Su publicación en 1999 desató la furia del expresidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, quien interpuso un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado. El libro fue incautado y su circulación prohibida en Chile durante los dos años y medio que duró el litigio. Su autora, la periodista Alejandra Matus, huyó de Chile antes de que se concretara la orden de detención que se dictó en su contra. Huyó con un bolso pequeño: primero a Argentina, luego a Estados Unidos, donde pidió asilo político. Allá vivió casi tres años.

Todo ocurría —paradójicamente— durante el segundo gobierno democrático postdictadura, con Augusto Pinochet ya preso en Londres. En medio de la batahola y la prohibición, la gente lo leyó fotocopiado, lo bajó por la incipiente internet, lo compró pirateado. Quince años después de que Alejandra Matus pudo regresar a Chile, la autora revisa la versión original y la complementa con dos capítulos imprescindibles para entender el Chile de la transición, sus contradicciones y deudas pendientes. Sin duda, un clásico del periodismo chileno, al fin, sin censura.

Alejandra Matus

El libro negro de la justicia chilena

Edición revisada y aumentada

ePub r1.0

Titivillus 03.03.2021

Título original: El libro negro de la justicia chilena

Alejandra Matus, 1999

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo a la nueva edición
GATOPARDO

Cuando escribí El libro negro de la justicia chilena no había baño de mujeres en el Palacio de Justicia, donde funciona la Corte Suprema. No había departamento de Comunicaciones. Si era necesario interrogar a un militar, los jueces tenían que ir a algún regimiento. Si debían interrogar a un civil con poder, tenían que ir a su casa. No se transmitían los juicios por streaming. Estos simples datos anecdóticos dan cuenta de la magnitud de la transformación que ha sufrido la justicia desde aquel entonces. Desde esa perspectiva, no sorprende tal vez que la publicación en 1999 del libro que ahora tiene en sus manos haya desatado la furia del expresidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, quien interpuso en su favor y en resguardo de la honra de todo el poder judicial —según justificó en su momento— un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado. Por causa de esa acción, este libro fue incautado y, en los hechos, prohibida su circulación en Chile durante los dos años y medio que duró el litigio. Además se dictó una orden de detención en mi contra (que no pudo cumplirse porque hui antes de que se ejecutara, tema que relataré con más amplitud en el capítulo final de esta reedición) y en contra del editor de Planeta, Carlos Orellana, y de su gerente general, Bartolo Ortiz (quienes sí pasaron un fin de semana presos en el desaparecido anexo cárcel Capuchinos). Tal reacción en el segundo gobierno democrático postdictadura, con Pinochet ya preso en Londres, provocó un vigoroso rechazo tanto en la población en general, como en su elite política. El consenso —que ya era bastante amplio sobre la necesidad de hacer reformas al Poder Judicial— ganó momentum y de paso cobró fuerza la demanda por eliminar normas que obstaculizaban la libertad de expresión. En medio de la batahola, sin embargo, poco se podía decir públicamente respecto del contenido de este libro. La gente lo leyó fotocopiado, lo bajó por la incipiente internet, lo compró pirateado (en ese tiempo, Planeta estimaba que se habían vendido unas cien mil copias «cuneta»). Y, sin embargo, no se podía hablar de su contenido públicamente sin temor a ser citado ante los tribunales, como ocurrió con Alejandro Guillier cuando osó mostrarlo en pantalla. Por lo tanto, se dio la situación absurda y cómica que se podía hablar sobre la prohibición y sus consecuencias, pero no sobre por qué esto había ocurrido.

Cuando se levantó la prohibición en 2001, tras la reforma a la Ley de Seguridad del Estado impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos, el libro pudo volver a circular, pero ya había pasado el momento noticioso para discutir su contenido. Planeta recuperó los libros incautados y los distribuyó en librerías y luego publicó una segunda edición —con tapa verde para diferenciarlo de los libros piratas— y una vez agotada aquella, la obra simplemente dejó de circular. Desde entonces, cada vez con más frecuencia, numerosas personas me han pedido que los ayude a encontrarlo. Y no es fácil. Hasta las copias piratas parecen haberse esfumado. En internet algunos ejemplares se venden hasta por más de cien mil pesos chilenos.

Que el libro, en cuanto documento histórico, esté disponible es la principal motivación de esta reedición. Que esté para quien quiera releerlo, para quien quiera reemplazar su copia pirata por una original, para quien quiera conocerlo por primera vez, para quien quiera criticarlo en un contexto menos apasionado que el que existía al momento de su prohibición.

Sin embargo, antes de presentarles el texto original, tal como fue publicado en 1999, es necesario, me parece, explicar algunos puntos, pues estos 17 años parecen un siglo si se miden por la cantidad de cosas que han pasado.

El ocaso de los personajes

Servando Jordán López, el expresidente de la Corte Suprema entre 1996 y 1997, y uno de los personajes centrales de este libro, murió el 30 de junio de 2012, a los 85 años. Su tercera mujer, Linda Scarlett Bosch Jiménez, dijo a La Tercera en ese momento: «Nosotros vivíamos muy felices. A Servando le gustaba mucho la música, era muy bromista y le gustaba compartir con nuestras mascotas».

También dijo: «La gente no sabía cómo era él en realidad, yo sé que era una persona pública y que era conocido por otros motivos, pero me gustaría señalar que con sus hijos todo lo pasado ya se superó y mañana ellos estarán con su padre en su funeral».

Esa mención al pasar sobre los hijos del magistrado fue el reconocimiento indirecto del conflicto que la enfrentó con los descendientes de su marido. Yo entrevisté a Rafael (abogado) y Servando Jordán (exmarino) en 2006, cuando me contaron sin reservas la problemática que los afectaba. Me dijeron que Servando Jordán, su padre, sufría los primeros síntomas de demencia senil cuando en 2005, a los casi 80 años, dejó a su madre, Diana Jadrievic, y se fue a vivir a la casa de la notaria Bosch. Por esta razón, Diana Jadrievic, la segunda y más estable esposa del magistrado (estuvieron casados 48 años), pidió a la justicia que lo declarara interdicto, en resguardo de su patrimonio y el de sus hijos. La esposa de Jordán lidiaba en ese momento con un cáncer avanzado, del que murió poco después. La causa por interdicción la continuaron entonces sus hijos Rafael y Servando.

El exmagistrado fue sometido a un peritaje para determinar si estaba en sus cabales en casa de la notaria. Los peritos a cargo se dieron cuenta de que del oído del expresidente de la Corte Suprema colgaba un audífono a través del cual terceros intentaban dictarle las respuestas correctas. Tan burdo fue el montaje, que los expertos hasta pudieron escuchar el eco de esas voces y se dieron cuenta de que además estaban siendo filmados. Así me lo relató el geriatra a cargo de la prueba para un reportaje que publiqué en The Clinic y el hecho fue ratificado también por el segundo perito, el siquiatra Luis Alberto Pulido, en su informe al tribunal. A pesar de la intervención de la pericia, Pulido llegó a la conclusión de que Jordán sufría una «demencia grave». La jueza a cargo del caso, sin embargo, no tomó nota de la irregularidad y desoyendo a los especialistas, resolvió que el magistrado estaba en su sano juicio, porque en la entrevista que ella le hizo personalmente se notaba bien. Más tarde, intentó cerrar la causa invocando el fallecimiento de la demandante, la señora Jadrievic. Cuando los hijos apelaron a la Corte de Apelaciones, señalando que ahora ellos eran los demandantes y que la causa no se podía cerrar, el expediente se perdió. Tuvieron que reconstituirlo pieza por pieza para que la causa siguiera viva. Como si el poder que alguna vez exhibió su padre siguiera presente, a pesar de haberse jubilado hacía rato.

Cuando la salud de Jordán se deterioró, los hijos se dieron por vencidos y abandonaron la causa por interdicción. Confiaban como último recurso, me cuentan en 2016, en que al fallecimiento de su padre, el asunto hereditario se resolviera por la simple aplicación de la ley. No contaban con que durante esos últimos años su padre hubiera traspasado prácticamente todos sus bienes a su esposa, un patrimonio calculado en más de un millón de dólares. Los hijos sospechan que el exmagistrado ya no estaba en su sano juicio cuando esos traspasos se hicieron. Como argumento me exhiben un estudio de las tres propiedades que poseía Jordán al separarse de su mujer: dos casas en El Melocotón y una tercera en La Reina. Las propiedades quedaron completamente en manos del exmagistrado cuando sus hijos le cedieron, en 2008, la parte que les correspondía por derechos hereditarios por sucesión de su madre. Lo hicieron, según me cuentan, porque estaban hastiados de ser citados a distintos tribunales, aún bajo apercibimiento de arresto, para responder por el supuesto uso que estarían haciendo de bienes de su padre. «Un día nos trajeron a mí de La Serena y a mi hermano desde Viña para que preguntarnos dónde estaban las llaves de una moto que el papá tenía, con todos los perjuicios que eso provocaba en nuestros trabajos», recuerda Rafael Jordán. «Estábamos fastidiados y decidimos dar un paso al lado, para pacificar el tema», pero no se imaginaron lo que ocurriría después.

Según las escrituras, Jordán padre le vendió propiedades de El Melocotón a Lilian Torres Jiménez, prima de la notaría, en 2009. Y a su turno esta se las vendió a la notaría Bosch, en 2014, después del fallecimiento del exministro. Con esta operación, se logró que los bienes no estuvieran a nombre de su marido al momento de su deceso y, por lo tanto, sus hijos no pudieron heredar su parte. Cosa similar ocurrió con un bien en calle Francisco Bilbao, en la comuna de La Reina, que Jordán López traspasó a Carmen Gloria Bosh, hermana de la notaría, y que sigue a su nombre.

A pesar del millonario avalúo comercial de las tres casas, en el papel, fueron vendidas por unos 70 millones de pesos que no cubrirían siquiera su avalúo fiscal.

«Nos sentimos víctimas de un fraude. Esta señora no solo se burló de nosotros durante el proceso de interdicción, interviniendo de manera burda los peritajes, sino que ha demostrado una codicia y perversión ilimitados. No solo hizo estas ventas simuladas para apropiarse de la totalidad de los bienes raíces de mi padre y de lo que nos correspondía como herederos. También se quedó con todo lo demás: dinero en cuentas corrientes, joyas, vehículos, acciones, aprovechándose de su manifiesta discapacidad intelectual», relatan hoy sus hijos Rafael y Servando.

Paralelamente, la notaría Bosch enfrentó sus propios problemas. Ya fallecido Jordán, fue formalizada por el delito de «falsificación de instrumento público», por autorizar firmas falsas en la constitución del partido MAS de Alejandro Navarro y más tarde se le inició un sumario en la Corte de Apelaciones de Santiago cuando una Ministra Visitadora detectó irregularidades en la gestión de su notaría. Sin embargo, continúa a cargo de la notaría en el centro de Santiago.

Todos los ministros que formaban parte de la Corte Suprema junto a Jordán, en 1999, jubilaron o han fallecido. Tras la publicación del libro se creó una Comisión de Ética y algunos de los magistrados mencionados aquí por actividades reñidas con la ética, como Luis Correa Bulo y Gloria Olivares, fueron removidos de sus cargos por el pleno de la Corte Suprema, en un acto inédito. El cargo que se le formuló fue haber sido permeables al tráfico de influencias.

Varios de los ministros que fueron postergados o castigados por la Corte Suprema moldeada bajo dictadura, como Milton Juica, forman hoy parte de la nueva Corte Suprema. El caso más emblemático quizás sea el de Carlos Cerda —el ministro que se negó a aplicar la Ley de Amnistía en casos por violaciones a los derechos humanos y que estuvo a punto de ser expulsado del Poder Judicial por eso—, cuyo ascenso se demoró a niveles humillantes, pero que finalmente ocurrió en 2014.

Ningún magistrado que haya sido promovido por Pinochet sigue en la Corte Suprema. Todos los integrantes de la actual Corte Suprema, que vio aumentar sus miembros de 17 a 21, han sido nombrados en democracia.

Las mayores transformaciones ocurrieron en el ámbito de la justicia criminal, que fue objeto de la Reforma Procesal Penal a partir del año 2000, y en la reforma al sistema de nombramientos de la Corte Suprema. La Reforma Procesal Penal implicó que varios vicios de los descritos en este libro —el proceso escrito, la doble función del juez como investigador y sentenciador, el excesivo control e intervención de la Corte Suprema en lo que ocurría en los tribunales inferiores y sobre la carrera de sus subordinados, entre otros— casi se esfumaron. Se creó el Ministerio Público, con sus fiscales, que son los encargados de sostener la investigación y la acusación penal, por un lado, y la Defensoría Penal, por otro, para que, al menos en teoría, abogados y fiscales se enfrenten en igualdad de condiciones ante un panel de jueces que solo tienen la tarea de dictar sentencia y asegurarse de garantizar un debido proceso. Los juicios se realizan de manera oral y con publicidad, y a nadie sorprende hoy ver los detalles de un juicio o una declaración por televisión.

Un documento de balance de la reforma, publicado por el ministerio de Justicia en 2015, a diez años de su plena implementación (los primeros cinco años fueron de aplicación de un plan piloto), señalaba: «Hasta antes de la Reforma al sistema de procedimiento penal, en Chile rigió un sistema inquisitivo, donde quien conducía la investigación era la misma persona que debía juzgar el asunto, restando la imparcialidad que exige el debido proceso. Asimismo, los procedimientos carecían de inmediación, eran engorrosos, lentos y poco garantistas». Tras la reforma, en cambio, se decía, la justicia incorporó «principios importantísimos, que se tradujeron en un proceso oral, transparente, expedito, cercano a la gente y en concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país; que protegiera a las víctimas, pero no dejara de lado la garantía de los derechos de los imputados».

En cifras, el sistema puede exhibir los siguientes resultados: si antes la mayoría de las personas que estaban en la cárcel, estaban esperando su proceso (es decir, podía suceder que después de varios años presos se descubriera que eran inocentes), hoy el mayor porcentaje corresponde a condenados. Es decir, personas respecto de las cuales la justicia ya pronunció un veredicto. «Desde su implementación», decía el informe, «han ingresado al Ministerio Público más de 13 millones 62 mil casos (a marzo de 2015), de los cuales el 97,24 por ciento ha llegado a su término». El tiempo de duración de los procesos también se redujo: antes una causa por homicidio tenía una duración promedio de casi 700 días. Ahora ese promedio fluctúa entre 465 y 485 días, dependiendo del tipo de salida que tenga.

Es en este nuevo contexto que se han desarrollado causas contra algunos poderosos integrantes de la sociedad chilena, formalizados y enviados a prisión preventiva, aunque por corto plazo, y todos los chilenos hemos podido seguir por televisión los argumentos de las partes.

Sin embargo, las quejas sobre las deficiencias del actual sistema abundan y no son pocos los que piden una reforma a la reforma. La Comisión de Ética de la Corte Suprema, tras un gran impulso de partida, perdió fuerza y viejas prácticas han tomado nuevos bríos o incluso se han acentuado. No es mi intención, ahora, en el contexto de esta publicación, abordar en toda su magnitud estas deficiencias. Eso demandaría escribir otro libro. No obstante, me parece importante que el lector conozca algunas de ellas, quizás las más graves.

Besamanos reloaded

En El libro negro de la justicia chilena se describe la práctica habitual del «besamanos» a la que tenían que someterse los integrantes del Poder Judicial que deseaban ascender en su carrera. Los jueces ante sus superiores de las Cortes de Apelaciones; los Ministros de Cortes de Apelaciones ante los de la Corte Suprema. Las rogativas para ser considerados en ternas o quinas de ascenso terminaban en el Ministerio de Justicia, donde finalmente se resolvía quién, de esas listas, ascendía.

Esto creaba camarillas, jueces que doblegaban sus opiniones al parecer de sus superiores para evitar ser postergados en su carrera judicial, un bien aceitado sistema de padrinos y aspirantes, en que los jueces independientes tenían altas probabilidades de ser postergados, cualesquiera que fueran sus méritos.

Un poco antes de aprobarse la reforma procesal penal, se modificó la forma de designación de los ministros de cortes de Apelaciones y Corte Suprema y se le dio poder de veto al Senado, que puede bloquear la preferencia señalada por el Presidente de la República, si no se alcanza cierto quorum. En la práctica, sucede que los dos grandes conglomerados con mayor representación en el Senado —hoy conocidos como Nueva Mayoría y Chile Vamos— tienen garantizado que los nombramiento recaerán en sus preferidos en forma alternada.

Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien ha sido candidato también a Fiscal Nacional, opina que «esta forma de designación fue un acuerdo político que permitía sacar de la Corte a los ministros que venían desde la dictadura. Fue una muy mala decisión, porque fortaleció una suerte de sistema binominal, sustentado en un alto quorum y en vetos recíprocos. Fue un gran error político de parte del gobierno de Eduardo Frei».

Otros observadores, a condición de anonimato, señalan que, por causa de estos cambios, la vieja y criticada práctica del besamanos no solo no ha desaparecido, sino que se ha fortalecido. Los candidatos a ministros de la Corte Suprema deben buscar primero el favor de sus superiores para que los pongan en una quina y el del ministro de Justicia vigente para que los seleccione; y a continuación deben, además, buscar el apoyo de los senadores de uno u otro sector para conseguir la nominación final.

Hay quienes miran con nostalgia la vieja forma de designación, que solo recaía en el gobierno de turno, pues producía lentamente una renovación de la Corte Suprema en el llenado de cada vacante, y así se iba adecuando al espíritu de los tiempos, representado por quien ostentase el cargo de Presidente de la República. «Lo que ahora hay es una petrificación de un status quo que no representa a la sociedad, porque elegir un ministro con apoyo de la derecha y luego otro socialdemócrata no representa la forma en que se distribuyen las fuerzas políticas en la sociedad», dice una fuente.

La necesidad de buscar apoyo en los sectores políticos con mayor representación en el Senado le ha dado poder a personas que hacen de puente entre los magistrados y el mundo político. Cada partido tiene su encargado informal de estas relaciones. Al momento de escribir estas líneas, por ejemplo, se estima que quien da el visto bueno a los candidatos en la UDI es el senador Hernán Larraín; en RN, principalmente Alberto Espina,; en la DC, la dupla compuesta por Soledad Alvear (exministra de Justicia) y su marido, Gutenberg Martínez; en el Partido por la Democracia, Guido Girardi; en el Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Pero el principal de todos es el cientista político Eugenio González, muy cercano a Girardi, a quien recurren frecuentemente los magistrados que necesitan ser presentados en el mundo político. De hecho, se estima que González fue determinante en la elección de seis de los ocho últimos nombramientos. Se excluyen Carlos Cerda y Ana Chevesich, quienes no se involucraron en gestiones para conseguir sus designaciones y tampoco nadie se hubiera atrevido a proponérselas, por temor a ser denunciados por los propios magistrados. No obstante, claramente Cerda fue elegido en el «cupo» de centroizquierda y su colega, en la vacante asignada por estos acuerdos no escritos, a la derecha.

Posteriormente, en la Reforma Constitucional de 2005, se realizó simultáneamente una transformación sustancial en cuya gravedad pocos parecen haber reparado: se debilitaron las facultades de la Corte Suprema como tribunal revisor de la constitucionalidad de las leyes y se fortalecieron las del Tribunal Constitucional. Resultado: hoy el TC se ha convertido tanto en una suerte de tercera instancia judicial (que puede entrometerse en lo que deciden los tribunales) como en tercera cámara legislativa (que puede enmendar lo que decide el Congreso). Y a los integrantes del TC, como es sabido, no los eligen los ciudadanos. Además, se aumentaron los integrantes de siete a diez: tres nombrados por el Presidente de la República, tres por la Corte Suprema, dos por el Senado y dos por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados. En la práctica, se ha dado también un sistema de nombramiento binominal: uno para cada conglomerado. Los currículum de los postulantes han perdido peso a la hora de las consideraciones que se toman en cuenta para los nombramientos y así, en la actualidad, no es necesario ser un experto constitucionalista para integrar el tribunal.

«Es una paradoja que un conglomerado político como la Concertación, que cuestionaba la legitimidad de la Constitución, le diera un poder y una fuerza al Tribunal Constitucional que nunca antes tuvo. El TC de antes no tenía casi ninguna relevancia. Le quitaron poder a la Corte Suprema y, con un sorprendente problema de visión política, se lo dieron al TC. No hubo discusiones serias sobre el impacto que tendrían estas modificaciones. Se quiso cambiar la Corte Suprema, pero se pagó un precio demasiado alto. Fue un gran error en el que nadie reparó en su momento», dice Vargas.

En la misma línea y quizá teniendo como base las mismas consideraciones de antaño, en que se instaló, no sin razón, la desconfianza en los criterios de los ministros de la Corte Suprema, se han ido creando cada vez más tribunales especiales, que han horadado las facultades del máximo tribunal chileno a riesgo de volverlo cada vez más irrelevante.

El propio Milton Juica, al inaugurar el año judicial en 2011 en su calidad de presidente de la Corte Suprema, se quejaba de que «la creación de jurisdicciones especiales, que se apartan de los factores de independencia e imparcialidad» sería contraria a los principios de un sistema democrático y más corrientes en los sistemas «autárquicos».

Entre los tribunales especiales que existen hoy en Chile se encuentran: el Tribunal Calificador de Elecciones (y los tribunales regionales electorales), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los Tributarios y Aduaneros, los de Propiedad Industrial y el Tribunal Ambiental.

Un nuevo poder: el Ministerio Público

Con la entrada en vigor de la reforma procesal penal, una gran tajada del poder que otrora tuvo la Corte Suprema fue a dar a una nueva institución: el Ministerio Público, que no es integrante del sistema judicial chileno ni depende de la Corte Suprema para su existencia y funcionamiento. Por ejemplo, el Fiscal Nacional es propuesto en una quina que confecciona la Corte Suprema, pero lo elige el Presidente de la República, con la anuencia del Senado. Los Fiscales Regionales son propuestos en terna por las Cortes de Apelaciones respectivas, pero nombrados por el Fiscal Nacional, sin consultar a ningún otro poder del Estado. Y los fiscales adjuntos, encargados de la investigación de casos concretos, no dependen para su ascenso y promoción de ninguna autoridad judicial, como antes dependían los jueces del crimen.

La creación de esta entidad hizo que los jueces de primera instancia en el sistema penal dejaran de tener la doble función que ostentaban antes: investigar y sentenciar, lo que implicaba una grave disparidad entre el imputado y el juez pues, obviamente, si el magistrado al investigar se convencía de que el acusado era culpable, era muy difícil de que el defensor pudiera persuadirlo de lo contrario. Tampoco pueden ahora decidir la detención o prisión preventiva de una persona, si el fiscal a cargo no lo solicita o no formaliza la investigación. Estas y otras falencias alimentaban la crítica de los expertos sobre el carácter «inquisitivo» del viejo sistema judicial. El Ministerio Público se quedó, en el nuevo sistema, con la función de investigar y levantar cargos, cuando estime que los hechos lo ameritan. Y a los jueces, se reservó el control de la investigación y la dictación de sentencias, divididos entre jueces de garantía (los que supervigilan que se respeten las normas del debido proceso durante la etapa de investigación) y los tribunales orales en lo penal (un panel de tres jueces que, cuando un caso llega a la etapa de acusación, dictan sentencia condenatoria o absolutoria). Solo muy excepcionalmente las Cortes de Apelaciones pueden intervenir revisando las decisiones de los jueces de garantía y de los tribunales orales en lo penal. Y todavía de manera más excepcional, lo hace la Corte Suprema, la que incluso no tiene en el Código Procesal Penal facultades para revisar los fallos de las cortes de Apelaciones, por equivocados que fuesen.

También se creó la institución de la Defensoría Penal Pública, que se hace cargo de representar a los imputados aunque, a diferencia del Ministerio Público en que los fiscales son empleados a tiempo completo del Estado, está integrada fundamentalmente por estudios de abogados particulares que se ganan, en licitaciones públicas, las defensas.

El decano Vargas reconoce que la reforma ha evidenciado problemas antiguos y ha creado otros. «Me impresiona que muchos de los problemas que tenía la justicia antigua, esa cosa corporativa, cerrada, oscura, muy refractaria al escrutinio público, sea uno de los mayores problemas del actual Ministerio Público. Es una institución nueva, que se creó con otros estándares, con criterios modernos de gestión, con aparato de comunicaciones, departamento de estudios, metas, incentivos, todo muy revolucionario (…), pero me impresiona que se replicara el lado malo de la vieja institución judicial muy rápidamente en esta institución nueva».

Una fuente del Ministerio Público me relata, a condición de anonimato, cómo algunos fiscales se apoltronan en cargos por ejemplo de fiscales regionales, a pesar de que explícitamente se impuso un plazo máximo de ocho años para ejercer tal función. «La forma en que se ha torcido la letra de la ley, es saltar de una región a otra y así la cuenta comienza desde cero». Y otro problema, señala, es que tampoco existen normas que regulen inhabilidades a la hora de la salida, y así ha sucedido con los fiscales Alejandro Peña y Solange Huerta que han salido del Ministerio Público para ocupar cargos políticos y otros han sido contratados por importantes estudios jurídicos con los que antes se enfrentaban. «Hay muchas cosas irregulares que ocurren al interior y que nadie supervisa en honor a la autonomía del Ministerio Público: desde nombramientos en cargos por influencias político-partidistas, hasta casos de corrupción que no han sido denunciados ante la justicia, pasando por maltrato laboral y abuso de poder». Como ejemplo, se cita el llamado caso «metas»: la adulteración de listados de teléfonos de usuarios y víctimas que debían ser encuestados para cumplir un indicador de calidad en la gestión, asociado al pago de bonos de los fiscales, que se descubrió en la Fiscalía Centro Norte bajo el mandato de Sabas Chahuán. El caso fue denunciado en un juicio por acoso laboral iniciado por Lugarda Andrade, Coordinadora de Metas de la Fiscalía Nacional, quien luego dijo en algunas entrevistas que se había dado cuenta de que la práctica era mucho más extendida.

La investigación de la denuncia quedó en manos del propio Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se quejó públicamente de que se le rechazaron las diligencias que pidió para avanzar en las indagatorias, entre ellas, la incautación de computadores y documentación que podrían probar la falsificación. Hasta el momento de escribir estas líneas, la fiscalía no había presentado una denuncia penal por estos hechos y solo había sancionado a algunos funcionarios involucrados y despedido a la propia denunciante.

En la relación entre las cortes superiores (de Apelaciones y Suprema), se acabó un problema antiguo y se presentó uno nuevo: antes, cuando los jueces del crimen investigaban y sancionaban y su carrera dependía, para el ascenso, de sus superiores, había mucho incentivo para que los primeros se ajustaran a los deseos de los segundos. En aquel tiempo, había tres jueces por cada ministro de Corte de Apelaciones y la mayoría quería dejar contentos a sus superiores. Eso disciplinaba. En la actualidad la tasa es diez a uno y la probabilidad de ascenso es solo para unos pocos. La mayoría de los jueces son abogados jóvenes, quienes saben que muy probablemente su carrera va a terminar ahí y no les parece grave, porque en la actualidad sus remuneraciones no son tan distintas de las de los superiores. Así que ahora el incentivo es a la inversa: cada juez es potencialmente un pequeño rey que, sin control por parte de sus superiores, puede conducirse en la práctica con total independencia. Las reformas en la justicia de familia y en la laboral, que han seguido la misma lógica de la justicia penal, han producido en los tribunales respectivos similar distanciamiento y falta de control sobre sus actuaciones.

Y si se suma a la combinación de factores que los jueces no tienen obligatoriedad de respetar una jurisprudencia y que las sucesivas reformas han limitado los recursos de impugnación de sus resoluciones, el resultado es que cada juez es su propio mundo.

«La reforma le dio mucho poder a los jueces. Esos son los que aparecen en la prensa. En el caso tsunami, por ejemplo, el juez se tomó hora y media para dar un speech antes siquiera de que se iniciara la audiencia. Todos se toman su minuto de gloria, sienten que tienen el poder, que no tienen posibilidades de ascender y la posibilidad de ser disciplinados por sus superiores casi se esfumó. Es gente joven que siente que no le debe el puesto a nadie, porque se lo ganó por mérito. Todo eso ha hecho que el Poder Judicial esté escindido, con una Corte Suprema que sigue defendiendo su fuero, que trata de imponerse, pero sin armas para hacerlo. Es bien impresionante el fenómeno: haciendo un trabajo de investigación, conversé con una que jueza me decía: “Me fascina ser jueza, pero odio el Poder Judicial”», relata el decano Vargas.

Como en el péndulo, si en el viejo sistema se acusaba a los jueces de «inquisitivos» por enviar a la cárcel a culpables e inocentes antes siquiera de comenzar las investigaciones, ahora el reproche en boga es decirles que son «garantistas».

«Si un juez es garantista, significa que está haciendo bien su trabajo, que muchas veces es contraintuitivo y poco comprendido por las personas, a menos que les toque en lo personal», opina Vargas. El problema, agrega, es con jueces que son «hipergarantistas», como un juez del norte que dejó con libertad provisional a un grupo de peruanos acusados de narcotráfico, que se fugaron en masa. «Gente que resuelve en forma poco criteriosa y que le ha hecho muy mal al sistema».

Además, hay un problema de incentivos que involucra a todos los actores: Al fiscal, a los jueces y al defensor les convienen las causas cerradas. Las causas pueden cerrar principalmente por:

- Salidas alternativas. Por ejemplo, archivo provisional, que equivale al antiguo sobreseimiento temporal por falta de antecedentes. Esto significa que aunque haya un delito, la falta de pistas impide avanzar en la investigación. Otra salida alternativa es la suspensión condicional: casos en los que sí hay antecedentes para inculpar a determinadas personas, pero sus defensas y los fiscales acuerdan que si se cumplen ciertas condiciones durante un lapso de tiempo (mantener el mismo domicilio, por ejemplo), esas personas no son juzgadas y se cierra la causa. Por ejemplo, en casos de delitos leves, las víctimas pueden acordar con los imputados el pago de una cantidad de dinero con el que se declara terminada la causa. Si la causa termina con suspensión condicional, la persona responsable del delito queda con el papel de antecedentes limpio.

- Juicios simplificados. Son juicios en los cuales las personas reconocen su responsabilidad en ciertos delitos y reciben algunos beneficios por su colaboración. En estos casos, se presenta una acusación y el juez de garantía dicta una sentencia de inmediato, pero normalmente las penas de cárcel se sustituyen por sanciones como firma mensual o arresto domiciliario por un período de tiempo. La persona queda con antecedentes mientras dura la pena, pero una vez que la cumple, puede hacer un trámite y quedar con su hoja en limpio. Y Juicios abreviados: Se usa para casos con penalidad inferior a cinco años de presidio. La pena sustitutiva que se acuerda puede ser un poco más gravosa que en el caso anterior, pero el resultado final es el mismo. Una vez que la persona la cumple, puede hacer un trámite para limpiar sus antecedentes.

- Sentencias definitivas (condenas o absoluciones). Esta es la salida de las películas: un juicio oral en que se enfrentan fiscal y defensor ante un panel de tres jueces, que puede condenar o absolver al imputado. Actualmente, en Chile esto ocurre en menos del diez por ciento de las causas penales.

- Sobreseimiento definitivo. La causa se cierra porque el imputado ha caído en demencia o muere, o porque se estima que los hechos no son constitutivos de delitos. Son contados con los dedos de una mano los casos que terminan de esta manera.

La gran mayoría de las causas penales se resuelve con archivos provisionales o suspensiones condicionales. Son los procedimientos más sencillos y los incentivos, dicen los expertos, están puestos en que los actores del sistema busquen «matar causas» recurriendo a estas salidas alternativas. Según el tipo de causa, pueden representar hasta el 80 por ciento de la forma en que terminan los juicios. Si no se puede, se pasa al siguiente nivel y se busca el juicio simplificado o el abreviado (llegar a un acuerdo con el imputado en que se le ofrecen beneficios si reconoce su culpabilidad). Llevar la causa hasta la etapa del juicio oral es la forma más lenta y trabajosa y todos, obviamente, tratan de evitarla.

«Por eso a los actores del sistema les cargan los abogados querellantes contratados por las víctimas. Son los únicos con incentivos para pedir diligencias, investigación, etcétera. O los defensores que quieren probar la inocencia de sus clientes y no aceptar simplemente una salida alternativa o un juicio abreviado», agrega un observador a condición de anonimato.

Aún si se llega a la etapa condenatoria, hay muchas probabilidades de que se impongan penas que se cumplen en libertad, si se comenten los delitos de mayor ocurrencia: hurto, robos y lesiones, porque el proceso está muy automatizado. «En esta clase de delitos con penas bajas, se producen fuertes negociaciones entre fiscales y defensores, para recalificar los hechos, admitir atenuantes o eliminar agravantes, de modo que pueda acordarse la sustitución de la pena de cárcel por una medida alternativa», dice una fuente.

Los jueces, que antes debían valorar la prueba, ahora deciden en atención a lo que piden fiscales y defensores, que, como primera línea de acción, buscan la suspensión condicional. Para eso, tienen que sacar calculadora: si el imputado no tiene antecedentes penales, se le considera con irreprochable conducta anterior y se cuenta como una atenuante (que puede ser o no calificada, según lo que hayan negociado). Aunque al imputado lo hayan descubierto en delito flagrante, si acepta un procedimiento negociado, se considera que demuestra colaboración con la justicia, entonces ya tiene dos atenuantes. Con dos atenuantes y ninguna agravante, queda libre. Antes de las reformas de 2014 y de la recientemente aprobada «agenda corta», un homicidio, por ejemplo, que comenzaba con una pena de cinco años y un día, con este sistema de cálculo podía reducirse a 61 días de presidio y eso significaba que la pena se cumplía «en libertad». Todo primerizo condenado a una pena inferior a cinco años, queda libre automáticamente. Y esas son las penas que se aplican en la mayor parte de los hurtos, robos y lesiones, que están entre los delitos más recurrentes.

Si el caso es más complejo, entonces normalmente se realiza un juicio abreviado, pero también se saca la calculadora y, en general, las penas son bajas. Contrariando el sentido común, aún en los delitos de mayor connotación social, el 80 o 90 por ciento de los casos termina con salidas alternativas o penas sustitutivas.

Esto, que en espíritu promueve los derechos humanos de las personas y la idea de que un primerizo tiene derecho a rehabilitarse, en realidad se presta para farsas, porque muchos de esos primerizos lo son solo en el papel. Hay personas que han pasado por el sistema de justicia cuatro, cinco o más veces y siguen siendo considerados primerizos, porque, por ejemplo, si la primera vez se archivó provisionalmente la causa, es primerizo; si luego aceptó una o más veces una salida alternativa sigue siendo primerizo.

Se estima que el 18 por ciento de las causas que se archivan corresponden a delitos cometidos por personas conocidas por el sistema. ¿Por qué se archivan? Por cosas como que el monto es pequeño. O porque el fiscal estima que las pruebas son «insuficientes» para acusar, lo que permite «matar» la causa.

¿Y cómo se suspenden los procedimientos? Si la persona se compromete a mantener su mismo domicilio por un año, transcurrido ese lapso se considera cumplida la «condición» y la persona queda libre de reproche penal y sin mancha en sus antecedentes. ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Infinitas. De hecho existe un instructivo del Ministerio Público sugiriendo a los fiscales limitar las suspensiones que favorecen a una misma persona a un máximo de tres consecutivas, pero es una sugerencia, no una obligación. Y los fiscales pueden ignorarla.

Incluso la ley dice que no se puede dar suspensión condicional a una persona que tiene una suspensión en curso, pero los únicos que saben eso son los fiscales que llevan la causa. El juez no tiene un registro que se lo indique. Si el fiscal omite el dato, el juez no tiene como saberlo.

«Entonces el fiscal se hace la siguiente pregunta: ¿sigo el proceso y tengo una causa pendiente o lo termino aquí? Y se arregla con el defensor para aceptar la suspensión y terminar ahí. Es punto para el fiscal y para los defensores significa dinero en efectivo, porque a los defensores licitados se les paga por causa terminada, con independencia de la razón por la que se termine», revela una fuente.

Así las cosas, personas que han hecho del delito su estilo de vida y que conocen el sistema, entran y salen con mucha rapidez. Buena parte de las salas del Centro de Justicia construido en Santiago como símbolo de la reforma, pasa vacía. La mayoría de los casos se resuelve sin llegar al juicio oral, en las oficinas de fiscales que firman archivos o acuerdan suspensiones. Los condenados que están en la cárcel son los actores frecuentes a los que se les agotó «la cuenta corriente» (y que se van condenados a prisión efectiva pues ya no tienen irreprochable conducta anterior) o quienes enfrentan procesos de alta connotación pública (si hay cámaras de televisión, el comportamiento de los actores del sistema cambia).

«Si tú miras las estadísticas de las condenas, un porcentaje menor (7 %) está condenado por robo, que es un delito grave. Y no es que hayan disminuido tanto los robos. Lo que pasa es que se recalifican como delitos de lesiones o hurtos, que son leves. Entonces estas personas reciben varias suspensiones antes de sufrir su primera condena. Cuando finalmente se les aplica la primera sentencia condenatoria, se les considera primerizos y, por lo tanto, salen libres. Cuando llevan unos dos años con condenas por las que han recibido penas alternativas (se cumplen en libertad), se dice que se les acabó la “cuenta corriente”, los condenan a penas privativas de libertad, pero como son delitos leves, reciben penas de 41, 60 días. Entonces las cárceles están llenas, pero de gente cumpliendo condenas cortas. En Chile, más de la mitad de los presos cumple penas inferiores a un año», dice la fuente.

En el viejo sistema, estas mismas personas pasaban 500 días en prisión preventiva antes de que llegara el día del juicio. En ese momento, si eran encontrados culpables, una buena porción salía libre porque se les abonaba el tiempo que ya habían estado presos y habitualmente recuperaban entonces la libertad. El problema era, claro, cuando después de la larga prisión «preventiva», las personas resultaban inocentes.

La jueza Ema Margarita Tapia al dejar en 2016 el Poder Judicial relató sin ambages su molestia con algunas de estas prácticas: «Mira, no puede ser que los fiscales pasen un robo con violencia como un hurto con lesiones para que el individuo reconozca culpabilidad y así cumplir sus metas de gestión». La propia magistrada explicó que cuando se hace esto el imputado recibe una pena baja por hurto y como las lesiones casi siempre son leves, «entonces el hombre sale con 41 días por el hurto y por un tercio de una UTM (por las lesiones); en cambio, el robo con violencia (el delito que verdaderamente cometió) está penado con 5 años y un día. Lo mismo pasa con el robo con intimidación: lo pasan por hurto con amenazas; uno, la verdad, no entiende el criterio».

El actual atochamiento de las cárceles, por tanto, no se debe a que haya un gran número de condenados, sino a personas que están entrando y saliendo constantemente. La puerta giratoria.

El poder del dinero

A pesar de su pérdida de poder, «aún es rentable tener a un ministro de la Corte Suprema», dice con cinismo una fuente conocedora del sistema. Importantes materias laborales, civiles, penales, comerciales, familiares se resuelven en sus salas.

El militarismo ha perdido fuerza con el traslado a la justicia civil de la mayor parte de las causas por violaciones a los derechos humanos. El Auditor General del Ejército, cargo que ocupó por mucho tiempo el general Fernando Torres Silva, actualmente condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, ya no se sienta en la Corte Suprema, como un ministro más, formando sala en cada causa donde hay un militar involucrado.

Sin embargo, con la reforma de Soledad Alvear y Eduardo Frei se permitió el ingreso, como ministros de la Corte Suprema, a abogados extraños al Poder Judicial (no se trata de los llamados «abogados integrantes» que son especies de ministros part-time contratados para reemplazar a los magistrados titulares, sino que a ministros de pleno derecho que en vez de provenir de la carrera judicial, provienen de la abogacía). Hay quienes estiman que por esta vía se le ha dado voz y voto en el máximo tribunal a los grandes poderes económicos, como antes lo tuvieron los militares.

Así se acusó de representar este conflicto de interés al abogado-ministro Pedro Pierry, quien integró el máximo tribunal entre 2006 y 2016. Experto en derecho administrativo, Pierry fue llevado a la Comisión de Ética del máximo tribunal por votar a favor del megaproyecto Hidroaysén, de la empresa formada por Endesa y Colbún, a pesar de que tenía casi 110 mil acciones de Endesa, adquiridas en 1988 y valorizadas en más de 97 millones de pesos al momento del fallo. Pierry integraba la Tercera Sala que resolvió sobre los recursos presentados en contra del proyecto en 2012 y su pronunciamiento fue decisivo pues el proyecto fue votado 3 a 2.

El abogado, que se jubiló en 2016 al cumplir el límite de 75 años, rechazó las acusaciones de conflicto de interés pues su paquete accionario era inferior al diez por ciento que impone la ley al establecer las inhabilidades. En su favor se dijo que, al no cumplir el requisito, Pierry no solo no podía inhabilitarse, sino que estaba obligado por ley a cumplir su función. La Comisión de ética terminó dándole la razón.

Otro abogado-ministro con extensas redes en el mundo empresarial es Patricio Valdés Aldunate, quien, además, se diferencia de quienes han ascendido desde dentro de la carrera judicial por poseer acciones en una amplia gama de empresas: CMPC, Gasco, Masisa, CAP, Enersis, Copec, Invercap, Feria La Calera, Iansa, Sociedad Anónima Soc. Fomento Fabril, y Banco Bice.

Su colega Carlos Künsemüller, en tanto, posee paquetes de Cencosud, Colbún, Viña Concha y Toro, Enersis, Corpbanca, Aguas Andinas, Almendral, Ripley, Banco de Chile, Banco Santander y SM-Chile.

Sin embargo, según la ley, como Pierry, mientras no superen el diez por ciento de la propiedad accionaria en alguna de esas empresas, no pueden inhabilitarse si se presenta una causa que les concierna. Y en favor de todos ellos, se alega que en sus fallos no siempre han favorecido a las grandes empresas y que en más de una oportunidad han fallado en contra. «Resuelven lo que creen correcto según la ley, y no por interés de unas acciones sobre sociedades que no controlan», afirma una fuente.

Como antes, las relaciones de parentesco entre los ministros del más alto escalafón y otros funcionarios judiciales no solo se mantiene, sino que, aparentemente, ha ido aumentado. Los observadores dicen que es poco probable que un ministro de Corte Suprema pueda incidir en las decisiones de un pariente juez, por las razones expuestas más arriba, pero las posibilidades de tráfico de influencias se expanden cuando los parentescos se dan entre ministros e hijos abogados. «Se conocen casos de profesionales que ofrecen como parte de sus servicios la influencia que pueden ejercer sobre su padre magistrado», señala una fuente.

Quizá una de las zonas donde hay más cruce de intereses es en los llamados «centros de negocio» del Poder Judicial: notarías, archiveros y conservadores de bienes raíces. Se trata de funciones que ejercen privados, pero supervisados y designados por el Ministerio de Justicia, a partir de cinco nombres que proponen las respectivas cortes de Apelaciones, cuyos ministros «visitan» o supervisan su funcionamiento. Su remuneración está dada por tarifas que cobran a los usuarios.

Por ejemplo, el conservador de Bienes Raíces de Santiago es Luis Maldonado, hijo de un expresidente de la Corte Suprema del mismo nombre. Se estima que sus ingresos oscilan entre los 140 y 160 millones mensuales, después del pago de gastos de oficina y sueldos. La presión por obtener una de estas nominaciones cuando se abre una plaza es, obviamente, alta, y es poco claro cómo y por qué se eligen las personas que finalmente se las adjudican. Más que los vínculos políticos, lo que parece pesar a la hora de decidir estas designaciones son las relaciones de parentesco o la amistad.

Maldonado estuvo hace un tiempo involucrado en un escándalo de extorsión, cuando una examante suya intentó cobrarle una alta suma de dinero para evitar la publicidad de unas fotos en que el conservador aparecía desnudo sobre una cama. La mujer y su abogado fueron condenados por extorsión, pero él resistió el chaparrón, incluso la divulgación de esas fotos, sin perder el puesto. Es difícil imaginar que un parlamentario o ministro de Estado sometido a similar trance hubiera podido mantenerse en su rol.

Al conservador de Santiago le han llamado históricamente «la oficina del fin de semana», pues a él han recurrido algunos magistrados para pedir el cambio de cheques por dinero en efectivo, por un apuro de fin de semana; cheques que el conservador tiene la delicadeza de no cobrar. Y se dice que esta práctica se reproduce en algunos Conservadores de regiones.

En el presente gobierno, la ministra Javiera Blanco insistió en que su amiga Patricia Pérez, exministra de Justicia bajo el gobierno de Sebastián Piñera, fuera designada como conservadora de Bienes Raíces en Villa Alemana, puesto en el que recibiría ingresos que se estiman, según cual sea la fuente consultada, en un mínimo de 8 millones de pesos y un máximo de 27 millones de pesos mensuales. Pérez es, a su vez, esposa del fiscal Pablo Gómez, designado para investigar el posible financiamiento ilícito de campañas políticas a través del caso SQM.

En los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera, esa administración designó como conservador en La Serena al esposo de su fiel aliada, la senadora Lily Pérez, Miguel Bauzá.

Otra parcela de altos ingresos son las notarías. Por ejemplo, es sabido que la notaria Linda Bosch obtuvo ese nombramiento gracias a las gestiones de Servando Jordán, cuando ya tenían una relación de amantes. Las notarías también han sido plazas donde la presión por nombrar amigos y familiares de integrantes del Poder Judicial o personas con influencia política ha sido alta, al punto que en 2012 se presentó un proyecto de ley para evitar el nepotismo en estos nombramientos, que no ha avanzado.

Si bien la influencia y poder de los ministros de la Corte Suprema es la sombra de lo que fue en el pasado, aún alcanza para zafar, aunque con más dificultades que antes, de escándalos que en otros ámbitos consumen en la hoguera del escarnio público a sus protagonistas, como los juicios por paternidad.

En 2010, el animador de televisión Mario Kreutzberger fue demandado de paternidad por un hombre que estaba convencido de ser su hijo. La noticia acaparó la atención de los medios de comunicación que siguieron el caso en todos sus detalles, hasta que un informe del Servicio Médico Legal dictaminó que no había compatibilidad genética entre ambos y que, por lo tanto, Don Francisco no podía ser el padre del demandante. Luego, el tema siguió vigente con la demanda contra otro conocido animador, Julio Videla.

Paralelamente y sin que se escribiera una sola línea al respecto, un ejecutivo de ventas de Talca, Alejandro Arriagada Arriagada, demandó por paternidad al entonces ministro de la Corte Suprema Juan Araya Elizalde. De acuerdo con el relato del joven, a quien entrevisté en Talca, Araya conoció a su madre cuando él era Secretario en el Juzgado de San Antonio y ella, una chiquilla de 16 años que acompañaba a sus padres al tribunal, por un pleito que tenían. El joven magistrado, bastante mayor que ella, estaba solo en esa ciudad porteña, pues había dejado a su esposa en Santiago. Alejandro cuenta que, según le dijo su propia madre, el magistrado y ella iniciaron una relación fugaz de la que resultó embarazada. Pero el juez volvió a Santiago para convertirse en relator de la Corte de Apelaciones, sin darse por enterado.

Según los relatos que Alejandro conoció en su adolescencia, el magistrado siempre negó esa paternidad y cuando se le acercaron algunos familiares para confrontarlo, «respondió que no se metieran con él, que él tenía mucho poder y trató a mis abuelos de ignorantes». Y así pasaron los años.

En algún momento, en su juventud, Alejandro lo llamó por teléfono, pero recibió una dura y cortante respuesta, diciéndole que esa paternidad era imposible. «En el momento en que yo le dije que era su hijo, me respondió: “Usted señor está muy equivocado, tenga cuidado con lo que está haciendo, porque se puede meter en problemas”. Yo le dije: “Pero si no estoy haciendo nada malo”. “No, pero usted está diciendo que yo soy su padre y eso es mentira, es falso. Su familia le mintió y yo no conozco a nadie de su familia” y me cortó». En aquel tiempo, si el padre no reconocía a un hijo, había poco que hacer para forzarlo.

Pero en 2010, aleonado por su pareja y cuando ya había nacido su primera hija, en la vorágine del caso de Don Francisco, Alejandro buscó un abogado que lo representara en un juicio por paternidad en contra del magistrado. Ya entonces la nueva ley de filiación (que data de 1998 y fue perfeccionada en 2005) ordenaba a los tribunales disponer de una prueba de ADN, con o sin consentimiento del presunto padre que, de ser positiva, obligaba al reconocimiento. La ley modificó el criterio anterior, en que esto era una concesión del padre. Ahora se entiende que el reconocimiento es un derecho de los hijos.

Alejandro cuenta que, sin embargo, no pudo encontrar un abogado que tomara el caso en contra de un ministro de la Corte Suprema, pero no se rindió y envió una carta al gobierno, entonces dirigido por Sebastián Piñera. Como respuesta recibió una sugerencia: recurra a la Corporación de Asistencia Judicial, que es el servicio que presta asesoría jurídica gratuita a las personas sin recursos para costear un abogado y es atendido, como se cuenta en este libro, por estudiantes en práctica que van rotando.

Pese a las dificultades, Arriagada, entonces un treinteañero, presentó su demanda y, en poco tiempo, le cayó encima un equipo de abogados de Santiago, que en nombre del juez, intentó persuadirlo de que estaba equivocado.

«Yo les dije: esto es muy simple. Sigamos el proceso judicial, vamos al Servicio Médico Legal y pidamos una prueba de ADN. Mi fuente es mi familia, no creo que ellos me hayan mentido. Estoy seguro de que él es mi padre y estoy dispuesto a hacerme el ADN. Pero si me mintieron y no estoy hablando con la verdad, el único que puede salir perdiendo soy yo. Ellos aceptaron el examen, pero si lo hacíamos en forma particular y no en el SML».

Alejandro accedió a la propuesta. Se concordó que si la prueba de ADN salía positiva, él se contentaría con una recompensa económica y se desistiría de la demanda de paternidad. Es decir, en la jerga jurídica, el asunto se resolvería por la vía «extrajudicial».

«Yo estuve de acuerdo, pero pedí como condición que el día que él viniera a hacerse el examen, hablara conmigo, que me conociera en persona. Y así fue. Él me dijo: “Efectivamente tuve una relación con tu mamá, pero yo no soy tu padre y te voy a decir por qué: en mi matrimonio he tenido solamente un hijo. Quise más, pero no pude. Un examen clínico y la ciencia me dijeron que yo no podía seguir engendrando más hijos. Por eso yo estoy convencido de que no soy tu padre, además que la relación que yo tuve con tu mamá fue apenas un ponceo”. Esa palabra usó».

Pero la prueba de ADN le dio la razón a Alejandro. El resultado fue que existía un 99,9 por ciento de posibilidades de que Juan Araya fuera su padre. El notario, donde se firmaría el acuerdo extrajudicial, se lo dijo al joven.

«Yo no hallaba qué hacer, te juro. Siempre soñé, y tal vez aún sigo soñando, que él me diga: “Te pido perdón (por no haberte reconocido)” o que se creara al menos un lazo, una amistad, poder rescatar algo, aunque fuera un vínculo mínimo, un llamado, lo que fuera. Es angustiante saber que tienes un hermano al que no le puedes decir hermano. Obviamente que él tiene una muy excelente carrera, es fiscal del Banco Central», dice Alejandro.

Pero ese reencuentro de fantasía no se materializó. Araya pagó 20 millones de pesos y no quiso saber más de Alejandro..

Al poco tiempo, se sintió esquilmado. El dinero se le fue en pagar deudas, darse algunos gustos y muy pronto estaba donde mismo: hijo de una madre adolescente que luego de haberlo engendrado emigró a Argentina, criado por sus abuelos sin mucho estímulo para seguir estudiando, con su trabajo como vendedor, luciendo en su certificado de nacimiento solo el apellido de su madre, y con una hija sin una historia qué contar sobre sus ancestros y sus hazañas. Una hija sin abuelo.

Del acuerdo notarial y el pago de los 20 millones, dice Alejandro, no quedó evidencia alguna. Los abogados se encargaron de que el pago fuera en efectivo y de que no quedara un papel en que se reconociera su existencia. Alejandro pensó en continuar con la demanda, pero entonces descubrió que su abogado se había apurado en presentar, a su nombre, el desistimiento. «Me dijo que era para generar las condiciones favorables al acuerdo». Ese fue el único acto oficial que quedó registrado. Sin embargo, un cabo quedó suelto: «Unos meses después, yo fui a la clínica Maule de Talca donde nos hicimos el examen de ADN y pedí una copia del resultado. Para mi sorpresa, como yo era parte involucrada, me la dieron».

Para esta entrevista, Alejandro me proporcionó una copia original de ese certificado. En él se señala que se tomaron muestras de saliva con un algodón de la boca de ambos. Tras el análisis de los indicadores genéticos, el informe fechado el 19 de enero de 2011 concluye de modo contundente:

«Hay inclusión de paternidad por cuanto existe coincidencia entre Padre Presunto e Hijo en todos los marcadores analizados. La persona cuya muestra venía rotulada como perteneciente al Sr. Juan Araya Elizalde tiene una probabilidad de 99.997 % de ser el padre biológico de la persona cuya muestra venía rotulada como perteneciente a Alejandro Andrés Arriagada Arriagada».

Con ese resultado, en cualquier juicio de este tipo, se declara la paternidad positiva del demandado. El joven volvió a la carga y presentó una nueva demanda.

«Hubiera sido mucho más barato para él que me hubiera dicho: “Reconozco mi error, sentémonos, conversemos, yo te puedo contar mi historia” porque a lo mejor la culpa no es completamente de él. A lo mejor en su tiempo se sintió solo, cuando no estuvo con su mujer, ella en Santiago y él en San Antonio, a cualquiera le puede pasar, hombres y mujeres, todos somos mortales, débiles, pero lo que no entiendo es por qué nunca quiso hacer nada. Eso duele», dice.

Sin embargo, Araya, a pesar de estar al borde del retiro, no estaba dispuesto a perder esa batalla. Le ganó al muchacho en primera y segunda instancia y remató con el rechazo que hicieron en la Cuarta Sala de la Corte Suprema sus, hasta hacía poco, colegas. Para la justicia el tema se había resuelto con el primer desistimiento del joven y ya era cosa juzgada. Los argumentos de sus abogados en cuanto a que en materia de paternidad no existe el criterio de la cosa juzgada, no fueron atendidos.

Araya se retiró del Poder Judicial el 22 de enero de 2014, tras servir siete años en la Corte Suprema. En la tradicional ceremonia de despedida, el entonces presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, dijo: «Lleva contigo el afecto de todos tus colegas, representados por quienes hoy te acompañamos, de todos los funcionarios que trabajaron junto a ti y de este, tu amigo».

En la audiencia, escuchaban atentos su esposa y a quien el magistrado considera su único hijo, Juan Pablo Araya.

El ideal de que la justicia resuelva los conflictos que conoce sin mirar a quién sigue siendo una quimera, opina el decano Vargas.

«En el caso de menor cuantía, contra defensores públicos, el Ministerio Público lleva las de ganar. En el caso grande, con defensores pagados por las partes, parece niño de pecho. Mientras más plata hay involucrada, mejor les va (a los imputados). Esto, que siempre había sido así, se evidencia mucho más ahora», opina.

Es decir, hay casos en que personas inocentes con poco poder para oponerse a un fiscal y a un abogado con buenas relaciones con los medios de comunicación, como Mario Schilling, terminan en la cárcel, como ocurrió al profesor de música Julio Lorca, que estuvo preso un año y medio acusado de abusar sexualmente de una niña con síndrome de Down antes de que la justicia reconociera su error. Y otros en que a pesar de los graves antecedentes en su contra, logran, con una buena defensa, esquivar las penas de presidio efectivo. Por ejemplo, el caso Nutricomp-ADN. Se trata de una leche especial para guaguas prematuras, producida por B. Braun Medical, y cuya preparación defectuosa implicó la muerte de seis niños y daños a otras 59 personas entre 2007 y 2008. Los exejecutivos de la empresa, acusados originalmente de graves delitos, contrataron al estudio del abogado más prestigioso en el ámbito penal, Luis Ortiz Quiroga.

Conocedores del caso cuentan que el profesional se dedicó tiempo completo a esta causa y que, durante el período más álgido de la defensa, cerró el estudio, derivando los clientes que tenía entonces a otros colegas. Además, se contrataron expertos extranjeros que estuvieron alojados en Chile, con todos los gastos pagados, por varios meses y con honorarios de mil dólares la hora, cada uno. El objetivo era evitar que los exejecutivos fueran a la cárcel y Ortiz lo consiguió. En la sentencia final, en la Corte Suprema, los exejecutivos Ezio Olivieri, Egon Hofman, Robert Oiteker y Juan Cristóbal Costal, fueron condenados solo por delitos de salud pública a cuatro años de presidio que cumplirían en libertad.

¿Se ha convertido en estos años el Poder Judicial en un auténtico poder del Estado,? El primer ministro de Justicia de Patricio Aylwin, Francisco Cumplido, entrevistado para este libro, opina que, a pesar de los avances, aún no. «Para ser un poder del Estado los Tribunales deberían gozar de independencia financiera, que no tienen actualmente, pues dependen de lo aprobado en la ley de Presupuesto por el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Asimismo, el procedimiento para designar a los Ministros de la Corte Suprema, como lo advertí en su oportunidad, ha conducido a politizar los nombramientos indebidamente».

¿Lo justo o lo legal?

Por último, entre tantas cosas que se pueden decir sobre los cambios en la administración de la justicia en estos años, es que del irrestricto apego a las leyes, que defendían los jueces cuando se les reprochaba no haber hecho más en defensa de los derechos humanos, durante dictadura, se ha pasado al criterio de resolver según lo que se considera justo o constitucional, aún en desmedro de lo que expresa la letra de la ley.

El exministro Cumplido revela que «los tribunales chilenos resuelven muy influidos por el régimen político vigente, como lo demuestran las investigaciones académicas. En efecto, en los regímenes dictatoriales y autoritarios habidos en nuestro país la interpretación de la Constitución, de las leyes, de los decretos con fuerza de ley y, especialmente, de los decretos leyes es restrictiva y literal, preferentemente. En los regímenes democráticos la interpretación es finalista y actualizadora. Así se comprueba en materia de violaciones de los derechos humanos, en los que, en el último tiempo, se resuelve, por ejemplo, que tales delitos no prescriben, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Chile y vigentes, o que las amnistías no se pueden aplicar respecto de esos delitos, que los procesos sobre detenidos desaparecidos no pueden cerrarse mientras no se determine lo ocurrido».

Esto, que a primera vista suena loable, no lo es tanto a ojos de los especialistas. No son pocos los que opinan que el criterio debió haberse aplicado a la inversa. Es decir, bajo dictadura, cuando las leyes eran claramente oprobiosas o ilegítimas, los jueces podrían haber hecho gala de su facultad para aplicar un criterio de justicia más que uno legal.

Pero, en democracia, cuando las leyes las hace el Congreso donde, al menos en teoría, está representado el pueblo, el Soberano, los jueces deben hacer un esfuerzo por apegarse a la letra de la ley, pues esta goza de la legitimidad democrática. El criterio de un solo juez, por brillante o justo que se considere, no se equipara, en un sistema democrático, a la expresión del Soberano y sus leyes.

La expansión del criterio constitucionalista ha hecho que hoy sea más difícil que nunca, dicen algunos, saber cuál es la jurisprudencia válida, pues todo dependerá de la sala y de la opinión particular que tenga cada magistrado. Pero, bien, este es un tema que les dejo para reflexión mientras leen y se enteran de lo que fue, a ojos de esta periodista, hasta el fin del siglo XX, la Justicia Chilena.

Alejandra Matus
Agosto, 2016

En memoria de Carlos Orellana y Bartolo Ortiz

Palabras preliminares

Llevaba varios días tratando de hallar el punto de partida de estas líneas explicativas, cuando recibí una llamada telefónica desde Santiago. Rodolfo Arenas, periodista de La Tercera, se comunicaba conmigo: habiéndose enterado de la existencia de este libro quería la primicia de un anticipo para su diario o, al menos, la información necesaria para preparar una crónica. Me vi forzada a recurrir a todo tipo de evasivas. No quería revelar detalles de su contenido, que, hechos públicos antes de la aparición de la obra, podían ponerla legalmente en peligro.

Recordé algunos hechos ocurridos durante mis últimos meses en Chile. Los periodistas Rafael Gumucio y Paula Coddou fueron a parar a la cárcel solo porque en un artículo ella reprodujo las opiniones expresadas por él en una entrevista. Gumucio dijo simplemente que el ministro Servando Jordán de la Corte Suprema era «feo y de pasado turbio». Por menos fueron más tarde encausados y también encarcelados —por un breve período, lo que no le quita gravedad al incidente— el exdirector de La Tercera, Fernando Paulsen, y el periodista José Ale.

La llamada de Arenas sirvió para revivir en mi ánimo las aprensiones por los riesgos que corremos (la casa editorial y la autora) por el solo acto de difundir hechos que, aunque fundamentados y comprobados, van a resultar ciertamente incómodos para sus protagonistas. Y qué contrastante me resulta esta realidad cuando la comparo con la de otros países democráticos, en donde no hay cortapisas para criticar a sus autoridades a través de los medios de comunicación, reírse de ellos incluso, sin que el periodista o escritor corra el peligro de tener que ir a parar a la cárcel. No necesitamos ir muy lejos, basta cruzar la frontera y asomarse a la Argentina. Otro ejemplo —muy reciente y de resonancia planetaria— es el que hemos visto desarrollarse en el país más poderoso del mundo, cuya seguridad no pareció sufrir ningún riesgo con las escabrosas historias de la vida íntima del Presidente que se hicieron públicas.

Recordé las dificultades que tuve muchas veces que enfrentar, ideando todo tipo de eufemismos y rodeos lingüísticos para esquivar los rigores de la Ley de Seguridad del Estado. Ella protege, como se sabe, a nuestras autoridades políticas y administrativas, a los generales y a los ministros de la Corte Suprema. ¡Cuántas veces fui censurada porque el artículo se ocupaba de alguno de estos intocables!

Se revivieron con esa llamada mis temores. Los mismos que tuvieron que superar las casi ochenta personas que entrevisté a lo largo de varios años para poder penetrar en las intimidades de nuestro Poder Judicial. Similares también a los que, sacando fuerzas de flaqueza, alimentaros mis energías en la tediosa tarea de investigación, de verificación de antecedentes, de cotejo de fuentes. Artículos de diarios y revistas, expedientes legales, oficios judiciales, monografías, los pocos libros que se han escrito sobre el tema.

Es absurdo y quizás si hasta ridículo, tener que admitir que sentí esos temores, y que en alguna medida todavía los vivo, cuando en Chile ha transcurrido ya casi una década de haberse recuperado la democracia.

Sin real libertad de expresión el periodismo se pervierte, pierde su altura ética y puede transformarse en un engendro monstruoso: inquisitivo, osado, mordaz, descalificador y hasta cruel contra quienes no tienen leyes que los protejan; tolerante, obsecuente y servil con los poderosos, sin excluir, por supuesto, a la autoridad, a la que sin embargo está llamado a fiscalizar.

Creemos en la libertad de expresión y creemos en la necesidad del periodismo fiscalizador, que investiga e informa, que no persigue denigrar a personas o instituciones, pero que tampoco vacila en acometer la verdad, aunque esta, como es a veces inevitable, moleste a algunos de los protagonistas de la sociedad en que vivimos.

Esto último puede ser un obstáculo, porque un libro como este, escrito pensando en los principios enunciados, aunque sea social y culturalmente necesario, es evidente que corre el riesgo de concitar la ira de quienes se han predefinido como encarnaciones de la Virtud Pública, la Seguridad y la Patria.

Las cosas han cambiado desde que en 1992 comencé mis investigaciones con miras a la preparación de este libro. Iniciado el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la vieja Corte y ciertas prácticas se quedaron sin su paraguas protector. La posibilidad cierta, por ejemplo, de una acusación constitucional contra algún magistrado y, tal vez principalmente, los recientes cambios en la cúpula del más alto tribunal, han debilitado algunos de los viejos vicios. La aprobación, además, de leyes tan radicales como la modificación del proceso penal, son signos de la recuperación que se avizora, que viene lenta pero que ya está en marcha.

Es evidente que todavía queda bastante bajo la alfombra. Hay que recapitular muchos actos de la Magistratura que entrañan traiciones a la confianza pública, y que continúan siendo convenientemente ignorados por la mayoría de la población. También hay otros aspectos importantes que merecen conocerse: los actos de grandeza, valentía y hasta heroísmo de muchos de sus hombres.

No he pretendido escribir «todo» acerca de la Justicia chilena, sino narrar solo lo necesario para explicar y entender lo que ha sido su itinerario, el ejercicio de sus funciones en tanto «Poder» del Estado. El lector, especialmente el más informado, encontrará ciertamente que hay en este trabajo omisiones y hasta simplificaciones. Son propios de las dificultades de un lego, cuya cercanía al tema se ha dado, no desde el ángulo del profesional de la jurisprudencia, sino del periodista preocupado del «área judicial» durante largos años en diversos medios de comunicación. No tengo ninguna duda de que hay jueces y abogados que disponen de información mucho más amplia que la mía, o que habrían privilegiado la evocación de antecedentes que, aun yo conociéndolos, no consideré pertinente evocar.

No están en estas páginas las historias de algunos grandes casos judiciales —cada uno de los cuales da probablemente para un libro aparte—, y aquellos que se mencionan son, por lo general, únicamente aludidos para dar luces sobre el comportamiento de la Corte Suprema, hilo conductor y tema central de este libro. Otro tanto ocurre con aquello que podría relatarse a propósito de los abogados, la policía, la gendarmería, el Servicio Médico Legal.

Muy lejos de mí la idea de querer emparentar la estructura de este volumen con modelos literarios ilustres. Puede, sin embargo, leerse conforme al consejo cortazariano: en cualquier orden. El producto será siempre el mismo. En todos los capítulos el lector encontrará componentes de la viga maestra sobre la que descansan las afirmaciones de mi libro: no ha existido en la Historia de Chile un Poder Judicial que se entienda y conduzca como tal; lo que hemos tenido —salvo, reitero, las actuaciones aisladas de jueces tan brillantes y valientes como escasos— ha sido un «servicio» judicial, no más moderno, ético ni independiente que cualquier otro de la administración pública.

La autora
Miami, Estados Unidos, 1999.

Capítulo I

El poder degradado

Secretos de palacio

El frío marmóreo del Palacio de los Tribunales se pega a la piel como el vaho de un frigorífico. La sensación de estarme congelando en eternas esperas es lo primero que recuerdo al repasar esos cinco años que estuve cubriendo el sector. El invierno parece más crudo y más largo en medio de esos pasillos.

Cuando comencé —en 1990, para el diario La Época— no había sala de periodistas en el edificio que alberga a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte Suprema. Tampoco baño para mujeres. El café de la Estelita —que todavía pasa una vez al día con sándwiches, queques y café con leche— era lo único cálido en esos tediosos plantones que podían durar hasta doce horas. O dieciséis o dieciocho, si había algún caso especial. Y, por esos años, los había a montones.

Recién llegada, un día vi al ministro Jordán, trastabillando y apoyado en los hombros de un empleado que lo llevaba hasta su vehículo.

En otra ocasión, presencié como este ministro se retiraba temprano sin cumplir con su obligación de firmar las resoluciones del día, cuando presidía la Cuarta Sala.

Yo me había quedado esperando el «listado» de fallos (es el nombre que dábamos a una página que preparaban los funcionarios de secretaría, con el resumen del trabajo de todas las salas, al finalizar el día). Excepcionalmente, el listado no salía. Los funcionarios me dijeron que estaban esperando las resoluciones de la Cuarta Sala. Jordán, se había ido poco antes de las cinco de la tarde diciendo: «Voy y vuelvo», pero no regresaba. Cerca de las ocho de la noche, los funcionarios se dieron por vencidos. El listado quedó pendiente para el día siguiente, cuando Jordán reasumiera sus labores.

Era usual entonces que este magistrado llegara atrasado y se fuera temprano, aunque su obligación, como la de todo juez, era la de permanecer en su despacho por lo menos cuatro horas al día (o cinco, si la sala tenía atraso). Es decir, por lo menos de dos a seis de la tarde. Las continuas faltas a este compromiso le granjearon reprimendas de algunos de sus propios colegas, quienes se irritaban por su feble disciplina y el retraso que provocaba en el trabajo de los demás.

Tengo viva la imagen del mismo juez paseándose un día, lentamente, con los pantalones mojados, de ida y vuelta por el pasillo del segundo piso (donde funciona la Corte Suprema), mientras conversaba con uno de mis colegas. Ambos pasaron junto a mí dos veces. La amplia mancha de líquido en los pantalones grises del ministro era fácilmente distinguible de frente y de espaldas.

—El dice que se le dio vuelta un jarro con agua —me explicó suspicaz mi colega, más tarde.

Un misterio para mí era la tolerancia colectiva de la magistratura a la figura del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica.

Una vez tuve que visitarlo, pues había emitido un informe favorable a una resolución del ministro Juica, en el caso degollados y me interesaba escribir un artículo al respecto.

Fui a sus oficinas, ubicadas en el delgado tercer piso que emerge justo sobre la Corte Suprema. Hice antesala con una menor en uniforme escolar. Era una de las «sobrinas» del fiscal. Yo entré primero. García Pica, un hombre viejo y macizo, vestía unos suspensores burdeos sobre su camisa blanca. Sentado detrás de un escritorio de carpeta verde —me recordó al Servicio de Impuestos Internos— me preguntó cuál era el motivo de mi visita. Empecé a explicar, pero el magistrado parecía no entender lo que yo le decía. No recordaba haber escrito el mentado informe. Súbitamente, comenzó a lanzarme besos y a hacer grotescas muecas con la boca. El anciano continuó sus avances con piropos. Desconcertada, me levanté y salí. El fiscal instruyó a su secretaria para que me entregara el informe que yo andaba buscando.

Más tarde, reporteando para este libro, me enteré de otros detalles acerca de este funcionario —quien, al menos en la letra de la ley, representaba los intereses de la sociedad ante el tribunal de alzada— que narraré más adelante.

También recuerdo de aquellos primeros años la congoja de un amigo nuestro, un profesional a quien un abogado le pidió el favor de llevar un maletín a determinado magistrado de la Corte Suprema. Cuando llegó con el encargo, las actitudes del destinatario le hicieron comprender que el maletín contenía una recompensa. Había sido usado como correo para pagar una coima y no sabía cómo quitarse esa mancha de encima. Aunque no tuvo interés pecuniario alguno en la operación, por mantener la confianza del abogado y del magistrado, nuestro amigo optó por callar.

Recién asumido el Gobierno Patricio Aylwin los tribunales eran, periodísticamente, tierra descubierta y conquistada por los profesionales de El Mercurio y La Segunda, Miguel Yunisic y Daniel Martínez, quienes, legítimamente, no estaban dispuestos a compartir sus fuentes, ganadas durante años de oficio, aunque sí —especialmente Daniel—, aceptaban ejercer cierta labor pedagógica con la nueva hornada de periodistas de Tribunales: Mario Aguilera, Claudio Mendoza, Teresa Barría, Yasna Lewin, Sebastián Campaña y yo.

Antes incluso de pensar en reportear, había que aprender algunas nociones básicas de la forma en que operaba este sector, en que el lenguaje era ininteligible, los jueces inasequibles y los relacionadores públicos, inexistentes.

En mis primeros días, llegaba al edificio tempranísimo y me paseaba por sus cuatro pisos de escaleras y recovecos tratando de entender. Las caras de jueces y abogados me eran, como para casi todos los ciudadanos, absolutamente desconocidas. Me daba pavor pensar en aquella frase: «La ley se entiende conocida por todos». Yo, a diario, me daba cuenta que con mis entonces tres años de ejercicio profesional y mis estudios universitarios, no la conocía. Tampoco esas personas de ropas y zapatos gastados, que preguntaban conmigo: «¿Dónde está la primera sala?».

Si la ley era un misterio para mí, los procedimientos judiciales, un acertijo.

Durante los primeros meses mis colegas me dieron como bombo en fiesta. Cuando yo iba a la Corte, ellos estaban en algún tribunal. Cuando me iba al juzgado, la actividad estaba en las fiscalías militares.

Pero poco a poco aprendí a leer los movimientos de actuarios y jueces. A descifrar los incomprensibles letreros que cuelgan de las paredes para «informar» a los litigantes qué causas se verán cada día. El significado de la letra y el número negro de metal que los oficiales de sala cuelgan en menudas pizarras de madera cada vez que se inicia la vista de una nueva causa. A rastrojear en los libros. A indagar en los listados de fallos.

Fue un duro proceso de autoeducación que eliminó de mi memoria la imagen idealizada del Poder Judicial, construida a temprana edad sobre la base de retazos de películas norteamericanas y series televisivas.

Yo llegaba antes de que las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema empezaran a funcionar (a las dos de la tarde, casi todo el año, excepto en el corto verano, en que la media jornada de labores se traslada a la mañana) y me iba mucho después de que los magistrados partían a sus casas.

Al medio año, ya podía «ver». Por ejemplo, distinguir cuando se estaba realizando un «alegato de pasillo». Identificar la estampa de ciertos mediadores que aparecían solicitando audiencias con ministros de la Corte Suprema después de las 18 horas, aprovechando la leve oscuridad que sucedía a la extinción paulatina de la iluminación interna.

En el sistema chileno, que no tiene imitadores en ninguna parte del mundo moderno, el papel escrito ha sido históricamente la medida de toda acción judicial. Allí donde se perdió un expediente, el proceso y la posibilidad de reparar un daño o dar a cada quien lo que le corresponde desaparece, las más de las veces, para siempre. La táctica de pagar a algún funcionario una pequeña suma de dinero para que «extravíe» un legajo es antigua. Un día vi a una persona, a quien tenía en alta consideración por su reconocida probidad, acudir a esta argucia para hacer desaparecer una causa de nulidad matrimonial que se había complicado mucho para un cliente suyo.

También oí. Oí tantas cosas que me parecía inconcebible que el resto de los medios las ignoraran. Cuando discutíamos el tema, algunos de mis colegas suscribían la tesis de que solo debía escribirse aquello escrito en papel oficial. Que no se debía informar de un fallo mientras no estuviera firmado —la publicidad anticipada, argumentaban sobre la base de su propia experiencia, podía instigar a los jueces o ministros a cambiar de parecer—. Cierto sentido reverencial los cohibía de reportear los entretelones de las decisiones judiciales. Era la herencia de otros tiempos que los advenedizos al sector no estábamos dispuestos a venerar.

Un día de junio de 1991, bastante tarde, me encontré con el funcionario del Consejo de Defensa del Estado (CDE) encargado de permanecer al tanto del avance de las causas. Parecía acongojado. Me contó sobre un extraño fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que había otorgado la libertad a un narcotraficante procesado por la internación de cocaína más grande descubierta hasta entonces y que el CDE ni siquiera se había enterado. El funcionario temía perder su puesto, porque era su responsabilidad perseguir esa causa. El caso apareció en las páginas de La Época y, un mes más tarde, en la revista APSI, pero los demás medios ni siquiera mencionaron el hecho. Tales antecedentes tampoco fueron motivo de interés político.

Era el tiempo del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, por la actuación de los tribunales en los casos de violaciones a los Derechos Humanos y por los proyectos de reforma. Momentos en que la oposición defendía a brazo partido la «independencia» del Poder Judicial y se oponía a cualquier intento de «politizarlo». El Mercurio, que ha sido por años el medio por excelencia entre jueces y abogados, editorializaba en el mismo sentido. Los ministros, tras el escudo del irascible —pero probo— presidente de la Corte Suprema, Enrique Correa Labra, se sentían seguros.

Afuera, el país parecía enfrentar problemas más importantes. La tensión entre el Ejército y el recién instalado gobierno de Aylwin era la preocupación central. Los actos de violencia de grupos de extrema izquierda añadían inesperados ingredientes a la ya difícil gobernabilidad.

Por eso, aunque en el seno del Poder Judicial se hablaba de corrupción —de corrupción en la propia Corte Suprema— el tema permaneció por un tiempo desconocido masivamente y sus autores, impunes. No fue sino hasta la acusación constitucional contra Hernán Cereceda que las lenguas se soltaron. Un poco.

Se soltaron todavía más con la posterior acusación contra Servando Jordán, quien fue el chivo expiatorio escogido para pagar pecados propios y ajenos. Pero la acusación llegó tarde, cuando la mayor parte de las faltas estaban consumadas y Jordán —lo mismo que otros magistrados— le había bajado el perfil a ciertas actitudes, tal vez para ocultarlas del escrutinio público.

Fue en los primeros años de los ‘90 que cristalizó en la Corte Suprema el punto más bajo de un largo proceso de degradación. Si no fuera por la actitud individual de algunos notables magistrados la condena sería total.

La renuncia a los objetivos de su ministerio por parte de algunos integrantes del más alto tribunal fue particularmente dañina, considerando que la estructura del sistema es extremadamente jerarquizada. Se crearon mecanismos tácitos de protección. «Yo no te acuso, tú no me acusas».

En algunos tribunales se llevaban cuadernos de los ministros que llamaban pidiendo favores. No para denunciarlos (hasta ahora no ha ocurrido), sino para «cobrar» el favor cuando llegara el momento en que se necesitara alguna ayudita «de arriba».

Se crearon núcleos de poder. Quien quedaba fuera de alguna «familia», sin un padrino, podía considerarse huérfano y estancando en su carrera, tal vez para siempre.

Para oponerse a la voluntad superior había que ser más que honesto. Había que ser heroico. Las facultades discrecionales de la superioridad, definiendo los destinos de cada funcionario, eran tan grandes que cualquier gesto de oposición podía interpretarse como desobediencia. Rebeldía que sería castigada con una sanción directa o con algo peor, intangible: la postergación.

Los amigos de Aylwin

Cuando Patricio Aylwin asumió el gobierno, contaba con una Corte Suprema absolutamente hostil, que había sido remodelada en los últimos años de Gobierno militar con personas que el ministro de Justicia, Hugo Rosende, consideró incondicionales. Según se recapitula más adelante, no importaron mucho los méritos de los postulantes, sino la lealtad e incondicionalidad al ideario del general Augusto Pinochet.

Apenas instalado en La Moneda, Patricio Aylwin comenzó a recibir toda suerte de comentarios acerca de negligencia, actitudes indecorosas y hasta corrupción entre ministros de la Corte Suprema. Sus amigos —casi todos abogados— canalizaban parte de estos comentarios que se hacían privada, pero animadamente, en los tribunales.

Aylwin dijo a tres de sus más cercanos colaboradores que si le traían algo concreto, «se podría hacer algo».

El Ejecutivo no tiene facultades fiscalizadoras sobre la Corte Suprema y el Parlamento cuenta como única herramienta la medida extrema de la acusación constitucional. Aylwin no estaba en posición de patrocinar una, pero sí de sugerir la renuncia a algún magistrado «complicado» con ciertos antecedentes. Eso es lo que sus amigos entendieron por «hacer algo»[1].

Los escogidos se propusieron reunir pruebas que dieran respaldo a las acusaciones que se estaban haciendo y pidieron a los denunciantes que las sustentaran con sus testimonios o con alguna prueba documental.

Uno de ellos, Alejandro Hales, cuenta que «tuvimos la intención de aportar. Queríamos armar dossiers, pero no tuvimos la capacidad. Primero, porque no éramos policías, ni podíamos usar métodos habituales en otras épocas. Y segundo, porque se decían muchas cosas, pero a la hora de pedir pruebas, las acusaciones se diluían»[2].

Hales afirma que la petición nunca la formuló el Presidente, sino que fue iniciativa propia.

Otro de los profesionales, que admite haber recibido el encargo de boca del Presidente, afirma que de todo lo que oyó, solo encontró testigos dispuestos a ratificar afirmaciones sórdidas sobre la vida privada de Luis Correa Bulo, uno de los ministros de la Corte de Apelaciones que Aylwin nombraría en la Corte Suprema. Este colaborador sabía que Correa Bulo había tenido una actitud constante y valiente en las causas por violaciones a los derechos humanos y no estaba dispuesto a que de todos los magistrados acusados de actitudes irregulares, Correa Bulo fuera el único en pagar. «Nunca le dije a Aylwin», afirma hoy[3].

Era discutible la presunta incompatibilidad del comportamiento descrito por esos testigos con el ejercicio del ministerio. Tal vez, hasta discriminatorio. Pero no lo es el reproche a otras conductas del ministro Correa Bulo. Conductas que llevarían posteriormente al propio Aylwin a manifestar a cercanos suyos su arrepentimiento por haberlo nombrado en la Corte Suprema[4].

El tercero de los encomendados por Aylwin logró reunir alguna información que le entregó al Presidente y este, después de procesarla, la habría derivado, sin revelar su fuente, al ministro de Justicia, Francisco Cumplido, quien nunca estuvo enterado de las intenciones de las amistades de Aylwin, pero asegura que, paralelamente, también recibió información. Una vez un abogado le dijo: «Al ministro tal le pagamos tanto dinero por este fallo».

Cumplido le pidió al profesional una prueba: el recibo del depósito. El abogado se esfumó, pero no pasó mucho tiempo para que ambos volvieran a encontrarse. El ministro preguntó:

—¿Y…? ¿Qué pasó con el recibo…?

—Es que eso es muy complicado para mí. Yo te conté para que intervinieras tú.

—Pero sin pruebas no puedo hacer nada. Tú dices que quieres ayudarme a limpiar esto, pero no lo estás haciendo…[5]

Cumplido oyó a otros que, aunque pocos, estuvieron dispuestos a ratificar sus quejas. Muchas de ellas eran formuladas por personas de escasos recursos que tenían que lidiar con la corrupción en el último peldaño del sistema judicial. Allí donde los actuarios —que cumplen apenas con el mínimo requisito de haber egresado de cuarto medio— y los oficiales de sala aparecen mandando más que el distante e inaccesible juez.

Cuando Cumplido representó acusaciones fundadas contra los tribunales de primera instancia, los presidentes de la Corte Suprema Luis Maldonado y Enrique Correa ordenaron inmediatas investigaciones y adoptaron sanciones. Es lo que ocurrió con el comportamiento indebido de ministros y jueces ariqueños en causas de narcotráfico y con los casos de corrupción flagrante en los Juzgados de San Bernardo.

Durante el período de Patricio Aylwin la Corte de Apelaciones de Santiago investigó las irregularidades cometidas por los jueces Geraly Sterio (quien nunca fue habida para su procesamiento), Pedro Cornejo, Lientur Escobar y Eduardo Castillo, quienes luego fueron removidos del servicio por la Corte Suprema.

Pero, en dos ocasiones Cumplido informó a la Corte Suprema sobre una actuación irregular entre sus pares. Luis Maldonado y Marcos Aburto fueron los receptores de sendas quejas contra los ministros Arnaldo Toro y Servando Jordán. Ninguno de los dos fue sancionado, ni investigado en sumarios internos, pues el procedimiento ni siquiera está contemplado en esas alturas del Poder Judicial.

El viaje de «Torito»

El ministro Arnaldo Toro fue uno de los últimos designados durante el gobierno militar. Llegó a la Corte Suprema el 12 de julio de 1989 sin que pueda contarse en su currículum ninguna actividad académica de importancia, ni fallo relevante. Según un magistrado en funciones en la Corte Suprema, a Rosende se le acabó la lista de ministros que pudiera considerar incondicionales y tuvo que «raspar la olla»[6]. Otros dicen que fue recomendado por Manuel Contreras. El caso es que Toro, «Torito», como le decían sus colegas, asumió.

Los ministros de la Corte Suprema tienen derecho a pedir tres días libres al mes y seis días administrativos al año, más 30 días de vacaciones. Sin embargo, no están obligados a firmar un libro de asistencias. De su presencia en el tribunal solo queda constancia en una página que se cuelga en las pizarras ubicadas afuera de cada sala, para que los abogados sepan qué ministros están presentes, cuáles están ausentes y quiénes los reemplazan en un día equis. Indagar cuántos días libres se toma cada uno al año es una tarea casi imposible.

No obstante, es un hecho que Arnaldo Toro ha sido, desde que asumió su cargo, el ministro más ausente. Pocos podrían incluso describirlo físicamente. Personalmente, durante los cuatro años que pasé más horas en ese edificio que en ningún otro lugar y en los que memoricé los rostros de la mayoría de los magistrados, de los funcionarios y hasta de los gendarmes, no recuerdo haberlo visto.

Toro se ha tomado todos los días libres a que ha tenido derecho legalmente. Aunque eso ya es bastante, fue más allá cada vez que pudo. Y si bien los presidentes que ha tenido el máximo tribunal han iniciado sus períodos tratando de poner coto al exceso de inasistencias, «es difícil para ellos decir que no a un colega, especialmente cuando argumenta graves dificultades personales»[7].

Toro, además, sufre de sinusitis crónica. Largos episodios de este malestar lo aquejan varias veces al año, de acuerdo con el registro de licencias médicas que ha presentado durante su ejercicio ante la Corte Suprema.

Sus prolongadas ausencias no fueron obstáculos, empero, para que realizara la gestión judicial, en 1990, que motivó los reparos del Ministerio de Justicia ante el presidente, Luis Maldonado.

El 2 de octubre de 1990, Toro, Marianela Valencia y Sergio Ramos Echaiz abordaron el avión Ladeco que cubría el trayecto entre Santiago y Antofagasta, con escala en Copiapó. Las tres reservas se hicieron bajo un mismo código: «C.2.»

Ramos era el socio principal y administrador de la Sociedad Legal Minera Afuerina, que se hallaba en una disputa legal con la Compañía Minera Ojos del Salado, en dos causas acumuladas en el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó, bajo los roles 26.932 (originada en el Primer Juzgado) y 5.017 (iniciada en el Tercero).

La razón de ambas causas era una disputa entre La Afuerina y Ojos del Salado por una inversión que haría Philips Dodge Corporation, bajo el nombre de proyecto cuprífero La Candelaria. La Afuerina aparecía como la beneficiaria de los 300 millones de dólares que Philips Dodge Corporation planeaba invertir. Pero Ojos del Salado reclamaba que los bienes que se usarían para concretar el proyecto (identificados como «Lar 1-10») le pertenecían.

Al llegar a Copiapó, Toro y sus acompañantes se alojaron en la casa del cuñado de Ramos, el empresario Sergio Herrero. Ese mismo día, el titular del Primer juzgado, Álvaro Carrasco, le llevó al ministro de la Corte Suprema una fotocopia de los expedientes.

Dos días después, aprovechando una ausencia provisoria del titular del Tercer Juzgado, Toro llamó a Carrasco —que, recordemos, era juez del Primer Juzgado— y le ordenó reponer una resolución que había sido desechada el 15 de ese mes, en la causa que se había iniciado en el Tercero. La instrucción era acoger las peticiones de La Afuerina.

Al día siguiente, Samuel Lira, exministro de Minería bajo el gobierno militar y apoderado de Ojos del Salado, se quejó ante el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado.

—Usted tiene que llamar al magistrado para asegurar la imparcialidad en este caso —le dijo al magistrado.

Maldonado ordenó a su secretaria que le comunicara con el tribunal copiapino. Cuando logró contactarse con el juez Carrasco, Maldonado comprobó que efectivamente Arnaldo Toro estaba presionándolo.

—No se deje influenciar… Usted falle ajustado a Derecho y no se preocupe de nada más. Nosotros lo vamos a proteger —le dijo Maldonado al atemorizado juez[8].

