El libro negro del socialismo contemporáneo: de Zapatero a Sánchez. «Dos décadas de socialismo resumidas en tres premisas: la demolición de la Constitución española, de la monarquía parlamentaria y de la unidad de España». «José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han sido dos presidentes nefastos que han abierto las puertas de las instituciones a los herederos de ETA y han fabricado cordones sanitarios contra la elección democrática de la mitad de los españoles. Han retorcido el Poder Judicial y han hecho realidad una España en la que parece normal tener a etarras en listas electorales, a violadores en las calles, a okupas en las casas, a golpistas indultados y a autónomos quebrados».

En su incisiva crónica del socialismo de los últimos veinte años, Carlos Cuesta desgrana el turbio paso de Pedro Sánchez por Caja Madrid, su tesis falsa, sus maniobras para hacerse con el poder en el PSOE, sus enchufes familiares, las alianzas marroquís de su esposa o el espionaje de su móvil.

Un libro imprescindible para comprender la realidad de una España endeudada, sometida a un castigo fiscal sin precedentes y sumida en un enfrentamiento político y social inédito en la etapa democrática.

Carlos Cuesta

El gran impostor

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Titivillus 25.03.2024

Título: El gran impostor

Carlos Cuesta, 2023

Editor digital: Titivillus

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UNA HISTORIA QUE DEBE SER CONTADA

«¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», preguntó Pedro Sánchez el 6 de noviembre de 2019 al periodista de Radio Nacional de España encargado del duro reto de hacerle una entrevista, en una entonación propia de quien piensa que las instituciones forman parte de sus posesiones. «Del Gobierno», le contestó el entrevistador, y el presidente en funciones y candidato a las generales del 10-N concluyó: «Pues ya está».

«Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres [pasa al tuteo] lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez». Hablaba entonces para una entrevista en Navarra TV, el 25 de abril de 2015. Lo hizo con la misma seguridad con la que años después pactó con los proetarras mientras afirmaba que no lo había hecho.

«El indulto no está encima de la mesa», afirmó el 31 de octubre de 2019, esa vez en Onda Cero. «Se pueden plantear debates más constructivos, porque el del indulto no está encima de la mesa», explicó aquel día, refiriéndose a los políticos catalanes que habían liderado el golpe independentista de 2017. Y, por supuesto, más de lo mismo: no tardó en hacer lo contrario meses después. Sin pestañear. Engañando en lo más fundamental y en lo más decisivo para el equilibrio institucional de cualquier Estado de derecho.

«Yo podría ser hoy presidente del Gobierno, pero no dormiría tranquilo por las noches», fue lo que aseguró en una entrevista en La Sexta el 19 de septiembre de 2019. Es más, «creo que el 95 por ciento de los ciudadanos de este país no dormirían tranquilos» si hubiera personas «del círculo cercano al señor Iglesias» en el Consejo de Ministros, añadió. ¿Y qué hizo? Justamente lo opuesto, engañando a todo el mundo, sacando provecho personal con decisiones que antes había negado expresamente y que afectaban a las instituciones más delicadas del país y al conjunto de los españoles.

No son más que cuatro ejemplos de una larga lista de indudables mentiras. De una inacabable cadena de falsedades y traiciones —⁠a todos los españoles y, por supuesto, a sus propios votantes⁠— que no pueden ni tan siquiera discutirse y que han sido protagonizadas por el mismo político que llegó al poder tras afirmar: «El PP y la corrupción son una historia interminable». El mismo que se enfrentó a Mariano Rajoy calificándole como un «mentiroso compulsivo». Son los embustes de alguien que no ha dudado en acusar a periodistas, medios y oposición de lanzar fake news, y que incluso llegó a proponer la persecución política de esas supuestas falsedades. Lo hacía en nombre de la misma España que ha entregado cada día a los partidos abiertamente contrarios a España y su Constitución. Tampoco ha titubeado a la hora de pedir dimisiones o ceses de otros altos cargos por haber «mentido», pese a que la mentira es su principal arma política. Pedro Sánchez ha llevado esa lacra —⁠la falsedad⁠— a un grado difícil de superar. Y es eso, precisamente, lo que le da ventaja política.

Sánchez ha mentido sin pudor ni control alguno sobre sus pactos con Podemos; sobre el trato jurídico, político y financiero dado a los golpistas separatistas; y sobre sus acuerdos con Bildu, que en las recientes elecciones municipales y autonómicas de 2023 han llegado a incluir en sus listas a 44 etarras, 7 de ellos condenados por asesinato. También ha mentido sobre las medidas del supuesto «escudo social»; sobre la entrada y avance del covid y la cifra de muertos por la pandemia; sobre la entrega del Sáhara a Marruecos; sobre su tesis doctoral fake; sobre su paso por Caja Madrid; sobre el regalo de cargos académicos públicos a su mujer, Begoña Gómez, relacionada también con entornos empresariales marroquís; sobre el impacto de la crisis energética en España; sobre la visita de la alto cargo del régimen venezolano Delcy Rodríguez; sobre las negociaciones del PSOE para excarcelar asesinos etarras; sobre las compras de gas a Argelia; sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario; sobre las negociaciones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC) o sobre su apoyo a la decisión de no exigir la devolución de los 679 millones de euros robados en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española: los ERE.

A cierre de 2022, y solo por recordar que las mentiras de Pedro Sánchez tienen efecto directo en la población más vulnerable, el número de hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —⁠aprobado el 29 de mayo de 2020 como respuesta al covid, cuyo grave y brutal impacto en España fue tapado por el Gobierno⁠— no llegó ni a la mitad de los 850.000 hogares con los que Sánchez había comprometido ayudas.

Porque nada de lo que ha prometido se ha cumplido. Porque todo su mandato se ha sostenido en un oscurantismo en el que ni sus colaboradores más cercanos han tenido acceso a la información o la estrategia real. Algunos de ellos, como José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo fueron decapitados sin previo aviso. Y porque ya se ha convertido en habitual que una presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, afirme —⁠como hizo el 27 de octubre de 2022⁠— que no tenía «ni idea de cómo gasta el dinero España. Esto no es presentable. Esto no es aceptable. […] ¿Cuándo nos van a traer una lista de cómo se está gastando el dinero?».

De esta actitud podrían dar cuenta sus propios ministros y diputados si se decidiesen a contar lo ocurrido en los últimos años. La entrega del control del Sáhara a Marruecos se hizo sin control ni respaldo del Consejo de Ministros ni del Parlamento. La decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023, fue comunicada al Rey sin el requisito constitucionalmente exigido de «previa deliberación» del Consejo de Ministros. Para Pedro Sánchez no hay más institución que su persona. Sánchez se ha convertido, sin lugar a duda, en el gran impostor de la política española.

Y si ese hecho es grave, revela algo aún más preocupante: que una persona con tal evidente falta de principios, de respeto por la verdad y por el esencial control democrático del poder, pueda llegar a la cúspide y decidir el presente y futuro de toda la ciudadanía. Pero no hubiera sido posible sin el respaldo de una parte muy relevante de los electores, que decidieron votar a un embaucador con tal de que no gobernase otra opción ideológica y que el poder no basculase hacia la derecha, pese a que Sánchez ha sido desenmascarado en cientos de ocasiones. Su Gobierno ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de los hogares difícilmente comparable con el resto de las grandes economías —⁠como confirma el informe de Previsiones de Empleo para 2022 de la OCDE, publicado en septiembre de 2022⁠—, y sus falsedades sobre el poder letal del covid abocaron a miles de personas a la muerte. Por más que haya mentido sistemáticamente a sus propios votantes, a pesar de la falta de preparación de los integrantes de su Gobierno socialista y comunista —⁠plasmada sin matices en sus curriculum vitae⁠—, o que su Ejecutivo no deje de endeudar y saquear a impuestos a la población —⁠con hasta 55 iniciativas legislativas de subida de impuestos⁠—, Sánchez ha permanecido hasta ahora aparentemente inmune. Tal vez su colaboración con Bildu, que ha logrado un éxito electoral inédito en el País Vasco y Navarra en las recientes elecciones municipales y autonómicas de 2023, pueda cambiar las tornas.

El plan de destrucción institucional, moral y constitucional de una izquierda redirigida y realimentada en su odio guerracivilista desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero está funcionando. Su estrategia de marginación social y acoso a la discrepancia, la diferencia, la libertad y la crítica ha logrado cotas muy elevadas de éxito, gracias en parte a políticos de nulas convicciones e inexistente valor, y a periodistas que han abandonado su función de control del poder político.

Es en esa España en la que una persona de inexistente credibilidad ha conseguido medrar. El gran reto es recuperar una España libre. Tan libre que se atreva a disentir, pensar y actuar en cualquier materia —⁠personal, social, económica, empresarial, sexual o política⁠— dentro del respeto a las leyes y la Constitución. Si no lo logramos, aunque digamos adiós a Sánchez, llegarán otros que se harán merecedores del único título de doctorado real que posee el líder socialista: el de gran impostor.

Este libro habla de la historia de Pedro Sánchez, pero también de las dos primeras décadas del siglo XXI, en las que todo un cambio de paradigma del PSOE ha llevado a una degradación global de España. Es la historia de cómo las decisiones, principalmente, de dos personas, primero José Luis Rodríguez Zapatero y más tarde Pedro Sánchez, han llevado a España a una fuerte pérdida de imagen exterior y a un brutal deterioro económico, social y cultural. Una situación de degradación institucional que ha hecho ver las costuras de una democracia donde mucha gente incumple su deber moral: el de la crítica fundada e informada a la labor política.

El libro, por último, recoge la labor de un gran actor principal en este ataque a la Constitución y a España: ETA. Porque sin su trabajo de presión inicial y negociación posterior con Zapatero sería imposible entender estas dos décadas de decadencia política. ETA, junto a ERC, han sido dos de los grandes ganadores de estos años. Y no lo habrían sido sin que Zapatero y Sánchez hubiesen decidido abrir las puertas del castillo constitucional a sus exigencias contrarias al juego democrático y a los intereses del conjunto de los españoles. Nunca lo habrían conseguido si ambos políticos, y en última instancia Sánchez, no hubiesen antepuesto sus intereses personales y ambiciones de poder al avance de España y el bienestar de su población.

España es la larga lucha de innumerables personas y generaciones por lograr un maravilloso país con una envidiable historia y una capacidad profesional, empresarial y humana inigualables. España fue el primer imperio global, la nación más antigua de Europa y el lugar donde hoy prefieren vivir miles de directivos, empresarios, jóvenes y ancianos europeos y de buena parte del mundo. España es, en definitiva, un maravilloso proyecto que, como todo lo que merece la pena, necesita de gente dispuesta a luchar por él. Y esa España que hemos creado entre todos está en peligro, no solo por la existencia de partidos abiertamente contrarios a la unidad de España y a la Constitución aprobada democráticamente por el conjunto de los españoles. Lo está principalmente porque uno de los dos grandes partidos ha decidido traicionar su lealtad constitucional creando un cordón sanitario con el que sacar al otro gran partido del juego democrático y de las opciones de gobernabilidad. Ese partido lo ha hecho pactando con todos los enemigos de la nación con tal de no dialogar con la otra media España constitucional. Ese partido es el PSOE. Y su historia reciente debe ser contada.

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SÁNCHEZ, AQUEL HOMBRE SIN PRESENTE NI FUTURO

Pedro Sánchez Pérez-Castejón no ha dejado de hablar de su paso por el Instituto Ramiro de Maeztu, del Estudiantes, de la hinchada de la Demencia, del espíritu del Ramiro… Sin embargo, ninguno de los alumnos consultados durante la elaboración de este libro recuerda a un Pedro Sánchez carismático en aquel centro educativo. Se acuerdan de él, pero de nada parecido a un líder con personalidad, a un socialista emergente, a un sindicalista combativo. «Un chico alto que estaba en el equipo, sin más», señala uno de sus compañeros en el instituto. «No recuerdo que hiciera comentarios políticos ni que tuviera aspiraciones de ese estilo», señala otro de los alumnos que piden, eso sí, permanecer en el anonimato.

Sin embargo, parece que al nuevo Sánchez animal político le gustó el cartel que le podía otorgar su paso por el Ramiro de Maeztu. Debió de pensar él que esa imagen de centro rebelde le beneficiaba.

En 2014 Pedro Sánchez lanzaba su perfil a las máximas aspiraciones políticas. Lo hizo en un desayuno informativo en el Fórum Europa ya como secretario general del PSOE. El encargado de realizar su presentación fue el exseleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández, uno de los ídolos del Estudiantes —⁠por lo tanto, del Ramiro⁠— y futuro candidato fallido a la Alcaldía de Madrid que había sido impuesto por Sánchez. No faltaron las alusiones al espíritu de equipo, de superación y hasta de resistencia. Era el cartel de líder que empezaba a construir Sánchez.

Por encima de todo, Pedro Sánchez sabía que la imagen del Ramiro de Maeztu le podía ayudar en su escalada política. Esa ha sido siempre la clave última del presidente: su interés personal.

El Instituto Ramiro de Maeztu fue fundado tres días después de acabar la Guerra Civil. Sus paredes se levantaron donde estuvo el Instituto Escuela, dependiente de la Junta de Ampliación de Estudios englobada en la Institución Libre de Enseñanza. Y eso a Sánchez le gustaba. Era un emblema progre. Un colegio en el que los alumnos convirtieron en rito el lanzamiento de huevos al Colegio Maravillas —⁠centro privado y religioso⁠— como gran demostración de rebeldía. Eran los obreros contra los ricos. En la mente de Sánchez, claro está. O, mejor dicho, en la fotografía diseñada por él. Porque, por mucha imagen progre que se le quiera dar, resulta que el famoso Ramiro de Maeztu está ubicado en la muy lujosa calle Serrano de Madrid, frente a los palacetes más caros y ostentosos de toda España. Allí fue compañero de promoción de la futura reina Letizia, pero nunca coincidieron en clase. Tras llegar de Oviedo con dieciséis años, Letizia Ortiz cursó 2º y 3º de BUP, además de COU, en horario nocturno, mientras que Pedro Sánchez lo hizo en el diurno.

Por mucho que Sánchez haya citado hasta el agotamiento que vivía en el barrio obrero de Tetuán, la realidad es que llegaba al colegio desde el amplio y cómodo piso donde vivía en la calle Comandante Zorita, hoy calle del Aviador Zorita. Efectivamente, su casa está en Tetuán, pero por los pelos. Está de hecho en la zona más cara del distrito, totalmente alejada de las viviendas de Estrecho que han dado su imagen humilde a Tetuán.

Lo cierto es que la imagen que ha creado de sí mismo no termina de encajar. Sánchez nunca habla de su etapa en la Educación General Básica que cursó en el Colegio Santa Cristina. Su mito progre se iría por el sumidero a la vista de que este centro, junto con el Colegio Menesiano, fueron los dos que desde tiempos de los Hombres G se disputaron el mérito de ser la inspiración pija de la mítica canción de David Summers «Devuélveme a mi chica», más conocida popularmente como «Sufre mamón». Y es que el ya cerrado Santa Cristina, del adinerado barrio de Chamartín —⁠muy cercano a la casa de los Sánchez⁠— era un colegio privado y religioso, perfectamente encuadrado en el arquetipo del «niño pijo» con «un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo» de la canción. Y esa sí fue la infancia y juventud de Sánchez.

Nadie sensato debería criticar su ascendencia. Cualquiera tiene todo el derecho, venga de donde venga y ganándose la vida como pueda, dentro de la ley, a disfrutar y defender su bienestar material. Pero a él no le bastaba eso. Quería un cartel inventado de su infancia, algo que diera imagen de socialista curtido, de hombre proletario, de resistente aguerrido y luchador contra las desigualdades: las mismas que él disfrutó desde sus primeros días de existencia. Y es que su burguesa familia —⁠como tantas otras, y a mucha honra⁠— estuvo financiada por los ingresos de su padre, Pedro, gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) —⁠ahora empresario de éxito, con una gestión bendecida por las ayudas públicas del Gobierno de su hijo⁠—, y por su madre, Madgalena, funcionaria de la Seguridad Social. Disfrutó, por tanto, de una tranquilidad económica que, en un país como España, a diferencia de lo que sus socios de Gobierno predican y destruyen, sí ha permitido durante mucho tiempo un maravilloso ascensor social para las familias con menores ingresos.

Sus años de universitario privado

Todo en él es imagen. La imagen manda y la imagen se construye, ha debido de pensar él en tantas ocasiones. Por eso Sánchez camufló sus primeros años en un colegio privado y religioso bajo el manto de su estancia en el Instituto Ramiro de Maeztu. Y por eso hizo lo mismo con la universidad. Lo que no le gusta nunca se cuenta. O, más bien, se esconde.

Pedro Sánchez publicó su currículum en el PSOE y en La Moncloa tras su llegada a la Presidencia. En él se puede leer que es un hombre «casado y padre», que «estudió Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, donde fue jugador de la cantera del club de baloncesto Estudiantes». Ni rastro del Colegio Santa Cristina. Lo que no encaja en su biografía reescrita se borra y punto.

«En 1995, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid», añade el texto de su currículum. Y, «posteriormente, cursó dos estudios de posgrado: Máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset». «En 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerció de profesor de Economía. Con anterioridad a su etapa como profesor universitario, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina». Y punto final.

El texto especifica que el Real Colegio Universitario María Cristina es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Para Sánchez es prioritario subrayar que su título es de la Complutense, universidad pública, cuna de Podemos, y centro progre de educación superior por excelencia, pero lo cierto es que él ni pisó su campus. Toda su formación universitaria la recibió en el citado María Cristina, centro privado con sede en El Escorial, muy alejado —⁠física y, desde luego, financieramente⁠— del campus tristemente famoso ya por su intoxicación comunista.

Efectivamente, Pedro Sánchez estudió su licenciatura de Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, una entidad netamente privada, pero el futuro líder socialista llegó a ocultar su paso por esta institución en su primera ficha en el Congreso de los Diputados.

En esa ficha, correspondiente a la legislatura 2008-2011, el joven diputado decidió hacerse pasar sin matices por un rebelde complutense más y aseguró que era «licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense». Tal cual. Ni rastro del centro privado de El Escorial. El único en el que estudió.

En el documento del Congreso tampoco aparece ni rastro del centro en el que cursó su segundo posgrado y que sí se incluía en la ficha oficial del PSOE y La Moncloa. Según esta, es «diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset». Pero, según la del Congreso de los Diputados registrada por Sánchez, ese título era, de nuevo, de la «UCM —⁠Universidad Complutense de Madrid⁠—» y se presentaba de forma un tanto menos ampuloso: «DEA en Estudios Europeos (UCM)».

Lo cierto es que ese segundo posgrado también era privado y, hoy por hoy, los cursos más parecidos a ese «DEA» del citado instituto —⁠que, simplemente, mantiene relación con la Complutense⁠— equivalen a unos cursos de 120 horas, muy lejos de los contenidos y la extensión propios de un máster.

El propio instituto universitario detalla que «el Instituto Universitario Ortega-Marañón (http://www.iuiog.com/) imparte una amplia y variada oferta formativa de modo presencial, semipresencial y online con doctorados y másteres universitarios compartidos con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Salamanca y la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, contamos con másteres profesionales, cursos de experto y de especialista, programas executive, seminarios, talleres y cursos de formación continua». El título que airea Sánchez de «diplomado» coincide con la categoría inferior de esa enseñanza: la de «formación para instituciones», donde figuran cursos parecidos al suyo bajo el nombre de «diplomado en Gestión estratégica de las organizaciones públicas» o «diplomado en Liderazgo y gestión pública responsable». Por cierto, el precio es de 1.170 euros. De hecho, si hubiese sido un máster, lo más parecido habría sido «Máster Universitario Oficial en Gobierno y Administración Pública» y el coste se habría elevado a 5.100 euros. Todo formación privada, con «titulación oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset».

¿Y por qué tanto empeño en camuflar y a la vez realzar su perfil académico? Uno, porque su currículum tiene un alto componente privado —⁠aunque es un precio actualizado, el coste del actual grado en ADE del María Cristina es cuatro veces mayor que el de la misma titulación cursada en la universidad pública Complutense⁠— y Sánchez quiere poder atacar con supuesta legitimidad a la formación privada y aparentar lo que no es: un perfecto y aguerrido socialista.

Dos, porque quiere ocultar que los sitios donde ha vivido y se ha formado eran cuna de cualquier cosa menos de proletarios marginados por el mundo capitalista. Todo lo contrario. Gracias a Dios, esos centros son precisamente la demostración de que la España construida entre todos —⁠y que él combate⁠— ofrece oportunidades y garantiza la posibilidad de mejorar económica y socialmente, incluso a gente sin gran vocación estudiantil como él. El Real Colegio Universitario María Cristina nació en años de Felipe II, fue autorizado oficialmente como Real Colegio de Estudios Superiores en 1892 por la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena, y ha contado con el liderazgo de la orden de los Agustinos desde su nacimiento. Justo lo que nunca querría ver en su actual currículum Pedro Sánchez. Pero es así.

Tres, porque él es el primero que sabe cómo se sacó —⁠o, mejor dicho, le sacaron⁠— el doctorado. Y el complejo de culpa hace mucho en la personalidad de cada uno.

Los rasgos de la personalidad de Sánchez no solo se deducen de su historial académico. Su primer reto electoral se produjo en 2003, como miembro número 23 de la lista del PSOE que encabezaba por aquel entonces su muy cercana Trinidad Jiménez. Objetivo: el Ayuntamiento de Madrid. Ya entonces, las peleas internas fueron el santo y seña de Sánchez. La Secretaría Federal de Organización dio órdenes de quitar a «ese tal Sánchez», pero el Partido Socialista de Madrid (PSM), fiel a su tradición, no hizo ni caso y le coló. El experimento finalizó con nulo éxito para él. No logró el acta de concejal y el PSOE se tuvo que contentar con 21 asientos. No obstante, un año más tarde la suerte empezó a aparecerse para Sánchez: sustituyó a Elena Arnedo —⁠que renunció al acta en mayo de 2004⁠— y el ahora líder socialista pasó a ser un alfil imprescindible de Trinidad Jiménez.

Antes de eso, Pedro Sánchez mostró ser ya muy consciente de la importancia de las cámaras como catapulta política. Así se coló en la rampa de salida del PSOE, por esa predilección por la imagen, unida a un relativismo galopante y una capacidad para decir lo que se esperase de uno, fuese cual fuese el asunto. Aunque fuesen los GAL.

Y si hace falta, pues hasta defender a los GAL

Fue en 1997, a sus veinticinco años, en su primera intervención en la televisión —⁠asistiendo como parte del público en el programa Moros y cristianos de Telecinco⁠—, cuando Sánchez hizo alarde de su capacidad de defensa de los GAL y de Felipe González, justo el mismo tema y el personaje a los que años más tarde dejaría vendidos y en manos de Bildu a cambio de su permanencia en la Presidencia: Sánchez ha permitido que la ley de Memoria Democrática incluya los años de los GAL y Felipe González como materia revisable e investigable.

En su intervención, Sánchez acusó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de prevaricador, toda una acertada premonición, pero también todo un anticipo de su relativismo y mentira. La relación entre Sánchez y Garzón es hoy magnífica. La actual pareja de Dolores Delgado puede presumir de su buena sintonía con el presidente. Pelillos a la mar, que lo que importa es el poder.

En aquel programa se pudo ver cómo el ahora líder del PSOE defendía a los acusados de los GAL con las siguientes frases: «Se ha provocado alarma social para que los pusieran en prisión preventiva, para que cantaran lo que él [el exjuez Baltasar Garzón] quería». Es más, aquel Sánchez tampoco dudó en hacer méritos ante el partido defendiendo al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Interior Rafael Vera encarándose con Javier Nart —⁠presente en el programa⁠— con la siguiente frase: «Como abogado tendría que respetar la presunción de inocencia». También hizo sus pinitos en el ataque a la prensa. En aquella ocasión, cargando contra El Mundo de su ahora amigo Pedro J. Ramírez, por haber entrevistado a los comisarios José Amedo y Michel Domínguez. Para Sánchez, aquello había sido una entrevista por «fascículos» en la que solo faltó que les hubiesen regalado «las tablas» —⁠en un chiste fallido en el que quiso referirse a las tapas de los fascículos⁠—. En sus cargas contra Garzón explicó que el juez había dado «mayor relevancia al testimonio de personas que se han desdecido [sic] miles y miles de veces, y ha habido otras personas a las cuales ha utilizado [sic] la famosa frase de la alarma social para meterlos en prisión preventiva y después presionarlos para que cantasen lo que él quería». La frase es literal, incluido el «desdecido».

Años después, Sánchez, en su etapa de Gobierno, abriría la caja de los truenos contra el pasado de su propio partido, dejaría a González a los pies de los caballos de los proetarras y se aliaría con el entorno de Baltasar Garzón. Porque él es así. Él y su interés.

El hombre de Trinidad Jiménez y Pepiño Blanco: el hombre de Zapatero

Pedro Sánchez era ya un político más. No a nivel nacional. No brillante. No ingenioso por nada especial. Ni tampoco era un aspirante destacado pese a sus crecientes intervenciones en televisión, como las que protagonizó de forma habitual como enviado directo del PSOE en Veo TV. Pero habían pasado ya casi diez años desde su primera entrada en listas municipales y Pepe Blanco decidió avalar su figura. Tampoco es que las filas socialistas tuvieran perfiles mucho mejores entre los que elegir.

Él, por lo menos, era alto, con buena imagen y una formación aparentemente presentable. El PSOE dio la orden de empezar a impulsarlo. El PSM llevaba años de guerra interna. Es decir, como siempre. Y Pepe Blanco, por aquellas fechas —⁠todo un hombre fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero que hoy hace las delicias de los dictadores comunistas del Grupo de Puebla⁠—, podía tocar con el dedo divino o hacer caer en desgracia a quien él quisiera.

Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez entraron en la lista buena de Blanco, hasta el punto de que no tardaron en ser conocidos como los Pepiño’s boys. Las malas —⁠y certeras⁠— lenguas aseguraban que con los tres se podría haber fabricado uno. Como si se tratara de una laica trinidad. Hernando era el «listo» —⁠el cerebro⁠—, López era el hombre dispuesto a todo lo que hiciera falta —⁠poco menos que el cuerpo preparado para los trabajos manuales⁠—, y Sánchez, el «guapo» —⁠la imagen, la cara⁠—, como nunca dejó de calificarse él mismo.

El pequeño problema es que las tesis acumulativas en política no sirven para nada. Y menos aún con los animales políticos como Sánchez, que no tardó en usar su poder una vez ganado el mando del Partido Socialista para dejar claro que, de los tres, él era el líder, el único que mandaba. Y que, lo mismo que Pepiño había decidido, cual césar, el presente y futuro de sus súbditos, él decidiría cuándo Hernando y López eran borrados de la escena, cuándo volvían y en condición de qué.

Lo de mandar siempre ha sido su obsesión. El Falcon, el Super Puma, las fotos, los carteles con su cara, los largos listados de aduladores, la atención perpetua —⁠o eso cree él⁠— de los informativos. Lo dicho, el poder.

Y lo cierto es que, en sus inicios, Pepe Blanco decidió impulsarlo. Blanco fue ministro de Fomento durante el Gobierno de Zapatero, entre los años 2009 y 2011. Llegó incluso a portavoz del Gobierno en los coletazos finales de aquel ZP que dejó España arruinada, bajo mando económico de los hombres de negro, sin posibilidad de vivir de sus colocaciones de deuda en el mercado —⁠pese a las innumerables emisiones⁠— y con una lluvia de recortes, incluidas las pensiones y los sueldos de los funcionarios.

Dentro del partido el poder de Blanco no era menor: había sido secretario de Organización del PSOE entre 2000 y 2008 y vicesecretario general entre 2008 y 2012. Todo el periodo de lanzamiento de Sánchez. «El guapo», por el que Trinidad Jiménez se tuvo que partir la cara para meterlo en aquellas listas municipales en 2003, había demostrado que él, con tal de ascender, era capaz de enfrentarse a quien hiciera falta, por ejemplo, a Tomás Gómez. Y eso a Blanco le cautivó. Por fin alguien —⁠creyó⁠— con quien controlar el PSM.

Hay que recordar que el ascenso de Pedro Sánchez fue paralelo al apogeo del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien protagonizó una de las mayores batallas por el poder del Partido Socialista de Madrid que se recuerdan. Un conflicto que acabó con escenas dantescas, como la del cambio de cerradura de su despacho de Callao para que Gómez no pudiera entrar en su propia sede. La orden la dio el propio Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Durante años, el alfil encargado de ese combate había sido Blanco, el mismo que vio en Sánchez a un perfecto peón útil para sus intereses.

La historia alcanzó un punto tan surrealista que, tras el cambio de cerradura, Gómez llegó a suplicar: «Por lo menos, que me devuelvan la miniatura de mi vespa». El exalcalde de Parla perdió el pulso, y acabó desterrado de las filas socialistas en 2015. Había sido miembro de la Ejecutiva de la agrupación madrileña desde 2000 hasta 2004. Había llegado a ser secretario general de esa misma formación regional desde 2007 hasta 2015, y contaba con presencia directa en el Senado hasta que en noviembre de 2013 dimitió de su cargo en la Cámara Alta como muestra de su enfrentamiento con el PSOE nacional. El motivo de su dimisión puede ser entendido en clave de actualidad: no quiso avalar el pacto del PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco es que Tomás Gómez fuese un defensor de la independencia judicial, que nadie se emocione. Simplemente los cargos sentados por los políticos para controlar la Justicia no fueron de su agrado. Se designó vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Francisco Gerardo Martínez Tristán, recusado previamente por el PSM de Gómez en su batalla contra las reformas sanitarias del Gobierno regional, entonces en manos de Ignacio González y del PP. La elección de Tristán molestó mucho a un Tomás Gómez ya en abierto choque con Pepe Blanco.

Dicho de otro modo: se convirtió en el enemigo regional del aparato nacional del todopoderoso PSOE de aquellos años —⁠hasta que Zapatero terminó de quebrar España y salió del Gobierno en 2011⁠—. Blanco tenía la orden de laminar a Gómez. Sánchez evaluó posibilidades y, por supuesto, su interés, y allá que se presentó como soldado del que acumulaba más poder. Hay que reconocer que tampoco se lo ha pagado mal a Blanco, a la vista de la creciente y explosiva influencia de la consultora de Pepiño —⁠metida en todo, incluida la asesoría estratégica para acceder a los fondos europeos del rescate por el covid.

Tomás Gómez fue elegido secretario general en 2007 en un Congreso Extraordinario, con un 91 por ciento de los votos. Entonces se enfrentó a uno de los mejores amigos de Sánchez por aquellas fechas, José Cepeda. Pero Gómez contaba con el apoyo real del PSM.

En 2008 revalidó ya con algo menos de apoyo: el 85 por ciento de los votos. Y en 2012, aún con menos consenso: el 59 por ciento. La batalla de Ferraz hacía mella. ¿Quién fue su competidora derrotada con un 41 por ciento de los votos? Pues Pilar Sánchez Acera, casualmente uno de los mayores apoyos de Juan Lobato, el líder del PSM aupado en la etapa de Pedro Sánchez. Porque los amigos son los amigos, sobre todo si te sirven.

Pero, fuera como fuera, Tomás Gómez logró durante ese periodo ganar las primarias convocadas en 2010 para elegir el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que no pudo enfurecer más al verdadero, y a la postre, padre político de Sánchez: José Luis Rodríguez Zapatero. Gómez derrotó a Trinidad Jiménez, la primera valedora de Sánchez. Ganó pese a la oposición de todo el aparato de la dirección federal del Partido Socialista y del Gobierno de España, por supuesto del propio Rodríguez Zapatero, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Beatriz Corredor —⁠después premiada por Sánchez como presidenta de Red Eléctrica, algo que todo el mundo entenderá que tiene mucho que ver con su formación profesional, valga la ironía⁠— y, claro está, con el odio, más que la oposición, de Pepe Blanco.

El resultado fue revelador de la pugna y de la magnitud de la guerra declarada: 7.613 votos de Gómez frente a 7.055 de Trinidad Jiménez. Por los pelos. Y para la posteridad. Porque aquello sentenció a Siberia a Gómez en las filas socialistas. Y encumbró en el fondo a Sánchez. Él era el hijo político de todos los vengativos perdedores, de Jiménez, de Blanco y en última instancia de Zapatero.

La matanza de Texas significaría a la postre el camino abierto para Sánchez, pero mientras tanto, el peón entregado a la causa de Blanco se quedaba temporalmente compuesto y sin novia en Madrid.

En 2011 se celebraron las elecciones a la Comunidad de Madrid. Gómez perdió frente a una aplastante Esperanza Aguirre. El poder del socialista se fue derritiendo, pero más lentamente de lo que nadie hubiese imaginado. Hasta que, en febrero de 2015, ya con Pedro Sánchez como secretario general del PSOE nacional, llegó la venganza. En plato muy frío, eso sí: cambio de cerradura en el despacho de la sede del PSM y expulsión a patadas del cargo aprovechando una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por el elevado sobrecoste de las obras públicas del tranvía de Parla. Gómez había sido alcalde de la localidad de 1999 a 2008. Un apesadumbrado César Luena —⁠por aquellas fechas secretario de Organización de Sánchez⁠— afirmó que ese escándalo mediático había deteriorado la imagen del partido. Sánchez ganaba por fin a Gómez. Según los suyos, había que mantener limpio el partido, una amarga ironía cuando Sánchez ha defendido la honestidad de los protagonistas del caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la España democrática con 679 millones de euros defraudados. Todo un ejercicio de cinismo muy propio de las guerras intestinas de los partidos.

Aquellos años marcaron muchas cosas para Sánchez. La primera, que ya era un hombre del partido con experiencia en las tareas de fontanería de los partidos. La segunda, que se había agarrado y unido a Blanco y a Zapatero. Ellos fueron los autores que diseñaron el último PSOE y su entorno, los que montan consultoras y los que se adhieren al Grupo de Puebla, los que ofrecen asesoría a las «malvadas y especuladoras» empresas para beneficiarse de las ayudas públicas que reparte Pedro Sánchez mientras se abrazan con Maduro, Morales y Lula para dejar claro que el comunismo sigue muy vivo. La tercera, no menos importante, que aquellos años hicieron que Blanco diera orden de que se ayudara a Sánchez a engordar su currículum. Así surgió la tesis doctoral, tan fake como las buenas intenciones y la solidaridad de su teórico autor.

La tesis de Pedro Sánchez, su intento de abandono y el rescate del equipo de Miguel Sebastián

Había que vestir el currículum de Pedro Sánchez. La cabeza de aquel tridente integrado por Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez era Hernando. O, dicho de otro modo, el que acabaría siendo presidente de España no fue visto como un ente intelectual ni por su propio padrino político. Él era el «guapo», pero, claro, eso tiene sus limitaciones. Resulta que, para aguantar un debate electoral, superar un directo, ganar unas elecciones, hablar en el Congreso o hasta para engañar a los electores hay que tener algo que contar. No basta con una cara.

En política, como en todo, el hombre propone y Dios dispone. Y allí estaban Blanco y Zapatero con un potencial líder aspirante a todo entre sus manos, rebosante de imagen, pero carente igualmente de todo fondo, de todo conocimiento más allá de las labores de fontanería contra Tomás Gómez.

La orden llegó, y la conversación se produjo. Blanco quería que se sacara la tesis doctoral. Había que prepararlo para un reto mayor. El propio Sánchez no veía claro su futuro político por aquellas fechas, aunque no es de extrañar. Hay que recordar que presentó su tesis en noviembre de 2012, justo cuando el PSOE perdía el poder nacional dejando a España quebrada, por más que se sabía a la perfección desde mayo de 2010, cuando Zapatero tuvo que implorar a Europa un primer y camuflado rescate porque ya no había manera de colocar la deuda española ante el deterioro de la imagen del país y de un gobierno incapaz. En cuanto a Tomás Gómez, aún mandaría hasta 2015 en el PSM. Sánchez se había adherido al club de los ganadores, pero por esas fechas aún no lo sabía. Solo veía ante sí un futuro político más que dudoso y un enorme temor al paro.

Blanco tenía la solución: hacer la tesis, engordar su historial académico, vestir al personaje político, y, a efectos prácticos para Sánchez, aun a las malas, se le abría una puerta para ganarse la vida como profesor universitario. De hecho, así ocurrió durante un breve periodo en 2008, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. Blanco volvió al rescate. Contaba con buenos contactos, entre ellos Rafael Cortés Elvira, rector de esa misma universidad madrileña que había sido en el pasado secretario de Estado para el Deporte entre 1993 y 1996 con Felipe González. Era un hombre fiel al partido, con capacidad para dar trabajo a quien solo era por aquellos años un concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera querido por el PSM.

Con el sustento económico garantizado, Sánchez se comprometió a hacer la tesis, o eso creyó Blanco. Lo de trabajar y estudiar nunca ha sido su fuerte. Así surgieron los primeros problemas.

Sánchez no se centraba. No avanzaba con su trabajo de investigación. No tardó en pretender dejarla, tal y como reconocen fuentes implicadas en la elaboración de la tesis más conjunta y fake de la historia de la política española. Pero una vez más, el aparato entró al rescate, con Pepe Blanco y el ministro de Industria de los años finales del zapaterismo, Miguel Sebastián.

Sebastián no había sido ajeno a los movimientos internos del partido en Madrid. En octubre de 2006, Zapatero le nombró candidato de los socialistas a la Alcaldía de la capital para las elecciones municipales de 2007. Sebastián ya era el alfil económico de Zapatero a cargo de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Era un eslabón importante de los planes de Zapatero.

Sebastián no superó el reto de las elecciones municipales y dimitió, pero por haberse prestado a los deseos de ZP fue premiado en abril de 2008 con el Ministerio de Industria. Las puertas de ese departamento se abrieron para Sánchez.

Los dos habían formado parte del bloque zapaterista cuando el partido cayó en manos de Tomás Gómez justo en 2007. Ambos eran economistas y estaban tocados por dedos divinos. Sebastián, por el de Zapatero, Sánchez, por el de Blanco, que en el fondo era un dedo meñique de ZP.

La relación entre los dos no tardó en fraguar. El ministerio de Miguel Sebastián contaba con documentos, informes e investigaciones donde se habían desarrollado ya todos los aspectos que luego se integrarían en la tesis de Pedro Sánchez. Se tituló «Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)». ¿Alguien ha escuchado a Sánchez volver a hablar de la diplomacia económica española? Ni una palabra. El asunto no le interesaba ni lo más mínimo. El título y el contenido se eligieron porque toda la documentación necesaria ya estaba a disposición de quienes realmente iban a escribir la tesis que firmaría Pedro Sánchez. El objeto de estudio había sido investigado y documentado de verdad por expertos de verdad. Todo cuadraba.

La idea no tardó en surgir de las mentes pensantes del partido. Se le pasan los textos y a copiar, asunto solucionado. Si no quiere hacerla, pues se le hace. Total, quién se iba a fijar en una tesis doctoral cuando la universidad española está llena de enchufes políticos.

Sánchez tenía contacto con buena parte de los economistas de referencia de Sebastián, quien, para pesar de Jordi Sevilla, había sido el responsable de rediseñar la política económica de Zapatero con un joven grupo de trabajo denominado Economistas 2004, donde Sebastián había fichado a Sánchez.

Allí reforzó su relación con el futuro ministro y con otro de los talentos del equipo, Carlos Ocaña Orbis, luego jefe de Gabinete de Sebastián en Industria y «negro» encargado de elaborar la tesis de un investigador poco entusiasta y futuro presidente del Gobierno.

Ocaña se convirtió de la noche a la mañana en un Sánchez sin nombre, en el facilitador de toda una catarata de documentos, informes, datos y cálculos económicos sacados del Gobierno para regalar su trabajo de investigación a Pedro Sánchez.

De ese modo comenzó el fusilamiento sin decoro de párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Corta y pega camuflados con leves retoques, cambios del orden de una o dos palabras o incrustaciones de terceros párrafos para dificultar la detección del plagio.

En solo dos folios del documento, Sánchez, más bien sus amanuenses, llegó a plasmar siete párrafos fusilados sin misericordia de un informe titulado «Metodología de la Secretaría de Turismo y Comercio para la selección de mercados prioritarios». La autoría era de la Subdirección General de Análisis y Estrategia del ministerio dirigido por Sebastián.

Estos informes se habían publicado, por ejemplo, en la revista Información Comercial Española (ICE) del mismo ministerio, y pasaron a ser el alimento de la tesis, como demuestran algunos de los fragmentos reproducidos y que fueron publicados en su momento por este mismo periodista en su etapa en Okdiario.

La falta de pudor en su elaboración llegó hasta el punto de que un repaso de la supuesta investigación de Pedro Sánchez permite descubrir el rastro de más de cuarenta informes procedentes del Ministerio de Industria que comandaba por aquellos años Miguel Sebastián. La parte troncal de la tesis procede de la documentación ya elaborada y acumulada por el ministerio.

Carlos Ocaña tenía pleno acceso a todo ese arsenal de documentación y, lo que es más importante, total capacidad de mando para exigir a los empleados públicos que se la buscaran y facilitaran. Por eso, como jefe de Gabinete del ministro, fue el encargado de coordinar todas las necesidades de la tesis fake. Hasta 44 informes, documentos, comparecencias o gráficos elaborados realmente por el Ministerio de Industria pasaron a formar parte de la tesis del doctor Sánchez en forma de texto, cuadros, infografías y hasta cálculos matemáticos. En total, más de cien folios, un tercio, del volumen total de la tesis. Ese tercio es el que soporta el calificativo de investigación: el resto es mero acompañamiento y literatura.

Forman parte de la tesis cuadros como el que detalla las medidas del Plan Integrado de Refuerzo de las Exportaciones e Inversiones Extranjeras —⁠sacado de esa documentación y procedente de estudios de 2010⁠—; modelos matemáticos como el único supuestamente innovador que se incorporó a la investigación, denominado Regresión de las exportaciones, también fusilado de estudios ya publicados; informes como el del Ministerio de Industria y Turismo del 2011 sobre La competitividad del sector artesano en España, recogido en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y expuesto por el propio ministro de Industria en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la convalidación del R. D. Ley 4/2011 por el que se crea el Instituto Español de Comercio Exterior; o documentos como el del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, presentado por Miguel Sebastián (2011): Un nuevo ICEX al Servicio de la competitividad empresarial, pp. 1-13.

Todo pasó a la tesis firmada por Sánchez. Él engordaba su currículum, el PSOE le premiaba por su papel anti-Gómez y le garantizaba la manutención, facilitándole una salida laboral en la universidad con el título habilitante de doctorado y, además, lo lograba sorteando un problema muy real: que él no quería trabajar en la elaboración de su propia tesis. Todos los obstáculos salvados y todos los objetivos cumplidos. Un éxito.

Pero el temor a que se descubriese que semejante amasijo de párrafos habían sido copiados de documentos oficiales del ministerio y que ya estaban en circulación fue tal que el propio Pedro Sánchez decidió que lo mejor era que «su trabajo» no fuese visto por nadie. Así lo ordenó: declaró la tesis oculta, una capacidad que tienen los doctorandos, pero que casa mal con los fines de investigación y transferencia del conocimiento propios de una tesis doctoral. ¿Para qué investigar si los supuestos avances académicos y prácticos se ocultan? Pero así se hizo, efectivamente: la tesis doctoral del presidente del Gobierno permaneció guardada y custodiada por la Universidad Camilo José Cela.

Pero tanta petición de trabajos e informes dejó huella y múltiples rastros en el ministerio; y el ego —⁠a fin de cuentas, Carlos Ocaña, más conocido por sus amigos como «Cocana», había trabajado infinitamente más que el futuro presidente⁠—, unido al complejo de culpabilidad, obró efectos maravillosos. El «negro» debió de pensar que más valía cubrirse la espalda dejando claro que él había accedido a esos informes porque casualmente estaba trabajado en paralelo en un proyecto similar —⁠un libro sobre la misma materia y con los mismos datos base⁠— con Pedro Sánchez.

Dicho y hecho. Si la tesis fue entregada en noviembre de 2012, justo doce meses después, en noviembre de 2013 y con el prólogo fechado en julio de ese mismo año, apareció publicado el libro de Ocaña con un título escasamente disimulado: La nueva diplomacia económica española. El segundo de los firmantes también era más que conocido: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Libro y tesis, tesis y libro confirmaron en ese momento que eran primos hermanos: «El Plan Japón fue concebido con un horizonte inicial de tres años (2005-2008), y prorrogado de 2008 a 2011. Los principales objetivos fueron (I) elevar el número de turistas nipones en la capital de España; (II) aumentar y afianzar las inversiones…», afirmaba la tesis fake de Pedro Sánchez. Y «el Plan Japón fue concebido con un horizonte inicial de tres años (2005-2008), y prorrogado de 2008 a 2011. Los principales objetivos fueron (I) elevar el número de turistas nipones en la capital de España; (II) aumentar y afianzar las inversiones…», aseguraba el libro de Carlos Ocaña y Pedro Sánchez.

Otro ejemplo: «La Oficina Económica del Presidente (en adelante, OEP) es una de las principales innovaciones institucionales creadas en los últimos años, también en el ámbito de la diplomacia económica», reseñaba la tesis del futuro presidente. Y «la Oficina Económica del Presidente (en adelante, OEP) es una de las principales innovaciones institucionales creadas en los últimos años, también en el ámbito de la diplomacia económica», argumentaba el libro.

Un escándalo como la copa de un pino que a Pedro Sánchez no le importó ni lo más mínimo. Cuando estalló, él contaba con el respaldo firme de Bildu, ERC y Podemos, por ese orden. Y eso era suficiente para seguir en el poder.

Nadie en España duda en estos momentos de que la tesis de Sánchez es de cualquiera menos de Sánchez. Es más, nadie duda de que es cualquier cosa menos una tesis. Pero él estaba en el poder y a él se aferró, así que toneladas de pelillos a la mar y a seguir viajando en Falcon —⁠debió pensar el falso doctor⁠—, que para algo paga a sus socios con avances separatistas, ultrafeministas y, por supuesto, con toda una lluvia de amigos enchufados en cargos —⁠y cargas⁠— públicas.

Quede como muestra del descaro de todo lo sucedido una anécdota más. Casualidades de la vida, justo por aquellas fechas en las que ya sedimentaba la falsa investigación en los oscuros archivos de la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, quien escribe estas líneas enseñaba Periodismo Económico en calidad de profesor universitario en el mismo centro formativo. El malestar de muchos de los profesores —⁠ellos sí, doctores por mérito propio⁠— ante lo que era un evidente escándalo de regalo de un título académico habilitante, les llevó a bautizar la tesis como «La tesis Pantoja». Por aquellas fechas llenaba las teles el juicio del Caso Malaya y revivía la noticia de las bolsas de basura de Isabel Pantoja, aquellas que, según afirmó en 2003 Mayte Zaldívar, entonces mujer de Julián Muñoz, iban «cargadas de dinero». En la universidad, quienes conocían lo ocurrido no tardaron en afirmar que «la tesis era como aquellas bolsas: se llenaba sin esfuerzo y se movía en la oscuridad».

En la oscuridad habría seguido de no ser porque la prensa —⁠y este periodista desde Okdiario⁠— rompió el cerco y empezó a publicar en 2018 páginas de la tesis oculta convertida ya en visible gracias a diversas visitas a la biblioteca de la universidad.

2

SU PASO POR LA DENOSTADA CAJA MADRID Y SU HIPOTECA MUY PREFERENTE

Octubre de 2015. Pedro Sánchez acude a una entrevista en la Cadena SER y lanza una de sus frases y calificativos más repetidos: que el exvicepresidente del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, es «la vergüenza» del PP. La «vergüenza» de quienes defendieron su labor al frente de la economía y la «vergüenza del partido que apoyó su nombramiento como presidente de Caja Madrid». Para él, todo lo que salía de allí era «un nuevo escándalo de la factoría Rato», y «la corrupción que emerge del caso Bankia», un nuevo capítulo que explicaba el rescate del sector financiero en detrimento de «las personas».

Lo cierto es que sus frases sí son un capítulo más de la factoría Sánchez. De su falta absoluta de escrúpulos a la hora de administrar la demagogia y el uso de cualquier recurso con tal de favorecer su único interés: el poder.

La Audiencia Nacional condenó en febrero de 2017 al expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, a cuatro años y seis meses de prisión como culpable de un delito de apropiación indebida del patrimonio de la entidad financiera pública a través del sistema bautizado como «tarjetas black» que daría nombre al caso. Esto ocurrió después de que el secretario general del PSOE lanzara su veredicto en la Cadena SER. O, dicho de otro modo, Sánchez habló sin tener ni idea de cuál sería el resultado judicial. Pero le daba igual, lo importante era usar aquella información como armamento político, a pesar de que él también mantuvo una relación lucrativa con aquella Caja Madrid.

El Tribunal Supremo ratificó la misma pena de prisión para Rodrigo Rato en octubre de 2018. Y el mismo Supremo confirmó en octubre de 2022 su absolución de lo que se había denominado «caso Bankia», que investigaba la salida a bolsa de la entidad, y ratificó la absolución de los 34 acusados en el juicio. Traducido: la Justicia negó la existencia de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

A Pedro Sánchez, el mismo que blanquea las alianzas con un condenado por terrorismo etarra como Arnaldo Otegi, u otro por sedición como Oriol Junqueras —⁠porque, dice, son partidos legales⁠—, nunca le ha importado lanzar acusaciones falsas, sin confirmar o directamente desmentidas posteriormente con tal de hacer daño a sus oponentes políticos.

Un repaso a la historia real del que fuera años más tarde presidente del Gobierno y un análisis de aquellos episodios financieros arroja más luz sobre su forma de ser y actuar. Sánchez no era un ciudadano más a efectos de Caja Madrid, sino un beneficiado más de aquella red de entidades financieras públicas que fueron las receptoras —⁠no los bancos privados⁠— del rescate.

Conocía bien la estructura de la caja porque estaba dentro. En la estrategia de reparto de funciones, chollos y contactos de los partidos políticos, haciendo uso y abuso de las rescatadas cajas de ahorros —⁠no de los bancos⁠—, uno de los incrustados en el esquema de la entidad fue él. Hasta el punto de que se benefició de un crédito hipotecario privilegiado.

Pero, es más, él era ya un miembro visible del PSOE que defendió los rescates a esas cajas de ahorros para evitar su quiebra, con el dinero de todos los ciudadanos. Lo hizo hasta septiembre de 2009 en su labor política municipal como concejal. Y, a partir de ahí, directamente desde el Congreso de los Diputados como diputado. Por aquellas fechas no gobernaba España ningún partido llamado PP. Lo gobernaba su PSOE.

La creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el diseño y aprobación del rescate financiero fueron obra y gracia de un presidente llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, del PSOE. El rescate tuvo luz verde con el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Allí se creó el denostado FROB, que recibió una inyección de 9.000 millones de euros y al anuncio de «una capacidad máxima de financiación», por distintos mecanismos, de hasta «90.000 millones».

El decreto-ley, ahora combatido por la izquierda, logró el respaldo del PSOE y del PP, después de que el Gobierno de Zapatero pidiera a la oposición el apoyo por «responsabilidad» con España.

Pedro Sánchez tenía información directa de la situación de Caja Madrid, pero siempre ha preferido ocultar su paso entre 2004 y 2009 por la Asamblea General de la polémica entidad financiera. Formó parte de ella en condición de representante socialista del Ayuntamiento de Madrid, justo en los años previos a su desmoronamiento, y cuando ya el Banco de España advertía de su situación financiera. Él fue protagonista directo del escándalo de la entidad que más tarde arrojaría a la cara de sus contrincantes políticos, cuando avaló personalmente desde la Asamblea de la entidad financiera algunas de las operaciones empresariales más delicadas que a la postre llevarían a su intervención.

Así figura en los informes anuales de gobierno corporativo en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde puede leerse el nombre de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como uno de los cien consejeros generales de la Asamblea General de la Caja que representaban en la entidad a los ayuntamientos madrileños. Él lo hacía como concejal madrileño del PSOE. Y fue uno de sus complementos profesionales como integrante destacado de ese partido político.

Este no era ni mucho menos un órgano sin funciones. Esa es simplemente otra de las falsedades que se han lanzado con el propósito de quitar responsabilidad a Pedro Sánchez. Los informes de la CNMV describen con detalle cada escalón de la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno, y en ellos figura la Asamblea General de la que formaban parte 320 miembros divididos de la siguiente manera: 100 de las corporaciones municipales, entre los que estaba Sánchez; 112 por parte de los impositores; 36 de los empleados; 40 de la Asamblea de Madrid; y 32 de otras entidades representativas. En total 320 miembros con un largo listado de funciones que, sí o sí, les ofreció una imagen real de cómo se encontraba la entidad que pasó, acto seguido, a ser intervenida y rescatada.

Las funciones de la Asamblea General también figuraban en los informes de la CNMV, y entre ellas se incluían las siguientes labores decisivas para la caja:

Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, conforme al artículo 11.1 de los Estatutos, corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones:

Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la Caja. Tal plan servirá de base a la labor del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado a los fines propios de la Caja, así como la gestión del Consejo de Administración.

Crear y disolver las obras sociales propias, aprobar los presupuestos anuales de Obra Social y la gestión y la liquidación de los mismos.

Nombrar los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control, así como adoptar los acuerdos de separación del cargo que correspondan, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 62.3 de los Estatutos.

Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración por los que se designe o revoque al Presidente ejecutivo y se fijen sus facultades y por los que se nombre al Director General, salvo en el caso de reelección o de ratificación de las mismas facultades que tuvieran otorgadas.

Separar de su cargo a los Consejeros Generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos.

Nombrar los auditores de cuentas.

Autorizar la emisión de instrumentos financieros computables como recursos propios de la Caja, pudiendo delegar esta función en el Consejo de Administración conforme a las condiciones y durante el periodo que se acuerde. La emisión de cuotas participativas seguirá el régimen establecido en el artículo 31.4 de los Estatutos, requiriendo una autorización singular y expresa de la Asamblea General.

Aprobar los Estatutos, así como sus modificaciones.

Aprobar el Reglamento Electoral relativo a la composición y elección de los órganos de gobierno de la Caja, así como sus modificaciones.

Designar las entidades, y el número de representantes, que compondrán el correspondiente sector de Entidades representativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

Aprobar la fusión, escisión total o parcial de la Entidad y cualquier otra forma de integración o acuerdo siempre que implique la disolución y liquidación de la Entidad.

Aprobar las dietas a que se refiere el artículo 9 de los Estatutos.

Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto.

Las funciones expresadas en las letras a), b), c), e), g), h), i), j), k) l) y m) anteriores se ejercerán necesariamente a propuesta del Consejo de Administración, según establece el artículo 11.2 de los Estatutos.

Y allí estaba el mismo Sánchez que más tarde se lavaría las manos y culparía de todo al resto de cargos de la entidad financiera. Tampoco le serviría como coartada escudarse en el calendario para escaparse de esta responsabilidad. Fue en el año 2012 cuando Caja Madrid fue rescatada con una inyección de 22.429 millones de euros de dinero público, pero fue en diciembre de 2004 cuando los inspectores del Banco de España escribieron su ya célebre aviso: «Es necesario controlar la actividad promotora inmobiliaria, pues conlleva un elevado nivel de riesgo, máxime si por parte de los prestatarios no hay una aportación de fondos proporcionada a la magnitud del proyecto y las expectativas de recuperación de crédito descansan en una hipotética evolución futura de los precios». En 2006, el mismo cuerpo inspector dijo que, aunque la solvencia de Caja Madrid aún era aceptable, mostraba una sensible tendencia a la baja. En 2009 los avisos pasaron a ser alertas: «El riesgo de promoción dispuesto asciende a 22.915 millones de euros, lo que representa casi el 20 por ciento del total del riesgo crediticio». Es curioso comprobar como esta cifra equivale, casi al céntimo, al importe de la inyección de 22.429 millones con la que fue rescatada Caja Madrid.

Ese peligro era plenamente conocido por los integrantes de la Asamblea General de la que formaba parte Pedro Sánchez. Él estaba allí. Todos esos años. Viendo lo que pasaba. Callando, porque eran Zapatero y Blanco, Blanco y Zapatero, quienes mimaban su currículum, su ascenso, su tesis fake. Era su interés estar callado. No el de los madrileños, no el de los depositarios, no el de los usuarios de Caja Madrid. La caja, como todas las cajas de ahorros españolas, financiaba entonces promociones y actividades según los intereses de los partidos. Por eso todos callaron ante una escalada obvia del riesgo financiero de esas entidades.

Pero ¿solo estaba allí por orden de su partido como un hombre de paja?, ¿o participó en decisiones de relieve que acabaron con consecuencias judiciales para aquellos a los que él criticaba?

Lo cierto es que Sánchez, sin ir más lejos, avaló como consejero una de las operaciones más discutidas y perjudiciales para Caja Madrid, la compra del City National Bank of Florida en noviembre de 2008. La operación supuso un coste de 927 millones de euros y se convirtió en la mayor apuesta internacional de toda la historia de la entidad.

Esa compra desencadenó el procesamiento de Miguel Blesa, aunque había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la entidad y gracias a los votos de PP, PSOE, IU, CCOO y UGT. Fue asumida también por la Asamblea General de la que formaba parte Pedro Sánchez, y que fue convocada en aquel momento con el fin específico de ratificar la operación.

Para colmo, el futuro presidente sacó partido de su posición en Caja Madrid. En julio de 2008, es decir, escasos meses antes de que la Asamblea General ratificase la compra del banco estadounidense, Sánchez firmó un crédito hipotecario por un importe de 159.300 euros, como puede confirmarse en su declaración de bienes entregada posteriormente en el Congreso de los Diputados.

Por aquellas fechas, Caja Madrid aplicaba a los miembros de la Asamblea General las mismas condiciones privilegiadas que daba a sus empleados, es decir, una rebaja del 30 por ciento en los intereses que se pagaban por el crédito hipotecario. En un momento clave para la entidad, Caja Madrid concedió una hipoteca a Pedro Sánchez, miembro de la Asamblea General de la misma caja, con una bonificación del 30 por ciento sobre el interés.

Pero, es más, las investigaciones del diario El Mundo demostraron que Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, habían contratado inicialmente una hipoteca en septiembre de 2005 por un importe de 293.700 euros con un tipo de interés del 1,75 por ciento más euríbor. Por aquellas fechas, el euríbor, indicador de referencia de las hipotecas, se situaba en un nivel del 2,22 por ciento. El regalo a Sánchez hizo que el 3,97 por ciento que debería haber pagado se limitara a un 2,77 por ciento gracias a la bonificación concedida.

Pero nada de aquello ha sido suficiente, ni entonces ni ahora, para alterar las falsedades del entonces aspirante a las altas esferas en el PSOE. Lo ocultó todo y punto. Capítulo cerrado y camino abierto a sus sueños de ascenso hacia la Presidencia de España.

Las informaciones sobre sus privilegios en Caja Madrid surgieron justo tras su primera batalla triunfal para hacerse con la Secretaría General del PSOE, en 2014. Pese a ello, Sánchez se deshizo de las preguntas de los periodistas afirmando que su crédito había sido normal. Sin ningún tipo de bonificación ni privilegio. Todos los datos demostraban que no era así, pero, qué más da. Mismo modus operandi que practicaría cuando se reveló la tesis fake. A todos los que informan en contra suya se les puede tachar de fachas y asunto arreglado.

Pedro Sánchez dio una rueda de prensa en octubre de 2014 para responder por su participación en la misma entidad que él había satanizado y sobre su crédito en condiciones ventajosas. Negó que hubiera disfrutado de ese tipo de privilegios en su hipoteca gracias a su pertenencia a la Asamblea de Caja Madrid. Afirmó sin rubor que su hipoteca tenía «las mismas condiciones de financiación del mercado», todo ello sin aportar ni un solo dato o cifra concreta con las que rebatir las acusaciones plagadas de documentación.

«Soy un político transparente. Tengo los bolsillos de cristal», aseguró en aquel momento. «No cobré ni un céntimo de la Asamblea. No tomé parte de ninguna decisión política que ahora mismo esté siendo investigada… Lo que no voy a aceptar es que a mí se me intente vincular con prácticas corruptas».

Y punto final. Cuestión de fe. Mentira y a seguir.

La caza de brujas del resto de implicados

Lo más revelador es que ni siquiera su obvia participación y beneficio personal en Caja Madrid evitó que su partido siguiera con la caza de brujas dirigida contra el resto. El PSOE había lanzado una investigación interna sobre los militantes socialistas que formaron parte del Consejo de Administración en nombre del partido y la criba acabó con expulsiones. Sánchez había anticipado que la respuesta sería «inminente» y «dura». Los exconsejeros socialistas de Caja Madrid fueron tachados. «No caben en el PSOE». «A los de las tarjetas negras, tarjeta roja directa», sentenció. Él quedaba excluido de la purga. Él era el jefe.

El 31 de octubre de 2014 el PSOE expulsó definitivamente a los exconsejeros del partido incrustados en el Consejo de Caja Madrid que habían hecho uso de las tarjetas black. Los ingresos extra logrados por algunos de ellos no eran muy superiores a los que obtuvo Sánchez con su crédito privilegiado, pero él era el que mandaba y ellos no dejaban de ser las cabezas de turco con las que demostrar su dureza.

