Lo sucedido en Argentina entre 1976 y 1983 constituye un caso paradigmático de lo que puede llegar a ocurrir en una sociedad que pretende vivir en un sistema democrático, pero cuyas Fuerzas Armadas, lejos de hacer suyos los postulados básicos de la democracia, han mantenido vigente una determinada filosofía de lo que son los ejércitos, la sociedad civil, los políticos como clase genérica, de lo que significa la «seguridad nacional» y de lo que exige la «defensa de la patria». EL DRAMA DE LA AUTONOMÍA MILITAR. ARGENTINA BAJO LAS JUNTAS MILITARES es, por una parte, el resultado de numerosas conversaciones mantenidas con miembros de diversos estamentos de la sociedad argentina, especialmente de aquellos situados a ambos lados del drama de la última dictadura. Es, además, y fundamentalmente, el fruto de una amplia labor de investigación documental desarrollada a ambos lados del Atlántico. PRUDENCIO GARCÍA —coronel ingeniero, galardonado con los premios «Ejército» y «Estado Mayor Central» por sus trabajos en el campo de la Sociología Militar— ha realizado un estudio serio, estricto y sistemático de los orígenes sociológicos, causas y efectos del último y más horrendo de los golpes de Estado ocurridos en Argentina, remontándose a los anteriores y sucesivos desde 1930.

Prudencio García Martínez de Murguía

El drama de la autonomía militar

Argentina bajo las Juntas Militares

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Titivillus 28.12.2014

Título original: El drama de la autonomía militar

Prudencio García Martínez de Murguía, 1995

Editor digital: Titivillus

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A María Pilar, Javier y Manuel

PRÓLOGO

Mi mal en la vista, desde 1979, me impide la lectura y la escritura, excepto en pequeños fragmentos. Mi memoria digital, después de decenas de años de trabajo, me permite la escritura. No he podido leer, pues, el libro del coronel Prudencio García Martínez de Murguía, pero he hablado con él largamente desde que vino a Buenos Aires. Por el horror que pasamos aquí durante la última dictadura militar, me resultó asombroso que un militar de carrera estuviese haciendo un estudio tan profundo como honrado sobre estos hechos, que, por regla general, se tratan de soslayar. Debo decir, sin embargo, que también aquí tengo amigos, muy pocos, en nuestras Fuerzas Armadas que se retiraron en ocasión de éste y de otros golpes de Estado; hombres que recordaban y veneraban la grandeza moral del general José de San Martín, que luchó en España cuando la invasión napoleónica, y que, cuando organizó nuestro incipiente ejército, mostró su grandeza moral en las instrucciones que escribió sobre el digno tratamiento que debía darse a los prisioneros de guerra. No nos guió, pues, a los que trabajamos en la CONADEP, ningún sentimiento inferior y generalizado, porque muchos hombres de las fuerzas armadas sufrieron profundamente los horrores que se cometían; pero fuimos implacables en la investigación que el Presidente de la Nación nos había encomendado, sobre todo con los que desde la cúpula ordenaron esa «guerra», que no fue otra cosa que una monstruosa cacería, no ya de terroristas armados, sino, y sobre todo, de jóvenes, casi adolescentes en algunos casos como el de la Noche de Los Lápices; y de miles de jóvenes idealistas que deseaban un mundo mejor para los pobres y los desamparados, catequistas que iban a predicar el Evangelio a las villas-miseria, sacerdotes y monjas que hacían lo que Jesús habría hecho de haber vivido aquí en esos años. Todos ellos eran «subversivos», «zurdos», «enemigos de la patria». Fueron sometidos a violaciones y tormentos, hasta su muerte. Cierto es que también había terroristas de izquierda, tan detestables como los de la derecha, pero aun ellos debían haber sido juzgados por los tribunales normales, como ejemplarmente hizo Italia con las bandas fascistas y las Brigadas Rojas. En el prólogo del Nunca más escribí: «Esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlos, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y, en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los Servicios de Seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió de modo memorable: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”».

En esta perspectiva de una sociedad civilizada y democrática, el coronel Prudencio García Martínez de Murguía se propuso hacer un estudio serio, sistemático, estricto de los orígenes sociológicos, causas y efectos del último y más horrendo de los golpes de Estado ocurridos en Argentina, remontándose a los anteriores y sucesivos desde 1930. Su seriedad, su sorprendente cultura, su honradez y su espíritu superior hacen que me honre su amistad.

Sus responsabilidades actuales como jefe de la Unidad de Cooperación con las Fuerzas Armadas de El Salvador, en la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de Naciones Unidas en ese país), son otra prueba de su compromiso en la defensa de los derechos humanos dentro del área de los comportamientos militares, latinoamericanos en particular.

ERNESTO SÁBATO

Noviembre de 1994.

PREFACIO

Quis custodiet ipsos custodes? (PLATÓN, La República).

Dentro de las aportaciones del pensamiento militar español, no debemos olvidar una de ellas: la vertiente americana, es decir, la influencia ejercida por nuestro Ejército en la mentalidad, la doctrina, la legislación, la moral militar de los Ejércitos de aquellas Repúblicas a las que dimos nuestra lengua y cultura, y una buena parte de nuestra sangre y componente racial.

Nacidos —inevitablemente— del choque armado contra las tropas españolas, sus propios Ejércitos, a medida que se fueron formando, resultaron también, en no poca proporción, herederos de las cualidades, defectos y peculiaridades del militar español.

Múltiples son las influencias y aportaciones de nuestras Fuerzas Armadas, no sólo en cuanto a la condición militar de aquellos Ejércitos, sino también a su contextura humana y social. Desde las Reales Ordenanzas de Carlos III, cuyo espíritu y largo ascendiente todavía subsiste en sus códigos y reglamentos, hasta las enseñanzas recibidas por aquellos de sus jefes y oficiales que se diploman en los centros españoles de enseñanza militar superior —principalmente en nuestra Escuela de Estado Mayor—, así como la frecuente presencia de sus expertos en Defensa que visitan nuestro Ministerio homólogo para documentarse en nuestros métodos y enfoques, constituyen, entre otras, manifestaciones de una influencia no despreciable en lo profesional y lo doctrinal. Factor cuyo peso sería ingenuo exagerar —pues coexiste con otras influencias de diversos orígenes—, pero cuya existencia presente tampoco puede ni debe ser ignorada como factor real.

Por otra parte, y en términos históricos, hay que recordar el hecho de que el «espíritu sanmartiniano», tan frecuentemente invocado en los discursos y publicaciones de aquellos Ejércitos, en particular del argentino —espíritu que tan vigorosamente contribuyó a la configuración inicial de su mentalidad y moral militar— procede en gran medida del Ejército Español de las primeras décadas del XIX. Baste recordar, en efecto, que el propio general San Martín, el gran artífice de las campañas que condujeron a la independencia de los países de aquella región, y supremo símbolo de su espíritu castrense, había servido previamente durante veinte años en el Ejército Español, donde se formó y ejerció el mando hasta alcanzar en sus filas el grado de coronel.

Análogamente, y marcado el inevitable «cara y cruz» de nuestro ascendiente sobre aquellos países y sus Ejércitos, también es obligado registrar, como factor de influencia —en este caso negativa—, el intenso intervencionismo en política que caracterizó al Ejército Español del XIX, y buena parte del XX, factor que un importante jefe del Ejército Argentino nos señalaba como fuente inspiradora del comportamiento político de su institución. Influencia intervencionista que, con todo su pesado lastre social, quedó incrustada —demasiado incrustada, a decir verdad— en la esencia misma de la mentalidad militar latinoamericana; factor hoy día, prácticamente superado entre nosotros, pero, todavía, más vigente allí de lo que sería de desear.

En otro plano —harto más positivo— se sitúa otro factor de influencia que no podemos silenciar: el interés con que, cuando visitamos aquellas tierras, nuestros colegas de aquellos países nos comentan los trabajos que publicamos en España en materia de pensamientos militar. Porque, según hemos podido comprobar, no sin cierta sorpresa inicial, lo que aquí se hace y se legisla en el área militar, lo que aquí se reforma, lo que aquí se investiga en el siempre complejo campo Ejército-Sociedad, así como lo que aquí se piensa y se escribe en nuestro específico terreno sociológico-profesional, tiene en aquellos Ejércitos su repercusión. En otras palabras: incluso cuando creemos escribir sólo para una audiencia española, resulta que nuestros trabajos de pensamiento militar son leídos y considerados allí, para bien o para mal. Y este hecho nos carga, a los militares españoles que trabajamos en el campo de la moral militar o de la investigación social, con una responsabilidad adicional que no podemos eludir.

En definitiva: incluso si en España lo olvidemos en algún momento, lo cierto es que los trabajos aquí desarrollados en el área de la Sociología Militar —es decir, en la implicación militar de las ciencias humanas y sociales— constituyen una tarea más o menos fructífera, pero, en todo caso, una tarea cuyos frutos no pasan precisamente inadvertidos para los Ejércitos de nuestras naciones hermanas de Ultramar.

Por lo que respecta a este libro —dado su tema central— no cabe sorpresa al respecto: desde el principio hemos sido conscientes de que nuestros datos, reflexiones y análisis aquí contenidos van a verse inevitablemente sometidos a la consideración crítica de nuestros colegas latinoamericanos, y de los militares argentinos en particular.

* * *

Como el lector podrá inmediatamente comprobar, éste no es un libro basado sólo, ni siquiera principalmente, en entrevistas personales —aunque hayan sido muchas e importantes las efectuadas en su gestación—, ni tampoco un reportaje más o menos detallado sobre los acontecimientos que conmovieron a la sociedad argentina bajo su última dictadura militar. Es, eso sí, el fruto de un doble y prolongado trabajo de investigación.

Por una parte, y empezando por el trabajo «in situ», esta obra es el resultado de muy numerosas conversaciones —en su mayoría con grabadora de por medio—, mantenidas durante meses por el autor con miembros de muy diversos estamentos de la sociedad argentina: hombres y mujeres, civiles y militares, políticos y empresarios, profesores y parlamentarios, escritores, historiadores, sociólogos y profesionales diversos. Poniendo el principal énfasis en la etapa crucial —los comportamientos militares durante la última dictadura— hemos entrevistado a los protagonistas situados a ambos lados del drama: a jefes militares que ejercieron altas responsabilidades en la «lucha antisubversiva» y a jefes guerrilleros que dirigieron la violencia armada en la sangrienta década de los setenta; a ex presidentes de la República, que nos aportaron su testimonio sobre etapas históricas anteriores, en las que fue gestándose la tragedia que estallaría años después; a personalidades que por razón de sus posiciones respectivas durante el período de las Juntas Militares vivieron importantes experiencias a uno u otro lado del conflicto, tanto a personas que contribuyeron al diseño y funcionamiento de la maquinaria represiva como a víctimas que fueron en su momento secuestradas y brutalmente torturadas; a padres y madres de muchachos y muchachas desaparecidos, a altos dirigentes de asociaciones defensoras de los Derechos Humanos; a gentes que nunca fueron personalmente perseguidas, pero a las que el horror les alcanzó de lleno en la persona de sus allegados.

En nuestro propósito de acercamiento a eso tan escurridizo que llamamos «la realidad objetiva», hemos tratado de recoger el mayor número posible de honrados enfoques subjetivos, hablando extensamente con caracterizados representantes de todas las partes implicadas: desde militares argentinos que siguen justificando los métodos de la «guerra sucia» hasta militares igualmente profesionales, igualmente argentinos, que vieron truncada su carrera por oponerse a la teoría y la práctica de aquella represión; desde golpistas recalcitrantes hasta políticos empeñados en lograr que el intervencionismo militar desaparezca de la nación argentina para siempre jamás, en el marco de una sólida sociedad democrática y plural.

Por otro lado, y previamente a ese trabajo «in situ», se desarrolló la primera etapa de la investigación, la más larga y trabajosa: la de recopilación documental.

Durante años hurgamos en las bibliotecas y hemerotecas, buscando en ellas todo lo referente al «caso argentino», tratando de desentrañar el intrincado problema cívico-militar que, especialmente desde 1930, y como mínimo hasta 1990, ha aquejado a aquella sociedad. Pronto pudimos comprobar que los fondos existentes sobre el tema en España eran considerables. La Biblioteca Nacional, la del Ateneo de Madrid, la del Instituto de Cooperación Iberoamericana, la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, muy principalmente, las del Congreso y del Senado, fueron en Madrid —así como después la Biblioteca y Hemeroteca del Congreso lo fueron en Buenos Aires— las principales fuentes de documentación que durante largo tiempo exprimimos en aquella primera fase de nuestra investigación. Otras vías más personales nos permitieron disponer de cientos de folios de documentación clasificada —confidencial e incluso secreta—, algunos de ellos de contenido particularmente esclarecedor.

Esta inmersión larga y profunda en el problema nos hizo conocer muy distintos análisis sobre los complejos y sangrientos acontecimientos desarrollados en Argentina a lo largo de los años setenta, que alcanzaron su clímax a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 y la toma del poder por la primera Junta Militar, así como interpretaciones radicalmente diversas sobre los acontecimientos posteriores: derrota militar de la tercera Junta en las islas Malvinas en junio de 1982, entrega del poder por la cuarta Junta al gobierno del Partido Radical en diciembre de 1983, juicio a los Comandantes de las tres primeras Juntas en 1985, insurrección militar de Semana Santa y Ley de Obediencia Debida en 1987, nuevas insurrecciones de Monte Caseros y Villa Martelli en 1988, ataque al cuartel de La Tablada en enero de 1989, y nueva insurrección de diciembre de 1990, con la ocupación de importantes instalaciones militares en la capital y un saldo de quince muertos. Por último, hay que señalar la controvertida puesta en libertad de los altos jefes procesados o ya condenados por violación de los Derechos Humanos durante la «guerra sucia», mediante los correspondientes indultos de octubre de 1989 y diciembre de 1990, promulgados por el presidente Carlos Menem en uso de sus poderes constitucionales, pero en medio de un amplio rechazo popular.

Pudimos constatar hasta qué punto el más grave obstáculo con que tropieza el investigador de este período de la historia argentina —y de las décadas precedentes desde 1930— no es otro que éste: la aguda diversidad de interpretaciones, que se hace máxima para el período más conflictivo (década de los setenta) según el enfoque de cada autor. Desde libros editados institucionalmente por el Ejército Argentino o por el propio gobierno de la Junta Militar hasta obras publicadas por las asociaciones de Derechos Humanos o surgidas directamente del dolor de las víctimas de la represión, pasando por los trabajos de los estudiosos ajenos a ambas partes del conflicto, cada texto y cada autor nos aportaron su propia documentación y sus propios análisis finales, no ya diferentes entre sí sino, a veces, radicalmente contrapuestos.

No obstante, y sin perjuicio de las posiciones más radicalizadas a ambos extremos del problema —actitudes extremas inevitables cuando hay de por medio miles de vidas perdidas, innumerables actos de inhumana crueldad y grandes heridas aún sin cicatriz—, sin perjuicio, decimos, de tales posiciones encontradas, llegó un momento en que, del conjunto de datos y análisis aportados —por la amplia bibliografía estudiada, por otras vías documentales y por las numerosas entrevistas mantenidas— se fue abriendo paso, inexorablemente, la constatación, suficientemente aproximada, de lo que realmente sucedió. Y decimos suficientemente aproximada —y no suficientemente exacta— por doble motivo: primero, porque todos los estudiosos serios del tema señalan la tremenda complejidad de la sociedad argentina y de su subsiguiente problema militar. Y segundo —y tal vez principal— porque nunca debemos olvidar que nos hallamos en el resbaladizo campo de la sociología, y no en el de la aritmética elemental.

En cuanto a la motivación de esta obra, la cosa está clara por demás: el extraordinario interés del «caso argentino», y la aleccionadora enseñanza que cabe extraer de él, hacían ineludible su análisis sociológico-militar. Se trata, en efecto, de un caso histórico que nosotros, los militares españoles, de ninguna manera podemos perder de vista ni echar al olvido, aunque sólo sea para evitar que nuestra propia sociedad española pueda verse jamás abocada a una tragedia similar.

Lo sucedido en la República Argentina entre 1976 y 1983 constituye un caso paradigmático, por su evidencia, de lo que puede llegar a ocurrir en una sociedad —incluso en una sociedad culta, netamente occidental y apreciablemente desarrollada, como lo era aquélla a principios de los años setenta—, que pretendía, y sigue pretendiendo, vivir bajo un sistema democrático, pero cuyas Fuerzas Armadas, lejos de hacer suyos los postulados básicos de la democracia, han mantenido vigente —como mínimo desde 1930— una determinada filosofía de lo que son los Ejércitos, de lo que es la sociedad civil, de lo que son los políticos como clase genérica, de lo que significa la «Seguridad Nacional», de lo que exige la «defensa de la Patria», y de toda otra valoración moral y social. Valores, todos ellos, contemplados desde un peculiarísimo concepto del espíritu militar, de la moral castrense profesional, y de lo que los propios interesados denominan «la civilización cristiana y occidental».

De ahí que pocos casos históricos presenten un interés tan notable como el que suscita este caso concreto, al que nuestro análisis se va a dirigir en su eje central: la implacable represión protagonizada por las Fuerzas Armadas Argentinas durante los siete años y medio de vigencia de las cuatro Juntas Militares, presididas sucesivamente por los generales Rafael Videla (1976-80), Roberto Viola (1980), Leopoldo Galtieri (1980-82) y Reynaldo Bignone (1982-83). Período que, junto con los tres años precedentes de gobierno peronista (1973-76) —gravemente perturbados por un doble terrorismo de signo opuesto— totalizan la que muchos llaman hoy «la década bárbara» o «la década trágica» (1973-1983). Denominación que otros hacen coincidir, también con razón, con la década completa de los años setenta, pues fue en 1970 cuando tuvieron lugar los primeros hechos destacados de la violencia que más tarde desembocaría en la citada represión.

El hecho de que aquella represión militar se ajustase a una técnica particularmente dura, pero cuidadosamente planificada y metódicamente ejecutada —secuestro, tortura y muerte con desaparición del cadáver—, método aplicado en todo el territorio argentino, como consta en la abrumadora documentación judicial; el dato de que dicha represión, con su masivo quebrantamiento de los derechos humanos más elementales, y con sus miles de víctimas ajenas a todo terrorismo, haya sido concebida y ejecutada precisamente por militares profesionales, procedentes de las Academias (allí llamadas Colegios Militares) de los tres Ejércitos (allí denominados las tres Armas: Ejército, Armada y Aviación); la persistente actitud de estos militares, que proclaman que actuaron así «en defensa de la civilización cristiana y occidental»; el hecho, por otra parte, de que esta tragedia —con su resultado final de miles de seres humanos desaparecidos para siempre— haya podido producirse en el país más culto y de más directo ascendiente europeo de toda América Latina, este conjunto de factores, entre otros, convierten el «caso argentino» en un fenómeno —militar y social— que reclamaba imperiosamente un serio análisis a la luz de la sociología castrense occidental.

El fenómeno ha sido ya ampliamente analizado por numerosos sociólogos y estudiosos civiles de muy diversas línea, tanto argentinos (José Enrique Miguens, Rosendo Fraga, Enrique Vázquez, Simón Lázara, Horacio Verbitsky, Norberto Ceresole, Ernesto López, Gustavo Druetta, entre tantos otros) como de distintos países (el sociólogo francés Alain Rouquié, el profesor estadounidense Robert Potash, el alemán Peter Waldmann, el británico Richard Gillespie, y más recientemente el investigador norteamericano Martin E. Andersen, enfocando el tema cada uno de ellos desde su óptica particular), así como por muy diferentes organismos igualmente civiles, tales como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), APDH (Asamblea Permanente pro Derechos Humanos), CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Organización de Estados Americanos), AIDA (Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión), ADLAF (Asociación de Investigaciones Alemanes sobre América Latina), CETRAL (Centre de Recherche sur l’Amerique Latine et le Tiers Monde) y, muy principalmente, la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), constituida en 1984 por orden del presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, y presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sin embargo, se sigue observando la falta de un análisis del fenómeno precisamente desde la óptica sociológico-militar. Y ésta es precisamente el área en que el presente trabajo se pretende situar.

Por añadidura, existe en el caso argentino otro elemento de gran significación institucional: el hecho de que en él incide de lleno el tema de la obediencia debida o indebida, el gran problema moral que plantea la disciplina militar ante las órdenes delictivas, de evidente carácter ilegítimo, criminal o anticonstitucional. Tema de especial relevancia para este autor, por haber dedicado gran atención a tan delicado asunto desde largo tiempo atrás, propugnando por escrito, desde 1971, la necesidad de establecer el derecho de desobediencia frente a este tipo de órdenes, incorporando este concepto a la legislación militar española, que por aquellos años no preveía ningún caso de desobediencia legítima, a diferencia de la actual. Importante cuestión, a la que en 1975 dedicamos uno de los principales capítulos de nuestro ensayo «Ejército: presente y futuro»[*], formulando en él una propuesta de revisión que implicaba el asumir en nuestras Fuerzas Armadas un nuevo tipo de disciplina, notablemente distinto del vigente en España con anterioridad (Código de Justicia Militar de 1945). Propuesta que en su momento resultó relativamente polémica y conflictiva, pero cuyo criterio básico —el rechazo de la obediencia debida para las órdenes delictivas— aparece hoy establecido y plenamente asumido en las nuevas Reales Ordenanzas de 1978 (artículos 34 y 84) y en nuestro nuevo Código Penal Militar de 1985 (artículo 21). Todo ello, por otra parte, en línea con la doctrina jurídica ya predominante en el ámbito militar occidental.

Pues bien; el dato, harto significativo, de que precisamente este concepto, la «obediencia debida» —que hoy ampara a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron impunemente en Argentina durante los años de la «década trágica»—, y el hecho de que este punto tan conflictivo surgiese a partir de la insurrección de Semana Santa de 1987 como uno de los más graves factores de insubordinación militar frente al restaurado régimen constitucional —presión que el poder civil no fue capaz de contrarrestar—, esta espectacular irrupción de ese disolvente concepto de obediencia debida incluso a las órdenes delictivas, constituye otro elemento de motivación adicional al interés, ya grande de por sí, que objetivamente presenta el tema en cuestión. Porque resulta radicalmente contradictorio que quienes se proclaman defensores de esa «civilización occidental», tan reiteradamente invocada, garanticen la impunidad de sus trágicos excesos acogiéndose a un concepto de «obediencia debida» hoy día superado, jurídicamente rechazado por los códigos y reglamentos de los Ejércitos de Occidente, y éticamente reprobado por la moral militar actual.

Resultaba, pues, necesario por su especial importancia, apasionante por su excepcional interés, más aún, resultaba imprescindible desde nuestra perspectiva sociológica —precisamente militar y occidental— dedicar el esfuerzo y el tiempo suficientes a la averiguación de cómo este conjunto de valores y proclamaciones así enunciados —Patria, defensa, orden, seguridad, cultura cristiana y occidental— pudieron llegar a engendrar un cóctel tan letal, tan increíblemente mortífero e inhumano, tan escasamente militar, tan falsamente occidental, tan flagrantemente anticristiano como el que en aquella República hermana se desencadenó a partir de marzo de 1976, llenándonos de estupor y consternación a medida que lo allí sucedido se pudo ir conociendo, hasta acabar —por múltiples conductos— verificado, documentado y expuesto al mundo en toda su trágica dimensión.

Se trata de un caso que, para nosotros, los militares españoles, presenta una relevancia especial, por ilustrarnos en términos históricos y sociológicos incontestables sobre una terrible realidad: los horrores que pueden llegar a producirse, no en algún remoto país del sudeste asiático o del centro de África, sino en una importante nación de nuestra órbita cultural; no en un entorno étnico, histórico, político y social impregnado de otras filosofías o doctrinas más o menos ajenas, o de otros credos religiosos más o menos exóticos, sino precisamente en una sociedad que hunde sus raíces en nuestro mismo núcleo racial, cultural, religioso e incluso idiomático, como es la América heredera de nuestra sangre y de nuestra lengua. Y, dentro de dicho marco, no en un país cualquiera de la extensa América Latina, sino justamente en uno de los de mayor peso y significación cultural. Y, dentro de él, no en una de tantas instituciones, sino precisamente en la nuestra: el Ejército profesional, los cuadros de mando formados en las Academias Militares; hombres que, por añadidura, proclaman muy alto su adscripción a esos «valores occidentales y cristianos» que dicen defender.

Así pues, no por uno sino por muchos motivos de peso, el caso argentino nos incumbe en gran medida, nos afecta en alto grado, y de ninguna manera podemos considerarlo ajeno, ni distinto ni distante, sino muy nuestro, muy incrustado en nuestro ámbito cultural, racial, sentimental, intelectual, e incluso propiamente estamental.

AGRADECIMIENTOS

Por la parte española, nuestro reconocimiento al entonces presidente del Instituto Ciencia y Sociedad, teniente general don Juan Cano Hevia, al ya fallecido presidente del Ateneo de Madrid, don José Prat, y a la que fue vicepresidenta de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, doña Josefina López Gay, personas que desde sus respectivos puestos ejercidos en aquellas fechas —cuando nuestra idea tomó forma a la altura de 1988— fueron capaces de apoyar institucionalmente nuestro proyecto de investigación, contribuyendo eficazmente a que éste se hiciera realidad.

A los embajadores de España Raimundo Bassols y Jacas (Buenos Aires), Félix Fernández Shaw (Santiago), Federico Garayal de Emparán (Montevideo) y Eduardo Cerro Godinho (Asunción) por habernos facilitado en su momento, cada uno de ellos, su valiosa aportación personal al análisis de los respectivos procesos de transición a la democracia en la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay en su vertiente cívico-militar. Aportación que nos facilitó en su momento una mejor visión conjunta de las relaciones Ejército-Sociedad en todo el Cono Sur.

A nuestros agregados militares entonces acreditados en Buenos Aires, coronel de Aviación Sergio Rubiano, coronel de Infantería Javier Martín García y capitán de navío José Luis Fernández Portal, por su amable disposición cada vez que hubimos de requerir su colaboración.

Al periodista José Luis Martín Prieto, durante cinco años corresponsal del diario El País en Buenos Aires, quien generosamente puso a nuestra disposición su voluminosa biblioteca particular en Madrid, de la que extrajimos abundante material sobre el tema de nuestro interés.

Por la parte argentina, nuestros agradecimientos han de ser forzosamente muchos y variados. Pidiendo de antemano disculpas por las posibles omisiones involuntarias, hemos de agradecer a todos aquellos que, en entrevista personal, tuvieron la amabilidad de expresarnos —con grabación o sin ella— su interpretación del período de la historia argentina que nuestro trabajo pretendía analizar, contestando a todas las preguntas que juzgamos necesarias en cada caso particular.

Nuestra gratitud, por tanto, a los ex-presidentes de la República doctor Arturo Frondizi, teniente general Juan Carlos Onganía y general Roberto Marcelo Levingston; al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, diputado Miguel Angel Toma; al jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Martín Antonio Balza; igualmente, y con toda independencia de nuestro mayor o menor grado de concordancia o posibles discrepancias, al vicealmirante Argimiro Fernández; al general Jorge Olivera Róvere; al capitán de navío Guillermo Parabán; al teniente coronel Mario Orsolini; al ex-teniente coronel Aldo Rico y al ex-coronel Mohamed Alí Seineldín.

Siguiendo en el ámbito castrense, nuestro agradecimiento especialísimo al general Ernesto López Meyer y a los coroneles Augusto Rattenbach, Horacio Ballester, José Luis García, Luis César Perlinger y Jaime Cesio; al teniente coronel Jorge Mittelbach; al mayor Mario Rossi y al capitán Luis Tibiletti; a todos ellos nuestra gratitud por su amistad y colaboración.

En el área civil, y dentro del campo asociado a los Derechos Humanos, debemos señalar la inapreciable cooperación de Ernesto Sábato, presidente que fue de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP); Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia, y Premio Nobel de la Paz; Emilio Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Carmen Aguiar de Lapaco, también dirigente de CELS; Alfredo Bravo, presidente de la Asamblea Permanente pro Derechos Humanos; Graciela Fernández Meijide, miembro también de la CONADEP y de la Asamblea antes citada; Pablo Díaz, único superviviente de la tristemente recordada «Noche de los lápices», cuyo calvario —con diecisiete años— le tocó padecer, y cuya vivencia personal, a petición nuestra, tuvo el valor de detallar ante el grabador.

En otros campos, nuestra gratitud a Monseñor Justo Laguna, obispo de Morón y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Asamblea Episcopal Argentina; a Simón Lázara, presidente del Partido Socialista Unificado y diputado nacional; a Julio César Strassera, que, como fiscal de la Cámara Federal, ejerció con ejemplar entereza el ministerio público en el juicio a las tres primeras Juntas Militares; de todos ellos recordamos y agradecemos la forma en que nos explicaron su vivencia personal en momentos especialmente duros de la vida argentina y en puestos de seria responsabilidad. A Héctor de Carricart, Tomás de Anchorena y Mauricio Waicman, por su intermediación y sus buenos oficios a la hora de facilitarnos difíciles contactos; al doctor Carlos Mastrorilli, director del Banco de la Nación y buen conocedor del tema Ejército-Sociedad en su país.

Por el extremo opuesto, debemos agradecer también a los jefes de las antiguas organizaciones guerrilleras la aportación de su propia visión del conflicto: a Fernando Vaca Narvaja y a Roberto Cirilo Perdía, líderes montoneros, y a Luis Mattini, máximo jefe en su día del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En el plano académico, nuestra gratitud a los profesores Eduardo Schaposnik, de la Universidad Nacional de La Plata; José Enrique Miguens y José Manuel Ugarte, de la Universidad de Buenos Aires; Héctor Muzzopappa, presidente del Centro de Estudios para el proyecto Nacional (CEPNA), y Gustavo Druetta, director del departamento de Sociología Militar del CEPNA y asesor de la Cámara de Diputados para asuntos de Defensa. Igualmente, a Dante Giadone, presidente de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz (FAI); a Rodolfo Dístel y Eduardo Estévez, director e investigador, respectivamente, de la misma fundación. A Marcela Donadio, investigadora del CEPNA, por su desinteresada colaboración informática y mecanográfica. Al investigador holandés doctor Antonius Robben, de la Universidad de Michigan, y a Martin Edwin Andersen, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, por la especial aportación documental de ambos a nuestra labor.

En cuanto a los autores de escritos mil veces consultados para nuestro trabajo, y a quienes después hemos tenido la grata oportunidad de conocer y entrevistar, debemos recordar con gratitud —aparte de algunos ya anteriormente citados— a escritores tan distintos como Ricardo Rodríguez Molas, Horacio Verbitsky, Carlos Gabetta, Rosendo Fraga, Rogelio García Lupo y Julio González, cuyas obras nos han sido tan útiles, y cuyo conocimiento personal nos resultó enriquecedor en lo humano y lo profesional.

Todos los citados, tanto civiles como militares, se esforzaron honestamente en transmitirnos su visión del complejo problema argentino, y aunque sus análisis fueron con frecuencia abismalmente diferentes y hasta contrapuestos, a todos ellos lo agradecemos por igual.

PROPÓSITO Y ESQUEMA GENERAL

Dentro del complejo panorama de los Ejércitos latinoamericanos[*] y de sus difíciles y a menudo conflictivas relaciones con la sociedad civil, nos proponemos en este trabajo examinar, bajo la perspectiva de la sociología militar occidental, los ingredientes básicos de ese conflicto Ejército-Sociedad tan persistente en numerosos países centro y sudamericanos, pero que en el caso argentino alcanzó su más flagrante manifestación.

Por ello, sin perjuicio de partir de una panorámica general que nos permita situar correctamente el tema —y señalando aquellos factores específicamente argentinos que dan al caso su carácter peculiar—, centraremos el núcleo de nuestro análisis en el estudio de los comportamientos militares en la Argentina, antes, durante y después de la dictadura que las Juntas Militares implantaron en aquella República entre 1976 y 1983.

Nuestra vía metodológica será la siguiente: análisis expositivo (con todas las citas documentales que resulten precisas), seguida de nuestro análisis valorativo (donde las citas serán pocas o ninguna).

La secuencia será ésta:

—Parte expositiva, con una breve visión panorámica del militarismo latinoamericano a nivel continental. Examen del caso argentino: aportación de antecedentes previos a 1976, y de datos referentes al período comprendido entre el golpe militar de dicho año y la campaña de las islas Malvinas en 1982.

—Análisis valorativo de la represión militar ejercida durante ese período, sobre la base de examinar, uno por uno, los argumentos básicos de los artífices, teóricos y prácticos, de la citada represión.

—Nueva parte expositiva, referente a los acontecimientos militares del período comprendido entre el conflicto del Atlántico Sur —incluido éste— y los sucesos de diciembre de 1990.

—Examen de los comportamientos de las Fuerzas Armadas Argentinas, a la luz de los principales modelos de relación Ejército-Sociedad vigentes en la sociología militar actual.

—Diversas interpretaciones del intervencionismo castrense en la Argentina, desde 1930 hasta 1990. Nuestra propia interpretación causal.

—Análisis finales de los comportamientos estudiados, bajo la perspectiva de la moral castrense y de los conceptos básicos de la sociología militar occidental. Conclusiones.

—Apéndices. Se han incluido seis Apéndices de contenido predominantemente informativo y documental.

I. CARACTERÍSTICAS MÁS GENERALIZADAS DEL MILITARISMO LATINOAMERICANO ENTRE LAS DÉCADAS DE LOS CINCUENTA Y LOS OCHENTA

Dentro de la variedad de casos registrados y peculiaridades observadas en esa inmensa área continental que se extiende desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, consideramos que, durante el último medio siglo —especialmente entre mediados de la década de los cincuenta y los primeros años ochenta—, cabe señalar, como características y tendencias más generalizadas en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, las expresadas a continuación:

1. INTENSIVO ADOCTRINAMIENTO ANTICOMUNISTA, CONDUCENTE A UN ULTRADERECHISMO RADICALIZADO

Históricamente lejanos ya aquellos Ejércitos del XIX, con su oficialidad procedente de la antigua oligarquía criolla, a lo largo del presente siglo la nueva oficialidad de tales Ejércitos hubo forzosamente de nutrirse, cada vez en mayor proporción, de capas sociales medias e incluso medias-bajas. Dada la conocida estructura social y económica de aquellas Repúblicas, con su reducida y poderosa élite dominante (vinculada a la economía británica primero, a la estadounidense después, y por último a las grandes corporaciones multinacionales), sus estrechas clases medias (con la Argentina entre las más notables excepciones en este punto), y sus extensos sectores desheredados, esta importante mutación social del estamento castrense, cada vez menos ligado social y económicamente a dicho sector oligárquico, hizo necesario para éste, en su momento, dotar a los militares profesionales de una sistemática formación intensamente anticomunista, que configurase a las Fuerzas Armadas como una barrera infranqueable frente a una hipotética penetración ideológica indeseable en sus naciones respectivas.

Este fenómeno es señalado por el profesor José Rodríguez Elizondo en los términos siguientes:

«Los nuevos oficiales de capas medias, cuyos intereses no son necesariamente simétricos con los de los sectores económicos dominantes, deben ser formados en un anticomunismo ilustrado y racionalizado, que implica todo un sistema de indoctrinación y de ideologización»[1].

Salvada la reserva que nos merece el calificativo de «ilustrado» —difícilmente aplicable a quienes necesitaban recibir una visión del mundo tan unidireccional—, creemos que la cita refleja acertadamente uno de los factores de aquella realidad. Así a través de una enseñanza académica radicalmente anticomunista, se sentaron las bases de una actitud intervencionista en materia política, cuyo efecto sobre el sistema —desde la presión institucional hasta el golpe militar propiamente dicho— no fue otro que hacer casi inviable en la práctica un pluralismo democrático a la europea, modelo cuyo espectro político incluye habitualmente, como es sabido, fuertes partidos de «izquierda», ya sea en el gobierno, ya en la oposición.

2. AGUDA INTENSIFICACIÓN DE ESTA TENDENCIA FORMATIVA DURANTE EL PERÍODO DE LA «GUERRA FRÍA»

Tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo cada vez más frecuente la asistencia de jefes y oficiales de las distintas Repúblicas latinoamericanas a ciertos centros de formación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, especialmente los de Fort Benning (Georgia) y Fort Gulick (zona norteamericana del Canal de Panamá), en las que se impartían conocimientos tácticos y estratégicos, técnicas de información y otras, con especial énfasis en la formación ideológica y doctrinal.

Posteriormente, la tensa situación de «guerra fría» que se vivió a lo largo de la década de los cincuenta entre los dos grandes bloques militares encabezados por Estados Unidos y la URSS acentuó el carácter obsesivamente anticomunista de la doctrina y las enseñanzas impartidas en tales centros de formación. Precisamente en aquella época —primeros años cincuenta— numerosos oficiales todavía jóvenes y desconocidos, pero que estaban llamados a desempeñar importante protagonismo en el futuro —entre otros, Hugo Banzer (Bolivia), Augusto Pinochet (Chile), Ernesto Geisel (Brasil), Alfredo Stroessner (Paraguay) y Jorge Videla (Argentina), por citar sólo algunos que llegaron a detentar la jefatura de sus Estados respectivos, y no por vías precisamente democráticas— cursaron aquellas enseñanzas, y con notable aprovechamiento, según pudo apreciarse dos décadas después.

El eje ideológico de las doctrinas impartidas en los centros de enseñanza citados, así como en el National War College estadounidense —también frecuentado en aquellos años por oficiales latinoamericanos— no era otro que la visión del comunismo con un Mal absoluto que era preciso combatir permanentemente y sin reparar en medios, en todos los frentes y no sólo en el específicamente militar.

Un informe de IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) señala al respecto:

«A los militares latinoamericanos les fue inculcada (fueron indoctrinados en) la concepción totalmente deformada de que la nueva confrontación de fuerzas entre los bloques antagónicos de EEUU-URSS los situaba fatalmente en el centro del enfrentamiento político-militar que marcaría una época en el desarrollo de la humanidad».

(…) «Ante esta confrontación, percibida como activa y permanente en todos los campos de la actividad social entre dos formas de vida de dos distintas civilizaciones, los militares latinoamericanos asumieron que los ejércitos de sus países no podían, bajo ningún aspecto, permanecer neutrales y “decidieron” (o fueron forzados a) tomar partido»[2]. [Los paréntesis pertenecen al texto original].

Esta forzada toma de partido, vinculada a aquel supuesto estado de guerra total y permanente, aparecerá años después como elemento básico de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Igualmente aparecerá, una y otra vez, como pieza clave en la argumentación teórica de los represores argentinos de los años setenta, al expresar éstos, con reiterado énfasis, su certeza de que aquella lucha contra «la Subversión» —librada en forma de guerra sucia— no era en realidad otra cosa que la Tercera Guerra Mundial. Conflicto de alcance universal, en el que ellos —siempre según su mesiánica visión— constituían nada menos que la vanguardia operativa, en su lucha implacable contra el enemigo natural de aquello que decían defender «la civilización cristiana y occidental».

Este género de argumentos, por falaces que puedan objetivamente resultar desde nuestra perspectiva europea, tienen de hecho su origen en aquel adoctrinamiento que, pretendiendo ser radicalmente anticomunista, ha dado trágicos frutos radicalmente antidemocráticos. Baste recordar al respecto, como destacados ejemplos, las dictaduras militares uruguaya, chilena y argentina, nacidas en el Cono Sur durante la década de los setenta al amparo de este concepto doctrinal. Adoctrinamiento que configuró para siempre la mentalidad de toda una generación militar latinoamericana, y que, por desgracia —según evidencian no pocos hechos registrados a lo largo de los años ochenta—, ha seguido conservando una considerable vigencia en la generación militar posterior.

3. CRECIENTE DESVIACIÓN DE LA IDEA DE «DEFENSA» HACIA EL CONCEPTO DE «ENEMIGO INTERIOR»

La idea tradicional de unos Ejércitos concebidos como brazo armado de la nación para su defensa frente a un hipotético enemigo exterior, formado por otro u otros Estados —en consecuencia, unas Fuerzas Armadas preparadas para enfrentarse a otros Ejércitos extranjeros—, fue cediendo paso a la percepción de una única amenaza, de un único enemigo, el único frente al cual era necesaria una defensa activa y permanente: «el enemigo interior». Es decir, «el comunismo subversivo», que, actuando desde dentro de las fronteras de cada nación y de su propio entramado social, pretendía la toma revolucionaria del poder.

A partir de la victoria castrista en Cuba (año 1959), las poderosas oligarquías latinoamericanas sintieron por primera vez amenazada la hasta entonces inamovible seguridad de su privilegiada posición, extrayendo la conclusión de que todo grupo o movimiento interno de carácter izquierdista o socialmente progresista —violento o no, cristiano o no— era susceptible de convertirse en una guerrilla u organización similar, y que una guerrilla interna era capaz de terminar haciéndose con el poder.

Paralelamente, a lo largo de los años sesenta, la ya señalada actitud anticomunista de los militares se acentuó aún más si cabe ante la experiencia cubana. Así, el general argentino Juan Carlos Organía —que en 1966 alcanzaría el poder mediante un golpe de Estado— manifestaba en 1964 lo siguiente:

«Es absurdo que nos sigamos preparando para entrar en la guerra del 14; es absurdo que continuemos organizando la artillería pesada (…); son absurdas las fabulosas concentraciones militares listas para enviar tropas a la frontera. El principal objetivo del Ejército es, actualmente, prevenir la acción subversiva castrista»[3].

Esta nueva fijación del objetivo contra el que debía dirigirse la principal acción del Ejército, concretando tal objetivo en la «acción subversiva», llámesela comunista o castrista, pero, en todo caso, actuante desde dentro de la propia sociedad —es decir, hacia un enemigo interior en definitiva— iba a constituir uno de los elementos clave de los trágicos acontecimientos que —centrándonos en el caso argentino— tendremos más adelante ocasión de analizar. Dramáticas consecuencias, derivadas de la irracional generalización de ese concepto de «enemigo interior», que se extendería después abusiva y criminalmente, no ya a todo grupo izquierdista más o menos violento sino también a todo tipo de actividad opositora, incluso no violenta, al englobar indiscriminadamente tales actividades bajo el genérico nombre de «subversión».

4. IMPLANTACIÓN DE LA LLAMADA «DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL»

Como resultado de los factores precedentes, y de las teorías gradualmente elaboradas desde los primeros años cincuenta en determinados centros militares del continente —muy especialmente el ya citado National War College en Estados Unidos, y más tarde la Escuela Superior de Guerra en Brasil, creada a imagen y semejanza de aquél—, tales teorías fueron decantándose hasta llegar finalmente a plasmarse en un cuerpo teórico homogéneo y sistematizado: la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional».

Tal doctrina presentaba como ingredientes básicos, entre otros, los siguientes:

Primero: la concepción geopolítica, nacida de los teóricos alemanes de finales del XIX, y que alcanzó su máximo desarrollo en la Alemania nazi. Concepción basada en la idea del «espacio vital» —el Estado como ente biológico y geográfico—, teoría según la cual un Estado que pretende ejercer como potencia de importante peso necesita, entre otras cosas, disponer de amplia influencia y control sobre espacios físicos y políticos no limitados forzosamente por las fronteras de su propia nación. Según esto, todo el continente americano correspondería a un espacio geopolítico de neta adscripción occidental, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, y su defensa frente al enemigo subversivo debía plantearse de manera conjunta por todos los Ejércitos del área continental.

Segundo: plena asunción de conceptos tales como enemigo interior, enemigo común, guerra permanente y total. El ya definido enemigo interior —la acción subversiva comunista—, al actuar en todos los países del área, pasaba a ser el «enemigo común» para todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas, lo que permitía a su vez establecer para éstas una doctrina común de reacción frente a aquél. Al propio tiempo se enmarcaba dicha lucha antisubversiva dentro del concepto de «guerra total y permanente» que el mundo occidental debía librar contra esa supuesta amenaza global.

Tercero: plena inserción de la lucha antisubversiva dentro de una supuesta Tercera Guerra Mundial. Descartada, por sus incontrolados riesgos, la posibilidad de una guerra por vía nuclear, el mundo comunista planteaba la Tercera Guerra Mundial —siempre según los seguidores de esta peculiar doctrina— por otra vía mucho más sutil: la penetración ideológica a través de la subversión izquierdista en todos los países del hemisferio occidental, con vistas a la futura toma de poder en todos y cada uno de ellos, por un proceso más o menos similar al que, en Cuba, había permitido a Castro alzarse con el poder. En consecuencia, al asumir su papel represivo, las Fuerzas Armadas latinoamericanas quedaban convertidas en la «vanguardia operativa de Occidente» en uno de los principales frentes de esa supuesta Tercera Guerra Mundial.

Cuarto: plena asimilación y práctica aplicación de la doctrina francesa de la «contrainsurgencia» o «lucha contrainsurgente». Concepto, también éste, de origen europeo o, si se quiere, europeo-colonial, desarrollado por el Ejército Francés a raíz de sus duras experiencias en Indochina y Argelia, y que incluía una serie de técnicas de lucha y de información no demasiado respetuosas con la población civil y gravemente lesivas para los derechos humanos de los posibles enemigos, e incluso de los simples sospechosos de pertenecer a esa «insurgencia» que se trataba de suprimir.

Según señala el antes citado informe de IEPALA, la principal característica de este concepto de «contrainsurgencia» era el siguiente:

«Al tomarse sumamente difícil para las fuerzas represivas la identificación del enemigo, la intensidad y la extensión de la represión aumenta, involucrando, además de las fuerzas militares convencionales, la existencia indispensable de un sofisticado aparato de inteligencia y de represión especial para combatirlo»[4].

Ello, unido a ese concepto de guerra total frente al enemigo absoluto, «absolutizaba» la lucha —valga la redundancia— hasta el extremo de que, en numerosos casos, la represión ejercida se cebó con igual saña, como posteriormente veremos, en el sospechoso de pertenecer a una organización terrorista que en el simple opositor democrático, no violento, que ejercía actividades políticas, sindicales o intelectuales perfectamente legítimas en una sociedad democrática, pero cuyos autores fueron con frecuencia, igualmente reprimidos como integrantes de ese «enemigo común» y englobados dentro de ese vasto e impreciso concepto llamado «Subversión».

5. AUTOATRIBUCIÓN EXCLUYENTE POR LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS CONCEPTOS DE PATRIA Y PATRIOTISMO, Y DE LA REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LA NACIÓN

Con demasiada frecuencia los Ejércitos latinoamericanos han presentado la tendencia irresistible a autoatribuirse todo el patriotismo del universo, negando, a la vez, toda otra posible interpretación de la Patria que no fuera la suya propia y la de aquel sector social que les fuese afín. Todo concepto de la Patria —por sincero, idealista y fervoroso que pudiera ser— basado en planteamientos morales, filosóficos, sociales o políticos diferentes de los suyos, era rechazado como parte de esa «Antipatria» que se trataba de derrotar.

Así, al definir los rasgos más significativos de los Ejércitos latinoamericanos, IEPALA señala en ellos varias características, entre las cuales cabe destacar aquí las tres siguientes:

«—La autoatribución por parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas de la representación del conjunto de la nación.

—La equivalencia Fuerzas Armadas-Patria y el monopolio de lo patriótico (los que rechazan el esquema son calificados de “apátridas”).

—El propósito de aniquilamiento total de los “enemigos de la Patria”»[5].

En efecto, la rigidez ideológica emanada de la Doctrina de Seguridad, junto con los conceptos mesiánicos antes señalados de «Mal absoluto» y «guerra total», generaban una actitud muy extendida en el estamento castrense latinoamericano, tendente, sin ambages, al «aniquilamiento del enemigo», que en ningún momento era percibido como adversario político, sino como un peligroso ente desencarnado, deshumanizado, que representaba una amenaza mortal de necesidad.

Ya no se trataba, por tanto, de que las Fuerzas Armadas prefiriesen en sus países respectivos una determinada opción política o social, aspirando, dentro de los cauces democráticos, a que los partidarios de dicha opción prevaleciesen por vía electoral sobre unos adversarios políticos cuya vida e integridad se respetaban por principio, como sucede en las democracias dignas de tal nombre. No se trataba, en absoluto, de vencer democráticamente sobre unos adversarios políticos, defensores de un diferente proyecto social, sino de aniquilar físicamente a unos enemigos mortales: a la «Antipatria», a los «apátridas», a los representantes de ese Mal absoluto que amenazaba a su pretendida Verdad total. Y el hecho de que esos supuestos «apátridas» fueran no sólo compatriotas suyos, sino además, en su mayoría, ciudadanos demócratas no violentos, no modificaba en absoluto su planteamiento, difícilmente compatible —por no decir radicalmente incompatible— con una razonable aproximación a ese concepto básico de la democracia que es la soberanía popular.

6. PROGRESIVA DESVIACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS HACIA FUNCIONES DE CARÁCTER POLICIAL

La fijación del «enemigo interno» como primordial objetivo a batir trajo consigo, entre otras consecuencias derivadas, una aguda desviación profesional del estamento militar. Al no ser ya el choque contra Ejércitos extranjeros en el campo de batalla su finalidad prevista, sino contra otro enemigo absolutamente diferente en su ubicación y características, los Ejércitos latinoamericanos dirigieron sus ojos, sus mentes y sus energías —bien poco gastadas en campañas específicamente castrenses— hacia otra tarea de muy distinta naturaleza: la de vigilar, controlar y perseguir a ese otro enemigo: el diabólico «enemigo interior» que les señalaba la Doctrina de Seguridad Nacional: la «acción subversiva comunista», el gran enemigo común de obligada eliminación.

Pero obviamente, esas tareas de persecución, vigilancia y control del «enemigo interno» eran funciones cada vez más policiales y menos militares. Rodríguez Elizondo dice al respecto:

«De acuerdo con los cambios señalados anteriormente, se produce un nivel de homogeneidad entre las funciones militares y las policiales, que es, en sí, otro cambio fundamental. Doctrinariamente, y dado que la guerra interna es la hipótesis conflictual casi exclusiva, militares y policías quedan separados más por los distintos momentos de enfrentamiento con el “enemigo interno” que por diferencias de naturaleza. Correlativamente, la dinámica propia del cambio lleva a una militarización de la policía, que comienza a percibirse como una vanguardia de las Fuerzas Armadas, encargada de actuar en primera línea de defensa dentro del nuevo tipo de guerra»[6].

Ya no se trata, en efecto, de movilizar divisiones propias para hacer frente a divisiones enemigas, ni de desplegar en el campo regimientos y batallones con equipo de campaña, sino de potenciar y sobredimensionar los servicios de información de todas las unidades y cuarteles generales para vigilar a partidos políticos y organizaciones sindicales; a grupos legales o clandestinos del más diverso tipo; a asociaciones profesionales y universitarias; a parroquias, sacerdotes y monjas que dan a su labor religiosa una determinada línea pastoral; a grupos juveniles que ejercen labores asistenciales en barrios del más bajo nivel. Ahí es donde tiene que investigar la llamada «inteligencia militar», pues tras esas organizaciones y grupos, ocultos tras ellos, mezclados con ellos, incorporados a ellos, se oculta ese enemigo interior, prácticamente el único objetivo asignado a los Ejércitos latinoamericanos por la Doctrina de Seguridad Nacional. Hay por tanto que vigilar, investigar, controlar movimientos y llamadas telefónicas, utilizar confidentes, delatores y chivatos, y, llegado el momento, detener a sospechosos, interrogar, acumular información para planear nuevas operaciones de carácter similar. En otras palabras: funciones netamente policiales. Es lo que el profesor Rodríguez Elizondo, con palabra demasiado larga pero exactamente descriptiva, denomina «la policialización» del colectivo militar.

7. GRAVE RELAJACIÓN DE LOS CONCEPTOS ÉTICOS MILITARES, ASUMIENDO LA TORTURA COMO MÉTODO HABITUAL Y SISTEMÁTICO EN EL CAMPO DE LA INFORMACIÓN

La implantación de un tipo de guerra contra un supuesto enemigo interior, en que las tareas de detección y localización del enemigo oculto se sitúan en primer plano del desarrollo operativo, trae como consecuencia el ansia irresistible de conseguir, a cualquier precio y por cualquier método, el mayor acopio posible de información. Esta imperativa exigencia de información, denominada en términos técnicos «inteligencia militar», por una parte; la certeza de hallarse luchando contra las más diabólicas fuerzas del Mal, por otra; y todo ello unido a la patética carencia de una recta moral, no ya cristiana sino ni siquiera mínimamente humana —pues tanto los principios básicos cristianos como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos coinciden al respecto—, esta mortal confluencia de factores desemboca en su trágica consecuencia: la tortura. La tortura asumida como práctica absolutamente normal, prevista, planificada y sistematizada, como un instrumento más dentro de la variada panoplia de métodos y técnicas de información.

Es, en definitiva, la llamada «guerra sucia», cuya primera y principal suciedad no es otra que ésta: la incorporación pragmática de la tortura como eficaz método de información. La degradación moral que implica este método endurece y pervierte de tal modo la conciencia de quienes lo practican que, muy pronto, asumen como normal el que se torture brutalmente a simples sospechosos, sobre la base de que «si saben algo, lo dirán; y si nada saben, nada tenemos que perder». Así, como consecuencia de esta monstruosa claudicación moral, miles de inocentes —culpables de simple oposición política perfectamente legítima—, mezclados con cierto número de acusados de actividad guerrillera o similar, fueron bárbaramente torturados en todos los grados posibles, muchas veces hasta el borde de la muerte y no pocas hasta llegar a ella, por fuerzas de la «inteligencia» militar o paramilitar en numerosos países latinoamericanos. Según consta en los datos proporcionados por los distintos organismos de Derechos Humanos, prácticamente no existe ningún país de la región exento de esta lacra, si bien algunos tuvieron el triste privilegio de destacar en esta estadística del horror. Tal es históricamente el caso de Guatemala, El Salvador y Colombia, desde largas décadas atrás; Brasil en ciertos momentos de los años sesenta; Chile, Argentina y Uruguay en la década de los setenta en particular.

Este proceso de degradación moral —no exclusivo, por cierto, del área que nos ocupa, sino desgraciadamente común a un gran número de países a lo largo y a lo ancho del mundo—, es descrito así, en su versión latinoamericana, por el profesor Rodríguez Elizondo en su análisis repetidamente citado:

«La normativa especial —positiva o consuetudinaria— que rige el comportamiento de los hombres de armas en la guerra y en la paz, se mezcla con actitudes “pragmáticas”, que tienden a supeditar los viejos valores, de connotación hispano-caballeresca. Esto es especialmente notable en el campo de la información, donde se racionaliza la necesidad de las torturas. Hasta se llega a hablar, en este sentido, de una “ciencia de la tortura”, promoviéndose así un insensible deslizamiento desde las tesis de la “guerra interna” a las de la “guerra total”»[7].

Pero para los profesionales de las armas, educados académicamente en un código militar de la ética y del honor, el caer en la práctica de la tortura supone una especial degradación, no precisamente automática ni fácil, al menos en su fase inicial. Es preciso, previamente, alterar su código moral, introduciendo en éste elementos éticamente disolventes e intelectualmente degenerativos —tales como la visión mesiánica, el fanatismo deformante de la realidad, el odio hacia el «enemigo absoluto»— para lograr que el militar profesional, preparado por su formación para el choque de las armas en campaña frente al enemigo exterior —al que puede respetar al tiempo que lo combate— abandone este Concepto de la acción militar, substituyéndolo por otro que implica una devastadora ruina moral. Un nuevo concepto de la acción militar que, para empezar, implica el asumir algo tan terrible —y tan terriblemente falso— como que ese enemigo al que va a torturar y matar personifica la maldad absoluta; algo tan mendaz como para permitirle perseguir y exterminar a ese «enemigo interior» —que puede ser simplemente un conciudadano demócrata, tan patriota como él y quizá mucho más—; algo tan envilecedor que le permita torturar, y en última instancia matar a sus prisioneros como si no se tratara de compatriotas, ni siquiera de seres humanos, sino de alimañas de necesaria eliminación.

Con razón uno de los más destacados intelectuales del Ejército Español, el teniente general Cano Hevia —refiriéndose concretamente al caso argentino— escribía que «algunos militares han envilecido su profesión»[8]. Porque este punto, precisamente éste, el de la degradación de los profesionales de un determinado Ejército —de algunos, quizá de muchos, aunque nunca de todos sus miembros— hasta llegar a la práctica habitual de la tortura en su supuestamente heroica lucha, en esa supuesta vanguardia de la supuesta Tercera Guerra Mundial, ejerciendo una supuesta defensa de la civilización cristiana y occidental, contra esa supuesta subversión general protagonizada por ese supuesto enemigo interior, llegó a constituir una de las ideas más delirantes, a la vez que uno de los aspectos más siniestros y dramáticos de aquella realidad sociológica y militar que en este estudio pretendemos analizar.

8. FRECUENTE RESPALDO DE LAS FUERZAS ARMADAS LATINOAMERICANAS A MODELOS ECONÓMICOS DE FUERTE BASE OLIGÁRQUICA Y GRAN DESIGUALDAD SOCIAL

De forma casi general, resulta inevitable señalar que los Ejércitos latinoamericanos —con excepción de ciertos intentos populistas o desarrollistas— han venido respaldando, durante largas décadas, unos modelos económicos de base oligárquica, basados en un capitalismo duro, bajos salarios y alto índice de acumulación, y un sindicalismo plenamente controlado, reprimiendo o dificultando al máximo la existencia de fuerzas sindicales seriamente reivindicativas, como las habituales en el ámbito europeo occidental. En tal sentido, dice el informe antes citado:

«El propósito fundamental de la “Seguridad Nacional” se puede expresar, en primer término, como el afán desmedido por evitar cualquier perspectiva socialista, y para ello no se escatiman esfuerzos; si es preciso desarticular brutalmente cualquier organización popular y obrera se procede en aras de la nación y el “bien común”» (…)

«El tipo de régimen sirve para hacer posible un modelo de acumulación de capital basado en altas tasas de ganancias, bajos salarios y, en lo posible, eliminación de los organismos de defensa de la clase obrera, sindicales y gremiales, entendiendo todo conflicto social como un problema de “Seguridad Nacional”»[9].

La consideración de todo conflicto social, sea huelga, reivindicación laboral o salarial, no como un fenómeno propio de una sociedad libre y democrática, sino como un intolerable atentado contra la Seguridad Nacional, posibilitaba e incluso exigía su implacable represión, así como la intervención en ella del propio Ejército, pues al tratarse de la Seguridad Nacional el problema afectaba a las Fuerzas Armadas, desbordando el ámbito policial. Obviamente, este tipo de planteamiento contribuía eficazmente a consolidar ese modelo de alta tasa de acumulación para la oligarquía dominante, y de muy bajo nivel medio para la masa asalariada en general.

Todo ello sin perjuicio de que, en las sociedades latinoamericanas más desarrolladas —como pueden ser las del Cono Sur—, pudiera darse en ciertos casos lo que J. Nun llama «The middle-class military coup»[10], el golpe militar auspiciado por ciertas clases medias de extracción burguesa, que, en un momento dado, pueden ver sus intereses mejor defendidos por una dictadura militar, propiciándola y beneficiándose de ella en detrimento de los sectores más débiles de la sociedad. Pero es de notar que, incluso en tales casos, el sector más inequívocamente beneficiado resulta ser la oligarquía titular del gran capital.

9. EXCEPCIONES CONFIRMATORIAS DE LA REGLA GENERAL

Dentro de la inevitable complejidad del fenómeno militar en un área política y geográfica tan extensa como es la de América Latina, hay que señalar algún caso excepcional que contradice en no poca medida el anterior modelo general. En efecto, en ciertos momentos históricos algún militar determinado, o incluso algún Ejército como institución —más o menos sensibilizado ante las graves injusticias estructurales de la sociedad civil— se ha alejado apreciablemente de ese modelo predominante a nivel continental.

En tal sentido hay que citar el caso del Ejército peruano, bajo el régimen militar encabezado por el general Velasco Alvarado a partir de 1968, imbuido de un sentido popular y regeneracionista; fenómeno registrado por el antes citado profesor chileno Rodríguez Elizondo, quien señala que en aquellos años se produjo

«… un proceso de diversificación del horizonte intelectual castrense, basado en sus institutos docentes e inesperadamente plural en cuanto a sus fuentes y apreciaciones ideológicas. Sin perjuicio de la conservación de la tónica anticomunista (…), esto se manifiesta en una ampliación del tiempo programado para los estudios socio-políticos y económico sociales, y en una inclusión de autores rotundamente críticos con respecto a la valoración del sistema establecido. En el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) del Perú, los oficiales-alumnos estudian, entre otros textos, los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui, y la Teoría del Estado Capitalista, de Paul Sweezy. Este centro llega hasta a editar trabajos profundamente adversos al liberalismo económico y sorprendentemente positivos con respecto a Cuba»[11].

Dentro de esta misma línea, en su trabajo El CAEM y la revolución de la Fuerza Armada, el autor peruano Víctor Villanueva precisaba al respecto que, en uno de los textos académicos entonces vigentes en dicho centro militar, se decía respecto a Cuba:

«Esta nación hermana (…) constituye un ejemplo históricamente eficaz que varias naciones iberoamericanas, urgidas por la miseria y la injusticia, desean seguir»[12].

Este alejamiento de la ortodoxia —con textos de autores marxistas tan caracterizados como Sweezy en centros de enseñanza militar—, entre otros factores del momento, produjo en la clase dirigente norteamericana un notable recelo, claramente reflejado en el informe de la «misión Rockefeller» que, en 1969, recorrió una serie de países del área, estudiando su conflictiva situación política y social, y analizando las posibilidades de contrarrestar el avance del castrismo y del guevarismo mediante regímenes militares apoyados desde Washington a tal fin. Según dicho informe —sensiblemente influido por el ya citado caso peruano— la fiabilidad del estamento castrense latinoamericano no era todo lo firme que sería de desear, pues sus integrantes adolecían de una «falta de confiabilidad ideológica», eran «vulnerables al nacionalismo extremo» y, en el campo doctrinal, eran «susceptibles de tomar casi todas las direcciones», marxismo incluido[13].

Dentro de esta casuística más bien excepcional, resulta también obligada una breve mención al caso del general Torres en Bolivia, cuyos propósitos populistas y favorecedores de las clases más miserables de su país se vieron frustrados por otro golpe militar, de línea inequívocamente reaccionaria al servicio de la oligarquía local.

Creemos, en definitiva, que si el propio Rockefeller hubiera recorrido el mismo continente diez años después de su informe de 1969, hubiera encontrado un panorama harto más satisfactorio y tranquilizador para su perspectiva: fracasada y ya distante la experiencia populista peruana, y con una serie de nuevas dictaduras militares instaladas en el continente, la situación a finales de los años setenta venía a desmentir, en gran medida, su análisis sobre el estamento militar latinoamericano formulado diez años atrás.

Sin embargo, resulta obligado mencionar, al menos, un par de casos más, dignos de destacar por situarse en esa casuística más bien excepcional, al margen de la ya señalada tendencia predominante inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Uno de ellos fue el protagonizado en Bolivia por el general Juan José Torres, que entre 1970 y 1971 trató de instaurar un régimen populista y favorecedor de las clases más miserables de su país. Propósito que se vio frustrado por el golpe del coronel Hugo Banzer, de línea inequívocamente reaccionaria al servicio de la oligarquía local.

El segundo caso mencionado se refiere a la Junta Revolucionaria instalada en El Salvador tras el golpe de los llamados «militares jóvenes» el 15 de octubre de 1979, después de los dos aparatosos fraudes electorales de 1972 y 1977, que mantuvieron en el poder al partido respaldado por el sector militar más duro y conservador. Dicha Junta, de composición cívico-militar, encabezada por el coronel Adolfo Majano, empezó a poner en práctica una serie de reformas antioligárgicas, tendentes a una más justa distribución de la tierra y una mejor defensa de los derechos humanos, pero sus propósitos se vieron gradualmente frustrados por el sector ultraderechista del Ejército, que, infiltrado en la propia Junta en la persona del coronel Abdul Gutiérrez, consiguió desactivar finalmente todo propósito renovador.

Salvadas, pues, las escasas y fugaces excepciones que en su momento pudieron sustraerse al general adoctrinamiento rígidamente anticomunista y antisocialista común a prácticamente todos los Ejércitos del área —obsesivo anticomunismo que también caracterizó a los Ejércitos de la Cuba de Batista y la Nicaragua de Somoza, hasta que ambos fueron derrotados por las guerrillas de sus respectivos países en 1959 y 1979, tras lo que fueron sustituidos por otro tipo de Fuerzas Armadas cuyo análisis escapa por completo al propósito de este estudio—, y sin dejar de señalar también como importante excepción el destacadísimo caso de Costa Rica —que autodisolvió su Ejército en 1948, conservando sólo sus fuerzas policiales—, y el más reciente caso de Panamá —con su Ejército ya prácticamente inexistente, desaparecido con probable carácter irreversible desde la invasión norteamericana de 1989—, queda con ello cerrada nuestra breve referencia a los casos atípicos que merecía la pena señalar.

* * *

Para dar fin a esta somera panorámica de los comportamientos militares latinoamericanos, resulta obligado registrar el hecho de que, a diferencia de la década de los setenta —de general avance dictatorial en el área latinoamericana—, los ochenta, en cambio, supusieron un espectacular retroceso de las dictaduras militares, particularmente por lo que respecta al Cono Sur, con el regreso a las prácticas democráticas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y en otros países de la región, alguno tan importante como Brasil. Análogamente, resulta obligado señalar los difíciles —pero esperanzadores— procesos de pacificación que, desde los últimos años ochenta y primeros noventa, se vienen desarrollando, particularmente en América Central. Habrá de pasar todavía bastante tiempo, sin embargo, para que en América Latina se produzcan —por ambas partes— los importantes cambios que resultan imprescindibles para una correcta relación Ejército/Sociedad.

Pero volvamos ya al ámbito concreto —la República Argentina— donde este trabajo se pretende situar.

II. FACTORES CONCURRENTES EN EL CASO ARGENTINO

Como podrá verse a lo largo de este trabajo, dentro del comúnmente llamado «el caso argentino» concurren en mayor o menor grado —y algunos en grado agudo— todos los factores que acabamos de señalar como características más generalizadas en los Ejércitos de América Latina. Pero también convergen en el caso otros factores específicamente argentinos, cuyo análisis resulta imposible de eludir para una correcta comprensión del drama desencadenado a partir de marzo de 1976.

A dicho análisis dedicaremos este capítulo, refiriéndonos a los siguientes factores, todos ellos de génesis anterior a dicho año 1976:

—El peronismo como fenómeno político y social, con su doble desviación hacia la violencia de extrema derecha y extrema izquierda.

—La destacada y profunda influencia en ciertos estamentos de la sociedad argentina —entre ellos sus Fuerzas Armadas— del más recalcitrante pensamiento ultraderechista europeo y, más concretamente, del integrismo católico francés en su más reaccionaria versión.

—El persistente intervencionismo militar en Argentina, con los sucesivos golpes de Estado producidos desde 1930.

—Colaboración y responsabilidad de las fuerzas políticas civiles argentinas en ese contumaz golpismo militar.

—La «Doctrina de la Seguridad Nacional» en su versión argentina: aportación doctrinal norteamericana y francesa en la llamada «lucha contrarrevolucionaria», «lucha contrainsurgente», «lucha antisubversiva» o combate contra «la subversión».

—La tortura en Argentina con anterioridad a 1976.

—La técnica de la desaparición de personas en Argentina, y su gestación anterior a 1976.

1. EL PERONISMO Y SU CONTRADICTORIA REPERCUSIÓN EN LOS COMPORTAMIENTOS REVOLUCIONARIOS Y REPRESIVOS EN ARGENTINA DURANTE LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Nada más lejos de nuestro propósito que el intentar aquí un serio análisis de un fenómeno tan complejo y multifacético como el peronismo, con sus variadas implicaciones en la vida política, social y militar de aquel país. Nos ceñiremos, por tanto, a aquellos aspectos que van a incidir directamente en los comportamientos del estamento militar frente a la sociedad civil en la represión de toda clase de fuerzas opositoras —y no sólo de los grupos guerrilleros o terroristas— durante la dictadura de las Juntas Militares (a partir de 1976), así como en el trienio inmediatamente anterior, desde el regreso de Perón y su acceso al poder en 1973.

Recordemos brevemente que, en 1943, el entonces coronel Juan Perón —junto con el general Rawson, entre otros— derrocó mediante un golpe de Estado al presidente Ramón Castillo y estableció un régimen de fuerte contenido populista, impulsado en este terreno por su esposa Eva Duarte, carismático personaje que suscitó un delirante apoyo popular. Nadie puede negar, en términos objetivos, que el gobierno de Perón, revalidado por las urnas en 1946 y 1952, consiguió elevar apreciablemente el nivel de vida de las clases más desfavorecidas del país —los «descamisados», en la demagógica denominación de la época— pero, al propio tiempo, hay que señalar el fuerte contenido personalista, autoritario e incluso, con frecuencia, abiertamente totalitario que caracterizó al gobierno peronista durante sus doce años de vigencia, y muy especialmente en su último período, desde 1952. Finalmente, Perón fue derribado a su vez por un sangriento golpe militar, que llevó al poder al general Lonardi en 1955.

A partir de la caída de Perón, la profunda huella producida —para bien o para mal— por el fenómeno peronista iba a seguir repercutiendo largamente, tanto sobre la sociedad argentina como sobre sus Fuerzas Armadas, introduciendo en éstas una división paralela y correlativa a la existente en el ámbito civil. División que el analista norteamericano Marvin Goldwert, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, en su obra Democracy, militarism and nationalism in Argentina resume bajo la frase «A divided Army in a divided Nation»[14].

Este Ejército dividido, en el seno de una Nación también dividida, podía explicarse muy sumariamente señalando la presencia inevitable de dos sectores militares más o menos contrapuestos: por una parte, un sector que consideraba válida la vía seguida por Perón en su intento —aunque finalmente fracasado— de «reconciliar el orden social y el tradicionalismo con la modernización del país bajo un autoritario poder militar», según las palabras del mismo Goldwert en su obra recién citada[15]; y, por otra parte, en situación antagónica —más o menos intensa según las circunstancias—, otro fuerte sector militar que siempre miró recelosamente al peronismo como un movimiento excesivamente populista, de tendencias peligrosamente igualitarias, o, lo que es lo mismo —bajo su óptica—, como un movimiento de carácter «izquierdista» en definitiva, con independencia de su posible denominación.