El caso llegó también a oídos del ministro Francisco Cumplido, quien se entrevistó con Maldonado para plantear oficialmente la queja.

Es probable que Maldonado haya amonestado privadamente a Toro, pero no se inició ninguna investigación oficial sobre su proceder y estos antecedentes nunca se hicieron públicos.

Las primeras batallas de Aylwin

A fines de los ‘70 el llamado grupo de los 24, encabezado por Patricio Aylwin, comenzó la elaboración de proyectos que incorporaría a su plataforma gubernamental. Una subcomisión de ese grupo, dirigida por Manuel Guzmán Vial, desarrolló los lineamientos para el sector justicia. La preocupación principal era entonces cómo enfrentar el tema de los derechos humanos.

Una vez que Aylwin asumió el poder, Guzmán se convirtió en el presidente de una comisión oficialmente encargada de estudiar proyectos de reforma al Poder Judicial. Mientras el grupo trabajaba, el Presidente asumió una estrategia de choque.

El viernes 30 de marzo de 1990, apenas después de probarse la banda presidencial, Aylwin inauguró la XVII Convención de Magistrados en Pucón.

En la testera estaban sentados el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Germán Hermosilla, el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, y el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Centenares de magistrados desde Arica a Punta Arenas asistían a esta, la primera convención tras el fin del régimen militar, una de las más concurridas en la historia de la Asociación.

Apenas empezando su discurso, Aylwin dijo: «Nadie puede objetivamente negar que la administración de justicia experimenta una grave crisis»[9]. Varios de los que escuchaban se removieron, incómodos, en sus asientos.

El Presidente recordó la figura de su padre, Miguel Aylwin, quien fue presidente de la Corte Suprema al finalizar los ‘50, e hizo un listado de las deficiencias del sistema. Partió mencionando la falta de tribunales —nada nuevo, esa era una demanda compartida por todos los que habían presidido la Corte Suprema durante, por lo menos, dos décadas—, pero continuó afirmando que, según la opinión ciudadana, la judicatura no actuaba como un Poder del Estado realmente independiente.

«Se la ve más bien como un mero servicio público que “administra justicia” en forma más o menos rutinaria, demasiado apegada a la letra de la ley y a menudo dócil a las influencias del poder», dijo y la incomodidad se instaló definitivamente en los rostros de algunos asistentes.

Aylwin comentó que compartía la opinión de la mayoría de los ciudadanos en cuanto a que los tribunales «no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes» les conferían para proteger los derechos fundamentales de las personas.

«Mi gobierno tiene la firme decisión (…) de afrontar derechamente y a fondo este problema, en el ánimo de elevar la judicatura a su más alto nivel, procurando que su institucionalidad le confiera el carácter de efectivo Poder Público, realmente independiente, y abordar para ello una reforma integral, tanto orgánica como procesal, que la convierta en un instrumento eficaz para realizar la justicia en la convivencia social»[10].

¿Convertir al Poder Judicial en un verdadero Poder del Estado? ¿Qué insolencia era esa? La mayoría de los ministros de la Corte Suprema (aunque no asistieron a ese encuentro, sino que se enteraron luego) se sintieron ofendidos. Luego le reprocharían a Maldonado haberse quedado hasta el último minuto oyendo tales agravios. Desde su perspectiva, el Poder Judicial era el único que había emergido incólume de la traumática experiencia de la Unidad Popular y se había mantenido independiente y apegado a la ley bajo el Gobierno militar. «Puro», como decía el ministro Enrique Correa Labra.

Según ellos, crear más tribunales y aumentar los sueldos eran las únicas mejorías posibles. Las nuevas autoridades debían aplaudir el heroísmo de la magistratura antes que criticarla.

Aylwin siguió explicando que se proponía duplicar el presupuesto asignado al sector justicia en un plazo de cinco años. Luego anunció su programa de reformas, que partiría por modificar la carrera judicial, para que se «respete plenamente la dignidad de los magistrados». Esa fue una crítica directa al corazón de la Corte Suprema, que había ejercido en los últimos años un poder sin contrapeso para promover las carreras de unos jueces —no siempre los mejores— y frenar las de otros, especialmente de aquellos que acogieron e investigaron causas por violaciones a los derechos humanos.

«Propondremos cambios legislativos para que los sistemas de nombramientos, ascensos y calificaciones sean lo suficientemente objetivos, transparentes y competitivos», decía Aylwin, y sus palabras se iban traduciendo como el peor de los insultos para ciertos magistrados.

En el mismo capítulo el Presidente atacó la práctica del «besamanos» a que históricamente se vieron sometidos los magistrados, primero ante sus superiores, para solicitar ser incluidos en ternas o quinas de ascenso, y luego ante el Ministerio de Justicia de turno, para que los seleccionara:

«Aspiro a que no sea jamás necesario pedir audiencia al ministro, al subsecretario o a otros funcionarios para exponer los méritos. Ellos se encuentran en las calificaciones, en la hoja de servicios y en la independencia y prestancia con que se ha desempeñado el cargo. Les ruego tener confianza en que así procederemos».

Aylwin recordó a su padre, quien, por su carácter «tieso de espinazo», se negaba a hacer antesala ante sus superiores para ser incluido en ternas o quinas. Eso le valió postergaciones, pero también reconocimiento y respeto entre sus pares y entre los abogados. Cuando asumió como presidente de la Corte Suprema, Aylwin padre elaboró un sistema de anotaciones que llamaba «pragmáticas»: en una libreta llevaba la cuenta de los méritos de cada magistrado, de la certeza y agudeza de sus sentencias, de su antigüedad y otros merecimientos, con los que confeccionaba una lista. Los más capaces arriba, los menos, en orden, hacia abajo.

En su cargo de Presidente del país, Patricio Aylwin copió el método y diseñó «pragmáticas» para determinar a quién nombrar, especialmente cuando había alguna vacante en la Corte Suprema. En Pucón, pidió a las autoridades judiciales que usaran similar criterio para elaborar las ternas o quinas de postulantes, pues, dijo «el sistema de cooptación puede llevar a la formación de castas judiciales y hasta el nepotismo, lo que daña gravemente la autoridad y prestigio de la judicatura».

El Presidente estaba tocando otra de las prácticas de vieja data en el sistema. La de preferir a los amigos, a los incondicionales o aun a los parientes para llenar los cargos, especialmente en los nombramientos más cotizados y que dependen del Poder Judicial, como notarías, secretarios en juzgados civiles, conservadores de bienes raíces, procuradores del número.

Aylwin expuso la necesidad de que los jueces dictaran fallos razonados y fundados y de que se pusiera coto al abuso de ciertos recursos extraordinarios, como las quejas, que convirtieron a la Corte Suprema en una «tercera instancia». Lo razonable es que existan solo dos: en primera instancia, la resolución de un juez, y en segunda, el dictamen de una corte de apelaciones. Pero la Corte Suprema debiera reservar para sí el rol de interpretadora de la ley y fijación de la jurisprudencia, sin intervenir en el contenido de los fallos.

Recordó que en 1989, la Corte resolvió unos 500 recursos de casación (que son los propios del máximo tribunal, destinados a fijar la interpretación de ley, y que requieren un alto nivel de razonamiento y fundamentación) en contra de 2.000 recursos de queja que, mayoritariamente, modificaron los fallos de los tribunales inferiores antes que sancionar alguna «falta o abuso» cometido por un juez, cual era el espíritu de la queja en su origen.

Aylwin anunció desde esa tribuna el proyecto que provocaría más rechazo entre la superioridad judicial: la creación del Consejo Nacional de la Justicia, destinado a transformar «al servicio público judicial en un auténtico poder del Estado, ¡en el Poder Judicial!».

Sus palabras sonaron para algunos como amenaza de revancha, augurio de descabezamiento.

Aylwin quería que esa entidad, conformada por representantes de los tres poderes del Estado, Facultades de Derecho y abogados dictara la «política judicial», administrara el presupuesto y designara a los ministros, fiscales y abogados integrantes de la Corte Suprema, y dirigiera y supervigilara a los órganos auxiliares, como la policía, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, la escuela judicial y el servicio de asistencia judicial, además de realizar las calificaciones y el control disciplinario en la judicatura.

Todas esas eran facultades que estaban en manos hasta entonces de la Corte Suprema.

Para terminar por enemistarse con la Corte superior, Aylwin agradeció a la Asociación Nacional de Magistrados y al Instituto de Estudios Judiciales la invitación, entidades, especialmente esta última, que se habían convertido en el refugio de los magistrados que estaban en favor de las reformas.

«Es cierto que hay una crisis de la justicia en Chile y una pérdida de confianza colectiva a su respecto. Pero también es cierto que existen en el Poder Judicial personas preparadas, eficientes, probas, que a pesar de las limitaciones que sufren, se sienten responsables de superar los actuales signos de la crisis y tratan de cumplir, lo mejor posible, con la alta misión de impartir justicia que el pueblo ha depositado en sus manos. Son la base fundamental para la renovación y las reformas que efectuaremos. Confío en ellos, confío en ustedes y me siento optimista»[11].

Era obvio que Aylwin, no estaba hablando de los ministros de la Corte Suprema.

Desde ese minuto, la guerra se dio por declarada.

Ese fin de semana los jueces y ministros de cortes reunidos en Pucón respaldaron la tesis de que la justicia estaba en crisis y apoyaron la idea de crear un Consejo Nacional de la Magistratura. No querían que tuviera la facultad de calificar a los magistrados, pero una comisión presidida por Luis Correa Bulo propuso modificaciones al sistema vigente.

En la Corte Suprema ninguno de esos conceptos fue bienvenido. Al iniciar la semana, más de un centenar de familiares de presos políticos protestaron en los tribunales y se encadenaron en los pasillos de la Corte Suprema, precisamente cuando los magistrados estaban discutiendo en pleno el alcance de las palabras de Aylwin. Los ministros suspendieron su reunión. Luis Maldonado llamó a Carabineros y los autorizó a ingresar y a usar «medios disuasivos».

Recuerdo que yo estaba en el segundo piso cuando súbitamente el gas lacrimógeno inundó el edificio. Con los ojos entrecerrados y llenos de lágrimas hui hacia los ascensores. En la escapada vi al ministro Rafael Retamal que con ademán pausado se enjugaba los ojos con un pañuelo. Caminando lenta y cansinamente, también trataba de encontrar la salida. Parecía una imagen en cámara lenta dentro del frenético cuadro.

Ese día hubo más de 30 detenidos y un confuso incidente protagonizado por el presidente de la Corte de Apelaciones, Guillermo Navas. Navas afirmó a los medios de comunicación que había sido «empujado» por los manifestantes, pero una indiscreta cámara de televisión captó que, en medio de la confusión, el magistrado le había dado una bofetada a Elena Carrillo, la hermana del expreso político Vasily Carrillo.

—Manipularon ese video. Lo cierto es que yo no golpeé a la dama. Yo la tomé de la muñeca cuando ella intentaba golpear en la nuca a un carabinero— fue otra de las respuestas que ensayó Navas con posterioridad[12]. El incidente le penaría un poco, pero no fue obstáculo para su ascenso a la Corte Suprema, años más tarde.

Ese mismo loco día, la Suprema emitió una declaración justificando el uso de la fuerza policial y quejándose de la escasa dotación de gendarmes para el Palacio de los Tribunales. El dardo iba dirigido al ministro de Justicia, pues Gendarmería estaba bajo su tutela.

El martes, 14 de 17 magistrados que componían la Corte Suprema emitieron una segunda declaración, ahora para rechazar los juicios de Aylwin:

«El Poder Judicial no está en crisis, y no lo está porque cumple y seguirá cumpliendo su elevada misión de ser justo, con la más absoluta y total independencia que tiene, ha tenido y que siempre ha sido respetada por los otros Poderes del Estado (…) Nuestros problemas económicos (…) desaparecen cuando se cumple la incomprendida hermosa tarea de hacer justicia»[13].

En una advertencia directa a Aylwin, dijeron: «El respeto mutuo es útil y necesario conservarlo».

En un voto aparte, el presidente de la Corte, Luis Maldonado, junto a Hernán Cereceda, Servando Jordán, Roberto Dávila, Arnaldo Toro y Marco Aurelio Perales manifestaron que había sido su parecer abstenerse de cualquier declaración pública, pues, en su opinión, no era siquiera necesario explicar que la Corte Suprema «ha desempeñado sus funciones durante años con sujeción a la Constitución y las leyes». No obstante, esta minoría más «conciliadora» firmaba el voto de mayoría.

El máximo tribunal hizo además un gesto de desaire y rechazó una invitación del Presidente a «tomar el té» en La Moneda. Lo único que querían discutir con el jefe de Estado era la débil protección que tenían en el edificio.

Buena parte de los ministros sentía que las palabras de Aylwin en Pucón habían azuzado a los manifestantes y los más alarmistas difundían la tesis de que el Ejecutivo había disminuido las medidas de seguridad al interior del Palacio, premeditadamente.

Los ministros se sentían amenazados.

Cumplido visitó a Maldonado con el fin de deplorar las manifestaciones y su respaldo al uso de la fuerza policial. Pero, diplomáticamente, también rechazó las acusaciones de haber desprotegido a los magistrados: «El Gobierno tiene y mantiene las mismas medidas de seguridad en el Palacio de Tribunales que existían con anterioridad»[14], recalcó, no obstante lo cual anunció el aumento en la dotación de gendarmes.

El vocero del Gobierno, el ministro Enrique Correa afirmó que la relación entre ambos poderes era normal, pero ratificó el diagnóstico oficial de que el Poder Judicial atravesaba por una grave crisis. Como para sembrar cizaña y subrayar que los únicos que no compartían ese juicio estaban sentados en el segundo piso del Palacio de los Tribunales, Correa recordó que los magistrados reunidos en Pucón habían ovacionado a Aylwin.

Cuánto tarda en escribir un juez

La Corte Suprema realiza anualmente la calificación de sus funcionarios subalternos, pero nadie califica a la Corte Suprema. Es parte, se entiende, del resguardo a su independencia.

La única vía, hasta ahora, para controlar que los magistrados del más alto tribunal cumplan con sus tareas (fuera de la retórica fiscalización que puede ejercer el ministro que los preside) es la traumática acusación constitucional. Palabras mayores. En la práctica, para soportar las consecuencias de la injerencia de un poder del Estado sobre otro, una acusación requiere un fundamento político, una razón poderosa que mueva a acusar (o a defender) a un ministro de la Corte Suprema.

Hernán Cereceda, pese a sus innumerables actuaciones venales, no hubiera caído de no mediar su entusiasmo por enviar a la justicia militar el proceso por la desaparición de Alfonso Chanfreau. Y la acusación contra Jordán (que además fue rechazada) tal vez no se hubiera presentado si el magistrado hubiese votado en contra de las condenas a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, por el homicidio del excanciller Orlando Letelier. O, concretada la acusación, quizás no se habría salvado de caer si no hubiera contado con el apoyo de ciertas abstenciones y silencios.

Según el Código Orgánico de Tribunales, para ingresar al escalafón judicial como juez basta ser chileno, tener 25 años de edad, haber ejercido al menos dos años como abogado y no haber sido condenado a una pena superior a tres años y un día. Más años de ejercicio y mayor edad se piden como requisitos para los ministros de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema (y, según las últimas modificaciones, la aprobación de ciertos cursos en la Academia Judicial). No es mucho.

Pero el mismo Código, en otros capítulos, expresa otras opiniones acerca de lo deseable en un magistrado.

Por ejemplo, en las normas que estuvieron vigentes bajo el gobierno de Aylwin, se disponía que en el momento de las calificaciones quedarían incluidos en Lista Uno, sobresaliente, los jueces que «además de tener una moralidad intachable, reúnan cualidades sobresalientes de criterio y preparación jurídica, vocación profesional, laboriosidad, eficiencia y celo en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones»[15]. El sistema de listas cambió en 1996 por uno de notas, pero el concepto de lo deseable en los magistrados se mantuvo más o menos igual.

Mientras duró el sistema de listas, la gran mayoría de los magistrados era calificado en Lista Uno y, por supuesto, se consideraban implícitamente en esta categoría quienes habían llegado a las alturas de la Corte Suprema.

Para aclarar lo que los jueces no deben hacer, dice el Código que serán castigados, cuando corresponda, «el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces»[16].

El Código Penal explica que la prevaricación se comete cuando los jueces, a sabiendas, fallan expresamente contra la letra de la ley y cuando, por sí mismos o por intermedio de un tercero, «admitan o convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o dejar de hacer algún acto de su cargo» y aun cuando, ejerciendo sus funciones, «o valiéndose del poder que este les da, seduzcan o soliciten a mujer procesada o que litigue ante ellos»[17].

En Pucón, Aylwin hizo una definición de sentido común acerca de la especial obligación de los magistrados de ser independientes. Ella exige, dijo, «la firme voluntad del magistrado de descubrir a toda costa la verdad y de ser justo, protegiéndose con recia coraza de toda clase de influencias y presiones, aun las de sus propios prejuicios y visiones globales sobre la sociedad y el diario acontecer». Para no hacer «justicia de escritorio» el magistrado debe compenetrarse «de la realidad del mundo contemporáneo y, muy especialmente, del que viven las personas que a él recurren» al mismo tiempo que «saber colocarse por encima de las pasiones y tendencias propias de la condición humana»[18].

Es la Corte Suprema la que supuestamente resume en sus integrantes todos estos altos valores y tiene las herramientas legales para prevenir que sus subalternos cometan las faltas descritas. La confianza en que los ministros que han llegado al máximo tribunal actuarán siempre de acuerdo con esos nobles principios es ciega, pues no existen procedimientos regulares para fiscalizar su comportamiento.

Solo el Parlamento puede intervenir, como ya hemos dicho, excepcionalmente, con la dramática acusación constitucional. En la realidad, lo que se supone ser resguardo de la independencia del tercer poder del Estado, es también una manga amplia en la que se guarecen quienes se inclinan más por satisfacer intereses personales y menos por los de la sociedad.

El Código Orgánico de Tribunales recomienda, por ejemplo, a las Cortes Suprema y de Apelaciones sancionar con vigor las siguientes faltas en la magistratura:

a) Las agresiones «de palabra por escrito o de obra» a los superiores.

b) Las infracciones graves al respeto debido a funcionarios, empleados o personas que acuden a los estrados.

c) Las ausencias «sin licencia, del lugar de sus funciones» o de su sitio de trabajo durante las horas que corresponde, o cualquier negligencia en el cumplimiento de los deberes.

d) Las irregularidades de conducta o vicios de quienes, por esa razón, hicieren desmerecer en el concepto público o comprometieren el decoro de su ministerio».

e) Los endeudamientos por montos «superiores a su fortuna», que pongan al funcionario en riesgo de ser demandado.

f) El escoger siempre a las mismas personas como síndicos, depositarios, peritos u otros cargos similares.

g) Las infracciones a la ley[19].

Otras conductas, como involucrarse en actos políticos que comprometan su independencia, asistir a actos sociales organizados por litigantes y oír alegatos de alguna parte fuera de las instancias normales de un juicio, también tienen su mención en el área de lo prohibido.

Se presupone que los ministros de la Suprema observarán, con más celo que ningún magistrado, estas obligaciones. Pero, como se verá en las páginas siguientes, más de un magistrado de ese tribunal ha incurrido en alguna o varias de esas faltas sin que recibiera sanción por ello.

Los ministros supremos, por ejemplo, comparten con sus subalternos obligaciones concretas, como la de «despachar los asuntos sometidos a su conocimiento en los plazos que fija la ley o con toda la brevedad que las actuaciones de su ministerio les permitan».

Si el Parlamento, recién instaurado (o antes, la Junta Militar), hubiera fiscalizado el cumplimiento de esta norma, tendría que haber acusado constitucionalmente a varios exministros de la Corte Suprema —algunos de los cuales fueron posteriormente nombrados senadores designados— que se retiraron sin que hasta ahora hayan redactado fallos que se les fueron encomendados.

El sistema opera más o menos así: una sala de la Corte Suprema, en algún caso, se reúne para discutir un tema. Digamos, un recurso de queja. El relator les expone los antecedentes y los magistrados expresan su parecer. Y se obtiene un resultado, a veces unánime, otras veces dividido. Antes de dar a conocer esa decisión, se encarga a un magistrado (a veces dos, cuando la minoría, por ejemplo, quiere fundamentar su voto) la redacción del fallo, que los demás revisarán, aprobarán y finalmente, firmarán. En esta etapa de redacción, el tribunal informa que el fallo «está en acuerdo». Pendiente.

Normalmente, esta debiera ser la última espera, la más corta. Es solo el tramo final de una causa, que ya ha recorrido la primera y segunda instancias y que, por alguna razón, en teoría excepcional, ha llegado a la Corte Suprema.

La mayor parte de las veces en que a un magistrado se le encarga la tarea de redactar un fallo no tiene que estudiar mucho, ni discutir asuntos pendientes. Eso se ha resuelto en las etapas previas. Su misión es primordialmente poner en papel la decisión que ya se ha tomado. Pero si no lo hace, el fallo no existe. Permanece pendiente.

Para constatar la tardanza en la redacción de los fallos en la Corte Suprema, a comienzos de los ‘90, bastaba mirar un informe pegado a la entrada de la secretaría de la Corte Suprema. Dos o tres páginas que se exhibían allí, en cumplimiento de la ley (el artículo 587 del Código Orgánico de Tribunales), detallaban ante los ojos del público el estado de los casos que estaba conociendo la Corte Suprema y, cuando correspondía, qué ministro estaba escribiendo el acuerdo.

Tras el cambio de gobierno, alguien llegó con la copia del estado de fallos al Ejecutivo. Los reclamos menudearon.

En la Corte Suprema algunos ministros cayeron en la cuenta de que en muchos casos no era siquiera posible revertir el desaguisado. Los nombres de ministros «redactores» que habían dejado ya el Poder Judicial estaban en exposición permanente en la secretaría. Otros que estaban todavía en funciones se quejaron ante su presidente porque los litigantes iban a molestarlos a sus despachos.

Obviamente los particulares querían saber cuándo se emitirían los fallos, que para bien o para mal, pondrían fin a su prolongada incertidumbre.

Un día, sin mediar anuncio público ni justificación legal, la publicación, conforme manda el artículo 587, cesó. Hoy se publica otra forma de estado de fallos que, convenientemente, omite el nombre de los ministros que se han comprometido a redactar.

Sin embargo, una copia del antiguo 587 que guindaba de la puerta de la secretaría a comienzos de los ‘90 está en mi poder.

En ese listado es fácil apreciar que el ministro Octavio Ramírez dejó pendientes ocho fallos solamente en la Tercera Sala (otros tantos quedaron repartidos en las demás) al retirarse del Poder Judicial en 1989.

Algunos dirán que la ley no señala con precisión un plazo para que se dicten los fallos después de que se ha adoptado un acuerdo y que ciertas redacciones fundamentadas toman su tiempo, pero un mínimo sentido común indica que los litigantes no pueden esperar diez años para que alguien se digne a darles forma escrita. Así ocurrió con el acuerdo en la causa «Enrique Fon Aguilar», que el ministro Ramírez se comprometió a redactar el 20 de marzo de 1980 y que en 1990 todavía estaba pendiente.

Según el mismo informe, Ramírez tenía otros cinco acuerdos pendientes desde remotas fechas registradas entre 1980 y 1982, repartidos en diferentes salas. En la Primera, tenía fallos esperando desde 1983 y 1984 («Aspej Hermanos con el Servicio de Impuestos Internos» e «Hipermercado Jumbo», respectivamente).

Abraham Meersohn, se comprometió en junio de 1986 a escribir el fallo relacionado con las Fábricas de Cecinas La Portada y, en 1987, otro de la Compañía Nacional de Teléfonos. Se retiró en 1988 sin que esos fallos, ni otros dos que recibió justo ese mismo año, vieran la luz.

El exministro y abogado integrante Ricardo Martin se convirtió en senador designado antes de escribir la resolución en la causa «Juan Kizmanic Stancic», que le fue confiada el 17 de diciembre de 1988.

Según el mismo listado, el abogado integrante Juan Colombo tenía dos causas esperando desde 1987; dos, desde 1988 y una tercera, desde 1989.

Servando Jordán anotaba fallos a la espera desde 1987 y 1988, junto a Marcos Aburto, el abogado integrante Riesco y el infaltable Ramírez.

En 1989, el expresidente de la Corte Suprema Israel Bórquez se retiró dejando pendiente la redacción del fallo en la causa «Jorge Bellalta Soto y otros», que le fue encargada el 4 de abril de ese mismo año.

Ante la avalancha de quejas al comenzar los ‘90, ciertamente la Corte Suprema intentó dar una solución a este problema y encargó a ciertos relatores que «sacaran» los fallos. Pero estos extraviaron los expedientes y no pudieron cumplir —no, al menos a cabalidad— la tarea que, en cualquier caso, no estaba entre sus obligaciones.

El Código Orgánico de Tribunales, que describe la forma en que deben adoptarse los acuerdos y de qué modo deben dirimirse las diferencias, ni siquiera se pone en el caso de que un ministro no presente el borrador de la sentencia. Sí dispone que «todos los jueces que hubieren asistido a la vista de una causa, quedan obligados a concurrir al fallo de la misma, aunque hayan cesado en sus funciones, salvo que, a juicio del tribunal, se encuentren imposibilitados física o moralmente para intervenir en ella» y determina que, incluso, «no se efectuará el pago de ninguna jubilación de ministros de Corte, mientras no acrediten haber concurrido al fallo de las causas»[20].

De perogrullo es suponer que si los ministros están obligados a concurrir al momento de las decisiones, también lo estarán a entregar los fallos redactados. Especialmente si una tan extendida demora tiene consecuencias trágicas, como en el caso del constructor Mario Castillo Villalón.

Castillo inició una demanda contra el SERVIU para que le reconociera su calidad de contratista. Por la vía de un recurso extraordinario la causa llegó a la Corte Suprema el 18 de julio de 1985. Una sala discutió el caso y quedó en acuerdo el 19 de agosto de 1987. Ese día, el ministro Carlos Letelier fue designado para redactar la decisión. Antes de que el pronunciamiento definitivo fuera emitido, el 24 de noviembre de 1988, Letelier llamó a las partes para tratar de obtener una conciliación. El trámite no dio resultado. Letelier, entonces, estaba obligado a presentar un borrador de la sentencia acordada inicialmente, para que sus pares le dieran el visto bueno y la firmaran. No lo hizo. Abandonó el Poder Judicial para convertirse en senador designado.

El constructor se desvivió en gestiones para obtener el fallo que esperaba. La Corte Suprema no atendió sus presentaciones. Murió en 1997 y la sentencia en su caso todavía está pendiente.

La vara con que mides

El ministro Carlos Cerda Fernández en la Corte de Apelaciones de Santiago, viste sobrios trajes y usa lentes de grueso marco negro sobre sus ojos achinados. Parece profesor de castellano de algún liceo fiscal. No se adivinan en su aspecto ni su inteligencia ni su rigor intelectual. Pero basta leer el más trivial de sus fallos para advertirlos. No solo por la profundidad de sus reflexiones, sino por su envoltura, propia de un escritor de talento y agudo sentido de la ironía.

Cerda no acepta alegatos de pasillos, coimas, ni invitaciones que comprometan su juicio. Pero tampoco se aísla del mundo en que vive. En su opinión, el magistrado debe ser abierto, políticamente responsable de sus actos, creativo, audaz, auténtico y humano: «El juez hosco, el encerrado, el enquistado, el huraño, el solitario, el apartado, el oscuro, estará impedido de legitimar su discurso en el consenso, pues este le será ajeno y cuando no, entonces, peligroso»[21].

Cerda es valiente. Y ha demostrado que su independencia resiste la más dura de las pruebas, incluso la comidilla de sus propios colegas que resurge cada vez que se pregunta por qué el ministro no ha sido incluido en una quina para integrar la Corte Suprema. «Cerda no va a llegar nunca arriba… Está complicado en su situación personal… además es conflictivo»[22], responden entre ambiguos y misteriosos algunos de sus pares.

Cerda Fernández, sometió a proceso a 40 integrantes del Comando Conjunto por la desaparición de 13 dirigentes comunistas en 1986. Esa fue la primera vez que la Corte Suprema no lo puso en Lista Uno, en la que había estado desde que llegó al Poder Judicial. En 1991, sus superiores casi lo expulsan del servicio. Su falta fue haberse negado a aplicar la ley de Amnistía y dar por cerrada definitivamente la causa antes de terminar la investigación.

La Corte Suprema le permitió quedarse sólo después de oírlo suplicar.

Cerda Fernández, todavía está ahí, en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el primer piso del Edificio de los Tribunales, adonde llegó, en 1974, como relator.

Este magistrado, que se doctoró en Lovaina y París, que ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, compartió durante años un mismo espacio de trabajo con el fiscal Marcial García Pica, protagonista de uno de los casos más notables y paradigmáticos de nuestra historia judicial reciente.

García Pica nunca estudió nada. Siempre fue calificado en Lista Uno, hasta el día en que voluntariamente decidió jubilarse. Era un ser extraño que se paseaba por los tribunales con una malla de compras —de esas medio coloradas que venden en la Vega Central— llena de objetos indescriptibles. A veces se sentaba en un banco en los pasillos de la Corte y, por largo rato, decía frases sueltas, inconexas, para sí mismo o para algún interlocutor invisible. Era el retrato de un anciano desvalido que no revelaba en su aspecto el salario que recibía, equivalente al de un ministro de Corte de Apelaciones.

García Pica podía avergonzar hasta al menos rígido de los magistrados supremos si alguno de ellos, por azar, se encontraba caminando junto a él en la calle. «Le gritaba piropos y cosas a cualquier niña que le gustara»[23], cuenta uno de ellos.

—¡Déjenme con mis cochinadas! —respondía él ante los reproches, que sus interlocutores disfrazaban de broma. A lo compadre.

A García Pica le gustaba ir a las carreras de caballos. Religiosamente estaba en el Club Hípico o el Hipódromo miércoles y sábados. Allí conoció a Mario Silva Leiva —el «Cabro Carrera», famoso por su larga carrera delictual—, pero también era ese el punto donde contactaba a niñas de escasos recursos, entre los 13 y los 15 años, a quienes invitaba a su despacho.

Temprano o bien tarde, cuando el trabajo de las Cortes no había empezado o estaba por terminar, era habitual ver a escolares dirigiéndose al despacho del magistrado, en el tercer piso, usando las escaleras del lado Oeste o incluso tomando el mismo ascensor que usan los ministros de la Corte Suprema para llegar a sus despachos.

Las niñas lo esperaban revoloteando en el tercer piso hasta que él las hacía pasar a su oficina.

Oficiales de sala que trabajaban con los fiscales y otros que se desempeñaban en la Corte Marcial (que también está en el tercer piso) conocían los hábitos de García. Cuando yo reporteaba para este libro entre 1993 y 1994, algunos de ellos me contaron que «todos los días llegan diferentes niñas preguntando por el “tío Marcial”. Todas son sus sobrinas. Él les hace de todo. Las toquetea, las desviste, les toma fotografías que luego destruye y echa en el papelero. Muchas veces vimos esos pedacitos de foto al sacar la basura»[24].

A veces García se asomaba por la ventana de su oficina, que daba a calle Bandera, y hacía señales a menores que lo esperaban afuera, para que subieran. «Después de estar con él un rato, García les daba algo de plata y las niñas se iban. Los ministros saben de esto. Lo sabía Sergio Mery (exsecretario de la Corte Suprema, quien murió en 1990, justo después de haber sido designado ministro de la Corte Suprema)»[25].

Bajo el gobierno de Patricio Aylwin, el superior jerárquico de García Pica era su primo, el fiscal de la Corte Suprema, René Pica Urrutia. Pica Urrutia siempre fue de la opinión de calificar a su pariente en Lista Uno. Pero García Pica llegó como fiscal de la corte capitalina en 1958 y los predecesores de Pica Urrutia, Urbano Marín padre y Gustavo Chamorro, también lo consideraron un funcionario sobresaliente, año tras año, a pesar de tener muchas maneras de enterarse de su comportamiento.

Ministros de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema que entrevisté con posterioridad, buscando información para este libro, admitieron que la predilección de García por las menores era conocida y de antigua data. Se declararon conocedores de las visitas que le hacían escolares al propio edificio de los Tribunales, pero, por distintas razones, se sentían inhibidos de denunciarlo.

En un sector, la respuesta más común para explicar la tolerancia a las actitudes del fiscal es que era «inofensivo». En otro, que alguna vez emitió informes en favor de las causas por violaciones a los derechos humanos. «Es uno de los nuestros y no podemos estar denostando a los pocos que tenemos»[26], me dijo un magistrado.

Todos, al unísono, admiten que Marcial García Pica «era un pedigüeño…, pero nadie le hacía caso». Pedía a los jueces de primera instancia que fulanito de tal no fuera condenado en un juicio criminal, a los ministros de Corte que acogieran una apelación o que le dieran la libertad bajo fianza a otro.

Características propias en un «cristiano» o en una persona que trata de ayudar a los pobres, según los conceptos que emitieron públicamente los ministros Servando Jordán y Marcos Aburto para defenderlo.

En su pretendida ingenuidad, García Pica no solo ayudó a Mario Silva Leiva. Trató asimismo de favorecer a personas procesadas o condenadas por violación o abusos deshonestos contra menores. Sus informes, en calidad de fiscal, eran coherentes con esa postura. Uno que tengo en mi poder fue emitido el 22 de junio de 1993 y pide que se absuelva a Enrique del Carmen Romero Fuentes, condenado como autor de abusos deshonestos en contra de la menor O.M.Ch., de 12 años.

El caso es el siguiente: Carabineros sorprendió in fraganti a Romero tratando de abusar de la niña, que había ido a venderle unos pedazos de cobre por encargo de su madre. Cuando el acusado vio a la policía, soltó a la niña y esta logró huir. Posteriormente, la madre, la niña, y la policía presentaron una denuncia en contra de Romero, la ratificaron en el tribunal y la niña sostuvo sus dichos incluso en un careo a que fue sometida con el autor. La menor reveló que el hombre, en una ocasión anterior, había ya abusado de ella sin que nadie hubiera podido defenderla. Pero esta segunda vez los vecinos oyeron sus gritos y llamaron a la policía, que sorprendió al autor cuando tenía a la menor a su merced sobre un camión en desuso. El 19.º Juzgado del Crimen condenó a Romero, porque si bien no hubo violación —que requiere penetración— la menor fue víctima de abusos deshonestos, de acuerdo con la forma en que están descritos en la ley.

Cuando la apelación llegó a la Corte capitalina, Pica emitió un informe defendiendo al acusado. En un escrito plagado de faltas de ortografía y escrito en un riguroso lenguaje coloquial, Pica expone que en ninguno de los dos ataques denunciados por la menor «constan indicios coherentes, serios que permitan presumir que quien le habría comprado “el cobre” y “las ollas viejas” habría cometido con la vendedora siquiera abusos deshonestos».

«POR DE PRONTO (…) se demuestra una mentira por parte de la Policía y en ella no deben estar ageptos (sic) los aprehensores, ambos carabineros». Según García Pica, no estaba claro si Carabineros presentó la denuncia a instancias de la madre o si la madre fue inducida por la policía a denunciar.

«Mientras más se estudia este expediente, más cuerpo toma el convencimiento en el sentido que TODO ES EL RESULTADO DE UNA INVOLUNTARIA (sic) Y VERDADERA CONFABULACIÓN PARA preocuparse de la vida íntima del inculpado, y no obstante tales afanes, NO SE COMPROBÓ HECHO PUNIBLE ALGUNO», decía el fiscal y aseguraba que la menor fue «usada por quienes con buen o mal espíritu quisieron preocuparse del vecino»[27].

Es probable que ninguno de sus pares tomara en serio estos informes o aun sus peticiones verbales, pero el punto es que García Pica estaba en la Corte de Apelaciones para representar los intereses de la sociedad en las distintas causas y su opinión era consultada, como la del resto de los fiscales, en la mayoría de los asuntos criminales. Y que García Pica, en su condición de juez, tenía vedado intervenir en favor de partes litigantes y aun atender él mismo ningún requerimiento. Por cristiano que fuera.

Fueron las grabaciones que hizo la policía investigando a Mario Silva Leiva (SL), por lavado de dinero, las que desbarataron al fin las argumentaciones sobre la pretendida ingenuidad y espíritu cristiano de García Pica (GP), quien en 1996, al final de su carrera, fue inculpado únicamente como autor de prevaricación. Estos son algunos de los textos:

SL: ¿Cómo le va, padrino?

GP: Oiga, ahijado querido, no ha venido na’.

SL: ¿Ah?

GP: Tampoco vino usted.

SL: Si yo, yo me desocupo y me voy para allá, porque estoy re’ ocupado.

GP: Ah, ya.

SL: Oiga, ¿sabe qué, padrino?

GP: Sí.

SL: Que en la octava sala, donde está el Araya…

GP: … Sí…

SL: El ministro Araya, se le dé la libertad a mi compadre Manuel.

GP: ¿Manuel cuánto?

SL: Manuel Fuentes Cancino.

GP: Aaaah.

SL: Usted sabe.

GP: A ese gallo le hicimos empeño, pero hace tiempo.

SL: Claro, escuche, necesito que se le dé la libertad ahí en la Octava Sala, hoy día (…)

GP: No, si yo lo voy a hacer, que ahora no tenga resultado o tenga, es otra cosa.

SL: Claro, ecolecuá, échele una habladita al Araya.

GP: La petición la voy a hacer.

SL: Claro, Araya es un buen hombre.

GP: Sí, sí (…)

SL: Échele una habladita padrino y después me dice a mi po’.

GP: Sí, sí, sí.

SL: Ah, ya está. Porque hoy día se ve la causa en la… ahí, en la Octava.

GP: Ya está.

SL: Ah.

GP: Aquí me acaban de…

SL: ¿Ah?

GP: Aquí me acaban de estafar setenta mil pesos.

SL: Ya, después hablamos, padrino.

GP: Conforme, conforme.[28]

Poco después, García Pica se presentó en la sala que debía resolver la libertad de Fuentes Cancino. Iba acompañado de la esposa del procesado, Mónica Gómez. El abogado del Consejo de Defensa del estado, Julio Disi, quien debía alegar en contra de la libertad, lo vio. En un segundo diálogo grabado por la policía, García Pica le contó a Silva Leiva, que «me fue bastante bien, no sé el resultado», pero que le preocupa que Disi lo haya observado.

GP: …Lo que me preocupó es que me puso en vitrina.

SL: Ya.

GP: Llegué allá y estaba el abogado fiscal, pues iñor.

SL: Ya.

GP: Para comer a la gente.

SL: Chuchesumadre.

GP: Y me miraba muchísimo.

SL: Ya.

GP: Y le grité: «Qué miras, sapo», pero no dijo nada[29].

García Pica comenzó su carrera judicial en 1937, como secretario del Juzgado del Loa y terminó el 14 de enero de 1997, cuando se aceptó su renuncia voluntaria. Durante esos 60 años, solo una vez, en 1958, recibió el reproche de sus superiores por su conducta como ministro en la Corte de Valdivia. Tras las indagatorias de un ministro «visitador» para constatar las acusaciones de ministros acusados de mal comportamiento, dos magistrados de esa Corte fueron trasladados y uno destituido. La prensa local decidió no informar al respecto, para no afectar la imagen del Poder Judicial.

García Pica, que ya era un reconocido jugador de póker, tras cinco años ejerciendo como ministro, fue trasladado a Santiago, como fiscal de la Corte de Apelaciones. Aunque fue rebajado de ministro a fiscal, el cambio a Santiago constituyó en realidad más un premio que un castigo.

En el reciente caso de Silva Leiva, que todavía se sustancia, después de retirarse García Pica del Poder Judicial, la jueza porteña Beatriz Pedrals lo procesó por el delito de prevaricación, pero más tarde, una sala de la corte de Valparaíso, con los votos de Dinorah Ramos y Carmen Salinas, lo liberó de toda culpa.

Otra muy distinta ha sido la trayectoria del ministro Carlos Cerda. Entró al Poder Judicial como oficial de secretaría en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago —cuando el titular era Guillermo Navas— gracias a una gestión del ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y de su profesor en cuarto año de Derecho, Ricardo Gálvez. Apenas ingresó oficialmente al Poder Judicial, la Corte Suprema aprobó que se fuera en comisión de servicios a la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo el grado de doctor especial. Su tesis se tituló: «El juez y los valores jurídicos».

Diez años más tarde, en París, Cerda se doctoró en Filosofía del Derecho. Al volver, en 1979, fue nombrado relator en la Corte Suprema. En 1983, se incorporó a la Corte de Apelaciones de Santiago y ese mismo año asumió la investigación por la desaparición, en 1976, de 13 dirigentes comunistas. El ministro Rubén Galecio no había podido hacerse cargo del caso, por razones de salud, y tampoco avanzó el juez que lo tomó en primera instancia, Aldo Guastavino, porque dio crédito a informes gubernamentales que afirmaban que los desaparecidos habían salido a Argentina.

Día y noche, sábados y domingos, Cerda investigó. Desatendió las amenazas que se le hacían (especialmente de quedar en las listas negras al interior del Poder Judicial) y se constituyó en centros de detención y tortura. El juez descubrió que eran falsos todos los informes sobre la salida del país de las víctimas. Que, en realidad, habían sido secuestrados por un grupo especial que dirigía la Fuerza Aérea, conocido luego como el Comando Conjunto, en competencia con la DINA por el control de la «inteligencia antisubversiva».

Tres años más tarde, el 14 de agosto de 1986, cuando el expediente sumaba ocho mil fojas, el magistrado dictó el auto de procesamiento de 40 personas, entre ellas 38 miembros de las Fuerzas Amadas y de Orden, incluyendo al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh.

Las resoluciones provocaron un terremoto al interior del Gobierno. Hubo reuniones en La Moneda, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ramas implicadas, para buscar la manera de enfrentar la situación.

El ministro de Justicia, Hugo Rosende, estuvo al menos dos veces conversando sobre el tema con ministros de la Corte Suprema.

Desde el Gobierno los procesados recibieron la sugerencia de presentar recursos de queja para que la causa «subiera». El 6 de octubre de 1986, la Segunda Sala, con los votos de Enrique Correa Labra, Marcos Aburto, Estanislao Zúñiga y Hernán Cereceda, dejó sin efecto las encargatorias de reo y ordenó a Cerda sobreseer definitivamente el caso por aplicación de la Ley de Amnistía.

Cerda Fernández, en una decisión inédita, envió un oficio a sus superiores comunicándoles que no cumpliría sus deseos, pues, de acuerdo con el artículo 226 del Código Penal, los magistrados no están obligados a acatar una orden evidentemente contraria a la ley. «En mi modesto concepto, sobreseer en este momento en razón de la Ley de Amnistía es a todas luces contrario a derecho (…) por eso suspendo la orden que me han dado mis superiores»[30].

Según el ministro, solo en el momento de la sentencia definitiva cabía discutir la procedencia de la amnistía. No mientras la investigación estuviera en curso.

Pero la Corte Suprema no estaba en ánimo de aceptar el principio de «obediencia reflexiva» (que implica el derecho de los subalternos a representar ante sus superiores una orden que consideren manifiestamente injusta y que hasta las Fuerzas Armadas reconocen a su personal). El 9 de octubre castigó a Cerda con dos meses de suspensión, bajo el cargo de «alzarse y discutir resoluciones judiciales» y de «desconocer absolutamente sus obligaciones y faltar gravemente a la disciplina judicial». En ausencia de Cerda, Manuel Silva Ibáñez debió dictar el sobreseimiento del caso.

De Silva Ibáñez no cabía esperar una actitud similar a la de Cerda. En 1977, como suplente en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, conoció el proceso por la muerte de Carlos Guillermo Osorio Mardones, exdirector de Protocolo de la Cancillería, quien aparentemente se había suicidado.

A Guillermo Osorio le había correspondido firmar los pasaportes falsos que Michael Townley y Armando Fernández usaron en su viaje para asesinar a Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976, en Washington.

Sin realizar mayores diligencias, Silva Ibáñez, declaró que se trataba de un suicidio y ordenó no practicar autopsia. En el expediente consta que el entonces vicecomandante en Jefe del Ejército, general Carlos Forestier, lo presionó «para que no se efectuara la autopsia y para que los funerales se celebraran a la brevedad posible»[31].

No fue sino hasta que el ministro Adolfo Bañados reabrió el caso Letelier y el exagente de la DINA, Michael Townley declaró desde Estados Unidos, que se descubrió que Osorio fue asesinado por la DINA.

Silva Ibáñez, fue también quien, en 1985, como titular en el mismo Sexto Juzgado en Santiago, recibió al atribulado abogado Héctor Salazar, quien presentaba una querella por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos a plena luz del día y ante numerosos testigos. Silva la rechazó porque no identificaba a los culpables. Horas más tarde, el abogado volvió con un dato que les hubiera salvado la vida: los secuestrados se encontraban en un cuartel de la policía en el centro. Salazar le dio la dirección y le pidió que se constituyera ahí inmediatamente. El juez desoyó las súplicas. Horas después, Parada, Nattino y Guerrero aparecieron degollados.

Finalmente y solo en fecha reciente, en su calidad de ministro de la Corte de Valparaíso, Silva se hizo cargo del caso por la muerte del soldado Pedro Soto Tapia, que en sus manos no ha avanzado precisamente hacia el esclarecimiento total de lo ocurrido con el conscripto.

Pero así Silva Ibáñez, recorrió su carrera sin tachas en su hoja de vida.

En cambio, al finalizar 1986, después de la suspensión, el ministro Cerda Fernández, fue calificado en Lista Tres y quedó al borde de la expulsión por haberse negado a dictar el sobreseimiento en el proceso contra el Comando Conjunto, que su colega aplicó tan diligentemente durante su ausencia.

La batalla en el caso de los 13 desaparecidos no terminó. Los familiares de las víctimas presentaron recursos de queja para tratar de enmendar el rumbo del proceso. La Corte Suprema no aceptó sus argumentos y en agosto de 1989 reiteró su opinión acerca de que correspondía archivar para siempre el caso. Como resultado, y puesto que no quedaban recursos pendientes, la Corte de Apelaciones ordenó dictar el «cúmplase» del cierre definitivo de la causa.

Cerda contaba ahora con la incorporación a la Constitución de los pactos internacionales de protección a los derechos civiles y políticos y nuevas condiciones políticas en el país que, tras el plebiscito del 5 de octubre de 1988, se preparaba para cambiar de Gobierno. En vez de dictar el cúmplase, Cerda archivó el expediente temporalmente, lo que dejaba el caso durmiendo solo hasta que un nuevo antecedente obligara a reactivarlo.

El 30 de agosto Cerda comunicó a sus superiores su decisión y sus razones:

«¿Qué hace entonces, el juez que al tiempo de enfrentarse a un “cúmplase” de rutina perciba que con él vulnera abiertamente lo que la sociedad mayoritariamente en un primer atisbo de soberanía popular, después de lustros de excepcionalidad jurídica, le encarga preservar? (…) ¿Y por qué, me pregunté, siendo mis superiores y yo miembros de un mismo cuerpo —el querido Poder Judicial— podemos concebir una misma cosa de manera tan distinta y opuesta? ¿Y por qué los presiento a ellos tan lejanos de la fuente de lo justo, mientras yo tan cercano? ¿Cómo comprobar que no se trata únicamente de mi arrogancia y pedantería?»[32].

Cerda dijo que no halló justificación legal ni valórica para la resolución que se le estaba imponiendo y sí para oponerse a ella, aferrándose al juramento de guardar la Constitución y las leyes, que hizo —en el nombre de Dios— cuando se invistió de juez. Para mayor enfado de los ministros de la Suprema, mayoritariamente declarados católicos, el magistrado invocó la Biblia:

«¿Galopan los caballos por las rocas? ¿Se ara el mar con los bueyes? Pues vosotros hacéis del juicio veneno y del fruto de la justicia, ajenjo (…) Tus príncipes son prevaricadores. No hacen justicia al huérfano y a ellos no tiene acceso la causa de la viuda. Por eso dice el Señor, Yavé Sebaot, el Fuerte de Israel: reconstituiré a tus jueces como jueces como eran antes y a tus consejeros como al principio. Y te llamarán entonces ciudad de justicia, ciudad fiel. Y Sión será redimida por la rectitud, y los conversos de ella, por la justicia».

La osadía de Cerda pasó sin reparos hasta el año siguiente. A mediados de 1990, sin embargo, los ministros del máximo tribunal fueron advertidos de que el cúmplase en el caso del Comando Conjunto seguía pendiente y ordenaron a Cerda acatar la resolución. El magistrado, sin encontrar acogida a sus planteamientos, obedeció esta vez, y el 20 de julio cerró para siempre la causa.

En enero de 1991, como se acercaba el período de las calificaciones, la mayoría de los magistrados se apresuró en dictar una sanción contra Cerda, que sirviera de precedente para su posterior evaluación. El 16 de enero, un pleno convocado extraordinariamente lo castigó con dos meses de suspensión, durante los cuales recibiría solo la mitad del sueldo.

Para diez de los 14 magistrados que asistieron, la renuencia de Cerda había constituido «un desconocimiento absoluto de sus obligaciones y una gravísima falta a la disciplina judicial»[33], que se veía agravada por el hecho de haber sido sancionado en 1986 por similar razón. En la minoría, Marcos Aburto y Marco Aurelio Perales votaron por sancionarlo solamente con una amonestación escrita. Rafael Retamal y el recién llegado Roberto Dávila estimaron que cabía apenas «observar» al ministro su omisión.

Solo unos días más tarde la Corte Suprema se reunió nuevamente para hacer las calificaciones anuales. Con la suspensión como precedente, nueve ministros votaron por poner a Cerda en Lista Cuatro. Aunque la votación fue dividida —cuatro magistrados querían dejarlo en Lista Tres y un par más probablemente Retamal y Dávila, en Lista Dos— con ese dictamen Cerda quedaba fuera de la judicatura.

El magistrado regresaba de un viaje a Estados Unidos cuando fue notificado de la sanción. Ante el asombro de quienes lo conocían, en vez de tomar sus cosas y marcharse, pidió a la Corte Suprema que reconsiderara la medida. Aunque no se retractó de sus actuaciones, redactó una emotiva súplica a sus superiores para que lo mantuvieran en el servicio. Luego, pidió audiencias a cada uno de ellos. Cerda buscó dejarles en claro que nunca pretendió alzarse por sobre sus investiduras, pues sabía que era la arrogancia que sus superiores veían en sus actos lo que más les molestaba.

En opinión de muchos, Cerda Fernández se estaba humillando, pero el ministro no se detuvo ante las críticas de sus admiradores. Pidió perdón —«un perdón muy sincero. Íntimo. Profundo»— y suplicó:

«Tal vez soy distinto. A lo mejor, difícil. A vuestros ojos, probablemente altanero y algo más. Pero si hay en el Poder Judicial espacio para un juez así, es decir, que no puede dejar de ser como es y que quiere con todo su ser continuar en la institución, os suplico hagáis todo lo que esté de vuestra parte por reconsiderar vuestra decisión»[34].

Con su presentación, el ministro logró dos votos en el nuevo pleno extraordinario que declaró, por 9 contra 7, que Cerda podía permanecer en el Poder Judicial, aunque con la mancha de haber quedado en Lista Tres por segunda vez en su vida. De paso, el mensaje de que la Corte Suprema no aceptaría actos de insubordinación aun bajo el nuevo escenario político fue claramente oído en el resto de la magistratura. También, el concepto de que debía aplicarse Amnistía a los casos por violaciones a los derechos humanos, justo cuando comenzaban a reactivarse.

Al volver de su castigo, Cerda asumió como presidente de la Corte Marcial, por un año. En 1992, reemplazó por un mes a Luis Correa Bulo en la investigación del secuestro de Cristián Edwards y, paradójicamente, mientras tuvo el proceso en su poder, dio garantías de acuciosidad e independencia a todos los involucrados, especialmente a Agustín Edwards, quien estaba descontento con la forma en que los tribunales estaban enfrentando la situación. Cerda fue designado también ministro en visita por el caso de malversación de fondos en la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, y procesó a los funcionarios de Gobierno que la dirigían.

Recientemente, para malestar de los parlamentarios de la Concertación y de algunos de Renovación Nacional, presidió la sala que liberó de responsabilidad a Francisco Javier Cuadra, en el requerimiento que presentó el Senado en su contra, por sus declaraciones acerca de parlamentarios que consumían cocaína. Cerda redactó el fallo que revocó el auto de procesamiento que había sido dictado por el ministro sumariante Rafael Huerta. Luego tuvo que defender su voto, el de Juan Guzmán y Gloria Olivares, ante los recursos de queja que interpusieron los prestigiosos abogados Luis Ortiz Quiroga, Nelson Contador y Alfredo Etcheberry (en representación de la Cámara de Diputados, Renovación Nacional y el Senado, respectivamente). Lo menos que dijeron los profesionales es que los tres ministros estaban violando la ley y hasta alejándose de la racionalidad con el fin de absolver al exministro del general Pinochet.

Las respuestas de Cerda, en nombre propio y de sus colegas, no fueron menos contundentes:

«(…) Entendemos que también es cierto que una de las mejores maneras de involucionar en la cultura nacional es la de acallar. Atención sea hecha a estándares y status quos que, a modo de burbujas —valga la expresión tan solo como didáctico símil—, hacen de distanciadores entre el que detenta el poder y quien se lo otorga. En este orden de ideas quizás si el gran desafío cultural sea el de que asumamos como pueblo que debemos dejar definitivamente atrás el tiempo en que “la autoridad era verdad”, para advenir a aquel otro en que “la verdad sea autoridad”»[35].

Esta vez la Corte Suprema tampoco dio la razón a Cerda y revocó la sentencia condenando a Cuadra.

El peso del Informe Rettig

El lunes 4 de marzo de 1991 el Presidente Patricio Aylwin dio a conocer oficialmente el contenido del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. El secretario ejecutivo de la entidad, Jorge Correa Sutil, le había pasado la única versión impresa del grueso documento dos meses antes y guardó el respaldo en disquetes. Ninguna autoridad o institución pública tuvo acceso a él, sino hasta apenas horas antes de que se difundiera públicamente.

El «elemento sorpresa» añadió al contenido del informe un peso insoportable para la desprevenida y mal vinculada Corte Suprema. Sus integrantes aún no encontraban una respuesta única y coherente frente al anuncio de reformas al Poder Judicial cuando se vieron enfrentados a este nuevo desafío, que puso a prueba su capacidad de respuesta política.

El Informe marcó un hito en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Fue el momento escogido por la mayoría de sus integrantes para amotinarse soterradamente en contra de los objetivos presidenciales, lo que significó, al final del período del primer gobierno de la Concertación, el naufragio total de todas las reformas propuestas por Aylwin.

Los integrantes de la Comisión Rettig ratificaron unánimemente el severo juicio a la actitud del Poder Judicial entre el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.

«Durante el período que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos», decía el informe apenas inaugurado el capítulo IV, dedicado a analizar la actitud del Poder Judicial[36].

El texto usaba un lenguaje diplomático, hacía concesiones —como reconocer en favor de los magistrados algunas limitaciones de la legislación o aún las «condiciones del momento»—, pero dejaba delicadamente en claro que a la magistratura le faltó valor para ejercer sus propias atribuciones en la defensa de los derechos de las víctimas y en la represión de quienes los atropellaron.

Según la Comisión Rettig, el Poder Judicial ejerció «con normalidad» sus funciones en casi todas las áreas del quehacer nacional, excepto frente a las violaciones los derechos humanos, en que su acción «fue notoriamente insuficiente»: Grave, porque era «la» institución llamada a cautelarlos.

El informe osaba comparar la contradictoria timidez del Poder Judicial frente al gobierno militar, con la tenaz defensa del Estado de Derecho que había hecho hacia finales del régimen de la Unidad Popular. Era un dardo directo para los pocos ministros que estuvieron en ambos períodos, especialmente Enrique Correa Labra, designado por Allende.

Una acusación más:

«La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo, en alguna e importante e involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus actuaciones delictuales»[37].

La palabra «involuntaria» no fue suficiente para suavizar la gravedad de la conclusión, que era refrendada más adelante con la afirmación de que muchas vidas se hubieran salvado si la magistratura hubiera actuado con firmeza en vez de debilidad.

En las diez páginas dedicadas al Poder Judicial, el informe describió en detalle cómo esta institución actuó torciendo el sentido de las leyes, en algunos casos, hasta convertir el recurso de amparo en un instrumento ineficaz, o cómo en otros, bajo un pretendido y excesivo respeto a la formalidad, aceptó sin discusión las versiones oficiales, las confesiones bajo torturas y las defensas de los presuntos autores de las violaciones, amén de aplicar en el sentido más extenso posible la Ley de Amnistía.

Tras conocer el informe, en la Corte Suprema se impuso la opinión mayoritaria de que nadie hablaría hasta acordar una respuesta unánime. La idea era dar una versión contundente. De «pleno». Oficial.

Dos días después, el 6 de marzo, Aylwin, se reunió con algunos ministros del máximo tribunal. Les pidió que dieran la mayor atención a las causas por violaciones a los derechos humanos que serían reactivadas por el envío de antecedentes de la Comisión Rettig a los distintos tribunales. Ya se perfilaba la llamada «doctrina Aylwin»: que los jueces investigaran hasta aclarar los delitos, ubicaran a la víctima (en los casos de detenidos desaparecidos) e identificaran a los culpables y solo después aplicaran la Amnistía. Es decir, toda la verdad y justicia solo en «la medida de lo posible».

El mismo día que Aylwin se entrevistaba con ministros de la Suprema, un centenar de militantes de las juventudes socialista, comunista y mirista llegaron al Palacio Judicial para acusar a los magistrados de «cómplices de la injusticia» y pedir la renuncia a ocho ministros: Lionel Beraud, Efrén Araya, Hernán Cereceda, Osvaldo Faúndez, Servando Jordán, Emilio Ulloa, Germán Valenzuela y Enrique Zurita.

Obviamente los ministros no renunciaron, pero la manifestación aumentó su ira. No obstante, respetaron el acuerdo de callar. Las declaraciones vinieron del sector más blando. Marco Aurelio Perales reconoció que durante los primeros años después del golpe militar la magistratura no reaccionó con la suficiente energía, pero explicó que eso se debía a que «no había medios para hacer cumplir las órdenes que se daban».

El presidente, el componedor Luis Maldonado, estaba enfermo. El presidente subrogante, Rafael Retamal, respaldó a Aylwin. Pidió perdón.

—He debido equivocarme a menudo y pido perdón por haberme equivocado.

—¿También en materia de derechos humanos? —le preguntó un periodista.

—Es posible. Traté de no cometer ningún error, pero es posible[38].

Retamal estaba solo.

El 7 de marzo El Mercurio editorializó contra la doctrina Aylwin, manifestando que «la amnistía equivale al olvido jurídico». Según el influyente matutino, los tribunales investigan para, al final de cuentas, aplicar sanciones. Y si ya no procedía sancionar, tampoco procedía investigar. Los ministros duros se sintieron respaldados.

Pero el domingo 9, en las mismas páginas de ese periódico, Raquel Correa entrevistó a Aylwin: «Hubo falta de coraje moral de parte de los miembros del sistema judicial (…) hubo excepciones que salvaron un poco el prestigio y el buen nombre, pero no lograron imponerse», dijo el Presidente a la periodista y terminó por encender la hoguera.

El lunes y martes inmediatamente siguientes los magistrados se reunieron en plenos extraordinarios para analizar la situación. Por añadidura, ese mismo martes una bomba estalló en el jardín de la casa del ministro Efrén Araya. Y Carabineros afirmó haber hallado un retrato del recién designado ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, en poder de extremistas.

El jueves de esa semana la Corte Suprema emitió una temeraria declaración asegurando que el atentado podía ser parte de un plan para atacar a los más altos magistrados, según los descubrimientos de Carabineros, y que eso «ponía en riesgo la estabilidad institucional».

En el Ejecutivo, algunos entendieron que la Corte Suprema estaba golpeando las puertas de los cuarteles.

El ministro del Interior, Enrique Krauss, describió como «ligera» la apreciación de la Corte Suprema y rechazó la idea de que existiera un «plan» extremista para atacar a sus ministros.

Retamal le restó importancia a los comentarios de Krauss, pero no logró siquiera calmar la furia que no ocultaba la mayoría de sus colegas.

Enrique Correa Labra, que a los 83 años se perfilaba como el sucesor natural de Maldonado, hizo de portavoz de los duros. Consultado por la prensa dijo que Krauss estaba profundamente equivocado, que la Corte Suprema no hablaba «así no más, a tontas y a locas». Que el plan existía. Y, de paso, para que no quedaran dudas, se declaró «enemigo absoluto de las reformas al Poder Judicial».

El ministro Adolfo Bañados, inaugurando su nuevo cargo en el máximo tribunal, comentó que el acuerdo de pleno había sido estudiado por los magistrados, por lo que su contenido no podía calificarse de ligero.

Detrás, el ministro Araya fue más lejos e hizo pública al fin la verdadera opinión de la mayoría en la Corte Suprema: existía una ligazón entre las expresiones de Aylwin y los atentados extremistas, de los que se declaraba personalmente víctima: «Ha habido ciertas expresiones de parte del Ejecutivo que han dado motivación a ciertos grupos que quieren atentar contra los tribunales»[39].

Auguró que si se atacaba al Poder Judicial, si se le quería «avasallar» —el calificativo estaba aludiendo a las propuestas de reformas— podría haber «consecuencias políticas (…) Prácticamente puede llegar a eliminarse la labor y la función de los tribunales de justicia con lo cual se eliminaría uno de los poderes del Estado».

Ergo, si estaba en peligro el Estado de Derecho, alguien tendría que poner orden.

Este grupo en la Corte Suprema consideraba todo parte de un mismo cuadro: las manifestaciones, el atentado a Araya, el Informe Rettig y los «ataques» del Gobierno (entre los que contaban primordialmente los proyectos de reforma).

La oposición, especialmente la UDI, sacó la voz también para dejar en claro que el objetivo gubernamental de «desmantelar» el Poder Judicial no sería aceptado.

Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción, en actos inesperados, emitieron declaraciones de solidaridad con sus superiores.

Obviamente los días del componedor Luis Maldonado a la cabeza de la Suprema estaban terminando. Los duros necesitaban un líder y lo encontraron en el más combativo, irascible y conservador de todos: Enrique Correa Labra.

El lunes 13 de mayo los ministros de la Corte Suprema emitieron su respuesta al Informe Rettig. El viernes 17, eligieron a Correa Labra como su nuevo presidente.

El rechazo de la Corte Suprema al informe fue tan agrio y público como el del Ejército. El objetivo fue desacreditar su calidad de contenedor de la verdad oficial en materia de violaciones a los derechos humanos, al menos en lo concerniente al Poder Judicial.

El texto fue redactado por Adolfo Bañados, Roberto Dávila y Lionel Beraud, bajo la supervisión de Servando Jordán. No participaron en el acuerdo ni Luis Maldonado, ni Rafael Retamal. Presididos interinamente por Correa Labra, el resto de los magistrados (Emilio Ulloa, Marcos Aburto, Hernán Cereceda, Enrique Zurita, Osvaldo Faúndez, Arnoldo Toro, Efrén Araya, Marcos Perales, Germán Valenzuela y Hernán Álvarez) respaldó la respuesta de 24 carillas.

El informe Rettig fue calificado de «apasionado, temerario y tendencioso».

Lo primero fue desconocer cualquier atribución a la Comisión Rettig para realizar ningún enjuiciamiento válido del Poder Judicial. Lo segundo, desmenuzar y desmentir las críticas.

La actitud de la Corte Suprema bajo el gobierno militar, según esa respuesta, tuvo fundamento principal en lo que el informe consideraba apenas como una atenuante: «Las condiciones del momento». Para la más alta magistratura, las condiciones del momento lo fueron todo:

«Un conjunto de factores de toda índole que conforman una verdadera universalidad que gravitó en todos los planos y esferas de la vida nacional en un grado superlativo, de modo que no es posible desconocer históricamente la magnitud de su influencia»[40].

Significaron restricciones tales como una copiosa legislación especial, falta de medios y de cooperación policial. Las condiciones del momento impidieron «que este Poder ejerciera una labor efectiva de protección de los derechos esenciales de las personas cuando estos fueron amenazados, perturbados o conculcados por autoridades o particulares, con la complicidad o tolerancia de aquellas»[41].

Pese a todo, dijo la Corte Suprema, la actitud de la magistratura no fue pasiva. Para dar fundamento a este aserto, los magistrados citaron algunos ejemplos, mayoritariamente fechados después de 1978, cuando la práctica de la desaparición masiva de personas había cesado.

En la versión de la Corte Suprema, el Poder Judicial representó a las autoridades las anomalías, cuando se detectaron; ordenó la constitución de jueces en los cuarteles secretos de detención, cuando se pudo; designó ministros en visita para investigar los casos de los desaparecidos; protestó en contra de funcionarios de la CNI que se negaron a mostrar a los detenidos. Y jamás castigó a los jueces que sí investigaron.

«Si a la larga las pesquisas quedaron frustradas, en muchos casos no hay otra explicación que la que los jueces no lograron contar con los antecedentes que requerían para individualizar y encarcelar a los culpables»[42].

La Corte insistió en que durante el gobierno militar no hizo otra cosa que cumplir «literalmente la ley», como era su obligación.

«Lo más grave, a juicio de esta Corte, radica en que las invectivas que se han descargado en contra del Poder Judicial se orientan inequívocamente a torcer de modo artificial y por caminos extraviados y fuera del ordenamiento jurídico, aquellas interpretaciones que los tribunales han dado a las mencionadas leyes (…) En último término se busca que las sentencias se adapten o readapten a nuevas interpretaciones, fruto de una hermenéutica original más del sabor de las corrientes políticas de los autores del informe»[43].

Era un rechazo directo y anticipado a la doctrina Aylwin.

La conclusión de la Corte fue que la Comisión Rettig «extralimitándose en sus facultades, formula un juicio en contra de los Tribunales de Justicia, apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos, que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos de los derechos humanos».

Las rabietas de Correa

Me acuerdo de este ministro y no puedo dejar de sonreír. La frondosa cabellera gris siempre despeinada, con una especie de remolino en el cenit, la nariz redonda y grande, resaltando como único rasgo en su cuerpo menudo.

Era la imagen de un ser extemporáneo, cada vez que se lanzaba, con la cara roja de ira, en apasionada defensa de la judicatura. Pero era también un niño jugando a ser grande, cuando aparecía escoltado por los cuatro fornidos carabineros del GOPE, con sus trajes verdes llenos de bolsillos, cuya asistencia requirió tras la revelación del supuesto plan extremista para atacar a los ministros de la Corte Suprema.

Aunque el plan nunca se comprobó como verdadero, Correa se sentía una víctima potencial.

El ministro terminaba habitualmente gritando cuando le pedíamos su parecer por acciones o declaraciones del Gobierno. Recuerdo que un día mi colega Yasna Lewin le preguntó algo y él, muy serio, le contestó:

—Mire señorita, si es que es señorita…

Correa —considerado un masón y radical de la vieja guardia— era el máximo representante de la defensa corporativa del Poder Judicial. Aunque él mismo era de reconocida probidad y austero vivir, bajo las faldas de sus cruzadas se ocultaron otros que no lo eran tanto. Correa lo sabía. Un día, justo después de emitir un fallo se quedó mirando a su colega Hernán Cereceda y le dijo:

—Ya… Vaya, apúrese, vaya a cobrarle a sus clientes[44].

Cereceda no le respondió el insulto, pero las relaciones entre ambos nunca fueron buenas.

El viernes 17 de mayo de 1991, los ministros de la Corte Suprema se reunieron para decidir, en votación secreta, quién sería el sucesor de Luis Maldonado. La tradición imponía que Correa Labra, el más antiguo de todos, fuera electo sin discusión, pero cuatro magistrados optaron por respaldar la candidatura alternativa de Emilio Ulloa. Cuando la votación terminó, las opiniones de sus pares competían en elogios y destacaban la trayectoria e integridad de su nuevo líder. Salvo Cereceda que se abstuvo con un escueto: «No acostumbro a opinar sobre otros colegas»[45].

Pero Correa se hubiera cortado una mano antes que denunciar a sus pares. En sus batallas políticas con el Gobierno, los defendió a todos como si fueran él mismo. En sus primeras declaraciones el nuevo presidente dijo que no sentía ni el menor remordimiento por haber rechazado los recursos de amparo en favor de personas cuyas osamentas habían aparecido en Pisagua, entre otros lugares. Afirmó que «rechazamos (los recursos) porque la ley lo ordenaba». También se declaró enemigo «irreconciliable» del Consejo Nacional de la Justicia, que pretendía transformar a la Corte Suprema «en un partido político».

El Poder Judicial no atravesaba por ninguna crisis. Es «puro e independiente», sin defecto «ninguno», dijo. Lo único que hacía falta, sostenía, era aumentar el número de jueces.

—Pero la opinión pública no cree lo mismo —le replicaron los periodistas.

—No me interesa la opinión pública (porque) es la sociedad en su conjunto: las matronas, los alfareros, todo el mundo. Doctos e indoctos en Derecho. A los doctos en Derecho les aceptamos su opinión. De los indoctos, no nos interesa[46].

El trato de Correa hacia los periodistas no fue el mejor, pero tampoco era peor que el de otros magistrados. El actual presidente, Roberto Dávila, es conocido por su mal humor y respuestas airadas. La tesis imperante es que los jueces, por no formar parte de un poder de elección popular, no tienen obligación de atender las opiniones ciudadanas. Desdén y arrogancia se interpretan como expresiones de virtuosa independencia.

Un día los periodistas del sector Judicial elegimos nueva directiva. Daniel Martínez y Yasna Lewin fueron a presentarse ante Rafael Retamal, cuando subrogaba a Luis Maldonado. Yasna extendió su mano para saludar al magistrado, pero él la dejó con el brazo estirado. Después de que Daniel y el magistrado intercambiaron los saludos protocolares de rigor, Retamal se volvió hacia Yasna y le dijo:

—Usted no puede estirar la mano para saludar a un ministro de la Corte Suprema como si saludara a cualquier persona. Tiene que esperar. Si el ministro quiere saludarla, le va a ofrecer la mano primero.

Fue el tiempo en que se entornaron las puertas de los tribunales —al modo que antes solo se hacía para notificar del fallecimiento de algún magistrado—. No cualquiera podía entrar al edificio. Todos los visitantes —salvo abogados y funcionarios— tenían que entregar su carné al ingresar. En los días en que parecía que había ánimo de manifestaciones, los gendarmes además hacían preguntas y dejaban entrar solo a un par de visitantes por causa.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial era casi tan difícil como la relación gobierno-Ejército. No obstante, Aylwin estaba empeñado en conseguir los dos objetivos que se había planteado para el sector justicia: mejorar el sistema judicial, para restaurar la confianza que habían perdido en él grandes sectores de la población, y promover y proteger los derechos humanos.

Estos dos valores —justicia y derechos humanos— formaban parte importante del programa de la Concertación. Pero tales metas no tenían un objetivo puramente valórico. Había tras ellas también un importante contenido económico y político. Digamos que, al menos, eran propósitos compartidos por los gobiernos que colaboraron para que la transición fuera posible. Estados Unidos, el primero de la lista.

Las autoridades norteamericanas no solo querían ver resuelto el crimen de Orlando Letelier, que, por cierto, estaba en la agenda. Aspiraban, además, a dar ciertas garantías de certeza jurídica a los inversionistas de su país, que tenían bandera verde para iniciar sus negocios aquí. Era parte de la normalización de relaciones y el estado de la economía chilena era una invitación para esos capitales.

Pero había un gran problema (y serio), y es que los inversionistas estadounidenses necesitaban alguna certidumbre sobre cuáles serían las decisiones de los tribunales en determinados juicios económicos y en Chile, no había quién se las diera. A preguntas como cuánto se tarda un litigio civil o cuál es la jurisprudencia para determinada materia, la respuesta era simple y única: «No se sabe».

Fueron problemas como este los que ahuyentaron a un número considerable de inversionistas. Algunos de ellos llegaron al Ministerio de Justicia y pidieron «certificaciones» de la legislación vigente y de la interpretación que los tribunales hacían de esas leyes. El ministerio respondía que no podía hacer esa certificación ni siquiera a un mes plazo. Las decisiones podían variar de sala a sala de la Corte Suprema. Incluso un mismo magistrado podía cambiar su opinión de un día para otro, sin necesidad de expresar fundamento.

Millones de dólares en inversiones mineras dejaron de llegar a Chile solo por esta razón[47].

Así, desde mucho antes del cambio de Gobierno, entidades estadounidenses como la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) aportaban recursos para que el Centro de Promoción Universitaria (CPU) analizara las reformas que era necesario hacer en la Justicia. El CPU exprimió la intelligentzia nacional, aglutinando entre sus colaboradores a los más destacados juristas y magistrados chilenos (ninguno de la Corte Suprema, por entonces). Otro tanto se hacía desde la Universidad Diego Portales.

Esos centros de estudios nutrirían luego de expertos a la Concertación, para la elaboración de los proyectos y, más tarde, de asesores al Ministerio de Justicia.

En la oposición también se reconocía la necesidad de cambios. El Centro de Estudios Públicos (CEP) esbozó las posturas de este sector: reformas para aumentar la «eficiencia» del Poder Judicial. Entre las preocupaciones principales estaban la necesidad de dar certeza jurídica a los inversionistas y la represión de la delincuencia, en el marco del concepto sobre «seguridad ciudadana», entendida como el principal rol del Estado, que sería recogido luego por la Fundación Paz Ciudadana.

Las políticas del Gobierno quedaron expresadas en los bocetos que Manuel Guzmán le entregó a Aylwin en noviembre de 1990. El presidente los corrigió y envió los textos a diversas instituciones, que incluyeron las asociaciones gremiales de magistrados, institutos académicos y parlamentarios.

En marzo, poco antes de que Correa Labra, asumiera la presidencia, los proyectos fueron enviados al Congreso.

El Presidente Aylwin había discutido con sus asesores el mejor camino para reformar el Poder Judicial: o el impulso de una gran y radical reforma de una vez y para siempre o la presentación de distintos proyectos, que atacaran los puntos esenciales, pero que en conjunto no representaran sino una reforma moderada, las bases para los cambios posteriores. En las condiciones imperantes, se optó por el segundo camino.

Quedaría a la espera la reforma del procedimiento penal (para hacerlo oral en vez de escrito), pero se impulsarían otros, que tendrían un efecto político inmediato.

El análisis que se hizo en el Gobierno es que el máximo tribunal, así como había sido heredado del Gobierno anterior, «no estaba en condiciones de dirigir el Poder Judicial»[48]. No solo porque su conformación era considerada ideológicamente comprometida con el régimen militar (que ya era un dolor de cabeza para el primer gobierno de la Concertación), sino porque el sistema había ido acumulando una serie de deficiencias de funcionamiento imposibles de modificar desde la cúpula judicial.

Los asesores del Gobierno consideraban que la mayoría de los ministros de la Suprema, más allá de sus posturas políticas, eran reaccionarios (en el sentido literal de la palabra: reaccionaban oponiéndose a cualquier cambio, sin una justificación racional). Tampoco contaban entre ellos a un jurista descollante con quien poder debatir en el plano académico.

Entre los primeros proyectos del gobierno, que se presentaron sin considerar las opiniones de los supremos, se incluyeron la creación del Consejo Nacional de la Justicia, la reforma a la Corte Suprema (aumento del número de ministros de 17 a 21, especialización de las salas por materia), la creación de la figura del defensor del pueblo (una especie de ombudsman) y modificaciones a la carrera judicial (calificaciones y ascensos, Escuela Judicial).

Otras propuestas incluían precisar el rol de la Corte Suprema (de la que se esperaba que dictara jurisprudencia a través del recurso de casación y que limitara su pronunciamiento en los recursos de queja); creación del ministerio público (para evitar que un mismo juez cumpliera con la doble y contradictoria tarea de investigar las causas y pronunciar la sentencia, el Ministerio Público tomaría la investigación y el juez se quedaría con la sentencia); y modificaciones al sistema de arbitraje (para ampliar su cobertura, pues permite resolver conflictos que, por su naturaleza, no necesariamente deberían llegar a los tribunales y que en Chile es usado principalmente por las empresas).

Pero lo que era moderado desde el punto de vista del gobierno, parecía el propósito revolucionario de un gobierno marxista, a los ojos de la oposición y la propia Corte Suprema.

Desde el comienzo, el punto de quiebre fueron el Consejo Nacional de la Justicia y las reformas a la Corte Suprema. Eran las modificaciones que le quitaban poder a ese cuerpo colegiado y nadie lo pasó por alto. El Mercurio editorializó reconociendo que el Poder Judicial atravesaba por una crisis de «legitimidad» —por no haber sido sus miembros elegidos democráticamente— y una crisis de «eficiencia». Pero en vez de recomendar cambios para salvar ambas, el matutino aconsejaba a las autoridades políticas mantenerse al margen de la «corriente crítica», pues en las debilidades de ese Poder del Estado se encerraba «un peligro potencial para el Estado de Derecho, pues convierte al Poder Judicial en general, y a la Corte Suprema en particular, en un blanco fácil de grupos extremistas que buscan la desestabilización institucional»[49].

Otro tanto escribió ese mismo diario para desacreditar al Consejo Nacional de la Justicia. El organismo fue atacado también por la oposición, que no le «compró» el discurso a la Concertación de que la pluralidad de sus integrantes daba garantías de independencia. La oposición sabía que el Poder Judicial era el «enclave autoritario» (como lo llamaba la Concertación) más fácil de desmantelar y que el Gobierno aprovecharía sus debilidades para hincarle el diente.

La batalla fue, obviamente, política.

Uno de los aspectos en disputa tenía que ver con las causas por violaciones a los derechos humanos. Recién comenzado el gobierno la Corte Suprema había fijado el criterio de que los pactos internacionales, aprobados por Chile, no se considerarían incorporados a la legislación chilena como para dar por abolida la ley de Amnistía. También, en general, había expresado que la Amnistía impedía investigar. Para la oposición, un recambio de sus miembros ponía en peligro esa «jurisprudencia».

La Concertación esperaba que una nueva conformación en el máximo tribunal abrazaría un criterio más amplio sobre la Ley de Amnistía y permitiría, al menos, la investigación de las desapariciones y ejecuciones entre 1973 y 1978.

El Consejo Nacional de la Justicia murió prematuramente en la Cámara de Diputados, donde se perdió por «culpa» del diputado socialista Mario Palestro, quien se ausentó inconvenientemente de la sala el día en que el polémico proyecto sería debatido y restó el voto que la Concertación necesitaba. Para tranquilidad en la conciencia de Palestro, hay que decir que esa iniciativa jamás hubiera pasado las pruebas siguientes.

El resto de las propuestas logró sortear la fase de aprobación en la Cámara, aunque los propios representantes de la Concertación no estaban cien por ciento convencidos de apoyarlas todas. Sin embargo, los proyectos se empantanaron en el Senado.

En el intertanto, Correa Labra cada vez que podía atacaba las reformas. La Corte Suprema en pleno emitió un informe negativo al conjunto de las propuestas, el 8 de agosto de 1991. Solo abría la puerta a la creación de más juzgados. Correa Labra se convirtió, con sus posturas, en el blanco de los ataques políticos y no le gustó. El 9 de enero de 1992, convocó a un pleno para pedir respaldo. Obtuvo apenas una declaración dividida en que los magistrados expresaron «su parecer solidario» con la «defensa pública» que estaba haciendo su presidente[50].

Los dos nuevos integrantes nombrados por Aylwin, Adolfo Bañados y Oscar Carrasco firmaron el voto de mayoría diciendo que los proyectos contenían disposiciones que «de alguna manera limitan y vulneran las atribuciones de esta Corte Suprema». Junto a ellos, Marcos Aburto, Servando Jordán, Osvaldo Faúndez, Lionel Beraud, Arnaldo Toro, Efrén Araya, Marco Aurelio Perales y Germán Valenzuela, hacían presente que «casi» todos los ministros opinaban igual.

Una minoría separó aguas de su presidente y declaró que «es de la mayor urgencia mejorar la actual administración de justicia por medio de reformas, que deberán abordarse razonablemente con altura de miras y con carácter técnico, a fin de obtener su efectiva modernización, que coloque al Poder Judicial en concordancia con las reales exigencias de una sociedad permanentemente dinámica y cada vez más compleja»[51].

Este voto estaba firmado por Hernán Álvarez, autor de la moción, Emilio Ulloa, Hernán Cereceda, Roberto Dávila y Rafael Retamal. Estos, excepto Retamal, dieron al mismo tiempo un voto de respaldo a su presidente.

El lunes 2 de marzo, en su primer discurso de inauguración del año judicial, Correa Labra hizo un llamado a «estar alerta» frente a las reformas. Sin atimorarse porque tuviera sentado en el mismo estrado al ministro de Justicia, el presidente de la Corte acusó al Gobierno de promover la «intervención política» en los nombramientos del máximo tribunal, «que un día ha de pesar al país».

Aunque el Consejo ya había muerto, el magistrado no aceptaba la intervención del Senado en los nombramientos, ni el advenimiento de un tercio de integrantes «externos» escogidos entre abogados de prestigio, ni mayores facultades para la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En una de las tantas salidas de libreto, espetó: «Puedo gritar desde esta tribuna que somos jueces honrados. Por esto yo pienso que el Poder Judicial tiene que estar alerta a todas estas reformas».

En las fotografías de los medios de ese día aparece la imagen de Cumplido escuchando a Correa con la cara larga.

Fuera de cámara, ambos tenían buenas relaciones personales. El expresidente de la Corte Suprema fue receptivo a las denuncias que le llevó el ministro de Justicia sobre corrupción en los juzgados de San Bernardo y en la Corte ariqueña y tomó medidas.

Cumplido y su asesor Jorge Correa Sutil se pasaron ese año en Valparaíso, tratando de revitalizar los proyectos, que navegaban a la deriva, sin apoyo político, atrapados en interminables indicaciones en las que el senador Miguel Otero se hizo un experto. Los informes que emitía la Corte Suprema para cada uno de los cuerpos legales, con el mayor retraso posible y siempre negativos, no ayudaban.

Entre septiembre y octubre de 1992, Aylwin se reunió con el presidente del Senado, Sergio Diez. Quería salvar lo que pudiera de su paquete de reformas. Los dirigentes políticos negociaron y separaron lo que tenía viabilidad política de lo que no.

Correa Labra había caído gravemente enfermo y en la presidencia lo subrogaba Marcos Aburto.

En el encuentro Aylwin-Diez murieron para siempre las iniciativas relacionadas con el Consejo Superior de la Justicia, el Ombudsman, el Ministerio público y la reforma procesal penal. Se acordó que se daría curso a la reforma al rol de la Corte Suprema, el aumento del número de ministros, la especialización de las salas, el recurso de queja y casación, la Academia Judicial y la carrera y calificación de los jueces. En lista de espera y con menores posibilidades de resurrección, quedaron la modernización al sistema de asistencia judicial, la regionalización y reforzamiento de los tribunales de paz y el sistema de arbitraje.

Pese a este pacto, en el camino el Senado rechazó el proyecto de aumento del número de ministros de la Corte Suprema.

Aylwin también organizó una comida con miembros de la Corte, a la que invitó a Sergio Diez. Cuando Marcos Aburto asumió como nuevo presidente de la Corte, a comienzos de 1993, Aylwin lo invitó también a comer con Diez. Luego se reunió con ambos oficialmente en La Moneda.

Con Aburto en la presidencia, el gobierno interpretó que la especialización de las salas, la modificación de los recursos de queja y casación, la Academia Judicial y los cambios en la carrera judicial y las calificaciones serían viables.

No obstante, aunque las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema se distendieron, nada cambió en el fondo. El máximo tribunal siguió informando negativamente los proyectos, incluso el de la Academia Judicial.

En el plano administrativo, el diagnóstico oficial era que el Poder Judicial había sido el pariente pobre del Ejecutivo y Legislativo. Históricamente fue siempre así, pero la precariedad de recursos se hizo más notoria y vergonzosa bajo el gobierno militar.

En los ‘80, con Mónica Madariaga en el ministerio de Justicia, fue la última vez que el Poder Judicial recibió un aumento significativo de recursos, pero el aumento se quedó en las capas superiores. No hubo nada para los jueces de primera instancia, ni para los funcionarios y menos para mejoras en la infraestructura.

El gobierno de Aylwin estableció un plan quinquenal de mejoramiento de recursos del Poder Judicial, con el fin de modernizar la infraestructura, aumentar el número de tribunales y reajustar remuneraciones. El plan consistió en duplicar los recursos que recibía el Poder Judicial en 1991 en un plazo de cinco años.

De la inyección de nuevos recursos, el 40 por ciento se utilizó en aumento de sueldos. Cumplido determinó que la distribución se hiciera a la inversa de lo que fue la experiencia Madariaga: más para los que ganaban menos, menos para los que ganaban más. Los funcionarios adoptaron esta política «solidaria» motu propio. A los magistrados, en cambio, hubo que imponérsela.

Pero en lo sustancial, pese a su compromiso personal con el sector justicia, Aylwin, el Presidente-abogado, no alcanzó a ver promulgado ninguno de sus proyectos de reforma. Incluso las iniciativas que logró salvar en su pacto con Diez se convirtieron en ley solo bajo el gobierno del ingeniero Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Hoy hay quienes culpan al ministro Cumplido del fracaso. Algunos de los funcionarios del Gobierno de Aylwin, cercanos a estas negociaciones, afirman que tuvo poca «muñeca», que si hubiera negociado con la oposición proponiendo «nombres», en el caso del aumento de ministros de la Corte Suprema, este proyecto habría sido aprobado. Si hubiera involucrado a los magistrados en «los ritos del poder», haciéndolos participar en cócteles y otros eventos mundanos, por ejemplo, permaneciendo él mismo en ellos más tiempo que el simplemente protocolar, los resultados habría sido otros.

El exministro se defiende: «A mí me tocó el round de ablandamiento. Nuestra estrategia fue remecer al Poder Judicial»[52].

Ya a punto de terminar su período, el exsecretario de Estado le dijo un día a uno de los magistrados del máximo tribunal:

—Con nuestras acciones, nosotros los pusimos de pie.

—¡Los ministros de la Corte Suprema nunca hemos estado de rodillas! —fue la respuesta airada.

—No —replicó Cumplido—, pero estaban sentados[53].

El delfín de Krauss

En medio de muchas derrotas, el Gobierno obtuvo un triunfo: La designación por parte de la Corte Suprema de un ministro especial para que investigara el homicidio del excanciller Orlando Letelier. Bajo el apremio de la diplomacia norteamericana —que hizo su propio trabajo de persuasión hacia la magistratura—, el canciller Enrique Silva Cimma presentó la petición en marzo. A mediados de año, el primer ministro que Aylwin nombró en la Suprema, Adolfo Bañados fue designado —no sin dificultades— para instruir la causa.

Bañados llegó a la Corte Suprema en diciembre de 1990. Aunque no era el más antiguo en la quina de postulantes, Aylwin lo prefirió sobre Víctor Hernández Rioseco y Oscar Carrasco. Menos antiguos que él, también postulaban Guillermo Navas y Ricardo Gálvez.