Fue el propio Pedro Sánchez quien encargó la investigación interna sobre el uso que hicieron de las tarjetas los exconsejeros socialistas en Caja Madrid, y la dirección socialista adoptó el castigo tras escuchar las alegaciones de los afectados. El partido de Sánchez dijo que no existía ninguna relación contractual que avalara «la entrega de la tarjeta a los militantes afectados ni sus condiciones de uso». Igual que no existía nada que justificara que él tuviera una bonificación del 30 por ciento en su crédito hipotecario. Daba todo igual. Unos tenían que salir para que otro limpiara su imagen y continuara su ascenso.

El castigo fue público. Siete miembros del PSOE expulsados, entre los que se encontraba nada menos que un exministro, Virgilio Zapatero, que no tardó en acusar a Sánchez de actuar como un auténtico «justiciero». El resto de decapitados por su antiguo compañero de Asamblea fueron Ángel Eugenio Gómez del Pulgar Perales, Joaquín García Pontes, José María de la Riva Ámez, Gonzalo Martín Pascual, Ignacio Varela Díaz y Enedina Álvarez Gayol.

Nadie volvió nunca más a preguntar a Sánchez por su paso por Caja Madrid y su respaldo a operaciones financieras que destrozaron la entidad. Nunca más. Porque Sánchez es un especialista en tapar un escándalo con el siguiente.

3

UN MANUAL DE RESISTENCIA O LA CREACIÓN NUNCA QUERIDA DE ZAPATERO: LAS PRIMARIAS

El binomio Blanco-Sánchez se había establecido. Eso significaba que el ángel protector del futuro presidente del Gobierno pasaba a ser directamente y sin desearlo —⁠pasó de no reconocerlo, a no quererlo y más tarde a asumirlo⁠— José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Pepe Blanco nunca dejó de ser su apoyo para todo. El tándem había funcionado. Es cierto que Sánchez no había tenido un papel relevante en la operación anti-Gómez en el PSM, pero le habían pedido posicionarse y lo hizo. En política, eso significa que se han asumido riesgos que deben ser recompensados.

Sánchez emprendía el máximo reto para un socialista español: la Secretaría General del partido, que confiere el pleno mando en el PSOE y abre la senda para la candidatura a la Presidencia de España en uno de los dos grandes partidos nacionales. Si se hacía con ese cargo, antes o después llegaría a La Moncloa. Su más ansiado sueño.

Atrás quedarían sus remilgos para trabajar o estudiar. Ahora se trataba de luchar por el poder, el de verdad. Nada puede motivar más a Sánchez que el poder, los focos, la fama, verse rodeado de un séquito.

El objetivo estaba marcado. Y en este empeño, su absoluto relativismo y su capacidad para mentir serían sus verdaderos puntos fuertes. Jugarían un papel fundamental. Si tenía que decir que odiaba a los separatistas, lo diría. Si tenía que hacer campaña con una bandera de España gigante a su espalda, la haría. Si tenía que afirmar que se arrepentía de los indultos de los socialistas en el pasado, lo afirmaría. La cuestión era llegar a la cúspide.

En julio de 2014 se hizo con el control de la Secretaría General del PSOE. En las elecciones generales de diciembre de 2015 tuvo el peor resultado electoral de su partido en la etapa democrática, aunque lo empeoraría en las elecciones de junio de 2016. Sus propios compañeros del Comité Federal forzaron su dimisión como consecuencia de ello, pero recuperó el mando en junio de 2017. Todo un trienio de actividad enloquecida, y de resistencia, como él mismo la bautizó en su libro Manual de resistencia. Porque si su formación es deficitaria, su credibilidad inexistente y su sinceridad está por descubrir, su resistencia sí es real. Muy real.

Cuando Sánchez huele a poder, todo su ser se dirige hacia él. Sin miramientos ni pudor alguno. Sin límites. Esto le convierte en uno de los políticos más peligrosos de todo el espectro nacional. Por eso puede afirmar que nunca pactará con Bildu y pactar tres minutos después. Por eso puede asegurar que España nunca dependerá de los separatistas para más tarde darles el control presupuestario, territorial, judicial, penal y lo que haga falta. Por eso puede negar el indulto a los golpistas catalanes mientras lo está tramitando. Por eso puede afirmar que nunca subirá impuestos y acumular en cuatro años de Gobierno más de 50 incrementos. La verdad no es un freno para él.

Pedro Sánchez llegó a sus primeras primarias con el mayor número de avales. Fue capaz de convencer al socialismo andaluz de que era su reencarnación más perfecta y digno seguidor del histórico Clan de la Tortilla que, sin embargo, mataría más tarde a la líder del socialismo andaluz, Susana Díaz. Ganó aquellas primarias gracias al voto andaluz. Fue un error que a Díaz nunca dejará de atormentarla.

¿Cómo logró aquel apoyo inimaginable en estos momentos? El PSOE andaluz era el de los ERE, el de los escándalos, los enchufes familiares y la creación de un entramado clientelar que garantizase los privilegios y el tren de vida de sus beneficiados. Eso fue lo que les prometió Sánchez, la permisividad absoluta y permanente respaldada por su mandato.

El Clan de la Tortilla había sido la máxima expresión de ese estilo de partido. La foto que consagró el nombre fue tomada en 1974, en un pinar a las afueras de Sevilla, en Puebla del Río. En ella aparecen unos jóvenes universitarios comiendo y tirados en el campo que años después acumularían cotas de poder difícilmente imaginables. Felipe González, embutido en unos pantalones acampanados; Alfonso Guerra, pensativo y en segundo plano; o Manuel Chaves, entonces con nutrida melena y hoy condenado por el caso de mayor corrupción de la España democrática: los ERE y sus 679 millones de euros.

Aquel clan incorporó a otros notables socialistas: Francisco Aído, padre de la ministra Bibiana Aído —⁠¿o es que alguien pensaba que su inexplicable ascenso estuvo carente de apoyos familiares?⁠—; Luis Pizarro, factor decisivo en la casi perpetuación del socialismo andaluz; o Alfonso Perales, tan duro como temido en el control de las tripas del PSOE.

Todos ellos compartían un socialismo netamente distante de los postulados de Sánchez. De hecho, él tiene ambiciones, no postulados. Pero logró convencer a los seguidores y sucesores de aquel Clan de que él era su hombre. Que lo mismo podría haber disparado la cámara de Pablo Juliá para sacar aquella histórica foto, que haber partido las tortillas o reído los chistes de Chaves. Y los convenció, porque el futuro presidente era capaz de decir lo que hiciera falta con tal de llegar al poder.

En las primarias de 2014 Sánchez se hizo con el 49 por ciento de los votos escrutados, ganando con claridad a su principal contrincante, Eduardo Madina, que logró sumar el 36 por ciento, y a José Antonio Pérez Tapias, que se quedó con el 15 restante.

El aval fue importante. El 67 por ciento del censo del PSOE, casi 130.000 militantes, acudieron a votar en aquellas primarias. Un dato muy elevado.

Alfredo Pérez Rubalcaba cedió el testigo con una rotunda felicitación: «Pedro es perfectamente consciente de que es el primer secretario general elegido directamente por el voto de los militantes. […] Has tenido un resultado importante, pero, a partir de este momento, tienes el apoyo del cien por cien de los militantes del partido».

Y así fue. Como pasa en todos los partidos, la inmensa mayoría no tardó en saludar y aplaudir a Sánchez… hasta que vieron el resultado de las elecciones generales.

Fue la líder del socialismo andaluz, Susana Díaz, quien hizo posible aquel ascenso meteórico. Más tarde sería decapitada por él. Fue su federación la que entregó su apoyo abrumador al diputado Sánchez. Logró cerca de 13.000 votos de diferencia con respecto a Madina en toda España. Solo en Andalucía consiguió más de 17.000. Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, La Rioja, Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana se sumaban al entonces denominado proyecto renovador de Sánchez.

En este desenlance tuvo mucho que ver la falta de valentía de una Susana Díaz que, tras meses de debate interno, no se atrevió a probarse en aquellas primarias de 2014. Lo cierto es que aquellas elecciones fueron todo un monumento a su cobardía. Su objetivo era todo un imposible. Quería que ganara Madina y que, más tarde, si ella se decidía, le cediera el testigo para ser aclamada como la líder nacional. «¿Dónde se ha visto eso?», debió de pensar Madina. Así que la andaluza prefirió usar a Sánchez como alfil y avanzadilla. Como si a este lo pudiese dirigir alguien más que su propio ego.

Otra de las características de Sánchez es que conoce el interés personal, pero no demasiado la gratitud. Solo la practica si le resulta útil o necesita personalmente el silencio del afectado. Que se lo pregunten a Iván Redondo, José Luis Ábalos o Carmen Calvo.

La frase de Sánchez para cerrar las primarias solo podía ser otra mentira más, como años después se comprobaría: «En el PSOE que vamos a construir no sobra nadie, al contrario, falta gente», afirmaba crecido. «Vamos a renovar el partido y lo vamos a unir porque lo más importante es fortalecer el partido», porque, según dijo, hacía falta «un partido ganador». Un año después se estrellaba contra Mariano Rajoy en las elecciones generales.

Rodríguez Zapatero no quería a Sánchez; Susana Díaz, tampoco; de Rubalcaba mejor ni hablar —⁠siempre le despreció⁠—, y Felipe González nunca ha dejado de considerar que carece del más mínimo nivel exigido. Pero hay que considerar que el PSOE había dejado a España en semiquiebra solo dos años y medio antes. Zapatero había tenido que anunciar el mayor paquete de recortes imaginable durante su segundo mandato. Tuvo que modificar la Constitución para garantizar a la UE que devolvería el dinero prestado, e inició los rescates de las cajas que ahora denosta y niega la izquierda. El plan de fusiones de las cajas con ayudas nació y creció bajo un señor muy socialista y ahora comunista llamado Rodríguez Zapatero. La verdad es que el plan fue tan incompleto e ineficaz que abocó al famoso rescate en época de Rajoy, ese que la izquierda sí recuerda, pero imputándoselo por completo al líder popular.

Es conveniente recordar que la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la aprobación del rescate financiero se hicieron bajo mando de José Luis Rodríguez Zapatero. Como hemos apuntado más arriba, dio comienzo con el Real Decreto Ley 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Gracias a ese texto nació la entidad que ahora ataca la izquierda con una inyección de fondos por valor de 9.000 millones de euros y dotado de «una capacidad máxima de financiación, por distintas vías, de 90.000 millones». El rescate de las cajas fue por obra y gracia del PSOE, el mismo que ahora pacta con comunistas y se llena la boca diciendo a los bancos —⁠que no recibieron dinero a fondo perdido⁠— que han de pagar más impuestos por tener beneficios ya que deben devolver lo obtenido en los rescates de la derecha. Pues resulta que ni fueron los bancos los beneficiarios, ni la derecha la que comenzó con ese proceso. Rajoy fue quien lo cerró, eso sí, forzando a las cajas a abandonar su estructura y «bancarizándose», tal y como se denominó al proceso. La inmensa mayoría de estas entidades fueron integradas en bancos para evitar en el futuro un nuevo escándalo a cargo de políticos presentes en sus consejos, quienes vieron en las cajas el instrumento de concesión de créditos hipotecarios y de consumo barato y masivo, para el enriquecimiento aparente de los potenciales votantes y para el soporte económico de los proyectos de sus propios partidos.

El Real Decreto de 2009 contó con los votos del PSOE y del PP. Esa fue la famosa época de lo que el FROB denominó «fusiones frías», consistentes en forzar a las cajas más quebradas a fusionarse con otras sanas. Esto es, a meter manzanas podridas en cestas sanas. Por su parte, Zapatero se empeñaba en asegurar que la crisis no era demasiado fuerte en España, poniendo parches con saneamientos toscos e inyecciones limitadas de dinero, lo que provocó que la crisis de algunas cajas se extendiese a la práctica totalidad.

La primera intervención tuvo lugar en diciembre de 2009 con 977 millones de euros. Se produjo en época del PSOE y bajo la supervisión del Banco de España, gobernado por el socialista de carné Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un hombre que pasó de ser secretario de Estado de Hacienda de Zapatero a gobernador del Banco de España, y que entonces clamaba cuando dudaban de su imparcialidad. En realidad, dudas había pocas: su imparcialidad era cero. Su dependencia del PSOE, plena.

La segunda lluvia de dinero lanzada por el Partido Socialista fue por un importe de 13.498 millones y se repartió entre 2011 y 2012. A esta segunda ronda se la denominó FROB II. Antes, para colmo, en abril de 2011, hubo un compromiso por parte del FROB de aportar 15.949 millones que, según el cálculo del Banco de España, eran necesarios para enjuagar «los déficits de capital de aquellas entidades que, con datos a 31 de diciembre del año anterior, no alcanzaban el capital mínimo exigido por la nueva normativa».

Solo la tercera ronda de este FROB, ya con la Sareb —⁠creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales⁠—, dotada con 2.192 millones, y una aportación de capital de 37.943 millones, fue abordada íntegramente por el Gobierno de Rajoy. Y llegó, precisamente, por el desastre del FROB I y FROB II, que, por culpa de la miopía financiera de Zapatero, no llegaron a solventar el agujero de algunas entidades, sino a extenderlo por todo el sector de las cajas de ahorro.

Vayamos ahora al siguiente asunto: el de los recortes. Desde mayo de 2010, y ante la imposibilidad de colocar la deuda a tipos asumibles —⁠en buena medida por la inseguridad que el Gobierno y la gestión económica de Zapatero trasladaba a los mercados⁠—, el Ejecutivo del PSOE tuvo que lanzar un plan global de recortes. Dicho plan incluyó bajadas de sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, reducción del gasto farmacéutico, erradicación del cheque bebé, tajos en las partidas de dependencia, subidas del coste de la universidad, aumento del número de alumnos por aula, incremento del IVA, recorte de la prestación por desempleo, etc. No importa. La izquierda acusa a la derecha de los recortes sociales que ella misma emprendió.

Es en este más que turbulento contexto en el que Susana Díaz tenía miedo de dejar la presidencia andaluza para morir en el intento de asaltar La Moncloa. Sabía que el recuerdo del desastre de Zapatero para las vidas y los bolsillos de todos los españoles aún dolía, por más que el PP hiciera una de las suyas y renunciase a recordar que la economía es un desastre cada vez que la izquierda la controla.

Así se explica que Susana Díaz prefiriese un paso al frente de Madina, aunque con una condición: si ella quería y se decidía, llegaría por aclamación, y el socialista vasco le cedería el sillón tras enfrentarse a la previsible derrota electoral del PSOE, como así ocurrió en 2016. Obviamente, Madina no se prestó al juego, y Susana Díaz apoyó a Sánchez con el rechazo de Zapatero, Rubalcaba y González. Díaz nunca se arrepentirá lo suficiente de aquella decisión.

Sánchez no tardó en ponerse manos a la obra para alcanzar su gran reto: la Presidencia. Y lo hizo volviendo a demostrar que lo de menos es la realidad de las promesas. Lo importante es su magnitud.

Por aquellas fechas Sánchez se vestía de hombre moderado, de socialdemócrata al estilo del norte de Europa, de flexiseguridad laboral. Su programa y equipo económico lo encabezaba Jordi Sevilla, el mismo que en 2016 cargaba contra el PP por su falta de control del déficit. Aquel año el agujero de las cuentas públicas quedó en un 4,30 por ciento, con un déficit de 47.893 millones de euros. En 2021, Sánchez llevó esos datos hasta el 6,87 por ciento y 82.819 millones de euros.

Sevilla aseguraba entonces a la opinión pública que necesitábamos «un Gobierno que recupere la credibilidad para la economía española, hoy seriamente deteriorada por la deficiente gestión del PP». Resulta difícil imaginar una mayor pérdida de credibilidad que la alcanzada por Sánchez en su mandato, capaz de lanzar un intento de nacionalización de los beneficios de las energéticas, que ha rebasado cualquier expectativa de rescate del BCE —⁠más de medio billón de euros en liquidez y compra de bonos públicos⁠—, y que ha recibido la advertencia directa de Bruselas por su proyecto de control total del Poder Judicial.

Ajeno a la realidad, Sevilla fue el vocal económico de Sánchez con estos tres mensajes: «Necesitamos una nueva política presupuestaria que, tal y como figura en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, se comprometa a que los españoles no paguen los platos rotos presupuestarios del Gobierno del PP», «No va a haber subidas del IRPF ni recortes sobre el gasto social», y «Caminaremos hacia un modelo de ajuste presupuestario negociado con Bruselas, con una nueva senda más creíble de reducción del déficit público y con una estrategia de ajuste que no haga recaer esa reducción sobre los sectores más desfavorecidos».

No mucho después Ciudadanos pasó a ser calificado de extrema derecha y todos aquellos propósitos económicos fueron literalmente pisoteados. En 2015 Sánchez se había puesto el disfraz de socialdemócrata moderado. Su programa económico no recogía nada parecido a una subida del tipo máximo del IRPF, aunque sí exigía un tipo mínimo en todas las comunidades autónomas para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También incluyó una reforma de los órganos reguladores para dotarlos de más independencia del Gobierno. Años más tarde, los organismos clave para la economía y credibilidad política de España, reguladores y no reguladores, peleaban contra el intento de control del Ejecutivo socialista de Sánchez, como el Banco de España. Otros estaban directamente bajo su bota, como el INE, el CIS o el Tribunal de Cuentas.

Su programa electoral pedía un esfuerzo para reducir el déficit público y el peso de la deuda, mientras aseguraba que habría cambios radicales en la reforma laboral puesta en marcha por el PP, la misma que años después sería tumbada por el mismo Sánchez.

Las elecciones generales de diciembre de 2015 fueron rotundas. Aquel candidato de corte socialista europeo, que no quería decir que podía morder, recibió uno de los mayores varapalos democráticos que se recuerdan. Los socialistas tuvieron que contentarse con el 22,01 por ciento de los votos frente al 28,71 por ciento del PP de Rajoy. 90 escaños en total, 20 menos que en los últimos comicios con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente. Rubalcaba había logrado en 2011 un 28,76 por ciento del voto, más de lo que necesitó Rajoy en 2015 para derrotar a Sánchez. Fue un varapalo sin precedentes.

Podemos, por su parte, se acercó peligrosamente al PSOE. En su primera candidatura a unas generales, comandado por un Pablo Iglesias convencido de que más tarde o más temprano asaltaría los cielos, obtuvo 42 diputados, el 12,69 por ciento. Sumando a las coaliciones electorales regionales de los comunistas —⁠En Comú Podem, Compromís-Podemos-És el Moment y En Marea⁠— llegó a 69 diputados y el 20,68 por ciento de los votos. Todo un susto para un PSOE que se tuvo que contentar con poco más de punto y medio por encima del podemismo unido.

En febrero de 2016, Sánchez dio un paso más en su intento de formar un Gobierno netamente diferente del que años después le permitiría hacerse con todo el poder. Llegó a un pacto de pretendido Gobierno con Ciudadanos. Pero esa amalgama necesitaba del apoyo o, al menos la abstención, de Podemos, e Iglesias se negó por completo.

Rajoy decidió no acudir a la investidura, y Sánchez perdió sus dos rondas tras presentarse ante el Pleno del Congreso de los Diputados los días 2 y 4 de marzo de 2016. La solución al entuerto tendría que llegar con unas nuevas elecciones. Fue entonces cuando Sánchez dio el viraje más radical a su volante, hasta el punto de que en mayo negoció un acuerdo con Podemos, pero un crecido Iglesias optó por forzar la repetición electoral.

Si el primer intento de llegar a La Moncloa acabó en tortazo de Sánchez, con una caída de 20 escaños, las elecciones de junio de 2016 convirtieron aquel batacazo en una auténtica paliza: aún cayó 5 sillones más. Todo un éxito del «renovador» Sánchez.

El Partido Popular subió de 123 a 137 escaños, la peor noticia para la izquierda.

El «resistente» Sánchez habría de demostrar, ahora sí, su capacidad de aguante y de recuperación. Sus compañeros no tardarían en pedir su cabeza, y la cobraron tras una larga pelea.

Caída y auge de Sánchez

Las espadas se levantaron de inmediato cuando se constató que Sánchez había dejado al PSOE en el dique seco. Susana Díaz y Emiliano García-Page —⁠ambos corresponsables, especialmente la primera, del auge de Pedro Sánchez⁠— se convirtieron, de pronto, en los arietes contra el candidato que ellos habían impulsado.

La disputa por el poder socialista llegó hasta el expresidente del Gobierno Felipe González, quien no tardó, en septiembre de 2016, en oficializar la mayor de las obviedades: que Sánchez es un mentiroso, tal y como el propio líder histórico del socialismo lo calificó.

González desveló en aquel momento que el todavía secretario general del PSOE le había garantizado ese mismo verano que el PSOE se abstendría en la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy para no boicotear la formación de Gobierno. «Y claro, me siento engañado y defraudado por Pedro Sánchez», aseguró en una entrevista en la Cadena SER el expresidente. E insistió: «El PSOE se debe abstener; hoy lo opino con más fuerza».

El partido estaba roto. Y la frase de González implicaba el banderazo de salida para que los barones, ahora críticos con Sánchez, dieran rienda suelta a sus lanzadas.

El grupo de los sanchistas quedó conformado en torno a una máxima: nunca se debería dejar gobernar al PP, bajo ningún concepto, y se pactaría con quien hiciera falta con tal de evitar la entrada de la derecha en La Moncloa. Y, puesto que el acuerdo con Cs bloqueaba la gobernabilidad por el rechazo de Podemos a permitir ese binomio, solo quedaba una opción: la radicalización total de su formación para pactar con Podemos, ERC, Bildu y todo lo que hiciera falta. Un camino que, por cierto, siempre le aconsejó Rodríguez Zapatero, por más que Sánchez quiso volar durante un par de años ajeno al rumbo dictado por el exdirigente socialista.

El grupo de apóstoles de estas alianzas sin pudor contó con Francina Armengol, Miquel Iceta, Meritxell Batet, Odón Elorza, Patxi López, Idoia Mendia, Luis Tudanca, César Luena y Sara Hernández. Muchos de ellos, como se puede comprobar, fueron después premiados por su obediencia a Sánchez, traicionando lo que alguna vez habían defendido. No importaba España. Tampoco el PSOE. Importaba el poder, y eso los unió a Sánchez. Batet, López, Iceta, Armengol o Mendia medraron gracias a su apuesta. Ganaron desde un punto de vista egoísta. Su país o su propio partido ya era otra cosa.

Los críticos también se definieron: Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Ximo Puig, Javier Fernández, Javier Lambán, Emiliano García-Page o el mismo Felipe González. Se sumó alguien tan inesperado como revelador: José Luis Rodríguez Zapatero, que, temeroso de perder su cuota de influencia en el futuro PSOE, prefirió dar por muerto a Sánchez y reposicionarse en el partido. Debió pensar que su proyecto de degradación de España y de hermanamiento con el chavismo bien valía un cambio de jinete.

El 28 de septiembre se fraguó el desmoronamiento de la cúpula ante la mirada atónita de Sánchez. Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE, presentó la dimisión en bloque de 17 miembros de la Ejecutiva Federal. Solo quedaban 18 en sus cargos. El secretario de organización y hasta entonces sanchista —⁠luego cambió de chaqueta⁠—, César Luena, no tuvo más remedio que reconocer lo que recogen los estatutos del PSOE, que debía convocarse un Comité Federal y, con él, un Congreso Extraordinario para renovar la ejecutiva. El 1 de octubre de 2016, sábado, la guerra se hizo visible en el Comité Federal.

Pedro Sánchez volvió a hacer gala de sus artes habituales. No aceptó inicialmente su salida. La reunión no pudo comenzar a la hora prevista, las 9.00, por el brutal enfrentamiento entre el amotinado y Javier Fernández —⁠la cita tardó tres horas en arrancar oficialmente⁠—. Susana Díaz exigió una gestora para apartar de inmediato a Sánchez y este respondió ofreciéndose a readmitir a los 17 dimitidos y aplazando la reunión una semana: quería tiempo para reaccionar.

Sánchez bloqueó en varias ocasiones los intentos de la andaluza para votar de inmediato su salida a patadas. Mientras, la prensa se arremolinaba en las puertas de Ferraz tratando de saber qué ocurría en aquel campo de batalla.

En esas horas llegó uno de los capítulos más indescriptibles de la política interna de los partidos en España: Sánchez pretendió forzar un voto secreto en Ferraz para lograr el respaldo a su plan de ganar una semana de oxígeno y de maquinaciones. ¿Y por qué buscaba el voto secreto? Porque había ubicado la urna en un lugar apartado de la sede socialista, donde la única supervisión era la de los suyos. El asunto apuntaba a un pucherazo interno en toda regla. Las acusaciones de los críticos de «fraude electoral» surgieron de inmediato.

Los rebeldes empezaron a recoger firmas con urgencia para presentar una moción de censura contra Sánchez. Después de sumar más de la mitad de los asistentes, exigieron la renuncia del secretario general amotinado. Todo un ejemplo de la forma de pensar y actuar del demócrata Sánchez. Los rumores de aquella jornada hablaron incluso de una Susana Díaz llorando y de un Juan Cornejo que estuvo a punto de pasar a las manos. Pero eso son rumores. La urna del pucherazo, no.

La gestora por fin llegó. Y el resistente Sánchez dimitió tras once horas y media de pelea.

El rebelde saliente tomó dos decisiones: la primera, que nunca aceptaría que lo echaran del poder; la segunda, que su regreso a la cúpula debería ser de la mano de los más radicales, porque con ellos sí podía sumar apoyos en su carrera a La Moncloa. De Podemos, de Bildu y de ERC. Por eso pasó a ser tan importante para él negarlo abiertamente desde el primer momento. Porque su plan no debía ser combatido antes de tiempo.

Pudo pensar que, si no gustaba el Sánchez socialdemócrata del norte de Europa que pactó con Cs, debía dar paso al de extrema izquierda. Solucionado. Lo que nunca barajó fue aceptar que su propio partido había decidido echarle en octubre de 2016.

La gran crítica de los García-Page, Díaz, Lambán y compañía fue desde el primer momento esa: Pedro Sánchez tenía toda la intención de formar un Gobierno con comunistas y separatistas. Aunque inicialmente buscó una alianza con Cs para llegar a La Moncloa, nunca tuvo el más mínimo reparo en entregar su formación al ideario separatista, proetarra y de Podemos con tal de hacerse con el poder.

Esa determinación y falta de escrúpulos hizo temblar al resto de los que pretendían tener poder en el PSOE. Una vez abierta la puerta a los depredadores, en la despensa de los socialistas no quedaría nada.

Pero ese nunca ha sido el problema de Sánchez. Si tenía que destrozar al PSOE para triunfar, lo destrozaría. A fin de cuentas, no era un camino nuevo. Zapatero ya lo había trazado cuando negoció una alianza para legalizar el brazo político de ETA y ayudar a ERC a sustituir a CiU. Ninguno de los barones se escandalizó cuando el ahora apóstol europeo del Grupo de Puebla adoptó ese plan a principios de los 2000.

Rodríguez Zapatero nunca dejó de ver a Sánchez como su juguete perfecto. Por mucho que salvara sus muebles en el partido sumándose a la lapidación del «Frankenstein» de Sánchez, él había sido el precursor de los gobiernos Frankenstein. Sin embargo, no tardó en volver la mirada hacia Sánchez.

Una constante en la vida de Pedro Sánchez: el mismo Zapatero que nunca lo quiso

ZP ya trabajaba en aquella época —⁠y desde mucho antes⁠— en su plan chavista. Y una persona capaz de virar desde Cs hasta Bildu mereció una segunda oportunidad por su parte. Sánchez, y no otro, volvía a ser su hombre en el proyecto final de entregar España al nuevo comunismo populista.

Y Sánchez cogió su Peugeot. «A partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a aquellos que no han sido escuchados, los militantes y los votantes de izquierdas de nuestro país», clamó emocionado el exsecretario general y futuro presidente del Gobierno el 29 de octubre de 2016 en plena entrega de su acta de diputado del Congreso. Anunció a bombo y platillo que se subía otra vez a su Peugeot 407, del año 2005, para reiniciar la batalla por el liderazgo del PSOE. Igual que lo había cogido dos años antes con el mismo fin y aprovechándose de la misma candidez de sus creyentes. Nadie escala a las alturas de un partido como el socialista sin más apoyo que el del mecánico de un 407.

Mítines, medios de comunicación, autobuses, movilización, publicidad, marketing. Quien quiera creer el mito del Peugeot que lo crea. Pero quien estaba detrás de Sánchez era, una vez más, un señor llamado Rodríguez Zapatero, con amplios vínculos con Podemos, Venezuela, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de amigos del comunismo internacional. A la vista de la permanente sumisión de Podemos, el separatismo y los proetarras a Sánchez, resulta mucho más creíble ese respaldo que los mitos del Peugeot y el Manual de resistencia.

Es totalmente cierto que José Luis Rodríguez Zapatero nunca valoró ni quiso a Pedro Sánchez. Pero también es absolutamente cierto que, a partir de un momento, ZP tuvo que reconocer que todos los intentos de aupar a Susana Díaz eran infructuosos y que, además, ese hombre alto, de físico atractivo, enormemente relativista y bien alineado con la estrategia inaugurada por Zapatero había calado en el electorado socialista. También gracias a la falta de combate ideológico de Mariano Rajoy. Sánchez fue una opción más necesaria que deseada; la única alternativa real con la que Zapatero debía arriesgarse si no quería quedarse fuera de juego.

Solo un ejemplo: quien ha liderado las relaciones de España con Venezuela en la etapa de Gobierno de Sánchez no ha sido ni González-Laya ni Albares, que han ocupado las carteras del Ministerio de Exteriores, sino Rodríguez Zapatero. Al igual que con Argentina, Marruecos, Argelia o con Lula da Silva… Así lo acreditan los incesantes viajes y contactos del expresidente con todos esos países. Ha sido así porque ZP supo ofrecer a Sánchez lo que nunca rechazaría: el camino hacia el poder. Zapatero se dio cuenta rápidamente de que Sánchez en el poder podía ser su mejor aliado para sus objetivos en el entorno comunista y populista del Grupo de Puebla. Era preferible contar con un relativista que entendiera que la forma de aislar al PP pasaba por pactar con quienes nunca podrían hacerlo con la derecha.

En octubre de 2016, el PSOE se abstuvo en la investidura en el Congreso de los Diputados para dejar gobernar a Mariano Rajoy, y Sánchez se tomó unas semanas para reflexionar y preparar su regreso. El mensaje de fondo estaba claro: culparía a los suyos de haber dejado gobernar a la derecha. Para eso necesitaba tener cerradas y firmes sus alianzas con quienes nunca aceptarían un pacto entre las dos grandes fuerzas políticas nacionales. Pactaría con los que piensan que mejor cualquier cosa antes que un político de derechas a cinco kilómetros a la redonda: la extrema izquierda.

El primer testimonio de esta estrategia se produjo rápido. Con su Peugeot, esta vez sí, llegó a la madrileña cafetería HD. Iba a grabar su primer ataque en picado contra el PSOE. Dentro del local le esperaba Jordi Évole para derrochar durante 70 minutos todo un repertorio de golpes contra la cúpula de su partido, la misma que le había arrebatado el poder mientras él buscaba un pucherazo con una urna escondida tras un biombo. Porque lo cierto es que estuvo dispuesto incluso a eso.

El PSOE, el poder financiero, la prensa… Todos eran parte de una conspiración facha contra él, contra la justicia, la solidaridad y hasta contra el planeta. El mismo político que cerraba un pacto con Cs meses antes, se vestía ahora de proletario revolucionario. Todo le da igual. Si ha mentido diez veces y ha colado, por qué no mentir mil más.

«¿Te ha matado Susana Díaz?», le preguntó Évole en un momento de la entrevista. «No estoy muerto. Aquí estoy», contestó Sánchez.

La entrevista fue todo un anticipo de hasta qué punto era capaz de mentir Sánchez. Tras negar durante meses que él quisiera una alianza con Podemos, el futuro presidente afirmó: «Me equivoqué al tachar a Podemos de populistas, el PSOE tiene que trabajar codo con codo con Podemos». Y fue a más, a mucho más: «Lo importante es la ética y poder mirarte al espejo. Cuando vas por la calle, no tener que agachar la cabeza, ni la mirada tampoco ante tus votantes», dijo.

Acusó a «los embates de los poderes económicos a través de los medios» de boicotear su acercamiento a Iglesias. Cargó contra la prensa por ser «especialmente críticos conmigo. Yo te digo las advertencias que tuve [en referencia a El País] y las consecuencias que hubo».

«Mi error fue firmar solamente con Cs y no con Podemos», explicó. «No sabía lo que significaba entonces, lo que había detrás de Pablo Iglesias». Y solo tras no alcanzar el poder, descubrió el «impulso renovador» de los comunistas, afirmó.

«España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer», subrayó.

Y admitió, por fin, que «hubo conversaciones con los independentistas catalanes». Aunque, según él, nunca para «celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña», porque «una de las principales lecciones que he podido sacar durante estos casi tres años de responsabilidad política al frente del PSOE ha sido comprender la naturaleza de nuestro país».

El nuevo o enésimo Sánchez, pero, sobre todo, el que gobernaría después, estaba en carretera. Con o sin Peugeot, pero en marcha y decidido a pactar lo que hiciera falta para llegar a la Presidencia, aunque fuera el destrozo de España.

Santos Cerdán entra en escena. Y con él, Bildu

Una nueva figura hizo acto de presencia por aquellas fechas. No era un gran conocido de la opinión pública, pero sí una persona decisiva en la evolución de Sánchez. Su nombre era Santos Cerdán y más tarde asumiría el cargo de jefe de toda la organización territorial del PSOE. Él sería el encargado de unir para siempre los designios de Sánchez a los del separatismo.

Sánchez era madrileño. Como hemos visto, de colegio y universidad privada. Alumno del Ramiro de Maeztu, del Estudiantes, del PSM, y criado en una casa cerca del paseo de la Castellana. ¿Cómo acabó embebido del separatismo y entregado a su control?, se preguntará mucha gente. La respuesta es solo una, pero le llegó por dos frentes: el primero, descubrir que solo siguiendo la estela de Rodríguez Zapatero de entregarse a Bildu, ERC y Podemos podría gobernar y reencontrarse con unas bases del partido lobotomizadas desde la época de ZP; y el segundo, que eso es lo que le explicó con detalle Santos Cerdán.

Él era y es un técnico en Electrónica Industrial FP II, cuya experiencia profesional era de técnico de mantenimiento en empresas del sector agroalimentario. Pero, Cerdán, navarro —⁠de la localidad de Milagro⁠—, era algo más. Fue una de las personas que con más agrado se entregó desde el principio a las tesis separatistas, y ser separatista en Navarra es más que ser un nacionalista extremo, es no tener reparos en pactar con los proetarras de Bildu.

Santos Cerdán ha sido el hombre fuerte del PSN-PSOE desde hace más de una década, claramente con más ascendente e influencia sobre Sánchez que la presidenta navarra y socialista, María Chivite. Él fue el que con más rotundidad descartó cualquier alianza o pacto con UPN y quien con más ahínco defendió que el camino de los socialistas en Navarra y el País Vasco debía ser el de Bildu, Podemos y —⁠de forma temporal⁠— Geroa Bai o PNV. Su Arcadia es un frente de izquierdas, sin PNV. Su rasgo más característico es el enfrentamiento a todo lo que pueda sonar a derecha.

Por decirlo de una manera fácil de entender, Santos Cerdán es todo lo contrario a aquello por lo que lucharon siempre Gregorio Ordóñez, Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Es uno de los cerebros de Sánchez. Lo fue ya en aquel renacer de las cenizas del futuro presidente de España que retomaría un proyecto rupturista ya clásico: el del cordón sanitario contra el derecho de los liberales y conservadores de poder gobernar, contra la Transición y contra la Constitución.

Sin duda, Sánchez contó con ayuda en su nuevo asalto al poder. El hombre que no había sido capaz de realizar su propia tesis doctoral, de pronto, sería capaz de retomar, por segunda vez consecutiva, el poder de uno de los partidos más poderosos de España. Pretendió que creyéramos su logro a través del relato y la imagen que se fabricó y que después plasmó en su libro Manual de resistencia. Siempre a lomos de su Peugeot.

Lo cierto es que desde el primer momento le acompañó un equipo. O varios. Porque en las alturas siempre sobrevolaron José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco. Pero uno de esos grupos fue mucho más llamativo y operativo que el resto. El «equipo Sugus» fue el que acertó al apostar por la fuerza de las redes sociales.

Encabezados desde 2014 por José Cepeda, quien más tarde renegaría de Sánchez y pasaría a apoyar a Susana Díaz, formaban parte de ese equipo gente como Juan Manuel Serrano, posteriormente premiado como presidente de Correos; Maritcha Ruiz Mateos, recompensada igualmente como presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Teresa Cunillera. En uno de los puestos clave estaba también una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán: Guzmán Garmendia, experto en nuevas tecnologías.

Muchos de los integrantes de ese equipo Sugus siguieron fieles a Sánchez hasta el final. De hecho, fue con ellos con quienes acabó definiendo el primero de sus gobiernos tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Trabajaron, como ya hacían desde su primera etapa en 2014, frente a un cenicero repleto de caramelos Sugus. De ahí el nombre.

Este grupo, experto en las mismas técnicas de creación de opinión por medio de las redes sociales que tantos frutos le dio a Podemos, fue el encargado de volver a catapultar a Pedro Sánchez. Y eso no es gratis, por mucho que todos ellos se vendieran como personas ilusionadas y altruistas fans del futuro presidente.

Tuvieron reuniones en el hotel Vincci Soho de Madrid, en sedes del PSOE como las de Tetuán y La Latina y hasta en centros de coworking en la calle Serrano. Infinidad de encuentros hasta tejer una potente red movilizadora del voto que ya dio sus frutos en 2014 y volvió a darlos en 2017.

Como sabemos, uno de los grandes asesores de Sánchez en su ascenso a los cielos del poder fue Iván Redondo, que ya le había ayudado en su segundo triunfo en las primarias del PSOE de 2017. Fue él quien cerró el acuerdo definitivo con Pablo Iglesias para materializar el gobierno de unión PSOE-Podemos en 2019, una vez constatado que el acuerdo con Cs era impensable sin la venia de Pablo Iglesias.

Pedro Sánchez contó con los medios necesarios para su campaña. Conectó con unas bases que ya habían sido retorcidas moral e ideológicamente por Zapatero desde el año 2000 para que asumieran como algo normal un «frente de izquierdas» que llevase dentro el virus de la negociación con ETA, con Batasuna y con los futuros golpistas de ERC. Lo cierto es que todos y cada uno de los supuestos eternos rebeldes del PSOE, como Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page, asumieron que así estaba el tema y que, por mucho que pidieran en 2016 que se frenaran los pactos con comunistas y separatistas, el camino del PSOE estaba ya marcado por las negociaciones de 2006 con ETA que había patrocinado y materializado Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez (http://cadenaser.com/tag/pedro_sanchez_perez_castejon/a/) se impuso en las primarias de 2016. Logró el 50,21 por ciento de los votos frente al 39,94 que obtuvo Susana Díaz (http://cadenaser.com/tag/susana_diaz_pacheco/a/) y el 9,85 de Patxi López. La historia estaba sentenciada.

Sánchez volvía. Y lo hacía para cumplir con el designio de lo firmado por el último de los negociadores con ETA. Él ya lo haría con Bildu, que es la forma de mantener los pactos con la banda terrorista. Pactos que no fueron rotos y que siguieron vigentes mientras gobernaba Mariano Rajoy. Su moción de censura contra el presidente popular triunfó con el apoyo de comunistas, separatistas y proetarras. Por eso nunca llegó a tomarse en serio las supuestas negociaciones de 2019 con Albert Rivera para intentar una gobernabilidad con Cs. Porque, como gritaron sus bien seleccionadas bases «¡con Rivera no!» tras su triunfo en las elecciones generales de abril de 2019, tenía muy claro cuál era su mandato y con quién debía cumplirlo. Por eso nunca ha llegado ni llegará a ningún pacto en favor de España con el PP. Por eso no tiene ningún sentido pretender acordar nada con él. Sin ese mandato asumido por Sánchez, él no tenía sentido al frente del partido.

De ahí que todo lo que ha ocurrido después llevara la marca de Bildu y ERC: excarcelaciones de etarras, indultos a golpistas, eliminación del delito de sedición, ataques a la cúpula de la Guardia Civil, vaciado de las competencias de la Benemérita en Navarra, avance del denominado frente de izquierdas con Bildu y ERC, y hasta el acuerdo de Gobierno con Podemos. Porque ese era el camino que Sánchez debía tomar si quería ser presidente. Nunca quiso repartir el poder con Pablo Iglesias pero, no nos equivoquemos, no para hacer otra cosa diferente de lo que ha hecho siempre, sino para gozar de más autoridad y disponer de una única voz en sus pactos con Bildu y ERC. Su voz. Sánchez conoce bien el esquema diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero, y sabe que el papel de Podemos, bajo los designios de Venezuela, es el de ser un controlador y posible reemplazo en caso de que el PSOE no haga lo que debe. Y lo que debe, tal y como lo definió ZP, es pactar con Bildu y ERC a mayor gloria del denominado frente de izquierdas, una versión 2.0 del Frente Popular.

Todo esto, ya lo sabemos, Sánchez lo llevó a cabo tras mentir radicalmente a la población y pregonar a los cuatro vientos que nunca pactaría con quienes después lo hizo.

El reencuentro que aplaudió Bildu

Pese a todo, a Sánchez le costó enterarse de cuál era el camino que le convenía personalmente si quería llegar a la Presidencia de España. Intentó crear un estilo propio de mandar y fracasó con sus modos de chico acomodado de universidad privada, acostumbrado a vivir en una de las zonas caras y representativas del cinturón del Madrid financiero. Pero tras perder en 2016 las elecciones generales y la Secretaría General del PSOE, aprendió la lección.

Después de su ascenso al control del PSOE en 2014, llegó una fase de desencuentro con Zapatero. Él y Pepe Blanco habían sido sus valedores y ascensores políticos, porque Trinidad Jiménez carecía de fuerza para hacerlo sin permiso de sus mayores. No obstante, Sánchez siempre quiso tener vida propia.

El futuro presidente decidió que la presencia del PSOE en Caja Madrid —⁠donde él estuvo y se benefició⁠— había sido un error; que los indultos de Zapatero, y, en especial, el concedido al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por un delito en la época en que fue presidente de Banesto, fueron un error; que los recortes de ZP fueron otro imperdonable error; y que aceptar las condiciones de la UE para evitar la quiebra total de España a partir de mayo de 2010, también lo había sido.

Simplemente había llegado el momento de apartarse del mismo Zapatero que le había hecho subir y que ahora, pensaba Sánchez, ya no le compensaba. ZP llevaba la mancha de la ruina financiera y de los recortes sociales, y él no quería para sí ese cartel. Pedro Sánchez hizo gala de su concepto tradicional de la lealtad y la gratitud. Nadie está a salvo a menos que siga sirviendo a sus intereses personales.

Desde otoño de 2014 —es decir, pocos meses después de llegar al Olimpo del PSOE⁠— Sánchez se había empeñado en crear una imagen antagónica a la de Zapatero. Creyó que ya no le necesitaba. Decidió que lo suyo en ese momento era el ascenso a la Presidencia del Gobierno y empezó a atacarlo con dureza, tachándolo de falso socialista por reformar el artículo 135 de la Constitución. La realidad es que ese cambio en la Carta Magna lo exigió Europa para rescatar a España e implicaba la garantía de que devolveríamos los préstamos internacionales. Sin esa reforma no habría habido dinero y el país habría ido directo a la ruina por culpa del PSOE. Esto habría acabado con la expectativa de un Gobierno de la izquierda española durante mucho tiempo y habría dificultado mucho la agenda separatista pactada por ZP. Zapatero, claro, se sintió dolido por la deslealtad de su pupilo.

Para colmo, Zapatero decidió organizar la hoja de ruta de Sánchez demasiado a la vista: quedó a cenar con Pablo Iglesias. El secretario general del PSOE se enteró por la prensa de que le estaban planificando el futuro. ZP no le advirtió. Normal, lo prioritario era la agenda comunista, proetarra y separatista. Si Sánchez se negaba a asumirla, siempre habría otro que valorara el Falcon.

El propio Felipe González se refirió a aquella cena entre Zapatero e Iglesias con una frase descriptiva: «Por favor, no me pregunten esas cosas, yo estoy a dieta, a ver si adelgazo, y no ceno».

No molestó a todos aquel encuentro decisivo para el futuro. Lo organizó José Bono, el ministro de Zapatero involucrado en la polémica venta de buques de guerra a Hugo Chávez que enfadó a Estados Unidos. Se trataba de una reunión «estrictamente personal», según se aseguró más tarde.

Zapatero describió su cita con el líder del partido más cercano a la narcodictadura chavista con los siguientes calificativos: «Interesante», «cordial» y «correcta». Es más, no negó que hablaron especialmente de Hispanoamérica y del euro, asuntos que preocupan mucho al Grupo de Puebla. «Todo lo que sea para que desaparezca el grito de “no nos representan” es bueno para la democracia», aseguró el expresidente por aquellas fechas. Zapatero supo jugar sus cartas para explicarlo de forma que Sánchez lo entendiera, y no dudó en mostrar su apoyo a Susana Díaz, pero Sánchez acabó captando el mensaje.

El reencuentro no tardó en llegar y en escenificarse. Zapatero y Sánchez mostraron en público su pacificación en un acto en octubre de 2015, a poco más de dos meses para las elecciones generales. El exministro de Industria Miguel Sebastián se ocupó de tender una línea férrea entre ellos, sin ocultar afecto por los dos. El encuentro se produjo en la sala Bertelsmann, en la presentación del libro de Sebastián La falsa bonanza. El título venía que ni pintado.

Allí estuvieron José Bono, Elena Salgado, Trinidad Jiménez —⁠cómo no⁠—, Valeriano Gómez, Jesús Caldera o Magdalena Álvarez, una de las condenadas por el caso de los ERE.

Zapatero no pudo ser más claro. Pronunció una frase en aquel acto altamente reveladora, mostrando su apoyo explícito a Sánchez. Profetizó: «Tienes una alta responsabilidad y vas a tener la más alta». Sabía de lo que hablaba. «En esa posición, lo normal es que te lluevan las críticas y los consejos, es inevitable. Pero hay que intentarlo y lo vamos a hacer, que sobre todo te lluevan las ayudas, que es lo más importante pensando en este país», sentenció Zapatero. Y tuvo las ayudas para gobernar: las de Podemos, Bildu y ERC, el cordón sanitario diseñado por él tras sus negociaciones con ETA para garantizar al PSOE una larga gobernabilidad en España. El objetivo de acabar con la Transición y la Constitución española no es un cometido de tres días. Requiere de un largo periodo de ataque institucional, reeducación de la ciudadanía, reescritura de la historia y sembrado cultural para un nuevo proceso constituyente. Ese ha sido el empeño que ha patrocinado Sánchez con su Ley de Memoria Democrática, su ley de adoctrinamiento en las escuelas, sus ataques a la prensa libre, su blanqueamiento de los pactos con los proetarras, sus indultos a los golpistas y su demolición del delito de sedición.

Sánchez respondió a Zapatero en aquel encuentro: «Agradezco públicamente que todos los días de todos los meses que llevo al frente del PSOE, si ha habido alguien que me ha apoyado, que me ha dado aliento y que me ha trasladado su consejo fruto de su experiencia y de su conocimiento en primera persona, ha sido José Luis».

A pesar de lo claro que fue Zapatero, y de lo evidente del trasfondo de sus pactos con Bildu y ERC, Sánchez tardó en asumirlo del todo. En concreto, algo más de un año.

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PEDRO, «NO ERES TAN GUAPO COMO PARA SER TAN GILIPOLLAS»

La batalla de Pedro Sánchez en el PSM no fue, ni por lo más remoto, su pelea más importante. Pero sí la que le lanzó políticamente y la que desembocó en su primera venganza. Pedro Sánchez no ha mostrado a lo largo de su carrera piedad frente a sus derrotados, se llamen Carmen Calvo, Adriana Lastra, José Luis Ábalos o Iván Redondo. Cuando alguien le puede aportar algo se acerca; cuando deja de serle útil, no muestra el menor reparo en apartarlo por completo.

En Madrid lo puso en práctica. Tomás Gómez fue borrado del mapa político. Sin embargo, Antonio Miguel Carmona corrió mejor suerte, simplemente, por su capacidad para amoldarse al entorno empresarial, aunque no por falta de ganas del líder socialista de acabar con él.

Sánchez expulsó literalmente a Gómez en febrero de 2015. Para esas fechas, Carmona ya se había hecho con la candidatura a la Alcaldía de Madrid por parte de los socialistas. Sánchez nunca le quiso, pero el profesor de Economía, amigo personal y defensor de Tomás Gómez, contaba a su favor con el aval de prácticamente la mitad de los militantes del PSOE en Madrid —⁠gracias a la renuncia de Jaime Lissavetzky como cabeza de lista⁠—, y con un firme respaldo de la mayoría de los dirigentes locales. Aquello se convirtió en una muralla insalvable para Sánchez, aunque no impediría el boicot continuado a su candidatura.

Carmona, seguidor de Felipe González y de Joaquín Leguina, era una persona muy próxima a uno de los líderes que más ha podido despreciar a Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba. De Podemos llegó a asegurar que «solo a Forrest Gump se le puede ocurrir impagar la deuda cuando los tipos de interés están cerca del cero por ciento». Y con Sánchez, su escalada de tensión llegó al punto de espetarle en 2016 —⁠cuando perdió la Secretaría General del PSOE⁠—: «No eres tan guapo como para ser tan gilipollas», tal y como fuentes cercanas a la cúpula madrileña socialista han confirmado con total rotundidad.

No eran perfiles diseñados para ser compatibles y la pelea surgió desde el primer momento. Cuando algo no sale como Sánchez quiere, él nunca renuncia a cambiarlo. Si tiene que elegir entre cumplir sus deseos o ayudar a su propio partido, no lo duda, prioriza sus intereses por encima de los de su formación.

Así que Carmona tuvo que luchar contra dos frentes durante su campaña por conquistar Madrid: contra la derecha, aunque con la inestimable ayuda de las filtraciones anti Esperanza Aguirre del departamento comandado entonces por Cristóbal Montoro —⁠que filtró la mismísima declaración de la renta de la candidata local de su propio partido⁠—, y contra Ferraz. Es decir, contra Sánchez, que no dudó en bombardear a su propio candidato con el argumento interno de que generaría problemas y un foco de disidencia desde el Ayuntamiento de Madrid —⁠en caso de conquistarlo⁠— y de que lo mejor para desestabilizar al PP nacional era dejar que Esperanza Aguirre ganara la capital. El razonamiento no podía ser ni más peregrino ni más falso. Nada hubiese podido ayudar más al PP nacional en aquel momento que contar con una figura alternativa implantada con fuerza y en auge como Esperanza Aguirre, que contrarrestase la desafección que provocaba Rajoy y que tuvo como consecuencia el auge, no de uno, sino de dos partidos, Ciudadanos y Vox a costa de lo que antaño había sido una única bolsa de votos del Partido Popular. Pero eso no estaba en los planes de Mariano Rajoy ni en los de Pedro Sánchez. Probablemente fueron las elecciones más surrealistas de los últimos tiempos. Se trataba de la capital del país, y ni Génova quería que ganara su candidata, Aguirre, ni Ferraz que ganara el suyo, Carmona. Visto lo visto, no es tan extraño que ganara la alcaldía Manuela Carmena, esa persona mitificada por la izquierda que fue incapaz de revalidar su cargo pese a contar con el inmenso apoyo de la prensa, y tras haber demostrado no tener ni idea de gestionar un consistorio, hasta el punto de que sus cuentas fueron intervenidas por el Ministerio de Hacienda por no saber ni gastar el dinero que recaudaba a espuertas de los madrileños. En medio quedaron Esperanza Aguirre, Antonio Miguel Carmona y, cómo no, todos los votantes de uno y otro partido que no daban crédito a lo que sucedía mientras observaban la traición de las formaciones con sus propios candidatos.

El PSM no ha levantado cabeza desde entonces. Regaló sus votantes a Manuela Carmena, a un partido nuevo convertido en marca blanca de Podemos, con tintes personalistas y megalómanos. Pedro Sánchez lo promovió con tal de vengarse de su enemigo. Mónica García heredaría todo ese voto, fuera ya del alcance del PSM-PSOE. Con tal de ejercer su poder y hacer realidad su venganza, Sánchez había sacado a su propio partido de la carrera electoral por la capital de España.

Su pelea sucia contra Carmona incluyó que Ferraz ordenase bombardear la campaña del candidato socialista a la Alcaldía. Memes y diversos mensajes en redes salieron de la factoría socialista animando a votar a Manuela Carmena. Se lanzaron algunos en los que se mostraba como la mejor opción un ticket de izquierdas compuesto por Ángel Gabilondo —⁠este sí, del PSOE⁠— como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y Manuela Carmena como candidata a la Alcaldía por Ahora Madrid, con el apoyo de Podemos.

Estos mensajes virales, lanzados a la opinión pública como campaña popular anónima, junto con otros personales remitidos a altos cargos del PSOE, solicitaban el voto de los socialistas para una persona ajena al partido, algo rara vez visto en política. Es de suponer que aquel episodio de confusión y propaganda en redes no produjo ni el más mínimo pestañeo a Pedro Sánchez.

La pelea con Carmona comenzó antes de la campaña. Sánchez intentó controlar la lista del candidato madrileño para forzar su dimisión una vez que hubiese fracasado, y exigir que tomara el control la pretendida número dos: Beatriz Corredor. El encargado para presionar fue César Luena, luego políticamente decapitado por haberse apartado de Sánchez. Carmona vio la jugada. Zapatero también la vio y le respaldó en su oposición al manoseo de la lista. En ese momento, Zapatero solo veía en Sánchez al niño de universidad privada y tesis doctoral regalada que realmente era. Todavía no había descubierto al potencial aliado del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. ZP tampoco sabía entonces que el ansia de poder del futuro presidente estaba muy por encima de su ascendencia.

Tras consultar con varios de los líderes nacionales, Carmona rechazó frontalmente el intento de Sánchez de colocarle a Beatriz Corredor. La maniobra volvía a definir a Sánchez. El candidato a la alcaldía se defendió situando como número dos a Purificación Causapié. Lo hizo porque era uno de los perfiles con menor implantación entre sus propios votantes, una de las personas menos queridas y menos valoradas, según los estudios realizados por los socialistas. Creía que, de ese modo, Sánchez no se atrevería a forzar su relevo para que le sustituyera su segunda. Carmona desconocía la verdadera naturaleza de su contrincante. En agosto de 2015, Sánchez fraguó el asesinato político de Carmona elevando a Causapié. El argumentario filtrado en aquel momento destacaba que era «la persona mejor cualificada para ponerse al frente del Grupo Socialista». Había «ocupado cargos relevantes en la Junta de Andalucía, había sido secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal con Rubalcaba y también directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, así como secretaria general para la Atención a la Dependencia con José Luis Rodríguez Zapatero». Dependencia fue un área que nació sin fondos y nunca llegó a funcionar por la falta real de un presupuesto serio.

Atrás habían quedado los intentos de Sánchez de convencer por las buenas a Carmona de que tenía que dejar de ser él mismo para convertirse en su apóstol. Firmar la paz era imposible.

El gran error de Carmona que dio la victoria a Sánchez

El resultado electoral dio media victoria a Sánchez. El PSOE había perdido posiciones al alcanzar solo 9 concejales. La contracampaña y el auge de Podemos impulsaron a Manuela Carmena hasta el punto de convertirse en la segunda fuerza con 20 concejales. La primera fue el PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza y 21 concejales. Pero la derecha no llegó a un acuerdo para sumar los siete sillones logrados por Ciudadanos con Begoña Villacís.

Con tal de aniquilar políticamente a un enemigo interno, Sánchez había ordenado entregar la primera victoria parcial a un Podemos que, más tarde, sería su rival.

La derecha sumaba 28 concejales y la izquierda 29. Pero Aguirre dio con el remedio a la difícil situación a la que se enfrentaban: regalar sin condiciones sus 21 votos a Carmona en la investidura como alcalde con tal de que el comunismo no gobernara Madrid. Así se lo expresó al candidato socialista.

Igual que Esperanza Aguirre había encontrado la solución, Carmona encontró el error, posiblemente el mayor de su vida: rechazó la oferta. Lo hizo porque Pedro Sánchez prometió vengarse de él si aceptaba la invitación de la popular. Podía haber sido uno de los mayores ejemplos de que un pacto entre dos candidatos respetuosos de la Constitución era posible en España; de que podía haber otro perfil en el PSOE ajeno a los tripartitos y los cordones sanitarios; de que no era necesario que en el PSOE hubiera acercamientos a ETA ni a ERC porque podía entenderse en cuestiones pilares y estructurales con el PP. Pero Carmona dijo no. Y Sánchez venció.

El jefe de los socialistas demostró su capacidad de aniquilar políticamente a sus rivales dentro de su formación, y generó un temor muy útil para remodelar sin piedad el partido tras su segunda y definitiva llegada a la cúpula del PSOE en 2017. Un miedo que caló en los huesos, entre otros, del extremeño Guillermo Fernández Vara. Alentado por su antaño enemigo Iván Redondo, plegó rodilla tras el segundo ascenso de Sánchez.

Si Zapatero fue bautizado por Alfonso Guerra como «Bambi» con cuernos de acero, Sánchez demostraba que Pedro «el Guapo» era lo más parecido a su grupo de música preferido: The Killers.

5

EL PRECIO DE LA PRESIDENCIA: LA HOJA DE RUTA DE ETA

Pese a que Pedro Sánchez afirma que «una de las cosas por las que pasará la historia» es la exhumación de Franco, la realidad es que su único peso histórico es el de haberse prestado a uno de los ataques coordinados más duros contra el constitucionalismo español. Ni siquiera eso dará lugar a una página de la historia en su recuerdo, porque el diseñador original de ese ataque a la Transición y la Constitución española de 1978 fue José Luis Rodríguez Zapatero, no él.

ZP llegó al poder en 2004 y con él entraron inmediatamente en escena un par de personas aparentemente ajenas a su forma de pensar: José Bono y Raúl Morodo. Los dos tienen planteamientos ideológicos alejados de los del autor de los tripartitos, del refuerzo europeo del Grupo de Puebla y de los grandes pactos con ETA, pero sí intereses económicos en común. Intereses de peso.

Morodo ni siquiera era diplomático de carrera. Era un catedrático de Derecho Constitucional con conocimiento de idiomas y uno de los artífices durante la Transición del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván. José Bono fue uno de sus pupilos y la amistad entre ellos surgió de inmediato. Tras unas primeras elecciones democráticas con un más que lamentable resultado electoral, ambos optaron por el reacomodo en el PSOE. Lo suyo ha sido siempre el reacomodo fructífero.

En 2004 Zapatero estrenó el despacho de La Moncloa y eligió a José Bono, que entonces era presidente de Castilla-La Mancha, como ministro de Defensa. A la postre se revelaría el motivo de esta extraña alianza. Fue Bono quien se encargó de señalar al presidente un importante foco de beneficios. Le pidió la embajada de Venezuela para Raúl Morodo, y Zapatero no tardó en comprender la importancia del chavismo en su esquema mental, el que más tarde hizo suyo Pedro Sánchez. Esa perspectiva ha debilitado el entramado internacional habitual de España para dejarlo a merced de las dictaduras comunistas que comandan el Grupo de Puebla de los Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, etc.

Hugo Chávez había superado en 2002 un polémico golpe de Estado que pudo desalojarle del poder antes de blindar su dictadura. El fundador del chavismo se percató en ese momento de que si quería eternizarse en el poder y deseaba enriquecerse sin fin debía fortalecerse dentro y fuera de Venezuela. Fue entonces cuando se produjo su radicalización y comenzó la aceleración de su dictadura bolivariana. Pero también entendió que necesitaba contar con alfiles europeos que expandiesen su doctrina y boicotearan las sanciones europeas contra su economía por sus violaciones de los derechos de los venezolanos.

De esa manera surgió la conexión entre Morodo, Bono y Zapatero. Un trío de lujo para un comunista en expansión que controlaba las mayores reservas de petróleo del planeta. Recursos y una riqueza natural incalculables para el interés político y los negocios.

Venezuela también alimentaba de dinero y petróleo a la dictadura cubana, y era un refugio estrella de los etarras. Qué mejor manera de entenderse con los asesinos de la banda terrorista que a través de un dictador comunista convertido en su ángel salvador: el comandante más querido por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Chávez y Zapatero entendieron bien la necesidad de encontrarse en el camino.

De ese entendimiento y de esos contactos surgió un plan: el cordón sanitario al PP. ¿Por qué gobernar España disputándose las alianzas de CiU y PNV —⁠nacionalistas de derechas⁠— cuando se puede formar un frente popular netamente de izquierdas comprometido con el avance comunista?, pudo preguntarse el máximo impulsor del revisionismo histórico español. Aún más, ¿por qué dejar espacio político al PP, o a PNV y CiU, si pueden ser arrinconados, desfigurados, acomplejados o incluso sustituidos por operadores de izquierda como ERC y los herederos políticos de ETA?