Paralelamente, durante el largo alejamiento de Perón del poder (1955-73, período en cuya mayor parte permaneció exiliado en Madrid), los potentes sindicatos peronistas engendraron también toda clase de comportamientos ambivalentes y de notable contradicción. Mientras los obreros peronistas y sindicalistas de base defendían a Perón enfrentándose desarmados a las tropas, tratando de hacer frente al golpe de 1955 —constata Ignacio González Janzen, estudioso del peronismo y sus contradicciones—, «sus dirigentes burócratas corrieron a pactar con los golpistas»[16]. A partir de ahí, y durante las casi dos décadas de exilio del general Perón, los dirigentes sindicales se hicieron mil veces acreedores al calificativo de «aliados de la reacción». El citado González Janzen justifica esta calificación escribiendo al respecto:

«Carentes de compromiso revolucionario, sumisos frente a los opresores de turno, predispuestos a la conciliación con el régimen, muchos sindicalistas (peronistas) traicionaron a la clase trabajadora y colaboraron con sus enemigos. Renunciaron a la lucha en 1955, renegaron de la resistencia, conspiraron contra Perón en 1965, aplaudieron al golpismo en 1966, y cohabitaron con la dictadura durante años. Se unieron a la derecha y reclutaron mercenarios para oponerse a los cambios que reclamaban las bases»[17].

Pero la más grave de las contradicciones engendradas históricamente por el peronismo —y la más directamente relacionada con el tema central de este estudio— iba a originarse a comienzos de la década de los setenta y a estallar flagrantemente en 1973 tras el regreso de Perón. Nos referimos, obviamente, al nacimiento de los hijos radicalmente extremos y violentos del peronismo: por su extrema izquierda, los «Montoneros»; y por su extrema derecha, la «Triple-A».

1.1. Los «hijos feroces» de Perón: Montoneros y Triple-A

A mediados de 1970 hizo su aparición la organización llamada «Montoneros», surgida de aquellos sectores juveniles peronistas abocados a la izquierda más radical. También en el mismo año nace el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que se proclama brazo armado del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), organización que, junto con Montoneros y con otro grupo de menor entidad —las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias)—, iban a protagonizar una parte de las acciones sangrientas que tanto iban a contribuir al clima de deterioro social que —entre otras causas— sirvió de pretexto al golpe militar de marzo de 1976.

El profesor alemán Peter Waldmann, de la Universidad de Augsburg, principal estudioso de estos grupos, de sus orígenes y procedencia social, señala que los Montoneros, escindidos del peronismo oficial, reclutaban a sus miembros «entre los sectores nacionalistas» o en las «asociaciones de la juventud católica». Por el contrario, «los miembros del ERP provenían de organizaciones de la izquierda marxista»[18].

Así pues, una de las dos grandes ramas de la violencia de ultraizquierda que actuó en los años setenta en Argentina surgió, originalmente, del sector peronista más joven y radicalizado en sus exigencias revolucionarias de justicia social. En sus proclamaciones y comunicados, los Montoneros invocaban su fidelidad a Perón y al recuerdo de su mítica esposa Eva —una de sus publicaciones clandestinas llevaba el significativo título de Evita Montonera—, aunque nada de ello impidió que, en 1973, sus métodos violentos fueran rotundamente descalificados por el propio Perón.

Sin embargo, paralelamente, y dentro de esa permanente contradicción y ambivalencia que parece ser el destino inevitable del peronismo, su ala más derechista y fanática constituyó otra violenta organización clandestina; la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), más conocida como Triple-A. Su cerebro fundador, financiador y organizador no fue otro que el tristemente célebre dirigente peronista José López Rega, alias el Brujo —años después encarcelado en Estados Unidos, extraditado, y finalmente fallecido en una cárcel argentina en 1989—; individuo de gran inteligencia y sin ningún tipo de escrúpulo moral, que durante largos años había sido el «brazo derecho» de Perón durante su exilio en Madrid, y que siguió siéndolo en Argentina, no sólo hasta la muerte del general a mediados de 1974, sino también después, como ministro de Bienestar Social en el gobierno de su viuda Isabel Martínez, hasta su destitución por ésta en 1975.

El segundo cerebro responsable de la Triple-A fue otro destacado peronista; el comisario general de policía Alberto Villar. Respecto a esta organización y sus vinculaciones con las Fuerzas Armadas y con la policía, precisa Eduardo Duhalde:

«Este sector lopezrreguista se fusionará con la estructura paralela de represión que desde hace tres años viene formando y acaudillando el Comisario General Alberto Villar, regresado de la Escuela de Panamá, y a quien Perón, tras su acceso al gobierno en septiembre de 1973, designará jefe de la Policía Federal».

«Nace así la Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial que tiene como jefes a los mencionados Villar y López Rega. Cuenta con los ingentes fondos que le proporciona el Ministerio de Bienestar Social y la integran oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en actividad, ex policías dados de baja por sus antecedentes delictivos, delincuentes de frondoso pasado, matones sindicales, y miembros de las J. S. P. y J. P. R. A., sectores juveniles del peronismo fascista».

(…) «Poco tiempo después aparecerá en la provincia de Córdoba el llamado “Comando Libertadores de América”, con una característica distinta a la de las “Tres A”. Mientras esta última tiene una mayor autonomía operativa en relación de coordinación con las tres armas (…), el “Comando Libertadores de América” tiene una dependencia orgánica del Tercer Cuerpo de Ejército, y a su frente está un militar (…)»[19].

En definitiva, todos estos datos proporcionados por el doctor Duhalde —junto con los aportados por González Janzen y otros autores— no hacen otra cosa que abundar en una realidad sobradamente conocida en Argentina: la naturaleza de estas organizaciones terroristas y su inequívoco carácter paramilitar y parapolicial.

1.2. Víctimas causadas por los grupos armados de ultraizquierda en Argentina durante toda la década de los setenta

Según se detalla en una publicación del Ejército Argentino, el número de víctimas mortales causados por los atentados de los Montoneros, ERP y demás grupúsculos de extrema izquierda, a lo largo de toda su existencia práctica (1970-1980), ascendió a más de 600 víctimas, distribuidas así: más de 100 civiles, más de 100 militares, y más de 400 policías, sin especificar la cifra exacta en ninguna de tales categorías[20].

Por su parte, otra publicación oficial igualmente militar, editada a finales de 1979 por el «Poder Ejecutivo Nacional» (es decir, por la propia Junta Militar) ratificaba esta misma cifra, pero precisándola en mayor grado, al pormenorizar estadísticamente por profesiones las víctimas causadas en toda la década por el terrorismo de ultraizquierda y dar su cifra total: 687 víctimas del terrorismo subversivo (Montoneros, ERP, FAL, FAR y otros grupos menores). Tal cifra viene distribuida, en dicha publicación oficial, según el siguiente cuadro[21]:

VÍCTIMAS MORTALES PRODUCIDAS POR TODAS LAS ORGANIZACIONES ARMADAS DE ULTRAIZQUIERDA DURANTE TODA LA DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA

Ejército

105

Marina

19

Fuerza Aérea

10

Gendarmería

9

Policía Federal

119

Policía de la provincia de Buenos Aires

141

Policía de la provincia de Catamarca

1

Policía de la provincia de Chaco

1

Policía de la provincia de Córdoba

48

Policía de la provincia de Corrientes

1

Policía de la provincia de Formosa

4

Policía de la provincia de Mendoza

4

Policía de la provincia de Salta

1

Policía de la provincia de Tucumán

13

Policía de la provincia de Jujuy

4

Policía de la provincia de Santa Fe

35

Servicio Penitenciario Federal

6

Políticos

5

Empresarios

54

Gremialistas

24

Periodistas

1

Funcionarios públicos

16

Sacerdotes

6

Diplomáticos

3

Abogados

2

Profesores universitarios

3

Empleados

6

Dirigentes estudiantiles

3

Víctimas de atentados públicos

24

Subversivos arrepentidos

11

Esposas de militares

3

Niños

5

Total

687

Existe otra lista de las víctimas mortales atribuidas a la subversión: la publicada pocos meses después por el diario La Nación (8-5-80), individualizada con nombres y apellidos, abarcando toda clase de atentados, incluyendo también los que no produjeron muertos. Tal lista alcanzaba la cifra de 790 muertos, como resultado de 1.025 acciones delictivas[22]. Pero tal lista se descalificaba por sí misma, pues ofrecía una curiosa particularidad: la de incluir, cada uno con su nombre y fecha, entre las víctimas supuestamente causadas por la subversión, a numerosas personas que fueron asesinadas con absoluta certeza por la ultraderechista Triple-A antes de marzo de 1976, y por las fuerzas represoras después de tal fecha, como vamos a ver.

Así, podemos encontrar con asombro en tal lista a las más caracterizadas víctimas de la Triple-A, incluidas aquéllas en las que no cabe la más mínima duda sobre la autoría del grupo terrorista que las asesinó. Personas como el diputado Rodolfo Ortega Peña, habitual defensor de presos políticos, que encabezaba la lista de los amenazados por la AAA hasta ser finalmente asesinado por ésta (31-7-74), junto a personalidades de la izquierda —peronista o no— como Alfredo Curutchet, Afilio López, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, o como el general demócrata chileno Carlos Prats, asesinados en Buenos Aires por la AAA (nombres, todos ellos, que después encontraremos en la nutrida lista de las víctimas «firmadas» por la mortífera organización de López Rega y Alberto Villar), aparecen descaradamente incluidas, con sus nombres y apellidos, como supuestas «víctimas de la subversión» en la lista publicada por el diario arriba citado.

Cosa explicable, sin embargo, habida cuenta de que tal organización —la AAA— siempre fue oficialmente ignorada, y que dicha lista publicada por La Nación lo fue como respuesta de la dictadura al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitido en septiembre de 1979; informe fruto de su amplia investigación en territorio argentino, que le permitió comprobar y describir la aplicación sistemática del terrorismo de Estado desarrollado por la primera Junta Militar. Resulta lógico, por tanto, que en su respuesta a tal Informe, la Junta hiciera dos cosas a la vez: cargar a la izquierda no pocas víctimas de la AAA, para engrosar falsamente el volumen del terrorismo subversivo —lo que contribuía a justificar la extrema dureza de su método represivo—, y, al mismo tiempo, negar la existencia de otro terrorismo de signo opuesto, contra el que no se había ejercido la más mínima represión.

Igualmente aparecen incluidos como víctimas del terrorismo subversivo, en la lista comentada, personas inequívocamente asesinadas por las fuerzas represoras a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, tales como el editor cordobés Alberto Burnichón (26-3-76); los hermanos adolescentes Jaime y Lía Scherzon (3-4-76); los políticos uruguayos Zelmar Michelini (ex senador) y Héctor Gutiérrez (ex diputado), secuestrados en Buenos Aires y vistos por última vez con vida en el centro clandestino Orletti (uno de tantos antros de tortura y muerte utilizados por la dictadura), y que finalmente aparecieron asesinados (21-5-76); los abogados defensores de presos izquierdistas Angel Pisarello y Óscar Centeno (asesinados respectivamente el 2-7-76 y 6-7-77); los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, amenazados, secuestrados y asesinados en la provincia de La Rioja por su compromiso con los más desheredados, como más adelante podremos ver (21-7-76).

Así pues, este listado, bajo el epígrafe de «Nómina de víctimas de la subversión», incluye con absoluto descaro entre sus 790 muertos a todos los recién citados, cuando a estas alturas ya nadie niega su carácter de notorias víctimas de la AAA o de las fuerzas «antisubversivas». Conocidos nombres, de filiación y militancia sobradamente sabidas, a los que habrá que añadir, sin duda, a bastantes más víctimas de la misma lista: víctimas de menor notoriedad y más difícil detección, pero de autoría igualmente falseada. Resulta evidente, por tanto, que tal lista pierde gran parte de su valor documental, por lo que, al cuantificar las víctimas de las organizaciones guerrilleras de ultraizquierda nos ceñiremos a los datos de las dos publicaciones antes citadas, pese a su origen militar. Más concretamente, asumiremos los datos de la titulada El terrorismo en Argentina, editada por el «Poder Ejecutivo Nacional», es decir, por la primera Junta Militar, lista pormenorizada por profesiones, y que, como ya hemos visto, establece la cifra de víctimas de la subversión para toda la década —con dicha subversión ya prácticamente exterminada a finales de 1979—, en 687 muertos en total.

Pasemos ahora a los delitos realmente cometidos por los grupos de ultraizquierda que nos ocupan. Entre sus víctimas cabe destacar los siguientes tipos:

—Militares, como el general retirado Pedro Aramburu, ex presidente de la República (29-5-70), el general Juan Carlos Sánchez, comandante del 2.° Cuerpo del Ejército (10-4-72), el contralmirante Hermes Quijada (abril de 1973), y el general retirado Jorge Cáceres y su esposa (3-12-75). Dentro de la serie de víctimas militares, produjeron particular impacto en la opinión pública argentina los casos del teniente coronel Jorge Ibarzábal y del mayor Julio Larrabure, muertos ambos en 1974, tras largo cautiverio en manos de los montoneros y del ERP respectivamente[*]; el del capitán Humberto Viola, asesinado junto a su hija de muy corta edad, muerta también en el mismo atentado (4-12-74), así como el caso de Paula Lambruschini (quince años), hija del almirante Armando Lambruschini, muerta junto a otras dos personas en atentado con bomba contra su domicilio familiar (1-8-78).

—Dirigentes empresariales, como el presidente de FIAT Argentina, Oberdan Salustro (21-3-72); el industrial Antonio Dos Santos Larangueira (4-12-74); el gerente de la siderúrgica ACINDAR Raúl Gameloni (4-6-75); el director de la planta FIAT Concord, Pedro Rota (4-5-76); el gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Francisco John Schwer (23-10-77), entre otros.

—Políticos y funcionarios, como el dirigente Roberto Mario Uzal (10-4-72); el ex ministro del Interior, Arturo Mor Roig (15-7-74); el cónsul de Estados Unidos en Córdoba, John Patrick Egan (28-2-75); el gerente del Banco de la Nación, Daniel Cash (7-9-76); el director de Comunicaciones de la Municipalidad de Buenos Aires, Rodolfo Matti (26-10-77), o el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Padilla (11-4-78), entre otros.

Aparte de este tipo de atentados con resultado de muerte, y de otros sin víctimas mortales, las organizaciones guerrilleras practicaron otros dos tipos de acciones:

—Secuestros extorsivos, con posterior liberación de las víctimas, previo pago de fuertes rescates. Tal fue, entre otros, el caso del secuestro de Enrique Metz, alto directivo de la empresa Mercedes Benz en Buenos Aires, liberado previo rescate de cuatro millones de dólares (tras ser secuestrado el 24-10-75). Pero, entre todos los casos de este género, el más destacado fue el de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma Bunge y Born, liberados mediante el pago de sesenta millones de dólares, tiempo después de su secuestro simultáneo (efectuado el 19-9-74).

—Los llamados copamientos, es decir, actuaciones consistentes en el ataque por sorpresa, por un fuerte grupo armado (entre 40 y más de 100 personas, incluido el apoyo logístico) a un establecimiento militar y su ocupación momentánea (generalmente por un corto espacio de horas), acompañado del robo de armamento y munición. Dentro de este tipo de acciones cabe citar los ataques siguientes: al Batallón de Comunicaciones 141, provincia de Córdoba (19-2-73); al Comando de Sanidad del Ejército de Buenos Aires (9-4-73); al Regimiento de Caballería Blindada en Azul, provincia de Buenos Aires (19-1-74); a la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba (12-8-74); al Batallón Depósito de Arsenales 121 en Rosario, provincia de Santa Fe (19-4-75). A estos casos hay que añadir, finalmente, los dos últimos intentos registrados de ocupación, ambos fracasados con graves pérdidas para los grupos atacantes; el ataque frustrado al Regimiento de Infantería de Monte número 29, provincia de Formosa, efectuado por un grupo montonero (5-10-75), y el ataque igualmente abortado al Batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingólo, provincia de Buenos Aires, desencadenado por un grupo del ERP (23-12-75).

Episodios ambos que marcaron el final de la capacidad militar de ambas organizaciones guerrilleras —siempre limitada hasta aquel momento, y prácticamente nula a partir de él—, como lo prueba el hecho de que ningún otro intento de ese tipo se volvió a producir.

1.3. Víctimas causadas por los grupos armados de ultraderecha en Argentina durante toda la década de los setenta

En cuanto a la ultraderechista Triple-A, y al grupo de igual signo denominado «Comando Libertadores de América», el conjunto de su acusación no fue menos mortífera. Pese a la actuación criminal aislada de ciertos grupos ultraderechistas ya desde el comienzo de la década, fue a raíz del regreso de Perón a Argentina a mediados de 1973 cuando la agresividad de la ultraderecha peronista se puso de manifiesto en acciones como la masacre del aeropuerto de Ezeiza, coincidente con la llegada de Perón (20-6-3).

Ya en los meses siguientes, bandas ultraderechistas ejecutaron arciones como los asesinatos de José Damiano, dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista (24-9-73); la del dirigente del Ateneo Evita, Enrique Grinberg (25-9-73), y, pocos días después, del director del diario El Norte, José Domingo Colombo. Otros dirigentes de la citada J. T. P., como Pablo Marcelo Fredes, y de la Juventud Peronista, como Isaac Mosqueda, fueron igualmente asesinados. Al matar a este último en su casa de Quilmes (Buenos Aires), asesinaron igualmente a todos los varones presentes: Francisco Arístegui (de diecisiete años), Juan Piray (de dieciocho) y Ornar Arce (de trece).

A su vez, el 27 de noviembre del mismo año 1973, fue asesinado por la AAA el jefe de Policía de Salta, Rubén Fortuny, después de haber encarcelado a conocidos torturadores de la fuerza policial. En la misma fecha, fueron igualmente asesinados el abogado de la CGT Antonio Deleroni y su esposa Nélida Arana, también muerta a tiros cuando se arrodilló junto al cuerpo recién acribillado de su marido (27-11-73).

Ya en 1974, pero todavía antes del regreso de Perón, las actuaciones de la AAA incrementaron notablemente su frecuencia e intensidad. La prensa fue atemorizada mediante acciones intimidatorias, como el asesinato del periodista Julio César Fumarola (6-2-74) y el secuestro y tortura del también periodista Roberto Reyna, del diario Córdoba, así como los ataques a los talleres de las publicaciones El Mundo y Noticias, allanados primero por la policía y atacados con explosivos después. El citado Fumarola fue una de las primeras personas a las que se aplicó un método que después se haría característico de la AAA: secuestro de la víctima por individuos no identificados y fuertemente armados, traslado en automóvil hasta los bosques de Ezeiza, acribillamiento y abandono del cadáver sobre el terreno. A veces, el cadáver aparecía con evidentes señales de haber sido brutalmente torturado con anterioridad.

El asesinato del sacerdote Carlos Múgica (11-5-74) por un pistolero de la AAA produjo especial conmoción, por ser un personaje bien conocido por su apoyo de largos años a los «villeros» (habitantes de los barrios miserables allí llamados «villas miserias»). Pero estos casos fueron sólo los más destacados de aquellos meses, pues en aquel período numerosas personas —principalmente abogados, militantes sindicales y estudiantiles— fueron igualmente asesinadas por los sicarios de López Rega y Alberto Villar.

La muerte del presidente Juan Domingo Perón (1-7-74) dio lugar a un recrudecimiento aún mayor de la actividad de la AAA, como brazo armado de una ultraderecha lanzada a la conquista de cada vez más altas cotas de poder. Propósito favorecido por la inconsistencia de la nueva presidenta Isabel Martínez de Perón, y por la fuerte —y nefasta— influencia ejercida sobre ésta por su ministro de Bienestar Social: el propio José López Rega, que seguía imponiendo sobre Isabel el mismo extraño e intenso ascendiente que ejerció sobre su marido y antecesor.

El poder prácticamente absoluto que ejerció López Rega en los primeros meses siguientes a la muerte de Perón, en su doble calidad de ministro y secretario privado de la presidenta, por una parte, y de jefe de la AAA, por otra, se materializó, entre otras cosas, en la intensa actividad desarrollada en aquel período por dicha organización clandestina. En ese sentido, precisa Ignacio González Janzen:

«Entre julio y septiembre de 1974 se produjeron 220 atentados de la Triple-A —casi tres por día—. 60 asesinatos (…), y 44 víctimas resultaron con heridas graves»[23].

Justo un mes después de la muerte de Perón, el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, historiador y periodista, fue ametrallado por un comando de la AAA en pleno centro de Buenos Aires. Dice al respecto González Janzen:

«Con la muerte de Ortega Peña, el lopezrreguismo eliminaba a uno de sus críticos más severos; a un hombre de enorme prestigio en el movimiento peronista, que dedicó toda su vida a la lucha por la causa nacional y popular. Un militante que alternó sus horas en la creación intelectual, el trabajo sindical, la prédica y la acción»[24].

Por citar sólo algunos de los más significados crímenes de la AAA en aquel período, cabe recordar los asesinatos del abogado Alfredo Curutchet, conocido defensor de presos políticos (11-9-74); del ex subsecretario de Hacienda de la provincia de Córdoba, Juan José Varas, secuestrado en el interior de un avión a punto de despegar del Aeroparque de Buenos Aires, ante el estupor de los pasajeros (16-9-74), y cuyo cadáver acribillado apareció en la afueras de la capital; del ex vicegobernador de Córdoba Atilio López, también secuestrado y acribillado en la misma fecha (16-9-74); y del que fue subjefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, Julio Troxler, veterano militante peronista, que ya muchos años antes renunció a su puesto en la Policía al ser derrocado Perón en 1955, y que también fue asesinado por la AAA, como los antes citados, en aquel trágico septiembre de 1974 (20-9-74).

Otro crimen que causó especial impacto en la opinión pública argentina fue el secuestro y asesinato del doctor Silvio Frondizi, profesor universitario, destacado intelectual de la izquierda y hermano del ex presidente Arturo Frondizi. En pleno día, y en pleno centro de Buenos Aires —apenas a diez «cuadras» de la Casa Rosada—, un numeroso comando de la Triple-A cortó el tráfico con varios coches ante el domicilio del profesor e irrumpió en su domicilio, llevándoselo secuestrado. Su yerno, el también profesor Luis Mendiburu, intentó defenderlo, por lo que fue muerto a tiros en la propia casa. En presencia de los transeúntes, paralizados por la sorpresa y el miedo, Silvio Frondizi fue arrastrado hasta los coches, que se alejaron velozmente. Su cadáver acribillado apareció en los bosques de Ezeiza poco después (26-9-74).

Por otra parte, la actuación terrorista de la AAA para mantener a la prensa atemorizada y silenciosa respecto a sus crímenes, continuó en aquel período con hechos como los siguientes: a mediados del mes de octubre de 1974, los periodistas Pedro Leopoldo Barraza y Carlos Ernesto Laham fueron igualmente asesinados por los hombres de López Rega y Villar. Poco después, el también periodista Jorge Money, que venía denunciando la infiltración ultraderechista en el peronismo y la actividad criminal de el Brujo y sus sicarios de la AAA, fue secuestrado por éstos y, como tantas otras víctimas, conducido a Ezeiza y ametrallado por sus asesinos en su lugar predilecto para estos menesteres: los bosques que rodean el aeropuerto internacional.

Otros periodistas, probablemente por ser extranjeros, tuvieron más suerte: el corresponsal brasileño Augusto Montecinos y el alemán Walter Hant fueron secuestrados por la AAA, amenazados de muerte y emplazados para abandonar la Argentina antes de veinticuatro horas, persuasiva sugerencia que se apresuraron a cumplir.

Organizaciones legales en aquellas fechas, tales como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Comunista (PC), sufrieron en alguna ocasión el asalto de sus locales por grupos de la Triple-A, y no pocos de sus militantes fueron asesinados. Entre tales casos destacó por su crueldad el de la militante Tita Hidalgo. La policía de Córdoba, cuyo jefe era el comisario Héctor García Rey —notorio amigo personal de Alberto Villar, máximo dirigente con López Rega de la AAA— asaltó en dicha ciudad el local del PC, y todos los allí presentes fueron detenidos y torturados. A la citada Tita Hidalgo le hicieron algo más: le introdujeron el cañón de una pistola en la vagina y dispararon, a consecuencia de lo cual falleció. Antes de retirarse, los asaltantes pintaron en las paredes consignas anticomunistas, con una firma inequívoca: «AAA».

En cuanto a las conexiones con las dictaduras militares de otros países, la AAA les prestó servicios tales como la eliminación en territorio argentino de hombres como el general chileno Carlos Prats, ex jefe del Ejército Chileno con el gobierno de Salvador Allende. Este militar, así como su esposa, exiliados en Argentina tras el golpe pinochetista, fueron asesinados en Buenos Aires por un comando de la Triple-A el 30 de septiembre de 1974. Igualmente, no pocos exiliados huidos de la otra dictadura —la uruguaya— iniciada, como la chilena, también en 1973, fueron secuestrados y muertos por la AAA en territorio argentino entre 1973 y 1976, al igual que sucedería —ya después del golpe militar— con personalidades uruguayas tan destacadas como los ex parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, también secuestrados y asesinados en la Argentina por las fuerzas represoras de la primera Junta Militar.

En los círculos universitarios, la actuación de la Triple-A produjo también numerosas víctimas —tanto profesores como alumnos—, particularmente en las Universidades de Buenos Aires y La Plata. Limitándonos sólo al profesorado, cabe citar, aparte de otros ya antes citados, los asesinatos de los profesores Rodolfo Achen y Carlos Alberto Miguel, abatidos ambos en la misma fecha (8-10-74); de Carlos de la Riva (4-12-74) y Rodolfo Celso Gini (5-12-74). Igualmente la AAA atentó contra el ex rector Raúl Laguzzi, mediante una bomba que hicieron estallar en su domicilio, y que produjo la muerte de su pequeño hijo (7-9-74).

No pocos funcionarios y profesionales fueron también víctimas de la Triple-A. Aparte de los abogados y profesores ya citados anteriormente, cabe recordar el asesinato del ingeniero Carlos Llerena Rosas, funcionario del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y miembro del Frente de Izquierda Popular (FIP), así como el asesinato de las abogadas Nilsa Urquía y Marta Zamaro, víctimas del mismo terrorismo ultraderechista. Ambas abogadas, miembros de la Asociación Gremial de Abogados de Santa Fe, fueron detenidas por la policía y puestas en libertad poco después. Dos días más tarde, fueron secuestradas por la Triple-A, muy posiblemente con intervención de algunos de los agentes que las detuvieron con anterioridad. Sus cadáveres, atados y amordazados, fueron arrojados a un río de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a la forma de actuación de la AAA, el mismo González Janzen escribe en su libro La Triple-A:

«El método de la Triple-A no tardó en volver rutinaria la terrible historia del militante popular “arrestado” en su casa o por la calle por un grupo de hombres con credenciales policiales, para luego aparecer acribillado en los baldíos de Lugano o cerca de las piletas de Ezeiza. Los atentados con bombas y los ataques con ráfagas de ametralladora estremecieron las noches de Buenos Aires y algunas capitales de provincia. Los secuestros, violaciones y ejecuciones de mujeres se incorporaron al ritual del terror. La eliminación de familias enteras se practicó como forma brutal de “escarmiento”. La Triple-A recurrió a la voladura con explosivos de sus víctimas, adoptando procedimientos cada vez más despiadados».

«Las Fuerzas Armadas, cuyos organismos de inteligencia conocían en detalle las estructuras de la Triple-A, permitieron la matanza porque coincidía con sus previsiones en materia de contrainsurgencia. (…) La “guerra sucia” de López Rega era un anticipo de la que preparaban los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas»[25].

Respecto a la implicación de las Fuerzas Armadas Argentinas en la actuación de la Triple-A en aquellos años 1973-76 (hasta el golpe del 24 de marzo), añade el mismo autor:

«Las Fuerzas Armadas estaban empeñadas en la represión y sus objetivos coincidían con los de la derecha peronista. Los servicios de inteligencia de las tres armas conocían en detalle la composición de la Triple-A, pero nunca respondieron a las consultas de varios legisladores y dirigentes políticos de la oposición. Algunos oficiales del Ejército —e incluso de la Policía Federal— consideraban que López Rega era un “grotesco personaje” que desprestigiaba al país, pero su Triple-A apuntaba al “enemigo común” y eso “era positivo”».

«La silenciosa complicidad de las Fuerzas Armadas con la Triple-A fue el prólogo de la “guerra sucia”. Muchos de los miembros de la federación de grupos terroristas organizada por López Rega colaborarían más tarde con la dictadura militaren tareas similares»[26].

¿Qué cifra alcanzaron las víctimas de la Triple-A y demás grupos menores de la derecha radical? Previsiblemente, no se sabrá jamás. Las publicaciones militares antes citadas —véanse notas 20 y 21—, que proporcionaron las cifras de víctimas de la guerrilla subversiva, no difundieron nunca una lista similar incluyendo a las víctimas de la Triple-A, ni ninguna autoridad ordenó investigación ni castigo alguno relacionado con tal organización. Ello demuestra que tal terrorismo, pese a lo muy mortífero de su acción, no era considerado en absoluto como «subversivo» para los autores de dichas publicaciones, ni para los militares dedicados de lleno por aquellas fechas a la represión del otro terrorismo: el único que, a su juicio, resultaba necesario combatir.

En este sentido, hay que recordar las manifestaciones del entonces ministro argentino de Asuntos Exteriores, almirante César Augusto Guzzetti, quien, en agosto de 1976, manifestaba en las Naciones Unidas lo siguiente:

«Mi concepto de la subversión se refiere a las organizaciones terroristas de izquierda. La subversión y el terrorismo de derecha no son lo mismo. Cuando el cuerpo social del país ha sido contaminado por una enfermedad que le devora las entrañas, forma anticuerpos. Esos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que los microbios»[27].

Esta actitud gubernamental, tolerante e inhibitoria, al permitir que las acciones del terrorismo de ultraderecha fueran sistemáticamente ignoradas a nivel oficial —no en vano sus jefes eran un ministro del gobierno peronista y el jefe de la Policía Federal—, ocasionó una total carencia de estadísticas fehacientes, lo que hace que las cifras manejadas sobre su número de víctimas resulten siempre de escasa fiabilidad. Por ejemplo, el antes citado González Janzen, en su estudio sobre las raíces, orígenes, desarrollo y actuación de la AAA, proporciona una cifra superior a 2.000 víctimas de dicha organización, entre su primera actuación explícita en octubre de 1973 hasta el golpe militar de marzo de 1976.

«La Triple-A recreó, con una violencia de magnitud inédita, la represión que el pueblo argentino conoció en las horas más dolorosas de su historia. Más de 2.000 muertos en treinta meses,»[28].

Curiosamente, esta cifra de 2.000 víctimas mortales de la Triple-A es también la estimada por el ultraderechista francés Pierre F. de Villemarest, el cual, considerando que la actuación de la AAA se prolongó no sólo hasta 1976 sino hasta 1977, la explica en estos términos:

«Así, numerosos grupos de acción de la antigua AAA, desde 1974 a final del año 1977, han copiado de los izquierdistas y contra los izquierdistas sus propios métodos. Parece que de este modo, en tres años, estos grupos hayan asesinado alrededor de 2.000 personas, ya que estimaban que el gobierno ni actuaba demasiado fuerte ni iba demasiado lejos (…)»[29].

Sin embargo, pese a la reconocida brutalidad de la AAA, nos resulta evidente que las 2.000 víctimas mortales que le atribuyen estos autores suponen una cifra excesiva, alejada de la realidad. Sin pretender, por imposible, un cálculo exacto de la cifra real —que nadie ha ni siquiera intentado—, sí nos resulta posible, en cambio, efectuar una razonable estimación a partir de los datos estadísticos disponibles de distintas fuentes serias, y referentes a distintos períodos parciales. Estimación suficientemente aproximada y, en todo caso, demostrativa de la notable exageración de esa cifra —2.000 muertos— propuesta por autores tan radicalmente distintos como Janzen y Villemarest.

Para empezar, el segundo de estos autores considera —contra la certeza general— que la AAA, o grupos residuales de ella, siguieron actuando hasta finales de 1977. En vez de admitir un hecho tan rotundo e incontestable como la mortífera represión militar de los años 1976 y 1977 —que absolutamente nadie niega a estas alturas—, lo que hace Villemarest es, incomprensiblemente, afirmar que fueron esos «grupos de acción de la antigua Triple-A» los causantes de tantas víctimas producidas en tal período. Víctimas que, en realidad, ya no fueron causadas por tal organización, sino, como veremos, por los llamados «Grupos de Tareas» de las Fuerzas Armadas y de la Policía, siempre bajo autoridad castrense, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que algunas operaciones planeadas por la AAA pocos días antes de dicho golpe militar pudieran tal vez ejecutarse poco después de él, y sin perjuicio también de que no pocos matones ultraderechistas civiles, así como ciertos miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas que ya habían actuado en la Triple-A o en el llamado «Comando Libertadores de América», pudieran seguir haciéndolo largo tiempo después, pero integrados ya en dichos Grupos de Tareas bajo autoridad militar. En cualquier caso, y de forma general, a partir del golpe ya no cabe hablar —salvo excepcionalmente— de crímenes de la AAA, sino de represión militar propiamente dicha, como más adelante podremos ver.

PASO RECOMENDADO AL APÉNDICE I

El estudio estimativo del número de víctimas realmente causadas por la AAA, por su carácter más bien estadístico y pormenorizado, ha sido separado del texto y situado al principio de los Apéndices finales (Apéndice I, pp. 437 a 442).

El lector interesado podrá encontrar en dicho Apéndice los datos aportados y sus fuentes, los breves periodos sobre los que se carece de datos fehacientes, las hipótesis estimativas para cubrir tales lagunas, y en definitiva, la estimación detallada y razonada que, a falta de otra más completa y rigurosa (al parecer inexistente hasta hoy), nos permite llegara una válida conclusión cuantitativa, mientras no se nos proporcione otra mejor. Conclusión según la cual el número total de muertos causados por la AAA, lejos de los 2.000 que le son atribuidos por los autores antes citados, no alcanzó en realidad el millar; pudiendo situarse en tomo a las 900 víctimas mortales para todo el periodo (1973-76) en que dicha organización actuó como tal.

Evidentemente, a partir del 24 de marzo de 1976, la Triple-A desapareció como tal organización: su actuación resultaba ya absolutamente innecesaria, pues las Fuerzas Armadas asumieron desde aquella fecha —y con medios incomparablemente superiores— la misma tarea clandestina de represión que las huestes de López Rega y Villar venían ejerciendo desde 1973. Pronto se extendió este dicho a nivel popular. «Las Tres A son ahora las tres Armas: Ejército, Marina y Aviación». Pero con una diferencia: la magnitud de la cifra de víctimas, como más adelante veremos, iba a crecer trágicamente, hasta alcanzar niveles jamás conocidos en la historia argentina con anterioridad.

2. PROFUNDA Y PERSISTENTE INFLUENCIA, SOBRE LA MENTALIDAD MILITAR ARGENTINA, DEL INTEGRÍSIMO CATÓLICO FRANCÉS

En 1959 un nutrido grupo católico argentino, de fuerte tendencia conservadora, constituyó en Buenos Aires las organizaciones Verbo y Ciudad Católica, según el modelo de sus homologas Verbe y Cité Catholique fundadas en Francia en 1946, e inspiradas doctrinalmente por caracterizados teólogos integristas tales como Jean Ousset, Jean Madiran y, más tarde, Michel Crouzet y Georges Grasset.

La influencia que este grupo de teólogos franceses —firmes puntales de lo que hoy podríamos llamar «Teología de la Reacción»— iban a ejercer durante décadas enteras sobre ciertos estamentos de la sociedad argentina, entre ellas sus Fuerzas Armadas, iba a revelarse como uno de los factores determinantes de los comportamientos militares que en esta obra pretendemos analizar.

Empezando por Jean Ousset, su obra fundamental, El marxismo-leninismo[*] —texto cuyo contenido no sólo constata el carácter diabólico de Marx y de Lenin, sino también de cualquier planteamiento mínimamente socialdemócrata, o incluso simplemente demócrata—, vino a convertirse en el soporte doctrinal básico de este sector católico al que nos referimos, que como tal lo asumió durante largas décadas de inmovilismo total.

Por su parte, las obras de Michel Crouzet aportaron a este movimiento sus conceptos sobre «corporaciones», «sistema corporativo», «cuerpos sociales» y demás instituciones básicas de aquellas fórmulas corporativas que, bajo la denominación de «cuerpos intermedios», cobraron notable vigencia en el discurso político argentino durante la dictadura del general Onganía, tras el golpe de 1966.

Pero el más activo de los teólogos franceses a que nos referimos, y el que mayor influencia ejerció en el sentido que señalamos, fue sin duda Georges Grasset. Este, capellán en su día de las tropas francesas en Argelia, y «guía espiritual» de la OAS (Organización del Ejército Secreto, constituida fundamentalmente por colonos y militares franceses que llevaron el peso de la entonces llamada «guerra sucia» contra los independentistas argelinos), a raíz de la pérdida definitiva de aquel territorio se desplazó a España, al igual que tantos pieds noirs y miembros de la OAS que se refugiaron entonces en nuestro país. Una vez en Madrid, Grasset estableció contacto con el príncipe Sixto de Borbón, cabeza visible del sector más reaccionario del antiguo carlismo español. Pero pronto viajó a Argentina, dispuesto a asumir la dirección de la revista Verbo y su grupo editor.

Ya en Buenos Aires (1962) se rodeó de eficaces colaboradores, eclesiásticos, civiles y militares, incluido entre estos últimos un significativo grupo castrense, cuya cabeza intelectual era el coronel Juan Francisco Guevara. Este destacado militar (autor del prólogo a la edición argentina del libro antes citado de Ousset, y caracterizado por su pensamiento integrista), tendría pocos años después un considerable peso en la gestación del golpe de Estado que derribó al presidente Illia y llevó al poder al general Onganía en 1966[30].

Pero la influencia sobre el estamento militar argentino de este grupo de teólogos franceses llegó, como vamos a ver, mucho más lejos, a través de otros significativos miembros argentinos de Verbo y La Ciudad Católica, y seguidores, por tanto, de aquella línea de pensamiento integrista, no ya anticomunista sino beligerantemente antidemocrática.

Dentro de esta línea de pensamiento y actuación —de enorme influencia en las Fuerzas Armadas, como vamos a ver— cabe destacar a hombres como el profesor Jordán Bruno Genta, el doctor Carlos A. Disandro y el jesuita Julio Meinvielle. Respecto al primero de ellos, escribe González Janzen:

«Una mención especial requiere la prédica ultramontana del profesor Jordán Bruno Genta, que durante un largo cuarto de siglo se dedicó a denunciar los “peligros” que “amenazan” al país: el comunismo, la masonería, los judíos y el peronismo. Nacionalista de extrema derecha, Genta aparece vinculado a los sectores más reaccionarios del integrismo militante, así como a los golpistas católicos, uniformados o de traje y corbata. Su teoría de la Contrarrevolución alimentó especialmente a los conspiradores de la Fuerza Aérea, con quienes desarrolló estrechas relaciones».

(…) «Ferviente antiperonista, Genta hace responsable a Perón de la “revolución anticristiana” y define al peronismo como “vehículo” de la masonería y el comunismo. Sus afirmaciones son categóricas, y sus discípulos lo suficientemente acríticos como para comulgar con ruedas de carreta. Algunos oficiales superiores de la Fuerza Aérea, como el brigadier Cayo Antonio Alsina, lo adoptan como guía espiritual»[31].

Pero conozcamos las palabras del propio Genta, para poder valorar la naturaleza de su enfoque doctrinal. En una conferencia pronunciada un mes después del golpe militar que derrocó a Perón —y publicada en su día en forma de folleto—, decía nada menos lo siguiente:

«Es nuestra convicción personal, antigua por lo demás, que tan sólo una política católica y militar puede contener la descomposición masónica y comunista de la Patria. Tan sólo una política fundada en las dos instituciones fijas e inmutables que permanecen en medio de la movilidad de todas las otras, la Iglesia de Cristo, de orden sobrenatural, y las Fuerzas Armadas de la Nación, de orden natural, puede superar la subversión bolchevique de todas las jerarquías sociales y la anarquía hecha costumbre en la vida de la República»[32].

Como vemos, la propuesta de un sistema de gobierno eclesiástico-militar impuesto por la fuerza no podía ser formulada con mayor contundencia y claridad. Pocos años después, el ya citado brigadier de Aviación Cayo Antonio Alsina, inspirado por el beligerante adoctrinamiento del profesor Genta, intentaba un golpe militar contra el «gobierno judeo-comunista» de Arturo Frondizi. Fracasada la intentona, el más caracterizado núcleo conspirador de la Fuerza Aérea se concentró en la Escuela de Aviación de Córdoba, dispuesto a continuar, por vía formativo-doctrinal, la tarea que no lograron consumar a través de la insurrección militar. A tal efecto, consiguieron incorporar al profesor Genta —con plena dedicación— al cuadro docente de dicho centro de enseñanza militar, lo que le brindó una excepcional oportunidad: la de adoctrinar a fondo a una serie de promociones de la Aviación argentina —con sus ensayos como libros de texto—, bajo los auspicios de altos jefes como el comodoro De la Vega y el brigadier Gilberto Oliva[33].

En cuanto al doctor Disandro, su obsesión se centró durante gran parte de su vida en un tema absolutamente monográfico: la lucha contra la que él llamaba «la Herejía Judeo-Cristiana». Tal lucha debía dirigirse —según sus numerosos escritos— contra los «enemigos de la Iglesia y de la Patria», que no eran precisamente pocos: los revolucionarios, los comunistas, los masones, los judíos, los liberales, y «esa perversión llamada democracia»[34].

Respecto a la conducta a seguir para con esos «enemigos», incursos en esa «herejía» —a los que, recogiendo la antigua denominación, llamaba «heresiarcas»—, Disandro no se andaba por las ramas:

«Entretanto, tal como enseña San Juan Crisóstomo, debemos enfrentar sin ambages y con dureza la persona de los heresiarcas, clamar en la Iglesia para que el espíritu cure esas llagas, y transitar con corazón apaciguado en el silencio sobrecogedor de las águilas, que vuelan en torno a la llama inextinguible. Esta llama purifica cuando funde»[35].

No hacían falta grandes dotes de exégesis patrística —y menos para la audiencia ultraderechista a la que Disandro se dirigía— para captar que ese «enfrentamiento sin ambages» y esa «dureza con la persona» no significaban otra cosa que proceder en nombre de Dios a la directa eliminación de los modernos «heresiarcas», «fundiéndolos» en esa «llama purificadora», que ya en el siglo XX no podía radicar en las hogueras de la Inquisición. Pero sí, por ejemplo, en las metralletas de la Triple-A, o en la picana de los «Grupos de Tareas» organizados por las Juntas Militares defensoras de una supuesta «civilización cristiana y occidental».

Respecto a la obra escrita de Disandro, señala González Janzen:

«Tampoco es casual que la obra pertenezca al fondo editorial de la Editorial Struhart & Cía., que se ha dedicado durante los últimos quince años a tres tipos de publicaciones: libros y manuales anticomunistas, en particular los especializados en contrainsurgencia; bibliografía católica de extrema derecha, y coediciones con el Círculo Militar que enriquecen las bibliotecas castrenses»[36].

Nuevamente surge, pues, la permanente vinculación entre el extremismo ultraderechista —civil y religioso— y el pensamiento militar predominante en Argentina desde largas décadas atrás.

Pero, como figura más destacada de este integrismo religioso y su decisiva influencia en el ámbito militar, hay que citar al jesuita Julio Meinvielle, prolífico autor de gran capacidad, cuya amplia obra a lo largo de cuarenta años de producción escrita fue consagrada íntegramente a librar una mesiánica cruzada contra el comunismo mundial.

Desde su primer trabajo (Concepción católica de la política, 1932) hasta su última conferencia en México («Civilización cristiana versus comunismo», 1972), pronunciada, poco antes de su fallecimiento, ante el VI Congreso de la WACL (Liga Anticomunista Mundial), este intelectual ultracatólico aportó al pensamiento integrista civil y militar argentino un potente bagaje ideológico, no sólo como autor de más de veinte libros sino también de innumerables conferencias y, muy principalmente, a través de su papel de «asesor espiritual» de importantes círculos civiles y militares, sobre los que ejerció una influencia capital.

A través de numerosas publicaciones católicas —desde simplemente conservadoras hasta radicalmente reaccionarias—, tales como Presencia, Gladium, Ediciones Theoria, Biblioteca del Pensamiento Nacionalista Argentino, Cruz y Fierro, Nuevo Tiempo, Cruzada, amén de la consabida revista Verbo, órgano de La Ciudad Católica, Meinvielle influyó larga y profundamente sobre todos los sectores de la derecha y la ultraderecha nacionalista argentina, con especial incidencia en el ámbito militar. Tal como señala el repetidamente citado González Janzen:

«Meinvielle fue el nexo entre muchos generales, coroneles y brigadieres nacionalistas, golpistas, y las organizaciones juveniles de derecha. Los militantes de Tacuara primero, y de la GRN después[*], se vincularon por su intermedio a la mayor parte de conatos y alzamientos, planes conspirativos y “revolucionarios” que se produjeron desde 1955 a 1972»[37].

Como somera muestra del pensamiento de Meinvielle, tomemos un par de párrafos de su obra, reeditada en 1982, El Comunismo en su revolución Anticristiana:

«Las universidades oficiales argentinas, que, por naturaleza, constituyen la matriz donde se generan nuestras clases dirigentes, están entregadas lisa y llanamente al comunismo soviético. La sociedad argentina dedica sumas fabulosas del erario público a la perversión sistemática de las inteligencias de lo que debe ser su mejor juventud y las clases dirigentes del mañana»[38].

Respecto a la identidad del enemigo, Meinvielle la conoce muy bien y la señala sin vacilar:

«¿Quiénes son los agentes que el diablo utiliza para la realización de sus maquinaciones? En la providencia actual, el cristianismo tiene un enemigo primero y natural que es el judío. No en vano el Señor los acusa de “hijos del diablo” (Juan, 8, 44). En segundo lugar, los paganos. En la crucifixión, los judíos actúan como los verdaderos instigadores y responsables, mientras los gentiles se desempeñan como ejecutores. De aquí que los enemigos del cristianismo sean los judíos, masones y comunistas»[39].

En cuanto a la democracia en su versión europea occidental, Meinvielle tiene las ideas igualmente claras:

«Nada más tiránico que el gobierno del Estado democrático liberal, que, al ser sirviente de la plutocracia internacional, corrompe toda la vida nacional»[40]. (Todas las cursivas son nuestras).

Es de notar que esta línea de pensamiento integrista, cerradamente preconciliar, no experimentó modificación alguna con la celebración del Concilio Vaticano II, cuyo contenido pasó a través de la conciencia social de estos pensadores sin romperla ni mancharla. Ignorando por completo la importante aportación de documentos conciliares tales como la constitución pastoral Gadium et Spes sobre «la Iglesia en el mundo actual», y de encíclicas papales como la Pacem in Terris y la Populorum progressio —documentos todos ellos que marcaron un notable giro de la Iglesia frente a la problemática social—, este cuerpo de doctrina ultrarreacionario, tan sólidamente implantado en ciertos estamentos argentinos, mantuvo su dureza berroqueña rechazando cualquier modificación. Evidentemente, ni la autoridad del propio Papa, ni la de la Iglesia entera reunida en Concilio Ecuménico, tenían nada que decir frente a la posición inamovible de este mesiánico grupo, acaparador de la Verdad Universal. Así, años después del Concilio, todavía Meinvielle publicaba su ensayo Ubicación exacta de la década de los setenta en la revolución anticristiana, en la que seguía señalando a masones, judíos, comunistas, liberales, y a la propia democracia, como perversos causantes de todo Mal.

La influencia de esta pléyade de pensadores en los comportamientos del colectivo militar argentino fue considerable a lo largo del último medio siglo, y, en no poca medida, sigue siéndolo en la actualidad. Y los resultados históricos a la vista están.

Nutridos, los militares argentinos, por las enseñanza de los Ousset, Crouzet, Grasset, Genta, Disandro y Meinvielle, por citar sólo a los más destacados portavoces de esta línea doctrinal; reacios a aceptar la notable flexibilización oficial de la Iglesia de Roma en los sesenta y setenta en materia de pluralismo democrático; imbuidos hasta el tuétano de este delirante cóctel ideológico antijudío, antimasónico, anticomunista, antiliberal y antidemocrático, no resulta extraño que la CADHU (Comisión Argentina pro Derechos Humanos) tuviera que incluir en su informe de 1977 la siguiente constatación:

«En la Argentina, la ultraderecha, especialmente ligada a las Fuerzas Armadas por medio de su presencia ideológica en las escuelas militares y policiales, ha desarrollado verdaderas teorías mezclando a los judíos con cosas tan dispares como la masonería, la Iglesia y el Vaticano, los protestantes, la gran banca internacional y el comunismo. Así, hombres de gran influencia en los centros de altos estudios militares, como Jordán Bruno Genta o Julio Meinvielle, ambos ya fallecidos, hablaban de una “sinarquía internacional”, especie de diabólica cofradía en la que se confunden para dirigir los destinos del mundo el Papa, Wall Street, el Kremlim, Pekín y la masonería, con el Gran Rabino como anfitrión. Aunque parezca increíble, esta concepción paranoica de la realidad está presente, de una manera u otra, en la mayoría de los integrantes de los grupos represivos y las Fuerzas Armadas Argentinas. Sale a relucir, explícita o implícitamente, en la mayoría de las declaraciones de sus jefes y oficiales»[41]. (La cursiva es nuestra).

Finalmente, y cerrando ya este capítulo, resumiremos la influencia que este arsenal ideológico-religioso ha mantenido en la actuación de las Fuerzas Armadas Argentinas de las últimas décadas, reproduciendo al efecto este párrafo del tan citado —ahora por última vez— Ignacio González Janzen, referido concretamente al papel ejercido por Meinvielle dentro del ámbito ultraderechista civil y militar:

«Meinvielle fue el ideólogo de tres generaciones distintas de católicos derechistas. La mayor acompañó el golpe militar de Uriburu en 1930 y conoció sus primeros ensayos. La intermedia perteneció al clan del general Lonardi y los nacionalistas católicos que auspiciaron la “Revolución Libertadora”. La más joven, que ahora es generación intermedia, se formó en los grupos fascistas y nutrió las organizaciones paramilitares en las décadas del sesenta y setenta. Sus seguidores pasaron de la “Guerra Santa” a la “Guerra Sucia”, y el país conoció los estragos de la Alianza Anticomunista Argentina, del Comando Libertadores de América, y de la “batalla contra la Subversión”»[42].

Es decir: los estragos de los miles de secuestros, de las masivas torturas, de las innumerables confesiones falsas arrancadas bajo suplicios infernales a simples sospechosos; de los miles de asesinatos de personas en su mayoría inocentes, de las fosas comunes, del lanzamiento masivo de cadáveres al mar, de las diversas técnicas para consumar la desaparición clandestina de tan ingente números de cadáveres; de la angustia interminable de miles de familias cuyos padres, hermanos, hijos o hijas —muchas veces adolescentes— les fueron arrancados brutalmente a punta de metralleta y jamás volvieron a aparecer.

El drama era inevitable. Con estos conceptos básicos sobre la democracia, el liberalismo, la universidad, la identidad del enemigo, etc., y teniendo tan claro cómo deben ser combatidos los modernos «heresiarcas», ¿cómo asombrarse de los trágicos acontecimientos producidos en aquella República del Plata a partir de 1973, y tan mortíferamente agravados a partir de 1976?

3. EL INTERVENCIONISMO MILITAR EN ARGENTINA ANTES DE 1976. LA GRAVE INFLEXIÓN DE 1930

La historia de la Argentina en sus últimas décadas no puede ni debe hacernos olvidar al gran país que fue entre 1880 y 1930, y muy particularmente en los primeros decenios del presente siglo, período en que se hizo evidente su privilegiada capacidad potencial:

«(La Argentina) aparecía con razón a principios de siglo entre los países más ricos del mundo. País templado, poblado por inmigrantes europeos —y sin problemas de integración nacional—, con extensas llanuras de suelos ricos, profundos y equilibrados, aptos, por lo menos en la inmensa pampa húmeda, lo mismo para la agricultura que para la ganadería, y presentando una disponibilidad de tierras fértiles poco frecuentes en América del Sur, la Argentina, país nuevo, parecía destinado a rivalizar nada menos que con la gran nación norteña y a construirse en el verdadero polo latino del Nuevo Mundo».

«(…) la amplitud de su clase media, su impresionante nivel cultural, tanto por la alfabetización masiva cuanto por la calidad de sus élites intelectuales, le da un lugar aparte en el continente. La que para algunos sigue siendo “un anexo de Europa en el hemisferio sur” superaba (…) bajo varios aspectos a los mismos países europeos e industrializados: Argentina tenía en 1929 más coches por 10.000 habitantes que Francia, y en 1950, todavía en cifras relativas, más teléfonos y más médicos que este país. En 1930 su producto per cápita superaba los de Japón e Italia. Sus índices de mortalidad y su nivel sanitario excepcional dejaban atrás a la mayoría de las sociedades de la Europa mediterránea (…)»[43].

Creemos que esta esquemática descripción del sociólogo francés Alain Rouquié resume suficientemente la realidad de lo que fue, hasta 1930, aquella República Argentina dentro del conjunto de las naciones americanas, e incluso —en aquel tiempo— dentro de las más selectas y avanzadas naciones de la tierra.

Por añadidura, en cuanto a su elemento humano, la Argentina presentaba características de neta ventaja comparativa sobre otros países del área: su población, de predominante ascendencia europea (sobre todo española e italiana) resultaba notablemente homogénea en el aspecto étnico: a diferencia de tantos otros países latinoamericanos, no tenía que hacer frente a la difícil pero obligada tarea de integrar social y económicamente a una considerable población india, de ínfimo nivel económico y cultural. Incluso en el aspecto social, gozaba de una apreciable homogeneidad; en comparación con otras Repúblicas del mismo continente, caracterizadas por sus abismales diferencias sociales y sus enormes masas miserables, la Argentina contaba con una sólida y extensa clase media, la más amplia porcentualmente de toda América Latina, alcanzando aproximadamente el 50 por 100 de la población, mientras su tasa de analfabetismo permanecía bastante por debajo del 10 por 100. Demográficamente, su situación no era menos privilegiada: con una extensión casi igual a la de la India (más de cinco veces y media España), sólo albergaba una población ligeramente superior a la del Benelux, y con un moderado nivel de crecimiento anual.

Por otra parte —y éste es el dato que más nos interesa destacar aquí—, Argentina había ya adquirido una consistente tradición democrática, con un notable predominio de Gobiernos civiles de base constitucional, y un bajo nivel de intervención militar.

Nada tiene, pues, de extraño que el caracterizado analista y experto en Latinoamérica Cecil Jane proclamase, en 1929, nada menos que lo siguiente:

«La Argentina es hoy uno de los Estados más estables y organizados, no sólo de América sino del mundo. Una revolución allí resulta tan inconcebible como en Inglaterra»[44].

3.1. El «funesto golpe» de 1930. Comienzo de la gran crisis institucional

Sin embargo, sólo un año después llegaría «el funesto golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930», en palabras del director del ILCTRI, profesor Norberto Ceresole[45]; golpe mediante el cual el general José Uriburu, al frente del sector más conservador del Ejército, derrocó al presidente constitucional Hipólito Irigoyen, del Partido Radical. Acción anticonstitucional que supondría, también en expresión literal del mismo autor, «el primer gran error político del ejército y uno de los momentos claves del inicio de la crisis institucional argentina». (Los subrayados son nuestros)[46].

En efecto, el golpe de septiembre de 1930 iba a alterar la situación hasta aquí descrita, introduciendo en la vida pública argentina un permanente intervencionismo militar en sus diversas formas, cuyas más recientes manifestaciones han sido los cuatro episodios insurreccionales protagonizados por los «carapintadas» entre 1987 y 1990. Intervencionismo castrense que ha constituido una constante histórica durante esos seis decenios (1930-1990) y un factor gravemente perturbador del funcionamiento institucional de la sociedad.

Es así como, en 1930, se produce el fatal punto de inflexión que, tras el «medio siglo de euforia», daría paso a los «cincuenta años de decadencia», según palabras de Alain Rouquié[47], quien precisa al respecto:

«Cabe notar, para valorar mejor la mudanza política y económica que se verifica en 1930, que esta inestabilidad crónica que se destaca hoy día era anteriormente desconocida. De 1880 hasta 1930, mientras varios países vecinos padecen una vida pública convulsiva y a veces sangrienta, la Argentina de “los ganados y las mieses” ofrece la imagen segura de instituciones sólidas de funcionamiento regular. Si bien entre 1862 y 1930 el país conoció diversas vicisitudes políticas e intentos de putsch, ningún presidente fue llevado al poder por una sublevación armada, y la sucesión presidencial se efectuó conforme lo dictaba la Constitución de 1853»[48].

Subrayando el agudo contraste entre ambos períodos históricos —anterior y posterior a 1930—, Rouquié —atento estudioso de la problemática argentina militar y civil— resume, refiriéndose al segundo período citado:

«De 1930 hasta 1980 ningún presidente fue libremente elegido sin condicionamiento o veto militar dentro de un proceso normal de sucesión. Si bien el mandato constitucional es de seis años, el promedio de las presidencias entre 1930 y 1971 fue de dos años y diez meses. La afición de los militares —y de los generales en particular— por el sillón de Rivadavia merece señalarse: de dieciséis presidentes que tuvo el país entre 1930 y 1973, once eran militares»[49].

A ello habría que añadir que, durante ese período, ningún presidente civil pudo llegar al final de su mandato[*], y que posteriormente, tras las breves presidencias peronistas de 1973 a 1976 —Cámpora, el propio Perón y, fallecido éste, su esposa Isabel Martínez—, llegaron otros siete largos años de presidencias militares: las de los generales Videla, Viola, Galtieri y Bignone, correspondientes al período dictatorial 1976-1983. Período en que el poder militar argentino alcanzó su máxima expresión, y en cuyo análisis este estudio pretende centrar su eje principal.

Los efectos de este último período citado —la dictadura de las Juntas Militares— resultaron, como veremos, desoladores para la sociedad argentina en su conjunto, aunque ahora recordaremos un único dato al respecto: los 7.875 millones de dólares de deuda externa que la primera Junta Militar heredó[*] se habían convertido en 45.087 millones cuando la cuarta Junta hubo de entregar el poder en 1983[50]. Abrumadora hipoteca —con su implacable acumulación de intereses—, que pesa sobre la castigada economía argentina como una losa asfixiante, y que el poder civil reinstaurado en 1983 no ha logrado todavía levantar.

En definitiva, ese medio siglo largo de intervencionismo militar iniciado en 1930 arrojó unos resultados globalmente tan negativos que hicieron escribir a Rouquié, todavía en 1982:

«Todo se ha dicho ya sobre el “caso” argentino. Se ha hablado de enigma, de paradoja. Uno de los países mejor dotados del continente sólo evoca hoy día inestabilidad, violencia, dictadura por un lado, y por el otro una persistente crisis económica».

«(…) la Argentina, después de medio siglo de euforia ha experimentado, según algunos observadores, cincuenta años de decadencia, o, cuando menos, cincuenta años de vida difícil y de incierto futuro»[51].

Esta misma realidad es igualmente subrayada por el antes citado profesor Marvin Goldwert en los términos siguientes:

«Hasta 1930, Argentina era una de las grandes esperanzas para una democracia estable en Latinoamérica. Los propios argentinos creían en el gran destino de su nación: en su misión de convertirse en el país líder de América Latina en riqueza, poder y cultura. Pero la “revolución” de 1930 desencadenó el flagelo del moderno militarismo y de la crónica inestabilidad del país»[52].

Curioso nombre, el de «revolución», aplicado por sus protagonistas a un golpe militar de inspiración netamente oligárquica, explicando así por el ya citado profesor Ceresole:

«… al intentar Yrigoyen, en su última presidencia, nacionalizar las fuentes energéticas, es inmediatamente desalojado del poder por el sector militar que responde a los dictados de los monopolios petroleros americanos»[53].

En cualquier caso, y cualquiera que sea la denominación que se aplique al período iniciado en Argentina en septiembre de 1930, lo cierto es que, a partir de aquella infausta inflexión histórica, se han sucedido en aquella República los siguientes golpes de Estado y derrocamientos presidenciales. Septiembre de 1930: el ya citado golpe del general Uriburu derroca al presidente Yrigoyen. Junio de 1943: golpe militar del entonces coronel Juan Domingo Perón, que derroca al presidente Ramón Castillo. Septiembre de 1955: golpe militar que depone al presidente Perón, dando paso a la presidencia del general Lonardi. Junio de 1956: pronunciamiento frustrado del general Juan José Valle contra el presidente provisional, general Aramburu. Septiembre de 1959: pronunciamiento frustrado contra el presidente Arturo Frondizi. Agosto de 1961: nueva intentona militar contra Frondizi. Marzo de 1962: golpe militar definitivo contra el presidente Frondizi. Abril de 1963: nuevo golpe militar que derriba al presidente Guido. Junio de 1966: golpe militar que depone al presidente Arturo Illia, dando paso a la presidencia del general Juan Carlos Onganía. Junio de 1970: golpe militar de la Junta de Comandantes, que depone al general Onganía. Marzo de 1971: nuevo golpe militar que depone al presidente, general Levingston, dando paso a la presidencia del general Lanusse. Octubre de 1971: intento frustrado contra el general Lanusse. Tras el triunfo peronista en las elecciones de 1973, y el fallecimiento de Perón en 1974, nueva intentona militar contra la presidencia de su viuda, Isabel Martínez, en diciembre de 1975. Finalmente, en marzo de 1976 llegaría el golpe por excelencia: el del general Jorge Rafael Videla, que, al frente de la primera Junta Militar, abría el período de represión más duro y sangriento que la Argentina haya conocido jamás.

Hasta aquí, el breve esquema —meramente enumerativo— del persistente golpismo militar argentino, correspondiente a la que algunos autores llaman «la era militar», cronológicamente coincidente con esos «cincuenta años de decadencia» señalados por tantos autores, entre ellos los tres que acabamos de citar.

No seremos nosotros quienes incurramos en la afirmación de que la sociedad argentina era absolutamente paradisíaca hasta 1930, y que a partir de ese año se volvió desastrosa por culpa de la casi continua intervención militar. Sería una afirmación exagerada, maniquea y, sobre todo, excesivamente reduccionista. La realidad es siempre más ardua, con sus complejas vertientes sociales, políticas, y no sólo de orden militar. Nadie pretende eludir el hecho de que un problema militar tan grave, profundo y duradero como el argentino aparece siempre vinculado a una problemática social más compleja, y de ello vamos a ocuparnos posteriormente al estudiar la implicación civil en ese crónico golpismo militar.

Pero lo que nadie niega es que el golpe de 1930 establece el gran hito divisorio —que ningún estudioso de la sociedad argentina deja de señalar— entre aquella Argentina próspera, democrática y constitucional, de neto predominio civil, y la Argentina posterior, agitada y convulsa, dividida e insegura de su propia identidad, sometida a los embates de un reiterado intervencionismo militar, cuyos hitos históricos de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 —por citar solamente los seis golpes de Estado de mayor entidad— marcan, una y otra vez, el aplastante predominio del aparato militar sobre un siempre coartado poder civil.

Constatación que el repetidamente citado Marvin Goldwert resume en estos términos literales, de los que nos ahorramos incluso la traducción:

«For more than four decades militarism has been the central problem in Argentine political life»[54]. (La cursiva es nuestra).

Hay que hacer notar el hecho de que esta mención a «cuatro décadas» se debe a que Goldwert publicó su análisis en 1972, es decir, antes de que el militarismo argentino alcanzase su máxima manifestación histórica: la dictadura de las Juntas Militares desde el golpe de marzo de 1976 hasta la restauración constitucional de 1983. No podía imaginar el ilustre profesor de la Universidad de Texas hasta qué punto su análisis iba a verse confirmado, y hasta qué extremo su conclusión iba a verse ratificada y dramáticamente prolongada en el tiempo, con unas características harto más graves que las que él había estudiado con anterioridad.

En definitiva, resulta ineludible reconocer el evidente paralelismo, en los últimos sesenta años de vida argentina, de ambos fenómenos igualmente espectaculares por su intensidad: fuerte intervencionismo castrense y grave deterioro económico-social. Entre aquella Argentina «de los ganados y las mieses» (1930) y la Argentina del hambre y del asalto masivo a los supermercados (1990), en la que el gobierno se veía obligado a distribuir diariamente cientos de miles de comidas gratuitas —en algún momento se aproximaron al millón sólo en la provincia de Buenos Aires—, entre esas dos Argentinas tan distintas, median exactamente seis décadas de historia. Exactamente las mismas seis décadas que median entre el golpe de Estado del general Uriburu y los últimos cuartelazos de Rico y Seineldín.

Y este flagrante paralelismo, esta absoluta simultaneidad cronológica entre dos realidades tan estrechamente entrelazadas —militar, una, y social, la otra— constituye un dato histórico y sociológico contundente: un dato tan incontestable que no puede ser ignorado por ningún estudioso —sea argentino o extranjero, militar o civil— que pretenda interpretar, dentro de la compleja realidad argentina, el comportamiento de su no menos complejo binomio Ejército-Sociedad.

3.2. Autoconsideración de las Fuerzas Armadas Argentinas como protagonistas neutrales de la vida política nocional El «partido militar»

Una de las más sorprendentes facetas de la moderna historia argentina para el analista —civil o militar— que la contempla desde la perspectiva europea occidental, consiste en comprobar hasta qué punto las Fuerzas. Armadas de aquel país han llegado a asumir la convicción de que pueden y deben pronunciarse, actuar y hacer sentir su fuerte peso estamental en la vida política de la nación.

De hecho, desde hace más de medio siglo, los militares argentinos vienen considerándose a sí mismos como actores legítimos y naturales del escenario político, como una fuerza política más, o, más exactamente, como la más importante de las fuerzas políticas actuantes en el ámbito político nacional.

Esta irresistible tendencia intervencionista fue explicada por el almirante argentino (retirado) Argimiro Fernández en la conferencia internacional de Santo Domingo en diciembre de 1988[*], donde, entre otras cesas, afirmó que «el poder político en Argentina ha sido tradicionalmente corporativo, y las Fuerzas Armadas, de hecho, son una de las corporaciones protagonistas». El mismo almirante manifestó también que los estudios impartidos en los centros de enseñanza militar argentinos tenían tendencia, a inculcar en las Fuerzas Armadas «el sentimiento de que ellas tienen una enorme capacidad para resolver los problemas de la nación». A lo que añadió dicho jefe naval, como otra de las causas de ese intervencionismo, «la errónea creencia de los militares (argentinos) de que les corresponde la responsabilidad legal de actuar como garantes de ese Estado corporativo»[55].

Sin perjuicio de nuestras discrepancias con el almirante recién citado —que en otra parte de su intervención justificó la represión ejercida por las Juntas Militares en su «guerra contra la subversión», posición que volvió a sostener, meses después, en la conferencia de Montevideo[*]—, hemos de decir que, en cambio, sí coincidimos en la valoración de estos factores negativos por él señalados, a los que también consideramos como causas reales —entre otras— desencadenantes de un excesivo y erróneo intervencionismo militar en la vida política civil.

Decíamos más atrás —y se trata de un hecho no sólo reiteradamente subrayado por los estudiosos en sus textos, sino verbalmente ratificado en nuestras conversaciones con civiles y militares argentinos— que las Fuerzas Armadas actúan en aquel país como una potente fuerza política: actúan, en definitiva, como lo que Rouquié, entre otros, llama «el partido militar»:

«La fuerzas armadas no intervienen (en Argentina) a modo de ultima ratio o en condiciones excepcionales, sino como partido militar, y para hacer triunfar la línea política que la opinión pública u otro sector militar rechazaron»[56].

En efecto, la historia de ese medio siglo transcurrido entre 1930 y la fecha en que fueron escritas estas líneas del prestigioso investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de París —1982—, ha proporcionado sobrados ejemplos de los dos tipos mencionados: del «partido militar» actuando para imponer «la línea política rechazada por la opinión pública», y también, en otras ocasiones, actuando contra «otro sector militar». Porque, de hecho, este último caso —choque entre dos sectores militares contrapuestos, con el derrocamiento de un general por otro general— tampoco resulta infrecuente en el período que nos ocupa, según constata una vez más Rouquié:

«En la Argentina, donde los presidentes militares se suceden desde 1930, separados por breves paréntesis civiles, los conflictos entre el alto mando y el presidente salido de sus filas son moneda corriente. El reemplazo de un general por otro, mediante una revolución palaciega, se ha producido por lo menos en cinco ocasiones»[57].

3.3. Abusivo y pintoresco empleo de la palabra «Revolución» aplicada al golpismo militar

Cada vez que un general derroca a un presidente —incluso cuando ese presidente derrocado es otro general— lo hace siempre pronunciando, desde el balcón de la Casa Rosada, un vibrante discurso lleno de altisonantes conceptos y fuertes argumentos patrióticos que, según él, justifican y hacen obligada su intervención. Pero lo más curioso es la reiterada aparición, entre tales conceptos, del más altisonante de todos ellos: el de «Revolución».

Dentro de nuestros parámetros europeos, la palabra «Revolución» es algo mucho más serio. Sólo cabe aplicar tal palabra a aquellas alteraciones políticas o sociales —con toda independencia de que resulten sangrientas o no— que conduzcan a una modificación sustancial de las estructuras sociales o políticas; cosa harto distinta de un simple golpe militar, que suele dejar intactas tales estructuras, cuando no las empeora de forma radical. Un golpe de Estado en el que, por ejemplo, un general derroque a otro general, produciendo gran número de muertos, e incluso una cruenta guerra civil, pero manteniendo —o incluso empeorando— las estructuras preexistentes, no puede recibir, bajo ningún concepto, el nombre de «Revolución».

Llegados a este punto, resulta obligado aludir, aunque sea de pasada, a un caso muy concreto, uno de los pocos casos históricos en que un golpe militar merece el nombre que nos ocupa: la llamada «Revolución de los claveles», del 25 de abril de 1974 en Portugal. Hecho histórico que, aun tratándose sin duda de un golpe militar —incruento, por cierto—, resulta merecedor, en buena medida, de ser designado como Revolución, pues significó un importante cambio de modelo político: el derribo, por la fuerza militar, de una larga y anquilosada dictadura corporativista, y el paso a un régimen de verdadero pluralismo democrático de corte europeo occidental.