Bañados había aparecido en varias quinas bajo el Gobierno militar, pero nunca fue seleccionado. Al nombrarlo para reemplazar al fallecido Sergio Mery Bravo, Aylwin solo estaba reparando la injusticia de su postergación. No por eso el nuevo ministro se comportó como un enviado de la Concertación en la Suprema. Paradójicamente, él mismo votó en contra de que un ministro de la Corte Suprema se hiciera cargo del caso Letelier. Su opinión era que un magistrado del tribunal inferior, la Corte de Apelaciones, debía hacerse cargo de la causa. A los ministros de la Suprema no les correspondía inmiscuirse en la investigación de causas criminales, por importante que fuera el caso. En doctrina Bañados tenía razón, pero en su nombramiento influyó el deseo del gobierno chileno y del estadounidense de asegurarse una investigación imparcial.

Bañados, fiel a sus opiniones conservadoras en materia judicial, sumó su voto al rechazo a las reformas.

Por eso es quizás mayor el mérito de su investigación en el caso Letelier. Bañados no aclaró el caso porque fuera de izquierda como muchos creen. Ciertamente no lo es. Lo hizo porque es un buen juez.

Hasta el último día en el Poder Judicial, Bañados fue la efigie de la independencia. No otorgaba audiencias a los litigantes, ni recibía recados del gobierno. Fuera de sus oficinas, ni siquiera hacía mucha vida social con sus pares. Seducido por las montañas, su pasatiempo preferido era irse a escalar algún cerro los fines de semana, acompañado por amigos de los más diversos ámbitos, con quienes se permitía hablar de todo, menos del Poder Judicial.

Así las cosas, el Gobierno contaba solo con Rafael Retamal, que por convicción apoyaba los predicamentos de la Democracia Cristiana, pero que a esas alturas estaba demasiado enfermo como para tener un rol activo o influencia entre sus pares.

Mientras Cumplido trataba de empujar las reformas con escasa interlocución en la Corte Suprema, otro miembro del gabinete, menos principista y más astuto, lograba la influencia que el titular de justicia no tenía.

El ministro del Interior, Enrique Krauss, era el otro hombre del gobierno en el Palacio de Justicia.

Los abogados Jorge Burgos y, especialmente, Luis Toro, eran sus representantes. Ambos llegaron para representar al Gobierno en las causas contra el FPMR-Autónomo y el MAPU-Lautaro. Después del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards aparecían por el edificio de calle Bandera casi a diario. Burgos y Toro presentaban escritos, pedían audiencias, buscaban la cooperación de los magistrados.

Gracias a la aureola del poder visible inevitablemente tras sus cabezas, ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones y hasta jueces de primera instancia los recibían no solo con ceremonia, sino hasta con cierta reverencia.

Tanto como reformar el Poder Judicial (o tal vez más, según el momento), el gobierno quería controlar a los grupos de extrema izquierda y acallar lo antes posible las críticas de la oposición. Toro y Burgos no llegaban a los tribunales con la amenaza de decapitamiento, sino con el gesto comprensivo de quien busca ayuda para una misión común. Y detener el terrorismo era para un sector de la magistratura un eslogan más seductor que la creación del Consejo Nacional de la Justicia.

De los primeros encuentros formales y distantes, los abogados de Interior, especialmente Toro, pasaron a un trato más familiar y amistoso con algunos magistrados. Las preocupaciones del joven exabogado de la Vicaría de la Solidaridad se ampliaron. Su presencia se transformó para nosotros, los periodistas, no solo en anuncio de que se vería alguna causa contra grupos extremistas, sino que otras materias relevantes, como algún proceso por violaciones a los derechos humanos u otro de aquellos que comprometían a militares y complicaban al Gobierno.

El ejercicio del realismo político se imponía también en el Ejército, que contaba con un nutrido equipo de mensajeros y oidores. El auditor general Fernando Torres, quien tenía el privilegio de actuar como ministro de la Suprema cada vez que se discutía un asunto en que aparecía mencionado personal militar, ejercía una indiscutible influencia directamente sobre la mayoría de los magistrados de la Suprema.

A Torres lo secundaba el coronel Enrique Ibarra, cuya figura, como la de Toro, era presagio de que algo importante se estaba discutiendo en la cúpula judicial.

Otros funcionarios militares de menor rango tenían la cotidiana misión de alertar sobre cualquier movimiento que tuvieran las causas que interesaban a la institución. Yo conocía bien las caras de los aspirantes a abogado que cumplían con estas tareas. Aunque nuestros objetivos eran distintos, a diario nos encontrábamos rastrojeando en los mismos libros en la secretaría del máximo tribunal o nos quedábamos esperando hasta entrada la noche «el listado de fallos». Uno de ellos me dijo un día, como para romper el hielo: «Yo conozco bien tu trabajo. A mí me tocaba leer los artículos de La Época en la Auditoría».

La Policía de Investigaciones hacía lo propio y enviaba al estacionamiento del palacio judicial a un par de policías de Inteligencia. Condenados a la periferia del edificio, a veces recurrían a los periodistas para saber qué estaba pasando.

La presencia de toda suerte de agentes ajenos al ejercicio de la labor judicial era apenas el signo evidente de que cualquiera con poder no confiaría en la publicitada independencia del Poder Judicial. Los votos de los ministros se contaban —y «conseguían»— antes de que las causas empezaran a discutirse. Fuera de escena, familiares y amigos de algunos magistrados se ofrecían para enviar recados. Una invitación a comer al Club de la Unión podía ser la ocasión propicia.

No solo en política se usaron las influencias. En el ámbito económico era popular por entonces hablar de los estudios de abogados «con llegada» a la Suprema. Estudios con profesionales de todos los signos que, por un motivo u otro, profitaban de un vínculo privilegiado con alguno o varios miembros del máximo tribunal.

En ese escenario, para el Gobierno era políticamente inconducente mantener las ásperas relaciones que Cumplido tenía con la cúpula judicial. Los procuradores militares tenían bastante más conocimiento y manejo de las fuentes judiciales que el par de detectives de Inteligencia parados en el estacionamiento. Los abogados de Interior estaban también en desventaja cualitativa con el general Torres, y el ministro Krauss, que también es abogado, estaba consciente del problema.

Llegó la hora de hacer nuevos nombramientos en la Corte Suprema.

El 12 de agosto de 1991, Oscar Carrasco, un ministro de Temuco, vinculado a la masonería, fue el nuevo elegido por Aylwin entre otros cuatro postulantes: Víctor Hernández, Mario Garrido Montt, Guillermo Navas y Ricardo Gálvez. Carrasco reemplazaba al recién renunciado expresidente del tribunal, Luis Maldonado, lo que Cumplido lamentaba, porque había establecido con él una relación cordial.

Pero Carrasco, aunque avalado por un brillante desempeño profesional, no tenía la personalidad suficiente como para influir de modo importante en la Corte. Además, venía de provincia. En sus primeros meses en el tribunal, era un ser solitario, se lo veía desconcertado de haber alcanzado esas alturas.

Poco después, otra renuncia —Emilio Ulloa— produjo una nueva vacante. La Corte Suprema conformó una quina. Esta vez fue eliminado el nombre de Mario Garrido Montt, que había aparecido en la quina anterior y a quien el ministro de Justicia, Francisco Cumplido y el propio Aylwin esperaban ver como el sucesor. En su reemplazo, en el cuarto lugar de antigüedad, apareció el nombre de Luis Correa Bulo.

El ministro Servando Jordán, su amigo desde los tiempos en que ambos estaban en la Corte de Apelaciones, había sido su promotor en la Suprema. Y Correa Bulo en persona había participado en el lobby para que sus superiores pusieran su nombre en la quina.

Junto a él, postulaban nuevamente Víctor Hernández, Guillermo Navas y Ricardo Gálvez. Al último lugar había subido Amoldo Dreysse, el candidato de los ministros derechistas más duros. Ya allí Correa Bulo continuó su campaña para obtener la nominación, abordando a los abogados concertacionistas y a los funcionarios de Gobierno que conocía.

Al Ministerio de Justicia no pudo acudir, porque Cumplido mantuvo, como lo había hecho hasta entonces, la política de puertas cerradas para todos los postulantes a cargos en el poder judicial. En eso era consecuente hasta el final con el rechazo al «besamanos» que el Gobierno había adoptado como cuestión de principios desde el comienzo del período.

La verdad es que a pesar de esta política tan expresa, todavía había jueces de provincias que viajaban a Santiago para repetir el arraigado rito del Poder Judicial: «regar las plantitas», lo llamaban y consistía en un largo y humillante peregrinaje que se iniciaba en los despachos de los ministros de las Cortes y terminaba en el Ministerio de Justicia.

Cumplido había sido intransigente en esto: simplemente no los recibía. La única excepción la hizo una vez que su secretaria le rogó que atendiera a una magistrada de Punta Arenas. La mujer estaba de pie, llorando, mientras esperaba en las puertas de su oficina. El ministro aceptó hablar con ella unos minutos. Entre lágrimas, la magistrada explicó que había gastado la mitad de su sueldo para viajar a Santiago y pedirle que considerara su promoción. El ministro averiguó sobre sus antecedentes y descubrió que el decreto de ascenso ya había sido aprobado por él y por Contraloría.

—¿Ve? —le dijo—. Perdió el viaje y su platita[54].

Aunque todavía restaba la decisión del Presidente Aylwin, quien se guiaba por las opiniones de sus ministros pero sobre todo por sus «pragmáticas», Correa Bulo no se conformó con la simple espera, conforme a la política de principios de Cumplido, y buscó (y encontró) un aliado en alguien tanto o más poderoso que el ministro de Justicia: su excompañero de curso en la Universidad, el ministro del Interior, Enrique Krauss.

A Correa Bulo no le correspondía todavía el nombramiento, según las «pragmáticas» de Aylwin, pero Krauss argumentó que, al no figurar en la quina Garrido Montt, su excondiscípulo era el mejor candidato. Cumplido optó por otro nombre, pero en definitiva Aylwin oyó a Krauss.

Algunos abogados llegaron con historias sobre las presiones que ejercía Correa Bulo en los tribunales inferiores, mientras fue miembro de la corte capitalina, pero ninguno pudo mostrar pruebas[55]. Más influencia tenían aquellos que lo defendían por su actitud durante los años de la dictadura, o porque contaban, quizás, con que su voto era seguro para apoyar las políticas de la Concertación en la Suprema.

El mejor antecedente en el currículum de Correa, según estos partidarios, era su actitud en el caso del recurso de amparo presentado en 1984 por Ignacio Vidaurrázaga, hijo de una distinguida jueza. Vidaurrázaga había sido detenido por la CNI y trasladado a Concepción. Cuando la Corte de Apelaciones de esa ciudad, en un gesto inusitado, ordenó con gran rapidez que una jueza se constituyera en el cuartel para constatar su estado, el organismo de seguridad lo trajo nuevamente a Santiago. En la capital, Correa Bulo se presentó en el cuartel de la CNI, logró ver al detenido y constató las numerosas heridas que tenía por causa de las torturas. El magistrado tomó nota e informó a sus superiores en detalle. La CNI tuvo que liberarlo[56].

Una vez instalado en la Suprema el magistrado retribuyó el apoyo que le brindó el ministro del Interior. Se convirtió en su contacto privilegiado. Buscó contrarrestar la influencia castrense en el máximo tribunal informando oportunamente de las movidas e intenciones del auditor Torres.

Profesor en la Escuela de Investigaciones, fue también un puntal clave de la Concertación cuando más tarde llegaron a la Corte Suprema las controvertidas resoluciones cuestionando la acción de la llamada «Oficina» —dependencia creada por el gobierno de Aylwin para cubrir los temas de Inteligencia— y del director de la policía civil en los casos del crimen de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards[57].

¿Podría alguien reprochar a Correa Bulo por hacer en favor del Gobierno o la Concertación lo mismo que habían hecho otros varios altos magistrados de la Corte Suprema por el Gobierno Militar o incluso, más tarde, por el Ejército?

Recuérdese que fueron esos contactos entre Interior y la Suprema los que permitieron al Ejecutivo, años más tarde, enterarse de una resolución que hubiera cambiado el rumbo de la sentencia por el caso Letelier. El general (r) Manuel Contreras se había internado en el Hospital Félix D’Amesti para evitar su traslado al penal de Punta Peuco, presentando enseguida un recurso de protección para que se le permitiera continuar cumpliendo la pena en un recinto asistencial. El recurso estuvo a punto de ser acogido por la Corte Suprema por 3 a 2. Pero funcionarios de Interior se enteraron e hicieron gestiones para que uno de los abogados integrantes fuera cambiado. Eugenio Velasco ingresó a la sala y la protección fue rechazada. Contreras tuvo que resignarse a ingresar a la cárcel[58].

La defensa política ha sido sin duda la mejor cobertura del ministro Correa Bulo en estos años, pero ha sido insuficiente para avalar otras actuaciones suyas.

Desde que llegó a la Suprema, comenzó a alejarse del grupo de magistrados con quienes otrora se reunía para estudiar formas de mejorar el sistema judicial. Se acercó, en cambio, a los dos últimos ministros nombrados por Rosende, Lionel Beraud y a Arnaldo Toro, cuyos contactos, por otra parte, con Manuel Contreras no son desconocidos. En compañía de ambos visitó en más de una ocasión a un misterioso intermediario, el joyero Cristián Chavesich, conocido por actuar promoviendo en ciertas causas fallos en favor de «clientes» suyos[59].

De acuerdo con antecedentes que recibieron funcionarios del Gobierno de Aylwin, Chavesich recibía comisión por esas gestiones. En su fundo en Talagante, Beraud y Toro —y luego Correa Bulo— eran visitantes siempre bien recibidos[60].

También se hicieron más habituales las salidas nocturnas con Jordán, acompañados en ocasiones por abogados especializados en tramitar libertades en favor de personas acusadas de narcotráfico. Entre ellos, los llamados «excarceleros», como Luis Edmundo Rutherford y Mario Adolfo Fernández[61].

Funcionarios que trabajaron con Correa cuando el ministro estaba en la Corte de Apelaciones, son testigos de que el magistrado llamaba en algunas ocasiones a los juzgados para expresar su opinión en causas que se estaban tramitando. Pero fue su actuación en favor de su hermana, Gilda Correa, acusada por la policía de venta irregular de sustancias sicotrópicas, en 1995, la que terminó por alejar de su lado a algunos abogados y jueces que antes se contaban entre sus amigos.

Gilda Correa Bulo era la propietaria de la farmacia Pocuro 2. El departamento de control de drogas del OS-7 de Carabineros denunció ante el Sexto Juzgado del Crimen, en julio de 1995, que en esa farmacia se vendía Metanfetamina, conocida como Cidrín, con recetas-cheques robadas y adulteradas. La evidencia aportada por la policía al tribunal fue que en quince días se habían vendido 62 de esas recetas, con un total de 7.440 tabletas.

Las recetas fueron presentadas por una misma pareja. Gilda Correa consignó datos falsos para aparentar que los compradores eran muchos y distintos. La policía estableció que los nombres de los presuntos compradores y sus cédulas de identidad habían sido extraídos, en buena parte, de un listado de subsidios habitacionales, publicado en la prensa.

El caso lo recibió la jueza María Inés Contreras, quien, en marzo de 1996, estimó que no había antecedentes suficientes para procesar a la hermana del ministro y cerró el sumario. El Consejo de Defensa del Estado, que actuaba como querellante, pidió la reapertura del caso, pero la jueza lo rechazó. El CDE apeló a la Corte de Apelaciones. Allí, los ministros Gloria Olivares y Juan Guzmán (con la opinión en contra del abogado integrante Crisologo Bustos) respaldaron a la jueza.

Las visitas de Luis Correa Bulo a la Corte de Apelaciones y sus esfuerzos para que la sala quedara conformada de modo de beneficiar a su hermana fueron más que evidentes y públicos.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, en julio de 1996, la titular del Sexto Juzgado decretó oficialmente el sobreseimiento temporal del caso. Nuevamente el Consejo apeló, pero obtuvo idéntico resultado en la Corte de Apelaciones. Entonces el CDE presentó un recurso de queja en la Corte Suprema en contra de los ministros Olivares y Guzmán. La Suprema respondió «inadmisible».

El CDE insistió por último con una queja disciplinaria en contra de la magistrada de primera instancia, acusándola de irregularidades y negligencias. A fines de 1996, cuando el presidente de la Corte era ya Servando Jordán el pleno de la Corte Suprema emitió su última opinión: «Se declara sin lugar la queja deducida por el presidente del CDE. Devuélvase el expediente tenido a la vista. Regístrese y archívese»[62].

La hermana del magistrado logró escapar de las severas acusaciones, pero la imagen de Correa Bulo quedó manchada. Demasiadas personas se dieron cuenta de los esfuerzos que hizo para que la causa fuera enterrada. Así y todo, los antecedentes no se hicieron públicos sino hasta un año después, cuando la UDI quiso incorporarlos a la acusación constitucional en contra de Servando Jordán. El caso fue retirado en una decisión de última hora, pero la información fue distribuida entre los medios de comunicación.

Recién terminado el gobierno de Aylwin, un abogado cercano al expresidente, que había apoyado a Correa Bulo y no daba crédito a las historias que oía sobre el magistrado, decidió hablar francamente con él.

—Lucho —le dijo—, déjame hacerte un comentario de amigos. Varias personas me han hablado sobre tu comportamiento. Dicen que eres obsequioso en las causas de narcotráfico. Creo que tienes que cuidarte de eso[63].

El gesto y silencio de Correa Bulo notificaron a su amigo que el comentario no había sido bien recibido. La fría y cortés distancia que mantuvo a continuación se lo confirmó.

Hoy Correa Bulo no apoya los intentos de los nuevos integrantes de la Corte Suprema —con quienes en el pasado compartía un mismo afán reformista—, por establecer algún tipo de control sobre la ética de los más altos magistrados.

El propio Patricio Aylwin se habría arrepentido de haberlo nombrado[64].

El astuto Lionel Beraud

El Código Orgánico de Tribunales es claro. Los jueces deben mantenerse independientes y para ello es menester que rechacen invitaciones de personas que tengan juicios pendientes en los tribunales. Un poco de sentido común indica que también deben evitar involucrarse en actos sociales con personas que asiduamente discutan sus asuntos en los tribunales de Justicia, como los agentes políticos y los grandes empresarios.

En las palabras del Código: «Prohíbese a los jueces letrados y a los ministros de los tribunales superiores de Justicia aceptar compromisos, excepto cuando el nombrado tuviere con alguna de las partes originariamente interesadas en el litigio, algún vínculo de parentesco que autorice su implicancia o recusación»[65].

Pero ahí estaban Lionel Beraud y Hernán Cereceda dejándose ver, sin mayor pudor, en el matrimonio de María Ignacia Errázuriz, hija del empresario Francisco Javier Errázuriz (antes de que se convirtiera en parlamentario), con quien no tienen ningún grado de parentesco que se sepa, y a pesar de que el empresario y actual senador ha sido seguramente uno de los personajes públicos chilenos que más frecuentemente se ha visto envuelto en litigios judiciales. Errázuriz invitó a todos los ministros de Corte a ese casamiento, pero la mayoría rehusó asistir.

En favor del dúo Béraud-Cereceda sí hay que agregar, en todo caso, que, como se verá, no están entre los jueces que hayan aparecido votando con mayor frecuencia en forma favorable por Errázuriz.

Siempre me llamó la atención la habilidad de Beraud para desprenderse de las acusaciones constitucionales. Si Cereceda Bravo y Jordán cometieron actos reñidos con el servicio, Beraud no hizo menos, pero a diferencia de ambos, terminó su carrera judicial impecablemente, sin mancha en su hoja de vida. Lo que se llama, un artista.

Lionel Leandro Beraud Poblete inició su carrera judicial en 1946, como secretario del Juzgado de Coronel. Luego fue juez en Nacimiento, Coronel, Maipo (Buin), Chillán y Concepción. En 1959 fue nombrado fiscal en la Corte de Apelaciones de Temuco y en 1964 llegó al cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán.

Quince años estuvo en la corte chillaneja, hasta que en 1979 fue trasladado dos veces, en lo que puede considerarse un doble ascenso, primero como ministro a la Corte de San Miguel y, casi inmediatamente después, a la Corte de Santiago.

El propio Beraud recordaría más tarde, en declaraciones públicas, que el general Augusto Pinochet le había prometido sacarlo de la Corte de Chillán y traerlo a Santiago.

El 29 de mayo de 1989, el ministro de Justicia Hugo Rosende lo designó en reemplazo del fallecido Israel Bórquez como ministro de la Corte Suprema, en los reemplazos que siguieron a la llamada «ley Caramelo».

Rosende lo escogió porque lo consideraba incondicional al general Pinochet, aparte de que, al parecer, fue ayudado a conseguir el cargo por el general Manuel Contreras.

Beraud había dado pruebas de lealtad. En 1979 investigó el atentado explosivo contra la casa del presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, cuando el ministro analizaba la petición de extradición a Estados Unidos de los exjefes de la DINA. Aunque posteriores procesos judiciales demostrarían que el ataque a Bórquez fue ejecutado por personal del propio organismo de seguridad, Beraud dio validez a la versión que le entregó la recién creada Central Nacional de Informaciones (CNI), acusando a un grupo de presuntos militantes de partidos de izquierda. Desechó investigar las torturas que los inculpados decían haber recibido, porque —dijo— «ello no pasa de ser una maniobra utilizada por estos delincuentes».

Me ha llevado algunos años reunir documentación para este libro, y en todo este tiempo me ha tocado toparme constantemente con las más severas acusaciones contra este magistrado. Importantes abogados, ministros de la Corte de Apelaciones y hasta de la Corte Suprema las dan por comprobadas, aunque, como suele ocurrir, pocos de ellos pueden señalar evidencias.

El problema de la «prueba» es lo que seguramente detuvo a varias de las personas que entrevisté, y que junto con pedir que sus nombres se mantuvieran reserva, se abstuvieron de ir más lejos con sus aseveraciones.

Sin embargo, huellas de su particular conducta y concepto del ejercicio de su ministerio están a la vista de quien haya conocido un poco el mundo del Poder Judicial a comienzos de los ‘90.

Parte de esos antecedentes eran conocidos por el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Aylwin. Cuando se iba a discutir en la Tercera Sala de la Corte Suprema la contienda de competencia por el secuestro de Alfonso Chanfreau (caso que costó la acusación constitucional y posterior destitución de su colega Hernán Cereceda), Lionel Beraud recibió la visita de un amigo muy cercano. El intermediario llevaba un mensaje: «Hay quienes en el Gobierno conocen aspectos de tu vida que pueden complicarte en el futuro»[66].

Si aprobaba el traspaso, Beraud sería acusado constitucionalmente y esos antecedentes podrían quedar expuestos. Podrían hacerlo caer. Beraud tomó una decisión. Le dijo a su amigo que votaría para que el proceso se quedara en la justicia ordinaria. Eso significaba que la votación sería tres votos contra tres (el general Torres integraría la sala en nombre del Ejército), abriendo las posibilidades para que el caso quedara en manos de la ministra visitadora, Gloria Olivares.

Pero horas antes de la decisión, Beraud cambió nuevamente de parecer. Junto a Hernán Cereceda, Germán Valenzuela y el auditor Torres, votó por el traspaso de la causa a la justicia militar.

Funcionarios del Ministerio del Interior recibieron como explicación que el general Torres había hecho un trabajo de persuasión aún más efectivo, recordándole a Beraud las numerosas ocasiones en que el Hospital Militar lo había atendido con generosa y especial dedicación, derecho del que podría seguir disfrutando en el futuro[67].

El hecho es que en 1981, el Ministerio de Defensa había dictado un decreto que creó una nueva categoría de pacientes en el Hospital Militar. La categoría «C», que permitió a los ministros de la Corte Suprema esquivar las deficiencias de los hospitales públicos y atenderse en condiciones preferenciales en ese recinto asistencial, junto al personal del Ejército, los ministros de Estado y los pilotos de LAN Chile. Lejos estaba todavía el día en que el otorgamiento de ese privilegio a Beraud le costaría caro a la institución castrense.

Algunos que lo conocen más de cerca aseguran que fue su esposa y no Torres quien lo hizo retractarse, encarándole el agradecimiento que le debían no solo al Hospital Militar, sino al Ejército y al general Pinochet. Lo cierto es que Beraud se arriesgó y puso su cabeza, junto a la de Cereceda Bravo, Valenzuela Erazo y Torres en una acusación constitucional que no lo dejó vivir en paz sino hasta el día en que, respecto de su nombre, la acusación fue rechazada.

Posteriormente, solo fue cuestión de tiempo para que retomara, aunque con mayor cautela, una de las prácticas características de su paso por la Corte Suprema: las llamadas a sus subalternos para hacerles conocer su opinión en ciertas causas, su interés en que un proceso tal se fallara «conforme a derecho». En estos menesteres, solía jugar un papel protagónico en los pasillos de la Corte Suprema su esposa Gloria, quien no evitaba los acercamientos a las partes interesadas en los juicios que se discutían en la sala de su esposo. Un comentario personal sobre las dificultades económicas de la familia y la necesidad de vender algún determinado y preciado bien familiar para solventar gastos extraordinarios, podía inclinar a un abogado en litigio a un gesto caritativo. En el transcurso de tal conversación no se mencionaba jamás el juicio, por supuesto, pero desde ese minuto el profesional quedaba a la espera, con cierto grado de confianza, de un resultado favorable a su postura en la resolución pendiente[68].

Beraud tiene un hijo, Lionel, también abogado, quien trabaja en el Banco del Estado. Si el profesional tenía una causa pendiente en un tribunal de alzada, los magistrados en cuestión probablemente recibían un llamado de Beraud padre haciendo notar que en el proceso determinado litigaría su hijo.

El novel jurisconsulto ganó cierta fama por lograr resoluciones favorables en casos «imposibles». Ofrecía sus servicios pidiendo una parte de sus honorarios por adelantado y la otra, al final, de acuerdo con el resultado[69].

También un cuñado del magistrado, Nelson Guzmán Troncoso (que está casado con la hermana de Gloria de Beraud) intermediaba en juicios, invocando sus especiales contactos en la Corte Suprema, aunque luego ambos se enemistaron. Guzmán Troncoso estuvo preso por estafar a una compañía aseguradora y las relaciones familiares quedaron severamente dañadas[70].

Otro intermediario que alardeaba de sus contactos ante la Corte Suprema, aún sin ser abogado, es el joyero Cristián Chavesich estrecho amigo de Beraud, que ya hemos mencionado anteriormente. El magistrado es un asiduo visitante del fundo que el joyero tiene en Talagante, y la amistad de Beraud con él formó parte de los antecedentes que recibieron los parlamentarios durante la acusación constitucional contra la Tercera Sala. Especialmente porque Chavesich tenía «prontuario» por infracción a la ley de oro, aunque este dato no llegó a esgrimirse específicamente en el plenario.

Las actuaciones del magistrado Beraud llamaron la atención del Consejo de Defensa del Estado en 1993, en la demanda por el cobro de los quinquenios Dipreca.

El caso es el siguiente: en el 17.º Juzgado Civil de Santiago se inició la causa caratulada como «Jara Cartagena, Berta y otras, con Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)». Consistía en la demanda de 873 exfuncionarios de Gendarmería que pedían el reconocimiento, a partir del 1.º de enero de 1974, de los «quinquenios penitenciarios», lo que significaba recuperar una cifra global cercana a los 10 millones de dólares.

En este tipo de demandas colectivas, la cifra que se obtenga, repartida entre todos los trabajadores, no representa a veces gran cosa, pero el abogado a cargo de la defensa y los intermediarios, si los hay, cobran una comisión individual que se calcula sobre el total del monto. Y esa sí es una suma considerable.

Los demandantes obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, pero el CDE apeló a la Corte de Apelaciones, argumentando que los quinquenios habían dejado de pagarse en 1974 y vinieron a reclamarse 18 años después, cuando las eventuales acciones legales estaban prescritas. La contraparte argumentó que se trataba de un derecho de carácter alimentario y por lo tanto, imprescriptible.

La sala integrada por los ministros Milton Juica, Juan Araya y María Antonia Morales dio la razón al fisco y revocó la sentencia, el 17 de abril de 1993. En el mismo acto, rechazaron la demanda de 49 de los litigantes, pues adolecía de vicios procesales.

Los demandantes presentaron un recurso de queja que fue resuelto apenas 19 días más tarde, adquiriendo una prioridad inexplicable sobre otras 2.000 quejas que estaban pendientes en el máximo tribunal.

La sala de la Corte Suprema estuvo integrada por los ministros Lionel Beraud los recién designados por Aylwin, Mario Garrido y Víctor Hernández y por los abogados Alejandro Silva y Luis Cousiño.

El CDE no pudo hacerse parte en el recurso porque el ingreso de la causa no quedó registrado como debía. La institución tampoco fue notificada de que se vería esta queja, pese a que un reglamento de la Corte la facultaba para informar a las partes en una queja, cuando las «consecuencias o efectos jurídicos» de su decisión fueran de importancia.

Alarmados por el irregular fallo, los abogados del CDE se entrevistaron con los magistrados. Ni Garrido ni Hernández ni Silva ni Cousiño recordaban haber oído la relación de esa causa, así como tampoco que se les hubiera advertido del monto comprometido y de significación de la misma, como ocurre normalmente en este tipo de causas. En el libro de registros aparecía que el relator original, Gómez, fue reemplazado por Eduardo González, a decisión del presidente de la sala, Lionel Beraud[71].

El Consejo protestó por las irregularidades ante el presidente de la Corte Suprema y pidió una reconsideración de oficio de la resolución.

En tanto, tres importantes abogados del CDE interrogaron al relator González: el representante del CDE en la causa, Rodrigo Herrera; el consejero Pedro Pierry y la abogada procuradora de Santiago, María Eugenia Manaud. Se sospechaba que González no había relatado la causa y le había sacado las firmas a los ministros por «secretaría». (Normalmente, después de que hay un acuerdo en un caso en la Suprema, los relatores recorren las oficinas de los ministros para que los firmen).

González admitió que al exponer no leyó el monto involucrado, pero afirmó que hizo la relación completa de los fallos de primera y segunda instancia.

Pierry y Herrera sostuvieron que le creían. Conocían a González desde cuando era funcionario en la Corte de Valparaíso y conocían sus antecedentes académicos y funcionarios, todos inmejorables.

No obstante, un fallo «obtenido» por Cereceda Bravo tres años antes, sobre la misma materia y en condiciones similares, apuntaban a la posibilidad de que Beraud hubiera «trabajado» al funcionario para que no relatara o para que lo hiciera de manera que los demás integrantes de la sala no se percataran de lo que estaba en juego. En esta forma, después solo era cuestión de sacarles la firma para la resolución que él mismo se habría encargado de sugerir.

Otros antecedentes sobre la gestión de González en Santiago vinieron a empañar su buena reputación: su estrecha relación con el relator Jorge Correa y el «gestor», Luis Badilla.

Badilla, quien trabajaba en el Banco del Estado, era, a comienzos de los ‘90, una cara familiar en el segundo piso de los tribunales, a la hora en que ya no había luz, ni muchos testigos. Íntimo amigo del relator Correa, quien más tarde se vería involucrado en un procedimiento similar que permitió la libertad al narcotraficante Luis Correa Ramírez, siempre estaba al tanto de los juicios contra el fisco y ofrecía sus servicios para ganar quejas «imposibles».

El CDE protestó, pero no pudo revertir la sentencia.

Beraud era un hombre que no permitía que se pasara por alto la importancia de su investidura como ministro de la Corte Suprema. Hasta en los asuntos cotidianos más nimios, hacía notar la significación de su rango y de su nombre. Si mandaba a comprar una receta a la farmacia, el funcionario tenía que mencionar que los remedios eran para «el ministro Beraud».

Tal vez por esa especie de ingenua arrogancia, el ministro aceptaba sin titubeos las invitaciones a una cena de gala que cada tanto en tanto hacía la Sudamericana de Vapores. O a alguna función especial en el Teatro Municipal, con un regio cóctel final para los distinguidos asistentes, ofrecido por cuenta del Banco O’Higgins. Antes que admitir lo compromitente que podía ser para su independencia el aceptar la generosidad de Ricardo Claro o de la familia Luksic, el magistrado se mostraba honrado por estas invitaciones.

Beraud no estaba solo en esto. La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema acudía a los convites, halagada seguramente por la sensación de reconocimiento de una clase social que tradicionalmente los había ignorado. Adolfo Bañados y Mario Garrido formaban parte de la excepcional minoría que estaba por el rechazo a este tipo de concesiones[72].

Quizás donde mejor quedó reflejada la personalidad de Beraud, fue en el caso de su operación en el Hospital Militar.

Beraud sufre de artrosis. El 5 de julio de 1993 se internó en ese recinto asistencial para insertarse una prótesis en la cadera derecha. Al día siguiente, el jefe del Servicio de Traumatología, Alfredo Elgueta Parodi, ingresa al quirófano, donde el paciente ha sido ya preparado por sus asistentes. Coge su instrumental y se pone a la tarea. Practicada ya la incisión en la zona marcada por los ayudantes, advierte, demasiado tarde, que estaba operando la cadera equivocada. En lugar de intervenir la cadera derecha la cirugía la estaba aplicando en la izquierda.

El médico medita rápidamente y toma una decisión: insertará sendas prótesis en ambas caderas. Más tarde o más temprano, reflexiona, la zona izquierda tendrá que ser también intervenida.

En cuanto Beraud recuperó la conciencia, Elgueta le informó de inmediato del error cometido. Literalmente, le pidió perdón. El hospital decidió no cobrar un solo centavo por sus servicios, pero ni las excusas ni este gesto de supuesta generosidad lograron aplacar la furia del magistrado.

Algunos se apresuraron a sostener que Beraud no iba a atreverse a actuar «contra el Ejército», entablando una demanda legal. Se equivocaron: representado por Hugo Rivera, el ducho abogado que, un año antes, había logrado revertir un auto de procesamiento en contra del empresario Francisco Javier Errázuriz, presentó una querella por daños contra el equipo médico que lo había intervenido y una demanda de indemnización contra la institución hospitalaria.

La Corte de Apelaciones nombró al ministro Cornelio Villarroel para instruir el proceso, mientras el Consejo de Defensa del Estado designaba al abogado Davor Harasic para que defendiera el patrimonio del fisco, comprometido en última instancia en la indemnización. En medio de la causa, el profesional pidió que Beraud fuera llamado a «absolver posiciones», procedimiento que permite al abogado de la contraparte interrogar en este caso al querellante, para aclarar contradicciones en que este haya incurrido.

Uno de los puntos claves era precisar el eventual daño. Beraud aseguraba que era físico y moral. Afirmaba haber quedado con una cojera permanente. El fisco dudaba de esos asertos. Daño físico no había, era la opinión del CDE; si acaso, moral.

Villarroel aprobó el trámite, convocando a las partes a la espaciosa segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. En este escenario, el querellante, en un gesto que puede calificarse de excepcional, se sentó en el estrado. Delante suyo, pero en un asiento inferior, quedó el magistrado Villarroel, a quien, como es de suponer, le correspondía presidir la diligencia. En primera fila, en el sector reservado al público, se ubicó su esposa, quien, en un sillón especial, estuvo todo el tiempo rezando el rosario. A su lado, sus dos hijos. Beraud argumentó, como ejemplo del daño moral sufrido, que había quedado inhabilitado para impartir «la santa comunión», lo que le provocada un inmenso dolor.

Todos los periodistas del sector recuerdan que, por esos días, el ministro se paseaba sin ayuda de muletas. Pero en privado, porque apenas divisaba a gente de la prensa, regresaba presuroso a su privado y reaparecía con ellas. Según se sostenía en la demanda, Beraud había quedado atado a las muletas de por vida.

Como era previsible, Villarroel condenó a los médicos y al hospital a pagar una indemnización de 80 millones de pesos. El CDE apeló. La suma resultaba absolutamente excepcional. En la jurisprudencia chilena, los casos por negligencia médica rara vez se fallan en favor de los pacientes y, si llega a ocurrir las indemnizaciones por daños y perjuicios, aun en casos de muerte, no logran alcanzar ni el diez por ciento de lo que se acordaba al ministro Beraud.

En septiembre de 1995, la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Raquel Camposano, Sergio Valenzuela Patiño y Rafael Huerta, acogió los argumentos del fisco y rebajó el beneficio a la mitad. El magistrado recurrió de casación y de queja, pero la Corte Suprema, ya bajo el Gobierno de Eduardo Frei, mantuvo el criterio de la Corte de Apelaciones. El Hospital Militar (es decir, en última instancia, el fisco) fue condenado en definitiva a pagar 40 millones de pesos.

Beraud, rencoroso, no olvidó. A comienzos de 1996, la Corte Suprema estrenaba el nuevo sistema de calificaciones, y en vez de las famosas «cuatro listas» que se utilizaban en el pasado, los ministros de la Suprema debían ahora poner notas de 1 a 7 a sus subalternos. Como en el colegio. Los aspectos a evaluar se dividen en distintos rubros, cuyo promedio da finalmente la calificación anual. Para estar en categoría «sobresaliente» no bastaría, como antes, quedar simplemente en Lista Uno. Hay que sacar un promedio superior a 6,5.

Beraud no dejó pasar la oportunidad. Les asignó notas tan bajas a los ministros que le habían rebajado la indemnización, que pese a la buena evaluación de los otros ministros, los tres salieron de la categoría de «sobresaliente» y quedaron en desmedrada condición para aspirar a un ascenso.

Ese mismo año, Beraud calificó también con notas bajas a los ministros Juan Araya y Milton Juica, quienes nunca habían sido de su agrado. Juica una vez, siendo relator de la Corte Suprema, se negó a una petición extraña a los procedimientos normales que le hizo el magistrado[73].

Reportera, en aquel tiempo del diario La Tercera, escribí una crónica informando sobre las calificaciones de Beraud. El ministro me citó a la Corte. Me manifestó el riesgo que yo corría por haber publicado ese artículo; derechamente, una querella por infracción a la ley de Seguridad del Estado si la información resultaba ser falsa. Lo que él necesitaba, me dijo, era conocer la identidad de mi fuente. Le dije que estaba en su derecho de actuar en mi contra, pero me constaba que la información era efectiva (había visto algunas de las planillas de las calificaciones) y que, por cierto, no revelaría mi fuente. Beraud primero se hizo el duro, después cambió de táctica, jugando al blando y comprensivo. Cuando comprendió que no iba a lograr nada conmigo, dio por terminada la conversación y me dejó ir.

Días después, el magistrado aceptó la apelación de los ministros afectados y condescendió, subiéndoles la nota.

En la historia de sus animosidades contra ciertos jueces, Beraud sufrió algunas derrotas. Como la que le tocó vivir con el ascenso del extitular del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, al rango de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo persiguió en forma implacable, más allá de los años de la dictadura, tiempo en que se lo consideraba un juez «opositor», frustrando las esperanzas de Solís con la llegada del nuevo gobierno. Quince veces estuvo el magistrado en humillantes esperas en las antesalas de los ministros, sometido a la arbitrariedad de los oficiales de sala, para pedirles que lo incluyeran en las quinas de ascenso a la Corte capitalina o como relator de la Corte Suprema. El mayor obstáculo era esta, porque, allí, cada vez que se mencionaba su nombre, Beraud lo vetaba[74].

Finalmente, en 1992, ausente Beraud, en un pleno al que asistían solo 9 ministros de la Suprema, Solís fue aprobado. Beraud hizo gestiones para anular la decisión de sus colegas, pero ya era tarde. Poco después, el Presidente Aylwin escogía a Solís y el magistrado pudo finalmente llegar a la corte de Apelaciones de Santiago.

Avanzada la década del ‘90, con la renovación de la Corte Suprema, el ministro Beraud perdió influencia. No toda, sin embargo. Un día de 1996, el abogado del Consejo de Defensa del Estado Claudio Arellano Párker, esperaba su turno para alegar una causa por violación a la ley de alcoholes. Un funcionario de la Corte se le acercó y le dijo:

—No se moleste en alegar. El ministro Beraud ya habló con los ministros adentro.

Arellano, inquieto por el anuncio, presentó de todos modos su alegato. Perdió.

No se dejó amilanar ante la Corte Suprema y otra vez lo siguió la sonrisa irónica del funcionario. «No se moleste». El CDE perdió nuevamente[75].

En uno de los episodios finales de su gestión, en la acusación contra Jordán, Beraud cumplió un influyente, pero no aclarado papel. Junto a Luis Correa Bulo, asistió a una cena con el exministro Enrique Krauss para tratar el tema. Lo que discutieron los tres forma parte de los enigmas no resueltos en la operación de salvataje de Jordán.

Finalmente, llegó para Beraud el término de su carrera como ministro de la Corte Suprema. Cuando la ministra Soledad Alvear logró la aprobación del límite de 75 años como edad tope para la permanencia en el máximo tribunal, el magistrado fue uno de los que mostró mayor ansiedad y angustia por el retiro forzoso. Intentó mantenerse. Estableció todo tipo de contactos para conseguir alguna exención: que se dejara, por ejemplo, al margen de la disposición a los ministros que estaban en funciones todavía. Esta vez, fracasó.

Tenía 80 años de edad cuando cursó su retiro. Su hoja de vida funcionaría era un modelo de pulcritud: inmaculada, en ella no figuraba ni la más mínima sombra de reserva o reproche.

Cereceda y la querella de los membrillos

Hernán Cereceda Bravo llegó al Poder Judicial en 1957. Era un entusiasta, brillante y ambicioso secretario del Primer Juzgado de Menores. La meta que se proponía en su vida funcionaria era clara e inequívoca: ascender.

En 1964, se convierte en juez titular del Quinto Juzgado de Menores, y apenas cinco años más tarde, su nombre figura en una quina de proposiciones para integrar como ministro la Corte de Apelaciones de Santiago.

El hecho es extraordinario, porque rara vez un juez de menores asciende a ministro, y es más raro todavía si se trata de un juez joven. Finalmente, es inusual también que un juez de Santiago acceda directamente la Corte de Apelaciones de la capital.

Pero Cereceda, a pesar de esta triple dificultad, estaba a punto de alcanzar el ansiado nombramiento. Faltaba solo la decisión del ministro de Justicia de Eduardo Frei Montalva, Jaime Castillo Velasco, y como Cereceda no era hombre que dejara las cosas libradas al azar, mientras esperaba la resolución del Ejecutivo, en un encuentro con Alejandro Hales —ministro, también, del gabinete de Frei Montalva— dijo, como sin ningún propósito en particular, según recuerda el interpelado:

—¿Usted sabe, Alejandro, dónde tengo que ir a pagar las cuotas del partido?[76]

Su cálculo era erróneo, porque Hales no era militante de la democracia cristiana.

De todos modos, el ascenso fue aprobado por Castillo Velasco y el presidente lo nombró ministro de la corte de Apelaciones capitalina, en la que rápidamente el liderazgo de Cereceda se hizo notar.

Su liderazgo se convertiría años después, durante la dictadura militar, en un franco predominio hegemónico.

En 1980 se encontró con que el destino del ministro de Justicia que había aprobado su ascenso estaba en sus manos. Cereceda formaba parte de la sala de la corte de Apelaciones de Santiago que debía decidir sobre el amparo presentado por Jaime Castillo Velasco, entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que afrontaba —por segunda vez— una condena de expulsión del país.

El amparo fue rechazado con los votos de Ricardo Gálvez y Arnoldo Dreysse. Cereceda fue el encargado de redactar el fallo, y fundamentó su decisión acusando al exministro de Frei de promover, con sus prácticas, actos de «terrorismo», como el atentado a la casa del expresidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, en 1979.

El ministerio del Interior, representado por Ambrosio Rodríguez, acusaba a Castillo: de haber suscrito en Argelia «un pacto con el partido comunista», desprestigiar el plebiscito de 1980, haber viajado a Caracas para apoyar la acción de la DC venezolana y participar en una huelga de hambre en la iglesia de San Francisco en agosto de 1978 y otra en la Parroquia Universitaria en mayo de 1979.

Como ministro de la corte de alzada, Cereceda jamás acogió un recurso de amparo y siempre dio crédito a las versiones oficiales en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Apelativos como «narcotraficantes» y «terroristas» figuraban en sus sentencias para definir a los opositores al gobierno militar.

Cuando Hugo Rosende llegó al Ministerio de Justicia, en 1984, Cereceda se convirtió en el favorito. Lo ascendió a la Suprema en junio del ‘85, en el que fuera justamente el primer nombramiento resuelto por Rosende en relación con la Corte. En la propuesta, previa al fallo ministerial, figuraba en segundo lugar otro postulante, con muchos más años de antigüedad que Cereceda y con el antecedente adicional de haber hecho la etapa de rigor en los tribunales de provincia. Su nombre era Servando Jordán. Fue el punto de partida de una rivalidad entre ambos que se convirtió en legendaria en la pequeña historia de nuestro poder judicial.

A poco de asumir su cargo en el máximo tribunal, Cereceda formuló lo que podría estimarse su código de principios: «Tenemos que aplicar las leyes vigentes (…) Las leyes las hace otro Poder del Estado. A nosotros solo nos corresponde aplicarlas». Paralelamente, se apoyó dogmáticamente en la tesis de que la amnistía impedía investigar, defendió la competencia de la justicia militar sobre la civil en casos de violaciones a los derechos humanos y rechazó invariablemente las presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad.

Cultivó su liderazgo, promoviendo la carrera de algunos jueces y entorpeciendo la del resto. Aprovechando su cercanía con Rosende, mantenía informado al Ejecutivo de las conductas de sus colegas y los juicios que a él le interesaban. No solo profesionales, también políticos.

El Código Orgánico de Tribunales es terminante: «Los jueces deben abstenerse de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar». Cereceda no solo hizo caso omiso de estas disposiciones, sino que usó el cargo para beneficio personal y de los suyos. Llamaba a los jueces subalternos para pedir, por ejemplo, el nombramiento como peritos, en causas judiciales, de su hermano Pablo Cereceda Bravo y su sobrino, Raúl Cereceda Zúñiga.

El primero es síndico de quiebras y el segundo, perito contable. Ambos forman parte de una lista de entre las cuales los magistrados pueden escoger un nombre cuando necesitan designar a un síndico en una empresa en bancarrota o hacer un peritaje que es pagado por el Estado o por las partes litigantes.

A veces la petición ni quisiera era necesaria. Los jueces, conociendo la relación de parentesco con el ministro, los preferían sobre los demás, lo que, más allá de que Cereceda pudiera o no intervenir, también cae dentro del margen de la ilegalidad flagrante.

Era moneda corriente que el magistrado llamara a los jueces para manifestar su opinión sobre la manera en que debían resolver ciertos juicios. La forma en que «obtenía» fallos aun en la Corte Suprema en causas que le interesaban, era historia conocida por todos en los tribunales aún antes del cambio de gobierno.

Un hecho que ilustra en forma cruda y casi novelesca las actuaciones abusivas de Cereceda es el proceso contra los campesinos Berta Contreras Soto y su hijo Luis Díaz.

En 1987, el ministro le compró al sobrino de Berta Contreras, Erasmo Arredondo, terrenos que daban al lago Rapel y que le pertenecían legalmente a la anciana, dueña de casa y habitante de la comuna de Las Cabras.

Ignorantes de la operación, el 18 de abril de ese año, Berta y sus hijos fueron sorprendidos cortando membrillos en el predio que habían recibido por herencia un año antes. Juan Segundo Caroca, el cuidador contratado por el nuevo dueño, los increpó al verlos con la fruta en los faldones de sus chalecos.

—Estos terrenos son nuestros —replicó Luis Díaz[77].

Se presentó Erasmo Arredondo, sobrino de Berta y vendedor del predio, quien avaluó lo hurtado en diez mil pesos, correspondientes a 30 kilos de manzanas, higos y membrillos.

Berta Contreras y su hijo Luis fueron a parar al juzgado. Una hija de la mujer, que trabajaba en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), tuvo que asumir la tarea de buscar abogado. Ni ella contaba con mayores recursos, ni la familia tampoco, que provenía de la clase media empobrecida. Tuvieron que recurrir a un abogado de Santiago, Eduardo Soto, tras recibir la negativa de una larga lista de abogados rancagüinos. Nadie quería pelear con un supremo. Menos con Cereceda. Su poderío e influencia en los juzgados, policía y hasta municipio de Rapel y, en general, en la Sexta Región eran sobradamente conocidos. Y temidos.

Soto, que nunca recibió remuneración por este caso, argumentó lo obvio: la familia no podía ser acusada del hurto de frutas en terrenos que creían propios. Que además todo lo que había sacado eran unos pocos membrillos, apena lo que podían cargar en los faldones de sus chalecos.

Hernán Cereceda se querelló contra Berta Contreras y su hijo. Pese a la insignificancia del monto comprometido y de la acumulación de centenares de procesos de mayor envergadura en los tribunales rancagüinos, la Corte de Apelaciones de esa ciudad designó —cosa absolutamente insólita— ¡un ministro especial para que se hiciera cargo del caso!

Al asumir, el magistrado Juan Rivas estableció que Berta Contreras tenía realmente la posesión efectiva de los terrenos (según una resolución del 19.º Juzgado civil de Santiago) y que el título de propiedad a nombre del ministro Cereceda le había sido concedido gracias al contrato de compraventa con Erasmo Arredondo, quien formaba parte de la misma herencia, pero cuyos derechos aún no habían sido reconocidos legalmente.

El juez determinó que antes de resolver sobre el hurto, debía aclararse el asunto civil sobre la propiedad y sobreseyó temporalmente la causa, en julio de 1987.

Cereceda no quedó, por supuesto, conforme.

Al cabo de un tiempo reanudó la querella, acusando esta vez a Berta Contreras de «violación de domicilio», iniciando así una nueva causa. Ella rechazó la acusación, declarando que solo había ido a la propiedad del ministro para mostrarle los papeles que la acreditaban como dueña legal. Ocurrió entonces algo que escapa a la racionalidad: la jueza de Peumo-Cachagua, Irene Morales, encargada del proceso, no le dio crédito y ordenó su detención, disponiendo su traslado, ¡con los tobillos engrillados!, a la ciudad de Rancagua. Allí, sin embargo, fue puesta en libertad, previo pago de una fianza.

Cereceda presentó ante la Corte Suprema un escrito, quejándose de la falta de acuciosidad con que se tramitaban ambos procesos. El 12 de agosto de 1988, el máximo tribunal reabrió la causa por hurto, la acumuló con el proceso por violación de domicilio y le recomendó al ministro Rivas prestar «especial atención» a ambos procesos.

El magistrado solicitó dos informes periciales para que se estableciera fidedignamente el monto de lo hurtado. Los peritos respondieron que los árboles del lugar producían fruta de mala calidad, sin valor comercial. Uno de ellos avaluó toda la producción en un máximo de 820 pesos. El segundo, en mil 50 pesos. Desgraciadamente, Rivas enfermó, y el 28 de agosto, el mismo día que asumió como suplente, el magistrado Alfonso Álvarez sometió a proceso a Berta Contreras y a su hijo Luis Díaz como coautores del delito de hurto. La causa quedó estancada hasta febrero de 1989, cuando Rivas, el titular, sobrepasado por la evaluación del caso que hacían sus superiores, confirmó los autos de reo por hurto. Sin embargo, desechó la acusación de supuesta violación de domicilio y sobreseyó temporalmente ese segundo proceso.

El abogado que defendió a la familia Contreras siguió insistiendo en que fueran declarados inocentes, pues no podían ser autores de hurto de un terreno que les pertenecía legalmente. El ministro Rivas replicó diciendo simplemente que «tal fundamentación cae por su base» pues ya había sido rechazada por la Corte Suprema. Sostuvo que si bien la mujer tenía derechos sobre la propiedad, eso no significaba que los tuviera sobre los bienes que había en ella. El magistrado fijó arbitrariamente lo sustraído en una suma levemente superior a los siete mil pesos y les impuso la pena de presidio menor en su grado mínimo: es decir, 61 días de cárcel.

En 1990, las apelaciones llegaron a la Corte de Rancagua. El fiscal Hernán Matus, cuyo parecer fue consultado antes de fallar, recomendó la absolución de los condenados. El delito, dijo, no estaba configurado. Berta Contreras era la heredera legal de ese predio y, por lo tanto, también dueña, al menos como comunera, de «todos» los bienes que había en él. Rechazó también el cálculo de lo sustraído. Dijo que si los peritos estimaron el valor de toda la producción en un máximo de mil pesos, la fruta que los condenados se llevaron en los faldones de sus chalecos no podía costar más de ¡trescientos pesos!

A pesar de todo, la Corte de Rancagua rechazó los razonamientos del fiscal y confirmó los autos de reo. Otro tanto ocurrió con las presentaciones de la defensa de Berta Contreras y su hijo ante la Corte Suprema.

Resultado final: Cereceda se quedó con los terrenos. Berta Contreras y su hijo, condenados y llenos de impotencia, se vieron en la obligación de firmar periódicamente en el patronato de reos. Luis Díaz se aburrió un día y no fue más. Hasta hace muy poco tenía todavía en sus antecedentes el traspié legal y le era muy difícil encontrar trabajo.

Estas y otras actuaciones del ministro Cereceda quedaron, tras el cambio de gobierno, ocultas bajo el vendaval que produjo la disputa política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Cereceda intentó actuar con astucia en el nuevo escenario. Como queda registrado en estas mismas páginas, el magistrado mantuvo una postura ambigua, con una apariencia de cercanía a las propuestas de reforma que hacía el gobierno. Era evidente que si se alineaba claramente con los «duros» sus posibilidades de sobrevivencia funcionaria iban a ser menores. Motivado quizás también por su rivalidad con Enrique Correa Labra, Cereceda se ubicó en la vereda del frente, junto a Roberto Dávila y Hernán Álvarez.

Pero su astucia no lo llevó muy lejos.

En junio de 1990, la Corte de Apelaciones de Santiago nombró a Gloria Olivares para que investigara el secuestro y desaparición del dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau. Los testimonios de la exinformante Luz Arce y de exiliados retornados que habían estado recluidos con él, habrían agregado los «nuevos antecedentes» que la causa necesitaba para su reapertura.

La magistrada tomó el caso con pasión y, sin medir las consecuencias políticas, citó a los agentes de la DINA que estuvieron al mando del centro clandestino de detención conocido como Villa Grimaldi. Entre ellos, al coronel en servicio activo Miguel Krasnoff Martchenko, comandante de la IV división de Ejército, con asiento en Valdivia.

Fue el límite que colmó la paciencia del Ejército. La justicia militar reclamó para sí la causa y se trabó la contienda de competencia que solo la Corte Suprema podía dirimir. Fue así como el caso llegó a la Tercera Sala, presidida por Cereceda, e integrada por Lionel Beraud, Germán Valenzuela Erazo, dos abogados integrantes y, excepcionalmente, por el auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva.

El 30 de octubre de 1992, los magistrados, con los votos en contra de los abogados integrantes, traspasaron el caso a la justicia militar.

Gloria Olivares no pudo evitar el llanto cuando supo la noticia.

Las reacciones no se hicieron esperar: la bancada de diputados socialistas de la Cámara presentó de inmediato una acusación constitucional por «notable abandono de deberes» en contra de Cereceda, Beraud, Valenzuela y el auditor Torres. Se apoyaba en el argumento de que el fallo había significado una manifiesta denegación de justicia, pues era un hecho que en la justicia militar los casos por violaciones a los derechos humanos terminaban sobreseídos definitivamente.

En la fundamentación se agregaba un caso anterior, el del secuestro del coronel Carreño. Los mismos ministros habían permitido que Torres integrara la sala, a pesar de que había sido él mismo quien había ordenado las detenciones e interrogatorios (realizados bajo tortura) y había dictado en primera instancia una sentencia de condena. No solo no habían sugerido la inhabilidad de Torres para pronunciarse sobre los recursos presentados por la defensa, sino que, los ministros de la Corte Suprema lo habían nombrado ministro redactor del fallo.

Un tercer argumento estaba ligado al segundo: la demora de la sala, más allá de los plazos legales y pese a haber «reo preso», en dictar el fallo sobre la sentencia definitiva.

Aunque los fundamentos eran débiles, principalmente porque era evidente que se trataba de irregularidades que la mayoría de los magistrados había cometido y seguía cometiendo en numerosos casos, los partidos de la Concertación en pleno apoyaron la acusación, mientras que la oposición la rechazó. Con los votos de los primeros, fue aprobada en la Cámara de Diputados, tras una discusión en que empezaron a surgir indicios de la vulnerabilidad de Cereceda por otros hechos. Actos que nadie mencionó en público, con excepción del diputado Jaime Campos quien tuvo el coraje de decir en el hemiciclo que Cereceda era «un juez venal». Aunque no dio detalles, las personas mejor informadas, en verdad casi todo el mundo «en el foro», sabían lo que había detrás del comentario.

En el Senado los pronósticos apuntaban a que la acusación iba a ser rechazada. La oposición, con los senadores designados, era superior en un voto sobre la Concertación.

Horas antes de la votación, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, anunció que se votaría separadamente el caso de cada uno de los ministros, dividiendo además la votación en cada una de las tres acusaciones.

La mayoría de la oposición le permitió fáciles victorias, produciéndose incluso un margen favorable adicional inesperado en el punto de la acusación que condenaba la integración del general Torres en el proceso por el secuestro del coronel Carreño. En este caso se sumaron a los votos de la oposición los de dos representantes de la Concertación, rompiendo la cohesionada conducta del conglomerado: los de los senadores Eduardo y Arturo Frei.

Lo que no estaba previsto, sin embargo, fue que tres parlamentarios de Renovación Nacional, Ignacio Pérez Walker, Sebastián Piñera y Hugo Ortiz de Fillipi, apoyaran la acusación en uno de los puntos —la demora en la sentencia del caso Carreño— en contra de uno de los magistrados, Hernán Cereceda, produciendo un verdadero terremoto político.

Sus «razones de conciencia» nada tenían que ver con el caso Chanfreau, ni con los tópicos formales de la acusación. Más bien tenían su origen en las experiencias del senador Ortiz, como abogado, en su trato con el ministro Cereceda. «Yo sé que es corrupto», sostuvo en conversaciones privadas que mantuvo con parlamentarios de la Concertación, a los que les anunció su decisión de apoyar la acusación. «Yo mismo le pagué una vez»[78], había agregado, lapidario.

En los tribunales se hablaba del «cobro a la italiana» que Ortiz le había hecho a Cereceda. Y del respaldo otorgado por Servando Jordán con su silencio.

Lo cierto es que al menos una parte de esas otras razones estaba en conocimiento de los dirigentes de la Concertación cuando la acusación fue presentada. Ninguno de ellos, sin embargo, las hizo públicas ni entonces, ni después. Nunca se mencionó, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) había verificado la falta de correspondencia entre el nivel de ingresos y de gastos que revelaban algunos de los ministros de la Corte Suprema.

Yo estaba, por esas fechas, comenzando a reunir información para este libro y tuve la oportunidad de conversar con el abogado del SII a cargo de esas investigaciones. Le pedí que me revelara los resultados. «Ahora no puede ser», me dijo, «la cosa está muy caliente». Repetidas veces, incluso mucho tiempo más tarde, le insistí sobre el punto. La última respuesta suya es inolvidable: «¿Para qué quieres nada ahora? Eso ya pasó».

Era obvio que los bienes que exhibía Cereceda llamaban a sospecha. Su automóvil último modelo contrastaba con los vehículos fiscales asignados a sus colegas; sus lujosos departamentos —comprados rigurosamente al contado— en El Bosque y Las Condes, uno de los cuales tenía un avalúo fiscal, en ese entonces, de 180 millones de pesos. Imposible compararlos con la vivienda fiscal, por ejemplo, que habitaba en Providencia Enrique Correa Labra.

Cereceda cultivaba, además, el hobby de coleccionista de obras de arte caras.

Si desde que asumió Aylwin los presidentes del Colegio de Abogados reclamaban repetidamente por los «alegatos nocturnos» —quejas que Cumplido representó ante los presidentes de la Corte Suprema de turno—, se debía principalmente a la conducta de Cereceda, cuyo despacho «se llenaba de gente para pedir audiencias»[79].

Sus especiales vínculos con el relator Jorge Correa y con el abogado Luis Badilla hacía tiempo que llamaban la atención. Cereceda procuraba que Correa fuera el relator en las causas de su interés, y el funcionario llegó a cobrar tal presencia, que llegaba al extremo de desplazar por propia iniciativa a sus colegas, quitándoles los expedientes con el argumento de que era su función narrar «todas» las quejas. Como se sabe, el papel del relator es fundamental, porque depende en una buena medida de su «narración» el que lo que se resuelva se incline en uno u otro sentido.

El relator Correa llegó a la Corte Suprema en 1990, por decisión del presidente Luis Maldonado, quien en estos casos se dejaba asesorar por Cereceda, favorito suyo. El relator «suplente» no tenía rango de titular, pero se le adjudicó la tarea de ayudar a despachar las quejas, que aumentaban día a día en la Corte Suprema. Como él mismo reconocería en una entrevista, tiempo más tarde, al año de iniciada su labor en la Suprema, el número de fallos en recursos de queja aumentó en más de mil respecto de 1989.

Correa tuvo el talento de instalarse en el alero de Cereceda, sin desdeñar, sin embargo, la cercanía con su rival, Servando Jordán.

El abogado Badilla —hijo de una empleada de Cereceda—, era conocido en el foro porque ofrecía sus servicios como «gestor», según ya se ha señalado, y como habitué en el despacho de Cereceda cuando se realizaban los alegatos nocturnos.

También era ampliamente conocida la protección que Cereceda les brindaba a sus parientes en funciones asignadas por la Justicia.

Tras el quiebre de la empresa Lozapenco, por ejemplo, que implicó el procesamiento de Feliciano Palma y el despido de miles de trabajadores penquistas, un tribunal civil nombró como síndico suplente a Pablo Cereceda. El profesional se haría cargo de la empresa hasta que la Junta de Acreedores —en que el actor principal era el fisco— se reuniera para ratificar o rechazar su designación. Reunida esta, se acordó reemplazar a Cereceda, por el síndico Germán Sandoval.

El primero había cumplido sus funciones entre el 22 de noviembre de 1990 y el 20 de enero de 1991, y a la hora de tener que finiquitar sus servicios presentó su cuenta de honorarios: ¡140 millones de pesos! Una suma como para no creerlo. La Junta contaba con que no serían más de tres o cuatro millones.

Le tocó a Selim Carrasco, entonces fiscal de la Tesorería General de la República y asesor jurídico de la Junta Militar, discutir con Pablo Cereceda el tema de sus honorarios. El encuentro estaba apenas comenzando cuando sonó el teléfono y tras las palabras rituales de buena crianza, se produjo el siguiente diálogo:

—Tengo entendido que hay un problema con los honorarios de mi hermano—. La amable voz en el otro lado de la línea era la del ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda. —A ver, cómo explicarle: esta es la primera vez que hago algo así… Ocurre que él es un excelente profesional, otro nivel, usted sabe. Lo que pide, en realidad, no es exagerado; y yo me atrevo a sugerirle que apruebe el pago.

—Ministro, yo no le podría asegurar nada. La verdad es que en estos casos lo normal es que el fisco pague el mínimo… No cuestionamos las capacidades de Pablo, hizo un buen trabajo, pero sus honorarios son demasiado elevados[80].

La conversación duró más de quince minutos. Cuando colgó, Carrasco estuvo todavía un rato en pleno regateo con el perito y al cabo logró llegar con él a un acuerdo: convinieron en rebajar sus honorarios a 20 millones de pesos[81].

A pesar de lo acordado, Cereceda volvió posteriormente a la carga en la reunión de la Junta de Acreedores, exigiendo subir la postura a 25 millones con la amenaza, en caso de contrario, de llevar el caso a los tribunales. Aunque notoriamente la suma era excesiva, considerando que no había siquiera recursos suficientes para pagar a los trabajadores, los accionistas cedieron a la petición, por temor a que Cereceda obtuviera una indemnización todavía mayor si llevaba el problema a los estrados judiciales.

Pablo Cereceda actuaba en sus funciones de síndico, normalmente, en unas treinta quiebras simultáneas, todas importantes. Sus honorarios, lo mismo que los de Raúl Cereceda Zúñiga, sobrino del ministro, eran cuestionados por el Consejo de Defensa del Estado en el 80 por ciento de los casos, pero lo habitual era que el fisco perdiera los juicios al llegar a la Corte Suprema[82].

Tras la destitución de su pariente, ambos perdieron influencia, aunque continuaron recurriendo a los tribunales en búsqueda de amparo. Menudearon sus conflictos con el Servicio de Impuestos Internos por los más diversos problemas tributarios.

El 21 de enero de 1993 el Senado aprobó la destitución del ministro Hernán Cereceda, y desde ese mismo día el magistrado dejó de ser integrante del máximo tribunal.

Bajo la presidencia de Marcos Aburto, el pleno de la Corte Suprema decidió acatar la decisión del Senado. En un acuerdo del que no se dejó registro escrito, los magistrados resolvieron además no recibirlo en audiencias. Aunque públicamente continuaron defendiéndolo.

En la Corte de Apelaciones de Valparaíso se presentaron dos recursos de protección a favor suyo, en los cuales naturalmente Cereceda se hizo parte. Ambos fueron rechazados, tras lo cual el destituido ministro pidió ser recibido por la Suprema.

Quería decir su último adiós.

«Mi carrera judicial ha concluido dramáticamente (…) La acusación constitucional de que fui objeto trascendió de su contenido específico y avanzó temeraria y con solapada publicidad hacia el pantanoso campo de las suposiciones e intrigas perversas. Las razones formales del texto escrito fueron el escudo para condenarme por las motivaciones encubiertas o audazmente proferidas gracias a privilegios políticos que lesionan el orden jurídico»[83].

Aludía, obviamente, a las acusaciones que se le hacían en privado —él lo sabía— de actos de corrupción. Y a las que le había formulado el diputado Jaime Campos en el hemiciclo, protegido por el fuero de la Cámara.

Cereceda agregaba que no estaba pidiendo que se revisara el recurso de protección rechazado por la corte porteña, pero reiteraba que el Senado, al separar su caso del de los otros ministros, había hecho «una diferencia arbitraria» conduciendo «a un resultado injusto».

«En este lugar de honor y de justicia ha quedado escrito que el término de mi carrera judicial, cuya diáfana trayectoria fue siempre el mandato de mi conciencia, ha sido producto de la más injusta maniobra política, adoptada por una mayoría ocasional (…) Esta exposición tan personal constituye el punto final a este proceso que llevó a decir a su sabio Presidente (Marcos Aburto), que él constituía una especie de “noche triste del Poder Judicial”. Confío, al igual que él, que esta noche haya quedado definitivamente atrás»[84].

Los misterios de la Tercera Sala

En los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin la Tercera Sala aparece con una aureola que la distingue con tintas precisas de las restantes salas de la Corte Suprema.

En 1991 la integraban Marcos Aburto, Servando Jordán, Osvaldo Faúndez y Enrique Zurita. En los solo tres meses comprendidos entre marzo y junio de ese año los magistrados dictaron tal cantidad de resoluciones polémicas, que lograron crear para la sala una fama cercana a lo mítico.

A modo de ejemplo, evoquemos un fallo memorable, el que ordenó la reincorporación de diecisiete detectives de Temuco que habían sido dados de baja por su participación en operaciones de narcotráfico, extorsión, complicidad en fraudes tributarios y hasta comercialización de cheques robados. Era parte de la depuración del servicio resuelta por el director de Investigaciones, general (r) Horacio Toro. La Sala acogió una queja de los expolicías, estimando que sus defensas no habían sido oídas adecuadamente.

El veredicto provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pues las resoluciones habían sido firmadas por el Presidente, quien tiene la facultad privativa de pedir la renuncia a los empleados fiscales cuando pierden su confianza.

Otro caso. El mismo tribunal, con el voto en contra del ministro Enrique Zurita, revocó el auto de procesamiento del exagente de la CNI Jorge Vargas Bories, inculpado por el asesinato del periodista José Carrasco y dejó esa causa en punto cero.

Suma y sigue. El asesinato del empresario Sergio Aurelio Sichel (cuya muerte dio origen a la investigación por la financiera ilegal «La Cutufa») también quedó impune, después que la Tercera Sala anuló los autos de procesamiento dictados por la Corte de San Miguel, por violación de domicilio, en contra del abogado Jaime Laso, del exagente de la CNI capitán (r) Patricio Castro, del exagente bancario Ramón Escobar y del mayor de Ejército, Luis Rodríguez Nova. Por los mismos hechos, la Corte también determinó revocar un auto de procesamiento que ni siquiera se había dictado aún en contra del exdirector de la CNI, general (r) Gustavo Abarzúa.

Los mismos ministros acogieron el recurso de amparo que le permitió al empresario Francisco Javier Errázuriz liberarse del auto de procesamiento que había dictado en su contra el titular del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís.

Ciertamente no podía pedírseles a los ministros de la Corte Suprema que resolvieran según las demandas de la opinión pública. Esa ha sido una de sus defensas fundamentales: La Corte Suprema debe aplicar la ley le parezca mal a quien le parezca. Pero ciertos hechos, ciertas sombras llenan de dudas al más legalista de los analistas.

Esa misma sala fue la que el 13 de mayo de 1991, acogió una «reposición» en un recurso de queja que otorgó la libertad provisional al colombiano Luis Correa Ramírez, procesado, junto a otros cuatro cómplices, por la internación a Chile del cargamento de cocaína más grande jamás descubierto (500 kilos que ingresaron por el puerto de Arica y que serían reenviados a Estados Unidos). La queja en cuestión había sido rechazada, en un voto unánime, menos de 30 días antes —el 17 de abril de 1991— por el mismo tribunal.

Inmediatamente después del fallo que le otorgó la libertad, Correa huyó de Chile. Aunque más tarde fue condenado en ausencia, hasta el día de hoy está prófugo.

Recuerdo muy bien este caso porque, tal como se da cuenta en otro capítulo, me encontré con el funcionario del Consejo de Defensa del Estado, Oscar López, el día que se dio cuenta del desatino. El recurso de reposición había ingresado sin que el CDE hubiera podido percatarse. López estaba francamente aterrado.

Reuní los antecedentes del caso y escribí un artículo de una página en La Época. El presidente del CDE, Guillermo Piedrabuena, inició una investigación interna sobre los hechos y protestó ante el presidente de la Corte Suprema, Enrique Correa Labra, por las irregularidades constatadas. La periodista Patricia Verdugo escribió también más tarde sobre el caso en la revista APSI, pero nadie en el mundo político pareció entonces darle importancia.

Tras el sumario del CDE resultó despedido López, por no haber advertido que se vería la reposición, pese a que quedó establecido que la irregularidad se cometió en la Corte Suprema, que no registró el ingreso en los libros destinados para ello.

El proceso tenía antecedentes sospechosos. Se había iniciado en Arica el 12 de agosto de 1989 tras el descubrimiento del cargamento de cocaína por parte del OS-7.

En octubre de 1990, una sala de la Corte de Apelaciones de Arica, compuesta por dos abogados integrantes y un ministro titular, le concedió la libertad provisional a Correa Ramírez. Los abogados dijeron sí y el ministro titular, Hernán Olave votó no. El CDE alcanzó a reaccionar a tiempo y presentó una queja disciplinaria contra los abogados integrantes Luis Cabanni y Hugo Silva. Dos días después, el pleno del tribunal ariqueño revocó la libertad. Un año más tarde la Corte Suprema se negó a sancionar a los abogados integrantes, conformándose con hacerles un llamado de atención.

El 13 de marzo de 1991, Correa Ramírez pidió nuevamente la libertad, que fue rechazada por el juez investigador y por la corte de Arica. El procesado entonces, bien aconsejado por su abogado, presentó una queja a la Suprema, que fue rechazada inicialmente por los ministros de la Tercera Sala: Marcos Aburto, Servando Jordán, Enrique Zurita y dos abogados integrantes.

Tal vez motivado por una confianza ciega en los tribunales chilenos, el colombiano insistió con la reposición, de la que no quedó registro en ninguna de sus etapas de tramitación, como tampoco de su envío al relator suplente Jorge Correa, quien se hizo cargo del expediente originalmente asignado al relator Waldo Otárola.

Al relatar los argumentos de la reposición, el lunes 13 de mayo de 1991, Correa utilizó un subterfugio: mencionó al procesado alterando, al parecer, el orden de nombres y apellidos (barajando los varios disponibles: Luis Eduardo Correa Ramírez), y omitió enseguida algunos antecedentes, aminorando otros y poniendo en cambio otros más en primer plano. Consiguió en esta forma hacer aparecer el caso como si fuera otro distinto. Esta vez la sala, integrada por los mismos Aburto, Jordán y Zurita, más Osvaldo Faúndez y el abogado integrante Fernando Fueyo acogió la reposición. Al cierre de la jornada esa tarde, López, al revisar el listado de fallos, constató la enormidad de la situación y se dirigió de inmediato al Consejo a dar cuenta a sus superiores.

El CDE presentó entonces dos días después, un escrito pidiendo que se dejara nula la resolución, pues no había fundamentos para que los ministros hubieran cambiado de opinión en menos de treinta días, y además hacía notar la existencia de irregularidades en la tramitación del recurso. Pero Correa Ramírez ya había sido puesto en libertad.

El 26 de junio el tribunal determinó un simple «no ha lugar» a los reclamos del CDE.

Más tarde, los procesados en esa misma causa intentaron escapar de las condenas usando un procedimiento entonces habitual por los abogados, quienes buscaban una «sala» o un relator que beneficiara sus posturas. Por un lado presentaron recursos de queja y, por otro, de casación, en contra de las sentencias de primera instancia. Viendo que las casaciones eran destinadas a salas que no les parecían adecuadas, se desistieron de estas y se quedaron con las quejas. Estas, que fueron asignadas originalmente cada una a un relator distinto, terminaron todas en manos del relator Correa. Y en vez de seguir el destino de las quejas anteriores (la Tercera Sala) fueron a parar a la Segunda, que presidía interinamente Hernán Cereceda.

Este ministro alcanzó a oír la relación de las quejas, el 9 de septiembre de 1992, pero fue suspendido (por la acusación constitucional) antes de que hubiera un fallo al respecto. El 22 de junio de 1993 las quejas de los procesados fueron rechazadas unánimemente y las condenas confirmadas. La vía judicial no fue necesaria para la defensa del resto de los procesados (los colombianos Sayl Sánchez y Fernando Cuesta, el boliviano Hans Kollros y el chileno Ángel Vargas Parga). Los tres primeros huyeron de la cárcel y el segundo recibió el indulto presidencial de parte del Presidente Eduardo Frei, cuando hubo cumplido la mitad de la condena.

Y hay más en relación con la Tercera Sala.

En 1992, estaba integrada por Cereceda (presidente), Beraud y Valenzuela. Poco antes de la acusación por el fallo en el caso Chanfreau, ese tribunal rechazó la extradición de Chile a Estados Unidos del exprefecto de Investigaciones, Sergio Oviedo. «El chueco» Oviedo, como lo llamaban los policías al interior de Investigaciones, había dirigido la Brigada de Asaltos hasta el cambio de gobierno. Según el expediente de extradición enviado por las autoridades norteamericanas, Oviedo había «facilitado» la salida de Chile de la «correo» Jael Joely Marchant, evitando que fuera controlada en el aeropuerto en Santiago. La mujer llegó con medio kilo de cocaína al aeropuerto de Miami. Funcionarios del DEA atestiguaron que la mujer ingresó con un pasaporte falso y portando un papelito en que tenía anotados el nombre y número personal del exjefe policial.

La Tercera Sala confirmó el pronunciamiento inicial del presidente de la Corte Suprema, Enrique Correa Labra. Los antecedentes, según todos ellos, eran insuficientes para deportar a Oviedo.

El descarriado Jordán

Cinco años después del fallo de la Suprema que acordó la libertad de Luis Correa Ramírez, este hecho constituyó una de las piezas clave en la acusación constitucional levantada por el diputado de la UDI Carlos Bombal contra el ministro Servando Jordán. La otra fue su involucramiento indebido en el proceso contra Mario Silva Leiva y el exfiscal de la Corte de Apelaciones, Marcial García Pica.

En algún sentido, la acusación contra Jordán fue extemporánea, porque mientras fue presidente de la Corte Suprema demostró el mejor comportamiento posible. Llegaba a las 7 de la mañana a la Corte y se retiraba tarde, ya de noche, mucho después que sus demás colegas. Había moderado el consumo de alcohol, por lo menos en las horas de trabajo.

Se lo veía feliz, plenamente cómodo en el ejercicio de sus funciones.

En 1991 había enfrentado al abogado Pablo Rodríguez y al contundente equipo de profesionales contratados por el BHIF para disputar al empresario Francisco Javier Errázuriz la propiedad del Banco Nacional.

Como se recordará, la superintendencia de Bancos había intervenido el Banco Nacional, después de constatar que no contaba con la liquidez necesaria para seguir operando y luego, como propietaria de la institución, lo vendió al BHIF.

El equipo de abogados del BHIF preparó un informe sobre la conducta de los ministros de la Corte Suprema en los innumerables juicios —como querellante o querellado— sostenidos a lo largo de los años por el actual senador, quien tenía fama de hombre poderoso en el máximo tribunal.

El estudio revelaba que entre 1988 y 1991, Jordán había fallado dieciséis veces a favor y once en contra de Errázuriz. En el caso de sus votos favorables, los más numerosos son aquellos en que estos se suman al parecer mayoritario; en los menos, en cambio, aparece como un solitario voto favorable contra los otros cuatro.

En las ocasiones, en fin, en que aparecía votando contra Errázuriz, en dos de ellas lo hizo como parte del voto de minoría, es decir, no dañaba al empresario y en otras siete, el fallo se había definido por cinco votos a cero, lo que obviamente significa que el suyo no definía la suerte de la resolución.

Solo dos veces aparece votando en contra en un fallo dividido (tres contra dos), contrariando frontalmente los intereses de Errázuriz[85].

En alguna de esas querellas, el abogado Pablo Rodríguez, conocido como «infalible» en la Corte Suprema y de notoria amistad con el destituido Cereceda, estando en el equipo contrario a Errázuriz, presentó una recusación amistosa contra Jordán. Rodríguez le pidió que se abstuviera de resolver el asunto, pues eran públicos sus lazos de amistad con el empresario, a quien había recibido en audiencia en dos ocasiones.

Jordán no solo rechazó la recusación. Respondió con una ácida carta en la que, en su afán por desacreditar a Rodríguez, hizo revelaciones muy claras sobre el tráfico de influencias existentes en el máximo tribunal. Contó haber recibido en su despacho al abogado Rodríguez, en el mes de septiembre de 1991, para agradecerle sus buenos oficios en el nombramiento de su hijo Rafael como abogado del BHIF.

Agregaba: «Hablamos también que, por esas cosas de la vida, al señor Rodríguez “le había ido mal” en todas las causas en que había intervenido el ministro Jordán (se refería a sí mismo en tercera persona) y por último me hizo presente —objeto fundamental de su visita— que tenía interés puesto en un recurso de queja interpuesto por la inmobiliaria Kennedy, agregándome su preocupación porque en ella en el trasfondo se hallaba el señor Errázuriz, de quien se decía que era íntimo amigo del suscrito»[86].

Jordán negaba su amistad con Errázuriz, aunque admitía haberle concedido dos audiencias «con atinencia a sus juicios», pese a que les está vedado a los magistrados recibir a las partes comprometidas en litigios. Lanzando un dardo a sus colegas Cereceda y Beraud, Jordán recordaba que aunque Errázuriz había invitado a todos los magistrados de la Corte al casamiento de su hija, él personalmente no concurrió.

El recurso de queja de Errázuriz fue acogido por unanimidad, decía Jordán, haciendo presente que si personalmente se hubiera dejado conducir por sentimientos de agradecimiento, que los tenía hacia Rodríguez, hubiera votado en contra y no fue así. Añadió que si se consideraban «actos de estrecha familiaridad» los de su conducta al recibir en audiencia a Errázuriz, «el señor Pablo Rodríguez dejaría en compromiso análogo a múltiples jueces, pues ello (pedir audiencias) constituye su costumbre».

Rodríguez rechazó los comentarios de Jordán en una réplica en que expuso que le había pedido una audiencia solo para manifestarle «personalmente» el motivo de la recusación y admitió haber recomendado a Rafael Jordán para que trabajara en el BHIF, antes de asumir la representación de ese banco, «por sus méritos personales y no por la relación de parentesco que lo liga con el ministro recusado»[87].

Cuando asumió el gobierno de Aylwin, sus funcionarios recibieron abundante información sobre diversos aspectos de la vida y conducta de Jordán.

Algunos detectives dieron cuenta extraoficialmente al director de Investigaciones, Horacio Toro, que el ministro —también otros de sus colegas— consumía algo más que alcohol en sus salidas a locales nocturnos en Santiago. Cuando el jefe policial traspasó al gobierno estos antecedentes, sus interlocutores le comentaron que «ya sabían»[88].

Lo cierto es que nunca se dispuso en concreto alguna medida destinada a investigar estas acusaciones. Principalmente porque el Ejecutivo no tenía atribuciones para hacerlo y podría haberse creado, además, un problema mayor que el eventual beneficio de tal operación de inteligencia. Por lo demás, lo que hiciera o no el ministro para divertirse fuera de las horas de trabajo, era estrictamente un asunto de su vida personal.

La conducta de Jordán no siempre fue tan cuestionada. Inició su carrera como oficial de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 1953 fue nombrado juez de Santa Cruz. Fue luego juez de San Fernando, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez del Crimen en Santiago.

Hasta ese entonces sus superiores y los ministros de Justicia de turno opinaban que Jordán era un excelente magistrado. Un sabueso. Aunque su carácter difícil hacía improbable su ascenso a la Corte de Santiago. No estaba listo para pasar la prueba del besamanos.

Jordán aprovechó la posibilidad que le brindó el subsecretario de Justicia de Alessandri, Jaime del Valle, y se trasladó como ministro de la nueva Corte de Punta Arenas, plaza que era rechazada por buena parte de los jueces santiaguinos, aunque ofrecía duplicar extraordinariamente los años de antigüedad.

En esa lejana ciudad, Jordán sufrió un inesperado revés personal y se separó de su primera esposa. Comenzaron a circular, a partir de entonces, los comentarios dentro de la magistratura sobre su «vida licenciosa»[89].

Como parte del ejercicio de su ministerio, se espera que los jueces no beban en exceso, ni acudan a casas de prostitutas, ni se endeuden, ni tengan más de una mujer. No por espíritu puritano —que a veces también cuenta en la carrera judicial— sino porque esas acciones comprometen su independencia. Expresan debilidades que pueden ser explotadas más tarde en los juicios. Los jueces, al abrazar la vocación, están condenados a una vida en cierta medida solitaria y moderada.

Jordán, no parecía ser excesivamente fiel a esos códigos. Su buena disposición para lo que suele llamarse «la buena vida» hallaba, al parecer, un caldo de cultivo apropiado en la fría y distante ciudad austral.

Después de permanecer una década en aquellas lejanías y habiendo acumulado más años de antigüedad de los requeridos, logró, en 1970, su traslado a la corte de Santiago.

En la capital, especialmente tras el golpe de Estado, el ministro constató que los ascensos en la carrera judicial estaban reservados para los incondicionales. Aprendió las «mañas» —aunque no el talento— de Cereceda y comenzó a promover la carrera de sus amigos. Era mucho más informal que aquel; seguidor de la filosofía oriental y aficionado a la poesía y a la escultura. Se casó en segundas nupcias, esta vez con una secretaria de Andrónico Luksic padre. Uno de sus hijos se transformó en oficial de la Armada, otro en abogado y un tercero, en dentista.

En la lucha por el liderazgo interno, Cereceda, mucho más hábil en el juego de los halagos, le llevaba la delantera. La rivalidad entre ambos se convirtió en mitológica.

Ya en la Corte de Apelaciones, las salas que integraba Jordán eran conocidas por ser las preferidas de los acusados por narcotráfico. El magistrado no ocultaba su opinión «liberal» en cuanto a que los adultos son libres en su vida privada de ingerir lo que les plazca. Que los adictos deben ser considerados enfermos, no delincuentes, aunque la ley chilena diga otra cosa. Cuando llegó a la Corte Suprema, mantuvo el mismo criterio y se lo planteó, entre otros, al exministro del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, en una audiencia que le concedió al ahora analista político en medio de las querellas que presentaron en su contra la Cámara y el Senado.

Así, desde que Jordán fue promovido a la Corte de Apelaciones, los procesados sabían que si invocaban su condición de consumidores, tendrían más posibilidades de recuperar la libertad en la sala de Jordán que en otras[90].

En junio de 1979 la Corte de Apelaciones lo designó ministro de turno para investigar los casos de detenidos desaparecidos en Santiago. Después de reiteradas negativas, la Corte Suprema acogió la petición del arzobispado de Santiago y Jordán fue el escogido para tramitarlos.

El ministro se constituyó en cuarteles secretos de la DINA, que a esas alturas ya habían sido desarmados y decretó un importante número de diligencias. Entre ellas, consiguió determinar la estructura de la disuelta DINA. Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad consideraron valioso el resultado de sus pesquisas, pero pocos meses más tarde, en noviembre, Jordán se declaró incompetente en favor de la justicia militar.

Orgulloso de su investigación, no obstante, el magistrado encuadernó el expediente y se ha preocupado desde entonces de que no se pierda. Mientras el expediente estaba vivo, su preocupación por el legajo era tal que lo llevaba donde fuera. Incluso a los locales que visitaba en sus salidas nocturnas[91].

La verdad es que habría podido ir más lejos en sus pesquisas sobre los desaparecidos, pero no quiso arriesgar su ascenso a la Corte Suprema, que finalmente llegó el 15 de enero de 1985, cinco días después que Cereceda.

Ambos, junto a Enrique Zurita, conformaron el trío escogido por Rosende para aumentar el número de magistrados en la Suprema de trece a dieciséis.

El nombramiento de Cereceda antes que Jordán significaba otorgarle la prioridad para ser electo como presidente de la Suprema cuando les llegara el turno por antigüedad, lo que añadió un nuevo motivo de enemistad entre ambos.

No por haber llegado a la Corte Suprema la conducta de Jordán varió. «Es un poeta. Un bohemio. Un incomprendido», dicen sus amigos, asumiendo su defensa[92]. El ministro siguió visitando un local nocturno en la calle Compañía, cerca del Parque Forestal, «Las catacumbas del 2000». Allí, en los privados, protegidos por la penumbra, los grupos de visitantes sienten garantizado su derecho a mantenerse a buen recaudo de la curiosidad de los intrusos.

Al comenzar los ‘90, era habitual que llegara atrasado o se fuera temprano sin completar su horario normal de trabajo. No pocas veces los funcionarios a cargo de su sala lo sorprendieron bebiendo whisky de la botella que mantenía religiosamente disponible en su oficina.

Cambió en ese tiempo, varias veces, de chofer, testigos involuntarios de las diferentes mujeres que lo acompañaban en su vehículo. Uno de estos choferes inició con una de ellas, Julia, una relación amorosa que perdura hasta hoy. Enterado de ello, el magistrado lo despidió de inmediato. Antes, este mismo funcionario había sufrido las furias de su superior, quien lo acusaba por el extravío de importantes documentos. Hizo incluso allanar su domicilio, y tal vez habría llegado a mayores si desde un club nocturno de la capital no hubieran hecho llegar los legajos a la Corte Suprema. Se le habían quedado al magistrado en una de sus salidas rituales[93].

También los carabineros que custodiaban su casa conocían sus hábitos. Su pasión, por ejemplo, por conducir motos a alta velocidad, aun en estado de ebriedad.