Por encima de todo, ¿por qué aceptar la Transición y el proceso constituyente que alumbró la Constitución de 1978 y que sentó y legitimó en España una monarquía parlamentaria cuando, fruto de la creación de un nuevo frente de izquierdas, se podría abrir un proceso constituyente que instaurase una república socialista? Ese fue y es el plan, la estrategia a la que acabó amoldándose ese chico bien de universidad privada llamado Sánchez a cambio de gobernar con todo el apoyo de Venezuela y Zapatero. Por eso pudo visitar España Delcy Rodríguez. Sin el apoyo de Podemos La Moncloa era inalcanzable, tal y como le demostraría Iglesias a Sánchez en 2016.

Las actas de ETA: el precio de la traición

Durante mucho tiempo la historia de ETA se ha ligado, y así sigue siendo, a la de sus alianzas con el PSOE, algunas aparentemente públicas, pero todas con contenido secreto, al menos parcialmente. El culmen de esta dinámica se alcanzó con dos presidentes: José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. El primero diseñó y reforzó las bases de los actuales acuerdos: unos pactos alcanzados sobre la premisa de que ETA tenía que entrar en política, barrer al PNV y evitar así un pacto de los nacionalistas con el PP. Por eso se emprendió un plan similar en Cataluña con ERC, para sustituir a CiU y evitar que el nacionalismo de derechas pudiese aupar al PP al Gobierno de España. Se trataba del famoso cinturón sanitario, un esquema que regalaba al separatismo de izquierdas el control del País Vasco y Cataluña a cambio de que la formación negociada con ETA y ERC dieran la gobernabilidad nacional siempre al PSOE. La idea tenía un nombre: el frente amplio de izquierdas, una aberración que suponía quedar en manos de los proetarras y de los golpistas separatistas. Pedro Sánchez no solo llegó a la obscenidad de asumir esa herencia para ascender al poder, sino que observó y santificó la conservación de su alianza con los proetarras, por mucho que Bildu incorporase a cuarenta y cuatro exterroristas en sus listas municipales de 2023, incluidos siete etarras condenados por asesinato. Sin inmutarse. Además, amplió su acuerdo de forma decidida en Navarra, regalando inmensos espacios de poder directo a los proetarras que siempre han querido subyugar a la comunidad foral.

Pero antes de la llegada de Zapatero al poder hubo un paso previo, uno que demuestra que, tras el lamentable e imperdonable episodio del terrorismo de Estado de los GAL para acabar con ETA —⁠contra el terror se lucha con la ley y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una defensa lícita y ejemplar, no con tácticas de ilegalidad absoluta y criminal⁠—, los socialistas trataron de buscar un pacto con los terroristas. Bajo la influencia de Felipe González —⁠que perdió el poder en 1996⁠—, Alfredo Pérez Rubalcaba se encargó de mostrar a Nicolás Redondo Terreros, secretario general del PSE, su desacuerdo sobre un posible pacto con el PP de Jaime Mayor Oreja para concurrir a las elecciones de 2001 juntos contra el PNV. Ya en aquel momento, tanto González como Rubalcaba pensaban que ETA debía abandonar el terrorismo para incorporarse a la política. Como si el terrorista tuviese un fin lícito en sus exigencias criminales.

Uno de los últimos y mayores episodios de dignidad en la política vasca se vivió entonces de la mano del candidato popular entonces, Jaime Mayor Oreja, y de la del líder socialista, Nicolás Redondo Terreros, que aceptaron aparcar las diferencias ideológicas para pelear por tres cosas muy sencillas: acabar con ETA, defender la Constitución y arrinconar al nacionalismo en defensa de la unidad de España. Por desgracia, aquel intento quedó en nada por un puñado de votos. En las elecciones al Parlamento vasco del 13 de mayo de 2001 el PP logró 19 escaños —⁠en las elecciones de 2020 se tuvo que contentar con 6 tras perder otros 3 diputados⁠—; el PSE-PSOE logró 13 —⁠en 2020 tuvo 10 escaños que solo le sirvieron para tener cargos y una casi nula influencia real, porque Sánchez no la exigió a cambio de que el PNV le apoyara en el Congreso de los Diputados⁠—; y el PNV se hizo con 33 escaños. El Partido Nacionalista Vasco salvó el posible jaque mate por un solo escaño que cambió la historia y nos sumergió en lo que hoy vivimos en el País Vasco.

Cinco días después de las elecciones al Parlamento vasco, Juan Luis Cebrián escribió su más que conocido y lamentable artículo «El discurso del método», oficializando la versión de un PSOE que renegaba ya para siempre de cualquier intento de alianza constitucionalista contra el nacionalismo. Zapatero, que había llegado a la Secretaría General del PSOE menos de un año antes —⁠el 22 de julio de 2000⁠— pasaba a tener las manos libres para arrinconar a Nicolás Redondo y dar rienda suelta a los pactos en favor del separatismo firmados en 1998. Primero el acordado entre el PNV, EA y ETA, un texto elaborado a propuesta de los terroristas y modificado por el PNV en junio de 1998. ETA prometía un alto el fuego indefinido, y se complementaba con el compromiso de no cerrar la puerta del acuerdo a otras fuerzas políticas —⁠parece evidente que pensaban en el PSOE⁠— y de no hacer públicos los acuerdos unilateralmente. Todo un ejercicio de medida estratégica de demolición nacional y de opacidad. El segundo fue el famoso y letal Pacto de Estella, firmado el 12 de septiembre de 1998 en la mencionada localidad navarra, aceptado por la totalidad de los partidos nacionalistas vascos y por Ezker Batua, Batzarre, Zutik, EKA y un largo listado de sindicatos y asociaciones separatistas con el fin de respaldar un «proceso de diálogo y negociación» con ETA que permitiera su reconversión y cese del terrorismo.

Todo eso se encontró Rodríguez Zapatero encima de la mesa. Y todo eso lo pudo usar libremente tras la derrota por un escaño del último intento potente y con posibilidades reales de recuperar el País Vasco para el constitucionalismo arrinconando al separatismo.

En este punto de la historia es conveniente recordar el contenido de una parte de las actas de las negociaciones entre el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y ETA. Unos documentos que fueron incautados el 20 de mayo de 2008 al terrorista Francisco Javier López Peña, «Thierry», tras su detención en Burdeos. Y es importante porque sin conocer el contenido de esa negociación —⁠toda una humillación del aparato estatal ante una ETA derrotada a golpe del sacrificio y la vida de policías y guardias civiles⁠— es imposible entender el resto de pasajes de la historia política reciente de España. Como ya se ha destacado, allí se pactó, entre socialistas y etarras, la radicalización plena del PSOE, el apoyo a ERC en Cataluña, el respaldo a Bildu en el País Vasco y la alianza decisiva de ambos con el PSOE en el Congreso de los Diputados a cambio de caminar con paso firme hacia la destrucción del actual concepto de unidad nacional y hacia la demolición de la Transición y de la Carta Magna del 78.

El premio gordo para Zapatero fue doble. Por un lado, crear un férreo cordón sanitario contra el PP —⁠que, a partir de ese momento, no tendría que cosechar más votos que el PSOE para gobernar, sino más votos que los socialistas, los comunistas, los separatistas y los proetarras juntos⁠—. Y, en segundo lugar, que ZP ganaría tiempo gobernando más mandatos que la derecha, para vencer en su particular guerra civil y avanzar hacia una ensoñada república plurinacional.

Por eso le molesta tanto a la izquierda que se recuerde el papel de ETA. Por eso no dejan de repetir eso de «otra vez a vueltas con ETA» cada vez que un político o periodista recuerda lo ocurrido. Por eso ha tenido Sánchez el empeño urgente de blanquear a Bildu. Y por eso se ha borrado la historia de ETA de la inmensa mayoría de los programas educativos. El asesino tiene que pasar a ser el bueno. Los verdaderos héroes de la lucha contra ETA son los fachas. El actual PSOE lleva en sí el pecado original de una reconstrucción nacional diseñada bajo el dictado de una banda terrorista.

Los papeles incautados a Thierry revelaron la sumisión de los socialistas ante la banda terrorista. Con todo lujo de detalles. Esas actas, aun sin estar completas, forman ya parte de una historia de vergüenza que siempre arrastrará el PSOE.

Las actas revelaban que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA en sus negociaciones diseñar y crear un órgano común para el País Vasco y Navarra. Era la primera piedra de la Euskal Herria ansiada por los etarras y los separatistas vascos. El germen de una futura nación negada en la Constitución española. Para ese fin sobra la Carta Magna y el rey de todos los españoles.

Zapatero y sus emisarios también ofrecieron a los asesinos la legalización de Batasuna, brazo político y parte de la banda terrorista, que, efectivamente, se convirtió en la semilla de Sortu y Bildu. Por algo el líder de ambas formaciones es Arnaldo Otegi, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, antiguo miembro de la banda terrorista ETA político-militar y de ETA militar, exparlamentario vasco de las ilegalizadas Herri Batasuna y Euskal Herritarrok —⁠la Justicia tumbó ambas marcas por formar parte del entramado de ETA⁠—. Otegi ha sido encarcelado en cinco ocasiones, entre otras cuestiones, en 2009, por un delito de pertenencia a banda armada en el caso Bateragune, aunque el juicio fue anulado en 2018 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los negociadores de Zapatero ofrecieron a los terroristas gozar de impunidad para no ser detenidos, algo rotundamente certificado con el tristemente conocido caso Faisán. Adicionalmente, se comprometieron a liberar al etarra Iñaki de Juana Chaos y a otros presos enfermos, y cumplieron su palabra. Esto ocurrió durante el mandato de Zapatero, pero también con Mariano Rajoy, cuando se excarceló —⁠alegando un cáncer terminal⁠—, a Josu Uribetxebarria Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y por el asesinato de tres guardias civiles. Salió de prisión por enfermedad terminal y no murió hasta dos años después.

Los enviados socialistas ofrecieron en aquellas negociaciones eliminar la doctrina Parot, cosa que también sucedió cuando el sillón de La Moncloa lo ocupaba Mariano Rajoy, y con la inestimable ayuda judicial, desde la Audiencia Nacional, del después ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por último, los generosos envidados de Zapatero se comprometieron a buscar una solución al «problema financiero» de la banda terrorista por medio de una organización internacional. La explicación a este último acuerdo deja constancia del grado de confianza de los asesinos en la continuidad del compromiso a largo plazo. Y es que el pacto escondía el hecho de que los terroristas querían poder vivir con recursos garantizados a lo largo de muchos años para dejar de enviar cartas con amenazas y extorsiones —⁠el denominado impuesto revolucionario⁠—. Esa previsión de muchos años implicaba que los siguientes presidentes —⁠Rajoy y, por supuesto, Sánchez⁠— debían asegurar que esa vía de ingresos no se cortaba.

Un punto más se puso encima de la mesa, según narran las actas: que la Guardia Civil debía dejar de ser un obstáculo en el camino de entrada en la política de la banda asesina ETA. Como se llegó a afirmar en los encuentros entre los enviados del Gobierno y los terroristas, «la Guardia Civil solo obedece al duque de Ahumada». Ahora podemos constatar que uno de los grandes empeños de Pedro Sánchez ha sido restar operatividad a la Guardia Civil y barrerla de Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Todo figura en las actas de la banda asesina, tal y como se pudo comprobar después de que la Audiencia Nacional levantara el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre los enviados de Zapatero y los miembros de ETA.

En el material disponible, que no son las actas completas —⁠lo cual hace temblar ante la magnitud de los datos que pueden permanecer custodiados⁠—, se confirma que el jefe de los asesinos, Josu Ternera, mantuvo reuniones con el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, en junio de 2005 en Ginebra, siguiendo órdenes de Rodríguez Zapatero; y se puede certificar que hubo negociaciones políticas entre enviados del Gobierno y los terroristas, y, por supuesto, entre los después inseparables PSE y Batasuna, incluso en fechas posteriores a que ETA matase en la T-4 a dos personas más. Esas actas recogen los planteamientos expuestos en las reuniones de Oslo y las nueve celebradas previamente en Ginebra.

El documento debe ser analizado a la luz de la información puesta en circulación en 2007 por el diario Gara, instrumento de comunicación de los proetarras. Allí se certificó un encuentro previo a todos los citados. Uno de 1999 mantenido por Jesús Eguiguren, Nicolás Redondo Terreros y Txiki Benegas con Arnaldo Otegi en Durango. Porque el primero de los encuentros de Eguiguren con ETA fue anterior a la llegada de Zapatero a la Secretaría General del PSOE y a la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

Y, por si alguien todavía alberga alguna duda sobre el grado de coordinación entre Batasuna y el PSOE, Gara enumeró un total de 25 encuentros entre Arnaldo Otegi, líder de la ilegalizada Batasuna por formar parte de la estructura de ETA, y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, previos a la legalización de los brazos políticos herederos de la banda terrorista. Todo un récord de cotidianeidad. Las citas tuvieron lugar en el caserío Txillare, en Elgoibar, de forma más que rutinaria desde 2001.

Se llegó a tal punto de implicación entre ambos que, desde el entorno etarra se estableció una historia, una narrativa, en la que se dio nombre a los distintos grupos de encuentros. La primera fase de reuniones fue la denominada como «preliminar» que finalizaría en 2002, todo según el boletín oficial de los proetarras, el Gara. Es decir, que los prolegómenos, las bases, se sentaron antes de la llegada de Rodríguez Zapatero al poder nacional justo después de los atentados del 11-M.

La segunda fase es la que comprende entre aquel 2002 y la llegada a La Moncloa del PSOE en marzo de 2004. ETA filtró que fue la banda la que aceptó los escritos de Eguiguren, plasmados en su libro Los últimos españoles sin patria (y sin libertad), para definir lo que los asesinos llamaron las «bases para un arreglo». El libro fue presentado en octubre de 2003 y recogía nada menos que la idea del «diálogo multipartito» entre partidos de la izquierda. Justo lo que se plasmó en el tripartito catalán y lo que se buscó para el País Vasco y Navarra.

El tercer ciclo se abrió, obviamente, tras la llegada al Gobierno de España de Rodríguez Zapatero. En esta última etapa, y según expresión de los proetarras, «las conversaciones secretas» pasaron a plasmarse abiertamente. Todo había sido ya definido. Y es que la propia Batasuna aseguró haber intercambiado en enero de 2005 mensajes directos con el presidente del Gobierno.

Y Sánchez asumió el plan de ETA a cambio de un Falcon

Zapatero expuso todo lo sucedido a su hijo político Sánchez con un doble propósito. El primero, saber si el futuro presidente de España albergaba algún recelo que le impidiese seguir con un programa de actuación pactado con asesinos y que implicaba consecuencias tan profundas para todos los españoles como la modificación constitucional. Evidentemente, confirmó que los escrúpulos no forman parte de la personalidad de Sánchez.

El segundo, conocer su grado de implicación personal en la consecución de una transformación nacional tan profunda que implica la alteración de la estructura territorial española; la revisión de la monarquía parlamentaria, que evidentemente ETA no asumía; la reescritura de la historia de España; la introducción en nuestro derecho de postulados marxistas —⁠porque, como siempre reivindicó ETA, su ideario es marxista⁠—: como, por ejemplo, la vulneración de la propiedad privada y contra la primacía de la iniciativa privada sobre la actividad empresarial pública; la puesta en la calle de asesinos; o la alteración completa del Código Penal para poder desarrollar, bajo permiso tácito, labores de control social con instrumentos como la kale borroka o los futuros CDR.

Zapatero confirmó que un Falcon bien vale para Sánchez una demolición constitucional.

Todo lo hablado en aquellas reuniones entre ETA y los emisarios de Zapatero no era extrapolable a Cataluña por casualidad. Es que debía serlo por estrategia. En el mismo periodo, las conversaciones de ETA con miembros del separatismo catalán eran tan expresas que se habían plasmado en un encuentro al máximo nivel en enero de 2004.

Hay que recordar que ZP rompió el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que él mismo firmó en diciembre del año 2000 en su condición de secretario general del PSOE y líder de la oposición en el Congreso de los Diputados. Y desde ese mismo momento no dejó de fraguar movimientos para pactar con ETA y ERC: justo el esquema que más tarde daría soporte al Gobierno de Pedro Sánchez. Todo contó con el inestimable apoyo y supervisión de Venezuela a través de su bien mandado Podemos. Porque el partido de Pablo Iglesias nació como vigía del PSOE para el correcto cumplimiento de los objetivos de Zapatero, como suplente del PSOE en caso de que los socialistas no marchasen por el camino trazado y diseñado para ellos —⁠por mucho que le fastidie a Pablo Iglesias⁠— y como correa de transmisión con ERC y Bildu —⁠por eso el teléfono de Iglesias figuraba en la lista de la ilegal Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA, tal y como publicó Fernando Lázaro en 2014.

La reunión entre ETA y ERC fue previa a los encuentros formales entre el Gobierno y la organización terrorista. En ella, el conseller en cap de la Generalidad y líder por aquel entonces de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, se entrevistó con los máximos mandatarios del aparato político de ETA: Josu Ternera y Mikel Antza. La cita fue en Perpiñán durante los días 3 y 4 de enero de 2004. José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, no solo era el jefe de los asesinos, sino un prófugo de la Justicia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido su imputación por el atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Pero entonces era parlamentario y, por lo tanto, pudo esconderse tras el aforamiento y permiso del Tribunal Supremo para no ser juzgado. Ternera fue citado definitivamente por el TS el 6 de noviembre de 2002. No compareció. Fue de nuevo citado el 14 de noviembre. Y hasta ahora.

Carod-Rovira nunca negó que aquello formaba parte del entramado negociador de la tregua con los asesinos. Simplemente se limitó a afirmar que no llegó «a ningún pacto, ni ningún acuerdo, ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún Gobierno». Le faltó añadir «presente» y hubiese sido mucho más preciso. Es más, siempre sostuvo que fue ETA quien solicitó el encuentro. Cuestión tan lógica y coherente como el hecho de que sería después Bildu quien sostuvo el mando real sobre los pasos del PSOE y ERC encaminados a la fractura constitucional.

De aquella reunión en la localidad francesa salió el esquema que más tarde toda España vería replicado como argumentario en decenas de ocasiones. Reapareció tanto en las negociaciones con Bildu como con los golpistas condenados por el 1-O e indultados por Sánchez en forma de: «Una vía pacífica y democrática a la consecución de los derechos nacionales para los pueblos del Estado español». La frase parece que fue redactada por el líder de ERC y gustó a los etarras como eje del envoltorio con el que camuflar sus movimientos para dar la vuelta a la Justicia y la Constitución española.

Pero volvamos a las actas incautadas a Thierry, que aportaron más datos sobre esa negra mochila que asumió para siempre Pedro Sánchez. Entre ellos, como ya se ha apuntado, el hecho de que los días 18 y 21 de mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4 del 30 de diciembre de 2006, los enviados de Rodríguez Zapatero insistieron en lo que fue denominado el Acuerdo de Loyola: el inicio de una integración entre el País Vasco y Navarra por medio de la creación de un órgano que los separatistas vascos llaman Euskal Herria.

Quienes pretenden defender al PSOE aseguran que ese paso no suponía un avance hacia la autodeterminación del País Vasco. La frase implica una rotunda falsedad, porque el perceptor de la propuesta era ETA: ¿para qué habría querido la organización terrorista una modificación autonómica? ¿O más bien se propuso como unificación territorial previa en el camino hacia la ansiada Euskal Herria independiente de los etarras?

Las respuestas parecen bastante obvias.

A partir de ese momento las actas narran una curiosa y llamativa evolución de las negociaciones. Empezaron a convocarse dos mesas diferenciadas: una de partidos y otra técnica entre el Gobierno y ETA. En la primera participaron la ilegal Batasuna, dos miembros de ETA, dos del PSOE, dos del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega. Y, de nuevo, surgen preguntas obvias: ¿si a esas alturas Batasuna no era un partido legal, por qué aceptó reunirse para asumir compromisos a largo plazo procedentes de formaciones legales? ¿Cómo pensaba materializar los compromisos alcanzados pasados los años si no podía reclamar legalmente la exigencia de lo acordado? De nuevo, la respuesta a ambas cuestiones parece evidente: ETA y Batasuna ya contaban con el compromiso del PSOE de que el Constitucional aceptaría el paso de Batasuna a Sortu y Bildu. Cuando menos con la promesa de retorcer los mecanismos judiciales hasta el punto de forzar la legalización del brazo político de los terroristas.

Por eso siempre ha sido decisivo para los socialistas el control del Tribunal Constitucional. Porque lo han convertido en el órgano clave en el blanqueamiento de los planes proseparatistas trazados por Zapatero y asumidos como condición de gobernabilidad por Pedro Sánchez.

Las actas también desvelaron otro de los puntos que mimaría más tarde Sánchez en su estrategia: el control de la Fiscalía. Los enviados del Gobierno no dudaron en calificar de «accidente grave» las detenciones de etarras realizadas en el famoso Bar Faisán. En aquel momento, la Fiscalía pasó a encargarse de vigilar el buen rumbo de las negociaciones con ETA garantizando que esos «accidentes» —⁠detener a los etarras⁠— no entorpecieran el cierre de los acuerdos entre socialistas y terroristas. Hay que precisar que el fiscal general en aquel tiempo era Cándido Conde-Pumpido, el que sería hombre clave en el asalto al Tribunal Constitucional por parte de Pedro Sánchez para dar gusto, en esa segunda ocasión, al separatismo catalán. Conde-Pumpido reconoció en noviembre de 2022, a título de comentario entre sus compañeros, que fue «designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo, y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré». Una frase lapidaria que resume la esencia de la forma de ser de Zapatero y el continuismo de esta corriente en Sánchez: la legalidad es relativa y se puede retorcer con tal de alcanzar sus objetivos políticos.

El Faisán… o los faisanes

El Bar Faisán era uno de los epicentros de contacto e intercambio de información clave para la gestión de lo que ETA llamaba impuesto revolucionario: su red de extorsión para financiarse. El caso Faisán investigó un chivatazo policial a la organización terrorista para que eludiera las detenciones. Pero había más. Las actas incautadas a Thierry probaron que el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo conocimiento de que durante la negociación se siguieron enviando muchas más cartas que nunca llegaron a hacerse públicas, precisamente para poder mantener la versión de que ETA estaba cumpliendo la tregua. Cuestión que, según los documentos de Thierry, fue ocultada bajo un manto de negación, igual que lo serían los chivatazos a los terroristas para que no fueran detenidos, y de coordinación con la Fiscalía para evitar que se frustrara la negociación con ETA.

Según esas actas, el Gobierno preparó el diseño de un mecanismo de financiación que permitiera a la banda asesina mantener los pagos a sus integrantes sin tener que recurrir al impuesto revolucionario, por medio de una organización internacional u opciones similares. Todas ellas suenan claramente a sistemas opacos de dinero B. Sin duda, otra de las ofertas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a ETA que nos recuerda a los recursos empleados años más tarde por Pedro Sánchez en su plan de blanqueamiento de un referéndum aparentemente legalizado.

Los emisarios de Rodríguez Zapatero también alcanzaron en aquel momento el compromiso de tumbar la doctrina Parot para que se redujeran las penas efectivamente cumplidas por los etarras. La frase de los enviados socialistas resume a la perfección su visión de lo que es un Tribunal Constitucional independiente: «Es cosa del Constitucional y pueden derogarla». El mensaje es demoledor. Estamos frente a un auténtico tratado del concepto que tiene el PSOE de una institución como el TC. Un organismo al que no han dejado de ver como parte de sus estrategias para forzar la Constitución.

Otra de las ofrendas fue la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos, un asesino múltiple condenado a 3.000 años de cárcel por su participación en 25 asesinatos. Sin más control judicial que la voluntad de sacarlo de prisión. Todo fue instado por Rodríguez Zapatero y ha sido conocido y asumido por Pedro Sánchez. Esta fue la base de un pacto que permitió al PSOE recuperar el poder ejecutivo con la moción de censura de mayo y junio de 2018 gracias al necesario voto de Bildu. Y Bildu, obviamente, lo hizo porque, como afirmó Arnaldo Otegi más tarde: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos». Y si tienen que sentar a Sánchez en La Moncloa, pues le sientan.

Siguiendo el testigo del tripartito catalán

El eje del cordón sanitario a la derecha fue diseñado y trazado por ETA. El PNV ha pactado de forma tradicional y habitual con el PP, lo que lo ha convertido en un extraño e inestable aliado para el PSOE. Así que la oferta diseñada por la banda terrorista fue rápidamente comprendida por Rodríguez Zapatero:

ETA entra en política convertida en partido: Sortu, Bildu.

Desplaza al PNV gracias al tremendo error cometido por este partido de seguir alimentando a un animal insaciable llamado separatismo, campo en el que siempre perderá en la comparativa con Bildu.

Se realiza en paralelo la misma operación en Cataluña con ERC suplantando a CiU, partido que, como el PNV, pactaba de forma habitual con el PP.

El PSOE alimenta y apoya a Bildu y ERC para que sean primeras fuerzas en sus comunidades y puedan avanzar en sus estrategias separatistas.

Ambas formaciones antiespañolas dan su apoyo en las investiduras presidenciales de forma sistemática al PSOE, a cambio, por supuesto, de que los socialistas sigan garantizando el avance hacia la voladura constitucional y la ruptura de España.

Ese es el plan de forma sintética. El mismo que guía todos los pasos observados en época del mandato de Pedro Sánchez.

No hace falta pensar mucho para darse cuenta de quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores a largo plazo de esa estrategia letal. Los grandes perdedores son España como nación y todos los españoles, incluidos los habitantes de los territorios controlados o en vías de serlo por ERC y Bildu, que pasarían a estar bajo gobiernos de formaciones comunistas, muy alejados de una base mínima propia del Estado de derecho: seguridad jurídica, propiedad y empresa privada, libertades y hasta entorno comunitario. Los grandes ganadores, por supuesto, serían Bildu y ERC. Las dos formaciones que han pasado de no existir o ser marginales a mandar sobre todos y cada uno de los detalles de la agenda presidencial y legislativa, a veces hasta judicial, de toda España.

Pero hay más perdedores. El PP es, sin duda, uno de ellos. Sus opciones de gobernabilidad disminuyen de forma clara porque, arrinconados o transformados sus aliados nacionalistas clásicos —⁠PNV y CiU⁠—, ya no se enfrenta al PSOE en las elecciones generales, sino que lo tiene que hacer en solitario —⁠hasta la aparición de Vox⁠— contra un conglomerado de voto conformado por el PSOE y sus aliados Bildu y ERC. Desde luego con el apoyo extra de Podemos, creación cubana amasada en Venezuela cuya misión es, como hemos apuntado, la de vigilar el correcto cumplimiento de este plan, a pesar de que Pablo Iglesias, ansioso de poder y de más cosas, dejó de asumirlo en un momento de egolatría más sonoro de lo habitual.

Por eso la aparición de Vox es tan relevante. Permite romper el cordón sanitario al sumar en un pacto final sus escaños a los del PP, mientras los populares captan el voto de electores de izquierda no nacionalistas cansados del ataque a España y las instituciones protagonizado en este camino por el PSOE. De ahí la importancia de que Vox, con el perfil propio que quiera tener, no se aleje de los pactos con el PP y, en especial, de aquellos líderes, como Isabel Díaz Ayuso, que trabajan de forma decidida para tumbar el plan comunista de expulsar de las opciones de gobernabilidad a la derecha. Sin entendimiento entre los dos partidos de derecha, el cordón sanitario volverá a funcionar y la estrategia creada por Zapatero será de nuevo operativa.

La historia catalana de la materialización de esta idea nacida de la mente de ETA dio comienzo en el año 2003. En esa fecha, Convergència i Unió ganó las elecciones del 16 de noviembre, pero el resultado ya no le permitió gobernar como en el pasado. Iba a nacer el tripartito de izquierdas: una alianza conformada por el PSC-PSOE, ERC e ICV-EUiA. Esta última formación ecosocialista, de clara tendencia comunista, no tardaría en repartir sus votos entre la futura Podemos y ERC. Pero la alianza era ya la evidencia de algo mucho más poderoso y perfectamente planificado por los dirigentes de la banda armada: un modelo de gobernabilidad cruzada con apoyo firme del PSOE al avance separatista en Cataluña y el País Vasco, a cambio de reciprocidad por parte de los rupturistas y proetarras para dejar a la derecha sin opciones de acceder a La Moncloa.

El resultado de aquellas elecciones dio a los socialistas 42 escaños, a ERC un total de 23 y a ICV 9 escaños más. En total, el bloque de izquierdas sumaba 74 escaños. Frente a ellos nada podía hacer una Convergència i Unió que se limitaba a 46 escaños, aunque fuese el partido con más diputados regionales. Fruto de esta expulsión de la Presidencia regional, CiU comenzó un viaje sin retorno en 2006, cuando Artur Mas firmó ante notario su compromiso de asumir el cordón sanitario y alinearse con Zapatero en su plan principal. Un viaje que ha desdibujado a la antigua CiU y la ha convertido en una mera caricatura de ERC. El viaje, a la larga, solo puede favorecer a la izquierda republicana de Cataluña.

ERC jugó sus cartas en ese momento con un doble objetivo: el de caminar sin prisa hacia la primacía y la gobernabilidad catalana —⁠no les urgía ostentar la Presidencia porque, a fin de cuentas, el primer partido de la alianza, el PSC, ya había pactado con ellos redirigirles el poder a medio plazo⁠—; y, en segundo lugar, el de dejar en evidencia a CiU. Por eso ofreció una falsa y aparentemente generosa alianza a todos, salvo al PP, para formar un gobierno de corte nacionalista. La oferta ponía en una difícil situación a CiU: si se quedaba fuera, era el compañero del PP, y si entraba, no podría mandar nada porque el tripartito ya era un hecho, con o sin su presencia, y, por lo tanto, defraudaría a todos sus electores.

Con esta propuesta, ERC ya se posicionaba como eje del poder. Aunque sus escaños eran casi la mitad de los socialistas, el pacto del cordón sanitario exigía ese sacrificio por parte del PSC-PSOE. Finalmente se dio paso a la verdadera opción de gobierno, a la única que siempre se había barajado: el tripartito «progresista» con socialistas, comunistas de ICV y los separatistas de ERC.

La investidura en el Parlamento consagró a Pasqual Maragall como presidente de Cataluña el 20 de diciembre de 2003. Un presidente cautivo de una agenda ajena, diseñada para entregar el socialismo al plan de ETA. El 22 de diciembre, dos días antes de Nochebuena, un total de dieciséis consejeros tomaban posesión: ocho eran del PSC, cinco de ERC y dos de los comunistas de ICV, además de Carod-Rovira como conseller en cap, el verdadero hombre fuerte del tripartito. Dos días antes de la noche de Reyes decidió inaugurar el cargo con su viaje a Perpiñán mencionado antes, que él nunca negó, y donde se citó en secreto con la cúpula de la banda asesina ETA. Allí cerró con los jefes de ETA, Mikel Antza y Josu Ternera, su pacto para que la banda asesina perpetrara sus crímenes en cualquier sitio menos en Cataluña. Aquello fue el primer paso de la tregua a medida que más tarde sellaría Zapatero con los mismos asesinos. A cambio, Carod-Rovira firmaba un acuerdo de unidad con una futura ETA reconvertida en partido político: justo el pacto que ahora exhiben pública y formalmente Bildu y ERC. Un pacto que incluía el apoyo a una declaración independentista con reclamación expresa del supuesto derecho de autodeterminación de los pueblos de España. La carrera, que luego encomendaron llevar hasta sus últimas consecuencias a Pedro Sánchez, había comenzado.

Una cronología delatora

Recopilemos las fechas clave de esta reorientación del PSOE: del esquema político que José Luis Rodríguez Zapatero dejó en herencia a Pedro Sánchez y que este ha hecho suyo sin miramientos con tal de mantenerse en el poder. Más que de reorientación del PSOE, podríamos hablar de la vuelta a sus orígenes, exhibidos con especial intensidad durante la segunda mitad de la Segunda República.

22 de febrero de 2000. ETA asesta un golpe letal al PSOE vasco: Fernando Buesa, quien llegó a ser vicelehendakari, es asesinado. Las bases socialistas gritaron en aquel momento contra «los fascistas de HB». Tiempo después sus sucesores los harían contra los supuestos fascistas del PP, Vox y Cs, y aplaudirían la alianza con Bildu y Arnaldo Otegi.

8 de julio de 2000. José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Secretaría General del PSOE.

29 de julio de 2000. Solo una semana después de haber ocupado su cargo Zapatero, ETA asesina al socialista Juan María Jáuregui Apalategui, exgobernador civil de Guipúzcoa.

21 de noviembre de 2000. Nuevo mensaje de la banda terrorista. Ernest Lluch, exministro socialista y miembro muy destacado del PSC, es asesinado por dos disparos en la cabeza.

8 de diciembre de 2000. PP y PSOE firman el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo —⁠Pacto Antiterrorista⁠—, que les impedía acometer acciones en solitario contra ETA y exigía ir de la mano en cada paso que se diese para terminar con la banda asesina. Zapatero, obviamente, lo incumplió.

20 de marzo de 2001. Los asesinos etarras subrayan su deseo de teledirigir el futuro del PSOE y dejan claro su posicionamiento frente a la firma del Pacto Antiterrorismo con el asesinato en Lasarte (Guipúzcoa) del teniente de alcalde socialista de esa ciudad, Froilán Elespe Inciarte.

8 de febrero de 2003. Otro socialista cae a manos de ETA: Joseba Pagazaurtundua, exjefe de la Policía Local de Andoáin y militante del PSE. En solo tres años —⁠los clave para la decisión del rumbo del PSOE frente a ETA⁠— la banda terrorista comete casi la mitad de todos los asesinatos que ha perpetrado en las filas socialistas: cinco de doce. Tras este periodo, los terroristas matarían a un miembro más del PSOE, Isaías Carrasco, concejal de Mondragón, que fue acribillado con cinco disparos a solo dos días de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Esas en las que Zapatero renovó su mandato y en las que, con el apoyo social reafirmado sin la sombra directa del 11-M, podría haber repensado su alianza con ETA. Evidentemente, Zapatero no lo hizo.

14 de diciembre de 2003. Firma del Pacto del Tinell (https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_del_Tinell) entre el PSC-PSOE, ERC e ICV, tres semanas antes de que ERC se viese en Francia con ETA.

4 de enero de 2004. Encuentro en Perpiñán del líder de ERC y conseller en cap del recién formado tripartito catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira, con la cúpula de la banda terrorista ETA, Josu Ternera incluido.

14 de marzo de 2004. Rodríguez Zapatero gana las elecciones en unos comicios plenamente marcados por los atentados del 11-M y en medio de una fuerte utilización del terrorismo por parte del PSOE como estrategia para arrebatar el Gobierno al PP. Lo hace sin rechistar y manteniendo sus alianzas en Cataluña con la misma ERC que se ve con ETA.

21 de julio de 2005. Después de muchos otros contactos no tan expresos, formales y directos, el presidente del Partido Socialista en el País Vasco, Jesús Eguiguren, se reúne con el jefe de la banda asesina ETA, Josu Ternera, en el hotel Wilson de Ginebra (Suiza).

18 de junio de 2006. Aprobación y ratificación en referéndum del Estatuto de Autonomía en Cataluña aceptado por el PSOE que plasma a medias —⁠tras ser rebajado el contenido por el Tribunal Constitucional⁠— el anticipo de las exigencias separatistas.

El rumbo ya estaba marcado. ETA había conseguido su propósito: el PSOE no podría salirse de lo firmado en sus negociaciones, recogido minuciosamente en actas. ERC también se había sumado a la estrategia de tripartitos. Zapatero tenía su cordón sanitario contra la derecha. La banda terrorista lograría su paso a la política y, como hoy vemos, también la derogación de la doctrina Parot y la salida acelerada de muchos de sus asesinos. Si Sánchez quería gobernar, no podría eludir el pacto impulsado con sangre y firmado con traición y cobardía. Tendría que hacerlo con las reglas de la alianza a tres bandas sellada con ETA y con ERC. El resto forma parte de una ruta previamente delineada que sigue sumando etapas en el ataque institucional contra la Constitución y contra la esencia y la unidad de España.

El nuevo Estatuto catalán o el encendido de la mecha golpista

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña fue mucho más que un capítulo legislativo o una cesión de competencias rutinaria. Fue el inicio de la recta final en el desafío al espíritu constituyente y de la Transición; la plasmación del pacto del separatismo con el socialismo; el cordón sanitario para expulsar al PP, no del Gobierno, sino de la gobernabilidad; la constatación de que, como ya ocurriera durante la Segunda República, el PSOE era capaz de traicionar el espíritu de un régimen y de una constitución con tal de hacerse con el poder o mantenerlo tras llegar a él.

La ley orgánica de ese texto se aprobó definitivamente en julio de 2006. Pero la obviedad de que el nuevo Estatuto formaba parte de un pacto previo entre formaciones políticas de izquierda y separatistas quedó clara cuando los partidos políticos, con la única excepción del PP, incorporaron la medida en sus programas políticos para las elecciones de 2003.

Desde el supuesto derecho a una Justicia separada de la nacional o al medioambiente; pasando por el impulso en exclusiva de la lengua catalana o el desarrollo de una Hacienda propia con capacidad casi automática de independencia, todo fue incorporado en las propuestas iniciales de los separatistas para un nuevo Estatuto. Era el anticipo de lo que vendría. De la mecha recién prendida.

El Tribunal Constitucional tuvo que tumbar los artículos más escandalosos, pero el problema ya era una realidad: el garante de la Constitución había aceptado que fuese la parte —⁠Cataluña⁠— y no el todo —⁠España⁠— quien dictase el mecanismo, proceso y velocidad del traspaso de competencias. Había admitido que una comunidad autónoma determinase qué partes podía vaciar de un texto votado por todos y blindado, en teoría, por el conjunto de la soberanía nacional. Eso implicaba que, en el fondo, esa soberanía de todos los españoles había quedado comprometida.

El Constitucional tumbó menos del 10 por ciento de los artículos que había solicitado eliminar el PP, y hasta aceptó mantener la definición de Cataluña como nación en el preámbulo, con el peregrino argumento de que en esa parte del texto legal «carece de eficacia jurídica». La sentencia tumbaba 14 puntos básicos que luego han sido muy fáciles de identificar en la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Aquel Estatuto había sido el pistoletazo de salida de un desmembramiento de España y de una destrucción de la Transición y la Constitución española que persiste hasta hoy.

La Generalidad catalana pretendió declarar «preferente» la lengua catalana, tener un Poder Judicial autónomo desgajado del Consejo General del Poder Judicial y disparar por completo sus competencias fiscales, de forma que contase con la estructura de ingresos suficiente para dotar a su aparato paraestatal y así poder desconectar de España en el momento preciso.

Otros 23 artículos de ese borrador de Estatuto fueron matizados por el Constitucional, para adecuarlos a una interpretación respetuosa con el mandato de la Carta Magna. Repasar el articulado rechazado y los enmendados da una idea del plan separatista que siempre escondió ese texto y que años más tarde florecería sin descanso.

El término «preferente», usado para privilegiar la lengua catalana en aquel Estatuto, fue borrado en la sentencia del Tribunal Constitucional. Daba igual. Años más tarde, el separatismo conseguiría de facto y sin norma que lo avalase borrar el derecho a usar el español en Cataluña. Aquella expresión en el texto inicial no era casual ni pasajera: figuraba en el apartado 1 del artículo 6 como claro anticipo del tono del texto legal que aceptó impulsar Rodríguez Zapatero.

Pactado por los tres partidos —⁠PSOE, ERC e ICV⁠— su redacción era la siguiente: «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». El término preferente abría un campo legislativo que ahora ha sido adoptado por los separatistas por medio del abuso de poder.

El apartado 4 del artículo 76 también fue prohibido por el TC tras haber sido asumido por el PSOE. Este señalaba que «los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto». Ese artículo hubiese apeado de sus funciones de control a los organismos nacionales designados, algo que, años más tarde, darían por hecho los separatistas y que Sánchez se comprometería a no alterar en sus pactos con ERC.

Igualmente, la expresión «con carácter exclusivo» del apartado 1 del artículo 78 quedó proscrito. El texto original afirmaba que:

El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan actividades de interés general o universal o actividades equivalentes de forma concertada o indirecta y la de las demás personas con vínculo contractual con la Administración de la Generalitat y con las entidades públicas dependientes de ella. También supervisa la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma.

Esto suponía un ataque sin precedentes a la capacidad de control del propio Tribunal Constitucional y el resto de los organismos de control de ámbito nacional. En román paladino: dejaba la garantía de derechos y libertades en manos de los separatistas. Y eso no inmutó a los miembros del Gobierno socialista.

El artículo 97 también tuvo que ser eliminado, pese a contar con el respaldo previo de Rodríguez Zapatero. Aseguraba que «el Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial». O, lo que es lo mismo, que Cataluña pasaba a tener una Justicia al margen de la española. Atendiendo al grado de connivencia de los partidos nacionalistas catalanes en el caso 3 por ciento, es fácil imaginar qué grado de independencia judicial disfrutarían los ciudadanos de Cataluña.

Los apartados 2, letras a, b, c, d y e y 3 del artículo 98 fueron borrados asimismo del texto definitivo. Señalaban:

Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las siguientes: a) Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales. b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los ceses de los Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de estos Jueces y Magistrados a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo. c) Instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los términos previstos por las leyes. d) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de la resolución y de las medidas adoptadas. e) Informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Cataluña. 3) Las resoluciones del Consejo de Justicia de Cataluña en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

En resumen, que el Poder Judicial catalán decidiría, plena o parcialmente, en todo.

El TC también tuvo que limar los añadidos por los que en el artículo 95 se señalaba que «el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial». También hubo que rechazar el deseo de que los «Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fueran nombrados con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial».

De la misma forma, tuvo que ser rebajada la equiparación de papeles y poderes entre la Constitución y el Estatuto de Autonomía en el reparto de competencias legislativas que planteaba el artículo 111:

En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas.

Aquel Estatuto también permitía un control de las entidades financieras por parte de la Generalidad catalana. El PSOE tampoco tuvo ningún problema en aceptarlo, ni siquiera por la parte en la que desafía a la Unión Europea. Artículo 126:

Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito y de las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y de las entidades físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace referencia el apartado 1, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales.

Por supuesto, tampoco les costó asumir a los socialista el artículo 206, igualmente desmontado por el TC:

Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En la misma forma y si procede, la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados niveles serán fijados por el Estado.

La mención al «similar» esfuerzo fiscal suponía la imposibilidad de reclamar a los catalanes recursos destinados al sistema de solidaridad entre regiones en base a la progresividad fiscal, un esquema que sí se impone al resto de los españoles. Se lo podría exigir Hacienda en forma de impuestos, pero nunca habrían podido salir de esa región, con lo que el ganador de esa recaudación extra habría sido siempre la Generalidad catalana.

El partido donde ya medraba Pedro Sánchez asumió la capacidad fiscal prácticamente independiente en materia local planteada en el artículo 218, que el TC anuló:

La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la Constitución y la normativa del Estado, en materia de financiación local. Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e incluye la capacidad para fijar los criterios de distribución de las participaciones a cargo del presupuesto de la Generalitat.

El Tribunal Constitucional tuvo que exigir una interpretación favorable a la Constitución en el artículo 5, en materia de «derechos históricos»; en el artículo 6 en cuanto a la lengua propia y las cooficiales; en el 8 por los símbolos de Cataluña; en el 33, 34 y 35 sobre la lengua catalana en las administraciones y, cómo no, en la educación; más todo un largo listado de parches que habían sido asumidos por el PSOE y que dicho órgano no pudo ver de ninguna otra manera que no fuera la lógica. Es decir: que un desarrollo de la Constitución, como es un Estatuto de autonomía, no puede ir en contra de la Carta Magna y, menos aún, buscar su debilitamiento y remoción.

Un punto más llama especialmente la atención: el que recogía el derecho de la Generalidad catalana a convocar «consultas». Se trata del artículo 122 sobre las «consultas populares», perfectamente diseñado para burlar a la Carta Magna y preparar ya el referéndum que siempre han perseguido los separatistas. Y este artículo, de nuevo, fue admitido por el PSOE, exactamente igual que ocurriría años después. Porque la alianza entre Rodríguez Zapatero y el separatismo era plena y a largo plazo. Fue firmada para ser materializada antes o después por Zapatero o sus seguidores.

Pedro Sánchez firmó la alianza

Pedro Sánchez entendió perfectamente la situación y la asumió. Hasta el punto de que fue él mismo quien firmó el pacto con ERC nada más regresar a la Secretaría General del partido en 2017. El 18 de junio, quien sería presidente un año después, volvía a Ferraz como jefe todopoderoso después de que los barones le hubieran expulsado en octubre de 2016 al ver el desastre en el que sumergía al PSOE. Un desorientado Sánchez se había presentado en 2014 como moderado, había hablado de bajar impuestos, de pactar con Cs y de rechazar a Podemos. Pero el voto de un electorado ya altamente radicalizado y en la línea de Zapatero le había dado la espalda. Sánchez insistió en llegar a un acuerdo definitivo con Ciudadanos con el permiso de Pablo Iglesias. Todo un canto a la utopía que le llevó a buscar un pacto secreto con separatistas y proetarras. Fue un giro desesperado que terminó por dejarle sin apoyos, tanto entre los más radicales como entre los que veían con escepticismo el rumbo marcado por Rodríguez Zapatero.

Pero Sánchez se rehízo, firmó la paz con ZP, logró su apoyo para librarse de los susanistas, prometió fidelidad a la causa más radical y destructiva de España y volvió. Lo hizo por la puerta grande firmando un mes después de su regreso, el 14 de julio de 2017, la Declaración de Barcelona por el Catalanismo y la España Federal, un documento que fue remitido de inmediato a ERC. Solo dos meses y medio después ERC y Junts lanzaban el golpe separatista del 1-O.

Sánchez replicó a la perfección el modelo Zapatero. Su predecesor socialista en La Moncloa había firmado el Acuerdo por las Libertados y contra el Terrorismo con José María Aznar para, acto seguido, irse a negociar con ETA. Sánchez había sellado el respaldo a las «aspiraciones nacionales de Cataluña» justo antes de apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución propuesto por Mariano Rajoy.

Dos modelos de traición similares con un mismo propósito: favorecer al separatismo a cambio de los votos necesarios para no permitir gobernar a la derecha.

El texto sellado entre el PSOE y el PSC tenía como destinatario final a ERC, como ponía de manifiesto el «reconocimiento de la plurinacionalidad nacional y aspiraciones nacionales de Cataluña». Ya no era Zapatero el que firmaba, sino Sánchez. El mismo que había prometido que nunca permitiría que el separatismo fuese decisivo en España; el que dijo «nunca pactaré con Bildu»; el heredero de todos los acuerdos firmados con los partidos contrarios a la Constitución y la unidad de España. El mismo que asumió ese rumbo en su partido y en España a cambio de ser él y no otro quien se sentara en el sillón de La Moncloa.

El documento firmado fue denominado «Declaración de Barcelona». El encabezado recogió los dos logos, el del PSOE y el del PSC, pero no tuvo la rúbrica de los jefes, en un claro acto de omisión de responsabilidad mediática. En cualquier caso, el mando del PSOE y de la Comisión Ejecutiva Federal era ya de Pedro Sánchez.

Los párrafos describen bien la magnitud del acuerdo alcanzado. El texto asegura que «la frontal oposición del PP a este Estatuto —⁠el texto catalán pactado por Rodríguez Zapatero con los separatistas⁠— y la sentencia que alteró lo que había votado la ciudadanía acabaron por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979». En él, reconocen, «queremos que Cataluña y el conjunto de España sigan progresando desde el respeto mutuo y una colaboración cada vez más fraternal. Mostramos nuestro convencimiento de que solo siguiendo un camino de diálogo, negociación y pacto podremos alcanzar una solución satisfactoria». Y anticipa que «para los socialistas, debe ponerse en marcha desde ya un proceso de fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, de mejora de su financiación», y, por supuesto, «de mejor reconocimiento de su personalidad nacional». Para ello, Sánchez asumió «el respeto al modelo de escuela catalana»; «la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial»; «la modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la Administración catalana en materia de inmigración»; la aprobación de «una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España»; la garantía de «la presencia de Cataluña y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO»; la resolución de las «cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al presidente Lluís Companys»; y, toda una bomba legislativa e histórica, «una reforma constitucional» que, entre cuatro grandes cuestiones, debía incluir, expresamente, «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña». Y ello sumado al «mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país».

Sánchez había pasado la primera prueba de fuego para ser aceptado por ERC. Y, por supuesto, por Bildu, que miraba por el retrovisor el avance de la carrera separatista de sus primos hermanos.

6

LA MOCIÓN DE LOS 85 DIPUTADOS QUE LLEVÓ A SÁNCHEZ AL PODER

Pedro Sánchez comenzaba su asalto al poder y lo hacía como el heredero de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso significaba que no solo contaba con sus escasos diputados —⁠85 de un total de 350 sillones⁠— y reducidos votos —⁠5,4 millones de un total de 24,2 millones de papeletas depositadas⁠—, sino que, gracias a la alianza firme y robusta firmada por el expresidente con Bildu y ERC, y, por lo tanto, con Podemos en la medida en la que hiciese lo convenido, podía plantearse aritméticamente el asalto al poder con el menor respaldo democrático del PSOE jamás observado. Con ZP y Sánchez el PSOE era ya otra cosa: era la rampa de entrada de los separatistas, proetarras y comunistas en La Moncloa, dispuestos a apoyar a Sánchez con tal de echar al PP del Gobierno. Así fue como se empezó a fraguar lo que nunca hubiera querido ver Mariano Rajoy, una moción de censura que no se basaba en los parámetros habituales de la política democrática española, sino en los de llegar al poder como fuera.

En 2017 y 2018, Pedro Sánchez se enfrentaba con sus 85 diputados a una fuerza de casi 8 millones de votos y 137 diputados del PP, a la que había que sumar los 32 diputados y 3,1 millones de votos de Ciudadanos, así como los 5 diputados, pero apenas 290.000 votos, del PNV, históricamente premiado por el sistema electoral. Rajoy cometió un inmenso error de cálculo al considerar la lealtad de sus supuestos aliados. Más tarde Ciudadanos demostraría su enorme superficialidad, y el PNV su evidente carácter antiespañol.

En resumen, Sánchez se proponía quitarle el poder a un conglomerado de más de 11 millones de votos con poco más de 5 millones de papeletas depositadas a su favor en las elecciones de 2016, celebradas justo antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez solo había logrado 356.308 votos más que el conglomerado de marcas de su primo hermano Podemos. Esa proximidad nunca dejaría de quitarle el sueño a Pablo Iglesias.

Pero los asesores del PSOE —⁠Bildu y ERC⁠— que diseñaron el asalto de Pedro Sánchez a La Moncloa sabían lo que hacían. Del mismo modo que lo sabía quien mantuvo contacto muy cercano con ellos durante la etapa previa a la moción: Santos Cerdán, el político navarro que fraguó las alianzas del Gobierno navarro de María Chivite con los separatistas Geroa Bai y Bildu, y acompañó desde el principio a Sánchez en su doble carrera en las primarias del PSOE.

Estos partidos cuentan con un sistema electoral que prima las minorías y la concentración del voto en un territorio —⁠el inmenso error del premio al nacionalismo⁠—. Además, entendían que los más de 5 millones de votos de Podemos y la inmensa mayoría de los 2,6 millones de votos divididos entre ERC, CDC, Bildu y otras marcas menores aceptarían el pacto de echar al PP con tal de contar con un cortoplacista y letal riego de millones en sus lugares de origen. Es más, sabían que aquel Ciudadanos de Albert Rivera intentaría sacar partido de la situación lanzándose a la yugular del PP, aunque con su abstención en la moción de censura cavase su propia tumba, tal y como ocurrió. Por supuesto, también tenían la certeza de que el PNV, como partido separatista que se deja comer, minuto a minuto, por Bildu, traicionaría a Rajoy una vez conseguidos los últimos millones presupuestarios pactados solo una semana antes de la moción de censura.

Todos lo sabían menos Rajoy. Y también sabían que el interruptor del jaque al presidente del PP sería la sentencia del caso Gürtel, por un importe total de dinero imposible de comparar con la magnitud de los 679 millones de los ERE del PSOE, pero que había sido lanzado por toda la izquierda con mimo y tiempo. Hicieron crecer en la opinión pública la idea de que el PP era el partido más corrupto de España. Más que la CiU de los Pujol, que el PNV del caso De Miguel, que el PSOE de Ibercorp, Filesa, los GAL o los ERE, más que la ERC del golpe separatista y su malversación.

Rajoy, víctima de una inexplicable miopía mediática, no hizo nada para combatir ese mensaje hasta que la idea generalizada de que solo el PP albergaba corrupción se convirtió en la torreta desde la que apuntarle a él. Esa imagen de apestado del PP sirvió para alimentar el ego y el ansia de un Albert Rivera que, ebrio de ambición, optó por la abstención en la moción de censura y dejar caer al PP controlado por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares habían debilitado el contacto con sus votantes hasta el punto de permitir que su respaldo social se fraccionase entre tres fuerzas: PP, Ciudadanos y Vox. El partido de Santiago Abascal estaba especialmente ligado a la defensa de las víctimas del terrorismo que no podían entender que el PP no hubiera hecho nada por impedir —⁠y sí mucho por favorecer⁠— el pago de parte del precio del pacto de Pedro Sánchez con ETA, incluida la liberación de Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara o la anulación de la doctrina Parot, que abrió las puertas de las cárceles españolas a 77 etarras y violadores.

Todo estaba dispuesto para que Sánchez, con apenas 85 diputados, pudiese lanzarse al asalto de una cámara de 350 escaños.

Desde las filas del PSOE siempre han defendido que la moción de censura fue diseñada en última instancia por el propio candidato. Otras fuentes han apuntado a la autoría de la polémica figura de su jefe de gabinete llegado del PP, Iván Redondo. Pero lo cierto es que ninguno de ellos pudo asegurar el factor clave: el apoyo firme de Bildu, ERC y Podemos. Eso significa que el verdadero autor de la idea original de esta moción —⁠aunque la plasmación final dependiese de Sánchez o sus asesores⁠— tuvo que salir de una de esas tres formaciones. Bildu, como ya ha demostrado con infinidad de datos este libro, siempre fue quien llevó la delantera de los tres partidos: contactó con Zapatero y posteriormente con ERC, llevó a Eguiguren a los brazos de Ternera, pactó con Carod-Rovira en Perpiñán, tuvo a Pablo Iglesias entre sus contactos de la red de apoyo a los presos de ETA, Herrira, forzó a ZP a entrar en su plan a base de asesinatos teledirigidos contra sus propios compañeros. Ese fue, sin duda, el punto de origen de esta iniciativa.

La moción de censura se produjo al cierre de mayo y comienzo de junio de 2018. Los días previos fueron totalmente delatores de la trampa que el PSOE de Sánchez y todos sus socios habían preparado a Rajoy, incapaz de ver lo que se avecinaba. Solo la unión entre todos ellos puede explicar una coordinación como la que desplegó en aquel momento.

El PNV había llegado a un acuerdo en materia de presupuestos con el Gobierno popular el 25 de abril. El pacto nutría a los nacionalistas con más carne financiera. La negociación hizo pensar al presidente del Gobierno que contaba con un aliado fiel en quienes nunca han dudado en declarar su antipatía por España. Rajoy calificó de «leal» a la formación presidida por Andoni Ortuzar. Justo un mes después, los leales, ya con el seguro de vida económico garantizado, votaron a favor de acabar con su mandato y dejar el sillón a su máximo enemigo: Pedro Sánchez.

Quizás Rajoy debería haber evaluado el llamativo hecho de que el PNV gobernaba en el País Vasco en coalición con el PSOE. Aquello no debió de alertarle lo suficiente. Tampoco debió de hacerlo que el pacto de Gobierno entre PNV y socialistas en noviembre de 2016 no era ni de lejos el primero que mostraba el profundo entendimiento entre ambas formaciones. Los socialistas pactaron votar la investidura del presidente regional Iñigo Urkullu en un Gobierno de coalición. Seguían la tendencia iniciada veintinueve años antes, cuando en 1987 el PSOE renunció a liderar el Ejecutivo vasco pese a haber sido la fuerza más votada: 19 escaños frente a los 17 que logró entonces el PNV de José Antonio Ardanza. Los pinitos de los cordones sanitarios nunca han faltado en el PSOE. Aquella coalición con Ardanza duró nada menos que once años, hasta 1998.

Mariano Rajoy confió en un PNV que ya se estaba preparando para una subasta doble, su especialidad. El PSOE ofreció más: la negociación de un estatuto de autonomía vasco renovado con fuertes avances hacia el separatismo. Así que el PNV no dudó en aceptar la mano tendida del socialismo y el dinero ofrecido en renovaciones del cupo, inversiones y demás cesiones habituales.

Para quienes piensan que el PNV no ha tenido cercanía o coordinación con Pedro Sánchez por haber priorizado a la izquierdista Bildu, simplemente hay que recordar dos argumentos de peso. El hombre de Sánchez, Santos Cerdán, nunca ha dejado de mantener contacto con los separatistas vascos. La competencia entre PNV y Bildu por el mismo territorio y algunos caladeros de votos requería una figura de coordinación en la cuestión separatista y rupturista. Esa figura fue y es Santos Cerdán, como atestiguan los Gobiernos navarros apoyados por ambas fuerzas. Su único fin: el avance del separatismo en Navarra y su absorción por el País Vasco.

El segundo argumento es que todo nacionalista vasco odia más a España de lo que puede desear ganar a sus competidores directos por el voto.

El siguiente escalón en esta secuencia de engaño y asalto contra el PP fue la sentencia del caso Gürtel. Justo un mes después, en mayo, llegó la resolución judicial prevista por todos. Por lo visto, el único que no había descontado su efecto era el propio Rajoy, que había llegado a ser citado en condición de testigo en el juicio. Una sentencia que serviría de detonante de la moción de censura y que, aunque no condenaba por delito al PP, sí lo hacía con su tesorero. El Partido Popular quedaba manchado y perjudicado por la sentencia como beneficiario a título lucrativo con responsabilidad civil, más que suficiente para activar la guillotina.

Los datos de la resolución de la Gürtel resultan llamativos a toro pasado y una vez comparados con los del caso ERE. A los 679 millones de euros de la trama principal de los ERE, la denominada política, se sumarían, según los equipos jurídicos del PP, distintas tramas colaterales que elevarían la cuantía total de la corrupción por encima de los mil millones. La sentencia, hecha pública el 19 de noviembre 2019, condenaba a una parte importante de la cúpula política de la federación más poderosa del PSOE. Entre ellos a dos expresidentes nacionales del PSOE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, como suele ser habitual en España, todo esto no supuso ni un pestañeo ni un movimiento político ni una dimisión. Tampoco la de María Jesús Montero, ministra de Hacienda con Pedro Sánchez, que fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y muchos otros cargos durante el caso, y que se negó a reclamar la devolución a la Administración del dinero robado a todos los contribuyentes. El caso acabó con la justificación por parte del PSOE de la necesidad de indultar a los principales condenados porque «no se habían llevado el dinero a sus bolsillos».

La cruda realidad es que el caso Gürtel supuso la caída del Gobierno del PP, el de los ERE no tuvo ni la más mínima consecuencia política en el Ejecutivo del PSOE.

Los datos probados de Gürtel que sirvieron de espoleta de la moción de censura contra Mariano Rajoy se enumeran a continuación. El Partido Popular había obtenido un beneficio de la trama corrupta por lo que tuvo que devolver 245.492,8 euros. La procedencia de ese lucro fue el entramado empresarial montado por Francisco Correa, en el que la Justicia no pudo probar la existencia de una mano directa del PP. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó, eso sí, al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, a un total de treinta y tres años y cuatro meses de prisión. Bárcenas tuvo que pagar, por otra parte, una multa de 44 millones de euros. La condena al tesorero incluyó el blanqueo de capitales y delitos fiscales. Los años comprendidos en este caso de corrupción abarcaron desde 1999 hasta 2005. La sentencia condenó, igualmente, a Rosalía Iglesias, su mujer, a quince años y un mes de prisión por considerarla partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales perpetrados por su marido.

El fallo reservó más castigos para otros ex altos cargos como la exministra de Sanidad, Ana Mato —⁠exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda⁠—, que tuvo que devolver 27.857,53 euros por haberse beneficiado a título lucrativo por medio de viajes y eventos familiares.

En total, de 37 personas que llegaron al banquillo, 29 fueron condenadas y ocho absueltas. El líder de la trama, Francisco Correa, recibió una condena de cincuentaiún años y once meses, y Pablo Crespo, considerado su mano derecha, una de treinta y siete años y medio.

El tribunal acreditó que, a lo largo de seis años, el PP y Correa contaron con una estructura de colaboración «estable» en tres localidades madrileñas: Madrid, Majadahonda y Pozuelo; en una andaluza: Estepona; y en dos comunidades autónomas: Madrid y Castilla y León. También se probó que, gracias a ese esquema de colaboración, se llevaron a cabo «múltiples y continuos» servicios, como viajes o eventos aprovechados por el partido político.

Entre las frases más demoledoras de aquel texto estaba la que afirmaba que se había creado «en paralelo, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local». Y que se hizo por medio de una «estrecha y continua relación» del jefe de la trama «con influyentes militantes» del PP que, a su vez, tenían capacidad para influir en los procedimientos de contratación pública. La relación directa entre los pagos de servicios por la trama y las concesiones a terceras empresas ajenas a las del propio Correa, sin embargo, no se pudo probar en el proceso.