En contraste con este concepto, resulta chocante —y en cierta medida grotesco— el comprobar a qué tipo de golpes se aplica en Argentina el nombre de Revolución. Empezando por la llamada «Revolución de 1930» —y a diferencia de otros golpes posteriores, sobre cuya explicación causal no existe plena unanimidad—, los analistas sí se muestran unánimes, por el contrario, en la inequívoca motivación reaccionaria de dicha supuesta revolución. Así, José Nun subraya «el carácter oligárquico del golpe del 6 de septiembre de 1930»[58]. Recordamos, por otra parte, la anteriormente citada explicación del profesor Norberto Ceresole[53], centrada en el hecho de que el general Uriburu, al frente del sector más reaccionario del Ejército y defendiendo los intereses petroleros norteamericanos —y de la élite argentina vinculada a ellos—, perpetró su golpe de Estado anticipándose a los proyectos del presidente Irigoyen, dispuesto a nacionalizar la producción energética de su país.

En idéntico sentido se pronuncia Scalabrini Ortiz, el cual —citado por Ceresole— precisa al respecto:

«… el golpe del 6 de septiembre de 1930 estuvo instigado por los intereses petroleros norteamericanos, que veían amenazadas sus posibilidades y privilegios ante la proyectada Ley de Minas que iba a ser promulgada por el gobierno radical (…) y que le habrían asegurado a la nación la inviolabilidad de su suelo y subsuelo»[59].

Hay que señalar también, como destacado partícipe de esta política entreguista al capital foráneo —y favorecedora de la oligarquía local dependiente de aquél—, a un eficaz colaborador del general Uriburu en su golpe de 1930: el general Agustín Justo —que le seguiría en la presidencia en 1932—, el cual, según precisa Ernesto Palacio, se hallaba:

«… plenamente identificado con los intereses de la oligarquía ganadera y el comercio de exportación». «Mantuvo el endeudamiento del país al capitalismo extranjero, más aun, lo reforzó y, reaccionando contra la tendencia libertadora de Yrigoyen, se empeñó en imponer una legislación que implicaría el estatuto definitivo de ese endeudamiento y la consagración de nuestra situación colonial»[60].

Por su parte, y refiriéndose también al golpe de 1930 —que abrió la larga serie posterior—, Dardo Cúneo escribe, subrayando la misma realidad:

«… aunque el ejército estaba mandado por oficiales de la misma clase media, sirvió a los intereses de la oligarquía contra los suyos propios»[61].

Pues bien; pese a esas características —no ya conservadoras sino netamente oligárquicas— del golpe del general Uriburu en 1930, nada de ello impidió a su autor principal y a sus seguidores aplicarle el nombre de «Revolución». Y con tal nombre aparece, de hecho, en numerosos textos —incluso de autores nada afines al golpismo militar— que designan aquel golpe de Estado como «la revolución de septiembre de 1930».

Análogamente, Perón y los suyos aplicaron a su golpe idéntica denominación, y así podemos ver cómo numerosos autores nos hablan de «la revolución de junio de 1943». A su vez, los generales Lonardi, Aramburu y compañía fueron aún más lejos al derribar a Perón, aplicando a su golpe de 1955 el ambicioso nombre de «la Revolución Libertadora». Por su parte, el general Onganía tampoco se anduvo por las ramas en materia de denominaciones y, tras el derrocamiento del presidente Illia, designó al golpe de 1966 con el pomposo nombre de «la Revolución Argentina».

Agotados ya, al parecer, todos los nombres sonoros aplicables a estas pseudorrevoluciones de cuartel, la más dura y mortífera de todas ellas —la iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976— recibió de sus autores un hombre harto más recatado y discreto: el de «Proceso» (Proceso de Reorganización Nacional), designando así al régimen de facto iniciado con la toma del poder por la primera Junta Militar y continuado por las siguientes. «Proceso» cuyo fracaso global —político, económico y finalmente bélico— hasta sus propios dirigentes hubieron de reconocer, viéndose forzados a entregar el poder en 1983.

4. IMPLICACIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS CIVILES EN EL PERMANENTE INTERVENCIONISMO MILITAR ARGENTINO, CON ANTERIORIDAD A 1976

Decíamos en el apartado precedente que los militares argentinos se autoconsideran actores legítimos de la política nacional, y como tal actúan. Pero este decisivo dato daría, por sí solo, una imagen incompleta de la realidad argentina si omitiéramos la otra cara de la misma moneda: el hecho de que las fuerzas civiles argentinas, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones parlamentarias —a diferencia de sus homologas francesas, españolas, italianas o británicas— reconocen a sus Fuerzas Armadas ese carácter de fuerza política de primera magnitud.

En efecto, «la presencia de los actores militares —escribe Rouquié— es una de las constantes reconocidas del juego político argentino»[62]. A su vez, Norberto Ceresole, subrayando este reconocimiento, afirma:

«La debilidad y el subdesarrollo de las fuerzas y el sistema político argentino se reflejan en el comportamiento de los partidos, especialmente en la aceptación de facto del poder militar y en tanto centro decisional de la estructura política argentina desde 1930»[63]. (Las cursivas son nuestras).

Pero el problema, como vamos a ver, no se limita a esa aceptación del protagonismo militar por parte de las fuerzas políticas civiles, sino que, de hecho, la responsabilidad de éstas —con ser ya grave dicha aceptación— va mucho más allá, contribuyendo no sólo a ese excesivo protagonismo castrense, sino estimulando el golpismo propiamente dicho, incitando una y otra vez al Ejército a la toma del poder. Realidad ésta que es resaltada por prácticamente todos los autores que se han ocupado de la historia argentina de este siglo, estudiando en ella la difícil y conflictiva relación Ejército-Sociedad.

Así, por ejemplo, ya en 1964, José Luis de Imaz escribía:

«La apelación a las Fuerzas Armadas como una especie de legitimación —al margen de todas las demás explicaciones dadas— se ha convertido en una regla tácita del juego político argentino. Es una regla que nadie invoca explícitamente, pero de la cual todos los grupos políticos se han beneficiado al menos una vez. Públicamente todos ellos negarían la existencia de tal regla, pero en realidad ésta nunca puede ser ignorada por los políticos argentinos, los cuales, una y otra vez durante este cuarto de siglo, todos han ido a llamar a la puerta de los cuarteles»[64].

Ya en la década siguiente (años setenta), esta misma realidad es puesta de manifiesto por J. Nun, quien, en su ensayo anteriormente citado The middle-class military coup subraya «la continua presión civil en favor de la intervención militar»[65] como uno de los factores explicativos de la realidad argentina en lo político y lo social.

A su vez, el inevitable Rouquié registra, una y otra vez, la presión civil tendente a conseguir la intervención militar. Refiriéndose a las vísperas inmediatas del golpe del general Uriburu en 1930, escribe:

«La gran prensa conservadora, en oposición política y social con el Partido Radical, se esfuerza en trabajar la opinión militar. La Prensa y La Nación abren sus columnas a crónicas militares que hacen una guerra sin cuartel al poder (…)»[66].

Y respecto a los golpes siguientes, precisa el mismo autor:

«Tampoco es extraño ver cómo el Partido Radical, defensor por convicción y doctrina de las instituciones democráticas, y víctima del golpe de Estado de 1930, toma su revancha respecto a los conservadores cuando se derroca al presidente Castillo en junio de 1943.» (…) «La Unión Cívica Radical, que en un primer momento —muy breve— celebra abiertamente este golpe de Estado y festeja a los golpistas, no es totalmente ajena a la preparación del complot de los generales Rawson y Ramírez (y del entonces coronel Perón). Pero sólo a finales del régimen peronista el “golpismo” toma su forma definitiva y permanente».

«(…) hoy día sabemos que el frustrado golpe de junio de 1955 (que se anticipó en unos meses al derrocamiento real de Perón) había sido preparado por reuniones del más alto nivel entre militares y responsables de tres partidos antiperonistas: el Partido Radical, el Partido Socialista y los conservadores»[67].

En cuanto a los golpes de la década de los sesenta, nos recuerda Rouquié:

«Este partido (el Radical) no va a dejar de hostilizar al nuevo ocupante de la Casa Rosada (el radical disidente y “desarrollista” Arturo Frondizi), y desde un principio los llamados al golpe se multiplican. En virtud de su habilidad, Frondizi logrará mantenerse cuatro años en el poder. Sin embargo, la coalición de radicales y de militares antiperonistas lo derrocará en 1962».

«En 1963, la situación se invierte, cuando el radical Illía es elegido presidente (…) Y los “desarrollistas” civiles y militares van a programar deliberada y técnicamente el golpe de Estado que expulsará sin violencia a los radicales en 1966»[68]. (Todos los paréntesis y cursivas son nuestros).

En cuanto a las vías empleadas por las fuerzas civiles para asegurarse el apoyo de importantes sectores militares —y, llegado el caso, incluso su intervención armada— cabe citar no sólo a los potentes periódicos de la derecha conservadora —principalmente La Prensa y La Nación, sino también, históricamente, a ciertas asociaciones derechistas tales como la «Liga Patriótica» —acérrima enemiga del gobierno radical en los años 20—; la «Legión Cívica», inspirada en el «Fascio» italiano y sumamente activa en los años treinta; la llamada «Federación de Organizaciones Democráticas» en cuyas filas se concentraba la ultraderecha antiperonista, civil y militar, en los años cincuenta; la FAEDA, agrupación anticomunista de notable activismo en los sesenta. A ellos cabe añadir asociaciones culturales tales como el «Ateneo de la República» y el «Club del Plata», este último netamente ultraderechista, entidades que siempre lograron atraer a sus filas a militares en actividad, con frecuencia de alta graduación.

Importa subrayar que esta búsqueda civil de apoyos castrenses no es exclusiva de la derecha: «En la extrema izquierda el modelo nasserista o, más cerca nuestro, el precedente peruano (modelos ambos de fuerte implicación cívico-militar), se han combinado con una interpretación revolucionaria del peronismo. También los marxo-peronistas y otros justicialistas de izquierda esperaron durante bastante tiempo, con cierta fe, la llegada de un nuevo “Coronel de los trabajadores” que daría el poder al pueblo», dice Rouquié, quien concluye de todo ello: «La captación de militares por parte de los grupos de presión política es la base del golpismo que caracteriza, de manera permanente, este tipo de sistema politico»[69] (Paréntesis y cursivas siguen siendo nuestros).

Como resumen de este reiterado fenómeno de implicación civil en prácticamente todas las manifestaciones del golpismo militar argentino anteriores a 1976, señala el tan citado sociólogo e investigador francés:

«Todos los partidos (argentinos) buscan el apoyo de los militantes para fines políticos». «El militarismo no deja de estar presente en ningún partido». «La oposición se apresura a apoyar a los militares facciosos contra los que están en el poder. Los vencidos del sufragio universal buscan su revancha a través de los militares. Nadie se queja de este proceder, puesto que cada partido gobernante ha sido a su vez víctima y beneficiario del poder militar».

«Sería equivocado imaginar la vida pública (argentina) como una batalla entre civiles, heroicos defensores de las instituciones republicanas, y oficiales antidemocráticos convencidos de que el poder está “en la boca del fusil”. No solamente los civiles golpean a las puertas de los cuarteles, sino que también los líderes políticos de las Fuerzas Armadas están siempre buscando apoyo partidario. Ayer Perón, Aramburu o Lanusse, hoy el almirante Massera o el general Bussi ilustran esta búsqueda en la que, no obstante, las armas no están jamás totalmente ausentes»[70].

Poniendo el dedo en idéntica llaga, el profesor norteamericano Robert Potash afirma en las páginas finales del segundo tomo de su extensa obra El Ejército y la política en la Argentina:

«Al producirse cada uno de los golpes militares, parte de la opinión pública —a veces una parte muy importante— alentó a las Fuerzas Armadas. Dirigentes de prácticamente todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales vieron con buenos ojos, al menos en una ocasión, la destitución de un presidente en ejercicio. La noción de que los partidos políticos argentinos u otros grupos civiles importantes se opusieran sin cesar a los levantamientos militares tiene poca relación con la realidad»[71].

Por su parte, el antes citado almirante argentino Argimiro Fernández manifestaba en la conferencia de Santo Domingo (diciembre de 1988):

«Las Fuerzas Armadas nunca llegaron al poder únicamente por la fuerza de las armas. Ellas fueron apoyadas por otras fuerzas políticas, y, a veces, por el pueblo argentino»[72].

Salvo la notable exageración que a nuestro juicio supone el incluir al «pueblo argentino» en bloque como apoyo para ciertos golpes militares, la idea del almirante sigue siendo básicamente coincidente con la de los autores hasta aquí citados, al menos en cuanto a la implicación de fuerzas políticas en el persistente golpismo militar que la sociedad argentina ha venido padeciendo desde largas décadas atrás.

También, y como última cita en este sentido, cabe recoger la de los analistas norteamericanos William Woodward y Martin Andersen, ambos del National Democratic Institute, los cuales, en su introducción al informe de la antes mencionada conferencia de Santo Domingo, resumen así esta realidad:

«La histeria de Argentina es una historia no sólo de golpes militares, sino de golpes militares ejecutados en alianza con civiles»[73].

Vemos, pues, que no sólo las Fuerzas Armadas Argentinas se consideran a sí mismas capacitadas para la plena intervención política, sino que importantes fuerzas civiles les reconocen esa supuesta capacidad, e incluso les exigen ese tipo de intervención. Pues bien; de ahí, justamente de ese doble factor convergente, militar y social, surgen esas dos situaciones que Rouquié llama «la tutela militar» y «el golpe de Estado permanente», conducentes ambas a su resultado inexorable en la sociedad argentina: «La institucionalización de hecho del poder militar»[74].

5. VERSIÓN ARGENTINA DE LA «DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL». INFLUENCIAS NORTEAMERICANA Y FRANCESA EN MATERIA DE «LUCHA ANTISUBVERSIVA», CON ANTERIORIDAD A 1976

En un planteamiento maniqueo de buenos y malos, de regímenes democráticos o antidemocráticos, de ejércitos respetuosos de los derechos humanos o dispuestos a pisotearlos, la pretensión de mantener esa neta e ingenua distinción nos aconsejaría pasar por alto y silenciar por completo en esta obra un aspecto de la realidad como el que a continuación vamos a tratar.

Pero el rigor que pretendemos mantener en nuestro análisis nos impide incurrir en esa omisión, por más que ello pueda, aparentemente, debilitar nuestra posición respecto a lo que debe ser un ejército de convicciones democráticas en el seno de una sociedad libre y plural. Porque la realidad que en las páginas siguientes vamos a afrontar nos demuestra que, lamentablemente, también los ejércitos de ciertas potencias democráticas han incurrido en graves errores y claudicaciones morales, que, a su vez, han servido de base y modelo a los errores y claudicaciones morales que en este trabajo pretendemos analizar y valorar.

La realidad histórica y sociológica es siempre tan compleja, y cualquier tesis en materia sociológica resulta siempre suficientemente imperfecta, y suficientemente lastrada por algún tipo de excepción o dato contrapuesto, como para poder siempre esgrimir contra ella algún hecho que parece quebrantar su validez. Así sucede en este caso y, muy a pesar nuestro, nos vemos obligados a registrar aquí por su importancia, el hecho de que dos países democráticos, Francia y Estados Unidos, históricamente pioneros (siglo XVIII) en la defensa de la dignidad humana y la libertad, hayan proporcionado ambas, en pleno siglo XX, con su teoría y su práctica, con sus hechos y con su doctrina escrita, ejemplo y base doctrinal para cometer abundantes abusos e imperdonables excesos en materia de derechos humanos, al amparo de una errónea, inmoral —y por añadidura fracasada— concepción de lo político, lo social y lo militar.

5.1. Influencia doctrinal francesa: la lucha colonial en Indochina y Argelia estudiada como «contrainsurgencia» o «guerra contra la subversión»

Aparte de la influencia ideológica en las Fuerzas Armadas Argentinas de los pensadores ultraconservadores franceses Ousset, Grasset y Crouzet —ya referida en apartado anterior—, los militares argentinos iban a recibir también, en el campo de la lucha «antisubversiva», otra importante aportación francesa: la de las tácticas «contrainsurgentes» desarrolladas en los años cincuenta por el Ejército Francés contra el Viet-Minh en Indochina y contra el FLN en Argelia, cuando tales organizaciones nacionalistas trataban, con las armas en la mano, de conseguir la independencia de su respectivo país.

Ya desde comienzos de siglo Francia había empezado a engendrar una doctrina propia en materia de guerra colonial. Así, según Peter Paret, el bagaje teórico elaborado por los militares franceses sobre la llamada «lucha antisubversiva» o «guerra contrarrevolucionaria» procede en sus orígenes de los escritos del mariscal Louis Lyautey, basados en la experiencia de las campañas africanas desarrolladas por las tropas coloniales francesas de finales del XIX y principios del XX. A partir de tales experiencias fue creándose lo que acabaría siendo una auténtica doctrina política, social y militar, que alcanzaría su máximo desarrollo en las campañas coloniales de Indochina y Argelia[75].

Por otra parte, según señala el mismo Paret, el grupo francés Cité Catholique —del que también hablamos más atrás—, cuyos componentes civiles y militares proclamaban el deber de todo buen católico de luchar contra los modernos «hijos» de la Revolución Francesa —socialistas, comunistas, liberales, y cualesquiera movimientos de liberación anticolonial—, era muy frecuentado en los años cincuenta por altos oficiales del Ejército Francés. Ejército cuya élite ultraderechista y ultracatólica, inspirada en los conceptos autoritarios y netamente colonialistas de la Cité, no sólo acabó de configurar las denominadas tácticas «contrarrevolucionarias» francesas aplicadas en Indochina (1945-1954) y principalmente en Argelia (1954-1962), sino que también fue responsable de los intentos militares antigubernamentales y antidemocráticos —atentado incluido— contra el general De Gaulle, protagonizados por el sector más colonialista y reaccionario de su Ejército a comienzos de los sesenta. Como punto fundamental de la doctrina militar inspirada por la Cité Catholique —observa Paret— figura la convicción de que el pueblo puede ser manipulado y condicionado hacia cualquier tipo de creencia y de conducta colectiva, característica gregaria que puede y debe ser utilizada por el Estado mediante los recursos de la «guerra psicológica». Posición de absoluto desprecio hacia cualquier forma de soberanía popular, y que el propio Goebbels hubiera podido hacer suya sin vacilar[76].

Entre las características más destacadas de aquella doctrina político-militar cabe destacar dos de ellas, especialmente manifestadas en la guerra de Argelia: primera, el contemplar algo tan natural como la lucha de un pueblo por su independencia frente a un decimonónico poder colonial —meta del FLN— como una intolerable «agresión subversiva». Y segunda: dadas las características del enemigo y la importancia de la información para combatirlo, la práctica de la tortura aparecía asumida como algo perfectamente habitual y considerada como uno de los métodos obligados de acceso a la información.

Esta cruda realidad daría lugar, años después, a una dura polémica —que conmocionó a los círculos militares franceses— entre dos altos jefes militares de aquel Ejército: el general Massu —que defendía el empleo de la tortura como práctica necesaria en aquella campaña— y el también general Paris de la Bollardiére, protagonista también de la misma contienda, y que rechazaba dicho método de forma frontal[*].

Respecto a la influencia de aquellas guerras coloniales en la doctrina antisubversiva de las Fuerzas Armadas Argentinas, hemos tenido oportunidad de estudiar diversos folletos de su Escuela Superior de Guerra (impartidos en el «Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria» en los años sesenta) referentes a las enseñanzas extraídas de las citadas campañas de Indochina y Argelia. Uno de tales folletos, titulado La guerra de Indochina, se inicia recogiendo esta autocrítica formulada por los militares franceses:

«Comprendimos que habíamos combatido de modo clásico, mientras que el enemigo empleaba métodos nuevos, revolucionarios. Descubrimos que el problema no era solamente militar, sino total, es decir, también político, económico, social…»[77].

Páginas más adelante, los analistas militares argentinos extraen sus propias conclusiones:

«Así es como un partido rebelde, tan débil al iniciarse las operaciones, que parecía incapaz de sobrevivir, logró en un lapso de nueve años vencer a unas fuerzas armadas modernas y constituir un Estado soberano, reconocido por todas las potencias mundiales. Logró este éxito gracias a la conquista de la mayoría de la población por los procedimientos de la doctrina marxista…».

«La insurrección de Indochina es un ejemplo típico de la Guerra Revolucionaria, que será probablemente una de las formas de un conflicto futuro. Por eso merece ser estudiada seriamente, porque el estudio de la guerra clásica no nos prepara para ella».

«Indochina está muy lejos de Argentina. Según dicen algunos, esta guerra enfrentaba colonialistas y anticolonialistas, amarillos contra blancos, y estas ideas no corresponden al continente americano. Tienen razón —en parte— en cuanto al contenido de la ideología utilizada. Pero el esquema general, el “lineamiento”, son siempre los mismos. Luego en el estudio de la guerra de Indochina lo esencial no es estudiar el contenido, sino el proceso»[78].

Y, en efecto, los militares argentinos estudiaron ese proceso revolucionario —tanto en su versión indochina como argelina— y las formas más eficaces de combatirlo, a la luz de la doblemente fracasada experiencia francesa. Y de dicho estudio extrajeron unas enseñanzas cuya mortífera utilidad fue después reconocida por represores tan caracterizados como los generales Acdel Vilas y Ramón J. Camps, que en sus escritos y declaraciones posteriores dejaron constancia de las fuentes inspiradoras de su actuación, señalando, entre ellas, la doctrina antisubversiva elaborada en Indochina y Argelia por el Ejército Francés.

Así, por ejemplo, el ya citado general argentino Acdel Vilas, jefe del llamado «Operativo Independencia» —desarrollado a lo largo del año 1975 para eliminar el foco subversivo localizado en la provincia de Tucumán—, escribió a posteriori, ya bajo el gobierno del general Videla, un libro de 329 páginas explicando su actuación —tácticas y métodos incluidos— al frente de dicha operación represiva. Pues bien; el citado texto, aunque su publicación no fue autorizada por la Junta Militar —que comprendió hasta qué punto sería contraproducente la revelación de los métodos allí detallados—, trascendió después a la opinión pública a través de una serie de fragmentos difundidos por un semanario de Buenos Aires, cuando dos periodistas consiguieron hacerse con el original del texto en cuestión. Entre las confesiones del general Vilas en dicho texto, cabe señalar la siguiente:

«Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia —y traducidos en la Argentina o España— debidos a oficiales de la OAS y al ejército francés que luchó en Indochina y Argelia». «En base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema y el análisis de la situación argentina, comencé a impartir órdenes, tratando siempre de preparar a mis subordinados. Porque, claro está, muchas veces las órdenes recibidas no se correspondían con lo que durante años habíamos aprendido en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra»[79].

Más adelante habremos forzosamente de volver, con mayor detenimiento, sobre este importante tema, al estudiar la vertiente moral de aquella represión y su absoluto distanciamiento de lo aprendido en cualquier academia militar. Baste aquí, por ahora, con señalar el reconocimiento de importantes protagonistas de aquella represión respecto a su fuente doctrinal: textos del Ejército colonial francés.

Idéntico reconocimiento fue expresado en su día por el general Ramón Camps, el llamado «carnicero de Buenos Aires», que ejerció el cargo de jefe de la policía de la capital federal y su provincia durante la etapa más dura de la represión posterior al golpe de 1976. Este general, caracterizado siempre por su agresiva verborrea ante los medios de comunicación, alardeó repetidas veces ante la prensa nacional y extranjera de haber hecho desaparecer a 5.000 personas en el área de Buenos Aires mientras ejerció dicha jefatura policial[80].

Camps, posteriormente condenado a veinticinco años de cárcel por los crímenes perpetrados bajo su mando directo, fue detenido y procesado por el gobierno democrático del doctor Alfonsín, a raíz de unas escandalosas declaraciones en las que proclamó jactanciosamente —según expresaba el decreto de procesamiento— «su participación directa en el secuestro y la muerte de miles de personas, en la sustracción de menores y en la consiguiente alteración de su estado civil», haciendo, al propio tiempo, «apología de distintos delitos, en especial de los tormentos»80 bis.

En realidad, al manifestarse así, el general estaba haciendo apología de una determinada metodología antisubversiva, que incluía de lleno la tortura y la muerte masiva y clandestina de presos, todo ello conceptuado como perfectamente legítimo por el citado general, en el contexto de aquella «guerra contra la subversión». Pues bien; en tales declaraciones, el general Camps, como su colega Vilas, tampoco se recataba en admitir la fuente doctrinal en la que inspiró su actuación: la «doctrina contrainsurgente» francesa, primero, y la norteamericana después —según precisó— cuyos textos había venido estudiando desde años atrás.

Los orígenes de la importante influencia doctrinal francesa son explicados en estos términos por el citado general Ramón J. Camps:

«En 1957 se iniciaron en el Ejército Argentino los estudios sobre “guerra revolucionaria comunista” en forma organizada. El responsable de tal hecho fue el entonces coronel Carlos Rosas, que era subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Para ello contó con la colaboración y el asesoramiento de dos jefes del Ejército Francés, los tenientes coroneles Patricio J. L. de Naurois y François Pierre Badie, y el amplio apoyo del teniente coronel Manrique Miguel Mom, perteneciente al Ejército Argentino».

«Todos ellos trabajaron basándose en la doctrina francesa aplicada en Indochina y en aplicación en ese momento en Argelia. El objetivo perseguido era imponer la necesidad de estudiar el fenómeno marxista en desarrollo en el mundo, y la forma más conveniente de detener su avance destructor».

«Francia y Estados Unidos fueron los grandes difusores de la doctrina antisubversiva. Organizaron centros, particularmente los Estados Unidos, para enseñar los principios de la lucha contra la subversión. Enviaron asesores e instructores. Difundieron una cantidad extraordinaria de bibliografía»[81].

Por su parte, otros oficiales argentinos, de tendencia bien diferente a la de Camps —los coroneles Rattenbach, Ballester, García y Gazcón, miembros del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia en Argentina)—, señalan también, en un trabajo conjunto, la enorme influencia de esta aportación ideológica francesa a lo que iba a ser en Argentina la lucha contra la subversión, aunque situando su inicio dos años más atrás:

«Alrededor de 1955 surgió un aliado inesperado para los hombres del Pentágono. Por influencia de un coronel argentino que había realizado cursos en Francia, fue traída también al país una misión militar gala. A través de ella penetró en nuestro Ejército la denominada “doctrina de la guerra contrarrevolucionaria”, que realizó enormes aportes ideológicos, estratégicos y tácticos, sobre el empleo de las fuerzas militares en la represión del comunismo»[82].

Para comprender en qué línea se produjeron esos «enormes aportes ideológicos», y cómo era concebida por los ideólogos militares franceses su llamada «guerra contrarrevolucionaria», examinemos las precisiones escritas al respecto por uno de sus máximos artífices teóricos y prácticos: el coronel Roger Trinquier. Se trata, en efecto, de un oficial a quien calificar sólo de gran teórico supondría rebajar su categoría real, pues su prolongada experiencia y directa participación en la guerra de Indochina, y sobre todo en la de Argelia, obligaría más bien a calificarle como un consumado teórico-práctico de primera magnitud.

Su libro La guerra moderna, publicado, cómo no, también en español y en Buenos Aires, nos ilustra con notable claridad sobre la manera en que fueron conducidas aquellas luchas coloniales, y el tipo de moral militar que en ellas prevaleció. Para empezar, y como idea motriz de su filosofía bélica, establece desde el principio el concepto de que, prácticamente descartada al arma atómica por su carácter suicida, el terrorismo pasa a convertirse nada menos que en «el arma principal de la guerra moderna»[83].

En consecuencia, la sociedad, para ser capaz de defenderse eficazmente contra ese «arma principal», tiene que otorgar enorme peso e influencia al factor militar, por ser —según Trinquier— la organización militar la única capaz de hacer frente a ese insidioso enemigo de una forma eficaz. Para este coronel francés, el militarismo es «un arte», y, más concretamente, «un arte que requiere acción»[84]. Pero, ¿acción contra quién? El propio Trinquier nos lo explica, haciendo notar que la primera característica del enemigo en esta guerra moderna es la falta de frentes físicos definidos, la carencia de líneas de separación:

«En la guerra moderna el enemigo no es tan fácil de identificar. No hay frontera física que separe los dos campos. La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo puede encontrarse muchas veces en el corazón de la nación, en la misma ciudad donde se reside, en el mismo círculo de amigos donde uno se mueve, quizá dentro de su propia familia. Es más bien una línea ideológica, que tiene que ser perfectamente bien descubierta si queremos determinar pronto quiénes son en realidad nuestros adversarios y a quiénes tenemos que derrotar»[85].

Contra este enemigo (incluido tal vez, no lo olvidemos, en la propia familia o entre las amistades más íntimas), es el Ejército precisamente quien tiene que actuar, recibiendo por ello —dice Trinquier— toda clase de ayuda e ilimitada colaboración:

«En otras palabras, el ejército, cuya responsabilidad es dar la batalla, debe recibir una cooperación ilimitada, sin reservas, incondicional, del pueblo que defiende».

«Con este apoyo, el ejército sabrá dónde y cuándo tiene que atacar. Cuando conozca la existencia de un individuo que, en cualquier orden de cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que considerarle traidor y deberá tratarlo como tal»[86].

Observemos las consecuencias de esta ideología militar, si llegase a ser aplicada en una sociedad civil (en este caso el autor se refería fundamentalmente a la sociedad francesa de los años cincuenta y los primeros sesenta, en pleno conflicto argelino). «Todo individuo», por usar la expresión literal del coronel —intelectual, obrero, maestro, cura, ingeniero, abogado, sea cual fuere su nivel social, económico o profesional—, que por aquellos años se pronunciase, pongamos por caso, en favor de la independencia de Argelia —de hecho, muchos lo hacían ya en la propia Francia—, según el patriótico criterio de Trinquier debía «ser considerado traidor y tratado como tal», por «ayudar al objetivo del enemigo», y no ya «en cualquier orden de cosas», sino precisamente en su objetivo central. Y ello por muy vecino, compañero, amigo o familiar que pudiera ser.

Si, como vemos, la doctrina de Trinquier resultaba rotunda y tajante en cuanto a la definición del enemigo, no lo era menos en cuanto al método a utilizar contra éste. Así, dentro de la panoplia de métodos y medios adecuados para esta «guerra moderna», en la que la información es el logro por excelencia, surge un medio que destaca sobre todos los demás por su carácter imprescindible: la tortura. La tortura no sólo como arma legítima —según Trinquier—, sino como el arma natural, el arma adecuada, el arma obligada para este tipo de guerra. Resumiendo la argumentación del coronel francés, diríamos que la tortura es al terrorista lo que el arma antiaérea es al piloto de combate y lo que la ametralladora es al soldado de infantería. Es, en definitiva, el arma eficaz, el arma lógica, el arma ad hoc para el tipo de enemigo que nos ocupa. El arma a la que ningún Ejército —dice Trinquier— puede ni debe renunciar en su lucha contra el terrorista, igual que, en el campo de batalla convencional, ningún Ejército renuncia al uso del misil contra el caza enemigo, ni a la mina anticarro contra el vehículo acorazado, ni a la carga de profundidad contra el submarino.

El coronel Trinquier halló su óptima oportunidad de aplicar a fondo estas teorías cuando se incorporó a las tropas paracaidistas del general Massu, a las que se acababa de encomendar, en 1957, la lucha antiterrorista en la ciudad de Argel. Tal como dice Bernard Fall, prologuista de la edición argentina del libro de Trinquier:

«Massu, Trinquier y los demás miembros de las unidades paracaidistas entraron en acción con tanto ímpetu que despertaron la atención general, y sus actividades, comentadas en todas partes del mundo, dieron a Larteguy, el autor de Los centuriones, el material para escribir sus mejores capítulos. También proporcionaron a Trinquier la oportunidad de utilizarla tortura en la guerra revolucionaria. La tortura es el particular veneno del terrorista, como la artillería antiaérea lo es del aviador y la ametralladora del soldado»[87].

Hasta qué punto los militares y policías argentinos hicieron suyas estas teorías, es algo que quedó patente no sólo en las palabras antes citadas del general Camps, sino en la doctrina oficialmente asumida por todo el Ejército desde los primeros años de la década de los sesenta, y en los métodos represivos utilizados masivamente en la década de los setenta.

5.2. Influencia doctrinal norteamericana: Fort Gulick y la «inteligencia militar»

La fuerte influencia, desde comienzos de la década de los cincuenta, de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» —característica común, como ya vimos, a prácticamente todos los Ejércitos latinoamericanos— alcanzó en Argentina un destacado nivel y un alto grado de aplicación.

Dentro del contenido general de dicha doctrina y de su aplicación práctica, los militares argentinos estudiaron a fondo y asimilaron, entre otras, las técnicas norteamericanas de la «contrainsurgencia», también llamada «lucha contrainsurgente», «lucha antisubversiva» o «guerra contrarrevolucionaria»: en definitiva, represión contra el «enemigo interior». Tales técnicas fueron inculcadas a un importante número de jefes y oficiales argentinos, no sólo a través de los programas de enseñanza militar en su propio país, sino a través de la asistencia a cursos desarrollados en diversos centros militares estadounidenses, tales como la Escuela de Ayuda Militar John F. Kennedy (Fort Bragg, Carolina del Norte), la Escuela de Infantería y Rangers del Ejército (Fort Benning, Georgia), la Escuela de Asuntos Civiles y Gobierno Militar (Fort Gordon, Georgia), el Colegio de Mando y Estado Mayor (Fort Leavenworth, Kansas) y el Colegio Interamericano de Defensa (Washington D. C.).

Según los datos proporcionados por Eduardo Duhalde, entre 1950 y 1975 fueron adiestrados, en estos centros, un total de 3.676 militares argentinos: de ellos, 2.766 en escuelas y centros situados en los propios Estados Unidos, y otros 910 en centros militares norteamericanos instalados en otros países[88]. Este dato concuerda con el proporcionado por Martin Andersen, quien, refiriéndose a los militares argentinos que cursaron estudios de este tipo en los propios Estados Unidos, precisa:

«Durante el período de 25 años iniciado en 1950, recibieron instrucción en instituciones militares de los Estados Unidos 2.766 militares argentinos, cifra sólo superada por los asistentes de Brasil, Chile y Perú»[89].

En cuanto a las enseñanzas impartidas en establecimientos militares norteamericanos instalados fuera de la metrópoli, nos referiremos únicamente a uno de tales centros: la USARSA (Unidad States Army School of the Americas), situada en Fort Gulick, zona norteamericana del Canal de Panamá. Respecto a dicho centro, concreta Martin Andersen:

«Hasta septiembre de 1975, más de 600 argentinos habían efectuado cursos en la Escuela de las Américas, del Ejército de los Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá, importante centro para el aprendizaje de operaciones de contrainsurgencia»[90].

A su vez, el ya citado doctor Duhalde precisa que, desde la fundación de dicha Escuela de las Américas en 1946, han cursado estudios en ella «40.000 militares de diversos países, en cerca de 40 modalidades de cursos diferentes», concretando a continuación que, entre los cursos seguidos por oficiales argentinos en dicho centro de aprendizaje militar de Fort Gulick, figuran los de «Operaciones de contrainsurgencia», «Contrainsurgencia urbana», «Operaciones en el monte», «Oficial de inteligencia militar sin mando», «Suboficial de inteligencia militar» e «Interrogador militar»[91].

Respecto al contenido de estos cursos, un suboficial «boina negra», ex alumno de dicha Escuela de Fort Gulick, tras haber efectuado el curso E-16 (suboficial de inteligencia militar), precisaba en estos términos —dentro de una amplia entrevista publicada en México en 1976, y recogida parcialmente por Duhalde— el peculiar contenido de una de las materias cursadas, la titulada «Métodos de interrogatorio»:

«Nos decían: cuando hay un tipo rebelde y no quiere hablar, no se puede perder el tiempo golpeándolo sistemáticamente. Hay que dejarlo que sufra bastante tiempo, y piense sufriendo. Entonces, ¿cuál es el método? Si tú lo cuelgas con una lienza de esas bien delgadas, lo tomas por la coyuntura de los dedos y lo haces empinarse por la punta de los pies, y haces que la lienza no le dé tiempo de volver a apoyarse en los talones, y lo cuelgas desde el techo, desde una viga… Bueno, el tipo queda colgado por la punta de los dedos. Se le adormecen los dedos, se le detendrá la sangre, y sufre grandes dolores. A la vez, lo que tú le estás haciendo no es fuerte, no es para matarlo. Al tipo, bueno, no le quedan más que dos cosas: pensar y sufrir. Buscar cuál es el camino para que se corte la lienza: y para cortar la lienza, tiene que hablar»[92].

También se aprendían en Fort Gulick otras técnicas de interrogatorio más simples, que el mismo «suboficial interrogador» describió así:

«Desnudarlo y hacerlo correr sobre las piedras, entre las espinas, sin zapatos. Amenazarlo con cigarrillos encendidos, en las mejillas, cerca de los ojos, en la boca, cerca de los labios… Acercárselos lo más posible, que sienta el calor, que se queme la piel, pero sin aplicarle el cigarro.» (…) «Nos enseñaban que había que acercar la brasa lo más posible, que se queme la carne, pero sin que se apague el cigarro. Acercárselo a las tetillas, a los testículos…»[93].

Para las mujeres, la técnica impartida tenía un carácter más psicológico, pero igualmente eficaz:

«De las mujeres nos hablan que… para las mujeres había sistemas diferentes. Que cuando una mujer era guerrillera, era muy peligrosa: en eso insistían mucho, en que las mujeres eran extremadamente peligrosas. Que siempre eran apasionadas y prostitutas, y buscaban hombres (…) Entonces, lo mejor era ubicar a la persona que ella más quería, su hombre o sus hijos, y pegarles, torturarles delante de ella. Que ése era muy buen método. Que eso siempre daba buenos resultados»[94].

En cuanto a la «inteligencia militar», este vasto concepto era definido en los siguientes términos por el citado suboficial, según lo aprendido en dicho centro de formación:

«La inteligencia militar estaba basada en dos cosas: no entregar información y recibir información. Esto último se consigue mediante el interrogatorio. O sea, capturar un tipo sin que se enteren los otros, interrogarlo, matarlo, eliminarlo, enterrarlo (…) O sea, interrogarlo mientras pueda hablar, y una vez que el tipo se muere, hacerlo desaparecer para que los rojos no se enteren de que hemos captado información. Eso es inteligencia militar»[95].

En el curso de nuestra investigación documental, hemos tenido acceso a gruesos bloques de folletos de estudio del Ejército Argentino, editados por la Secretaría de Guerra en los años sesenta e impartidos en el llamado «Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria». Tal documentación, atentamente examinada por nuestra parte, nos ha proporcionado material prácticamente inagotable para penetrar en la filosofía de lo que fue, durante largos años, la obsesiva concepción de «guerra antisubversiva» arraigada en los militares argentinos, directamente procedente de la «Doctrina de la Seguridad Nacional». Concepción que miles de jefes y oficiales argentinos estudiaron, aprendieron y asimilaron a fondo en los años cincuenta y sesenta, y que en los setenta iban a tener sobrada oportunidad de aplicar.

Limitándonos sólo a unas pinceladas de tan extenso bloque doctrinal, cabe citar, a modo de ejemplo, algunos puntos del folleto titulado Instrucciones para la lucha contra la subversión, fechado en 1962. En su capítulo III, «Lucha contra las organizaciones clandestinas», sección II, «Proceder con los prisioneros», dicho folleto dice así:

«Interrogatorio:

Es necesario proceder a su identificación, utilizando todos los medios disponibles».

«Primer interrogatorio:

(…) El oficial de información, con su equipo, tiene que tratar de obtener informaciones inmediatamente explotables, local u operacionalmente. Estas últimas son transmitidas de inmediato, no sólo al escalón superior, sino a la autoridad que esté en condiciones de aprovecharlas».

«Otros interrogatorios:

Después de este primer interrogatorio, los prisioneros son dirigidos hacia los escalones superiores, con vistas a interrogatorios más completos (…)»[96].

Respecto a quienes deben ser interrogados, el mismo folleto especifica que habrán de serlo «todas las personas sospechosas», y que «la policía debe identificar e interrogar a todas las personas encontradas en la zona bloqueada»[97]. (Los subrayados son nuestros).

En la década siguiente, estas «Instrucciones» serían aplicadas en su plenitud en toda la República Argentina: miles de personas absolutamente ajenas a toda forma de terrorismo, pero acusadas de «sospechosas» de algún tipo de relación subversiva, por muy casual, indirecta o relativamente ideológica que pudiera ser —como podremos más adelante comprobar por boca de los propios represores, principalmente por la definición de «terrorista» que nos proporcionará el mismo general Videla—, fueron brutalmente interrogadas utilizando «todos los medios disponibles», incluyendo la tortura «mientras pudieron hablar», hasta terminar en miles de casos por «matarlas, eliminarlas, y enterrarlas», con objeto de «hacerlas desaparecer», por citar frases literales de dichas «Instrucciones» y del citado suboficial «interrogador militar».

Conscientes de la extrema dureza de estas técnicas, sus propios diseñadores teóricos reconocían la necesidad de apoyarlas por una intensa «acción psicológica» que las hiciera aparecer como necesarias y, por tanto, justificadas en su aplicación. En este terreno, las enseñanzas de Fort Gulick y de otros centros eran complementadas doctrinalmente con otro tipo de cursos, y muy especialmente por los de PSYOPS (Operaciones Psicológicas), desarrollados en el Centro de Guerra Especial situado en la Escuela de Fort Bragg (Carolina del Norte). En tales cursos se subrayaba el papel que los medios de comunicación de masas han de ejercer en apoyo de las medidas adoptadas para la «neutralización de los insurgentes», puesto que, según su argumento autojustificador,

«… por su misma naturaleza, muchas de estas medidas son bastante severas y han de ser coordinadas mediante una intensa campaña de PSYOPS para convencer a la población de que estos métodos rigurosos son para su propio bien»[98].

En cuanto a esas medidas de «neutralización», el mismo doctor Duhalde nos recuerda que:

«Como fue reconocido ante el Congreso norteamericano en la investigación del “Plan Phoenix” en Vietnam, la “neutralización de los insurgentes” no era más que un eufemismo para hacer referencia a sus asesinatos»[99].

De ahí, de esa terrible dureza que caracteriza a la «lucha contrainsurgente», se deriva la gran importancia concebida por esta doctrina a la «Acción psicológica» en su doble vertiente: la dirigida a la población, para hacerle ver que las medidas represivas —por duras que sean— son necesarias y van encaminadas a «su propio bien», y la dirigida a apoyar moralmente a las propias fuerzas encargadas de ejercer la represión, con objeto de mantener en ellas el grado necesario de agresividad y fuerza moral que les permita acometer con éxito el cumplimiento de su misión.

Así, por ejemplo, el folleto titulado Instrucciones para la lucha contra la Subversión dice, entre otras cosas:

«La protección de la moral de las fuerzas encargadas de la represión debe ser una inquietud permanente».

«El gobierno dispone de muchos medios de difusión para su acción psicológica: diarios, revistas, televisión, carteles, panfletos, películas, etc.».

«La acción psicológica, arma esencial en la fase preventiva (…) lo es también en la fase represiva»[100].

Sin embargo, todas estas doctrinas y técnicas —«psicológicas», de «inteligencia» y de «neutralización»— no impidieron que los Estados Unidos tropezaran en la misma piedra (Vietnam) en la que los franceses habían tropezado dos décadas atrás, frente al mismo enemigo y con el mismo resultado: la derrota final.

5.3. Creación de una mística y de una rígida escolástica de la «lucha antisubversiva». Justificación de toda clase de medios. «Guerra permanente y total»

Pese al doble fracaso —francés y norteamericano— de esta doctrina en su aplicación «contrainsurgente», ya desde antes de la derrota de Vietnam y antes incluso de que el presidente Kennedy enviase a los primeros asesores militares al sureste asiático, este conjunto de teorías y técnicas, este cuerpo de doctrina elaborado en el Pentágono y otros centros militares del Ejército de los Estados Unidos ya había servido de mucho en otro distinto frente: América Latina. Había servido de base para el desarrollo de una mística, de una verdadera escolástica contrarrevolucionaria, que, de hecho, iba mucho más allá de lo militar, y que incluía una concepción del mundo basada en la guerra permanente y total frente a un enemigo de ámbito universal.

A este respecto, el sacerdote belga Joseph Comblin, profesor en Harvard y en la Universidad Católica de Lovaina, y uno de los más profundos y metódicos estudiosos del tema, escribe en su libro La ideología de la Seguridad Nacional:

«Hay ciertamente una doctrina muy rígida que viene de los Estados Unidos, y que es transmitida sin modificaciones en las escuelas de seguridad nacional de América Latina»[101].

«Esa estrategia contrarrevolucionaria fue aplicada en Vietnam con el fracaso que todos conocen. Sin embargo sirvió sobre todo para formar una escolástica militar rígida, un manual de guerra revolucionaria que se tomó, desde 1961, la base de la enseñanza impartida a los ejércitos latinoamericanos. Desde 1965 en adelante, la enseñanza de esa escolástica superó, en las escuelas militares, la enseñanza consagrada a otras formas de guerra. Así, un buen número de oficiales aprendió a interpretar los acontecimientos de su país a través del esquema convencional de la guerra revolucionaria.»[102].

Este concepto de rígida escolástica y de exhaustiva dedicación a este tipo de enseñanza se ve plenamente corroborado, como vamos a ver a continuación, por el estudio del voluminoso bloque de folletos editados por el Ejército Argentino que hemos podido conseguir, dedicados en su totalidad a la «Guerra Contrarrevolucionaria», fechados, por cierto —en plena coincidencia con el dato cronológico proporcionado por Comblin—, en 1961 y 1962.

Para empezar, esa rígida escolástica militar —acertadamente señalada por Comblin como fruto directo de la «Doctrina de la Seguridad Nacional»— impregna el espíritu y la letra de dichos textos didácticos, condicionando su forma y su contenido de forma total. Así, el folleto de «Instrucciones» antes citado, verdadero manual teórico y práctico de la «Lucha contra la Subversión» —con más de cien páginas de notable densidad— constituye el más impresionante ejemplo de lo que puede dar de sí un bloque de conceptos totales, absolutos, monolíticos, dentro de los cuales se pretende encajar toda la tremenda complejidad de la realidad humana —política, social, económica, cultural— dentro de una raquítica concepción del mundo monstruosamente simplificada, hasta límites de verdadera aberración. Concepción agudamente reduccionista —mucho más que el economicismo marxista— pero apta, por esa misma sencillez totalizadora, para nutrir una mística de choque, una «escolástica militar» tan rígida como la que este primario bloque conceptual pretende configurar y mantener.

Unas cuantas y breves citas bastarán para comprobar hasta qué punto es así. Por ejemplo, el ya mencionado folleto Instrucciones para la lucha contra la subversión establece en sus primeras páginas las siguientes definiciones básicas, anunciadoras de lo que va a ser el cuerpo doctrinal de su denso contenido posterior:

«Al conflicto integral se le denomina Guerra Revolucionaria».

«La Guerra Revolucionaria es el medio que utilizan los marxistas-leninistas para imponerse al Mundo Libre».

«Los países que se oponen abiertamente a la hegemonía comunista conducen la Guerra Contrarrevolucionaria».

La Guerra Revolucionaria es «permanente, integral, universal y multiforme»[103].

Estas cuatro características son explicadas así por el folleto en cuestión:

«Guerra permanente. El comunismo no puede renunciar a la guerra sin renunciar a su esencia misma, y, por lo tanto, la guerra revolucionaria no puede ser sino permanente».

«Guerra integral. Es integral por sus objetivos: la conquista exclusiva del poder, y la conquista total del hombre, cuerpo y mente. Es también integral porque abarca todos los campos de la actividad humana: político, psicológico, social, económico y militar».

«Guerra universal. Siendo el comunismo una ideología con pretensiones universales, la lucha que desarrolla para imponerse tiene también esta característica».

«Guerra multiforme. Se adapta con gran habilidad al país atacado y pocos ven inicialmente el peligro, mientras prosigue su acción subterránea.» (…) «Todas las formas de lucha y todos los procedimientos en los diversos campos de la actividad humana le son lícitos»[104].

Bajo esta perspectiva totalitaria, no hay nada ni nadie que pueda escapar a esta «guerra»: todo aquel que no luche activa y permanentemente contra el comunismo está colaborando con él, según sentenciaba el general Carlos Túrolo en el discurso inaugural del Curso Interamericano de Guerra contrarrevolucionaria en octubre de 1961, ante las máximas autoridades civiles y militares argentinas, entre ellas el presidente Frondizi, que —dicho sea de paso— sería derrocado por el correspondiente golpe militar apenas un año después:

«… el que, pudiendo hacerlo, no lucha contra el comunismo con toda la autoridad y medios que le brinda su actividad, profesión, función u ocupación, ya sea por indiferencia, ignorancia o bastardo interés personal, permite, directa o indirectamente, el progreso del comunismo y, por lo tanto, coopera con él.»[105].

Así pues, no hay escapatoria posible. Según esta doctrina, la «Guerra Contrarrevolucionaria» no sólo es integral y permanente, sino que nos afecta a todos sin excepción. Y si cada uno de nosotros no está luchando activamente contra el enemigo, está cooperando con él.

Tampoco existe área alguna del quehacer humano que deba quedar sin la adecuada «réplica» frente a este ataque permanente y universal:

«El Mundo Libre se encuentra en estado de legítima defensa. Su réplica, como el ataque enemigo, debe abarcar todos los campos de la actividad humana»[106].

Para colmo, tampoco existe posibilidad alguna de paz, ni siquiera bajo los regímenes democráticos de funcionamiento pacífico y coexistencia plural, puesto que, según nos advierte el inagotable folleto de «Instrucciones»:

«Cuando no hay operaciones militares ni disturbios políticos, y se lanza la idea de la coexistencia pacífica, la lucha permanece. Se trata sólo de un cambio táctico en el desarrollo de la guerra»[107].

En otras palabras: cuando la práctica de la democracia consigue establecer en una sociedad un alto grado de convivencia civil, con un bajo nivel de conflictividad, esa situación —casi siempre trabajosamente lograda— bajo esta doctrina resulta despreciable, pues en tal convivencia nadie está en pie de guerra contra «la Subversión». Ello significa que, ante nuestra claudicante pasividad, el enemigo permanente sigue avanzando y destruyéndonos, por más que no queramos enterarnos de su perversa labor.

Por añadidura, según proclama la doctrina que nos ocupa, no existe ninguna línea divisoria que marque la separación respecto al enemigo, que se mezcla e interpenetra con nosotros por doquier:

«Consecuentemente, no hay frente que separe a los dos adversarios, cuya interpenetración es íntima»107 bis.

Ello significa que «el enemigo» —es decir, el ciudadano de tendencias izquierdistas o planteamientos socializantes, y su aliado colaborador, es decir, el individuo liberal, pluralista y, como tal, tolerante con todas las ideologías, incluido comunismo y socialismo—, ese peligroso enemigo integral está a nuestro lado, conviviendo con nosotros en las aulas, en la calle, en el ámbito profesional, en la iglesia, en la propia familia, en todas partes, sin dejar de ser por ello ese enemigo permanente e integral que amenaza al Mundo Libre, y contra el que, según esta doctrina, todos estamos obligados a luchar activamente, so pena de colaborar con él.

Esta delirante concepción del mundo y de la vida —que contempla ambos como un feroz campo de batalla, a base de convertir a un enorme número de personas normales en supuestos enemigos encarnizados que es preciso «neutralizar», ya sea como integrantes del enemigo propiamente dicho o como colaboradores de él por acción u omisión— resulta absolutamente incompatible con una convivencia democrática, que requiere la coexistencia de todas las ideologías presentes en la sociedad, y su concurrencia a las urnas en plena libertad. Pues bien; esta visión totalitarista —incapaz de captar el drama de las terribles injusticias estructurales del mundo latinoamericano, pero capaz, en cambio, de obsesionarse con una supuesta guerra universal contra ese «enemigo infiltrado en todas las áreas de la actividad humana»— aparece continuamente reflejada en estos increíbles folletos, editados por el Ejército Argentino e impartidos en cursos para sus cuadros de mando en los años sesenta como enseñanza plenamente oficial.

Hasta qué punto tales enseñanzas surtieron efecto, y hasta qué extremo calaron hondo en el ánimo y en las mentes de gran número de militares profesionales argentinos, es algo que iba a quedar dramáticamente demostrado una década después (años setenta) en el transcurso de la llamada «guerra contra la Subversión». Y este dato previo —la mentalidad militar inculcada por este tipo de formación— resulta fundamental para poder comprender los acontecimientos posteriores, y, sobre todo, los comportamientos militares que constituyen el objetivo central de nuestra investigación.

Para empezar, según esta doctrina, el militar profesional debe estar dispuesto —como vamos a ver— no sólo a estudiar a fondo «la guerra antisubversiva» sino a asumir el protagonismo de ella, de forma parcial o incluso total:

«… es menester que el militar estudie la Guerra Contrarrevolucionaria en su totalidad, pues deberá coordinar su acción con la del país. No debe descontarse que, en un determinado momento en que el proceso revolucionario esté demasiado adelantado, (el militar) deba asumir la responsabilidad parcial o total de la lucha»[108].

Esto era exactamente lo que iba a ocurrir, primero de manera parcial desde febrero de 1975, al asumir los militares argentinos la represión en la zona de Tucumán (el llamado «Operativo Independencia»), y más tarde de manera total, al asumirla en todo el territorio argentino a partir del golpe de Estado de marzo de 1976.

Esta escolástica, esta mística, es considerada imprescindible para el combate contra la «Subversión». Según preceptúa uno de los folletos del bloque de «Teoría Contrarrevolucionaria», dicho combatiente antisubversivo:

«Debe tener como timbre de honor el demostrar una mística igual o superior a la de sus enemigos»[109].

Pues bien; esta «mística» y esta «escolástica» así planteadas, basadas en ese conjunto de definiciones que acabamos de ver —y en su inherente concepción del mundo como una lucha general e ininterrumpida entre el indudable Bien y el más absoluto Mal— conducen inexorablemente a un resultado inevitable: la justificación de toda clase de métodos, en especial de aquéllos que más directamente conduzcan a la victoria final.

Así, por ejemplo, en las repetidamente citadas Instrucciones para la lucha contra la Subversión se manifiesta sin ambages lo siguiente:

«Los participantes (en esa lucha) tienen solamente una obligación, que es el éxito final»[110].

Otro ejemplo de esta totalitaria actitud finalista —en la que se otorga absoluta primacía al fin buscado, sin admitir ningún límite respecto a los medios— aparece también en las páginas de otro de los folletos del Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria; dentro del temario de una «mesa redonda» de dicho curso se incluye el siguiente tema propuesto.

Explicación de la siguiente sentencia del Obispo de Verden, Dietrick von Nickein (1411), en la página 78 del libro El Cero y el Infinito, de Arthur Koestler:

«Cuando la existencia de la Iglesia se ve amenazada, deja de estar sujeta a los mandamientos de la moral. Cuando la unidad es el fin, todos los medios están santificados: engaños, traición, violencias, simonía, prisión y muerte. Porque el orden es para el bien de la comunidad, y el individuo debe ser sacrificado al bien común»[111].

El hecho de que este tema, de tan decisiva importancia moral —tanto en lo eclesiástico como en lo político, lo social y, por supuesto, en lo militar— no aparezca presentado como «Rechazo de…», o «Iniquidad moral de…», o ni siquiera como «Comentario crítico de…», sino precisamente como «Explicación de la siguiente sentencia…», expresa de forma harto explícita lo muy aprovechable que los redactores de dicho folleto y organizadores de tal «mesa redonda» consideraban a la frase en cuestión. Frase que, según ellos, no era digna de ser rechazada ni criticada, sino digna de ser explicada para su aplicación práctica a la situación argentina, contemplada ésta —no lo olvidemos— en el contexto de un curso sobre Guerra Contrarrevolucionaria. Frase plenamente coherente con los comportamientos militares de la década siguiente, con las únicas variantes —mutatis mutandis— de que donde dice «la existencia de la Iglesia» debía leerse «la existencia del Estado», y donde dice «la unidad es el fin» bastaba con poner «la derrota de la subversión es el objetivo final». Pero, obviamente, el resto de los conceptos expresados en tan tremenda frase resultaban, para los redactores de tal folleto, de plena validez en cuanto a la forma en que debe ser defendido «el bien común».

Esta filosofía se vería, años después, no sólo plenamente confirmada por las conductas que más adelante habremos de analizar, sino por las prepotentes declaraciones de altos jefes militares, que no se recataron en proclamar que «la victoria» eximía de todo tipo de responsabilidad. Así, por ejemplo, el general Roberto Viola, presidente de la segunda Junta militar, afirmaba en tono arrogante en su visita a Estados Unidos en 1981, al ser interrogado sobre la masiva violación de los derechos perpetrada en su país desde 1976: «La victoria militar exime de responsabilidades. Nadie puede pedir cuentas a un Ejército vencedor»[112].

Así, en esta «victoria militar» incluía no sólo al aniquilamiento de los núcleos terroristas de Montoneros y ERP, ya exterminados, sino también a los miles de desaparecidos ajenos a todo terrorismo y a todo tipo de violencia, exterminados también. Todo lo cual, al ser englobado en ese «éxito final» que constituye «la única obligación» del que lucha contra la «Subversión», libera, según esta filosofía, de toda responsabilidad a los vencedores, por grandes que hayan sido los crímenes y atrocidades que, en su supuesta «defensa de la Patria», hayan podido cometer.

Ya lo dijo Maquiavelo: «La Patria debe ser siempre defendida, sea con ignominia sea con gloria, porque de cualquier modo la defensa es indispensable». (Discurso sobre Tito Livio). Y, según más adelante tendremos sobrada ocasión de comprobar documentalmente, esta doctrina «antisubversiva», intensamente estudiada y asimilada por los militares argentinos a lo largo de la década de los sesenta —e implacablemente aplicada durante los setenta— incluía la ignominia como uno de los medios admisibles, en función de su eficacia para «el éxito final».

5.4. Intensiva dedicación de las Fuerzas Armadas Argentinas al estudio y preparación de la «guerra antisubversiva» en los años sesenta, con prioridad sobre cualquier otro tipo de conflicto

Como resumen del proceso cronológico de asimilación doctrinal efectuado por los militares argentinos, dice el general Ramón Camps:

«En la Argentina, como ya dijimos, recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego juntas, tomando conceptos de ambas, hasta que llegó un momento en que predominó la norteamericana».

«Es necesario aclarar que el enfoque francés era más correcto que el norteamericano: aquél apuntaba a la concepción global y éste al hecho militar exclusivamente o casi exclusivamente».

«Todo esto, hasta que llegó el momento en que asumimos nuestra mayoría de edad y aplicamos nuestra propia doctrina, que en definitiva permitió lograr la victoria argentina contra la subversión armada»[113]. (La cursiva pertenece al original).

Este proceso de asimilación ideológica quedó plasmado en la enorme profusión de folletos didácticos producidos sobre esta materia, que dejan patente la forma en que este tipo de lucha fue estudiado por las Fuerzas Armadas Argentinas con la más intensa dedicación.

En cuanto a la enorme atención prestada a este tipo de guerra —llámesela «contrarrevolucionaria», «contrainsurgente» o «antisubversiva»— en las enseñanzas cursadas en los centros militares argentinos, principalmente en la Escuela Superior de Guerra en aquellos años sesenta, la acertada afirmación del profesor Comblin —en el sentido de que, en los Ejércitos latinoamericanos en general, el aprendizaje de esa escolástica contrarrevolucionaria «superó a la enseñanza consagrada a otras formas de guerra»— resulta especialmente cierta en el caso del Ejército Argentino en particular. En efecto, los densos y prolijos folletos que hemos venido citando —repletos de doctrina, criterios básicos, conceptos teóricos y prácticos, detallada normativa de planeamiento y actuación—, aparte de llamar la atención por su enorme volumen, sólo posible en una materia didáctica a la que se concede alta prioridad, constituyen la más evidente prueba de la obsesiva fijación de unos militares profesionales en aquella amenaza que más les preocupaba: en aquella forma específica de guerra —para ellos principal y casi única— que acaparaba su atención.

Realidad palmaria que queda tanto más evidenciada cuanto más se profundiza en la lectura de tales folletos —algunos de los cuales aparecen clasificados como «Materia Reservada»—, y cuyos titulares hablan por sí solos:

«La Guerra Contrarrevolucionaria en su aspecto global»; «Táctica de la Guerra Revolucionaria»; «La insurrección urbana»; «La insurrección local»; «Organización del territorio para la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Preparación y conducción de la defensa interior del territorio»; «Las Fuerzas Armadas en la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Lucha contra las organizaciones clandestinas»; «La destrucción de las organizaciones político-administrativas revolucionarias»; «Proceder con los prisioneros»; «Lucha contra la insurrección urbana»; «Aislamiento de la subversión de sus ayudas exteriores», «Teoría contrarrevolucionaria»; «Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria»; «Educación e Instrucción de cuadros y tropa: su adaptación al problema de la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Acción desarrollada en el Ejército Argentino»; «Situación revolucionaria subversiva»; «Características de la penetración e infiltración del comunismo en la provincia de Buenos Aires: a) En lo social; b) En lo general; c) En lo político; d) En lo estudiantil y cultural»; «Las informaciones en la guerra revolucionaria». «Etapas o períodos de la subversión en la guerra revolucionaria». «Medios que utiliza el movimiento comunista»; «Misión de los servicios de información del Estado»; «Coordinación y empleo de las Armas en el desarrollo de la contrainsurrección urbana»; «Los Ingenieros en la lucha contra la Subversión»; «Las comunicaciones en la lucha subversiva»; «La logística en ambiente subversivo»; «El apoyo aéreo en la lucha contra la Subversión»; «Asuntos Civiles y Gobierno Militar en la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Estado de Sitio y Ley Marcial»; «Plan de Operaciones para la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Determinación del procedimiento a seguir en la elaboración del Plan de Operaciones y estructuración de una Doctrina Contrarrevolucionaria»; «Síntesis del contenido de un Plan de Operaciones para la Guerra Contrarrevolucionaria»; «Evolución probable de la estrategia soviética»; «Estrategia revolucionaria»; «Estrategia continental comunista: Campo militar. Campo político, social, económico, psicológico»; «Estrategia del comunismo»; «Técnicas de penetración comunista en los países subdesarrollados»; «Técnica psicológica de la propaganda subversiva»: «Concepto de la nacionalidad y técnica psicológica de la Subversión», etc.

Creemos que este muestrario —aunque incompleto— de titulares extraídos de dichos folletos didácticos nos ilustra suficientemente sobre la absoluta convicción que abrigaban los militares argentinos, ya en la década de los sesenta, respecto al tipo de guerra —prácticamente único— que debían preparar: la guerra interior contra la «Subversión». Dato plenamente confirmado, a su vez, por el general Juan Carlos Onganía, quien, en 1964 —dos años antes del golpe de Estado que le alzó al poder—, manifestaba que la preparación de una guerra clásica a base de grandes concentraciones de tropas y artillería contra cualquiera de sus países limítrofes carecía de todo realismo, y que todas las energías debían concentrarse en el único enemigo real, un enemigo cuyo ataque se producía desde dentro de la sociedad. En cita que ya recogimos más atrás —pero que merece la pena recordar aquí— terminaba el general Onganía: «El principal objetivo del Ejército es, actualmente, prevenir la acción subversiva castrista».

En esta misma línea, y con similar contundencia, el general Osiris Villegas —que desempeñaría un importante papel en la represión posterior al golpe de 1976 y que años después asumiría la defensa del general Ramón Camps en el juicio que le condenó a veinticinco años de prisión por sus crímenes, no ya confesados sino orgullosamente proclamados— aportó otra nítida definición sobre la naturaleza del enemigo a combatir. En su libro Guerra revolucionaria comunista, el general Villegas señaló en su día lo que definió como «el único y verdadero enemigo de la paz, la libertad y el progreso social del pueblo: el comunismo internacional». Frente al cual —añadía— no cabía otra alternativa posible que «o el triunfo del marxismo, o su destrucción»[114].

En definitiva: al ser «único» el enemigo, resultaba lógico concentrar contra él toda la defensa, toda la doctrina, toda la preparación de la guerra, estudiando a fondo ese único tipo de conflicto: la «guerra revolucionaria» desarrollada por ese «enemigo interior», para combatirlo desde dentro mediante la adecuada «guerra contrarrevolucionaria», cuyas características era preciso dominar. Por tanto, lógicamente —siempre según esta visión doctrinal—, en este tipo de guerra debía concentrarse el mayor estudio, el mayor esfuerzo, la más intensa preparación profesional, en detrimento de otros tipos de contienda militar.

Las consecuencias de este desequilibrio formativo iban a traducirse en un doble y dramático resultado: por una parte, la mortífera eficacia sin escrúpulos con que las Fuerzas Armadas Argentinas procedieron al «aniquilamiento de la Subversión», incluyendo en ella a miles de compatriotas ajenos a toda violencia (1976-1983); y, en lamentable contraste, la deficiente actuación operativa —táctica, estratégica y logística— de esas mismas Fuerzas Armadas en la ocasión histórica —única en cien años— en que hubieron de enfrentarse a un enemigo exterior específicamente militar (Malvinas, 1982).

6. LA TORTURA EN ARGENTINA ANTES DE 1976

El artículo 18 de la Constitución argentina de 1853, todavía vigente, dice, entre otras cosas: «Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, y los azotes». Esta prohibición de «toda especie de tormento» no resultaba precisamente gratuita ni innecesaria, pues por aquellas fechas la tortura, bajo diversas formas, era práctica habitual en aquella República, al igual que en los demás países del área, independizados pocas décadas atrás del dominio colonial español.

6.1. Antecedentes españoles y europeos

Existe amplia documentación sobre la frecuente aplicación de torturas y castigos físicos en Argentina con anterioridad a dicho texto constitucional. Diversas formas de tormento, derivadas en buena parte —con unas u otras variantes autóctonas— de las prácticas e instrumentos de tortura traídos a América por la Inquisición española en los siglos XVI y XVII, fueron ampliamente utilizadas en aquel continente —y concretamente en lo que hoy es la Argentina— con considerable profusión. Desde la simple tanda de 25, 50, 75 ó 100 azotes, hasta la muerte por «garrote», pasando por el «potro», el «caballete», el «torniquete», la «garrucha» o «estrapada» —colgamiento por los brazos, dejando caer una y otra vez desde el techo a la víctima—, así como la amputación de miembros —manos, pies, narices, orejas, lenguas u órganos sexuales, según la índole del supuesto delito— fueron castigos usuales durante el primer período colonial, como lo eran, por aquellos siglos, en la misma España y en Europa en general.

Ya en el XVI, contra los excesos y crueldades cometidos por algunos de los conquistadores se alzó la voz de fray Bartolomé de las Casas, proclamando algo tan simple —pero tan increíble en aquellos tiempos— como esto: «Nadie puede ser sometido a tratamientos inhumanos»[115]. La humanitaria posición de fray Bartolomé fue duramente contestada por otros moralistas de su tiempo —recordemos sus duras polémicas con Sepulveda y Fernández de Oviedo—, y las crueldades contra la población india continuaron con mayor o menor intensidad, pese a las Leyes de Indias promulgadas con posterioridad.

Refiriéndose al siglo XVI en las tierras de Tucumán, y entre otros datos aportados por el historiador Ricardo Rodríguez Molas en su riguroso estudio «Historia de la tortura y el orden represivo en Argentina» —que citaremos cuanto sea necesario—, figura esta pequeña precisión referente a los delitos de mínima cuantía: «El corte de los tendones a los reos de delitos leves, como primera advertencia, es el modelo de la justicia sumaria de la época»[116]. Y para situaciones más serias, cabe citar como ejemplo la acción de «castigo, conquista y pacificación» desarrollada en enero de 1577 por las tropas del gobernador Gonzalo de Acosta en la zona de Córdoba (Tucumán), en la cual las tropas «pacificadoras» ejecutaron la siguiente acción militar:

«… para amedrentar a los naturales, queman vivo delante del campamento enemigo a un prisionero. Más tarde, lo señalan en el informe oficial que envían a sus superiores: “Quemóseles un indio delante de sus ojos, que mostraron sentirlo mucho, todo sin daño nuestro”»[117].

Por su parte, el historiador Aníbal Montes recoge documentalmente el castigo físico sufrido por numerosos indios —ya en el siglo siguiente— que fueron «castrados, desorejados y destalonados» a raíz de la insurrección calchaqui de 1630-1643. El texto oficial del nombramiento del capitán de campo Antonio Ferreyra expone así la actuación de este oficial contra los indios: «… procediendo contra ellos (…) como capitán de campo, cortándoles narices, orejas o dedos, desjarretándoles y dándoles muerte…»[118].

Para comprender hasta qué punto cobraron implantación en aquellas tierras las distintas formas de tortura —y toda la concepción mental a ellas aneja— pueden aportarse, entre otros muchos, los siguientes datos referentes a la mentalidad, costumbres y concepto de la autoridad de quienes atravesaban el Atlántico hacia el Nuevo Mundo para proceder a su conquista y colonización. Refiriéndose al tipo de disciplina vigente a bordo de las naves que cruzaban el océano con dicha finalidad, el mismo Rodríguez Molas recoge el siguiente testimonio de Alonso Gómez de Santoya —participante en la frustrada expedición al Río de la Plata capitaneada por Jaime Rasquín en el siglo XVI—, testigo que relata en estos términos el castigo y muerte del contramaestre de la nave capitana, y la mutilación sexual de un par de grumetes adolescentes:

«Aconteció un caso nefando y harto estupendo, que en la capitana se halló el contramaestre della que era puto, que se echaba con un mochaco y con otro, pasaba un caso horrendo; y al contramaestre dieron garrote y echaron a la mar y a los mochacos azotaron, por ser sin edad los quemaron los rabos; cosa que dio alteración harta en ambas naos»[119].

Dentro del área estrictamente militar, la cosa no era más racional. Así, por ejemplo, entre las «decenas de testimonios de torturas judiciales en sumarios civiles y de las Inquisiciones del Archivo General de Indias (Sevilla) y del Archivo Histórico Nacional (Madrid)» estudiados por Rodríguez Molas, éste recoge el siguiente caso, correspondiente a otra expedición naval del año 1607:

«Son muy frecuentes los casos de homosexualidad. Los acusados de esa tendencia sexual son condenados por lo general a tormentos y a la pena de muerte. Al alférez Ximénez Caballería, por caso, se lo condena a la última pena, luego de aplicársele con reiteración el tormento del potro y del agua. Ello ocurría en 1607: “Proceso criminal fulminado de oficio de la Real Justicia contra el alférez Ximénez Caballería del Castillo sobre acusarle que intentó el pecado de sodomía. Juez, el capitán, Gómez, cabo de los galeones de S. M. 1606 y 1607”, en Archivo General de Indias, Sevilla»[120].

