las provincias y las situaciones locales. De este modo, Barcelona avanza a una velocidad política superior a la que rige, en Madrid, la línea de actuación nacional, y Fraga se lo advierte a Sánchez-Terán en los siguientes términos: «Ten cuidado. Por aquí se opina que hay demasiada apertura en Barcelona»[122]. A pesar de que las directrices políticas generales se definan en los más altos niveles gubernamentales y de que se difundan medidas concretas con el fin de homogeneizar los criterios, lo cierto es que en la gestión de los conflictos sociales y políticos —en los que intervienen tanto la percepción de la oportunidad del momento político como la interpretación personal de las autoridades competentes— los años 1976 y 1977 dejan todavía un amplio margen a la arbitrariedad.

III. Del enemigo al adversario político

III. DEL ENEMIGO AL ADVERSARIO POLÍTICO

Además de un giro radical en las representaciones del conflicto social y en el papel asignado al espacio público, la transición a la democracia supone una transformación fundamental de la concepción de lo político —transformación que Fraga resumirá diciendo que se trata del paso de «la dialéctica del amigo y del enemigo a otra, en la que cabrían adversarios políticos dentro de un juego constitucional»[123]—. Lo que se intenta conseguir es abrir los canales de la participación política, o dicho de otro modo, aceptar el pluralismo y el debate en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, el proyecto inicial de los reformistas consiste en instituir una democracia limitada en la que no todos podrán ser calificados de «adversarios», dado que hay algunos que seguirán condenados a ser «enemigos».

El limitado pluralismo de Arias Navarro

El horizonte de la reforma que propone Arias es el de una democracia limitada, es decir, lo que tiene en mente no es una democracia calcada de los regímenes vecinos, sino un sistema llamado a crear un modelo específicamente español[124]. Se trataría de una democracia monárquica cuyo carácter «representativo» no encontraría su fundamento en el sufragio universal, sino en una modalidad de representación en la que se combinarían las representaciones territoriales y corporativistas por un lado y la representación social por otro. Se introduciría así un pluralismo político limitado —pese a que el concepto sea una contradicción en los términos—, y de hecho Arias no lo oculta. Tanto es así que lo que anuncia en su programa del 28 de enero de 1976 es justamente eso: una «democracia para todos los españoles», es decir, para «todos cuantos quieran aceptar unas reglas de convivencia»[125]. ¿Quiénes son los excluidos de esa democracia española?

Arias y Fraga coinciden en un punto: el anarquismo, el comunismo, el separatismo y el terrorismo son los «-ismos» que no pueden ser incorporados al marco del pluralismo limitado. Ya en enero, Arias deja entrever sus posiciones al exponer su programa de gobierno, en el que se establecen unos criterios que Fraga habrá de repetir de manera incansable a lo largo de ese año 1976:

Ni los que usan la violencia terrorista para defender sus causas, ni los que promueven la disolución social en todas las formas del anarquismo, ni los que atentan a la sagrada unidad de la Patria, en una u otra forma de separatismo; ni aquellos que aspiran, con la ayuda exterior y con métodos sin escrúpulos, a establecer el comunismo totalitario y la dictadura de una partido […] pueden esperar que se les deje usar de las mismas libertades que ellos desean destruir para siempre[126].

Estas exclusiones se inscriben en una línea de estricta continuidad del franquismo, que, en el decreto-ley antiterrorista de agosto de 1975, calificaba de asociaciones terroristas e ilegales a todas las «organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social»[127].

La exclusión del comunismo se apoya en una doble motivación: la de la memoria traumática de la Guerra Civil y la del peligro que representa la conjura internacional soviética. En efecto, los comunistas son la encarnación de la Hidra contra la que se alzó el Movimiento Nacional en 1936 y que la dictadura franquista esgrimió después, encarnizadamente, asegurando que era el enemigo a liquidar. «La Guerra Civil me abrió a mí los ojos respecto al comunismo y a sus monstruosidades», afirma Arias, secundado por Fraga, para quien «durante la Guerra Civil que conocieron nuestros mayores, quedó definida la imagen del Partido Comunista, y hay quienes se acuerdan de su “justicia”, de sus ejecuciones y sus torturas»[128]. Por consiguiente, el solo hecho de evocar la eventualidad de que el enemigo por antonomasia pueda entrar en el juego político resucita las líneas de fractura del pasado. De hecho, la prensa de derechas no deja de llamar a Santiago Carrillo el verdugo de Paracuellos, insinuando que los crímenes del pasado anuncian los crímenes del futuro[129]. El comunismo, presentado como un peligro para la reconciliación nacional, es deslegitimado debido a su presunta propensión a la venganza —a pesar de las políticas de reconciliación que viene preconizando el PCE desde el año 1956—. Como sostiene por entonces Arias Navarro, el comunismo «simboliza a un grupo que no esta tratando de cerrar viejas heridas, sino de reabrirlas»[130]. Por otro lado, se afirma que el PCE es un eslabón de la vasta red comunista internacional, dirigida por la propia Unión Soviética bajo el control totalitario del Partido. El PCE, «de clara dependencia exterior», «coayuda en una vasta empresa de subversión internacional», declara Fraga. Todo el mundo sabe, añade, que los comunistas son «totalitarios, antidemocráticos y maquiavélicos, y que se benefician de una ayuda extranjera»[131]. De este modo, la Pasionaria queda transformada en la reina de una banda de bárbaros sedientos de sangre y dispuestos a invadir España partiendo de la Unión Soviética, donde vive exiliada: resulta impensable que pueda volver a poner los pies en la península.

La razón de que el anarquismo sea igualmente excluido del porvenir político que se perfila radica en el hecho de que se sitúe en la frontera que separa al comunismo del terrorismo. Fraga denuncia los «tradicionales anarquismos terroristas», mezclados en el amplio y más general espectro de los «diversos izquierdismos terroristas», entre los que se cuentan el comunismo y el propio anarquismo[132]. La figura del anarquista evoca toda una serie de episodios violentos de la historia contemporánea de España que continúan impresos en la memoria de muchos. Pese a que el terrorismo anarquista naciera en la década de 1890 en Barcelona y conociera sus horas de gloria durante la «semana trágica» vivida en 1909 en la capital catalana, el anarquismo se vitupera ahora por haber participado en los años treinta del siglo XX en numerosos conflictos sociales de intenso matiz revolucionario. En primer término se encuentra la rebelión de Asturias de 1934, sofocada por el general Franco y elevada a la categoría de mito originario de la Guerra Civil por la propaganda del bando nacional. El anarquismo constituye el paradigma revolucionario extremista cuyo desarrollo es preciso impedir a toda costa, más aún que el comunismo. No obstante, en 1975 esta corriente se encuentra considerablemente debilitada y no constituye ya un verdadero peligro para el poder, a diferencia del PCE, que se ha convertido en el líder de la oposición política, y también obrera, a través de CC. OO.

Por último, las tendencias separatistas quedan igualmente excluidas del porvenir democrático. La invocación de la unidad de la nación española es una constante del régimen de Franco, que no solo adopta la divisa «¡España una, grande, libre!» sino que glorifica la unidad indisoluble de la Patria y reprime las particularidades regionales. El Código Penal condena todo atentado contra la integridad de la Patria en tanto que delito de rebelión[133], mientras la creciente amenaza de ETA viene a reforzar la voluntad de excluir toda fuerza centrífuga del juego político que está construyéndose.

La ley sobre las asociaciones políticas que aprueba en junio de 1976 el gobierno de Arias con el fin de ampliar el pluralismo político refleja esa pusilanimidad[134]. No obstante, en relación con la ley de 1974, este nuevo texto constituye un gran avance en el sentido de que, si bien la autoridad administrativa puede rechazar la demanda de legalización de una asociación, al acudir esta al registro de las asociaciones políticas, el rechazo debe estar ahora motivado, existiendo además la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. Este último es también el único que dispone de la capacidad de sancionar, ya sea suspendiéndolas o disolviéndolas, a todas aquellas asociaciones que se entreguen a la realización de actividades ilícitas, dado que la administración no cuenta ya más que con la potestad de imponer sanciones financieras, cursando la correspondiente multa. Pese a todo, el problema del carácter lícito o ilícito de los partidos permanece intacto, dado que los elementos que rigen ese principio de legalidad son el Código Penal del régimen anterior y las Leyes Fundamentales del Reino, textos ambos que descartan de hecho a todo un sector de la oposición. Además, la reforma del Código Penal choca con una fuerte resistencia, de manera que su concreción se irá aplazando. Solo el gabinete de Adolfo Suárez conseguirá llevarla a buen puerto, al lograr en julio de 1976 que las Cortes la acepten. Si el anarquismo, el comunismo y el separatismo no aparecen explícitamente excluidos como posibilidades lícitas en ese nuevo código jurídico, lo cierto es que las cláusulas restrictivas del texto apuntan directamente a ellas, quedando por tanto al margen de la legalidad. En efecto, se considerarán ilícitas las asociaciones cuyo objetivo consista en «la subversión violenta o la destrucción del orden jurídico, político, social o económico, o el ataque […] a la soberanía, a la unidad o independencia de la Patria, a la integridad de su territorio, o a la seguridad nacional», además de todas aquellas otras que, «sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario»[135]. La cláusula de la sumisión a una disciplina internacional se introduce básicamente para garantizar la no legalización futura del Partido Comunista, considerado una entidad subordinada a la nebulosa soviética, de carácter imperialista y totalitario. Dado que se aplican las mismas limitaciones a la propaganda política, la distribución de un ejemplar de Mundo Obrero —la publicación oficial del PCE— no es solo una conducta merecedora de una multa, según este dispositivo normativo, sino también un comportamiento susceptible de ser sancionado con penas de prisión incondicional.

La escala de tolerancia del primer gobierno Suárez

Pese a las alborozadas declaraciones del 16 de julio de 1976, en las que se afirma que el gobierno tiene la ambición de lograr un «pluralismo real» en el marco de «un juego político abierto a todos los españoles»[136], el nuevo gabinete mantiene las grandes líneas de comportamiento que acabamos de señalar.

El 8 de septiembre de ese año, en el curso de una reunión con las más altas jerarquías del Ejército, Suárez habría confirmado que el Partido Comunista quedaría excluido del proyecto reformista. Según lo que refieren Alfonso Osorio y Manuel Gutiérrez Mellado, Suárez habría salido lleno de entusiasmo de la reunión. Los militares le habrían concedido su apoyo y el asunto de la legalización de los partidos no habría suscitado ninguna objeción particular. Siempre de acuerdo con estos testimonios, Suárez habría confiado a Osorio «desde el primer momento [haber] dado por supuesto que las modificaciones introducidas recientemente en el Código Penal no autorizan la legalización del Partido Comunista»[137]. Según Gutiérrez Mellado, Suárez habría afirmado que «mientras mantuviera una actitud revolucionaria, el Partido Comunista no sería legalizado»[138]. Y a pesar de que posteriormente se produjera una intensa polémica respecto al contenido exacto de las afirmaciones efectuadas por el presidente del gobierno durante esa reunión, lo cierto es que tanto las Fuerzas Armadas como la clase política salieron de ella convencidos de que el enemigo número uno del bando franquista no sería legalizado.

En las instrucciones que cursa a los gobernadores civiles en septiembre de 1976, Martín Villa aplicará esa misma línea de conducta. Pese a que hoy en día sostenga haberse mostrado relativamente abierto sobre la cuestión del Partido Comunista, lo cierto es que la circular que él mismo dicta a sus subordinados da fe de la dureza que muestra en ese momento hacia los comunistas, los separatistas y los revolucionarios de extrema izquierda. De hecho, da unas instrucciones muy precisas en relación con las actividades de los grupos políticos, divididos en dos categorías: la de «los partidos legalizados y por legalizar, partidos tolerados, y los partidos execrados» que en ningún caso podrán ser legalizados[139]. Este es el contenido exacto de esas instrucciones:

A los grupos políticos que han venido colaborando con el sistema se les aplicará la ley, y, si no están legalizados se procurará que su actuación pública en reuniones y manifestaciones se produzca mediante solicitud realizada a personas físicas.

A los grupos políticos que no han actuado en el sistema, pero que no están penalmente prohibidos, su actuación pública deberá producirse al amparo de la ley, si están legalizados y mediante solicitud a través de personas físicas si no lo están.

En lo que se refiere al Partido Comunista de España, no se tolerará bajo ningún pretexto su actuación pública, ni la del PSUC, ni de cualquier otro partido comunista regional. Esta activa y enérgica intolerancia, tanto en el aspecto institucional, como en lo que se refiere a la actuación pública de personas cuya afiliación al mismo sea notoria, sobre todo cuando pertenezcan a alguno de sus órganos directivos. La intolerancia respecto al PCE y a sus partidos sucursales será todavía más completa e intensa por lo que a los grupos políticos situados a su izquierda se refiere. No se permitirá en consecuencia ninguna actuación pública de estos grupos, ni de ninguno de sus miembros. Asimismo sus actuaciones, y muy fundalmente en lo que se refiere a su reflejo en la prensa, deberán ser inmediatamente remitidas al subsecretario de Orden Público, por si resultara conveniente su envío a las autoridades judiciales.

En lo que a la Coordinación Democrática se refiere, únicamente se tolerará, por el momento, la actuación de los órganos de deliberación de la misma, y ello tras la pertinente consulta al Ministerio de la Gobernación, pero en ningún caso se permitirá ninguna clase de acto público patrocinado por la mencionada Coordinadora Democrática.

Como consecuencia de estas líneas generales, no se admitirá petición alguna en nombre de siglas o grupos políticos no legalizados, cualquiera que sea su orientación. Idéntico criterio se seguirá cuando los solicitantes sean personas físicas de afiliación comunista, separatista o revolucionaria. Se impedirá a toda costa cualquier reunión o manifestación de carácter comunista y la actuación pública de personas cuya significación comunista sea notoria[140].

Se define así una escala de tolerancia definida en función de las opciones políticas. En uno de sus extremos se sitúan los grupos de derechas previamente constituidos como asociaciones políticas acogiéndose al marco de la ley de 1974, ya que se trata de grupos que están plenamente integrados en el nuevo sistema legal. En el centro se presenta una constelación de partidos de la oposición «que no han actuado dentro del sistema», pero que a pesar de ello están plenamente llamados a formar parte de la futura interacción política: se trata en este caso de los diferentes grupos monárquicos, de los partidos liberales, de los democristianos y de los socialistas moderados. El PSOE forma parte de este bloque, pese a las tensiones surgidas en su seno tanto a consecuencia de las disensiones que dividen internamente al partido entre el sector histórico y el sector renovado como debido a su carácter «cerrado, reticente, rígido y dogmático», según Martín Villa. El PSOE disfruta de un «singular trato de favor»[141], dado que aparece como un actor ineludible en el futuro. Goza en efecto de un notable conjunto de apoyos en la escena internacional, a través de la Internacional Socialista y de su presidente, Willy Brandt. Además, es el representante histórico de la izquierda española y encarna, sobre todo por medio de la figura de su joven líder, Felipe González, una serie de valores y de actitudes ancladas en la realidad de la España de los años setenta[142]. Y por último, también constituye una alternativa de izquierdas alejada del comunismo, y resulta por tanto necesario para afianzar la legitimidad de la reforma.

Para terminar este repaso, debemos decir que en el otro extremo del espectro político se encuentran los partidos abocados en principio a quedar radicalmente excluidos de la emancipación de las libertades: el Partido Comunista y sus filiales regionales, como el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la totalidad de los partidos revolucionarios marxistas-leninistas, trotskistas o anarquistas que se sitúan a su izquierda, así como los grupos separatistas. El peligro que encarna el Partido Comunista, y también su filial catalana, el PSUC, aparece expresado sin ambages no solo en razón de la intensa hostilidad que ambas formaciones encuentran entre los inmovilistas del régimen, empezando por los militares, sino debido igualmente a la gran capacidad potencial de movilización política y social que poseen. Las consignas que se aplican a los grupos de la izquierda revolucionaria son todavía más duras, dado que se afirma que ha de observarse respecto a ellos una «rabiosa intolerancia». Pese a que solo deba privarse del uso público de la palabra a los líderes comunistas, la prohibición se hará extensiva, en el caso de la extrema izquierda, a los simples militantes. En esta categoría aparecen incluidos los grupos que optan por la violencia revolucionaria, como el PCE(r), así como otros partidos menos radicales, como la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, el Partido del Trabajo de España y el Movimiento Comunista de Euskadi[143]. Por su parte, los separatistas quedan relegados al nivel de los grupos terroristas, a los que se les aplica una legislación aún más severa. Esta escala de tolerancia viene a reproducir, aunque concretándola de forma muy considerable, las instrucciones dadas por el gobierno anterior, sobre todo en una de las circulares que ya hemos citado al definir las condiciones de aplicación del derecho de reunión consagrado en la ley de mayo de 1976. En esas instrucciones se recomendaba prohibir las reuniones de los partidos que no pudiesen ser legalizados, como «por ejemplo el PC», así como aquellas en las que «sea preponderante la presencia de elementos terroristas, separatistas o comunistas»[144].

Por lo demás, otra de las directrices presentes en la circular de Martín Villa precisa que «se impedirá en todo caso, y con la máxima energía, cuanto atente a la unidad de España, a la forma monárquica del Estado, o a las Fuerzas Armadas»[145]. Además de recordar la indisoluble unidad de la nación, contra la cual será considerado delito cualquier atentado, también se enuncian aquí, y de forma muy clara, otras dos limitaciones al proceso de institución de las libertades públicas: la monarquía y el Ejército. Este último aparece mencionado en virtud de su particular sensibilidad a la reforma y de su propia capacidad de acción —dado que se trata de un cuerpo estatal que ha de ser específicamente preservado—. Por ello, insultar a un agente de las Fuerzas Armadas, o criticar a la institución, ya sea de manera oral o por escrito en un artículo de prensa, son delitos que el Código Penal vigente castiga, y por consiguiente no deben ser tolerados. Y a la inversa, si ha de protegerse de la forma más enérgica a la institución monárquica no se debe a que represente un peligro para la reforma, sino en atención, muy al contrario, a la debilidad en que se halla sumida en ese momento la corona. En efecto, la monarquía acaba de ser restablecida apenas unos meses antes según el deseo expreso de Franco y padece un déficit de legitimidad, dado que no goza todavía del beneficio de la continuidad histórica, habida cuenta de que el régimen legal previo a la dictadura era el de la República, no el de la monarquía; no dispone aún de una legitimidad dinástica, puesto que su depositario es don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos; y tampoco puede beneficiarse todavía de una legitimidad democrática y popular. Parece por tanto indispensable consolidar esa frágil institución mediante la adopción de medidas represivas dirigidas contra un nuevo enemigo: el republicano. Resurge así la figura del republicano —una figura que la represión franquista había aniquilado mediante el exterminio físico o el exilio—. En esta fase de la reforma resulta impensable dar libre curso a las reivindicaciones republicanas y a la expansión de un movimiento hostil a la monarquía. Menos expuestos a la luz pública, los grupos republicanos sufren la misma represión que los comunistas. La ley sobre la libertad de expresión contiene también, como únicas limitaciones, las anunciadas por Martín Villa: la censura administrativa solo se mantiene en aquellos casos en que se divulguen textos que contengan planteamientos contrarios a la unidad de España, que resulten insultantes para la institución monárquica o los miembros de la familia real, o que atenten contra el prestigio institucional y la imagen pública de las Fuerzas Armadas[146].

Se establecen así, siquiera en el plano teórico, los límites de la transición aunque la práctica política revelará que se trata de una barrera porosa.

La ampliación pragmática de las fronteras de la legalidad política

El periodo que va de noviembre de 1976 a las elecciones de junio de 1977 será justamente el lapso de tiempo en el que se apliquen los límites teóricos enunciados por Suárez y Martín Villa. Sin embargo, es también el periodo en el que dicha frontera resultará más permeable. Las vicisitudes de la coyuntura política, así como el inicio de una auténtica negociación con la oposición de izquierda son los factores que se hallan de facto en la base de la progresiva ampliación del marco impuesto.

a) Hacia la legalización del PCE

La campaña electoral que precede al referéndum de la Ley para la Reforma Política es una primera etapa esencial para el pluralismo político: aunque solo los partidos legalizados se beneficien de un espacio televisado, los grupos tolerados pueden expresarse libremente en la prensa e incluso organizar mítines. De este modo, Martín Villa autoriza la celebración del XXVII Congreso del PSOE, celebrado entre los días 5 y 8 de diciembre de 1976, con lo que la visibilidad pública del partido socialista vendrá a sumarse a la que ya disfrutaba, desde unos meses antes, su propio sindicato —la UGT—. En cambio, la campaña electoral se desarrolla en unas condiciones no democráticas, dado que la mayor parte de la propaganda favorable a la abstención no solo se prohíbe sino que se combate[147]. Este periodo electoral será también el que elija el PCE para lanzar una operación de exhibición pública: los meses siguientes irán alumbrando el progresivo reconocimiento del partido, forzado por la nueva estrategia de Santiago Carrillo. El líder del PCE, que había regresado al territorio español en febrero de 1976, permanece desde su llegada en la clandestinidad con el fin de librar la batalla de la legalización de su partido, «para que no se marginase a la fuerza que más había luchado contra la dictadura». El gobierno ya había iniciado con anterioridad algunos contactos con la formación izquierdista, pero la integración del PCE en el sistema democrático parece lejana si nos atenemos a los principios de exclusión que contemplan los dirigentes del país. A juicio de Carrillo, la campaña de diciembre parece constituir «el momento de salir a la luz públicamente», lo que se traduce en una semana de propaganda clara y directa por parte del PCE. Sus militantes celebran asambleas públicas, venden en la calle el periódico Mundo Obrero y reparten cartas de afiliación al partido con el fin de obligar al gobierno a reconocer a la formación. El intermediario de Suárez, José Mario Armero, hace saber entonces a Carrillo que el Ejecutivo «estaba ampliando el margen de tolerancia» para con el partido, pero que no debían llevar las cosas demasiado lejos[148]. Sin embargo, Carrillo opta por dar un enérgico golpe de efecto y convoca, el día 10 de diciembre, una conferencia de prensa en Madrid, ante las mismas narices de la policía. El desencuentro con las autoridades, que ya llevaba varios meses gestándose, según lo que refiere Martín Villa —que se halla perfectamente al corriente de los rumores, cada vez más insistentes, de que el líder comunista se encuentra en Madrid (lo que ponía en ridículo a la policía y suponía una mancha para su prestigio)—, se transforma entonces en una persecución en toda regla. «Toda España sabe ya que el histórico dirigente comunista se encuentra en Madrid. Ya sabe toda España también que la policía lo busca. La única incertidumbre que subsiste es la de saber quién terminará ganando y cuanto tiempo durará el juego»[149], señala el ministro de la Gobernación. El suspense se mantendrá hasta la fecha de la consulta del referéndum, pero no logrará llegar hasta Navidades, ya que el 22 de diciembre Carrillo es detenido al salir de una reunión con los dirigentes del partido, todos ellos estrechamente vigilados por la policía.

Esta detención obedece a los marcos teóricos impuestos por los preceptos anteriormente expuestos, pero se transforma rápidamente en un quebradero de cabeza para las autoridades: ¿qué hacer con Carrillo? Tras numerosas vacilaciones, Suárez pone al líder comunista frente a una disyuntiva: o bien opta por el exilio, o bien se pone a disposición de la justicia y se somete a un juicio en el Tribunal de Orden Público. Carrillo elige la segunda solución. Es llevado a la cárcel de Carabanchel, pero poco después —el 30 de diciembre— es puesto en libertad bajo fianza ante la avalancha de presiones, tanto externas como internas (manifestaciones, pintadas, peticiones de los intelectuales y apremios del resto de la oposición)[150]. El mismo día en que Carrillo abandona la prisión, el Consejo de ministros aprueba la creación de la unidad jurisdiccional que conlleva la desaparición del Tribunal de Orden Público ante el que debía comparecer el dirigente comunista, con lo que, en adelante, el hecho de ser o de declararse comunista podrá dar lugar a un pliego de cargos, pero no al envío a prisión sin juicio previo[151]. De este modo, el problema de la legalización del Partido Comunista no solo se plantea antes de lo esperado, sino que los miembros de esa ideología incrementan todavía más su visibilidad pública gracias a los trabajos de la Comisión de los Nueve, en la que participa un representante del PCE. Poco después, en enero de 1977, se produce la inmensa manifestación pacífica de protesta contra los asesinatos de la calle Atocha, una protesta que será la señal definitiva para el posterior reconocimiento del partido. Para Osorio, «todo empezó […] al atardecer del 26 de enero de 1977»[152]. En efecto, la manifestación coloca a Suárez ante la evidencia: ¿cómo dotar de la suficiente credibilidad democrática a las elecciones de junio si el PCE, que ha demostrado su pacífica voluntad de reconciliación y su capacidad de movilización, queda excluido de ellas? Osorio refiere la angustia que expresó en esa época el presidente del gobierno:

Y si los comunistas ocupan un día la calle, no pacíficamente como en el entierro de Atocha, qué hacemos, ¿les disolvemos por la violencia?; y si insisten, ¿les ametrallamos?; y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿les detenemos a todos[153]?

A partir de ese momento, los acontecimientos se sucederán, y todos ellos harán avanzar las iniciativas de legalización: el 27 de febrero, Suárez acepta entrevistarse en secreto con Carrillo en el domicilio de José Mario Armero en Pozuelo. El 2 de marzo, será Carrillo quien obligue a Suárez a autorizar la celebración de una «Cumbre Eurocomunista» en Madrid a la que acuden sus homólogos italianos y franceses. Según Martín Villa, «se traspasaba con semejante medida la frontera de tolerancia con el PCE»[154]: será a partir de ese momento, y solo a partir de ese momento, cuando las instrucciones de intolerancia cursadas a los gobernadores civiles el mes de septiembre anterior se vuelvan obsoletas. La estrategia del PCE, consistente en forzar al gobierno a reconocerlo, dio sus frutos. A los dirigentes del país no les queda más remedio que encontrar el procedimiento legal adecuado para reconocer al Partido Comunista y limitar la previsible indignación de los militares. A lo largo de todo este asunto, se aprecia, tanto en Osorio como en Martín Villa o Landelino Lavilla, la obsesión del respeto a la ley que corresponde al sentido que dan los reformistas al proceso que están tratando de sacar adelante, «de la ley a la ley». De hecho, la fuerza que se concede a la ley está destinada asimismo a apaciguar las resistencias a la democratización y a lograr que los más reticentes acepten la reforma, en particular los militares. El Ejército se caracteriza por su respeto a la ley, su sentido profesional de la jerarquía y sus principios basados en la disciplina, tanto es así que hasta la legalización del PCE será aceptada en cuanto esa aceptación implique al mismo tiempo el respeto a la ley y se hayan recibido garantías respecto a la unidad de España, todo lo cual determinará que el alto mando dé a sus subordinados la orden de someterse.

Aunque de manera indirecta, lo cierto es que será la presión del PSOE lo que haga posible el reconocimiento legal del PCE. En efecto, si el gobierno procede a modificar la ley sobre las asociaciones políticas promulgada en junio de 1976 —que concedía a la administración la capacidad discrecional de rechazar una solicitud de legalización en caso de duda sobre el carácter lícito de la organización demandante— será justamente en respuesta a una petición de los socialistas. De mantenerse intacto el texto de 1976, los socialistas se niegan a oficializar su propia existencia como partido, lo que bloquearía toda elección futura[155]. Al gobierno no le queda más remedio que ceder y aprobar, en febrero de 1977, un decreto-ley que concede al Tribunal Supremo, y solo a él, la potestad de rechazar la inscripción de una formación política en el registro de las asociaciones. El Ministerio de la Gobernación puede diferir la legalización de un partido, pero no darle una respuesta negativa directa[156]. Los partidos socialistas —el PSOE y el PSP de Tierno Galván— exigen entonces su legalización, y esta se concede de modo inmediato, igual que a otros partidos de la oposición moderada. El procedimiento de registro del PCE se inicia a su vez el día 11 de febrero, fecha en la que el partido solicita su inscripción en el registro de las asociaciones políticas. El día 22, tras haber considerado ilícita la demanda del PCE, el ministerio envía el expediente al Tribunal Supremo, y el 30 de marzo este se declara incompetente, remitiendo nuevamente al gobierno la responsabilidad política de la decisión. El Ejecutivo solicita entonces un informe a la Junta de Fiscales Generales que, el 9 de abril, se declara favorable a la legalización. Respetada así la ley, el gobierno puede ya anunciar a la prensa que se acaba de dar reconocimiento legal al enemigo comunista, que por ello mismo queda transformado en adversario político. La notificación pública se efectúa un sábado de Semana Santa, evitándose con ello todo exceso de violencia. A principios de mayo se legaliza a su vez al PSUC.

La crónica de la legalización del PCE nos ofrece un ejemplo inmejorable de la esencia misma de estos primeros años de la transición, ya que es un testimonio de la constante alternancia entre el respeto de los estrechos principios impuestos por los dirigentes de la reforma, procedentes de las élites franquistas, y la adaptación pragmática a las presiones coyunturales —hábilmente manejadas en este caso por los comunistas—. Además, tras este episodio, el problema de la legalización de los partidos se considerará cerrado: la campaña electoral se abre en mayo y las elecciones se desarrollan, según lo previsto, el 15 de junio. Sin embargo, todavía quedan algunas formaciones excluidas del sistema: el Tribunal Supremo rechaza la legalización de los partidos de extrema izquierda que se juzgan excesivamente revolucionarios, de los grupos republicanos y del Partido Carlista —que ponen en peligro la monarquía—, y de los independentistas vascos de la alternativa KAS —que constituyen una amenaza para la unidad nacional—. Sin embargo, esos enemigos no suponen ningún riesgo para la reforma, y tampoco ponen en duda la credibilidad de las elecciones. De hecho, durante la entrevista que mantuve con él, Martín Villa fue muy claro a este respecto: «Lo que le daba al proceso democrático legitimidad era el PC, todo lo demás, no es nada» ya que los demás grupos suscitaban un eco social muy reducido —«¿qué significaban? Muy poco. Todo lo que merece la pena era ya legal», reflexiona el ministro[157]—. Y por si fuera poco, tras la legalización del PCE, esos grupos dejaron de contar con la solidaridad del resto de la oposición. Cuando me entrevisté con Nicolás Sartorius saqué a colación el asunto de la exclusión del marco legal de esos partidos: le entró la risa —«no era mi problema», precisó[158]—. Una vez han conseguido entrar en el juego democrático, todos los partidos consagran sus esfuerzos a conquistar un espacio electoral, abandonando el reflejo antifranquista de su antigua solidaridad.

b) Hacia la desaparición del delito político

De forma paralela a este proceso de apertura política, los primeros meses del año 1977 asistirán también a una aceleración de la reinstauración de las libertades públicas. El gobierno actúa sobre la base de una larga serie de decretos leyes, eliminando con ellos, y con la generalizada ratificación de la Ley para la Reforma Política, las deslegitimadas Cortes franquistas. Por un lado, el arsenal jurídico represivo que sancionaba los delitos políticos quedará muy notablemente debilitado tras el desmantelamiento del Tribunal de Orden Público[159]. La decisión, anunciada el 30 de diciembre y coincidente con la liberación de Carrillo, es de una enorme trascendencia simbólica, dado que elimina uno de los emblemas de la represión política del tardofranquismo. A esta iniciativa le seguirá la derogación de la responsabilidad penal subsidiaria, que permitía enviar inmediatamente a prisión a toda persona que no abonara una multa impuesta por las autoridades administrativas en razón de la alteración del orden público. La doble sanción administrativa y judicial queda también suprimida en nombre de la unicidad de la pena[160]. Estas disposiciones son esenciales, dado que implican una relajación de la brida coercitiva que encorseta el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. De este modo, en adelante, el hecho de participar en una manifestación ilegal puede llevar aparejada una imputación ante la jurisdicción ordinaria, o una sanción administrativa en forma de multa, pero no puede provocar ya un encarcelamiento inmediato. Pese a que se mantengan las normas penales del franquismo, la eliminación del principio de la pena de cárcel sustitutoria abre en la práctica un considerable espacio de libertad. El comportamiento de los actores se verá por tanto profundamente modificado.

Por otro lado, la adopción de un conjunto de nuevas disposiciones permitirá que las opiniones políticas se expresen con mayor libertad. La primera de esas medidas guardará relación con la ikurriña, la bandera nacionalista vasca, cuyo uso se tolera en atención a las instrucciones dictadas por Martín Villa el 18 de enero de 1977. En efecto, su prohibición en tiempos del franquismo había transformado esa enseña, creada por Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco, en un símbolo de la lucha contra Franco. Poco después, ya en la transición, el veto había pasado a constituir uno de los envites a resolver mediante la liberalización del régimen y un factor desencadenante de un gran número de alteraciones del orden público. No es preciso recordar aquí el importante número de artefactos explosivos, reales o simulados, que ETA colocará en 1976, cubiertos con una ikurriña, ni la gran cantidad de manifestaciones violentas que tendrán lugar en el País Vasco con el fin de exigir su legalización. En enero de 1976, una de esas bombas había provocado la muerte del guardia civil encargado de su desactivación[161]. Eran tantos los problemas que se generaban de este modo que en un informe la Guardia Civil antepondrá la resolución de esos desórdenes a la defensa de la unidad nacional y la persecución de los regionalismos, reclamando a finales del año 1976 su regularización oficial. El informe consideraba «necesario pues que esta bandera bicrucífera deje de constituir hoy y más en el futuro un problema de orden público y que las Fuerzas de Orden Público no se vieran obligadas a retirarla cuando ondee en algún punto, lo que pueda traer consigo la muerte de alguno de sus miembros»[162]. Así, Martín Villa conseguirá que el Consejo de ministros despenalice la enseña vasca, de modo que esta, pese a no ser legalmente reconocida, deja de ser objeto de persecución.

No serán ya las alteraciones del orden público, sino la afirmación del pluralismo político lo que determine en abril la promulgación de una ley destinada a garantizar un derecho fundamental de todo sistema liberal: la libertad de expresión[163]. Esta había sido ya ampliada gracias a la ley de prensa que Fraga había impulsado en 1966 —dado que en ella se suprimía la censura previa[164]—. Sin embargo, esta última ley instauraba otros instrumentos de control eficaces. Los directores de los medios de comunicación se hallaban en situación de inseguridad jurídica, no solo debido al carácter genérico de las restricciones impuestas a la libertad de expresión —restricciones del mismo tipo que las que organizaban la cláusula del orden público que hemos mencionado más arriba—, sino también al hecho de que planeara sobre ellos la amenaza de una suspensión de la publicación, que dependía del poder discrecional de la administración. La nueva normativa suprime esos límites, de modo que en adelante la capacidad de censura de la administración pasará a estar exclusivamente en manos de las instituciones judiciales ordinarias. Uno puede pensar que esta normativa se presenta tardíamente, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo global que se ha impuesto a la reforma. Esto se debe a que el envite de la libertad de expresión tiene también una faceta claramente política. El preámbulo del decreto-ley lo afirma en los siguientes términos:

Paralelamente, la concurrencia democrática sólo es posible si el contraste y enfrentamiento entre opciones políticas diversas se hace de manera que ninguno de los contendientes pueda erigirse en juez de la conducta ajena, función reservada exclusivamente, en lo jurídico, a los Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciudadanos[165].

La tarea consiste por tanto en establecer las reglas llamadas a regir la pugna política y la inminente contienda electoral —lo que explica que haya tenido que esperarse a contar con una mejor definición de dichas reglas—. Por este motivo, el decreto incluye las mismas restricciones previamente impuestas a la desregulación del derecho de reunión, que son los atentados a la moral (como la pornografía) y a las instituciones ajenas a la crítica —la unidad de la nación, el Ejército y la monarquía—. En esos casos, la autoridad administrativa sigue conservando la potestad de secuestrar la publicación transgresora.

¿Cuáles son entonces las consecuencias prácticas de la aceptación escalonada del pluralismo político? ¿Evoluciona la represión, percibida a través de las detenciones de motivación política, al mismo ritmo que la legislación que se impone desde arriba?

La persistencia de la represión política hasta la primavera de 1977

Ya he mencionado que en el transcurso de los años 1976 y 1977 crece el número de detenciones motivadas por la comisión de uno o más delitos políticos. Los Boletines que elabora cotidianamente la policía durante el primer semestre de 1977 resultan sumamente útiles para determinar la puesta en práctica de la tolerancia política que el gobierno de Adolfo Suárez ha ido instituyendo de forma escalonada. Y es que esos Boletines relatan de facto, en la sección «Orden Público y Tribunales», el número y el motivo de las detenciones efectuadas diariamente en el conjunto del territorio nacional. En el periodo comprendido entre los días 11 de enero y 31 de julio de 1977, esos Boletines recogen la incidencia de 4203 detenciones, repartidas mensualmente como refleja el gráfico 20. En él se observa que el punto en el que se inicia la caída espectacular del número de detenciones políticas —que supera las ochocientas mensuales— se sitúa en el mes de junio, dado que en julio queda por debajo del umbral de las doscientas. Por consiguiente, constatamos que la represión política no comienza a normalizarse sino una vez abierta la campaña electoral de junio de 1977.

Gráfico 20. Evolución cronológica de las detenciones políticas, primer semestre de 1977

Fuente: Elaboración personal basada en AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977.nuestro fichero.

¿Cuál es el perfil de los individuos detenidos, y por qué razón se les arresta? Los procesos de instrucción que abre el Tribunal de Orden Público en su último año de existencia señalan que solo el delito de «propaganda ilegal» supone el 41 % de los casos, lo que muestra el elevado grado de vigilancia política existente en 1976. Si añadimos a esto los delitos relacionados con los derechos de reunión y asociación, alcanzamos el 68 % del total de detenciones[166]. Las informaciones que nos proporcionan los Boletines Informativos elaborados por la policía confirman que las motivaciones políticas son uno de los factores que determinan de manera preponderante los arrestos. Y si combinamos los datos de ambos registros, obtendremos el reparto tipológico que nos muestra el cuadro 14. En él se pone de manifiesto que, en este periodo, la preocupación de las autoridades se centra de forma abrumadoramente mayoritaria en los movimientos de subversión social y político, lo que deja en un segundo plano al terrorismo, que prácticamente no figura (con un 7 %) entre los motivos de las detenciones. Y si nos fijamos ahora en el resto de los delitos contra el orden público, constataremos que los conflictos sociales quedan igualmente relegados al plano de los problemas secundarios, dado que las alteraciones del espacio público los superan ampliamente en importancia, al suscitar el mayor número de interpelaciones de la muestra (un 44 % del total). Por lo demás, la curva mensual de las detenciones efectuadas en el transcurso de ese primer semestre (gráfico 21) pone de manifiesto que el mes de mayo de 1977 aparece marcado por una fuerte conflictividad debido a las manifestaciones ilegales del día primero —a las que ya hemos tenido ocasión de referirnos— y a los incidentes registrados durante la semana pro-amnistía del País Vasco.

Cuadro 14. Naturaleza de las detenciones políticas, primer semestre de 1977

Fuente: Elaboración personal efectuada sobre la base de BI, 11/1/1977-31/7/1977.

* Explicación tipológica: las detenciones vinculadas con delitos de terrorismo incluyen tanto las detenciones asociadas con las «actividades terroristas» como las de los militantes del MPAIAC, el FRAP, los GRAPO y ETA. Los detenidos a causa de los conflictos sociales son los integrantes de los «piquetes» de huelga. Los incluidos en la categoría de «orden público» son los individuos detenidos por participar en una manifestación ilegal o en actividades subversivas, o aun por proferir amenazas, causar alteraciones del orden público, agredir a las fuerzas policiales en el transcurso de una manifestación, o provocar incidentes electorales. Por último, las personas detenidas por razones estrictamente políticas deben su arresto al hecho de haber repartido propaganda o de pertenecer a un grupo político ilegal.

Gráfico 21. Evolución cronológica comparada de las detenciones políticas, primer semestre de 1977

Fuente: Elaboración personal basada en AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977.

Por otra parte, más de la tercera parte de las detenciones efectuadas en este periodo se debe al simple hecho de militar en un grupo político aún no legalizado. Un análisis de los grupos políticos que son objeto de esta represión permite establecer que los más afectados no son los partidos de mayor radicalidad (Organización de Izquierda Comunista, OCE Bandera Roja, Liga Comunista Revolucionaria, Convención Republicana, etcétera —cuyos integrantes constituyen no obstante el 27 % del total de personas detenidas—)[167], sino los que además de ser de extrema izquierda están abocados a integrarse posteriormente en el juego político —es decir, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, el Partido del Trabajo de España y, ya en un segundo plano, el Movimiento Comunista de Euskadi (46 %)—. La explicación de esta situación reside en el hecho de que los más radicales son también los más clandestinos y se ven por tanto menos expuestos a la vigilancia de las autoridades. En cambio, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores y el Partido del Trabajo de España se libran en esta época a una intensa actividad de propaganda y movilización con el fin de conseguir una amnistía total y su reconocimiento oficial. Se trata además de dos formaciones que cuentan con un fuerte arraigo en el movimiento obrero y que participan activamente en los conflictos sociales —que contribuyen a radicalizar, impidiendo con ello toda posible negociación—. Salvador Sánchez-Terán señala en varias ocasiones la radicalidad con la que la ORT y el PTE abordaban los conflictos obreros, sobre todo durante una dura huelga convocada en Gavá en el otoño de 1976, una experiencia de la que extraerá la siguiente conclusión: «Cualquier intento de diálogo, mediación o negociación con los sindicatos de extrema izquierda —ORT y grupos similares— era absolutamente inútil y sólo servía para potenciar su dinámica revolucionaria»[168]. Por consiguiente, las autoridades policiales aplican concienzudamente la «rabiosa intolerancia» que Martín Villa había recomendado mantener en relación con la extrema izquierda. Por su parte, los comunistas del PCE, el PSUC y CC. OO. no serán molestados hasta el mes de marzo, y aun así es preciso añadir que los únicos afectados serán los dirigentes de estas organizaciones, observándose también en esto las consignas de Martín Villa —representan el 15 % de los arrestos de ese semestre—. Tras la legalización del PCE en abril de 1977, no volverá a detenerse a ningún otro comunista, según señalan los Boletines que hemos consultado. Y por último, la extrema derecha, que se sitúa en la línea divisoria entre la política y el terrorismo, será objeto de casi cincuenta detenciones durante el primer semestre de 1977 (lo que representa el 12 % del total de arrestos). De hecho, esta cifra corresponde casi exclusivamente a la redada efectuada en los círculos ultra en el mes de febrero, tras los asesinatos de los abogados de la calle Atocha. Las cifras de la represión política —que se desvanecerá tras las elecciones de junio de 1977— confirman por tanto la escala de tolerancia que establece inicialmente Fraga y que más tarde mantendrá Martín Villa, una escala que excluirá a los comunistas del juego político hasta el mes de abril de 1977, y a la extrema izquierda hasta las elecciones de junio.

A pesar de que la represión prosiga su curso hasta la primavera de 1977, lo cierto es que su naturaleza ha cambiado de forma considerable. Las sanciones no son ya las mismas que las que se aplicaban en tiempos del franquismo. Ahora, los detenidos a los que se interroga no permanecen más de los tres días reglamentarios en las celdas de las comisarías o los cuarteles de la Guardia Civil, y muchas veces son puestos inmediatamente en libertad, o transcurridas veinticuatro horas, por los propios policías —mientras que los demás son puestos a disposición del juez, quien, a su vez, les devuelve casi sistemáticamente a la calle—. En 1976, el expediente de las personas detenidas todavía es sometido a un proceso de instrucción judicial ante el Tribunal de Orden Público, pero ahora los casos son sobreseídos. El número de sentencias que dicta ese año el tribunal se reduce a la mitad de las habituales en años anteriores, pese a que el número de procesos de instrucción abiertos sea claramente superior[169]. El cambio es por tanto muy notable, si comparamos las cosas con la situación vigente en la última década del franquismo, durante la cual el 80 % de los procedimientos abiertos por el Tribunal de Orden Público terminaban, una vez vencidos los tres días de retención reglamentarios, con la encarcelación del detenido[170].

Ya no hay que temer, por tanto, ni una larga estancia en prisión ni la puesta a disposición de la jurisdicción especial de orden público —al menos en la medida en que se suprime (enero de 1977) la responsabilidad penal subsidiaria, que permitía que las autoridades encarcelaran ipso facto a cualquier individuo que no abonara inmediatamente la multa impuesta—. Martín Villa desaconsejó su uso nada más tomar posesión de su cargo como ministro de la Gobernación en el verano de 1976[171]. Hasta ese momento se había venido manteniendo la práctica de la cárcel sustitutoria. Por ejemplo, los líderes de la oposición democrática detenidos por haber convocado el 4 de abril de 1976 una manifestación (que finalmente se celebró, siquiera parcialmente, pese a la prohibición del Gobierno Civil de Madrid), fueron enviados a Carabanchel durante sesenta días por no haber pagado las multas que se les habían impuesto —cuyo montante oscilaba entre doscientas mil y un millón de pesetas—. Su encarcelamiento suscitó importantes reacciones de protesta. Se organizó una subscripción popular para atender al pago de las multas impuestas, pero los propios detenidos rechazaron la colecta, al saber que no tardarían en ser puestos en libertad —dado que preveían que se les excarcelara el 1 de junio—. Al final recuperaron la libertad por orden del Ministerio el día 8 de mayo, es decir, una vez dejada atrás la fecha del primero de mayo. Esta práctica jurídica afectó igualmente a otros militantes más modestos, como sucedería con los casi cincuenta obreros detenidos en Granada el 24 de abril de 1976 por haber fomentado la realización de «acciones subversivas» para el primero de mayo. Fueron condenados a abonar multas de entre quince mil y cien mil pesetas, y acabaron en prisión en cumplimiento de la cláusula de prisión subsidiaria[172]. A partir del verano de 1976, la única sanción real que se arriesgaban a afrontar quienes transgredieran la ley era la de la imposición de una multa. Las instrucciones de Martín Villa recomendaban además que estas fueran poco numerosas, aunque de cuantía elevada en caso necesario[173]. Los casos de multas cuantiosas se vuelven por tanto cada vez más infrecuentes, empleándose fundamentalmente para sancionar la perpetración de delitos más graves, como aquellos en los que se hace uso de la violencia[174].

El análisis de este primer periodo que se extiende desde la muerte del dictador a las elecciones de junio de 1977 nos ha revelado tanto su notable complejidad como las contradicciones que lo rodean. Conviene recordar antes que nada que, en este primer tramo de la transición, la herencia de los valores recibidos del régimen anterior tiene un peso muy importante. Dicho legado deja una huella perceptible en la autoritaria concepción del orden que tienen Manuel Fraga o Martín Villa. No se tolera en modo alguno el desorden, ya que se asimila con excesiva premura a la violencia. La acción violenta queda diluida en un vasto conjunto subversivo que solo logrará diferenciarse y jerarquizarse de forma progresiva. Las subversiones sociales y políticas siguen constituyendo la amenaza prioritaria, y contra ellas se concentrarán las políticas destinadas al mantenimiento del orden, dado que el control del espacio público se transforma en un terreno privilegiado de la lucha física y simbólica por el poder. Por consiguiente, los límites que se imponen a los derechos de huelga, asociación política, reunión y manifestación actúan como un freno para la instauración de las libertades. Las mentalidades de épocas pasadas gravitan sobre la definición de las fronteras teóricas impuestas al proceso de democratización —separatismo, comunismo y anarquismo quedan excluidas a priori del horizonte político—. De hecho, la represión política se mantendrá hasta la primavera de 1977.

Sin embargo, la coyuntura del momento también contribuirá a determinar las medidas políticas puestas en práctica para mantener el orden. En este sentido, el primer gobierno de Adolfo Suárez da pruebas de una gran capacidad de adaptación a los avatares de la situación y a la presión popular y política: tanto frente al enemigo comunista, transformado antes de lo previsto en adversario político, como ante el enemigo separatista, teóricamente excluido de la amnistía pero excarcelado mediante un conjunto de hábiles procedimientos, primará el pragmatismo. La fragilidad de este primer periodo determinará por lo demás el establecimiento de nuevas fronteras para el porvenir democrático —unas fronteras recuperadas de una larga tradición nacional—: la monarquía, el Ejército y la unidad de la nación constituyen los espacios tabú de la reforma. A esto hay que añadir que, dejando a un lado los principios establecidos para el ámbito nacional, lo cierto es que en la gestión cotidiana del orden público reina una gran indeterminación, como atestigua la existencia de situaciones incoherentes, muy numerosas en estos primeros años. «Yo le acepto lo de la arbitrariedad, pero lo de lo ilógico no se lo acepto», clama Martín Villa[175]. Este capítulo ha puesto de manifiesto esa lógica, parcialmente seguida en la práctica cotidiana del mantenimiento del orden. La emancipación política responde por tanto a una dinámica en dientes de sierra cuya evolución se corresponde estrechamente con los desafíos locales, las distintas posiciones políticas de las autoridades que se encargan del orden público, y las presiones de la oposición. Tras la elección del Parlamento constituyente se abrirá una segunda etapa, caracterizada por la afirmación de las fórmulas democráticas, aunque estas se verán inmediatamente en peligro por el surgimiento de un nuevo enemigo: el terrorismo.

VI. La democracia frente al terrorismo (1978-1982)

VI

LA DEMOCRACIA FRENTE AL TERRORISMO (1978-1982)

La constitución de un Parlamento elegido democráticamente supone una etapa importante en el proceso de reforma. En su solemne discurso de apertura de las nuevas Cámaras, pronunciado el 22 de julio de 1977, Juan Carlos declara que las elecciones representan «el punto de partida para la consolidación de un sistema político libre y justo dentro del cual puedan vivir en paz todos los españoles», a lo que añade que el Parlamento es el resultado del «establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo»[1]. Los decretos leyes emitidos por una única fuente dejan paso a las leyes emanadas de un largo procedimiento parlamentario. En cada una de las etapas domina la búsqueda de un consenso en el seno de las comisiones parlamentarias, e incluso antes de sus deliberaciones en los pasillos del Congreso o en la intimidad de los despachos, con el fin de que las leyes cuenten con un voto unánime, o al menos con el apoyo de los principales partidos nacionales, como UCD, PSOE, PCE y AP. Estas condiciones, radicalmente nuevas, llevan aparejado un reequilibrio de las prioridades, y conducen a una auténtica democratización de las instituciones consagrada en la Constitución: la libertad pasa por delante de la preocupación por la seguridad. Sin embargo, esta inquietud volverá a adquirir una centralidad renovada debido a un recrudecimiento sin precedentes de la violencia terrorista, convertida en el nuevo enemigo de la democracia.

I. La afirmación democrática del joven Parlamento

I. LA AFIRMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL JOVEN PARLAMENTO

La adopción por consenso de una nueva ley de amnistía es el trampolín de una auténtica democratización, que pasa por la afirmación de una nueva filosofía del orden y por la protección de los derechos y libertades frente a las tentaciones arbitrarias del poder.

La reconciliación nacional: la amnistía de octubre de 1977

Simbólicamente, este nuevo periodo democrático se abre a la elaboración consensuada de una ley de amnistía, en octubre de 1977[2]. Mucho se ha dicho ya acerca de esa ley, una ley que muchos españoles consideran por una parte un elemento fundador del «pacto del olvido» que vino a cubrir los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y por otra parte una norma de impunidad concebida para poner un «punto final» a la investigación de la represión franquista, similar a la ley argentina del mismo nombre, promulgada en 1986. Sin embargo, nada más lejos de la realidad histórica del año 1977.

En efecto, ya hemos señalado con insistencia en el capítulo anterior la amplitud de la movilización popular que empujó al gobierno de Adolfo Suárez a decretar la amnistía de 1976. De hecho, se trataba de una reivindicación surgida de los sectores de la oposición en los años de posguerra. En 1947, el acuerdo firmado en San Juan de Luz entre la Confederación de las Fuerzas Monárquicas y el PSOE preveía ya la aplicación de una amnistía a los delitos políticos, así como la prohibición de toda forma de represalia. En 1956, el PCE había puesto a su vez en marcha la llamada política de «reconciliación nacional», que instaba a las partes a renunciar a todo ánimo de venganza y que consideraba la anulación de las responsabilidades derivadas de los dos bandos como el punto de partida de una transición pacífica. Comprobamos por tanto que fue en los sectores opuestos a la dictadura donde se desarrolló, en total contradicción con el imaginario franquista de la cruzada, una representación distinta de la Guerra Civil en tanto que enfrentamiento fratricida con responsabilidades compartidas. Lejos de ser una invención de la transición, la propia posibilidad de la amnistía de 1977, que fija las responsabilidades en una absolución mutua, se debió justamente a esta representación de la Guerra Civil como matanza entre hermanos en la que la culpabilidad adquiere un perfil colectivo y despersonalizado —y fue esa concepción la que arrancó de raíz todo espíritu de revancha—. La sesión parlamentaria por la que se aprueba la ley de amnistía de 1977 aparece impregnada de ese espíritu de reconciliación y de olvido de las heridas pasadas[3]. Todos coinciden en que lo que procede es «borrar», «liquidar», «cerrar», «enterrar» y «superar» los conflictos de épocas pretéritas, rebasando no solo el pasado dictatorial, sino también la propia Guerra Civil, dado que, como recuerda el líder del PNV, «hechos de sangre ha habido por ambas partes». «Hubo un momento en que decidimos hacer un pacto, hacer la paz» en forma de «armisticio», refiere Nicolás Sartorius: «yo te absuelvo a ti, tú a mí»[4]. La amnistía no es por tanto una «miserable propina» concedida a los vencidos, por emplear aquí los términos con los que se expresaba Carl Schmitt en 1949, sino la «palabra clave de la paz»[5]. La amnistía sella el final de la guerra y el inicio de la paz. Y si también significaba el «olvido, un olvido de todos para todos», un «olvido mutuo», es porque viene a clausurar una etapa marcada por los enfrentamientos y a abrir otra opuesta en todos sus extremos a la anterior, dado que las voces que se emplean para definirla son ahora las de «paz», «entendimiento», «calma», «confianza», «convivencia» y «esperanza». De lo que se trata es de dejar a un lado los enfrentamientos anteriores, cuyo recuerdo activo bloquea la reconstrucción del vínculo social, y de excluir del ámbito presente los conflictos del pasado a fin de elaborar un futuro compartido. De este modo, la amnistía se percibe como el punto de partida de la democracia, como su «presupuesto ético-político», por emplear la expresión del representante de UCD. En este sentido, la amnistía general de 1977 es ante todo simbólica, el gesto fundador de una reconciliación nacional que da significación al futuro y establece a su vez el verdadero inicio de la construcción de la democracia.

De hecho, en 1976, Landelino Lavilla, ministro de Justicia —y ahora renovado en el cargo—, había cerrado la cuestión de la amnistía, con las miras puestas en dejar la iniciativa final en manos del futuro Parlamento. «Acto de unanimidad nacional», según la fórmula de Marcelino Camacho, líder histórico de CC. OO., esta amnistía será la primera ley que vote el nuevo parlamento elegido democráticamente en junio, siendo aprobada prácticamente por unanimidad en el transcurso de una sesión parlamentaria que parece adoptar más la forma de un plebiscito que de un debate[6]. El conjunto de los grupos parlamentarios —salvo la AP de Fraga, que temía ver puesta en cuestión la legitimidad de la legalidad franquista[7]— apoya el proyecto, que se verifica por iniciativa de la oposición. Serán por tanto los parlamentarios más ligados con el régimen franquista los que se opongan con mayor determinación a esta ley. La cuestión de la impunidad de los criminales del franquismo no constituirá en ningún momento un obstáculo en los debates. De este modo, todos los «delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y la persecución de los actos incluidos en esta ley», así como los «cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas», sin ninguna cláusula restrictiva —ni temporal, ni atinente a la intención o los resultados— quedan judicialmente olvidados[8]. De hecho, este elemento de la ley impide que las víctimas de la dictadura obtengan justicia y reparación. Sin embargo, lejos de ser percibido como un gesto de impunidad, la norma aparece como una absolución de los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil o a consecuencia de ella, tanto en el plano penal como en el material.

Donde sí surgieron circunstancias difíciles fue en cambio en las cuestiones de la amnistía de los militares de la Unión Militar Democrática (UMD)[9], de los delitos relativos al trabajo y a la acción sindical, y de los terroristas de ETA[10]. En el primer caso, la oposición fue incapaz de doblegar la categórica negativa de Manuel Gutiérrez Mellado, que temía provocar un seísmo en las Fuerzas Armadas[11]. En el segundo, los artículos 5 y 8 del texto final dan fe de que la amnistía de 1977 es una «gran conquista del movimiento obrero y las centrales sindicales»[12], dado que en 1976 estas organizaciones habían convertido la exigencia de esa amnistía en su eslogan de mayor capacidad movilizadora debido al hecho de que el número de trabajadores despedidos y privados de sus derechos por haber participado en una jornada de huelga o asistido a la reunión de un sindicato clandestino era más que notable. Y si el gobierno cedió en este punto fue para conseguir que los sindicatos respaldaran las inminentes reformas sociales y económicas —puesto que, en el contexto de la crisis económica y de la negociación en curso de los Pactos de la Moncloa, ese apoyo resultaba indispensable[13]—. En cuanto al último punto, el del terrorismo etarra, hemos de señalar que son muchos los observadores que consideran que en él reside la razón de ser de la ley misma. A juicio de Santos Juliá, la ley de 1977 se pensó «para facilitar a los militantes de ETA su incorporación a la política democrática, aunque fuera a costa de garantizar impunidad a los funcionarios de la dictadura»[14]. Pese a que los elementos que motivan la ley sean múltiples, no hay duda de que los separatistas vascos son los verdaderos destinatarios penales de la norma.

En efecto, el sentido inicial de la amnistía remite a los mencionados «presos políticos» de la dictadura, cuyos «actos de intencionalidad política» quedan en teoría totalmente amnistiados[15]. La ley lleva aparejada la extinción de la responsabilidad penal derivada de las penas impuestas, así como la eliminación de los antecedentes penales de los condenados[16]. Por consiguiente, la amnistía de 1977 amplía la de 1976 pero, lejos de ser total, sufre a su vez las restricciones que se derivan de una cierta interpretación del ritmo y de los límites de la reforma. La fecha que se asigna oficialmente al fin de la dictadura es el 15 de diciembre de 1976, es decir, el día de la ratificación masiva en referéndum de la Ley para la Reforma Política, dado que todos los delitos políticos hasta entonces, «cualquiera que fuese su resultado», quedan amnistiados. De este modo, los delitos de sangre del turbulento año 1976 quedan inscritos en el continuo de los delitos cometidos bajo el régimen anterior. El 15 de junio de 1977 —fecha en la que se elige libremente un parlamento representativo— encarnará un segundo punto de inflexión. Entre diciembre de 1976 y junio de 1977 se admite aún el recurso a métodos ilícitos, incluso violentos, con la condición de que su objetivo haya consistido en defender dos causas consideradas justas: «el restablecimiento de las libertades públicas» y la «reivindicación de autonomías de los pueblos de España». En cambio, después del 15 de junio de 1977 y hasta el momento en que se redacte la ley (fecha que queda fijada al 6 de octubre de 1977), «la violencia grave contra la vida o la integridad de las personas» dejará de ser objeto de perdón. Las dos convocatorias electorales libres que se celebran en los primeros momentos de la transición constituyen por tanto, de forma escalonada, los puntos de partida de la democracia, mientras que solo subsisten ya dos causas que continúan suscitando la idea de una legitimación del uso de la violencia. La primera de ellas, vinculada con las libertades públicas, apunta a la oposición radical de izquierdas (como los GRAPO o el FRAP), y la segunda se orienta hacia los presos vascos. No debemos olvidar que estos habían reanudado sus asesinatos al poco de adoptar el gobierno de Adolfo Suárez las medidas de excarcelación de la primavera de 1977 y que la bandera de la amnistía «total» sigue siendo un elemento muy movilizador en el País Vasco. Además, los parlamentarios aludirán de manera explícita a la creciente amplitud de las tensiones que sacuden al País Vasco. Todos están convencidos de que ese gesto de apaciguamiento definitivo llevaría a los nacionalistas a renunciar a una violencia que todavía siguen concibiendo como la mera respuesta a una represión tiránica.

De hecho, según el informe del fiscal del Tribunal Supremo, los principales beneficiarios de la amnistía, concedida finalmente a 153 presos políticos, fueron justamente los etarras. De ellos, 140 fueron puestos inmediatamente en libertad, y 13 permanecieron retenidos por otras responsabilidades. El 31 de diciembre de 1977, el fiscal del Tribunal Supremo estima que no queda ya más que un único preso político en prisión[17]. Pese a que todavía diste mucho de hallarse libre de la cuestión vasca, el Parlamento se liberará al menos del lastre del pasado, ya que en lo sucesivo podrá consagrarse plenamente al trabajo de construcción del nuevo Estado democrático.

Del orden público a la seguridad ciudadana

Se imprime entonces un giro radical a la política del mantenimiento del orden, ya que la noción autoritaria del orden público se transforma en una concepción liberal de la seguridad ciudadana. La primera concreción de la nueva filosofía democrática del orden se aprecia en el componente político de los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977[18]. Esta fija los «objetivos de la política legislativa a corto plazo», centrados «en la introducción de reformas parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento jurídico a las exigencias de la nueva realidad democrática»[19]. Entre esas reformas figura la del orden público, que tendrá un título aparte. En efecto, el título VIII solicita la revisión inmediata de la ley de 1959, antes incluso de la promulgación de la futura Constitución, debido a la importancia de las tensiones existentes en el espacio público —tensiones ligadas con la persistencia de una legislación autoritaria que no se adecua a las evoluciones de la sociedad—. De hecho, el recién estrenado Parlamento ya se había visto confrontado a un incidente que había puesto sobre la mesa el ejercicio represivo del mantenimiento del orden. El 27 de agosto, en Santander, una manifestación en favor de la autonomía de Cantabria se había zanjado con el encarcelamiento de algunas de las personas que habían participado en ella, entre las cuales se encontraba un diputado socialista, Jaime Blanco, que elevará el asunto al Parlamento. Durante dos días, las Cortes serán escenario de un intenso debate sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas del Orden Público y sobre el sentido democrático que era preciso dar al concepto de tranquilidad pública, retomado posteriormente por los Pactos de la Moncloa[20]. De hecho, en dichos pactos se afirma lo siguiente: «El orden público tendrá una proyección concreta y actual en cuanto protección del avance en la consolidación de la democracia y defensa frente a las agresiones de todo orden y especialmente las terroristas»[21]. De este modo, de lo que se trata es de conseguir por un lado la instauración de las libertades públicas con el fin de que no se reproduzcan incidentes similares a los ocurridos en el caso de Jaime Blanco, y, por otro, de defender de manera coyuntural la democratización, debilitada por las amenazas de violencia.

Y si el orden público cambia de orientación para convertirse en el medio con el que garantizar los derechos y las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos se debe fundamentalmente a las presiones ejercidas por la oposición de izquierdas. En este periodo preconstitucional se producen un gran número de discusiones sobre este tema, y de hecho no solo habrán de jalonar los debates parlamentarios que se celebren en sesión plenaria en esta época[22], sino que en 1978 ocuparán a la comisión encargada de elaborar un proyecto de ley sobre el orden público, según las recomendaciones de los Pactos de la Moncloa[23]. En el transcurso de esos debates, los diputados socialistas, comunistas o nacionalistas no dejarán de abogar en favor de la adopción de una nueva filosofía, una filosofía caracterizada por resolver la oposición dialéctica entre el orden y la libertad mediante una apuesta sin ambages por la libertad.

Los acuerdos políticos de la Moncloa sugieren por tanto una «nueva definición del concepto de orden público, depurándolo de contenidos no democráticos, y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico disfrute de las libertades públicas y el respeto de derechos humanos»[24]. Este orden no debe ser ya un orden impuesto por el Estado, sino un orden emanado de la sociedad; no ha de servir ya a un régimen ideológico sino al pueblo; no debe hallar fundamento en una filosofía represiva sino en el respeto del individuo, la garantía de sus libertades y la protección de sus derechos. Este nuevo concepto, definido ya de este modo en 1977, al menos en el plano teórico, quedará plasmado en 1978 por medio de una mutación semántica, dado que empieza a preferirse la fórmula de «seguridad ciudadana» a la de «orden público», y esto con la intención última de deshacerse de una concepción marcial del orden, que hallará también expresión simbólica en la transformación de la denominación de las «Fuerzas de Orden Público» —que pasan a conocerse ahora con el nombre de «Fuerzas de Seguridad»[25]—. La Constitución de 1978 incorporará estos nuevos preceptos. Según el artículo 10.1.º con el que se inicia el título sobre los derechos fundamentales, «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Además, el artículo 104 confía a los agentes encargados del mantenimiento del orden —que en lo sucesivo pasarán a denominarse «fuerzas y cuerpos de seguridad»— la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y [de] garantizar la seguridad ciudadana». Si la libertad pasa a ser en lo sucesivo el fundamento del nuevo orden democrático, y si no existe por tanto posibilidad alguna de orden sin libertad, puede afirmarse, a la inversa, que no existe forma de disfrutar de un ejercicio real de la libertad sin disponer de orden y seguridad. Charles Péguy ya había expresado a principios del siglo XX esta imperiosa necesidad de conciliación de ambas nociones: «El orden, y solo el orden, hace la libertad. El desorden engendra servidumbre. Únicamente es legítimo el orden que nace de la libertad»[26]. Suárez viene a decir prácticamente lo mismo al afirmar en abril de 1978 que «la libertad es la esencia misma de la democracia, siempre que se garantice la seguridad como condición indispensable para que el ejercicio de esa libertad sea una realidad y no una simple ficción»[27]. De estas exigencias de libertad se deriva una consecuencia fundamental relacionada con la cláusula restrictiva del orden público: pese a que en algunos casos siga contemplándose la posibilidad de limitar los derechos y las libertades, la cuestión es que no habrá de hacerse ya en nombre del orden, sino en el de la protección de la libertad de los demás. El único límite que se impone ahora a la libertad reside en el ejercicio de la libertad misma, y, de hecho, las élites recogerán ese precepto del liberalismo político en los principios fundamentales de la reforma.

No obstante, algunos índices revelan que las concepciones autoritarias del orden siguen vigentes entre los dirigentes políticos. El proyecto de ley sobre el orden público que se presenta en enero de 1978 contiene todavía restos de un orden fundado en «el mantenimiento de la paz interior y de la tranquilidad ciudadana»[28]. El desorden se sigue oponiendo al orden, percibido tradicionalmente como el apacible discurrir de la vida cotidiana. Las instrucciones que proporciona el ministro del Interior en septiembre de 1977 y 1978, destinadas a los gobernadores civiles, revelan las mismas resistencias. Las dos circulares, aproximadamente similares, contienen instrucciones de carácter autoritario:

Cualquier desorden, expresado en cualquier forma no solamente no ha de ser tolerado, sino que ha de ponerse toda la autoridad para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos […]. El orden en la calle debe ser asegurado con medidas enérgicas, inflexibles y sin concesión a la posible reacción favorable o desfavorable de determinados sectores de opinión[29].

Entre esas medidas enérgicas figurará, por ejemplo, la firme instrucción de no negociar la recuperación de la normalidad a cambio de la liberación de personas detenidas con motivo de actos relacionados con la alteración del orden. Martín Villa ya había puesto en guardia a los diputados en septiembre de 1977, advirtiéndoles del «gravísimo riesgo que supone para todos la imagen de una calle que pese más que el Parlamento, de una calle que pese más que el resultado de las urnas». «No contribuyamos a la construcción de una democracia vociferante», prosigue, «en la que los grupos marginales puedan suplir su nulo respaldo democrático con la estridencia y el alboroto»[30]. El conflicto social tiende a vivirse siempre como una agresión a la que no hay que ceder, so pena de renunciar al ejercicio de la autoridad. La resistencia de estas mentalidades, heredadas del régimen anterior, hace tanto más necesaria la adopción de medidas legislativas susceptibles de proteger la instauración de los derechos y las libertades ciudadanas frente a la arbitrariedad del poder.

Garantizar los derechos humanos y las libertades públicas

En 1978, el trabajo legislativo de las Cortes se centra en la redacción de la Constitución, y más tarde en su desarrollo por medio de una serie de leyes denominadas «orgánicas». Durante la euforia posterior a las elecciones del 15 de junio y a la amnistía de octubre, los ejes que se consideran prioritarios aparecerán recogidos en los acuerdos políticos de los Pactos de la Moncloa. De hecho, los nueve apartados que integran dichos acuerdos son los siguientes: libertad de expresión, medios de comunicación, derecho de reunión, derecho de asociación política, Código Penal, ley de procedimiento criminal, Código de Justicia Militar, orden público y reorganización de las Fuerzas del Orden Público. Todos ellos vienen a revelar cuáles son los nudos gordianos que es preciso cortar con mayor celeridad para deshacer el corsé dictatorial y fundar una democracia. De hecho, la prioridad consiste en garantizar el ejercicio de las libertades que se consideran fundamentales, dado que son justamente las más pisoteadas durante el régimen anterior —como las de expresión, prensa, reunión, manifestación, asociación (pluralismo político), seguridad jurídica y penal—. Garantizar esos derechos frente a los abusos del poder conlleva la derogación de la legislación represiva del régimen anterior e implica limitar al máximo la injerencia discrecional de la administración.

Según estipulan los acuerdos de la Moncloa, las cláusulas de intervención deben reducirse a lo estrictamente necesario para que la comunidad pueda vivir en paz: en materia de reuniones y manifestaciones se actuará únicamente en caso de «graves alteraciones del orden», de la perpetración de delitos, y de la provocación de excesivas perturbaciones en el tráfico o en las actividades económicas; en el terreno de las asociaciones políticas se atajarán los atentados contra la moral pública y la utilización de «medios violentos»; y en cuanto a los secretos de gobierno, estos quedan restringidos a la «seguridad y la defensa del Estado». Se hace necesario retirar del Código Penal un gran número de delitos, como los que atentan contra las Leyes Fundamentales o los relativos a la propaganda ilegal. El sistema de las sanciones administrativas ha de ser igualmente sometido a revisión con el fin de limitar su carácter arbitrario y excesivo: la sanción no podrá dictarse sin recibir previamente en audiencia al interesado, se procede a suprimir la doble sanción (es decir, la subsidiariedad entre la condena administrativa y la penal), se facilitan las posibilidades de recurrir una sentencia mediante apelación, y deja de aplicarse la noción de responsabilidad personal en caso de no abonarse las cuantías de las multas. La garantía de la seguridad ciudadana descansa en la obligatoriedad de la presencia de un abogado a partir del instante mismo en que un individuo se ve privado de su libertad, en la abolición de la detención preventiva y forzosa en un gran número de casos, y en la restricción del ámbito de las competencias de la jurisdicción militar a un único caso: el de los denominados «delitos militares». Se prevé en particular que las faltas que puedan cometer las Fuerzas del Orden Público en el ejercicio de sus funciones deben remitirse a la jurisdicción ordinaria. En el año 1977, esta precisión continúa revelando la importancia de los incidentes que todavía provoca la policía en la dispersión de las manifestaciones, siendo al mismo tiempo testimonio de la gran indulgencia con que se pronuncian los tribunales militares en este aspecto. La justicia civil adquiere así el aspecto de un refugio propio de las democracias, frente a la arbitrariedad de los estamentos administrativo y militar.

Los dispositivos que se aprueban en el transcurso de la legislatura constituyente y del primer gobierno democrático obedecen justamente a estos objetivos, y sustituyen además a las medidas provisionales adoptadas durante los dos primeros años de la transición. En el curso del periodo preconstitucional se derogará también un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se sometía automáticamente a un proceso de detención preventiva a toda persona que hubiera sido arrestada por motivo de la comisión de delitos contra la seguridad interior del Estado —en referencia específica a los delitos típicamente políticos[31]. A partir de diciembre de 1978 se asegura también la asistencia de un abogado y se instauran otras garantías procesales[32]. Tanto la reorganización de las Fuerzas del Orden Público como la reformulación de sus cometidos son ya un hecho consumado antes incluso de la aprobación de la Constitución, dado que según la ley sobre la policía —aprobada en diciembre de 1978— su misión consiste en «defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana»[33]. Además, la ley establece que la jurisdicción ordinaria es la que ha de ocuparse de los delitos cometidos contra policías y guardias civiles, siendo también de su competencia los perpetrados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones. Además, en junio de 1978 se incluye la tortura en el Código Penal, contemplándose duras sanciones contra su práctica[34].

Por su parte, los derechos fundamentales del individuo reciben ahora una protección jurisdiccional global mediante la promulgación de la ley de diciembre de 1978, por la que se transfieren todos los delitos derivados del ejercicio de esos derechos a la jurisdicción civil ordinaria, regulándose asimismo sus procedimientos. De este modo, la ley incluye todos los derechos evocados en los Pactos de la Moncloa y demás[35]. A su vez, el pluralismo político queda protegido por una ley sobre los partidos políticos que establece las estrictas modalidades de determinación de su posible ilegalidad y suspensión, así como un sistema de financiación estatal[36]. A continuación, la Constitución consagra su título I a garantizar los derechos fundamentales del individuo, de acuerdo con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De este modo, la norma suprema garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad religiosa, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al honor y a la intimidad familiar, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y sin armas, el derecho de asociación, el derecho a la justicia y a la educación, y la libertad sindical. En un gesto de fuerte impacto simbólico, la Constitución suprime asimismo la pena de muerte, que, como sabemos, se aplicaba en tiempos del franquismo a los presos políticos (artículo 15).

No obstante, el sistema autoritario del régimen anterior no queda automáticamente borrado por los principios afirmados en la Constitución, pese a que esta anule explícitamente algunas leyes, como el Fuero de los Españoles, y a que declare «derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido» en ella[37]. De hecho, habrá que esperar al desarrollo de la Constitución mediante la institución de las correspondientes leyes orgánicas para que los principios expuestos puedan ejercerse de forma exhaustiva y con plena normalidad jurídica. De este modo, y contrariamente al principio de la derogación automática de las leyes precedentes, lo cierto es que, en los años inmediatamente posteriores a la Constitución, el gobierno recurrirá con frecuencia al pretexto de que se está elaborando una ley orgánica sobre el particular para permitir algunas situaciones de represión abiertamente contrarias a los fundamentos liberales de la Carta Magna. Por consiguiente, si en 1976 la reforma del Código Penal había sido un requisito indispensable para modificar los límites entre lo lícito y lo ilícito —y para establecer por tanto una verdadera emancipación de las libertades—, las reformas del Código Penal y del sistema de la Justicia Militar serán ahora absolutamente necesarias para que las libertades que garantiza la Constitución de 1978 puedan prosperar y desarrollarse en todo su recorrido. Ahora bien, a pesar de que el proyecto de ley de la reforma del Código Militar se presente ya en el año 1978, y de que la modificación jurídica del Código Penal se proponga en 1979, habrá que esperar al año 1980 para ver aprobadas ambas transformaciones[38]. En el ámbito de los derechos de reunión y de manifestación —que siguen sujetos a la regulación de la ley de mayo de 1976— los cambios son de escaso calado, ya que la perturbación del orden público sigue constituyendo una cláusula restrictiva, aunque en lo sucesivo solo se considerarán ilícitas las acciones que se produzcan con el objetivo de cometer un delito o que adopten un carácter violento, evidenciado por la presencia de armas[39]. Las transformaciones son por el contrario de mayor importancia en lo tocante a las asociaciones, ya que se limita la declaración de ilegalidad a las que propongan la comisión de un delito, a las que utilicen métodos violentos, y a las que tengan un carácter paramilitar. Puede constatarse en la práctica que la única verdadera limitación al ejercicio de esos derechos, cuya afirmación simbólica era extraordinariamente fuerte en los inicios de la transición, residirá en adelante en el uso de la violencia: los dispositivos normativos de la democracia en construcción excluyen con toda claridad la violencia como medio de acción política.

De hecho, la práctica manifestante se irá normalizando de forma acelerada a partir de 1978. En todas partes se observa una fuerte disminución del porcentaje de denegación de las solicitudes de autorización de las manifestaciones: el número de demandas rechazadas entre 1978 y 1981 en Madrid oscila entre el 15 y el 30 %; en la Barcelona del periodo comprendido entre 1979 y 1981, el porcentaje se sitúa entre el 19 y el 24 %; en Guipúzcoa entre el 11 y el 29 % de 1979 a 1982; en Navarra entre el 17 y el 24 % de 1979 a 1982; en la provincia de Valladolid entre el 10 y el 29 % de 1979 a 1982, etcétera. Será al principio de la década de 1980 cuando este porcentaje se estabilice en cifras inferiores al 10 %: en Álava, por ejemplo, a partir de 1980 solo se rechaza el 9 % de las solicitudes de manifestación. Luego esa cifra baja al 3 % en 1981, y a un 0 % en 1982. En Valencia se deniegan en 1982 el 10 % de las peticiones, y lo mismo sucederá en 1985. En 1983, la tasa se elevará al 8 % en Barcelona, permaneciendo en cero en cambio en Valladolid[40]. Estas cifras del final de la transición dan fe de que la práctica manifestante queda inserta en la normalidad del funcionamiento democrático, tanto por parte de los manifestantes mismos como por parte de las autoridades, que dejan de considerar que las manifestaciones constituyan una señal de desorden y pasan a verlas como un elemento más de la vivencia cotidiana de la política. No obstante, persiste todavía una excepción interesante: las provincias vascas y Navarra son las únicas que asisten a un importante crecimiento del número de algaradas surgidas al margen de la legalización, cuando en otros lugares tienden en cambio a desaparecer[41]. Esta excepción vasca es un índice de la intensa conflictividad que reina en la región y un signo de la creciente presión urbana que fomentan las organizaciones abertzales y una consecuencia de su negativa a asumir el marco democrático. La situación del País Vasco reafirmará por contraste la exclusión de la violencia de la esfera de lo tolerable en el juego político democrático.

En efecto, paralelamente a este considerable avance de la democracia, que tiende a relegar a un pasado ya superado el carácter represivo del régimen anterior, surge ahora un nuevo reto, el del terrorismo, llamado a golpear de lleno a la joven democracia y a contrariar de entrada esta lógica de instauración de libertades.

II. Los nuevos desafíos que plantea el enemigo terrorista (1978-1980)

II. LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE PLANTEA EL ENEMIGO TERRORISTA (1978-1980)

El considerable aumento de la violencia y del número de víctimas tras la promulgación de la Constitución de 1978 constituye una sorpresa para el conjunto de la clase política. Todo el mundo pensaba que la emancipación democrática y el desmantelamiento del aparato represivo franquista traerían la desaparición de las causas de la violencia de protesta, y con ella el fin de los propios violentos. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la violencia, inversamente proporcional a la democratización, deja desamparado al nuevo régimen representativo. La «subversión terrorista» irá erigiéndose progresivamente en figura autónoma, transformándose así en el principal enemigo de la democracia en construcción. Frente a esta amenaza, percibida como una reacción aberrante, las élites cobran conciencia de que se hace necesario aportar una respuesta firme, pero todavía se muestran vacilantes en cuanto a la naturaleza de esa respuesta. No obstante, la preocupación de preservar el orden quebrantado prevalece rápidamente sobre la necesidad de instituir las libertades: pese a que ahora se trata de defender un orden democrático, lo que se observa es una recuperación de los reflejos defensivos del Estado que llevarán a erosionar las recién adquiridas libertades.

La indeterminación de la amenaza terrorista

La subversión terrorista constituye la tercera gran figura enemiga heredada del franquismo, por detrás de las subversiones social y política, y supone por tanto uno de los ejes dominantes de las políticas destinadas al mantenimiento del orden. Sin embargo, la borrosa figura del terrorista, diluida en el resto de las actividades y facciones subversivas, contribuirá a conferir un carácter incoherente a las medidas que adopte el gobierno entre los años 1976 y 1977 para luchar contra una amenaza creciente que sin embargo no logra identificar con claridad[42].

a) La situación reinante al final del franquismo: el decreto-ley antiterrorista de agosto de 1975

El franquismo desarrolló un arsenal de leyes especiales destinadas a luchar contra el terrorismo. En términos cronológicos, la última de esas normas es el decreto-ley antiterrorista de agosto de 1975, que es contrario al proceso de normalización jurídico del sistema represivo iniciado varios años antes, durante la posguerra[43]. El decreto hallaba justificación en la necesidad coyuntural de responder a «la plaga terrorista que padece el mundo», a ese «azote terrorista que hoy amenaza a la paz social», a los «brotes del terrorismo inhumano que han reaparecido en los últimos tiempos con frecuencia y gravedad suficientes para exigir por parte del Gobierno y de la sociedad española una reacción enérgica»[44]. Recordemos el contexto conflictivo del verano de 1975, cuando se producen los primeros asesinatos del FRAP y se recrudecen los atentados de ETA, lo que llevará a un endurecimiento de las medidas coercitivas.

El nuevo decreto hace extensiva la definición de terroristas a todas las «organizaciones, grupos o individuos que preconizan la violencia como instrumento para sus propósitos políticos o de sus impulsos sociales»[45]. Esta es la razón de que las organizaciones anarquistas, comunistas y separatistas sean consideradas como asociaciones terroristas que operan al margen de la ley. Además, los delitos contemplados van más allá de la simple perpetración de una acción violenta, dado que el decreto también penaliza los distintos grados de complicidad —que van desde el apoyo logístico o económico al grupo ilegal hasta la pertenencia a la banda, pasando incluso por la simple propaganda o la apología de las conductas ilícitas—. Además, las penas se endurecen y vuelve a solicitarse la aplicación de la pena capital en caso de atentados que provoquen la muerte de agentes de la autoridad, o de secuestros que terminen con el fallecimiento o la mutilación de la o las víctimas —siendo esta última una cláusula destinada a ETA, que acaba de iniciar la práctica del secuestro como método para la obtención de un rescate—. Los cinco militantes del FRAP y de ETA que fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975 pagaron justamente las consecuencias de ese endurecimiento. El procedimiento penal ordinario queda reemplazado por la vía expeditiva, de modo que la detención preventiva pasa a convertirse en la regla general, y se aplica sistemáticamente en espera del inicio de la causa, con el añadido de que el detenido se ve sometido a una restricción de su régimen de comunicaciones con el exterior. La libertad de expresión también se ve reducida —tanto por la extensión del alcance de los delitos de apología y de propaganda como por el refuerzo de la facultad de censura discrecional de que disponen las autoridades administrativas en materia de prensa—. Por último, los artículos 13 y 14 del decreto suspenden los derechos fundamentales garantizados en los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles, a saber, la protección jurídica de la persona y de su domicilio privado. En lo sucesivo, todo individuo sobre el que recaiga la sospecha de una actividad terrorista podrá ser puesto en situación de detención preventiva por espacio de cinco días, o incluso durante diez con autorización judicial, y además, con un simple permiso del jefe de la unidad policial, las Fuerzas del Orden Público pueden registrar el domicilio del sospechoso. Una parte esencial de lo que autorizaba de manera temporal el estado de excepción entra de este modo en el campo de la normalidad jurídica. No obstante, esta banalización legal de las situaciones excepcionales queda sometida a una cierta forma de control, dado que la suspensión de las libertades garantizadas por los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles solo tiene una vigencia de dos años. En la circular de aplicación del decreto, el fiscal del Tribunal Supremo reconoce que esas medidas de urgencia se sitúan «en los límites de la legalidad», pero al mismo tiempo hace un llamamiento a la dureza de los jueces en el procedimiento de aplicación, instando a los magistrados a atenerse a las consignas que él mismo les recuerda con toda firmeza —y consistentes, entre otras cosas, en realizar con rapidez la instrucción, en dictar medidas de detención preventiva «en todos los casos», en verificar que se haya efectuado sin dilación el secuestro de la publicación delictiva, y en vigilar de manera muy particular el comportamiento de la prensa[46].

Al fallecer Franco, la lucha antiterrorista dispone por tanto de un temible instrumento de represión, un instrumento que trae a la memoria las más negras horas de la posguerra y que suscita por tanto un gran número de reacciones de protesta por parte de algunos magistrados y de diferentes sectores de la clase política. Esta será la razón de que el dispositivo no permanezca demasiado tiempo en vigor.

b) El titubeante dispositivo inicial

En efecto, una de las primeras medidas emancipadoras del gobierno de Arias Navarro, adoptada en febrero de 1976, consistirá en derogar en parte el decreto antiterrorista de 1975. Lo único que persiste es la suspensión de los derechos fundamentales, por espacio de un año, justificada en la necesidad de «disponer de un instrumento jurídico adecuado para garantizar la normal convivencia ciudadana, puesta en peligro por conductas antisociales y violentas». Pese a que, por un lado, el mantenimiento del sistema de excepción dé fe de la pusilanimidad del primer gobierno de la monarquía, el hecho de que la distribución de propaganda ilegal, los actos de apología de la violencia, o la pertenencia a un grupo comunista, anarquista o separatista dejen de ser considerados delitos de terrorismo, compensa en cierto modo esa impresión. Además, este decreto es un primer paso hacia la desaparición de la jurisdicción militar como ámbito competencial en el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo. Tres son las condiciones que se exigirán en lo sucesivo para confiar la vista de un delito de esta índole a los tribunales militares: que la acción haya sido cometida por «grupos armados con organización de tipo militar o paramilitar», que tenga por objetivo atacar el orden institucional y que conduzca a una «situación de alarma o grave alteración del orden público»[47].

Con todo, será preciso esperar al nombramiento del gabinete de Adolfo Suárez para que el proceso de normalización jurídica acabe llegando a buen puerto. En efecto, pese a que sea la jurisdicción civil la que se encargue de juzgar la mayoría de los delitos considerados terroristas, la tarea de proceder al enjuiciamiento mismo recae todavía sobre los hombros de un tribunal especial —el Tribunal de Orden Público—, que no será desmantelado hasta enero de 1977. En esa fecha se crea un nuevo tribunal de justicia, la Audiencia Nacional, una corte judicial que el legislador considera un elemento añadido al sistema jurídico ordinario y cuya concepción responde a las necesidades específicas de los delitos perpetrados en aquellos territorios que rebasan el marco provincial. Los delitos monetarios, el tráfico internacional de toda clase (sobre todo el de estupefacientes), los fraudes alimentarios y farmacéuticos, la corrupción o la prostitución organizada son algunos de los quebrantamientos legales que se confían específicamente a esta nueva institución. También se ponen en sus manos los delitos de terrorismo, que quedarán sometidos en todos los casos a la jurisdicción de la Audiencia Nacional[48]. Los únicos delitos que seguirán siendo incumbencia de los tribunales militares serán los cometidos contra miembros del Ejército o en el contexto castrense[49].

El esfuerzo de normalización del sistema judicial represivo instaurado por la dictadura se verá no obstante en un aprieto al tener que hacer frente el Ejecutivo a la violencia externa que amenaza la estabilidad del país y el proceso de reformas. Frente a este imperativo, los primeros gobiernos de la monarquía recurrirán a una larga serie de instrumentos jurídicos ya experimentados en época franquista, adoptando, movidos por la urgencia de la situación, medidas de excepción que redundarán en una pérdida de libertades. Si Fraga y Martín Villa resistieron la tentación de declarar el estado de excepción al producirse las distintas crisis a que tuvieron que enfrentarse —como la de Vitoria en marzo de 1976, el asesinato de Juan María de Araluce en octubre de ese mismo año, o el secuestro de Antonio María de Oriol en diciembre—, la situación extremadamente crítica de la «Semana Negra» de enero de 1977 conseguirá acabar momentáneamente con los esfuerzos realizados hasta entonces. Las presiones políticas y militares —así como populares— son de tal calibre[50] que el gobierno se resigna a decretar medidas de excepción: el 28 de enero, el Consejo de ministros, reunido en sesión extraordinaria, decide suspender, por espacio de un mes, los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles[51]. Sin embargo, estas disposiciones excepcionales tienen un carácter más simbólico que eficaz. En efecto, el decreto de febrero de 1976, que mantenía en vigor durante un año más los artículos 13 y 14 del decreto antiterrorista de agosto de 1975 ya había suspendido el respeto de la intimidad del domicilio y la limitación de las medidas de detención preventiva a 72 horas. Si el gobierno se hubiera contentado con ese decreto y hubiese decidido que bastaba con prorrogar esas restricciones de la libertad el tiempo que juzgara necesario, la eficacia policial no habría sufrido ninguna variación. Sin embargo, el día 28 de enero de 1977 los GRAPO asesinan a tres agentes de las Fuerzas del Orden Público, lo que implica una vuelta de tuerca más en la espiral de tensión que vive el país, en particular en las filas de los inmovilistas partidarios del estado de excepción o proclives incluso a fomentar un golpe de Estado militar. El gobierno tenía por tanto necesidad de realizar un gesto simbólico muy marcado para relajar esas tensiones, y de ahí la promulgación del decreto. Además, el anuncio de la adopción de esas medidas se hizo el mismo día 28 a última hora de la tarde en la televisión nacional, y corrió a cargo del ministro de Información y Turismo, que leyó íntegramente ante las cámaras el contenido del decreto. A la mañana siguiente, Suárez demostró unas dotes de comunicación aun más llamativas al aparecer en la pequeña pantalla con la intención de reafirmar por un lado la autoridad del Estado —señalando asimismo la preocupación del gobierno ante «la importancia del desafío» terrorista—, y de anunciar por otro su firme voluntad de continuar avanzando, con determinación inquebrantable, por la vía de la democratización abierta. La conjugación de «autoridad y libertades políticas», por emplear las propias palabras de Suárez, no se reduce por tanto a una simple cuestión de medidas legislativas y policiales, es también una tarea de política simbólica[52].

Este ejemplo viene a confirmar la hipótesis de que, en estos primeros años de la transición, la lucha antiterrorista no respondió a un esquema planificado. Esta falta de preparación puede explicarse simplemente por el hecho de que el Estado de la transición tenía otras prioridades, centradas en este caso en la reforma democrática —instauración de las libertades, desmantelamiento del aparato institucional franquista, reforma política para la celebración de elecciones libres, gestión de las élites inmovilistas del «búnker», incorporación de la oposición moderada al proyecto reformista, etcétera—. Sin embargo, existe otro factor, fundamental: el de la percepción de la figura del enemigo terrorista, íntimamente ligada con el arraigo de una concepción del orden público tan autoritaria como inadecuada.

c) El borroso perfil del enemigo terrorista

Las autoridades dan la impresión de manejar una percepción aguda del riesgo terrorista, al menos si damos crédito a los informes anuales que redactan los fiscales generales entre los años 1975 y 1977. En todos ellos se denuncia el peligro que representa el fenómeno terrorista, al que se califica de «plaga», de «azote» o de «infección» —denominaciones que se corresponden con una concepción organicista de la sociedad—. Pese a no constituir un fenómeno nuevo, los fiscales señalan que el terrorismo está experimentando una fuerte progresión. Así explican en 1975 que «la continua apelación a la violencia […] continúa su progresión», que en 1976 ha pasado a convertirse en una «forma cada vez más frecuente de delincuencia», que está «proliferando», y que su «peligrosidad es cada vez mayor»[53]. El Estado ha de ser consciente de ello y tomar las medidas adecuadas para frenar del modo más eficaz ese avance.

Sin embargo, esa toma de conciencia se verá alterada por el carácter indeterminado de la amenaza terrorista. Ya hemos visto que el fenómeno violento quedaba diluido en un conjunto de formas subversivas diferentes, de modo que durante un tiempo el terrorismo no pasó de ser uno de los elementos de la subversión global contra la seguridad interior del Estado —lo que explica que los documentos administrativos lo incluyeran en los mismos epígrafes que las alteraciones del orden público, los conflictos sociales o las disidencias políticas—. Por consiguiente, no será objeto de una vigilancia específica por parte de los servicios policiales. El informe del Gobierno Civil de Vizcaya correspondiente al año 1976 ilustra esta tendencia al describir el balance de la actividad policial en términos de «desarticulación» de «grupos minoritarios», algunos de los cuales «no dudaron en apelar a medios violentos, incluidos terroristas, para impedir la evolución política de la nación». En la relación de grupos desarticulados de este modo se yuxtaponen un comando de ETApm y una rama del PCE(r) con una serie de células pertenecientes al sindicato nacionalista vasco LAB, a la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, a la LCR-ETA-VI Asamblea, o al Comité Estudiantil del Partido Comunista de Euskadi, pese a que estos últimos no emplearan la violencia con fines terroristas[54]. Hemos de recordar que, de las detenciones de índole política que se efectúan en el primer trimestre del año 1977, solo el 7 % se debían a delitos de naturaleza terrorista[55].

A esta percepción confusa de la subversión se añade la caótica efervescencia de los primeros años de la transición. La multiplicidad de actores violentos —una realidad que ya evocamos en la primera parte de esta obra— nubla la visión de las autoridades y dificulta la acción policial. En el memorando del año 1976, el fiscal del Tribunal Supremo reconocerá esta impotencia del Estado, incidiendo sobre todo en la dificultad de capturar a los responsables a causa de la confusión de los puntos de referencia. Resulta «cada vez más difícil distinguir el ánimo o la intencionalidad de las acciones» de los grupos armados, confiesa, máxime teniendo en cuenta que emplean las mismas armas y medios que los delincuentes ordinarios[56]. Esta confesión de una insuficiente comprensión de lo que ocurre —que se debe sin duda, al menos en parte, al borroso perfil tras el que se difuminan los GRAPO entre 1976 y 1977— revela que el crecimiento de un fenómeno violento plural e indiferenciado está incrementando la vaguedad de las percepciones, y esto en el preciso instante en que el Estado se encuentra en plena fase de democratización. Podemos concluir por tanto, con Óscar Jaime Jiménez, que lo que caracteriza al combate antiterrorista de esta época es la existencia de un «desconcierto generalizado»[57], lo que desembocará a su vez en una relajación de la presión estatal y, de forma paralela, en un aumento del margen de maniobra de los violentos —sobre todo en el caso de ETA, que aprovechará estos meses de relativa libertad para reclutar una importante masa de militantes y acometer un proceso de reestructuración.

De hecho, si examinamos con detalle la naturaleza de los terroristas detenidos durante el primer semestre de 1977, lo que se constata es que el grupo que es objeto de un mayor número de arrestos es el de los GRAPO, ya que son detenidos en masa en febrero de 1977, tras la liberación de Antonio María de Oriol y de Emilio Villaescusa. Tras ellos vienen, con el mismo número de detenciones, ETA y el FRAP, seguidos del MPAIAC[58]. Los 43 militantes del FRAP que resultan detenidos lo son en casi todos los casos con posterioridad a los incidentes ocurridos en Madrid el día 14 de abril de 1977 —aniversario de la Segunda República—, incidentes durante los cuales unos policías habían sufrido heridas a causa de un cóctel molotov. El FRAP, cuyos golpes de efecto se remontan al verano de 1975 y que en la práctica había quedado incapacitado para causar grandes perjuicios antes incluso de la muerte de Franco, se encuentra paradójicamente con un número de detenciones igual al de una ETA en plena expansión, lo que da fe de la distancia existente entre la realidad de la presencia terrorista y su represión. Durante el primer semestre de 1977 serán detenidos muy pocos militantes de ETA —apenas cincuenta—, una cifra bastante reducida que podría atribuirse también al imperativo gubernamental que preconiza la liberación de todos los etarras, con la vista puesta en ofrecer garantías de credibilidad democrática a las elecciones de junio de 1977.

En julio de 1977, en el clima de euforia que sucede a las elecciones de junio y a la formación del primer Parlamento democrático, el problema del orden público deja de constituir una prioridad en el programa de los partidos políticos, mientras se constata, por el contrario, que el terrorismo no figura todavía entre sus preocupaciones. Ni siquiera Fraga, líder de la derecha parlamentaria y gran aficionado a los discursos catastrofistas, centrados en la seguridad de la nación, hace referencia a esa violencia[59]. La razón hay que buscarla en el hecho de que las prioridades discurran por otros derroteros, dado que todas las miradas se hallan fijas en la elaboración de la futura Constitución, la instauración de las libertades públicas y la resolución de la fuerte crisis económica y social que golpea al país. Habrá que esperar al año 1978 para observar una progresiva toma de conciencia del peligro que supone el terrorismo.

Año 1978: se toma conciencia del peligro terrorista

En efecto, el terrorismo recuperará rápidamente su posición de preeminencia en la escena política, impulsado al primer plano por una larga serie atentados que conmocionan profundamente a la sociedad, hasta el punto de forzar la reacción de la Cámara de diputados.

Ya en el mes de septiembre, el presidente interino del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, condenará el atentado ultra perpetrado contra El Papus, un semanario satírico de Barcelona, señalando que constituía «un ataque a la democracia y a la paz ciudadana»[60]. Una semana más tarde, será la Comisión de Reglamento del Congreso quien condene el asesinato de un capitán de la Policía Armada en Madrid, a manos de los GRAPO. José Pedro Pérez-Llorca (diputado de UCD) expresa entonces el deseo de que esa acción haga «reflexionar con serenidad a todos los grupos políticos acerca de nuestra corresponsabilidad en la elaboración de un orden democrático por vía pacífica». Ese mismo día, la Comisión de Economía del Parlamento, reunida también como consecuencia del atentado, rechaza ese ataque «contra esta naciente democracia»[61]. Esta tímida injerencia del hecho terrorista en la vida parlamentaria se traducirá poco después en una referencia explícita en los Pactos de la Moncloa. El título VIII sobre el orden público se refiere al terrorismo diciendo que constituye una de las agresiones a que se ve confrontada la democracia. Se aportan pocas precisiones sobre las modalidades más adecuadas para combatirlo, salvo la de la clara determinación de insertar la figura del terrorismo en la legislación ordinaria, que se corresponde con el deseo general de eliminar todas las legislaciones especiales del franquismo. La idea de crear una unidad de policía judicial específicamente dedicada a la investigación de los delitos terroristas se halla asimismo presente. Por lo demás, el texto se remite a los «criterios generalmente aceptados en los Convenios internacionales y en los países de Occidente»[62]. La indeterminación del texto revela que los grupos políticos aún no han cobrado conciencia de la inminencia y la importancia de la amenaza violenta.

Este panorama irá cambiando progresivamente en el transcurso del año 1978. Si en 1977 los factores que suscitaban debate sobre el orden público eran los incidentes relacionados con la violencia estatal[63], en 1978 el elemento predominante será el de las intervenciones destinadas a denunciar el peligro del terrorismo contestatario. En abril, el debate parlamentario vinculado con el cumplimiento de los Pactos de la Moncloa quedará marcado por el terrorismo. La argumentación se inicia con una condena de los atentados que se vienen produciendo desde el día primero de marzo, en particular el del asesinato del director general de Instituciones Penitenciarias, a manos de los GRAPO, el 22 de ese mes. El problema general del orden público, y el más particular del terrorismo, habrá de constituir en lo sucesivo la segunda prioridad del gobierno Suárez, y todos los grupos políticos harán referencia a él —en un gesto que representa un significativo paso adelante en relación con los programas expuestos en julio de 1977[64]—. En mayo, el asesinato del presidente del gobierno italiano, Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas, junto con la muerte de dos guardias civiles en Pamplona, en un atentado perpetrado por ETA, determinarán que el Congreso de los Diputados observe su primer minuto de silencio[65]. En junio, la comisión de encuesta reunida para abordar el examen de los incidentes registrados en Tenerife en diciembre de 1977 insertará por primera vez la cuestión del MPAIAC en el análisis de la situación reinante en las Canarias. Cabe decir también, de manera más global, que el terrorismo revelará tener una importante presencia en un debate inicialmente previsto para denunciar la represión policial[66]. La víspera de ese debate, dos atentados de ETA —que habían sido perpetrados los días 27 y 28 de junio de 1978 en el País Vasco y provocado la muerte de dos personas (entre las que se contaba el periodista José María Portell)— habían motivado la aprobación por unanimidad de la primera declaración institucional de clara condena del terrorismo, entendido como grave «amenaza para el proceso constituyente y los supremos valores nacionales que éste consagra y para la consolidación de la democracia»[67]. La concienciación del peligro terrorista se pone de este modo en marcha.

Un mes después, a esta primera consideración unánime le seguirá una sesión parlamentaria llamada a convertirse en el punto de inflexión definitivo de la implicación de los diputados en la lucha antiterrorista. La sesión del 21 de julio de 1978, de fuerte connotación simbólica —dado que viene motivada por la aprobación final del proyecto constitucional—, quedará marcada de facto por el zarpazo terrorista, ya que ese mismo día ETA asesina en Madrid al general Juan Sánchez Ramos. De este modo, la aprobación de los últimos artículos de la Constitución vendrá precedida por una serie de largas intervenciones por parte de todos y cada uno de los diferentes grupos parlamentarios, todas ellas centradas en el desafío terrorista. La importancia simbólica del debate es tal que el propio Suárez, poco proclive al discurso parlamentario, interviene en última instancia, apoyado por todos los diputados, que participan con él, puestos en pie, en la observancia de un minuto de silencio en homenaje a las «víctimas del terrorismo». ¿Qué puede colegirse de este nuevo estado de cosas? Que todos los grupos parlamentarios dan fe de su preocupación por la espiral de violencia y consideran que el problema del terrorismo no es ya un simple problema del Ejecutivo, o de la política interior, sino una cuestión de Estado. Se percibe unánimemente que el atentado es una agresión dirigida contra la joven democracia —Santiago Carrillo pronunciará la frase clave al declarar que «el terrorismo […] es sin duda el peor enemigo de la democracia»—. Y es justamente el hecho de haberse transformado en el principal enemigo de la democracia lo que determine que todas las formaciones reclamen la adopción de medidas en las que vengan a aunarse la firmeza y la serenidad. El partido del gobierno no dejará escapar la ocasión: «No cabe afirmar que estamos en la construcción de la democracia; estamos ya en democracia […]. Estamos pues ante una ofensiva contra nuestro Estado, contra nuestro Estado democrático, contra España», asegura el líder del grupo de la UCD, José Pedro Pérez-Llorca, lanzando al mismo tiempo un llamamiento a «la mayor firmeza en la aprobación rápida y expeditiva, sin tergiversaciones, de la Ley de Medidas Antiterroristas»[68]. Esta sesión constituye un punto de no retorno en la apreciación del riesgo terrorista. Enrique Tierno Galván, dirigente del Partido Socialista Popular, es perfectamente consciente de ello al afirmar en una sesión posterior que «el terrorismo ha llegado a un cierto clímax, un clímax que se hizo patente en el día de los luctuosos acontecimientos de Madrid, cuando dos soldados […] cayeron víctimas del terrorismo»[69]. Uno de los factores simbólicos que explican esta unánime toma de conciencia pasa por el triple golpe que el terrorismo acaba de asestar al corazón de España —atentando en su capital, contra las fuerzas encargadas de protegerla, y en la fecha misma de su emancipación democrática—. Surgía así una coyuntura inmejorable para adoptar el proyecto de medidas antiterroristas, previamente examinado por la Comisión de Justicia[70], y aprobado el 27 de julio de forma prácticamente unánime[71]. En noviembre, las tres sesiones plenarias consagradas a la cuestión terrorista vendrán a reforzar la convicción de que el terrorismo es un enemigo de la democracia al que ha de combatirse con firmeza[72]. La sesión celebrada el día 8 de noviembre pone de manifiesto la unanimidad a la que ha llegado la Cámara de diputados en su voluntad de luchar contra este nuevo azote, puesto que la reunión da lugar a la primera moción común firmada por todos los grupos parlamentarios —con la única excepción del PNV—. La moción insta al gobierno a adoptar, «dentro de la ley, todas las medidas necesarias para aislar y erradicar el terrorismo»[73].

