El individuo contra el Estado es un perfecto resumen de toda la obra de Herbert Spencer, el más brillante de los pensadores, que llevó el concepto del liberalismo hasta su último desarrollo, tanto que acabó por ser lectura favorita y proveedor de argumentos de choque para quienes, en muy diversos sentidos, ponían en cuestión el concepto mismo del poder político, su papel de permanente defensor de unos intereses concretos en detrimento no sólo del individuo sino de todo el bloque social, de todas las clases no explotadoras.

El individuo contra el Estado es un alegato brillante en favor de la libertad de cada uno, y su mismo exceso pone al descubierto las quiebras de la rebelión aislada y la renuncia personal frente a la fuerza de los movimientos de masas y los postulados colectivos. Un texto clave en la historia de las ideas políticas.

Herbert Spencer

El individuo contra el Estado

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Titivillus 22.05.15

Título original: The Man versus The State

Herbert Spencer, 1884

Traducción: Desconocido

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

LA Westminter Review de abril de 1860 contenía un artículo titulado Reforma parlamentaria: los peligros y las defensas. En este artículo me aventuré a predecir algunos resultados de los cambios políticos propuestos entonces.

Reducida a su más simple expresión, la tesis mantenida era que, a menos que se adoptaran las debidas precauciones, el incremento de libertad en teoría sería seguido por un decrecimiento de libertad en los hechos. Nada ha sucedido para hacerme alterar la creencia que expresé. La tendencia de la legislación desde entonces, ha sido de la clase que predije. Medidas dictatoriales multiplicadas con rapidez, han tendido continuamente a estrechar las libertades de los individuos. Esto lo han hecho de dos maneras. Han sido promulgadas reglamentaciones, en números anualmente crecientes, restringiendo al ciudadano en esferas donde sus acciones eran anteriormente libres y obligándolo a acciones que previamente podía realizar o no, según su deseo. Al mismo tiempo, pesadas cargas públicas, principalmente locales, han restringido más su libertad disminuyendo la parte de su salario que podía gastar como quisiera y aumentando la parte que se le recauda para que dispongan de ella los funcionarios.

Las causas de estos efectos predichos, entonces en operación, siguen rigiendo, y es verosímil que se acentúen. Habiendo hallado que las conclusiones inferidas con respecto a estas causas y efectos se han probado como ciertas, me he visto inducido a expresar y subrayar conclusiones semejantes relativas al futuro, y a hacer lo poco que puede hacerse para despertar la atención hacia los males que nos amenazan.

Con este propósito fueron escritos los cuatro ensayos siguientes originalmente publicados en la Contemporary Review de febrero, abril, mayo, junio y julio de este año. Para hacer frente a determinadas críticas y prevenir objeciones que verosímilmente pueden surgir, he añadido un post scriptum.

Bayswater - Julio, 1844

EL NUEVO CONSERVADURISMO

LA mayor parte de los que ahora se consideran como liberales son conservadores de un nuevo tipo. He aquí una paradoja que me propongo justificar. Para ello debo mostrar, en principio, lo que fueron los dos partidos políticos en su origen; y debo pedir al lector que me soporte mientras le recuerdo hechos con los que está familiarizado, pues así fijaré en él la naturaleza intrínseca del conservadurismo y del liberalismo propiamente dichos.

Volviendo a un período más antiguo que sus nombres, al principio, los dos partidos políticos representaban dos tipos opuestos de organización social, susceptibles de ser distinguidos, en términos generales, como el militar y el industrial. Se caracterizan, el uno por el régimen de Estado, casi universal en los tiempos antiguos, y el otro por el régimen de contrato, que ha llegado a ser general en la actualidad, principalmente entre las naciones occidentales, y en especial entre nosotros y los americanos. Si en lugar de usar la palabra cooperación en un sentido limitado la usamos en uno más amplio, como significando las actividades combinadas de ciudadanos bajo cualquier sistema de regulación, entonces estos dos podrán definirse como el sistema de la cooperación obligatoria y el sistema de la cooperación voluntaria. La estructura típica del uno la vemos en un ejército formado por hombres reclutados, donde las unidades, en sus diversos grados, tienen que obedecer órdenes bajo pena de muerte, y reciben alimento, vestido y paga, distribuidos arbitrariamente; mientras que la estructura típica del otro la observamos en un cuerpo de productores o distribuidores, quienes acuerdan recibir una recompensa especificada en devolución por servicios especificados, y pueden, a voluntad, previo aviso, abandonar la organización si no les agrada.

Durante la evolución social en Inglaterra, la distinción entre estas dos formas de cooperación, fundamentalmente opuestas, hizo su aparición de un modo gradual; pero mucho tiempo antes de que los nombres conservadores y liberales llegaran a usarse, se pudo seguir la huella de los partidos y se mostraron vagamente sus conexiones respectivas con el militarismo y el industrialismo. Es familiar la verdad que, tanto aquí como en otras partes, fue en las ciudades populosas formadas de trabajadores y comerciantes acostumbrados a cooperar bajo el régimen de contrato, donde se hicieron resistencias a aquella reglamentación coercitiva que caracteriza la cooperación bajo el Estado. Mientras, inversamente, la cooperación bajo el Estado, debiendo su origen y ajustándose a una guerra crónica, siguió sufriéndose en los distritos rurales poblados en principio por jefes militares y sus subordinados, donde continuaban las ideas y tradiciones primitivas. No obstante, este contraste mostrado en las tendencias políticas antes de que los principios liberales y conservadores llegaran a distinguirse claramente, continuaron mostrándose después. En el período de la revolución, mientras las villas y los más pequeños pueblos fueron monopolizados por los conservadores, las grandes ciudades, los distritos manufactureros y los puertos comerciales constituían el baluarte de los liberales. Y que, a despecho de ciertas excepciones, existe el mismo estado de cosas, no necesita ser probado.

Tales eran las naturalezas de los dos partidos que les imponía su origen. Observamos ahora cómo estas naturalezas les fueron impuestas por sus hechos y doctrinas primitivas. El liberalismo empezó con la resistencia opuesta a Carlos II y su camarilla, en sus esfuerzos por restablecer un poder monárquico sin restricciones. Los liberales consideraban la monarquía como una institución civil establecida por la nación para beneficio de todos sus miembros, mientras que para los conservadores el monarca era el delegado del cielo. Estas doctrinas envolvían la creencia, para la una, de que la sujeción de los ciudadanos al gobernante era condicional y, para la otra, de que era incondicional.

Describiendo a los liberales y conservadores, tales como se los concebía a finales del siglo diecisiete, cincuenta años antes de que escribiera su Disertación sobre los partidos, Bolingbroke, dice:

El poder y la soberanía del pueblo, un contrato original, la autoridad e independencia del Parlamento, libertad, resistencia, exclusión, deposición, abdicación, éstas eran ideas que se asociaban en aquel tiempo al concepto de liberal, y se suponían por cada liberal que eran inconciliables e incompatibles con el concepto de conservador.

Derecho divino, hereditario, inconmutable, sucesión lineal, obediencia pasiva, prerrogativa, no resistencia, esclavitud, voto negativo y, en ocasiones, también papismo, se asociaban por muchos al concepto de conservador y se suponían incompatibles igualmente con la idea de liberal. Disertación sobre los partidos, página 5.

Si comparamos estas descripciones, vemos que en un partido existía el deseo de resistir y disminuir el poder coercitivo del gobernante sobre el gobernado, y en el otro de mantener y aumentar este poder. Esta distinción en sus intentos —distinción que trasciende en significación e importancia a todas las demás distinciones políticas— se manifestó en las primeras empresas. Los principios liberales se ejemplificaron en el Acta del Habeas Corpus, y en la medida por la que los jueces fueron declarados independientes de la Corona; en la derrota del Bill de No-resistencia, que proponía para los legisladores y funcionarios el juramento obligatorio de que no resistirían al rey por las armas, en ningún caso; y últimamente, en el Bill de Derechos dirigido a asegurar a los gobernados contra las agresiones monárquicas. Estas actas tenían la misma naturaleza intrínseca. El principio de la cooperación obligatoria en la vida social fue debilitado por ellas, y vigorizado el de la cooperación voluntaria. En un período posterior, la política del partido tuvo la misma tendencia general, y esto se manifiesta muy bien en una nota de Mr. Green sobre el poder liberal después de la muerte de la reina Ana:

Antes de transcurridos cincuenta años de su reinado, los ingleses habían olvidado que era posible perseguir a alguien por diferencias de religión, suprimir la libertad de prensa, cometer arbitrariedades con la administración de justicia o gobernar sin Parlamento. Compendio de historia, página 705.

Y ahora, pasando por alto el período de guerra que cierra el siglo último y empieza éste, durante el cual la extensión de la libertad individual previamente ganada se perdió y el movimiento retrógrado hacia el tipo propio del militarismo se manifestó en toda clase de medidas coercitivas, desde aquellas que se apoderaron por la fuerza de personas y propiedades de ciudadanos para necesidades de guerra hasta las que suprimieron las reuniones públicas e intentaron amordazar la prensa, recordemos los caracteres generales de los cambios efectuados por los liberales después que el restablecimiento de la paz permitió el resurgir del régimen industrial y volvió a su peculiar tipo de estructura. Merced a la creciente influencia de los liberales, se derogaron las leyes que prohibían las asociaciones entre artesanos, así como las que entorpecían su libertad de viajar. Hubo otra medida, de inspiración liberal, por la que se permitió a los disidentes profesar sus creencias sin sufrir determinadas penas civiles; e igualmente otra disposición, dictada por los conservadores debido a la presión liberal, que capacitó a los católicos para profesar su religión sin menoscabo de su libertad. El área de la libertad se extendió por Actas que prohibían la trata de negros y su mantenimiento en esclavitud. Se abolió el monopolio de la compañía de las Indias Orientales y se abrió para todos el comercio con Oriente. Por el Bill de la Reforma y el Bill de la Reforma municipal disminuyó el número de Ios no representados, de forma que tanto en la nación como en el municipio la mayoría dejó de estar bajo el poder de la minoría. Los disidentes no fueron obligados por más tiempo a someterse al matrimonio eclesiástico, y se les permitió casarse civilmente. Llegó más tarde la disminución y supresión de restricciones para comprar mercancías extranjeras y para emplear barcos y marineros extranjeros. También, después, la eliminación de la censura de prensa que se había impuesto para impedir la difusión de las opiniones. Es evidente que todos estos cambios, fueran debidos o no a los mismos liberales, se hallaban en armonía con principios sostenidos y profesados por los liberales.

Pero, ¿por qué enumerar hechos tan bien conocidos por todos? Sencillamente, porque como indiqué al principio, parece necesario recordar lo que fue el liberalismo del pasado para que se comprenda su diferencia con el del presente. Sería inexcusable citar todas estas medidas con el propósito de indicar el carácter común a ellas, si no fuera porque hoy los hombres han olvidado este carácter común. No recuerdan que, de un modo u otro, todos estos cambios verdaderamente liberales disminuyen la cooperación obligatoria en la vida social y aumentan la cooperación voluntaria. Han olvidado que, de una forma u otra, disminuyen el alcance de la autoridad gubernamental y aumenta el área dentro de la que cada ciudadano puede actuar libremente. Han perdido de vista la verdad de que, en el pasado, el liberalismo representaba la libertad individual contra el Estado coercitivo.

Y ahora, surge esta pregunta: ¿Cómo es que los liberales han perdido de vista todo esto? ¿Cómo es que el liberalismo, aumentando cada día su poder, ha llegado a ser cada día más coercitivo en su legislación? ¿Cómo es que, ya directamente mediante sus propias mayorías o indirectamente por la ayuda dada en tales casos a las mayorías de sus adversarios, el liberalismo ha adoptado, de un modo creciente, la política de dirigir las acciones de los ciudadanos, y como consecuencia ha disminuido la esfera de sus libertades? ¿Cómo explicarnos esta difundida confusión de pensamientos que ha conducido, persiguiendo lo que parecía ser el bien público, a invertir el método mediante el cual en tiempos pasados se alcanzó este mismo bien?

Incomprensible, como a primera vista parece este inconsciente cambio de política, veremos, empero, que ha surgido de un modo completamente natural. Dado el pensamiento sintético que prevalece corrientemente en cuestiones políticas y dadas las condiciones existentes, no podía esperarse otra cosa. Para aclarar esto son necesarias algunas explicaciones previas.

Desde las criaturas más bajas hasta las más altas, la inteligencia progresa por actos de diferenciación, y así se verifica entre los hombres desde el más ignorante hasta el más culto. Clasificar rectamente —es decir, colocar en el mismo grupo cosas que son esencialmente de la misma naturaleza, y en otros grupos cosas de naturaleza esencialmente diferente— es la condición fundamental para actuar con orden. Empezando con la visión rudimentaria, que nos avisa que algún cuerpo opaco está pasando cerca (como los ojos cerrados vueltos hacia la ventana, al percibir la sombra causada por una mano puesta ante ellos, nos dan noticia de algo que se mueve ante nosotros) se llega hasta la visión desarrollada que por la exacta apreciación de las formas, colores y movimientos identifica objetos a gran distancia, como presas o enemigos, y hace posible perfeccionar la conducta para asegurar el alimento o escapar a la muerte. Esta progresiva percepción de diferencias y la mayor exactitud de las clasificaciones, constituye en uno de sus principales aspectos el desenvolvimiento de la inteligencia, y se observa también cuando pasamos de la visión puramente física a la relativamente compleja visión intelectual, mediante la cual cosas previamente agrupadas por ciertas semejanzas externas o por ciertas circunstancias intrínsecas, se agrupan más rigurosamente según su naturaleza o su estructura intrínseca. La visión intelectual no desarrollada discrimina tan mal y tan erróneamente en sus clasificaciones como la visión física no desarrollada. Citemos la clasificación primitiva de las plantas en árboles, arbustos y hierbas: el tamaño, es decir, la característica más significativa, constituía la base de la distinción. Esta clasificación agrupaba muchas plantas totalmente distintas y separaba otras que eran muy semejantes. Tomemos, mejor aún, la clasificación popular que ordena bajo el mismo nombre general los peces y los mariscos, que incluyen los crustáceos y los moluscos, y aún va más allá al considerar a los cetáceos como peces. En parte a causa de su semejanza en sus modos de vida como habitantes de las aguas, en parte a causa de alguna semejanza general en su sabor, seres que en su naturaleza esencial se hallan aún más separados que un pez lo está de un pájaro se ordenan en las mismas clase y sub clase.

Ahora bien: la verdad general así mostrada en ejemplos, se aplica a las más elevadas esferas de la visión intelectual que recae sobre cosas inaccesibles a los sentidos, como son las medidas y las instituciones políticas.

También aquí los resultados de una facultad intelectual inadecuada o de una cultura incompleta, o de ambas a la vez, conducen a clasificaciones y conclusiones erróneas. Indudablemente, la posibilidad de error es aquí mayor, puesto que las cosas con que el entendimiento se ocupa no admiten examen de un modo tan fácil. No se puede tocar ni ver una institución política; sólo puede ser conocida por un esfuerzo de la imaginación creadora. No se puede aprehender mediante una percepción física una medida política: requiere, en no menor grado, un proceso de representación mental que reúna los elementos en el pensamiento y en la naturaleza esencial de la combinación concebida. Aquí, por lo tanto, más aún que en los casos mencionados, la visión intelectual defectuosa se manifiesta agrupando las cosas por caracteres externos o circunstancias extrínsecas. Que muchas instituciones son erróneamente clasificadas debido a esta causa, lo observamos en la opinión vulgar de que la República romana era una forma de gobierno popular. Si examinamos las ideas primitivas de los revolucionarios franceses que pretendían un estado ideal de libertad, hallamos que las formas y los actos políticos de los romanos fueron sus modelos; y aun ahora podría citarse a un historiador que pone como ejemplo la corrupción de la República romana para demostrarnos a qué extremos conduce el gobierno democrático. Sin embargo, la semejanza entre las instituciones de los romanos y las instituciones libres propiamente dichas fue menor que la que existe entre un tiburón y un puerco marino: semejanza de carácter puramente externo, acompañada de estructuras internas totalmente distintas. El gobierno romano era una pequeña oligarquía dentro de una oligarquía más extensa: los miembros de cada una eran autócratas arbitrarios. Una sociedad, en la que relativamente pocos hombres poseían el poder político, siendo libres en cierto modo y fueron mezquinos déspotas teniendo no sólo esclavos y subordinados sino aun niños en esclavitud semejante a como poseían el ganado, estuvo por su naturaleza intrínseca más cerca de un despotismo vulgar que de una sociedad de ciudadanos políticamente iguales.

Pasando ahora a nuestra cuestión, podemos comprender la clase de confusión en que ha caído el liberalismo, así como el origen de estas clasificaciones erróneas de medidas políticas que lo han extraviado, clasificaciones, como veremos, que obedecen a rasgos puramente externos en lugar de a su naturaleza intrínseca. Pues, ¿cuál era el fin de los cambios efectuados por los liberales en el pasado, tanto para el pueblo como para los que los realizaban? Era la abolición de las injusticias sufridas por el pueblo, o por parte de él; este rasgo común fue el que con más fuerza se arraigó en los espíritus. Se extinguieron males que directa o indirectamente habían actuado sobre grandes masas de ciudadanos, como causas de miseria y como obstáculo para la felicidad. Y como, para el criterio de muchos, un mal rectificado es equivalente a un bien conseguido, se llegaron a considerar estas medidas como beneficios positivos, de tal forma que el bienestar de la mayoría constituyó el objetivo de los hombres de Estado y de los electores liberales. De aquí la confusión. Siendo el intento externo común a las medidas liberales en sus primeros tiempos, la consecución del bien popular —consecución lograda en cada caso aboliendo alguna restricción— ha sucedido que el bien popular se ha llegado a buscar por los liberales, no como un fin indirecto resultante de la supresión de restricciones, sino como un fin que ha de lograrse directamente. Buscando ganarlo directamente han usado métodos intrínsecamente opuestos a los que usaron en un principio.

Y ahora, habiendo visto ya cómo ha surgido esta inversión del problema político —inversión parcial, diría, pues las recientes Actas sobre enterramientos y los esfuerzos para eliminar todas las restantes desigualdades religiosas muestran una continuación de la política original en ciertas direcciones— pasemos a contemplar la extensión con que se ha aplicado durante los tiempos actuales y la mayor extensión con que se aplicará en el futuro, si los sentimientos e ideas reinantes siguen predominando.

Antes de continuar será conveniente advertir que no intento condenar los motivos que sugirieron, una después de otra, estas restricciones y mandatos. Estos motivos fueron buenos en casi todos los casos. Debe admitirse que las restricciones impuestas por un Acta de 1870 acerca del empleo de mujeres y niños en las tintorerías de rojo turcas fueron, en intención, tan filantrópicas como las de Eduardo VI al prescribir el tiempo mínimo en que puede ser empleado un jornalero. Sin duda, el Acta de 1880 sobre el abastecimiento de semillas en Irlanda, que autorizó a los administradores municipales a comprar semilla para los labradores pobres y observar si la sembraban debidamente, fue movida por el deseo de bienestar público no inferior a la del Acta que en 1533 prescribe el número de ovejas que puede poseer un labrador; o a la de 1597, que ordena que sean reedificadas las granjas en estado ruinoso. Nadie discutirá que las varias medidas tomadas en estos últimos años para reducir la venta de bebidas alcohólicas la ha sido con vistas a la moral pública, así como lo fueron las medidas adoptadas en tiempos antiguos para evitar los peligros del lujo; por ejemplo, en el siglo XIV se restringieron las comidas y los vestidos. Todos comprenderán que los edictos publicados por Enrique VIII prohibiendo a las clases bajas jugar a los dados, naipes, bolos, etcétera, se inspiraron en el deseo del bienestar general en no menor grado que las Actas recientes sobre los juegos de envite. Más aún: no intento discutir aquí la sabiduría de estas injerencias modernas que liberales y conservadores multiplican, como tampoco quiero discutir la sabiduría de las antiguas, a las que en tantos casos se parecen. No examinaremos ahora si las medidas últimamente adoptadas para preservar las vidas de los marineros son más juiciosas o no lo son, que la radical medida escocesa, de mediados del siglo XV, que prohibía a los capitanes zarpar durante el invierno. Por el momento no discutiremos si hay más derecho en conceder poderes a los empleados de la policía sanitaria para buscar en determinados edificios alimentos en mal estado, que hubo, por una ley de Eduardo III, para que los posaderos de los puertos juraran que registrarían a sus huéspedes con el fin de evitar la exportación de dinero. Daremos por sentado que no existe menos sentido en aquella cláusula del Acta de los botes del Canal, que prohíbe a un propietario subir a bordo a los hijos de los barqueros, que la que hubo en las Actas de Spitalfields, que hasta 1824 y para beneficio de los artesanos, prohibía a los manufactureros establecer sus fábricas a más de diez millas de la Bolsa Real.

Excluimos, pues; estas cuestiones de motivos filantrópicos y sabio juicio, dándolas ambas por concedidas; tenemos solamente que ocuparnos de la naturaleza coercitiva de estas medidas que, sea para bien o para mal, han sido puestas en vigor durante períodos de influencia liberal.

Para mostrar ejemplos recientes comenzaremos en 1860, durante la segunda administración de Lord Palmerston. En dicho año las restricciones del Acta de las fábricas se extendieron a las industrias del blanqueo y tinte; se concedió autorización para que se analizara el alimento y la bebida, y que estos gastos se pagaran aparte de los gastos locales; un Acta creaba los inspectores del gas, a la vez que determinaba la calidad del gas y su precio limite; otra que, además de fijar la inspección de las minas, penaba emplear niños menores de doce años que no asistieran a la escuela y fueran analfabetos. En 1861, las restricciones impuestas por el Acta de las fábricas se extendieron a los trabajos de encaje; los tutores de ayuda a los pobres fueron autorizados para hacer obligatoria la vacuna; los ayuntamientos adquirieron la facultad de fijar el precio del alquiler de caballos, potros, mulos, asnos y barcas; se concedió derecho a ciertos comités locales de imponer un tributo con destino a los trabajos de avenamiento, riego y distribución de aguas para el ganado. En 1862 se aceptó un Acta que restringía el empleo de mujeres y niños en trabajos de blanqueo al aire libre; otra, declarando ilegal la explotación de minas de carbón con un solo pozo o con pozos separados por menos de una distancia determinada; otra, otorgando al Consejo de Medicina el derecho exclusivo de publicar una Farmacopea, cuyo precio fijaría el Tesoro. En 1863 se extendió la vacunación obligatoria a Escocia e Irlanda. Se autorizó a ciertos ayuntamientos para solicitar empréstitos, pagaderos mediante las contribuciones locales; se autorizó a las autoridades locales para incautarse de terrenos abandonados para embellecimiento de la población e imponer tributos a los habitantes para su conservación; se promulgó el Acta de regulación de panaderías, que además de señalar la edad mínima de los empleados ocupados en determinadas horas, prescribía el blanqueo periódico, tres capas de color en la pintura, y limpieza con agua caliente y jabón una vez por lo menos cada seis meses; otra Acta concediendo a los magistrados autoridad para decidir acerca del buen o mal estado de los alimentos que los inspectores les presenten. Entre las leyes coercitivas que datan de 1864 puede citarse la extensión del Acta de Fábricas relativa a industrias adicionales, incluyendo disposiciones para limpieza y ventilación, y especificando que los empleados en trabajos de fósforo no podrán comer en los edificios, excepto en los talleres de cortar madera. Hubo también un Acta de deshollinamiento de chimeneas; otra, regulando la venta de cerveza en Irlanda; otra, disponiendo el ensayo obligatorio de cables y áncoras; otra, adicional al Acta de obras públicas de 1863, y el Acta de enfermedades contagiosas que facultó a la policía, en determinados lugares y con respecto a cierta clase de mujeres, para anular muchas garantías de libertad individual establecidas en tiempos. anteriores. El año 1865 se expidieron disposiciones para el alojamiento y asistencia de vagabundos a expensas de los contribuyentes; otra Acta cerrando tabernas; otra, haciendo obligatorias las disposiciones para extinguir los fuegos en Londres. Más adelante, durante el ministerio de Lord John Russell, en 1866, hemos de citar un Acta que dicta reglas acerca de los cobertizos para el ganado en Escocia y autoriza a las autoridades locales para inspeccionar las condiciones sanitarias y fijar el número de cabezas que ha de alojarse en ellos; otra, que obliga a los plantadores de lúpulo a colocar una etiqueta en los sacos con el año y el lugar de la recolección y su peso exacto, facultando a la policía para investigar su verdad; otra, que facilita la construcción de casas de alojamiento en Irlanda y regula el número de inquilinos, fiscalizando su limpieza; un Acta de bibliotecas públicas, por la cual una mayoría de personas puede cobrar a una minoría para la compra de libros.

Pasando ahora a la legislación promulgada en el primer ministerio de Mr. Gladstone, tenemos en 1869 el establecimiento del telégrafo del Estado y la prohibición de telegrafiar por medio de otras agencias; el haber facultado a un ministro para regular los transportes en Londres; nuevas disposiciones para prevenir enfermedades del ganado y su propagación; otra Acta de regulación de cervecerías; otra, para la protección de aves marinas (que asegurará una mayor mortalidad de peces). En 1870 una ley autorizando al Consejo de Obras Públicas para conceder anticipos a los propietarios para que mejoren sus fincas, y a los arrendatarios para que puedan adquirirlas; tenemos el Acta que capacita al Departamento de Educación para formar comités que se cuiden de adquirir solares para crear escuelas, y ayuden a las escuelas libres mediante impuestos locales, y también capacitando a los comités para costear los gastos de instrucción de niños, obligar a los padres a enviarlos a la escuela, etcétera; otra Acta de fábricas y talleres imponiendo nuevas restricciones relativas al empleo de mujeres y niños en trabajos de conservación de frutas y salazón de pescados. En 1871 encontramos un Acta sobre la marina mercante, rectificada, que ordena a los empleados de la Cámara de Comercio inscribir el calado de los buques antes de zarpar; existe otra Acta de fábricas y talleres aumentando las restricciones; un Acta de Pedlar infligiendo penas por ejercer la buhonería sin permiso y limitando el permiso dentro de un radio determinado, así como facultando a la policía para registrar los fardos de los buhoneros; más medidas para la vacunación obligatoria. En el año 1872 tenemos, entre otras Actas, una que prohíbe a las nodrizas amamantar a más de un niño, como no sea en establecimientos autorizados y siguiendo las prescripciones legales con respecto al número de niños que pueden ser admitidos; un Acta de licencias prohibiendo .la venta de alcoholes a los menores de dieciséis años; otra Acta sobre barcos mercantes estableciendo un reconocimiento de los buques que conduzcan pasajeros. Entonces, en 1873, el Acta de niños ocupados en la agricultura, que penaba a los granjeros que empleaban niños carentes del certificado de educación elemental y de asistencia a la escuela; otra Acta sobre marina mercante, exigiendo a cada barco una escala mostrando la indicación de su calado y facultando a la Cámara de Comercio para fijar el número de botes y salvavidas que deben llevar.

Volvamos ahora a las leyes liberales promulgadas durante el actual ministerio. Tenemos, en 1880, una ley que prohíbe hacer anticipos a los marineros a cuenta de su sueldo; una ley que dicta ciertas medidas para el transporte seguro de los cargamentos de grano; otra, aumentando las atribuciones de las autoridades locales sobre los padres para que envíen a sus hijos a la escuela. En 1881 se publicó un Acta regulando la pesca de ostras y la pesca con cebo, y otra hizo imposible la venta de cerveza el domingo, en Gales. En 1882, se autorizó a la Cámara de Comercio a conceder licencias relativas a la producción y venta de electricidad y se capacitó a los ayuntamientos para recaudar impuestos destinados al alumbrado público; se autorizaron nuevas exacciones de los contribuyentes para establecer más baños y lavaderos, y se invistió a las autoridades locales de la facultad de dictar leyes accesorias para asegurar un alojamiento decente a las personas empleadas en la recolección de frutas y legumbres. De la legislación de 1883 podemos citar el Acta relativa a los trenes económicos que, en parte por arrebatar a la nación cuatrocientas mil libras al año (por la supresión del impuesto sobre viajeros), en parte a costa de las empresas, permite a los trabajadores viajar más económicamente. La Cámara de Comercio, representada por los comisarios de ferrocarriles, está autorizada para procurar normales, buenas y rápidas condiciones de viaje. También existe un Acta que prohíbe, bajo multa de diez libras, pagar los jornales a los trabajadores en las tabernas; otra Acta de fábricas y talleres ordena la inspección de los trabajos de albayalde (examinar si existen trajes adecuados para colocárselos encima de la ropa diaria, tragaluces, baños, bebidas ácidas, etcétera), y otra de panaderías regulando las horas de trabajo en ambas y prescribiendo detalladamente observaciones sobre algunas construcciones que se han de conservar en esta última en estado satisfactorio, según exigirán los inspectores.

Pero estamos muy lejos de formarnos un concepto adecuado, si atendemos solamente a la legislación coercitiva que ha sido establecida en los últimos años. Debemos considerar también aquellas por las que se aboga y que amenazan ser más radicales y estrictas. Hemos tenido últimamente un ministro, de los que se llaman liberales más avanzados, que despreció los planes del último gobierno para mejorar las viviendas industriales considerándolos insuficientes, sosteniendo la necesidad de ejercer una coacción efectiva sobre los propietarios de casas pequeñas, propietarios rústicos y contribuyentes. Hay otro ministro que, dirigiéndose a sus electores, habla ligeramente de las actividades de las sociedades filantrópicas y de los comités religiosos de ayuda a los pobres y dice que el país en masa debería considerar este trabajo como obra suya; es decir, solicitar una medida gubernamental. También tenemos un miembro radical del Parlamento, que dirige una agrupación fuerte y extensa, que intenta, con probabilidades de éxito cada año mayores, imponer la sobriedad concediendo a las mayorías locales el derecho de impedir la libertad de cambio con respecto a ciertos productos. Es verosímil que la reglamentación de las horas de trabajo de ciertas clases, que hasta ahora se ha generalizado más y más por ampliaciones sucesivas de las Actas sobre fábricas, llegue a hacerse todavía más general. Se va a proponer una medida que acogerá a todos los empleados de almacenes en esta reglamentación. Existe una constante demanda para que la educación sea gratuita para todos. El pago de la retribución escolar se empieza a denunciar como un mal. El Estado debe hacerse cargo de todos los gastos. Muchas personas proponen que el Estado, considerado como un juez absolutamente competente en lo que constituye una buena educación para el pobre, emprenda la tarea de prescribir una buena educación para la clase media también, fijando en los niños de ésta la educación oficial de cuya bondad no tendrán más duda que la que tuvieron los chinos cuando establecieron la suya. Se reclaman con energía en los últimos años dotaciones de investigación. El Estado concede ya cuatro mil libras para este propósito, que deben ser distribuidas por la Royal Society; y en ausencia de los que poseen fuertes motivos para resistir la presión de los interesados, respaldados por los que fácilmente se dejan persuadir, puede establecerse pronto aquel valioso sacerdocio de la ciencia, preconizado hace largo tiempo por Sir David Brewster. Una vez más se hacen plausibles proposiciones de que debería organizarse un sistema de seguro obligatorio por el que los hombres, en su primera juventud, tendrían que economizar para cuando estuvieran incapacitados.

La enumeración de estas medidas coercitivas, que se nos muestran unas muy lejanas y otras muy cerca, no es completa. No hemos citado más que las que indican un aumento en la contribución general y local. En parte para sufragar los gastos de promulgar estas medidas coercitivas, siempre crecientes, cada una de las cuales requiere un cuadro adicional de funcionarios, en parte para pagar el desembolso que ocasionan nuevas instituciones públicas, tales como escuelas, bibliotecas públicas, museos, baños, lavaderos, lugares de recreo, etcétera, los impuestos locales crecen año tras año, y las contribuciones generales aumentan debido a la protección que se dispensa a la educación y a los departamentos de ciencia, arte, etcétera. Cada uno de estos impuestos supone una nueva coacción, una limitación mayor de la libertad del ciudadano. Implica las siguientes palabras: Hasta ahora has sido libre para gastar esta parte de tu sueldo en lo que quisieras; de aquí en adelante, no serás libre para hacerlo sino que la gastaremos nosotros para beneficio general. De esta forma, ya directa o indirectamente, y en la mayoría de los casos a la vez, el ciudadano, dentro de esta legislación obligatoria, se ve privado de alguna libertad que antes tenía.

Tales son, pues, las acciones del partido que a sí mismo se llama liberal, como si fuese el abogado de una progresiva libertad.

No dudo que muchos miembros del partido liberal habrán leído las páginas precedentes con impaciencia, deseando indicarme una omisión que, según piensan, destruye la validez del argumento. Olvidas —dirían— la diferencia fundamental entre el poder que, en el pasado, estableció aquellas restricciones que ha abolido el liberalismo, y el poder que, en el presente, establece las restricciones que tú llamas antiliberales. Olvidas que aquél fue un poder irresponsable y que éste es responsable. Olvidas que si por la reciente legislación de los liberales se regula al pueblo, el cuerpo que lo regula es su propio creador y está autorizado por el pueblo para actuar .