Esta situación, de un oficial (el citado capitán Gómez) ordenando la tortura reiterada de otro oficial condenado a muerte (el alférez Ximénez), acusado de intentar (ni siquiera ejecutar) un determinado delito, nos ilustra ampliamente sobre la jerarquía de valores imperante en el ámbito y la época citados. A la vista de este tipo de datos, no resulta difícil comprender la actuación en las nuevas tierras de aquellas autoridades civiles y militares, así como el tipo de sociedad que iba configurándose bajo tal género de autoridad. Aquellos hombres no sólo venían de un país donde la Inquisición hacía sentir su siniestro peso religioso, político y social, sino que todos ellos venían ejerciendo (en calidad de jefes) o soportando (en calidad de subordinados) un concepto de orden, de justicia y de moral que desbordaba por todas partes violencia física y psíquica, fanatismo religioso, desprecio del cuerpo humano, y un alto grado de crueldad. Y en sus navíos no sólo transportaban de España a América sus ansias e ilusiones, su generosidad o su ambición sin escrúpulos, su lengua y su cultura, sus tradiciones, sus prejuicios y su milenaria religión, sus armas y pertrechos bélicos, sus técnicas agrícolas y de construcción, sino que, junto a este voluminoso bagaje espiritual y material, y formando parte inseparable de él, también transportaban sus toscos pero eficaces potros de tormento, habituales instrumentos oficiales de la barbarie inquisitorial. Y el hecho de que tales instrumentos resultasen notablemente simples y primitivos en comparación con el sofisticado y diabólico instrumental de tortura utilizado por entonces en otros países centroeuropeos —basta conocer, por ejemplo, los aparatos expuestos en el museo de Nuremberg— no nos libera de reconocer nuestra triste aportación —aunque ya remota— a la implantación de las raíces históricas de una oscura realidad prolongada en la República Argentina y otros países —en mayor o menor medida— hasta época actual.

Dato éste, la aportación de los conquistadores y colonizadores al uso de la tortura en las nuevas sociedades emergentes de América Latina, que —por mucho que pueda incomodamos en nuestra calidad de españoles del siglo XX— no podemos por menos de asumir a la hora de profundizar en la concreta realidad —militar y social— que en este obra tratamos de analizar. Una de cuyas más terribles facetas va a ser precisamente ésta: la masiva aplicación de la tortura, dentro de la metodología represiva aplicada por las Fuerzas Armadas Argentinas a partir del golpe de Estado de 1976.

Resulta obligado, por otra parte, recordar que la tortura —como forma de castigo y como vía indagatoria para el logro de confesiones— aparecía ya ampliamente arraigada en España y grandes áreas de Europa desde muchos siglos atrás. Recordemos al efecto que, en «Las Siete Partidas», Alfonso X el Sabio dejó escrita nada menos que la siguiente definición histórica.

«Tormento es una manera de prueba que hallaron los que fueron amadores de la justicia»[121].

Y en su Partida VII, título 30 («De los tormentos»), el mismo rey Alfonso proclamaba:

«Los prudentes antiguos han considerado bueno tormentar a los hombres para sacar de ellos la verdad»[122].

Brillantes hallazgos éstos del Rey Sabio, que a su vez se inscribían en una larga tradición anterior de sólida raigambre romana: la procedente del «Digesto» de Justiniano, cuyo libro LVIII, capítulo XVIII («De Questionibus») pormenorizaba las normas que habían de seguir los jueces para torturar a los presos en el curso de su indagación.

Tal fue la influencia del «Digesto» en siglos posteriores que, a partir del hundimiento del Imperio Romano, se constata en los distintos países europeos una estrecha correlación proporcional, subrayada por autores como Tomás y Valiente, Thompson y Rodríguez Molas: a mayor grado de romanización cultural, mayor grado de implantación de la tortura a nivel oficial. A este respecto señala Rodríguez Molas:

«En primer lugar, dejamos establecido el hecho de que la violencia probatoria o “confesión” es una de las bases en que se apoya el Imperio Romano. (…) Así las cosas, con la disolución de dicho Imperio, merovingios, carolingios y otros pueblos “bárbaros” dejan de usarla, relegada en el peor de los casos a los esclavos. España, más romanizada que el resto de Europa, persiste en el uso del tormento. Los visigodos restablecen la “confesión” en momentos en que se integran a la sociedad hispanorromana. Chindasvinto (642-653) autoriza que se torture a las personas libres, de cualquier clase social, durante no más de tres días, y en presencia del juez. Vitiza, otro rey visigodo, introduce la ordalía del agua caliente (caldaria) como prueba de culpabilidad o inocencia. También mutilan y flagelan: doscientos o más latigazos, descalvación (desprendimiento del cuero cabelludo), castración, amputación del pulgar derecho. Chindasvinto castiga la homosexulidad cortando los testículos del inculpado. Lo confirma el xvi Concilio Español “ardiendo —dice— en celos del Señor”, y extiende la mutilación a los sacerdotes y diáconos acusados de esa tendencia sexual»[123].

Por su parte, el jurista español Tomás y Valiente subraya que en la Alta Edad Media la tortura no tenía cabida como elemento probatorio en el procedimiento judicial. Sin embargo, las cosas iban a cambiar algún tiempo después:

«Pero habrá que esperar a la Baja Edad Media para que, con el movimiento de intensificación del estudio del Derecho Romano (…) y su difusión por las Universidades y cortes europeas, se generalice, tanto en el Derecho canónico como en los diferentes ordenamientos seculares, el uso de la tortura»[124].

Como consecuencia de este creciente estudio e implantación, en reiterados textos oficiales de la Iglesia de Roma, ésta admite como legítimo el tormento, incorporándolo al proceso penal canónico, hasta que, finalmente, la bula pontificia «Ad extirpanda» del papa Inocencio IV (1252) asume plenamente los tormentos, aplicados al método de investigación que debía utilizarse en los procesos eclesiásticos, regulando minuciosamente su forma de aplicación. A este respecto señala Tomás y Valiente:

«Los textos romanos, resucitados y reestudiados en las nacientes Universidades, y junto a ellos los textos pontificios, fueron los fundamentos sobre los cuales se erigió la tortura como medio de prueba del Derecho común, difundido por toda Italia (…) y por toda Europa por medio de las legislaciones reales correspondientes a cada una de las diferentes monarquías»[125].

Es de ahí —de este regresivo retomo bajomedieval al Derecho Romano— de donde surgen las ya mencionadas «Siete Partidas», cuyo libro II, título 7, pormenoriza, entre otras cosas, las atroces mutilaciones que correspondía infligir a los autores de diversos delitos —principalmente, corte de manos, pies, orejas o narices—; mutilaciones, todas ellas ampliamente aplicadas en siglos posteriores en España y América, y, más concretamente, según precisa Rodríguez Molas, en los territorios hoy correspondientes a Argentina y Uruguay[126].

En definitiva, nadie podrá alegar que la práctica de la tortura —que tan macabro protagonismo iba a adquirir en Argentina y Uruguay durante los años setenta del presente siglo— constituya precisamente un fenómeno sin antecedentes históricos ni sociales, ni que tales antecedentes resulten ajenos a las raíces de nuestra tan solemnemente invocada «civilización cristiana y occidental».

6.2. Lenta incidencia de la Ilustración en esta lacra social. Reafirmación de la tortura por las fuerzas reaccionarias a ambos lados del Atlántico. Gradual influencia, en la Argentina ya independiente, de la Constitución española de 1812

A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII —pese a la ya recordada aportación humanitaria de Las Casas y de algunos aspectos de las leyes de Indias promulgadas en España—, de hecho, el empleo de diversos tipos de tortura no encontró oposición efectiva alguna, ni teórica ni práctica, en las nuevas naciones americanas.

Sin embargo, en Europa, mediado el XVIII, el pensamiento humanista de la Ilustración ya había comenzado a producir sus frutos —en principio puramente teóricos y de escasa aplicación práctica— en el campo de los derechos humanos: hombres como Beccaria, Montesquieu, Voltaire y Mirabeau incluyeron en sus obras, entre los derechos inalienables del ser humano, el de no ser torturado jamás.

Concretamente, en 1764, el aristócrata y jurista milanés Cesare Beccaria, en su obra ya clásica «De los delitos y las penas», rechazaba de manera razonada pero rotunda la práctica de los tormentos. La reacción absolutista y totalitaria no se hizo esperar. En 1765 el monje Fernando Faccinei, en un iracundo panfleto, condenaba el contenido del libro de Beccaria; poco más tarde, dicho libro era oficialmente incluido por la Iglesia en el «Indice», condena oficial que se mantendría vigente dos siglos, pues no fue levantada hasta 1962.

Pese a la prohibición eclesiástica, el libro de Beccaria recorrió Europa, y, en 1774, «De los delitos y las penas» fue editado en España gracias al empeño de Juan Antonio de las Casas, uno de los escasos cerebros españoles que por aquellos años, aunque con grandes dificultades, trataba de difundir las ideas ilustradas en nuestro país. Pero los sectores tradicionalmente opuestos a todo cambio reaccionaron con vigor: en 1775, el monje jerónimo fray Fernando de Cevallos, representante del más cerrado absolutismo y aguerrido valedor de la tortura, acusó a la obra de Beccaria de «inspirarse en los pensadores materialistas». A su vez, el presbítero Pedro de Castro, canónigo de Sevilla y autor del tratado «Defensa de la tortura o leyes patrias que la establecieron», se unían al rechazo de las ideas de Beccaria y de su epígono español Alfonso María de Acevedo, autor, este último, de un trabajo en el que también rechazaba los tormentos, propugnando su abolición.

Una vez más, las poderosas fuerzas reaccionarias españolas iban a imponerse sobre el humanismo y la racionalidad: un edicto de la Inquisición (Madrid, 1777) condenó el ya citado texto fundamental de Beccaria. Sin embargo, cinco años después, Manuel de Lardizába) publicaba un pequeño trabajo (1782) en el que reivindicaba la validez de la obra beccariana, pidiendo su aplicación. Pero, nuevamente, la total prohibición de dicha obra fue reiterada en 1790 por otro decreto de la Inquisición, que ratificaba plenamente el emitido trece años atrás[127].

¿Qué repercusión tuvieron estos hechos al otro lado del Atlántico, y, más concretamente, a orillas del río de la Plata? Evidentemente, la prohibición inquisitorial de la obra de Beccaria resultaba vigente en todos los territorios americanos de dominio colonial español. Según señala Rodríguez Molas en su valioso y detallado estudio, son escasos los datos disponibles sobre la influencia —probablemente nula en lo sustancial— que la obra de Beccaria pudo tener en las tierras rioplatenses en aquellas últimas décadas del XVIII.

Registremos, sin embargo, un hecho de presumible efecto posterior: uno de los más firmes detractores españoles de la Inquisición, difusor de las ideas beccarianas y tenaz defensor de las posiciones humanistas de la Ilustración, el jurista Ramón de Salas —al que, por cierto, Menéndez Pelayo tacharía en su momento de «heterodoxo» y «volteriano»— ejercía su docencia en el claustro salmantino, precisamente en las fechas en que Manuel Belgrano, alumno en Salamanca, frecuentaba las aulas de aquella Universidad. Lo cierto es que Salas pagó duramente su rectitud de conciencia, al ser procesado y preso por la Inquisición en 1795; privilegiado testigo, para su desgracia, de la situación de los presos en las lóbregas cárceles españolas de finales del XVIII, este jurista, años después, alejado ya de la docencia, escribió páginas llenas de lucidez y dolor sobre el sufrimiento inhumano que unas leyes execrables infligían, con el más absoluto desprecio hacia la libertad, la dignidad, la integridad física e incluso la vida de los seres humanos. Sin embargo cabe imaginar que, en su época claustral coincidente con el alumno Manuel Belgrano, algo —o mucho— de las enseñanzas humanistas e ilustradas de Ramón de Salas pasaría a formar parte del bagaje de conceptos —morales y sociales— que el futuro procer y destacado militar argentino tuvo oportunidad de asimilar al cursar la carrera de Derecho en nuestro país.

Iniciado ya el siglo XIX, los acontecimientos españoles comenzaron a tener notable repercusión —en el terreno que nos ocupa— en lo que muy pronto sería la República Argentina. Tal como expresa Francisco Tomás y Valiente:

«En España, el artículo 133 de la Constitución de Bayona de 1808; el decreto de 22 de abril de 1811 de las Cortes de Cádiz; el artículo 303 de la Constitución de 1812; e incluso, obedeciendo a la corriente de opinión dominante, una Real Cédula de Fernando VII de 25 de julio de 1814, abolieron legalmente la tortura y cualquier clase de apremios o coacciones contra los reos (…)»[128].

También las mismas Cortes de Cádiz —recuerda Ian Gibson—, en su decreto de 17 de agosto de 1813, prohíben en España la «corrección de azotes», por considerar de forma general el castigo físico como «contrario al pudor, a la decencia y a la dignidad de los que son o nacen y se educan para ser hombres libres y ciudadanos»[129].

Harto distinta era todavía la situación en los territorios americanos del Plata. Dice Molas al respecto:

«En primer lugar, recordemos que en el Nuevo Mundo está prohibida la circulación del libro de Beccaria. Y en segundo lugar, debemos tener en cuenta la pobreza intelectual del medio rioplatense, los cortos alcances de los latifundistas y mercaderes (…). La indiferencia, por lo tanto, es general. Las únicas alusiones a los tormentos son favorables a éstos y las encontramos en los “bandos de buen gobierno”; en los escritos, en fin de los procedimientos judiciales»[130].

Los castigos corporales mantenían su plena vigencia, tanto en el ámbito civil como en el militar. Según recoge en sus Memorias Tomás de Iriarte, oficial que participó activamente en las campañas que condujeron a la Independencia de la República Argentina, el brutal castigo de azotes era muy frecuente para la tropa, castigo que describe así: «Se cerraban las puertas del cuartel para evitar la presencia de algún extraño: formaba el batallón (…) y empezaba el vapuleo». Según detalla este oficial, citado por Molas, «mientras tanto, los tambores ahogaban con su estruendo los gemidos de los soldados, que eran golpeados con varas sobre sus espaldas»[131].

Sin embargo, también a la recién nacida República Argentina —independiente ya desde 1810— le llegó al fin lo inevitable: el empuje de los conceptos de la Ilustración, con sus ideas abolicionistas de la tortura, aunque siempre frenadas por las fuerzas de la reacción tradicional. Así, la Asamblea de 1813, siguiendo la línea marcada un año antes en Cádiz, derogaba en Buenos Aires todo tipo de tormento y proclamaba, poniendo el dedo en la vieja llaga: «El hombre ha sido siempre el mayor enemigo de su especie, y por un exceso de barbarie ha querido demostrar que él podía ser tan cruel e insensible al grito de sus semejantes». Tras este crudo reconocimiento, los asambleístas bonaerenses proclamaban su firme propósito: suprimir esa «ley de sangre» incompatible con la dignidad humana y social[132].

Al fin, pues, el humanismo ilustrado parecía imponerse sobre el irracionalismo absolutista también en la nueva nación rioplatense. Pero pronto pudo comprobarse que sólo sucedía tal cosa en las proclamaciones verbales y escritas; no en el campo de los comportamientos reales, como vino a demostrar, entre otros datos incontestables, el hecho de que sólo cuatro años después (1817) el alguacil mayor de Buenos Aires solicitaba la «recomposición urgente» del potro de tortura instalado en la cárcel de Buenos Aires («potro de dar castigo»), aparato cuyo estado deficiente exigía su rápida reparación. Así se hizo, y el aparato, en adecuadas condiciones de funcionamiento, fue reintegrado a su inhumana función. «Ciertamente —subraya Molas— no se trataba de una pieza de museo»[133], sino de un instrumento de frecuente aplicación.

Idéntico retroceso se produjo en la aplicación de duros castigos físicos en el ámbito educacional. Fruto de aquel espíritu liberador de 1813 fue la prohibición de las penas corporales en las escuelas argentinas. A este respecto, y refiriéndose a la crueldad del «castigo excesivo y arbitrario» que suponía las terribles tandas de azotes con vara aplicadas a los escolares de forma habitual, el texto legal de 9-10-1813 consideraba «absurdo e impropio que los niños, que se educan para ser ciudadanos libres, sean en sus primeros años abatidos, vejados y oprimidos por imposición de una pena corporal tan odiosa y humillante como la expresada de azotes»[134].

Se trata, como vemos, de una fiel reproducción (no exactamente en la letra pero sí en el concepto) del decreto de 17-8-1813 promulgado por las Cortes de Cádiz apenas dos meses antes, y ya citado más atrás. Pues bien; en aplicación de esta nueva y humanitaria norma del gobierno argentino, el 20 de noviembre de 1814, el sacerdote Diego de Mendoza, acusado de azotar a sus alumnos de la escuela situada en el convento de San Francisco de Buenos Aires, fue condenado a ocho meses de reclusión. Sin embargo, en un nuevo retroceso dentro de este permanente forcejeo entre progreso y reacción, los estatutos de la Junta de Observación autorizaron nuevamente, en 1815, la flagelación de los escolares como medida disciplinaria de plena legitimidad. Así, el padre Mendoza pudo reanudar impunemente el apaleamiento de sus alumnos, al amparo de esta claudicación legal.

Si bien la posición abolicionista de la tortura había sido ya propugnada por mínimos grupos liberal-progresistas desde los últimos años de la etapa colonial, aquellas ideas, cada vez más potenciadas por la creciente influencia de la Ilustración, fueron heredadas y fortalecidas por la llamada «generación del 37», uno de cuyos más caracterizados miembros, el jurista Juan Bautista Alberdi, en sus «Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina» proponía el siguiente texto legal:

«El tormento y los castigos horribles son abolidos para siempre y en toda circunstancia. Son prohibidos los azotes y las ejecuciones por medio del cuchillo, de la lanza y del fuego.» (…) «El fin de esta disposición es abolir la penalidad de la Edad Media que nos rige hasta hoy y los horrorosos castigos que se han empleado…»[135].

La parte esencial de estas palabras, y el concepto básico que encierran, serán recogidos por la Constitución de 1853, vigente en la Argentina hasta hoy. Pero antes de llegar a ello, las fuerzas reaccionarias volvieron a lograr privilegios tales como el conseguido por las autoridades de Jujuy, que en 1846 obtuvieron «carta blanca» para flagelar directamente, sin necesidad de juicio previo, a los «reos de delitos leves». Y pocos años después, de nuevo en el campo militar, quedaba registrado documentalmente otro caso relativamente similar al del potro de tortura mencionado con anterioridad. Según consta en un recibo firmado el 21-2-1851, incluido entre la documentación investigada por Francisco Romay en el Archivo General de la Nación:

«… pasa hasta el cantón de Tordesillas el oficial de este Departamento, don José María Soto, conduciendo en un carro el potro de castigar en la cárcel, para entregarlo al señor coronel edecán, don Juan J. Hernández, quien se servirá poner a continuación la constancia de su entrega. Por tanto no se le pondrá impedimento en su tránsito»[136].

En el documento se añade la anotación siguiente:

«Palermo de San Benito, febrero 21 de 1851. Entrego el potro de castigar que se expresa en este pasaporte. Por orden y autorización del señor coronel Juan Alejandro de Castilla»[137].

Para comprender lo que significaba el empleo de aquel «potro de castigar» hay que recordar que su aplicación a una persona no sólo le producía sufrimientos indescriptibles, sino también, con no poca frecuencia, lesiones irreversibles que la taraban a perpetuidad.

6.3. La tortura en la Argentina tras la Constitución de 1853

El empeño humanista de Beccaria y de sus epígonos españoles (Acevedo, Lardizábal, Salas) parecía imponerse al fin en la Argentina, y esta vez al más alto nivel jurídico y normativo: el propio texto constitucional. Texto vigente hasta el momento actual, y cuyo artículo 18 —como ya vimos— dispone, en estos tajantes términos, la prohibición de toda clase de torturas: «Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes».

Pero, una vez más, volvería a abrirse de manera inmediata el abismo entre las bellas proclamaciones escritas y la sórdida realidad. En efecto, ya al año siguiente, una disposición del Tribunal Superior de Justicia (Buenos Aires, 29-11.1854), ignorando olímpicamente el reciente precepto constitucional, establecía:

«Que el preso a quien se le encuentre cuchillo, navaja u otro instrumento cortante o punzante, sufra por primera vez la pena de 25 azotes; por la segunda, 50 azotes; y por la tercera, 75. Que este acuerdo se lea semanalmente por el alcalde de la cárcel: todo sin perjuicio de la pena que merezca el agresor en el caso de causar heridas o muerte con esas armas»[138].

De hecho, ya en los debates parlamentarios para la elaboración del texto constitucional de 1853 se habían alzado numerosas voces en defensa de la tortura como práctica legal que se debía mantener. Así, por ejemplo, la del diputado Bartolomé Mitre, cuyo argumento literal fue éste: «El que levanta la voz al sargento, como el que levanta la espada al coronel, comete un acto de insurrección y merece una pena grave; y si los azotes están abolidos, se precisa matar al hombre por una pequeña falta cualquiera.» (…) «Digo, pues, que la penalidad de azotes es más humana, considerada filosóficamente»[139].

En idéntico sentido se expresó en el debate el diputado tradicionalista Rufino de Elizalde, llegando a la conclusión de que «los castigos corporales deben figurar en los códigos de justicia criminal y militar del país»[140].

Frente a estas voces se alzó la del diputado y abogado bonaerense Esteves Saguí, el cual, tras pedir que se suprimieran las torturas que todavía se aplicaban en las cárceles de Buenos Aires, se refirió a la arbitraria aplicación de durísimos castigos físicos en el ámbito militar y en las guarniciones fronterizas en estos términos: «Allí las arbitrariedades se cometieron no en los días de acción ni frente al enemigo, sino dondequiera que ha habido soldados». Los datos aportados por el diputado porteño —señala Molas— resultan rotundamente demostrativos de que «los azotes y los golpes, la tortura, son elementos cotidianos: el método de una organización totalitaria y vertical. No existen dudas. Nadie replica en el Parlamento»[141].

Pese a la teórica vigencia de la abolición constitucional de la tortura, la realidad cotidiana argentina sigue siendo muy otra. En 1860, el profesor y penalista Carlos Tejedor, en su Curso de Derecho Criminal reconoce a la pena de azotes como muy frecuente, aceptándola con la única condición de que el reo no resulte muerto o incapacitado de por vida: «Esta pena, que suele ir junto con la de presidio, se ejecuta en la cárcel misma, o en las calles, paseando al delincuente en un caballo, y dándole en cada esquina cierto número de golpes, con un instrumento de cuero en las espaldas descubiertas. Los golpes nunca deben ser tantos que el reo quede muerto o lisiado»[142].

En cuanto al terreno militar, entre los castigos de uso cotidiano —aparte de los ya mencionados azotes— seguía aplicándose la «estaqueada» al aire libre, en la cual el soldado castigado, extendido en el suelo y atado por sus cuatro extremidades a sendas estacas, era sometido durante horas o días al castigo del sol, del frío y de todas las inclemencias atmosféricas.

Cuatro años después (junio de 1864), y dentro del mismo ámbito de las leyes penales militares, se produjo en el Parlamento argentino uno de los momentos culminantes del forcejeo progreso/tradición: el debate del proyecto de ley Granel y Torrent, destinado a suprimir los castigos corporales aplicados en las Fuerzas Armadas[*].

En tal debate, el diputado, abogado y coronel del ejército Joaquín Granel sostuvo que el castigo de flagelación, tan habitual en las Fuerzas Armadas Argentinas, no era otra cosa que «una costumbre (…) sostenida por el fanatismo inspirado en el terror». A lo que añadió: «La pena de azotes se aplica en nuestro ejército de una manera que constituye una violación de esa disposición constitucional que es el fundamento de nuestro sistema de gobierno: la pena de azotes sólo se aplica a soldados, pero en ningún caso se hace extensiva a los jefes y oficiales, aunque se hubiesen hecho reos del mismo delito». (Todas las cursivas siguen siendo nuestras).

Esta posición fue contestada por el también diputado y coronel Conesa, quien reconoció ante la Cámara que, hallándose el mando de una unidad, «había aplicado la pena de azotes, pese a prohibirla la Constitución» tras de lo cual afirmó: «La abolición de esa pena va a dar por resultado la disolución del ejército. Vamos a abolir la pena de azotes, pero tengamos presente que esa pena va a tener que ser reemplazada por la última pena».

A su vez, el diputado Rufino de Elizalde, haciendo honor a su adscripción tradicionalista, apoyó así su posición defensora de la flagelación para la tropa: «Esta pena ha venido siendo autorizada por todos los poderes públicos de la Nación, y ésa ha sido la tradición de nuestro país hasta el presente».

«¿Saben los señores diputados cómo se manda azotar en nuestro ejército?» —interrogó a la Cámara el diputado y coronel Granel—. «Yo les diré: sin forma alguna de juicio, violando todas las prerrogativas que las leyes militares acuerdan a los que delinquen en el ejército (…) El ejército argentino es una fantasía mitológica que está representada por el suplicio de Prometeo, en que los jefes son el buitre y los soldados las víctimas».

Por su parte, el diputado Adolfo Alsina, representante del sector ganadero latifundista, defendió en cambio vigorosamente la conservación de los azotes en el ejército argentino, preguntado: «¿Entonces, qué quedaría para el ejército? El cepo de campaña, se dice; pero este castigo es un tormento: la Constitución lo prohíbe indistintamente. El cepo de campaña con ligaduras fuertes trae consigo dolores agudos, el entorpecimiento de los miembros, la interrupción de la circulación de la sangre, y la muerte también, si se prolonga demasiado. ¿Qué va a quedar, pues, para el ejército… si se quita la pena de azotes? ¿Cómo y con qué se castigaría, por ejemplo, la falta que comete un centinela que abandona su puesto?».

A lo que el diputado Vélez Sarsfield contestó, sin andarse por las ramas: «Matándolo, que es más humanitario». Ante esto, el también diputado Zuviría formuló otra propuesta alternativa: suprimir a los infractores la paga mensual. Y a continuación formuló una contundente observación comparativa: «Además, en Inglaterra, donde existe esta pena, lo más que se aplica son cincuenta azotes y, entre nosotros, quinientos».

Aprovechando el demoledor efecto psicológico de esta pavorosa cifra, el diputado progresista Nicasio Oroño proclamó con palabras emocionadas —según precisa Molas— que este género de castigos «infaman al hombre» y «degradan a la especie humana»; y a continuación, dirigiéndose a los defensores del látigo y la vara, les interrogó apasionadamente en estos términos: «¿Y cuál es el resultado de esa horrible flagelación? ¿Qué ganan el ejército y la disciplina militar?»[143].

Finalmente, el proyecto Granel y Torrent resultó holgadamente aprobado por la Cámara de Diputados, y después por el Senado. En sus artículos primero y segundo se decía textualmente:

«Todo funcionario que azote a un subordinado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos».

«La aplicación de la pena de azotes es un delito que puede ser acusado ante los tribunales de la Nación por cualquier habitante de la República»[144].

Pese al espíritu y la letra de esta nueva ley, la tendencia histórico-tradicional volvió a prevalecer en el campo de los hechos, tanto en lo civil como en lo militar. Respecto al área castrense, en 1872, el periódico liberal La Pampa decía, refiriéndose a los bárbaros castigos aplicados a las tropas en las guarniciones fronterizas:

«Por la más leve falta, por capricho muchas veces, se tortura a un pobre preso con el horrible castigo de dieciséis horas de cepo a caballo, de donde, generalmente, se saca a la víctima desmayada y tal vea inutilizada para toda su existencia; y (…) ha habido infeliz que, después de haber sufrido tan horrorosa angustia, ha sido cruelmente puesto incomunicado en una pocilga de vara y media de largo por una de ancho durante once días, y sin permitírsele ni cobija (manta) para poder descansar sus torturados miembros»[145].

En cuanto a la población civil, el mismo instrumento —el «cepo», uno de los más crueles artefactos de tortura lenta que el ingenio humano haya inventado jamás— seguía siendo utilizado en sus diversas variantes —el llamado «cepo colombiano», el de madera y el de lazo— en los juzgados argentinos, para mayor eficacia de las investigaciones efectuadas por el correspondiente «juez de paz».

Doliéndose de este hecho, Carlos D’Amico, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1880, daba testimonio en sus memorias, con notable insistencia, de la situación de injusticia que padecían los desposeídos, habituales víctimas del siniestro aparato, recordando que el cepo, en los juzgados de paz, estaba siempre cubierto de recientes manchas de sangre, dato inequívocamente demostrativo de su continua utilización. Más aún, tal aparato aparecía —en palabras de D’Amico— «gastado, liso, reluciente, bruñido por la frecuencia del martirio, como para advertencia del que entraba (al juzgado) de que debía dejar su independencia y su dignidad a la puerta, porque su deber era obedecer y callar»[146].

Dispuesto a modificar esta cruda realidad en el área de su jurisdicción, D’Amico dictó en 1881, entre otras resoluciones, un decreto prohibiendo taxativamente el uso del cepo —al que calificaba de «resabio de épocas atrasadas»— en todos los juzgados, cárceles y comisarías de Buenos Aires, ordenando proceder a su destrucción. A tal efecto dispuso lo siguiente:

«Dentro de un mes a la fecha de este decreto, los jueces procederán a inutilizar estos instrumentos de la manera que crean más conveniente, y harán constar su destrucción en presencia del procurador municipal del partido, del comisario y de dos vecinos, labrando acta que remitirán al Poder Ejecutivo por el Ministerio de Gobierno»[147].

No era ésa precisamente la situación en el terreno militar —Ejército y Armada—, donde la extrema dureza de los castigos físicos resultaba, al parecer, de imposible erradicación. A punto ya de acabar el siglo (1896) cabe registrar el siguiente caso, demostrativo de la extrema crueldad de los castigos físicos aplicados en la Marina de Guerra y el terrible trato que la marinería tenía que padecer. En dicha ocasión, el diputado nacional Francisco Barrioetaveña reclamó la comparecencia del ministro de Guerra para exigir la corrección de los hechos que a bordo de un buque de guerra le había tocado presenciar. Por haber permanecido poco antes recluido —junto con otros presos políticos— a bordo de una navío de la Armada, pudo presenciar los hechos siguientes, que denunció formalmente ante la Cámara de Diputados y en presencia del citado ministro, el ingeniero Guillermo Villanueva, que compareció a tal efecto el 22 de septiembre de 1896:

«He podido contemplar ciertos castigos verdaderamente atroces, inquisitoriales, que se aplican en la Escuadra. He presenciado esto: por la simple sospecha de que un muchacho que figuraba como marinero hubiese hurtado algún dinero a uno de los presos políticos que estábamos en el barco, fue sometido a un suplicio cuya denominación en la Marina he olvidado, pero que de hecho resulta una semihorca. Es un aparato que no asfixia completamente al individuo, pero que lo mantiene suspendido del pescuezo, pisando con la punta de los pies».

«Estuvo el muchacho en este suplicio tres días y tres noches: todos los presos lo contemplamos con nuestros propios ojos, repito. Sólo se le bajaba de la semihorca cuando se desmayaba. Los pedidos de humanidad fueron inútiles. A los tres días, el médico declaró que la vida peligraría si el suplicio continuaba; y recién entonces fue mandado, creo, al hospital, con el cuello semidislocado. El suplicio fue por una simple sospecha. Después se supo que el ladrón había sido otro marinero»[148].

A continuación, el diputado nacional denunció otra serie de bárbaros castigos aplicados en la Armada, tales como «el zambullón» —pasar al castigado, atado de pies y manos, de un lado al otro del buque por debajo de la quilla, lo que casi siempre significaba la muerte de la víctima—, así como otros crueles métodos tales como «los azotes, la barra, varias especies de tormentos proscriptos por la Constitución, y que no deben mantenerse un día más por respeto a la ley, por humanidad, por civilización»[149].

6.4. La tortura en la Argentina del siglo XX. Agudo planteamiento del problema a partir del inicio (1930) de la llamada «era militar»

Como vemos, la República Argentina entraba en el siglo XX con un pesado lastre histórico en el campo de los derechos humanos: con unos hábitos de crueldad física profundamente enraizados en los comportamientos civiles y militares, y duramente resistentes a todo intento fáctico y legal de erradicación.

Los gobiernos constitucionales y democráticos que se sucedieron en la Argentina durante las tres primeras décadas del siglo produjeron una cierta mejora en materia de derechos humanos en general. Aunque sin dejar de señalar los puntos negros que supusieron la «Semana Trágica» de Buenos Aires (1919) y los sangrientos sucesos de Patagonia (1921) —que dieron lugar a graves excesos y crueldades en materia de represión—, justo es decir, de forma genérica, que este período de apreciable estabilidad democrática produjo, en la práctica de la tortura, una notable atenuación.

Pero es a partir del golpe de septiembre de 1930 cuando la evidencia sobre la aplicación de torturas en la Argentina adquiere tales niveles, produciendo tal volumen documental, que el problema consiste en conseguir una mínima pero adecuada selección. Para empezar, constata Molas en su estudio:

«No cabe duda: a partir del golpe militar de Uriburu del 6 de septiembre de 1930 pasa a un primer plano la violencia física.» (…) «A partir de entonces se instala en el país la represión sistemática.» (…) «En defensa de la nación y de la “cultura nacional”, todo está permitido: persecución, cárcel, tortura, asesinato y degradación de los opositores pasivos o activos del sistema»[150].

Dado el volumen de pruebas, textos y testimonios disponibles, nos limitaremos a algunos ejemplos, vinculados de una u otra forma con el estamento militar.

En febrero de 1931, a raíz de ciertos movimientos políticos y sociales de protesta contra la dictadura militar del general Uriburu, dirigentes obreros, estudiantes, e incluso militares opositores, fueron salvajemente torturados en los sótanos de la Penitenciaría de Buenos Aires. A raíz de estos hechos, el que fuera años atrás presidente de la República, Marcelo Alvear, formulaba la siguiente acusación: «Por primera vez en la historia nacional, se oye hablar de espantosas torturas medievales, aplicadas con tenebrosa entonación»[151].

Aunque estas palabras acreditaban un notable desconocimiento de la historia de la tortura en su país —ese «por primera vez» resulta chocante por su ingenuidad—, lo cierto es que la acusación del ex presidente, absolutamente fundada en cuanto a los hechos denunciados, iba a verse rotundamente corroborada en el debate parlamentario que se produciría el 28 de marzo de 1932. En esta fecha, el senador socialista Alfredo Palacios denunciaba ante la Cámara las atroces torturas infligidas en dicha Penitenciaría contra opositores a la dictadura.

Ante la negación de los cargos por Sánchez Sorondo —ministro del interior en las fechas de los hechos—, el senador Palacios pasó a la presentación de pruebas irrefutables. La máxima evidencia probatoria procedía precisamente de dos oficiales del Regimiento 2.º de Infantería, integrantes del destacamento de esa unidad que ejercía el servicio de guardia en la citada penitenciaría de Buenos Aires, en cuyo recinto las torturas tuvieron lugar.

Ambos oficiales —pese a su explícito alineamiento con la dictadura de Uriburu— firmaron su declaración como testigos de las violencias presenciadas. Sobre la base de este y de otros testimonios, el senador Alfredo Palacios manifestó ante la Cámara:

«Los empleados, los guardianes, los inspectores de vigilancia, los oficiales del destacamento del Regimiento 2.º de Infantería, que se encuentran todavía en sus puestos (…), declaran indignados que se han comprobado en la Penitenciaría los torturas que se realizaban»[152].

Concretamente, la declaración del teniente primero Adolfo López, de dicho 2.º Regimiento, expresó así lo observado cuando ejercía su servicio de guardia en la Penitenciaria de la capital federal:

«Desgraciadamente, lo que he presenciado y lo que he oído durante los días inciertos de 1931 me han demostrado que estamos frente a la más honda perturbación de los sentimientos y a la dolorosa comprobación de perversiones morales que, si cundieran en el ejército, serian de consecuencias irreparables,»[153].

Resulta escalofriante leer esta frase tantos años después —«si cundieran en el ejército»— y poder comprobar, a la vista del drama desencadenado en los años setenta, hasta qué punto estas palabras de un testigo de los excesos de 1931 resultaron exactamente premonitorias de la tragedia que iba a producirse casi medio siglo después, cuando tales excesos cundieron realmente en las Fuerzas Armadas Argentinas y produjeron esas consecuencias irreparables que el citado oficial, tan acertadamente, había sabido prever.

En cuanto a las torturas aplicadas en aquellos negros días de febrero de 1931, el teniente primero Adolfo López detalló en su testimonio lo siguiente:

«Allí se me enseñó un aparato que (…) había servido para torcer los testículos de los torturados; una prensa que se utilizaba para apretar los dedos; un cinturón de cuero con el que se hacía presión en el cuerpo y al que llamaban camisa de fuerza, etcétera… Confieso que la comprobación de lo que creía fuera una rumor sin fundamento me indignó tan profundamente que sentí repugnancia (…) Regresé al cuartel y puse en conocimiento de mi jefe, el teniente coronel Santos V. Rossi, lo que había visto, agregando que la tropa estaba enterada de todo, porque los agentes de investigación a las órdenes del comisario Vaccaro se jactaban de los tormentos y explicaban a los conscriptos cómo se aplicaban. Yo expresé mi descontento, lo mismo que muchos otros oficiales. Estas expresiones mías y de otros camaradas llegaron a conocimiento del teniente coronel Molina, quien por intermedio del teniente coronel Rossi me manifestó su desagrado»[154].

Como vemos, era todavía una época (1931-32) en que los militares argentinos «manifestaban su desagrado», «se indignaban profundamente» e incluso «sentían repugnancia» —por citar las expresiones literales del oficial en cuestión— ante la aplicación de unos tomentos que, tras varias décadas de gobiernos democráticos y relativa moderación en materia de derechos humanos, recuperaban de pronto toda la brutalidad de la peor tradición argentina en cuanto a métodos físicos de represión. A este respecto comenta Molas:

«Nos encontramos frente al testimonio de un joven oficial a quien, es posible, el sentido de obediencia vertical y el autoritarismo no habían podido deformar su pensamiento. No olvidemos que el país ingresaba en el infierno dictatorial después de tres lustros de gobiernos elegidos por la voluntad popular, y también con la presencia activa de un movimiento sindical consciente de los derechos humanos y de la condición de la clase trabajadora. A pesar de las opiniones conformadas a la sombra de las doctrinas tradicionales y de otras que llegaban de Europa, no todos los oficiales estaban contaminados por las ideas fascistas o integristas, proceso que ha de generalizarse en los años siguientes…»[155].

Según la documentación parlamentaria y los testimonios acumulados, los torturadores argentinos de 1930-32, al atormentar a sus víctimas, sólo pretendían «aniquilar su voluntad, averiguar el nombre de los opositores más decididos, imponer el terror a todos»[156]. Pero todavía, a diferencia de sus colegas de 1976-83, no pretendían también matarlos y hacerlos desaparecer.

El más caracterizado artífice de aquella represión era el jefe de Orden Político, Leopoldo Lugones (hijo del poeta fascista del mismo nombre), jefe policial que, según los testimonios aportados al debate del Congreso, dirigía las sesiones de tortura de los presos considerados de mayor relevancia, acompañado en tales casos por el propio ministro del Interior, Sánchez Sorondo, el coronel uriburista Juan Bautista Molina y, en todos los casos, del comisario Vaccaro y sus hombres, autores materiales de las torturas aplicadas en aquellas fechas dentro de la Penitenciaría de la capital.

Es de notar que, entre los opositores sometidos a vergonzosos tormentos, figuraban militares opositores a la dictadura de Uriburu, tales como el general Baldassarre y el oficial Gerardo Valotta. Este último, al declarar bajo juramento las infamias a que fue sometido en los sótanos de dicha Penitenciaría, manifestó entre otras cosas:

«Estaba mi cuerpo atado por un piolín grueso y fuerte que, pasando por debajo de mis piernas, por la cintura, por el pecho, por la garganta y por la frente, como un lazo, me unía los brazos por detrás de la silla a un extremo corredizo. Tirando de éste, imprimían a su voluntad tensión a las ligaduras»[157].

A su vez, el estudiante de ingeniería Néstor Jáuregui implicó directamente a Leopoldo Lugones (hijo) en su declaración escrita:

«La orden del señor Leopoldo Lugones fue la siguiente: “Ya saben, si dentro de cinco minutos no cantan, procedan como siempre.” (…) Se retiró porque, según oímos de su boca Schelotto, Lunazzi y yo, “él no era capaz de torturar, pero sí —y aquí el énfasis— muy capaz de mandar torturar”»[158].

Entre el vasto arsenal de instrumentos utilizados por los torturadores argentinos a partir de la trágica inflexión de 1930, Molas, en sus «Textos documentales sobre el orden represivo», enumera los citados a continuación:

«Los siguientes, entre otros, son los sistemas “técnicos” de la barbarie psicopática de los renovadores inquisitoriales: a) la silla (“se ataba al preso a una silla de hierro, se lo amarraba fuertemente y, ya inmovilizado en esa forma, se lo castigaba a puntapiés, a trompadas o cachiporrazos, a gomazos”); b) el tacho, invención de Lugones (“bruscamente se elevaba al atormentado, haciéndolo caer, completamente atado y de bruces, en un tacho inmundo, repleto de agua y de las asquerosas bazofias (…), y después de un nuevo interrogatorio y de otros golpes de puño, de cachiporras o de puntapiés, se le sumergía por segunda o tercera vez en ese dantesco recipiente”); c) los tacos (“se colocaban contra los riñones cuando el torturado era atado a la silla (…); iban penetrando poco a poco en la carne del atormentado y el suplicio se tornaba horrible”); las prensas (“prensa para apretar las manos o una prensa mayor para martirizar el cuerpo íntegro (…); las largas maderas estaban unidas por una especie de bisagra en uno de los extremos, y en el otro por un tornillo sin fin, que se iba apretando ante cada negativa a declarar y hasta que el torturado se desmayara”); e) La tenaza saca-lengua (“tenaza de madera, con la que se tiraba de la lengua a los detenidos…”); f) el serrucho (“consistía en serrucharle el cuerpo desnudo, mediante una fuerte soga de cáñamo”); g) el triángulo (“consistía en tener en un estrecho y húmedo calabozo, completamente desnudo, al detenido, mientras se anegaba cada cuatro o cinco horas el calabozo a fuerza de baldes de agua”); h) las agujas caldeadas al rojo (“se utilizaron contra el obrero Bacaioca (…); se le traspasaron con agujas al rojo las partes genitales”; i) el papel de lija y aguarrás (“se les raspaba el pecho con papel de lija y se les rociaba con alcohol y aguarrás”)»[159].

Hasta aquí, una muestra de algunos de los métodos —todos ellos documentados— del instrumental desplegado por los represores argentinos a comienzos de los años treinta. «Es indudable —dice Molas tras esta enumeración— que al término del relato sintamos repugnancia e indignación. Pero hay otros aspectos tan importantes y atroces como los anteriores y que los sistemas represivos posteriores perfeccionan: incomunicación del preso, aislamiento e ignorancia de su situación legal. El espectáculo de la dignidad aniquilada del hombre, abandonado y en debilidad ante los opresores, sin esperanza, es tan destructor como la máquina de la violencia irracional que lo somete a tortura»[160].

Muy pocos años después (en torno a 1934-35), a todo este instrumental del infierno vendría a sumarse la pieza más destacada, que con el tiempo llegaría a adquirir triste notoriedad internacional: la llamada picana, instrumento capaz de producir fuertes descargas eléctricas sobre el cuerpo humano, y que demostraría ser un eficacísimo método de tortura, sobre todo cuando se aplica en los órganos anatómicos de mayor sensibilidad. Instrumento que, en manos de los torturadores argentinos, acabaría desplazando y sustituyendo —por subdesarrollados y ya innecesarios— a la mayor parte de los artefactos anteriores, de evidente ascendencia medieval.

6.5. La tortura bajo el gobierno de Perón

Avanzada ya la década siguiente, y bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, numerosos testimonios y documentos vuelven a poner de manifiesto la práctica brutal de la tortura, enriquecida ya con la aportación de la picana como instrumento primordial. Entre los casos registrados en dicho período, cabe destacar los siguientes.

En 1948, el dirigente del Partido Laborista Cipriano Reyes —importante colaborador al triunfo peronista en las elecciones de 1946—, y algunos de sus seguidores, entre otros Walter Beveraggi Allende, fueron detenidos y sometidos a tortura, acusados de «conspiración contra el Estado». Es decir: la acusación que siempre puede formularse contra cualquier movimiento político opositor. He aquí una pequeña parte del testimonio del citado Allende sobre el trato que dicho grupo recibió de la Policía Federal:

«El sábado 25 (septiembre de 1948), por la noche, se nos condujo por tandas, y en una camioneta forrada interiormente con cortinas, en forma de impedir toda visión, hasta un misterioso lugar, que días después supimos que era la Sección Especial de la Policía Federal, y a donde se lleva habitualmente a los presos para aplicarles los instrumentos de tortura. A medida que se nos descendía de la camioneta, cuidadosamente esposados, se nos cubría la cabeza con una capucha negra, para impedir que reconociéramos el lugar».

«Luego me condujeron a la sala de torturas. Se me amarró fuertemente a una tarima alargada, pero previamente me cubrieron con un paño grueso, para impedir que la picana eléctrica dejara rastros al producir quemaduras en la piel. Inútilmente repetí que estaba dispuesto a contestar a cuantas preguntas me quisieran hacer, y que era innecesario e inhumano aplicarme el tormento. Los peores insultos y las más groseras pullas ahogaban mis palabras».

«Una vez que estuve inmovilizado sobre la tarima, comenzó la tarea. Se aplicaba el alambre electrizado sobre distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello, en el pecho, y sobre todo en las partes más sensibles. Para ahogar los desesperados ayes de dolor se hacía funcionar a todo volumen un altoparlante, que transmitía música, y se me tapaba la boca con una mordaza (…) Según mis cálculos, estuve amarrado a la tarima algo más de una hora, que fue el plazo que duraron los tormentos y el interrogatorio».

«Cuando se me quitaron las ligaduras tuve que ser levantado en vilo, pues no podía incorporarme por mis propios medios. Me ayudaron a hacer flexiones durante algunos minutos y me condujeron luego a empellones al calabozo. Una vez en él me quitaron, de atrás, la venda que me cubría los ojos, y sólo me permitieron volver la cara cuando los policías se hubieron retirado. Me consumía entonces una sed abrasadora. Vanamente pedí agua, y para mayor tormento se escuchaba el ruido de un depósito que intermitentemente derramaba su contenido. Sólo se me permitió saciar mi sed veinte horas después»[161].

El tristemente célebre comisario Lombilla, jefe de la Sección Especial —que inició su carrera en los primeros años treinta a las órdenes del ya citado Lugones (hijo)— dirigía los interrogatorios y la administración de la tortura. Pero la picana sólo era una parte de ella: Cipriano Reyes y su grupo de opositores al régimen peronista hubieron de soportar golpes, privación de alimentos y agua, continuas amenazas de muerte, fusilamientos simulados, además de permanentes injurias y el más flagrante desprecio a su dignidad personal.

Meses más tarde (abril de 1949), tras producirse las primeras manifestaciones serias de ciertos sectores obreros contra el gobierno peronista, un grupo de operarios telefónicos —hombres y mujeres— caían en manos del mismo comisario Lombilla y su ayudante Amoresano. Una de las víctimas, Nieves Boschi de Blanco, embarazada, expresaba en éstos términos una parte de las penalidades a las que fue sometida:

«En la mitad de la declaración (…) Amoresano procedió a cubrirme los ojos utilizando algodón y un largo vendaje. Conducida por un largo corredor a otra habitación me obligaron a acostarme sobre una camilla. Comenzaron entonces a utilizar la picana eléctrica, primero sobre la ropa y luego directamente sobre el cuerpo, levantándome el vestido y prendas interiores hasta la altura del cuello. La aplicación se realizó sistemáticamente por espacio de diez minutos en los oídos, senos, vientre, ingle, órganos genitales y piernas, sirviéndose de una toalla humedecida como medio conductor. Como resultado de la tortura sufrí el primer desvanecimiento, restablecida del cual reiniciaron el procedimiento durante otros cinco minutos. Ante una nueva pérdida del sentido, se me quitó la venda, pudiendo comprobar entonces que las voces y risas antes oídas correspondían a los mencionados Lombilla, Ferreiro y otros tres, cuyos apellidos desconozco. La tortura fue precedida y acompañada por obscenos agravios de palabra y de hecho (en una oportunidad Amoresano expresó: “Te voy a hacer largar el hijo antes de tiempo”). Para evitar que se escuchara, se había colocado un disco»[162]. (El paréntesis pertenece al texto original).

El año anterior se había producido otro caso que adquirió amplia repercusión pública, al ser revelado a la prensa por uno de sus protagonistas, el médico Alberto Caride. Éste, en la madrugada del 15 de febrero de 1948, fue requerido en su domicilio por la policía para prestar asistencia a un preso que, al ser interrogado, había sufrido una fuerte conmoción cerebral. Se trataba del estudiante porteño Ernesto Mario Bravo, militante en el centro gremial universitario, el cual, hábilmente interrogado por el inevitable Lombilla y su inseparable Amoresano, yacía inconsciente sin que ninguno de los métodos de reanimación practicados por sus torturadores hubiera dado resultado.

Según testimonió a la prensa con notable valor el propio doctor Caride, al llegar a los locales de la temida Sección Especial, el comisario Lombilla le explicó, en tono de indisimulada vanagloria, las eficaces técnicas de interrogatorio que utilizaban allí. Refiriéndose al detenido traumatizado, Lombilla explicó al doctor:

«Cuando se aplica la picana por largo tiempo, los músculos se contraen permanentemente y el detenido queda duro. Entonces lo ablandamos. Como las mandíbulas son lo primero que se endurece, se las ablandamos con una buena trompada. Lo hicimos con este sujeto, pero no nos resultó. Yo lo agarré por los cabellos y golpeé su cabeza sobre la mesa donde estaba atado. Piense en eso: eso podría haberle producido la conmoción cerebral»[163].

Horrorizado ante la naturaleza de lo allí sucedido, el doctor Caride manifestó en su pública denuncia de estos hechos:

«Me di cuenta entonces, por primera vez (…) de que las torturas se habían convertido en una ciencia. Estos brutos que ahora me rodeaban eran especialistas en el arte de producir sufrimientos. Ellos lo sabían y se jactaban del perfecto conocimiento de cuánto tiempo podían continuar torturando sin que la víctima de sus endiabladas acciones muriera sobre la mesa»[164].

En 1953, por enésima vez, volvía a denunciarse ante el Congreso la práctica de la tortura en Argentina, en abierto quebrantamiento de los más elementales derechos humanos y del propio texto constitucional. El diputado nacional Santiago Nudelman, apoyado en detallados testimonios de diversas víctimas, informó a sus colegas parlamentarios, haciendo especial hincapié en un punto concreto: la técnica más habitualmente utilizada en las comisarías argentinas para torturar a los opositores políticos. He aquí parte de su explicación:

«En la cámara de tormentos, elegida la víctima, después de vendársele los ojos, se la desnuda tapándole la boca para impedir que se escuchen sus gritos. Se la coloca sobre una mesa de madera y se le atan los cuatro miembros (…) El aparato de corriente continua funciona a pila eléctrica, y otras veces adaptado a un acumulador, que puede ser el de un automóvil. Tiene una bobina Rumkorf para elevar el voltaje y reducir la intensidad. En los extremos de cada polo se adapta un cable que termina en un manguito cubierto de material aislante. Los terminales son de cobre o bronce».

«Para que el efecto sea mayor, se humedece el cuerpo de la víctima. El aparato es semejante en su construcción al que se suele usar para “picanear” en los corrales a los animales que no responden al látigo. Se usa aplicándolo en los sitios más sensibles del organismo. A veces, en la profundidad de la cavidad bucal, fosa nasal, etc., para ocultar los rastros de una futura pericia médica»[165].

Para terminar esta referencia al período peronista (1943-1955), recordemos un último testimonio: el de Juan Ovidio Zavala, el político que, tras el derrocamiento de Perón sería nombrado Director de Institutos Penales. Éste, buen conocedor del problema por haber sido él mismo anteriormente sometido a tortura en dos ocasiones por la policía peronista, resume así su espeluznante experiencia personal bajo la picana:

«La energía eléctrica pasa por dentro de uno. Mil alfileres de fuego se clavan en la cabeza, en el corazón, en el estómago, en la boca, en todas partes. Producen dolor, angustia, deseos de morir. No conozco nada similar a su dimensión de horror. Unos quieren gritar, pero no pueden permitirse ese alivio. Los labios están cerrados con esparadrapo. A eso se llama “poner la tapa” en la jerga de los torturadores»[166].

Vemos, pues, que la etapa peronista (1943-1955) tampoco brilló precisamente por el respeto a los derechos humanos, sino que en ella se mantuvo la práctica de la tortura, impulsada por ese hallazgo tecnológico —la picana eléctrica— que tan eficazmente la vino a perfeccionar. Particularmente, los últimos años de esta etapa registraron un incremento de la represión y la violencia policial. Según constata Molas: «… los controles policiales, la persecución a los opositores, en fin, la violencia física, va en crescendo a partir de 1950»[167].

6.6. La tortura en la Argentina tras la «Revolución Libertadora» de 1955

En septiembre de 1955 se produjo la rebelión militar que acabaría derrocando al general Perón. Durante los días iniciales, con la situación todavía no resuelta, la emisora de Puerto Belgrano, defendiendo la causa rebelde, preguntaba a su audiencia radiofónica: «¿Saben ustedes de alguien que haya sido torturado en las zonas ocupadas por las fuerzas rebeldes?»167 bis. Con ello expresaba el firme propósito de muchos argentinos del bando insurrecto —triunfante pocos días después— en el sentido de terminar para siempre con la innoble práctica de la tortura, tan incrementada desde 1930 en aquella sociedad.

Sin embargo, ese humanitario propósito —más voluntarista que otra cosa— iba a verse frustrado una vez más. Depuesto, a su vez, de la presidencia el general Lonardi pocos meses después (noviembre de 1955) y disuelto el Partido Peronista, la situación se agravó progresivamente hasta que, el 9 de junio de 1956, se produjo una nueva insurrección militar. Sofocada ésta, veintisiete de los rebeldes fueron fusilados pocos días después. Entre los ejecutados sumariamente figuraba el general Juan José Valle, única ocasión en que se ha aplicado a militares argentinos la pena máxima por rebelión armada en la historia de ese país.

En los días y semanas siguientes, e incluso en los meses posteriores al fracasado intento militar, proliferaron las denuncias de torturas, parte de las cuales pudieron ser silenciadas por la represión; pero otra parte de ellas trascendió a la prensa de provincias y de la propia capital. Entre otros diarios, La Nación, La Prensa y La Gaceta de Tucumán, se hicieron eco de numerosos casos de tormentos; incluso se llegó a denunciar la práctica de torturas policiales en ciertos locales del que debiera ser el templo mismo de la democracia: la sede del Congreso Nacional.

Un resonante artículo, publicado por el entonces joven escritor Ernesto Sábato en la revista Mundo Argentino —bajo el título «Para que termine la interminable historia de las torturas»—, le valió su cese como director de dicha publicación. Por aquellas mismas fechas (agosto de 1956), el director de Institutos Penales restituyó en sus cargos a una serie de funcionarios bien conocidos como torturadores, y anteriormente cesados por sus excesos en los días posteriores al golpe militar de 1955.

La victoria electoral de Arturo Frondizi en los comicios del 23 de febrero de 1958 pareció dar paso a una etapa progresista, bajo el poder democrático civil. Pero diversos factores, cuyo análisis escapa a nuestro propósito, iban a contribuir al deterioro social y, por tanto, al incremento de la agitación y de la consiguiente represión. Entre tales factores de deterioro institucional destaca el permanente enfrentamiento del gobierno Frondizi con las Fuerzas Armadas, realidad que es subrayada por Alain Rouquié, quien contabiliza durante dicho período, y hasta el definitivo derrocamiento de Frondizi, nada menos que treinta “planteos” institucionales (actuaciones de insubordinación abierta frente al poder civil) «sin contar los pronunciamientos espontáneos y los alzamientos de oficiales peronistas»[168].

Durante aquel período de poder constitucional civil bajo la presidencia de Frondizi (1958-62), los casos de tortura no dejaron de ser denunciados, siendo reiterado objeto de debates en el Congreso. Así, en 1961, el parlamentario socialista Alfredo Palacios denunciaba los excesos cometidos al amparo del llamado «Plan Conintes» (Conmoción Interna del Estado), destinado a hacer frente a la agitación social:

«Hoy también se tortura en el Estado de Derecho». (…) «El mal no es actual, que es una costumbre inveterada: casi podríamos decir, el método corriente en toda la policía para obtener lo que falsamente se cree que será la verdad, de los labios del detenido». «El vejamen al detenido o al presunto delincuente es norma y no excepción»[169].

El propio Silvio Frondizi, hermano del entonces presidente[*], fue por aquellas fechas uno de los más firmes denunciantes de las torturas perpetradas al amparo del citado Plan CONINTES. Nuevamente, el Congreso hubo de convertirse en escenario de agrias polémicas, derivadas de las reiteradas denuncias y testimonios estudiados por la Comisión Investigadora de Torturas, constituida en el Congreso a tal efecto.

Harto de la pertinaz y avestrucesca actitud de numerosos parlamentarios de la derecha, que seguían negando la existencia de la picana eléctrica, el citado senador Alfredo Palacios tomó una audaz decisión: irrumpir en una comisaría y hacerse con el instrumento en cuestión. Logrado dicho propósito, manifestó en el Congreso:

«He comprobado muchos casos de tormentos a políticos militantes, y he contribuido a que la Comisión Investigadora de las Torturas tenga hoy en su poder la máquina infernal que se empleaba para anular a la persona humana.» (…) «Característica común, en lo que hemos dado en llamar método corriente de apremio, es la aplicación de la picana eléctrica en el cuerpo previamente humedecido, golpes, puntapiés y privación de alimentos, aun de agua, generalmente por un período que parecería calculado para lograr el resultado de llevar a la víctima a un estado psíquico que la coloque a merced del interrogador…»[170].

Entre los casos denunciados ante la citada Comisión Investigadora, cabe mencionar uno de ellos, producido en el área militar, el referente a las torturas sufridas en junio de 1960 por un militante político, apellidado Pesquera, en dependencias del Regimiento 7.º de Artillería de la Plata. «Estaqueado, se le picaneó en el pecho, abdomen y testículos. Quince años más tarde —añade Molas— hechos de esa naturaleza se multiplicarán por miles en las guarniciones de las fuerzas armadas del país»[171].

En efecto, por aquellos primeros años de la década de los sesenta —y como consecuencia del intenso estudio de la llamada Guerra Contrarrevolucionaria y de la Doctrina de la Seguridad Nacional— empezaban a generalizarse ya dentro del estamento militar argentino los planteamientos ultraderechistas y totalitarios que en la década siguiente acabarían alcanzando su trágica culminación.

Con amplia aportación de textos, Rouquié constata este proceso, señalando que en los medios militares argentinos, a partir de 1960, comenzó a arraigar una mentalidad no ya conservadora sino increíblemente reaccionaria: «Denuncias extravagantes acompañaban a previsiones apocalípticas, bien indicadas para perturbar la mente de oficiales sin duda sensibles a la simplicidad maniquea de los argumentos». En las páginas de la Revista Militar —añade Rouquié— militares profesionales argentinos renegaban abiertamente de la democracia, calificando a las libertades como «antecámara del Mal»[172], y propugnando el empleo de la fuerza para hacer frente al «Anticristo» desde una «Sociedad finalista», fundamentada en los fines y valores de un integrismo totalitario. Los fines, pues, estaban claros; los medios no importaban en absoluto.

Fenómeno peligroso, preludio siempre de sangre y de muerte; pero de ninguna manera inexplicable. Era el fruto de la decisiva influencia, en las Fuerzas Armadas Argentinas, de la ideología inculcada por los teólogos franceses Ousset y Grasset, y los doctrinarios argentinos Genta, Disandro y Meinvielle desde años atrás; a lo que vino a unirse (a partir de 1960-61) el intenso estudio de los conceptos totalitarios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, con la visión de la «lucha antisubversiva» como una guerra «total, integral, permanente y universal», como ya vimos más atrás. Con este bagaje mental como base formativa, nadie puede asombrarse de esos hechos constatados por Rouquié: era el momento (años sesenta) de la acelerada incubación del fanático totalitarismo cuyos frutos prácticos horrorizarían al mundo una década después.

6.7. La tortura tras la «Revolución Argentina» de 1966

La incidencia de este proceso doctrinal en la práctica de la tortura resultó considerable, particularmente a partir del golpe militar del general Juan Carlos Onganía —la denominada por sus autores «Revolución Argentina»—, con el derrocamiento del presidente Arturo Illia y la consiguiente dictadura militar implantada desde junio de 1966. A partir de entonces, la aplicación de bárbaras torturas se intensifica, dejando una abundante constancia documental.

Referente a este período 1966-73, el informe del Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos especificaba:

«La variedad de castigos corporales incluye innovaciones tales como el “teléfono” (golpear con ambas palmas de la mano, al unísono, en los oídos), pero sin olvidar las patadas (especialmente en los órganos vitales y sexuales), trompadas (espalda, cabeza, costillas y vientre). “Reanimar” a los detenidos significa, en el lenguaje de los torturadores, colocar a la víctima frente a un ventilador para que recobre el conocimiento y proseguir con los castigos corporales. La golpiza sólo se detiene cuando el detenido es una masa informe y sanguinolenta, o bien los golpes son dosificados progresivamente para aumentar la intensidad de la tortura»[173].

Pero el instrumento predilecto de los torturadores argentinos seguía siendo la picana eléctrica. Dentro del mismo informe del citado Foro, editado en 1973, pueden leerse testimonios como los siguientes:

«Me colocaron sobre una mesa y me estaquearon. Comenzaron a picanearme en los senos, en los órganos genitales, piernas y estómago, y en el ano. Me tiraban del cabello, pedí por favor que no continuaran. Seguían picaneándome, se me paralizó una pierna, me pegaban en ella, comencé a sentir unas puntadas muy fuertes en el lado izquierdo del pecho, en la espalda y en los órganos genitales. Sin embargo, siguieron torturándome; para que no gritara me pasaban la picana por la boca. Me amenazaron con dejarme estéril para toda la vida, que iban a destrozarme, que tomarían represalias contra mi familia. Me decían las más horribles obscenidades que jamás escuché…». (Testimonio ante el Foro de la detenida Adela Jorje)[174].

«El que me picaneaba era un anormal, una hiena. Se reía todo el tiempo. Antes de empezar dijo: “Qué lástima que lo tenemos que picanear enseguida. Cómo me hubiera gustado romperle el culo primero, ya que está atadito, así”. Lo repitió varias veces de diferentes maneras. Ésta es la peor humillación que te podés imaginar (…) La electricidad me hacía saltar como enloquecido. Las contorsiones me hinchaban a reventar las manos atadas y me provocaron una lesión de columna…». (Testimonio ante el Foro del detenido Jorge Eduardo Rulli.)[175].

«Ponen música con volumen muy alto y amenazan con matarme. Encienden la picana y comienzan a pasármela por el cuerpo, pechos, cuello, axilas, ingle, vagina, los dedos del pie y de las manos, la planta del pie, la boca. Esto continúa por veinte o treinta minutos, me tiran de los cabellos, me insultan, me interrogan y ponen una grabación, además, de una cinta con una persona riéndose permanentemente…». (Testimonio ante el Foro de la detenida Elda Frascetti de Coulatti)[176].

Respecto al sadismo que caracterizaba a no pocos de los torturadores que actuaban en los centros policiales argentinos a principios de la década de los setenta, he aquí el dramático testimonio de la detenida Ana Berrante de Oberlín, torturada en Rosario en abril de 1972:

«Me atan los tobillos y las muñecas, y comienzan a picanearme, especialmente en los senos, los genitales, las axilas y la boca. Alternan la picana con manoseos, masturbación, todo el tiempo me insultan y me dicen las groserías más repugnantes. Tratan de destruirme diciéndome que mi marido ha muerto, que era una “cornuda”, que mi esposo era homosexual y que había abandonado a sus hijos (…) El torturador insistía en que lo insultara y me provocaba diciéndome que seguramente yo estaban pensando que era un sádico y que llamaría “manoseo” a lo que estaba haciendo. Pero que me equivocaba: él era un científico, por eso acompañaba todas sus acciones con explicaciones acerca de mi conformación física, mi testimonio, los fundamentos de los distintos métodos, especialmente de los que él llamaba “técnicas sexuales” (…) De todo lo que sufrí, lo más repugnante e inolvidable son las vejaciones que el pudor me impide relatar en detalle…»[177].

Posteriormente, ya durante el mandato peronista de 1973-76, cobró alarmante incremento otra vía de tortura no estrictamente policial ni militar, pero que clandestinamente participaba de ambas procedencias: la practicada por la Alianza Anticomunista Argentina o Triple-A, organización terrorista procedente de la extrema derecha del peronismo, y por el Comando Libertadores de América, de base principalmente militar, organizaciones ambas de cuya actuación ya tuvimos ocasión de tratar más atrás. No pocas veces, los cadáveres de las víctimas de estos grupos aparecían no sólo acribillados a balazos sino salvajemente torturados con anterioridad.

6.8. Breve recapitulación sobre la práctica de la tortura en la Argentina hasta marzo de 1976

Creemos que todo lo hasta aquí expuesto sobre este tema evidencia un hondo fenómeno histórico y social, que es así resumido por el repetidamente citado Ricardo Rodríguez Molas, el historiador argentino que más ha profundizado en esta dolorosa realidad:

«La represión sangrienta, las muertes y torturas, de ninguna manera pueden atribuirse (…) al sadismo de los menos; son la resultante de una política y también de una tradición hondamente arraigada en las fuerzas armadas y en la policía. Reside, entre otros hechos, en la creencia de que (los torturadores) son defensores de la verdad de turno, la única posible para ellos»[178].

«Sectores políticos y grupos de poder, algunos con el control de la fuerza del Estado y otros con el dominio demagógico, Niegan al ser humano toda posibilidad de elección política y se manifiestan depositarios de la verdad absoluta. Ese proceso, debemos insistir una vez más (…) tenía y tiene raices muy profundas en Argentina»[179].

«No es necesario volver a insistir en el hecho de que la represión, todos los tipos de represión, están profundamente arraigados en la sociedad argentina»[180]. (Las cursivas siguen siendo nuestras).

Así pues —y en contra de la interpretación superficial de no pocos autores—, no fue precisamente la influencia de la doctrina «contrarrevolucionaria» de procedencia americana y francesa, con su amplio margan para la práctica de la tortura, la causa fundamental del masivo quebrantamiento de los derechos humanos que la sociedad argentina hubo de padecer durante la etapa represiva iniciada en 1976.

Tal influencia doctrinal existió, y su efecto fue sin duda negativo, pues proporcionó un fuerte refuerzo teórico a una terrible forma de represión. Pero de ninguna manera cabe afirmar que las torturas masivas perpetradas por las Fuerzas Armadas Argentinas en su acción represiva durante dicho período procedían —ni total ni siquiera principalmente— de las enseñanzas recibidas en centros militares norteamericanos. Tal como hemos comprobado en las páginas precedentes, la tortura era ya una práctica muy anterior, que hunde sus raíces en una larga tradición argentina, y la picana eléctrica no nació en los sótanos del Pentágono ni en las instalaciones de Fort Gulick sino en las estancias ganaderas de la pampa; y su «descubrimiento» para atormentar a seres humanos se remonta a los años treinta, fecha notablemente anterior a las enseñanzas de Indochina, Argelia y Vietnam, y a su plasmación teórica en la llamada «contrainsurgencia» o «lucha contra la subversión».

Honda tradición, de remota pero innegable herencia europea e hispánica, hoy día prácticamente erradicada en la actual Europa Occidental, España incluida —aunque, por desgracia, siempre queda en cualquier parte el exceso individual—, pero que en la Argentina ha venido manteniendo su vigencia, reforzada desde 1930 tras los sucesivos golpes militares, cada uno de los cuales recrudeció su práctica, como también hemos podido comprobar páginas atrás. Dura y persistente realidad, a la que vino a sumarse, como factor añadido, la teoría y la práctica aportadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional en materias tales como «contrainsurgencia», «enemigo interior» y técnicas de «inteligencia militar», incluida la tortura como una de las vías válidas de acceso a la información.

Pero la tortura, practicada al servicio de «la verdad de turno» —en palabras de su principal estudioso argentino—, constituía ya, mucho antes de recibir las ya señaladas influencias extranjeras, una forma de represión largamente enraizada en aquella sociedad.

7. LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN LA ARGENTINA ANTES DE 1976

El más característico —y también el más dramático— de los fenómenos registrados en la Argentina a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue, como es bien sabido, la desaparición masiva de personas, secuestradas por grupos fuertemente armados pertenecientes a los llamados «Grupos de Tareas» del Ejército, la Armada o la Aviación, o por fuerzas policiales bajo control militar. Personas cuyo encarcelamiento era sistemáticamente negado por toda clase de autoridades policiales, judiciales y militares, y que, de hecho, en la mayor parte de los casos, no volvían a ser vistas jamás.

Pero este trágico fenómeno, la desaparición forzada de personas, tampoco tuvo su comienzo a partir de dicho golpe militar, sino que —al igual que otros factores ya estudiados en este capítulo— contaba con amplios antecedentes en otros países, y en la propia Argentina también. Limitándonos al área latinoamericana, cabe destacar como antecendentes más notables los casos de Guatemala, Brasil y Chile, sobresaliendo por su volumen el caso guatemalteco, cuyo número de desapariciones a partir de 1963, y sobre todo a partir de 1966 —por obra de grupos parapoliciales y paramilitares— llegó a suponer un problema de terrible dramatismo, no sólo por su crueldad intrínseca sino por su gran magnitud proporcional respecto al reducido tamaño y población de dicho país.

Pero la filosofía de la desaparición total del enemigo sin dejar detrás ni siquiera su cadáver —como método particularmente eficaz frente a ciertos tipos de «insurrección»— se remonta a varias décadas atrás, y se sitúa en los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. En su decreto «Nach und Nebel» (Noche y Niebla), dictado por Hitler en 1941, se ordenaba que la pena de muerte quedase limitada —y no precisamente por razones humanitarias— a los casos de flagrante delito y rápida ejemplaridad, pero que todas aquellas personas sobre las que pesase la sospecha de «poner en peligro la Seguridad del Reich» fuesen sometidas a otro diferente destino que, de hecho, resultaba mucho peor que el fusilamiento inmediato: la deportación secreta a Alemania «al amparo de la noche». Por esta vía, miles de prisioneros de los países ocupados fueron enviados a Alemania y sometidos a trabajos forzados hasta su muerte en diversos campos de concentración[181].