De forma paralela a este despertar de las conciencias, el terrorismo se transforma en una realidad autónoma, independiente de las demás entidades subversivas. En diciembre de 1977, Martín Villa diferenciaba ya, siquiera tímidamente, el terrorismo de la conflictividad urbana al evocar la «triple amenaza del terrorismo, de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia común»[74]. En abril de 1978, Suárez retomará esta triple distinción al diferenciar «el desorden público» de la «delincuencia común» y de la «criminalidad de las bandas armadas». El desorden público se concibe como «producido por la transición política, que se da necesariamente en todo proceso de cambio y como falta de adaptación de las leyes y de las personas a la nueva situación». Dicho desorden se correspondería con lo que yo misma he calificado aquí de violencias de baja intensidad (en referencia a las alteraciones del orden público y a las acciones de guerrilla urbana a pequeña escala), violencias a las que hay que añadir las manifestaciones y las huelgas que tanto denuncia el gobierno. Interpretadas en este caso como el resultado inevitable del proceso de cambio político, Suárez considera que estos desórdenes constituyen un episodio «prácticamente superado». Por el contrario, la acción terrorista de las «bandas armadas» representa la primera preocupación del gobierno, debido a que es el «cáncer de las sociedades actuales» y a que constituye por tanto una amenaza para el presente[75]. En noviembre de 1978, Martín Villa distinguirá con mayor claridad todavía el orden público de la «lacerante herida abierta del terrorismo», al que es preciso aislar. Confirmando el análisis de Suárez, Martín Villa sostiene que «España no tiene un problema grave de orden público, tiene un grave problema de terrorismo». La percepción de este problema lo considera un «fenómeno extraordinario» que supera la noción del orden público debido a que posee un conjunto de características «indiscutiblemente excepcionales», y en este sentido su erradicación requiere la creación de instrumentos jurídicos y policiales específicos. Para el ministro del Interior, el enemigo terrorista es doble: uno es «claramente revolucionario» y tiene por objetivo «la subversión del orden social y político establecido» —en referencia a los GRAPO—; el otro es «independentista» y se propone lograr «la pura y simple secesión» —aludiendo en este caso al MPAIAC y a ETA—. Pese a todo, Martín Villa considera que la represión policial ha afectado muy duramente a los GRAPO y al MPAIAC, con lo que, en último término, solo ETA plantea «hoy», afirma, «el verdadero problema»[76]. De la extrema derecha ya ni siquiera se habla.

A finales de 1978, la percepción del riesgo terrorista experimenta una fuerte transformación, una transformación que concuerda cronológicamente con la escalada terrorista sufrida ese mismo año. Por un lado, el conjunto de los grupos políticos ha ido cobrando progresivamente conciencia del peligro real y duradero que representa el terrorismo, al que en lo sucesivo se considerará una amenaza persistente para la consolidación de la democracia. Por otra parte, el gobierno ha adaptado la borrosa percepción que tenía del fenómeno a la realidad democrática y ha conseguido individualizar la figura del terrorista. Por consiguiente, el Parlamento se muestra dispuesto a adoptar las medidas de represión específicas que exige esta forma de violencia que, pese a encontrar su anclaje en el pasado reciente, se percibe en 1978 como un nuevo obstáculo a superar en la senda de la transición.

La adopción de medidas antiterroristas: de la urgencia de lo provisional a la inserción en el orden permanente

A partir de 1978, la lucha antiterrorista queda convertida en una prioridad de la política del mantenimiento del orden, de modo que en el transcurso de las primeras legislaturas se empezarán a dar los pasos necesarios para adoptar una batería de medidas legislativas específicas. Estas disposiciones todavía aparecen marcadas, siquiera parcialmente, con el sello de la urgencia y de las legislaciones especiales, aunque también dan fe de la creciente voluntad que anima a los dirigentes a integrar la excepcionalidad en la legislación ordinaria.

El gobierno continúa actuando a impulsos de la urgencia coyuntural. Esto le llevará a recurrir en tres ocasiones a los decretos leyes —en junio de 1978, en enero de 1979 y en noviembre de ese mismo año—. En junio de 1978, mientras aguarda la aprobación de la ley antiterrorista que se halla en curso de tramitación en el Parlamento, el Ejecutivo justifica la utilización del sistema del decreto-ley en la urgente necesidad de dar una respuesta a «la gravedad y la importancia de las acciones» terroristas —una doble relevancia que los asesinatos perpetrados por ETA acaban de revelar de manera coyuntural, como ya hemos señalado más arriba[77]—. El gobierno aprovecha así el consenso recién alcanzado en torno a la moción del 28 de junio para promulgar el decreto. De hecho, la Cámara de los Diputados no contestará su adopción, y la ley antiterrorista de diciembre retomará sus principales medidas[78]. En enero de 1979, en cambio, la situación es muy distinta, ya que han sido promulgados tanto la Constitución como la ley antiterrorista de diciembre de 1978, y a que el gobierno aprovecha el periodo de interinidad del Congreso para dar luz verde a su decreto-ley[79]. El terrorismo de ETA y los GRAPO está en plena expansión, lo cual provocará una gran tensión en enero; el día 3, ETA vuelve a asesinar en Madrid a un alto mando del Ejército —el general Constantino Ortín Gil, gobernador militar de la capital—, y el 10 del mismo mes los GRAPO matan en el centro de la capital a un magistrado del Tribunal Supremo. En total, los dos grupos terroristas asesinarán a 16 personas en enero. El decreto-ley queda de este modo justificado en virtud del «momento presente», que exige «una adecuada respuesta al fenómeno del terrorismo», dado que es preciso evitar «la posible indefensión de la sociedad frente a la delincuencia»[80]. En noviembre de 1979, y a pesar de la aprobación del Estatuto de Guernica, el terrorismo de ETA incrementará todavía más su capacidad letal. Este mes de noviembre es en particular el momento elegido por ETApm para secuestrar a Javier Rupérez, diputado de UCD, lo que pudo motivar la adopción de nuevas medidas antiterroristas[81]. Más tarde, la ley orgánica de defensa de la Constitución, por la que se modifican algunos artículos de los códigos penal y militar relativos a los delitos de rebelión y terrorismo, vendrá igualmente motivada por la situación coyuntural posterior al 23-F[82].

Esta sucesión de medidas (siete leyes y decretos-leyes en tres años), marcadas por la urgencia, no solo revela la amplitud de la amenaza, sino también la falta de preparación del Ejecutivo y la indecisión del Estado. Este desvela por tanto su fragilidad y la dificultad que tiene para evaluar con precisión la realidad terrorista, a pesar de haber cobrado conciencia del peligro que representa. La superposición de instrumentos jurídicos viene a confesar indirectamente que los dispositivos ya existentes son ineficaces, máxime teniendo en cuenta que lo que les caracteriza es su faceta provisional, es decir, su condición de medidas limitadas en el tiempo. El decreto de junio de 1978 está destinado a quedar abolido por la ley antiterrorista, mientras que el de diciembre de 1978 tiene una duración de un año y será prorrogado por otro año más por el decreto de noviembre de 1979.

Habrá que esperar al año 1980 para que los dirigentes renuncien a las medidas provisionales de urgencia. En efecto, la ley orgánica de diciembre de 1980[83] fijará en el ámbito de la normalidad jurídica las prerrogativas excepcionales del Estado en la lucha contra el terrorismo, unas prerrogativas consideradas hasta ese momento como excepcionales y provisionales. Dicha ley orgánica desarrolla las modalidades de aplicación del artículo 55.2 de la Constitución, introducido a instancias del ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, pese a la oposición de la izquierda[84]. Ese artículo, el primero de este género que aparece en las Constituciones europeas, autoriza al Estado a suspender ciertas libertades fundamentales con el fin de facilitar las investigaciones relacionadas con «la actuación de bandas armadas o elementos terroristas»[85]. La ley, conocida como ley de «suspensión de los derechos individuales», es por tanto una restricción impuesta por la norma constitucional. De hecho, el PNV afirma haber abrigado siempre la esperanza de que dicha restricción acabara cayendo en el olvido, pero lo cierto es que el gobierno se encargará de recordar su existencia[86]. Al margen de estas consideraciones, esta ley revela la evolución que han experimentado las percepciones relacionadas con el riesgo terrorista, dado que ahora deja de considerarse que ese peligro pertenezca al orden de lo transitorio; ya no se juzga que constituya un apéndice temporal vinculado con la incierta coyuntura histórica sino que, al contrario, ha sido integrado como una amenaza duradera. En efecto, en 1980, el número de víctimas de la violencia política alcanza su punto culminante. Ese año, ETA perpetra un centenar de asesinatos, a pesar de que el Estatuto de Guernica haya sido puesto en marcha y de que el País Vasco cuente con un Parlamento y un gobierno autónomos. La sensación de crisis generalizada que se adueña del clima político y social aumenta el sentimiento de inseguridad y la honda preocupación que provocan los atentados. En el transcurso de la sesión en la que se somete a examen la ley, el partido en el poder insiste en la fuerte presión social que demanda mayor eficacia en la lucha antiterrorista, resaltando «clamorosa y unánime la exigencia social de poner fin definitivamente a esta situación insostenible». De este modo, el gobierno lanza un llamamiento a las fuerzas de la oposición, conminándolas a aceptar un proyecto que altera de forma duradera los principios del Estado de derecho. Sin embargo, la oposición se resiste a aceptar la normalización de un riesgo que todavía juzga transitorio. El PCE y el PSOE se resignan a apoyar al Ejecutivo por sentido del deber, pero lamentan que la ley carezca de límites temporales, pues a su juicio la norma sigue siendo de naturaleza excepcional. Y aun en 1981, el PCE se debatirá en un inútil esfuerzo por introducir una disposición adicional relativa a su carácter provisional[87].

Por otra parte, la voluntad de normalizar la legislación antiterrorista se traducirá en la desaparición del delito de terrorismo, que queda integrado en el Código Penal. Los delitos de terrorismo son sustituidos de este modo por varios tipos de acciones delictivas definidas en función de los medios empleados y sus resultados —asesinato, heridas graves, detención ilegal, depósito de armas, etcétera—, a condición de que hayan sido cometidos por «grupos organizados y armados»[88], lo que determina que el carácter grupal y militarizado del actor se sitúe en el núcleo mismo de la definición jurídica del terrorismo. Este queda por tanto despojado de su carácter político y pasa a engrosar la lista de los delitos ordinarios. España se alinea de este modo con los principios del Convenio Europeo para la represión del terrorismo, que niega la calificación de «delito político» a toda una serie de acciones consideradas como acciones violentas de carácter grave, dirigidas contra la vida y la libertad[89]. España firma en 1978 el Convenio, y en febrero de 1980 el Congreso de los Diputados ratifica la adhesión. Los argumentos favorables a la despolitización del delito de terrorismo son por tanto muy sólidos, y los comparte además la inmensa mayoría de miembros de la Cámara[90]. «El delito político existía cuando los países eran autoritarios, pero cuando los países son democráticos, entonces no hay razón ninguna para dar la consideración de político a alguien que […] lo que hace es eliminar violentamente a sus contrarios», afirma un diputado de UCD. «Un terrorismo practicado contra dictaduras […] tenía su posible justificación si servía para restablecer las libertades democráticas, no para anularlas, no para destruirlas», insiste de facto el comunista Jordi Solé Tura[91]. Al negar normativamente el carácter político de la acción terrorista, las élites consolidan su percepción de la naturaleza democrática del Estado español y deslegitiman el recurso a la violencia al relegarlo a la esfera de los delitos propios del derecho común.

No obstante, el carácter específico de la delincuencia terrorista no dejará de afirmarse, tanto en los discursos políticos como en la adopción de las medidas concretas. Por lo demás, la oposición socialista, comunista, y sobre todo nacionalista vasca, no renunciará a solicitar la adopción de medidas políticas, presentándolas incluso como las únicas potencialmente capaces de resolver en profundidad el problema vasco. Por consiguiente, este planteamiento de la oposición viene a constituir un testimonio de la insuficiencia y de la ineficacia, tanto de las medidas legislativas adoptadas como de la acción policial, reconociendo al mismo tiempo el carácter eminentemente político de la acción terrorista, pese a que en términos jurídicos se le niegue.

Por último, y de forma paralela a la elaboración de estas medidas, la atención de las Fuerzas del Orden Público se desvía de la subversión política para concentrarse en el enemigo que recurre a la violencia para afirmar sus ideas. Hasta el año 1977 incluido, las informaciones sobre las detenciones de tipo político que ofrece el Ministerio de la Gobernación se referían al conjunto de los delitos contemplados en la ley sobre el orden público, mezclando de este modo la subversión político-social y la acción terrorista. Solo a partir de 1978 empezará a observarse que los documentos oficiales comienzan a contabilizar —en el plano nacional— el número de detenciones de terroristas, desentendiéndose en lo sucesivo de la cuestión de la subversión política. A partir del decreto-ley de junio de 1978, este recuento se hará sistemático —de hecho, las cifras que hemos podido recabar provienen de los informes que redacta la Dirección General de Seguridad con el fin de valorar el resultado de todas estas medidas.

Dichos informes muestran que en 1979 se entra en una nueva fase, y que poco después el número de detenciones se estabiliza en torno a las mil anuales (gráfico 22). Existe por tanto un cierto desfase entre el crecimiento de la violencia terrorista que se observa a partir del año 1978 y el ajuste de la respuesta policial que se percibe a los pocos meses, tras la aplicación de la legislación antiterrorista. Entre los terroristas detenidos, los de ETA constituyen la parte más importante, y su número crece constantemente —lo que se corresponde con el hecho de que la banda monopolice cada vez más la práctica de la violencia de protesta—. Otros datos[92] coincidentes permiten detectar, tras la relativa pausa del año 1977, un primer aumento de las detenciones de presuntos miembros de ETA en 1978, aunque entre 1980 y 1981 se producirá un salto espectacular, ya que este periodo no solo es justamente el de los años más duros del terrorismo vasco, sino también el momento en el que empieza a arraigar una auténtica estrategia antiterrorista, dirigida por el ministro del Interior Juan José Rosón.

Gráfico 22. Detenciones por delitos contra el orden público y por terrorismo

Fuentes: Elaboración personal basada en documentos redactados por la Dirección General de Seguridad: «Datos estadísticos generales», 1975-1976, AGMI, SGT, 11048; AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977; «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234; Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239.

La legislación antiterrorista en busca del equilibrio democrático

Al mismo tiempo que se produce esta oscilación entre la provisionalidad surgida de la urgencia y la permanencia de una previsión de más largo plazo, entre lo extraordinario y lo ordinario, las sucesivas legislaciones antiterroristas irán buscando otro equilibrio: el que media entre la adecuación al Estado de derecho y la firmeza de la respuesta precisa para su supervivencia. Dichas oscilaciones son consecuencia de un compromiso entre las fuerzas políticas que las aprueban de forma casi unánime —siendo los más reticentes los nacionalistas vascos del PNV—. Esta búsqueda del consenso gira alrededor de la tensión entre el orden y la libertad, dos elementos que se perciben igualmente indispensables para la supervivencia de la reforma, pero cuyo equilibrio tiende a bascular —por lo que hace al partido en el poder— hacia la defensa de la autoridad, mientras que la oposición de izquierdas lucha para preservar las parcelas de libertad tanto tiempo anheladas. Los dispositivos que se adoptan en nombre de «la defensa del Estado, la defensa de la democracia, la defensa de la libertad de los ciudadanos, la defensa del ordenamiento jurídico, la defensa del derecho a la vida, la defensa, en fin, de la convivencia y la paz ciudadana» —por emplear aquí las palabras del ministro del Interior[93]— consisten en restringir el ámbito de las libertades que la Constitución de 1978 acaba de consagrar. En términos generales, los derechos afectados son el derecho a la intimidad de la vida privada, la libertad de expresión y la seguridad jurídica. En efecto, las medidas que se adoptan entre 1978 y 1981 autorizan o facilitan las escuchas telefónicas o el control de la correspondencia postal y telegráfica, los registros domiciliarios, la prolongación de la detención preventiva más allá del plazo máximo ordinario de 72 horas y la incomunicación de los detenidos. Por otra parte, dichas medidas establecen además una sanción penal para el delito de apología del terrorismo. Para comprender un regreso tan rápido a los métodos represivos es preciso tener en cuenta que se debe, por un lado, a la herencia del autoritarismo franquista y, por otro, a la adaptación de la respuesta del Estado, obligado a defender la democracia.

En un primer momento, el gobierno se mostrará en repetidas ocasiones reacio a deshacerse de los sistemas puestos en marcha por el régimen anterior. Ejemplo de ello es el hecho de que, en los inicios mismos de la legislatura constituyente, el PSOE exigiera la derogación inmediata y total del decreto antiterrorista de agosto de 1975. El gobierno se negó a acceder a esa demanda con el pretexto de que la Cámara de los Diputados estaba examinando por esa misma época un proyecto de ley sobre el orden público que preveía justamente esa derogación. Sin embargo, al final, ese proyecto no dará lugar a la promulgación de ninguna ley, de modo que el Partido Socialista se verá obligado a reiterar su exigencia en enero de 1978 —argumentando que el decreto constituye «un auténtico anacronismo que […] no se corresponde, con el momento actual, ni por su origen, ni por su espíritu, ni por su contenido normativo»—. El mencionado marco normativo continúa concediendo un amplio margen de maniobra a las acciones represivas, lo que no dejará de recordar uno de los diputados socialistas:

Puede producirse un mandamiento de registro en su casa porque un Comisario presume que allí hay personas que pueden resultar implicadas en un delito de terrorismo. Puede ocurrir que cualquier ciudadano sea detenido durante cinco días, porque así lo exige la investigación; puede ocurrir que a cualquier ciudadano se le imponga la pena de prisión mayor porque un buen día, y por simple curiosidad, se compre un manual sobre el manejo de escopetas, etc.; puede ocurrir que a cualquier ciudadano se le pueda aplicar la prisión mayor porque ha construido un local que el Comisario presume que se puede dedicar para el secuestro de persona[94].

Se pone aquí de manifiesto uno de los principales problemas de la transición: existe todavía un conjunto de leyes represivas que todo el mundo considera obsoletas y que sin embargo perduran debido a que el gobierno pretexta que no puede dejar al Estado indefenso frente a las agresiones terroristas. El decreto-ley de noviembre de 1979 queda asimismo justificado por el hecho de que «no se puede dejar indefensa a la sociedad», ya que, en caso contrario, «se crea un vacío legal en materias que son absolutamente necesarias en la tramitación de la lucha contra el terrorismo»[95].

Por lo demás, el recurso a los decretos leyes es una forma de eludir el control parlamentario, lo que contradice las pretensiones democráticas de las que se hace gala. Pese a que en junio de 1978 la oposición optara por permanecer en silencio, lo cierto es que ahora, en enero y noviembre de 1979, decidirá en cambio alzar la voz, ya que los decretos de estas dos últimas fechas introducen una gran inseguridad jurídica al sancionar con severidad la apología pública del terrorismo, con lo que se atenta de hecho contra la libertad de expresión. El primer decreto se percibe como una medida autoritaria y electoralista destinada a que el gobierno consiga ganar adeptos en los caladeros de votos situados a su derecha con vistas a las inminentes elecciones generales. Además, ese primer decreto es considerado anticonstitucional —al igual que el de noviembre—. En efecto, los dos decretos afectan a los derechos y a las libertades fundamentales, garantizados por la Constitución, cuando lo cierto es que —según el artículo 86.1 de la misma— no hay urgencia capaz de justificar que el Ejecutivo recurra al decreto-ley para adoptar medidas que atenten contra esos derechos. Para los nacionalistas vascos, el decreto no es más que una forma de resucitar el estado de excepción franquista, y, de hecho, incluso en los discursos de la oposición de izquierdas continúan planeando los espectros del Tribunal de Orden Público y de la dictadura[96]. El socialista Gregorio Peces-Barba irá todavía más lejos al afirmar que el decreto le recuerda al nazismo, puesto que el método consistente en «la inconstitucionalidad formal fue el camino en el cual y a través del cual Hitler acabó con la República de Weimar»[97]. La sombra del autoritarismo deslegitima a tal punto los decretos que los socialistas, los comunistas y los nacionalistas vascos reclamarán la supresión del primero[98], uniéndose al mismo tiempo para rechazar con una sola voz el segundo, cuya urgencia ya no se comprende. De hecho, este último decreto no conseguirá aprobarse más que por un voto, ya que el consenso antiterrorista de 1978 se ha estrellado contra el persistente escollo de las prácticas autoritarias del gobierno, poniendo de manifiesto su fragilidad y el carácter extremadamente sensible de la cuestión terrorista, cuya resolución requiere de una postura unánime.

Sin embargo, la restricción de los derechos fundamentales es a su vez una consecuencia del nuevo desafío que plantean los terroristas, y en tal sentido la restricción cuenta con la aprobación de la gran mayoría de la oposición, en nombre de la defensa de la democracia. El PSOE y el PCE proporcionan un respaldo sin fisuras a todos los dispositivos legislativos que propone el gobierno, mientras que el PNV se muestra más reticente y se abstiene obstinadamente en todos los casos —y solo dos diputados nacionalistas radicales, uno vasco y otro canario, se opondrán frontalmente a las medidas[99]—. Por consiguiente, tanto los socialistas como los comunistas contribuyeron a la limitación de las libertades públicas, pese a que los debates parlamentarios den fe de su notable renuencia a hacerlo. En 1980, por ejemplo, el comunista Jordi Solé Tura afirma, a propósito de la aprobación de la ley de suspensión de las libertades, que se hace «difícil y grave votar» en favor de un texto que no resulta enteramente satisfactorio, pero que no obstante es preciso respaldar por sentido de la responsabilidad en la necesaria lucha en defensa de la democracia. Para los socialistas se trata también de un momento difícil, de un trance que dista mucho de constituir «un momento de júbilo o de satisfacción», dado que consiste en aprobar una ley reducida a sus «mínimos aceptables»[100].

Los puntos más controvertidos pasan en primer lugar por la prórroga de la detención preventiva más allá de las 72 horas normalmente previstas, con la posibilidad de incomunicar además a la persona arrestada. La presunta eficacia de estas disposiciones se comprende mal, sobre todo teniendo en cuenta la presunción de inocencia y el derecho del detenido a contar inmediatamente con la asistencia de un abogado —como garantiza el artículo 17.3 de la Constitución—. Es más, hay quien las percibe incluso como una vía sesgada con la que facilitar, e incluso estimular, la tortura de los detenidos[101]. El segundo elemento polémico, la posibilidad de registrar el domicilio de una persona y de interceptar sus comunicaciones privadas en caso de que exista una simple sospecha policial y sin autorización judicial previa, se considera una injerencia insoportable del Estado en la vida privada, una intromisión cuya aplicación se halla además expuesta a los excesos y a las arbitrariedades. Por último, la oposición criticará con vehemencia el hecho de que el control judicial de estos procedimientos no quede en manos del juez ordinario local, sino del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, cuya sede se encuentra en Madrid. Al margen de la desconfianza que despierta un juzgado sobre el que planea la sombra del Tribunal de Orden Público, los detractores de la medida la tachan de constituir una violación del derecho, reconocido en la Constitución, a la jurisdicción ordinaria local (artículo 24). «Nosotros los vascos […] reivindicamos que nuestros justiciables sean juzgados en el País Vasco, desde el principio hasta el fin», declarará en 1980 Juan María Bandrés, abogado y diputado del partido nacionalista vasco radical Euskadiko Ezkerra[102], desvelando con ello el envite político que supone la adopción de una medida como esa. En conjunto, todos estos dispositivos vienen a reeditar las medidas adoptadas durante los estados de excepción franquistas, y, al igual que ellas, ponen nuevamente en manos de las autoridades administrativas y policiales un inmenso poder discrecional. Esta es la razón de que la oposición luche de manera incesante para lograr que se respete el Estado de derecho y se eviten precisamente las arbitrariedades y los abusos policiales en la aplicación de la ley, estableciendo para ello un máximo de garantías. Y en esas garantías reside justamente la diferencia con el régimen dictatorial.

«Contra el terrorismo, democracia, democracia y democracia», afirma un diputado del PSOE en el momento de firmar el Convenio Europeo contra el terrorismo[103]. La oposición propone por tanto la introducción de un gran número de enmiendas en el proyecto con el fin de corregir los excesos que tienden a favorecer el orden y a menoscabar la libertad. De este modo conseguirá imponer dos formas de control destinadas a evitar los abusos de autoridad: un control judicial estricto sobre los diversos procedimientos empleados por los agentes encargados del mantenimiento del orden, a fin de evitar una excesiva arbitrariedad en la aplicación de la ley, y un control del poder legislativo sobre el Ejecutivo —único en Europa—, por el cual el gobierno queda obligado a informar periódicamente al Parlamento tanto de las modalidades de aplicación de la norma como de sus resultados[104]. En los primeros tiempos de la transición existirá una tercera garantía —que más tarde desaparecerá al promulgarse la ley orgánica de 1980—: me refiero al control del periodo de vigencia de la norma, del que ya hemos hablado, control con el que se pretende garantizar que las medidas adoptadas tengan efectivamente un carácter excepcional. Serán estas garantías las que decidan a los partidos de izquierdas a aceptar las restricciones de las libertades constitucionales que se introducen con las sucesivas disposiciones, como recuerda el comunista Josep Solé Barberà, que en 1978 calificará este sistema de control como un método «perfecto, modélico», «un ejemplo de democracia […], de que podrá presumir esta Cámara» y que justifica por sí solo el hecho de que «cualquier comparación con las formas de excepcionalidad de tipo franquista no tendrían absolutamente ningún sentido. Esto no es una ley franquista, es una ley que combate el terrorismo como a un enemigo concreto de todas las formas de democracia y de libertad, y por eso la hemos aceptado»[105].

El periodo que abarca los años 1978 a 1980 constituye de este modo una segunda etapa en la política del mantenimiento del orden, que fue desembarazándose progresivamente de sus rasgos autoritarios para adoptar los perfiles propios de una política de seguridad ciudadana adaptada al contexto democrático. La cuestión terrorista pasará a resultar central y a ocupar en lo sucesivo el primer plano de las preocupaciones relacionadas con el orden público. El terrorismo acaparará por tanto los debates parlamentarios y suscitará la adopción de toda una batería de medidas sucesivas en las que vendrán a reflejarse los titubeos que embargan todavía a las autoridades y a la oposición en lo relativo a la respuesta más adecuada que es preciso dar a un desafío que se hace día tras día más amenazante. La cuestión terrorista será también el punto de focalización de la tensión dialéctica entre la emancipación liberal y la necesidad de seguridad —una tensión que en esta época busca todavía un equilibrio democrático—. Por un lado, el partido en el poder asimila y hace suyas las serias preocupaciones de la oposición en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, y, por otro, la oposición se alinea con el gobierno y lo apoya en la tarea de combatir con eficacia una violencia percibida como enemiga. Es por tanto una etapa marcada por la afirmación de una cultura democrática compartida por una amplia mayoría, y que resiste a pesar de su confrontación original con la necesaria eficacia del Estado en su lucha contra la amenaza terrorista, de la que depende su propia supervivencia. Sin embargo, paulatinamente, y frente a la radicalización del terrorismo de ETA, la joven democracia tenderá a sufrir la alteración creciente de una cultura liberal que apenas ha logrado consolidarse aún.

III. La radicalización de la lucha posterior al 23-F

III. LA RADICALIZACIÓN DE LA LUCHA POSTERIOR AL 23-F

El fallido golpe de Estado del 23-F marcará la superación de una etapa en el combate contra el terrorismo. Este se percibe, en efecto, como una de las causas principales de la exacerbación de la tensión latente en el seno de las Fuerzas Armadas. Debemos recordar que a finales de 1978, los GRAPO y ETA se habían embarcado en una campaña consistente en asesinar a generales del Ejército, sabedores de que con cada entierro, con cada oleada de dolor y de instrumentalización a manos de los sectores ultras, se contribuía a reforzar las posiciones de los partidarios del golpe. Tras el fracaso de la intentona, un clima de unidad nacional satura la opinión pública, decidida a salvar a la democracia, manifestándose en masa el día 27 de febrero, en defensa de «la libertad, la democracia y la Constitución». Ya hemos visto hasta qué punto el golpe había contribuido a consolidar la legitimidad del joven régimen democrático, y, a la inversa, a deslegitimar la acción terrorista.

La «guerra» contra ETA

Como es lógico, el consenso existente en torno a la lucha antiterrorista también saldrá reforzado de la experiencia golpista, como viene a mostrar el debate previo a la aprobación de la última medida de este tipo adoptada durante la transición, en abril de 1981. El entusiasmo que anima a las autoridades a adoptar la ley «de defensa de la Constitución» supera entonces al que existía en 1980 para aprobar la ley sobre la seguridad ciudadana, sobre todo porque en este caso la norma no solo aborda los delitos de terrorismo, sino también el delito de rebelión. Por primera vez, el PNV suma sus votos en la primera lectura de un texto que amplía el ámbito de las conductas sancionadas como terroristas o rebeldes y condena severamente la apología pública de esos delitos —autorizando por ejemplo el secuestro de los medios de comunicación responsables de su difusión—. Pese a que la ley afecte a la libertad de expresión, como ya sucediera con la de 1980, la cuestión es que ya «no se trata […] de una restricción de las libertades, sino de una defensa de las libertades», y además, «en la ley se respetan escrupulosamente esos principios básicos del Estado de derecho y que nos son entrañables», comenta un representante socialista[106]. El PSOE adopta de este modo, y por primera vez sin reserva alguna, esta enésima disposición antiterrorista, y lo mismo hará unas cuantas semanas más tarde al aprobar sin reparos la ley promulgada para regular los estados de alarma, de excepción y de sitio[107] —a pesar de que la norma focalice las mismas tensiones que las medidas antiterroristas, dado que concede facultades excepcionales al Estado en caso de que las circunstancias sean igualmente extraordinarias[108]—. En este sentido —y dejando momentáneamente a un lado la coyuntura de unidad nacional surgida con posterioridad al 23-F—, cabe preguntarse si el PSOE no estaría preparándose para asumir en breve la gobernación del país. Es probable que así fuera, sobre todo si tenemos en cuenta el resultado de los sondeos, que ya predecían una cómoda mayoría socialista en las inminentes elecciones generales. La defensa del Estado, cuya naturaleza democrática ya nadie cuestiona, ha dejado de ser la única prioridad del gobierno, del partido en el poder y de la derecha que encarna Fraga. Es también una preocupación importante para la formación política más destacada de la oposición, que se prepara para el momento en que le corresponda colocarse al frente del país.

Esta progresiva evolución de las representaciones vigentes en el ámbito de la oposición de izquierdas coincide asimismo con una radicalización de las percepciones relacionadas con el peligro terrorista. El terrorismo etarra está llamado a acaparar en adelante las tareas de la lucha antiterrorista, así que la presión que insta a las autoridades a adoptar medidas policiales eficaces no deja de crecer. El hecho de que empiecen a emplearse términos bélicos para categorizar el combate contra el terrorismo vasco ilustra adecuadamente la radicalización del tono empleado a partir de 1981.

La dictadura militar franquista acostumbraba a recurrir profusamente al lenguaje belicista. Y de hecho Fraga, que acapara la atención del electorado nostálgico del franquismo, no ha dejado de utilizarlo en ningún momento. Ya en 1976 afirmaba, siendo ministro de la Gobernación, que las Fuerzas del Orden Público eran «la primera trinchera de la línea defensiva» de España[109], advirtiendo además a los terroristas que «si quieren guerra la tendrán»[110]. En 1978, ahora en su condición de diputado de la oposición, Fraga volverá a evocar la necesidad de una «declaración de guerra sin ambigüedades contra el terrorismo», al considerar que solo por ese medio podría responderse a la «guerra revolucionaria» que están llevando a cabo los etarras dado que, a su juicio, era «una guerra civil larvada» en la que el Estado debía alzarse con la victoria. No obstante, con estas palabras, Fraga no conseguirá sino suscitar la indignada reprobación del conjunto de los parlamentarios, que, pese a emplear sin complejos la expresión «enemigo» de la democracia, rechazaban de plano toda referencia a una guerra. Por ejemplo, José Ángel Cuerda Montoya, diputado del PNV, elevará su voz para oponerse a la «declaración de guerra al terrorismo» que acababa de lanzar Fraga, puesto que la sola posibilidad de «combatir la violencia con la violencia» resultaba impensable, ya que eso daría lugar a «la creación, el mantenimiento o el auge de esa espiral de violencia que todos deseamos cortar de una vez y para siempre»[111]. Más tarde, en diciembre de 1980, el nuevo ministro del Interior, Juan José Rosón, adoptará a su vez la retórica militar para defender la promulgación de la ley de seguridad ciudadana, aunque en este caso optará al menos por encubrir la crudeza de los términos con una metáfora: la lucha antiterrorista no es «un juego de niños», afirmaba, sino «un juego yo diría de guerra, y para la guerra los juguetes son las armas»[112]. En abril de 1982, el propio Rosón empezará a utilizar también, sin complejos, las referencias bélicas: «el terrorismo, y el de ETA muy especialmente, plantea una guerra singular, una guerra que un grupo de fanáticos declara a la nación». Se trata, prosigue, de «una batalla que se inició hace ya muchos años» y que implica el uso de técnicas de guerra. De hecho, Fraga no dejará de resaltar con ironía que el gobierno incluya en su retórica la terminología militar[113].

Este ejemplo ilustra el nuevo y legítimo espacio que las referencias militares —anteriormente reservadas a los herederos más recalcitrantes del franquismo— han conquistado en el discurso público sobre el terrorismo[114]. Pero la cuestión es que no se trata ya de una simple retórica, dado que en marzo de 1981 el gobierno da una vuelta de tuerca más a la ofensiva contra ETA al decidir echar mano del Ejército. Tras el asesinato por ETA de dos tenientes coroneles en Pamplona y Bilbao, que se percibirá como un signo de que en el seno de ETAm ha triunfado la línea dura y de que se inicia una nueva escalada terrorista, el gobierno anuncia la integración de ciertos servicios del Ejército en la lucha contra el terrorismo y la creación de una jefatura específica, el MULA (Mando único para la lucha antiterrorista), bajo la dirección de Manuel Ballesteros, el director de los servicios secretos de la policía. A finales de marzo se envían a las costas de Cantabria varias unidades de la Armada, y a lo largo de la frontera entre el País Vasco y Francia se apuestan algunas unidades del Ejército de Tierra. No obstante, los militares no se implicarán de manera directa en la lucha contra el terrorismo, ya que su única función consistirá en vigilar más estrechamente aún las zonas fronterizas y el tráfico de personas y mercancías, a priori por espacio de diez meses. De hecho, esta decisión no será sino un eslabón más en la cadena de los dispositivos que habrá de poner marcha, desde finales de 1980, el nuevo ministro del Interior, Juan José Rosón: Óscar Jaime Jiménez habla de la práctica de una verdadera estrategia, a la vez policial y política, que por otra parte no tardará en dar muestras de su eficacia[115].

En un contexto de esta índole, el envío masivo de tropas al País Vasco será objeto de comentarios positivos por parte de la clase política, ya que solo el PCE y EE harán público su escepticismo, mientras que el PSOE se limitará a exigir sin más que el gobierno informe detalladamente al Congreso de las resoluciones que vaya adoptando. El lehendakari[116], que en ese momento es el peneuvista Carlos Garaikoetxea, prestará apoyo a esta política, puesto que considera que forma parte de la normalidad democrática y no constituye una situación de excepción. Es preciso señalar que incluso el mismo rey insta en esos días a los militares —en una reunión sin precedentes con los más altos oficiales del Ejército— a «actuar con decisión, pasando de una actitud defensiva y paciente a una ofensiva enérgica» contra el terrorismo. Alberto Oliart, el ministro de Defensa, asegurará a su vez a las tropas destacadas en el norte que «existe una voluntad absoluta e inequívoca de librar la batalla decisiva contra el terrorismo». No es de extrañar por tanto que los medios de apropien a su vez del lenguaje belicista y hablen profusamente de «la guerra del Norte»[117].

Arbitrariedades y abusos en la aplicación de las medidas antiterroristas

Al cruzarse de este modo un umbral en la lucha contra el terrorismo vasco, en el Parlamento la oposición se esforzará en guardarse las espaldas vigilando que las legislaciones represivas se apliquen correctamente, que las medidas restrictivas de la libertad limiten de facto la capacidad de acción de los presuntos terroristas y no las del ciudadano corriente, y que las garantías que ella misma, como tal oposición, ha velado por conseguir se revelen eficaces. Las medidas adoptadas —que ya habían sido motivo de controversia en el momento de su aprobación legislativa— concentrarán por tanto la atención de los diputados comunistas y nacionalistas vascos, suscitando al mismo tiempo el interés de las asociaciones de defensa de los derechos humanos[118], que regularmente habrán de denunciar la aparición de excesos y abusos[119].

La norma, que restringe en sí misma las libertades públicas, únicamente puede aceptarse si se aplica de facto a los terroristas para los que ha sido elaborada, dado que en caso contrario no sería sino un instrumento más puesto al servicio de una represión arbitraria e indiscriminada que recordaría demasiado a las prácticas del régimen anterior. Si en la aplicación de la ley «no se tuviera en cuenta el respeto profundo a los derechos de cada ciudadano, y se aplicara con otro criterio distinto al criterio con que se pensó y se aprobó, los efectos podrían ser contraproducentes, irían en descrédito de la democracia», declarará en 1981 Simón Sánchez Montero, del PCE[120]. Esta es la razón de que las periódicas sesiones informativas que lleva a cabo el ministro del Interior respecto a la aplicación de dichas medidas terminen por transformarse en una simbólica guerra de cifras. Será Rosón quien inaugure la práctica de esas sesiones, aunque no lo hará hasta abril de 1981 ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, es decir, después del 23-F y empujado por la insistente presión del PCE, que ya había interpelado en dos ocasiones al gobierno, en 1979 y 1980, instándole a cumplir con su deber de informar a la Cámara[121]. Rosón proporcionará de este modo las cifras oficiales de la aplicación de la legislación antiterrorista (cuadro 15) correspondientes al periodo que va de diciembre de 1979 a junio de 1982.

Cuadro 15. Resultados de la aplicación de las legislaciones antiterroristas (1 de diciembre de 1979 — 15 de junio de 1982)

Fuente: Elaboración personal efectuada sobre la base de las informaciones proporcionadas por Juan José Rosón en el transcurso de las siguientes sesiones parlamentarias: 1/4/1981, 29/10/1981 y 25/2/1982 ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados; y 21/5/1981 y 15/6/1982 ante la Comisión de Interior y de Justicia del Senado.

Por término medio, se procede a la detención de unas 124 personas al mes (unas 1484 al año) en aplicación de la ley, lo que implica de forma casi sistemática la incomunicación de los detenidos durante todo el periodo de detención preventiva y la imposibilidad de que los arrestados contacten con un abogado. De entre todos estos detenidos, cerca de la mitad (el 44 %) verá prolongado el arresto preventivo más allá de las 72 horas que contempla habitualmente la ley, lo cual representa un porcentaje muy importante. Los jueces acostumbran a conferir validez, de forma casi automática, a esta prórroga de la detención, siempre sobre la base de informaciones policiales dispares, y siendo bastante frecuente que el magistrado no intervenga más que para verificar que las condiciones del arresto se ajustan a la legalidad. Del mismo modo, las informaciones que se ofrecen en relación con los registros domiciliarios y la vigilancia de las comunicaciones privadas indican que la validación de las solicitudes que la policía eleva al juez es poco menos que sistemática. En la práctica, el control judicial parece ser escasamente eficaz. Además, la obligatoriedad de la asistencia de un abogado desde los primeros instantes de la detención se revela ilusoria, dado que los policías que se encargan de los interrogatorios desaconsejan vivamente a los detenidos que recurran al letrado[122]. Por consiguiente, las garantías judiciales por las que tanto ha luchado la oposición distan mucho de lograr los efectos previstos —siendo el principal perjuicio que no se consiguen impedir los actos de brutalidad policial ni frenar siquiera la práctica de la tortura de los detenidos.

El número de casos de culpabilidad efectiva de las personas detenidas permite valorar también el modo en que las fuerzas de la policía están utilizando la legislación. Los registros domiciliarios nos ofrecen un primer indicador, dado que el ministro del Interior señala las que posibilitaron la recogida de pruebas acusatorias: en el periodo que va del 1 de diciembre de 1980 al 15 de junio de 1982, más de la mitad de los registros (56 %) se revelaron inútiles. Respecto a las detenciones, el primer indicio reside en la proporción de detenidos liberados por la propia policía, «en virtud de la comprobación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la inocencia de las acusaciones o por la falta de pruebas para presentar acusaciones ante la autoridad judicial», por retomar aquí las palabras del mismo Rosón. De este modo, entre los años 1980 y 1982, la cuarta parte de las personas detenidas serán puestas en libertad sin cargo alguno —según las estadísticas oficiales—, mientras que las tres cuartas partes restantes serán puestas a disposición de la justicia. De este último grupo, y de acuerdo con lo que afirma el ministro, solo el 40 % será objeto de un proceso judicial[123]. Esto significa que, en total, el 69 % de las personas detenidas a las que se les aplican las medidas de restricción de las libertades previstas por la ley antiterrorista son puestas en libertad por la policía o por la justicia, sin cargos en su contra y antes incluso de que se abra una instrucción judicial. La cifra no anda lejos de las estimaciones del diputado comunista Jordi Solé Tura, que ya había previsto que el porcentaje de detenidos liberados sin cargos se situaría probablemente en torno al 85 %[124]. Más alejados nos encontramos en cambio de los datos que ofrece la Asociación Pro Derechos Humanos de España, según los cuales menos del 10 % de las personas detenidas por la policía en cumplimiento de la normativa antiterrorista terminarían siendo objeto de un proceso judicial[125].

Sin querer entrar siquiera en la polémica de las realidades que puedan reflejar estas cifras oficiales, es evidente que la legislación antiterrorista se aplica de un modo rayano en el exceso y que la policía actúa, en la inmensa mayoría de los casos, sin disponer de pruebas suficientes de la culpabilidad del individuo detenido. Además, no todos los individuos arrestados, ni mucho menos, son identificados como militantes de ETA, los GRAPO, la extrema derecha, el FRAP o cualquier otro grupo terrorista conocido. Y es que existe efectivamente un elevado porcentaje de personas a las que se considera pertenecientes a «otros grupos de extrema derecha o extrema izquierda». En el periodo que va del primero de diciembre de 1980 al 15 de junio de 1982, ese porcentaje se elevará hasta alcanzar el 33 % del total[126]. No resulta descabellado pensar que esa tercera parte no pertenezca de facto a ningún grupo terrorista identificado, ya que podría tratarse de un simple transeúnte detenido en un control policial tras un atentado, del pariente o el allegado de un militante de ETA, o de un delincuente sorprendido en flagrante delito mientras roba un vehículo. Pongamos un ejemplo: Bandrés elevará al Congreso el caso de un individuo herido por bala y detenido en virtud de la ley antiterrorista tras haber salido una tarde, junto con otros vecinos de Éibar (Guipúzcoa), a la plaza del pueblo para ver de dónde procedían los tiros que acababan de escucharse desde su domicilio[127]. De hecho, el País Vasco se verá particularmente afectado por esta aplicación abusiva de la ley. Pese a que solo el 43 % de las personas detenidas perteneciera a ETA, es muy probable que la mayor parte de los demás arrestados, designados como «otros», procediera del entorno nacionalista vasco.

En efecto, para Óscar Jaime Jiménez, especialista de la lucha antiterrorista, no hay duda alguna de que la práctica de las detenciones masivas e indiscriminadas llevadas a cabo en este periodo fue en realidad una táctica deliberada de las fuerzas policiales en el combate contra ETA, al menos hasta el año 1987. Lo que se trataba de conseguir de este modo era una serie de informaciones sobre el grupo terrorista, sobre todo mediante la prolongación de la detención preventiva durante varios días, y todo ello en un contexto difícil en el que la población, particularmente hostil a las fuerzas policiales, consideradas como fuerzas nacionales de ocupación, se negaba a colaborar. Por consiguiente, la ley antiterrorista se desvía de su objetivo preventivo inicial para convertirse en un instrumento de información. Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que ejercía sus funciones en la Comisaría General de Información del País Vasco refiere lo siguiente:

Hasta 1982, se detenía a cualquiera sin excesivas limitaciones. No existían demasiadas cortapisas legales, y la propia judicatura tampoco tenía demasiada voluntad por ejercer un control férreo […]. Realmente, en ocasiones se detenía a la gente en masa gracias a la legislación existente, porque con independencia de los resultados prácticos, era muy importante ofrecer una imagen de determinación frente a la sociedad y ante los propios amigos de ETA, sobre todo tras los atentados[128].

Los atentados de mayor impacto son efectivamente los que provocan las mayores oleadas de detenciones en masa y las que afectan de forma más notable a los círculos nacionalistas vascos en general, y no solo a los vinculados directamente con la banda terrorista. La Asociación Pro Derechos Humanos de España informa por ejemplo de que tras el asesinato del capitán Alberto Martín Barrios, secuestrado por ETA en octubre de 1983, las fuerzas policiales arrestaron a 110 personas en aplicación de la ley antiterrorista, y que de ellas únicamente dos fueron posteriormente encarceladas por las autoridades judiciales[129]. Las redadas masivas posteriores a los atentados son por tanto una práctica que se prolonga más allá del periodo de la transición.

La lucha antiterrorista, entre la continuidad represiva y la adaptación democrática

Pese a que la aplicación de la legislación antiterrorista peque sin lugar a dudas de algunos excesos, el desafío vendrá a girar en torno a la interpretación de esos abusos. En efecto, durante el periodo que aquí estudiamos, se oponen dos discursos militantes.

El primero de ellos, surgido de las filas de los nacionalistas abertzales, sostenidos por algunos revolucionarios de la izquierda radical, consiste en denunciar tanto el carácter represivo de la legislación antiterrorista como los comportamientos policiales. El argumentario desemboca en una percepción de la lucha antiterrorista que la equipara a una simple continuación de la represión franquista. Los discursos que pronuncia Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, ante el Parlamento, las acciones de las Gestoras pro-amnistía o las obras del abogado Miguel Castells son ejemplos representativos de este tipo de interpretación[130]. Los partidarios de este planteamiento oponen a las cifras oficiales, que hemos analizado más arriba, las que ellos consideran reales y supuestamente capaces de desvelar la manipulación de la información gubernamental. De este modo, Miguel Castells refiere que en los círculos de los abogados vascos se estima que en 1982 se procedió mensualmente a la detención de más de 450 personas en las tres provincias vascas y Navarra, y que casi todas esas personas fueron sometidas a las condiciones estipuladas en la legislación antiterrorista —cuando las cifras oficiales que hemos mencionado anteriormente evalúan el número de arrestos mensuales en torno a los 120 individuos en todo el territorio vasco—. Según Castells, el 70 % de las personas detenidas por razones políticas son puestas directamente en libertad por la policía, mientras que las estimaciones oficiales reducen ese porcentaje a un 25 %[131]. ¿Qué explicación puede darse a estas diferencias? El lector ya habrá podido constatar la disparidad existente entre las estadísticas generales de la Dirección General de Seguridad (gráfico 22) y las cantidades que menciona Rosón, dado que mientras las primeras estiman que el número de individuos arrestados en aplicación de la ley antiterrorista se sitúa en torno a las mil personas anuales (en el periodo de 1980 a 1981), Rosón habla de cerca de 1500 individuos. Es probable que la diferencia se deba al hecho de que se contabilice o no a las personas que la propia policía pone en libertad. En términos más generales, las variaciones han de imputarse, según Castells, al hecho de que en los recuentos oficiales no se incluya a los individuos simplemente «retenidos», es decir, detenidos preventivamente, incomunicados y liberados en el plazo legal de 72 horas y sin necesidad de informar al juez. Por consiguiente, los individuos que el ministro del Interior contabiliza por haber sido liberados por la policía serían únicamente aquellos cuya detención preventiva se hubiera alargado en virtud de la ley antiterrorista. Otro de los márgenes de error podría proceder asimismo de la aplicación de esa norma a los delincuentes comunes, a los que más tarde habría procesado la jurisdicción ordinaria en lugar de la Audiencia Nacional —lo que habría determinado que se los retirara de las estadísticas relacionadas con el terrorismo.

Castells levantará igualmente la voz para denunciar la detención de los miembros de HB, que se multiplican a partir de la década de 1980 debido a sus presuntos vínculos con ETAm. Castells denuncia por ejemplo la situación de José Antonio Urbiola Machinandiarena, vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra, arrestado en tres ocasiones entre agosto de 1980 y mayo de 1981. La primera vez se le detiene por apología del terrorismo debido a la realización de unas declaraciones favorables a HB y a ETA en el transcurso de un debate de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, y solo será puesto en libertad 45 días más tarde, sin cargo alguno. Tras producirse las detenciones posteriores, el juez de la Audiencia Nacional le pondrá inmediatamente en libertad, también sin acusaciones. A juicio de Castells, este tipo de arrestos obedecen a razones puramente políticas y no tienen como objetivo la investigación de ningún delito, lo que implicaría que todavía existen presos políticos entre rejas y constituiría un signo palmario de que la represión del hecho nacional vasco persiste. El Estado utilizaría la detención como un «arma para influir en la actividad política y sociopolítica del pueblo vasco»[132]. Las Gestoras pro-amnistía también sostienen que, «para la policía española, la detención es en sí misma un método de castigo a utilizar contra el “terrorista”, contra su entorno familiar y social, contra toda una población, y contra toda aquella persona, institución, organismo o colectividad que aventura una oposición al Estado»[133]. Si nos atenemos a esta argumentación, ampliamente extendida en el País Vasco, es «absolutamente falso que ETA sea la causa de la violencia»: la violencia etarra extrae su legitimidad de esa represión continua, es una violencia de respuesta a la tiranía, una tiranía que constituye un «crimen perfecto por el hecho mismo de ser un crimen de Estado»[134]. En el contexto nacional, los GRAPO afirmarán otro tanto.

En el extremo opuesto de este lenguaje que se sirve de los excesos perceptibles en la aplicación de la legislación antiterrorista para denunciar la continuidad represiva del Estado, el discurso gubernamental resaltará en cambio la eficacia policial en la lucha antiterrorista y minimizará al mismo tiempo los abusos insistiendo en el peligro que representa el terrorismo. De este modo, Rosón destacará que los resultados de la ley son satisfactorios a la luz del número de comandos desarticulados o del índice de aprobación judicial de las solicitudes de registro o de prolongación de la detención preventiva. La aplicación de la norma permite una y otra vez esclarecer «un gran número de acciones sangrientas cometidas por grupos terroristas», así como descubrir armas, municiones y zulos, todo ello en «cantidad considerable»[135]. Por consiguiente, Rosón coteja sistemáticamente las estadísticas de la acción policial con las del terrorismo, en un «macabro ranking comparativo»[136], según comentará un socialista: el gran número de atentados, la elevada cantidad de víctimas, las abultadas cifras de heridos y el volumen de armas y explosivos requisados se opone al número de detenciones, de prolongaciones de la situación de detención preventiva y de puestas a disposición de la autoridad judicial. El ministro reconoce en algunas ocasiones que «como en la aplicación de cualquier otra ley puede haber errores, […] puede haber una aplicación excesiva»[137], pero en todos los casos la conclusión argumental se invierte. Si la aplicación de la norma da pie a la comisión de algunos abusos, estos no son más que la respuesta a la violencia terrorista, verdadera amenaza para la democracia, y no son en ningún caso resultado de la arbitrariedad policial.

Entre estos dos discursos partidarios, es posible proceder a una interpretación razonada. Los informes que establecen las asociaciones de derechos humanos indican el camino a seguir. En 1975, Amnistía Internacional denunciaba con vehemencia las violaciones «deliberadas y frecuentes» de los derechos humanos, sobre todo en el caso de las detenciones masivas efectuadas durante los estados de excepción decretados por el régimen franquista —y según las evaluaciones de esta organización internacional, el número de arrestos ocurridos en el País Vasco entre el 25 de abril y el 25 de julio de 1975 se situó en torno al millar de personas—. En 1977, este mismo organismo destaca los progresos políticos y la instauración de las libertades, afirmando que todo ello configura un panorama «muy estimulante». Y dado que las sucesivas amnistías habían permitido liberar a todos los presos políticos, Amnistía Internacional pasará posteriormente a fijar su atención en la cuestión de la tortura. En 1978, los informes se contentarán con evocar la ley antiterrorista de diciembre, sin denunciar todavía sus efectos. Solo a partir de 1979 comenzarán a señalarse las consecuencias negativas que está teniendo la norma al restringir las libertades y aplicarse de forma indiscriminada —efectos perversos que quedarán bien definidos y confirmados a partir de 1980—. En 1981, Amnistía Internacional se mostrará preocupada por la escalada que está produciéndose en el número de detenciones como consecuencia de la aplicación de esa ley, sobre todo sabiendo que la mayoría de los detenidos acaban recuperando la libertad sin cargos en su contra. En los años inmediatamente posteriores, las críticas proseguirán, no sin cierta monotonía, incluso durante el mandato de los socialistas, puesto que la nueva ley antiterrorista de 1984 vendrá a reactivar los debates sobre su aplicación arbitraria y excesiva[138]. Por consiguiente, es claro que se pasa de denunciar la represión política característica de la dictadura franquista a otro tipo de reproche, vinculado ahora con las desviaciones de la lucha antiterrorista. Después seguirá constatándose una evolución similar en los balances anuales que comienza a publicar la Asociación Pro Derechos Humanos de España a partir de 1982[139], aunque en este caso los informes tenderán a denunciar la violación de los derechos humanos en general —unas violaciones que no están ya ligadas con la mera aplicación de la legislación antiterrorista, sino con la forma en que se desarrolla cotidianamente la práctica policial—. Los actos de violencia racista o los casos de brutalidad sexual sustituyen a los malos tratos infligidos a los nacionalistas vascos, de modo que los excesos policiales dejan de asociarse con las consecuencias de la lucha antiterrorista para pasar a imputarse a las características intrínsecas de un cuerpo policial marcado por la gran autonomía con que cuenta frente a la justicia —lo que le deja expuesto a la aparición de comportamientos ilícitos, como sucede en todo el resto de Europa—. Entramos de este modo en una problemática totalmente distinta, no específica al contexto español y estrechamente relacionada con la esencia misma de la función policial en los Estados modernos.

En términos globales, el sistema represivo pasa por tanto de un planteamiento autoritario centrado en la represión política, a un modelo democrático en el que las medidas destinadas al mantenimiento del orden giran en torno a la contención de la delincuencia ordinaria. Sin embargo, en este proceso de mutación, la intervención del envite terrorista acabará emborronando los desafíos del momento. En efecto, la amenaza terrorista da lugar a la adopción de una serie de medidas que legalizan la privación de las libertades públicas recién adquiridas y que estimulan el surgimiento de un espacio policial autónomo y particularmente expuesto a los abusos debido a los hábitos represivos adquiridos durante los cuarenta años de dictadura franquista. Sin embargo, los informes de Amnistía Internacional no atribuirán la excesiva restricción de las libertades ni los abusos policiales a la herencia autoritaria del régimen de Franco, dado que esos mismos excesos se denuncian igualmente en los demás países de Europa que también se ven enfrentados al peligro del terrorismo —y muy particularmente en Gran Bretaña, que tiene enfrente al IRA (Ejército Republicano Irlandés)—. Las medidas antiterroristas que se adoptan en España se inspiran en las que también instituyeron sus vecinos europeos, como Alemania, enzarzada en una lucha contra la Banda de Baader-Meinhof; el Reino Unido, que combate contra el IRA; Francia, enfrentada a Acción Directa y el terrorismo islamista; o Italia con las Brigadas Rojas y el terrorismo neofascista. En un estudio comparado de las legislaciones antiterroristas europeas, Diego López Garrido muestra claramente que todas las normativas continentales tienden a alterar los principios fundamentales del Estado de derecho[140], debilitando al mismo tiempo al poder judicial frente a la autonomía creciente del poder policial y suspendiendo unos derechos fundamentales que, por lo demás, se hallan garantizados en las Constituciones de los diferentes países considerados —erosionando de ese modo la libertad personal mediante la prórroga de la detención preventiva, la sistematización del arresto provisional, la degradación del derecho a una defensa inmediata y justa, y la alteración de la libertad de movimientos, del derecho a la intimidad del domicilio y las comunicaciones, de la libertad de expresión, etcétera—. Lo que se observa es una tendencia común a despolitizar el delito de terrorismo, y más en general el delito político, pasando en cambio a criminalizarlos. Por este motivo, los Estados terminan normalizando la excepcionalidad y consolidando el «derecho de urgencia». Este análisis llevará a Diego López Garrido a hablar de una «estrategia jurídica represiva» característica de las democracias occidentales de finales del siglo XX —debida al hecho de que ninguna de ellas supo reaccionar de otro modo al desafío de la violencia política de protesta—. «El terrorismo es un ejemplo de laboratorio de las profundas contradicciones que atraviesan al desorientado Estado contemporáneo», afirma, y «la imponente legislación antiterrorista edificada en Europa en el último decenio ha trastornado los principios fundamentales del Estado de Derecho, que, como se sabe, son el corazón del ordenamiento penal, procesal y constitucional de los sistemas democráticos. Así que el terrorismo, de algún modo, también ayuda a “dinamitar”, a través de las normas dictadas para combatirlo, algunas de las conquistas de los grandes cambios del siglo pasado»[141].

En este sentido, España se limita a seguir la tendencia de las antiguas naciones occidentales que se ven frente a un peligro a un tiempo novedoso y específico de las sociedades modernas. Sin embargo, no todas las viejas democracias echaron mano de la violencia para luchar contra la violencia terrorista.

La deriva hacia el recurso a la violencia para luchar contra la violencia

En efecto, habrá quien vaya todavía más lejos en la radicalización del discurso, llegando a lanzar un llamamiento abierto al uso de la violencia como fórmula con la que luchar contra estos enemigos de la democracia.

En los escaños del Parlamento, será Fraga quien se haga constantemente eco de la línea represiva más dura. Sin embargo, supera un determinado límite al declarar en 1982 «que en una guerra […], como en todas las guerras, lo que hay que hacer es ganarla por todos los medios, y la única forma que se conoce de ganar una guerra es que un bando tenga la voluntad y la decisión de hacerle más bajas al otro hasta ponerle fuera de combate». «Cuando se trata de salvar a la Patria, ésta es la suprema y aun la única Ley», prosigue en lo que es un llamamiento directo a la violación de la ley y de los principios del Estado de derecho —un llamamiento que no deja de recordar el tradicional lenguaje ultra de exhortación a la violencia para socorrer a la patria en peligro[142]—. Con todo, lo cierto es que los discursos de este tipo no se circunscriben ya únicamente a la prensa especializada de los cuarteles y los círculos ultras, sino que ahora empiezan a invadir la prensa generalista. Diario 16 es el ejemplo más flagrante, puesto que entre 1981 y 1982 llevará a cabo, bajo los auspicios de Pedro J. Ramírez, una feroz campaña de prensa destinada a acosar al gobierno con el fin de instarle a tomar medidas más represivas, asegurando por ejemplo que deben emplearse «todos los medios represivos al alcance del poder», «en una batalla sin misericordia» que es preciso concebir como una campaña de «desratización»[143]. El periódico incita al gobierno a violar sin tapujos los principios del derecho. Así lo sugiere al menos el siguiente extracto del editorial del 23 de marzo de 1981, que no precisa de mayores comentarios:

¿Hasta dónde llegan los derechos humanos de las bestias? Sería suicida que llegaran más lejos que la capacidad de autodefensa de una comunidad frente a las alimañas que pretenden destruirla. A las bestias se las encierra tras los barrotes más gruesos que existan en la aldea. Para ello primero se les caza mediante todo tipo de tretas. Y si en la aventura muere alguna, mala suerte (o buena suerte). La muerte de la ETA es nuestra vida. […]. No hay derechos humanos en juego a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se le coge y, si hace falta, se le mata. Podrán caer cincuenta etarras en combate y las manos de España continuarán limpias de sangre humana[144].

Santiago Belloch recuerda con razón la considerable audiencia social de este tipo de discursos que lanzan llamamientos a la utilización de los medios más radicales para acabar con un azote que persiste en el asesinato ante la aparente impotencia del Estado:

No había sector social que no lo tuviese claro, desde la prensa a los bares, desde los taxistas a los padres de la patria refugiados en un Congreso indignado y sin capacidad de reacción, desde la Guardia Civil más disciplinada hasta los cuartos de banderas del Ejército y a los salones del poder […]. No es agradable recordar ahora que prácticamente toda la sociedad estaba de acuerdo, es más, exigía la toma de medidas más allá de la estricta legalidad[145].

El mérito de este comentario, pese a resultar excesivo, estriba en el hecho de que pone de manifiesto la existencia de una cultura antidemocrática cuyo desarrollo se efectúa, paradójicamente, de forma paralela a la consolidación de la democracia y en torno a un peligro que se percibe como un fenómeno cada vez más intolerable: el terrorismo de ETA. La presión que demanda mayor eficacia del Estado en la lucha contra el terrorismo es un mar de fondo que arraiga en la tradición autoritaria de un régimen franquista que perdura en algunos sectores minoritarios, y se extiende progresivamente a una parte no desdeñable de la sociedad. Da fe de ello el doble hecho de que se difunda el lenguaje belicista y de que los calificativos que se empleen para designar al enemigo terrorista sean cada vez más violentos. Se degrada al terrorista a un estadio animal o se le rebaja a la condición de demente con el que no se puede razonar; en todos los casos se le despoja de su humanidad. Santiago Carrillo se atreverá incluso a asignarles la etiqueta de «fascistas», desmarcándose así de manera definitiva del pasado común que un día compartieran comunistas y nacionalistas radicales en lucha contra la dictadura[146]. El gobierno centrista y la oposición de izquierdas resisten durante un tiempo las tentaciones subyacentes a una presión de esa clase, invocando constantemente los principios del Estado de derecho, en cuyos límites ha de quedar contenida la lucha antiterrorista. El Partido Comunista, por ejemplo, intuirá la llegada de una creciente corriente represiva al rechazar en 1981 la aprobación de una ley orgánica destinada a regular los estados de excepción. Carrillo denuncia en esa ocasión la acumulación de leyes promulgadas por el procedimiento de urgencia (como en el caso de la ley de defensa de la Constitución), señalando que todas «tienen un carácter marcadadamente represivo y podrían transmitir al país, después de lo que sucedió el día 23 de febrero, la impresión de que esta Cámara está apoquinada y que está ella misma reduciendo voluntariamente el ámbito de las libertades ciudadanas»[147]. En 1982, será nuevamente Carrillo quien eleve la voz contra el llamamiento a la violencia que acaba de lanzar Fraga, al afirmar que la respuesta del Estado no puede consistir en «que hay que matar más gente de la que mata ETA»[148]. Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, advierte a su vez al gobierno, en plena negociación para la reinserción de los miembros de ETApm en 1982, de que no ha de emplear métodos «inmorales y de dudosa calificación», dado que el Ejecutivo no debe «en ningún caso prestar o dar excusas o justificaciones a los sectores proclives a admitir la violencia como medio de lucha política». Con todo, la presión con la que se pretende favorecer un incremento de la eficacia en la lucha por la erradicación del «cáncer» terrorista es tal que la sociedad parece dispuesta a aceptar las prácticas ilegales y contrarias a los principios del Estado de derecho. Y de hecho será paradójicamente durante el periodo socialista cuando se concrete esa cultura antidemocrática con la institucionalización de la «guerra sucia» en el combate contra ETA.

Epílogo: los socialistas al poder

La llegada de Felipe González al poder no dará lugar a una ruptura en términos de seguridad ciudadana. Y ello porque, de hecho, el dirigente socialista aplica la misma filosofía que sus precursores, a saber, una política de reformas graduales que no provoque la inquietud de los militares, cuya posible rebelión sigue siendo un asunto preocupante. Por retomar aquí las palabras de Óscar Jaime Jiménez, «de forma inmediata, resultó evidente que en materia antiterrorista la continuidad iba a ser la norma básica»[149].

En primer lugar, el gobierno socialista prosigue la labor democratizadora, ya que algunos aspectos, desde hace mucho tiempo reclamados por la oposición, quedaban por abordar. De este modo, en 1983 se pone al fin en marcha la ley orgánica que prevé el artículo 17.3.º de la Constitución con el fin de regular el derecho a la asistencia de un abogado en caso de detención. La norma limita el plazo máximo de la detención preventiva en 72 horas, garantiza el derecho a la presencia inmediata de un abogado y protege el derecho del detenido a guardar silencio o a exigir un examen médico[150]. En 1984, otra ley orgánica de Habeas Corpus, prevista en el artículo 17.4.º de la Constitución, amparará al individuo frente a las detenciones ilegales. En el preámbulo de la ley se resaltan las virtudes de este método diciendo que se trata de un «sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público», lo cual «permite añadir un eslabón más, y un eslabón importante, en la cadena de garantías de la libertad personal que la Constitución impone a nuestro ordenamiento». La norma garantiza la posibilidad de recurrir a un juez en menos de 24 horas con el fin de que este examine la legalidad de la detención en caso de que el procedimiento empleado no cumpliera con las formalidades legales exigidas, se prorrogara más allá de las 72 horas máximas o privara al detenido de sus derechos constitucionales[151]. El PSOE, que había luchado durante los años de la transición para contrarrestar el autoritarismo de la élite que ocupaba el poder, llevará a la práctica mediante estas leyes una de sus preocupaciones esenciales: la que le insta a garantizar las libertades del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder. Por otro lado, en 1986 procederá a realizar una gran reforma de las fuerzas policiales mediante la que se determinarán las funciones y los principios fundamentales de su acción, que se ajustan de este modo a los preceptos constitucionales. Los cuerpos policiales se unifican y desmilitarizan, mientras la Guardia Civil, cuyo carácter militar se conserva, queda sujeta al poder civil en el ejercicio de sus funciones[152]. A juicio de José Barrionuevo, que releva a Rosón al frente del Ministerio del Interior, esta ley vendrá a señalar el principio del fin de la transición en su específica área competencial[153].

De forma paralela, el gobierno se ve confrontado por la persistente violencia terrorista de ETAm y por la presión social que le insta a poner fin a los atentados. Una vez en el poder, los socialistas, que ya antes habían cerrado filas para respaldar las medidas antiterroristas que había adoptado la UCD, promoverán la utilización de métodos similares. Barrionuevo, que sustituye a Rosón al frente del Ministerio del Interior por recomendación de este último, anuncia en 1983 una estrategia global de lucha contra ETA, el plan ZEN, «Zona Especial Norte», que recupera los ingredientes de las anteriores políticas. En el plano legislativo, la continuidad se revelará todavía más acusada. La ley orgánica de 1984[154] vuelve a modelarse una vez más bajo una presión coyuntural, a saber, la generada por el secuestro y posterior asesinato del capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983, que provoca una fuerte conmoción pública. La norma es la culminación de la lógica que hemos venido observando en los periodos anteriores: por un lado es la conclusión del proceso de normalización de la legislación antiterrorista —que en adelante no solo habrá de quedar ya unificada sino que se verá también elevada a la categoría de ley orgánica—. Por otro lado, lejos de retroceder en la injerencia de las libertades públicas, la ley profundizará todavía más la alteración de los principios del Estado de derecho en nombre de la defensa del Estado democrático: la detención preventiva y la incomunicación de los arrestados siguen pudiendo mantenerse por un máximo de diez días, las autoridades policiales pueden ordenar tanto un registro domiciliario como la interceptación de las comunicaciones, y se puede secuestrar un medio de comunicación si este incurre en un delito de apología del terrorismo. De hecho, la legislación socialista hará suyas, en su totalidad, las disposiciones más controvertidas de la legislación antiterrorista y ampliará todavía más la esfera de los delitos considerados terroristas, agravando las penas exigibles. Las garantías que se proponen contra la arbitrariedad son las mismas que antes, a saber, el control judicial y el deber de rendir cuentas al Parlamento todos los trimestres con el fin de explicar las modalidades de aplicación de la ley. Por otra parte, se reintroduce el control temporal en el caso de algunas medidas, limitándose a dos años la posibilidad de su aplicación. La ley tiene un carácter tan represivo que su acogida en el País Vasco es tan mala que su Parlamento iniciará, de común acuerdo con el Parlamento catalán, un recurso ante el tribunal constitucional. En una sentencia de 1987, este declara que ciertas medidas son efectivamente anticonstitucionales, en el sentido de que afectan a las libertades que garantiza la norma suprema[155]. Poco después, el gobierno socialista renunciará por razones políticas a esta ley tan contestada, que será derogada mediante una nueva reforma del Código Penal negociada entre los gobiernos central y vasco[156].

Por último, el periodo socialista será también aquel en el que el recurso a los medios ilegales y violentos para combatir al terrorismo etarra alcance su más alto grado de institucionalización. Pese a que la utilización de la «guerra sucia» diste mucho de ser una invención socialista, lo cierto es que la creación de los GAL tiene lugar en 1984 en la médula misma del aparato dirigente del Ministerio del Interior socialista y que constituye desde el principio uno de los eslabones de la estrategia antiterrorista.

VIII. Las violencias policiales

VII

LAS VIOLENCIAS POLICIALES

En la transición, la violencia estatal, entendida como el empleo ilegítimo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, surgirá en varias circunstancias: con motivo de los enfrentamientos con manifestantes, durante los controles policiales, al dar el alto a un individuo sospechoso o durante su detención, ya que los interrogatorios se prestan especialmente a los malos tratos. Esta violencia es obra de quienes se encargan directamente del mantenimiento del orden, a saber, los cuerpos de seguridad que hacia 1975 se dividían en tres organismos distintos: la Guardia Civil, la Policía Armada y el Cuerpo General de Policía. Para la oposición democrática, estos cuerpos policiales emanados del franquismo son ilegítimos en sí mismos. Como señala acertadamente Julián Delgado, antiguo policía armada, «la Policía Armada, es decir, “los grises”[1], se convirtieron en la encarnación represora del régimen odiado. Si a Franco y a sus ministros no se les podía alcanzar, a los grises sí. Hubo un desplazamiento del objeto de odio […] hacia la Policía Armada»[2] —y podría añadirse que también hacia la Guardia Civil y la Brigada Político-Social, que era la policía política del régimen—. Esa hostilidad social nubla un tanto el examen de las acciones violentas de la policía, puesto que tiende a considerar toda acción destinada a mantener el orden como represiva.

Con todo, si surge el escándalo y se despierta la hostilidad popular será fundamentalmente en aquellos casos en que los agentes de las fuerzas públicas provoquen una muerte. Esto es particularmente cierto cuando los abusos perpetrados se producen durante la dispersión de una manifestación: de las quince muertes ocurridas desde la puesta en marcha del Parlamento, en el verano de 1977, ocho serán objeto de un debate, de una interpelación parlamentaria o de una pregunta escrita u oral. Cada una de esas muertes suscitará vivas protestas populares, acompañadas de comunicados de condena, de manifestaciones, e incluso de disturbios. Las consecuencias trágicas de la acción policial vienen a revelar la inadecuación social y política del Cuerpo, pasando a convertirse en foco de las interrogantes que se plantean en relación con el sentido que ha de darse al monopolio estatal del uso de la fuerza. Por lo tanto, esas consecuencias constituyen un punto de arranque particularmente apto para la interpretación de la violencia estatal.

Entre el día primero de octubre de 1975 y el final del año 1982, las Fuerzas de Seguridad mataron a 178 personas[3] en el transcurso de 153 acciones. Su perfil difiere radicalmente del de las víctimas de la violencia de protesta. Para empezar, se trata, en más del 80 % de los casos, de civiles (cuadro 16), y además esas víctimas no constituyen en modo alguno blancos seleccionados de forma deliberada, dado que en casi la mitad de los casos son civiles anónimos, que no pertenecen a ningún grupo sociopolítico en particular, simples transeúntes o manifestantes con mala suerte que no se distinguían por su militancia. Pese a que una cuarta parte de las víctimas quede estigmatizada con la etiqueta de «delincuente», lo cierto es que los terroristas —ya sean miembros de ETA o de los GRAPO— representan poco más del 15 % de las víctimas[4]. Si las violencias policiales muestran una relativa estabilidad en torno a los 24 muertos al año, a partir de 1980 se percibe una tendencia general a la baja (gráfico 23). No obstante, esta evolución global varía de forma muy notable en función de los tipos de acción de que se trate: los abusos policiales declinan irreversiblemente después de 1979, mientras que los incidentes policiales conocen un pico máximo en 1981, antes de tender a la estabilización. En cambio, da la impresión de que las torturas se mantienen en un nivel endémico. El hecho de que los abusos policiales, los incidentes y las torturas muestren estos perfiles cronológicos tan diferentes nos invita a examinar por turnos lo que cada uno de esos datos nos dice acerca del proceso de mutación que experimenta el aparato represivo del Estado a lo largo de la transición.

Cuadro 16. Víctimas de la violencia policial

a Se trata de dos policías muertos en circunstancias oscuras, durante un tiroteo provocado por las propias fuerzas policiales en octubre de 1975, en Barcelona. En esta ocasión fallecerán también tres civiles.

Gráfico 23. Evolución cronológica comparada de las violencias policiales (distribución del número de muertos por año y tipo)

I. Los abusos policiales en las manifestaciones, una rápida adaptación al nuevo marco normativo

I. LOS ABUSOS POLICIALES EN LAS MANIFESTACIONES, UNA RÁPIDA ADAPTACIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO

Los actos de brutalidad policial que se cometen durante la dispersión de las manifestaciones han de imputarse, en la inmensa mayoría de los casos (el 75 %), a los agentes de la Policía Armada. Este cuerpo policial, creado en 1941 por Franco, depende —para el ejercicio de sus funciones— del Ministerio de la Gobernación, y se halla sometido a la autoridad de la Dirección General de Seguridad, de los gobernadores civiles y de los jefes superiores de la policía[5]. Las comisarías de la Policía Armada se encuentran radicadas en las grandes ciudades, utilizándose en función de las necesidades del momento un conjunto de unidades móviles —las Compañías de Reserva General, creadas en 1969— que actúan como fuerzas de choque en caso de que se produzca alguna alteración del orden público. El notable crecimiento de la conflictividad urbana que se experimenta a partir de la década de 1960 terminará situando a los policías armadas en la primera línea de los enfrentamientos callejeros —que en este época se convierten en un acontecimiento poco menos que cotidiano[6].

Treinta y dos personas, es decir, el 18 % del total de víctimas de la violencia policial, morirán en este contexto. La media de 4,5 muertos anuales es similar a las estimaciones realizadas por Olivier Fillieule en el marco del siglo XX francés (si exceptuamos la masacre del 17 de octubre de 1961)[*]. Este autor llega a la conclusión de que en las manifestaciones colectivas el nivel de violencia era muy bajo[7]. ¿Cabría deducir de aquí que estos abusos policiales no son sino la consecuencia inevitable de la práctica de las manifestaciones en nuestras sociedades modernas? Evidentemente no, aunque solo sea por el hecho de que la población las juzga intolerables. La cuestión es que esta media de 4,5 muertos anuales dista mucho de resultar significativa en el caso español. En efecto, la mayoría de las víctimas resultan muertas en el transcurso de los primeros años de la transición, puesto que si nos fijamos únicamente en los años 1976 y 1977 observaremos que en cada uno de estos periodos se registraron diez fallecimientos. No obstante, a partir de 1978 el número de acciones letales disminuye de forma significativa, hasta que finalmente llega casi a desaparecer, de 1980 en adelante[8]. ¿Qué sentido hemos de dar entonces tanto a la relevancia de estos abusos policiales de principios de la transición como al hecho de que desaparezcan al final del periodo que nos ocupa[9]?

El aprendizaje de la práctica manifestante

Para empezar, estas cifras han de entenderse en relación con el empuje sin precedentes que se registra en la actividad manifestante entre los años 1976 y 1977. De hecho, no pasa un solo día sin que una manifestación, un mitin, o la ocupación de una fábrica o de una iglesia, degeneren en una serie de enfrentamientos violentos con las Fuerzas del Orden Público acompañados de cargas policiales, carreras y persecuciones, movimientos de dispersión y de desalojo, granadas lacrimógenas, disparos con fuego real, detenciones, heridos e incluso muertos. Esto nos lleva a concluir, de forma un tanto tautológica, que cuantas más manifestaciones haya, mayor será el riesgo de que estas terminen en un drama humano. De hecho, en los últimos años de la dictadura, este tipo de incidentes era muy inferior: Julián Delgado estima que entre 1969 y 1974 el número de individuos muertos en enfrentamientos entre las Fuerzas del Orden Público y los manifestantes fue de 17, es decir, menos de 3 al año[10]. A pesar de que el inicio de la década de 1970 sea el escenario de una primera oleada de conflictividad social, lo cierto es que esta todavía se expresa fundamentalmente por medio de huelgas, y no tanto mediante movilizaciones en los espacios públicos. La mayoría de las víctimas mortales son obreros, muertes acaecidas durante el proceso de dispersión de una concentración importante de huelguistas, o con motivo del desalojo de una fábrica. Así, en julio de 1970, en Granada, fallecen tres obreros de la construcción, y catorce resultan heridos por bala en la dispersión de una manifestación convocada por razones profesionales; en octubre de 1971 muere en Barcelona un obrero en el desalojo de la factoría de SEAT; y en marzo de 1972 mueren en El Ferrol dos trabajadores que estaban manifestándose para exigir unas mejores condiciones salariales, etcétera.

Sin embargo, y a pesar de que en 1977 la movilización popular sea, en términos numéricos, mucho más importante que en 1976, la cifra de víctimas de la represión se mantendrá constante. Del mismo modo, si en 1978 el índice de participación en las manifestaciones sigue siendo dos veces más alto que el de 1976[11] —a pesar de que ya por entonces se inicie la desmovilización popular—, lo cierto es que el número de muertos que se producen en el contexto de una manifestación se reduce en más de un 50 %. Otro paralelismo cronológico da la impresión de resultar en cambio más significativo: la curva de los abusos policiales cometidos en el transcurso de una manifestación se corresponde perfectamente con la de las acciones violentas contestatarias de baja intensidad. Este tipo de excesos parece íntimamente ligado con el alterado periodo que se vive en el arranque de la transición, ya que en esta época la violencia urbana es una realidad cotidiana que surge no solo con ocasión de las manifestaciones, sino también en todas las demás expresiones de protesta popular.

Se hace por tanto necesario señalar la responsabilidad de los propios manifestantes, ya sea por su falta de experiencia o bien por su voluntad insurreccional. Por un lado, la manifestación es una práctica que requiere de un cierto aprendizaje para poder desarrollarse de forma pacífica: es preciso elegir adecuadamente el lugar de la convocatoria y el trayecto de la marcha, organizar un servicio de mantenimiento del orden eficaz, controlar el tipo de pancartas, banderas y eslóganes que se emplean, etcétera. Sin esta autorregulación, la manifestación queda expuesta al peligro de las minorías de agitadores que pueden reventarla. Por otro lado, en los primeros tiempos de la transición, son muchos los actores que preconizan el uso deliberado de la violencia y buscan el enfrentamiento con las Fuerzas del Orden Público. Los grupos de la izquierda radical, que son los que más se movilizan en estos primeros años, situarán precisamente en el centro de sus estrategias revolucionarias la táctica de la provocación de disturbios en las ciudades. De este modo, la destrucción del mobiliario urbano, las barricadas, la quema de vehículos, la rotura de escaparates, y el lanzamiento de piedras, de trozos de vidrio, de cócteles molotov o de cualquier otro objeto peligroso contra las Fuerzas del Orden Público, se convierten en prácticas habituales entre los radicales de extrema izquierda, que tratan así de agudizar los conflictos sociales y de provocar el levantamiento de las masas. Los extremistas de derechas tampoco les van a la zaga, dado que se mezclan entre la multitud armados de porras, bates de béisbol, cuchillos e incluso pistolas, con el fin de sembrar el pánico entre los manifestantes y de desacreditar la movilización. Por consiguiente, los actos de violencia de los agitadores y los imputables a la policía se corresponden de manera especular, generándose a veces una espiral difícil de embridar. Surgirán así situaciones caóticas en varias ocasiones: en Vitoria en marzo de 1976; en Málaga y Tenerife en diciembre de 1977; en Navarra y Guipúzcoa en julio de 1978, etcétera.

Fijémonos en el ejemplo vasco de la semana de movilización pro-amnistía que se organiza en mayo de 1977 y que se saldará con un balance de cinco muertos, con cada nueva víctima generando un repunte de la movilización y de la represión, en una espiral que transforma al País Vasco en un verdadero campo de batalla. El 12 de mayo se vive una jornada de huelga prácticamente total en la zona de San Sebastián. La Policía Armada deja constancia escrita de la provocación de un gran número de «daños en los parques, los edificios y los vehículos», retira nada menos que 138 barricadas, y sufre numerosas «agresiones […] con piedras, metralla de plomo y cócteles molotov»[12]. Ese mismo día, en Rentería, la Guardia Civil utiliza fuego real contra una multitud formada por varios miles de manifestantes al rodear estos sus cuarteles. Los disparos provocarán la muerte de Rafael Gómez Jáuregui y varios heridos, dos de ellos graves. Al día siguiente, el pueblo está de luto y en los balcones aparecen crespones negros e ikurriñas. Un gran número de transeúntes se dan cita en el lugar en el que cayó muerto Rafael, donde todavía pueden verse cinco impactos de bala. En el mismo punto se aprecian también las siglas de ETA y una mancha de sangre rodeada de ramos de flores. Dos mil personas se dan cita en la plaza del Ayuntamiento para exigir la creación de una comisión de encuesta, pero la Guardia Civil las dispersa utilizando nuevamente munición real y provocando el pánico de la multitud y tres nuevos heridos. Cinco policías armadas y dos guardias civiles resultan igualmente heridos. Los enfrentamientos prosiguen durante todo el día, hasta el punto de que «la gente temía salir a la calle por el miedo de ser sorprendidos por las frecuentes carreras o disparos de pelota de goma». La protesta se extiende por el conjunto de la provincia, y el periódico El País señala que ha habido diez heridos de bala, además de las siete personas igualmente heridas del día anterior[13]. Después, la movilización se propaga a las provincias vecinas, provocando otras víctimas y reactivando de este modo el clima de violencia, en particular en Vizcaya, tras fallecer el 14 de mayo, a la salida de un bar, Manuel Fuentes Mesa a manos de la Guardia Civil[14]. Las calles de Bilbao se transforman entonces en un campo de batalla en el que los nacionalistas y los radicales revolucionarios se enfrentan tanto a las Fuerzas del Orden Público como a las bandas ultras que siembran el pánico haciendo uso de sus armas de fuego. El paisaje de la ciudad queda trastocado por las barricadas que cierran las calles, los coches volcados, los cócteles molotov que se lanzan contra las vías férreas para impedir la salida de los trenes, y los diferentes actos de vandalismo que jalonan la jornada. Los funerales de las víctimas serán a su vez nuevos focos de aguda tensión: la Policía Armada carga contra las personas que salen del cementerio tras el entierro de José Luis Cano Pérez, muerto en Pamplona el 13 de ese mes, haciendo uso de un gran número de botes de humo y de granadas lacrimógenas que obligarán a las mujeres y a los niños a permanecer encerrados en el camposanto, y arremetiendo contra los presentes a base de ráfagas de metralleta en un intento de dispersar a los asistentes a la misa fúnebre.

Este ejemplo pone de manifiesto los mecanismos de la espiral que alimenta las violencias urbanas por una y otra parte: una movilización en la que se enfrentan las Fuerzas del Orden Público y los militantes radicales se salda con una tragedia, la acción policial violenta y sus resultados letales provocan manifestaciones de protesta que, a su vez, darán pie a nuevos enfrentamientos susceptibles de provocar más víctimas, etcétera. En un clima de tensión de esa magnitud resulta difícil imputar la responsabilidad únicamente a las Fuerzas del Orden Público. A la inversa, es probable que la violencia del comportamiento policial no fuera —contrariamente a las reiteradas afirmaciones de las autoridades, incluido el propio ministro del Interior— una simple respuesta a las prácticas contestatarias. De hecho, entre 1976 y 1977, la política represiva, heredada de la dictadura, también es en gran parte responsable de esos elevados niveles de violencia.

El peso del sistema represivo

No cabe duda, en primer lugar, de que la prohibición de las manifestaciones es lo que genera el enfrentamiento.

a) La ausencia de libertades genera la violencia policial

La violencia de los disturbios no es únicamente consecuencia de una decisión táctica consistente en el hecho de que algunos extremistas revolucionarios opten por la práctica de la «guerrilla urbana», es también un método para esquivar la represión. Como señala Julián Delgado, en tiempos del franquismo «la técnica policial urbana contra las alteraciones del orden se basaba fundamentalmente en evitar la concentración de la multitud». Para ello resultaba esencial contar con informaciones previas: la fuerte penetración de la Brigada Político-Social en los círculos obreros y políticos de la oposición garantizaba una información de excelente calidad respecto a las manifestaciones previstas, lo que permitía a la Policía Armada anticiparse a las alteraciones del orden.

Para evitar la manifestación, una vez sabido el lugar de la concentración, la Policía Armada se desplegaba, impidiendo el acceso a dicho lugar desde las calles adyacentes, desviando a los viandantes, encauzándolos por distintas direcciones y disolviendo a los pequeños grupos que pudieran formarse en sus aledaños. Una vez disueltos, los manifestantes, al carecer de medios de comunicación, quedaban desorganizados y sin posibilidad de reagruparse[15].

Por consiguiente, los manifestantes se adaptaron —antes incluso de la muerte de Franco— a ese marco represivo y adoptaron una táctica elusiva basada en realizar «saltos». Dicha táctica consistía en reorganizarse en pequeños grupos de menos de cincuenta personas, en algún punto cercano a una vía de evacuación rápida (una boca de metro, por ejemplo), manifestarse y dejar constancia de sus reivindicaciones mediante banderines, pancartas, panfletos o daños materiales —para proceder después a dispersarse antes de la llegada de las Fuerzas del Orden Público y resurgir más tarde en algún otro punto de la ciudad—. Se trata de una práctica que se desarrolló notablemente durante la transición. De hecho, Ramón Adell Argilés estima que el apogeo de los «saltos» se sitúa en 1977, antes de experimentar a partir de 1978 un declive que se acentuará drásticamente a partir de 1980[16]. La nota de un delegado del Ministerio de Información y Turismo en la que se describe la situación de la capital vizcaína durante la tarde del 16 de mayo de 1977 señala la existencia de esos «saltos», indicando que, en ellos, «el comportamiento de los manifestantes es de una gran actividad, reviste caracteres de violencia y vandalismo, significando que en ningún caso los grupos son masivos, obligando a las fuerzas del orden a un gran despliegue y a actuar de forma contundente». La nota concluye indicando que «los lesionados son numerosos»[17]. La violencia de estos disturbios a «saltos» revela ser por tanto una práctica destinada a eludir la represión, una consecuencia de las diferencias existentes entre la creciente aspiración de la gente, que tiene grandes deseos de manifestarse, y el hecho de que las normas represivas se mantengan hasta bien entrado el año 1977.

Por lo demás, dado que todas las formas de concentración son ilegales, las fuerzas de la policía reciben sistemáticamente la orden de dispersarlas, lo que provoca un choque frontal. De este modo, el primero de febrero de 1976, la plataforma unitaria de la oposición catalana convoca una manifestación bajo el lema «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía» pero el gobernador civil de Barcelona la prohíbe[18]. A pesar de la prohibición, una gran masa de gente responde al llamamiento —entre veinticinco mil y setenta mil personas, según las estimaciones—. A la cabeza de la congregación más multitudinaria, integrada por un número de manifestantes comprendido entre las cuatro mil y las doce mil almas, se sitúan los líderes de la convocatoria, y la marcha discurre por el paseo de San Juan. Al topar de frente con la policía, las primeras filas de manifestantes deciden sentarse en la calzada, desafiando pacíficamente a las fuerzas policiales. Estas reciben orden de cargar y dispersar a la multitud, de modo que comienzan a lanzar botes de humo y granadas lacrimógenas, pero las primeras filas no ceden terreno. Esta insólita resistencia pasiva siembra el desconcierto entre los oficiales, que instan a los manifestantes a dispersarse mediante conminaciones verbales y amenazas. Ante la pacífica obstinación de los manifestantes, la compañía policial la emprende a porrazos y culatazos contra la muchedumbre. Entonces comienzan las carreras, los golpes, los actos vandálicos y las detenciones. Un periodista, Manel Armengol, inmortaliza el instante en el que los manifestantes, sentados, plantan cara a los uniformes, dejando después constancia de algunas escenas en que los policías golpean en el suelo a varias mujeres y ancianos. Sus fotos dan la vuelta al mundo y se convierten en un símbolo de la injusta brutalidad policial de un régimen que se resiste a desaparecer[19]. Pese a que el balance fuera mínimo, teniendo en cuenta la dureza de la acción policial (solo hubo unos doce heridos), este ejemplo muestra con claridad que la violencia de las fuerzas del orden no es únicamente una respuesta a las agresiones de los contestatarios, sino también una agresión forzada por las normas represivas que todavía se mantienen en vigor. Amnistía Internacional denunciará en 1977 «el constante uso de métodos violentos, brutales y gratuitos por parte de la policía, [que los emplea] para controlar grandes concentraciones de gente», lo que provoca choques «extremadamente violentos […], con abundante uso de armas de fuego»[20].

b) La inadaptación de hombres y técnicas a la práctica del mantenimiento del orden

Pese a que la ausencia de libertades facilite los brotes de violencia policial, lo cierto es que no tienen por qué terminar necesariamente con un derramamiento de sangre. Todo depende de las técnicas y de los medios empleados para hacer frente a las alteraciones del orden público.

Ahora bien, durante el periodo que nos ocupa, tres de cada cuatro civiles muertos en una manifestación caerán víctimas de disparos de fuego real de la policía[21], lo que da fe de que en la dispersión de las manifestaciones se recurre con exceso a las armas de fuego. En términos más generales, lo que está aquí en juego es la falta de profesionalidad de las Fuerzas del Orden Público. Sin embargo, la creación en 1969 de las Compañías de Reserva General —fundadas para responder al incremento de los conflictos sociales en el espacio urbano— había ido acompañada de una notable mejora de las dotaciones materiales de la Policía Armada. En esa fecha se introdujo el uso de vehículos todoterreno mejor adaptados a la realización de desplazamientos rápidos en ciudad —la sección de motoristas no se creará hasta marzo de 1976—, proporcionándose asimismo a las unidades policiales tanquetas lanza-agua, además de escopetas lanza bolas de goma. También se mejoran los elementos de intercomunicación que utilizan las unidades operativas, así como los elementos de protección que llevan los policías, dotándoseles de unos escudos más ligeros y de unos cascos más protectores. Del mismo modo se les enseñan técnicas de dispersión y de alejamiento de los adversarios con el fin de evitar el contacto físico y el agotador cuerpo a cuerpo que se dirime a base de porrazos por parte de la policía y de pedradas por parte de los manifestantes[22]. Sin embargo, los numerosos incidentes que se registran en el arranque de la transición muestran lo lejos que está la policía de dominar todas esas técnicas. En el caso de la manifestación barcelonesa del 1 de febrero de 1976, observamos que se recurre de forma casi inmediata al cuerpo a cuerpo para dispersar a los manifestantes que protagonizan la sentada —sin haber agotado todos los medios de coerción previos—. Bien utilizadas, las pelotas de goma son inofensivas, pero si se disparan a quemarropa se convierten en proyectiles mortales —lo que explica el número nada desdeñable de individuos muertos o heridos por este tipo de balas—. Del mismo modo, un bote de humo puede transformarse en un objeto letal en caso de ser lanzado a la altura de una persona y a corta distancia —como habrá de experimentar en propia carne María Luz Nájera en enero de 1977—. Por último, la utilización, extremadamente habitual, de las armas de fuego —pese a que se recomiende no emplearlas sino como último recurso y únicamente en caso de legítima defensa— muestra lo fácil que les resulta a los policías considerar que necesitan recurrir a ellas. Es preciso recordar que en noviembre de 1976 todavía se entrega a la policía un manual en el que se afirma que «la represión no alcanza su fin si es blanda; se debe actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas»[23].

Si la formación de la Policía Armada es rudimentaria, la Guardia Civil aún se encuentra más desamparada frente a las alteraciones del orden. La instrucción que se dispensa a los futuros guardias civiles consagra más tiempo al entrenamiento militar que al aprendizaje de técnicas policiales, y además las unidades no cuentan con los medios antidisturbios de que sí dispone en cambio la Policía Armada[24]. Por consiguiente, los guardias civiles emplean de forma casi sistemática sus pistolas reglamentarias, e incluso los fusiles, en caso de verse desbordados. En 1977, el general de la Guardia Civil Manuel Prieto, jefe de la VI Zona, con base en León, y antiguo voluntario de la División Azul, justifica en los siguientes términos el empleo de pistolas y escopetas: «No tenemos un medio para defendernos sino el uso de las armas de fuego, puesto que los procedimientos intermedios que tenemos no son definitivos en su eficacia ni están acordes con la seriedad que tiene que imprimir la sola presencia de nuestro tricornio»[25]. Además, los oficiales que encabezan las unidades antidisturbios son particularmente incompetentes para hacer frente a los problemas específicos y novedosos que plantean las alteraciones del orden en el entorno urbano. Se trata de mandos formados exclusivamente en las academias militares que han sido transferidos directamente desde los cuerpos del Ejército a las unidades de policía. Al no disponer de la más mínima formación especializada, son los causantes de un buen número de errores de mando susceptibles de saldarse con un elevado coste humano[26]. Tanto es así que, en muchas ocasiones, el origen de las situaciones trágicas no se encuentra en un exceso de precaución sino, muy al contrario, en la imprevisión y los errores de cálculo que se cometen en los distintos niveles de la cadena de mando.

El dramático caso ocurrido en Vitoria en marzo de 1976 simboliza muy adecuadamente la comisión de errores en la gestión de un conflicto[27]. En términos globales, las autoridades locales, con el gobernador civil de Álava al frente, dieron pruebas de una notable ceguera, ya que no supieron o no quisieron ponderar la amplitud y la gravedad del conflicto social que llevaba creciendo sin parar desde principios de año —iniciándose en la empresa Forjas de Álava en enero y extendiéndose progresivamente a los demás sectores económicos, hasta sumar al conjunto de las exigencias sociales maximalistas que se esgrimían una larga serie de reivindicaciones políticas—. Las autoridades no intentaron frenar la dinámica revolucionaria que mantenían viva las asambleas ilegales que se celebraban diariamente (más de trescientas), en las que la acción de una serie de grupos de extrema izquierda radicalizaba las posiciones. El propio Martín Villa considera que «la autoridad gubernamental se atrincheró en una actitud de total inhibición», negándose a afrontar la peligrosidad de los hechos[28]. La pasividad llegó incluso hasta el Ministerio, dado que Fraga, que por entonces era ministro de la Gobernación y había sido advertido la víspera de la tragedia de la gravedad de la situación, no aplazó por ello el viaje oficial que tenía previsto efectuar a Alemania al día siguiente, dado que, a fin de cuentas, solo se trataba de un conflicto entre obreros y patronos. «Si Manuel Fraga, en esta ocasión, pecó de algo, fue de liberal y no de autoritario», afirma Alfonso Osorio[29]. Pese al preocupante clima del momento y el hecho de que se hubiera convocado en Vitoria una «jornada de lucha» para el día 3 de marzo, el gobernador civil no previó que pudiera necesitar refuerzos, con lo que la ciudad se encontró con una dotación policial integrada únicamente por 180 agentes[30].

La convocatoria de la jornada de lucha obtiene un gran éxito, de modo que la iglesia de San Francisco —lugar en el que se había previsto la celebración de una asamblea general— se llena de miles de trabajadores, congregados asimismo en los alrededores del edificio. La unidad de la Policía Armada presente en la zona —constituida por unas cuantas decenas de agentes— recibe la orden de desalojar el templo. El oficial advierte a sus superiores que es muy difícil llevar a efecto esa consigna, dado que la única vía de salida que tienen los obreros es la puerta principal, que da a una plazoleta estrecha bloqueada por unas vallas de dibujan una callejuela en ángulo recto. Al mismo tiempo, los escasos efectivos policiales se ven en gran parte neutralizados por las miles de personas presentes en los alrededores del edificio. «No se puede desalojar porque [la iglesia] está repleta de tíos, llena de gente. Entonces, por fuera tenemos rodeado al personal. Va a haber que emplear las armas de fuego», previene el oficial en las comunicaciones de radio que se hacen públicas[31]. Pese a todo, la Jefatura Superior de Policía ordena desalojar la iglesia por la fuerza y reitera la orden tras recibir nuevas advertencias por parte de los agentes que se encuentran sobre el terreno —«Vamos a tener que usar las armas. Seguro, además»—, instando a los agentes a «gasear la iglesia». La unidad policial obedece, lanza varias granadas lacrimógenas en el interior del edificio y provoca inmediatamente el pánico, lo que obliga a la multitud a precipitarse alocadamente hacia la puerta de salida, arrastrando en su ímpetu a los desbordados policías. Lo que se escucha a continuación en las comunicaciones de radio es de un caos indescriptible, ya que a los gritos de los manifestantes se une el tableteo de las ráfagas de metralleta. Se distinguen algunos retazos de las conversaciones que mantuvieron el oficial que operaba sobre el terreno y su jefe. Los extractos que consignamos a renglón seguido, que contienen la descripción en directo del drama por parte del oficial operativo, son extremadamente elocuentes:

Esto es una batalla campal […]. Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras; es imposible defenderse […]. Hemos tirado más de dos mil tiros. Se puede figurar, después de tirar 1000 tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, pues ya me contará cómo está toda la calle y todo. Cambio […]. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio […]. Aquí ha habido una masacre.

El balance está a la altura de los enormes errores cometidos por los distintos eslabones de la cadena de mando: cinco muertos y cerca de cincuenta heridos de bala, cuatro de ellos graves. El origen de los abusos policiales más letales no siempre se debe al exceso de medios empleados, también puede ser consecuencia de su escasez. La peligrosidad de la policía es máxima cuando se ve desbordada por una situación incontrolable. Y a la inversa, cuando las autoridades prevén una asistencia masiva a un acto y emplean los medios adecuados para impedir el desarrollo de la manifestación, la dispersión no causa tantos daños[32].

Más allá de los hechos concretos, el drama de Vitoria ilustra las trágicas consecuencias que tiene, a todos los niveles, la existencia de un sistema autoritario alejado de las realidades populares. Entre los muchos factores inherentes al aparato represivo del régimen franquista que se encuentran en la base de la violencia policial desatada ante las alteraciones del orden público se cuentan la aplicación de una política de represión de las libertades, la imprevisión y la incomprensión de la realidad de los desafíos sociales, la formación rudimentaria y deficiente de los agentes, la experiencia estrictamente militar de los oficiales, la insuficiencia de las técnicas empleadas o la tendencia irrestricta al uso de armas de fuego.

c) El peso de la ideología heredada

Todos estos elementos tienden a relativizar el peso de la responsabilidad individual y señalan en cambio la existencia de una disfunción global del aparato represivo. No obstante, esto tampoco debe inducirnos a subestimar la realidad de unos comportamientos individuales marcados por la ideología del régimen en el que nacieron —la ideología de los vencedores, persuadidos de que la subversión social y política es un enemigo interior que es preciso eliminar—. Así lo atestigua este relato de Julián Delgado:

En las antiguas prácticas de la Academia, en los ejercicio de doble acción que se hacían ante las autoridades, una parte de los policías se disfrazaba de alborotadores y las pancartas llevaban consignas como «libertad», «democracia», valores que ahora le corresponde defender y proteger[33].

En el embarullado periodo de los inicios de la transición, los comportamientos excesivos, directamente heredados de las prácticas inculcadas en tiempos de la dictadura, tienen el campo libre. Esto explica que haya tantos casos de brutalidad voluntaria y autónoma. Los incidentes ocurridos en Málaga en diciembre de 1977 son buen ejemplo de ello. El día 4 de ese mes, en el transcurso de una manifestación en favor de la autonomía, un joven comunista de dieciocho años, José Manuel García Caparrós, miembro de CC. OO., muere abatido por los disparos de la Policía Armada, que dejan también heridas a otras treinta personas[34]. La manifestación, familiar y multitudinaria (ya que contaba más de ciento cincuenta mil participantes), se desarrolló de forma pacífica hasta el momento en que el presidente de la Diputación malagueña se negó a izar la bandera de Andalucía junto a la enseña nacional. En las últimas filas de la manifestación, un joven se lanza a escalar la fachada del edificio y cuelga de sus muros el emblema verdiblanco. Esto marcará el inicio de los enfrentamientos, que poco después provocan la muerte del joven militante comunista. El incidente hace surgir una oleada de protestas sin precedentes en la ciudad, que a lo largo de los dos días siguientes quedará sumida en el caos y paralizada por una huelga general. De hecho, la situación acabará transformándose en un escándalo político al llevarse el caso ante el Congreso de los Diputados, que decidirá crear la primera comisión de encuesta parlamentaria de la joven democracia, encargándosele asimismo el esclarecimiento de la muerte de un estudiante en Tenerife, ocurrida el 12 de diciembre. No obstante, más que la muerte del joven civil, lo que se critica es la extrema brutalidad de los policías armadas —que no solo es poco habitual, sino que además se prolonga por espacio de varios días—. Destacan sobre todo algunos hechos, ya que, al parecer, la policía habría perseguido a los heridos hasta el hospital, ametrallando después la fachada; habría detenido a los vehículos que circulaban con crespones negros en señal de luto, instándoles a retirarlos; y algunos agentes habrían obligado incluso a los manifestantes a comerse los lazos de duelo, en un gesto gratuito que la población juzga intolerable. Otros agentes habrían apuntado con sus balas de goma a los curiosos apostados en los balcones en una postura inofensiva. Carlos Sanjuán, un diputado socialista, es agredido violentamente por un policía armada al solicitársele la documentación, lo que demuestra la intención ofensiva del agente. Al día siguiente, la Guardia Civil irrumpe en las instalaciones de una emisora de radio y golpea a un periodista que había calificado de «asesinato» la muerte de Caparrós[35].

La comisión de encuesta que pone de manifiesto estas conclusiones en junio de 1978 no conseguirá poner de acuerdo a la UCD y la oposición. Esta última considera que «las Fuerzas del Orden Público han hecho un uso imprudente, irregular y desmedido de las armas a su alcance», y se muestra además incapaz de comprender «cómo una orden de despeje se transformó en una orden de ataque a todos los manifestantes que había allí»[36]. Una de las cosas que más se cuestionan es la actitud provocadora del presidente de la Diputación, Francisco Cabeza, que mantiene vínculos conocidos con los extremistas ultras de la ciudad. Su posterior dimisión «no agota su responsabilidad política, que permanece inalterable», según las conclusiones de la izquierda[37]. Y es que no cabe duda de que la ideología radical de las autoridades locales hizo que a los policías les resultara más fácil ejercer una brutalidad gratuita de ese calibre. Por lo demás, debe destacarse que apenas un mes antes de los hechos, el teniente coronel de la Guardia Civil local había sido apartado de su puesto de comandante de Málaga por haber dispersado, por iniciativa propia y desobedeciendo al gobernador civil, un acto autorizado en el que se reivindicaba el derecho de voto a los dieciocho años. Ese oficial no era otro que Antonio Tejero, futuro protagonista del 23-F[38]. El factor ideológico resulta pues determinante en la propagación de los comportamientos brutales de la policía, sobre todo si sus agentes cuentan con la benévola tolerancia de las autoridades —que en ocasiones llegan incluso a jalearles.