Mi respuesta es que no he olvidado esta diferencia pero que estoy dispuesto a sostener que tal diferencia no afecta a nuestro problema.

En primer lugar, la verdadera cuestión reside en comprobar si las vidas de los ciudadanos se encuentran más limitadas que lo estuvieron antes, y no en examinar la naturaleza del agente interventor. Veamos un caso sencillo. Un miembro de las Trade Unions se ha unido a otros para formar una organización de carácter puramente representativo. Pero si la mayoría lo decide, tiene que declararse en huelga, y no puede aceptar trabajo en condiciones distintas a las que se le indiquen. Se ve imposibilitado de obtener de su mayor habilidad o energía un provecho que podría conseguir si fuera totalmente libre. No puede desobedecer sin abandonar los beneficios pecuniarios de la organización a la que pertenece, y se expondría a la persecución, y quizá a la violencia, de sus compañeros. ¿Estará él menos cohibido porque la organización que lo oprime está constituida de tal forma que su propia voz es igual que la de los demás?

En segundo lugar, si se objeta que la analogía es falsa porque el gobierno de una nación, como protector de la vida e intereses nacionales al cual deben todos someterse so pena de desorganización social, tiene una autoridad más alta sobre los ciudadanos que el gobierno de una organización privada puede tener sobre sus miembros, entonces la réplica es que, concediendo la diferencia, la respuesta dada es válida. Si los hombres utilizan su libertad de tal modo que ésta desaparezca, ¿son ellos, por esto, menos esclavos? Si los pueblos, mediante un plebiscito, eligen un déspota, ¿permanecen libres porque el despotismo ha sido creación suya? ¿Son las medidas coercitivas dictadas por éste legitimas porque son las consecuencias ultimas de su voto? También podría argüirse que el indígena de África Oriental, al romper una lanza en presencia de otro y llegar a ser de este modo su esclavo, retiene así su libertad porque ha elegido libremente su dueño.

En fin, si algunos, no sin muestras de irritación, como debo suponer, repudian este razonamiento diciendo que no existe verdadero paralelismo entre la relación de pueblo a gobierno donde un dictador irresponsable ha sido elegido permanentemente, y la relación donde se mantiene un cuerpo representativo y reelegido de tiempo en tiempo, entonces surge una última réplica —una réplica enteramente heterodoxa— que asombrará a muchos. Esta respuesta es, que esta multitud de Actas restrictivas no pueden defenderse sobre la base de que proceden de un organismo elegido por el pueblo; la autoridad de un organismo tal no puede ser ilimitada, como tampoco puede serlo la de un monarca; y de igual forma que el verdadero liberalismo luchó en el pasado contra la suposición del poder absoluto de los reyes, así el verdadero liberalismo en la actualidad luchará contra la admisión de una ilimitada autoridad parlamentaria. No obstante, no insistiré en esto, aunque lo dejo indicado como una última respuesta.

Mientras tanto, satisface observar que hasta recientemente el verdadero liberalismo se mostró en sus actos como tendiendo hacia la teoría de una autoridad parlamentaria limitada. Todas estas aboliciones de restricciones sobre creencias religiosas y observancias, comercio, libertad de viajar los artesanos, publicación de opiniones teológicas o políticas, etcétera, etcétera, fueron tácitas afirmaciones de un deseo de limitación. Del mismo modo que el abandono de las leyes suntuarias, o de las que prohibían determinadas clases de diversiones, o de las que dictaban modos de cultivo y muchas otras de semejante naturaleza fue una implícita admisión de que el Estado no debía inmiscuirse en tales asuntos; de igual modo, aquellas eliminaciones de obstáculos para las actividades individuales de una u otra clase, que efectuó el liberalismo de la última generación, fueron prácticas confesiones de que también en estas direcciones debía estrecharse la esfera de acción gubernamental. Y este reconocimiento de la necesidad de restringir la acción del gobierno era una preparación para limitarlo teóricamente. Una de las más familiares verdades políticas es que en el curso de la evolución social, la costumbre precede a la ley, y que cuando la costumbre ha sido bien establecida llega a ser ley al recibir sanción oficial y forma definida. Manifiestamente, entonces, el liberalismo en el pasado, mediante su práctica de limitación, estaba preparando el camino para establecer el principio de limitación.

Pero volviendo de estas consideraciones generales a nuestra cuestión especial, acentúo la respuesta de que la libertad de que un ciudadano goza se ha de medir, no por la naturaleza del mecanismo gubernamental bajo el que vive, sea o no representativo, sino por la relativa escasez de restricciones que se le impongan; y si él ha participado o no en la creación de este mecanismo, sus acciones no serán propiamente liberales si aumentan las restricciones más de lo que es necesario para evitar una agresión directa o indirecta de sus compañeros, necesidad que existe para evitar arbitrariedades. Las limitaciones establecidas, por lo tanto, deben ser negativamente coercitivas, no positivamente coercitivas.

No obstante; probablemente protestará el liberal, y aún más su subespecie, el radical, quien más que ningún otro en estos últimos días parece bajo la impresión de que mientras tenga un fin bueno en perspectiva está autorizado a ejercer sobre los hombres toda la coacción de que es capaz. Sabiendo que su objetivo es un bien público de alguna clase, que debe conseguirse de algún modo, y creyendo que el conservador, contrariamente, se mueve por interés de clase y por el deseo de retener el poder, considerará como evidentemente absurdo que se les agrupe como pertenecientes al mismo género y despreciará el razonamiento que se lo pretenda demostrar.

Quizá una analogía le enseñará a comprender su validez. Si, en el Lejano Oriente, donde el gobierno personal es la única forma de gobierno conocida, oye a los habitantes el relato de una lucha mediante la que depusieron a un déspota vicioso y cruel y lo reemplazaron por otro cuyos actos demostraron su afán por el bienestar común; si después de oírlos les dijera que no habían cambiado esencialmente la naturaleza de su gobierno, los asombraría grandemente, y con toda probabilidad tendría dificultad en hacerles comprender que la sustitución de un déspota benévolo por otro malévolo, no altera la forma despótica del gobierno. Ocurre igual con la doctrina conservadora rectamente concebida. Representando la doctrina conservadora la coacción del Estado contra la libertad del individuo, su esencia no varía sean sus móviles interesados o desinteresados. Tan ciertamente como un déspota es siempre un déspota, sean sus motivos para gobernar arbitrariamente buenos o malos, de igual forma es el conservador siempre un conservador, tenga motivos egoístas o altruistas al usar el poder del Estado para restringir la libertad del ciudadano más de lo que se requiere para mantener las libertades de los demás. El conservador egoísta y el altruista pertenecen al mismo género conservador; aunque forma una nueva especie del género el primero. Ambos están en marcado contraste con el liberal, tal como se le definía en los días en que los liberales merecían ese nombre, cuando la definición era: una persona que aboga por una mayor libertad, sobre todo en cuestiones políticas.

Así, pues, está justificada la paradoja con que comencé. Como hemos visto, el partido conservador y el liberal surgen originariamente el uno del militarismo y el otro del industrialismo. El uno representa el régimen de Estado, el otro el de contrato; el uno se caracteriza por el sistema obligatorio de cooperación que acompaña a la desigualdad legal de clases, y el otro por la cooperación voluntaria que acompaña a su igualdad legal; e indisputablemente los primeros actos de los dos partidos se dirigen respectivamente al mantenimiento de las instituciones que aseguran la cooperación obligatoria, y a debilitarla o suprimirla. De todo lo enunciado se desprende que el fomento del sistema coercitivo por el hoy llamado liberalismo no constituye sino una nueva forma de conservadurismo.

La verdad de estas afirmaciones la veremos todavía con más claridad en las páginas siguientes.

Nota: Varias publicaciones que comentaron este ensayo cuando se publicó por vez primera, lo interpretaron en el sentido de que los liberales y los conservadores se habían reemplazado mutuamente. Sin embargo, esto no es cierto en modo alguno. Puede surgir una nueva especie de conservador sin que esto signifique la desaparición de la especie original. Cuando digo que en nuestros días conservadores y liberales multiplican sus injerencias, expreso claramente la creencia de que mientras los liberales han adoptado una legislación coercitiva, los conservadores no la han abandonado. No obstante, es cierto que las leyes promulgadas por los liberales son tan restrictivas y obligatorias para los ciudadanos, que entre los conservadores, que sufren sus consecuencias, crece una tendencia a resistirlas. Prueba de ello es el hecho de que la Liga para la defensa de la propiedad y de la libertad compuesta en su mayor parte de conservadores, ha adoptado como lema: Individualismo contra Socialismo. De manera que si los hechos siguen el rumbo actual, puede suceder muy pronto que los conservadores se conviertan en defensores de las libertades que los liberales están hollando en seguimiento de lo que ellos imaginan que constituye el bienestar público.

LA ESCLAVITUD FUTURA

LA afinidad de la piedad con el amor se manifiesta, entre otras cosas, en que idealiza su objeto. La simpatía hacia el hombre que sufre impide que, por el momento, se recuerden sus faltas. El sentimiento que se expresa en la frase: ¡pobre hombre!, al ver a un hombre en desgracia, excluye el pensamiento de mal hombre que en otro momento se nos podría ocurrir. Entonces, como es natural, si los desgraciados son desconocidos, o conocidos muy vagamente, se pasan por alto todos sus deméritos; así ocurre que cuando, como hoy, se pintan las miserias del pobre, se piensan como las que corresponden a un pobre virtuoso en lugar de pensarse, como en gran medida debía ser, como pertenecientes a un pobre culpable. Aquellas personas cuyas penalidades se exponen en folletos y se proclaman en sermones y discursos que resuenan en toda la sociedad, son consideradas como muy valiosas, gravemente perjudicadas; no se piensa que experimenten las consecuencias de sus propias culpas.

Cuando se toma un coche en una calle de Londres, es sorprendente observar con cuánta frecuencia es abierta la puerta por un hombre que espera ganar algo por su molestia. La sorpresa disminuye, si vemos el gran número de desocupados alrededor de las tabernas y la multitud de vagos que atrae cualquier procesión, o representación callejera. Considerando lo numerosos que son en tan poco espacio de terreno, se comprende que decenas de millares deben pulular a través de todo Londres. No tienen trabajo, me dirán. Dígase más bien que no quieren trabajar o que lo abandonan tan pronto como lo empiezan. Son sencillamente parásitos que, de un modo u otro, viven a expensas de la sociedad, vagos y borrachos, criminales y aprendices de criminales, jóvenes que constituyen una carga para sus padres, hombres que se apropian el dinero ganado por sus esposas, individuos que participan de las ganancias de las prostitutas; y, menos visible y numerosa, existe una clase correspondiente de mujeres.

¿Es natural que la felicidad sea el premio de tales gentes, o es natural que atraigan la desgracia sobre sí mismos y cuantos los rodean? ¿No es evidente que debe haber entre nosotros una gran cantidad de miseria que es el resultado normal de la mala conducta y de la que nunca debía separarse? Existe el concepto, que siempre prevalece más o menos y que hoy se vocifera, de que todo sufrimiento social puede remediarse y que el deber de todos es remediarlo. Ambas creencias son falsas. Separar la calamidad de la mala conducta es luchar contra la constitución de las cosas, e intentarlo es agravarlo. Para ahorrar a los hombres el castigo natural de una vida disoluta es necesario muchas veces aplicarles castigos artificiales, como encerrarlos en celdas solitarias, azotarlos o someterlos al tormento de la rueda. Existe una máxima acerca de la que están acordes el saber popular y el científico, y que puede considerarse como la autoridad más elevada. El mandamiento: comerás el pan con el sudor de tu frente es sencillamente una enunciación cristiana de una ley universal de la Naturaleza, y a la que debe la vida su progreso. Por esta ley, una criatura incapaz de bastarse a sí misma debe perecer: la única diferencia es que la ley que en un caso se impone artificialmente, en el otro caso es una necesidad natural. Y sin embargo, este principio de la religión que la ciencia tan claramente justifica, es el que los cristianos parecen menos dispuestos a aceptar. El sentir general es que el sufrimiento no debía existir y que la sociedad es culpable de que exista.

Pero, ¿seremos nosotros responsables cuando el sufrimiento recae sobre los más indignos?

Si el significado de la palabra nosotros se extiende hasta nuestros antecesores y en especial a nuestros antecesores que han legislado, estoy de acuerdo. Admito que los autores de la promulgación y administración de la antigua Ley de pobres fueron responsables de la gran desmoralización ocurrida y que necesitará más de una generación para que desaparezca. Admito, también, la responsabilidad parcial de los legisladores de nuestro tiempo por haber hecho posible con sus medidas la existencia de una legión de vagabundos que van de una asociación a otra; e igualmente su responsabilidad por una continua afluencia de criminales que regresan a la sociedad desde la prisión en tales condiciones que casi se ven obligados a cometer nuevos crímenes. No obstante, admito que los filántropos no son menos partícipes de responsabilidad, puesto que, por favorecer a los hijos de personas indignas, perjudican a los hijos de personas virtuosas, imponiendo a éstos contribuciones cada día más elevadas. Incluso admito que ese enjambre de vagos, alimentados y multiplicados por instituciones públicas y privadas, sufren así más que sufrirían de otro modo, debido a los erróneos medios con que se ha querido mejorar su situación.

¿Son éstas las responsabilidades a que se alude? Sospecho que no.

Pero ahora, abandonando la cuestión de las responsabilidades, de uno u otro modo concebidas, y considerando sólo el mal en sí mismo, ¿qué diremos de su tratamiento? Empezaré con un hecho.

Uno de mis, tíos, el reverendo Thomas Spencer, titular durante veinte años de la vicaria de Hinton, cerca de Bath, tan pronto como se hizo cargo de sus funciones parroquiales se mostró ansioso del bienestar de los pobres, y fundó una escuela, una biblioteca, una sociedad para proporcionarles vestidos y terrenos, además de edificar algunas casas de campo modelo. Hasta 1833 fue amigo de los pobres, defendiéndolos siempre contra los administradores. Sobrevinieron, sin embargo, los debates sobre la Ley de pobres y comprendió los males del sistema en vigor. Aunque ardiente filántropo, no era un tímido sentimental. El resultado fue que tan pronto como se promulgó la nueva Ley de pobres procedió a aplicar sus disposiciones en su parroquia. Se alzó contra él una oposición casi universal: no sólo fueron sus enemigos los pobres, sino incluso los granjeros sobre quienes recaía el peso de las nuevas contribuciones. Pues, aunque parezca extraño, el interés de éstos se había identificado aparentemente con el mantenimiento del sistema que los gravaba tan fuertemente.

La explicación es que existía la costumbre de extraer de las contribuciones una parte de los sueldos de los jornaleros y aunque los granjeros hubieran contribuido con la mayor parte de los fondos, sin embargo, como también pagaban los restantes contribuyentes, aquéllos parecían ganar con el sistema. Mi tío, que no se amedrentaba fácilmente, se enfrentó con sus oponentes e hizo cumplir la ley. El resultado fue que en dos años las contribuciones redujeron: de 700 libras anuales a 200, en tanto que la situación de la parroquia mejoró mucho. Los que hasta entonces holgazaneaban en las esquinas de las calles o en las puertas de las cervecerías tuvieron algo que hacer, y uno después de otro obtuvieron empleo. De forma que de una población de 800 habitantes únicamente 15 tuvieron que ser enviados a la Asociación de Bath (cuando ésta se formó)en lugar de los 100 que recibían socorro poco tiempo antes. Si se me dice que el telescopio de 20 libras que pocos años más tarde sus feligreses regalaron a mi tío significaba tan sólo la gratitud de los contribuyentes, responderé que es un hecho que cuando años después murió, víctima de un exceso de trabajo por el bienestar público, y fue llevado a enterrar a Hinton, el cortejo que lo acompañó incluía no sólo a los acomodados sino también a los pobres.

Varias razones me han inducido a referirles este breve relato. Una, ha sido el deseo de probar que la simpatía hacia el pueblo y los desinteresados esfuerzos por su bienestar no implican necesariamente la aprobación de socorros gratuitos. Otra, el deseo de probar que el bien puede provenir no de la multiplicación de remedios artificiales para mitigar dolores, sino, contrariamente, de la disminución de ellos. Y he tenido en perspectiva un propósito más: preparar el camino para una analogía.

Desde otro punto de vista y en una esfera diferente, estamos cada año extendiendo un sistema que es idéntico en naturaleza al antiguo mencionado de complemento de salarios bajo la antigua Ley de pobres. Aunque los políticos no reconozcan el hecho es, sin embargo, demostrable que las medidas públicas dictadas para el bienestar de la clase trabajadora, y que proporcionan a expensas de los contribuyentes, son intrínsecamente de la misma naturaleza que aquellas que, en tiempos pasados, consideraban al campesino medio campesino. medio pordiosero. En ambos casos el trabajador recibe a cambio de su labor una cantidad para adquirir las cosas que necesita, y para darle el resto se le facilita el dinero de un fondo común nacido de las contribuciones. ¿Qué importa si las cosas que gratuitamente les suministran los contribuyentes, en vez de retribuirlos por su trabajo un patrono, son de una clase u otra? El principio es el mismo. Sustituyamos por las sumas recibidas los géneros y beneficios conseguidos, y examinemos entonces la cuestión. En tiempos de la antigua Ley de pobres, el granjero retribuía el trabajo por lo equivalente, es decir, alquiler, pan, ropas y fuego, en tanto que los contribuyentes facilitaban al individuo y a su familia calzado, té, azúcar, alumbrado, un poco de tocino, etcétera. La división es, por supuesto, arbitraria, pero no hay duda de que el granjero y los contribuyentes proporcionaban en común estas cosas. Actualmente, el artesano recibe de su patrono en forma de jornales el equivalente de los objetos de consumo que necesita, en tanto que debe a la sociedad la satisfacción de otras necesidades y deseos. A expensas de los contribuyentes tiene, en algunos casos, y las tendrá cada día más, una casa a menos de su valor comercial. Porque, por supuesto, cuando un ayuntamiento como el de Liverpool gasta cerca de doscientas mil libras, y está a punto de gastarse otras tantas, para demoler y reedificar viviendas para clases humildes, se deduce que los contribuyentes facilitan al pobre un alojamiento más cómodo que el que tendrían con la renta que pagan. Los artesanos reciben también para los gastos de educación de sus hijos más de lo que pagan, y existe la posibilidad de que pronto la recibirán gratuitamente. Les proporcionan libros y periódicos y lugares confortables para leerlos. En algunos casos, como en Manchester, también gimnasios para niños de ambos sexos y parques de recreo. Es decir, obtienen de un fondo creado con tasas locales, determinados beneficios que con su salario no podrían procurarse. La única diferencia, pues, entre este sistema y el antiguo de complemento de salarios reside en las clases de satisfacciones recibidas; y esta diferencia no afecta la naturaleza de la cuestión.

Además, los dos sistemas se hallan saturados de la misma ilusión. Tanto en un caso como en otro, lo que parece un beneficio gratuito no es tal realmente. La suma que, bajo la antigua Ley de pobres, recibía de la parroquia el trabajador medio pordiosero para completar su salario semanal, no constituía en rigor una gratificación, porque iba acompañada de una rebaja equivalente de su jornal, como se comprobó bien pronto cuando se abolió el sistema y los jornales se elevaron. Lo mismo ocurre con las primas recibidas por los obreros en las ciudades. No me refiero sólo al hecho de que ellos pagan sin darse cuenta esos beneficios, en parte abonando un alquiler de casa más elevado (cuando no son verdaderos contribuyentes), sino que me refiero al hecho de que los jornales que reciben son, igual que los de los campesinos; disminuidos por las cargas públicas que pesan sobre los patronos. Léanse los relatos procedentes de Lancashire sobre la huelga en las fábricas de algodón, que contienen pruebas, dadas por los mismos artesanos, de que el beneficio es tan escaso que los fabricantes menos hábiles y los que poseen poco capital quiebran, y las mismas cooperativas que compiten con ellos apenas pueden mantenerse. Así, pues, consideremos qué se deduce con respecto a los salarios. Entre los gastos de producción hay que contar los impuestos generales y locales. Si, como ocurre en nuestras grandes ciudades, los impuestos municipales suman un tercio o más de la renta; si el patrono tiene que pagar esto no sólo por su casa particular sino por su local de negocio, fábricas, establecimientos, etcétera, resulta que el interés sobre su capital se debe descontar de aquella cantidad, o del fondo de salarios, o de una y otra parte. Y si la concurrencia entre los capitalistas en el mismo negocio, o en otros, es causa de que el interés del capital se mantenga a un nivel tan bajo que mientras unos ganan otros pierden, y no pocos se arruinan; si el capital, no alcanzando un interés adecuado toma otro camino y deja al trabajador sin empleo, entonces es evidente que al obrero se le ofrecen dos alternativas: o disminuye la cantidad de horas de trabajo o cobra menos dinero por él. Además, por numerosas razones estas cargas locales elevan el costo de los productos que consume. Los precios exigidos por los distribuidores están determinados, por término medio, por el porcentaje corriente de interés sobre el capital empleado en los negocios, y los gastos extra de este comercio tienen que pagarse por precios extra. De manera, que así como en el pasado el campesino perdía de un modo lo que ganaba de otro, así ocurre con el obrero en la actualidad, teniendo que añadir, en ambos casos, la pérdida que se le ocasiona por los gastos de administración consiguientes. Quizá alguien pregunte: Pero; ¿qué tiene todo esto que ver con la futura esclavitud? Directamente nada, pero indirectamente mucho, como veremos después de otro párrafo- preliminar.

Se cuenta que cuando los ferrocarriles se establecieron por vez primera en España los campesinos eran arrollados con frecuencia, atribuyéndose la culpa a los maquinistas por no parar a tiempo. La experiencia rural no concebía la fuerza adquirida por una gran masa, moviéndose a gran velocidad.

Recuerdo este hecho al considerar las ideas del sedicente político práctico, en cuya mente no entra la idea de un momento político, y mucho menos la de un momento político que en lugar de disminuir o permanecer constante, aumenta. La teoría, según la que obra habitualmente, es que el cambio causado por su medida cesará cuando él lo desee. Contempla atentamente los resultados de sus actos pero piensa poco sobre sus efectos remotos, y menos aún de sus colaterales. Cuando en tiempo de guerra se necesitaba carne de cañón, cuando Mr. Pitt dijo para alentar al pueblo: Permitidnos facilitar socorros donde haya muchos niños, como un derecho y un honor, en lugar de que sea un oprobio y un desprecio[1], entonces no se esperaba que las contribuciones para los pobres se cuadruplicarían en un plazo de cincuenta años, que mujeres con muchos hijos ilegítimos serían preferidas como esposas a las honradas, a causa del socorro que recibían de la parroquia, y que muchos contribuyentes engrosarían las filas de los pordioseros. Los legisladores que en 1833 votaron veinte mil libras al año para fomentar la edificación de escuelas, nunca supusieron que el paso que ellos habían dado conduciría a aumentar las contribuciones locales y generales, sumando hoy seis millones de libras. No intentaron establecer el principio de que A se haría responsable para educar al hijo de B; no soñaron con que las viudas pobres fueran privadas de la ayuda de sus hijos mayores, y mucho menos que sus sucesores, requiriendo a los empobrecidos padres para dirigirse a las Cámaras de administradores de los pobres para que éstos pagaran la retribución escolar que la Cámara de escuelas no podía remitir, iniciarían el hábito de dirigirse a dichos administradores y fomentarían el pauperismo[2].

Ninguno de los que en 1834 aprobaron el Acta regulando el trabajo de mujeres y niños en determinadas fábricas, imaginó que el sistema por ellos iniciado acabaría con la restricción e inspección del trabajo en todas las clases de establecimientos de producción donde hubiera empleadas más de cincuenta personas. No concibieron que la inspección llegaría hasta el punto de que antes de ser empleado un joven en una fábrica, debía certificar un médico, previo examen personal (al que no se señala límites) que no padecía defecto ni enfermedad personal que lo incapacitara para el trabajo. Su veredicto determinaría si podía o no ganar un salario[3]. Menos aún, repito, conciben los políticos que se envanecen con lo práctico de sus aspiraciones, los resultados indirectos que seguirán a los resultados directos de sus medidas. Así, para citar un ejemplo como otro ya enunciado, se pensó que el sistema de retribuir por los resultados obtenidos sería un estímulo para los profesores. No se pensó que el estímulo podía redundar en perjuicio de su salud; no se esperaba que los conduciría a adoptar un sistema de enseñanza indigesto y a ejercer sobre los niños embotados y débiles una presión a menudo excesiva. No se previó que en muchos casos se podía causar una debilidad corporal que ni la gramática ni la geografía pueden compensar. La necesidad de licencias para abrir tabernas fue simplemente una medida de orden público, pero los autores de esta medida nunca imaginaron que pudiese ejercer una poderosa influencia en las elecciones y de un modo tan funesto. No se les ocurrió a los políticos prácticos, que al señalar una línea de carga obligatoria a los barcos mercantes, la competencia entre los armadores causaría la elevación de esta línea al límite más elevado, y que de precedente en precedente, se elevaría de un modo gradual en las mejores clases de barcos. Sé de muy buena tinta que así ha ocurrido. Los legisladores que hace cuarenta años por un Acta del Parlamento obligaron a las compañías de ferrocarril a facilitar billetes a precio reducido, habrían ridiculizado la idea, si se hubiera expresado que su Acta castigaría a las compañías que mejoraran sú disposición; sin embargo, esto ocurrió cuando las compañías pusieron en servicio coches de tercera clase en trenes rápidos: se impuso una multa por cada viajero de tercera que conducían. A este ejemplo dado sobre ferrocarriles, añadamos otro más notable, que se nos revela al comparar la política de ferrocarriles en Inglaterra y en Francia. Los legisladores que han dictado medidas para la nacionalización de los ferrocarriles franceses, no pensaron nunca que podría redundar en perjuicio de los viajeros; no han previsto que el deseo de abaratar el valor de la propiedad que pasará a poder del Estado, impediría la competencia de líneas y que en este caso la locomoción sería costosa, lenta y poco frecuente. Como ha demostrado últimamente Sir Thomas Farrer, el viajero en Inglaterra posee grandes ventajas sobre el francés en lo referente a economía, rapidez y frecuencia con que puede viajar.

Pero el político práctico que, a despecho de tales experiencias, repetidas generación tras generación; se cuida solamente de los resultados próximos, naturalmente nunca piensa en los resultados más remotos; más generales y más importantes que los anteriormente señalados. Repitiendo la metáfora mencionada, nunca pregunta si el momento político establecido por su medida, en algunos casos decreciendo pero en otros creciendo en gran escala, tendrá o no la misma dirección general con otros momentos análogos y si no puede unirlos en la actualidad produciendo una energía compuesta que origine cambios que nunca pudo soñar. Considerando sólo los efectos de su particular corriente de legislación, y no observando que existen otras corrientes, y aun otras que seguirán su iniciativa, y que siguen todas el mismo curso medio, nunca se le ocurrirá que pueden concurrir en un torrente arrollador que cambie la faz de las cosas. Hablando sin metáforas: no tiene conciencia de que está ayudando a construir un nuevo tipo de organización social y que medidas análogas, efectuando cambios análogos de organización, tienden con fuerza siempre creciente a generalizar este tipo, hasta que en un cierto momento la tendencia llega a ser irresistible. Así como una sociedad aspira, cuando es posible, a producir en otras sociedades una estructura análoga a la suya; así como entre los griegos, los espartanos y los atenienses se luchó para extender sus respectivas instituciones políticas, o como en tiempo de la revolución francesa las monarquías absolutas europeas, intentaron restablecer la monarquía absoluta en Francia, mientras la República alentaba la formación de otras Repúblicas; así, dentro de cada sociedad, tienden a propagarse las estructuras creadas. Justamente como el sistema de cooperación voluntaria por compañías, asociaciones, uniones con objeto de conseguir fines comerciales y de otra especie, se generaliza en una comunidad, de igual forma se extiende el sistema antagonista de cooperación obligatoria bajo el Estado, y cuanto más se extiende mayor fuerza alcanza. La cuestión capital para todo político debería siempre ser: ¿Qué tipo de estructura social tiendo yo a crear? Pero ésta es una pregunta que nunca se plantea. Hagámoslo nosotros aquí por él. Observemos el curso general de los cambios recientes, con sus ideas correspondientes, y veamos a dónde nos conducen.

La forma más simple de hacerse una pregunta es: Hemos hecho esto ya; ¿por qué no haríamos aquello? Y la consideración que sugiere impele siempre a una legislación de reglamentaciones. Comprendiendo dentro de su esfera de operación negocios cada vez más numerosos, las Actas que regulan las horas de trabajo y preceptúan el trato que ha de darse a los obreros, han de aplicarse ahora a las tiendas. De inspeccionar las casas de huéspedes, para limitar el número de ocupantes, y obligar a que reúnan las condiciones sanitarias debidas, hemos pasado a inspeccionar aquellas bajo determinada renta y en las que viven miembros de más de una familia, y pasaremos ahora a una inspección análoga de todas las casas pequeñas[4]. La compra y explotación de los telégrafos por el Estado, se considera una razón para exigir que también el Estado debería comprar y explotar los ferrocarriles. El hecho de procurar alimento espiritual a los niños, por obra de la sociedad, está siendo seguido, en muchos casos, por el de facilitarles también alimento para sus cuerpos. Cuando esta costumbre se haya generalizado, anticipamos que si ahora se propone que lo uno sea gratuito, se propondrá también que sea gratuito lo otro. El argumento de que es necesario un cuerpo sano en un alma sana para formar buenos ciudadanos, se invocará como una razón para que la medida se extienda[5]. Y entonces, invocando los precedentes de la iglesia, la escuela y las salas de lectura, sostenidas todas públicamente, se afirmará que el placer, en el sentido que hoy se admite generalmente, debe reglamentarse y organizarse tanto, por lo menos como el trabajo[6].

Esta extensión de la reglamentación no se debe tan sólo a lo señalado en lo precedente, sino también a la necesidad que surge de corregir medidas ineficaces y de remediar los males artificiales que se causan constantemente. El fracaso no destruye la fe en los medios empleados, sino que sugiere un mejor uso o una más amplia extensión de ellos. No habiendo conseguido lo que se esperaba de las leyes para impedir la intemperancia, leyes que han llegado a nosotros desde tiempos antiguos, y cuando las restricciones sobre la venta de bebidas alcohólicas son tema obligado de las sesiones de cada noche en el Parlamento, se reclaman ya medidas más severas que prohíban su venta en las localidades. Aquí, como en América, serán seguidas, sin duda, por demandas de que la prohibición sea general. No habiendo tenido éxito todos los remedios aplicados para extirpar las enfermedades epidémicas y prevenir las fiebres, la sífilis, etcétera, se quiere que se conceda a la policía el derecho de buscar en las casas a personas atacadas y que se autorice a los médicos oficiales para examinar a cualquier persona que ellos crean que padece una enfermedad infecciosa o contagiosa.

La Ley de pobres ha favorecido el hábito de la imprevisión y ha multiplicado el número de imprevisores; y ahora, para remediar los males causados por la caridad obligatoria, se invoca la necesidad del seguro obligatorio.

La extensión de esta política, originando la extensión de las ideas correspondientes, fomenta por doquier la opinión tácita de que el gobierno debe intervenir en cuantas cosas no funcionan bien. ¡Seguramente no desearéis que continúen estos males!, exclamará alguien, si uno se opone a la que ahora se dice y se hace. Obsérvese lo que implica esta observación. En primer lugar concede como cierto que todo sufrimiento debe ser evitado, lo cual no es verdad: muchos sufrimientos son curativos y evitarlos es impedir un remedio. En segundo lugar, da por concedido que todos los males pueden aliviarse, pero lo cierto es que con los defectos inherentes a la naturaleza humana muchos males se pueden hacer cambiar de forma o lugar, a menudo exacerbándolos con el cambio. Aquella exclamación implica también la firme creencia, que es la que realmente nos importa aquí; de que el Estado debe remediar todos los males. No se formula la pregunta de si existen otros organismos trabajando en este sentido y de si los males en cuestión no conciernen precisamente a éstos. Y evidentemente, a medida que la intervención del Estado aumenta, más se robustece en los ánimos la creencia de su necesidad y con mayor insistencia se exige su intervención.