Pese a ello, la sentencia afirmó con contundencia que el entramado empresarial de Correa contó con «un arbitrario trato de favor en la contratación pública», lo que les permitió elevar los precios por sus servicios.

La resolución judicial igualmente confirmó la existencia de una caja B del PP creada, al menos, desde el año 1989: «Una estructura financiera y contable paralela a la oficial». El fallo, en sus distintas condenas, incluyó delitos como asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, cohecho —⁠activo y pasivo⁠—, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales y estafa procesal intentada. Un más que amplio abanico penal que, unido a las responsabilidades civiles a título lucrativo de, entre otros, el propio partido, generaron una mancha extendida a toda la formación.

Respecto al protagonista más llamativo —⁠que no el más condenado⁠—, el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, la sentencia lo calificó de «pieza fundamental» en la trama corrupta y señaló que su dinero guardado en Suiza se había amasado «con fondos provenientes de comisiones» obtenidos por su mediación «en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas». Es más, el fallo afirmó que el extesorero se había apropiado de la caja B del partido —⁠en contra de los intereses del partido⁠—, a la que él mismo puso el nombre de «contabilidad extracontable del Partido Popular».

La sentencia no escatimó descripciones sobre este punto y subrayó que, desde el año 2000, el matrimonio Bárcenas optó por una estrategia centrada en su propio interés «apropiándose de fondos del PP». Precisamente por eso, y por la falta de conocimiento de los populares de lo que ocurría y del vaciado de fondos de esas cuentas, el tribunal sacó de la condena penal al propio partido y lo dejó en mera responsabilidad civil. Carecía de sentido alguno que se robase a sí mismo y, además, la información que sobre los fondos tenía la estructura no podía probarse como muy exhaustiva, incluso parecía inexistente al no haberse percatado del robo de los fondos por los Bárcenas. Por último, el fallo aseguraba que el matrimonio emprendió, con una «finalidad defraudatoria», una estrategia de ocultación de datos a Hacienda desde el año 2000, por lo que les condenó a una indemnización de casi seis millones de euros, sin contar con los intereses de demora y legales.

Pedro Sánchez hizo un seguimiento y utilización permanente de esta sentencia. Conocía al detalle la evolución del caso, los propios medios españoles habían informado meses antes de la publicación de la sentencia qué sentido tendría, por lo que la lógica lleva a pensar que él contaba con información directa y precisa de la evolución del fallo. Incluso que conocía hasta la fecha de comunicación.

La sentencia fue todo un mazazo para el PP. Cierto. Se trataba de un caso de corrupción más que suficiente para haber puesto en entredicho un Gobierno en un país estricto con la corruptela. ¿Pero lo es España? Porque el caso ERE multiplica cualquiera de esos parámetros explicados hasta la enésima potencia y, sin embargo, no pasó absolutamente nada desde el punto de vista político. Porque, de hecho, el propio PNV ha sufrido condenas como la del caso De Miguel, con trece años de prisión por corrupción con un esquema muy parecido al de la Gürtel, y el propio cabecilla de la trama, Alfredo de Miguel, ha seguido trabajando como coordinador de las políticas entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de Íñigo Urkullu (PNV-PSE) en el País Vasco. Como si no hubiera pasada nada.

Los ERE es otro caso con sentencia firme, y su dimensión queda retratada con una breve descripción de datos.

La Audiencia de Sevilla condenó a un total de 19 de los 21 acusados en el juicio. La jueza instructora, Mercedes Alaya, pudo demostrar un fraude multimillonario de 679 millones de euros con cargo a los fondos teóricamente destinados a la creación de empleo. Manuel Chaves, mítico socialista histórico, expresidente de la Junta de Andalucía, exvicepresidente del Gobierno, exministro, expresidente del PSOE, exdiputado autonómico y nacional y ex secretario general del PSOE andaluz, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía desde 2009 a 2013, expresidente del PSOE, exconsejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, exministro de Felipe González, exdiputado autonómico y nacional y exsenador, a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante quince años y dos días por malversación y prevaricación. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de Andalucía, exministra de Fomento y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), fue sancionada a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta con Manuel Chaves, exvicepresidente de la Junta, expresidente andaluz en funciones, exsecretario de Estado de Cooperación Territorial con Rodríguez Zapatero, exdiputado y exsenador, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo desde 2004 a 2010, fue condenado a siete años, once meses y un día de cárcel, e inhabilitación absoluta durante diecinueve años, seis meses y un día, por malversación y prevaricación. José Antonio Viera, que ocupó el mismo cargo que Antonio Fernández en la Consejería de Empleo, exsecretario general del PSOE de Sevilla, fue sancionado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante dieciocho años y un día por malversación y prevaricación continuadas. Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera de Griñán en la Consejería de Hacienda, condenada a seis años y dos días de prisión, y a inhabilitación absoluta durante quince años y dos días por los delitos continuados de malversación y prevaricación. Francisco Vallejo, exconsejero de Obras Públicas y Transportes de 1994 a 2000, y de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009, recibió una pena de siete años y un día de prisión y la inhabilitación absoluta durante dieciocho años y un día por los delitos de malversación y prevaricación. Agustín Barberá exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 y exdelegado provincial de Empleo de Cádiz, fue condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante dieciocho años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación. Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la Agencia IDEA —⁠el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía⁠—, fue sancionado con seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante diecisiete años y un día, por malversación y prevaricación. Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía desde 2002 a 2009, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

Podríamos seguir con un largo listado de condenas y delitos, todos de cargos públicos, y constatar que no pasó nada en términos políticos. Los mismos partidos que sancionaron al PP por el caso Gürtel, sentaron a Pedro Sánchez en La Moncloa para que cumpliera sus exigencias separatistas, proetarras y comunistas, pese a que la sentencia de los ERE estaba más que cantada. El acoso y el bloqueo que sufrió Mercedes Alaya, la jueza instructora, fue lo que impidió que viera la luz antes.

De hecho, el PSOE anterior a Pedro Sánchez orquestó una campaña de linchamiento y rumores contra la jueza Alaya que incluso alcanzaron el ámbito de su vida privada para anularla y frenar su labor.

El muy caro papel de Sánchez en los ERE

Pedro Sánchez acababa de derrotar a Susana Díaz en las primarias de 2017 y había recuperado la Secretaría General del PSOE cuando tuvo pleno conocimiento de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de no reclamar la devolución de los 679 millones robados en los ERE. La historia es sencilla: la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era entonces consejera de Hacienda del Gobierno de la Junta de Susana Díaz. Montero se negó a exigir la devolución del dinero, pese a ser su competencia y a que el deterioro económico afectaba a un bien que ella tenía la obligación de proteger: las arcas de la Hacienda autonómica.

Él sabía de su decisión y no puso ni la más mínima pega, por eso más tarde contaría con María Jesús Montero como ministra. La coordinación entre ambos siempre fue excepcional, pese a que ella estuviese temporalmente en el equipo de Susana Díaz. El 21 de mayo de 2017, Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE. El Congreso del partido del 18 de junio de 2017 oficializó el resultado y su victoria. Montero fue consejera de Sanidad y Consumo entre el 25 de abril de 2004 y el 7 de mayo de 2012, consejera de Salud y Bienestar Social entre el 7 de mayo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013 y consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018. Por lo tanto, tuvo un notable papel gubernamental con Chaves, Griñán y Díaz. En el último de esos periodos, en las fechas en las que se adoptaron las primeras decisiones judiciales ya confirmadas con sentencia firme —⁠2016 y 2017⁠—, ella era la responsable de hacer la reclamación de devolución del dinero. El texto legal que regulaba esa competencia era el «Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía». En él se destacaba, en su disposición adicional primera, delegación de competencias, que «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de estas, por parte del Gabinete Jurídico». El texto legal añadía: «Todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad». Es decir, el departamento de Hacienda en manos de Montero.

El asunto era de la gravedad suficiente como para hablarlo con el máximo responsable nacional del partido: Pedro Sánchez. Se hizo y él confirmó la decisión. Pero, tras este trasiego, nada sirvió para alterar el rumbo político. El plan consistía en llevar a Sánchez al poder con la disculpa de la corrupción de Gürtel. Nunca para combatir esa corrupción y la de los ERE.

La frase inyectada en la sentencia de Gürtel para decapitar a Rajoy

Pedro Sánchez y su entorno se empeñaron en que la sentencia de Gürtel pudiera ser determinante con el conveniente clima mediático creado, pero le surgió un imprevisto. Como muestra la comparativa realizada en este mismo libro hace escasos párrafos, mientras que la posterior sentencia de los ERE contra el PSOE sí condenó a cargos de primera fila del PSOE, la del caso Gürtel se contentó penalmente con un tesorero del que el propio fallo aseguraba que eran él y su mujer quienes se habían llevado dinero del PP a espaldas del propio partido. Eso generaba un problema político en los planes de Sánchez. Él quería y necesitaba una sentencia que apuntara a la cabeza del pretendido decapitado y a la postre, efectivamente, caballero sin cabeza: Mariano Rajoy. Había que conseguir que el fallo señalara con su dedo al entonces presidente del Gobierno.

Muchas son las versiones que apuntan a presiones sobre los tres miembros del órgano judicial que emitió la sentencia condenatoria de la Gürtel. Lo cierto es que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados con penas que iban de los cincuentaiún años y once meses hasta los cinco meses, gracias al claro impulso de uno de los jueces de la Sala: José Ricardo de Prada. De hecho, él y otro de los tres magistrados, Julio de Diego, pidieron anticipar la sentencia y publicarla, además, sin el voto particular que preparaba en aquel momento el ponente de la sentencia, Ángel Hurtado. La solicitud llegó a cruzar la puerta de la Secretaría Judicial del Tribunal, que fue la que tuvo que poner pie en pared y dejar claro que el fallo debía esperar al voto particular que Hurtado había solicitado incorporar a la sentencia.

No había ningún motivo de prisa judicial, salvo, eso sí, una extraña coincidencia política que nada tenía que ver con cuestiones legales que debiesen valorarse en un tribunal: la cercanía de la fecha de aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.

Pronto quedó claro el motivo de las prisas. El voto particular incorporado a la sentencia era el único punto de defensa del PP frente al veredicto. El juez Hurtado defendía en él que con la redacción de la sentencia «parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna».

Pero la defensa en base a este argumento quedó diezmada por unas frases adicionales que la Sala de la Audiencia incorporó al texto de la Fiscalía: «Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos [en referencia a Mariano Rajoy], cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido». La Sala consideró que «no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba». Estos añadidos fueron borrados a la postre por exigencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que no dudaron en criticar que el juez De Prada incluyera argumentos innecesarios y «excesivos» sobre el PP en la sentencia de Gürtel.

La tormenta se desató: Rajoy había mentido, señalaron de inmediato las terminales mediáticas de la izquierda. La frase se replicó hasta la saciedad porque era la forma de introducir colateral y mediáticamente al presidente del Gobierno en la sentencia sin estarlo realmente. Esto favorecía de lleno el objetivo diseñado por Sánchez y su equipo desde el primer momento: usar la sentencia para activar la moción de censura.

Un detalle jurídico de brutal contundencia no fue obstáculo para esta versión. Rajoy acudió al tribunal en condición de testigo y, por lo tanto, si de veras se hubiese considerado que había mentido, la Justicia debería haberlo condenado por perjurio, ya que como testigo carece del derecho a protegerse mintiendo en el ejercicio de su defensa. Al ser testigo no hay acusación contra él y, por lo tanto, no hay defensa ni derechos inherentes a esa inexistente defensa.

La mano que meció la sentencia

Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego consiguieron hacerse con el control de la sentencia tras imponerse a la postura del ponente y presidente Ángel Hurtado. Había puntos del fallo en los que no hubo un excesivo problema para ponerse de acuerdo. Así, la sentencia incluyó textualmente que parte de los fondos logrados con la trama Gürtel «sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas». Aquí el criterio de De Prada y De Diego venció con discusión, pero sin aparente drama. Hubo sin embargo otros puntos —⁠la frase que pretendía insinuar una culpabilidad penal por perjurio de Rajoy⁠— que no pasaron sin antes provocar una fuerte pelea.

La Audiencia citó los testimonios de los testigos que negaron la existencia de la Caja B. Mencionó al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, o al exsecretario general del partido y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. Sobre ellos, el fallo de la Audiencia, comandado por el criterio de José Ricardo de Prada, señaló en un párrafo que «afirman la falta de credibilidad de dichos papeles [de Bárcenas] y niegan la existencia de una Caja B en el partido. Sin embargo —⁠continuó la sentencia⁠—, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar —⁠argumentación que comparte el tribunal⁠— que debemos tomar en consideración, a la hora de valorar estas testificales, lo que significaría reconocer haber recibido estas cantidades en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública que, si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una “Caja B” en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido». La sentencia puso «en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido», y concluyó, como hemos apuntado más arriba, que testimonios como el de Rajoy no debían ser tomados como ciertos o verdaderos: «No son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba».

¿Pero había mentido Rajoy o no? ¿Carecer de credibilidad no es mentir? Si había mentido en su condición de testigo, habría cometido un delito de perjurio. ¿Por qué no se actuó penalmente contra él, entonces? ¿O es que la frase se puso en la sentencia porque los socios de Sánchez, y en concreto el PNV, habían exigido un fallo contundente si querían contar con ellos para decapitar al presidente del Gobierno?

El artículo 458 del Código Penal es muy claro al respecto: «1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. 2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado». Pero, es más, el artículo 460 CP señala «cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años».

En conclusión, si de verdad había un indicio de falsedad en el testimonio de Rajoy, Pedro Sánchez y los suyos habrían tenido totalmente atrapado al presiente del Gobierno. Entonces, ¿para qué arriesgarse a una moción en la que Ciudadanos podía salvarle? Y, si no era así, ¿cómo pudo aparecer ese párrafo en la sentencia en un país con garantías judiciales?

Tres hechos aclaran el contexto de esta sentencia clave en el cambio de la gobernabilidad de España. No hay que olvidar que esta sentencia vio la luz medio año después del golpe separatista del 1-O de 2017, cuando la intervención de la Generalidad catalana era ya un hecho con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española el 27 de octubre de 2017.

El primero de esos hechos esclarecedores es la propia figura del juez José Ricardo de Prada. La inmensa mayoría de fuentes jurídicas lo señalan como el autor de esas frases contra Rajoy. Él fue quien más insistió en la necesidad de llamar a declarar al presidente como testigo y en dar por probada la Caja B del PP en el juicio por el caso Gürtel, cuando ese asunto en concreto se estaba juzgando al mismo tiempo en otro procedimiento. Esa materia —⁠la Caja B⁠— estaba en la causa centrada en los denominados «papeles de Bárcenas», causa que le había correspondido inicialmente a De Prada junto a otros dos jueces de la sección segunda de lo Penal, pero cuyo ritmo no era el necesario para poder actuar de urgencia en ese momento. El PP reclamó con éxito que se apartara del tribunal a José Ricardo de Prada en 2019, y a comienzos de la Navidades de 2022 se registró un hecho contundente sobre esta materia: la Audiencia Nacional archivó la causa sobre los papeles de Bárcenas y los donantes de la Caja B del PP al no quedar debidamente justificados los delitos que motivaron su origen. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 archivó el caso a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido a que, tanto las declaraciones de los investigados como las de los testigos, los documentos aportados de sociedades y empresas públicas y el informe pericial de la Intervención General del Estado (IGAE) confirmaron lo siguiente: «No se encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable», lo que «imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados».

Pero ¿quién era José Ricardo de Prada? Sus compañeros lo retratan como un magistrado de elevado nivel jurídico y aún más elevada carga ideológica. Llegó a la Audiencia en 1990 y su cartel de juez progresista no ha dejado de crecer. Él fue el autor de la ponencia de la sentencia que condenó al militar argentino Adolfo Scilingo por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su etapa como oficial de la Marina de Guerra en el periodo de la dictadura entre 1976 y 1983. Sin embargo, nunca fue partidario de aplicar el mismo criterio, de lesa humanidad, a los crímenes de los etarras. Es más, llegó a afirmar que la «tortura» a los etarras había existido y había sido «clara». El posicionamiento de De Prada fue igualmente esclarecedor al mostrarse receloso de aplicar condenas contra la kale borroka o en el brazo político de la banda asesina; al defender que se incluyeran párrafos expresos en las resoluciones judiciales destacando el fin de ETA; y, también, en su posicionamiento sobre la ley de partidos que ilegalizó Batasuna, de la que dijo que era una «respuesta excesiva e injustificada».

Merece la pena detenerse en algunos capítulos muy delatores de su criterio. En la causa del golpe separatista del 1-O, De Prada se quedó en minoría frente a sus cuatro compañeros de la Sección Segunda de la Audiencia, al respaldar los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para eludir la prisión provisional dictada contra ellos por la juez Carmen Lamela. Su perfil quedó igualmente definido en el caso de los vuelos de la CIA, donde emitió su voto particular contrario al archivo y señaló al expresidente Aznar como supuesto responsable de haber autorizado los traslados de los presos. En el caso Faisán, De Prada defendió que el chivatazo a ETA para que se librara de la acción de la Justicia fue una «acción de oportunidad y eficacia discutible pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas». ¿Dejando libres a los etarras? Pues sí.

Y, por si ese perfil ideológico no era lo suficientemente llamativo, recordemos que el pleno en el caso Gürtel había apartado por afinidad con el PP a la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, y a Enrique López con respecto a la primera época de la trama y a la Caja B, causa de la que también fue retirado por idéntico motivo Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos ellos eran parciales, pero no José Ricardo de Prada. Una curiosa manera de interpretar la realidad, o una singular forma de colar frases en la sentencia decisiva que privó a España del Gobierno que había sido elegido.

El segundo de los hechos que deben recordarse para esclarecer el contexto de la sentencia Gürtel lo dejó planteado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque a toro pasado y sin que sirviera para evitar el vuelco político que aupó a Sánchez y sus socios al poder. En octubre de 2019 —⁠año y medio después⁠— el Pleno aseguró que la posición de José Ricardo de Prada y su insistencia en plasmar la existencia de la Caja B del PP en la sentencia no era «absolutamente necesaria».

Tal y como hemos apuntado, la postura de la Audiencia fue ratificada por el Tribunal Supremo que, sin grandes rodeos, consideró «excesivas» las polémicas frases de la sentencia porque, efectivamente, no era el asunto que se juzgaba. La carga de algunos medios de comunicación contra el juez De Prada tras semejantes pronunciamientos fue obvia: él había sido el impulsor de las frases criticadas por los máximos órganos judiciales. Es entonces cuando se produce el tercer hecho esclarecedor: José Ricardo de Prada, ante las críticas en la prensa hacia su persona, acudió al Consejo General del Poder Judicial para solicitar amparo porque consideraba que los medios le habían convertido en el «chivo expiatorio» de la sentencia Gürtel. La Comisión Permanente del CGPJ rechazó su solicitud de amparo porque «no se reúnen los requisitos que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, determinan la existencia de un ataque o perturbación de la independencia judicial». Se quedó solo, sin defensa, ante lo que él aseguraba que era «una campaña de la prensa llevada por determinados periodistas y medios de comunicación, de forma coordinada». ¿Coordinada, más o menos, que la labor política basada en la sentencia de Gürtel para tumbar un Gobierno? Vale la pena preguntárselo.

Sánchez contó con los complejos y luchas internas de la derecha… y acertó

Pedro Sánchez siempre ha hecho gala de su osadía y su capacidad de resistencia. Quizá lo único que es real en su perfil político y académico. Es precisamente su osadía a la hora de mentir y lanzar falsedades a la arena política lo que le ha hecho triunfar. Ayuda mucho que no encuentra una respuesta crítica en sus potenciales votantes. Sánchez se la jugó; apostó por los complejos, los del PP y los de Ciudadanos, y acertó de nuevo.

Los ataques de los medios de comunicación debilitaron y acomplejaron al PP de Rajoy. Esos medios habrían podido denunciar lo que hemos detallado en las páginas anteriores, pero no lo hicieron. El Gobierno popular se quedó sin defensa ante la opinión pública, paradójicamente por la ofensiva de los mismos medios a los que el presidente había mimado. Los complejos de Ciudadanos se demostraron cuando, a pesar de votar en contra de la moción de censura, los naranjas proclamaron a los cuatro vientos que la corrupción de Rajoy había acabado con la legislatura, legitimando el discurso de una izquierda cuya coalición había sido diseñada para romper la unidad de España y el orden constitucional.

El mensaje de Albert Rivera el 25 de mayo de 2018 en redes sociales, el mismo día que se presentaba la moción, es más que representativo de esta postura: «La condena por corrupción al Gobierno ha liquidado la legislatura. Necesitamos un gobierno limpio y fuerte que afronte el desafío separatista. Apoyamos la solución democrática: o convoca elecciones Rajoy o el Congreso con moción instrumental. El futuro lo deciden los españoles». Un mensaje que denotó el intento de sacar partido político de una sentencia, aunque no era cierto que fuese un caso de corrupción del Gobierno. Una postura que, unida a la inacción de Rajoy, que se negó a convocar elecciones con tal de que el PP no perdiese el liderazgo de la derecha frente a Cs, llevó al desenlace conocido por todos: la llegada al poder de Pedro Sánchez siguiendo un plan de alianza perfectamente diseñado por el separatismo.

Sánchez y sus socios leyeron bien la situación de la derecha. Una lamentable situación de lucha interna que ha acompañado a la historia de este amplio espacio ideológico durante los últimos años. Ese eterno y lamentable enfrentamiento entre los partidos de la derecha ha dejado a un lado las inmensas razones para unirse en defensa de España, mientras día a día permiten que la izquierda se aglutine en torno a la demolición del eje constitucional e institucional de España. Ciudadanos había llegado a figurar en algunas encuestas como primera fuerza, y lo interpretó no como una oportunidad de sumar con el PP y forzarle a una depuración mediante pactos conformando así un frente amplio que devolviera a España a los principios de la Transición y del respeto a la nación y la Constitución. Lo interpretó al revés, utilizando las frases infiltradas en la sentencia de Gürtel —⁠descalificadas luego por el Tribunal Supremo⁠— para tratar de sustituir al PP y convertirse en la única fuerza de la derecha. Lo de sumar por España, por lo visto, quedó para los mítines.

El PP actuó exactamente con la misma motivación. Frustró unas elecciones que se anticiparan a la moción de censura para evitar que le adelantara otra formación netamente constitucionalista con fuerte representación en la derecha. Vox era todavía un partido recién nacido y sin gran implantación. Rajoy antepuso su lucha con Ciudadanos a la defensa de España, mientras se fraguaba un evidente e inminente frente de izquierdas con Bildu y ERC a la cabeza, y un PSOE títere llevado en volandas.

El PSOE presentó la moción la mañana del 25 de mayo. La suerte ya estaba echada, porque el PP prefirió escuchar al PNV, un partido, como todo el mundo sabe, leal con la defensa de España (valga la ironía).

Las portadas del día contrastaban con el magistral manejo de los tiempos de la izquierda. Los diarios recogían titulares como: «Rajoy ata la legislatura y pasará a la ofensiva contra Ciudadanos»; «El PNV sostiene a Rajoy y pacta la “nacionalidad vasca” con Bildu»; «El PNV elude el 155 y facilita a Rajoy acabar la legislatura»; «El PNV salva a Rajoy y deja solo a Torra»; «El PNV cierra la crisis de los Presupuestos y abre la del soberanismo vasco».

Quienes diseñaron la moción sabían que debían cebar la tranquilidad y sosiego de la que siempre hizo gala Rajoy y engañar al PP para llevarlo al matadero de la moción de censura. El líder del PSOE aprovechó el momento perfecto: el pacto entre el PP y el PNV hizo pensar a Rajoy que, efectivamente, podría tener un suelo firme para su legislatura; Ciudadanos, crecido por las encuestas, creía que podría amenazar la hegemonía del PP en la derecha y despistaba a los de Rajoy; Soraya Sáenz de Santamaría confiada —⁠como atestigua la mítica foto de Oriol Junqueras haciendo gestos cariñosos en los hombros de la entonces vicepresidenta del Gobierno⁠— en que ERC compraría alguna otra cosa que no fuera el camino más seguro hacia la independencia de Cataluña; con una política de medios de comunicación que dejó al PP más débil que se recuerda frente a la opinión pública; y, como siempre en la etapa democrática desde la llegada de Zapatero, con toda la izquierda volcada en una alianza con separatistas y comunistas.

El plan era infalible, el texto adulterado de la sentencia más que aprovechable y el momento de pérdida de norte de la derecha, todo un trampolín. Llegó el robo del Gobierno.

Quedará siempre la duda de si el PNV hubiese aceptado la intentona final de Soraya Sáenz de Santamaría, que amén de dejar su bolso en el escaño presidencial, abandonó su escaño durante la moción para intentar un pacto exprés con el partido vasco y entronizarse como alternativa a su propio líder. Es posible que aquella escena fuera un capítulo más del enorme despiste del PP, que seguía pensando que podría conservar a sus socios con más dinero, otra entrega adicional en materia educativa o el de regalo de una nueva competencia.

El reparto de los votos cosechados por Sánchez da una idea clara de lo expuesto. El PSOE solo contaba con 84 votos, a los que sumó 67 de Podemos y sus distintas marcas blancas y 1 de Nueva Canarias. Frente a los 134 del PP, los 32 de Ciudadanos, los 2 de UPN y 1 más de Foro Asturias. Es decir, 152 de la izquierda socialista y comunista, frente a los 169 de la derecha. Todo dependía del separatismo vasco, los proetarras y dos partidos que venían de intentar fallidamente un golpe separatista en Cataluña —⁠ERC y PdeCAT⁠—. De derechas o de izquierdas, daba igual, todos ellos se unieron con un único fin: aupar a un presidente que les abriera una nueva vía en la ruptura de España. Para ellos resultaba evidente que, con la actual Constitución, incluso un presidente sin claras motivaciones ni convicciones ideológicas como Rajoy, no tendría más remedio que frenar sus avances con la aplicación del artículo 155 y la intervención de la Administración autonómica.

En este momento es conveniente recordar que desde 2003, ERC se había hermanado oficialmente con el PSOE por medio del tripartito; que CiU había olvidado su camuflaje y maneras habituales para seguir, histérico y enloquecido, el mismo camino que ERC, convirtiéndose en una triste fotocopia; que en 2004 ERC selló en Perpiñán su pacto con ETA; que ETA hizo lo propio con el PSOE en unas negociaciones que dieron comienzo oficialmente solo un año después y se extendieron hasta 2007, recogiendo, entre otros asuntos, la petición de legalización de un partido proetarra; y que en 2012 el Tribunal Constitucional tumbaba la sentencia del Supremo de un año antes y legalizaba a Sortu por un solo voto, después del recurso de los proetarras.

Solo un partido separatista quedó teóricamente al margen de esta preparación de un frente popular de izquierdas: el PNV. Y eso le convirtió en el señuelo perfecto para que Rajoy pensara que frenaría una moción.

El resultado en esa votación da una idea de lo utópico del planteamiento de Rajoy. Sánchez, con sus 152 votos amarrados, necesitaba 24 más para llegar a la mayoría absoluta. Pero los 9 que le dio ERC, los 8 de PdeCat, los 4 de Compromís —⁠partido contrario al actual articulado de la Constitución española⁠—, y los 2 de Bildu no le daban para alcanzar esa cifra. Necesitaban al PNV y este le ofreció en bandeja sus 5 diputados.

El PNV hizo lo que tocaba, cortó la cabeza de Rajoy y correspondió así a su única esencia: la de un partido contrario a España y a la Constitución. El PNV nunca apoyó la Carta Magna. Los diputados nacionalistas vascos Iñigo Aguirre Querexeta, Xabier Arzallus Antía, Gerardo Bujanda Sarasola, José Angel Cuerda Montoya, José María Elorriaga Zarandona, Pedro Sodupe Corcuera y Marcos Vizcaya Retana se abstuvieron.

¿Quién fue el interlocutor del PNV en esa moción de censura y el hermanador con Bildu y ERC? Efectivamente, un señor navarro llamado Santos Cerdán, el antiguo miembro del equipo Sugus para la campaña de primarias de Pedro Sánchez. El mismo que hizo de correa de transmisión entre los deseos de perturbación nacional de Rodríguez Zapatero y las aspiraciones presidenciales de Pedro Sánchez. El mismo que, poco tiempo después, materializaría una alianza similar al tripartito catalán, pero en Navarra y con el voto de investidura de Bildu.

Fuera como fuera, Sánchez había llegado al poder. Años atrás había necesitado todo un equipo ministerial para hacerle la tesis doctoral, pero ahora había conseguido abrir las puertas de La Moncloa de la mano de sus socios separatistas, comunistas y proetarras.

7

LA HORA DE LA VERDAD. DEL «RELATOR» SEPARATISTA AL FORCEJEO CON PODEMOS QUE LLEVÓ A DOS ELECCIONES

Pedro Sánchez había llegado al poder. Ese hombre al que Zapatero solo aceptó cuando le fue útil, era el nuevo presidente del Gobierno español. Su sueño se había hecho realidad gracias a que entendió a tiempo que las condiciones impuestas por su predecesor no eran negociables. Si quería el apoyo del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla tendría que hacer suyos los designios de lo que tanto empeño había puesto en crear ZP: un pacto a fuego con ETA, ERC y Podemos. Sánchez lo asumió y no tardó en ponerse a la labor.

El 25 de mayo de aquel 2018, justo antes del comienzo de la moción de censura, Pedro Sánchez anunció desde la sede del PSOE, en Ferraz, que su compromiso era convocar elecciones «cuanto antes». «Será un Gobierno que convoque elecciones», añadió, aunque lo cierto es que no tenía ningún interés real en hacerlo. Más tarde, justificó su enésima mentira afirmando que, como él negociaba en aquel momento la moción con Ciudadanos y esa formación votó en contra, dicho compromiso quedaba roto. Una burda mentira más de las suyas. Durante su discurso de exposición del plan de Gobierno en pleno debate de la moción de censura, ya el 31 de mayo, confirmó su compromiso ante todo el hemiciclo señalando que su Ejecutivo, en caso de contar con el apoyo de la Cámara, pretendía «entender como uno de sus principales cometidos la construcción de un consenso para convocar las elecciones generales». Pero pasaron los meses, se puso a la labor de la negociación con ERC de un calendario de avance separatista, y se olvidó de su promesa. Algo normal en Sánchez.

Sánchez se hizo con La Moncloa en esos meses de mayo y junio de 2018. Ocupó oficialmente la Presidencia de España un sábado 2 de junio y hasta el 6 de febrero del año siguiente no se volvió a oír hablar de la promesa de convocatoria de elecciones tan reiterada en las sesiones de la moción de censura. Más de medio año después. Los que estaban detrás de todos los pactos de la moción ya estaban obteniendo los frutos deseados, así que no había ninguna prisa.

El mero repaso de la estructura de voto que apoyó a Pedro Sánchez en su llegada a La Moncloa da una idea de quién mandaba ya sobre el Gobierno y quién se encontraba cómodo mientras se dilataba la celebración de elecciones. El secretario general del PSOE logró un total de 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. Eran los del PSOE, Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT, Bildu y PNV. Es decir, todos los aliados mantenían ya, habían mantenido o iban a mantener pactos cruzados de poder territorial basados plenamente en el avance del separatismo. Esa era la finalidad con la que habían sentado al séptimo presidente de la democracia, tercero socialista, aunque con una característica inédita: Sánchez era el primero que llegaba al poder del país sin ser diputado y sin haber logrado el voto en las urnas de los españoles.

El 5 de febrero todo cobró sentido. Ese día se conoció oficialmente el avance, ya publicado en prensa, de las negociaciones con ERC. José Luis Rodríguez Zapatero había conseguido el afianzamiento de su cordón sanitario gracias a la entrada de los proetarras de Bildu en las instituciones y de los acuerdos con ERC, que tuvieron lugar justo unos días antes de que Carod-Rovira se viera con la cúpula etarra en Perpiñán. Ahora era Sánchez quien proseguía las negociaciones con los partidos separatistas. Aquel martes de 2019, con el Senado como escenario, la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo admitió que, efectivamente, se negociaba con ERC y PDeCAT la creación de una figura que mediara en las negociaciones entre el Gobierno de España y el regional de Cataluña —⁠tratado como si fuera un territorio en vías de convertirse en país soberano⁠— para avanzar en el nuevo encaje de esa comunidad autónoma reinventada, por arte del PSOE, en poco menos que una pretendida nación en proceso de descolonización. La figura en cuestión recibió el nombre de «relator» o «coordinador» independiente. Según la propia versión filtrada desde las filas socialistas, debía hacer las labores de puente y diálogo entre los independentistas y los constitucionalistas. «Alguien que sea capaz de decir: “Nos convocamos, tomo nota de lo que vais hablando”, un poco ayudar», dijo Carmen Calvo. «Es lo que hace un relator en un Congreso —⁠explicó y añadió⁠—: Tiene que ser alguien que entienda de política».

Por lo visto, según ella, ninguno de los que se reunían con el resto de las dieciséis comunidades autónomas debía de saber de política, porque, en caso contrario, según sus propias palabras, no habría hecho falta un «relator».

Lo cierto es que la tónica que se vería ya en el resto de los años de mandato de Pedro Sánchez había quedado al descubierto en poco menos de medio año. Sus socios le habían dado el poder para que no lo ejerciera en solitario y de forma independiente, sino para que cumpliera con lo acordado con todas las formaciones separatistas. Era justo lo que había firmado en la Declaración de Barcelona nada más llegar a la Secretaría General del PSOE por segunda vez en 2017, el reconocimiento de «la plurinacionalidad nacional» y «las aspiraciones nacionales de Cataluña».

Antes de la firma de esa declaración, Sánchez había pronunciado en Cataluña en abril de 2017 la famosa frase en la que aseguraba que «Cataluña es una nación». El entonces exsecretario general del PSOE y aspirante a la reelección mostró en público su pleitesía a las tesis del PSC y reclamó una reforma constitucional con el fin de reconocer «a Cataluña como lo que es, una nación». Según explicó Sánchez, a escasos meses del golpe separatista del 1-O, «España es una nación de naciones y Cataluña es una nación». Lo afirmó en un mitin en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona, con un público de más de 3.000 personas y con el apoyo expreso y presente de los entonces alcaldes barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, y de Viladecans, Carles Ruiz; el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu y la portavoz del PSC en Gerona, Silvia Panque. Por supuesto, entre el público no podían faltar el que era primer secretario del PSC y más tarde ministro de Sánchez, Miquel Iceta; el entonces secretario de Organización y después ministro del covid, Salvador Illa; y la que era número dos del partido, la alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. El futuro eje del PSC estaba presente en aquella declaración verbal que más tarde sería firmada por escrito desde la Secretaría General del PSOE.

Aquel febrero de 2019, el Gobierno aceptó sin matices las bases de una mesa de partidos creada para abordar sin limitaciones lo que denominaban como «crisis de Cataluña». También admitieron sin pestañear las otras demandas que sus socios les plantearon, entre ellas: una «figura neutral», inicialmente llamada «mediador», tal y como habían reclamado los separatistas; el chantaje adicional expuesto por PDeCAT, que se guardó un as en la manga afirmando que si no le satisfacía lo pactado con ERC, registraría una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019; que hubiera una presencia directa del PSC, guardián de las esencias nacionalistas en las filas del PSOE, porque «los socialistas tenemos una situación diferente a los demás, tenemos dos partidos», según palabras de Carmen Calvo; la exigencia de ERC y PDeCAT de que se incluyera en la mesa a Podemos y Cataluña En Común; o la incorporación de cargos oficiales del Ejecutivo nacional, dos secretarios de Estado, dando toda la sensación de un proceso de descolonización.

Miquel Iceta filtró en aquel momento algunos detalles más: «No me gusta la expresión de mediador, como si los partidos necesitáramos que alguien nos pusiera de acuerdo. Yo vería más claro que se diga que haya alguien que dé fe de lo que se habla. Como entre los partidos tenemos tanta desconfianza, que haya alguien que diga “se ha hablado de esto”, “se ha llegado a estos acuerdos”, “queda esto sobre la mesa…”». El escenario había sido montado con apariencia de negociación internacional. Por si alguien sigue con dudas de lo que se estaba negociando, hay que subrayar que fue la propia ERC la que desveló que otra de las exigencias realizada en la mesa había sido la de que el Gobierno «instara a la Fiscalía» a retirar las acusaciones contra los golpistas, los mismos que fueron más tarde indultados, y caminar hacia «un referéndum de independencia», justo la última exigencia de ERC en pleno asalto del PSOE al TC, con la propuesta que los separatistas diseñaron para colarla en un Constitucional controlado por el PSOE y con Conde-Pumpido a la cabeza.

El entonces presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra, fue aún más explícito con su información. Reveló que la mesa contaría con un triunvirato de lujo, denominado el «trío de WhatsApp», integrado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi —⁠persona que aparecía nombrada en la práctica totalidad de la investigación de la Guardia Civil sobre el 1-O⁠— y el vicepresidente autonómico en aquel momento, Pere Aragonès, mano derecha de Oriol Junqueras durante el golpe del 1-O.

Hubo una petición adicional: el «fin de la represión», según la terminología de ERC. La exigencia hacía referencia a las detenciones practicadas hasta ese momento de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y al propio trato a los golpistas. Aquello escondía una obviedad: la exigencia de paralización de todos los procesos judiciales contra los delitos relacionados con el separatismo y la búsqueda de una salida para las ya evidentes condenas que estaban por llegar por el 1-O. Es decir, que la petición incluía el futuro indulto.

Pedro Sánchez se vio ante una tesitura difícilmente llevadera. Por un lado, había prometido unas elecciones en la pasada —⁠pero aún fresca en la memoria⁠— moción de censura. El PSOE se enfrentaba a unas elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2019. Y los separatistas tenían prisas por cobrarse el precio de haberle sentado en el sillón de La Moncloa. Para colmo, una concentración multitudinaria —⁠la de la famosa foto de Colón⁠— amenazaba con aglutinar, como hizo el 10 de febrero, a todo el bloque constitucionalista en contra de las automáticas cesiones de Pedro Sánchez ante el separatismo. Demasiado para que un buque como el del PSOE, que acababa de ganar una moción con una ínfima representación en el Parlamento aguantara semejante choque.

El presidente pidió calma a sus socios. Les explicó las bondades de tener un poco más de paciencia para poder obtener todo lo deseado y pactado en la mesa con las formaciones separatistas de Cataluña y solicitó el retardo y ocultación de las exigencias rupturistas hasta después de unas elecciones generales, las del 28 de abril.

La labor de negociación fue desarrollada, entre otros, por Iván Redondo, encargado de aplacar a Podemos, una formación multimarca que se veía —⁠con sus 71 diputados⁠— en la rampa de un posible ascenso. Redondo les convenció de lo que resultaría un error para los morados. El tiempo y una mala estrategia electoral del PP y Vox —⁠que no tardaron en lanzarse cada uno al cuello del otro⁠— permitieron al PSOE recuperarse, ascender hasta los 123 diputados y ver retroceder a Podemos hasta los 42 escaños.

Pedro Sánchez, además, era consciente de que necesitaba amarrar su poder antes de las autonómicas. Los obscenos acuerdos con el separatismo y la cercanía de las elecciones autonómicas y locales estaban provocando las críticas internas. Fue por esas fechas cuando, de hecho, el rebelde —⁠sin consecuencias⁠— más habitual del PSOE, Emiliano García-Page, hizo el último alarde medianamente serio de intentar tomar alguna medida de cierta relevancia frente a Sánchez: pidió la convocatoria del Consejo de Política Federal de los socialistas, el órgano que aglutina a todos los secretarios generales, con el fin de someter a deliberación la rendición de Pedro Sánchez a ERC y Junts. La diputada socialista y antigua portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, entonó su crítica más sonada: «Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones». Pero poco duró el tono aguerrido. La posteriormente aniquilada por Sánchez, Carmen Calvo, salió en defensa del presidente y al ataque de Rodríguez. Lo hizo desde la Cadena SER afirmando que «la señora Rodríguez, compañera diputada, no ha entendido nada». García-Page contratacó desde sendas entrevistas: «Lo del relator me deja muy perplejo. Si de lo que se trata es de tener a alguien de testigo, porque no se fían unos de otros, para eso pueden hablar directamente en el Parlamento, que estamos todos los españoles de testigo y tengo tanto interés como nadie en saber lo que dicen», afirmó. «Lo que tengo muy claro es que hablar es una cosa, yo no hablo con mis amigos con testigos de por medio. Eso es negociar», añadió el líder socialista de Castilla-La Mancha. Concluyó sentenciando que había que dejar «muy claro» que un referéndum separatista era «absolutamente imposible» y llegó a reclamar a Sánchez «que se mantenga en su sitio desde el fondo, en la defensa de la Constitución, pero también en las formas. Porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles».

El presidente aragonés, Javier Lambán, se unió al coro de temerosos del impacto electoral autonómico como pago del recibo separatista: «Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de derecho ni la decencia. Estoy seguro de que Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar», afirmó el socialista.

Pero la sangre, como suele ocurrir en el PSOE, no llegó al río. Sánchez negó los obvios y evidentes pactos con los separatistas y los barones socialistas se dieron por satisfechos ante las cámaras. Se definió un calendario electoral en el que el PSOE nacional escondía la agenda separatista hasta después de las elecciones generales y territoriales —⁠los separatistas pausaron levemente su ansia de destrucción de España⁠—, de forma que los barones territoriales tuvieran tiempo para afianzar sus feudos. Todos contentos. Eso sí, dispuestos para abordar el asalto al conglomerado constitucional e institucional a la vuelta del rally electoral.

Pero Podemos tenía hambre. Un hambre lógica teniendo en cuenta que su papel siempre fue el de potencial sustituto del PSOE en caso de que los socialistas no cumpliesen con las exigencias de avance del comunismo. Así lo vio el propio Zapatero y así lo esperaba un Iglesias que veía con ansia la posibilidad de que Sánchez no diese la talla y dejase paso a un verdadero comunista como él.

Pablo Iglesias solo tenía un pequeño problema: por mucho que a él le cueste entenderlo, las elecciones las deciden los votantes, no el Sóviet Supremo, y en España no había ninguna mayoría comunista. Sin duda un contratiempo para que sea elegido un partido como Podemos, de evidente corte comunista, por mucho que sus esperanzas se basasen en los acuerdos entre Hugo Chávez y Rodríguez Zapatero. Unos acuerdos que merecen ser estudiados para comprender lo ocurrido entre la fuerza morada y el PSOE. Pedro Sánchez tuvo que amoldarse a la realidad de Podemos para seguir contando con el apoyo de los separatistas, beneficiarios finales de la presión anticonstitucional de Pablo Iglesias.

De Bono a Morodo, pasando por Zapatero y con parada final en Sánchez

Pedro Sánchez nunca ha sido hombre de compartir el poder. Lo quiere todo, lo ansía y lo saborea. Para él, el Falcon no es solo un jet privado. Es mucho más: es la demostración de que todos los que se rieron de él y pensaban que no llegaría a nada tienen ahora que verle en La Moncloa, decidiendo sobre todas las materias imaginables, con mando sobre los que pensaban que no sería capaz de acabar ni la tesis —⁠aunque no la acabó y se la tuvieron que hacer⁠— y hasta con capacidad de volar las veces que quiera por encima de las cabezas de todos. Esa expresión de poder, de presencia en los medios, de fuerza, de autoridad, es su gran ambición y su gran logro.

Pero no siempre ha podido hacer lo que quiere. No logró tener un programa de actuación propio entre las primeras y las segundas primarias del PSOE, que ganó, porque las cartas del tablero de la izquierda habían sido ya repartidas por otra persona. Una que ha mandado y manda mucho más que él en la izquierda: José Luis Rodríguez Zapatero. Como hemos repasado, fue él quien trazó el rumbo de los tripartitos separatistas, del pacto con ETA, de la conversión de la banda asesina en un partido, del cordón sanitario, del acuerdo a fuego con ERC, hasta de la vuelta al guerracivilismo y sí, también del papel de Podemos. Ese ha sido siempre uno de los grandes quebraderos de cabeza de Pedro Sánchez: el juego con Podemos.

El presidente nunca quiso a Podemos ni a Pablo Iglesias; no los aguanta ni lo ha hecho nunca. Su mundo de supuesto activismo, de teórica lucha marxista, de okupas, de ambiente de botellón, no es el suyo. Él siempre fue un chico bien, de buen barrio, buena casa, universidad privada y amante de la fiesta y la comodidad.

Para Sánchez, entenderse con Bildu o con ERC es aliarse con quienes nunca competirán con él por el poder de toda España. Sabe que tiene que cederles cuota —⁠hasta llegar al poder completo y el control del avance separatista⁠— en sus comunidades, pero eso no le preocupa. Es consciente de que no intentarán disputarle el Gobierno de España y de que para cuando llegue el nuevo jaque total a la unidad de España, él ya estará fuera de la órbita de la crítica política directa. La Presidencia dura lo que dura y, tras ella, llega un retiro millonario y dorado plagado de charlas, conferencias y puestos más que bien retribuidos donde ya nada importa el destrozo que se haya dejado atrás. Dicho de otro modo, cuando él se marche de La Moncloa, los problemas de defensa constitucional y de la unidad de España —⁠por no hablar del pago de una deuda pública desbocada que ha crecido a niveles de ocho millones de euros a la hora⁠— ya serán nuestros. Suyo será el siguiente cargo de lujo.

Pero no es así con Podemos, que nació de un extraño cruce de contactos en el que las ganas de hacer negocios fueron el factor impulsor de las relaciones, pero donde la simpatía y coincidencia política de Zapatero con los dictadores venezolanos hizo el resto y marcó el rumbo principal de esa alianza.

La Audiencia Nacional ha tenido durante mucho tiempo en sus manos el caso Morodo, que resulta clave para explicar mucho de lo ocurrido con Zapatero y con Sánchez. El Juzgado Central de Instrucción número 1 tuvo claro desde el principio los indicios que apuntaban a Raúl Morodo, embajador en Venezuela mientras fue presidente del Gobierno de España Zapatero, y señaló igualmente a su hijo, Alejo Morodo, y hasta a la mujer de este, Ana Catalina Varandas. Los presuntos delitos de los que se les acusaban eran de fraude a la Hacienda Pública cometidos entre 2013 y 2017. El dinero defraudado había sido obtenido fruto de las relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez. Pero ¿quién convenció a Zapatero de que debía enviar allí a Morodo como embajador? Un hombre llamado José Bono.

Cofundador con Enrique Tierno Galván del Partido Socialista Popular (PSP), Morodo fue uno de los diputados constituyentes y llegó a ocupar el cargo de secretario general de la formación hasta el año 1978. Posteriormente fue parlamentario europeo con el CDS (Centro Democrático y Social). Tras el fracaso de su carrera política, llegó el auge de la diplomática. Morodo ha sido uno de los embajadores políticos de España en tres periodos claves para entender su importancia en la vida de Zapatero y de Sánchez. Fue embajador-representante permanente en la Unesco entre 1983 y 1985 —⁠todo un acicate para entender el mundo de las relaciones internacionales⁠—; embajador en Portugal, entre 1995 y 1999; y —⁠esta es la clave⁠—, tras haber demostrado su capacidad diplomática en Lisboa, fue embajador en 2004 en la República Bolivariana de Venezuela, cargo que mantuvo hasta 2007.

Por el camino, Morodo entró en contacto con el progresismo internacional gracias a su Vicepresidencia de la Internacional Liberal y Progresista, entre 1989 y 1992, y hasta llegó a escribir unas memorias de título insinuante, Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado. También tuvo tiempo de dejar constancia de su labor en un caso judicial enormemente peliagudo. El juez Santiago Pedraz mandó detener en 2019 a cuatro personas relacionadas con Raúl Morodo: su hijo, un socio de este, y las mujeres de ambos. La UDEF, sin embargo, no detuvo a Raúl Morodo, pese a encontrarse entre los investigados bajo la sospecha de ser uno de los cabecillas, por su avanzada edad, ochenta y cuatro años.

La orden se dio a petición de la Fiscalía Anticorrupción por una acusación de blanqueo de capitales de al menos cuatro millones de euros que habrían salido de las cuentas de Petróleos de Venezuela (PDVSA). La empresa petrolera estatal es simple y llanamente una de las mayores muestras de fuerza y poderío económico del chavismo.

El control de la dictadura venezolana sobre esta compañía, que cuenta con fondos respaldados por una de las mayores reservas de petróleo del planeta, es pleno. Es decir, que si el dinero había salido de PDVSA, había muchas probabilidades de ser un pago ordenado o permitido por la dictadura chavista.

El sumario del caso creció y de los cuatro millones blanqueados se pasó a una estimación de treinta millones salidos de la petrolera venezolana, según los datos remitidos a la investigación por parte de Suiza. El juez encargado, Alejandro Abascal, sí observó un posible delito agravado contra la Hacienda Pública en Raúl Morodo por el ejercicio económico 2014. En el caso de su hijo, el mismo delito, pero por los años 2013 y 2014, y en el de su nuera, por los años 2013, 2014 y 2017.

La importancia del comportamiento de Morodo, provocó la apertura de una pieza separada para el caso Morodo, un movimiento que acercaba al banquillo al exembajador y su círculo familiar. Fue el propio juez el que aseguró en ese momento que el juicio de los hechos relatados de Morodo «no debe aguardar o demorarse hasta que se complete la instrucción con relación a otros hechos delictivos u otras personas que pueden ser objeto de indagación separada».

En el auto se describieron comportamientos altamente sofisticados por parte de la familia. Alejo Morodo, según la investigación judicial, se dedicaba a la prestación de servicios de asesoría legal con una red de ocultación al Fisco formada por tres sociedades. «Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública», explicó en aquel documento el juez Abascal.

Y es ahora cuando surge el quid de la cuestión: ¿por qué tuvieron que ocultar esas rentas? Entre los años 2007 a 2014, según el escrito judicial, el hijo de Morodo estableció «una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros de los que percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014».

¿PDVSA no tenía capacidad para realizar por sí misma esa labor de planificación fiscal internacional desde su departamento fiscal o jurídico? ¿Una empresa con ingresos anuales habitualmente superiores a los 7.000 millones de dólares, un beneficio de más de 800 millones en algunos de los años de su dilatada existencia —⁠nació en 1975⁠— y 140.000 empleados tuvo que contratar al hijo de Morodo para desarrollar sus estrategias fiscales internacionales? ¿Una empresa pública venezolana, emblema de la dictadura chavista, no tenía ningún despacho de su propio país y tuvo que contratar servicios con el hijo del embajador enviado por Rodríguez Zapatero?

Resulta obvio que las respuestas a esas preguntas no parecen ser el mejor argumento a favor de los Morodo.

Los fundadores de Podemos

Como hemos indicado, Raúl Morodo fue la figura clave del acercamiento de Rodríguez Zapatero a Hugo Chávez. No porque buscara un lazo político, sino porque su labor en favor de José Bono fue el inicio de una gran amistad que favoreció la entrada definitiva de Rodríguez Zapatero en el Grupo de Puebla. Pero las cosas de la política son como son y, en junio de 2020, a la vista de la evolución de los acontecimientos judiciales, el expresidente del Gobierno no dudó en afirmar en una entrevista en la Cope que no conocía «en absoluto» las actividades del que fuera su representante en Venezuela. Según él, era «un embajador más» con el que nunca tuvo una «especial relación».

Todo esto sucedía mientras se desvelaba, según un informe de Hacienda presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que Morodo habría utilizado su tiempo en la Embajada de Venezuela, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, para realizar pagos a José Vicente Rangel, vicepresidente de Hugo Chávez. La información fue descubierta por la Agencia Tributaria y se confirmó con toda una serie de transferencias desde cuentas de Raúl Morodo y su familia en Suiza y las Islas Vírgenes a René Alberto Arreaza, el que fuera coordinador general de la Vicepresidencia de Venezuela en 2004. Por esas fechas, Rangel era ya una de las figuras clave del Gobierno del dictador Hugo Chávez. De hecho, siempre fue considerado uno de sus mentores, así que llevarse bien con él u operar a través de él significaba tener las puertas abiertas del régimen venezolano. Los desembolsos, según la UDEF, habrían tenido lugar después de que la familia Morodo hubiese percibido importantes cantidades de dinero procedentes precisamente de su relación con Venezuela.

Zapatero decidió ir a más en sus declaraciones y aseguró que el tiempo le estaba dando la razón con Venezuela y que se la daría aún más, porque la «aproximación convencional» de muchos al estudio de la situación de Venezuela ha partido de «un análisis falso de la situación de origen» y así «toda la estrategia es un grave error». Con esas frases resulta difícil pensar otra cosa que no sea el hecho de que Rodríguez Zapatero siempre fue favorable al régimen dictatorial de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Porque, si el tiempo le ha dado la razón, quiere decir, sin posibilidad de ninguna interpretación distinta, que su posterior postura totalmente cercana al chavismo la mantuvo desde el inicio. Es decir, aquellos años de Morodo como embajador en Venezuela, de 2004 a 2007.

La entrevista a Zapatero fue aún más esclarecedora. En ella advirtió de que los «análisis de intención superficial y tontona» que pretenden utilizar a Venezuela «políticamente» para ligar el chavismo a Podemos «no sirven para nada». «Desde que empezaron con el chavismo y Podemos, el chavismo está en el Gobierno y Podemos está en el Gobierno, es el resultado de quienes hacen análisis profundamente equivocados», añadió, en una extraña explicación que, justamente, demuestra lo contrario de lo que pretendía aclarar el expresidente del Gobierno. Si los dos han triunfado será precisamente porque la estrategia ha funcionado, no por lo contrario. Es más, si Podemos ha llegado al Gobierno es porque su partido ha aceptado gobernar con ellos, no por lo contrario. Lo que lleva precisamente a la tesis de que, a estas alturas, es difícil saber cuál de los dos partidos —⁠PSOE o Podemos⁠— goza de mayor simpatía o cercanía por parte de Zapatero.

Pero sigamos con las fechas, porque entre el periodo que va de 2004 a 2007 pasaron más cosas. Podemos no nació hasta 2014, pero la documentación sobre las operaciones de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) en la que se encontraba Pablo Iglesias relatan el inicio de una serie de cobros por parte de sus integrantes a partir del año 2004. Los registros en cuestión reflejan el estado de cuentas de esta entidad entre los ejercicios 2004 a 2013, previos a la fundación oficial de Podemos. Allí se puede ver el nombre del que más tarde sería vicepresidente del Gobierno con Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, gran impulsor del partido y declarado admirador de Hugo Chávez y defensor de Nicolás Maduro, aparece retratado como responsable de la captación de 1,361 millones de euros del Gobierno de Venezuela en 2008 y 2009, momento en el que ya había ascendido y ocupaba un puesto clave en el Consejo Ejecutivo de CEPS. Los documentos de la Fundación recogen con todo detalle los contratos firmados con Venezuela, como el que se alcanzó para la «Colaboración con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela», por valor de 198.000 euros; el firmado bajo el nombre de «Convenio de Colaboración con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) de la República Bolivariana de Venezuela», por un importe de 189.080,40 euros; el del «Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social», de 32.400 euros; o el «Convenio de Colaboración con la Compañía Anónima Venezolana de Televisión (CANTV)», por un valor total de 48.000 euros.

Se trata de un largo listado de documentos que permitieron reafirmar el impulso de algunos de los futuros apoyos de Podemos. Y, muy en concreto, de su gran estrella, Pablo Iglesias. En esta fundación, Iglesias Turrión tuvo en esos años 2008 y 2009 un cargo de elevada relevancia en la inmensa mayoría de los contratos y trabajos desarrollados. Él era el responsable de Investigación, cuando la gran mayoría de los convenios incluían una parte de supuesta investigación.

Los registros de la Fundación CEPS incluyen un punto igualmente relevante: los cargos de primera fila de la entidad pasaban a ser directamente «beneficiarios» de los fondos. «Son beneficiarios de la Fundación CEPS todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de tomar parte, de uno o de otro modo, en las actividades que organiza la Fundación», según las palabras de las memorias de la entidad. Entre los años 2004 y 2013 la citada entidad recibió nada menos que 7,1 millones de euros del régimen chavista.

Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, entre otros, formaban parte de esa ejecutiva, y también lo hicieron de la posterior cúpula de fundadores de Podemos. Según las informaciones publicadas, Hugo Chávez habría firmado personalmente la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias. El objetivo era supuestamente «llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo», según la documentación comunicada ya por parte de la investigación de Estados Unidos. El delator de esas partidas fue Rafael Isea, un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, posteriormente protegido de Estados Unidos. Todo aquel riego de dinero comenzó en 2004.

Pero la cosa es aún más llamativa si se pone en relación con una segunda operación: la venta de embarcaciones militares desde España a Venezuela. Estados Unidos siempre sospechó que se vendieron en época de Zapatero con tecnología norteamericana dentro de los buques. Esta cronología resulta aún más significativa si se observan las visitas y creciente simpatía entre Hugo Chávez y Zapatero y entre el propio José Bono y el dictador venezolano.

De ETA a Chávez

En enero de 2005, tan solo medio año después de que Raúl Morodo estrenara su cargo de embajador en Venezuela, los efectos balsámicos de su intercesión se dejaron notar. El ministro de Defensa José Bono visitaba Caracas y a Hugo Chávez. El viaje se planteó como un encuentro secreto, mientras el presidente Zapatero estaba en plena gira americana. Las fechas son importantes, porque se convirtió en uno de los primeros quehaceres abordados por el recién investido presidente socialista. De hecho, la premura solo puede ser equiparada a la de otra tarea claramente prioritaria para él: la negociación con ETA. La Venezuela de Hugo Chávez fue el gran santuario de la banda asesina, por eso es conveniente hacer un repaso por la cronología de aquella negociación con los terroristas. El 18 de febrero de 2004, aun sin Zapatero en el poder, ETA, a menos de un mes de las elecciones generales que elevaron al socialista al sillón de La Moncloa, anunció una primera tregua, pero estaba limitada exclusivamente a Cataluña. Es de suponer que consideraban que con su nuevo Ejecutivo regional tripartito —⁠en el que estaban los socialistas, los comunistas de ICV y ERC⁠— se cumplían sus exigencias. Recordemos que ese tripartito se había acordado solo dos meses antes, en el Pacto del Tinell del 14 de diciembre de 2003.

El 18 de junio de 2005, seis meses después del acercamiento expreso de la Administración Zapatero a la dictadura de Hugo Chávez, y tan solo un mes después de que el Congreso respaldara el plan del PSOE de iniciar una negociación y diálogo con ETA, la banda asesina comunicaba el cese de «sus acciones armadas contra los electos de los partidos políticos de España», sin incluir en ese perdón supuestamente misericordioso a los miembros del Gobierno. Tras la estratégica matanza de políticos socialistas —⁠anteriormente descrita⁠—, algo debía de haber convencido a ETA de que el momento de parar con el PSOE había llegado. El 22 de marzo de 2006 los terroristas anunciaban, por fin, su más conocido alto el fuego permanente. Ese que, como ya se ha detallado en este libro, se cerró para lograr, entre otras cosas, el paso del brazo político de la banda asesina a la política. ETA comunicaba su alto el fuego permanente para «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria». El mensaje de los asesinos estableció como fecha de comienzo de ese periodo de tregua el 24 de marzo de 2006.

Dicho de otra manera, que tras un periodo que comenzó con el Pacto del Tinell y se cerró con la tregua de ETA, España había entrado en una senda radicalmente distinta a la mantenida hasta ese momento por los Gobiernos de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja —⁠como ministro del Interior⁠—. En menos de dos años y medio, ERC pasaba a ser un aliado estratégico, ETA conseguía las bases para entrar en política y la dictadura venezolana que ya había empezado a pagar a los cachorros del futuro Podemos a través de fundaciones pasaba a ser un socio estratégico, incluido en el área militar y hasta energética, como ahora mismo se detallará.

El ministro de Defensa, José Bono, no hizo esperar a Chávez. Se alojó en el hotel Meliá Caracas y su estancia se filtró de inmediato, pese a no haber sido comunicada de forma oficial a los medios de comunicación ni existir rastro del viaje en la agenda oficial del Ministerio de Defensa. La cita había sido ocultada deliberadamente ante la magnitud de los acuerdos impulsados y posteriormente alcanzados.

No se debería pasar por alto que en esas mismas fechas un elemento se cruzó en el camino, aunque estaba claro que pocas cosas podrían ser un impedimento para que los deseos de buen entendimiento entre Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez salieran a flote. Venezuela había sido incluida como un punto necesario en la gira americana del presidente español, pero la parada tuvo que ser suspendida como consecuencia de la grave crisis surgida entre la dictadura de Chávez y Colombia. El detonante fue la detención por Colombia del mando de las FARC Rodrigo Granda. Pero ahí estaba Bono para sortear ese problema.

El ministro de Defensa español tuvo que ser, de esta manera, el protagonista de un viaje que había sido preparado con mimo por Raúl Morodo, en el fondo, un recién llegado a Venezuela. La reacción de la oposición tras filtrarse la visita y el más que probable objetivo del encuentro —⁠la compra de armamento por parte de la dictadura venezolana a España⁠— no tardó en llegar. El responsable de Exteriores del PP en aquella época, Gustavo de Arístegui, afirmó que era «muy poco edificante que un gobierno democrático vaya a visitar a una persona que ha dicho no creer en la democracia representativa y que, por lo tanto, no es un demócrata». El PP puso la lupa en aquel encuentro secreto y anunció de inmediato la exigencia de la comparecencia del ministro de Defensa en el Parlamento para dar explicaciones, pero el Gobierno de Zapatero tenía claro que la alianza estratégica con Chávez saldría adelante. Y con ella, la venta de armamento.