Desarrollando dicho decreto, el mariscal Wilhelm Keitel, jefe supremo de la Wehrmacht, dictó una serie de órdenes y directrices que asegurasen su cumplimiento, como, por ejemplo, la del 12 de diciembre de 1941, en cuyo texto entre otras cosas se decía:

«Una intimidación efectiva sólo puede ser lograda con la pena máxima, o con medidas mediante las cuales los familiares del criminal y la población en su conjunto desconozcan la suerte que ha corrido»[182].

En otra directriz posterior (febrero de 1942), ordenaba el mismo Keitel:

«… los prisioneros deben ser llevados secretamente a Alemania (…) Estas medidas tendrán un efecto intimidatorio, porque (a) los prisioneros se desvanecerán sin dejar rastro; y (b) no podrá darse información alguna respecto a su paradero o su suerte»[183].

Pues bien, la filosofía de este tipo de actuación —ampliamente seguida después por numerosos gobiernos dictatoriales en muy diversos lugares del mundo—, con independencia de su carácter criminal, no resulta precisamente descabellada: las ejecuciones públicas, o la aparición de cadáveres de civiles acribillados y tal vez previamente torturados, son susceptibles de producir negativos impactos emocionales en la población: protestas masivas, grandes manifestaciones, ceremonias fúnebres de gran tensión, todo lo cual puede suponer, mediante la conversión de las víctimas en mártires, una fuerte aportación al espíritu del movimiento insurreccional.

Por el contrario, la total desaparición de las personas —sin que nadie sepa qué ha sido de ellas ni adonde han ido a parar— produce en la población unas reacciones muy diferentes, en las que predomina el desconcierto y el temor generalizado ante la posibilidad de sufrir una suerte similar. Y en la familia de cada víctima prevalece el desesperado temor de que cualquier acción posterior de protesta o cualquier postura supuestamente «subversiva» podrá dar lugar a represalias inmediatas y tal vez irreparables contra el desaparecido, allá donde esté, por parte de quienes lo retienen en su poder.

En cambio, la situación de sus captores resulta francamente ventajosa. Según explica Amnesty International en su informe sobre desapariciones por motivos políticos en diversos países del mundo:

«Debido a su misma naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie puede ser presumiblemente acusado de nada. La respuesta típica, tanto de los funcionarios gubernamentales locales como de los de más alto nivel, es que ellos nada saben, o que las personas no habidas han abandonado el país…»[184].

«La desaparición es un método particularmente repudiable de represión gubernamental, que viola una amplia gama de derechos humanos e impone un sufrimiento físico y psicológico generalizado y permanente. Mediante dicho método, un gobierno procura evadir sus responsabilidades ante sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional»[185].

La llegada al empleo de esta insidiosa técnica represiva por las Fuerzas Armadas Argentinas no fue brusca sino gradual. Tal como constata dicho informe de Amnesty:

«Las prácticas que desembocaron en las desapariciones fueron desarrolladas bastante antes del golpe. Como forma de consolidar su poder y poner en práctica su política en dictaduras militares anteriores, el ejército recurrió a prácticas represivas contra el conjunto de la población. Ello sucedió particularmente durante el período 1966-73 (…)»[186].

En efecto, la dura política económica impuesta por el gobierno del general Onganía desde su golpe de 1966, amén de la práctica prohibición de toda actividad política, con el peronismo y otras fuerzas proscritas y mantenidas al margen de toda participación legal, dieron lugar a una creciente crispación social. Grave proceso de deterioro que acabó por estallar en los violentos levantamientos populares de Córdoba y Rosario (el «Cordobazo» y el «Rosariazo» de 1969), duramente reprimidos por el Ejército, acontecimientos que dieron lugar a la caída de Onganía. Dentro de este clima de enfrentamiento social y de carencia de libertades democráticas nacieron, en 1970, los grupos extremistas de izquierda Montoneros y ERP. A partir de ahí, la represión mostró siempre una radical incapacidad, señalada, entre otros, por Alain Rouquié: la de distinguir entre la discrepancia política pacífica y perfectamente legítima, por un lado, y la acción de los grupos violentos, por otro[187], fenómenos ambos que fueron reprimidos conjuntamente y englobados dentro del genérico concepto de «Subversión».

Fue poco después, y también dentro de este mismo contexto de conflicto y represión, cuando —desde los primeros años setenta— se registraron en la Argentina las primeras denuncias por casos de desaparición. El caso del estudiante Brandaza, secuestrado por elementos militares y desaparecido en Santa Fe en 1972 es citado por Amnesty International como uno de los primeros y más significativos casos, premonitorio —aunque todavía nadie lo pudiera prever— de lo que iba a suceder masivamente pocos años después. Las autoridades jamás reconocieron la detención de Brandaza, pero finalmente su cadáver apareció, y pudo comprobarse que su muerte se había producido como resultado de las brutales torturas que sufrió. Algunos parlamentarios iniciaron una investigación al respecto, pero fueron amenazados de muerte y hubieron de desistir de su averiguación[188].

Más tarde, a finales de 1973, hicieron su aparición en la Argentina ese tipo de grupos que en otros países recibieron el nombre de «escuadrones de la muerte», de carácter paramilitar y parapolicial: la AAA y el Comando Libertadores de América —este último en el área de Córdoba—, organizaciones ambas de cuya actuación y características ya hemos tratado más atrás. Refiriéndose a estos grupos, dice el ya citado informe de Amnesty International:

«Ambos encabezaron la violencia organizada contra lo que, en términos generales, podría denominarse la izquierda: estudiantes, periodistas y sindicalistas activos. Pese a su carácter no oficial, con frecuencia actuaban abiertamente, atribuyéndose responsabilidad por sus acciones e infligiendo castigos ejemplares de carácter intimidatorio».

«Hay evidencias de que las autoridades militares hicieron algo más que meramente tolerar los escuadrones de la muerte paramilitares. Así, por ejemplo, el Comando Libertadores estaba integrado por oficialidad joven del ejército».

«Bajo la iniciativa de este grupo, por primera vez se establecieron en la provincia de Córdoba campos secretos de detención»[189].

Pero —sin perjuicio de alguna desaparición imputable a estos grupos—, dentro de su criminal actuación estas organizaciones ultraderechistas no incluyeron como sistema la desaparición propiamente dicha de sus víctimas, pues lo más habitual era la aparición de los cadáveres acribillados, a veces torturados con anterioridad.

Sin embargo, de manera general, los métodos brutalmente espectaculares y escandalosamente terroristas de estos grupos no resultaban adecuados para una represión mucho más amplia y sistematizada, como la que las Fuerzas Armadas Argentinas iban a desencadenar a partir de marzo de 1976. Obviamente, los planificadores y ejecutores de esa futura represión masiva necesitaban una táctica mucho menos aparatosa y una más discreta metodología operacional. Por otra parte, el hecho de que los crímenes de estos grupos paramilitares argentinos no fueran investigados jamás, en sus dos años y medio de actuación impune, constituía otro factor propiciador que contribuía a hacer factible un extenso plan de represión clandestina, con un alto grado de impunidad garantizada para su ejecución.

En definitiva, este conjunto de factores —entre otros— configuraban una situación resumida en estos términos por el informe «Desapariciones» de Amnesty International:

«A mediados de la década de los años setenta, la situación política argentina había hecho surgir ya muchos de los factores que podían conducir hacia una política de desapariciones. En primer lugar, se había producido una pérdida de confianza en la eficacia de las instituciones democráticas, reflejada en el hecho de que los numerosos asesinatos y amenazas de muerte habían llevado al exilio a los disidentes más activos y articulados del país. En segundo término, durante las tensiones de los años sesenta las fuerzas armadas habían mejorado sus archivos de inteligencia y perfeccionado técnicas de contrainsurgencia más refinadas. En tercer lugar, como consecuencia de la actividad guerrillera de comienzos de los años setenta, las fuerzas armadas habían sido investidas de mayores poderes y ya se habían habituado a ejercer la violencia contra prisioneros y sospechosos sin temor a represalias. Más aún, se había llegado a ignorar la distinción fundamental entre disidencia legítima y violencia ilegal, y tanto los militares como los escuadrones de la muerte arremetían contra la izquierda en forma indiscriminada. La represión oficial llevada a cabo por los militares conllevaba la detención tanto de sindicalistas y abogados, como de elementos subversivos armados. La represión no oficial, ejercida activamente por la Alianza Anticomunista Argentina y otros escuadrones de la muerte, implicaba la eliminación física no sólo de revolucionarios conocidos, sino de cualquiera que pudiera simpatizar con ellos. Para los militares, los métodos manifiestamente terroristas de los escuadrones de la muerte —asesinatos, cadáveres abandonados— difícilmente constituían un modelo satisfactorio. Sus propios métodos de secuestro eran más aceptables y claramente susceptibles de ser incorporados a la política oficial»[190].

Por añadidura, y como decisivo ejemplo a evitar, estaba el reciente caso chileno. La brutalidad desplegada por los militares pinochetistas en los días y semanas inmediatamente posteriores a su golpe del 11 de septiembre de 1973, causando en aquellas primeras fechas centenares de víctimas de forma ostensible y con abundante aparición de cadáveres, produjo tan tremenda conmoción en el mundo y tan adversas reacciones internacionales que el propio régimen militar chileno hubo de refinar pronto sus métodos. A tal efecto, la represión chilena recurrió a la técnica de la desaparición sin cadáver, aunque siempre en menor magnitud que la que su República vecina iba a padecer pocos años después.

Refiriéndose al inmediato antecedente chileno, dice el citado informe de Amnesty:

«Desde un comienzo, la junta gobernante puso en práctica allí una política extremadamente represiva a fin de consolidar su poder. Sin embargo, ya a finales de 1973 y comienzos de 1974 los activistas de derechos humanos se dieron cuenta de que esa política había empezado a tomar nuevas formas. Familiares y amigos estaban denunciando que su hermano, hermana, pariente, hijo o colega, simplemente se había desvanecido. Las autoridades negaban tenerlos en su poder y afirmaban no saber nada de su paradero o su suerte. En un comienzo se tuvo esperanzas de que los presos simplemente habían sido incomunicados hasta su eventual liberación, o al menos hasta que su detención fuese reconocida por el gobierno. Las organizaciones de derechos humanos presentaron “habeas corpus” masivos, que casi invariablemente fueron rechazados por los tribunales. Transcurrían los meses, los presos seguían sin aparecer, y el gobierno persistía en sus negativas. Las familias estaban abatidas por la incertidumbre sobre la suerte corrida por sus seres queridos; las esperanzas se habían trocado en desesperación. Dentro de ese contexto, la comunidad de derechos humanos en Chile empezó a hablar de detenidos desaparecidos»[191].

Vemos, pues, que el concepto de «detenido desaparecido» es acuñado por primera vez en Chile a principios de 1974, anticipándose apenas en dos años a lo que, en mucho mayor escala, ocurriría en la Argentina desde finales de marzo de 1976. Sin embargo, el término «desaparecido» a secas —excluyendo la añadidura de «detenido», puesto que, evidentemente, no se trataba de detenciones sino de violentos secuestros nunca reconocidos oficialmente por la autoridad—, este término específico, escrito así en castellano en la prensa internacional, constituye —como bien dice Ernesto Sábato en memorable documento— un «triste privilegio argentino», pues fue precisamente en la Argentina donde cobró resonancia y desde donde se expandió en todas direcciones hasta adquirir notoriedad mundial.

Analizada, pues, y asimilada la experiencia chilena de 1973 y 1974 por los militares argentinos, éstos no estuvieron dispuestos ni a imitarla ni a improvisar sobre la marcha su propia metodología de represión. Dada la amplitud que se trataba de dar a la acción represiva en la Argentina, derivada de la magnitud del enemigo —la «Subversión», que para ellos abarcaba a todas las áreas sociales sin excepción—, y dada la importancia de las fuerzas y recursos que a tal fin se iban a dedicar, el éxito de tal empresa requería de una intensa y compleja preparación.

A tal efecto, los militares argentinos necesitaban no sólo una doctrina —ya la tenían, la de «Seguridad Nacional»— y una metodología operativa —también la tenían, la de la «guerra contrarrevolucionaria» o «lucha contrainsurgente», tan intensamente estudiada por ellos desde la década anterior—: también necesitaban unas líneas de actuación absolutamente concretas, referidas a la específica situación argentina, con una estrategia general, una táctica determinada, y una infraestructura logística considerable, en la que poder apoyar todo su aparato operacional. Y tal empresa no podía ser abordada a la ligera, sino que requería de una seria preparación previa, con su planificación, división territorial, asignación de tareas y responsabilidades, creación de instalaciones tales como los centros clandestinos de encarcelamiento, interrogatorio y acopio de información. Elementos, todos ellos, necesarios para la puesta en práctica de un vasto plan represivo basado en la desaparición de muchos millares de personas, lo que incluía su secuestro, prisión clandestina todo lo prolongada que resultase precisa, interrogatorios con sistemática aplicación discrecional de la tortura, y finalmente, en la mayoría de los casos, muerte y eliminación igualmente clandestina de los cadáveres producidos. Tarea de notable volumen y de imposible improvisación. Y, por último, resultaba también necesaria, o al menos muy conveniente, la ejecución de un ensayo general que pusiera a prueba esta compleja metodología operacional.

Este ensayo, ejecutado a lo largo de 1975 —de febrero a diciembre de dicho año— fue el llamado «Operativo Independencia», desarrollado contra la guerrilla del ERP ubicada en la zona montañosa y selvática de Tucumán, al norte del país. Sin perjuicio de que tal «Operativo» fuese considerado necesario por sí mismo a juicio del mando militar argentino —tras el decreto presidencial que ordenaba aniquilar «el accionar subversivo» en dicha provincia—, aun así resultó evidente su utilidad como ensayo general del sistema de lucha antisubversiva que las Fuerzas Armadas Argentinas se proponían desarrollar poco después en todo el territorio de la nación.

En el desarrollo del «Operativo Independencia», aparte de los consiguientes choques militares con grupos guerrilleros —que de hecho resultaron aniquilados—, aparecieron ya, con carácter regional, todos los elementos que iban a caracterizar a la represión posterior a nivel nacional: protagonismo pleno del Ejército en la lucha antisubversiva, amplia represión de la población civil —mucho más allá de los grupos guerrilleros—, secuestro clandestino de numerosas personas por efectivos militares, no reconocimiento oficial de su captura, inclusión entre las víctimas de gran número de personas completamente ajenas a la guerrilla, creación de centros clandestinos de concentración de prisioneros, aplicación masiva de torturas, ejecución extrajudicial —léase asesinato— de gran número de secuestrados una vez finalizada su utilidad informativa, eliminación de sus cadáveres y, en definitiva, desaparición de un gran número de personas de cuya suerte no existen noticias hasta hoy, aunque bien pocas dudas pueden caber sobre su verdadero destino final.

Fue así como, al llegar el golpe militar del 24 de marzo de 1976, ya estaban sentadas las bases teóricas y prácticas, asimilada la doctrina, y eficazmente ensayadas las técnicas de una metodología represiva basada en la desaparición masiva de personas supuestamente vinculadas con «la Subversión».

III. LA REPRESIÓN MILITAR BAJO EL LLAMADO «PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL» (PRN) A PARTIR DEL GOLPE DE MARZO DE 1976

Todo lo hasta aquí expuesto no es más que la visión panorámica previa, capaz de ofrecer los antecedentes imprescindibles del fenómeno histórico, militar y social, que constituye el objeto de nuestra investigación. Antecedentes que, pese a resultar siempre incompletos, constituyen a nuestro juicio el mínimo suficiente para que el lector pueda situarse, con adecuada perspectiva, ante una fecha fundamental de la historia argentina: el 24 de marzo de 1976.

En definitiva, podemos resumir diciendo que los factores más negativos y los más perniciosos ingredientes de una sociedad civil desarticulada por medio siglo de sistemático intervencionismo castrense; de unas instituciones democráticas debilitadas desde 1930 por un funcionamiento siempre coartado, entorpecido y nunca ejercido en plenitud; del grave efecto desestabilizador de un doble y sangriento terrorismo de signo contrapuesto, ejercido desde años atrás; de unas Fuerzas Armadas doctrinalmente obsesionadas por la idea del «enemigo interior»; de unos militares profesionales cada vez más desviados hacia una mentalidad policial y cada vez más alejados de una recta función castrense; todo ello unido a una arraigada pervivencia de la tortura como método de represión históricamente enraizado en aquella sociedad desde sus mismos orígenes —tanto coloniales como nacionales— y mantenido en fuerte vigencia hasta época contemporánea; este complejo conglomerado de factores sociales, civiles y militares, iban a confluir fatalmente, como movidos por una mano no humana e infinitamente perversa, para desencadenar la tragedia que tan duramente iba a castigar a la sociedad argentina desde finales de aquel primer trimestre de 1976.

El 24 de marzo de dicho año, las Fuerzas Armadas Argentinas se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado que prácticamente no encontró ninguna oposición. El deterioro político y social acumulado progresivamente durante las dictaduras militares precedentes —especialmente la del general Onganía— se había agudizado durante el breve período (1973-76) de gobiernos peronistas: gobiernos constitucionales —por lamentable que nos resulte reconocerlo—, encabezados por los presidentes Cámpora, el propio Perón y, por último, la esposa de éste, Isabel Martínez, durante los cuales —especialmente en los dos últimos— se había incrementado de manera alarmante el ya señalado terrorismo de ultraderecha y ultraizquierda, así como el ambiente social de desgobierno y degradación.

Apenas tres meses antes, en diciembre de 1975, se había registrado un intento fracasado de golpe militar, protagonizado por fuerzas de Aviación. La incapacidad de la presidenta Martínez de Perón para hacer frente a los graves problemas acumulados resultaba ya evidente por demás. El deterioro general, terrorismo incluido, continuó durante los primeros meses de 1976. A mediados de marzo no había nadie en la Argentina que no esperase la llegada inminente de un golpe militar. Así, en la mañana de aquel día 24, nadie se sorprendió del anuncio ni de las imágenes que ofrecía la televisión: una Junta Militar, formada por el teniente general Jorge Videla (por el Ejército de Tierra), el almirante Eduardo Massera (por la Armada) y el brigadier Orlando Agosti (por la Aviación), había tomado el poder, dando comienzo a un denominado «Proceso de Reorganización Nacional».

Bajo el conocido modelo golpista de ocasiones anteriores, todo el mundo esperaba un gobierno militar «de facto», un recorte de las libertades, una fuerte censura, la proscripción de ciertas fuerzas políticas —empezando por el peronismo— y un apreciable incremento de los niveles de represión. Todo esto formaba parte, por así decirlo, del modelo habitual: de lo que lógicamente cabía esperar de un nuevo —y ya enésimo— golpe militar. Pero lo que nadie podía esperar era la magnitud del drama que esta vez se iba a desencadenar a continuación.

Para examinar, recordar y valorar lo sucedido desde entonces, recurriremos cuantas veces sea necesario al más completo y riguroso documento elaborado entre el tema: el informe redactado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), constituida por orden del presidente de la República, doctor Alfonsín, con la misión de investigar la forma en que se hizo desaparecer a miles de personas y la suerte corrida por éstas a partir de su desaparición.

Tal Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, tras un largo e ímprobo trabajo desarrollado por todo el territorio argentino, recopiló miles de testimonios y pruebas documentales (por un total superior a los 50.000 folios), que sirvieron de base a la redacción del informe propiamente dicho[*]. Informe cuya publicación produjo enorme impacto en la opinión pública internacional —realmente no era para menos—, y cuyo prólogo, personalmente redactado por el propio Sábato, se inicia con este párrafo expositivo, que centra el problema con admirable concreción:

«Durante la década de los setenta, Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlos, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y, en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”. No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos»[192].

1. AMPLITUD DE LA REPRESIÓN

Del exhaustivo soporte documental aportado por el informe se desprende, entre otras, una siniestra realidad: la inmensa mayoría de las víctimas eran absolutamente ajenas a cualquier tipo de terrorismo. Pero, de hecho, esta realidad resultaba ya palpable sin necesidad de acudir a los datos del informe citado. La brutal filosofía de los represores había quedado ya patente en sus propias palabras, como en aquella tan conocida y emblemática frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Manuel Ibérico Saint-Jean: «Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último a los indiferentes y a los tibios»[*]. Sobrecogedora frase que, en su momento, horrorizó a la opinión pública internacional, evidenciando en qué tipo de manos había caído aquel desgraciado país.

Incluso admitiendo el carácter bravucón, irrealizable y más bien simbólico de este pronunciamiento, una cosa sí quedaba clara: el propósito de no perder el tiempo poniendo en manos de los jueces a los «subversivos», amplísima denominación que abarcaba a todo género de personas, desde auténticos terroristas hasta los más moderados opositores políticos a la dictadura. Bastaría, por el contrario, la simple condición de sospechoso para proceder unilateralmente a su secuestro y posterior aniquilación, sin posibilidad alguna de defensa y sin que mecanismo legal alguno lo pudiera impedir. Filosofía operativa acompañada a priori de una premisa extremadamente cruel: la de aceptar de antemano que un gran número de personas no subversivas, ni cómplices, ni tan siquiera simpatizantes, sino simplemente susceptibles de algún tipo de vinculación circunstancial —por muy indirecta, involuntaria y casual que pudiera ser— resultarían aniquiladas con toda seguridad, víctimas inevitables del vasto sistema represivo que se pretendía desarrollar.

Tal como señala el mencionado informe, los miembros de la guerrilla «presentaban batalla y morían en el enfrentamiento, o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores». Los que sí llegaban vivos, para su desgracia, a tales manos, eran aquéllos —la inmensa mayoría— que nada tenían que ver con la guerrilla ni con terrorismo alguno, pero que, pese a todo, fueron secuestrados, torturados y asesinados dentro de aquella fanática e inhumana caza del hombre, y, por supuesto, también de la mujer. De hecho, según constata estadísticamente el referido informe, todas las profesiones y capas sociales se vieron afectadas por la barbarie de la represión:

«… la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de “subversivo” tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como “marxismo-leninismo”, “apátridas”, “materialistas y ateos”, “enemigos de los valores occidentales y cristianos”, todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a “villas miserias” para ayudar a sus moradores. Todos catan en la redada: dirigentes sindicalistas que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal, o por secuestrados bajo tortura»[193].

En definitiva, la más clara conclusión del informe —evidencia que nadie niega ya a estas alturas— es que, so pretexto de la represión del terrorismo, la Dictadura militar argentina procedió a una sistemática eliminación física de potenciales opositores a su régimen, tanto en el campo de la política, la actividad intelectual, el periodismo y los sectores profesionales como, muy principalmente, en el ámbito laboral, sindical y estudiantil.

2. METODOLOGÍA DE LA REPRESIÓN

La primera evidencia que se desprende de la extensa y pavorosa documentación acumulada por la CONADEP es la existencia de un método, de un sistema preconcebido, de una doctrina rigurosamente preestablecida y planificada sobre la forma de actuar de los ejecutores de la represión.

La propia técnica utilizada en los secuestros, la conducción de las víctimas a los C. C. D. (centros clandestinos de detención), las inhumanas condiciones de su encierro en éstos, los instrumentos de tortura previamente instalados —con la picana eléctrica como instrumento básico, aunque no único—, la manera de efectuar los «traslados» —eufemística denominación usada por los represores, cuyo significado real no era otro que la conducción final de los secuestrados al lugar donde serían asesinados—, así como las formas de hacer desaparecer los cadáveres, todo este conjunto de elementos presentaron características similares a lo largo y ancho del territorio argentino, indicando de forma inequívoca la existencia de una dirección planificada y de un unificado criterio doctrinal.

Ciñéndonos únicamente a algunos significativos párrafos de su prólogo y capítulo primero, el citado informe dice al respecto (la cursiva es nuestra):

«De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, siempre de la misma manera, con similares secuestros e idénticos tomentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de “excesos individuales”?»[194].

«Los casos transcritos no son de aquéllos que constituyan excesos, ya que tales excesos no existieron si se entiende por ello la comisión de actos aislados, particularmente aberrantes. Es que todo el sistema, toda la metodología, desde su ideación, constituyó el gran exceso; lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos “especialmente atroces” se cuentan por millares. Son los “normales”».

«… meses y meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones, de examinar documentos, inspeccionar lugares y realizar cuanto estuvo a nuestro alcance para arrojar luz sobre tan estremecedores acontecimientos, nos autorizan a aseverar que existió una metodología represiva concebida para producir actos y situaciones como los que en adelante se informarán, cuya secuencia secuestro-desaparición-tortura será analizada en los capítulos siguientes» (capítulo I, Introducción general)[195].

En efecto, los siguientes capítulos del informe detallan, con abrumadora casuística, las líneas básicas de dicha metodología del terror, cuya primera característica notable es su premeditada clandestinidad y su completa ejecución al margan de la ley:

«La metodología empleada fue ensayada desde antes de asumir el gobierno militar (“Operativo Independencia” en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas seguida de su desaparición, y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca toda la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos»[196].

En cuanto al método empleado en los secuestros, éstos se realizaban en tres posibles lugares: en el domicilio del secuestrado, preferentemente a altas horas de la noche; en su lugar de trabajo o de estudio, dentro de su jornada laboral; o bien en plena calle, durante un trayecto habitual. En cualquiera de los casos, la autoridad militar correspondiente cursaba a la policía una orden previa de «área liberada», es decir, de una «zona libre» de toda interferencia policial, para garantizar la inexistencia de obstáculos imprevistos en el transcurso de la operación.

El G. T. (Grupo de Tareas) encargado del secuestro y posterior «tratamiento» de la víctima, destacaba para su captura a una patrulla (la «patota» en el argot de los represores). Ésta se componía de un considerable número de individuos: desde un mínimo de cinco a seis hombres fuertemente armados para secuestrar a una sola persona de ínfimo relieve, hasta varias decenas de sujetos con un despliegue de numerosos vehículos —incluso helicópteros— para los casos de importancia especial.

A este respecto, precisa el informe de la CONADEP:

«Los integrantes de la “patota” iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos»[197].

«Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama, que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. De estos y de otros miles de testimonios que están en los archivos de la CONADEP, deducimos que dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar»[198].

«La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo»[199].

«Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándoles a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscritas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: “Abandonad toda esperanza los que entráis”»[200].

«De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes, y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra —¡triste privilegio argentino!— que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo»[201].

3. SECUESTRO, TORTURA Y MUERTE, ELEMENTOS BÁSICOS DE LA REPRESIÓN

A partir del secuestro, el mecanismo represor se prolongaba de forma igualmente sistemática, siempre dentro de la ya prevista metodología general: el secuestrado («chupado», en la jerga de los secuestradores), debidamente «tabicado» (con la vista tapada) por colocación de una capucha llevada al efecto por la propia «patota», o por aplicación de alguna sábana o toalla atada en tomo a su cabeza (a veces el propio jersey o chaqueta de la víctima), tras efectuar el trayecto arrojado en el piso del coche o camión (a veces encerrado en el maletero), nada más llegar al «pozo» (Centro Clandestino de Detención), comenzaba inmediatamente a conocer el terrible destino que allí le esperaba:

«Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza»[202].

«En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta Comisión se mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente. La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación puesta en juego, por la personalidad de sus ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio»[203].

De los miles de casos testificados y recogidos en su investigación por la CONADEP, se desprende que la forma de tortura más regularmente aplicada fue la «picana»: la víctima, «tabicada» ya desde el momento mismo del secuestro, era conducida a la sala de tortura («quirófano» en el léxico represor). Una vez allí, se la desnudaba y ataba por manos y pies a una mesa o plancha metálica y, acto seguido, se la sometía a descargas eléctricas, aplicadas a las zonas más sensibles de su anatomía. Las cuales, a veces, eran previamente mojadas para aumentar la intensidad de las descargas y agudizar el dolor.

Otra forma ampliamente practicada fue el apaleamiento con varillas especiales; y, con menor frecuencia, se aplicaron suplicios tales como la suspensión por los brazos o por los pies, el enterramiento hasta el cuello por largo tiempo, el «estaqueado» (sujeción al suelo por cuatro estacas, a las que se amarran manos y pies, a la intemperie y por largos períodos), así como la asfixia, por encapuchamiento hermético o por «el submarino» (inmersión reiterada de la cabeza). A estos suplicios físicos se añadieron toda una variada gama de torturas psíquicas: desde el simulacro de ejecución, con toda la angustia de quien cree verse enfrentado al último instante de su vida, pasando por la violación en sus formas más humillantes, hasta la tortura del cónyuge, padre, madre o hijo de la víctima en presencia de ésta, y con amenaza de proceder a su eliminación.

En cuanto a las formas de muerte sufridas por los secuestrados —aparte del fallecimiento frecuente en el transcurso de la tortura o como consecuencia directa de ésta—, se utilizó, según los casos, el disparo individual en la nuca o el fusilamiento en grupo; y, en un gran número de casos —correspondientes a ciertos Centros Clandestinos de Detención, como los instalados en la ESMA y Campo de Mayo—, se aplicó el método más notable e innovador, auténtico hallazgo de la logística militar argentina: previa inyección de pentotal, que producía una creciente somnolencia en las víctimas, éstas eran introducidas en un avión o helicóptero, desde el cual, todavía vivas pero ya plenamente inconscientes, eran arrojadas al mar.

4. LA ELIMINACIÓN DE LOS CADÁVERES, PIEZA CLAVE DENTRO DEL ESQUEMA DE LA REPRESIÓN

Para lograr la eliminación de los cadáveres, se usaron tres vías, según el momento y el lugar la llamada «parrilla» o «capucha» (cremación de cadáveres apilados al efecto), incómoda operación efectuada casi siempre en terrenos militares suficientemente desérticos, y a veces incluso en cementerios legales, donde eran incinerados por orden de la correspondiente autoridad militar o policial, pero siempre sin registro alguno de identificación. Como segunda forma, y tal vez la más utilizada, se practicó el enterramiento clandestino en fosas comunes, desde muy grandes a reducidas, según el volumen de los grupos a inhumar. Por último, y también como vía de eliminación de cadáveres —y no sólo para matar a grupos de víctimas drogadas pero todavía vivas, tal como constata la CONADEP—, se recurrió al lanzamiento sistemático al mar de numerosas personas previamente asesinadas, desde helicópteros o aviones de carga, en vuelos nocturnos dedicados a tal fin.

Al principio, estos lanzamientos eran efectuados demasiado cerca, e incluso a veces en pleno estuario del Río de la Plata, lo que motivó la aparición de numerosos cadáveres —empujados por las corrientes— al otro lado del río, en la costa de Uruguay. Ello obligó a introducir dos variantes en el procedimiento: lanzamiento de la siniestra carga en alta mar, lo que implicaba un vuelo bastante más largo; o bien más cerca, en vuelo corto, pero arrojando los cadáveres con un bloque de hormigón atado al tobillo, lo que garantizaba su definitiva inmersión.

En principio, cabría preguntarse: ¿Por qué incluir también la desaparición de los cadáveres dentro de la metodología general de la represión? ¿Por qué añadir a las tareas, ya arduas de por sí, de los secuestros, encarcelamientos clandestinos, torturas y asesinatos, la labor adicional de deshacerse trabajosamente de los muy numerosos cadáveres que producía aquella mortífera forma de actuación? Pudiendo simplemente abandonar los muertos en las cunetas, tapias de cementerios u otros idóneos parajes, tal como han hecho y siguen haciendo en tantos otros países tercermundistas las fuerzas represoras —llámense policía, ejército, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o similares—, que dan por terminada su operación con el abandono, en lugares bien visibles, de los cadáveres acribillados o torturados de sus víctimas, ¿por qué cuidarse de que los cadáveres desaparecieran, tomándose la molestia —considerable, por otra parte— de enterrarlos clandestinamente, o reducirlos a cenizas, o arrojarlos al mar en helicóptero o avión?

La respuesta a esta interrogante resulta, sin embargo, fácilmente comprensible, pues encaja de lleno —y así lo señala el análisis de la CONADEP— en la fría concepción efectuada por los diseñadores de aquella técnica operacional. Argentina no es precisamente un país tercermundista, y eso tenía que reflejarse también en la sutileza de sus fuerzas represoras a la hora de establecer sus propios métodos de actuación. La lógica de esta «técnica de la desaparición» resulta aplastante, por una razón psicológica fundamental: el secuestro brutal de las personas, seguido de su desaparición indefinida, sin que sus cadáveres sean hallados jamás, produce —en las familias y en la sociedad— un efecto aterrador y paralizante mucho más intenso y duradero que el causado por su asesinato directo sin secuestro, o por el rápido hallazgo de sus cadáveres a las pocas horas o días de la desaparición.

En efecto, el tantas veces aludido informe expresa así el impacto causado por las desapariciones en las familias y en la propia sociedad:

«Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los “habeas corpus” sólo tenían por contestación el silencio. En tomo de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa».

«En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror “Por algo será”, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inexcrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada»[204].

De ahí, de esta trágica incertidumbre, de esta dolorosa angustia por la desaparición del ser querido, surgía el principal efecto paralizador, tanto a nivel familiar como político y social. Una cosa es —aunque terrible— tener un hijo o un padre asesinado, con su cadáver plenamente identificado y enterrado en una determinada tumba de un cementerio legal y perfectamente conocido, y otra cosa muy distinta, y aún más terrible, es la de —al no aparecer el cadáver por parte alguna— vivir día tras día, mes tras mes, año tras año, con el permanente fantasma de la muerte del ser querido, en atroz y continua pugna con la desesperada esperanza de su supervivencia —cada vez más improbable—, aferrándose a la idea de que aún permanece secuestrado, encarcelado en alguna parte, y que un día podrá recuperar su libertad. Esperanza asesinada una y mil veces por la larga demora, pero, paralelamente, reavivada y realimentada otras veces por el hecho de que cierto número de personas desaparecidas, después de sufrir una espantosa pesadilla, recuperaban sorprendentemente su libertad, al cabo de semanas, meses o incluso años de su secuestro, tras una alucinante experiencia de cautiverio clandestino y absolutamente ilegal.

Esta cruel situación, la desaparición sin cadáver, mantenía a la familia de la víctima sumida en un estado de interminable sufrimiento e indescriptible tensión; pero, al propio tiempo —y muy principalmente— la mantenía paralizada en cuanto a toda posible acción de protesta eficaz. Los familiares del desaparecido, temerosos de desencadenar con su propia conducta la sentencia definitiva del hijo o de la hija, del hermano o del padre secuestrado, quedaban reducidos durante largo tiempo a la condición de seres implorantes y atemorizados, sometidos a la más férrea coacción, entregados a suplicantes gestiones a nivel individual, y no al enérgico activismo de oposición y denuncia que podrían emprender los familiares de una víctima hallada y ya enterrada, a quien, consiguientemente, ya nadie podía torturar ni asesinar. Por el contrario, el tener posiblemente al ser querido aún vivo y a merced de sus verdugos, susceptible todavía de ser bárbaramente torturado, y en última instancia asesinado, ejercía sobre la familia un efecto atenazador muy difícil de superar.

En este sentido, señala el informe:

«Fue otra de las formas de paralizar el reclamo público, de asegurarse por un tiempo el silencio de los familiares. Precisamente, alentando en ellos la esperanza de que su ser querido estaba con vida, manteniéndolo en la imprecisa calidad de persona desaparecida, se creó una ambigüedad que obligó al aislamiento del familiar, a no hacer nada que pudiera irritar al Gobierno, atemorizado por la idea de que fuera su propia conducta el factor determinante de que su hijo, su padre o su hermano pasara a engrosar la lista de las personas muertas».

«También se pretendió con ello bloquear los caminos de la investigación de los hechos concretos, diluyendo en el ocultamiento de las acciones la asignación individual de responsabilidades; así se lograba extender el cono de sospecha a una gran parte de los funcionarios militares —salvo la casi imposible probanza del hecho negativo—, sobre su participación personal en la dirección o ejecución de las acciones delictivas».

«Y por último, lo que fue el meollo de esta política de la desaparición total: impedir por todos los medios que se manifestara la solidaridad de la población y, con ello, la secuela de protestas y reclamos que generaría en el país y en el exterior el conocimiento de que, detrás del alegado propósito de combatir a la minoría terrorista, se consumó un verdadero genocidio»[205].

Sin embargo, es de justicia señalar que, finalmente, un apreciable número de familiares de desaparecidos —y muy especialmente las que acabaron llamándose «Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo»—, superando el inevitable período inicial de desconcierto y paralización, acabaron reaccionando con extraordinaria entereza, clamando ante el mundo por la aparición de sus hijos y nietos que les fueron arrebatados en su día, y que siguen desaparecidos en la actualidad. Digna y valerosa postura, que algunas de ellas hubieron de pagar con su propia y definitiva desaparición.

Pero, paralelamente, también resulta obligado admitir el hecho de que, en la mayoría de los casos, el planteamiento del esquema represor basado en esa diabólica directriz de la «desaparición total» —incluida la del cadáver—, y no en el simple asesinato, funcionó con gran eficacia durante los primeros años de la dictadura militar argentina, impidiendo durante dicho período toda protesta firme y efectiva de la mayor parte de las familias de los secuestrados. Hasta tal punto fue así que, especialmente durante 1976 y 1977 (años en los que se produjo el mayor número de desaparecidos) y 1978 (año del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Argentina), el Gobierno represor pudo presentar ante el mundo una apariencia de relativa normalidad, negando tenaz y cínicamente la tremenda matanza que estaba perpetrando en la sombra. Apariencia que pudo mantenerse, precisamente, gracias a dicha metodología de la desaparición, mediante la cual la máquina represora logró que la gran mayoría de los cadáveres producidos no pudieran ser hallados jamás.

5. BOTÍN DE GUERRA: EL LUCRO DE LA REPRESIÓN

Otro de los aspectos más negros y más difícilmente comprensibles desde nuestra perspectiva de militares profesionales, y una de las facetas más inauditas —pero al mismo tiempo más incontestables por lo abrumadoramente documentada y testificada— de aquella represión, es el saqueo y destrozo que, de forma prácticamente sistemática, se perpetró en las casas de aquellas personas que fueron secuestradas dentro de sus domicilios. De hecho, según consta irrefutablemente en cientos de testimonios coincidentes, recogidos minuciosamente por la CONADEP, este factor —el robo de bienes valiosos, objetos artísticos, aparatos electrónicos y enseres fácilmente transportables, acompañado casi siempre de la destrucción de muebles y otros efectos domésticos—, era uno de los motivos que determinaba el exagerado número de individuos armados integrantes de la «patota» o patrulla encargada de la operación. En efecto, mientras una parte de ellos se dedicaba al secuestro propiamente dicho de la víctima, y otra parte a impedir todo conato de resistencia de familiares y vecinos, el resto del grupo se entregaba a dicha tarea de expolio y destrucción, según constata el informe tantas veces aludido en su capítulo I (apartados titulados «Botín de guerra» y «El lucro de la represión»):

«Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las fuerzas represoras como “botín de guerra”. Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra “patota” se hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un “trabajo en equipo”, con división de tareas bajo un mando unificado».

«También en estos casos la seccional de policía correspondiente había sido advertida para que no interviniera si recibía las correspondientes denuncias de secuestro y robo. Si bien el saqueo implicaba un beneficio económico para los integrantes de la “patota” y sus mandos superiores, otra de las motivaciones era el “castigar” a los familiares de los desaparecidos, extendiendo de esta manera el terror»[206].

Hasta tal punto estaba prevista y asumida esta forma de actuar que, concretamente, en los Centros Clandestinos de Detención dependientes de la Armada —como el ubicado en la ESMA— existía un recinto, denominado «pañol» —vocablo netamente marítimo—, destinado al almacenamiento de estos bienes así robados, con vistas a su posterior venta o distribución, y colocados, entre tanto, bajo la responsabilidad de algún miembro del Grupo de Tareas, encargado del depósito y administración de dicho material.

Asimismo, fueron numerosos los casos comprobados de adjudicación ilícita de bienes muebles e inmuebles —incluidos pisos y fincas— propiedad de los secuestrados, por una doble vía: o bien obteniendo por la violencia la firma de la víctima —obligada a firmar con la vista tapada y bajo la insufrible presión de la tortura los documentos de la transacción—, o bien mediante la experta falsificación de escrituras y títulos de propiedad. A tal efecto existía en la propia ESMA una imprenta especializada en falsificar todo tipo de documentación, que fue ampliamente utilizada, entre otros, para este fin.

A este respecto, y dentro del apartado «El lucro de la represión», señala el informe: *

«Las violaciones de derechos cometidas por los encargados de la represión no se agotaron en los ataques a la libertad e integridad física de las personas. Otros bienes jurídicos, como la propiedad y la fe pública, se vulneraron también simultáneamente y casi como sistema, para facilitar el traspaso de bienes, fraguando o simulando transacciones inexistentes. Falsas escrituras, falsos documentos, falsos títulos y registros de automóviles, se dieron, en muchos supuestos, para perfeccionar la rapiña o el saqueo. Nos referimos a una serie de delitos en el curso de la política oficial de desaparición de personas, sin perjuicio de los innumerables ilícitos económicos que involucran a los gobernantes “de facto” durante su gestión y que escapan al objeto de la presente investigación»[207].

Y bajo el epígrafe «Falsificación de documentos», en el mismo capítulo I del informe, se detalla:

«La operatoria del aparato terrorista contó, de acuerdo a los testimonios obtenidos, con una estructura administrativa destinada a falsificar documentación que se utilizaría para la consumación de nuevas acciones delictivas. Tal aseveración resulta acreditada esencialmente en el funcionamiento del centro de detención que se instaló en la Escuela de Mecánica de la Armada (…), donde funcionaba una imprenta destinada a producir documentación falsa: pasaportes, cédulas de identificación, títulos de propiedad, registros de conductor, credenciales de la Policía Federal, títulos universitarios, etc.»[208].

«La conducta delictiva descrita constituye un elemento sustancial para facilitar la realización de otros delitos que aparecen detallados en este informe: venta de propiedades, utilización de vehículos robados, ocupación de viviendas que pertenecían a los desaparecidos, entrada y salida del país de los integrantes de los Grupos de Tareas y su infiltración en los diversos sectores y actividades de la sociedad»[209].

El disponer de esta amplia gama de documentos falsificados permitió a los represores, unas veces, adjudicarse viviendas y fincas pertenecientes a personas ya secuestradas y asesinadas; otras veces, bajo falsa identidad, y contando con falsos títulos universitarios, infiltrarse en círculos profesionales como los de abogados, asistentes sociales y otros, con objeto de detectar dentro de ellos, con mayor facilidad, a presuntos «subversivos» a los que secuestrar en ulteriores operaciones de represión. Y otras veces, disponiendo de falsos pasaportes y falsas credenciales de diverso tipo, ciertos Grupos de Tareas actuaron fuera del país —principalmente en el vecino Uruguay—, donde procedieron a la eliminación de ciudadanos argentinos exiliados, caracterizados por su oposición política al régimen militar.

6. UN EJEMPLO ENTRE MILES: EL CASO DEL DOCTOR NORBERTO LIWSKY

A modo de ejemplo, nos limitaremos a reproducir aquí —y sólo parcialmente— el primero de los numerosos casos testificados recogidos por el informe de la CONADEP.

Se trata de un caso que puede considerarse típico en el marco de la represión desencadenada en Argentina por el llamado «Proceso de Reorganización Nacional». Típico, aunque dentro de otro nivel más benévolo, pese a su crueldad: nos referimos al caso genérico de aquellas personas que, tras haber sido secuestradas y bárbaramente torturadas, y habiendo permanecido ilegalmente encerradas en condiciones infrahumanas durante semanas, meses, y a veces incluso años, acabaron siendo puestas en libertad cuando los represores —en uso de su absoluta discrecionalidad sobre la vida y muerte de las personas secuestradas— consideraron que ya habían sido suficientemente castigadas en función de su supuesta culpabilidad.

A veces, la libertad de tales personas —tan arbitraria como lo fue su secuestro— les llegaba directamente por obra del mismo Grupo de Tareas que las secuestró y torturó, por decisión de alguna enigmática autoridad militar. Otras veces la libertad se producía a través de la «legalización»: dichas personas, en un momento dado, eran «legalizadas», es decir, puestas a disposición de la justicia, civil o militar, pero, en todo caso, legal. Ello ya implicaba el cese de la condición de «desaparecido», el paso a una cárcel conocida y no clandestina, la posibilidad de ser sometido a juicio, y, en definitiva, una notable esperanza de salvación.

Se trataba de un mecanismo fundamentalmente aleatorio, por un doble motivo: porque tales personas muy bien podían haber muerto ya en las atroces sesiones de tortura, como tantas otras que no las pudieron resistir; y porque muchas otras personas, igualmente inocentes de toda implicación terrorista o subversiva, fueron implacablemente asesinadas después de la tortura, sin recibir la más mínima oportunidad de recuperar su libertad.

Así, por esta extraña y aleatoria vía, cierto número de personas recuperaron su libertad, a veces tras comparecer ante un tribunal que no las halló culpables de cargo alguno que permitiera su condena legal. Sin embargo, ni siquiera en estos casos el secuestrado se había librado de largas sesiones de tormento, que dejaban en la víctima una indeleble tara psíquica, prácticamente imposible de superar. Situación que quedó dramáticamente reflejada, por ejemplo, en la declaración del secuestrado Miguel D’Agostino, liberado al cabo de tres meses de sufrir en sus carnes los efectos de la represión. Este testigo manifestó ante los investigadores de la CONADEP:

«Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿Le torturaron mucho?, les hubiera contestado: Sí, los tres meses sin parar».

«Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura». (Legajo núm. 3901 de la CONADEP)[210].

Valga este breve fragmento testimonial como preámbulo del caso que aquí nos interesa: el del doctor Norberto Liwsky, médico, casado, padre de dos hijas menores, y que en 1976 prestaba sus servicios en el dispensario del Complejo Habitacional del partido de Matanzas (Buenos Aires).

Como antecedentes directos de este caso, dice el informe de la CONADEP:

«A raíz de reclamos y movilizaciones de los ocupantes de distintas unidades por la regularización jurídica y constructiva del Complejo Habitacional, el 25 de marzo de 1976, en un operativo nocturno, detienen a la esposa del presidente de la Junta Vecinal. Al día siguiente, fuerzas uniformadas desvalijan varios domicilios, entre ellos el dispensario del Dr. Liwsky, secuestrando a Mario Pórtela, delegado de la Junta Vecinal, quien aparece muerto doce horas más tarde»[211].

Dos años después de producirse estos hechos, iban a tener una trágica prolongación: con motivo de celebrarse una misa por la libertad de doña Cirila Benitez, esposa del presidente de la Junta Vecinal —que aún permanecía desaparecida—, fueron secuestradas varias personas más. Una de ellas fue precisamente el doctor Liwsky, quien en la noche del 5 de abril de 1978, al regresar a su casa del barrio de Flores (Buenos Aires), se encontró con que ésta ya había sido ocupada y saqueada por sus secuestradores, quienes, dentro de ella, aguardaban sigilosamente su llegada, en una típica operación de las llamadas de «ratonera» en el peculiar lenguaje de la represión.

Entresacando párrafos literales (entrecomillados) y partes resumidas, he aquí lo esencial del pavoroso testimonio del doctor Liwsky:

«En cuanto empecé a introducir la llave en la cerradura de mi departamento me di cuenta de lo que estaba pasando, porque tiraron bruscamente de la puerta hacia adentro (…) Salté hacia atrás, para poder empezar a escapar. Dos balazos, uno en cada pierna, hicieron abortar mi intento. Sin embargo todavía resistí, violentamente y con todas mis fuerzas, para evitar ser esposado y encapuchado, durante varios minutos. Al mismo tiempo gritaba a voz en cuello que aquello era un secuestro y exhortaba a mis vecinos para que avisaran a mi familia. Y también para que impidieran que me llevaran. Ya reducido y “tabicado”, el que parecía actuar como jefe me informó que mi esposa y mis dos hijas ya habían sido capturadas y “chupadas” (…) Entonces me llevaron afuera y me tiraron en el piso de un auto, posiblemente un Ford Falcon, y comenzó el viaje». (Legajo núm. 7397)[212].

Llegado ya a su ignorado destino, prosigue así el relato del secuestrado:

«Me bajaron del coche en la misma forma en que me habían subido, entre cuatro, y caminando un corto trecho, (…) me arrojaron sobre una mesa. Me ataron de pies y manos a los cuatro ángulos. Ya atado, la primera voz que oí fue la de alguien que dijo ser médico y me informó de la gravedad de las hemorragias en las piernas, y que, por eso, no intentara ninguna resistencia»[213].

A continuación, la siniestra peripecia del secuestrado alcanza uno de sus puntos culminantes: el momento en que le fue comunicado, con brutal sinceridad y absoluta precisión, el motivo exacto de su secuestro y de las atroces torturas que a partir de aquel momento iba a padecer:

«Luego se presentó otra vez. Dijo ser EL CORONEL (mayúsculas en el original). Manifestó que ellos sabían que mí actividad no se vinculaba con el terrorismo o la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor. Porque no había entendido que en el país no existía espacio político para oponerse al gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Luego agregó: “Lo vas a pagar caro… ¡Se acabaron los padrecitos de los pobres!”». (Legajo núm 7397)[214].

La cosa, por tanto, quedó clara por demás. Puestos a ser castigados por gentes patrióticas y justicieras, siempre es de agradecer que, al menos, quede inequívocamente claro el motivo exacto del correctivo que se va a aplicar al infractor. Ironías aparte, esta explicación de motivos —descarnadamente auténtica y rigurosamente cierta— no hace más que confirmar con ejemplar contundencia algo que, por otra parte, resulta ya estadísticamente evidente a la simple inspección de las listas de desaparecidos: la rotunda falsedad del argumento básico de las Juntas Militares, consistente en que la represión fue una «guerra sucia contra el terrorismo», cuando realmente fue una guerra criminal contra todo género de oposición.

A partir de aquel momento, el desgraciado doctor Liwsky iba a conocer hasta qué punto el infierno puede desencadenarse sobre esta tierra. Hay que hacer notar que, según advierte el informe de la CONADEP, este caso —el del Dr. Liwsky— es el único que aparece publicado en dicho informe en toda su extensión testimonial, torturas incluidas —a modo de muestra descriptiva de lo que fue aquella represión—, mientras que en el resto de los casos allí expuestos, para no incurrir en excesivas truculencias, sólo se cita el tipo de tormento que se aplicó. Por nuestra parte, en esta selección de un único ejemplo, ni siquiera ofreceremos la totalidad del texto del caso Liwsky, suprimiendo la parte más crudamente cruel de su descripción.

He aquí pues, un resumen fragmentario del testimonio prestado por el Dr. Liwsky ante la Comisión, que prosigue así:

«Todo fue vertiginoso. Desde que me bajaron del coche hasta que comenzó la primera sesión de “picana” pasó menos tiempo que el que estoy tardando en contarlo. Durante días fui sometido a la picana eléctrica aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. (…) Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio, el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa, que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva sesión».

«Esto continuaron haciéndolo por varios días, alternándolo con sesiones de picana. Algunas veces fue simultáneo. Esta combinación puede ser mortal porque, mientras la picana produce contracciones musculares, el apaleamiento provoca relajación (para defenderse del golpe) del músculo. Y el corazón no siempre resiste el tratamiento. En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo (…)» «Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron, atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi, pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo». (Legajo 7397)[215].

Pero los torturadores del doctor no se limitaron a estos alardes de crueldad física, sino que —incurriendo en otra práctica muy frecuente en el tratamiento de los secuestrados— tampoco se privaron de los refinamientos de la tortura psíquica. A tal efecto, en repetidas ocasiones, retirándole la venda que permanentemente cubría sus ojos, le mostraron prendas ensangrentadas —femeninas e infantiles— diciéndole que pertenecían a su mujer y a sus hijas, y preguntándole si prefería que las torturasen por separado o juntamente con él. En un momento dado trajeron a su presencia a su esposa, debidamente «trabajada» con anterioridad:

«A los diez días del ingreso a ese “chupadero” llevaron a mi mujer, Hilda Nora Ereñú, donde yo estaba tirado. La vi muy mal. Su estado físico era deplorable. Sólo nos dejaron dos o tres minutos juntos, en presencia de un torturador. Cuando se la llevaron pensé (después supe que ambos pensamos) que ésa era la última vez que nos veíamos. Que era el fin para ambos»[216].

Idea que, por fortuna, no llegó a convertirse en realidad, aunque en aquel momento ninguno de los dos cónyuges lo pudiera imaginar.

También, dentro del permanente castigo psicológico infligido por sus guardianes y torturadores, el doctor Liwsky —al igual que sus compañeros de cautiverio y padecimientos—, como parte de las incidencias del trato cotidiano, recibía casi continuos trompicones, manotazos y patadas, todo ello acompañado de frases como éstas (respetando la peculiaridad del lenguaje porteño, tal como aparecen literalmente reproducidas en el texto testifical):

«Desde que te chupamos no sos nada». «Además, ya nadie se acuerda de vos». «No existís». «Si alguien te buscara, que no te busca, ¿vos crees que te iban a buscar aquí?». «Nosotros somos todo para vos». «La justicia somos nosotros». «Somos Dios»[217].

Frases machaconamente repetidas, día tras día, entre empujón y empujón, entre puntapié y puntapié, entre humillación y humillación, como parte de la presión psicológica encaminada a la destrucción de un hombre, aniquilando su equilibrio y su dignidad.

Para terminar con el testimonio del médico torturado, entresacamos estos párrafos, extraídos, como todos los anteriores, del ya citado Legajo núm. 7397 de la CONADEP:

«También me quemaron, en dos o tres oportunidades, con algún instrumento metálico. Tampoco lo vi, pero la sensación era de que me apoyaban algo duro. No un cigarrillo que se aplasta, sino algo parecido a un clavo calentado al rojo. Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron (como siempre), y con toda paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque estaba “tabicado”, que lo hacían con una hojilla de afeitar o un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si tiraran de la piel (desde el borde de la llaga) con una pinza. Esa vez me desmayé. Y de ahí en adelante fue muy extraño, porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad».

«Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura, alucinaba con ella. A veces despierto y otras en sueños. De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ése de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes».

«En medio de todo este terror, no sé bien cuándo, un día me llevaron al “quirófano” y (…) después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo, desde la garganta y el cerebro hacia abajo. (…)» (Legajo núm. 7397)[218].

A partir de aquí el relato de la víctima se hace tan escalofriante que preferimos ahorrárselo al lector.

Baste decir que, como resultado del trato recibido, el doctor Liwsky padeció los daños siguientes: insuficiencia renal aguda, desgarro rectal, gigantesca inflamación testicular, retención de orina, grave daño a la vista por el largo «tabicamiento», pérdida de veinticinco kilos de peso, y recidiva de una salmonelosis padecida con anterioridad.

Posteriormente, tras casi dos meses en aquel centro clandestino, el día 1 de junio de 1978, día inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol, fue conducido con otros seis detenidos-desaparecidos a la Comisaría de Gregorio de Laferrère, donde fue «legalizado», es decir, puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras permanecer varios meses más en los calabozos de dicha Comisaría, finalmente hubo de comparecer ante el correspondiente tribunal:

«El doctor Norberto Liwsky fue conducido al Tribunal Militar —Consejo de Guerra Estable núm. 1/1—. Éste se declaró incompetente por no tener acusación que dirigirle. Giradas las actuaciones a la Justicia Federal, se dictó inmediatamente el sobreseimiento definitivo. Todo el martirio relatado fue soportado por una persona contra la que nadie formuló cargo alguno»[219].

Creemos que estas palabras —últimas que el informe de la CONADEP dedica al caso Liwsky— nos liberan por sí mismas de la necesidad de cualquier comentario adicional.

PASO RECOMENDADO AL APÉNDICE II

Pese a todo lo basta aquí referido, somos conscientes de que la magnitud de lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983 no quedaría suficientemente explícita para el lector español —civil o militar— que no haya tenido acceso al informe de la CONADEP, a no ser que aportemos aquí una cierta selección de casos concretos, adecuadamente representativos de los miles de casos similares recopilados por dicha Comisión.

Para ello, llegados a este punto, y antes de continuar con las páginas que siguen, se recomienda la lectura del APÉNDICE II (págs. 443 a 470), en el que se ofrece una selección de datos y testimonios individuales prestados ante la citada Comisión. El conocimiento de dicho Apéndice permitirá al lector comprobar hasta qué punto la brutalidad del caso recién expuesto —el caso Liwsky— no tuvo ningún carácter excepcional sino dramáticamente habitual, así como conocer una amplia gama de casos diferentes en cuanto a edades, profesiones y demás circunstancias personales de las víctimas, junto con precisiones testimoniales sobre las distintas vías utilizadas para hacer desaparecer los cadáveres producidos por la represión. Sólo así, mediante una seria aportación documental, el lector podrá asomarse al drama desarrollado en aquel país bajo el gobierno de las Juntas Militares (especialmente durante el trienio 1976-79), disponiendo de una sustancial aproximación de lo que un importante núcleo de las Fuerzas Armadas Argentinas planificó y ejecuto bajo el nombre de «Proceso de Reorganización Nacional».

Ello nos permitirá después, con mayor conocimiento de causa, abordar el análisis sociológico-militar que constituye la meta final de nuestra investigación.

7. NÚMERO DE VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

Ante la imposibilidad de conocer el número exacto de víctimas, sólo cabe su estimación, con criterios razonables y bajo hipótesis que requieren su explicación.

Dividamos para ello la suma total de víctimas mortales de la represión en tres grupos, los dos primeros sobre datos seguros, y el tercero, que sólo puede ser cuantificado de forma estimativa, como veremos a continuación.

Primer grupo: Aquellas personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados. Se trata de personas supuestamente muertas en enfrentamiento con las fuerzas del orden, aunque la CONADEP constató que buen número de personas así clasificadas murieron cuando se hallaban en manos de las fuerzas militares o policiales, después de haber sido detenidas o secuestradas. Su número total puede ser calculado con suficiente aproximación, puesto que todos estos casos, o al menos la mayoría de ellos, iban siendo publicados por la prensa de Buenos Aires a medida que los cadáveres aparecían. Estos datos, recopilados por la Asamblea Permanente pro Derecho Humanos (APDH) de Argentina, totalizan la cifra de 1898 muertos entre los años 1976, 77, 78 y 79[*].

Segundo grupo: Aquellas personas perfectamente identificadas, con sus nombres y apellidos, secuestradas ante testigos y definitivamente desaparecidas, cuyos cadáveres nunca aparecieron (los «ausentes para siempre», según los calificó el general Viola), pero cuyos secuestros fueron denunciados y testificados por sus allegados. También esta cifra ha sido computada con mínimo grado de error: la CONADEP comprobó y documentó la cifra de 8960 personas secuestradas y desaparecidas[*], cuya desaparición fue denunciada ante dicha Comisión, como en este mismo capítulo acabamos de ver.

También hay que señalar que la misma CONADEP hace notar la posibilidad de que, excepcionalmente, alguna persona de su lista de desaparecidos pudiera haber sobrevivido y recuperado la libertad sin conocimiento de la Comisión.

Tercer Grupo: Aquellas personas secuestradas y definitivamente desaparecidas, pero cuyo secuestro y desaparición nunca fueron denunciados por sus familias, paralizadas por el terror. Esta cifra, aunque consta su gran cuantía, no puede ser contabilizada sino únicamente estimada, bajo distintas hipótesis como las que aquí vamos a ver.

Tal como constata en el informe de la CONADEP su propio presidente, el escritor Ernesto Sábato, gran número de desapariciones quedaron sin denunciar. Cosa lógica, por otra parte, habida cuenta de que dicha Comisión investigadora desarrolló su trabajo en todo el territorio argentino a lo largo de los nueve primeros meses de 1984, es decir, menos de un año después de haber Analizado la dictadura (diciembre de 1983), y, por tanto, bajo un ambiente de terror no superado aún por aquellas familias que sufrieron en sus propias carnes el flagelo de la represión.

Por ejemplo, en ciertas zonas míseras de los alrededores de La Plata, entre cuya gente joven el general Camps causó un gran número de desaparecidos durante sus años de jefe policial, el ambiente opresivo de miedo que allí perduraba impidió que se cursara prácticamente ninguna denuncia de desaparición. Por otra parte, personalmente pudimos comprobar que los padres y madres que se atrevieron a denunciar la desaparición de sus hijos e hijas conocen casos próximos, similares a los suyos, pero en los cuales la familia no se atrevió a formular denuncia alguna, pese a ser instada a ello con reiteración.

Pues bien: de la valoración de este hecho estadístico surgen las distintas hipótesis, y de ahí, las distintas cifras. A continuación examinaremos tres hipótesis concretas, con su respectiva estimación.

La primera de tales hipótesis, y una de las más extendidas, consiste en que, por cada desaparición denunciada y testificada ante la CONADEP, en todo el territorio argentino, quedaron aproximadamente dos casos sin denunciar. Redondeando las cifras antes dadas (1.898 cadáveres encontrados y 8.960 desapariciones definitivas y documentadas) a 1.900 y 9.000 respectivamente, a estas dos cifras habría que añadir las aproximadamente 18.000 desapariciones no denunciadas. Ello daría un total, bajo esta hipótesis, de unas 29.000 víctimas de la represión. Éste es el origen de la tantas veces repetida alusión a la cifra de 25.000 a 30.000 víctimas mortales, y ésta es también la estimación que Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, considera como la más ajustada a la realidad.

Otra hipótesis, menos frecuente, pero sostenida también por gente seria y profundamente conocedora del tema, mantiene la posibilidad opuesta: por cada dos casos denunciados de desaparición, quedó aproximadamente un caso sin denunciar. Ello reduciría a unos 4.500 la cifra de las desapariciones no denunciadas, que sumadas a las 1.900 y 9.000 víctimas comprobadas, daría un total situado en torno a las 15.000. Ésta es la cifra considerada más probable por Graciela Fernández Meijide, importante miembro también de la CONADEP y directiva de la Asamblea Permanente pro Derechos Humanos, además de madre de un desaparecido en la represión.

Queda, por último, la hipótesis intermedia: por cada denuncia formalizada de desaparición, quedó aproximadamente otra denuncia sin efectuar. Ello daría unas 9.000 desapariciones añadidas a las 9.000 documentadas, que junto con los 1.900 cadáveres hallados, dan un total aproximado de 20.000 víctimas mortales de la represión. Ésta es la cifra sostenida como más razonable por el doctor Emilio Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y padre de una desaparecida[*].

Nuestro criterio personal, después de haber hablado largamente con estos tres caracterizados investigadores —y con muchas otras personas— se sitúa entre las dos hipótesis más bajas: estimamos que el número de víctimas mortales producidas por la represión entre 1976 y 1983 (prácticamente todas ellas acumuladas en el período 1976-79), se sitúa entre las 15.000 y las 20.000. Cifra a la que resulta obligado añadir —no olvidemos— como víctimas no mortales, pero sí desgarradas por el sufrimiento, a los muchos miles de familias que, en memorable palabras del Papa Juan Pablo II, «tienen en el corazón una espina tan aguda por la suerte de sus seres queridos»[*], así como a los muchos miles de argentinos que, contra toda justicia, se vieron obligados a salir en condiciones precarias de su país y vivir el desarraigo del exilio ante la mortal amenaza de la represión.

Pero, incluso limitándonos a las víctimas mortales, observemos ese número: de 15.000 a 20.000. Desproporcionada cifra, moralmente injustificada y militarmente disparatada. Nunca fue necesario eliminar a tantos miles de personas —en su gran mayoría pacíficas y desarmadas— para hacer frente con eficacia a un enemigo que, en sus diez años de existencia (1970-80) produjo un total de 687 muertos entre civiles, militares y policías (como ya vimos en el Capítulo II, ap. 1.2, y precisamente con datos publicados por la autoridad militar). Dolorosa cifra, esta última: 687 muertos que también tenían sus familias, y cuya muerte violenta nunca se debió producir. Al igual que, en sentido opuesto, tampoco debió producirse nunca la muerte violenta de las aproximadamente 900 víctimas de la Triple-A, organización contra la cual —notable diferencia— no se produjo la más mínima represión.

En cualquier caso, esa monstruosa desproporción de 22 a 29 muertos supuestamente subversivos por cada muerto causado por la guerrilla, expresa desde cualquier perspectiva —social, militar, incluso propiamente policial— un rotundo desprecio hacia el conjunto de la población civil; y no de una población civil cualquiera, sino de la población argentina precisamente. Ningún país civilizado ha hecho frente a un problema de terrorismo realizado tan extensa e indiscriminada masacre en el seno de su propia sociedad.

8. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Consideramos que, tras la lectura del Apéndice II, el lector dispone ya de una idea aproximada —aunque forzosamente incompleta— sobre lo sucedido en Argentina durante lo que se llamó «la década bárbara» o «la década trágica»; información básica imprescindible, sin la cual nuestro posterior análisis —desde la perspectiva conjunta militar, social y moral— quedaría cojo de su columna más capital: el conocimiento de los hechos que se trata de valorar.

No hubiera bastado, en efecto, recordar al lector algo tan sabido como este dato numérico, elástico e impreciso de por sí: que entre 15.000 y 30.000 personas —según las diversas estimaciones— fueron secuestradas y hechas desaparecer en Argentina durante los siete años y medio de dictadura militar. Tampoco bastaba aportar este otro dato, ni elástico ni impreciso, sino absolutamente concreto: ciñéndonos sólo a los casos denunciados y testificados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, constan, como mínimo, 8.960 personas que, habiendo sido secuestradas durante dicho período, continúan desaparecidas en la actualidad. Personas que constituyen, obviamente, sólo una parte del total en dicha situación.

8.960 personas, casi nueve mil seres humanos, en su mayoría ajenos a cualquier terrorismo, arrancados de sus familias sin que hayan vuelto a ser vistos hasta hoy, salvo aquellos contados casos en que el cadáver se pudo recuperar. Cifra incontestable, individualizada caso por caso, con nombres, apellidos, fechas, testigos y demás aportación documental, a la que hoy que añadir todos aquellos casos de personas —cifra, esta sí, indeterminada— cuya desaparición no fue denunciada ante dicha Comisión por sus familiares ni allegados, por muy diversas causas explicables, y sobre todo por una, la más lógica y explicable de todas: la deliberada inhibición, por miedo a la repetición de hechos tan atroces como aquellos que hubieron de padecer. Miedo no precisamente descabellado, cuando la mayoría de los culpables de tales crímenes, secuestros, torturas y asesinatos permanecían no sólo en libertad, sino proclamando con orgullo lo muy justo y necesario de su actuación.

De ahí que Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, escriba en el prólogo del informe, refiriéndose a estos desaparecidos:

«De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo, hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer una afra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal»[220].

Asimismo, en la primera de las conclusiones de su informe, la misma Comisión, habiendo contrastado sus resultados con las listas elaboradas por otros organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, ratifica:

«Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados»[221].

Pero no bastaba, decimos, con proporcionar una cifra, por terrorífica que fuese, ni tampoco un par de cifras límite, máxima y mínima, que sirvieran para contabilizar lo que fue el horror de aquella represión. Para que el lector tuviera una idea relativamente precisa sobre la naturaleza y gravedad de los hechos perpetrados, era necesaria una suficiente aportación documental de qué se hizo, cómo se hizo y por quién se hizo. De ahí la necesidad de las páginas precedentes (por duras que en algún momento hayan podido resultar) y, sobre todo, del Apéndice II, sin cuya casuística se carecería de la suficiente panorámica general.

Sólo con ese conocimiento previo cobran pleno sentido palabras como éstas, extraídas también del mismo texto del presidente de la CONADEP:

«Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de 50.000 páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y también la más salvaje»[222].

«Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos»[223].

«Y si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad»[224].

9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES FINALES DE LA CONADEP

Como no podía menos de suceder, dada la naturaleza de su investigación, la CONADEP se vio atacada por ambos lados, desde la parte de las víctimas y desde la de los verdugos. Dadas las violentas pasiones desatadas en tomo a aquellos hechos terribles —con los familiares de las víctimas clamando justicia y duro castigo para los culpables, y con los ejecutores de los crímenes y torturas respondiendo en tono amenazador y reivindicando el carácter necesario y patriótico de su intervención—, era de todo punto inevitable que, si la ejecutoria de tal Comisión era mínimamente equilibrada y objetiva —dentro de los límites de lo humano y de la extrema dificultad de su trabajo—, su labor iba a verse acerbamente rechazada desde ambas vertientes, como así sucedió en realidad.

En efecto, desde los sectores más radicalizados de la izquierda, se formularon críticas contra la CONADEP desde el momento en que se conoció su composición, negando que estuviera formada por «reconocidas personalidades», y señalando que algunos de sus miembros no mantuvieron una firme posición frente a la Dictadura. Acusación especialmente insostenible en cuanto al presidente de dicha Comisión, el escritor Ernesto Sábato, quien, desde los años más duros de la represión, en reiterados pronunciamientos públicos, habían venido manifestando su rotunda oposición a los excesos perpetrados por las Juntas.

Finalmente, conocido ya el informe, se dirigió a la CONADEP la más concreta y persistente acusación: la de no haber publicado, como parte integrante de su informe final, la lista nominal de los culpables —militares y policías—, cuya intervención en los secuestros, torturas y asesinatos quedó sobradamente acreditada a lo largo de la investigación. Omisión lógica, habida cuenta de que, al carecer tal Comisión de atribuciones judiciales, no podía señalar como culpables ni siquiera a los principales acusados por los excesos de la represión.

Pero, como también era de prever, las más graves acusaciones y amenazas vinieron de parte de los ejecutores de la represión. Según expresa el presidente de la CONADEP en el prólogo del tan citado informe:

«En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes, lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de “la guerra sucia”, de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de la represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así; no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad.»[225].

«Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente porque ese terror produjo muertos, no desaparecidos»[226].

En efecto, el terrorismo de organizaciones tales como los Montoneros o el ERP, con anterioridad a 1976, produjo numerosos atentados con víctimas, causando varios centenares de muertos; pero nunca recurrió a la técnica de la desaparición. Entre las tácticas operativas de aquellos grupos nunca figuró el secuestro de personas seguido de tortura, muerte y definitiva desaparición de sus cadáveres. De ahí que la CONADEP no pudiera registrar denuncias de desapariciones procedentes de dicho terrorismo, que, pese a ello, también fue rigurosamente condenado por la propia CONADEP.