Cada aumento de la política regulativa, significa un aumento de la burocracia y un creciente poder de los organismos administrativos. Tomad una balanza con muchos perdigones en un platillo y pocos en el otro. Quitad perdigones del más cargado y ponedlos en el menos cargado. Llegará un momento en que se producirá un equilibrio, y si continuáis, la posición de los platillos será la inversa. Suponed que el brazo de la balanza está dividido en dos partes desiguales y que el platillo menos cargado pende de la extremidad del brazo más largo; entonces, el traslado de cada perdigón producirá un efecto mucho mayor y el cambio de posición se verificará antes. Uso este ejemplo para mostrar lo que sucede al trasladar un individuo después de otro desde la masa, de la comunidad administrada a las estructuras gubernamentales. El traslado debilita a la una y fortalece a la otra en un grado mucho mayor de lo que resultaría por el cambio relativo de números. Un organismo administrativo relativamente pequeño, coherente, teniendo intereses comunes y actuando bajo una autoridad central, posee una ventaja inmensa sobre otro público, sin cohesión, y sin una política definida y que sólo llega a actuar eficazmente por una fuerte presión externa. A esto se debe que las organizaciones oficiales, alcanzada cierta fase de desenvolvimiento, llegan a ser irresistibles, como podemos observar en las burocracias del continente.

El poder de resistencia de la clase gobernada no sólo disminuye en la proporción geométrica en que aumenta la clase gobernante, sino que los intereses privados de muchos individuos aceleran la razón de la progresión. En todos los círculos sociales las conversaciones muestran que ahora, cuando mediante oposiciones se puede llegar a los cargos públicos, los jóvenes están siendo educados de tal modo que alcancen con éxito un empleo oficial. La consecuencia es que algunos que reprobarían este sistema de excesiva burocracia, lo consideran con tolerancia, si no favorablemente, porque ofrece una posible carrera para sus allegados. Cualquiera que tenga presente el elevado número de familias aristocráticas y de la clase media que desean colocar a sus hijos, observará que ninguna oposición surgirá de ellos, como lo harían si sus intereses personales estuvieran en juego.

Este apremiante deseo por tal clase de profesiones aumenta por la preferencia que existe hacia los puestos que se consideran prestigiosos. Aunque su sueldo sea pequeño, su ocupación será la de un caballero, piensa el padre que desea obtener para su hijo un cargo público. Y su relativa dignidad de empleado del Estado, comparada con la de los que se ocupan de negocios, crece a medida que la organización administrativa adquiere más importancia y se hace un elemento más poderoso en la sociedad, recabando un puesto de honor. La ambición dominante en un joven francés es conseguir un modesto cargo local en su pueblo, ser trasladado después a la capital de provincia y, finalmente, a alguna Dirección de París. Y en Rusia, donde la universidad del Estado reglamentado que caracteriza el tipo militar de la sociedad, ha sido llevada a sus últimas consecuencias, esta ambición se manifiesta de un modo exagerado. Dice Mr. Wallace, citando un pasaje de una comedia: Todos los hombres, incluso los comerciantes y los zapateros remendones, intentan llegar a ser funcionarios, y el hombre que se ha mantenido toda su vida sin cargo oficial alguno, parece que no es un ser humano[7].

Estas varias influencias que actúan de arriba a abajo se enfrentan con una creciente respuesta de ilusiones y esperanzas que llegan de abajo a arriba. Las personas sometidas a trabajos rudos y excesivos, que forman la mayoría, y más aún los incapaces que reciben continua ayuda, adhieren confiadamente a las doctrinas que les prometen beneficios por la intervención del Estado, y creen fácilmente a quienes les dicen que tales beneficios pueden y aun deben darse. Escuchan con fe a los que forjan castillos políticos en el aire, desde los graduados en Oxford hasta los irreconciliables irlandeses. Cada nueva aplicación de fondos públicos en su ayuda les hace concebir esperanzas de otras posteriores. Realmente, cuanto más se extiende la acción estatal más se generaliza el concepto entre los individuos de que todo ha de hacerse para ellos y nada por ellos. Cada generación está menos familiarizada con la idea de que los fines deben ser realizados por acciones individuales o asociaciones privadas, y más familiarizada con el pensamiento de que ha de lograrse por la intervención del Estado, hasta que llegue a considerarse la acción del gobierno como la única realmente valiosa. Este resultado se hizo evidente en el reciente congreso de las Trade Union celebrado en París. Refiriendo a sus electores lo ocurrido los delegados ingleses dijeron que entre ellos y sus colegas extranjeros la única diferencia radicaba en la cantidad de protección que se debía pedir al Estado para el trabajo, aludiendo de este modo al hecho, evidente en las reseñas de las sesiones, de que los delegados franceses siempre invocaron el poder gubernamental como el único medio de satisfacer sus deseos.

La difusión de la educación ha obrado, y obrará todavía más, en la misma dirección. Debemos instruir a nuestros maestros, es la bien conocida frase de un liberal que se oponía a la última exención de impuestos. En efecto, si la educación fuera digna de llamarse así y proporcionara las luces políticas necesarias, se podría esperar mucho de ella. Pero conocer las reglas de la sintaxis, sumar correctamente, poseer nociones geográficas y memoria surtida con las fechas del advenimiento de los reyes y las victorias de los generales, no implica la capacidad de discurrir bien en política, como el conocimiento del dibujo no implica destreza para telegrafiar, o la habilidad en jugar al cricket para tocar el violín. Seguramente, replicará alguno, la facilidad de leer abre el camino para adquirir conocimientos políticos. Sin duda, pero ¿se seguirá el camino? Las conversaciones de sobremesa prueban que, de cada diez personas, nueve leen lo que les interesa o divierte más que lo que les instruye, y que lo último que leen es aquello que les dice verdades amargas o disipe esperanzas infundadas. Está más allá de toda cuestión que la educación popular se forma leyendo publicaciones que fomenten ilusiones agradables más que aquellas que insisten sobre la dura realidad. He aquí lo que escribe Un mecánico en la Pall Mall Gazette del 3 de diciembre de 1833:

El mejoramiento de la educación despierta el deseo de cultura, la cultura despierta el deseo de muchas cosas que se hallan fuera del alcance de los trabajadores…; en la furiosa competición en que vive la edad actual, ambas son imposibles para las clases pobres; de aquí que estén descontentos con el estado presente de cosas, y cuanto más educados más descontentos. De aquí también el que Mr. Ruskin y Mr. Morris sean considerados por muchos de nosotros como verdaderos profetas.

Y que la conexión de causa y efecto, alegados en esta cita, es una conexión real, podemos observarlo bastante claramente en el actual estado de Alemania.

Poseyendo el derecho de sufragio las masas que ahora esperan obtener grandes beneficios de la reorganización social, resulta que cualquiera que solicite sus votos debe abstenerse de exponerles lo erróneo de sus creencias, y esto si no cede a la tentación de mostrarse de acuerdo con ellos. Cada candidato parlamentario se ve inducido a proponer o a aceptar alguna nueva ley ad captandum. Incluso los jefes de los partidos políticos -unos para conservar el poder, otros para alcanzarlo- intentan ganar prosélitos prometiendo cada uno más que su antagonista. Y como las divisiones en el Parlamento nos muestran, la tradicional lealtad a los líderes impide las preguntas acerca del valor intrínseco de las medidas propuestas. Los representantes de la nación son bastante inconscientes para votar Bills que en principio juzgan equivocados, porque las necesidades del partido y de la próxima elección lo demandan. Y de este modo se vigoriza una política viciosa, incluso por aquellos que comprenden sus vicios.

Mientras tanto, se continúa exteriormente una activa propaganda de la que son auxiliares todas estas influencias. Las teorías comunistas, apoyadas en parte por el Parlamento, Acta tras Acta, y tácita si no francamente favorecidas por numerosos hombres públicos que buscan partidarios, son sostenidas cada día con más fuerza, bajo una u otra forma, por líderes populares y solicitadas con insistencia por sociedades organizadas. Existe un movimiento para la nacionalización de la tierra, que aspira a un sistema de propiedad territorial equitativo en abstracto, pero que, como todo el mundo sabe, quieren establecer Mr. George y sus amigos, a despecho de las protestas de sus actuales propietarios, y como base de un proyecto que conduce al socialismo de Estado. También va ganando terreno la Federación Democrática de Mr. Hyndman y sus partidarios. Estos nos dicen que el puñado de merodeadores que detentan el suelo no tienen ni pueden tener otro derecho que la fuerza bruta contra las decenas de millones a quienes perjudican. Acusan ruidosamente a los accionistas a quienes se ha permitido usurpar nuestros grandes ferrocarriles. Condenan, sobre todo, a la activa clase capitalista, a los banqueros, granjeros, explotadores de minas, empresarios, a la burguesía, a los fabricantes, nuevos señores feudales que exigen un beneficio cada vez mayor de los esclavos asalariados a quienes emplean. Y piensan que ha llegado la hora de emancipar la industria del control de la codicia individual[8].

Resta todavía señalar que estas tendencias, manifestadas de modos tan diversos, encuentran apoyo en la prensa de una forma cada día más insistente. Los periodistas, siempre tímidos para decir lo que es desagradable a sus lectores, se dejan arrastrar por la corriente y aumentan su fuerza. Las injerencias legislativas que en otro tiempo habrían condenado, ahora las pasan en silencio, si es que no las defienden. Hablan del laissez faire como de una doctrina desacreditada. El pueblo no se asusta ya del socialismo, es lo que se oye cada día. Y otro, es objeto de mofa una ciudad que no adopta el Acta sobre bibliotecas libres por asustarse ante una medida tan moderadamente comunista. Y después, de acuerdo con las afirmaciones editoriales de que está llegando una evolución económica y debe aceptarse, se concede preferencia a las colaboraciones de sus defensores. Al mismo tiempo, los que consideran el curso actual de la legislación como desastroso, y piensan que, verosímilmente, el curso futuro lo será aún más, están siendo reducidos al silencio por su creencia de que es inútil razonar con el pueblo en tal estado de intoxicación política.

Véanse, pues, las muchas causas concurrentes que amenazan continuamente acelerar la transformación que se está operando. Existe una excesiva reglamentación causada por las precedentes, que adquiere más autoridad a medida que avanza la política del partido. Existe progresiva necesidad de restricciones y coacciones administrativas, necesidad originada por males imprevistos y defectos de las anteriores medidas restrictivas. Además, cada nueva injerencia del Estado fortalece la tácita presunción de que es un deber del gobierno ocuparse de todos los males y asegurar el mayor número de bienes. El creciente poder de una organización administrativa, que se robustece por momentos, va acompañado por una disminución de poder del resto de la sociedad para resistir su supremacía. La multiplicación de carreras oficiales, causada por el desenvolvimiento de la burocracia, incita a los miembros de la clase gobernada por ella a favorecer su extensión porque brinda puestos seguros y respetables para todos. El pueblo; habituado a considerar los beneficios recibidos del Estado como gratuitos, alienta continuamente esperanzas de recibir otros nuevos. La difusión de la enseñanza, facilitando la propagación de errores agradables, más que mostrando verdades amargas, aviva y fortalece tales esperanzas. Pero aun, éstas son alentadas por los candidatos al Parlamento con objeto de aumentar sus posibilidades de triunfo. Los periodistas, siempre atentos a la opinión pública, las propagan en sus periódicos, en tanto los que opinan de otro modo encuentran pocas ocasiones de hacerse oír.

Así, influencias de varias clases conspiran para fortalecer la acción colectiva y debilitar la individual. Y este cambio se está afianzando por la acción de intrigantes, cada uno de los cuales sólo piensa en su propio provecho y no en la reorganización general por la que trabaja y en la que debía colaborar. Se dice que la revolución francesa devoró a sus propios hijos. No parece inverosímil ahora una catástrofe semejante. Las numerosas transformaciones socialistas efectuadas por el Parlamento, unidas a otras muchas que están en vías de realizarse, se fundirán pronto en un Estado socialista, y desaparecerán en la inmensa ola que habrán levantado poco a poco.

Pero, ¿por qué presentarnos este cambio como la esclavitud futura?, es una pregunta que se harán muchos. La respuesta es sencilla: todo socialismo implica esclavitud.

¿En qué consiste esencialmente la esclavitud? En principio, pensamos que es esclavo un hombre que es poseído por otro. Sin embargo, para que la posesión no sea puramente nominal debe demostrarse en la práctica por un control de las acciones del esclavo, control que se ejerce habitualmente en beneficio del dueño. Lo que caracteriza fundamentalmente al esclavo es el hecho de trabajar por mandato para satisfacer los deseos de otro. Esta relación admite diversos grados. Recordando que originariamente el esclavo es un prisionero cuya vida está a merced de su aprehensor, basta ver aquí que existe una ruda forma de esclavitud en la que, tratado como un animal, tiene que gastar todo su esfuerzo en ventaja de su amo. Bajo un sistema menos duro, aunque ocupado en trabajar para su poseedor, se le concede un poco de tiempo para trabajar para sí mismo, y alguna tierra para mejorar su alimentación. Sucesivas mejoras le conceden el derecho de vender los productos que ha cosechado y guardar las ganancias. Llegamos a otra forma, todavía más moderada, que surge generalmente cuando un hombre que ha sido libre es reducido a servidumbre por derecho de conquista. Tiene entonces que entregar a su señor cada año determinada cantidad, en frutos o en trabajo, reservándose lo restante. Finalmente, en algunos casos, como ha sucedido en Rusia hasta tiempos muy recientes, se le permite abandonar la casa de su señor y trabajar en cualquier otra parte a condición de satisfacer una suma anual. ¿Qué es lo que, en estos casos, nos conduce a calificar la esclavitud de más o menos severa? Evidentemente la mayor o menor cantidad de trabajo que se emplea en beneficio de otro, en lugar de para sí mismo. Si todo el trabajo del esclavo es para el dueño, la esclavitud es muy dura, y si es sólo una escasa parte, la esclavitud es suave. Avancemos un paso más. Supongamos que el señor muere y que la hacienda con los esclavos pasa a manos de los fideicomisarios, o bien, supongamos que una compañía compra la hacienda y todo lo contenido en ella, ¿será mejor la condición del esclavo si la duración de su trabajo obligatorio no se altera? Supongamos que sustituimos la compañía por una comunidad. ¿Supone alguna diferencia para el esclavo si, como antes, el tiempo que ha de trabajar para los otros es mucho y el que se le deja es muy poco? La cuestión esencial es: ¿cuánto tiempo se le obliga a trabajar en beneficio de los demás y cuánto puede trabajar en el suyo exclusivo? El grado de su esclavitud varía según la razón entre lo que se le obliga a rendir y lo que se le permite retener. No importa que su dueño sea una persona o una comunidad. Si, sin posible opción, ha de trabajar para la sociedad y recibe del fondo común una parte, en este caso llega a ser un esclavo de la sociedad. La organización socialista necesita una esclavitud de esta clase, y hacia tal esclavitud nos están conduciendo muchas medidas recientes, y aún más, otras por las que se aboga. Permítasenos observar, primero, sus efectos próximos y después los últimos.

La política iniciada por las Actas para viviendas industriales admite desarrollo y éste se llevará a cabo. Donde las corporaciones municipales se han convertido en empresas constructoras de edificios, inevitablemente descendió el valor de las casas edificadas y dificultaron la construcción de otras. Cada medida relativa al modo de construir, relaja el beneficio del constructor y lo induce a colocar su capital donde le rinda más. Por otra parte, el propietario al comprobar que las casas pequeñas acarrean demasiado trabajo y demasiadas pérdidas, se halla pronto a venderlas, pues además están sometidas a inspección e injerencias con los gastos consiguientes. Como razones idénticas detienen a los compradores, tiene que vender con pérdidas. Y cuando estas reglamentaciones que se multiplican finalicen en una, y esto es posible, como ha propuesto Lord Grey, exigiendo al propietario mantener la salubridad de sus casas desalojando a los inquilinos sucios, y de esta forma agregando a sus responsabilidades la de inspector de basuras, creciendo el deseo de vender y disminuyendo el de comprar, la depreciación será mayor. ¿Qué sucederá? El paralizarse la multiplicación de casas, especialmente pequeñas, ocasionará una creciente demanda a la autoridad local para que supla esta deficiencia. De un modo acentuado, las corporaciones municipales u otros organismos tendrán que edificar o adquirir casas, que han llegado a ser invendibles, a personas privadas, lo que será más ventajoso que construir otras nuevas puesto que valen poco. Este proceso se realizará en dos sentidos, porque todo incremento de la contribución local origina una depreciación en la propiedad[9]. Y cuando en las ciudades este proceso haya ido tan lejos que la autoridad local sea el principal propietario de las casas, esto constituirá un buen precedente para extender tal medida a la población rural, según se propone en el programa radical[10] y exige la Federación Democrática, que insiste sobre la construcción obligatoria de casas sanas para los artesanos y viviendas para los campesinos proporcionalmente a la población. Evidentemente, lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se hará nos aproxima al ideal socialista, para el cual la única dueña de las casas es la comunidad.

Tal será también la consecuencia de la creciente política sobre la posesión y explotación de la tierra. El aumento de beneficios públicos, al ser conseguidos por numerosos organismos públicos, debe imponer nuevos gravámenes sobre la tierra hasta que, cuando la depreciación llegue a ser mayor, la resistencia para cambiar la posesión del suelo disminuirá. Como se sabe, existe ya en muchos lugares dificultad para conseguir arrendatarios, aun con la renta muy reducida. La tierra de escasa fertilidad, en algunos casos, permanece sin cultivar, y cuando lo es por el granjero, con frecuencia la cultiva con pérdidas. Realmente, la renta del capital rústico no es tal que permita que se eleven las contribuciones locales y generales para extender aún más la administración pública, que acabará por absorberla, y que inducirá a los propietarios a vender para sacar el mejor partido posible del capital realizado, emigrando y comprando tierra que no esté sujeta a tan pesadas cargas. Indudablemente, así lo están haciendo algunos. Este proceso ocasionará que dejen de cultivarse las tierras de calidad inferior. Después podrá extenderse la demanda solicitada por Mr. Arch, quien dirigiéndose a la Asociación Radical de Brighton últimamente y sosteniendo que existen terratenientes que no hacen producir a sus tierras lo necesario para el bien público, dijo: Me gustaría que el actual gobierno votara un Bill sobre el cultivo obligatorio. Esta proposición fue aplaudida y él la justificó con el ejemplo de la vacunación obligatoria, ilustrando de este modo la influencia de los precedentes. Y se insistirá en esta demanda, no sólo por la necesidad de hacer productiva la tierra, sino también por la necesidad de emplear a la población rural.

Después que el gobierno haya extendido la práctica de emplear a los obreros sin trabajo en tierras abandonadas, o en tierras adquiridas a precios bajos, no habrá más que un paso para adoptar el programa que según la Federación Democrática ha de seguir a la nacionalización de la tierra: la organización de ejércitos industriales y campesinos con el control del Estado y según principios cooperativos.

Si alguien duda de que semejante revolución pueda lograrse, se le citarán hechos que demuestran su posibilidad. En las Galias, durante la decadencia del imperio romano, tan grande era el número de acreedores en comparación con los recaudadores de contribución, y tan enorme el peso de las cargas fiscales, que los labradores sucumbieron, las tierras quedaron desiertas y se poblaron de bosques los lugares que antes surcó el arado[11]. De igual forma, cuando la revolución francesa se aproximaba, las contribuciones habían llegado a ser tales que muchas granjas quedaron sin cultivar y otras abandonadas. Una cuarta parte del suelo permanecía perdida, y en algunas provincias la mitad eran páramos[12]. No hemos estado nosotros sin incidentes de naturaleza análoga. Además del hecho de que bajo la antigua Ley de pobres los impuestos se habían elevado en algunas parroquias a la mitad de la renta, y de que en diversos lugares las granjas permanecían incultas, existe también un precedente en que los impuestos absorbieron todo el producto del suelo.

En Cholesbury, en Buckinghamshire, en 1832, el impuesto en favor de los pobres cesó repentinamente porque era imposible cobrarlo, a consecuencia de que los propietarios renunciaron a sus rentas, los granjeros a sus arriendos y el pastor a sus beneficios y diezmos. El pastor Mr. Jeston, refiere que en octubre de 1832 los funcionarios de la parroquia arrojaron sus libros, y los pobres agrupados ante su puerta mientras él estaba en la cama, le pedían alimentos y consejos. En parte con sus pequeños recursos, en parte ayudado por la caridad de los vecinos y con los recargos impuestos a las parroquias limítrofes, pudo sostenerlos durante algún tiempo[13].

Los comisionados añaden que el caritativo pastor recomienda que la tierra sea dividida entre los pobres capaces de trabajar, esperando que después de ayudarles durante dos años se bastarían a sí mismos. Estos datos, ilustrando la profecía hecha en el Parlamento de que la vigencia de la antigua Ley de pobres durante otros treinta años, conseguiría que todas las tierras quedaran incultas, mostró con toda claridad que el aumento de las cargas públicas puede conducir al cultivo obligatorio bajo el control público.

Volvamos, ahora, a hablar del Estado como propietario de los ferrocarriles. Esto existe ya en el continente en gran extensión. Nosotros hemos tenido una ruidosa defensa de ello hace cincuenta años. Y ahora el lamento que levantaron muchos políticos y publicistas, es recogido de nuevo por la Federación Democrática que propone una expropiación de los ferrocarriles, con compensación o sin ella. Evidentemente, la presión de arriba unida a la presión de abajo, es verosímil que produzca este cambio dictado por la política predominante. Con éste vendrán otros muchos. Los propietarios de los ferrocarriles, al principio poseedores y explotadores de ellos solamente, han llegado a ser dueños de numerosos negocios relacionados con los ferrocarriles, y estos negocios tendrán que ser adquiridos por el gobierno cuando aquéllos lo sean. El Estado, que es ya el correo exclusivo, que posee el telégrafo, no sólo será el que transporte pasajeros, minerales y géneros sino que unirá a su comercio actual otros muchos. Aun hoy, además de erigir establecimientos navales y militares y de construir puertos, docks, diques, etcétera, fabrica barcos, cañones, fusiles y municiones, uniformes militares y botas. Cuando los ferrocarriles, hayan sido expropiados con compensación o sin ella, como dicen los Federacionistas Democráticos, tendrá que fabricar locomotoras, vagones, lonas. impermeables y grasas, y será el propietario de los buques de línea, minas de carbón, canteras, autobuses, etcétera.

Entretanto, sus lugartenientes locales, los ayuntamientos, muchos de los cuales son ya los abastecedores de agua, fabricantes de gas, dueños y explotadores de tranvías, baños, etcétera, emprenderán, sin duda, otros muchos negocios. Y cuando el Estado, directamente o por delegación dirija o posea numerosos establecimientos para una producción y distribución al por mayor, existirá un buen precedente para que extienda sus funciones a la venta al menudeo, siguiendo el ejemplo del gobierno francés que desde hace tiempo vende tabaco al por menor.

Es evidente, pues, que los cambios realizados, los que están en vías de efectuarse y los que se exigen, nos conducirán, no solamente hacia un Estado propietario de la tierra, de los edificios y de las vías de comunicación, administradas y explotadas todas por organismos estatales, sino a la usurpación de todas las industrias. Las industrias privadas, incapaces de competir con el Estado, que puede disponer de todo según su conveniencia, desaparecerán paulatinamente, como ha sucedido con muchas escuelas libres en presencia de las oficiales. Y así, se habrá realizado el ideal socialista.

Ahora bien: cuando se haya alcanzado este ideal, intento en el que los políticos prácticos ayudan a los socialistas, y que es tan tentador por el lado brillante en que éstos lo contemplan, ¿cuál será el lado sombrío que ellos no miran? Es una observación corriente, hecha con frecuencia ante una boda inminente, que aquellos que están poseídos por grandes esperanzas se gozan más en los placeres que se prometen, que en pensar en los sinsabores que les acompañan. Y un ejemplo más elocuente de esta verdad nos lo facilitan estos políticos entusiastas y revolucionarios fanáticos. Impresionados por las miserias que existen en nuestra organización actual, y no considerando estas miserias como causadas por los defectos de la naturaleza humana mal adaptada al estado social, imaginan que es posible remediarlas mediante una nueva ordenación. Sin embargo, aunque sus planes tuvieran éxito sería solamente a condición de sustituir unos males por otros. Una reflexión sencilla nos muestra que, con la reorganización propuesta, sus libertades se limitarían a medida que su bienestar material fuera en aumento. Ninguna forma de cooperación, grande o pequeña, puede establecerse sin que implique sumisión a los organismos reguladores. Cualquiera de sus propias organizaciones que efectúan cambios sociales les proporciona la prueba: no pueden subsistir sin tener sus Consejos, sus jefes locales y generales, sus autoritarios líderes, a los que es preciso obedecer so pena de confusión y fracaso. Y la experiencia de los que con más tesón han defendido un nuevo orden social, con el control paternal del gobierno, nos muestra que aun en las sociedades privadas, voluntariamente formadas, el poder de la organización regulativa llega a ser grande, si no irresistible, produciendo, a veces, descontento e insubordinación entre los miembros. Las Trade Union, que sostienen una especie de guerra industrial en defensa de los intereses de los obreros contra los intereses de los capitalistas, comprenden que una subordinación casi militar es necesaria para asegurar una acción eficaz. La división de opiniones es funesta para el buen éxito. Incluso en las sociedades cooperativas formadas para actividades fabriles y de distribución -que no necesitan la clase de obediencia que se requiere cuando existe una intención ofensiva o defensiva-, el organismo administrativo consigue tal supremacía, que surgen lamentaciones acerca de la tiranía de la organización. Júzguese pues lo que sucederá cuando en lugar de asociaciones relativamente pequeñas, a las que los hombres pueden pertenecer o no, según les plazca, tengamos una asociación nacional en la que cada ciudadano se encuentre incorporado y de la que no pueda separarse sin abandonar el país. Júzguese lo que llegará a ser bajo tales condiciones el despotismo de una burocracia organizada y centralizada, teniendo en sus manos los recursos de la comunidad y disponiendo de la fuerza que estime necesaria para ejecutar sus derechos y mantener lo que llama orden. Es natural que el príncipe de Bismark se manifieste favorable hacia el Estado socialista.

Y entonces, después de reconocer, como deben hacerlo si piensan en las consecuencias de su sistema, el poder que posee el gobierno en el nuevo orden social, tan atractivamente pintado, que se pregunten para qué fines debe utilizarse este poder, no fijándose exclusivamente como acostumbran, en el bienestar material y en las satisfacciones mentales que debe proporcionarles una administración bienhechora, dejémosles que se fijen un poco el precio que han de pagar. Los organismos oficiales no pueden crear los recursos necesarios; sólo pueden distribuir entre los individuos lo que los mismos individuos han producido conjuntamente. Si éstos recurren a los organismos para que los asistan, los organismos les requerirán en reciprocidad que les faciliten los medios. No puede haber, como en nuestro sistema actual, un acuerdo entre el patrono y el obrero. El sistema lo excluye. En lugar de ello, habrá un mandato de las autoridades locales sobre los trabajadores y una sumisión de éstos a los que les mandan. Y ésta es, en rigor, la organización claramente indicada, aunque inconscientemente sin duda, por los miembros de la Federación Democrática. Proponen que la producción sea llevada a cabo por ejércitos campesinos e industriales con el control del Estado, no recordando en apariencia que los ejércitos presuponen una jerarquía de jefes y oficiales que exigirían obediencia; pues de otro modo no puede ser asegurado, ni un orden ni un trabajo eficiente. Por consiguiente, el individuo quedaría con respecto al organismo gobernante en la relación de esclavo a dueño.

Pero el gobierno sería un amo que los individuos habrían elegido y que estaría constantemente en jaque; un amo, por lo tanto, que no controlaría a los hombres más de lo necesario para beneficio individual y común.

A esta respuesta, mi primera contestación es que, aun así, cada miembro de la comunidad en cuanto individuo sería un esclavo de la comunidad en conjunto. Tal relación ha existido habitualmente en las comunidades combativas, incluso bajo formas casi populares de gobierno. En la antigua Grecia se admitía el principio de que el ciudadano no pertenecía ni a sí mismo ni a su familia, sino a la ciudad, y la ciudad era entre los griegos equivalente a comunidad. Y esta doctrina, propia de un estado de guerra constante, la resucitan los socialistas inconscientemente en un estado puramente industrial. Los servicios de cada uno pertenecerán a todos y estos servicios serán recompensados por las autoridades como lo estimen oportuno. Por tanto, aunque la autoridad fuera tan benéfica como se asegura, la esclavitud, aunque mitigada, sería la consecuencia de la organización.

Una segunda respuesta es que la administración no llegará a ser de la clase que se imagina, y que la esclavitud no será tan mitigada como se piensa. La especulación socialista está viciada por una hipótesis semejante a la que vicia la especulación del político práctico. Se afirma que la burocracia trabajará como se desea, cosa que nunca ocurre. El mecanismo del comunismo, como el mecanismo social existente, se hallará constituido por individuos de naturaleza humana, y los defectos e imperfecciones de éstos producirán los mismos males en un caso como en otro. El amor al poder, el egoísmo, la injusticia, la deslealtad, que a menudo y a corto plazo conduce a las organizaciones privadas al desastre, engendrarán donde sus efectos se acumulan de generación en generación, males muy grandes y difíciles de evitar, puesto que la organización administrativa, vasta, compleja y provista de todos los recursos, una vez desarrollada y consolidada, llega a ser irresistible. Y si se necesita una prueba de que el ejercicio periódico del poder electoral fallaría en prevenirlo, basta el ejemplo del gobierno francés que, popular en su origen y sujeto en cortos intervalos al juicio popular, no obstante, atropella la libertad de los ciudadanos hasta tal punto que los delegados ingleses dijeron en el último congreso de las Trade Union: Esto es una desgracia y una anomalía en una nación republicana.

El resultado final sería la resurrección del despotismo. Un ejército disciplinado de funcionarios civiles, como un ejército de militares, confiere el poder supremo a su jefe. Este poder ha conducido con frecuencia a la usurpación, como ocurrió en la Europa medieval, y aún más en el Japón, e incluso entre nuestros vecinos durante nuestra época. Las recientes declaraciones de M. de Maurepas demuestran con qué rapidez un jefe constitucional elegido por el pueblo y con su entera confianza, puede paralizar la acción del organismo representativo y convertirse en dictador con la simple ayuda de unos cuantos colaboradores sin escrúpulos. Poseemos buenas razones para creer que los que se elevaran a los primeros puestos en la organización socialista no tendrían escrúpulos en llevar a cabo sus intentos a toda costa. Cuando se oye decir al Consejo de la Federación Democrática que los accionistas -que unas veces ganan pero otras también pierden, y que han fomentado los ferrocarriles mediante los que ha aumentado tanto la prosperidad nacional- han puesto las manos sobre los medios de comunicación, podemos inferir con cuánta perversidad interpretarían los deseos de los individuos y de las clases bajo su dominio, los directores de una organización comunista. Y cuando, más adelante, hallamos miembros de este mismo Consejo exigiendo que el Estado expropie los ferrocarriles con compensación o sin ella, sospechamos que los jefes de esta sociedad ideal no se detendrían ante consideraciones de equidad para llevar a efecto la política que juzgan necesaria: política que siempre se identificaría con su propia supremacía. Bastaría una guerra con un país vecino o cualquier descontento interno que exigiera una represión, para que se transformara una administración socialista en una tiranía espantosa, como la del antiguo Perú, y bajo la cual las masas controladas por jerarquías de funcionarios y constantemente vigiladas, trabajarían en beneficio exclusivo de la organización que los regulaba y no les quedaría sino los recursos precisos para una miserable existencia. Y entonces, habría resucitado completamente con diferente forma, aquel sistema de cooperación obligatoria cuya decadente tradición está representada por el antiguo conservadurismo y hacia el que nos conducen los nuevos conservadores.

Pero estaremos en guardia contra todo esto, tomaremos precauciones para evitar tales desastres, dirán los entusiastas sin duda alguna. Sean los políticos prácticos con sus nuevas medidas regulativas o los comunistas con sus proyectos de reorganización del trabajo, su respuesta es siempre la misma: Es cierto que planes de semejante naturaleza han fracasado, debido a causas imprevistas o accidentes adversos o por las deslealtades de los ejecutores; pero esta vez aprovecharemos las experiencias pasadas y triunfaremos. El pueblo parece no comprender la verdad, que no obstante es evidente, de que el bienestar de una sociedad y lo justo de su organización dependen fundamentalmente del carácter de sus miembros, y que ninguna mejora puede lograrse sin un perfeccionamiento del carácter, resultante del ejercicio de una industria pacífica con las restricciones impuestas por una ordenada vida social.

La creencia, no sólo de los socialistas sino también de los sedicentes liberales que les están preparando el camino, es que mediante hábiles medidas una humanidad defectuosa puede transformarse en una humanidad con instituciones bien organizadas. Esto es una ilusión. Cualquiera que sea la estructura social en que vivan, se manifestarán igualmente en acciones perniciosas las defectuosas naturalezas de los ciudadanos.