A esas alturas de la historia, el acuerdo bajo manga de venta de armas estaba más que avanzado. El presidente de Venezuela había anunciado el mes de noviembre previo que tenía abiertas las puertas para encargar varios «tanqueros» a los astilleros españoles de Izar. Izar Construcciones Navales era una sociedad pública, dependiente, por lo tanto, del Gobierno, que englobaba los mayores astilleros españoles. Fue creada en julio de 2000 tras fusionar Astilleros Españoles y Bazán, pero en diciembre de 2004, la también pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de Izar, separó la rama militar, dando lugar al nacimiento en marzo de 2005 de la muy conocida Navantia, que más tarde se haría también con el control de los astilleros civiles. Ese rediseño prioritario de la rama militar da una idea de la importancia que por aquellos años tenía la fabricación de buques de guerra en España.

Quienes argumentan que esta venta de armamento no lo fue a una dictadura olvidan la obviedad del avance totalitario que ya se vivía entonces en la Venezuela de Hugo Chávez. El propio Arístegui, en su crítica desde el PP a los acuerdos negociados con Caracas, subrayó «la inquietante deriva totalitaria del régimen venezolano» que ha «criminalizado» a la oposición. «Lo que no puede hacer un Gobierno democrático [el de España] es caer en el error de enviar a un ministro en medios oficiales y de forma secreta», añadió el popular.

Lo obsceno de la presencia de José Bono en Caracas fue a más. Tras ser descubiertos por las filtraciones a la prensa, fuentes de Defensa, por fin hicieron público el viaje del ministro español a Venezuela. Aunque la explicación que ofrecieron siguió tratando de desvirtuar el verdadero motivo. El comunicado, recogido por la agencia pública EFE, aseguraba que la visita tenía el objetivo de «tratar con el Gobierno de aquel país acuerdos en materia de cooperación industrial». Líneas después se afirmaba que el viaje estaba relacionado con el compromiso adquirido por el dictador venezolano de alcanzar contratos con España para el mantenimiento de barcos. Ni era mantenimiento, ni eran estos unos barcos cualquiera, sino embarcaciones militares. El intento de dar apariencia de normalidad a estas negociaciones con Chávez llevo al Gobierno a mezclarlo informativamente con diversos acuerdos industriales alcanzados con Colombia y Chile o las negociaciones similares que se mantenían con Ecuador y Argentina. En esa maraña se introdujo también el anuncio del viaje a Madrid del ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, para verse con su homólogo.

El nerviosismo comunicativo del PSOE, sin embargo, no hacía más que confirmar que los acuerdos alcanzados con Chávez eran decisivos. El Ministerio de Defensa tuvo que salir ante la opinión pública con una nueva andanada de argumentos, a cuál de ellos más imaginativo y hasta irónico. Bono filtró a la prensa que las negociaciones incluían la compra de gas y petróleo y contratos para los astilleros públicos españoles. Es decir, que en su intento de emborronar la venta de armas a un dictador, el ministro español no hacía más que confirmar que Hugo Chávez había pasado a ser un socio estratégico de España por orden de Rodríguez Zapatero. Y de Venezuela, claro está.

La reacción de Chávez tampoco tardó en llegar. En febrero de ese mismo 2005 comunicó que la buena sintonía entre los países permitiría que el presidente español, José Luis Rodríguez, le visitará en breve. Ya se había producido un encuentro previo, aunque en sentido inverso: de Chávez a Zapatero en España, el 23 de noviembre anterior. Las palabras del dictador venezolano fueron reveladoras del clima nacido desde el comienzo entre ambos: «Siempre llegan buenas cosas de Madrid, dentro de pocas semanas llegará el presidente del Gobierno español», señaló en un acto con empresarios.

José Bono había hecho los deberes. En solo 36 horas en Caracas cerró el acuerdo de venta y ya no era solo de buques militares, se habían incluido aviones de transporte.

Raúl Morodo no ocultó su euforia y calificó el clima entre Madrid y Caracas de «momento especial», lo que, según él, ayudaría al proceso de integración de América Latina. Toda una declaración que figura en la carta de intenciones del Grupo de Puebla y del Foro de São Paulo. Como auguró, se produjo una integración, pero bajo el comunismo. El más tarde imputado Morodo aseguró que por fin se dejaba atrás «una etapa de no entendimiento a nivel político, que tenía repercusión desde el punto de vista económico». Es verdad que José María Aznar nunca ocultó su animadversión hacia Chávez, especialmente por su protección a ETA.

La celebración por la firma de los acuerdos no escatimó en medios. Así como se había ocultado la negociación del pacto de venta, la plasmación de la alianza entre Zapatero y el chavismo se hizo con fanfarrias. La rueda de prensa se celebró en Venezuela: una vez estampada la rúbrica del acuerdo en el Palacio de Miraflores por parte de los presidentes de Navantia y EADS-CASA y el ministro de Defensa de Hugo Chávez, el almirante Orlando Maniglia. Bono, desde luego, tampoco faltó. Aclaró que su presencia había contado con el respaldo expreso del Gobierno en pleno, reunido en Consejo de Ministros. El manchego no decepcionó y fue allí donde aprovechó para lanzar una de sus míticas y conmovedoras frases: «La autonomía es condición que debe adornar al ser humano. El Gobierno de mi país quiere ser el Gobierno digno de un país soberano y autónomo. Por eso estoy aquí».

Es de suponer el eco de todas esas palabras en la oposición democrática venezolana, ya bombardeada, que escuchaba ahora que la argumentación para vender armas a un dictador era la defensa de la «autonomía» y de la «dignidad».

Desde el Ministerio de Defensa siempre se afirmó que el material que se vendía carecía de carácter ofensivo, puesto que su objetivo era centrarse en labores de «autoprotección» y «autodefensa» en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Hasta se dijo que sería utilizado en la lucha contra el narcotráfico. Ironías del destino, el régimen está siendo ahora investigado internacionalmente por haber engendrado un cartel de droga desde el poder. El cartel de los Soles, así denominado por los soles que anuncian el grado militar de general en los uniformes del Ejército venezolano. «No existe ningún embargo internacional y otra vez invoco el único imperio que existe, el de la Ley, y cumpliendo la Ley, como decía san Agustín, somos libres y, por tanto, no puede invocarse embargo que tenga ningún tipo de validez distinto de aquellos que nacen de la propia Ley», argumentó Bono para defender la venta de armas. Obviamente, nunca llegó a explicar cuál es la diferencia entre un arma ofensiva y defensiva.

España, convertida en un país carente de credibilidad para Estados Unidos

La pérdida de credibilidad de España ante Estados Unidos alcanzó su grado máximo cuando Bono, sacando pecho, afirmó que nuestro país vendía lo que quería «del mismo modo que Estados Unidos no nos ha pedido permiso para vender, como ha vendido, armas a Venezuela, o como por ejemplo Francia o Italia o Alemania porque todos ellos venden también productos de la industria de la Defensa a Venezuela». La guinda al argumentario oficial del apoyo con armas a una dictadura comunista también la puso él cuando aseguró que Hugo Chávez no había llegado al poder como Fidel Castro o Augusto Pinochet. Hoy Venezuela, junto con China, Cuba y Corea del Norte, todas ellas comunistas, es una de las más evidentes dictaduras.

Hugo Chávez terminó de sentenciar a muerte las relaciones internacionales de España con Estados Unidos: «Quienes pregunten por ahí qué hace Pepe Bono en Caracas no me queda sino decir que vino con coraje a defender la España libre y la España digna». Y añadió: «¿Cuántas veces no han dicho que aquí viven terroristas de la ETA? Se nos acusa de terroristas, de azuzar el terrorismo, pero somos víctimas del terrorismo, como España lo es también». Bajo el mando del dictador, no solo se constituyó en Venezuela el mayor santuario de etarras, sino que, incluso uno de ellos llegó a ocupar un cargo oficial del Gobierno de Chávez: José Arturo Cubillas Fontán.

Arturo Cubillas era, de hecho, el jefe de ETA en toda Sudamérica. Él fue un niño mimado de Chávez, hasta el punto de que trabajó durante años para el Gobierno venezolano dirigiendo la formación de sus asesinos en el manejo de armas y explosivos. Lo hizo desde el momento en el que el santuario francés de ETA dejó de serlo y apareció Venezuela como el paraíso salvador de los terroristas. La implicación con ETA de la Venezuela que financió a la futura cúpula de Podemos fue enorme, tal y como quedó reflejado en el auto de procesamiento del juez Eloy Velasco, en el que se ordenó la detención internacional a efectos de extradición de Cubillas en 2011. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya había denunciado en 2010 la «supuesta cooperación» del Gobierno chavista con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2011 esa denuncia fue ampliada señalando el adiestramiento de los terroristas etarras y de las FARC en Venezuela con el permiso del Gobierno venezolano. El mismo Gobierno al que Bono vendía armas buscando la paz.

Aquel auto señalaba sin contemplaciones el papel de Cubillas. El etarra vivía en Caracas, tenía concedida la nacionalidad venezolana y ocupaba el cargo de director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierra del Gobierno de Hugo Chávez. El auto judicial afirmaba que, desde ahí, Cubillas estuvo inmerso en «un delito de integración en la estructura terrorista de ETA como dirigente de la misma en el continente americano desde tierra venezolana». Según el juez —⁠casualmente una vez más desde 2004 y hasta 2008⁠— mantuvo «contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los comandos activos de esta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas».

Según ese mismo auto, en 2007, el líder de la banda asesina, Francisco Javier López Peña «Thierry» —⁠el mismo al que se le incautaron parte de las actas de la negociación de ETA con el Gobierno de Zapatero⁠— decidió enviar a Venezuela a Iraitz Gesalaga para trabajar en el sistema de encriptado de las comunicaciones etarras. Un año después, Mikel Kabikoitz Carrera «Ata» —⁠cabeza de los comandos terroristas⁠— tomó la decisión de enviar a Javier Atristain y Juan Carlos Besance para mejorar su formación en armas y explosivos. Es decir, que la Venezuela con la que negoció, de la que se encariñó y a la que convirtió en aliado estratégico Rodríguez Zapatero, no solo incubaba y criaba ya a los futuros líderes de Podemos, sino que hacía básicamente lo mismo, cuidando como hijos suyos a los etarras.

La venta de armas a Chávez que cambió el rumbo internacional de España

La rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo en el Palacio de Miraflores con la cúpula del chavismo se convirtió en todo un aluvión de información sobre el verdadero alcance de los pactos entre el Gobierno de España y la dictadura chavista. Desvelaron que el contrato había crecido hasta nada menos que 12 aviones, 10 de transporte y 2 de vigilancia costera, y 8 fragatas para Hugo Chávez. El propio Bono, asistente al evento, confirmó una venta que se elevaba a 1.700 millones de euros.

El pacto se convertía en el mayor contrato de venta de material militar protagonizado por empresas españolas hasta ese momento. Los datos fueron jalonados con un supuesto análisis de impacto laboral: generación de 900 empleos en nueve años.

El acuerdo, a esas alturas, había sido ya anunciado oficialmente por el propio presidente del Gobierno español. Rodríguez Zapatero había visitado ya Venezuela, tal y como profetizó Chávez, y aprovechando ese marco, comunicó la culminación de los acuerdos. La reacción de Estados Unidos tampoco se hizo esperar. El calificativo que dieron al contrato desde Washington fue el de «factor desestabilizador en la región». La Administración norteamericana llegó a anunciar su deseo de frustrar la venta y bloquearla. Elevó el tono y señaló la coincidencia de la compra de armas con las crecientes «intenciones totalitarias» de la dictadura venezolana. Es más, la información procedente del Pentágono apuntaba al deseo de Chávez de extender su revolución bolivariana a los países vecinos.

La ruptura de puentes entre Estados Unidos y España se había hecho realidad. Y eso era básico para el chavismo, puesto que, a peores relaciones entre ambos países, menor coordinación e intercambio de información entre España y Estados Unidos a la hora de seguir los movimientos del dinero venezolano en España.

A la vista del curso de los acontecimientos, a nadie debería extrañarle una explicación coordinada de la alianza con el chavismo y algunos de los primeros hitos del mandato de Rodríguez Zapatero, después de ganar unas elecciones marcadas por los atentados del 11-M. Por ejemplo, la retirada de las tropas españolas de Irak y la negativa a levantarse al paso de la bandera norteamericana en el desfile de las Fuerzas Armadas. Todo contribuyó a un viraje profundo de las relaciones internacionales de España para abandonar a sus clásicos aliados occidentales y caer en brazos del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, donde, es conveniente recordarlo, Rodríguez Zapatero mantiene un puesto destacado.

ZP siempre estuvo, al menos desde aquel 2004 en el que fraguó su relación de amistad con Hugo Chávez, en el foco del Foro de São Paulo. Lo apoyó abiertamente y mantuvo contacto permanente con los líderes que lo integran. Pero ese foro tuvo un hijo, el Grupo de Puebla, en el que, ya sin ningún tipo de miramiento, el expresidente español se enroló en su esquema de presión. Los españoles presentes en Puebla son nueve: Rodríguez Zapatero —⁠expresidente del Gobierno de España⁠—, Yolanda Díaz —⁠vicepresidenta del Gobierno cuando esta estructura decidió mantener su apoyo internacional al comunismo⁠—, Irene Montero —⁠diputada de Podemos y ministra de Igualdad mientras permanecía en el cónclave de dictadores comunistas de Latinoamérica⁠—, Enrique Santiago —⁠secretario general del Partido Comunista Español y secretario de Estado de Agenda 2030, también mientras permanecía en el Grupo de Puebla⁠—, Adriana Lastra —⁠PSOE⁠—, Gerardo Pisarello —⁠diputado de En Comú Podem⁠—, Pilar Cancela —⁠exdiputada del PSOE⁠—, Baltasar Garzón —⁠exjuez condenado por prevaricación y abogado de muchos de los gobernantes comunistas del grupo⁠— y María José Fariñas Dulce —⁠jurista y asesora de Presidencia del Gobierno con el PSOE.

Todos del entorno del PSOE, Podemos, Ada Colau y el separatismo.

Estados Unidos reaccionó a la que calificó como «inmensa venta» de armas invocando el derecho a prohibir la venta por incluir «componentes estadounidenses que necesitan licencia de exportación», según las palabras pronunciadas en aquel momento por el embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre. Madrid contestó a Washington afirmando que el contrato estaba ya cerrado y que entregaría en tiempo y forma diez aviones de transporte C-295, dos CL-235 de vigilancia marítima y ocho patrulleras —⁠cuatro con el supuesto destino de trabajar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y cuatro con función de guardacostas⁠—. Chávez no dudó en sumar tensión e insistió en que, efectivamente, el material se usaría contra el crimen organizado pero que también serviría para modernizar la deteriorada capacidad de su Fuerza Armada Nacional (FAN).

Para colmo, la compra de armas a España se unió a otros envíos a Venezuela. En concreto, Hugo Chávez se hizo con los primeros 30.000 fusiles Kalashnikov AK-103, procedentes de un lote total de 100.000 nuevos fusiles comprados a Rusia con el objetivo de sustituir los FAL belgas en uso en aquel momento. Las relaciones comerciales con Rusia no finalizaron ahí: el chavismo recibió 3 helicópteros rusos, procedentes de un lote total de 15 unidades que incluía los modelos Mi-17, Mi-26 y Mi-35. Simultáneamente negoció la adquisición de aviones de combate MIG 29 con los que relevar a 24 cazas F-16 norteamericanos. Todo un plan de rearme y, además, fuera ya de la órbita de control occidental y democrática. Y ahí estaba el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Un pacto militar. Antesala de la hiperdependencia energética e institucional

El Rubicón había sido cruzado por José Luis Rodríguez Zapatero. Más que posiblemente, de forma intencionada. Quería al país en la órbita de Lula da Silva, de Hugo Chávez y de los Kirchner, aunque para eso fuera necesario romper la buena sintonía y lealtad entre España y Estados Unidos lograda bajo el mandato de José María Aznar. El presidente español fue a más en los años posteriores. Diseñó todo un calendario de encuentros de hermanamiento con Venezuela hasta llegar al anuncio de una de las visitas estrella de Hugo Chávez a La Moncloa, la del día 11 del mes de septiembre de 2009, día de la Diada catalana. El motivo fue la gira por distintos países europeos, africanos y de Oriente Próximo del dictador venezolano. La respuesta del dictador no pudo ser más eufórica: anunció el «salto gigantesco» que se había logrado a lo largo de todo ese periodo en las relaciones entre los dos países. Objetivo conseguido para el chavismo y para Rodríguez Zapatero.

Como ejemplos de ese largo camino de hermanamiento valga el encuentro en Caracas previo a ese viaje, en julio de ese mismo año, protagonizado por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, acompañado de una delegación de empresarios para reforzar los lazos energéticos. Moratinos se citó con otro de los hombres de confianza de Chávez en el país: Nicolás Maduro, en aquel momento dedicado al cargo de Canciller de la República de Venezuela. Con él inauguró un foro empresarial y comió de forma amigable y distendida en la Casa Amarilla. Allí hablaron, por ejemplo, de la situación de Honduras y del reforzamiento aún mayor de las relaciones entre España y Venezuela. Todavía tuvo tiempo el ministro español de acudir a una ofrenda floral ante la tumba de Simón Bolívar, en el Panteón Nacional. El mismo que firmó un Decreto de Guerra a Muerte el 15 de junio de 1813 en la ciudad venezolana de Trujillo en el que ordenó que «los españoles y canarios» que no lucharan por la independencia venezolana fuesen asesinados.

Aquella visita fue la tercera de Moratinos a Venezuela. Hizo una primera en marzo de 2005 acompañando a Rodríguez Zapatero, y otra más en junio de 2008, después del famoso «¿por qué no te callas?» del rey Juan Carlos. Este último encuentro tuvo como misión dejar claro que la España socialista nunca mandaría callar a Chávez por mucho que insultara a España.

El año 2009 fue el de la confirmación de un nuevo eslabón en las alianzas entre la España zapaterista y la Venezuela chavista: la «alianza energética», clave para convertirnos en un país ligado a los gobiernos bolivarianos en materia de suministro de petróleo. Los dos protagonistas responsables de la firma serían el propio Chávez y Moratinos. Venezuela no dudó en calificar estos acuerdos en materia de yacimientos petrolíferos como una «nueva etapa» de fortalecimiento de lazos con un «país hermano».

Los pactos llegaron en julio de ese año. El entonces ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, definió el gran evento como «una alianza energética de futuro de importante magnitud». El acuerdo supuestamente permitiría vender a España petróleo venezolano más barato y destinar esos fondos a un plan de desarrollo de tecnología en Venezuela. El pack implicaba la apertura de la exploración petrolífera en la Faja del Orinoco, uno de los yacimientos más importante del mundo, a las compañías españolas y también la aportación de compañías españolas a la construcción de una central de ciclo combinado en el estado de Sucre.

Pero Maduro no quiso que el asunto se limitara a esa alianza energética: «Lo que se va a concretar arranca una nueva etapa que viene a fortalecer la confianza que estamos construyendo en diversos temas». El heredero político de Chávez confirmó lo que un año antes este ya había anunciado durante su visita a Madrid. Los acuerdos se ampliaron a operaciones de infraestructuras y ferroviarias. Maduro no dudó en recordar que todo esto era posible gracias a la nacionalización de los recursos energéticos por su Gobierno dictatorial. Una expropiación que había permitido arrebatar a empresas privadas sus áreas de negocio para que pasaran a ser explotadas por medio de «empresas mixtas» lideradas por Petróleos de Venezuela (PDVSA). La misma a la que se vincularon los Morodo en su actividad en el país latinoamericano.

Unos negocios regados con 42 millones a comisionistas

Toda aquella euforia empresarial no pasó sin dejar un rastro de pelos en la gatera. En concreto se saldó con, al menos, 42 millones pagados por el Gobierno español a comisionistas y solo teniendo en cuenta la venta de las ocho patrulleras a la Administración Chávez.

En mayo de 2005 José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez habían pactado la construcción por la empresa pública española Navantia de esos ocho buques de vigilancia para la Armada bolivariana. El contrato contó con las preceptivas firmas el 28 de noviembre de ese mismo año. Pocos días antes, ocurrió algo ya habitual en este tipo de negocios: la llegada de los comisionistas. El 30 de septiembre de 2005, Navantia firmaba un acuerdo denominado «de mediación». La beneficiaria fue la empresa Rebazve Holding Ltd. Pese a que todo había sido ya pactado entre Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez, o incluso entre Moratinos y Maduro, aquella sociedad se convertía en receptora de una comisión del 3,5 por ciento del importe total de la venta. Desgajado el coste de los aviones vendidos a Venezuela, el importe de la venta de las embarcaciones militares quedaba fijado en un total de 1.207 millones de euros. Es decir, que el comisionista se quedaba con un pellizco de prácticamente 42 millones.

Toda la información quedó plasmada en un documento interno de los astilleros públicos españoles bajo el título «Nota sobre Gestión de Comisión Comercial – Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela». La Dirección de Control y Auditoría de Navantia aceptó la operación un 26 de mayo de 2006. Rebazve Holding ya había remitido para entonces dos facturas iniciales por una suma conjunta de 3,66 millones de euros.

La labor comercial había sido desarrollada por los dos Gobiernos, sus ministerios y hasta habían mediado los servicios diplomáticos, pero se justificaron 42 millones en comisiones. La empresa que se hizo con el dinero abrió una sede en España unos meses después bajo el nombre de Rebazve Holding S. L. y con ubicación mercantil en Vizcaya. Los nombres al frente de ella eran los de dos ciudadanos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides. El primero de ellos era una persona de plena cercanía al área económica de Hugo Chávez. El segundo, según la información recogida oficialmente en el Registro Mercantil, lideraba una segunda compañía, en este caso española: Fashion Canary Islands. El domicilio social de Rebazve Holding S. L. coincidía con el de una segunda firma: un despacho asesor de Carvallo y Malavé.

La comisión se organizó en dos tramos. En el primero, Navantia se comprometía a pagar a Rebazve un 5 por ciento sobre los primeros cien millones de euros de precio total del pedido de las ocho patrulleras. La prima, a partir de esa cifra, iba reduciéndose hasta llegar a un 2 por ciento a partir de los quinientos millones. En resumen, sobre los cuatro primeros patrulleros BVL (Buque de Vigilancia Litoral), la cifra era de un total de 17,80 millones. De los siguientes cuatro barcos —⁠el lote que incluía los POVZEE (Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva)⁠—, la comisionista se haría con 23,97 millones, el 3,43 por ciento del contrato.

En total, 41,78 millones de euros por una operación que estaba ya cerrada desde el inicio y diseñada e impulsada por la labor de los propios Gobiernos.

Años más tarde, ciertos documentos de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, fueron filtrados a la CIA y la Interpol, a raíz de la investigación del clan de los Soles de Venezuela. Entre ellos apareció un expediente que recopilaba información sobre España e incluía un apartado sobre el caso «Sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar».

Los datos recabados en ese informe apuntaban a la construcción de cuatro BVL cuyo coste se elevaba hasta los 508,68 millones de euros y cuatro POVZEE, por valor de 698,71 millones de euros. Eso suponía que el coste total de los contratos firmados por Hugo Chávez con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ascendía hasta los 1.207,39 millones. Pero lo cierto es que los últimos datos relativos al desembolso por parte de Venezuela hablaban de 1.246 millones de euros. ¿A dónde fue la diferencia? Aunque la cuantía de la comisión final no coincida, parece claro que el resto fue al cobro por unas supuestas gestiones que ya habían sido realizadas.

Que nadie pase por alto el nombre de la compañía que se llevó las primas: Rebazve Holding. Significa literalmente Representación de Bazán en Venezuela. ¿Una empresa se crea para una sola operación o con el propósito de ser denominada con una sola operación?

Igual de llamativo fue en su momento el silencio con respecto a esta operación. En 2010 algunos medios de comunicación españoles se interesaron por el asunto ante la aparición de información que apuntaba a un cobro masivo de comisiones no fácilmente explicable. Intentaron contactar con los máximos responsables de la operación. Juan Pedro Gómez Jaén, al frente de la filial Sainsel Sistemas Navales S. A., se negó a dar detalles ni información alguna. La respuesta fue descriptiva: cero explicaciones y traslado de la patata caliente a las oficinas de Navantia, que según él era quien tenía que responder. Sin embargo, Gómez Jaén era quien presidía la empresa en la fecha en la que se firmó el contrato. ¿No se acordaba de nada? El resultado fue el mismo cuando llamaron al Ministerio de Defensa: ni medio dato sobre el contenido o justificación de la aparición de la mencionada comisión, como reflejó la prensa en su momento.

Las incidencias financieras no acabaron ahí. Hugo Chávez argumentó en el momento de la firma del contrato que su decisión de comprar barcos de guerra a España tuvo una parte de puro altruismo: el suyo, supuestamente. Según sus explicaciones, España estaba muy mal en materia de pedidos en astilleros y quiso «hacer un favor» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La versión, al margen de lo cómico, quedó desmentida rápidamente: los pagos del Estado Venezolano se retrasaron y en 2016 aún quedaban por pagar más de 300 millones.

Podemos llegó a la política… y a la vida de Pedro Sánchez

Todo lo descrito pasó bajo la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero, y siempre con un doble sentimiento e interés. Por un lado, el puramente económico, el de los negocios, como demuestra la gran cantidad de investigaciones judiciales que hubo con respecto a estas operaciones: los Morodo, PDVSA o el mismo asunto de las comisiones. Por otro lado, funcionaba una notable identificación ideológica entre ambos líderes, de cercanía, de entendimiento en el comunismo. Fruto de estas circunstancias prosperaron los pagos a los futuros fundadores de Podemos a través de la Fundación CEPS sin que Zapatero pusiera pegas, pese a que era un proyecto que, obviamente, acabaría compitiendo con su propio partido. Y por eso, posteriormente, como ya ha descrito este libro con profusión de datos, fue el propio Zapatero quien acabaría plenamente integrado en el Grupo de Puebla y quien entrara al trapo en un determinado momento para hablar con Pablo Iglesias y garantizar el curso de una gobernabilidad conjunta entre Podemos y el PSOE. Porque, en el fondo, el papel de Podemos, le guste o no asumirlo a Pablo Iglesias, siempre fue ese: el de garantizar que el PSOE seguía, por medio de la competencia, el curso de los deseos de Rodríguez Zapatero. O, dicho de otra manera, el curso de los deseos de Hugo Chávez.

Por eso también Baltasar Garzón se ha vinculado con el Grupo de Puebla, pero sin dejar de lado la relación con el genuino Foro de São Paulo, hasta el punto de que el expresidente boliviano, Evo Morales, confió en él para integrarlo en su equipo internacional de abogados en el momento en el que recibió la orden de busca y captura de la Fiscalía boliviana por los delitos de sedición y terrorismo. «Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión», afirmó Morales desde Argentina, país en el que Baltasar Garzón también mantiene una excepcional relación con la condenada por corrupción a seis años de cárcel, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso Podemos mantiene las mismas relaciones con los mismos actores, y tanto Iglesias como Íñigo Errejón no dejan de mostrar su contacto y simpatía por el populismo comunista de la vicepresidenta argentina. Por eso Rodríguez Zapatero sigue operando en coordinación con Nicolás Maduro y los países mencionados. Y por eso fue Venezuela y no otro el gran santuario de ETA. Porque es imposible entender lo uno sin lo otro.

Todo esto es lo que ha permitido que la mesa de Pedro Sánchez estuviera servida mucho antes de que él llegara a comer y a volar con el Falcon. Si quería ser presidente de España, por mucho que le molestara a Emiliano García-Page —⁠que no dudó en amoldarse más tarde a la misma mesa política⁠—, Sánchez debía degustar esos platos y no los de Ciudadanos. Las alianzas socialistas fueron fraguadas hace mucho tiempo para que el partido siga el carril dictado desde los salones de Arnaldo Otegi, Oriol Junqueras y Hugo Chávez o Nicolás Maduro. A los morados, les moleste lo que les moleste, les ha tocado el papel de ser suplentes, no agentes principales. José Luis Rodríguez Zapatero acertó plenamente en su análisis político cuando dijo que el PSOE está ya tan radicalizado que no necesita de compañeros más comunistas que ellos. Por eso, entre otras cosas, sobraba Carmen Calvo, que se empeñaba en mantener un PSOE líder, no una franquicia del comunismo, el chavismo, el separatismo y los proetarras. Por eso el PSOE es Sánchez. Él ha aceptado ser representante de Bildu y ERC a cambio del palacio de La Moncloa y el Falcon.

8

PODEMOS, EL INCÓMODO AMIGO «VENEZOLANO» DE ZAPATERO QUE SÁNCHEZ ACEPTÓ Y DELCY SUPERVISÓ

El caso del Pollo Carvajal, el espía de Hugo Chávez, es representativo de la relación a la que llegó Venezuela y Podemos con Rodríguez Zapatero. Hugo Armando Carvajal Barrios es un antiguo militar y político que llegó al grado de mayor general del Ejército de Venezuela, fue diputado y, sobre todo, dirigió el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Una vez más, su periodo de mandato al frente de ese organismo coincide con todo lo expuesto hasta ahora. Comenzó a dirigir la inteligencia venezolana en julio de 2004 y mantuvo su puesto en la entidad hasta diciembre de 2011. Regresó al cargo entre abril de 2013 y enero de 2014. Llegó a ser condecorado por Chávez y Nicolás Maduro, pero todo cambió a partir de 2019, hasta el punto de que en 2021 Venezuela solicitó su extradición desde España bajo la acusación del delito de traición a la patria.

El Pollo fue apresado en abril de 2019 en Madrid. Estados Unidos lo reclamaba para ser juzgado dentro del caso de narcotráfico que investiga contra Venezuela. España se vio en la tesitura de tener que remitir al espía a Washington o argumentar convenientemente su negativa. Sánchez se lo pensó —⁠la repercusión en su relación con Podemos podía ser amplia⁠— y finalmente optó por entregar al Pollo a Estados Unidos. O eso creyó todo el mundo, porque tras ser aprobada la extradición, el espía se había fugado y se tuvo que dictar la orden de busca y captura. Volvió a ser detenido en septiembre de 2021, pero no llegó a ser entregado a Estados Unidos.

Uno de los máximos interesados en no ser enviado a Estados Unidos es el propio Pollo Carvajal, quien nunca ha dejado de afirmar que prefiere permanecer en España. ¿Qué material entregó el exjefe de la inteligencia venezolana para convencer a las autoridades españolas de la bondad de no ser enviado ante la Justicia norteamericana? Pues, entre otras informaciones, los documentos que probarían el supuesto cobro de Baltasar Garzón de las arcas de PDVSA, la misma compañía que pagó a la familia de Raúl Morodo.

El Pollo entregó a la Audiencia Nacional un documento en el que se describía los supuestos pagos al exjuez Garzón de 8,8 millones procedentes de Petróleos de Venezuela S. A. El contrato incluiría una solicitud de contratación al bufete Ilocad S. L. —⁠cuyo administrador único es él⁠— de fecha 15 de noviembre de 2016, con firma del que fuera comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero, y del antiguo presidente de la compañía pública, Eulogio del Pino. La cuantía del compromiso de pago ascendía a 8.835.000 euros. El acuerdo explicaría con detalle los pagos, sus conceptos y obligaciones: 1.650.000 euros iban destinados a «asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela»; otros 2.105.000 euros cubrirían el pago por la «preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España» y un total de 1.980.000 euros financiaba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».

Esto, teniendo en cuenta que Baltasar Garzón es la pareja de Dolores Delgado y lo fue durante su mandato como fiscal general, cobra una especial significación. Especialmente la parte de «coordinación con la Fiscalía».

El despacho de abogados de Baltasar Garzón negó el cobro de estos 8,8 millones de euros de la petrolera venezolana, aduciendo, tal y como se publicó en prensa, que Ilocad S. L. no fue contratada por PDVSA, sino por el despacho americano Square Patton Boggs, LLP, que llevaba la defensa a nivel mundial de PDVSA, pero lo cierto es que el antiguo espía aportó en sede judicial el documento del contrato.

Carvajal además de papeles ha facilitado información. Por ejemplo, que supuestamente Juan Carlos Monedero recibió financiación del chavismo en los años del nacimiento de Podemos. En octubre de 2021 afirmó que existían tres vías de financiación chavista para el núcleo de la formación morada, una de ellas, la más delicada, por medio de valija diplomática, principalmente y según el Pollo, aprovechando los viajes de Monedero a países del Caribe y usando transferencias de empresas interpuestas o testaferros.

El Pollo es el protagonista de un nuevo capítulo de las relaciones entre España y Venezuela que, cómo no, volvieron a tensar nuestro contacto con Estados Unidos y reafirmaron la dependencia del Ejecutivo de Sánchez a la tendencia forjada en época de Rodríguez Zapatero, y que le abocaba a un callejón sin salida de gobernabilidad y alianza con Podemos.

En 2019 se vivió el esperpento de no entregar a Estados Unidos al espía porque, en teoría, había desaparecido. Y eso pese a que, en aquella ocasión, la Justicia española sí estaba por la labor de extraditar al antiguo jefe de la Inteligencia chavista. Al menos en teoría.

La reacción a aquella parodia no se hizo esperar. El Gobierno de Washington calificó de «vergonzosa» la fuga de España de Hugo Carvajal. La Justicia americana lo perseguía por delitos de tráfico de drogas y de armas con destino a las FARC y a España se le había escapado teniéndolo en sus manos. Esto sucedió tras la llegada al poder del seguidor político de Rodríguez Zapatero. Casualidades.

La versión oficial aseguró que un martes se le comunicó al Pollo que sería extraditado a Estados Unidos, un viernes se filtró a la prensa y horas después el espía huyó. Normal, pensaría cualquier persona: conocía la orden de traslado y, evidentemente, decidió que no estaba por la labor. Le habían dejado en su casa en espera de mandarlo a donde él no quería ir bajo ningún concepto. ¿Y por qué se le permitió esperar placenteramente en su domicilio la llegada de lo que más deseaba evitar? Piensen ustedes lo que quieran porque lo cierto es que la respuesta parece bastante obvia.

Por si el sainete no parece lo suficientemente obsceno, Hugo Carvajal concedió una entrevista a El Confidencial dos semanas antes de su huida. En sus declaraciones no dudó en constatar que no confiaba en la Justicia estadounidense y que no le agradaba lo más mínimo la decisión de su extradición. Solo le faltó anunciar su fuga. Para colmo, las informaciones filtradas hasta ese momento aludían a que el Pollo habría viajado anteriormente a Italia con el propósito de preparar la escapada a través de contactos en ese país. Desde la Casa Blanca no dieron crédito a lo que nunca consideraron como un error, sino como una cesión de Pedro Sánchez a Podemos y Venezuela. El responsable de Donald Trump para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, resumió el escándalo con la siguiente frase: «Fueron a su casa y, qué sorpresa, ya no estaba allí».

Segunda presidencia socialista desde la llegada de Rodríguez Zapatero y segundo escándalo, afrenta y pérdida de prestigio y credibilidad ante Estados Unidos. Porque era lo planificado. El desencuentro con Occidente y el arrinconamiento en el cuadrilátero de las dictaduras comunistas. Justo lo deseado por Rodríguez Zapatero desde el principio.

Rodríguez Zapatero y Bono prepararon la mesa de Sánchez

Es legítimo dudar del relato expuesto en este libro. Es posible pensar que nada tuvieron que ver en el trazado de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez ni ETA, ni ERC, ni Venezuela, ni Rodríguez Zapatero. Pero el lector deberá reconocer que la avalancha de datos que apuntan en esa dirección es tan descomunal que no estaría de más un contraargumento o evidencia de calado para desmentir lo que, a todas luces, parece leche, sabe a leche, se sirve en botella y es de color blanco.

Sánchez demostró entre abril de 2019 y noviembre del mismo año que no tenía ni el más mínimo interés en compartir el poder con Podemos. Tal y como afirmó él mismo, «no dormiría por las noches, junto con el 95 por ciento de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentiría tranquilo, incluso votantes de Podemos» con Pablo Iglesias en el Gobierno. El pequeño problema pasaba por el simple cálculo matemático de que los necesitaba y no podía gobernar sin ellos.

Zapatero preparó la mesa en la que Sánchez tendría que comer. Ya en enero de 2015, por poner simplemente un ejemplo de alguno de los contactos mantenidos, se reunió con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Lo organizó José Bono, igual que había llevado a Raúl Morodo ante Rodríguez Zapatero y que se encargó de cerrar los acuerdos de venta de material militar.

Pero lo más llamativo de aquella reunión —⁠esa se filtró, pero nada nos hace descartar que no hubiera otras⁠— es que el propio Pedro Sánchez, ya secretario general del PSOE, tuvo que reconocer que no tenía ni el más mínimo conocimiento de ella. Es decir, que José Bono había orquestado un encuentro de seguimiento de las relaciones entre quienes estaban presentes en la mesa de Hugo Chávez años atrás. Habían hablado del futuro de España y de la necesidad de un entendimiento; pensar que hablaran de otra cosa es ridículo, teniendo en cuenta que mantuvieron la cita oculta a Pedro Sánchez. Y lo habían hecho sin contar con el aspirante a la Presidencia del Gobierno de uno de los dos partidos representados en ese encuentro clave. Dicho de otro modo, allí estaba el líder de uno de los dos partidos llamados a gobernar en breve —⁠Podemos⁠— y por parte de la otra formación —⁠el PSOE⁠— la persona que mandaba de verdad, Rodríguez Zapatero.

La explicación de Rodríguez Zapatero una vez desvelado el encuentro en la prensa fue surrealista. Aseguró abiertamente que «no se lo había contado» al líder del partido porque lo que se abordó fueron asuntos estrictamente «personales» y que él no tenía motivo para mantener informado a Pedro Sánchez de su agenda personal. «No voy a contribuir a ningún ruido», aseguró dejando claro que, para él y para Pablo Iglesias, los acuerdos entre Podemos y el PSOE debían ser secretos incluso para el líder oficial de su partido.

El secretario general de Podemos también aportó su granito de arena. Dijo que en la charla se «defendió» a Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez era el tema personal de debate entre Rodríguez Zapatero e Iglesias? «Se ha dicho mucho en estos días que Zapatero y Bono estaban contra Pedro Sánchez. No es verdad. En esa conversación yo pude comprobar que defendían a su secretario general», explicó para mayor sorna el líder morado y preferido de Venezuela. Zapatero y Bono le dijeron que no «querían hacer daño al PSOE» y que por eso le pidieron discreción sobre lo hablado en la cita, terminó de detallar. ¿Cómo harían daño al PSOE hablando de temas personales? ¿Una charla sobre fútbol o vacaciones hace daño a un partido? ¿O es que hablaron de si Sánchez aceptaría las exigencias de Podemos, Bildu y ERC de cara a mantener lo que no era otra cosa que la agenda de ETA y de Venezuela? Porque la hoja de ruta del separatismo catalán no es ni más ni menos que la debatida en su momento entre Carod-Rovira y ETA, es decir, la de ETA.

Sánchez nunca estuvo en los planes iniciales de Rodríguez Zapatero. Él hubiese preferido a alguien curtido de verdad en el PSOE. Una persona revolucionaria y radical en sus planteamientos como Eduardo Madina, aquel que hizo el siguiente comentario a raíz de una fotografía del papa Benedicto en una visita al campo de concentración nazi de Auschwitz: «Miren qué guapo el Papa […] Si algo queda claro en todo esto es cómo son los managers, solo piensan en el negocio». El mismo que, ahora que tanto se habla de partidos que inyectan odio, afirmó que Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, era un «guiñol», un «cura franquista cargado de odio y rencor» y dotado de una «predisposición permanente al vómito, característica de los demócratas de centro reformista». «Si se fijan bien, da la sensación de que incluso un hilillo de mala baba cae por la boca en la línea recta que marca la corbata hasta desaparecer detrás del atril. Cae y cae hasta perderse, suponemos, por las alcantarillas de Génova. Es como si la gaviota del PP, ya manchada en su ala derecha, estuviera huyendo despavorida de la baba de vinagre que se desprende de Acebes», añadió Madina, que pasaba por renovador socialista y marchamo de talante y capacidad de diálogo. «Es la desembocadura del odio, de la agresividad y la manipulación, un afluente contaminado del río Le Pen. Son los dientes manchados de FAES y de impotencia. Es el grito de guerra de los guerrilleros de Cristo Rey. Podrían ser los dientes del “se sienten coño” y del “estesen tranquilos” pero no se dejen engañar por la estética de la foto, el frontis y todo eso, son tan solo los dientes de Acebes», culminó el moderado Madina, que despertaba las simpatías de Zapatero. Porque eso es también lo que el contador de nubes relajado y multicultural de Rodríguez Zapatero piensa de la derecha. De toda ella y haga lo que haga. El literato Madina arregló aquello al más puro estilo PSOE o Podemos: la culpa fue, por lo visto, de las mentes retorcidas de la derecha que lo leyeron así, porque él simplemente hizo, según su maravillosa versión, un «comentario en el que no hay ni un solo insulto […] Lo único que escribí fue una descripción de una fotografía en evidente clave de humor». Vamos, que encima había que pedirle perdón por carecer de su muy evolucionado y refinado gracejo.

Rodríguez Zapatero, al menos, hubiese preferido un perfil sucesor como el de Susana Díaz, capaz de aparentar que defiende la Constitución española mientras convive con toda la corrupción mayúscula de los ERE sin romper nunca la disciplina del partido. Una persona experimentada que al ver décadas de robo puede salir del atolladero exclamando la mítica frase del capitán Renault en Casablanca: «¡Qué escándalo, qué escándalo! Me he enterado de que aquí se juega».

Pero lo cierto es que Pedro Sánchez se coló en el nuevo universo socialista en 2014 precisamente por las desavenencias entre los dos elegidos —⁠Madina y Susana Díaz⁠—, porque el uno lo quería todo y la otra no tenía valor para pelearlo. Y el relevo Sánchez aprovechó su oportunidad para conectar con unas bases del partido tan amorales como él. Un niño bien, de barrio acomodado y más interesado por el baloncesto y las fiestas que por la política de verdad. Una persona que, por tendencia natural, nunca hubiera compartido las aspiraciones netamente comunistas y profundamente antiamericanas de las que hace gala Rodríguez Zapatero. Carente de cualquier principio y radicalmente lejano a cualquier noción de fiabilidad. Capaz de hacer lo que fuera por su interés, menos trabajar para sacarse su propia tesis. Por eso en esa reunión de diciembre de 2014 se tomó la decisión de que era prioritario salvar el pacto de las fuerzas unidas desde comienzos del 2000 y relevar a Sánchez si no aceptaba el mantra comunista. Por eso se mantuvo oculto el encuentro.

Enrique Santiago: la enésima prueba del Grupo de Puebla llegada a España

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, formó parte del grupo de seguidores de Hugo Chávez y luego del Grupo de Puebla. Irene Montero, ministra, formó parte del mismo colectivo de admiradores del dictador chavista y también es miembro del Grupo de Puebla. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, secretario de refundación de IU y miembro del comité federal del PCE y abogado de la coalición, formó parte del grupo de apoyo a Cuba y, por supuesto, también es miembro del Grupo de Puebla. Se trata de tres ejemplos de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se convirtió en un delicado engranaje de la presencia del chavismo en España. Un engranaje que Delcy Rodríguez, con su visita de la mano de José Luis Ábalos, dejó claro que era prioritario para la dictadura venezolana.

El caso de Enrique Santiago o Yolanda Díaz tienen una especial relevancia. Pese a que Pablo Iglesias tenía preferencias personales obvias por otras personas dentro de su formación, dio una especial protección a ambos. ¿Por qué? Por el mismo motivo expuesto hasta el momento. Porque el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y, en definitiva, las dictaduras comunistas así lo deseaban. Irene Montero también forma parte de ese mismo grupo, pero nunca tuvo la presencia que ellos en la defensa del comunismo desde el PC. Un plus para Cuba, que debía ser recompensado y lo fue. Pablo Iglesias dictó su sucesión en Yolanda Díaz y forzó a Pedro Sánchez a designar a Enrique Santiago como secretario de Estado de la Agenda 2030, justo en su despedida del Gobierno para competir en la elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Yolanda Díaz fue militante del PCE y coordinadora nacional de Esquerda Unida. Se convirtió en uno de los apoyos clave de Cayo Lara a la coordinación general de Izquierda Unida y se afianzó como responsable de la Secretaría de Políticas Sociales en la comisión ejecutiva de IU. Candidata de Esquerda Unida a la Presidencia de Galicia y miembro de la alianza En Marea. Todo como representante del comunismo, hasta el punto de que, cuando en 2019 abandonó la militancia de Esquerda Unida, mantuvo la del Partido Comunista.

Por su parte, Enrique Santiago no solo tuvo un papel predominante en el Partido Comunista español, sino que sus contactos le llevaron a una relación muy cercana a los dictadores cubanos. Fue el apoderado de las compañías de Joel Max Marambio Rodríguez, un empresario multimillonario castrista juzgado y condenado en Cuba a veinte años por un caso de corrupción. El hermano de Joel Max, Marcel Luis, también fue condenado a quince años de cárcel por estafa, cohecho continuado y falsificación de documentos privados, y también fue administrador de algunas sociedades familiares en las que tuvo presencia Santiago.

Enrique Santiago desempeñó un trabajo determinante en la gestión de International Network Group S. A., de Valores Norte Sur S. A. y de Sol y Son Los Viajes S. A., una agencia de viajes vinculada a Cubana de Aviación. Él negó su vinculación con las firmas una vez descubierto. Pero lo hizo con una curiosa frase en la que aseguró lo siguiente al diario El Confidencial: «Yo solo soy el apoderado de las empresas de su grupo en España, las de Cuba son distintas, los problemas que Marambio tuvo allí son otra cosa con la que yo no tengo nada que ver». Es decir, que mientras lo negaba, confirmó su relación con un entramado castrista. Los Marambio levantaron su imperio con empresas de capital mixto público-privado bajo el mandato de Fidel Castro para perder su protección con la llegada de Raúl Castro.

Pero, independientemente de los motivos de los Marambio para subir y bajar en las escalas de filias y fobias de esta dictadura hereditaria, la cercanía directa de Enrique Santiago a la cúpula de la tiranía cubana había quedado más que demostrada. Todo un aval para el Grupo de Puebla, para Pablo Iglesias y para un Pedro Sánchez que aceptaba todo lo que exigiera este colectivo con tal de afianzarse en el poder.

Pedro Sánchez, el del insomnio por la llegada de Iglesias al poder, recibió tal cantidad de explicaciones sobre lo que le convenía que no solo recuperó el sueño de golpe, sino que, además, aceptó el placer de la somnolencia a ritmos cubanos y venezolanos. Hasta el punto de que ha llegado a apadrinar personalmente en muchas ocasiones a Yolanda Díaz.

Y el Gobierno del insomnio y el Falcon llegaron a Sánchez

El presidente Sánchez intentó gobernar con pequeñas cesiones de poder a Podemos tras las elecciones del 28 de abril de 2019, pero eso era imposible. El papel de la formación morada era, precisamente, el de vigía de un determinado tipo de Gobierno. El de garante de la llegada de un Ejecutivo de corte comunista, elevadamente populista, con fuertes subidas de la carga fiscal, con incremento del control político, con pérdida de libertad, guerracivilista y feminista radical. Uno que apostase por los nuevos mecanismos de pérdida de productividad —⁠la Agenda 2030 y el ecologismo ultra⁠— de forma que la punta de riqueza que genera el capitalismo quede anulada y no vuelva a permitir el gran logro de Ronald Reagan: arruinar a la URSS y hacerla saltar por los aires socialmente ante la evidencia del desastre humano y económico que supone el comunismo.

Podemos tenía que entrar y hacerlo con fuerza, como ocurrió en aquellas Navidades de 2019. Porque el Gobierno que concibió Rodríguez Zapatero, Hugo Chávez, el Grupo de Puebla, el Foro de São Paulo, los separatistas y, en última instancia, aquellas negociaciones lanzadas a principios de los años 2000 entre el PSOE y ETA así lo exigían. Se habían dado ya demasiados pasos para que una persona incapaz ni de sacar por sí misma su tesis doctoral rompiese en ese instante un camino de dos décadas simplemente por su capricho de aglutinar más poder.

El nuevo Gobierno fue concebido con una capacidad de generar una brutal carga de enfrentamiento entre la población. Ese es el objetivo del comunismo, la lucha de clases, ya sea entre hombres y mujeres, cotizantes y pensionistas, ricos y pobres, trans y feministas, anticoche y procoche, rojos y azules… Qué más da: ellos viven de ese enfrentamiento, del no entendimiento, de la generación de conflictos que provoquen la necesidad de un supuesto árbitro público, de un político férreo, con gran mando, totalitario. Solo así se justifica el enorme gasto de su aparato político, su gigantesca dimensión y su permanente manoseo de todo. Porque si la sociedad cuenta con una ley clara y llega a la convivencia pacífica y a un entendimiento fluido, su poder desaparece. Y los comunistas nunca llegan para irse.

Sánchez, tras un último intento de gobernar sin Podemos, claudicó definitivamente y asumió que, o era con ellos, o no era. Todo quedó sellado en un acuerdo el 30 de diciembre de 2019. Un pacto de gobierno donde lo que ocurrió después aparecía ya reflejado, por mucha sorpresa y apariencia de pelea que haya querido teatralizar el PSOE para intentar demostrar que son ellos los que mandan. Mandan siempre que asuman que España camina hacia el grupo de comunistas iberoamericanos y, si no, no gobierna.

En el acuerdo aparece, por ejemplo, la subida del «Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60 por ciento del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea»; la limitación de «la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado»; que «se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad»; la actualización de «las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas»; el impulso de «la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial». También figura «el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos»; y la limitación de precios de los alquileres privados de vivienda: «Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado». Igualmente figura la obligatoriedad de «uso social de la vivienda y parque público»; que «se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico»; y la «aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se fijarán objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y energía para vertebrar las políticas energéticas, de transporte, de producción industrial y las urbanas, abriendo, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa». Figuran la «reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030»; y la «recuperación de nuestra memoria democrática: desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura […]. Implementaremos un programa de exhumaciones […] y retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y estableceremos la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público. Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo». Aparece, por supuesto, «una ley trans» y «blindar que solo sí es sí. En cumplimiento de lo previsto en el Convenio de Estambul para combatir todas las formas de violencia que sufren las mujeres, se aprobará una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. En el marco de esta ley reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, “Solo sí es sí”». Claro está, también hay premio para los separatistas: «Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual». Y, por supuesto, el castigo al esfuerzo y el mérito: «Aumento de la progresividad del sistema fiscal», elevando el «Impuesto de Sociedades», «limitando las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades», subiendo el «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas» en los tramos más altos y disparando la «fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo». Simplemente se les olvidó decir que subirían la gran mayoría de los impuestos y para todos. La inmensa pulsión recaudatoria del socialismo-comunismo supone ir bajando el nivel de renta del colectivo expoliado hasta llegar a la más absoluta totalidad. Así ha ocurrido en España.

Todo quedó pactado en aquel documento exigido por Podemos y que ha hecho que Sánchez gobierne bajo sus condiciones.

El aterrizaje de la vigilante: Delcy Rodríguez

El Gobierno estaba recién constituido. Tras muchas afirmaciones de «insomnio» por tener que aceptar a Podemos, Pedro Sánchez había asumido todas y cada una de sus exigencias para poder acceder a su —⁠nuestro⁠— Falcon, el Super Puma, los coches oficiales, el trato de presidente, los focos… Esto ocurrió un 30 de diciembre de 2019 y la noche del 19 de enero de 2020 la supervisora llegó a España para recordar quién era el que controlaba los avances de este Gobierno y el garante del buen entendimiento entre el PSOE y Podemos. O, dicho de otro modo, quién mandaba. A eso vino Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela no podía entrar en España ni en ningún país de la UE. Tenía prohibido el acceso por formar parte de una lista de 25 personas del narcorégimen de Maduro sancionadas por la Unión Europea con la congelación de sus activos en suelo europeo y la imposibilidad de acceder a los países integrados en el espacio Schengen.

Se había ganado a pulso estar en esa lista. Delcy Rodríguez era la número dos de la dictadura venezolana y en junio de 2018 la UE decidió vetarla por ser responsable «de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela». Pero eso no era un problema para Pedro Sánchez, que envió al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a recibirla en plena noche y colarla por la aduana sin tener que mostrar lo que portaba en sus más que numerosas maletas, tal y como declaró en su momento uno de los pocos testigos de aquella vergonzosa maniobra. España pasaba, así, de ser el país que propuso a la UE, dos años antes y a iniciativa del Gobierno del PP, el inicio de este tipo de sanciones a los dictadores venezolanos, a ser el que violaba las prohibiciones impuestas.

Para más ironía, España pasaba a pisotear las sanciones a los narcodictadores meses después del conocido como caso Acosta. En septiembre de 2019, en plena fase intermedia entre las elecciones españolas que dirimían el grado de representación de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la lista de vetados había tenido que ser ampliada con siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas. El motivo no fue otro que las «torturas y violaciones» generalizadas de los derechos humanos que rodearon la muerte del militar opositor Rafael Acosta. De aquellos siete sancionados, cuatro fueron señaladas por la UE como directamente relacionados con su muerte, pero España permitía la entrada de la «jefa» unos pocos meses después.

Para colmo, Sánchez, en ese momento ya presidente del Gobierno, había apoyado la imposición de esas sanciones adicionales. Josep Borrell, como ministro de Asuntos Exteriores, fue quien reclamó las sanciones tras hacerse público el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Pero Venezuela quería comprobar el alcance de sus dominios y eso se convertía en un criterio absolutamente imbatible.

Todo sucedió la madrugada del 19 al 20 de enero de 2019. Delcy Rodríguez llegó en un avión privado hasta la terminal de vuelos ejecutivos del aeropuerto de Barajas. Allí la esperaba José Luis Ábalos, quien había sido avisado de urgencia por su propio Gobierno para que acudiera. Los rumores de aquellos días apuntaron a una conversación previa entre él y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Una charla en la que Ábalos habría expuesto su nula predisposición a tragarse semejante marrón y en la que el siempre dispuesto a agradar a Sánchez, Marlaska, habría trasladado la orden directa de Presidencia de que debía recibirla, intentar mantener la conversación en el propio avión —⁠para evitar las críticas por haber entrado en espacio Schengen⁠— e impedir, en todo caso, la entrada física de Delcy Rodríguez más allá de lo que ya es suelo español. Esa terminal del aeropuerto cuenta con una aduana propia y unos apartamentos interiores ubicados en territorio oficialmente español. Uno de esos apartamentos fue ocupado por Rodríguez.

El primer intento de Ábalos no fue aceptado por la vicepresidenta de Maduro por motivos obvios: ella venía a dos cosas. La primera, a demostrar que si su presidente quería, forzaba a España a asumir una violación internacional. Sánchez podía gobernar gracias a quienes ellos amamantaron con sus fondos y formación en Venezuela. Y dos, a colar sus carros con maletas: equipaje que no pasó los controles de materiales y antiblanqueo ni una mera revisión visual —⁠su paso fue totalmente secreto y opaco⁠— y cuyo contenido aún se desconoce. Divisas, títulos, cualquier otro producto. Es imposible ya saber cuál era el contenido porque el Gobierno socialista se encargó de que no hubiera ni el más mínimo control ni registro del interior de más de 20 maletas.

Un testigo de lo ocurrido decidió contar ante notario lo visto. Pagó caro su atrevimiento: fue inmediatamente expulsado del servicio de seguridad de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid por haber osado denunciar un caso de entrada ilegal tal y como le exigía su propio trabajo.

A lo largo de tres folios, el testigo narró cómo Delcy Rodríguez cruzó sin control alguno la frontera hasta llegar a territorio español. Esto sucedió mientras la persona de confianza de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, se encargaba de vigilar todo el proceso y de hablar con los asistentes para que nadie controlase a la representante de la narcodictadura ni sus dos carros cargados de maletas. Izaguirre había sido premiado previamente con el cargo de consejero en Renfe Mercancías, empresa pública que hizo hueco a una persona sin la más mínima cualificación para el cargo. Fue destituido de ese puesto en el mismo momento en el que la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sustituyó a Ábalos.

El documento notarial destacaba sin ningún tipo de duda que «siendo las 23.00 horas del 19 de enero del 2020» el testigo inició «su servicio en el aeropuerto», que acto seguido se desplazó «por zona aire […] y llegando al FBO se encontraba personal de la Embajada de Venezuela, indicando que venían a recepcionar a los pasajeros que llegaban del vuelo de Caracas». Hay que recordar en este punto que, tras ser cazado, el ministro Ábalos afirmó desconocer los detalles del vuelo. Es un tanto complicado pensar que el Gobierno no tenía información de lo que todo un protocolo y séquito venezolano que espera a su jefa conocía tan al detalle.

El testigo añade otro aspecto que apunta a un pleno conocimiento de Grande-Marlaska. Su testifical afirma que, hasta ese instante, no había una presencia policial fuera de lo habitual: «No habiendo presencia policial extraordinaria. Solo había policía de puesto y guardia civil habitual». Pero eso cambió a medida que se acercaban las doce de la noche, algo que tuvo que ser comunicado de forma más que probable al ministro del Interior. Y es que a las «23.45» el declarante llegó a su servicio de «apertura del filtro de seguridad de 00.00 hasta las 02.00 de la mañana». La hora de apertura, efectivamente, se cumplió a rajatabla. Pero en absoluto la de cierre, porque se alargó hasta altas horas de la madrugada siguiendo las exigencias de Delcy Rodríguez. «Percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar», detalló. «Observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir», que no puede «acceder a territorio nacional».

Pese a las elevadas medidas de seguridad, el testigo no logró que nadie le dijera ni el nombre ni la causa de la imposibilidad de que el viajero o la viajera en cuestión entrara en suelo español. Todo el dispositivo llegó con la orden de mantener el secreto, mandato que solo podía proceder del Gobierno y del Ministerio del Interior. Solo tras el escándalo que se produjo en la prensa se descubrió que la mencionada persona no era otra que Delcy Rodríguez.

«Aproximadamente a las 00.10 – 00.15 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (a la que posteriormente identifico por fotografía como Koldo García Izaguirre), queriendo acceder directamente a zona restringida», añade en su declaración. No lograron su objetivo, porque a las «00.05» acababan de cerrarse las puertas de acceso a las pistas por la llegada del vuelo de Caracas. «Viendo que no pueden acceder, se quedan viendo a través de los cristales y vuelven al hall de las instalaciones», señala el documento notarial. «En dichas instalaciones mantiene un encuentro el ministro Ábalos y su acompañante (Koldo García Izaguirre) con los responsables de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto». Es más, «a las 00.25 horas accede uno de los comisarios […]» informando de que «José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida (pistas) sin pasar ninguna medida de seguridad con objeto de acceder al avión». «En torno a la 01.30 horas regresan de la zona de pistas el ministro con las personas que le han acompañado junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas». En el pasaje acompañado se encontraba ya Delcy Rodríguez, que cruzó los teóricos controles fronterizos —⁠inhabilitados⁠— sin presentar documentación.

Las violaciones de control y de las prohibiciones de la UE no acabaron ahí, ni mucho menos. El testigo relata cómo «a partir de las 01.30 horas los pasajeros del vuelo procedente de Venezuela son alojados en las zonas Vip de la Terminal Ejecutiva y el personal de Sky Valet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas».

Ábalos pretendió que la imperativa representante de la dictadura venezolana aceptara un encuentro con él sin visibilidad en el mismo avión, para evitar que se alegara legalmente, como ocurrió, que se había cruzado la aduana y que, por lo tanto, la dictadora permaneció en suelo español. Tras ver la negativa de Delcy Rodríguez, el entonces ministro pasó al plan B: dejarla entrar a los apartamentos de la terminal ejecutiva —⁠ya en zona indudablemente española⁠— pero mantener la reunión en el más absoluto secreto y forzar a la venezolana a que saliera de inmediato del aeropuerto en un nuevo y urgente vuelo, cosa que, una vez más frustró la número dos de Maduro, que permaneció hasta la mañana en los mencionados apartamentos. Venía a demostrar que mandaba y que el Gobierno de Sánchez debía agradecer lo que antes había insultado y hasta señalado como causa de su insomnio, y así lo hizo.

Las maletas que entraron en España procedentes de la narcodictadura

El testigo de aquel impresentable episodio inadmisible en cualquier Estado de derecho no dejó de repetir la importancia de un detalle: «El personal de Sky Valet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas». Mucho se ha especulado sobre el contenido del citado equipaje. A fecha de hoy es imposible saber qué albergaba con tanto mimo y secreto la dictadora Delcy Rodríguez. Sea lo que sea, lo cierto es que es complicado pensar que se tratara de ropa o enseres personales, aunque solo fuera por el volumen de la carga —⁠dos carros de aeropuerto enteros pueden suponer unas 20 maletas⁠— y por la exigencia de mantener con una opacidad absoluta el contenido transportado desde Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, acompañada de un séquito de unas cinco personas de su máxima confianza, trajo esa carga bajo su supervisión personal en la bodega del avión fletado por Sky Valet y contratado como vuelo privado. Las informaciones recabadas posteriormente aseguraron que quien esperaba el equipaje para hacerse cargo de él era un vehículo de la Embajada de Venezuela en España. Como ya ha quedado dicho, ni se requirió apertura de las maletas e identificación del contenido en la aduana ni a la salida de las instalaciones de la terminal ejecutiva del aeropuerto. El control fue inexistente. Divisas, joyas, títulos… Es imposible ya saberlo. De lo que sí se tiene conocimiento es de que la custodia desde el origen correspondió a la vicepresidenta y mano derecha de Maduro y, a la llegada, a sus representantes en España: la Embajada de Venezuela en Madrid.