Un segundo ejemplo significativo es el de los incidentes surgidos durante los Sanfermines de julio de 1978. El día 8 de ese mes, tras unos altercados provocados por la presencia de una pancarta en la que se exige la amnistía total, las fuerzas policiales irrumpen en el ruedo de Pamplona durante el desarrollo de una de las corridas de esos festejos anuales. La unidad de la Policía Armada se halla a las órdenes del comandante Ávila, miembro conocido de Fuerza Nueva. Este acaba de tomar por su cuenta y riesgo la decisión de cargar sin obedecer las consignas en contrario que le transmite el gobernador civil. El coso se transforma en un campo de batalla, y en las calles adyacentes los enfrentamientos se prolongan durante toda la tarde. Una unidad de la policía dispara un gran número de veces contra un grupo de manifestantes, matando in situ a Germán Rodríguez. En el lugar de los hechos se descubren después cerca de treinta impactos de bala. La trayectoria de los proyectiles indica que los agentes habían apuntado a la altura de una persona, de modo que su intención no consistía en intimidar a los agitadores, sino que se proponían hacer blanco. La responsabilidad personal de los policías no admite duda, sobre todo teniendo en cuenta las órdenes que les había dado previamente uno de los tenientes: «¡Tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis! ¡No os importe matar!»[39]. Al día siguiente, Martín Villa declarará, en un balance impresionante, que se han disparado 130 casquillos de fuego real, 4153 balas de goma, 657 botes de humo, y 1138 granadas lacrimógenas.

Por consiguiente, el abuso policial no es solo consecuencia de una disfunción general del sistema represivo sino que ha de imputarse también a la intención de los agentes. No hay duda de que entre los mandos y los agentes, tanto de la Policía Armada como de la Guardia Civil, existen fuertes resistencias ideológicas a la democratización, ni de que es esa oposición la que está en la base del surgimiento de comportamientos brutales de carácter autónomo y voluntario, lo que a su vez da fe del peso que todavía tiene en este entorno la cultura represiva autoritaria basada en la eliminación física de los vencidos por los vencedores.

Sin embargo, esta constatación no debe hacernos olvidar la cronología que establecimos al principio, que muestra que ya en 1980 se tiende a la normalización de la práctica manifestante, tanto por parte de los protagonistas de las protestas como por parte de las fuerzas policiales. La desaparición de los abusos policiales de este tipo muestra que las Fuerzas de Seguridad aceptaron la existencia de las manifestaciones y que pasaron a considerarlas una práctica democrática trivial. En cualquier caso, esa aceptación se produjo tras el reconocimiento legal del derecho a manifestarse y no sin un cierto desfase temporal, y eso pese a que los comportamientos autoritarios estén llamados a persistir todavía durante bastante tiempo. Antonio Ibáñez Freire, ministro del Interior después de 1979, refiere que, «para ellos, [los guardias civiles] una manifestación era siempre un desorden ilegal»[40]. Cabe decir, con todo, que, en términos generales, los agentes se fueron adecuando poco a poco a la «pedagogía de la moderación», por emplear las palabras de Patrick Bruneteaux, y que la represión se transformó en un acto de gestión del «desorden admisible»[41]. Ya en 1976, en Cádiz, una manifestación de trabajadores de los arsenales, formada por las dos mil personas que vinieron a congregarse aproximadamente frente al Gobierno Civil, se había desarrollado y dispersado de forma calmada bajo la apacible mirada de las fuerzas policiales —lo que había animado a la muchedumbre a prorrumpir en aplausos, saludando de ese modo el poco habitual comportamiento de la policía en una época marcada todavía por la represión de los agentes uniformados[42]—. Por otra parte, la manifestación pacífica de masas (cien mil personas) que organiza el Partido Comunista en enero de 1977 para protestar contra la matanza de Atocha es la prueba palpable y anticipada de lo mucho que puede llegar a banalizarse la realidad de las manifestaciones. Pese a que el PCE fuera todavía una organización política ilegal, los policías no intervinieron, y por otro lado el servicio de orden de la formación comunista controló eficazmente la situación, no solo disciplinando a sus tropas sino manteniendo también a raya a los potenciales agitadores. En suma, vemos que el hecho de las manifestaciones adquiere durante la transición un carácter banal, entrando a formar parte del juego reglado de la democracia, mientras que los actores participaron en un rápido proceso de aprendizaje, lo que demuestra que la reticencia de la policía frente a la democratización, al menos en este terreno, era más bien débil.

II. Los incidentes policiales: una fuerte sensibilidad a la amenaza terrorista

II. LOS INCIDENTES POLICIALES: UNA FUERTE SENSIBILIDAD A LA AMENAZA TERRORISTA

Para el 80 % de las víctimas de la violencia policial, la lógica de los acontecimientos responde no obstante a unas premisas totalmente diferentes. Se trata de víctimas abatidas en el transcurso de un control del carretera, de una petición de documentación, de la detención de un individuo, de una persecución o de una patrulla rutinaria. En este caso la responsabilidad no es imputable a la Policía Armada, sino más bien a la Guardia Civil (en el 59 % de los casos), ya que es esta última la que se encarga del mantenimiento del orden público en el conjunto del territorio nacional. La vocación de esta institución secular[43] de naturaleza militar y directamente dependiente del Estado Mayor del Ejército de Tierra es fundamentalmente rural. Implantada incluso en los rincones más recónditos del suelo español[44], la Guardia Civil es una fuente de datos de inteligencia de primer orden para el régimen y por eso constituye la clave de bóveda del dispositivo represivo franquista. De hecho, los incidentes policiales se producen de forma difusa en todo el territorio, y Andalucía, una región rural escasamente desarrollada pero muy extensa y poblada, aparece sobrerrepresentada. Por lo demás, cabe hacerse aquí la siguiente pregunta: si por un lado resulta indudable que los abusos policiales perpetrados en el contexto de una manifestación son de naturaleza eminentemente política, ¿puede decirse lo mismo de los incidentes policiales? ¿Pertenecen dichos incidentes, que resultan de la práctica cotidiana del mantenimiento del orden, a la categoría de las violencias políticas ilegítimas?

La estadística nos proporciona un primer elemento de respuesta. Por término medio, estos incidentes vendrán a provocar, durante la transición, unos 19 muertos al año[45] —aunque esa cifra se supere ampliamente tanto entre los años 1978 y 1979 como en 1981 (gráfico 23)—. A modo de comparación, Fabien Jobard estima que en la Francia de principios de la década de 1990 la policía mata a unos diez civiles al año —al margen del contexto propio de las manifestaciones—, fundamentalmente con ocasión de un control de carretera[46] —con lo que no es difícil constatar que la cifra es la mitad de la registrada en la España de la transición—. Esta rápida comparación sugiere que el número de incidentes sobrevenidos en España se sitúa en unos niveles que duplican lo que pudiéramos considerar una media residual inevitable en una democracia estructurada de dimensiones similares. Por consiguiente, el cotejo nos invita a examinar con detalle las razones de este exceso.

¿Trágico accidente o práctica sistémica?

Como ya sucediera en el contexto de las manifestaciones, también entra aquí en juego el peso de un sistema represivo mal adaptado a los nuevos retos que plantea el mantenimiento del orden en una democracia.

a) De la mala utilización de las armas de fuego

Las Fuerzas del Orden Público son de gatillo fácil, y no solo en el marco de la dispersión de una manifestación. Pese a que las consignas habituales limiten el empleo de las armas a los momentos en que «exista un peligro evidente para la vida, y ello entendido como legítima defensa», como recordará en 1980 el ministro del Interior[47], será preciso esperar al mes de septiembre de 1981 para asistir a la promulgación de un nuevo reglamento sobre los «principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», dado que la ley de la policía de diciembre de 1978 se contentaba con proceder a una serie de reestructuraciones orgánicas y a enunciar desde el plano teórico sus nuevas misiones. El nuevo texto, fundado en los principios generales que define el Consejo de Europa en su «Declaración sobre la policía», aprobada en mayo de 1979[48], garantiza básicamente la aplicación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los agentes deben limitarse

al empleo de aquellos medios de disuasión y defensa que fueran adecuados y proporcionados al alcance de la perturbación o daño producido, procurando en cualquier caso no hacer uso de la fuerza más allá de lo razonable y necesario para cumplir su cometido y evitar el daño a las personas o las cosas[49].

No obstante, el texto español de inspiración europea es, según confesión del propio ministro del Interior, una orden de carácter político y administrativo y carece por tanto de fuerza normativa. Se trata de un acuerdo adoptado en Consejo de Ministros y se contenta con definir con precisión la postura política del gobierno, haciendo al mismo tiempo una serie de declaraciones de intenciones destinadas a cristalizar posteriormente en un artículo legislativo, pese a mantenerse, de momento, en el plano ético y a carecer por ello de toda fuerza de coerción práctica[50]. Por consiguiente, su eficacia es muy limitada. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de España, será preciso esperar hasta abril de 1983 para que las instrucciones dirigidas a los policías incorporen estos principios éticos[51]. Dichas instrucciones, extremadamente precisas, detallaban caso por caso el comportamiento adecuado que debían observar los agentes: solo ha de recurrirse al empleo de las armas de fuego si la agresión es de una intensidad y una violencia tales que se ve peligrar la vida de la persona atacada (1.º 1); ese empleo deberá hacerse de acuerdo con un principio de proporcionalidad entre el medio que utiliza el agresor y el que se usa en la defensa (1.º 2); y solo habrá de echarse mano de él después de que el agente haya efectuado una serie de advertencias orales, seguidas de tiros al aire o al suelo (1.º 3 y 4). A continuación, y siempre en caso necesario, los disparos deberán dirigirse hacia puntos no vitales del cuerpo del agresor, con el objetivo de que las heridas causadas sean lo más leves posibles (1.º 5). Las mismas reglas se aplicarán en caso de que un delincuente huya, puesto que la acción consistente en disparar contra partes no vitales de la anatomía del individuo en cuestión no es más que el último recurso, a emplear únicamente en caso de haber agotado todas las prácticas intimidatorias previas —y no debiendo aplicarse además más que si se comprueba que la peligrosidad del fugado es muy elevada debido a que posee armas de fuego, explosivos o un arma blanca con capacidad ofensiva (2.º)—. En caso de duda, el agente evitará disparar. De haberse aplicado, es evidente que todas estas instrucciones habrían supuesto un progreso notable, pero según la Asociación Pro Derechos Humanos de España no solo no son publicadas, sino que tampoco se difunden en las comisarías, de modo que tanto la opinión pública como los propios policías continúan ignorándolas. Habrá que esperar a la ley orgánica de 1986 para ver elevarse estos principios al rango de norma legislativa[52], lo que les permitirá adquirir un carácter coercitivo para todos.

Los ejemplos de abusos policiales debidos al hecho de que un agente apriete el gatillo con excesiva premura y con intención letal son muy abundantes. Así ocurre por ejemplo en el caso del militante comunista Francisco Caballero, abatido en noviembre de 1979 en Bilbao mientras conducía su furgoneta en compañía de un amigo. Los disparos partieron de las pistolas de dos miembros del Cuerpo General de Policía de paisano, y según la Jefatura Superior de Policía se habrían visto obligados a actuar de ese modo porque los ocupantes del vehículo habrían hecho caso omiso del alto que se les había dado, negándose a detenerse. Sin embargo, de acuerdo con los testigos del suceso, la carretera no habría sido bloqueada y los policías no habrían efectuado ninguna señal de advertencia visible —lo que induce a pensar que el error policial se transformó entonces en un homicidio «inadmisible», por emplear las palabras del diputado comunista Simón Sánchez Montero, que llevará el asunto al Congreso[53]—. Y es que, según mantiene ese mismo diputado al producirse otro abuso policial en septiembre de 1980, «hay formas de parar un coche sin matar al conductor: tirando a las ruedas para hacer que exploten y que el coche no pueda continuar rodando», por ejemplo[54]. Del mismo modo, tampoco es preciso matar para detener la fuga de un individuo, dado que dispararle a las piernas puede ser suficiente para proceder a su detención.

Este ejemplo ilustra otra de las características de este tipo de abusos: el hecho de que, al producirse, surjan dos relatos sistemáticamente divergentes entre la versión del agente —que cuenta con el apoyo de sus superiores jerárquicos— y la de los partidarios de la víctima, expresada por boca de los testigos. La razón hay que buscarla en el hecho de que lo que esté aquí en juego sea doblemente crucial. La primera preocupación ha de consistir en evaluar la responsabilidad individual del agente, con el fin de determinar si resulta pertinente o no aplicar eventualmente una sanción administrativa, o entablar incluso un procedimiento penal. Y es que, según el artículo 8.4.º del Código Penal, las acciones letales que quedan exentas de toda responsabilidad criminal son aquellas que responden a una «agresión ilegítima» con una «necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla»[55]. Los escollos que se oponen con mayor frecuencia a la determinación de la validez de la tesis de la legítima defensa son el carácter delictivo del comportamiento de la víctima y la calificación de la conducta de los policías como adecuada o inadecuada. Por un lado, calificar a la víctima de delincuente, estimar que ha sido sorprendida en flagrante delito de robo de vehículo, o atribuirle el origen de la agresión —acusándola de haber intentado arrebatar el arma reglamentaria del agente o de haber tratado de atropellar a los guardias, por ejemplo— son argumentos clásicos en buen número de informes policiales. Por otro lado, en cambio, lo que se escucha son acusaciones que afirman que los agentes no respetaron el procedimiento previsto, y muy particularmente que no se identificaron de forma visible ante los sospechosos o no les conminaron a deponer toda actitud agresiva antes de abrir fuego, como exigen las normas. En segundo lugar, el cotejo de los diferentes relatos lleva aparejado un desafío político de notable envergadura, puesto que, más allá de las responsabilidades individuales, lo que está en cuestión es la responsabilidad global del sistema represivo, lo que viene a poner en tela de juicio, a su vez, los criterios de estigmatización de la ilegitimidad de la acción policial y, por consiguiente, de lo que ha de ser una buena policía.

b) Del abuso policial individual al cuestionamiento del sistema represivo

Hay varios ejemplos que nos permitirán esclarecer los elementos determinantes de este proceso. El primero de ellos se refiere a la muerte de Bartolomé García, ocurrida el 24 de septiembre de 1976 en Tenerife. Tras confundírsele con un delincuente llamado Ángel Cabrera, apodado «El Rubio» —responsable del secuestro de Eufemiano Fuentes, un importante industrial tabaquero canario—, el joven resulta muerto a consecuencia de las ráfagas que le dispara la policía al irrumpir en su apartamento. En la puerta de entrada se contabilizan treinta y tres impactos de bala, lo que da idea de la potencia de fuego empleada. El incidente adquiere una amplitud espectacular: en el entierro se congregan treinta mil personas, se convoca en la isla una huelga general y los altercados —que se prolongan por espacio de cerca de seis días— transforman la ciudad de Santa Cruz en un campo de batalla. Las asociaciones civiles y los partidos políticos se movilizan, e incluso el alcalde de la capital toma cartas en el asunto, al enviar un escrito de protesta al ministro de la Gobernación. Varios miembros de la policía elevarán su voz para oponerse a la unánime condena que acusa al conjunto del cuerpo armado, redactando un manifiesto en el que denuncian «que un accidente haya sido calificado de asesinato, de hecho incalificable, de brutal agresión», deplorando «con dolor, la reacción hostil del pueblo […] que tan vilmente ha sido manejado»[56]. Varios centenares de policías se manifestarán para expresar la solidaridad que les une a los seis agentes acusados de los hechos, a los que poco antes se había trasladado a Madrid[57].

Los dos primeros elementos que contribuyen a explicar el surgimiento de una reacción popular de tal envergadura son la desproporcionada brutalidad de la acción policial y el carácter inocente y anónimo de la víctima, aunque también hay que tener en cuenta la coyuntura política. Ciertamente, desde el inicio del año 1976 son ya nada menos que catorce los civiles que han encontrado la muerte bajo los disparos de las Fuerzas del Orden Público; el último atropello se remonta a principios del mes de septiembre, cuando la Policía Armada de Guipúzcoa abate a Jesús María Zabala. A lo largo del año se había venido desarrollando por tanto un clima de hostilidad hacia las fuerzas policiales —una atmósfera de la que la prensa se había hecho eco ampliamente y que sin duda alguna había sido instrumentalizada por los grupos políticos de la oposición, en particular por los de la izquierda revolucionaria, dado que cada nuevo exceso terminaba desencadenando una oleada de animosidad contra los agentes estatales, a los que se identificaba con el régimen autoritario anterior—. De este modo, al producirse la muerte de Bartolomé García, la plataforma unitaria de la oposición de Canarias declarará que los hechos «no se producen aisladamente sino que, por el contrario, parecen obedecer a directrices bien establecidas, y que no tienen otra finalidad que extender una situación de temor e inseguridad que dificulte el advenimiento de un marco de libertades individuales y colectivas»[58]. Por consiguiente, está claro que el factor que transforma el error aislado de unos policías en un proceso al aparato represivo en sí es la sucesión de incidentes policiales acaecidos que se producen, además, en un momento en el que la incertidumbre sobre el porvenir político de España se encuentra en su punto culminante.

En este clima en el que la sensibilidad respecto de las Fuerzas del Orden Público está a flor de piel, el menor exceso es inmediatamente percibido como un acto de intención política. Eso es justamente lo que sucederá el día 10 de octubre del mismo año, en Burlada (Navarra), al matar la policía a un presunto delincuente. El periódico El País refiere el incidente en los siguientes términos: «La muerte de un delincuente habitual ha provocado, por primera vez, que se sepa, una importante reacción popular en una provincia del País Vasco. Este es el caso de Francisco Alonso Castillejos, alias Paquito, abatido a mediodía del domingo por varios disparos efectuados por guardias civiles de paisano». En el lugar del drama la gente depositará ramos de flores, una ikurriña y una inscripción funeraria. «Se tenía entonces la impresión de que, a consecuencia de las diferentes versiones que circulaban por la localidad, se había dado un matiz político a la muerte de un joven en el primer momento»[59]. Un mes después, esta politización se reproducirá, pasando a convertirse en algo banal. En Santesteban, otro pueblo de Navarra, un guardia civil de paisano saca su arma en una riña surgida durante la celebración de un baile popular, dispara sobre tres muchachos y mata a uno en el acto —Santiago Navas—, dejando a los otros dos heridos —y de ellos, Javier Nuin fallecerá también pocas semanas más tarde a causa de las lesiones—. Se producen inmediatamente vivas reacciones: una huelga paraliza Navarra y se extiende a las provincias vascas vecinas, las asociaciones de vecinos demandan que las Fuerzas del Orden Público circulen desarmadas, veinte alcaldes guipuzcoanos envían una carta de solidaridad al primer edil de la población natal de Santiago, y el alcalde de Santesteban exige al ministro de la Gobernación el total esclarecimiento de los hechos. Por consiguiente, la politización del drama fue inmediata, como señala el autor del informe anual del Gobierno Civil de Navarra, que sostiene que la utilización política de la «desfortunada reyerta» «ha sido orquestado por gran parte de la prensa, Ayuntamientos politizados, clero radicalizado e infinidad de panfletos». Lo que él percibe como un accidente, como uno de los «inevitables fallos humanos inherentes a cualquier institución numerosa, por buena que sea»[60], es considerado en cambio por otras muchas personas como una consecuencia lógica de la falta de depuración del aparato represivo, o incluso como un asesinato más de los que, a juicio de estos críticos, venían cometiéndose de manera intencionada con el fin de impedir la democratización. Pese a que no todos los incidentes policiales provoquen una indignación popular —hay un buen número de casos en los que se produce la muerte de un presunto delincuente común a manos de las Fuerzas del Orden Público sin que esa información rebase el plano de la noticia de sucesos en los periódicos—, la importante cifra de abusos policiales, reiterada y continua, hace que la opinión pública juzgue difícilmente creíble la tesis del accidente. Y de hecho el escepticismo se mantendrá hasta el final del periodo que nos ocupa, como puede apreciarse con el caso Trebujena, ocurrido en 1982.

Dos jóvenes que circulaban a una velocidad excesiva en motocicleta por las calles del pueblecito andaluz de Trebujena caen abatidos por los disparos de la Guardia Civil, y uno de ellos, Ignacio Montoya, jornalero de profesión, resulta mortalmente herido. La población local, formada por viticultores de tradición comunista, se indigna, máxime al enterarse posteriormente de que el gobernador civil de Sevilla acaba de condenar al alcalde del pueblo vecino al pago de una gravosa multa (quinientas mil pesetas) por haber colocado un crespón negro en la bandera nacional del ayuntamiento en señal de duelo. Se convoca una huelga general que paraliza la zona. Varios grupos parlamentarios elevan el asunto al Congreso de los Diputados, denunciándose así en la cámara la excesiva frecuencia de este tipo de incidentes. Tras plantear el diputado Bandrés una provocativa pregunta —«¿Cuántas muertes y lesiones se han producido a causa de disparos de las Fuerzas del Orden Público en 1981 y 1982?»—, el parlamentario y el ministro Rosón se enzarzan en una guerra de cifras. Aunque no llegará a calificarlas, como Bandrés, de «penas de muerte por un procedimiento sumarísimo, y además sin garantías», el diputado andaluz Alejandro Rojas-Marcos denuncia una situación que es «peor que un error trágico, es una aberración, y cuando esta aberración se produce con cierta continuidad quiere decir que algo no funciona, y ese algo no solamente es falta de medios técnicos adecuados, sino una mentalidad que creemos es origen de estos hechos». El ministro del Interior le dará en parte la razón al señalar los esfuerzos que se vienen efectuando desde las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil para mejorar tanto la formación de los agentes como los medios empleados en el mantenimiento del orden, reconociendo de ese modo las deficiencias existentes[61].

En efecto, ya hemos visto que tanto el vacío normativo como las carencias detectadas en el plano formativo de los agentes persistían mucho después de acabado el plazo que hemos asignado a la transición, y que eso dejaba la vía expedita para los comportamientos transgresores derivados de esa «mentalidad» que denunciaba Rojas-Marcos. Más que ante una «mentalidad» individual estamos aquí ante un planteamiento represivo en el que el hecho de matar a un delincuente o a un subversivo no se considera una falta intolerable, tanto desde el punto de vista ético como profesional. En 1981, la muerte de dos miembros de ETA en un tiroteo ocurrido en Guipúzcoa no impedirá que, al día siguiente, el propio Rosón felicite a las Fuerzas de Seguridad por el «brillante éxito policial» conseguido la víspera[62]. Las afirmaciones de esa índole no pueden sino estimular la perpetración de acciones violentas irregulares en la práctica del mantenimiento del orden. Por otra parte, sin embargo, también arrojan luz sobre un nuevo factor explicativo que no hemos mencionado hasta ahora porque no intervenía en el marco de las manifestaciones, siendo en cambio determinante en el caso que nos ocupa: el factor terrorista.

El factor terrorista

El elemento terrorista surge al analizar en detalle las víctimas de los incidentes policiales (cuadro 17). Una parte significativa de esas víctimas (el 21 %) son miembros de los GRAPO o de ETA —recordemos que no había ninguno entre las víctimas registradas entre los manifestantes—. Volvamos ahora a la evolución cronológica de estos incidentes (gráfico 23). Al contrario de lo que sucedía con los abusos policiales perpetrados durante la dispersión de las manifestaciones, los incidentes policiales son relativamente menos numerosos en los primeros años de la transición, aunque después, en 1979, experimentarán un importante crecimiento. Tras el descenso del año 1980, alcanzarán su apogeo en 1981, para disminuir significativamente a partir de 1982. Esta evolución se corresponde de hecho con los ciclos de la acción terrorista, reflejándolos de forma simultánea a su propia aparición en los inicios de la transición (1976-1978), y luego con un ligero desfase temporal: el descenso del año 1980 se corresponde con el punto álgido de la actividad terrorista, mientras que el pico de 1981 coincide con un descenso de las acciones de violencia terrorista. Todo sucede por tanto como si la policía, que reacciona inmediatamente a los zarpazos terroristas en la época en que se mantiene vigente el planteamiento represivo franquista, actuara después con un cierto retraso frente a las letales acciones de ETA y los GRAPO, retraso que se correspondería con el tiempo necesario para poner en marcha los nuevos dispositivos de la lucha antiterrorista. Por consiguiente, la tensión terrorista parece constituir uno de los factores determinantes del incidente policial.

Cuadro 17. Víctimas de incidentes policiales

Ya hemos visto que la acción policial obedecía a una política global de lucha antiterrorista que no logrará adquirir pleno vigor sino después de 1978, fluctuando además de forma muy notable en función de la coyuntura. Será justamente en 1979, es decir, un año después de la adopción de las primeras medidas antiterroristas, cuando empiece a aumentar de manera notable el número de terroristas muertos (gráfico 24). Y, a su vez, la explicación de la cifra excepcional de 1981 —año en el que nueve miembros de ETA y los GRAPO mueren en acciones de carretera— hay que buscarla en la situación que reinaba entonces en España. En 1981, la tensión llega a su punto máximo, y en el contexto de la unidad nacional suscitada a raíz del 23-F, la sociedad presiona para que el Estado ponga fin al terrorismo. Esta presión social, unida al notable aumento de los medios empleados en la lucha contra el terrorismo, favorecerá el surgimiento de un comportamiento policial transgresivo. Pongamos otro ejemplo, en este caso el de los GRAPO, que sufrieron de manera muy particular a causa de los disparos de la policía: entre 1979 y 1982, doce de sus miembros resultarán muertos en diversos enfrentamientos con la policía —y entre ellos sus dirigentes más buscados, fallecidos a veces en circunstancias poco claras[63]—. Esta sucesión de abusos policiales —una de las cuales provocará cuatro muertos en un mismo día[64]— se parece mucho a una cacería destinada a decapitar al grupo terrorista. Da efectivamente la impresión de que el hecho de matar a un terrorista en acto de servicio es una acción aceptada, cuando no jaleada, por las autoridades políticas. Esta es una de las razones por las que Martín Villa será largo tiempo criticado a raíz de una frase pronunciada en una conferencia de prensa celebrada en enero de 1978, al día siguiente de un atentado de ETAm en Pamplona que había terminado con la muerte de dos terroristas y un policía. «Van dos a uno. A nuestro favor», había declarado entonces[65], como si se tratara de una batalla campal entre dos ejércitos enemigos cuyo resultado debiera medirse en función del número de pérdidas encajadas por cada uno de los bandos.

Gráfico 24. Evolución cronológica comparada de las víctimas mortales causadas por incidentes policiales (distribución del número de muertos por año y tipo)

La hipótesis de la lucha antiterrorista como principal factor del incidente policial podría hallar un argumento contrario en el importante porcentaje de víctimas no pertenecientes a ninguna banda terrorista (ya que son más del 80 %). Sin embargo, no existe la menor duda de que a partir del año 1979 la tensión inherente a la lucha antiterrorista es tan fuerte que ya no afecta únicamente a los miembros de ETA o los GRAPO, sino también a un gran número de civiles. Tanto si la amenaza terrorista gravita como un factor real sobre los cuerpos armados del Estado o debe parte de su peso a la imaginación de los agentes, lo cierto es que su posibilidad alimenta una aguda tensión entre las fuerzas de la Policía y la Guardia Civil, dado que los miembros de ambas instituciones se exponen a convertirse en cualquier momento en blanco de los disparos enemigos. Esta tensión se percibe de forma particularmente palpable en el País Vasco, donde, a los ataques de ETA —prácticamente cotidianos—, se añaden los choques con los nacionalistas radicales, así como la severa exclusión social que acompaña al policía y a su familia[66]. No es de extrañar que las Fuerzas del Orden Público, a las que la población considera unidades de una ocupación extranjera —al grito de «¡Que se vayan!»—, puedan llegar a actuar consiguientemente como tales. En julio de 1978, el clima de insurrección que se vive tras la letal irrupción de la policía en el coso taurino de Pamplona lo ilustra adecuadamente. Es preciso señalar que después de la muerte de Germán Rodríguez, otro exceso intencionado de unos policías armados provocará la muerte de José Ignacio Barandiarán en San Sebastián[67]. El País Vasco quedará entonces sumido en una huelga general. Las carreteras aparecen sembradas de barricadas, se producen constantes enfrentamientos entre los alborotadores y las Fuerzas del Orden Público, y la tensión es tal que el ministro del Interior, que comprueba al sobrevolar la zona que la región está en plena ebullición, se dice: «la guerra debía ser algo parecido a lo que veía»[68]. En este contexto tan caótico, en Rentería, una compañía de reserva de la Policía Armada, enfebrecida por las largas jornadas de disturbios, se entrega, en un acto de indisciplina y de brutalidad colectiva sin precedentes, al saqueo de la población, destrozando las tiendas y procediendo a un desvergonzado pillaje[69]. La escalada de acciones violentas debida al encadenamiento de varios días de disturbios —unos disturbios que las Fuerzas del Orden Público, por otra parte, dirigidas por un personal incompetente, son incapaces de frenar— no basta para explicar semejante incursión, única en la historia de la transición. No hay duda alguna de que el clima general que reina en el territorio vasco, particularmente extenuante para todo agente uniformado, contribuye a generar este estado de cosas. Y al margen de estas consideraciones, este comportamiento, que se parece bastante a las acciones punitivas que pudiera efectuar un ejército conquistador contra una población civil reacia a la ocupación, viene a revelar la existencia de una mentalidad ampliamente difundida y estrechamente vinculada con la visión dictatorial del orden: si el espacio público es un patrimonio exclusivo del régimen franquista, tanta mayor razón tendrán los policías y guardias civiles en quienes se ha delegado el monopolio de la fuerza física para juzgar que ese espacio les pertenece, creyéndose con derecho a utilizarlo a su antojo. En un orden franquista en el que la frontera entre lo privado y lo público es cuando menos permeable, el espacio asociado con la esfera policial se extiende sin grandes dificultades al ámbito doméstico.

Frente a la cotidiana presión del terrorismo, los cuerpos armados reaccionan con nerviosismo, interpretando exageradamente el riesgo de un gesto anodino y empleando medios desproporcionadamente duros en relación con el peligro real, lo que en ocasiones provocará una tragedia civil desconectada del mundo terrorista. Me contentaré aquí con un solo ejemplo, ya que con él se aprecia lo mucho que pudo llegar a extenderse la presión terrorista en la totalidad del territorio. De este modo, el 24 de agosto de 1980, en un pueblecito de Extremadura, un guardia civil acaba con la vida de un joven al verle lanzando piedras contra el cuartel de la localidad. Según el comunicado oficial de la Guardia Civil, el edificio fue objeto de una cerrada andanada de piedras, produciéndose la rotura de varios cristales, de modo que el centinela, «sorprendido ante el inesperado ataque», efectuó unos cuantos disparos de intimidación. De acuerdo con el comunicado, el guardia civil pensó que podría tratarse de una agresión terrorista, dado que el año anterior unos criminales habían puesto en su punto de mira al cuartel. El caso llegará hasta el Parlamento, y unos diputados socialistas de Badajoz se interrogarán, con triste ironía, sobre el fundamento de una amenaza de ese calado en una zona de España en la que jamás se había observado el más mínimo signo de terrorismo[70].

De hecho, el marco de la lucha antiterrorista será también el escenario en el que acabe desplegándose otra forma de violencia policial, con unos actos que desbordan la frontera de la intimidad personal y mancillan la práctica policial del periodo que aquí estudiamos: la tortura.

III. La tortura: punto ciego de la transición

III. LA TORTURA: PUNTO CIEGO DE LA TRANSICIÓN

La tortura es una práctica que posee, contrariamente al abuso o el incidente policial, una definición jurídica internacionalmente reconocida. Dicha definición designa como tortura «todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales», y ello tanto si el objetivo perseguido consiste, según precisa la declaración de las Naciones Unidas contra la tortura, «en obtener de ella o de un tercero información o una confesión, en castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o en intimidar a esa persona o a otras»[71], o simplemente «en privarla de su dignidad de ser humano a fin de despojarla de la capacidad de pensar», por emplear aquí las palabras de Raphaëlle Branche[72]. Para abordar este fenómeno, nuestra base de datos carece de toda utilidad, dado que al haber decidido al inicio de nuestra investigación que no habríamos de tener en cuenta más que las acciones violentas de la policía que se saldaran con una muerte, solo hay en nuestro corpus cinco acontecimientos correspondientes a la definición de «tortura», con un balance total de siete muertos. Ahora bien, al margen de estos casos, resulta difícil obtener estimaciones cuantitativas fiables sobre la realidad de la tortura.

Esta constituye un punto ciego de la historia del tardofranquismo y de la transición, un fenómeno mantenido en secreto, ocultado y escasamente conocido. El Estado la pasa por alto y la niega, ya que es consciente del riesgo que entrañaría reconocer oficialmente su existencia. No es posible confesar una violación manifiesta de los fundamentos jurídicos en el Estado de derecho que pretende ser el Estado franquista decidido a alcanzar la legitimidad, y menos aún en el Estado democrático que los hombres de la transición tienen intención de levantar. La violencia ilegal de la tortura afecta en su médula misma a la legitimidad de las instituciones democráticas debido a que el respeto de los derechos humanos es uno de sus pilares fundamentales y a que su práctica rebasa los límites de la fuerza legítima que el Estado puede reivindicar, haciendo peligrar por tanto el propio sistema político. Por su barbarie y su inhumanidad, la tortura es probablemente el acto de represión con el umbral de tolerancia más bajo de las sociedades contemporáneas. Es injustificable y por ello mismo inconfesable —razón por la que sus responsables la ocultan, haciendo, entre otras cosas, que su estudio resulte particularmente difícil—. Dado el silencio de las autoridades, la información solo puede obtenerse por boca de las víctimas, pero sus testimonios chocan con un gran número de obstáculos. Relatar algo que participa de lo propiamente indecible es un acto valiente por parte de quienes han vivido el sufrimiento, la humillación, la profunda desvalorización de uno mismo que conlleva esa barbarie, un acto que no solo exige superar el temor a las represalias sino aceptar también que, para exponer públicamente las vilezas padecidas, ha de cruzarse el umbral de la experiencia íntima y de la vergüenza. La libre utilización de la palabra choca además con la negación de los verdugos —que todavía cuentan con garantías de impunidad—, con la desconfianza de los jueces y con la incredulidad de una opinión pública que, viéndose frente a lo intolerable, tiende a abordar la barbarie de forma eufemística.

Pero es que, además de topar con el recelo, el torturado se enfrenta también a la falta de pruebas. La tortura se practica en las salas oscuras y cerradas de los cuarteles y las comisarías, es una acción íntima en la que los únicos protagonistas son los torturadores —unas veces activos y otras pasivos, pero invariablemente solidarios en caso de denuncia— y las víctimas —tanto si padecen directamente las bajezas de sus verdugos como si se les asigna el papel de espectadores—. Por consiguiente, los testigos se hallan directa o indirectamente implicados en la cadena de actos violentos, lo que quiebra la exterioridad necesaria para estimar la fiabilidad de un testimonio. Las heridas físicas registradas en un informe médico —que es la prueba más frecuentemente invocada en los procesos judiciales— también han de examinarse con recelo, debido a que el refinamiento de los métodos «limpios» de tortura no siempre deja marcas en el cuerpo, a que la reclusión del reo en una celda y en situación de incomunicación por espacio de varios días da tiempo a que las señales o heridas externas desaparezcan, a que el control médico no es en modo alguno sistemático —sin olvidar además que, en caso de haberlo, puede ser también cómplice de la tortura—, y a que si la constatación de las lesiones se revela innegable, en último término siempre puede cuestionarse su origen. Uno de los elementos clásicos que acostumbran a figurar en los testimonios policiales consiste en remitir la responsabilidad de las heridas a la propia víctima, acusándola de haber forcejeado en el momento de la detención, de haberse automutilado voluntariamente para invalidar el arresto, o (caso de surgir complicaciones) de estar previamente enferma y no haberse preocupado de cuidarse, culminando la secuencia de acusaciones con la de afirmar que el torturado optó por suicidarse. Debe cuestionarse incluso la fiabilidad de una fuente como la condena judicial, pese a que constituya un reconocimiento oficial de la tortura. En tiempos de la dictadura, la justicia misma participa en el sistema represivo debido a su fuerte incardinación con el aparato político. Llegada la transición, el proceso de recuperación de la independencia política y la imparcialidad del aparato judicial dista mucho de reflejarse de forma inmediata en su comportamiento, y por otra parte la superación de los numerosos obstáculos que dificultan la tarea del juez requiere una cierta pugnacidad por su parte, y sobre todo el concurso de una verdadera voluntad política. Esto explica que las sentencias condenatorias sean poco numerosas y que se produzcan muchos años después de ocurridos los hechos, lo que implica una labor de investigación previa prolongada en el tiempo. Por lo demás, el Estado español no impulsó, hasta donde me es dado saber, ninguna investigación pública relacionada con la práctica de la tortura durante la transición, ya que eso habría supuesto un reconocimiento de su implicación: las acciones violentas de la policía quedaron encubiertas, en términos generales, por el dichoso «pacto de olvido» de la transición. Las autoridades de la época niegan incluso que se produjera tortura alguna. Así lo hacen por ejemplo Rodolfo Martín Villa al afirmar que «en mi tiempo, no», no la hubo, o Leopoldo Calvo-Sotelo al sostener: «yo creo que no hubo tortura […]. Yo nunca tuve, cuando era presidente, conciencia de que se hiciera eso […]. Eso también es exageración. Para mí, no era un problema». Al silencio oficial se añade el de los responsables de la tortura, que no expiaron su culpa, ni individual ni colectivamente, mediante una confesión pública de su vivencia, como sí ocurrió en cambio en Francia o en Argentina.

En el balbuciente estado en que se encuentran actualmente las investigaciones sobre el tema[73], las únicas informaciones disponibles son por tanto las que provienen del lado de las víctimas y en ocasiones de las instancias judiciales que han reconocido el suplicio que aquellas padecieron. Varios colectivos locales se movilizarán para luchar contra la tortura y realizar las indagaciones necesarias. Se trata, sin embargo, de colectivos dominados en la mayoría de los casos por los círculos abertzales, altamente interesados en denunciar el sistema represivo del Estado con fines políticos. Las Gestoras pro-amnistía, Miguel Castells, Eva Forest, y las revistas Punto y Hora de Euskal Herria o Egin publican diversas monografías sobre la tortura[74], aunque desde una perspectiva tan evidentemente politizada que es preciso ponderar con gran cautela las informaciones que difunden. Es más, una de las tácticas de defensa que habrán de emplear durante la transición los etarras detenidos —y de forma cada vez más habitual— consistiría en poner una denuncia por malos tratos, con el fin de interrumpir la incomunicación de los arrestados, de invalidar la legalidad de la detención preventiva, o de anular incluso las acusaciones posteriores. Ya en 1981, un diputado de UCD había hecho referencia en el Congreso de los Diputados al manual «Kemen 21», utilizado por los comandos de ETA, en el que se recomienda adoptar la siguiente postura en caso de detención:

Una vez hecha la declaración, te la dan para que la leas y la firmes, si estás conforme. Cuando ya han terminado contigo, te devuelven tus cosas personales, te llevan al Juzgado con una buena escolta y allí el juez te dice si conoces la declaración que has firmado y si quieres que te la lea —tiene obligación de hacerlo— y si te ratificas en lo dicho. Tienes que responder. Aquí hay que negarlo todo aduciendo que se ha firmado debido a torturas y presentando la consabida denuncia[75].

El gobierno socialista también evocará este problema en 1984 al dar respuesta a un informe de Amnistía Internacional:

Es preciso significar que la denuncia de torturas o malos tratos es una práctica habitual y sistemática de los grupos terroristas, como medio de interrumpir la incomunicación de sus miembros y entorpecer la investigación policial. […] Normalmente estas denuncias se hacen, incluso, sin hacer visitado al detenido al encontrarse éste incomunicado en aplicación de la Ley Antiterrorista[76].

En este mismo documento, el gobierno examina de forma crítica las cifras que ofrece una revista vasca y revela algunas de las estratagemas que emplea el semanario para inflar las estimaciones —como por ejemplo la repetición de un mismo nombre en varias ocasiones o el cómputo de las denuncias «preventivas», es decir, planteadas por si acaso[77]—, así como la sospechosa simultaneidad temporal entre el crecimiento del número de denuncias planteadas y la publicación del informe anual de Amnistía Internacional —un crecimiento destinado a generar una oleada de simpatía en favor de los mártires de la «represión»—. Pese a que las asociaciones de defensa de los derechos humanos, como APDHE y Amnistía Internacional[78], sean las que elaboran los trabajos más serios sobre el particular —dado que ellas mismas efectúan estudios de campo en los que contrastan los testimonios y consiguen establecer algunas certezas—, lo cierto es que también recurren a las informaciones que recogen los colectivos que acabamos de citar, que de hecho constituyen su principal fuente de información. Queda claro por tanto que reina un clima de incertidumbre respecto a la credibilidad de quienes denuncian el empleo de la tortura durante la transición —incluyendo a las víctimas de la dictadura—. De este modo, a juicio de Nicolás Sartorius, el uso de la tortura tenía un carácter «sistemático» en tiempos del franquismo, cosa que ya no ocurre durante la transición, durante la cual únicamente habrá algunos «episodios de tortura en algunos centros». Sartorius considera asimismo que la tesis de que los terroristas de ETA son sistemáticamente sometidos a la tortura «no es verdad», aunque inmediatamente después titubea y afirma: «no lo sé […], creo que hay una parte que es verdad […]; ahora, si ha sido sistemático o no, si ha sido general o solo en casos concretos, yo eso no te lo puedo decir»[79].

La eliminación definitiva de estas dudas requiere una minuciosa labor de investigación que no es posible efectuar aquí. Frente a estas dificultades, y en ausencia de investigaciones académicas serias, ha sido por tanto preciso desentrañar la realidad histórica, examinando con cuidado todos esos discursos de parte, distinguiendo por un lado la negación o el tratamiento eufemístico de la tortura que pueda hacer el Estado y detectando por otro la exageración abertzale. Si alguna esperanza queda de abordar la realidad del fenómeno y de alcanzar a extraer algunas pistas que permitan la interpretación, habrá de ser recorriendo los sinuosos senderos de la revelación pública de la tortura. Esta revelación, diríamos que impresionista, de una práctica largamente ignorada que emerge con los escándalos y las movilizaciones públicas que provoca, se materializa en tres fases bien diferenciadas.

La tortura como elemento inscrito en el sistema represivo de la dictadura

Los sótanos del edificio de la Dirección General de Seguridad (DGS), en la madrileña Puerta del Sol, las celdas de la Vía Layetana de Barcelona, o los calabozos de los cuarteles de La Salve en Bilbao y de Intxaurrondo en San Sebastián, son tristemente célebres por los enérgicos interrogatorios que se practicaban en sus dependencias, a cargo de los agentes de la Brigada Político-Social o del Servicio de Información de la Guardia Civil[80]. Nicolás Sartorius, detenido en varias ocasiones durante el tardofranquismo —y al que tuve ocasión de preguntar sobre este tema—, no quiso extenderse en un «tema que no [le] gusta», puesto que le traía recuerdos dolorosos. A su juicio, la tortura era una práctica «sistemática» en época franquista[81]. El informe que Amnistía Internacional publicó en 1973, en el marco de la campaña mundial para la abolición de la tortura lanzada en 1972, afirma que en la España de Franco la tortura era una práctica «muy extendida, corriente y virtualmente autorizada». Sostiene asimismo que la intensidad de su empleo tenía variaciones temporales, dado que en los estados de excepción su incidencia registraba picos estadísticos[82]. A pesar de que la sociedad civil se movilice un tanto después de la huelga protagonizada por los mineros de Asturias en 1963 y de que eso coloque al régimen en una situación incómoda[83] —obligando a los tribunales a tomar en consideración, en cuatro ocasiones, las acusaciones vertidas contra distintos inspectores de policía—, los testimonios de malos tratos se siguen sucediendo. El estado de excepción de 1975 será incluso un pretexto para un último recrudecimiento de la tortura en el País Vasco, como constatará Amnistía Internacional, que en julio enviará una comisión a la zona a fin de averiguar la gravedad de la situación. Esta organización dictamina que existen pruebas ciertas de torturas en el caso de 45 personas, y datos creíbles y convincentes de ese mismo tipo de prácticas en las declaraciones de al menos 250 vascos, añadiendo que las torturas se produjeron en el transcurso de unos interrogatorios destinados no solo a desmembrar a ETA, sino a intimidar también al resto de la población, con el fin de alejarla de toda tentación de militancia[84].

Alejandro Diz, miembro del FRAP, fue detenido en agosto de 1975, poco después de las primeras acciones terroristas del grupo. Más tarde referirá su paso por los calabozos de la DGS, donde había sido «interrogado» por Roberto Conesa y Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», los «superagentes» de la Brigada Político-Social por cuyas manos pasaban la mayor parte de los detenidos especiales, como los acusados en el proceso de Burgos de 1970. De esta experiencia «kafkiana» recordará «sus tétricos calabozos, la pérdida indefinida de la noción del tiempo, el silencio obsesivo que se rompe continuamente con los punzantes tonos de la voz del guardia para subir a interrogatorios, o el sádico ruido nocturno del correr de cerrojos». Los detenidos que eran conducidos a la Puerta del Sol estaban convencidos de «que de allí saldrían o con los “pies para adelante” o, en el mejor de los casos, muy mal», señala[85], lo que da fe de la siniestra reputación del edificio, situado en pleno centro de Madrid. Por regla general, los métodos empleados en esas dependencias —en modo alguno refinados— no se proponían provocar la muerte de los detenidos. Las prácticas más corrientes consistían en pegar al detenido con la mano desnuda, con los pies o con ayuda de distintos instrumentos (barras de hierro, porras, armas cortantes), y en ocasiones los agentes presentes se turnaban para asestar los golpes de manera secuencial (práctica conocida como «la rueda»). Otras veces se empleaba un método llamado «el quirófano», que consistía en tender al detenido boca arriba en una mesa, con la mitad superior del cuerpo suspendida en el aire, para golpearle a continuación en los pies o en lo alto del cuerpo con el fin de que la columna vertebral choque contra la mesa. Los pies son unos puntos sensibles que los torturadores eligen con frecuencia: arrancándoles las uñas, quemándoles los dedos con un cigarrillo, o empleando la técnica del «pato», que consiste en obligar al detenido a caminar en cuclillas con las manos esposadas detrás de la nuca, provocándoles a la larga unas llagas insoportables en los pies. Otro de los sistemas que se aplicaban habitualmente exigía suspender a la víctima por los pies o por las esposas para luego molerla a palos, y lo mismo cabe decir del suplicio de «la bañera», que consistía en sumergir repetidamente en agua helada y putrefacta la cabeza del detenido. Por su parte, la tortura de «la barra» pasa por suspender al arrestado, esposado y en cuclillas, a la barra de hierro que previamente se le ha deslizado bajo las rodillas: después se balancea a la víctima, cabeza abajo, lo que le hace padecer un dolor indecible pero elimina el riesgo de romperle un hueso. A estas heridas físicas es preciso añadir los padecimientos psicológicos que reducen a la nada la resistencia de los detenidos, impidiéndoles conciliar el sueño, procediendo a simular su ejecución, amenazándolos sexual o afectivamente, o alimentando constantemente el miedo a los interrogatorios mediante la técnica del «cerrojo» anteriormente referida por Alejandro Diz. Las tandas de los interrogatorios no rebasaban la duración máxima impuesta a la detención preventiva, es decir, no lo olvidemos, tres días en un periodo normal, o diez en caso de que se hubiera decretado el estado de excepción.

Estas prácticas, que forman parte del sistema represivo franquista, parecen perdurar a lo largo de 1976, año que será también el de su revelación pública.

a) Año 1976: la revelación de la tortura

Varios casos de tortura quedan al descubierto en 1976, provocando en rápida sucesión tres campañas públicas de protesta.

La primera de ellas iba a quedar grabada en la memoria colectiva con el nombre de «caso Téllez», y pudo conocerse gracias a la capacidad de movilización del PSUC, el partido al que pertenecía la víctima[86]. En diciembre de 1975 son detenidos en Cataluña tres militantes de CC. OO. por actuar a modo de piquete de huelga en un conflicto social. Son conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Badalona, donde serán mantenidos en situación de incomunicación por espacio de tres días en aplicación del decreto-ley antiterrorista de agosto de 1975. Tras ser acusados de alteración del orden público, son sometidos a una serie de interrogatorios, pero el verdadero objetivo de los mismos consiste en desmantelar el aparato propagandístico de CC. OO. y el PSUC en la provincia. Al ser torturados terminan por firmar las declaraciones que les presentan los guardias civiles. Francisco Téllez Luna es el que sale peor parado, tanto es así que al abandonar el cuartel, el juez le envía al hospital de Barcelona, donde permanecerá ingresado en cuidados intensivos durante más de quince días. Sus compañeros son transferidos a la cárcel Modelo, aunque pasarán poco tiempo en ella, dado que se les permite salir en libertad provisional bajo fianza. Gracias a la influencia del PSUC y de sus potentes redes de activistas, las desventuras de Téllez y sus camaradas, triviales en esa agitada época del franquismo, adquirirán la categoría de escándalo público. Se produce una movilización local tan generalizada como plural, y en toda la región se pone en marcha una intensa campaña de prensa. En gran medida, la eficacia de la misma se debe al impacto de las fotos de la víctima, tomadas en el hospital. El semanario Cambio 16 consigue eludir la censura y publicar una de esas imágenes, en la que aparece un cuerpo desnudo y tumefacto postrado en una cama de hospital[87].

Será preciso esperar al mes de mayo para que la denuncia de la tortura acabe siendo objeto de una campaña de prensa nacional y todavía más masiva. En esta ocasión, el factor que vendrá a desencadenar las protestas será el caso de Amparo Arangoa, una joven sindicalista de 24 años, detenida en abril de 1976 por unos guardias civiles. Su interrogatorio, que se prolonga por espacio de cinco días en los cuarteles de Tolosa (Guipúzcoa), acabará llevándola al hospital. Su familia presenta una denuncia y Cambio 16 publica una foto en color del cuerpo de la muchacha, pudiendo apreciarse que tiene los muslos totalmente enrojecidos e hinchados a causa de los golpes recibidos[88]. Esta exposición pública de lo que realmente sucede en las salas de interrogatorio incitará a otras víctimas a prestar testimonio y a protestar. Es lo que harán las madres de los detenidos relacionados con ETA, que denunciarán en Cambio 16 el trato que se les dispensa a sus hijos en las comisarías y cuarteles del País Vasco[89]. Ángel Echániz, un nacionalista radical propietario del «Club 34» —un local que los grupos de extrema derecha asaltarán en varias ocasiones—, será detenido en abril de 1976 y denunciará a su vez las torturas que hubo de sufrir durante cinco días en la comisaría de San Sebastián[90]. Estimulados por este testimonio, otras personas, detenidas también en esa misma comisaría, referirán posteriormente sus suplicios.

De este modo, las denuncias empiezan a formar una gran bola de nieve, al encontrar eco en la prensa y las asociaciones civiles. En mayo de 1976, el movimiento católico pacifista Pax Christi remitirá a la prensa un informe sobre la tortura, que pudo ser publicado legalmente por primera vez desde 1939. En el informe figuran la declaración de Téllez y el relato de otra víctima, José María Gil Martínez, secretario de una asociación de vecinos de Barcelona[91]. No obstante, las movilizaciones más generalizadas se producirán en el País Vasco. Mientras se multiplica la presentación de denuncias en los tribunales de la región, un grupo de abogados vascos da a conocer a los medios un informe en el que se revelan las torturas sufridas por cerca de treinta presos, probando de este modo que «el caso de Amparo Arangoa no es un hecho aislado». El colegio de arquitectos vasco-navarro hace llegar al rey un documento redactado por las asociaciones pro-amnistía de la región en el que se alerta de la frecuencia con la que se reproducen los casos de tortura, mientras que, por su parte, los obispos de Guipúzcoa condenan públicamente la utilización de estos métodos[92]. Por último, en junio tendrá lugar en Tenerife el primer juicio público a un torturador. Se trata del proceso a José Matute Fernández, antiguo jefe de la Brigada Político-Social de Santa Cruz de Tenerife y torturador reconocido. La vista se saldará con una sentencia condenatoria. Matute será condenado por haber torturado a finales de 1975 a un estudiante de la Liga Comunista Revolucionaria llamado Julio Manuel Trujillo[93], pero no por haber provocado la muerte de un obrero y maquillar su fallecimiento fingiendo que se había tratado de un suicidio[94]. Sin embargo, no puede decirse en modo alguno que faltaran pruebas, ya que las había tanto de tipo médico —por ejemplo la autopsia, que resultaba inapelable— como de naturaleza testimonial, dado que algunos guardias civiles que habían sido testigos de los hechos se habían manifestado indignados y después sufrido las amenazas de Matute y sus acólitos.

En el otoño, la celebración en Barcelona de dos juicios contra unos funcionarios de la Brigada Político-Social —a los que finalmente solo se condenará a unos cuantos días de arresto— dará lugar a una tercera oleada de denuncias[95]. Frente a estas campañas de denuncia, el gobierno reaccionará de dos maneras. Por un lado se verá obligado a salvaguardar su integridad mediante una enmienda verbal: Antonio Garrigues, ministro de Justicia, declarará en Bruselas que el gobierno español condena la tortura que, caso de existir, se reduce a un puñado de «casos aislados que no pueden ser imputados a esos cuerpos [de seguridad], cuyo honor [este ministro] quiere dejar a salvo expresamente en esta declaración»[96]. Las autoridades militares, igualmente obligadas por las circunstancias, procederán a trasladar al capitán de la Guardia Civil de Tolosa implicado en el caso de Amparo Arangoa y abrirán una instrucción judicial. Por otro lado, el gobierno tratará de contener esta explosión mediática que tanto desacredita en el extranjero las intenciones reformadoras del Estado, reforzando para ello la censura. El ministro de Información y Turismo declarará que la tortura es «materia reservada», es decir, secreta, y de ese modo su publicación queda prohibida. Según el fiscal del Tribunal Supremo, el objeto de esta medida estriba en garantizar «el secreto de las actuaciones judiciales y la independencia de los tribunales de justicia en el cumplimiento de su misión»[97]. Garrigues afirmará que «el término “torturas” no lo puedo admitir mientras no se demuestre judicialmente»[98]. Y como si pretendieran confirmar estas manifestaciones, la Dirección General de la Guardia Civil abrirá un expediente al semanario Cambio 16 por los presuntos delitos de insultos o calumnias a las Fuerzas Armadas, y por otro lado el juez llamará a declarar al director de la revista ante el Tribunal de Orden Público[99]. Otra publicación, Cuadernos para el Diálogo, verá censurado un número especial que pretendía consagrar a la tortura. Únicamente subsistirán la portada —en la que aparecen seis hombres en pie, con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda, bajo un titular en tinta roja en el que se lee la palabra «Tortura» (véase figura 1)— y el editorial, titulado «Tortura y malos tratos»[100].

Figura 1. «Tortura», portada de Cuadernos para el Diálogo, n.º 162, 5 de junio de 1976, a partir de los Seis jóvenes de Juan Genovés.

b) ¿Recrudescencia de la tortura o efecto declarativo?

Las interpretaciones que predominan en esa época en España tienden a ver en estas revelaciones públicas el signo de que el fenómeno ha experimentado un incremento real desde la muerte de Franco, idea de la que se hará eco la revista Cambio 16 al sostener que «la tortura, que parecía desterrada de la vida ciudadana del país en los últimos años […], ha hecho su aparición en casos aislados pero significativos»[101]. Sin embargo, el hecho de que las denuncias se hayan multiplicado no significa que los propios casos de tortura se estén propagando, sino que el contexto es ahora más propicio a su revelación. La desaparición del dictador, la fuerte movilización social del primer semestre de 1976 y los signos de una inminente apertura política son otros tantos factores que estimulan la denuncia de los crímenes del aparato represivo franquista. El temor a las represalias disminuye, aumentando en cambio la esperanza de ver reconocida la causa de las víctimas en los tribunales, obteniendo eventualmente la condena del verdugo. En este contexto, la denuncia de la tortura no constituye más que uno de los aspectos de un impulso contestatario que se propone poner en evidencia el conjunto de las estructuras represivas del franquismo, exigiendo su desmantelamiento[102].

A estos efectos derivados del anuncio y la revelación de las torturas es preciso añadir además los desafíos políticos, confirmados por la ambigua posición de Amnistía Internacional. Esta organización parece tener efectivamente que restringir su acción por una serie de cuestiones diplomáticas que la obligan a conceder un cierto margen de maniobra a un Estado español que acaba de asistir a la muerte del dictador. En este sentido, Amnistía Internacional interrumpirá a principios de 1976 la campaña contra la tortura que ella misma venía librando para informar a los turistas británicos, en un gesto de buena voluntad correspondiente a las intenciones liberalizadoras que había manifestado Manuel Fraga en su época de embajador en Londres[103]. Del mismo modo, el informe oficial que elaborará Amnistía Internacional en 1977 empezará por elogiar los esfuerzos realizados por Suárez para «convertir a España en un Estado plenamente democrático en el plazo más breve que fuera posible»[104]. Atenazada por estas tensiones divergentes, la organización comenzará a emplear términos eufemísticos al reanudar su campaña contra la tortura. Si en tiempos de Franco Amnistía afirmaba que la tortura se practicaba de forma indiscriminada, ahora sostendrá que esta práctica se centra en los grupos políticos de izquierda[105], dando lugar a un trato «sistemáticamente brutal y degradante»[106], fórmula con la que la organización tiende a suavizar la gravedad de los hechos.

Por todo ello es preciso ponderar con cautela esta irrupción que lleva a la tortura al primer plano del espacio público en 1976, dado que obedece más a imperativos políticos que a la realidad que se vive sobre el terreno.

De 1977 a 1978: ¿hacia la desaparición de la tortura?

Tras la ola de denuncias del año 1976, los años 1977 y 1978 vivirán un descenso estadístico en términos comparativos. La tortura deja de dar pie a la organización de campañas públicas tan amplias como las vividas poco antes, y los periódicos no reflejarán ya más que de forma puntual la presentación de denuncias. Para el semanario comunista Mundo Obrero, que consagra un largo artículo a la tortura en diciembre de 1980, «durante algún tiempo, pareció que la tortura había sido desterrada. En 1977 y 1978, las denuncias de torturas fueron muy esporádicas»[107]. En el informe correspondiente al año 1978, Amnistía Internacional compartirá este diagnóstico, afirmando que los expedientes de denuncia «no parecen sugerir que la tortura sea usada sistemáticamente»[108]. Cabe deducir por tanto que la tortura habría ido desapareciendo paulatinamente como método de interrogatorio.

a) La pausa de 1977: ¿añagaza o realidad?

Con todo, las estadísticas que hemos presentado anteriormente muestran que en el año 1977 se produce un gran número de detenciones de tipo político[109]. Pese a que las cárceles quedaran vacías tras la aplicación de las medidas de amnistía, los calabozos de las comisarías y de los cuarteles iban a permanecer ocupados. A la «Semana Negra» de enero de 1977 le siguió una oleada de detenciones en los círculos radicales, unas detenciones que muy probablemente, vista la tensión reinante y los dispositivos excepcionales que se pusieron en marcha en esa ocasión, debieron de dar pie a unos interrogatorios cuando menos enérgicos. Amnistía Internacional menciona de hecho la aplicación de torturas a un grupo de anarquistas detenidos en febrero en Barcelona[110]. Pese a que ETA y los GRAPO se muestren menos activos en 1977 que en épocas posteriores, su inercia letal será no obstante más intensa que en 1976, lo que mantendrá la presión terrorista en unos niveles nada desdeñables. Además, la supresión de la Brigada Político-Social no llevó consigo el retiro de sus agentes ni la modificación de sus funciones. El gobierno se limitó simplemente a cambiarle nombre, pasando a denominarla «Comisaría General de Información»[111], departamento en el que los antiguos integrantes de la Brigada Político-Social seguirán efectuando las mismas misiones. Además, en marzo de 1978[112], el drama de la muerte en prisión de Agustín Rueda vendrá a recordar a la opinión pública que la tortura sigue presente. No obstante, el elemento más chocante de este drama es que no suscite ninguna campaña generalizada de movilizaciones ni tampoco despierte el interés ni la sensibilidad de la opinión pública. Si se termina mencionando el asunto será únicamente a causa del asesinato de Jesús Haddad, muerto a manos de los GRAPO como represalia por la muerte de Agustín Rueda. ¿Cómo explicar este silencio, que no deja de resultar cuando menos sorprendente si tenemos en cuenta las fuertes movilizaciones del año 1976?

La primera explicación reside en la condición de la víctima: Rueda es anarquista, y la capacidad de movilización de la CNT es muy inferior a la del PSUC —notablemente potente en la época del caso Téllez—. La izquierda socialista y comunista, que no solo es mayoritaria sino también la única que cuenta con representación en el Parlamento, no ve en ese preciso momento del proceso de transición ningún interés político en solidarizarse con las reivindicaciones de una extrema izquierda situada al margen del juego político. Por consiguiente, las protestas se limitarán a unas cuantas páginas de la prensa nacional, a la intervención personal de algunos senadores catalanes decididos a conseguir que la comisión del Senado especializada en los establecimientos penitenciarios investigue el asunto[113], a un puñado de manifestaciones convocadas por la CNT en Barcelona, a una huelga general en el pueblo natal de la víctima —Sallent—, y a la declaración de una huelga de hambre por parte de cuatro anarquistas encarcelados[114]. Martín Villa, por entonces ministro del Interior, afirma incluso no recordar el caso[115]. Hay no obstante un signo que indica que, a pesar de todo, los tiempos no son ya como los de 1976, dado que se presentarán cargos contra los funcionarios de la prisión de Carabanchel implicados en el caso, se los enviará a prisión preventiva en la cárcel de Segovia y, tras ser despedidos, serán sometidos a juicio.

Pero, sobre todo, el factor latente en este mutismo global es la coyuntura política, que ha experimentado un profundo cambio respecto de la coyuntura vigente el año anterior. Ahora, tras la confrontación de 1976, se vive un momento de apaciguamiento. Las prioridades de la oposición se han desplazado sustancialmente, pasando de la crítica sistemática de la política del gobierno a la negociación del texto constitucional, de manera que la denuncia de la tortura pasa a un segundo plano. Que la tortura pueda seguir existiendo es una hipótesis que choca de frente con los esfuerzos que se vienen realizando para legitimar la reforma democrática, de modo que la irrupción de estos casos resulta más inoportuna que nunca. De hecho, la tortura está prácticamente ausente de los debates parlamentarios de esos años. Excluida del debate democrático, la tortura asoma únicamente de forma marginal en las discusiones relacionadas con la política represiva del gobierno, dado que en esos casos aparece como un elemento más a favor de la necesidad de la reforma del sistema represivo. Además, como hemos visto, la llegada del gobierno de Adolfo Suárez abre las puertas a la instauración de los derechos y las libertades, iniciando al mismo tiempo el desmantelamiento de una parte del aparato represivo. Esto llevará a la supresión del símbolo más siniestro de esa represión, la Brigada Político-Social, eliminada el 29 de octubre de 1976[116], seguida en enero de 1977 de la desaparición del Tribunal de Orden Público. Es probable que estas medidas de pacificación, que culminarán con la amnistía de octubre de 1977, hayan ejercido una notable influencia en el declive de la tortura, sobre todo si tenemos en cuenta que irán acompañadas de una condena oficial de su práctica.

b) El compromiso gubernamental de luchar contra la tortura

De hecho, como prueba de su decidido ingreso en la esfera de las naciones democráticas, España ratifica los textos internacionales de condena de la tortura. Ya en el mes de abril de 1977, el país firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborado en 1966. En el artículo 7 de dicho Pacto se afirma que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», y en su artículo 10 se garantiza la integridad física de los detenidos o presos: «toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano»[117]. En octubre de 1979, España suscribe también el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, cuyo artículo 3 estipula que «Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratamientos inhumanos o degradantes», ni siquiera «en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación» (artículo 15.2.ª). De este modo, los particulares disponen de la posibilidad de presentar un recurso ante una Comisión que, una vez agotados todos los recursos internos, puede elevar el asunto ante el Tribunal Europeo[118]. El gobierno socialista continuará con estas iniciativas y ratificará sin vacilación los nuevos convenios relacionados con el tema. En febrero de 1985 el Ejecutivo de Felipe González suscribirá el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establecido por las Naciones Unidas en diciembre de 1984; y en abril de 1989 ratificará el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, adoptado en 1987.

A estos compromisos internacionales se añadirá, en política interior, el reconocimiento legal del delito de torturas. La ley de junio de 1978 permitirá dar un paso decisivo, ya que gracias a ella se introducirá en el Código Penal el artículo 204 bis, por el que se sanciona a «la autoridad o funcionario público» que, «en el curso de la investigación policial o judicial, y con el fin de obtener una confesión o testimonio», en el trato de los presos o en el transcurso de un interrogatorio, cometa un homicidio, provoque heridas, o profiera coacciones o amenazas que «le intimiden o violenten su voluntad». La ley prevé sancionar asimismo a «la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiese que otras personas ejecuten los hechos» antedichos[119]. El objetivo de los socialistas que elaboraron el texto[120] consiste en terminar «totalmente» con la tortura y en mostrar al mundo que, tras ratificar la Declaración de los Derechos humanos, «trasladamos al Código punitivo la persecución de la tortura y de los torturadores»[121]. A juicio del partido en el poder —la UCD—, se trata además de una ocasión para enviar un mensaje contundente a la opinión pública, tanto interior como exterior, y de dar prueba de su buena fe democrática. Por ello sazonará los debates parlamentarios con declaraciones grandilocuentes sobre la entrada de España en la era de los derechos humanos y de la civilización. «Queremos […] erradicar de nuestra vida y costumbres, y de la actuación de nuestros Tribunales, de nuestros policías y de todas aquellas personas encargadas del orden o de la custodia de la sociedad, todo tipo de violencias y de torturas», ya que son actos que «toda conciencia humana civilizada debe de reprobar», declamará el diputado centrista encargado del proyecto de ley. El reconocimiento de la tortura ofrece también al gobierno la oportunidad de distanciarse del pasado represivo franquista al condenar indirectamente sus excesos. «También la UCD y sus diputados no quieren ser, en ningún momento, acusados de torturadores», continúa el diputado centrista, afirmando acto seguido censurar sin fisuras «esas conductas anteriores»[122]. Consiguientemente, la ley quedará aprobada por unanimidad[123].

No obstante, en el texto final no figurará el término «tortura». Sus párrafos harán alusión a conductas ya definidas en otros artículos del Código Penal, estipulando además que dichos comportamientos serán sancionados de forma específica en caso de ser cometidos por funcionarios públicos. Numerosos juristas darán en criticar duramente el contenido del artículo 204 bis, señalando que su redacción es incorrecta, que restringe su ámbito de aplicación al marco de la investigación policial, de la cárcel o del interrogatorio, y que no distingue de forma suficientemente clara los diversos grados de gravedad de la acción, entre malos tratos y torturas[124]. Para otros, en cambio, el balance histórico de la ley de 1978 es positivo debido a su efecto pedagógico. Dicha ley habría enviado el contundente mensaje político de que la democracia española no estaba dispuesta a mostrarse permisiva con los malos tratos que pudieran infligir sus funcionarios, y habría desempeñado por tanto un papel importante en la toma de conciencia de que la tortura era un acto intolerable en el sistema de valores llamado a imponerse en adelante[125]. Por lo demás, la Constitución de 1978 reconocerá poco después que la «tortura» es una práctica absolutamente ilegítima, en su artículo 15, que declara igualmente abolida la pena de muerte: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». La prohibición que se deriva de la afirmación de un derecho fundamental es por tanto un imperativo ético absoluto que no se circunscribe ya al marco policial, judicial o penitenciario.

No obstante, para ser eficaz, esa prohibición normativa habrá de desarrollarse a través de los correspondientes reglamentos administrativos. Pese a que la ley sobre las prisiones de 1979 se contentara con estipular que «ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra»[126], el reglamento penitenciario de 1981 introducirá de forma muy clara el término «tortura»[127]. En cambio, los reglamentos policiales se muestran reacios a referirse explícitamente a la noción de tortura. Los principios de actuación establecidos en 1981 —de los que ya hemos tenido ocasión de hablar— solo precisan, de forma genérica, que los funcionarios han de «oponerse a cualquier acto que entrañe la violación» de las leyes, «impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria y discriminatoria», y «velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren, o que se encontraren bajo su custodia, dejando siempre a salvo el honor y la dignidad de las mismas»[128]. La ley socialista relativa a las fuerzas policiales, promulgada en 1986, seguirá mostrándose igual de evasiva[129]. La policía autónoma vasca será la primera que reciba la orden explícita de no infligir torturas. Su Código Deontológico, redactado en 1983, señala que «la tortura y cualquier otro tratamiento inhumano o degradante, queda prohibida en cualquier circunstancia»[130].

Convertida en conducta inmoral y anticonstitucional, la prohibición clara de la tortura quedará desigualmente reflejada en los diferentes reglamentos administrativos del Estado, ya que si por un lado es desterrada de las cárceles, por otro el panorama de los interrogatorios policiales sigue siendo borroso. La voluntad política consistente en erradicar la tortura, tan unánimemente expresada en el momento de la ratificación de los pactos internacionales y de la reforma de 1978, no es tan firme como permiten suponer los discursos. Del mismo modo, la hipótesis de que entre los años 1977 y 1978 se habría producido una moderación de la tortura en los cuarteles parece igualmente sospechosa, sobre todo teniendo en cuenta los retos políticos que tienden a insistir, ahora más que nunca, en que se silencie su existencia. De hecho, a partir de la segunda mitad del año 1978, se iniciará una tercera fase en la historia de la tortura, esta vez en relación directa con los crecientes desafíos que comienza a plantear la lucha antiterrorista.

El resurgimiento de la tortura a impulsos de la lucha antiterrorista

A partir de 1979, la tortura vuelve a ocupar el primer plano de la actualidad pública.

a) De 1979 a 1980: la segunda revelación

Las denuncias no paran de aumentar. Amnistía Internacional así lo constata en sus informes, hasta el punto de que una comisión enviada en octubre de 1979 llegará a la conclusión de que puede certificarse la existencia de torturas en Madrid, Barcelona y Bilbao[131]. El fundamento de esta segunda revelación se encuentra en la movilización de la comunidad abertzale, que siente peligrar su situación tras decidir el gobierno francés que va a proceder a la anulación del asilo que se venía concediendo hasta ese momento a los residentes vascos afincados en Francia[132]. El asunto que desencadenará los acontecimientos afecta a una decena de militantes de HB detenidos por la brigada de Roberto Conesa, acusados de colaboración con ETAm, inculpados por la Audiencia Nacional, y finalmente puestos en libertad provisional sin cargos, tras diez días de detención preventiva. Todos ellos pondrán una denuncia por malos tratos, animados por el informe del médico forense, que acababa de certificar que Julián Ginés tenía fracturadas dos costillas y que había sangre en su orina[133]. De este modo se pondrá en marcha el engranaje de las denuncias, y no cesará hasta mucho después de finalizado el periodo en el que hemos acotado los límites de nuestro trabajo. Habrá una importante e incesante movilización para denunciar la existencia de torturas durante los interrogatorios y en las cárceles, interviniendo en dichas movilizaciones tanto grupos de abogados como asociaciones civiles próximas a los círculos abertzales —con las Gestoras pro-amnistía a la cabeza—, junto con medios eclesiásticos, revistas e intelectuales vascos. Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, elevará en reiteradas ocasiones al Congreso las denuncias de los nacionalistas vascos. De vez en cuando, el resto de la oposición respaldará al entorno vasco, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos también darán credibilidad de forma puntual a las denuncias. Muchas de esas denuncias serán objeto de una instrucción judicial, saldándose con un pliego acusatorio e incluso con una condena.

En el otoño de 1979 se supera una etapa decisiva al estallar el caso de la cárcel de Herrera de la Mancha, un establecimiento de alta seguridad al que son enviados habitualmente los terroristas de ETA. En septiembre se elevará una denuncia colectiva al fiscal del Tribunal Supremo, en la cual se revelan los malos tratos que se infligen a los presos desde el momento mismo en que ingresan en el penal, ya que no solo les dan palizas sistemáticas y les intimidan, sino que se les somete también a un régimen de aislamiento gradual de nefastos efectos psicológicos, sin olvidar las dificultades que se ponen a sus familiares y abogados cuando quieren visitarles. Se abre una investigación judicial, seguida de una indagación administrativa promovida por el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire[134]. Bandrés prosigue la movilización relatando, en una carta dirigida al ministro, las torturas que acaban de infligirse en San Sebastián a dos presos vascos. Según Eva Forest, esa carta fue el elemento por el que «el problema de la tortura ha saltado en la calle y se ha convertido […] en foco de atención general»[135]. Al día siguiente, varias familias de presos de ETA denunciarán a su vez las torturas, seguidas poco después por otros veinte familiares más. Los abogados Castells y Reizábal presentarán a la prensa una lista con los nombres de 56 de las personas que poco antes habían puesto una denuncia[136]. A finales de ese mes, la revista Punto y Hora de Euskal Herria publicará un número especial consagrado a la tortura[137]. La portada reproduce en parte la que ya empleara en su momento Cuadernos para el Diálogo —censurada en 1976—: en ella se ve a un individuo con la cabeza baja, los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, y abajo el titular: «Siempre la tortura». La revista establece una lista de las denuncias que se han venido presentando ante los tribunales o ante los medios de comunicación desde enero de 1978, pudiendo constatarse que, entre Madrid y el País Vasco, cerca de ochenta personas se han visto afectadas por esas prácticas. El editorial resulta inapelable: «se tortura y se va a seguir torturando. […]. La tortura no se extingue. Ni los torturadores. […] Siempre la tortura. La terrible y maldita tortura»[138]. Eva Forest deduce que «no es un fenómeno aislado […], sino que es consecuencia del sistema que la hace posible», inscribiéndola «entre los métodos habituales de interrogatorio»[139].

Se organiza tal polémica que el gobierno se ve obligado a reaccionar, negándolo todo. El Ejecutivo encarga a la Escuela de Medicina Legal que estudie las fotografías de las lesiones corporales de Mikel Amilibia a las que Bandrés ha dado visibilidad en el Parlamento. La Escuela niega la eventualidad de que las heridas puedan haber sido provocadas por descargas eléctricas y sugiere que el detenido se habría automutilado. Basándose en este informe, el secretario de Estado de Información considerará «demostrada la falsedad de tan graves acusaciones», mientras, por otra parte, una nota del ministro del Interior concluirá que se trata de una «campaña de desprestigio contra los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado»[140]. Sin embargo, ante la acumulación de denuncias y la amplitud que está adoptando la controversia, la propuesta de Bandrés —consistente en crear una comisión parlamentaria para investigar la situación global en que se encuentran los presos del País Vasco— recibirá finalmente el apoyo del PSOE. En diciembre de 1979[141] se aprueba por unanimidad la constitución de esa comisión, que comenzará a trabajar a principios del año siguiente. Una delegación encabezada por Gregorio Peláez, el presidente centrista de la comisión, visitará en mayo de 1980 la cárcel de Carabanchel, en Madrid. Seis de los internos relatarán las torturas que se les infligieron y mostrarán a los diputados las marcas de sus heridas. Simón Sánchez Montero, del PCE, afirmará haber quedado «impresionado de ver cómo los órganos genitales de unos de ellos presentaban —casi diez días después de haber entrado en la cárcel— una hinchazón desmesurada». Poco después, la Comisión visitará la cárcel de Herrera de la Mancha, y Peláez se verá obligado a reconocer que «se habían practicado malos tratos»[142]. Pese a todo, su partido bloqueará posteriormente los trabajos de la Comisión, modificándose en tres ocasiones su composición y decidiéndose finalmente su disolución sin presentar en ningún caso los resultados de las investigaciones ante el Congreso[143].

Mundo Obrero, el órgano oficial del Partido Comunista de España, publicará a su vez, en diciembre de 1980, un artículo de fondo titulado «Avalancha de denuncias: continúan torturando». El periódico estima que entre junio de 1979 y octubre de 1980 los jueces admitieron a trámite las denuncias de al menos sesenta detenidos, al entender que habían sido maltratados por los agentes del Estado en el transcurso de la detención preventiva. Por su parte, a finales de 1980, un colectivo formado por 27 abogados vascos ofrecerá a su vez la exorbitante cifra de más de trescientas personas que reciben mensualmente malos tratos por razones políticas en el País Vasco[144]. En el artículo de Mundo Obrero se llega de este modo a la conclusión de que «la tortura se está practicando con demasiada frecuencia», «no hay ningún país en Europa en el que en el periodo de aproximadamente un año se hayan acumulado en los tribunales tantas denuncias por torturas»[145]. La amplitud del problema es de tal magnitud que en septiembre de 1980 Amnistía Internacional interpela directamente al gobierno transmitiéndole oficialmente el informe de la comisión que ella misma había enviado sobre el terreno el año anterior. Es preciso recordar que otro detenido, José España Vivas, acaba de fallecer a consecuencia del interrogatorio al que ha sido sometido en los sótanos de la Puerta del Sol, en el marco de la investigación por el asesinato del general Enrique Briz Armengol. Los parlamentarios de la oposición interpelan al ministro del Interior, pero sin excesiva convicción: por un lado, la autopsia concluye que la muerte ha sobrevenido por causas naturales —al no poderse apreciar ninguna marca de golpes, el detenido habría fallecido como consecuencia de un paro cardíaco provocado por la explosión de un quiste hepático—, y, por otro, José España es un presunto terrorista de los GRAPO[146]. En términos generales, el gobierno persiste en la estrategia del silencio y la negación. Amnistía Internacional no recibe respuesta alguna[147], y Rosón solamente se verá obligado a reconocer por primera vez en el Congreso la existencia de «malos tratos» cuando se encuentre cercado por las pruebas de un caso concreto[148]. Este tímido reconocimiento se produce inmediatamente antes de que estalle un escándalo en 1981 como consecuencia de dos casos que estremecerán a la opinión pública.

b) Estalla el escándalo: los casos Arregui y Almería (1981)

José Ignacio Arregui Izaguirre, miembro de ETA, es detenido el 4 de febrero de 1981 en Madrid junto a otro integrante del comando, Isidro Etxabe, e interrogado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad. El día 12 es transferido de urgencia al Hospital Penitenciario de Carabanchel, en el que fallecerá al día siguiente. Los médicos descubren la presencia de un gran número de hematomas en todo el cuerpo de la víctima, así como una hemorragia pulmonar interna y una bronconeumonía —síntomas clásicos de dos formas de tortura: la «bañera» y «el quirófano»[149]—. Al contrario de lo sucedido en el caso de José España, la emoción popular se revelará tan intensa como inmediata. Esa reacción se produce en primer lugar como consecuencia del enérgico impulso que recibe de la comunidad vasca, que se manifiesta en masa, difunde la información y la convierte en un instrumento de propaganda y de denuncia del sistema represivo del Estado. Más de diez mil personas participarán en el entierro de Arregui en Cizúrquil (Guipúzcoa), y más de 140 presos vascos iniciarán una huelga de hambre. Más tarde, la protesta adquirirá dimensiones nacionales al hacerla suya el conjunto de la oposición política. Esta interpelará al gobierno, acusándolo de negar la realidad de la tortura y de haberse mostrado permisivo con ese tipo de conductas, generándose en consecuencia dramas intolerables[150]. Se vive además un contexto propicio para la protesta, debido a que la multiforme crisis del año 1980 ha culminado con la dimisión de Suárez y a que las tensiones políticas se hallan en su punto máximo. Durante el debate de investidura de Calvo-Sotelo, inmediatamente posterior al estallido del caso, Bandrés exhibirá incluso una violencia verbal inédita al acusar al candidato de ponerse del lado de los torturadores:

Y usted sabe, o debe saber, señor Vicepresidente actual, candidato a la Presidencia, que éste no es un hecho casual, que éste no es un hecho aislado; es, ni más ni menos que la consecuencia natural de lo que ustedes han estado, no sólo tolerando, tapando y encubriendo, sino, además, estimulando y premiando. (Rumores). […] si aquí hubiera que trazar ahora una raya que nos dividiera a los Diputados, yo me alinearía con los torturados de siempre, y usted, aunque no lo quiera y aunque le repugne, tendría que alinearse con los torturadores de siempre. (Fuertes rumores y protestas). Y Usted comprenderá que los torturados no podemos votar a favor de los torturadores[151].

A los ojos de la opinión pública, la muerte de Arregui actúa como un elemento revelador de la persistente realidad de la represión, en ocasiones salvaje, que sufren los vascos. El caso Arregui demuestra a todo el mundo la manifiesta existencia de la tortura, disipa las dudas que habían venido acompañando hasta el momento a los contrapuestos testimonios de los implicados, y confirma súbitamente la veracidad de las afirmaciones que llevaban tiempo efectuando tanto los colectivos vascos como Amnistía Internacional. Para un diputado catalán, la revelación constituye una «ducha fría que sacude de nuevo a la opinión pública del país», para el socialista Peces-Barba es una «bofetada» que golpea a toda la población, y a juicio de Bandrés se trata de un «escándalo social»[152]. Este es sin duda el caso de tortura del periodo que mejor grabado ha quedado en la memoria de los españoles, dado que el caso Arregui estará llamado a convertirse en el símbolo de la persistencia de unas prácticas represivas propias de otra época.

Enfrentadas al escándalo, las autoridades, tras intentar negar los hechos —el mismo día 13 por la tarde, el director general de la Policía declarará a Radio Nacional que el detenido no había sido sometido a malos tratos en ningún momento de los interrogatorios—, se verán obligadas a reconocer la irrefutable realidad. Pese a que Rosón continúe escondiéndose tras la sentencia de la Justicia y la utilización de términos eufemísticos, no le quedará más remedio que afirmar que «muy probablemente, casi con toda absoluta seguridad —eso lo determinará la autoridad judicial— se han producido malos tratos»[153]. El director general de la Policía será destituido por sus afirmaciones a Radio Nacional, junto con el jefe de la Brigada Regional de Investigación Social de Madrid y el responsable de los servicios sanitarios de la Dirección General de Seguridad. Los cinco inspectores de policía encargados de los interrogatorios serán imputados y condenados a un año y medio de cárcel en dependencias policiales. Saldrán en libertad bajo fianza el 25 de marzo[154].

Sin embargo, la intensidad del escándalo no impedirá que se produzca otro caso sórdido, apenas unos meses después. El día 8 de mayo, Luis Montero, Juan Mañas y Luis Cobo alquilan un coche para asistir a una primera comunión en Almería. Un testigo cree reconocer en ellos a dos miembros de ETA acusados del atentado contra el general Joaquín de Valenzuela, perpetrado la víspera en Madrid —ya que la prensa había difundido las fotos de los presuntos autores—. El testigo advierte a la Guardia Civil de sus sospechas. Poco después, el teniente coronel Carlos Castillo Quero despliega todas sus unidades en busca de los presuntos etarras. En la mañana del día 10 de mayo se descubren en un barranco los cadáveres de tres hombres jóvenes, calcinados y acurrucados en el interior de un coche. Las circunstancias de su muerte son tan confusas que suscitan una sospecha creciente. La versión oficial que transmite la Guardia Civil sostendrá que los tres detenidos, catalogados como «terroristas» pese a que rápidamente se ponga de manifiesto su inocencia, habrían intentado agredir al conductor del vehículo en el que viajaban durante su traslado a Madrid. Los guardias civiles que les acompañaban habrían saltado entonces del automóvil mientras que los que les seguían en un segundo vehículo habrían disparado a las ruedas del primero, produciéndose el vuelco y el incendio del mismo. Rosón habla de un «trágico error»[155]. Las circunstancias inmediatamente posteriores se desgranarán en una sucesión de declaraciones falsas e irregularidades administrativas y judiciales que retrasarán el esclarecimiento de los hechos. La sombra del escándalo planeará sobre el asunto hasta el año 1985, fecha en la que se celebra, tras una apelación, el segundo juicio de los guardias civiles imputados. Al final, la instrucción demostrará que las víctimas sufrieron todo tipo de torturas en el cuartel abandonado de Casasfuertes, antes de ser ejecutados y quemados[156].

A diferencia de lo sucedido en el caso Arregui, cuya evidencia salió rápidamente a la luz, el caso Almería no solo es testigo de la losa de silencio oficial que se abatió sobre los abusos perpetrados por las Fuerzas de Seguridad en esta época, sino que también da fe de que existía la determinación, ampliamente compartida, de acallar el escándalo[157]. Solo la obstinación del PCE permitirá evitar que se sofoque la cuestión. En efecto, a partir del día 12 de mayo, los grupos parlamentarios socialista y comunista empezarán a pedir explicaciones al gobierno, y el PCE exigirá incluso la celebración de un debate urgente[158]. Sin embargo, si, por un lado, la UCD y el grupo de Fraga intentan bloquear el procedimiento[159], el PSOE, por otro, abandonará pronto su ardor inicial[160]. Solo el PCE perseverará en el intento y creará su propia comisión de encuesta, formada por un grupo de abogados del partido que proceden a efectuar una minuciosa investigación sobre el terreno y confirman los argumentos de la acusación. En julio de 1981, la exhumación de los cadáveres y los primeros resultados de la instrucción desacreditarán de forma inapelable la versión oficial. ¿Cómo explicar semejante pasividad mediática y política tras la intensa movilización vivida en el mes de febrero? La razón hay que buscarla en el hecho de que el contexto político haya cambiado. Tras la conmoción del 23-F, el marcado enfrentamiento político del año 1980 se ha visto seguido por un clima de apaciguamiento nacional vigente prácticamente en toda España, con lo que cualquier intento de desestabilizar el proceso de normalización democrática vuelve a resultar inoportuno y deja de considerarse adecuado constatar que, entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad, persisten todavía algunos comportamientos incalificables. Sin embargo, hay también otra razón que constituye la clave explicativa de esta tercera fase de la historia de la tortura en la transición española: la prioridad absoluta que ha decidido concederse en adelante a la lucha contra el terrorismo.

c) Tortura y legislación antiterrorista

Tanto para las asociaciones de protección de los derechos humanos como para la oposición, el resurgir de la tortura es consecuencia de las leyes especiales contra el terrorismo. Amnistía Internacional dará a conocer en varias ocasiones la preocupación que le producen las sucesivas medidas que han ido adoptándose a partir de 1978, percibidas como un «factor muy importante en el súbito aumento de las denuncias por torturas que presentan los detenidos políticos» —Amnistía Internacional todavía sigue calificando de esa forma a los presuntos miembros de la banda ETA[161]—. Los partidos políticos vascos, que no han votado en favor de esas leyes, interpretan el fenómeno de manera similar. Para el PNV, la reaparición de la tortura coincide con la adopción de la ley de diciembre de 1978[162], mientras que, a juicio de Bandrés, la legislación de diciembre de 1980 equivale a una «licencia para torturar»[163]. A los grupos socialista y comunista les resultará en cambio más difícil condenar de forma tan directa esas leyes, debido a que ellos mismos han contribuido a aprobarlas y a que eso los expondría además a la acusación de comportarse de manera complaciente con los terroristas. Sin embargo, las disposiciones que ahora se cuestionan son justamente las que ya habían suscitado su reticencia en el momento de la votación, como si hubieran presentido los riesgos que entrañaban.

El primer elemento sobre el que recae la acusación de fomentar la tortura es el de la posibilidad de mantener diez días en situación de detención preventiva e incomunicación a un arrestado. Pues ¿qué otro interés, más allá del de intimidar al detenido y obligarle a confesar, podría tener semejante prolongación del tiempo de detención[164]? Parece claro que este tipo de sospechas distan mucho de resultar infundadas, máxime si damos crédito a las palabras pronunciadas en 1979 por un miembro del gobierno que, al ser interpelado en relación con el caso de un vasco torturado durante los seis días de su detención preventiva, respondió diciendo que «si [el detenido] hubiera sido torturado, hubiéramos agotado el plazo legal de diez días para que a su salida no le hubiera quedado rastro alguno de ese mal trato, de haber existido»[165]. Al afirmar que la acusación es falsa, el secretario de Estado de Información revela en realidad la existencia de la práctica.

El segundo factor que justifica la denuncia de esta legislación especial es su mala aplicación, una crítica en la que insistirá particularmente la oposición de izquierdas, que encontrará en este defecto una ocasión de atribuir la responsabilidad de la tortura al gobierno y sus secuaces[166]. Lo que se denuncia es la insuficiente aplicación de las garantías que supuestamente vendrían a evitar esos abusos, a saber, las medidas de amparo judicial (vigilancia de un juez y asistencia inmediata de un abogado) y médico (obligatoriedad de la auscultación por un facultativo, tanto a la salida de los interrogatorios como a la entrada de las cárceles). El Ministerio del Interior es quien solicita al juez de instrucción que prolongue la detención preventiva e incomunicada del sospechoso, sin ofrecer más argumento que el de los requerimientos de la investigación. Y el juez, animado por el deseo de colaborar con la lucha antiterrorista, cumplimenta el formulario de la prolongación de forma automática, sin tener la posibilidad de verificar específicamente la validez de las solicitudes. Además, la vigilancia judicial, que autoriza a jueces y fiscales a visitar al detenido, sigue siendo una mera abstracción, y, caso de producirse, topa muy a menudo con la negativa de la policía. Del mismo modo, el derecho constitucionalmente reconocido (artículo 17.3.ª) a la asistencia inmediata de un abogado es puramente formal: los socialistas exigen que se promulgue una ley que determine las condiciones de dicha asistencia y que regule al mismo tiempo el derecho de Habeas Corpus[167]. Por último, el examen médico, que permitiría evitar las eventuales complicaciones y probar asimismo la existencia de malos tratos, dista mucho de ser una práctica sistemática. Sin embargo, también es cierto que en 1981 se dará un paso adelante al difundirse una circular, dictada por el fiscal del Tribunal Supremo, cuyo contenido obliga a los tribunales a realizar un certificado médico antes de hacerse cargo de los detenidos arrestados en virtud de las leyes especiales antiterroristas, y luego a investigar los hechos en caso de que se constate la existencia de malos tratos[168].

d) Tortura, terrorismo y lucha antiterrorista

No obstante, lo cierto es que, al margen de la legislación antiterrorista, existe una estrecha relación entre la tortura y el terrorismo. La segunda oleada de revelaciones de tortura coincide con la escalada letal de ETA y los GRAPO. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el entorno del nacionalismo radical se encuentra en la base de las campañas de denuncia de esas prácticas. Además, las víctimas conocidas de las torturas son casi siempre presuntos terroristas, fundamentalmente etarras. De este modo, y según el ministro del Interior, de los catorce casos que estudiará Amnistía Internacional en su comisión de 1979, nueve son miembros de ETA, tres del PCE(i) y dos de un grupo radical catalán[169]. Ya hemos mostrado hasta qué punto la tensión provocada en el seno de las Fuerzas de Seguridad por la perpetración de un atentado podía generar derivas de brutalidad policial. El general José Antonio Sáenz de Santa María, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil desde 1971 y delegado especial en el País Vasco para la coordinación de la lucha antiterrorista en 1980, refiere que los guardias civiles del cuartel de La Salve, en Bilbao, descompuestos por el atentado de Ispáster, en el que ETA acababa de asesinar a seis miembros de la institución, propinarán rabiosas palizas a los presos allí presentes. «Algunos guardias muy encabronados fueron a los calabozos del cuartel y la emprendieron a hostias con los etarras que se hallaban detenidos y sujetos a diligencia. Les propinaron unas palizas enormes». Después, «los mandos de La Salve trataron de ocultar y minimizar [los incidentes], ¿qué iban a hacer?»[170], señala el general. José España Vivas y los tres jóvenes de Almería también experimentaron en carne propia las consecuencias de este tipo de situación.

Este último caso muestra además hasta qué punto la presunta pertenencia de la víctima a ETA es un factor clave en el desencadenamiento del drama. El hecho de que se sospeche que los individuos detenidos son los responsables del atentado que acaba de cometerse contra el general Joaquín de Valenzuela determina que los guardias civiles viertan sobre ellos su rabia incontrolada: al fin y al cabo, como suele decirse, «merecido lo tenían». Esta será por lo demás la línea de defensa a la que habrá de recurrir el teniente coronel Carlos Castillo a lo largo de todo el proceso judicial, dado que en 1982 todavía seguía considerando que las tres víctimas eran «terroristas», como si esa etiqueta constituyera una circunstancia atenuante[171]. Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, ministro de Defensa y militar de talante moderado, viene a insinuar eso mismo al recriminar al socialista Peces-Barba que, durante el debate parlamentario sobre la muerte de Arregui, ha utilizado la expresión «señor Arregui», en lugar de decir «el presunto terrorista, señor Arregui»[172]. Esta intervención espontánea prueba que, para un sector importante de los dirigentes y de los militares, la pertenencia a ETA es un estigma que deshumaniza al individuo. Antes que persona es terrorista. Esto coincide con el análisis anterior que mostraba que, poco a poco, la percepción del enemigo, asimilado a partir de 1981 al terrorista de ETA, se irá endureciendo hasta dejarlo reducido al nivel de una alimaña a la que es preciso dar caza y exterminar. Esta retórica favorece el desarrollo de comportamientos transgresores, entre ellos la tortura. De este modo, los métodos de lucha contra el terrorismo se irán forjando en función de la imagen y la consideración en que se tenga al enemigo.

Por último, la práctica de la tortura es obra de unos servicios especializados en la lucha antiterrorista, ya que por un lado se encargan de ella los servicios de información —es decir, la Comisaría General de Información y el Servicio de Información de la Guardia Civil—, y por otro se encomienda a un conjunto de unidades operativas especializadas, como los GEOs (Grupos Especiales de Operaciones), creados por Martín Villa en 1977 en el seno de la Policía Nacional, y los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil, organizados por Antonio Ibáñez Freire en 1980. Ahora bien, pese a que la Brigada Político-Social haya cambiado de nombre, lo cierto es que sus agentes han continuado sirviendo en las Fuerzas de Seguridad, y muchos de ellos se han reciclado en la lucha antiterrorista. De hecho, de entre ese personal, que no ha sido objeto de ninguna depuración, destacan algunas figuras emblemáticas, como el «superagente» Roberto Conesa, probablemente el más conocido. Conesa ingresó en la policía en 1939 y fue adquiriendo experiencia en la lucha contra las guerrillas republicanas de los maquis del Norte, convirtiéndose rápidamente en un especialista de los interrogatorios y de la obtención de confesiones por medio de la tortura —como bien recordarán los acusados del proceso de Burgos—. En los últimos años del franquismo, y transformado ya en un torturador de renombre, Conesa logrará auparse hasta la cima de la Brigada Político-Social. En 1976, al suprimirse este último cuerpo, es nombrado jefe superior de policía de Valencia. En enero de 1977, tras los desastrosos resultados que está obteniendo la policía en el caso Oriol, el nuevo director general de la Seguridad del Estado, Mariano Nicolás, exgobernador civil de Valencia, decide llamar a su antiguo jefe de policía. Este regresa a Madrid, sustituye al comisario encargado de la investigación, y en menos de dos semanas consigue resolver el asunto[173]. Varios testigos referirán posteriormente el espanto que se apoderó de ellos al descubrir de pronto en la primera plana de todos los medios el rostro del hombre que tantos sufrimientos les había infligido unos años antes[174]. En marzo, Martín Villa le nombra director de la recién creada Brigada Antiterrorista, es decir, de los GEOs. Le felicita además por su eficacia en el caso Oriol y lo condecora con la medalla de oro al mérito policial. En junio, Conesa se pondrá al frente de la Comisaría General de Información, bajo la que se oculta la antigua Brigada Político-Social. En el otoño de 1978, será enviado en misión especial al País Vasco, al frente de unos sesenta policías, con el fin de actualizar la información sobre ETA. Procede entonces a la detención de cerca de 180 personas pertenecientes a los círculos nacionalistas vascos, arrestando indistintamente a los miembros activos y a los ya retirados de la organización e interrogando asimismo a sus familiares o a los militantes de otros partidos alejados de toda actividad terrorista[175]. En 1979 sufre un infarto de miocardio y queda apartado de la actividad laboral. Una vez alcanzada la edad de la jubilación, se retira definitivamente de la policía.

La trayectoria profesional de Conesa no es en modo alguno única. Cabría citar también, por ejemplo, el caso de Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», discípulo de Conesa en la Brigada Político-Social, agente infiltrado en el FRAP y director del grupo anti-GRAPO de principios de la transición. Seguirá en activo hasta verse apartado de la lucha antiterrorista en junio de 1981, tras las numerosas presiones que exigían su cabeza[176]. Otro ejemplo claro es el de José Sáinz, antiguo jefe de la Brigada Político-Social de Bilbao entre 1970 y 1974. Según algunas voces, Sáinz habría sido también el «primer comisario que teorizó la racionalización de la tortura para combatir al terrorismo»[177]. En junio de 1977 será nombrado subdirector de la Dirección General de Seguridad, y en 1978 se le enviará al País Vasco, al frente de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, siendo posteriormente nombrado primer responsable de la nueva Dirección General de Policía en mayo de 1979, cargo en el que permanecerá hasta marzo de 1980. También puede citarse el caso de Manuel Ballesteros, sustituto de Conesa al frente de la Comisaría General de Información en 1979, antiguo agente de la Brigada Político-Social, y policía acusado de haber infligido torturas en los interrogatorios. Tras suceder a José Sáinz en el puesto de máxima responsabilidad de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, la carrera antiterrorista de Ballesteros recibirá un notable impulso al ponerse al frente del Mando único para la lucha antiterrorista en el País Vasco, el MULA, creado por Rosón en marzo de 1981. El gobierno socialista volverá a apelar a sus servicios en 1986, dado que Ballesteros había abandonado su puesto con el cambio de gobierno y desactivado sus redes de información personales —lo que había dejado al ministerio con unos datos de inteligencia sobre ETA insuficientes[178].

La oposición es consciente de esta problemática continuidad y la denuncia periódicamente ante el Parlamento. Sin reclamar la depuración de las fuerzas policiales —una exigencia que la ley de amnistía de octubre de 1977 ha convertido en obsoleta—, la oposición se contenta con reivindicar el sacrificio de algunas cabezas. Esto explica que Carrillo todavía siga demandando en 1981, tras producirse la muerte de Arregui, una «democratización seria de la dirección» de la policía, así como la depuración de los «torturadores de toda la vida»[179], reiterando una exigencia que ya esgrimía en 1977. ¿Por qué los gobiernos centristas no respondieron a la repetida demanda de la oposición? Según Martín Villa, estas carreras de éxito obedecían a las excepcionales competencias profesionales de los miembros de la Brigada Político-Social, cuyo «plantel profesional» constituía «el mejor de nuestra policía». El factor que vendría a justificar esos nombramientos sería por tanto ese profesionalismo, lo que el ministro explica en los siguientes términos: «Se me criticó por haber utilizado a algunos de los hombres, excelentes profesionales, que procedían de las antiguas brigadas sociales. Pero en la difícil etapa de los secuestros de Oriol y Villaescusa […], la actuación del comisario Conesa, por ejemplo, resultó de una gran eficacia». Martín Villa reconoce de este modo sin rubor que «los servicios que Conesa, Sáinz y tantos otros, como el comisario Manuel Ballesteros y los entonces jefes superiores de policía de Barcelona y Madrid, Callejas y Pastor, prestaron en la etapa del cambio político en el que su actuación posibilitó que España se constituyera como un auténtico Estado democrático de Derecho»[180]. Frente a la amenaza terrorista, el Estado español necesitaba policías competentes que no habría tenido tiempo de formarlos, en caso de haber tenido voluntad de hacerlo.

A juzgar por las decisiones de los gobernantes, la eficacia en la lucha contra el terrorismo se antepuso por tanto a la democratización de las Fuerzas del Orden Público, a la protección de los derechos humanos y a la lucha contra la tortura.

Queda aún una última pregunta: ¿debemos dar crédito a la cronología que hemos puesto de manifiesto aquí, y comúnmente aceptada, que considera que la práctica de la tortura, inscrita en el sistema represivo de la dictadura, se prolongó durante el gobierno de Arias Navarro para desaparecer después en la etapa de Martín Villa y reactivarse posteriormente —creciendo incluso de manera espectacular—, al calor de las leyes antiterroristas?

Esta cronología se corresponde sin la menor duda con el ritmo de las campañas de denuncia que irán confiriendo visibilidad a un fenómeno oculto. Se ajusta asimismo a las etapas que experimenta sucesivamente la mutación de la política del mantenimiento del orden que hemos ido resaltando en los capítulos anteriores: la evolución global por la que se pasa de un sistema represivo autoritario a un planteamiento democrático choca con la alteración que introduce la necesidad de luchar contra el terrorismo, y lo mismo habría sucedido con la tortura, que habría tendido a desaparecer con la llegada de la democracia para resurgir más tarde en el frente antiterrorista. No obstante, este discurso, así como el relacionado con el ritmo de la revelación de las torturas, también obedece a estrategias políticas: las asociadas con la exigencia de una ruptura con el régimen anterior en 1976, con la voluntad de adaptar el país al molde del consenso democrático y antiterrorista, la determinación de atacar puntualmente al gobierno mediante la exigencia de dimisiones o responsabilidades, o los movimientos de defensa de la causa del nacionalismo vasco radical. Por consiguiente, es probable que la historia de la tortura obedezca a una continuidad de mayores alcances que los que sugiere su visibilidad pública, debido a que las detenciones de tipo político no experimentan más que un descenso relativo entre junio de 1977 y junio de 1978 antes de ser posteriormente sustituidas por las detenciones de terroristas; a que los antiguos torturadores de la Brigada Político-Social siguen presentes en las comisarías y las cárceles; a que las disposiciones legislativas criticadas son las mismas que las que se denunciaban en tiempos de las leyes de excepción franquistas[181]; y a que la anunciada voluntad por la que el joven Estado democrático se manifiesta dispuesto a acabar con la tortura sigue siendo un deseo piadoso escasamente refrendado en la práctica. Del mismo modo, el minucioso estudio estadístico de los incidentes policiales ha demostrado que los abusos de las Fuerzas del Orden Público solían mantenerse a un nivel globalmente elevado, con picos claramente detectables en los momentos de intensa tensión terrorista. Al día siguiente de un atentado, los agentes no solo se muestran propensos a abismarse en una rabia ciega, sino que también se ven sometidos a las fuertes presiones que les llegan desde arriba y les exigen una eficacia inmediata. Y cuando las detenciones se generalizan y se incrementa el número de abusos policiales, también en las celdas se asiste a un recrudecimiento de las escenas de tortura. Por consiguiente, en la práctica sobre el terreno, tanto la tortura como las acciones violentas de la policía se ciñen al ritmo sincopado de la violencia de protesta. Y es que no hay duda de que el principal elemento desencadenante de las violencias policiales hay que buscarlo en el sistema represivo antiterrorista. La necesidad de combatir ese nuevo azote de la democracia imprime una desviación a los medios de la represión franquista, que si bien se habían vuelto ilegítimos e ilícitos en la lucha contra la subversión, se orientan ahora a la persecución del terrorismo, terreno en el que adquirirán, ya que no un sostén legal, sí al menos una presunción de legitimidad.