Nota: Desde la aparición de este ensayo, los socialistas han publicado dos respuestas: Socialismo y esclavitud, por H. M. Hyndman, y Herbert Spencer habla del socialismo, por Frank Fairman. Me limitaré a decir que, como es costumbre con los adversarios, me atribuyen opiniones que no sostengo. De que desapruebe el socialismo no se deduce, como asegura Mr. Hyndman, que apruebe las organizaciones existentes. Reprueba cosas que yo también repruebo, pero disiento del remedio que propone. El caballero que escribe con el seudónimo de Frank Fairman me reprocha haber retrocedido desde que escribí en Estática social lo que él llama una simpática defensa de las clases trabajadoras. Yo no tengo conciencia del cambio que alega. El hecho de mirar con ojos indulgentes las irregularidades de las personas cuya vida es dura, no implica por ningún medio una tolerancia hacia los vagos.

LOS PECADOS DE LOS LEGISLADORES

SEA verdad o no, que el hombre es hijo de la iniquidad y está concebido en el pecado, es indudablemente cierto que el gobierno está engendrado por la agresión y para la agresión. En pequeñas sociedades no desarrolladas, en las que durante siglos ha existido una completa paz, nada parecido existe a lo que nosotros llamamos gobierno: no hay ningún organismo coercitivo sino, todo lo más, mera supremacía honoraria.

En estas comunidades excepcionales, que no son agresivas y que por causas especiales tampoco son agredidas, son tan raras las desviaciones de las virtudes de veracidad, honestidad, justicia y generosidad, que no es necesario para que se exprese la opinión pública más que una asamblea de ancianos[14]. Inversamente, hallamos pruebas de que la autoridad de un jefe, reconocida al principio de un modo temporal durante la guerra, se establece permanentemente por continuación de ella. Se robustece cuando una agresión afortunada finaliza con la sumisión de las tribus vecinas. Ejemplos ofrecidos por todas las razas ponen fuera de duda la verdad de que el poder coercitivo del jefe, convertido en rey y rey de reyes (título frecuente en el antiguo Oriente) aumenta en proporción a sus conquistas y al número de pueblos que somete[15]. Las comparaciones nos muestran otra verdad que deberíamos tener siempre presente: la agresividad del poder reinante dentro de una sociedad aumenta con su agresividad fuera de ella. De igual forma que, para conseguir un ejército eficaz, los soldados deben subordinarse a un jefe, así, para lograr una combatiente y eficaz comunidad, los ciudadanos se deben subordinar al poder dirigente. Deben proporcionar los recursos en hombres y dinero que se les exija.

La consecuencia obvia es que la ética del gobierno, originariamente idéntica con la ética de la guerra, debe permanecer durante mucho tiempo similar para ellos, y disentirá de ellos en la medida en que disminuyan las actividades y los preparativos bélicos. La evidencia nos la muestra. Hoy, en el continente, el ciudadano es libre cuando ya no se le exigen sus servicios como soldado, pero durante el resto de su vida está esclavizado para sostener la organización militar. Aun entre nosotros mismos una guerra grave, imponiendo el reclutamiento, suspendería las libertades de gran número de ciudadanos y restringiría las de los demás imponiéndoles las contribuciones que se necesitaran, es decir, obligándolos a trabajar cierto número de días para el Estado. Inevitablemente, el modo de conducta del gobierno con los ciudadanos debe ir unido con el modo de conducta de los ciudadanos entre sí.

No debo tratar en este ensayo de los transgresores ni de las represalias ejercidas sobre ellos. Su relato constituye la mayor parte de la historia. Tampoco voy a investigar las iniquidades internas que siempre acompañaron a las externas. No me propongo catalogar aquí los crímenes de los legisladores irresponsables, comenzando por los del rey Khufu, cuya tumba fue construida con el sangriento sudor de decenas de millares de esclavos trabajando afanosamente bajo el látigo durante largos años; continuando con los cometidos por los conquistadores egipcios, asirios, persas, macedonios, romanos, etcétera, y concluyendo con los de Napoleón, cuya ambición por prosternar al mundo civilizado costó dos millones de vidas[16]. No me propongo enumerar los pecados de los legisladores responsables que se observan en la extensa lista de leyes dictadas en favor de las clases dominantes, lista que comienza en nuestro propio país con las leyes que mantuvieron la esclavitud y la trata de negros, torturando cerca de cuarenta mil anualmente, hacinados en los barcos durante las travesías tropicales, matando un gran porcentaje de ellos, y finalizando con la ley de los cereales por la que, dice Sir Erskine May, para asegurar altas rentas se decretó que las multitudes pasaran hambre[17].

Indudablemente, no carecería de utilidad la enumeración de las manifiestas malas acciones de los legisladores, tanto responsables como irresponsables. Sería muy útil, sobre todo con respecto a la verdad que ya he mencionado. Aclararía más que la identidad de la ética del gobierno con la ética militar que existe necesariamente durante los tiempos primitivos, cuando el ejército es simplemente la sociedad movilizada y la sociedad el ejército en reposo, continúa durante largos períodos e incluso afecta en gran escala a nuestros procedimientos jurídicos y a nuestra vida cotidiana. Habiendo mostrado, por ejemplo, que en numerosas tribus salvajes la función judicial del jefe no existe, o es puramente nominal, y que en general durante épocas antiguas de la civilización europea cada hombre tenía que defenderse a sí mismo y reparar sus males como podía; habiendo mostrado que en los tiempos medievales se abolió el derecho de guerrear entre sí los miembros de una misma organización militar, no porque el jefe supremo creyese su deber recurrir a un arbitraje, sino porque las guerras internas constituían un obstáculo para lá eficacia de las guerras externas; habiendo mostrado que la administración de justicia conservaba todavía su carácter primitivo en las pruebas judiciales sostenidas ante el rey o su representante como árbitro, y que entre nosotros continuaron constituyendo una forma de duelo hasta 1819, podríamos apuntar que todavía subsisten pruebas judiciales bajo otra forma; aquellas en que son los campeones los abogados y las armas el dinero. En los pleitos civiles el Estado no cuida mucho más que antes de rectificar los males de los lesionados, pero prácticamente su delegado atiende tan sólo a que se observen las reglas del combate, y el resultado es más una cuestión pecuniaria y de habilidad forense que de equidad. Además, el poder se preocupa tan poco de la administración de justicia, que cuando a causa de un conflicto legal sostenido en presencia de su delegado, los litigantes se hallan tan económicamente exhaustos que han llegado a la postración absoluta, y cuando la apelación de uno de ellos triunfa, el litigante vencido debe pagar los errores del delegado o de su predecesor. Y con frecuencia el individuo perjudicado que buscaba protección o restitución se arruina al acabar el pleito.

Trazado con exactitud el cuadro de los defectos de comisión y omisión del gobierno, probado que uná parte de los principios éticos vigentes surgen en estado de guerra, se desvanecerán quizá las esperanzas de los que están ansiosos de extender el control gubernamental. Después de observar que de acuerdo con los caracteres de la estructura primitiva política que produce el militarismo subsisten todavía restos de sus primitivos principios, el reformador y el filántropo deberían ilusionarse menos con respecto al bien logrado por la intervención del Estado y confiar más en los organismos no estatales.

Pero prescindiendo de la mayor parte de la gran tesis comprendida bajo el título de este ensayo, me propongo ocuparme sólo de la parte restante, comparativamente pequeña: de los pecados de los legisladores que no son producidos por sus ambiciones personales o intereses de clases, sino que son el resultado de una carencia de estudio para el que están moralmente obligados a prepararse.

Si un dependiente de farmacia, después de oír la descripción de ciertos dolores que atribuye erróneamente a un cólico, pero que realmente son causados por inflamación del caecum, prescribe una purga enérgica y el paciente muere, se le considerará culpable de homicidio por imprudencia. No se admitirá como atenuante el hecho de que no intentaba hacer daño, sino todo lo contrario. El pretexto de que simplemente cometió un error de diagnóstico, no es válido. Se le dirá que tenía derecho de exponer al enfermo a consecuencias desastrosas por inmiscuirse en un asunto en el que sus conocimientos eran tan precarios. El hecho de que él no comprendía siquiera la magnitud de su ignorancia no se acepta en el juicio. Se determina tácitamente que la experiencia enseña a todos que, incluso la persona competente, y más aún la que no lo es, comete errores en el diagnostico de las enfermedades y en su debido tratamiento, y que habiendo desatendido la advertencia que se deriva de la experiencia común, él es responsable de las consecuencias.

Medimos las responsabilidades de los legisladores por los errores que cometen, de un modo mucho más indigente. En la mayor parte de los casos, lejos de creer que merecen castigo por los desastres que acarrean al promulgar leyes careciendo de capacidad para ello, apenas creemos que merecen reprobación. Se admite que la experiencia común debería haber enseñado al dependiente de farmacia, poco instruido como es, a no recetar, pero no se admite que debería haber enseñado al legislador a no intervenir en los asuntos para los que no está capacitado. Aunque multitud de hechos de la legislación de nuestro país, y de otros, deben hacerle conocer los inmensos males causados por erróneos procedimientos, sin embargo, no se le censura por olvidar estas advertencias contra los proyectos temerarios. Por el contrario, se le acredita como un mérito -quizá recién salido del colegio, quizá acabando de dejar una jauría que le hizo popular en su comarca, quizá surgiendo de una ciudad de provincia donde se hizo rico, tal vez del foro donde se distinguió como abogado- cuando entra en el Parlamento, y en seguida, temerariamente, comienza a ayudar a impedir este o aquel modo de operar sobre el cuerpo político. En este caso, no es menester alegar la excusa de que él no sabe lo poco que sabe, porque el público en general está conforme con él en que no es necesario saber más de lo que los debates sobre las medidas propuestas le pueden enseñar.

Pese a esto, los males producidos por legisladores sin instrucción, enormes como son, en comparación con los causados por tratamientos médicos inadecuados, son notorios a quienes arrojen una mirada sobre la historia. Los lectores deben perdonarme si les recuerdo unos ejemplos familiares. Siglo tras siglo, los estadistas promulgaron leyes contra la usura que sólo dieron como resultado, empeorar la condición del deudor, elevándose el porcentaje de interés de cinco a seis, cuando se intentaba reducirlo a cuatro[18], como sucedió durante el reinado de Luis XV, produciendo indirectamente males imprevistos de todas clases, como el de impedir el empleo improductivo del capital ahorrado e imponer a los pequeños propietarios multitud de cargas perpetuas[19]. De igual manera, las medidas adoptadas en Inglaterra durante quinientos años para evitar el acaparamiento, y las que en Francia, como atestigua Arthur Young, impidieron que se compraran más de dos fanegas de trigo en el mercado[20], aumentaron de generación en generación la miseria y la mortalidad debidas a la carestía, pues como todo el mundo sabe, el negociante al por mayor, al que en el estatuto De Pistoribus se le vitupera como franco opresor del pobre[21], es simplemente un hombre cuya función consiste en equilibrar el abastecimiento de las mercancías impidiendo un consumo demasiado rápido. De idéntica naturaleza fue la medida que en 1315, para disminuir el hambre, tasó los precios de los alimentos, y que fue rápidamente rechazada porque causó la total desaparición de ciertos alimentos del mercado. También otras disposiciones que rigieron durante más tiempo, como las que determinaban las ganancias razonables de los avitualladores[22]. Del mismo espíritu y seguidas de iguales errores, fueron las tentativas para fijar los jornales, que empezaron con el Estatuto de los Trabajadores en la época de Eduardo III y cesaron sólo hace sesenta años, cuando las Cámaras de los Lores y de los Comunes desistieron de señalar los salarios de los tejedores de la seda por decisión de los magistrados, después de haber galvanizado en Spitalfields una industria decadente, originando una gran miseria.

Preveo aquí una impaciente interrupción. Sabemos todo eso, la historia es vieja. Se nos han repetido hasta la saciedad los daños causados por la intervención en la industria y el comercio. No necesitamos aprender la lección de nuevo. En primer término, respondo que la lección no fue nunca debidamente aprendida por la mayoría, y que muchos de los que la aprendieron la han olvidado. Los pretextos que hoy se invocan para justificar estas medidas son los mismos que se invocaron antes. En el Estatuto 35 de Eduardo III, cuyo objeto era mantener a bajo precio los arenques (pero que se derogó porque fue contraproducente), se quejaba el legislador de la gente que viniendo al mercado… regateaba el precio de los arenques, y cada uno de ellos, por envidia o malicia, pujaban, y si uno ofrece cuarenta chelines, otro ofrece diez más, y un tercero sesenta chelines y de esta forma cada uno excede la oferta del anterior[23]. Hoy también se condena este pujar en el mercado y se atribuye a malicia y envidia.

Los daños de la competencia han sido siempre la queja fundamental de los socialistas, y el Consejo de la Federación Democrática denuncia la continuación de los cambios bajo el control de la codicia y el provecho individual. Mi segunda respuesta es que las interferencias con la ley de la oferta y la demanda, que hace una generación se consideraban perjudiciales, se están extendiendo en nuevos campos por Actas del Parlamento. Según demostraré más adelante, están acrecentando en estos campos los males que hay que curar, y produciendo otros nuevos.

Entre paréntesis, creo del caso explicar que las Actas citadas pueden recordar al lector cómo los legisladores ignorantes han aumentado, en tiempos pasados, los sufrimientos humanos, en sus intentos para mitigarlos. Y añadiré que si estos males, legislativamente intensificados o creados, se multiplicaran por diez o más, se formaría una cabal concepción de todos los males causados por los legisladores que desconocían la ciencia social. En una comunicación leída ante la Sociedad de Estadística en mayo de 1873, Mr. Janson, vicepresidente de la Sociedad Jurídica, declara que desde el Estatuto de Merton (Enrique III) hasta fines de 1872, se habían dictado 18.110 Actas públicas, de las que, estima, cuatro quintas partes fueron total o parcialmente abolidas. Declara también que el número de Actas públicas abolidas, o rectificadas, total o parcialmente, durante los años 1870, 1871 y 1872 fueron 3.532, de las cuales 2.759 han sido totalmente derogadas. Para ver si estas derogaciones continuaban en la misma proporción, he consultado los volúmenes que se publican anualmente de los Estatutos Públicos Generales, de las tres últimas legislaturas. Prescindiendo de las numerosas Actas modificadas, el resultado es que en las tres últimas legislaturas fueron abolidas totalmente, en grupos o de un modo separado, 650 Actas correspondientes al reinado actual, además de otras muchas que corresponden a reinados anteriores. Esto, por supuesto, excede al término medio que he mencionado, pues últimamente se ha expurgado la Colección Legislativa. Pero teniendo en cuenta las circunstancias, debemos inferir que en nuestros propios días las derogaciones suman muchos miles. Indudablemente, gran número de ellas eran anticuadas. La derogación de otras la exigieron las circunstancias que han cambiado (aunque el número de éstas no debe ser muy crecido); otras eran ya absolutamente inoperantes, y la abolición de muchas ha sido debida a su refundición en una sola. Pero indudablemente, en muchos casos la abolición proviene de que las Actas producían malos resultados. Hablamos superficialmente de tales cambios, pensando con indiferencia en la legislación anulada. Olvidamos que antes de que las leyes fueran abolidas infligieron males de mayor o menor importancia, unas durante pocos años, otros durante decenas y otras a través de siglos. Precisad la idea de una ley nociva considerándola como una causa que opera sobre la vida de las personas y veréis en cuánto dolor se traduce, en cuánta enfermedad, en cuánta mortalidad. Una forma viciosa de procedimiento judicial por ejemplo, que esté promulgada o tolerada, ocasiona a los litigantes pérdida de tiempo y dinero. ¿Qué resulta de esto? Dilapidación del dinero; grande y prolongada ansiedad, seguida a veces de enfermedades; desgracias de familia; niños privados de ropa y alimento; en una palabra: miserias que acarrean consigo nuevas miserias. Añádase a esto los numerosos casos de personas que careciendo de medios o de valor para empeñarse en un pleito, se resignan al engaño y se empobrecen, teniendo que padecer física y moralmente los daños ocasionados. Incluso con sólo decir que una ley ha sido un obstáculo, se comprende que ha causado pérdida de tiempo, molestias y enojos, y en las personas sobrecargadas esto implica un debilitamiento de la salud con los sufrimientos consiguientes. Observando, pues, que una mala legislación significa ataques contra la vida de los hombres, júzguese lo que debe ser la suma total de angustia mental, de dolor físico y de muertes prematuras que representan los millares de Actas abolidas. Para demostrar de una vez que los legisladores carentes de conocimientos adecuados ocasionan males inmensos, citaré un caso especial que me recuerda una ocasión del día.

Ya he expresado que las interferencias con la conexión entre la oferta y la demanda, abandonadas en determinados campos después de haber ocasionado inmensos perjuicios durante muchos siglos, están ocurriendo ahora en otras esferas. Se supone que esta conexión es válida únicamente donde ha sido demostrada por los efectos producidos. Tan débil es la creencia de los hombres en ella. No parece sospechoso que en los casos donde aparenta fallar, la causación natural ha sido alterada por obstáculos artificiales. Y sin embargo; en el caso a que me refiero (el de la construcción de casas para los pobres), basta preguntar por el sentido de las leyes que se promulgan desde hace tiempo para comprender que los terribles males que se deploran son producto de las mismas.

Hace una generación, se discutió acerca de las deficiencias e insalubridad de las casas para obreros, y tuve ocasión de participar en la cuestión. He aquí un pasaje que escribí entonces:

Un arquitecto e inspector la describe (El Acta de Construcción) explicando que ha producido los siguientes efectos: en los barrios de Londres, donde existen casas mal construidas, y que la nueva Acta de Construcción se propone evitar, se obtenía una renta media suficientemente remuneradora para los dueños cuyas casas subían de precio antes de que fuera dictada la Nueva Acta de Construcción. Esta renta media existente fija la que se debe cargar en estos distritos para las nuevas casas de la misma capacidad que las antiguas, pues los inquilinos para quienes se edifican no aprecian la seguridad de vivir en casas con muros consolidados por barras de hierro. Pero las casas construidas de acuerdo con estas condiciones, y con un alquiler determinado, no constituyen una buena inversión. Los constructores se han limitado, pues, a edificar en mejores distritos (donde la posibilidad de una provechosa concurrencia con las casas preexistentes muestra que éstas eran bastante importantes) y han cesado de construir para las masas, excepto en los suburbios, donde no se prescriben tantas medidas sanitarias. Mientras tanto, en los distritos pobres descriptos, se ha aglomerado la población, viviendo media docena de familias en una casa y una veintena de inquilinos en una habitación. Pero no es esto solo. El estado de miserable ruina a que se ha permitido que lleguen las casas de los pobres es debido a la falta de competencia con nuevas casas. Los propietarios saben que sus inquilinos no las abandonarán para buscar mejor acomodo. No se hacen reparaciones porque no harían aumentar el alquiler… ¡Realmente, un gran porcentaje de los horrores que nuestros agitadores en materia sanitaria están intentando curar por medio de leyes, tenemos que agradecérselos a anteriores agitadores de la misma escuela! (Estática Social, pág. 384, edición de 1851).

No fue ésta la única legislación causa de tantos males. Como mostramos en el siguiente párrafo, se reconocieron otras varias:

Antes de la derogación del impuesto sobre los ladrillos The Builder escribía: Se supone que la cuarta parte del costo de una vivienda que se alquila en dos chelines y medio o tres por semana, corresponde a gastos de contrato y al impuesto sobre la madera y los ladrillos que se utilizan en la construcción. Por supuesto, el propietario debe desquitarse de esto, y por tanto, hace pagar siete peniques y medio o nueve semanales para cubrir estas cargas. Mr. C. Gatliff, secretario de la Sociedad para el mejoramiento de viviendas de las clases trabajadoras, describiendo el efecto del impuesto sobre las ventanas, dice: La Sociedad paga ahora en sus locales de St. Pancras la suma de 162 libras con dieciséis chelines por el impuesto sobre las ventanas, es decir, un uno por ciento del desembolso inicial. La renta media pagada por los arrendatarios de la Sociedad es de cinco chelines con seis peniques por semana, y el impuesto sobre ventanas absorbe siete peniques y medio semanales. (Times, 31 de enero, 1850. Estática Social, pág. 385, edición de 1851).

La prensa de aquellos días ofrece otros testimonios. En el Times del 7 de diciembre de 1850 (demasiado tarde para que yo pudiera utilizar el trabajo en la obra que publiqué la última semana de 1850) se publicó una carta fechada en el Reform Club y firmada por Arquitecto que contenía los siguientes conceptos:

Lord Kinnaird recomienda en su diario de ayer la construcción de casas modelo, reuniendo dos o tres en una sola.

Permítaseme sugerir a su Señoría, y a su amigo Lord Ashley, a quien él se refiere, que si:

1. El impuesto sobre las ventanas fuera abolido;

2. Se derogara el Acta de Construcción (exceptuando las cláusulas que preceptúan que las paredes interiores y exteriores estén a prueba de fuego);

3. Se igualaran o anulasen los derechos sobre las maderas, y;

4. Se dictase una ley para facilitar el traspaso de la propiedad, no habría necesidad de más casas modelo como no hay para barcos modelo, telares modelo o máquinas de vapor modelo.

La primera, limita el número de ventanas a siete en las casas de los pobres;

La segunda, limita la extensión de las casas de los pobres a veinticinco pies por dieciocho (aproximadamente el tamaño del comedor de una buena casa) dentro de cuyo espacio se debe construir la escalera, un pequeño portal, una sala y una cocina (incluidas las paredes y tabiques);

La tercera, obliga al constructor a edificar la casa del pobre con madera inadecuada, pues el impuesto sobre la buena madera (de los países bálticos) es quince veces mayor que el impuesto sobre la mala (del Canadá). Además; el gobierno excluye esta última de todos sus contratos.

La cuarta, tendría gran influencia sobre el miserable estado actual de las viviendas de los pobres. Facilitaría tanto la venta de los pequeños solares como su arrendamiento. El hecho de edificar casas de alquiler ha sido un incentivo para construir mal.

Para precaverme de errores y exageraciones, he consultado a un contratista con cuarenta años de experiencia, Mr. C. Forrest, el que, como miembro del Consejo de construcciones y de la beneficencia, une a su extenso conocimiento de los asuntos públicos locales un gran conocimiento de los negocios de construcción. Mr. Forrest, que me ha autorizado a dar su nombre; confirma las apreciaciones precedentes, excepto una, que acentúa. Dice que Arquitecto comprende el mal ocasionado por las casas de cuarta clase, puesto que las dimensiones son todavía menores de lo que él indica (quizá más de acuerdo con las disposiciones de otra reciente Acta de Construcción). Mr. Forrest expresa aún más. Aparte de mostrar los malos efectos del gran incremento del impuesto sobre la propiedad urbana (en sesenta años, de una libra a ocho libras con diez chelines para una casa de cuarta clase) que, juntamente con otras causas, lo han obligado a renunciar a sus proyectos de construcción de casas baratas; además de coincidir con Arquitecto en que este mal ha aumentado por las dificultades de transferir la propiedad, debido al sistema legislativo de fideicomisos y sustituciones, manifiesta que aún existe otro gravamen sobre la construcción de casas pequeñas (impuesto prohibitivo lo llama él): al coste de cada nueva casa hay que añadir el coste de pavimento, aceras y alcantarilla, que se pagan según la longitud de la fachada y que, por consiguiente, resulta más gravoso sobre el valor de una casa pequeña que sobre el de una grande.

De estos males producidos por la legislación, que eran grandes hace una generación y que desde entonces han aumentado, pasemos a otros más recientes. La miseria, la enfermedad, la mortalidad en casas que son verdaderas colmenas, continuamente empeorando por los impedimentos que se oponen al aumento de casas de cuarta clase, y por el hacinamiento de personas en las que existen, ha llegado a constituir tal escándalo que se ha reclamado al gobierno para que ataje el mal. Respondió con el Acta de viviendas para obreros, concediendo a las autoridades locales poderes para derruir casas en mal estado y construir otras mejores. ¿Cuáles han sido los resultados? Un resumen de las operaciones de la Cámara Metropolitana de Obras Públicas, fechado el 21 de diciembre de 1883, muestra que hasta septiembre último, costándole un millón y cuarto a los contribuyentes, habían dejado sin casa a veinte mil personas edificando sólo para doce mil. En adelante se proveerá a los ocho mil restantes, que mientras tanto se encuentran sin albergue. No es esto todo. Otra representación local del gobierno, la Comisión de Alcantarillas para la City, trabajando en el mismo sentido, por prescripción legislativa, ha derruido en Golden Lane y en Petticoat Square manzanas de pequeñas casas denunciadas, donde vivían 1, 734 pobres, y de los espacios así abiertos hace cinco años uno se ha vendido para instalar una estación de ferrocarril y otro está siendo cubierto con viviendas para obreros que acomodará eventualmente a la mitad de la población desalojada. El resultado es, hasta hoy, que sumados a los desalojados por la Cámara Metropolitana de Obras Públicas, forman un total de ¡cerca de once mil personas sin hogar que han de buscar refugio en lugares miserables y que, para colmo, estaban ya abarrotados!

Véase, pues, lo que ha conseguido la legislación. Por una mala aplicación de los impuestos, elevaron el precio de los ladrillos y de la madera aumentando el costo de las casas, e indujeron, por razones de economía, a que se utilizaran malos materiales en cantidades insuficientes. Para impedir la construcción consiguiente de malas viviendas, establecieron reglamentos que, a la manera medieval, señalaban la calidad de la mercancía que se había de emplear. No comprendieron que insistiendo en una mejor calidad y, por tanto, en un precio más alto, limitarían la demanda y disminuirían la oferta. Por la creación de otros gravámenes locales la legislación ha dificultado aún más la construcción de casas pequeñas. En fin, después de haber sido causa, mediante sucesivas disposiciones, de la construcción de casas en malas condiciones y de la falta de otras mejores, han querido evitar el hacinamiento de los pobres, artificialmente creado, ¡disminuyendo la capacidad de las viviendas que no podían contenerlos!

¿Quién tiene, entonces, la culpa de la miseria de los barrios pobres? ¿Contra quién debe levantarse el amargo clamor de los proscritos de Londres?

El antropólogo alemán Bastian, nos cuenta que si un enfermo indígena de Guinea no se cura, desvirtuando así la eficacia del fetiche que lo toca, es estrangulado[24]. Debemos suponer razonablemente que si cualquier persona de Guinea fuera bastante audaz como para poner en duda el poder del fetiche, sería sacrificado. En los días en que la autoridad gubernamental estaba sostenida por severas medidas, existió un peligro parecido si se decía algo irrespetuoso de los fetiches políticos. Hoy, sin embargo, el peligro peor que puede temer quien dude de su omnipotencia es ser considerado un reaccionario que habla de laissez faire. No debe confiar en que los hechos que él pueda aportar disminuirán la fe establecida, pues vemos diariamente que esta fe desafía a todas las evidencias. Veamos algunas de estas pruebas numerosas que pasan inadvertidas.

Una oficina del gobierno es como un filtro invertido: se envían las cuentas claras y salen embrolladas. Tal fue la comparación que oí hace muchos años al difunto Sir Charles Fox que, a causa de sus negocios, tenía una gran experiencia con respecto a las oficinas públicas. Que su opinión no era una opinión aislada, aunque lo fuera su comparación, todo el mundo lo sabe. Las revelaciones de la prensa y las críticas expuestas en el Parlamento, nos muestran los vicios de la rutina oficial. Su lentitud, motivo de perpetuas quejas, y que en tiempos de Mr. Fox, Maule llegaba al extremo de que los haberes de los oficiales del ejército se pagaban generalmente con dos años de atraso, ha sido de nuevo evidenciada por la aparición del primer volumen del Censo detallado de 1881, dos años después de verificada la inscripción. Si buscamos la explicación de tales retrasos veremos que se ha originado en una confusión apenas creíble. Con motivo de las relaciones estadísticas del Censo, el Registrador General nos dice que la dificultad reside no sólo en la gran multitud de áreas que se han de tener en cuenta sino todavía más en la asombrosa complejidad de sus límites. Hay, en efecto, 39.000 circunscripciones administrativas de veintidós clases diferentes: cantones, parroquias, municipios, distritos, juzgados de paz, provincias; distritos sanitarios rurales y urbanos, diócesis, etcétera. Y como Mr. Rathbone M. P.[25] indica, todas estas circunscripciones superpuestas con límites que se entrecruzan tienen sus respectivos organismos administrativos con autoridades que chocan con las de otros distritos. Alguien preguntará: ¿Por qué el Parlamento ha establecido una nueva serie de divisiones para cada administración adicional? La respuesta surge por sí sola: para mantener la consistencia del método. Esta confusión organizada se adecua perfectamente con lo que el Parlamento fomenta cada año arrojando al montón de sus antiguas Actas un centenar de otras nuevas, cuyas prescripciones modifican de mil modos las leyes a que se refieren. La responsabilidad de determinar cuál es la ley, queda a cargo de los particulares, quienes pierden su fortuna intentando alcanzar una interpretación judicial. Y por otra parte, este sistema de cruzar unas redes de distrito con otras, con sus conflictos de autoridades entre sí, es absolutamente compatible con el método según el cual al lector del Acta de Salud Pública de 1872 que desee conocer qué poderes se ejercen sobre él, se le remite a 26 Actas precedentes de distintas clases y épocas diversas[26]. Otro tanto ocurre con la inercia administrativa. Constantemente ocurren casos que demuestran la resistencia de la burocracia al progreso; un ejemplo es el del Almirantazgo que, al serle propuesto el uso del telégrafo eléctrico, contestó: Tenemos un excelente sistema de semáforos; otro, el de Correos que, como el difunto Sir Charles Siemens dijo hace pocos años, obstruyó la adopción de los métodos más perfectos de la telegrafía y que después ha impedido el uso del teléfono. Otros casos análogos a los de las viviendas industriales muestran de vez en cuando cómo el Estado aumenta con una mano los males que con la otra intenta disminuir. Así, cuando impone un derecho sobre los seguros contra incendios y luego reglamenta el modo de extinguirlos, o dicta normas de construcción que, como nos demuestra el capitán Shaw, aumentan los riesgos[27]. Por otra parte, los absurdos de la rutina oficial, rígida cuando no necesita serlo y laxa cuando debiera ser rígida, llegan a veces a ser tan claros que causan escándalo. Esto ocurrió con el caso de un importante documento de Estado que debía ser secreto y que fue hecho público por un oficinista mal retribuido y que ni siquiera desempeñaba un puesto permanente. Igualmente sucedió en lo referente al modo de fabricar mechas Moorson en que se guardó el secreto para los más altos oficiales de artillería y finalmente se lo enseñaron los rusos, a quienes se había permitido aprenderlo. También, con un diagrama que muestra las distancias a que los blindajes ingleses y extranjeros pueden ser perforados por nuestros cañones de largo alcance, que fue comunicado por una potencia attaché a su gobierno y pronto llegó al conocimiento de todos los gobiernos de Europa, mientras que los oficiales ingleses permanecían ignorantes de los hechos[28]. Igual ocurre con la supervisión estatal. Se ha mostrado que es innecesario garantizar la calidad de la plata mediante inspección, y además su comercio ha disminuido con ello[29]. En otros casos ha bajado la calidad por establecer un tipo que no es posible exceder. Un ejemplo de esto es el caso de la mantequilla Cork, que ha puesto en franca desventaja a las mejores al no poder obtener unas adecuadas ganancias por su mejor calidad[30]. Otro es el de la salazón de arenques (ahora potestativa) cuyo efecto fue equiparar a los industriales, que apenas alcanzaban el nivel establecido, con los mejores, con el consiguiente desaliento de estos últimos. Pero no se aprenden esas lecciones. Incluso, cuando el fracaso de la inspección es más patente no se advierte, como ocurrió con la terrible catástrofe en la que un tren lleno de personas desapareció al hundirse el puente de Tay. Se levantaron violentas denuncias contra la empresa y el ingeniero, pero nada se dijo del funcionario que aprobó oficialmente la construcción. Igual sucedió con la prevención de las enfermedades. No importa que ocurran graves males por la desidia de agentes del gobierno, como cuando murieron 87 esposas e hijos de soldados en el barco Accrington[31], o cuando se propagaron la fiebre tifoidea y la difteria en Edimburgo al construir un sistema de desagüe obligatorio[32]; igual cuando las medidas sanitarias ordenadas por el Estado aumentan los males que querían disminuir[33]. Verdaderas montañas de evidencias de ésta clase no abaten la confianza con que se invoca la inspección sanitaria, y hoy más que nunca, como lo demuestra la petición de que todas las escuelas públicas se hallen bajo la vigilancia de médicos oficiales. Incluso aunque el Estado sea evidentemente la causa de todos los males que se lamentan, la fe en su bienhechora intervención no disminuye, como lo observamos en el hecho de que habiendo autorizado, hace una generación, o más bien, requerido a los municipios para que establecieran un sistema de alcantarillas que desaguaran en los ríos y habiéndose contaminado las fuentes, se elevó un gran clamor público contra las compañías de agua por la impureza de ésta. Las reclamaciones no cesaron hasta que los municipios fueron obligados, a costa de mucho dinero, a revolucionar el sistema de alcantarillado. Y ahora, como único remedio se pide que el Estado, por medio de sus apoderados locales, emprenda todo el trabajo. Los errores del Estado han llegado a ser, lo mismo que en el caso de las viviendas para obreros, motivo para rogarle que cometa otros. Esta adoración del poder legislativo es menos excusable que la adoración del fetiche al que lo he comparado. El salvaje tiene la ventaja de que su fetiche es mudo, por tanto, no confiesa su incapacidad. El hombre civilizado se empeña en adscribir al ídolo que ha forjado, poderes que él mismo confiesa que no tiene. No aludo sólo a los debates que diariamente nos hablan de medidas legislativas que han producido un mal en lugar de un bien, ni de millares de Actas del Parlamento que aboliendo leyes precedentes constituyen tácitas admisiones de fracaso. No me refiero únicamente a las confesiones casi gubernamentales que se contienen en el informe de los comisionados para la Ley de pobres, que dicen: De un lado hallamos, que apenas existe un estatuto referente a la administración de la beneficencia pública que haya producido el efecto perseguido por la legislación, y que la mayoría de ellos han creado nuevos males y agravado los que intentaban abolir[34].