El vehículo en cuestión fue identificado por testigos presenciales como un automóvil con matrícula diplomática. Cargó las maletas y acto seguido esperó aparcado sin abandonar el lugar hasta que el entonces ministro Ábalos y Delcy Rodríguez terminaron una conversación de más de una hora en las instalaciones de la terminal ejecutiva.

Tras pactar la comitiva de Delcy Rodríguez y Ábalos la estancia en el apartamento VIP de esta terminal, y solo tras ese acuerdo, la furgoneta en cuestión abandonó el aeropuerto cruzando por delante de la garita de control de la entrada del parking, sin que, de nuevo, nadie requiriese ni la más mínima identificación ni control de la carga.

La reacción política no se hizo esperar una vez filtrada la noticia y publicada en prensa. Desde Vox, PP y Coalición Canaria reclamaron información urgente sobre el viaje y la carga. Algunos diputados llegaron a deslizar una posibilidad, que el vuelo en cuestión formase parte de las rutas establecidas por altos mandatarios chavistas para sacar del país dinero o metales preciosos con el propósito de tener sus vidas aseguradas en caso de que la dictadura se tuerza. Esos vuelos cuentan ya con un sobrenombre: la «ruta del oro».

El avión de Delcy Rodríguez tuvo uno de sus tránsitos por Turquía. Lugar más que probablemente elegido para fundir el oro, un mecanismo necesario para esconder el origen del metal precioso. Los detalles de aquel vuelo son importantes y los de las salidas de oro de Venezuela por los denominados como bolichicos, también. Esta fórmula se ha convertido en un mecanismo de saqueo de altos funcionarios, mandatarios y empresarios vinculados al régimen tan usual, que han conseguido que sus viajes de expolio hayan sido incluidos en la lista de The Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate el blanqueo de activos y el tráfico ilegal de metales preciosos. Los vuelos salen de Venezuela y llegan a Turquía portando en sus bodegas oro extraído ilegalmente de las minas, o sacado de las reservas oficiales del país. El metal se funde en Turquía, eliminando cualquier rastro indicativo de su procedencia y se distribuye posteriormente entre países como Rusia, Jordania, Emiratos Árabes o distintos paraísos fiscales.

¿Y cuál fue la ruta del vuelo de Delcy Rodríguez? Ella salió del aeropuerto de Madrid tras pasar la noche en las dependencias VIP de la terminal ejecutiva de Barajas. Lo hizo a bordo de un vuelo comercial con destino a Catar. Pero el aparato que la trajo hasta España era un jet privado que, tras esperarla, puso rumbo a Estambul.

El avión en cuestión mostraba la matrícula TC-AKE. De hecho, su base de operaciones es la ciudad turca. Cuenta con una capacidad de transporte de 14 personas y fue fletado por la compañía Sky Valet. El vuelo salió el sábado 18 del aeropuerto Ataturk (Estambul) a las 10.34 AM, hora local. Realizó un primer trayecto de seis horas y media hasta alcanzar el aeródromo portugués de Santa María en las Islas Azores. Allí estuvo estacionado poco más de media hora para repostar y reemprendió vuelo. Tras permanecer 7 horas en el aire aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía-Simón Bolivar, en Caracas. El jet privado tomó tierra a las 17.57 PM del sábado, hora local. A la mañana siguiente —⁠10.12 AM del domingo⁠— partió, ya con Delcy Rodríguez y su séquito personal, camino de Madrid.

En resumen, ningún argumento racional permite afirmar que el viaje de Delcy no tuviera como objetivo un posible destino en Turquía, lo que apuntaría a un país habitual en las rutas del oro o, cuando menos, a los esquemas empleados con este tipo de movimientos de metales o piedras preciosas.

La rápida salida al quite del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (https://theobjective.com/etiqueta/pablo-iglesias/), resulta significativa. Podemos tenía conocimiento del trato habitual entre el político y «apoderado» Enrique Santiago y Alfredo Serrano, un economista y asesor político, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que es uno de los herederos de la Fundación CEPS en el mantenimiento de las relaciones entre Podemos y los países comunistas iberoamericanos, en este caso, principalmente Ecuador. Serrano ha trabajado como investigador en Bolivia, Argentina, México y Venezuela, además de en Ecuador, y ha contado con Iglesias en sus proyectos. La relación entre Serrano y Rafael Correa, por ejemplo, fue muy intensa. Serrano es uno de los contactos habituales del comunismo europeo en tierras del comunismo americano y un contacto, a su vez, de Enrique Santiago.

Las informaciones de aquellos días apuntaron a que Serrano tenía conocimiento de la visita a España de la vicepresidenta venezolana. Esto habría facilitado que Podemos también lo tuviera, y por eso habría sido Pablo Iglesias el encargado de comunicárselo a Pedro Sánchez quien, según ha admitido ya el propio Iglesias, le habría contestado con un tranquilizador «no te preocupes». «Reconozco que veíamos con cierta ironía el lío que se podía armar con nosotros de espectadores. Y, sinceramente, la manera en la que se gestionó no fue demasiado inteligente», ha afirmado posteriormente el líder morado en su libro Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes. La versión resulta algo más que interesada con ese mensaje de «con nosotros de espectadores». ¿Puede calificarse de espectadora a la cúpula de un partido que recibió dinero de la dictadura venezolana en los años inmediatamente anteriores a la creación de Podemos, tal y como está ya plenamente acreditado? La respuesta evidente es no. Más aún cuando debe recordarse que la visita sucedió trece días después de la toma de posesión de Sánchez como presidente. Es decir, que lo más lógico es pensar que Delcy Rodríguez venía a hablar de su libro. De su proyecto.

Iglesias siempre ha defendido que su partido no medió en el viaje de Delcy Rodríguez, pero él mismo ha admitido que fue el responsable de comunicárselo al presidente del Gobierno. Igualmente, tiempo después, admitió que «existía una invitación personal por parte de Ábalos a un ministro venezolano que era amigo suyo y que debía participar en un evento en España. Lo que al parecer no estaba previsto es que viniera en el mismo avión que la vicepresidenta de Venezuela». Iglesias se refería a Félix Plasencia, ministro de Turismo y Comercio Exterior de Venezuela, quien, efectivamente, llegó en el mismo vuelo y aprovechó para quedarse unos días en Madrid para asistir, teóricamente, a la Feria Internacional de Turismo. Por cierto, se alojó en uno de los más caros hoteles de lujo y elitistas de la capital española: el Palace. Plasencia fue testigo de todo lo ocurrido entre Delcy Rodríguez y Ábalos. Entonces, ¿por qué vino Delcy Rodríguez? ¿No podría haber custodiado las maletas o traer los mensajes Plasencia? ¿O es que lo importante era dejar claro quién mandaba y que ese amo era capaz de hacer el daño deseado en cualquier momento porque el PSOE no tendría manera de negarse a sus deseos?

El líder de Podemos dijo que el vuelo de Delcy Rodríguez paró en España porque necesitaba «repostar» en una escala del viaje camino de Turquía y que la decisión de Ábalos de hacer pasar a la vicepresidenta de Maduro a los espacios VIP de la terminal ejecutiva simplemente fue una mera cuestión de cortesía «mientras se producía la parada técnica». ¿Entonces, por qué bajaron las maletas en España? Todo ello sin contar con el detalle de que, en ese caso, se estaría confirmando que el destino siguiente del avión era Turquía, escala de la ruta del oro.

Iglesias cerró su extraña —⁠y desveladora⁠— explicación con una frase: «La ironía es que el momento venezolano del Gobierno de coalición no tuvo nada que ver con que Podemos estuviera en él. Nadie —⁠o casi nadie⁠— intentó meternos en la ecuación, porque era ciertamente inverosímil». ¿Inverosímil la influencia venezolana de Podemos tras confesar que él mismo fue quien anunció el viaje al presidente?, ¿o inverosímil tras estar probado el ingreso personal con origen venezolano de muchos de los líderes de esta formación, incluido él mismo?

Lo cierto es que el bautismo venezolano dejó constancia de algo que más tarde se comprobaría: la fuerza de Podemos en el Gobierno era tan elevada que Sánchez no se atrevería a desafiarlos en asuntos clave como la ley del «Solo sí es sí» o la ley trans y que, antes de enfrentarse a los morados, estaba dispuesto —⁠como lo estuvo⁠— a cortar el cuello político a Carmen Calvo, enemiga natural del feminismo aún más radical de los de Podemos. Ellos mandaban y lo hacían porque también mandaban en el Grupo de Puebla.

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DE IGLESIAS Y DINA, A BALTASAR GARZÓN Y DOLORES DELGADO. LA PRUEBA DE FUEGO DE SÁNCHEZ CON PODEMOS

Podemos traía la maleta que traía. Eso suponía un problema que los comunistas consideraban que debía ser aclarado por la centrifugadora de Sánchez, esa máquina sometida a los designios del Gobierno llamada Fiscalía General, cuyo lema con el líder socialista pasó a ser el mítico «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está».

El conflicto se hizo patente a las primeras de cambio con un asunto que venía de lejos y acabó de explotar en el caso Dina. La prensa crítica no se callaba y no había dejado de publicar lo que ya constaba en infinidad de documentos: los pagos de la dictadura venezolana a los integrantes futuros de la cúpula de Podemos, entre ellos a Pablo Iglesias. De aquello se pasó a más informaciones que les retrataban como un partido vinculado a Chávez y Maduro en un contexto cargado de amenazas judiciales y querellas contra los medios por parte de los morados. Un ambiente que alcanzó su punto álgido con una noticia: los chats internos que revelaban expresiones de Iglesias radicalmente machistas y absolutamente contrarias a sus argumentos de campaña.

El periódico Okdiario había publicado en julio de 2016, dos años antes de la llegada de Sánchez, los mensajes que se intercambiaban los dirigentes de Podemos, donde Pablo Iglesias aseguraba que «azotaría hasta que sangrase» a la periodista Mariló Montero. En el mismo chat, Iglesias iba a más y confesaba a Juan Carlos Monedero lo siguiente: «No me gustan los niños, ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones. Y con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías… No me la pone dura (…) Soy un marxista algo perverso convertido en un psicópata». Quedaba en evidencia el macho alfa. Aquello supuso un punto de inflexión que, unido al posterior descubrimiento del casoplón de Galapagar, complicaba dos cosas: el mantenimiento y ascenso de Podemos y el plan de José Luis Rodríguez Zapatero de suma y vigilancia para garantizar gobiernos estables de izquierdas que expulsasen de cualquier opción de gobernabilidad a la derecha.

El líder morado quería venganza; Rodríguez Zapatero, una relajación de las críticas a Podemos porque dificultaban el avance de su programa y su plan de alianzas; y Sánchez, su Falcon. Los tres factores se unieron en una operación de salvación del soldado Iglesias que pasaba por la Justicia, por la Fiscalía y por Dolores Delgado.

Así fue como se llegó a una nueva fase de entendimiento cruzado, en esta ocasión, con la fiscal general designada por Pedro Sánchez tras su primer «mini-mandato», Dolores Delgado. El gran argumento para el nombramiento es que era más socialista que nadie, había hecho campaña y le había sido plenamente fiel como ministra de Justicia hasta el pacto de Gobierno con Podemos.

La idea estaba clara: hacer realidad un férreo control de la Fiscalía. Pero, la mujer elegida por Sánchez para lograrlo suponía un problema. Como demostrarían por activa y por pasiva todas las grabaciones, era amiga directa y persona de confianza del comisario Villarejo, a quien Podemos acusaba de una supuesta guerra sucia de cloacas contra su partido. Pablo Iglesias personalmente le acusaba de haber usado la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham para atacarle a él y a su formación. Eso ponía en entredicho a Dolores Delgado a ojos del líder morado, pero por mucho que este hubiese clamado contra las supuestas maniobras de Villarejo, ahora tenía que aceptar a una amiga directa de su enemigo. Como diría Iglesias, «cabalgando contradicciones». Total, una incoherencia más, tampoco se iba a notar demasiado.

El pacto, como no podía ser de otra manera, se produjo. Fue en 2020, precisamente a raíz del caso de la tarjeta SIM de Dina Bousselham (https://theobjective.com/etiqueta/dina-bousselham/), después de haberlo negociado en la firma de la coalición de Gobierno con Pedro Sánchez. ¿Qué cambió? Por parte de Podemos, que dejaron de bombardear a Delgado, y por la de Sánchez y la fiscalía general, que, casualmente, la inmensa mayoría de informes fiscales en las investigaciones relativas a la financiación de Podemos, asignación de gastos de campaña electoral, sobresueldos y demás acusaciones, por ejemplo, del propio exresponsable jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, se fueron rebajando en la carga de gravedad o de ilicitud.

La prueba llegó en septiembre de 2020. La Fiscalía aceptó que se investigara un contrato suscrito entre Podemos y la sociedad Neurona Consulting en la fase previa a las elecciones del 28 de abril de 2019. Lo hizo por el obvio incumplimiento de las exigencias legales de contratación desvelado por el Tribunal de Cuentas. Era casi imposible obviarlo, pero en su escrito, la Fiscalía no dudó en poner punto final a una vía judicial mucho más delicada y profunda, al afirmar sin matices que se investigaría el contrato mencionado sin hacer caso al principal testigo de todo lo ocurrido en las tripas financieras de Podemos, el antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, por considerar que su aportación carecía de base real y existía una «clara animadversión del denunciante».

¿Y? ¿Eso debía paralizar toda una línea de investigación jalonada por infinidad de contratos e ingresos de los miembros de la futura cúpula de Podemos con Venezuela, Ecuador o Bolivia? Para empezar, el fiscal se opuso a que fueran investigados Juan Manuel del Olmo, verdadera mano derecha de Pablo Iglesias y ariete mediático contra los enemigos de los comunistas —⁠propios y ajenos⁠—, y Rafael Mayoral. Lo hizo afirmando que «el hecho de acordar toda una batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y la clara animadversión del denunciante, es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».

«Nos encontramos aquí con manifestaciones de rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante en relación a las dos personas que refiere, sin aportar otro indicio más que meras afirmaciones sobre la ilicitud de estos contratos. Más aún, no se entiende cómo es posible que sean ficticios cuando el propio denunciante refiere que personas de origen portugués se encontraban con Del Olmo en la sede que se ocupaba del “big data” que precisamente es el objeto de los contratos», añadió la Fiscalía en una cerrada defensa de la posición de Podemos.

El abogado Calvente había señalado también a otro protagonista clave de la fundación de Podemos como intermediario y comisionista: Juan Carlos Monedero. De él, el denunciante destacó su cercanía a César Hernández «cuya relación con ABD [la empresa supuestamente pagadora del pago de las comisiones de turno en este caso] se desconoce o siquiera se refiere por el propio denunciante», objetó la Fiscalía, que, no contenta con eso, prácticamente abroncó al juez por haber aceptado iniciar la investigación.

Lo más llamativo del caso es que, pese a esa argumentación, en julio de 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó a Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Lo hizo por las transferencias entre su empresa —⁠Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S. L.⁠— y otras dos entidades —⁠VIU Europa y el Banco del Alba⁠—, en relación con la polémica elaboración de un informe monetario para los países que forman parte de la Alianza Bolivariana. Hay que recordar que Monedero es politólogo y su formación en materia económica y monetaria está aún por demostrarse. Eso ocurrió, precisamente, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia cerrara las puertas a la investigación de la presunta financiación ilegal de Podemos, reforzada con las declaraciones del exjefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal, quien aportó más material.

García-Castellón no iba de farol, acreditó su decisión de investigar a Monedero con la documentación entregada e investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que avalaba, según el magistrado, que los documentos aportados por VIU Europa «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la que aparece en el mismo documento». Posteriormente, la Audiencia Nacional exigió al magistrado que diera acceso a Juan Carlos Monedero a todos los documentos registrados en la causa en la que se investigó al partido y al propio político para que pudiera defenderse.

El pacto estaba sellado y el resultado sobre la mesa. Las críticas a la Fiscalía se habían terminado.

Delgado, la gran amiga de Villarejo, perdonada

Los capítulos demostrativos del pacto fueron numerosos. Si el Pollo Carvajal, antes mencionado, se decidía a ofrecer un testimonio en España contra líderes clave en el nacimiento de Podemos para demostrar la conveniencia de quedarse en España y no ser extraditado, la Fiscalía española no encontraba nada interesante que preguntarle. Dejó clara su pasividad incluso cuando la Fiscalía italiana se planteó iniciar acciones contra el mismo exespía venezolano para investigar la financiación del Movimiento 5 Estrellas.

Todo rodaba porque a Iglesias le había explotado un enorme problema en el seno de su partido. Uno que explica, al menos en parte, su prestancia a la hora de saltar al ring a pelear —⁠o eso creía él⁠— en las elecciones autonómicas de Madrid aquel 4 de marzo de 2021. Sus decisiones personales afectaban ya sobremanera a la formación, como demostraría aquel caso Dina. Fuera como fuera, Podemos necesitaba de la Fiscalía y eso hizo que las cosas cambiaran con respecto al trato a Dolores Delgado.

Hasta ese momento, la fiscal general era simplemente una amiga de su odiado excomisario Villarrejo, a quien Pablo Iglesias y el resto de Podemos siempre han responsabilizado del impulso inicial a la investigación de unos pagos cuyo olor a Venezuela, Ecuador o Bolivia, al margen de lo que dijera Villarejo, era evidente. Era tan obvio que nunca han dejado de quedar retratados informativamente con todo tipo de documentación de la etapa anterior a la formación de Podemos, y han tenido que afrontar causas judiciales. Con Baltasar Garzón pasaba lo mismo. Por mucho que fuera íntimo y hasta abogado de algunos de sus adorados dictadores comunistas iberoamericanos, era la pareja de Delgado y, además, otro amigo de Villarejo. Eso los situaba a ambos en la diana de Podemos.

En septiembre de 2018 Iglesias dejó claro su parecer tras filtrarse los audios que probaban la muy profunda confianza entre Dolores Delgado y Villarejo: «Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior, debe alejarse de la vida política», señaló.

El líder de Podemos sostenía —⁠y sostiene aún⁠— una interesada tesis basada en que, en un país en el que la Fiscalía se había dedicado en cuerpo y alma a chequear cada traje de Francisco Camps, no era admisible que hicieran lo mismo con los movimientos de dinero efectuados por dictaduras comunistas a los que luego montarían un partido en España a imagen y semejanza. Para Iglesias, que indagaran sobre unos pagos procedentes de países investigados por Estados Unidos por su conexión con el narcotráfico era la prueba de un complot. De una cloaca. Mantuvo esas tesis tras cientos de casos abiertos por corrupción al resto de partidos, hasta el punto de que el PP tuvo su Gürtel, el PSOE sus ERE, el PNV su De Miguel y CiU sus Pujol. Le resultaba inadmisible que se aplicara el mismo rasero a Podemos a pesar de cientos de pruebas publicadas en prensa sobre los pagos de Chávez y Maduro, Evo Morales o Rafael Correa a las fundaciones donde se encontraban los impulsores de Podemos.

Para la organización morada y su líder comunista, todo era fruto de una trama de policías corruptos y periodistas comandados por Villarejo que habían osado ver lo obvio. Tras las elecciones de noviembre de 2019, Iglesias no tardó en usar su fuerza para exigir la expulsión de Dolores Delgado de cualquier órbita de poder.

Pero todo cambió gracias al caso Dina. A finales de 2018, Dina Bousselham fue informada por la Policía de que habían aparecido, precisamente en el ordenador de Villarejo, archivos de la tarjeta del móvil que teóricamente le había sido robado en 2015.

Iglesias supo reaccionar y usar el hallazgo para relanzar su campaña electoral. Aunque más tarde se confirmaría que había mantenido esa tarjeta en su poder durante meses sin devolvérsela a su propietaria, el líder morado y aspirante a la Presidencia del Gobierno utilizó en ese momento la información policial para afirmar que aquella era la prueba evidente de que su partido había sido sometido a un rocambolesco plan conspiranoico para echarles de la carrera política.

Él aparecía en las conversaciones guardadas en la tarjeta de Bousselham y, por tanto, en los archivos de Villarejo. La Justicia no tardó en llamarle a declarar en su condición de supuesto afectado por el caso. La Audiencia Nacional le citó el 27 de marzo de 2019. Acudió de la mano de su abogada Marta Flor. La misma de la que posteriormente se sabría que era próxima al fiscal del caso Tándem, Ignacio Stampa, al que en el entorno de Podemos apodaban de forma amistosa «Ironman». Tándem fue casualmente la operación que llevó a prisión a Villarejo después de que fuera detenido en noviembre de 2017 acusado de blanqueo y organización criminal.

Iglesias basó su campaña en esa supuesta conspiración contra ellos, pero, pese al teatrillo, lo cierto es que Iglesias había sellado ya la paz con Pedro Sánchez, y quedó rubricada con la firma del acuerdo de Gobierno entre ambos. Después de que Iglesias recibió del PSOE una buena parte del Gobierno, el control de RTVE, áreas clave desde el punto de visto ideológico para el impulso del feminismo más radical, ministerios como Consumo, la presencia en el CNI de Iglesias, el protagonismo de la reforma laboral, el control de la Agenda 2030, de las residencias sociales y hasta una vicepresidencia, ¿alguien se cree que Podemos no habría podido exigir la cabeza de Delgado si lo hubiese deseado?

Tras el pacto de Gobierno y las conversaciones sobre el caso Dina, la exigencia de apartar a Delgado cesó por completo. De todas formas, Podemos nunca ha dejado de hacer uso de la acusación generalizada sobre una supuesta cloaca del Estado que habría intentado frenar su avance electoral.

El fiscal Ironman y la abogada de Podemos: la prueba de la cercanía

En 2020, cuando salieron a la luz los chats internos de Podemos, se hizo evidente la existencia de cierta coordinación con, al menos, una parte de la Fiscalía. En ellos se podía observar el grado de implicación del fiscal Stampa con Marta Flor, la abogada de Podemos.

En marzo de 2018, el equipo jurídico de la formación morada se reunió con los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que llevaban el caso Villarejo. Los encuentros fructificaron y el 9 de mayo de ese mismo año se produjo una nueva cita a la que acudió la letrada Marta Flor y su compañero Alejandro Gámez. En esta ocasión, Marta Flor mantuvo una conversación centrada en el fiscal Stampa, mientras que Gámez lo hacía con Serrano.

Al término de la reunión, Gámez reflejó el contenido del encuentro: «Resumen de la reunión de hoy: buena sintonía. Les ha gustado nuestro escrito de proposición de diligencias de prueba, aunque no compartan algunas. Ambos sabemos nuestras posiciones y diferencias (Nosotros mediatizar el asunto, ellos más hormiguitas con la documentación secreta) y cómo podemos colaborar. Se ha dejado caer tener reuniones quincenales o mensuales. Que ahora es menos interesante por las pocas piezas que hay, pero en breve será útil cuando tengamos un rompecabezas procesal gigante encima de la mesa». «Colaborar», «nosotros mediatizar», «ellos más hormiguitas», «reuniones quincenales»…

Gámez prosiguió en su descripción de lo ocurrido: «En general, han acogido bien que nos sepamos el caso, que seamos activos y que vayamos a por todas dada la escasa información que tenemos. Marta Flor: ¿han dado algún cotilleo concreto? —⁠pregunta y añade⁠—: La pieza de cohecho en Barajas del comisario Salamanca quizás no sea la primera en salir adelante, porque están a punto de liberar otra (la de la detención de los cuatro abogados en Herrero y asociados) y alguna más. Van a levantar el secreto sobre un montón de información».

Marta Flor no tardó en responder: «Gracias x el resumen Alejandro… Me preguntas si el Fiscal me ha dicho algo al oído? Cuando me pedía el teléfono???? Lo único que de casualidad he hablado de la doctora Pinto y les interesa la información de Nicolás, la voy a buscar…».

Para colmo, un año más tarde, Gloria Elizo, que en su momento fue jefa del equipo legal de Podemos, reafirmó esos chats con unas críticas en las que cargó contra Marta Flor por su «estrecha amistad» con Stampa. Por si fuera poco, los también abogados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, fueron expulsados y hasta atacados por el partido tras denunciar todo un largo listado de irregularidades en el seno de Podemos.

El escándalo sobre la cercanía y hasta presunta coordinación entre la Fiscalía y los abogados de Podemos no tardó en explotar. La Fiscalía de Madrid anunció la apertura de una investigación a Ignacio Stampa por presunta revelación de secretos tras recibir la denuncia de Vox. Pero Stampa siguió contando con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. El resumen de este organismo fue rotundo y no pudo ser más chocante tras conocerse los chats: la actuación de Stampa en el caso Dina ha sido «impecable» y el chat no demuestra «ninguna irregularidad, ni ilegalidad». Fin del asunto.

El buen entendimiento entre Fiscalía y Podemos también tuvo sus episodios de desencuentro. Aunque fueron puntuales y siempre por aquello que los morados consideraban una osadía judicial. Para algo dependía de ellos el Gobierno de Sánchez, debieron de pensar en las filas comunistas.

El mes de marzo de 2021 se produjo uno de estos enfados. La Fiscalía había archivado ya las diligencias contra Stampa, tal y como era de esperar, pero Dolores Delgado mantuvo un encuentro con el director de Okdiario, Eduardo Inda. Podemos temió por el buen rumbo de sus avances en materia fiscal y Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, no tardó en sentar la doctrina deslizando en Twitter su advertencia directa a Pedro Sánchez: «Ayer conocimos algo gravísimo y es que nada menos que la fiscal general del Estado, el día que liberan al mafioso Villarejo, se reúne en secreto con sus principales socios de la cloaca mediática». Pero ¿qué temía realmente Podemos? Su recelo coincidió con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Echenique, por sus comentarios apoyando al rapero encarcelado Pablo Hasél y los disturbios que se habían producido para protestar por su entrada en prisión. «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia», escribió Echenique. El caso fue cogido por la Fiscalía y Podemos sacó el hacha de guerra.

Finalmente, todo fluyó por el cauce de la comprensión y el buen entendimiento. El caso se cerró a favor del portavoz de Podemos y la Fiscalía dejó el asunto. Como postre, el Ministerio Fiscal rechazó cualquier investigación sobre el caso Sobresueldos de Podemos, que seguía las declaraciones de Calvente de una asignación de cheques para los líderes de la cúpula morada. La Fiscalía cerró la puerta a cualquier avance en esa dirección al señalar lo siguiente: «Podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos», pero no un delito de administración desleal.

Por si fuera poco, la Fiscalía tampoco encontró ningún apoyo jurídico para ejercer la acusación en las piezas conectadas al caso Neurona (https://theobjective.com/etiqueta/caso-neurona/). A comienzos de 2022 la causa fue archivada. Podemos no tenía ya ningún motivo de queja. Como para tenerla, porque «¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está».

No contento con las obviedades prácticas, Pablo Iglesias dejó constancia de determinados contactos en publicaciones posteriores, como en su libro Verdades a la cara. «Estando ya en el Gobierno, Pedro Sánchez e Iván Redondo me pidieron una reunión para hablar de un tema judicial», y en ella «el presidente fue claro: “Van a por ti”, me dijo», aseguró el exvicepresidente de España. Las palabras se referían precisamente al caso Dina. En aquel momento el impulsor de Podemos ya había experimentado un curioso trance, el de perder inicialmente su condición de perjudicado para ver cómo, meses después y con el respaldo de la Audiencia Nacional, recuperaba ese estatus. Iglesias fue a más en sus confesiones sobre el caso Dina: «Es increíble porque es el intento de convertir a la víctima en chivo expiatorio en los medios», aseguró. Su conclusión se basaba en el nuevo chivatazo, que le habría dado el propio Pedro Sánchez sobre el curso de la instrucción judicial que desarrollaba en aquel momento el juez Manuel García-Castellón. Según esa filtración, este se preparaba para quitarle precisamente esa condición de perjudicado. Como efectivamente ocurrió.

¿Por qué lo habría desvelado Pablo Iglesias si, en el fondo, estaba dejando en evidencia a su salvador y controlador de la Fiscalía General? La respuesta tiene mucho más sentido del que parece. Él siempre ha considerado, como buen comunista, que sus actos —⁠sean los que sean⁠— están justificados por una violencia estructural previa, por una situación que hace necesaria su llegada al poder. En su inmensa supremacía moral, solo así se pueden solucionar los vicios propios de cualquier sociedad capitalista y democracia representativa liberal. Por eso, aunque Sánchez le ayudó, también había permitido un golpe previo a su imagen y a sus expectativas electorales. Algo realmente imperdonable para todo un comunista. Es más, los contactos de su odiado excomisario Villarejo con el PSOE están más que demostrados, sin olvidar que, en el fondo, ese partido es el enemigo a batir por Podemos. Todo esto unido crea un cóctel que hace que Iglesias, de forma perfectamente comprensible, atacase de forma tenue e insinuante a quien le estaba ayudando. Los comunistas siempre han querido eliminar políticamente a quienes compiten con ellos por su hueco electoral: los socialistas.

El exvicepresidente dio más detalles de aquella reunión «discreta»: «Estábamos en un despacho de Moncloa Juanma del Olmo [el que fuera secretario de Comunicación de Podemos], Iván Redondo, el presidente y yo. Aún no se había producido el giro del caso con el que se intentó hacernos pasar de víctimas a investigados. El presidente fue claro: “Van a por ti”, me dijo. “Te vamos a defender, pero que sepas que van a por ti”, insistió. Que te llame el presidente del Gobierno para reunirte con él y que te diga eso tiene su trascendencia».

«Te vamos a defender». ¿A quién se refería el presidente del Gobierno con esta primera persona del plural? ¿Al PSOE? Difícil de creer, porque no tenía capacidad alguna de mejorar esa situación. ¿Al Gobierno? Resulta extraño que una persona con la egolatría de Sánchez hable en plural del Gobierno porque siempre que lo menciona lo hace de manera expresa y en muchas ocasiones —⁠especialmente cuando busca un reconocimiento público⁠—, en primera persona del singular. Para algo considera que el Gobierno es él. ¿Se refería a él y a la Fiscalía? Tendría sentido que Iglesias dejara la frase ahí, a fin de cuentas, seguía dependiendo de la Fiscalía y esa institución que debería ser independiente, depende de quien depende, como diría Sánchez. Para algo estaba Dolores Delgado, pareja de una persona que, simultáneamente, tenía intereses profesionales con clientes de los mismos regímenes que ayudaron a los fundadores de Podemos.

Iglesias prosigue: «La reunión fue, como digo, antes de que se produjera el giro en la investigación judicial, pero supongo que ellos ya tenían información sobre lo que iba a ocurrir». ¿Por qué la tenían antes? ¿Quién había trasladado actuaciones o planteamientos del juez antes de que se conocieran de forma oficial? ¿Alguien se dedica a filtrar información judicial de manera interesada cuando una causa afecta a los intereses o los aliados del PSOE? Para colmo, Iglesias habló del «giro en la investigación judicial». ¿Giro? ¿Por qué hubo un giro? ¿Quizás porque, como en cualquier sistema judicial, un juez no puede hacer nada si no cuenta con una acusación fiscal que haga su función?

«No sé de dónde les vino la información ni el aviso», añadió Iglesias. «Era evidente que iban a por mí porque era el vicepresidente». No lo sabía, pero la enemistad inicial hacia Dolores Delgado se tornó en respeto mutuo.

No fue únicamente el presidente Sánchez quien habría advertido a Iglesias. También el líder de Podemos señaló que tuvo una conversación con el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: «Con él comenté en alguna ocasión que, jurídicamente, el caso Villarejo-Inda convertido en caso Dina no había por dónde cogerlo, que solo se podía sostener a nivel mediático. Estaba básicamente de acuerdo conmigo, aunque siempre me dijo que, con los jueces, casi todo es posible. Y era Campo quien me lo decía. Campo me estaba dejando claro que el caso no tenía ningún recorrido judicial —⁠y que eso Lesmes lo sabía⁠—, pero que el chicle se estiraría hasta el final para buscar el desgaste político».

Estos que hablan son los que quieren un mayor control del órgano de gobierno de los jueces. Resulta complejo pensar que sea para permitir una Justicia real, independiente, en la que los poderosos —⁠es decir, ellos⁠— no salgan ganando y con las cartas marcadas desde el inicio.

Hay que reconocer que el duelo de egolatrías entre Sánchez e Iglesias ha permitido que, al menos, podamos sospechar la gravedad de la connivencia creada. Por una parte, el primero no ha dudado en tramitar iniciativas legislativas para amordazar al Consejo General del Poder Judicial, incrementando aún más el control de los jueces y rebajando la mayoría parlamentaria para poder nombrar a dedo a los miembros del órgano de gobierno de los jueces; mientras que el segundo, Iglesias, ni ha dejado de alardear ni de filtrar sus confidencias con el presidente. Ambos estaban desvelando un plan evidente de control judicial para perpetuarse en el poder. No en vano, las dos formaciones estuvieron encantadas de rebajar las penas a la malversación de caudales públicos.

Iglesias ha desvelado, en esta línea de megalomanía, más perlas: «Un día, comiendo juntos, el presidente me dijo que creía que debía conocer a algunos jueces importantes porque si me conociesen en persona, la imagen que tenían de mí podría cambiar. Le dije que estaría encantado». El líder podemita, baluarte expreso de la eliminación de la separación de poderes, no dudaría en concluir en otra de sus confesiones que «si se analiza desde la óptica de la separación de poderes que hay en este país, es tremendo». Pues eso.

El caso Dina y la tarjeta del móvil que Iglesias atesoró

Pablo Iglesias sabía ya que contaba con el respaldo del presidente del PSOE. ¿Por su lealtad? Evidentemente, no. Él era el billete a La Moncloa de Sánchez y si este adora el poder, Iglesias lo necesita.

El líder morado sabía que pisaba sobre un seguro de vida de carácter político, como se suele decir, y se vino arriba. Las elecciones generales, las autonómicas, las locales y hasta las europeas fueron planteadas por Podemos con un lema troncal: «Las cloacas del Estado y la policía patriótica» de Villarejo iban a por ellos. Paradójicamente, la prueba era un móvil, el de Dina Bousselham. Como ya sabemos, denunció que se lo habían robado el 1 de noviembre de 2015 en el Ikea de Alcorcón, cuando estaba con su pareja, pero su tarjeta acabó en manos de Iglesias tras detectar la pista de sus datos en los archivos del propio Villarejo.

La historia del teléfono es la siguiente. Bousselham denunció el robo de su terminal en la Policía Nacional. Años más tarde, apareció en un registro de la casa de Villarejo un disco duro y dos memorias USB con sendas carpetas que tenían los siguientes títulos: DINA 1 y DINA 2. Allí se encontraba la información extraída de la tarjeta de memoria del citado móvil. La operación de registro en la que se detectaron los archivos de memoria formó parte de la operación Tándem que investigaba las actuaciones de Villarejo. Las carpetas habían sido creadas en dos fechas: 14 de abril de 2016 y 11 de julio del mismo año. Es decir, que Villarejo habría tardado en descargar la tarjeta SIM, al menos en esos soportes, más de medio año, en caso de haber tenido el móvil en cuestión desde el inicio.

La importancia de esos archivos —⁠al menos de la parte conocida⁠— radicaba en que, en julio de ese mismo año, el periódico Okdiario publicó algunas de las conversaciones de Pablo Iglesias con su gente más cercana. Charlas que se encontraban en el móvil de Dina porque ella, supuestamente, también habría estado entre esas personas de máxima confianza. Se trataba de los famosos textos donde Pablo se autorretrataba como un completo machista, carente del más mínimo respeto hacia infinidad de colectivos de votantes. Allí Iglesias lanzaba su mítico «la azotaría hasta que sangrase», dirigido a Mariló Montero. Juan Carlos Monedero —⁠autobautizado como «profesor Monedero»⁠— contestaba con un elaborado comentario de afinado humor: «Díselo a la Mariló. Después, claro, de llamarla Marilú. Y hacer un chiste sobre las galletas». Todo había sido extraído de un chat de la aplicación Telegram.

La fecha de estos y los otros textos anteriormente citados coincidía con el momento en el que Dina era su asistente en el Parlamento europeo. Bousselham se habría quejado por aquel entonces de que otro miembro de la delegación de Podemos en Bruselas la habría acosado «visualmente» y con mensajes. Iglesias reaccionó en el chat con un «le voy a romper la boca». «Vais a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo», añadió, autodefiniéndose como «macho alfa» de Podemos.

La mujer de Pablo Echenique, Maríale Nelo Bazán, también formaba parte del chat, como se puede ver en uno de los fragmentos aparecidos de una conversación que tuvo lugar en 2014. Diseñó propuestas para impulsar el trabajo de los cinco eurodiputados de los morados. «Yo tengo pendiente otro viaje que estamos gestionando», afirmó la eurodiputada Tania González. Y Nelo Bazán contestó con algo más que un mero calificativo: «Quizá lo podemos mover desde BRU [Bruselas] y así potenciarlo» y añadió: «Ah, yo puedo pedir pasta a Venezuela, que tiene mucha». Es llamativo que solo aparezca esta mención a Venezuela entre todo lo filtrado, porque si la autodescripción de Iglesias es esclarecedora de su verdadera mentalidad, las prácticas con Venezuela lo hubieran sido de algo mucho más estructural y delicado.

También en ese canal de Telegram Pablo Iglesias aparece dando instrucciones a su muy feminista mujer, Irene Montero. Lo hizo mientras era entrevistada en La Sexta Noche: «No entres al cuerpo a cuerpo. Llevas las intervenciones bien. Cada vez que intervengas metes gol. Zas zas zas. Sonríe. Le ha cambiado la cara. Calma ahora. Primera perfecta y un hostión. Sonríe y espera. Estoy gozando [y un logo de un diablo morado sonriente]». Todo un ejemplo de teledirección, la misma que tuvo Iglesias sobre la carrera política de su mujer y miembro de su Gobierno.

Los acontecimientos, por desgracia, no desmintieron la versión de Iglesias en cuanto al manoseo de la Justicia. Solo que no se produjeron en la dirección que él denunciaba —⁠contra él⁠—, sino justo en el sentido opuesto —⁠a su favor.

El año 2019 comenzó con nuevas muestras de que la ruleta se paraba cuando Podemos quería o, dicho de otra manera, cuando al PSOE le interesaba. Marta Flor —⁠la abogada de los morados que mantuvo una relación de gran confianza con uno de los fiscales del caso Tándem⁠— también intervino en uno de los famosos chat de Telegram. Allí contó a personas relevantes de su formación que la Fiscalía le había recomendado actuar judicialmente contra Okdiario por haber publicado en 2016 la información que mostraba la verdadera personalidad de Iglesias. Es más, el escándalo llegó cuando se supo que los equipos jurídicos de Podemos estaban al corriente de una surrealista operación de la Fiscalía para solicitar al juez García-Castellón, vía diligencia, el registro de la redacción del diario de Eduardo Inda.

El plan era registrar un medio de comunicación en una democracia con Estado de derecho por publicar una información cierta, procedente de un móvil cuyos datos habían acabado en manos de Villarejo, pero que también pasaron por las de Iglesias, como él reconoció. Todo con previo conocimiento de una de las partes altamente interesada en el caso. Una estrategia que beneficiaba a quien se consideraba —⁠o al menos así lo vendía⁠— una víctima del sistema opresor.

El juez García-Castellón aguantó la presión, como en otras ocasiones, y logró que aflorara información relativa a que el 20 de enero de 2016, poco más de dos meses después del robo del móvil a Dina Bousselham, Iglesias se vio con el presidente del Grupo Zeta —⁠responsable de la revista Interviú⁠—, Antonio Asensio. El empresario le dio en ese encuentro la tarjeta del móvil que le habían hecho llegar porque en ella aparecía información sobre él. El líder de Podemos decidió no devolvérsela a su dueña y retenerla durante más de un año. Es más, cuando lo hizo se encontraba parcialmente quemada e inservible. Una versión un tanto extraña para alguien que se vende como víctima.

Un auto de García-Castellón dejó constancia de todo aquel episodio que situaba el caso en una posición un tanto extraña para aquellos que habían pretendido incluso registrar un periódico. En primer lugar, porque Iglesias accedió a la tarjeta de Dina en fechas anteriores a la que figura como día de creación de los archivos de memoria de Villarejo. El segundo motivo, porque Iglesias mantuvo en secreto su posesión de la tarjeta hasta el punto de que no se lo comunicó ni a la propia afectada, Dina Bousselham. La tercera razón, porque Iglesias entregó la tarjeta cuando ya era imposible recuperar los datos. Y, por último, porque la propia Dina Bousselham reconoció en sede judicial que ella había remitido las polémicas conversaciones, con lo que intentar buscar una fuente indubitada de las filtraciones cuando la propia afectada, antes del robo, ya había abierto el abanico de potenciales remitentes de los chats, era toda una utopía jurídica.

Pero a grandes males, grandes remedios. La Fiscalía volvió a emerger con una curiosa propuesta que permitiría a Iglesias librarse de su responsabilidad por haber retenido la tarjeta en su poder con datos privados de otras personas y siendo esta una fuente de intimidad de Dina. El Ministerio Público, ante la atónita mirada del juez, reclamó que se le planteara a Bousselham la posibilidad de perdonarle por haberlo hecho. Dina dio ese paso en marzo de 2022 y dos meses después anunciaba su nuevo cargo. Uno dependiente, casualmente, de Podemos: «Desde hoy dejo Podemos para ponerme al frente de un nuevo medio: La Última Hora. En tiempos de bulos y desinformación, es más necesario que nunca defender una información veraz, libre y valiente. Aprovecho para agradecer enormemente a toda la militancia el apoyo de estos años». Nada menos que directora de ese supuesto medio de comunicación tan veraz y avalado que, tras menos de tres años ya había cerrado. Eso sí, su equipo pasaba, también casualmente, a integrarse en Canal Red, la nueva televisión por Internet fundada por el exvicepresidente, por medio de la sociedad Melancolic Films S. L., con el apoyo de Jaume Roures, donde Bousselham contaría con su propio programa de entrevistas. Todo quedaba en casa.

El precio pagado por el abogado que se atrevió a hablar

Hubo una persona del equipo jurídico de Podemos que se atrevió a hablar de lo que había visto dentro del partido. Evidentemente, sus afirmaciones no sirvieron para cambiar la decisión de la Fiscalía, pero su testimonio quedó claro. También resultó elocuente que la falsa acusación de acoso sexual que presentó Podemos contra él fuera tumbada por la Justicia por falta de prueba alguna que lo avalase.

Esa persona, que llegó a ocupar el puesto de coordinador del servicio jurídico de Podemos, es José Manuel Calvente. Su primer paso fue denunciar lo que no admitía como normal, la relación entre su compañera Marta Flor y el Fiscal Stampa. Cometió el grave error de hacerlo ante su superior en el partido, Alberto Rodríguez, y, casualmente, ella le acusó de acoso sexual.

Como era de esperar, Calvente fue sacrificado. En 2020, el ya exabogado de Podemos declaró ante el juez García-Castellón tras haber denunciado la financiación ilegal del partido. Su testimonio fue demoledor. Afirmó que Pablo Iglesias mintió en sede judicial en marzo de 2019 al asegurar que existía una policía patriótica que le perseguía. Según él, ya en 2016, el líder de Podemos era plenamente consciente de que había sido Dina Bousselham quien había filtrado el contenido de parte de los chats de Telegram. El abogado explicó que las denominadas por Iglesias «cloacas del Estado» dirigidas por el excomisario Villarejo no tenían ninguna relación con lo que se supo aquellos días en el partido. Al parecer, esa versión fue un invento del propio Iglesias y dos de sus más cercanos colaboradores, Irene Montero y Juanma del Olmo. Su objetivo era darle la vuelta a un tema que sabían que podía afectarles en las elecciones generales y dieron forma a un Podemos víctima de una supuesta «guerra sucia». Calvente denunció que estaba siendo presa de una campaña de acoso dirigida por la «guerrilla de Podemos», las huestes en redes sociales pagadas por el partido morado, que también se encargarían de bombardear públicamente a los jueces o cualquier persona que se atreviera a criticarlos.

Como hemos adelantado, en julio de 2020, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid archivaba la causa contra Calvente por presunto acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La magistrada acordaba el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios de delito del que fuera abogado de Podemos. Todo había sido un invento para perjudicarle. La instructora tomó la decisión ante la evidencia de «no haberse acreditado el delito de acoso sexual ante la falta de evidencia de favor sexual alguna, ni ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado […] La relación de amistad y confianza entre querellante y querellado […] fue consentida y compartida por ambas partes hasta febrero de 2019, tal como reflejan los mensajes aportados por la propia querellante, quien reconoce dicha amistad hasta el 22 de febrero, fecha en que manifiesta con claridad que solo quiere una relación profesional».

La lluvia de mensajes fue rotunda. Si alguien daba información de Podemos lo podría pasar mal; si alguien tocaba la línea de flotación del partido, garantía de la gobernabilidad de Sánchez, no contaría con gran ayuda de la Fiscalía; y si un juez estaba dispuesto a emprender ese camino para verificar las pruebas aportadas, estaría solo. Muy solo.

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NI LAS MUERTES DEL COVID FRENARÍAN EL PLAN DE PROETARRAS, SEPARATISTAS Y COMUNISTAS

La España de Pedro Sánchez ha acabado retratada como una de las naciones con peor gestión del coronavirus y mayor mortalidad. De poco ha servido que fuera una de las que aplicó medidas más drásticas y duras, además de inmensamente tardías y anticonstitucionales, tal y como sentenció más tarde el TC. Infinidad de personas vieron sus medios de vida diezmarse sin poder hacer nada, y vieron a sus familiares morir sin poder ni tan siquiera despedirlos. Cien mil muertes después, un reguero de decisiones políticas demostraba un auténtico afán por endosar las responsabilidades del desastre al contrincante político, y sembraron un camino de drama e improvisación en el que el Gobierno nunca pensó que se fuese a enfangar como lo hizo. El Ejecutivo de Sánchez estaba convencido de que aquella era una epidemia —⁠ni siquiera una pandemia⁠—, que no iba «a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado», como dijo su gurú en epidemias y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

El Gobierno de Pedro Sánchez se negó a aceptar la mano preventiva de la UE que ofrecía compras de material anticovid. Despidió al responsable de seguridad de la Policía Nacional que alertó semanas antes del grave riesgo en el que se encontraban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por atender a la población sin las más mínimas medidas de protección. Se afrontó una pandemia sin contar con proveedores firmes de mascarillas, batas, gel antibacterias, etc. Lanzó campañas para convencer a la población de que las mascarillas no eran necesarias, simplemente por el hecho de que no las habían comprado a tiempo. Autorizó un 8-M convertido en un auténtico infectódromo cuando ya había contagios y muertos por covid. Decretó un estado de alarma inconstitucional con limitaciones reales que sobrepasaban esos poderes y establecían un estado de excepción. Por culpa de su imprevisión, lanzó a miles de médicos sin mecanismos anticontagio a darse de bruces con la enfermedad, en el afán del personal sanitario de salvar vidas. El Gobierno monopolizó el control sanitario apartando a las sanidades autonómicas en favor de una estructura ministerial evidentemente incapacitada para enfrentarse a una pandemia de esa magnitud. Asumió el control de las residencias de ancianos y lo devolvió a patadas cuando vio el brutal desastre humano generado. Hasta negó la cobertura de accidente laboral a los contagios de miles de profesionales con el virus.

Aquel desastre fue jalonado por infinidad de mensajes contradictorios, de previsiones sanitarias incumplidas, de cierres de sectores de forma injustificada, de opacidades absolutas con las autonomías y de demostración, en definitiva, de que nunca estuvieron preparados para ese shock, pero nunca aceptaron que su agenda de Gobierno se frenase por mucha pandemia que hubiera.

Fue un 31 de enero de 2020 cuando España confirmó su primer contagio por coronavirus. No un 7 de marzo, no un 20 de febrero. No. Más de un mes antes de la manifestación feminista del 8-M que se empeñaron en mantener, pese a la evidencia de los microdatos en manos del Ministerio de Sanidad que avalaban que la pandemia ya avanzaba de forma clara en España.

Pero lo importante para Sánchez era mantener en aquella cita la bandera del feminismo ultra en competencia con Podemos. No querían parecer más temerosos que los morados, y negaron y devaluaron la enfermedad hasta su brutal explosión.

Los datos remitidos por las sanidades autonómicas antes de aquel 8-M mostraban que el Gobierno escondió 271 casos de contagio en sus informes oficiales, todos generados en las fechas previas e inmediatamente posteriores al 8-M. Y es que la aprobación del estado de alarma de Sánchez se atrasó hasta el 14 de marzo pese a los datos. Era obvio que, si se adelantaba el decreto al 8-M, era el PSOE el que impedía el gran evento feminista. Si se aprobada al día siguiente o dos días después, habría sido obvio ante la opinión pública que los datos sobre la gravedad de la enfermedad eran anteriores al 8-M y, por lo tanto, debería haberse prohibido la gran manifestación feminista.

Los datos de los informes oficiales emitidos por el Ministerio de Sanidad en el periodo comprendido entre los días 2 de marzo y 15 de marzo probaron la realidad.

Esos microdatos estaban medianamente ocultos en las bases de datos de Sanidad, pero médicos y científicos lograron consultarlos. Simplemente sumando los datos diarios comunicados por las comunidades autónomas, pudieron demostrar que se habían silenciado 271 casos de contagio.

Así, el día 6 de marzo —dos días antes de la manifestación del 8-M⁠— las comunidades habían comunicado 128 nuevos casos. Lo cierto es que el Gobierno ni habló de ello en aquel momento, y su recuento solo contabilizaba 104 «nuevos casos». El 10 de marzo, dos días después de la fiesta feminista, las sanidades regionales comunicaron 623 contagios diarios, pero pasó lo mismo. Por aquellas fechas, ni se supo, y el Gobierno en sus recuentos solo anotó 418 casos.

De ese modo, entre el 2 de marzo y el 15 de ese mismo mes, 271 casos fueron sacados del registro de nuevos casos para ser incorporados más adelante. Cuando la polémica sobre la inmensa irresponsabilidad de haber permitido y alentado el 8-M ya había bajado.

Esos datos permiten alumbrar conclusiones aún más dramáticas. El día del 8-M finalizó con muertes, cuando el periodo de incubación de la enfermedad y de agravamiento hacían imposible la sorpresa por parte del Gobierno.

La jornada de la manifestación feminista terminó con 16 muertos y 53 personas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Marzo comenzó duplicando prácticamente el ritmo de contagios. La evidencia no pudo más que confirmarse en los primeros días del mes, antes del 8-M. Se alcanzaron 139 casos de contagio el día 3 de marzo; 196 el día 4; 308 el 5; 511 el 6; y 732 el 7 de marzo, víspera de la cita feminista. En el 8-M se llegó a 995 contagios. Pero nadie hablaba de esos datos por aquellas fechas, sino que, como hemos visto, se actualizaron oficialmente a posteriori, eliminando así la posibilidad de valorar a tiempo la brutal gravedad del avance de la pandemia en España. La misma que había negado Fernando Simón, el gurú sanitario de Sánchez.

El traslado de estas cifras a tasas de incremento es absolutamente representativo del letal impacto del ocultismo de los datos. Los días previos a la manifestación feminista las ratios de avance fueron del 57 por ciento, 66 por ciento, 43 por ciento y 36 por ciento en el número de contagios. Eso implica que aquel 8-M, con pleno conocimiento del Gobierno, se convirtió en un infectódromo de consecuencias dramáticas. No solo para las personas que allí se congregaron, sino también para el conjunto de España. Como destacaron muchos expertos en aquellos días, la escalada inicial supuso un incremento exponencial de los contagios desde el inicio. Fue esa una de las principales causas de que España registrara desde el comienzo de la pandemia algunos de los peores datos en muertes y cifras de contagiados de todo el planeta.

El cargo que alertó a la Policía y que fue desterrado por ello

Hay un argumento que se suele escuchar en cuanto a gestión del covid. Un argumento que surge sin cesar de las voces de izquierdas como gran disculpa: que no se pudo hacer nada, que todo fue inesperado, que quién hubiese podido hacer algo distinto.

Este argumento es nulo por naturaleza ante la evidencia estadística de que España se situó entre los países con mayor mortalidad por covid de todo el planeta durante los dos años de explosión de la enfermedad —⁠durante mucho tiempo solo San Marino superó a España en muertes reales (INE) por millón de habitantes⁠—, pese a ser un país rico y con una de las mejores sanidades de todo el mundo. Pero es llamativo que las voces que defienden así la lamentable gestión del covid de Sánchez son exactamente las mismas que llamaron asesino a un Gobierno de derechas por no participar en una guerra, la de Irak de 2003. Poco importó que España no tuviera ningún papel activo en el campo bélico en aquel conflicto sino, únicamente, en el de protección y ayuda humanitaria en la fase de reconstrucción, tal y como ha reconocido la propia documentación y web del Ministerio de Defensa durante el mandato socialista de Pedro Sánchez. «Las fuerzas españolas se desplegaron en Irak para participar en dos misiones distintas. La primera, de ayuda humanitaria, denominada Sierra Juliet, se desarrolló en el sur del país, en Um Qasar, entre abril y junio de 2003. Los componentes de la Unidad Conjunta española de Apoyo Humanitario llevaron a cabo labores de asistencia sanitaria a bordo del buque de asalto anfibio Galicia y con un hospital de campaña del Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra (EMAT). Los miembros del contingente español repartieron 14 toneladas de alimentos y 46.000 litros de agua, entre otros productos de primera necesidad. También rehabilitaron diversas infraestructuras, como caminos, escuelas o la red de saneamiento de agua».

La segunda misión llegó en agosto: «Se produjo el despliegue de la Brigada Multinacional Plus Ultra con la misión de contribuir a la seguridad y la reconstrucción en las provincias de An Nayaf y Al Qadisiya. España aportó un contingente de 1.300 militares. La Brigada ‘Plus Ultra’ se completó con tropas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Distribuidos en dos relevos, los militares españoles permanecieron en la zona hasta finales de mayo de 2004». Resumido: misión humanitaria y de reconstrucción, o, dicho de otra manera, de guerra, nada de nada.

Pero para la izquierda, aquello supuso que José María Aznar era un asesino y que Pedro Sánchez era un genio de la gestión sanitaria, y que no se podía hacer otra cosa. No se tomó ni una sola medida contra el covid hasta que explotó en la cara de Fernando Simón, su experto de cabecera nunca destituido. Sánchez y su equipo negaban el avance de la enfermedad, la conveniencia de no concentrarse y apretujarse en un 8-M o negaban la necesidad de las mascarillas. Aquello costó miles de vidas.

La evidencia de que la pésima gestión disparó el número de muertes es absoluta. Se hizo de tal manera, que no solo se catapultó el número de fallecidos, sino que se destrozó el tejido productivo del país, provocando la mayor crisis económica desde la posguerra española. Mientras, la vicepresidenta económica Nadia Calviño aseguraba, al más puro estilo Fernando Simón, que el impacto económico del covid en España sería «poco significativo».

El primer capítulo evidente de esta negación y ocultación de la enfermedad por parte del equipo de Gobierno de Pedro Sánchez llegó un 28 de marzo, en medio de una rueda de prensa del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, que no dudó en confirmar lo que la prensa ya había publicado: que desde finales de enero la Policía estaba intentando hacerse con lotes de mascarillas y guantes ante las advertencias internas de la enorme gravedad y letalidad del covid. Desde finales de enero, es decir, cuando el Gobierno de Sánchez se dedicaba a intentar ridiculizar una enfermedad que ha dejado en todo el planeta casi siete millones de muertes y más de 120.000 en España.

El DAO fue a más en aquella intervención y señaló que ese intento de compra de material anticovid se llevó a cabo «siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad». El mismo ministerio decía a la población que no necesitaba mascarillas, pero defendía exactamente lo contrario para los funcionarios.

Los datos del DAO de la Policía Nacional esgrimidos ante la opinión pública fueron reveladores. Se convirtió en una exposición de la elusión de responsabilidades de la Administración, porque, con toda la razón, la Policía y sus mandos no pudieron hacer nada ante la falta absoluta de material de protección. José Ángel González explicó que el 24 de enero se ordenó «reforzar» la protección de las fronteras aéreas, también por recomendación del «Ministerio de Sanidad», y que igualmente se ordenó hacer todo lo posible para hacerse con mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para los policías. Este acopio fue imposible.

Una persona dio la voz de alerta para señalar justo lo contrario de lo que pregonaba Fernando Simón. Fue José Antonio Nieto González, un buen médico, preocupado por la salud de los policías, especialista de trabajo y con puesto de técnico superior de riesgos laborales que ocupaba el cargo de responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. Sin ninguna aspiración ni finalidad política, cumplió con su deber y lanzó su alerta sobre el brutal peligro del covid en enero. Fue destituido por ello.

Nieto observó, estudió y alertó. Lo hizo un 24 de enero, a través de una instrucción que le costó el cargo. En su instrucción pedía a los agentes desplegados en el servicio de control de llegadas de los vuelos procedentes de China que se protegieran con guantes y mascarillas FP2. Es más, osó advertir de la obviedad de que las «aglomeraciones» eran focos de contagio y los agentes debían evitarlas. «Evitar el contacto cerca de cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos. Evitar aglomeraciones», escribió Nieto.

El médico hizo lo que tenía que hacer, dar cauce inmediato a su recomendación por medio del correo electrónico de la Policía, porque estaban en juego vidas. Aquello fue inadmisible para Pedro Sánchez. Acababa de hacerse con el control de La Moncloa, y no estaba dispuesto a que ninguna pandemia le fastidiara la fiesta del poder.

Sánchez ordenó acallar de inmediato a aquel médico que había osado decir lo mismo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) seis días después. Un 30 de enero el Comité de Emergencia de la OMS decidía, reunido en Ginebra, declarar la emergencia internacional por el covid. El anuncio lo hacía el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pedía ayuda internacional por la necesidad de una «acción global» para frenar el imparable avance del virus. Sin embargo, para el ministro Fernando Grande-Marlaska fue mucho más importante cumplir con su presidente que escuchar a la OMS, del mismo modo que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, posteriormente premiado en Cataluña. José Antonio Nieto fue destituido a tres meses de su jubilación. Eso sí, no antes de presionarle para que se desdijera de su instrucción médica.

Nieto aún tuvo tiempo de demostrar que la honradez y la responsabilidad salen a flote incluso en los peores momentos. Ordenó acumular 300.000 euros de otras partidas para poder comprar 14.000 mascarillas y 22.000 pares de guantes para los policías.

La historia de su destitución fue dilatada en el tiempo y aún permitió más muestras de miseria moral. Justo una semana después de la alerta de Nieto, un 31 de enero, se admitió oficialmente en España el primer contagio de covid. Y el 27 de febrero se dieron cita en una reunión con el Ministerio de Sanidad los representantes de Fernando Simón y los de los equipos de prevención de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nieto seguía en su puesto. La alerta de la OMS se encontraba sobre la mesa, y Nieto exigió que se tratara a los agentes como cuerpo prioritario a efectos de protección. Sanidad volvió a abofetear la cara, no solo de Nieto, sino de todos los agentes españoles, a los que negó ese nivel de protección por considerarlos como colectivos con baja probabilidad de exposición a la enfermedad.

La tercera exhibición de Nieto en defensa de la Policía desencadenó los acontecimientos y la ira de Pedro Sánchez. El 12 de marzo el médico de riesgos laborales de la Policía recibió un mail de su mando directo con supuestas instrucciones sobre el covid: el título era «instrucciones Covid-19.doc», pero lo cierto es que no incluía las esperadas instrucciones. Nieto lo redistribuyó y fue acusado de filtrar borradores. Con semejante argumento, fue destituido y castigado, aunque el responsable sanitario había peleado por sus agentes y alertó desde el inicio de la gravedad del covid. La verdadera razón de su destitución es que había desafiado a Sánchez y sus órdenes. La paradoja fue que su castigo llegó cuando el infectódromo del 8-M había estallado; cuando todo lo que Nieto pretendió evitar ya no fuera evitable.

Fernando Simón siguió en su cargo, y seguiría hasta el final porque, a diferencia de Nieto, nunca desafió a Sánchez. Al revés. Un 31 de enero, siete días después de la alerta de Nieto, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba que uno de los cinco ciudadanos aislados con síntomas en La Gomera estaba contagiado por el covid, pero Fernando Simón, director blindado del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) negaba la necesidad de adoptar de inmediato la emergencia nacional porque era superfluo «establecer limitaciones infundadas». Simón blindaba su cargo, negando no solo las peticiones de auxilio de Nieto y hasta la alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud del día anterior que habían publicado todos los periódicos. «Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado», sentenció Simón. Su puesto estaba asegurado. Y los deseos de Sánchez cumplidos.