Cuando llegó el ministro Adolfo Bañados a la Corte Suprema, Jordán recibió por primera vez el reproche directo de uno de sus colegas. La inquietud por los rasgos tan especiales de su personalidad aumentó durante el gobierno de Aylwin por diversos motivos. En una ocasión, se encendió la alarma cuando una adolescente acudió a la policía civil de la zona de El Melocotón, donde Jordán tiene una parcela, con una acusación de «abusos deshonestos», en una fiesta, contra quien ella llamaba «el tío Jordán». Llevado el caso a los tribunales de San Miguel, la joven no quiso reconocer al ministro de la Corte Suprema como el autor de los abusos. La causa fue sobreseída[94].

Jordán no ocultó nunca su estrecha amistad con los abogados especialistas en la defensa y excarcelación de personas acusadas de narcotráfico, Edmundo Rutherford y Mario Fernández, lo que también mereció el reproche de funcionarios de gobierno y de sus propios colegas. Sus amigos eran sus amigos y nadie podía cuestionarle aquello.

Como Cereceda, Jordán también parecía cercano al relator Correa, pero no se vinculaba, en cambio, con el abogado Luis Badilla. En su despacho era habitual ver a otro mediador, Manuel Mandiola, personaje que, en medio de la acusación constitucional contra el magistrado, llamó al abogado Luis Ortiz Quiroga y le dijo sin mayores preámbulos:

—Quiero ofrecerle mi testimonio. He sido víctima de mi examigo Servando Jordán[95].

Mandiola dijo que Jordán cobraba por los fallos, que tenía una «cajita» en su oficina donde guardaba los dineros obtenidos por esos servicios, y que él personalmente analizaba junto al ministro las causas en que Ortiz era representante y buscaban el modo de hacerlo perder.

—¿Usted repetiría estos mismos dichos ante el Colegio de Abogados?

—Sí, claro, no tengo inconveniente.

Mandiola estaba en esos minutos seriamente enfadado con Jordán y aceptó la petición de Ortiz, pero el día que acordaron para la comparecencia, Mandiola se excusó. «No voy a ir», le dijo simplemente al abogado Ortiz Quiroga. Había hecho las paces con el magistrado.

Los comentarios y quejas contra Jordán eran tantos durante el Gobierno de Aylwin, que motivaron la segunda visita del ministro de Justicia, Francisco Cumplido, para entregar antecedentes sobre un ministro del máximo tribunal al presidente de la Corte Suprema.

Ya había asumido ese cargo Marcos Aburto. Sin alardes, pero con firmeza, Cumplido expresó las quejas que le habían llegado del Consejo de Defensa del Estado por su actuación en el caso de la excarcelación del colombiano Luis Correa Ramírez que, tras las indagatorias de la institución fiscal, se atribuyó a una maniobra concertada entre el magistrado y el relator Correa. También se quejó por los frecuentes espectáculos que Jordán daba paseándose en estado de ebriedad y hasta con «los pantalones manchados» por los pasillos de la Corte[96].

Después de esta conversación, Jordán varió según testigos, su comportamiento, al menos en el último aspecto.

El corto reinado del sagaz Aburto

Tras sus modos campechanos y aspecto tranquilizador y hasta inofensivo, Marcos Aburto esconde dotes propias de un hábil político o de algún obispo sagaz. De movimientos finos y con gestos que pueden ser imperceptibles, el cazurro Aburto sabe cómo y cuándo.

Llegó a la Corte Suprema en 1974. Formó parte del primer grupo designado en el máximo tribunal por el gobierno militar, junto a Emilio Ulloa y Osvaldo Erbetta.

El ministro había iniciado su carrera como juez de San José de la Mariquina, en 1945. Durante quince años desarrolló su carrera en juzgados y cortes sureñas (Magallanes, Mulchén y Valdivia), hasta que en 1960 fue nombrado ministro de la Corte de Valdivia. En 1964 ascendió a la Corte de Apelaciones de Santiago, razón por la cual algunos de sus colegas lo tenían por democratacristiano. Cuando llegó a la Suprema, el ministro José María Eyzaguirre y los abogados Julio Durán y Alejandro Silva Bascuñán volvían de su misión política por Europa explicando «los fundamentos» del «pronunciamiento militar», hablando de lo bien que los había recibido la España de Francisco Franco. El presidente de la Corte, Enrique Urrutia Manzano investía por esas fechas al general Augusto Pinochet con la banda tricolor que lo declaraba Presidente de Chile[97]. Todo esto quiere decir que Aburto, como los demás, tuvo que demostrar cierto nivel de compromiso con el ideario del nuevo régimen antes de obtener un despacho en el segundo piso del Palacio de los Tribunales.

El «huaso» Aburto, como le dicen sus amigos, apoyó desde su cargo en la Corte Suprema todas las tesis del gobierno militar. Al comenzar el gobierno de Aylwin sumó su voto en oposición a las reformas y participó de las defensas corporativas del Poder Judicial rechazando, por ejemplo, la acusación constitucional contra Cereceda.

Estaba tan comprometido políticamente con el antiguo régimen como Germán Valenzuela, Osvaldo Faúndez o Enrique Zurita, pero no fue ubicado definidamente en el grupo de «los duros».

Junto a Jordán, Aburto participó del voto en la Tercera Sala que otorgó la libertad al narcotraficante Luis Correa Ramírez y, como su colega, también defendería años más tarde, públicamente, la «calidad humana» del exfiscal Marcial García Pica, comprometido en el proceso por lavado de dinero contra Mario Silva Leiva. Sin embargo, tal vez por la magia de su estilo de bajo perfil, por la ausencia de pasión en sus palabras, nunca fue blanco de las amenazas de acusaciones constitucionales, ni menos aún se sembraron sobre él sospechas de actuaciones irregulares.

En el informe del banco BHIF sobre los fallos de los ministros en las causas que comprometían a Francisco Javier Errázuriz, Aburto aparecía más que ningún otro en las resoluciones favorables al empresario. Entre 1988 y 1991 figuraba con diecisiete fallos a favor y solo cuatro en contra. Pero nunca fue cuestionado por esta razón con la fuerza que lo fuera Jordán.

Aburto asumió la presidencia de la Corte Suprema a comienzos de 1993, tras el deceso de Enrique Correa Labra, cuando las acusaciones de nepotismo dentro del poder judicial, entre otras irregularidades, se habían desatado tras la destitución de Cereceda.

Hasta hubo una propuesta de Aylwin —que obviamente no prosperó— para establecer que un juez o ministro no pudiera tener parientes en el sistema judicial que prestaran servicios remunerados por particulares, tales como: notarios, receptores, procuradores del número, conservador de bienes raíces. El proyecto pretendía dar un plazo para que, en el caso de presentarse la incompatibilidad renunciaran tantos parientes como fuera necesario para que quedara solo uno en el servicio. Es decir, en un caso hipotético, se quedaba el juez o se quedaba el notario.

Al asumir, Aburto tenía tres hijos notarios, pero nadie se lo reprochó: Manuel, en Rancagua; Mario, en Concepción y Miguel, en Lontué. El notario y conservador de Calbuco, Alberto Ebensperguer Aburto también llevaba el apellido del magistrado, porque es pariente suyo.

Por muy destacados que hayan sido los méritos y vocación de sus hijos, es poco probable que los tres hayan conseguido la designación si el sistema de selección hubiera sido abierto y transparente, considerando que una vacante en notaría debe ser la que más postulantes recibe dentro del sistema judicial, por el atractivo que representa el nivel de remuneraciones.

Pero Aburto gobernó con ese pecado tranquilamente, quizás porque no era exclusivamente atribuible a su persona. El expresidente de la Corte Suprema Rafael Retamal instaló a unos cincuenta parientes en cargos de distinta categoría dentro del Poder Judicial. Este magistrado no lo ocultaba. «Mejor que estén los parientes míos (que son democráticos) a que estén los de los otros», se defendía[98].

El Poder Judicial está plagado de jueces, secretarios y oficiales de sala que son amigos, primos, hermanos o hijos de ministros de la Corte Suprema o las cortes de Apelaciones (precisamente quienes determinan los candidatos a incluir en las ternas). Todo esto, a pesar de la discusión sobre la validez de negar al hijo de un ministro, por ejemplo, el derecho a seguir la vocación de su padre. Un caso famoso fue el del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Enrique Paillás, cuyo ascenso a la Corte Suprema le fue prohibido por años debido a que un pariente suyo, en segundo grado —el ministro Domingo Yurac Soto— ejercía en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Según la ley, ninguno de los dos, pese a sus reconocidos méritos, podría ascender mientras el otro estuviera en servicio. ¿Una situación injusta? Probablemente.

Donde la incompatibilidad aparece mucho más clara es en aquellos servicios remunerados por los particulares. Es difícil aceptar que el hijo de un ministro tenga realmente la «vocación» de ser notario, procurador de número (unos pocos escogidos que están instalados en las cortes y que se preocupan de seguir el estado de las causas y de hacer algunas presentaciones en nombre de los abogados), conservador de bienes raíces (uno por «asiento de Corte» y que son considerados los funcionarios públicos mejor pagados de Chile) y receptor (son los que realizan, entre otras gestiones, las notificaciones judiciales).

Cuando Aburto llegó a la presidencia, el conservador de bienes raíces y comercio de Rancagua era Luis Maldonado Croquevielle, hijo del expresidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado. El conservador y Archivero de Valdivia, Teodoro Croquevielle Brand, llevaba el apellido de la esposa de este magistrado. El notario y conservador de San Fernando era Efrén Araya Adam, hijo del ministro del mismo nombre. Manuel Jordán López, hermano del ministro de la Corte Suprema, era notario en Valparaíso. La esposa del ministro Roberto Dávila, Josefina Bernales, era una de los diez procuradores de número de la Corte de Santiago. En esa categoría, estaban también Noemí Valenzuela Erazo, hermana del ministro de la Corte Suprema de los mismos apellidos y Jorge Calvo Letelier, sobrino del exministro y senador designado, Carlos Letelier.

También había parientes como secretarios de los ministros. Marco Aurelio Perales contaba con los servicios de su nuera; Oscar Carrasco, de su hijo; Enrique Zurita, de su nieta; Arnaldo Toro, de un hijo; Valenzuela Erazo, de un sobrino y Correa Bulo, de un hijo[99].

Marcos Aburto fue electo presidente de la Corte Suprema, sin mayores sobresaltos. Era el más antiguo y había estado ejerciendo la función, de hecho, durante los ocho que duró la larga enfermedad de Enrique Correa Labra.

Patricio Aylwin había anunciado, a fines de 1992, que con el fin de obtener la aprobación de las reformas al Poder Judicial, ya no insistiría en el Consejo Nacional de la Justicia, en la aprobación mixta Ejecutivo-Senado de nombramiento de los ministros del máximo tribunal, ni en la posibilidad de permitir el ingreso de abogados ajenos a la carrera judicial.

Esas concesiones abrían las puertas a un nuevo trato. Con Aburto, se iniciaría, justamente, casi al finalizar el gobierno de Aylwin, la transición en el Poder Judicial.

En marzo de 1993 el nuevo presidente de la Suprema pronunció su primer discurso de inauguración del año judicial. Tuvo que dedicar parte de su tiempo a recordar a los ministros que habían partido el año anterior. Algunos por fallecimiento, como Enrique Correa Labra, Rafael Retamal y el expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y fundador del Instituto de Estudios Judiciales, Hernán Correa de la Cerda; otros, porque habían jubilado, como Emilio Ulloa. Estaba finalmente el caso de Hernán Cereceda, que había sido destituido. El relevo lo tomaban otros y la Corte Suprema tenía ya, a comienzos del nuevo año tres nuevos integrantes: Luis Correa Bulo, Mario Garrido Montt y Víctor Hernández Rioseco. El máximo tribunal estaba cambiando y continuaría en esa senda.

En aquel discurso, Aburto trató de conciliar. Reconoció la necesidad de reformas. Pero, evocando el caso Cereceda, dejó dramáticamente en claro que ningún intento prosperaría si no se libraban del fantasma de las acusaciones constitucionales. Los «desbordes» y «amenazas» contra el Poder Judicial, dijo, «han llegado a tal grado que ponen en actual y gravísimo peligro a todo el régimen jurídico vigente»[100].

Homenajeó la «laboriosidad y rigurosa disposición jurídica, constante, permanente, erudita y calificada» de los tres ministros incluidos en la acusación de Cereceda. Dijo que los delicados y serios procedimientos de fiscalización entre los poderes del Estado, se estaban usando «por afanes simplemente políticos». Defendió a Cereceda diciendo que resultaba «asombroso e incomprensible» que solo respecto de él se hubiera acogido la acusación.

Sobre el pasado, reiteró las posturas de Correa Labra en cuanto a que la Corte Suprema «siempre ha sido (…) independiente de todo gobierno». Que los amparos no se acogieron por impedimentos de la copiosa legislación ad hoc. Agregó que «el fiel y abnegado esfuerzo cumplido por las Cortes y Magistrados para esclarecer detenciones arbitrarias, desaparecimientos y hasta posibles decesos» permanecía desconocido por el ejercicio de ciertas «prácticas de la desinformación».

Ya hacia el final de su discurso, Aburto rechazó las reformas que Aylwin seguía empeñado en impulsar. Sus palabras eran similares a las de Correa Labra, pero no sonaban igual. La verdad es que no importaba demasiado que apareciera en el estrado rechazando las reformas —que de todos modos no tenían mucha viabilidad política— porque, privadamente, había aceptado reunirse con el Presidente y con el senador Sergio Diez para discutir el tema.

La Corte siguió recibiendo nuevos integrantes: Guillermo Navas reemplazó a Cereceda en abril de 1993. En septiembre, la vacante dejada por la renuncia de Marco Aurelio Perales fue ocupada por Marcos Libedinsky. Con este último, Aylwin lograba completar siete designaciones en el máximo tribunal durante su período.

El Presidente trataba de guiarse por sus pragmáticas de méritos al escoger a los nuevos ministros. Pero el sistema no lo libró de caer en algunas discutibles postergaciones, como la de Ricardo Gálvez. El ministro y expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago es conocido por sus posturas políticas de derecha, pero también por su indiscutible independencia, fuera de su condición de académico de gran prestigio. Ese nivel de independencia fue el que le impidió llegar a la Corte Suprema bajo el gobierno militar. Y sus fallos en causas de derechos humanos, por otro lado —especialmente su voto en contra del recurso de amparo por Jaime Castillo Velasco— fueron los que obstaculizaron su ascenso bajo Aylwin. Solo avanzado el gobierno de Eduardo Frei alcanzó el cargo que notoriamente merecía más que otros.

Con esta nueva Corte, integrada por mitades entre los seguidores del régimen militar y los partidarios de un sistema democrático, entre duros y reformistas, llegaba el tiempo de Aburto. Los duros ya no eran ni tan duros ni tan combativos como lo fueron en los comienzos de la transición. Y los reformistas sabían que todavía debían esperar para impulsar cambios desde la cúpula judicial. El haberse logrado un aumento en las remuneraciones había hecho perder su sentido a una bandera de lucha entre los poderes ejecutivo y judicial.

La tensión entre los militares y los tribunales había disminuido, porque los tribunales habían decidido acoger la jurisprudencia que admitía la idea de amnistiar todos los casos por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1978. Después de la turbulencia inicial y la reapertura de casos por el informe Rettig, los tribunales, mayormente, dejaron dormir las causas, en el entendido de que cualquier procesamiento contra militares implicaría inevitablemente un rápido sobreseimiento de la Corte Suprema o su traspaso a la justicia militar, que en la práctica significaba lo mismo. O, más simple todavía, se adelantaron a cerrar muchos casos, a sabiendas de que el tribunal superior iba a aprobar la medida. Así, no fue necesario dictar nuevas leyes de amnistía o reinterpretaciones de la misma. Ni siquiera la acusación contra Cereceda modificó este criterio.

Al finalizar el gobierno de Aylwin, se tenía la sensación en los tribunales de que, en cuanto a derechos humanos, el caso Letelier sería el único ocurrido antes de 1978 que llegaría hasta el final.

A esas alturas ya no era tan mal visto en la Corte Suprema aparecer apoyando ciertos cambios, que ahora contaban con el respaldo de El Mercurio. Tras el bochorno sufrido por descubrir que Sergio Olea Gaona no era el autor del secuestro de Cristián Edwards, en la página editorial de ese diario y en amplios reportajes en sus ediciones dominicales se inició una ofensiva para modificar el sistema judicial.

La creación de la Fundación Paz Ciudadana atrajo a los especialistas que, aunque desde otras perspectivas, buscaban similar objetivo desde el Centro de Promoción Universitaria y la Universidad Diego Portales.

Cierto consenso estaba cristalizando y Aburto estaba dispuesto a jugar el papel de gran componedor, de puente de comunicación y entendimiento entre «duros» y «reformistas».

Capítulo II

La era Rosende

En la Facultad de Derecho

Un grueso candado colgaba de la puerta de acceso al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en marzo de 1976. Ignacio Balbontín, profesor de la cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales, junto a una veintena de académicos, se presentó a trabajar a la vuelta de vacaciones y no pudo siquiera entrar al edificio en la Avenida Salvador.

Balbontín había estudiado leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, paralelamente, Sociología en la Universidad Católica. Hizo un máster en sociología en la universidad de Lovaina, Bélgica, y al regresar a Chile logró combinar sus dos carreras: se hizo cargo de la cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho en la Chile. Luego asumiría la dirección del departamento, cuando Máximo Pacheco era el decano.

A sus 36 años, Balbontín se enteraba ahora, parado en la calle, que el departamento había sido allanado y clausurado, como si se tratara de un bar de mala muerte.

Hugo Rosende, el nuevo decano, había decidido desterrar para siempre la enseñanza de las ciencias sociales en la facultad. El programa se retrotraería a las asignaturas que se impartían en los años ‘30. Los académicos, que representaban un amplio espectro de ideas políticas, fueron despedidos ahí mismo, en las puertas del departamento. Se les permitió retirar sus lápices, pero no sus documentos. Balbontín perdió una larga investigación sobre movimientos sociales en la que participaban 700 alumnos[101].

Hugo Rosende Subiabre nació en Chillán en 1916. Tuvo 22 hermanos. En 1941 se recibió como abogado en la Universidad Católica. Fue funcionario del Consejo de Defensa Fiscal desde 1936 y, a un mismo tiempo, jefe del Archivo Catedrático de Derecho Civil de las universidades de Chile y Católica.

Fue diputado conservador por Santiago entre 1954 y 1957 y entre 1961 y 1965.

En 1958 dirigió la campaña de Jorge Alessandri y durante tres años se desempeñó como su asesor. Salió por la puerta trasera, en medio de un escándalo económico conocido como los bono-dólares: fue acusado de haber comprado divisas para enriquecerse ilícitamente, gracias al conocimiento anticipado que tuvo de un alza en la moneda estadounidense. Alessandri le quitó la confianza y la Cámara de Diputados realizó una investigación.

Tras el golpe de Estado, Rosende asumió como decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El asunto de los bono-dólares estaba suficientemente olvidado.

Rosende se hizo una fama contradictoria de hombre siniestro y brillante, desequilibrado y poderoso. Más emotivo que racional, con conocimientos y memoria fuera de serie, imposible de vencer en un debate verbal.

Al asumir su puesto, Rosende eliminó de su camino a respetados profesores como Máximo Pacheco y Francisco Cumplido. Era, desde entonces, uno de los promotores de combatir a la Democracia Cristiana tanto como a los partidos de la ex Unidad Popular. Pronto se convertiría en uno de los pocos civiles asesores del gobierno militar. Junto a Juan de Dios Carmona y Miguel Schweitzer fue incluido en la exclusiva ASEP (Asesoría Política), dependiente del Ministerio del Interior, que realizaba análisis y recomendaciones al más alto nivel y cuya existencia era desconocida incluso para otros miembros del gabinete[102]. La ASEP influía directamente en el general Pinochet y con el tiempo se convertiría en «el corazón, el cerebro y la piel del gobierno»[103].

Con el ascenso de Rosende, también subió su ayudante en Derecho Civil, el abogado Ambrosio Rodríguez, quien llegaría a ocupar el puesto de Procurador General de la República, creado a su medida. También serían honrados con la amistad del decano otros dos profesores de esa facultad: el brillante abogado y exintegrante de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, y el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Cereceda.

Ninguno de ellos, hay que decirlo, podría ser calificado de ignorante. Rosende solía mofarse de los abogados que no tenían los conocimientos suficientes para estar a su altura. A sus espaldas, los estudiantes y algunos académicos tildaban al nuevo jefe de la facultad como «El Monje Negro»[104].

El decano asumiría la defensa del Gobierno en uno de los casos de recursos de amparo más bullados del primer lustro.

En 1976, el gobierno decidió expulsar del país a dos abogados: el democratacristiano Jaime Castillo Velasco y el radical Eugenio Velasco Letelier, quienes habían venido representando a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El 6 de agosto de 1976 ambos fueron arrestados por agentes armados y puestos en un avión rumbo a Buenos Aires. Un contingente de abogados DC presentó un recurso de amparo en su favor. Una petición de «no innovar» fue acogida para suspender la expulsión, mientras se resolvía el fondo del recurso, pero era tarde, porque los abogados ya estaban fuera de Chile.

Vinieron los alegatos. Patricio Aylwin contra Hugo Rosende. El defensor del gobierno atacó a su oponente con cruel ironía: «Se dice que son exembajadores, exministros, exprofesores universitarios… Bueno, ahora son expulsados»[105].

Diez días más tarde la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el amparo con los votos de los ministros Eduardo Araya y Sergio Dunlop. En la minoría, Rubén Galecio estuvo por acogerlo. Los abogados apelaron a la Corte Suprema.

La publicidad generada en torno a este caso y la decidida protesta de la Iglesia, la DC y organismos internacionales, ponía a prueba la fortaleza de las posturas oficiales en el Poder Judicial. Hasta entonces, tres mil recursos de amparo habían sido rechazados por los tribunales. Pero este parecía un caso especial. Las víctimas eran personas ampliamente conocidas y respetadas en el mundo académico, entre los políticos que estaban en la oposición bajo el gobierno de Allende, y también en los círculos sociales más elevados.

No podían ser tratados bajo la simple etiqueta de «extremistas».

Cientos de personas desafiaron las restricciones vigentes y acudieron a presenciar los alegatos en la Suprema. José María Eyzaguirre ordenó instalar parlantes, para que quienes estaban afuera pudieran escuchar, y se reforzó la guardia de gendarmes. En su nuevo alegato, Rosende dijo que los antecedentes para expulsar a los abogados eran secretos, de «seguridad nacional». Y emplazó a los cinco magistrados que debían resolver diciendo que su resolución podría generar alteraciones del orden público en cualquier momento:

—¿Y Vuestras Excelencias tienen los instrumentos para los efectos de poder resguardar al país en tales circunstancias? Y si se equivocan, ¿vuestras Excelencias van a responder?[106]

Los magistrados Eyzaguirre, Enrique Correa, Rafael Retamal, Juan Pomés y Osvaldo Erbetta, confirmaron el rechazo del recurso el 25 de agosto de 1976.

Al día siguiente, Pinochet envió a Rosende una carta de felicitación.

Tiempo de perpetuar

Mientras Rosende estuvo en la Universidad de Chile, hubo pocos cambios en la Corte Suprema. Solo los necesarios para llenar vacantes que se fueron produciendo por jubilaciones.

En 1974 ingresaron Osvaldo Erbetta, Emilio Ulloa y Marcos Aburto. Estanislao Zúñiga llegó en 1975, Abraham Meersohn, en 1976, y Carlos Letelier, en 1979. Los nuevos ocupantes cumplían el requisito de considerarse políticamente adeptos al régimen.

En la primera década, el gobierno militar se mostró satisfecho con las actuaciones del máximo tribunal y decidió mantener a sus integrantes, a tal punto que en la nueva constitución de 1980 se dejó expresamente establecido que el límite de edad máxima (75 años) fijado para ejercer esa magistratura, no tendría efecto sobre los ministros efectivamente en ejercicio. Los ministros envejecieron y se fueron perpetuando en sus puestos.

La imagen de los ancianos con un chalón sobre las piernas, dormidos durante los alegatos, se convirtió en símbolo del Poder Judicial chileno de esos años.

Entre 1973 y 1975 el Ministerio de Justicia fue un cargo de bajo perfil, ocupado sucesivamente por dos uniformados: Gonzalo Prieto y Hugo Musante. En abril de 1975, cuando las quejas por violaciones a los derechos humanos atochaban los tribunales, asumió Miguel Schweitzer, quien renunció en marzo de 1977. Ese mismo año asumió Mónica Madariaga, una de las preferidas del general Pinochet.

Según el profesor Carlos Peña, pese a que los cuadros neoliberales, que se habían apropiado de la conducción de la economía, modificaron sustancialmente el funcionamiento del Estado chileno, ni siquiera cuestionaron el sistema judicial.

La Universidad de Chile hizo un estudio acerca de las características y duración del proceso judicial entre 1979 y 1984, que detectó un progresivo atraso en el despacho de causas. En todas las materias, el volumen de expedientes en tramitación se demostraba cada vez más elevado que el número de causas terminadas. El estudio estableció un alto grado de «informalidad en la forma de organizar el trabajo del despacho judicial, un deficiente sistema de manejo de la información, y por lo mismo, de control de eficiencia; y un muy bajo porcentaje de personas dedicadas por modo exclusivo a las tareas administrativas-financieras».

Las conclusiones de este y otros estudios de aquel tiempo, que compartían una visión común y concordante con las políticas oficiales —reducir costos, maximizar eficiencia— sin incorporar otro tipo de cuestionamientos, no fueron, sin embargo, consideradas prioritarias por el gobierno.

Durante la gestión de Mónica Madariaga se analizaron algunas medidas para mejorar la eficiencia del Poder Judicial, pero hasta la más superficial de ellas, se encontró con el fuerte rechazo de la Corte Suprema. Un par de propuestas hechas por el Ejecutivo en ese período, como el uso de la computación en el procesamiento de datos y la creación de la Corporación Administrativa, vinieron a ver la luz solo bajo el gobierno de Aylwin. Solo el aumento de tribunales y de jueces contaba con el apoyo unánime de la cúpula judicial.

Mónica Madariaga satisfizo parte de ambas aspiraciones. El gasto presupuestario en el Poder Judicial aumentó en un 76 por ciento a partir de 1977, pero el 80 por ciento de los nuevos recursos fue usado en mejoras salariales. Los tribunales de primera y segunda instancia aumentaron de modo considerable, sin que creciera por ello la eficiencia en el despacho de materias.

No obstante, eran necesarios aún más tribunales y cortes de apelaciones, no solo para dar salida al atochamiento de causas, sino como una forma de responder a las expectativas de ascenso, detenidas por la perpetuación de los ministros en la Corte Suprema.

La Madariaga, a quien se le criticaba un escaso conocimiento del mundo judicial, tuvo un excelente aliado en el presidente de la Corte, Israel Bórquez, quien en 1978 reemplazó a Jaime Eyzaguirre. La dupla Madariaga-Bórquez condujo el Poder Judicial con relativa facilidad, salvo por algunas escaramuzas mínimas, como las polémicas con el presidente de la Asociación de Magistrados, Sergio Dunlop.

El ministro de la corte capitalina, que había sido a comienzos del régimen un decidido partidario suyo, venía reclamando mejoras salariales para sus asociados y protestaba contra medidas que atentaban contra la carrera judicial. A Dunlop no le gustaba la idea de mantener sin límite de edad a los ministros en la Corte Suprema. Hizo públicos los acuerdos de la Asociación de respaldar un límite de edad de 70 años. Esto en plena discusión de la nueva Constitución que, como se sabía, permitiría la extensión indefinida de los magistrados entonces en ejercicio.

El propio presidente de la Suprema ya había pasado el límite sugerido por la Asociación.

Bórquez se trenzó luego en otra polémica pública con Dunlop, por un decreto que abrió la carrera judicial a los abogados con quince años de ejercicio que quisieran postular a los cargos de ministros y fiscales de las cortes de Apelaciones.

Dunlop se opuso. Lo suyo, dijo, era en «defensa de la carrera judicial».

La réplica de Bórquez fue clara: «Sería demasiado peligroso para un juez que, ante todo debe ser juez de sí mismo, estimar que en Chile no hay abogados capaces de desempeñarse en el papel de juez de alzada… sería una fatuidad de su parte»[107].

Dunlop no oyó y volvió a la carga.

Otro motivo de desaveniencia entre ambos fue el proceso por el atentado explosivo contra Bórquez. Cuando el presidente de la Corte Suprema estudiaba las extradiciones en el caso Letelier, desconocidos pusieron una bomba en su casa. Dunlop fue nombrado para indagar. Bórquez quería ver tras las rejas a los «extremistas» que cometieron el atentado y sentía que el magistrado no avanzaba con la fuerza necesaria en esa dirección (años más tarde, se descubriría que la bomba fue instalada por agentes de la DINA).

El ministro había caído también en desgracia ante los ojos de Mónica Madariaga, pues estimaba que el dirigente le había dado «datos falsos» sobre un magistrado que fue trasladado de Iquique a Concepción[108].

Ese año la Corte Suprema sancionó a Dunlop dos veces. La primera, por sus afirmaciones proponiendo un tope de edad para sus ministros. Y la segunda, por la forma en que llevó el caso Bórquez. Luego, con el beneplácito de Mónica Madariaga, fue calificado en Lista Dos.

Con ese antecedente, Dunlop podía olvidarse de sus aspiraciones de ascenso a la Corte Suprema. Expresidente de la Asociación de Magistrados durante catorce años, decidió jubilar y aceptar una notaría en la capital. Desde su nueva función declaró que «si uno tiene carácter para andar de rodillas, se queda… Si no lo tiene, mejor se va»[109].

La iniciativa que abrió la carrera judicial a los abogados fue amarrada a un reajuste de salarios que Mónica Madariaga negoció con Bórquez. La Corte Suprema distribuyó los recursos, aumentando principalmente sus propias rentas y las de ministros de cortes de Apelaciones.

Los más altos magistrados, que fueron beneficiados con asignaciones especiales por «dedicación exclusiva» y «responsabilidad», recibieron hasta un 86,3 por ciento de reajuste, en tanto que los subalternos lograron un 48,9.

El beneficio no llegó a los jueces de primera instancia.[110]

El gobierno militar también premió a los más altos magistrados con un auto con chofer. En 1981, los incorporó como pacientes del moderno Hospital Militar.

Bórquez fue el escogido para repetir el gesto de Enrique Urrutia Manzano en los primeros años del régimen. El 11 de marzo de 1981 debería tomar juramento al general Pinochet como Presidente de la República, de acuerdo con la nueva Constitución. Bórquez, junto a todos los miembros del gabinete y de la Junta de Gobierno se ubicó en el podio detrás del general, a la espera de la señal para cumplir su papel. Sin embargo, llegado el momento, Pinochet se levantó dando la espalda a Bórquez y al resto de su gabinete y prestó juramento ante sí mismo, mirando hacia el público. Bórquez se tragó el bochorno.

En esta primera década, Rosende mantuvo una influencia tras bambalinas en el Poder Judicial, en su rol de asesor jurídico y político del gobierno. Fue él quien concibió y redactó las actas constitucionales de 1976, que garantizaron el recurso de protección y de amparo y que sirvieron de fundamento a muchos magistrados en sus votos de minoría en favor de acoger tales presentaciones.

Esa herramienta jurídica fue usada para defender la reapertura de la Radio Balmaceda, clausurada en 1977. El propio Rosende tuvo que rectificar los alcances de su creación, para impedir que los recursos fueran acogidos, declarando que no tenían vigencia durante los estados de excepción.

Este caso generó la primera crisis en la justicia militar.

La Corte Marcial del Ejército estaba compuesta hasta entonces por dos ministros de la Corte de Apelaciones y por los auditores del Ejército, Carabineros y Aviación que, con el rango de generales en retiro, gozaban del beneficio de inamovilidad. Las transgresiones cometidas por el Juez Militar de Santiago al cerrar la radio Balmaceda eran de tal magnitud, que la Corte Marcial, por unanimidad, acogió el recurso de protección.

El fallo provocó un terremoto que casi cuesta la caída a los auditores de la Aviación y de Carabineros que, sin embargo, fueron defendidos por los integrantes de la Junta, César Mendoza y Gustavo Leigh. El auditor general del Ejército, Camilo Vial, no tuvo el mismo respaldo y fue destituido tras la dictación de un decreto que estableció que los integrantes de la Corte Marcial debían ser, en adelante, coroneles en servicio activo. Es decir, tendrían un rango menor y quedarían privados del beneficio de la inamovilidad, que garantizaba su independencia. Como remache, la jefatura de Plaza emitió un decreto ley desconociendo el derecho de la Corte Marcial a interpretar la Ley de Seguridad del Estado.[111]

Vientos de cambio

Hasta 1979 muchos ministros de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones realmente creían que los desaparecidos y las torturas eran invenciones de los «marxistas». Pensaban que el Comité Pro-Paz era un antro de comunistas orquestados para atacar al gobierno de las Fuerzas Armadas.

La intervención de la Iglesia Católica en defensa de las víctimas convenció a algunos jueces creyentes de que algo realmente grave y cruel estaba pasando. El caso Lonquén y el resultado de las investigaciones del ministro Adolfo Bañados hizo lo propio con otros. Había personas desaparecidas y podían haber sido asesinadas y ocultadas, como los cuerpos de esos campesinos encontrados en los hornos de Lonquén.

La cercanía de una nueva década traía la perspectiva de un cambio en la actitud del Poder Judicial. Pero por si surgiera en algunos el deseo de comenzar investigaciones a partir de entonces, el gobierno dictó la Ley de Amnistía.

Sergio Fernández, otro de los delfines de Rosende, debutó en el Ministerio del Interior con la dictación de este decreto. En tanto, el decano, en plena crisis por el caso Letelier, acudió al matrimonio de la hija del general Manuel Contreras.

En 1980 el gobierno creó nuevas notarías para dar salida a ministros que se consideraban, sin mayor antecedente que sus fallos, de «izquierda». Así salió de la Corte de Santiago el apreciado y respetado Rubén Galecio. Y más todavía: para dar tiraje a la chimenea y bajar la presión sobre la Corte Suprema, se crearon nuevas Cortes (la de San Miguel, en Santiago) y nuevos juzgados, aunque ni los sueldos, ni las condiciones políticas del país eran propicias para atraer a los más capaces y con vocación.

Rafael Retamal, en la Corte Suprema, esperaba su turno por antigüedad, para reemplazar a Bórquez. Era evidente que el ministro tenía una nueva postura proclive a acoger los recursos por violaciones a los derechos humanos. Bórquez debía dejar el cargo en mayo de 1981 y ciertamente sería reemplazado por Retamal. Los ministros del máximo tribunal ya tenían el acuerdo de elegirlo, respetando la tradición, aunque le dejarían a Eyzaguirre la representación protocolar de la Corte, especialmente ante el Ejecutivo.

Pero el gobierno no quería a Retamal. Por ningún motivo. Sorpresivamente, dictó un decreto que extendió irregularmente el mandato de Bórquez por otros dos años. Varios ministros de la Corte protestaron por el atropello a una de sus facultades más caras, la de la elección de su presidente. Bórquez convocó a un pleno en el que la ministra de Justicia prometió que nunca más se dictaría una resolución similar sin consultar a la Corte.

Bórquez siguió en el cargo, pero nada pudo evitar que llegara 1983. Los ministros de la Corte Suprema no habían olvidado el atropello y no estaban todavía dispuestos a terminar con la tradición de escoger al más antiguo. Mal que mal era una garantía de que, en algún momento, todos pasarían por el puesto.

Para disgusto de Pinochet, Rafael Retamal fue electo presidente de la Corte Suprema justo después de la primera protesta masiva en contra del general. Apenas asumió su cargo, Retamal manifestó que las manifestaciones opositoras eran legítimas.

La normativa dictada para evitar su llegada al alto tribunal se volvió en contra del propio gobierno, pues ahora tendría que aguantar a Retamal por cinco años.

Tras la crisis de 1982 se había detenido cualquier nueva inversión en el sector y las quejas por la precariedad económica ahogaban a la superioridad de la magistratura. El conflicto estaba tocando las puertas del Poder Judicial.

El año de Jaime del Valle

Tras el sorpresivo conflicto entre Pinochet y Mónica Madariaga, el nuevo presidente del Colegio de Abogados, Jaime del Valle, fue invitado a sucederla en el Ministerio de Justicia, en febrero de 1983.

Del Valle llegaba con la aureola de haber trabajado para el gobierno de Jorge Alessandri, como subsecretario de Justicia. Además, exhibía entre sus méritos un buen conocimiento del mundo judicial, pues en su juventud fue funcionario de la Corte Suprema.

Ambas características le permitieron un trato llano con el máximo tribunal.

Días después de su nombramiento, Del Valle estaba sentado en la testera, en la sala de plenarios de la Corte Suprema, oyendo a Bórquez. En su último discurso, el ministro atacó al diario La Segunda, con el que venía enfrentando una polémica pública desde el año anterior. El vespertino había criticado la falta de eficacia de los tribunales de justicia para aclarar los actos delictuales y condenar a los culpables. Bórquez había respondido denostando la forma sensacionalista en que el periódico publicaba las noticias.

En aquel discurso, Bórquez reconoció que solo en un 25 por ciento de los procesos criminales en Santiago la investigación daba algún resultado, pero insistió en que las quejas por la falta de eficacia debían dirigirse hacia la «desidia» y «lenidad» de los servicios auxiliares. Específicamente, de Investigaciones. En la ceremonia —a la que también asistió Mónica Madariaga, aunque ahora estaba en Educación— Bórquez se quejó por la falta de interés de los abogados por entrar a la carrera judicial.

En sus once meses de gestión, Jaime del Valle se propuso hacer cambios, como la creación de una Escuela de Jueces que nunca prosperó.

Mientras fue subsecretario de Alessandri, Del Valle se sentía orgulloso de haber promovido la carrera de jueces que estimaba «independientes» como Adolfo Bañados, a quien consideraba ducho, recto y probo. Lo defendió ante Alessandri, quien no quería ascenderlo porque dictó una condena de sesenta días de presidio por injurias en contra del abogado de la Presidencia, quien había calificado de «plumario» a un periodista.

Acostumbrado a leer sentencias, desde sus tiempos de relator, Del Valle se oponía entonces a ascender a magistrados que demostraran poco conocimiento en sus fallos. Admite que, ya en el gobierno militar, siguió atendiendo a la calidad de las sentencias para decidir sobre ascensos y traslados, pero que ahora ponía especial atención al contenido «político» de estas.

Los propios abogados le llevaban cuentos sobre algunos jueces para que les detuviera el ascenso. El estereotipo de frase era: «Este ministro es buena persona, es un tipo que sabe, yo tengo un buen juicio de él, pero está influido políticamente. Mira el fallo».[112]

A Del Valle no le gustaba que los magistrados expresaran su descontento con la situación política en las sentencias. No había ejercido nunca un cargo bajo un gobierno de facto, pero pensaba que algunos jueces se aprovechaban.

El fallecido ministro Hernán Correa de la Cerda, fundador del Instituto de Estudios Judiciales, estuvo una vez en el despacho de Del Valle pidiéndole que considerara su nombre para un traslado a la Corte de Santiago.

—Mire, magistrado, yo he leído algunas sentencias suyas y usted emite juicios políticos… Yo no voy a calificar sus conocimientos jurídicos, ni aprobarlos, ni desaprobarlos. Pero si veo juicios políticos en sus fallos, para bien o para mal, en favor o en contra, no me gusta —le dijo el secretario de Estado.

Correa de la Cerda palideció.

—Cómo, a qué se refiere…

—Sí, pues. A mí no me importa que falles negro o blanco, pero aquí hay juicios que no tienes por qué emitir. Yo no te voy a nombrar.[113]

Bajo la gestión de Del Valle, el gobierno militar contó entre sus éxitos haber «neutralizado» a Rafael Retamal. El secretario de Estado le advirtió a Retamal que no se vieran la suerte entre gitanos. Si el presidente de la Corte Suprema hablaba contra el Gobierno, tendría que aguantar que el ministro de Justicia dijera algo en su contra.

Según exfuncionarios del gobierno militar, nunca se le formuló una amenaza directa a Retamal, pero ya en ese tiempo el ministro tenía unos 50 parientes en el Poder Judicial, tres de los cuales fueron designados por Del Valle.

Del tiempo de la gestión de este ministro de Justicia data un documento secreto enviado por una alta autoridad militar a cada una de las secretarías de gobierno, con instrucciones generales y específicas. La misión de Justicia, según el texto emitido el 12 de julio de 1983, era sin duda política:

«1. Deberá contactarse con los ministros de la Corte Suprema partidarios del Gobierno con el objeto de neutralizar la acción veladamente opositora del Presidente de dicha Corte.

«Se deberán realizar todos los esfuerzos posibles para esta finalidad.

«2. Deberá programar contactos que relacionen al Presidente de la Corte Suprema con el Gobierno, de tipo oficial o extraoficial»[114].

Al terminar 1983, Del Valle pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Llegaba la hora de Rosende.

El debut del Decano

Hugo Rosende juró como nuevo ministro de Justicia el 20 de enero de 1984. Su arribo al gabinete solo oficializó un rol que el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile venía cumpliendo hacía años.

Rosende no solo fue un ministro de Justicia. Fue un asesor político y uno de los hombres de mayor confianza de Pinochet. En marzo, en su primer discurso al mando de la Corte Suprema, con Rosende sentado a sus espaldas, Retamal sugirió a las autoridades administrativas que impartieran instrucciones a los servicios policiales para que respetaran las disposiciones legales sobre el trato a los detenidos y de esa manera hicieran «inverosímiles» las denuncias sobre secuestros, torturas y desaparecidos.

Con su particular modo de redactar, abusando de una ingeniosa y pretendida ingenuidad, Retamal tocó todos los aspectos que podían alterar la hasta entonces armoniosa relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Dio cuenta de los numerosos recursos de amparo que se estaban tramitando en contra de las detenciones decretadas por el Ejecutivo. Dijo que se había demostrado cierto «progreso» en la resolución de tales presentaciones, por la decisión uniforme de las cortes de rechazarlos. No obstante, acogiendo las críticas que se formulaban por la falta de acuciosidad y estudio en los fallos, recomendó a los tribunales que emplearan «más su talento y su tiempo para que sus trabajos sean convincentes»[115].

Reconoció que los procesos por detenidos desaparecidos habían terminado casi todos en cierres temporales o definitivos o en manos de la justicia militar. Los jueces, dijo, estaban haciendo todo lo posible para mejorar la administración de la justicia. Mencionó como ejemplo el acto «heroico» de un ministro (era Servando Jordán) que se había dedicado exclusivamente a analizar los 116 expedientes del llamado «proceso del siglo» que estaba a punto de cumplir cien años depositado en los anaqueles del 16.º Juzgado de la capital. Pero pidió a las autoridades que tomaran sus propias medidas para ayudar a descongestionar la labor judicial. Pronunciando palabras que no se habían usado desde esa tribuna en los años que duró el régimen militar, demandó el término del exilio, modificaciones a la ley antiterrorista y rebajas de penas para los procesados por haber ingresado clandestinamente al país.

Las palabras del nuevo líder no les cayeron en gracia a sus colegas. En abril de ese año, Retamal volvió a la carga en una ceremonia de juramento de 39 abogados. El ministro invitó a los nuevos profesionales a perfeccionar el estudio del Derecho Político, preparándose para las exigencias de la Nación, envuelta en tensiones sociales que amenazaban con estallar como los gases acumulados en el fondo de la tierra. Instó a los jóvenes y a los jueces a «declararse en beligerancia jurídica en contra de quienes, aunque dicen respetarlas, resisten las decisiones judiciales».

Sus colegas no tardaron en reaccionar. En un acto insólito, pues ha sido la única vez que los miembros de la Corte Suprema sancionan a su propio presidente, la mayoría de los magistrados firmó un acta de censura contra Retamal, manifestando no aceptar, ni compartir sus palabras, que podían «prestarse a interpretaciones de orden político que la ley prohíbe a los ministros de los Tribunales de Justicia».

En medio de la crisis política que amenazaba con infiltrarse también en el Poder Judicial, Rosende era, a no dudarlo, la mano que necesitaba el gobierno para imponer control. Con sus cuarenta años de ejercicio profesional, que le daban un conocimiento sin competidores sobre los secretos del palacio de calle Bandera, parecía el candidato ideal.

Su especial carácter causó resistencia en algunos integrantes del gabinete, pero el haber sido asesor de Jorge Alessandri lo investía de una aureola de santón, que ni la leyenda sobre los bono-dólares lograba empañar. Además, fue bendecido con la virtud de la oportunidad.

Rosende se incorporó en un momento muy difícil para Pinochet. Las protestas y la crisis económica sacudían al gobierno. Pinochet estaba ávido de palabras e informes halagüeños, en medio de un gabinete que lo agobiaba con cuentas alarmistas que recomendaban enmendar los cursos de acción.

Rosende era su hombre: un duro con excelentes dotes de adulador.

El nuevo ministro de Justicia no tenía que fingir. El general lo obnubilaba. El servilismo, la zalamería le nacían espontáneamente.

Rosende usaba sus propias definiciones para referirse al resto de los funcionarios que rodeaban al general. A unos los llamaba «ñatitos». Esos eran sus amigos. Otros eran los «mononos»: sus enemigos o los ignorantes.

Inmediatamente entró en conflicto con Sergio Onofre Jarpa, que ocupaba el gabinete de Interior. Las diferencias políticas (Jarpa estaba por la apertura y Rosende se oponía) y el estilo sibilino del titular de Justicia hacían rabiar al jefe del gabinete. El secretario de Justicia se movía en las sombras. Lo acechaba. Sabía manejar la información que le sacaba a un integrante del equipo y usarla para indisponer a uno con el otro. El ejercicio de la intriga era su especialidad.

«Mira, ñatito, me he enterado de tal situación… Te lo comento para que te luzcas con eso. Pero no me menciones, que aparezca como cosa tuya», era una frase típica en él[116].

Rosende mantuvo su oficina como abogado. Miembros del gabinete estaban convencidos de que sus acciones en el Poder Judicial estaban beneficiando sus asuntos particulares. También lo acusaban de cobrar comisiones por nombrar interventores en las liquidaciones de empresas.

Nada de eso tocó al secretario, que siguió empeñado en sabotear a Jarpa. En un discurso insólito, pues las contradicciones públicas entre los ministros no eran habituales bajo el gobierno militar, el ministro de Justicia lo atacó de frente.

«Dentro de este período de transición se ha ido produciendo un proceso de apertura política y la opinión pública que desea vivir en paz y democráticamente ve con asombro cómo se producen ciertas incoherencias en esta apertura. Ahí está la actitud de ciertos personeros políticos anhelantes de poder, de movimientos ideológicos extranjeros y nacionales que se mueven de un extremo a otro, de los grupos terroristas»,[117] dijo al inaugurar el año académico, en marzo de 1984, recién ingresado al gabinete.

Jarpa se quedó callado. Sabía que Rosende era un caso especial en el gabinete, pues gozaba de una particular predilección de Pinochet.

El ministro de Justicia usaba guardaespaldas. Jarpa no. Cuando el ministro del Interior le propuso al jefe de gobierno terminar con ese tipo de guardias para los secretarios del gabinete, Pinochet le respondió: «No estoy para que me secuestren un ministro, porque con los terroristas yo no voy a negociar».[118]

Los enfrentamientos entre ambos continuaron con el tema de la nunciatura, que complicaba al gobierno desde enero. Los autores del crimen del general Carol Urzúa habían pedido asilo en la nunciatura y el Papa Juan Pablo II había dado a conocer su deseo personal de que se les permitiera salir de Chile.

Rosende se oponía diciendo que «los terroristas van a empezar a matar generales y después se meten a una embajada y listo»[119].

Después de varios meses de debate, las razones políticas se impusieron sobre la voluntad de Rosende de entregar a los miristas a la CNI y a la justicia.

A Rosende no le gustaba el regreso de los exiliados.

En el segundo semestre de 1984, siete miembros del gabinete se reunieron para discutir, sin la presencia de Pinochet, si se autorizaba el ingreso de Aníbal Palma, antiguo ministro de Allende. En la sesión, el jefe de gabinete argumentó que se debía permitir el regreso del dirigente radical, pues tenía un juicio pendiente en los tribunales. Era una contradicción que la justicia lo reclamara y al mismo tiempo no se le permitiera entrar al país. Rosende, que veía con malos ojos la política de la apertura, cuidando muy bien sus palabras, aportilló su exposición con otras y complejas lucubraciones jurídicas.

Jarpa se salió de sus casillas. Quería golpear al anciano ministro.

—¡Hasta cuándo me molestas, Hugo! —le dijo y se le abalanzó—. ¡Pelea de frente si eres hombre![120]

Rosende, que a esas alturas tenía problemas para caminar, se quedó mudo, paralizado en su silla. Le tiritaba la barbilla. Los demás ministros atajaron a Jarpa, que con sus antecedentes de antiguo boxeador podía lastimarlo de verdad en forma severa.

El ministro del Interior quiso renunciar ese mismo día, pero Pinochet lo respaldó y Palma fue autorizado a ingresar al país.

No por eso Rosende cedió en lo suyo.

Jarpa abandonó finalmente el gabinete, en febrero de 1985, en medio de las protestas populares masivas. Pinochet le ofreció a Rosende el puesto vacante, pero el exdecano prefirió continuar en Justicia. En Interior fue nombrado Ricardo García, aunque Rosende mantuvo su sitial de favorito. Fue el único civil elegido como orador para celebrar un aniversario de la Constitución del ‘80. Ocurrió en 1985, cuando la oposición cuestionaba el contenido y los plazos fijados por esta. En un acto cargado de simbolismo, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, fue invitado a situarse en el estrado junto a los miembros de la Junta y al general Pinochet.

Rosende cubrió la ceremonia con mensajes sobre el respeto a la juricidad: la Constitución se aplicaría en todas sus letras, les gustara o no a quienes fueren.

Ya a mediados de los ‘80 las crisis económica y política hacían temblar al gobierno y las relaciones con el Poder Judicial, especialmente por la precariedad económica que angustiaba a sus miembros, amenazaba con encrisparse.

En la intimidad de las Cortes, los magistrados se sentían vigilados. La lógica del soplón y la paranoia los afectó a ellos como a cualquier otro funcionario público en el país. Bajo el reinado de la CNI, en la Corte de Apelaciones de Santiago se afirmaba que un procurador del número tenía grado y sueldo de coronel y que prestaba servicios para esa entidad. Otros funcionarios menores, como oficiales de sala y actuarios, eran mirados con desconfianza.

Aun en ese escenario, el ministro de Justicia fue absolutamente eficiente:

Según palabras de Jaime del Valle, «Hugo mantuvo un entendimiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que significó que no hubiera fricciones, peticiones desmedidas ni protestas por los sueldos, a pesar del estancamiento que se produjo desde el final del período de Mónica Madariaga. Tuvo la virtud de crear un lazo muy estrecho y cordial, que evitó algunas dificultades que podría haber enfrentado el gobierno»[121].

La disidencia judicial

En 1980 se creó en Santiago la Corte de San Miguel. Los presidentes de la Corte Suprema venían reclamando desde hacía tiempo la creación de un nuevo tribunal de alzada en la capital y finalmente el Ejecutivo, seducido por los consejos de Mónica Madariaga, accedió.

En esa Corte se instaló un microclima. Ascendieron a ella jueces relativamente jóvenes, inspirados, motivados. Uno de ellos, Hernán Correa de la Cerda, con su carismático carácter entre ingenuo, afable y optimista, se convirtió en el catalizador de un grupo que comenzó a reunirse para reflexionar sobre los problemas de la justicia en Chile. También, para leer sentencias y analizar las motivaciones tras ellas.

La nueva «tendencia», que sumó a algunos de los ministros de la Corte de Santiago, evitaba identificarse con movimientos o partido político alguno. Sus aspiraciones eran, se decían a sí mismos, «gremiales». No obstante, era evidente que los cambios a que aspiraban no se producirían bajo dictadura.

Pululaban en torno a este grupo Marcos Libedinsky, Luis Correa Bulo, Mario Garrido Montt, Carlos Cerda, Rodrigo Viel, Héctor Toro, José Benquis y Haroldo Brito, entre otros. Las únicas diferencias explícitas entre ellos se daban entre masones y católicos.

Las mujeres también participaron activamente: Nancy de la Fuente, Mónica Maldonado (hija del expresidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado), Cecilia Venegas, Irma Meuner Montalva (de Concepción), María Teresa Letelier y Adriana Sottovia.

De estos encuentros salió una «carta de reflexión» que describió un listado de críticas que la ciudadanía hacía al Poder Judicial. Solamente una narración de lo que los magistrados oían en sus cargos, sin conclusiones políticas, ni alusiones puntudas. Nada de propuestas, por el momento. Todavía se trataba de las iniciativas de un grupo muy reducido.

En los primeros años de los ‘80 los ministros de cortes de Apelaciones y los jueces vivían en la paranoia de ser mal calificados o expulsados si deslizaban algún comentario o hacían algo que no gustara en las alturas de la Corte Suprema o en el gobierno. La comunicación entre ellos, las invitaciones a una actividad, por abstracta que fuera, era difícil. Además, los ministros de la Corte de Santiago no aceptaban de buena gana a sus colegas de la Corte sanmiguelina.

Los actos de valentía de unos quedaron en el desconocimiento de los demás. El respaldo, la solidaridad, serían penados. Fue así como uno de los hechos que más conmovió a la Corte de San Miguel apenas fue conocido por sus colegas en Santiago y menos en el resto de las regiones. El acto, del que fue protagonista el actual ministro de la Corte Suprema José Benquis, no fue publicado en los diarios.

Era octubre de 1984. El matrimonio constituido por Francisco Jara y Teresa Rosas y su empleada, María Vásquez, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de San Miguel, afirmando que un grupo de agentes de la CNI los tenía prisioneros en su propia casa, sin orden de detención, ni de allanamiento alguna.

Benquis, junto a la secretaria de la corte y al relator Roberto Miranda Villalobos, partió a la casa de los Jara, por decisión de la Corte. Tras golpear por largo rato un portón que antecedía el domicilio, un agente se asomó. En el informe que el juez presentaría más tarde al tribunal, lo describió como: «Un sujeto con lentes de color amarillo que pidió la identidad de los presentes»[122].

Cuando el magistrado se identificó, el agente desapareció sin pronunciar palabra.

Veinte minutos más tarde salió otro individuo, de barba, que se negó a proporcionar su nombre. El sujeto dijo ser un funcionario de seguridad que estaba «a cargo» del domicilio y conminó a la delegación a explicar el motivo de su presencia. Les exigió pruebas de su identidad. Benquis le informó sobre el recurso de amparo y le entregó una credencial. Sobraban las explicaciones acerca de sus atribuciones para inspeccionar el domicilio, pero el desconocido de barba le dijo que pediría instrucciones a sus superiores y le cerró el portón en la cara.

El tiempo pasaba. Nada parecía moverse. Benquis, que tenía las llaves de la casa, decidió entrar. Se las arregló para comunicarse con Investigaciones y dos detectives llegaron a asistirlo. Pasadas las cinco de la tarde, el ministro trató de abrir el portón. Otra vez apareció el agente barbudo, acompañado por un segundo sujeto. Ambos portaban sus metralletas.

—Exijo que se me deje entrar —reclamó con energía el magistrado, pero los agentes, levantando sus armas, le negaron el paso.

—Mire, soy un ministro de la Corte de Apelaciones y de acuerdo con la ley vigente, estoy autorizado a inspeccionar este inmueble y constatar el estado de las personas que se encuentran en su interior[123].

Los agentes usaron pocas palabras para negarse nuevamente. Blandieron sus ruidosas armas en frente de la cara del magistrado. La amenaza era directa. El ambiente se puso tenso. Uno de los detectives exhibió su placa, conminando a los agentes a franquear la entrada de la propiedad. El sujeto de barba pidió la credencial oficial a la secretaria del tribunal, la miró, y dijo que no les autorizaba el ingreso, que apuraría los contactos con sus superiores.

Los hombres de la CNI lograron por la fuerza cerrar el portón.

Unos 25 minutos después, llegó a la casa otro grupo de agentes, exhibiendo sus metralletas. Eran los «superiores» de los funcionarios que permanecían dentro. Entre ellos, uno que se identificó como el abogado Vicente Garrido, empleado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ordenó abrir el portón y permitir el ingreso del magistrado, quien finalmente pudo interrogar a la familia Jara.

Teresa Rojas narró al magistrado que la noche anterior, escalando la pandereta, repentinamente ingresaron a su casa algunos sujetos que portaban metralletas y que la dejaron detenida en su casa a ella, a su esposo, a su pequeño hijo, a la empleada del hogar y hasta al pololo de esta, José Arriagada, quien se encontraba accidentalmente ahí. Posteriormente se habían llevado a su esposo, no sabía a dónde. Los detenidos no podían salir, abrir las cortinas, escuchar radio ni ver televisión. Ante la mirada entre furiosa y confundida de los agentes, que se mantuvieron todo el tiempo con sus metralletas en alto, Benquis, junto a la dueña de casa, recorrió la propiedad anotando los destrozos del allanamiento.

El abogado Garrido le dijo al ministro que la ocupación había sido ordenada por un fiscal militar y que el Ministerio del Interior había dispuesto la detención del dueño de casa, pero no exhibió documento alguno que acreditara sus dichos.

A su regreso al tribunal, el ministro ordenó que se llevara ante su presencia al detenido Francisco Jara, con el objeto de constatar su estado de salud.

Fue una de las contadas veces bajo los 17 años de gobierno militar en que un magistrado hizo uso de la facultad del habeas corpus implícito en el recurso de amparo.

En respuesta, el Director de la CNI, Humberto Gordon, dijo que Jara ya estaba en libertad. Dos días después, el 24 de octubre, el tribunal pleno de la Corte de San Miguel protestó por el incidente expresando que los agentes tuvieron «una actitud prepotente, haciendo innecesaria exhibición de armas de fuego ante el señor ministro encargado de la diligencia»[124]. Se enviaron copias del acta a la Corte Suprema y al director de la CNI. El tribunal de alzada pedía a sus superiores que tomaran las «medidas» pertinentes para evitar una «repetición de actos como los ocurridos». La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo, pues a la fecha de la resolución las detenciones habían cesado, pero se dejó expresa constancia de que el acto había sido ilegal y arbitrario.

Solo quince días después la Corte Suprema tomó un acuerdo que pareció respaldar, al menos en parte, la actuación de este tribunal. Ofició a las cortes de Apelaciones para que en aquellos procesos «en que les sean denunciado delitos contra la libertad y seguridad de las personas (…) procedan a constituirse de inmediato en el recinto no militar que se les señale responsablemente por los denunciantes»[125]. A los cuarteles de la CNI envió instrucciones para que «siempre» tuvieran un funcionario responsable de atender los requerimientos de los tribunales.

La Corte Suprema, además, se comunicó por oficio con el general Pinochet, quien respondió que acciones como esa no se volverían a repetir. No obstante, en el futuro, varios otros magistrados serían impedidos de ingresar a los cuarteles de esa policía secreta y la Corte Suprema aceptaría el argumento de que los cuarteles de la policía secreta eran también recintos militares.

El caso de Benquis removió la conciencia de algunos de sus colegas que sentían la impotencia de tratar de avanzar en las investigaciones y encontrarse con el escaso respaldo de sus superiores. Tampoco colaboraba mucho la Asociación de Magistrados. Tras la salida de Sergio Dunlop del Poder Judicial, en 1979, estaba en la presidencia Alfredo Pfeiffer, a quien sus pares reconocían como un decidido partidario del gobierno militar. Bajo su gestión, los temas de «bienestar» y salariales eran el exclusivo tópico de la organización.

En 1985 el grupo disidente se atrevió y presentó una lista de candidatos a la Asociación, con la voluntad de reivindicar la imagen del Poder Judicial. Unos cuarenta magistrados se reunieron un fin de semana largo en El Tabito y prepararon un programa y las declaraciones de principios. En sus escritos plantearon su preocupación por el desprecio que sentía la opinión pública hacia la magistratura y por los nombramientos políticos en la carrera judicial. Sugirieron ideas para ampliar la independencia de los magistrados, recuperar la dignidad perdida y crear una transparente y efectiva carrera judicial.

No hablaban de cambios en el sistema político, pero en el contenido de sus propuestas subyacía la necesidad de un retorno a la democracia.

El candidato a la presidencia fue Germán Hermosilla.

El primer año que se postularon, los disidentes perdieron. Pero al siguiente arrasaron.

Cuando el magistrado decide hacer justicia

Con la expansión de las protestas masivas en contra del régimen militar en 1983, y el surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, recrudeció la represión contra los opositores. La policía política, bajo el mando del general Humberto Gordon, usó la tortura, las detenciones sin decreto y los cuarteles secretos como sus herramientas.

Esta vez, sin embargo, no todo el Poder Judicial se prestó para tolerar tales prácticas en la presunta investigación de delitos políticos. Las ocasiones en que los tribunales ordenaron a sus ministros constituirse en recintos de la policía secreta o en que pidieron que los detenidos fueran puestos a su disposición no llegan a veinte en un total de más de 10 mil recursos de amparo presentados durante todo el régimen militar, pero es evidente que hacia mediados de los ‘80 algunas cortes de Apelaciones estaban decididas a hacer respetar la ley.

En la Corte de San Miguel, las resoluciones en protección de los derechos de los detenidos se hicieron habituales. En 1985, ese tribunal de alzada logró que dos amparados por torturas fueran llevados a su presencia. El primero fue el caso de Pablo Yuri Guerrero, estudiante de educación física y presunto integrante del FPMR. Según la información aparecida en la prensa, agentes de la CNI habían atrapado al estudiante, junto a Gilberto Victoriano Veloso, conduciendo una Renoleta en que trasladaban 60 granadas de mano, seis patentes falsas y explosivos iniciadores para granadas. En el enfrentamiento, según los diarios, murió Victoriano y Guerrero quedó en estado grave.

Apenas recibió el recurso de amparo, la Corte sanmiguelina llamó a las distintas reparticiones oficiales hasta confirmar que el detenido se encontraba en el cuartel ubicado en la Avenida Santa María. El general Gordon informó que un decreto del Ministerio del Interior autorizaba la detención por cinco días.

La Corte insistió en que la Constitución, que garantiza el amparo, está por sobre los decretos y que, por lo tanto, Guerrero debía ser puesto a su disposición. El 4 de julio, tres días después de la detención, Guerrero fue llevado a la Corte de San Miguel, donde un perito del Instituto Médico Legal constató que presentaba contusiones, cicatrices y esquimosis por todo el cuerpo. Los ministros José Benquis, Jorge Medina y el abogado integrante, Sergio Urrejola, presenciaron el examen. El especialista concluyó que las heridas se debían a la acción de «un cuerpo punzante y contundente»[126].

Guerrero tenía miedo. Pensaba que todavía estaba en poder de la CNI. Los magistrados tuvieron que convencerlo de que estaba en un tribunal para que se atreviera, finalmente, a declarar. Benquis tomaba notas:

«Me amarraron ambos tobillos y las muñecas y comenzaron a aplicarme corriente primero en los tobillos, luego en los genitales, en las nalgas, en una herida que tengo al costado derecho del tórax producida por una operación que me practicaron en octubre del año pasado (…) Para la aplicación de la tortura que llamaban “submarino” me llevaron desnudo a una pieza que al parecer era un baño y me sumergieron en el interior de una tina, de espaldas y los tobillos también amarrados… En esta posición me fueron sumergiendo de a poco en el interior del agua de la tina, llegando el nivel del agua hasta los orificios nasales… El individuo que me interrogaba dijo que mi vida dependía de él, ya que habían anunciado a la prensa que yo me encontraba herido de gravedad, así es que perfectamente podían matarme y a ellos no les iba a pasar nada»[127].

Los magistrados acogieron de inmediato el recurso de amparo y ordenaron la internación de Yuri Guerrero en el Hospital Barros Luco. Luego enviaron los antecedentes al Quinto Juzgado del Crimen para que iniciara la investigación de los presuntos delitos cometidos por los agentes.

Pocos meses después, la Corte recibió otro recurso similar. La víctima esta vez era una mujer: la profesora de 28 años Delfina Carmen Briones, detenida por la CNI en octubre de 1985. El abogado que la representó informó al tribunal que la mujer sufría un problema de desnutrición y pidió que, donde fuera que estuviera, se le permitiera la visita de un médico.

Cinco días después aún se desconocía su paradero. El 24 de octubre los ministros Aquiles Rojas, José Benquis y el abogado integrante Sergio Urrejola ordenaron al director de la CNI poner a su disposición a la amparada. La mujer compareció ante los ministros ese mismo día, después de que se resolvieran una serie de disputas entre Gendarmería, la fiscalía, la CNI y la secretaria del tribunal.

Delfina Briones declaró que fue detenida en compañía del ciudadano argentino Juan Carlos Espinoza cuando se retiraban de una barricada en el callejón Lo Ovalle con Avenida La Feria, en medio de una protesta. Los agentes que los aprehendieron los llevaron a la casa del argentino para buscar su pasaporte y allí encontraron «literatura marxista, unos panfletos que se pensaban repartir ese día de protesta y además unas hojas mimeografiadas, de carácter informativo, que tenían las “R”, símbolo de resistencia».[128] Los detenidos fueron llevados al cuartel de Santa María. La mujer fue interrogada con aplicaciones de corriente en una camilla conocida como «la parrilla». El médico cirujano Ramiro Olivares, de la Vicaría de la Solidaridad, aceptó el llamado de los ministros y constató en el tribunal una docena de lesiones que presentaba la mujer por causa de las torturas. El informe del profesional sería refrendado más tarde por el Instituto Médico Legal. El caso fue enviado a un tribunal del crimen.

En Valparaíso, en una actitud similar, el entonces juez Haroldo Brito enfurecía a los jefes de la CNI con su implacable voluntad de constituirse en los cuarteles secretos.

El veranito no duró mucho. La Corte Suprema aceptó la interpretación del Gobierno en cuanto a que los cuarteles de la CNI debían considerarse recintos militares y que las detenciones en virtud de los Estados de Emergencia no eran susceptibles de recursos de amparo.

No obstante, la Corte de San Miguel siguió dejando constancia del incumplimiento por parte de la CNI de importantísimas normas legales. El 29 de septiembre de 1986, el pleno, con el ministro Hernán Correa de la Cerda como presidente subrogante, protestó ante la Corte Suprema porque ese organismo, en los recursos en favor de tres detenidos «además de haber proporcionado información confusa y dilatoria, se ha negado a cumplir las instrucciones impartidas, sin justificación alguna». Tres días después, la Corte volvió a reclamar porque en los recursos por otro grupo de seis detenidos, el general Gordon «ha dejado de cumplir lo ordenado por las tres salas de esta Corte en orden a poner a disposición de este tribunal a los amparados (…) a objeto de constatar las condiciones físicas en que se hallaban. Esta negativa reiterada, además de constituir una omisión evidente del auxilio que dicha institución se encuentra obligada a prestar a este órgano superior de justicia, importa una infracción delictual»[129].

Los ministros se quejaban, además, porque agentes de la policía secreta llamaban al tribunal para entregar antecedentes falsos y confundir a los magistrados.

Las cortes de Concepción y Valdivia también se quejaron por actos similares.

La Corte Suprema informó al gobierno y el general Pinochet, en un oficio fechado el 20 de octubre de 1986, respondió manifestando «el profundo malestar que me causara la ocurrencia de los hechos relatados, habiendo impartido de inmediato las instrucciones correspondientes a los señores ministros del Interior y de Defensa Nacional, para que reiteren a ese servicio las órdenes en cuanto a que se ha de proceder en todo momento con estricta sujeción a la Constitución y a las Leyes»[130].

A pesar de todo esto, el servicio secreto continuó desconociendo las resoluciones de los tribunales. En el mismo período, la Corte de Santiago instruyó al ministro Juan González para que se constituyera en el recinto de calle Borgoño 1470, pero el oficial a cargo le impidió el ingreso, diciendo que necesitaba la orden del director de la Central. La Corte de Apelaciones dio cuenta a la Corte Suprema del hecho y esta transmitió el reclamo al Ejecutivo, aunque posteriormente aceptó la explicación de que se había tratado de un error.

En 1987, la Corte Suprema, con Retamal en la presidencia, declaró que la CNI «no ha debido impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en un recurso de amparo, ni aun por orden del Fiscal Militar de Santiago, Fernando Torres Silva».[131]

El caso de Yuri Guerrero llegó a manos del juez René García Villegas. El magistrado debió enfrentarse a una CNI que insistía en presentarle agentes con identidad falsa. Cuando, no obstante, logró establecer que se había cometido el delito de torturas, la justicia militar pidió el traspaso del caso. El juez se negó a declararse incompetente y la Corte Suprema, en mayo de 1988, lo amonestó por haber usado en su resolución expresiones que se consideraron «desmedidas en contra de la justicia castrense». García Villegas había dicho simplemente que los procesos terminan normalmente con sobreseimiento definitivo en el ámbito de la justicia militar.

A finales del mismo año, el tribunal superior volvió a castigarlo, con quince días de suspensión y una multa de medio sueldo, por haberse involucrado en política. El magistrado había hecho declaraciones a la Radio Exterior de España a comienzos de año, diciendo que en Chile se practicaba la tortura. La entrevista fue usada en la Propaganda del No y aunque el magistrado afirmó que el material había sido usado en ese espacio sin su autorización, la Corte no le creyó y el 25 de enero de 1990, en votación dividida, lo destituyó del cargo.

En el mismo proceso de calificaciones, los magistrados José Benquis, Hernán Correa y Germán Hermosilla fueron puestos en Lista Dos por haberlo visitado para expresar su solidaridad, cuando el juez estaba suspendido.

A mediados de los ‘80, en la Corte de Santiago, el ministro Carlos Cerda investigaba al Comando Conjunto, al mismo tiempo que José Cánovas se hacía cargo del caso por los tres profesionales degollados y establecía la participación de policías y agentes civiles dependientes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Su investigación contaba con el respaldo del presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal.

Mientras Cánovas avanzaba en su tarea, los jefes de los servicios de seguridad se reunían diariamente con los estados mayores de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas para comentar el estado del proceso.

Cánovas había marginado de la investigación a Carabineros y se apoyaba paradojalmente en la CNI, que emitió el primer informe incriminatorio en contra de la policía uniformada. El director de Carabineros, César Mendoza, se quejó ante Rosende por la exclusión de sus hombres en las pesquisas y el ministro de Justicia transmitió la inquietud a la Corte Suprema.

Cánovas fue citado para explicar el proceso en el pleno. Tras una extenuante sesión, solo uno de ellos se levantó de su asiento para felicitarlo. Cánovas quiso renunciar, pero Rafael Retamal lo persuadió para que siguiera adelante[132].

Agobiado por las presiones y las amenazas de muerte que soportaba en silencio, Cánovas decidió someter a proceso a dos de los eventuales autores y decretar arraigos en contra de otros dieciséis, al mismo tiempo que se declaraba incompetente en favor de la justicia militar.

Con un día de anticipación comunicó su voluntad a Retamal. Retamal informó a Rosende y Rosende, a la Moneda.

Pinochet convocó a una reunión urgente en la que participaron los ministros más importantes —Ricardo García, Francisco Javier Cuadra, Jaime del Valle y Santiago Sinclair— con los generales Mendoza y Rodolfo Stange.

Caso excepcional en este tipo de procesos, la justicia militar rechazó quedarse con él. Sin embargo, la Corte Suprema anuló los encausamientos de Cánovas y el ministro se quedó sin otra salida que decretar el cierre temporal de la causa.

Pese a que los antecedentes se quedaron durmiendo hasta el cambio de gobierno, el caso degollados provocó una de las mayores crisis en el gobierno militar e implicó la salida del director general de Carabineros, César Mendoza.

Ante la nueva actitud que estaban demostrando las cortes de Apelaciones y algunos jueces, el gobierno militar optó, a partir de 1986, por reforzar la acción de la justicia militar. Las fiscalías se transformaron en tribunales para los delitos políticos, con la CNI como su policía auxiliar y premunida de especiales facultades, como la de decretar reiteradas y prolongadas incomunicaciones.

Llegaba el momento estelar para el fiscal ad hoc Fernando Torres Silva.

La visión crítica de los académicos

Desde que Hugo Rosende llegó al Ministerio de Justicia, los magistrados se acostumbraron a los movimientos en las sombras. A la macuquería. Al ascenso de personas sin la menor calificación profesional. A la postergación de los capaces e independientes.

El líder de los preferidos por el ministro de Justicia en el Poder Judicial fue, indiscutiblemente, Hernán Cereceda, quien constantemente nutría al gobierno de informes políticos sobre sus colegas.

«Hicieron lo que quisieron. No se les escapaba ningún nombramiento, ni de oficial de sala. Se produjo un caciquismo. Había que tener una lealtad absoluta hacia alguna de las “familias” o te quedabas afuera»[133].

En ese escenario, los ministros disidentes se cuidaban bastante de emitir opiniones políticas. Trataban de mantenerse al margen de cualquier expresión opositora. En general, no daban entrevistas. Sin embargo, se expresaban en el campo académico.

Parte de estos magistrados fueron atraídos por instituciones como la Universidad Diego Portales y el Centro de Promoción Universitaria (CPU), que ya desde mediados de los ‘80 estudiaban las reformas que sería necesario practicar al Poder Judicial. A su pesar, de sus dichos o artículos, aunque no circulaban en un área más extensa que las universidades y centros de estudio, siempre llegaba algún comentario a la Corte Suprema.

Las expresiones académicas de los disidentes, por abstractas que fueran, no escapaban a la crítica y la censura.

Destacados profesores como el juez Héctor Toro fueron tachados de «izquierdistas» en el alto tribunal y en el Ministerio de Justicia. Toro figuró en numerosas quinas para ascender a ministro, pero nunca fue nombrado. Tuvo que esperar hasta el gobierno de Patricio Aylwin.

Otros recibían mensajes sutiles, como los que sorprendieron a Hernán Correa de la Cerda, Nancy de la Fuente, Germán Hermosilla y Marcos Libedinsky, por haber colaborado en la obra del Centro de Estudios Públicos, Proposiciones para la reforma judicial, con Eugenio Valenzuela Somarriva como editor coordinador. Después de la publicación, los cuatro magistrados recibieron votos para ser incorporados en Lista Dos.

El sistema de calificaciones operaba hasta entonces de la siguiente manera: al finalizar cada año, los jueces elevaban a su respectiva Corte de Apelaciones un informe sobre los funcionarios bajo su tutela, proponiendo la inclusión de ellos en alguna de las cuatro listas que establecía la ley (al comienzo del gobierno militar eran solo tres, pero luego se agregó la Lista Cuatro). El tribunal de alzada analizaba esos informes y calificaba a los jueces y a los funcionarios hacia abajo. El resultado se ponía en conocimiento de los afectados para que formularan sus descargos, de ser necesarios.

Sin embargo, cuando el máximo tribunal, que tenía la última palabra, recibía tales informes, resolvía en el más absoluto secreto. La ubicación en las diferentes listas se decidía por simple mayoría. Al interesado se le daba a conocer, en forma confidencial, únicamente la nómina en que había sido calificado y el número de votos obtenidos, sin los fundamentos ni la identidad de quienes los pronunciaban.

En rigor, un magistrado puesto en Lista Uno en votación dividida pertenecía a esa categoría tanto como otro calificado unánimemente. Sin embargo, en la práctica, un puñado de votos para la Lista Dos manchaba su trayectoria. Era una advertencia. Una señal de que probablemente su nombre no sería considerado en las quinas de ascenso.

En la mentada publicación sobre «Proposiciones para una reforma al Poder Judicial», los participantes mencionaron una serie de deficiencias del sistema chileno, que los ministros de la Corte Suprema estimaron injuriosas.

Uno de los artículos, titulado «Análisis crítico de usos y prácticas judiciales y eficiencia del Poder Judicial», examinaba al Poder Judicial desde el punto de vista de la teoría organizacional: sus objetivos, cumplimiento de metas, eficiencia. Aunque ni siquiera mencionaba la palabra corrupción, hablaba de cotidianas prácticas «anómalas», como los pagos de coimas que hacían los abogados para conocer los expedientes.

El autor describía entre las deficiencias del sistema, la institucionalización de «violaciones pautadas, disimuladas e informales del proceso legal», como el abuso del recurso de queja, y la configuración de múltiples centros de decisión e influencia, ajenos a lo jurídico:

«Los tribunales aparecen como una institución que ha exagerado aquello que Carl Schmitt llamaba los “pasillos del poder”. Esto es, como una institución que ha exacerbado esa inevitable antesala de influencias e informaciones indirectas con las que el poderoso adopta sus decisiones… la decisión jurisdiccional depende, más que del juez, de aquellos que manejan la antesala y el pasillo»[134].

En el mismo libro, el abogado Eugenio Somarriva analizaba las cinco primordiales funciones de la Corte Suprema y las deficiencias en su cumplimiento. «La jurisprudencia emanada de la Corte Suprema», acusaba, «ha logrado, en muy escasa medida, uniformar el genuino sentido de ley y enriquecer y vivificar el derecho y poco o nada ha contribuido al progreso jurídico»[135].

Eso era lo mismo que imputar flojera y falta de vuelo intelectual a los altos magistrados.

Valenzuela les reprochaba además un errado concepto sobre la separación de Poderes, que los había inhibido de ejercer el necesario control sobre el Poder Ejecutivo.

El sistema de designaciones también se ponía en tela de juicio, pues la conformación de quinas y ternas se hacía sin ningún llamado a concurso, ni procedimiento objetivo de selección, basado casi exclusivamente en la arbitraria propuesta de los ministros de la Suprema, estimulando «un espíritu de cuerpo que con tanta facilidad degenera en uno de casta»[136].

«Son muchos los testimonios que demuestran la existencia de un elemento que, a pesar de no figurar explícitamente en los textos legales, es tanto o más relevante llegado el momento de efectuar los nombramientos y promociones. Me refiero al gravitante rol que juega la influencia política»[137].

Estas palabras sonaban a calumnia dentro de la Corte Suprema que se jactaba, precisamente, de haberse mantenido al margen de la «política».

Al final del libro, el magistrado Hernán Correa de la Cerda, exponía la necesidad de crear una escuela judicial, argumentando que la mejor garantía de un Poder Judicial eficiente e independiente era la personalidad del juez. Citando a Eduardo Couture, el magistrado decía:

«El instante supremo del Derecho no es el del día de las promesas más o menos solemnes consignadas en los textos constitucionales o legales. El instante realmente dramático es aquel en que el juez, modesto o encumbrado, ignorante o excelso profiere su solemne afirmación implícita en la sentencia (…) La Constitución vive en tanto se aplica por los jueces: cuando ellos desfallecen, ya no existe más»[138].

Respaldando sus reflexiones, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Germán Hermosilla, describía un listado de valores deseables en el juez: independencia, imparcialidad, equilibrio y ponderación, espíritu analítico, crítico y creativo, compromiso con la verdad. «El juez no es un mero aplicador de ley», decía.

La mayoría de los ministros de la Corte Suprema, con la cuota de suspicacia que la situación ameritaba, tomaron tales análisis como insultos a sus personas. Fue así que se originaron los votos en Lista Dos, manchando la calificación anual de quienes participaron en la obra.

Algo no previsto y hasta insólito fue el interés del Departamento de Estado del gobierno estadounidense por las inquietudes de los académicos disidentes. El hecho es que trató de conquistarlos.

«Harry Barnes (el exembajador en Chile) nos infiltró. Ellos tenían mucho interés en sensibilizarnos sobre los casos de violaciones a los derechos humanos. Sobre el caso Letelier. Fueron muy hábiles», cuenta uno de ellos[139].

A finales de la década, Correa de la Cerda fundó el Instituto de Estudios Judiciales y la Corte Suprema, inesperadamente, le cedió un espacio en el edificio donde funcionan los tribunales civiles, en Huérfanos con Amunátegui. Correa quería que el instituto se transformara en una escuela para los jueces.

Estos disidentes-académicos tendrían una importancia gravitante en los acuerdos que se tomaron en la primera convención de magistrados bajo el gobierno de Patricio Aylwin, como el respaldo a la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, e incluso en la elaboración de los proyectos para reformar el Poder Judicial que se presentarían en el futuro.

Las causas económicas

La responsabilidad de asumir la defensa de los derechos de los ciudadanos no fue lo único en que falló el Poder Judicial chileno bajo el gobierno militar. Otra, menos debatida y publicitada, dejó en evidencia las deficiencias que hasta el día de hoy afectan a ese poder del Estado.

Me refiero a la responsabilidad de afrontar con idoneidad y eficacia las causas económicas.

La crisis de 1982 congestionó los tribunales civiles y los del crimen con demandas por cobro de deudas y querellas por fraudes, estafas, problemas con empresas de papel. La sola crisis de los bancos rebotó con los juzgados en la forma de más de cincuenta causas.

Recordemos las páginas de los diarios mostrando la imagen del biministro Rolf Lüders, mientras es conducido a Capuchinos, después de haber sido sometido a proceso.

¿Cuál fue el destino de esos expedientes? Aunque es difícil pesquisarlos, pues se encuentran distribuidos en una maraña inextricable de causas repartidas en numerosos tribunales, puede afirmarse sin temor al yerro que, casi dos décadas más tarde, la mayoría de ellos todavía está en tramitación.

Muy pocas de las causas criminales han culminado en sentencia definitiva y, si lo han hecho, ha sido solo recientemente. Tal vez demasiado tarde. Un ejecutivo que incurrió en delitos económicos a los 36 años y que ha venido a ser condenado a prisión cuando ya tiene más de 50, conmueve los sentimientos de compasión de cualquiera.

La justicia cuando tarda mucho, no es justicia.

La actitud de los tribunales frente a estos procesos habla de las incapacidades de los jueces para enfrentar temas nuevos, difíciles y complejos, y de las deficiencias de la legislación, que han permitido alargarlos hasta el infinito. Es también una prueba de lo que el ciudadano común critica en cada encuesta que se hace sobre el Poder Judicial: los tribunales, en general, no actúan con igual celo y severidad cuando el demandado o querellado tiene poder político o económico.

En 1986 el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, reconoció los problemas que estaba enfrentando el Poder Judicial por la proliferación de este tipo de juicios.

«Es natural que cualquiera crisis económica produzca como resultado la proliferación de pleitos. Los bancos y las instituciones financieras han cobrado sus créditos y los deudores no han podido pagarlos y (…) han resuelto hacer uso de todos los recursos posibles para dilatar los juicios, provocando incidentes, algunos de larga tramitación. Así cada expediente civil ha originado varios cuadernos. En el orden penal ha acontecido algo semejante. Las dificultades en el cobro en el orden civil han promovido en los letrados la tendencia a convertir en asunto penal algunas medidas del deudor para evitar el cobro»[140].

La crisis del ‘82 descubrió que gran parte de la pujanza económica de los años anteriores se había sustentado en empresas especulativas. Empresas de papel. Algunos bancos las usaban para prestarse dinero a sí mismos o como pantalla para simular un capital que no poseían.

Después de la debacle, el costo lo pagó el fisco. Para tratar de recuperar lo perdido, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en procesos para perseguir los delitos cometidos por las entidades financieras, como infracciones a la ley de bancos, estafas y falsificación de documentos.

En un registro que se lleva a mano en esa institución, es fácil advertir que la mayoría de las 12 causas en que el CDE todavía es parte siguen abiertas.

Los jueces de primera instancia han gastado años decretando pericias contables, auditorías, informes. Tratando de entender cómo y por qué se produjeron los delitos. Los acusados, en la contraparte, han contado con la representación de abogados expertos en prolongar los procesos, inspirados en la idea de que, si alguna vez llega el momento de la sentencia definitiva, obtendrán mejores condiciones para sus clientes pasado el escándalo y olvidada la materia en la memoria colectiva.

Los jueces, por su impericia, no han tenido la capacidad de darse cuenta de los errores en los informes periciales, pues tendrían que entender los pasos que siguen sus autores para llegar a un resultado. Todo esto es muy difícil para ellos. En general, se han guiado solo por lo que dice la conclusión. El CDE, en su rol de acusador, ha debido subsidiar esta incapacidad, aguzando la vista para detectar los yerros y pedir correcciones.

Cuando han llegado, las condenas han sido mayormente simbólicas. En ninguno de los casos los tribunales aprobaron las demandas civiles, que es lo más importante en este tipo de juicios, pues permite al fisco recuperar los dineros.

En solo dos de las causas en que el CDE es parte, la Corte Suprema ha confirmado una condena y el fallo está a firme en los casos del Banco de Linares y de la Financiera de Capitales. En ambos, la resolución definitiva llegó en los ‘90 y los inculpados recibieron penas mínimas, de presidio remitido.

Es evidente que el Estado no ha ganado esta cruzada.

He aquí algunos ejemplos:

La causa en contra de la Compañía General Financiera (CGF) —que era, en rigor, un banco— estuvo diez años en estado de sumario. Los trámites que realizó el tribunal correspondieron principalmente a peritajes contables de gran magnitud, que mantuvieron el expediente pasando de las manos de un perito a las de otro. De tanto en tanto, la defensa de los inculpados solicitó que se declarara la prescripción, argumentando que la causa había estado demasiado tiempo paralizada. Y aunque no lo estaba, la sola presentación de la incidencia alargó todavía más el sumario.

El Estado perseguía allí dos tipos de actos delictivos: el primero, las empresas de papel. El grupo económico Sahli-Tassara, dueño de la CGF, creó una serie de sociedades ficticias, donde ponían como presidentes y gerentes a personas que pertenecían al grupo. Estas empresas tenían un giro inexistente, no poseían ningún tipo de activo y su capital era mínimo, unos 500 mil pesos de hoy. Aun así, pedían créditos a la CGF por 20 o 30 veces el valor de ese capital. Como el grupo controlaba el banco y las empresas, autorizaba los créditos. En el fondo se estaban prestando dinero a sí mismos.

Si un particular cualquiera posee una empresa que cuesta 100 mil pesos y pide 3 millones de pesos a un banco, sin ofrecer ningún otro tipo de garantía que los mismos 100 mil pesos, es obvio que la respuesta será negativa. La obviedad no era, sin embargo, la regla en la CGF que, al momento de su intervención, había comprometido entre el 50 y el 55 por ciento de su cartera en este tipo de créditos.

Los préstamos que los dueños de la CGF sacaron a través de estas empresas de papel fueron a dar a una empresa Holding, Santa Berta, que realizó algunas actividades productivas, como la construcción del edificio Panorámico. Santa Berta llegó a acumular 2.500 millones de pesos de la época solamente gracias a estos préstamos indirectos.

El segundo tipo de delito se refería al arrendamiento de inmuebles: dos empresas de papel del grupo Sahli-Tassara se adjudicaron la licitación de un edificio que una Asociación de Ahorro y Préstamos poseía en Moneda con Ahumada. Como no tenían con qué pagar, en una operación relámpago le arrendaron esa misma propiedad a la CGF, por diez años. Con el dinero del arriendo pagaron el edificio y se quedaron con 20 millones de remanente.

El proceso en contra de la CGF se inició hacia fines de 1981, por la administración provisional del banco, después de que fuera intervenido. Se presentaron querellas por estafa e infracción a la Ley General de Bancos, pero el tribunal de primera instancia dijo que solo había pruebas suficientes para dar por configurada la estafa.