Me refiero ante todo a las confesiones hechas por hombres de Estado y por departamentos estatales. Leo, por ejemplo, en una memoria dirigida a Mr. Gladstone y adoptada en una reunión de personas muy influyentes celebrada con la presidencia del difunto Lord Lyttelton:

Los abajo firmantes, miembros de las Cámaras de los Lores y de los Comunes, contribuyentes y habitantes de la metrópoli, reconocemos toda la verdad de su afirmación en la Cámara de los Comunes, en 1866, de que existe todavía un lamentable estado en nuestras disposiciones sobre obras publicas: vacilación, incertidumbre, despilfarro, extravagancia, mezquindad y todos los vicios que se puedan enumerar están unidos en nuestro actual sistema, etcétera, etcétera[35].

He aquí otro ejemplo que nos proporciona un Acta reciente de la Cámara de Comercio (noviembre de 1883), en la que consta que desde 1836 no ha transcurrido ninguna sesión del Comité de Naufragios sin que se adopte alguna medida tomada por la legislación o por el gobierno con este objeto (prevención de naufragios) y que la multiplicidad de Estatutos que se fundieron en uno solo, el de 1854, han llegado a constituir un escándalo y un reproche siendo aprobada cada medida por el fracaso de las anteriores. Se declara a continuación que las pérdidas de vidas y barcos han sido más elevadas desde 1876 que lo fueron anteriormente. Mientras tanto, los gastos de administración se han elevado de 17 millones de libras anuales a 73[36]. Es sorprendente cómo, a despecho de un mejor conocimiento, la imaginación se excita con los medios artificiales que se emplean de tantos modos. Lo observamos a través de toda la historia humana, desde el tatuaje con que los salvajes asustan a sus enemigos hasta las ceremonias religiosas y procesiones regias, desde las vestiduras que ostenta el Speaker[37], hasta el bastón de un ujier revestido de uniforme. Recuerdo a un niño que contemplaba con bastante calma una horrible careta mientras se la tenía en la mano, pero que se alejaba gritando cuando se la ponía su padre. Semejante cambio de sentimientos se opera en los electores cuando sus elegidos pasan de los municipios y provincias a la Cámara Legislativa. Mientras eran candidatos se les escarnecía y trataba con desprecio. Tan pronto como se reúnen en Westminster, los que antes eran acusados de incompetencia y necedad, y acusados por oradores y periodistas, inspiran una fe ilimitada. A juzgar por las peticiones que se les dirigen, nada existe que ellos no puedan alcanzar con su poder y su sabiduría.

Se responderá, sin duda, a estas observaciones, diciendo que no existe nada mejor que guiarse por la sabiduría colectiva, es decir, que los hombres más selectos de la nación, conducidos por un grupo de los mejores, apliquen su inteligencia, iluminada por la ciencia actual, a la resolución de los asuntos con los que se enfrentan. ¿Qué más se quiere?, preguntarán muchos.

Responderé sosteniendo que esa ciencia con la cual los legisladores dicen hallarse preparados para cumplir con sus deberes, constituye un conocimiento en su mayor parte claramente irrelevante y que, por lo tanto, son culpables de no comprender la clase de conocimiento que podría aprovecharles. La sabiduría filológica, por la que muchos de ellos se distinguen, no les ayudará en sus juicios, así como tampoco sus conocimientos literarios. Las experiencias políticas y las especulaciones procedentes de pequeñas sociedades antiguas, a través de filósofos que afirman que la guerra es el estado normal, la esclavitud necesaria y justa, y que las mujeres deben permanecer en continua tutela, poca ayuda puede proporcionarles en juzgar los efectos de las leyes parlamentarias en las naciones modernas. Pueden meditar en las acciones de todos los grandes hombres que, según la teoría de Carlyle, han formado la sociedad, y pasar años enteros leyendo historias de conflictos internacionales, traiciones e intrigas, sin estar por esto mucho más cerca de comprender el cómo y el por qué de las acciones y, de las estructuras sociales y los modos en que las leyes las afectan. Los conocimientos adquiridos en la fábrica, en la Bolsa o en el foro, no les proporcionan la preparación necesaria.

Lo que realmente se necesita es un estudio sistemático de la causación natural, tal como se manifiesta entre los seres humanos reunidos en sociedad. Aunque una conciencia distinta de la causación es la última característica que aporta el progreso intelectual; aunque el salvaje no concibe como tal una sencilla causa mecánica; aunque aun entre los griegos el vuelo de la fecha se pensara que estaba guiado por los dioses; aunque desde entonces hasta ahora se han considerado habitualmente las epidemias como de origen sobrenatural, y aunque entre los fenómenos sociales, los más complejos de todos, las relaciones causales tarden más tiempo en conocerse, empero en nuestros días la existencia de tales relaciones causales ha llegado a ser bastante clara para infundir en el ánimo de todos los hombres que piensan, el convencimiento de que antes de intervenir en ellas deben estudiarlas con cuidado. Los simples hechos, hoy familiares, de que existe una conexión entre el número de nacimientos, muertes y matrimonios y el precio del trigo, y que en la misma sociedad y durante la misma generación la proporción entre el número de crímenes y la población varía dentro de estrechos límites, debería bastar para hacer comprender a todos que los deseos humanos, guiados por la inteligencia, actúan con aproximada uniformidad. Debería deducirse que entre las causas sociales las iniciadas por la legislación, operando igualmente con una regularidad media, no deben cambiar las acciones de los hombres solamente sino sus naturalezas, probablemente de forma no prevista. Debería reconocerse el hecho de que la causación natural, más que todas las otras, es muy fecunda, y debería observarse que los efectos indirectos y remotos no son menos inevitables que los efectos próximos. No quiero decir que se nieguen estas premisas e inferencias. Pero hay mucha distancia de unas creencias a otras; unas son sostenidas nominalmente, algunas influyen muy poco en la conducta, otras influyen irresistiblemente en todas las circunstancias. Desgraciadamente, las creencias de los legisladores con respecto a la causación en asuntos sociales son de una clase superficial. Veamos algunas de las verdades que admiten todos tácitamente y de las que se hace caso omiso al legislar.

Es un hecho indiscutible que todo ser humano es susceptible de modificación, tanto física como intelectualmente. Todas las teorías educativas, todas las disciplinas, desde la del matemático hasta la del luchador, todas las recompensas para la virtud, todos los castigos infligidos al vicio, implican la creencia, expresada en multitud de proverbios, de que el uso o desuso de una facultad corporal o mental, va seguido de un cambio de adaptación con pérdida o ganancia de fuerza, según los casos.

Existe el hecho, también reconocido universalmente en sus más extensas manifestaciones, de que las modificaciones de la Naturaleza, producidas de uno u otro modo, son hereditarias. Nadie niega que la constitución de los seres se adapta a determinadas condiciones, mediante sucesivos cambios operados generación tras generación. Un clima que es fatal a unas razas en nada perjudica a la raza adaptada. Nadie niega que pueblos del mismo origen que se han desperdigado por regiones distintas y han vivido de un modo diferente, hayan adquirido en el transcurso del tiempo aptitudes y tendencias diferentes. Ni que bajo nuevas condiciones se han moldeado nuevos caracteres nacionales, como lo atestigua el ejemplo de los americanos. Y si nadie niega la existencia de este proceso de adaptación constante y universal, se concluye evidentemente en que cada cambio en las condiciones sociales va acompañado de modificaciones en la adaptación.

Como corolario, puede agregarse que toda ley que contribuye a alterar las actividades de los hombres -obligándolos, restringiéndolos o ayudándoles de nuevos modos- los afecta de tal forma, que en el curso del tiempo su naturaleza se adapta a ellos. Más allá del efecto inmediato surgido se encuentra el remoto, ignorado por la mayoría, y reformador del carácter medio. Esta reforma puede ser o no de la clase que se desea, pero en cualquier caso es el resultado más importante que hay que considerar.

Otras verdades generales que el ciudadano, y aún más el legislador, deben meditar hasta asimilárselas por completo, se nos revelan cuando nos preguntamos cómo se produce las actividades sociales, y cuando reconocemos la evidente respuesta e que son el resultado colectivo de los deseos individuales y que cada cual procura satisfacer siguiendo el camino que, según sus hábitos y pensamientos interiores, le parece más fácil, es decir, siguiendo la línea de menor resistencia. Las verdades de la Economía política son consecuencia de esta ley.

No es necesario probar que las acciones y estructuras sociales son el resultado de las emociones humanas guiadas por las ideas, bien de los ascendientes o de los contemporáneos. La recta interpretación de los fenómenos sociales se ha de hallar en la cooperación de tales factores, que se trasmiten de generación en generación. Esto es lo que se deduce de un modo inevitable.

Esta interpretación nos hace inferir que de los resultados colectivos de los deseos humanos, han sido más valiosos para el desenvolvimiento social los deseos que fomentaron la actividad privada y la cooperación espontánea que los que impulsaron a obrar por medio de la intervención gubernamental. Si crecen hoy abundantes cosechas donde antes sólo se recogían bayas silvestres, se debe al intento de lograr satisfacciones individuales, a través de muchos siglos. El progreso que existe desde una gruta a una casa confortable, es la consecuencia de los deseos de aumentar el bienestar personal. Las ciudades se han creado debido a los mismos estímulos. La organización comercial, ahora tan extensa y compleja, comenzó en las reuniones que se celebraban con ocasión de las fiestas religiosas, y se ha creado enteramente mediante los esfuerzos de los hombres para conseguir sus fines privados. Los gobiernos han perturbado y entorpecido constantemente su crecimiento, no favoreciéndolo nunca, excepto desempeñando las funciones que les son propias y manteniendo el orden público. Igual ocurre con los avances de las ciencias y sus aplicaciones, por las que han sido posibles los cambios de estructura y el aumento de las actividades. No es al Estado a quien se debe la multitud de inventos útiles, desde la azada al teléfono; no es el Estado quien ha hecho posible un aumento de la navegación desarrollando la astronomía; no ha sido el Estado el autor de los descubrimientos en física, química, etcétera, que sirven de guía a los fabricantes modernos; como tampoco quien ideó las máquinas para fabricar objetos de todas clases, para transportar a los hombres y a las cosas de un lugar a otro y para aumentar de mil modos nuestro bienestar. Las transacciones mercantiles que se extienden al mundo entero, el abigarrado tránsito que llena nuestras calles, el comercio que pone a nuestro alcance cuanto necesitamos y nos entrega a domicilio cuanto es preciso para la vida diaria, no son de origen gubernamental. Son resultado de las actividades espontáneas de los ciudadanos, separados o en grupos. A estas actividades espontáneas deben los gobiernos los medios de realizar sus deberes. Prívese al mecanismo político de estas ayudas que le han prestado la ciencia y el arte; déjeselo solo con lo que han inventado los funcionarios del Estado, y su vida cesará pronto. El lenguaje mismo en que manifiesta sus leyes y se dan las órdenes de sus agentes, no es, ni remotamente, un instrumento que se deba al legislador. Ha nacido mediante las relaciones de los hombres que perseguían satisfacciones personales.

Y ahora, una verdad a la que nos introduce la anterior es que esta organización social espontáneamente formada, se halla tan ligada en sus partes que no se puede actuar en una sin actuar, más o menos, en las otras. Se observa esto claramente cuando la escasez de algodón paraliza primero ciertos distritos industriales, después afecta las operaciones de los negociantes al por mayor y al detalle en todo el reino así como a los clientes, y afecta también posteriormente a los fabricantes, distribuidores y compradores de otros artículos de lana, lino, etcétera. ¡Lo vemos también cuando un alza en el precio del carbón, además de influir en la vida cotidiana doméstica, paraliza la mayor parte de nuestras industrias, eleva el precio de los géneros producidos, restringe su consumo y cambia los hábitos de los consumidores. Lo que se percibe en los casos citados sucede en todos los demás, sensible o insensiblemente. Indudablemente, las Actas del Parlamento se hallan entre aquellos factores que, aparte de sus efectos directos, producen otros efectos de diferentes clases. Oí decir a un profesor eminente, a quien sus estudios le dan amplios medios de juzgar en estas cuestiones: Cuando se interfiere el orden de la Naturaleza, nadie sabe cuál será el resultado definitivo. Y si esto es cierto en el orden infrahumano de la Naturaleza a que él se refiere, aun lo es más en el orden de la Naturaleza que existe en las relaciones sociales creadas por seres humanos.

Y ahora, para fundamentar la conclusión de que el legislador debería tener en sus asuntos una clara conciencia de éstas y de otras verdades sobre la sociedad, me permitiré presentar de un modo más completo, una de ellas que todavía no he mencionado.

La subsistencia de una especie superior de criatura depende de su adaptación a dos principios radicalmente opuestos. Sus miembros tienen que ser tratados de modo diverso en su infancia y en su edad adulta. Los contemplaremos en su orden natural.

Uno de los hechos más familiares es que los animales de tipo superior, relativamente lentos en alcanzar la madurez, se hallan más capacitados cuando llegan a ella para ayudar a sus hijos que los animales inferiores. Los adultos alimentan a sus crías durante períodos más o menos largos, es decir, mientras éstas son incapaces de bastarse a sí mismas, y es evidente que la permanencia de la especie sólo puede asegurarse mediante un cuidado paternal adaptado a las consiguientes necesidades de los hijos. No es necesario demostrar que el pichón ciego y sin plumas o el cachorrillo, poco después de haber abierto los ojos, morirían en seguida si tuvieran que obtener el alimento y calentarse por sí mismos. La ayuda de los padres debe estar en proporción a la capacidad que el hijo tenga para ayudarse a sí mismo o a los demás, disminuyendo a medida que, por su desarrollo, adquiere medios de bastarse a sí mismo primero, y de sustentar a los demás después. Es decir, durante la infancia los beneficios recibidos están en razón inversa de la fuerza o destreza del que los recibe. Evidentemente, si durante esta época de la vida los beneficios estuvieran en proporción a los méritos, o la recompensa a las cualidades, las especies desaparecerían en una generación.

De este régimen del grupo familiar pasemos a aquel más extenso formado por los miembros adultos de la especie. Nos preguntamos qué sucede cuando el nuevo individuo, después de haber adquirido completo uso de sus fuerzas y cesado la ayuda paterna, es abandonado a sí mismo. Ahora entra en juego un principio que es opuesto al descrito anteriormente. Durante el resto de su vida cada adulto consigue beneficios en proporción a su mérito; recompensas en proporción a sus cualidades. Por cualidades y méritos se entiende la habilidad para satisfacer todas las necesidades de la vida: conseguir alimento, asegurarse refugio y escapar de los enemigos. En competencia con los miembros de su propia especie y en antagonismo con los de otras, degenera y sucumbe, o prospera y se multiplica, según esté dotado. Evidentemente, un régimen contrario, si pudiera mantenerse, sería fatal a la especie en el curso del tiempo. Si los beneficios recibidos por cada individuo fueran proporcionales a su inferioridad; si, como consecuencia, se favoreciese la multiplicación de los inferiores y la de los superiores se entorpeciera, resultaría una progresiva degeneración y estas especies desaparecerían ante otras más fuertes.

El hecho elocuente, pues, que debe notarse, es que los procedimientos de la Naturaleza dentro y fuera de la familia, son diametralmente opuestos unos de otros y que la intromisión del uno en la esfera del otro sería fatal a las especies, inmediatamente o en el futuro. ¿Cree alguien que esto no es aplicable a la especie humana? No podrá negar que dentro de la familia humana, así como dentro de las familias de especies inferiores, sería desastroso proporcionar los beneficios a los méritos. ¿Puede él asegurar que fuera de la familia, entre los adultos, no existe una proporción de los beneficios a los méritos?, ¿pretenderá que no resultará ningún daño si los individuos mal dotados son puestos en condiciones de prosperar y multiplicarse tanto o más que los individuos mejor dotados? La sociedad humana, estando con otras sociedades en relación de lucha o competencia, puede considerarse como una especie o más literalmente, como la variedad de una especie, y debe ser cierto de ella, como de otras especies o variedades, que será incapaz de conservarse en lucha con otras sociedades si se halla en una situación desventajosa. Nadie puede dejar de ver que si se adoptara y aplicase totalmente a la vida social el principio de la vida familiar, si los beneficios obtenidos estuvieran en razón inversa de los servicios prestados, las consecuencias serían fatales para la sociedad rápidamente. Y si es así, entonces una intrusión parcial del régimen de familia en el régimen del Estado debe producir a la larga resultados funestos. La sociedad, considerada en conjunto, no puede, sin exponerse a un desastre más o menos lejano, interponerse en la acción de estos principios opuestos bajo los que cada especie ha alcanzado la aptitud para el modo de vida que posee y bajo los que la mantiene. He dicho deliberadamente la sociedad considerada en conjunto porque no intento excluir o condenar la ayuda que la especie superior presta a la inferior en la esfera individual. Aunque esta ayuda, concedida con tan poco discernimiento que fomenta la multiplicación de las especies inferiores, significa daño, sin embargo, en ausencia de ayuda social, la individual, reclamada en mayor número de casos que ahora, y asociada a un sentido mayor de la responsabilidad, puede en general recaer en beneficio de las personas infortunadas en lugar de favorecer a las que no la merecen, dando lugar también a las ventajas resultantes del desarrollo de los sentimientos delicados. Pero todo esto puede admitirse mientras se asegure que debe mantenerse la distinción radical entre la ética de la familia y la ética del Estado, y que mientras la generosidad debe ser el principio esencial de aquélla, la justicia debe serlo de ésta. El mantenimiento riguroso de las relaciones normales entre los ciudadanos, en el que cada uno gana por su trabajo, especializado o no, físico o intelectual, tanto como merece, les permitirá prosperar y educar a sus hijos en armonía con sus aptitudes y merecimientos.

Y sin embargo, no obstante la evidencia de estas verdades que saltan a la vista de cuantos abandonando sus preocupaciones contemplan el orden de las cosas en que vivimos, y al que es fuerza someterse, se aboga continuamente por un gobierno paternal. La intrusión de la ética de la familia en la ética del Estado, en lugar de ser considerada como socialmente injuriosa se reclama como el único medio eficaz que conduce al bienestar público. A tal punto llega hoy esta ilusión que vicia las creencias de los que deberían estar a salvo de ella. En el ensayo que premió el Cobden Club en 1880, se dice que la verdad del libre cambio está oscurecida por la falacia del laissez faire, y se nos dice que necesitamos más intervención de un gobierno paternal, ese espantajo de los viejos economistas[38].

Vitalmente importante como es la verdad mencionada, puesto que su aceptación o repulsa afecta a la estructura total de las conclusiones políticas formadas, se me excusará si insisto aquí citando ciertos pasajes contenidos en un libro que publiqué en 1851. Sólo ruego al lector que no me considere ligado a las implicaciones teológicas que contiene. Después de describir el estado de guerra general que existe entre las especies inferiores y de demostrar que ocasiona algunos beneficios, continúo:

Nótese, además, que sus enemigos carniceros no sólo hacen desaparecer de los rebaños de herbívoros a los que están ya torpes por la edad, sino que también eliminan a los enfermos, a los mal conformados y a los menos ágiles y fuertes. Merced a este proceso depurativo y a la lucha general que entre ellos se entabla en la época del celo, se evitan todos los vicios de la raza por la multiplicación de sus inferiores y se asegura el mantenimiento de una constitución completamente adaptada al medio, y por consiguiente, la más apropiada para un mayor bienestar.

El desenvolvimiento de los seres superiores es un progreso hacia una forma de vida susceptible de una felicidad no limitada por estos obstáculos. La raza humana debe realizar este fin. La civilización constituye la última etapa de su cumplimiento. El hombre ideal es aquel en el que todas las condiciones de esta realización están llenas. Mientras tanto, el bienestar de la humanidad actual y su progreso hacia la perfección final están asegurados por esta misma disciplina, benéfica aunque severa, a la que está sujeta toda la creación animada; disciplina que es implacable cuando se trata de la consecución del bien; ley en busca de la felicidad que no economiza en ningún caso sufrimientos temporales y parciales. La pobreza del incapaz, las angustias que asedian al imprudente, la miseria del holgazán y la derrota del débil por el fuerte que deja a tantos en las sombras y en la miseria, son los decretos de una benevolencia inmensa y previsora.

Para acomodarse al estado social, el hombre no sólo tiene que perder su naturaleza salvaje sino que debe adquirir las facultades que la vida civilizada exige. Debe desenvolver su poder de aplicación, modificar su inteligencia en relación con las nuevas tareas que le esperan, y sobre todo, poseer habilidad para sacrificar pequeñas satisfacciones inmediatas ante la perspectiva de otras mayores, aunque remotas. El estado de transición no será, por supuesto, feliz. La miseria es el resultado inevitable de la incongruencia entre las constituciones y las condiciones. Todos estos males que nos afligen y que parecen a los ignorantes consecuencia clara de esta o aquella causa fácil de eliminar, son la secuela inevitable de la adaptación ahora en curso. La humanidad está siendo comprimida contra las necesidades inexorables de su nueva posición, está siendo moldeada de acuerdo con ellas y tiene que soportar lo mejor que pueda los resultados adversos. Debemos sufrir el proceso y aguantar los sufrimientos. Ningún poder sobre la Tierra, ninguna sagaz medida legislativa de los hombres de Estado, ningún proyecto para rectificar la humanidad, ni las panaceas comunistas, ni las reformas que los hombres traen o traerán a colación, pueden disminuirlas un ápice. Sin embargo, pueden intensificarlas, y de hecho lo hacen, y al evitar su intensificación el filántropo hallará amplia esfera para su empeño. Pero el cambio lleva consigo una cantidad normal de sufrimiento que no se puede reducir sin alterar las mismas leyes de la vida.

Por supuesto, si la severidad de este proceso puede mitigarse por la simpatía espontánea de unos hombres por otros, naturalmente debe hacerse, aunque es incuestionable que sobrevienen daños cuando se manifiesta esta simpatía sin tener en cuenta las últimas consecuencias. Pero los inconvenientes que de aquí surgen no significan nada comparados con los beneficios obtenidos. Solamente cuando la simpatía induce a actos de iniquidad; cuando ocasiona una intrusión prohibida por la ley de igual libertad para todos; cuando, por hacerlo así, suspende en alguna dirección particular de la vida la relación entre las constituciones y las condiciones, en este caso constituye un mal. Entonces, no obstante, ella misma derrota su propio fin. En lugar de disminuir el sufrimiento, eventualmente lo aumenta. Favorece la propagación de aquellos a quienes la vida ocasionará más dolor y cierra sus puertas para los que traerá más placer. Inflige una miseria real e impide una felicidad positiva. (Estática social, págs. 322-5 y 380-1, edición de 1851).

El tercio de siglo transcurrido desde que se publicaron estas páginas no ha dado motivo para que me retracte de la posición que adopté. Por el contrario, las ha confirmado de manera evidente. Los favorables resultados de la supervivencia de los más aptos se ha demostrado que son mucho mayores de lo que yo indicaba. El proceso de la selección natural, como lo llama Mr. Darwin, cooperando con la tendencia a la variación y a la herencia de las variaciones, ha mostrado ser la causa principal (aunque yo no creo que la única) de esa evolución por la que todos los seres vivientes, comenzando por los más bajos, y desarrollándose en direcciones distintas a medida que evolucionan, han alcanzado su actual estado de organización y de adaptación a sus formas de vida. Tan familiar ha llegado a ser esta verdad, que parece superfluo citarla. Y, sin embargo, es extraño decirlo, ahora que se reconoce esta verdad por las personas más cultas, ahora que definitivamente han comprendido los eficaces resultados de la supervivencia de los más aptos, más que se comprendía en tiempos pasados, ahora, mucho más que nunca en la historia del mundo, ¡están haciendo todo lo que pueden para favorecer la supervivencia de los menos aptos!

Pero el postulado de que los hombres son seres racionales, continuamente incita a deducir consecuencias que a la larga prueban ser demasiado ambiciosas[39].

Sí, ciertamente; su principio se deriva de la vida de los brutos, y es un principio brutal. No me persuadiréis de que los hombres deben vivir bajo la misma disciplina que los animales. No me importan sus argumentos de historia natural. Mi conciencia me enseña que se debe ayudar al débil y al desgraciado, y si las personas egoístas no les ayudan, la ley debe obligarlos. No me digáis que las dulzuras de la amabilidad humana se han de reservar para las relaciones entre los individuos y que el gobierno debe ser solamente el administrador de una justicia rigurosa. Todo hombre caritativo siente que deben evitarse el hambre, el dolor y la miseria, y que si las instituciones privadas no bastan, se deben establecer organismos públicos.

Tal es la clase de respuesta que espero me den nueve de cada diez individuos. En algunos de ellos, este modo de pensar es la consecuencia de un sentimiento de fraternidad tan agudo que no pueden contemplar las miserias humanas sin una impaciencia que excluye toda consideración de los resultados remotos. Respecto de la susceptibilidad de los demás podemos ser, no obstante, un tanto escépticos. Aquellas personas que, hoy por una cosa y mañana por otra, se irritan si, para mantener nuestros supuestos intereses nacionales o prestigio nacional, la autoridad no envía rápidamente unos miles de hombres para ser destruidos o para que destruyan a otros tantos de cuyas intenciones sospechamos, o cuyas instituciones juzgamos peligrosas para nosotros, o cuyo territorio codician nuestros colonos, no pueden ser tan delicados de sentimientos que el espectáculo de las miserias de los pobres les sea intolerable. Poca admiración merece la caridad de las personas que exigen una política destructora de sociedades en vías de progreso y que consideran con cínica indiferencia la lamentable confusión que acarrea con las consiguientes muertes y sufrimientos. Los mismos que cuando los bóers defendían contra nosotros su independencia con éxito, se hallaban coléricos porque el honor británico no se mantenía para vengar una derrota, a costa de una gran mortalidad y miseria de nuestros soldados y de los contrarios, no es posible que tengan tanto amor por la humanidad como parece deducirse de sus vivas protestas. Indudablemente, unida con esa sensibilidad que poseen y que no les permite mirar con paciencia los dolores ocasionados por la lucha por la vida que se libra en torno suyo, parecen tener tal endurecimiento, que les hace no sólo tolerar sino gozarse en el espectáculo de dolores o batallas verdaderas. Así se observa en la demanda de revistas y periódicos que narran sucesos sangrientos y en la avidez con que se leen detalles de verdadera carnicería. Podemos razonablemente dudar de los hombres cuyos sentimientos no pueden soportar las miserias sufridas, especialmente por los vagos e imprevisores, y que no obstante han agotado treinta y una ediciones de las quince batallas decisivas del mundo y en cuyas descripciones de matanzas se gozan. Aún más extraordinario es el contraste entre la ternura aparente y la dureza real de los que quisieran torcer el curso normal de las cosas para evitar un mal inmediato, a costa de mayores males en el futuro. En otras ocasiones se les oye decir, a despecho de la muerte y de la efusión de sangre, que en interés de la humanidad se debería exterminar a las razas inferiores y reemplazarlas por las superiores. De forma, cosa rara, que ellos no pueden pensar con calma en los males que acompañan a la lucha por la existencia y que sucede sin violencia entre los individuos en la sociedad, y sin embargo, contemplan con absoluta impasibilidad esos mismos males en sus más terribles formas, infligidos por el fuego y la espada, en comunidades enteras. Me parece que no es muy digna de respeto esta generosa consideración respecto de los inferiores en nuestro país, acompañada del sacrificio sin escrúpulos de los inferiores en el extranjero.

Aún menos respetable parece ese interés por nuestros compatriotas, que contrasta con la absoluta indiferencia hacia quienes no lo son, cuando observamos sus métodos. Si impulsara a esfuerzos personales para aliviar a los que sufren sería acreedor a reconocimiento. Merecerían nuestra entera admiración, si los que alardean de piedad se parecieran a las personas que, día tras día, y año tras año, dedican gran parte de su tiempo a ayudar, a aliviar, y ocasionalmente a divertir, a los que por mala suerte, por incapacidad o mala conducta viven en la miseria. Cuanto mayor sea el número de hombres y mujeres que contribuyan a que el pobre se ayude a sí mismo, cuanto mayor sea el número de los que demuestren su caridad directamente y no recurriendo a un tercero, más nos alegraremos. Pero la mayoría de las personas que desean mitigar mediante leyes la miseria de los desgraciados e imprevisores, se proponen llevarlo a cabo, muy poco a costa de sí mismos, en mayor grado a costa de los demás, y unas veces con su asentimiento pero la mayor parte sin él. Hay más todavía: las personas a las que se quiere obligar a que ayuden a los desgraciados, muy a menudo necesitan ellas mismas socorro. Los pobres que realmente merecen protección se hallan sometidos a gravámenes que sirven para atender a los pobres que no la merecen. De igual forma que bajo la antigua Ley de pobres el trabajador previsor y diligente tenía que pagar para mantener al vago, hasta que finalmente a consecuencia del exceso de impuestos sucumbía y tenía que refugiarse también en un asilo; así como hoy se admite que las contribuciones recaudadas en las grandes ciudades para necesidades públicas se han elevado tanto que no es posible aumentarlas sin imponer grandes privaciones a los pequeños comerciantes e industriales que a duras penas se conservan libres del pauperismo[40], así, en todos los casos, la política que se sigue es tal que intensifica los dolores de la mayor parte de los que merecen piedad y mitiga los sufrimientos de los que no lo merecen. En suma, los hombres tan caritativos que no pueden permitir que la lucha por la existencia acarree sobre las personas despreciables los sufrimientos debidos a su incapacidad o mala conducta, son tan poco caritativos que pueden, sin dudarlo, hacer más dura la lucha por la existencia para los hombres de valía e ¡infligir sobre ellos y sus hijos, males artificiales añadidos a los naturales que tienen que soportar!

Y volvemos a nuestro tema: los pecados de los legisladores. Aparece claramente ante nosotros la más corriente de las trasgresiones que cometen los legisladores, una transgresión tan común y tan santificada por la costumbre que nadie estima que sea tal. Vemos, como hemos indicado al principio, que el gobierno nacido de la agresión y para la agresión, descubre siempre su naturaleza primitiva por su agresividad. Aunque a primera vista parezca benéfico, sin embargo, existe en él algo de maldad, o mejor dicho, es bondadoso a fuerza de ser cruel. Pues, ¿no es crueldad aumentar los sufrimientos de los mejores para evitar los de los peores?

Es realmente maravilloso cómo nos dejamos engañar por palabras y frases que nos sugieren un aspecto de los hechos dejando en la oscuridad el opuesto. Un buen ejemplo de esto, y muy pertinente para la cuestión inmediata, se observa en el uso de las palabras protección y proteccionismo en contra del libre cambio, y en la tácita admisión por los librecambistas de la propiedad con que se utiliza. Uno de los partidos ha ignorado habitualmente, y el otro no lo ha sabido subrayar, la verdad de que la así llamada protección siempre significa agresión, y que el nombre de agresionismo debería sustituirse por el de proteccionismo. Nada es más cierto que si para mantener la ganancia de A se le prohíbe a B comprar a C, o se impone a B una multa en forma de derechos de entrada si compra a C, es evidente que se comete una agresión contra B para proteger a A. Indudablemente el título de agresionismo es más apropiado a los adversarios del libre cambio que el eufemismo de proteccionismo, puesto que para que un productor gane se defrauda a diez consumidores.