Este proceso no se interrumpirá con la llegada de los socialistas al poder, pese a que los abusos policiales, y más aún la tortura, se consideren ya prácticas políticamente intolerables. Los excesos que salgan a la luz serán sancionados, dado que la decencia exige que el Estado democrático socialista no los deje impunes. De este modo, las imputaciones, los juicios y las condenas, que prácticamente no se dieron en el paisaje político de la transición, experimentarán un notable incremento a partir de 1983 y se pondrán en marcha para juzgar hechos ocurridos antes de 1982 o ya en la etapa socialista —aunque las condenas seguirán siendo leves: unos cuantos meses de cárcel, una indemnización y la exclusión del cuerpo por espacio de varios años[182]—. Sin embargo, en la práctica, el gobierno de Felipe González utilizará los mismos engranajes que los Ejecutivos anteriores. Los socialistas aceptan incluso las recomendaciones de Rosón en cuanto al nombre de la persona llamada a sustituirle al frente del Ministerio del Interior. Se elige de este modo a José Barrionuevo en lugar de a Carlos Sanjuán de la Rocha, que no solo era el especialista del partido socialista en materia de seguridad ciudadana, sino que disponía de un amplio programa de reorganización estructural de las Fuerzas de Seguridad y su dirección[183]. En el plano policial, se seguirá echando mano de los mismos hombres ante las necesidades que impone la lucha antiterrorista —como sucederá en el caso ya mencionado de Ballesteros—. En la esfera legislativa, la ley de 1984 confirmará incluso la autonomía policial. No debe extrañarnos por tanto que en los círculos radicales vascos se tenga la sensación de que se sigue practicando la tortura y de que incluso se ha agravado la situación. A juicio de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, que en julio de 1983 consagra un nuevo número monográfico a la tortura bajo el título de «La tortura: un rayo que no cesa», el gobierno socialista no ha respondido a las esperanzas que se habían depositado en él. Tras el periodo de titubeo vivido entre diciembre de 1982 y enero de 1983, la tortura habría seguido practicándose con intensidad renovada[184]. Corre el rumor de que los policías se dicen a sí mismos: «ahora tenemos carta blanca, ya habéis oído a Felipe», y «ahora con el PSOE lo tenemos mejor». Y es que, una vez llegada la izquierda al poder y teniendo esta las riendas del mantenimiento del orden, «no queda nadie en la sociedad, a excepción de los merecedores de la tortura (léase vascos, subversivos, marginados, osados…), que pueda denunciar la misma». Y es que Barrionuevo persistirá efectivamente en la estrategia de la negación que ya habían practicado los gobiernos anteriores, al afirmar en febrero de 1983, por ejemplo, que «actualmente no existen casos de torturas en España»[185].

Para confirmar este análisis todavía hemos de ocuparnos del empleo de un último instrumento ilícito en el combate contra las acciones violentas de protesta, a saber, la utilización de la violencia contraterrorista paraestatal.

VIII. De los «incontrolados» a los GAL: la «guerra sucia» y el terrorismo de Estado

VIII

DE LOS «INCONTROLADOS» A LOS GAL: LA «GUERRA SUCIA» Y EL TERRORISMO DE ESTADO

No se puede comprender la «guerra sucia» contra el terrorismo sin analizarla en perspectiva con el proceso de transformación del sistema represivo en su conjunto. Violencias policiales en el mantenimiento del orden público, abusos en la persecución de los criminales, torturas en las comisarías y los cuarteles, excesos en la lucha antiterrorista y estímulo del ejercicio de una violencia ilícita contra los contestatarios constituyen los elementos de una compleja gestión estatal. Rehén de su pasado dictatorial y acosado por los atentados de la creciente actividad terrorista, el aparato del Estado tiende a recurrir a los letales métodos del terrorismo para luchar contra él. Ahora bien, en la base de estas prácticas irregulares figura la connivencia ideológica y operativa entre la extrema derecha y el aparato de seguridad del Estado. ¿Puede afirmarse por tanto que existe un continuo interpretativo entre las acciones violentas de los «incontrolados» de extrema derecha y la instauración de un terrorismo de Estado?

I. La impunidad de los grupos de extrema derecha

I. LA IMPUNIDAD DE LOS GRUPOS DE EXTREMA DERECHA

Al final del franquismo, tanto los «guerrilleros» de Cristo Rey como los agitadores del Partido Español Nacional Socialista, o los grupos de choque de Fuerza Nueva o la Falange, sirven a los intereses del régimen y atacan con completa impunidad a estudiantes, obreros, «rojos», librerías, espectáculos de vanguardia, etcétera. En el arranque de la transición, las espectaculares cifras de la violencia perpetrada por estos grupos —lo que los sitúa a la cabeza de los actores violentos, al protagonizar más del 40 % de las acciones violentas entre los años 1976 y 1977— permite suponer que su impunidad está perdurando. Además, la denominación de «incontrolados» que se les adjudica sugiere por sí misma que cuentan con la libertad necesaria para actuar. Sin embargo, a los dirigentes de la transición les incomodará muy pronto la presencia de los ultras, dado que les desbordan por la derecha al alzarse contra la reforma que está llevando a cabo Suárez, al que consideran un «traidor» a la causa nacional. ¿Cuál es por tanto la posición que adopta el Estado frente a la violencia radical de la derecha? ¿Puede afirmarse efectivamente que la impunidad total que le atribuyen las reiteradas protestas de la oposición es una realidad probada y continua a lo largo de todo ese periodo?

Es preciso considerar con precaución las pocas cifras de que disponemos respecto al número de detenciones de miembros de la extrema derecha (gráfico 25), dado que se perciben distorsiones incluso entre los datos que suministra con un solo año de intervalo una misma fuente —el ministro del Interior Rosón—, y tanto más cuanto que esas discrepancias se aprecian en datos destinados a las mismas personas (los parlamentarios): de hecho, en el caso del año 1978 estamos probablemente en presencia de un error tipográfico (al cambiarse el guarismo «224» por «234»), pero la diferencia se hace muy notable para el año 1980. Por si fuera poco, las muy inferiores cifras que ofrecen los documentos del Ministerio del Interior, referidas a los individuos detenidos en aplicación de la ley antiterrorista, nos hablan de unas disparidades aún más acentuadas. En parte hay que atribuir estas diferencias al hecho de que entren o no en el cómputo las personas puestas en libertad por la propia policía, es decir, los individuos «retenidos» por un tiempo inferior a las 72 horas que permite la ley sin necesidad de informar al juez. Sin embargo, la responsabilidad de estas diferencias ha de imputarse fundamentalmente al tipo de delitos contabilizados, ya que en el caso de las cifras que ofrece Rosón los datos remiten al conjunto de los delitos políticos (ocupando el primer lugar las alteraciones del orden público), mientras que en el segundo caso los únicos delitos que se tienen en cuenta son los de terrorismo.

Gráfico 25. Detenciones por terrorismo de miembros de la extrema derecha

Fuentes: Elaboración personal realizada a partir de las informaciones suministradas por el ministro del Interior Rosón en abril de 1981 (DSC, 159, IL, 9/4/1981, p. 9832) y en abril de 1982 (F-4, BOCG, 27/4/1982, p. 266, en respuesta a una pregunta socialista: E-718-I, BOCG, 9/9/1981). Los documentos del Ministerio del Interior que hemos utilizado aquí son los siguientes: «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981, 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234; Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239.

Pese a todo, las cifras que presenta Rosón son numéricamente bastante abultadas, ya que indican que se procede a efectuar entre cien y doscientos arrestos al año. Dichos datos sugieren que el extremismo de derechas no cuenta con una impunidad total. Sin embargo, la intensidad de su persecución sigue siendo relativa, sobre todo si tenemos en cuenta el número de acciones violentas que perpetran estos grupos. Ciertamente, según los Boletines Informativos elaborados por la policía para el primer semestre de 1977, el 12 % de las detenciones políticas efectuadas en dicho periodo corresponde a militantes de extrema derecha. Ahora bien, en el mismo lapso de tiempo, ellos fueron los causantes del 24 % de las acciones violentas perpetradas. Y a la inversa, el 87 % de las detenciones políticas inciden en ese mismo lapso de tiempo en el conjunto de la izquierda, que únicamente había provocado el 21 % de los hechos violentos[1]. Por consiguiente, en el año 1977 la represión es completamente desproporcionada, puesto que no se centra tanto, recordémoslo, en los autores de los actos violentos como en los excluidos del juego político. Hacia el final de este periodo, la discriminación parece continuar. En efecto, según las cifras que ofrece Rosón, el 9 % de los individuos que habrán de ser detenidos en virtud de la ley antiterrorista entre el 1 de diciembre de 1979 y el 15 de junio de 1982 pertenecen a la extrema derecha —lo que contrasta con la cifra de detenidos de ETA, que es del 43 %—. Ahora bien, en este mismo lapso de tiempo, la extrema derecha provocará el 23 % de las acciones violentas y ETA el 49 %. Cabe por tanto concluir que sigue dándose una cierta impunidad en el caso de la extrema derecha, una impunidad incluso más importante entre 1980 y 1982 que en 1977.

No obstante, en la curva que trazan las detenciones por terrorismo (gráfico 25, elaborado con cifras procedentes del Ministerio del Interior) se aprecia la existencia de un salto cuantitativo importante a partir de 1979 que alcanza su punto máximo en 1981 —lo que concuerda con la evolución de las acciones contra el terrorismo vasco— y sugiere que la impunidad de los grupos de extrema derecha disminuye. Del mismo modo, otras informaciones también tienden a mostrar que, a medida que vaya avanzando la transición, la policía se revelará cada vez más eficaz en la persecución de los terroristas radicales de derechas. En efecto, en abril de 1981 el ministro dará a conocer el índice de éxito de la actividad policial, evaluado en función del número de investigaciones coronadas por una identificación positiva de los culpables. Entre los años 1977 y 1978, esos índices se revelan particularmente bajos, dado que en ese periodo no se supera el 10 % del número total de acciones. Poco después, en 1979, el índice experimentará una clara progresión (alcanzando el 55 %), lo que se corresponde con el aumento de las detenciones realizadas en aplicación de la legislación antiterrorista. De hecho, en 1980 las tasas de éxito policial superarán el 80 % del total de casos[2].

Por consiguiente, da la impresión de que los indicadores de la represión tienden a contradecirse: ¿Es la impunidad de los grupos de extrema derecha más elevada de lo que sugiere el número de detenciones? ¿Es más importante en 1981 que en 1977?

De 1976 a 1978: ¿una impunidad total?

En el transcurso del año 1976, la prensa irá recogiendo de forma creciente las acciones de las bandas ultras, cuya impunidad denuncia. En noviembre de 1976, por ejemplo, el Diario de Barcelona dedicará a este particular un editorial de título tan elocuente como explícito: «Acabar con los incontrolados». El artículo insiste en la amplitud de las acciones que llevan a cabo «estas bandas parafascistas», grupos que, «con generosa benevolencia, son denomidos “incontrolados”». A continuación, el texto pasa a criticar la pasividad que caracteriza la actitud de la policía, para exigir a renglón seguido una firme reacción de las autoridades[3]. Esta pasividad es tan acusada que, en las situaciones más extremas, los ciudadanos se verán obligados a organizarse en grupos de autodefensa. Esto es lo que ocurrirá por ejemplo en San Sebastián tras el atentado contra Juan María de Araluce, perpetrado en octubre de 1976, que desencadenó una ola de acciones violentas en el centro de la ciudad, capitaneadas por las bandas de extrema derecha. Si por un lado se multiplican las detenciones en los círculos nacionalistas vascos con el fin de buscar a los autores del atentado, no habrá en cambio arrestos que incidan en los extremistas de derechas. De este modo, para paliar las deficiencias de la seguridad estatal y proteger tanto los comercios como a los residentes, se asistirá a la organización de piquetes de autodefensa[4]. «Parece como si se estuviera deseando que fuéramos los partidos democráticos mismos los que tuviéramos que organizar nuestra defensa, para crear una situación de enfrentamiento entre unos y otros españoles en la calle», señalará con inquietud el dirigente del Partido Comunista[5]. ¿Habrá que pensar que las cifras anunciadas por Rosón —en las que se habla de un centenar de detenciones anuales— son una cortina de humo?

a) Detenciones esporádicas

Se producen de hecho redadas en los medios ultras, pero solo en casos puntuales, cuando las autoridades se ven entre la espada y la pared al topar con la evidencia de los hechos y la movilización de la opinión pública, ya sea en el plano local o nacional.

Así, y siguiendo con los sucesos posteriores al atentado contra Araluce, las bandas de ultraderechistas atacarán a los habitantes de la población vasca de Durango en plenas fiestas populares, agrediéndoles con porras, cadenas y armas de fuego, y dejando ocho heridos a su paso. La corporación municipal, apoyada por una decena de ayuntamientos vecinos, amenazará con dimitir si no se aclaran los incidentes, mientras, por su parte, la comisión de fiestas de la localidad pone en marcha su propia investigación para conseguir la imputación de los responsables. La importancia de la movilización ciudadana obligará entonces a las autoridades a proceder a la detención de los jóvenes extremistas[6]. En el plano nacional, el ejemplo más escandaloso es el de los asesinatos de la «Semana Negra» de enero de 1977, que provocan tal conmoción pública que a la policía no le queda más remedio que desenmascarar a los culpables. La muerte de Arturo Ruiz da lugar a una treintena de detenciones[7], y los seis autores directos de la matanza de Atocha acabarán siendo arrestados y perseguidos por la justicia. Las cincuenta detenciones que aparecen registradas en los Boletines Informativos de la policía correspondientes al primer semestre de 1977 remiten casi todas a esta ola de arrestos. Sin embargo, menos de diez detenidos serán puestos a disposición de la justicia y encarcelados, ya que el resto apenas vivirá más inconvenientes que los de una breve estancia en la comisaría. Además, nadie se toma la molestia de incomodar a las organizaciones de extrema derecha implicadas ni a sus dirigentes: tras ser detenido, el cabecilla de los Guerrilleros de Cristo Rey —Mariano Sánchez Covisa— será puesto inmediatamente en libertad junto con otros militantes de Fuerza Nueva. Por su parte, Blas Piñar se contentará con declarar en la Dirección General de Seguridad, desmintiendo toda implicación de su partido[8]. Una vez pasada la crisis, tanto los Guerrilleros de Cristo Rey como Fuerza Nueva podrán continuar sin mayores restricciones las acciones violentas ilícitas a las que tenían costumbre de entregarse.

En términos globales, la represión de los activistas de extrema derecha no es una misión que figure entre las prioridades del gobierno. En las instrucciones que habrá de cursar Martín Villa en los años 1976 y 1977 no se observará ni la más mínima alusión a ello. Al preguntarle sobre esta falta de voluntad política, Martín Villa me replicó con vehemencia afirmando: «yo se lo rechazo de plano […]. Hay mucho que descubrir sobre ETA, pero los crímenes de la ultraderecha, esos se han descubierto todos»[9] —y a continuación esgrimió, en apoyo de sus palabras, una serie de ejemplos conocidos, como el de la matanza de Atocha—. Ya en diciembre de 1977 había sostenido en el Congreso que, en la persecución del crimen, las Fuerzas del Orden Público obtenían «mejores resultados en eso que se ha venido a llamar el “terrorismo blanco” que en lo que pudiera ser el “terrorismo rojo”». En cualquier caso, todo es cuestión de posición política, como revela un documento de la Comisaría General de Información dirigido al jefe de policía de Barcelona con fecha 7 de noviembre de 1977. Lo que se propone ese documento es ofrecer las instrucciones necesarias para evitar que los grupos de extrema derecha pongan en ridículo a las autoridades, como acababa de suceder apenas un año antes con el atentado contra la revista El Papus. Para impedir esta consecuencia se recomienda detener, con ritmo pautado, tanto a los personajes clave como a los elementos más conocidos en los círculos de la extrema derecha local, como Alberto Royuela, ya que de este modo «a los ojos de la opinión pública» parecerán haber sido neutralizados[10]. Es por tanto necesario realizar detenciones dirigidas contra blancos específicos y en el momento oportuno, ya que de ese modo el gobierno da muestras de credibilidad democrática sin manifestar por ello una voluntad real de acabar con la violencia ultra. El propio Martín Villa dejará escapar en noviembre de 1978 una omisión reveladora de la escasa atención que se presta a las acciones violentas de la extrema derecha al no incluir más que dos tipos de terrorismo en su descripción de la violencia política reinante en el país: el «revolucionario» y el «independentista», omitiendo mencionar el de la extrema derecha[11].

b) Controlar los excesos sin combatirlos frontalmente

No obstante, también es cierto que se adoptan algunas medidas para contener de forma solapada los excesos de los ultras con el fin de impedir que los partidarios del «búnker» hagan descarrilar el proceso de democratización.

Una de esas medidas consistirá en controlar más eficazmente la circulación de armas de fuego. En efecto, hay un gran número de individuos que pueden encontrarse en situación de poseerlas: podría tratarse de militares o civiles que hubieran intervenido en la guerra de 1936 a 1939 en las unidades del Ejército o en las milicias; de miembros de la Guardia de Franco u otras asociaciones vinculadas con el Movimiento Nacional; de guardias forestales o rurales elegidos para el cargo por ser excombatientes o antiguos militantes del Movimiento; o simplemente de individuos activamente comprometidos con el régimen, como los integrantes de la Falange[12]. En noviembre de 1976, tras los incidentes provocados por algunos grupos extremistas con motivo del primer aniversario de la muerte de Franco, se pondrá en marcha un proceso de revisión y de retención de las licencias de armas. La policía retira en esa ocasión la licencia de armas de fuego y la carabina que posee Jorge Mota, presidente del grupo neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), procediendo a retirarle igualmente las armas a Mariano Sánchez Covisa[13]. En enero de 1977, después de los incidentes vividos durante la «Semana Negra», el gobierno anuncia su intención de confiscar todas las armas que carezcan de la correspondiente licencia, sin proceder no obstante a las verificaciones que conlleva una decisión de ese tipo.

En segundo lugar, las autoridades se ocupan de frenar las actividades de los «incontrolados», aunque no abordarán frontalmente el problema. Las organizaciones de esos grupos «incontrolados» también cuentan con un expediente en la Dirección General de Seguridad y sus militantes están fichados, vigilándose asimismo —y de forma muy particular— las grandes congregaciones de masas susceptibles de degenerar en algún tipo de exceso, como el 20-N[14]. El objetivo no consiste en combatirlos, sino simplemente en contenerlos. El ejemplo del 20-N de 1976 revela claramente esta práctica. La congregación prevista en la Plaza de Oriente obligará al despliegue de un importante volumen de medios —más de seis mil policías y un helicóptero—, empleándose asimismo severas medidas de seguridad, dado que la reunión solo ha sido autorizada por un tiempo máximo de veinte minutos, plazo por encima del cual los policías tienen orden de proceder a la dispersión de las masas. La manifestación irá precedida por unas cuantas detenciones preventivas, como la de cuatro jóvenes sobre los que recae la sospecha de ser los autores de un ataque contra los clientes del Café Gijón. La concentración se desarrolla en calma, pero un grupo de unas trescientas personas, aproximadamente, continuará manifestándose —contra las consignas previstas— por las calles del centro de la capital. La marcha se detiene frente a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, sus integrantes exigen que la bandera ondee a media asta y consiguen su propósito. Continúan avanzando y entonan el Cara al Sol delante de las Cortes, queman varios ejemplares del rotativo Diario 16 en el interior de una furgoneta que se cruza en su camino, y profieren insultos contra Suárez frente al palacio presidencial, en La Castellana —con gritos como: «¡Suárez, dimite, el pueblo no te admite!» o «¡Traidores no!»—. Las Fuerzas del Orden Público, que vigilan a los manifestantes, no intervienen en ningún momento. Esta táctica de contención de las manifestaciones de este tipo mediante el establecimiento de una vigilancia política y policial —a la que se añadirán algunas acciones represivas puntuales cuando así lo exijan las circunstancias políticas— proseguirá mucho más allá de las primeras elecciones legislativas, prolongándose incluso después de aprobada la Constitución.

No obstante, en 1978 se da un paso adelante al prohibirse la utilización de uniformes paramilitares, la tenencia de armas en las concentraciones públicas[15], las asociaciones de carácter paramilitar[16] y el uso partidario de la bandera nacional[17]. La congregación del 20-N de 1978 se salda así con un centenar de multas, sancionándose con ellas unos incidentes «de naturaleza ideológica», como la utilización de uniformes paramilitares —en el caso de los carlistas pertenecientes a la Comunión Tradicionalista—, cuyo montante total se eleva a 3,1 millones de pesetas[18]. Las detenciones también tienden a crecer, dado que, de los cuatro individuos puestos a disposición del juez en 1978, se pasa a los veinticinco del año siguiente —condenándose a cada uno de ellos a una multa de diez mil pesetas—. Además, el gobernador civil de Madrid organizará durante el 20-N de 1979 un servicio de protección oficial para los partidos políticos y las centrales sindicales[19], enviando a doscientos policías a patrullar por el barrio de Salamanca, principal foco del activismo de extrema derecha de la capital[20]. Del mismo modo, los incidentes que protagonizan de forma casi sistemática los «incontrolados» durante los mítines de Fuerza Nueva recibirán la sanción prevista en las nuevas normativas: el 5 de marzo de 1978, los activistas de derechas se verán obligados a pagar una multa de cien mil pesetas en Ceuta; en abril de ese mismo año, la conmemoración de la Victoria dará lugar a cerca de cuarenta detenciones; en mayo, el Consejo General Vasco impondrá multas por valor de trece millones de pesetas a los militantes de Fuerza Nueva por posesión de armas; en septiembre, varias personas serán detenidas tras la celebración de un mitin en Arcos de la Frontera (Cádiz), etcétera[21].

Sin embargo, estas sanciones siguen teniendo un carácter más simbólico que eficaz, ya que se reducen a una serie de multas de una cuantía no excesivamente elevada (salvo raras excepciones) y a unas cuantas detenciones que se limitan a su vez, por regla general, al simple trámite de declarar en la comisaría de policía. Estas medidas no impedirán que los mítines de Fuerza Nueva se sigan desarrollando bajo el signo de la violencia —una violencia que los partidos de la oposición denunciarán sin descanso hasta el fin de la transición—. Además, las nuevas normas a que acabamos de referirnos no dejarán de suscitar asimismo una sucesión de actos de contestación. De este modo, Rodolfo Guerra Fontana, un diputado socialista catalán, referirá el caso de una manifestación de FE de las JONS organizada en octubre de 1979 en Santa Coloma de Gramanet para protestar contra la retirada de un conjunto de monumentos a los caídos erigidos en honor de los vencedores de la guerra. La manifestación se autorizó, pese al criterio contrario del ayuntamiento de la población, que temía que se produjeran «grandes desórdenes» por parte de algunos provocadores armados. Y efectivamente, los incidentes vaticinados tuvieron lugar, se detectó tanto la presencia de algunas armas (porras, cuchillos, pistolas) como el uso de uniformes paramilitares azules (los de la Falange), y dos personas resultaron heridas de bala, una de ellas de gravedad. Sin embargo, para el ministro del Interior las ropas exhibidas no eran uniformes paramilitares sino simples camisas azules, emblemas y banderas de la Falange. Con todo, insiste Guerra Fontana, el hecho de llevar la misma camisa, el mismo pantalón, el mismo tipo de galones y las mismas insignias, ¿no equivale a vestir un uniforme paramilitar? Esta polémica casi cómica da fe de que el gobierno continúa mostrándose tolerante con las organizaciones radicales de derechas. Una tolerancia que además se acompaña de la actitud «pasiva», e incluso complaciente, de los policías, como denunciará el diputado catalán en el caso al que nos estamos refiriendo —respaldando asimismo sus afirmaciones con un reportaje fotográfico[22]—. La policía, que está efectivamente presente, vigila los movimientos de los manifestantes pero solo interviene en caso de que se produzcan graves tumultos, lo que significa que muchas veces actúa únicamente a posteriori.

c) La complacencia policial y judicial

Las páginas anteriores ya nos han permitido establecer la naturaleza de las Fuerzas del Orden Público, de modo que no es preciso insistir aquí en el fuerte componente ideológico que las animaba al acabar el franquismo. Los militarizados cuerpos policiales, cuya función consistía en eliminar toda forma de disidencia política, se caracterizan por la defensa de un régimen banderizo, por abrazar el ideal de la victoria y por hallarse impregnadas de una mentalidad conservadora y autoritaria. Al no haber consignas explícitamente contrarias ni un particular esfuerzo de formación, la tendencia natural de las fuerzas policiales consiste por tanto en prolongar los principios franquistas tras la muerte del dictador, protegiendo el orden establecido y haciendo fundamentalmente la vista gorda ante la perpetración de las acciones violentas de los grupos extremistas de derecha que comparten con ellas el mismo objetivo, aunque empleen métodos ilícitos. En el otoño de 1976, la recomendación que brinda el director general de la Dirección General de Seguridad revela por oposición la naturaleza del comportamiento habitual de los agentes, dado que estipula que «la policía no puede estar al servicio de grupos o personalidades que nos caigan simpáticos», lo que significa que debe «acomodarse a las nuevas exigencias del nuevo tiempo»[23].

Los archivos del Gobierno Civil de Madrid contienen un buen conjunto de muestras de esa complicidad. Por ejemplo, el expediente abierto el 18 de julio de 1978 con motivo de la conmemoración del golpe de Estado del 36 incluye un informe del coronel al mando de la Policía Armada sobre los acontecimientos de la jornada. El documento minimiza de forma muy considerable los incidentes vinculados con el desfile de vehículos y militantes de Fuerza Nueva. El oficial señala que el tráfico no se vio perturbado en ningún momento y que tampoco se organizó ninguna manifestación ilícita. De ahí deduce que no hay motivo para sancionar o detener a sus responsables, máxime teniendo en cuenta, señala, que los militantes aclamaron a las fuerzas policiales dedicándoles varios vítores[24]. En la carta de un comisario de la policía de barrio de la capital, dirigida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se hace alusión a los mismos incidentes, justificándose en cambio la intervención de un policía armada para interrumpir un desfile de vehículos —intervención que en principio no precisaba de mayores justificaciones, debido a que el tipo de infracción la convertía en legítima—. Y es que, concluye el comisario tras haber referido los hechos, «no es nuevo, puesto que V. I. lo conoce, que existe pasividad por parte de las Fuerzas de Policía Armada, cuando se trata de intervenir contra organizaciones extraparlamentarias de extrema derecha»[25].

Esta connivencia ideológica no solo afecta a las Fuerzas del Orden Público, sino a secciones enteras del aparato del Estado, ya que muchas de ellas se encuentran todavía en manos de altos mandos del Movimiento Nacional. Los incidentes ocurridos en Málaga en diciembre de 1977, sobrevenidos tras la muerte de un manifestante, son un ejemplo más de los muchos posibles. La comisión de encuesta creada al efecto sacará a la luz la total impunidad de que disfrutan en esa provincia los miembros del Frente Anticomunista Español —a los que un diputado comunista acusa de ser «fascistas, descaradamente fascistas»—. Estos individuos cuentan con la protección de las élites de la región, todos ellos dignos representantes del «búnker» —empezando por Francisco Cabeza, el presidente de la Diputación, que no duda en exhibirse flanqueado por la bandera de ese grupo neonazi—. Esto explica que los numerosos atropellos cometidos jamás obtengan reparación, pese a la notoriedad pública de sus autores[26].

La institución judicial tampoco está exenta de este tipo de lastres. En efecto, pese a que ya en 1978 la Audiencia Nacional condene a algunos extremistas de derechas por la comisión de determinados hechos delictivos tras haberlos declarado culpables[27], otros escaparán en cambio a la justicia gracias a la reiterada complacencia de ciertos magistrados. El juez Rafael Gómez Chaparro, de la Audiencia Nacional, es uno de ellos: en enero de 1977 dejará salir en libertad bajo fianza a dos de los acusados del caso Montejurra —José Luis Marín García-Verde y José Arturo Márquez de Prado, mano derecha de Sixto de Borbón-Parma—. Más tarde, rechazará las apelaciones planteadas por la acusación contra esa puesta en libertad bajo fianza, al estimar que se trata de dos individuos «excelentes» de gran «honorabilidad y bondad personales» —pese a haber sido acusados de la muerte de dos civiles[28]—. En 1978 será él también quien se encargue de cerrar de manera inmediata la investigación sobre la muerte de Arturo Ruiz al pasar el expediente de la Audiencia Provincial de Madrid a su jurisdicción —y no debemos olvidar que en dicho expediente se apuntaba la posible implicación de Fuerza Nueva en el crimen, a través de José Ignacio Fernández Guaza, presunto autor material de los hechos, huido a Francia[29]—. En enero 1979, será nuevamente el juez Gómez Chaparro quien ponga en libertad a los imputados por el asalto a la Facultad de Derecho de la Complutense. Y por último, en abril de 1979, vuelve a salir su nombre como facilitador de la evasión de uno de los asesinos de los abogados de Atocha, Fernando Lerdo de Tejada, al concederle un permiso para permitirle salir de la cárcel y disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Pese a los esfuerzos del gobierno, empeñado en acallar el asunto, el escándalo es mayúsculo, pero al final no se sancionará al magistrado —aunque sí se le apartará del expediente Atocha[30]—. El caso de Gómez Chaparro es un indicador significativo de la connivencia ideológica entre importantes sectores del aparato del Estado y los radicales de derechas, factor decisivo en la impunidad de que gozan esos grupos.

La creciente represión de los años 1979 a 1982

Solo de forma progresiva, ante el incremento de los atentados letales —cuyo punto culminante se sitúa en 1980, con más de veinticinco muertos— y la creciente presión de la oposición, irá viéndose obligado el gobierno, que hasta entonces había venido adoptando una postura indiferente, cuando no complaciente, a pronunciarse de forma más clara y a actuar con mayor contundencia contra la impunidad de las bandas extremistas de derechas.

a) Una impunidad intolerable en democracia

El ámbito parlamentario se transforma poco a poco en un espacio para la denuncia de la pasividad de las autoridades frente a las acciones de los extremistas de derechas. De ese modo se pasará de una sola interpelación parlamentaria en 1978 sobre el tema de la violencia ultra, a seis en 1979, quince en 1980 y catorce en 1981.

El debate sobre el orden público que habrá de agitar al Congreso de los Diputados en mayo de 1979, tras el muy divulgado asalto de enero a la Facultad de Derecho y el asesinato de un militante comunista en abril, dedicará por primera vez su atención a la extrema derecha. El PSOE sumará en esta ocasión su voz a la del PCE para denunciar la existencia de un «terrorismo fascista», estableciendo al mismo tiempo «una lista siniestra» de sus atropellos. Esta denuncia va acompañada de la exigencia de responsabilidades a las organizaciones de extrema derecha —«auténticas escuelas del crimen», a juicio del comunista Simón Sánchez Montero— y de la persistente sospecha de la complicidad de las fuerzas del orden[31]. Blas Piñar, que se ve en la obligación de defenderse de quienes le acusan de ser un fascista, será incluso abochornado por los silbidos de la cámara, algo extremadamente raro en esa época. Sin embargo, aún habrá que esperar un año para que el Congreso consagre un auténtico debate parlamentario a ese tipo de terrorismo, tras perpetrar el Batallón Vasco-Español y las bandas de «incontrolados» una suma de acciones violentas sin precedentes que provocarán siete muertos entre los meses de enero y febrero de 1980[32]. El nacionalista canario Sagaseta se felicitará por la «toma de conciencia» generalizada que se observa en ese momento entre los parlamentarios: «lo que parecía ser una inquietud de minorías resulta ser cada día una inquietud colectiva muy seria […]. La conciencia colectiva está siendo recogida por sectores del Gobierno que al menos parecían no tomar conciencia de la gravedad enorme de las conductas» a las que nos estamos refiriendo, en las que aparecen implicados algunos miembros de las fuerzas policiales. «Estos atentados», prosigue, «que durante mucho tiempo han permanecido ocultos o semiocultos oficialmente ya están en la calle»[33].

En lo sucesivo, el problema de la extrema derecha pasará a formar parte de los debates parlamentarios relacionados con el orden público, y con él se abordará asimismo la cuestión paralela de su impunidad. La oposición referirá de forma recurrente la existencia de casos de flagrante pasividad policial frente a las acciones de las bandas de extrema derecha, lo cual revela al mismo tiempo que dichas acciones persisten hasta el fin del periodo y constituyen una constante denuncia de la indiferencia del gobierno ante esos ataques. De este modo, en 1980, un diputado comunista señalará la situación de violencia latente que asfixia el normal desarrollo de algunas zonas rurales de Andalucía. En la provincia de Jaén se producen desfiles espontáneos de individuos extremistas que aterrorizan a los habitantes de los pueblos, a los que se obliga a cantar el Cara al Sol, por ejemplo. En esas regiones, dada la «permisividad clara [de las autoridades] con respecto a la extrema derecha», reina la «ley del silencio», impuesta por el miedo: el diputado se pregunta si para quebrar ese «clima de coacción social» no resultaría conveniente exponer a la vista de todos los nombres de esos «fachas» incontrolados[34]. La pública revelación de la identidad de los activistas —que son personas que las gentes del lugar conocen, y más aún las autoridades locales— es una práctica cuando menos dudosa en democracia, pero parece ser el único modo de colocar a las autoridades ante la evidencia de la discriminación de que hacen gala y de paliar al mismo tiempo su incompetencia. La provocadora revista Interviú terminará atreviéndose a dar ese paso al publicar, entre finales de 1979 y principios de 1980, un reportaje de Xavier Vinader. El texto y las fotografías se basan en las informaciones que ha logrado reunir un expolicía sobre los extremistas ultras implicados en acciones terroristas contra ETA. El reportaje se presenta en forma de una serie de entrevistas, acompañadas de las fotos y los nombres de las personas mencionadas. Pocas semanas después, dos de los individuos citados en las entrevistas son asesinados por ETA[35], y las demás personas señaladas en el reportaje se ven obligadas a huir del País Vasco por temor a las represalias. Fuerza Nueva atribuye a la revista Interviú la responsabilidad de los asesinatos, y esta a su vez se querella contra la formación política por difamación. De ahí se derivará un largo proceso judicial que se saldará con la condena del periodista a siete años de prisión incondicional, y con la imposición a Ediciones Zeta de indemnizar con diez millones de pesetas a las familias de las víctimas por un delito de «imprudencia temeraria profesional»[36]. Al margen del alcance que acabaron adquiriendo las repercusiones judiciales del caso, este muestra el gran peso que tienen todavía el silencio y la complacencia que rodean las letales acciones de la extrema derecha. La sensación de impunidad es tal que en algunos sectores surgirá la tentación de mostrar a los culpables en la plaza pública, e incluso de emprender acciones personales de ajusticiamiento, llegando a veces a la realización de actos de venganza.

Ciertamente, la exigencia de justicia se hace cada vez mayor. En diciembre de 1979, un diputado nacionalista andaluz relatará los incidentes surgidos en Sevilla al término de una manifestación que se había desarrollado de forma pacífica, hasta el punto de que los participantes habían aplaudido el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, fue entonces cuando sobrevino un «ataque físico violento» por parte de unos agitadores de extrema derecha, que agredieron a la multitud. Las Fuerzas de Seguridad, en lugar de defender a los ciudadanos atacados, optaron por proteger las sedes de los partidos de extrema derecha próximos al lugar de la dispersión, no interviniendo en los altercados hasta media hora después de su inicio. A juicio del diputado, «la ultraderecha violenta campea, por doquiera, con total impunidad desde las apelaciones verbales hasta los hechos de sangre»[37]. Si el incidente que acabamos de referir parece evocar ecos familiares se debe a que no es en realidad más que uno de los varios cientos que se vienen produciendo desde el año 1975, captando periódicamente la atención de la prensa. Entendidos en un principio como incidentes perfectamente triviales, este tipo de acciones adquieren no obstante, cuatro años después de la muerte de Franco, un relieve particular, hasta el punto de incitar a un representante del pueblo a referirlos en el Parlamento.

Esto se debe al hecho de que entre 1976 y 1979 la situación política ha experimentado un profundo cambio, puesto que España ha entrado en la era democrática. Por consiguiente, lo que se toleraba en 1976 no se admite ya tres años más tarde. En los comienzos de la transición, resultaba muy fácil imputar la violencia ultra a la caótica efervescencia que se había apoderado de todo el país y a la resistencia, al fin y al cabo previsible, de los defensores del franquismo. Y mientras no se procedió a redefinir la misión de las Fuerzas del Orden Público, también se era más comprensivo con la complacencia de la policía hacia esas acciones ultras. Sin embargo ahora, transcurridos cuatro años desde la desaparición del dictador, que unas bandas «incontroladas» pudieran seguir actuando con total impunidad empezaba a parecer crecientemente intolerable a la oposición democrática, que exigirá al gobierno que ponga definitivamente fin a ese tipo de comportamientos. La pasividad gubernamental, que podía pasar por un gesto de prudencia política —no irritar al «búnker» a fin de no provocar una reacción violenta de los militares—, se convierte en 1980 en una estrategia deliberada que mina la credibilidad de la joven democracia. Si la tortura es contraria al respeto de los derechos humanos contemplados en la Constitución, la complacencia que muestra la policía en relación con un determinado grupo político choca de frente con los principios democráticos de equidad y exclusión de la violencia en el espacio público. Además, el «desencanto» que se apodera de la opinión pública tras la euforia del advenimiento de la democracia trae consigo un clima de desconfianza hacia las nuevas instituciones. La democracia, que todavía no está consolidada, ha de dar muestras de determinación: parece pues aún más necesario poner fin a los comportamientos heredados de la dictadura, que vienen a socavar la credibilidad del nuevo régimen.

En este sentido, el fallido golpe de Estado del 23-F vendrá a señalar el inicio de una etapa esencial. Viene a confirmar efectivamente —aunque a los ojos de algunos constituya una revelación— el eco de la estrategia de la tensión que preconizan los círculos de ultraderecha. Los discursos de apología de la violencia, los reiterados llamamientos a una reacción conservadora, la ocupación paramilitar del espacio público, la incesante perpetración de acciones violentas, todo ello ha contribuido a exacerbar la tentación golpista de los más reacios a la democratización. Tras el 23-F, el más mínimo incidente que provoque la extrema derecha se transformará en objeto de preocupación, acusado de fomentar la llama del golpismo. A juicio de un diputado socialista, «no es posible entender que en la céntrica calle de Princesa [en junio de 1981], a las veinte horas treinta minutos, se inicie una persecución de una caravana sin que se percataran los servicios policiales. Esto da motivo para muchas especulaciones que en nada prestigian a las instituciones democráticas»[38]. Por consiguiente, más que las acciones violentas en sí mismas, lo que parece importar es el efecto que provocan en la población y la imagen que dan de la naturaleza del gobierno. La presión de la oposición se incrementa de forma muy notable, de modo que los hechos que antes pasaban poco menos que desapercibidos, sin ningún relieve particular en la trivialidad de la vida cotidiana, pasan a convertirse ahora en verdaderos escándalos políticos.

Hay abundantes ejemplos de ello. Entre ellos cabe citar el de los tradicionales incidentes asociados con la conmemoración del 20-N, dado que en 1981 los actos de esa fecha vendrán a provocar, por primera vez desde la muerte del dictador, un gran revuelo político[39] —pese a que el tono de las acciones detectadas no tenga nada de excepcional, ya que se trata de los habituales desfiles de miembros uniformados de la Falange o de Fuerza Nueva, del cántico de himnos de la Falange o de la Legión, de la utilización partidista de la bandera nacional, de actos de intimidación a los viandantes (o incluso de agresiones), y todo ello sazonado con los nuevos eslóganes de apoyo a los golpistas del 23-F, sobre todo a Tejero—. Los socialistas llegarán a esgrimir incluso la hipótesis de «un recrudecimiento de las agresiones de extrema derecha» y de una «proliferación de agresiones en la vía pública, que se está convirtiendo en habituales» en ciertos barrios de la capital[40] —pese a que las estadísticas que yo misma he manejado den fe de lo contrario—. Los socialistas parecen descubrir también los elementos constitutivos de la política gubernamental, que sin embargo vienen dándose desde los tiempos de Martín Villa y que a partir de ahora empezarán a denunciarse por su ineficacia: despliegues políticos, detenciones ad hoc, falta de una estrategia global, sensación de impunidad[41]. Frente a la creciente presión política y a la exacerbación del umbral de intolerancia que muestra la población respecto de las acciones violentas ultras, el gobierno centrista se verá obligado a dar algunas respuestas.

b) El giro anunciado por Rosón (1980-1982)

Habrá que esperar a 1980, fecha en la que Rosón se pone al frente del Ministerio del Interior, para empezar a percibir un tímido cambio en la gestión de la violencia ultra.

Hasta ese momento, el gobierno había preferido ocultarse adoptando sistemáticamente una postura de negación y silencio. La UCD ni siquiera estaba dispuesta a reconocer la problemática existencia de este tipo de terrorismo, y ejemplo de ello es que no lo mencione en los debates que se producen en mayo y octubre sobre el orden público. Febrero de 1980 será la primera vez en que un ministro del Interior —Antonio Ibáñez Freire— incluya el comportamiento de los «activistas terroristas de extrema derecha» en su informe sobre la violencia. También ofrecerá una lista de los miembros de extrema derecha que el gobierno ha logrado detener desde enero de 1979[42]. Más tarde, Rosón adquirirá el hábito de establecer la lista de las detenciones de los activistas de extrema derecha, incluyendo posteriormente —a partir de abril de 1981— las cifras de la violencia ultra en el panorama global de la violencia política. Las informaciones tienden a ser más transparentes y a cuestionar el comportamiento de algunas organizaciones políticas conocidas y legales. Pese a que Rosón continúe interpretando que los crímenes cometidos en la primavera de 1980 en Madrid son actos individuales incontrolados «impulsados por estados emocionales y de apasionamiento político, sin preparación ni reflexión», también establecerá claramente que existen conexiones entre Fuerza Joven y FE de las JONS[43].

De hecho, el gobierno muestra una firmeza creciente en su discurso sobre los grupos de extrema derecha. En mayo de 1980, el ministro del Interior expondrá por primera vez las líneas maestras de un plan de lucha contra el terrorismo en el que también se incluye el terrorismo de extrema derecha. Los ejes fundamentales de la estrategia gubernamental pasan por los siguientes puntos: aplicación de las normas relativas a la utilización partidista o sectaria de la bandera nacional y castigo de los ultrajes y ofensas a este símbolo; lucha contra la división del territorio en zonas de las que ciertos partidos se apropian; firmeza contra quienes «se apropien o instrumentalicen las muertes de los que caen en defensa de la sociedad y a su servicio, porque estos son los muertos de todos»; intolerancia frente a «ningún género de complacencia ante la violencia que provocan algunos partidos desviando a nuestra juventud hacia una sistemática agresividad o hacia el enfrentamiento entre grupos o contra cualquier otro grupo de la sociedad»; y persecución, en fin, de los «ataques a las instituciones, las injurias a las autoridades o las incitaciones anticonstitucionales», que no habrán de permanecer impunes[44]. Estamos aquí ante un discurso indudablemente estimulante, motivado por la serie de asesinatos perpetrados en Madrid en la primavera. En el plano operativo, esta declaración de intenciones se traducirá en la creación en Madrid de un conjunto de «grupos especializados y estricta y específicamente consagrados» a la seguridad de las célebres «zonas nacionales» —según las denuncias de la oposición—. Al frente de estos grupos especiales se situará al comisario Jesús Merino de la Hoz, reconocido demócrata y miembro activo del sindicato de policía[45]. Del mismo modo, en Valladolid, el Ministerio ordena a un grupo de funcionarios de policía progresistas que investiguen las connivencias entre la policía local y los activistas ultras. Esta medida se producirá después del fuerte movimiento de protesta declarado a principios de 1981 contra la pasividad de las autoridades frente a los numerosos atropellos de la extrema derecha, cuyos integrantes vienen generando desde 1978 una «verdadera psicosis de miedo» en la provincia[46]. Se nombra a un nuevo jefe de la Brigada Regional de Investigación Social (la antigua Brigada Político-Social), reforzándose su acción con trece agentes del Cuerpo Superior de Policía[47]. De hecho, en los días inmediatamente posteriores se procederá a la detención de varias decenas de ultras, todos ellos vinculados con Fuerza Nueva, de modo que los atentados experimentan un descenso espectacular en 1981, hasta desaparecer por completo a finales de ese mismo año, lo que prueba por sí solo que la falta de voluntad política era el primer elemento de responsabilidad en la persistencia de las acciones violentas «incontroladas».

El 23-F acelerará el proceso. En abril de 1981, Rosón anuncia una nueva revisión de las licencias de armas y da instrucciones a la Dirección General de Seguridad para reforzar la vigilancia de las organizaciones políticas que aparezcan mezcladas con excesiva frecuencia con la perpetración de hechos violentos[48]. En efecto, ahora se multiplica la imposición de prohibiciones, multas, detenciones y acusaciones a los mítines y las manifestaciones de extrema derecha. Blas Piñar es condenado a pagar una multa de dos millones de pesetas por haber pasado revista a un grupo de jóvenes uniformados en Valladolid en junio de 1981[49]. El Consejo de Ministros sanciona con una multa de cinco millones de pesetas a Fuerza Nueva y a FE de las JONS por los incidentes del 20-N de 1981, que también darán lugar a la detención de 33 individuos, de los cuales 22 serán puestos a disposición judicial por diversas infracciones del orden público —con el añadido de que la Dirección General de Tráfico y el Gobierno Civil de Madrid abrirán más de mil expedientes para sancionar a los grupos de automovilistas que se dedican a provocar tumultos[50]—. Las autoridades locales se muestran cada vez más reacias a ceder el uso de sus locales para la celebración de los mítines de Fuerza Nueva. De este modo, en 1981 y en 1982[51], el Gobierno Civil de Madrid se negará a ceder la Plaza de las Ventas para el aniversario del 18 de julio, y el ayuntamiento de León prohibirá a Fuerza Nueva celebrar un mitin en el Palacio de los Deportes municipal[52]. Por primera vez, los gobernadores civiles decidirán prohibir las manifestaciones que convoque Fuerza Nueva, como ocurrirá por ejemplo con la prevista para el día primero de abril de 1981, con el lema: «España, trabajo y paz», prohibida por indicación del ayuntamiento socialista de Madrid. Blas Piñar referirá en varias ocasiones[53] estas dificultades ante el Congreso, y en un irónico vuelco de la situación vivida en el arranque de la transición, el dirigente de Fuerza Nueva denunciará en el Parlamento la pretendida discriminación política de la que está siendo víctima. Llegará incluso a reclamar que se aplique un derecho constitucional a su propio partido, pese a que este no conceda la más mínima legitimidad a la norma suprema —de hecho, los militantes de Fuerza Nueva habían adquirido el hábito de añadir un crespón negro a la bandera nacional el día de la Constitución, en señal de duelo[54]—. Sin embargo, será justamente este mismo respeto de los principios democráticos lo que impida al gobierno ilegalizar el partido de Blas Piñar, pese a las crecientes presiones de la oposición.

Por último, la apología de la violencia también será sancionada en aplicación de la ley de defensa de la Constitución, que penaliza con gran firmeza los delitos de apología del terrorismo o de rebelión. En contraste con lo que sucedía poco antes del intento de golpe de Estado, cuando Sánchez Montero advertía al gobierno de las proclamas golpistas presentes en el periódico El Alcázar —que violaban flagrantemente las disposiciones constitucionales sin que el Ejecutivo tomara ninguna medida para llamar al orden a los responsables[55]—, ahora se perseguirá en cambio la exaltación de los actores del 23-F en cualquiera de sus formas: insignias, panfletos, imágenes, puestos de venta de objetos conmemorativos, camisetas, etcétera. Las fuerzas policiales tienen orden de detener a los responsables de estas ventas ambulantes y de ponerlos a disposición de la justicia[56]. Pese a que en algunos casos se compruebe una cierta persistencia de la actitud pasiva de las Fuerzas de Seguridad, lo cierto es que ahora ya no se tolera. Por ejemplo, el comunista Sánchez Montero elevará al Parlamento el caso de Paiporta (Valencia), localidad en la que los líderes de Fuerza Nueva habían repartido panfletos con textos en los que se hacía apología de Tejero, de Milans del Bosch y del 23-F, sin recibir ni siquiera un apercibimiento por parte de los agentes presentes. Rosón reaccionará de forma inmediata, transmitiendo instrucciones precisas al gobernador civil de Valencia con el fin de que se busque e impute a los autores, editores, impresores y distribuidores de esos folletos[57].

Contrariamente a lo que declara Martín Villa, que niega no haber atacado en su raíz el problema de la violencia de extrema derecha, los gobiernos de la transición no optarán por hacerle frente de forma decidida hasta después del fallido golpe de Estado del 23-F. No conceden más que un peso muy escaso a las acciones violentas perpetradas por las bandas de «incontrolados», ya que, según su percepción, estas no entran en la esfera de las amenazas que gravitan sobre el proceso de democratización. En opinión de Calvo-Sotelo, esas acciones no constituían una «violencia de fondo, estructural», sino una violencia «coyuntural que no tenía una profundidad que le permitiera seguir», debido sobre todo al hecho de que, estando reducida a unas «minorías», no disponía ni de un «partido que estuviera detrás ni del apoyo popular». En ese sentido, la lucha contra esas acciones no tenía «la misma urgencia» como la neutralización de ETA[58]. Martín Villa no concederá mayor peso a esa violencia, afirmando incluso que apenas la recuerda —salvo en el caso de la matanza de Atocha— y no modificando su posición ni siquiera al constatar la fuerza de las cifras que le muestro[59]. También es verdad que la agitación ultra es escasamente letal hasta el año 1979 y que es posible entender que sus actos son imputables a un conjunto de residuos minoritarios de épocas pasadas, condenados a desaparecer con la consolidación de la democracia. Esto explica que no se adopte ninguna estrategia particular para ponerle fin: las detenciones puntuales de militantes ultras, efectuadas cuando las circunstancias así lo exigen, vienen a sesgar el balance global de la represión —consiguientemente reducido a su mínima expresión—. No obstante, la manga ancha de las autoridades contribuirá sin duda alguna a alimentar una cultura de la violencia que a su vez dio alas a los sectores golpistas. Solo tras multiplicarse los asesinatos, mezclados con los de las bandas contrarias a ETA, y después de comprobarse que los reiterados llamamientos a una reacción militar se transforman en una realidad palpable, empezarán las minorías ultras a convertirse en un asunto verdaderamente preocupante para el gobierno. Y a pesar de que Rosón imprima ya en 1980 un giro a la situación, lo cierto es que la lucha contra el activismo de las bandas de extrema derecha, desanimadas además por sus sucesivos fracasos electorales y por la deslegitimación de la solución militar, no se revelará eficaz hasta después del 23-F.

Por consiguiente, los elementos que caracterizan la actitud del Estado respecto de las acciones violentas de la extrema derecha durante la transición es una mezcla de negligencia política, complacencia policial e impunidad judicial. Es más, algunos sectores del aparato del Estado tomarán partido en la cuestión, sobre todo en el combate contra el nacionalismo vasco radical.

II. La «guerra sucia» contra el terrorismo

II. LA «GUERRA SUCIA» CONTRA EL TERRORISMO

La cuestión de la complicidad de ciertos sectores policiales con los elementos antiterroristas de extrema derecha roza el secreto de Estado y se halla sujeta a la especulación, al no tener todavía acceso a documentos o archivos. No obstante, en nuestros días la historia de los GAL se conoce relativamente bien gracias a un conjunto de investigaciones periodísticas bien llevadas[60], a los resultados de ciertas indagaciones judiciales y a los testimonios de los protagonistas de los hechos[61].

¿Qué es la «guerra sucia»?

Es de hecho la existencia de los GAL lo que determina la percepción que se tiene en España de la «guerra sucia», entendida como la lucha antiterrorista que se libró contra ETA desde las esferas estatales empleando los mismos métodos que la banda contra la que se combatía, a saber, el atentado y el asesinato. Los orígenes de esa «guerra sucia» se remontarían a la transición, pudiendo hablarse así de una «primera guerra sucia» entre 1975 y 1981, y de una «segunda guerra sucia» inmediatamente posterior —la de los GAL—, llevada a cabo entre 1983 y 1986. Para ser aun más exactos, la expresión de «guerra sucia» se referiría únicamente a las acciones cometidas en territorio francés, contra los intereses nacionalistas vascos, por mercenarios reclutados por los servicios de seguridad del Estado o por los agentes de esos servicios, que no solo habrían sido los iniciadores de esas acciones sino también los encargados de financiarlas y organizarlas. Esta definición es como mínimo reductora, y suscita un cierto número de interrogantes en relación con nuestras propias investigaciones.

Estas interrogantes se hallan en primer lugar asociadas con la extensión geográfica de las acciones consideradas: las acciones violentas perpetradas contra los círculos nacionalistas vascos durante la transición no son un asunto que se haya verificado exclusivamente en el País Vasco francés, como tampoco son privativas del País Vasco español, sino que rebasan estos límites, llegando evidentemente a Navarra, pero también a otros puntos de la península. En segundo lugar, también es preciso relativizar la especificidad vasca de esta ofensiva. ¿En qué se diferencia el atentado cometido en abril de 1975 contra la librería vasca Mugalde, en el que muchos han querido ver la primera acción de la «guerra sucia»[62], de los centenares de ataques similares perpetrados en el arranque de la transición contra librerías catalanas, comunistas, anarquistas o simplemente progresistas —como no sea la de ubicarse en suelo francés—? Los letales atentados impulsados por los servicios secretos tampoco se centran exclusivamente en personas vascas, y de ello dan fe los casos de Montejurra o Antonio Cubillo. Además, el Batallón Vasco-Español también atacará a objetivos que no son vascos, como sucederá por ejemplo en junio de 1979, al atentar mortalmente contra dos militantes de los GRAPO[63]. Un tercer escollo es el relacionado con el tipo de acciones a considerar, que generalmente se limitan a las que reivindican las organizaciones reconocidas como bandas especializadas en la lucha contra ETA (es decir, ATE y el BVE), lo que excluye el resto de las acciones perpetradas por la nebulosa de extrema derecha. Ahora bien, si nos ceñimos exclusivamente al País Vasco observaremos que, entre los extremistas de derechas, ATE y el BVE son efectivamente responsables del 85 % de las víctimas, pero que si contemplamos el conjunto de las acciones violentas de estos grupos ideológicos hemos de concluir que sus atentados apenas representan el 23 % del total de sus acciones violentas sufridas. Además, el factor determinante para afirmar que una acción pertenece propiamente a la «guerra sucia» sería la presencia de mercenarios extranjeros reclutados por los servicios del Estado. De hecho, en el atentado que, según la percepción general, habría constituido el acta de nacimiento de esta ofensiva, tras el ensayo de la librería Mugalde, intervienen justamente varios mercenarios. Se trata del fallido atentado contra el dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea («Josu Ternera») ocurrido en junio de 1975 en Biarritz —atentado que se saldará con la muerte de uno de los agresores, Michel Cardona, antiguo miembro del OAS (Organisation de l’armée secrète)—. Ahora bien, en muchos de los atentados que habrán de perpetrarse durante la transición contra intereses vascos en el País Vasco, tanto francés como español, no participarán mercenarios, sino únicamente activistas que en algunos casos contarán con la ayuda de agentes pertenecientes a las Fuerzas del Orden Público.

Por consiguiente, la definición de las acciones vinculadas con la «guerra sucia» dista mucho de resultar sencilla. La verdadera pregunta es doble. Concierne en primer lugar, más allá del problema vasco, al grado de implicación del Estado en las acciones de los «incontrolados». ¿Es posible establecer un continuo interpretativo entre las acciones cometidas por la nebulosa ultra, es decir, por un conjunto de «incontrolados» puntualmente sostenidos por miembros aislados de las fuerzas policiales, y las que se impulsan, organizan y llevan a cabo desde el núcleo mismo del aparato del Estado? En segundo lugar, ¿cabe establecer una continuidad cronológica entre las prácticas irregulares que se detectan en la lucha contra la subversión terrorista desde el final del franquismo hasta la etapa socialista? ¿En qué medida puede concluirse que el hecho de que el Estado recurra a la violencia ilegal es, o no es, una práctica heredada de la dictadura?

Esta última interrogante es crucial, ya que su importancia se sitúa a la altura del envite político asociado con ella: ¿quiénes habrían sido, en última instancia, los responsables de la «guerra sucia»? Los socialistas tratan de negar toda responsabilidad en la existencia de los GAL, afirmando que su genealogía se remonta en realidad a la etapa anterior, con lo que la «guerra sucia» se habría limitado a prolongarse durante su etapa de gobierno. Esta será la tesis que defienda Felipe González en 1995, en la época de mayor intensidad de las sospechas sobre su persona[64]. Como es obvio, los dirigentes de la UCD desmienten con vehemencia esa tesis, empezando por Martín Villa, quien sostiene que «es cierto que en tiempos de la UCD hubo initiativas de combate ilegal del terrorismo. También es cierto que estos movimientos cesaron con posterioridad a mi etapa como Ministro del Interior, exactamente en diciembre de 1980, dos años antes de la toma de posesión de don Felipe González como presidente del gobierno»[65]. De hecho, el Batallón Vasco-Español reivindica efectivamente sus últimas acciones antes de la llegada del gobierno socialista. Por otro lado, esas acciones no se remontan a diciembre de 1980, sino al mes de abril de 1981[66], fecha en la que se produce la detención de Ladislao Zabala e Ignacio Iturbide, ambos miembros del BVE, a quienes se les imputará la perpetración de siete asesinatos entre 1979 y 1981, arresto tras el que desaparecerán las siglas de este grupo. La cronología comúnmente aceptada del terrorismo estatal señala así que su primera fase tiene lugar entre 1975 y 1976, seguida de una pausa en el bienio 1977-1978, atribuida a la incertidumbre sobre el porvenir político de España y la futura evolución del terrorismo. La reanudación de los ataques en el verano de 1978, con el atentado contra el matrimonio formado por Juan José Etxabe y Rosario Arregui en San Juan de Luz, inaugurará la fase más sangrienta, que llegará a su fin en 1981, como acabamos de señalar, con la detención de Zabala e Iturbide. Se iniciaría así una segunda y prolongada pausa que se mantendrá por espacio de varios meses, hasta el surgimiento de los GAL, en octubre de 1983.

Frente a esta visión retrospectiva que impone una interpretación de la «guerra sucia» centrada en los GAL, nuestro corpus de datos sugiere una mayor continuidad, fundada en el conjunto de las acciones perpetradas por la extrema derecha y en la permeabilidad de los límites que separan los distintos tipos de acción. Las percepciones del fenómeno, emborronadas por los envites políticos que ya hemos mencionado anteriormente, adquieren un perfil todavía más difuso debido a la ausencia de fuentes fiables capaces de aportarnos información sobre la primera fase, dado que, en sí misma, la «guerra sucia» que tuvo lugar durante la transición no ha sido objeto de ningún estudio en profundidad ni de ninguna revisión judicial[67]. Ante la existencia de estas zonas de penumbra, los raros testimonios de que disponemos resultan inestimables, aunque haya que examinarlos con cautela. Destaca entre ellos el del general José Antonio Sáenz de Santa María, que ocupará una serie de puestos clave en el aparato de seguridad del Estado entre principios de la década de 1970 y finales de la de 1980[68]. Del mismo modo, también es necesario recuperar las percepciones de los actores de la época para comprender los envites políticos latentes que se dirimían por entonces, a menudo muy alejados de las interpretaciones posteriores. Partiendo de estas bases, ¿qué podemos decir de las prácticas irregulares y violentas que emplean los agentes de los servicios de seguridad del Estado para luchar contra un terrorismo llamado a convertirse, de 1978 en adelante, en la principal amenaza para la consolidación democrática?

Confabulados con los «incontrolados»

Al margen de la pasividad policial de la que ya hemos hablado, lo cierto es que en el transcurso de la transición hay una permanente sospecha de connivencia entre los activistas ultras y las fuerzas policiales. Hay guardias civiles y policías que aparecen mezclados con los activistas de extrema derecha que siembran el terror en algunas ciudades. En octubre de 1976 ya se había identificado a varios guardias civiles entre los grupos de alborotadores que habían causado destrozos en la vía pública de Durango tras el asesinato de Juan María de Araluce. El juicio de los asesinos de Atocha sacará posteriormente a la luz la existencia de estrechos vínculos entre los acusados, próximos a Fuerza Nueva y a la Falange, y los policías de la antigua Brigada Político-Social —como ocurre por ejemplo con Juan Antonio González Pacheco, conocido como «Billy el Niño»—. El tribunal llamará a este último, junto a su superior, Roberto Conesa, a comparecer en el juicio, y, por otra parte, el juez de instrucción convocará a un guardia civil para que declare sobre su implicación en la muerte de Arturo Ruiz durante la «Semana Negra». En 1978, en San Sebastián, nueve policías sobre los que recae la sospecha de haber colaborado con unos comandos ultras serán trasladados fuera del País Vasco[69]. En febrero de 1980, la policía desarticula un movimiento extremista denominado «Ejército Español de Liberación», revelándose entonces que uno de sus integrantes es un guardia civil[70]. En Valladolid habrá que esperar a que Rosón decida abordar al fin el problema de la violencia radical, a principios de 1981, para que queden de manifiesto las vinculaciones que unían a policías y activistas. Podría ponerse una multitud de ejemplos, pero en general todos tienden a mostrar que la implicación directa de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad en las acciones de los «incontrolados» es un fenómeno, si no generalizado, sí al menos habitual y extendido mucho más allá del País Vasco. El socialista Alfonso Guerra ironizará en 1977 sobre esos «incontrolados» que finalmente no se hallarían tan al margen de los controles como parece: «a veces no se sabe si son policías (a veces sí se sabe) […]. ¿Quién controla a los incontrolados? Habría que preguntarse también si no es usted [el gobierno] quien controla a los incontrolados cuando en el propio informe de la Policía se dice que el incontrolado famoso de marrón sale del propio cuartelillo de la Policía»[71]. En efecto, la recurrencia de la implicación de las Fuerzas de Seguridad en esos ataques solo puede comprenderse asumiendo que los agentes comprometidos en los hechos contaban con la protección de sus superiores.

Según Sáenz de Santa María, Ángel Campano, director general de la Guardia Civil en tiempos del gobierno de Arias Navarro y representante del ala dura del «búnker», proporcionaba apoyo a los agentes que participaban en esas acciones directas. Por ejemplo, los Guerrilleros de Cristo Rey, autores de la agresión perpetrada en la persona del periodista José Antonio Martínez Soler, al que secuestraron y torturaron durante dos días, habrían actuado con «la ayuda y la protección de algunos guardias civiles». «No pudimos hacer gran cosa», prosigue Sáenz de Santa María, ya que «el director general del cuerpo era Campano y este tipo de excesos solían contar con su respaldo»[72]. El coronel Francisco Giménez, que desempeñaba sus funciones en el centro de instrucción de la Guardia Civil, habría sido uno de los mandos con relaciones privilegiadas con los Guerrilleros de Cristo Rey y Blas Piñar. De acuerdo con el testimonio del que fuera Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Giménez habría proporcionado a los Guerrilleros armas, entrenamiento, vehículos camuflados, cobertura policial y también agentes de paisano, capaces de intervenir directamente junto con los extremistas en las operaciones más complejas. Ejemplo de ello es el hecho de que un abertzale víctima de la explosión de unas granadas en su domicilio de Fuenterrabía ponga una denuncia al día siguiente y aporte como prueba una granada sin explotar en la que podía verse el emblema de la Guardia Civil. Para salvar la cara de la institución, Sáenz de Santa María se verá obligado a inventar la comisión de un robo en una fábrica de armas, justificando así la presencia de la granada en el domicilio del atacado —aunque en la actualidad reconozca que se trató de una acción promovida y perpetrada por un grupo de guardias civiles—. Tras el incidente, el general asegurará haber descubierto un verdadero arsenal de armas en manos de los Guerrilleros de Cristo Rey, guardado en el centro de instrucción del coronel Giménez, al que se impondrá la simbólica sanción de unos cuantos días de arresto domiciliario[73].

Según todas las pruebas, no solo hay agentes de la Guardia Civil que comparten la misma ideología de resistencia a la democratización que profesan los grupos de extrema derecha y que están igualmente dispuestos a ayudarles en su activismo; también existen en el seno de la Policía Armada, del Cuerpo Superior de Policía y de los Servicios de Información. Esos agentes actúan por su cuenta y riesgo y operan sin coordinarse entre sí, muchas veces como represalia por atentados que, perpetrados la víspera, se han saldado con el asesinato de uno de los suyos. Y a pesar de no contar con el respaldo explícito de sus superiores —como había ocurrido, en cambio, en el caso del teniente general Campano—, lo cierto es que sí pueden disponer al menos de la tolerancia de los jefes y altos cargos de esas instituciones.

El impulso de los servicios de seguridad

Al margen de esta implicación individual, tolerada y sostenida con medios materiales, las instituciones encargadas del mantenimiento del orden se hallarán también en la base de un conjunto de acciones criminales tendentes a combatir la subversión.

a) El papel motor de Carrero Blanco: el SECED (Servicio Central de Documentación)

En 1968, ante el incremento de las acciones de agitación estudiantil de los años sesenta, la Tercera Sección del Alto Estado Mayor del Ejército —encargada de la obtención de informaciones tanto exteriores como interiores— confiará al comandante José Ignacio San Martín la tarea de crear un grupo especial consagrado al control de la subversión universitaria (el SECED)[74]. Colocada en un principio bajo los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencias, el proyecto pasará rápidamente a manos del presidente del gobierno, asumiendo a partir de ese momento el nombre de Organización Contrasubversiva Nacional (OCN). San Martín creará en pocos meses una red de informadores basándose en un núcleo de militares, policías y guardias civiles, reclutamiento que más tarde se hará extensivo a los profesores afiliados al régimen y a los jóvenes civiles infiltrados en los círculos estudiantiles. Estos darán origen a organizaciones como Acción Universitaria Nacional (AUN), financiada por la Organización Contrasubversiva Nacional, que no solo publicará más panfletos y revistas que las asociaciones clandestinas, sino que lo hará además con una calidad superior. El éxito de la sección estudiantil incitará a Carrero Blanco a crear otras dos organizaciones similares, una en los círculos obreros y sindicales, y otra en el ámbito eclesiástico orientada en último término a vigilar al mundo intelectual y político en general. El presupuesto con el que cuenta San Martín aumentará de forma vertiginosa, sobre todo a partir de 1971, momento en el que Carrero Blanco decide hacer que la Organización Contrasubversiva Nacional dependa directamente de la presidencia del gobierno, bajo la nueva denominación de Servicio Central de Documentación[75]. A través de estas instituciones, que constituyen el embrión de los servicios secretos españoles, el Estado dotará de medios materiales a los jóvenes radicales que no tardarán en aficionarse a boicotear las asambleas democráticas, a oficiar como provocadores en las manifestaciones, a repartir octavillas de contra-propaganda o a intimidar a los militantes de ideologías adversas. Unas veces el Estado utilizará como pantallas a distintos grupos, arropados por diferentes siglas, y otras recurrirá a organizaciones como Fuerza Nueva, la Falange o el Partido Español Nacional Socialista, que disponen de jóvenes militantes dispuestos a implicarse en la acción directa.

De este modo, el asesinato del primer promotor del SECED provocará un profundo deseo de venganza y esto a su vez empujará a los más radicales, escasamente implicados hasta entonces en la lucha contra el nacionalismo vasco, a intervenir de forma directa en la ofensiva contra ETA. De ese modo, el grupo ATE, que reivindicará sus primeras acciones en octubre de 1975, distribuye panfletos en diciembre de 1977, durante la ceremonia de conmemoración fúnebre por el cuarto aniversario de la muerte del almirante Carrero Blanco. Esos folletos desvelan las supuestas tramas ocultas del atentado y acusan, en rápida sucesión, a la CIA, al KGB, al PCE y a Gutiérrez Mellado[76]. Un año después le seguirá en esta línea el Batallón Vasco-Español, que en la simbólica fecha del 21 de diciembre[77] reivindicará el asesinato del etarra «Argala» (José Miguel Beñarán), considerado como el cerebro del atentado perpetrado contra Carrero Blanco, verificándose de este modo una venganza que llevaba largo tiempo preparándose. La operación habría sido organizada por agentes del SECED —que se convertirá en Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en noviembre de 1977[78]— y al frente de la misma se habría situado un capitán de corbeta.

La intermediación del SECED permitirá asimismo que varios mercenarios extranjeros entren al servicio de la «guerra sucia». Y es que, en efecto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, España viene siendo un refugio para un buen número de exiliados políticos: fascistas alemanes, italianos, franceses, rumanos o croatas; franceses de Argelia integrados en la OAS y convertidos en apátridas tras perder Francia su colonia argelina; agentes de la policía política portuguesa (la PIDE) después de 1974; o peronistas argentinos. Este potencial vivero de activistas cuenta con la protección del Estado franquista, el cual puede recurrir a cambio a dichos grupos para efectuar algunos trabajos sucios contra los enemigos del orden establecido. Mariano Sánchez Soler afirma en este sentido que en septiembre de 1973 Carrero Blanco habría concedido su protección el príncipe Borghese y a su lugarteniente, Stefano Delle Chiaie, buscados en Italia por su intento de golpe de Estado de 1970, obteniendo a cambio que estos colaboraran con el SECED[79]. De este modo, Delle Chiaie habría quedado a las órdenes primero de San Martín y más tarde de Conesa cuando este último dirigía la Brigada Político-Social: y de hecho se hallará presente en los sucesos de Montejurra de mayo de 1976.

b) Montejurra y Cubillo: dos operaciones llevadas a cabo por el Estado

ETA no será la única víctima de esas violencias irregulares, ya que también se practicaron contra otras formas de contestación: en Montejurra en mayo de 1976 y contra Antonio Cubillo en 1978.

Diversos testimonios e investigaciones coinciden en señalar que la Guardia Civil tuvo una responsabilidad directa en los incidentes acaecidos en Montejurra durante la tradicional romería carlista[80]. Según Sáenz de Santa María, que asistió a algunas reuniones preparatorias, la «Operación Reconquista» se concibió y organizó en los despachos de la dirección general de la Guardia Civil. El director general de la Guardia Civil, Ángel Campano, y su segundo al mando, Salvador Bujanda —ambos firmes partidarios de la rama ultra del carlismo que representaba Sixto de Borbón-Parma—, apoyarán la operación, cuyo objetivo consiste en apartar de toda aspiración de poder a la rama democrática de Carlos Hugo, llegando incluso a gravitar negativamente sobre la monarquía de Juan Carlos y a movilizar una vez más a la extrema derecha, que parece empezar a perder empuje. José Arturo Márquez de Prado, jefe operativo del carlismo de Sixto, es el artífice de la intentona, y Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado —que pocos meses después será secuestrado por los GRAPO— actuará como su principal fuente de financiación. Campano afirma que el plan no solo cuenta con la bendición de Manuel Fraga y de Arias Navarro sino también con la colaboración del SECED. Sáenz de Santa María, que habría conseguido evitar que la Guardia Civil proporcionase metralletas y armas reglamentarias a los carlistas, aceptará procurarles en cambio unos radiotransmisores portátiles para sus comunicaciones y un pequeño grupo de hombres disfrazados de requetés carlistas. Oriol y otros —de entre los que destaca el nombre de Juan María de Araluce, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa que posteriormente será asesinado por ETA— se ocuparán de organizar y financiar el servicio de transportes con el fin de atraer al mayor número posible de activistas de extrema derecha del conjunto del país —falangistas, militantes del Movimiento Nacional o miembros de Fuerza Nueva, todos los cuales ignoran el propósito de la operación—. Además de los partidarios directos de Sixto, los grupos armados están integrados por Guerrilleros de Cristo Rey y por mercenarios extranjeros disfrazados de requetés carlistas y reclutados por miembros del Servicio Central de Documentación. Entre los que alcanzan a reconocerse en las fotos que toman los periodistas figuran el italiano Stefano Delle Chiaie, el expolicía argentino Emilio Berra Alemán, o el francés Jean-Pierre Cherid —que más tarde aparecerá implicado en las acciones del Batallón Vasco-Español y el GAL.

Según lo previsto, varios comandos equipados con una metralleta quedan apostados la víspera con el fin de tender una emboscada a sus adversarios en lo alto del monte, mientras un grupo de mercenarios, Guerrilleros de Cristo Rey y partidarios de Sixto se mezclan con los manifestantes vestidos con el uniforme carlista y provocan una serie de enfrentamientos que dejan un balance de dos muertos y cerca de veinte heridos. El «hombre de la gabardina» que puede verse en una de las fotos, pistola en ristre, es José Luis Marín García-Verde, un comandante de Infantería retirado. Los guardias civiles presentes en el lugar de los hechos obedecen las órdenes recibidas y permanecen pasivos ante los incidentes, con la única excepción de una brigada enviada en el último momento por consejo de Sáenz de Santa María con el fin de preservar la imagen de la institución en caso de que la situación degenere. Como ya hemos visto, José Luis Marín García-Verde y José Arturo Márquez de Prado son detenidos y puestos rápidamente en libertad gracias a los buenos oficios del juez Rafael Gómez Chaparro, beneficiándose poco después de la amnistía de octubre de 1977, tras calificarse los hechos como un delito político. Por su parte, Manuel Fraga expulsará de España a Sixto de Borbón-Parma.

Son muchos los que opinan —y de entre ellos destaca justamente Sáenz de Santa María— que la «Operación Reconquista» constituyó el punto de partida de la utilización de mercenarios en la «guerra sucia», dado que hasta ese momento los ultraderechistas habían actuado en compañía de sus propios hombres, ayudados por agentes del orden público. «La conjunción de los distintos elementos que formaron la trama de esta operación es el primer paso de lo que durante la transición constituyó el núcleo de las operaciones de la llamada “guerra sucia” contraterrorista», afirma el general, refiriéndose al hecho de que en este primer acto intervinieran militares descontentos, partidos de extrema derecha —recurriendo a sus activistas violentos—, mercenarios extranjeros y miembros aislados de las Fuerzas de Seguridad. «Todo este entramado operó de alguna forma apoyado, directa o indirectamente», prosigue, «por los aparatos del Estado en todas las acciones de lucha antiterrorista durante los años setenta y ochenta»[81]. ¿Estaban Arias Navarro y Fraga al corriente de esta operación? Los días inmediatamente anteriores a los acontecimientos, una serie de notas redactadas por los delegados del Ministerio de Información y Turismo refieren al ministro que es previsible que se produzcan enfrentamientos, dada la gran afluencia de militantes de todo el país que cabe esperar en el día señalado[82]. Sin embargo, Fraga no consideró necesario retrasar el viaje que tenía planeado efectuar a Venezuela. Según Martín Villa, «Fraga fue advertido de lo que podía suceder por el entonces gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa. No se le hizo caso»[83]. En sus memorias, el aludido niega toda responsabilidad en los siguientes términos: «Quien no tenía ninguna responsabilidad eran el Ministerio, el Gobierno Civil de Pamplona y la Guardia Civil, que hicieron lo posible por reducir al mínimo las consecuencias del trágico choque»[84].

La segunda operación conocida, organizada por los servicios de seguridad, es la que conduce a la decapitación del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). A principios de 1978, el movimiento nacionalista canario empezará a adquirir un perfil particularmente amenazador debido al eco diplomático que despiertan sus reivindicaciones. Ante la posibilidad de que una instancia internacional reconozca que las Canarias constituyen un territorio colonizado por la metrópoli ibérica, los servicios de información de la policía deciden poner fin al movimiento de forma radical. Hoy en día conocemos efectivamente, siquiera de forma parcial, el origen del atentado contra Cubillo, gracias a las confesiones del agente doble José Luis Espinosa Pardo[85] y a las diversas sentencias judiciales que siguieron a su detención por la policía española en 1989[86].

La «Operación Mallorca» se habría planificado en torno al otoño de 1977, desde los despachos de la Dirección General de Seguridad en Madrid y con la anuencia de su director Mariano Nicolás. Roberto Conesa, que por entonces se hallaba al frente de la Comisaría General de Información, se encargó de llevar a la práctica toda la parte operativa. Para ello recurrió a uno de sus agentes, previamente infiltrado en el MPAIAC, que era precisamente José Luis Espinosa Pardo, quien solicitó a su vez los servicios de Juan Antonio Alfonso González, una vieja e inquietante amistad vinculada con el entorno revolucionario antifranquista. Será justamente Alfonso González quien contacte con el segundo autor material, José Luis Cortés Rodríguez. Espinosa proporcionará pasaportes a los dos mercenarios, así como dinero, apoyo logístico y un plan de acción que determinará el apuñalamiento de Cubillo junto al portal de su casa de Argel, el 5 de abril de 1978. Los dos ejecutores son detenidos la misma tarde del crimen, pero Espinosa conseguirá huir y regresar a España. No obstante, en mayo de 1978 los tres serán juzgados en Argel y condenados a pena de muerte (en el caso de Alfonso y Espinosa) y a veinte años de reclusión penal (en el de Cortés)[87]. En España, una sentencia de 1990 condenará a Espinosa a veinte años de cárcel por intento de asesinato[88], señalando al mismo tiempo que un grupo de personas desconocidas, pero pertenecientes a los servicios de policía españoles, ha promovido una acción destinada a decapitar a la organización independentista canaria. «Ha resultado acreditada la intervención, junto a Espinosa, de otro u otros “hombres de atrás” pertenecientes al aparato policial español de aquella época y que fueron también quienes tomaron la decisión delictiva en la persona de Antonio Cubillo», concluye la sentencia[89]. En ella se afirma también que existe la posibilidad de que el gobierno de la República Federal de Alemania hubiera cooperado en los hechos, ya que al ejecutivo alemán le preocupaba el destino que pudieran tener los capitales que había invertido en el archipiélago[90]. El Tribunal Supremo confirmará en 1992 las conclusiones anteriores y solicitará la apertura de una nueva instrucción para identificar a los policías implicados[91].

No obstante, la atribución de responsabilidades no llegará a estamentos superiores. Según lo que refiere Sáenz de Santa María, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores —que en la fecha del atentado se encontraba realizando una gira diplomática por África con el fin de contrarrestar las aspiraciones de Cubillo—, desconocía la existencia de la operación y más tarde el propio Oreja sostendrá que el atentado constituía una complicación añadida a las que ya implicaba inicialmente su misión. La Guardia Civil tampoco se habría visto implicada en modo alguno. En este caso, los hechos son obra de la Brigada Policial de Información y del comisario Conesa, apoyados probablemente por Martín Villa. Este, en su condición de «ministro del Interior […], fue el que organizó la operación para eliminar al líder del Movimiento de autodeterminación canario Antonio Cubillo», declarará el antiguo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil al periódico La Razón en 2001[92]. Durante la entrevista que realicé al exministro, Martín Villa no quiso pronunciarse sobre este asunto.

Observamos por tanto que, en el inicio de la transición, la organización de acciones violentas ilegales por parte de los servicios de seguridad del Estado para combatir las violencias de protesta no se limita únicamente a la lucha contra ETA. Sin embargo, a partir de 1978, al comprobarse que la banda terrorista vasca adquiere una creciente capacidad letal y que el Estado se ve impotente para contrarrestarla, este tipo de medios ilegales comenzarán a concentrarse sobre esta organización terrorista.

La «guerra sucia» contra ETA

En el transcurso del periodo que aquí estudiamos irán acumulándose sospechas sobre la existencia de un terrorismo de Estado dirigido contra ETA.

a) Las sospechas de un terrorismo de Estado durante la transición

En junio de 1975, tras el atentado contra «Josu Ternera» —a consecuencia del cual morirá Michel Cardona, uno de los integrantes del comando atacante y antiguo miembro de la OAS—, la policía francesa ya había arrestado a un segundo miembro del comando, herido de gravedad. El individuo, que respondía al nombre de «Edwards» y que más tarde afirmará ser de nacionalidad portuguesa y llamarse José Manuel Márquez, será juzgado en Pau en noviembre de 1976. El coche del tercer miembro del comando, Dominique Pulidori, que había conseguido huir, será hallado poco después del atentado en San Juan de Luz, encontrándose en su interior fotografías de varios refugiados vascos, junto con municiones, dos bombas y unos cuantos detonadores. En el transcurso del juicio, y a pesar de que los jueces insistan en conocer la relación que mantiene con dos españoles —y sobre todo con un tal capitán Acedo—, el acusado no revelará ningún dato asociado con los servicios secretos españoles con los que estaba en contacto. Será condenado a ocho años de cárcel por intento de asesinato, dado que la justicia francesa desestima la posibilidad de que exista una organización que se proponga atentar contra los refugiados vascos en Francia[93]. Al mismo tiempo se celebra en Bayona otro juicio contra tres miembros de un comando contrario a ETA —el italiano Robert Nanni, su compañera Annie Billard, y el español José Fernández del Barrio— a los que se ha detenido y hallado en posesión de armas y fotografías de «Argala». En el curso de la instrucción, los acusados habían hecho toda una serie de declaraciones de peso, pero durante el juicio negarán sus manifestaciones previas: Nanni había afirmado hallarse en contacto con un policía español llamado Juan Mesa, y que este le había encargado vigilar a los dirigentes etarras Txomin Iturbe y «Argala» y obtener informaciones con vistas a un posible secuestro. Por su parte, Fernández del Barrio había declarado que le habían contratado por seis millones de pesetas para llevar a término un secuestro. No obstante, la mujer de Tomás Pérez Revilla, que en marzo de 1976 había sido víctima, junto a su marido, de un atentado reivindicado por ATE, reconocerá al mercenario español y le identificará como uno de sus agresores. Pese a todo, la justicia francesa se contentará con juzgar a los acusados por posesión de armas, sin preocuparse, una vez más, de la posible existencia de una asociación ilícita. Los acusados serán condenados a penas comprendidas entre seis meses y dos años de prisión[94].

Se aprecian por tanto ya algunos indicios de que entre Francia y España se ha instalado una estructura organizada de lucha contra ETA en la que se hallan implicados los servicios secretos españoles. Sin embargo, los juicios, que se desarrollan más allá de las fronteras de la península y en un momento en el que la opinión se halla enteramente centrada en el proyecto emancipador de la Ley para la Reforma Política, no tendrán prácticamente ninguna repercusión en España. De hecho, habrá que esperar al año 1980 para que la cuestión del terrorismo de Estado comience a llamar la atención de las esferas políticas y mediáticas. Hasta ese momento, las cuestiones turbias acostumbran, bien a pasar desapercibidas, bien a no suscitar más que una vaga sospecha, rápidamente disipada por la tesis que difunden las autoridades, que sostiene que todo se debe a un ajuste de cuentas interno de la banda ETA. Y esa es precisamente la hipótesis que se maneja —y con razón— en el caso de la desaparición de «Pertur» (Eduardo Moreno Bergareche), secuestrado y asesinado en julio de 1976 en San Juan de Luz, en una acción que reivindicarán la Triple A, el Batallón Vasco-Español e incluso, pocos meses después, el VI Comando Adolfo Hitler. Por otra parte, surge también la tesis de que los sectores más duros de ETApm, representados por los comandos Bereziak (Especiales) y dirigidos por «Apala», habrían tratado de impedir que el carismático y moderado líder en que se había convertido Moreno Bergareche al elevar la voz en marzo contra la ejecución del industrial Ángel Berazadi, negociara con el gobierno reformista una salida pacífica de la violencia. Dos años después, volverá a esgrimirse la tesis del ajuste de cuentas —erróneamente en este caso— al producirse el atentado contra Juan José Etxabe, uno de los jefes históricos de ETA, ametrallado en San Juan de Luz el 3 de julio de 1978. Será la Triple A la que reivindique ahora el ataque, que se saldará con la muerte de su esposa. Pese al precedente que supone el hecho de que en octubre de 1975 el asesinato de Ignacio Etxabe, hermano de Juan José, sea reivindicado por ATE, la versión oficial sobre el atentado contra Juan José, basada en el ajuste de cuentas, se apoya en las revelaciones del propio Etxabe, que afirmaba haber dialogado sobre una eventual salida pacífica al conflicto con el periodista José María Portell, asesinado pocos días antes por ETAm[95]. Esta misma tesis del ajuste de cuentas volverá a emplearse en el caso «Argala», aunque con una credibilidad claramente inferior. De hecho, las características simbólicas del asesinato del dirigente histórico de ETA, reivindicado por el Batallón Vasco-Español, son demasiado obvias para admitir un desmentido —sobre todo por lo que hace tanto a la elección de la fecha (el 21 de diciembre de 1978, es decir, un día después de cumplido el quinto aniversario del asesinato de Carrero Blanco) como al modus operandi (su coche se eleva por los aires y aterriza a más de cien metros de distancia, tal como había sucedido con el vehículo del antiguo presidente del gobierno franquista)—. Para el editorialista de El País, el atentado constituye «un comienzo de “guerra sucia” contra el terrorismo de ETA, situada en esa vagarosa e inquietante tierra de nadie de los servicios paralelos o del arrendamiento de mano de obra asesina para cumplir planes concebidos en lugares más respetables»[96]. Pocas semanas después, el atentado fallido contra otro jefe histórico de ETA, «Peixoto» (José Manuel Pagoaga Gallastegui), que en enero de 1979 resulta gravemente herido en San Juan de Luz en una acción reivindicada por ATE y la Triple A, pasará en cambio poco menos que desapercibido en el conjunto del territorio nacional. Solo algunas formaciones políticas de extrema izquierda se manifestarán preocupadas, como por ejemplo el Partido Comunista de Euskadi, que se alza contra esa «guerra negra», contra esa «caza del hombre», tan inaceptable como contraproducente[97]. Martín Villa reconoce hoy que en cada uno de esos atentados tuvo persistentes dudas acerca de la posible intervención de las Fuerzas de Seguridad, fórmula que, en boca de quien entonces fuera ministro del Interior en ejercicio, constituye una suerte de confesión indirecta[98].

Pese a las escasas reacciones que habrán de suscitar los numerosos atentados reivindicados por el Batallón Vasco-Español a lo largo del año 1979, las sospechas irán permeando poco a poco en los sectores de la oposición, y, en 1980, una sucesión de casos determinará que la «guerra sucia» pase finalmente a formar parte de las prioridades políticas. Paradójicamente, la polémica surgirá a raíz de un caso atípico en el que se verán implicados varios extremistas ajenos al Batallón Vasco-Español, lo que demuestra una vez más la porosidad de los límites grupales existentes en el seno de la nebulosa antiterrorista. El 2 de febrero de 1980 se descubre en las inmediaciones de Madrid el cadáver de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, acribillado a balazos. El Batallón Vasco-Español reivindicará su muerte en un comunicado en el que se afirma que se trata de una «medida tomada como consecuencia del asesinato de los seis guardias civiles sucedido el día 1». «Seguiremos actuando», prosigue el comunicado, «hasta localizar y acabar con los tres comandos de información que actúan en Madrid»[99]. Sin embargo, poco después se detiene a Emilio Hellín e Ignacio Abad, militantes de Fuerza Nueva, hallándoseles en posesión de una abundante cantidad de armas —granadas militares, explosivos y material electrónico sofisticado en el que destaca la presencia de un receptor capaz de captar las radios de la policía y la Guardia Civil—. Además, la hipótesis de una implicación de las fuerzas policiales se verá reforzada por las declaraciones de uno de los acusados, que afirma que un miembro de la brigada policial de inteligencia le había informado de la identidad de la víctima, indicándole que se trataba de un integrante de ETA. Forzado por las protestas de la oposición[100], el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, condenará con firmeza el contraterrorismo de «quienes predican o practican el terrorismo, aunque pretendan disfrazarlo como una respuesta al mismo. Terrorismo contra terrorismo es más terrorismo». El ministro reconoce por primera vez en público que un miembro de las Fuerzas de Seguridad está, ya que no «implicado», sí cuando menos «relacionado» con el asesinato, comprometiéndose personalmente a velar para que la investigación llegue al fondo del asunto. Como ya había ocurrido con la impunidad de los activistas de extrema derecha, en 1980 las prácticas ilegales de lucha contra el terrorismo —que no solo existían desde hacía tiempo, sino que hasta la fecha habían sido relegadas a los márgenes del debate público— se vuelven ahora intolerables. Se señala que estas prácticas arrojan una oscura sombra sobre las instituciones democráticas. La investigación de las responsabilidades se convierte en una exigencia moral, y así lo afirmará el propio ministro del Interior, orientada a «defender el buen nombre de unos Cuerpos integrados por hombres de honor que diariamente están sellando, con su sangre, su lealtad a la ley, su amor a la Patria y su entrega total al servicio de esa paz en democracia que tan de veras deseamos todos los buenos españoles»[101]. Por consiguiente, la defensa del honor de la policía no consistiría ya en negar categóricamente la más mínima complicidad con algunas bandas criminales, sino en desvelar y sancionar a los responsables para devolver a la institución su pureza original. Con todo, una vez más, las hermosas palabras quedarán reducidas a papel mojado y las acusaciones no lograrán llegar hasta los cuerpos de seguridad —y, de hecho, ni siquiera alcanzarán a David Martínez Loza, jefe del servicio de orden de Fuerza Nueva, pese a que en la instrucción judicial de su caso quede atestiguada su implicación directa en los hechos[102].

Este es el contexto en el que resurgirá el caso Etxabe, en agosto de 1980, al detener la policía francesa a Joseph Zurita, un traficante de drogas marroquí al que se considera presunto autor del atentado —lo que contradice la versión oficial del ajuste de cuentas—. Poco después, la justicia francesa reclamará la comparecencia del general Hermosilla, por entonces jefe de la V Zona de la Guardia Civil, con base en Logroño, y encargado del control de la frontera de Guipúzcoa, ya que se le acusa de haber actuado como contacto de Zurita en España. El general desmiente la acusación, apoyado tanto por sus superiores como por la justicia española, y el fiscal del Tribunal Supremo ordena el secuestro de las publicaciones que han difundido esos rumores, presuntamente falsos[103]. Sin embargo, el escándalo provocado por el atentado perpetrado en Hendaya el 23 de noviembre de 1980 reactivará las sospechas, ya de por sí persistentes, de la oposición[104]. Ese día, un comando antiterrorista ametralla a ciegas el bar Hendayais, frecuentado por los refugiados vascos, provocando dos muertos carentes de toda relación con ETA —José Camio, obrero, y Jean-Pierre Haramendy, jubilado— y diez heridos. Los asesinos huyen en un Renault 18 verde con matrícula francesa. Poco después, un vehículo idéntico cruza la frontera y es detenido por los guardias civiles españoles. Sus ocupantes declaran que pertenecen a la policía española y llaman a Manuel Ballesteros, que en esa época ejerce el cargo de comisario general de Información, quien ordena su puesta en libertad. Dos días después, el Batallón Vasco-Español reivindica el atentado. El caso suscita una fuerte tensión diplomática entre España y Francia, ya que este último país exige la identificación de los agresores y acusa de complicidad a las autoridades españolas. El caso llega al Parlamento[105], pero Rosón niega cualquier relación entre los policías detenidos en la frontera y los asesinos: la tesis oficial sostiene que los primeros eran agentes de una red de información del País Vasco francés y que emprendieron precipitadamente la huida a España por temor a ser descubiertos por ETA. Sin embargo, los rumores comienzan a adquirir mayor consistencia: Sánchez Montero mantiene que se identificó a dos mercenarios, los hermanos Perret, de nacionalidad francesa y antiguos miembros de la OAS, con residencia en Benicàssim, a lo que añade que habrían actuado a las órdenes de Juan Antonio González Pacheco, debido a que Roberto Conesa había sido apartado de sus funciones[106]. Pese a los reiterados desmentidos del gobierno[107], el caso de Hendaya conseguirá convencer a todos de que existe una guerra ilícita contra el terrorismo vasco. Los socialistas vascos, indignados además por la muerte de Arregui, torturado en dependencias policiales, hablarán abiertamente de «terrorismo de Estado», afirmando que este se perpetra en nombre de «supuestas razones de Estado»[108]. Por lo demás, el escándalo coincide con la celebración de un juicio en Pau en el que los encausados son miembros del comando que asesinó a Justo Elizarán en septiembre de 1979 en Biarritz. Uno de los acusados, Maxime Szornek, detenido en posesión de una serie de datos relacionados con los vascos refugiados en Francia —datos procedentes de los archivos de la policía española— y del número de teléfono de los hermanos Perret, declarará que Manuel Ballesteros le había entregado dinero como contrapartida por el atentado[109]. La justicia francesa, que ya desde el principio de la transición venía acumulando indicios de la participación de las Fuerzas de Seguridad españolas, reclamará ahora oficialmente la comparecencia de este último[110].

A principios de 1981 las emociones están, pues, en su punto máximo. Sin embargo, todas estas circunstancias, que habrían podido constituir un punto de partida para el exhaustivo esclarecimiento de los hechos, quedarán cortocircuitadas por los acontecimientos del 23-F, y, poco después, por la súbita parada, tras el arresto de Zabala e Iturbide, de las actividades del Batallón Vasco-Español. En 1985, los dos mercenarios serán condenados a más de doscientos años de cárcel. Según las conclusiones, habrían «decidido actuar por su cuenta»[111] y, con esto, el tema de la primera «guerra sucia» quedará cerrado para un gran número de años.

b) El Batallón Vasco-Español: un intento de interpretación

Pese a los casi cincuenta atentados y las treinta víctimas que reivindicarán ATE y el Batallón Vasco-Español, la comprensión de las actividades antiterroristas no logrará avanzar más durante la transición. Serán las investigaciones sobre los GAL las que permitirán esclarecer a posteriori algunos de sus aspectos, aunque sin conseguir no obstante que la justicia pruebe o sancione alguno de sus elementos. ¿Cómo interpretar entonces, partiendo de estos datos dispersos, la naturaleza de estos grupos y la relación que mantienen con los servicios de seguridad del Estado?

Disponemos de dos interpretaciones opuestas. La primera considera que ATE y el BVE serían unas siglas desprovistas de carácter orgánico, utilizadas por militantes de extrema derecha, y que sus activistas actuarían en conjunción con miembros de distintos cuerpos de seguridad. De este modo, según José Luis Cervero, un antiguo sargento de la Guardia Civil que hizo una serie de revelaciones polémicas sobre su implicación en la lucha contra el terrorismo[112], ATE sería «unas siglas inventadas que utilizaban los grupos que recibían órdenes del Estado Mayor de la Guardia Civil»[113]. También Sáenz de Santa María considera que «muchas veces los autores de los golpes eran los mismos, daban igual las siglas a las que se acogían»[114]. Según él, los guardias civiles de los servicios de información destinados en San Sebastián utilizaban el fichero de mercenarios creado tras los sucesos de Montejurra de 1976 para actuar bajo la tapadera de las siglas ATE. En el BVE actuaban fundamentalmente militares e hijos de militares —de Valladolid, en la mayoría de los casos, aunque algunos estaban radicados en Irún o Pamplona—, con el apoyo logístico y la cobertura oficial de las autoridades. El general Sáenz de Santa María refiere como sigue uno de los modus operandi de los comandos. A las órdenes de un capitán de los servicios de información de la Guardia Civil, esos comandos especializados y móviles se desplazaban a la localidad designada, recibían órdenes en el último momento, y las ejecutaban tras la puesta de sol. «Uniformados de día, incontrolados de noche», decía con insistencia uno de los rumores que circulaban por el País Vasco. Las misiones de esos comandos no se proponían tener siempre efectos letales, como sugiere una de ellas, consistente en dinamitar la tumba de Telesforo Monzón, uno de los líderes espirituales del nacionalismo vasco, elegido diputado por Herri Batasuna en 1979 y fallecido en marzo de 1981[115].

Esta interpretación del BVE como una entidad desestructurada se opone a la que mantienen los especialistas de los GAL, para quienes el Batallón Vasco-Español guardaba más parecido con una red organizada de mercenarios reclutados para ejecutar las misiones que los servicios de seguridad decidían. A lo largo del periodo, la participación de mercenarios quedará de manifiesto en varias ocasiones, aunque nunca ha podido probarse que fueran los servicios del Estado quienes los contrataran o les pagaran. Con el tiempo irán surgiendo algunos nombres, asociados con los GAL. En torno al año 1978 habrían actuado dos grupos, organizados por la misma época en que se crea el SECED: el primero habría estado dirigido por el francés Jean-Pierre Cherid e integrado por los italianos Mario Ricci (alias «Carlo Vannoli») y Giuseppe Calzona, los argentinos José María Boccardo y Justo Alemán, y el checo-francés «André Pervins» (cuyo verdadero nombre era Vladimir Vit); el segundo grupo se habría configurado en torno a los hermanos Clément y Gilbert Perret, quienes se encargarán de subcontratar a su vez a los delincuentes de los bajos fondos de Marsella o Burdeos[116]. Giuseppe Calzona, detenido en 1984, sigue una trayectoria muy característica en este tipo de círculos[117]. Llega a España en 1973, tras proponérselo uno de sus camaradas italianos que le había asegurado que, a cambio de su participación en diferentes acciones de los servicios secretos, recibiría la protección del gobierno español. Se asocia con los círculos ultras de Barcelona, y más tarde con los de Madrid, tutelado en todo momento por Stefano Delle Chiaie. A principios de 1976, participará en varias acciones de identificación y de localización de etarras en el sur de Francia, a petición de un tal Enzo, que le asegura que se trata de un encargo del gobierno. A este trabajo de averiguación le sigue después la orden de pasar a la acción, siendo su principal objetivo el etarra Tomás Pérez Revilla (gravemente herido en marzo de 1976). Calzona sostiene que en esta época conoció a Jean-Pierre Cherid, y que este le incorporó a su banda de mercenarios. Cherid[118] —que fallece en marzo de 1984 al colocar unos explosivos en un coche— nos permite establecer un vínculo entre el BVE y los GAL, ya que es una figura emblemática del contraterrorismo vasco. Nacido en Argelia en el seno de una familia francesa, antiguo militante de la OAS, buscado en Francia y refugiado en España tras haber actuado durante algún tiempo como mercenario en Biafra, Cherid entrará en contacto con el SECED a principios de los años setenta. Estará presente en los sucesos de Montejurra y, según algunos planteamientos, habría recibido posteriormente el encargo de crear una red de sicarios dispuestos a trabajar para los servicios secretos —red que estaría tras el asesinato de «Argala» y de buena parte de las acciones reivindicadas en esa época por el BVE—. En su cadáver se encontrará una tarjeta oficial de los servicios de información de la Guardia Civil, y en su domicilio aparecerán unas informaciones que permitirán efectuar una serie de detenciones en Francia, en los bajos fondos de Burdeos y París[119].

En lugar de contraponer antagónicamente estas dos interpretaciones, nuestras investigaciones nos llevan a adoptar una definición más amplia del terrorismo de Estado en el que se funden ambas, lo que determina la existencia de un continuo interpretativo que coincide con las conclusiones de Íñigo Iruin, abogado de la parte civil contra los GAL y experto en la «guerra sucia»[120]. Iruin distingue dos tipos de terrorismo de Estado. El primero, el «terrorismo incontrolado», se compone de acciones perpetradas por elementos pertenecientes a las fuerzas del orden o por grupos de extrema derecha, va dirigido contra los adversarios políticos de esa línea ideológica, y se comete desde posiciones relativamente autónomas. El segundo es el «terrorismo mercenario», se basa en el reclutamiento de agentes externos y depende directamente de una política de lucha contra ETA diseñada por los servicios de seguridad. En la etapa que nos interesa, estos dos tipos de terrorismos coexisten e integran una nebulosa de acciones perpetradas bajo la reivindicación de una multiplicidad de siglas.

c) El grado de implicación del Estado

Nos faltan en cambio informaciones relativas al grado exacto de implicación del Estado, en particular sobre los dos primeros niveles de responsabilidad definidos por Iruin: el de las decisiones políticas y el de la definición estratégica y operativa[121].

Los únicos procesos judiciales que habrán de celebrarse en España tuvieron de facto el efecto de absolver de toda culpa a los cuerpos de seguridad. En el caso de Zabala e Iturbide, la justicia concluyó sencillamente que la única responsabilidad imputable era la individual de los propios acusados. En el caso de Hendaya, Ballesteros será puesto bajo sospecha, pero disfrutará de la protección más absoluta por parte del gobierno español —amparo del que seguirá beneficiándose durante la etapa de Felipe González—. En 1985, tras numerosas negativas de comparecencia ante la justicia francesa, el antiguo comisario general de Información se verá finalmente obligado a presentarse ante la Audiencia Provincial de San Sebastián. José Barrionuevo, recientemente nombrado titular del Ministerio del Interior, le manifestará su respaldo, asegurándose de su silencio. No obstante, Ballesteros será condenado por los delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación —dado que siempre se negó a revelar la identidad de los tres individuos detenidos en la frontera—, aunque tras la correspondiente apelación, el Tribunal Supremo terminará absolviéndole. «Era lo justo y lo que se merecía este profesional de la policía» de excepcional lealtad, afirma Barrionuevo[122]. En 1986, será nombrado incluso director del gabinete de Información de la Subsecretaría de Estado de Seguridad —dirigida por Rafael Vera—, poniendo de este modo al servicio del gobierno socialista sus competencias profesionales en la lucha antiterrorista. La impunidad ampara por tanto a los agentes de la seguridad del Estado que aparecen implicados en el contraterrorismo, y esto incluso durante la etapa socialista, lo que dificultará la investigación de las redes organizadas con anterioridad.

No obstante, los escasos datos disponibles indican, como también ocurre en el caso de las demás acciones radicales de derechas, que la responsabilidad ha de atribuirse a determinados sectores del SECED-CESID, de la Comisaría General de Información y del Alto Estado Mayor de la Guardia Civil. En el CESID, que en esta época todavía se hallaba en fase embrionaria, predominaban los militares nostálgicos del régimen anterior, mientras, por otra parte, los guardias civiles y los policías se dedicarán a preservar celosamente su radio de acción, aunque no sin provocar fuertes episodios de rivalidad interna[123]. De este modo, las luchas intestinas que habrán de desgarrar a los servicios de información tras el 23-F —en el que aparece implicado un determinado sector del CESID, integrado por antiguos miembros del SECED[124]— contribuirían a explicar la pausa que experimentan en 1981 las acciones contraterroristas. No obstante, persiste todavía la duda respecto a los vínculos existentes entre este nivel y el de los dirigentes políticos: ¿actúan de forma autónoma estos sectores, o dependen de decisiones adoptadas en el plano político? De hecho, la duda resulta tanto más legítima cuanto que los líderes de la transición no disponen, ni mucho menos, de un control total de los servicios secretos, dado que estos cuentan con un gran margen de maniobra para actuar de forma autónoma. Por consiguiente, es poco probable que las acciones se organizaran desde el gabinete del ministro del Interior. Sin embargo, en marzo de 1981, la brusca imposición de un punto final a las acciones del BVE —tras la detención de dos individuos que llevaban tres años actuando en la más absoluta impunidad— alimenta la hipótesis de que, en último término, el gobierno podía controlar en cierto modo el terrorismo de ese grupo. Estas detenciones, derivadas de la presión política y popular, dan fe tanto de la existencia de una nueva voluntad política, decidida a poner fin a dichas prácticas, como de la complacencia que actuó como tapadera en los años inmediatamente anteriores. Tras la intentona de golpe de Estado, el BVE se convirtió en una realidad más incómoda que útil para los intereses del gobierno. Por consiguiente, cabe concluir que si bien el gobierno no fue el cerebro de esta primera «guerra sucia», por lo menos tenía la capacidad de poner fin a sus acciones. Lo que lo convierte necesariamente en cómplice.