Así, entre acusaciones y descalificaciones dirigidas desde ambas partes, actuando en el seno de una sociedad todavía crispada e incapaz aún de asimilar la sangrienta mutilación sufrida en su cuerpo social por la pérdida traumática de tantos miles de sus hijos e hijas, la Comisión desarrolló su ingrata y dificilísima labor. Viajando incansablemente por su extenso país, interrogando a miles de personas, transcribiendo miles de declaraciones orales (más de 50.000 folios en más de 7.000 legajos), viéndose con frecuencia obligada a solicitar información a organismos tan poco interesados en proporcionarla como las propias Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre incomprensiones, silencios evasivos, veladas y explícitas amenazas, soportando y venciendo dificultades de todo género, la CONADEP acabó cumpliendo su dura función:

«Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación, y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basamos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno, y aun en los testimonios de represores que, por oscuras motivaciones, se acercaron a nosotros para decir lo que sabían»[227].

Finalmente, como culminación de su informe de casi 500 páginas —en las que se extracta y analiza, de forma forzosamente sumaria, el contenido de los miles de folios recopilados—, la CONADEP extrajo sus doce conclusiones, de las cuales señalamos aquí solamente cuatro:

«La desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esa fecha, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado, cuando se produce la implantación generalizada de tal metodología. Comenzaba con el secuestro de las víctimas (…) El secuestrado era conducido a alguno de los aproximadamente 340 centros clandestinos de detención por entonces existentes. La CONADEP, en el curso de sus investigaciones, inspeccionó un elevado número de establecimientos que durante el último gobierno de facto funcionaron con tales características. Estos centros clandestinos estaban dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones»[228].

«La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan estremecedores. De algunos de los métodos empleados no se conocían antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que éste proporcionara la información requerida por sus captores»[229].

«Es posible afirmar que —contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan— no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo»[230].

«De la investigación afectada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos (de los más de 7000 redactados), que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que fueron vistos con vida en tales centros, y de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados»[231]. (Las cursivas y el paréntesis son nuestros).

En efecto, el abrumador peso probatorio de la documentación aportada por la CONADEP en 1984 y presentada ante la Justicia permitió, en 1985, culminar el juicio y condena de los tres miembros de la primera Junta Militar y de otros dos de la segunda; juicio histórico, sin precedentes en el continente americano, y que reveló en todo su dramatismo la verdadera naturaleza de la represión militar ejercida en la Argentina a partir de 1976, cuyos tenebrosos detalles y pormenorizados testimonios causaron el horror de la sociedad argentina y de la opinión pública mundial.

IV. ARGUMENTOS JUSTIFICATIVOS ESGRIMIDOS POR LOS RESPONSABLES Y EJECUTORES MATERIALES DE LA REPRESIÓN

Los argumentos más repetidamente invocados por los militares argentinos implicados —como responsables de la planificación o de la ejecución de las gravísimas violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el llamado «Proceso de Reorganización Nacional»— son básicamente los siguientes:

—Las crueldades cometidas no fueron otra cosa que excesos individuales, al margen del plan operativo general.

—La llamada «guerra sucia» se hizo para eliminar el terrorismo que perturbaba la vida nacional.

—Aquella lucha fue la respuesta necesaria contra un enemigo mucho más amplio y sutil que el terrorismo: la subversión.

—La sangrienta «guerra sucia» se hizo en cumplimiento de dos decretos de la Presidencia de la República (dictados durante la etapa constitucional previa al golpe de marzo de 1976), que ordenaban el aniquilamiento de la subversión.

—Aquélla fue una patriótica lucha, librada en defensa de los valores de la civilización cristiana y occidental.

Analicemos a continuación, uno por uno, todos estos puntos, tratando de valorar el peso objetivo de este voluminoso bagaje argumental.

1. TEORÍA DEL «EXCESO INDIVIDUAL»

«En toda guerra se producen excesos, lamentables casos individuales, imposibles de evitar dentro de la extensa acción general. Pero tales excesos individuales no descalifican nuestra lucha antisubversiva, ni menoscaban su plena legitimidad». Este argumento, con ligeras variantes semánticas, ha sido y sigue siendo utilizado principalmente por los altos mandos militares a cuyas órdenes se desarrolló la represión. Según ellos, la crueldad de ésta no radicó tanto en su método general como en los comportamientos desviados de algunos de sus ejecutores, que incurrieron por su cuenta en actos de indebida crueldad.

Sin embargo, la masiva evidencia acumulada, con su aplastante casuística abrumadoramente documentada, desmiente de forma rotunda este grosero intento de exculpación. De ninguna manera cabe hablar de excesos individuales en una brutal represión, ejercida mediante una técnica operativa minuciosamente preconcebida, y desarrollada por métodos sistemáticamente repetidos en todo el territorio nacional, fruto evidente de una planificación, de una doctrina, de una dirección unificada y de una ejecución sometida a una rigurosa normativa operacional.

La técnica operativa —petición previa de «zona libre» a la comisaría de policía correspondiente para asegurarse su no intervención; llegada del grupo secuestrador, numeroso y fuertemente armado, en uno o varios vehículos; introducción de la persona secuestrada, atada y encapuchada, en el maletero del vehículo o arrojada en el suelo de éste; internamiento ilegal de la víctima en el correspondiente centro clandestino («chupadero» en la jerga de los represores), auténtico antro ajeno a toda cárcel oficial, concebido y situado de forma suficientemente discreta para poder aplicar todos los grados de la tortura sin que ello trascendiese al exterior; aplicación del tormento, con o sin interrogatorio simultáneo, con procedimientos tan normalizados por su uso habitual como «la picana», la varilla o «el submarino» en su versión líquida o seca; asesinato discrecional de la víctima, sin juicio alguno, por efecto directo de las torturas o por decisión deliberada de sus verdugos («traslado» en el lenguaje de éstos), una vez exprimida toda su hipotética información; eliminación del cadáver (incineración, fosa clandestina o lanzamiento al mar)—, esta terrible secuencia de actos criminales, sistemáticamente repetida a lo largo y ancho del vasto territorio argentino, y la existencia comprobada de al menos 340 centros clandestinos de tortura y muerte donde esta técnica se materializó, constituyen datos definitivos que no nos hablan precisamente de «excesos individuales» sino de una doctrina muy concreta, de una filosofía operativa, de un sistema plenamente asumido, de una rigurosa planificación.

Por si cupiera alguna duda al respecto, recordemos las palabras textuales del general Santiago Omar Riveros, jefe de la delegación argentina en la Junta Iberoamericana de Defensa, pronunciadas en Washington ante dicha Junta el 24 de enero de 1980:

«Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos para militares… Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes, los brigadieres de cada fuerza… La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país a través de los Estados Mayores»[232]. (La cursiva es nuestra).

Esta proclamación de tan calificado representante de la represión —no en vano había ejercido personalmente en ella un importante mando— deja bien escaso margen a la teoría del «exceso individual» como posible explicación de la masacre perpetrada a partir de marzo de 1976.

Esa forma de actuar «con la doctrina en la mano» —criterios y normas prefijadas por el mando— y ese cumplimiento de las «órdenes escritas de los Comandos Superiores» —órdenes cursadas desde la cúpula militar y obedecidas por los escalones inferiores— resultan plenamente coherentes con ese otro concepto exculpatorio —la «obediencia debida»— reconocido legalmente siete años después. En efecto, dicha ley de obediencia debida, al amparar todos los grados de la tortura y el propio homicidio dentro de la llamada «lucha antisubversiva», vino a establecer el principio de que todos aquellos que cometieron tales crímenes lo hicieron obedeciendo órdenes cuyo cumplimiento no podían eludir. Ello negaba oficialmente todo carácter de «exceso» a tales torturas y a tales homicidios, inscribiéndolos de lleno dentro del sistema operativo general: órdenes cursadas por los superiores y obedecidas por los subordinados, como en toda operación militar.

Así, por ejemplo, cuando el teniente Alfredo Astiz fue exculpado en el proceso que se le seguía por las atrocidades cometidas con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet —en el que le fue aplicada la «obediencia debida»—, ello significaba admitir que tales atrocidades no constituyeron exceso individual alguno, sino que se situaban dentro de la línea de actuación prevista y ordenada por la superioridad. En otras palabras: si la extravagante teoría del «exceso individual» tuvo alguna vez una posibilidad de ser creída por alguien —que de hecho nunca la tuvo—, tal posibilidad quedó definitivamente anulada a posteriori por la citada ley de obediencia debida, que convirtió el más cruel exceso —la tortura y el asesinato— en norma de actuación habitual, incluyéndola expresamente dentro de lo ordenado por el mando y, como tal, de obligado cumplimiento para los jefes, oficiales y suboficiales participantes en el vasto programa represor.

2. LA «LUCHA ANTITERRORISTA», FALSA COARTADA DE LA REPRESIÓN

Para valorar el máximo argumento invocado por los represores —la supresión del terrorismo— empecemos por saber lo que éstos entendían por «terrorismo».

Este concepto quedó absolutamente clarificado por la reveladora definición proporcionada por el máximo dirigente del mecanismo represor: el general Jorge Videla, jefe de la primera Junta Militar. Efectivamente, el día 17 de diciembre de 1977, al ser entrevistado por un equipo de periodistas británicos, éstos se interesaron por la suerte corrida por la menor Claudia Inés Grumberg —inválida, afectada desde la edad de cinco años por una artritis deformante en todas sus articulaciones, que desde hacía diez años le impedía caminar—, la cual, en plena vía pública, en la zona bonaerense de Belgrano, y en presencia de tres testigos, fue introducida por la fuerza en un Ford Falcon por un grupo de hombres armados de paisano que se la llevaron con rumbo desconocido, sin que ninguna gestión permitiera dar con su paradero posterior. La respuesta del general Videla, difundida por numerosos medios de comunicación, fue nada menos que la siguiente:

«El caso de esta niña a quien ustedes hacen referencia, que no conozco en detalle, entiendo que está detenida a pesar de estar lisiada. Vuelvo a la parte inicial: el terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar[*] a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana»[233].

He aquí una definición —la cursiva es nuestra— merecedora de ser inscrita con letras de oro en el libro de los grandes conceptos jurídicos, morales, sociales y políticos dignos de ser agradecidos por su radical claridad y su neta delimitación.

Esta inaudita tipificación del terrorista como aquella persona que, incluso sin empuñar jamás arma alguna, actúa con arreglo a esas ideas supuestamente «contrarias a nuestra civilización cristiana y occidental», resulta prácticamente ilimitada en su aplicación discrecional a todo tipo de adversarios políticos, permitiendo su inmediata eliminación. Eliminación siempre fácil de justificar, máxime si en tales «ideas contrarias» se incluyen (como de hecho hicieron los represores argentinos) una amplísima gama de ideologías y de actuaciones políticas, intelectuales, profesionales, sindicales, religiosas y sociales de todo género, totalmente asumibles en las democracias occidentales, e incluso, algunas de ellas, plenamente concordantes con los criterios cristianos del Concilio Vaticano II en materia social.

Sólo así, con esta aberrante concepción de lo que es el terrorismo, esos tres vocablos —niña, lisiada y terrorista— tan imposibles de encajar razonablemente en una misma persona, pudieron ser aplicados simultáneamente sin rubor alguno, por boca del general Videla, a la desgraciada Claudia Inés Grumberg, la cual continúa desaparecida hasta hoy.

Otro ejemplo, entre tantos, del tipo de «terroristas» eliminados en aquellos años por la represión militar argentina lo constituye el caso del matrimonio formado por María Ester Ravelo Vega y Emilio Etelvino Vega —ambos ciegos—, secuestrados en la ciudad de Rosario en septiembre de 1977. La madre de María Ester, Alejandra Fernández de Ravelo, al llegar al domicilio de su hija (calle Santiago, núm. 2815), tuvo oportunidad de presenciar la escena siguiente, detallada en su testimonio ante la CONADEP:

«Un camión del Ejército se llevaba las últimas cosas que quedaban en la casa, advirtiéndome los vecinos que no me acercara porque me iban a llevar a mí también. Se llevaron todos los muebles, los artefactos del hogar, la ropa, una máquina para fabricación de soda —actividad a la que se dedicaba mi yerno— y un camión con el que se repartía la soda. También robaron una perra guía, de raza ovejero alemán, que el matrimonio usaba como perro lazarillo…»[234].

Pese a las trabajosas diligencias emprendidas, el matrimonio Vega no fue hallado jamás. He aquí otra muestra —esta vez con personas ciegas— del tipo de enemigos que los autores del llamado «Proceso de Reorganización Nacional» eran capaces de incluir dentro de su peculiar definición de terrorismo, procediendo sin escrúpulo alguno a su secuestro y eliminación.

Otro ejemplo reseñable de esta supuesta «lucha antiterrorista» —aún más flagrante si cabe por su cínica explicación final— lo constituye el caso de Rosa Ana Frigerio. Esta muchacha permanecía inmovilizada en su domicilio —con todo su cuerpo enyesado como consecuencia de una reciente operación en la columna vertebral— cuando, ante el horror de sus allegados, un grupo armado irrumpió en su casa, la cargó en una camilla y se la llevó. Al día siguiente iba a cumplir veinte años.

Esta vez, tras largas investigaciones, la familia consiguió algo poco frecuente en este tipo de situaciones: averiguar el paradero de la víctima. Como respuesta a un «habeas corpus» de finales de febrero de 1977, se tuvo constancia de que Rosa se hallaba internada en la Base Naval de Mar del Plata. Sin embargo, el 31 de marzo, el jefe de dicha Base —el entonces capitán de navío Juan José Lombardo— comunicaba a los padres de Rosa que su hija había sido enterrada varias semanas antes, por haber resultado «muerta en un enfrentamiento» con las fuerzas del orden a las 3 de la madrugada del pasado 8 de marzo, es decir, apenas una semana después de obtenerse la confirmación de su permanencia como presa en la citada Base Naval[235].

Esta simulación de un inexistente enfrentamiento armado —con prisioneros ya muertos en centros clandestinos— fue una práctica utilizada con cierta frecuencia por los represores para justificar la entrega de cadáveres ametrallados o, como en este caso, la muerte de personas ya enterradas semanas atrás. Pero esta vez alguien —ligera falta de coordinación— olvidó el pequeño detalle de que la permanencia de la víctima, en calidad de presa en la mencionada Base, había quedado documentada pocos días antes de la fecha del supuesto enfrentamiento. En el que, por otra parte, la víctima —dado su estado físico— de ninguna manera hubiera podido participar.

El resultado de este conjunto de circunstancias —oportunamente denunciadas por la familia Frigerio una vez implantada la democracia en el país— motivó, con fecha 4 de mayo de 1984, la orden judicial de ingreso en prisión preventiva del antiguo jefe de la Base Naval de Mar del Plata, el ya vicealmirante Juan José Lombardo, al ser éste procesado en la causa seguida por el homicidio de Rosa Ana Frigerio ante el Juzgado Federal[*].

Queda, pues, sobradamente claro, en las palabras y en los hechos de los represores argentinos, su peculiar concepto de terrorismo: concepto que les permitía incluir de lleno en él a personas incapaces de empuñar arma alguna, y ello no sólo en cuanto a definición teórica —ahí está la del general Videla, concluyente por demás— sino también en cuanto a actuación práctica, deshaciéndose de personas que, incluso por absoluto impedimento físico, no podían de ninguna manera practicar una violencia fáctica real.

Pero la desfachatez de los ejecutores de aquella represión llegó, de hecho, mucho más allá: llegó al extremo de reconocer explícitamente, en no pocas ocasiones, la total desvinculación de sus víctimas respecto al terrorismo. En no pocos casos, esta total ausencia de relación con la guerrilla, el terrorismo o cualquier tipo de violencia armada era descaradamente reconocida por el propio torturador en el momento mismo de iniciar su interrogatorio, o en el transcurso de éste. Recordemos al efecto, entre otros casos similares, la primera frase que el torturador anónimo que se hacía llamar «el Coronel» dirigió al infortunado doctor Liwsky momentos antes de iniciar su infernal sesión de tortura, como ya vimos más atrás:

«Manifestó que ellos sabían que mi actividad no se vinculaba con el terrorismo o la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor. Porque no hahía entendido que en el país no existía espacio político para oponerse al gobierno del Proceso de Reorganizador Nacional. Luego agregó: “Lo vas a pagar caro… ¡Se acabaron los padrecitos de los pobres!”»[236].

Tampoco aquí cabe mayor claridad en la definición. He aquí, sincera y rotundamente expresado, el verdadero motivo de la represión: no la actividad terrorista, sino la simple actividad opositora. No la violencia, sino el no aceptar que en Argentina «no existía espacio político» para ningún género de oposición a la dictadura militar. Una vez más, pues, es la propia voz de los represores la que nos clarifica su propósito, su filosofía, la verdadera naturaleza de su represión. Una represión que no permitía siquiera la oposición pacífica en el campo de la política, ni en la actividad sindical, ni en el ámbito estudiantil, ni —como en este caso— en el área de la medicina asistencial.

Otro caso similar, demostrativo de esta misma cínica distinción entre opositores violentos y no violentos —pero todos ellos igualmente dignos de ser reprimidos, torturados y, llegado el caso, muertos—, se produjo en el interrogatorio del sacerdote secuestrado Orlando Virgilio Yorio, cuando su interrogador le reprochó duramente el haberse instalado en un barrio miserable, donde el padre Yorio venía desarrollando su labor:

«Vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te das cuenta de que al irte a vivir allí (…) con tu cultura, unís a la gente, unís a los pobres, y unir a los pobres es subversión»[237].

En idéntica línea cabe citar otro caso igualmente ilustrativo, si bien esta vez los represores no fueron militares argentinos sino uruguayos, aunque actuando en estrecha colaboración con aquéllos en el secuestro y represión de un ciudadano argentino: el internacionalmente conocido pianista Miguel Angel Estrella.

Este prestigioso músico, desde el golpe de marzo de 1976, había conocido ya serias dificultades para poder realizar los conciertos programados en su propio país, como consecuencia de haber tocado en actos tan subversivos como en un homenaje a Salvador Allende, el sepelio del padre Múgica —asesinado en 1974 por su abnegado compromiso con las clases más humildes—, y conciertos didácticos de divulgación popular en la sede de la Universidad de San Luis. Finalmente, cuando se hallaba en Montevideo preparando un viaje con varios conciertos previstos en México y Canadá, fue secuestrado por miembros del Ejército Uruguayo el 15 de diciembre de 1977[*].

Entre torturas, períodos de aislamiento e inhumanas condiciones de prisión, Estrella fue interrogado por especialistas de los servicios militares de información, uno de los cuales se permitió explicar, con todo descaro, los motivos de la actuación represiva en su concreto caso personal:

«Nosotros sabemos que vos nos estás metido en la guerrilla. Pero hay una cosa que no te vamos a perdonar nunca, y es que, pudiendo elegir la vida de un rey, elegiste la causa de la negrada[*]. No te perdonamos tu pertenencia a la FOTIA, ni a la Federación Indígena, ni tus viajes por Paraguay, Chile, Bolivia y otros países, tocando para los “negros” y conectándote con organizaciones sindicales…».

«No te matamos porque aquí no somos asesinos como en Argentina, pero te destruiremos prolijamente con métodos que nosotros conocemos bien… Día a día, en años de cárcel… De aquí vas a salir hecho una piltrafa, no servirás ni como hombre, ni como padre de familia, ni como artista, ni como militante».

«Si después de esto seguís insistiendo con tu piano y tu sonrisa para la negrada, la próxima vez será la muerte…»[238].

Vemos, pues, que aunque el torturador-interrogador uruguayo marcó distancias respecto a sus colegas del otro lado del río —«aquí no somos asesinos como en Argentina»—, aun así, de su actuación y de su filosofía explícitamente manifestadas se desprende idéntica doctrina teórica y operacional: so pretexto de hacer frente al terrorismo o a la guerrilla, se persigue, se secuestra, se tortura, se aniquila física y psíquicamente, y, llegado el caso, se asesina a cualquier persona ajena a la violencia, sólo por considerarla suficientemente molesta por su línea política o por el enfoque de su actuación intelectual, artística o profesional.

Menores de edad, gentes lisiadas de por vida, ciegos, personas paralizadas por lesión medular —entre otros casos similares documentados por la CONADEP—, que fueron considerados terroristas, como hemos visto, con arreglo a una aberrante definición de «terrorismo» establecida por el alto mando militar. Personas, en otros casos, que eran reconocidas por sus torturadores como ajenas a todo terrorismo y a toda violencia, y, pese a tal reconocimiento, eran secuestradas y brutalmente torturadas por ejercer algún tipo de oposición. He aquí la verdadera naturaleza de la represión militar argentina —pretendida «lucha antiterrorista»—, explícitamente manifestada por boca de sus propios responsables y ejecutores.

La evidencia de esta terrible realidad llegó a ser tan palmaria que, incluso un personaje ideológicamente tan conservador y descomprometido como Jorge Luis Borges —que en 1976 calificó a la primera Junta Militar como «una administración de caballeros»— se sintió obligado al fin a alzar su voz contra la dictadura y sus criminales métodos, con pronunciamientos públicos como éstos en importantes medios de difusión:

«Un ciego como yo depende de lo que le dicen los demás, y yo sólo estaba informado de lo que sucedía por un grupo muy reducido de amigos. Pero ahora sé la verdad, porque muchas madres y abuelas de desaparecidos han venido a mi casa a llorar su dolor. Es terrible que existan más de 25.000 desaparecidos, y resulta vergonzoso que alguien pueda jactarse de ello»[239].

«Cuando las personas son arrestadas sin ser sometidas a juicio, no puedo callar Me dicen que uno no debe decir estas cosas, para salvar la imagen de nuestro país. Pero la verdad es más importante que cualquier imagen»[240].

«Yo no soy político. Mi posición sobre lo ocurrido en la Argentina es exclusivamente ética. (…) De ninguna manera puedo callar ante esas muertes, esos desaparecidos. El fin jamás justifica los medios»[241].

En definitiva: ningún argentino de conciencia —ni siquiera aquéllos, como Borges, inicialmente predispuestos a favor de las nuevas autoridades militares— pudo llegar a creer por demasiado tiempo que una supuesta lucha contra el terrorismo pudiera justificar una masacre de tal magnitud en el conjunto de la población.

¿Puede alguien, por otra parte, creer que la larga lista de escritores, dramaturgos y cineastas, actores y actrices, pintores y artistas gráficos, escultores y artesanos, profesionales de la música y artistas de todo tipo, profesores universitarios, sociólogos, psicólogos, abogados, psiquiatras y miembros de otras profesiones, secuestrados y desaparecidos para siempre por la represión militar entre 1976 y 1983, eran terroristas o cosa mínimamente similar?

Las listas ofrecidas por el informe de AIDA (Asociación Internacional para la Defensa de los Artistas víctimas de la represión en el mundo), refiriéndose concretamente al caso argentino[242], son contundentemente ilustrativas sobre el alcance de la represión en las áreas de la cultura y la expresión artística. La trágica existencia de estas listas documentales, incluyendo a profesionales de todas las ramas de las letras y las artes —cada uno de ellos con su nombre y apellido, acompañado de la fecha de su secuestro y desaparición—, la terrible y persistente presencia de todas estas ausencias, de todos estos seres humanos no precisamente incultos ni exentos de ideales, constituye un gigantesco dato que descalifica y anula, de manera rotunda, la cínica pretensión de que aquella masacre fuera el resultado de una «lucha antiterrorista», incluso admitiendo que ésta se librase en forma de «guerra sucia».

De sucia, todo; de antiterrorista, mucho menos. Primero, porque en ningún momento se investigó ni combatió al terrorismo de ultraderecha que tan numerosas víctimas había causado hasta marzo de 1976; y segundo, porque el eje central de la represión no se dirigió precisamente contra el terrorismo, con independencia de que cierto tipo de terrorismo fuese, de paso, eliminado también, mediante la implantación de otro —el terrorismo de Estado— «infinitamente más cruel», como dijo el profesor Rouquié. La meta esencial del llamado Proceso de Reorganización Nacional, el esfuerzo principal de sus hombres, no se dirigió fundamentalmente contra el terrorismo, sino contra la serie de factores que configuraban al llamado «enemigo interior»: contra el pensamiento progresista, contra la libre creación, contra el pluralismo democrático, contra las legítimas reivindicaciones sindicales, contra los más legítimos ideales de reforma social.

3. OTRA COARTADA MÁS AMPLIA, PERO IGUALMENTE FALSA: LA «LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN»

«La subversión», «los subversivos», «el agresor subversivo», es decir, más concretamente, la supuesta lucha de las fuerzas patrióticas argentinas contra una vasta conspiración subversiva general, cuyas raíces y tentáculos surgen por todas partes invadiendo absolutamente todas las áreas de la sociedad —fenómeno del cual el terrorismo no sería más que una parte—, constituye otro de los grandes argumentos invocados por los mandos militares argentinos, en sus proclamaciones verbales y en sus documentos escritos, para justificar la extrema dureza de su represión.

Por tanto, igual que hemos necesitado analizar lo que dichos mandos militares entendían por terrorismo, ahora nos resulta igualmente imprescindible el conocimiento de lo que tales cerebros rectores entendían por Subversión. En este sentido, resultan sumamente esclarecedoras las manifestaciones de algunos de los máximos dirigentes militares, como, por ejemplo, la efectuada por el almirante Armando Lambruschini, Jefe del Estado Mayor Naval, y más tarde Comandante en Jefe de la Armada, con ocasión del 86.º aniversario de la creación de dicho Estado Mayor Naval:

«Para obtener sus objetivos (los subversivos) han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folklore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión…»[243].

O bien esta otra del teniente general Viola, Comandante en Jefe del Ejército y presidente de la segunda Junta Militar, en su conferencia sobre «Estrategia» pronunciada en la Universidad Nacional de Buenos Aires:

«El teatro, el cine y la música se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas»[244].

En esta misma línea, definitoria de la subversión como fenómeno multifacético y omnipresente, cabe citar también este descriptivo párrafo, pronunciado en la apertura del año militar de 1976 por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe de la guarnición de San Luis, en unas fechas —tres meses escasos antes del golpe de marzo— en que prácticamente acababa de consumarse la derrota de la guerrilla, localizada en las montañas de Tucumán:

«Los enemigos de la Patria no son únicamente aquéllos que integran la guerrilla apátrida de Tucumán. También son enemigos quienes cambian o deforman en los cuadernos de nuestros niños el verbo amar; los ideólogos que envenenan en nuestras Universidades el alma de nuestros jóvenes (…); los aprendices de políticos que sólo ven en sus semejantes el voto que les permitirá acceder a sus apetitos materiales; los seudosindicalistas que reparten demagogia para mantener posiciones personales, sin importarles los intereses futuros de sus representados ni de la Nación; el mal sacerdote que enseña a Cristo con un fusil en la mano…»[245].

Para qué seguir. Obsérvese que, bajo la perspectiva ultraderechista que nos ocupa, no hay una sola actitud democrática mínimamente progresista, por moderada que sea, que no pueda ser encajada en alguno de estos apartados, e incluida, por tanto, en esta amplísima definición de los «enemigos de la Patria», dedicados a su venenosa labor de «subversión». Así, por ejemplo, cualquier autor de textos educativos posconciliares en los que se manifieste que el precepto divino de «amar al prójimo como a ti mismo» impone al buen cristiano, entre otras obligaciones, la de participar en la corrección de las injusticias sociales, podría ser acusado de «deformar en los cuadernos de nuestros niños el verbo amar»; cualquier profesor o catedrático, máxime si imparte Historia, Ciencias Políticas o Sociología, en una línea docente similar a la de la mayoría de las facultades homologas europeas, podría ser tachado de «envenenar en nuestras Universidades el alma de nuestros jóvenes»; cualquier político demócrata que, participando en la legítima concurrencia de las urnas, manifestase públicamente su programa político en cualquier acto electoral, podría ser acusado de «ver sólo en sus semejantes el voto que le permitirá acceder a sus apetitos materiales»; cualquier militante sindical que defendiese unas reivindicaciones salariales, por razonables que fueran, podría ser igualmente tachado de «seudosindicalista que reparte demagogia para mantener posiciones personales»; cualquier sacerdote mínimamente comprometido con la suerte de los más miserables, exigiendo para ellos unas condiciones mínimas de dignidad económica y social, poniendo cierto énfasis en determinados conceptos de la Populorum Protesto o de la Gaudium et Spes, podría ser señalado como «mal sacerdote que enseña a Cristo con el fusil en la mano», por su actitud excesivamente beligerante frente a la injusticia social. (Como ya vimos, incluso el simple hecho de irse a vivir a un barrio miserable, siendo cura, ya era subversión, según informó al padre Orlando V. Yorio su hábil interrogador). Por su parte, cualquier cantante, poeta, dramaturgo o cineasta que en su producción artística denunciase situaciones de injusticia social podía recibir la inmediata imputación de «jugar un papel relevante en el clima de subversión que se gestaba», según la frase aplicada a este tipo de actuaciones por el general Viola en la conferencia citada con anterioridad.

Cualquiera de estas conductas, todas ellas perfectamente legítimas en cualquier país europeo occidental —militancia democrática, reivindicación sindical, cristianismo comprometido con los más desheredados, canción protesta, cine o teatro de denuncia social—, podía dar lugar a que un ciudadano, por muy argentino que fuese, llegara a ser calificado de «apátrida» —uno de los términos predilectos de los artífices de la represión—, o de «enemigo de la Patria» —según la amplísima definición del teniente coronel que acabamos de citar—, o, simplemente, de «subversivo» a secas, con todo lo que este concepto significaba —en cuanto a consecuencias atroces para el interesado— en el ámbito de aquella represión.

A su vez, uno de los más caracterizados ideólogos del Proceso de Reorganización Nacional, el general Juan Manuel Bayón, entonces director de la Escuela Superior de Guerra, redactó un documento doctrinal que fue impartido en dicha Escuela a los cuadros superiores del Ejército en 1977. Su conclusión, respecto a la subversión marxista, era nada menos que la siguiente:

«En nuestros días se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y, más aun, en el nacionalismo argentino, y en la Iglesia Católica Apostólica Romana»[246].

Nos hallamos, pues, ante un concepto de subversión cuya peculiaridad más destacada es su carácter omnipresente: para los hombres del PRN y su Doctrina de Seguridad, la subversión está en todas partes, actuando en todas las áreas de la vida social a través de las más variadas manifestaciones políticas, culturales, educativas a todos los niveles —desde la escuela hasta la universidad—, y de la propia religión. Según este delirante concepto, la actividad subversiva —«el accionar subversivo», en su léxico peculiar— se desarrollaba en todos los frentes, pero muy principalmente, como veremos, en uno de ellos: en los centros de enseñanza y formación intelectual.

PASO RECOMENDADO AL APÉNDICE III

Dentro de las innumerables evidencias existentes al respecto, el Apéndice III contiene una selección, forzosamente incompleta pero a nuestro juicio suficientemente indicativa, de lo que las autoridades militares del PRN llamaban genéricamente «la Subversión».

Mediante la lectura de este Apéndice, págs. 471 a 490) el lector podrá conocer qué tipo de influencias culturales eran consideradas «subversivas»; qué tipo de palabras eran conceptuadas como «léxico marxista»; qué tipo de enseñanzas matemáticas eran tachadas de «potencialmente útiles para la subversión»; qué clase de diccionarios enciclopédicos, editados en España en pleno franquismo (años sesenta) eran prohibidos en Argentina en 1980; qué tipo de películas —españolas y de otros países— eran prohibidas por su carga supuestamente subversiva: cómo gran número de libros fueron prohibidos y quemados «en defensa del alma argentina»; cómo acreditadas casas editoriales argentinas hubieron de cerrar o alterar sustancialmente su línea para poder subsistir en medio de un oscurantismo forzado, derivado del puro terror. Y cómo miles de argentinos cultos, pacíficos, ajenos a toda violencia, se vieron obligados a censurar drásticamente el contenido de sus bibliotecas privadas, deshaciéndose de numerosas obras, cuya simple posesión podía situarles más allá del impreciso pero mortífero limite donde se iniciaba el vasto campo que los represores llamaban «la Subversión».

Señalemos que, dentro del ya visto Apéndice III, dedicado al vasto concepto de subversión utilizado como coartada global de los militares argentinos para justificar todo tipo de excesos represivos —desde la simple prohibición de libros hasta los miles de secuestros y asesinatos—, podíamos también haber incluido amplios espacios dedicados a lo que fue aquella represión militar en otros campos concretos: el periodismo, la abogacía, la psicología y la sociología, la Universidad, las artes plásticas, así como en el sector más castigado en cuanto a número de víctimas: el sector obrero, sindical y gremial. Contamos con documentación suficiente para haber incidido en estos terrenos con mayor profundidad; pero ello hubiera alargado en exceso dicho Apéndice y, por otra parte, es ya amplia la bibliografía existente sobre lo sucedido en todos los ámbitos sociales argentinos bajo las Juntas Militares y su llamado «Proceso de Reorganización Nacional».

Recordemos aquí, sin embargo, por su valor ilustrativo, un ejemplo —entre tantos otros posibles— dramáticamente revelador de qué género de actividades resultaban mortíferas bajo aquel concepto de subversión. Emilio Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires e infatigable defensor de los Derechos Humanos en la Argentina y fuera de ella, relata en estos términos el recuerdo imborrable de una conversación que reveló, en toda su crudeza, lo que los militares llegados al poder el 24 de marzo de 1976 entendían por «lucha contra la subversión»:

«En los primeros días de abril de 1976 fui invitado a una recepción organizada por la representación del Banco Interamericano de Desarrollo, con motivo de la llegada de una misión financiera. Predominaban en el encuentro los funcionarios de la nueva administración, en su mayoría uniformados, a quienes no conocía. Al encontrar a un amigo, el economista Carlos Brignone, ya fallecido, me acerqué a él. Me presentó a su interlocutor. Era Walter Klein, padre del segundo hombre en el Ministerio de Economía, del mismo nombre. Estábamos cerca de la puerta. De pronto, vimos entrar exultante al general Alcides López Aufranc, que acababa de ser nombrado presidente de la empresa siderúrgica Acindar, sucediendo a Martínez de Hoz. Se acercó al grupo y saludó. Klein lo felicitó por su designación, diciendo: “Ahí se necesitaba un hombre enérgico como usted”. López Aufranc sonrió complacido. Luego, la conversación se orientó hacia los rumores de una posible huelga en el sector, señalando Klein que tenía noticias de la detención de 23 delegados de fábrica. El general, creyendo que yo también pertenecía a la banda adueñada del poder, contestó tranquilizándolo: “No se preocupe, Walter todos están bajo tierra”»[247].

Este tipo de «solución» para los problemas sindicales fue ampliamente utilizada desde el momento mismo del golpe militar, descubriendo ya desde el principio qué tipo de «reorganización» pretendía alcanzar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Por este expeditivo método fueron eliminados los comités de empresa y los delegados de fábrica de numerosos establecimientos industriales, principalmente en las zonas fabriles del Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán y Salta, cuyos sindicalistas más caracterizados fueron secuestrados y desaparecieron para siempre.

Así, actividades tan legítimas y naturales en las sociedades industriales de Occidente como la representación obrera y la militancia sindical fueron incluidas de lleno dentro de lo que se dio en llamar «el accionar subversivo», con el más mortífero resultado —«todos bajo tierra»—, so pretexto de que no sólo había que combatir el terrorismo sino también la subversión.

De hecho, no quedó un solo sector de la sociedad argentina que escapara a los efectos de aquella supuesta «lucha contra la subversión» desencadenada por el estamento militar. ¿Cómo definir, entonces, siquiera de forma aproximada, aquello que los militares argentinos llamaban «subversión»? ¿Cómo unos militares profesionales del país más culto y más europeo de América Latina pudieron llegar a considerar como subversión —y como subversión digna de ser exterminada— ese vastísimo conjunto de elementos sociales y culturales, libros, canciones, películas, enseñanzas secundarias y universitarias, expresiones sociales y políticas, todas ellas, que en cualquier sociedad democrática forman parte de la dinámica social más común, sin que a nadie se le ocurre calificarlas como subversión? ¿Cómo encajar ese concepto persecutorio y paranoide de subversión universal dentro de la mentalidad militar de unos profesionales de las armas que, en un momento dado, se hunden en una degradación moral y profesional como la que implica la práctica sistematizada de la tortura y el asesinato, rebajándose a actuar con tal crueldad y aparente irracionalidad?

Sin perjuicio de nuestro propósito de ir contestando a esta serie de interrogantes, creemos que ya hay algo suficientemente claro: contra qué y contra quién —en el terreno de los hechos, teorías aparte— se dirigió dicha represión militar.

Uno de los más acreditados estudiosos del fenómeno que nos ocupa, el profesor argentino Luis Eduardo Duhalde —catedrático universitario, historiador, abogado y periodista, que como tantos intelectuales de su país hubo de vivir la experiencia del exilio—, constata que, aparte del duro castigo infligido al sector obrero y gremial, la represión militar se dirigió fundamentalmente contra profesiones tales como «los abogados, periodistas, psicólogos, docentes, y también otros estamentos sociales que cumplían igualmente un rol superestructural»; es decir, precisamente, contra aquellos estamentos —precisa Duhalde— «cuyos elementos más activos tenían posiciones democráticas, liberales o progresistas»[248].

Señalando esta misma realidad, otro buen conocedor del tema, el periodista español José Luis Martín Prieto —durante cinco años corresponsal en Argentina del diario El País—, define el drama de la represión desencadenada por el PRN a partir de 1976 —con la guerrilla ya derrotada en 1975— señalando que aquella acción represora produjo un tipo concreto de víctimas: «los civiles argentinos sospechosos de liberalismo, progresismo o idealismo»[249].

Pero, probablemente, la más completa y ajustada definición de lo que realmente entendían por «subversión» los represores militares argentinos fue la expresada por el informe de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU):

«Tras el genérico mote de “subversión” está el amplio espectro político contra el cual las Fuerzas Armadas apuntan sus armas. Enemigo es así, no solamente el combatiente revolucionario o el político o dirigente sindical que profesa ideas revolucionarias, sino que lo es también, en igual medida, el clásico demócrata liberal que no se resigna a ver caer los principios tradicionales que informan su mundo; el intelectual, el científico o el estudiante que se inquieta por los problemas que agitan la cambiante y compleja realidad contemporánea; el obrero que reclama salarios y mejores condiciones de trabajo y de vida; el delegado de fábrica que reclama el cumplimiento de las leyes laborales vigentes aún; el abogado que defiende los derechos y la dignidad humana (…); el poeta que canta al futuro; el artista que reclama libertad para su obra; el familiar que se angustia y llora por la persecución a su ser querido. Aun el neutral y hasta el indiferente integran también las filas del “enemigo” (…)»[250].

Esta última fase, aunque terrible y aparentemente excesiva, no resulta en absoluto descabellada por lo que respecta a ciertos importantes jefes militares, ni ha sido precisamente inventada por los juristas de la citada Comisión. Inevitablemente acude a nuestra memoria la célebre declaración de propósitos del general Manuel Ibérico Saint Jean, siendo gobernador de Buenos Aires («… y por último, a los indiferentes y a los tibios»). Esta inclusión, en la lista de los que debían ser eliminados, de quienes no apoyasen con entusiasmo —sino sólo con tibieza— la masacre desencadenada por la dictadura militar, pese a resultar escasamente válida como definición rigurosa de lo que fue aquella represión (véase nota en página 145), sí que constituye una forma de expresión —aunque exagerada en cuanto a los límites— de una terrible realidad fáctica: el hecho, masivamente probado, de hasta qué punto los represores argentinos de aquellos años tenían plenamente asumido el exceso y excluidos los limites morales en su lucha contra lo que ellos llamaban «la subversión».

Palabra, esta última, que, como hemos visto sobradamente, implicaba una abusiva e inadmisible generalización, abarcando a conductas por completo legítimas que ningún gobierno mínimamente decente hubiera reprimido, y menos con tal grado de inhumana crueldad.

Tampoco es cierto, por tanto, que los artífices del PRN desencadenaran su masacre a partir de 1976 porque «así lo exigía la lucha contra la Subversión», salvo que llamemos Subversión —como ellos hicieron— a una amplísima gama de actuaciones y posicionamientos políticos y sociales totalmente asumibles y respetables en una sociedad democrática y plural.

Así, miles de personas absolutamente normales, que en cualquier país democrático occidental hubieran podido vivir toda su vida de manera normal, en el seno de familias normales, afrontando los problemas y tensiones normales de una sociedad de nuestro tiempo, desarrollando sus funciones laborales o profesionales, acudiendo periódicamente a las urnas para cumplir sus deberes cívicos y respetando con mayor o menor agrado los resultados electorales —favorables o desfavorables a sus opciones individuales—, un gran número de tales personas, decimos, que hubieran vivido su vida y ejercido su profesión como normales ciudadanos en una sociedad políticamente civilizada, se vieron de pronto, bajo un paranoico concepto de la Seguridad Nacional, considerados y tratados como verdaderos monstruos de necesaria eliminación; como seres socialmente malignos —«subversivos»—, que debían ser capturados, humillados, interrogados entre salvajes torturas, y muy probablemente muertos, todo ello en nombre de unos teóricos valores sociales y morales cuya defensa, supuestamente, exigía aquella criminal tarea de aniquilación.

4. OTRA FALSA JUSTIFICACIÓN: EL «ANIQUILAMIENTO POR ORDEN PRESIDENCIAL»

En el año 1975 —es decir, en pleno período de gobierno constitucional peronista— se dictaron los dos decretos llamados «de aniquilamiento», cuya promulgación se mantuvo oficialmente secreta y cuyo texto no trascendió a la opinión pública hasta ocho años después.

El primero de tales decretos, firmado por la presidenta Isabel Martínez de Perón, fue el núm. 261, de 5 de febrero de 1975, cuyo texto ordenaba:

«Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán»[251].

Este decreto dio paso al llamado «Operativo Independencia», serie de operaciones militares que, desarrolladas a lo largo de 1975, acabaron con la guerrilla del ERP que actuaba en la zona agreste y boscosa de dicha provincia de Tucumán.

El segundo de dichos decretos, dictado por el presidente interino de la República, doctor Italo Argentino Lúder, durante el período de 33 días de alejamiento del poder de la presidenta —por prescripción médica derivada de su estrés mental—, fue el núm. 2772, de 10 de octubre de 1975, que ordenaba a su vez:

«Ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país»[252].

Este segundo decreto, extensivo a todo el ámbito territorial argentino, es el que se invoca una y otra vez por los diseñadores, ejecutores y defensores de la represión desarrollada a partir de marzo de 1976.

Sin embargo, la falacia de tal argumentación resulta patente una vez más. El propio Italo Lúder —en su calidad de firmante del decreto en cuestión— ha salido una y otra vez al paso de dicho argumento exculpatorio, reiterando, siempre que se le ha interrogado al respecto, que la orden expresada en su decreto se refería inequívocamente, en letra y espíritu, a la aniquilación de ese «accionar de los elementos subversivos», es decir, al aniquilamiento de su actividad operativa, y no al exterminio físico de los individuos. Y todo ello —precisa Lúder— actuando dentro del marco constitucional, sin que tal decreto autorizase en absoluto métodos ilegales y clandestinos de evidente carácter criminal.

Así, según reiterada manifestación de quien lo promulgó, el citado decreto hubiera sido correctamente cumplimentado con la desarticulación y encarcelamiento de los citados «elementos subversivos» —sin perjuicio de las inevitables víctimas en caso de enfrentamiento real—, pero, en todo caso, sin necesidad de la sistemática masacre que se perpetró, en supuesto cumplimiento de dicho decreto presidencial. Masacre que incluyó a miles de personas desarmadas, capturadas sin ofrecer resistencia alguna, en presencia de testigos, y que no volvieron a ser vistas jamás.

Tal como manifestó años después el propio doctor Lúder, a raíz de su designación como ministro de Defensa —en el gobierno del entonces recién elegido presidente Menem—, su decreto de octubre de 1975 ordenaba precisamente eso: «aniquilar el accionar» de los elementos subversivos, lo que —repitió— no significa otra cosa que «neutralizar su capacidad de combate; no quiere decir exterminio físico —recalcó una vez más—, y eso lo sabe basta el último recluta», subrayó enfáticamente, en declaraciones concedidas a un importante diario español[253].

4.1. La guerrilla, prácticamente derrotada a finales de 1975

Por añadidura, la guerrilla no sólo fue derrotada en 1975 en la provincia de Tucumán. De hecho, en todo el territorio argentino, ese mismo año marcó, por una parte, el punto máximo del terrorismo político de signos opuestos (Montoneros y ERP por la extrema izquierda, Triple-A por la extrema derecha), pero también, por otra parte, aquel mismo año presenció el descenso y el final de las acciones guerrilleras de cierta entidad.

En efecto, los dos últimos ataques notables de la guerrilla tuvieron lugar, precisamente, en el último trimestre de dicho año. El 5 de octubre, los Montoneros atacaron el cuartel del Regimiento de Infantería núm. 29 en Formosa (al norte del país, cerca de la frontera paraguaya), ataque fracasado, con serias bajas por parte de los atacantes. Otro tanto, aunque en mayor escala, sucedió el 23 de diciembre, cuando el ERP, reuniendo todos sus recursos de combate, atacó el Batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingólo, provincia de Buenos Aires, donde los asaltantes fueron igualmente rechazados, sufriendo casi sesenta muertos en la operación. Estos dos ataques fallidos señalaron el final de la guerrilla en cuanto a capacidad militar propiamente dicha, y así es constatado por los más diversos estudiosos y analistas que se han ocupado de la cuestión.

Así, por ejemplo, Emilio Mignone señala:

«Con estas derrotas la capacidad combativa de ambas agrupaciones (Montoneros y ERP) quedó eliminada, como lo prueba el hecho de que jamás se repitieron intentonas semejantes»[254].

Constatando idéntica realidad, Alain Rouquié escribe por su parte:

«El ataque a la guarnición de Monte Chingólo, en la provincia de Buenos Aires, que termina en un sangriento revés, constituye, a finales de 1975, la última de las operaciones contra los objetivos militares. En adelante, tanto el ERP como los Montoneros, se limitan a atentados aislados contra instalaciones de las fuerzas del orden o contra los oficiales. ¿Cómo explicar entonces la movilización masiva de todo el aparato militar y policial, la suspensión de los derechos fundamentales y el desencadenamiento de una violencia represiva “infinitamente mis cruel que la de sus rivales”, como lo denunciaba en mayo de 1977 Beate Klarsfeld?»[255].

A su vez, Adolfo Gilly precisa:

«En vísperas del golpe militar, a comienzos de 1976, esas organizaciones estaban prácticamente desmanteladas: como muchos observadores imparciales sostienen, planteaban al Estado un problema estrictamente policial, no militar»[256].

Más aún; por si alguien aún lo dudara, o creyera que esta mínima capacidad ofensiva de tales grupos armados a primeros de 1976 no era cierta sino un invento tendencioso de los estudiosos civiles, ahí está, como documento militar absolutamente concluyente, el siguiente comunicado oficial, firmado por el propio teniente general Jorge Videla, a la sazón comandante general del Ejército (apenas dos meses antes del golpe de Estado que le llevaría a la presidencia de la 1.ª Junta), y difundido por la prensa civil el 31 de enero de 1976:

«El ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reveló graves falencias organizativas y operativas, que muestran escasa capacidad combativa, y sí gran peligrosidad en la delincuencia mayor, es decir el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingólo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad»[257].

«Debilidad», «impotencia absoluta», «falencias (deficiencias) organizativas y operativas», «escasa capacidad combativa», «incapacidad para trascender al campo militar», «nula capacidad de captación de voluntades populares». Si éstas eran las características de las organizaciones subversivas en vísperas del golpe de marzo de 1976 —según reconoce el propio mando militar—, resulta obvio e inocultable que la total aplicación de las Fuerzas Armadas a la represión a partir de dicha fecha resultaba doblemente injustificada. De ninguna manera cabe, en efecto, aceptar como argumento exculpatorio la orden presidencial de «aniquilamiento» de la subversión, por doble motivo: porque —según ratifica su autor— dicha orden nunca se refirió al exterminio de las personas, y porque —según constatan los estudiosos y reconoce la propia autoridad castrense— los grupos subversivos armados carecían a principios de 1976 de una mínima capacidad de combate que exigiese su exterminio físico por la vía militar.

4.2. Órdenes secretas dictadas para la represión militar

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y pese a la convicción del alto mando del Ejército de que la subversión ya no existía militarmente, se inicia una actuación por parte de las Fuerzas Armadas que un analista extranjero tan objetivo como Alain Rouquié describe en estos términos:

«Es cierto que la violencia y el contraterrorismo clandestino son anteriores al 24 de marzo de 1976. Pero la llegada de los militares al poder coincide con un recrudecimiento de asesinatos y secuestros de opositores».

«La amplitud de la represión, la brutalidad y el carácter descentralizado de sus métodos, retienen la atención de los observadores y de las organizaciones humanitarias del mundo entero. La impunidad de los comandos clandestinos paramilitares, la autonomía de los jefes de cuerpo y de las diferentes armas, el uso de la tortura, las represalias y las ejecuciones sumarias, las desapariciones de sospechosos, apuntan a crear un clima de terror (…)»

«Durante mucho tiempo, sin duda, nos interrogaremos sobre las causas de esta violencia, sobre su carácter aparentemente irracional»[258].

Hoy, años después de aquel drama —y también años después de que el sociólogo francés formulase este análisis que acabamos de citar, fechado en 1982—, disponemos ya de apoyos documentales y de testimonios personales que arrojan no poca luz sobre las conductas militares objeto de nuestra investigación. Entre tales piezas documentales, mantenidas en secreto durante años, y hoy día accesibles al investigador, cabe destacar numerosas órdenes e instrucciones expresamente secretas, que las jefaturas de Estado Mayor de los tres Ejércitos —las tres Armas, como se les llama en la Argentina— cursaban a las unidades operativas encargadas de ejercer la represión.

Entre los documentos de este género —de incuestionable autenticidad— que por distintos conductos hemos podido conseguir, cabe destacar algunos fragmentos de dos órdenes secretas, cursadas en la misma fecha por el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola —posterior presidente de la 2.ª Junta—, firmadas ambas el día 17 de diciembre de 1976:

«OPERACIONES CONTRA ELEMENTOS SUBVERSIVOS» (R-C-9-1): 4003 i): «Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta… El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar rendición.» 4008: «el ataque se ejecutará: a) mediante la ubicación y el aniquilamiento de los activistas subversivos.» 4003: «También se podrá operar en forma semiindependiente y aun independiente, como fuerza de tarea.» 5007: h) (…) «como las acciones estarán a cargo de las menores fracciones, las órdenes deben aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, (…)» 5013: «Emboscada: esas oportunidades de lograr el aniquilamiento no deben ser desaprovechadas, y las operaciones serán ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta»[259].

Salta a la vista que, en estas órdenes e instrucciones operativas, ya no se trataba de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos» como en los decretos presidenciales antes mencionados, sino de aniquilar directamente a los individuos.

«INSTRUCCIONES PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD» (RE-10-51): 3002: 8) «Elementos a llevar capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de que los cabecillas detenidos no puedan ser reconocidos y no se sepa dónde son conducidos.» 3004: «Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres.» 3021: «La evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de la captura. Informantes: deberán ser inteligentes y de gran carácter, y deberán tener una razón para serlo (creencia, odios, rencores, política, ideología, dinero, venganza, envidia, vanidad, etc.)»[260]. (Las cursivas siguen siendo nuestras).

Estos fragmentos aquí reproducidos, tomados de un denso bloque de 380 páginas de órdenes e instrucciones igualmente secretas, conseguidas por la «American Asotiation of Jurists» (Rama Argentina), son valorados en la publicación periódica de dicha Asociación en los términos siguientes, limitándose a los aspectos más crudamente ilegítimos de la citada norma:

«Serían incuestionablemente ilegales, entre otras, estas acciones: a) No aceptar rendición, b) Matar cabecillas de manifestaciones populares, c) Detener niños.»[261].

En cuanto a los métodos incluidos, no hace falta insistir demasiado sobre el grado de degeneración de la moral militar que este tipo de órdenes llevan consigo. La orden de que el enemigo «debe ser aniquilado» aunque entregue las armas, no aceptando su rendición; la posibilidad de operaciones independientes, con ilimitada discrecionalidad sobre quienes pueden o deben ser aniquilados; la posibilidad de aniquilar incluso a quienes ejercen resistencia pasiva; el matar a quienes encabecen manifestaciones multitudinarias; la detención de niños; la rastrera utilización de las más viles motivaciones del ser humano —«odios», «rencores», «dinero», «envidia», «venganza»— como incentivos válidos y necesarios para los «informantes» —léase delatores impulsados por la más miserables motivaciones personales— constituyen otras tantas pruebas de la altura moral que caracterizaba a los diseñadores y ejecutores de aquella cruenta represión, pretendidamente dirigida —qué sarcasmo— a la defensa de la «civilización cristiana y occidental».

PASO RECOMENDADO AL APÉNDICE IV

Uno de los datos sobre los que existe más agudo desacuerdo, según las diversas fuentes, es el de la cuantía numérica de los principales grupos armados (Montoneros y ERP) a los que se enfrentó, primero, el Estado constitucional argentino, j, después, la dictadura militar.

Ante la absoluta imposibilidad de conocer con precisión las cifras reales de cualquier grupo armado clandestino —que cada una de las partes modifica según su conveniencia—, el lector interesado podrá hallar en el Apéndice IV (págs. 491 a 516) unas consideraciones sobre las distintas cifras que se manejan al respecto, junto con nuestra propia estimación, siempre sobre la base de que sólo puede tratarse de una razonada aproximación.

5. SUPUESTA DEFENSA DE LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA Y OCCIDENTAL

5.1. La religión en boca de los represores

Uno de los aspectos más inauditos y en principio más difícilmente inteligibles de la actuación de los represores argentinos fue la desvergonzada y constante contradicción entre sus proclamaciones cristianas y sus actuaciones inhumanas; su persistente invocación a la defensa de «los valores cristianos y occidentales» mientras atropellaban tales valores con la más sanguinaria crueldad.

En este sentido, señala la CONADEP:

«La ambivalencia de los responsables de la represión no conoció límites: mientras se preconizaba aquello del “estilo de vida occidental y cristiano”, el desprecio hacia la criatura humana fue constante»[262].

Pues bien: tal contradicción entre hechos y palabras alcanzó niveles tan agudos y tan estridentes que, ante ciertas posturas y proclamaciones, resulta inevitable preguntarse a cuál de estas dos posibles causas pudo deberse tan delirante desdoblamiento moral: si al más cruel de los cinismos, o, más bien, a una aberrante interpretación —quizá incluso sincera, pero en todo caso fanática y monstruosa— de la religión católica y de las enseñanzas de Cristo en materia individual y social.

Esta segunda hipótesis —la del sincero fanatismo, degenerado hasta la aberración— parece avalada por testimonios tan increíbles como el del sacerdote secuestrado Orlando Virgilio Yorio:

«… volvió el otro hombre, que me había tratado respetuosamente en el interrogatorio, y me dijo: “Usted es un cura idealista, un místico, diría yo, un cura piola; solamente tiene un error, que es haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres de espíritu, y usted hizo una interpretación materialista de eso, y se ha ido a vivir con los materialmente pobres. En la Argentina los pobres de espíritu son los ricos, y usted, en adelante, deberá dedicarse a ayudar más a los ricos, que son los que realmente están necesitados espiritualmente». (Legajo n.º 6328).

«… la persona que me interrogaba perdió la paciencia, se enojó diciéndome: “Vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te das cuenta de que al irte a vivir allí (…) con tu cultura, unís a la gente, unís a los pobres, y unir a los pobres es subversión”». (Mismo legajo anterior)[263].

Obsérvese hasta qué punto el concepto religioso de los represores —que tan enfáticamente afirmaban defender los valores cristianos— llegó a degradarse en la práctica de dicha supuesta defensa: basta el extremo de considerar la ayuda social y cultural a los pobres como pura subversión. Que este concepto degenerado y retrógrado de la doctrina social católica no fue un hecho aislado, sino que fue una constante en la filosofía general de la represión, quedó evidenciado en el gran número de personas —religiosas y laicas, adolescentes y adultas— que fueron secuestradas y asesinadas por desarrollar, en barrios miserables, tareas de asistencia y alfabetización.

Esta misma hipótesis —la de un fanatismo ciego bajo una interpretación obtusa, aunque supuestamente bienintencionada, de los valores cristianos— parece verse también confirmada por otro tipo de manifestaciones efectuadas con cierta frecuencia por los represores: manifestaciones en el sentido de creerse, firmemente, depositarios de una importante responsabilidad, encargados de una especial tarea de inspiración divina, sintiéndose obligados a cumplir una dura misión encomendada por Dios frente a las fuerzas de Satanás. En esta línea de visión mesiánica cabe situar el siguiente testimonio de la secuestrada, ex cautiva de la ESMA, Nilda Noemí Actis Goretta:

«Permanecí en aquel sótano durante ocho meses, de los cuales los cuatro últimos me llevaban a dormir al altillo. Descubrí allí el horror de “Capucha”, que hasta ese momento sólo conocía por referencia. En el sótano vi llegar a secuestrados, vivía en medio de los gritos de la tortura, conocía el llanto de los recién nacidos en cautiverio. Supe de verdad lo que era la “guerra sucia” llevada adelante por seres que decidían el destino de una vida como si se tratara sólo de un número, guiados —según decían— por la mano de Dios, que les había encomendado “La gran tarea”». (Legajo n.º 6321)[264]. (La cursiva sigue siendo nuestra).

Conviene recordar que «Capucha» era el nombre comúnmente aplicado al más temible recinto de la Escuela de Mecánica de la Armada, adonde se enviaba a los secuestrados que iban a recibir el más duro tratamiento; terrible lugar del que muy pocas personas lograron sobrevivir.

Dentro también de esta línea de posible sinceridad, derivada, en todo caso, de un adoctrinamiento fanático y delirante, puede incluirse esta afirmación antológica, escuchada, entre tantas otras, por el periodista Jacobo Timerman, director que fue del diario bonaerense La Opinión, durante el período en que permaneció en manos de los militares que lo secuestraron y torturaron:

«Argentina tiene tres enemigos principales: Karl Marx, porque intentó destruir el concepto cristiano de la sociedad; Sigmund Freud, porque intentó destruir el concepto cristiano de la familia; y Albert Einstein, porque intentó destruir el concepto cristiano del tiempo y el espacio»[265].

Espectacular pronunciamiento filosófico-científico-religioso, que integra las dos constantes del mejor fanatismo ultraderechista: el antimarxismo y el antijudaísmo viscerales, a los que se añade aquí la gran aportación específicamente argentina al ultraderechismo universal: el odio al psicoanálisis como ciencia disolvente, pese a ser tal ciencia —para bien o para mal— uno de los frutos absolutamente propios de la llamada «civilización occidental», a la que los «ultras» argentinos tan obstinadamente afirman defender.

Por el contrario, otros testimonios reflejan actitudes de los represores que de ninguna manera pueden interpretarse como simple fanatismo, o cualquier tipo de mesianismo más o menos bienintencionado —por muy erróneo que fuese—, sino que sólo admiten una única interpretación: el cinismo más ofensivo y abyecto, al introducir el factor religioso como un elemento adicional, encaminado a incrementar la burla y la humillación, y, en definitiva, el permanente castigo psíquico infligido a las víctimas de la represión.

Como descriptivo ejemplo de uso cínico del factor religioso, cabe citar otro testimonio del antes citado Timerman, quien, en cierta ocasión, escuchó de labios del capitán Beto, uno de sus interrogadores, la siguiente afirmación:

«Sólo Dios quita y da la vida. Pero Dios está ocupado en algún sitio, y aquí, en Argentina, somos nosotros quienes nos ocupamos de esa tarea»[266].

El tono burlesco de esta frase (con ese Dios «ocupado en algún sitio») suprimía toda posibilidad de que el autor de ella se la pudiera creer, resultando sólo interpretable como chiste macabro: absolutamente macabro para quienes la escuchaban sabiendo que esa mano suplente de Dios en ausencia de éste podía quitarles la vida en cualquier momento, en la más divina impunidad.

Dentro de esta misma categoría cabe incluir, por ejemplo, el siguiente episodio, sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada en la Navidad de 1977, y testificado por el secuestrado superviviente Lisandro Raúl Cubas:

«Para Navidad de 1977 se rebozaron las medidas de segundad interna y ocurrió algo inaudito. Alrededor de quince prisioneros fuimos llevados a una misa oficiada en el Casino de Oficiales de la ESMA (…) Todas estábamos engrilletadas, esposadas con las manos detrás de la espalda y encapuchados. Nos sacaron las capuchas y el capitán Acosta nos dijo que para celebrar la fiesta de Navidad cristiana habían decidido que pudiéramos oír misa, confesamos y comulgar los que éramos creyentes, y los que no lo fueran para que tuviesen tranquilidad espiritual y pensáramos todos que la vida y la paz son posibles, que la Escuela de Mecánica todo lo podía hacer. Entretanto se oían gritos de los que eran torturados, y el ruido de las cadenas arrastradas de los que eran llevadas al baño en la sección Capucha»,. (Legajo n. º 6974)[267].

Este grotesco acto de obligar a un grupo de presos engrilletados a oír misa entre los gritos de sus compañeros torturados a escasa distancia, en los locales de lo que fue en su día el Casino de Oficiales de la ESMA —dedicado entonces a otras funciones no precisamente lúdicas—, y todo ello con el pretexto de que hasta los no creyentes pudiesen participar en la «tranquilidad espiritual» de tal celebración, difícilmente puede interpretarse de otra forma que como una flagrante burla —para dichos presos y para la propia misa—, muy concordante con la bajeza moral de quienes eran capaces de atormentar y asesinar a seres humanos como parte de su actividad cotidiana en aquel lugar.

Dentro del mismo testimonio de sus vivencias en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mismo preso declarante informó a la CONADEP del trágico destino final que, en los días inmediatamente posteriores a dicha misa, tuvo el padre Pablo María Gazarri, en una nueva prueba del tipo de tratamiento que los represores reservaban a aquellos sacerdotes especialmente dedicados a los sectores más míseros y desheredados de la sociedad.

Respecto a este caso personal, el fichero de víctimas de la represión elaborado por la CONADEP proporciona los siguientes datos:

«Gazarri, Pablo María. Sacerdote. Trabajaba en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Villa Urquiza (Capital Federal) y estaba por ingresar en la Fraternidad del Evangelio (del padre Carlos de Foucauld) para la cual se había postulado con el fin de dedicarse más al apostolado entre los pobres. El padre Gazarri fue secuestrado el 27 de noviembre de 1976. Según testigos, fue interceptado en la calle, cerca de la casa de sus padres, por personas que vestían uniforme de policía. Había recibido amenazas contra su vida, especialmente después de la masacre de los Padres Palotinos. Siendo seminarista, tuvo como asesor espiritual al actual Cardenal Eduardo Pironio, quien luego del secuestro trató inútilmente de obtener informes de parte de las autoridades argentinas. Fue visto prisionero en la Escuela de Mecánica de la Armada, y fue “trasladado” en los primeros días de enero de 1977»[268].

He aquí el último dato conocido sobre el infortunado sacerdote, proporcionado por su momentáneo compañero de cautiverio Raúl Lisandro Cubas, autor del último testimonio precedente:

«El sacerdote Pablo Gazarri fue secuestrado en noviembre de 1976 y brutalmente torturado. Tuve conocimiento de él porque lo comentaban los guardias. Estaba en el camarote del fondo de la “L’ de Capucha”. Lo pusieron en el suelo cerca de mí, donde le comenté lo de la misa (…), y le pedí asistencia espiritual, que no me pudo dar, ya que para la primera semana del 77 fue “trasladado”». (Legajo n. º 6974)[269].

Desde la sección «Capucha», al igual que la mayoría de los recluidos y torturados en aquel antro —el más aterrador de la ya de por sí temible Escuela de Mecánica de la Armada—, el padre Gazarri, tras sufrir atroces torturas, fue enviado a la muerte y su cadáver eliminado por alguno de los métodos habituales —¿fosa común, cremación clandestina, lanzamiento al mar?—, detalle éste no demasiado relevante y que ya no podrá ser desvelado jamás.

He aquí otro testimonio, correspondiente a las mismas fechas y al mismo lugar: se trata de un fragmento de la pieza testifical de los secuestrados y cautivos en la ESMA Graciela Daleo y Andrés Castillo:

«En una fecha próxima al 24 de diciembre de 1976, se hizo presente el almirante Massera junto con el contraalmirante Chamorro, el capitán Acosta y algunos miembros del Grupo de Tareas 3. En esa oportunidad, exhibiendo un cinismo e hipocresía sin límites, ante una treintena de prisioneros con sus piernas sujetas con grilletes, nos deseó “Feliz Navidad”». (Legajo n. º 4816)[270].

Este alarde de flagrante cinismo, deseando esa felicidad navideña precisamente en las mismas fechas (finales de 1976) en que sucedían en la ESMA los horrores recién aludidos —entre ellos los últimos y agónicos días del padre Pablo Gazarri, amén de tantos otros casos igualmente testificados—, y dirigiendo tan beatífico deseo a las víctimas destinadas a seguir sufriendo tales horrores, constituye una simple manifestación —no por anecdótica menos indicativa— de la catadura moral de los más altos responsables de la represión. Altos cargos representados en este caso por el máximo jefe de la Armada, y supremo responsable de lo que ocurría dentro de dicha Escuela, cuyo Centro Clandestino de Detención fue preparado y puesto en marcha bajo su directo impulso y control, y cuyas primeras operaciones represivas —para dar ejemplo a los jefes y oficiales implicados— fueron dirigidas personalmente por él.

Otro testimonio, en idéntica línea de lo que podríamos llamar «la religión como burla» es el aportado por el secuestrado superviviente Juan Martín, referente al comportamiento del personal encargado de su Centro Clandestino de Detención:

«Antes de permitirnos acostar en el suelo, el personal de guardia nos obligaba a rezar en voz alta un “Padre Nuestro” y un “Ave María”, a la vez que nos exhortaba a “dar gracias a Dios porque han vivido un día más” y también para que “ese día no fuese el último”. Después nos acostábamos». (Legajo n. º 440)[271].

Esta cruel manera de recordar a los prisioneros que vivían de puro milagro, que sus vidas pendían de un desalmado hilo, que muy bien podían estar entre los que serían asesinados al día siguiente, y que aquella noche podría ser para cada uno de ellos la última de su vida, y todo ello mezclado con padrenuestros y avemarias por capricho de sus propios guardianes y torturadores —obligando al mismo tiempo a tal rezo a creyentes y no creyentes, antes de dejarles tenderse sobre el suelo para dormir—, esta insidiosa forma de aterrorizar a sus víctimas noche tras noche constituía una de las más cínicas formas de tortura psíquica que quepa concebir, implicando en ella, para mayor sarcasmo, a la propia religión.

Fuera ya del ámbito carcelario, pero dentro de esa misma línea de invocación a la religión como burla, se sitúa la frase que el gobernador de la provincia de Río Negro, alto jefe de la Armada, pronunció en respuesta al obispo de Viedma, monseñor Hessayne, cuando éste le insistió en su denuncia sobre la práctica de la tortura en el área de su diócesis:

«Monseñor nosotros seguiremos torturando e iremos al infierno para que usted pueda seguir predicando»[272].

Poco puede decirse sobre tal aberración. Salvo que, obviamente, esta frase sólo puede ser pronunciada por alguien que no cree en absoluto, ni en el cielo ni en el infierno. Si creyera en este último, jamás estaría dispuesto a ir a parar a él, ni siquiera a base de cometer atrocidades para que pueda «seguir predicando» alguien cuya primera prédica consiste en ordenarle que cese de cometerlas. Si tanto vale esa prédica como para ir al infierno por ella, tendría que apresurarse a obedecerla sin vacilar. La contradicción no sólo es absoluta sino, peor aún, absolutamente insultante para esa religión a la que supuestamente se trataba de defender.

5.2. Doctrina religioso-esotérico-militar

Creemos que jamás, en ningún lugar del mundo, los jefes militares de ningún Ejército se habrán pronunciado en favor de la Civilización Cristiana con tanta contundencia y asiduidad como los de las fuerzas Armadas Argentinas antes, durante y después del período que nos ocupa. Rara era la entrevista, comparecencia o acto militar en que los protagonistas castrenses perdiesen la oportunidad de manifestarse en tal sentido. Lo que ocurría era que, según evidenciaban sus hechos, su concepto de lo cristiano y de lo occidental seguía siendo extraordinariamente peculiar.

En abril de 1976, el entonces coronel Juan Baustista Sasiain, que sería más tarde Jefe de la Policía Federal, afirmaba: «el Ejército valora al hombre como tal, porque el Ejército es cristiano»[273].

Al año siguiente, el almirante Emilio Massera expresaba: «Nosotros, cuando actuamos como poder político, seguimos siendo católicos; los sacerdotes católicos, cuando actúan como poder espiritual, siguen siendo ciudadanos. Sería pecado de soberbia pretender que unos y otros son infalibles en sus juicios y en sus decisiones. Sin embargo, como todos obramos a partir del amor, que es el sustento de nuestra religión, no tenemos problemas y las relaciones son óptimas, tal como corresponde a cristianos»[274].

Por su parte, el capitán de navío Horacio Mayorga manifestaba: «Nuestra institución es sana, no está contaminada con las lacras del extremismo ni con la sofisticación de un tercer mundo que no da vida al verdadero Cristo, ni con la tortuosa y demagógica actitud de caducos políticos…»[275].

Ya unos años antes, el entonces Comandante en Jefe del Ejército Argentino, general Onganía, había resumido así el concepto básico de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional: «Estamos alineados en la causa común de América: defender nuestro sistema de vida occidental y cristiano contra los embates del totalitarismo rojo»[276].

Mientras este tipo de declaraciones y pronunciamientos se acentuaban a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, la terrible represión desencadenada por el PRN extendía sus feroces tentáculos, pisoteando todo valor cristiano y todo principio moral.

Pero no sólo en este tipo de pronunciamientos individuales se manifestaba esta persistente defensa de «la civilización cristiana y occidental», o del «estilo de vida occidental y cristiano», o de «los valores cristianos y occidentales», o de «nuestro modo de vida cristiano y occidental» —formas todas ellas, y otras, utilizadas sin cesar—, sino que también a otros niveles, como los documentos básicos del régimen militar, se enfatizaba reiteradamente este concepto fundamental.