Ahora bien: la misma confusión de ideas causada por mirar sólo un aspecto de la transacción, puede observarse en toda la legislación que se apodera por la fuerza de la propiedad de éste para proporcionar beneficios gratuitos a aquél. Habitualmente, cuando se discute una de las numerosas medidas así caracterizadas; el pensamiento dominante es que debe protegerse al pobre Juan contra cualquier mal. No se piensa que de esta forma se lastima al infatigable Pedro, a menudo mucho más digno de piedad. Se exige dinero al revendedor (bien directamente, bien elevándole el alquiler) que apenas puede vivir, al albañil despedido a causa de una huelga, al mecánico cuyas economías se están agotando durante una enfermedad, a la viuda que lava y cose día y noche para mantener a sus hijos. ¡Y todo esto para que no pase hambre el disoluto, para que los niños de personas menos pobres reciban lecciones casi gratuitas, y para que muchas personas, generalmente en buenas condiciones, puedan leer gratis novelas y periódicos! Un error de nombre es en este caso más funesto que permitir que se llame proteccionismo al agresionismo, porque como ya hemos demostrado, la protección del pobre vicioso implica la agresión contra el pobre virtuoso. Sin duda es cierto que la mayor parte del dinero exigido procede de quienes gozan relativamente de algún bienestar. Sin embargo, esto no es un consuelo para los desgraciados que aportan lo restante. Si la comparación se hace entre los gravámenes que soportan las dos clases respectivamente, el caso es todavía peor de lo que parecía al principio, puesto que mientras para el rico la exacción significa una pérdida de cosas superfluas, para el pobre significa una pérdida de lo necesario.

Y veamos ahora la Némesis que amenaza seguir este pecado crónico de los legisladores. Ellos y sus clases, juntamente con todos los propietarios, se hallan en peligro de sufrir la radical aplicación del principio general que se afirma en cada Acta de confiscación del Parlamento. Pues, ¿cuál es la presunción tácita de que se parte en tales Actas? La presunción de que ninguno tiene derecho a su propiedad ni aun a lo que gana con el sudor dé su frente, excepto por permiso de la comunidad. Esta puede restringir ese derecho, en la medida que estime conveniente. Ningún medio existe de justificar esta apropiación de lo que pertenece a A para el beneficio exclusivo de B, a menos de que se admita el postulado de que la sociedad, considerada en conjunto, posee absoluto derecho sobre las propiedades de cada uno de sus miembros. Esta doctrina, que hoy se admite tácitamente, está siendo proclamada de manera abierta. Mr. George y sus amigos, Mr. Hyndman y sus partidarios, la llevan a sus últimas consecuencias. Se les ha enseñado con ejemplos, cuyo número aumenta cada año, que el individuo no tiene derechos que la comunidad no pueda atropellar. Y dicen ahora: La obra será difícil pero mejoraremos la lección. Y se disponen a atropellar enteramente los derechos individuales.

Los errores legislativos mencionados anteriormente se explican en gran medida, y su reprobación se atenúa, cuando nos remontamos a su origen. Tienen su raíz en la errónea creencia de que la sociedad es un producto fabricado, cuando en realidad es una continua evolución. Ni la cultura del pasado ni la del presente ha proporcionado a muchas personas una concepción científica de la sociedad, es decir, una concepción que patentice su estructura natural en la que todas sus instituciones gubernamentales, religiosas, industriales, comerciales, etcétera, son interdependientes, estructura que, en cierto sentido, es orgánica. Si se sostiene esta concepción nominalmente, se sostiene de un modo insuficiente para que influya en la conducta. Por el contrario, se piensa generalmente que la humanidad es una especie de masa a la que el cocinero puede moldear como quiera, en forma de pastel, bollo o tarta. El comunista cree que el cuerpo político puede ser modelado a voluntad. Muchas medidas legislativas suponen que las sociedades a las que se impone ésta o aquella organización las conservarán en lo sucesivo.

Puede indudablemente decirse que incluso no teniendo en cuenta esta errónea concepción de la sociedad como una materia plástica, en vez de como un cuerpo organizado, los hechos que a cada hora se imponen a nuestra atención nos forzarían a ser escépticos con respecto al éxito de las experiencias con las que se quieren variar las acciones humanas. La experiencia diaria facilita pruebas, tanto al ciudadano como al legislador, de que la conducta de los seres humanos engaña a todos los cálculos. Ha renunciado al pensamiento de gobernar a su mujer y se deja gobernar por ella. Sus hijos a los que reprende, castiga, persuade, premia, no responden satisfactoriamente a ningún método, y no puede evitar que la madre los trate de un modo que él juzga pernicioso. Le ocurre igual en sus relaciones con los criados. Si les riñe o razona, muy rara vez tiene éxito durante mucho tiempo: la falta de atención, de puntualidad, de limpieza o, de sobriedad produce cambios constantes. Pese a esto, las dificultades que encuentra para tratar con cada uno de los miembros de la sociedad, no las haya para regir a la humanidad en conjunto. Está completamente seguro de que los ciudadanos, de los que no conoce ni a una milésima parte ni ha visto a una centésima, y toda la gran masa de los que pertenecen a clases con hábitos y modos de pensamiento que desconoce, actuarán como él prevé y cumplirán los fines que desea. ¿No existe una asombrosa incongruencia entre las premisas y la conclusión?

Podría esperarse que si observaran las implicaciones de estos fracasos domésticos, o si contemplaran a través de los periódicos las complicaciones de una vida social demasiado vasta, demasiado variada incluso para imaginársela, los hombres vacilarían antes de convertirse en legisladores. No obstante, en esto más que en ninguna otra cosa, muestran una confianza sorprendente. En ninguna esfera existe tan asombroso contraste entre la dificultad de la tarea y la escasa preparación de los que la emprenden. Indudablemente, entre las creencias monstruosas, una de las mayores es la de que mientras para una sencilla habilidad manual, tal como la de zapatero, se necesita un largo aprendizaje, ¡éste no es necesario para hacer las leyes de una nación!

Resumiendo los resultados de la discusión: ¿no podemos afirmar razonablemente que el legislador tiene ante sí varios misterios, que no obstante, son tan conocidos que no debieran ser secretos para quienes han emprendido la vasta y terrible responsabilidad de imponer leyes a millones y millones de hombres, que si no contribuyen a su felicidad aumentarán sus miserias y acelerarán sus muertes?

Existe, en primer término, la innegable verdad, evidente y sin embargo ignorada, de que todos los fenómenos sociales tienen su origen en los fenómenos de la vida individual humana cuya raíz, a su vez, se encuentra en los fenómenos vitales en general, de donde resulta que a menos que estos fenómenos vitales, corporales y mentales, sean caóticos en sus relaciones (suposición que excluye la continuación de la vida) los fenómenos resultantes no pueden ser totalmente caóticos. Debe haber algún orden en los fenómenos de la vida social. Evidentemente, pues, cuando alguien que no ha estudiado este orden emprende la tarea de regular la sociedad, se halla expuesto a producir males.

En segundo lugar, y aparte de todo razonamiento a priori, esta misma conclusión debería imponerse al legislador al comparar las distintas sociedades. Debería estar claro que antes de intervenir en particularidades de la vida social, debería investigarse si la organización social no tiene, acaso, una historia natural, y que para responder a esta pregunta sería conveniente observar, comenzando por las sociedades más sencillas, en qué aspectos concuerdan las estructuras sociales. Tal sociología comparada, muestra una uniformidad sustancial de origen. La existencia habitual de un caudillo y el origen de su autoridad en la guerra; la aparición en todas partes del curandero y el sacerdote; la presencia de un culto con idénticos caracteres fundamentales; los indicios de división del trabajo, visibles desde antiguo, que se han acentuado gradualmente, y las diversas combinaciones políticas, eclesiásticas, industriales que aparecen a medida que los grupos se componen y recomponen por la guerra, prueban rápidamente a quien compara las sociedades, aparte de diferencias particulares, que poseen semejanzas generales en los modos como se originan y desenvuelven. Todas presentan rasgos de estructura que muestran que la organización social tiene leyes superiores a los deseos individuales y cuyo desconocimiento se paga con el desastre.

En tercer lugar, existe una abundante información contenida en las recopilaciones legislativas de nuestro propio país, y de otros, que reclaman más detenidamente nuestra atención. Las tentativas de diversas clases realizadas, tanto aquí como en otros sitios, por reyes y hombres de Estado para conseguir el bien que prometían, no sólo han fracasado, sino que por el contrario han dado lugar a males inesperados. Siglo tras siglo, medidas semejantes a las antiguas, y otras parecidas en principio, defraudaron esperanzas y ocasionaron desastres. Y sin embargo, ni los electores ni los elegidos piensan que haya necesidad de estudiar sistemáticamente las leyes que en tiempos pasados labraron la desgracia del pueblo intentando conseguir su bienestar. Ciertamente no posee competencia para ejercer las funciones de legislador quien carezca de un conocimiento profundo de las experiencias legislativas que nos ha legado el pasado.

Volviendo ahora a la analogía establecida al principio, diremos que el legislador será culpable o no culpable moralmente, según esté informado o no, de estas varias clases de hechos. Un médico que después de muchos años de estudio ha adquirido una gran competencia en fisiología, patología y terapéutica, no es criminalmente responsable si se le muere un enfermo: se ha preparado lo mejor que ha podido y ha actuado con la mayor buena voluntad. De la misma forma, el legislador cuyas medidas ocasionan daños en lugar de bienes, no obstante lo extenso y metódico de los conocimientos que le ayudaron a decidir, sólo puede ser acusado de haber cometido un error de juicio. Contrariamente, el legislador que está muy poco o totalmente mal informado sobre la gran cantidad de hechos que debe examinar para que su opinión sobre una ley determinada tenga algún valor; y que no obstante, contribuye a promulgarla, no puede ser absuelto si dicha ley aumenta la miseria y la mortalidad, como no puede serlo el mancebo de botica que ocasiona una muerte con la medicina que por ignorancia prescribe.

LA GRAN SUPERSTICIÓN POLÍTICA

LA gran superstición política del pasado fue el derecho divino de los reyes. La gran superstición política del presente es el derecho divino de los parlamentos. Los santos óleos parecen haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a la de muchos, santificándolos a ellos y también a sus decretos.

No obstante lo absurda que consideremos la más antigua de estas creencias, debemos admitir que fue más consecuente que la última. Si retrocedemos al tiempo en que se consideraba al rey como a un dios, o al que se le creía hijo de un dios, o cuando se le suponía un representante divino, se comprende que fueran obedecidos sus deseos pasivamente. Cuando, como durante el reinado de Luis XIV, teólogos de la talla de Bossuet enseñaban que los reyes eran dioses y participaban, en cierta manera, de la independencia divina, o cuando se enseñaba, como nuestro propio partido conservador en tiempos lejanos, que el monarca era el delegado del cielo, es evidente que, concedida la premisa, la conclusión inevitable era que el poder gubernamental no tiene límites. Pero para las creencias modernas no existe tal garantía. No, pretendiendo tener un origen ni una misión divina el cuerpo legislativo no puede ofrecernos una justificación sobrenatural, en sus intentos de conseguir una autoridad ilimitada. Por otra parte, no ha intentado nunca una justificación natural. Por consiguiente, la creencia en su autoridad ilimitada carece del carácter lógico que caracterizaba la creencia en el poder absoluto de los reyes.

Es curioso observar cuan frecuentemente los hombres continúan sosteniendo de hecho doctrinas que han rechazado en teoría, conservando su esencia después de haber abandonado la forma. Carlyle nos proporciona un ejemplo de esto en teología, cuando en sus días de estudiante, abandonando según entonces pensaba, las creencias paternas, arroja la concha y conserva el contenido. Esto lo prueba el hecho de que por su concepción del universo, del hombre, y por su conducta continuó siendo uno de los más fervientes calvinistas escoceses. La ciencia nos facilita igualmente otro ejemplo en un hombre que fue naturalista en geología y sobrenaturalista en biología: Sir Charles Lyell. Como principal expositor de la teoría uniformista en geología prescindió de la cosmogonía de Moisés, y defendió durante largo tiempo la creencia en especiales creaciones de tipos orgánicos, a las que no se puede asignar otra fuente que la misma cosmogonía de Moisés. Sólo al final de su vida se rindió a los argumentos de Mr. Darwin. En política, como se deduce de lo dicho, tenemos un caso análogo. La doctrina, tácitamente aceptada, común a los conservadores, a los liberales y a los radicales, de que la autoridad gubernamental es ilimitada, se remonta a los tiempos en que se suponía que el legislador era un delegado de Dios. Pervive todavía aunque la admisión de esta última parte ha desaparecido. ¡Oh, un Acta del Parlamento todo lo puede!, es la respuesta que se da a un ciudadano que discute la legitimidad de alguna abusiva interferencia del Estado; el ciudadano enmudece. No se le ocurre preguntar dónde, cuándo y cómo ha nacido esta pretendida omnipotencia sólo limitada por imposibilidades físicas. Aquí, nos permitiremos discutirlo. A falta de una justificación una vez válida lógicamente, de que al dictador en la tierra siendo un delegado del cielo se le debe sumisión absoluta, permítasenos preguntar qué razón existe para asegurar el deber de una sumisión absoluta al poder reinante, ya sea constitucional o republicano, que no deriva su supremacía del cielo. Es evidente que esta pregunta nos conduce a una crítica de las teorías pasadas y presentes sobre la autoridad política. El hecho de renovar cuestiones que se suponen zanjadas desde hace tiempo, parece necesitar una justificación, pero es suficiente la afirmación ya desenvuelta de que la teoría comúnmente aceptada está mal fundada o carece de fundamento.

La noción de soberanía es la que primero se nos presenta, y el examen crítico de esta noción tal como es comprendida por los que no admiten el origen sobrenatural de la soberanía, nos conduce a los argumentos de Hobbes.

Admitamos como cierto el postulado de Hobbes de que durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común que los mantenga atemorizados se hallan en ese estado que se llama guerra… de uno contra otro[41], aunque esto no es verdad, puesto que existen pequeñas sociedades no civilizadas en las que sin un poder común que los mantenga atemorizados los hombres viven en paz y armonía y mucho mejor que en las sociedades donde existe tal poder. Supongamos que es también cierto que el poder gubernamental tiene por origen mantener el orden en la sociedad, aunque habitualmente nazca de la necesidad de subordinarse a un jefe en la guerra, ya sea ofensiva o defensiva, y no indique, originaria, necesaria y a menudo ni actualmente ninguna relación respecto del mantenimiento del orden entre los individuos. Admitamos la indefendible hipótesis de que para huir de los males de los conflictos crónicos, que en otros respectos deben continuar entre ellos, los miembros de una comunidad formen un pacto o contrato por el que se obligan a renunciar a su primitiva libertad de acción y subordinarse a la voluntad del poder reinante con el que están de acuerdo[42]; y convengamos en que los descendientes se hallan ligados también para siempre por el contrato de sus antecesores. No objetemos nada a las premisas de Hobbes, pero pasemos a las conclusiones que deduce. Dice:

Donde no existe contrato, falta la trasmisión de derecho y cada hombre tiene derecho a todo; por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. Pero cuando se ha pactado un contrato, romperlo es injusto, y la definición de injusticia no es otra sino: la no ejecución del contrato… Por esto, antes de que puedan usarse los nombres de justo e injusto debe existir algún poder coercitivo que obligue a los hombres al cumplimiento de sus contratos mediante el temor a un castigo superior al bien que pueden esperar si rompen la infracción[43].

¿Eran realmente los hombres tan perversos en tiempos de Hobbes para justificar su hipótesis de que nadie cumpliría sus compromisos en ausencia de un poder coercitivo y de penas inminentes? En nuestros días los nombres de justo e injusto se aplican independientemente de todo poder coercitivo. Podría citar media docena entre mis amigos, que cumplirían sus compromisos aunque no existiera temor al castigo y para quienes los mandatos de la justicia serían imperativos, tanto en ausencia de un poder coercitivo como en su presencia. Notando, sin embargo, que esa hipótesis injustificada vicia el argumento de Hobbes a favor de la autoridad del Estado y aceptando sus premisas y conclusiones, hemos de observar dos consecuencias importantes: una es que la autoridad del Estado así expuesta constituye un medio para un fin y sólo se justifica por la consecución de éste; si el fin no se logra, la autoridad, por hipótesis, no existe; la otra es que el fin para el que existe la autoridad, consiste en la imposición de la justicia, en el mantenimiento de relaciones equitativas. Ninguna coacción puede ser legitima sino la que se requiere para evitar agresiones directas y las indirectas que violan el contrato. Si a esto añadimos la protección contra los enemigos externos, se comprende en toda su plenitud la función de la autoridad soberana implicada por derivación de la teoría de Hobbes.

Hobbes razonaba a favor de la monarquía absoluta. Su admirador moderno, Austin, intentaba derivar la autoridad de la ley, de la soberanía ilimitada de un hombre, o de un número de hombres, pequeño o grande comparado con la comunidad. Austin estuvo primero en el ejército y se ha notado que pueden observarse permanentes huellas de ello en su libro Province of Jurisprudence. Cuando sin descorazonarnos por las desesperantes pedanterías, distinciones, definiciones y repeticiones sin fin, que sólo sirven para velar la esencia de su doctrina, comprobamos lo que es ésta, se nos hace evidente que identifica la autoridad civil a la militar, partiendo del principio de que ambas, respecto de su origen y alcance, son indiscutibles. Para justificar la ley positiva nos remonta a la soberanía, absoluta del poder que la impone: un monarca, una aristocracia o la mayoría de hombres que poseen voto en las democracias, pues también da el nombre de soberano a un cuerpo político de esta naturaleza, en contraste con el resto de la comunidad que por incapacidad u otra causa permanece en estado de sujeción. Al afirmar, o más bien, conceder la autoridad ilimitada del cuerpo político, simple o compuesto, grande o pequeño, al que llama soberano, no tiene dificultad en deducir la validez legal de sus decretos, que él llama leyes positivas. Pero así no ha resuelto el problema, simplemente lo ha hecho retroceder un paso. La verdadera cuestión es ésta: ¿de dónde proviene la soberanía? ¿En qué se funda la supremacía que asume sobre los demás una persona, una minoría o una mayoría? Un crítico diría con razón: No hay necesidad de ningún razonamiento para derivar la ley positiva de la soberanía ilimitada: la consecuencia es bastante clara. Pero primero demostrad la soberanía absoluta.

No hay respuesta a esta pregunta. Analizad su punto de partida y la doctrina de Austin demuestra ser tan infundada como la de Hobbes. En ausencia de un origen divino o de una delegación celestial, ningún gobernante, esté constituido por una sola persona o por muchas, posee títulos bastantes para justificar el poder absoluto.

Pero seguramente, se me contestará al punto, existe el derecho indiscutible de la mayoría, que lo transmite al Parlamento que elige. Investiguemos el fondo del problema.

El derecho divino de los parlamentos significa el reconocimiento del derecho divino de las mayorías. La presunción fundamental que hacen los legisladores y el pueblo, es que la mayoría posee poderes que no pueden limitarse. Esta es la teoría corriente que todos aceptan sin prueba, como se acepta un axioma. No obstante, yo creo que la crítica demostrará que esta teoría necesita una modificación radical.

En un ensayo sobre ética y política de ferrocarriles, publicado en Edinburg Review en octubre de 1884, tuve ocasión de tratar la cuestión relativa a los poderes de la mayoría tomando como ejemplo la conducta de las compañías públicas, y nada mejor para preparar el camino a las conclusiones que pretendo deducir, que citar el siguiente párrafo:

En cualesquiera circunstancias, o para cualquier fin que los hombres cooperen, se sostiene que si surgen diferencias de opiniones entre ellos, la justicia exige que prevalezca la opinión de la mayoría. Esta regla se supone uniformemente aplicable sin tener en cuenta lo que se discute. Tan grande es esta convicción y tan poco se ha meditado sobre su ética, que a la mayoría causaría asombro la simple expresión de una duda. Sin embargo, basta un breve análisis para demostrar que tal opinión no es, en suma, más que una superstición política. Es fácil hallar ejemplos que prueban, por reductio ad absurdum que el derecho de la mayoría es un derecho puramente condicional, válido únicamente dentro de determinados límites. Citemos algunos. Supongamos que en la sesión general de una asociación filantrópica se acuerda no sólo auxiliar a los pobres, sino costear propaganda anticatólica. ¿Podrían utilizarse para este fin los fondos de los católicos que se han unido a la organización con intenciones puramente caritativas?

Supongamos que la mayoría de los socios de una biblioteca, pensando que en las actuales circunstancias el ejercicio del tiro es más importante que la lectura, decide cambiar el propósito de la asociación y aplicar los fondos existentes a la adquisición de balas, pólvora y blancos. ¿Ligaría esta resolución a la minoría?

Imaginemos que bajo la impresión de noticias llegadas de Australia la mayoría de una Sociedad de propietarios agrícolas, determinara no sólo partir todos para buscar oro sino utilizar sus capitales reunidos para la compra del equipo necesario. ¿Sería justa para la minoría esta usurpación de la propiedad? ¿Deberían unirse a la expedición? Acaso ni una sola persona respondería afirmativamente a la primera de estas cuestiones, y mucho menos a las otras. ¿Por qué? Porque todo el mundo comprende que por el mero hecho de asociarse a otros, nadie puede con justicia ser obligado a actos enteramente extraños al propósito para el que se unieron. Cada una de estas minorías podría decir a los que intentan coaccionarlos: Nos hemos asociado con vosotros para un fin definido; damos dinero y tiempo para su realización; en todas las cuestiones que han surgido nos hemos sometido a la decisión de la mayoría pero respecto de otras cuestiones no estamos de acuerdo y no nos conformaremos. Si nos inducís a unirnos a vosotros con un fin determinado y después acometéis otro distinto, obtenéis nuestro apoyo falsamente, pues excedéis los límites del pacto para el que nos unimos. Desde este momento no nos consideramos ligados a vuestras resoluciones. Ciertamente, ésta es la única interpretación racional del asunto. El principio general en que descansa el recto gobierno de toda asociación, es que sus miembros se obligan recíprocamente a someterse a la voluntad de la mayoría en todos los asuntos concernientes a la realización del objeto para que se unieron, pero no en otros. Sólo dentro de estos límites puede mantenerse el contrato. Como implica su misma naturaleza, las partes contratantes deben saber sus obligaciones, y como los que se asocian para un objeto determinado no pueden tener presentes todos los fines no especificados que a la sociedad le es dado proseguir, se sigue que el contrato suscrito no puede extenderse a tales fines. Y si no existe contrato, tácito o expreso, entre la asociación y sus miembros con respecto a fines no específicos, entonces la coerción de la mayoría sobre la minoría para emprenderlos no es sino una burda tiranía.

Naturalmente, si existe tal confusión de ideas respecto de los poderes de la mayoría donde un contrato previo limita tácitamente aquellos poderes, todavía debe ser mayor la confusión donde no ha habido tal contrato. No obstante, los principios son los mismos. Insisto otra vez en la proposición según la cual los miembros de una sociedad se hallan ligados, severamente a someterse a la voluntad de la mayoría en todos los asuntos concernientes a la realización del objeto para el que se unieron, pero no para otros. Y sostengo que esto es aplicable lo mismo a una nación que a una compañía.

Sí, pero como no existe contrato —se replicará— por el que los miembros de una nación se han unido, como tampoco hay una especificación de propósitos para los que se formara, ni nunca la hubo, por consiguiente no existen límites y el poder de la mayoría es absoluto.

Evidentemente, debe admitirse que la hipótesis de un contrato social, en la forma ideada por Hobbes y Rousseau carece de fundamento. Es más, hay que admitir que aun suponiendo realizado tal contrato no podría obligar a los descendientes de los contratantes. Por otra parte, si alguien dice que en ausencia de las limitaciones de poderes que podría implicar un contrato no hay nada que impida a la mayoría imponer su voluntad a la minoría por la fuerza, debemos asentir a condición de admitir a su vez que si la justificación de la mayoría es la fuerza, entonces la superior fuerza de un déspota respaldado por un gran ejército también está justificada. Pero nos desviamos del problema. Lo que aquí buscamos es una garantía más alta, para que la minoría se subordine a la mayoría, que la que surge de la incapacidad de resistir a la coacción material. Incluso Austin, a pesar de sus deseos para establecer la autoridad indiscutible de la ley positiva, y de asumir como fuente de esta autoridad una soberanía absoluta de cualquier clase, monárquica, aristocrática, constitucional o popular, se ve obligado en último término a reconocer un límite moral a su acción sobre la comunidad. Mientras insiste, desenvolviendo su teoría, en que un cuerpo soberano originándose en el pueblo es legalmente libre para reducir su libertad política voluntariamente; concede que un gobierno puede ser dificultado por moralidad positiva al reducir la libertad política que deja o concede a sus súbditos[44]. De aquí, pues, que tengamos que hallar, no una justificación material sino una justificación moral para el supuesto poder absoluto de la mayoría.

En seguida se me objetará: Por supuesto; en ausencia de cualquier acuerdo, con las limitaciones que implica, el gobierno de la mayoría es ilimitado porque es más justo que prevalezca el criterio de la mayoría que el de la minoría. Esta objeción parece muy razonable hasta que se la refuta. Podemos oponerle la proposición irrebatible de que, en ausencia de acuerdo, la supremacía de la mayoría sobre la minoría no existe en absoluto. La cooperación de cualquier género es la fuente de estos poderes y obligaciones de mayoría y minoría, y en ausencia de cualquier acuerdo para cooperar, tales poderes y obligaciones no existen.

En apariencia, el argumento nos lleva a un callejón sin salida. En las actuales condiciones no parece posible asignar ningún origen moral a la soberanía de la mayoría o a la limitación de su soberanía. Pero reflexionando, podemos resolver la dificultad. Pues si, prescindiendo de todo acuerdo hipotético para cooperar, nos preguntamos cuál es el que conseguiría hoy en la práctica completa unanimidad, obtendremos una respuesta categórica y una justificación suficientemente clara para el gobierno de la mayoría dentro de cierta esfera, pero no más allá de ésta. Observemos, ante todo, algunas limitaciones que aparecen inmediatamente.

Si se preguntara a todos los ingleses si estarían de acuerdo en cooperar para la enseñanza de la religión y conceder a la mayoría el derecho de fijar las creencias y la forma de culto, se contestaría con un enérgico ¡No! por la mayor parte de ellos. Si, proponiéndose restablecer las antiguas leyes suntuarias, se preguntara si se someterían respecto de la moda y calidad de sus vestidos a la voluntad de la mayoría, casi todos ellos contestarían negativamente. De igual forma, si (veamos una cuestión actual) se consultara al pueblo acerca de si aceptaría la resolución de la mayoría con respecto a las bebidas que había de tomar, la mitad o tal vez más, diría que no. Análogamente con respecto a otras muchas acciones que la mayor parte de los hombres consideran hoy día como puramente privadas. Cualquier deseo de cooperar para ejecutar o regular tales acciones estaría lejos de ser unánime. Evidentemente, pues, si la cooperación social tuviera que comenzar por nosotros mismos y fuera preciso especificar previamente los fines comunes, habría una gran parte de la conducta humana respecto de la que se declinaría la cooperación, y en esta esfera, por consiguiente, sería ilegítima cualquier autoridad que la mayoría quisiera ejecutar sobre la minoría.

Volvamos ahora a la cuestión contraria. ¿Para qué fines estarían de acuerdo todos los hombres en cooperar? ¿Cuáles son las aspiraciones de la sociedad y de sus miembros? ¿Son universalmente válidos los derechos de la comunidad contra los individuales? Por el contrario, ¿posee el individuo derechos válidos contra la comunidad? El juicio formado sobre estos puntos, fundamenta toda la estructura de las convicciones políticas formadas y más especialmente de las que conciernen a la esfera propia del gobierno. Aquí, pues, me propongo resucitar una antigua controversia con la esperanza de lograr una conclusión diferente de la que está de moda.

Dice el profesor Jevonsen su obra The State in relation to Labour: El primer paso que debemos dar, consiste en desembarazar nuestra mente de la idea de que en materias sociales existen derechos abstractos. De igual carácter es la creencia expresada por Mr. Matthew Arnold en su artículo sobre la propiedad literaria: Un autor no tiene derecho natural a la propiedad de su producción. Pero entonces tampoco lo tiene a cualquier otra cosa que pueda producir o adquirir[45]. También leí, hace poco, en un semanario, de gran reputación, que explicar una vez más que no existe cosa tal como derecho natural sería un alarde de filosofía. Y el punto de vista expresado en estos extractos lo es corrientemente por estadistas y jurisconsultos en tales términos, que sólo las masas inconscientes son capaces de otro tanto. Quizá se hablaría con menos dogmatismo si se reflexionase que existe en el continente toda una escuela de juristas que mantiene una creencia diametralmente opuesta a la de la escuela inglesa. La idea del Natur-recht (derecho natural), es la idea base de la jurisprudencia alemana. Ahora bien: sea cualquiera la opinión que se tenga sobre la filosofía alemana en conjunto, nadie puede considerarla como superficial. Una doctrina corriente en un pueblo que se distingue entre todos los demás por sus infatigables investigadores, no se debería eliminar como si sólo fuera una ilusión popular. Pero no insistimos. Junto con la proposición negada en las citas hechas, se afirma una contraproposición. Veamos cuál es y lo que resulta cuando se examinan e investigan sus fundamentos.

Retrotrayéndonos a Bentham, hallamos esta contraproposición claramente expresada. Nos dice que el gobierno cumple su misión creando derechos que confiere a los individuos: derechos de seguridad personal, de protección al honor, de propiedad, etcétera[46]. Si esta doctrina se afirmara como consecuencia del derecho divino de los reyes, no existiría en ella nada manifiestamente ilógico. Si procediera del antiguo Perú donde el Inca era la fuente de donde todo mana[47]; o de Shoa, Abisinia, donde el rey es dueño absoluto de bienes y personas[48]; o de Dahomey, donde todos los hombres son esclavos del rey[49], estaría justificada. Pero Bentham, lejos de ser un absolutista como Hobbes, escribió en favor del gobierno popular. En su Constitutional Code[50], establece que la soberanía reside en el pueblo, arguyendo que es mejor conceder el poder soberano a la mayor parte posible de aquellos cuya felicidad constituye su propio objeto porque esta proporción es más adecuada que cualquier otra que se pueda proponer para la consecución del fin que se persigue.

Obsérvese ahora lo que sucede cuando combinamos estas dos doctrinas. El pueblo soberano designa a sus representantes y crea al gobierno; el gobierno así creado, crea, a su vez, derechos y los confiere a los miembros del pueblo soberano que le dio origen. ¡He aquí una obra maestra de sofistería política! Mr. Matthew Arnold, sosteniendo en el artículo ya citado que la propiedad es creación de la ley nos previene del fantasma metafísico de la propiedad en sí. Seguramente, entre los fantasmas metafísicos el más espectral es éste que supone que ¡se puede obtener una cosa creando un agente que crea la cosa y después la confiere a su propio creador! Desde cualquier punto de vista que la consideremos, la proposición de Bentham es incomprensible. El gobierno, dice, cumple su misión creando derechos. Dos significados se pueden dar a la palabra crear. Puede entenderse como la producción de algo de la nada, o bien proporcionar forma y estructura a algo preexistente. Hay muchos que piensan que la producción de la nada es imposible, incluso para un ser omnipotente. Probablemente nadie asegurará que la creación de algo de la nada está dentro de la competencia de un gobierno humano. La segunda alternativa es que el gobierno crea solamente en el sentido de modelar algo que ya existía. En este caso la cuestión es: ¿Que es lo preexistente que modela? Evidentemente, la cuestión gira por entero sobre la pa1abra crear, que produce una ilusión en el lector poco atento. Bentham era muy escrupuloso en la propiedad de sus expresiones, y en su Book of Fallacies dedica un capítulo a los términos equívocos. Es curioso que él mismo nos muestre un ejemplo de la extraviada creencia a que puede dar lugar un término equívoco.

Pero ahora prescindamos de estas imposibilidades intelectuales y busquemos una interpretación más seria del punto de vista de Bentham.

Puede decirse que la totalidad de poderes y derechos existen originariamente como un todo indiviso en el pueblo soberano y que este todo indiviso se confía, como diría Austin, al poder reinante nombrado por el pueblo para que los distribuya. Si, como hemos visto, la afirmación de que los derechos se crean es simplemente una figura retórica, entonces el único sentido inteligible de la opinión de Bentham es que una multitud de individuos que quieren satisfacer sus deseos y poseen todos los medios de satisfacerlos, así como autoridad sobre las acciones individuales, nombra un gobierno, el cual declara los modos y condiciones en que se debe actuar para obtener lo que se apetece. Veamos lo que esto implica. Existen en cada hombre dos aspectos. Como individuo está sometido al gobierno, y como miembro de la sociedad es parte del pueblo soberano que nombra al gobierno. Es decir, en el primer caso se le conceden derechos y en el segundo los concede él, por medio del gobierno que ha contribuido a nombrar. Concretemos esta exposición abstracta en una concreta y veamos lo que significa. Supongamos que la comunidad consiste de un millón de hombres que, por hipótesis, no sólo son copartícipes propietarios de la región que habitan sino también de todas las libertades de acción y apropiación, no reconociéndose otro derecho a todo, que el de la misma comunidad. ¿Qué se sigue de esto? Cada individuo, no poseyendo nada del producto de su propio trabajo, posee, como una unidad en el cuerpo soberano, una millonésima parte del producto del trabajo de los demás. Esta es una conclusión inevitable. Como el gobierno, según la teoría de Bentham, no es más que un agente, los derechos que confiere son los que le han sido confiados por el pueblo soberano. Siendo esto así, el pueblo soberano debe poseer estos derechos en block antes de que el gobierno, para cumplir su mandato, los confiera a los ciudadanos, y cada individuo tendrá una millonésima parte de estos derechos como miembro de la sociedad, mientras que carecerá de ellos como persona privada. Estos derechos sólo los alcanza el individuo cuando el millón de personas se unen para concedérselos, ¡en tanto que él ha de unirse a los demás para concedérselos a cada miembro del millón!