«Déjalos. Que se desfoguen. Algo asustarán», habría oído comentar Sáenz de Santa María en el Ministerio del Interior[125]. La opinión que predominaba en los círculos de la policía y el gobierno sostenía efectivamente que las acciones del BVE tenían una cierta eficacia, entendida en el sentido de que reducían la sensación de impunidad total que reinaba entre los vascos refugiados en Francia. En esa época, el «santuario francés» era una realidad, dado que Francia se mostraba reacia a colaborar con un gobierno al que todavía costaba ver como plenamente democrático. Los refugiados vascos, que eran el blanco contra el que actuaba el BVE, empiezan de ese modo a sentir miedo y a no mostrarse tan a las claras en los bares de Hendaya, San Juan de Luz o el casco viejo de Bayona. La impunidad de los «incontrolados» parece ser entonces un justo reflejo de la impunidad etarra. Sin embargo, Sáenz de Santa María afirma haber sido consciente de los efectos contraproducentes de esas acciones, ya que con cada atentado del BVE, «se legitima de alguna manera a ETA, porque se abunda en su teoría de falta de libertades democráticas y enfrentamiento con un Estado represor»[126]. Como ya sucediera con el resto de las acciones violentas del Estado (detenciones en masa, torturas y abusos policiales), las prácticas contraterroristas aportan agua al molino de la tesis nacionalista que sostiene que «nada ha cambiado» desde la muerte de Franco. Entendidas como prueba añadida de la persistencia de un sistema represivo y de la farsa democrática, dichas acciones contribuirán a nutrir las filas de ETA. Ahora bien, si nos atenemos, como hasta ahora, a los planteamientos del general Sáenz de Santa María, estos argumentos parecen no incidir en los dirigentes de la UCD: «quedé con la impresión», señala, «de que este asunto le rebasaba [refiriéndose a Rosón]»[127]. No debemos olvidar que en 1980 la opinión pública empieza a hartarse seriamente de la lista de víctimas del terrorismo, cuya longitud parece crecer de forma infinita gracias a la impotencia de un Estado reducido a acumular detención tras detención, operando a ciegas, y a aceptar en último término que los jueces pongan inmediatamente en libertad a los arrestados. Los dirigentes políticos, que no optan por una estrategia de fondo bien definida, se contentan con coleccionar los comunicados de condena de la violencia, venga de donde venga, y a ajustar sus declaraciones al ritmo impuesto por los atentados y los escándalos en los que aparecen implicados algunos agentes del Estado.

Ni siquiera la oposición se mostrará excesivamente indignada por esas acciones ilegales contra los círculos nacionalistas vascos: ya hemos visto que el Parlamento no se ocupará de este tema sino en los casos más flagrantes y de forma extremadamente puntual. Una vez pasado el momento de mayor tensión emocional, la polémica se olvida. La prensa tampoco se inquietará seriamente por esta deriva del Estado de derecho, dado que las investigaciones periodísticas son tan infrecuentes como incipientes. Lo cierto es que no resulta sencillo avanzar por el brumoso panorama del contraterrorismo, en el que se mezclan activistas de los partidos de extrema derecha con policías, guardias civiles, militares, miembros del hampa local y mercenarios extranjeros. Es posible que a lo largo de todo el periodo de la transición esta fuerte dispersión de los actores contribuyera a difuminar las percepciones. En esta desordenada mezcolanza de acciones violentas, la «guerra sucia» no constituye ni un fenómeno claramente identificable ni una realidad identificada. Esta dispersión permite eludir la cuestión de la responsabilidad directa del gobierno, que aparece diluida en una confusa cascada de implicaciones de diversa índole. Solo más tarde, al reducirse el panorama a la violencia de ETA por un lado, y a la de los GAL por otro, aparecerá a la plena luz del día esa responsabilidad estatal, sembrándose con ella la duda respecto a lo ocurrido en el periodo anterior.

d) Epílogo: los GAL

La sentencia del Tribunal Supremo del 29 de julio de 1998[128] declarará culpables de los delitos de malversación o detención ilegal a los doce acusados en el caso de Segundo Marey, secuestrado el 4 de diciembre de 1983 en Hendaya, en la primera acción reivindicada por los GAL. El dictamen de la sala condena a los policías que han perpetrado el crimen, a sus organizadores (el subcomisario José Amedo y su compinche de origen francés, Michel Domínguez, encargados del reclutamiento de los mercenarios llamados a actuar en nombre de los GAL al amparo del comisario Miguel Planchuelo, de la Brigada Regional de Investigación Social, que a su vez dependía de Francisco Álvarez, jefe de policía de Bilbao) y también a los responsables políticos en los que se había originado la operación: Ricardo García Damborenea, secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya; Julián Sancristóbal, gobernador civil de esa misma provincia, nombrado más tarde director general de Seguridad en febrero de 1984; Rafael Vera, que ocupaba ese puesto antes de convertirse en subsecretario del Ministerio del Interior; y José Barrionuevo, titular de esta última cartera. En cambio, el tribunal absolverá a los acusados del delito de pertenencia a banda armada. Con esta sentencia, la justicia española reconoce, quince años después de ocurridos los hechos, la implicación de las más altas autoridades del Estado (aunque Felipe González permanecerá al margen de las imputaciones, pese a la presión de la parte acusadora) en la organización de una acción violenta ilegal en el marco de la lucha contra ETA, financiada con los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Además del secuestro de Segundo Marey, los GAL son autores de cerca de 50 atentados y 28 asesinatos —con el agravante de que nueve de sus víctimas carecían de toda relación con ETA—, todos ellos perpetrados entre octubre de 1983 y febrero de 1986[129]. Los GAL habrían surgido en una reunión de la Junta de Seguridad del Ministerio del Interior, y la idea de las siglas habría partido del comisario Francisco Álvarez, que habría concebido la organización a la manera de una pieza fundamental en la estrategia global de la lucha contra ETA. En 1982, cuando todo el mundo creía que la cuestión vasca podía encontrar una salida pacífica, dado que la izquierda había llegado al poder en el Estado, ETA dejará claro que sigue decidida a continuar su lucha asesinando, ya en el mes de noviembre de ese mismo año, al general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete (Madrid). Tras el primer encuentro entre José Barrionuevo y su homólogo francés, Gaston Defferre, en abril de 1983, la esperanza de un incremento de la colaboración de Francia, con Mitterrand al frente, quedará en un entredicho aun más acentuado que en épocas anteriores. «¿Es cierto que existe un Parlamento vasco?», le pregunta Defferre a su colega español después de haberle declarado que «los etarras le recordaban lo que él mismo había sido, un miembro de la Resistencia»[130]. Estas afirmaciones resumen la ignorancia hostil que sigue manteniendo Francia frente al problema del terrorismo vasco[131], una hostilidad en la que insistirá la sentencia de 1998 como factor explicativo clave del recurso a la acción directa. Tras el secuestro y posterior asesinato por ETA del capitán Alberto Martín Barrios, en octubre de 1983, Barrionuevo efectuará una serie de cambios en su Ministerio, dando pruebas con ello de un giro estratégico favorable a la línea beligerante que defiende Ricardo García Damborenea[132]. Carlos Sanjuán, subsecretario de Estado en el Ministerio del Interior y partidario de efectuar una profunda reforma del sistema de seguridad y sus mandos, es apartado y sustituido por Rafael Vera, que dejará la Dirección General de Seguridad en manos de Julián Sancristóbal, quien, secundado por Francisco Álvarez, se ocupará de la lucha antiterrorista. El objetivo consiste en terminar con ETA y con la pasividad francesa.

La estrategia adoptada se propone sembrar el terror en los círculos nacionalistas vascos del «santuario francés» y obligar a Francia a colaborar, incitándola a expulsar a los refugiados vascos y a ponerlos en la frontera española. Un informe del CESID, fechado en julio de 1983, aconseja emplear la modalidad de la desaparición mediante secuestro. La primera tentativa[133], efectuada en la persona del dirigente etarra José Mari Larretxea Goñi, en octubre de 1983, se saldará con un fracaso, ya que los cuatro policías españoles son detenidos por sus homólogos franceses. Se organiza entonces un segundo secuestro, el de Mikel Lujua Gorostola, aunque en este caso recurriendo a mercenarios. Estos se equivocan de objetivo y secuestran a Segundo Marey, que no tiene nada que ver con ETA. Aun así, Sancristóbal, Damborenea y Álvarez deciden, con el respaldo de Barrionuevo, mantener preso al rehén para presionar a las autoridades francesas y obligarlas a dejar en libertad a los cuatro policías detenidos por el caso Larretxea. Estos primeros atentados ponen claramente de manifiesto la íntima relación que une la existencia de los GAL con la falta de cooperación de Francia, así como la estrategia operativa que se pasa rápidamente a adoptar: recurrir a mercenarios que únicamente actúan en el territorio del país vecino para alimentar la creencia de que el grupo atacante es estrictamente extranjero y evitar el establecimiento de toda relación con los servicios de seguridad españoles.

Nuestro objetivo no consiste en remover una vez más la cuestión de la organización de una estructura contraterrorista en la médula misma del poder político de la joven democracia española[134]. Pero aún debemos responder a nuestra pregunta inicial: ¿son los GAL una prolongación del BVE? El conjunto del capítulo anterior lleva aparejadas las respuestas a esta pregunta esencial, dado que, si por un lado no cabe dudar de la continuidad de las estructuras, los hombres y los métodos empleados en la lucha antiterrorista, parece claro que la decisión de crear los GAL incumbe únicamente a los dirigentes socialistas. Para Sáenz de Santa María, el BVE «fue el precedente de las acciones que constituyeron lo que vino a llamarse Grupos Antiterroristas de Liberación, y sin que hubiese solución de continuidad entre los mismos»[135]. «Cuando se decidió crear los GAL, los mercenarios y los arsenales estaban ahí, y no hacía falta inventarlos», subraya por otra parte Victorino Ruiz de Azúa[136]. El error de los socialistas habría consistido por tanto en mantener al frente de la lucha antiterrorista a esos hombres procedentes del aparato represivo franquista, reconvertidos ahora en agentes de la ofensiva contra ETA: Manuel Ballesteros, Jesús Martínez Torres, Francisco Álvarez, José Amedo, etcétera. Nicolás Sartorius subraya actualmente ese error, expresando con ello un sentimiento que comparten muchos de los protagonistas de la izquierda de esa época: «era peligroso seguir con los mismos mandos de la Político-Social, pero ni Suárez ni Felipe [González] nos hicieron caso [a los comunistas]» en cuanto a la necesidad de proceder a la depuración de los ejecutivos policiales heredados del franquismo «Ellos lo han pagado», continúa Sartorius: «Los GAL eran gente que venía de la Brigada Político-Social, como Amedo. Es muy peligroso trabajar con esta gente, porque es gente absolutamente amoral, que te pueden engañar en cualquier momento»[137]. Es fácil pasar del error a la absolución de los dirigentes políticos del momento, eximiéndoles de sus responsabilidades: los socialistas no habrían tenido más remedio que utilizar los recursos creados en el franquismo, ya que, al no existir personal formado en las estructuras democráticas, los expertos de la lucha antiterrorista salían, de facto, de la antigua Brigada Político-Social de la dictadura[138].

Por consiguiente, y a pesar de que la responsabilidad de los GAL incumba únicamente a los dirigentes socialistas, la gestación del proyecto y el modus operandi elegidos no pueden comprenderse sin la existencia, desde el final del franquismo, de unas prácticas de lucha contra la subversión tan violentas como ilícitas, prácticas que gozaban de la protección, de la complicidad, e incluso del aliento de los servicios de seguridad del Estado. Por consiguiente, la complacencia de los políticos de todas las ideologías frente a dichas prácticas, entendidas durante mucho tiempo como obra de una serie de «incontrolados» aislados, permitió que se desarrollara una cultura de la violencia como instrumento legítimo para luchar contra la violencia terrorista, lo que contribuye a explicar la aparición de los GAL, así como la aplastante pasividad de una opinión pública que, en esa época, apenas se sintió interpelada por la llamada «guerra sucia» contra ETA[139].

Conclusión. La imbricación de los sistemas represivos

CONCLUSIÓN

LA IMBRICACIÓN DE LOS SISTEMAS REPRESIVOS

En los años noventa surgió un discurso crítico que denunciaba los efectos perversos del proceso de cambio, imputándose los vicios de la democracia a las deficiencias de la transición. Se censuraba de forma muy particular el hecho de que no hubiera roto claramente con el pasado franquista, dado que, al proceder de ese modo, la transición habría permitido la persistencia de una mentalidad represiva y de unos habitus antidemocráticos heredados del régimen anterior. Entre los perniciosos residuos del sistema represivo franquista, cuya reforma no se habría llevado hasta el final, se cuentan las brutalidades policiales, la tortura, la «guerra sucia» contra el terrorismo, las connivencias entre el poder y los círculos nostálgicos del franquismo, las resistencias a la democratización en el seno del Ejército, y también la afición a los secretos de Estado o la corrupción de los magistrados y la clase política. La literatura que denuncia desordenadamente todas esas prácticas tiene el mérito de señalar toda una sección oculta de la historia de la transición[1]. Sin embargo, eso no evita que la denuncia monolítica de una pretendida continuidad represiva le confiera un carácter caricaturesco, preñado de intención política. Ahora bien, las páginas anteriores han puesto de manifiesto la complejidad de las dinámicas del periodo, así como los diferentes ritmos que siguen los procesos de mutación y la multiplicidad de los actores que operan en el aparato del Estado —realidad que vuelve obsoleta toda interpretación lineal y unilateral.

Por lo contrario, y esta es una de las conclusiones fundamentales de nuestro análisis, la transición se caracteriza por la superposición de tres sistemas represivos que compiten entre sí y están en constante interacción con las fuerzas de la contestación y la dinámica de la reforma. El primero de esos sistemas es el de la dictadura franquista, autoritario, partidario, excluyente y violento. El segundo corresponde al horizonte democrático a alcanzar, liberal, garante de los derechos humanos, reconciliador y legítimo. Y el tercero interviene sobre la mutación del primero al segundo, imponiéndose en el transcurso de la transición, sobre todo a partir de 1978: se trata del sistema propio de la lucha antiterrorista, que pasará a centrarse rápidamente en ETA, y que se nutre de los recursos de los dos anteriores, a medio camino entre la herencia dictatorial y la modernidad democrática.

I. El impulso democrático

I. EL IMPULSO DEMOCRÁTICO

El periodo de la transición es un condensado de las mutaciones de sentido que el Estado va dando a su monopolio de la violencia. En un primer momento, el Estado muestra la impronta de la cultura autoritaria heredada del régimen anterior. Lo que predomina en ese lapso de tiempo es una concepción autoritaria del orden, un orden que se concibe para proteger de forma unilateral la perpetuación del Estado frente a las agresiones «subversivas» de carácter social, político o violento, a expensas del ejercicio de las libertades públicas. En este contexto, el Estado defenderá su hegemonía mediante la utilización de métodos represivos en los que prevalecerá la usurpación discrecional de las libertades, autorizada por una serie de legislaciones de excepción de una gran dureza. Poco a poco, el ideal liberal, según el cual los derechos individuales y las libertades públicas han de ser garantizados frente a la arbitrariedad del poder, irá predominando sobre el modelo autoritario. Se reconocen y amparan en la Constitución los derechos humanos, y las leyes empiezan a desarrollar las garantías que se precisan para el ejercicio efectivo de las libertades públicas. Se redefine la misión de los agentes del Estado que disponen del monopolio de la violencia con el fin de ponerla al servicio de la ciudadanía, buscándose un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el mantenimiento de la seguridad, dado que sin ella el ejercicio de las libertades no podría revelarse efectivo.

En este paso a una cultura democrática de la seguridad ciudadana, la evolución de la represión política responde en la práctica al esquema previamente definido en el plano de los principios. La huelga, al igual que la manifestación, se normaliza; a partir de la primavera de 1977 cae en picado el número de detenciones y de procesos judiciales abiertos por la comisión de delitos contra el orden público; mientras que los delitos políticos desaparecen del marco represivo. Además, el rápido declive de los abusos policiales en la dispersión de las manifestaciones es una prueba evidente de la adaptación de las Fuerzas de Seguridad —que sin embargo adolecían de una terrible falta de profesionalización— a los nuevos desafíos que plantea el ejercicio de un derecho que entró gradualmente en el juego regulado de la democracia.

Pero lejos de ser lineal y homogéneo, este proceso de adecuación a los principios del Estado de derecho occidental chocará con la creciente agresión de las acciones violentas de protesta, las cuales irán configurando poco a poco la silueta de un nuevo enemigo reconocido, identificado e individualizado como terrorista. A partir de 1978, la percepción del enemigo experimenta un vuelco, pasando de estar centrada en la figura del disidente político a girar en torno a la del terrorista que recurre a la violencia en defensa de sus ideales —una figura que en último término, al final del periodo que aquí estudiamos, se reducirá únicamente al etarra—. De este modo, el terrorista que combate el orden político vendrá a competir con el delincuente común que atenta contra el orden social, cuando este último debiera constituir, en un régimen democrático pacificado, la figura ordinaria de la clientela policial. Sin embargo, el envite terrorista viene a perturbar el proceso de mutación, recientemente puesto en marcha, del sistema represivo del Estado.

II. La interferencia del envite terrorista: entre la herencia dictatorial y la modernidad

II. LA INTERFERENCIA DEL ENVITE TERRORISTA: ENTRE LA HERENCIA DICTATORIAL Y LA MODERNIDAD

España se ve golpeada por esta potente amenaza violenta en el momento mismo en que el país nace a la democracia. Dicha amenaza, mal comprendida, verá además decuplicado su impacto debido a sus ecos históricos y afectivos. El nuevo Estado, amenazado en su hegemonía y en su consolidación democrática, se encontrará indefenso ante un peligro cuyo alcance no había sabido calibrar. La falta de previsión le obliga a adoptar urgentemente una serie de medidas de excepción que responden a los planteamientos autoritarios de épocas anteriores, sin dejar de realizar el esfuerzo, presionado por la oposición, de ajustarse al marco del Estado de derecho. De este modo, la dialéctica que opone el orden a la libertad, que es un desafío clásico de la confrontación entre la derecha y la izquierda, adquiere en España el rostro de la vieja línea de fractura entre el fascismo y el antifascismo, transformada en este caso en la oposición autoritarismo-democracia. Esto explica que los procesos de mutación se vean sometidos a una doble dinámica en la que tanto el peso de la herencia autoritaria como las pretensiones liberales chocan con los desafíos de la modernidad democrática. Esa simultaneidad temporal no solo convierte a España en un caso excepcional en Europa, sino que explica por un lado que sea el único país que haya optado por incluir en su orden constitucional —mediante el artículo 55.2— la suspensión de las libertades fundamentales en la persecución de los delitos de terrorismo, y que haya establecido, por otro, un sistema específico de control parlamentario que, además de dar fe de la existencia de un sentimiento de profunda desconfianza hacia el Ejecutivo, constituye también una confesión de su escasa experiencia del normal funcionamiento parlamentario. La justicia y el Parlamento democrático, constituidos en refugio para la garantía de la legitimidad de las leyes de excepción, son en realidad unos baluartes ilusorios, ya que no consiguen frenar los abusos que prosperan gracias a la autonomía del espacio policial, con la tolerancia, e incluso el estímulo, de las autoridades políticas.

El intento de golpe de Estado del 23-F ilustra las tendencias contradictorias que tensionan al nuevo régimen. Por un lado, el fracaso de la intentona reforzará la legitimidad democrática, y por otro vendrá a desencadenar una decidida alteración de los principios del Estado de derecho. La unanimidad contra la agresión terrorista va acompañada de una radicalización de las representaciones, lo que dará pie al surgimiento de unas condiciones propicias a la aparición de una cultura de la violencia en la que se contempla el uso de la violencia para erradicar la violencia misma, aunque en nombre de la defensa de la democracia. Lo paradójico es que el paroxismo de la inversión de las representaciones se alcance precisamente bajo el mandato de quienes más combatieron la violencia arbitraria del Estado franquista. Una vez en la más alta magistratura del Estado, los socialistas dejarán a un lado su ofensiva por la defensa de las libertades y priorizarán la razón de Estado. Mantendrán en la categoría de normas ordinarias aquellas leyes que recortan las libertades públicas y otorgarán a la violencia discrecional del Estado un papel que ellos mismos le habían negado anteriormente. De hecho, si inciden negativamente en la esencia misma de la democracia, será justamente en nombre de la propia democracia. Caen así en la trampa que tiende el desafío terrorista a las democracias occidentales.

La amenaza terrorista favorece, efectivamente, los excesos policiales potenciando la imagen de una policía política y represiva digna de las épocas más tenebrosas de la dictadura. De este modo, se mantendrá hasta bien entrada la década de 1980 la extendida idea de que «nada ha cambiado» desde la muerte de Franco. De hecho, el elevado número de abusos policiales letales puede imputarse en parte al peligro terrorista, que mantiene en aguda tensión a las Fuerzas de Seguridad, que pueden transformarse, en cualquier momento, en blanco de las balas enemigas. Además, las exigencias de la lucha antiterrorista empujan a los dirigentes de la transición a reciclar, en nombre de la preservación de la reforma democrática, los medios represivos de la dictadura. De este modo, todo un conjunto de comportamientos que la democracia había vuelto intolerables prosperarán al calor de la legislación antiterrorista, que retoma los ingredientes del estado de excepción franquista: las redadas masivas y ciegas del País Vasco, la aplicación arbitraria y abusiva de la ley, las violaciones de los derechos humanos en materia de procedimiento, y finalmente el empleo de la tortura, que parece resurgir a partir de 1979, favorecida por la prolongación de la detención preventiva. Las estructuras y los hombres a los que se había asignado la misión de luchar contra la subversión política en tiempos del franquismo serán reciclados ahora en la lucha contra el terrorismo, dado que al no existir nuevas generaciones de policías competentes que posean una mentalidad incontestablemente democrática, el gobierno tendrá que recurrir a un conjunto de individuos que percibe como los mejores profesionales disponibles. Estos traerán en su bagaje los oscuros métodos empleados en el régimen anterior, y en particular el recurso a la violencia parapolicial, apoyada por la instrumentalización de los activistas de extrema derecha y el reclutamiento de agentes externos, mercenarios o miembros del hampa. Herencia directa de la dictadura, la «guerra sucia» se empleará durante la transición para deshacerse de los indeseables y se perfeccionará después como elemento de defensa de un Estado moderno y poderoso frente al terrorismo.

Y es que también es posible entender que algunos de los métodos empleados en la lucha contra el terrorismo fueron una adaptación moderna al nuevo desafío que representa, para las viejas democracias occidentales, el enemigo terrorista. Ya hemos visto que España se inspira en gran medida en las legislaciones represivas alemanas, italianas o francesas, todas las cuales tienden a restringir los derechos fundamentales en el contexto de la lucha antiterrorista —y de hecho, en este sentido, España ha dado muestras de proceder con notable celo a fin de limitar sus alteraciones—. Del mismo modo, los servicios secretos de las naciones occidentales están lejos de tener las manos limpias, ya que no dudan en realizar operaciones dudosas cuando su integridad está en peligro. El empleo de la tortura tiende igualmente a resurgir en los momentos más extremos, como sucedió por ejemplo en Francia durante la guerra de Argelia, o en Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001. En cierto sentido, tanto la afirmación de los principios democráticos como su alteración inmediata pueden interpretarse por tanto como una adaptación de la cultura política a los nuevos desafíos que se alzan ante los poderosos Estados de las naciones occidentales democráticas.

Esto no significa que España no sea un caso particular, ya que lo sigue siendo en razón de la concentración de experiencias que vivió en un lapso de tiempo limitado, lo que determinó que el peso del autoritarismo del régimen franquista viniera a sumarse a la provocadora irrupción de la cuestión terrorista, perturbando así el desarrollo de la democratización. La amenaza terrorista privó a la joven democracia de una edad de oro al obligarla a infringir de entrada los principios fundamentales del nuevo régimen y a conferir incluso una nueva legitimidad al uso de una violencia ilícita por parte del Estado, en nombre de la protección de la democracia. Es innegable que la brutal intrusión de las violencias de protesta y la persistente amenaza del terrorismo etarra condicionaron tanto el ritmo como la amplitud del proceso de democratización. Retrasaron en particular la transformación del sistema dictatorial.

III. 1986: la culminación del proceso de mutación del sistema

III. 1986: LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE MUTACIÓN DEL SISTEMA REPRESIVO

Ante la amplitud de las divergentes tensiones, externas e internas, que les disputaban el monopolio del poder, los líderes de la transición, desamparados, se mostrarán verdaderamente inmovilistas en la reforma de las estructuras y los agentes represivos. En la mayoría de las ocasiones este inmovilismo se justifica por la necesidad de no provocar a los militares, pero también por la exigencia de combatir eficazmente el terrorismo. De hecho, la reforma de los cuerpos armados es tan tardía como superficial. La ley de 1978, por la que se reforma la policía, constituye el primer paso en esa dirección, dado que con ella se limita el control que los militares ejercen sobre las Fuerzas de Seguridad, que quedarán sometidas a la dirección civil del Ministerio del Interior en el ejercicio de sus funciones. Los delitos cometidos por los agentes del Estado o por los contestatarios durante las acciones relacionadas con el mantenimiento del orden se sustraen así a las competencias propias de la jurisdicción militar. Sin embargo, se preserva la naturaleza militar de la Guardia Civil y la Policía Nacional, dado que, entre otras cosas, la primera sigue formando parte de las Fuerzas Armadas. Martín Villa alcanzará así, siquiera parcialmente, su objetivo consistente en separar las funciones de defensa de las funciones vinculadas con el mantenimiento del orden, pero el esfuerzo de la reforma no logrará penetrar en la médula de estas instituciones. De hecho se deja de lado, en particular, la esencial cuestión de la formación, y con ella la determinación de modificar la cultura policial[2]. Esa inercia alimentará un corporativismo de naturaleza fuertemente ideológica que favorecerá a su vez la expansión de la autonomía policial y actuará como estímulo para las bolsas de resistencia que se muestran reacias a aceptar los cambios democráticos.

Por consiguiente, la transformación del sistema represivo no encuentra su culminación en las elecciones del otoño de 1982. Si admitimos, de acuerdo con las conclusiones de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que «el proyecto político democrático tiene un precio que pagar por la mejor calidad de vida y de convivencia que propugna: el de tratar al violento con los instrumentos legales proprios del modelo democrático, y no con los propios del modelo del violento»[3], está claro que el recurso a la «guerra sucia» como fórmula para luchar contra el terrorismo muestra que el modelo democrático seguía siendo en 1982 un horizonte por alcanzar. El año 1986 representa por tanto una fecha más válida para caracterizar la culminación del proceso de transformación del sistema represivo. Ese año, la ley relativa a los cuerpos de seguridad vendrá a rematar la reforma iniciada en 1978; la asignación de la dirección de la Benemérita a un civil, Luis Roldán, reforzará el control del poder civil sobre las Fuerzas de Seguridad; la amenaza de un golpe de Estado desaparece definitivamente tras la última intentona frustrada de 1985 y la incorporación de España a la OTAN[4]; los GAL ponen fin a su acción y el Estado renuncia a utilizar la violencia para luchar contra el terrorismo; Francia se lanza a una verdadera colaboración con España en la ofensiva contra ETA mediante una política basada en la sistemática extradición de los militantes detenidos en su territorio; y por último, España se suma resueltamente al ámbito de las naciones occidentales al incorporarse a la Comunidad Europea.

Sin embargo, aún habrá que esperar varios años para que la joven democracia reconozca sus errores, reforzando con ello su esencia democrática: me refiero a la explosión del escándalo de los GAL a finales de la década de 1980 y a la imputación de las más altas autoridades del gobierno socialista a lo largo de la década siguiente, acciones con las que España ofrece una prueba indiscutible de la culminación de su proceso democrático. Y es que uno de los principios de la democracia consiste precisamente en reconocer y sancionar los errores que puedan producirse en su seno. Esta búsqueda de la ética democrática, cumplida en el periodo socialista, no logró alcanzar en cambio el periodo de la transición, que aún aparece oscurecido por la disolución de las responsabilidades que todavía quedan por asignar en materia de violencia de Estado.

Conclusión general

CONCLUSIÓN GENERAL

VOLVER AL MITO DE LA TRANSICIÓN PACÍFICA

Este libro se inició con una pregunta fundamental sobre el carácter pretendidamente pacífico de la transición española, que constituye por lo demás la esencia misma del mito histórico y político en que la transición ha terminado convirtiéndose. Al volver a situar la violencia en el centro del enfoque analítico de las prácticas, los discursos y las representaciones que se articulan a lo largo del periodo, las páginas anteriores nos han ofrecido un conjunto de argumentos sólidos, y espero que convincentes, para responder a ese asombro original. ¿Fue tan pacífica como se afirma la transición española? ¿Qué significa entonces que se persista en verla de ese modo?

I. Al asalto del mito

I. AL ASALTO DEL MITO

Puede responderse ahora con facilidad a la primera pregunta. Gracias a la constitución de una base de datos inédita, tanto por su amplitud como por su contenido —en la que hemos recogido los acontecimientos violentos ocurridos a escala nacional y provocados tanto por los grupos protestatarios como por los agentes del Estado—, hemos podido demostrar la existencia de un ciclo de violencias específico del periodo de la transición.

El ciclo de violencias de la transición

Con un mínimo de 3200 acciones violentas en siete años, más de 700 muertos —y, de ellos, aproximadamente 530 provocados solo por los actores protestatarios—, España se encuentra con unas cifras que la sitúan al nivel de la Italia de los años de plomo. El ciclo limitado de violencias se inscribe en otro ciclo de contestación más amplio surgido en el terreno abonado del tardofranquismo, en un contexto en el que la fuerte represión —que se mantendrá hasta la muerte del dictador— viene a coincidir con una crisis del régimen agudizada por el asesinato de Carrero Blanco, el presidente del gobierno, en diciembre de 1973. Los grupos marxistas-leninistas radicales estiman que se vive un momento propicio para un levantamiento popular, impulsado por acciones de vanguardia que no superan, en la mayoría de los casos, el estadio del aventurerismo armado. De esos grupos, solo unos cuantos emprenderán una verdadera lucha armada, como ocurrirá con ETA. La dureza de la represión de los últimos años del agónico régimen franquista echará los cimientos —muy duraderos en el caso vasco— de la legitimidad de una violencia percibida como defensiva frente a la opresión del tirano. En cambio, el creciente potencial de la acción de protesta justificará la movilización del bando «ultra», que no solo añora unos valores cuya próxima desaparición presiente, sino que se lanza a su vez a un activismo violento para acudir en auxilio de un régimen desfalleciente, con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

La muerte del dictador abre un periodo de incertidumbre, puesto que las dudas sobre el porvenir contribuyen a la confusión de un presente alterado por una efervescencia popular sin precedentes. Los primeros años, de 1975 a 1977, vendrán marcados por una serie de violencias urbanas que aquí hemos considerado de baja intensidad. Dichas acciones pueden comprenderse como una consecuencia previsible de esa coyuntura favorable a la expansión de la protesta, máxime teniendo en cuenta que los medios de la coerción se hallan debilitados por la mutación del conjunto del sistema represivo —transformación que lleva aparejada una fluctuación de las normas y de las prácticas que, en último término, favorece las transgresiones—. Los actores tratan de imponerse en el juego político mediante una conquista física y simbólica del espacio público. La manifestación callejera, expresión privilegiada de la protesta, muchas veces se transforma en algarada urbana, ya que la prohibición y la represión efectuada por unas fuerzas del orden mal preparadas se mezcla con la práctica inexperimentada de los manifestantes o con su intención voluntariamente revolucionaria. Sin embargo, el espacio público es también escenario de un conjunto de intimidaciones de todo tipo, de enfrentamientos entre grupos contrarios, de agresiones de naturaleza política y de atentados dirigidos contra bienes o individuos estigmatizados por su valor simbólico, sobre todo en los periodos electorales.

La Constitución de 1978 consagra el éxito democrático y desactiva a la mayoría de los actores que habían venido cediendo a la tentación de la violencia y que ahora, resignados, optan bien por incorporarse al espacio político ahora pacificado, bien por abandonarlo. Sin embargo, algunos rechazan categóricamente el nuevo marco que acaban de legitimar las urnas y se lanzan a un enfrentamiento abierto con el Estado, lo cual se traducirá en una escalada terrorista sin precedentes: ETA, los GRAPO y el BVE escribirán entonces la más negra página de su historia. No obstante, la democracia se ha afianzado y se consolida a pesar de las amenazas violentas, llegándose así a las elecciones del otoño de 1982, que marcarán el final del proceso político de la transición y el término del ciclo de violencias. La estabilización del régimen democrático, la dinámica interna de los grupos violentos, la creciente eficacia de la lucha antiterrorista, el fracaso político de los extremistas y la deslegitimación del uso de la violencia en el espacio democrático contribuirán a poner fin al ciclo contestatario iniciado en la década anterior. Solo persistirá la violencia del conflicto nacionalista vasco, terrorista y contraterrorista, una violencia simultáneamente caracterizada por entrelazarse con el ciclo precedente y por individualizarse en una dinámica separatista independiente de las tensiones específicas del periodo de la transición.

El impacto de la violencia en el proceso de democratización

Sabiendo que el proceso de cambio de régimen se vio finalmente coronado por el éxito, ¿debemos considerar en último término que estas acciones violentas solo tuvieron un impacto marginal, como pretende la visión hegemónica de la transición? Todo lo contrario.

Ya hemos visto las importantes perturbaciones que el peligro del terrorismo introdujo en el proceso de reformas. Al imponer una reutilización de los antiguos agentes de la represión, en virtud de sus presuntas competencias profesionales, las necesidades de la lucha antiterrorista no solo impidieron transformar en profundidad el aparato represivo sino que prolongaron también el uso de la violencia como método represivo. La reformulación del sentido asignado al recurso de la violencia estatal en el marco del Estado de derecho democrático resultó afectada al volverse a legitimar implícitamente su uso en nombre de la defensa de ese mismo Estado de derecho. Al poco de haber sido enunciados, los valores que fundaban el nuevo orden democrático resultaron pisoteados en nombre de la razón de Estado, camuflada tras la razón democrática. La interferencia de la cuestión terrorista privó de este modo a la democracia de una edad de oro, que quedó siendo un fantasma.

La violencia alimentó igualmente el temor a un golpe de Estado reaccionario, no solo debido a que el Ejército, garante de la integridad territorial de la nación, era particularmente sensible a la amenaza separatista, sino también a que los militares eran precisamente las víctimas predilectas de los GRAPO y de ETA. Uno de los lugares comunes que se afirman sobre la transición consiste en invocar el riesgo del golpismo para justificar la lentitud de la reforma o los límites que se le impusieron. Se habría tratado por tanto de una «transición vigilada», sometida a la alta custodia de los viejos generales, antiguos compañeros de armas de Franco, formados en el mito de la Cruzada. Lo cierto es que el Ejército se hará notar en varias ocasiones: al producirse la legalización de los sindicatos o del Partido Comunista, durante los funerales de algunos altos mandos asesinados, o al conspirar directamente contra el gobierno. Sin embargo, este último no dejó de velar en todo momento por la neutralización de su potencial desestabilizador, actuando en consecuencia en los momentos clave de la reforma e interviniendo también en profundidad gracias a las medidas —aunque tímidas— que adoptó en su día el teniente general Gutiérrez Mellado. Más que una amenaza real y permanente, el riesgo de golpe de Estado se presenta por tanto como un peligro simbólico llamado a gravitar con un peso extremadamente oneroso sobre el proceso de la transición, dado que se apoya en el doloroso recuerdo de la Guerra Civil.

La violencia del presente de la transición reactiva un conjunto de temores sólidamente anclados en el imaginario colectivo: el miedo al golpe en sí, pero también el miedo a una revolución roja o el miedo a un posible retroceso, siempre con el trasfondo del obsesivo temor a una repetición de la Guerra Civil. El resurgir de esos temores alcanzará niveles impactantes en los casos en que una determinada conjunción de atentados venga a poner en peligro el equilibrio de la reforma. En esas ocasiones, el espacio público se llena de rumores, permitiendo que afloren de este modo las angustias latentes en el inconsciente colectivo[1], angustias que serán además hábilmente instrumentalizadas por los grupos políticos, al servicio de su estrategia partidista.

La extrema derecha será la primera que utilice ese temor a la violencia para promover su estrategia de la tensión. La multiplicación de las siglas reivindicativas es uno de los elementos que contribuyen a amplificar la amenaza reaccionaria, mientras, por otra parte, el discurso apocalíptico que difunde el líder de Fuerza Nueva —decidido a exagerar al máximo la degradación del orden público, la anarquía reinante en las calles, y la violencia terrorista— se propondrá provocar una intervención del Ejército y una reanudación del régimen autoritario. Manuel Fraga unirá su voz a este coro de profetas catastrofistas, y no dudará en salpimentar sus discursos con una serie de aterradoras referencias a la España de los años treinta con el fin de seducir al electorado que siente nostalgia del franquismo. Se complace así en una macabra comparación de las cifras de la violencia, deduciendo de ellas que «ni en 1932 ni en 1934 ni en los primeros meses de 1936 conoció nuestra patria una situación tan catastrófica en materia de terrorismo y de inseguridad general»[2].

Los partidarios de la reforma tampoco dudarán en exagerar la realidad de la violencia, aunque no lo harán ya para justificar un retorno al autoritarismo, sino para promover sus deseos reformistas. De hecho, esa será básicamente la estrategia que empleen para forzar a la oposición a adoptar medidas de lucha antiterrorista y, en un plano más general, a alinearse con la política de orden público que lidera Adolfo Suárez. Frente a las acciones terroristas de los GRAPO y de ETA, ante el riesgo de implosión del país y el implícito peligro de intervención militar que conlleva, el gobierno lanza un llamamiento a la oposición y la insta a cerrar filas con el Ejecutivo, en nombre de la preservación de la democracia. Todo aquel que se alce en contra de la política puesta en marcha para resolver el conflicto terrorista se presta a la acusación de cómplice de los enemigos de la democracia. El llamamiento a la unión nacional, a la responsabilidad, e incluso a la colaboración de todos en nombre de la defensa del proceso de democratización, promoverá de facto la consolidación de la legitimidad de Suárez y la deslegitimación de las opciones divergentes.

Por ello mismo, la oposición se verá notablemente empujada a la moderación, e incluso a la desmovilización. La retórica gubernamental, consistente en asimilar la manifestación a una incitación a la violencia tanto insurgente como represiva, en considerar que los manifestantes eran simples agentes provocadores y irresponsables, en lanzar incesantes llamamientos a la responsabilidad de los españoles —que debían ajustarse al ideal de pueblo maduro y moderado que también habrá de ensalzarse en el modelo español de transición—, empujó de hecho a la oposición a renunciar a su estrategia de movilización de masas. En enero de 1977, la oposición pedirá explícitamente a sus seguidores que «se evite cualquier clase de acciones en la calle que puedan servir de pretexto a los grupos terroristas que quieren impedir el cambio democrático»[3], suscribiendo de ese modo las consignas de los reformistas en nombre de la supervivencia de la reforma misma. Desde un punto de vista más general, la violencia, sistemáticamente atribuida a las minorías extremistas, contribuyó a criminalizar, y por consiguiente a deslegitimar, los extremos del arco político, relegándolos al exterior de la esfera política democrática. Los partidos de extrema izquierda se vieron obligados bien a vender su alma al diablo, incorporándose al juego reformista —lo que determinó su desaparición (ORT, PTE, MCE)—, bien a perderse en el callejón sin salida del envite revolucionario.

Por consiguiente, las acciones violentas operaron también al modo de una caja de resonancia de la violencia temida, multiplicando sus efectos por las resurgencias traumáticas del pasado que sugieren, y que los grupos políticos no dudan en instrumentalizar para impulsar sus ambiciones de poder. Por todo ello, lejos de haberse ceñido a arañar sin más la superficie del proceso de transición, la violencia vino a marcar profundamente las etapas, el ritmo y los límites de la reforma, orientando además el comportamiento de los actores. En consecuencia, el mito de la inmaculada transición queda notablemente debilitado.

II. En apoyo del mito

II. EN APOYO DEL MITO

No obstante, lo anterior no evita una evidencia irrefutable: la violencia no provocó la temida implosión ni detuvo de manera ineludible el proceso de democratización llamado a permitir el desarrollo del mito de la transición pacífica. ¿Por qué?

Una violencia contenida, dispersa y minoritaria

Uno de los primeros elementos que pueden explicarlo reside en el hecho de que se consiguiera contener parcialmente la violencia. La obsesión del orden público, heredada tanto del autoritarismo del régimen franquista como de la lección colectiva extraída de los errores de la década de 1930, pasó a convertirse en la condición misma del éxito democrático. Pese a que dicha obsesión provocara el sacrificio de un buen número de civiles —dado que casi 150 encontraron la muerte a causa de los disparos de la policía—, también animó a los dirigentes a impedir con firmeza todo exceso revolucionario, aun a costa de embridar el ejercicio de las libertades. No solo era preciso no perder en ningún momento el control de la calle, sino que se revelaba igualmente necesario evitar todo vacío de poder, toda relajación de la brida coercitiva que se ejercía en el espacio público, lo cual habría abierto una grieta en los horizontes de las expectativas de los contestatarios. Aquí es también donde cobra sentido esa transición reformista que, según Martín Villa, «va de la ley a la ley, en que siempre hay Estado de derecho, no hay desgobierno […], las instituciones básicas del país funcionan, peor o mejor, pero funcionan»[4]. La continuidad de las instituciones, de los hombres y de las estructuras de coerción también contribuyó a una eficaz contención de las violencias de protesta.

Podemos encontrar un segundo factor explicativo en la gran fragmentación de los actores de la violencia, como atestigua la proliferación de siglas, tanto en el bando de la nebulosa ultra, como en el de la constelación revolucionaria. La infinita variabilidad ideológica y la tendencia al dogmatismo impidieron la unión de las fuerzas contestatarias. Y a pesar de que la estrategia armada que adoptaron esos grupos haya podido potenciar, de forma puntual, los efectos de esa violencia —como se observa por ejemplo en el caso de los asesinatos de los altos mandos del Ejército que tanto los GRAPO como ETA pusieron en el punto de mira—, la fragmentación hizo imposible la polarización del bando contestatario en dos facciones dispuestas a disputarse la conquista del poder. Los violentos no pasaron de ser simples grupúsculos y únicamente sedujeron a una ínfima minoría de militantes.

Aquí reside la tercera dimensión explicativa. Minoritarias, las organizaciones armadas no consiguieron la adhesión de los partidos políticos de masas. La oposición marxista renunció muy pronto a la cultura de la violencia, ya a finales de la década de 1950, y a pesar de que se hiciera alarde de solidaridad entre los militantes antifranquistas, lo cierto es que esa oposición no se movilizó para apoyar a los republicanos, a los marxistas radicales o a los libertarios, a los que todavía se seguía reprimiendo tras la legalización del PCE. La extrema derecha tampoco consiguió crear una alternativa unitaria creíble. La «dialéctica de los puños y las pistolas» no seducía ya a muchos, solo un golpe militar podía atraer a los sectores que añoraban el franquismo, pero el fracaso algo grotesco del 23-F arrumbaría definitivamente su potencial involutivo. En último término, la tentación violenta no encontró eco en una sociedad que, por el contrario, dio muestras de sus tendencias moderadas —y esto ya desde los primeros escrutinios de diciembre de 1976 y junio de 1977—. «La Ley para la Reforma Política es el cambio sin riesgo», rezaba el eslogan con el que el gobierno llamó a los ciudadanos a emitir un voto favorable al referéndum. Si el proyecto de Suárez fue el que guio finalmente el rumbo de la transición se debió a que también era el que mejor se correspondía con las aspiraciones de la mayoría: una democracia sin riesgo. La única excepción a este planteamiento es la que supone el País Vasco, en el que el grupo separatista etarra contó justamente con el apoyo de la población, así como con la complacencia pendular del partido nacionalista moderado —el PNV—. No obstante, la violencia vasca no consiguió obstaculizar la marcha democrática, puesto que, más allá de unos cuantos atentados espectaculares perpetrados en la capital del país, las acciones de la banda permanecieron circunscritas a su territorio. La creciente territorialización de las acciones terroristas no solo contribuyó a conferir un carácter regional al conflicto, sino que también relegó sus desafíos a los márgenes de la vida política y restringió en último término su potencial desestabilizador.

Reforma pacífica versus revolución violenta

El hecho de que la transición no se viera exenta de violencia tampoco determinó que España sucumbiera a la tentación de la revolución o la contrarrevolución ni la hizo abismarse en la anarquía subsiguiente a un vacío de poder. Este es el sentido en el que hemos de empezar a comprender la esencia pacífica de la transición española, sobre todo por oposición al modelo contrario de la revolución portuguesa. A juicio de Landelino Lavilla, la transición fue efectivamente un proceso «pacífico en sí mismo», dado que se trató de «un movimiento no revolucionario» y no de un «movimiento de enfrentamiento callejero, de que se removiera a las masas». En este sentido, prosigue, los cambios «suaves y tranquilos» de la transición se oponen a los vuelcos «revolucionarios y sangrientos» de su vecino peninsular[5]. Y, precisamente, la tríada de problemas que se propusieron evitar los reformistas españoles fue la integrada por la ruptura, la revolución y la depuración.

En Portugal, el derrocamiento del régimen por parte de los capitanes del Ejército colonial vino acompañado de una fuerte inestabilidad gubernamental y de un desmoronamiento de la capacidad coercitiva, lo cual dio rienda suelta a la movilización y a la radicalización de las masas[6]. Desmantelada por medio de un proceso de depuración, la policía portuguesa fue sustituida por un conjunto de contingentes militares inexpertos, que, influidos por su aureola de libertadores, se dedicaron a confraternizar con las masas en lugar de a contenerlas. En Portugal, la calle era el espacio del plebiscito y de la legitimación de la autoridad, mientras que en España representaba una amenaza para el poder de las urnas. De este modo, la ebullición revolucionaria de los años 1974 y 1975 dio lugar a unas violencias de tipo similar a las que se observarán en España dos años más tarde, aunque no fuesen tan letales, dado que únicamente generaron, como mucho, una veintena de muertos[7].

Por consiguiente, la interpretación de la revolución portuguesa como un hecho violento y la comprensión de la transición española como una realidad pacífica no se apoyan tanto en el balance de víctimas como en una percepción de la naturaleza revolucionaria o no del cambio político. Al discurso de exaltación revolucionaria, propicio al surgimiento de comportamientos transgresores, España respondió con el discurso de la moderación y del rechazo de la violencia, con la explícita voluntad de llevar adelante una transición pacífica. Por lo tanto, si la transición se percibió como un proceso pacífico no se debió únicamente a que España no se hundiera en el caos revolucionario, sino también a que además deseó serlo y se pensó como tal.

La voluntad de paz y la expulsión de la violencia del horizonte democrático

Más que la realidad de una violencia marginal, lo que predomina en las representaciones del periodo es la voluntad de marginarla. Lo que se exalta no es tanto la realidad de los hechos como la voluntad expresa de paz.

Los valores que se ensalzan para cimentar la comunidad ciudadana fundada en la reconciliación nacional son la concordia, el consenso y la paz. El lenguaje político de la transición es el del diálogo, la apertura, la negociación, la ponderación, la pacificación y la integración en el marco democrático. Este lenguaje se opone frontalmente al del conflicto, la fractura, la división, la exclusión, la estigmatización del enemigo, la incompatibilidad radical y el enfrentamiento —es decir, se revela diametralmente opuesto al que predominó en los últimos años del régimen republicano—. En este sentido, más que la realidad mensurable de los hechos violentos, lo que diferencia la década de 1930 de la de 1970 es el uso político y simbólico que se hizo de esos hechos. El conjunto de los parlamentarios, con Carrillo al frente, se alzará contra un Fraga empeñado en hacer un uso belicoso de la comparación numérica, por ejemplo cuando el líder comunista le acuse de reproducir «palabras, conceptos con los que en los años treinta se fue generando la animosidad, la violencia que condujo a la Guerra Civil» y que hoy nos llevan a «crear de nuevo barreras […] que pueden generar situaciones de mayor violencia que las que el Señor Fraga denunciaba»[8]. El tono pacifista del lenguaje de la transición procede de la negativa memoria heredada de la radical y conflictiva experiencia vivida a finales de la Segunda República, y ni siquiera los ocasionales enfrentamientos dialécticos entre Fraga y Carrillo conseguirán contaminar el clima respetuoso, amistoso incluso, que reina en el hemiciclo.

Ahora no se tolera ya el lenguaje de la violencia y su empleo queda excluido del espacio político de la democracia en construcción. En consonancia con el vuelco de las representaciones que se observa en el conjunto del mundo occidental, la violencia como arma política pierde progresivamente toda legitimidad en el espacio público de la transición española. Lejos de resultar evidente, este fenómeno resulta de la paulatina construcción de un discurso de condena unánime —no olvidemos, por un lado, que la izquierda de la década de 1960 se había dejado seducir por los cantos de sirena de una violencia revolucionaria entendida como instrumento de emancipación y liberación, y tengamos igualmente en cuenta, por otro, que la propaganda franquista se fundó en su día en la retórica del levantamiento armado como acto patriótico destinado a salvar a la nación en peligro[9]—. Las palabras de rechazo se irán afianzando en paralelo al encadenamiento de atentados, acompañados de los correspondientes comunicados, expresiones de pésame, peticiones ciudadanas, y manifestaciones de protesta o solidaridad en los funerales de las víctimas.

La motivación de esas palabras arraiga en razones éticas, ya que se pronuncian en nombre del derecho a la vida y de que la violencia es detestable, venga de donde venga. Pero sobre todo, la acción violenta, rápidamente reducida a su vertiente terrorista, se percibe como un obstáculo que viene a poner en peligro todas y cada una de las etapas del proceso de reformas, como un ataque deliberado contra un proyecto democrático que, por consiguiente, ha de ser defendido. En este sentido, la violencia del presente transicional contribuyó a operar —debido al peligro que implicaba— la inversión de las representaciones necesarias para la legitimación de la democracia. Pese al sentimiento de recelo que despertaba la democracia en el momento de la muerte de Franco —un sentimiento que la población compartía ampliamente, ya que se temía que con ella se le abrieran las puertas a la anarquía—, la democracia se convirtió en el único marco político capaz de evitar el desorden y de garantizar una paz duradera. Frente a la regresión al estado salvaje que suponía el terrorismo en tanto que reino de la violencia y la barbarie, la democracia se impuso como encarnación de la civilización. Al reino de las armas se prefirió por tanto la fuerza de la palabra civilizada y la papeleta de voto, instrumentos de una regulación pacífica de los conflictos que habrían de deslegitimar cualquier recurso a la fuerza física[10].

En este sentido, la transición se consideró pacífica por haber excluido la violencia, apartándola del ámbito de lo posible, y por haber logrado materializar ese régimen pacificado. Al hallarse excluida del cuerpo sociopolítico en construcción, la violencia del presente desempeñó paradójicamente el papel de chivo expiatorio, propicio para sellar la nueva identidad democrática. En vez de dar lugar a una confrontación bipolar entre los contestatarios y el Estado, las élites políticas desactivaron la violencia, y el cuerpo social elaboró una nueva línea de fractura, la de «Todos contra ellos», por reproducir aquí el título de un editorial de Diario 16[11]. «Todos», en este caso, hace referencia a los que rechazan la violencia, expulsándola de sus planteamientos intelectuales y adhiriéndose a los valores de la democracia, esto es, la inmensa mayoría de la población y de los partidos; «ellos», los violentos, son los que han optado por emplear las armas como instrumento del combate político, reduciéndose a una minoría marginalizada. Debido a la amenaza que representaba, se dio la paradoja de que la violencia —tanto real como temida— condujo a la superación de las viejas líneas de fractura entre derecha e izquierda, entre fascistas y antifascistas, entre franquistas y antifranquistas y, todavía más, a la superación del viejo mito de las «dos Españas». Como ilustra la caricatura de Mingote publicada en ABC en enero de 1977 (figura 2), en lo sucesivo esas dos Españas estarán constituidas por la muchedumbre hegemónica del pueblo pacífico unido contra una ínfima minoría de individuos aislados, armados hasta los dientes, y condenados a desaparecer.

Fig. 2. Antonio Mingote, Las dos Españas, publicado en ABC, 30 de enero de 1977, p. 2.

Al permitir la reconciliación nacional, la transición puso sin duda fin a la Guerra Civil, casi cuarenta años después de su terminación oficial, en lo que yo he denominado en otro lugar una salida de guerra retardada[12]: la amnistía de 1977 selló el fin de la contienda y el principio de una auténtica paz ciudadana. Es más, la transición significó la superación de los viejos mitos, cuya agonía parecía no tener fin: no solo el mito de las dos Españas, reconciliadas en una democracia pacificada y unida en su lucha contra los violentos, sino también el mito secular de una España abocada, por su misma esencia, a dirimir sus conflictos en un baño de sangre. La excepción española había llegado a su fin.

III. La otra cara del mito

III. LA OTRA CARA DEL MITO

Con todo, esta fiera determinación de deslegitimar y excluir la opción violenta del horizonte democrático vino acompañada de distintas formas de ceguera, e incluso de negación, cuyos efectos perversos todavía hoy resultan perceptibles.

Una obcecación contraproducente

Si las acciones violentas que jalonan la transición se revelan en último término escasamente visibles, se debe a que predomina la voluntad de no verlas. Al negarse a concederles el lugar que les corresponde en el presente, lo que se espera es suprimirlas del futuro democrático. De hecho, más allá de los usos partidistas de la violencia que hemos venido señalando, los actores de la reforma optarán más bien por una estrategia de minimización de las oposiciones violentas con el fin de desactivar su potencial desestabilizador. Así sucede con las alteraciones del orden público, ya que los ministros del Interior se esforzarán en relativizar las inquietantes cifras que ofrece Fraga, oponiendo al discurso catastrofista el discurso de la serenidad, del control y de la firmeza. Del mismo modo, la amenaza golpista casi nunca se esgrime abiertamente, a pesar de que su posibilidad se halle constantemente implícita y de que los rumores de conspiración se acallen o se desmientan para no alterar los ánimos, emprendiéndose por otra parte campañas de descalificación de los GRAPO o de los anarquistas con el fin de desacreditar su acción. Sin embargo, esta estrategia de contención de la violencia pudo resultar en último término contraproducente, y desembocar en cambio en una agravación del conflicto.

La preocupación consistente en ocultar la información so pretexto de no hacerle el juego a los terroristas o de garantizar el secreto de la investigación tuvo el efecto de amplificar los rumores y, por medio de ellos, el clima de angustia colectiva que en principio se pretendía atemperar. De este modo, planeará sobre todo el periodo la obsesión de la conjura, el rumor de una conspiración de envergadura mundial dirigida contra la joven democracia española, bien desde la Internacional Fascista, bien desde la Internacional Socialista, bien desde la CIA. Con esa obsesión solo se consiguió añadir credibilidad a la estrategia de tensión, y con ella al miedo a un golpe de Estado militar, que terminó precisamente por ser posibilitado.

Además, la concepción utópica de una democracia automáticamente capaz de curar el mal de la violencia pudo conducir a subestimar los riesgos del presente. La persistencia de unos niveles de violencia que no solo eran elevados, sino que crecieron incluso a medida que se fue afianzando el proceso de democratización, constituyó una sorpresa para el conjunto de la clase política, que estaba convencida de que las medidas de emancipación bastarían para hacerla desaparecer —cosa que efectivamente sucedió en la mayor parte de los casos de violencia tumultuaria registrados en los primeros años de la transición—. Sin embargo, la izquierda parlamentaria, que no podía imaginar que pudiera persistir un terrorismo de extrema izquierda después de consolidada la democracia, siguió pensando que los GRAPO eran una organización manipulada por los servicios secretos. Quien no alcanzó a medir ni la especificidad ni la amplitud del peligro que representaba el terrorismo vasco fue el conjunto de la clase dirigente, cuyos integrantes pensaban que el terrorismo no tendría ya razón de ser después de aceptada la autonomía del País Vasco. Esta creencia, en parte ingenua, en las virtudes de la democracia contribuye a explicar la falta de una estrategia precoz y global de lucha contra el terrorismo. A esto hay que añadir también un cierto aturdimiento para discernir el riesgo, cuya detección estuvo más marcada por las representaciones activas del pasado que fundada en la observación de las realidades sociales del presente: la obsesión gubernamental por las alteraciones del orden público (manifestaciones, huelgas, conflictos sociales) desvió la atención de la amenaza que acabaría revelándose más desestabilizadora, la del terrorismo. De hecho, esta doble ceguera sirvió de base a otras formas de violencia: policial, terrorista y contraterrorista. A esa falta de visión pueden atribuírsele parcialmente tanto la prolongación del terrorismo de ETA como los excesos de la lucha contra el terrorismo.

La ciega obcecación a la que me estoy refiriendo también se debe al horizonte de las expectativas que abrigaba la sociedad española. Comparadas con la devastadora amplitud de la violencia de la Guerra Civil, las violencias del presente parecían irrisorias. «Todo el mundo pensaba que cuando Franco muriera y hubiera que pasar a la democracia, que iba a haber aquí poco menos que una guerra civil, o enfrentamientos, o intervención del Ejército, que iba a haber violencia, que iba a haber muertos», refiere Nicolás Sartorius. Por consiguiente, para comprender cómo se valoró la transición hay que contemplar en el análisis que la sociedad comparaba la situación presente con el pasado posible y el pasado a evitar. En contraste con la amplitud de la tragedia de 1936 a 1939 y al temor de su repetición, la violencia de la transición se considera —y con razón— mínima y marginal. «En un régimen que nace de una guerra civil con un millón de muertos, creo que lo grave […] es que ese régimen se hubiera despedido con otra guerra civil con otro millón de muertos», reflexiona Martín Villa. La escala de evaluación de la violencia es tal que los setecientos muertos del periodo que hemos estudiado parecen una cifra de escasa relevancia y que la transición aparece, por comparación, como un proceso evidentemente pacífico.

Esta escala desproporcionada también contribuye a explicar la desigual movilización social contra la violencia. Por un lado, la extrema sensibilización de la sociedad española frente a las formas de la violencia autoritaria, perceptible en las masivas movilizaciones de protesta contra los abusos policiales, da fe de un umbral de tolerancia relativamente bajo a todo cuanto traiga a la memoria la recién desparecida dictadura. Por otro lado, la sociedad no se movilizó sino de forma muy puntual contra la violencia de protesta, dado que en esa época los atentados terroristas no suscitaban reacciones de masas. La primera manifestación democrática contra el terrorismo no se convocaría hasta noviembre de 1978[13], y posteriormente habrá que esperar al año 1981 para observar una movilización de la misma magnitud[14]. Por lo demás, y con la excepción de las reacciones centradas en algunos atentados cercanos, el conjunto de la población dio muestras de cierta indiferencia. En lugar de provocar indignación, la intensidad letal de los años 1979 y 1980 generó incluso un cierto cansancio, visible en la banalización, y hasta la ritualización, de las modalidades de protesta, lo que viene a reflejar cierta habituación e, incluso, cierta insensibilización social frente a un fenómeno integrado ya en la vida cotidiana. Existe una gran divergencia entre el discurso teórico de rechazo de la violencia y su relativa aceptación social en la práctica. Esto puede explicarse en parte por el mantenimiento de un sentimiento de indulgencia hacia aquellos grupos cuya legitimidad permanece anclada en la idea de lucha contra la opresión del tirano (como se observará con carácter duradero en el País Vasco), pero también por el hecho de que el umbral de tolerancia de la población frente a la expresión violenta de la contestación —constantemente comparada a la violencia pasada y, sobre todo, temida— sigue siendo en último término bastante elevado.

Por último, si la transición «ha sido más violenta de lo que se ha dicho y de lo que se ha vendido, también ha sido menos violenta de lo que se esperaba», concluye acertadamente Nicolás Sartorius[15]. La sombra traumática de la Guerra Civil, que condujo a la expulsión genérica de la violencia erradicándola de la esfera democrática, no solo actuó como un factor de moderación de las tensiones políticas; reactivada por las violencias del presente, también contribuyó a la amplificación de algunas de sus manifestaciones. Además, condujo a la subestimación de la realidad, ocultándola en las turbias aguas del olvido.

De la ceguera a la ocultación

¿Quién se acuerda hoy, con la excepción de quienes las vivieron en propia carne, de las incursiones, extremadamente violentas, e incluso letales, de los grupos de extrema derecha? ¿De las manifestaciones que degeneraron en disturbios? ¿De los asesinatos de refugiados vascos que perpetró el BVE? ¿De los guardias civiles que mataron los GRAPO? ¿De los civiles segados por los disparos de la policía? Algunos acontecimientos son efectivamente conocidos, como la tragedia de Atocha, conmemorada anualmente, o la interminable lista de crímenes perpetrados por ETA, cuya longevidad alimentó precisamente esa macabra enumeración. Sin embargo, son muchas las vidas quebradas que han desaparecido de la memoria colectiva, trituradas bajo el peso del mito de la transición.

La violencia estatal es la que más se oculta, de modo que los abusos policiales, la tortura o el terrorismo paraestatal anterior a los GAL siguen siendo puntos oscuros, tanto en la historiografía del periodo como en la memoria colectiva. Sin embargo, la erradicación de la violencia estatal se hallaba en el centro del programa de la oposición, y ya hemos visto la extrema sensibilización de la opinión pública frente a la comisión de actos de brutalidad policial en el seno de una manifestación, actos que se percibían como un símbolo de la persistencia del régimen anterior. No obstante, una vez consolidado el marco democrático, no pareció ya pertinente centrarse en unos gestos que venían a poner en peligro los esfuerzos realizados en pro de la legitimación del nuevo régimen. De este modo, la violencia estatal se convirtió en un espacio de silencio, un silencio quebrado solo de forma puntual por el estallido de un escándalo, como ocurrió con el caso Arregui en relación con la tortura, o con el caso de Hendaya en materia de terrorismo de Estado. Los gobiernos se preocuparon incluso de ocultar las huellas de la represión, oponiéndose a las ceremonias de conmemoración de las víctimas de la transición[16].

Esta ocultación se prolongó tras la llegada de los socialistas al poder. Los dirigentes de este partido, cuya cultura política misma se definía en función de la defensa de los derechos humanos frente a toda arbitrariedad del poder, convirtieron el terrorismo de Estado en uno de los elementos de su estrategia antiterrorista: la cultura de la gobernación no tardó en preponderar sobre una cultura de oposición que ya había sido menoscabada durante el propio periodo transicional. A partir de ese momento, las voces críticas susceptibles de levantarse contra los abusos del Estado quedaron restringidas a una minoría marginal, deslegitimada por añadidura debido a que provenían fundamentalmente del País Vasco. Solo al verse los dirigentes socialistas sentados en el banquillo de los acusados se abriría paso la idea de una continuidad entre el terrorismo del BVE y el de los GAL, argumento presuntamente destinado a disculpar la estrategia socialista. Para el gobierno de Felipe González, la denuncia pública de los atropellos derivados de la represión franquista —con las consecuencias judiciales que eso podía acarrear— era denunciarse a sí mismo. Dado que tanto el PP —heredero de AP, pero también de UCD— como el PSOE habían quedado salpicados por las desviaciones vinculadas con la violencia estatal, ninguno de ellos mostró interés en efectuar un examen crítico del periodo de la transición. Todo lo contrario, puesto que ambos continuaron alabando al unísono las pacíficas modalidades de este periodo.

Por consiguiente, el presunto «pacto de olvido» de la transición abarcó a un tiempo los crímenes de la transición, los de la Guerra Civil y los del franquismo, al unificarlos en un ciclo histórico común. La implacable determinación de excluir la violencia del horizonte democrático se halla en el corazón de esta voluntad de apartar los enfrentamientos pasados del campo de visión del presente, con el fin de construir un porvenir común —y ya hemos visto también que había sido esa misma voluntad la que había guiado la política de contención de la violencia en el presente de la transición—. Por consiguiente, la cuestión no estriba tanto en ignorar o «echar al olvido»[17] los horrores del pasado, sino más bien en expulsar del espacio democrático en construcción toda aquella gramática de la violencia que pudiera ponerlo en peligro. En este sentido, la simple mención de la violencia pasada resulta inoportuna, dado que sobre ella viene a recaer la acusación de reactivar en el presente los conflictos de otra época. Del mismo modo, el solo hecho de señalar que la tortura persistía en las comisarías resulta inoportuno, dado que constituye un atentado intolerable contra la propia esencia de lo que pretende ser el nuevo régimen democrático. No existe la menor duda de que la realidad tangible de la violencia, constatable a lo largo del periodo aquí estudiado, contribuyó a elevar a su máxima expresión esta lógica del silencio. Tal dinámica persistirá hasta que una nueva generación, carente de complejos y liberada tanto del temor a un resurgimiento presente de los conflictos del pasado como del peso de haber protagonizado la transición y sus malentendidos, se atreva a poner en cuestión las decisiones tomadas entonces. Evidentemente, dichas decisiones permitieron salir de la dinámica cíclica de la violencia que pesaba sobre la historia de España, pero la pacificación democrática que tanto se exalta no consiguió una verdadera reconciliación nacional. Antes al contrario, ya que generó un gran número de frustraciones que se hallan en la base del desarrollo, visible a partir del año 2000, de un movimiento favorable a lo que ha dado en llamarse la «recuperación de la memoria histórica», con el que se pretende rehabilitar la memoria oculta de los vencidos de la Guerra Civil y del franquismo.

Por consiguiente, el peso simbólico de la violencia pasada sigue gravitando onerosamente sobre las identidades políticas. Las fechas de 1982 y 1986, pese a señalar en cierta medida el final escalonado del ciclo de las violencias físicas que se vivieron durante la transición, no constituyen en cambio el término del ciclo de las representaciones identitarias basado en los conflictos bipolares del siglo XX. El conflicto físico fue sustituido por un conflicto simbólico centrado en la memoria del pasado violento. La amnistía de octubre de 1977 alumbró una visión común de la Guerra Civil, cuyos errores y excesos de conjunto, compartidos por ambos bandos al tratarse de una guerra fratricida, debían perdonarse en bloque. Sin embargo, el consenso aparente que rodeó esta equivalencia moral entre los dos bandos se fue desmoronando poco a poco hasta dar paso a una creciente polarización entre la herencia de dos memorias opuestas e incompatibles. Por un lado, el legado republicano de izquierdas reivindica la rehabilitación de las víctimas del franquismo bajo la bandera de «la verdad, la reparación y la justicia», y recupera la figura de la Segunda República como mito fundador de la democracia en vez de la transición. Por otro, la memoria católica y conservadora se alza contra un movimiento tachado de revanchista y recicla los mitos históricos forjados por la propaganda franquista. De este modo acaban enfrentándose en el espacio público dos relatos del pasado, sin que ninguno de ellos consiga imponerse de forma hegemónica. Dos relatos que no solo rompen con el mito de la reconciliación promovido durante la transición, sino que reeditan el «síndrome de las dos Españas»[18].

Si el «espíritu de la transición» es el que todavía orienta las políticas de reconciliación de la democracia actual, su invocación no alcanza a enmascarar ya los desafíos simbólicos inherentes a la violencia política pasada. Pese a los esfuerzos desplegados para excluirla del espacio democrático, la violencia sigue por tanto en el corazón mismo del hecho político de la España contemporánea.

Fuentes y bibliografía

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes

FUENTES

I. ARCHIVOS

Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares

a)Gobierno Civil de Madrid (AGA, GCM, 111 [n.º de caja] / 364 [n.º de expediente])

Sección Ministerio del Interior, IDD (08) 026.002: Gobierno Civil de Madrid, Orden Público. Expedientes de Investigación. 1974-1982, cajas 101 a 116.

b)Memorias de los Gobiernos Civiles, 1975-1985 (AGA, Memoria del Gobierno Civil, Vizcaya, 1983).

Sección Ministerio del Interior (08), IDD (08) 031.000, signaturas 32/11447 a 32/11538. Se han consultado las memorias siguientes:

Barcelona: 1975, 1977, 1979-1983.

Madrid: 1979-1981.

Álava: 1975-1982.

Guipúzcoa: 1975-1977, 1979-1982.

Vizcaya: 1975-1977, 1980-1983, 1985.

Navarra: 1975-1977, 1979-1982.

Valencia: 1975-1983, 1985.

Valladolid: 1975-1977, 1979-1983, 1985.

Santa Cruz de Tenerife: 1976, 1977, 1981.

c)Gabinete de Enlace (AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09054).

Sección Ministerio de Información y Turismo, IDD (03) 104004: Gabinete de Enlace, Expediente «Informativos», cajas:

42/08921-42/08923; 42/09010-42/09011; 42/09024-42/09027;

42/09031-42/09032; 42/09037-42/09038; 42/09054; 42/09059

42/09060; 42/09106-42/09114; 42/09124-42/09125; 42/09131

42/09141; 42/09148-42/09151; 42/09155-42/09156.

d)Boletín Informativo, 1975 y 1977 (AGA, BI, 11/1/1977).

Sección Ministerio de Información y Turismo IDD (03) 104004: Gabinete de Enlace, Expediente «Informativos», cajas:

42/09125-42/09126: boletines del 1 de febrero de 1975 al 15 de marzo de 1975.

42/09126-42/09127: boletines de abril de 1975 y de abril a julio de 1977.

42/09146-42/09147: boletines de enero de 1975 y de enero y febrero de 1977.

Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), Madrid

—Secretaría general técnica: AGMI, SGT, 11046 y 11048.

—Subsecretaría: AGMI, Subsecretaría, 7234, 7239, 7328 y 7245.

—Archivo Documental de la ORIS (Oficina de Relaciones informativas y sociales): listado de víctimas.

Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid

—Boletín Oficial de las Cortes (BOCG): 1975-1982.

—Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSC): 1977-1982.

—Diario de Sesiones del Senado (DSS): 1977-1982.

    El BOCG, el DSC y el DSS se pueden consultar hoy en la Red: http://www.congreso.es, y http://www.senado.es para los relativos al Senado.

—Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, actas de sesiones de la Comisión de Interior: Serie general, legajo 3487, n.os 1 a 22 y serie general, legajo 1006, n.º 2.

—Boletín Oficial del Estado (BOE): 1975-1982. Disponible en la Red: http://www.boe.es.

Archivo del Tribunal Supremo, Madrid

—Memorias del Fiscal del Tribunal Supremo (MFTS): 1974-1983.

—Sentencias del Tribunal Supremo: 1978-1986 (Sentencia TS, 2139, 20/6/1979).

Sentencias del Tribunal Supremo consultadas

Número de sentencia | Fecha | Inculpados | Relación de hechos
869 | 18 abril 1978 | GRAPO | Amnistía
1005 | 16 mayo 1978 | GRAPO | Amnistía
1018 | 18 mayo 1978 | GRAPO | Amnistía
1045 | 29 mayo 1978 | GRAPO | Amnistía
1072 | 6 junio 1978 | Anarquistas | Amnistía
1099 | 17 junio 1978 | GRAPO | Amnistía
1126 | 26 junio 1978 | GRAPO | Amnistía
1204 | 1 julio 1978 | FRAP | Amnistía
1225 | 5 julio 1978 | GRAPO | Amnistía
1453 | 8 noviembre 1978 | GRAPO | Amnistía
1663 | 29 diciembre 1978 | Anarquistas | Amnistía
1376 | 30 marzo 1979 | GRAPO | Amnistía
2139 | 20 junio 1979 | Extrema derecha | Terrorismo (Arturo Ruiz)
1525 | 17 marzo 1980 | Extrema derecha | Terrorismo
1557 | 26 marzo 1980 | ETA | Terrorismo
2119 | 17 octubre 1980 | ETA | Terrorismo
2660 | 30 diciembre 1980 | Extrema derecha | Terrorismo (Atocha)
273 | 19 enero 1983 | CAA | Terrorismo
586 | 29 enero 1983 | Xavier Vinader | Caso Interviú
2377 | 22 abril 1983 | Militares | 23-F
6040 | 17 noviembre 1983 | Extrema derecha | Terrorismo (Yolanda González)
6328 | 29 noviembre 1983 | Abertzales | Incidentes de Guernica 4 febrero 1981
6600 | 10 diciembre 1983 | Anarquistas | Terrorismo
1495 | 8 marzo 1984 | ETA | Insultos
2183 | 6 abril 1984 | Extrema derecha | Terrorismo (bomba en El País)
4114 | 5 julio 1984 | Asociaciones de vecinos | Desórdenes públicos
5792 | 13 noviembre 1984 | ETA | Terrorismo
1919 | 29 marzo 1985 | GRAPO | Terrorismo
3645 | 19 junio 1985 | Extrema derecha | Terrorismo
702 | 20 enero 1986 | ETA | Amnistía
4341 | 23 junio 1986 | ETA | Amnistía
4495 | 27 junio 1986 | GRAPO | Terrorismo

II. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

—Se han consultado las siguientes: El País, ABC, Informaciones, Diario 16, Egin, Triunfo, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, Punto y Hora de Euskal Herria.

Informes de Amnistía Internacional: 1975-1987

a) Memorandos puntuales

Amnesty International, «Espagne», en Rapport sur la torture, París, Gallimard, 1974, pp. 179-182.

— Report of an Amnesty International mission to Spain, July 1975, Londres, Amnesty International Publications, 1975.

Amnistía Internacional, Tortura: informe de Amnistía Internacional, Madrid, Fundamentos, 1984.

— España: la cuestión de la tortura. Documentos intercambiados entre Amnistía Internacional y el Gobierno de España, Londres, Amnesty International, 1985.

b) Memorandos anuales

Amnistía Internacional, «España», en Informe 1977, Londres — Barcelona, Amnistía Internacional, 1978, pp. 207-211.

— Se consultan el mismo tipo de documentos en los años: 1978 (pp. 237-240); 1979 (pp. 147-149); 1980 (pp. 236-240); 1981 (pp. 239-242); 1982 (pp. 232-235); 1983 (pp. 236-239); 1984 (pp. 278-282); 1985 (pp. 270-273); 1986 (pp. 283-285); 1987 (pp. 281-284).

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE): 1982-1991

APDHE, Informe sobre la Legislación Antiterrorista Española, Madrid, ADPHE, 1982.

— Los Derechos Humanos en España. Informe 1982, Madrid, APDHE, 1982.

— Los Derechos Humanos en España. Informe 1984, Madrid, APDHE, 1984.

— Informe anual. Derechos Humanos en España 1985, n.º 8, Madrid, APDHE, 1985.

— Informe anual. Derechos Humanos en España 1987, n.º 13, Madrid, APDHE, 1988.

— Informe anual. Derechos Humanos en España 1989, n.º 15, Madrid, APDHE, 1990.

— Informe anual. Derechos Humanos en España 1990, n.º 16, Madrid, APDHE, 1991.

— Informe anual. Derechos Humanos en España 1991, n.º 17, Madrid, APDHE, 1992.

Barómetro de la Opinión Pública, realizado por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), publicado en:

— Revista Española de la Opinión Pública (REOP), n.os 44 (1976), a 50 (1977).

— Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), n.os 1 (1978) a 20 (1982).

III. FUENTES AUDIOVISUALES

— Victoria Prego, La transición, 13 capítulos, RTVE, 1995.

— Santiago Torres y Lluís Montserrat, Víctimas de la transición, 2002.

— Juan Gautier y José Ángel Jiménez, Sanfermines 78, 2005.

— Arthur McCaig, Le GAL, les mains sales, reportaje emitido por la cadena de televisión francesa Antenne 2 el 10 de abril de 1986 (INA).

IV. ENTREVISTAS

Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD). — Ministro de Comercio del segundo gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976), ministro de Obras Públicas (1976-1977), ministro sin cartera para las Relaciones con la Comunidad Económica Europea (1978-1980), vicepresidente del gobierno y ministro de Economía de los gobiernos de Adolfo Suárez (1980-1981), y presidente del gobierno (1981-1982). El encuentro se desarrolló el día 7 de diciembre de 2005 en los locales de la Casa de Velázquez, en Madrid.

Rodolfo Martín Villa (UCD). — Ministro de Relaciones Sindicales del segundo Gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976), ministro de Gobernación y luego de Interior (1976-1979) y más tarde (1980-1981) ministro de Administración Territorial de los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, además de vicepresidente del último gobierno de Calvo-Sotelo (1981-1982). La entrevista tuvo lugar el 10 de febrero de 2006, en los despachos de la Fundación Endesa, en Madrid.

Nicolás Sartorius (PCE). — Miembro del Comité central del Partido Comunista de España desde el año 1970 y miembro fundador de Comisiones Obreras. Es encarcelado varias veces durante la dictadura franquista, y en 1973 será también uno de los condenados del llamado «Proceso 1001». Sale en libertad en diciembre de 1975, gracias a un indulto del rey Juan Carlos. En 1981 sustituye como diputado a Marcelino Camacho. El encuentro se celebró el 6 de marzo de 2006 en los despachos de la Fundación Alternativas, en Madrid.

Landelino Lavilla (UCD). — Miembro democristiano del grupo Tácito desde su fundación, en 1973. Director adjunto del Banco Español de Crédito entre 1964 y 1976. En 1974, Lavilla ejercerá brevemente algunas funciones en el gobierno como subsecretario del Ministerio de Industria, pero dimite al constatarse el fracaso del proceso de apertura. Adolfo Suárez le nombra ministro de Justicia en su condición de partidario del reformismo (1976-1979). Será también senador por designación del rey, y formará parte de la Comisión constitucional hasta el mes de mayo de 1978. Ejerció el cargo de presidente del Congreso entre los años 1979 y 1982. En julio de 1982 es elegido secretario general de la UCD, partido que en esos momentos se encuentra en plena descomposición. En febrero de 1983 dimite, renunciando asimismo a su escaño de diputado, y pasa a integrar el Consejo de Estado, del que hoy es miembro permanente. La entrevista se realizó el 31 de marzo de 2006 en los despachos de este último órgano, en Madrid.

Bibliografía

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Anexos

ANEXOS

I. Ejemplo de formulario utilizado para la confección de la base de datos

I

EJEMPLO DE FORMULARIO UTILIZADO PARA LA CONFECCIÓN DE LA BASE DE DATOS (ACCESS)

Elaboración personal

II. Legislación: resumen

II

LEGISLACIÓN: RESUMEN

MEDIDAS DE EMANCIPACIÓN

Fecha
Ley
Materia

1975
Decreto-ley (DL) 5/1975 de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo.
Derecho de huelga.

Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de su Majestad don Juan Carlos de Borbón como Rey de España.

Circular 2/1975, MFTS, 1976.

Indulto real.

1976
Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión.
Derecho de reunión.

Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el Derecho de Asociación Política.
Asociaciones políticas.

Ley 23/1976 de 19 de julio, sobre la modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo.
Reforma del código penal (derecho de reunión y asociación).

Real Decreto-Ley (RDL) 10/1976, de 30 de julio sobre amnistía.

Circular 3/1976 MFTS, 1977.

Amnistía.

1977
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma política.
Reforma política.

RDL 1/1977, de 4 de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional.
Audiencia Nacional.

RDL 2/1977, de 4 de enero, por el que se suprimen el Tribunal y los Juzgados de Orden Público y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción.
Supresión del TOP.

RDL 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo.
Los delitos de terrorismo pasan a la jurisdicción civil.

1977
RDL 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público.
Supresión de la responsabilidad penal subsidiaria.

RDL 12/1977 de 8 de febrero, sobre el derecho de asociación política.
Asociaciones políticas.

RDL 14/1977, de 25 de febrero, por el que se prorroga la vigencia del real decreto-ley 4/1977 de 28 de enero, por el que se suspendía parcialmente la aplicación de los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.
«Semana Negra»: restricción de las libertades.

RDL 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales.
Derecho de huelga.

RDL 19/1977, de 14 de marzo, sobre medidas de gracia.
Medidas de gracia y exilio para los etarras.

1977
RDL 23/1977, de 1 de abril, sobre la reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y el nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento nacional.
Supresión del Movimiento nacional.

Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical.
Libertad sindical.

RDL 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión.
Libertad de expresión.

RDL 31/1977, de 2 de junio, sobre la extinción de la sindicación obligatoria, la reforma de las estructuras sindicales y la reconversión del organismo autónomo de «Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales».
Supresión del Movimiento nacional.

Ley 48/1977, de 15 de octubre, sobre amnistía.

Circular 1/1977 de 20 de octubre, MFTS, 1978.

Amnistía.

1978
Ley 20/1978, de Enjuiciamiento Criminal.
Procedimiento penal.

Ley 31/1978, de 17 de julio, sobre la modificación del Código Penal para tipificar el delito de tortura. La ley introduce un nuevo artículo, el 204 bis.
Tortura.

Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de partidos políticos.
Partidos políticos.

Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía.
Reforma policial.

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Derechos fundamentales.

1980
Ley Orgánica (LO) 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del Código Penal en materia de libertades de expresión, reunión y asociación.
Reforma del código penal (derechos de reunión, asociación y expresión).

LO 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar.
Defensa nacional.

LO 9/1980, de 6 de noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar.
Justicia militar.

1983
LO 9/1983, de 15 de julio, por la que se regula el derecho de reunión.
Derecho de reunión.

LO 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso, y se modifican los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asistencia letrada.

1984
LO 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar.
Defensa nacional.

LO 6 /1984, de 24 de mayo, por la que se regula el procedimiento de «Habeas Corpus».
Habeas Corpus.

1986
LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Reforma policial.

MEDIDAS ANTITERRORISTAS

  Fecha   | Ley
1975 | DL 10/1975, de 26 de agosto, sobre Prevención del Terrorismo.
1976 | DL 2/1976, de 18 de febrero, por el que se revisa el de Prevención del Terrorismo 10/1975 de 26 de agosto, y se regula la competencia para el enjuiciamiento de tales delitos.
1978 | RDL 21/1978, de 30 de junio, sobre medidas relacionadas con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas.
Ley 56/1978, de 4 de diciembre, de medidas especiales relacionadas con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados.
Ley 82/1978, de 28 de diciembre, de modificación del Código Penal en materia de terrorismo.
1979 | RDL 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana.
RDL 19/1979, de 23 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto-ley 1/1977 de 4 de enero, que creó la Audiencia Nacional y se prorroga la vigencia de la Ley 56/1978 de 4 de diciembre, de medidas especiales relacionadas con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados.
1980 | Convenio Europeo para la represión del terrorismo de 27 de enero de 1977, firmado por España en abril de 1978 y ratificado en febrero de 1980.
LO 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución. Recibe el nombre de «Ley de Seguridad Ciudadana» o «Ley de Suspensión de Derechos Individuales».
1981 | LO 2/1981, de 4 de mayo, que modifica y adiciona determinados artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar. Recibe el nombre de «Ley de defensa de la Constitución».
LO 4/1981, de 1 de junio, sobre los estados de alarma, excepción y sitio.
1984 | LO 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y para el desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución.
1988 | LO 3/1988, de 25 de mayo, de reforma del Código Penal.

III. Sesiones del congreso de los diputados relativas al orden público

III

SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELATIVAS AL ORDEN PÚBLICO

SESIONES PLENARIAS

Legislatura
N.º DSC
Fecha
Tema

Legislatura constituyente (julio de 1977-1978)
7-8
13 y 14/9/1977
Asunto Jaime Blanco.

24
14/10/1977
Amnistía.

29
27/10/1977
Pactos de la Moncloa

43
23/12/1977
Asuntos de Málaga y Tenerife.

36-37
5 y 6/4/1978
Reajuste ministerial y culminación de los Pactos de la Moncloa.

97
27/6/1978
Comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife.

100
29/6/1978
Comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife.

116
21/7/1978
Aprobación del proyecto de Constitución y asesinato del general Sánchez Ramos por parte de ETA.

118
21/7/1978
RDL 21/1978 antiterrorista.

133
8/11/1978
Debate sobre el orden público (a petición de AP).

134
9/11/1978

Resultados de la comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife.

Ley antiterrorista.

135
15/11/1978
Reforma del Código Penal en materia de terrorismo.

Diputación permanente (enero-marzo de 1979)
2
6/2/1979
RDL 3/1979 de protección de la seguridad ciudadana (antiterrorista).

Primera Legislatura (marzo de 1979-octubre de 1982)
3
30/3/1979
Investidura de Adolfo Suárez.

10-11
23 y 24/5/1979

Debate sobre la seguridad ciudadana.

Examen de la propuesta de derogación del RDL antiterrorista.

57
20/12/1979
RDL 19/1979 antiterrorista.

125
29/10/1980
Ley para el desarrollo del artículo 55.2, conocida con el nombre de «Ley de suspensión de los derechos individuales».

155
1/4/1981
Ley conocida con el nombre de «Ley de defensa de la Constitución».

233
22/4/1982
Informe del gobierno sobre la ofensiva terrorista (atentado de Ríos Rosas).

SESIONES DE LAS COMISIONES DE INTERIOR DE LA PRIMERA LEGISLATURA

Año

N.º Diario de Sesiones

Informes de Comisiones o N.º de Referencia de los Archivos del Congreso

Fecha
Tema

1979
Serie general, leg. 3487, n.º 1.
5/6/1979
Ibáñez Freire, información sobre el terrorismo.

Serie general, leg. 3487, n.º 2.
18/10/1979
Ibáñez Freire, información sobre el terrorismo y la seguridad ciudadana.

Serie general, leg. 3487, n.º 3.
23/10/1979
Ibáñez Freire, respuesta a las preguntas.

1980
Serie general, leg. 3487, n.º 4.
21/2/1980
Ibáñez Freire, información sobre el terrorismo y la seguridad ciudadana.

DS 16.
26/3/1980
Ibáñez Freire, DGS y gobernador civil de Madrid, información sobre la seguridad ciudadana.

Serie general, leg. 3487, n.º 11
9/4/1980

Ibáñez Freire y DG de la Guardia Civil, información general.

Asunto Yolanda González.

DS 17.
16/4/1980
Ibáñez Freire y general Sáenz de Santa María, delegado especial en el País Vasco para labores de información.

Serie general, leg. 3487, n.º 13.
11/6/1980
Rosón, respuesta a las preguntas.

Serie general, leg. 3487, n.º 14.
25/6/1980
Rosón, respuesta a las preguntas.

Serie general, leg. 3487, n.º 18.
3/12/1980
Caso de Hendaya.

1981
Serie general, leg. 3487, n.º 20.
1/4/1981
Rosón, aplicación de la ley antiterrorista y respuesta a las preguntas.

Serie general, leg. 3487, n.º 21.
30/4/1981
Rosón, respuesta a las preguntas.

Serie general, leg. 3487, n.º 22.
21/5/1981
Caso de Almería.

DS 33.
29/10/1981
Rosón: aplicación de la ley antiterrorista.

1982
DS 38.
25/2/1982
Rosón: aplicación de la ley antiterrorista.

IV. Cronología

IV

CRONOLOGÍA

Cronología política
Acontecimientos violentos

1975

22/4, Guecho (Vizcaya): ETA asesina al inspector de policía José Ramón González.

26/4: proclamación del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa por espacio de tres meses.

Julio-agosto: el FRAP asesina a dos policías y a un guardia civil. Otro guardia civil es abatido por los disparos del GRAPO. Entre tanto, ETA asesina a tres civiles.

26/8: Decreto-ley antiterrorista.

Finales de agosto: consejos de guerra contra varios militantes de ETA y del FRAP. Movilización nacional e internacional sin precedentes para salvar a los condenados a pena de muerte.

27/9: últimas ejecuciones franquistas: tres miembros de ETA y dos miembros del FRAP.

1/10, Madrid: los GRAPO asesinan a cuatro miembros de la Policía Armada, como represalia por las ejecuciones.

5/10, Oñate (Guipúzcoa): ETA asesina a tres guardias civiles con un coche bomba.

6/10, Alto de Campazu (Vizcaya): ATE reivindica el asesinato de Ignacio Etxabe, hermano de Juan José Etxabe, dirigente de ETA. Es la primera víctima del terrorismo parapolicial.

Octubre, Tenerife: el obrero Antonio González Ramos muere a consecuencia de las torturas perpetradas por el comisario José Matute Fernández.

20/11: muerte de Franco.

La transición (noviembre de 1975 a octubre de 1982)

22/11: proclamación de Juan Carlos I.

24/11, Oyarzun (Guipúzcoa): ETA asesina al alcalde de la localidad, Antonio Echevarría Aldizu.

25/11: Decreto de indulto real. Centenares de presos ordinarios y políticos salen de prisión.

Gabinete de Carlos Arias Navarro (diciembre de 1975 a julio de 1976)

Diciembre, Cataluña: caso de tortura de unos militantes de CC. OO. conocido con el nombre de «caso Téllez».

13/12: primer gobierno de la monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, renovado en sus funciones de presidente del gobierno.

BALANCE del último trimestre de 1975

Número total de muertos: 19

Número total de acciones violentas: 53

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 6

— GRAPO: 4

— Extrema derecha: 1

— Fuerzas del orden: 8

1976

Enero, Madrid: huelgas generales. Los servicios públicos se resienten, se militariza el metro.

— El país se halla en estado de efervescencia, estallan conflictos sociales por toda la geografía española.

13/1, Bérriz (Vizcaya): ETA secuestra al industrial vasco José Luis Arrasate, liberado tras el pago de un rescate.

16/1, Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa): ETA asesina al guardia civil Manuel Vergara Jiménez.

1 y 8/2, Barcelona: huelgas generales en favor de la amnistía; reprimidas con toda severidad por la policía.

9/2, Galdácano (Vizcaya): ETA asesina al alcalde de la localidad, Víctor Legorburu Ibarreche, simpatizante de FN.

10/2, Cizúrquil (Guipúzcoa): ETA asesina por error al obrero Julián Galarza. Tras la muerte, pide excusas a la familia.

19/2, Madrid: detención de Simón Sánchez Montero, líder del PCE. Fuertes protestas.

2/3, Madrid. Los GCR secuestran y torturan a José Antonio Martínez Soler, director de la revista Doblón.

3/3, Vitoria (Álava): en pleno conflicto social, mueren cinco obreros a causa de los disparos de la policía. En el País Vasco se vive un clima de insurrección. Una huelga general convocada para protestar por los hechos paraliza la región durante varios días.

8/3, Basauri (Vizcaya): en una manifestación de protesta por los acontecimientos de Vitoria, la policía mata al obrero Vicente Antonio Ferrero.

18/3, San Sebastián: ETA secuestra al industrial Ángel Berazadi. Ejecutado el 8 de abril.

29/3, Madrid: por orden de Manuel Fraga, se detiene a los líderes de la oposición durante la presentación de CD. Permanecen en prisión hasta principios de mayo.

3/4, Madrid: gran manifestación de la oposición. Se detiene a centenares de participantes, algunos de ellos miembros destacados del PCE. Son encarcelados en Carabanchel hasta principios de mayo.

5/4, Hendaya: secuestro no reivindicado de dos inspectores de policía de San Sebastián. Sus cadáveres aparecen un año más tarde, el 19 de abril de 1977, en la playa de Anglet. Se sospecha de ETA.

— Segovia: evasión de 29 prisioneros del centro penitenciario de la localidad (25 de ETA, 3 del FRAP y 1 del FAC). Al día siguiente se detiene a 23 de los fugados. Un etarra muere en el curso de la operación, mientras que otros cinco consiguen pasar a Francia.

16-18/4, Madrid: XXX Congreso de la UGT. Es la primera vez desde la Guerra Civil que se celebra en España.
18/4: se suspende el Aberri Eguna, en respuesta a la ejecución del industrial Ángel Berazadi, declarándose «jornada de luto».

Abril: caso de tortura de la joven Amparo Arangoa. El suceso supondrá el inicio de una campaña de prensa para denunciar las torturas.

1/5: prohibición de la fiesta del trabajo. Se registran en todo el país intentos de manifestación que son violentamente disueltos por la policía, que procede a realizar cientos de detenciones.

9/5, Montejurra (Navarra): mueren dos personas durante la ceremonia anual carlista. Enfrentamientos entre los partidarios de Carlos Hugo de Borbón y los de Sixto de Borbón-Parma apoyados por mercenarios ultraderechistas, ante la pasividad de la Guardia Civil.

25/5: ley destinada a regular el derecho de reunión.

3/6, Washington: discurso de Juan Carlos ante el Congreso estadounidense. En él reafirma su deseo de asentar una verdadera democracia en España.

9/6: ley por la que se autoriza la creación de asociaciones políticas.
9/6, Basauri (Vizcaya): ETA asesina al jefe local del Movimiento nacional, Luis Carlos Albo.

Junio, Tenerife: primer juicio de la transición por causa de torturas —contra el inspector de policía José Matute Fernández.

1/7: dimisión de Carlos Arias Navarro.

Primer gobierno de Adolfo Suárez (julio de 1976 a junio de 1977): el empuje de la reforma

3/7: nombramiento de Suárez como presidente del gobierno.

Julio: creciente movilización popular en favor de la amnistía.

7-12/7: Coordinación Democrática convoca una «semana pro-amnistía» que culmina el día 11 con la presencia de más de 250 000 personas en toda España.
9/7, Santurce (Vizcaya): María Norma Menchaca Gonzalo fallece por arma de fuego con ocasión de una fiesta popular asociada a una manifestación pro-amnistía.

14/7: reforma del Código Penal con la que se desarrolla la ley de asociaciones políticas. El PCE queda teóricamente excluido de la nueva legislación.

18/7: primera acción pública de los GRAPO, que provocan la explosión de cerca de treinta artefactos en el conjunto de España.

23/7, San Juan de Luz: desaparición de Eduardo Moreno Bergareche, «Pertur», dirigente de ETApm. La Triple A y el BVE revindican su muerte, pero ha sido eliminado por un ajuste de cuentas interno de ETA.

30/7: decreto de amnistía.

13/8, Almería: un guardia civil mata a Francisco Javier Verdejo Lucas, militante de la Joven Guardia Roja, mientras se encontraba haciendo una pintada en la que reivindicaba «Pan, trabajo y libertad».

8/9: Suárez se reúne con los altos mandos del Ejército. Les habría garantizado que el PCE quedará al margen de la futura democracia.
8/9, Fuenterrabía (Guipúzcoa): Jesús María Zabala se convierte en la segunda víctima policial de las manifestaciones pro-amnistía. Se produce una viva reacción en el País Vasco, convocándose el día 13 y los siguientes una huelga general masiva.

11/9, Sant Boi de Llobregat (Barcelona): más de cincuenta mil personas celebran el día de la patria catalana, la Diada.

22/9: dimisión del ministro de Defensa, el teniente general Fernando de Santiago, contrario a la reforma sindical. Le sustituye el general Manuel Gutiérrez Mellado.
22/9, Tenerife: Bartolomé García muere a manos de la policía, tras confundirle esta con un peligroso delincuente apodado «El Rubio». Su muerte provoca graves incidentes: la isla se encuentra al borde de la insurrección durante una semana.

27/9: la oposición convoca una «jornada de lucha» en favor de la amnistía, coincidiendo con el aniversario de las ejecuciones de 1975.

27/9, Madrid: en el transcurso de una manifestación, Carlos González Sancho cae mortalmente herido por los disparos de los GCR.

— Vitoria: un trabajador, Vicente Velasco, fallece a consecuencia de los golpes recibidos en circunstancias oscuras vinculadas con la jornada de huelga.

Octubre: debate sobre la Ley para la Reforma Política en el Consejo nacional del Movimiento.
1/10: impresionantes reacciones populares en respuesta a la serie de actos violentos que se vienen padeciendo. CD convoca una huelga general en señal de protesta.

4/10, San Sebastián: atentado de ETA contra el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce. El balance final es de cinco muertos.

29/10: supresión de la Brigada Político-Social.

12/11: la oposición convoca una huelga general. Según el gobierno la secundan medio millón de personas; los sindicatos afirman que han sido dos millones. Es la movilización nacional más importante que se produce desde los tiempos de la Guerra Civil.
Noviembre, Barcelona: incidentes en el transcurso de un juicio por torturas contra cuatro inspectores de policía.

16-18/11: las Cortes franquistas aprueban la LRP con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones.

20/11, Madrid: primer aniversario de la muerte de Franco. Cien mil personas se reúnen en la Plaza de Oriente.

28/11, Santesteban (Navarra): incidentes en una sala de fiestas en los que un guardia civil mata a dos adolescentes —Santiago Navas y Javier Nuin (que fallece el 17 de diciembre)—. Fuerte reacción popular y huelga general en Navarra.

4-8/12, Madrid: XXVII Congreso del PSOE, el primero que el partido celebra en el país desde la Guerra Civil.

10/12, Madrid: conferencia de prensa clandestina de Santiago Carrillo. La policía sale en su persecución.

11/12: Los GRAPO secuestran a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado y consejero del reino.

15/12: referéndum sobre la LRP. Gana el «sí» en el 94 % de los votos escrutados.
15/12, Madrid: a Ángel Almazán, joven militante de la ORT, lo matan en una manifestación.

17/12, Madrid: manifestación de miles de policías.

22/12, Madrid: Carrillo es detenido junto con otros siete miembros del comité ejecutivo del PCE.

23/12: primera reunión entre Suárez y la Comisión de los nueve.

30/12: el Consejo de ministros suprime el TOP e instituye la Audiencia Nacional.

— Carrillo es puesto en libertad.

BALANCE del año 1976

Número total de muertos: 54

Número total de acciones violentas: 433

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 20

— GRAPO: 4

— Extrema derecha: 4

— Fuerzas del orden: 24

1977

9/1, Sestao (Vizcaya): Juan Manuel Iglesias muere a causa de una insuficiencia cardiovascular mientras se dispersa una manifestación pro-amnistía.

11/1, Las Arenas (Vizcaya): ETA asesina a Gonzalo Santos Turrientes, exmilitante de la banda terrorista acusado de ser chivato de la policía.

18/1: se cursan instrucciones de tolerancia con la ikurriña.

23-28/1, Madrid: «Semana Negra». Balance: 10 muertos.

23/1: Arturo Ruiz García fallece abatido por los disparos de unos extremistas de derechas durante una manifestación pro-amnistía.

24/1: los GRAPO secuestran al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y antiguo jefe del Estado Mayor central.

— Fallece a consecuencia del impacto de un bote de humo en la cabeza María Luz Nájera, estudiante de veinte años, en una manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz García.

— Matanza de Atocha: un comando ultraderechista ametralla en su despacho a unos abogados laboralistas militantes del Partido Comunista de España. Balance: 5 muertos.

25/1: supresión de la responsabilidad penal subsidiaria que condenaba a penas de prisión a quienes dejaran impagada una multa.

26/1: jornada de protesta contra la Matanza de Atocha: medio millón de huelguistas y manifestación de más de cien mil personas en Madrid, organizada por el PCE.
28/1: los GRAPO asesinan a tres miembros de la Policía Armada.

11/2: la policía, dirigida por Roberto Conesa, libera a Antonio María de Oriol y Urquijo y a Emilio Villaescusa, secuestrados por los GRAPO.

17/2: legalización de siete partidos políticos, entre ellos el PSOE y el PSP.

27/2, Madrid: entrevista secreta entre Suárez y Carrillo en casa de José Mario Armero.

2/3, Madrid: reunión eurocomunista. Es la primera asamblea pública del PCE.

4/3: se reconoce el derecho de huelga.

12/3, San Sebastián: José Luis Aristizabal muere a consecuencia del impacto de una bala de goma disparada por la policía durante una manifestación pro-amnistía. Vivas reacciones populares, en el curso de las cuales fallecerá en Pamplona, víctima también de una pelota de goma, Isidro Susperregui Aldako, militante de Acción Nacionalista Vasca.

13/3, Mondragón (Guipúzcoa): ETA asesina al guardia civil Constantino Gómez García.

15/3: la ley electoral fija las modalidades de las elecciones de junio.

1/4: libertad de expresión: eliminación de la censura. Restablecimiento de la libertad sindical y supresión del Movimiento Nacional.

9/4: legalización del PCE. Dimisión del almirante Pita da Veiga, ministro de Marina.

10/4: se prohíbe la celebración del Aberri Eguna.

28/4: legalización de las centrales sindicales. CC. OO., UGT, USO (Unión Sindical Obrera), STV (Solidaridad de los Trabajadores Vascos) y SOC (Sindicato de Obreros del Campo).

1/5: se prohíben las manifestaciones que no adopten la forma de reuniones en espacios cerrados. Se realizan varios centenares de detenciones.

7-15/5, País Vasco: «semana pro-amnistía». Balance: 6 muertos, de los cuales 4 son civiles fallecidos en enfrentamientos con la policía.

9/5, Barcelona: los independentistas catalanes de EPOCA asesinan al industrial catalán José María Bultó.

13/5: Dolores Ibárruri, la «Pasionaria», regresa a Madrid tras 40 años en el exilio.

14/5: don Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos en beneficio de su hijo.

18/5, San Sebastián: ETApm asesina a un policía armada.

20/5: se dictan medidas de gracia que conceden la vía del exilio a los etarras condenados por delitos de sangre.
20/5, Bilbao: ETA secuestra al banquero Javier Ybarra, exalcalde de esa capital vasca. El 22 de junio se encuentra su cadáver.

24/5: inicio de la campaña electoral.

2-15 junio: ofensiva de ETA destinada a alterar la campaña electoral mediante una serie de artefactos explosivos.

— La extrema derecha y la extrema izquierda se enfrentan en el espacio público.

4/6, Barcelona: los GRAPO asesinan a dos guardias civiles.

15/6: primeras elecciones legislativas libres. La UCD sale vencedora de las urnas.

Los primeros pasos del Parlamento constituyente. Segunda etapa de Suárez (junio de 1977-marzo de 1979)

6/7: formación del segundo gabinete Suárez.

22/7: apertura del nuevo Parlamento constituyente.

1/8: creación de una comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas a la que se le encarga la misión de redactar una Constitución.

11/9, Barcelona: se celebra la Diada con más de un millón de participantes. Gustavo Frecher Solana muere a consecuencia del impacto de una bala de goma de la policía. Vivas reacciones políticas.

20/9, Barcelona: la Triple A reivindica la autoría del atentado contra la revista El Papus. Balance: 1 muerto, el conserje Juan Peñalver Sandoval. Huelga de periodistas el día 23 en señal de protesta.

27/9, Madrid: los GRAPO asesinan al capitán de la Policía Armada Florencio Herguedas.

29/9: restablecimiento de la Generalitat de Cataluña, presidida por Josep Tarradellas.

5/10, Pamplona: atentado contra la revista vasca Punto y Hora de Euskal Herria, reivindicado por la Triple A.

6/10, Alicante: un miembro de FN mata de una pedrada a un militante del Movimiento comunista.

7/10, Hernani (Guipúzcoa): la Triple A asesina al taxista y presunto chivato de ETA David Salvador Bernardo.

8/10, Guernica (Vizcaya): ETA asesina al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, y a dos guardias civiles de su escolta.