La tabla de salvación europea que Sánchez rechazó a dos días del 8-M

La evidencia del avance internacional del coronavirus era innegable. Y la falta de preparación para la protección de la población exactamente igual. La UE temía una ola descontrolada de la enfermedad y congregó a todos los países para evitar esa falta de suministro de productos de defensa frente a la enfermedad. Pero dio lo mismo. Pedro Sánchez había dado la orden de que había que negar el «alarmismo», esto es, que había que negar la gravedad de la enfermedad, aunque la evidencia científica fuese aplastante.

La cita clave fue el 6 de marzo de 2020, dos días antes del 8-M. El objetivo de Europa era impulsar una compra masiva desde la UE de mascarillas, batas, gel, etc. Pero claro, la UE iba a hacer públicos los acuerdos alcanzados al término de esa reunión y eso significaba que el Gobierno de Pedro Sánchez habría admitido la gravedad de la enfermedad, de los contagios y de las concentraciones en vísperas de su manifestación feminista. Eso no entraba en los planes de Sánchez. Hay que recordar que a aquella reunión acudieron representantes italianos, y que justo un día después, el 7 de marzo, el Gobierno de Italia adoptó las medidas más drásticas ante el avance de los contagios en el norte del país. Su primer ministro, Giuseppe Conte, decretó el cierre hasta el 3 de abril de toda la región de Lombardía. La medida suponía el aislamiento de 10 millones de personas en Milán y otras 14 provincias de las regiones de Piamonte, Emilia Romaña y Véneto. España no había cerrado las comunicaciones con Italia. Y resulta poco menos que inimaginable pensar que Italia ocultase esa situación en la reunión de Sanidad de la UE convocada el día previo, el 6 de marzo. Es decir, que el ministro español, Salvador Illa, tuvo que escuchar la descripción, el estado de la situación, la confirmación de una explosión vírica… todo mientras repasaba en su cabeza el estado de abastecimiento de los mecanismos de protección de la población: básicamente, ninguno.

La UE inició su reunión. Planteó su oferta de compras conjuntas de material de protección para sanitarios, policía y población. España rechazó la mano tendida con el argumento de que no era necesario, que contaban con los medios suficientes. A la vista de los acontecimientos futuros resulta innecesario aportar más pruebas de la colosal y letal mentira, porque nadie pudo acceder a mascarillas, gel, guantes o batas de forma significativa. Nadie. Con lo que la única medida que quedaba era, tras pasar los días y observar atónitos la explosión de contagios y muertes, encerrar a todo un país en sus casas.

El ofrecimiento europeo llegó aún antes, el 4 de marzo. Se hizo acompañar de una advertencia a todos los países que, como España, claramente no habían disparado sus compras de material de protección frente al covid. El toque de atención subrayó la necesidad urgente de estas compras y la posibilidad de optar por mecanismos conjuntos con el resto de países de la UE. El 6 de marzo, el ministro Salvador Illa hizo expreso su desinterés y rechazo en el transcurso de la reunión europea.

La reunión del 4 de marzo, por su parte, no contó con ministros. Fue convocada por los técnicos de la ECDC, la agencia de control de enfermedades de la UE. Pero a esa cita también acudió un representante destacado del Gobierno español, Fernando Simón, en calidad de director del Centro de Alertas, CCAES. El gurú estrella de Sánchez. El mismo que afirmó por aquellas mismas fechas la siguiente frase sobre la asistencia al infectódromo del 8-M: «Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera». En esa reunión del 4 de marzo se recordó a España y al resto de países en situación similar que era necesario contar con un stock suficiente de EPIs y test de detección de la enfermedad. En el mismo encuentro, la UE ofreció un mecanismo coordinado de compras comunitarias para intentar evitar el colapso en los medios de protección frente al covid.

Simón trasladó las conversaciones al ministro de Sanidad y al resto del Gobierno, incluido, por supuesto, Pedro Sánchez. Debía darse una respuesta oficial el 6 de marzo sobre el ofrecimiento de la UE. La respuesta oficial del Gobierno llegó dos días después, en la reunión de ministros celebrada por la UE. La respuesta fue plenamente negativa, y dejaba a España sin la última oportunidad de intentar reaccionar con compras preventivas.

En esa reunión del 6 de marzo se recordó que ya el 23 de enero, las reuniones del Comité de Emergencia RSI de la OMS habían remarcado la necesidad de contar con medios de defensa para los sanitarios y todo el resto de la población. Las actas de la OMS han desvelado que si no se declaró la alerta global sanitaria aquel 23 de enero fue por las presiones de algunos de los países. «Varios miembros del Comité argumentaron que, debido a las limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional), es demasiado pronto para declarar este tipo de emergencia». Pese a ello, la OMS, ante la evidencia de la gravedad, convocó una segunda reunión en tan solo diez días para insistir en la necesidad de declarar la situación de ESPII.

También aquel 6 de marzo y ante Illa, la UE remarcó la necesidad de adoptar medidas urgentes que garantizasen el distanciamiento de los ciudadanos. «Es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo», señalaron desde la UE. Y en solo dos días se celebraba el 8-M en las calles de España.

Para colmo, mientras, Illa negaba la necesidad de esas compras, debía tener en mente el informe del CCAES «Nuevo Coronavirus 2019-nCoV» de 10 de febrero, con firma de Fernando Simón y que reclamaba mascarillas. Aquellos días Illa había recibido el reporte de otra de las citas de Simón en la UE. El 18 y 19 de febrero, Simón estuvo presente en la reunión del ECDC, y quedó registrado en las actas que el representante español sí mostró su preocupación por el evidente riesgo de importación del virus. Por si fuera poco, en la cita del 4 de marzo de la ECDC, de nuevo con Simón entre los asistentes, se hizo hincapié en la necesidad de que los test de detección del virus formasen parte de la estrategia de combate frente al covid.

Nada de aquellas reuniones y toda la información disponible hizo cambiar al Gobierno su decisión. ¿Fue por motivos médicos o científicos? La respuesta resulta más que obvia. El resto es historia: una página letal y negra de nuestra historia.

El ataque a Ayuso: desde el covid hasta su hermano

En abril de 2022 se publicaba la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez, no el de Isabel Díaz Ayuso, era investigado por un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abría diligencias de investigación por trece contratos que el Gobierno central había adjudicado a siete empresas para la compra de material sanitario en plena expansión del covid. Tres altos cargos del Ministerio de Sanidad y Hacienda imputados declararon por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraudes.

Los tres imputados no eran cargos menores: Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Antes, en julio de 2021, se conocía que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL había pasado de no tener un flujo de ingresos considerable a facturar nada menos que 53 millones de euros. El motivo de semejante resurrección fue la encomienda del ministro de Fomento por aquellas fechas, un tal José Luis Ábalos, de un importante lote de suministro de mascarillas.

El PP madrileño recordó en aquel momento que tres de las empresas investigadas mantenían vínculos con la vicepresidenta Nadia Calviño y con los entonces ministros Salvador Illa y José Luis Ábalos. Una de esas compañías era Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, denominada más tarde como Beedigital y que era nada menos que la sede laboral del marido de Calviño, director de marketing. Para colmo, el contrato se realizó cuando la empresa en cuestión mantenía deudas con el Estado.

Otra de las empresas bajo la lupa, como ya hemos señalado, fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, a la que la prensa imputó de inmediato una relación con Ábalos. Fue el Ministerio de Transportes el que propuso a esta empresa para la compra de ocho millones de mascarillas por un total de 24,2 millones.

La última de las sociedades con presunta vinculación directa con cargos fue FCS Select Products SL que el PP vinculó con el exministro de Sanidad Salvador Illa por relación personal. El departamento de Illa fue el que propuso a FCS Select Products para encargarse de la compra de un total de 508 millones de mascarillas, diez millones de guantes y 150.000 gafas. Todo por un importe de 263 millones de euros (IVA incluido). La empresa contaba con la copropiedad de una empresaria condenada por estafa.

Y no fueron los únicos casos. El caso Mascarillas en Canarias también se sumó. El Servicio Canario de Salud (SCS) contrató por cuatro millones de euros en mayo de 2020 la adquisición de un millón de mascarillas FFP3. Las mascarillas nunca llegaron. Solo diez meses después de la fecha prevista llegaron 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que tuvieron que ser destruidas por la Agencia Tributaria debido a que la supuesta marca (3M) no lo era ni por lo más remoto. Eran mascarillas falsas con un material que no coincidía con el original y del que no era posible garantizar el efecto de protección frente al covid. La Administración no recuperó los dos pagos adelantados en agosto y octubre de 2020 a la adjudicataria, RR7 United SL, una empresa que, de nuevo, carecía de experiencia en el mercado de productos sanitarios. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por un presunto caso de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación por el Servicio Canario de Salud.

Los casos son interminables, pero el PSOE decidió en plena pandemia que la evidencia del caos generalizado por la falta de compra a tiempo del material de protección era lo de menos. Había que utilizar la situación de fuerte tensión y desesperación para atacar a Isabel Díaz Ayuso. En el peor momento, Pedro Sánchez optó por una maniobra de acoso y derribo en previsión de que podría salir tocado políticamente por la avalancha de muertes. Era necesario buscar un chivo expiatorio al que culpar de todo. El territorio elegido fue el principal feudo de voto del PP, Madrid. El campo, el más dramático, las residencias de ancianos. La persona, Isabel Díaz Ayuso.

Y así empezó la imputación generalizada de las muertes a Madrid y a las residencias de Ayuso.

La orden fue del gabinete de Pedro Sánchez. La ejecución corrió a cargo de todos y cada uno de los ministros implicados, incluido Pablo Iglesias. Porque el entonces vicepresidente del Gobierno no dudó un reclamar su cuota de poder. Claro, hasta que observó que el saldo de muertes implicaba un duro golpe para sus aspiraciones políticas.

Fue un 19 de marzo cuando el ministro Illa, autoridad plena de la parte técnica de la gestión del estado de alarma, delegó oficialmente en Iglesias la coordinación de los servicios sociales autonómicos. Esa delegación implicaba no solo un poder, sino también una enorme responsabilidad para gestionar las necesidades de las residencias de mayores, desde material de protección y dotación de equipos médicos de urgencia al traslado de sus residentes a centros médicos.

El paso del tiempo demostró la dedicación y responsabilidad de Iglesias. Un año después de que Illa compareciese junto a Iglesias para comunicar el papel del líder de Podemos al frente de la coordinación de los servicios sociales y las residencias de ancianos, un año después de que Iglesias afirmara que «era urgente medicalizar» las residencias «desbordadas» y carentes de «equipos de protección individual», un año después de sumar 30.103 fallecimientos de ancianos, Iglesias se iba. Y lo hacía sin haber pisado ni un solo centro residencial. Sin visitar a un solo anciano ni familia.

La experiencia y conclusión fue clara para todo el Gobierno: había que devolver las responsabilidades y echar las culpas a la derecha. Qué mejor que hacerlo sobre la cabeza de Díaz Ayuso.

El plan no se privó de nada. Hubo acusaciones contra Ayuso por el trato dado a su padre por Avalmadrid —⁠archivado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021⁠—. Acusaciones contra Ayuso por irse a un apartamento cuando cayó infectada por el virus —⁠archivado por Anticorrupción en enero de 2021⁠—. Acusaciones contra Ayuso por las muertes en las residencias —⁠descartadas por la juez de instrucción número 5 de Leganés en septiembre de 2020, precisamente por ser una «carencia estatal»⁠—. Acusaciones contra Ayuso, con protagonismo principal de la cúpula de Génova en manos de Pablo Casado, y a la que la izquierda se sumó con ganas y furor, por la labor de su hermano de mediación en compras de mascarillas —⁠archivadas por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2022⁠—. Acusaciones posteriores del consejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos, Alberto Reyero, sobre la misma base de la acusación por las muertes en las residencias —⁠que ya habían sido rechazadas judicialmente⁠— y que fueron nuevamente utilizadas por la izquierda. También hubo un ataque muy especial del que después sería secretario de Estado de Deportes en plena explosión del Barçagate, y que en aquel momento era nada menos que delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. Su ataque se basaba en tratar de echar a Isabel Díaz Ayuso utilizando «una imputación» judicial que no existía, con el fin de sumar a Ciudadanos. La literalidad de las palabras de Franco es descriptiva: «Ayuso es imputada por cohecho impropio por el tema del apartamento, habrá que conseguir que Ciudadanos apoye una moción de censura» y, de esa forma, Ciudadanos o el PSOE se quedarían con el Gobierno de la Comunidad. Franco dio más detalles en aquel momento: «A nosotros las tres derechas ya nos hicieron una moción de censura cuando ganamos las elecciones y no nos permitieron gobernar. Ahora está Ayuso, que es probablemente la peor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid». Y añadió: «Tienen que notar nuestro aliento. Os pido que seáis más activos en redes sociales». Todo eso fue expuesto en una charla virtual a la que se pudieron conectar alcaldes, diputados regionales, exalcaldes y militantes de base por medio de Zoom, y que se celebró el 16 de junio de 2020 a las 19.00 horas.

Como dijo Franco, posteriormente premiado por Pedro Sánchez con un ascenso a secretario de Estado, los socialistas debían «capitalizar el descontento del personal sanitario y de los pacientes» y había que conseguir una «imputación». La afirmación, viniendo del mismo equipo de aquel Pedro Sánchez que dejó claro que la Fiscalía estaba a sus órdenes, podía anticipar cualquier cosa. Franco pidió igualmente a todos sus seguidores y militantes que se sumaran a todas las manifestaciones sanitarias contra Ayuso. Se hizo incluso una huelga que coincidió con la publicación por la Comisión Europea de sus indicadores en los que calificaba a la sanidad de Ayuso como la mejor de toda la UE.

Pedro Sánchez había detectado en Isabel Díaz Ayuso a su principal enemiga y, como tal, debía ser barrida. Era un obstáculo para el poder.

Como Franco cumplía con su cometido como delegado del Gobierno en Madrid, no prohibió el infectódromo del 8-M en los inicios del covid. Por eso fue protegido cuando un Juzgado y el coronel Pérez de los Cobos investigaron su papel en la negativa a desconvocar el 8-M, por más que el Gobierno conocía perfectamente lo que estaba pasando en Italia y lo que había comenzado ya en España. Su hoja de servicios le garantizó el ascenso a secretario de Estado de Deporte, y por eso, con el estallido del Barçagate, también fue blindado, pese a tener entre sus responsabilidades directas la de presidir el Consejo Superior de Deportes, organismo encargado de velar por el correcto desarrollo de las competiciones y la ausencia de trampas que alteren los resultados de las competiciones. Así reza la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. Artículo 14. Letra p), «Promover e impulsar, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de las personas deportistas o de los animales participantes en actividades deportivas o a modificar fraudulentamente los resultados de las competiciones y actividades deportivas reconocidas en esta ley».

Franco le sirve a él, a Sánchez. Como Grande-Marlaska. Con Sánchez no hay Estado, no hay instituciones. Hay él. Solo él. Un único y enorme yo.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, debería conocer bien esta característica de Pedro Sánchez. Ella fue una de las defensoras estelares de Pedro Sánchez cuando el partido todavía se revolvía contra él. Calvo fue uno de los arietes empleados contra Susana Díaz en las primarias andaluzas. Fue clave en la organización de una huida que dejó sin apoyos a Susana Díaz, cuando todo un bloque de históricos mordieron la mano de la lideresa andaluza para mostrar su apoyo incondicional al nuevo jefe Sánchez. Allí estuvo el exalcalde socialista de Huelva, Juan Ceada; Carmen Hermosín, una de las caras de la histórica foto de la tortilla; el exeurodiputado Luis Yáñez —⁠muy próximo a Josep Borrell⁠—; José Antonio ‘Nono’ Amate, desde Almería; Carlos Sanjuán, exsecretario general del PSOE andaluz y extodo entre 1988 y 1994; Enrique Linde, desde Málaga; o, como no, José Félix Tezanos, ese hombre que llegó a tener más presupuesto que la Casa Real en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): 12,65 millones de euros de presupuesto en 2023, frente a los poco más de 8 de la época del PP o los 8,43 de la Casa Real que algunos critican asegurando que es muy cara. Recursos de sobra para cantar las gestas demoscópicas de su amo Sánchez. Todos fueron activados en el ascenso de Sánchez, unos por creencia en el nuevo líder, otros por puro antisusanismo.

Carmen Calvo había sido ministra con Rodríguez Zapatero. Acabó enfrentada a Rubalcaba y tenía el peso suficiente en su formación como para atreverse. Carmen Calvo sí tenía fuerza. Pero dejó de tenerla en cuanto osó reivindicar para el PSOE las políticas de Igualdad. Irene Montero se las había pedido. Montero tenía la promesa de Pablo Iglesias de que el área sería suya e Iglesias condicionaba la gobernabilidad de Sánchez. Resultado: Calvo fuera, Irene Montero dentro… Y con su ley del «solo sí es sí» fuera también todo un ejército de violadores. Por el capricho de Irene y Pablo, Pablo e Irene. Más de mil violadores, pederastas y abusadores vieron rebajadas sus penas y más de cien fueron excarcelados hasta la primavera de 2023, pero el colectivo total de potenciales beneficiados ascendía a 4.000. Las políticas de igualdad en morado eran uno de los precios para que Sánchez tuviera Falcon, Super Puma y séquito. Y eso no se podía desafiar.

«Comparto el proyecto de Pedro de democratizar el PSOE y posicionarlo en el combate de la derecha», llegó a afirmar por aquellos años de enamoramiento Carmen Calvo. Más tarde, una vez expulsada de la órbita de poder, reconocería lo obvio, que todo el Gobierno y Sánchez en primera instancia sabían perfectamente que con la ley capricho del «solo sí es sí» de Podemos saldrían riadas de violadores a la calle por el efecto provocado de rebaja de las penas.

Juan Carlos Campo, como ministro de Justicia, «remitió un informe diciendo que con el juego de entrada en los mecanismos de acción del Código Penal, estas cosas pueden ocurrir». «Recuerdo perfectamente cómo el ministro de Justicia decía “esto está aquí planteado”. Yo le dije al ministro que lo pasase a observaciones del Ministerio de Igualdad para funcionar. ¿Qué ocurrió? Pues que la ministra se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto, como sigue creyendo. En un Gobierno se respeta la autonomía de un ministro cuando dice “mi ley es esta”. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo “mi ley es esta”. Se respeta a una ministra cuando dice “esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar, creo firmemente en mi ley”. Se respetó esta situación», sentenció Calvo. ¿Es prioritaria la «autonomía de un ministro» cuando se habla de soltar a un ejército de violadores? ¿O es más bien la autonomía de Sánchez que lo supedita todo a su poder?

De las mentiras en las compras de material a las incautaciones de las mascarillas

Las actas del Consejo Interterritorial que comandó la gestión del covid durante la pandemia quedaron reflejadas tanto por la Administración central como por las autonómicas. Hasta ahora se ha conocido el relato establecido en las actas controladas por el Ministerio de Sanidad. Pero otro documento recoge con todo lujo de detalles la segunda versión de todas aquellas reuniones celebradas entre los responsables sanitarios de Pedro Sánchez y, en este caso, de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Esta segunda versión encaja mucho mejor con el desastre vivido por la población. Mucho más que la versión ofrecida por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

En el «Informe sobre las actas del Consejo Interterritorial de 29 noviembre de 2021», en su introducción, en referencia a reuniones clave en la lucha contra el covid, se anotaba que «el pasado 16 de noviembre de 2021, se remitieron desde la Secretaría Técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a través de correo electrónico, los borradores de las Actas de los Plenos del CISNS, correspondientes a las sesiones número 123 a 237, que abarcan todos los Plenos celebrados desde el 14 de octubre de 2019 hasta el 27 de octubre de 2021 […]». «El Consejero de Sanidad [de Madrid] manifiesta su disconformidad sobre las mismas, teniendo en cuenta [que] la dilación en el tiempo ha provocado que tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de las propias CCAA, la mayoría de los que van a aprobar las actas ni siquiera se encontraban presentes en las reuniones». Y añadía que, atención, «una parte de las actas remitidas no recogen de forma auténtica, exacta y veraz las intervenciones y deliberaciones habidas en el seno del Consejo Interterritorial». «Por todo ello, el voto va a ser en contra», concluía el documento del Gobierno de Madrid.

Uno de los apartados de esas actas de los representantes de la Comunidad de Madrid recogió las mentiras vertidas. Su título era «La fidelidad de las actas y la compra centralizada de materiales de protección». En él se explicaba que: «Sin duda alguna, este es uno de los puntos más importantes, principalmente en los inicios de la pandemia, por lo que tanto las informaciones que ofreció el Ministerio en esos momentos, como las intervenciones de los consejeros de las distintas CCAA deberían haberse recogido con mayor detalle y fidelidad. Máxime, teniendo en cuenta que se trataba de momentos cruciales, en los que las CCAA carecíamos de materiales de protección y la actuación del Gobierno de España, en esos momentos, lo único que consiguió fue que las propias CCAA no pudiéramos comprar estos materiales en España, ante la amenaza de requisa a los proveedores».

¿Por qué afirmaba eso el acta? Lo hizo por el siguiente y sangrante detalle de los tiempos vividos en el arranque del covid; un cronograma que revela que no solo se dieron muestras de la más atroz irresponsabilidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que se incautaron lotes enteros de material de protección frente al virus ubicados en Madrid.

«La primera vez que se ofrece información sobre la posible compra centralizada de materiales de protección, kits para la realización de PCR y fármacos fue en el Consejo Interterritorial del 25 de febrero de 2020».

«En las siguientes reuniones, se sigue hablando por parte del Ministerio de esta posibilidad, sin ofrecer resultados de ningún tipo. En el acta de la reunión del 5 de marzo de 2020 [tres días antes del infectódromo de las manifestaciones del 8-M] el ministro insiste en que se está trabajando en la compra centralizada y cede la palabra al director del CCAES, Fernando Simón, sin que su intervención en este punto quede reflejada en el acta».

«En las reuniones posteriores, se sigue insistiendo en esta acción de compra por parte de INGESA, sin que las CCAA reciban estos materiales, tal y como se desprende de las propias actas».

«En la reunión del 12 de marzo, respecto a la escasez de materiales de protección, el ministro informa de que hay una compra conjunta a nivel europeo y que hay una importante cantidad de mascarillas garantizada para el martes siguiente, 17 de marzo, que nunca llegaron. El acta solamente hace referencia a la compra a nivel europeo. Recordemos que el Gobierno de Sánchez renunció a la compra centralizada en la reunión de la UE previa al 8M.

»En esta misma reunión, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid intervino informando sobre la situación y reclamando materiales de protección. El ministro contestó literalmente que “llegarán en breve”, gracias a las acciones de compra centralizada. El acta solamente recoge que se está trabajando en el suministro de cualquier producto necesario».

«En la reunión del 13 de marzo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid informa sobre la situación en la Comunidad de Madrid. Anuncia la puesta en marcha de recursos asistenciales intermedios (hoteles) y se refiere a la falta de materiales de protección, pidiendo al Ministerio la llegada de más EPIs. El acta recoge que “estamos teniendo verdaderos problemas con los materiales de protección…”, obviando la reclamación de estos al Gobierno».

«El ministro, en su intervención en la reunión del 15 de marzo, menciona expresamente el problema de la falta de materiales de protección y respiradores. En este punto, si bien el acta recoge gran parte de su intervención, deja fuera el siguiente comentario: “Niego rotundamente que se hayan producido incautaciones de material a las CCAA”, y añade que, “no se va a incautar nada que pueda adquirirse por parte de las Consejerías”, algo que era evidente que sí se había producido. En este sentido, como sí recoge el acta de esa misma reunión, el consejero de Andalucía manifiesta su preocupación ya que a la empresa proveedora principal de estos materiales le han incautado 150.000 mascarillas para el Gobierno, señalando que solo disponen de material para 5 días».

Pero la cosa va a más. «El día 17 de marzo el acta recoge todas las manifestaciones realizadas por la práctica totalidad de consejeros sobre la carencia de EPIs y respiradores. Sin embargo, en el caso de la consejera de Aragón han omitido el siguiente comentario: “Han sufrido una incautación del 50 por ciento de las unidades de mascarillas que habían comprado. Pide encarecidamente que desde Sanidad se den instrucciones al Ministerio del Interior para que paren este tipo de acciones”. Igualmente no se recogen las manifestaciones del Consejero de Extremadura, en las que “expresa sus dudas sobre la compra centralizada de materiales de protección”».

«Sobre este mismo tema, tampoco se recoge con exactitud la intervención del Consejero de Galicia, y no se incluye el siguiente comentario: “Respecto a los EPIs y demás materiales de laboratorio entienden que existe un problema de desconfianza con los proveedores ante el temor de requisa por parte del Gobierno. Piden también aclaraciones sobre este extremo”».

Y por lo que respecta «a la intervención del Secretario Gral. de Sanidad, también se obvian los siguientes términos de su intervención en el Acta: “Respecto a los materiales, explica que hay una nota interpretativa sobre la requisa de material”».

Es decir, que la incautación de material fue generalizada, forzando una desconfianza de los proveedores que no sabían dónde acababa su material. También anulando la eficacia de algunos territorios, que intentaron paliar la tardanza en reaccionar de Pedro Sánchez con compras urgentes, que no se sabe a ciencia cierta dónde acabaron.

El Madrid de Ayuso fue uno de los territorios de incautación, como revelan estas actas.

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JAQUE A LAS INSTITUCIONES. DE LA GUARDIA CIVIL A LA JUSTICIA

Pedro Sánchez necesitaba mucho más que el control de la Fiscalía. Él necesitaba el control pleno de las instituciones. Por su ansia de poder, que tan bien analizó Rodríguez Zapatero —⁠unas veces para despreciar a Sánchez y otras para aprovecharse de ello⁠—, y porque el plan trazado por ETA en sus negociaciones con el PSOE hacía ya más de dos décadas exigía una demolición del sistema del 78.

Se trataba de eliminar los pilares que soportan la Constitución española para poder dar paso a la ruptura de la unidad nacional y poner fin a la monarquía como elemento inseparable de esa «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles [como señala la Carta Magna en su artículo 2]».

Que nadie se equivoque, la voladura de esos pilares es el eje fundamental e irrenunciable de Bildu y ERC. Para conseguirlo, nada mejor que un desmoronamiento institucional provocado por un auténtico malware llamado Sánchez. Su obsesión por el poder le ha llevado a dinamitar cualquier atisbo de comportamiento independiente y libre en los organismos que pueden contrapesar y controlar la labor del Ejecutivo, como en cualquier democracia que pretenda serlo. Estos son la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la Guardia Civil.

Su ministro más servil, Fernando Grande-Marlaska, dirigió el ataque a la línea de flotación de la Benemérita. La Guardia Civil como cuerpo, y su coronel en Madrid, Pérez de los Cobos, habían osado mantener el secreto debido y ordenado por el juzgado de una instrucción judicial: la de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar adelante el infectódromo del 8-M en pleno estallido del covid, en contra de las indicaciones de la OMS y de la UE de no permitir aglomeraciones. El Gobierno y sus alfiles no habían dudado en llamar a la población a las manifestaciones. Desde Fernando Simón como supuesto máximo responsable técnico contra el covid del Ejecutivo —⁠que afirmó que no había problema en acudir a una concentración gigantesca sin mascarillas ni nada parecido⁠—, hasta la propia Carmen Calvo que llegó a decir que el peligro era no acudir al infectódromo. «¿Qué le diría a una mujer que duda si ir o no a la manifestación del 8-M?», le preguntaba días antes del 8-M una periodista. Y ella respondió: «Que le va la vida, que le va su vida. Que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que les diría que les va la vida, y como nos va la vida en lo colectivo porque en lo individual, nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI. Y que por más que se empeñen, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto del mundo».

Justo dos semanas después del 8-M al que ella acudió, su propia vida corrió peligro por el contagio del virus.

Aquel 8-M llegó a los tribunales, pero no sirvió para mucho. La Fiscalía comandada por Dolores Delgado consideró que no era defendible la responsabilidad penal del Gobierno, pese a haberse negado a coger las manos tendidas por la UE en la compra de material de protección del covid, o haber destituido al responsable de salud de la Policía, que advirtió del riesgo letal de la enfermad. También pese a haber lanzado a todos sus responsables a predicar que había que acudir a las concentraciones del 8-M en contra de las predicciones de la OMS y la UE, y pese a haber asegurado que las mascarillas no eran necesarias y que solo despertaban un alarmismo injustificado. Importaba poco. La Fiscalía afirmó que «pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil». Esto significa que la Fiscalía afirmó que era «inverosímil» pensar que la protección evitaba el contagio de la enfermedad. Toda una afirmación que pasará a los anales de la historia científica y médica. Y posiblemente también al recuerdo del más triste humor negro jurídico.

Pero en aquellos primeros meses de covid la opinión pública vivía aterrorizada por el interminable aumento de las muertes, por la falta escalofriante de mecanismos de respuesta y protección, por la imagen dantesca de ver a España, una gran nación con una de las mejores sanidades de todo el mundo, sin saber responder a la ola de contagios letales. Y el Gobierno se puso nervioso. Y Pedro Sánchez temió perder su poder nada más comenzar a saborearlo. Decidió que aquel juicio debía ser frenado. Qué mejor manera que empezar por cortar las alas a quien protegía la investigación independiente de lo ocurrido como Policía Judicial: el coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Madrid.

El Tribunal Supremo acabó anulando la destitución del coronel Pérez de los Cobos, pero el mensaje de Pedro Sánchez ya había surtido su efecto: el que desafiara los deseos de Pedro Sánchez, aunque fuera en defensa de la legalidad o las instituciones, vería su carrera frenada en seco. El coronel fue apeado de su cargo en 2020. Solo tras tres años de pelea judicial vio su versión confirmada por el Alto Tribunal, aunque no se restituyeron sus deseos de seguir prosperando en paz e igualdad frente al resto de sus compañeros. Pérez de los Cobos ya estaba marcado al menos para el PSOE. Eso quiere decir que el crecimiento profesional de Pérez de los Cobos quedaba cegado para siempre.

Los bajos sueldos en la Guardia Civil y en la Policía Nacional han sido otro elemento de control de las actuaciones de los cuerpos. La prometida equiparación salarial con los Mossos de Esquadra no se ha hecho realidad, y habrá quien piense que tiene que ver con un problema de capacidad de gasto. La verdad es que para el Ejecutivo de Sánchez el incremento del gasto público nunca ha resultado un verdadero problema, por más que la espiral de deuda sigue causando graves problemas estructurales a España. La cautela en el gasto nunca ha sido el santo y seña del líder del PSOE. Los sueldos y las pensiones de los guardias civiles y de los policías nacionales no se ha equiparado con los de los cuerpos autonómicos porque el Gobierno de Sánchez no ha querido. Para acceder a sueldos más altos y tener mejores vacaciones o proveer una mejor educación a los hijos hay que pasar por el sistema de ascensos, que depende de la escala de mandos. El mando, en última instancia, lo impone el Gobierno.

A Sánchez nunca le ha importado enfrentarse al descontento generalizado de la Policía o de la Guardia Civil. No ha sido su preocupación que los cuerpos estuvieran contentos y respaldados en el desarrollo de su labor —⁠que no es otra que la de hacer cumplir la ley⁠—. No. Su Gobierno ha procurado que quien quiera mejorar sus condiciones de vida, tenga que preocuparse por agradar a quienes deben decidir un posible ascenso.

Por supuesto, hay gente que con enorme valor y dedicación ha conseguido ascender pese a este mecanismo de selección política, pero el entramado funciona, en ocasiones de forma decisiva.

La sentencia del Supremo sobre Pérez de los Cobos: golpe brutal a Marlaska

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la destitución de Pérez de los Cobos fue tajante. Recordó los argumentos de la sentencia de primera instancia de este mismo caso para avalar la ilegalidad del cese del coronel. Lo hizo exponiendo las claves de lo desarrollado en aquella primera sentencia. En primer lugar, que «no es cierto que el demandante no informase de las investigaciones: lo hizo a través de la cadena de mando y así llegó hasta la Directora General [María Gámez, la misma que tuvo que ser cesada en 2023 por la imputación de su marido y dos cuñados en una ramificación del caso ERE] y lo hizo hasta que la UOPJ [Policía Judicial] le comunicó que la Magistrada había ordenado absoluta reserva, razón por lo que ya no pudo informar de las investigaciones más que de las que posteriormente afectaban al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias». En segundo lugar, que, por lo tanto, «el demandante informó de lo que debía, no de lo que desconocía, luego de lo que ni podía ni debía informar». En tercer lugar, que «la razón determinante del cese fue que no informó de las diligencias que la UOPJ entregó a la Magistrada y la filtración fue el desencadenante, no la causa de la pérdida de confianza. Esto se confirma con la prueba practicada pues no se le exigió responsabilidad disciplinaria alguna por la filtración ni aparece el recurrente en la información reservada que se siguió». Y cuarto, y absolutamente concluyente, que «por tanto, el cese se justificó por no informar del desarrollo de investigaciones de la Guardia Civil como Policía Judicial, con fines de conocimiento, y así en alzada se reconoció que el interés —⁠y la confianza en el demandante⁠— estaba en que informase sobre las incidencias relevantes en torno a las investigaciones filtradas, interés que era contrario al deber de reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas por la Magistrada y sin que se explicara qué eran esas incidencias relevantes». La conclusión es aún más tajante: «Hay un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal y de haberse accedido a la solicitud de información, en contra del mandato judicial, podría haber incurrido en un posible delito». Y hasta rechaza «que se trate de la represión de una conducta que defraudó a los órganos superiores, pues no corresponde a los órganos jurisdiccionales indagar sobre el verdadero fin perseguido por el autor de la decisión desviada, y basta constatar que la motivación es ilegal».

Apenas pudo servir como consuelo para un coronel al que, para empezar, y por hacer bien las cosas, le robaron el ascenso a general. Eso para Sánchez era una victoria, porque el mejor mecanismo de autocensura es el miedo al castigo injusto.

Además, el golpe a Pérez de los Cobos permitió una remodelación más amplia. Una que ya había comenzado meses antes.

En solidaridad con Pérez de los Cobos, dimitió el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Presentó su dimisión ante el obvio pisoteo a un compañero y a las reglas más básicas de la independencia judicial y la legalidad. Fernando Grande-Marlaska no tardó en aceptar su renuncia. Salía de su cargo quien había sido uno de los mandos más destacados en el arranque del covid y quien había sido jefe del Mando de Operaciones Territoriales de la Guardia Civil con el exministro Juan Ignacio Zoido. Pero claro, eso, lejos de ayudarle en el CV en ese momento, le perjudicaba. Era teniente general y licenciado en Ciencias Económicas, pero le sobraba al Gobierno.

Antes del caso de Pérez de los Cobos el Gobierno ya había lanzado su remodelación con la salida de Manuel Sánchez Corbí. El Tribunal Supremo, en este caso, sí respaldó la legalidad del cese de este coronel de la Guardia Civil como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). Una destitución exprés en toda regla. Fue ordenada en agosto de 2018 por el ministro de Interior alegando pérdida de confianza. Sánchez no le permitió ni pasar el verano cuando llegó al poder tras su moción de censura. La UCO interviene en infinidad de investigaciones judiciales relacionadas con asuntos de malversación, prevaricación y otros delitos de contenido económico y corrupción política. El presidente, por motivos obvios, lo quería fuera de inmediato.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de casación interpuesto por el coronel contra la sentencia de la Audiencia Nacional y respaldó el cese por pérdida de confianza porque «no hay ningún derecho al mantenimiento en el cargo asignado por libre designación». Un argumento que no negaba que el interés de Sánchez en su expulsión del puesto fuese el de mantener un mayor control de un área tan delicada. En realidad, el jefe de la UCO fue expulsado del cargo tras difundir el 25 de julio de 2018 un correo electrónico entre sus efectivos en el que comunicaba el cese de las investigaciones de este departamento por la falta de fondos reservados para desarrollar su cometido. Corbí aseguró que quedaba «temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y de sus unidades subordinadas, que requieran obligatoriamente realizar gastos».

Es decir, que si la afirmación era cierta, implicaría que el Gobierno tenía claro que lo quería inhabilitado, bien por falta de fondos o por estar fuera del cargo.

Tras esas salidas de altos cargos, el Gobierno aprovechó las sillas vacías para remodelar la cúpula de la Guardia Civil. Y más tarde llegarían toda una serie de golpes a la Benemérita.

Se eliminó la unidad antidroga de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, la conocida como Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur) integrada por 150 guardias civiles y con disponibilidad las 24 horas del día de los siete días de la semana. También se reestructuraron las unidades de desactivación de explosivos, casualmente, en las comunidades autónomas con fuerte implantación nacionalista: se suprimieron los Gedex (Grupos de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ) de las comandancias de Álava, Guipúzcoa y Lérida, y sus efectivos tuvieron que cambiar de provincia si querían seguir dedicándose a su especialización.

Además, la Guardia Civil perdió sus competencias sobre Tráfico y Seguridad vial en la Comunidad Foral de Navarra tras el pacto de Pedro Sánchez y el partido de Arnaldo Otegi en plena negociación presupuestaria de 2022. Se trataba de sus principales competencias en esta región, y se convertía en el gran acelerón a la salida de la Guardia Civil de Navarra.

Solo por poner un ejemplo más, los Mossos hicieron exhibición de su invasión de competencias en el control del mar. Una función exclusiva de la Guardia Civil según la legislación. Lo hicieron con la venia del ministro Grande-Marlaska y el presidente Sánchez. La Generalidad catalana mantuvo su denominada unidad marítima de los Mossos d’Esquadra sin el más mínimo reproche del Gobierno de Sánchez, en lo que se convirtió en el primer reconocimiento explícito de la creación de una Policía Marítima de los Mossos, nunca jamás respaldada por la normativa en materia de distribución de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Porque el objetivo de Sánchez siempre fue invadir o disminuir las competencias de la Guardia Civil.

Asalto a la Justicia. El ansiado plato de todo dictador

Como todo buen aspirante a dictador, Pedro Sánchez nunca ha barajado la defensa de una Justicia independiente. Todo lo contrario. Mientras criticaba la reforma del Poder Judicial de Hungría y Polonia, él abordaba la suya, radicalmente similar. Solo había una diferencia. Los dos países centroeuropeos impulsaron un férreo control del Poder Judicial bajo el pretexto de forzar un cambio en la supuesta inercia comunista de los cuadros judiciales. Sánchez, por el contrario, carecía de ningún argumento más o menos plausible, más allá del puro manoseo de la Fiscalía con el fin de incrementar la capacidad de presión y el control sobre los procesos judiciales.

Tanto a Polonia como a Hungría y España llegaron las advertencias de la UE por la amenaza al Estado de derecho y a la esencia democrática que implicaban sus respectivas reformas judiciales.

El primer informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea desde 2015 abordó la reforma de Polonia. Sus reformas afectaban al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Polonia lanzó una reforma que entró en vigor en febrero de 2021 que disparaba la responsabilidad disciplinaria de los jueces, aumentaba la influencia política en la designación de magistrados por medio de la capacidad exclusiva del Ministerio de Justicia en el nombramiento y la destitución de jueces, y adelantaba la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo para forzar su renovación. La ley polaca no escatimaba en sanciones —⁠que podían llegar incluso hasta el cese⁠— de los magistrados que sostuvieran planteamientos excesivamente combativos con los nombramientos impulsados por la propia reforma judicial. El mecanismo garantizaba, de este modo, una doble velocidad en la renovación de los cesados y sus seguidores. El mismo rasero se aplicaba a los jueces que planteasen su crítica por medio de actividades públicas que pudieran menoscabar su posición, según la reforma, de neutralidad judicial.

Hungría también persiguió un mayor control gracias a su reforma. Permitía un curioso sistema de trasvase de jueces desde el Tribunal Constitucional hacia el Tribunal Supremo. Y los del Tribunal Constitucional eran elegidos por el Parlamento, con lo que se eludía el procedimiento regulado para el ascenso de magistrados hasta el Supremo y se reducían los requisitos exigidos para ser designado presidente del Tribunal Supremo.

Sánchez no se alejó de estos planteamientos. Mientras el PSOE no dudaba en atacar las reformas impulsadas en Hungría y Polonia, el presidente del Gobierno lanzaba una en España que permitía designar por mera mayoría absoluta los cargos más importantes de todo el sistema judicial: los del Consejo General del Poder Judicial, los que designan posteriormente los ascensos y descensos en las salas donde se dirimen los recursos y las sentencias firmes. Es decir, una reforma que anulaba el mecanismo de mayorías reforzadas regulado por la Constitución española. Su ansia de poder, una vez alcanzado el Ejecutivo, no se iba a detener ante los jueces.

La reforma de Sánchez enlazaba con toda una campaña de presión al PP para que aceptara, como partido, o por el aval de sus vocales en el Poder Judicial —⁠como así ocurrió⁠— un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional que diese a Sánchez el control de la institución intérprete de la Carta Magna española, así como el poder para sentar a un nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Las pruebas de que no había rastro de independencia en Conde-Pumpido no dejaron de surgir a lo largo de su carrera. Suya es la famosa frase lanzada en octubre de 2006, en plena negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, en la que aseguró que «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino» para no entorpecer la negociación con los terroristas. Hizo esta declaración de sumisión a la política de negociación del Gobierno durante una intervención ante la comisión de Justicia del Senado, cuando ostentaba el cargo de fiscal general, y aseguró que no permitiría «trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que en lugar de buscar la paz social alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quien quiera que sea», y añadió que, «los jueces y fiscales de este país hemos vivido y vivimos la realidad social del momento; hemos actuado sobre ella y hemos contribuido a cambiarla». Para Conde-Pumpido, lo importante no era la aplicación estricta de la ley, sino «buscar la paz social», vivir «la realidad social» y «cambiarla». ¿Desde cuándo son esos los propósitos de un fiscal? ¿Acaso no son los de un partido político?

Ese era Conde-Pumpido. El mismo que días antes de que se confirmase su nombramiento al frente del TC por Sánchez afirmó sin rubor y ante sus compañeros lo siguiente: «Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré». Por «problema de Cataluña», parece evidente que se refería a las reclamaciones separatistas de la Generalidad catalana. Y es que para dar encaje al asalto definitivo a la unidad de España —⁠defendida por completo por la Constitución y blindada en su articulado⁠— los separatistas y los socialistas solo contemplan dos vías, o la de la reforma constitucional, para lo que no contaban con mayoría suficiente en el Parlamento ni respaldo en la población, o la de la interpretación torticera y llena, por decirlo de alguna manera, de polvo del camino. Esa segunda vía, en un alarde de falta de independencia y de ausencia absoluta de cualquier criterio parecido a la defensa de la Justicia y del Estado de derecho, sí puede llevarse a cabo con un Tribunal Constitucional bajo pleno control.

Por eso Pedro Sánchez sabía desde el inicio que su hombre era Conde-Pumpido. Una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña había cortado el avance hacia las principales exigencias independentistas, tales como una Justicia y Hacienda propias o la capacidad para convocar un referéndum de autodeterminación. Para dar la vuelta a esa resolución, hacía falta tener muy poco respeto tanto a la Constitución como a la institución del Tribunal Constitucional.

El puzle se completó con una pieza más. El Boletín Oficial del Estado del 30 de marzo publicó la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con un único fin: congelar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando se encontraba en funciones por no haberse renovado su cúpula en el plazo establecido por la Constitución. La reforma respondía a la decisión del PP de no aceptar los cambios propuestos por el PSOE para renovar el Poder Judicial. Esos cambios tenían un único sentido, el mismo que el del Tribunal Constitucional, politizar al máximo las decisiones de ese organismo, más allá de lo establecido en la reforma de 1985.

El artículo 122.3 de la Constitución determina que el «Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años». Y el artículo 570.2 LOPJ, añade que «si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial». Pues bien, Sánchez anuló esa continuidad «en funciones» para provocar un brutal atasco en los nombramientos de los cargos más decisivos de los tribunales españoles y disparar la presión sobre el PP hasta que cediese a sus exigencias. Parcialmente lo logró, al menos en el permiso de los populares para cambiar el Tribunal de Cuentas y desbloquear el Tribunal Constitucional.

La reforma de Sánchez señaló que, mientras hubiera un Consejo del Poder Judicial en funciones, debían quedar bloqueadas facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional. El atasco estaba servido. Mientras Pedro Sánchez saboreaba el atasco judicial, acusaba al PP de ser el culpable del colapso.

Pero aún faltaba por ver el más vergonzoso de los platos de este menú de asalto judicial. La estrategia de Sánchez solo tenía un defecto de cara a sus intenciones de control pleno de la Justicia. Al bloquear al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, bloqueó igualmente su capacidad de renovar los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.

¿Qué hizo Sánchez? Ni corto ni perezoso, en un nuevo alarde de osadía y absoluta falta de vergüenza política, volvió a reformar la norma, pero esta vez para permitir a los miembros del CGPJ que ratificasen su elección de los miembros en el TC, la misma que tenía que darle el control de la mayoría y la Presidencia del organismo, tal y como ocurrió.

Esa reforma se aprobó en pleno verano de 2022, de nuevo bajo una lluvia de acusaciones a la oposición por lo que en realidad estaba promoviendo el PSOE. Se hizo sin pasar por ponencia ni comisión y, por supuesto, con los votos de Bildu, ERC, Podemos y PNV. De esa manera, con medio país de vacaciones, salía adelante a finales de un mes de julio la renovación soñada por Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial podría ya nombrar a los dos candidatos que darían la mayoría al PSOE y que podían hacer posible la aplicación de las exigencias plasmadas entre los socialistas y los separatistas en sus respectivas sedes de negociación bilateral. Una reforma de tamaña envergadura se hacía por vía de urgencia, sin pasar por los trámites parlamentarios habituales y sin contar con los informes de los órganos consultivos, entre otros, del propio CGPJ, que llegó a pedir dar su opinión sin éxito alguno.

La Justicia, medio controlada. La cúpula fiscal bajo candado socialista. El Constitucional sometido. Y la Guardia Civil a medias de un intento de amordazamiento institucional de la que solo le ha salvado por ahora su disciplina y devoción al honor y servicio público. Tan solo faltaba la Policía Nacional. Y allí también ha hecho sus avances Pedro Sánchez.

Pardo Piqueras, el encargado de intentar controlar a la Policía Nacional

El manual de todo aspirante a dictador debe incluir, por lo visto, un capítulo sobre el necesario y prioritario control de la Justicia. Quien controla el aparato judicial tiene la potestad de incrementar los procesos por corrupción de sus contrincantes en lo que debería ser una competición limpia y transparente de neto pluralismo político, y que deja de serlo en el momento en el que un combinado de procesos judiciales abiertos e inacabable repercusión mediática garantiza el deterioro de la imagen del resto de partidos. Quien controla la Fiscalía y tiene capacidad para interferir en investigaciones policiales tiene a su alcance ese enorme poder de manchar la imagen de quien debe competir en igualdad.

Dicho esto, es posiblemente el momento de agradecer a cientos de fiscales, jueces, policías y guardias civiles su labor limpia y valiente. Porque, pese a innumerables presiones y golpes en sus carreras profesionales, han mantenido el tipo, la dignidad y la calidad democrática y judicial en innumerables ocasiones. Y lo han hecho pese al obvio e injustificable intento de control institucional labrado con ahínco por el PSOE a lo largo de años. Hay que tener en cuenta que la norma que inició el destrozo y manoseo político en la Justicia, con la anulación programada de la independencia del Consejo General del Poder Judicial, data de 1985, y que ha sido perpetuado sin decoro por el PP en cada uno de los mandatos en los que deberían haber devuelto su independencia al Poder Judicial y haber blindado la independencia de la Fiscalía General del Estado, así como las cúpulas de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Pero Pedro Sánchez, obviamente, no se iba a parar en el último de los rincones desde los que se puede controlar una fase de instrucción —⁠investigación⁠— judicial. Ese rincón es la Policía Judicial. Allí también hubo operación.

Este libro ha descrito ya uno de los episodios clave en la sumisión del PSOE al Grupo de Puebla, con la venia y la euforia de Rodríguez Zapatero. Lo hizo prácticamente desde el día uno de la llegada al poder de aquel presidente, con la visita e inicio de relaciones privilegiadas con la Venezuela de Hugo Chávez. Zapatero se apoyó en un hombre presentado por José Bono: Raúl Morodo.

Pues bien, casualmente —o no—, también el hombre clave en la dirección política de la Policía Nacional fue otro hombre clave de Bono, aunque ahora integrado en la corte de Pedro Sánchez. Su nombre es Francisco Pardo Piqueras y se convirtió en director general de la Policía Nacional de la mano del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Pardo Piqueras llegó con tal transparencia a la dirección del cuerpo que omitió en todos los documentos oficiales en los que se describía su trayectoria laboral el paso por una compañía relevante llamada Tecnove.

¿Cuál fue el cometido de Pardo Piqueras en esa empresa que olvidó al relatar su desarrollo profesional? Pues nada menos que el adjunto a la Presidencia de la compañía. La gran pregunta es el motivo de este curioso olvido. Y la explicación puede resultar más sencilla conociendo el papel de Pardo Piqueras y el de Tecnove. Pardo Piqueras se incorporó en 2018 a su cometido en el Ministerio del Interior, y el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó 1,3 millones de euros en contratos a la ya antigua empresa de Pardo Piqueras.

Su currículum sí menciona sus primeros pasos en política como asesor y jefe de Gabinete de la Consejería de Agricultura y director general de Relaciones Institucionales del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, o sea, del Gobierno del entonces presidente regional, José Bono. Ahí nació la profunda relación que siempre ha unido a ambos.

Pardo Piqueras fue la mano derecha del presidente de Tecnove, Eusebio Ramírez González-Ortega, por un periodo de más de seis años. Pero, por lo visto, se le pasó por alto ese pequeño espacio de tiempo. Pardo Piqueras llegó a ostentar la Presidencia del Parlamento de Castilla-La Mancha durante cuatro años, de 2007 a 2011. De ahí pasó a Tecnove, y después pasó a ser nombrado director de la Policía Nacional en 2018, recién estrenada la Presidencia de Sánchez en 2018. Su periplo profesional privado en Tecnove se ocultó en el Portal de Transparencia.

Pardo Piqueras prefiere hablar de un periodo como «directivo de una empresa del sector de la automoción», escondiendo el nombre de Tecnove. ¿Por qué? No mantiene el secretismo con Sercobe, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo que presidió durante su mismo periodo como adjunto a la Presidencia de Tecnove.

Lo que ocurre es que, como se ha mencionado antes, desde que Pardo Piqueras fue nombrado director de la Policía en julio de 2018 y hasta el mismo mes de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó siete contratos públicos por valor de 1,3 millones de euros a Tecnove SL. Algunos de estos contratos se adjudicaron por un procedimiento sin concurso público y aprovechando el estado de alarma.

Pero hay más. Pardo Piqueras había adjudicado ya previamente 50 millones de euros por medio de un total de 28 contratos públicos a la misma Tecnove durante su etapa como secretario de Estado de Defensa entre 2004 y 2007, cuando era la mano derecha de José Bono dentro del Ministerio de Defensa, antes de llegar a presidir el Parlamento de Castilla-La Mancha. Tras ese periodo, en junio de 2012, fue llamado por Tecnove para trabajar como un gran fichaje.

Todavía hay un poco más. Tecnove elevó esa cifra de 50 millones hasta llegar a los 131 millones en contratos públicos durante el mandato de Rodríguez Zapatero. Contratos que en un elevado número fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, lo que comúnmente se denomina «a dedo», sin concurso público.

Con ese historial, Pardo Piqueras llegó a ser la mano derecha de Grande-Marlaska. Evidentemente era de la máxima confianza del partido. Y de la de Bono. Y de la de Zapatero. Y de la de Sánchez y Marlaska. El hombre perfecto con el que atravesar todo tipo de peripecias, como el informe inventado en el que se aseguraba que Cs había provocado los ataques sufridos por ellos mismos en la manifestación del Orgullo Gay; las balas que amenazaban a Iglesias y cuyo caso terminó en el cajón sin prueba alguna; las acusaciones a Vox por haber creado el ambiente en el que teóricamente un grupo de encapuchados habían marcado violentamente y contra su voluntad la palabra «maricón» en el culo a un chico en un portal, cuando resultó que el chico reconoció que se la habían marcado en una sesión de sexo sado consentida; la falta de una dotación suficiente de efectivos de protección a Vox en su mitin en Vallecas; la aceptación sin reparos por parte de la delegada del Gobierno, Mercedes González —⁠a la que luego premiaron Grande-Marlaska y Sánchez con el cargo de directora de la Guardia Civil⁠—, de una manifestación neonazi por Chueca justo después del ridículo del bulo del chico marcado en el culo; la ya mencionada destitución de José Antonio Nieto tras avisar del peligro del covid y la necesidad de mascarillas para la Policía; y tantas otras barbaridades que han jalonado el mandato ministerial de Grande-Marlaska.

Solo dos casos llegaron a costarle la imputación al director de la Policía, aunque más tarde se frenaría la investigación y él se libraría de la imputación. De todas formas, la Justicia llegó a considerar que había indicios delictivos por nada menos que alterar los nombramientos en la Policía para aupar a determinados agentes a cargos más decisivos. Por usar la terminología del PSOE, se trataba de fabricarse su propia capa de cargos privilegiados, su policía ad hoc o, con perdón de los aliados del PSOE, su propia policía patriótica.

Por estos mecanismos de ascenso y selección de personal el Sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) presentó la denuncia contra Pardo Piqueras por hechos cometidos en marzo de 2022. La historia incluyó la apertura de un expediente disciplinario al considerado molesto representante sindical para que cesara en sus reclamaciones contra los nombramientos a dedo en la Policía. ASP y su representante sindical llevaron a cabo varias acciones sindicales para tumbar las «ilícitas comisiones de servicios que continuadamente se generan, entre otras, en la Brigada Provincial de Información». ASP afirmaba que, con Pardo Piqueras, se estaban sorteando «los requisitos legales establecidos para ello» y se consentía «que se prolonguen en el tiempo mucho más allá de lo que reglamentariamente está permitido». Eso sí, solo para determinados policías privilegiados, que, de ese modo, ocupaban, según aquella denuncia, cargos sin respaldo legal y por decisión personal de la cúpula del director. Las acusaciones, inicialmente aceptadas a efectos de imputación e inicio de diligencias, fueron más tarde desestimadas, pero no porque no existieran los movimientos de policías mencionados, sino por no considerarlos delictivos. Aquellos movimientos permitieron mantener o aupar a los mejor considerados por Pardo Piqueras.

Justo en ese mismo periodo, otros policías, algunos con rango de comisario tras realizar actuaciones brillantes como Policía Judicial, eran muy mal vistos, entre otros, por Podemos, debido al desmantelamiento de los casos de secuestro de niños en Infancia Libre y la detención de sus máximos exponentes. Estos policías fueron poco a poco relegados de los cargos más relevantes en la Policía Judicial.

El proceso de asalto institucional ha incluido a la Policía Nacional. El sistema de filtrado de mandos se ha puesto en marcha y en determinadas ocasiones ha funcionado con éxito.

El ataque latente a la Monarquía. La clave de un programado proceso constituyente

Sí, efectivamente, la Monarquía no se iba a librar de este ataque institucional. El PSOE ha tenido que adoptar un perfil más cauto en este aspecto, pero el ataque ha existido y ha contado con la venia de quien sabía desde el inicio que la atmósfera generada acabaría acosando a la monarquía parlamentaria. Quien se entrega a Bildu, ERC y Podemos sabe perfectamente cómo acaba, y cómo acaba España si lleva esa estrategia a término.

Antes de narrar lo ocurrido es conveniente repasar la importancia constitucional de la Monarquía en España y en cualquier país que haya atravesado una guerra civil de forma reciente. La Constitución española tiene distintos mecanismos de reforma, unos más profundos y otros más leves. La reforma del sistema de monarquía parlamentaria forzaría a una apertura plena del proceso constituyente por ser parte inseparable de la forma del Estado y, por lo tanto, de la esencia constitucional.

El título X de la Carta Magna recoge el mecanismo de «reforma constitucional». Allí se señala en el artículo 166 de la Constitución española que «la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87»; en el 167, que «los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado»; que, de «no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma», y que «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras».

Pero ese mecanismo, ya de por sí reforzado, se convierte en blindado cuando se trata de reformar cualquier de los puntos recogidos en el Título preliminar. «Artículo 168: Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes». Además, «las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras». Y, para terminar el blindaje máximo, «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Desde luego, la monarquía parlamentaria forma parte del Título preliminar, nada menos que en su artículo 1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

Por cierto, que el artículo 2 de ese mismo Título preliminar recoge el preciado objeto de demolición de todos los aliados de Pedro Sánchez: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

No cabe duda de que la Monarquía es clave en España. Su voladura implicaría la apertura en canal inmediata de un proceso constituyente donde, que nadie lo dude, sería colada la abolición de la unidad de España tal y como la conocemos, de la propiedad privada, de la libertad de empresa, de la libre asociación o de la protección de nuestras fronteras, solamente por citar algunos aspectos.

El PSOE de Sánchez ha aceptado la voladura paulatina de la imagen de la Monarquía. Sánchez deja que hagan y los Bildu, ERC y Podemos, hacen. Algo en lo que ha jugado un papel fundamental el empeño del emérito en proporcionar material informativo con el que favorecer ese mismo ataque.

Gracias a Dios, la serena y medida actuación del rey Felipe VI ha evitado un mayor impacto de esta calculada política de desgaste de la Monarquía, que lo es de la Constitución de España y, por lo tanto, de la unidad nacional.

Y en medio, el escándalo del emérito

Pedro Sánchez ha tenido en este asunto, el de la Monarquía, uno de sus mayores dilemas. Tanto fuentes de La Moncloa como de la Casa Real no han dejado de confirmar que la relación directa e institucional no ha sido mala. Pero cosa distinta es el trasfondo. Las bases del PSOE son contrarias a la Monarquía y los socios necesarios del PSOE son radicalmente contrarios a la institución monárquica, por su odio a la Casa Real y porque, como ya se ha explicado, es la clave de un derrocamiento constitucional del que esperan obtener una revisión del Estado de derecho que abra la puerta a un fraccionamiento nacional y de la seguridad jurídica.

Pedro Sánchez se ha limitado en esto a una ambición, la de ocupar el espacio mediático del Rey. La de querer figurar en las fotos de las recepciones, en el trato con los jefes de Estado, en las reuniones de la OTAN. Es una cuestión de su protagonismo infinito y su ansia de poder sin límite. No obstante, la figura del Rey carece por completo de función en el juego político —⁠sí en el papel institucional⁠— y eso, en el fondo, implica que Felipe VI no haya sido visto como un problema directo por parte de Sánchez.

Cosa muy distinta es la capacidad de absorción de voto que Pedro Sánchez sabe que pueden tener sus socios —⁠robándole ese voto al PSOE⁠— en caso de que los escándalos del emérito fuesen contestados con un exceso de inacción por parte de La Moncloa. Esa es la clave que explica el baile de la Yenka que ha mantenido el PSOE respecto a la Jefatura del Estado, y explica la orden que el propio Sánchez dio a Carmen Calvo de que negociara el alejamiento del emérito de España, cuestión que fue aceptada por la Casa Real como una solución para mantener a kilómetros de distancia un foco de permanente escándalo y motivo de informaciones perjudiciales para la supervivencia de la monarquía en España.

Así nació una negociación en la que la voz cantante fue la de La Moncloa. Y, muy en concreto, la de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en aquel año 2020. Por eso Calvo espetó una frase ante representantes de la Casa Real: «Mientras gobernemos nosotros, Don Juan Carlos no volverá a España». Lanzó su frase en pleno covid —⁠a finales de julio⁠— y el receptor fue el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín.

¿Lo hizo por proteger al Rey? ¿Por proteger la institución monárquica? ¿Por proteger la monarquía parlamentaria? ¿O por proteger la Jefatura del Estado? Realmente por ninguna de esas explicaciones de forma directa. Y sí por todas ellas por una vía indirecta. Hasta que fue destituida, Calvo estaba obsesionada por encontrar un camino propio para el PSOE, sin ser absorbido por Podemos, Bildu y ERC. Era consciente de que si se abría el camino constituyente tras una hipotética eliminación de la Monarquía y la Constitución, el PSOE pasaba a mejor vida superado por Podemos, Bildu y ERC.

En este razonamiento hubo una curiosa —⁠pero plenamente carente de respeto en el trato⁠— apariencia de protección a la Corona. Por eso la Fiscalía y la Agencia Tributaria mostraron escaso impulso investigador en las distintas informaciones que surgían cada día sobre las actuaciones de Juan Carlos. Porque una bola de dimensiones gigantescas cayendo por la ladera constitucional podría haber abocado a un desmoronamiento de la Carta Magna. Y en el PSOE, gente como Carmen Calvo, siempre pensaron que eso daría por finalizado el capítulo de un comunismo disimulado para dar la entrada oficial a un comunismo sin matices, el de la marca Podemos, Bildu y ERC.

La advertencia de Calvo a Alfonsín llegó tras cinco meses de presión y de mensajes lanzados a Zarzuela para que Juan Carlos saliera de España y para que no volviera. Los mensajes fueron acompañados de consejos fiscales en los que no faltó explicar que un sitio como Emiratos Árabes podría ser perfecto para que el rastro del dinero en el extranjero no fuese declarado a Hacienda. Básicamente porque nadie se lo pediría allí y Juan Carlos habría pasado, tras certificar su implantación fiscal, a ser responsabilidad judicial de Emiratos, no de España.