Los dueños de la CGF, Alejandro Mauricio Tassara y Bernardo Sahli, fueron procesados por ese delito junto al presidente del banco, Rodolfo Antonio Yunis, y un testaferro confeso, Gino Osvaldo Pellegrini. El proceso siguió con los inculpados en libertad hasta que el caso pasó a un ministro en visita. En 1990, Eduardo del Campo (hoy jubilado) cerró el sumario y absolvió a los procesados, planteando que la Ley General de Bancos dispone solo una sanción de multa por las infracciones cometidas. Nada dijo de la estafa, que era el delito por el que en verdad se los acusaba.

En las apelaciones, que llegaron a verse solo entre 1994 y 1995, los magistrados Alejandro Solís, José Luis Ramaciotti y Juan Araya revocaron la resolución y condenaron a los inculpados por estafa y añadieron el delito de infracción a la Ley General de Bancos. Además determinaron que debían responder civilmente por dos mil 500 millones de pesos.

Las defensas recurrieron a la Corte Suprema. Finalmente, el 2 de diciembre de 1997 —dieciséis años después de iniciada la causa— la Corte Suprema revocó nuevamente la sentencia, exponiendo, en defensa de los derechos de los inculpados, que no podían ser condenados por un delito por el cual no fueron procesados en primera instancia: la infracción a la Ley General de Bancos.

Por la absolución votaron Adolfo Bañados y los abogados integrantes José Luis Pérez y Vivian Bullemore. Por mantener la condena, los ministros Roberto Dávila y Guillermo Navas.

La abogada María Inés Horvitz, representante del CDE, se sintió profundamente frustrada: «El fallo es pésimo», dice. «La Corte Suprema no se pronunció sobre la estafa, delito por el cual estos ejecutivos sí habían sido procesados en primera instancia»[141].

En un segundo proceso iniciado en 1981 contra el mismo Tassara, todavía no se dicta la sentencia de primera instancia. La causa está ahora en manos del ministro en visita Haroldo Brito.

En otra causa, contra Javier Vial y todos los directores del Banco de Chile, BHC, Banco Andino y Panamá, lo que interesaba al fisco era atrapar al comité ejecutivo, que era la cabeza de todo el grupo económico y que controlaba todos los directorios y los bancos: el propio Vial, César Sepúlveda Tapia, Joaquín Emiliano Figueroa (ya fallecido), Rolf Lüders y Pablo Molina Benítez.

Recién en 1997, el fisco logró una sentencia definitiva de primera instancia en contra de doce directores, incluyendo a los mencionados.

Este es el único caso en que, al menos en primera instancia, se ha acogido la demanda civil. El abogado que representa al CDE, Víctor Hugo Rojas, está satisfecho. «En lo que respecta, a los querellantes —el fisco, el Banco de Chile y el Patronato Nacional de la Infancia—, fue un pleno éxito, pues se acogió todo: la sanción penal, la indemnización civil y el pago de las costas»[142].

Sin embargo, aún resta saber lo que pasará con los recursos que están pendientes contra la sentencia.

En 1985 se inició un juicio en contra del abogado que actuaba como Fiscal Nacional de Quiebras, junto a otras personas acusadas de haberse quedado con los dineros de varias empresas tras la declaración de bancarrota. La causa duró unos catorce años. Los inculpados fueron condenados en un principio a tres años con pena remitida, pero el CDE peleó hasta el final.

En la Corte Suprema uno de los acusados fue absuelto y al exfiscal se le aumentó la condena a cinco años. Eso significaba que a sus 50 años de edad, cuando ya creía el asunto olvidado, tendría que ir a la cárcel por actos que cometió a los 35.

El propio abogado que representaba al fisco en las últimas instancias, Claudio Arellano Parker, se sintió golpeado. ¿Y si el exfuncionario se hubiese redimido?

El apogeo del fiscal Torres

La gestión de Hugo Rosende en el Ministerio de Justicia coincidió con el ascenso de un personaje a los más altos niveles de popularidad —o impopularidad, según como se lo mire— que haya alcanzado ningún otro funcionario del régimen militar.

Desde las pantallas de televisión, el rostro entre temible y compadrero del fiscal militar Fernando Torres Silva ha estado durante años presente en los hogares de todos los chilenos.

Los periodistas han seguido sus acciones en los más diversos casos político-policiales: las armas de Carrizal Bajo, el atentado al general Pinochet, el secuestro del coronel Carreño, el asalto a la Panadería Lautaro, la fuga de Sergio Buschmann, el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes.

Torres, que inicialmente era solo un oficial de rango medio, se convirtió en el célebre «fiscal ad hoc». El latinazgo le dio una prestancia que llegó a competir en la imaginería oficial con la del propio Pinochet.

El abogado, incorporado al aparato judicial del Ejército, tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le costó titularse. Roberto Garretón, contemporáneo suyo, recuerda que cuando ingresó a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egresó, Torres seguía allí.

El fiscal estuvo estudiando desde fines de los ‘50 hasta 1965, pero vino a titularse recién en 1974, con una memoria sobre «la jerarquía militar».

Torres fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales.

Sus quince minutos de gloria llegaron años después con el atentado a Pinochet. Torres se convirtió en fiscal ad hoc para indagar todos los procesos en que estuviera involucrado el FPMR.

El Ejército lo dotó de grandes recursos y Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel Carreño.

Respondiendo a oficios de la Corte de San Miguel —que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones—, Torres reclamó el trato de «Señoría».

El militar se sentía cómodo en su papel. Era una especie de superprocurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. Obtuvo también granjerías especiales —«pitutos» en nuestra jerga popular— que incrementaron sus ingresos. En 1986, Rosende firmó un decreto autorizando su contratación como «asesor jurídico» de Gendarmería.

El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Se movilizaba rodeado de guardaespaldas y procuraba no quitarse nunca sus lentes Ray-Ban. Ganó fama de frío, calculador, experto en inteligencia, y cultivó la reputación de «amigo de Pinochet» y de su esposa, Lucía Hiriart.

Torres se jactaba de haber procesado a 120 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y afirmaba que en cualquier momento iba a atrapar a la cúpula.

Los detenidos bajo sus órdenes, denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Muchos de ellos no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Torres, sordo a las quejas, aumentaba sus penurias con largas y reiteradas incomunicaciones.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel Carreño, quien apareció en las pantallas de Televisión Nacional confesando su participación y dando, además, muestras evidentes de haber sido sometida a crueles torturas.

El propio coronel Carreño sufrió el rigor del suspicaz funcionario. Después de ser liberado por sus captores, fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas. El relator especial Fernando Volio afirmó que los «procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden»[143].

Pero los tribunales de justicia no obstaculizaron su gestión.

Hasta que se metió con la Iglesia.

El fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era la protectora de la oposición al gobierno, y la posibilidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de militantes del FPMR, en su huida estos se enfrentaron con Carabineros hiriendo de muerte al policía Miguel Vásquez Tobar. También murió uno de los asaltantes.

El hecho le sirvió a Torres para intentar de manera frontal el encausamiento de la Vicaría de la Solidaridad. Tomó como pretexto la ayuda médica que esta le había prestado a Hugo Gómez Peña, quien resultó ser uno de los acusados del asalto. El fiscal hizo procesar a médicos y abogados, desafiando incluso las decisiones de la Corte Suprema.

Durante la existencia de la Vicaría de la Solidaridad esta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultraizquierda. Se estableció un diálogo en que las reglas de juego estuvieron perfectamente delimitadas. La Vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones), sin importar su creencia política; pero no aceptaba actuar como «pantalla» en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para eso existían otros organismos, como el CODEPU[144]. Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos códigos de conducta.

Torres sostenía, empero, que los «terroristas» tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. El argumento no era sólido desde el punto de vista legal, pero su instinto le decía que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que él quería atrapar eran conocidas. Con astucias de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institución.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasión para intentar delaciones. Ponía el arma sobre la mesa y les decía: «Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre».

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Quería saber todo sobre él: su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del vicario. También quería conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicaría, especialmente los heridos a bala. Pretendió apoderarse de todas las fichas médicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del obispo Valech se colmó cuando Torres allanó la sede de la AFP Magíster para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicaría de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech presentó dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se había extralimitado en el ámbito de la investigación del asalto a la Panadería Lautaro y estaba entrometiéndose en la organización y funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigación «el caso Vicaría».

El obispo defendió el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institución eclesiástica del secreto de confesión, base de la confianza que millones de personas habían depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la protección de los fundamentos de la creencia católica. Ningún poder político podía pretender avasallarlos.

La Corte Marcial había rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en más de una ocasión le había advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paillás, le había dejado caer «consejos» y «observaciones» en las hojas de los expedientes.[145] Hasta que se produjo esa resolución del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogió inesperadamente el recurso de la Vicaría de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paillás y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón. Solo la representante de Carabineros, Ximena Márquez, respaldó al fiscal ad hoc.

El fallo ordenó a Torres devolver las fichas incautadas en Magíster, sin usar sus datos, y circunscribir su investigación a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensión de entrometerse con la Vicaría.

El hecho produjo un terremoto en el Ejército. El fiscal general de la institución (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, comentó que el fallo había sido «político», influenciado por el resultado del plebiscito. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis aún mayor.

El martes 13, en Las Últimas Noticias apareció el primer indicio de la catástrofe. El Ejército había pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejército; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Márquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscal ad hoc se apresuró en anunciar que él ocuparía el más alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigüedad entre ambos. Es «una decisión del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece», dijo al diario La Segunda.

Sus palabras desataron una ola de críticas de envergadura no solo en la oposición. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovación Nacional, dijo: «En mis treinta y tres años de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al Auditor General y al miembro de la Corte Marcial (…)»[146]. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. «La mujer del César, no solo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo», dijo, recurriendo a la conocida sentencia.

El Mercurio y La Segunda editorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que «resulta difícil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por estas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerárquicos».[147]

En medio de la avalancha de ataques, el Ejército aparentó retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admitió que la justicia militar estaba en «crisis». Torres quedó como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendió abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicación. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposición en el generalato habían influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, día «de los inocentes», la junta de generales, después de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostró que el fiscal ad hoc era mucho más poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representado en este caso por el vicecomandante de la institución, Torres fue ascendido al puesto de auditor general.

Sin complejos, ese mismo día la nueva autoridad declaró: «Yo creo que la crisis, a la cual se habría referido el coronel Melo, no existe». El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manríquez Reyes, entregó la opinión de esa cartera: «El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile»[148].

No opinó igual El Mercurio, que en un ácido editorial, apuntó derechamente a la decisión política detrás del nombramiento.

«El daño ya está hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exigía alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no hará sino dificultar su defensa cuando sea necesario (…) El dolido desconcierto de los partidarios del régimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda»[149].

La Corte Suprema le dio un último y final espaldarazo al revocar, el mismo día de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Torres sería, como auditor general del Ejército, integrante del máximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no lucía bien que un magistrado de esa categoría llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas. Mejor era limpiarle los antecedentes.

Aunque el ascenso podría haber significado un alivio para la Vicaría, porque Torres, en su nueva función tendría que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continuó prestándoles atención. Él mismo se encargó de avisar que perseveraría: «Los procesos son como los hijos (…) No se les puede dejar solos»[150].

Ese verano, el fiscal militar Sergio Cea se presentó finalmente en la Vicaría a cumplir las órdenes de Torres. Llegó acompañado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese día solo estaban en el edificio de la entidad el vicario y un par de asistentes. No se atendió público y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No querían ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo demás, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban allí. Precaución elemental.

Los asesores de Valech le habían sugerido que vistiera para la ocasión sus prendas de obispo, con báculo y todo. Pero el vicario no quiso. Se limitó al simple traje negro con el clásico cuello clergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

—Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, además, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicaría; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo…[151]

La sola presencia física de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medición de fuerzas que no duró más de quince minutos. Amabilidad y tensión se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea optó finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que había estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Se acercaba el cambio de gobierno y Torres tuvo finalmente que desistir. Las causas contra militares que comenzarían a llegar a la Corte Suprema una vez que asumió el gobierno Patricio Aylwin, iban a ocupar en el futuro sus buenos oficios.

Una crítica a la justicia militar

El nuevo presidente de la Corte Suprema, al término del período de Retamal, fue Luis Maldonado, un antizquierdista con fama de democratacristiano, de espíritu conciliador y experto en los asuntos del Poder Judicial.

Conocía a todos los ministros y jueces. Sus debilidades y fortalezas. Comenzó su mandato otorgándole un especial estatus a Hernán Cereceda, de quien valoraba su juventud y conocimientos. (Muchos años después, tras la acusación constitucional que lo destituyera, Maldonado confesaría a amigos suyos que sentía traicionada la confianza que había depositado en el exministro. Estaba arrepentido de haberlo ayudado).

Con sus ademanes suaves y amables, el nuevo presidente inauguró sin embargo el año judicial, con uno de los discursos más incendiarios que se haya oído a presidente alguno de esa Corte. Compitiendo con Retamal, planteó una severa crítica a la justicia militar.

Era sin duda un signo de que la transición política estaba comenzando.

Entre los invitados, que repletaban la sala de plenarios, a las 11 de la mañana de ese 1.º de marzo de 1989, estaban desde el nuevo auditor general del Ejército, todavía coronel Fernando Torres, el procurador general de la República, Ambrosio Rodríguez, el ministro Rosende, hasta el vicepresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Máximo Pacheco.

Maldonado alabó la decisión de poner fin a los estados de excepción, vigentes por tantos años. «Se ha concretado un anhelo del pueblo chileno», dijo.[152] Pero pidió a las autoridades militares que indultaran, antes de marcharse, a los chilenos que terminado el exilio seguían condenados por haber ingresado ilegalmente a la Patria.

También celebró que se hubiera reducido el período de presidencia de la Corte Suprema a tres años. Las cosas volvían a su sitio. Protestó por el escaso porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial (apenas un 0.74 en ese momento) y demandó una vez más la autonomía económica para ese poder del Estado. Era un mensaje dirigido más a los dirigentes de la Concertación que a los del gobierno saliente.

Maldonado dijo que la Corte Suprema estaba oyendo en silencio las críticas, para aceptar lo válido y desechar lo impropio. Era una postura distinta a la expresada solo dos años antes por el pleno del máximo tribunal, que había rechazado las quejas a su incapacidad para hacer justicia, diciendo simplemente que «los tribunales de justicia son fieles cumplidores de la ley, que para ellos sigue siendo la razón escrita».[153]

El presidente se mostraba más abierto. Y no podía evadir el tema de la cuestionada justicia militar. Remeció a su audiencia reconociendo que los tribunales militares juzgaban a más civiles que uniformados, en un porcentaje que superaba el 80 por ciento. El reemplazo de un tribunal ordinario por uno militar, dijo el ministro, «ocasiona un grave desmedro para las garantías procesales del civil imputado»[154]. La independencia judicial y la confianza de la ciudadanía en tales tribunales especiales estaba en cuestionamiento, agregó, y demandó normas que retrotrayeran las cosas como al principio. Los juzgados militares, para militares. Los ordinarios, para los civiles.

El auditor Torres respondió que las críticas a la justicia militar se debían al desconocimiento sobre la materia, y las provocaba la «publicidad intencionada de ciertos sectores».

La reforma solicitada sería uno de los primeros cuerpos legales aprobados por el gobierno de Aylwin en el paquete conocido como «leyes Cumplido».

La «ley caramelo»

Apenas asumió como ministro de Justicia, en enero de 1984, Rosende tomó una medida que había sido rechazada por la Corte Suprema el año anterior. Aumentó el número de ministros en el máximo tribunal, que de trece pasaron a ser dieciséis. Los nombres de los tres nuevos integrantes habían sido seleccionados por el secretario antes incluso de crear las plazas.

El orden en el nombramiento también fue analizado cuidadosamente.

Primero, Hernán Cereceda, el 10 de enero de 1985. El exministro y expresidente de la Corte de Apelaciones contaba con los méritos formales mínimos para ascender. Por cierto, también y principalmente, con los merecimientos políticos: una completa afinidad con el gobierno militar. El general Pinochet lo había premiado en una ocasión y Cereceda se demostraba agradecido. Rosende ponía las manos al fuego por él.

Luego Jordán, el 15 de enero. Por antigüedad no podía postergarse su nombramiento. Algunos en el gabinete, como Jaime del Valle, tenían una excelente opinión de él. Sin embargo, otros hicieron reparos. Estaban bien enterados de sus antecedentes personales. De su afición por el alcohol y los prostíbulos desde sus tiempos de ministro en Punta Arenas.[155] Pero Rosende lo consideraba un incondicional y eso era lo que le importaba. Lo nombró, sin embargo, en segundo lugar, para estropear su oportunidad de llegar a ser presidente del tribunal antes que Cereceda. No contaba en los planes del secretario de Justicia que en el futuro su preferido sería destituido por una acusación constitucional y que sería Jordán y no él quien se invistiera como presidente en 1996.

El tercero en la lista fue Enrique Zurita, designado el 21 de enero de 1985. Un hombre modesto, probo, amable, que tuvo muchas dificultades en su juventud para estudiar, pues proviene de una familia pobre, y que ha mantenido históricamente una postura invariable en favor del régimen militar.

Con los nombramientos de Cereceda y Jordán, especialmente hacia el fin del gobierno militar, comenzó a hablarse de una institución antes poco difundida: los estudios de abogados «con llegada a la Suprema». Los grandes consorcios y los empresarios comenzaron a preferir los servicios de aquellos profesionales para aumentar sus posibilidades de éxito ante el máximo tribunal.

Pese a las quejas, entre otros, del Colegio de Abogados que pedía terminar con la práctica de los «alegatos de pasillo», se creó un circuito más o menos organizado para ejercer el tráfico de influencias. Algunos abogados incluso pedían a sus clientes montos adicionales a sus honorarios para «sensibilizar» a los magistrados.

Los ministros honestos e independientes, aún en su calidad de testigos de estos actos, no estaban en condiciones de reaccionar ni oponerse. El gobierno militar tampoco puso coto a tales prácticas. El control político era su objetivo.

Retamal estaba en la presidencia de la Corte y, aunque algo se había moderado después de la sanción que le impusieron sus colegas en 1984, en cada marzo, al inaugurar el año judicial, dejaba caer un pasaje aquí y otro allá para criticar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el magistrado alabó indirectamente a la Vicaría de la Solidaridad, comparándola con las corporaciones de asistencia judicial. Al año siguiente, en el preludio de la visita del Papa, el ministro declaró que marzo debía considerarse «el mes de la benevolencia, en contraposición al tiempo de la severidad». En el último de sus discursos, en 1988, aprovechó que dejaba el cargo para traspasar los límites permitidos. Comentó que las disposiciones del artículo 24 transitorio de la Constitución y el resultado de los recursos de amparo que contra él se dictaban estaban cuestionando la independencia del Poder Judicial. Recordó que los tribunales rechazaban los amparos porque aparentemente el artículo 24 no era susceptible de recurso alguno, aunque otro artículo del mismo cuerpo legal garantizaba la vigencia del habeas corpus siempre.

«Se ha dicho que tal interpretación literal del precepto prohibitivo demostraría una falta de independencia de criterio con respecto al Poder Central»[156], dijo Retamal. Opinión que, como había dejado en claro anteriormente, personalmente compartía.

El presidente de la Corte Suprema no era, sin embargo, un problema realmente grave para Rosende, quien sabía que contaba con una mayoría a su favor en el máximo tribunal. Y se había preocupado de que en el resto de la judicatura, sus preferidos estuvieran bien ubicados. Creía que la mejor manera de garantizar la estabilidad del régimen militar y la preservación futura de las instituciones creadas por este, era nombrar jueces que jamás lo tocaran políticamente.

—Este juez es probo. Todos los asuntos que rozan con la parte política, los va a fallar siempre bien, porque es un hombre recto —era la explicación tipo que Rosende daba a otros miembros del gabinete sobre sus promociones.

—¿Sabe?

—Mira, más o menos… pero me da una garantía: jamás se va a meter en política.[157]

Un ministro del gobierno militar cuenta que dos veces el magistrado Ricardo Gálvez estuvo en una quina para subir a la Corte Suprema y que él personalmente abogó ante Rosende para que lo nombrara. Le contó al ministro de Justicia sobre su larga trayectoria como académico, del prestigio que tenía en el ámbito universitario, de su erudición como jurista. Rosende respondía que estudiaría su caso, pero no lo nombraba.

Ambos secretarios de Estado tuvieron un diálogo cuando en la quina que presentó la Corte Suprema al gobierno iban los nombres de Gálvez y Germán Valenzuela Erazo.

—…Gálvez sabe más. Es mejor juez.

—Pero Valenzuela es más confiable —replicó Rosende[158].

Gálvez tampoco fue nombrado por Aylwin. Sus votos en causas por derechos humanos y especialmente el que respaldó la expulsión de Jaime Castillo Velasco de Chile le pesarían por siempre.

Que «no se metan en política» era la obsesión del ministro de Justicia. Política definida, por supuesto, como política disidente. La extrema independencia no le gustaba. Por ese tiempo el abogado Francisco Merino recibió un llamado en su casa del ministro de Justicia.

—Pancho, te llamo para decirte que acabo de tener el honor de firmar el decreto que te designa abogado integrante —le dijo Rosende.

Merino, sorprendido, le respondió en forma cortés pero tajante:

—Don Hugo, le agradezco mucho, pero entonces, a continuación, borre de su agenda el número telefónico de mi casa[159].

El nombramiento de Merino nunca salió de las oficinas de Rosende.

El secretario de Justicia, no obstante, se daba cuenta de que los ministros de la Corte Suprema, por leales que le fueran, habían envejecido tanto que no podría contar con ellos por mucho tiempo más.

Como político sagaz, estaba consciente de que necesitaría renovar la Corte para asegurarse el respaldo al Ejército durante la siguiente década.

Esperó el resultado del plebiscito. Después del triunfo del No, el 5 de octubre de 1988, supo que inevitablemente habría que entregar el Poder y que la «obra» del régimen militar se vería amenazada por una avalancha de procesos por violaciones a los derechos humanos. A lo mejor hasta se derogaba la Ley de Amnistía.

Tenía que hacer algo.

Dos semanas después del plebiscito, nombró al ministro Juan Osvaldo Faúndez como nuevo integrante de la Suprema. De antecedentes personales intachables, Faúndez era ciertamente un incondicional.

Necesitaba más.

Pujó, entonces, por la aprobación de la llamada «ley caramelo». El cuerpo legal, que había sido obra suya, estaba estancado en la Junta de Gobierno desde junio de 1988, junto a otras de las llamadas leyes de «amarre», pues los proyectos eran cuestionados en su constitucionalidad.

Tras el plebiscito, Rosende presionó por su aprobación y consiguió lo que quería: el gobierno ofreció sumas millonarias a los ministros de la Suprema que decidieran jubilar antes del 15 de septiembre de 1989. Gracias al «caramelo», se retiró buena parte de los ministros más antiguos. Y Rosende llenó rápidamente los cargos con quienes creyó proclives al régimen.

El 12 de mayo de 1989, Roberto Dávila ascendió desde su cargo de relator de la Corte Suprema. El gobierno lo consideraba erróneamente un incondicional, por sus fallos en favor de la Ley de Amnistía.

En la misma camada subieron Lionel Beraud, el 29 de mayo de 1989, y Arnaldo Toro, el 12 de julio de 1989, aunque otros integrantes del gabinete tenían la peor de las opiniones sobre ellos. De Beraud, por su bajo nivel intelectual. De Toro, por leyendas de actuaciones irregulares que lo perseguían desde los tiempos en que estaba en la Corte de Temuco. Uno de los miembros del gabinete recibió expedientes sobre procesos por incendios en que los votos del magistrado daban siempre la razón a los autores. Incluso cuando los incendiarios estaban confesos.

En septiembre, ascendieron Marco Aurelio Perales, Hernán Álvarez y Germán Valenzuela Erazo. Todos considerados pinochetistas, aunque Álvarez resultaría ser uno de los líderes de las posturas reformistas en el futuro.

Finalmente, y ya en el umbral de la entrega del poder, Rosende designó a Sergio Mery Bravo, que hasta entonces se desempeñaba como secretario del tribunal.

El ministro, que con sus cuarenta años de ejercicio conocía el Poder Judicial mejor que nadie, ignoró las advertencias de los demás miembros del gabinete. Todos sus escogidos iban a las celebraciones del 19 de septiembre en el Club Militar y varios continuaron haciéndolo después del cambio de gobierno. Serían leales, creyó.

El reforzamiento del Poder Judicial en favor de los intereses del régimen, no pasó inadvertido para la oposición, que se lanzó en picada en contra de la «ley caramelo».

El Mercurio defendió a Rosende. El 28 de septiembre de 1989 ese matutino afirmó en su editorial: «Cabe preguntarse si en caso de detentar el poder, se habrían abstenido los personeros de aquella (la Concertación) de hacer otro tanto, o al menos de intentarlo…».

Ya sabía el gobierno militar y los líderes oficialistas que la Concertación planeaba crear el Consejo Nacional de la Justicia. El Mercurio atacaba la iniciativa de antemano argumentando que el Colegio de Abogados o las facultades de Derecho, que tendrían participación minoritaria en esa entidad, podrían ser usados «por la izquierda» para tomar parte en los nombramientos del Poder Judicial. Sostenía el matutino:

«Si la autoridad consideró o no tales elementos es un punto opinable. Pero si lo hizo, no solo obró legítimamente y conforme a derecho, sino que logró anticiparse a un eventual atentado contra el ordenamiento judicial de la república», esgrimía el matutino.

«Estas columnas han mantenido una posición invariable de crítica a ciertos aspectos negativos de la judicatura, y de apoyo a reformas que, a su juicio, perfeccionarían el sistema judicial chileno. Pero tales mejoramientos no podrían, en caso alguno, atropellar los principios fundamentales del derecho en que el sistema se funda. La actual Corte Suprema no es nueva. Es la misma, en su espíritu y hasta en alguno de sus integrantes, que en su acuerdo del pleno del 25 de junio de 1973 advirtió al Presidente marxista de la época: “Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal de la Carta Política, jamás será abrogada su independencia”»[160].

Los partidos oficialistas también respaldaron las medidas de Rosende.

En total, el ministro de Justicia de Pinochet nombró a doce de los diecisiete ministros que conformaban la Corte Suprema en 1990, cuando Patricio Aylwin tomó el mando, los que sumados a Marcos Aburto y Emilio Ulloa, ascendidos en 1974, totalizaban catorce nombramientos bajo el gobierno militar.

Solo Rafael Retamal y Luis Maldonado, en la Corte desde 1966, y Enrique Correa Labra, nombrado por Allende en 1971, habían llegado antes, pero de estos tres, el gobierno militar confiaba en que Maldonado y Correa se negarían a dar nuevas interpretaciones a la ley de Amnistía.

Esta nueva Corte Suprema estaba dotada de facultades que jamás tuvo en las constituciones anteriores a 1980. Su presidente integraría el Consejo de Seguridad Nacional, junto a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y tendrían la facultad de nombrar a tres senadores designados: dos entre exministros y uno, entre un excontralor.

El ministro de Justicia podía decir con toda propiedad: «Misión cumplida».

Capítulo III

De la Real Audiencia al golpe de estado

El queso y la balanza de la justicia

«La Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una Justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado hacia el queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la Crucifixión, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y solo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los débiles».[161]

El poeta Vicente Huidobro se unía con estas ácidas palabras a las críticas que en 1925 se hacían al sistema judicial chileno. La oleada de descontento contra jueces y ministros de corte formó parte de los muchos factores que dos años después generaron el golpe militar encabezado por el coronel Carlos Ibáñez del Campo que derrocaría al presidente Arturo Alessandri Palma.

En 1924 el propio León de Tarapacá se quejaba contra las deficiencias del Poder Judicial:

«Me llega diariamente el clamor uniforme y constante de (…) como la Corte Suprema desempeña sus funciones (…) No obstante estar obligados (sus ministros) a trabajar cuatro horas diarias, es público y notorio que las audiencias las empiezan solo a las tres, para terminar a las cinco de la tarde (…) Los estados anotan que en estos últimos meses se han dictado muy pocos fallos».

La evolución del sistema judicial casi no figura en los libros sobre Chile. Fue olvidada por los historiadores lo mismo que por los políticos que instalaron la República, aunque desde antiguo ha sido un lugar común afirmar que Chile es «un país legalista».

Las críticas de Huidobro no han sido ciertamente las únicas. Mucho antes que él, don Andrés Bello, redactor de nuestro Código Civil, vigente desde 1855, opinaba:

«Para que esta reforma sea verdaderamente útil, debe ser radical. En ninguna parte del orden social (…) es tan preciso emplear el hacha. En materia de reformas políticas no somos inclinados al método de la demolición; pero nuestro sistema de juicios es tal, que nos parecería difícil no se ganase mucho derribándolo hasta los cimientos y sustituyéndole otro cualquiera».

Pero el hacha no se usó.

En 1903, un artículo de prensa contiene comentarios que bien podrían publicarse hoy por la plena vigencia de las opiniones:

«Aquí como allá se siente malestar; aquí como por allá no se hace justicia recta (…) aquí como por allá prevalecen y dominan otros intereses, otras influencias que el interés de la justicia inmaculada y la influencia de las sanas aspiraciones (…) La primera condición de los negocios es la seguridad y cuando en un país el Poder Judicial se ha rodeado de atmósfera de desprestigio, todo el mundo teme colocar en ese país capitales».

El llamado sistema «inquisitivo» —que presume al inculpado culpable en vez de inocente— subsistente en Chile, podría ser solo una curiosidad o una extravagancia en un mundo globalizado que hace tiempo se convenció de su obsolescencia, entre otras razones, por su contradicción con la organización democrática del Estado. Pero es nuestra realidad, hasta que no entren en vigor las reformas aprobadas en 1997.

Aunque la Constitución Política de 1980 declara, como sus predecesoras, que los poderes del Estado chileno son tres, es evidente que el Judicial no ha sido materia de mayor interés para los historiadores.

Está claro que no es propio de los periodistas suplantar a los profesionales de la Historia. Pero sacudirle a esta un poco de polvo y dar luces sobre algunos antecedentes que nos ayuden a entender el presente, es una obligación ética. Hay que tratar de desentrañar el porqué de las críticas de otro tiempo de Huidobro, Bello y Alessandri, y de las quejas de hoy de nuestra opinión pública, virtualmente unánime en su condena de la justicia chilena.

La justicia en la Colonia

España tenía, antes de conquistar América, una arraigada tradición jurídica proveniente de raíces romanas y germanas. Pero el Rey (quien reunía en su persona todos los poderes y era en sí administrador, legislador y juez) traspasó a los territorios conquistados solo la base romana,[162] aquella parte que —como conviene a un Rey— excluía la participación del pueblo.

Un poder fáctico de la época, la Iglesia, compartía el control sobre la función judicial establecida por el Rey, pues estaba preocupada por los tratos que los aventureros navegantes daban a los indígenas.

Así se llegó a una fórmula simple: para imponer la ley en las nuevas tierras, la Corona enviaba a sus propios especialistas, la mayor de las veces letrados, para que aplicaran justicia. Su voz era la ley.

En Chile, las autoridades coloniales estaban complicadas por la eficaz resistencia indígena, y optaron por crear un sistema judicial muy simple.

En 1609 nació la Real Audiencia, una especie de Corte de Apelaciones más poderosa que las que conocemos hoy, presidida por el gobernador y compuesta por tres oidores y un fiscal, que era el acusador y cuya figura, desaparecida del sistema chileno, reaparecerá cuando empiece en el futuro inmediato a aplicarse la reforma que crea el Ministerio Público.

Los alcaldes, en las ciudades que se mantenían en pie, y los corregidores, en los campos, hacían las veces de jueces de primera instancia. Como todavía no se hablaba de división de poderes, la Real Audiencia no solo administraba justicia actuando como el tribunal de segunda instancia, sino que cumplía tareas ejecutivas e incluso legislativas.

A fines del siglo XVIII, se instaló un regente como presidente de la Real Audiencia, para que el gobernador se quedara solo con las funciones ejecutivas.

En ese momento también se hizo otra reforma: el Tribunal Superior se dividió en dos salas especializadas. Una se dedicaría solo a «lo criminal» y otra a «lo civil», distinción que —digámoslo para ilustración de legos en la materia— se funda en lo siguiente: criminal es el área de la justicia que regula las obligaciones de los individuos con la sociedad, o el Estado, es decir, la que sanciona delitos e impone penas; civil, por el contrario, es la que regula la relación entre los particulares y tiene que ver casi siempre con reclamos pecuniarios.

En 1757 se creó en Chile la primera universidad, la Universidad de San Felipe, que impartió inicialmente la carrera de Derecho. Salieron de sus aulas notables ciudadanos «criollos» capacitados para integrarse a ese incipiente sistema judicial. Pero los Reyes de España se oponían a designar a los nacidos en una colonia como jueces.

Pese al resentimiento que se alimentaba en el corazón de los criollos en contra de la Real Audiencia, la calidad de los magistrados españoles era en muchos casos notable y sus procedimientos penales tenían entonces virtudes que hoy escasean.

Un estudio de 1941 que analiza las sentencias de la Real Audiencia, concluye que «la substanciación de los juicios criminales se lleva durante la Colonia, por lo general, en corto tiempo y con escaso volumen de autos»[163].

Entre los fallos de la Real Audiencia se cita una sentencia «modelo», que gráfica el comportamiento ejemplar de ese tribunal de la Colonia. El fallo, dictado en una causa por «amancebamiento», data de 1788. El expediente tiene apenas nueve páginas, incluyendo la sentencia definitiva. La investigación de los hechos —conocida como la etapa del sumario— duró apenas un mes y dos días. Hoy eso sería un proceso «bala».

Era la «causa criminal contra Dn. José Flores por concubinato con Manuela Espinosa, alias la Badanera, ambos casados; y por otros excesos». Flores enfrentaba el cargo de hallarse «viviendo amancebado con una mujer casada, con total abandono de la que lo es legítima suia, y sin que haia hecho juicio a los requerimientos judiciales que por la Rl. Juzticia se le han hecho; por esto y por la vida ociosa que tiene, sin el menor destino».[164] El acusado, por la escasez de sus recursos, contó con la defensa de un procurador de «pobres». Defensor y fiscal acusador se enfrentaron en las mismas condiciones ante el juez. Esa paridad se perdió en el proceso chileno y se recuperará solo llegado el año 2.000, cuando se instauren el Ministerio Público y el juicio oral.

Dice el estudio que estamos citando que, además, los procuradores de los pobres en la Colonia cumplieron su labor con «diligencia y meticulosidad ejemplares», características que no siempre pueden atribuirse actualmente a los postulantes a abogados que defienden a las personas de escasos recursos en los Servicios de Asistencia Judicial.

Los fiscales cumplían en la Colonia un papel fundamental al «velar por la correcta y rápida sustanciación de los procesos y sus dictámenes son, por lo corriente, las piezas más eruditas, con mayor acopio de citas legales y más profundos raciocinios jurídicos y éticos en los juicios criminales».[165]

Los jueces de la Real Audiencia también eran ejemplares. Aunque no tenían facultades en la letra de la ley, acortaban los procesos y buscaban acuerdos entre las partes. Las sentencias no aludían tanto a fundamentos legales, como a raciocinios éticos y sociales. Las penas aplicadas estaban, con la mayor frecuencia, por debajo de la penalidad legal, y hasta usaban los métodos alternativos al cumplimiento de las penas, como sancionar con tres meses de trabajos públicos a un reincidente en el delito de abigeato que, según la letra de la ley, debía ser condenado a muerte.

En el Chile de hoy, el 70 por ciento de las penas significan privación de libertad, aunque la tendencia moderna es a crear sistemas alternativos que busquen la rehabilitación del delincuente y desahoguen las cárceles. En Alemania, por citar un ejemplo, solo el 22 por ciento de las penas implican cárcel.

La tendencia a moderar las penas fue tal en las colonias americanas que el Rey reiteradamente llamó la atención a sus jueces, haciéndoles ver que no les correspondía «el arbitrio» o la interpretación de la ley, sino que la mera «ejecución» de aquellas, pues «esta es nuestra voluntad»[166].

Fin de la Real Audiencia

Sobrevino la guerra de la Independencia. Los líderes criollos acusaron a la Real Audiencia de amparar a los batallones realistas.

En 1811, en medio de las batallas, el tribunal realista fue clausurado. Los vencedores crearon una nueva Cámara de Apelaciones en el mismo edificio en que hasta entonces funcionaba la Real Audiencia.

Ese fue el gesto revolucionario, pero en el resto del país la situación continuó igual que en la época colonial, con pequeños tribunales dirigidos por personas de buena voluntad, no letradas y excepcionalmente asesoradas por algún abogado.

Con todo, O’Higgins consagró en la Constitución de 1818 la división de los tres poderes del Estado. Se creó el Supremo Tribunal Judiciario (que sería la Corte Suprema) por sobre el de Apelaciones.

Pero ya dos años más tarde la demora en los procesos comenzaba a ser un problema y O’Higgins tuvo que dictar decretos que buscaran acelerarlos.

La Constitución de 1822 dedicó casi la tercera parte al Poder Judicial, pero hablar de administración de justicia en aquellos años era una entelequia, considerando la situación que se vivía en los entonces reducidos territorios de Chile. En las provincias, especialmente en el sur, reinaba el pillaje, que no encontraba resistencia de organismos policiales, ni la represión de tribunales.[167]

La inseguridad era la misma en las ciudades y en el campo. Policía no había ninguna y el Ejército, embarcado en grandes proyectos nacionales, partía a la misión libertadora del Perú.

Diego Portales, quien en el cargo de ministro del Presidente Joaquín Prieto ejerció realmente el poder con mano dictatorial, intentó organizar una especie de justicia ambulatoria, para llevar tribunales a aquellos lugares más peligrosos. El objetivo era combatir los ataques de los indígenas a las nuevas autoridades criollas y también a los bandidos que dominaban en la región de La Frontera.

Las cabezas y manos de los jefes de los grupos perseguidos eran esparcidas en los caminos y vados de los ríos, para infundir miedo a sus integrantes.

Tal vez impresionado por la efectividad del método, Portales decidió usarlo contra sus enemigos, los sospechosos de conspirar para derrocarlo. En connivencia con el ministro Mariano Egaña, intentó además establecer Consejos de Guerra permanentes para delitos políticos.

Egaña, quien ocupó varios cargos ministeriales durante la década portaliana, fue al mismo tiempo el propulsor de numerosas leyes e instituciones que fueron estructurando un sistema judicial chileno. Incluyó la creación de una Corte Suprema, con asiento en Santiago, en la Constitución de 1833. Además, él mismo participó como fiscal en el máximo tribunal durante casi toda esa década.

Egaña redactó varios proyectos conocidos como las leyes Marianas, que dieron origen, en 1875, a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que se mantuvo durante más de un siglo prácticamente intocada, aunque luego mudó de nombre y pasó a llamarse Código Orgánico de Tribunales (COT).

Justicia republicana

El país se dividió, terminada la guerra de Independencia, en provincias. En cada una de ellas, se estableció un Juzgado de Letras, a cargo de letrados. Ese fue el debut de los primeros jueces «chilenos».

Los ministros de la Corte Suprema preguntaron en aquella época a Mariano Egaña qué debían hacer cuando, frente a determinado delito, contaban con leyes en desuso o penas absurdas. Este estimó legítimo que los jueces usaran su propio criterio para interpretar las normas obsoletas y, para formalizar su decisión, dictó una ley que les dio la libertad de aplicar otra norma existente o de hacer un esbozo de «jurisprudencia» cuando no hubiera en los textos legales una respuesta adecuada a los conflictos que se les planteaban.

La inquietud de esos jueces del siglo pasado no era antojadiza, pues algunas de las normas, por mucho que aparecieran en los textos legales, les resultaban ridículas, como cuenta el historiador Armando de Ramón. Por ejemplo, la pena fijada para los parricidas. Según la ley, el autor debía ser azotado 50 veces, encerrado en un saco debidamente sellado, junto a una serpiente, un mono, un perro rabioso y otros animales feroces. Después, debía ser lanzado en altamar, dentro del saco, asegurado con un fierro que le impidiera flotar si por alguna circunstancia quedaba vivo e intentaba huir.

La pena no parecía adecuada a los nuevos tiempos que vivía el país. Lo que después no siempre se ha entendido. Esa facultad de interpretación de la voluntad de una época, por ejemplo, nunca fue reclamada bajo el gobierno del general Augusto Pinochet. La Corte Suprema de finales del Siglo Veinte consideró que su única misión era aplicar el tenor literal de la ley.

En un comienzo, los tribunales debían aplicar las leyes españolas, tal como estaban redactadas, pues no hubo legislación chilena hasta 1855 cuando apareció el Código Civil, gracias casi por completo al esfuerzo solitario del venezolano Andrés Bello. Diez años más tarde surgió el Código del Comercio, que se debe a otro extranjero: el argentino José Gabriel Ocampo.

En 1874 se dictó el Código Penal y poco después el Código de Procedimiento Penal. La legislación española gozaba de buen prestigio en el medio nacional, aunque por los odios de la guerra de independencia, no se mencionaba explícitamente cuándo había que recurrir a ella. Las rencillas con los conquistadores no impidieron, sin embargo, que los criollos, al redactar el Código Penal chileno hicieran una mera adaptación del texto español.

El Código de Procedimiento Civil data de 1893 y el Código Orgánico de Tribunales se dictó en 1943.

Más tarde, la explotación de yacimientos de plata en Chañarcillo y de salitre en el norte, permitirían la expansión del Poder Judicial. Se crearon juzgados por todo el país y nuevas Cortes de Apelaciones.

Una «acusación constitucional»

A mediados de 1800, el Poder Judicial se había convertido en el último reducto del Partido Nacional, fundado por Manuel Montt y Antonio Varas, que se ubicaba a medio camino entre conservadores y liberales.

El propio expresidente Manuel Montt (1851-1861) se convirtió en presidente de la Corte Suprema, después de dejar el Ejecutivo.

Montt hacía equipo con Varas —como bien lo retrata el monumento dedicado a ellos que está en el acceso al Palacio de los Tribunales— y este lo respaldaba desde el Congreso.

Para minar la fuerza de la dupla nacional Montt-Varas en los tribunales, el Partido Conservador —eclesiástico— acusó constitucionalmente a la Corte Suprema de «notable abandono de deberes» en 1868.[168]

La acusación contenía un grave cargo contra Montt. Decía que, abusando de su cargo de presidente de la Corte Suprema, había tratado de influir sobre el juez de Melipilla para que absolviera a un sobrino suyo acusado de homicidio. Fermín Silva Montt, el mentado sobrino, era administrador de una hacienda y como tal, oficiaba de «inspector» del distrito. En esa calidad, impuso en las tierras a su cuidado la «ley seca», disponiendo que durante los días de fiesta no se podía vender vino a los inquilinos. Por supuesto, en los campos la prohibición se cumplía a medias.

Silva, que se tomó en serio el edicto, estaba controlando su cumplimiento, cuando fue agredido por un ebrio. Para defenderse, tomó una varilla de rueda de carreta y, con ella, dio dos certeros golpes en la cabeza del borracho. Le rompió el hueso parietal y lo mató.

El juez de Melipilla procesó a Silva Montt por homicidio, aunque el acusado alegaba defensa propia.

Manuel Montt viajó a Melipilla y a su vuelta fue acusado constitucionalmente por haberse entrometido en el juicio. El argumento que usó fue que se había visto obligado al viaje, porque el fundo de su sobrino había quedado sin administrador.

Los conservadores decían que Montt había coaccionado al juez, obligándolo a citar nuevamente a los testigos para que se desdijeran de sus dichos, y que lo había presionado para que dejara en libertad al sobrino. El acusado admitió haber hablado con el juez; pero dijo que no lo presionó, sino que apenas le pidió, por favor, que llamara a los testigos para que ratificaran sus declaraciones y se evitara con ello más dilaciones, pues una resolución rápida aminoraba el sufrimiento de la familia.

Había un segundo cargo en la acusación, que se amplió a otros tres ministros: José Alejo Valenzuela, José Gabriel Palma y José Miguel Barriga. Este era que en una querella de capítulos en contra del juez de Talca, la Corte de Apelaciones había decidido aplicar la resolución que más favorecía al juez —al producirse un empate de votos— y se imputaba a la Corte Suprema haber ratificado indebidamente ese fallo.

El juez en cuestión estaba acusado de torturar y flagelar a los reos para sacarles las confesiones.

Los ministros de la Suprema se defendían alegando que los cargos por tortura ni siquiera estaban incluidos en la querella que buscaba desaforar al juez y que si bien la Suprema aceptó el fallo de la Corte de Apelaciones, había dispuesto al mismo tiempo que se ampliara la querella en su contra para investigar tales denuncias.

Más allá del sustento que pudieran tener o no los cargos, la acusación constitucional se convirtió, a los ojos de los historiadores, en una contienda política entre conservadores, por un lado, y liberales y nacionales, por el otro.

En ese contexto, a Montt lo defendieron algunos de sus exenemigos, como los liberales José Victorino Lastarria —quien estuvo exiliado durante casi todo el gobierno de Montt— y Domingo Santa María (Presidente de Chile entre 1881 y 1886).

Santa María hizo un emotivo alegato ante los diputados, destacando el carácter de revancha política que tenía la acusación constitucional:

«Confío en que la Cámara, al pronunciarse sobre la proposición de acusación, cerrará sus ojos a todo estímulo que no sea noble y bien intencionado: que desgracia para el país, antes que para los magistrados, si sucediera que los intereses políticos pudieran arrastrar a una Cámara a tomar resoluciones contrarias a la justicia y al bien público. Un partido triunfante haría desaparecer de los Tribunales a los Magistrados para dar asiento a sus adeptos, pero caído ese partido y reemplazado por otro, este emprendería igual tarea, igual cruzada para dar entrada a sus amigos. La magistratura se convertiría de este modo, en un vil juguete de los cálculos y de las expresiones políticas y sin prestigio ni responsabilidad sería abandonada por todos los hombres honrados que no podrían contar con los veleidosos favores de los partidos y que mirarían al sillón del magistrado como un banco de vergüenza y de la afrenta, entonces buscaríamos aquí en vano la justicia y tendríamos que alzar a cada momento los ojos al cielo»[169].

En la Cámara la acusación constitucional contra Montt y los demás ministros fue aprobada, pero el Senado la rechazó.

Politización, decadencia y corrupción

Durante el período parlamentarista (1891-1924), el Poder Legislativo, por definición el más político de los poderes del Estado, reemplazó al Ejecutivo en su rol de preeminencia.

El Poder Judicial se había convertido en las décadas anteriores en baluarte del Partido Liberal, especialmente porque las inversiones hechas por José Manuel Balmaceda durante su mandato (1886-1891) impulsaron su expansión, y los nuevos cupos se fueron llenando, obviamente, con jueces que adherían a sus ideas. El Poder se había cambiado del bando nacional al liberal.

Cuando se instauró el período parlamentario, los conflictos puramente políticos se trasladaron al Poder Judicial. Los magistrados, obedeciendo a una tendencia de la época, expresaban sin tapujos sus preferencias políticas. Las pasiones se exacerbaron sobrepasando todos los límites de la mesura, hasta desembocar en el estallido de la Guerra Civil de 1891.

El 7 de enero de ese año, Balmaceda rechazó las presiones del Congreso y declaró vigente el presupuesto del año anterior. La mayoría del Congreso se reunió y lo declaró destituido. La Armada se alineó con los congresistas y ocupó el país desde Valparaíso al norte. El Ejército, en Santiago, se mantuvo leal al Presidente, quien siguió ejerciendo el poder, instituyendo una verdadera dictadura. Tomó, entre otras medidas, la decisión de disolver la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Declaró vacantes todos los cargos de los ministros y fiscales de la Corte Suprema y jueces de la República. Expulsó a todos quienes consideró opositores a su gobierno e inmediatamente llamó a concurso y llenó las vacantes con partidarios suyos. Algunos de los despedidos, que cumplían con ese requisito, fueron recontratados.

Aunque continuaron trabajando los tribunales de primera instancia, desaparecidas las cortes superiores, los juzgados se convirtieron en dependencias administrativas del Ejecutivo.

Esta ha sido la única vez en nuestra historia que se ha clausurado el Poder Judicial.

El conflicto político siguió ahondándose y Balmaceda se suicidó.

Los congresistas, triunfantes en la guerra civil, anularon muchas de sus disposiciones, incluidas aquellas que desmantelaron el Poder Judicial.

Todos los magistrados que despidió Balmaceda, fueron repuestos en sus cargos. Y expulsados aquellos que el Presidente contrató.

Los decretos de Balmaceda y aquellos de los congresistas que posteriormente los revocaron, implicaron renovar alrededor del 80 por ciento del Poder Judicial en cinco años.

La nueva judicatura era así completamente distinta de aquella anterior a 1891. Y aunque las leyes se mantuvieron, naturalmente los recién llegados imprimieron un nuevo estilo de administrar justicia, más comprometido con sus propios idearios políticos. El Partido Conservador se quedó con la cuota más alta.

Pronto comenzarían las acusaciones de intervención electoral. En provincias surgió el caudillismo y se extendió el cohecho. Los grupos que se disputaban el poder participaban en feroces y cruentas batallas. Y los jueces no estaban ausentes, como lo prueban innumerables historias.

Sobrevino un tiempo en que los partidos o grupos políticos competían provocando caídas de gabinete y repartiéndose el poder.

Gobernar era tan difícil, como que los jueces dieran garantías de investigación imparcial de cualquier denuncia de intervención política.

El Poder Judicial comenzó a corromperse y a desacreditarse. Los delitos más atroces quedaban sin castigo y la Corte Suprema dejó de cumplir el mandato de velar por el mejor y correcto funcionamiento de los tribunales.

Manu militari

El desprestigio del sistema parlamentario se extendió también al Poder Judicial, área en la cual también intentaron intervenir los militares, en el período que se inicia el 9 de septiembre de 1924, cuando derriban de la presidencia a Arturo Alessandri.

Como se recordará, cuatro meses después de aquel golpe de Estado, uno nuevo restituye a Alessandri en la presidencia. Tiempo después, en 1925, lo sucede en el cargo Emiliano Figueroa, hermano del presidente de la Corte Suprema, Javier Ángel Figueroa.

Javier Ángel no era un hombre de la carrera judicial. Había sido político, diputado y senador, y candidato a la presidencia en 1915. Como varios otros casos anteriores, cuando vio cerradas sus posibilidades en el campo político, decidió ingresar al Poder Judicial. Entró por arriba, directo a la Corte Suprema. Y no pasó mucho tiempo para que fuera nombrado presidente del máximo tribunal.

Mientras tanto, Emiliano, su hermano, ejercía de Presidente gracias al apoyo militar. Pero renuncia al comenzar 1927 y el coronel Carlos Ibáñez ocupa su lugar e interviene el Poder Judicial, y su ministro de Justicia, Aquiles Vergara presiona a la Corte Suprema para que saque a aquellos jueces que todo el mundo conoce como venales y corruptos.

Este es justamente el tiempo en que el poeta Huidobro escribe su violenta diatriba.

No era fácil lo que se proponía el ministro. El presidente de la Corte, Javier Ángel Figueroa se oponía. De las diferencias entre ambos quedó para el registro de la historia un duro intercambio de notas: Vergara escribe:

«No ha escapado seguramente al conocimiento de V.E. el verdadero clamor público que reclama la lentitud en la substanciación de los procesos civiles y criminales, que han ido en constante aumento hasta llegar en ciertos casos al extremo de traducirse en verdadera denegación de justicia. No se os ocultará tampoco a V.E. el hecho de que hayan llegado a aceptar plazas y actúen en el servicio judicial elementos de escasa competencia y de dudosa moralidad que los hacen inhábiles e indeseables para ejercer con autoridad y prestigio sus nobles y elevadas funciones»[170].

Figueroa responde que «los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento». Defendía las facultades fiscalizadoras de la Corte Suprema sobre los tribunales y esgrimía que nadie podría ser depuesto sin una causa que los hubiera sentenciado legalmente.

El notorio ejercicio, por años, de malos funcionarios judiciales que no habían sido removidos, ni recibido la más leve sanción disciplinaria, debilitaba la postura de Figueroa en su intento de proteger la autonomía del Poder Judicial.

En la Suprema, los ministros se dividieron entre aquellos que apoyaban al gobierno y aquellos que lo rechazaban. Figueroa se negaba a llamar a retiro a los treinta magistrados que, según el Ejecutivo, debían ser removidos. Como Figueroa no obedecía, Ibáñez declaró vacantes, el 24 de marzo de 1927, los puestos que ocupaban cinco ministros de cortes de Apelaciones y trece jueces letrados.

En respuesta, el presidente de la Corte Suprema renunció y pocos días más tarde el gobierno lo deportó. Junto a Figueroa dimitieron los ministros que lo habían apoyado en la Corte: Alejandro Bezanilla Silva, Antonio María de la Fuente, Manuel Cortés y Luis David Cruz.

Los ministros que se quedaron, pues respaldaban al gobierno, fueron: Ricardo Anguita, quien reemplazó al presidente, Dagoberto Lagos, Moisés Vargas, Germán Alcérreca y José Astorquiza. Ellos mismos habían ayudado a Vergara a confeccionar la lista de los treinta indeseables.

Ibáñez comenzó así la prometida depuración del sistema judicial, que terminó con la expulsión de dieciocho funcionarios, el exilio del presidente de la Suprema, del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y de otros altos funcionarios judiciales.

Pese a la conmoción, la mayoría de los miembros del Poder Judicial observó la razzia en silencio, entre otras razones, porque gran parte de los jueces removidos eran realmente venales, aunque también hubo jueces corruptos que no fueron castigados. Y además, por el obvio temor que generaron en ellos los allanamientos, prisiones, torturas, exilio y destituciones que el gobierno impuso a sus opositores.

La depuración de Ibáñez no implicó reformas en los procedimientos judiciales, pese a que gran parte de los ataques tenían su causa en ellos.

Desde la Guerra Civil de 1891 los partidos políticos preferidos por los magistrados fueron aquellos que «propendían a la mantención del status existente o, cuando menos, a una evolución moderada y pausada de las estructuras sociales, económicas y políticas de la República. Esto permitía dar un carácter muy conservador a las instituciones judiciales y a su modo de operar, por lo cual puede entenderse que si uno de sus miembros adhería a ideas que parecían discrepar con este modus operandi, no podía continuar perteneciendo a esta comunidad tan cerrada en sí misma»[171].

La cúpula judicial, inspirada en esta arraigada cultura conservadora, en adelante puso obstáculos a cualquier modificación profunda del aparato y sistema judiciales, pese al clamor que se venía oyendo desde principios de siglo.

El propio ministro de Justicia de Ibáñez, Aquiles Vergara, decía después de asumir su cargo en 1927:

«Pocos servicios del Estado necesitaban más de la atención del gobierno, que nuestra administración de justicia. Varios eran los factores que, agravados por el correr de los años, sin fuerza de reacción propia, y contando con la paciencia nacional, habían creado una pesada atmósfera de lenidad y hasta de impureza alrededor de la magistratura, doblegada a los intereses de la política, pero soberbia y encastillada en sus relaciones con los demás poderes del Estado»[172].

Pero la reforma que se proponía Vergara no pasó de la aplicación bruta de la manu militari y postergó, hasta nuestros días, las reformas sustanciales.

Décadas de olvido

Entre 1891 y 1933 se produjo en Chile el llamado surgimiento de la «cuestión social» que sumió en la crisis la hasta entonces llamada república oligárquica, según han registrado los historiadores.

Con la expansión del aparato estatal, se fortalecieron los «sectores medios» y emergió el proletariado urbano e industrial. Siguió una etapa política en que las distintas clases sociales dominantes compartieron el poder político, sin imponerse unas sobre otras, equilibrándose en un sistema de alianzas que duró hasta 1960. Según Carlos Peña, durante esta etapa se habría producido una «profesionalización» de la judicatura. Y durante las tres décadas que van desde 1930 a 1960 el Poder Judicial se mantuvo prácticamente libre de críticas y presiones sociales.

No es que las deficiencias del sistema hubieran desaparecido. Es que nadie se interesaba en ellas. Tampoco el Estado prestaba mucha atención a la administración de justicia.

El ministro José Cánovas (fallecido en 1992) recuerda en sus memorias que el 28 de septiembre de 1942, recién ingresado a la judicatura, fundó el Juzgado de Letras de Santa Juana (localidad dependiente del departamento de Coronel, en la entonces provincia de Concepción). Relata así la experiencia:

«De inmediato, del sueño pasé a la realidad y así aprendí a enfrentarla desde el primer día de mi magistratura. En efecto, la llegada a Santa Juana fue desalentadora. Para instalarnos tuve que conseguir un bodegón abandonado, lleno de ratones, sin cielo raso y sin piso. Me prestaron una mesita vieja que se balanceaba al compás de un lápiz y había una silla que solo tenía dos patas buenas, de modo que para sentarse uno tenía que apuntalarse con las piernas. El secretario se ubicó en una banca de madera rústica. Conseguí una máquina de escribir que tal vez la había llevado el primer civilizado del pueblo».[173]

Cuando quiso dictar el «acta de instalación» al secretario, este se excusó diciendo que no sabía escribir a máquina. Cánovas le pidió que escribiera a mano, pero el secretario volvió a excusarse diciendo que se le habían quedado los anteojos en Concepción. Cuenta entonces: «Opté por escribir yo el acta, que él me autorizó con gran dificultad caligráfica».

El secretario de Cánovas no sabía escribir, pese a que tenía, como todos los secretarios de los juzgados, rango de juez y debía reemplazar al titular cuando este se ausentaba.

En Curanilahue, Cánovas fue expulsado de la residencial en que se alojaba por haber encarcelado a un pariente del dueño. En Lota, que vivía convulsionada por los conflictos entre los mineros y los explotadores de los yacimientos de carbón, el magistrado descubrió que la Compañía minera controlaba el juzgado local. Le había asignado una casa al juez de turno (cuando llegó Cánovas la ocupaba el secretario) y una cuota de sacos de carbón al mes.

Cánovas se negó a habitar en el inmueble y obligó a su secretario a abandonarlo.

«Al administrador de Schwager lo llamé a mi despacho y le representé su mal proceder, ya que se permitió enviarme los trece sacos de carbón sin siquiera tomarme la venia o consultarme. Le advertí que no era su empleado, y que sin darse cuenta estaba cometiendo un delito»[174].

La corrupción en el juzgado de Lota era histórica. Uno de sus jueces fue conocido por dejar impunes incluso delitos de homicidio, simplemente archivando los procesos. Murió rico.

«Había un oficial primero (los oficiales, que van de oficial cuarto a oficial primero, son los responsables de los servicios menores en los tribunales, equivalentes a los que realizan los juniors en las empresas) que era el explotador de los pobres familiares de los presos. Al cumplir estos los cinco días de detención me iba a consultar mi resolución. Como era mi costumbre, escribía al margen de cada causa si alguien quedaba en libertad o sometido a proceso. Si les daba la libertad, de inmediato el oficial primero salía de mi despacho hacia el mesón de atención al público y llamaba a los familiares del detenido, a los que cobraba diversas sumas por la libertad del preso, la que, según él, “tenía que arreglar con el juez”»[175].

Situaciones como estas han continuado ocurriendo en el Poder Judicial chileno. Fue por actos similares que el actual ministro de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís, pidió la destitución de algunos oficiales a su cargo cuando dirigía el Quinto Juzgado del Crimen.

Atrapar a los funcionarios en estos actos requiere dedicación. Un juez descuidado, que se encierra en su despacho, no lo advertirá.

Cánovas descubrió las maniobras de su oficial y pidió la destitución.

En sus primeros años en el cargo pudo establecer que muchos juicios se arreglaban «a lo compadre», influyendo en los parientes de los jueces, en sus amigos. Se acostumbraba fabricar pruebas, pagando a testigos para que declararan en tal o cual sentido. El extravío de expedientes era tan habitual como lo es hoy.

Pero es justo decir que al mismo tiempo que demonios, la judicatura prohijó distinguidos e ilustres jueces. Las cortes de Apelaciones de Santiago y Concepción, por ejemplo, se hicieron muy prestigiosas entre los abogados.

Vicios y virtudes fueron virtualmente ignorados por los medios de comunicación de aquellos tiempos. El silencio, más que reflejo de satisfacción con el sistema, evidenciaba la indiferencia social hacia el rol que debía jugar este, el tercer poder del Estado. El interés ciudadano, reflejado en los archivos de prensa de la época, estaba focalizado en las conductas del Ejecutivo y el Legislativo.

Después de la desastrosa experiencia parlamentarista, el Ejecutivo había recuperado su primacía entre los tres poderes y así se quedaría.

El sistema judicial siguió funcionando con la misma estructura afianzada a comienzos del siglo XIX, en un estado de evidente abandono. Entre 1962 y 1963, el presupuesto público general de la Nación aumentó en un 17,5 por ciento; pero los montos asignados al sistema judicial crecieron, en el mismo período en apenas un siete por ciento, un porcentaje inferior al alza del costo de la vida[176]. Entre 1947 y 1962, el porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial disminuyó del 1,07 por ciento al 0,52 por ciento.

Solo hacia fines de los ‘50, la preocupación por los temas judiciales comenzó a formar parte del debate público. Un estudio sobre la presencia del Poder Judicial en las informaciones de prensa entre 1954 y 1967, revela que el 86 por ciento de las noticias se concentran en el último año.

La huelga «larga»

El intento por establecer un modelo que sacara a Chile del subdesarrollo obvió de la lista de prioridades la realización de las reformas que se venían proponiendo al sistema judicial.

Nada se hacía por mejorarlo, aunque arreciaban las críticas al sistema. Los magistrados se agazaparon en una actitud de desconfianza hacia «la» política y en un arraigado corporativismo.

Si bien no hubo una voluntad real de hacer cambios, el tema estuvo presente en los programas de gobierno. El de Eduardo Frei Montalva planteaba la necesidad de modernizar el sistema judicial, de hacer cambios estructurales para que las nuevas leyes no tropezaran con «una justicia lenta, cara y anticuada» y propugnaba la necesaria «democratización» del sistema, entendida como medidas para asegurar su gratuidad y ampliar el acceso de los ciudadanos.

Frei padre creía necesarios «una renovación más acelerada de sus cuadros y el acceso de las nuevas generaciones a cargos de responsabilidad en el Poder Judicial», pero no llegó a concretarlos.

Bajo su mandato, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rubén Galecio, propuso crear un Ministerio Público. Considerando que no habría mucho dinero para ejecutar su idea de un modo radical, Galecio sugirió una adecuación a «la chilena». Habría que dividir la judicatura en dos: una parte de los jueces, los instructores, se dedicarían solo a la investigación de los procesos y realizarían las labores del Ministerio Público. El resto, los falladores, dictarían las sentencias. La propuesta de Galecio incluía que algunas de las etapas del proceso fueran orales.

El revolucionario y solitario esfuerzo de Galecio murió en las carpetas de Frei Montalva, junto a las propias ideas del gobernante, pues Justicia no era una prioridad. La idea de Galecio fue solo acogida en el proyecto de Ministerio Público aprobado bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle casi al llegar el siglo XXI.

El mayor conflicto del gobierno de Frei Montalva con el Poder Judicial no fue el debate en torno a las propuestas de reforma, sino que la demanda gremial por mejoras salariales.

En 1967, magistrados y funcionarios hicieron un movimiento de «brazos caídos», un paro que duró 24 horas y pasó casi inadvertido. Pero cuando concluía el gobierno, los jueces y empleados volvieron a unirse para realizar la única huelga total de que se tenga conocimiento en el Poder Judicial. Lo lideraba la Asociación Nacional de Magistrados, que tenía entonces entre sus principales dirigentes al influyente Sergio Dunlop, presidente en la Corte de Apelaciones de Talca en 1965, 1969 y 1973.

El ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldívar, se negaba a otorgar mejoramientos extraordinarios a los magistrados —el Escalafón Primario— y a los funcionarios —el Escalafón Secundario—. Seiscientos jueces y mil 600 empleados pedían satisfacción urgente de sus demandas económicas y respaldaban las peticiones que en el mismo sentido había estado haciendo la Corte Suprema.

Los ministros del máximo tribunal, empero, tomaron cierta distancia del movimiento y solo aceptaron el rol de mediadores.

La personalidad de Dunlop generaba fricciones al interior del Poder Judicial. Había quienes desconfiaban de su modo personalista. Se resistían al estilo «sindicalero» para tratar los problemas económicos del Poder Judicial. Los jueces, afirmaban, no pueden presentarse como «empleados» ante el Ejecutivo, pues, en el ejercicio de su ministerio, se les requerirá la obediencia de subalternos, en desmedro de su independencia.

Entre los detractores de Dunlop estaba el ministro José Cánovas, quien fue designado junto a Gustavo Chamorro para representar al ministro de Justicia, Gustavo Lagos, la inconfortable situación económica en que se encontraban los magistrados. El presidente de la Corte Suprema, Ramiro Méndez, se excusó de acompañarlos, pero les dio su bendición.

Cánovas y Chamorro le advirtieron anticipadamente al ministro que se preparaba una huelga y que ellos, como otros magistrados de cortes de Apelaciones, estaban contra el movimiento. Subir la oferta evitaría una catástrofe, pero el ministro no escuchó.

El paro comenzó a medianoche del sábado 28 de noviembre de 1969. El domingo, ministros de la Corte Suprema se reunieron con los líderes de la huelga para informarles que existía un acuerdo con el gobierno para otorgar un 20 por ciento de aumento en las remuneraciones. Los huelguistas lo rechazaron. Querían un 60 por ciento de aumento: un 40 por ciento en sueldos, un 20 por ciento en la asignación de vivienda. Magistrados y funcionarios decidieron continuar el movimiento hasta las 14.30 horas del lunes.

Los ciudadanos que por cualquier motivo ingresaron ese fin de semana a las cárceles en Chile, no pudieron ser atendidos y se pasaron cinco días presos, sin que nadie oyera sus descargos. Muchos policías tuvieron que realizar trámites de jueces. Sobrevino el caos.

Los jueces demandaban además una modificación al sistema de calificaciones que seguía vigente y que consideraban un arma de presión de la Corte Suprema hacia sus subalternos.

Dunlop dio una conferencia de prensa ese domingo para informar de sus planteamientos y del avance de las conversaciones. Sus declaraciones casi le costaron el puesto. El lunes 30, La Nación publicó la noticia bajo el título «La Suprema lamenta y no acepta un paro que infringe las normas legales». La nota describía la postura del máximo tribunal, que afirmaba que los huelguistas no tenían el derecho legal de parar, junto a las declaraciones de Dunlop, culpando a la corte de indiferencia. Según el matutino, Dunlop había dicho que: «De no haber operancia por parte de la Corte Suprema, este movimiento huelguístico buscará la remoción de todos los integrantes de aquel organismo de Justicia».

Ante tamaña declaración de guerra, la Corte Suprema se reunió en pleno. Algunos, como Rafael Retamal, pedían la destitución inmediata del rebelde.

Dunlop tuvo que dar explicaciones ante el presidente, Ramiro Méndez. Con la grabación de la conferencia, facilitada por la periodista de Radio Cooperativa, Carmen Puelma, Dunlop demostró que nunca había hecho tales aseveraciones. Se salvó.

Las negociaciones continuaron. En la tarde del lunes, el gobierno llegó a un acuerdo con la Corte Suprema. El tribunal aprobó el proyecto de mejoramiento económico del Poder Judicial propuesto por el Ejecutivo, pese a la oposición de la magistratura y los funcionarios.

Junto con anunciar el acuerdo, el ministro de Justicia, tal vez para seducir a los huelguistas, informó que se modificaría también el sistema de calificaciones, para permitir «una real valorización del mérito funcionario». Sin embargo, tal idea no llegó a concretarse.

El acuerdo cupular no fue suficiente. Magistrados y funcionarios decidieron prorrogar el paro por otras 48 horas. El martes 2 de diciembre, el conflicto llegó a su nivel más alto de enfrentamiento. El ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, asumió la labor de mediador y estuvo negociando todo el día, pero fracasó.

El Presidente Frei manifestó que lamentaba «profundamente» el movimiento y que «esto no es solo un problema del Ejecutivo, sino un problema que afecta al país entero. No tengo forma de imponer autoridad sobre el Poder Judicial. Sin embargo, espero que los funcionarios recapaciten, pues su movimiento huelguístico, siendo ellos los administradores de la Justicia en Chile, les resta autoridad moral frente al país».

El Ministerio del Interior amenazaba con aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado. Parte de las advertencias iban dirigidas indirectamente contra Dunlop. La asamblea de los huelguistas recibió el mensaje y respondió amenazando con abandonar «nuestras funciones en forma total e indefinida» en respaldo de cualquier dirigente que fuera sancionado individualmente.

El gobierno cedió un poco y ofreció un 30 por ciento de aumento. El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, asumió el papel de mediador en reemplazo de Retamal, que rechazó continuar después que los huelguistas rechazaran también ese 30 por ciento.

El Colegio elaboró una nueva propuesta, que otorgaba un reajuste del 35 por ciento sobre el reajuste general que recibiría la administración pública en 1970. El Ejecutivo aceptó la idea. El miércoles hubo acuerdo. El jueves, a las 8 de la mañana, los magistrados y funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo. El acuerdo con el Gobierno incluyó que no habría sanciones a los dirigentes y que los días de paralización no serían descontados.

Ese mismo día La Nación publicó una explicación pública del entonces secretario de la Corte Suprema, René Pica Urrutia, en respuesta a las informaciones de prensa que aseguraban que los ministros de la Corte Suprema recibían «remuneraciones excesivas».

Justicia «popular»

Poco antes de que Salvador Allende llegara al Gobierno, la crítica en boga era que el Poder Judicial había establecido una «justicia de clase». Quien más insistía en esta definición era el jurista y académico Eduardo Novoa Monreal.

Novoa llegó a ser presidente del Consejo de Defensa del Estado bajo el gobierno de Salvador Allende y defendió la nacionalización del cobre ante tribunales europeos en 1972.

En un trabajo, «¿Justicia de clase?», publicado en la revista de los jesuitas Mensaje, Novoa cita veinte casos para demostrar que «la justicia está al servicio de la clase dominante, y que interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen económico-social vigente, en desmedro de los trabajadores, que constituyen en el país una amplia mayoría».[177]

Entre los casos recopilados por el autor estaba el del periodista de La Serena Raúl Pizarro, quien escribió a comienzos de 1969 una serie de artículos que revelaban los abusos cometidos en contra de familias campesinas, entre otros, por el ministro de la Corte de esa ciudad, Ruiz Aburto.

Según las crónicas de Raúl Pizarro, el magistrado realizaba una persecución inhumana en contra de los campesinos y detenía a quienes denunciaban los abusos. Hasta hubo una protesta en contra del magistrado y la Central Única de Trabajadores pedía su destitución.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, el periodista fue procesado por desacato al ministro cuestionado. El profesional presentó un recurso de amparo, argumentando que había obrado lícitamente, en el ejercicio de su derecho a informar y criticar, pero la Corte Suprema rechazó el recurso el 22 de abril de 1969, declarando que sus artículos constituían «demasías verbales que, extralimitando el derecho de crítica e información, se convierten en maledicencia desprovista de objetivos serios y lícitos».

Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en contra del ministro Ruiz Aburto, que fue desechada en el Senado, pese a que la mayoría de los presentes la aprobaba, pero no reunían el quorum necesario. La Corte Suprema lo mantuvo en el servicio y solo tomó la medida de trasladarlo. En enero de 1970, el desprestigiado juez renunció voluntariamente a su cargo.

Un segundo caso narrado por Novoa describía la manipulación de los tribunales por parte de la empresa Braden Copper, propietaria de los minerales de cobre de Sewell.

En junio de 1945 se produjo en aquel enclave minero uno de los más grandes accidentes del trabajo que se hayan producido en Chile. Murieron más de 150 trabajadores, a raíz de lo cual el Congreso dictó una ley que concedió una indemnización especial a las viudas y huérfanos de los fallecidos.

Para liberarse del pago, la empresa Braden Copper objetó la constitucionalidad de la ley, utilizando un sucio subterfugio legal. Antes de que ninguno de los 510 huérfanos y 165 viudas hubiera alcanzado a cobrar, en un juzgado de Santiago apareció demandando a la empresa una tal Clarisa Díaz, que decía ser una de las viudas; no indicaba domicilio, ni acompañaba documentos que demostraran su calidad. El juicio sirvió de excusa a la empresa para iniciar un recurso de inaplicabilidad de la ley de indemnización ante la Corte Suprema. El fallo declaró inconstitucional la norma el 12 de mayo de 1947, dejando en el desamparo a las viudas y los hijos de los trabajadores.

Posteriormente, una organización de mujeres ofreció pruebas al máximo tribunal de que el juicio lo había arreglado la empresa, para obtener un fallo que sentara jurisprudencia y le permitiera detener los cobros que las auténticas favorecidas por la ley quisieran entablar. La Corte Suprema ordenó de un plumazo archivar esta denuncia, desestimando su relevancia.

Tras la publicación del largo artículo de Novoa, se encendió una ácida polémica en torno al Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Ramiro Méndez, aceptó el desafío del debate y se presentó en un programa de televisión, junto a Rafael Retamal, para responder de sus actuaciones en cada uno de los casos citados por Novoa.

Méndez aprovechó también la ceremonia de inauguración del año judicial para replicar a Novoa. Acuñó una célebre sentencia: «Es absurdo decir que nuestras cortes son clasistas. Ellas solo aplican las leyes que rigen en el país»[178]. La frase se convertiría en una muletilla en las respuestas de los presidentes de la Corte ante futuras y más severas críticas.

Un estudio del Centro de Desarrollo Urbano y Regional (publicado por la Universidad Católica de Valparaíso) sobre la percepción de la justicia entre los pobres detectó que un 71 por ciento de los pobladores encuestados estuvo de acuerdo con la frase «uno no consigue justicia si no tiene dinero»; un 74 por ciento, estuvo de acuerdo con que «uno no consigue justicia si no tiene influencia». Los encuestados opinaron, en un 52 por ciento, que los abogados son «negociantes que actúan por lucro», sin considerar lo que es «justo». Frente al caso de una persona de estrato social alto que atropellara a un obrero, el 75 por ciento afirmó su convicción de que el obrero, aún teniendo testigos favorables, perdería el juicio[179].

En veinte años la percepción de los sectores marginados no había cambiado mucho. En 1993, la Corporación de Promoción Universitaria, CPU, publicó un estudio realizado por la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica, DESUC, sobre la opinión de los pobres acerca de la justicia. Ante la pregunta ¿Qué opina usted sobre cómo anda la justicia en Chile?, un 82,8 por ciento opinó negativamente. Los encuestados usaron espontáneamente calificativos como «ineficiente», «discriminatoria», «lenta», «arbitraria» y «corrupta» para referirse a ella.

Los académicos partidarios del gobierno de la Unidad Popular propugnaban en esos años la creación de tribunales vecinales, para solucionar los problemas de acceso a la justicia de los sectores más desposeídos, pero la idea no llegó a prosperar.

Los juzgados vecinales o de paz también formaron parte de los proyectos impulsados por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es curioso que este último, que ha logrado la mayor reforma al Poder Judicial en el siglo, no ha podido obtener este simple cambio. El eterno y pregonado deseo de acercar la justicia a los más pobres ha quedado, como entonces, postergado.

La Corte Suprema en la antesala del golpe

El programa de gobierno de Allende sostenía que la misión del Poder Judicial era adecuarse al concepto de «Estado Popular».

En su declaración de intenciones, el nuevo gobierno reconocía el principio de autonomía entre los tres poderes del Estado y reiteraba otra de las eternas e incumplidas promesas al Poder Judicial de otorgarle una «real independencia económica». Hasta ahí, todo iba bien.

Pero Allende afirmaba además que su gobierno concebía «la existencia de un tribunal supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial. Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa. Para el gobierno popular una concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa».

El gobierno de Allende nunca tuvo intenciones serias de llevar a cabo este planteamiento, pero los conceptos vertidos en su programa fueron suficientes para que la judicatura se sintiera amenazada y se refugiara en un mayor corporativismo y autodefensa. Además, la Unidad Popular trasladó al sector Justicia el debate partidista, y los más altos magistrados, olvidados ya de antiguas manifestaciones políticas de sus miembros, reaccionaron despreciando a quienes se dejaron llevar por la corriente.

Apenas instalado el gobierno, se formó al interior del Ministerio de Justicia un Comité de la Unidad Popular (CUP), que pronto se reprodujeron al interior de la judicatura. En el Ministerio, seis o siete integrantes del CUP asesoraban al titular de la cartera en los nuevos nombramientos. Aunque el gobierno de Allende no hizo remociones masivas, llenó las vacantes que se producían con partidarios suyos.

En 1971 se produjo una de las elecciones más duras en la Asociación Nacional de Magistrados. Una lista de los CUP —cuyos candidatos postulaban reformar el sistema judicial para convertirlo en tribunales populares— perdió frente a la antigua directiva, representada por Sergio Dunlop con el eslogan de la defensa de la independencia del Poder Judicial. Los resultados, sin embargo, fueron abiertamente cuestionados y no solo los allendistas acusaron a la lista de Dunlop de fraude.

En 1972, los miembros de los CUP se retiraron de la Asociación y formaron una agrupación separada, minoritaria.

Simultáneamente, la Corte Suprema iniciaba un duro y largo debate con el Ejecutivo, por la resistencia de este a cumplir las decisiones judiciales. En medio de la batalla, un grupo de partidarios del gobierno se tomó la Corte de Apelaciones de Talca, en protesta por la petición de desafuero del intendente de la zona, que se había formulado ante el Senado.

Los ministros no pudieron ingresar al edificio, donde también se ubicaban el correo y el Servicio de Impuestos Internos. Un coronel de Carabineros ofreció desalojar a los manifestantes, pero el segundo en el mando le recordó que, independientemente de las instrucciones del tribunal, primero debían consultar al Ministerio del Interior. El conflicto terminó cuando el propio intendente, un joven militante socialista, pidió a los manifestantes que dejaran el edificio.

Hacia 1973, el Poder Judicial era uno de los baluartes en las acusaciones sobre las ilegalidades en que incurría el gobierno de la Unidad Popular. Allende había dispuesto el incumplimiento o postergación de órdenes judiciales, por ejemplo, de lanzamiento de quienes se hubieran tomado fundos, fábricas y casas. Además, dispuso que los fallos que pedían el auxilio de la fuerza pública fueran consultados con el Ministerio del Interior antes de ser ejecutados.

En medio de ese clima polarizado, el gobierno elaboró un proyecto de reforma para crear «una justicia participativa con criterios de actuación distintos de los preceptuados por el pensamiento jurídico tradicional». Allende entendía que el Poder Judicial como cuerpo estaba en la oposición a su gobierno y que contaba con el respaldo de los partidos políticos de centro y derecha, que asumieron, en este tema, la defensa del Estado de Derecho.

A mediados de 1973, Allende envió una carta a la Corte Suprema, criticando la actuación de los tribunales. Acusaba a los jueces de extralimitarse en sus atribuciones y de estorbar el cumplimiento de las labores administrativas.

Mencionaba como ejemplo del «trastrueque de valores de la justicia» el caso Chesque. Chesque era un fundo que fue tomado por un grupo de campesinos mapuches. Los propietarios, que decidieron «retomarlo», mataron en la refriega a uno de los ocupantes. Los Tribunales, decía Allende, resolvieron que los dueños del fundo no cometieron homicidio porque actuaron en defensa de su propiedad. En cambio, los mapuches estuvieron siete u ocho meses en prisión preventiva.

Según el Presidente, los tribunales superiores demostraban una «manifiesta incomprensión (…) del proceso de transformación que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas».

Allende también acusaba a los magistrados de la Corte Suprema de acudir a él siempre por motivos «personales» antes que jurídicos.

El 25 de junio, un pleno, presidido ahora por Enrique Urrutia Manzano, envió un oficio al Presidente. Es la respuesta más severa que ese tribunal haya dirigido a Presidente alguno en la historia de Chile:

«(…) Quiere también esta corte expresar con entereza a V.E. que el poder que ella preside merece de los otros Poderes del Estado, por deber constitucional, el respeto de que disfruta y lo merece, además, por su honradez, ponderación, sentido humano y eficiencia y que ninguna apreciación insidiosa de algún parlamentario innombrable o de sucios periodistas logrará perturbar sobre este particular asunto el criterio de los chilenos.

«El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello, cometió un error al tomar partido en la sistemática tarea —nunca lograda— que algunos sectores del país han desatado en contra de esta Corte. Lo lamenta este Tribunal hondamente, y lo dice porque si S.E. ha invadido en su comunicación un campo jurídico que constitucionalmente le es vedado, este tribunal puede, a su vez, para restablecer el equilibrio así perturbado, insinuarse en las costumbres administrativas, aunque no sea más que para significarle a V.E. la importancia y las consecuencias de su error. La equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la ciudadanía, y por consiguiente esta Corte, lo tenían colocado, por la precaria posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país que, por imperativo del deber, tiene que contrariar a veces en sus fallos los deseos más fervientes del Poder Ejecutivo.

«Error es el expresado de trascendental gravedad porque el Jefe Supremo de la Nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta Corte como guardián de la legalidad administrativa del país contra los excesos de algunos subordinados, y es por eso lamentable que se constituya ahora en censor del Poder Judicial tomando partido al lado de aquellos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley. Los ministros suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y la actitud de V.E. porque entendemos que deprime su función constitucional.

«(…) El Presidente ha asumido la tarea —difícil y penosa para quien conoce el Derecho solo por terceristas— de fijar a esta Corte Suprema las pautas de interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, según lo mandan los artículos 80 y 44 de la Constitución Política del Estado, no derogados todavía por las prácticas administrativas.

«(…) Ninguna discusión sociológica, o sutileza jurídica, o estratagema demagógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces de derogar los preceptos legales copiados (en el oficio), que se copiaron para que V.E. lea con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su calidad y precisión tales que no admiten interpretaciones elusivas.

«(…) Aun si el Juez o el Tribunal Superior cometieran un delito de prevaricación, aun si fallaran por dádiva o promesa no podría el funcionario administrativo resistir la orden, sino que tendría otros derechos funcionarios y ciudadanos, cuyo ejercicio, sin embargo, debería iniciarse ante el Tribunal de Justicia correspondiente».

El oficio también respondía por el caso Chesque:

«¿Pretende el oficio de V.E. que los Tribunales de Justicia olviden la ley, prescindan de todos los principios y en nombre de una justicia social sin ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa en su caso amparen incondicionalmente a los tomadores y repudien de la misma manera a los que pretenden la recuperación de los predios tomados?».

Los trece ministros que integraban el máximo tribunal firmaron el acuerdo —autorizado por el secretario René Pica Urrutia—: Enrique Urrutia Manzano, Eduardo Varas Videla, José María Eyzaguirre Echeverría, Manuel Eduardo Ortiz, Israel Bórquez Montero, Rafael Retamal López, Luis Maldonado Boggiano, Juan Pomés García, Octavio Ramírez Miranda, Armando Silva Henríquez, Víctor Manuel Rivas del Canto, Enrique Correa Labra y José Arancibia.

Allende recibió el oficio del máximo tribunal y lo devolvió sin comentarios. El pleno volvió a reunirse (esta vez con la ausencia de Arancibia, Correa y Ortiz) y emitió un nuevo acuerdo:

«Que por tratarse de Poderes del Estado de igual rango constitucional entre los cuales no existe subordinación, es inaceptable la actitud del Presidente de la República de devolver el oficio de este tribunal».

El acuerdo está firmado el 4 de julio de 1973. Poco más de dos meses después, el 11 de septiembre, se produjo el golpe de Estado.

Capítulo IV

Los ritos del poder

Un microbús del Ejército

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, se levantó de madrugada el 11 de septiembre de 1973. Muy lejos de su departamento en calle Lota, su chofer, un hombre enjuto y de modales medidos, salía del sueño antes de las seis de la mañana. Como de costumbre, a las siete el funcionario salió de su casa para llegar a las ocho en punto al departamento del magistrado.

El empleado, como la gran mayoría de los chilenos, desconocía a esa hora que sería un día especial. Pero no lo ignoraba Urrutia quien, al ver llegar a su chofer, le advirtió que esta vez no usarían el auto.

Mientras esperaba, el funcionario oyó que el ministro hablaba por teléfono. El magistrado había conseguido que el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, le enviara a su casa un bus militar.

Minutos después, un chofer y dos soldados designados como escoltas aparecieron en una micro de la institución. El ministro y su empleado abordaron el inusual vehículo e iniciaron un recorrido por las casas de algunos de los trece magistrados que componían el máximo tribunal, con quienes Urrutia ya se había puesto de acuerdo telefónicamente. Luego, se dirigieron hacia el Palacio de los Tribunales.

«Al llegar al centro, frente a la Iglesia Santo Domingo, nos comenzaron a disparar desde algún techo. Nos tuvimos que tirar al suelo»,[180] recuerda el funcionario.

El militar que conducía aceleró. Los jueces, sus dos escoltas y el empleado de Urrutia se tendieron en el suelo para protegerse de las balas. Con algunos vidrios rotos, pero sin heridos, la micro logró llegar al Palacio de los Tribunales, en Compañía con Bandera. Los ministros se bajaron y se encerraron durante casi dos horas en el auditorio en el segundo piso del Palacio.

El día estaba nublado. A las 11 de la mañana, caía una suave llovizna sobre la capital.

Aunque según los registros de prensa, los ministros de la Corte Suprema no asistieron al tribunal sino hasta el 13 de septiembre, el chofer de Urrutia, casi el único testigo vivo de los hechos, afirma que siete magistrados se reunieron en secreto con Urrutia esa mañana del 11: Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Luis Maldonado, Juan Pomés García, Armando Silva, Manuel Rivas y Enrique Correa.

El mismo día la Junta Militar dictó el Decreto Ley n.º 1, contenido en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. El decreto, redactado por el capitán de navío Sergio Rillón, tiene tres artículos. El primero declara que los comandantes se constituían como Junta para asumir el mando supremo de la nación, con el compromiso de restaurar la «Chilenidad», la «Justicia» y la «Institucionalidad» quebrantadas. El segundo, designa al general Pinochet como Presidente de la Junta. El tercero, «garantiza la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial (…) en la medida en que la actual situación del país lo permita (…)».

Pocos meses después, el ministro Urrutia Manzano se adelantaría a investir al general con la banda presidencial y pediría a sus colegas la ratificación del acto.

El 11, solo algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago lograron llegar al centro. No les fue fácil. Apenas se podía caminar. «Las fuerzas militares se habían tomado la ciudad», recuerda uno de los magistrados que se desempeñaba en el tribunal capitalino en ese entonces. «Algunos tratamos de llegar porque pensábamos que habría personas con recursos de amparo, pero después nos dimos cuenta de que, en esas condiciones, era imposible»[181].

Quienes consiguieron acercarse al tribunal tuvieron que regresar a sus casas y permanecieron allí, pegados a la radio, siguiendo los acontecimientos. Otros, como Enrique Paillás, vivían en el centro y pudieron ver desde sus casas el bombardeo a La Moneda.

En provincias, la mayoría de los jueces y ministros no tuvieron problemas para presentarse en sus despachos, salvo el cambio de condiciones políticas.

En la Corte de Apelaciones de Talca los magistrados trabajaron hasta las 12.30. Esa mañana el juez de Menores se presentó ante el presidente de la Corte, el controvertido Sergio Dunlop, y le dijo que había recibido una orden de presentarse al regimiento de Talca, junto a otros dos jueces.