15/10: Ley de amnistía, que incluye a los delitos de sangre.

27/10: se ratifican los Pactos de la Moncloa.

26/11, Pamplona: ETA asesina al comandante Joaquín Imaz Martínez, jefe de la Policía Armada.

4/12, Málaga: muere en una manifestación en favor de la autonomía un joven comunista llamado José Manuel García Caparrós. Clima insurreccional durante los días 5 y 6 de diciembre.

Diciembre: apertura de una comisión de encuesta para esclarecer los incidentes de Málaga y Tenerife.
12/12, Tenerife: fallece a consecuencia de los disparos de la Guardia Civil, en el transcurso de una manifestación, el estudiante Javier Ricardo Fernández Quesada. Se producen violentas reacciones de protesta en toda la isla.

16/12, Irún (Guipúzcoa): ETA asesina al concejal Julio Martínez Esquerro, antiguo miembro de la Guardia de Franco.

31/12: creación del Consejo General Vasco, primer paso para el establecimiento de la autonomía en el País Vasco.

BALANCE del año 1977

Número total de muertos: 62

Número total de acciones violentas: 517

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 15

— GRAPO: 7

— Extrema derecha: 11

— Fuerzas del orden: 24

1978

24/2, Tenerife: muere el policía Rafael Valdenebros mientras intenta desactivar una bomba colocada por el MPAIAC: es la única víctima mortal de esta organización independentista.

14/3, prisión de Carabanchel: Agustín Rueda, anarquista, fallece víctima de malos tratos.

22/3, Madrid: los GRAPO asesinan al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, como represalia por la muerte de Agustín Rueda.

7/4, Argel: atentado contra el líder del MPAIAC, Antonio Cubillo. La DGS era la encargada de montar la operación.

28/6: el Consejo de ministros aprueba un nuevo decreto-ley antiterrorista.
28/6, Bilbao: ETA asesina al periodista José María Portell, intermediario al que el gobierno había encargado negociar con ETApm.

Junio: aprobación del proyecto de ley socialista por el que se condena el delito de tortura (artículo 204 bis).

3/7, San Juan de Luz: el Batallón Vasco-Español atenta contra la pareja formada por Juan José Etxabe (contacto de José María Portell) y Rosario Arregui, quien fallece.

8/7, Pamplona: la policía irrumpe en la plaza de toros de la ciudad en plena celebración de los San Fermines. Los disturbios subsiguientes se prolongan por espacio de varios días en todo el País Vasco, provocando dos muertos: Germán Rodríguez y José Ignacio Barandiarán.

13/7, Rentería (Guipúzcoa): una compañía de la Policía Armada, sobreexcitada a causa de las jornadas de protesta y los disturbios, saquea la población.

21/7: el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de Constitución.
21/7, Madrid: ETA asesina al general Juan Sánchez Ramos-Izquierdo y a su ayudante, el teniente coronel José Antonio Pérez Rodríguez. ETA inicia así su campaña contra los altos mandos del Ejército.

27/7: el Congreso ratifica el primer decreto-ley antiterrorista de la democracia.

3/10: se debate en el Senado el título VIII de la Constitución, relativo a las Comunidades Autónomas.
3/10, Bilbao: ETA asesina a Francisco de Asís Liesa, segundo jefe de la Comandancia de Marina de la ciudad.

28/10: el PNV convoca una manifestación contra el terrorismo. Se reúnen 50 000 personas en Bilbao.

30/10, Madrid: explota un artefacto en la sede editorial de El País, matando a una persona, Andrés Fraguas. Reivindica el atentado la Triple A.

31/10: las dos cámaras reunidas en sesión plenaria aprueban la Constitución.

Noviembre: se aprueban las leyes antiterroristas.

10/11: se celebran en toda España una serie de manifestaciones unitarias contra el terrorismo por iniciativa de CC. OO. y UGT. Se congregan 300 000 personas en Madrid y 130 000 en Barcelona.

16/11, Madrid: ETA asesina a José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Supremo y antiguo juez del TOP.

17/11, Madrid: se desmonta la conspiración militar denominada «Operación Galaxia» gracias a las informaciones del CESID.

Diciembre: aprobación de la nueva ley sobre la policía.
5/12, San Sebastián: ETA ametralla a tres policías en un bar.

6/12: referéndum constitucional: se aprueba la Constitución con un 88 % de votos afirmativos y un 33 % de abstenciones.

21/12, Madrid: los GRAPO matan a Benjamín Díez González, policía municipal.

— Anglet: el BVE hace estallar un artefacto explosivo en el coche de José Miguel Beñarán, «Argala», dirigente de ETA responsable del asesinato de Luis Carrero Blanco, perpetrado cinco años antes.

BALANCE del año 1978

Número total de muertos: 120

Número total de acciones violentas: 437

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 71

— GRAPO: 8

— Extrema derecha: 4

— Fuerzas del orden: 27

1979

Enero: nuevo decreto-ley antiterrorista.
3/1, Madrid: ETA asesina al general Constantino Ortín Gil. En su funeral se registran graves incidentes.

10/1, Madrid: los GRAPO asesinan a Miguel Cruz Cuenca, magistrado del Tribunal Supremo.

13/1, San Juan de Luz: atentado fallido contra José Manuel Pagoaga Gallastegui, «Peixoto», que resulta gravemente herido.

26/1, Madrid: militantes de extrema derecha asaltan la Universidad Complutense.

1/3: elecciones legislativas. Vence la UCD, con una corta ventaja sobre el PSOE.

Primera legislatura. Suárez, el «desencanto» y la escalada terrorista (marzo de 1979-23 de febrero de 1981).

5/3, Madrid: los GRAPO asesinan al general Agustín Muñoz Vázquez.

3/4: elecciones municipales.

Abril: el teniente general Antonio Ibáñez Freire, exdirector de la Guardia Civil, sustituye a Rodolfo Martín Villa al frente del Ministerio del Interior.

30/4, Madrid: miembros del Frente Nacional de la Juventud asesinan al joven Andrés García, militante del PCE.

7/5, Andoáin (Guipúzcoa): el BVE asesina al civil José Ramón Ansa Echevarría.

11/5, Hendaya: el BVE asesina al etarra Francisco Javier Larrañaga Juaristi, alias «Peru».

23-24/5: debate sobre el orden público en el Congreso.

25-26/5: ola de violencia en España: mueren 18 personas en atentados.

25/5, Madrid: ETA asesina al teniente general Luis Gómez Hortigüela, junto con tres de sus acompañantes.

— Sevilla: los GRAPO matan en un tiroteo a un policía y a un viandante.

— Madrid: las fuerzan del orden matan a un civil en un control policial.

26/5, Madrid: la bomba que explota en la cafetería California 47 deja 8 víctimas mortales y cerca de 40 heridos. Los responsables del atentado son los GRAPO.

— Teruel: la policía mata a dos miembros de los GRAPO.

27/5: se celebra en Sevilla el «Día de la Fuerzas Armadas».

3/6, Tudela (Navarra): en una manifestación antinuclear la guardia civil abate de un disparo a Gladys del Estal.

25/6, Bayona, Francia: el Batallón Vasco-Español asesina a Enrique Gómez Álvarez, alias «Korta».

29/6, París: el BVE asesina a dos dirigentes de los GRAPO.

15/7, Madrid: estalla en el barrio de Malasaña un artefacto explosivo colocado por la extrema derecha, causando una víctima mortal, Salomé Alonso Varela, y nueve heridos.

29/7, Madrid: explotan varias bombas en las estaciones de Atocha y Chamartín, así como en el aeropuerto de Barajas. Los artefactos, colocados por ETA, dejan siete víctimas mortales.

2/8, Anglet: el BVE reivindica el atentado contra los dirigentes de ETAm Juan José Lopategui Carrasco y Txomin Iturbe Abasolo, en el que resultó muerto el primero.

13/9, Biarritz: el BVE asesina al etarra Justo Elizarán Sarasola.

14/9, Madrid: unos militantes de extrema derecha agreden con bates de béisbol y apuñalan al joven José Luis Alcazo.

23/9, San Sebastián: ETA asesina al gobernador militar de Guipúzcoa, el general Lorenzo González-Vallés.

28/9, Guipúzcoa: el BVE asesina al concejal de Herri Batasuna Tomás Alba Irazusta.

25/10, País Vasco: referéndum sobre el Estatuto de Guernica, aprobado con un 90 % de votos afirmativos, aunque el índice de abstención se eleva al 40 %.

— Cataluña: referéndum sobre el Estatuto de Autonomía, respaldado masivamente (con un 88 % de votos afirmativos).

27/10, Guipúzcoa: los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinan a Germán González López, militante del PSOE.

6/11, Bilbao: muere en un control de policía Francisco Caballero, militante del PCE.

11/11, Madrid: ETApm secuestra a Javier Rupérez, diputado de UCD. Es liberado el 12 de diciembre, tras unas probables negociaciones con el gobierno.

28/11, Azpeitia (Guipúzcoa): ETA asesina a 3 guardias civiles en un bar.

Diciembre: el gobierno anuncia el traslado de una treintena de prisioneros vascos encarcelados en el centro penitenciario de alta seguridad de Soria.
9/12, Valladolid: un comando antimarxista reivindica el incendio de la sede del Movimiento Comunista, en el que pierden la vida 2 jubilados.

13/12, Madrid: la policía mata a 2 estudiantes en una manifestación contra el Estatuto de los Trabajadores.

BALANCE del año 1979

Número total de muertos: 158

Número total de acciones violentas: 489

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 83

— GRAPO: 30

— Extrema derecha: 15

— Fuerzas del orden: 28

1980

El número de parados alcanza la simbólica cifra del millón de personas.

Enero: referéndum sobre el Estatuto de Andalucía. Pierde la propuesta del gobierno.

19/1, Baracaldo (Vizcaya): el BVE hace estallar un artefacto explosivo en el bar Aldana, matando a 4 civiles anónimos.

1/2, Ispáster (Vizcaya): ETA ataca a un convoy de la Guardia Civil matando a 6 agentes.

2/2, Madrid: varios militantes de FN asesinan a Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores.

10/2, Madrid: Vicente Cuervo Calvo muere asesinado a manos de militantes ultraderechistas del sindicato de Fuerza Nueva —Fuerza Nacional del Trabajo— en unos incidentes entre grupos de ideología contraria.

Marzo: elecciones regionales en Cataluña y el País Vasco. La UCD no consigue más que un 11 y un 8,5 % de votos en una y otra región, respectivamente. El PNV gana en Euskadi y el PSOE en Cataluña.

14/4, Madrid: Unos militantes de extrema derecha matan en la Gran Vía a Jorge Caballero Sánchez, un joven afiliado a la CNT.

Mayo: Felipe González plantea una moción de censura en el Congreso. El dilatado debate de la cámara tiene lugar entre los días 20 y 30 de este mes. La debilidad del gobierno de Suárez queda públicamente patente.

— Juan José Rosón sustituye a Antonio Ibáñez Freire al frente del Ministerio del Interior.

1/5, Madrid: unos militantes ultras apuñalan a Arturo Pajuelo Rubio, directivo de una asociación de vecinos.

6/5, Madrid: un comando de extrema derecha irrumpe a tiros en el bar San Bao con el resultado de un muerto, Juan Carlos García, y tres heridos.

8/5, San Sebastián: el BVE reivindica la violación y posterior asesinato de la joven María José Bravo.

15/5, San Sebastián: ETA asesina a tres policías nacionales en un bar.

13/7, Guipúzcoa: 4 muertos en un atentado de ETA a un convoy de la Guardia Civil: los fallecidos son 2 guardias civiles y 2 terroristas.

22/7, Logroño: 1 muerto y 32 heridos en la explosión de cuatro bombas colocadas por ETA al paso de un grupo motorizado de la Guardia Civil.

23/7, Bilbao: 3 civiles, entre ellos un niño y una mujer embarazada, fallecen a consecuencia de la explosión de una bomba que el BVE había colocado para destruir un local de Herri Batasuna.

29/7, Madrid: atentado de los GRAPO contra el general subinspector médico del Ejército Arturo Criado Amunátegui, herido leve. Muere el soldado de escolta de la Policía Militar Florentino García Siller.

2/9, Barcelona: los GRAPO asesinan al general Enrique Briz Armengol y a uno de los soldados de la escolta.

6/9. Madrid: un militante de los GRAPO, José España Vivas, fallece a consecuencia del interrogatorio a que se ve sometido en los sótanos de la DGS, en la Puerta del Sol.

20/9, Marquina (Vizcaya): ETA ametralla a 4 guardias civiles.

29/9, Vitoria: ETA asesina a José Ignacio Ustarán Ramírez, miembro del comité ejecutivo de la UCD de Álava.

23/10, Elgóibar (Guipúzcoa): los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinan a Jaime Arrese Arizmendiarrieta, miembro del comité ejecutivo de la UCD de esta provincia y alcalde de la localidad.

31/10, San Sebastián: ETA asesina a Juan Carlos de Dios Doval, miembro del comité ejecutivo de la UCD de Guipúzcoa.

Noviembre: aprobación de la ley de suspensión de los derechos individuales, por la que se desarrolla el artículo 55.2 de la Constitución española.
3/11, Zarauz (Guipúzcoa): ETA ametralla un bar frecuentado por las fuerzas del orden y mata a 4 guardias civiles. En el atentado muere también un ciudadano corriente.

19/11, Zaragoza: los GRAPO asesinan al coronel de aviación Luis Constante Acín.

23/11, Hendaya: un obrero y un jubilado francés mueren asesinados por los disparos de un comando del BVE en el bar Hendayais. Hay además una decena de heridos. Se detiene en la frontera a dos policías españoles: aumentan las sospechas relacionadas con la implicación de los servicios de seguridad en la «guerra sucia».

Diciembre, Galicia: referéndum sobre el estatuto de autonomía.
12/12, Madrid: fallece asesinado Juan Ignacio González, secretario general del Frente de la Juventud, que más tarde le convertirá en mártir.

29/12, Valencia: un ultra incontrolado dispara en la calle contra un grupo de jóvenes, matando a uno de ellos e hiriendo a otros tres.

BALANCE del año 1980

Número total de muertos: 157

Número total de acciones violentas: 377

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 105

— GRAPO: 5

— Extrema derecha: 27

— Fuerzas del orden: 17

1981

29/1, Lemóniz (Vizcaya): secuestro de José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear que se está construyendo en la localidad. Es ejecutado el 6 de febrero. Su muerte provoca las movilizaciones populares más importantes conocidas hasta ese momento en contra del terrorismo de ETA.

12/2: el miembro de ETA José Ignacio Arregui Izaguirre fallece a consecuencia de las torturas a que le somete la policía durante el interrogatorio. El asunto se convierte en un escándalo de enormes proporciones.

19/2, Pamplona: ETApm secuestra a los cónsules de Uruguay, Austria y El Salvador. Son liberados diez días después.

23/2: golpe de Estado del 23-F. El teniente coronel Antonio Tejero Molina toma por asalto el Congreso de los Diputados, interrumpiendo la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. En el curso de la noche, el rey tranquiliza a los españoles con una alocución televisada y desactiva la conspiración.

La conmoción del 23-F. Calvo-Sotelo y el fin del ciclo de violencias de la transición

25/2: Calvo-Sotelo es investido presidente por la Cámara.

27/2: manifestaciones de masas contra el 23-F y en favor de «la libertad, la democracia y la Constitución». Más de un millón de personas recorren las calles de Madrid, y quinientas mil hacen otro tanto en Barcelona.

28/2: ETApm declara un alto el fuego sin condiciones.

3/3, Andoáin (Guipúzcoa): el asesinato de un obrero, Francisco Javier Ansa, es el último reivindicado por el BVE.

19/3, Bilbao: ETAm asesina al teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche.

21/3, Pamplona: ETAm asesina al teniente coronel Jesús Prieto García, antiguo jefe de la Policía Foral de Navarra.

Finales de marzo: ofensiva contraterrorista: creación de un mando único, el MULA (Mando único para la lucha antiterrorista), bajo la dirección de Manuel Ballesteros. La medida lleva aparejada la implicación del Ejército en la vigilancia de las fronteras.
Marzo, San Sebastián: la policía detiene a Ignacio María Iturbide y Ladislao Zabala Solchaga, a quienes las fuerzas del orden imputan la perpetración de 7 asesinatos entre 1979 y 1981. Este doble arresto pone fin a las actividades del BVE.

Abril: aprobación de la ley de defensa de la Constitución.

Abril, ofensiva de ETAm, que comete los siguientes asesinatos:

8/4, Baracaldo (Vizcaya): el policía nacional Vicente Sánchez Vicente.

9/4, Bilbao: el policía Francisco Francés Garzón.

14/4, Usúrbil (Guipúzcoa): el director de Moulinex España, José María Laitegui Valmaseda.

— San Sebastián: el teniente de infantería jubilado Oswaldo José Rodríguez.

— Basauri (Vizcaya): Luis Cadarso Sanjuán, teniente coronel de la Guardia Civil retirado.

4/5, Madrid: los GRAPO asesinan a un general de brigada jubilado, Andrés González de Suso, y a un policía, Ignacio García García. Ese mismo día, ETA reivindica también el asesinato de dos guardias civiles en Barcelona: Francisco Montenegro Jiménez y Justiniano Fernández Pesado.

7/5, Madrid: atentado de ETAm contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey. Valenzuela es herido gravemente y mueren tres militares de su escolta.

8/5, Almería: las fuerzas del orden confunden a tres jóvenes con los terroristas culpables del atentado contra el teniente general Valenzuela. Son detenidos en una tienda de Roquetas de Mar y torturados durante varias horas, al término de las cuales los guardias civiles queman sus cadáveres. Los jóvenes son Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales.

23/5, Barcelona: un comando sin identificar toma una serie de rehenes en el Banco Central.

Junio: aprobación de la ley sobre el divorcio.

17/6, Gerona: en un tiroteo con los GRAPO la Guardia Civil mata a 4 miembros de la banda terrorista.

Septiembre: el Guernica de Picasso regresa a España.
5/9, Barcelona: la policía mata al dirigente de los GRAPO Enrique Cerdán Calixto.

Octubre: elecciones regionales en Galicia. La Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne vence en las urnas.

29/10: se inicia el proceso de adhesión a la OTAN.

BALANCE del año 1981

Número total de muertos: 79

Número total de acciones violentas: 284

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 33

— GRAPO: 6

— Extrema derecha: 4

— Fuerzas del orden: 33

1982

2/3, Trebujena (Sevilla): la Guardia Civil mata a un joven jornalero, Ignacio Montoya, y hiere a otro. Se registran movimientos de gran indignación en Andalucía.

30/3, San Sebastián: ETA asesina al doctor Ramiro Carasa, jefe del Servicio de Traumatología del hospital universitario de la ciudad por haberse negado, supuestamente, a curar a un terrorista herido.

16/4, Barcelona: ETA atenta con un lanzagranadas contra un convoy de las fuerzas del orden en Barcelona.

17/4, Pamplona: ETA atenta contra un convoy de policías lanzándoles varias granadas anticarro. Mata a uno de los agentes y hiere a otros 67.

18/4, Madrid: ETA coloca y hace explotar 170 kilos de dinamita en la central telefónica de Ríos Rosas, dejando sin servicio durante varios días a cerca de un millón de madrileños.

Mayo: elecciones regionales en Andalucía. La UCD queda como tercera fuerza, detrás del PSOE, que obtiene mayoría en la provincia, y el partido de Manuel Fraga.
5/5, Bilbao: ETA asesina al ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, Ángel Pascual Mújica, un año después de la ejecución de José María Ryan.

17/6, Estados Unidos: el BVE reivindica el asesinato del dirigente etarra José Ángel Uriagereka, pero los motivos del asesinato permanecen oscuros.

ETA asesina a 10 personas entre mediados de septiembre y las elecciones generales de octubre.

1/10: ETApm-VII Asamblea anuncia su disolución.

27/10: el CESID aborta una conspiración militar.

28/10: elecciones legislativas anticipadas. El PSOE sale vencedor de los comicios, con más del 48 % de los votos y 202 escaños.

4/11, Madrid: ETAm asesina al general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete. Con este atentado el grupo terrorista fija su posición frente al futuro gobierno socialista.

6/11: los GRAPO anuncian un alto el fuego provisional, que se romperá muy pronto, en enero de 1983.

20/11: Blas Piñar anuncia la disolución de Fuerza Nueva.

1/12: Felipe González es investido nuevo presidente del gobierno.

5/12, Barcelona: la policía mata a Juan Martín Luna, último dirigente histórico de los GRAPO.

BALANCE del año 1982

Número total de muertos: 65

Número total de acciones violentas: 337

Número de muertos, según sus actores:

— ETA: 43

— GRAPO: 2

— Extrema derecha: 1

— Fuerzas del orden: 17

[1] Hago aquí mía la reflexión de la joven socióloga Marina Montoto Ugarte, en «Una mirada a la crisis del relato mítico de la Transición: la “Querella argentina” contra los crímenes del franquismo», Kamchatka 4 (diciembre de 2014), p. 132. <<

[2] Jorge Bustos, «El mito de la Transición», El Mundo, 21 de noviembre de 2016 [http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/21/5831f1bde2704e71558b4585.html]. <<

[3] Cfr. infra Capítulo introductorio, n. 7. <<

[4] Raúl López Romo, Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas, 1968-2010, elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea, a instancias de la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco, 2014. <<

[5] Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan María Uriarte, Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013), Vitoria, Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, 2014. <<

[6] Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego, Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2013), Instituto Vasco de Criminología (por encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco), 2016. <<

[7] Destaca aquí el caso vasco, que ha dado lugar a los trabajos más novedosos. Puede consultarse la página web http://arovite.com para una bibliografía al día de las publicaciones sobre la violencia terrorista en Euskadi. Entre otros trabajos, podemos mencionar dos volúmenes recientes: el de Fernando Molina Aparicio y José Antonio Pérez Pérez (eds.), El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca, Madrid, Marcial Pons, 2015; y el de Rafael Leonisio, Fernando Molina y Diego Muro (eds.), ETA’s Terrorist Campaign. From Violence to Politics, 1968-2015, Londres, Routledge, 2017. <<

[8] Cabe mencionar en particular el libro de Pau Casanellas, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada. 1968-1977, Madrid, La Catarata, 2014. <<

[1] Cambio 16, 206, 17/11/1975, editorial. <<

[2] Samuel P. Huntington, The Third Wave [ed. cast.: La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, traducción de Josefina Delgado, Barcelona, Paidós, 1995]. <<

[3] Juan J. Linz, en «Innovative Leadership in the Transition to Democracy and a New Democracy. The Case of Spain», en Gabriel Sheffer (comp.), Innovative Leaders and International Politics, Nueva York, State University of New York Press, 1993, pp. 127-154, será quien venga a popularizar de forma más notable el «caso español». <<

[4] Los mejores representantes de esta corriente comparatista son Juan J. Linz y Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe, Baltimore — Londres, Johns Hopkins University Press, 1996; junto con Richard Gunther, Nikiforos Diamandourous, y Hans-Jürgen Puhle (comps.), The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995; Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transitions from Authoritarian Rule, 4 vols., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986; Julián Santamaría (comp.), Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina, Madrid, CIS, 1982; y Geoffrey Pridham, Transitions to Democracy. Comparative Perspectives from Southern Europe, Latin America and Eastern Europe, Aldershot, Dartmouth Publishing, 1995. <<

[5] La primera persona que empleó este término fue Bénédicte André-Bazzana —en Le mythe du «modèle espagnol» de transition à la démocratie, tesis doctoral leída en el año 2002 en el Instituto de Estudios Políticos de París—, a quien no puedo sino agradecer calurosamente que me facilitara la consulta de su tesis. Inédita en francés, fue publicada posteriormente en castellano, bajo el título de Mitos y mentiras de la transición (Barcelona, El Viejo Topo), en 2006. En la actualidad, cada vez son más los especialistas que tienden a emplear esa fórmula, como sucede por ejemplo en el caso de Ferran Gallego en El mito de la Transición, Barcelona, Crítica, 2008. <<

[6] El País, 7/12/2003. <<

[7] Los trabajos de los «transitólogos» se centran en las modalidades políticas del cambio, en la evolución que experimenta el marco jurídico e institucional del régimen en particular el proceso constitucional, en el sistema de partidos, en el panorama electoral o en los individuos políticos. Buen ejemplo de este tipo de enfoques es la obra colectiva que dirigen en 1989 Ramón Cotarelo, José Félix Tezanos y Andrés de Blas (comps.), La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989. <<

[8] Esto llevará a Josep Maria Colomer, La transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998, a hablar de que la negociación fue triangular, no bipolar. <<

[9] El término remite explícitamente a la existencia de «pactos», es decir, a un conjunto de acuerdos firmados o sellados de forma oral entre los líderes políticos del momento, según un comportamiento político que resulta notablemente emblemático de la transición española —y también, más allá de ella, de una tradición histórica tan antigua como propia de la monarquía española. <<

[10] Guy Hermet, «Espagne: changement de la société, modernisation autoritaire et démocratie octroyée», Revue française de science politique, vol. 27, n.os 4-5 (1977), pp. 582-600. <<

[11] José María de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1977; David Gilmour, The Transformation of Spain: From Franco to the Constitutional monarchy, Londres, Quartet Books, 1985; Charles T. Powell, El piloto del cambio: el rey, la monarquía y la transición a la democracia, Barcelona, Planeta, 1991. <<

[12] Véase Seymour Martin Lipset, «Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy», American Political Science Review, n.º 23 (1959), pp. 81-114; y Barrington Moore, hijo, Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, París, Maspero, 1969. Existe un gran número de análisis críticos de este enfoque, que se remonta a la década de 1960 y se funda primordialmente en las experiencias vividas en Latinoamérica y Europa oriental. Véase la síntesis de Michel Dobry, «Les voies incertaines de la transitologie. Choix stratégique, séquences historiques, bifurcations et processus de path dependence», Revue française de science politique, vol. 50, n.os 4-5 (2000), pp. 585-613. <<

[13] Véase por ejemplo, Rafael López Pintor, «Los condicionantes socioeconómicos de la acción política en la transición democrática», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 15 (1981), pp. 9-32. <<

[14] Víctor Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil: respuestas sociales a la transición política, la crisis económica y los cambios culturales de España 1975-1985, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987. <<

[15] En este sentido, uno de los trabajos pioneros es el de José María Maravall, Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978. <<

[16] Santos Juliá, «Orígenes sociales de la democracia en España», en Manuel Redero San Román (comp.), La transición a la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, colección «Ayer», n.º 15, 1994, pp. 165-188, p. 180. <<

[17] Esta práctica se desarrolla en el marco de la ley de regulación de los convenios colectivos, promulgada en abril de 1958 —norma que se halla en la base del desarrollo original de Comisiones Obreras (CC. OO.)—. Del mismo modo, las asociaciones de estudiantes, de vecinos, de consumidores, de mujeres o de padres de familia —que constituían lo que por entonces se denominaba el «movimiento ciudadano»— operaban de acuerdo con el principio de la asamblea participativa, que constituía en sí misma un aprendizaje del debate razonado. <<

[18] Para este debate, véase el artículo de José Ramón Montero y Mariano Torcal, «La cultura política de los españoles: pautas de continuidad y cambio», Sistema, n.º 99 (1990), pp. 39-74. Las obras de referencia son las de Peter Mc Donough, Samuel H. Barnes y Antonio López Pina, The Cultural Dynamics of Democratization in Spain, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1998; María Luz Morán y Jorge Benedicto, La cultura política de los españoles: un ensayo de reinterpretación, Madrid, CIS, 1995; Cayo Sastre García, Transición y desmovilización política en España (1975-1982), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997; Francisco Andrés Orizo, España, entre la apatía y el cambio social. Una encuesta sobre el sistema europeo de valores: el caso español, Madrid, Mapfre, 1983; y Santos Juliá y José-Carlos Mainer, El aprendizaje de la libertad. 1973-1986: la cultura de la transición, Madrid, Alianza, 2000. <<

[19] «Hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal», afirmará Adolfo Suárez en su primer discurso como jefe de gobierno en julio de 1976. El País, 7/7/1976. <<

[20] Marcelino Cardalliaguet Quirant, Transición política y Estatuto de autonomía: veinticinco años de la historia reciente de Extremadura, 1978-2003, Mérida, Asamblea de Extremadura, 2003, p. 145. <<

[21] Término tomado de José Vidal-Beneyto, que en 1995 se rebelaba contra esta visión predominante en un artículo titulado «La inmaculada transición»: «¿Cómo es posible que el franquismo como predemocracia y la transición inmaculada, esos dos disparates doctrinales, y sobre todo esas provocadoras falsificaciones de la realidad, tengan circulación histórica y mediática en una España que todavía es democrática y cuando aún viven muchos de los protagonistas de ambos procesos?». El País, 6/11/1995, texto retomado en J. Vidal-Beneyto, Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007, p. 164. <<

[22] No parece que los textos existentes hayan logrado liberarse aún de la imagen dominante del «modelo español». El campo historiográfico, que sin embargo se halla en plena fase de renovación, todavía ofrece un enfoque bastante clásico de la transición. Los estudios regionales, muy numerosos en estos últimos años, lo ilustran adecuadamente: el análisis de los sistemas políticos, las elecciones, las instituciones, las élites, los partidos políticos o los sindicatos, realizado a la escala de las comunidades autónomas, arroja un conjunto de temas recurrentes que recuerdan de forma muy intensa los enfoques sociopolitistas tradicionales, cuando, por su parte, la cuestión de los nacionalismos y de los estatutos de autonomía se ha convertido en un asunto central, no exento de un implícito interés político. De entre todos esos estudios vale destacar los siguientes: E. Lemus López y R. Quirosa-Cheyrouse y Muñoz (coords.), La transición en Andalucía, Huelva y Almería, Universidades de Huelva y Almería, 2002; J. L. Ramírez Sádaba (coord.), Democratización y amejoramiento foral, Pamplona, Departamento de Presidencia e Interior de la CAN, 1999; J. Ugarte (coord.), La transición en el País Vasco y España, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1998; J. M. Santacreu Soler y M. García Andreu, La transició democràtica al País Valencià, Simat (Valencia), La Xara, 2002; R. Aracil y A. Segura (comps.), Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya, 5 vols., Barcelona, Universidad de Barcelona, 2002-2004. <<

[23] Solo el último volumen de la Historia de España Menéndez Pidal, publicado en 2003, consagra un capítulo entero al terrorismo —Juan Avilés Farré, «El terrorismo en la España democrática». <<

[24] Resulta significativo que los especialistas clásicos de la transición definan en 2004 la excepción vasca en los siguientes términos: «En el País Vasco se han institucionalizado la inestabilidad, la polarización y el conflicto político, en ocasiones violento, mientras que en el resto de España se ha asentado una democracia estable y consolidada […]», R. Gunther et al., Democracy in Modern Spain, New Haven, Yale University Press, 2004, p. 16. <<

[25] Así sucede por ejemplo en la obra que coordinaron J. Tusell y Á. Soto bajo el título de Historia de la transición y consolidación democrática en España, 1975-1986, Madrid, UNED, 1995. De entre las múltiples contribuciones que aparecen en sus dos volúmenes, solo una se dedica al estudio de los acontecimientos de Montejurra de 1976, y dos a los peligros de una involución militar. <<

[26] V. Prego, La transición. Esta serie disfrutó de una audiencia de más de un millón de telespectadores, consiguiendo una cuota de pantalla del 22 % en 1995, año de su primera difusión en RTVE —esa es la cifra que proporciona D. Ruiz en La España democrática (1975-2000), Madrid, Síntesis, 2002, p. 185. <<

[27] Julio Busquets enumera más de cincuenta entre los siglos XIX y XX. Véase J. Busquets, Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Barcelona, Planeta, 1982. <<

[28] Si Santos Juliá habla de «la anomalía española»: Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 34, Walther Bernecker alude al Sonderweg nacional en «La transición en el marco histórico del siglo XX español», en J. Ugarte (comp.), La transición en el País Vasco y España, cit. Por su parte, otros apuntan a «la excepción española», como R. Gunther et al., en Democracy in Modern Spain, cit., p. 2. <<

[29] DSC, 130, LC, 31/10/1978, p. 5204. <<

[30] Discurso pronunciado con ocasión del tercer aniversario de la Constitución, DSC, 204, IL, 9/12/1981, pp. 12248-12251. <<

[31] Surge así una reflexión española sobre el uso de la violencia en política por parte de historiadores —un empeño de cuya pertinencia dan fe algunas publicaciones, por desgracia aún excesivamente raras—: Julio Aróstegui (comp.), Violencia y política en España, Madrid, Marcial Pons, colección «Ayer», n.º 13, 1994; Santos Juliá (coord.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000; Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo (comps.), Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, y, ya en época más reciente, Antonio Rivera y Carlos Carnicero Herreros (comps.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda — Maia Ediciones, 2010. El campo en el que se ha avanzado más en esta renovación de las investigaciones es el relativo a la Guerra Civil y el primer franquismo, según atestiguan las monografías que han visto la luz en los últimos tiempos sobre las violencias asociadas con la guerra, la represión, los campos de concentración, las cárceles, los maquis, las violaciones, etcétera. <<

[32] Sin embargo, Carme Molinero, que insiste en 2006 en esta renovación crítica de la historiografía, deplorando al mismo tiempo sus excesos —como el que da en responsabilizar a la transición de todos los males de la democracia actual—, no concede espacio alguno a la violencia en su historia colectiva de la transición. Véase C. Molinero (coord.), La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, Península, 2006. Y a la inversa, la reciente obra de Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010, que pretende analizar todos los actos de violencia política perpetrados entre los años 1975 y 1983, discurre por derroteros más próximos a la crónica y a la indagación periodística que a la empresa interpretativa propia del historiador, y esto a pesar del gran esfuerzo que ha realizado el autor para tratar de levantar un censo de las víctimas y esclarecer algunas cuestiones. <<

[33] Hay innumerables publicaciones sobre ETA y su entorno nacionalista vasco. Se han abordado todos sus aspectos: la génesis y el desarrollo a largo plazo del nacionalismo vasco; la ideología, los discursos y las estrategias de la organización etarra; o aun la configuración de la comunidad autónoma vasca; el espacio simbólico que ocupa la violencia en la cultura; la militancia nacionalista; el surgimiento de la violencia; la decisión de pasar a la acción y cometer actos terroristas, etcétera. <<

[34] Véase Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, tesis doctoral defendida en el año 2000 en la UNED (inédita). Si he podido consultar esta tesis ha sido gracias a la generosa autorización de su autor. Agradezco calurosamente aquí a Eduardo González Calleja que me la haya facilitado. <<

[35] La obra de José Luis Piñuel continúa siendo una referencia aislada, pese a que su publicación se remonte al año 1986 —véase J. L. Piñuel, El terrorismo en la transición española (1972-1982), Madrid, Fundamentos, 1986—. Véase también Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, Barcelona, Círculo de Lectores, 1982. Más recientes son los análisis que integran el número monográfico que Historia del Presente consagra al terrorismo: Juan Avilés Farré (comp.), Terrorismo en la España democrática. Historia del Presente, n.º 14 (2009). Reinares ofrece un conjunto de reflexiones sumamente pertinentes en relación con el fenómeno terrorista en España, pero su argumentación se basa fundamentalmente en el caso vasco: Fernando Reinares Nestares, «Democratización y terrorismo en el caso español», en Ramón Cotarelo, José Félix Tezanos y Andrés de Blas (comps.), La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989, pp. 611-644. Eduardo González Calleja propone una interpretación europea del fenómeno terrorista en la que se incluye el caso de España: véase E. González Calleja, Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002. Por último, Francisco José Setién Martínez ha dedicado su tesis a la percepción del terrorismo en la prensa de la transición: F. J. Setién Martínez, Terrorismo y prensa en la transición política española, 1976-1986, tesis defendida en 1993 en la Universidad Complutense de Madrid (inédita). <<

[36] El único que también ha abordado las dimensiones policiales y políticas de las medidas antiterroristas ha sido Óscar Jaime Jiménez. Véase Ó. Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, Valencia, Tirant lo Blanch — Universidad de Burgos, 2002. <<

[37] Los cuerpos y fuerzas de la policía y la Guardia Civil no han sido objeto de estudios prosopográficos e institucionales profundos en el periodo del que nos estamos ocupando, lo que constituye un serio obstáculo para comprender la mutación experimentada por el Estado. <<

[38] Excepción hecha de la obra que Manuel Ballbé dedica al estudio del orden público en el siglo XX, ya que en ese texto se ofrecen unas perspectivas que arrojan una valiosa luz sobre la transición: M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983. <<

[39] Entre ellos el que se recoge en el trabajo de Ramón Adell, que, pese a remontarse al año 1989, sigue siendo una referencia única para el estudio de las manifestaciones políticas vividas en la capital española. Véase R. Adell Argilés, La transición política en la calle. Manifestaciones políticas de grupos y masas, Madrid, 1976-1987, 2 vols., Madrid, Universidad Complutense, 1989. Otra obra notable es la de Rafael Durán Martínez, titulada Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; en ella se comparan las movilizaciones sociales de las transiciones española y portuguesa, haciendo especial hincapié en su desigual propensión a la violencia. <<

[40] P. Moa, De un tiempo y de un país, Madrid, La Torre, 1982. <<

[41] P. Braud (comp.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, París, L’Harmattan, 1993, p. 10. <<

[42] Para una comparación internacional, véase S. Baby et al. (comps.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX, Madrid, Colección de la Casa de Velázquez, n.º 110, 2009. <<

[43] Me opongo aquí a las interpretaciones que evocan la existencia de un periodo de «pre-transición» que según algunos se habría iniciado ya con la aparición de la ley de prensa de 1966, que de acuerdo con otros habría comenzado en 1969 con el nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, o que para unos terceros habría arrancado incluso en 1974 con el gobierno de Arias Navarro. Estas interpretaciones se hallan sujetas a ciertos deslizamientos, que tienden a desembocar en la idea de que el propio general Franco habría dejado la puerta abierta a una futura modificación institucional del régimen sin necesidad de abandonar la legalidad franquista. <<

[44] Rechazo igualmente las tesis que consideran que la transición no se inicia verdaderamente sino en ese momento (véase por ejemplo, Mario Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, Madrid, CIS — Siglo XXI, 1986). De este modo, el primer discurso que pronunció el rey ante las Cortes franquistas, el 22 de noviembre de 1975, manifiesta, más allá del juramento prestado a las Leyes fundamentales del régimen, una auténtica voluntad de cambio: «Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España», dice, una etapa llamada a concitar, añade, la «participación de todos» y la incorporación del «conjunto de los españoles» a los procesos de decisión venideros —El País, 23/11/1975. <<

[45] José María Maravall y Julián Santamaría, «El cambio político en España y las perspectivas de la democracia», en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona — Buenos Aires — México, Paidós Ibérica, 1988, t. I, pp. 153 y ss. <<

[46] Nicolas Guilhot y Philippe C. Schmitter, «De la transition à la consolidation. Une lecture rétrospective des democratization studies», Revue française de science politique, vol. 50, n.os 4-5 (2000), pp. 615-631. <<

[47] P. Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique, París, Seuil, 2003, p. 15. <<

[1] Y. Michaud, Violence et politique, París, Gallimard, 1978 [ed. cast.: Violencia y política, trad. de J. Martín Arancibia, Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1980]. <<

[2] Ibid., p. 11. <<

[3] P. Laborie, L’opinion française sous Vichy. Les Français et la crise d’identité nationale, 1936-1944, prefacio de la segunda edición, París, Seuil, 2001. <<

[4] P. Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique, París, Seuil, 2003, pp. 29-30. <<

[5] Y. Michaud, Violence et politique, cit., p. 24. <<

[6] Ibid., p. 11. <<

[7] P. Braud, Violences politiques, París, Seuil, 2004. <<

[8] Y. Michaud, Violence et politique, cit., p. 22. <<

[9] Se inscribe por tanto en la línea argumental de obras como las de T. Gurr y H. D. Graham, Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, Nueva York, Bantam Books, 1969, p. XXXII, o T. Honderich, Political Violence, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1976, p. 98. <<

[10] En el sentido en que la entiende Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es una «violencia suave e invisible que no se reconoce como tal y que no solo se elige con la misma facilidad que se padece» sino que, siendo dictada por los dominantes, es interiorizada por los dominados (Le sens pratique, París, Éditions de Minuit, p. 219 [ed. cast.: El sentido práctico, trad. de Ariel Dilon, Madrid, Siglo XXI, 2008]). Al no percibirla el sujeto como una intrusión y al no ser considerada como una violencia impuesta, no es posible incluirla en nuestro análisis. En cambio, la amenaza de violencia es la huella más visible que dejan en el espacio público los procesos de «violencia simbólica» que describe P. Braud («Violence symbolique, violence physique. Éléments de problématisation», en Jean Hannoyer [comp.], Guerres civiles. Économies de la violence, dimensions de la civilité, París, Karthala, 1999, p. 40), puesto que esos elementos de «violencia simbólica» no solo contribuyen a conferir a los actos violentos su sentido psicológico y político, sino que muy a menudo constituyen ya la médula de los discursos de justificación de la violencia física potencial. <<

[11] M. Duverger, Introduction à la politique, París, Gallimard, 1985, p. 276 [ed. cast.: Introducción a la política, trad. de Jorge de Esteban, Barcelona, Ariel, 1997]. <<

[12] Tal es el criterio que sigue T. R. Gurr en Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1971, pp. 3-4. <<

[13] E. González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, CSIC, 2003, p. 271. <<

[14] Este es el modo en que H. L. Nieburg da cuenta de aquellos actos que, «por sus circunstancias, su ejecución, y/o sus efectos, adquieren una significación política, es decir, que tienden a modificar el comportamiento de los demás en una situación que se asemeja a la de una negociación y que tiene consecuencias en el sistema social» (Political Violence. The Behavioral Process, Nueva York, St. Martin’s Press, 1969, p. 13). <<

[15] M. Weber, Le savant et le politique, París, Union générale d’éditions, 1963, p. 100 [ed. cast.: El político y el científico, trad. de Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza, 2012]. <<

[16] Hemos de recordar que las últimas ejecuciones políticas tuvieron lugar menos de dos meses antes de su fallecimiento —dado que se produjeron el 27 de septiembre de 1975. <<

[17] La idea de que existe un «repertorio de acciones», introducida por Charles Tilly, designa el conjunto de las modalidades de acción que practica un determinado grupo. Dichas modalidades, extraídas de la experiencia adquirida por el grupo en su enfrentamiento con el Estado, configuran a un tiempo su identidad y su historia, influyendo al mismo tiempo en su actividad presente debido a que los miembros del grupo los interiorizan como consecuencia de un proceso de aprendizaje. Véase Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Nueva York, Random House, 1978, p. 151. Para una crítica argumentada, véase Eduardo González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, CSIC, 2003, pp. 220-238. <<

[18] Véase Ted R. Gurr, Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1971; junto con Anthony Oberschall, Social Conflicts and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973; Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 [ed. cast.: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, trad. de Francisco Muñoz de Bustillo Llorente, Madrid, Alianza, 2012]; y Charles Tilly, La France conteste. De 1600 à nos jours, París, Fayard, 1986. <<

[19] Para una aproximación al concepto de «violencia colérica», véase Philippe Braud, «La violence politique, repères et problèmes», en id. (comp.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, París, L’Harmattan, 1993, pp. 28 y ss. <<

[20] Jan Willem Duyvendak, Le poids du politique. Nouveaux mouvements sociaux en France, París, L’Harmattan, 1994, p. 297. <<

[21] Véase Ramón Adell Argilés, La transición política en la calle. Manifestaciones políticas de grupos y masas. Madrid, 1976-1987, 2 vols., Madrid, Universidad Complutense, 1989, pp. 219, 226 y 292. Adell habla de «salto», en el sentido de disturbio, como de una modalidad de manifestación ilegal que genera incidentes violentos de manera casi sistemática, bien por tener un carácter espontáneo y no haber sido comunicada por tanto a las autoridades, bien por haberse respondido con una prohibición a la solicitud de permiso previa. Por lo demás, en el conjunto del periodo que aborda, que va del año 1976 al 1987, el 38,2 % de las manifestaciones que discurren por las calles de Madrid se saldan con incidentes, y 4 % provocan actos de violencia graves, lo que nos permite afirmar que el 42 % de las marchas de protesta tuvo un carácter violento. <<

[22] Traducido a cifras concretas, ese 25 % equivale a 198 manifestaciones de las 627 organizadas: AGA, BI, 11/1/1977-30/7/1977. <<

[23] Para saber más acerca de las movilizaciones pro-amnistía, véase Paloma Aguilar Fernández, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (comps.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, p. 331. Otra investigación fechada en 1976 señala ya que si la amnistía sindical es un tema que moviliza a los obreros en lucha, no sucede en cambio lo mismo con las reivindicaciones políticas de carácter más general, como la amnistía en sí misma o las libertades públicas —véase Equipos de Estudio, Prueba de fuerza entre el reformismo y la ruptura, Madrid, Ediciones Elías Querejeta, 1976, p. 147. <<

[24] Ramón Adell ha demostrado que las convocatorias de carácter social tienen «un contenido político muy elevado», aunque reconoce al mismo tiempo que «a pesar de que los movimientos sociales no sean ajenos al ámbito político e ideológico […], lo cierto es que esas influencias pasan a un segundo plano»: véase R. Adell Argilés, «El estudio de la movilización, como indicador de participación sociopolítica: parámetros analíticos y significado», ponencia inédita leída ante el VI Congreso Español de Sociología el 25 de septiembre de 1998, pp. 22-25. La ya citada investigación de 1976 muestra que a lo largo del primer trimestre de 1976 la interrelación de las motivaciones económicas y políticas es extremadamente elevada, sea cual sea el tipo de movilización. Sin embargo, este estudio también demuestra que en el plano del trabajador corriente que participa en una huelga, la lucha carece prácticamente de toda significación política, puesto que lo que le moviliza no es la perspectiva de una disolución del gobierno promovida por la presión de las masas, sino más bien el incentivo de una mejora salarial y la solidaridad con los compañeros que combaten por la misma causa. Véase Equipos de Estudio, Prueba de fuerza entre el reformismo y la ruptura, cit., pp. 146-147. <<

[25] Habría sido preferible tomar igualmente en consideración las movilizaciones que se hubieran saldado con heridos. Sin embargo, han sido varios los obstáculos insalvables con que ha topado esa aspiración. Resulta difícil acceder a un cómputo fiable de los individuos lesionados en el transcurso de una manifestación. Por regla general, el factor que acredita su existencia es el hecho de que los perjudicados pasen por un hospital, lo que significa que en un gran número de casos en que las heridas son leves o se trata de simples contusiones no se reconoce que el afectado lo fuera por participar efectivamente en una manifestación, mientras que, a la inversa, en el caso de la policía, los medios difunden hasta la más pequeña lesión. Por consiguiente, las fuentes notifican de un modo muy irregular el número de heridos, y más aún en los confusos años del arranque de la transición. <<

[26] P. Braud, Violences politiques, cit., p. 22. <<

[27] Para una mayor información sobre la acción colectiva en general, véanse los trabajos de Charles Tilly, La France conteste. De 1600 à nos jours, cit., y Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, cit. [ed. cast.: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, cit.]. Para saber más acerca de las manifestaciones, véase Olivier Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, París, Fondation nationale des sciences politiques, 1997, y Danielle Tartakowsky, Les manifestations de rue en France, 1918-1968, París, Publications de la Sorbonne, 1997. <<

[28] Tengo gran interés en agradecer aquí con todo énfasis los notables esfuerzos que han realizado a lo largo de toda esta investigación tanto Rosana de Andrés, directora de los Archivos Generales del Ministerio del Interior (AGMI), como su colaboradora Concha. El resultado ha sido más bien escaso, pero, de cuando en cuando, algunos de los documentos obtenidos a través de la Secretaría General Técnica (SGT), y su correspondiente Subsecretaría, han supuesto un verdadero tesoro. <<

[29] Por ejemplo, me ha sido imposible consultar los archivos de la Policía, sobre todo en el caso de la Dirección General de Seguridad, y de la Guardia Civil. <<

[30] Véase Isabelle Renaudet, Un parlement de papier: la presse d’opposition au franquisme durant la dernière décennie de la dictature et la transition démocratique, Madrid, Biblioteca de la Casa de Velázquez, n.º 22, 2003. <<

[31] He consultado exhaustivamente las páginas del rotativo correspondientes al periodo comprendido entre los años 1976 y 1982. <<

[32] Estas Memorias son informes anuales que el gobernador civil —representante del poder nacional en las provincias y depositario de la autoridad en el plano del orden público— remite al Ministerio del Interior. Pueden consultarse en los Archivos Generales de la Administración (AGA), ubicados en Alcalá de Henares. Para saber más acerca de la función del gobernador civil, véase Ministerio del Interior, El Gobernador Civil en la política y en la administración de la España contemporánea, Madrid, Ministerio del Interior, 1997, junto con María Concepción Ybarra, «Los gobernadores civiles durante la transición», en Javier Tusell y Álvaro Soto (comps.), Historia de la transición y consolidación democrática en España 1975-1986, Madrid, UNED — UAM, 1995, pp. 331-342. <<

[33] Se trata no obstante de una proporción variable, ya que oscila entre el 18 y el 40 % en el periodo estudiado. Véase Archivo General de la Administración, Memoria del Gobierno Civil, Navarra, 1975-1977, 1979-1982. <<

[34] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1976, 1977, 1980. <<

[35] Creado por Manuel Fraga en 1962, en la época en que era titular de dicho ministerio, y suprimido tras las elecciones legislativas de junio de 1977, este Gabinete de enlace acabó convirtiéndose en un gigantesco centro de inteligencia sobre los movimientos de agitación de la sociedad española y la oposición al franquismo —con el claro objetivo de controlar las eventuales veleidades subversivas. <<

[36] AGA, BI, 11/1/1977-30/7/1977. <<

[37] El País únicamente aporta el 38 % de los datos de ese semestre. Y a la inversa, el 12 % del total de hechos constatados procede exclusivamente de las informaciones de ese diario, lo que revela a su vez las limitaciones de los Boletines Informativos, que tampoco son infalibles. La distancia entre las noticias de El País y los Boletines se acrecienta fundamentalmente cuando se trata de acontecimientos violentos de baja intensidad y escasa repercusión nacional —como cócteles molotov, daños materiales de diversa consideración, alteraciones del orden público, etcétera—. Por otro lado, la información relativa a los atentados mortales o más espectaculares resulta prácticamente similar. <<

[38] Este 38 % de acontecimientos añadidos al primer semestre de 1977 —lo que en términos absolutos se traduce en cerca de 300 hechos nuevos— provoca una desproporción clara respecto de la información que sostiene la casuística del resto del periodo, sesgando por tanto todo intento de comparación. El hecho de apartarlas del corpus de datos que informan el análisis a largo plazo permite efectuar la comparación sobre una base más homogénea. <<

[39] Tanto las actas de las sesiones del Parlamento como los Boletines Oficiales de la cámara pueden consultarse en el portal de internet del Congreso: http://www.congreso.es. <<

[40] Véase más adelante, en el Anexo III, la lista de las sesiones parlamentarias directamente relacionadas con el orden público. <<

[41] Quiero expresar aquí mi agradecimiento a Leopoldo Calvo-Sotelo (ya fallecido), Rodolfo Martín Villa, Nicolás Sartorius y Landelino Lavilla, quienes aceptaron reunirse conmigo —sin olvidar a todos cuantos me dieron ocasión de acercarme a ellos para proponerles la entrevista. <<

[42] Véase http://www.interior.gob.es/, junto con http://www.guardiacivil.es. <<

[43] Véase la página electrónica de Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), http://www.covite.org, así como la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), http://www.avt.org. <<

[44] Así, del trabajo de Lorenzo Castro Moral en relación con los GRAPO. En su trabajo titulado Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, tesis doctoral defendida en el año 2000 en la UNED (inédita), Castro incluye un índice final en el que se ofrece un inventario particularmente útil de las acciones violentas de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre. Véanse también las distintas investigaciones periodísticas publicadas en relación con los GAL, y en especial las de José Morales et alii, La trama del GAL, Madrid, Revolución, 1988; Paddy Woodworth, Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, Barcelona, Crítica, 2002; Ricardo Arques y Melchor Miralles, Amedo: el Estado contra ETA, Barcelona, Plaza & Janés — Cambio 16, 1989; y Javier García, Los GAL al descubierto. La trama de la «guerra sucia» contra ETA, Madrid, El País — Aguilar, 1988. Véase también el polémico compendio compilado por Equipo D, 1973-1983. La década del terror (datos para una causa general), Madrid, Dyrsa, 1984; o la abundante bibliografía que existe sobre ETA. <<

[45] El País, 16, 25-29/5/1976. <<

[46] Véanse los balances estadísticos de los dos primeros trimestres de 1975 y 1976, elaborados por el Ministerio del Interior: «Datos estadísticos generales», DGS, 1975-1976, AGMI, SGT, 11048; así como el escrito en el que se refieren los acontecimientos ocurridos entre el 9 y el 22 de julio de 1977, redactado por la Comisaría General de Información: AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09110, y el informe del presidente del Tribunal Supremo correspondiente al año 1977: MFTS, 1978, pp. 68-69. <<

[47] «Unidad de la Policía Judicial para delitos de terrorismo. Aplicación del Decreto-Ley 30/6/78 y Ley 4/12/78 sobre Bandas Armadas. Madrid. 1 de junio de 1979», AGMI, Subsecretaría, 7239. <<

[48] Véase más adelante «II. Los nuevos desafíos que plantea el enemigo terrorista (1978-1980), cap. VI». <<

[49] «Informe de la Jefatura Superior de Policía sobre acciones cometidas por bandas armadas durante los años 1982 y 1983 en la provincia de Vizcaya», AGA, Memoria del Gobierno Civil, Vizcaya, 1983. <<

[50] No parece existir ninguna definición consensuada y satisfactoria del concepto de terrorismo en el universo científico, como tan adecuadamente han mostrado dos sociólogos anglosajones mediante una encuesta dirigida a los especialistas en la materia: Alex P. Schmid y Albert J. Jongman, Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, Ámsterdam — Oxford — Nueva York, North-Holland Publishing Company, 1988, pp. 1-38. <<

[51] La definición que propone Fernando Reinares me parece bastante adecuada: «forma de acción colectiva caracterizada por el recurso sistemático y tendencialmente exclusivo a la violencia armada […], con la intención de afectar la distribución del poder mediante atentados cuyo impacto psicológico y simbólico supera al derivado de los daños personales y materiales que provocan». F. Reinares Nestares, «Democratización y terrorismo en el caso español», en Ramón Cotarelo, José Félix Tezanos y Andrés de Blas (comps.), La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989, p. 612. <<

[52] Walter Laqueur, Una historia del terrorismo, trad. de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar Barrena, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 141 y 156 y ss. <<

[53] Para saber más acerca de la guerra asimétrica, véase Jacques Baud, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Mónaco, Éditions du Rocher, 2003, junto con Barthélémy Courmont y Darko Ribnikar, Les guerres asymétriques: conflits d’hier et d’aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, París, Presses universitaires de France, 2002. Según Jacques Baud, el empleo de este término queda acuñado en 1993. Véase también Gérard Chaliand, Terrorismes et guérillas. Techniques actuelles de la violence, París, Flammarion, 1985, obra en la que se afirma que «tanto la guerrilla como el terrorismo son las armas que usa el débil contra el fuerte y, como tal técnica, ninguna de las dos es exclusiva de la derecha o de la izquierda». Véase asimismo Paul Wilkinson, que habla de guerra no convencional en Terrorism and the Liberal State, Houndmills, Basingstoke (Hampshire) — Londres, Macmillan, [1977] 1986, p. 52. <<

[54] Y a la inversa, el hecho de que un grupo recurra al asesinato político, a los explosivos o al secuestro no constituye en sí mismo un criterio suficiente para caracterizar a una organización terrorista. Las formas de la acción violenta no son una práctica que pueda atribuirse exclusivamente a un único tipo de actor. <<

[55] Se trata de una expresión utilizada por Walter Laqueur, en Una historia del terrorismo, cit., p. 125 y Paul Wilkinson, en Terrorism and the liberal State, cit., p. 51. Este último autor define como «terrorismo puro» los «actos típicos de los grupos terroristas, como los explosivos, los asesinatos, los secuestros, la provocación de daños físicos y el chantaje» —ibid., p. 65. <<

[56] El atraco a las sucursales bancarias o a las armerías también forma parte de este repertorio de acciones. No obstante, las hemos excluido del corpus sometido a examen por razones de índole práctica. Y ello porque resulta, en efecto, extremadamente difícil conocer por medio de los datos que nos ofrecen las fuentes a los autores de estas acciones, que pueden ser tanto delincuentes comunes como terroristas decididos a financiarse de algún modo o a procurarse armas y pertrechos (por ejemplo para imprimir octavillas propagandísticas). Ahora bien, da la impresión de que la mayoría de esos robos son de origen común, y no de naturaleza terrorista. Respecto al secuestro aéreo o al atentado suicida, hemos de recordar que no son actos que se den en el periodo y el contexto que aquí estudiamos. <<

[57] Si hemos distinguido los artefactos explosivos desactivados de aquellos que llegaron a explotar de facto ha sido porque, durante la transición, los primeros no solo son extremadamente numerosos, sino también susceptibles de ser estudiados de forma individualizada (y de hecho las fuentes mencionan esta distinción). En ocasiones indican un fracaso, debido a que el mecanismo falló, pero en la mayoría de los casos se producen como consecuencia de la voluntad explícita de que la bomba no explote, dado que su colocación se proponía más intimidar o amenazar que provocar daños físicos o materiales. <<

[58] Las diversas excepciones que se sustraen a esta regla son el atentado cometido por ETA en la Cafetería Rolando de Madrid el 13 de septiembre de 1974 (provocando 13 muertos), el perpetrado por los GRAPO en mayo de 1979 en la Cafetería California 47, igualmente en Madrid (8 muertos), y los atentados de ETA en las estaciones de Atocha y Chamartín, el día 29 de julio de 1979 (7 muertos). Hacia el final del periodo que aquí estudiamos se observa también que ETA tiende a utilizar explosivos contra convoyes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con el fin de causar matanzas masivas reduciendo al mismo tiempo los riesgos. <<

[59] En cerca del 90 % de las situaciones, si sumamos las explosiones y las bombas desactivadas. <<

[60] Quedan comprendidas en esta clase las agresiones físicas padecidas por un individuo aislado a manos de un reducido número de personas que emplean armas tales como un objeto cortante (cuchillos, navajas, trozos de cristal), una porra, un bate de béisbol, una barra de hierro o un arma de fuego —pero solo en caso de que no se emplee para disparar sino como elemento de intimidación u objeto con el que asestar golpes—. Debe quedar claro que solo contabilizamos aquí las agresiones de finalidad patentemente política y no las que remiten a situaciones simplemente delictivas: cuando la elección de la víctima se debe a su condición política (militante, miembro de la familia de un militante, etcétera), o cuando el agresor actúa en función de su ideología y por motivos igualmente políticos (por ejemplo, en caso de que un militante de extrema derecha agreda a un civil por el mero hecho de que la placa de matrícula de su vehículo sea vasca). Cuando la agresión afecta a más de dos personas, entra en la categoría de «enfrentamiento». <<

[61] Recordemos que únicamente se contabilizan aquí las manifestaciones violentas de significación política que provoquen víctimas mortales. De hecho, dichas víctimas pertenecen esencialmente a dos categorías: la de las personas asesinadas al margen de una manifestación por grupos radicales, con lo que entran en la categoría del atentado, y la de los individuos que mueren como consecuencia de una acción de las fuerzas del orden, que se incluyen en la categoría de los abusos policiales. Esto implica que el tipo puro de «manifestación violenta» acontezca pocas veces, puesto que solo hay seis casos de personas que, habiendo fallecido en el contexto de una protesta callejera, no hayan sido muertas ni a manos de las fuerzas del orden en una acción represiva, ni asesinadas deliberadamente al margen de la manifestación. Recordemos por ejemplo el caso del joven Juan Manuel Iglesias, que perdió la vida como consecuencia de una insuficiencia cardiovascular mientras huía de la policía, que procedía en ese momento a dispersar una manifestación pro-amnistía, el 9 de enero de 1977, en Sestao, Vizcaya. <<

[62] De este modo, los datos policiales comparativos y relativos a los dos primeros semestres de 1975 y 1976 enumeran, respectivamente, 227 y 306 avisos («Datos estadísticos generales», DGS, 1975-1976, AGMI, SGT, 11048), mientras que los Boletines Informativos del primer trimestre de 1977 señalan 239 incidencias de este tipo, lo que supone, por término medio, un aviso y medio al día en la totalidad del territorio español (AGA, BI, 11/1/1977-30/7/1977). El balance del fiscal del Tribunal Supremo contabiliza por su parte 754 falsos avisos de bomba a lo largo de 1977, lo que equivale a una media de más de dos diarios («Datos numéricos de actividades terroristas y otras acciones», MFTS, 1978, pp. 68-69). <<

[63] Esto es lo que sugieren las Memorias del Gobierno Civil de Valladolid correspondientes a los años 1984 y 1985, que señalan, respectivamente, 84 y 114 avisos de bomba, solo en dicha provincia (AGA, Memoria del Gobierno Civil, Valladolid, 1984 y 1985). <<

[64] Habría sido preferible tener asimismo en cuenta los casos de violencia asociados con la provocación de heridos graves, pero ha resultado imposible reunir datos fiables y homogéneos. <<

[65] Véase «III. L a tortura: punto ciego de la transición», cap. VII. <<

[66] Véase más adelante, en el Anexo I, un ejemplo en el que se presenta un «formulario» de la base de datos. <<

[67] Pese a que el término resulte problemático, y más de hecho durante el periodo que nos ocupa, los únicos actores violentos que fallecen como consecuencia de sus propias acciones, o de un enfrentamiento con la policía, son miembros probados de ETA o los GRAPO, organizaciones ambas característicamente terroristas en el sentido que hemos detallado más arriba. <<

[68] En términos generales, y conforme vaya avanzando la obra, hay dos indicadores llamados a permitirnos una cuantificación de la violencia: los que distinguen el número de acciones por un lado y la cifra de muertos por otro. <<

[69] Véanse a este respecto las reflexiones de M. Wieviorka, El terrorismo. La violencia política en el mundo, trad. de Regina Martínez —de Sociétés et terrorisme, París, Fayard, 1988—, Barcelona, Plaza & Janés — Cambio 16, 1991, pp. 26 y ss. <<

[70] Para atender los fines del análisis estadístico hemos eliminado de los 3195 acontecimientos totales los 268 basados únicamente en Boletines Informativos de la policía y correspondientes al primer semestre de 1977 (AGA, BI), circunstancia que arroja un balance final de 2927 acontecimientos, para ser exactos. En lo sucesivo, todos los cálculos que abarquen la totalidad del periodo que nos ocupa y que impliquen la realización de comparaciones anuales remitirán a este último total. Respecto al año 1975, hemos de tener presente que los datos se contabilizan a partir del 1 de octubre, ya que de ese modo se posibilita la introducción de un periodo de tiempo susceptible de actuar como elemento de comparación, es decir, el trimestre. Los datos del año 1982 se extienden hasta el 31 de diciembre, pese a que Felipe González gane las elecciones el día 28 de octubre y tome posesión de su cargo como presidente del gobierno el 2 de diciembre. <<

[71] José Luis Piñuel, El terrorismo en la transición española (1972-1982), Madrid, Fundamentos, 1986, p. 25. <<

[72] Por atentado, José Luis Piñuel entiende la acción perpetrada con disparos, el atraco, el asalto, la agresión sin pistolas ni metralletas, la colocación de explosivos, el enfrentamiento con las fuerzas del orden, la ejecución de un detenido o de un secuestrado, el incendio, el robo de armas y el secuestro. <<

[73] Tanto F. J. Llera Ramo, «Violencia y opinión pública en el País Vasco, 1978-1992», Revista Internacional de Sociología, n.º 3 (1992), p. 86, como J. M. Mata López, El nacionalismo vasco radical. Discurso, organización y expresiones, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1993, presentan un cuadro, idéntico en todos los aspectos, que es, según afirman uno y otro, fruto de una elaboración propia, sacada de las mismas fuentes. <<

[74] Cayo Sastre García, Transición y desmovilización política en España (1975-1982), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, pp. 145-147. <<

[75] Elaboración propia efectuada con los datos de los Boletines Informativos, AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977. <<

[76] Véase más adelante cap. V. <<

[1] Hemos reunidos todos los cuadros al final de la presente introducción. <<

[2] Véase Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L’après 68 en France et en Italie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, pp. 89-96. El saldo de víctimas de las protestas de 1968 resulta no obstante controvertido. Para esta autora, los enfrentamientos únicamente provocaron cuatro muertos, aunque ninguno de ellos perdió la vida durante las jornadas vividas en París a lo largo del mes de mayo (p. 91). Otros estudiosos elevan esa cifra a 19, al incluir 12 víctimas «directas» y 7 «indirectas»: Alain Delale y Gilles Rabache, La France de 68, París, Seuil, 1978, p. 23. <<

[3] Alain Hamon y Jean-Charles Marchand, Action directe. Du terrorisme français à l’euroterrorisme, París, Seuil, 1986, pp. 218-219. Véase también Gilles Ménage, L’œil du pouvoir. Face aux terrorismes, 1981-1986: Action directe, Corse, Pays basque, París, Fayard, 2000, pp. 23-173. <<

[4] Jacques Georgel, L’Italie au XXe siècle (1919-1995), París, La documentation française, 1996, pp. 103-112. Véase también Raimondo Catanzaro (comp.), The Red Brigades and left-wing terrorism in Italy, Nueva York, St. Martin’s Press, 1991, junto con Danielle Della Porta y Sidney Tarrow, «Unwanted children: Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 1966-1973», European Journal of Political Research, n.º 14 (1986), pp. 607-632. <<

[5] Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L’après 68 en France et en Italie, cit., p. 98. <<

[6] Las medias obtenidas solo tienen en cuenta los casos de violencia contestataria ocurridos en un periodo de ocho años, de 1975 a 1982, lo que implica un total de 558 muertos y 3158 acciones —contabilizadas a partir del 1 de enero de 1975. <<

[7] Entendemos aquí el País Vasco en su sentido más amplio. «Euskal Herria», es decir, el «país de los que hablan euskera», de acuerdo con la terminología nacionalista, es el territorio que reivindican los separatistas vascos. Abarca las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca —Guipúzcoa, Álava y Vizcaya—, que integran la Euskadi meridional; la Comunidad Autónoma de Navarra; y los tres territorios franceses que constituyen la Euskadi septentrional —el Labort, la Baja Navarra y la Sola—. Por consiguiente, ha sido escenario habitual de la acción terrorista y antiterrorista. Por estas razones lo hemos elegido como marco para establecer la escala de referencia en el resto de la obra. <<

[8] Los GRAPO son asimismo los causantes de la tercera parte de las víctimas mortales de la capital. <<

[9] José Luis Piñuel califica estos espacios diciendo que se trata de ámbitos «escénicamente muertos»: véase J. L. Piñuel, El terrorismo en la transición española (1972-1982), cit., p. 44. <<

[10] El 34 % de los militares asesinados durante la transición fue atacado en Madrid, mientras que solo el 7 % de los guardias civiles que hallaron la muerte en atentado murieron en la capital. No es difícil explicar estas desproporciones, dado que la primera cifra se debe a la elevada concentración de altos mandos del Ejército en la capital, mientras que la segunda obedece al carácter fundamentalmente rural de la Guardia Civil, poco implantada en las grandes poblaciones. <<

[11] Se trata del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Miguel Haddad Blanco, asesinado en marzo de 1978 por los GRAPO y de dos jueces del Tribunal Supremo, Mateu Cánoves, que había sido magistrado del Tribunal de Orden Público, y Cruz Cuenca, asesinados respectivamente por ETA y los GRAPO en noviembre de 1978 y enero de 1979. <<

[12] J. L. Piñuel, El terrorismo en la transición española (1972-1982), cit., pp. 26-27 y 61-83. <<

[13] P. Wilkinson, Terrorism and the Liberal State, cit., pp. 51 y ss. <<

[14] La mayor parte de los actores y de los observadores hacen referencia a estos tres grandes conjuntos. Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior al principio de la transición, afirma en sus memorias que tuvo que combatir tres tipos de terrorismo: el primero era de matiz «independentista» y estaba integrado fundamentalmente por ETA, el segundo provenía de la «izquierda extremista», y el tercero y último era el de la «derecha ultra»: véase R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 160. José Luis Piñuel establece esa misma distinción en El terrorismo en la transición española, cit., p. 23, y otro tanto sucede con las compilaciones recientes sobre el terrorismo, como la de Juan Avilés Farré, que distingue los terrorismos «revolucionario» o «nacionalista» de lo que él denomina el terrorismo «vigilante»: véase J. Avilés Farré, «El terrorismo en la España democrática», en Javier Tusell (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, t. XLII: La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I, Madrid, Espasa-Calpe, 2003, pp. 633-665. <<

[1] Para saber más acerca de la extrema derecha, véase José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a al consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, CSIC, 1994, junto con las obras de Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, Barcelona, Plaza & Janés, 1998; idem, Neonazis en España, Barcelona, Grijalbo, 1995; e idem, El fascismo. Entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen, 1976-1997, Barcelona, Destino, 1998. <<

[2] M. Wieviorka, El terrorismo. La violencia política en el mundo, trad. de Regina Martínez —de Sociétés et terrorisme, París, Fayard, 1988—, Barcelona, Plaza & Janés — Cambio 16, 1991, p. 430. <<

[3] La Falange a la que nos referimos, la de los tiempos del franquismo, aparece representada por la FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), organización creada en 1937 a partir de la unificación de las milicias falangistas y carlistas que se habían unido al bando del alzamiento. Este acto fundador de un partido único en la dictadura anuncia sin embargo el declive de la Falange misma, dado que en lo sucesivo habrá de verse controlada por un general que la utiliza políticamente a su antojo y que modela su contenido doctrinal, también a su manera, para incorporarlo a los principios del Movimiento Nacional —todo lo cual se efectuará a expensas de la pureza ideológica original—. Surgen de este modo diversos grupos de falangistas disidentes, individuos que cultivan sentimientos nostálgicos respecto de la inconclusa revolución nacional-sindicalista, desnaturalizada por el régimen de Franco. Algunas de esas corrientes críticas, como la que emana de los Círculos Doctrinales José Antonio, fundados en 1959, expresarán reproches cada vez más enérgicos a los métodos del dictador. <<

[4] El entierro de Ortega y Gasset en el otoño de 1955, transformado en manifestación de la oposición liberal, será el detonador del resurgimiento de un movimiento estudiantil adverso al régimen. En febrero de 1956, este movimiento elevará a las autoridades una petición en la que sus promotores exigirán la democratización del SEU (Sindicato Español Universitario), el organismo oficial de la enseñanza superior, de afiliación obligatoria. Las manifestaciones de protesta contra las medidas del gobierno, que acababa de invalidar las elecciones de los representantes estudiantiles que previamente habían sido autorizadas en la Universidad de Madrid, provocan enfrentamientos violentos con algunos grupos de falangistas. Al resultar herido uno de ellos, se cierran las facultades, se detiene a un gran número de estudiantes y se destituye al ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, y al ministro-secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández-Cuesta. Para saber más acerca de este episodio y del movimiento estudiantil, véase José María Maravall, Dictadura y disentimiento político: Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978; José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI, 2005; y Gregorio Valdevira González, El movimiento estudiantil en la crisis del franquismo (1973-1976), tesis doctoral defendida en el año 2001 en la Universidad Complutense de Madrid (inédita). <<

[5] Véase Paul Preston, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península, 1997, p. 253; así como José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., pp. 219-221; y Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, cit., p. 37. <<

[6] Debemos recordar que a partir del año 1967, las funciones de jefe de Estado y presidente del gobierno se independizan, y que el almirante Carrero Blanco, eminencia gris del régimen de Franco, se hará cargo de dicha presidencia. <<

[7] Para mayor información sobre este periodo, véanse las memorias de José Ignacio San Martín, Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiún), Madrid, Planeta, 1983. Véase también Francisco Medina, Las sombras del poder. Los servicios secretos de Carrero a Roldán, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, pp. 21-43; junto con Antonio M. Díaz Fernández, Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición, Madrid, Alianza, 2005, pp. 146-160. <<

[8] Francisco Medina, Las sombras del poder, cit., p. 26. <<

[9] Véase Xavier Casals i Meseguer, Neonazis en España, cit., pp. 97-116, y Valentín de Armas, Cuando vestíamos de negro (1973-1981), Barcelona, Nueva República, 2008. <<

[10] Volveremos a topar con este personaje en algunos de los asuntos turbios de la transición, sobre todo en relación con los sucesos de Montejurra de 1976 —véase más adelante «b) Montejurra y Cubillo: dos operaciones llevadas a cabo por el Estado», cap. VIII. <<

[11] Carrero Blanco es el fundador del SECED en 1969, que surge como un organismo de información destinado a evitar desórdenes universitarios. Confiada su dirección al teniente coronel San Martín en 1971, se convierte rápidamente en un gigantesco centro de inteligencia pensado para garantizar la seguridad interior y provisto de un personal operativo que no tardará en transformarlo en un verdadero servicio secreto de la presidencia del gobierno. <<

[12] Las citas proceden de José Ignacio San Martín, Servicio Especial, cit., pp. 21 y 24. <<

[13] Su número se cifraría en 25 según José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., p. 221; mientras que Valentín de Armas, en Cuando vestíamos de negro, cit., p. 110, sugiere que contaba con 60 militantes. <<

[14] Véase Xavier Casals i Meseguer, Neonazis en España, cit., pp. 97-116. <<

[15] Paul Preston, La política de la venganza, cit., p. 255. <<

[16] Pueblo, 10/8/1973. <<

[17] Blas Piñar será el líder indiscutible de Fuerza Nueva durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. En época de Franco iniciará su carrera política en el seno de la Asociación Católica Nacional de Propaganda (ACNP), cuya sección propagandística logrará dirigir. Más tarde es nombrado director del Instituto de Cultura Hispánica, cargo que ejerce entre 1957 y 1962, antes de ser designado consejero nacional del Movimiento por iniciativa directa de Franco, posición que le otorgará también la condición de procurador en las Cortes (denominación que recibían en la época los miembros del Parlamento franquista). En dicho organismo defenderá una postura inmovilista e intransigente hasta el año 1977 —y es preciso señalar que su capacidad dialéctica como orador hacía de él un adversario verbalmente temible. <<

[18] Xavier Casals i Meseguer, El fascismo, cit., capítulo 2. <<

[19] El «espíritu del 12 de febrero» debe su nombre al discurso pronunciado por Arias Navarro en esa fecha de 1974 ante las Cortes, en el que presentó su programa de gobierno. La expresión adquirió una gran notoriedad y acabó sirviendo para designar el ánimo reformista de los meses posteriores. <<

[20] José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., pp. 105-109. <<

[21] Paul Preston, La política de la venganza, cit., p. 257. <<

[22] La primera es aquella que «introduce en la arena política nuevas demandas o trata de hacer avanzar otras hasta entonces subordinadas», mientras que la segunda es la que «obedece al deseo de mantener posiciones ventajosas o de influencia disfrutadas por algún segmento social o a la defensa de intereses bien acomodados en una determinada politeya». Fernando Reinares Nestares, Terrorismo y antiterrorismo, Barcelona, Paidós Ibérica, 1998, p. 33. <<

[23] Paul Preston, La política de la venganza, cit., p. 258. <<

[24] La denominación de los sectores «hedillistas» de la Falange se debe a Manuel Hedilla, que se hallaba al frente de la Falange en el momento en el que estalla la Guerra Civil. Hedilla se alzó contra el decreto de unificación de 1937, motivo por el que fue encarcelado y condenado a muerte por Franco, aunque finalmente sería liberado en 1941. Más tarde cae durante largo tiempo en el olvido, pero finalmente refunda en 1968 una asociación política con la que intenta recuperar los ideales de la primera Falange, dando de ese modo nacimiento a la disidencia hedillista. <<

[25] El País, 29 y 30/10/1976. <<

[26] La sección malagueña de Fuerza Nueva publica una nota en la que denuncia las campañas mediáticas y las agresiones físicas que realizan contra ellos los militantes de FE de las JONS (Auténtica). La nota señala fundamentalmente que los miembros de FN son «portadores de la camisa azul y boina roja, de la bandera de la Falange, la de la tradición y de la enseña nacional, que estamos dispuestos a defender hasta el punto que fuera preciso», AGA, BI, 28/7/1977. <<

[27] Para saber más acerca de esta implicación, véase más adelante «b) Montejurra y Cubillo: dos operaciones llevadas a cabo por el Estado», cap. VIII. Tras la promulgación del decreto de unificación de 1937, el carlismo quedó dividido en dos bandos, uno dispuesto a colaborar con el régimen de Franco, y otro determinado a rechazar a la dictadura, traidora a la monarquía, y decidido por tanto a exiliarse. A este conflicto político se añade la disputa sucesoria entre las diferentes ramas de los Borbones, polémica que se agudiza tras elegir Franco a Juan Carlos, hijo de don Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII. Estas divisiones irán ahondándose hasta generar un foso infranqueable entre los dos hijos de Javier de Borbón-Parma —es decir, del heredero que había designado, al morir en 1937, Alfonso Carlos de Borbón, último representante del linaje carlista—. En 1952, Javier se autoproclama rey de España en Montserrat (Cataluña), y más tarde transmitirá sus derechos monárquicos a su hijo primogénito, Carlos Hugo, a quien se tolerará en España hasta la designación oficial de Juan Carlos como sucesor del general —momento en el que será expulsado del país (en 1968)—. A partir de entonces, Carlos Hugo pasa a engrosar las filas de la oposición, desarrolla un nuevo pensamiento vinculado a la izquierda regionalista —que encuentra inspiración en el socialismo autogestionario—, y funda en 1974 el Partido Carlista, que se une a las plataformas democráticas adversas al gobierno. Por el lado contrario, su hermano, Sixto de Borbón-Parma, se pone al frente de la formación llamada Comunión Tradicionalista en España, rompe con la legitimidad dinástica, y opta por una pureza ideológica integrista, en contra de su hermano mayor, al que denuncia por heterodoxo. Será esta última rama la que dé lugar al carlismo de extrema derecha, de muy débil implantación durante la transición, pero que desencadenará sin embargo el sangriento enfrentamiento de Montejurra. <<

[28] José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., p. 206. <<

[29] Para mayor información sobre las tentativas de unidad de la extrema derecha, véase ibid., pp. 251-270. <<

[30] Xavier Casals i Meseguer, El fascismo, cit., capítulo 2, punto 2: «Los “años del plomo”». <<

[31] El joven rey Juan Carlos I será quien presida el último «Desfile de la Victoria», el 1 de abril de 1976. Luego esta parada militar se sustituirá por el «Día de las Fuerzas Armadas», celebrado por primera vez el 30 de mayo de 1976. En cuanto al 18 de julio, anteriormente considerado no laborable y popularizado mediante la entrega de una paga extraordinaria, también desaparece rápidamente, en 1977, del repertorio festivo. <<

[32] El último gran espectáculo de masas franquista se remonta al 1 de octubre de 1975, poco después de las ejecuciones del 27 de septiembre, que habían provocado la indignación y la repulsa del mundo occidental. Franco pronunció en esa fecha un discurso beligerante, digno de su primera alocución en esa misma plaza, el 9 de diciembre de 1946, fecha en la que se organizó una doble protesta, tanto contra la reciente resolución general de las Naciones Unidas que condenaba al régimen franquista por su carácter fascista, como contra el mundo occidental en general, que acababa de ordenar a sus embajadores que se retiraran de España. <<

[33] Las cifras proceden del diario El País. <<

[34] Fuerza Nueva, 29/12/1973. <<

[35] Véanse por ejemplo, las declaraciones de Mariano Sánchez Covisa, líder de los Guerrilleros de Cristo Rey, al New York Times, en las que denuncia la «traición» de los hombres que ocupan el poder y el «maquiavélico plan» financiado por una conspiración internacional en la que se hallan implicadas diversas organizaciones secretas decididas a «lavarle el cerebro de los españoles para que crean en la necesidad de reformar el régimen». El País, 9/1/1977. <<

[36] La «Pasionaria» es el apodo con el que se conoce a Dolores Ibárruri, miembro de la cúpula dirigente del Partido Comunista de España (PCE) desde 1929, diputada electa en 1936, y secretaria general de su formación entre 1942 y 1960, fecha en la que es sustituida por Santiago Carrillo. Tras exiliarse en la Unión Soviética al término de la Guerra Civil, el foco principal del odio de los extremistas de derechas se centrará precisamente en ella. Su regreso a España en mayo de 1977 y su elección como diputada por Asturias en junio de ese mismo año irán acompañados de una fuerte carga simbólica. <<

[37] El Cara al Sol es el himno falangista. De carácter poético y soldadesco, fue compuesto por José Antonio Primo de Rivera y sus camaradas, como Rafael Sánchez Mazas o Dionisio Ridruejo, y no tardaría en imponerse durante la Guerra Civil como cántico específico del bando nacionalista. Esta composición es uno de los símbolos más representativos del ritual franquista. El título corresponde también a la letra con la que arranca el himno. <<

[38] El Oriamendi es el himno oficial del carlismo. Su origen se remonta a la batalla de igual nombre, librada en 1837, con ocasión de la primera guerra carlista. <<

[39] El País, 30/10/1976. Más tarde, este recorrido se volverá a realizar en numerosas ocasiones, el 20 de noviembre de 1977 por ejemplo, fecha en la que los falangistas despliegan un cartel con la efigie de Franco sobre uno de los leones que custodian la entrada del Parlamento —El País, 21/11/1976. <<

[40] José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., p. 31. <<

[41] Blas Piñar, en dos discursos pronunciados en Guadalajara y Madrid, El País, 16/10/1979 y ABC, 30/3/1976. <<

[42] Para el lugar de la violencia en el discurso que mantienen las derechas españolas en tiempos de la Segunda República, véase Eduardo González Calleja, «Aproximación a las subculturas violentas de las derechas antirrepublicanas españolas, 1931-1936», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 2 (2003), pp. 107-142. <<

[43] Véase el discurso fundador de la Falange: «Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria». Los distintos sectores de la extrema derecha retomarán en numerosas ocasiones esta expresión de José Antonio. <<

[44] Declaraciones de José Luis Jerez Riesco, antiguo miembro del Frente de la Juventud, recogidas en el Colectivo Amanecer, Patria-Justicia-Revolución. La historia del Frente de la Juventud en sus documentos y propaganda, Barcelona, Nueva República, 2005, p. 20. <<

[45] Blas Piñar, 28 de marzo de 1976 en Madrid, ABC 30/3/1976. <<

[46] Discurso pronunciado por Juan Antonio Hita Navarro, jefe provincial de la Falange, en el transcurso de una cena organizada por FE de las JONS en Madrid el día 18 de julio de 1978. Nota de la Brigada Regional de Investigación Social (BRIS), 2726, 18/7/1978 (AGA, GCM, 111/364 «18 de julio de 1978»). <<

[47] Declaraciones de Mariano Sánchez Covisa al New York Times, en un artículo titulado «Traición en España», El País, 9/1/1977. <<

[48] Entrevista de Mariano Sánchez Covisa en Der Spiegel, 15/11/1976. <<

[49] José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., p. 223. <<

[50] Juan Ignacio González será asesinado en diciembre de 1980 en Madrid. Según los servicios de información del Ministerio del Interior, se habría tratado de un atentado de los GRAPO. Sin embargo, de acuerdo con el Frente de la Juventud, sería «el único crimen político de la transición española cuyos autores han quedado impunes». Eso es al menos lo que afirman los panfletos repartidos durante la ceremonia organizada para homenajear a Franco, con motivo del trigésimo aniversario de su muerte —el 20 de noviembre de 2005—, en el Valle de los Caídos, octavillas que convierten a González en un mártir de la transición. <<

[51] Véase más adelante c) «La “Semana Negra” del 23 al 28 de enero de 1977», cap. IV. <<

[52] Rodríguez Jiménez sostiene que en FN no hubo nunca una opinión unánime en relación con el uso de la violencia como instrumento de lucha política: véase José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., p. 216. Una nota de la Brigada Regional de Investigación Social fechada el 5 de diciembre de 1980, relativa a los incidentes ocurridos en noviembre en la Universidad Complutense, confirma que Piñar no es excesivamente partidario de la violencia: cuatro de los jóvenes autores de esos sucesos pertenecen a Fuerza Joven, y serán expulsados de la formación, junto con su jefe provincial, por recomendación de Blas Piñar, que estima «que las acciones violentas e irreflexivas perjudican el crédito político de Fuerza Nueva». Véase AGA, GCM, 106/195 «Facultad de Biológicas. Cócteles Molotov. Symposium Aborto. Noviembre 1980». <<

[53] Para estos dos grupúsculos, véase José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., pp. 225 y ss.; junto con Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 223 y ss.; y Colectivo Amanecer, Frente Nacional de la Juventud. ¿Qué pensaban y en qué creían los jóvenes patriotas durante la «transición»?, Barcelona, Nueva República, 2009, e idem, Patria-Justicia-Revolución, cit. <<

[54] Nota de la Brigada Regional de Investigación Social del 11/10/1976 —AGA, GCM, 114/408 «CEDADE». <<

[55] De este modo, en enero de 1977, el VI Comando Adolfo Hitler de Orden Nuevo lanzará una ofensiva contra varias revistas vascas, tanto bilingües como en euskera —y estas responderán publicando un editorial común de protesta contra los ataques: El País, 11/1/1977. <<

[56] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977; El País, 19/2/1977. <<

[57] José Morales et al, La trama del GAL, cit., pp. 19 y ss. <<

[58] Véase Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, cit., pp. 38 y 46, junto con Valentín de Armas, Cuando vestíamos de negro, cit., pp. 108-109. <<

[59] En la época franquista, la Guardia de Franco era una asociación dependiente del Movimiento Nacional y estaba constituida por milicianos civiles en la reserva a los que se recurría tanto para efectuar tareas represivas en el contexto de acciones parapoliciales como para llevar a cabo, sobre todo, actos propagandísticos. A finales de la década de 1960, la Guardia de Franco se reduce a unas cuantas decenas de militantes activos, y desaparece, junto con el Movimiento Nacional, en 1977. Se dará a conocer en el ámbito de la violencia por el doble hecho de que ETA los convirtiera en víctimas propiciatorias y de hallarse en la base de un cierto activismo, promovido por Alberto Royuela. Véase José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., pp. 96 y 222. <<

[60] AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09131-42/09132 «Grupos de Acción Sindicalista». <<

[61] Xavier Casals i Meseguer, Neonazis en España, cit., p. 110. Véanse también los artículos aparecidos en la revista Avui, firmados por J. Torrent, «València: L’extrema dreta “incontrolada”», Avui, 14/8/1976, y «Més amenaces del CIP», Avui, 11/9/1976. <<

[62] ABC, 27/1/1977. Véase también Carles S. Costa, Diccionario del terrorismo, Barcelona, Dopesa, 1977, p. 8. La denominación que se dio al comando que reivindicó la matanza de Atocha —Comando Roberto Hugo Sosa, nombre de un policía argentino asesinado en el contexto de la guerra sucia contra la guerrilla— vendrá a reforzar esta asimilación deliberada a la Triple A argentina. <<

[63] El País, 26/1/1977; ABC, 25/1/1977. <<

[64] Así sucederá, por ejemplo, con los asesinatos de Domingo Merino Arévalo en julio de 1978 y de Epifanio Vidal Vázquez en octubre de ese mismo año, imputados a ETA, o con el del etarra «Peixoto» en enero de 1979, que no solo reivindicaría la Triple A, sino también Antiterrorismo ETA (ATE). <<

[65] Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 216-221. <<

[66] Véase más adelante el capítulo VIII, que está dedicado a esta cuestión. <<

[67] Se trata del atentado con bomba, cometido en junio de 1977, contra una radio jesuita cuya programación se realizaba fundamentalmente en euskera y que mostraba afinidades con el nacionalismo, y del asesinato en octubre de un taxista sobre el que recaía la sospecha de ser informador de ETA —crimen que también reivindicará la Triple A. <<

[68] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977. <<

[69] Rosario Jabardo Montero, «La extrema derecha española, 1976-1996: estrategias de movilización y estructura de la oportunidad política», Sistema, n.º 135 (1996), pp. 105-122. <<

[70] J. Avilés Farré, «El terrorismo en la España democrática», cit., p. 661. <<

[71] Así sucederá en el caso de cinco de las víctimas registradas entre 1977 y 1979. <<

[72] José Luis Piñuel, El terrorismo en la transición española, cit., pp. 72-75. <<

[73] Estos no representan más que el 8 % del conjunto de los objetivos contra los que actúa, sumando tanto las acciones de naturaleza material como los atentados contra personas. <<

[74] Esto explica que una sentencia del Tribunal Supremo —fechada en 1980 y relativa a un atentado cometido por tres miembros de la extrema derecha que atacaron de noche, y mediante cócteles molotov, la sede del Partido Comunista de Murcia— declare que los autores habían actuado con la intención de efectuar una «represalia de carácter político, empleando además sustancias inflamables o explosivas, capaces de producir graves daños por sí solas», y esto con «el objetivo de perjudicar a un partido político concreto» —Sentencia del Tribunal Supremo, 1525, 17/3/1980. <<

[75] El País, 21/11/1976. <<

[*] Órgano preautonómico del País Vasco (1978-1980), anterior a la aprobación del Estatuto de Autonomía y a la constitución del primer Gobierno Vasco [N. de los T.]. <<

[76] Los informes del Gobierno Civil de Madrid recogen la recurrencia de estos incidentes, así como la creciente preocupación de las autoridades (AGA, GCM, 111/362 «20 de noviembre de 1978» y AGA, GCM, 111/363 «20 de noviembre de 1979»). <<

[77] Valentín de Armas, Cuando vestíamos de negro, cit., p. 107. <<

[78] Una vez que la sede de FN se traslade a la calle Mejía Lequerica, en 1979, las acciones violentas se multiplicarán igualmente en los barrios de los alrededores, como Malasaña y Buenavista. <<

[79] José Luis Piñuel, El terrorismo en la transición española, cit., p. 54. <<

[80] En el periodo aquí considerado hubo al menos 90 librerías que sufrieron ataques de la extrema derecha, lo que representa el 10 % del total de acciones perpetradas por los grupos ultras. Para saber más acerca de los ataques a las librerías, véase también Aránzazu Sarría Buil, «Atentados contra librerías en la España de los setenta, la expresión de una violencia política», en Marie-Claude Chaput y Manuelle Peloille (comps.), Sucesos, guerras, atentados. La escritura de la violencia y sus representaciones, París, PILAR — Universidad de París Ouest Nanterre — La Défense, 2009, pp. 115-144. <<

[81] El País, 26/1/1980; 10 y 11/7/1980; y 15/11/1981. <<

[82] Véase Paul Preston, La política de la venganza, cit., p. 261; junto con Rosario Jabardo Montero, «La extrema derecha española, 1976-1996», cit., p. 113; Fernando Reinares Nestares, «Democratización y terrorismo en el caso español», cit.; y José Luis Rodríguez Jiménez, Reaccionarios y golpistas, cit., pp. 270 y ss. Véase también Mariano Sánchez Soler, Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 163. <<

[83] Juan Avilés Farré, «El terrorismo en la España democrática», cit. <<

[84] Paul Preston, La política de la venganza, cit., p. 261. <<

[85] Para un relato de lo sucedido, véase más adelante c) «La “Semana Negra” del 23 al 28 de enero de 1977», cap. IV. <<

[86] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977. <<

[87] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 160. <<

[88] DSC, 159, IL, 9/4/1981, pp. 9830-9832. <<

[89] Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 189-220. <<

[90] Por ejemplo, José María Benegas, líder del Partido Socialista de Euskadi, recibirá el siguiente mensaje: «Sabemos que eres un cerdo marxista, y además separatista, pero todo esto se va a terminar en cuanto empecemos a actuar como un escuadrón de la muerte», El País 4/1/1977. <<

[91] El País, 15/12/1976. <<

[92] Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., p. 173. <<

[1] Eduardo González Calleja, La violencia política en Europa, Madrid, Historia 16, 1995, p. 6. <<

[2] La renovación de las teorías de Georges Sorel puede encontrarse por ejemplo en Frantz Fanon, autor que desarrolla la idea de la violencia necesaria, revolucionaria y emancipadora, en el marco de la descolonización. Véase Frantz Fanon, Les damnés de la terre, París, Maspero, 1961 [ed. cast.: Los condenados de la tierra, sin mención del traductor, Tafalla, Txalaparta, 1991]. <<

[3] Michel Wieviorka, El terrorismo. La violencia política en el mundo, trad. de Regina Martínez —de Sociétés et terrorisme, París, Fayard, 1988—, Barcelona, Plaza & Janés — Cambio 16, 1991, pp. 96-97. <<

[4] En el verano de 1956, veinte años después del estallido de la Guerra Civil, el Comité Central del Partido Comunista de España publica una declaración en la que establece los principios de una nueva estrategia, englobada bajo el lema de la «reconciliación nacional». Véase Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, pp. 455-458. <<

[5] Ibid., pp. 449-486. <<

[6] José María Maravall, Dictadura y disentimiento político, cit., p. 62. <<

[7] Idem, «Transición a la democracia. Alineamientos políticos y elecciones en España», Sistema, n.º 36 (1980), p. 71. <<

[8] Para saber más acerca de estos procesos de unificación de la oposición, véase Santiago Míguez González, La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 1990. <<

[9] Para estos partidos, véanse las obras de Consuelo Laíz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995; y José Manuel Roca (comp.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1982), Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994; junto con el informe de la revista L’Avenç titulado L’extrema esquerra espanyola durant la transició, monográfico, n.º 207 (1996). <<

[10] PCE(m-l). <<

[11] Véase en este sentido José Manuel Roca, «Reconstrucción histórica del nacimiento, evolución y declive de la izquierda comunista revolucionaria en España, 1964-1982», en id. (comp.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1982), Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994, pp. 69-89. Cabría citar asimismo el partido Bandera Roja, creado en mayo de 1968 a consecuencia de la expulsión de un grupo de militantes catalanes, excluidos del PCE(i). Poco después, la mayoría de sus miembros volverá a reintegrarse en el PSUC, limitando así la capacidad de acción de la recién fundada organización de Bandera Roja —al menos en tanto no se unifique con la Organización Comunista de España para constituir la OCE(BR), que estuvo operativa durante la transición—. También podríamos evocar al Partido Comunista Obrero Español (PCOE), y a la Oposición de Izquierda (OPI), dos grupúsculos prosoviéticos creados a principios de los años setenta a raíz del distanciamiento del PCE de la Unión Soviética, tras condenar los comunistas españoles la represión de la Primavera de Praga. En 1977, la OPI se convertirá en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT). <<

[12] La LCR se funda en 1971, partiendo de un grupo obrerista católico denominado Comunismo. A su vez, esa formación se había desgajado en 1969 del Frente de Liberación Popular (FLP), habitualmente conocido con el apelativo de «Felipe». Fundado en 1958, el Felipe surge originalmente de la reunión de células católicas de izquierdas, radicalizadas a principios de la década de 1970 e influidas por los postulados de la revolución cubana y la figura del Che Guevara. A finales de 1960, la integración de algunos universitarios lo había transformado en un movimiento estudiantil, integrado por marxistas poco ortodoxos, cristianos, intelectuales progresistas y socialdemócratas. Desaparece en 1969 debido a sus contradicciones internas y al acoso policial que sufre. Será entonces cuando los trotskistas, reagrupados en torno a Jaime Pastor, funden el grupo Comunismo. <<

[13] No obstante, esta rama trotskista conoció varias escisiones y dio lugar a la formación de otros grupúsculos, aunque en ningún caso lograrán alcanzar la importancia de la LCR. Dichos grupos son, entre otros, el Partido Obrero Revolucionario Español (PORE) y el Partido Obrero Socialista Internacional (POSI). <<

[14] Para mayor información sobre los movimientos anarquistas de las postrimerías del franquismo, véase Octavio Alberola y Ariane Gransac, L’anarchisme espagnol et l’action révolutionnaire internationale (1961-1975), París, Christian Bourgeois, 1975, junto con Joan Zambrana, La alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979, Badalona, Fet a Mà, 2002. <<

[15] De entre la constelación de grupúsculos y plataformas que reivindican planteamientos libertarios cabe citar, en el plano nacional, a Acción Comunista (AC) y a la Organización de la Izquierda Comunista (OIC), ambas marxistas y libertarias. Puede añadirse también la mención de las Plataformas de CC. OO., surgidas en el seno de Comisiones Obreras para contrarrestar las veleidades hegemónicas del PCE. <<

[16] El 29 de febrero de 1976, la CNT se reunifica en Barcelona tras una asamblea confederal fiel al modelo del sindicalismo revolucionario. Otras regiones seguirán más tarde el ejemplo catalán. <<

[17] Véase Gérard Chaliand, Stratégies de la guérilla: guerres révolutionnaires et contre-insurrections: anthologie historique de la Longue marche à nos jours, París, Mazarine, 1979; junto con Ernesto Che Guevara, La guerre de guérilla, París, Maspero, 1962 [ed. cast.: La guerra de guerrillas, Tafalla, Txalaparta, 1991]. <<

[18] Véanse también los textos de Lorenzo Castro Moral, que define varios niveles de violencia: el del activismo de apoyo, el del aventurerismo de las armas y el de la lucha armada propiamente dicha. Lorenzo Castro Moral, «La izquierda radical y la tentación de las armas», en José Manuel Roca (comp.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994, pp. 133-154. <<

[19] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1976. <<

[20] Para saber más acerca del MIL, véase Sergi Roses Cordovilla, El MIL: una historia política, Barcelona, Alikornio, 2002; así como Antonio Téllez Sola, El MIL y Puig Antich, Barcelona, Virus, 1994; Telesforo Tajuelo, El Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y práctica, 1969-1976, París, Ruedo Ibérico, 1977; y André Cortade, Le 1000: histoire désordonnée du MIL. Barcelone 1967-1974, Montreuil, l’Echappée, 1985. <<

[21] Véase el documento titulado «Sobre la agitación armada», elaborado en octubre de 1972 pero no publicado hasta abril de 1973 en la revista CIA. Aparece citado en Antonio Téllez Sola, El MIL y Puig Antich, cit., p. 46. <<

[22] Entre ellos se encuentra el fundador del MIL, Oriol Solé Sugranyes, condenado a 48 años de cárcel, quien logrará fugarse del penal de Segovia durante la gran evasión organizada por ETApm en abril de 1976. Al día siguiente muere a manos de la Guardia civil en Navarra. Posteriormente, los militantes del MIL optan por seguir caminos diferentes: muchos participarán en la refundación de la CNT, pero los miembros del sector armado que han logrado escapar de la policía prosiguen sus actividades en diferentes grupúsculos, y algunos de ellos colaborarán con Jean-Marc Rouillan en la constitución de Acción Directa. <<

[23] La víctima se llamaba Ángel Baltasar Suárez, y fue secuestrada en mayo de 1974 por los GARI. A cambio de su liberación, los miembros de la organización exigieron una declaración pública de las autoridades españolas mediante la que se garantizara que no se habría de condenar a muerte a ninguno de los encausados del MIL o el FRAP, así como la liberación de todos los presos del MIL. Como consecuencia de esta acción se detendrá en Francia a treinta militantes de los GARI. Véase Antonio Téllez Sola, El MIL y Puig Antich, cit., pp. 109-110. <<

[24] Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, cit., p. 36. <<

[25] Solo uno de los varios incidentes provocados por los grupúsculos marxistas a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 se saldará con una víctima mortal: en octubre de 1972, un comando armado del Colectivo Hoz y Martillo, un pequeño grupo marxista-leninista creado en 1971 en el entorno de la Universidad de Zaragoza e integrado por menos de diez activistas, penetra en el consulado francés de la ciudad e incendia el edificio como muestra de solidaridad con los refugiados vascos huidos a Francia. El cónsul sufre graves quemaduras y fallece a consecuencia de las mismas. El grupo será posteriormente desarticulado, juzgado y condenado en un consejo de guerra. <<

[26] Consuelo Laíz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995, p. 85. <<

[27] Para saber más acerca del FRAP, véase Consuelo Laíz Castro, La lucha final, cit., pp. 155-164; junto con Alejandro Diz, La sombra del FRAP, Barcelona, Ediciones Actuales, 1977; Manuel Cañaveras, «La concepción de la violencia en el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): breve análisis del proceso», en Javier Tusell (comp.), La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, 1990, t. I, segunda parte, pp. 115-121; y la página electrónica de la organización: www.frap.es. <<

[28] Documento del PCE(m-l) titulado «Sobre la actividad del partido desde el I Congreso», citado por Consuelo Laíz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, cit., p. 202. <<

[29] Para una lista de las acciones realizadas por el FRAP durante el verano de 1975, véase el ABC del 17/8/1975. <<

[30] El 14 de julio de 1975 resulta muerto L. Rodríguez Martín. El 16 de agosto de ese mismo año es asesinado el guardia civil C. Sánchez mientras un policía armado, Juan Ruiz Muñoz, lo es a su vez en Barcelona el 14 de septiembre. <<

[31] Para el PCE(r)-GRAPO, véase la excelente tesis de Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, tesis doctoral defendida en el año 2000 en la UNED (inédita). Véase también Juan García Martín, Historia del PCE(r) y los GRAPO, Madrid, Contracanto, 1984; Rafael Gómez Parra, GRAPO: los hijos de Mao, Madrid, Fundamentos, 1991; Pío Moa, De un tiempo y de un país, Madrid, La Torre, 1982; y Félix Novales, El tazón de hierro. Memoria personal de un militante de los GRAPO, Barcelona, Crítica, 1989. <<

[32] Hay otro grupo que también practicó la lucha armada a principios de los años setenta, siquiera de forma temporal. Me refiero al sector radical del carlismo, que converge en los Grupos de Acción Carlista (GAC). Estas formaciones perpetraron unos cuantos ataques a mano armada contra bancos y empresas, acciones que su entorno percibía como fórmulas de resistencia y de expropiación, destinadas a ayudar a los carlistas exiliados, a proporcionar un respaldo económico a los obreros en huelga, y a contribuir a la supervivencia de la organización. La primera acción conocida de los GAC se remonta a septiembre de 1968. Hasta el año 1971 se les imputarán varias acciones violentas, como por ejemplo la intentona fallida de asaltar una emisora de radio con el objetivo de difundir el contenido de una casete de audio y sustituir así el discurso de fin de año de Franco (en diciembre de 1970), la irrupción en otra emisora de Pamplona —que en esta ocasión sí que les permitirá radiar un manifiesto vinculado con el himno carlista (en mayo de 1971)—, o la explosión de una bomba de escasa potencia en agosto de 1971 contra un taller de imprenta. Con todo, la acción de los GAC no irá más lejos. Para mayor información sobre el particular, véase Joaquín Cubero Sánchez, «El Partido Carlista. Oposición al Estado franquista y evolución ideológica (1968-1975)», en Javier Tusell (comp.), La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, 1990, t. I, segunda parte, pp. 399-406; junto con Jeremy Mc Clancy, «GAC: Militant Carlist Activism, 1968-1972», en William A. Douglass (comp.), Essays in Basque Social Anthropology, Reno, University of Nevada Press, 1989, pp. 177-185; Javier Onrubia Rebuelta, La resistencia carlista a la dictadura de Franco: los «Grupos de Acción Carlista» (GAC), Madrid, Magalia, 2000; José María Porro Sáinz, «Notas sobre los GAC (Grupos de Acción Carlista)», Cuadernos de Historia del Carlismo, n.º 11 (1999), p. 12. <<