De manera que, de cualquier modo que lo interpretemos, la proposición de Bentham nos sume en un cúmulo de absurdos.

Pero los discípulos de Bentham, aun ignorando la opinión opuesta de los juristas alemanes, e incluso sin un análisis que les hubiera mostrado lo insostenible de su propia doctrina, deberían haber tratado con menos ligereza la teoría de los derechos naturales. En efecto, diferentes grupos de fenómenos sociales unidos, prueban que esta doctrina está bien fundamentada, y no así la suya.

Existen tribus en varias partes del mundo, que muestran que antes de la aparición del gobierno, la conducta era regulada por la costumbre. Los Bechuanas obedecen a costumbres conocidas desde tiempo inmemorial[51]. Entre los hotentotes koranna que solamente toleran a sus jefes más que obedecerlos[52], cuando los antiguos usos no lo prohíben, cada hombre actúa como es justo según su criterio[53]. Los araucanos se guían por costumbres antiguas o convenciones tácitas[54]. Entre los Kirghizes, los juicios de los ancianos se basan en costumbres universalmente reconocidas[55]. De los Dyaks, Rajah Brooke nos dice que la costumbre parece simplemente haberse convertido en ley: la violación de la costumbre se castiga con una multa[56]. Tan sagradas son las costumbres inmemoriales para el hombre primitivo, que nunca sueña con discutir su autoridad, y cuando aparece el gobierno, su poder es limitado por ellas. En Madagascar, la palabra del rey sólo es admitida cuando no existe ley, costumbre o algún precedente[57].

Raffles nos dice que en Java las costumbres del país restringen[58] la voluntad del soberano. También en Sumatra el pueblo no permite a sus jefes alterar sus antiguas costumbres[59]. Ocasionalmente, como ocurrió entre los Ashantee, el intento de modificar ciertas costumbres determinó el destronamiento del rey[60]. Ahora bien: entre las costumbres que consideramos pregubernamentales y a las que se subordina el mismo poder gubernamental, se encuentran las que reconocen ciertos derechos individuales, derechos para actuar de cierto modo y para poseer ciertas cosas. Incluso donde el reconocimiento de la propiedad está menos desarrollado, existen propietarios de armas, herramientas y objetos de adorno personal, y generalmente este reconocimiento se extiende a más objetos. Entre los indios norteamericanos Snakes, que no poseen gobierno, existe propiedad privada de caballos. Los Chippewayans, que no poseen gobierno regular, la caza apresada en trampas particulares la consideran propiedad privada[61]. Hechos análogos sobre cabañas, utensilios y otros objetos personales podríamos citar como prueba entre los Ahts, comanches, esquimales e indios brasileños. En varios pueblos incivilizados, la costumbre ha establecido el derecho a la cosecha crecida en el campo que se ha roturado, aunque no al campo mismo. Los Todas, que carecen de organización política, hacen una distinción semejante entre la posesión del ganado y de la tierra. Las palabras de Kolff respecto de los pacíficos Arafuras aumentan la evidencia. Los Arafuras reconocen el derecho de propiedad en el más completo sentido de la palabra, sin que exista más autoridad entre ellos que las decisiones de sus mayores, de acuerdo con las costumbres de sus antepasados[62].

Pero aun sin buscar pruebas entre los pueblos salvajes, nos bastan las que nos proporcionan las primeras etapas de los civilizados. Bentham y sus seguidores, parecen olvidar que nuestro derecho común es principalmente una fusión de las costumbres del reino. No se ha hecho sino dar forma definitiva a lo que ya existía. Así, el hecho y la ficción se oponen exactamente a lo que ellos alegan. El hecho es que se reconocía la existencia de la propiedad antes de la aparición de la ley. La ficción es que la propiedad es creación de la ley.

Consideraciones de otro orden habrían bastado a detenerlos si hubieran estudiado definitivamente lo que significaban. Si fuera cierto, como alega Bentham, que el gobierno cumple su cometido creando derechos que confiere a sus miembros, entonces no se observaría uniformidad en los derechos conferidos por gobiernos distintos. En ausencia de una causa determinante que regulase sus decisiones habría muchas probabilidades contra una de que no correspondiesen entre sí. Ahora bien: existe una gran correspondencia. Dondequiera que miremos, observamos que los gobiernos prohíben las mismas clases de agresiones y reconocen idénticos derechos. Prohíben el homicidio, el robo y el adulterio, manifestando con ello que los ciudadanos deben poseer determinadas garantías. A medida que la sociedad progresa; se protegen derechos individuales menos importantes y se imponen castigos por la violación de contratos, difamación, falso testimonio, etcétera. En una palabra, las comparaciones nos prueban que los diversos códigos difieren en detalles mientras se elaboran, pero concuerdan en sus fundamentos. ¿Qué prueba esto? No puede atribuirse a la casualidad esta coincidencia. Concuerdan, porque la pretendida creación de derechos consiste únicamente en la sanción formal, y en una mejor definición de los derechos y reconocimientos de derechos que se originan de los deseos individuales de los hombres que viven en sociedad.

La sociología comparada revela otro grupo de hechos que implican lo mismo. Con el desenvolvimiento social llega a ser un deber del Estado no sólo sancionar formalmente los derechos individuales sino también defenderlos contra los agresores. Antes de que exista un gobierno permanente, y en muchos casos, después que se ha desarrollado, los derechos del individuo son afirmados y mantenidos por él mismo o por su familia. Como entre las tribus salvajes de hoy, entre los pueblos civilizados del pasado y aún en ciertas regiones poco adelantadas de la Europa actual, el castigo de un asesinato es asunto privado: el deber sagrado de vengar la sangre derramada se trasmite a los parientes. Del mismo modo, el individuo o su familia, reivindican personalmente en las sociedades primitivas las agresiones sobre la propiedad y demás ofensas de cualquier clase que sean. Pero a medida que la organización social avanza, el poder central asegura de un modo más efectivo la seguridad personal de sus miembros, de sus posesiones y, hasta cierto punto, el cumplimiento forzoso de las obligaciones contraídas. Exclusivamente ocupado en su origen de defender la sociedad contra otras, o en atacarlas, el gobierno ha venido a desempeñar, cada día más, la función de defender a los individuos unos contra otros. Basta recordar los días en que los hombres habitualmente llevaban armas, o tener en cuenta la mayor seguridad conseguida para la persona y la propiedad, merced a la mejor organización policíaca, en nuestro propio tiempo, o notar la facilidad con que se cobran las deudas pequeñas, para observar que cada día se considera más obligado al gobierno a garantizar a cada individuo la libre persecución de los fines de la vida, dentro de los límites que le imponen las aspiraciones de los demás hombres. En otras palabras, simultáneamente con el progreso social no sólo existe un reconocimiento más completo de lo que llamamos derechos naturales, sino también una más eficaz protección de ellos por el Estado: el gobierno está llegando a ser, de un modo cada día más acentuado, un servidor de estos prerrequisitos esenciales para el bienestar individual.

Otro cambio más significativo ha acompañado a éste. En las primeras épocas, al mismo tiempo que el Estado fracasaba en proteger a los individuos contra la agresión, se convierte él mismo en agresor por muchos conceptos. Las sociedades antiguas que progresaron lo suficiente para dejar recuerdos, y que fueron conquistadoras, nos muestran por todas partes las huellas de su régimen militar. Así como para organizar debidamente un ejército, los soldados, absolutamente disciplinados, deben actuar con independencia sólo cuando se lo ordenen, del mismo modo para una efectiva organización de la sociedad los ciudadanos deben subordinarse individualmente. Los derechos privados desaparecen ante el interés público, y el individuo pierde gran parte de su libertad de acción. Una consecuencia es que el sistema de regimientos, organizándose en la sociedad, lo mismo que en el ejército, causa una reglamentación minuciosa de la conducta. Las prescripciones del jefe, sagradas porque las atribuyen a un antecesor divino, no están limitadas por ninguna concepción de la libertad individual, y regulan las acciones de los hombres incluso en los menores detalles, desde la clase de alimentos que se han de comer y el modo de prepararlos hasta los adornos de los vestidos, la forma de la barba, recolección de los granos, etcétera. Este absoluto control que se observa en las antiguas naciones orientales, existió también en gran medida entre los griegos y fue llevado a su punto culminante en la militarizada Esparta. Análogamente, durante los tiempos medievales en Europa, época caracterizada por un continuo estado de guerra y determinadas formas e ideas políticas, apenas existió límite alguno a la interferencia gubernamental. Estuvieron regulados detalladamente el comercio, la agricultura, las manufacturas; se impusieron prácticas y creencias religiosas, y los gobernantes decían quiénes podían llevar pieles, usar plata, publicar libros, poseer palomares, etc., etc. Pero unido al incremento de las actividades industriales y la implícita sustitución del régimen de contrato por el régimen de Estado y con la acentuación del espíritu de solidaridad, hubo (hasta la reciente reacción hacia el Estado militar) una disminución de la interferencia en los actos individuales. La legislación cesó gradualmente de regular las labores del campo, de dictar la proporción entre el ganado y la cantidad de tierra, de especificar los modos de fabricación y los materiales que debían usarse, de establecer precios y jornales, de interferir los vestidos y juegos (excepto los de envite), de poner trabas y multas a las importaciones y exportaciones, prescribir las creencias de los hombres, políticas o religiosas, de prohibir las asociaciones y la libertad de viajar. Es decir, que el derecho del ciudadano para obrar libremente se impuso a las pretensiones del Estado para controlarlo. En tanto que el gobierno ha aumentado la ayuda al individuo para impedir intrusiones en su vida privada, él mismo se ha retirado de esta esfera, o en otros términos, ha restringido su intervención.

Pero todavía no hemos observado todas las clases de hechos que revelan la misma verdad. Lo evidencian las mejoras y reformas de la misma ley, así como las admisiones y afirmaciones de sus autores. Ya en el siglo XV, dice el profesor Pollock, hallamos un juez declarando que en un caso no previsto por las ordenanzas conocidas, jurisconsultos y canonistas señalan una nueva regla de acuerdo con la ley de naturaleza que es el fundamento de todas las leyes: el Tribunal de Westminster puede y hará lo mismo[63]. Por otra parte, nuestro sistema de equidad, introducido y desenvuelto para suplir las deficiencias de la ley común, o para rectificar sus injusticias, se funda en un reconocimiento de los derechos individuales que existen aparte de toda garantía legal. Los cambios que hoy experimenta la ley de vez en cuando, a pesar de cierta resistencia, lo son en el sentido de conseguir mayor justicia según las ideas corrientes, ideas que en lugar de derivarse de la ley son opuestas a la ley. Por ejemplo, el Acta reciente que reconoce a la mujer casada la propiedad de sus ganancias, se originó evidentemente en el convencimiento de que la conexión natural entre el trabajo y el beneficio debe mantenerse en todos los casos. La ley reformada no creó el derecho, sino que el reconocimiento del derecho ha originado la reforma de la ley.

De manera, que evidencias históricas de cinco clases diferentes nos enseñan que aun confusas como son las nociones populares sobre el derecho, e incluyendo una gran parte que debería excluirse, sin embargo, proyectan la sombra de una verdad.

Réstanos ahora considerar la fuente original de esta verdad. Hablé anteriormente de un secreto conocido, y es que todos los fenómenos sociales, si los analizamos a fondo, nos conducen a las leyes de la vida, siendo imposible comprenderlos si no nos referimos a dichas leyes. Traslademos, pues, esta cuestión de los derechos naturales, de la política a la ciencia, a la ciencia de la vida. El lector no necesita alarmarse: nos bastarán sus hechos más sencillos y claros. Contemplaremos primero las condiciones generales de la vida individual y luego las condiciones generales de la vida social. De unas y otras se deduce el mismo veredicto.

La vida animal implica pérdida; la pérdida debe compensarse; esta compensación requiere nutrición. A su vez la nutrición presupone obtención de alimentos. El alimento no puede obtenerse sin facultades de aprehensión y para que estas facultades puedan lograr sus fines debe existir libertad de movimiento. Si se encierra a un mamífero en un espacio reducido, o se atan sus miembros o se le quita el alimento que pueda procurarse, se causará su muerte, si se persiste en cualquiera de estos procedimientos. Pasado cierto punto, la imposibilidad de satisfacer estas necesidades es fatal. Todo esto que se sostiene acerca de los animales en general, se puede aplicar también al hombre.

Si adoptamos el pesimismo como un credo y con él la consecuencia que implica de que siendo la vida en general un mal se debería poner fin a ella, entonces no existe garantía ética para los actos mediante los cuales se mantiene la vida. Toda la cuestión se derrumba. Pero si aceptamos el punto de vista optimista, o del progreso; si decimos que la vida proporciona más placer que dolor, o que está en vías de que así ocurra, entonces estas acciones por las que se mantiene la vida están justificadas y la libertad de cumplirlas tiene razón de ser. Los que sostienen que la vida es valiosa, sostienen implícitamente que no debe entorpecerse a los hombres en el ejercicio de las actividades necesarias a su sostenimiento. En otras palabras, si se dice que es justo que las ejecuten, entonces, recíprocamente, tenemos que admitir que poseen derecho para ejecutarlas. Evidentemente, la concepción de los derechos naturales se origina en el reconocimiento de la verdad de que si la vida es justificable debe existir una justificación para el cumplimiento de los actos esenciales a su conservación, y por consiguiente, una justificación para las libertades y derechos que hacen tales actos posibles.

Pero ésta es una proposición carente de carácter ético, siendo cierta de las criaturas distintas del hombre. Carácter ético surge sólo con la distinción entre lo que el individuo puede hacer al ejecutar las actividades precisas para el sostenimiento de su vida y lo que no puede hacer. Esta limitación resulta evidentemente de la presencia de otros hombres. Entre los que están en contacto inmediato, o incluso separados, los actos de los unos pueden interferirse con los de los otros, y si es imposible demostrar que alguien puede hacer lo que desee sin limitación y en cambio otros no, hay que admitir necesariamente una limitación mutua. La forma no ética del derecho para lograr fines se convierte en forma ética cuando se reconoce la diferencia entre los actos que pueden realizarse sin transgredir estos límites y los que no pueden realizarse.

Esta conclusión que es cierta a priori, se ve confirmada a posteriori cuando estudiamos los actos de los pueblos no civilizados. En su forma más vaga, la limitación mutua de las esferas de acción y las ideas y sentimientos consiguientes, se observa en las relaciones de unos grupos con otros. Habitualmente se establecen ciertos límites al territorio dentro del cual cada tribu obtiene su modo de vida y estos límites, cuando no son respetados, se defienden. Entre los Wood-Veddahs, que carecen de organización política, los clanes pequeños poseen sus respectivas porciones de selva y estas demarcaciones convencionales son siempre respetuosamente reconocidas[64]. De las tribus sin gobierno de Tasmania se nos dice que sus terrenos de caza estuvieron siempre delimitados y a los invasores se les atacaba[65]. Y, de un modo manifiesto, las luchas causadas entre las tribus por mutuas intrusiones en los territorios acaban a la larga por fijar límites precisos y sancionarlos. Lo que ocurre con cada territorio, sucede con cada grupo de habitantes. Un asesinato cometido en uno, atribuido erróneamente o con razón a alguien en otro, exige el sagrado deber de lavarlo con sangre y aunque las represalias se perpetúen, evitan, sin embargo, nuevas agresiones. Causas semejantes han producido efectos análogos en las primeras épocas de las sociedades civilizadas en las que las familias o clanes fueron, más que los individuos, las unidades políticas y durante las cuales cada familia o clan tenía que defenderse y defender sus posiciones contra los demás. Estas mutuas restricciones que surgen entre pequeñas comunidades, aparecen igualmente entre los individuos en cada comunidad y las ideas y costumbres que son propios de la una lo son también de la otra. Aunque dentro de cada grupo exista siempre la tendencia por parte del más fuerte a agredir al débil, sin embargo, en la mayoría de los casos sirve de freno la conciencia de los males resultantes de una conducta agresiva.

En todas partes, entre los pueblos primitivos, a las ofensas se responde con ofensas. Turner dice de los Tanneses: El adulterio y otros crímenes se contienen por miedo a la ley del más fuerte[66]. Fitzroy nos cuenta que los patagones si no molestan ni ofenden a sus vecinos no tienen que temer nada de los otros[67]. La venganza personal es el modo de castigar la injuria. Leemos de los Uaupes que poseen muy pocas leyes pero que se atienen estrictamente a la de ojo por ojo, diente por diente[68]. Y es obvio, que la lex talionis tiende a establecer una distinción entre lo que cada miembro de la comunidad puede ejecutar sin riesgo y lo que no puede; y consecuentemente a dar sanciones para algunos de estos actos aunque no para otros. Schoolcraft dice que los Chippewayans: Aunque no tienen un gobierno regular, como cada hombre es señor de su propia familia, se hallan más o menos influidos por ciertos principios que redundan en beneficio general[69]. Uno de los principios mencionados es el reconocimiento de la propiedad privada.

Que la limitación mutua de actividades origina las ideas y sentimientos que implica la frase derechos naturales, se nos muestra distintamente por las pocas tribus pacíficas que sólo tienen un gobierno nominal o ninguno en absoluto. Además de los hechos que manifiestan el escrupuloso cuidado que se guarda hacia los derechos ajenos entre los Todas, Santals, Lepchas, Bodo, Chakmas, Jakuns, Arafuras, etcétera, puede citarse que los salvajes Wood-Veddahs, carentes totalmente dé organización social, consideran inconcebible que alguien pueda apoderarse de lo que no le pertenece, herir a su compañero, o decir algo que no es verdad[70]. Resulta, pues, claro del análisis de las causas y de la observación de los hechos, que mientras el elemento positivo del derecho de efectuar las actividades necesarias para el sostenimiento de la vida se origina en las leyes de la vida, el elemento negativo que le da carácter ético se origina de las condiciones creadas por la agregación social.

Tan distante se halla de la verdad, indudablemente, la pretendida creación de derechos por el gobierno que, por el contrario, habiendo precedido más o menos claramente los derechos al gobierno, el reconocimiento del derecho se oscurece a medida que el gobierno se desenvuelve paralelamente a la actividad militar, que por la captura de esclavos y el establecimiento de jerarquías produce el Estado. El reconocimiento de derechos adquiere precisión a medida que el régimen militar cesa de ser permanente y el poder gubernamental declina.

Cuando volvemos de la vida de los individuos a la sociedad, se nos ofrece la misma enseñanza.

Aunque el mero instinto de sociabilidad induce a los hombres primitivos a vivir en grupos, sin embargo, el impulso principal nace de la experiencia de las ventajas que se derivan de la cooperación. ¿En qué condiciones surge la cooperación exclusivamente? Es evidente que a condición de que los que unen sus esfuerzos alcancen ventajas por hacerlo así. Si, como en los casos más sencillos, se unen para conseguir algo que cada uno por si mismo no puede, o que puede lograrlo con menos facilidad, debe ser bajo el tácito supuesto de que partirán el beneficio (como cuando un grupo se dedica a la caza), o que si uno recoge todo el beneficio ahora (como si se construye una choza o se rotura un terreno) los otros alcanzarán beneficios equivalentes a su debido tiempo. Cuando en lugar de unir sus esfuerzos para ejecutar la misma cosa, efectúan diferentes (cuando nace la división del trabajo con el consiguiente cambio de productos), el acuerdo implica que cada uno, en devolución de lo que posee con exceso, logre un equivalente aproximado de lo que necesita. Si él entrega lo uno y no alcanza lo otro, rechazará las futuras proposiciones de cambio que se le hagan. Habrá un retroceso a aquel estado primitivo en que cada cual lo hace todo por sí mismo. De aquí que la posibilidad de la cooperación depende del cumplimiento del contrato, tácito o expreso.

Ahora bien: todo esto que observamos que se debe mantener desde el primer paso hacia la organización industrial por la que la vida social se sostiene, debe mantenerse, con más o menos intensidad, durante su desarrollo. Aunque el tipo militar de organización, con su sistema de status creado por la guerra permanente, oscurece en grado sumo estas relaciones de contrato, sin embargo, deben subsistir por necesidad. Se respetan entre los hombres libres y entre los jefes de aquellos pequeños grupos que forman las unidades de las sociedades primitivas, y en cierta medida se mantienen dentro de los mismos grupos, puesto que su supervivencia como tales implica el reconocimiento de las aspiraciones de sus miembros, incluso siendo esclavos, a que en devolución por su trabajo se les proporcione alimento, vestidos y protección. Y cuando con la decadencia de la guerra y el crecimiento del comercio la cooperación voluntaria reemplaza cada vez más a la obligatoria, el desarrollo de la vida social fundada en cambios estipulados, suspendida durante cierto tiempo, se restablece gradualmente. Este restablecimiento hace posible la extensión y el perfeccionamiento de la vida industrial por los que se sostiene una gran nación.

El progreso es grande y la vida social activa cuando no se dificultan los contratos y se cumplen escrupulosamente. Los perniciosos efectos de la violación de un contrato no se experimentan sólo por uno u otro de los individuos que lo contraen. En las sociedades avanzadas, las consecuencias alcanzan a clases enteras de productores y distribuidores que se han formado a causa de la división del trabajo, y en ocasiones las sufren todos. Pregúntese bajo qué condición se dedica Birmingham a fabricar quincalla, o parte de Staffordshire a la cerámica, o Lancashire al tejido de algodón. Pregúntese cómo la población rural que aquí cultiva los cereales y allí apacienta los ganados halla posible ocuparse con su especial tarea. Estos grupos pueden actuar así, sólo si alcanzan de los otros, a cambio de sus productos excedentes, determinadas materias que necesitan. Cuando no se efectúan estos cambios directamente se hacen indirectamente por medio del dinero y si examinamos cómo se procura cada uno el dinero que necesita, hallamos que por medio de contrato. Si Leeds fabrica lanas y no recibe, por cumplimiento de contrato, los medios de obtener de los distritos agrícolas la cantidad de alimentos que necesita, morirá de hambre y cesará de producir lanas. Si el sur de Gales funde hierro y no puede procurarse las telas indispensables para vestir, su industria cesará. Y así siempre, en general y en particular. Esta mutua dependencia de las partes que se observa en la organización social y en la individual, es sólo posible a condición de que mientras cada parte ejecuta la clase particular de trabajo a que se adapta, reciba una parte proporcional de las materias que necesita para rehacerse y prosperar, materias que son producidas por las otras partes. Esta proporción se establece mediante pacto. Además, el cumplimiento del contrato establece el equilibrio entre los productos y las necesidades, haciendo que se fabriquen muchos cuchillos y pocas lancetas, que se produzca mucho trigo y poca mostaza. Sirve de freno a una producción excesiva la consideración de que pasada cierta cantidad nadie querrá aceptar más, debiendo entregar la cantidad equivalente de dinero. De esta manera se evita un gasto inútil de trabajo, dejando de producir lo que la sociedad no necesita.

Por último, debemos notar el hecho todavía más significativo de que la única condición mediante la que un grupo de trabajadores puede aumentar los productos de su industria cuando la comunidad los necesita, es que los contratos sean libres y se garantice su cumplimiento. Si, cuando por falta de materias, Lancashire no pudo proporcionar la cantidad acostumbrada de géneros de algodón, se hubiera intervenido en los contratos, de tal modo que hubiera impedido a Yorkshire exigir un precio más elevado por la lana que debía fabricar a causa de la gran demanda, no habría habido estímulo para acrecentar el capital dedicado a las fábricas, ni el número de máquinas y obreros empleados, ni la fabricación. La consecuencia habría sido que la comunidad sufriría por no poder reemplazar el deficiente algodón por la lana extra. Los graves perjuicios que se pueden ocasionar a una nación si se impide a sus miembros contratar entre sí libremente, se han visto bien en el contraste entre Inglaterra y Francia con respecto a los ferrocarriles. En Inglaterra, aunque al principio se levantaron obstáculos por las clases predominantes en la legislatura, sin embargo, estos obstáculos no pudieron impedir a los capitalistas que invirtieran su dinero, a los ingenieros que ofrecieran una dirección eficaz, a los contratistas que emprendieran obras; y el alto interés que alcanzaron las acciones, las grandes ganancias que lograron los contratistas y las elevadas remuneraciones recibidas por los ingenieros produjeron una corriente de dinero, energía y habilidad mediante la cual prosperó en grado sumo nuestro sistema de ferrocarriles, dando lugar a un gran desarrollo de nuestra prosperidad nacional. Cuando M. Thiers, entonces ministro de Obras Públicas, vino a examinar nuestros ferrocarriles, dijo a Mr. Vignoles al despedirse: No creo que los ferrocarriles convengan a Francia[71]. Como consecuencia, se siguió una política de obstrucción de los libres contratos y esto originó un retraso de ocho o diez años en el progreso material que experimentó Francia cuando se construyeron los ferrocarriles.

¿Qué significan todos estos hechos? Significan que para una actividad próspera de las industrias, ocupaciones y profesiones que mantengan y ayuden la vida de la sociedad, deben existir, en primer lugar, pocas restricciones sobre las libertades individuales para celebrar contratos, y en segundo lugar, que su cumplimiento sea obligatorio.

Como hemos visto, las restricciones que surgen naturalmente a cada una de las acciones de los hombres cuando se asocian, son tan sólo las que resultan de su limitación mutua, y como consecuencia no pueden resultar restricciones en los contratos que libremente acuerdan. Interferirlos es interferir los derechos de la libertad de acción que corresponde a cada uno cuando se reconocen los derechos de los otros totalmente. Y entonces, como hemos visto, la garantía de sus derechos implica el cumplimiento forzoso de los acuerdos contraídos, puesto que un rompimiento de contrato es una agresión indirecta. Cuando un comprador pide al comerciante del otro lado del mostrador un objeto que vale un chelín, y mientras éste vuelve la espalda aquél desaparece con el objeto sin dejar el chelín que tácitamente se comprometió a entregar, su acto no, difiere esencialmente del robo. En cualquier caso semejante, el individuo lesionado se ve privado de algo que poseía sin recibir el equivalente convenido. Ha gastado su trabajo sin obtener beneficio, y ha sido infringida una condición esencial para el mantenimiento de la vida. Resulta, pues, que reconocer y hacer cumplir los derechos de los individuos, es al mismo tiempo reconocer y garantizar las condiciones para una normal vida social. En ambos casos se trata de una necesidad vital.

Antes de pasar a los corolarios que tienen aplicaciones prácticas, observemos cómo las conclusiones especiales deducidas convergen en una conclusión general prefigurada originariamente, examinadas en orden inverso.

Hemos hallado que el prerrequisito para la vida individual es, en un doble sentido, el prerrequisito para la vida social. La vida de una sociedad, en cualquiera de los dos sentidos que se conciba, depende del mantenimiento de los derechos individuales. Si no es nada más que la suma de las vidas de los ciudadanos, esta implicación es obvia. Si consiste en la multiplicidad de actividades variadas que los ciudadanos llevan a cabo en mutua dependencia, esta vida compuesta e impersonal será más o menos intensa según los derechos individuales sean reconocidos o negados.

El estudio de las ideas y de los sentimientos ético-políticos de los hombres conduce a conclusiones análogas. Los pueblos primitivos de tipos diferentes nos muestran que antes que exista el gobierno, costumbres inmemoriales reconocen los derechos privados y justifican su mantenimiento. Los códigos nacionales, que se han desenvuelto con independencia unos de otros, están de acuerdo en prohibir ciertas transgresiones de personas, bienes y libertades de los ciudadanos, y sus concordancias implican, no una fuente artificial de los derechos individuales, sino una fuente natural. Junto con este desenvolvimiento social la ley formula de un modo cada vez más elaborado y preciso los derechos preestablecidos por la costumbre. Al mismo tiempo, el gobierno tiende a aumentar los medios de que se ejecuten con todas las garantías. A medida que ha llegado a ser un protector más eficaz, el gobierno es menos agresivo, y ha disminuido de modo cada día más acentuado su intrusión en la esfera de los actos humanos privados. En conclusión, así como en tiempos pasados se modificaron las leyes para adaptarlas a las ideas normales de equidad, así hoy los reformadores legislativos se inspiran también en ideas de equidad que no se derivan de la ley sino a las que la ley tiene que acomodarse.

Aquí, pues, tenemos una teoría político-ética comprobada por el análisis y la historia. ¿Qué tenemos contra ella? Una contrateoría a la moda que demuestra ser injustificada. Por una parte, mientras hallamos que la vida individual y social implica un mantenimiento de la relación natural entre el trabajo y el beneficio, encontramos también que esta relación natural, reconocida antes de la existencia del gobierno, se ha afirmado y reafirmado a sí misma recibiendo plena sanción de los códigos y sistemas éticos. Por otra parte, las personas que negando los derechos naturales afirman que estos derechos son creados artificialmente por la ley, no sólo son desmentidos rotundamente por los hechos sino que su aserción se destruye a sí misma: las tentativas para fundamentar esta teoría, cuando se les pide una prueba, los envuelve en toda clase de absurdos.

No es esto todo. El restablecimiento de una concepción popular vaga, en una forma definida de base científica, nos conduce a un punto de vista racional entre los deseos de las mayorías y las minorías. Resulta claro que las cooperaciones en las que todos pueden unirse voluntariamente, y en cuya ejecución el deseo de la mayoría debe prevalecer, son cooperaciones para mantener las condiciones que se requieren para la vida individual y social. La defensa de la sociedad en conjunto contra un enemigo externo, tiene por fin remoto mantener a cada ciudadano en posesión de los medios que precisa para satisfacer sus deseos y de garantizar su libertad para aumentarlos. Y la defensa de cada ciudadano contra enemigos internos, desde los asesinos hasta los que causan molestias a sus vecinos, persigue claramente el mismo fin, un fin deseado por todos, excepto por el criminal y el revolucionario. Se sigue de aquí que para la defensa de este principio vital, tanto de la vida social como de la individual, es legítima la subordinación de la minoría a la mayoría, y en tanto no implique nada más, es un requisito indispensable para una mejor protección de la propiedad y la libertad humana. Al mismo tiempo se sigue que tal subordinación no es legítima más allá de este límite, puesto que si implica una agresión mayor sobre el individuo de lo que se requiere para protegerlo, significa una violación del principio vital que trata de defender.

Volvemos otra vez a la proposición de que el pretendido derecho divino de los parlamentos, y el supuesto derecho divino de las mayorías, son supersticiones. En tanto que los hombres han abandonado la vieja teoría respecto de la fuente de la autoridad estatal, han conservado la creencia en lo ilimitado de esta autoridad que era inherente a la antigua teoría pero que lógicamente no acompaña a la nueva. El poder absoluto sobre los súbditos, atribuido razonablemente al gobernante cuando se le creía un representante de Dios, se atribuye ahora a todo el cuerpo gubernativo al que nadie concede que posea esta delegación divina.

Se nos opondrá probablemente que las discusiones sobre el origen y los límites de la autoridad gubernamental son meras pedanterías. El gobierno, tal vez digan, está obligado a utilizar todos los medios que tiene, o pueda tener, para conseguir una mayor felicidad general. Su fin debe ser la utilidad y está autorizado para emplear las medidas que sean precisas para conseguir fines útiles. El bienestar del pueblo es la ley suprema, y los legisladores no deben desobedecer esta ley en virtud de consideraciones sobre el origen y la extensión de su poder. ¿Es esto una razón, o por el contrario, se puede refutar?

La cuestión esencial que surge es la relativa a la verdad de la teoría utilitaria tal como se sostiene corrientemente, y la respuesta que daremos es que, como vulgarmente se sostiene, es falsa. Las máximas de los moralistas utilitarios y los actos de los políticos, que consciente o inconscientemente se inspiran en ellas, suponen que la utilidad ha de determinarse directamente por una sencilla inspección de los hechos inmediatos y la estimación de los resultados probables. Mientras que el utilitarismo, rectamente entendido, implica que se adopten como guía las conclusiones generales que ofrece el análisis de la experiencia. Los resultados buenos y malos no pueden ser accidentales sino que deben ser las consecuencias necesarias de la constitución de las cosas. Y es cuestión de la Ciencia Moral deducir, de las leyes de la vida y de las condiciones de la existencia, qué clases de actos tienden necesariamente a producir felicidad, y cuáles a producir desgracia[72]. La especulación utilitaria común, como la política práctica común, demuestra una inadecuada conciencia de la causación natural. El pensamiento habitual es que en ausencia de algún impedimento claro, las cosas se pueden hacer de este u otro modo; nadie se pregunta si al obrar así se está en acuerdo o conflicto con la marcha natural de las cosas.