El plan fue anterior al episodio de regularización fiscal llevado a cabo por el emérito. La regularización cerraba la parte investigable en España y la salida e implantación en Emiratos cerraba la posible investigación futura.

La presión para la salida comenzó en febrero de 2020, y continuó hasta que el 3 de agosto Juan Carlos dio su brazo a torcer para abandonar España. Durante todo ese periodo no faltaron numerosas conversaciones y encuentros entre Calvo y Alfonsín.

Las explicaciones destacaron comentarios del estilo de «esto no puede seguir así» y frases directas explicando que «Don Juan Carlos» tenía «que salir de España» por el bien tanto del PSOE como de la Jefatura de Estado. Inicialmente, la Casa del Rey no fue favorable al plan. Pero cuando Moncloa repite demasiadas veces que puede ser perjudicial para alguien una determinada actitud, ese sujeto puede llegar a interpretar que si no hace lo indicado puede quedarse sin la más mínima cobertura e, incluso, pasar a recibir un ataque, como evidentemente se insinuaba. La Zarzuela, en parte por la presión, en parte por el ataque de todos y cada uno de los socios de Sánchez y las propias frases de sectores del PSOE, y en parte por la magnitud de los escándalos publicados día tras día, aceptó el plan de salida del emérito.

Calvo hizo hincapié en un mensaje: «El Rey debe distanciarse de Don Juan Carlos», casualmente la misma afirmación que Sánchez usaría el 4 de agosto —⁠tan solo un día después de la marcha del emérito⁠—, porque todo el mensaje estaba coordinado desde Moncloa.

Aunque no por defender a la Monarquía, el PSOE no quería ni oír hablar de algo que podía darle ventaja a Podemos y que podía hacer perder a los socialistas el voto clásico que aún retenía. Podemos no tenía nada que perder en ese campo porque nació del radicalismo.

El ansia de la Casa Real era distinto: evitar a toda costa que se juzgara a la institución. La propia idea fue también utilizada por Calvo con el fin de encontrar el respaldo de Zarzuela a la salida de Juan Carlos de España. El presidente también empleó el argumento, asegurando que debían juzgarse «a personas, no se juzga a las instituciones».

Los mensajes de Calvo a la Casa Real tampoco ocultaban que, en caso de no aceptar la salida del emérito, la situación podría ser peor para la Monarquía. Y es muy probable que el análisis de Zarzuela fuese certero. ¿Quién podía fiarse de que ante un aumento de presión de Podemos contra la Monarquía el PSOE no se uniera a la quema constitucional?

Si Zarzuela no siempre estuvo de acuerdo con el plan de salida del emérito, Sánchez aprovechó para elevar el tono en público con su famosa frase de que el afloramiento de nuevos escándalos sobre las finanzas de Juan Carlos implicaba la aparición de noticias «inquietantes, que nos perturban a todos». Y el presidente añadió: «A mí también». Era un claro mensaje de advertencia de que su paciencia en la negociación se agotaba y que si la negociación no llegaba a término él podría sumarse al ataque a la Monarquía. Aquel mensaje de Sánchez, lanzado el 8 de julio de 2020, terminó con un significativo agradecimiento al rey Felipe VI por «distanciarse» de los escándalos. Distancia: justo lo que se pedía para Juan Carlos.

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DE MARRUECOS Y BEGOÑA GÓMEZ A LOS MÚLTIPLES ENCHUFES FAMILIARES

Las consecuencias letales de la política de Pedro Sánchez han dejado una profunda huella en la política internacional de España. Un complejo y complicado compañero de viaje, Marruecos, se benefició de ello de forma más que sensible y con pleno perjuicio para nuestro país. España perdió su ascendiente sobre el Sáhara Occidental, al mismo tiempo que la política de control de fronteras dijo adiós a cualquier atisbo de rigor y cedió su protagonismo a Marruecos. España perdió su estatus de socio preferente de Argelia. Los argelinos tenían intereses en el Sáhara y, cuando Sánchez entregó su control a Rabat, el presidente Abdelmadjid Tebboune decidió castigar a España endureciendo las condiciones y el precio de las exportaciones de gas natural.

Para colmo, España dio un paso atrás en su defensa de los inmensos yacimientos minerales en el espacio submarino de Canarias, también reclamado por Marruecos con renovadas fuerzas gracias a su control del Sáhara y de sus aguas territoriales. En paralelo, Marruecos no dejaba de reforzarse militarmente ni de reivindicar las plazas españolas de Ceuta y Melilla.

Resulta imposible explicar semejante grado de cesión, sumisión y humillación internacional sin una revelación periodística sobre la que nunca dio explicaciones ni el presidente ni su mujer, Begoña Gómez. La serie de noticias publicadas por este periodista en su paso por Okdiario tampoco fue nunca desmentida ni contó con acciones judiciales en su contra, señal clara de que la mejor expectativa de Pedro Sánchez era la de no tener que dar explicaciones judiciales sobre los hechos narrados.

Las informaciones publicadas revelaban muy polémicas relaciones empresariales con Marruecos de Begoña Gómez. Unos hechos que se combinaron con el espionaje del móvil presidencial admitido por la propia Moncloa y que las filtraciones oficiales salidas de Presidencia se encargaron directamente de imputar a una presunta autoría de Marruecos.

Pues bien, la historia de Pedro Sánchez y Marruecos tiene un curioso cruce de caminos con la de Begoña Gómez y el mismo país norteafricano. Fue en marzo de 2022 cuando Pedro Sánchez decidió modificar la tradicional política de España con respecto al Sáhara Occidental. Nunca ha dado explicaciones de un giro tan dramático para la posición española y su peso entre dos países de trato delicado: Argelia y Marruecos. Argelia defendía el referéndum de independencia del Sáhara. Marruecos la integración del Sáhara como una provincia suya por medio de un plan de autonomía. España era nada menos que el garante en Naciones Unidas del desarrollo de ese referéndum, ya que España había asumido ese papel como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación pactado con el pueblo saharaui.

Argelia era —ya ha dejado de serlo por las tensiones diplomáticas⁠— el principal proveedor de gas natural de España, un país híperdependiente de este combustible. Marruecos es nuestro principal control y freno de la inmigración ilegal —⁠si quiere y cuando quiere⁠—, y uno de nuestros principales proveedores de información antiyihadista —⁠si quiere⁠—. Argelia y Marruecos están tradicionalmente enfrentadas, entre otras cosas por el Sáhara. Por eso para España era clave seguir manteniendo la fuerza de decisión sobre la región sin llegar a decantarse, aprovechando la tardanza y el desinterés de Naciones Unidas en celebrar el polémico referéndum de autodeterminación. En ese marco irrumpió Sánchez, desequilibrando la balanza a favor de Rabat y haciendo perder a España su moneda de cambio doble. ¿Ocurrió algo antes de esa decisión? La mujer del presidente, Begoña Gómez, había intensificado sus relaciones con directivos marroquís.

España no tenía motivo aparente para cambiar su política con respecto a Marruecos. Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, con Podemos, Bildu y ERC a la cabeza, eran favorables al predominio del Frente Polisario y Argelia en el Sáhara Occidental. Es más, la legalidad internacional respaldaba que España mantuviera la pretensión de referéndum en el Sáhara. Pero ocurrió lo contrario.

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció por mandato de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991. Se hizo asumiendo las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario). El plan de solución aprobado por el Consejo de Seguridad fijaba un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum de forma que fuera la población del Sáhara Occidental la que eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos. «El Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad única y exclusiva sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum y estaría asistido en sus funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que se conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental», señala Naciones Unidas en su propia documentación. Y el 29 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2285, que pedía a las partes implicadas que «siguieran dando muestras de su sentido político con el fin de comenzar una fase de negociaciones más intensa e importante».

Hasta ahí todo el aparato legal internacional que respaldaba la posición de España. Nuestro país, como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación pactado con el pueblo saharaui, podía utilizar todo el tiempo ganado para hacer valer su papel de parte implicada y poner en valor esa figura mediadora ante Argelia y Marruecos. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Lo contrario. Hizo saltar por los aires la posición diplomática española sin necesidad de presiones de sus socios de Gobierno. ¿Inexplicable?

Antes de este giro radical en la política exterior de España en el Magreb ocurrieron cosas que afectaron a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Hay que subrayar que, recién llegado Pedro Sánchez a la cúspide del PSOE, Begoña Gómez, sin titulación universitaria oficial, comenzó una impresionante carrera académico-empresarial. El Africa Center, un centro que depende de la Fundación Instituto de Empresa (IE), fichó como directora a la mujer de Sánchez. Esa labor fue compatibilizada con cargos en otra universidad de la competencia, la Complutense, sin que, por lo visto, nadie de los afectados tuviese ningún problema. Begoña Gómez pasó a codirigir másters en la universidad pública madrileña y hasta a ostentar la dirección de una cátedra en esa misma institución, todo al mismo tiempo que desarrollaba su dirección del Africa Center.

El eje principal de todo ese trabajo tenía que ver con las relaciones y el apoyo a las ONG, la captación de fondos públicos y privados o los fines sociales y de desarrollo de determinados países necesitados de apoyo internacional. En esa labor, la mujer del presidente empezó a tener una amplia relación con este tipo de entidades, y, a través del Africa Center, con Marruecos. La noticia fue publicada por este periodista en su paso por Okdiario. Allí se mencionó que en el momento en el que Begoña Gómez dirigía el centro del IE, cerró un importante acuerdo para expandir la formación de empresarios y ejecutivos gracias a su asociación con el APD Marruecos, un centro marroquí para formar altos ejecutivos.

El Africa Center no dudó en declarar un éxito rotundo esta alianza con el APD Marruecos, una organización sin ánimo de lucro que opera desde Casablanca. El fichaje de Begoña Gómez por el centro del IE se hizo público en agosto de 2018, dos meses después del ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura. Begoña Gómez pasó de golpe a ser «director, IE Centro África», como mostró en su momento la página web de la entidad, que incluyó una gran foto publicitaria.

La web de la entidad que pagaba el sueldo de Begoña Gómez incluyó en su enumeración de partnerships una casilla que remarcaba el acuerdo con APD Marruecos y señalaba que seguía «ampliando sus alianzas por todo el continente» y que, por eso se había «asociado con APD Maroc, una organización sin ánimo de lucro para altos ejecutivos, que trae a algunos de los profesores más destacados de IE para impartir charlas periódicas de alto nivel para ejecutivos de las mejores empresas de Marruecos».

Efectivamente, el APD Maroc o Marruecos, es una gran entidad de contactos en el país de Mohamed VI. La propia institución se define como el «primer centro de liderazgo de Marruecos». «APD Marruecos tiene como misión el progreso de la economía a través del progreso de los altos directivos», explica su descripción oficial. Todo un maravilloso campo de operaciones para Begoña Gómez, la persona que había pasado de no tener bagaje académico alguno a ostentar cargos directivos y académicos deseados por la práctica totalidad de sus teóricos colegas universitarios. «APD es líder en Marruecos en congresos y formación de alto nivel», destaca su documentación oficial. Su objetivo es «promover el liderazgo y la gestión a través de reuniones con líderes, expertos y pensadores famosos de diversos orígenes», añade. Y trabaja «para la promoción de campeones marroquíes en diferentes campos para dar a conocer los éxitos de nuestros compatriotas y fomentar la inspiración», concluye su documentación. APD Maroc organiza hasta cuatro encuentros mensuales, como conferencias o mesas redondas, Executive Discussion y seminarios de formación a cargo de personalidades nacionales e internacionales. «En un espacio privilegiado de contacto, reflexión y debate sobre conceptos innovadores, enfoques modernos y temas de interés estratégico para cualquier persona con responsabilidad de decisión», subraya la propia entidad. Un maná para alguien interesado en los contactos empresariales.

Lo cierto es que, durante su presidencia, los apoyos de Sánchez a las cuestiones africanas no han cesado. Ya en 2019, el Partido Socialista anunció a bombo y platillo su objetivo de dotar de más fondos públicos al Plan África. El proyecto es uno de los planes estrella dentro de la agenda solidaria de Pedro Sánchez, y una de las iniciativas más fácilmente aprovechables para los proyectos de Begoña Gómez, tanto desde el Africa Center como desde la Complutense. En cualquier caso, no ha sido, ni mucho menos, el único apoyo que ha recibido Begoña Gómez, de forma indirecta, de las decisiones de su marido.

Los datos recabados por los organismos vigilantes de la Agenda 2030 destacaron con orgullo en 2021 que ya en 2020 el Parlamento español aprobó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021, unas cuentas que dispararon la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) española hasta alcanzar los 3.115 millones de euros: un 0,25 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) en aquel mismo año. La apuesta suponía un incremento de golpe de un 22 por ciento frente a la inversión de 2019, según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Es más, frente al gasto en este capítulo en 2018, primer año de la presidencia de Pedro Sánchez, el aumento superaba el 41 por ciento. Y es que el desarrollo de negocio de Begoña Gómez está perfectamente encarrilado en la línea política del Gobierno de su marido. El acuerdo de Gobierno del PSOE y Podemos, firmado en diciembre de 2019, fijaba como objetivo el incremento de esta partida hasta llegar al 0,5 por ciento de la RNB al término de la legislatura en 2023. Y ese compromiso equivale a un aumento de entre 3.600 y 4.000 millones de dólares, según las mismas cifras de la OCDE.

Ciertamente podía convertirse en maná para las relaciones africanas de Begoña Gómez. Marruecos es uno de los países incluidos en los apoyos, y la mujer del presidente vende, entre otras cosas, recetas para lograr fondos privados y públicos. Evidentemente, esto genera un conflicto de intereses, aunque Sánchez jamás ha tenido que dar la más mínima explicación por ello.

Apoyo al negocio de Begoña Gómez con acuerdos internacionales

La supuesta cumbre de Pedro Sánchez en febrero de 2023 en Marruecos fue un desastre. Es complicado calificar de otro modo un encuentro al máximo nivel en el que el mandatario del país visitado no acude. Mohamed VI ni apareció, pero se pudo comprobar el grado de sumisión de Pedro Sánchez ante Marruecos. No hubo ninguna concesión real de inversiones para las empresas españolas. No hubo ninguna mención al reconocimiento por Rabat de la españolidad de Ceuta y Melilla, aunque sí hubo varios compromisos por parte de Sánchez. El primero, un plan de financiación de 800 millones de euros en créditos dispuestos por España y gestionados por Marruecos. Y, atención, un punto de la declaración conjunta firmada acordaba incluir un plan de apoyo a universidades. Justo el sector donde trabaja la mujer del presidente. Justo lo pretendido con aquella alianza con el APD Maroc.

La declaración conjunta fue hecha pública al término de la frustrada cumbre. Y el punto 56 de ese documento recogía el compromiso de España y Marruecos de adoptar «las medidas necesarias para alentar a las universidades públicas y privadas españolas, cuya oferta universitaria está hoy fuertemente orientada a la internacionalización y cuyas universidades acogen a más de 20.000 estudiantes africanos que se benefician de más de 11.000 becas, a abrir sedes en Marruecos». Premio para el sector laboral de la mujer del presidente. Premio al apoyo que buscó desde el Africa Center, y premio a los contactos con APD Maroc. De hecho, es posiblemente el compromiso más concreto en favor de España que se deslizó en ese documento. Todo tras haber cedido nada menos que el control del Sáhara Occidental y el control del espacio aéreo correspondiente.

La sumisión del presidente español quedó en evidencia porque el documento no plasmó ni la más mínima cesión de Rabat en cuanto a sus habituales reclamaciones de Ceuta y Melilla. No lo plasmó, pese a que Sánchez había afirmado que Marruecos se había comprometido a respetar la españolidad de las dos plazas. De este modo, en el punto 8 de la declaración conjunta se afirmó que «en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental, España reitera la posición expresada en la Declaración Conjunta adoptada el 7 de abril de 2022, con motivo del encuentro entre SM el Rey Mohamed VI y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez». Es decir, que España ratificaba su cesión incomprensible e histórica. Pero el único punto en el que se puede pensar que se insinúa la postura de Marruecos en cuanto a Ceuta y Melilla, tan solo recogió la disposición de ambos países a continuar con el proceso de normalización de la apertura de los puntos fronterizos: «Las dos partes reiteran su compromiso con la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada, incluyendo los dispositivos adecuados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo», señaló el punto 42 del documento. Y se acabó. Eso sí, el sector universitario de Begoña Gómez sí tuvo mención expresa y concreta. El punto 54 señalaba que «en el ámbito de la educación, las partes» se comprometían «a promover el intercambio de documentación relativa a los programas escolares en vigor, con el fin de facilitar la homologación y el reconocimiento de la enseñanza y de los títulos expedidos a los alumnos»; y el punto 55 recoge que «ambas partes reforzarán su colaboración para promover la movilidad de los estudiantes. La parte española estudiará medidas para simplificar los trámites administrativos de los estudiantes marroquíes en España».

El revuelo hizo que Begoña Gómez saliera del Africa Center

Fue la propia Moncloa la primera que comunicó oficialmente a la prensa el espionaje del móvil de Pedro Sánchez, junto con el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También lo filtró de forma extraoficial, con confirmaciones oficiosas a la prensa, también respecto a la presunta autoría de ese espionaje. Y apuntaron a Marruecos. Lo cierto es que, sea verdad o no esa autoría, no hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que si una persona como Begoña Gómez entró en contacto con directivos marroquís, el régimen marroquí tuvo perfecto conocimiento de esos contactos. Marruecos no es nada parecido a una democracia. Quienes operan con libertad en Marruecos lo hacen con conocimiento y protección del Rey o de su círculo de poder. Con esos mimbres no es en absoluto descabellado pensar que ese espionaje al móvil pudiera haber recabado presuntos contactos, contratos, movimientos, ofertas o cualquier otra prueba de un posible negocio un tanto comprometedor, teniendo en cuenta que España sí es una democracia y que Begoña Gómez es la mujer del presidente.

Algo debió pasar porque, tras las primeras publicaciones de la problemática posición y los movimientos de Begoña Gómez —⁠su labor en el Africa Center entraba en un obvio conflicto de interés con las decisiones políticas de ayuda al desarrollo de su marido⁠— la mujer de Sánchez abandonó su cargo en este centro del IE.

La noticia de su salida del Africa Center se filtró en junio de 2022. Pero la realidad es que la ruptura de la relación laboral con este centro formativo fue comunicada a finales de 2021, tal y como confirmaron a este periodista fuentes internas en aquel momento. Es más, tras llegar a un punto de acuerdo sobre la salida de Begoña Gómez, la ruptura se materializó en febrero de 2022. Lo más llamativo es que se rompió esa relación, pero se quiso romper con plena discreción. ¿Por qué? ¿Cuál era el temor? Es más, Begoña Gómez esperó a confirmar su salida después de celebrar dos eventos de alto nivel y resonancia internacional que lanzaron su perfil profesional en nuevas áreas de negocio y fuera ya de la órbita exclusiva del Africa Center. ¿Significa eso que hubo problemas en África y que buscó otra salida antes de que se supiera?

Sea como fuera, lo cierto es que la mujer del presidente siguió usando el cargo de directora del Africa Center pese a haber pactado ya su salida —⁠o incluso tras haberlo abandonado⁠—, para impulsar sus charlas en otro gran foro, Ceapi, un gran foro iberoamericano de directivos que se convocó en Punta Cana. Allí se presentó en junio de 2022, como se puede comprobar en el documento del evento disponible en internet, aún como directora del Africa Center, pese a no estar ya ocupando ese cargo.

El documento muestra el perfil registrado por Begoña Gómez en el certamen internacional de Ceapi de Punta Cana: «Licenciada en Marketing - MBA en Dirección de Empresas. CRM y gestión de datos». Realmente, la licenciatura es falsa. Se trata de un título sin reconocimiento oficial que en absoluto es equiparable a una licenciatura. Más adelante, se añade: «Directora de Africa Center del IE Foundation. Impulsora de la innovación, liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de acción social en el continente africano», pero como hemos explicado, ya no estaba en el puesto del Africa Center.

Begoña Gómez no dudó en añadir más méritos a su CV: «Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid que integra dos títulos propios: Máster en Dirección en Captación de fondos para ONL con 10 ediciones y Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia en la Escuela de gobierno de la UCM con 2 ediciones». De nuevo, son cargos que ocupó en la Complutense sin tener titulación universitaria oficial y reconocida, justo a partir de la llegada de su marido a la Secretaría General del PSOE. Para colmo, la versión filtrada por Moncloa aseguró que Gómez dejó el Africa Center para emprender nuevos proyectos en la Complutense, pero el documento de Ceapi demuestra que convalidó esos cargos sin problema alguno.

Gómez incluyó otras cuestiones que también deberían haber disparado la revisión y el control de su potencial conflicto de intereses con la Presidencia de su marido. Aseguró ser socia de «WAS —⁠Women Action Sustainability⁠— y responsable del Grupo de Trabajo de Transformación Social Empresarial, socia-colaboradora de la Asociación Española de Fundraising. Impulsora del emprendimiento rural. Colaboradora de Fademur y El Hueco. Conferenciante y colaboradora de prensa especializada». Fundraising es la captación de fondos y recursos que realizan las entidades sin ánimo de lucro, como las ONG, fundaciones y otras asociaciones para impulsar sus proyectos. Y el Gobierno de su marido era el principal repartidor de fondos sociales.

Ceapi es uno de los mayores encuentros de relaciones empresariales y de negocio de Iberoamérica. Cuenta con un consejo empresarial formado por 190 presidentes de las mayores compañías y allí han participado personas de alto interés para los objetivos de desarrollo de negocio de Begoña Gómez. Desde el secretario general iberoamericano de SEGIB, Andrés Allamand, hasta la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, o Juan Bolívar Díaz, embajador de República Dominicana en España. También Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Reyes Maroto, en aquel momento ministra de Industria, Comercio y Turismo, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE, o Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA.

Todo un mundo de relaciones empresariales de Begoña Gómez que, a cualquier país con ansias de contar con elementos de presión frente a su principal rival y vecino, Marruecos, por ejemplo, le podrían haber interesado.

Bruselas también apuntó al espionaje de Marruecos

La versión filtrada y comunicada aún cobró más cuerpo cuando en mayo de 2023 las instituciones de la Unión Europea consideraron creíble que el espionaje procediera de Marruecos. La encargada de llegar a esa conclusión fue la comisión de investigación del Parlamento europeo sobre el denominado caso Pegasus. Y por aquellas fechas emitió un informe cuyas conclusiones apuntaron a Marruecos como «posible» responsable del espionaje al móvil presidencial.

Sea como fuere, los tiempos de las andanzas de Begoña Gómez y el espionaje coincidieron, los contactos con Marruecos de la mujer del presidente también, el interés de Rabat en obtener material útil frente a España es literalmente obvio, y el móvil del presidente y de dos ministros clave en las relaciones con Marruecos parece, por las propias versiones oficiales, que fueron vulnerados. Y, por supuesto, que la política exterior de España frente a Marruecos dio un viraje radical de 180 grados.

Por último, un factor adicional se unió a este triste capítulo de la sumisión ante Rabat: que ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros dieron en ningún momento la más mínima explicación. Opacidad plena pese a las innumerables peticiones de explicación y a pesar de la existencia de un caso judicializado sobre el espionaje con el sistema Pegasus.

A decir verdad, el Gobierno adelgazó desde el primer día la investigación sobre el espionaje al presidente que se desarrollaba en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. En esa sede, el juez titular José Luis Calama abrió en 2022 una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Todo ocurrió tras la rueda de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que se confesó que el teléfono presidencial había sido vulnerado. Pero, tras la euforia inicial a la hora de confesar el espionaje, nada de nada a efectos de trasladar información al juzgado.

El juez Calama, tuvo que acordar la prórroga de la instrucción y reiterar sus solicitudes de información a Israel, país de la empresa creadora de Pegasus. Sin embargo, todo pareció cubrirse con un tupido velo de opacidad, como si el tema fuese demasiado sensible para permitir una investigación real. «El Gobierno no ha utilizado durante todos estos meses la vía diplomática para agilizar la instrucción y que Israel conteste la comisión rogatoria enviada por el juez Calama. No interesa la verdad. Si Israel no contesta, el juez no tendrá más remedio que archivar la investigación», explicaron en mayo de 2023 fuentes judiciales al periodista de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez.

Las mismas fuentes añadieron que «durante todo ese tiempo» el CNI, con una cúpula nueva cambiada por Sánchez a raíz de este asunto, no había «conseguido averiguar qué archivos, documentos, vídeos o fotografías del móvil de Sánchez fueron espiados a través de Pegasus». Lo que sí se pudo confirmar es que el terminal del presidente del Gobierno fue violado y que se extrajeron de él 2,6 gigas en una primera intrusión y 130 megas en una segunda. Todo un arsenal de información.

Fuera como fuera, sabemos que el giro de la política de España frente a Marruecos fue radical. El Sáhara Occidental, la joya del equilibrio inestable de las relaciones diplomáticas españolas entre Rabat y Argelia se regaló sin contrapartida alguna para España. La llegada a España de gas de Argelia se redujo drásticamente. Todo un desastre para los ciudadanos y la economía española, claro está.

De Marruecos a los múltiples enchufes familiares

Quien diga que Pedro Sánchez no apoya a la familia es que no lo conoce. Él apoya a la familia más que nadie. A la suya. Desde su mujer, hasta su hermano, pasando por sus padres. Todos han sentido el respaldo de su Administración. Y en los peores momentos. Si el hermano, con nombre camuflado, no era reconocido en su valía musical, allí estaba Pedro Sánchez para animarle. Que Begoña Gómez no tenía estudios suficientes para ocupar cargos en la universidad, pues todo se arreglaría cuando Sánchez llegara al poder. Que llegaba una crisis general y asomaba por la puerta de los negocios de sus padres, pues allí estaba el ICO para ayudar.

Uno de los casos más llamativos es, sin lugar a dudas, el de Begoña Gómez. No solo en Marruecos se vio el rápido crecimiento de su inexistente currículum académico.

Pero antes de exponer con detalle la creciente hiperactividad académica y consultora de Begoña Gómez es conveniente recordar lo que determina la ley de incompatibilidades en materia de familiares directos de los presidentes del Gobierno en España.

En los últimos años, la mujer del presidente no ha dudado en presentarse en foros públicos como persona de referencia en la «captación de fondos públicos europeos». Con publicidad y con enfoque empresarial, se ha ofrecido como asesora para acceder a fondos sociales, ayudas comunitarias o fondos para el desarrollo de proyectos de ONG. Fondos con un inmenso catalizador y capacidad de asignación en el Gobierno de su propio marido. La mujer de Sánchez no ha dudado en lanzar un rotundo mensaje a empresas y directivos por medio de conferencias y mesas redondas, situándose como una autoridad en cuestiones de acceso a fondos públicos. Ello implica, al menos de forma indiciaria, una obscena violación de la «Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».

La norma señala expresamente que constituye un «conflicto de intereses» prohibido la colisión de los «intereses personales» que pueden «influir indebidamente en el ejercicio de las funciones y responsabilidades» de un alto cargo. Y en este caso el alto cargo es nada menos que el más alto cargo, el presidente del Gobierno y marido de Gómez.

La misma ley añade: «Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar […] pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos». Y explica que «se consideran intereses personales», por ejemplo, «los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad».

Es decir, que, al menos indiciariamente, la norma es vulnerada sin matices. Esa ley es la 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Una norma basada en un principio: que «los altos cargos sirvan con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades». Es decir, que violarla implica beneficiarse indebidamente del ejercicio de sus funciones en favor de intereses personales.

La norma también señala como sujetos jurídicos que pueden generar este conflicto de intereses a las «personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento» o «los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración». Hay que apuntar que la empresa que gestiona el negocio de los padres de Pedro Sánchez ha recibido 701.741,22 euros en ayudas públicas en 15 meses.

Begoña Gómez ha usado promociones para sus charlas empresariales en las que se presentaba como asesora en captación de los fondos europeos que gestiona su marido y presidente, Pedro Sánchez. Este cartel de presentación fue empleado el día 13 de octubre de 2022 a las 18.30, en unas charlas en la Universidad Complutense, el mismo centro público que la ha empleado pese a carecer de titulación universitaria oficial. El título de la jornada de aquel día fue: «Claves de la captación de fondos públicos europeos y de fondos privados para el tercer sector». Y la pregunta es obvia: ¿no violaba la citada ley de incompatibilidades?

La mujer de Pedro Sánchez empezó a dirigir másters de la Universidad Complutense en 2015. Su marido se hizo con la primera Secretaría General del PSOE el 26 de julio de 2014. Begoña Gómez lo hizo pese a tener menos titulaciones que sus alumnos. Sus alumnos sí tienen la obligación de contar con una licenciatura que avale oficialmente su capacitación como universitarios, pero eso no fue un problema para ella.

La presentación del máster deja constancia de la vía usada por la conocida universidad madrileña para sortear la falta de titulación de Gómez: contratarla para másters no oficiales y, además, como codirectora, de manera que siempre había otra persona que cumplía con los requisitos.

De este modo, la universidad contrató a Begoña Gómez para codirigir el máster no oficial en Fundraising. Además, la gestión del máster se encomendó a un centro de la Complutense con dirección propia: el Centro Superior de Estudios de Gestión. Para terminar de rizar el rizo, la dirección del centro corrió a cargo de Paloma Román Marugán, persona que tuvo su momento de fama por haber sido profesora de Pablo Iglesias y presidenta del tribunal de la tesis doctoral del líder de Podemos.

Pero la cosa fue a más, y la Complutense, a la vista de que Gómez estaba por la labor de seguir acumulando cargos, le asignó, con la misma falta de formación, nada menos que la Dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid, que integraba un máster adicional, con lo que ya eran dos. Y los dos, claro está, títulos propios, porque no podían ser oficiales: el Máster en Dirección en Captación de fondos para ONL y el Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia.

Era curioso. Porque la universidad era pública y totalmente implicada en el desarrollo de Podemos en sus aulas, principal socio del PSOE. Y, además, todas las materias impartidas afectaban a políticas de gasto del Gobierno de su marido.

En medio de todo este auge académico se produjo la entrada de Begoña Gómez en el Africa Center del IE. Su incorporación fue comunicada en agosto de 2018, dos meses después de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa. Su cargo en la institución del Instituto de Empresa era el de dirigir el recién creado Africa Center. En la presentación se destacó que Gómez contaba en su CV con veinte años de experiencia en consultoría y docencia, y que había ocupado un cargo directivo en Grupo Inmark. ¿A qué experiencia docente se refería?, pues a la del cargo de codirectora del Máster en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro, montado en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, al cargo que obtuvo Gómez tras la primera victoria de Sánchez en la Secretaría General del PSOE.

Por mucho que surgió cierta polémica cuando se publicaron estas noticias, ni La Moncloa ni la Universidad Complutense sintieron la necesidad de cortar lo que era un escándalo obvio y evidente.

David Azagra, el hermano camuflado de Sánchez

Por llamativo y sobresaliente que resulte el impulso sin igual de Begoña Gómez —⁠totalmente parejo al ascenso político de su marido⁠—, no fue el único caso de explosión profesional familiar en el entorno de Sánchez. David Azagra fue el segundo y más claro ejemplo. Pese a esconderse tras ese nombre, Azagra no era otro que el hermano de Pedro Sánchez. El hermano músico. Un diamante por descubrir hasta que los muy públicos conservatorios de Extremadura dieron con su talento.

Su nombre sí es David, pero su apellido no es Azagra. Se le buscó un puesto de coordinador de Conservatorios en Extremadura, terreno amigo —⁠donde mandaba por aquellas fechas Guillermo Fernández Vara⁠— y buen lugar para colocar encargos. El puesto suponía el cobro de 41.231 euros. Y el cometido se creó para David en 2017. Un cometido un tanto llamativo porque, coordinar, lo que se dice coordinar, es imposible coordinar menos: son dos conservatorios. Y uno, evidentemente, no hubiese sido posible coordinarlo consigo mismo.

David Azagra Sánchez Pérez-Castejón pasó a ser el primer coordinador de los dos conservatorios de Badajoz. Para colmo, la distancia que los separa es de 130 metros, cerca de un minuto caminando, con lo que tampoco por esa vía debía notarse el exceso de trabajo coordinador. Y, como no podía ser de otra manera, los dos conservatorios eran más bien uno, pero repartido en distintas fases de formación. Traducido: coordinar poco, cobrar más.

Cuando llegó David, ambas partes del conservatorio funcionaban perfectamente, con sus respectivos cuadros directivos. Esquemas jerárquicos que no habían echado de menos en ningún momento a un coordinador, por muy brillante que fuera. Aunque, eso sí, David Azagra aprovechó el tiempo para dar rienda suelta a su faceta más creadora, y decidió aprovechar su poder y mando para estrenar una ópera en Badajoz.

Es difícil calificar de éxito una actuación que costó 133.361 euros. Y digo una porque realmente es lo que tuvo: una actuación. Ni una más. Sus dos horas de L’elisir d’amore, de Donizetti, impactaron tanto en la población que, por lo visto, decidieron no romper la magia y no volver a representarla.

Pero, pese a todo, el hermano de Sánchez había cumplido su sueño, que también era importante. De la noche a la mañana había pasado a ostentar el mando de una orquesta sinfónica, de la banda sinfónica y de la orquesta de cámara. Era el jefe de un conservatorio profesional y de uno superior. Había logrado tener bajo su mando a 42 profesores en una de sus plantillas y a 32 en la otra. Ganaba cada año con ello 13.576,22 euros como retribución básica y un complemento de 27.655,05 euros: 41.231 euros brutos al año. Y, además, había podido realizar su objetivo vital: representar una ópera.

El pase tuvo lugar un 28 de noviembre de 2019 a las 20.30 horas. Se incluyó en el programa de la Diputación de Badajoz denominado Ópera Joven, y generó unos gastos de 38.973 euros en producción, 5.000 en catering, 52.610 euros en sueldos, 5.832 euros en vestuario y así hasta sumar más de 130.000 euros.

El proceso de selección del hermano del presidente tampoco fue un ejemplo a seguir. El anuncio de convocatoria se publicó un 19 de mayo de 2017 en el BOP con el supuesto objetivo de proveer una plaza de nueva creación para coordinar el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil y el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, además de dirigir la orquesta sinfónica, la banda sinfónica y la orquesta de cámara. Los demandantes del puesto debían ser funcionarios de carrera o personal laboral de las Administraciones Públicas o profesional del sector privado con más de cinco años de ejercicio profesional. Pero el propio texto del anuncio y de las bases se encargó de abrir una puerta a la más pura valoración subjetiva. Y es que las bases alertaban de que se valorarían méritos como la titulación académica de Profesor Superior de Música (especialidad en dirección de orquesta o en otra especialidad); contar con un máster en dirección de orquesta; experiencia profesional en dirección de orquesta; experiencia en actividades pedagógicas; capacidad de organización de equipos; conocimientos de idiomas; experiencia profesional en el ámbito del desarrollo cultural; compromiso con las funciones que se encomendarían; adaptabilidad a nuevos requerimientos; compromiso de confidencialidad; o la actitud de responsabilidad en la gestión. Y todo ello sería valorado en base a una «entrevista personal».

Tan solo se dieron 15 días para presentar solicitudes. Acudieron 11 candidatos. Y de forma casi fulminante, un 22 de junio ya estaba elegido el cargo. El Boletín Oficial lo resumió con rapidez: David Sánchez Azagra era «el aspirante que cumple con todos los méritos específicos reseñados en la base quinta de la convocatoria», justo la que recogía las salvedades a valorar.

Lluvia de ayudas ICO para el gestor del negocio de los padres

La mujer, el hermano… y los padres. Porque quien defiende a la familia, la defiende entera, debió pensar Sánchez. Y así llegó otro de los capítulos más sonados de los impulsos oficiales a los familiares del presidente.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa entre mayo y junio de 2018. Justo esa fue la fecha del inicio de una lluvia de ayudas al entramado gestor de los negocios de sus padres, que ascendió a nada menos que 701.741,22 euros en tan solo 15 meses. El destinatario no fue la empresa de sus padres. La fórmula estuvo mejor pensada.

Desde junio de 2018, Industrias Plásticas Playbol SL, una compañía dedicada a la fabricación de plásticos, recibió hasta 11 subvenciones. El concepto de la mayoría de ellas tenía como fin «paliar los efectos del coronavirus». Efectivamente, la mayoría se concedieron durante la pandemia. El financiador mayoritario fue el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de la ministra y vicepresidenta Nadia Calviño, y que, también por casualidad, fue el mismo ministerio que mayoritariamente apuntaló con ayudas la consultora donde trabaja el marido de la propia Calviño. En este segundo caso las ayudas fueron incluso superiores. El Ministerio de Asuntos Económicos inyectó por su lado 963.708,26 euros en ayudas públicas a la consultora tecnológica Beedigital, donde Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta, trabajaba como alto directivo. Estas ayudas también fueron financiadas por el Instituto de Crédito Oficial con el objetivo de «paliar los efectos del coronavirus».

Por su parte, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios habían creado en 1977 la empresa Playbol SA. Era su negocio familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de plástico, justo lo mismo que su hijo dice que hay que erradicar por cuestiones ecologistas, pero que no le impidió incentivar desde el ICO mientras planeaba un impuesto a los envases de plástico.

Playbol SA estaba instalada como fábrica en un polígono industrial del municipio madrileño de Algete, pero la gestionaba Industrias Plásticas Playbol SL. En el momento de recibir las ayudas, el padre de Sánchez seguía apareciendo en las inscripciones oficiales como administrador único de Playbol SA, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figuraba como apoderada desde el año 2010, pese a que afirmaban que el negocio lo gestionaba ya Industrias Plásticas Playbol SL.

Lo cierto es que, según las explicaciones dadas por sus responsables empresariales a Okdiario, la vinculación entre la sociedad gestora y la empresa propiedad de los padres del presidente se basaba en un contrato de arrendamiento. El administrador único de Industrias Plásticas Playbol SL, Francisco José Albert de León, reconoció que desde 2018 pagaba una renta por el alquiler de las instalaciones de la fábrica de plásticos a los padres de Pedro Sánchez.

Es decir, que las ayudas públicas iban a la SL y la SL pagaba a la SA de los padres de Sánchez una renta en concepto de alquiler de inmuebles empresariales. La versión no encaja en absoluto con la versión dada por el padre de Sánchez, que aseguró por aquellas fechas lo siguiente: «Traspasé el negocio y ya no tengo nada que ver».

Las incongruencias de esta versión del padre de Sánchez eran notables. Él aseguraba haberse desligado por completo del negocio en el momento del inicio de la lluvia de ayudas, aunque seguía figurando como administrador único de Playbol SA el 13 de septiembre de 2019, más de un año después de su supuesta desvinculación.

Para colmo, la renovación del padre de Sánchez en su función de administrador en aquel septiembre de 2019 fue voluntaria, y, por si fuera poco, firmó las cuentas de 2018 en septiembre de 2019, demostrando, por lo tanto, tener un papel activo.

La lluvia de dinero público llegó. Como hemos apuntado, Industrias Plásticas Playbol SL accedió a 701.741,22 euros desde que Sánchez ascendió al cargo de presiente del Gobierno, tal y como recoge con total claridad el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas. La distribución fue la siguiente: en febrero y marzo de 2020 se realizaron dos asignaciones desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El resto, directamente desde el Instituto de Crédito Oficial del Ministerio de Economía. El objeto no varía en los paquetes de ayudas del ICO: «Avales a financiación de empresas y autónomos concedidos para paliar los efectos del covid-19». El primer paquete financiero se fechó el 14 de abril de 2020 por valor de 108.807,48 euros. El segundo, el 24 de abril de ese mismo año, por importe de 41.066,71 euros. Seis días después se autorizó otra remesa de ayuda pública: 72.398,04 euros. Otra más el 8 de mayo: 27.201,87 euros. El 22 de junio de nuevo se le asignaron otros 41.066,71 euros. El 21 de diciembre, ya casi en Navidad, dos más por una suma conjunta de 151.200,41 euros. Y el 10 y el 14 de mayo de 2021 se cerró ese ciclo de ayudas públicas con dos nuevos ingresos: de 116.000 euros y 56.000 euros.

¿Todo un escándalo? Evidentemente, en términos objetivos, debería haberlo sido. Y, de hecho, levantó polvareda mediática. Pero nada inmutó a Pedro Sánchez. Y nada cambió. A fin de cuentas, debió pensar el presidente, con todo el historial de escándalos que ya había superado y que tendría que afrontar, nada podría tumbarle.

LA ESPAÑA QUE DEBE SER. LA ESPAÑA QUE DEBE DEFENDER LA DERECHA

Pedro Sánchez no llegó a una España sin problemas. Ni mucho menos. Años de poder de Rodríguez Zapatero o la falta de acción, valor y convencimiento de la etapa de Mariano Rajoy desembocaron en una grave encrucijada territorial, constitucional, social, cultural, laboral, fiscal y económica. Tras años de destrozo institucional sin reparación, de falta de defensa constitucional, de fuertes ataques a la libertad y falta de decisión en la respuesta general —⁠salvo honrosas excepciones⁠— España ha llegado a un complicado punto de no retorno. Ni el separatismo, ni el ataque a las libertades, ni la falta de independencia judicial y fiscal, ni la falta de libertad educativa, ni el ataque a la propiedad, ni el desafío al esquema constitucional, ni el creciente deseo de acabar con la monarquía parlamentaria permiten perder más tiempo en la dura labor de recuperar España, de volver a reconquistarla en defensa de los principios de la Transición.

En el momento de terminar la redacción de este libro se hacía recuento de los resultados electorales del 28 de mayo de 2023. Eran unas elecciones autonómicas y municipales, pero sus demoledores resultados autorizaban conclusiones muy importantes a efectos nacionales. No han sido unas malas elecciones para la derecha. El PP ganó sin paliativos. De la mano de posibles pactos con Vox, se hacían con un buen número de gobiernos regionales y ayuntamientos que hasta ese momento estaban en manos del socialismo y de sus socios.

El PP obtuvo mayoría absoluta en Madrid o La Rioja. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Murcia o Extremadura votaron a la derecha y se sumaban así a territorios donde el PP es la primera fuerza, como Galicia o Andalucía. Un auténtico éxito para el bloque constitucionalista.

No obstante, la esencia del plan de ETA y del PSOE mostró su eficacia incluso en la debacle del socialismo. El partido de Arnaldo Otegi demostró que había aprovechado el tiempo de su alianza con Sánchez para expandirse por lo que ellos llaman Euskal Herria. La inclusión de decenas de condenados por terrorismo y delitos de sangre en sus listas electorales no fue suficiente para pararles. Bildu adelantó al PNV en número de concejales tanto en el País Vasco —⁠1.050⁠— como en Navarra —⁠345⁠—, para lograr un total de 1395 concejales y superar a los peneuvistas por más de 350 concejales. Bildu está ahora muy cerca de su sueño de controlar las comunidades vasca y navarra. Todo, en buena medida, gracias a sus pactos con el socialismo y, por supuesto, con Rodríguez Zapatero y Sánchez.

Por el camino quedan acercamientos de presos, excarcelaciones de etarras en el País Vasco, regalos sin freno para Bildu y reconocimientos como socio estratégico de Sánchez. Ahora, sus posibilidades de llevar adelante su particular 1-O al estilo vasco están más cerca. Nada menos que de la mano de uno de los grandes partidos nacionales.

En la consecución de este avance, cobra más sentido que nunca el indulto a los golpistas de ERC y JxCAT, la rebaja de las penas de los delitos de malversación, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra o la entrega de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. De ese modo podían llevarse a acabo las excarcelaciones con la disculpa debida. También se habían rebajado a la mitad las penas de los delitos relacionados con tumultos callejeros y disturbios, por si consideraban necesario empezar con este tipo de acciones.

Todo estaba preparado para tener que pagar el precio del pacto firmado veintitrés años antes y que hemos descrito con detalle a lo largo de estas páginas: que el PSOE gobernaría desde La Moncloa con los votos de los separatistas de izquierdas catalanes y vascos a cambio de que la carrera separatista no tuviera fin. Navarra iba en el pacto, porque ni ETA-Batasuna ni ahora Bildu han aceptado nunca la separación entre el País Vasco y la Comunidad Foral.

Una economía hiperendeudada y una carga fiscal disparada

La situación económica no evolucionaba de mejor manera. Sánchez tampoco llegó a una España saneada a efectos de control presupuestario. La labor de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, tras haber esquivado un casi inminente rescate internacional después de que Zapatero dejase una España bajo tutela, no cerró las heridas del déficit. Una política de leve contención de los factores de crecimiento estructural del gasto público y de incremento del esfuerzo tributario individual de los españoles hizo que España cerrara el año 2017 con una deuda pública total de 1.183.412 millones de euros, 25.363 euros de deuda pública per cápita.

El enfermo económico había salido de la gravedad momentánea, pero no de la estructural. Para España, el periodo de Rajoy supuso el tránsito desde una deuda pública del 69,90 por ciento del PIB —⁠dato de cierre de 2011, momento de la llegada de Rajoy al poder⁠— a una del 101,80 por ciento al cierre de 2017. Más de 30 puntos de incremento. Más de 30 puntos de herencia negativa para cada nuevo español. En parte justificado por la terrible herencia de Rodríguez Zapatero, pero también por la falta de decisión del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de adoptar políticas más valientes y liberales. De hecho, las divergencias internas en el PP por la política económica y fiscal de Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro —⁠entre otros motivos⁠— generaron un enfrentamiento entre el PP nacional y el madrileño de Esperanza Aguirre.

Con todo, Sánchez sí llegó a una España que crecía de forma constante —⁠a ritmos del 3 por ciento⁠— con tasas de inflación medianamente contenidas —⁠con un IPC medio del 2 por ciento en 2017⁠—. Durante su etapa ha disparado el gasto sin límite y ha impuesto una carga fiscal sobre los ciudadanos desconocida hasta ahora. A ello se añaden niveles de pérdida de poder adquisitivo por la inflación totalmente disparatados. El año 2022 cerró con una inflación media del 8,4 por ciento.

Por el camino, la Administración de Sánchez ha impulsado un brutal ataque a la propiedad privada; un descomunal aumento de la protección a los okupas en contra de los derechos de los dueños de las casas; una enloquecida carrera de subidas fiscales —⁠55 reformas elevaron los impuestos, 18 de ellas centradas en multiplicar las cotizaciones sociales⁠—; o una ola sin igual de insultos y ataques personales a empresarios como Amancio Ortega, Rafael del Pino, Florentino Pérez, Juan Roig, Ignacio Sánchez Galán o cualquier otro que osara defender su derecho a la libertad de empresa y a generar empleo y beneficios. También hay que sumar el enorme daño a la seguridad jurídica del país por medio de leyes redactadas ad hoc dirigidas a expropiar beneficios o crear impuestos individualizados con los que contentar al más puro populismo. Sánchez y sus colaboradores han atacado a sectores enteros como el campo o el sector de la distribución, han endurecido las condiciones de contratación laboral y han perpetuado así unos índices de paro que doblan la media de la UE, castigando a miles de jóvenes a un futuro de paro, en contra de su inalienable derecho a ganarse la vida con su esfuerzo. La reforma laboral de Sánchez tan solo ha servido para esconder a más de 600.000 parados reales de las estadísticas oficiales gracias a la figura del fijo discontinuo, es decir, una persona que figura como empleado a efectos oficiales los doce meses del año aunque solo trabaje tres o cuatro meses.

Pedro Sánchez llegó a una España con problemas económicos sin resolver y logró empeorar todos y cada uno de ellos, pero sumando una lista inacabable de nuevos obstáculos al trabajo, el ahorro, la propiedad y, en definitiva, la libertad individual.

Cuando alcanzó el poder a mitad de 2018, no pudo contar con presupuestos propios. No obstante, aun descontando ese ejercicio, el resultado de su gestión económica fue el propio de su falsa tesis doctoral: nefasto. Entre los años 2019 y 2024, el PIB español, según las estimaciones del Instituto de Estudios Económicos en el momento de escribir este libro, apenas habrá crecido un 0,7 por ciento. El dato no solo es malo de forma objetiva, es que es aún peor si se analiza de forma comparada. Cuando vives en una economía global, el carácter comparado es vital, porque los precios de casi todo los marcan los países más ricos que el tuyo. En enero de 2023, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estimó esa evolución como la más baja de toda la OCDE. El cálculo no tiene ni trampa ni cartón. El IEE lo elaboró tomando las cifras oficiales del trienio 2019-2021 y prolongándolas con las previsiones de crecimiento del Banco Central Europeo para 2022-2024 en ese momento.

La España asfixiada por los impuestos, los costes laborales, la inseguridad jurídica y la burocracia de Sánchez ha pasado a ser nada menos que el peor país de toda la OCDE en crecimiento del PIB. El farolillo rojo.

España tan solo crecía un 0,7 por ciento entre 2019 y 2024 frente al 4,6 por ciento promedio de la UE-27. Irlanda nada menos que a un +38,5 por ciento, gracias a sus bajos impuestos empresariales y personales; Grecia un +7,7: Portugal un +5,6; Francia un +3; Italia un +2,2; e incluso Alemania, atrapada en su desastre energético provocado por su rechazo de la energía nuclear y su dependencia del gas ruso, presenta un crecimiento superior a España, con un 1,2 por ciento.

Nuestro país, que sacaba pecho por ser el que creaba más empleo de toda la UE con José María Aznar, ha pasado a ser el peor alumno. España se enfrenta al desastre económico, muy debilitada en medio de una grave espiral inflacionaria, mientras que quien debería liderar las imprescindibles reformas no deja de dar lecciones de protección social.

Desde el PSOE no dejaron de utilizar un doble discurso que llegaba a lo ridículo. Por un lado, se negaban los datos, afirmando que todo iba de maravilla mientras la población sustituía el vacuno por las salchichas, el pescado fresco por el congelado o la verdura por el arroz, y observaba cómo la fuerza laboral del país se enfrentaba a las mayores tasas de paro de toda la OCDE, con sus jóvenes atenazados por tasas de paro de casi el 30 por ciento. Es lo que ocurría, por ejemplo, en abril de 2023, cuando solo Grecia ofrecía a sus hijos una peor expectativa de colocación laboral. Por otro lado, se aseguraba que si era así —⁠evidentemente lo era⁠— estaba provocado por el covid, como si el resto de países que nos aventajaban no hubiesen sufrido la misma pandemia o los efectos de la invasión rusa de Ucrania. La realidad es que España solo pasó a ser súper dependiente del gas ruso con Sánchez, que multiplicó hasta por tres las compras de gas a Putin durante el ataque a Ucrania.

España fue el país más sostenido por el Banco Central Europeo (BCE) durante la pandemia. El apoyo llegó a todo un récord del 40 por ciento del PIB: más de medio billón. Un rescate sin igual. Eso sin contar con los fondos europeos de ayuda, cuya disponibilidad para España, sumando todas las iniciativas de la UE, llegó a los 150.000 millones de euros. Como cuantificó el Real Instituto Elcano, realmente, «para España, la cifra rondará los 200.000 millones, de los que aproximadamente 150.000 millones provendrán del Fondo de Recuperación y más de 80.000 millones serán transferencias». Con semejante ayuda, el resultado fue el peor, pero Sánchez asegura que «el socialismo sabe gestionar mejor que la derecha».

Las ayudas llegaron a tal exageración que el prestigioso instituto alemán ZEW aseguró que las compras de deuda pública soberana —⁠bonos nacionales⁠— se habían llevado a niveles «peligrosos» para el conjunto del euro. Pero eso nunca lo quiso reconocer el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al asalto fiscal de los españoles

El Instituto de Estudios Económicos había certificado ya que la carga fiscal de las empresas en España se situaba en quinto lugar del ranking de los países industrializados y más avanzados. La carga fiscal en España llegaba al 56,9 por ciento, mientras que en países como Austria (55,5), Suecia (54,6), Estonia (49,1), Finlandia (47,7), Alemania (44,9), Portugal (42,9), Polonia (42,5), Países Bajos (39,3) o el Reino Unido (35,9), las mismas empresas podían disfrutar de unos impuestos mucho más reducidos en volumen global.

Por si fuera poco, el mismo Instituto de Estudios Económicos alertaba en otro informe del demoledor impacto de la reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Sánchez, José Luis Escrivá. El estudio avisaba de que, una vez introducida esa reforma, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas en España por cada puesto de trabajo serían las más altas de la UE y la OCDE. Las más caras de todas. O, dicho de otro modo, las que más empleo impedirían crear. El saqueo provocado por esas cotizaciones llegaría a duplicar los niveles medios de la Unión Europea. En la UE, el pago de las cotizaciones sociales de las empresas medido en porcentaje del PIB se eleva hasta el 5,6 por ciento. España lo elevaría hasta nada menos que el 10,7 por ciento.

Para el conjunto de los españoles las cosas no iban mejor. Pedro Sánchez se había estrenado en el Gobierno con un pago de impuestos nacionales más cotizaciones sociales de 423.496 millones de euros, lo que equivalía a 9.023 euros per cápita. Y cerraba su mandato antes de las elecciones anticipadas de 2023 con una previsión de nada menos que 503.000 millones. Esto supone 10.800 euros por ciudadano. Esto significa que se acerca a su examen electoral con una subida acumulada del cobro de impuestos de unos 80.000 millones de euros más, en medio de un fuerte ambiente inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo. Una auténtica locura que ha llevado a las familias a la imposibilidad de asumir sus gastos de hace solo cuatro o cinco años antes, y a tener que convertir en habitual el recorte de gastos y la sustitución de productos alimenticios normales por otros de menor precio. Esa es la situación de España.

Con Sánchez, el país se ha visto arrastrado a una situación en la que ni los desequilibrios fiscales, ni la carga de impuestos, ni el derroche permanente, ni el ataque institucional, ni el desafío a la unidad de España, ni los insultos a empresarios, ni los ataques a la Constitución, ni la utilización del Tribunal Constitucional con fines políticos, permiten perder un segundo más en la reconstrucción de país fiable y sólido. Así se llegó a las elecciones generales convocadas para el 23 de julio de 2023.

¿Y la derecha? ¿Qué hace?

España ha atravesado innumerables episodios de enfrentamientos dentro de la derecha. A lo largo de los veintitrés años que hemos recorrido en este libro, la derecha ha tenido episodios de decidida lucha contra ETA y el nacionalismo, pero también capítulos lamentables de fraccionamiento y ataque intestino que solo han servido para dar más oportunidades al avance del separatismo. Bajo mandato de Mariano Rajoy se afianzó el fraccionamiento de una derecha que debía haber sido firme en la lucha contra el nacionalismo y que, en vez de ello, volvió a buscar el cobijo en brazos del PNV.

Fruto de esa época fue el auge de Ciudadanos y la aparición de Vox. Dos movimientos totalmente justificados por la incapacidad del PP para dar respuesta y protección a millones de ciudadanos que vivían bajo la amenaza nacionalista.

Ciudadanos no tardó en buscar atajos y pretender alianzas con el PSOE de Sánchez, traicionando su propia naturaleza. Nació para defender España de la ruptura nacional y acabó ofreciendo acuerdos y mociones de censura contra el PP, de la mano del mismo partido que patrocinaba el desafío constitucional.

Vox siguió un camino muy distinto, pero no por ello siempre coherente con los objetivos que lo vieron nacer. La formación de Santiago Abascal no tardó en verse ante la tesitura de buscar su supervivencia atacando a una líder nacida del PP madrileño que se había convertido en el mayor freno al plan de destrucción nacional y constitucional de Pedro Sánchez. Esa persona no es otra que Isabel Díaz Ayuso, y Vox dio su permiso para atacarla como si, lejos de ser una solución, fuese parte del problema. Lo cierto es que el único problema real que podía suponer Isabel Díaz Ayuso para los fines de Vox era el de que su popularidad y credibilidad. Ayuso le comía a Vox su espacio electoral.

Tampoco el PP nacional se vio libre de prácticas partidistas, ni mucho menos. Ya no era la época de Mariano Rajoy, ni era la época de los ataques de Pablo Casado y Teodoro García Egea a Isabel Díaz Ayuso por puro miedo al avance y el arraigo electoral de la madrileña, pero desde entonces no faltaron mensajes desde el interior del partido asegurando que había que evitar a toda costa cualquier alianza con Vox, incluso a costa de buscar investiduras con el PSOE. Con el PSOE, el mismo partido que patrocina la mayor traición constitucional.

España no puede permitirse ya más discursos partidistas que primen los objetivos de las siglas frente a los de la nación. No puede perder ni un minuto más en buscar la unión de todos aquellos que quieran defender la Constitución española, la unidad de España, la Justicia independiente, la seguridad jurídica, el Estado de derecho, la propiedad privada, la libertad educativa y todo el catálogo de derechos y libertades que plasma nuestra Carta Magna. Y todo es todo, desde la libertad de empresa hasta la de expresión, pasando por la plena libertad sexual y llegando hasta el derecho a no ser confiscado vía impuestos.

Ni Vox debe ver al PP como un enemigo, ni el PP tiene derecho a hacer lo mismo con Vox. Es España lo que está en juego. Si siguen sus batallas intestinas tan solo ocurrirá una cosa: que la izquierda dispondrá de una tercera oportunidad para cumplir su plan. Y en ese momento ni el PP ni Vox tendrán ya hueco. España dejará de ser la que hemos conocido.

Ni el PP debe quedarse callado cuando se tacha a Vox de ultraderecha —⁠en un evidente intento de reeditar el cordón sanitario contra el PP⁠—, ni Vox puede trazar sus campañas frontalmente contra los populares, sino que debe tratar de entenderse con ellos por el bien de España.

No habrá muchas más oportunidades para mantener la España del 78. Y si los dos partidos de la derecha no lo entienden es posible que en breve llegue a ser demasiado tarde.

La España de la Transición y la Constitución del 78 dio un ejemplo rotundo. Cualquier cosa era posible si existía unidad y entendimiento entre los defensores de España y de la Constitución. Uno de los firmantes de aquel pacto histórico fue el PSOE, pero hoy permanece ajeno por completo a aquel espíritu. En esta situación España no puede permitirse una debilidad más, porque la traición del PSOE a la Constitución ha conformado un bloque férreo que busca el fin de la Carta Magna. Unos lo exhiben de forma más expresa, otros, como el PSOE, de manera soterrada, pero todos en dirección opuesta y desleal a todo lo que supuso la Transición española.

El momento es ahora. Y no habrá muchos más.

El guerracivilismo que todavía nos somete debe acabar y sustituirse por un estudio libre y real de lo ocurrido no solo en la Guerra Civil y en la dictadura franquista, sino también en la Segunda República, el periodo en el que el socialismo reventó la legitimidad constitucional con un golpe de Estado en 1934, negando el reconocimiento de los resultados electorales, creando bandas de pistoleros, practicando el asesinato de los opositores de derechas o católicos y multiplicando los pucherazos.

Los empresarios no pueden ser sistemáticamente atacados, sino reivindicados como lo que son, el soporte real del empleo y la riqueza de cualquier país. Los contribuyentes tienen que verse libres de un saqueo tributario despiadado y de un trato fiscal que presupone su culpabilidad en vez de su constitucionalmente exigida inocencia.

Hombre y mujer deben ser juzgados en plena igualdad, sin leyes que alienten los privilegios y el enfrentamiento entre ambos.

La Justicia debe ser independiente y alejada por completo de la más mínima influencia política. El Tribunal Constitucional debe zanjar el obsceno espectáculo de instrumentalización política.

La lengua española deber contar con protección para el pleno derecho educativo y de uso en cualquier rincón de España. El adoctrinamiento debe abandonar las aulas de inmediato.

El derroche sistemático debe acabar y volver a una disciplina de gasto público que evite el castigo a todos los ciudadanos por el incremento de la deuda.

España debe volver a ser un agente del orden internacional de la mano de democracias asentadas y plenas, como Estados Unidos.

Las víctimas del terrorismo deben ser recordadas como lo que son: héroes en la defensa de una España de derechos y libertades de la que todos nos beneficiamos. La historia de ETA debe ser estudiada en las escuelas. Bildu debe ser conducida a un proceso de ilegalización por su evidente negativa a arrepentirse de los asesinatos del terrorismo.

Todas las comunidades deben ser obligadas al cumplimiento de la ley y de los dictámenes judiciales, en todos los ámbitos. La propiedad privada debe ser asegurada, los propietarios protegidos y los okupas expulsados a la mayor brevedad.

Son muchas y trascendentales las cuestiones en las que la derecha puede y debe establecer pactos.

No al enfrentamiento intestino.

No a la división frente a los que quieren acabar con la unidad de España.

Carlos Cuesta nació en Gijón el 11 de septiembre de 1971 y pronto se trasladó con su familia al País Vasco. Su padre, guipuzcoano, fue delegado de Industria en Vitoria y, como tantos otros, no tardó en sufrir la dictadura etarra. Tras un intento de secuestro, su familia tuvo que abandonar aquella tierra para trasladarse primero a La Rioja y, posteriormente, a Navarra.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela, completó su formación económica con un PDD en el IESE.

Inició su etapa profesional en el diario económico Expansión, donde fue responsable de la sección jurídica y redactor jefe de Economía y Política. Su intervención en tertulias radiofónicas comenzó de la mano de Federico Jiménez Losantos en la cadena COPE, y en televisión con Melchor Miralles, en Veo7. Además, ha sido redactor jefe del diario El Mundo y director adjunto de OKDiario. Actualmente es director adjunto del Grupo Libertad Digital.

Colabora de manera habitual con diversos medios de comunicación, entre ellos Telecinco, Cuatro, Antena3, Telemadrid o esRadio.