Así, por ejemplo, el proyecto de acción política presentado por el general Manuel Ibérico Saint Jean a la consideración de la primera Junta Militar en octubre de 1976, bajo el título «Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República. Lineamientos para una estrategia Nacional», establecía como una de las líneas básicas para esa nueva «Tercera República»:

«Tal Estado no puede reiterar actitudes ideológicas abstencionistas, sino definirse como custodio del repertorio de valores fundantes de la Civilización Cristiana y de la Nación Argentina. (Correlativamente, el marxismo será considerado pura y simplemente como una agresión a la Nación, que debe ser encarado desde el punto de vista de la Seguridad Integral»[277].

Es de notar que ese interés por los valores cristianos no impidió a este general el anunciar, poco después, su propósito de matar no sólo a “los subversivos” sino también a los «indiferentes», pisoteando con ello uno de los preceptos cristianos de máxima prioridad. (Recuérdense una vez más, la famosa cita y la correspondiente nota al pie de la página 145).

Otro documento de aún más alto nivel, emitido por la propia Junta para su aplicación por el Gobierno, y titulado «Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional», incluye, entre otros, el siguiente apartado:

«Materializar un sistema educativo que promueva y afiance nuestros valores tradicionales nacidos a la luz de la civilización occidental y cristiana»[278].

Dicho sistema educativo, así materializado, se concretó en textos docentes como el de Educación Democrática II, de Blas Barisani, que, dentro de la materia «Formación Cívica» establecida por el Ministerio de Educación, impartía a los alumnos argentinos conceptos como éstos:

«El mito de la soberanía popular destruye la autoridad social y política. Las pocas democracias de concepción liberal que tienen ese principio como base demuestran que el mito de la soberanía popular subvierte el Orden Divino (…) La democracia es escéptica, ha nacido en un siglo escéptico, un siglo sin fe, en el cual los pueblos perdieron el sentido de la Verdad»[279].

En otra vertiente —la impartición de doctrina oficial al estamento militar—, cabe citar otro importante documento redactado por el general Juan Manuel Bayón en su calidad —en 1978— de director de la Escuela Superior de Guerra; documento oficial producido por dicho alto centro en un curso al que asistieron las más altas jerarquías militares del país. Dicho documento, titulado «Lo nacional: el nacionalismo», decía, entre otras muchas cosas igualmente substanciosas:

«El populismo es radicalmente subversivo: quebranta el orden natural y cristiano de la Sociedad y del Estado: invierte la escala de todas las jerarquías sociales, encumbrando los escalones más bajos… Es una subversión hacer recaer la soberanía política, esto es, el señorío sobre todo lo que es propio de una Nación, en la multitud numéricamente considerada».

«(…)Como enseña la Iglesia al respecto…, el poder o soberanía política viene de Dios: pero no desciende hacia quien no puede ejercerlo; por esto es que el pueblo materialmente considerado como multitud de individuos, no es titular primero, ni segundo, del poder, por su ineptitud.»[280].

«La ideología socialista, en su esquema de la Historia de la Salvación, exhibe una caricatura grotesca del mesianismo cristiano; su encarnación del Mesías en los pobres de pecunio no es más que una adulación servil y una siniestra mixtificación».

«Hay una razón teológica que justifica la coincidencia de la Plutocracia y del Comunismo, y es que coinciden en el ateísmo, en la negación de Cristo y de su divina Redención»[281].

«El populismo, el clasismo y el socialismo son tres ejemplos de ideologías cuya infiltración en el nacionalismo argentino lo distorsiona, lo confunde, lo extravía… hasta el punto de instrumentarlo al servicio de la Subversión Comunista…».

«Lo mismo ocurre con la infiltración de las mismas ideologías en la Iglesia de Cristo, a través del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo…»[282].

«Esa coexistencia (con el Comunismo) practicada por personajes como Mariano Rumor o Aldo Moro son ejemplos recientes que merecen recordarse porque avalan la posición doctrinaría de la complicidad…, y que destacan que la Argentina no debe esperar nada del mundo exterior, que sólo busca la entrega al marxismo de los países que confiesan a Cristo»[283].

«Cuando este Nacionalismo o reacción es puro se traduce en una política de la Verdad, del Sacrificio y de la Jerarquía».

«La Verdad exige el lenguaje de la definición; le repugna y rechaza la adulación y la demagogia».

«El Sacrificio, que es el extremo del amor, exige dar la vida para hacer la Verdad».

«La Jerarquía exige restablecer el orden de la Verdad, en las almas de los ciudadanos y en las instituciones»[284].

Se trata de un documento que —valga la expresión— «no tiene desperdicio». Redactado por el general Bayón y corregido de su puño y letra por el propio presidente de la Junta Militar, general Videla —lo que demuestra la importancia que éste concedía al uso que tal documento iba a recibir—, en sus páginas se entremezclan todos los conceptos predilectos de lo que podríamos llamar la ultraderecha esotérica: la condena simultánea del socialismo y de «los idólatras del dinero», la presentación de la soberanía popular como contraria al «orden natural y cristiano», y toda clase de conceptos absolutos —absolutamente buenos o absolutamente perversos— escritos con mayúscula, como la Jerarquía, el Sacrificio, la Salvación, la Plutocracia, el Comunismo, la Subversión, la Verdad, la Divina Redención. Pero, sobre todo, la palabra más repetida: «la Verdad». «El orden de la Verdad». «Hacer la Verdad». «Una política de la Verdad». Como si la verdad en materia filosófica, política y social fuese una, única y radicalmente clara.

Y todo ello, toda esa proclamación de la Verdad, aparece en el documento iluminada por una visión general del mundo como foco de la consabida conspiración —la visión esotérica predilecta de la ultraderecha—, esa oscura conspiración universal en la que el Comunismo Subversivo, la Plutocracia y demás siniestras fuerzas ocultas, unen sus esfuerzos para «entregar al marxismo los países que confiesan a Cristo», por usar la frase literal empleada en este documento doctrinal de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Documento redactado por su general director, revisado por el presidente de la Junta Militar, e impartido como doctrina oficial en un curso dirigido en tal centro a las más altas jerarquías militares de la nación.

La conclusión del «análisis» —si cabe este nombre— del General Bayón en este inefable documento ya fue citada en apartado anterior, pero merece la pena recordarla nuevamente como colofón de nuestro comentario al aspecto religioso de este texto doctrinal:

«En nuestros días se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y más aún en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana»[246].

Pero, dentro de esta visión conspirativa de la historia, con maléficos poderes tentaculares infiltrándose en los más altos baluartes de la Verdad, no podemos pasar por alto otra célebre frase, ésta del general Cristino Nicolaides, que, siendo jefe del III Cuerpo de Ejército, en un discurso pronunciado en Córdoba en 1981, afirmó nada menos que lo siguiente:

«Debemos pensar que hay una acción comunista-marxista internacional que desde 500 años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y que gravita en él»[285].

Evidente alusión a Platón y sus seguidores, pues este pensador helénico, precisamente en el siglo V antes de Cristo, al definir en su «República» al Estado ideal, incluyó en él ciertos conceptos considerados como remotos precursores del marxismo actual. Espléndida coartada, pues, para justificar crímenes cometidos en el último cuarto del siglo XX: inscribirse patrióticamente en una Cruzada anticomunista, no ya de 2.000 sino de 2.500 años de duración.

Pero no hace falta investigar demasiado para detectar el origen de este amasijo mental: esta alucinante doctrina nos remite directamente a las enseñanzas de aquellos ideólogos que, como ya vimos, acabaron configurando —décadas atrás— la mentalidad militar argentina actual. Los viejos conceptos ultracatólicos y radicalmente antidemocráticos de los teólogos franceses Ousset y Grasset, y de los argentinos Meinvielle, Genta y Disandro, perviven sólidamente incrustados en las mentes de los militares de aquella República, y se manifiestan tanto en las alocuciones verbales en actos castrenses como en los documentos doctrinales al más alto nivel.

Se trata, como vemos, de una mentalidad militar fuertemente arraigada y capaz de producir —según ha quedado trágicamente demostrado— comportamientos mesiánicos y totalitarios y como los que desencadenaron los graves excesos de la represión ejercida por las Fuerzas Armadas durante el llamado Proceso de Reorganización nacional. Y el componente religioso —en su versión más reaccionaria— emerge continuamente como uno de los pilares en que se asienta esa mentalidad militar.

Pues bien: a la vista de este explosivo arsenal de ingredientes ideológicos —religiosos, políticos, sociales, e incluso esotéricos—, de su persistente vigencia en el colectivo castrense de aquel país, y de la acreditada capacidad de esta doctrina religioso-militar para traducirse en actuaciones como las producidas en Argentina en la segunda mitad de la década de los setenta, no podemos por menos de coincidir con el teniente general Cano Hevia cuando señala la enfermedad profesional que aqueja a la institución castrense de aquel entrañable país. Dice al respecto el general Cano:

«Creo que el militarismo argentino, considerado en sí mismo, es una trágica enfermedad. Pero también creo que el problema militar de la nación hermana no se puede separar del general del país».

(…) «Con esto no trato de disminuir la responsabilidad específica del colectivo castrense como ejecutor material de tremendos crímenes. Algunos militares han envilecido su profesión, lo que nos duele a los que la tenemos por noble y honorable, en Argentina y fuera de ella».

(…) «Pero la corrupción y los crímenes recientes habidos en Argentina daban un carácter singular al problema, que es doble: militar y político»[286].

Concordamos con el general Cano en cuanto a la existencia real de esa «trágica enfermedad» estamental. Pero nosotros matizaríamos su diagnóstico —problema «militar y político»— añadiendo a esa etiología un tercer faetón y religioso. La religión concebida en una de sus formas más dogmáticas y anacrónicas, como factor gravemente distorsionante de la realidad política y social, capaz de degradar las conciencias hasta el extremo de hacer tolerables las mayores atrocidades en defensa de un supuesto Bien absoluto frente a un supuesto Mal total. Con la trágica particularidad de que, mientras ese Bien y ese Mal son supuestos, relativos y sumamente dependientes de las coordenadas de tiempo y lugar, las atrocidades cometidas, por el contrario, son absolutamente reales, sangrientas, inhumanas y, en su mayoría, definitivamente irreparables.

5.3. Defensa de «lo occidental» en su más sórdida acepción

Si desvergonzado resulta el invocar la defensa de «los valores cristianos» para justificar las atrocidades perpetradas por el pomposamente llamado Proceso de Reorganización Nacional, igual desfachatez implica el invocar, en excusa de tales crímenes, la salvaguardia de «los valores occidentales». A no ser, claro está, que al mencionar continuamente «lo occidental» como entidad digna de ser defendida, los militares argentinos del PRN no se refieran en absoluto a las más nobles y valiosas aportaciones de Occidente a la humanidad a lo largo de su historia —ese vasto y complejo conjunto de valores y logros de honda raíz humana y social que van desde la democracia helénica hasta la racionalidad de la Ilustración; desde los conceptos de libertad e igualdad emanados de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII hasta la consolidación y perfeccionamiento de los regímenes parlamentarios de nuestro tiempo; desde el propio cristianismo en lo que tiene de amor y respeto al prójimo, incluso al prójimo equivocado o discrepante, hasta la plena aceptación del pluralismo, la coexistencia de posturas políticas contrapuestas y la tolerancia recíproca que caracterizan a las más avanzadas sociedades del mundo actual—, sino que, rechazando este conjunto de valores de nuestra más legítima ascendencia occidental, defiendan otro conjunto de valores de desgraciada ascendencia igualmente occidental.

Aquí precisamente radica el «quid» de la cuestión. Porque —y esto es lo más dramático—, cuando los militares argentinos que prepararon y ejecutaron la feroz represión desencadenada por el PRN se enorgullecen de haber defendido a Occidente al perpetrar sus torturas y sus crímenes, no están atribuyéndose la defensa de ese bloque de valores recién aludidos y que para nosotros constituyen el núcleo más valioso y defendible de nuestro ser occidental, sino que se están identificando con otro conjunto de conceptos —desde el cristianismo concebido como Inquisición, incluida la tortura institucionalizada, hasta la rígida estrechez mental y mesiánica al servicio del fanatismo ideológico; desde el orden social de raíz netamente reaccionaria y oligárquica hasta el integrismo supuestamente nacional en la más pura línea nazifascista—, elementos todos ellos también integrantes, no lo olvidemos nunca, de la más siniestra historia de nuestro mundo occidental.

Será el propio soporte doctrinal generado por los militares del PRN el que nos demostrará cuál es su concepto de lo occidental. El mismo documento de la Escuela Superior de Guerra anteriormente comentado resulta muy claro al expresar qué modelo occidental les resulta despreciable, y cuál otro goza de su admiración. Observemos, por ejemplo, estos dos pequeños párrafos:

«El pluralismo ideológico y la coexistencia pacífica con el Comunismo marxista, que ha logrado un pleno conformismo en las democracias occidentales de índole más bien plutocrática (Francia, Italia, etc.) es la obra de una propaganda abrumadora financiada por el poder del dinero».

«Una prueba en los hechos de la coincidencia entre Plutocracia y Comunismo es la coexistencia pacífica y el diálogo constructivo»[287].

Así, pues, la fórmula de convivencia pluralista y democrática vigente en Francia o en España, en Italia o en Suiza, en Holanda o Suecia, en Bélgica o Inglaterra (todas ellas democracias «plutocráticas») resulta inadmisible para los ideológicos militares del PRN, puesto que ese pluralismo implica una convivencia de las fuerzas de derecha con las de izquierda, es decir, en su lenguaje, una «coexistencia pacífica» basada en un «pleno conformismo» frente al «Comunismo marxista», y en un lamentable «diálogo constructivo» con ese enemigo absoluto, frente al cual sólo cabe una actitud digna; la plena hostilidad, y, llegado el caso, su aniquilación total.

Bajo esta perspectiva, las formas de convivencia política y social logradas en Europa Occidental, basadas en un alto grado de libertad, pluralismo y tolerancia mutua, no serían el fruto de una decantada vivencia de siglos de cultura, experiencia histórica y desarrollo económico y social, junto con la inteligente superación de viejos conflictos internos y externos, sino que serían el fruto inconfesable de una oscura operación propagandística y financiera: en sus palabras literales, «la obra de una propaganda abrumadora financiada por el poder del dinero». Y un sistema parlamentario y constitucional, como el conseguido en España en los últimos lustros, no sería un fruto del noble esfuerzo de toda una generación de españoles por lograr una digna convivencia en la discrepancia; ni el resultado del comportamiento democrático de unas fuerzas políticas y del acierto de unos dirigentes; ni del decidido propósito del Jefe del Estado y del apoyo de los líderes de casi todas las tendencias; sino que tal sistema —bajo este retorcido criterio doctrinal— sería el fruto de un vergonzoso «diálogo constructivo» con el marxismo, como resultado de un «conformismo» claudicante frente a las fuerzas del Mal.

Ese logro democrático para nosotros tan valioso, tan duramente trabajado durante años y que ha requerido tantos esfuerzos, ese descomunal logro histórico de haber integrado a las dos viejas Españas irreconciliables dentro de un sistema en el que ambas tienen cabida en paz, esa consolidación cívica y convivencial bajo la supremacía del poder civil, de las libertades y de las instituciones democráticas; esa pacífica, pero compleja y difícil transición, coincidente en sus años decisivos con una grave crisis económica, y realizada bajo el acoso del terrorismo y del golpismo; esa afirmación de convivencia y de racionalidad, en una palabra, que hoy nos enorgullece legítimamente a los españoles —sin perjuicio de reconocer las deficiencias subsistentes—, todo ese ingente esfuerzo y ese alentador resultado serían considerados como algo despreciable bajo esta cerrada visión ultrarreaccionaria, que sólo puede ver en todo ello un inconfesable acuerdo Plutocracia-Comunismo, fruto de una vergonzosa claudicación.

Según el concepto de «lo occidental» que se desprende de todo el documento comentado, lo realmente patriótico sería mantener una guerra permanente que permitiese a media sociedad —la presunta defensora de «los valores occidentales y cristianos»— mantener aplastada a la otra media —la influida o manejada por la «Subversión Comunista»—, poniendo en esa lucha toda la cárcel, toda la tortura y toda la muerte que resulten necesarias para mantener vigente ese «orden de la Verdad» que preconizaba en su documento el general Bayón.

Por otra parte, y en sentido opuesto, el repetidamente citado documento de la Escuela Superior de Guerra nos resulta igualmente revelador. En otro de sus puntos nos muestra, por ejemplo, este canto al nacionalismo, en el que contrapone «lo nacional» a «lo internacional»:

«El nacionalismo, esa fuerza latente y constante de las naciones, que aparece una y otra vez, aparición pujante entre la primera y la segunda guerra mundial, precisamente cuando el marxismo se extendía ya por toda Europa y amenazaba con apoderarse de ella. Frente a lo internacional, apareció la afirmación de lo nacional. En Italia, en Alemania, en Portugal, etc. (…) A España este enfrentamiento le costó una guerra civil de un millón de muertos»[288].

Esta forma de cantar las grandezas de Hitler, Mussolini, Oliveira y Franco —sin necesidad de nombrarlos— como grandes héroes nacionales frente a las pérfidas fuerzas internacionales, vuelve a demostrarnos qué tipo de comportamientos «occidentales» son dignos de ser inscritos en ese concepto del mundo al que ellos llaman «civilización cristiana y occidental». En particular, los comportamientos hitlerianos —por su eficacia, claridad de ideas y rotunda eficacia anticomunista y antidemocrática— pueden acercarse considerablemente a su concepto de lo que debe ser «el mundo occidental», y, de hecho, no pocos militares argentinos se muestran defensores del Führer sin ocultar su admiración por él. Es esa peculiar interpretación del mundo, de la vida y de la historia, la que todavía permite a algunos —no sólo en Argentina sino también en otras partes, incluida España— seguir afirmando que Hitler era «el verdadero defensor de la civilización cristiana y occidental».

Hemos visto qué concepto de lo occidental desprecian: el de las democracias «plutocráticas» y pluralistas. Y ahora vemos qué concepto de lo occidental valoran admirativamente: el de los nacionalismos de tipo nazi, fascista o corporativista.

Por desgracia, todas las evidencias señalan que un importante sector de las Fuerzas Armadas Argentinas —al parecer, incluso mayoritario— no se siente en absoluto vinculadas con el primero de estos dos conceptos de Occidente, sintiéndose, por el contrario, inmersos en esta segunda concepción de lo occidental. Lamentable constatación, tratándose de un concepto de «civilización occidental» de base fuertemente clasista en lo social, intolerante y totalitarista en lo ideológico, irresistiblemente tendente al desprecio de las libertades y derechos individuales, y todo ello respaldado, en lo religioso, por un vetusto cristianismo agresivamente preconciliar.

5.4. Solemne condecoración al «enemigo de la Civilización Cristiana y Occidental»

Esa obsesiva consideración del comunismo (el «totalitarismo rojo», según lo denominó en su momento el general Onganía) como el enemigo permanente y total, y de la antigua Unión Soviética como el centro mundial exportador de todas las asechanzas dirigidas contra la «Civilización Cristiana y Occidental», iba a quedar evidenciada como una posición absolutamente hipócrita de los dirigentes militares argentinos, gracias a un jugoso acontecimiento que vino a pisotear los principios básicos de aquella supuesta cruzada universal.

El 21 de agosto de 1979, una flamante delegación militar soviética, encabezada por el teniente general Iván Jacovich Braiko, llegaba a Buenos Aires, invitada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino —en aquellas fechas Roberto Viola, posterior presidente de la 2.ª Junta Militar—, para efectuar en Argentina una visita de una semana de duración. Dentro de la delegación militar que recibió en Ezeiza a los militares soviéticos aparecía un miembro no precisamente desconocido: el mismísimo general Ramón J. Camps.

Al día siguiente, el general Viola agasajó a sus colegas soviéticos, como impecable anfitrión, en la planta noble del edificio Libertador, sede del Comando General. Lejos de ceñirse a un discurso protocolario más o menos escurridizo y descomprometido, el general soviético no se anduvo por las ramas, y, allí, en pleno templo de la vanguardia mundial de la lucha anticomunista, disparó lo siguiente:

«Triunfó el régimen socialista soviético. Venció la economía soviética. Triunfó el hombre soviético educado por el partido leninista… Durante 1418 días el pueblo soviético luchó contra el fascismo alemán; y el soldado soviético, durante la guerra, liberó no sólo el territorio nacional sino también otros pueblos de Europa, no llegando a esos países como conquistador sino como liberador»[289].

Cabe imaginar la situación de Viola, Camps y compañía al tener que escuchar estas proclamaciones en actitud atenta y cordial. Continuó el teniente general Braiko:

«Esperamos que una delegación argentina visite próximamente algunos de los centros de instrucción militar allá en la Unión Soviética. Nosotros, con mucho gusto, compartiremos experiencias y también podremos aceptar todo lo útil que tengan ustedes en su sistema de instrucción militar»[290].

El general Viola, tras condecorar al alto jefe militar soviético con la medalla de oro del Estado Mayor General del Ejército Argentino, manifestó:

«Este significativo acto simboliza la efectiva consolidación de una relación existente, y cuya finalidad consiste en estrechar nuestra vinculación superando las distancias que, geográficamente, separan a nuestros países»[291].

Las abismales distancias ideológicas, sistemáticamente aludidas para satanizar a la URSS en todo el contenido doctrinal dirigido contra el «enemigo único», fueron camaleónicamente suprimidas por el Jefe del Estado Mayor General. Al mes siguiente, otra delegación militar argentina, del Centro de Institutos Militares, correspondía a la visita viajando a la Unión Soviética, encabezada por el general de división José Montes.

La clave de este incongruente intercambio no fue otra que el negocio económico, que saltó por encima de todos los principios habidos y por haber. Al producirse la invasión soviética de Afganistán, el presidente Carter había decretado como represalia un embargo de grano contra la URSS. Los dirigentes de la 1.ª Junta Militar, cuya teoría básica les exigía contemplar aquella invasión como una nueva acción expansionista de imperialismo soviético y del comunismo internacional (doctrina a cuya versión interna estaban sacrificando en aquellos momentos las vidas de miles de argentinos), enviaron a paseo dicha doctrina para asumir, en aquellos momentos, una actitud mucho más beneficiosa que la defensa de unos supuestos principios: rechazando dicho embargo, incrementaron considerablemente sus exportaciones de grano a la URSS. Fue dentro de este contexto, de mutuo interés económico —mucho más que en el supuesto interés recíproco, harto dudoso, por los respectivos sistemas de formación militar—, donde se situó aquella visita y aquella condecoración.

Como vemos, el hacer negocios directamente con el diablo estaba muy bien visto por aquellos bizarros defensores de la fe cristiana, que, por un lado, torturaban y asesinaban a miles de sus desgraciados compatriotas en su calidad de supuestos servidores del comunismo soviético, y, por otro, invitaban y condecoraban a los verdaderos representantes de éste, teniendo —por añadidura— que escuchar de sus labios la propaganda leninista en el mismo «sancta sanctorum» de sus esencias occidentales: el edificio Libertador.

Pero, de hecho, aquel curioso intercambio de visitas y condecoraciones de agosto y septiembre de 1979 puso de manifiesto algo más que un simple oportunismo comercial. Porque lo que allí quedó bien patente fue que, en el fondo, los militares de las Juntas no consideraban en absoluto a la Unión Soviética como su verdadero enemigo, sino sólo como un magnífico pretexto teórico para poder ejercer una brutal represión interior, al servicio de otra muy diferente finalidad: establecer por la fuerza un determinado modelo político, económico y social en su propio país.

6. INVOCACIÓN AL PRINCIPIO DE «GUERRA JUSTA Y NECESARIA». RECHAZO DE ESTA PRETENSIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE «JUS AD BELLUM» Y «JUS IN BELLO»

No existe pleno acuerdo entre los militares argentinos sobre si la represión ejercida a partir de marzo de 1976 —o de febrero de 1975, si se incluye el «Operativo Independencia» en Tucumán— debe o no debe considerarse como una guerra o como otro tipo de conflicto.

En efecto, según pudimos escuchar en un seminario en Montevideo, un general argentino, en una intervención oral, expresó así su posición: «No debemos considerar la lucha antisubversiva como una guerra, en primer lugar porque no nos conviene. En caso de considerarla como tal, tendríamos que tratar a los subversivos como prisioneros de guerra, aplicarles la Convención de Ginebra, tratarles con todas las consideraciones y casi regalarles flores»[*].

En cambio, numerosos militares argentinos nos hablan de aquella lucha sin dudar en llamarla guerra. Sucia, pero guerra; más aún, «guerra justa y necesaria». «En la guerra vale todo», nos decía personalmente un conocido jefe militar argentino, justificando la metodología represiva que se aplicó. «En la guerra, el principio de “in dubio pro reo” pierde la validez que tiene en tiempo de paz», nos decía otro alto jefe, justificando como inevitable la muerte de simples sospechosos en aquella represión. «En toda guerra mueren y desaparecen inocentes», proclamaba otro general argentino, explicando así las numerosas desapariciones antes las preguntas de un periodista en la televisión. Son, pues, simples ejemplos dentro de la muy extendida postura —aunque no unánime, como hemos visto, dentro del estamento militar argentino— de calificar como guerra al sangriento conflicto que nos ocupa.

Pues bien: si se reclama la consideración de guerra para aquella lucha (llámesela «guerra sucia», «guerra antisubversiva» o «guerra contrarrevolucionaria», pero guerra al fin), en tal caso, a la hora de aplicarle el calificativo de justa o injusta, resulta obligado examinarla bajo el enfoque de los conceptos jurídico-morales de «jus ad bellum» (justicia de la decisión de hacer una guerra) y «jus in bello» (justicia de lo actuado en la guerra).

Diversos autores[*] que han profundizado en el concepto de «Bellum justum» (guerra justa) y sus derivados, coinciden generalmente, con variados matices, en señalar como ingredientes básicos del «jus ad bellum» los requisitos siguientes: 1) Causa justa. 2) Recta razón o intención. 3) Legítima autoridad. 4) Coste razonable. 5) Último recurso[292].

Analicemos brevemente la represión ejercida por las Juntas Militares argentinas bajo la perspectiva de estos requisitos. Sin duda, el terrorismo existente en la Argentina de los años setenta tenía que ser combatido y neutralizado. Pero tenía que serlo por la vía constitucional, y dentro de los límites de la ley y de la moral. Sin embargo, los hechos masivos demostraron que el verdadero propósito de aquella represión no consistió en eliminar el terrorismo, lo que hubiera exigido otra forma de lucha y un número de víctimas incomparablemente menor. Para neutralizar un terrorismo de izquierda que produjo un total inferior a 700 muertos según los propios datos de procedencia militar (véase nota 21) en los diez años de su existencia (1970-80), nunca hubiera sido necesaria la increíble masacre de 15.000 a 20.000 víctimas mortales producidas por aquella represión.

Por otra parte, era igualmente obligado neutralizar el otro terrorismo —el de la ultraderecha— causante de unos 900 muertos, como ya vimos más atrás. Sin embargo, jamás se procedió contra ese segundo terrorismo, no menos mortífero; jamás se investigó, ni se encarceló, ni se procesó, ni se castigó a ninguno de sus autores, lo que vino a ratificar esta realidad: no era poner fin a la lacra terrorista la meta que se impuso la dictadura militar.

Observando, pues, la represión de las Juntas a la luz de los requisitos básicos del «jus ad bellum», tenemos:

Causa justa. No la hubo, pues la que hubiera sido causa legítima (neutralización del terrorismo) fue sustituida por otra causa absolutamente ilegítima y gravemente antidemocrática. El verdadero propósito de la represión, y así lo evidencian abrumadoramente los hechos, consistió en la eliminación de aquellas fuerzas y personas sospechosas de izquierdismo o progresismo y aunque fueran ajenas a la violencia, que pudieran oponerse al concreto tipo de diseño social que la dictadura de las Juntas pretendía imponer. Ello motivó la muerte deliberada de muchos miles de personas que, en su inmensa mayoría, nada tenían que ver con el terrorismo.

Recta razón o intención. No la hubo, pues dicha eliminación de las fuerzas sociales supuestamente de izquierdas, reivindicativas o simplemente liberales —incluso de las ajenas a la violencia— vino a demostrar la verdadera intención de las Juntas: imponer por la fuerza un determinado modelo político, económico y social duramente conservador, en la línea «antipopular» señalada por Alain Touraine.[293]

Autoridad legítima. No la hubo, pues quienes ejercieron aquella represión fueron las autoridades militares autoproclamadas tras el derrocamiento de la presidenta constitucional, acaparando para sí la totalidad del poder sin ningún tipo de control parlamentario o representativo que lo pudiera limitar.

Coste razonable. No lo hubo, pues el terrible coste que tuvo que pagar la sociedad argentina (el destrozo humano y social que suponen esos 15.000 a 20.000 muertos) resultó injustificable, desmesurado y absolutamente desproporcionado respecto a la meta que —supuestamente— se pretendía alcanzan eliminar un terrorismo de izquierda que causó, como hemos visto, menos de 700 muertos en su cifra total (véanse notas 20 y 21).

Último recurso. Tampoco existió este requisito, pues no fueron sistemática y tenazmente utilizadas —como debieron serlo— las vías constitucionales que, en otros países, han permitido hacer frente con éxito a intensos fenómenos terroristas, sin quebrantar los límites de la moral ni de la legitimidad democrática y constitucional.

Así, pues, la «guerra sucia» en Argentina nunca podrá ampararse bajo el principio de «jus ad bellum», dadas sus características y el propósito fundamental que la motivó.

En cuanto al principio de «jus in bello» (justicia de los actos realizados en la guerra), resulta trágicamente evidente que el cúmulo de atrocidades cometidas en el método represivo utilizado, basado en la sistemática e intensiva violación de los Derechos Humanos (millares de secuestros, centros clandestinos de internamiento, aplicación masiva de torturas, homicidio de miles de presos sin juicio), obliga a reconocer que este principio jurídico-moral fue atropellado por los represores argentinos aún en mayor medida, si cabe, que el principio anterior que acabamos de considerar.

V. PRONUNCIAMIENTOS AUTOCRÍTICOS SOBRE EL LLAMADO «PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL» POR DESTACADOS MILITARES PARTICIPANTES EN ÉL. OPINIONES DE PRESTIGIOSOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS. CRITERIO DEL PROPIO GENERAL PERON SOBRE LA JURISDICCIÓN ANTITERRORISTA

1. ALMIRANTE EMILIO EDUARDO MASSERA: «EL EXPERIMENTO FALLÓ»

El almirante Emilio Massera, después de haber sido miembro de la primera Junta Militar —y alejado ya del poder, detentado entonces por la tercera Junta— manifestaba, en un discurso pronunciado en 1981, nada menos que lo siguiente:

«Como antiguo coprotagonista del Proceso, mi propia desazón no conoce límites cuando veo, a más de cinco años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo».

«(…) Mientras millones de ciudadanos eran llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentaban sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción. Ya ni vale la pena hablar de estas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento».

«(…) Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que, de una punta a la otra, la ciudadanía está convencida de que falló (…)»[294]. (Las cursivas son nuestras).

Así pues, una vez reconocido el estrepitoso fracaso de las Juntas en lo social, lo político y lo económico (todavía faltaba por llegar el fracaso militar en el Atlántico Sur), solamente quedaba, pues, como único logro, el de «la victoria armada contra el terrorismo». Pues bien: incluso ese «logro único» llevó consigo tales elementos de negrura y autodescalificación que a duras penas resulta posible conceptuarlo como tal. Observemos, en efecto, el concepto que hoy merece aquella «victoria» a algunos de sus protagonistas.

2. MAYOR ERNESTO BARREIRO: «LO HICIERON IRRESPONSABLEMENTE»

El mayor Barreiro, caracterizado torturador como oficial responsable de inteligencia del tristemente célebre centro clandestino «La Perla», entrevistado por un periodista en diciembre de 1990, decía lo siguiente:

P. «¿Cuál es su opinión acerca de la lucha antisubversiva?».

R. «Mi opinión personal es que pudo haberse librado perfectamente con un gobierno constitucional. En ese tema —como actualmente— la solución de la violencia pasaba por el campo político. La actitud que no asumió el gobierno de Isabel Martínez de Perón causó el golpe y la consecuente guerra contra la subversión. Pero lo hicieron irresponsablemente. Todo lo que se hizo Juera de contexto legal, se pudo haber hecho por derecha»[*] [295]. (Las cursivas son nuestras).

La frase «lo hicieron irresponsablemente», en vez de «lo hicimos» —a pesar de la intensa participación personal del interesado en las tareas represivas ilegales—, demuestra que el mayor Barreiro se refería a los altos jefes que tomaron la decisión de entablar la lucha en el campo clandestino e ilegal, considerándose a sí mismo como simple ejecutor, ajeno a tal responsabilidad. «Obediencia debida», una vez más. Pero su concepto de que aquella lucha fue planteada y conducida «irresponsablemente» queda bien patente, como dato harto significativo tratándose de tan destacado participante en aquel método represor.

Para captar la verdadera importancia de este juicio valorativo, recordemos que el mayor Barreiro es un personaje doblemente emblemático del sector más duro del Ejército. Y decimos «doblemente» porque, por una parte, como ya hemos señalado, ocupó uno de los puestos más relevantes que con su grado militar podía ocupar en el esquema fáctico de la represión (máximo responsable de los interrogadores/torturadores de uno de los más importantes antros clandestinos de reclusión, tortura y muerte montados por el aparato represor); y por otra parte, fue el personaje desencadenante de la grave crisis institucional de la Semana Santa de 1987, aunque después fue el teniente coronel Aldo Rico quien asumió el liderazgo de la insurrección.

Precisamente por encabezar las listas de oficiales acusados de mayor número de violaciones de los derechos humanos, el mayor Barreiro fue uno de los primeros convocados por los jueces, y su pública negativa a comparecer, encerrándose en un establecimiento militar, fue la chispa que dio comienzo a aquella sacudida nacional que fue la rebelión «carapintada» de abril de 1987. Pues bien; el hecho de que un personaje como éste califique como «irresponsable» la vía escogida por el alto mando para aquella represión, manifestando que ésta hubiera podido hacerse por la vía legal, constituye un dato cuyo peso es considerablemente mayor que si tal manifestación viniera de un oficial de reconocida trayectoria constitucional. Por otra parte, tampoco cabe decir que tales afirmaciones fueran motivadas por el deseo de favorecer su impunidad, pues ésta —por la «ley de obediencia debida»— la tenía ya definitivamente garantizada de forma total.

3. TENIENTE CORONEL ALDO RICO: «PERDIMOS LA GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN»

La siguiente valoración que vamos a traer aquí corresponde al otro personaje clave —el máximo protagonista— de aquella crisis: el mismo Aldo Rico. Es decir, el hombre que, siendo teniente coronel en activo, apoyó la indisciplina inicial de Barreiro, encerrándose a su vez en el recinto militar de Campo de Mayo, desde donde encabezó la rebelión que hizo tambalearse al gobierno de Raúl Alfonsín y a la propia democracia argentina aquel Jueves Santo de 1987, cuatro años escasos después de su restauración en 1983.

Pues bien; en nuestra conversación personal con Aldo Rico (1990), el ya ex-teniente coronel, con un planteamiento notablemente lúcido en este punto, nos dijo entre otras cosas lo siguiente: «En definitiva, perdimos la guerra centra la subversión. Sólo conseguimos la victoria militar, la destrucción del enemigo armado. Pero la guerra es un fenómeno no sólo militar sino fundamentalmente político y cultural. Y nosotros perdimos aquella guerra, pues fuimos derrotados en lo político y lo cultural. La prueba de que fuimos derrotados está en el juicio a los Comandantes y en la propia subida al poder del doctor Alfonsín»[*].

Punto decisivo, este reconocimiento de la derrota, sobre el que, antes de dar fin a este capítulo, habremos de volver. Pero antes veamos otros pronunciamientos valorativos sobre aquella «victoria militar».

4. GENERAL CARLOS DOMÍNGUEZ: «LA LEY NO SE IMPONE VIOLANDO LA LEY»

Otro pronunciamiento notable al respecto —por la gran repercusión pública que alcanzó en su momento— fue el del general Carlos Horacio Domínguez, dentro de su alegato como fiscal militar ante el Consejo que Juzgaba al coronel Mohamed Alí Seineldín y sus seguidores por la insurrección del 3 de diciembre de 1990. En su discurso (18-12-1990), el general Domínguez consideró necesario situar previamente la rebelión que allí se juzgaba dentro del marco de los acontecimientos militares y políticos producidos en el país desde 1973.

Así, después de aludir peyorativamente a la labor de los gobernantes civiles desde dicha fecha (desde el peronista Cámpora hasta el radical Alfonsín), arremetió igualmente contra las Juntas Militares que gobernaron desde 1976 hasta 1983, condenando en estos términos el método represivo que éstas utilizaron al margen de la ley:

«Las Fuerzas Armadas, por su parte, equivocaron igualmente el camino al recoger el desafío de la lucha fuera del marco republicano, porque la ley no se impone violando la ley; olvidaron que habían llegado para irse, olvidaron las urnas, y olvidaron la vida militar. Afloraron entonces ciertos excesos represivos por ausencia de pautas jurídicas nacionales adecuadas al nuevo fenómeno terrorista (que muchos juristas se negaban o temían propiciar) y, por primera vez en su honrosa historia, se instalaron incluso algunos hechos de corrupción en no pocos de sus integrantes».

«El desenlace de sugestión con la derrota de Malvinas, por ejemplo, fue el resultado de esa politización y de esa falta de conducción y de profesionalismo.»[296].

Estos conceptos, expresados por un alto jefe militar, en un acto oficial tan notorio como aquel juicio (ya a finales de 1990), resultan ampliamente ilustrativos respecto al concepto que cierto sector del propio Ejército argentino puede mantener hoy día, ya en la década de los noventa, respecto a lo que aquellos métodos, aplicados en los años setenta, significaron hacia adentro y hacia afuera de la institución. Igualmente resulta notable la atribución de la derrota en el Atlántico Sur a esa «falta de conducción y de profesionalismo» (lo que en España llamaríamos «falta de mando y de profesionalidad»), como resultado de haberse dejado absorber por aquel otro tipo de lucha, realizada —según el citado general— «fuera del marco republicano» y «violando la ley».

5. PROFESOR ROBERT POTASH: «MUCHAS VÍCTIMAS INOCENTES»

Recojamos ahora, brevemente, unas destacadas opiniones civiles: las valoraciones de dos analistas tan autorizados como los profesores Robert Potash y Alain Rouquié, autores ambos —como es bien sabido— de extensas y profundas obras sobre los comportamientos históricos, civiles y militares, registrados en la Argentina desde largo tiempo atrás.

El profesor Potash, refiriéndose a los efectos posteriores del método represivo utilizado, decía ya en 1982, en el Epílogo de su obra más conocida:

«Únicamente en el futuro podrán percibirse del todo los efectos producidos sobre la sociedad argentina por esta guerra interna, entre cuyas víctimas se cuentan muchos inocentes y cuyo número supera el de las de cualquier otro conflicto padecido por la Argentina en el presente siglo»[297].

Esa constatación de que entre las víctimas de la represión se encuentran muchos inocentes, y de que su número alcance tan increíbles niveles, es la peor de las acusaciones que contra un método antiterrorista se puedan formular, en Argentina o en cualquier otro lugar.

Los hechos posteriores han venido a ratificar que Potash, buen conocedor de la sociedad argentina, tenía harta razón al escribir estas líneas en 1982, manifestando su preocupación por los futuros «efectos sobre la sociedad» de una represión de aquella magnitud. La herida abierta, todavía en los años noventa, en una sociedad traumatizada por tantos miles de desaparecidos, o, lo que es lo mismo, por tantos miles de familias desgarradas por el dolor y «cuya esperanza había sido destrozada» (parafraseando al Papa Juan Pablo II en su célebre pronunciamiento de 1983 en respuesta al «Documento Final» de la 4.ª Junta), se mantiene abierta y sin cicatrizar, por el abismo que todavía separa a las dos interpretaciones flagrantemente opuestas pero vigentes aún en aquella sociedad: por una parte, la de una sociedad civil mayoritariamente horrorizada por los excesos cometidos y detalladamente conocidos desde 1984 (Informe de la CONADEP) y 1985 (juicio a las Juntas), y, por otra parte, la de unos militares que, como el general Videla manifestó al quedar en libertad, siguen exigiendo el «desagravio público que les debe la sociedad argentina» —mucho más allá del indulto ya logrado—, por las humillaciones y castigos injustamente sufridos después de haber salvado a la Nación de la mortal amenaza de «la subversión».

6. PROFESOR ALAIN ROUQUIÉ: «VIOLENCIA INFINITAMENTE MÁS CRUEL»

En cuanto al profesor Rouquié, con la autoridad que le proporcionan sus largos años dedicados al análisis de la relación Ejército/Sociedad en la Argentina, denunciaba así la represión ejercida por el aparato militar y policial desde mucho antes del golpe de 1976:

«Una verdadera guerra secreta se organiza. El Ejército y la Policía no se contentan con utilizar un aparato legal de temible amplitud. Los arrestos arbitrarios, la tortura aplicada a simples sospechosos, la desaparición pura y simple (…) son denunciados por las asociaciones profesionales, la abogacía y las más altas autoridades morales del país. Esta campaña de aniquilamiento de la subversión y de intimidación de los ciudadanos pacíficos indigna a amplios sectores de la opinión pública, incluso a aquéllos que no experimentan ninguna ternura por los guerrilleros»[298].

Después de constatar que, tras las últimas acciones importantes de la guerrilla —sangrientamente fracasadas a finales de 1975—, su capacidad militar era prácticamente nula, y sus posibilidades quedaban reducidas a acciones aisladas, Rouquié, ante el desproporcionado y masivo volumen de la represión iniciada tras el golpe de marzo de 1976, y ante el carácter intrínsecamente inmoral de sus métodos, se formulaba la siguiente pregunta, según vimos más atrás: «¿Cómo explicar entonces la movilización masiva de todo el aparato militar y policial, la suspensión de los derechos fundamentales y el desencadenamiento de una violencia represiva infinitamente más cruel que la de sus rivales…?»[299]. «Durante mucho tiempo, sin duda, nos interrogaremos sobre las causas de esta violencia, sobre su carácter aparentemente irracional»[300].

Nos parece claro que estas opiniones recién recordadas, de tan acreditada procedencia, ilustran ampliamente sobre la naturaleza de aquella «victoria militar», señalada por el propio almirante Massera como «único logro» del Proceso de Reorganización Nacional.

7. CRITERIO DEL PROPIO PERÓN, MESES ANTES DE SU MUERTE: «ASUNTO POLICIAL»

Como dato no concluyente, por razón de su fecha, pero si significativo sobre el criterio de su autor, manifestado por éste nueve meses antes de su muerte —en medio del clima de violencia y agresividad terrorista de ambos signos que ya se manifestaba en aquellas fechas (septiembre de 1973)—, creemos que también resulta oportuno recordar aquí el pronunciamiento del propio general Juan Domingo Perón, cuando se le interrogó sobre cuál era la jurisdicción adecuada —la policial o la militar— para afrontar el problema de la violencia armada que ya azotaba a aquella sociedad.

Con frecuencia se ha argumentado que los ataques de los grupos armados de izquierda a los establecimientos militares (los llamados «rapamientos»), pese a su carácter momentáneo y más bien propagandístico, constituían una prueba de la supuesta «capacidad militar de los subversivos», y un argumento supuestamente sólido a favor de actuar contra ellos por la vía militar. No fue ése, sin embargo, el criterio del general Perón, el cual vio claro en todo momento que tal tipo de ataques se situaban de lleno en el campo de la delincuencia civil que debía resolverse por la vía policial. Y ello incluso cuando el ataque se producía contra un recinto militar.

En efecto, he aquí parte de las declaraciones del propio Perón a la prensa, cuando fue interrogado sobre el ataque de un grupo armado al Comando de Sanidad del Ejército en Buenos Aires, ocurrido cinco meses atrás (9-4-73):

«Yo ya aclaré que los grupos de izquierda, si funcionan dentro de la ley, para nosotros, serán respetados dentro de la ley; ahora bien, si se hacen cosas fuera de la ley, es un asunto policial»[301].

Interrogado entonces por un periodista sobre si el mencionado ataque subversivo al citado Comando de Sanidad del Ejército (en el que resultó muerto un teniente coronel y varios soldados heridos) correspondía al fuero policial o al fuero militar, el general respondió, entre otras cosas:

«El delito es civil, porque ellos son civiles» (…) «Se trata de un delito común. Han asaltado ese lugar con la finalidad de sustraer armas, drogas y uniformes, de la misma manera que otras veces han asaltado bancos para robar dinero y transformarlo después en armas. Es un hecho delictivo y policial, y en consecuencia debe ser resuelto dentro de lo que el Código Penal establece para esta clase de delincuentes»[302]. (Cursivas nuestras).

Harto diferente hubiera sido la historia de la Argentina en los años siguientes si está decidida opción del general Perón por la vía policial, y por el Código Penal común, hubiera sido sólidamente mantenida por sus sucesores, dentro de un riguroso y firme comportamiento de las instituciones democráticas, con una vigorosa actuación policial y judicial[303]. Firme actuación constitucional que sus sucesores en el poder, empezando por su propia viuda, no fueron capaces de ejercer.

A las opiniones y datos anteriores podemos añadir —entre tantos otros— el criterio del canciller argentino Guido di Telia, quien, tras un breve paso por la cartera de Defensa, asumió la de Exteriores: «Se cometió un gravísimo error en la manera de combatir la subversión en Argentina. Hemos tenido que dar vuelta, dolorosamente, a esa página de nuestra historia»[304].

Vemos, pues, ese «único logro» convertido en «gravísimo error», y no en opinión de un cualquiera, sino de una personalidad argentina excepcionalmente situada para valorar lo que significó aquella represión, no sólo hacia dentro de su propia sociedad sino en cuanto al desprestigio de la República Argentina en su proyección hacia la comunidad internacional.

8. CONSIDERACIONES EN TORNO AL RECONOCIMIENTO DE ALDO RICO: «VICTORIA ARMADA» VERSUS «DERROTA POLÍTICA Y CULTURAL»

Volvamos, para terminar este capítulo, al ex-teniente coronel Aldo Rico y su rotundo reconocimiento: «Perdimos la guerra contra la subversión». Señalemos, porque es de justicia, el dato de que este jefe, por los destinos que desempeñó durante los años de la guerra sucia, no tuvo participación alguna en la represión, por lo que —a diferencia del mayor Barreiro— nunca pesó sobre él ningún cargo por violación de derechos humanos. Sin embargo, siempre ha defendido dicha represión, a la que califica de «justa y necesaria», a diferencia de la guerra de las Malvinas, a la que considera «justa, pero innecesaria».

Así, pues, Rico se incluye dentro del numeroso sector de militares argentinos que, con independencia de haber participado o no en la guerra antisubversiva, defiende su legitimidad, incluido el método utilizado. Ello no le impide proclamar la derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas en aquella guerra, por haber obtenido únicamente —según sus palabras— «sólo la victoria militar», pero acompañada de la «derrota política y cultural». Lo que, en definitiva —según recalcó— significó la derrota en el conjunto global de la confrontación.

En este punto tenemos que dar la razón al ex-teniente coronel. Pero no sin subrayar —en contra de su criterio— el carácter inevitable de este desenlace. Porque lo que él, y tantos otros, no acaban de captar es que este tipo de guerras sucias, apoyadas en la tortura como arma fundamental —según la ya vista doctrina contrarrevolucionaria de Trinquier—, siempre son perdidas por las Fuerzas Armadas que se dejan arrastrar a ellas. Porque, con independencia de que lleguen a obtener el triunfo militar, su derrota llega siempre, inevitablemente, por esa vía señalada también por el propio Rico: la derrota política y cultural. En definitiva, nosotros diríamos, la derrota por la vía social, pues lo político y lo cultural no son otra cosa que áreas decisivas de lo social.

Así sucedió con los franceses en Argelia. Con independencia del mayor o menor éxito militar de los «métodos contrarrevolucionarios» de Trinquier y sus paracaidistas, incluyendo la masiva aplicación de la tortura en la batalla de Argel, la sociedad francesa reaccionó de mil maneras —desde los intelectuales hasta el hombre de la calle— al comprender que Francia no podía permitirse una guerra que requería tales métodos, máxime al servicio de una causa colonial. Y el general De Gaulle liquidó la contienda, interpretando rectamente el sentir mayoritario de la sociedad. Fue, por tanto, la presión social —manifestada en lo político y lo cultural— la que condujo al desenlace, al margen del factor militar.

Así volvió a suceder con los norteamericanos en Vietnam. Los datos que trascendían a la opinión pública estadounidense sobre el tipo de guerra que allí se libraba, su dudosa justificación, impactos tales como los del atroz caso Milay o de los pavorosos relatos de sus propios soldados desertores, refugiados en Suecia, sobre las técnicas aplicadas por las tropas norteamericanas sobre la población vietnamita, fueron otros tantos elementos que sacudieron la conciencia de amplios sectores de aquella sociedad. Pronunciamientos de intelectuales y de líderes como Martin Luther King, manifestaciones masivas ante la Casa Blanca, etcétera, configuraron el cuadro de la intensa presión social que obligó a la decisión política de abandonar, sin que en ningún momento se llegara a producir, por parte americana, una derrota militar como la sufrida por Francia en aquellas tierras dos décadas atrás.

Otro tanto, salvadas las grandes distancias, sucedió en la Argentina de las Juntas. Los miles de secuestros, las escalofriantes torturas, los miles de desaparecidos, los pronunciamientos de los organismos humanitarios nacionales e internacionales, los de notables figuras intelectuales —incluso alguno, como Jorge Luis Borges, inicialmente favorable al gobierno de los militares—; la reacción del conjunto de la sociedad, primero paralizada por el terror, pero después dispuesta a exigir justicia tan pronto como se recuperó la libertad; el acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias (tanto radicales como peronistas) para promulgar la ley que permitió llevar a juicio a las Juntas y condenar a sus más caracterizados miembros; la actitud beligerante de la prensa durante aquel juicio, contra quienes durante años habían sumido a la sociedad en el terror, la conmoción nacional y mundial ante la publicación del informe de la CONADEP y ante las revelaciones del citado juicio, fueron —entre otros— los poderosos factores de la presión social que produjo esa «derrota política y cultural» de la que nos hablaba Aldo Rico, con toda independencia de la llamada «victoria militar sobre la subversión».

Cuando una sociedad, que es la teórica «beneficiaria» de una masiva represión, reacciona de esta forma contra sus autores, la primera constatación honrada por parte de éstos y sus defensores no puede ser otra que la del ex teniente coronel Aldo Rico: reconocer que la llamada «victoria militar» no consiguió evitar la derrota, que llegó por esa vía política y cultural. Fue así como en la Argentina, igual que en Francia con Argel, igual que en Estados Unidos con Vietnam, el resultado militar fue superado por el factor moral, por el factor cultural, por el factor político: por el factor social en suma, que fue el que acabó por prevalecer, sentenciando la causa así defendida a su derrota social por encima de dicha victoria militar.

Incluso si el resultado final llega a ser la aniquilación de ciertos grupos violentos, es tal la cantidad de basura moral que los Camps, Saint Jean, Suárez Mason, Roualdes, Astiz y compañía arrojan sobre la causa que dicen defender —igual que los Trinquier en Argelia y los Calley en Vietnam—, que finalmente la propia sociedad les manifiesta su repulsa, permitiendo la victoria —no armada sino política, cultural, social y moral— de quienes rechazan esos métodos de represión.

Así, pues, y terminando nuestra valoración de ese «único logro» que señalaba el almirante Massera —la victoria sobre la subversión—, y que negaba Aldo Rico al proclamar la derrota frente a dicho enemigo, hemos de decir que la amarga afirmación de este destacado ex-militar al reconocer tal derrota, lejos de constatar un hecho histórico injusto y específicamente argentino, lo que hace es ratificar un desenlace justo y un fenómeno mucho más general, a saben que en este tipo de «lucha antisubversiva», basada de lleno en la tortura y el quebrantamiento masivo de los derechos humanos irrenunciables, la presión social acaba sobreponiéndose finalmente al resultado de las armas y condenando a los represores a la derrota final, incluso si se ha llegado a producir la llamada «victoria militar».

VI. LA GUERRA EN EL ATLÁNTICO SUR

Llegado nuestro análisis a la década de los ochenta, resulta ineludible referimos al acontecimiento fundamental que determinó la caída de la dictadura de las Juntas: el conflicto Argentina-Inglaterra en el Atlántico Sur, más conocido como guerra de las Malvinas. De dicho conflicto, de su desarrollo y desenlace, cabe extraer también importantes consecuencias desde nuestro prisma sociológico-militar.

1. DESENCADENAMIENTO DEL CONFLICTO, PRONÓSTICOS INICIALES Y DESENLACE FINAL

Sin perjuicio de nuestra convicción de que las Islas Malvinas son un territorio legítimamente argentino, desde una perspectiva puramente militar sólo cabe registrar el calamitoso papel desempeñado por los altos mandos argentinos en aquella contienda, que, aparte de añadir nuevas muertes inútiles a su siniestro historial precedente, sólo sirvió para culminar su desprestigio en el único terreno que faltaba por dilucidar el de su capacidad profesional frente a un enemigo exterior.

El régimen militar, políticamente desgastado hasta el límite por sus errores en todos los órdenes políticos y económicos, gravemente desprestigiado en el interior y el exterior, problematizado de forma irresoluble por el meteórico crecimiento de la inflación y la deuda externa, internacionalmente reprobado por la opinión pública mundial, moralmente rechazado hasta por sus más recalcitrantes valedores de años atrás —hasta Jorge Luis Borges hubo de condenarlo explícitamente al fin—, bloqueado, en definitiva, por una situación sin salida digna, no halló otra vía que aquélla: el desencadenamiento de una contienda cuya patriótica emotividad pudiera aglutinar en su tomo un cierto respaldo social, y que, en caso de victoria y definitiva recuperación del archipiélago, hubiera supuesto un apreciable —aunque artificioso— afianzamiento de su posición.

Así, se planeó y ejecutó la ocupación militar de las Malvinas, efectuada con éxito el 2 de abril de 1982. Las fuerzas ocupantes, apoyadas en el factor sorpresa y en la drástica superioridad de efectivos, se impusieron sin dificultad a la mínima y desprevenida guarnición británica, apenas dos centenares de hombres —de los que sólo setenta eran soldados, y el resto una especie de guardia cívica—, que se vieron sorprendidos en la más total imprevisión.

Fue curioso ver —también en España— cómo los analistas y teóricos expertos publicaban por aquellas fechas casi unánimes comentarios en los que afirmaban, explicaban, razonaban por activa y por pasiva la imposibilidad de recuperación de las islas por parte británica, una vez ocupadas ya por las fuerzas terrestres, aéreas y navales argentinas. La Logística —decían— era el factor supremo, insalvable, que hacía imposible tal recuperación. Un archipiélago situado sólo a unos cientos de kilómetros de los puertos y aeródromos argentinos, y a 13.000 kilómetros de las bases británicas —explicaban— facilitaba en grado sumo todo tipo de operaciones ofensivas y defensivas desde la próxima costa continental, y aseguraba, además, un abastecimiento regular. Todo lo cual, por el contrario, resultaba inviable para los ingleses, con sus bases de partida en el otro extremo del mundo; hasta el punto de que tal lejanía —al alargar de forma tan desmesurada sus canales logísticos— resultaba prácticamente prohibitiva para tal operación.

Por otra parte —añadían, rematando su impecable argumento—, cada día que pasaba desde la ocupación sería aprovechado a fondo por los argentinos para reforzar al máximo su posición defensiva. Por último —apuntillaban sabiamente—, cada semana transcurrida a medida que avanzaban los meses de abril y mayo suponía un progresivo acercamiento al duro invierno austral, cuya climatología —tremendamente dura en aquellas islas— resultaría cada vez más adversa para cualquier tipo de operación terrestre y aeronaval; factor que había sido muy tenido en cuenta por el mando argentino al elegir la fecha de su intervención.

Contradiciendo todos estos argumentos, la reacción inglesa no se hizo esperar. Tras los primeros momentos de sorpresa, el gobierno británico puso en marcha la preparación de una flota capaz de transportar hasta el Atlántico Sur un contingente de fuerzas terrestres —con la misión de recuperar el ya famoso archipiélago—, así como una fuerza aeronaval capaz de apoyar a las unidades de desembarco en el cumplimiento de dicha misión.

El convoy incluía numerosos navíos de diverso tipo, entre ellos los portaaviones «Hermes» e «Invincible», y, posteriormente, también los transatlánticos de lujo «Queen Elisabeth II», «Canberra» y «Uganda», rápidamente reconvertidos para su uso militar. Las fuerzas terrestres transportadas estaban formadas por unos 10.000 hombres (de los que sólo unos 7.500 llegaron a combatir), al mando del general Jeremy Moore (53 años), de los Royal Marines, mientras que el mando superior de todas las fuerzas expedicionarias —la llamada «Task Forcé»— era encomendado al almirante John Woodward (50 años); ambos, a su vez, bajo las órdenes del almirante sir John Fieldhouse, responsable de la denominada operación «Corporate», cuyo objetivo era la plena recuperación de las islas australes. Ello implicaba no sólo el mando de todas las fuerzas antes citadas, sino también la responsabilidad de la enorme tarea de apoyo logístico que requería el conjunto de la operación.

Entretanto, las fuerzas terrestres argentinas habían elevado sus efectivos en el archipiélago hasta alcanzar un total aproximado de 12.500 hombres[305] al mando del general Mario Menéndez, con su cuartel general en la capital Puerto Argentino, antes Port Stanley. El jefe del Ejército del Aire y miembro de la Junta Militar gobernante, brigadier Basilio Lami Dozo, había manifestado por su parte que daría a sus pilotos «la orden de atacar en masa a la flota británica» tan pronto como ésta se hallase dentro de su radio de acción.

«Los ingleses no van a hacer la guerra por esto; pero si vienen, se encontrarán con el Alcázar de Toledo», había proclamado solemnemente el almirante Jorge Isaac Anaya, jefe supremo de la Armada argentina y miembro también del triunvirato militar entonces gobernante, en una de esas deslumbrantes frases tan propias del triunfalismo grandilocuente que los altos mandos de las Juntas acostumbraban a prodigar. Frase que, como tantas otras, iba a revelar su absoluta falacia escasas semanas después. Entretanto, en el lado contrario, ni el ascético general Moore —con su inseparable Biblia de pequeño formato permanentemente alojada en el bolsillo superior izquierdo de su guerrera—, ni el almirante Woodward —conocido por «Sandy», por su pelo de color rojizo arenoso— perdieron el tiempo en pronunciar ni una sola frase de especial sonoridad, concentrando toda su atención en los complejos detalles y arduos preparativos de la difícil operación combinada —naval, aérea y terrestre— que, en condiciones climáticas francamente adversas, se disponían a emprender.

Tras varias semanas de enfrentamientos aéreos y navales, en la madrugada del 21 de mayo de 1982 se inició la operación clave del conflicto: el desembarco británico en tierra insular. Es decir, la fase más arriesgada y decisiva de toda operación bélica terrestre, por muy preparada por mar y aire que haya podido ser: el poner pie físicamente sobre el terreno enemigo, resistiendo, combatiendo y avanzando en él hasta su definitiva ocupación.

A partir de dicha fecha, en sucesivas oleadas de desembarco, los ingleses pusieron en tierra un total aproximado de 7.500 hombres, iniciando la serie de combates que conducirían a la rápida ocupación del archipiélago en su totalidad.

Tres meses y medio después, el 14 de junio, tras una eficaz operación de tenaza sobre las colinas que dominan la pequeña capital del archipiélago —operación en la que intervinieron unos 4.000 combatientes británicos, principalmente «marines» y paracaidistas—, se produjo el desenlace final. En plena tormenta de nieve, el general Moore se dirigió en helicóptero al cuartel general adversario para formalizar la rendición argentina; poco después, aquella misma noche, Moore emitía su victorioso comunicado, que se iniciaba así:

«En Port Stanley, a las 9 en punto, hora de las islas Falkland, en la noche del 14 de junio de 1982, el general Menéndez rinde ante mí la totalidad de las fuerzas argentinas a sus órdenes sobre las islas oriental y occidental de las Falkland, con todo su equipo militar».

2. DEFICIENTE CAPACIDAD PROFESIONAL, PATENTE A LOS MÁS ALTOS NIVELES DEL MANDO MILITAR

Uno de nuestros recuerdos más persistentes de las ya lejanas lecciones aprendidas en la Academia General es precisamente esta regla básica: toda operación de desembarco cuya finalidad no sea el simple golpe de mano, sino la ocupación permanente del territorio, requiere un despliegue de fuerzas invasoras muy superiores a las que defienden dicho territorio a ocupar. La tremenda desventaja física, táctica y logística de quienes ponen pie en las playas o caen en paracaídas sobre tierra enemiga, sin resguardo ninguno, con sus tremendas dificultades de abastecimiento y subsistencia, frente a la considerable ventaja que otorga la instalación previa en tierra firme, con mayor o menor grado de fortificación, acumulación previa de recursos de toda índole, emplazamiento de armas en los lugares estratégicos y demás ventajas inherentes a dicha situación defensiva, obligan a las fuerzas invasoras a acumular una fuerte desproporción de efectivos a su favor. Sólo así existe una razonable posibilidad de éxito en este arriesgadísimo tipo de operación.

Pues bien; esta regla general iba a verse esta vez aparatosamente quebrantada por los hechos, al igual que todas aquellas previsiones de los «expertos» que —con sólidos argumentos logísticos y estratégicos— afirmaban la imposibilidad de un éxito británico, en el hipotético intento de recuperar las Islas Malvinas mediante una operación de desembarco convencional.

Según informó la primera ministra, señora Thatcher, al Parlamento el día 17 de junio —tres días después de la rendición—, las fuerzas británicas tenían en su poder a 10.660 soldados prisioneros argentinos, sin que el cómputo total hubiera sido completado aún. Sólo en la capital, Port Stanley, frieron capturados 6.200. Por otra parte, un contingente de prisioneros habían sido ya rápidamente repatriados —los de Darwin y Goose Green— en número superior a 1.000.

En una palabra: la fuerza terrestre formada por los aproximadamente 7.500 combatientes británicos que llegaron a actuar en tierra habían derrotado y hecho prisioneros a los 12.500 soldados de la guarnición argentina que las defendían. Cierto que aquellos 7.500 ingleses desembarcados se vieron respaldados por los aproximadamente 18.000 hombres que, formando parte de las tripulaciones de los buques y aviones de la «Task Forcé», y de todos sus servicios, apoyaban la operación desde fuera de las islas. Pero, análogamente, los 12.500 combatientes argentinos que actuaron en el archipiélago estaban a su vez respaldados por sus propias fuerzas aéreas y navales, así como por toda la infraestructura terrestre, aérea y naval correspondiente a aquellas bases, puertos y aeródromos —Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande— que, desde el área continental argentina, gracias a su proximidad —entre 400 y 700 kilómetros— apoyaban directamente su acción. Fuerzas éstas cuya cuantía total, calculada bajo cualquier hipótesis, superaría ampliamente a la de las fuerzas expedicionarias británicas, limitadas a unos 25.000 hombres en su cifra total, incluidas sus fuerzas de desembarco y todo su dispositivo de apoyo aéreo y naval.

Volviendo, pues, al hecho central —7.500 atacantes que desembarcan, derrotan y capturan a los 12.500 defensores de las islas—, nos encontramos ante un craso incumplimiento de la regla general antes señalada: la que exige una neta superioridad de efectivos por parte del atacante, en toda acción de desembarco frente a unas fuerzas instaladas en tierra firme, en posición defensiva y dispuestas a repeler la invasión. Igualmente, este desenlace vino a contradecir, de la forma más radical, a todos aquellos análisis y comentarios previos que —subrayando el enorme alejamiento de las bases inglesas y la gran proximidad de las argentinas— invocaban la logística como factor prohibitivo para una victoria del lado inglés.

Sí se cumplió, en cambio, otro principio básico de la táctica militar, aquel que establece que la victoria se alcanza logrando la superioridad en el momento y el lugar decisivos de la batalla, aunque en el resto de las zonas no exista tal superioridad. En este sentido, los británicos se las arreglaron para situar, frente a cada posición defensiva o núcleo de resistencia encontrado en su avance por tierra, la fuerza suficiente para vencer tal resistencia y ocupar tal posición. Pero, incluso en este aspecto, hay que subrayar una vez más que la superioridad lograda en cada caso fue táctica y operativa, nunca numérica.

Así sucedió desde el primer choque importante en tierra —el ataque a la guarnición argentina de Darwin y Goose Green—, operación en la cual una fuerza británica de unos 500 hombres, aunque perdiendo en combate a un jefe tan valioso como el teniente coronel H. Jones —muerto en la acción—, consiguió vencer y hacer prisioneros a unos efectivos argentinos superiores a 1.000 hombres, rendidos junto con sus jefes 16 horas después de iniciarse la operación. Y así siguió sucediendo hasta la acción final: la operación de «tenaza» que permitió a las tropas del general Jeremy Moore apoderarse de Port Stanley, acción en la que este general sólo utilizó a unos 4.000 de sus hombres, con los que consiguió batir a la mayor concentración defensiva del archipiélago, haciendo más de 6.000 prisioneros sólo en el área de la capital.

¿Qué causas pueden aducirse para explicar este resultado? Caben varias, pero no todas de igual magnitud. Cabe aducir, por ejemplo, la superioridad tecnológica de las fuerzas inglesas en cuanto a armamento y material. Factor real, pero no tan contundente como para justificar esta derrota, pues los argentinos también contaron con medios técnicos y sistemas de armas de alta tecnología y modernidad: misiles antibuque como los mortíferos Exocet (franceses) y misiles antiaéreos como los Roland (también franceses), los Blowpipe y los Tigercat (ambos precisamente ingleses) y los SAM-7 (soviéticos), así como los misiles aire-aire Matra-530 (franceses) y los Sidewinter (norteamericanos)[306]. Armas ofensivas y defensivas cuya eficacia quedó sobradamente demostrada por el número no despreciable de buques, aviones y helicópteros perdidos por los británicos en el transcurso del conflicto.

También cabe señalar el superior entrenamiento de las tropas inglesas, característica propia de un ejército con servicio militar voluntario y profesional, frente a unas tropas de reemplazo como las argentinas, procedentes de un servicio militar obligatorio y, como tal, de inferior duración, consistencia y preparación general. Factor igualmente cierto, pero de ninguna manera tan decisivo como para justificar una ineficacia de tal magnitud. Se puede admitir que un soldado profesional —voluntario por períodos de tres o cinco años prorrogables— pueda ser superior en un 25 o un 30 por ciento de su rendimiento operativo en relación a otro soldado de reclutamiento obligatorio, incluso decentemente entrenado; pero de ninguna manera superior en un 80 o un 100 por 100, pues ello supondría admitir que cada soldado de reclutamiento voluntario profesionalizado (modelo inglés) equivaliese en un rendimiento operativo nada menos que a dos soldados de reclutamiento obligatorio (modelo francés, soviético, argentino o español); equivalencia disparatada que nadie puede admitir, salvo que el entrenamiento de estos últimos sea nulo o que su moral de combate fuese una perfecta calamidad. Sin embargo, sólo con esta drástica desproporción cualitativa —que no nos resulta creíble— se podría atribuir a este factor la derrota de los 12.500 combatientes terrestres del general Menéndez a manos de los 7.500 hombres desembarcados del general Moore. No creemos, pues, que fuera tampoco el tipo de reclutamiento el factor fundamental.

Tampoco vale aducir la escasez de medios como justificación de la derrota argentina. No cabe lanzarse a una guerra, perderla rápidamente, e invocar a continuación la falta de medios para ganarla. Si la carencia de medios era realmente cierta, entonces la obligación del régimen militar argentino estaba muy clara a priori: no haber desencadenado jamás un conflicto en el que no podía vencer. Por el contrario, si el mando argentino se lanzó a aquella guerra porque contaba con los medios suficientes para ganarla, planteándola como un conflicto limitado a un área muy próxima a su territorio y muy alejada del territorio enemigo —sacando el máximo partido de tan enorme ventaja—, en tal caso, el mando militar argentino tenía la obligación de haber movilizado a fondo dichos medios, comprometiendo en las acciones el número suficiente de helicópteros y vehículos de campaña como para asegurar la necesaria movilidad táctica de sus tropas, aunque ello supusiera privar de tales medios a grandes áreas de su territorio continental. Pero en este terreno, como en otros, no existió el suficiente empeño y determinación, sino más bien una notable cortedad: el fallo no radicó tanto en una hipotética escasez de medios como en su corta y deficiente utilización.

Hay quien ha señalado, concretamente, la escasez de helicópteros como causa de la insuficiente movilidad operativa de las fuerzas terrestres argentinas. Pero este argumento tampoco sirve como posible justificación. Aparte de los helicópteros Chinook CH-47, y de los Bell UH-1H, y de los Puma SA-330 y Augusta-109 realmente utilizados por los argentinos en el transcurso de la campaña, estaban todos aquellos que no fueron desplazados al área del conflicto. Entre ellos, sin ir más lejos, los helicópteros militares tantas veces empleados —desde diversos centros clandestinos de la zona de Buenos Aires y La Plata— para transportar en su día los cadáveres de tantas personas asesinadas y arrojadas al mar. Lamentable uso de helicópteros militares, que hubiéramos querido ver mucho mejor utilizados en misiones profesionales de mayor riesgo y dignidad.

Pero es que, además, ¿acaso no estuvieron escasos de helicópteros los británicos desde el día 25 de mayo (quinto día de su intervención en tierra), fecha en que perdieron el «Atlantic Conveyor» con toda su carga de Wessex y Chinooks? Cuantiosa pérdida de material aeromóvil, que no les impidió seguir planeando y ejecutando sus operaciones basadas en el movimiento, supliendo la carencia de helicópteros para ciertos desplazamientos tácticos, unas veces mediante durísimas marchas nocturnas con enormes cargas individuales —como las efectuadas por el Comando 45 de los Royal Marines desde San Carlos hasta Douglas y por el 3.er Batallón Paracaidista hasta Teal Inlet— sobre terrenos impracticables y en pésimas condiciones climáticas, y otras veces efectuando arriesgadísimas maniobras de transporte marítimo de tropas a lo largo de la costa, afrontando la gran vulnerabilidad que implica todo desembarco, y pagando por ello un alto precio, como en la operación que condujo al desastre de Bluff Cove. Ninguna de estas carencias y contratiempos hizo que los británicos renunciasen a sus acciones basadas en el movimiento, gracias a las cuales mantuvieron en todo momento la iniciativa operacional.