Las discusiones precedentes han mostrado, según creo, que los dictados de la utilidad, y por consiguiente los propios actos de los gobiernos no pueden fundarse en un examen superficial de los hechos y en lo que prima facie parezcan significar. Han de establecerse por deducción y referencia a hechos fundamentales. Estos hechos fundamentales a los que todos los juicios racionales de utilidad deben volver, son los hechos en que consiste la vida y las determinadas actividades que la mantienen. Entre los hombres reunidos en sociedad, estas actividades llegan a limitarse mutuamente de un modo necesario y se ejecutan por todos dentro de los límites naturales y no más allá. La conservación de estos límites se convierte en la función del agente que regula la sociedad. Se mantiene el principio de la vida individual y de la vida social cuando cada uno, teniendo libertad para usar sus facultades dentro de los límites que le imponen las de los otros, obtiene de sus asociados por sus servicios tanto como es merecedor en comparación con los servicios de los otros, naturalmente si los contratos normalmente cumplidos proporcionan a cada uno su parte determinada y se les asegura en sus bienes y personas para satisfacer sus necesidades con sus ganancias. Además, se mantiene el principio vital del progreso social de tal modo, que en tales condiciones los individuos más valiosos prosperan y se multiplican más que los menos valiosos. Resulta, pues, que la utilidad, no como empíricamente se estima sino como se determina racionalmente, prescribe este mantenimiento de los derechos individuales y prohíbe los que puedan contrariarlos.

Alcanzamos, pues, el término supremo de la intervención legislativa. Reducida a su más baja forma, cada proposición para interferir las actividades de los ciudadanos, más que para garantizar sus limitaciones mutuas, significa la pretensión de mejorar la vida violando las condiciones fundamentales de ella. Cuando se impide a algunos comprar cerveza por temor de que otros se embriaguen, los legisladores prejuzgan que resultará más bien que mal con esta intervención en la relación normal entre la conducta y las consecuencias, lo mismo a los pocos intemperantes que a los numerosos morigerados. Un gobierno que destina parte de las rentas de la mayoría del pueblo a enviar a las colonias a los que no han prosperado en Inglaterra, o a edificar mejores viviendas para obreros, o a fundar bibliotecas públicas y museos; etcétera, admite que no sólo próximamente, sino en el futuro, resultará un aumento en la felicidad general por el hecho de transgredir un requisito que le es esencial: la facultad de que cada uno goce de los medios de felicidad que sus actos le procuren pacíficamente. En otros casos no permitimos que lo inmediato nos ciegue con respecto a lo remoto. Cuando instituimos el carácter sagrado de la propiedad privada contra los ladrones, no atendemos a si el beneficio que obtiene un hombre hambriento robando pan de una tienda, es más grande o no que el daño causado al panadero. Consideramos, no los efectos especiales sino los efectos generales que se producirían si la propiedad estuviera insegura. Pero cuando el Estado impone más cargas a los ciudadanos, o restringe aún más sus libertades, consideramos sólo los efectos próximos y directos e ignoramos los indirectos y remotos que se originan cuando se multiplican estos atropellos de los derechos individuales. No vemos que por acumulación de pequeñas infracciones, las condiciones necesarias de la vida, tanto individual como social, se cumplen tan imperfectamente que la vida decae.

La decadencia es visible cuando se llevan las cosas al extremo. Cualquiera que estudie, en las obras de MM. Taine y de Tocqueville, el estado de cosas que precedió a la revolución francesa, observará que la tremenda catástrofe procedió de tan excesiva reglamentación de las acciones de los hombres en todos sus detalles, y de tan enorme aprovechamiento del producto de sus actos para sostener al gobierno, que la vida llegó a ser imposible. El utilitarismo empírico de aquel tiempo, como el de hoy, difiere del utilitarismo racional en que cada caso sucesivo contemplaba únicamente los efectos de interferencias particulares en las acciones de clases particulares de hombres, e ignoraba los efectos producidos por la multiplicidad de tales injerencias en la vida de los hombres en general. Y si preguntamos qué causa hizo posible este error, entonces y ahora, encontraremos que es la superstición política de que el poder del gobierno está sujeto a límites.

Cuando aquella divinidad que rodeaba al rey, y que ha dejado un reflejo en torno de la corporación que ha heredado su poder, haya desaparecido; cuando se empiece a ver claramente que, en una nación gobernada por el pueblo, el gobierno es simplemente un organismo administrativo, se verá también que tal organismo carece de intrínseca autoridad. La conclusión inevitable será que la autoridad le es dada por los que lo nombran y posee los límites que ellos le imponen. De acuerdo con esto se deduce que las leyes promulgadas no son en sí mismas sagradas, sino que todo el carácter sagrado que tienen se debe enteramente a una sanción ética, sanción ética que, como vemos, se deriva de las leyes de la vida humana que se desarrollan dentro de las condiciones sociales. Surge como corolario, que cuando no tienen esta sanción ética carecen de carácter sagrado y pueden rectamente ser discutidas.

La función del liberalismo en el pasado consistió en limitar el poder de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será limitar al poder de los Parlamentos.

POST SCRIPTUM

¿DEBO esperar que estas doctrinas encuentren considerable aceptación? Deseo decir que sí, pero desgraciadamente varias razones me obligan a pensar que solamente aquí o allí algún solitario ciudadano modificará su credo político. De estas razones existe una que da origen a todas las otras.

Esta razón esencial es que las restricciones del poder gubernamental, dentro de los límites asignados, e incompatible totalmente con el tipo militar de sociedad es parcialmente incompatible con el semiindustrial, semimilitar que caracteriza hoy a todas las naciones avanzadas. En cada estadio de la evolución social debe existir un acuerdo sustancial entre las prácticas y las creencias -creencias reales, quiero decir, no meramente nominales-. La vida puede avanzar solamente por la armonía entre los pensamientos y los actos. O la conducta obligada por las circunstancias modifica las creencias de modo que dicha armonía exista, o las creencias transformadas modificarán al fin la conducta.

De aquí que si el mantenimiento de la vida social bajo una serie de condiciones exige extrema subordinación a un jefe y entera fe en él, se establecerá la teoría de que la subordinación y la fe son convenientes, incluso obligatorias. Inversamente si, bajo otras condiciones, no es necesario durante más tiempo la sujeción de los ciudadanos al gobierno para la existencia de la vida nacional; si por el contrario, la vida nacional gana en extensión y calidad a medida que los ciudadanos ganan en libertad de acción, ocurrirá una progresiva modificación de su teoría política con el resultado de disminuir su fe en la acción del gobierno y aumentar su tendencia a discutir la autoridad gubernamental y conduciéndolos en la mayoría de los casos a resistir el poder del gobierno: implicando, eventualmente, la establecida doctrina de la limitación.

Por consiguiente, no debe esperarse que la opinión vulgar sobre la autoridad gubernamental se modifique en gran extensión, en la actualidad. Pero tratemos más profundamente la cuestión.

Evidentemente, el éxito de un ejército depende en grado sumo de la fe de los soldados en su general: la desconfianza en su capacidad los paralizará en la batalla. Una absoluta confianza en él les hará cumplir su cometido con energía y coraje. Si, como en el tipo militar de sociedad normalmente desarrollado, el jefe en la paz y el líder en la guerra son una y la misma persona, esta confianza en él se extiende desde la acción militar a la civil, y la sociedad, en gran medida identificada con el ejército, aceptará de buena gana sus decretos como legislador. Aun donde el jefe civil, cesando de ser jefe militar, ejerce su generalato por medio de un representante, no desaparece la fe tradicional que en él se tiene. Ocurre igual con la buena voluntad para obedecer. En igualdad de circunstancias, un ejército de soldados insubordinados fracasa ante otro más disciplinado. Es más verosímil que alcancen el triunfo en la batalla los soldados cuya obediencia a su jefe es perfecta y rápida, que los que desatienden las órdenes que se les encomiendan. Igual que en el ejército ocurre en la sociedad; el éxito en la guerra depende en gran parte de la sumisión a la voluntad del jefe, que reúne hombres y dinero cuando se necesitan y ajusta toda conducta a sus necesidades.

Por supervivencia del más apto, el tipo militar de sociedad se caracteriza por una fe profunda en el poder gobernante, unida a una leal sumisión a él en todos los aspectos. Así, pues, se tiende por los que especulan sobre asuntos políticos en una sociedad militar a establecer una teoría que formule las ideas y sentimientos necesarios y que afirme a la vez que el legislador, si no de naturaleza divina, está dirigido por Dios y que la obediencia absoluta que se le debe está ordenada por la divinidad.

Un cambio en las ideas y en los sentimientos que han llegado a ser característicos de la forma militar de organización, puede producirse solamente donde las circunstancias favorecen el desarrollo de la forma industrial de organización. Fundada en la cooperación voluntaria, en lugar de la obligatoria, la vida industrial como la conocemos nosotros, habitúa a los hombres a obrar con independencia, los impulsa a hacer respetar sus propias libertades a la vez que ellos respetan las ajenas, fortalece la conciencia de los derechos personales y los induce a resistir los excesos del control gubernamental. Pero como las circunstancias que convierten las guerras en menos frecuentes se desenvuelven con lentitud, y como las modificaciones de Naturaleza, causadas por la transición de una vida predominantemente militar a una vida predominantemente industrial, se producen poco a poco, sucede que los antiguos sentimientos e ideas dan lugar a otros nuevos pero solamente por pequeños grados. Y hay muchas razones que explican por qué la transición no solamente es, sino que debe ser, gradual. He aquí algunas:

En el hombre primitivo y en el hombre poco civilizado no existe el carácter preciso para una extensa cooperación voluntaria. Los esfuerzos voluntariamente unidos con los de otros para lograr mayores ventajas, implican, si la empresa es vasta, una perseverancia que no posee. Además, cuando los beneficios que han de conseguirse son remotos y poco comunes, como sucede con muchos para los que los hombres combinan hoy sus esfuerzos, se necesita una fuerza de imaginación creadora que no es posible hallar en el hombre no civilizado. Más todavía: las vastas asociaciones privadas para la producción en grandes cantidades, grandes empresas y otros propósitos, requieren una subordinación jerárquica de los trabajadores asociados, semejante a la que existe en el ejército. En otras palabras: el camino para el desarrollo de tipo industrial, como nosotros lo conocemos, es el de tipo militar, el cual por disciplina origina a la larga la persistencia de esfuerzos, el deseo de acatar voluntariamente una dirección (no ya impuesta sino aceptada por contrato) y el hábito de organizarse para conseguir grandes resultados.

Por consiguiente, durante largos estadios de la evolución social se necesita para la dirección de todos los asuntos, excepto para los más sencillos, un poder gubernamental fuerte y extenso que goce de confianza y sea obedecido. De aquí que, como nos muestran los recuerdos de las civilizaciones antiguas, y hoy en Oriente, las grandes empresas solamente pueden ser llevadas a cabo por la acción del Estado. De lo cual se desprende el hecho de que sólo poco a poco puede reemplazar la cooperación voluntaria a la obligatoria, y legítimamente acarreando una disminución de fe en la autoridad y capacidad gubernamental.

El mantenimiento de esta fe, sin embargo, es necesario principalmente para conservar la aptitud en la guerra. Implica la continuación de tal confianza en el organismo director, y tal subordinación a él que éste se sienta capacitado para manejar todas las fuerzas de la sociedad ofensiva o defensivamente, y debe establecerse una teoría política que justifique esta fe y esta obediencia, En tanto que las ideas y sentimientos de los hombres pongan en peligro la paz, es necesario que tengan suficiente confianza en la autoridad del gobierno para otorgarle poder coercitivo sobre ellos por razones de guerra. Esta confianza en su autoridad proporcionará inevitablemente al gobierno, al mismo tiempo, poder coercitivo sobre los ciudadanos en las demás esferas.

De modo, pues, que como he dicho al principio, la razón fundamental para no esperar que la doctrina expuesta tenga mucha aceptación es que procedemos hoy de un régimen militar y estemos entrando parcialmente en el régimen industrial del cual es propia esta doctrina. Tanto tiempo como la religión de la enemistad predomine sobre la de la amistad, prevalecerá la superstición política vulgar. Mientras que en toda Europa la educación de las clases directoras consista en exponer a la admiración a los que en tiempos antiguos realizaron las más grandes hazañas bélicas, y solamente en domingo cumplan el precepto de deponer la espada; mientras que estas clases directoras estén sometidas a una disciplina moral en que los ejemplos paganos constituyen seis séptimas partes y un séptimo el precepto cristiano, no es verosímil que las relaciones internacionales revistan tal carácter que hagan posible una disminución del poder gubernamental y aceptable una modificación correspondiente de la teoría política. Mientras entre nosotros mismos la administración de los asuntos coloniales es de tal clase que las tribus que se vengan de los ingleses por los que han sido ofendidos, son castigadas, y no según el salvaje principio de una vida por otra, sino por el más perfecto y civilizado de matanza en masa por un único asesinato, existen pocas posibilidades de que se difunda una doctrina política sólo compatible con el respeto a los derechos ajenos. Mientras que la creencia que se profesa sea interpretada de manera que el que en Inglaterra pronuncia sermones, cuando se halla en el extranjero fomenta las luchas con los pueblos vecinos que desea subyugar y recibe honores públicos después de su muerte, no es verosímil que las relaciones de nuestra sociedad con otras permita la extensión de la doctrina que limita las funciones gubernamentales, con su consecuencia, la reducción de su autoridad a lo adecuado a un Estado pacífico. Una nación que, interesada en disputas eclesiásticas sobre las ceremonias del culto, cuida tan poco de la esencia de este culto, pues los filibusteros en sus colonias reciben más aplauso que reprobación y ni siquiera son denunciados por los sacerdotes de una religión de amor, es una nación que debe seguir sufriendo agresiones internas, lo mismo de unos individuos contra otros que del Estado contra los individuos. Es imposible obtener beneficios equitativos en nuestro país, cuando se cometen iniquidades en el extranjero.

Por supuesto, surgirá la pregunta: ¿Por qué, pues, enunciar y sostener con tanto ahínco una doctrina que se halla en desacuerdo con la adaptada a nuestro estado actual? Además de la respuesta general de que es deber de cada uno que considera una doctrina verdadera e importante hacer lo que pueda para difundirla, sin preocuparse de los resultados, existen otras varias respuestas especiales, cada una de ellas suficientemente satisfactoria. En primer lugar, se necesita siempre como guía legítima un ideal, por distante que aparezca su realización. Si, en medio de todos los compromisos que las circunstancias de los tiempos exigen, o se piensa que exigen, no existe una verdadera concepción de lo que es mejor y peor en la organización social; si no se atiende a nada, más allá de las exigencias del momento, y el bien inmediato se identifica habitualmente con el bien último, entonces no puede haber verdadero progreso. No obstante lo lejana que pueda estar la meta y aunque frecuentemente los obstáculos interpuestos nos desvíen en nuestra marcha hacia ella, es evidentemente indispensable saber dónde se encuentra.

Además, aunque parezca preciso el actual sistema de sujeción del individuo al Estado, y la teoría política común adaptada en vista de las relaciones internacionales existentes, no es por ningún medio necesario que se aumente esta sujeción y se robustezca la doctrina. En nuestra época de activa filantropía, multitud de personas deseosas de conseguir beneficios para sus menos afortunados compañeros por los medios más rápidos, se ocupan en desarrollar afanosamente una organización administrativa apropiada a un tipo inferior de sociedad. Pretendiendo avanzar no hacen sino retroceder. Las dificultades normales hacia el progreso son ya suficientemente grandes y es lamentable que las aumenten. De aquí que sea muy útil mostrar a los filántropos que, en muchos casos, están preparando la desgracia de los hombres en el futuro mientras persiguen con ahínco su bienestar actual.

No obstante, es muy importante inculcar en todos la gran verdad, muy poco reconocida en el presente, de que las medidas políticas internas y externas de la sociedad están tan estrechamente unidas que no puede existir una mejora esencial de la una sin una mejora esencial de la otra. Debemos habituarnos a establecer un nivel de justicia más elevado en nuestras relaciones con los extraños, antes de lograrlo en nuestras organizaciones nacionales. La convicción de que existe una dependencia de esta clase, una vez difundida entre los pueblos civilizados, reprimiría grandemente la conducta agresiva de los unos hacia los otros, y por hacerlo así disminuiría la coercitividad de sus sistemas gubernamentales, produciendo cambios en sus teorías políticas.

Nota: En algunas de las críticas sobre esta obra, ha reaparecido la errónea inferencia hecha antes varias veces, de que la doctrina de la evolución aplicada a los asuntos sociales impide el ejercicio de la filantropía. Que esto no es cierto, lo demostré ya en la Fortnightly Review de febrero de 1875. Reproduzco aquí la parte esencial de lo que dije entonces.

Me interesa repudiar, no obstante, la conclusión de que las acciones privadas de los ciudadanos son innecesarias o carecen de importancia porque el curso de la evolución social está determinado por la naturaleza de los ciudadanos trabajando en las condiciones en que viven. Asegurar que cada cambio social está así determinado, es asegurar que todas las actividades egoístas y altruistas de los hombres son factores del cambio, y es afirmar tácitamente que en ausencia de cualquiera de ellas -quiero decir las aspiraciones políticas o los intentos de la filantropía- el cambio no será el mismo. Lejos de suponer que los esfuerzos de cada hombre para lograr lo que él imagina mejor carecen de importancia, la doctrina implica que tales esfuerzos, resultantes algunos de la naturaleza de los individuos, son fuerzas indispensables. El deber consiguiente se acentúa así en el § 34 de los First Principles:

No carece de motivo que él profese simpatías a determinados principios y sienta repugnancia por otros. Con todas sus capacidades, aspiraciones y creencias, él no es un accidente sino un producto del tiempo. Debe recordar que si bien es descendiente del pasado es también origen del futuro, y que sus pensamientos son como hijos propios a los que no puede dejar morir abandonados. El, como todo otro hombre, puede considerarse propiamente como uno de los millares de intermediarios a través de los cuales labora la Causa Incognoscible, y cuando ésta produce en él cierta fe está de ese modo autorizado a profesarla, para interpretar en su más alto sentido las palabras del poeta:

… Nature is made better no mean, But Nature makes that mean: over that art Which you say adds o Nature, is an art That nature makes.

(La Naturaleza no se perfecciona por ningún medio que ella misma no produzca: el arte que dices se añade a la Naturaleza es un arte que la Naturaleza crea).

Que no me he retractado de este punto de vista en la obra que critica el profesor Cairnes, lo demuestra suficientemente este párrafo final:

Así, admitiendo que para el fanático es necesaria como estímulo una ansiosa esperanza y reconociendo la utilidad de su ilusión, propia de su función y naturaleza particular, el hombre de tipo más alto debe conformarse con ilusiones moderadas mientras persevera con crecientes esfuerzos. Ha de considerar lo poco que puede hacerse, comparativamente, y sin embargo, hallar valioso ejecutar este poco. Debe unir una energía filantrópica con una calma filosófica.

No comprendo cómo el profesor Cairnes concilia con estos pasajes su afirmación de que según Mr. Spencer el futuro de la raza humana puede confiarse con toda seguridad a acciones de clase personal y privada, es decir, a motivos como los que operan en la producción y distribución de la riqueza, o en el desarrollo del lenguaje. Dice esto para subrayar que yo ignoro la acción de motivos de una clase más alta. Pero no solamente no los incluyo en la totalidad de los motivos sino que insisto repetidamente en que son factores esenciales. Soy el más sorprendido de esta errónea interpretación, porque en el ensayo sobre Specialized Administration al que se refiere el profesor Cairnes (véase Fortnightly Review, de diciembre de 1871), he escrito extensamente sobre los sentimientos altruistas y las actividades sociales que producen, a causa de que no fueron debidamente tenidos en cuenta por el profesor Huxley.

Como el profesor Cairnes indica al final de su primer ensayo, la dificultad reside en reconocer las acciones humanas, en un aspecto como voluntarias y en otro como predeterminadas. Ya he dicho en otra parte cuanto tengo que decir sobre este punto. Aquí deseo únicamente sugerir que la conclusión que él deduce de mis premisas es completamente distinta de la que yo deduzco. Pero sobre este tema debo renunciar a las explicaciones consiguientes, para ocuparme de ellas a su debido tiempo.

HERBERT SPENCER (Derby, 27 de abril de 1820 - Brighton, 8 de diciembre de 1903) fue un naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo británico. Se dice comúnmente que promovió el darwinismo social en Gran Bretaña (sin embargo esta afirmación ha sido historiográficamente cuestionada) y fue uno de los más ilustres positivistas de su país. Ingeniero civil y de formación autodidacta, se interesó tanto por la ciencia como por las letras.

Desde el punto de vista sociológico cabe considerarlo como el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de «estructura» y «función». Por otra parte, concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Dedicó su vida a elaborar su sistema de filosofía evolucionista, en la que considera la evolución natural como clave de toda la realidad, a partir de cuya ley mecánico-materialista cabe explicar cualquier nivel progresivo: la materia, lo biológico, lo psíquico, lo social, etc.

En sus lecturas conoció la teoría de la evolución expuesta en el siglo XIX por el naturalista Charles Darwin. Su teoría fundacional para la biología moderna sostenía que los organismos biológicos evolucionan adquiriendo nuevos rasgos por adaptación al medio ambiente que se hacen hereditarios. Las teorías de Lamarck sobre la evolución influyeron profundamente en la obra de Spencer.

Si bien para Spencer la evolución natural conllevaría la supervivencia del más fuerte, es preciso que los demás seres humanos ayudaran a los más débiles. Así, el filósofo Roderick Long explica que «aunque Spencer se oponía a los programas sociales financiados con impuestos, apoyaba fuertemente la caridad voluntaria y de hecho dedica diez capítulos de sus Principios de ética a una explicación de la “beneficencia positiva”».

Sin embargo, y a pesar de haber sido catalogado por algunos pensadores como «darwinista social», Spencer no aceptaba la teoría de Darwin, proponiendo una versión del lamarquismo, de acuerdo a la cual los «órganos» se desarrollan por su uso (o degeneran dado la falta de uso) y esos cambios se transmiten de una generación a otra. Para Spencer, la sociedad es también un organismo, evolucionando hacia formas más complejas de acuerdo a la «ley de la vida», es decir, de acuerdo al principio de la supervivencia del más fuerte, tanto a nivel individual como social. Consecuentemente, Spencer se oponía —radicalmente— a todas las manifestaciones de «socialismo», tales como la educación pública generalizada u obligatoria, bibliotecas públicas, leyes de seguridad industrial, y, en general, a toda legislación o proyecto social financiado coactivamente pues violaba el principio de «igual libertad» sobre el cual regía su ética. Consecuentemente, fue un fuerte opositor del colonialismo arguyendo que «además, el gobierno colonial, llamado apropiadamente así, no puede llevarse a cabo sin transgredir los derechos de los colonos. Pues si, como generalmente ocurre, los colonos están dirigidos por autoridades enviadas desde la metrópoli, entonces se vulnera la ley de igual libertad en sus personas, tanto como en cualquier otro tipo de gobierno autocrático».

Spencer aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y a los problemas sociales, entre ellos el de la educación, con su obra Educación: intelectual, moral, física. Su doctrina quedó principalmente expuesta en su Sistema de filosofía sintética (11 volúmenes). De su extensa bibliografía, cabe mencionar: La estática social (1850), Principios de psicología (1855), Primeros principios (1862), Principios de biología (1864), La clasificación de las ciencias (1864), La sociología descriptiva (1873), Principios de sociología (1877-1896) y El individuo contra el Estado (1884). Políticamente, desde la década de 1880 ingresó en la Liberty and Property Defence League, la cual en buena parte estaba influenciada por sus ideas. Varios autores criticaron el a veces extremado realismo de Spencer (por sus semejanzas con el mecanicismo); entre ellos destacó el filósofo y psicólogo escocés Alexander Bain. A pesar de que Spencer no logró crear escuela, su ambicioso intento de sistematizar todo el conocimiento dentro del marco de la ciencia moderna y especialmente en términos de la evolución, le ha hecho merecedor de figurar entre los principales pensadores de finales del siglo XIX.

Notas

[1] Hansard: Parliamentary History, 32, pág. 710. <<

[2] Fortnightly Review, enero 1884, pág. 17. <<

[3] Factories and Workshops Act, 41 y 42 vic, cap. 16. <<

[4] Véase la carta de Local Government Board, Times, 2 de enero de 1884. <<

[5] Los hechos han venido a comprobarlo antes de lo que yo esperaba. Este ensayo estaba escrito ya el 30 de enero, y mientras tanto a saber, el 13 de marzo, la London School Board pidió autorización para usar fondos de beneficencia con objeto de proporcionar gratis comidas y ropas a niños pobres. Actualmente se ampliará el concepto de esta palabra, se incluirán más niños y se solicitará más dinero. <<

[6] Fortnightly Review, enero de 1884, pág. 21. <<

[7] Russia, I., 422. <<

[8] Socialism made Plane. Reeves 185, Fleet Stret. <<

[9] Si alguien piensa que tales temores son infundados juzgue el hecho de que, desde 1867-8 a 1880-1, nuestros gastos locales por año se han elevado en el Reino Unido desde 36.132,834 libras a 63.276,283 libras, y que durante estos trece años los gastos municipales en Inglaterra y Gales solamente han aumentado de 13 a ¡30 millones anuales! Que el incremento de las cargas públicas se unirá a otras causas para conducirnos a la propiedad pública, se confirma leyendo lo que ha dicho Mr. W. Rathbone, M. P., de lo que he tenido noticia después de dadas a la imprenta mis palabras. Dijo: En los años que alcanza mi experiencia, la contribución local en Nueva York se ha elevado de 12 chelines, 6 peniques por ciento a 2 libras, 12 chelines, 6 peniques por ciento sobre el capital de sus ciudadanos, carga que absorbería toda la renta del propietario medio inglés, Febrero, 1883, Nineteenth Century. <<

[10] Fortnightly Revlew. Noviembre, 1883, págs. 619-20. <<

[11] Lactante, De M. Persecut, cr. 7, 23. <<

[12] L´Ancien Regime, pág. 337-8. <<

[13] Report of Commisioners for lnquiry Into the Administration and Practical Operation of the Poor Law, pág, 87, 20 febrero 1884. <<

[14] Political Institution, §§ 437. 573. <<

[15] Ibid. §§ 471-3. <<

[16] Lanfrey. Véase también: Study of sociology, pág. 42 y apéndice. <<

[17] Constitutional History of England, pág. 617. <<

[18] Lecky, Rationalism, pág. 293-4. <<

[19] De Tocqueville, The State of Society in France before the Revolution, pág. 421. <<

[20] Travels, Young, pàg. 128-9. <<

[21] History of British Commerce, I., 134. <<

[22] Ibid, 136-7. <<

[23] Craik, loc. cit., pág. 317. <<

[24] Mensch, pág. 225. <<

[25] The Nineteenth Century, febrero 1883. <<

[26] The Statistics of Legislation. Bi F.H. Janson, Esq., F.L.S. Vicepresident of the Incorporated Law Society. (Leído ante la Society en mayo, 1873). <<

[27] Fire Surveys; or, a Summary of the Principles to be observed in Estimating the Risk of Buildings. <<

[28] Véase el Times del 6 de octubre de 1874, donde se dan más ejemplos. <<

[29] The State in its Relation to Trade, por Sir Thomas Farrer, pág.147. <<

[30] Ibid, pág. 149. <<

[31] Hansard, Vol. VI., pág. 718, y Vol. VI., pág. 4464. <<

[32] Carta de un médico de Edimburgo en el Times del 17 de enero de 1876, que aduce otros testimonios. Uno que ya había yo citado sobre Windsor donde, como en Edimburgo, no existía fiebre tifoidea en los lugares sin alcantarillado, mientras que era fatal en los que había. Estudios de sociología, cap. I, notas. <<

[33] Hablo así, en parte, por experiencia propia: tengo ahora ante mí, notas tomadas hace veinticinco años sobre resultados que yo mismo observé. Hechos análogos han sido publicados recientemente por Sir Richard Cross en The Nineteenth Century de enero de 1884, pág. 155. <<

[34] Nicholl, History of English Poor Law, pág. 252. <<

[35] Véase el Times del 31 de marzo de 1873. <<

[36] En estos párrafos se contienen unos cuantos ejemplos. Se hallarán gran número de ellos en Social Statics (1851); Over Legislation (1853); Representative Governement (1857); Specialized Administration (1871); Study ot Sociology (1873), en el Post scriptum al mismo, y en otros ensayos más cortos. <<

[37] Se refiere al funcionario que pretende en la Cámara de los Comunes. El ritual le impone determinadas vestiduras. Su símbolo es la maza, llevada por el sergeant at arms cuando entra y sale de la Cámara. <<

[38] A. N. Cumning, On the Value of Political Economy to Mankind, págs. 47, 48. <<

[39] La frase de Emerson de que muchas personas no pueden comprender un principio sino mediante un ejemplo, me induce a citar uno que convencerá a quienes, en su forma abstracta, no lo entiendan. Raras veces sucede que se estime el mal causado por alimentar el vicio y la vagancia. Pero en América, en un congreso celebrado por la State Charities Aid Association el 18 de diciembre de 1874, se citó un elocuente ejemplo por el Dr. Harris. Ocurrió en un Estado del Hudson superior, notable por el gran número de criminales y pobres entre la población. Generaciones antes vivió allí una cierta hija del arroyo, como aquí se la llamaba, conocida por Margaret, que fue la madre fecunda de una raza prolífica. Además de gran número de idiotas, imbéciles, borrachos, lunáticos, depauperados y prostitutas el Registro del condado cita doscientos de sus descendientes que han sido criminales. ¿Existió crueldad o bondad en permitir que se multiplicaran, generación tras generación, y que llegaran a constituir una calamidad para la sociedad? Para más detalles véase The Jukes: A Stude in Crime, Pauperism, Disease and Heredity. R. L. Dugdale, Nueva York, Putnams. <<

[40] Mr. Joseph Chamberlain en, Fortnightly Review. Diciembre 1883, pág. 772. <<

[41] Hobbes, Collected Works, vol. III., págs. 112-13. <<

[42] Ibíd., pág. 159. <<

[43] Ibid., págs. 130-1. <<

[44] The Province of Jurisprudence Determined (segunda edición), pág.241. <<

[45] Fortnightly Review, 1880, vol. XXVII, pág. 322. <<

[46] Bentham’s Works (Bowring’s edition), vol. I., pág. 301. <<

[47] Prescott, Conquest of Peru, bk. I., ch.I. <<

[48] Harris, Highlands of Aetiopia, II., 94. <<

[49] Burton, Mission to Gelele, King of Dahome, I., pág. 226. <<

[50] Bentham’s Works, vol. IX., pág. 97. <<

[51] Burchel, W. J., Travels into Interior of Southern Africa, Vol. 1, pág. 544. <<

[52] Arbousset and Daumas, Voyage of Exploration, pág. 27. <<

[53] Thompson, G. A., Travels and Adventures in Southern Africa, Vol. II, pág. 30. <<

[54] Thompson, G. A., Alcedo’s Geographical and Historical Dictionary of America, Vol. I, pág. 405. <<

[55] Mitchell, Alex, Siberian Overland Route, pág. 248. <<

[56] Brooke, Ten years in Sarawak, Vol. I, pág. 129. <<

[57] Ellis, History of Madagascar, Vol. I, pág. 277. <<

[58] Raffles, Sir T. S., History of Java, Vol. I, pág. 274. <<

[59] Marsden, W., History of Sumatra, pág. 217. <<

[60] Beecham, J., Ashantee and the Gold Coast, pág. 90. <<

[61] Schoolcraft, H. R., Expedition to the sources of the Mississipi River, Pág. 177. <<

[62] Earl´s Kolff´s Voyage of the Dogma, pág. 161. <<

[63] The Methods of Jurisprudence: An lntroductory Lecture at University College, London, 31 de octubre de 1882. <<

[64] Tennant, Ceylon, An Account of the Island, pág. 440. <<

[65] Bonwick, J., Daily Life and Origin of the Tasmanians, pág. 83. <<

[66] Polynesia, pág. 86. <<

[67] Voyages of the Adventure and Beagle, pág. 167. <<

[68] Wallace, A. R., Travels on Amazon and Río Negro, pág. 499. <<

[69] Schoolcraft, Expedition to the Sources of the Mississipi, Cap. V. <<

[70] B. F. Hartshorne, Fortnightly Review, marzo de 1876. Véase también: H. C. Sirr, Ceylon and the Ceylonese, pág. 210. <<

[71] Addres of C. B. Vignoles, Esq., F.R.S. on his Election as President of the lnstitution of Civil Engineers, Session 1869-70. <<

[72] Data of Ethics, 21. Véase también 56-62. <<