[33] Consuelo Laíz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, cit., p. 300. Laíz toma prestado este concepto de François Furet, que distingue el terrorismo «predemocrático» del terrorismo «producido por la democracia». El primero aspira a un régimen democrático y lucha contra la opresión del tirano, mientras que el segundo nace de la democracia misma, «ya no como elemento previo al sufragio universal, sino como fenómeno posterior a él», en una «escalada democrática contra la propia democracia». Véase François Furet, «Terrorisme et démocratie», en François Furet, Antoine Liniers y Philippe Raynaud, Terrorisme et démocratie, París, Fayard, 1985, pp. 9-10. <<

[34] Luis E. Alonso y Fernando Reinares Nestares, «Conflictividad», en Salustiano del Campo (comp.), Tendencias sociales en España (1960-1990), Bilbao, Fundación BBV, 1993, t. II, p. 36. <<

[35] El PTE y la ORT serán legalizados el 9 de julio de 1977. <<

[36] La ORT se presenta con el nombre de Agrupación Electoral de Trabajadores; el MCE se une a la Candidatura de Unidad Popular; la LCR se alía con AC y OIC en un Frente por la Unidad de los Trabajadores; y por último, el PTE absorbió al Partido Comunista de Unificación en abril de 1977 acudiendo a las urnas con las siglas del Frente Democrático de Izquierdas. <<

[37] La confluencia que llevará a la unidad se inicia con un programa común en las elecciones municipales de abril de 1979, cristalizando después en el Congreso de Unificación celebrado en julio de ese año, lo que dará nacimiento al PT, o Partido de los Trabajadores. <<

[38] Ramón Cotarelo, Resistencia y desobediencia civil, Madrid, Eudema, 1987, pp. 126-127. <<

[39] El Movimiento Comunista de Euskadi y la Liga Comunista Revolucionaria terminarán formando un solo partido en 1991: Izquierda Alternativa. <<

[40] El Gobierno Civil de Barcelona habla de 75 detenciones, con las que, de acuerdo con su informe, habría quedado desarticulada la «Confederación peninsular» de la FAI —AGA, Memoria del Gobierno Civil, Barcelona, 1977. <<

[41] Véase más adelante. <<

[42] Véase más adelante «Las expectativas que despierta el periodo constituyente», cap. IV. <<

[43] Consuelo Laíz Castro, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, cit., p. 212. <<

[44] Ángel Herrerín López, «El recurso a la violencia en el movimiento libertario», en Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma Vera y Javier Rodrigo (comps.), Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, p. 250. <<

[45] Boletín de la CNT, febrero de 1977, AGA, GCM, 110/351 «Iglesias, 1976-1977». <<

[46] El País, 23/6/1977, 6/7/1977 y 12/3/1978. <<

[47] «El Movimiento de Meinhof», El País, días 14 y 27/5/1976. <<

[48] De acuerdo con el Gobierno Civil de Guipúzcoa, se habrían lanzado varios cócteles molotov contra el consulado germano y un autobús del Colegio Alemán —AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977. <<

[49] AGA, Gabinete de Enlace, cajas 42/09138-42/09139, 42/09111 y 42/09112-42/09113. <<

[50] Por ejemplo, en febrero de 1977 serán detenidos cerca de veinte anarquistas en los alrededores de Murcia tras el hallazgo de un zulo con armas y municiones: Le nouveau journal, 24/2/1977. <<

[51] AGA, GCM, 114/438 «Grupos Autónomos Libertarios». <<

[52] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977. <<

[53] Algunas fuentes revelan que los vínculos entre las redes anarquistas española y francesa no desaparecen, conservándose probablemente a través de Jean-Marc Rouillan, uno de los primeros miembros del MIL, fundador asimismo de Acción Directa en 1979. Véase fundamentalmente el informe de la Guardia Civil del 8/7/1978, AGA, GCM, 114/438 «Grupos Autónomos Libertarios». <<

[54] Hay otro atentado que provoca un herido grave: en enero de 1978 en Valencia, una discoteca habitualmente frecuentada por jóvenes ultras de Fuerza Nueva queda destruida como consecuencia de un atentado reivindicado por una banda denominada «Grupo Anarquista Revolucionario». El País, 4/1/1978. <<

[55] Para mayor información, véase el folleto publicado por la CNT con el título de Libertad acusados caso «Scala». El texto destaca fundamentalmente el surgimiento de irregularidades policiales y judiciales, lo cual suscita la indignación de la organización anarquista, en cuyas filas existen sectores que defienden que los militantes habrían sido manipulados por un individuo de oscuro pasado, que, según sus sospechas, podría ser un confidente de la policía. <<

[56] Un panfleto de abril de 1978, firmado por el Ateneo Libertario de la Zona Centro de Madrid, nos ofrece un ejemplo de esta campaña de rectificación, ya que se alza contra «la propagación de la idea, absolutamente falsa, de que el anarquismo es una forma de terrorismo» y rechaza las acciones terroristas individuales desvinculadas de la acción de masas —AGA, GCM, 115/474, «Ateneo Libertario Zona Centro, 1978». <<

[57] Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239. <<

[58] «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234. <<

[59] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1977. <<

[60] AGA, GCM, 116/478 «PCE(m-l). 1978-1980»: notas de la Brigada Regional de Investigación Social y documentos de propaganda del partido fechados en 1978. <<

[61] Las autoridades policiales temen notablemente este aniversario debido a que también rememora la muerte del joven Carlos González, fallecido a causa de los disparos de la policía en una manifestación celebrada en 1976. Esto explica que en 1978 se movilizaran en Madrid 4500 agentes con el fin de evitar cualquier desmán, y que la Guardia Civil vigilara muy estrechamente la tumba del etarra Ramón García Sanz, uno de los fusilados en 1975 (El País, 27-28/9/1978). Un informe del Gobierno Civil de Madrid confirma que las autoridades esperan que el PCE(m-l) y el FRAP realicen alguna acción en estas fechas, no solo enfrentándose violentamente con las Fuerzas del Orden Público, sino procediendo también a «la explosión o la destrucción de la estatua del generalísimo Franco», prevista para la noche del 26 al 27 de septiembre. También anticipan, en un plano menos conflictivo, que se materialice la determinación de cambiar el nombre de la «Plaza del Rey» por el de «Plaza Carlos González». Sin embargo, el PCE(m-l) parece querer limitar el carácter violento de estos «Comités de apoyo al 27 de septiembre» con el fin de presentarse ante la opinión pública como un partido democrático —Nota de la Comisaría General de Información, 22/9/1978, y nota de la Brigada Regional de Investigación Social, 23/9/1978 (AGA, GCM, 115/462, «27 de septiembre 1978»). <<

[62] Carta del fiscal general del reino, fechada el 26 de junio de 1978, en la que rechaza la demanda de legalización del partido en razón de sus llamamientos a la subversión violenta —AGA, GCM, 116/478 «PCE[m-l]. 1978-1980». <<

[63] Télex del director general de Política Interior a los gobernadores civiles provinciales, 13/7/1978 (AGA, GCM, 116/478 «PCE(m-l). 1978-1980»). <<

[64] Nota de la Brigada Regional de Investigación Social, 17/7/1978, «Asunto: Partido Comunista de España (marxista-leninista)» (AGA, GCM, 116/478 «PCE(m-l). 1978-1980»). <<

[65] DSC, 88, IL, 8/5/1980, pp. 5820 y ss. <<

[66] Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239. <<

[67] «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234. <<

[68] Para saber más acerca del PCE(i)-línea proletaria, véase Lorenzo Castro Moral, «La izquierda radical y la tentación de las armas», cit., pp. 145-147. <<

[69] AGA, BI, 14/5/1977. <<

[70] Tras ese episodio, la policía se incautará de distintos objetos, como materiales de imprenta, uniformes del Ejército, documentación falsa, propaganda, armas —un artefacto explosivo casero, 15 cartuchos y 77 detonadores—, además de un conjunto de manuales sobre la guerrilla urbana y la fabricación de explosivos. Según la policía, quedan de ese modo desarticulados el aparato propagandístico y el arsenal del Comité Nacional de Cataluña del PCE(i). El País, 11/2/1978. <<

[71] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Barcelona, 1977. Según las autoridades policiales, este atentado confirmaría la unidad operativa existente entre el PCE(i) y el MPAIAC —AGA, BI, 20/5/1977. <<

[72] Véase, respectivamente, El País, 22-23/11/1978, 13/2/1979, 6-7/ y 14-15/3/1979. <<

[73] Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239. <<

[74] Da fe de ello el hecho de que en febrero de 1980 se detenga a seis personas pertenecientes a un grupo denominado Resistencia Catalana de Liberación Nacional, identificado como una escisión del PCE(i). El País, 23/2/1980. <<

[75] François Furet, «Terrorisme et démocratie», en François Furet, Antoine Liniers y Philippe Raynaud, Terrorisme et démocratie, París, Fayard, 1985, pp. 9-10. <<

[76] Para otro análisis de la práctica violenta de los GRAPO, véase L. Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 391-413. El autor distingue cuatro tipos de acción: las de carácter propagandístico o «afirmativas» (atentados con explosivos, ataques incendiarios, sabotajes de bienes materiales…); las de naturaleza «predadora», destinadas a obtener fondos económicos o recursos materiales; las de índole «defensiva» o «reactiva», cuya función consiste en proteger a la organización (enfrentamientos con la policía en caso de detención, represalias tras la muerte o la captura de sus militantes, liquidación de presuntos informadores de la policía…); y las de voluntad «proactiva», especialmente espectaculares, que forman el núcleo mismo de la estrategia terrorista. La comparación de los datos que proporciona este autor con los nuestros permite llegar a conclusiones similares. <<

[77] Los explosivos son también el único material característicamente terrorista que emplean los demás grupos de extrema izquierda en la cuarta parte de sus acciones. <<

[78] En cambio, en ningún caso pondrán en su punto de mira el patrimonio privado o cultural ni los locales de los partidos políticos. <<

[79] La última víctima es un concejal simpatizante del partido ultra Fuerza Nueva, asesinado en abril de 1979 en Barcelona para vengar la muerte de Juan Carlos Delgado de Códex, dirigente de los GRAPO muerto cuatro días antes a manos de la policía. <<

[80] Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., p. 273. <<

[81] Se trata de V. Cobo Sánchez, muerto durante el asalto a una entidad bancaria de Barcelona en noviembre de 1976; de S. Sánchez Mesa, fallecido en abril de 1977 en Madrid; y de A. Castelló Vital, muerto en enero de 1979 en Valencia. <<

[82] El 25 de mayo de 1979, A. Cívico Mendoza muere en un tiroteo en Sevilla, junto con un policía —El País, 26/5/1979—. Podría señalarse asimismo el caso, ocurrido en septiembre de 1982, de P. Gabarri, un chatarrero muerto en la explosión de un transformador eléctrico en Castellón —Sentencia TS, 1919, 29/3/1985. <<

[83] Luis E. Alonso y Fernando Reinares Nestares, «Conflictividad», cit., p. 39. <<

[84] Documentos citados por Lorenzo Castro Moral en Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 174-177. <<

[85] Véanse más adelante «a) El invierno caliente de 1976», cap. IV, así como «b) La inadaptación de hombres y técnicas a la práctica del mantenimiento del orden», cap. VII. <<

[86] Véase el informe político emitido por Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE(r), en el III Congreso del Comité Central del PCE(r), celebrado en noviembre de 1976, en el que se anuncia claramente la elección de la estrategia armada —en Rafael Gómez Parra, GRAPO: los hijos de Mao, cit., p. 94. <<

[87] La palabra «Cromo» hace aquí alusión a los que sirven como motivo de colección a los chiquillos. <<

[88] Véase más adelante «La plenitud de ETA en democracia», cap. III. <<

[89] Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., n. 35 y pp. 154 y 245. <<

[90] Ibid., p. 531. <<

[91] Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239; y «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234. <<

[92] Para saber más acerca de esta fuga, véase Andrés Sánchez Díaz, Operación gaviota: la fuga de Zamora, Madrid, Contracanto, 1985, así como el debate del Congreso de los Diputados celebrado en octubre de 1980 con motivo de una moción socialista —DSC, 117, IL, 9/10/1980, pp. 7462-7467—. Los presos lograron cavar un túnel de 22 metros en nueve meses. El ministro de Justicia de esos años, Francisco Fernández Ordóñez, atribuirá el éxito de la evasión a la excepcional acumulación de presos que padece el centro penitenciario en ese momento (había de 33 a 78 presos de los GRAPO) y a la negligencia de los funcionarios, que fueron sancionados. <<

[93] En 1983, los GRAPO aún habrán de perpetrar 45 acciones, y 72 más en 1984, antes de que el número de atentados se reduzca a 11 en 1985 y a menos de uno al año en lo sucesivo. Entre 1983 y 1984 matarán a otras seis personas. Posteriormente, el PCE(r) se orientará por entero hacia un activismo de supervivencia, hacia un terrorismo de resistencia que se traduce en la perpetración esporádica de acciones destinadas a proporcionar apoyo financiero y material al aparato político (ataques a mano armada, extorsiones), a mostrar solidaridad con los prisioneros, y a asegurar la propaganda en el marco de una serie de campañas concretas. Entre 1985 y 1995, los GRAPO todavía habrán de cometer 91 acciones violentas más, matando a diez personas e introduciendo la relevante novedad del asesinato de los empresarios que se niegan a pagar el impuesto revolucionario. Por otra parte, cinco militantes serán víctimas de la represión policial. Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 394 y 415. <<

[1] Para mayor información sobre el MPAIAC, véase Eduardo Barrenechea, Objetivo Canarias, Barcelona, Dopesa, 1978; César de la Lama, Canarias, archipiélago en conflicto, Barcelona, Argos Vergara, 1979, pp. 69-82 y Juan Hernández Bravo de Laguna, Franquismo y transición política, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1992, pp. 73-78. <<

[2] El término «guanche» designa al pueblo indígena de origen bereber que habitaba las islas Canarias antes de la conquista castellana del siglo XV. <<

[3] Entre 1970 y 1975, Cubillo asiste a todas las conferencias de la OUA y a las reuniones de los países afroasiáticos. <<

[4] AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09108 «La Voz de Canarias Libre». <<

[5] AGA, BI, 15/7/1977. <<

[6] Eduardo Barrenechea estima por su parte que el MPAIAC colocó unos doscientos artefactos explosivos entre el inicio de su actividad terrorista y el mes de abril de 1978. Véase Eduardo Barrenechea, Objetivo Canarias, cit., p. 112. <<

[7] En febrero de 1978 se produce una excepción notable, ya que en esa fecha resultará gravemente herido un policía que trataba de desactivar un explosivo colocado por el MPAIAC en una sucursal bancaria. El policía terminará falleciendo poco después a causa de las heridas. Véase El País, 25/2/1978 y 9/3/1978. <<

[8] Las islas de Tenerife y Gran Canaria serán el escenario de cerca del 80 % de los atentados. <<

[9] Por ejemplo, ya en una fecha tan temprana como la de octubre de 1976, el MPAIAC recibirá una carta de apoyo del PCE(i) —AGA, Gabinete de Enlace, caja 652 «La Voz de Canarias Libre»—. En febrero de 1977 será Cubillo quien dedique elogios al PCE(r) con las siguientes afirmaciones: «El MPAIAC y el PCE(r) son dos organizaciones revolucionarias que comparten un mismo objetivo: la destrucción del Estado español por medio de la violencia» —AGA, BI, 1/2/1977. <<

[10] AGA, BI, 9/3/1977. <<

[11] Para saber más acerca de los contactos entre Cubillo y los GRAPO, véase Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 213-215. <<

[12] José Luis Espinosa Pardo vive en Argelia desde la década de 1950, periodo en el que colaborará con el Front de Libération Nationale en su guerra contra la metrópoli francesa, alcanzando el grado de teniente. Mantiene por tanto unas excelentes relaciones con el gobierno del nuevo régimen establecido en Argelia a partir de 1962. También ha tejido lazos muy estrechos con los círculos del exilio antifranquista, comunista y socialista, primero en Argel y después en Francia. Esta será justamente la vía que le permita entrar en contacto con el FRAP e iniciar, según Alfredo Grimaldos, su carrera como infiltrado, confidente y agente doble al servicio de Argelia y más tarde de España —véase Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, Madrid, Oberón, 2004, p. 95—. Él mismo se presenta como hijo de los exiliados del PSOE en Argel, y en 1977 consigue que le elijan secretario general de la UGT en su ciudad natal, Murcia. De forma paralela, Espinosa se convierte en el hombre de confianza de Cubillo gracias a las magníficas relaciones que mantiene con el gobierno argelino. A través de Cubillo establece una línea de comunicación con Francisco Javier Martín Eizaguirre, alto dirigente del PCE(r) y de los GRAPO, consiguiendo la detención en pleno del Comité Central del PCE(r) en Benidorm en octubre de 1977. Paradójicamente, nadie del GRAPO sospecha de Espinosa debido a la confianza absoluta que le profesa por entonces Cubillo. Poco después entra nuevamente en contacto con él el comisario Roberto Conesa a fin de preparar de común acuerdo el atentado contra el líder del MPAIAC, reclutando para su realización a Juan Antonio Alfonso González, un antiguo conocido de los medios revolucionarios antifranquistas. Según José Díaz Herrera e Isabel Durán, Espinosa vendría actuando como agente de Conesa desde mucho antes de la muerte de Franco, transmitiendo a la policía informaciones sobre el FRAP y los GARI, y más tarde sobre el PSOE y la UGT. Para mayor información sobre el particular, véase José Díaz Herrera e Isabel Durán, Los secretos del poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables, Madrid, Temas de Hoy, 1994, pp. 121-154; junto con Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 89-104; y Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, Barcelona, Ediciones B, 1998, pp. 70-74. <<

[13] AGA, BI, 20/5/1977. <<

[14] DSC, 21, LC, 22/2/1978, pp. 712-713. La moción se aprueba con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, salvo por una abstención, la del nacionalista vasco Francisco Letamendia, que testimonia así su solidaridad con el movimiento canario. <<

[15] Para saber más acerca del accidente, véase AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09108 «La Voz de Canarias Libre», y El País, 29/3/1977 y fechas posteriores. <<

[16] Véase más adelante «b) Montejurra y Cubillo: dos operaciones llevadas a cabo por el Estado», cap. VIII. <<

[17] Unidad de la Policía Judicial para delitos de terrorismo, «Aplicación del decreto-ley 30-6-78 y ley 4-12-78 sobre “bandas armadas”», Madrid, 1/6/1979, AGMI, Subsecretaría, 7239. <<

[18] Las diferentes coaliciones nacionalistas (y no necesariamente independentistas) obtienen únicamente un 7 % de los votos en 1977, un 13 % en 1979, y menos del 10 % en 1982. Véase Juan Hernández Bravo de Laguna, Franquismo y transición política, cit., p. 103. <<

[19] Para saber más acerca de Terra Lliure, véase Jaume Fernández i Calvet, Terra Lliure, 1979-1985, Barcelona, El Llamp, 1986; Ricard Vilaregut, Terra Lliure: la temptació armada a Catalunya, Barcelona, Columna, 2004; David Bassa, Carles Benítez, Carles Castellano y Raimon Soler, L’independentisme català (1979-1994), Barcelona, Llibres de l’Índex, 1994; David Bassa, L’independentisme armat a la Catalunya recent, Sant Cugat del Vallès, Rourich, 1997; junto con el relato de Frederic Bentanacs, Memòries d’un rebel: records d’un exmilitant de Terra Lliure, Barcelona, Llibres de l’Índex, 2003 y la selección de documentos recogida en Ramón Usall i Santa, Parla Terra Lliure: els documents de l’organització armada catalana, Lérida, El Jonc, 1999; y Catalunya, Terra Lliure. Documents del Moviment de Defensa de la Terra (1984-1988), Sant Boi de Llobregat, Lluita, 1988. <<

[20] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Barcelona, 1975. <<

[21] Véase Roger Buch i Ros, El Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), 1974-1980, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1995; así como Fermí Rubiralta i Casas, Orígens y desenvolupament del PSAN (1969-1974), Barcelona, La Magrana, 1988. <<

[22] Jordi Vera, La lluita armada als Països Catalans (Història del FAC), Sant Boi de Llobregat, Lluita, 1985. <<

[23] Jaume Fernández i Calvet, Terra Lliure, 1979-1985, cit., pp. 16-18. <<

[24] El informe del Gobierno Civil de Barcelona correspondiente al año 1975 señala que el 20 de septiembre de 1975 se detiene a varios «grupos armados del FAC», responsables de un gran número de atentados (atracos a mano armada y colocación de explosivos). AGA, Memoria del Gobierno Civil, Barcelona, 1975. <<

[25] Jaume Fernández i Calvet, Terra Lliure, cit., p. 19. <<

[26] Josep Tarradellas i Joan, antiguo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya en la década de 1930, exiliado en 1939, se convierte en 1954 en el presidente de la Generalitat en el exilio. Su regreso a España en 1977, como presidente de la Generalitat recién restablecida provisionalmente, tiene una importancia simbólica esencial, pese a que su cargo no lleve aparejado ningún poder real, debido a que reconoce la legitimidad de la autonomía catalana. Las palabras que pronuncia el 23 de octubre de 1977 al llegar a Barcelona han quedado grabadas para la historia: «Ja sóc aqui» —«Ya estoy aquí»—. Presidirá la Generalitat hasta las elecciones parlamentarias regionales de 1980, que elevarán al poder a Jordi Pujol. Véase el relato de Josep Tarradellas titulado Ja sóc aquí. Record d’un retorn, Barcelona, Planeta, 1989. <<

[27] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Barcelona, 1977. <<

[28] Para saber más acerca de estos dos casos y los procesos posteriores, véase David Bassa, Carles Benítez, Carles Castellano y Raimon Soler, L’independentisme català (1979-1994), cit., pp. 39 y ss. <<

[29] El Exèrcit Popular Català, o Ejército Popular Catalán, es un grupo armado que nace a principios de los años setenta y que en 1975 debía de contar con unos cuarenta o cincuenta militantes profesionales, sostenidos por unos doscientos simpatizantes, aproximadamente. Sin embargo, solo se darán a conocer con ocasión de estas acciones sangrientas. Sus miembros más radicalizados se unirán posteriormente a Terra Lliure. Véase Jaume Fernández i Calvet, Terra Lliure, cit., p. 113, y Ricard Vilaregut, Terra Lliure: la temptació armada a Catalunya, cit., p. 372. <<

[30] Los cuatro individuos arrestados en julio de 1977 se habían beneficiado de la amnistía del 15 de octubre y habían sido puestos en libertad. Sin embargo, el gobierno había apelado contra ese veredicto, así que los presuntos autores habían vuelto a la vida clandestina. <<

[31] El País, 3/6/1979. Otro independentista catalán morirá en enero a manos de la policía: se trata de Martí Marcó Bardella (Bécquer), joven militante de Esquerra Republicana, muerto durante el asalto a un furgón blindado de transporte de fondos para una entidad bancaria, al ver interrumpida su acción por las Fuerzas de Seguridad. <<

[32] En efecto, el artículo 2 de la Constitución afirma «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», reconociendo y garantizando al mismo tiempo «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». <<

[33] A finales de 1979, los futuros miembros de los comandos que se perfilan en el horizonte seguirán durante varios días una serie de cursos de instrucción militar en el País Vasco francés, en el entorno de ETAm. Regresarán a Cataluña provistos de dos fusiles, cinco pistolas Feierbird, cinco kilos de explosivos y varios cables detonadores. Mantienen también relación con ETApm, que les proporcionará armamento a cambio de una colaboración logística con los comandos vascos presentes en Cataluña: de este modo, en noviembre de 1980, los etarras atacarán el cuartel de la Guardia Civil de Berga (Barcelona) con la ayuda de varios independentistas catalanes del PSAN-p. Véase Jaume Fernández i Calvet, Terra Lliure, 1979-1985, cit., p. 38. <<

[34] Solo hay que señalar la perpetración de una única acción, aunque espectacular, contra una persona. Se trata del secuestro del profesor Federico Jiménez Losantos, ocurrido el 21 de mayo de 1981 en Barcelona, a quien se libera poco después, herido. Este escritor es uno de los responsables del «Manifiesto de los 2300», publicado el 12 de marzo de 1981 en Diario 16 —texto que se alzaba contra la hegemonía catalana y en el que se denunciaba fundamentalmente una pretendida situación «de inferioridad y de persecución» de la lengua castellana en Cataluña—. En el contexto posterior al 23-F, este manifiesto había suscitado una viva reacción popular en Cataluña —reacción que Terra Lliure trató de instrumentalizar en beneficio propio mediante este secuestro—. Véase El País, 22/5/1981. Véase también David Bassa, Carles Benítez, Carles Castellano y Raimon Soler, L’independentisme català (1979-1994), cit., p. 54. <<

[35] También conviene evocar aquí a un grupo nacionalista radical gallego, el EGPGC, o Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, que empieza a practicar la lucha armada a finales de los años ochenta (su primer asesinato se produce en 1987). Sin embargo, el grupo tiene escasa repercusión. La acción policial será posteriormente muy eficaz, y además la banda se encuentra socialmente aislada debido fundamentalmente a que existe un partido nacionalista legal, la UPG —Unión do Pobo Galego—, creado en 1964 a raíz de una escisión del PCE. <<

[36] De entre las numerosas referencias bibliográficas disponibles, recomiendo, desde este punto de vista, las obras de Pedro Ibarra Güell, La evolución estratégica de ETA. De la «guerra revolucionaria» (1963) a la negociación (1987), San Sebastián, Kriselu, 1987; Ignacio Sánchez-Cuenca, ETA contra el Estado. Las estrategias del terrorismo, Barcelona, Tusquets, 2001; Gurutz Jáuregui Bereciartu, Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959-1968, Madrid, Siglo XXI, 1981; y José María Garmendia, Historia de ETA, 2 vols., San Sebastián, Luis de Haramburu, 1979-1980. <<

[37] Este corpus de datos se halla incompleto en relación con la actividad terrorista de ETA debido a la elección de las fuentes que efectuamos antes de su elaboración. No obstante, tiene la ventaja de proponer una visión homogénea de la violencia del periodo, reintroduciendo a ETA en el ámbito de los demás grupos armados. En este sentido, las estadísticas que proponemos más adelante tienen un innegable valor comparativo, pese a que sus cifras puedan ser parcialmente inferiores —respecto al número de acciones llevadas a cabo— a las que el lector podrá encontrar en otras obras. Por ejemplo, Óscar Jaime Jiménez estima que el número de acciones perpetradas por ETA entre 1977 y 1982 es de 1270, aproximadamente, mientras que nuestro propio corpus recoge únicamente 950 —véase Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., p. 31—. En cambio, la información relativa al número de muertos ha sido contrastada en numerosas ocasiones, y con múltiples fuentes, cotejo que nos indica que nuestro corpus de datos es más completo que el construido por Robert P. Clark, que es el que se utiliza habitualmente como referencia. Clark construye una base de datos a partir de la prensa nacional y regional (partiendo fundamentalmente del periódico vasco Deia), entre 1968 y finales de 1980. En ese periodo, señala que hubo 287 muertos, 385 heridos y 24 secuestros, cifras muy inferiores, claramente, a las que hemos recogido nosotros en el mismo periodo. Véase Robert P. Clark, The Basque Insurgents. ETA, 1952-1980, Madison, University of Wisconsin Press, 1984, pp. 123-140, junto con el cuadro resumen de la página 133. <<

[38] Para mayor información sobre el PNV, véase Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, t. II: 1936-1979, Barcelona, Crítica, 2001; y Santiago Pérez-Nievas Montiel, Modelo de partido y cambio político. El Partido Nacionalista Vasco en el proceso de transición y consolidación democrática en el País Vasco, Madrid, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales — Instituto Juan March, 2002. <<

[39] Sabino Arana Goiri (1865-1903) es el teórico del nacionalismo vasco y fundador del PNV. <<

[40] ETA-VI Asamblea terminará disolviéndose y sus militantes se unirán a otras organizaciones revolucionarias, bien trotskistas, como la Liga Comunista Revolucionaria, que en el País Vasco adopta el nombre de LCR-ETA-VI Asamblea, bien maoístas, como el Movimiento Comunista de Euskadi y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, o aun comunistas ortodoxas, integradas en el PC. <<

[41] Gurutz Jáuregui Bereciartu, «ETA: les origines et l’évolution idéologique et politique», en Antonio Elorza (comp.), ETA. Une histoire, París, Denoël, 2002, pp. 156-157. <<

[42] La voz «abertzale» significa en euskera, literalmente, «patriota». Es habitual designar con este adjetivo a la nebulosa nacionalista vasca radical. <<

[43] Gurutz Jáuregui Bereciartu, «ETA: les origines et l’évolution idéologique et politique», cit., p. 125. <<

[44] En Guipúzcoa se proclama el estado de excepción entre el 5 de agosto y el 31 de octubre, ampliándose su vigencia al conjunto del territorio entre el 25 de enero y el 22 de marzo de 1969. <<

[45] Lorenzo Zabala es secuestrado en enero de 1972 para presionar en el conflicto social en el que se hallaba sumida su empresa. Felipe Huarte conocerá su misma suerte en 1973, y en esta ocasión el objetivo no se limitará a interferir en la gestión de un conflicto laboral, sino que se propondrá obtener también un rescate. <<

[46] Para una crónica del atentado, véase el testimonio de Eva Forest (que firma con el seudónimo de Julen Aguirre), Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, San Sebastián, Hordago, 1978, y la obra de Carlos Estévez y Francisco Mármol, Carrero. Las razones ocultas de un asesinato, Madrid, Temas de Hoy, 1998. <<

[47] Comunicado del 29 de octubre de 1974, citado por Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, cit., p. 33. Véase también Lidia Falcón, Viernes y 13 en la calle del Correo, Barcelona, Planeta, 1981. <<

[48] Informaciones, 29/11/1975. Son las cifras que ofrece la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. <<

[49] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1975. <<

[50] Para saber más acerca del lugar simbólico y central que ocupa la violencia en el nacionalismo vasco radical, véase fundamentalmente Joseba Zulaika, Basque Violence: Metaphor and Sacrament, Reno, University of Nevada Press, 1988 [ed. cast.: La violencia vasca. Metáfora y sacramento, trad. de José Luis Gil Aristu, San Sebastián, Nerea, 1990]; junto con William Douglass y Joseba Zulaika, «On the Interpretation of terrorist violence: ETA and the Basque political process», Comparative Studies in Society and History, vol. 32, n.º 2 (1990), pp. 238-257; Kepa Aulestia, Días de viento sur. La violencia en Euskadi, Barcelona, Antártida/Empúries, 1993; Francisco J. Llera Ramo y Shabad Goldie, «Political Violence in a Democratic State: Basque Terrorism in Spain», en Martha Crenshaw (comp.), Terrorism in Context, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1995, pp. 410-469; Patxo Unzueta, Los nietos de la ira. Nacionalismo y violencia en el País Vasco, Madrid, El País — Aguilar, 1988. <<

[51] Koordinadora Abertzale Sozialista, es decir, Coordinadora Patriota Socialista. <<

[52] Langile Abertzaleen Batzordeak, o Unión de Trabajadores Abertzales. <<

[*] LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, o Partido de los Trabajadores Abertzales Revolucionarios, fundado en 1974 a partir de una escisión de ETA. HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzaile, o Partido del Pueblo Socialista Revolucionario, creado en 1977 por iniciativa de ETApm [Jarrai significa «continuar» en euskera (N. de los T.)]. <<

[53] Ignacio Sánchez-Cuenca define como sigue las tres etapas sucesivas de la estrategia terrorista: la guerra de liberación nacional, la guerra de desgaste, y el frente nacionalista. Véase Ignacio Sánchez-Cuenca, ETA contra el Estado. Las estrategias del terrorismo, Barcelona, Tusquets, 2001. <<

[54] Creada en abril de 1978 a partir de la confluencia de varios partidos nacionalistas radicales, entre los que se cuentan HASI y LAIA, Herri Batasuna obtendrá en las elecciones generales de 1979 un 15 % de los votos de la Comunidad Autónoma Vasca. Este resultado se elevará a cerca de un 20 % en las municipales de ese mismo año gracias a un conjunto de acuerdos electorales, y posteriormente se mantendrá en torno al 15 %, registrando una notable estabilidad hasta 1986. <<

[55] El PNV se automarginó en la negociación del texto constitucional al mantener posturas maximalistas. Se abstuvo cuando llegó el momento de su ratificación, y en el referéndum de 1978 lanzó un llamamiento a la abstención. Por consiguiente, el nacionalismo vasco radical no es el único que despojó de toda legitimidad a la Constitución, ya que también se la negó el nacionalismo moderado. Si tenemos en cuenta que la abstención se elevó a un 54,5 % en el País Vasco y Navarra, debemos concluir que en esta región la Constitución solo fue aprobada por el 31,3 % del electorado (y con un 68,8 % de participación). Las cifras proceden de José Ignacio Cases, «Resultado y abstención en el referéndum español de 1978», Revista Española de la Opinión Pública, n.º 6 (1978), pp. 175-204. <<

[56] En el referéndum de octubre de 1979, pese a las consignas de abstención de HB, la participación alcanzó el 60 %, y los «síes» el 90 % de los votos expresados. Esto significa que el 53 % del electorado aprobó el Estatuto. <<

[57] Por ejemplo, en junio de 1978, ETAm asesina a José María Portell, un periodista vasco que había actuado como intermediario para tratar de encontrar una salida negociada de la violencia. <<

[58] Todos los intentos de negociación posteriores discurrirán por los mismos derroteros. Así sucede en el plano regional en 1983, fecha en la que HB participa en unas conversaciones con el gobierno vasco destinadas a crear una mesa por la paz, y así volverá a ocurrir en 1986, al reactivar HB las negociaciones con el PNV. Lo mismo se constata en el ámbito nacional con el gobierno socialista al producirse las conversaciones de Argel en 1988, más tarde, ya en 1998, con el PP, y finalmente en 2006 con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo en octubre de 2011, ETA, acorralada, anunciará por iniciativa propia que pone definitivamente fin a la violencia. <<

[59] Alfonso Pérez-Agote, «Prophétie auto-réalisée et deuil non résolu. La violence politique basque au XXIe siècle», en Xavier Crettiez y Laurent Mucchielli (comps.), Les violences politiques en Europe. Un état des lieux, París, La Découverte, 2010, pp. 105-122. <<

[60] Véase más adelante «c) Las medidas de gracia posteriores: la espina política vasca», cap. V. <<

[61] Benjamín Tejerina, «Ciclo de protesta, violencia política y movimientos sociales en el País Vasco», Revista Internacional de Sociología, n.º 16 (1996), p. 16. <<

[62] Florencio Domínguez Iribarren, «L’ETA affronte la démocratie», en Antonio Elorza (comp.), ETA. Une histoire, París, Denoël, 2000, pp. 270-274. <<

[63] De cuando en cuando, los etarras reciben entrenamiento militar en otros puntos: en Beirut, con ayuda de la Organización para la Liberación de Palestina (se conocen al menos dos estancias de instrucción en las que se prestó apoyo a 18 miembros de ETApm durante una semana); en la Academia de Policía de Argel (entre el 1 y el 15 de abril de 1976, con la participación de un centenar de militantes de ETApm); y en el Yemen (donde se conoce al menos la celebración de un cursillo de 45 días, efectuado entre febrero y marzo de 1980, con 14 integrantes de ETAm). Véase Andrés Cassinello Pérez, «ETA y el problema vasco», en Salustiano del Campo (comp.), Terrorismo internacional, Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales, 1984, p. 277. <<

[64] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Guipúzcoa, 1976. <<

[65] Uno de esos artefactos provocará dos muertos accidentales —El País, 30/8/1982—. Florencio Domínguez Iribarren estima que el número total de atentados perpetrados con ocasión de esa campaña, que se prolongará hasta marzo de 1984, fue de 188. En total, fallecen asesinadas 7 personas, otras 27 resultarán heridas, y el montante de los daños materiales se situará en torno a los 900 millones de pesetas. Véase Florencio Domínguez Iribarren, «L’ETA affronte la démocratie», cit., p. 297. <<

[66] Véanse los números de El País correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de ese año. Véase también la respuesta que da el gobierno a una pregunta planteada por el grupo parlamentario socialista relativa a los rumores de negociación: DSC, 53, IL, 13/12/1979, pp. 3582-3584; junto con Robert P. Clark, Negotiating with ETA. Obstacles to Peace in the Basque Country, 1975-1988, Reno — Las Vegas, University of Nevada Press, 1990, p. 91; y el testimonio del propio Javier Rupérez, en Secuestrado por ETA, Madrid, Temas de Hoy, 1993. <<

[67] Sobre este punto, véase Patrick Cassan, Le pouvoir français et la question basque, Tolosa (Francia), Presses universitaires du Mirail, 1996; Gilles Ménage, L’œil du pouvoir. Face aux terrorismes, 1981-1986: Action directe, Corse, Pays basque, París, Fayard, 2000; y Sagrario Morán Blanco, ETA, entre España y Francia. La cooperación hispano-francesa en la lucha contra ETA, Madrid, Universidad Complutense, 1997. <<

[68] «Apala» será finalmente puesto en libertad condicional a principios de septiembre, aunque pocas semanas más tarde logrará escapar de la residencia vigilada en la que había sido instalado. <<

[69] A diecisiete de los arrestados se les asignará una residencia en un pueblecito del suroeste de Francia, y, a principios de marzo, otros siete serán puestos a disposición de la policía española. <<

[70] Véase cap. IV. <<

[71] Florencio Domínguez Iribarren, «L’ETA affronte la démocratie», cit., p. 296. <<

[72] Estas acciones constituyen más de la cuarta parte de los objetivos materiales del total de atentados de la transición. <<

[73] Florencio Domínguez Iribarren, «L’ETA affronte la démocratie», cit., p. 297. <<

[74] En noviembre de 1980 y julio de 1982, respectivamente —El País, 15/11/1980; 17/7/1982. <<

[75] ETApm negará que los asesinos de Germán González López pertenezcan a la organización. El grupo que reivindica el crimen es el de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), escindidos de la banda etarra a mediados de 1978. Los CAA se atribuirán también muchos de los asesinatos de miembros de los demás partidos parlamentarios. <<

[76] Es lo que sucede por ejemplo en el caso de Gonzalo Santos Turrientes, que había militado en ETA entre 1967 y 1969, y que será asesinado en enero de 1977 tras ser acusado de operar como confidente de la policía —El País, 12/1/1977. <<

[77] ABC, 11-12/2/1976. <<

[78] El País, 30/3/1980. <<

[79] Para saber más acerca de la cultura de la violencia y los procesos de inversión social, véase Begoña Aretxaga, Los funerales en el nacionalismo radical vasco, San Sebastián, La Primitiva Casa Baroja, 1988; Alfonso Pérez-Agote, El nacionalismo vasco a la salida del franquismo, Madrid, CIS — Siglo XXI, 1987; Julio Caro Baroja, El laberinto vasco, San Sebastián, Txertoa, 1984, pp. 79-95; José Manuel Mata López, El nacionalismo vasco radical. Discurso, organización y expresiones, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1993; y Juan Aranzadi, Jon Juaristi y Patxo Unzueta, Auto de terminación: Raza, nación y violencia en el País Vasco, Madrid, El País — Aguilar, 1994. <<

[80] Florencio Domínguez Iribarren, «L’ETA affronte la démocratie», cit., p. 283. <<

[81] Hasta el año 1989, esta política de reinserción permitirá la normalización de 258 etarras, la mayoría de ellos entre 1982 y 1985, dado que, en 1986, el asesinato de Dolores González Catarain, «Yoyes», antigua etarra arrepentida, disuadirá posteriormente cualquier deseo de reincorporación a la vida civil —ibid., p. 302. <<

[82] El punto de inflexión se sitúa en 1992, fecha en que la policía francesa detiene al conjunto de la cúpula dirigente de ETA en Bidart. <<

[83] En este sentido, es fundamental la firma del Pacto Antiterrorista de Ajuria Enea, rubricado en enero de 1988 por todos los partidos democráticos vascos, nacionalistas o no, con la única excepción de HB. <<

[84] En agosto de 1998, se produce la declaración de Lizarra como consecuencia del acuerdo al que llegan ETA, PNV y EA (Eusko Alkartasuna, o «Solidaridad Vasca», un partido de reciente creación, surgido a raíz de una escisión del PNV). Después del pacto, ETA anunciará una tregua y esta se mantendrá por espacio de un año. <<

[85] Las cifras son las que ofrece el Ministerio del Interior en relación con ETA: http://www.interior.gob.es/. <<

[1] Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 24 y 153-155 [ed. cast.: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, trad. de Francisco Muñoz de Bustillo Llorente, Madrid, Alianza, 2012]. Para un enfoque sintético, véase Eduardo González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, cit., pp. 238-259. <<

[2] «Datos estadísticos generales», 1975-1976, AGMI, SGT, 11048. <<

[3] Pese a esas solicitudes de medidas de gracia, reclamadas por el papa Pablo VI, el príncipe heredero Juan Carlos de Borbón y su padre, don Juan de Borbón, el Parlamento europeo, el secretario general de las Naciones Unidas, el episcopado español, etcétera, y a pesar también de la fuerte movilización nacional y europea, el 27 de septiembre de 1975 serán ejecutados dos etarras y tres militantes del FRAP. <<

[4] Para saber más acerca del ascendiente que tuvo la revolución portuguesa en la política española, véase Josep Sánchez Cervelló, La revolución portuguesa y su influencia en la transición española (1961-1976), Madrid, Nerea, 1995. <<

[5] Con anterioridad al año 1975 solo pueden imputarse cuatro muertos a la extrema izquierda. <<

[6] El País, 25-28/5/1976. <<

[7] «Datos estadísticos generales», 1975-1976, AGMI, SGT, 11048. <<

[8] Para mayor información sobre estos primeros años, véase también el rico relato interpretativo de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura. Los meses que cambiaron la historia de España (noviembre 1975-junio 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007. <<

[9] «Informe de la Jefatura Superior de Policía sobre acciones cometidas por bandas armadas durante los años 1982 y 1983 en la provincia de Vizcaya», AGA, Memoria del Gobierno Civil, Vizcaya, 1983. <<

[10] «Procedimientos penales iniciados en los Juzgados Generales de la Audiencia Nacional en 1982», MFTS, 1983. <<

[11] ABC, 3/4/1976. <<

[12] El País, 27/6/1976 y Triunfo 3/7/1976. <<

[13] Cerca del 80 % de las acciones violentas alcanzan a civiles, y el 52 % de las víctimas asesinadas son también civiles (muy por delante de las fuerzas del orden y doce puntos por encima de la padecida en el conjunto de la transición). <<

[14] Dichas instituciones representan el 19 % de los objetivos civiles y materiales, frente al 30 % que supondrán en el conjunto de la transición. Del mismo modo, el 38 % de las víctimas mortales de la violencia de protesta son miembros de los cuerpos armados, contra el 49 % del conjunto del periodo aquí considerado. <<

[15] Por sí sola, la ciudad de Madrid concentra prácticamente la cuarta parte de las acciones registradas (el 24 %). <<

[16] Juan Carlos I, discurso ante las Cortes, ABC, 23/11/1975. <<

[17] En esa época el Ministerio del Interior recibe el nombre de «Ministerio de la Gobernación» (comúnmente denominado «Gobernación»). Así será hasta 1977, fecha en la que Rodolfo Martín Villa lo transformará en «Ministerio del Interior». <<

[18] Manuel Fraga Iribarne, jurista de profesión, había venido ejerciendo el cargo de procurador en las Cortes franquistas desde el año 1957. Ocupará asimismo una larga serie de puestos de gran responsabilidad en la administración hasta ser nombrado ministro de Información y Turismo en 1962. Es autor de la ley de prensa que liberaliza el régimen de la censura en 1966, pero poco después será expulsado de un gobierno que está en manos del inmovilista Carrero Blanco. Fraga se distancia entonces del régimen y, desde su puesto de embajador en Londres —al que accede en 1973—, realiza una intensa actividad diplomática ante las democracias europeas con el fin de preparar su porvenir político en el seno de la futura España. Esto le convierte en la gran esperanza reformista de la España posfranquista. La actitud rígida, altiva y anticuada que mantiene al frente del Ministerio de la Gobernación durante el primer gobierno de la Monarquía determinará que se le excluya del segundo gobierno y que acabe viéndose apartado del proceso político de la transición. <<

[19] José María de Areilza realiza una gira que le lleva a visitar el conjunto de las democracias vecinas en su condición de ministro de Asuntos Exteriores. Fraga rebasa el estricto marco de sus competencias como ministro de la Gobernación y prosigue con la agenda diplomática que había iniciado en los tiempos en que ejercía el cargo de embajador en Londres. Y los propios reyes efectuarán en mayo de 1976 su primer viaje oficial al extranjero, partiendo a Estados Unidos —lo que les permite disfrutar inmediatamente de una fuerte audiencia internacional—. El discurso que pronuncia Juan Carlos ante el Congreso estadounidense el día 2 de junio de 1976 tendrá una repercusión particularmente intensa, ya que en él sostiene sin ambages que tiene la firme voluntad de hacer de España una democracia plena. <<

[20] Entrevista de la autora, 2006. <<

[21] Estas cifras proceden de la Organización Sindical Española y aparecen citadas en José María Marín Arce, «La transición sindical y la conflictividad social», en La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I, en José María Jover Zamora (comp.), Historia de España Menéndez Pidal, t. XLII, Madrid, Espasa-Calpe, 2003, p. 444; Rafael Durán Martínez, Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000 (autor que contabiliza 40 179 conflictos en 1976 y 36 534 en 1977); y José María Maravall, «Transición a la democracia. Alineamientos políticos y elecciones en España», Sistema, n.º 36 (1980), p. 75. <<

[22] Para saber más acerca de estas manifestaciones barcelonesas, véase David Ballester y Manel Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Barcelona, Edicions 62, 2001. Los organizadores estiman que el número de participantes en esos dos acontecimientos fue de setenta mil y sesenta mil personas, respectivamente, a pesar de haber sido prohibidas. <<

[23] Raimon, tras ocho años sin conseguir la autorización para hacerlo, cantará al fin en Madrid el 5 de febrero de 1976. En el abarrotado pabellón de deportes en el que actúa se reúnen más de seis mil personas, y el concierto se transforma en una manifestación política: la multitud enarbola banderas rojas y da vivas, con el puño en alto, a la Pasionaria y a Carrillo, entonando asimismo eslóganes en favor de la amnistía y las libertades. El éxito es tal que el recital previsto para el día 7 de febrero se prohíbe, al igual que los de los días siguientes. ABC, 5-7/2/1976. <<

[24] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Álava, 1976. <<

[25] José María Marín Arce, «La transición sindical y la conflictividad social», cit., p. 460. <<

[26] Para mayor información sobre los sucesos de Vitoria, véase Carlos Carnicero Herreros, La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007. <<

[27] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, p. 40. <<

[28] Nota oficial del Gobierno Civil de Álava, ABC, 4/3/1976. <<

[29] Comunicado del gobierno, ABC, 6/3/1976. <<

[30] Entrevista de la autora, 2006. <<

[31] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 38. <<

[32] Para la oposición, «la violencia desencadenada por los huelguistas se explica por la falta de politización del obrero alavés, que se ha dejado dirigir por un grupo extremista […] quien ha encabezado la lucha y ha logrado atemorizar al ciudadano medio» —ABC 7/3/1976—. Véase también, en Triunfo 13/3/1976, el artículo de Nicolás Sartorius titulado «Laboral: Vitoria», páginas 13 a 17, en el que se hace una crónica del conflicto social. <<

[33] Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, p. 20. <<

[34] Véase más adelante «b) La inadaptación de hombres y técnicas a la práctica del mantenimiento del orden», cap. VII. <<

[35] El Aberri Eguna, o «día de la patria» vasca, tiene tradicionalmente lugar el domingo de Pascua. Su celebración estuvo prohibida tras la Guerra Civil, aunque se autorizaría nuevamente, y de manera provisional, entre 1964 y 1968, siempre dentro de los estrictos límites impuestos por el régimen. Después de 1968, no volverá a organizarse hasta 1975. <<

[36] ABC, 6/3/1976 y Triunfo, 13/3/1976. <<

[37] Ya que califica la gestión de Arias diciendo que se trata de «un desastre sin paliativos» —fórmula que acabará haciéndose famosa—. Véase Newsweek, 26/4/1976. <<

[38] Por ejemplo, Ricardo de la Cierva firmaba un artículo revelador en El País, titulado «¡Qué error, qué inmenso error!» —El País, 8/7/1976. <<

[39] La media de edad de los ministros es de cuarenta y cuatro años. <<

[40] Tácito es un grupo de reflexión surgido en 1973 en el que confluyen jóvenes juristas, empresarios y políticos de centro derecha, cristianodemócratas en la mayoría de los casos, y reformistas. Se encargan de ponderar las propuestas de reforma del régimen de Franco y de estudiar las vías para el futuro advenimiento de la democracia. De este laboratorio de ideas surgirán a un tiempo los hombres y los proyectos políticos que habrán de llevarse a la práctica durante la transición. <<

[41] El País, 7/7/1976. <<

[42] Real Decreto-Ley 10/1976 (RDL), de 30 de julio sobre amnistía, BOE, 3 y 4/8/1976. Véase más adelante «b) La amnistía del 30 de julio de 1976», cap. V. <<

[43] Le Monde, 3/8/1976. <<

[44] En cambio, en el País Vasco, el verano de 1977 constituirá el apogeo de la movilización en favor de la amnistía, hasta la promulgación de la ley del 15 de octubre de 1977. Véase Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, «Violencia política y movilización social en la transición española», en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (comps.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur — América Latina, Madrid, Colección de la Casa de Velázquez, n.º 110, 2009, p. 109. <<

[45] Entrevista de la autora, 2006. De acuerdo con el gobernador civil de Barcelona, el objetivo de la huelga consistía en «recuperar el protagonismo del proceso democrático que estaba en manos del Gobierno, y en todo caso demostrar la fortaleza del Partido Comunista y forzar su legalización». Véase Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 190. <<

[46] Véase más adelante «La estrecha vigilancia de los conflictos laborales», cap, V. <<

[47] Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, «Violencia política y movilización social en la transición española», cit., pp. 103-105. Los autores señalan que el último trimestre de 1977 es el punto culminante de la movilización popular, y estiman asimismo que, entre mayo de 1976 y septiembre de 1978, cerca del 38 % de los manifestantes actuaron para reivindicar la autonomía, mientras que el 23 % lo hizo para protestar por la carestía de la vida y el desempleo. El 6 de octubre de 1977, por ejemplo, una manifestación contra la carestía de la vida congregará a quinientas mil personas en Madrid. En 1976 esa cifra habría sido impensable, dado que las manifestaciones estaban prohibidas. <<

[48] Persisten todavía algunas dudas respecto al origen de los disparos, que también podrían haber procedido de unos individuos de extrema derecha infiltrados en la manifestación. La investigación abierta en el Tribunal de Instrucción n.º 5 de Bilbao concluirá con un sobreseimiento, ante la imposibilidad de determinar la autoría de los disparos. En 2002, la Audiencia Nacional reconoce a María Norma Menchaca como víctima del terrorismo y concede una indemnización de 140 000 euros a la familia (sentencia del 27/3/2002, http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/menchaca.html). Sea como fuere, lo cierto es que en 1976 se percibe que el incidente es consecuencia de la acción represiva de las Fuerzas del Orden Público. Al día siguiente del suceso, El País publica la noticia bajo el siguiente titular: «El primer muerto del nuevo gobierno» —El País, 10/7/1976. <<

[49] Salvo en el caso de los senadores designados por el rey, cuyo número no puede superar la quinta parte de los electos. <<

[50] DSC, 29, X Legislatura, 16, 17 y 18/11/1976, pp. 1-207. La ley es aprobada con 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. <<

[51] El asesinato, cometido en pleno centro de San Sebastián, provoca asimismo la muerte de los tres policías y el chófer que le acompañaban. <<

[52] Comunicado del gobierno, El País, 5/10/1976. <<

[53] Véase sobre todo el tenso debate vivido el día 6 de octubre en las Cortes, en las que reina una atmósfera de beligerancia contra el gobierno. Una de las frases del comunicado gubernamental será objeto de especiales críticas, aquella en la que afirma que «no caerá en la trampa que se le tiende». La frase, que gustó mucho a los moderados, fue considerada en cambio totalmente inaceptable por los más conservadores. El País, 7/10/1976. <<

[54] El País, 15/12/1976. <<

[55] Para saber más acerca de la «Semana Negra», véase Sophie Baby, «Violence et transition en Espagne: la Semaine noire de Madrid (23-29 janvier 1977)», en Anne Dulphy e Yves Léonard (comps.), De la dictature à la démocratie: voies ibériques, Bruselas, Peter Lang, 2003, pp. 85-103. <<

[56] Para una mayor información sobre el crimen de Atocha, véase el relato de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, La memoria incómoda. Los abogados de Atocha, segunda edición, Burgos, Dossoles, 2002, junto con La matanza de Atocha, Madrid, Akal, 1980. Véase también Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010. <<

[57] El juicio se celebrará en febrero de 1980, y en él se condenará a cinco militantes de extrema derecha a penas que suman veinticinco años de cárcel para cada uno. <<

[58] Véase más adelante «b) El titubeante dispositivo inicial», cap. VI. <<

[59] Exceptuando el tiroteo que estalla el 11 de febrero en Barcelona entre una patrulla de policía y un grupo de cuatro hombres que se dedican a repartir panfletos del PCE(r). En el intercambio de disparos se produce la muerte de un inspector. <<

[60] Los partidos de la oposición se reúnen en diciembre de 1976 con el fin de crear una «Comisión de negociación» de tamaño reducido a la que se encarga la tarea de realizar futuros pactos con el gobierno. La integran nueve personas, y de ahí su nombre de «Comisión de los nueve»: Felipe González (PSOE) y Enrique Tierno Galván (PSP) en el lado socialista; Santiago Carrillo por el PCE, sustituido más tarde por Simón Sánchez Montero en vista del veto del gobierno; Antón Cañellas por la democracia cristiana; Joaquín Satrústegui en nombre de los liberales; Francisco Fernández Ordóñez en representación de los socialdemócratas; y los nacionalistas Jordi Pujol por Cataluña, Julio Jáuregui por el País Vasco y Valentín Paz Andrade por Galicia. <<

[61] Véase más adelante la página 388. <<

[62] Véase el relato que hace el vicepresidente del gobierno en ese momento, e inminente ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, en Un soldado de España. Conversaciones con Jesús Picatoste, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pp. 148-158. <<

[63] Se trata de datos muy exactos, dado que es preciso recordar que para el estudio de este periodo disponemos de los Boletines Informativos que emite cotidianamente el Ministerio de Información y Turismo, basados en las informaciones policiales. <<

[64] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 64. <<

[65] El mismo día 14 de abril se reúne ya el Comité Central del PCE, que decide asumir por unanimidad la enseña de la monarquía y enarbolarla en compañía de la bandera roja comunista —imagen que se hará efectiva en la conferencia de prensa inmediatamente posterior a la reunión—. Santiago Carrillo, Memorias, cit., pp. 659-660. <<

[66] Véase más adelante la p. 379. <<

[67] AGA, BI, 31/3/1977; AGA, Memoria del Gobierno Civil, Navarra, 1977. <<

[68] Se trata de R. Gómez Jáuregui, muerto el 12 de mayo en Rentería, víctima de los disparos de la Guardia Civil; de J. L. Cano Pérez, muerto a manos de la policía el 13 de mayo en Pamplona; de M. Fuentes Mesa, muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas del Orden Público el 14 en Ortuella; de M. del Caño, empleado de una empresa de gestión de autopistas, arrollado accidentalmente por un coche en la de San Sebastián-Bilbao, en el momento en el que procedía, obligado por la Guardia Civil, a retirar una barricada; de A. Zárraga, de cincuenta y ocho años, fallecida al caer fortuitamente del balcón en el que se encontraba para observar las manifestaciones que estaban desarrollándose en ese momento en Ondárroa; y de Gregorio Maritxalar Aiestaran, de setenta y dos años, que muere el día 14 en Pamplona como consecuencia de la conmoción sufrida tras recibir varios disparos de la policía mientras se encuentra en su terraza. <<

[69] El 15 de mayo, el comunicado que emite CC. OO., tras una reunión, autoriza las muestras de solidaridad con los trabajadores de Euskadi, pero las limita a la realización de paros laborales parciales y a la organización de asambleas, rechazando en cambio cualquier llamamiento a la huelga general, dado que eso conllevaría el claro peligro de desestabilizar el proceso democrático. Los miembros de CC. OO. de Euskadi no firmaron este comunicado y convocaron una huelga general —El País, 16/5/1977. <<

[70] Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Madrid, Espasa-Calpe, 2004, pp. 239-240. <<

[71] El 17 de marzo de 1978, ETA hace estallar una bomba en la central nuclear de Lemóniz. No advertirá a los responsables de la planta más que once minutos antes de la explosión, tiempo insuficiente para un desalojo total. Dos obreros mueren por esta causa, y otros cuatro quedan heridos. El 13 de junio de 1979, otro trabajador muere como consecuencia de la explosión de una bomba en esta misma central. <<

[72] Situándose exactamente en el 56 %. <<

[73] Véase la interpelación del PSOE, BOCG, D-562-I, 5/2/1981 y la pregunta del PCE, BOCG, E-538-I, 10/2/1981. <<

[74] DSC, 130, LC, 31/10/1978, pp. 5179-5206. En el Congreso, el texto sale aprobado por 325 votos a favor, 6 en contra (cinco diputados de AP y Letamendia, de EE), y 14 abstenciones (los 7 diputados del PNV, otros tres diputados de AP, el republicano catalán Heribert Barrera, Jesús Aizpún de la UCD navarra, y dos diputados del grupo mixto). El Senado aprueba el texto con 226 votos afirmativos, 5 negativos y 8 abstenciones. <<

[75] Los Pactos de la Moncloa, tienen también una faceta política, ya que imprimen una tendencia al consenso en las normas fundamentales que habrán de ser plenamente integradas en el nuevo sistema jurídico-legal con la Constitución de 1978. <<

[76] Véase más adelante «La reconciliación nacional: la amnistía de octubre de 1977», cap. VI. <<

[77] José María Maravall, «Transición a la democracia. Alineamientos políticos y elecciones en España», Sistema, n.º 36, cit., p. 76. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número de horas de paro pasa de 133 millones en 1977 a 92 millones en 1978, cifras que confirman la baja constatada. Véase José María Marín Arce, «La transición sindical y la conflictividad social», cit., p. 444. <<

[78] Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, «Violencia política y movilización social en la transición española», cit., p. 103. <<

[79] Ramón Adell Argilés, La transición política en la calle. Manifestaciones políticas de grupos y masas, cit., p. 226. <<

[80] Comunicado emitido por ETAm tras el asesinato del comandante Imaz, Le Monde, 29/11/1977. <<

[81] DSC, 40, LC, 15/12/1977; DSC, 43, LC, 23/12/1977; DSC, 97, LC, 27/6/1978. <<

[82] Para saber más acerca de las razones de estos incidentes, véase más adelante «c) El peso de la ideología heredada», junto con «El factor terrorista», cap. VII. <<

[83] Los resultados confirman las tendencias de las elecciones de 1977: la UCD, es decir, el partido del gobierno, se alza con la victoria con un 35 % de votos en las generales y 168 escaños en el Congreso, seguida de cerca por el Partido Socialista, que consigue el 30 % de los sufragios y 121 diputados. A continuación vienen el Partido Comunista, con cerca del 11 % de las papeletas y 23 escaños, el partido de Fraga (6 % y 9 diputados) y los partidos regionalistas. <<

[84] AGA, GCM, 112/385 «Atentado al magistrado Miguel Cruz Cuenca, martes 9/1/1979». <<

[85] Según El País, 30/6/1979, el tráfico turístico francés habría descendido un 40 %. <<

[86] AGA, GCM, 111/354 «Facultad de Derecho 1977-1979». <<

[87] Las cifras proceden del Ministerio de Trabajo. Véase José María Marín Arce, «La transición sindical y la conflictividad social», cit., p. 444. <<

[88] Los índices de afiliación sindical bajan del 57 % registrado en 1978 al 34 % de 1980. Véase Víctor Pérez Díaz, La primacía de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática, Madrid, Alianza, 1993, p. 266. <<

[89] El interés de la población española por la política refleja un bajón significativo a partir de 1979, según una encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Véase José Ramón Montero, Richard Gunther y Mariano Torcal, «Légitimité, mécontentement et désaffection dans les nouvelles démocraties. Le cas de l’Espagne», Revue française de science politique, vol. 49, n.º 2 (1999), p. 185. <<

[90] De este modo, el 6 de octubre de 1979, doscientas mil personas se manifestarán en Valencia contra la elección de la bandera del Consejo de Valencia; el 2 de diciembre, «Día de Andalucía», quinientas mil personas se manifiestan pacíficamente en Sevilla y Córdoba; y el 4 de diciembre serán ochenta y cinco mil los gallegos que salgan a la calle para protestar contra el Estatuto de su comunidad. <<

[91] El 15 de junio de 1980, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, anuncia que el gobierno tiene intención de solicitar en el curso de la legislatura la entrada de España en la OTAN. Felipe González se opone y exige un referéndum. El 24 de enero de 1981, diez mil personas se manifiestan en Torrejón de Ardoz (Madrid) contra la OTAN y la presencia militar norteamericana en suelo español. El 29 de octubre, el Congreso aprueba la apertura del proceso de adhesión con 186 votos a favor y 146 en contra. De este modo, el 10 de diciembre de 1981, los quince países miembros firman el protocolo de adhesión. El 6 de junio de 1982, se celebra una nueva marcha de protesta a Torrejón que reúne a diez mil personas. Una vez en el poder, el PSOE cambia radicalmente de actitud y decide mantener el lugar que España ocupa en el seno de la OTAN. Sin embargo, las manifestaciones de masas continuarán produciéndose hasta el referéndum del 12 de marzo de 1986, en el que el «sí» vence a duras penas, al obtener el 53 % de los votos depositados. <<

[92] En enero de 1980 se remitirá al Parlamento el proyecto de ley sobre el divorcio, que será aprobado en junio de 1981. <<

[93] Los electores debían elegir la fórmula más adecuada para materializar la autonomía de la región, optando entre la «vía lenta», según el artículo 143 de la Constitución, y la «vía rápida» del artículo 151. El hecho de que la pregunta del referéndum se planteara en torno al artículo 151 constituía una aberración, dado que el gobierno, justamente el organizador del referéndum, se vio obligado a llamar paradójicamente a la abstención (que alcanzó el 36 %), mientras que el «sí», que significaba la aprobación de la opción de máximos que alinea a Andalucía con los modelos vasco y catalán, triunfó, como es lógico, con un 87 % de los sufragios. <<

[94] Para mayor información sobre la UCD, véase Carlos Huneeus, La UCD y la transición a la democracia en España, Madrid, CIS, 1985. Para saber más acerca de la crisis de 1980, véanse los relatos de Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit.; Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1990; y Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta, 1983. <<

[95] Entre mayo de 1979 y mayo de 1980, Suárez solo estará presente en 1555 de las 2046 votaciones parlamentarias —Javier Tusell, La transición española a la democracia, Madrid, Información e Historia, 1997—. Otro episodio significativo de ese desdén se producirá tras las elecciones de 1979, al negarse Suárez a celebrar un debate de investidura, quebrando de este modo las reglas de la vida parlamentaria —DSC, 3, IL, 30/3/1979, pp. 39-126. <<

[96] Véanse los DSC, 91 a 95, IL, 21-30/5/1980. <<

[97] Como sucederá por ejemplo en Echevarría (Vizcaya), donde tres personas secuestran a dos civiles haciéndose pasar por policías, poniéndolos en libertad al día siguiente, heridos. El secuestro se produjo en la noche del 21 de septiembre de 1980, tras el atentado de Marquina en el que habían muerto cuatro guardias civiles. <<

[98] Para saber más acerca del caso de Hendaya y del escándalo que se genera, véase más adelante «a) Las sospechas de un terrorismo de Estado durante la transición», cap. VIII. <<

[99] MFTS, 1981, p. 67. La memoria está redactada en septiembre de 1981. <<

[100] Cantidad que se desglosa como sigue: 115 heridos en acciones terroristas en 1978, 202 heridos graves en 1979, y 132 en 1980. MFTS, 1979, p. 67; MFTS, 1980, p. 57; y MFTS, 1981, p. 70. <<

[101] MFTS, 1980, p. 60. <<

[102] Ibid., p. 58. <<

[103] El 27 de agosto de 1982, frente al desmoronamiento de la mayoría gubernamental, Leopoldo Calvo-Sotelo se resignará a disolver las Cortes y convocar anticipadamente las elecciones generales. <<

[104] «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234. <<

[105] ETA mata dos veces menos que entre 1979 y 1980, ya que de 1,8 asesinatos por semana pasa en este último periodo a menos de 0,8. <<

[106] «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», DGS, Madrid, 4 de agosto de 1982, AGMI, Subsecretaría, 7234. <<

[107] De este modo, el 14 de mayo de 1981, dos guardias civiles mueren al paso de un convoy organizado para proteger el traslado de unas cargas de dinamita. El 5 de junio, fallece asesinado un policía, y otros cuatro quedan heridos por una bomba que explota al pasar una unidad. <<

[108] La afectación de los bienes administrativos experimenta un acelerado aumento respecto de la tendencia que ya habíamos observado anteriormente: si entre 1975 y 1977 los bienes administrativos solo representaban el 17 % de los atentados contra bienes materiales, entre 1978 y 1980 se los convertirá en blanco en el 27 % de los mismos —y en este última etapa, en más del 36 %. <<

[109] Entrevista de la autora, 2005. <<

[110] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, cit., pp. 47-54. <<

[111] Es decir, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, aprobada el 30 de junio de 1982. <<

[112] El Estatuto de autonomía de Andalucía es aprobado en referéndum el 20 de octubre de 1981, con un 89 % de votos afirmativos. El Estatuto de autonomía de Galicia se promulga en abril de 1981. Y los Estatutos de autonomía de Asturias y Cantabria se aprueban en diciembre de 1981 por vía del artículo 143, y se promulgan en enero de 1982, al mismo tiempo que el de Andalucía. <<

[113] Para una «crónica de esta muerte anunciada», véase Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, cit., pp. 55-94. <<

[114] Para saber más acerca del debate relativo a la cultura política de los españoles, véase Cayo Sastre García, Transición y desmovilización política en España (1975-1982), cit., que critica su pasividad. En cambio, José Ramón Montero, Richard Gunther y Mariano Torcal, en «Légitimité, mécontentement et désaffection dans les nouvelles démocraties. Le cas de l’Espagne», Revue française de science politique, vol. 49, n.º 2 (1999), pp. 171-204, demuestran convincentemente que el desinterés de la sociedad española por la vida política es paralelo a la sólida y estable legitimidad del sistema democrático, más allá de las coyunturas que, siendo capaces de generar una insatisfacción política, se hallan fundamentalmente vinculadas con la percepción de la ineficacia de los gobiernos. <<

[115] Hasta el punto de que una de las interpretaciones críticas que circulan en relación con ese fallido pronunciamiento señala que podría haber sido organizado por el propio monarca para ganar legitimidad. <<

[116] Julio Busquets, Militares y demócratas, Barcelona, Plaza & Janés, 1998, p. 354. <<

[117] Colectivo Amanecer, Patria-Justicia-Revolución. La historia del Frente de la Juventud en sus documentos y propaganda, Barcelona, Nueva República, 2005, p. 25. <<

[118] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, cit., p. 50. <<

[119] AGA, GCM, 108/277 «Otros Actos relacionados con el 23-F: Teniente Coronel Tejero. Ocupación Congreso Diputados 23/2/81. Operación … [ilegible] 1982». <<

[120] Los productos relacionados con el intento de golpe de Estado resultan particularmente lucrativos, hasta el punto de que Juan García Carrés, el único civil inculpado en el proceso del golpe, registrará la marca «23-F» con el fin de comercializar las camisas, piezas de bisutería, insignias y demás objetos asociados con el intento. Véase El País, 23/8/1982. <<

[121] De este modo, el fin de semana siguiente a su traslado a la cárcel de El Ferrol, efectuado en abril de 1981 debido a la desmesurada afluencia de visitantes, Tejero seguirá recibiendo numerosas visitas, ya que acuden a verle casi cuarenta personas —El País, 4/4/1982. <<

[122] Este lienzo, que Pablo Picasso pintó para el pabellón español de la Exposición Universal de París en 1937, escenifica la masacre que perpetraron en Guernica los bombarderos alemanes durante la Guerra Civil. Símbolo de la rebelión contra el fascismo, el cuadro es propiedad del Estado español. Sin embargo, en 1939 fue confiado al Museo de Arte Moderno de Nueva York, dado que Picasso había dado instrucciones de que la tela no regresara a España sino una vez restablecido un régimen de naturaleza democrática. <<

[123] El País, 24-31/5/1981. Véase también DSC, 171, IL, 26/5/1981, pp. 10344-10371. <<

[1] La noción de «estructura de oportunidades políticas» alude a un conjunto de condiciones sistémicas propias del entorno político y social externo, condiciones que influyen en la aparición y la dinámica ulterior de los movimientos sociales. Dicha estructura permite resaltar la vulnerabilidad de los sistemas políticos a las acciones de protesta, lo que constituye uno de los factores explicativos del nacimiento de la protesta misma y de las modalidades de acción elegidas durante su fase de desarrollo. Véase Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, cit. Véase también Eduardo González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, cit., pp. 173-181; junto con Olivier Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, cit., pp. 46-53. <<

[1] Isabelle Sommier, Le terrorisme, París, Flammarion, 2000, pp. 35-43. La expresión «rivalidad mimética» procede de René Girard. <<

[2] Para los jóvenes dirigentes del gobierno Suárez, el objetivo de la democratización estaba «muy claro desde el principio», por emplear las palabras de Landelino Lavilla —entrevista de la autora, 2006. <<

[3] En el primer gabinete Suárez solo habrá dos individuos caracterizados por no haber tenido ninguna responsabilidad política en la época de Franco: los ministros de Economía y Educación. De los catorce restantes, cinco habían sido subsecretarios de Estado, cuatro eran ex directores generales de la administración central, dos habían presidido la compañía ferroviaria nacional (RENFE), y tres (entre los que se cuentan Suárez y Martín Villa) procedían del Movimiento Nacional —véase Rodolfo Martín Villa, «La seguridad interior en la transición», en VV. AA., Veinticinco Años de Reinado de S. M. Don Juan Carlos I, Madrid, Real Academia de la Historia — Espasa-Calpe, 2002, p. 575. <<

[4] Max Weber, Le savant et le politique, París, Union générale d’éditions, 1963, p. 100 [ed. cast.: El político y el científico, traducción de Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza, 2012, pp. 83-84]. <<

[5] Véanse, entre otras, las siguientes obras: Felipe Agüero, Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 1995; Rafael Bañón Martínez, «The Spanish Armed Forces During the Period of Political Transition», en Rafael Bañón Martínez y Thomas M. Baker (comps.), Armed Forces and Society in Spain Past and Present, Boulder, Social Science Monographs, 1988, pp. 311-353; Carles Barrachina, El retorno de los militares a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981), Barcelona, Institut de Ciències Politiques i Socials, 2002; Roberto Fajardo Terribas, El Ejército en la transición hacia la democracia (1975-1982): acercamiento a la política reformista de Gutiérrez Mellado, tesis doctoral defendida en 2003 en la Universidad de Almería (inédita); Carlos Fernández, Los militares en la transición política, Barcelona, Argos Vergara, 1982; Javier Fernández López, El Rey y otros militares. Los militares en el cambio del régimen político en España (1969-1982), Madrid, Trotta, 1998; Bernard Labatut, Renaissance d’une puissance: politique de défense et réforme militaire dans l’Espagne démocratique, París, Fondation pour les études de la défense nationale, 1993; Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado de España. Conversaciones con Jesús Picatoste, cit., pp. 107-116. <<

[6] Entrevista de la autora, 2006. <<

[7] Por ejemplo, en enero de 1977, durante el entierro de dos policías armados asesinados por los GRAPO al final de la «Semana Negra», una voz grita: «¡Ejército al poder!». Gutiérrez Mellado reacciona enérgicamente y llama al orden a los presentes. Sin embargo, el capitán Camilo Menéndez Vives se rebela con estas palabras, dichas en voz perfectamente audible: «¡Por encima de la disciplina está el honor!». A su lado se encuentra Blas Piñar, el dirigente de Fuerza Nueva. Frente a este inquietante acto de indisciplina, la única sanción impuesta al capitán consistirá en tenerle arrestado unos cuantos días. Hay abundantes ejemplos de este tipo durante la transición. <<

[8] Para saber más acerca de estas tentaciones conspiradoras, véase Julio Busquets y Juan Carlos Losada, El ruido de los sables: las conspiraciones militares en la España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003; junto con José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar. El golpismo después de Franco, Madrid, Revolución, 1981; y Amadeo Martínez Inglés, La transición vigilada. Del Sábado Santo «rojo» al 23-F, Madrid, Temas de Hoy, 1994. <<

[9] Francisco Medina, Las sombras del poder. Los servicios secretos de Carrero a Roldán, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, pp. 89-91. <<

[10] Sobre el 23-F existe una extensa bibliografía. De entre los varios centenares de títulos disponibles cabe señalar aquí el ensayo de Javier Cercas, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009; así como los testimonios que ha dejado Alfonso Armada tanto en Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983 como en José Manuel Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada: el 23-F, Madrid, Actas, 2001; y las manifestaciones de Eduardo de Fuentes Gómez de Salazar, El pacto del capó. El testimonio clave de un militar sobre el 23-F, Madrid, Temas de Hoy, 1994; Ricardo Pardo Zancada, 23-F, la pieza que falta. Testimonio de un protagonista, Barcelona, Plaza & Janés, 1998; Juan Alberto Perote, 23-F: ni Milans ni Tejero. El informe que se ocultó, Madrid, Foca, 2001; así como los siguientes análisis: Pilar Urbano, Con la venia, yo indagué el 23-F, Barcelona, Círculo de Lectores, 1982; Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del «Elefante». La conspiración del 23-F, Madrid, El País, 1991; Jesús Palacios, 23-F: el golpe del CESID, Barcelona, Planeta, 2001; José Oneto, 23-F: la historia no contada. Caso Tejero 25 años después, Barcelona, Ediciones B, 2006; Francisco Mora, El elefante blanco: la investigación más completa sobre el 23-F, Barcelona, Ediciones B, 2000; Julio Merino, Tejero, 25 años después: memorias de la transición, Madrid, Espejo de Tinta, 2006; Francisco Medina, 23-F, la verdad, Barcelona, Plaza & Janés, 2006; Javier Fernández López, Diecisiete horas y media. El enigma del 23-F, Madrid, Taurus, 2000; Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez, 23-F. La conjura de los necios, Madrid, Foca, 2001; Diego Carcedo, 23-F. Los cabos sueltos, Madrid, Temas de Hoy, 2001; Martín Bravo Navarro, 23-F: las claves de una trama oscura: reflexiones y conclusiones, Valladolid, Quirón, 2006. <<

[11] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, cit., p. 51. <<

[12] Para mayor información sobre el «27-O», véase Francisco Medina, Las sombras del poder. Los servicios secretos de Carrero a Roldán, cit., pp. 99-109. <<

[13] Véase José Carlos de Bartolomé Cenzano, El orden público como límite al ejercicio de los derechos y libertades, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. <<

[14] MFTS, 1977, pp. 52-53. <<

[15] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 131-132. <<

[16] Ya en 1970, una encuesta llegaba a la conclusión de que los objetivos políticos «prioritarios [eran] el orden y la paz» —Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de España, Madrid, Euramérica, 1970, capítulo 5, censurado por el régimen de Franco—. En 1975, el 80 % de la población interrogada coincide en afirmar que, «en España, lo más importante es mantener el orden y la paz», aunque otro sondeo de marzo de ese mismo año reduce el porcentaje al 56 % de la población interrogada. En esta época, solo el 10 % de los españoles juzga que la libertad y la democracia hayan de ser las metas más importantes que deba proponerse la política de los años inmediatamente posteriores —Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, Madrid, Euramérica, 1981, p. 10—. Hacia el final del periodo que nos ocupa, en la primavera de 1981, una última encuesta reflejará la notable persistencia de esa preocupación por el orden dado que, entre los objetivos prioritarios a tener en cuenta, figura en primer lugar la necesidad de «mantener el orden en la nación», con un 58 % de personas partidarias de esa posición —véase Francisco Andrés Orizo, España, entre la apatía y el cambio social. Una encuesta sobre el sistema europeo de valores: el caso español, cit., p. 198. <<

[17] Santos Juliá y José-Carlos Mainer, El aprendizaje de la libertad. 1973-1986: la cultura de la transición, cit., p. 41. <<

[18] Rodolfo Martín Villa, «La seguridad interior en la transición», en VV. AA., Veinticinco Años de Reinado de S. M. Don Juan Carlos I, cit., p. 575. <<

[19] El País, 16/10/1976. <<

[20] Entrevista de la autora, 2006. <<

[21] A finales de 1976, la tercera parte de los españoles dice hallarse ahora peor que antes en términos de seguridad y bienestar —Rafael López Pintor, «El estado de la opinión pública española y la transición a la democracia», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 13 (1981), p. 35—. En enero de 1978, el 77 % de la población piensa que la delincuencia y la criminalidad no han dejado de aumentar —Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), n.º 2 (abril-junio de 1978), cuadro 9, p. 255. <<

[22] Este es el resultado que ofrecen los barómetros demoscópicos que efectúa periódicamente el CIS y publicados en REIS, n.os 6 a 20, entre abril-junio de 1979 y octubre-diciembre de 1982. En estos tres años se observa que, en promedio, el 55 % de la población estima que el terrorismo y el orden público se sitúan en los dos primeros puestos de las cuestiones que más preocupan a los españoles (y el 44 % coloca exclusivamente al terrorismo en cabeza). <<

[1] Según la expresión empleada en una moción del grupo socialista en la que se denuncia un incidente sufrido por el diputado socialista Jaime Blanco, DSC, 8, LC, 14/9/1977, p. 161. <<

[2] Moción del grupo mixto, presentada por Raúl Morodo, diputado del PSP, DSC, 8, LC, 14/9/1977, p. 163. <<

[3] Como por ejemplo la restricción de la libertad de circulación, la detención discrecional de cualquier persona, la censura de la prensa o la imposición de multas de un montante superior al normal. Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, cap. III. <<

[4] El primero de ellos se decretó en mayo de 1962, por espacio de tres meses, en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, haciéndose posteriormente extensivo a todo el territorio y prolongándose durante dos años su vigencia. Los siguientes llevarán fecha de abril de 1967, durante tres meses, en Vizcaya, y de 1968, también por un trimestre, en Guipúzcoa —periodo que también se prolongará varias semanas y que luego se ampliará, por otros tres meses más, al conjunto del territorio nacional a principios de 1969—. Del mismo modo, en 1970 se proclama un estado de excepción en Guipúzcoa, seguido de otro de seis meses, aplicable en toda la península. El último estado de excepción se remonta al mes de abril de 1975, y se decretó por espacio de un trimestre en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. <<

[5] Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público, art. 1.º: «El normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales reconocidos en las leyes constituyen el fundamento del orden público». <<

[6] Ibid., art. 2. Véase también Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, La cláusula de orden público como límite —impreciso y creciente— del ejercicio de los derechos, Madrid, Civitas, 1975. <<

[7] Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público. <<

[8] Para una tipificación detallada de estos delitos, véase el Código penal de 1963 —Decreto 691/1963, de 28 de marzo. <<

[9] Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, pp. 249-252 —la cita se encuentra en la página 252. <<

[10] Ibid., p. 241. <<

[11] Manuel Ballbé señala que en 1973 los delitos de insultos o injurias a las fuerzas armadas supusieron una condena en consejo de guerra para 256 civiles, y que entre 1974 y 1975 la cifra fue de 305. Véase Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), cit., pp. 449-457. <<

[12] Juan José del Águila, El TOP, cit., p. 237. <<

[13] Discurso pronunciado por Arias tras el Consejo de ministros del 15 de diciembre de 1975 —Informaciones, 16/12/1975. <<

[14] Discurso difundido por la radio y la televisión nacionales el 28 de abril de 1976 —ABC, 29/4/1976. <<

[15] Discurso de Arias, leído el 28 de enero de 1976 —ABC, 29/1/1976. <<

[16] Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión, título I, y Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el Derecho de Asociación Política, preámbulo. <<

[17] Discursos pronunciados por Arias el 28 de enero y el 28 de abril de 1976 —ABC, 29/1/1976 y 29/4/1976. <<

[18] Véase en este sentido el relato de Alfonso Osorio, ministro de la presidencia, en A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 87. <<

[19] Declaraciones de Fraga al Giornale d’Italia —Informaciones, 28/11/1975. <<

[20] ABC, 15/1/1976. <<

[21] Informaciones, 28/11/1975. <<

[22] Entrevista de la autora, 2006. <<

[23] Declaración programática del gobierno de Adolfo Suárez, 16/7/1976. Puede encontrarse en Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 150-151. <<

[24] Id. loc. <<

[25] El País, 5/10/1976. <<

[26] Véanse los relatos de Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 28, y de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, p. 87. <<

[27] Suárez, discurso televisado la víspera del referéndum de la Ley para la Reforma Política, El País, 15/12/1976. <<

[28] Entrevista de la autora, 2006. <<

[29] Cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, p. 180. <<

[30] Ibid., p. 205. <<

[31] Entrevista de la autora, 2006. <<

[32] Intervención de Martín Villa, El País, 25/1/1977. <<

[33] Discurso del rey ante las Cortes, 22/11/1975 —ABC, 23/11/1975. <<

[34] Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón como Rey de España, preámbulo. <<

[35] Como sucedió por ejemplo en octubre de 1961, fecha en la que, para celebrar el XXV aniversario de su llegada al poder, Franco decreta un indulto general para las penas anteriores a ese mes, a condición de que los beneficiarios de la medida hayan cumplido al menos veinte años de reclusión de facto. Lo mismo sucederá en abril de 1964 con motivo de la celebración de los «XXV Años de Paz» del régimen. <<

[36] MFTS, 1977, p. 61. <<

[37] En junio de 1972, las autoridades detienen a todos los miembros de la dirección nacional de CC. OO. El juicio, que recibirá el nombre de «proceso 1001», se inicia en diciembre de 1973, el mismo día en que es asesinado Carrero Blanco. Las penas dictadas son extremadamente severas, ya que condenan a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros dirigentes sindicales a varias décadas de cárcel por el delito de pertenencia a una asociación ilícita. El 29 de noviembre de 1975, Camacho será puesto en libertad, junto con otros once miembros de CC. OO. <<

[38] Circular 2/1975, MFTS, 1976. <<

[39] Cita tomada de Victoria Prego, Diccionario de la transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1999, p. 145. <<

[40] Informaciones, 2/12/1975; ABC, 28/2/1976. <<

[41] «Datos estadísticos generales», 1975-1976, AGMI, SGT, 11048; AGA, BI 11/1/1977-31/7/1977. <<

[42] MFTS, 1977, p. 101. El número de instrucciones que pone en marcha el TOP pasa de las 2382 de 1974, a las 4317 de 1975 y a las 4795 de 1976. <<

[43] MFTS, 1977, p. 68, y MFTS, 1978, pp. 61 y ss. El número de investigaciones abiertas por delitos contra la seguridad interior del Estado pasa de las 1629 de 1974, a las 1777 de 1975, a las 3450 de 1976 y a las 4968 de 1977. <<

[44] Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), cit., p. 457. <<

[45] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 159-160. <<

[46] Ibid., p. 151. <<

[47] RDL 10/1976, de 30 de julio sobre amnistía, art. 1.º. Se excluyen también los delitos monetarios. Para saber más acerca de la amnistía de 1976, véase Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 73 y ss.; junto con Paloma Aguilar Fernández, «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia», cit., pp. 327-357. <<

[48] Circular 3/1976, «Amnistía» de 13 de agosto de 1976, MFTS, 1977. <<

[49] RDL 10/1976, de 30 de julio, preámbulo. <<

[50] MFTS, 1977, p. 59. <<

[51] Entrevista de la autora, 2006. <<

[52] Circular 3/1976, MFTS, 1977. <<

[53] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 159-160. <<

[54] Entrevista de la autora, 2006; El País, 31/7/1976. <<

[55] MFTS, 1977, p. 61. <<

[56] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 160. <<

[57] RDL 10/1976, de 30 de julio, preámbulo. <<

[58] Le Monde, 3/8/1976. <<

[59] MFTS, 1977, pp. 62-63. <<

[60] Estas cifras han sido elaboradas tomando como base los datos del fiscal del Tribunal Supremo —ibid., p. 63. <<

[61] Entrevista de la autora, 2006. <<

[62] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 207. <<

[63] El nuevo texto reduce la exclusión de la amnistía a los delitos directamente acompañados de efectos físicos sobre terceras personas, mientras que todas las demás infracciones, incluidas aquellas que constituyen en último término una amenaza para la vida de los ciudadanos —como los delitos de complicidad en un atentado mortal—, quedarán incluidas en la amnistía. RDL 19/1977 de 14 de marzo, sobre medidas de gracia, y RDL 388/1977, de 14 de marzo sobre indulto general. <<

[64] MFTS, 1978, p. 115. <<

[65] Suárez también se halla sometido a una fuerte presión por parte de los partidos nacionalistas vascos, incluidos los moderados. Véase Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, t. II: 1936-1979, cit., pp. 342-345. <<

[66] Entrevista de la autora, 2006. <<

[67] La subversión terrorista, tercera personificación del enemigo, será el objeto que sometamos a estudio en el próximo capítulo —pp. 410-471. <<

[68] Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008, p. 103. <<

[69] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 25. <<

[70] ABC, 16/1/1976. <<

[71] MFTS, 1977, p. 13. <<

[72] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 135. <<

[73] Ibid., p. 158. <<

[74] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 37. <<

[75] Fijémonos por ejemplo en el informe de la provincia de Navarra correspondiente al año 1977. La información política esta formada en primer lugar por una «síntesis de conjunto» notablemente centrada en los conflictos de orden sociopolítico, antes de hacer un balance de la situación relativo al «sector religioso», a ETA y al «sector enseñanza». Por consiguiente, da la impresión de que las tensiones eclesiásticas y universitarias preocupan a la autoridad provincial tanto como los movimientos de ETA, organización a la que el informe no dedica más espacio que a los demás apartados —AGA, Memoria del Gobierno Civil, Navarra, 1977. <<

[76] La «información política» comprende siete subsecciones: «general», «sector profesional», «sector enseñanza», «sector religioso», «sector laboral» —en el que se describen minuciosamente las huelgas y los conflictos detectados, provincia por provincia—, «organizaciones políticas» y «propaganda». <<

[77] Decreto-Ley 5/1975 de 22 de mayo, sobre regulación de los conﬂictos colectivos de trabajo. <<

[78] Ley de Orden Público de 1959, art. 2.ºc). <<

[79] RDL 17/1977 de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, arts. 11.ºa) y b). <<

[80] Ley 23/1976 de 19 de julio, preámbulo, 7.º. <<

[81] Cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, p. 207. <<

[82] También podríamos hacer referencia al decreto de enero de 1977, que suprime la responsabilidad penal subsidiaria para todos los delitos. No obstante, en virtud de una disposición transitoria, vigente por espacio de un año, las únicas infracciones para las que se mantiene dicha responsabilidad penal serán las cometidas por los piquetes de huelga y los causantes de daños materiales en el ámbito público —RDL 6/1977 de 25 de enero. <<

[83] En 1978 solo hay que señalar dos grandes huelgas políticas, una como conmemoración de los acontecimientos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, y otra en julio, para protestar contra la acción represiva de las Fuerzas del Orden Público en Pamplona y Rentería. En 1980 la única huelga conmemorativa que sigue convocándose es la del 3 de marzo, aunque en contrapartida se registran setenta huelgas de carácter genuinamente social, con lo que el porcentaje de huelgas de motivación política cae al 1,5 % —AGA, Memoria del Gobierno Civil, Álava, 1976, 1978 y 1980. <<

[84] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 188. <<

[85] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 54-56. <<

[86] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 43. <<

[87] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 185. <<

[88] Un primer decreto desarbolará previamente las estructuras del Movimiento Nacional: el RDL 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento, suprime los organismos políticos del Movimiento —entre los que se cuenta su Secretaría General—. Los demás órganos de ese partido único, que solo asumen «funciones sociales» «al margen de significaciones ideológicas de cualquier índole», quedan transferidos al cuerpo global de la administración pública. El personal se incorporará asimismo a esa administración. Una segunda ley establece entonces la libertad sindical —Ley 19/1977 de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical—. Y por último, un tercer decreto suprimirá la obligación de sindicarse —RDL 31/1977 de 2 de junio, sobre la extinción de la sindicación obligatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del organismo autónomo «Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales». <<

[89] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 88. <<

[90] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 38. <<

[91] Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión. <<

[92] Ley 23/1976 de 19 de julio, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo, art. 1.º y II. <<

[93] Circular 19/1976, Dirección General de Política Interior, según cita tomada de Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 91-92. <<

[94] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Vizcaya, 1977. <<

[95] Comunicado del ministerio de la Gobernación destinado a justificar la prohibición de la «marcha por la libertad» prevista para ese verano en Cataluña, citado en Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 147. <<

[96] Ibid., p. 31. <<

[97] Ibid., p. 94. <<

[98] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 42. <<

[99] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 94. <<

[100] El subrayado es mío. Ibid., pp. 87 y 96. <<

[101] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Navarra, 1976. <<

[102] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 131. <<

[103] Entrevista de la autora, 2006. <<

[104] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 131-132. <<

[105] Martín Villa procede asimismo a una reforma del Ministerio de la Gobernación con el fin de coordinar del mejor modo posible a los servicios encargados de la seguridad ciudadana, que se hallan sujetos a la dirección unificada de la nueva Subsecretaría de Orden Público, creada en julio de 1976. Al mismo tiempo, el ministro atribuye al gobernador civil de Madrid las mismas competencias en materia de orden público que a sus homólogos de provincias, competencias que hasta entonces había ejercido directamente la Dirección General de Seguridad. En octubre, otra reforma creará dos nuevas Comisarías Generales, una de Información y otra de Orden Público —RDL 2614/1976 de 30 de octubre—. También se define con mayor precisión el escalafón de mando, del ministro del Interior a los agentes del Estado: el nuevo subsecretario de Orden Público, que obedece directamente las órdenes del ministro, manda tanto a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía —este último se halla al frente de todas las fuerzas policiales— como a los gobernadores civiles. <<

[106] Circular del ministro de la Gobernación, Martín Villa, enviada a los gobernadores civiles en octubre de 1976, según cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 206. Véase también el relato que recoge Salvador Sánchez-Terán, gobernador civil de Barcelona en esa época, en idem, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 150-151. <<

[107] El País, 27/1/1977. <<

[108] Entre el 5 de junio y el 30 de julio de 1976 se rechazarán 18 de las 34 demandas de permiso de manifestación. Véase Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 92 y 174. <<

[109] Estas cifras se han establecido sobre la base de las Memorias anuales de los Gobiernos Civiles de las provincias citadas y en los años mencionados. Las series no son continuas debido, en primer lugar, a que los informes no siempre pueden consultarse, y, en segundo lugar, a su carácter heterogéneo e incompleto —AGA, Interior, 031. <<

[110] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 251. <<

[111] Respecto al primero de mayo de 1977, véase El País del 23/4 al 3/5/1977. Véase también el artículo de Nicolás Sartorius titulado «Un 1.º de mayo reprimido», Triunfo, 7/5/1977. <<

[112] AGA, BI, 2/5/1977. <<

[113] Para mayor información sobre la función del gobernador civil, véase Ministerio del Interior, El Gobernador Civil en la política y en la administración de la España contemporánea, cit., junto con María Concepción Ybarra, «Los gobernadores civiles durante la transición», cit. <<

[114] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 131. <<

[115] MFTS, 1977, p. 77. <<

[116] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 40 y 88. El subrayado es mío. <<

[117] Ibid., p. 88. <<

[118] Véanse los testimonios de Salvador Sánchez-Terán en De Franco a la Generalitat, cit., pp. 28-29, 38-39, 89 y 154-161. <<

[119] Carta publicada en El País, 16/9/1976. <<

[120] Esto es lo que sucederá por ejemplo en Málaga y en Tenerife en diciembre de 1977: véase más adelante «c) El peso de la ideología heredada», cap. VII. <<

[121] Véanse no obstante los trabajos de Francisco Moreno Sáez, «La transición en Alicante, vista desde el Gobierno Civil (1973-1977)», Calendura, n.º 3 (2000), pp. 69-130; junto con Carmen García Ruiz, Franquismo y transición en Málaga 1962-1979, Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 1999. <<

[122] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 106. <<

[123] Primer discurso de Fraga como ministro de la Gobernación, pronunciado el 20/12/1975 —véase Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 25. <<

[124] Arias expresará en varias ocasiones esta idea, por ejemplo en su discurso del 28 de enero de 1976, en el que habla de una «democracia española» —ABC, 29/1/1976—, y también lo hará poco después, en su alocución televisada del 28 de abril, en la que reiterará la noción de «vía española de la democracia» —ABC, 29/4/1976. <<

[125] Declaración de Arias efectuada el 28 de enero de 1976 —ABC, 29/1/1976. <<

[126] Ibid. <<

[127] Decreto-ley 10/1975 de 26 de agosto sobre Prevención del Terrorismo, art. 4.º. <<

[128] Entrevista a Fraga, ABC, 4/5/1976. <<

[129] Carrillo, que en noviembre de 1936 era el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, es acusado de ser parcialmente responsable de las ejecuciones masivas perpetradas por los republicanos ante la peligrosa ofensiva del Ejército de África, que amenazaba la capital. De entre los numerosos artículos que se publican sobre el particular al inicio de la transición con el fin de deslegitimar al líder del Partido Comunista de España véase por ejemplo el titulado «Carrillo y las matanzas de Paracuellos», en ABC, 18/9/1976. <<

[130] Declaraciones de Arias a Newsweek, ABC, 6/1/1976. <<

[131] Declaraciones hechas a los periódicos Informaciones, 22/12/1975 y ABC, 16/1/1976. <<

[132] ABC, 28/2/1976. <<

[133] Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el «Texto revisado de 1963» del Código Penal, art. 217.3). <<

[134] Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el Derecho de Asociación Política. <<

[135] Ley 23/1976, de 19 de julio, sobre la modificación de determinados artículos del Código Penal, relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo, art. 1.º. <<

[136] Declaración programática del gobierno de Adolfo Suárez, 16/7/1976, según cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, p. 150. <<

[137] Alfonso Osorio, cit., p. 184. <<

[138] Manuel Gutiérrez Mellado, en Un soldado de España. Conversaciones con Jesús Picatoste, cit., p. 149. <<

[139] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 61 y 67. <<

[140] Circular que el Ministerio de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, envió a los gobernadores civiles en octubre de 1976. Cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 206-207. <<

[141] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 68. <<

[142] Basta con observar, por ejemplo, la forma en que se viste Felipe González, ya que en lugar de llevar el traje de chaqueta y la corbata de rigor, utiliza pantalones y chaquetas de pana, aderezadas con un jersey de cuello vuelto o con una camisa sin corbata. Se diferencia así de los tradicionales barones de la política y sigue la moda de la época, identificándose con la vitalidad renovadora de las nuevas generaciones. <<

[143] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 151 y 183. <<

[144] Circular 19/1976 de la Dirección General de Política Interior, citada en Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., pp. 91-92. <<

[145] Circular del ministro de la Gobernación Martín Villa enviada a los gobernadores civiles en octubre de 1976 —cita tomada de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 206. <<

[146] RDL 24/1977 de 1 de abril. <<

[147] Véase Francisco Moreno Sáez, «La transición en Alicante, vista desde el Gobierno Civil (1973-1977)», cit., p. 120. <<

[148] Santiago Carrillo, Memorias, cit., pp. 616 y 637. <<

[149] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 58. <<

[150] Para saber más acerca de las peripecias relacionadas con la detención de Carrillo, véase el punto de vista del gobierno en Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 254-258, y en Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 57-67, y la versión del propio interesado, en Santiago Carrillo, Memorias, cit., pp. 636-660. <<

[151] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 258. <<

[152] Ibid., p. 276. <<

[153] Ibid., p. 277. <<

[154] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 64. <<

[155] Ibid., pp. 68-70. <<

[156] RDL 12/1977 de 8 de febrero, sobre el derecho de asociación política. <<

[157] Entrevista de la autora, 2006. <<

[158] Ibid. <<

[159] RDL 2/1977, de 4 de enero, por el que se suprimen el Tribunal y los Juzgados de Orden Público y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción. <<

[160] RDL 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público. <<

[161] ABC, 18 y 20/1/1976. El agente de la guardia civil que perdió la vida de esta manera en Guipúzcoa fue Manuel Vergara Jiménez. <<

[162] Informe citado en Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 135. Véase también el relato de Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 264-265. La despenalización de la bandera vasca suscitará vivas reacciones de protesta y la dimisión de los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa. <<

[163] RDL 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión. <<

[164] Ley 14/1966 de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. <<

[165] RDL 24/1977, preámbulo. <<

[166] AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977. <<

[167] Las cifras porcentuales que aquí ofrecemos han sido calculadas sobre un total de 406 detenciones, y tomando como base los datos de AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977. <<

[168] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 178. <<

[169] MFTS, 1977, p. 101. En 1976, el Tribunal de Orden Público no dicta más que 200 sentencias, lo que contrasta muy notablemente con las 527 de 1975 y las 567 de 1974. Más tarde, entre julio de 1976 y enero de 1977, fecha de la supresión del TOP, una paradoja de la que ya hemos tenido ocasión de hablar determinará que los delitos contra la seguridad interior del Estado, amnistiados por el decreto de julio, sigan dando lugar a la apertura de una serie de instrucciones judiciales —aunque ahora estas queden condenadas a amontonarse inútilmente en los despachos del tribunal. <<

[170] Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), cit., p. 241. <<

[171] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, cit., p. 151. <<

[172] ABC, 28/4/1976. <<

[173] Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, id. loc. <<

[174] Como ocurre en el caso de la suma de medio millón de pesetas impuesta como multa a los militantes del FRAP detenidos el 14 de abril de 1977 por haber arrojado un cóctel molotov contra unos policías. <<

[175] Entrevista de la autora, 2006. <<

[1] Juan Carlos I, «Solemne sesión de apertura conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado», DSC, 3, LC, 22/7/1977, p. 38. <<

[2] Ley 48/1977 de 15 de octubre sobre amnistía. Para saber más acerca de esta ley, véase María Jesús Espuny Tomás y Olga Paz Torres (coords.), 30 años de la ley de amnistía (1977-2007), Madrid, Dykinson, 2009. <<

[3] Las citas que siguen son extractos de las actas de dicha sesión parlamentaria —véase DSC, 24, LC, 14/10/1977, pp. 953-974. <<

[4] Entrevista de la autora, 2006. <<

[5] Carl Schmitt, «Amnistía es la fuerza de olvidar», El País, 21/1/1977. <<

[6] Ya el 15 de junio, es decir, antes incluso de que se celebrara la sesión inaugural del Parlamento, el PCE había presentado una primera propuesta de ley. El 14 de septiembre, las minorías vasca y catalana presentan una segunda propuesta, y el 21 del mismo mes, el PSOE plantea la tercera. El 1 de octubre, estos tres grupos presentan un proyecto de ley común, seguidos por el gobierno de la UCD, que propone el suyo el 3 de octubre. El proyecto final, rubricado por las formaciones de la UCD, el PSOE, los comunistas, las minorías vasca y catalana, el grupo mixto y los socialistas catalanes, se presenta el día 7 de octubre y se aprueba el 14 en el Congreso. Los diputados de AP, así como el nacionalista vasco radical Francisco Letamendia, se abstienen, con lo que el consenso se desvirtúa un tanto. <<

[7] De hecho, como ya ocurriera con la amnistía de 1976, la ley de 1977 tampoco implica la abrogación del sistema penal anterior —y de ahí que exista la necesidad de completar la norma mediante las disposiciones legislativas adecuadas, según recuerda con la máxima firmeza la oposición. <<

[8] Artículo segundo de la norma. <<

[9] La Unión Militar Democrática es una organización clandestina creada en 1974 en el seno del Ejército por un puñado de comandantes y capitanes decididos a promover la democratización. En julio de 1975 se detiene a diez de sus miembros, se los juzga en consejo de guerra, se les condena y se les expulsa del Ejército, y la amnistía de 1977 no podrá perdonarles. Para mayor información sobre la UMD, véase Francisco Caparrós, La UMD, militares rebeldes, Barcelona, Argos Vergara, 1983; junto con Javier Fernández López, UMD, militares contra Franco. Historia de la Unión Militar Democrática, Zaragoza, Mira, 2002; y Fernando Reinlein, Capitanes rebeldes: los militares españoles durante la transición, de la UMD al 23-F, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002. <<

[10] Véase el artículo de Jaime Sartorius titulado «La memoria y el espíritu de la transición», El País, 31/10/2007. <<

[11] Del mismo modo, los excombatientes del Ejército republicano, excluidos de sus cuerpos de origen, tampoco podrán reintegrarse en el Ejército. <<

[12] José María «Txiki» Benegas (PSOE), DSC, 24, LC, 14/10/1977, p. 967. <<

[13] Los trabajadores recuperan sus derechos, sobre todo el de la Seguridad Social, y los funcionarios civiles lograrán reintegrarse en su cuerpo de origen. Sin embargo, en la práctica, el número de readmisiones en las empresas privadas será casi nulo, debido a que los problemas asociados con esa eventualidad son muy complejos y a que la resistencia del sector patronal es muy fuerte. <<

[14] Véase Santos Juliá, «¿Culturas o estrategias? Notas sobre violencia política en la España reciente», en Antonio Rivera y Carlos Carnicero Herreros (comps.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda — Maia Ediciones, 2010, p. 187. <<

[15] Artículo primero. <<

[16] Sin embargo, no se prevé ningún tipo de indemnización económica por los perjuicios sufridos ni los años pasados en la cárcel. <<

[17] MFTS, 1978, p. 115. No obstante, la imprecisión de la ley, duramente criticada por numerosos juristas, determinará que los jueces provinciales la aborden de manera diferente, lo cual dará pie a su vez a la interposición de un gran número de recursos, generándose así un atasco judicial de enorme magnitud —hasta el punto de provocar la parálisis del examen de los expedientes y la vehemente denuncia de los medios de comunicación, que claman por la lentitud de los procedimientos (MFTS, 1979, pp. 57-58). <<

[18] A diferencia de lo sucedido con el componente económico, aprobado por unanimidad en el Congreso (DSC, 29, LC, 27/10/1977, pp. 1083-1128), los acuerdos políticos no son objeto de un debate parlamentario y el partido de Fraga se negará a firmarlos. Para el contenido de dichos acuerdos, véase BOCG, 32, 17/11/1977, pp. 447-452. <<