El presidente decidió que no debían concurrir y llamó por teléfono al Jefe de Zona en Estado de Emergencia, teniente coronel Efraín Jañas.

—Entiéndase conmigo —le dijo y partió rumbo a la oficina del militar, junto a su secretaria. Allí Dunlop advirtió al oficial: «Según mis informaciones, las nuevas autoridades no han ordenado paralizar el Poder Judicial. Así que si tiene peticiones que hacer, hágamelas directamente a mí, que soy el presidente de esta Corte»[182].

El oficial debió asentir. Los jueces fueron citados, pero no detenidos. En contradicción con este predicamento, Dunlop, quien presidía la Asociación de Magistrados, se acoplaría enseguida al grupo de jueces que se manifestaron abiertamente partidarios del régimen militar. Tal vez por eso se le permitió continuar en su cargo de presidente de la Asociación y sería uno de los colaboradores de Urrutia en la confección de listas de magistrados considerados proclives a la Unidad Popular, que fueron destituidos del servicio[183].

Ese día, los ministros de la Corte Suprema regresaron a sus domicilios en el mismo vehículo militar que los trasladó al centro, y aunque la Junta de Gobierno había prohibido a todos los civiles abandonar sus casas, desde las 15 horas del martes 11 y durante todo el día siguiente, el toque de queda absoluto no fue obstáculo para que Urrutia Manzano emitiera una declaración pública el miércoles 12:

«El presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito del nuevo gobierno de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial sin examen administrativo previo (…) manifiesta públicamente por ello su más íntima complacencia en nombre de la Administración de Justicia de Chile y espera que el Poder Judicial cumpla con su deber como lo ha hecho hasta ahora»[184].

El jueves 13 se permitió a los ciudadanos salir de sus casas solo entre las 12 y las 15 horas. Esa noche, el general Pinochet tomaba juramento a quienes serían sus primeros ministros, en la Escuela Militar.

El titular de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, fue uno de dos civiles nombrados en el gabinete compuesto casi enteramente por uniformados. El abogado de 49 años no era, sin embargo, completamente ajeno al mundo castrense: había sido auditor en la Subsecretaría de Marina en diferentes períodos entre 1943 y 1969 y, luego, abogado coordinador de Asmar, los Astilleros de la Armada.

A poco de asumir, Prieto declararía que el presidente de la Corte Suprema «se ha portado extraordinariamente bien con la Junta y conmigo y comprendió las justificaciones morales y éticas que tuvieron las Fuerzas Armadas para intervenir en los destinos de Chile». Los objetivos de las nuevas autoridades, decía el exauditor de la Armada, era respetar la autonomía del máximo tribunal y la «democratización de la Justicia».

Según informó El Mercurio, once ministros de la Corte Suprema se trasladaron el jueves al Palacio de los Tribunales «en un microbús del Ejército debidamente custodiado por personal militar» y, «extraoficialmente», realizaron un pleno en el que acordaron «ratificar la declaración del presidente del Tribunal dado a conocer por los medios informativos del gobierno» y «disponer que los distintos tribunales de Justicia de la Nación continúen cumpliendo sus labores ante la certeza de que la Autoridad Administrativa respectiva les prestará la garantía necesaria en el desempeño normal de sus funciones»[185].

La declaración fue firmada por Urrutia, Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Luis Maldonado, Juan Pomés, Armando Silva, Manuel Rivas, Enrique Correa, Rafael Retamal, Eduardo Varas y José María Eyzaguirre. Las rúbricas del expresidente Octavio Ramírez y de José Arancibia no ratificaron el pronunciamiento. El mismo día, la Junta de Gobierno difundió el Bando n.º 29, cuyo contenido decía escuetamente: «Clausúrase el Congreso Nacional y decláranse vacantes los cargos de los parlamentarios»[186].

El viernes de esa semana, la mayoría de jueces y ministros volvió a sus labores en normalidad. O a una normalidad aproximada.

El sábado 15 en el diario La Tercera apareció un inserto de breve extensión pero extensas consecuencias, por la polémica que generaría más tarde. Decía:

«Nombramiento de los Consejos de Guerra: Se pone en conocimiento de la ciudadanía de que con el fin de acelerar al máximo sustanciación de causas que corresponda incoar a los Tribunales Militares en tiempo de Guerra, la Junta de Gobierno ha delegado en los comandantes de las diversas Zonas Jurisdiccionales la atribución de nombrar los Consejos de Guerra»[187].

A pesar de que eso significaba sacar del ámbito de atribuciones de la máxima autoridad judicial los primeros procesos contra los opositores, las relaciones entre las nuevas autoridades administrativas y el máximo tribunal de la República fueron desde un comienzo cordiales. La mayoría de los ministros opinaba que ahora sí llegaba un gobierno que los entendía, que los respetaría y les daría el lugar que merecían en la sociedad. Se sentían alegres y agradecidos, y en vez de reclamar por la usurpación de funciones, la Corte Suprema inició inmediatamente el despacho de oficios pidiendo aumentos de sueldos.

La rutina ceremonial

La Tercera apareció en la mañana del 25 de septiembre con la primera entrevista al ministro Gonzalo Prieto Gándara.

«Todos los sectores ciudadanos deben estar tranquilos porque se actuará con un criterio técnico-jurídico sabio para que la justicia sea realmente justicia», reflexionaba el titular de Justicia.

Al mediodía, los integrantes de la Junta Militar llegaron al Palacio de los Tribunales, vistiendo sus uniformes de gala. Luis Maldonado Boggiano los recibió en la entrada. Urrutia Manzano los esperaba dentro del edificio. Los saludó con solemnidad y los acompañó mientras subían la escalera de mármol que conduce a la Corte Suprema.

Arriba, las autoridades militares se reunieron con los trece magistrados en pleno. Urrutia expresó satisfacción y recordó que solo semanas antes habían temido ser «avasallados» por el «antiguo régimen».

Pinochet respondió: «Sin ley no hay justicia».[188] Y agradeció enseguida el que los ministros hubieran reconocido la legitimidad de las nuevas autoridades.

Más tarde, Urrutia encabezaría una delegación de ministros supremos que sostendría una nueva reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno. El tema en tabla eran las reivindicaciones salariales. El gobierno envió al ministro de Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, para que se entrevistara con los magistrados y tomara nota detallada de sus demandas.

Por esos días, un vecino del ministro Rafael Retamal, cercano a sus hijos, visitó su casa en la calle Los Talaveras, en Ñuñoa. El magistrado lucía su eterna boina y se mostró afable con el visitante, que estaba ya en la oposición al régimen militar y que no pudo resistir la tentación de preguntar al magistrado cuál era su posición.

—A los militares hay que darles un plazo para que cumplan lo que han prometido —respondió, enérgico, Retamal—. Ese plazo no puede ser superior a cinco años[189].

Retamal, declaradamente católico en lo religioso y antimarxista en política, se manifestaba próximo a los postulados de la Democracia Cristiana. Su casa, en la que vivía con una nutrida parentela, era alumbrada de noche por los helicópteros que recorrían la ciudad. Según el gobierno, era una medida de protección.

Mientras tanto, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, recién reinstalados, comenzaban a recibir decenas de recursos de amparo por personas que estaban desaparecidas, detenidas o habían sido ejecutadas por violar el toque de queda.

Durante los primeros meses posteriores al Golpe de Estado, en conocimiento de tales recursos, la Corte capitalina ordenó a algunos ministros que se constituyeran en recintos destinados a la detención masiva de personas.

Uno de ellos fue Rubén Galecio, quien se constituyó, por orden de la Corte de Apelaciones, al menos cuatro veces en centros de detención. Fue a Investigaciones, a dependencias de la Fuerza Aérea y dos veces al Estadio Chile. Se presentaba exigiendo constatar el estado de prisioneros en favor de quienes sus familiares habían recurrido de amparo. Siempre se le impidió el ingreso y el Ejecutivo respaldó la respuesta de los funcionarios militares, que se escudaban en las disposiciones especiales que regían el Estado de Sitio.

Las protestas en contra de las actuaciones de los militares fueron elevadas, por los propios magistrados afectados, a la Corte Suprema que, sin embargo, los archivó sin más trámites. Contrariamente a como lo hizo con el gobierno de Allende, la Corte no mostró el menor signo de rebelión en contra de la dictadura militar.

Los primeros recursos de amparo fueron rechazados con el pretexto de que no era posible constatar la presencia de los detenidos en los recintos militares.

En enero de 1974 la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago fue asumida por José Cánovas. El ministro estaba agobiado por los recursos que le llevaban los abogados de una incipiente Agrupación de Derechos Humanos (Eugenio Velasco, Jaime Castillo), del Comité Pro Paz (predecesor de la Vicaría, al alero del cardenal Raúl Silva Henríquez) y del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Cánovas, un ministro de larga trayectoria, estimaba que algunos de los recurrentes abusaban del amparo, pero también constató la desidia con que el gobierno respondía a los requerimientos de los tribunales.

Cuando el asunto se tornó grave, Cánovas obtuvo el consentimiento del pleno y pidió una audiencia al ministro del Interior, el general César Bonilla. Cánovas le recordó las especiales disposiciones que rigen el recurso de amparo, las obligaciones del Ejecutivo y los vicios y atropellos en que estaban incurriendo las nuevas autoridades militares.

Bonilla se mostró honestamente sorprendido. En presencia del magistrado, ordenó a sus asesores jurídicos para que despacharan cuanto antes los informes pendientes. El Ministerio despachó unos 300 informes atrasados. Pero la actitud asumida por Bonilla, quien murió en un extraño accidente aéreo, no sería seguida por sus sucesores. La Corte Suprema tampoco respaldó las preocupaciones de sus subalternos.

Aunque en la Corte de Apelaciones de Santiago se instauró una oficina especial para tramitar los recursos de amparo, estos continuaron siendo rechazados masivamente.

Paulatinamente, las cortes de Apelaciones dejaron de designar magistrados para que se constituyeran en los cuarteles militares y se limitaron, casi siempre, a enviar oficios a los organismos oficiales. Pasó a ser una suerte de rutina. Del mismo modo se convirtió también en rutina el traslado diario de los ministros de la Corte Suprema al Palacio de los Tribunales en un bus del Ejército.

Primer aniversario

El 29 de diciembre de 1973, la Corte Suprema celebró su aniversario número 150. Se hizo una ceremonia y un cóctel en el Palacio de los Tribunales en la cual festejaron el acontecimiento los 13 ministros del máximo tribunal y las nuevas autoridades, encabezadas por el general Pinochet.

El 1 de marzo de 1974, prácticamente la misma audiencia se congregó de nuevo para oír el discurso inaugural del año judicial. Era viernes. El país seguía bajo Estado de Sitio. Las detenciones de opositores eran masivas y las denuncias por desapariciones se hacían progresivamente más frecuentes.

En el segundo piso del Palacio de los Tribunales, el primer ministro de Justicia del régimen militar, Gonzalo Prieto; el subsecretario de la cartera, Max Silva; el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán; el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, y todos los magistrados en ejercicio en la capital lucían formales. Un solo extranjero estaba junto a ellos: el presidente de la Corte Suprema de Hannover (Alemania), Helmut Kovold, quien, según la información de prensa, fue «especialmente invitado».

En la sala de plenarios, Urrutia Manzano dio lectura a su discurso. El Mercurio lo publicó al día siguiente bajo el título: «Enérgica y severa exposición del presidente de la Suprema». El ministro advirtió que algunos de sus comentarios los hacía en «términos personales». Como este:

«Producidos los hechos que ocurrieron el día 11 de septiembre último y de los cuales me ocuparé más adelante, puedo asegurar de una manera enfática que los Tribunales de nuestra dependencia han funcionado en la forma regular que establece la ley, que la autoridad administrativa que rige el país cumple nuestras resoluciones y a nuestros jueces se los respeta con el decoro que merecen. Para el que habla, es muy satisfactorio declarar lo expresado»[190].

Para Urrutia todavía estaba vivo el recuerdo del gobierno «marxista» que «con sus desaciertos y su constante violación de la ley de manera tan manifiesta, tanto en su letra como en su espíritu, había perdido ya la legitimidad obtenida con su elección por el Congreso Nacional»[191].

El ministro defendió al nuevo régimen de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, recordando que el 6 de agosto de 1970, poco antes de que Allende asumiera el gobierno, un grupo de abogados pidió a la Corte Suprema que tomara medidas para evitar abusos, flagelos y maltratos a los procesados en los recintos policiales o en las cárceles. La Corte había investigado las acusaciones y, en menos de veinte días, acogido gran parte de las peticiones. Sin embargo, según Urrutia, los principales firmantes fueron nombrados en altos cargos de gobierno y se olvidaron de las quejas.

Lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile, por lo demás, no era de la gravedad que se reclamaba:

«El Presidente que habla se ha podido imponer de que gran parte de los detenidos, que lo fueron en virtud de disposiciones legales que rigen el Estado de Sitio, han sido puestos en libertad. Otros se encuentran procesados en los Juzgados ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de las facultades legales del Estado de Sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la situación eventual en que se encuentran las familias afectadas»[192].

El presidente de la Corte Suprema comentó también que había recibido la visita de dos delegados de Amnistía Internacional. Los visitantes le expresaron su preocupación por la indiferencia del Poder Judicial ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos y, particularmente, por la decisión de la Corte Suprema de renunciar a su potestad fiscalizadora sobre los Consejos de Guerra, que ya habían ordenado la ejecución de numerosos detenidos.

Urrutia dijo que les hizo presente a los delegados «lo infundado» de sus preocupaciones. Si se habían registrado ejecuciones, encontraban su pleno fundamento en las leyes vigentes en Chile y estas armonizaban plenamente con «los compromisos internacionales sobre derechos humanos». Lamentó el ministro que, más tarde, el informe de Amnistía no incluyera sus opiniones: «Se prefiere dar crédito a rumores anónimos o a consignas interesadas». Los derechos humanos, alegó, son «respetados en nuestra patria».

Un segundo capítulo demandaba mejoras económicas. Para graficar los apremios en que vivían los jueces, citó el caso de seis o siete supremos jubilados que recibieron como pensión un cheque de cero escudos:

«El presidente de la Honorable Junta de Gobierno, en conocimiento de este desorden, dio un plazo perentorio de tres días para que se normalizara el pago de pensiones a los ministros jubilados. Y cosa curiosa, dentro de los tres días dicho pago quedaba formalizado. Por supuesto, que gracias a la intervención personal del general señor Pinochet»[193].

Urrutia reclamó una nueva cárcel pública, un departamento de bienestar, nuevos juzgados, más casas para magistrados. Casi ninguna fue satisfecha por el gobierno militar. Citemos únicamente el caso de la cárcel pública, cuya sede, hasta no hace mucho, funcionaba en General Mackenna con Teatinos. En el viejo edificio no se practicaron siquiera reparaciones menores, y como signo de su decrepitud recuérdese la espectacular fuga protagonizada por varias decenas de presos políticos, a comienzos de 1990, gracias a lo fácil que les resultó excavar un túnel subterráneo que los llevara a la libertad.

La Junta Militar dio algunas compensaciones materiales a los magistrados, pero estas fueron principalmente simbólicas.

Según el profesor Carlos Peña, la Corte Suprema encontró en los militares un aliado en sus temores frente a la sociedad civil. «Ambos se autoperciben como sectores excluidos, postergados, incomprendidos y sometidos al deseo de instrumentalización».

El gobierno militar se encargó de hacer participar al Poder Judicial «en los ritos del poder —aunque no en el poder mismo— y, de esa manera, ambos se satisfacen mutua y simbólicamente: el Poder Judicial percibe que por primera vez se le hace salir de su exclusión pública y las Fuerzas Armadas revalidan sus débiles lazos de legitimidad con la antigua República»[194].

Gracias a tales gestos, la Corte Suprema sentía que por primera vez se le daba rango de «poder» del Estado.

Por estas razones el ministro José María Eyzaguirre aceptó gustoso acompañar a los abogados Julio Durán y Alejandro Silva Bascuñán en una gira política por Europa organizada para explicar las razones y fundamentos del «pronunciamiento militar».

La hora de la «razzia»

Mientras los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su embeleso con el sabor del triunfo de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno izquierdista, buena parte de sus subalternos se sumían en el miedo y la paranoia. Los magistrados en las cortes y en los juzgados sabían que sus opiniones y sus fallos serían analizados políticamente. Los ascensos, bastante difíciles, serían reservados para los incondicionales.

La figura de Sergio Dunlop en la Asociación de Magistrados cobraba la faz temible del vencedor para quienes lo habían enfrentado en las luchas gremiales. Se preparaban las listas negras. Los jueces tuvieron que someterse sin chistar a que sus sueldos fueran incorporados a Escala Única vigente para los empleados públicos. Cualquier demanda que no fuera patrocinada por el más alto tribunal podía ser objeto de reprensiones.

En 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo la presidencia de José Cánovas, envió a Pinochet un oficio solicitando una escala especial para el Poder Judicial. Pinochet llamó a Urrutia y le pidió explicaciones. El presidente de la Corte Suprema le dijo que le devolviera el oficio sin contestar, pues él se encargaría de dar cuenta en el pleno. Habría que sancionar tamaño atrevimiento.

Urrutia se encontró con Cánovas en las cercanías de la Corte y lo regañó. Le dijo que el tribunal de alzada había atropellado el principio de jerarquía al dirigirse directamente a Pinochet, sin consultar previamente a la Corte Suprema.

Cánovas tuvo suerte. Cuando Urrutia expuso la situación al pleno, los supremos acogieron el reclamo de la Corte de Apelaciones y decidieron reenviar el oficio, ahora con sus firmas, a la Junta. Pero el gobierno, que para estos asuntos se entendía directamente con Urrutia, consideró que el respaldo de este era suficiente para rechazar el petitorio.

Los que no tuvieron suerte ninguna fueron los jueces catalogados de izquierdistas. En uno de los párrafos de su primer discurso, Urrutia admitía entre líneas la razzia que se estaba registrando al interior de la judicatura. Dijo que las calificaciones correspondientes a 1973 se estaban realizando de acuerdo con nuevos procedimientos establecidos en decretos leyes. «Algunos», dijo Urrutia usando un eufemismo, fueron «separados» del Poder Judicial[195].

Fue una escueta admisión pública de actos que fueron planificados en reuniones privadas.

Recién asumido, el gobierno militar expresó a la Corte Suprema su molestia con los empleados del Poder Judicial que consideraba marxistas. Entre 1973 y 1975, más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar, según un estudio realizado por el Colegio de Abogados en 1986. Entre ellos, unos veinte fiscales y ministros de las cortes de Apelaciones; más de cincuenta jueces, secretarios de juzgados, relatores y secretarios de Corte; y unos 180 miembros del Escalafón Secundario (funcionarios, receptores, defensores públicos y notarios).

La mayoría de esos funcionarios nunca había tenido un reparo en su hoja de vida.

Otra gran cantidad de jueces y empleados, aunque no salieron del Poder Judicial, fueron sancionados con medidas disciplinarias o se los puso en Lista Dos, que equivalía a describir su desempeño como «regular». Es lo que ocurrió al caso del magistrado Alejandro Solís, quien ejercía en Illapel. El actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido mejor juez por los abogados en 1991, fue puesto en Lista Dos por la presunción de que no apoyaba a las nuevas autoridades[196].

El trabajo presentado al Colegio de Abogados por Mario Rossel, concluye que desde el mismo 11 de septiembre fue violado «el principio de inamovilidad», aun cuando estuvo consagrado en la ley por lo menos hasta diciembre de ese mismo año, conforme a la disposiciones de la Constitución de 1925. Esta, así como las leyes derivadas de ella, establecen causales muy precisas para dar curso a la remoción de magistrados.

Pero el 6 de diciembre de 1973 se dictaron los decretos leyes 169 y 170, que modificaron las normas constitucionales y permitieron que la Corte Suprema calificara a los magistrados y funcionarios en tres listas. En la Lista Uno pondría a los meritorios; en la Dos, a los satisfactorios, y en la Lista Tres, a los deficientes, quienes serían automáticamente removidos del Poder Judicial.

Los decretos establecieron que nuevas calificaciones se harían el 2 de enero de cada año, en audiencia y votaciones «secretas»; que contra la calificación no sería posible interponer «recurso alguno», y que los magistrados podrían ser incluidos en Lista Tres por «simple mayoría» (se rebajó el quorum) de los ministros de la Corte Suprema.

Los cambios otorgaron a la Corte Suprema facultades para remover a los magistrados y funcionarios «sin forma de juicio» alguno, sin «darles la posibilidad de conocer los cargos que se les formulaban» y, por lo tanto, sin brindarles la elemental garantía de contestar las acusaciones.

«Así, se consagra un procedimiento inquisitorial, digno de la etapa más oscura de la justicia Medieval, que vulnera las garantías más esenciales de toda administración de justicia (…) Al amparar a los juzgadores con el anonimato, no solo se vulnera un elemental principio ético, sino también la fundamental base de la administración de justicia que se denomina el principio de responsabilidad, base que entraña por esencia que todo juzgador debe responder de que lo que resuelva se ajuste a derecho, lo que salvaguarda de cualquier arbitrariedad»[197].

Es lo que denunciaba el estudio presentado al Colegio de Abogados, pero las votaciones sobre las calificaciones de los magistrados continuaron siendo secretas hasta el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al iniciarse 1974, en una actitud sin precedentes, la Corte Suprema incluyó en Lista Tres, por su desempeño durante 1973, a numerosos magistrados, ministros de cortes de Apelaciones, relatores, fiscales y jueces, quienes quedaron inmediatamente y sin derecho a reclamo, despedidos.

La redacción de los decretos 169 y 170 habría sido sugerida desde la misma Corte Suprema que ya, desde antes de que entraran en vigencia, había enviado a ministros «visitadores» a las cortes del país para «fiscalizar» a sus funcionarios. Además había aprobado, inmediatamente después del Golpe, la decisión del Ejecutivo de trasladar, sin dilaciones, a innumerables magistrados, varios de los cuales después terminaron siendo expulsados.

Los traslados, efectuados profusamente a fines de 1973, importaron una degradación moral y cotidiana para los afectados, que debieron dejar casa, familia y círculo social para cumplir las funciones, aunque fueran las mismas, en otras jurisdicciones.

Entre los traslados más dramáticos estuvo el de Julio Aparicio Pons, la primera antigüedad entre los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ministro, a pesar de sus méritos, cayó en desgracia ante sus superiores por haber aceptado la titularidad del Tribunal del Cobre, creado por Allende para regular los juicios por indemnizaciones en contra de las expropiaciones mineras.

Al 11 de septiembre, por antigüedad y mérito, Aparicio debió haber ascendido a la Corte Suprema. Sin embargo, para evitar su nombramiento, el máximo tribunal puso a otro en la quina, que se estimó más antiguo que él, solo por provenir de la Corte de Magallanes. Como este último no tenía condiciones para el cargo, al poco tiempo fue obligado a jubilar.

Aparicio fue rebajado a fiscal de la Corte de Rancagua el 14 de marzo de 1974. Los ministros de la Corte Suprema pensaron que el nombramiento, por su avanzada edad, lo obligaría a jubilar. Pero el magistrado no hizo tal. Todos los días viajaba de Santiago a Rancagua, hasta que su estado de salud se agotó. Al retirarse, envió una sentida carta a sus colegas de la corte capitalina. Murió poco después de un infarto.

La ministra Violeta Guzmán Farren fue enviada desde la Corte de Santiago a la de Concepción, pero se salvó de la remoción. Hoy está de vuelta en la corte capitalina.[*]

El estudio del Colegio registra otros dieciséis casos de ministros y relatores de Corte que fueron degradados con el traslado, la mayoría de los cuales fue finalmente expulsada o renunció.

En la categoría de jueces, entre 1973 y 1975, salieron del Poder Judicial ventiocho jueces, ventiocho secretarios de juzgados, tres relatores y dos secretarios de cortes de Apelaciones. Entre los de funcionarios, abandonaron el servicio 180 empleados de secretaría, juzgados y cortes; doce receptores; cuatro defensores públicos, y un notario.

El resto de la magistratura no reaccionó contra la depuración por temor o bien porque opinaban que sus superiores actuaron con prudencia, castigando estrictamente a quienes efectivamente se excedieron en sus manifestaciones políticas en favor de la Unidad Popular.

El 1.º de marzo de 1975, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, inauguró un nuevo año judicial anunciando su retiro. En su discurso valoró la homologación de la carrera judicial con la Escala Única que regía entonces solo para los funcionarios públicos. Y criticó el escaso tiraje dentro de la carrera judicial, por la inexistencia de límite de edad para jubilar y por la inamovilidad de que gozaban los jueces.

En su despedida, ante su público compuesto por autoridades militares y magistrados, dijo:

«Como primera expresión declaro, con la veracidad que me exige la solemnidad de este acto, que los tribunales han continuado actuando con la independencia que les confiere la ley, según su real saber y entender, ajenos a toda intromisión del gobierno que ahora rige al país».[198].

Urrutia quiso rubricar con broche de oro su carrera, y decidió aceptar el ofrecimiento del gobierno para asumir la embajada en Francia, pero las autoridades galas le negaron el beneplácito.

La increíble historia del juez Acuña

Todos los días, a las siete de la tarde, El Lito tomaba su desvencijada bicicleta y se iba a pasear por el camino alto, que da a Pisagua Viejo, hasta llegar al centro del cementerio.

Ángel de la Cruz Venegas, El Lito, era bien conocido en ese desértico pueblo a orillas del mar, entre Arica e Iquique. Aseaba el retén de Carabineros en que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Pese a que arrastraba una condena de presidio de cinco años y un día por «hurtos reiterados», El Lito podía recorrer el pueblo sin problemas. En pleno Estado de Sitio, a él nadie le impedía llegar al cementerio.

Un día vio «a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Estas eran como tres personas y luego que les dispararon, los ensacaron (…) Las personas que dispararon eran militares. También vi, en una ocasión, que en la Gobernación a varios detenidos les sacaban las uñas. Recuerdo que Mario Acuña, a quien ubico, era quien daba las órdenes»[199].

Se refería al juez Mario Acuña Riquelme. Este personaje inició su carrera en Santiago, y de su paso por los tribunales de San Miguel quedó la memoria de grandes defensores y severos detractores suyos. Había quienes lo calificaban de «brillante», pero la Corte Suprema acogió reclamos por su mala gestión y lo trasladó a Iquique al comenzar los ’70.

Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. Muchas otras cosas vieron. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte iquiqueña, Ignacio Alarcón y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico.

En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladara al norte a investigar. El magistrado contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del CDE), Julio Cabezas Gazitúa. En Santiago, con la del abogado Manuel Guzmán Vial. Agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), entre otras entidades, también habían reunido información sobre los magistrados mientras buscaban desbaratar una red de tráfico de drogas y contrabando entre Chile y Bolivia.

Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Al volver, emitió un grueso informe y la Corte Suprema intervino destituyendo al presidente de la Corte iquiqueña y al fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, solo fue trasladado o amonestado.

Acuña se salvó. Sin embargo, el magistrado sabía perfectamente que el abogado Cabezas había sido el promotor de las acusaciones en su contra y que todavía le quedaba carga por usar.

Cabezas —45 años, casado, cuatro hijos— era considerado un abogado brillante, un funcionario de «dedicación ejemplar»[200], que actuaba además como jefe del Servicio de Asistencia Judicial en Iquique.

En 1973, Cabezas y el director de Odeplán, Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia y que, por su peso económico, incluso habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique: Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez[201].

Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo de las colas y la escasez bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semielaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración.

Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151. Su superior, el juez Acuña, fue vinculado por la investigación policial con la gestión del laboratorio.

Pesaban en la carpeta que el CDE tenía sobre el magistrado otro tipo de corruptelas. Se comprobó que desde mayo de 1970 el magistrado cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque esta no tenía derecho a ella, pues era funcionaría de la CORFO. Además, había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos.

Acuña adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica. Y pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre «por falta de méritos» justo después de extender ese documento.

El magistrado recibió regalos de navidad, ante testigos, de otro conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, «El Gallina».

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, el juez Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido.

Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo perdió sin explicación plausible. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño.

Gallardo nunca fue procesado.

Pese a sus antecedentes, la Corte Suprema autorizó al juez Acuña para que, inmediatamente después del 11, se constituyera como fiscal en los Consejos de Guerra en el norte grande. Al personaje le gustó, por supuesto, la nueva investidura. El mismo día del Golpe llegó vestido con uniforme de comando al tribunal, que siguió atendiendo paralelamente por un breve lapso. En ese período, sus subalternos también debían lucir trajes militares cuando lo acompañaban a la «fiscalía».

El juez Acuña fue uno de los pocos magistrados elegidos para tan inusual misión y él iba a aprovecharlo.

Mediante llamados radiales, el abogado Julio Cabezas fue convocado por bando para presentarse ante las nuevas autoridades militares junto a los más importantes dirigentes políticos de la zona. Cabezas, que no tenía militancia política ni «tendencia revolucionaria alguna»[202], se autodefinía entonces como simpatizante DC y, como tal, había sido un opositor al gobierno de Allende. Pero su nombre, para extrañeza de abogados y jueces, se repetía por las radios junto al de los máximos jerarcas de la Unidad Popular.

El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional decidió entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho profesionales que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos. Entre ellos estaban el actual ministro de la Corte ariqueña Javier Moya y los abogados Valdemar de Lucky, Juan Rebollo, Ernesto Montoya, Enrique Castillo e Ismael Canales.

—Yo vengo luego. Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta —les dijo.[203]

Cabezas no dejó reemplazante. Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos —con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios de la UP— lo acompañaron hasta la puerta del regimiento. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato.

El error era suyo.

Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro en un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas presintió su muerte. Logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no era izquierdista.

Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio al Jefe de Zona en Estado de Emergencia en la zona de Tarapacá, general de brigada Carlos Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional del representante del CDE en Iquique y de sus cualidades como un hombre «de paz».

Forestier no respondió.[204]

El 10 de octubre el nombre de Julio Cabezas apareció en un nuevo comunicado. Esta vez, en una convocatoria a Consejo de Guerra.

El Colegio de Abogados había establecido un sistema de defensa gratuito para los prisioneros y le nombró un representante: su propio alumno en el consultorio jurídico, Ernesto Montoya. El joven viajó en una avioneta militar a Pisagua. La nave partió a las 19 horas. El Consejo estaba fijado al día siguiente, el 11 de octubre, a las cinco de la madrugada.

El joven abogado esperaba poder entrevistarse con su profesor, pero se le dijo que estaba incomunicado. Quiso ver el expediente, pero los militares estaban cenando. Solo pasadas las 23 horas y por diez minutos, se le permitió examinar unas hojas que parecían ser una confesión de Cabezas ante el fiscal Acuña. Los papeles decían que Cabezas admitía su vinculación con el Plan Zeta (que luego se demostraría inexistente) y con el acopio de armas.

Montoya intentó una defensa. Alegó con vehemencia, pero los militares estaban borrachos y permanecieron indiferentes a sus argumentos. El Consejo de Guerra condenó a Cabezas a la pena de muerte.

El capellán de Pisagua se acercó a Montoya y le confesó que Cabezas ya estaba muerto. El abogado no quería creerlo, pero hacia fines de los ’70, ante insistentes gestiones de la familia, las autoridades militares extendieron documentos oficiales en que reconocían la fecha real de la muerte y decían que Cabezas fue «ajusticiado» por «alta traición a la Patria» el 10 de octubre, junto a otros cuatro detenidos.

El expediente del supuesto Consejo de Guerra nunca apareció.

En 1990 el cuerpo de Julio Cabezas fue hallado en las fosas clandestinas descubiertas en Pisagua. Otra vez el abogado Montoya estuvo junto a su exprofesor. Como abogado del arzobispado, acompañó a los profesionales de la Vicaría de la Solidaridad que lograron la ubicación de las osamentas.

También murió en Pisagua el exdirector de Odeplán, el socialista Freddy Taberna, quien había investigado al juez Acuña junto a Cabezas.

No fueron los únicos. Dos funcionarios del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA) fueron ejecutados en el mismo campamento. Justo antes del Golpe de Estado, el DIA estaba precisamente tras los pasos del contrabando de cocaína por el corredor Oruro-Iquique. Ya entonces los profesionales, motejados por La Tercera como los «intocables chilenos»[205], creían que Chile se estaba convirtiendo en un «pasillo» para el contrabando del clorhidrato.

El grupo aduanero actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos, como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba Allende y en el país norteamericano, Richard Nixon. El Golpe sorprendió en el norte a unos ocho agentes de este servicio. Entre ellos, Juan Efraín Calderón, militante socialista, quien fue ejecutado en un supuesto intento de fuga, junto a su colega y amigo, Juan Jiménez, pese a las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

El cuerpo de Calderón apareció en las fosas en Pisagua amarrado de pies y manos y con una venda sobre los ojos. Testimonios de otros exprisioneros permitieron determinar que los agentes no intentaron huir, sino que fueron escogidos de entre los presos para ser fusilados, sin expresión de causa.

Un grupo de narcotraficantes, que había formado parte de las investigaciones de la DIA, la policía y el CDE en los ’70, también fue capturado en la asonada militar. Los detenidos, acusados de delitos comunes, fueron trasladados a Pisagua junto al resto de los prisioneros políticos. En el campamento, controlado en buena parte por el fiscal Acuña, recibieron un trato especial. Pero solo por un tiempo.

En este grupo figuraba Francisco Manríquez, «El Gallina», quien había hecho regalos de Navidad a Acuña, y el poderoso Nicolás Chánez, la cabeza visible de opulenta red de narcotráfico Oruro-Iquique, varias veces liberado gracias a la benevolencia de los tribunales. Junto a ellos cayeron prisioneros Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello.

José Ramón Steinberg, médico cirujano, reveló lo siguiente:

«En el mes de enero de 1974 llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por el fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes y el carabinero Barraza y el teniente Muñoz. Estos fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después»[206].

En 1990, los cuerpos de los «coqueros» fueron encontrados junto a los de los prisioneros políticos en las fosas en Pisagua.

El proceso iniciado por ese hallazgo permitió conocer otras acusaciones en contra de Acuña. El 26 de septiembre, un grupo de conscriptos allanó la casa del doctor Steinberg. Los militares lo arrestaron diciéndole que el «fiscal» quería hablar «unas palabritas» con él. Fue llevado al Regimiento Telecomunicaciones y luego al campamento de Pisagua.

«El día 12 de octubre de 1973 me tocó a mí el turno para ser interrogado y fui, igualmente, golpeado, sometido al “fusilamiento simulado” y otras torturas, estando con la vista vendada e interrogado por el fiscal Acuña»[207].

Cerca de las cuatro de la tarde del 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga. Los uniformados a cargo del campamento le dieron instrucción militar, obligándolo a realizar ejercicios físicos. Por la noche lo interrogaron bajo torturas.

El doctor Steinberg recuerda que cerca de la una de la mañana del 17, fue llamado de urgencia a la enfermería para que hiciera un chequeo médico a Higueras. Cuando preguntó qué le había pasado al prisionero, un suboficial le respondió: «Militarmente, se cayó».

El médico constató que el preso estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un «vaso dilatador y un tranquilizante», pero el fiscal Acuña, después de preguntar a los militares qué efecto tendrían esos medicamentos, negó autorización para el tranquilizante.

—Es que tengo que seguir interrogándolo —explicó.

—Pero no puede seguir interrogándolo en estas condiciones. El paciente debe permanecer en reposo absoluto —replicó el médico.

Acuña se volvió hacia los enfermeros y les ordenó:

—Déjenlo aquí quince minutos. Después me lo llevan a la Fiscalía.

El médico volvió a su habitación. Cuatro horas más tarde los soldados lo despertaron otra vez y lo llevaron a la enfermería. Higueras había muerto.

Los enfermeros militares dijeron a Steinberg que cerca de las cinco de la mañana el prisionero había pedido permiso para ir a orinar y que cuando volvió a acostarse, murió. Le aseguraron que nunca lo llevaron de regreso a la fiscalía.

El doctor tomaba constancia del fallecimiento, cuando el exjuez Acuña apareció nuevamente en la enfermería.

—¿Qué pasa?

—Esta persona ha muerto —respondió el doctor.

—¿Usted sabe cuáles son las causas?

—Tal como le dije antes, esta persona sufrió un infarto.

—¿Usted puede certificarlo?

—Claro…, pero además habría que hacer una necropsia.

—No. Aquí no hay condiciones para eso.[208]

Steinberg extendió el certificado de defunción diciendo que la causa inmediata de la muerte había sido un «infarto del miocardio», provocado por «stress físico emocional». Esa fue su manera científica de describir las torturas.

Hay no pocas historias más que podrían agregarse al prontuario de este tenebroso personaje.[209]

Terminada su labor como fiscal, el juez Acuña se retiró del servicio y se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Por esos años se jactaba en el foro de su amistad con el general Carlos Forestier —Forestier admiraba a Acuña[210]— y con el propio general Pinochet, asiduo visitante de Iquique.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera su poder e influencia en la capital nortina. Pero el exceso de alcohol lo enfermó de cirrosis y diabetes. Su familia lo abandonó. Los mismos abogados que lo vieron antes en la cima del poder, se encontraban ahora con su cuerpo alcohólico tirado en alguna calle iquiqueña.

En 1988 el juez Raúl Mena lo encargó reo por el homicidio calificado del gendarme Villegas. El abogado Montoya representó a la familia del exprisionero de Pisagua. A Acuña lo defendió su amigo, el expresidente de la Corte iquiqueña, el destituido Ignacio Alarcón.

Cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía. La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se ha vuelto a saber de Acuña en Iquique.[*] Alarcón murió en 1997.

Fue la Corte Suprema quien autorizó a los jueces ordinarios a integrar los Consejos de Guerra. El exabogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón recuerda con tristeza no solo las intervenciones del temido Mario Acuña. También la del Juez de Temuco, Hugo Olate. «Hubo algunas excepciones —afirma—, como las del Juez de Antofagasta Juan Sinn y la jueza de Quillota Olga Vidal, quienes, obligados a integrar los Consejos, hicieron esfuerzos por mitigar la crueldad y las irregularidades de los integrantes militares»[211]. Otros, como Rubén Ballesteros, Berta Rodríguez, Patricia Roncagliolo, Elba Sanhueza y Mario Torres, si bien muchas veces trataron de influir para rebajar las enormes penas que proponían los integrantes castrenses de los Consejos, en los aspectos de fondo suscribieron las tesis del régimen. Particularmente la aplicación retroactiva de la ley penal, con los aumentos de pena establecidos para el Estado de Guerra, para hechos ocurridos entre el 11 y el 21 de septiembre, a pesar de que ese estado comenzó a regir solo desde el 22 de septiembre.

Este último aspecto no es menor si se considera que cientos de personas fueron detenidas y condenadas en Consejos de Guerra por presuntos hechos ocurridos en ese breve período de diez días.

Un curco quedó en la historia

El ministro José María Eyzaguirre, quien reemplazó a Urrutia Manzano en la presidencia de la Corte Suprema, mantuvo una postura ambigua hacia el gobierno militar. Públicamente aparecía como un partidario del nuevo régimen. Participaba religiosamente en todas las fiestas a que era invitado por las autoridades. Defendió la tesis de que los detenidos desaparecidos habían salido del país o se mantenían bajo identidades falsas, pero al mismo tiempo, fue el autor de votos de minoría que coincidían con los argumentos de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad.

Bajo su presidencia el titular del 11.º Juzgado del Crimen dio cuenta a sus superiores de la Corte de Apelaciones de las dificultades que estaba teniendo para continuar sus averiguaciones sobre la DINA, pues el gobierno le había informado que no procedía citar a los miembros de la policía secreta. La Corte de Apelaciones discutió el asunto y concordó que no había ninguna disposición vigente que diera fuero a esos agentes y que no solo procedía citarlos, sino que, llegado el caso, procesarlos. La conclusión era tan sólida que fue respaldada en un acuerdo similar por la Corte Suprema.

Sin embargo, a los pocos días el mismo tribunal se desdijo y envió nuevas instrucciones a las corte pidiéndoles que se abstuvieran de indagar a los integrantes de la DINA. Los ministros de la Corte de Santiago se enteraron más tarde que el gobierno había alegado ante el tribunal superior que una policía secreta requería respaldo y no persecución. No era adecuado que los agentes, gracias a los cuales «estaban vivos y sin novedad» los miembros de la Junta de Gobierno, quedaran expuestos[212].

En su último discurso de inauguración del año judicial, en marzo de 1978, Eyzaguirre dijo que auguraba un «oscuro porvenir» a la judicatura si no se adoptaban medidas rápidas para mejorar su situación.

El magistrado tocó temas que más tarde formarían parte de los proyectos de reforma del Gobierno de Aylwin. Pidió la autonomía económica para el Poder Judicial, destacando que el porcentaje del presupuesto nacional asignado al sector había vuelto a decrecer y llegaba al límite de un 0,59 por ciento. Señaló el abuso del recurso de queja que estaba convirtiendo a la Corte Suprema en una tercera instancia. Propuso la creación de un Ministerio Público. Indicó que desde que la Corte funcionaba en tres salas (bajo el gobierno militar) se producían sentencias contradictorias y abogó por la unidad en la jurisprudencia, como una de las funciones esenciales del máximo tribunal.

Al despedirse, dijo que la nueva Constitución que se estaba preparando y en cuyas subcomisiones participó «debe contar con la aceptación mayoritaria de aquellos a quienes va a regir»[213]. Se atrevió a demandar un mayor grado de independencia a los tribunales para que pudieran ser «los efectivos guardianes de los derechos y garantías de todos los ciudadanos».

En la presidencia, lo reemplazó Israel Bórquez, público partidario del gobierno militar, quien dejó inscrita en la Historia una frase memorable pronunciada en 1978: «¡Los desaparecidos ya me tienen curco! ¡Pregúntenle a la Vicaría!».

Bórquez fue el encargado de analizar las extradiciones solicitadas por Estados Unidos en el caso Letelier y rechazó entregar a la justicia estadounidense a los jefes de la DINA, pero en el mismo fallo dejó establecidas contradicciones y aseveraciones inverosímiles en que cayeron los imputados. El ministro envió los antecedentes a la justicia militar y estos sirvieron de base para el proceso que una década más tarde dirigiría Adolfo Bañados.

En su primer discurso, en 1979, Bórquez, pese a su conocida postura política, se quejó en contra de las modificaciones al Código de Procedimiento Penal que establecieron que las inspecciones a recintos militares deberían realizarla los jueces a través de la justicia militar, limitando las facultades de los magistrados. Dijo:

«En las circunstancias actuales, en que el país sufre tantos y mal intencionados ataques de orden político en el exterior, es mi opinión personal que debiera restablecerse en este asunto la situación que existía (previamente). La Justicia Ordinaria de nuestra patria merece la confianza de la ciudadanía».[214]

Pero sus palabras cayeron en el vacío. Con Mónica Madariaga en el Ministerio de Justicia y una Ley de Amnistía para cubrir los delitos cometidos entre 1973 y 1978, se iniciaba una nueva década.

Capítulo V

Docudrama en cinco actos:
Justicia y derechos humanos

Consejos de Guerra: el primer renuncio

11 de septiembre de 1973. Roberto Garretón, joven abogado, trabajaba en la Empresa de Obras Sanitarias, EMOS. Simpatizante democratacristiano, no era un partidario de la Unidad Popular, pero el Golpe de Estado lo violentó. Algunos de sus colegas desaparecieron. Familiares suyos fueron arrestados.

Quería hacer algo, pero no sabía exactamente qué ni por dónde empezar.

Comenzó por leer la prensa de un modo distinto, intentando seguir la huella de lo que pasaba con los prisioneros. Puso especial atención a los Consejos de Guerra. Se compró un Código de Justicia Militar. En cuanto pudo, fue a los tribunales, en Bandera. Allí se encontró un día con Andrés Aylwin.

—Tenemos que hacer algo, Andrés. En el Código dice que si los acusados en los Consejos de Guerra no tienen abogados, cualquier militar asumirá su defensa… Yo creo que nosotros podríamos hacerlo mejor[215].

Aylwin ya estaba en contacto con personeros de la Iglesia que crearían el Comité Pro-Paz, pero no se lo confió a Garretón. Solo se despidió diciéndole que lo llamaría si sabía de algo.

Por esos mismos días Garretón vio en la oficina destinada a los abogados en el Palacio de los Tribunales un letrero que decía: «Se necesitan abogados para asumir defensas en Consejos de Guerra». Lo había instalado un abogado de apellido Guarello (Fernando Guarello Zegers), conocido por sus posturas políticas de derecha, quien ofrecía sus servicios pese a la oposición de sus colegas de oficina.

Antes de que Garretón tomara alguno de los casos de Guarello, Aylwin lo llamó por teléfono:

—Se formó un organismo para el asunto que te preocupaba. He dado tu nombre… Tienes que hablar con Andrés Rabeau.

El abogado se fue al despacho del exmagistrado y una hora más tarde estaba asumiendo su primera defensa.

Los siempre entrecerrados ojos azules de Garretón y su sonrisa irónica se enfrentarían a militares investidos de jueces en más de cien Consejos de Guerra, sintiendo la amenaza permanente de convertirse en víctima de los mismos procesos en que él intentaba actuar como defensor.

Lo primero era buscar a los aprehendidos en alguno de los varios centros de detención masiva que operaban en el país. En esos días cortos, la mayoría había caído por violación del «toque de queda».

En Santiago, los abogados iniciaban la procesión en las cárceles y seguían con el Estadio Nacional y el Estadio Chile, tratando de obtener algún documento que reconociera la detención. Luego, se involucraban en una exasperante lucha para que a los prisioneros se les iniciara alguna forma de juicio y terminar así con las torturas, que formaban parte de la etapa de «investigación». En las condiciones de desamparo total en que se hallaban los presos, lograr la convocatoria a un Consejo de Guerra era considerada un éxito para los abogados que se unieron al Comité Pro-Paz. Al menos podrían defenderlos.

«Teníamos que averiguar qué fiscal tenía al prisionero de una lista que había en los estadios. Te decían: “Lo tiene Barría”, o Sánchez, o Pomar. Ibas donde Barría y te informaban que el fiscal atendería a los abogados solo una vez al mes. Y el día que te citaban, el fiscal no iba. Quedabas pendiente para el mes siguiente»[216].

Cuando por fin el fiscal emitía el pronunciamiento de primera instancia, se formaba el Consejo de Guerra, en que los defensores podían ensayar sus defensas. Tras la sentencia, el juez militar (que coincidía normalmente con el jefe de la Zona en Estado de Emergencia respectiva), daba su aprobación final.

Había dos tipos de Consejo: los comunes y los «Vip» (very important persons). En los primeros, el Consejo lo integraban normalmente siete Oficiales de Reserva Asimilados al Servicio Activo (los «Orasa»), provenientes en general de la Fuerza Aérea o Carabineros, con escaso conocimiento jurídico y muchas veces con precario nivel educacional.

«Los Orasa siempre condenaban. Ellos trataban de dar una imagen de dureza y de justicia al mismo tiempo. Si se daban cuenta de que el acusado no tenía nada que ver con nada —que así era siempre— le rebajaban la pena. Nosotros debíamos alegrarnos en medio de la brutalidad que significaba que gente inocente fuera condenada a varios años de presidio… ¡por hacer nada!».[217]

En los Consejos «Vip», oficiales en servicio activo reemplazaban a los «Orasas». Tal fue el caso del Consejo convocado para juzgar al comandante Fernando Reveco Valenzuela, el más importante que realizó el Ejército. En aquel tiempo se estableció tácitamente que cada rama juzgaría a sus «infiltrados»: el Ejército a los militares, la Fuerza Aérea a los aviadores. En cuanto a los opositores, había otro tipo de distribución: la Fuerza Aérea tomaba los casos de los grupos considerados armados (MIR, VOP y las brigadas Elmo Catalán y Ramona Parra). La Armada se quedaba con los altos jerarcas de la Unidad Popular.

El 11 de septiembre, el mayor Reveco estaba en Calama. Era el delegado del jefe de zona en Estado de Emergencia en Chuquicamata. Por órdenes de sus superiores tomó el control del estratégico mineral e incautó armas entre la población. Más tarde, presidiría el Consejo de Guerra en contra del exgerente general de Chuquicamata, David Silberman.

El 2 de octubre Reveco fue detenido sorpresivamente. Sin que nadie lo supiera en Calama, fue trasladado a Santiago. En la pequeña y desértica ciudad se afirmaba que el mayor estaba muerto. Que lo habían tirado desde un helicóptero.

Los cargos en su contra habían surgido de un proceso que tramitaba en Santiago el fiscal de Aviación general Orlando Gutiérrez, en contra del capitán de bandada Jaime Donoso. En parte de su testimonio, Donoso dijo que otro oficial —Raúl Vergara— le había comentado su participación en una comida, en 1969, en que un mayor de Ejército de apellido Reveco se habría pronunciado como «marxista».

La Aviación envió un oficio con el dato al comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, y ese mismo día el oficial fue arrestado en Calama[218]. El mayor fue detenido, inusualmente, por la Fuerza Aérea y torturado en la Academia de Guerra, en Santiago.

Un fiscal de Ejército se trasladó a Calama y comenzó a interrogar a civiles y subalternos del oficial que trataban de demostrar su filiación «marxista». Como lo creían muerto, no ahorraron detalles.

En Santiago, Reveco era trasladado al Regimiento Blindado n.º 2, donde se le permitió tener una radio, un aparato de televisión y recibir visitas de su esposa.

Un año después, el fiscal dio por agotada la investigación. En el expediente, los testigos entregaron antecedentes sobre el comportamiento social del acusado e interpretaron sus supuestas motivaciones ocultas para dar buen trato a los prisioneros o demorar allanamientos.

En el legajo quedó impreso el interés del fiscal por aclarar su actuación en una comida realizada en honor del «pronunciamiento militar», en el Rotary Club de Calama, la noche del 26 de septiembre de 1973. Según los testigos, un subteniente de apellido Lapostol defendió al Gobierno de la Unidad Popular y Reveco, en señal de respaldo le habría ofrecido un vaso de vino.

Otro aspecto de la investigación fue la conducta del comandante en el caso Silberman. Los testigos lo acusaban de no haberlo perseguido, pues este se entregó en forma voluntaria el 15 de septiembre, y por haberle dado una pena muy baja en el Consejo de Guerra.

En su defensa, Reveco decía que en la reunión en que participó en 1969 —y que dio origen al proceso en su contra— se analizaron las preocupaciones de las Fuerzas Armadas que culminaron con el Tacnazo ese mismo año y que nunca se declaró marxista.

Sobre la comida en el Rotary Club, cuatro años más tarde, dijo que sus únicas palabras en esa ceremonia fueron para agradecer la manifestación y que solo después de que el presidente del Rotary insultara a su subalterno, el subteniente Lapostol, por haber comentado que no se debería «hacer leña del árbol caído», optó por retirarse, como un gesto de respeto al militar. Vino no le ofreció, replicó irónico, «porque se había terminado».

Acerca de Silberman, afirmó que la condena a 16 años de presidio en su contra por «traición a la patria», fue justa y resuelta por «unanimidad» en el Consejo de Guerra.

Admitió haber sido «allendista» en los primeros años del gobierno de la Unidad Popular, pero negó tener ideología marxista. El fiscal, de vuelta en Santiago, dictaminó que Reveco había cometido el «delito de incumplimiento de deberes militares».

Garretón, su abogado, fue citado entonces al Salón de Actos del Ministerio de Defensa, en Zenteno con Alameda, donde está hoy el Edificio de las Fuerzas Armadas. Un guardia lo revisó al ingresar al edificio. Pacientemente, desmontó su pluma fuente y escrutó el estuche en que guardaba sus lentes de contacto. Dentro, numeroso personal armado custodiaba en la sala en que se oirían los alegatos en favor de 22 personas que estaban siendo acusadas en un mismo Consejo de Guerra.

Un soldado se acercó a Garretón y le dijo:

—Tiene que pasarme el texto de su defensa… para la censura.

Momentos más tarde se lo devolvió tarjado. No obstante, quedó material suficiente para que Garretón arremetiera contra la forma en que se acusó a su defendido. Hizo notar que el fiscal daba valor probatorio a testimonios de «civiles fanatizados, resentidos con las autoridades militares por no haber empleado más rigor en contra de los personeros del antiguo régimen», quienes nada sabían sobre las órdenes militares impartidas a Reveco, ni tenían autoridad para opinar sobre la forma en que las había cumplido.

Garretón defendió el profesionalismo con que el oficial desarrolló las tareas que se le encomendaron el 11 de septiembre, según el reconocimiento que habían hecho sus propios superiores, aunque nunca se les permitió declarar en la causa. Por lo demás, alegó, «jamás un proceso criminal puede, dentro de un estado de Derecho, estar dirigido a sancionar ideologías de ciudadanos. Todo el avance de la ciencia penal y una de las grandes conquistas de los derechos humanos es haber obtenido como consagración jurídica internacional la impunidad de los pensamientos»[219].

Pero no estaba el Consejo para aceptar tales preceptos y confirmó la condena propuesta por el fiscal.

Desde el punto de vista del Derecho, estos tribunales especiales cometieron un sinnúmero de abusos: configuraron delitos que no existían en las leyes y tomaron como una licencia sin límites la norma que permite a los jueces apreciar la prueba «en conciencia».

Los fiscales no realizaron investigaciones acuciosas y dieron pleno valor a las confesiones obtenidas bajo amenazas y torturas. Tampoco pesquisaron aquellos antecedentes que podrían favorecer a los inculpados. Aplicaron severas penas por hechos no demostrados, sobre la base de una particular concepción del «bien que debemos hacer y el mal que queremos evitar»[220]. «La magia militar produjo, entonces, no solo muchos delitos, sino también muchos culpables»[221].

El lenguaje de las sentencias no parecía el propio de una judicatura, sino más bien la «resultante de la repulsa y el odio hacia gobiernos, partidos y personas, bajo un alero de patriotismo y deber. En general, entonces, no se juzgaba, sino que se castigaba al enemigo».[222]

El Ejército informó a la Comisión Rettig que los expedientes de los Consejos de Guerra se hallaban «totalmente quemados, por acción del fuego (sic), producto de un atentado terrorista». Sin embargo, esa entidad pudo reconstituir parte de la historia de más de 258 personas condenadas en este tipo de juicios, 27 de las cuales fueron ejecutadas.

La mayor cantidad de ejecuciones y muertes de esos primeros años se produjeron, no obstante, sin forma de juicio alguno.

Para que los Consejos pudieran constituirse, la Junta Militar dictó varios decretos entre el 11 y el 22 de septiembre de 1973. El Número 3 declaró el Estado de Sitio en todo el país y el 5, que el país estaba en Tiempo de Guerra. Los fallos de los Consejos discreparon acerca de la naturaleza y duración de esta guerra. Algunos la fijaron a partir del 11 de septiembre, otros después, y no pocos incluso antes de que terminara el gobierno de Salvador Allende.

Aceptando la existencia de legal de la guerra —pues no aceptaban su existencia real— las defensas de los acusados intentaron hacer valer el respeto a los tratados internacionales, suscritos por Chile, sobre tratamiento especial y humano a los prisioneros, pero sus argumentos no fueron jamás aceptados.

Los abusos cometidos por estos tribunales militares no pudieron ser discutidos ante la Corte Suprema porque el máximo tribunal renunció a su facultad fiscalizadora sobre ellos. Un ejemplo ilustrativo se dio el 13 de noviembre de 1973. Al rechazar los recursos presentados en favor de Juan Fernando Silva Riveros, condenado en Valparaíso, el máximo tribunal se lavó las manos. Resolvió que en Tiempo de Guerra el jefe de zona en Estado de Emergencia era la autoridad superior de tales tribunales. Para llegar a esa conclusión, la Corte citó truncamente el mensaje presidencial que acompañaba a la derogada ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875 y dio una nueva interpretación al artículo 74 del Código de Justicia Militar[223].

Los abogados del Comité Pro-Paz no compartían la idea que la Corte Suprema renegara de sus atribuciones y al mismo tiempo aparentara que el Estado de Derecho operaba con normalidad, pero fracasaron en sus intentos por modificar ese criterio. Varias veces argumentaron en sus escritos que la Corte estaba dando una interpretación mañosa al Código de Justicia Militar, que jamás pretendió tener el alcance sugerido por el máximo tribunal. Y que, aun si ese hubiera sido el caso, la Corte debía declarar la inconstitucionalidad del mentado artículo, pues la Carta Magna —a cuya letra las demás leyes obedecen— daba a la Corte Suprema la facultad de supervigilar a todos los tribunales de la nación. «Todos», recalcaban.

La Corte no los oyó.

Al comenzar 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de amparo en favor del menor Luis Alberto Muñoz Mena y dispuso que antes de ser juzgado por un Consejo de Guerra, un tribunal de menores debería determinar si actuó con discernimiento (el procedimiento se aplica en Chile para menores entre 16 y 18 años). Posteriormente, sin embargo, la Corte Suprema anuló el fallo opinando que ni aún las medidas de protección de los menores «pueden prevalecer sobre las disposiciones que adopta la autoridad con ocasión de un Estado de Sitio»[224].

Poco después se pidió a la Suprema que determinara qué tribunal era el encargado de pronunciarse sobre el discernimiento de otros dos adolescentes, antes de que fueran condenados por un Consejo de Guerra: si la Fiscalía de Aviación o el Primer Juzgado del Crimen.

La Corte insistió en que el país se encontraba en «Estado de Guerra» y que, por lo tanto, solo la Fiscalía de Aviación o el Consejo de Guerra o la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea podían resolver sobre el discernimiento de los niños. La resolución fue respaldada por los ministros Rafael Retamal López, Luis Maldonado Boggiano, Armando Silva Henríquez y el auditor general del Ejército, Osvaldo Salas Torres[225].

Víctor Manuel Rivas y Osvaldo Erbetta argumentaron que no existía en las leyes chilenas una sola disposición que conculcara a los tribunales de menores su facultad para pronunciarse sobre los discernimientos. Ni había norma expresa alguna que se la entregara a los tribunales militares. Pero estaban en minoría.

Más tarde, en un recurso de queja en contra de la sentencia del Consejo de Guerra de Arica que condenó a Sergio Rubilar González, el ministro José María Eyzaguirre fue el único en defender las facultades constitucionales de la Corte Suprema.

Recogiendo los argumentos de los abogados del Comité Pro-Paz, Eyzaguirre recordó que el artículo 86 de la Constitución Política reconocía a la Corte Suprema «la superintendencia directa, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación» y que el artículo 74 del Código de Justicia Militar no podía «prevalecer sobre el texto de la Carta Fundamental y, en caso de contradicción entre uno y otro, esta Corte debe aplicar la Constitución»[226].

Eyzaguirre era ladino. Aparecía como el magistrado supremo más ecuánime, pero solo respaldaba estas posturas cuando tenía la certeza que aparecería en un pronunciamiento de minoría.

La renuncia de la Corte Suprema a las facultades que le reconocía la Constitución de 1925 es tan clara que en la Constitución de 1980 «la Junta Militar debió disponer que la Corte Suprema carecería —a futuro— de competencia sobre los tribunales militares en tiempo de Guerra»[227].

Reveco, al igual que cientos de prisioneros políticos condenados en Consejos de Guerra, quedó al poco tiempo en libertad, porque era física y jurídicamente insostenible para las Fuerzas Armadas mantener el rol de tribunal y Gendarmería sobre una proporción tan grande de la población.

Sin embargo, creció proporcionalmente el poder de la DINA, aumentó el número de presos cuya detención no era reconocida oficialmente y debutaron las cárceles clandestinas.

Hacia 1975, muchos Consejos de Guerra que dictaban sentencias absolutorias, añadían un párrafo que dejaba a los procesados a disposición del Ministerio del Interior. La autoridad administrativa podía requerirlos en virtud del «Estado de Sitio» y enviarlos a los campos de concentración.

Cinco mil recursos de amparo

«¡Ayúdenme!», fue el grito angustioso que escucharon los transeúntes que circulaban por calle Nataniel, entre Coquimbo y Atacama, el 3 de noviembre de 1976.[228] Eran aproximadamente las 11.30 de la mañana cuando se vio a un hombre de aparentemente unos treinta años —aunque en realidad tenía menos— lanzarse a las ruedas de un microbús. Antes había alcanzado a agregar en sus gritos que los de la DINA lo venían persiguiendo. El conductor de la «Vivaceta-Matadero» intentó frenar, pero no pudo evitar la embestida.

En la calzada quedó tendido el cuerpo del exregidor comunista por Concepción, Carlos Contreras Maluje. Le sangraba la cabeza, pero estaba consciente. En pocos segundos, los curiosos rodearon al herido.

El capitán de la 12a Comisaría de Carabineros de San Miguel (identificado en el expediente judicial solo por sus iniciales: C.N.B.V.) pasaba casualmente por esa esquina en un jeep institucional. Vio la muchedumbre y el cuerpo del peatón atropellado. Se acercó.

—Soy Carlos Contreras Maluje, ¡por favor, ayúdenme! Los de la DINA me estaban torturando… me escapé… traté de suicidarme… —era la súplica del hombre tendido en el suelo.

Mientras el capitán volvía al jeep para pedir una ambulancia y comunicarse con sus superiores, de un Fiat 125 celeste bajaron cuatro civiles. Mostraron tarjetas de la DINA y señalando al caído dijeron que lo venían siguiendo. Al verlos este, se removió desesperado y reanudó sus gritos:

—¡No dejen que me lleven de nuevo! ¡Son de la DINA! ¡Por favor! —imploró, dirigiéndose al público—, avisen a mis familiares, la Farmacia Maluje de Concepción… ¡Carabineros! ¡Ayúdenme, por favor! ¡La Farmacia Maluje![229]

El público congregado miraba al herido y escuchaba sus ruegos entre atónito y temeroso; nada hicieron ni podrían haber hecho cuando los agentes lo subieron al Fiat. «¡Soy Carlos Contreras!» y la insistencia en que se avisara a la Farmacia Maluje de Concepción fue lo último que se escuchó.

«Los civiles del Fiat 125 recogieron al herido y lo subieron a la fuerza al auto. Digo a la fuerza porque el lesionado gritaba que no se lo llevaran y que lo dejaran morir tranquilo»,[230] declaró luego ante los tribunales el conductor del microbús, Luis Rojas Reyes.

«Llegó el automóvil patente EG-388, Fiat 125 color celeste, bajándose las personas que dijeron ser de DINA, tomaron al individuo y lo subieron violentamente al vehículo, llevándoselo del lugar»[231], escribió el capitán de Carabineros en el Libro de Novedades de su Comisaría.

«Un vehículo Fiat 125 (…) se detuvo a prestar cooperación, desde el cual bajaron cuatro personas que subieron al lesionado a dicho vehículo, retirándose del lugar, ignorándose todo antecedente de su paradero, debido a que no concurrió a ningún Centro Asistencial… Se hace presente que en este procedimiento intervino personal de DINA», menciona el parte Número 41, que la Sexta Comisaría de Carabineros envió al Segundo Juzgado Militar de Santiago, dando cuenta de los hechos[232].

El mayor R.A.M.G., ayudante del segundo jefe de la Prefectura General, contó que él había recibido la llamada del capitán. «Como en el lugar se encontraba bastante gente, testigos oculares, un lesionado y habría actuado personal de la DINA, se le dio instrucciones de que trasladara al inculpado a la Comisaría del sector, y se diera cuenta a los Juzgados Militares»[233].

El «inculpado» era el chofer de la micro, quien fue detenido y luego puesto en libertad provisional bajo el cargo de lesiones «al parecer, menos graves en atropello».

Carabineros entendía que si personal de la DINA se hacía cargo de un «procedimiento» le correspondía retirarse. Así lo hizo el capitán que presenció los hechos, y que le dijo al chofer que no se «preocupara».

El capitán recibió después instrucciones de no mencionar a la DINA cuando redactara el parte dirigido a los tribunales.

Anónimos transeúntes cumplieron el deseo de Contreras Maluje. Unos llevaron el nombre a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada a un costado de la Catedral, en la Plaza de Armas. Otros llamaron a su familia en Concepción.

Inmediatamente la Vicaría presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en su favor y agregó más tarde declaraciones de los testigos y de los propios carabineros. Su familia estaba esperanzada en que, con tanta información disponible, los tribunales podrían encontrarlo y rescatarlo con vida.

La Corte de Apelaciones envió oficios a los centros asistenciales y estos informaron que no había ingresado ninguna persona identificada con ese nombre. Tampoco el Servicio Médico Legal había recibido su cadáver.

Casi tres meses más tarde, el 30 de enero de 1977, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Marcos Libedinsky, Adolfo Bañados y José Cánovas, pidió a la sección «patentes» de la Municipalidad de Las Condes que identificara al propietario del Fiat celeste. La respuesta fue que le pertenecía a: «Fisco de Chile, Fach, Estado Mayor General, Dirección de Inteligencia».

El 31 de enero la Sala, en votación dividida, acogió el amparo. «En consecuencia, se declara que el señor ministro del Interior, a fin de restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del amparado, deberá disponer su inmediata libertad»[234].

El voto de mayoría, emitido por Bañados y Libedinsky, se sustentó en el Acta Constitucional n.º 3 de septiembre de 1976, dictada por la propia Junta de Gobierno, asegurando a todas las personas el derecho a la libertad personal y la garantía de que nadie podría «ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal»[235].

El fallo expresó que aunque la DINA negaba la detención, «debe aceptarse, asimismo, que ella se llevó a efecto sin orden competente de autoridad alguna».

Cánovas estuvo por rechazar el recurso y enviar los antecedentes a la justicia militar.

El Ministerio del Interior rehusó dar cumplimiento a la orden de la Corte.

El ministro subrogante, Enrique Montero Marx, envió una arrogante comunicación manifestando que «oportunamente (…) esta Secretaría de Estado informó a Usía Ilustrísima que no tenía antecedentes de la persona investigada, ni tenía conocimiento fidedigno de que hubiera sido arrestado por algún determinado organismo de seguridad y que no habría pronunciado ni mantenido pendiente resolución alguna que lo afectara».

Como la DINA le decía que no lo tenía en su poder y su deber era dar fe de sus asertos «especialmente si su dependencia es en forma directa del Presidente de la República», el ministro concluía que el fallo «es imposible de cumplir», salvo que el tribunal le indique «el lugar preciso» en que Contreras Maluje se halla.[236]

El flagrante desacato del Ejecutivo motivó una reunión del pleno de ministros del tribunal de alzada capitalino, que resolvió informar a la Corte Suprema «para los fines que procedan».

Pero antes de que la Corte manifestara su parecer, el general Pinochet usó un método indirecto para difundir su opinión. Dirigió un oficio al juez militar de Santiago, que había recibido el parte policial, sugiriendo que la detención pudo ser practicada por «elementos subversivos». El general afirmaba haber «comprobado fehacientemente», en su calidad de Presidente de la República, que ningún órgano bajo su dependencia había practicado la detención, de lo cual se derivaba la «absoluta imposibilidad jurídica y de hecho» de cumplir el mandato judicial.

«El Jefe de Estado que suscribe reitera a Usía su decidido propósito de llegar —ya sea por la vía de los Tribunales de su jurisdicción o a través de la justicia ordinaria— a un amplio esclarecimiento de los hechos investigados (…) que, sin que en su comisión haya mediado decisión, intención, ni intervención Suprema, pueden comprometer el prestigio del Gobierno, de sus instituciones fundamentales y que, en definitiva, afectan gravemente la seguridad interior, ya que preocupa al infrascrito que pudiera esta detención arbitraria haber sido premeditadamente efectuada por elementos subversivos»[237].

La Corte Suprema no respaldó a sus subordinados, ni dio completa razón al Ejecutivo. En abril de 1977 declaró que los magistrados no habían agotado todas las diligencias destinadas a identificar el organismo que «eventualmente detuvo al amparado, que pudo ser cualquiera de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de Investigaciones»[238] y les ordenó continuar las pesquisas.

Los familiares de Contreras se desesperaban, en tanto, viendo que el tiempo pasaba y nada sabían de él.

En sus nuevas diligencias, los magistrados averiguaron que el Fiat usado en la operación estuvo el día y a la hora de los hechos a disposición, para uso personal, del director de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general Enrique Ruiz. El oficial, que a la fecha se desempeñaba como intendente en la Décima Región, intentó eludir los cuestionamientos de los magistrados, pero finalmente, a mediados de año, envió sus respuestas por escrito, diciendo que el auto lo había dejado a las 8.30 de la mañana en el estacionamiento del Ministerio de Defensa y que solo lo retiró de allí a las 14.30 horas. El aviador especuló que la «errada individualización» de su vehículo como aquel que se usó para secuestrar a Contreras pudo deberse a una «equivocación de los testigos» —«las letras y dígitos de las patentes de automóviles suelen formar combinaciones que pueden fácilmente confundirse»— o al uso de placas adulteradas por «algún grupo interesado en imputar un hecho a los Servicios de Inteligencia»[239].

Después de interrogar al general Ruiz, la Quinta Sala dio cuenta a la Corte Suprema de que la «diligencia ordenada» se hallaba «cumplida». Pero el tribunal desestimó tomar medidas que obligaran al Ejecutivo a cumplir el fallo judicial. Como argumento, citaron «lo expuesto por su Excelencia el Presidente de la República, en un oficio de 22 de marzo último (aquel dirigido al juez militar), que en esta fecha se agrega al proceso». La conclusión era tajante: «Devuélvanse los antecedentes acompañados. Archívese»[240].

Tal fue el destino del único recurso de amparo acogido por los tribunales de Justicia entre el 11 de septiembre 1973 y comienzos de 1979, período en el que se presentaron más de cinco mil.

Pese a los esfuerzos de Adolfo Bañados y Libedinsky, el fallo no cumplió su objetivo de terminar con una detención «ilegal o arbitraria», ni de hallar a la víctima para traerla a presencia del tribunal.

La verdad no sería descubierta sino varios años más tarde, por el ministro Carlos Cerda Fernández, quien determinó que Contreras Maluje fue secuestrado por el grupo de combate antisubversivo de la Fuera Aérea conocido como Comando Conjunto.

Pero el paradero de Carlos Contreras Maluje aún se desconoce.[*] Su desaparición formó parte de las investigaciones del ministro Cerda, pero el proceso se encuentra sobreseído, por aplicación de la Ley de Amnistía.

Pasaron más de ocho meses entre el día que Contreras Maluje se lanzó a las ruedas de un microbús en calle Nataniel y aquel en que la Corte Suprema emitió la última resolución en el caso, aunque la ley establece, desde el siglo pasado, que los amparos deben resolverse en un plazo de 24 horas o un máximo de seis días, cuando es necesario practicar diligencias.

El 19 de septiembre de 1932 la Corte Suprema dictó un Auto Acordado (que equivale a un reglamento) para instruir a los tribunales sobre la forma correcta de tramitar los amparos. Recordaba la Corte que está en la naturaleza de ese recurso «principalmente, que sea resuelto a la mayor brevedad y no cuando el mal causado por una prisión injusta haya tomado grandes proporciones o haya sido soportado en su totalidad». El tribunal superior ordenaba ya entonces a los jueces que tomaran las medidas necesarias para inducir a los funcionarios a «cumplir oportunamente con su deber» de entregar los informes que se les requirieran y hasta prescindir de ellos, si la demora excediese el límite de lo razonable. «No sería posible dejar la libertad de una persona sometida al arbitrio de un funcionario remiso o maliciosamente culpable en el cumplimiento de una obligación», reflexionaba la Corte Suprema de 1932.

Todas las constituciones chilenas han reconocido a los ciudadanos la garantía del recurso de amparo e incluso la Junta Militar de Gobierno, en el Acta Constitucional n.º 3, aseguró su vigencia bajo el Estado de Sitio.

Sin embargo, rara vez los jueces ordenaron traer al amparado a su presencia y, cuando lo hicieron, no protestaron por el incumplimiento de los servicios de seguridad. No más de una decena de veces, en más de diez mil recursos de amparo, ordenaron que un juez se constituyese en el lugar de arresto. Habitualmente se negaron a fijar plazo a las autoridades para las respuestas.

Nunca apremiaron a un funcionario renuente a informar y jamás prescindieron de los informes requeridos, como en cientos de ocasiones la Vicaría les solicitó. Más aun las Cortes dieron toda clase de facilidades a las autoridades para dilatar las respuestas que debían entregar dentro de plazo. Las cortes de Apelaciones rechazaron, en general, constituirse en centros de detención, incluso cuando estos eran identificados por los recurrentes, y en los domicilios de personas detenidas, liberadas y obligadas a permanecer en su propia casa.

«Objetivamente, los magistrados se han inhibido de comprobar con sus propios ojos una situación que los obligaría a adoptar medidas favorables para los amparados», decía la Vicaría en un escrito al máximo tribunal en 1977[241].

Cuando el Ministerio del Interior informaba que no había orden en contra de un ciudadano y que los servicios a su mando señalaban no haberlo aprehendido, las Cortes rechazaban el recurso de amparo diciendo que no había antecedentes que demostraran la efectividad de la detención. Cuando el Ministerio reconocía la detención, aunque lo hiciera después de haberlo negado inicialmente y sin señalar la fecha del arresto, las Cortes igualmente rechazaban el amparo diciendo que la detención había sido ordenada por autoridad competente.

La Vicaría alegaba: «¿En qué casos, entonces, podemos tener la esperanza de que se acoja un recurso de amparo?»[242].

Un problema más era a quién dirigir las peticiones de informes. La Corte Suprema respaldó, en general, la tesis de que debían enviarse al Ministerio del Interior y no a los órganos aprehensores.

En abril de 1975 la Suprema reprochó la osadía de la Corte de Apelaciones de Santiago, por atreverse a preguntar directamente a la DINA sobre un detenido. El máximo tribunal acogió así un perentorio oficio del entonces poderoso director de la DINA, coronel Manuel Contreras Sepúlveda, manifestando que «toda información de detenidos debe ser proporcionada a los tribunales de Justicia, cualquiera que ellos fueren, por el señor Ministro del Interior o por el Sendet (Servicio Nacional de Detenidos)»[243].

En respuesta, el máximo tribunal comentó que «dada la situación en que se encuentra el país, resulta conveniente usar la vía propuesta por el Supremo Gobierno para obtener aquellos informes»[244].

En otra ocasión —en el recurso de amparo de Eduardo Francisco Miranda, a quien testigos habían visto preso en Cuatro álamos—, una sala de la Corte santiaguina, con el voto de minoría de Hernán Cereceda Bravo, no aceptó el desacato del organismo de seguridad y reiteró el oficio a la DINA en términos enérgicos. El Ministerio del Interior redactó una atrevida respuesta que recordaba al tribunal capitalino su deber de respetar las «instrucciones» del Gobierno. El tribunal no volvió a insistir y el 16 de junio de 1977 rechazó el recurso.

Uno de los magistrados que estuvo en el tribunal capitalino durante la primera década del gobierno militar afirma que «los ministros vivíamos con mucha intranquilidad. No es que la Corte Suprema nos diera instrucciones sobre cómo resolver los asuntos, que nos dijera: “Rechacen los recursos de amparo”, pero había órdenes implícitas. Sabíamos que si los acogíamos, nuestras decisiones serían revocadas arriba y que corríamos serio peligro de ser mal calificados al finalizar el año»[245].

Pese a los magros resultados en las Cortes, el Comité Pro-Paz y la Vicaría mantuvieron siempre la decisión de recurrir a los tribunales y de defender porfiadamente el respeto al Estado de Derecho y a las leyes. Había en ello, aparte de las decisiones humanitarias, dos razones políticas: una, desalentar las alternativas violentas de oposición al régimen militar, y otra, que quedara el registro escrito y documentado de las violaciones a los derechos humanos.

Secuestro en la cárcel

El gendarme abrió la mirilla del grueso portón y vio a cuatro oficiales de Ejército. Reconoció a uno, porque en otras ocasiones había estado en el penal. Sabía que era de la DINA.

De todos modos el gendarme pidió el «santo y seña». Era la rutina. El oficial que parecía estar a cargo del grupo respondió correctamente y el gendarme abrió.

—Soy el teniente Quinteros… Traigo una orden de la Asesoría Militar de los Tribunales en Tiempos de Guerra para retirar al prisionero David Silberman[246] —dijo el oficial al gendarme.

Media tarde. 4 de octubre de 1974.

Silberman, ingeniero civil industrial, era gerente general del mineral de Chuquicamata hasta el 11 de septiembre de 1973. El 15 se entregó voluntariamente al Comandante Militar de Calama, respondiendo a un bando que reclamaba su comparecencia. En esa ciudad fue condenado por un Consejo de Guerra a trece años de prisión por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y a la Ley de Control de Armas. (El mayor Reveco, quien presidió el Consejo, enfrentaría más tarde el juicio de sus compañeros de armas).

En la misma causa fueron condenados varios ejecutivos y empleados de la empresa estatal, junto a militantes de los partidos Comunista y Socialista de la zona. Silberman fue trasladado a Santiago y recluido en la Penitenciaría el 30 de septiembre. Los demás quedaron en el norte.

El 4 de octubre de 1973, Silberman fue sacado por primera vez desde la Penitenciaría. Lo llevaron a la Academia de Guerra, donde permaneció recluido hasta el 20. Un día antes, en Calama, una unidad militar había secuestrado a veinticinco de sus excompañeros de trabajo desde la cárcel, fusilándolos en el desierto.

Exactamente un año después, aquel viernes 4 de octubre de 1974 el teniente Quinteros llegaba a la Penitenciaría reclamando nuevamente a Silberman.

El gendarme lo condujo hasta las oficinas del alcaide. Alejandro Quinteros mostró su documento de identidad, TIFA 245-03 y pidió permiso para retirar al exejecutivo.

—El prisionero está cumpliendo condena. ¿Con qué fin lo solicita? —inquirió el alcaide.

—Debe someterse a un interrogatorio. Volverá enseguida —respondió el oficial y exhibió una orden suscrita por un tal «coronel Ibáñez».[247] Explicó que Silberman estaba siendo investigado por infiltración a las Fuerzas Armadas, sedición y el asalto a una sucursal del Banco de Chile.

Siguiendo los procedimientos regulares, el alcaide pidió corroborar la orden telefónicamente. Discó el número que le dio Quinteros: 516403 y preguntó por el «auditor Leyton» o el «comandante Marcelo Rodríguez», quien en el documento figuraba como «asesor militar» de los Consejos de Guerra.

El alcaide recibió la confirmación que esperaba y accedió a lo solicitado. En el acta de entrega quedó estampada su firma, junto a la rúbrica del teniente Alejandro Quinteros Romero. Hora: 18.40.

Uno de los gendarmes condujo a los oficiales a la salida y vio que el grupo, armado con fusiles, partía en un vehículo Ika-Renault, sin patente. «El típico auto de la DINA», pensó.

A no muchos metros de distancia, el ingeniero Alejandro Olivos Olivos abandonaba la Planta Chiloé de la Compañía de Teléfonos, ubicada en Avenida Pedro Montt. Olivos había pedido permiso momentos antes para entrar al «pararrayos» (nombre que los técnicos dan al lugar en que se ubican todas las conexiones) con el pretexto de hacer una conexión de prueba a Isla de Maipo.

Los empleados de turno le ofrecieron ayuda, pero Olivos la rechazó. Con un «enrulador» había estado realizando trabajos en el panel donde se hallaba la serie telefónica desde el 51-6401 al 51-6449.

El sábado 5, Mariana Abarzúa, esposa de Silberman, se presentó en la Penitenciaría para la visita de rutina. Aunque no era fácil atender a sus tres hijos y enfrentar el presidio de su esposo, ella creía que lo peor había pasado. Tenía esperanzas en que pronto las gestiones que realizaba para lograr la libertad de su esposo tendrían un resultado positivo. Confiaba, por ejemplo, en una respuesta favorable de la Comisión de Indultos creada en el Ministerio de Justicia, pues en ciertos casos esta había conmutado penas de reclusión por extrañamiento. Esa posibilidad no era tan mala para Silberman, que ya tenía ofrecimientos de trabajo en Israel.

Mariana se sorprendió cuando esa mañana de sábado los gendarmes le informaron que Silberman no estaba en la Penitenciaría. Lo había visto por última vez una semana antes y él no le dijo nada sobre un eventual traslado.

Confundida, solo atinó a recurrir al Ministerio de Justicia. El 9 de octubre, un funcionario en esa secretaría le dijo que Silberman estaba en manos de un servicio de inteligencia y que el siguiente fin de semana sería devuelto al penal. Pero en el Ministerio del Interior, un ayudante le dio otra versión:

—Tal vez su marido se fugó…

—¡¿Qué?! ¿Fugarse? ¿Cómo puede decirme eso? Mi marido no es un extremista ni ha tenido nunca contacto con ellos! ¡Él es un intelectual y no un guerrillero![248] —protestó, vivamente ofuscada. Prefirió creer al funcionario de Justicia y ese fin de semana volvió a la Penitenciaría. Silberman no había regresado.

El lunes 14 interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, exponiendo que «encontrándose condenado y llevando un año de la pena ya cumplida, es extraño e inusitado que se le saque del penal por un oficial de Ejército, sin mayores explicaciones, lo que contraviene todas las normas sobre cumplimiento de condena»[249].

Ese mismo día, Mariana se entrevistó con otro empleado en el Ministerio del Interior, quien la tranquilizó:

—Su esposo no se ha fugado, no se preocupe. Existe un documento en que las personas que dictaron la orden de sacar a su esposo de la cárcel están identificadas. Lamentablemente, no le puedo informar dónde se encuentra su esposo[250].

Cinco días más tarde, la mujer concurrió a una cita que obtuvo con el vicario general castrense, Francisco Gilmore, quien le dijo que las autoridades estaban «muy preocupadas del problema» y que habían iniciado un sumario para determinar las responsabilidades al respecto, puesto que el documento con que se retiró al prisionero «sería falso».

—Seguramente se trata de funcionarios del gobierno marxista que usaron esta treta para liberarlo —dijo Gilmore.

En cuanto al sumario, el obispo no mentía. Gendarmería había informado a Justicia que funcionarios militares habían sacado a Silberman de la Penitenciaría, pero que, consultados los servicios de inteligencia, estos negaban la detención. El ministro Miguel Schweitzer envió los antecedentes a la Segunda Fiscalía Militar donde, a petición suya, se abrió un proceso fechado el 18 de octubre.

El Ministerio del Interior respondió a los oficios de la Corte de Apelaciones recién a mediados de noviembre, señalándole que lo único que sabía era que Silberman estaba cumpliendo condena en un recinto penal. Simultáneamente, sin embargo, el Ministerio de Justicia admitió conocer el inicio de un proceso en la justicia castrense.

Con ese dato, la Corte capitalina rechazó el recurso y ordenó remitir los antecedentes al Segundo Juzgado Militar.

La familia apeló ante la Corte Suprema, que fue enterada así de que en sus propias barbas un grupo no identificado había secuestrado desde el interior de una cárcel ordinaria —bajo su dependencia— a un prisionero:

—¡Esto es intolerable![251] —vociferaba el ministro José María Eyzaguirre.

Eyzaguirre creía firmemente que pertenecía a un Poder independiente del Estado. Profundamente conservador y católico, no había titubeado en representar a Allende las ilegalidades en que había incurrido; nunca le gustó el gobierno marxista, que amenazaba, según él, las raíces del Estado de Derecho. Y ciertamente compartía los fundamentos del «pronunciamiento militar». Pero el secuestro de Silberman lo perturbaba francamente, porque le hacía sentir que algunos funcionarios de la administración estaban invadiendo las atribuciones del Poder Judicial.

—¡Hay que hacer algo! —les planteó a sus colegas de la Corte Suprema, cuando se enteró del caso. Propuso—: Hablemos con el Presidente.

Ninguno de ellos mostró interés en su idea. Cada uno tuvo una excusa diferente. «Recuerda que este gobierno nos salvó de la muerte…». «No podemos olvidar que los extremistas tenían un plan para asesinarnos…». «Lo vivimos en carne propia el 11; de no ser porque Su Excelencia nos puso esa micro del Ejército, quizás qué nos hubiera pasado…»[252].

Pero la indignación de Eyzaguirre era verdadera. «Es hora de que nos pongamos los pantalones», y tal como lo había anunciado, pidió una entrevista con Pinochet.

Ya en presencia del general, respetando los códigos de la formalidad, el magistrado, le expuso la gravedad de la situación: el Poder Judicial no podía aceptar que un prisionero, que estaba cumpliendo una pena ya aprobada por la Corte Suprema, desapareciera de una institución bajo su jurisdicción. En su presencia, el general Pinochet llamó al coronel Manuel Contreras, entonces director de la DINA, le dijo que estaba con un ministro de la Corte Suprema, y que si tenía al detenido, debía liberarlo. Es un misterio lo que Contreras respondió al general Pinochet. Lo único cierto es que el jefe de Estado hizo simplemente saber al ministro que no podría cumplir sus deseos.

Eyzaguirre volvió al edificio de calle Bandera con las manos vacías. Y la Corte no tuvo otra alternativa: seguir los procedimientos regulares, enviando insistentes consultas a la Segunda Fiscalía Militar y reiterando oficios a los comandantes de Tres y Cuatro álamos. Todo sin resultados.

El 23 de enero de 1975, puesto que el jefe militar del primero de estos campos de prisioneros se negaba a responder al máximo tribunal, el pleno decidió oficiar al Presidente de la República. En su lugar, respondió el ministro del Interior, quien expuso que, según el Servicio Nacional de Detenidos (Sendet), Silberman no se hallaba en Tres álamos.

El 31 de enero, «con el mérito de lo expuesto», la Corte Suprema resolvió denegar definitivamente el amparo, pero instruyó al fiscal militar para que acelerara las diligencias de su proceso e informara a la Corte de sus pasos.

La Segunda Fiscalía explicó a la Corte Suprema poco después que no se había constituido en Cuatro álamos por cuanto el comandante de ese recinto le informó que el preso no estaba allí.

En octubre de 1976, el Segundo Juzgado Militar sobreseyó temporalmente en la causa.

Mucho tiempo después, Mariana Abarzúa y sus abogados tendrían acceso a ese expediente. Sorprendidos, se enteraron que el fiscal militar había logrado establecer no pocos hechos.

En primer lugar, que los oficiales Leyton, Rodríguez y Quinteros no existían, como tampoco el departamento de Asesoría Militar a Tribunales en Tiempos de Guerra, ni la TIFA 245-03, con que se identificó el supuesto teniente Quinteros.

En cuanto al ingeniero Alejandro Olivos, se comprobó que eran suyas las huellas encontradas en la Planta Chiloé de la CTC, frente al número 516403, y que este número no tenía ningún dueño. Tras ser detenido, confesó que el día de los hechos había concurrido a esa planta para cumplir una «misión confidencial», encargada por su superior en el departamento de Asuntos Especiales de la CTC, el mayor Marcos Derpich Miranda. Interrogado este (años más tarde llegaría a ser un alto jefe de la CNI), declaró que «fui designado en la Compañía para trabajos especiales confidenciales; mantengo contacto diario con todos los servicios de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Cuando me designaron para el cargo, pedí, para la realización material de ellos, a una persona de la más absoluta confianza, recomendándoseme al señor Olivos, quien hasta la fecha me ha demostrado gran lealtad. Pero después de sus declaraciones, le he perdido la confianza. Niego terminantemente haberle dado la instrucción a que alude. Jamás se la he dado»[253].

El fiscal realizó un careo entre ambos y como se mantuvieran en sus dichos, los dejó en libertad incondicional.