[19] Acuerdos políticos, preámbulo. <<

[20] DSC, 7; 8, LC, 13; 14/9/1977. <<

[21] Acuerdos políticos, VIII, «Orden Público», 2.º. <<

[22] Véase el cuadro del anexo III («Sesiones plenarias»), en el que se recapitulan estos extremos. <<

[23] El proyecto de ley figura en el BOCG, 55, 1/2/1978, pp. 972-977. El 25 de abril se nombra la Comisión especial encargada de examinar su contenido, y de hecho sus miembros se reunirán en más de diez ocasiones a lo largo de los meses siguientes —Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, leg. 1006, 2. <<

[24] Acuerdos políticos, VIII, «Orden público», 2.º. <<

[25] Este cambio de denominación aparece en el proyecto de ley sobre la policía que presentó el gobierno el día 6 de marzo de 1978, y más tarde en el artículo 104 de la Constitución de 1978. Dicha modificación muestra que, a pesar de su reformulación teórica, el término de «orden público» todavía seguía llevando aparejada una connotación represiva unida por un vínculo excesivamente oneroso aún con el reciente pasado dictatorial —no olvidemos que la jurisdicción política del franquismo recibía el nombre de tribunal de «orden público». <<

[26] Cita tomada de Raymond Polin, «L’ordre public», en id. (comp.), L’ordre public, París, Presses universitaires de France, 1995, pp. 7-25. <<

[27] DSC, 36, LC, 5/4/1978, p. 1266. <<

[28] El artículo 1 del proyecto de ley inicial se presenta en efecto bajo esta forma: «el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y de la tranquilidad ciudadana, el libre, pacífico y armónico ejercicio de las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos constituyen el fundamento del orden público». Será justamente la insistencia de la oposición lo que consiga modificar el orden de las prioridades, y de ese modo la fórmula fijada en el texto, por la que se anteponen los derechos humanos al resto de consideraciones y se sustituye además la expresión de «tranquilidad ciudadana» por la de «seguridad ciudadana», —BOCG, 55, 1/2/1978, p. 973—. En último término, la ley acabará por no ver la luz debido a la complejidad de las cuestiones tratadas, particularmente en razón de las dificultades relacionadas con la regulación de los estados de alarma, de excepción y de asedio. La necesidad de adaptar estos dispositivos a las futuras normas que habrá de instaurar la Constitución llevará a los diputados a diferir el examen definitivo de la ley, dejándolo para el periodo posconstitucional. <<

[29] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 136-137. <<

[30] DSC, 7, LC, 13/9/1977, p. 157. <<

[31] Ley 1/1978 de 20 de febrero, derogación de la circunstancia cuarta del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con esta disposición queda abolido el párrafo 4.º del artículo 503 de dicha norma, introducido en ella mediante un decreto-ley de marzo de 1957. <<

[32] Ley 53/1978 de 4 de diciembre, por la que se modifican los artículos 23, 37, 53, 11, 302, 311, 333, 520 y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se deroga el artículo 316 de la misma. <<

[33] Ley 55/1978 de 4 de diciembre, de la Policía, art. 2.1.º. <<

[34] Ley 31/1978 de 17 de julio de modificación del Código Penal para tipificar el delito de tortura. La ley introduce también un nuevo artículo, el 204 bis, del que volveremos a ocuparnos en «b) El compromiso gubernamental de luchar contra la tortura», cap. VII. <<

[35] Entre otros: «Las libertades de expresión, reunión y asociación, la libertad y secreto de la correspondencia, la libertad religiosa y la de residencia, la garantía de la inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden público». Ley 62/1978 de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, art. 1.1.º. <<

[36] Ley 54/1978 de 4 de diciembre, de partidos políticos. <<

[37] Constitución Española, Disposición derogatoria 3.ª. <<

[38] LO 4/1980 de 21 de mayo de reforma del Código Penal en materia de libertades de expresión, reunión y asociación. Otra ley orgánica limita las competencias de la jurisdicción militar en beneficio de la jurisdicción civil, con lo que viene a resolver los recurrentes conflictos de atribución de competencias que acostumbran a surgir entre ambas jurisdicciones —LO 9/1980 de 6 de noviembre de reforma del Código de Justicia Militar—. Véase a este respecto, Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), cit., pp. 449-488. <<

[39] Habrá que aguardar no obstante al año 1983, y a la llegada de los socialistas al poder, para que una ley orgánica venga a regular globalmente el derecho de reunión, siguiendo los principios enunciados por la Constitución. Hasta ese momento, será la norma de 1976, instituida en las condiciones que sabemos, la que permanezca en vigor. La nueva ley suprime fundamentalmente el régimen de petición de una autorización previa en el caso de las reuniones, y establece que la única condición para prohibir una manifestación pública reside en la previsión de una grave alteración del orden público —LO 9/1983 de 15 de julio reguladora del derecho de reunión. <<

[40] Cifras establecidas sobre la base de las Memorias anuales de los Gobiernos Civiles de las provincias citadas en los años correspondientes —AGA, Interior, 031. <<

[41] En 1979 se registran 74 en Guipúzcoa, y en 1982 serán 123; en Navarra hay 39 en 1979 y 112 en 1982; y en Álava son 54 en 1979 y 77 en 1980. Y a la inversa, en la provincia de Valladolid se pasa de 46 manifestaciones en 1979 a ninguna en 1982 —AGA, Interior, 031. <<

[42] Gracias a la existencia de una bibliografía de calidad conocemos bien los pormenores de la regulación legislativa del terrorismo. Véase en especial Carmen Lamarca Pérez, Tratamiento jurídico del terrorismo, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1985; junto con Francisco J. Bobillo, «Constitución y legislación antiterrorista», Revista de Estudios Políticos, n.º 48 (1985), pp. 47-76; Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit.; José Antonio Martín Pallín, «Terrorismo y represión penal», Claves de Razón Práctica, n.º 23 (1992), pp. 26-34; y José Carlos Remotti Carbonell, Constitución y medidas contra el terrorismo: la suspensión individual de derechos y garantías, Madrid, Colex, 1999. <<

[43] De forma paralela a la creación del Tribunal de Orden Público, unas modificaciones introducidas en 1971 (y consistentes en la Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos al Código de Justicia Militar; y en la Ley 44/1971 de 15 de noviembre sobre reforma del Código Penal) habían derogado el decreto-ley de 1960 sobre la actividad de las bandas armadas y terroristas —en el que se confiaba a la jurisdicción militar la tarea de juzgar una amplia panoplia de acciones subversivas consideradas terroristas—. En lo sucesivo, el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo pasará a ser incumbencia del Tribunal de Orden Público, con lo que la jurisdicción militar únicamente se reservará el examen de las acciones más graves, es decir, las perpetradas por «grupos y organizaciones de carácter permanente» que no operan «de forma esporádica e individual». Además, se habían reducido asimismo las penas, dado que en caso de heridas graves, de mutilaciones o de fallecimiento de la víctima podían imponerse ahora condenas de prisión incondicional, al dejar de dictaminarse obligatoriamente la aplicación de la pena capital. <<

[44] Decreto-ley 10/1975 de 26 de agosto sobre Prevención del Terrorismo, preámbulo. <<

[45] Ibid. <<

[46] Circular 2/1975, MFTS, 1976. <<

[47] Decreto-ley 2/1976 de 18 de febrero, por el que se revisa el de Prevención del Terrorismo 10/1975 de 26 de agosto, y se regula la competencia para el enjuiciamiento de tales delitos, preámbulo y art. 1.º. <<

[48] Durante mucho tiempo, la oposición de izquierdas consideró que la Audiencia Nacional era una jurisdicción especial, de carácter excepcional, una simple resurrección del Tribunal de Orden Público, al que sencillamente se le habría cambiado el nombre. Sin embargo, la idea inicial de los legisladores consistía claramente en apartar a la jurisdicción militar del examen de los delitos políticos, en eliminar la jurisdicción especial del orden público, y en crear un tribunal que no solo estuviera dotado de competencias en todo el territorio nacional sino que fuera al mismo tiempo capaz de abordar la instrucción de crímenes de gran complejidad, como los de carácter económico. Habría sido Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa, el que habría propuesto que los delitos de terrorismo que venía juzgando la jurisdicción militar fueran transferidos a la Audiencia Nacional debido a la amplitud territorial de su radio de acción y a la complejidad de ese tipo de infracciones. De hecho, el nuevo tribunal ya no se ocupó de cuestiones relacionadas con las asociaciones políticas, el derecho de reunión o la propaganda, salvo cuando tocaban a la Corona. Véase Marta Viladot Santaló, La Audiencia Nacional (1977-1997), Barcelona, Tempestad, 1998. <<

[49] RDL 2/1977, de 4 de enero, por el que se suprime el Tribunal y Juzgados de Orden Público y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción; RDL 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo; y RDL 1/1977, de 4 de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional. <<

[50] Suárez habría referido más tarde a Martín Villa que algunos altos mandos del Ejército fueron a ver al rey para declararle que al menos este último, en su condición de ministro de la Gobernación, debería ser destituido de su cargo debido al caos que reinaba por entonces en España. Véase Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 162. <<

[51] Esta suspensión se prolongará más tarde, mediante un nuevo decreto, hasta el 31 de marzo —RDL 14/1977, de 25 de febrero por el que se prorroga la vigencia del RDL 4/1977 de 28 de enero, por el que se suspende parcialmente la aplicación de los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles—. El gobierno decide asimismo la inmediata confiscación de las armas que se hallen legalmente en manos de los particulares si existen motivos que induzcan a pensar que puedan acabar empleándose contra el orden público; la expulsión del territorio nacional de los extranjeros sobre los que recaiga alguna sospecha relacionada con el terrorismo; y el refuerzo de los medios con que cuentan las Fuerzas del Orden Público —a las que se les asignan cuatro mil millones de pesetas. <<

[52] El País, 30/1/1977. <<

[53] Circular 2/1975, MFTS, 1976 y MFTS, 1977. <<

[54] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Vizcaya, 1976. <<

[55] Véase cuadro 14. <<

[56] MFTS, 1977, pp. 75-76. <<

[57] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., introducción. <<

[58] De los 170 terroristas que, habiendo sido detenidos durante el primer semestre de 1977, pertenecían a grupos conocidos, 57 eran militantes de los GRAPO, 47 de ETA, 43 del FRAP y 23 del MPAIAC —AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977. <<

[59] La presentación de los programas de los grupos parlamentarios será objeto de debate en julio de 1977. DSC, 5, LC, 27/7/1977, pp. 65-105. <<

[60] DSC, 10, LC, 20/9/1977, p. 248. <<

[61] DSC, 14, Comisión de Reglamento, LC, 27/9/1977, p. 474 y DSC, 15, Comisión de Economía y Hacienda, LC, 27/9/1977, p. 514. <<

[62] Acuerdos Políticos, VIII «Orden Público», 2.º. <<

[63] Recuérdense, a título de ejemplo, los debates asociados con el caso Jaime Blanco —DSC, 7 y 8, LC, 13 y 14/9/1977)—, o con los incidentes ocurridos en diciembre en Málaga y Tenerife —DSC, 43, LC, 23/12/1977. <<

[64] Suárez declara en esta ocasión que las tres cuestiones que más inquietud producen en la opinión pública son la política económica y social, la «paz ciudadana y el orden público», y la política exterior —DSC, 36, LC, 5/4/1978, pp. 1257-1273—. El debate queda igualmente recogido en DSC, 37, LC, 6/4/1978. <<

[65] DSC, 63, LC, 10/5/1978, pp. 2136-2137. <<

[66] DSC, 100, comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife, LC, 29/6/1978, pp. 3677-3703. <<

[67] DSC, 99, LC, 28/6/1978, p. 3653. <<

[68] Citas tomadas del DSC, 116, LC, 21/7/1978, pp. 4540-4547. <<

[69] DSC, 118, LC, 27/7/1978, p. 4698. <<

[70] DSC, 111, Comisión de Justicia, LC, 17/7/1978. <<

[71] DSC, 118, LC, 27/7/1978, pp. 4685-4702. Se trata de la ley 56/1978 de 4 de diciembre. <<

[72] La primera será la sesión derivada de la propuesta de Alianza Popular, que sugiere la celebración de un debate sobre el orden público el 8 de noviembre de 1978 —DSC, 133, LC, 8/11/1978, pp. 5270-5335—. La propuesta, surgida a iniciativa de Manuel Fraga, se remonta en realidad a diciembre de 1977, pero había sido rechazada en tres ocasiones, antes de ser finalmente tenida en cuenta como consecuencia de la escalada terrorista del otoño de 1978 y del despertar político descrito. Las sesiones siguientes serán las de los días 9 y 15 de noviembre, consagradas ambas a la aprobación de las medidas antiterroristas —DSC, 134, LC, 9/11/1978, pp. 5349-5354; y DSC, 135, LC, 15/11/1978, pp. 5381-5405. <<

[73] DSC, 133, LC, 8/11/1978, p. 5334. <<

[74] DSC, 43, LC, 23/12/1977, p. 1622. <<

[75] DSC, 36, LC, 5/4/1978, p. 1267. <<

[76] DSC, 133, LC, 8/11/1978, pp. 5281-5293. <<

[77] RDL 21/1978, de 30 de junio, sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas, preámbulo. <<

[78] Ley 56/1978 de 4 de diciembre de medidas especiales en relación con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados; y Ley 82/1978 de 28 de diciembre de modificación del Código Penal en materia de terrorismo. <<

[79] Tras la promulgación de la Constitución se prevé la celebración de unas nuevas elecciones generales. En espera de la votación que designe a los nuevos representantes, el Congreso cierra sus puertas y deja paso a la «Diputación permanente», es decir, al órgano interino encargado de abordar las cuestiones corrientes. De hecho, el problema del decreto-ley se debatirá en la sesión del 6 de febrero —DSC, 2, Diputación Permanente, 6/2/1979, pp. 36-60. <<

[80] RDL 3/1979 de 26 de enero sobre protección de la seguridad ciudadana, preámbulo. <<

[81] RDL 19/1979, de 23 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el RDL 1/1977 de 4 de enero, que creó la Audiencia Nacional y se prorroga la vigencia de la Ley 56/1978 de 4 de diciembre, de medidas especiales en relación con los delitos de terrorismo cometidos por grupos armados. <<

[82] LO 2/1981 de 4 de mayo que modifica y adiciona determinados artículos del Código Penal, junto con el de Justicia Militar. Durante la sesión parlamentaria encargada de examinar el proyecto de ley, el diputado comunista Josep Solé Barberà subrayará en varias ocasiones el carácter precipitado de una ley concebida para responder a una urgencia coyuntural —DSC, 155, IL, 1/4/1981, p. 9652. <<

[83] LO 11/1980 de 1 de diciembre sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución. Esta ley será conocida con los nombres de «ley sobre la seguridad ciudadana» o de «ley de suspensión de los derechos individuales». <<

[84] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 166. <<

[85] CE, art. 55, 2. <<

[86] Según Marcos Vizcaya Retana, diputado del PNV: DSC, 125, IL, 29/10/1980, p. 7884. <<

[87] DSC, 125, IL, 29/10/1980, pp. 7865-7782. Respecto a las reticencias mostradas por el PCE en 1981, véase DSC, 155, IL, 1/4/1981, p. 9666. <<

[88] RDL 21/1978, Ley 56/1978 y Ley 82/1978. <<

[89] Convenio Europeo para la represión del terrorismo de 27 de enero de 1977. <<

[90] El convenio es firmado en abril de 1978 por España y ratificado en febrero de 1980 con 265 voces a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Véase DSC, 65, IL, 20/2/1980, pp. 4368-4379. La ratificación se verifica. <<

[91] Citas tomadas de DSC, 65, IL, 20/2/1980, pp. 4368-4379. <<

[92] Las informaciones procedentes de fuentes antagónicas, es decir, de los organismos oficiales y de los grupos contestatarios mismos, llegan a las mismas conclusiones. Para saber más acerca de las primeras, véase Andrés Cassinello Pérez, «ETA y el problema vasco», en Salustiano del Campo (comp.), Terrorismo internacional, cit., cuadro de la página 300, sacado de los datos proporcionados por la Dirección General de la Guardia Civil, Estado Mayor. Para mayor información sobre las segundas, véase Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., p. 85. Los datos de esta última obra proceden del periódico vasco Egin y de la agencia de prensa Vasco Press. <<

[93] DSC, 118, IL, 27/7/78, pp. 4685-4689. <<

[94] Para saber más acerca de la primera demanda de derogación, en Comisión de Justicia, véase el DSC, 34, LC, 13/12/1977. Para mayor información sobre la segunda, en sesión plenaria, véase el DSC, 5, LC, 19/1/1978, pp. 155-161. <<

[95] Jiménez Blanco, diputado de UCD, DSC, 57, IL, 20/12/1979, pp. 3896-3924. <<

[96] De este modo, para Gregorio Peces-Barba, los argumentos del gobierno son los mismos que los que escuchábamos en boca de «los corifeos del franquismo para defender al Tribunal de Orden Público», de manera que el decreto «es una puerta abierta a la dictadura anticonstitucional», DSC, 57, IL, 20/12/1979, pp. 3896-3924. <<

[97] DSC, 2, Diputación Permanente, 6/2/1979, pp. 36-60. <<

[98] Véase el debate parlamentario sobre la cuestión, DSC, 10 y 11, 23 y 24/5/1979, IL, pp. 381-466. <<

[99] Se trata de Fernando Sagaseta, por la Unión del Pueblo Canario (UPC), y de Juan María Bandrés, por Euskadiko Ezkerra (EE). <<

[100] DSC, 125, IL, 29/10/1980, pp. 7857-7893. <<

[101] Véase más adelante «c) Tortura y legislación antiterrorista», cap. VII. <<

[102] DSC, 125, IL, 29/10/1980, p. 7864. En esta iniciativa, Bandrés cuenta con el apoyo del Parlamento vasco, que presenta un recurso de inconstitucionalidad de la ley de 1980 ante el Tribunal Constitucional —recurso que rechazará la sentencia del 14/7/1981. <<

[103] DSC, 65, IL, 20/2/1980, p. 4377. <<

[104] Ley 56/1978, art. 6, y LO 11/1980, art. 7. El gobierno deberá informar al menos trimestralmente a la Cámara de diputados —o antes, si así lo exigen los grupos parlamentarios. <<

[105] DSC, 118, LC, 27/7/78, pp. 4695-4698. <<

[106] Leopoldo Torres Boursault (diputado del PSOE), DSC, 155, IL, 1/4/1981, pp. 9631-9666. <<

[107] LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. <<

[108] DSC, 160-162, IL, 21-23/4/1981, pp. 9875-9994. El PNV volverá a adoptar ahora una actitud de rechazo, motivado esta vez no por una eventual alteración del Estado de derecho, sino por la circunstancia de que las Comunidades Autónomas no cuenten con la capacidad de regular las situaciones excepcionales. Por su parte, el PCE adoptará una postura abstencionista, aunque por razones estrictamente políticas, dado que lo que pretende es mostrar su frontal oposición al gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. <<

[109] ABC, 15/1/1976. <<

[110] Declaraciones de Fraga tras el asesinato de Ángel Berazadi en abril de 1976, recogidas en Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., p. 85. <<

[111] DSC, 133, LC, 8/11/1978, pp. 5270-5299. <<

[112] DSC, 125, IL, 29/10/1980, p. 7893. <<

[113] DSC, 233, IL, 22/4/1982, pp. 13570-13581. <<

[114] A este respecto, véase también Francisco José Setién Martínez, Terrorismo y prensa en la transición política española, 1976-1986, tesis doctoral inédita, cit., pp. 212-216. <<

[115] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit. En febrero de 1980 —tras el grave atentado de Ispáster, en que fallecieron asesinados seis guardias civiles— se había efectuado ya un primer intento de organizar un mando único en el País Vasco, lo que había convertido al general José Antonio Sáenz de Santa María, director de la Policía Nacional, en delegado especial del gobierno en la región. <<

[116] Carlos Garaikoetxea, del PNV, es el primer lehendakari, o presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, que ocupa el cargo en la democracia. Toma posesión de su cargo en junio de 1979, tras la victoria del PNV en las elecciones regionales vascas. <<

[117] El País, 22-29/3/1981. <<

[118] Me refiero a Amnistía Internacional y a la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), creada en 1976 pero no reconocida legalmente hasta mayo de 1977. Para esta investigación hemos examinado las publicaciones de ambas organizaciones: en el caso de Amnistía Internacional entre los años 1975 y 1987, y en el de la APDHE entre 1982 —fecha de su primer informe anual— y 1989. <<

[119] Véase por ejemplo, la pregunta parlamentaria que plantea el PSOE en relación con la asistencia inmediata de un letrado a los detenidos —BOCG, D-235-I, 31/12/1979 y DSC, 90, 14/5/1980, pp. 5907-5912—; la pregunta escrita que dirigirá ese mismo partido respecto a la aplicación de la ley antiterrorista a una serie de dirigentes sindicales —BOCG, F-588-I, 10/5/1980—; la pregunta oral de Juan María Bandrés sobre su aplicación a unos presos comunes —DSC sin número, Comisión de Interior, IL, E-354-I, 1/4/1981—; o la del PCE sobre su utilización indiscriminada —DSC sin número Comisión de Interior, IL, E-469-I, 1/4/1981. <<

[120] DSC sin número, Comisión de Interior, IL, 1/4/1981, p. 37. <<

[121] BOCG, D-26-I, 14/5/1979 y BOCG, D-297-I, 28/2/1980. <<

[122] Por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de España estima, tras una investigación efectuada en Madrid, que, por término medio, el 46 % de los detenidos renuncian a la asistencia de un abogado —proporción que en algunas comisarías se eleva hasta el 80 %—. Véase APDHE, Los Derechos Humanos en España. Informe 1982. <<

[123] Tanto las cifras como la cita proceden de DSS sin número, Comisión de Justicia e Interior, IL, 15/6/1982, pp. 4-5. <<

[124] DSC, 125, IL, 29/10/1980, p. 7878. <<

[125] APDHE, Informe sobre la Legislación Antiterrorista Española, Madrid, ADPHE, 1982, p. 3. <<

[126] DSS sin número, Comisión de Justicia e Interior, IL, 15/6/1982, p. 5. <<

[127] Pregunta de Juan María Bandrés, de EE; BOCG, E-494-I, 23/12/1980, recogida en DSC sin número, Comisión de Interior, IL, 30/4/1981. <<

[128] Cita tomada de Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., p. 154. <<

[129] Editorial de la revista Derechos Humanos, «Tribuna informativa Asociación Pro Derechos Humanos», otoño de 1983, publicada por la APDHE. <<

[130] Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1982; Gestoras pro-amnistía, Euskadi 1977-1987. Diez años de represión, Estella, Amnistiaren Aldeko Batzordea, 1987. Véase también Juan Manuel Olarieta Alberdi, «Transición y represión política», Revista de Estudios Políticos, n.º 70 (1990), pp. 225-262. <<

[131] Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, cit., pp. 99-107. <<

[132] Ibid., p. 105. Véase también El País, 31/8, 2-10/9, 15/10/1980, y 9/5/1981. <<

[133] Gestoras pro-amnistía, Euskadi 1977-1987. Diez años de represión, cit., p. 14. <<

[134] Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, cit., pp. 155-179. <<

[135] DSC sin número, Comisión de Interior, IL, 1/4/1981. <<

[136] Juan José Laborda Martín, PSOE, DSS sin número, Comisión de Justicia e Interior, IL, 21/5/1981, p. 7. <<

[137] DSC sin número, Comisión de Interior, IL, 30/4/1981. <<

[138] Para mayor información sobre la postura de Amnistía Internacional en 1975, véase Amnesty International, Report of an Amnesty International mission to Spain, July 1975, Londres, Amnesty International Publications, 1975. Para los comentarios relativos a los años posteriores, véase Idem, Informe 1977, etcétera. <<

[139] Véase APDHE, Los Derechos Humanos en España. Informe 1982, cit., etcétera. <<

[140] Diego López Garrido, Terrorismo, política y derecho. La legislación antiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, y Francia, Madrid, Alianza, 1987. Véase también Francisco Bueno Arús, «Legislación penal y penitenciaria comparada en materia de terrorismo», en Salustiano del Campo (comp.), Terrorismo internacional, Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales, 1984, pp. 113-152; y Antonio Vercher Noguera, Antiterrorismo en el Ulster y en el País Vasco. Legislación y medidas, Barcelona, PPV, 1991. <<

[141] Diego López Garrido, Terrorismo, política y derecho. La legislación antiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, y Francia, cit., Prólogo, p. I. <<

[142] DSC, 233, IL, 22/4/1982, p. 13581. <<

[143] Diario 16, Editorial, 15/4/1981. <<

[144] Diario 16, Editorial, 23/3/1981. <<

[145] Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., pp. 102-105. <<

[146] DSC, 233, IL, 23/4/1982, p. 13582. <<

[147] DSC, 162, IL, 23/4/1981, p. 9995. <<

[148] DSC, 233, IL, 23/4/1982, p. 13583. <<

[149] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., p. 102. <<

[150] LO 14/1983 de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. <<

[151] LO 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», preámbulo. <<

[152] LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional (que en 1978 sustituirá a la Policía Armada franquista) quedan unificados en un mismo Cuerpo Nacional de Policía, definido como «instituto armado de naturaleza civil». <<

[153] Según la respuesta que ofrece el ministro a la pregunta que le formula Santiago Belloch en Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., p. 145. <<

[154] LO 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Esta ley deroga las normas anteriores, y muy especialmente la ley de seguridad ciudadana de 1980. <<

[155] Tribunal Constitucional, sentencia 199/1987 de 16 de diciembre, BOE, 8/1/1988. La sala considera que no es suficiente con establecer un control judicial para ofrecer las garantías necesarias para que una detención preventiva pueda prolongarse más allá de los tres días autorizados y ponerse bajo incomunicación al arrestado. Por otra parte, el tribunal rechaza por entero los atentados a la libertad de expresión contenidos en el delito de apología del terrorismo y en la posibilidad de cerrar un medio de comunicación tras la simple admisión a trámite de una queja por el fiscal del Tribunal Supremo. <<

[156] LO 3/1988, de 25 de mayo, de reforma del Código Penal. <<

[1] Se conoce a los miembros de la Policía Armada con el nombre de «los grises» debido al color de su uniforme. <<

[2] Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 347-348. <<

[3] Si contamos desde el 1 de enero de 1975, nuestro corpus de datos registra un total de 192 víctimas. Ese total incluye también a las seis víctimas del primer semestre de 1977, que solo aparecen contabilizadas en las fuentes policiales (se trata de los Boletines Informativos que redacta cotidianamente la policía) y que nosotros hemos retirado del balance final en razón de la homogeneidad del corpus. <<

[4] Esta cifra asciende hasta un 22 % (lo que significa un total de 42 muertos) si contabilizamos a todos los terroristas fallecidos en el transcurso de un tiroteo con las fuerzas del orden, tanto si los iniciadores del intercambio de disparos fueron ellos mismos como si se trató de las autoridades policiales. En efecto, ha sido necesario tomar ciertas decisiones en la elaboración de la base de datos. Si las informaciones recogidas nos remitían a la ocurrencia de un tiroteo entre un grupo de contestatarios y las fuerzas del orden, hemos considerado que la autoría de los disparos debía imputarse a los primeros siempre cuando entre las víctimas había un miembro de los cuerpos armados o un civil. Y al revés, si las únicas víctimas eran un civil o un terrorista, hemos juzgado responsables a los agentes del Estado. Teniendo en cuenta las confusiones interpretativas que intervienen en muchos de estos casos y la imposibilidad práctica de verificar en cada caso el origen de los disparos, nos ha parecido que esta decisión metodológica era la mejor forma de evitar las incoherencias y las duplicidades estadísticas. <<

[5] El territorio nacional se encuentra en esta época dividido en doce circunscripciones policiales, las Jefaturas Superiores de Policía, dirigidas cada una de ellas por un jefe superior de policía. <<

[6] En 1976, los efectivos de la Policía Armada suman 34 000 hombres —Ministerio del Interior, Datos y cifras, 75/78, Madrid, Ministerio del Interior, 1978—. La reforma policial de 1978 transformó el cuerpo de la Policía Armada en el de la Policía Nacional, un instituto armado que seguía teniendo carácter militar, pese a no pertenecer ya al Ejército. El color gris del uniforme, rebosante de connotaciones negativas, fue sustituido por otro de color marrón. <<

[*] Trágico suceso ocurrido en Francia como consecuencia de la letal represión con la que la policía de ese país frenó una manifestación de argelinos celebrada en París a instancias del Frente de Liberación Nacional de Argelia, que poco antes (en 1958) había declarado la independencia de la colonia gala, aunque la metrópoli no la reconocería hasta 1962. La brutalidad de la represión, que se continúa más allá de la noche del 17 en las instalaciones de los centros de detención, dejó varios cientos de heridos y un número de muertos que oscila alrededor de los 120 [N. de los T.]. <<

[7] Olivier Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, cit., pp. 96-124. <<

[8] Convendría añadir a este balance el número de individuos que mueren en el transcurso de la manifestación misma, sin que eso signifique que su muerte se deba directamente a la acción de la policía. Son seis: Juan Gabriel Rodrigo Knajo, muerto accidentalmente al huir de la policía —tras saltar de una terraza elevada— el 5 de marzo de 1976 en Tarragona. Juan Manuel Iglesias, fallecido a causa de una insuficiencia cardiovascular al escapar de la policía mientras esta se disponía a dispersar una manifestación pro-amnistía el día 9 de enero de 1977 en Sestao (Vizcaya). Dos civiles morirán también de forma fortuita durante la semana pro-amnistía de mayo de 1977 en el País Vasco (Miguel del Caño fallece atropellado por un coche en la autopista al proceder a retirar una barricada, obligado por la Guardia Civil; y Asunción Zárraga, que se hallaba asomada al balcón para observar las manifestaciones y se ve vencida por su propio peso, muriendo como consecuencia de la caída). El 14 de junio de 1978, en Zaragoza, una joven es atropellada por un vehículo durante un conflicto social, aunque las circunstancias de su muerte no llegan a esclarecerse. Y por último, Ramón Begoña, un militante del PNV, muere a consecuencia de las heridas recibidas durante una manifestación celebrada en Vizcaya en julio de 1980, sin que se alcance a identificar a los responsables. <<

[9] La acusada falta de estudios monográficos, de tipo histórico y sociológico, nos impide comprender adecuadamente la pluralidad de las interacciones que se producen en el transcurso de una manifestación. Para mayor información sobre la Guardia Civil, véase Antonio Morales Villanueva, «La Guardia Civil en la democracia (1975-1993) [II]», Cuadernos de la Guardia Civil, n.º 10 (1994), pp. 269-284; junto con Francisco Aguado Sánchez, Historia de la guardia civil, t. VII: La guardia civil actual, Madrid, Cupsa, 1985. Para saber más acerca de la Policía, véase Julio de Antón, Historia de la policía española, t. I: La policía del reino, la policía republicana, la policía del régimen, la policía democrática, Madrid, Viña Grande, 2000; Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit.; Diego López Garrido, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 1987; Antonio Morales Villanueva, Las Fuerzas de Orden Público, Madrid, San Martín, 1980, y Administración policial española: cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías autónomas, policías locales, Madrid, San Martín, 1988; y José María Rico (comp.), Policía y sociedad democrática, Madrid, Alianza, 1983. <<

[10] Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 287. <<

[11] Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, «Violencia política y movilización social en la transición española», en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (comps.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur — América Latina, cit., cuadro 4, p. 107. <<

[12] AGA, BI, 13/5/1977. <<

[13] El País, 14/5/1977. <<

[14] El País, 17/5/1977. <<

[15] Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., pp. 213-214. <<

[16] Ramón Adell Argilés, La transición política en la calle. Manifestaciones políticas de grupos y masas, cit., pp. 220 y 226. <<

[17] Nota del delegado del Ministerio de Información y Turismo en Bilbao, «La situación en Vizcaya», 16/5/1977, 22h 50, AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/09054. <<

[18] Para mayor información sobre esta manifestación del primero de febrero de 1976, véase David Ballester y Manel Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, cit., pp. 39-85, y Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., pp. 300-302. <<

[19] Algunas de sus fotografías aparecen reproducidas en David Ballester y Manel Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, cit., cuadernillo central. <<

[20] Amnistía Internacional, Informe 1977, cit., p. 208. <<

[21] De las 32 víctimas registradas, una fallece a causa del impacto de un bote de humo (María Luz Nájera, Madrid, enero de 1977), otra muere como consecuencia de una hemorragia cerebral sobrevenida tras recibir una serie de golpes (Elvira Parcero Rodríguez, Vigo, abril de 1978), seis mueren por la acción de las pelotas de goma, y las 24 restantes caen abatidas por balas de verdad. <<

[22] Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 213. <<

[23] Conocimientos profesionales, texto oficial de la Academia de Policía, fechado en noviembre de 1976. Cita tomada de Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 241. <<

[24] Véase Diego López Garrido, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, cit., pp. 151-165. Habrá que esperar al año 1984 para que en la formación de los guardias civiles se introduzcan diversos cursillos de «táctica policial» —cursillos en los que se incluye un entrenamiento específico destinado a enseñar a los agentes la utilización de los medios antidisturbios. <<

[25] El País, 16/12/1977. Al día siguiente, el Consejo de Ministros destituirá a Prieto por estas declaraciones. <<

[26] Por lo demás, una de las reivindicaciones del movimiento de contestación que emergerá en 1976, tanto en el seno del Cuerpo General de Policía como en el de la Policía Municipal, pasa por la exigencia de poner fin al carácter estrictamente militar de sus superiores jerárquicos. <<

[27] Para saber más acerca de las responsabilidades de los funcionarios públicos en el drama de Vitoria, véase también el informe que emitieron en 2004 los investigadores del Instituto Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco, a instancias de la asociación de víctimas de Vitoria y con el respaldo del Gobierno Vasco —Dictamen histórico sobre los acontecimientos producidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria—. Este informe será retomado posteriormente por el Parlamento vasco en una resolución sobre los acontecimientos adoptada el 25 de junio de 2008. Todos estos documentos pueden consultarse en la página web de la asociación de víctimas del 3 de marzo: http://www.martxoak3.org/es. <<

[28] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 27. <<

[29] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, cit., pp. 90-91. <<

[30] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 27; y Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 319. <<

[31] Las comunicaciones de radio entre las distintas unidades policiales aparecen parcialmente transcritas en Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., pp. 320-321. <<

[32] Por ejemplo, la amplitud de los medios desplegados para impedir la huelga general del 12 de noviembre de 1976 evitó que la convocatoria diera lugar a graves disturbios urbanos. <<

[33] Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 349. <<

[34] Para mayor información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Caparrós, véase Rosa Burgos, La muerte de García Caparrós en la transición política, Málaga, Airon Sesenta, 2007. <<

[35] Véase El País, 6-13/12/1977; junto con Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 324; y Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 269-271. <<

[36] Enrique Múgica (PSOE), DSC, 40, Comisión de Interior, LC, 15/12/1977, p. 1469; Bernal Soto (PSOE), DSC, 97, comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife, LC, 27/6/1978, p. 3610. <<

[37] DSC, 97, comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife, LC, 27/6/1978, loc. cit., p. 3609. <<

[38] El País, 9-11/10/1977. <<

[39] Cita tomada de Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., p. 328. Véase también el semanario La Calle, n.º 17, 18-24/7/1978, junto con el documental de Juan Gautier y José Ángel Jiménez, Sanfermines 78, 2005. <<

[40] Cita tomada de Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., p. 84. <<

[41] Patrick Bruneteaux, «Cigaville: quand le maintien de l’ordre devient un métier d’expert», en Philippe Braud (comp.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, París, L’Harmattan, 1993, p. 227. <<

[42] ABC, 14/2/1976. <<

[43] Su creación se remonta al año 1844. <<

[44] Según Diego López Garrido, «hay tantos “puestos” de la Guardia Civil como gasolineras en España». Véase Diego López Garrido, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, cit., p. 13. En 1976, los efectivos de este cuerpo armado se elevan a 63 000 hombres —Ministerio del Interior, Datos y cifras, 75/78, Madrid, Ministerio del Interior, 1978. <<

[45] No incluimos aquí los policías muertos en acto de servicio. Por consiguiente, las cifras se refieren exclusivamente a personas ajenas a los cuerpos armados del Estado. <<

[46] Fabien Jobard, Bavures policières?: la force publique et ses usages, París, La Découverte, 2002, p. 117. <<

[47] Rosón, respuesta escrita a la pregunta que plantea Javier Luis Sáenz de Cosculluela (PSOE) en el BOCG, F-1124-I, 21/10/1980. La contestación del ministro se encuentra en BOCG, 02/12/1980. <<

[48] Resolución 690, Consejo de Europa, 8/5/1979. <<

[49] Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principio 10. Para saber más acerca de este texto, véase Antonio Beristain, «Ética policial», en José María Rico (comp.), Policía y sociedad democrática, Madrid, Alianza, 1983, pp. 234-277. <<

[50] Respuesta del ministro del Interior —BOCG, 19/4/1982— a una interpelación de Gregorio Peces-Barba (PSOE), BOCG, D-768-I, 24/10/1981. <<

[51] Instrucción de la DGS, abril de 1983 —cita tomada de APDHE, Informe anual. Derechos Humanos en España 1985, n.º 8, Madrid, 1985, pp. 71 y ss. <<

[52] LO 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y de las Policías Locales, cap. II: «Principios básicos de actuación». <<

[53] Véase El País, 7-8/11/1979, y la pregunta de Sánchez Montero (PCE), BOCG, E-102-I, 24/11/1979. <<

[54] DSC, 108, IL, 11/9/1980. <<

[55] Código Penal (Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el «Texto revisado de 1963» del Código Penal), art. 8.4.º. <<

[56] Manifiesto redactado por los propios miembros de la policía: El País, 20/10/1976. Para mayor información sobre los incidentes mismos, véase El País, 23-29/9/1976. <<

[57] Doscientos agentes se presentarán en la capital de España para recibir en el aeropuerto a los seis acusados y darles muestras de su solidaridad: El País, 21/10/1976. <<

[58] Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias, Triunfo, 2/10/1976. <<

[59] El País, 12/10/1976. <<

[60] AGA, Memoria del Gobierno Civil, Navarra, 1976. <<

[61] DSC, 221, IL, 11/3/1982, pp. 12961-12969. El origen del debate se debe a cuatro preguntas realizadas al gobierno por el grupo andaluz de Rojas-Marcos, el Partido Comunista, el PNV y el diputado Bandrés, de EE. <<

[62] Véase El País, 22-27/10/1981, junto con la interpelación de Bandrés (EE), BOCG, D-778-I, 17/11/1981. <<

[63] Como la muerte de Juan Carlos Delgado de Códex, ocurrida en abril de 1979 a manos de los hombres de la brigada de Conesa mientras otros servicios policiales le seguían la pista, que dio lugar a una pregunta socialista al gobierno —BOCG, F-9-I, 9/5/1979. <<

[64] El 17 de junio de 1981, cuatro miembros de los GRAPO resultan muertos en la provincia de Gerona. Dos fallecen en un tiroteo que estalla en medio de un cuartel de la Guardia Civil, y los otros dos morirán pocas horas más tarde en los alrededores. El País, 18/6/1981. <<

[65] Véase El País 12-13/1/1978, junto con Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, cit., pp. 139-144. <<

[66] Véase por ejemplo, Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., pp. 332-339. <<

[67] Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 275-277. <<

[68] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 147. <<

[69] La Inspección General de la Policía Armada sanciona los hechos destituyendo a los comandantes de Pamplona y de San Sebastián, así como al capitán que se hallaba al mando de las fuerzas de Rentería —El País, 13-15/7/1978. <<

[70] Interpelación socialista en el Congreso de los Diputados, BOCG, D-453-I, 19/9/1980. Véase también El País, 26/8/1980. <<

[71] Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, artículo 1, adoptado unánimemente por la Asamblea General de la ONU en su resolución 3452 del 9/12/1975 —cita tomada de Amnistía Internacional, Informe 1979, cit., p. 207. <<

[72] Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), París, Gallimard, 2001, p. 64. <<

[73] A día de hoy no existe ningún estudio académico sobre esta materia, aunque se desarrollarán en los últimos años investigaciones tales como el informe, ya citado en el prólogo, promovido por el Instituto Vasco de Criminología (Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego, Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2013), Instituto Vasco de Criminología —por encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco—, 2016). <<

[74] Eva Forest, Diez años de tortura y democracia, Hondarribia, Gestoras Pro Amnistía de Euzkadi, 1987; Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, cit.; Miguel Castells Arteche, et al., Democracia sí, no, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1978; Iñaki Muñagorri, et al., Represión, tortura y Gobierno PSOE, Madrid, Revolución, 1984; Gestoras pro-amnistía, Euskadi 1977-1987. Diez años de represión, cit.; Punto y Hora de Euskal Herria, n.º 151, 15-22/11/1979; n.º 202, 20-27/11/1980; y número extraordinario de julio de 1983. <<

[75] Cita de Lorenzo Olarte Cullen (UCD), DSC, 179, IL, 23/6/1981, pp. 10735-10737. <<

[76] Respuesta del gobierno español al informe de Amnistía Internacional correspondiente a 1983, en el que se denuncia la práctica de torturas o malos tratos en España, firmada por José Barrionuevo Peña, ministro del Interior, con fecha de 29 de noviembre de 1984, en Amnistía Internacional, España: la cuestión de la tortura. Documentos intercambiados entre Amnistía Internacional y el Gobierno de España, Londres, Amnesty International, 1985, pp. 31-32. <<

[77] De este modo, en el periodo que va de abril de 1983 a octubre de 1984, el número de denuncias por torturas pasa de 219 a 136 si solo se tienen en cuenta las que han sido efectivamente planteadas ante el juez —ibid., p. 32. <<

[78] La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) es una organización para la defensa de los derechos humanos creada en Madrid en 1976 y legalizada en 1977. La institución publicará su primer boletín en junio de ese mismo año. A partir de 1982 comenzará a publicar informes anuales sobre las violaciones de los derechos humanos en España. En cuanto a Amnistía Internacional, el año 1972 es la fecha en la que la organización lanza su campaña de denuncia de la tortura. Esta entidad publica anualmente un informe en el que se refieren todas las violaciones de los derechos humanos registradas, en particular en el caso de los presos y detenidos. Durante el periodo que nos ocupa, Amnistía Internacional enviará dos comisiones a España con el fin de investigar la realidad de la tortura: la primera tendrá lugar en 1975 y la segunda en 1979. <<

[79] Entrevista de la autora, 2006. <<

[80] Para la situación reinante en el franquismo, véase Alberto Gómez Roda, «La tortura en España bajo el franquismo», Pasajes, n.º 17 (2005), pp. 49-67. <<

[81] Ibid. <<

[82] Amnesty International, «Espagne», en Rapport sur la torture, París, Gallimard, 1974, pp. 179-182. <<

[83] Ibid. En octubre de 1963, un centenar de intelectuales enviaron una carta a Manuel Fraga, por entonces ministro de Información y Turismo, para denunciar las torturas infligidas a los mineros asturianos. A partir de ese momento, este tipo de protestas adquirirán carácter recurrente: en 1969, más de mil intelectuales enviarán al ministro de la Gobernación un expediente con los testimonios de cerca de treinta víctimas; en 1971 serán unos abogados madrileños los que alcen su voz contra los malos tratos sufridos por un grupo de estudiantes detenidos durante un estado de excepción, apoyados más tarde por algunos miembros de la jerarquía católica; en junio de 1973, varios centenares de médicos, universitarios y abogados reclamarán la apertura de una investigación pública sobre las torturas, etcétera. <<

[84] Amnesty International, Report of an Amnesty International mission to Spain, July 1975, cit. <<

[85] Alejandro Diz, La sombra del FRAP, cit., pp. 76-77. <<

[86] Se trata de un asunto que conocemos en detalle gracias a la obra monográfica que le dedicará Juan José Gallardo Romero, Contribución a la historia de Santa Coloma de Gramenet: «el caso Téllez», el primer caso de torturas en Cataluña bajo la monarquía de Juan Carlos I, Barcelona, C. Bayo, 1996. <<

[87] Cambio 16, n.º 215, 19/1/1976. Las fotos dan la vuelta al mundo, ya que las difundirán, entre otros, el periódico L’Humanité, y las televisiones holandesa y danesa. Véase Juan José Gallardo Romero, Contribución a la historia de Santa Coloma de Gramenet: «el caso Téllez», el primer caso de torturas en Cataluña bajo la monarquía de Juan Carlos I, cit. <<

[88] Cambio 16, n.º 231, 10/5/1976. Otro tanto hará la revista en lengua vasca Zeruko Argia, 30/4/1976. Esta última será retirada de los quioscos a causa de la difusión de la imagen —pese a que el juez de Pamplona se negará a firmar la orden de secuestro de la publicación. <<

[89] Cambio 16, n.º 232, 17/5/1976. <<

[90] Cambio 16, n.º 233, 24/5/1976. <<

[91] Ibid. <<

[92] Cambio 16, n.º 234, 31/5/1976. <<

[93] Matute será condenado a cinco meses de cárcel y a seis años de exilio lejos de Tenerife, así como al pago de una multa de setenta y cinco mil pesetas. Véase Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 223-225. <<

[94] Se trata de Antonio González Ramos, fallecido el 31 de octubre de 1975 como consecuencia de los golpes recibidos durante su interrogatorio. <<

[95] En el primero de esos juicios, dos funcionarios de la Brigada Político-Social de Barcelona tendrán que responder de las imputaciones que les acusan de haber torturado a Mercedes Muñoz, una joven de veinte años detenida en diciembre de 1975 por pegar carteles. Los policías serán condenados a cuatro días de arresto y al pago de dos mil pesetas en concepto de indemnización, cuantía verdaderamente pobre, como señalará un lector de El País al contrastar esta «reparación» con las quince mil pesetas de fianza que se solían exigir por un delito de propaganda ilegal —El País, 18/12/1976—. En el segundo proceso se verán involucrados cuatro policías acusados de haber infligido malos tratos en la comisaría de policía de Barcelona a dos personas sobre las que pesaba la sospecha de pertenecer al grupo revolucionario Bandera Roja. A la entrada del tribunal, un centenar de personas, entre las que se encontraban numerosos policías de paisano, abuchearon y golpearon a los periodistas y los manifestantes allí presentes, impidiéndoles entrar en la sala de audiencias. En el interior también se produjeron incidentes, dirigiéndose gritos de «¡Asesinos!» a las víctimas e insultos a los abogados. El veredicto condenará a dos de los policías a doce días de arresto. Estos incidentes suscitarán la viva reprobación de la prensa catalana, así como la desaprobación de los colegios de abogados. Véase El País de los días 29/10/1976 al 30/11/1976. <<

[96] Triunfo, 12/6/1976. <<

[97] Cita tomada de Cambio 16, n.º 238, 14/6/1976. <<

[98] Triunfo, 12/6/1976. <<

[99] Ibid. <<

[100] Cuadernos para el Diálogo, n.º 162, 5/6/1976. <<

[101] Cambio 16, n.º 233, 24/5/76. Podemos poner un ejemplo más: los obispos de San Sebastián consideran que «la represión […] se ha endurecido hasta el punto de que los malos tratos y diversas formas de tortura llegan a ser considerados medio legítimo para la obtención de informaciones o la confesión de acciones delictivas» —Documento del episcopado de San Sebastián dirigido a los sacerdotes de la diócesis, Triunfo, 2/6/1976. <<

[102] Los informes de Amnistía Internacional dan fe de que en este empuje de las denuncias las torturas se mezclan con «el continuo uso de métodos violentos, brutales y gratuitos por parte de la policía, para controlar a grandes concentraciones de gente, ignorando a menudo el comportamiento o el ánimo de esas masas», sumándose asimismo a las detenciones masivas, al escaso alcance de la amnistía de julio de 1976 y a las leyes de excepcionalidad que se reforzarán en enero de 1977: Amnistía Internacional, Informe 1977, cit., pp. 207-211. De este modo se exigirán, en confusa mezcolanza, tanto la supresión de la Brigada Político-Social como la abolición del Tribunal de Orden Público, la limitación de las prerrogativas de la jurisdicción militar, la derogación de las leyes de excepción o la depuración de las Fuerzas del Orden Público. <<

[103] Antes de ser nombrado ministro de la Gobernación en el gobierno de Carlos Arias Navarro, Fraga había ejercido el cargo de embajador en Londres. Durante su mandato había inundado los círculos diplomáticos de sus proyectos de reforma, llegando a influir incluso en los dirigentes de Amnistía Internacional, cuya sede se encuentra en la capital británica. Allan Grounds, integrado en la sección británica de la organización, lamentará más tarde haber confiado «en el talante liberal del señor Fraga Iribarne y el interés personal que demostró sobre el tema durante su estancia como embajador en Londres» —Cambio 16, n.º 233, 24/5/1976. <<

[104] Amnistía Internacional, Informe 1977, cit., pp. 207-211. <<

[105] «Parece ser que ahora es menos probable, aunque no imposible, que eso le suceda a cualquiera. Pero lo que es seguro es que estos métodos se utilizan actualmente de forma más concreta contra personas pertenecientes a grupos situados a la izquierda del espectro político español, concretamente comunistas, izquierdistas revolucionarios y nacionalistas»: entrevista a Allan Grounds, de la sección británica de Amnistía Internacional, Cambio 16, n.º 233, 24/5/1976. <<

[106] Amnistía Internacional, Informe 1977, cit., pp. 207-211. <<

[107] Santiago Aroca, Mundo Obrero, 5-11/12/1980. <<

[108] Amnistía Internacional, Informe 1978, cit., pp. 237-240. <<

[109] Véase supra el gráfico 22. <<

[110] Amnistía Internacional, Informe 1977, cit., pp. 207-211. <<

[111] Real Decreto 2614/76. <<

[112] Conviene recordar las circunstancias de su muerte: el anarquista Agustín Rueda recibió una paliza mortal el día 13 de marzo, tras realizar una tentativa de evasión. Quienes le propinaron los golpes fueron doce funcionarios de Carabanchel —bajo la aquiescente mirada del director de la penitenciaría, de los dos médicos de servicio y del capellán—. La agonía del detenido se prolonga por espacio de diez horas sin que se le proporcione la más mínima ayuda médica, pese a sus constantes lamentos y sus llamadas de auxilio. Fallece en la mañana del día 14. <<

[113] DSS, 13, LC, 18/11/1977, pp. 444-455. <<

[114] Véase Joan Zambrana, La alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979, cit., pp. 174-176. <<

[115] Entrevista de la autora, 2006. <<

[116] La revista Cambio 16 consagrará su portada a este acontecimiento, enmarcado bajo el titular: La policía política se desp.i.d.e. —recurriendo a un juego de palabras que alude a las siglas de la institución portuguesa equivalente a la Brigada Político-Social (Cambio 16, n.º 257, 8/11/1976). <<

[117] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16/11/1966, ratificado por España el 24/4/1977. Véase Vicente Grima Lizandra, Los delitos de tortura y de tratos degradantes por funcionarios públicos, Valencia, Tirant lo Blanch — Universitat de València, 1998. <<

[118] Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4/11/1950, ratificado por España el 4/10/1979. <<

[119] Ley 31/1978 de 17 de julio de modificación del Código Penal para tipificar el delito de tortura, art. 204 bis. <<

[120] La proposición de ley se presentó ya en el mes de septiembre de 1977. <<

[121] Ruiz Mendoza (PSOE), DSC, 34, Comisión de Justicia, LC, 13/12/1977, p. 1268. <<

[122] DSC, 34, Comisión de Justicia, LC, 13/12/1977, pp. 1269-1270; DSC, 5, LC, 19/1/1978, p. 164. <<

[123] DSC, 94, LC, 21/6/1978, pp. 3545-3549. El Congreso aprobará con 285 votos a favor y cuatro abstenciones el texto modificado por la Comisión de Justicia. Más tarde, el Senado lo aprobará a su vez sin introducir ninguna modificación y por unanimidad absoluta (con 186 votos favorables, sin papeletas en contra ni abstenciones). Véase también el estudio de José Luis de la Cuesta Arzamendi, El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico y estructura típica del art. 204 bis del Código Penal, cit. <<

[124] Véase por ejemplo, María José Rodríguez Mesa, Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, Granada, Comares, 2000, pp. 117-172. <<

[125] Jesús Barquín Sanz, Los delitos de tortura y tratos inhumanos o degradantes, Madrid, Instituto de Criminología — EDERSA, 1992. <<

[126] LO 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria, art. 6. <<

[127] Real decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el reglamento penitenciario, art. 5.1: «Ningún preso será sometido a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas». <<

[128] Orden de 30 de septiembre de 1981 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 1981 sobre principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principios 4, 7 y 9. <<

[129] LO 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y de las Policías Locales, art. 5. 3.º, b) y art. 27. 3.º, c). <<

[130] Código Deontológico del Reglamento de la Policía Autónoma del País Vasco, Boletín Oficial del País Vasco, 69, 21/5/1983, art. 5. Citado por José Luis de la Cuesta Arzamendi, El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico y estructura típica del art. 204 bis del Código Penal, cit., p. 74. <<

[131] Conclusión a la que se llegará tras la labor de dos médicos daneses y un universitario alemán, especialista en derecho penal, que recabaron información entrevistándose con catorce víctimas. Amnistía Internacional, Informe 1980 e Informe 1981. <<

[132] Reconociendo la democratización de España, el gobierno francés anulará el día 30 de enero de 1979 el asilo que se había otorgado hasta entonces a todos los ciudadanos españoles, reconsiderándose caso por caso todos los expedientes. Una vez adoptada esa decisión, la policía francesa realiza una redada que se saldará con cerca de treinta detenciones entre los refugiados vascos, poniéndose directamente en manos de la policía española a siete de los arrestados. Esta medida sin precedentes suscitará vivas reacciones entre los vascos, que de ese modo ven amenazado su «santuario» francés. Para mayor información sobre las relaciones que mantienen Francia y España en torno a la cuestión vasca, véase Sagrario Morán Blanco, ETA, entre España y Francia. La cooperación hispano-francesa en la lucha contra ETA, Madrid, Universidad Complutense, 1997; y Gilles Ménage, L’œil du pouvoir. Face aux terrorismes, 1981-1986: Action directe, Corse, Pays basque, París, Fayard, 2000. <<

[133] El País, 14-21/2/1979. En su informe de 1979, Amnistía Internacional refiere asimismo los suplicios sufridos por los miembros de HB, en particular por los hermanos Ginés, que afirman haber sido suspendidos de una barra de hierro y recibido golpes en todo el cuerpo. Al final no prosperó ninguno de los cargos que la Audiencia Nacional había hecho pesar sobre ellos. Amnistía Internacional, Informe 1979, cit., pp. 147-149. <<

[134] Habrá que esperar hasta el año 1981 para asistir a la inculpación de doce funcionarios. El director de la prisión, Santiago Martínez Motos, que había puesto toda clase de obstáculos a la justicia, queda suspendido de sus funciones. Será acusado en 1982, y por otra parte se renovarán también las dos terceras partes del personal de la cárcel. Véase El País, septiembre-diciembre de 1979. <<

[135] Eva Forest, «La tortura: ¿un show?», Punto y Hora de Euskal Herria, n.º 151, 15-22/11/1979. Eva Forest fue una intelectual militante, casada con el escritor Alfonso Sastre. En septiembre de 1974 había sido detenida al sospechar la policía que había colaborado con ETA en el atentado contra Carrero Blanco. Tras el arresto, pasará tres años en la cárcel, hasta ser puesta en libertad en junio de 1977, sin haber sido sometida a juicio en ningún momento. Próxima al nacionalismo abertzale, Forest se dedicará con gran ahínco a denunciar las condiciones de opresión del pueblo vasco, sobre todo en las cárceles, militando activamente en favor de los derechos humanos. <<

[136] Para saber más acerca del este asunto, véase El País, 2-8/11/1979. <<

[137] Punto y Hora de Euskal Herria, n.º 151, 15-22/11/1979. <<

[138] Ibid. <<

[139] Ibid. <<

[140] El País, 6-10/11/1979. <<

[141] La solicitud es aceptada en sesión plenaria en diciembre, sin debate —DSC, 52, IL, 12/12/1979, pp. 3471-3472—. Véase también la pregunta que formula Gregorio Peces-Barba (PSOE) sobre la situación de los presos vascos: BOCG, F-380-I, 7/12/1979. <<

[142] Mundo Obrero, 5-11/12/1980. <<

[143] Transcurrido un año desde su creación, la comisión será disuelta sin emitir conclusión alguna, y es posteriormente transformada en una comisión de encuesta sobre los derechos humanos —DSC, 118, IL, 14/10/1980, p. 7515—, disuelta a su vez en agosto de 1982 tras haber sufrido una nueva modificación en marzo. El PNV y EE acusarán a UCD de haber obstaculizado los trabajos de la Comisión —DSC, 142, IL, 17/2/1981 (véanse las páginas 9098 a 9125 para saber más acerca de la muerte de José Ignacio Arregui). <<

[144] Egin, 7/12/1980, citado por Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, cit., p. 30. <<

[145] Santiago Aroca, Mundo Obrero, 5-11/12/1980. <<

[146] Esta situación llevará a Gonzalo Martínez-Fresneda a afirmar que «nadie levantó la voz» por la muerte de José España. Véase Gonzalo Martínez Fresneda, «La ordenanza nueva de la tortura», en Fernando Savater y Gonzalo Martínez Fresneda, Teoría y presencia de la tortura en España, Barcelona, Anagrama, 1982, pp. 35-75. Véase también el correspondiente debate parlamentario en DSC, 108, IL, 11/9/1980, pp. 7044-7052, en el que se da curso a las preguntas planteadas por los grupos socialista —E-365-I, BOCG, E-365-I, 26/9/1980— y comunista —BOCG, E-364-I, 26/9/1980. <<

[147] Rosón no aceptará entrevistarse con el presidente de Amnistía Internacional hasta octubre de 1981, tras el escándalo de los casos Arregui y Almería. <<

[148] La confesión de Rosón se producirá tras una pregunta de José Bono Martínez (PSOE). El día 14 de diciembre, José Bono había sido testigo, a la salida de una sesión parlamentaria, de la paliza que se estaba propinando, en el vestíbulo del edificio de la Dirección General de Seguridad, a dos jóvenes detenidos. Véase BOCG, E-128, 15/1/1980 y DSC, 126, IL, 30/10/1980, pp. 7908-7912. <<

[149] Para mayor información sobre el caso Arregui, véase El País, 14-18/2/1981; Gonzalo Martínez Fresneda, «La ordenanza nueva de la tortura», cit., pp. 62-64; y Amnistía Internacional, Informe 1981, cit., pp. 239-242. <<

[150] Véanse las interpelaciones de los grupos socialista —BOCG, D-591-I, 10/3/1981—; el grupo socialista vasco —D-597-I—; del PNV —BOCG, D-595-I, 13/3/1981—; de EE —BOCG, D-596-I, 13/3/1981—; de la minoría catalana —BOCG, D-598-I, 16/3/1981—; del PCE —BOCG, E-570-I, 12/3/1981—; y del grupo andaluz —BOCG, E-574-I, 12/3/1981—. Todas estas preguntas dirigidas al gobierno se debatirán en DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9098-9125. <<

[151] DSC, 144, IL, 19/2/1981, pp. 9205-9206. <<

[152] DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9098-9105. <<

[153] Ibid., p. 9121. <<

[154] La Audiencia Nacional absolverá posteriormente a dos de los inspectores imputados —sentencia 429 del 2 de diciembre de 1983, confirmada por la sentencia 255 del 13 de diciembre de 1985—. Véase Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), cit., pp. 224-231. <<

[155] Rosón, según cita tomada de El País, 17/5/1981. <<

[156] Para mayor información sobre el caso Almería, véase Eduardo Pons Prades, Crónica negra de la transición española (1976-1985), Barcelona, Plaza & Janés, 1987, pp. 172-186; junto con Gonzalo Martínez Fresneda, «La ordenanza nueva de la tortura», en Fernando Savater y Gonzalo Martínez Fresneda, Teoría y presencia de la tortura en España, cit., p. 67; y El País, a partir del 12/5/1981. <<

[157] El gobierno llegará incluso a censurar el programa de radio —«Tertulias del Sur»— que Radio 3 tenía previsto consagrar a la muerte de los jóvenes de Almería. APDHE, Los Derechos Humanos en España. Informe 1982, cit. <<

[158] Las preguntas planteadas al gobierno se realizaron el 12 de mayo, pero no fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes sino un mes más tarde: BOCG, 11/6/1981; preguntas del PSOE: E-660-I; del PCE: E-661-I; del grupo andaluz: F-2038-I; y de EE: BOCG, E-857-I, 21/5/1981. <<

[159] El gobierno proporcionará la información que se le reclama el día 21 de mayo, pero amparado bajo el secreto de la Comisión de Interior. Rosón rechaza toda posible eventualidad de malos tratos. Sesión de la Comisión de Interior, 21/5/1981, sin retranscripción. Véase el resumen de la sesión en Archivo del Congreso de los Diputados, serie general, 3487, 22. <<

[160] El PSOE se niega a respaldar la petición del PCE, que exige abrir una investigación parlamentaria sobre la cuestión —BOCG, D-694-I, 16/6/1981. <<

[161] Véanse los informes de Amnistía Internacional correspondientes a los años 1978 a 1980. <<

[162] Marcos Vizcaya Retana, diputado del PNV, DSC, 10, IL, 23/9/1979, pp. 398-403. <<

[163] DSC, 179, IL, 23/6/1981, pp. 10731-10735. <<

[164] De este modo, para el nacionalista radical canario Fernando Sagaseta, «en una Constitución en la que se proclama que el detenido no tiene obligación alguna de declarar […], no hay nadie aquí que me pueda sostener que se detiene diez días a una persona determinada para persuadirla de que hable sin recurrir a actos que todos reprobamos», DSC, 125, IL, 29/10/1980, pp. 7857-7861. <<

[165] El País, 6/11/1979. Bandrés volverá a abordar en el Congreso esta observación de Meliá, secretario de Estado de Información: DSC, 57, IL, 20/12/1979, p. 3912. <<

[166] Para el socialista Peces-Barba, el problema de la tortura no reside en la ley misma, sino en el hecho de que los funcionarios de policía la apliquen de forma «torcida» —DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9098-9101. <<

[167] Peces-Barba (PSOE), DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9098-9101. <<

[168] Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9122-9123. <<

[169] Respuesta del gobierno a una pregunta del PSOE, BOCG, F-1432-I, 13/1/1982. La respuesta escrita puede encontrarse en el BOCG, 10/2/1982. <<

[170] Cita tomada de Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, Madrid, Temas de Hoy, 2004, p. 238. <<

[171] El País, 21/6/1982. <<

[172] DSC, 142, IL, 17/2/1981, p. 9101. <<

[173] Según Lorenzo Castro Moral, la policía siguió la pista de los vehículos que habían utilizado los GRAPO hasta conseguir detener a un miembro del comando local de Madrid y descubrir el apartamento que les servía de centro de operaciones. Conseguido esto, se producirá una larga serie de detenciones en cadena, hasta lograr identificar el lugar en el que se hallaban ocultos los secuestrados. Véase Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 183-217. <<

[174] Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 213 y ss. <<

[175] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., pp. 85-98. <<

[176] Véase por ejemplo, Cambio 16, n.º 395, 1/7/1979, en cuya portada puede verse —a modo de retrato robot— la imagen de un policía empuñando un revólver bajo el siguiente rótulo: «¿Quién es Billy el Niño?». <<

[177] Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., p. 209. <<

[178] Óscar Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, cit., pp. 100 y ss. <<

[179] DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9101-9103. <<

[180] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., pp. 143 y 156. <<

[181] Las recomendaciones de la asociación Justicia Democrática contra la tortura, adoptadas en enero de 1977, ya incluían la asistencia obligatoria de un abogado —incluso en los interrogatorios—, la visita efectiva y frecuente de los jueces a las prisiones, la creación de una Policía Judicial orgánicamente dependiente de la judicatura, el control judicial de la ejecución de la pena a fin de verificar que no dé lugar a ninguna violación de los derechos humanos, la supresión de las celdas de aislamiento, etcétera. Véase Jesús Vicente Chamorro, «La tortura, aspectos legales», en Josep Corominas y Josep Maria Farré (comps.), Contra la tortura, Barcelona, Fontanella, 1978, pp. 229-241; y Justicia Democrática, Los jueces contra la dictadura (justicia y política en el franquismo), Madrid, Tucar, 1978. <<

[182] En marzo de 1983, por ejemplo, la Audiencia Nacional de Bilbao declara a dos funcionarios de la Policía Nacional culpables de las torturas y amenazas sufridas por Xavier Onaindía, detenido en 1979 en aplicación de la ley antiterrorista. Se les condena a diez meses de cárcel y se les suspende de sus funciones por espacio de diez años. Véase Amnistía Internacional, Informe 1984, pp. 278-282. <<

[183] Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., pp. 122-123. <<

[184] Punto y Hora de Euskal Herria, «Cuadernos Monográﬁcos», julio de 1983. <<

[185] Rosa Olivares, «La tortura en el primer año de Gobierno», en Iñaki Muñagorri et al., Represión, tortura y Gobierno PSOE, Madrid, Revolución, 1984, pp. 151-164. <<

[1] Estos porcentajes se han calculado incluyendo los datos que presentan los Boletines Informativos de la policía (AGA, BI, 11/1/1977-31/7/1977), dado que las informaciones que conciernen a los arrestos proceden de esa fuente. <<

[2] Las cifras exactas de los índices de resolución de los atentados de extrema derecha son los siguientes: 10 % en 1977, 9 % en 1978, 55 % en 1979, 81 % en 1980 y 75 % en los primeros meses de 1981 (de enero a abril). Estos datos salen de las informaciones proporcionadas por el ministro del Interior Rosón en abril de 1981 (DSC n.º 159, IL, 9/4/1981, p. 9832). <<

[3] Diario de Barcelona, 25/11/1976. <<

[4] El País, 10/10/1976. <<

[5] Santiago Carrillo (PCE), DSC, 43, LC, 23/12/1977, p. 1614. <<

[6] El País, 12-22/10/1976. <<

[7] Entre ellos cerca de quince de extranjeros, de los cuales siete son argentinos, empezando por Jorge Cesarsky, quien lleva diez años refugiado en España y defiende una ideología próxima a la del dirigente de Fuerza Nueva. Cesarsky es imputado, pero el autor material de los hechos, José Ignacio Fernández Guaza, miembro de la escolta de Blas Piñar, conseguirá escapar a Francia. <<

[8] «Ninguno de los implicados en el atentado de la calle Atocha es, ni ha sido, militante de nuestro movimiento político», afirma el comunicado que Fuerza Nueva difundirá ese mismo día: AGA, BI, 15/3/1977. <<

[9] Entrevista de la autora, 2006. <<

[10] Documento citado en Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, cit., pp. 308-311. <<

[11] DSC, 133, LC, 8/11/1978, p. 5287. <<

[12] El reglamento asociado con la concesión de licencias de armas de fuego se remonta al 27 de diciembre de 1944. Dicha normativa determina fundamentalmente que puede concederse el uso de armas a todos los dirigentes de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista —El País, 1-2/2/1977. <<

[13] El País, 25/11/1976. <<

[14] Así como existen expedientes relacionados con el PCE(m-l) o los GRAPO, en los archivos del Gobierno Civil de Madrid, hay también sumarios sobre Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, la Comunión Tradicionalista, el CEDADE, etcétera. Se elaboran y conservan asimismo informes sobre todos los «20-N», igual que se hace sobre todos los «14 de abril» —AGA, GCM. <<

[15] Orden de 8 de junio de 1978, por la que se regula la asistencia a reuniones y manifestaciones. <<

[16] CE, art. 22.5.º. <<

[17] Real decreto 2749/1978, de 24 de noviembre, sobre utilización de la bandera nacional. Una ley retomará estas mismas disposiciones en 1982 —ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas—. El objetivo consiste también en modificar la imagen de la bandera española, que, pese a no incluir ya el águila franquista, sigue identificándose con las manifestaciones del régimen anterior. Mediante estas disposiciones se procura que la bandera se convierta en patrimonio de todos y en símbolo de la reconciliación nacional. <<

[18] AGA, GCM, 111/362 «20-N 1978», nota del Gobierno Civil, 9444, 23/11/1978. <<

[19] AGA, GCM, 111/363 «20-N 1979», nota del Gobierno Civil, 9295, 16/11/1979. Los partidos que cuentan con protección son: PSOE, UCD, MCE/OIC, Partido Liberal Progresista, AP, PSE, Acción Ciudadana Liberal, FET de las JONS (Auténtica), Democracia Cristiana, ORT y CNT, a cuyas sedes se añadirán también los locales del PCE, de los sindicatos (CC. OO., UGT, USO) e incluso el periódico comunista Mundo Obrero. <<

[20] El País, 10/6/1978. <<

[21] El País, 9/3, 8/4, 23-26/5, 16/9/1978. <<

[22] Interpelación del PSC al gobierno, BOCG, D-169-I, 25/10/1979, abordada en sesión plenaria —DSC, 44, IL, 15/11/1979, pp. 2793-2798. <<

[23] Emilio Rodríguez Román, El País, 16/10/1976. <<

[24] «Informe que emite el Coronel jefe de la primera circunscripción de las Fuerzas de Policía Armada, sobre el desarrollo del acto de afirmación nacional que fue solicitado por el presidente de Fuerza Nueva y autorizado por la autoridad civil, desarrollándose en la plaza de toros de las Ventas el día 17 de julio de 1978», 18/7/1978 —AGA, GCM, 111/364 «18/7/1978». <<

[25] Carta del comisario de policía de Buenavista al Jefe Superior de Policía de Madrid —AGA, GCM, 111/364 «18/7/1978». <<

[26] DSC, 43, LC, 23/12/1977, pp. 1601-1602 y DSC, 97, comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife, LC, 27/6/1978, p. 3615. <<

[27] Un ejemplo de ello es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 1980, por la que se confirma la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional fechada el 21 de septiembre de 1978 contra tres miembros de la extrema derecha acusados del lanzamiento de varios cócteles molotov contra la sede del Partido Comunista de Murcia. La justicia considera que los imputados actuaron «como represalia y por razones políticas, utilizando además sustancias inflamables o explosivas, capaces de producir por sí mismas graves daños […], y todo ello con la intención de perjudicar a un partido político determinado» —Sentencia TS, 1525, 17/3/1980. <<

[28] AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/08921-42/08923 «Carlistas». <<

[29] El País, 22/4/1978. <<

[30] El País, 25/4/1979 (el editorial lleva por título «Las vacaciones de un criminal»), 26/4/1979, 4-5/5/1979. La entrevista del periodista Alfredo Semprún a Fernando Lerdo de Tejada en Perpiñán levantará una gran polvareda. Véase también la pregunta que dirige el PCE al gobierno en relación con la evasión del imputado: BOCG, D-30-I, 26/4/1979, contemplada en DSC, 9, IL, 16/5/1979 pp. 365-377. <<

[31] Para el diputado socialista que interviene en los debates, «existen pasividades, en el mejor de los casos y complicidades, en el peor, en el aparato del Estado, que deben aclararse, y cuya expresión como iceberg que enseña la punta de lo que hay debajo»: DSC, 10, IL, 23/5/1979, pp. 394-398, 422-426, 411. <<

[32] El 19 de enero se produce una explosión en el bar Aldana, de Baracaldo, dejando tras de sí cuatro muertos y diez heridos. El 2 de febrero, el Batallón Vasco-Español asesina en Éibar a Jesús María Zubicaray, militante de Euskadiko Ezkerra, y reivindica la muerte de Yolanda González en Madrid —aunque en realidad sus asesinos eran miembros de Fuerza Nueva—. Y el 10 de febrero, otros integrantes de Fuerza Nueva atentan mortalmente contra Vicente Cuervo en Madrid. <<

[33] DSC, 71, IL, 6/3/1980, pp. 4712-4715. <<

[34] Felipe Alcaraz Masats (PCE), DSC, 16, Comisión de Interior, IL, 26/3/1980. <<

[35] Jesús García y Alfredo Ramos Vázquez, asesinados en enero de 1980. <<

[36] Audiencia Nacional, sentencia del 17/11/1981. Para un resumen del caso, véase El País, 18/12/1980, así como la sentencia del TS, 586, 29/1/1983, que confirmará, tras la apelación, la sentencia inicial. <<

[37] Alejandro Rojas-Marcos (Grupo Andalucista), DSC, 57, IL, 20/12/1979, pp. 3904-3906. <<

[38] Pregunta del PSOE, BOCG, E-718-I, 9/9/1981. <<

[39] Se plantearán ante el Congreso nada menos que cinco preguntas, y la oposición exigirá que se añadan sanciones penales a las medidas administrativas. Tres de esas preguntas saldrán de las filas del PCE —BOCG, E-774-I; E-780-I, 15/12/1981; y BOCG, F-2699-I, 12/1/1982— y otras dos de las del PSOE —BOCG, E-778-I; y E-786-I, 15/12/1981. <<

[40] Pregunta del PSOE, BOCG, E-718-I, 9/9/1981. Véase también, por ejemplo, la pregunta que plantea José Acosta Cubero (PSOE) en 1979 sobre la multiplicación de las acciones violentas sufridas en los barrios de Malasaña y Buenavista desde la instalación de la sede de Fuerza Nueva en la calle Mejía Lequerica, DSC, 16, Comisión de Interior, IL, 26/3/1980. <<

[41] La pregunta que acabamos de citar continúa con estas palabras: «Nuestra experiencia nos indica que, cuando interpelamos al Gobierno sobre alguna tropelía de los grupos ultraderechistas, vemos que a los pocos días la prensa da cuenta de investigaciones y detenciones de personas supuestamente implicadas en los hechos que denunciamos. En cambio, cuando no estimamos necesario preguntar al Gobierno sobre hechos de este tipo, nade se comunica y deja la impresión de que tales incidentes quedan en la mayor impunidad» —ibid. <<

[42] DSC, 63, IL, 14/2/1980, pp. 4231-4237. <<

[43] Ibid. <<

[44] Rosón, DSC, 92, IL, 21/5/1980, pp. 6037-6040. <<

[45] Rosón, DSC, 71, IL, 6/3/1980, pp. 4712-4721 y DSC, 16, Comisión de Interior, IL, 26/3/1980. El comisario Merino de la Hoz será sancionado en varias ocasiones durante la transición por haber publicado artículos en periódicos progresistas, sobre todo uno sobre el caso Arregui. <<

[46] Véase la interpelación del PSOE, BOCG, D-562-I, 5/2/1981, junto con la pregunta del PCE, BOCG, E-538-I, 10/2/1981. <<

[47] El País, 9, 20, 23, 27/1/1981. <<

[48] Respuesta de Rosón a una pregunta del PSE-PSOE (BOCG, D-503-I, 22/11/1980), en sesión plenaria, DSC, 165, IL, 30/4/1981, pp. 10104-10107. <<

[49] El País, 25/7/1981. <<

[50] Información proporcionada por el ministro del Interior en respuesta escrita a una pregunta del PCE, BOCG, E-780-II, F-20, 31/8/1982, p. 1326. <<

[51] El País, 11/7/1981 y 1/7/1982. <<

[52] El País, 10/10/1981. <<

[53] Véanse las preguntas de Blas Piñar en BOCG, F-1900-II, 9/7/1981; y BOCG, E-573-I, 12/3/1981. En mayo, el líder de Fuerza Nueva se indignará también en el Congreso tras prohibir el ayuntamiento de Palma de Mallorca que su partido proceda a una pegada de carteles —BOCG, F-1817-I, 4/5/1981. <<

[54] El País, 10/12/1981. La multa impuesta entonces a Fuerza Nueva por haber colocado ese crespón de luto a la bandera española el día de la Constitución —por un montante de medio millón de pesetas— será posteriormente anulada —El País, 4/4/1982. <<

[55] Preguntas de Sánchez Montero planteadas los días 4 y 12 de febrero de 1981 —BOCG, E-553-I, 24/2/1981; y BOCG, E-559-I, 3/3/1981. <<

[56] Respuesta escrita del ministro del Interior a una pregunta del PSOE —BOCG, E-696-II, F-20, 31/8/1982, p. 1343. <<

[57] BOCG, E-611-I, 7/5/1981. Pregunta abordada en la Comisión de Interior, DSC sin número, Comisión de Interior, IL, 30/4/1981. <<

[58] Entrevista de la autora, 2005. <<

[59] Entrevista de la autora, 2006. <<

[60] La primera y muy notable investigación que contribuyó a hacer estallar el escándalo de los GAL es la que efectuaron unos periodistas de Cambio 16: véase Ricardo Arques y Melchor Miralles, Amedo: el Estado contra ETA, Barcelona, Plaza & Janés — Cambio 16, 1989. <<

[61] Hemos de señalar que, a diferencia de lo que sucedía con la tortura, algunos de los actores que intervinieron en la «guerra sucia» han relatado su experiencia. Para mayor información sobre los GAL, véanse, además de la obra anteriormente citada, las siguientes: Javier García, Los GAL al descubierto. La trama de la «guerra sucia» contra ETA, Madrid, El País — Aguilar, 1988; José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, Madrid, Revolución, 1988; Antonio Rubio y Manuel Cerdán, El caso Interior: GAL, Roldán y fondos reservados, el triángulo negro de un ministerio, Madrid, Temas de Hoy, 1995; e idem, El origen del GAL. Guerra sucia y crimen de Estado, Madrid, Temas de Hoy, 1997; Paddy Woodworth, Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, Barcelona, Crítica, 2002; Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, Barcelona, Ediciones B, 1998; Íñigo Iruin, «GAL: el espejo del Estado», en Merxte Aizpurua et al., El libro negro de Intxaurrondo, Tafalla, Miatzen, 2001, pp. 88-115; José Barrionuevo, 2001 días en Interior, Barcelona, Ediciones B, 1997; Juan Alberto Perote, Confesiones de Perote. Revelaciones de un espía, Barcelona, RBA Libros, 1999; José Amedo, La conspiración. El último atentado de los GAL, Madrid, Espejo de Tinta, 2006. <<

[62] Así lo sostienen por ejemplo Paddy Woodworth, en Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, cit., o Victorino Ruiz de Azúa, «Las manos sucias», en Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquín Prieto (comps.), Memoria de la Transición, Madrid, Taurus, 1996, pp. 579-587. <<

[63] Los asesinados fueron Francisco Javier Martín Eizaguirre y Aurelio Fernández Caro. El jefe del comando que perpetró el atentado habría sido Jean-Pierre Cherid: véase Ricardo Arques y Melchor Miralles, Amedo: el Estado contra ETA, cit., pp. 90-91. <<

[64] Para saber más acerca de las investigaciones y los procesos judiciales vinculados con los GAL, véase la excelente síntesis de Paddy Woodworth, en Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, cit., pp. 165-394. <<

[65] DSC, 472, Comisión de Defensa, V Legislatura, 4/4/1995, p. 14386. <<

[66] En abril de 1981, el Batallón Vasco-Español reivindica un atentado fallido contra el residente vasco Javier Aguirre en París —El País, 25-26/4/1981—. Más tarde, en junio de 1982, reivindicará el asesinato en Estados Unidos de Miguel Ángel Uriagereka, aunque se hable de un suicidio en el curso de su traslado a España. <<

[67] Los únicos procesos judiciales que habrán de desarrollarse en España serán los relativos al juicio de Zabala e Iturbide y al caso de Hendaya —véase más adelante «II. La “guerra sucia” contra el terrorismo», cap. VIII. <<

[68] Militar de carrera, su cargo de Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil —que desempeñará entre 1971 y 1979, pese al incesante cambio de directores generales de la institución— le situará a la vanguardia de la lucha contra la subversión. Su perfil político irá adquiriendo poco a poco características democráticas y será puesto al frente de la Policía Nacional, puesto que le permitirá realizar una incursión en la lucha antiterrorista en calidad de delegado especial del gobierno en el País Vasco (febrero de 1980). Por lo demás, continuará ascendiendo en el escalafón militar, alcanzando el grado de teniente general en enero de 1982, lo que determinará que sea nombrado primero capitán general de la VII Región Militar (Valladolid) y ocupar más tarde ese mismo cargo en la región catalana. Su experiencia en el medio militar, en las fuerzas de seguridad del Estado, en la política del mantenimiento del orden y en la lucha contra el terrorismo le convertirán en un aliado indispensable del nuevo gobierno socialista. De hecho, Narcís Serra, ministro de Defensa, encontrará en él a su mejor consejero, tras lo cual el Ejecutivo socialista le nombrará director general de la Guardia Civil —en noviembre de 1983—. Sus memorias aparecen recogidas en Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit. <<

[69] El País, 16, 25/4, 30/5 y 5/10/1978. <<

[70] El País, 27, 29/2/1980. El guardia civil será expulsado del cuerpo. <<

[71] Guerra se refiere al incidente que afectó al diputado socialista Jaime Blanco en Santander en agosto de 1977. DSC, 8, LC, 14/9/1977, p. 175. <<

[72] Cita tomada de Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit., p. 143. <<

[73] Ibid., p. 144. <<

[74] Para mayor información sobre los comienzos del Servicio Central de Documentación, véase José Ignacio San Martín, Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiún), cit.; Francisco Medina, Las sombras del poder. Los servicios secretos de Carrero a Roldán, cit., pp. 21-43; Antonio M. Díaz Fernández, Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición, cit., pp. 146-160; y Joaquín Bardavío, Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui, Servicios secretos, Barcelona, Plaza & Janés, 2000. <<

[75] El presupuesto en cuestión pasa de las doscientas mil pesetas de 1968 a los diez millones de 1969 y a los 72 de 1973. Véase Antonio M. Díaz Fernández, Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición, cit., p. 149. <<

[76] AGA, GCM, 102/34 «Antiterrorismo ETA (ATE). Carrero Blanco»: panfleto titulado «Los porqués del asesinato de Carrero Blanco», fechado el «20 de diciembre de 1977. IV Aniversario», firmado por ATE. <<

[77] Se había previsto cometer el atentado el 20 de diciembre, pero ese día se dio la circunstancia de que José Miguel Beñarán no abandonó su domicilio. <<

[78] En 2002, el CESID será sustituido por el CNI, es decir, por el Centro Nacional de Inteligencia. <<

[79] Mariano Sánchez Soler, Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, cit., pp. 163 y ss. Véase también Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 171-199. <<

[80] Para saber más acerca de Montejurra, véase Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit., pp. 149-154. El testimonio del propio general también puede encontrarse en Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., pp. 46-49; Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 204-216; Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 126-140; Joaquín Cubero Sánchez, «Montejurra 1976. Un intento de interpretación», en Javier Tusell y Álvaro Soto (comps.), Historia de la transición y consolidación democrática en España, 1975-1986, Madrid, UNED, 1995, t. I, pp. 29-48; Josep Carles Clemente y Carles S. Costa, Montejurra-76, Barcelona, Gaya Ciencia, 1976; y Montejurra 1976-2006, Madrid, Arcos, 2006. <<

[81] Cita tomada de Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., p. 49. Otros opinan que en Montejurra la violencia de la extrema derecha pasó a una nueva fase, ya que en lo sucesivo será más fácil que dirija su agresividad hacia las personas. Ese es justamente el parecer tanto de Ernesto Milá, perteneciente al Frente de la Juventud —véase Xavier Casals i Meseguer, La tentación neofascista en España, cit., pp. 204-216— como del Partido Carlista que, en plena «Semana Negra», sostendrá que «Montejurra-76 fue el inicio de esta escalada [de asesinatos de las bandas fascistas y ultraderechistas]» —Comunicado del Comité Ejecutivo Central del Partido Carlista, Madrid, 25/1/1977, AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/08921-42/08923 «Carlistas». <<

[82] AGA, Gabinete de Enlace, caja 42/08921-42/08923 «Carlistas». <<

[83] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, cit., p. 30. <<

[84] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, cit., p. 47. <<

[85] Los autores Lorenzo Castro y Alfredo Grimaldos entrevistaron en su momento a Espinosa: véase Lorenzo Castro Moral, Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, cit., pp. 213-215, y Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., pp. 89-104. Espinosa también hizo declaraciones en los periódicos, por ejemplo en El País, 12/2/1996. Sobre la «Operación Mallorca», véase también Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., pp. 70-74, y Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit., pp. 200-203. <<

[86] Véase la sentencia de la Audiencia Nacional correspondiente al 14 de julio de 1990, así como la del Tribunal Supremo del 9 de julio de 1992. Alfredo Grimaldos se hace parcialmente eco de estas sentencias en La sombra de Franco en la Transición, cit., p. 101. Otro tanto hacen también José Díaz Herrera e Isabel Durán en Los secretos del poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables, cit., p. 122. <<

[87] En la práctica permanecerán siete años en prisión, ya que pasado ese plazo se les conmuta la pena, siendo puestos en libertad en 1985. <<

[88] Espinosa permanecerá en prisión hasta el año 1995. <<

[89] Sentencia de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, emitida el 14 de julio de 1990: véase Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., p. 102. <<

[90] Según Alfredo Grimaldos, el espía alemán Werner Mauss habría estado detrás de la operación. Las compañías de seguros alemanas le habrían pagado una suculenta cantidad de dinero por evitar que el MPAIAC hiciera explotar artefactos explosivos contra las abundantes empresas alemanas del archipiélago canario —dado que, en caso contrario, se verían obligadas a indemnizar a dichas empresas—. En 1990 será el propio ministro de Justicia de la Baja Sajonia quien acuse formalmente a Werner Mauss. Véase Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., p. 101. <<

[91] Después de esa fecha, Conesa se hallará en busca y captura, ya que se refugiará en Santo Domingo, donde dirigirá los servicios de seguridad de una cadena hotelera, hasta su fallecimiento en 1994. <<

[92] Cita tomada de Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit., p. 103. <<

[93] El País, 24-25/11/1976. <<

[94] El País, 19, 26/11/1976. <<

[95] El País, 8/11/1978. Etxabe hará estas declaraciones al diario francés Sud-Ouest. <<

[96] El País, 22/12/1978. Véanse también los números correspondientes a los días 23 y 26 de diciembre de 1978. Para los especialistas de la «guerra sucia», el asesinato de «Argala» es obra del comando de Jean-Pierre Cherid, perpetrado con ayuda del Servicio Central de Documentación y de los departamentos de inteligencia de la policía —con Conesa al frente, ya que en esa época se encontraba efectuando una misión especial en el País Vasco. <<

[97] El País, 14/1/1979. <<

[98] Entrevista de la autora, 2006. <<

[99] El comunicado aparece citado en una pregunta planteada por los socialistas al gobierno: (PSOE), BOCG, E-163-I, 27/2/1980. <<

[100] El PSOE planteará una pregunta (ibid.) y el PCE otra —BOCG, E-187-I, 7/3/1980—. Las respuestas se abordarán en la Comisión de Interior, el día 9 de abril de 1980. No existe transcripción de esa reunión de la Comisión, pero las actas, que contienen un resumen, pueden consultarse en los archivos del Congreso —serie general, 3487, 11. <<

[101] Ibid. <<

[102] Sánchez Montero elevará en repetidas ocasiones al Congreso las sospechosas irregularidades del procedimiento judicial: BOCG, E-282-I, 30/5/1980; y BOCG, E-550-I, 23/2/1981. Para mayor información sobre el caso de Yolanda González, véase Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), cit., pp. 175-193. <<

[103] Para los especialistas de los GAL se trata de un atentado cometido por el grupo de los hermanos Perret, por encargo del Batallón Vasco-Español. Véase José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., pp. 19-32. Véanse también los periódicos que participan en la pretendida implicación del general: El Periódico (Barcelona), 24 y 29/8/1980; El País, 29/8/1980; Interviú, n.º 224 del 28/8 al 3/9/1980. <<

[104] Los socialistas interpelarán al gobierno sobre el particular: BOCG, F-1074-II, 12/11/1980. <<

[105] Pregunta de Juan María Bandrés, BOCG, D-528-I, 19/12/1980; preguntas orales del PCE, BOCG, E-485-I, 19/12/1980, y del PSOE, BOCG, E-488-I, 22/12/1980; pregunta escrita del PNV, BOCG, F-1368-I, 24/12/1980. Rosón dará explicaciones en la Comisión de Interior el 3 de diciembre de 1980 —pueden consultarse las actas en los archivos del Congreso (serie general, 3487, 18)—. Véase también la respuesta escrita: BOCG, F-1368-II, 4/3/1981. <<

[106] BOCG, E-539-I, 10/2/1981. <<

[107] De este modo, la investigación oficial que dirigirá el comisario Fernández Dopico sobre la presencia de antiguos miembros de la OAS en suelo español concluirá que su número es muy reducido y que ninguno de ellos tiene la más mínima relación con el Estado español. Rosón afirmará incluso que «bajo ningún concepto toleraría el gobierno español» que los servicios de información perpetraran actos terroristas, como tampoco admitiría ningún tipo de «connivencia, por mínima que fuera, entre miembros de servicios policiales y las actuaciones del mencionado Batallón Vasco-Español» —respuesta escrita a una pregunta del PNV, BOCG, F-1368-II, 4/3/1981. <<

[108] Carlos Solchaga Catalán (PSE-PSOE), DSC, 142, IL, 17/2/1981, pp. 9105-9107. <<

[109] El País, 9-13/12/1980. Los cuatro acusados son Maxime Szornek, Henri Bergés, Jean-Claude Ruiz (argelino) y Marc Obadía (marroquí), a los que se considera proxenetas afincados en el entorno de Burdeos. La policía encontró en el coche de uno de ellos armas de fabricación española y una lista de etarras refugiados en Francia. Bergés será condenado a siete años de cárcel y los demás a quince. Además, la sentencia les declarará culpables del delito de asociación criminal. Según el comisario Bardon, de la policía judicial de Burdeos, los acusados no son más que «la punta visible del iceberg, la más pequeña». <<

[110] El País, 24 y 26/11/1982. Ballesteros no se presentará a ninguna de las citaciones de la justicia francesa. <<

[111] Sentencia de la Audiencia Nacional del 11 de junio de 1985, cita tomada de Íñigo Iruin, «GAL: el espejo del Estado», en Merxte Aizpurua et al., El libro negro de Intxaurrondo, cit. <<

[112] Cervero efectuó estas declaraciones en noviembre de 1985 en la revista Interviú. Aparece también en «Le GAL, les mains sales», un reportaje de Arthur McCaig, difundido por la cadena Antenne 2 de la televisión francesa el 10/4/1986, y más tarde en las televisiones regionales del País Vasco (ETB-2) y Cataluña (TV-3). Este reportaje tuvo un gran impacto en la opinión pública francesa y española. <<

[113] José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., p. 23. Cervero también acusa directamente a varias personas: Pedro Catalán Jiménez, que será jefe del servicio de información de la Guardia Civil, y Cándido Amedeo, responsable de la unidad operativa de los GEOs. Cervero envía sus denuncias a las Comisiones de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados sin conseguir que se abra una investigación. Véase Javier García, Los GAL al descubierto. La trama de la «guerra sucia» contra ETA, cit., p. 20. <<

[114] Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit., pp. 142, 194 y 219. <<

[115] Ibid., p. 255. <<

[116] José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., p. 29. En agosto de 1985, ETA asesinará a Clément Perret. Su familia achacará la responsabilidad del atentado a la prensa española, debido a las informaciones que había estado publicando esta a lo largo de 1985, en las que indicaba las actividades que desempeñaba el clan Perret en el seno del BVE. <<

[117] «Informe confidencial de la Comisaría General de Información» en el que se refieren las declaraciones de Giuseppe Calzona, detenido en Madrid en junio de 1984 y puesto nuevamente en libertad en enero de 1985 por la Audiencia Nacional, tras negarse la justicia española a extraditarlo a Italia. El documento aparece citado en Javier García, Los GAL al descubierto. La trama de la «guerra sucia» contra ETA, cit., pp. 11-20. <<

[118] Para mayor información sobre Jean-Pierre Cherid, véase José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., pp. 49-62, y Ricardo Arques y Melchor Miralles, Amedo: el Estado contra ETA, cit., pp. 83-88. <<

[119] Cherid ya había sido detenido en abril de 1981 en Madrid, tras el atentado perpetrado en la agencia de viajes Transalpino y en el domicilio de su director, Andrea Meiville. La agencia era en realidad una tapadera de las tramas fascistas italianas, y, de hecho, Mario Ricci (alias «Carlo Vannoli»), uno de los lugartenientes de Stefano Delle Chiaie, trabajaba en dicha agencia junto con Cherid. Meiville había roto con los miembros del BVE, lo que explica este atentado, que habría sido por tanto una suerte de represalia. Pese a todo, Cherid será puesto en libertad, tras pasar cinco días en la Dirección General de Seguridad. Véase El País, 29-30/4/1981, y José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., pp. 56-58. <<

[120] Íñigo Iruin, «GAL: el espejo del Estado», en Merxte Aizpurua et al., El libro negro de Intxaurrondo, cit. <<

[121] Los dos niveles inferiores son el de la elección y el reclutamiento de los agentes por un lado, y el de la ejecución de las acciones armadas por otro; ibid. <<

[122] José Barrionuevo, 2001 días en Interior, cit., p. 211. <<

[123] Para saber más acerca de estas rivalidades, véase Francisco Medina, Las sombras del poder. Los servicios secretos de Carrero a Roldán, cit.; Antonio M. Díaz Fernández, Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición, cit.; y Joaquín Bardavío, Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui, Servicios secretos, cit. <<

[124] De entre ellos destaca José Ignacio San Martín, que será condenado a diez años de cárcel por su participación en el golpe de Estado fallido. Esta es la interpretación de Ricardo Arques y Melchor Miralles —una interpretación respaldada por lo demás por la explosión, el 14 de junio de 1982, de cuatro bombas en los locales del CESID—. Según estos autores, los atentados son obra de Jean-Pierre Cherid y Mario Ricci —que actúan a las órdenes de los servicios de la Presidencia y en represalia por el 23-F—. Véase Ricardo Arques y Melchor Miralles, Amedo: el Estado contra ETA, cit., pp. 138-139. <<

[125] Diego Carcedo e Isabel Santos Peralta, Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando, cit., pp. 256 y 246. <<

[126] Ibid., p. 263. <<

[127] Ibid. <<

[128] Sentencia TS, 2, 29/7/1998. Véase el texto íntegro de la sentencia en la página electrónica de la asociación Nizkor: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/marey.html. <<

[129] El último asesinato de un refugiado vasco se producirá en julio de 1987, acto final de una estructura que ya entonces carecía de verdadera realidad. <<

[130] José Barrionuevo, 2001 días en Interior, cit., p. 58; y Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., pp. 141-142. <<

[131] Pese a todo, irá poniéndose lentamente en marcha una colaboración, y esta dará lugar, en enero de 1984, a una gran redada francesa en los círculos de los refugiados vascos, a una serie de expulsiones hacia terceros países, y a las primeras extradiciones a España, ya en el mes de agosto. Sin embargo, los socialistas franceses se siguen mostrando reacios a extraditar a los etarras. Será preciso esperar al año 1986, fecha en la que Jacques Chirac pasa a ocupar el cargo de primer ministro, para que Francia se implique decididamente en la lucha contra ETA. Sobre este particular, véase Sagrario Morán Blanco, ETA, entre España y Francia. La cooperación hispano-francesa en la lucha contra ETA, cit.; y Gilles Ménage, L’œil du pouvoir. Face aux terrorismes, 1981-1986: Action directe, Corse, Pays basque, cit., pp. 351-530. <<

[132] Para mayor información sobre la doctrina Damborenea, véase su obra titulada La encrucijada vasca, Barcelona, Argos Vergara, 1984. <<

[133] En realidad, el primer secuestro de los GAL se produce el 15 de octubre de 1983, y las víctimas son José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, que desaparecen en Bayona sin dejar rastro. Dos años más tarde se encontrarán sus cadáveres en Alicante, enterrados en cal viva. La vinculación entre estos cuerpos y la identidad de los dos refugiados vascos se efectuará en una fecha muy posterior, en 1995, y provocará una inmensa indignación pública. Los refugiados habían sido torturados durante semanas en el cuartel de San Sebastián, y posteriormente liquidados y enterrados. Se recurre a la justicia, y en el juicio, que sufrirá varios vuelcos significativos, se condenará a Enrique Rodríguez Galindo, exdirector de la Guardia Civil y jefe en esa época de la Guardia Civil de San Sebastián, y a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, por los delitos de secuestro y asesinato. <<

[134] Véase, para más información, la bibliografía anteriormente citada sobre los GAL (n. 61, p. 571). <<

[135] Santiago Belloch, Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo, cit., p. 49. <<

[136] Victorino Ruiz de Azúa, «Las manos sucias», en Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquín Prieto (comps.), Memoria de la Transición, cit., p. 585. <<

[137] Entrevista de la autora, 2006. <<

[138] Rafael Vera, en una entrevista realizada por Paddy Woodworth en noviembre de 1997: véase idem, Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, cit., pp. 47-55. <<

[139] Respecto a la indiferencia de la opinión pública, véase Paddy Woodworth, Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española, cit., pp. 165-394, y José Luis Morales, Teresa Toda y Miren Imaz, La trama del GAL, cit., pp. 171-178. Las únicas personas que se lanzan a efectuar una investigación sobre el particular son individuos aislados y minoritarios. Como ejemplo baste señalar que El País dedicó un espacio mínimo a los GAL, al menos hasta el año 1987, cuando la banda misma ya había desaparecido. <<

[1] Véase por ejemplo, Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición, cit.; Eduardo Pons Prades, Los años oscuros de la transición española. La crónica negra de 1975 a 1985, Barcelona, Belacqva, 2005; José Díaz Herrera e Isabel Durán, Los secretos del poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables, cit. En sí mismos, todos estos títulos representan adecuadamente la intención polémica de sus autores. <<

[2] No se produjo ninguna reforma profunda de la instrucción y la formación profesional, como tampoco la hubo en los sistemas asociados con el reclutamiento y la ascensión jerárquica: véase Diego López Garrido, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, cit., pp. 151-165. Este inmovilismo generará un cierto malestar entre los propios policías, como atestigua por ejemplo la manifestación reivindicativa del 17 de diciembre de 1976. <<

[3] APDHE, Los Derechos Humanos en España. Informe 1984. <<

[4] Para algunos autores, como Carlos Navajas, la transición militar todavía no había llegado a su fin en 1990, ya que en esta época todavía quedan por resolver problemas como los de la profesionalización, la desideologización, la subordinación total al poder civil, la hipertrofia del Ejército de Tierra, etcétera. Véase Carlos Navajas, «¿El fin del problema militar? Las Fuerzas Armadas y la sociedad en la España actual (1975-1996)», en Javier Ugarte (comp.), La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 223-225. <<

[1] Véase Sophie Baby, «Violence et transition en Espagne: la Semaine noire de Madrid (23-29 janvier 1977)», en Anne Dulphy e Yves Léonard (comps.), De la dictature à la démocratie: voies ibériques, cit. <<

[2] DSC, 37, IL, 11/10/1979, p. 2255. <<

[3] Comunicado de los líderes de la oposición, El País, 26/1/1977. <<

[4] Entrevista de la autora, 2006. <<

[5] Entrevista de la autora, 2006. <<

[6] Véase Rafael Durán Martínez, Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, cit. <<

[7] Diego Palacios Cerezales, «Des Œillets à la menace de la guerre civile. Violence politique dans la révolution (1974-1975)», Lusotopie, n.º 7 (2004), pp. 67-82. <<

[8] Carrillo, DSC, 43, LC, 23/12/1977, pp. 1613-1614. Será justamente durante esta sesión parlamentaria cuando se produzca el más célebre enfrentamiento entre los líderes del Partido Comunista y Alianza Popular, absortos en reprocharse recíprocamente sus respectivas fechorías. <<

[9] Javier Muñoz Soro y Sophie Baby, «El discurso de la violencia en la izquierda en el tardofranquismo y la transición (1968-1982)», en Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo (comps.), Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 279-304. <<

[10] El Parlamento es la personificación de ese espacio político pacificado. Es el «lugar de diálogo y de encuentro en el que la confrontación tiende siempre al acuerdo y nunca a preparar una guerra […]: fuera de esos valores no hay sino barbarie y regresión, suicidio y esterilidad […]. El Parlamento significa el triunfo de la palabra, la palabra es el vehículo de la idea, que se origina en la razón y se dirige a la razón, la palabra es el instrumento político para la transacción, el compromiso y la convicción. El triunfo de la palabra, la eficacia del Parlamento, es la victoria de la razón y la derrota de la fuerza», declarará con énfasis el presidente del Congreso con ocasión del tercer aniversario de la Constitución —Landelino Lavilla, DSC, 204, IL, 9/12/1981, pp. 12247-12251. <<

[11] Diario 16, 28/1/1977. <<

[12] Sophie Baby, «Sortir de la guerre civile à retardement: le cas espagnol», Histoire@Politique. Politique, culture, société, n.º 3 (2007), disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.histoire-politique.fr. <<

[13] En ella se darán cita varios centenares de miles de personas en Madrid (doscientas mil según la policía y medio millón según sus organizadores) bajo el lema unitario de «No al terrorismo, sí a la democracia». Los convocantes de la manifestación fueron CC. OO. y UGT, junto con el PCE y el PSOE, y contó además con el apoyo de la UCD —ABC, 11/11/1978—. Si exceptuamos la manifestación contra los crímenes de Atocha, perpetrados en enero de 1977, solo Fuerza Nueva había organizado antes este tipo de manifestaciones —como había podido constatarse, por ejemplo, el 21 de octubre de 1977 «contra el terrorismo y por la unidad de España», acto en el que se congregaron cerca de cien mil personas en Madrid—. De hecho, la manifestación que acabamos de mencionar, la convocada por los sindicatos y los partidos de izquierdas, se celebró para contrarrestar la segunda manifestación convocada por FN que había reunido a doscientas cincuenta mil personas el día 3 de noviembre de 1978 contra el terrorismo y la Constitución. <<

[14] En febrero, la opinión se indignará al conocer la ejecución del ingeniero José María Ryan, secuestrado por ETA —en Bilbao y San Sebastián se producen entonces las mayores manifestaciones conocidas desde la muerte de Franco—, y más tarde se movilizará en mayo para protestar contra el atentado perpetrado en pleno corazón de la capital en la persona del general Joaquín de Valenzuela, aunque esta vez en el contexto del sentimiento de defensa nacional surgido tras el 23-F —de hecho, a mediodía, millones de españoles guardarán durante dos minutos un silencio espectacular. <<

[15] Entrevista de la autora, 2006. <<

[16] Cabe recordar, en este sentido, que en marzo de 1977 el Gobierno Civil de Álava reprimió los actos conmemorativos del primer aniversario de la tragedia de Vitoria, al prohibir y dispersar la manifestación. Y lo mismo hará el Gobierno Civil de Madrid con la prohibición en 1977 del homenaje a Francisco Javier Verdejo, muerto en agosto de 1976 en Almería a manos de las Fuerzas del Orden Público. En 1979, el Gobierno Civil de Madrid prohibió asimismo la celebración de un homenaje a José Luis Alcazo, muerto varias semanas antes como consecuencia de la intervención de unos militantes de extrema derecha. <<

[17] Santos Juliá, «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», Claves de Razón Práctica, n.º 129 (2003), pp. 14-24. <<

[18] Expresión empleada por Javier Ugarte en «Historia de la memoria y la reparación a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo (1976-2009)», en Antonio Rivera y Carlos Carnicero Herreros (comps.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda — Maia Ediciones, 2010, p. 272, en referencia a la obra de Henry Rousso, Le syndrome de Vichy (1944-1987), París, Le Seuil, 1987. <<