La DINA emitió un informe firmado por el coronel Contreras en que se afirmaba que «se ha comprobado definitivamente» que Silberman fue secuestrado por el «archienemigo del PC, el MIR»[254]. Como pruebas de su aserto exponía que «en un enfrentamiento» en que murió el «mirista» Claudio Rodríguez se le había encontrado documentos que permitieron el allanamiento en la casa de otro «mirista», Alejandro de la Barra y que en el domicilio de este se hallaba una TIFA a nombre del «teniente Quinteros», pero con la foto de Rodríguez.

El informe acompañaba la supuesta TIFA como prueba de que Rodríguez, con identificación militar falsa, había sacado a Silberman de la Penitenciaría. También entregó un «microteléfono standar», que permitiría conectarse a cualquier teléfono, según manifestaba el informe del «ingeniero» Vianel Valdivieso Cervantes, entregado también por la DINA al tribunal (el proceso Letelier demostró que Valdivieso era uno de los hombres de confianza de Contreras en la dirección de ese organismo).

El fiscal citó al alcaide de la Penitenciaría, quien dijo que esa no era la TIFA que le había exhibido el supuesto Quinteros el día del secuestro, pues en la foto en blanco y negro aparecía otra persona y el formato con fondo azul del documento correspondía a las TIFA antiguas. Al tal Quinteros, «yo lo puedo reconocer en cualquier momento»[255], dijo el funcionario y además declaró que la TIFA que él había visto era del tipo vigente: con fondo verde y foto a color. Los demás gendarmes de turno el día de los hechos coincidieron en sus declaraciones con el alcaide.

En respuesta, la DINA recomendó investigar exhaustivamente al alcaide, a quien acusó de «encubridor de extremistas».

Citado Vianel Valdivieso, se negó a concurrir, señalando que lo haría solo si se lo ordenaba el comandante en jefe del Ejército, bajo las órdenes del cual trabajaba. El fiscal anuló la citación.

Dos exprisioneras declararon en el extranjero haber visto a Silberman primero en el cuartel de José Domingo Cañas y luego en Cuatro álamos (sector de incomunicados de Tres álamos), entre el 5 y el 15 de octubre de 1974, cuando fue sacado junto a un grupo de prisioneros con destino a un lugar desconocido.

El fiscal pidió al juez militar de Santiago que sobreseyera la causa en forma temporal, señalándole que, en su opinión, se había acreditado el secuestro, pero no los autores. El juez militar declaró que el caso quedaba cerrado, pero que no se había demostrado delito alguno y que «perfectamente» Silberman «pudo haber salido por su propia voluntad»[256]. Todo lo demás, sostuvo en su resolución, corresponde a suposiciones de testigos «de la misma ideología del detenido» que, por lo tanto, no valían como prueba.

David Silberman figura hasta hoy en la lista de detenidos desaparecidos.

Hacia fines de 1974, en el momento en que se creaba la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del coronel Manuel Contreras, el Comité Pro-Paz contabilizaba la existencia de 131 detenidos desaparecidos, por los cuales el Poder Judicial había rechazado ya recursos de amparo. Por los mismos casos se formalizaron denuncias por presunta desgracia ante los respectivos tribunales del crimen. Pero las investigaciones no avanzaban. Ni las víctimas aparecían.

En febrero de 1975, el Comité pidió a la Corte Suprema que tomara cartas en el asunto y designara un ministro en visita. El máximo tribunal rechazó por mayoría la solicitud.

Al inaugurar el año, el 1.º de marzo de 1975, Enrique Urrutia Manzano anunció su retiro del Poder Judicial. En su discurso ante las autoridades militares y judiciales habló de los problemas relacionados con el atraso en el trabajo de la Corte capitalina:

«Es explicable que la Corte de Apelaciones de Santiago no haya absorbido su ingreso, en atención a los innumerables recursos de amparo que se interpusieron ante ella y que distrajeron bastante de su tiempo en las visitas respectivas (…) Esta presidencia ha debido atender, en numerosas ocasiones durante el transcurso del año que acaba de terminar, diversas comunicaciones extranjeras llegadas al país, a propósito de denuncias formuladas en el exterior en orden al supuesto quebrantamiento de los derechos humanos que habría ocurrido en Chile. Lamentablemente, como ya se expresó en nuestra exposición del año anterior, otra vez aquellas han incurrido en las mismas omisiones en los informes ante sus consejos: han ignorado —o no han querido recordar— lo que les hemos manifestado, y aún acreditado con documentos y expedientes»[257].

Urrutia dijo que no podía entender que esas instituciones humanitarias «a pesar de lo que aquí han observado, de lo que aquí han oído, y de lo que aquí se les ha demostrado» no hayan «expuesto la verdad». Y agregaba: «¿Han llegado estas comisiones a esta presidencia con un juicio preconcebido del que no se han podido desprender?»

Y añadía a continuación:

«No hay duda, ni nosotros hemos negado, que desde el 11 de septiembre de 1973 a esta parte, se vive en este país en momentos legales de excepción, ya que las Cámaras de Senadores y de Diputados se encuentran en receso, y reemplazadas por la Honorable Junta de Gobierno. Pero es del caso advertir que todos los demás organismos del Estado, como la Contraloría, Banco Central, Tesorería, Impuestos Internos y otros, funcionan normalmente. Aún más, es conveniente subrayar que en lo referente a la Administración de Justicia y en especial los Tribunales, se encuentran, como dije al comenzar, actuando con la independencia que les reconoce la Constitución Política del Estado (…)».

Finalmente, señalaba con toda solemnidad:

«Este país adhirió en su oportunidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Chile, que no es tierra de bárbaros, como se ha dado a entender en el exterior, ya por malos patriotas o por individuos extranjeros que obedecen a una política interesada, se ha esmerado en dar estricto cumplimiento a tales derechos, y solo se le podrá atribuir las detenciones expedidas ya en procesos legalmente tramitados o en virtud de facultades dadas por el estado de sitio referido. En cuanto a torturas y a atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro; y cualquiera afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria»[258].

Las visitas de Eyzaguirre

Tras el retiro de Urrutia, José María Eyzaguirre fue elegido presidente del máximo tribunal.

A mediados de 1975, cuando la lista de detenidos desaparecidos denunciados ante los tribunales sumaban ya más de 350 y la situación alarmaba a los organismos internacionales, dos supuestas revistas que en verdad solo aparecieron en una única oportunidad —O' Dia en Brasil y Lea en Argentina— difundieron 119 nombres de personas que habrían muerto en presuntos enfrentamientos. El general Augusto Pinochet afirmó al respecto que «la lista de 119 extremistas muertos o desaparecidos, que (el gobierno) ha ordenado investigar, debe ser una nueva maniobra del marxismo internacional».[259]

Repuestos del impacto, los abogados de los familiares concluyeron que tales publicaciones eran obra de un montaje, pues los desaparecidos habían sido vistos en recintos de detención a cargo de la DINA o bien existían antecedentes sobre su secuestro en Chile[260]. Pidieron entonces la designación de un ministro en visita, pero la Corte Suprema rechazó la demanda.

En enero de 1976, Eyzaguirre y el ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, fueron autorizados a constituirse en Tres y Cuatro álamos, en Puchuncaví y en Villa Grimaldi. Los abogados de la Vicaría alegaron que se trataba de una maniobra publicitaria, pues, para recibir a los visitantes, a los prisioneros en «libre plática» se les permitió afeitarse y salir a los patios. Fueron fotografiados leyendo el diario.

Las visitas, no obstante, sirvieron al menos para constatar la existencia real de centros de detención cuya existencia había sido hasta ese momento negada por las autoridades.

En Tres álamos, Eyzaguirre pudo recorrer solo el pabellón Uno, donde estaban los prisioneros reconocidos oficialmente y que ya tenían contactos con sus familiares. El ministro recorrió las instalaciones acompañado por oficiales de Carabineros, responsables de esa parte del recinto. Otro sector, el de «incomunicados», a cargo de la DINA, quedó fuera de su vista.

Eyzaguirre se detuvo a hablar con los presos. Entre ellos, conversó con Fernando Ostornol y con Lautaro Videla, hermano de la asesinada Lumi Videla. Ostornol era un hombre mayor. Videla, un muchacho.

Ostornol se explayó con crudeza sobre las torturas que había sufrido, las duras condiciones de la prisión, el vejatorio trato a su familia. Ministro y detenido debatieron sobre el régimen militar y su legalidad. Ostornol argumentó que la detención arbitraria a que estaban sometidos, era un atentado a la juridicidad, pues no estaban bajo la tuición de ningún tribunal competente.

—No puedo entender, señor ministro —le dijo a Eyzaguirre—, el rol que ha jugado el Poder Judicial en estos años.

—Trate de comprender. Nuestras atribuciones son limitadas. Yo mismo estoy siendo vigilado por los servicios de seguridad. Lo que nosotros sufrimos no es tan duro, claro, pero cada día que salgo, cada mañana que mi esposa me despide se queda pensando que cualquier día me va a pasar algo. No solo porque los extremistas puedan atacarme… también temo a la gente de la DINA.[261]

Eyzaguirre les contó que algunas veces había tenido que eludir cercos de vigilancia, usar técnicas para escabullirse.

Lautaro Videla le informó a continuación sobre la muerte de su hermana, cuyo cadáver fue lanzado al interior de la embajada de Italia. Y su propio caso, pues personalmente había sido detenido por agentes de la DINA y torturado en Villa Grimaldi. Contó además que había encontrado en esos cuarteles prendas de vestir de su hermana y de su cuñado, Sergio Pérez, hoy también un detenido desaparecido.

—Estoy convencido de que la DINA mató a mi hermana. Los propios agentes me lo decían en Villa Grimaldi —insistió Videla.

Eyzaguirre lo miraba atento. Parecía conmovido. Videla fue generoso en detalles. Sabía que tenía enfrente a un hombre que representaba «al régimen», pero quería convencerlo. Él y Ostornol dijeron a Eyzaguirre que si quería hacer algo por ellos, influyera para que se terminaran los campamentos de prisioneros.

—No es posible. No están bajo mi jurisdicción. Incluso ustedes dependen exclusivamente del Ministerio del Interior, no del Poder Judicial. Si estuvieran bajo la tuición de los tribunales, podría asegurarles, al menos, el respeto a las normas procesales. Aquí, lo más que puedo hacer es oír su versión y hacer algunos reclamos dentro del marco legal[262] —contestó el juez.

Los prisioneros no compartían la visión extremadamente formalista del ministro, pero agradecieron su interés.

El 1.º de marzo de 1976, el año judicial fue inaugurado por Eyzaguirre, en una ceremonia a la que asistieron el ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, el presidente del Colegio de Abogados, Julio Durán, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Hugo Rosende.

Eyzaguirre reconoció un retraso en los juicios en los tribunales del crimen, que atribuyó a la escasez de juzgados. Agradeció la preocupación del gobierno por el perfeccionamiento del Poder Judicial y resaltó el aumento del presupuesto fiscal asignado al sector: de un 0,37 por ciento en 1975 a 0,48 por ciento en 1976. Valoró luego las modificaciones legales tendientes a proteger los derechos de los detenidos «por delitos contra la seguridad nacional», como la obligación de los organismos «encargados de velar por el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y por la mantención de la institucionalidad» de informar, al menos 48 horas después de la detención, a los familiares del inculpado. También destacó las atribuciones entregadas al presidente de la Corte Suprema para inspeccionar los centros de detención[263].

«Es necesario combatir el terrorismo», admitió Eyzaguirre, «pero al mismo tiempo respetar las necesarias garantías del imputado».

En la misma cuenta anual, el presidente de la Corte Suprema opinó que los jueces no debían ser tan indulgentes con los infractores del tránsito y, como si hablara de lo mismo, se refirió a la petición del Comité Pro-Paz:

«Los ministros visitadores han expedido sus informes y de ellos se desprende que en numerosos casos las personas cuyo desaparecimiento se investigaba se encuentran en libertad; otras han salido al extranjero, otras están detenidas en virtud del Estado de Sitio; otras son procesadas en los Tribunales Militares y finalmente, respecto de algunas, se trata de delincuentes de derecho común cuyos procesos se tramitan. Muchos procesos (por desaparecimiento) se encuentran en actual tramitación y numerosos han sido sobreseídos sin resultados»[264].

Esa era su cara pública. En privado, tenía otra menos ingenua.

En un informe confidencial enviado al ministro de Justicia, Eyzaguirre narraba a Schweitzer sus visitas a Tres y Cuatro álamos y las entrevistas que sostuvo con los connotados dirigentes políticos Luis Corvalán, Daniel Vergara, José Cademártori, Tito Palestro, Fernando Flores, Jorge Montes y Alfredo Joignant.

Le contaba que estos denunciaron haber sufrido torturas, que llevaban 30 meses privados de libertad a la espera de juicios que nunca comenzaban, que había presos con graves secuelas por los maltratos recibidos, que otros estaban detenidos sin orden alguna o utilizando una «orden en blanco», que la DINA se había apropiado de un taxi de un prisionero y que el Ministerio del Interior había informado a los tribunales que el propietario del vehículo no se encontraba detenido.

No obstante lo anterior, 120 días después de haber enviado ese informe, Eyzaguirre y la Corte declararían que los abogados que denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo mismo que él había visto, «faltaban a la verdad».

Solo en una oportunidad la visita del Presidente de la Corte Suprema a los recintos de detención sirvió para ubicar a un detenido cuya privación de libertad había sido negada. Fue el caso de Manuel Guerrero Ceballos, en 1976. Guerrero sería secuestrado y degollado, casi diez años más tarde, junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino[265].

Eyzaguirre ordenó que los detenidos por delitos comunes fueran trasladados a cárceles comunes, bajo la tuición de los tribunales, pues no había razón para que permanecieran en los campos de concentración. Sin embargo, la medida fue en muchos casos transitoria, porque numerosos detenidos fueron sacados de las cárceles y llevados nuevamente a recintos bajo dependencia de la DINA. En uno de esos casos —el de David Silberman— el detenido desapareció.

A mediados de 1976, Lautaro Videla fue llevado frente a un Consejo de Guerra en Valparaíso, que lo condenó a la pena de extrañamiento. Funcionarios militares lo entregaron a los gendarmes en el anexo-cárcel de Capuchinos, desde donde iba a ser expulsado inmediatamente del país. Sin embargo, por instrucciones del Ministerio del Interior, agentes de civil lo sacaron del recinto penal y lo trasladaron nuevamente a Tres álamos, junto a Sergio Vesely Fernández. El fantasma del caso Silberman se instaló en las mentes de ambos.

Videla envió un mensaje angustioso a su madre: «Pide una audiencia con Eyzaguirre». La mujer, bien asesorada en los asuntos legales, se presentó en el despacho del ministro y le dijo que su hijo había sido secuestrado desde un recinto penal bajo la jurisdicción de los tribunales de Justicia, donde esperaba el cumplimiento de una condena emitida por un tribunal legalmente constituido.

Eyzaguirre le dio su palabra de que no permitiría obstrucciones administrativas al cumplimiento de las penas, pues el pronunciamiento de un tribunal —aunque fuera uno militar— estaba por sobre una orden de detención preventiva emanada del Ejecutivo.

Cuatro días más tarde, Videla y su compañero de proceso fueron devueltos a Capuchinos y expulsados finalmente del país. Para ellos, fue un mal considerablemente menor que el muy incierto destino de quedar en Chile, a merced de la DINA. Para Eyzaguirre, fue una posibilidad mínima pero concreta de imponer el respeto a su autoridad.

En agosto de 1976, la Vicaría de la Solidaridad volvió a la carga con una solicitud de ministro en visita para que investigara la situación de los desaparecidos, que ya sumaban 383. La presentación fue rechazada una vez más por la Corte Suprema:

«Puede advertirse que, contrariamente a lo que se afirma en la aludida solicitud —y como se reitera en las tres presentaciones de los familiares de aquellos presuntos desaparecidos— las investigaciones realizadas (…) demuestran celo y acuciosidad y cuentan con la vigilancia directa de los ministros visitadores de la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Resulta que de las personas que se decían desaparecidas han sido encontradas 38, que se hayan libres y residiendo en sus respectivos domicilios; que se han ubicado a cinco que han salido al extranjero; se ha verificado que, de ellas, 11 están arrestadas en virtud del Estado de Sitio, 3 por los tribunales militares y 3 por los tribunales ordinarios por tratarse de delincuentes comunes»[266].

Según el voto de mayoría, las presentaciones de la Vicaría repetían los nombres de las víctimas «con el evidente propósito de aumentar ficticiamente el número de estos, y aunque en dichas repeticiones, por lo general, figura como familiar denunciante el mismo nombre, se advierte a simple vista la disconformidad de firmas».

El fallo fue pronunciado con el voto de los ministros Israel Bórquez, Luis Maldonado, Octavio Ramírez, Víctor Rivas, Emilio Ulloa, Estanislao Zúñiga y Abraham Meersohn. El propio presidente Eyzaguirre, junto a Rafael Retamal, Osvaldo Erbetta y Marcos Aburto, en minoría, estuvieron por nombrar al ministro en visita.

Cristián Pretch, el vicario de la Solidaridad, decidió entonces pedir que la Corte indicara cuáles de los desaparecidos estaban viviendo en sus casas y cuáles detenidos en un lugar conocido.

Solo a fines de 1976 la Corte certificó los once casos de personas que figuraban en sus registros como arrestadas en virtud del Estado de Sitio, pero debió reconocer que tales nombres no estaban incluidos en las listas de desaparecidos de la Vicaría. En el mismo acto rechazó certificar el resto de los antecedentes que había mencionado al rechazar la petición.

Al inaugurar el año judicial en 1977, Eyzaguirre lamentó, aunque en forma indirecta, la ampliación de las facultades al jefe de Estado para que en estados de emergencia conculcara las libertades de opinión, información y reunión, censurara la correspondencia y las comunicaciones y limitara el derecho de propiedad.

«No puede ponerse en duda que ha existido el laudable propósito de asegurar la paz interna y el orden público, que tan gravemente se ven amenazados en nuestros días, por intervenciones foráneas, pero la experiencia indica que legislaciones dictadas de la mejor buena fe o intención son usadas después buscándoles interpretaciones torcidas o usando de los lamentables resquicios legales de tan funesta memoria».[267]

El ministro estaba haciendo una comparación directa con el uso de los «resquicios» durante el gobierno de Salvador Allende.

Eyzaguirre expresó también su preocupación por los límites impuestos al recurso de protección bajo los estados de emergencia.

Ese marzo fue un mes duro para las relaciones Iglesia-Gobierno. La Conferencia Episcopal emitió un documento denominado «Nuestra Convivencia Nacional» que hizo rechinar los dientes en los círculos oficiales. Bajo el capítulo «El Poder Judicial y los Desaparecidos», los obispos pidieron que «se esclarezca de una vez y para siempre el destino de cada uno de los presuntos desaparecidos desde el 11 de septiembre hasta la fecha». Mientras ello no ocurra, decían, «no habrá tranquilidad para sus familiares, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en el exterior».

El ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, renunció a su cargo el 11 del mismo mes. Fue reemplazado por el hoy olvidado Renato Damilano Bonfante quien, recién instalado, criticó a la Iglesia Católica y la acusó de alianza con los «marxistas». Cayó precipitadamente y lo reemplazó Mónica Madariaga.

A mediados de año el vicario de la Solidaridad, Cristián Pretch, volvió a la carga con un téngase presente, para insistir sobre el tema de los desaparecidos, que habían aumentado a más de 400, y sobre la necesidad de que la Corte certificara los casos que dio por aclarados. Sus palabras, en un ambiente cargado de tensión, tenían un peso demoledor:

«El problema de las personas desaparecidas (…) es un problema que mantiene su dramática actualidad, y en que está en juego la integridad misma de la vida, y la vida es lo más sagrado que hay en este mundo. Nadie puede atentar contra la vida, nadie puede arrogarse derechos sobre la vida ajena. Es la vida de 411 chilenos que está en juego; detrás de ellos hay una multitud de familiares y amigos, sorprendidos y atónitos (…) El problema de las personas desaparecidas y la situación de sus familiares no se supera con desoírlos; por el contrario, si asumiéramos semejante actitud estaríamos incubando un peligroso germen de proyecciones incalculables».

«Las más elevadas voces han expresado su inquietud por el problema, tanto a nivel nacional como internacional (…) ¿Qué fundamento jurídico y moral puede ser tan poderoso que no permita la realización de una investigación a fondo para esclarecer cada uno de los casos?»[268].

El domingo 29 de septiembre el programa «Lo que Usted quiere saber» de Canal 5 de Valparaíso, tenía un invitado especial: José María Eyzaguirre. El moderador del programa era Patricio Bañados y entre los panelistas estaban Cristián Zegers, Joaquín Villarino, Jaime Martínez Williams, Hermógenes Pérez de Arce y Enrique Lafourcade. Era uno de los pocos espacios de debate político en esos momentos.

—Me preguntan siempre —fueron las primeras palabras del magistrado— sobre la independencia del Poder Judicial, exactamente. Yo puedo decir que lo que contesto siempre es que el Poder Judicial en Chile está intacto…[269]

Los funcionarios de la Vicaría no solo escucharon atentamente la emisión, sino que uno de ellos grabó la entrevista y la transcribió para los registros de la institución.

Bañados comenzó el interrogatorio:

—Señor Eyzaguirre, ¿cuántos recursos de amparo se han presentado en Chile? (…) ¿Serán 500?

—Pueden ser 500 o más.

—¿Cuántos han sido aprobados?

—(…) Los recursos de amparo no han sido acogidos porque, como usted sabe muy bien, los tribunales chilenos, desde 1833, han mantenido la jurisprudencia de que cuando el Presidente de la República efectúa una detención en virtud del Estado de Sitio, es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y no le es lícito al Poder Judicial mezclarse en la facultad del Poder Ejecutivo.

—O sea, ¿no ha sido aprobado ninguno? ¿O hay alguno aprobado?

—Hay uno acogido.

—¿Y ha sido plenamente cumplido?

—No ha podido ser cumplido.

Eyzaguirre se defendía diciendo que las facultades que tenía del Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio inhibían al Poder Judicial. Los detenidos administrativamente, no podían ser llevados a cárceles bajo jurisdicción de los tribunales.

—Don José María, usted dice que se habrían presentado alrededor de 500 o más recursos de amparo, ¿eso significa que esas 500 personas están desaparecidas?

—No significa necesariamente que estén desaparecidas, sino que sencillamente algunas de esas personas, cuando el ministro del Interior dice que no han sido detenidas por organismos del Estado, se instruye el proceso por desaparecimiento.

—¿Y en los recursos de amparo en que aparecen testigos?

—Normalmente el trámite del recurso de amparo (…) no admite prueba de testigos. El recurso de amparo (…) debe fallarse con el informe de la autoridad que presumiblemente ha efectuado la detención…

—¿Por qué los familiares de algunas de estas personas dicen que hay pruebas y que ellos tienen testigos de que estas personas estuvieron realmente detenidas en algunos puntos y que fueron vistas por otras personas? Por lo tanto, habrían estado en lugares de detención, aunque el Ministerio del Interior haya dicho que no fueron detenidos, ¿no es así?

—Hay algunos casos (…) en que el gobierno ha negado la existencia de la detención y ha podido establecerse que esas personas han sido efectivamente detenidas. El caso más claro, es el caso de las personas que fueron detenidas en Valparaíso, en que el gobierno dijo que no habían estado detenidas, por las informaciones que tenía; en cambio el comandante del Regimiento Maipo manifestó que esas personas habían pasado por el Regimiento en calidad de detenidas. Eran unas pocas personas…

—¿Fueron encontradas esas personas?

—No le podría decir con seguridad, porque no lo tengo en la memoria.

Eyzaguirre aseguró en el panel que algunos «supuestos» desaparecidos estaban durmiendo en sus casas o cruzaron la frontera. (Era el caso de los secuestrados por el Comando Conjunto, en que un ministro de la Corte de Santiago había aceptado un informe de Investigaciones diciendo que cruzaron por el paso Caracoles hacia Argentina). «Ahora, que el gobierno argentino, según dicen los afectados diga que estas personas no han entrado a la Argentina, ese es un problema interno de la policía argentina», agregó.

Enrique Lafourcade, el único de los panelistas identificado en la transcripción, no aceptó el argumento.

—… El problema de los desaparecidos, para mí —dijo— no es estadístico… que sean dos mil, 800 o 500. Basta que haya un desaparecido para que la justicia chilena llegue hasta el fondo para descubrir cuál es la verdad (…). La justicia tiene que ir de la mano de la ética, tienen que ir juntas, porque si no, la justicia no es tal. No hay justicias formales, hay una justicia de fondo… Entonces tenemos que intentar emplear las medidas —y estoy seguro de que el gobierno está en el mismo predicamento— para que se disipen todas las dudas sobre esos desaparecidos, algunos de los cuales han aparecido o están especulando políticamente y otros de los cuales no se sabe nada. Yo creo que en ese punto no podemos estar en desacuerdo, me parece…

La atmósfera se espesó. No era común en esos años que alguien se aventurara públicamente con un comentario de tal franqueza.[270]

—Yo no estoy de acuerdo. Todo lo contrario, señor Lafourcade, pero no se olvide usted de una cosa que está muy clara para los tribunales; es un poco técnica, pero es clarísima… —contestó Eyzaguirre y repitió el argumento de la incompetencia de los tribunales ordinarios sobre los militares, y la lógica que animaba, por lo tanto, las resoluciones de las Cortes—: La mayoría de las desapariciones se imputan a la Dirección de Inteligencia Nacional (…) La Dirección de Inteligencia Nacional es un organismo militar y por lo tanto, sus componentes son militares y están sometidos al fuero militar y, en consecuencia, los tribunales ordinarios no son competentes.

Mientras el presidente de la Corte trataba de dar las respuestas correctas para mantener su jerarquía, otro ministro se arriesgaba a demostrar sensibilidad frente a las quejas por los atropellos a los derechos humanos.

Rafael Retamal, quien al comienzo del régimen parecía más duro que Eyzaguirre, había empezado a cambiar y, en adelante, sería claramente el más proclive a acoger los recursos de amparo en el alto tribunal. Especialmente desde 1977, cuando se dio por terminado el Estado de Guerra.

Por esa fecha, el joven vecino opositor lo visitó nuevamente y le recordó su promesa de dar a los militares un plazo máximo de cinco años, a contar del 11 de septiembre de 1973.

—¿Se acuerda, magistrado?[271]

—¿Yo le dije eso?

Retamal pretendió haber olvidado la conversación que ambos habían tenido en los primeros días del Golpe, pero en su acción pública, era claro que recordaba. Lo puso en evidencia al terminar el primer lustro del régimen, en una entrevista que concedió a la revista Qué Pasa. El ministro respondió entonces algunas preguntas sobre la situación del Poder Judicial.

—El Estado de Sitio es una emergencia. Nos ha producido muchos dolores de cabeza, sería mejor que fuera poco a poco, eliminándose… Tendríamos menos dolores de cabeza y del corazón. Porque ha de saber usted que los jueces para administrar justicia necesitan cabeza y corazón… Si falta cualquiera de estos simbólicos elementos, lo que sale es una torpeza y una crueldad… Y no es justicia la torpeza, no es justicia la crueldad.[272]

La aceptación «dogmática» en los tribunales de Justicia de los informes oficiales tuvo su expresión máxima cuando la Corte Suprema rechazó la apelación al recurso de amparo en favor de José Orlando Flores Araya, un detenido desaparecido quien fue visto en Villa Grimaldi. El amparo fue acompañado de las declaraciones de un teniente de Ejército quien dijo haber presenciado su detención. Interior informó a la Corte Suprema que efectivamente Flores Araya había sido arrestado, pero luego puesto en libertad en fecha indeterminada, y agregaba esta frase asombrosa: «No existe el lugar de detención denominado Villa Grimaldi».

La Corte confirmó el rechazo al amparo aunque su propio presidente, José María Eyzaguirre, se había constituido en ese cuartel y certificado su existencia.

El 20 de diciembre de 1977, la Corte emitió el certificado tantas veces solicitado por la Vicaría de la Solidaridad. El certificado mencionaba los nombres de 38 personas presuntamente desaparecidas que, conforme con los informes oficiales, se hallaban en «libertad» al momento de iniciarse los recursos de amparo en su favor y agregaba otras tres que no estaban desaparecidas, sino recluidas por delitos comunes. Otros cinco procesos habían sido sobreseídos, porque las personas buscadas aparecieron.

Pero nuevamente la Corte tuvo que admitir que ninguna de esas desapariciones «aclaradas» figuraban en el listado de denuncias de la Vicaría.

El 21 de septiembre de 1976, el excanciller Orlando Letelier fue asesinado en el centro diplomático de Washington. Cinco semanas después, el 2 de noviembre, el demócrata Jimmy Carter fue electo como nuevo Presidente de Estados Unidos.

Sin ningún anuncio previo, el gobierno chileno dio por terminado el Estado de Sitio y liberó a todos los detenidos que aún permanecían en campos de concentración. Muchas condenas fueron conmutadas por extrañamiento y miles de chilenos salieron al exilio. Tras estas disposiciones, las autoridades se apresuraron a declarar que tales medidas nada tenían que ver con la elección en el país norteamericano.

Carter ejerció una dura presión contra el gobierno militar, especialmente destinada a esclarecer el caso Letelier. Acorralada por el resultado de las investigaciones del FBI, la dictadura accedió a expulsar al exagente Michael Townley. Mientras tanto, un civil, Sergio Fernández, asumía la cartera de Interior.

Ante las concesiones que estaba haciendo el gobierno, un grupo importante de oficiales jóvenes planteó sus inquietudes a la superioridad del Ejército: temían que si se abría la puerta a juicios por violaciones a los derechos humanos se viera afectada su seguridad. Reclamaban, por tanto, protección. Fue así como, entre gallos y media noche, en abril de 1978 se dictó el decreto ley de Amnistía.

En 1979, la Corte Suprema decidió por fin acoger las presentaciones del Arzobispado y nombró al ministro Servando Jordán para que investigara los casos de unos 300 detenidos desaparecidos en el departamento de Santiago. El ministro se constituyó en recintos de la DINA ya vacíos y en desuso. Poco después se declaró incompetente, traspasando los juicios a la justicia militar.

Historia alucinante en Villa México

Mayo de 1977: Carlos Veloso Figueroa, un antiguo dirigente sindical y militante democratacristiano, había comenzado a trabajar media jornada en la Fundación Cardjin, dependiente de la Iglesia Católica, poniendo fin a dos meses de penosa cesantía.

La fundación eclesial preparaba a dirigentes sindicales, especialmente los ligados a la DC. Trabajaba allí Luis Mardones Geza, exdirigente nacional de la Federación del Cuero y Calzado y «compadre» de Carlos Veloso.

Veloso vivía en la Villa México, en Maipú, con su esposa y su hijo Carlos, de dieciséis años.

Osvaldo Figueroa —exmilitante del PC—, Williams Zuleta —simpatizante DC, activo miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación— y Humberto Drouillas —militante DC—, eran los vecinos de la familia Veloso; también Jorge Troncoso —simpatizante de izquierda— y Eduardo de la Fuente, ex-PC, que había vivido hasta hacía poco en la misma población.

El 1.º de mayo de ese año las organizaciones sindicales celebraron el Día del Trabajo «hacia adentro», en misas o actos cerrados. Las condiciones aún no permitían actos públicos ni se reconocía la legitimidad de esas organizaciones. No obstante eso, una centena de ellas había presentado 44 demandas a la Junta Militar.

Veloso, que fue uno de los que ayudó a mecanografiar el petitorio, supo que dos sujetos de aspecto sospechoso andaban preguntado por él. Habían estado en casa de una tía y también en la Fundación.[273] Enviado al día siguiente su hijo a indagar detalles, fue interceptado por desconocidos cuando volvía a su casa y obligado a subir a un Chevy negro. Le cubrieron la vista y lo tiraron al suelo. Tras largas vueltas que desorientaron completamente al adolescente, fue obligado a descender y empujado a una habitación en un edificio desconocido.

Cuando le quitaron la venda, sintió los ojos heridos por una fuerte luz que se balanceaba sobre su cabeza. Lo obligaron a desvestirse y comenzaron a interrogarlo sobre las actividades de su padre. Mientras preguntaban, los agentes lo golpearon en diferentes partes del cuerpo hasta hacerlo vomitar.[274]

Desfalleciente, el menor oyó la voz de un supuesto detenido que fue instalado a su lado. Este le daba ánimos. «No digas nada sobre tu padre»… Sobrevino luego un largo silencio interrumpido al cabo por un disparo. Una aguja se clavó en uno de sus brazos. Comenzó a sentir que flotaba, como si fuera volando por los aires. Sus captores le mostraron un cuerpo tendido en el suelo, sobre un charco de sangre.

—Lo mismo te va a pasar a ti, si no colaboras…

Vino enseguida una sucesión de golpes, luego aplicaciones de corriente. Para finalizar con cigarrillos que apagaban en sus brazos[275].

Como a la medianoche, el muchacho fue abandonado cerca de la casa de su abuela, en Las Rejas.

Cuando por fin estuvo de vuelta en su hogar, su padre acudió inmediatamente a la Vicaría de la Solidaridad y el 4 de mayo presentó un recurso de amparo preventivo en su favor y en el de su hijo. En el escrito señaló como presuntos responsables a los organismos de seguridad. También interpuso ante los tribunales del crimen una denuncia por las lesiones sufridas por su hijo.

Esa misma noche, dos agentes de la DINA llegaron a su casa. Dijeron que estaban investigando los hechos, advirtiendo que ellos no tenían «nada que ver» con lo sucedido. Confiando en que esos hombres decían la verdad, el joven les narró su odisea. Volvieron varias veces para inquirir más detalles, y en una de esas ocasiones se llevaron a Veloso padre, a quien, «por seguridad», le vendaron la vista y lo condujeron a un recinto desconocido, donde fue interrogado sobre sus actividades gremiales y políticas. Luego lo dejaron marcharse.

El sábado 7 de mayo, cerca de las 20 horas, los agentes fueron nuevamente a buscar a Veloso para volver a interrogarlo. Dos horas más tarde, le pidieron que llamara a su hijo porque necesitaban aclarar con él algunos detalles. Conversaron con el muchacho y le dijeron algo que él se negó a creer: que sus secuestradores eran «los marxistas» y que estos lo habían hecho para vengarse de su padre; porque «están enojados con él ya que saben que es un soplón de los milicos». No consiguieron, a pesar de las presiones y amenazas, que firmara un documento que contenía una versión falsa sobre su secuestro, pero lograron que sí lo hiciera al pie de un papel que decía: «Quiero conversar con ustedes sin la presencia de mi padre».

A las 2.30 de la madrugada del domingo, los agentes le permitieron a Veloso padre que volviera a su casa, pero le advirtieron que ellos iban a estar presentes porque debían «proteger» a su hijo de quienes habían intentado secuestrarlo: activistas de grupos de extrema izquierda, según dijeron. Se instalaron, sin más, llegando con Veloso a la casa, donde se presentaron además con un televisor, «para hacer más llevadera la permanencia en casa», fue la explicación. Por supuesto, cuando Carlos vio llegar a su padre con los agentes y con el aparato, creyó que era verdad lo que le habían dicho aquellos.

En la mañana del domingo 8, sin que padre e hijo hubieran tenido la oportunidad de conversar, los agentes los trasladaron, con la vista vendada, al mismo recinto en que Veloso había estado antes. Llevaron a Carlos al segundo piso, cumpliendo su supuesto «deseo» de conversar a solas con ellos. Allí, a pesar de las amenazas, siguió negándose a firmar un documento con una declaración falsa sobre su secuestro.

En medio de la discusión, los agentes hicieron subir a Veloso. Le dijeron que su hijo formulaba declaraciones contradictorias, aunque había reconocido en un momento que los autores eran de izquierda. El padre, desconcertado, increpó duramente a su hijo. Este se desmoralizó.

—Su hijo se contradice porque los autores son conocidos de ustedes… —le dijo a Veloso uno de los agentes.

Carlos fue llevado a una pieza vecina, en verdad era un baño, desde donde podía ver a su padre, sin que este lo viera a él, en virtud de que el muro divisorio era uno de esos vidrios que permite la visión solo desde uno de sus lados. Vio así, aterrado, cómo uno de los sujetos encañonaba a su padre, recriminándolo por la poca colaboración del joven. En ese momento otros agentes llegaron al baño con un set de fotografías:

—¿Conoces a alguno de estos?

—Sí… —contestó el muchacho—, a este, este y este… Son vecinos nuestros.[276]

Había reconocido a Figueroa, De La Fuente y Zuleta. No entendía para qué le mostraban esas fotos, pero el asunto comenzó a parecerle extraño cuando uno de los sujetos dijo:

—Ahora solo falta el chofer…

No pudo entonces contenerse y dijo: «¡Yo sé quién es!», y apuntó a través del vidrio al hombre que encañonaba a su padre: «Es ese, ese que está ahí…».

Apenas alcanzó a terminar la frase cuando sintió el escozor caliente de la bofetada con que acababan de cruzarle la cara.

—¡No! —le gritó al oído uno de los sujetos—. …Yo te voy a decir lo que pasó y tú no vas a olvidar nada ¿correcto?… Bien: estas tres personas que tú reconociste, son quienes te secuestraron en un Volkswagen verde. Lo que más te preguntaron fue si es cierto que tu padre es un soplón de los milicos. Figueroa, este de aquí, te golpeaba constantemente y te quemaba con cigarrillos. Además, te violaron y te dijeron que fueras a la Vicaría a denunciar el secuestro. A ver, ¡repite…!

Obligaron a Carlos a repetir una y otra vez la versión y a memorizarla y luego fue llevado al cuarto donde su padre estaba aún bajo la amenaza de un arma.

—Cuéntanos de nuevo qué fue lo que pasó —dijo uno de los agentes y el muchacho, aturdido y aterrorizado, repitió la historia recién aprendida.

—¿Lo juras?

Vaciló apenas y dijo, balbuceante: «Lo juro».

Veloso creyó entonces que su hijo estaba diciendo efectivamente la verdad. Firmó por eso sin poner mayor resistencia una declaración que le pasaron los agentes en la cual recriminaba a «los marxistas» por haberlo atacado.

Padre e hijo fueron enseguida trasladados a otro recinto, con apariencia de clínica, en el que Carlos fue sometido a una sesión de hipnosis que solo le produjo efectos parciales. El objetivo era que repitiera y memorizara la versión construida del secuestro.

A las 4.30 de la madrugada del lunes 9, pudieron por fin volver a casa. Habían estado ausentes durante dieciocho horas.

Poco después comenzaban varios operativos para detener a los vecinos incriminados.

Entre el lunes 9 y el jueves 12, fueron secuestrados Osvaldo Figueroa, Eduardo de la Fuente, Williams Zuleta, Humberto Drouillas y Jorge Troncoso. En los allanamientos de sus casas lo único que los agentes pudieron incautar fue la copia de un recurso de amparo interpuesto por una de las víctimas y el título de propiedad de la casa de otro. Más tarde afirmarían, sin embargo, que habían hallado explosivos.

Mucho tiempo después, en testimonios notariales, los detenidos revelaron las torturas a que habían sido sometidos y las «confesiones» que la DINA obtuvo de esta manera.

De la Fuente narró que fue llevado a «la parrilla», mientras los agentes lo golpeaban en los testículos. Desnudo, lo amarraron a una camilla. En el pie derecho le pusieron un alambre en cuyo extremo tenía una especie de moneda. A cada pregunta para la que no daba la respuesta esperada, seguía un golpe de corriente y, a veces, un golpe en el tórax con la suela de un zapato. Como seguía ignorante de un supuesto rapto y violación del adolescente, le pusieron unos ganchos en el pene y a través de estos le daban golpes de corriente.

El dolor y las convulsiones le desprendieron la prótesis dental y, como estaba amordazado, comenzó a tragarla. Hizo unos gestos desesperados. Los torturadores se detuvieron un momento creyendo que eso significaba que estaba dispuesto a «confesar», pero De La Fuente solo vomitó.

Tras este primer interrogatorio fue introducido en una pieza con Figueroa, quien ya había «confesado» y le pidió que hiciera lo mismo. De la Fuente volvió a los interrogatorios, ahora sobre las actividades de Troncoso y Figueroa. Esa tarde lo colgaron de las manos de manera que sus pies no tocaran el suelo. En esa posición los agentes lo golpeaban en el estómago. Era para ellos, según las palabras que oyó, un puching ball. Así estuvo casi una hora. Uno de los agentes le tomó fuertemente la cabeza y se la cargó hacia abajo. Logró así, cuando el prisionero estaba ya a punto de desfallecer, que este reconociera su culpabilidad y que había violado al muchacho. Se le permitió descansar mientras Figueroa volvía a la «parrilla».

Durante la noche del 10 al 11 De la Fuente no pudo dormir, pues los agentes lo obligaban a saltar y lo golpeaban cada veinte o treinta minutos. El miércoles 11, fue puesto ante Drouillas, a quien se le obligó a reconocer como el que «dirigía las reuniones». Drouillas ya exhibía moretones y tenía la vista vendada, a pesar de lo cual negó siempre las acusaciones que se le hicieron.

De la Fuente fue llevado a la pieza de la parrilla y oyó cuando los agentes le ordenaban a Troncoso desvestirse. Vendado, supo del momento en que comenzarían a aplicarle electricidad, porque le advirtieron que levantara un dedo cuando quisiera confesar. Troncoso insistía en su inocencia.

«Sentí que comenzaban nuevamente a aplicarle corriente a Troncoso y que este gritaba muy fuerte. El jefe ordenó: “Tápenle la boca”. Los agentes siguieron aplicando corriente y uno de ellos dijo: “Paren, háganle masajes, parece que se nos murió”. Después alguien ordenó: “Sáquenlo pa’ fuera”. Sentí que me tomaban y rápidamente me sacaron de la pieza».[277]

Los interrogatorios continuaron todo el día y esa noche. De la Fuente fue llevado a una pieza en que estaban otros detenidos. Oyó la voz de un adolescente individualizando a uno de ellos. En esa ocasión le pasaron a De la Fuente una pistola para que se matara. El detenido rechazó la sugerencia, pero los agentes dijeron que no importaba, pues ya tenían sus huellas dactilares en el arma. El muchacho «reconocería» a De la Fuente como quien lo había amenazado con arma de fuego el 2 de mayo.

Persuadido por un golpe que le dieron en la cabeza con un fierro o un arma, finalmente De la Fuente firmó una declaración que jamás leyó.

Ese mismo día los agentes le advirtieron que no mencionara más a Troncoso en sus declaraciones, porque este «ya no estaba detenido».

El viernes 13 fue llevado a Cuatro álamos, donde se reuniría con los demás detenidos, excepto Troncoso.

El 14, dado que, según la versión, De la Fuente era el chofer y Zuleta su acompañante, ambos fueron sacados a «recorrer» el trayecto que «habían hecho» con el menor y en el camino los agentes les decían lo que supuestamente habían hecho en cada lugar.

A esas alturas, ya estaban presentados los recursos de amparo por todos los detenidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando el incumplimiento de las mínimas formalidades jurídicas, como la exhibición de órdenes de autoridad competente, la individualización de los aprehensores, el aviso escrito a los familiares. Se pedía que el ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, Juzgado Militar y la DINA dijeran si habían ordenado las detenciones.

La Corte solo accedió a pedir informes al ministro del Interior.

En cuanto al primer amparo presentado en nombre de Carlos Veloso y de su hijo, la Corte solamente preguntó si había una orden de arresto en contra del recurrente. El Ministerio no contestó.

Mientras los Veloso seguían recluidos en su casa, en la Iglesia la situación era difícil. El asunto parecía confuso y complejo. En lo interno, el análisis del tema fue encargado al Vicario General de Santiago, obispo Sergio Valech. Se consideró que el prelado, reconocido por sus posturas conservadoras, tendría la independencia suficiente para encararlo.

Para los abogados de la Vicaría de la Solidaridad no cabía duda alguna de que estaban frente a un montaje preparado por la DINA y así lo presentaban al vicario en sus informes diarios. Pero Valech se mostraba incrédulo. Pensaba que verdaderamente el secuestro del menor había sido cometido por un grupo de izquierda. Admitir otra posibilidad le parecía demasiado brutal, excesivamente sórdido[278].

Fue la denuncia que había hecho Luis Mardones a la Vicaría sobre el secuestro de su amigo y su propia detención, la que llevó a Valech a encomendar al obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, que realizara una seria indagación. Mardones, compadre de Veloso, no vivía en la Villa México, pero se enteró de lo acontecido. Había ido por lo tanto el jueves 12 a la Vicaría para contar lo que estaba pasando con su compadre. Dijo que temía por él porque sabía que estaba virtualmente secuestrado por la DINA en su propia casa. Prosiguió su peregrinaje yendo a la Fundación Cardjin y cuando pretendía llegar también a la Vicaría Episcopal Oeste fue detenido en plena calle.

Alvear, en suma, fue a la Villa México y comprobó que los Veloso no podían salir de su casa ni comunicarse con nadie. Decidió entonces interponer un nuevo recurso de amparo en favor de la familia y pidió a la Corte que se le permitiera narrar lo que él mismo había visto, pero esta rechazó.

En tanto, los tribunales esperaban los informes del Ministerio del Interior sobre las detenciones de Figueroa, Zuleta, Drouillas, De la Fuente y Mardones, quienes ya se encontraban en Cuatro álamos.

El 15 de mayo, el menor Veloso fue sacado de su casa y conducido al Hospital Militar. El médico Jorge Bassa Salazar lo miró solo desde lejos —mientras se lavaba las manos, según contó después un testigo—. En una palabra, sin examinarlo extendió un certificado en que aseguraba haber constatado que Carlos fue violado. (Exámenes posteriores en el Instituto Médico Legal demostrarían que el menor nunca sufrió ese vejamen).

Pendientes aún los recursos de amparo en primera instancia, el 24 de mayo apareció la primera información de prensa. Un texto emanado de la Secretaría General de Gobierno fue divulgado por la agencia Orbe y reproducido en La Segunda. La misma información fue despachada desde la Dirección de Informaciones de Gobierno al canal 13, en un papel sin membrete, pero con una recomendación en una tarjeta anexa en que el director de Informaciones, Max Reindler, solicitaba que se leyera a la mayor brevedad. Decía la nota:

«Los servicios de seguridad detuvieron a cuatro individuos que aparecen implicados en el secuestro, apremio y maltrato físico del menor de dieciséis años, Carlos Arnaldo Veloso Reindenbach (…) Los sujetos en cuestión son los siguientes: Robinson Williams Zuleta Mora, Osvaldo Figueroa Figueroa, Luis Rubén Mardones Geza y Humberto Drouillas Ortega. Estas personas están sindicadas como colaboradoras del instituto apostólico Fundación Cardjin»[279].

La DINA montó una «conferencia de prensa» en la casa de los Veloso. Los agentes que estaban instalados en el inmueble escribieron en un papel instrucciones sobre la forma en que el menor debía comportarse:

«Es necesario que al relatar los hechos del secuestro y torturas a (sic) que ha sido sometido se atenga a los términos y detalles de la declaración que hizo en presencia de su padre, el día 8 de mayo», «si se le pregunta si su casa está bajo custodia y están limitados los movimientos suyos y de su grupo familiar, debe contestar porque tiene miedo, porque lo amenazaron de muerte y prometieron que asesinarían a su padre, de modo que la custodia es una medida que toda la familia considera necesaria hasta que no se aclaren los hechos»; debe mostrarse «nervioso y todavía atemorizado»; «la justificación básica de su experiencia es que los secuestradores le repetían constantemente que su padre era un soplón de los milicos»[280].

Ese mismo 25 de mayo el Ministerio del Interior reconoció que Zuleta, Mardones, Drouillas y Figueroa permanecían detenidos en Cuatro álamos, sin entregar detalles sobre sus aprehensiones. Sobre Troncoso, simplemente afirmó que su detención nunca fue ordenada.

Hasta el 27 de mayo, la casa de los Veloso estuvo bajo la «protección» de la DINA. Durante ese período, nadie pudo visitarlos. Carlos no se sinceró con su padre, pues sospechaba que era un colaborador de la DINA, y este continuaba convencido de que los autores del secuestro de su hijo eran militantes de izquierda.

La Corte de Apelaciones entró entonces a conocer de los amparos en favor de los inculpados. A los antecedentes entregados inicialmente, los familiares añadieron que las fechas de detención dadas por el gobierno eran falsas y el abuso que significaba que la autoridad administrativa arrestara a personas para, supuestamente, indagar delitos comunes, pues esa era atribución exclusiva de los tribunales ordinarios, aún bajo el Estado de Sitio. También se quejaron por las prolongadas e ilegales incomunicaciones y defendieron la completa y total inocencia de los acusados.

La Corte de Apelaciones, con los votos de los ministros Hernán Cereceda y Efrén Araya, rechazó los amparos, argumentando que los detenidos fueron aprehendidos por orden de autoridad competente —el Ejecutivo— en virtud del Estado de Sitio. Adujeron, que por «no constar» que el arresto tuviera relación exclusivamente con delitos comunes, no consideraban usurpadas sus facultades. En la minoría, el presidente de la Sala, Enrique Paillás, estimó que lo procedente era poner inmediatamente a los detenidos a disposición del tribunal ordinario que investigaba el secuestro. Y recordó que la incomunicación no estaba entre las facultades que el Estado de Sitio otorgaba al Ejecutivo, como tampoco la de indagar delitos comunes.

El amparo en favor de Jorge Troncoso fue rechazado el 7 de junio. Otro tanto ocurrió antes, el día 3, el que se había pedido en favor de la familia Veloso, porque el Ministerio del Interior informó, para fundamentar su rechazo, que no existía ninguna resolución que afectara al padre o al hijo.

La Corte Suprema estudiaba paralelamente las apelaciones de las familias de los detenidos. El presidente, José María Eyzaguirre, los visitó en Cuatro álamos el 2 de junio. Ante la autoridad judicial, los recurrentes se declararon inocentes y narraron sus propios secuestros y las torturas que habían sufrido en poder de los agentes de la DINA.

Ese mismo día la Corte despachó un oficio pidiendo al Ministerio del Interior que explicara la incomunicación irregular a que el Ejecutivo los tenía sometidos.

El tribunal debió esperar pacientemente las respuestas. Respecto de Drouillas, esta llegó cuando el reo ya estaba en libre plática en la cárcel pública y a disposición de la fiscalía que lo procesaba por «actividades subversivas» y «lesiones a un menor». Respecto de los demás, el Ministerio dijo que se hallaban en Cuatro álamos no «incomunicados», sino que, por medidas exclusivamente de seguridad, solo «se ha determinado la suspensión de visitas al citado campamento de detenidos».

Ante esa respuesta, la Corte emitió una inmediata orden de suspensión de ese tipo de precaución, pues lo que precisamente caracteriza a la incomunicación es la prohibición de visitas.

La Corte preguntó también al ministro del Interior la autenticidad del télex que el 24 de mayo había emitido la Dirección de Informaciones del gobierno difundiendo la aprehensión de los acusados. A la Suprema le interesaba aclarar el punto, pues revelaba desdén hacia los tribunales de Justicia por parte de las autoridades, que habían informado primero y más extensamente a los medios de comunicación que a quienes sustanciaban los amparos. Era también una prueba de que se estaba usando la vía administrativa para indagar delitos comunes.

El gobierno negó la autenticidad del comunicado, con lo cual la Suprema rechazó definitivamente los recursos.

Una vez que Carlos Veloso y su hijo fueron liberados —y pudieron por primera vez comunicarse libremente sus experiencias—, la Corte recibió una declaración notarial en que ambos narraban su odisea y explicaban que habían sido obligados a inculpar a sus vecinos. La Corte rechazó el recurso, pero dictó dos medidas: que se interrogara al obispo Alvear (diligencia que jamás llegó a realizarse) y que el ministro Marcos Aburto tomara declaración al niño.

A esas alturas, el obispo Valech había entrevistado ya a los familiares de las víctimas y se había convencido de que estaba frente a una monstruosa operación de falseamiento de los hechos montada por la DINA. En la privacidad de sus oficinas comentaba a sus cercanos que no podía entender la pasividad de los tribunales ante tal acumulación de atropellos e irregularidades.

El fiscal militar Juan Carlos Lama, quien procesaba a los presuntos autores del secuestro, en cuanto se enteró de que el ministro Aburto interrogaría a los Veloso, ordenó que padre e hijo fueran detenidos. Aburto debió cumplir su cometido en un Cuartel de Investigaciones, pero eso no impidió que los Veloso ratificaran ante el magistrado la verdadera versión de los hechos y exculparan a sus vecinos.

El proceso en la fiscalía militar se había iniciado por un requerimiento del Ministerio del Interior, que intentaba, sin rodeos, vincular a la Iglesia Católica con los presuntos delitos. El escrito ministerial, firmado por el general César Benavides, es muy claro a este respecto:

«Los hechos delictivos que habrían cometido las personas mencionadas y que al parecer serían sus responsables directos, se inician con su relación con la Fundación Cardjin, organismo dependiente de la Vicaría de la Solidaridad, y en consecuencia, en forma indirecta del Arzobispado de Santiago; las señaladas personas formaban parte de un grupo subversivo de aquellos que se han formado en esta Fundación, y cuyo objetivo fundamental consiste en cumplir labores subversivas al amparo de una actividad eclesiástica y religiosa, tendientes a socavar el actual gobierno del país»[281].

El texto sostenía que los procesados consideraban a Carlos Veloso un infiltrado y por esa razón raptaron a su hijo. Los acusaba de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego, organización para derrocar al gobierno constituido, incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones.

El requerimiento fue acompañado por las declaraciones «extrajudiciales» de los acusados, la declaración del niño el 8 de mayo, la que suscribiera su padre reprochando la conducta de los «marxistas», el informe del doctor Bassa y un oficio secreto, fechado el 19 de mayo, con la rúbrica del director de la DINA, Manuel Contreras:

«Desde hace un tiempo a esta parte, la Dirección de Inteligencia Nacional ha detectado la puesta en marcha de un plan subversivo tendiente a socavar el actual gobierno (…) Los autores e instigadores de dicho plan son, entre otros, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación Cardjin, por citar los más relevantes»[282].

Los familiares cuestionaron que los detenidos estuvieran siendo juzgados según las normas de Tiempo de Guerra, en circunstancias que ese estado había cesado jurídicamente, y pidieron al fiscal Lama su inmediata liberación. El fiscal no respondió.

Los familiares presentaron un recurso de queja en contra del fiscal en la Corte Suprema, alegando que puesto que el país vivía ya en estado jurídico de paz, el tribunal supremo estaba facultado para corregir los abusos de la justicia militar.

La Corte tardó varios meses en dar a conocer su respuesta y en ella repetía el argumento de que el Código de Justicia Militar no menciona a la Corte Suprema como tribunal superior en Tiempo de Guerra, ignorando simplemente que ese estado jurídico había cesado.

Tras interrogar a los Veloso en el cuartel central de la policía civil, Aburto los dejó a disposición del fiscal. Lama citó al menor y este le contó todo nuevamente. Pero el fiscal estaba interesado en otras materias. Le preguntó por la asesoría que le brindaba la Vicaría, el nombre de los abogados, la forma en que se realizó la declaración jurada que depositó ante notario. Luego determinó que el joven debía quedar detenido e incomunicado, pues sus declaraciones eran contradictorias con las que había prestado ante la DINA el 8 de mayo.

En el marco de esta situación absolutamente insólita —porque el menor era la víctima del delito, no el acusado— se practicaron nuevos careos entre él y los detenidos. No hubo contradicciones. Víctima y acusados concordaron en que ninguno de ellos participó en el secuestro.

El 21 de junio el fiscal alzó las incomunicaciones de los procesados, que se habían extendido por más de 40 días. Al día siguiente, puso término también a la incomunicación y detención de Carlos y dejó en libertad incondicional a Figueroa, De la Fuente y Mardones.

Lama no pudo acreditar que los detenidos hubieran participado en el secuestro del joven, pero mantuvo en prisión a Drouillas y Zuleta, por los supuestos explosivos encontrados en sus casas.

Las familias Veloso, De la Fuente, Mardones y Figueroa huyeron al exilio.

En Chile, los intentos por obtener la libertad de Zuleta y Drouillas se hacían difíciles en el ámbito de la justicia castrense. El fiscal Lama había propuesto una pena de cinco años y un día para cada uno y citado a un Consejo de Guerra para el 26 de octubre. Solo entonces los abogados de la defensa pudieron conocer el expediente, tras lo cual le pidieron al ministro de turno, Ricardo Gálvez, que reclamara el caso, pues en las nuevas condiciones jurídicas del país, el proceso no le correspondía a la justicia militar. Ante el rechazo de Gálvez, apelaron a una sala de la Corte.

El caso llegó a manos de los ministros Germán Valenzuela, Servando Jordán y el abogado integrante José Bernarles.

El expediente, que ya quemaba las manos de todos los que debían ocuparse de él, se perdió antes de que hubiera fallo. Nunca apareció.

La defensa intentó una última movida para impedir el Consejo de Guerra: un recurso de protección, sobre la base de la normativa dictada por la propia Junta Militar: el Acta Constitucional n.º 3. Pero nada pudo impedirlo. El Consejo aplicó las penas propuestas por el fiscal, pero considerando la irreprochable conducta anterior de los acusados y el tiempo que llevaban privados de libertad —seis meses— les remitió la pena y dispuso su libertad condicional, bajo control del Patronato de Reos por tres años.

Zuleta y Drouillas también partieron al exilio.

Comenzaba 1978. En el proceso iniciado en contra de los autores de los secuestros de los procesados no se pudo identificar a los culpables. En parte, porque el ministro Eyzaguirre se negó a informar al Séptimo Juzgado lo que había visto en Cuatro álamos, cuando los visitó, argumentando que formaba parte de un informe «confidencial». La justicia militar, que debía también investigar los apremios ilegítimos en contra de los encausados, a denuncia del propio Eyzaguirre, nunca practicó las diligencias que se le solicitaron. El Primer juzgado del Crimen calificó las lesiones al menor Veloso como «clínicamente leves» y constitutivas de una mera falta y tampoco identificó a los verdaderos autores de su secuestro y torturas.

El Decreto Ley de Amnistía, dictado en abril de 1978, puso fin a los procesos incoados en la Justicia Militar y dejó durmiendo, con sobreseimiento temporal, el caso del detenido Troncoso.

Lo vivido por las familiares de los Veloso, los pobladores injustamente acusados y el infortunado Jorge Troncoso, que se convirtió en desaparecido, es una de las pruebas más flagrantes de la debilidad —por decir lo menos— del Poder Judicial ante las violaciones a los derechos humanos.

Esta actitud de la judicatura en los primeros años de dictadura tiene, para algunos, explicación en las actitudes humanas que es dable esperar bajo un régimen de fuerza.

«Los ministros les tenían miedo a los milicos. De las mismas bajezas de las que es capaz cualquier ser humano bajo dictadura, un preso bajo torturas, eran capaces los jueces. Estaban divididos. Desconfiaban unos de otros. También entre ellos se daba la lógica del soplón».[283]

Para otros, la respuesta está en un compromiso ideológico de la magistratura, especialmente del tribunal superior, que se aferró a un excesivo y dogmático formalismo:

«El Poder Judicial ejerció un positivismo legalista que se autoatribuyó como la única fuente legítima y adecuada a un Estado de Derecho, con lo que fue funcional a la dimensión represiva del régimen militar»[284].

Según Roberto Garretón ni siquiera es cierto que se hayan aplicado las leyes.

«Si lo hubieran hecho, habrían acogido los recursos de amparo y salvado muchas vidas. Lo que hicieron fue buscar resquicios legales o incluso torcer la letra de la ley para hacer lo que las autoridades militares esperaban de ellos»[285].

Entre 1978 y 1980, con el general Odlanier Mena a la cabeza de la CNI y el general Contreras retirado de sus funciones como jefe de la policía secreta, los casos de secuestros, torturas y muertes decrecieron considerablemente en el país.

Pero al comenzar los ’80 el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones en Estados Unidos. Su política hacia los gobiernos militares en Latinoamérica dejó de lado la línea de severidad —bastante moderada, por lo demás— de la administración Carter. A la semana de haberse instalado en la Casa Blanca el nuevo presidente, en Santiago se registró el caso del secuestro realizado por el grupo de Investigaciones conocido como Covema.

El general Mena fue reemplazado en la CNI y comenzó una nueva ofensiva de la policía secreta en contra de las manifestaciones opositoras. Los tribunales se inundaron otra vez con recursos de amparo.

Se acercaba la era Rosende.

Capítulo VI

La hora de la reforma

La obra de Soledad

Está llegando la hora de la reforma. Tras un siglo de debates, fue finalmente el gobierno de Eduardo Frei —quien paradójicamente es un ingeniero y no un abogado— el que logró obtener el consenso necesario para practicar reformas profundas al Poder Judicial.

Probablemente los efectos de las modificaciones se sentirán realmente solo en un par de generaciones más. Aún está por verse si el uso y la tradición no le doblarán la mano a los cambios que prevé la ley. Ciertamente, en el futuro habrá que pulir imperfecciones. Pero nadie puede negar que la reforma es lo más cerca que se ha llegado de una verdadera modernización de este poder del Estado, que, ahora sí, dispondrá de herramientas suficientes para desempeñarse como tal.

Importante parte del proceso es el recambio en la Corte Suprema. Como dijo el ministro Osvaldo Faúndez con voz quejumbrosa, el día que el máximo tribunal decidió traspasar a la justicia ordinaria el llamado caso de la «Operación Albania»: «Esta es otra Corte Suprema».

Los factores que contribuyeron a que esto fuera posible son muchos, pero pueden mencionarse al menos tres:

Primero, la personalidad de la ministra de Justicia Soledad Alvear. La abogada, militante DC, llegó a la cartera sin que nadie apostara mucho por ella. Los ministros de la Corte Suprema y muchos dirigentes de la Concertación la recibieron con reservas porque era mujer, una abogada civilista con escasa presencia como litigadora en los pasillos de la corte, reconocible sobre todo por ser la esposa de un político importante.

Su nombramiento fue interpretado por algunos como reflejo de la poca importancia que Frei le otorgaba al Ministerio de Justicia, pues el nuevo mandatario no estaba empeñado en hacer de los derechos humanos un tema central de su gobierno, ni tenía la intención de enfrentarse con ese poder del Estado.

Sin embargo, a poco andar se demostró que Soledad Alvear no había llegado a las oficinas de calle Morandé solo para dedicarse a firmar oficios y dedicar el resto de su tiempo al bordado.

Bien asesorada por académicos que venían estudiando el tema de la reforma judicial desde hacía tiempo, tomó la decisión de convertirse en impulsora del cambio. A los antiguos temas de discusión, agregó otros emergentes y de amplia aceptación, como la violencia intrafamilar y la protección de los menores.

Ella logró lo que no se pensaba que un gobierno de la Concertación podría hacer. Sus herramientas no fueron el duro enfrentamiento, ni el debate estéril. Su labor con los ministros de la Corte Suprema fue más bien una campaña de seducción, incorporándolos, entre otras movidas, a los ritos del poder.

Las simples invitaciones, por ejemplo, al presidente de la Corte —en sus comienzos, Marcos Aburto— a participar junto al resto de las autoridades de la Nación en una ceremonia oficial cualquiera o a viajar en la comitiva presidencial en algunas de la tantas giras de Frei, hicieron por ella lo que la fuerza de la razón no hizo por Cumplido.

Al asumir su puesto, ella dijo que haría la reforma «con» la Corte Suprema y no «contra» ella. El nuevo contingente de siete integrantes designados por Aylwin y la cooptación de otros nombrados por Pinochet —como Roberto Dávila y Hernán Álvarez— aportaron lo suyo.

El segundo elemento, sin el cual el primero no habría sido posible, fue el respaldo del diario El Mercurio. Como se ha señalado ya en estas páginas, lo que el influyente matutino ha dicho sobre el Poder Judicial ha influido en todas las épocas en el destino de ese poder del Estado. Soy de los periodistas que recuerda que en los tribunales había magistrados para quienes diarios como La Época, simplemente no existían; solo contaba El Mercurio, y lo que este dijera o dejara de decir, era para ellos esencial.

El matutino, hay que reconocerlo, impulsaba algunos cambios ya desde el régimen militar, pero se trataba de reformas mínimas, que no tocaban la cabeza de este poder del Estado: la Corte Suprema. Esta, en efecto, fue siempre defendida por el diario, en consonancia con las antiguas autoridades del régimen militar, con el argumento, frente a los ataques opositores, del necesario respeto a su independencia y autonomía, postura que mantuvo incluso durante la acusación constitucional contra Hernán Cereceda.

El cambio se produjo tras el secuestro de Cristián Edwards, que puso a su padre, el influyente dueño del periódico, en las manos del Poder Judicial real. Buen conocedor de otros sistemas, como el estadounidense, Agustín Edwards se sumó sin reservas a las voces que se alzaban clamando por la reforma. Y como consecuencia del plagio, creó la Fundación Paz Ciudadana, conducida por una mujer, María Pía Guzmán. El énfasis principal fue producir las reformas necesarias para asegurar el castigo de los delitos, detener la criminalidad y, en resumen, favorecer un clima de tranquilidad ciudadana que permita el libre desarrollo económico. El aumento de las penas y las limitaciones al otorgamiento de la libertad provisional, por ejemplo, han sido temas centrales para esta organización.

En otro extremo aparece operando un elemento que permitió aunar voluntades: grupos de académicos concentrados en el Centro de Promoción Universitaria y en la Universidad Diego Portales, que promovían cambios para asegurar el respeto a los derechos de los procesados, impotentes frente al poder inquisitivo del sistema judicial chileno; y dotar a la Corte Suprema de los hombres y facultades necesarias para que se comportara como un verdadero poder del Estado, capaz de controlar los excesos del Ejecutivo y de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Uno y otro objetivo confluían en la necesidad de hacer los mismos cambios. La Fundación atrajo a los especialistas de la Diego Portales. Soledad Alvear integró a la Fundación y al CPU como parte de sus organismos asesores.

Fue así como se produjo el consenso.

En 1997, el año en que la ministra logró la aprobación de la mayoría de las reformas planteadas por el Ejecutivo, El Mercurio escribió un editorial que puede calificarse de revolucionario, porque llamaba a derribar la vieja institucionalidad judicial:

«La profunda desadaptación del sistema judicial a las características actuales de la sociedad chilena parece estar haciéndose evidente a un grado quizás incómodo, pero que no se puede soslayar. La sorprendente estabilidad institucional que esta potestad normativa exhibe a lo largo de la historia dejó hace mucho tiempo de ser un rasgo positivo que, en general, aquella representa para las organizaciones. Por el contrario, y no obstante las causas y responsabilidades históricas que explican este fenómeno, la inercia y retraimiento en que se ha sumido la judicatura arriesgan el peligro de acentuar las disfunciones del Estado. Hace más de un siglo que Andrés Bello advertía sobre este riesgo, e indicaba que respecto de los tribunales urgía “usar el hacha” a fin de adecuarlos funcional e institucionalmente a la marcha de la sociedad».

«(…) El retraimiento corporativo, la obsesión porque sus deficiencias solo se deben a un problema de recursos y el pretexto de que la solución de su crisis es, una responsabilidad ajena solo contribuyen a que la metáfora de Bello cobre urgente actualidad»[286].

Un tercer factor muy importante —en el que confluyeron las voluntades del Ejecutivo, Paz Ciudadana y los fondos estadounidenses que patrocinaban los proyectos del CPU— fueron los requerimientos de los inversionistas extranjeros. La Corte Suprema, así como estaba a comienzos de los ’90, era incapaz de otorgar certidumbre jurídica a nadie, pues sus fallos variaban de sala a sala, de ministro a ministro. Incluso un mismo magistrado podía opinar un día «A» y al siguiente «B», sin expresión de fundamento. Además, el Poder Judicial como tal era incapaz, salvo excepciones, de analizar y resolver con alguna solvencia los conflictos económicos que se ponían en su conocimiento.

Los grandes conglomerados favorecieron la vía del arbitraje (jueces pagados por las partes), pero, por más que renunciaran de antemano, como ocurrió en muchos casos, a recurrir a la Corte Suprema en última instancia, necesitaban de la opinión del tribunal superior de Chile.

Los empresarios hicieron en verdad por los cambios lo que no lograron hacer años de crítica por la actitud del Poder Judicial frente al tema de los derechos humanos.

Al fondo del escenario aparecían los ciudadanos, quejándose de la falta de atención y de la incomprensión de la Justicia por sus problemas; por algo en cada encuesta de opinión ubicaban al Poder Judicial como la menos respetada de las instituciones públicas.

La sospecha de la corrupción en el máximo tribunal terminó por convencer a los más recalcitrantes opositores de la reforma. Entre ellos, antiguos partidarios del régimen militar que veían como los jueces suyos se acomodaban a las nuevas circunstancias, traicionando lealtades que se creían eternas.

Por lo demás, los tribunales habían ya decretado amnistías o traspasado a la justicia militar la mayor parte de los juicios por los derechos humanos y Frei no parecía interesado en modificar esa realidad.

En resumen: Soledad Alvear logró así, desde el inicio de la nueva administración, que se terminara la tramitación de proyectos iniciados bajo el gobierno de Patricio Aylwin; patrocinó y consiguió la aprobación de otros que ella había resucitado, y produjo el milagro que parecía un sueño imposible a comienzos de los ’90: la reforma del proceso penal, que dejará de ser escrito para transformarse, como en todos los países modernos, en oral, y la creación del Ministerio Público, que separará la función del investigador de la de quien juzga.

Hacia 1998, la secretaria de Estado había conseguido la aprobación para limitar el recurso de queja y favorecer el de casación; crear un departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, una Comisión de Control Ético en la Corte Suprema para recibir denuncias e iniciar procesos administrativos; transformar las corporaciones de asistencia judicial en Defensoría Pública; crear los tribunales de familia y modernizar el sistema penitenciario.

La ministra consiguió también una profunda reforma de la Corte Suprema (acicateada en especial por el caso Jordán): se aumentó el número de sus integrantes, se permitió el ingreso de abogados externos al cargo de ministro, se especializaron las salas, y lo que tal vez es más importante, un recambio casi total de sus miembros. Se abandonó una disposición transitoria de la Constitución y se puso como límite para ejercer la función la edad de 75 años.

El proceso no ha sido fácil.

El gobierno de Frei ha enfrentado, en el ámbito de la Justicia, por lo menos cuatro desafíos importantes, que siembran dudas sobre la real efectividad de las reformas conquistadas: La acusación contra Jordán; la actuación del aparato judicial en el caso de Colonia Dignidad; la pervivencia de algunas viejas prácticas viciadas y notorias deficiencias en el sistema de nombramientos.

Jordán, presidente

Recuerdo el día en que se hizo el sorteo de la sala que atendería las apelaciones a la sentencia en el caso Letelier. Servando Jordán estaba de presidente subrogante y quiso hacer un gesto de transparencia, aceptando la petición de los querellantes para que el sorteo fuera público. Los abogados de las partes y los periodistas nos congregamos en el amplio despacho del presidente. El secretario de la Corte, Carlos Meneses, puso unos papelitos con los números de las salas (de la primera a la cuarta) en una bolsita de terciopelo rojo, como las que se usan para las colectas.

Se había decidido que la sala escogida estaría compuesta solo por ministros titulares.

El azar definiría. Los dos primeros números se fueron «al agua». Fabiola Letelier, la escogida para sacar el tercero, metió la mano a la bolsita y tomó un papelito. Carlos Meneses leyó en voz alta: la cuarta sala. Desconozco los pensamientos que pasaron por la cabeza de Jordán, pero recuerdo con nitidez la cara que puso. Estaba pálido, descompuesto. La Cuarta Sala era la suya y, por añadidura, la presidía. No tenía escapatoria. Tarde o temprano tendría que participar en esa decisión y tal vez presentía que eso, para bien o para mal, iba a cambiar su futuro.

En 1995 llegó su hora. En la intimidad de su conciencia están registradas las presiones que debe haber recibido. En el juicio por el asesinato de Letelier optó por condenar. Cuando se conoció el fallo, un alto oficial del Ejército habló de traición, apuntando a Jordán.

Pero, aunque se ganó enemigos en el bando que antes lo apoyaba, el gesto le permitió acercarse a los políticos de la Concertación, y cuando finalmente Contreras y su subalterno, el brigadier Pedro Espinoza, fueron recluidos en el penal de Punta Peuco, se sintió seguro. Se acercaba 1996, Marcos Aburto dejaría la presidencia y Jordán planeaba reemplazarlo. Sabía de las reservas que algunos de sus camaradas tenían en su contra. Tendría que hacer campaña. Pero si sus colegas respetaban la tradición, lo nombrarían a él.

Necesitaba vencer vetos que todavía pesaban sobre su persona, por sus antecedentes personales y porque, después de todo, había llegado a la Corte gracias al nombramiento de Pinochet. Gracias al fallo, sin embargo, encontró un aliado en el exministro del Interior Enrique Krauss. Por otra parte, su amigo, el ministro Luis Correa Bulo, lo promovió entre los políticos de la Concertación y en el interior de la Corte. El mensaje era que Jordán, un incomprendido de su tiempo, era la mejor opción. Los otros candidatos eran malos oponentes: Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez, quienes, aparte de ser menos antiguos, eran pinochetistas y antirreformistas.

Jordán había condenado a Contreras y sería un partidario de las reformas, eran parte de los argumentos a su favor.

También lo respaldaba la tradición. Si los ministros, independientemente de sus creencias políticas, seguían apoyando al más antiguo para la presidencia, aseguraban la rotación y su lugar en la lista para ocupar algún día ese puesto.

Entre los abogados, algunas firmas influyentes lo patrocinaron. Entre ellos, Darío Calderón, que organizó comidas para difundir el mismo eslogan: Jordán es el mejor posible.

La contienda se presagiaba difícil. Los ministros de la Corte sabían que Jordán no era la persona indicada para asumir el cargo. Para algunos que lo conocían bien, reformistas o no, escogerlo significaba pasar por alto demasiadas circunstancias. Su figura arriesgaría el decoro que debe exigírsele al presidente del máximo tribunal. Los ponía en cuestionamiento a todos. Marcos Libedinsky, Hernán Álvarez y Mario Garrido se oponían con firmeza.

Para otros, no quedaba más que cerrar los ojos y votar por él. Un Zurita o un Faúndez entorpecería el proceso de cambios en el sistema judicial, ya por demasiado tiempo postergado. Con un poco de presión, Jordán sabría comportarse.

Solo unos pocos, como Correa Bulo, lo apoyaron con sincero entusiasmo y devoción.

Llegó el día de la votación. Por primera vez, en vez de expresar su voluntad a mano alzada, los magistrados concordaron en realizar la votación con un sistema de cédula para garantizar el secreto de su pronunciamiento.

El primer resultado fue: Zurita, ocho votos; Jordán, siete; Faúndez, uno. Ganaba Zurita, pero sin la mayoría más uno que necesitaba. En segunda vuelta, el voto de Faúndez se sumó a Jordán y alguien de los que respaldaba a Zurita cambió de opinión. El nuevo resultado fue: Jordán, nueve; Zurita, siete.

La división y la amplia resistencia a Jordán en esta elección fue la prueba de que los propios ministros de la Suprema, aunque callaran, conocían mejor su comportamiento que lo que el más informado de los abogados pudiera presumir.

Para algunos de fuera de la Corte, la elección de Jordán, en enero de 1996, fue la constatación más dramática de la degradación del Poder Judicial. Jordán conduciría la institución designada para hacer justicia, pese a la certeza que tenían algunos de sus pares y funcionarios de los dos gobiernos de la Concertación de que el magistrado llevaba una vida personal y como magistrado «absolutamente impropia»[287]. En un gesto absolutamente insólito, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola, comentó que era «lamentable» el resultado de la elección.

A Jordán nada parecía importarle. Asumió su nuevo cargo y se convirtió en un hombre nuevo; llegaba temprano; se iba tarde; moderó su comportamiento, especialmente en el consumo del alcohol. Y comenzó una campaña agresiva en defensa de su ministerio.

Al parecer no se daba cuenta de lo débil que era su posición.

Después de inaugurar el año judicial, en marzo de 1997, El Mercurio publicó un artículo criticando su mensaje. El matutino recordaba que un año antes por nueve votos contra ocho, la Corte Suprema había respaldado un paquete de reformas enviados por Soledad Alvear al Congreso, y que Jordán no se había referido a ello en su discurso. Tampoco había recordado las presiones ejercidas en contra de algunos jueces, como Alfredo Pfeiffer, por la investigación del asesinato del senador Jaime Guzmán; o Roberto Contreras, en el caso del presunto tráfico de drogas; o los ministros que amnistiaron el caso Soria, con la consecuente presentación de una acusación constitucional en su contra.

El Mercurio citaba la opinión de un militar, el auditor general del Ejército, Fernando Torres, lamentado las omisiones y afirmando que «las presiones, especialmente de sectores políticos, fueron constantes en 1996»[288].

El 8 de marzo apareció en las páginas del matutino una carta aclaratoria de Jordán, protestando por la forma en que se había tratado su mensaje. Era una larga comunicación, excesiva por su insistencia en aclarar una cita suya, irrelevante dentro del contexto. Veía mala fe en la forma en que se había tomado la frase en que sostenía que «los magistrados no son seres impregnados de santidad que administran justicia, en la soledad de las alturas»[289].

Un mes después, el 9 de abril, Jordán volvió a escribir al diario. Se quejaba por detalles, imprecisiones que, a su modo de ver, contenía un artículo. Tratándose de El Mercurio, se fijaba hasta en los signos de puntuación.

Dentro del tribunal, Jordán se sentía más cómodo. En marzo de 1997, por 16 votos contra uno, sus pares lo eligieron para integrar el Tribunal Constitucional. Lo interpretó como una señal de respaldo. Y lo apreció, además, porque le permitía aumentar significativamente sus ingresos.

Algunas crónicas periodísticas aparecidas a mediados del año, en que se abundaba sobre sus ingresos y sus propiedades, no lo inquietaron mayormente.

Sus verdaderos problemas comenzaron con el proceso por lavado de dinero iniciado por el CDE en contra de Mario Silva Leiva. El juicio se extendió más tarde, como se sabe, a dos actuarios que habían otorgado la libertad a la procesada por falsificación de pasaporte en la misma causa, Rita Romero, y al fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica. Este había intentado intervenir en favor de la libertad de uno de los encausados, por encargo del «Cabro Carrera».

Olvidándose de que el mundo lo observaba y en un acto temerario dictado por un exceso de confianza en sí mismo, Jordán absolvió públicamente al fiscal y a los funcionarios, interrogó a estos irregularmente, pasando por sobre la jueza que tramitaba el proceso, y demostró conocer los antecedentes de un sumario que se suponía secreto.

No se había dado cuenta el ministro que 1997 era un año de críticas al Poder Judicial y a la Corte Suprema, y que estas provenían de un sector antes ajeno a ellas: la Derecha.

En medio de la crisis se fue de vacaciones. Los ministros Luis Correa y Eleodoro Ortiz fueron a su casa en el Melocotón para convencerlo de que reasumiera, pues la UDI estaba planteando que siguiera vacacionando hasta que el caso del «Cabro Carrera» se aclarara completamente.

En una discreta mesa del bar del Hotel Carrera, su eterno enemigo, el exministro Hernán Cereceda, se reunía con el auditor Torres para conversar sobre el tema.

El gobierno tomó una posición pública distante del problema, pero encargó al ministro del Interior, Carlos Figueroa, que gestionara su renuncia antes de que la sangre llegara al río. No tuvo éxito.

La ministra Soledad Alvear fue recibida por un pleno del más alto tribunal, convocado especialmente a petición del Presidente Frei para tratar la «crisis» por la que estaba atravesando ese poder del Estado. Los magistrados oyeron a la ministra con el recogimiento de alumnos bien portados, atentos a las palabras de la profesora jefe.

Al terminar la sesión, dieciséis de los diecisiete ministros firmaron una declaración acogiendo buena parte de sus propuestas, pero exponiendo que muchas de las quejas «resultan injustas, porque existen deficiencias evidentes, recargos excesivos de causas, insuficiente número de tribunales, falta de personal y bajos recursos presupuestarios». Parecía la postura simple de años anteriores: necesitamos más recursos, más tribunales.

La Corte acogió la idea de crear una Comisión de Control Ético, aunque en el futuro debería decidir si extender sus facultades hacia la supervisión de los propios ministros de la Corte Suprema, y emitió instrucciones para que se terminara con los alegatos de pasillo en todos los niveles. Por supuesto, también debería colaborar el Colegio de Abogados con instrucciones a sus asociados para que se abstuvieran de pedir audiencias destinadas a argumentar en favor de sus clientes.

La ministra se quejó más tarde por la respuesta «claramente insuficiente» del máximo tribunal y dijo que insistiría en propuestas desechadas por este.

Finalmente, las quejas del CDE en contra de Jordán, por sus intervenciones en el caso del «Cabro Carrera», desembocaron en una acusación constitucional patrocinada por el diputado de la UDI, Carlos Bombal.

Jordán reaccionó de mala manera: replicó con una amenaza encubierta de hacer públicos antecedentes que decía tener en contra del diputado. En la discusión posterior, resurgieron las dudas sobre su actuación en el caso de la liberación del narcotraficante Luis Correa Ramírez, y el libelo llegó finalmente al Congreso, asumiendo Jordán personalmente su defensa.

Sus argumentos ante la Cámara fueron, entre otros, que al pedir datos sobre los procesos de Mario Silva Leiva actuó de acuerdo con sus facultades y que no podía juzgárselo por su fallo en la causa del colombiano Luis Correa Ramírez, pues el Parlamento no tiene atribuciones para revisar las resoluciones judiciales. Como en el caso de Cereceda, uno de los exabogados de Colonia Dignidad, Fidel Reyes en este caso, lo ayudó con la defensa.

En su comparecencia como testigo, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski reveló que la agencia para el control de estupefacientes de Estados Unidos (la DEA) le había manifestado su preocupación por la conducta de Jordán en relación con el narcotráfico, pero que el CDE no había podido verificar la información aportada por esa agencia.

El ministro Osvaldo Faúndez, que había sido su competidor en las elecciones a la presidencia, defendió a Jordán con un golpe bajo. Dijo que si se le iba a juzgar por su conducta en el caso del narcotraficante colombiano, debía enjuiciarse también al Presidente de la República, quien otorgó el indulto a otro procesado en el mismo caso, el contador Luis Vargas Parga.

No se han olvidado las largas semanas que llevó el debate, ni el empate que finalmente se produjo, con lo que la acusación se consideró rechazada. Tampoco se ha olvidado la abstención del entonces diputado y presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, que definió el resultado. Fundamentó su voto diciendo que la acusación era simplemente una revancha que se tomaba la Derecha contra Jordán por haber este contribuido a condenar al general Manuel Contreras.

Jordán se salvó, pero quedó agotado. En vez de acoger la sugerencia de renunciar, que le habían dado funcionarios del gobierno y más de algún amigo, se desgastó en su autodefensa.

Quedó seriamente resentido. La demostración más evidente fue la querella que interpuso contra los periodistas Rafael Gumucio y Paula Coddou, por algunos textos humorísticos aparecidos en un artículo de corte más bien frívolo en la revista Cosas. Pidió la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Otro tanto hizo, más recientemente, contra los periodistas José Ale y Fernando Paulsen, director de La Tercera hasta fines de 1998. Jordán ha reaccionado como un león herido, descargando sobre la prensa todas sus furias acumuladas.

En la intimidad de la Corte, las emprendió contra los ministros que no lo apoyaron o que simplemente tomaron distancia durante la acusación constitucional.

Al parecer, ya no le importa lo que pueda decirse u ocurrir. Ha vuelto a reincidir en algunas de sus antiguas malas prácticas: llegar tarde, desaparecer de cuando en cuando… No apoya la idea de que la Comisión de Control Ético supervise también a la Corte Suprema. En esto lo acompaña su amigo, Luis Correa, quien se ubicó, hasta antes de su enfermedad, en una posición lejana a las propuestas de reforma que impulsaba al comenzar los ’90.

Es un hecho notorio que el peso de ambos en la Corte Suprema es cada vez menor.

La fuerza de la costumbre

La Corte Suprema chilena es hoy mucho más diversa de lo que fue en el pasado. La renovación del más alto tribunal ha traído magistrados de distintas opiniones políticas y profesión de credos.

Históricamente los nombramientos de ministros de la Corte Suprema se hicieron con criterio político. Durante los gobiernos democráticos, las principales tendencias se alternaban para cubrir las vacancias. Si se escogía a uno de izquierda, en el caso siguiente le tocaba a uno de derecha. Si el nombrado era católico, venía luego uno masón.

Bajo el gobierno militar, como corresponde a un sistema unipartidario, el criterio se restringió rigurosamente a la elección solo de personas que se estimaban incondicionales.

Durante Aylwin, el Presidente trató de promover a los jueces meritorios que habían estado postergados y que se caracterizaron por fallos favorables a los derechos humanos.

Mérito y apoyo a las reformas, fue el criterio de Frei. Pero surgió un hecho nuevo: la intervención del Senado en las designaciones. Fue el producto de la cruzada de Soledad Alvear por obtener las reformas a la Corte Suprema, empeño en el cual tuvo que aceptar una propuesta de Renovación Nacional que incorporaba al Senado en la ratificación de las propuestas del Ejecutivo.

El quorum que se negoció —dos tercios— le dio a la Cámara Alta virtualmente el poder de veto sobre las decisiones del Presidente.

El nuevo sistema de designaciones funcionó bien en los primeros casos, cuando las propuestas del Presidente comprendían dos nombres, lo que permitía acudir al cómodo cuoteo: uno para la Derecha, otro para la Concertación. Pero tropezó con dificultades cuando se trató de cubrir una sola vacante. Hasta ahí no más llegó el consenso. El Senado no dio el pase para ratificar el nombramiento de Milton Juica, a quien la Derecha no le perdona haber tratado de implicar al exdirector de Carabineros y hoy senador Rodolfo Stange en la investigación sobre el caso degollados.

Ahora habrá que «reformar la reforma», opina el exministro de Justicia, Francisco Cumplido. «Cuando se establece que hay que llegar a acuerdo en la designación de ministros (con los dos tercios del Senado), es inevitable que se haga una valoración política de los magistrados»[290].

En la base del Poder Judicial, una respetada jueza, Dobra Luksic, afirma que los jueces no estaban de acuerdo con la participación del Senado. El caso Juica «hizo más patente algo que nosotros habíamos advertido: se corre el riesgo de que los jueces pierdan su independencia; que no se atrevan a tomar decisiones que puedan comprometer instituciones o personajes de cierta connotación, porque están mutilándose. Fue una triste experiencia la del ministro Juica y a nosotros nos pareció que el sistema había fracasado, aunque se reivindicó con los nombramientos de los ministros Yurac y Huerta».[291]

La pregunta que muchos se hacen ahora es qué pasará en el futuro. Los ministros que se atrevan a procesar a alguna autoridad del Estado tendrán que pagar con la postergación.

Los funcionarios medios, los que no quiebran huevos, tendrán más posibilidades de ascender que los díscolos e irreverentes como Carlos Cerda.

Cuando el nombramiento recae en la mano de la discreción de las autoridades del Estado es inevitable el juego de las negociaciones políticas. También participan, a espaldas de los ciudadanos, otros sectores de influencia. Un grupo de abogados católicos, por ejemplo, se quejó ante la ministra Alvear porque había mucho masón entre los nuevos escogidos. Según ellos, la «aspiración masónica» es apoderarse de la judicatura. Consideran parte de este grupo a los ministros Benquis, Álvarez, Ortiz y Carrasco. A Dávila, electo con su apoyo, lo tienen en la mira.

En países como Estados Unidos, son simplemente los ciudadanos los que deciden votando por sus jueces en elecciones directas. Otros tienen organismos como el fenecido Consejo Superior de la Magistratura que está conformado por representantes de las principales instituciones del Estado y reparte en mayor número de cabezas esta decisión.

Más allá de las comparaciones posibles, es evidente que el sistema chileno no ha llegado a su perfección en este campo.

Como quiera que sea, los nuevos ministros y las reformas aprobadas bajo el gobierno de Eduardo Frei dan esperanzas de un Poder Judicial mejor, más asequible, humano, valiente y decidido que en el pasado. Un verdadero Poder del Estado.

La sola calidad humana, ética y académica de sus nuevos integrantes marca una gran diferencia con el pasado.

Los ministros que dieron el respaldo a Roberto Dávila, electo como nuevo presidente el 5 de enero de 1998, rompieron por primera vez la costumbre de nombrar al más viejo.

Dávila se comprometió ante sus electores (ocho, en contra de cinco que votaron por el más antiguo, Osvaldo Faúndez) a apoyar las reformas al Poder Judicial. Su «base» se siente ajena a la vieja corte y no está dispuesta a ponerse el sayo por actos que no cometieron. Especialmente, en los casos de los derechos humanos.

La nueva Corte está preocupada de mejorar la imagen pública y se han establecido normas de control ético bastante severas hacia el interior. Están pasando la escoba. Pero, al mismo tiempo, están decididos a defenderse de las críticas infundadas. El que dispare a la bandada se arriesga a sufrir acciones penales.

Están discutiendo cuál va a ser el papel y atribuciones del Consejo de Control Ético. ¿Tendrá facultades disciplinarias? Si sus integrantes son ministros de la Corte Suprema, ¿podrán fiscalizar a sus pares? Algunos procuran que sean llamados a integrarlo exministros de gran prestigio, pero todavía (al momento de finalizar este capítulo) no hay acuerdo.

Las reformas traen esperanza, pero la cultura no cambia de un día para otro. Aún el peso de prácticas históricas amenaza con torcer el espíritu de las leyes.

Ocurrió, por ejemplo, con el caso de una simple norma aprobada durante el gobierno de Patricio Aylwin que disponía que la «relación» de los recursos y apelaciones interpuestos ante las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema serían públicas. Es decir, que en el momento en que el relator narrara los hechos a los magistrados, los abogados de las partes podrían estar presentes y hacer sus comentarios. El público también podría entrar.

Ha sucedido en la práctica, sin embargo, que por la fuerza de la costumbre, cada vez que un abogado pide la relación pública, los magistrados solicitan al relator que primero haga una exposición privada y luego la pública. Eso sin contar el hecho de que las peticiones de los profesionales exigiendo este derecho no son siempre bien recibidas y algunos se abstienen de formularla para no arriesgar un resultado desfavorable a su cliente.

Algo similar ha sucedido con la modificación al recurso de queja. A la Corte Suprema le ha costado entender que este quedó como un recurso extraordinario, destinado a corregir los abusos que puedan cometer sus subalternos y que, en caso de aprobarse, deriva lógicamente en una sanción contra el recurrido. Es cierto que han aumentado los números de casaciones acogidas el —recurso propio de la Corte Suprema—, pero no han disminuido los de queja, ni el uso que se les da para modificar resoluciones judiciales antes que para sancionar un abuso.

Un tercer caso es el horario de funcionamiento. La Corte Suprema aceptó extender el horario de los tribunales inferiores, pero sigue oponiéndose a aumentar las horas de trabajo en el segundo piso del Palacio de Tribunales.

Teóricamente, el tiempo libre lo ocupan los magistrados en «estudiar» los asuntos que tienen bajo su conocimiento, pero el hecho es que muchos lo destinan a dar clases en las universidades y es discutible si un magistrado del más alto tribunal de la nación deba estar corriendo a las aulas dos o tres veces por semana y corrigiendo pruebas en sus horas libres.

En su favor hay que decir que, al menos, determinaron que una sala debe trabajar de turno en febrero, como ya ocurría en el resto del Poder Judicial.

El sistema de calificaciones (con notas de 1 a 7) tampoco ha resultado de la manera que esperaban los propios magistrados que impulsaron el sistema. No pocos se han sentido agraviados por calificaciones que, aunque siguen un patrón teóricamente objetivo, todavía permiten la arbitrariedad. Un superior poco ético aún puede usar la herramienta para estropear evaluaciones de magistrados que no sean de su agrado. O, más comúnmente, uno que desconozca la trayectoria de sus subalternos.

Nueva Corte, viejas prácticas

Una demostración de que las reformas por sí solas no resuelven los problemas y que mucho depende de la calidad de los magistrados, es lo ocurrido con el ministro Germán Valenzuela Erazo mientras se tramitaba la acusación contra Jordán.

Este es el caso.

Valenzuela se casó con Darioleta Gutiérrez Mora en 1964, bajo el régimen de separación de bienes, cuando ella tenía 25 años y él ya andaba por los 50. Tiempo después, el matrimonio se separó y, aunque nunca se anuló, vivían aparte.

Poco antes de morir, «Tita» Gutiérrez, que ya nada quería saber de su exmarido, donó todos sus bienes a la Asociación de Padres de Espásticos (ASPEC). Conocía los efectos del mal por un matrimonio amigo que tenía una hija que lo sufría. Ella misma, por años, participó en las actividades de la organización, a la que prometió construir una sede, con la única condición de que la entidad le pusiera el nombre de su madre.

Cuando Darioleta, aquejada por una enfermedad al corazón, supo que su momento de morir estaba cerca, redactó el testamento. Si no lo hacía, sus bienes irían a dar a manos de su esposo. En el documento, donó a la ASPEC sus dos casas en Temuco, un departamento en la calle San Martín en Santiago, el departamento en que vivía sola, acompañada por su empleada, y sus ahorros en dos bancos.

La mujer no tenía obligación de consultar a su esposo pues los bienes le pertenecían por ley y no había hijos a quienes dejar la herencia.

En el testamento ella pidió ser sepultada en el Parque del Recuerdo junto a dos espásticos que no tuvieran recursos para pagar una sepultura. Además, dejó establecido que a su esposo solo se le devolvieran los únicos tres bienes que él le regaló cuando vivían juntos: un ventilador, un collar y un florero.

Valenzuela, al enterarse del testamento, interpuso una demanda en el 30.º Juzgado Civil reclamando la posesión efectiva, antes de que la ASPEC pudiera hacerlo válido. El tribunal le dio la razón en tiempo récord.

Cuando estos hechos aparecieron publicados en La Época y en El Mercurio, Valenzuela respondió amenazando con presentar querellas por injurias. Se defendió diciendo que tras el fallecimiento de su esposa, dos hermanas de ella y el magistrado solicitaron la posesión efectiva en su calidad de «herederos legítimos», y que posteriormente fueron demandados por la ASPEC en virtud de un testamento al que no le reconoce validez legal.

En sus cartas a los medios, Valenzuela acusó a la institución de «haber conseguido un testamento de una persona absolutamente inhabilitada para testar, muy gravemente enferma, cada día acercándose a la muerte: cada día recibía menos oxígeno; y además, por este motivo, sus facultades intelectuales no estaban sanas. Motivos de salud y de ética, repugnan cualquier testamento en esa situación angustiosa».

Las conclusiones médicas del magistrado son, no obstante, bastante dudosas pues su esposa sufría del corazón, no de la cabeza y, al morir, estaba todavía bastante joven.

Que vivían separados, dice Valenzuela, era solo obra de las circunstancias, pues «mi señora» poseía un «departamento nuevo, confortable, con un dormitorio en suite y walking closet, con una hermosa vista panorámica a la cordillera» que no había sido posible arrendar cuando vivían juntos.

«Mi señora estaba muy grave y desahuciada, apenas recibía oxígeno, se encontraba muy alterada y presentía su muerte. Me manifestó su deseo de que nos fuéramos a vivir a dicho departamento. Yo le acepté, pero no se hizo un traslado total, tanto porque yo sabía que su muerte se aproximaba, como porque yo tenía y tengo en nuestra casa mi biblioteca con todas las obras jurídicas que uso para apoyar el estudio de proceso»[292].

Flor de marido es alguien que admite que su mujer se vaya a vivir sola porque «sabía que su muerte se aproximaba». La explicación no puede ser peor como excusa.

Cuando terminamos este libro, la ASPEC todavía estaba luchando por lograr que se cumpliera la voluntad de Darioleta Gutiérrez.

Valenzuela Erazo tuvo que abandonar la Corte Suprema al cumplir 75 años de edad. Su comentario sobre las reformas que originaron su salida del máximo tribunal, aspiraba a quedar como sentencia lapidaria: «El gobierno se tomó el Poder Judicial».

Los pobres y los poderosos

Un hecho que no parece concordar con la idea de que las cosas han cambiado en el Poder Judicial es el aciago caso de Colonia Dignidad.

En descargo de la responsabilidad de la judicatura, hay que decir que la Colonia ha demostrado ser históricamente más poderosa no solo que los tribunales, sino que el propio Ejecutivo.

El Gobierno de Patricio Aylwin consiguió, después de mucho batallar, anular la personalidad jurídica de la llamada Corporación Benefactora Dignidad. Pero las cosas se dieron de tal modo, que la entidad cambió su razón social —hoy se llama Villa Baviera— y traspasó todos sus bienes a diversas sociedades anónimas. Y las cosas siguieron exactamente iguales, como si nada hubiera pasado.

Las investigaciones realizadas por diversos órganos administrativos del gobierno dieron lugar a decenas de procesos que poco avanzaron, hasta que bajo el gobierno de Eduardo Frei, por el delito de abusos deshonestos contra menores, se logró romper, en parte, la barrera de defensa política que había generado a su alrededor la Colonia y dictar, por primera vez, una orden de aprehensión contra Paul Schäffer, el jefe indiscutido de la Colonia.

La orden, sin embargo, no se cumplió en la forma como suelen ejecutarse cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones populares, con allanamiento inmediato, destrozo de bienes y arrestos masivos.

Aunque los tribunales y aun los organismos encargados del caso disponían de las herramientas para hacerlo del modo más enérgico, enfrentarse al poder de la Colonia y su líder hacían temer una catástrofe mayor, con toda suerte de acusaciones contra el Estado por violaciones de derechos del inculpado y sus seguidores. Se optó por el camino más largo, actuar con guante blando. Allanamientos avisados con anticipación, restricción del uso de la fuerza pública al mínimo necesario.

Como resultado, el exconscripto nazi sigue prófugo.

El ministro en visita Hernán González García mantiene la investigación de trece procesos vinculados entre sí, por delitos como sustracción, secuestro y abusos deshonestos de menores, ejercicio ilegal de profesión, negativa a la entrega de menores y atentado contra la autoridad, destrucción de parte de vehículo fiscal, usurpación de nombre y obstrucción a la justicia y negligencia médica. Además de Schäffer, se encuentran procesados varios de sus colaboradores.

No es todo. En los tribunales que dependen de la Corte de Apelaciones de Talca existen 27 juicios sobre anomalías tributarias, y una querella por la desaparición de 38 personas que, en los primeros años del régimen militar, habrían sido conducidas hasta los terrenos de la Colonia. En Santiago, diversos procesos por fraude tributario y falsificación y otorgamiento irregular de contratos se tramitan en diferentes juzgados del crimen.

Los hechos son abrumadores: a más de dos años de haberse dictado, todavía está sin cumplirse la orden de detención emitida contra el líder de la entidad germana.

Los ejemplos de arbitrariedades judiciales relacionados con el caso Dignidad son innumerables. En 1997, por ejemplo, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el brazo derecho de Schäffer, el doctor Hartmut Hopp (que en realidad nunca ha probado tener los títulos para ejercer la profesión) y su esposa Dorotea Wittham, en contra del juez de Parral Jorge Norambuena.

La Sala, presidida por el hoy jubilado Lionel Beraud, anuló la orden de detención contra el matrimonio, dictada después de que ambos viajaron a Mendoza con uno de los niños de la Colonia, Michael, adoptado por ellos. La madre biológica del menor había solicitado al juez Norambuena que dictara una medida de protección de la integridad física y síquica del niño.

Beraud, acosado por la prensa, dijo que Hopp adoptó «legítimamente» al menor y que «la mamá biológica no tiene ningún derecho sobre él. Lo perdió».

La sala no consideró el contexto de abusos deshonestos y estilo de vida de campo de concentración en que han sido educados los menores en la Colonia, incluyendo al propio Hopp, que se crió al lado de su líder. Cuando la Corte acogió el amparo, Hopp estaba procesado como encubridor de los abusos deshonestos de Schäffer, pero «eso es otra cosa», dijo Beraud.

Hay que recordar que durante la acusación constitucional que le afectó en 1992, Beraud fue representado por uno de los abogados más estables de la Colonia, Fernando Saenger.

Al acoger el amparo, el máximo tribunal acordó llamar severamente la atención al juez Norambuena por haber dictado la orden de aprehensión contra Hopp. Ya antes lo habían castigado por hablar mucho con la prensa.

Las madres de los menores abusados son pobres y poco han conseguido para reparar el daño causado a sus hijos, pese a los empeños fuera de lo común del ministro González García y del juez Norambuena.

Esas madres sufren una suerte parecida a la que viven los pobres en los tribunales de la periferia capitalina. Allende los límites del centro de la capital, en Pudahuel, por ejemplo, donde los actuarios son los jueces y los aspirantes a abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial, los defensores. Donde los edificios han sido remodelados, pero no las actitudes de sus funcionarios.

En esa zona de la periferia capitalina la vida y los bienes tienen un precio inferior al valor que les dan los tribunales del centro, acostumbrados a tratar con litigantes de ingresos importantes.

Hasta ahora, quien no tiene recursos para pagar a un abogado debe recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Si ni querellante ni querellado tienen dinero —como suele ocurrir— el que llega primero gana defensa. El otro tiene que esperar que se le designe uno de los abogados de turno.

Los abogados de las Corporaciones son los estudiantes de Derecho que tienen la obligación de «hacer práctica» y otorgar servicios gratis por seis meses. Los abogados del «turno» son los recién egresados que están en una lista para prestar el servicio por un mes.

En los tribunales de población, solo los abogados con título reciben un trato deferente. Los practicantes tienen que esperar a veces los seis meses que tienen en su poder una causa para obtener apenas una resolución (que, por cierto, no será la definitiva). Sus clientes pobres o sus familiares se presentan a veces para ver cómo marchan sus causas. Esperan, esperan. Si tienen suerte, un oficial les extiende los libros para que lean las resoluciones, cuyo lenguaje ellos de todas maneras no entienden.

Los aspirantes a abogados tienen que defender hasta 90 causas simultáneamente en su paso por las corporaciones. La mayor parte del tiempo la gastan pidiendo las libertades provisionales de los encausados por delitos comunes, que viven años en las cárceles antes de que los tribunales resuelvan sus casos. Los visitan en la Penitenciaría en cuartos pequeños, húmedos y fríos, color de nada, semejantes a cualquier celda.

¿De qué influencia pueden echar mano en defensa de los pobres? Para ellos y sus clientes no hay alegato de pasillo. A veces una cajetilla de cigarros sirve para movilizar la voluntad de un actuario que, si no está motivado, puede botar sus escritos a la basura o simplemente responder que se le olvidó proveerlo.

Mi madre, María Angélica Acuña, quien abandonó una vida de profesora básica para estudiar Derecho, asumió en 1997, durante su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, la defensa en los tribunales de Pudahuel, del caso de Guillermo Hernández.[293] Hernández había sido el cuidador de un predio por 15 años. Vivía en una casita de madera, que fue ampliando en la medida de sus posibilidades. De un día para otro, el terreno se vendió y el nuevo dueño lo notificó del término del contrato. Como Hernández se demoraba en marcharse, el propietario presentó una demanda; el tribunal aprobó una orden de desalojo y el dueño concurrió a notificarla en persona, acompañado por un receptor judicial. Auxiliados por una retroexcavadora, simplemente destruyeron los tres dormitorios, el living, el baño y la cocina, y todas las pertenencias de Hernández para obligarlo a marcharse.

La abogada presentó una querella por daños, pues el desalojo no autoriza a destruir bienes muebles. El caso ha pasado de un aspirante a otro y ha cumplido dos años en los tribunales, sin que todavía se dicte un auto de procesamiento en contra de los infractores.

En el mismo tribunal, Juana Mardones busca la reparación por las lesiones que le provocó un carabinero. La mujer estaba parada en una esquina de su población, junto a otros vecinos, cuando alguien del grupo le gritó «tiro loco» al policía que pasaba frente a ellos. El carabinero, que también era un vecino del sector, sacó su pistola y disparó. Juana sufrió lesiones graves en una mano. El proceso se demoró tres años antes de que se dictara un auto de procesamiento contra el autor. El policía está prófugo.

Rosa Espinoza ha recurrido a los mismos tribunales porque su hijo de siete años fue atropellado y muerto por un chofer de micro en 1992. La sentencia definitiva tuvo que esperarla hasta 1997.

El chofer fue condenado y se estableció que debía pagar un millón de pesos a la mujer, por la pérdida de su hijo. El ministro de la Corte Suprema Lionel Beraud obtuvo 40 millones del fisco por la operación errónea de su cadera. Rosa, sin embargo, no ha recibido la insignificante indemnización, pues el chofer no tiene bienes con qué pagarle.

Patricia Inostroza en otra causa, se querelló contra el autor de la violación de su hija. El tribunal condenó al autor y ordenó el pago de un millón 800 mil pesos, de los cuales el ofensor no ha podido responder.

El juez, en ese mundo, es una figura inaccesible. Como un notario, invisible en su despacho, firma papeles todo el día. Atiborrado de expedientes, le es físicamente imposible resolver por sí mismo todos los juicios que llegan a su tribunal. La justicia de los pobres está, de verdad, en manos de esos funcionarios no letrados —los actuarios, los oficiales— no menos ignorantes que quienes llegan a sus mesones pidiendo auxilio.

Idea de la justicia

En las aulas de las escuelas de Leyes, los alumnos estudian a Hans Kensel. El teórico dice que el Derecho es el ordenamiento de la conducta humana. El comportamiento recíproco de los hombres en la sociedad, afirma, es lo que hace surgir la norma que los obliga a pagar sus deudas y a abstenerse de matar.

«La autoridad jurídica exige una determinada conducta humana solo porque —con razón o sin ella— la considera valiosa para la comunidad jurídica de los hombres», explica.

Los estudiantes, entonces, aprenden lo mismo que parece sentido común en las calles: Que «lo justo» es lo deseado por la mayoría, e «injusto» lo que se opone a esa voluntad.

Los Estados democráticos modernos han llegado al convencimiento de que, además, existen derechos fundamentales del hombre que no pueden ser cuestionados. Las naciones que adscriben a tales principios —Chile, entre ellos— se han declarado obligadas a respetarlos. Así, los tribunales de justicia tienen tanto la obligación de sancionar los delitos, como la responsabilidad de defender la vida, la integridad física, la libre expresión de ideas y todos los demás derechos reconocidos a sus ciudadanos.

Qué lejanos han estado nuestros tribunales, en especial durante las últimas dos décadas, de tales conceptos.

En otros tiempos, en las monarquías, la legitimidad del sistema judicial estaba dada por la adecuación del pronunciamiento del juez a la voluntad del Rey, quien reunía a un mismo tiempo las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.

Como contrapartida, durante la Ilustración francesa surgió la doctrina que separó los tres poderes del Estado, pero, para el juez, en un primer momento, solo se cambió la figura del Rey por la letra de la ley. Montesquieu lo definía así: «Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes (…) De los tres poderes de que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo».

Esa es, al parecer, la concepción que dominó en el sistema chileno hasta hoy. En un país situado en el extremo sur del mundo, arrinconado entre la cordillera y el mar, ha habido un Poder Judicial nulo, cuando la mayoría de las sociedades civilizadas le han dado ya una nueva significación a la judicatura.

La explicación que han dado los tribunales sobre su proceder durante el gobierno militar tuvo su fundamento en esta doctrina. «Solo aplicamos la ley».

Según el abogado y profesor Jorge Correa Sutil, exsecretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Reconciliación, en las actitudes de nuestro poder judicial ha imperado una cultura «explícita» y otra «implícita». Una cosa es lo que se ha dicho y otra, lo que se ha hecho. Se ha dicho que se respetaba la ley, cuando lo que se hacía en realidad era resolver según lo que se consideraba bueno, conveniente. Bajo el gobierno militar, lo bueno no era responder al clamor de las víctimas, sino adecuarse a la voluntad del poder político, aunque fuera ejercido por el poder de las armas.

El nuevo presidente del tribunal, Roberto Dávila, hizo un reconocimiento explícito de este modelo de comportamiento en una conferencia con corresponsales extranjeros en 1998. Cuando le preguntaron por la sumisión del máximo tribunal a la voluntad de las autoridades militares, Dávila dijo con meridiana claridad:

«A la Corte Suprema no le quedaba, en ese momento, otro camino que esa posición. Si la Corte Suprema, conociendo a los ministros de ese entonces, hubieran adoptado otra forma de actuar, me atrevería a pensar que la Corte Suprema habría sido clausurada». Ergo, se impuso la obediencia.

El propio caso de Dávila es una prueba viviente de que, en nuevas condiciones, las opiniones de los jueces cambian. Antes de 1990, él estuvo por aplicar la Ley de Amnistía; al asumir como presidente en 1998, declaró que ahora pensaba distinto.

Entonces, ¿hicieron justicia los magistrados bajo el gobierno militar o se adecuaron a las condiciones del poder imperante? Del mismo modo cabe preguntarse por los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una parte en un juicio.

En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el poder político se sienta tentado de imponer sus opiniones.

Un caso ilustrativo es —y no podía no serlo— el de Pinochet. Al comienzo de los gobiernos de Aylwin y Frei el predicamento fue no empujar los juicios que lo pudieran involucrar. Frei fue incluso explícito y pidió al Consejo de Defensa del Estado que diera por cerrado el expediente relacionado con el sonado caso de los cheques del hijo mayor del general. «Razones de Estado», declaró sin ambigüedad. Cuando, en cambio, estalló el conflicto por el arresto en Londres y la petición española de extradición, la postura es exactamente la contraria. Ahora se trata de dar seguridades al mundo de que el general puede ser juzgado en Chile.

Podemos aceptar que en una democracia la opinión del Presidente y del Parlamento representan la voluntad soberana, pues han sido elegidos democráticamente, y que al seguir sus deseos los jueces no hacen otra cosa que atender el clamor de las mayorías. Pero a mayor concentración y secreto en las decisiones que tienen que ver con la judicatura, mayor posibilidad de arbitrariedad, de que los escogidos para llenar vacantes o ascender se sientan obligados a retribuir los favores de los demás poderes, sin una justificación racional.

El éxito de las reformas al Poder Judicial dependerá entonces, en gran medida, de la personalidad del juez. Desde el más encumbrado al más humilde.

El derecho moderno reconoce que el legislador es incapaz de predefinir todos los posibles conflictos jurídicos. La función del juez es hoy en día inevitablemente volutiva. Su poder radica precisamente en la facultad de interpretar la Constitución y las leyes, con el fin de «hacer» justicia. Es ese poder el que, férreamente asido por los magistrados en países como España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos —y varios latinoamericanos que han dejado atrás la herencia colonial—, ha permitido a muchos pueblos enfrentar, sin disgregarse, el cáncer de la corrupción, aunque este haya amenazado con hacer caer, a un mismo tiempo, a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En un sistema democrático (aquel en que las decisiones públicas son tomadas por el pueblo, en que la determinación de lo que resulta deseable para el pueblo solo puede ser lícitamente tomado por este mismo y en que los gobernantes son libremente elegidos por los ciudadanos en forma periódica) el juez es aquel que conoce y resuelve los conflictos sociales.

El fallecido ministro José Cánovas decía en sus memorias que «al administrar justicia, los jueces son los llamados a velar por la vigencia del derecho, poniendo el límite exacto al ejercicio del poder por parte de las autoridades (…) Vale decir, imponerles el llamado “principio de Legalidad”, que no puede ser otro que el determinado por la voluntad soberana».

Hay magistrados que entienden que para cumplir su función deben aislarse del mundo. Desprecian la opinión de los legos que los rodean y se sienten seguros en su escrupuloso conocimiento de la formalidad judicial. Se consideran puros e independientes. Sin embargo, según el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, en su obra Iuris Dictio, no hay nada peor que el juez que cree estar por encima de los ciudadanos. «No se mezcla, ni se ensucia: “allá ellos”… el lumpen…». Para hacer justicia no se necesita recluir al magistrado en una torre de marfil. Precisamente —afirma— entre los males que aquejan al juez actual está la tendencia al aislamiento social.

Concuerdo plenamente con esta afirmación suya:

«No es juez el que da las espaldas al clamor social concerniente a la justicia. Tampoco lo es el que se jacta de estar por sobre lo que la población le demanda. Menos aún quien, consciente de la falta de asentimiento ciudadano de su labor, se oculta o ampara en el poder del solo imperio».

El juez moderno, democrático, —dice Cerda— debe estar inserto en la comunidad histórica. Y agrega:

«El juez es un calibrador del sentido jurídico de su época. (…) La justicia chilena debe ofrendarse sin restricciones a la crítica de la opinión pública. Y sus jueces, disponerse a la refrendación de su desempeño por parte de la comunidad».

Esa idea ha sido una de las motivaciones profundas de este libro.

Ya en 1966, el magistrado Rubén Galecio escribía sobre el «juez en la crisis» diciendo que el magistrado debe estar compenetrado del devenir social de su época, pero alerta para mantener su independencia. Ni en la torre de marfil, incontaminado, ni arribista en la competencia por el prestigio social.

Una cierta apostura, cultura y carácter se hacen necesarios en el magistrado moderno, pues debe enfrentar el juicio de la sociedad y el propio.

«Si el concepto de juez es una idea-símbolo, también es una idea-fuerza, es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso. Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho»[294].

Epílogo a la nueva edición
ASILADA

Recuerdo los momentos previos al lanzamiento de El libro negro como si encontrara en mi cartera fotos polaroid sueltas y arañadas por el roce constante con las llaves de mi casa, la billetera, el celular. Las saco, las limpio, las vuelvo a mirar. Ya no se ven detalles. Poco permanece fresco después de contar tantas veces la misma historia. Me queda la urgencia con que José Miguel Varas —a quien Carlos Orellana, el editor de Planeta, había mostrado el texto definitivo— me advertía de los riesgos de ir a la cárcel. «Tendré que llevarte cigarros», me dijo. «Que sean chocolates. No fumo», le respondí. Orellana, Bartolo Ortiz —en ese entonces gerente general de la editorial— y yo nos reímos, no de mi mal chiste, sino de la posibilidad. No creíamos que en 1999, con Pinochet preso en Londres, terminando ya el segundo gobierno de la Concertación, fuera posible, en serio, terminar en la cárcel.

Quizás el riesgo estuviera más presente siete años antes, en 1992, cuando Carlos Orellana, recién llegado a Editorial Planeta, tuvo la idea de hacer un libro sobre la justicia. Orellana, guatemalteco de nacimiento, quien fue asesor de la editorial Quimantú en los 60 y que vivió cárcel y exilio después del golpe, llegó a esa casa editorial para hacerse cargo de la «nueva narrativa chilena». Mientras editaba, entre otros, a los ahora consagrados Alberto Fuguet, Jaime Collyer, Gonzalo Contreras, Marcela Serrano, Darío Oses, Sergio Gómez, Carlos Cerda, Hernán Rivera Letelier y Roberto Ampuero, se dio tiempo para sacar adelante este libro. El Informe Rettig, recién publicado por aquel entonces, hizo una dura crítica a la forma en que se condujo el Poder Judicial en dictadura e inspiró a Orellana quien quería que el libro, junto con tratar el tema de los derechos humanos, abordara también la corrupción y la decadencia del máximo tribunal, que comenzaba recién a conocerse. El editor pensó que quien mejor podía abordar el desafío era la portentosa Mónica González, reconocida ya por su trayectoria como periodista de investigación durante la dictadura y a la sazón, editora general del diario La Nación, ubicado entonces enfrente de La Moneda.

Editorial Planeta estaba en el cuarto piso del edificio de Olivares 1229 y dos pisos más arriba estaba el diario La Época, donde yo trabajaba, pero Carlos no me conocía y nunca hubiera pensado en incluirme en esta obra si no fuera porque ella le sugirió mi nombre. Yo no conocía a Mónica más que por su trabajo y siempre he dicho que cuando me invitó a su oficina para proponerme que escribiéramos este libro a dos manos me sentí como una jugadora de segunda división convocada por Maradona a integrar una selección de fútbol. Acepté sin titubear y sin pensar en la magnitud del desafío. Por razones personales, ella tuvo que abandonar el proyecto y al dejarlo tuvo un segundo acto de generosidad: proponer a Carlos que me dejara a cargo. Él mismo me confesó tiempo después que no sabía si yo sería capaz, pero por aquel entonces eran muy pocos los periodistas dispuestos a «quemarse» con un tema tan espinudo y no le quedó más remedio que confiar. En cuanto a mí, una importante cuota de ignorancia sobre lo que me esperaba me inhibió de desistir. En 1992 llevaba solo cinco años trabajando como periodista, dos de ellos en La Época asignada al sector de tribunales. Había escrito, sí, reportajes largos, pero nada parecido a un libro. El plan era, si mal no recuerdo, que entregara el borrador en un plazo de un año. A poco andar, me di cuenta de que no sabía por dónde partir. Más allá de que conocía un par de buenas anécdotas, no sabía la respuesta a preguntas básicas: ¿por qué era malo nuestro Poder Judicial? ¿Había otros mejores? ¿La corrupción era sistémica o problema de unas cuantas manzanas podridas? ¿Por dónde comenzar a hablar de lo sucedido en dictadura? Tuve que aceptar que antes de escribir las primeras líneas me hacía falta estudiar. Gracias a los seminarios y conferencias que se realizaban al alero del Centro de Promoción Universitaria, de la Universidad Diego Portales, del Instituto de Estudios Judiciales, entre otros, poco a poco fui aprehendiendo la información que me hacía falta para mirar el cuadro completo y no solo poner atención a los fragmentos. A partir de ese conocimiento recién pude desarrollar una hipótesis periodística con cierta solvencia. Pero eso era, según aprendí a porrazos, apenas el punto de partida. Aún recuerdo que un invierno, cuando La Época se había trasladado a calle Serrano, le pedí a Ascanio Cavallo, director del diario, que me diera quince días de vacaciones para terminar el libro. Él, que ya había escrito La historia oculta del régimen militar junto a los entonces editores del diario Oscar Sepúlveda y Manuel Salazar, y preparaba otros, se burló de mí.

—¿Quieres escribir un libro en quince días? No sabes lo que estás diciendo.

Ascanio me dio mis vacaciones, pero por supuesto el tiempo solo me alcanzó para darme cuenta de que el jefe tenía la razón.

En el interín, en 1993, otro libro de Planeta fue prohibido: Impunidad Diplomática, de Francisco Martorell. Orellana me dijo que mi demora era, en ese momento, conveniente, pero el tiempo comenzó a pasar y año tras año la posibilidad de terminar el libro sobre la justicia parecía alejarse. A mí me dolía el estómago cada vez que Orellana me llamaba para pasar revista a mis avances. Varias veces pensé que no iba a lograrlo, que era mejor renunciar.

En 1994, me fui a La Nación y allí, junto a Francisco Artaza, escribí el trabajo en profundidad sobre el asesinato de Orlando Letelier, por el cual obtuvimos el Premio Ortega y Gasset que otorga el diario El País de España. El reportaje se publicó, después de recibir el premio, como un libro. Esa experiencia me dio confianza en que sí podía escribir un libro entero. En 1996 me fui a La Tercera y abandoné tribunales para cubrir política. Quizás fue el momento en que estuve más lejos de terminar mi cometido. En 1997 se presentó la acusación constitucional contra Servando Jordán y Orellana volvió a la carga, presionándome para que terminara el libro. Ese mismo año obtuve una beca para trabajar seis meses en un diario estadounidense. Tal vez la distancia de Chile y del reporteo diario me permitió tomar el último impulso y adoptar una decisión arriesgada, pero efectiva: renuncié a La Tercera y me dediqué un año completo a terminar el libro de la justicia. Además, por cierto, influyó que hubiera conocido a mi novio de aquel entonces, el estadounidense Jorge Junco, quien estuvo dispuesto a solventar nuestros gastos mientras yo escribía.

Desde Estados Unidos, a fines de 1998, envié el borrador a Carlos Orellana, justo en el momento en que Pinochet caía preso en Londres y La Época bajaba sus cortinas para siempre.

Durante el verano de 1999, Orellana lo editó. Internet había llegado con los emails y podíamos comunicarnos, a pesar de la distancia, rápida y eficazmente. Todavía recuerdo su sorpresa por las revelaciones que hacía en el libro, porque hasta entonces, salvo cosas generales, no le había contado los detalles. Entonces a él se le ocurrió el título: El libro negro de la justicia chilena y pidió a Hervi (Hernán Vidal) que realizara la portada con la idea de los tres monos que se cubren los oídos, los ojos y la boca. Con el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado plenamente vigente, Orellana tomó el resguardo de mostrarle el borrador a un par de amigos abogados, quienes concluyeron que el libro estaba bien fundamentado, pero que no había modo de escapar de alguna acción legal, dadas las numerosas normas que en aquel entonces protegían la honra de las autoridades, aun si lo que se publicaba superaba la prueba de veracidad. La decisión, más bien, era otra: se publica o no se publica. Orellana y el gerente general de la editorial, Bartolo Ortiz, decidieron publicar, respaldados por el entonces gerente de Planeta en Argentina, Ricardo Sabanes, jefe de ambos. Por mi parte, mostré el libro a mi hermano, el penalista Jean Pierre Matus, quien me hizo algunas sugerencias para esquivar una posible querella por injurias, y que acogí casi en todos sus puntos, salvo en uno: él creía que debía eliminar el pasaje en que describo haber visto a Servando Jordán con los pantalones mojados. Su opinión era que ese detalle se convertiría en un pájaro rojo que desviaría la atención de los lectores hacia ese punto y no a otros aspectos más centrales e importantes del libro. Era un consejo táctico atendible. Pero no lo obedecí por dos razones: me pareció que esa escena era una síntesis del nivel de decadencia al que había llegado el Poder Judicial chileno y porque no solo yo lo había visto. La escena era tan frecuente que motivó una queja planteada por el ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, ante el máximo tribunal y que él me confirmó en una entrevista «en on». Es decir, se trataba de un hecho que había cobrado relevancia pública y no encontré argumentos periodísticos para omitirlo. Es cierto que para mucha gente, especialmente personas que probablemente no leyeron el libro, ese episodio se convirtió en el pájaro rojo del que intentó prevenirme mi hermano, pero aún pienso que de las consideraciones tácticas a la autocensura la distancia es corta y he preferido confiar en la inteligencia y capacidad de los lectores, antes que intentar tomarlos de la mano. En fin. Tema para seguir debatiendo.

Finalmente, terminando el verano chileno, Carlos Orellana me anunció la fecha de publicación del libro: martes 13 de abril de 1999. Volví a Chile con esa emoción adolescente, mezcla de angustia y alegría, para participar de la ceremonia en el Hotel Plaza San Francisco y con la idea de reinsertarme en el medio chileno. Tenía planeado casarme en agosto y con mi novio habíamos decidido establecernos en Chile.

El libro lo presentó el exjefe jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, ante unas cincuenta personas, entre ellas numerosos periodistas. Los colegas me preguntaban si no temía la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. A mí me parecía que si bien el riesgo existía, era menor. Los cálculos de la editorial eran que, en cualquier caso, pasaría un tiempo razonable para que alguien tomara el libro y redactara un escrito. No menos de quince días. Se había tomado el resguardo de no distribuir ejemplares antes del lanzamiento, para evitar que el texto llegara a manos de alguien interesado en impedir la publicación.

Después del lanzamiento, que ocurrió a mediodía, parientes y amigos fuimos a almorzar al Bar Nacional, para celebrar. En la tarde, di varias entrevistas y esa noche me acosté exhausta y contenta.

Sin embargo, a la mañana siguiente el teléfono —fijo, no se habían masificado los celulares— me despertó con la noticia de que la policía se encontraba en las dependencias de Planeta, en calle Santa Lucía, con una orden de incautación de todos los ejemplares. Carlos Orellana me contó, mientras hablábamos, que en ese momento Bartolo Ortiz se dirigía con los agentes a las bodegas de Planeta para incautar los que aún no se habían distribuido (cerca de la mitad de esa primera edición de tres mil libros). El resto tendrían que retirarlo librería por librería y así lo hicieron durante toda esa mañana. Años después, un librero de la Editorial Jurídica, que estaba en calle Huérfanos, a pasos del Palacio de Justicia, me contó que entre que escucharon la noticia de la incautación en la radio y que llegaron agentes de Investigaciones a su local, vendieron casi todos los ejemplares que les habían sido entregados por Planeta. Otros pocos los escondieron debajo de las estanterías para clientes que ya los habían encargado: principalmente jueces y abogados, así que la policía solo pudo llevarse un puñado de libros.

En esa conversación con Orellana mi única reacción fue obvia: hay que avisarle a la prensa, le dije. Minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hermano Jean Pierre. Un amigo suyo le había soplado que el expresidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, había iniciado en mi contra una querella por el famoso artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado. «Pronto», me dijo, «se dictará una orden de detención en tu contra». Y me expuso los escenarios: si te reconocen irreprochable conducta anterior, te dejarán libre en un par de días, pero sino, quedarás presa. Hasta entonces yo no había sido «procesada» (formalizada en el lenguaje de hoy) por ningún delito, pero al menos dos causas se habían iniciado en mi contra por mis reportajes en el Diario La Época: uno por «sedición impropia» en la Justicia Militar y otro por injurias y calumnias, ambos iniciados por cuenta de la Auditoría General del Ejército. Jean Pierre creía que se podrían usar para negarme la libertad condicional. «Tienes que irte», sentenció. Yo me resistí inicialmente. Irme significaba, para mí, por un lado, renunciar a defender la calidad de mi trabajo y, por otro, claro, desprenderme de la inconfesable tentación de enfrentarme a titanes en el ring. Él me dio argumentos inapelables: quedarme significaba dar una batalla ya perdida, pues no había manera de vencer a un ministro de la Corte Suprema en los tribunales, con una ley que no admitía siquiera la prueba de verdad para repeler los cargos. Si no me reconocían irreprochable conducta anterior, podría quedar presa un largo período. «Los defensores de la libertad de expresión y la prensa», me dijo, «te van a acompañar una semana, dos, un mes tal vez, pero después cada quien volverá a sus actividades y tú seguirás encarcelada». Mientras hablábamos, Jorge, mi novio, daba vueltas por la habitación como un león enjaulado. No podía entender lo que estábamos viviendo. «¿No me dijiste que en tu país había democracia?», me reprocharía luego. Jean Pierre me hizo ver los riesgos reales de quedarme, aún si me dejaban libre después de una detención segura: estaría atrapada en un litigio, como ya dije, con casi nulas posibilidades de éxito y que podía terminar con una condena a cinco años de presidio; sometida a presiones que probablemente harían añicos mis planes de trabajar en algún medio chileno y posiblemente también los de casarme ese año. «Tú ya hiciste tu trabajo. Que otros lo defiendan. Tienes que irte de inmediato», sentenció. Dubitativa, llamé a Carlos Orellana y le pedí la opinión de Planeta. Si me quedaba, ¿la editorial podría hacerse cargo del costo que eso significaría? Siempre prensé que Carlos había consultado el tema con alguna jefatura, pero años más tarde me enteré de que solo lo conversó con la encargada de prensa, María Elena Ansieta, la Malala. Y me llamó con el veredicto: tienes que irte. Finalmente, mi novio tampoco quería quedarse un segundo más, ya que temía que las peores cosas pudieran ocurrirme si iba presa en un país prácticamente desconocido para él.

Fue así que finalmente decidí obedecer, a contrapelo. Empacamos lo más rápido que nos fue posible y a los periodistas que no cesaban de llamar les dije que por favor me encontraran en el aeropuerto, pues si continuaba respondiendo a sus preguntas, no saldría nunca del departamento en que me alojaba en Providencia. Llamé a un amigo en la Policía de Investigaciones, quien me confirmó que hasta ese minuto aún no se dictaba la orden de detención. Pero eso podía ocurrir en cualquier momento y, si sucedía, era posible que se me impidiera salir de Chile. En el viaje en taxi, por las dudas, le entregué a Jorge un papelito donde había escrito los nombres y teléfonos de algunas personas a las que contactar en Chile y en Estados Unidos.

En el aeropuerto compramos un pasaje al destino más próximo a Chile y en el primer vuelo disponible. Eso fue Buenos Aires, a las 14 horas. Tuvimos que esperar poco más de una hora para abordar, tiempo que pasé conversando con los colegas que llegaron hasta allá enviados por sus medios. No hubo tiempo para despedirme de mi familia, ni de los amigos. En Policía Internacional Jorge y yo nos separamos, para que él quedara libre en caso de que se me impidiera continuar. Afortunadamente para mí, la velocidad de respuesta de los tribunales era todavía bastante lenta y al momento de traspasar ese control no había llegado aún la orden de detención.

En Buenos Aires nos recibió Ricardo Sabanes y allí nos quedamos unos días, esperando que la querella se revirtiera. Yo pensaba, todavía, que una acción tan extrema como la tomada por un ministro de Corte Suprema que a duras penas se había librado de la acusación constitucional, no podría mantenerse en el tiempo. Pero estaba equivocada. Luego me enteraría de que la querella se presentó el mismo día del lanzamiento del libro y que la mañana de la incautación la Corte de Apelaciones de Santiago ya había designado a un ministro especial (de fuero) para dedicarse al caso: Rafael Huerta, quien fue el autor de la orden de incautar los libros.

Apenas un año antes, Human Rights Watch había dicho en un informe sobre Chile que: «Es posible que este derecho —el de la libertad de expresión—, tan fundamental para la democracia, sea más vulnerado en Chile que en ningún otro país democrático del hemisferio occidental». Y como prueba de la fortaleza de ese veredicto me bastó constatar en esos días cómo el proceso siguió su curso sin alteraciones, inmune a las protestas de los parlamentarios de distinto signo político, de los escritores, de los periodistas amordazados en tribunales, de la presentación de escritos ante Huerta por organizaciones pro libertad de expresión, de la protesta del estadounidense Comité de Protección de los Periodistas, de Reporteros sin Fronteras, del relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Santiago Cantón, de la Sociedad Interamericana de la Prensa, del Freedom Forum, de las asociaciones de periodistas argentinos, uruguayos y puertorriqueños; en medio de la publicación periódica de alabanzas a Chile, ejemplo de modernidad y desarrollo económico en Latinoamérica; con Pinochet preso en Londres —que algunos consideraban el fin de la transición— y Manuel Contreras encerrado en Punta Peuco.

Diez días después, cuando parecía insostenible continuar viviendo a expensas de Planeta sin un horizonte claro de cuándo podría volver a Chile (salvo que aceptara algunas propuestas afiebradas, como la de un grupo de parlamentarios que querían ir a buscarme para ingresar conmigo a Chile y acompañarme a presentarme ante Huerta), volví a Estados Unidos, donde podría vivir con mi novio y trabajar. Por supuesto, durante los dos años y medio que permanecí allí gran parte de mi trabajo consistió en intentar, obsesivamente, que este proceso se revirtiera. Mi hermano Jean Pierre inició, a la par con organizaciones de defensa de la libertad de expresión, una demanda contra el estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En tanto yo, recibí la asesoría de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien me sugirió que explorara la posibilidad de pedir asilo político. Y con ese fin me puso en contacto con el destacado jurista chileno Claudio Grossman. Grossman me transmitiría luego el ofrecimiento de José Miguel Insulza —entonces canciller de Frei— de contratarme en el consulado de Miami, para ayudarme con mi manutención y para que así «no tuviera» que pedir asilo. El abogado me aclaró que él solo me transmitía el mensaje, pero que él apoyaría la decisión que yo tomara. El ofrecimiento del canciller me pareció insultante, porque si estaba explorando la posibilidad de pedir asilo era para dejar en evidencia las deficiencias de la democracia chilena y en protesta por la falta de libertad de expresión, porque trabajo, afortunadamente, podía conseguir por mis propios medios, así que rechacé amablemente su propuesta.

En el intertanto, fueron arrestados, sometidos a proceso y encarcelados por un fin de semana Carlos Orellana y Bartolo Ortiz. Esa medida motivó la visita a Chile del relator especial para la libertad de expresión, Santiago Cantón. En cuanto a mí, Huerta dictó la orden de detención de rigor y, al no encontrarme en Chile, me declaró en rebeldía. De haber querido, podría haber pedido mi arresto a los países asociados a Interpol.

En ese escenario, acepté el consejo de Vivanco y Grossman me puso en contacto con una abogada especialista en inmigración, Lauren Gilbert. Ella tomó mi caso probono y preparó la presentación que llevamos al Servicio de Inmigración estadounidense (por entonces conocido como el INS, por sus siglas en inglés). La oficial que nos recibió me dijo: «La estábamos esperando». En noviembre de 1999, me llegó la notificación de que mi solicitud de asilo había sido aceptada. Ha sido la primera y única solicitud de este tipo que ese país ha aceptado después de que Chile recuperó la democracia.

No fueron pocas las críticas que me llegaron, por correo electrónico, por haber tomado ese camino. «Asilo había que pedir en dictadura, cuando se cometían crímenes atroces, no en democracia», me dijo un muy querido amigo. Le concedí que no era comparable el nivel de violaciones a los derechos humanos entre la dictadura y la democracia, pero mi acción no pretendía ni por lejos nivelar ambos regímenes, sino simplemente hacerme cargo de la violación grave de mis derechos, al punto de que me veía impedida de vivir en mi país sin sufrir persecución legal, pero ilegítima, pues todo lo que había hecho fue ejercer mi derecho a la libertad de expresión y, en cuanto periodista profesional, intentar satisfacer el derecho de los chilenos a estar informados. Esas fueron precisamente las razones por las que se me concedió el asilo en tiempo récord y por las cuales la Corte Interamericana aceptó la demanda contra el Estado de Chile.

A partir de la concesión de asilo, las relaciones con el gobierno de Chile fueron tensas. Por aquel entonces, el gobierno estaba empeñado en demostrar a la comunidad internacional que la democracia y la justicia en Chile estaban a la altura del desafío de juzgar a Pinochet por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su régimen y demandaba a Londres —y a la justicia española que había ordenado su captura— que lo devolvieran al país. Una libro prohibido, los editores procesados y la autora con asilo político no en Cuba, sino en la potencia mundial en cuyo espejo Chile se quería mirar en esos años, le hacían flaco favor a ese propósito. Y me convertí en una piedra en el zapato, según tuve oportunidad de constatar en varias ocasiones.

Una de ellas ocurrió en la Feria del Libro en Guadalajara, que en 1999 estuvo dedicada a Chile. El gobierno no me incluyó en la lista de autores invitados —no tenía por qué hacerlo—, pero Planeta decidió invitarme por su cuenta. El escritor chileno Luis Sepúlveda me acompañó en la presentación que organizó Planeta de El libro negro y dijo que renunciaba a formar parte de la delegación oficial en protesta por la censura que estaba sufriendo. Entre el público, estaba el periodista Juan Pablo Cárdenas, entonces agregado de prensa en México, quien hizo declaraciones a mi favor. En la feria recibí la solidaridad de Faride Zerán, que me invitó a incorporarme a un panel en el que ella exponía para contar lo que estaba sucediendo con El libro negro. Más tarde, el vicecanciller Mariano Fernández acusaría a Faride de «abuso de confianza» por haberme incluido en un panel al cual yo no había sido invitada. En cuanto a Juan Pablo Cárdenas, el embajador de Chile en el país azteca, Luis Maira, le instruyó volver de inmediato a Ciudad de México y abandonar la feria. Lo curioso era que, al menos en términos de discurso público, el gobierno había dicho que, sin entrometerse en el ámbito de otros poderes del Estado, lamentaba la censura de El libro negro y que se hacía evidente la necesidad de reformar la Ley de Seguridad. En lo personal, me sorprendió y me dolió la actitud de Maira, a quien había escuchado en un foro cuando yo era estudiante universitaria y me habían cautivado su serenidad, lucidez y fortaleza para oponerse a la dictadura.

Otros momentos amargos vendrían después con motivo de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una ocasión, tuve que ir a testificar a Washington, junto al delegado del gobierno de Chile, que debía defender al Estado frente a esa demanda. Él planteó que la solicitud —en que yo alegaba violación de mis derechos a la libertad de expresión y a la propiedad intelectual— debía ser rechazada, pues yo no era una perseguida en Chile, sino que simplemente se me requería por la legislación vigente, parte del ordenamiento jurídico chileno, y que si volvía a Chile, mi derecho a defensa estaría garantizado. Del mismo modo, decía, la incautación de los libros no podía entenderse como una violación a mi derecho de propiedad intelectual, porque nadie discutía que yo era la autora de dicha obra.

El delegado se percató de que me había acompañado hasta el edificio donde se realizaban sesiones Odette Magnet, entonces agregada de prensa en la embajada de Washington. Y la reprendió duramente: «Tú con quién estás. ¿Con el gobierno o con el enemigo?». No contento con eso, se quejó con el vicecanciller Fernández y este, a su turno, reprendió al embajador Mario Artaza, quien, sin embargo, se negó a tomar medidas contra la periodista.

Todo 1999 trabajé en El Nuevo Herald y me tocó cubrir el caso del balsero Elián y las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año, en particular en el Estado de La Florida, donde me encontraba. También fui corresponsal para medios chilenos y escribí sobre la desclasificación de documentos del Departamento de Estado sobre Chile para el diario El Metropolitano. Experiencias profesionales gratificantes que, no obstante, saboreé poco, pues tenía el corazón y la mente puestas en lo que ocurriera con El libro negro en Chile. A fines de año recibí la llamada del entonces candidato presidencial Ricardo Lagos, quien me expresó su solidaridad y me dijo que, si era elegido presidente, se proponía eliminar el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado.

Y así llegamos al año 2000. A comienzos de ese año yo me casé, en Estados Unidos, y Lagos cumplió su promesa. Al poco de asumir como Presidente presentó un proyecto que modificaba la Ley de Seguridad del Estado, en los artículos más represivos de la Libertad de Expresión. La discusión parlamentaria de aquella época es ilustrativa del sentimiento de temor que sentían diputados y senadores ante la posibilidad de quedar «desprotegidos» ante la modificación de la norma. Jorge Schaulsohn, antes de los desvarios del presente, era uno de los pocos solitarios defensores de la libertad y la transparencia. A pesar de los remilgos, el proyecto de Lagos fue aprobado y a comienzos del 2001, promulgó la nueva Ley de Prensa, en un acto en La Moneda en que mencionó la censura de El libro negro como un gatillante de los cambios.

Eso fue en marzo. Yo tuve que esperar a julio para regresar a Chile, porque hubo que persuadir al ministro de fuero que continuaba con el caso de que no podía mantener una orden de detención sobre la base de una ley ya derogada. Un poco más se demoró que terminara la orden de incautación de los libros que, finalmente, a fines de ese año, fueron restituidos a Planeta.

Mientras esperaba escribí un libro sobre los episodios que aquí resumo y contando la historia de los otros 33 procesados por Ley de Seguridad del Estado y otros casos de censura y prohibición de libros durante la transición a la democracia. Ese libro, para el que Carlos Orellana escogió el título poco atractivo y críptico de Injusticia duradera, tuvo buena crítica, pero bajísima circulación.

Muchas cosas han pasado en los quince años que han corrido desde mi regreso. Hubo cambios importantísimos tanto respecto de la justicia como de la libertad de expresión. Cualquier portada del The Clinic y de los medios digitales que hoy se difunden en Chile con completa normalidad, hubiera desatado escándalo y persecución en la década de los 90. Hoy cualquiera escribe sobre los Pinochet sin recibir represalia alguna —sin ir más lejos, yo no sufrí amenaza ni demanda por escribir la biografía no autorizada de Lucía Hiriart—. Sin embargo, pareciera que los ejes del poder se han movido hacia otras zonas. Los periodistas y opinólogos no pasan por la cárcel como hace algunos años, pero aún hay maneras efectivas y sutiles de impedir que información de relevancia pública se difunda, todavía hay editores de medios de difusión masiva que se ponen nerviosos con la mención de ciertos nombres al «aire» o «en pantalla», todavía hay gente que te advierte «cuidado con lo que dices». La prensa escrita está más concentrada que nunca y los medios digitales aún no tienen la fortaleza ni los recursos suficientes para competir con ellos en la definición de la «agenda» diaria. Los canales de televisión, sumergidos en su propia crisis financiera, miran con mayor libertad hacia el pasado que el presente: ya no es raro que en los matinales se traten, por ejemplo, temas sobre violaciones a los derechos humanos que en el pasado estaban vedados. No obstante, todavía es más fácil que se comprometan con un reportaje en profundidad sobre traficantes en Puente Alto, que sobre las redes de poder que gobiernan Chile. Una anomalía del sistema de medios es que el periodismo de investigación —cuya temática es, por definición, algo de relevancia pública que alguien con poder no quiere que se sepa— se hace todavía y principalmente puertas afuera de los medios. Los periodistas de investigación que se lucieron en dictadura trabajan, casi todos, en medios alternativos o en otros oficios que les permitan financiar sus libros. A diferencia de lo que ocurre en Europa o Estados Unidos, o aquí en el barrio, en Argentina, Perú y Bolivia, en Chile es difícil envejecer haciendo periodismo investigativo en los medios de comunicación. No tenemos, en este ámbito, siquiera nuestro niño o niña símbolo, un caso demostrativo de los cambios, como fue en Justicia el ascenso de Carlos Cerda a la Corte Suprema. En mi opinión, esta sequía de un periodismo investigativo que cuestione las verdades oficiales con información de calidad es uno de los indicativos de la fragilidad de nuestro sistema democrático.

En lo personal, me separé de Jorge Junco y con mi actual marido, Alberto Barrera, tenemos dos preciosos hijos, Alejandro y Alberto. El Estado de Chile fue finalmente condenado por la Comisión Interamericana, debió reconocer que mis derechos habían sido conculcados y pagó una indemnización por ello. En 2009 volví a Estados Unidos becada por la Universidad de Harvard. Extraño, es verdad, la vitalidad de formar parte de una sala de redacción en un medio comprometido con la sociedad en que vive, pero trabajo en la Universidad Diego Portales, donde tengo un amplio espacio de libertad para enseñar e investigar, y editoriales, como Ediciones B, interesadas en publicar mi trabajo. Por eso digo, como decía Rinaldo Rafanelli en la despedida de Sui Generis: «No se quejen, chicos. Ya vendrán tiempos mejores».

Bibliografía consultada

Artículos

Arzobispado de Santiago-Vicaría de la Solidaridad «Informe Global sobre los Derechos Humanos 1973-1990» (Documento Interno). Santiago, 1990.

Arzobispado de Santiago-Vicaría de la Solidaridad «El Poder Judicial y el Recurso de Amparo, primer semestre de 1977». Cuaderno Jurídico número 3. Santiago, octubre de 1977, y número 9, septiembre-octubre-noviembre de 1979.

Bates, Luis. «El Derecho en la Educación». Trabajo preparado para la XXVI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados. Buenos Aires, 1993.

Bascuñán, Antonio y otros. «Judicatura de Primera Instancia: Algunas Indagaciones». Proyecto de Capacitación, Gestión y Política Judicial. Serie de estudios Número 2. Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1993.

Comisión Andina de Juristas. «Chile: Actividad Judicial. Sistema Institucional y Proyección de los Derechos Personales». Santiago, noviembre de 1994.

Correa Sutil, Jorge. «The Judiciary and the Political System in Chile: The Dilemmas of Judicial Independence during de Transition to Democracy», En Transition to Democracy in Latin America (Stotzky, Irwin) Editorial Westview Press.

Correa Sutil, Jorge. «Formación de Jueces para la Democracia». Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Valparaíso. Separata de los números 34 y 35, 1989 y 1990.

Chaigneau del Campo, Alberto. «Evaluación del Trabajo Judicial. Editado por la Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1991.

De Ramón Folch, Armando. «Tres Momentos de la Historia de Chile». Ciclo de tres conferencias organizadas por el Instituto de Estudios Judiciales. Santiago 3, 4 y 5 de julio de 1990.

De Ramón Folch, Armando. «La Justicia Chilena entre 1875 y 1924». Cuadernos de Análisis Jurídico número 12. Publicado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Gálvez Blanco, Ricardo y otros. «La Asociación Nacional de Magistrados y la Reforma Judicial». Documento de Trabajo para la XVIII Convención Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados.

Informe Global sobre las Violaciones a los Derechos Humanos.

Jiménez, María Angélica. «El Proceso Penal en Chile. Resultados Empíricos (1992-1994)». Editado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, 1995.

Juica Arancibia, Milton. «El Poder Judicial y los Medios de Comunicación». Punta Arenas. Octubre de 1992.

Lavados Montes, Iván y Vargas Viancos, Juan Enrique. «La Gestión Judicial». Documento para el Seminario «La Justicia en Latinoamérica y el Caribe en la década de los 90». Santiago, 1993.

Ministerio de Justicia de Chile. Memoria 1990-1994. Ministerio de Justicia de Chile. Metas 1994.

Munizaga, Ana María (editora). «Aspectos Controvertidos de las Últimas Reformas, ley número 19.047». Jornadas de estudios organizadas por el Instituto de Estudios Judiciales y la Universidad Nacional Andrés Bello. Santiago, junio de 1991.

«Notas para el Estudio de la Criminalidad y la Penología en Chile Colonial» (1673-1816). Editado por la Universidad de Chile. Santiago, enero de 1941.

Onfray, Arturo y Cerda, Carlos. «Las Necesidades de Capacitación de los Jueces de Primera Instancia». Proyecto de Capacitación, Gestión y Política Judicial. Serie de estudios Número 1. Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1992.

Peña G., Carlos; Verdugo, Mario; Ramírez A., José; Correa S., Jorge; Bates, Luis; Cortés A., Joaquín «El poder Judicial en la encrucijada. Estudios acerca de la Política Judicial en Chile». Cuadernos de Análisis Jurídico n.º 22. Serie seminarios, editado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, julio de 1992.

Riego, Cristián. «La Prisión durante el Proceso Penal en Chile». Cuadernos de Análisis Jurídico número 16. Publicado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, diciembre de 1990.

Universidad Diego Portales. «Criterios Básicos sobre un Proyecto de Creación de un Ministerio Público Moderno».

«XVII Convención Nacional Ordinaria. Memoria, balance e inventarios, 1989-1990». Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile.

Libros

Arzobispado de Santiago-Vicaría de la Solidaridad. Delitos contra la Seguridad del Estado. Tomo 1. Editado por la Vicaría de la Solidaridad. Santiago, 1989.

Arzobispado de Santiago-Vicaría de la Solidaridad. Delitos contra la Seguridad del Estado. Tomo II «Consejos de Guerra». Volúmenes 1, 2 y 3. Editado por la Vicaría de la Solidaridad. Santiago, 1989.

Aylwin Azócar, Patricio. La transición Chilena. Discursos Escogidos. Marzo 1990-1992. Editorial Andrés Bello. Santiago, 1992.

Aylwin Azócar, Patricio. Crecimiento con Equidad. Discursos Escogidos. 1992-1994. Editorial Andrés Bello. Santiago, 1994.

Cerda Fernández, Carlos. Iuris Dictio. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1992.

Código Penal, República de Chile. Octava edición, enero de 1978. Editorial Jurídica de Chile.

Código de Procedimiento Civil, República de Chile. Décima edición, mayo 1992. Editorial Jurídica de Chile.

Código Orgánico de Tribunales, República de Chile. Duodécima edición, julio de 1991. Editorial Jurídica de Chile.

Colegio de Abogados de Chile, Justicia militar en Chile. Imprenta Montegrande. Santiago, 1990.

Correa Sutil, Jorge (editor). Situación y Políticas Judiciales en América Latina. Editado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, enero de 1993.

Correa Sutil, Jorge y Barros Lezaeta, Luis (editores). Justicia y Promoción Universitaria. Santiago, 1993.

Horvitz, María Inés. Sistema Penal y Seguridad Ciudadana. Editado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, mayo de 1992.

Maier, Julio y otros. Reformas Procesales en América Latina: La Oralidad en los Procesos. Editado por la Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1993.

Ministerio de Justicia de Chile. ¿Castigar o Rehabilitar? Las Medidas Alternativas a la Reclusión en Chile. Ediciones LOM. Santiago, 1997.

Moreno Ocampo, Luis. En defensa propia. Cómo salir de la corrupción. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1993.

Muñoz Sánchez, Andrea y Villarreal Holtshamp, Cristina. Aportes para Elaborar un Programa de Formación y Perfeccionamiento de Jueces. Editado por la Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1995.

Ribeiro, Luis Felipe y otros. Sobre la Justicia en Chile. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, 1973.

Sabán Godoy, Alfonso. El marco jurídico de la corrupción. Editorial Civitas. Madrid, 1991.

Squella, Agustín (editor). La Cultura Jurídica Chilena. Editado por la Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1992.

Seminario sobre la Enseñanza del Derecho Procesal. Editado por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago, agosto de 1992.

Valenzuela, Eugenio (coordinador) y otros. Proposiciones para la Reforma Judicial. Editado por el Centro de Estudios Públicos.

Vargas Viancos, Juan Enrique y Correa Sutil, Jorge. Diagnóstico del Sistema Judicial Chileno. Editado por la Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, 1995.

Discursos

Benquis C, José. Imparcialidad e Independencia de los Jueces. Octubre de 1992.

Revistas y diarios

Human Rights Watch. «Human Rights in Chile at the Start of the Frei Presidency». Volumen VI. Número 6. Nueva York. Mayo de 1994.

Revista Hoy. Nómina de Casos Mandados por la Comisión de Verdad y Reconciliación a los Tribunales. Número 711. Santiago, del 4 al 10 de marzo de 1991.

Colecciones de El Mercurio, La Nación, La Época, La Tercera, APSI y Análisis.

ALEJANDRA MARCELA MATUS ACUÑA (San Antonio, Chile, 11 de enero de 1966) es periodista de la Universidad Católica y Master en Administración Pública en la Harvard Kennedy School. Autora de una serie de libros de investigación y de una novela, su trabajo ha sido premiado nacional e internacionalmente y se consigna en varias antologías periodísticas. Escribió, entre otros libros, el best seller de no ficción Doña Lucía (2013), que retrata a la esposa del exdictador Augusto Pinochet y que se ha mantenido entre los libros más vendidos desde su publicación. Actualmente es académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. La edición original de El libro negro de la justicia fue censurada en 1999, lo que la llevó a vivir más de dos años como asilada política en Estados Unidos.

Notas

[1] Del testimonio de uno de esos colaboradores, quien pidió reserva de identidad. En todas las notas siguientes en que no se hace mención expresa del nombre, existe el compromiso de la autora de mantener la identidad en reserva. <<

[2] Entrevista a Alejandro Hales. <<

[3] Del testimonio de un excolaborador de Aylwin. <<

[4] Antecedente corroborado por tres entrevistados diferentes. <<

[5] Entrevista con Francisco Cumplido. <<

[6] Entrevista a un ministro de la Corte Suprema. <<

[7] Entrevista con un funcionario de la Corte Suprema. <<

[8] De la entrevista con Francisco Cumplido, más los antecedentes recogidos por la autora en sus investigaciones. <<

[9] Patricio Aylwin, discurso de inauguración de la XVII Convención de Magistrados en Pucón. Versión del diario La Tercera, 8-IV-1990. <<

[10] Patricio Aylwin, discurso de inauguración de la XVII Convención de Magistrados en Pucón. Versión del diario La Tercera, 8-IV-1990. <<

[11] Patricio Aylwin, discurso de inauguración de la XVII Convención de Magistrados en Pucón. Versión del diario La Tercera, 8-IV-1990. <<

[12] La Nación, 25-IV-1993. <<

[13] La Tercera, 4-IV-1993. <<

[14] La Tercera, 12-IV-1993. <<

[15] Código Orgánico de Tribunales (en 1993), Art. 275 <<

[16] Código Orgánico de Tribunales (en 1993), Art. 324 <<

[17] Código Penal, Art. 223. <<

[18] Patricio Aylwin, discurso citado. <<

[19] Código Orgánico de Tribunales, Art. 544. <<

[20] Código Orgánico, op. cit., Art. 79. <<

[21] Carlos Cerda, «Exigencias primordiales de la Jurisdicción del Presente y del Mañana», en la serie Documentos del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, 1989. <<

[22] Testimonio de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. <<

[23] Testimonio de un ministro de la Corte Suprema. <<

[24] Testimonios concordantes de oficiales de sala que trabajaban en la Corte de Apelaciones y en la Corte Marcial, entre 1993 y 1994. <<

[25] Testimonios concordantes de oficiales de sala que trabajaban en la Corte de Apelaciones y en la Corte Marcial, entre 1993 y 1994. <<

[26] Entrevista a dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados. <<

[27] Informe del fiscal Marcial García Pica en la causa 43.052-4. <<

[28] De las grabaciones hechas por Investigaciones. <<

[29] La Tercera, 16-VII-1997. <<

[30] Carlos Cerda, citado en «El juez sin miedo», revista APSI n.º 415. <<

[31] «La mano del general Forestier», APSI, n.º 354. <<

[32] Carlos Cerda, art. cit. <<

[33] La Época, 17-1 1991. <<

[34] La Época, 30-1-1991. <<

[35] Informe de los ministros Carlos Cerda, Juan Guzmán y Gloria Olivares en la queja 63.244-95. <<

[36] Informe de la comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pág 95. <<

[37] Informe de la comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pág 95. <<

[38] La Segunda, 6-III-1991. <<

[39] La Época, 15-III-1991. <<

[40] La Época, 16-IV-1991. <<

[41] Acuerdo de la Corte Suprema, 13-IV-1991. <<

[42] Acuerdo de la Corte Suprema, 13-IV-1991. <<

[43] Acuerdo de la Corte Suprema, 13-IV-1991. <<

[44] Anécdota narrada en similares términos por dos diferentes fuentes que pidieron reserva de su identidad. <<

[45] La Época, 18-IV-1991 <<

[46] La Época, 18-IV-1991 <<

[47] Francisco Cumplido, entrevista citada. <<

[48] Francisco Cumplido, entrevista citada. <<

[49] «Críticas a la Judicatura», en El Mercurio, 14-IX-1990. <<

[50] Acuerdo del pleno de ministros de la Corte Suprema, 9-I-1992. <<

[51] Acuerdo del pleno de ministros de la Corte Suprema, 9-I-1992. <<

[52] Francisco Cumplido, entrevista cit. <<

[53] Francisco Cumplido, entrevista cit. <<

[54] Francisco Cumplido, entrevista cit. <<

[55] Antecedentes aportados por abogados del foro. <<

[56] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[57] Testimonios de exfuncionarios del Ministerio del Interior y de Investigaciones. <<

[58] Testimonios de personas con conocimiento directo de estos hechos. <<

[59] Testimonios de un funcionario judicial con conocimiento directo de estos hechos, y de exfuncionarios del gobierno de Aylwin. <<

[60] Testimonios de un funcionario judicial con conocimiento directo de estos hechos, y de exfuncionarios del gobierno de Aylwin. <<

[61] Entrevistas con varios funcionarios judiciales. <<

[62] El Mercurio y La Tercera, 29-VI-1997. <<

[63] Entrevista con el abogado aludido. <<

[64] Testimonio de Patricio Aylwin confiado a uno de sus amigos entrevistados por la autora. <<

[65] Código Orgánico de Tribunales, Art. 317. <<

[66] Testimonio de un alto exfuncionario del Ministerio del Interior. Versión confirmada por personas cercanas al magistrado. <<

[67] Testimonio de un alto exfuncionario del Ministerio del Interior. Versión confirmada por personas cercanas al magistrado. <<

[68] Descripción del método usado por la esposa de Lionel Beraud en los juicios en que su esposo debía resolver, según testimonios de destacados abogados del foro. <<

[69] Testimonios de ministros de la Corte de apelaciones, funcionarios que trabajaron cerca del magistrado y abogados ligados al gobierno de Patricio Aylwin. <<

[70] Testimonios de personas cercanas al magistrado. <<

[71] Antecedentes reunidos por la autora en fuentes documentales, más versiones de testigos. <<

[72] Antecedentes aportados por funcionarios de la Corte Suprema. <<

[73] Antecedentes aportados por magistrados de la Corte de Apelaciones. <<

[74] Antecedentes aportados por ministros de la Corte de Santiago y un relator de la Corte Suprema. <<

[75] Antecedentes aportados por el profesional, en entrevista para este libro. <<

[76] Entrevista con Alejandro Hales. <<

[77] Antecedentes que constan en el proceso n.º 21 y acumulada rol n.º 23” de la Corte de Apelaciones de Rancagua. <<

[78] Testimonio de uno de los asistentes. <<

[79] Testimonios de funcionarios de la Corte. <<

[80] Recreación de acuerdo con antecedentes reunidos en investigación de la autora y versiones de testigos que pidieron mantener en reserva su identidad. <<

[81] Recurso de protección 1192-93, cobro de honorarios. <<

[82] Según versión del propio Cereceda Zúñiga, en el recurso de protección 1192-93. <<

[83] Hernán Cereceda, en discurso de despedida al Poder Judicial. <<

[84] Hernán Cereceda, en discurso de despedida al Poder Judicial. <<

[85] Según copia de ese análisis. <<

[86] La Época, 31-X-1991. <<

[87] La Época, 31-X-1991. <<

[88] Antecedentes recopilados entre funcionarios del Gobierno de Aylwin. <<

[89] Antecedentes recopilados en entrevistas a magistrados y abogados del foro. <<

[90] Entrevistas con funcionarios de la Corte de Santiago y abogados. <<

[91] Entrevistas con funcionarios de la corte capitalina y funcionarios del gobierno de Patricio Aylwin. <<

[92] Entrevistas con ministros de la Corte de Santiago. <<

[93] Entrevistas con empleados de la Corte Suprema. <<

[94] Antecedentes entregados por fuentes de Investigaciones. <<

[95] Entrevista a testigo con conocimiento de estos hechos. <<

[96] Entrevista con Francisco Cumplido. <<

[97] Antecedentes obtenidos en entrevistas con Roberto Garretón y Alejandro Hales. <<

[98] Testimonio de un exrelator de la Corte Suprema. <<

[99] Los antecedentes sobre parentescos fueron obtenidos por los registros oficiales de Escalafón Judicial. <<

[100] Marcos Aburto, audiencia pública de iniciación de funciones de la Corte Suprema, 1-III-1993. <<

[101] Entrevista con Ignacio Balbontín. <<

[102] Ascanio Cavallo y otros. Historia oculta del régimen militar, cap. 11. <<

[103] Ascanio Cavallo y otros. Historia oculta del régimen militar, cap. 11. <<

[104] Testimonio de un exabogado del Consejo de Defensa del Estado. <<

[105] Diario El Cronista, 17-VII-1976. <<

[106] A. Cavallo, op. cit., cap. 13. <<

[107] La Tercera, 21-XII-1979. <<

[108] José Cánovas, Memorias de un magistrado, pág. 83. <<

[109] Revista Hoy, 27-IV-1983. <<

[110] Entrevista a Francisco Cumplido y datos de José Cánovas en op. cit. <<

[111] J. Cánovas, op. cit. pág. 55. <<

[112] Entrevista con Jaime del Valle. <<

[113] Entrevista con Jaime del Valle. <<

[114] Testimonio de Roberto Garretón. <<

[115] El Mercurio, 2-III-1984. <<

[116] Testimonio de un exfuncionario del gobierno militar. <<

[117] «Juridicidad y constitucionalidad», clase magistral, inauguración del año académico en la Escuela Militar, 19-III-1984. <<

[118] Entrevista con Sergio Onofre Jarpa. <<

[119] Testimonio de exmiembros del gabinete del gobierno militar. <<

[120] Testimonios de dos exministros presentes en ese consejo de gabinete. Jarpa admite las diferencias políticas que existían entre ellos, pero niega haber tenido intenciones de golpear a Rosende. <<

[121] Entrevista con Jaime del Valle. <<

[122] Según informe del ministro José Benquis, en el recurso de amparo rol 513-84, de la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda. <<

[123] Según informe del ministro José Benquis, en el recurso de amparo rol 513-84, de la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda. <<

[124] Informe a la Corte Suprema, rol 513-84 de la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda. <<

[125] Oficio de la Corte Suprema n.º 08011 del 12-XI-84. <<

[126] Expediente del recurso de amparo rol 258-85 <<

[127] Expediente del recurso de amparo rol 258-85 <<

[128] Expediente del recurso de amparo rol 258-85 <<

[129] Testimonio de Roberto Garretón. <<

[130] Testimonio de Roberto Garretón. <<

[131] Oficio de la Corte Suprema, 29-1-1987. <<

[132] A. Cavallo, op. cit., cap. 44. <<

[133] Entrevista con exministra de Corte de Apelaciones. <<

[134] Eugenio Valenzuela Somarriva, «Análisis crítico de usos y practicas judiciales y eficiencia del Poder Judicial», en Proposiciones para una reforma del Poder Judicial, pág. 93. <<

[135] Eugenio Valenzuela Somarriva, «Labor jurisdiccional de la Corte Suprema», en op. cít., pág. 145. <<

[136] Juan Ignacio Amunátegui, «Por una modernización del Poder Judicial», en op. cit., pág. 222. <<

[137] Juan Ignacio Amunátegui, «Por una modernización del Poder Judicial», en op. cit., pág. 224. <<

[138] Hernán Correa de la Cerda, «Proposiciones para una Escuela Judicial», en op. cít., pág. 280 <<

[139] Entrevista con exministra de Corte de Apelaciones. <<

[140] El Mercurio, 2-III-1986. <<

[141] Entrevista con María Inés Horvitz. <<

[142] Entrevista con Víctor Hugo Rojas. <<

[143] Revista Solidaridad, n.º 276. <<

[144] Testimonio de un exalto funcionario de esa institución. <<

[145] Enrique Paillás, entrevista en revista Análisis 19-XII-1988. <<

[146] La Segunda, 14-XII-1988. <<

[147] La Segunda, 14-XII-1988. <<

[148] La Segunda, 4-III-1989 <<

[149] El Mercurio, 2-1-1989. <<

[150] APSI, n.º 285, 2-1-1989. <<

[151] Testimonio de un exalto funcionario de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[152] El Mercurio, 2-III. 1989. <<

[153] Acuerdo de la Corte Suprema citado por Carlos Peña, en «Poder Judicial y sistema político. Las políticas de modernización». <<

[154] El Mercurio, 2-III-1989. <<

[155] Testimonio de un exministro del gobierno militar. <<

[156] El Mercurio, 2-III-1988. <<

[157] Testimonio de un exministro del gobierno militar. <<

[158] Testimonio de un exministro del gobierno militar. <<

[159] Según descripción de exabogado del Consejo de Defensa del Estado bajo petición de reservar su identidad. <<

[160] El Mercurio, 28-IX-1989. <<

[161] Huidobro, Vicente, «Balance patriótico», revista Acción, n.º 4, 8-VII-1925. Citado por Mario Góngora, en Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1984. <<

[162] Armando De Ramón, «Tres momentos de la Historia Judicial Chilena», en Ciclo de tres conferencias, edit. Instituto de Estudios Judiciales, Santiago, julio 1990, pág. 286. <<

[163] «Nota para el estudio de la Criminología y la Penalogía en Chile colonial (1673-1816)», Aporte del Seminario de Derecho Público al II Congreso Latino-Americano de Criminología, Seminario de Derecho Público; edit. Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, Santiago, enero 1941, pág. 75. <<

[164] «Un expediente Modelo», en «Nota para el estudio de la Criminología y la penalogía de Chile colonial», ob. cit., pág. 65. <<

[165] «Un expediente Modelo», en «Nota para el estudio de la Criminología y la penalogía de Chile colonial», ob. cit., pág. 75. <<

[166] «Un expediente Modelo», en «Nota para el estudio de la Criminología y la penalogía de Chile colonial», ob. cit., pág. 76. <<

[167] Armando De Ramón, op. cit., pág. 291. <<

[168] Armando De Ramón, op. cit., pág. 313. <<

[169] Domingo Santa María, citado en De Ramón, op. cit., pág. 314. <<

[170] Aquiles Vergara, «Ibáñez, César criollo», págs. 171 y ss, citado por A. De Ramón, «La Justicia chilena entre 1875 y 1924», en Cuadernos de Análisis Jurídico n.º 12, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, pág. 15. <<

[171] Hugo Frühling, «Poder Judicial y Política en Chile»; en La Administración de Justicia en América Latina, Consejo latinoamericano de Derecho y Desarrollo, Lima, Perú, 1984, pág. 110 (citado por Carlos Peña en «Poder Judicial y Sistema Político», pág. 22). <<

[172] Carlos Peña, «Poder Judicial y Sistema Político. Las políticas de Modernización», pág. 22. <<

[173] José Cánovas. Memorias de un magistrado, Ed. Emisión, Santiago, pág. 12. <<

[174] José Cánovas. Memorias de un magistrado, Ed. Emisión, Santiago, pág. 20. <<

[175] José Cánovas. Memorias de un magistrado, Ed. Emisión, Santiago, pág. 20. <<

[176] Carlos Peña: op. cit., pág. 24. <<

[177] Eduardo Novoa Monreal, Mensaje, Santiago, marzo-abril 1970. <<

[178] El Mercurio, 2-III-1970. <<

[179] Equipo Poblacional del Centro de Desarrollo Urbano y Regional (CIDU), El surgimiento de una Justicia popular, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1973, pág. 111. <<

[180] Testimonio del funcionario. <<

[181] Entrevista con un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. <<

[182] Entrevistas con testigos. <<

[183] José Cánovas, op. cit., Memorias de un magistrado, pág. 63. Aunque no menciona a Dunlop, identifica al presidente de la Asociación de Magistrados en 1973. <<

[184] El Mercurio, 14-IX-1973. <<

[185] El Mercurio, 14-IX-1973. <<

[186] El Mercurio, 14-IX-1973. <<

[187] La Tercera, 15-IX-1973. <<

[188] La Tercera, 26-IX-1973. <<

[189] Contado por el vecino a la autora. <<

[190] El Mercurio, 2-111-1974. <<

[191] El Mercurio, 2-111-1974. <<

[192] El Mercurio, 2-111-1974. <<

[193] El Mercurio, 2-111-1974. <<

[194] Peña, Carlos. «Poder Judicial y sistema político. Las políticas de modernización», Página 27. <<

[195] El Mercurio, 2-III-1974. <<

[196] Testimonios de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. <<

[197] Según estudio del Colegio de Abogados a cuyos borradores tuvo acceso la autora. <<

[198] El Mercurio, 2-111-1975. <<

[199] Expediente del proceso rol n.º 3.805, por «Inhumación ilegal y otros», foja 1.029. <<

[200] Vial Correa, Gonzalo. «Consejo de Defensa del Estado, 100 años de Historia», pág. 88. <<

[201] Testimonios de testigos más datos recogidos en medios de prensa. <<

[202] Vial Correa, Gonzalo, op. cit., pág. 89. <<

[203] Recreación según entrevista a testigo que pidió reserva de identidad. <<

[204] Testimonio de testigo. <<

[205] La Tercera, 24-IV-1973. <<

[206] Expediente rol n.º 3.805, foja 1.171. <<

[207] Expediente rol n.º 3.805, foja 1.161 vuelta y ss. <<

[208] Expediente rol n.º 3.805, foja 1.161 vuelta y ss. <<

[209] Expediente rol n.º 3.805, Registra varios otros testimonios. <<

[210] Testimonio de testigo. <<

[211] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[212] José Cánovas, op. cit., pág. 77. <<

[213] El Mercurio, 2-111-1978. <<

[214] El Mercurio, 2-III-1979. <<

[215] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[216] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[217] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[218] Antecedentes que constan en la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[219] Antecedentes que constan en la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[220] Consejo de Guerra rol n.º 21-74 en Linares, en «Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado. Consejos de Guerra». Tomo II, Volumen 3, página 4. <<

[221] Consejo de Guerra rol n.º 21-74 en Linares, en «Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado. Consejos de Guerra». Tomo II, Volumen 3, página 5. <<

[222] Consejo de Guerra rol n.º 21-74 en Linares, en «Jurisprudencia. Delitos contra la Seguridad del Estado. Consejos de Guerra». Tomo II, Volumen 1, página 7. <<

[223] En fallo de la Corte Suprema, la queja rol n.º 6.603. <<

[224] Corte Suprema, apelación al amparo n.º 170-74 de la Corte de Apelaciones de Santiago. <<

[225] Corte Suprema, contienda de competencia rol n.º 18.720. <<

[226] Corte Suprema, recurso de queja rol n.º 7.633-74. <<

[227] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[228] Antecedentes del caso recogidos en el recurso de amparo rol 1020-76 de la Corte de Apelaciones de Santiago y en la denuncia criminal por secuestro rol n.º 103.372 del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. La misma fuente fue utilizada en el libro Los secretos del Comando Conjunto, de Mónica González y Héctor Contreras (Santiago, 1993), que desarrolla el caso in extenso. <<

[229] Rol cit. <<

[230] Amparo rol 1020-76, foja 79 vta. <<

[231] Amparo rol 1020-76, declaración en foja 76 y constancia en el Libro de Novedades, según copia autorizada a fojas 93. <<

[232] Amparo rol 1020-76, foja 13. <<

[233] Amparo rol 1020-76, foja 110. <<

[234] Amparo rol 1020-76, foja 110. <<

[235] Amparo rol 1020-76, foja 110. <<

[236] Oficio 0484, 4-II-1977. <<

[237] Oficio del presidente de la república al juez militar de Santiago, 22-III-1977. <<

[238] Corte Suprema, resolución ante oficio de la Corte de Apelaciones, 7-IV-1977. <<

[239] Recurso de amparo rol 1020-76, foja 116. <<

[240] Corte Suprema, resolución de 22-VII-1977. <<

[241] Presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad obtenidas de la compilación de Cuadernos Jurídicos de esa entidad, 1977. <<

[242] Presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad obtenidas de la compilación de Cuadernos Jurídicos de esa entidad, 1977. <<

[243] Presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad obtenidas de la compilación de Cuadernos Jurídicos de esa entidad, 1977. <<

[244] Presentaciones de la Vicaría de la Solidaridad obtenidas de la compilación de Cuadernos Jurídicos de esa entidad, 1977. <<

[245] Entrevista con magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago. <<

[246] Proceso rol 1.053-74 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago y recurso de amparo rol n.º 1053-74. <<

[247] Informe del director general de prisiones a la Segunda Fiscalía Militar, en oficio reservado 636 del 24-XI-1974 y otros antecedentes que constan en el mismo proceso. <<

[248] Testimonio de Mariana Abarzúa de Silberman, según registro de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[249] Recurso de amparo rol n.º 1053-74. <<

[250] Testimonio de Mariana Abarzúa cit. <<

[251] Entrevista con ministro de la Corte Suprema. <<

[252] Entrevista con ministro de la Corte Suprema. <<

[253] Causa rol 1.053-74 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. <<

[254] Causa rol 1.053-74 fojas 134 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. <<

[255] Causa rol 1.053-74 fojas 134 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. <<

[256] Sentencia del juez militar de Santiago del 20-X-1976. <<

[257] El Mercurio, 2-III-1975. <<

[258] El Mercurio, 2-III-1975. <<

[259] La Tercera, 24-VIII-1975. <<

[260] Investigaciones judiciales posteriores a 1990 han constatado que se trató de una operación de la DINA, en la que, entre otros, participó el agente Michael Townley. <<

[261] Entrevistas con Lautaro Videla y testigos. <<

[262] Entrevistas con Lautaro Videla y testigos. <<

[263] Hasta ese momento, el gobierno solo reconocía como centros de detención Cuatro y Tres álamos y Puchuncaví, aunque cientos de detenidos permanecían, sin reconocimiento legal, en el campo de prisioneros de Villa Grimaldi y otros cuarteles clandestinos de la DINA. <<

[264] El Mercurio, 2-III-1976. <<

[265] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[266] Fallo de la Corte Suprema sobre la petición de ministro en visita para 383 detenidos desaparecidos, según consta en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[267] El Mercurio, 2-111-1977. <<

[268] Presentación de la Vicaría de la Solidaridad en 1977, según consta en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[269] «Lo que Usted quiere saber», Canal 5 de Valparaíso, 29-IX, según registro de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[270] Enrique Lafourcade no recuerda la entrevista, pero asegura que el pasaje corresponde a su pensamiento de entonces. Patricio Bañados, que sí recuerda, aportó los antecedentes sobre el resto de los panelistas (que no están identificados en la transcripción) y sobre el clima que se generó por la intervención del escritor. <<

[271] Entrevista con el protagonista. <<

[272] Qué Pasa, n.º 236. <<

[273] Expedientes y un informe sobre el caso, «Cuadernos Jurídicos» de la Vicaría de la Solidaridad, 1979. <<

[274] Expedientes y un informe sobre el caso, «Cuadernos Jurídicos» de la Vicaría de la Solidaridad, 1979. <<

[275] Las lesiones fueron confirmadas por un informe del Servicio Médico Legal, el 5 de mayo. <<

[276] «Cuadernos Jurídicos», número cit. <<

[277] «Cuadernos Jurídicos», número cit. <<

[278] Entrevista con exfuncionario de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[279] Antecedentes proporcionados por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[280] Antecedentes proporcionados por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[281] Antecedentes proporcionados por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[282] Antecedentes proporcionados por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[283] Entrevista con exconsejero de la Vicaría de la Solidaridad. <<

[284] Carlos Peña, op. cit. <<

[285] Entrevista con Roberto Garretón. <<

[286] El Mercurio, 15-VI-1997. <<

[287] Entrevista a observadores del Gobierno. <<

[288] El Mercurio, 2-III-1997. <<

[289] El Mercurio, 8-III-1997. <<

[290] Entrevista al ministro Francisco Cumplido. <<

[291] Entrevista a la ministra Dobra Luksic. <<

[292] La Época, 13-VII-1997. <<

[293] Excepcionalmente, a petición de la fuente informativa, se dan cambiados los nombres de las personas involucradas en los juicios citados. <<

[294] Rubén Galecio Gómez, disertación en el Colegio de Abogados el 15 de julio de 1966, reproducida en la revista Derecho y Jurisprudencia. <<

[*] Nota a la nueva edición: La ministra Violeta Guzmán Farren falleció en 2000, a los 68 años. <<

[*] Nota a la nueva edición: Mario Acuña Alarcón falleció en 2000, a los 63 años. Había sido procesado como autor de secuestro calificado de diez exprisioneros de Pisagua. <<

[*] Nota a la nueva edición: La justicia ha avanzado en aclarar que Contreras Maluje estuvo detenido en un cuartel secreto conocido como «La Firma» y que huyó cuando los agentes intentaban usarlo para atrapar a otros compañeros con los que debía reunirse en calle Teatinos. Su paradero continúa siendo desconocido. <<