Así pues, tampoco resulta válido el argumento de la escasez de material aeromóvil como justificación de un despliegue defensivo tan rígido y falto de movilidad. Un despliegue tan estático, tan carente de capacidad de reacción que, salvó mínimas operaciones de infiltración de pequeños comandos tras las líneas inglesas, no estuvo a la altura requerida y nunca fue capaz de emprender la única operación resolutiva en aquella situación: un serio contraataque propiamente dicho, con la necesaria capacidad de movimiento y fuerza de choque para hacer retroceder al enemigo, forzándole a abandonar las posiciones y territorios ocupados con anterioridad. Y para justificar esta grave carencia operativa no bastan las razones que han venido invocándose al respecto y que hasta aquí acabamos de considerar.

También se ha señalado por algunos el apoyo de los Estados Unidos a la parte británica como una de las principales causas del resultado de la contienda. Por nuestra parte, estamos entre los muchos que discrepan de tal apreciación. Sólo la búsqueda ansiosa de pretextos para justificar aquella derrota puede sobrevalorar de tal forma ese factor.

Quienes subrayan la importancia del citado apoyo, lo sitúan fundamentalmente en el campo de la información militar. Hay que desmitificar, sin embargo, ese supuesto factor. Ciertamente, la administración Reagan tomó posición favorable a la parte británica, pero obsérvense los límites de tal posición. La inútil llamada telefónica del presidente Reagan a su colega argentino Galtieri, tratando de persuadirle en el último instante para que renunciara a la ocupación por sorpresa del archipiélago —ahorrándose así un sangriento conflicto en el que no podía vencer—, no fue acompañada de un eficaz aviso previo al gobierno británico —con información militar sustancial— que le permitiera tomar las medidas preventivas para hacer frente a la invasión, la cual se produjo de forma totalmente inesperada para aquél.

Respecto al desarrollo operativo del conflicto en sí, el supuesto apoyo informativo no puede en absoluto ser calificado de decisivo para el resultado final. Si se hubieran librado grandes batallas navales entre las dos flotas, en tal caso el apoyo norteamericano hubiera podido consistir en informar a los británicos de los movimientos de la flota argentina, captados a través de sus satélites espía. Esto sí hubiera podido significar un apoyo estratégico de valor. Pero no hubo tal, pues la situación no dio lugar a que tal tipo de apoyo resultase necesario. En efecto, desde que el submarino atómico «Conqueror» localizó, con sus medios electrónicos ultramodernos, al viejo destructor argentino «General Belgrano» —casi desprovisto de ellos— y lo echó a pique, en fecha tan temprana como el 2 de mayo —diecinueve días antes del desembarco británico—, a partir de tal fecha la flota argentina permaneció inmovilizada en sus puertos durante prácticamente todo el conflicto. Esa total inmovilidad hizo innecesaria cualquier información sobre unos movimientos estratégicos que, por la parte naval argentina, no se llegaron a producir.

En cuanto a los combates terrestres, éstos se libraron en un escenario tan reducido, por la pequeñez de la Isla Soledad —única en la que se combatió— que fue la propia observación sobre el terreno, protagonizada por patrullas especiales británicas, sistemáticamente infiltradas tras las líneas argentinas, el factor decisivo en cuanto a información táctica para las operaciones terrestres. Dichas patrullas, especialmente preparadas para esta misión y dotadas de avanzados equipos de visión nocturna, consiguieron cumplir con gran eficacia sus misiones de localización y evaluación de efectivos en cada posición del despliegue argentino. Igualmente, fueron varias las operaciones en las que oficiales infiltrados como observadores dirigieron por radio el tiro de artillería con extraordinaria precisión. Estos tipos de información y observación inmediata fueron los que resultaron decisivos en las operaciones terrestres que la parte británica desarrolló, sin depender de ninguna información de largo alcance vía satélite, procedente de terceros. Información que, por otra parte, hubiera tropezado con el grave obstáculo de las condiciones climáticas del invierno austral y sus difíciles condiciones de visibilidad.

Así pues, el tratar de enfatizar a estas alturas el supuesto peso del apoyo norteamericano en materia de información militar puede tener todavía un efecto psicológico tranquilizador para quienes deseen paliar la derrota argentina, pero se corresponde muy poco con la realidad. Los factores reales de la victoria británica podrán ser mejor comprendidos y valorados mediante el conocimiento del Apéndice V, a cuya lectura dentro de pocas páginas remitiremos al lector.

Situemos, por tanto, la cuestión en su punto realmente central. No fueron ni el desnivel puramente tecnológico, ni el apoyo norteamericano, ni el diferente modelo de servicio militar, ni una excesiva diferencia de medios, los elementos determinantes de la victoria inglesa obtenida sobre las fuerzas argentinas en 1982 El factor decisivo no radicó en esos tipos de superioridad, algunos más ciertos que otros, y ampliamente compensados por el ya señalado «factor distancia», tan favorable para la parte argentina como terriblemente adverso —según muchos, incluso prohibitivo— para la parte británica. La diferencia más decisiva y espectacular se situó en otro terreno, donde se produjo un desnivel cualitativo incomparablemente más agudo entre ambos contendientes: en el campo de la capacidad técnica profesional. Fue ahí, en el ámbito de la competencia o incompetencia militar —táctica, logística, organizativa— de los cuadros de mando profesionales —en especial de los más altos— donde se puso de manifiesto el más aparatoso y desproporcionado coeficiente de superioridad/inferioridad a favor del lado inglés.

Los británicos, sorprendidos inicialmente por la inesperada acción argentina —la ocupación prácticamente simultánea de las Malvinas y de los mínimos archipiélagos de las Georgias y las Sandwich del Sur—, en los siguientes días y semanas reaccionaron con gran eficacia y vigor, acreditando un conjunto de cualidades/defectos, desde un acendrado orgullo nacional hasta un anacrónico sentido de la propiedad colonial; pero también una indiscutible característica que, en términos comparativos con su adversario, es la única que aquí nos interesa señalar, su indudable competencia militar profesional, en su doble vertiente: gran capacidad operativa y de choque en el campo de batalla, y, sobre todo, enorme capacidad organizativa para resolver problemas logístico-operativos de la máxima complejidad.

A estas alturas, transcurridos ya suficientes años desde aquellos hechos, las publicaciones especializadas y los textos de análisis, comentario y valoración difundidos por organismos competentes, así como los trabajos publicados por diversos autores militares —fruto de una atenta observación, como corresponde a la primera guerra que implicó seriamente a las fuerzas de una potencia europea de la OTAN—, nos permiten ya conocer con suficiente precisión lo que allí ocurrió. Y lo que allí sucedió puede resumirse en esta doble constatación: por una parte, la ardua acumulación de problemas técnicos y logísticos que los británicos, sobre la marcha, hubieron de afrontar y resolver, como consecuencia de la desmesurada lejanía del escenario bélico; problemas que, aunque con grandes dificultades, fueron resueltos con notable eficacia y profesionalidad. Y paralelamente, por parte argentina —pese a su evidente superioridad numérica en fuerzas de tierra—, la sorprendente deficiencia de sus mandos para resolver los problemas de aprovisionamiento general, desplazamiento de hombres y vehículos, víveres, combustible, munición y demás servicios; fruto, todo ello, de una grave falta de organización, de coordinación operativa, y, en definitiva, de capacidad profesional.

Fue así, mediante estos dos factores concurrentes —gran capacidad operacional y organizativa por parte de los militares británicos, y grave deficiencia profesional de la cadena del mando argentino—, como pudo incumplirse tan ostensiblemente el principio doctrinal antes citado: fue así como, sin contar nunca con superioridad de efectivos terrestres, los ingleses pudieron desembarcar en la bahía de San Carlos; consolidar y ampliar su cabeza de playa sin sufrir ningún verdadero contraataque; conquistar el aeropuerto de Goose Green y sus posiciones circundantes; atravesar la tierra en durísimas caminatas, con grandes cargas individuales y en infernales condiciones climáticas, la inhóspita isla de Soledad; conquistar una tras otra —a veces a punta de bayoneta— las colinas circundantes a Puerto Argentino, y lograr la rendición del grueso de la guarnición argentina, desplegada en tomo a dicha capital, derrotando y aprisionando —en todo el archipiélago— a unas fuerzas terrestres de muy superior magnitud.

3. INFORME RATTENBACH: DURA CONSTATACIÓN DE INCOMPETENCIA EN CUANTO A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ACCIÓN CONJUNTA Y CONCEPCIÓN OPERACIONAL

La rendición de Puerto Argentino, absolutamente inesperada en el momento y forma en que se produjo, cayó como una bomba, tanto para la población civil como para el estamento militar. Sorpresa lógica, habida cuenta de que durante el desarrollo del conflicto, la desinformación proporcionada a la sociedad argentina por los canales de información militar mantuvo el engaño sobre la marcha real de las operaciones, hasta el extremo de hacer creer, prácticamente hasta el final, que los británicos estaban casi a punto de sucumbir.

Un oficial argentino, el capitán de Infantería Luis Tibiletti —destinado en aquellas fechas en una unidad acuartelada en Buenos Aires—, nos testimoniaba en estos términos patéticos su experiencia personal en aquella mañana del 15 de junio: «El día 15, a las siete de la mañana, en la primera formación del día, arengué a los soldados de mi compañía diciéndoles que el fin de la campaña estaba próximo: que era inminente la ofensiva en la que los británicos iban a ser arrojados al mar. A las nueve, fuimos convocados para otra formación, en la cual se nos comunicó la noticia: aquella misma noche nuestras tropas se acababan de rendir».

La conmoción producida por la noticia fue espectacular. Tal como describe Alejandro Dabat:

«A partir del 15 de junio se desencadena la crisis. La Junta de Generales de División expulsa a Galtieri del Gobierno, mientras se rompe la Junta Militar por negativa de la Marina y la Aeronáutica a aceptar un nuevo presidente proveniente de las filas del Ejército. La llegada de los primeros combatientes desde las Malvinas desencadena una ola muy amplia de denuncias de todo tipo, contra la irresponsabilidad, cobardía e incompetencia de los mandos y contra la dirección político-militar del gobierno nacional. Se conforman organizaciones de conscriptos licenciados, como el Centro de ExCombatientes, y comienzan a hacerse públicas las protestas de los soldados (…) y aun de altos mandos de las propias Fuerzas Armadas»[307].

«La crisis militar en la cúpula tiene numerosas expresiones, que manifiestan posiciones muy diferentes. (…) Acusaciones al mando naval, como la efectuada por el contralmirante Zariategui, o al mando aéreo, como la realizada por el brigadier Crespo. Crítica a la invasión misma, como la que hace pública el ex presidente Viola. Denuncias democráticas a la dictadura y al conjunto de los altas mandos, como la efectuada por el coronel Cesio, y muchas más, que en la mayoría de los casos dan lugar a arrestos disciplinarios»[308]. (La cursiva es nuestra).

Las mutuas y estridentes acusaciones efectuadas públicamente entre los tres Ejércitos alcanzaron niveles de escándalo nacional. Esta cruda descripción del influyente analista Horacio Verbitsky refleja el grado de crispación militar producido por la derrota en el Atlántico Sur.

«… las disidencias se convirtieron en enfrentamientos abiertos, no sólo de líneas políticas sino entre las tres Fuerzas, que se recriminaban la derrota y que condujeron a la disolución de la Junta. La Fuerza Aérea acusó a la Armada de haber replegado sus naves a puerto, eludiendo al enemigo por temor a sus submarinos nucleares, y al Ejército de rendirse sin combatir, como consecuencia del mayor afecto de sus oficiales por los despachos con calefacción que por los vivacs de campaña. Los marinos clamaron que su Aviación Naval y sus artilleros con cañón fijo habían hecho más daño a la flota enemiga que los pilotos de la Fuerza Aérea, y se vanagloriaron de que su única unidad terrestre que entró en combate hubiera resistido hasta que recibió la orden de rendición, cuando se replegó en orden, sin desbandarse como los regimientos (…) El Ejército adujo que, en un teatro de operaciones aeronaval, ni la flota ni la aviación habían garantizado en ningún momento la supremacía en el mar y en el aire. Ostensiblemente, todos tenían razón»[309]. (Las cursivas siguen siendo nuestras).

Meses más tarde (diciembre de 1982), asumida ya la derrota, por resolución de la nueva Junta Militar (cuarta y última) quedó constituida la llamada Comisión de Análisis y Evaluación de Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), más conocida como «Comisión Rattenbach» por el nombre de su presidente. Su composición fue la siguiente: teniente general Benjamín Rattenbach y general de división Tomás Sánchez de Bustamante, ambos por el Ejército; almirante Alberto Pedro Vago y vicealmirante Jorge Alberto Boffi, por la Armada; brigadier general Carlos Alberto Rey y brigadier mayor Francisco Cabrera, ambos por la Fuerza Aérea.

3.1. Fallos y responsabilidades del Comandante en Jefe del Ejército

El minucioso y exhaustivo informe emitido por dicha Comisión constituye el más contundente alegato sobre la deficiente capacidad de los niveles superiores del mando militar argentino. Así, por ejemplo, en el capítulo de dicado a la actuación de los altos mandos del Ejército, entre tantas otras conclusiones similares, se afirma:

«Al desplegar las unidades en las Islas Malvinas, el Comandante en Jefe del Ejército no previo las necesidades de orden logístico, indiscutible responsabilidad suya, que requeriría el apoyo a esas tropas…»[310].

«… dispuso una inadecuada distribución del poder combativo propio…» «… impartió diversas órdenes “per se”, apartándose de la cadena de comando que como integrante del Comité Militar había aprobado al ratificar el contenido de los documentos estratégicos oportunamente elaborados»[311].

Como resultado de estos y otros fallos —cuidadosamente enunciados en el Informe—, en el capítulo dedicado a las «Responsabilidades en el nivel estratégico militar», el Comandante en Jefe del Ejército apareció como responsable de:

«No exigir el cumplimiento de la doctrina conjunta, lo que es inexcusable en la guerra moderna, en la cual los objetivos sólo pueden ser logrados con eficacia, mediante la acción conjunta de las Fuerzas Armadas».

«Empeñar al Ejército argentino (…) sin la necesaria preparación, en particular para la acción conjunta, y sin la adecuada instrucción ni el equipamiento correspondiente para la lucha, en condiciones rigurosas, contra un enemigo altamente adiestrado (…). Durante las acciones bélicas desarrolladas, todo esto se tradujo en graves improvisaciones y reducido rendimiento de cuadros y tropa».

«No adoptar las medidas necesarias de orden logístico para asegurar a las tropas desplegadas en las islas los suministros para su total funcionamiento».

«Retener en el continente tropas especializadas que, por su equipamiento y aclimatación, eran las más aptas para el teatro de Malvinas»[312].

3.2. Fallos y responsabilidades del Comandante en Jefe de la Armada y del Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur

El Comandante en Jefe de la Armada no resultó mejor parado, a juicio de los generales, almirantes y brigadieres miembros de la Comisión Rattenbach, puesto que, entre otros gravísimos fallos y omisiones, por su negligencia y pasividad le hallaron responsable nada menos que de:

«Sustraer un medio esencial del poder militar (la flota de guerra) de un posible enfrentamiento con el enemigo, con lo cual se produjeron los siguientes efectos negativos para la suerte de las armas propias:

1) Otorgar al enemigo, sin disputárselo, el dominio absoluto del mar.

2) Debilitar gravemente las acciones de defensa de la guarnición Malvinas.

3) Desmoralizar al personal, tanto de la Armada cuanto de las otras fuerzas, ya que, mientras una parte estaba empeñada en el combate, otra era sustraída a éste.

4) Producir, en el frente interno, una situación de frustración y descrédito al advertir que las naves de superficie, preparadas y sostenidas para la defensa nacional, no eran empleadas en el momento de combatir, ni aun en forma restringida»[313]. (Las cursivas y los paréntesis siguen siendo nuestros).

En cuanto al Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, según el Informe:

«No elaboró una Concepción Estratégica Operational Integral…». Incurrió en «demoras y exceso de precauciones en la utilización de los medios logísticos marítimos…»[314], «… demostró poca decisión para burlar el bloqueo naval británico con los medios navales propios»[315].

«… no ejerció debidamente sus responsabilidades en cuanto al aspecto de coordinación, tarea ésta que se hallaba establecida en su propio Plan Esquemático 1/82»[316].

«… no intentó desgastar a la flota enemiga mediante acciones aisladas de sus naves de superficie, como forma de evitarle al enemigo el usufructo irrestricto de su superioridad naval, ni intentó el ataque previsto en su Plan Estratégico cuando éste estuviese aferrado, lo cual ocurrió en San Carlos entre el 21 y el 26 de mayo de 1982»[317].

Rotunda alusión, esta última, a la inexplicable pasividad de las fuerzas argentinas en las fechas iniciales —y decisivas, por tanto— del desembarco británico en la bahía de San Carlos, a partir del 21 de mayo, lo que supuso desaprovechar su momento de máxima vulnerabilidad.

3.3. Fallos y responsabilidades del Comandante de las Fuerzas Terrestres en las Islas y del «Comando Conjunto Malvinas»

Análoga acusación formula el Informe Rattenbach contra el Comandante de las Fuerzas Terrestres en las islas:

«… cometió el error táctico de no reorganizar su dispositivo después del desembarco de San Carlos. Además, condujo luego su combate defensivo sin la dinámica que muestran las reacciones ofensivas, y con incorrecto aprovechamiento del terreno»[318].

Después, tras señalar en este importante mando fallos tales como haber establecido «reservas insuficientes» e «inconvenientemente ubicadas», «falta de movilidad», «inadecuado uso y preservación de los helicópteros disponibles», concluye el Informe que este conjunto de fallos «llevó al fracaso a su acción en la forma conocida»[319].

Una y otra vez, el revelador documento —al establecer los distintos niveles de responsabilidad— incide en el mismo punto, causante fundamental de la derrota: la inadmisible falta de operatividad de las fuerzas argentinas —tanto navales como terrestres— ante el desembarco inglés en San Carlos, tan pronto como se evidenció que era aquél el lugar escogido para la invasión.

Así, al referirse a las deficiencias cometidas y responsabilidades contraídas por el general Mario Menéndez en su calidad de Gobernador Militar y Comandante Conjunto, dentro de los muy numerosos fallos en que incurrió este jefe —ampliamente detallados en el Informe que nos ocupa— entresacamos únicamente los siguientes:

«Adoptar un dispositivo defensivo como consecuencia de una errónea apreciación del probable lugar de desembarco del enemigo, y no rectificarlo una vez conocida la zona realmente escogida por éste a dicho efecto»[320].

«No modificar el dispositivo defensivo —excesivamente estático, en contra de las enseñanzas de la guerra moderna y las normas doctrinarias vigentes— ni aun al desembarcar el enemigo en la zona de Babia Agradable, a pocos kilómetros de distancia de sus líneas, cuando el oponente se encontraba en condiciones desventajosas por haber sido diezmado por un ataque aéreo, y en momentos en que las circunstancias aconsejaban su explotación táctica, a pesar de las serias limitaciones propias»[321].

Nuevamente, como vemos, los evaluadores de la Comisión ponen el dedo en la misma llaga: la actitud estática, la falta de dinamismo e imaginación, la carencia de la vigorosa reacción que resultaba obligada en el momento mismo del desembarco, y en las horas y días inmediatamente posteriores a él. Reacción que en ningún momento se produjo, ni por parte terrestre ni por parte naval, y que sólo se limitó a acciones aéreas, absolutamente insuficientes sin una contundente acción terrestre, imprescindible para lo que suele llamarse «arrojar a los invasores al mar», y que, en términos reales consiste en rechazar su desembarco arrinconándolos contra la playa, capturándolos o, como mínimo, obligándoles a reembarcar con graves pérdidas.

Lejos de hacer tal cosa, he aquí lo que hizo el general Menéndez, o, más exactamente, lo que no hizo, según el Informe de la Comisión:

«El CMM (Comandante Militar de Malvinas) no aprovechó debidamente las condiciones del terreno, orientando su esfuerzo en direcciones equivocadas. Al aferrarse innecesariamente a zonas donde nunca se empeñó en combate, realizó despliegues inadecuados de sus fuerzas (…)»[322].

«No realizó una planificación contribuyente en forma adecuada a los medios, situación y misión impuesta»[323].

«No adoptó las medidas conducentes a disminuir la deficiente alimentación de parte de las tropas bajo su mando, lo cual fue una causa primordial del grave decaimiento físico y moral de las mismas»[324].

En cuanto a su forma de ejercer el mando, la Comisión le acusa de:

«No haber ejercido la conducción necesaria de las operaciones, pese a estar legalmente investido en la autoridad correspondiente para ello, renunciando así a su ejercicio efectivo, que dejó implícitamente en manos de sus comandos subordinados, a los cuales, por otra parte, tampoco supervisó debidamente»[325].

En definitiva, el citado Informe emite sobre el general Menéndez la siguiente durísima calificación:

«No exhibió ni evidenció las aptitudes de mando y arrojo indispensables en la emergencia, y no fue en esa oportunidad —única en su vida militar— el ejemplo y la figura que la situación exigía frente a las tropas allí destacadas»[326].

«No evidenció aptitudes de carácter y espíritu militar en el grado eminente que reclamaba su histórica misión»[327].

Pero no es en absoluto este general el único mando al que el Informe Rattenbach enjuicia en tan duros términos en cuanto a su capacidad militar. En el capítulo VIII, titulado «Causas de la derrota», sus apartados denominados —con lenguaje típicamente argentino— «Fallas en el planeamiento», «Fallas en la conducción», «Fallas en la oportunidad», así como los capítulos dedicados a «Determinación de las responsabilidades» constituyen una larga secuencia de fallos, impericias, deficiencias, negligencias y errores de previsión y de ejecución, y de deficiente funcionamiento técnico profesional.

3.4. Fallos y responsabilidades del Comandante de la III Brigada de Infantería y de otros mandos de guarnición en las Islas Malvinas y Georgias del Sur

Según detalla el Informe, el Comandante de la II Brigada de Infantería de guarnición en Malvinas resulta responsable de:

«1) Emplear, innecesariamente y en misiones inadecuadas, efectivos muy valiosos y medios fácilmente vulnerables, puestos bajo su responsabilidad —cuáles fueron las compañías de comandos y la fuerza de helicópteros—, ocasionando con ello bajas propias, sin producir daños de significación al enemigo, y pérdidas de materiales irreemplazables que afectaron gravemente la capacidad de maniobra de las fuerzas propias, en particular de sus reservas».

«2) No mantener el debido contacto personal con sus cuadros y tropas dependientes, no instalar su puesto de comando en proximidades de los mismos, desconociendo, en consecuencia, la real situación de sus fuerzas, así como también restarles el estímulo de la presencia del Comandante en los lugares y ocasiones de riesgo y de prueba. Al actuar de ese modo no cumplió con todos los deberes de Comandante en Campaña frente al enemigo extranjero»[328].

Respecto al Comandante de los efectivos destacados en Grytviken (Georgias del Sur), dice la Comisión:

«Rindió su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia. Se le instruye sumario en el Comando en Jefe de la Armada»[329].

En cuanto al Comandante de los efectivos destacados en Puerto Leith (Georgias del Sur):

«Rindió su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia. No se tiene conocimiento de que (…) el Comando en Jefe de la Armada haya ordenado la instrucción de sumario»[330].

Se hace notar que este Comandante de Grytviken, que tan fácil y rápidamente se rindió, no era otro que el caracterizado torturador Alfredo Astiz, conocido por sus macabras actuaciones en la Escuela de Mecánica de la Armada. Pese a las reiteradas reclamaciones de los gobiernos francés y sueco, que pretendían su extradición para responder de las acusaciones de secuestro, tortura y asesinato referentes a los casos de las monjas francesas Domon y Duquet y de la súbdita sueca Dagmar Hagelin, los británicos lo retuvieron en su poder al amparo de la Convención de Ginebra, otorgándole un impecable trato de prisionero de guerra hasta el momento mismo de su repatriación.

3.5. Inaudita falta de realismo en muchos de los informes militares emitidos durante la campaña

La increíble falta de realismo, que alcanzó niveles inauditos en el contenido de no pocos informes cursados sobre la situación militar, fue también reprobada en el Informe Rattenbach. Esta fue, de hecho, otra de las actuaciones viciosas señaladas por el propio Informe en la conducta del general Menéndez, cuyos mensajes, según se pudo comprobar después, daban una idea harto errónea de la verdadera situación militar. Pero, según revela el Informe, este vicio no fue sólo imputable al Comandante Militar, sino que tuvo carácter general:

«Dentro de la Fuerza Ejército, empeñada en las Islas Malvinas, se observó, especialmente a nivel táctico, una tendencia generalizada a no evaluar, en muchos casos, elementos reales que afectaban a las situaciones. Esta tendencia, que produjo efectos sumamente peligrosos al no analizarse a la luz de la realidad una determinada situación militar, tuvo una cabal demostración en la caída de Puerto Argentino, hecho éste que ocurrió sorpresivamente, aun para las máximas autoridades nacionales. Tal desconocimiento de la realidad tuvo dos causas principales:

a) Ausencia del comandante superior en sus unidades subordinadas, para el mejor conocimiento de sus problemas y necesidades, y para el estímulo y apoyo personal de su presencia.

b) Falta de disposición espiritual por parte de algunos mandos subordinados para informar a sus superiores, en forma objetiva y veraz, sobre hechos u opiniones que podían no ser del agrado de éstos»[331].

Como ejemplo límite de esta actitud —rayana en lo ridículo—, el mismo Informe cita la exposición del general jefe de una de las Brigadas actuantes en la campaña, el cual, ante el Comandante en Jefe del Ejército, expresó así la situación de sus tropas —atención a la fecha— el día 9 de junio de 1982:

«A pesar de las inclemencias del tiempo, prolongada estadía del personal en sus posiciones, y problemas de provisión de alimentos, el estado físico es bueno y el estado anímico es excelente, merced a la intensa acción del mando»[332].

Pues bien; pese a ese estado, bueno en lo físico, excelente en lo anímico, y a esa intensa acción del mando, cinco días después se producía la rendición. Noticia que, si bien no sorprendió en absoluto en España —donde seguíamos la marcha de las operaciones y conocíamos el imparable avance británico y su tenaza sobre la capital—, resultó en cambio inesperada y traumática en la Argentina, donde ni siquiera las máximas autoridades —según reconoce explícitamente el Informe Rattenbach, como acabamos de ver— conocían el verdadero cariz de la situación en las últimas fechas que precedieron al derrumbe final.

4. HONORABLES EXCEPCIONES: PILOTOS, ARTILLEROS Y ALGUNOS CASOS MÁS

Del total de diecisiete volúmenes de que consta el Informe Rattenbach (incluidos sus gruesos anexos documentales), el informe en sí consta de unas 300 páginas, que contienen los 890 apartados que componen su texto total. De éstos 890 apartados o parágrafos, solamente uno (el 780), de diez renglones de extensión, se refiere a los casos concretos, más bien excepcionales, de mandos y unidades que actuaron correctamente, cuya corta enumeración ocupa únicamente los cinco renglones centrales. Dice así dicho apartado:

«Es importante señalar que hubo comandos operacionales y unidades que fueron conducidas con eficiencia, valor y decisión. En esos casos, ya en la espera, en el combate o en sus pausas, el rendimiento fue siempre elevado. Tal el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Sur, la Aviación Naval, los medios aéreos de las tres Fuerzas destacadas en las Islas, el Comando Aéreo del Transporte; la Artillería de Ejército y de la I. M.; la ADA de las tres Fuerzas, correcta y eficazmente integradas, al igual que el BIM 5, el escuadrón de Caballería Blindada 10, las Compañías de Comandos 601 y 602 y el RIM 25. Como ha ocurrido siempre en las circunstancias críticas, el comportamiento de las tropas en combate fue función directa de la calidad de sus mandos»[333].

Vemos, pues, que los casos positivos señalados por el Informe se reducen a la Aviación, la Artillería y unas cuantas pequeñas unidades (dos de Infantería de Marina, dos de Comandos y una de Caballería), dentro del extenso despliegue terrestre, aéreo y naval del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur).

Por nuestra parte, no sólo nos consta la existencia real de este tipo de casos de excelente conducta militar a través de este párrafo del Informe Rattenbach, sino que, de hecho, hemos tenido la suerte de conocer personalmente a algunos de sus más destacados protagonistas. Nos referimos, por ejemplo, al entonces capitán de corbeta Roberto Curilovic[*], que, en difícil misión aérea, consiguió echar a pique al mayor de los buques perdidos por los ingleses: el «Atlantic Conveyor», cargado de helicópteros medios y pesados. Importante pérdida que obligó al mando británico a modificar su estrategia al verse privado de un soporte aeromóvil tan fundamental.

También tuvimos el honor de conocer, y de entrevistar en repetidas ocasiones, al teniente general Martín Antonio Balza (teniente coronel de Artillería en la campaña de las Malvinas), cuya actuación al frente de sus baterías fue unánimemente valorada en todos los ámbitos, empezando por el propio jefe de la artillería británica, quien personalmente lo felicitó por la eficacia de sus fuegos, al ser Balza hecho prisionero junto con los restos de su unidad, duramente castigada a su vez por los fuegos de la artillería enemiga. «Le felicito: su artillería nos ha causado mucho daño», le confesó el artillero inglés. «La de ustedes, a nosotros también», contestó el entonces teniente coronel Balza, admitiendo un hecho igualmente cierto.

Cuando años después, siendo ya general segundo jefe del Ejército de Tierra, le interrogamos personalmente sobre ciertos detalles de su actuación —después de haber oído, por varios conductos, que él en persona llegó a disparar en los momentos finales algunas de sus piezas, cuyos sirvientes ya habían caído, piezas que finalmente destruyó antes de su caída en manos enemigas—, eludió modestamente hablar de sí mismo y nos contestó, refiriéndose al comportamiento de su unidad: «Poco importa lo que hiciera el teniente coronel Balza en particular sólo importa el hecho de que cada hombre cumplió con su deber».

Otro dato significativo —dicho sea de paso—, es que el hoy teniente general Balza no participó en absoluto en la «guerra sucia», entre otras cosas por hallarse prestando sus servicios en el extranjero durante los años más duros de la represión, y por haber desempeñado siempre, en su país, destinos de específico carácter militar.

Hoy día, el general Balsa, que en noviembre de 1991 asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército —cargo que significa la jefatura efectiva del Ejército de Tierra— no sólo es uno de los más prestigiosos jefes de las Fuerzas Armadas Argentinas, sino también uno de los más firmes pilares de la concepción democrática castrense subordinada al poder democrático civil; dato no precisamente despreciable, dentro de un Ejército no demasiado respetuoso históricamente para con esa concepción.

Expuestos estos dos casos concretos, y altamente positivos, volvamos a lo general.

Refiriéndose a la falta de espíritu combativo registrada en el comportamiento de numerosas unidades terrestres y navales, dice el tan citado Informe Rattenbach:

«La falta de espíritu de lucha y la subsecuente desmoralización que evidenció una parte de las tropas, es responsabilidad inexcusable de todo comando»[334].

Pues bien; si la falta de espíritu de lucha y la torpe, corta e insuficiente acción de mando fueron tan extensas como revela el Informe al analizar las responsabilidades de los distintos mandos; y por otra parte, según afirma el mismo Informe en su parágrafo siguiente —antes citado—, el comportamiento de las unidades fue siempre «función directa de la calidad de sus mandos», resulta evidente la calificación —inevitablemente negativa— del conjunto de los mandos argentinos en aquella campaña —excepciones aparte—, en función del desacierto, mal resultado y deficiente rendimiento conjunto de su actuación general.

PASO RECOMENDADO AL APÉNDICE V

Una vez más surge la necesidad de proporcionar al lector una aportación informativa, ajena a lo específicamente sociológico, pero necesaria para completar el conjunto de nuestro análisis final. No se trata de criticar a unas Fuerzas Armadas por su derrota, tal vez inevitable incluso si se hubiera combatido con eficacia y profesionalidad. Se trata simplemente de registrar basta qué punto unos altos mandos que fueron capaces de planificar a gran escala y poner en funcionamiento la gran infraestructura represiva que les permitió secuestrar, torturar y hacer desaparecer sin juicio alguno a tantos miles de sus compatriotas —en su mayor parte desarmados, pero englobados en lo que llamaban «subversión»—, no fueron, en cambio, capaces de planificar y dirigir una acción propiamente bélica con un mínimo de coordinación y eficacia táctica, estratégica y logística, en la única ocasión de sus vidas en que tuvieron la oportunidad de demostrar su profesionalidad militar ante un enemigo exterior.

A tal efecto, antes de abordar las páginas siguientes, se propone la lectora del Apéndice V (págs. 517 a 552), en el cual, a la luz de los datos proporcionados por los analistas y las publicaciones especializadas, se ofrece un contraste comparativo entre las actuaciones argentina y británica en el plano específicamente militar.

Esta vertiente del tema nos permitirá incluir otra importante faceta —la capacidad técnica profesional— en el conjunto de nuestro análisis sobre el comportamiento estamental.

5. SUPERIOR RENDIMIENTO OPERATIVO Y PROFESIONAL DE LAS FUERZAS AÉREAS, PRECISAMENTE LAS MENOS IMPLICADAS EN LA REPRESIÓN

Empecemos por señalar un hecho de importante significación: las Fuerzas Aéreas argentinas, que fueron, con diferencia, las menos implicadas en la represión, fueron también en la campaña de las Malvinas las de más digno comportamiento militar y las que acreditaron mayor nivel de competencia y profesionalidad. Por el contrario, la Armada y el Ejército de Tierra, implicados en mucho mayor grado en los graves delitos de la «lucha antisubversiva», resultaron ser —con todas las excepciones que se quiera— las de mas deficiente actuación militar, más pobre nivel operativo y más incompetente mando profesional.

Pues bien; de ninguna manera cabe atribuir tal hecho a la simple casualidad. Huelga decir que quienes tienen su mente puesta en un quehacer profesional tan completo y absorbente como es el vuelo en reactores de combate —con la exigente preparación y permanente puesta a punto que ello requiere— no pueden dedicar ni un ápice de sus energías físicas ni anímicas a tareas tales como la ejecución clandestina de secuestros, torturas y muertes de sospechosos de subversión. Actividades éstas que en ningún momento les fueron encomendadas a los pilotos de combate, en virtud de la lógica más elemental. De hecho, según los datos obtenidos por la larga investigación de la CONADEP, los centros clandestinos de detención y tortura encomendados a las Fuerzas Aéreas fueron pocos, y los que hubo estuvieron a cargo de personal de los servicios de tierra, pero nunca a cargo de los pilotos de combate.

Por otra parte, resulta sumamente indicativa al respecto la gran diferencia existente entre las condenas producidas en el juicio a los Comandantes de las tres Fuerzas. La distancia entre la gran implicación represiva del Ejército y la Armada y la mucho más escasa de la Aviación, quedó reflejada, entre otras cosas, en la magnitud de las condenas recibidas por el Comandante de cada Fuerza. En cuanto a la primera Junta Militar, la sentencia fue de prisión perpetua para los Jefes del Ejército y la Armada (Videla y Massera) en virtud del enorme volumen de pruebas acumuladas sobre la masiva violación de Derechos Humanos perpetrados bajo su mando; y solamente cuatro años y medio de prisión al brigadier Agosti, su colega en la Fuerza Aérea (reducidos después a tres años y nueve meses por apelación y sentencia posterior), en virtud del material acusatorio de mucha menor entidad que se pudo acumular contra él. En cuanto a la segunda Junta, cabe señalar idéntica desproporción: frente a los 17 años de prisión a que fue sentenciado el general Viola (Ejército) y los 8 años del almirante Lambruschini (Armada), el miembro de la Fuerza Aérea, brigadier Grafigna, fue en cambio absuelto por la Cámara Federal. Prueba, todo ello, de la mucho menor implicación de la Aviación en materia represiva general, y —obviamente— menos aún para los pilotos en particular.

No resulta, pues, extraño que los pilotos, concentrados en su difícil y siempre compleja preparación profesional, desempeñaran sus misiones de combate con un alto grado de pericia técnica y capacidad militar. Y tampoco cabe sorprenderse, en sentido opuesto, de que las Fuerzas más extensas e intensamente implicadas en las tareas represivas internas —Ejército y Armada— respondieran genéricamente, salvadas siempre las pertinentes excepciones, con unos niveles mucho más bajos en su rendimiento específicamente militar.

6. FACTOR INEVITABLE: A MAYOR IMPLICACIÓN REPRESIVA INTERNA, MENOR CAPACIDAD DE CHOQUE FRENTE A UN ENEMIGO EXTERIOR

Muchos de los jefes argentinos en la campaña de las Malvinas, de alta y baja graduación, habían participado previamente en la «guerra sucia» en mayor o menor proporción. Entre ellos cabe citar al vicealmirante Juan José Lombardo, Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya deficiente actuación profesional, ya señalada en el Informe Rattenbach, le valió un procesamiento militar, y cuya anterior actuación, siendo capitán de navío y jefe de la Base Naval de Mar del Plata, le valió a su vez otro procesamiento por violación de derechos humanos en el escandaloso caso de Rosa Ana Frigerio, la muchacha secuestrada en su camilla, recién operada de columna vertebral, y definitivamente desaparecida («muerta en enfrentamiento», según la descarada versión oficial). Igualmente merece ser mencionado el inevitable Alfredo Astiz, «el ángel rubio», o «el verdugo con cara de ángel», según las denominaciones que le otorgaba la prensa europea a raíz de los casos Hagelin y Domon-Duquet, el cual, siendo Comandante de la guarnición de las Islas Georgias del Sur, en otro de sus acostumbrados actos de valor, «se rindió sin ofrecer la debida resistencia», según el dictamen de la Comisión Rattenbach, como ya vimos páginas atrás.

Es evidente que cualquier tipo de unidades mandadas por este tipo de jefes no podían caracterizarse por su firme espíritu y elevada moral. Pero no sólo altos jefes operativos del almirantazgo y mandos intermedios en aquel Teatro de Operaciones se hallaban implicados en los excesos de la anterior represión; de un modo u otro también se habían visto moralmente alcanzados por ella los oficiales de graduación inferior, como por ejemplo aquellos tenientes y subtenientes que, pocos años antes, siendo todavía cadetes del Colegio Militar, o ya en los cuarteles de sus primeros destinos como oficiales bisoños, hubieron de presenciar escenas tales como las denunciadas por el teniente general Alejandro Lanusse, quien, en su testimonio prestado ante la Cámara Federal durante el juicio a los Comandantes de las tres primeras Juntas Militares, denunció la existencia de:

«… procedimientos ordenados en el Colegio Militar, en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados, y eso lo hacen pasando por la guardia, donde hay cadetes; y les pregunto a ustedes, y les pido que reflexionen, no me contesten a mí, si ésa es forma de educar a los oficiales del futuro»[335].

Otro tanto cabe decir de todos aquellos oficiales, suboficiales y soldados que, antes de ser enviados a la campaña de las Islas, estando de guardia u otro servicio en sus acuartelamientos, tuvieron que franquear tantas veces el paso, a altas horas de la madrugada, a los vehículos de placas trucadas que transportaban a grupos armados y a personas recién secuestradas, encapuchadas y ya vapuleadas, que en la mayoría de los casos no volverían a ver la luz en libertad. Y todos aquellos militares de cualquier graduación que, sin participar activamente en la parte más sucia de la represión, tuvieron que taparse mentalmente los oídos en más de una ocasión para fingir no escuchar los alaridos de los torturados, filtrados a veces desde algún sótano no suficientemente insonorizado de su propio cuartel o establecimiento militar.

Tras citar las atrocidades reconocidas como hechos probados en la sentencia emitida contra los miembros de las dos primeras Juntas Militares, referentes a la metodología ordenada y ejecutada por militares de todas las graduaciones, actuación clandestina que incluyó casos masivos de tortura y muerte —delitos perpetrados en muy numerosos establecimientos militares en los seis años anteriores a la guerra de las Malvinas—, el profesor Norberto Ceresole, director del ILCTRI, afirma:

«Éste ha sido el mal ejemplo que diariamente recibía el soldado en cuarteles, bases y buques; ésta fue la conducta de muchos mandos»[336].

«Es claro que la moral y el espíritu de lucha de unas Fuerzas Armadas en cuyo seno se han cometido tales barbaridades llega a una guerra como la librada en Malvinas, mellada, limitada por problemas de conciencia, perturbada y, por supuesto, de ahí a la derrota no hay mucha distancia»[337].

«La experiencia histórica enseña que los responsables que empujan a las Fuerzas Armadas a reprimir a su propio pueblo nunca vencieron a un enemigo extranjero, y, por ende, no sirven para la defensa nacional»[338]. (Todas las cursivas son nuestras).

Se trata de un factor de profunda raíz sociológica, psicológica y moral. Cuanto más desprecia un Ejército a la sociedad civil; cuanto más un Ejército, so pretexto de combatir al terrorismo, pasa a combatir a otro enemigo mucho más amplio y difuso —«la subversión», incluyendo en ella toda posición discrepante—; cuanto más capaz se siente un Ejército de entrar a saco en su propio pueblo, secuestrando, torturando y asesinando a miles de personas civiles desarmadas y ajenas a todo terrorismo, arrojadas a su terrible destino por el mero hecho de asumir posturas políticas o sociales perfectamente legítimas en cualquier democracia, pero rechazadas por una mentalidad dictatorial; cuanto más, en una palabra, se hunden unos militares profesionales en ese abismo de barbarie e indignidad, más degenera su carácter específicamente militar, más se deteriora su valor, más se resiente su espíritu de sacrificio imprescindible en campaña, y más se debilita su capacidad general para habérselas con un auténtico enemigo en un verdadero campo de batalla, frente a unas tropas organizadas y bien mandadas que disparan de verdad, con armamento pesado y equipo bélico actual.

Cuanto más se habitúa un militar profesional a enfrentarse, picana eléctrica en mano o varilla metálica en ristre, contra un «enemigo» desarmado, indefenso y bien amarrado —sea hombre o mujer, mayor o menor de edad, muchacho o muchacha adolescente, embarazada o no; cura o monja, médico, psicólogo o periodista; maestro, abogado o economista; estudiante secundario, universitario u obrero sindicalista; secuestrado en su casa o parroquia, en su fábrica o facultad, en su escuela u hospital—, cuanto más se envilece un jefe, oficial o suboficial a través de este tipo de valerosas acciones militares, más se incapacita a sí mismo para enfrentarse con eficacia a un verdadero enemigo en pleno campo o en plena mar. Y cuanto más tiempo y energías dedique un general o almirante a concebir vastas operaciones «antisubversivas» sobre los mapas urbanos, ordenando la confección de nuevas listas de víctimas —en su gran mayoría ajenas a toda violencia— y su distribución entre los correspondientes centros clandestinos de tortura y muerte, más se incapacita para otras funciones realmente militares, mucho más nobles y harto más complejas, que requieren un espíritu mucho más despierto, un conocimiento militar mucho más profundo, una exigencia mucho mayor en preparación profesional. Tareas que reclaman un grado mucho más alto de cualidades y de capacidad técnica, y, por supuesto, muchas más horas de esfuerzo y dedicación, tales como —sin ir más lejos— coordinar el despliegue adecuado en campaña de un gran número de hombres, vehículos y materiales de todo tipo; asegurar todo género de abastecimientos a grandes contingentes de tropas en movimiento; prever numerosas necesidades y problemas, de transporte y de todo orden, que sin duda se presentarán y que, sobre la marcha, habrá que resolver; mantener, en definitiva, en condiciones operativas y en buena disposición de combate a esa voluminosa maquinaria que —en la guerra moderna— comporta la táctica y la logística de las grandes unidades, con toda su ardua complejidad.

Todo ello implica, necesariamente, un alto nivel de esfuerzo y preparación, máxime cuando se trata de combatir contra un enemigo serio, dirigido por unos generales y almirantes cuya doble característica inseparable no es otra que sus profundas convicciones democráticas y su exigentísima preparación militar. Un serio enemigo cuyas tropas son mandadas por unos jefes y oficiales que —entre otras cualidades sistemáticamente cultivadas— abrigan el más profundo respeto a su propio pueblo, y, en consecuencia, lejos de haberse dedicado jamás a humillar, torturar y asesinar a muchos de sus compatriotas por sus ideas sociales y políticas, como militares de conciencia y honor, han sabido dedicar sus mejores energías a su capacitación específicamente militar.

El resultado conjunto de este doble factor sólo podía ser el que realmente fue: una neta superioridad británica, tanto moral como técnico-profesional.

7. DERROTA DE UNA DETERMINADA CONCEPCIÓN MILITAR: LA «DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL»

En una de nuestras reiteradas —y siempre fructíferas— entrevistas con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Miguel Angel Toma, éste pronunció una frase rotunda: «La guerra de las Islas Malvinas significó una derrota definitiva: la de la Doctrina de la Seguridad Nacional».

Creemos que este concepto merece ser traído a estas páginas, aunque sólo fuera por los numerosos interlocutores argentinos que, con unas u otras palabras, nos han expresado idéntica conclusión. El argumento es simple: los conceptos básicos derivados de esta doctrina —la «hipótesis de conflicto interno» y el «trasvase» o «transferencia» del enemigo (la previsión de un posible enemigo exterior pasa a dirigirse contra un hipotético enemigo interior, instalado dentro de la propia sociedad)— sirvieron para que los militares argentinos pasaran a considerar a una parte de sus compatriotas como «el enemigo» que había que eliminar, mediante el instrumento más decisivo de tal doctrina: la «guerra contrarrevolucionaria», con toda su brutalidad y su falta de límite moral.

Examinando estos mismos conceptos desde la perspectiva de «la Dignidad» —la tan traída y llevada «pérdida de la dignidad» y su «recuperación», conceptos tan reiterados desde que se pusieron de moda con la «Operación Dignidad» protagonizada por Aldo Rico en la semana Santa de 1987—, dice el antes citado profesor Ceresole:

«El verdadero culpable de la “pérdida de la dignidad del Ejército” ha sido un “traspasamiento de doctrina” por el cual se utilizó a ex ejércitos nacionales como fuerzas de ocupación interior. Se “trasvasó” al enemigo hacia el interior de la sociedad nacional. Por tanto, ésta tendió hacia su fractura».

«Luego vino la derrota exterior; la auténtica e intransferible “pérdida del honor” es el efecto (nítido e irrefutable) de una causa actuante anterior, originada en la “ideología de la transferencia del enemigo”. Los “excesos” interiores originan la humillación exterior. El Ejército había gastado sus energías en destruir sus propias bases (sociales y nacionales) de sustentación (enemigo interior - fractura interior). Primero se perdió la dignidad (porque sin duda alguna la boca del fusil apuntaba hacia el interior de la sociedad). Luego se perdió el honor. Técnicamente, la del Atlántico Sur era una guerra ganada para la Argentina. Su derrota (nuestra derrota) en ese teatro de operaciones se originó casi exclusivamente en factores provenientes de una determinada ideología, que se plasma en una doctrina correspondiente: la contra-insurreccional»[339]. (Todos los paréntesis pertenecen al texto original. Las cursivas, en cambio, son nuestras).

Recordemos que la lucha «contrainsurgente», «antisubversiva» o «contrainsurreccional» —que de todas esas formas se la denomina, y algunas más (una de las más usadas es la de «guerra contrarrevolucionaria»)—, se la llame como se la llame no es otra cosa, como ya vimos, que el instrumento fáctico, la plasmación práctica e instrumental de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.

En otras palabras: esa «transferencia» o «trasvase» del hipotético enemigo exterior al enemigo interior, determinó que la mentalidad, la cultura, la doctrina, la filosofía, la táctica, la teoría, la práctica de los militares profesionales argentinos se dirigieran y apuntaran, junto con sus armas, contra sus propias bases de sustentación social, contra su propio pueblo, contra sus propias estructuras sociales y nacionales. Y en la medida en que los militares argentinos concentraron su mente, su acción y sus mayores energías contra ese supuesto enemigo interior, se incapacitaron para hacer frente al enemigo exterior, dando lugar a su derrota en las islas australes. Es así como, en frase de Ceresole, «los excesos interiores originan la humillación exterior».

Por nuestra parte —y coincidiendo aquí con Toma y Ceresole— estamos convencidos de que quienes se han habituado a llamar «guerra» a una simple cacería de miles de personas civiles —en su inmensa mayoría sorprendidas en su domicilio de madrugada sin haber tenido jamás un arma—, quienes a eso le llaman «guerra» —ya sea «sucia», «antisubversiva» o como se la quiera apellidar—, bien poco tienen que hacer al encontrarse de pronto entre las terribles explosiones de una guerra real, frente a un enemigo uniformado y disciplinado que despliega sus efectivos sobre un verdadero campo de batalla; un enemigo entrenado, bien pertrechado y endurecido por una verdadera instrucción militar, que dispara con misiles, lanzagranadas y armamento pesado, y que se halla habituado a concebir sus acciones con un alto grado de movimiento y operatividad.

Mala cosa es encontrarse de pronto con la terrible dureza de una guerra de verdad, para quienes se habituaron a llamar «el enemigo» a gran número de sus compatriotas: a cierto número de individuos armados, pero también —bajo el concepto genérico de subversión— a un número mucho mayor de personas civiles desarmadas: a adolescentes de ambos sexos recién salidos de la niñez, a monjas y a curas, a sindicalistas y delegados de fábrica, a defensores de los Derechos Humanos, a sociólogos y a psicoanalistas freudianos. Resulta demasiado distinto enfrentarse «militarmente» a este tipo de gentes que a los Royal Marines y a la Task Force: he ahí un verdadero enemigo militar. Y ha sido muy alto el precio que, por tal cambio de enemigo, los militares argentinos —y la sociedad civil— han tenido que pagar.

En otras palabras: un Ejército nutrido de tal doctrina, imbuido hasta el tuétano de las características, suciedades y limitaciones de ese tipo de «guerra», con su insignificante nivel táctico y estratégico, y su elevado nivel en bajezas y crueldades de toda índole frente a un enemigo de raquítica magnitud militar, incluso refiriéndose al verdadero terrorismo armado —adecuado enemigo para una Policía democrática y eficaz, pero no para unas Fuerzas Armadas que se precien—, unas Fuerzas Armadas, decimos, habituadas a esa doctrina, a ese «enemigo» y a ese ínfimo nivel de operatividad, está claro que no pueden afrontar con éxito la potencia incomparablemente superior de un auténtico enemigo militar, ni la gran dureza y tremenda complejidad de la guerra moderna en una campaña exterior.

En cuanto a la «recuperación de la dignidad», para el teniente coronel Aldo Rico y sus seguidores tal recuperación exigía, fundamentalmente, el pleno reconocimiento de la legitimidad de la «lucha antisubversiva», es decir, del conjunto de la «guerra sucia», incluidos todos los excesos que en ella se pudieron cometer. Y esto fue lo que reivindicaron —con notable éxito— en su insurrección de la Semana Santa de 1987, bautizada por ellos precisamente como «Operación Dignidad». Harto diferente es la idea —estamos convencidos de ello— de la mayor parte de la sociedad argentina, cuyos sentimientos y convicciones sobre este punto concuerdan en mucho mayor grado, a nuestro juicio, con las criterios ya expresados del diputado Miguel Angel Toma y del profesor Norberto Ceresole sobre esta cuestión tan fundamental. Este último autor dice al respecto:

«La recuperación de la dignidad depende de la voluntad para reconciliarse con el pueblo. El éxito de la “operación dignidad” radica, casi exclusivamente, en la capacidad del Ejército Argentino para superar ideológica y doctrinalmente la idea de que el enemigo está aún agazapado en el interior de la Nación»[340]. (Cursivas nuestras).

Es decir: esa recuperación de la dignidad no podrá producirse —en opinión de Ceresole y de tantos otros argentinos— hasta que las propias Fuerzas Armadas sean capaces de:

a) Reconocer el hecho —interesada y cínicamente negado por algunos— de que las Fuerzas Armadas Argentinas, al igual que tantas otras en América Latina, han mantenido la vigencia, estudio y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional como mínimo durante dos décadas (los años sesenta y setenta).

b) Asumir y reconocer explícitamente que la aplicación de tal doctrina ha resultado injustamente mortífera y traumática para la sociedad argentina, y lesiva para los intereses reales de la nación, incluso desde la perspectiva democrática y occidental.

c) Reconocer, en consecuencia, la necesidad de que esa doctrina, indirecta pero aparatosamente derrotada en las Malvinas, sea abandonada de forma definitiva, para bien de las Fuerzas Armadas Argentinas en particular y de la sociedad argentina en general.

8. SENTIMIENTOS Y REALIDAD

Distingamos entre los sentimientos y la dura realidad. Hubiéramos querido ver, hubiéramos deseado fervientemente poder contemplar en aquella contienda la eficacia profesional de unas Fuerzas Armadas Argentinas netamente democráticas, estrechamente vinculadas a su pueblo, combatiendo al servicio de una Argentina igualmente democrática, y defendiendo con éxito contra Inglaterra su legítima soberanía sobre aquel archipiélago, frente a un enemigo empeñado en conservar un territorio colonial de ilegítima y piratesca adquisición.

Hubiéramos querido ver al Ejército Argentino aprovechar exhaustivamente los cincuenta días en que fueron dueños absolutos del territorio para efectuar el tremendo —pero factible— esfuerzo necesario para dotar a la isla de Soledad —donde evidentemente iba a decidirse la suerte del archipiélago— de una infraestructura defensiva prácticamente inexpugnable, con un eficaz aunque improvisado sistema vial, con un despliegue suficientemente elástico, y sobre todo con un sólido núcleo operativo de la imprescindible movilidad y potencia de choque, capaz de acudir en pocas horas a la zona del desembarco inglés. Cosa no precisamente fácil, por la naturaleza del terreno —turba y roca—, pero realizable, en una isla no demasiado accidentada, y que apenas superaba los 100 kilómetros en su anchura mayor.

Hubiéramos querido ver los frutos de una minuciosa, intensa y extensa labor de Estado Mayor, al menos comparable en volumen, extensión e intensidad a la efectuada para la preparación y ejecución del vasto sistema represivo desencadenado en marzo de 1976, cuya metodología e infraestructura básica habían sido largamente preparadas con anterioridad Sin embargo, los mismos Estados Mayores que fueron capaces de diseñar y poner en funcionamiento la gigantesca maquinaria de la represión, con su sórdida pero enorme infraestructura de más de 340 «centros clandestinos de detención», cada uno de ellos con su correspondiente cobertura de ocultación, sus exigencias de mantenimiento, intendencia, antros de tortura y servicios anejos de información, su logística terrestre y muchas veces también aérea, sus medios móviles para la ejecución de sus operaciones de secuestro y para la posterior eliminación de los numerosos cadáveres producidos —todo ello bajo el mando de la cúpula militar y con la participación material de gran número de jefes, oficiales, suboficiales y policías en todo el territorio argentino—, aquellos mismos planificadores, coordinadores y ejecutores de esta lóbrega pero también trabajosa, compleja y cara operación, no fueron en cambio capaces de diseñar, detallar, coordinar, movilizar y poner en juego los medios y aprovisionamientos necesarios para una lucha mucho más militar, mucho más honrosa, por supuesto mucho más arriesgada, pero también mucho más digna, incomparablemente más acorde con el respeto debido a su pueblo, e infinitamente más compatible con su propio honor individual y estamental.

Hubiéramos querido ver a las tropas argentinas de su Ejército de Tierra y a su Infantería de Marina repeler vigorosamente el desembarco inglés desde sus primeras horas, de manera que, rechazadas una y otra vez en la misma playa, las tropas inglesas, imposibilitadas de asentarse y de cubrirse, hubieran sufrido día tras día un duro castigo en sus desplazamientos entre los buques y las playas, y más aún sobre éstas, sin poder llegar a establecer en ningún momento una cabeza de playa mínimamente extensa y profunda, en una costa enérgicamente defendida desde tierra adentro con la necesaria fuerza, capacidad de choque y resolución. Hubiéramos querido ver que esta situación, insostenible para la parte atacante, se prolongaba el tiempo suficiente para que la fuerte presión de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y tal vez la intermediación del propio Papa —eficaz mediador, pocos años antes, entre Argentina y Chile cuando ambos países, enfrentados por la soberanía del canal de Beagle, parecían haber alcanzado un nivel de conflicto irreversible hasta el punto de haber decretado los dos su respectiva movilización—, hubieran acabado logrando la paralización de las hostilidades, dando paso a un proceso de negociación diplomática sobre el estatus de los habitantes isleños, pero, en todo caso, sin que los británicos hubieran podido consumar su intento de recuperación.

Todo esto es, en definitiva, con una u otra variante, lo que hubiéramos querido ver; y lo hubiéramos sentido como muy nuestro, y hubiéramos compartido el legítimo orgullo de unas Fuerzas Armadas Argentinas a la vez inequívocamente democráticas en lo social y altamente eficaces en lo militar, al verlas recuperar para siempre aquel territorio austral, tan justamente reivindicado por su pueblo como lo es por el nuestro la colonia de Gibraltar.

Pero, lejos de ver tal cosa, lo que hemos tenido que ver, lo que el mundo entero ha podido contemplar, ha sido un Ejército Argentino visceralmente antidemocrático, con una notable capacidad de agresión contra su propio pueblo, con muchos de sus mandos dotados de una acreditada capacidad a la hora de planificar, organizar y ejecutar miles de secuestros, inhumanas torturas e injustificables homicidios, y, al propio tiempo, sorprendentemente incapaces de planificar, organizar y ejecutar, frente a un Ejército extranjero, las operaciones tácticas y logísticas imprescindibles para plantear con éxito la defensa de aquel archipiélago, una vez ocupado gracias a la sorpresa inicial. Planificación y organización para las que tuvieron suficiente tiempo —ilimitado antes de dicha ocupación, y nada menos que siete semanas después de ella, hasta el desembarco inglés—, tiempo que no fue aprovechado con una mínima parte de la rapidez, eficacia, diligencia, imaginación, conocimiento y técnica militar que unos buenos profesionales de la milicia hubieran debido derrochar en la defensa de aquellas islas; cosa que sus adversarios sí supieron hacer en condiciones de mucho mayor esfuerzo y dificultad.

Entre las crueles paradojas que nos brinda la Historia, ésta no es precisamente la menor: la de un régimen ilegítimo, inequívocamente antidemocrático —represor hasta límites inhumanos, sistemático torturador y de acreditado desprecio hacia la sociedad civil en nombre de una rechazable «Doctrina de la Seguridad Nacional»—, pero defendiendo militarmente una causa justa —la recuperación de un territorio cuya soberanía corresponde legítimamente a su país—, y defendiéndolo con una torpeza e incompetencia profesional de difícil justificación. Y, por el lado opuesto, culminando la paradoja, un régimen de la más sólida raigambre democrática, defendiendo una causa injusta —la conservación decimonónica de un territorio colonial ilegítimamente retenido—, pero haciéndolo sin escatimar esfuerzo y dedicación, con indudable eficacia y acreditada profesionalidad militar.

VII. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA DICTADURA, HASTA FINALES DE 1990. NECESARIA RECAPITULACIÓN PREVIA A NUESTRO ANÁLISIS VALORATIVO

A partir de aquí, resulta necesario recordar los principales acontecimientos militares registrados en la Argentina hasta 1990. Recapitulación imprescindible por doble motivo: por lo muy vinculados que tales hechos resultan a la etapa de la represión y a su final, y por lo mucho que condicionaron la situación del país hasta los traumáticos acontecimientos de diciembre de dicho año: la última rebelión «carapintada» y el indulto presidencial a los máximos jefes militares ya condenados por la Cámara Federal.

1. RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA: HERENCIA RECIBIDA DE LA DICTADURA

Tras su severa derrota en las Malvinas, la 3.ª Junta hubo de ceder sus poderes a otro triunvirato militar, presidido por el general Reynaldo Bignone. Nueva Junta que, presionada intensamente por la castigada —en todos los órdenes— sociedad argentina, no pudo hacer otra cosa que convocar elecciones como única salida posible a la gravísima crisis nacional.

Así fue como, el 30 de octubre de 1983, las urnas dieron el triunfo al Partido Radical, presidido por el doctor Raúl Alfonsín. La democracia, aunque todavía inevitablemente débil, había sido recuperada, y restablecido el régimen constitucional. Pero las consecuencias pagadas por el pueblo argentino no habían sido precisamente leves: a la tragedia humana y social de los miles de seres humanos torturados y muertos en la represión venía a sumarse la de las víctimas de la reciente y pésimamente dirigida contienda; y la economía del país, ya duramente castigada durante los anteriores años de dictadura, sufrió otro duro golpe: el del cuantioso dispendio producido por la torpe aventura bélica de las Malvinas.

En efecto, guerras aparte, el ultraliberalismo económico —impuesto sin escrúpulo social alguno por las Juntas Militares— se había encargado de desnivelar la distribución de la renta hasta límites insospechadamente desfavorables para las capas sociales más desheredadas, permitiendo a la oligarquía terrateniente e industrial conseguir unos beneficios de un volumen y celeridad sin precedentes, mientras que la masa asalariada veía drásticamente disminuida su participación en la renta nacional durante el período de gobierno militar. De hecho, los siete años de dictadura trajeron consigo, paralelamente, el fortalecimiento del poder latifundista, financiero e industrial en manos de una privilegiada élite civil y militar, a la vez que un notable empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos; deterioro social plasmado en un considerable incremento de los parámetros del subdesarrollo: fuerte aumento de las tasas de desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo; notable descenso de la escolarización y de los servicios asistenciales en general. Fruto, todo ello, de una política económica de enfoque netamente oligárquico, ejecutada por el tristemente acreditado ministro Martínez de Hoz, caracterizado latifundista y poderoso industrial, epígono entusiasta de las doctrinas del liberalismo empresarial a ultranza de Milton Friedman y los «Chicago boys» en su más salvaje acepción. Línea cuyo logro más aparatosamente visible fue el meteórico incremento de la deuda externa, desde los 7.875 millones de dólares en 1975 hasta los 45.087 en 1983 (véase nota 50).

Pero, sobre todo, quizá más que ningún otro factor, quedó dañado el espíritu democrático de la sociedad argentina; la fe en la propia capacidad democrática de su pueblo, de sus instituciones, de todo el conjunto social, en la misma medida en que quedó hipertrofiado, sobredimensionado, desproporcionadamente sobrevalorado —en todas las mentes y a todos los niveles, conscientes e inconscientes— el gigantesco peso que la institución militar ejerce en aquel país, frente a un crónicamente débil poder civil. Hecho éste que, una vez más, vino a ratificar un bien conocido factor: «Cuando una determinada sociedad se ha visto duramente castigada por sus propias Fuerzas Armadas durante un cierto período, por mucho que se restablezcan las elecciones y los mecanismos democráticos, queda depositado, en el fondo del subconsciente colectivo, un sordo temor, una arraigada desconfianza e inseguridad en el futuro, que durante largo tiempo sigue tarando y perturbando la normalidad democrática, por tratarse de un tipo de lastre psicológico de difícil —aunque no imposible— superación»[*].

Como recordaremos a continuación, los acontecimientos desarrollados en Argentina a partir de 1983 han demostrado, más allá de toda posible duda, hasta qué punto este factor sociológico ha desempeñado un grave papel perturbador en el afianzamiento democrático de aquella sociedad.

2. JUICIO A LAS TRES PRIMERAS JUNTAS MILITARES POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y A LA TERCERA JUNTA POR DEFICIENTE CONDUCCIÓN DE LA GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR

En principio, el nuevo Gobierno constitucional recién salido de las urnas pareció asumir sus responsabilidades con decisión. Para empezar, derogó la vergonzante pieza legal promulgada por la última Junta Militar —la llamada «autoamnistía»— mediante la cual la cúpula militar trató de asegurarse una plena autoexculpación de las Fuerzas Armadas respecto a todas las responsabilidades que pudieran corresponderles por los crímenes perpetrados durante la represión.

Sin embargo, bien pronto iba a producirse el primer síntoma de debilidad: en un intento de quitarse de encima el gran problema judicial derivado de los miles de casos denunciados y ampliamente documentado de secuestros, torturas y muertes, el Gobierno puso este grave asunto en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con la ingenua pretensión de que éstas fuesen capaces de juzgarse a sí mismas, depurando las responsabilidades de aquellos de sus miembros que hubieran incurrido en tal responsabilidad. El resultado no fue otro que el que cabía prevén tras mantener el caso prácticamente inmovilizado durante ocho meses, al fin dicho Consejo Supremo hizo público su dictamen: «La guerra contra la subversión fue legítima», por lo que, según dicho Consejo, no había nada que castigar.

Ello forzó a pasar las actuaciones a la Justicia civil. Nuevamente pareció que el poder democrático argentino asumía sus responsabilidades con el necesario vigor. Los nueve miembros de las tres Juntas Militares que se sucedieron hasta 1982 fueron procesados, sobre la base de las abrumadoras pruebas demostrativas del carácter criminal de su represión. El juicio oral, visto ante la Cámara Federal de Apelaciones, constituyó un desfile de los horrores perpetrados bajo el mando directo de los acusados. La firme y valerosa requisitoria del fiscal Julio César Strassera —que hubo de resistir toda clase de amenazas antes, durante y después del juicio—, y, sobre todo, la terrible evidencia de los 711 casos allí sustanciados —como muestra suficientemente expresiva de los casi 9.000 constatados por la CONADEP y que hubieran hecho interminable el proceso— dieron como fruto final la sentencia emitida el 9 diciembre de 1985.

El más decisivo apartado de la sentencia —«Los hechos probados»— detallaba la actuación de los procesados en estos términos, que resumían escuetamente todo el horror de los miles de crímenes cometidos a partir del 24 de marzo de 1976:

«… en su calidad de Comandantes en Jefe de sus respectivas Fuerzas, ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista que básicamente consistía en: a) capturar a quienes pudieran resultar sospechosas de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su dependencia; c) una vez allí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de quebrar su resistencia moral; e) efectuar todo lo descrito anteriormente en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad y realizar los operativos preferentemente en horas de la noche; las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados, y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de sus eventuales lugares de alojamiento; f) amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente»[341]. (Las cursivas son nuestras).

Estos renglones de la sentencia concentraban, cada uno de ellos, el horror que reiteradamente había impactado a la sociedad argentina y a la opinión pública mundial durante los meses del juicio, con su larga serie de testimonios espeluznantes. En su redacción aparecen todos los elementos más innobles de lo que los cerebros y ejecutores del PRN denominaban «la lucha contra la subversión»: desde la vergonzante actuación clandestina y la aplicación masiva de tortura a los simples sospechosos, hasta la libre disposición de la vida y la muerte de las víctimas por individuos de muy bajo nivel militar («cuadros inferiores») y de aún más baja jerarquía moral, pasando por esas «condiciones de vida inhumanas» que los secuestrados eran obligados a soportar.

En cuanto al evidente propósito de garantizar la impunidad de los represores, los jueces de la Cámara Federal consideran acreditados los siguientes hechos:

«Además, integraba el sistema ordenado la garantía de impunidad que se aseguraba a los ejecutores, por vía de lograr que los organismos legales de prevención del delito no interfirieran en la realización de los procedimientos, negando y ocultando la realidad de los hechos ante los pedidos de los jueces, organizaciones, familiares y gobiernos extranjeros (…), y utilizando el poder estatal para persuadirá la opinión pública local y extranjera de que las denuncias eran falsas y que respondían a una campaña orquestada de desprestigio al gobierno»[342].

Por último, y como final del apartado referente a «Los hechos probados», dice la sentencia:

«También ha quedado demostrado en este juicio que las órdenes impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios. Asimismo se ha evidenciado que, en la ejecución de los hechos, los subordinados cometieron otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema adoptado»[343].

Aquí la sentencia se refiere a los numerosos robos cometidos por los secuestradores en los domicilios de los secuestrados: esos «otros delitos no directamente ordenados», que, según los jueces de la Cámara Federal, podían considerarse «consecuencia natural del sistema adoptado», pero que, desde la perspectiva militar que nos corresponde —y que corresponde a los autores, militares también—, nosotros sólo podemos considerar como consecuencia natural de una determinada catadura moral.

Por dicha sentencia, el que fue presidente de la República y cabeza de la primera Junta Militar, general Jorge Videla, y el almirante Emilio Massera —máximo responsable de las atrocidades cometidas en la ESMA— fueron condenados a cadena perpetua; el general Roberto Viola, a diecisiete años de prisión; el almirante Armando Lambruschini, a ocho; el brigadier del Aire Orlando Agosti, a cuatro y medio; todos ellos como culpables de diversos delitos probados de detención ilegítima, torturas y muertes, en mayor o menor grado de responsabilidad. Por el contrario, el general Ornar Grafigna y la tercera Junta Militar al completo —general Leopoldo Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier del Aire Basilio Lamí Dozo— resultaron absueltos de este tipo de delitos, si bien estos tres últimos serían más tarde condenados en otro diferente proceso —seguido ante el propio Consejo Superior de las Fuerzas Armadas— por su deficiente actuación militar en la campaña de las Malvinas.

En efecto, el mismo Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que se mostró incapaz de procesar a aquellos colegas implicados en los excesos represivos —pese a las masivas y espeluznantes evidencias ya acumuladas sobre los crímenes cometidos—, ese mismo órgano superior de la Justicia militar argentina sí que consideró, en cambio, inadmisible la actuación profesional de la Junta que preparó, desencadenó y dirigió la guerra de las Malvinas, hasta el punto de que el propio Consejo procesó y juzgó a los tres miembros de dicha Junta, sentenciándolos a doce años (Galtieri), catorce (Anaya), y ocho (Lami Dozo), como culpables de diversos delitos tales como «omisión», «impericia» y «negligencia» en el desempeño de su función específicamente militar[*].

Pero las sentencias que la sociedad argentina aguardó con más tensa expectación fueron las dictadas, en el ámbito penal común, por la Cámara Federal en el proceso seguido a las tres primeras Juntas por violación de los derechos humanos; sentencias ya referidas más atrás, y que al hacerse públicas fueron amargamente protestadas por amplios sectores sociales, que las consideraron desproporcionadamente benévolas para la mayor parte de los procesados en relación con los crímenes cometidos. Aun así, era preciso reconocer que la democracia argentina, en una prueba de coraje cívico sin precedentes históricos en su país y en todo el continente, había sido capaz de sentar en el banquillo a aquellos mismos hombres que, hasta bien poco antes, lo habían sido todo sin límite legal alguno, acumulando toda clase de poderes —incluida la libre disposición de vidas humanas sin ningún tipo de proceso—, y que constituían las cabezas visibles de la institución más temida —y con harta justificación— de aquella sociedad. Cabezas visibles que —al menos las más caracterizadas como culpables— habían sido condenadas a largas penas de prisión.

En resumen, durante los años 1984 y 1985, con la democracia ya restablecida, con las Juntas Militares procesadas y sentenciadas, y con un legítimo poder civil dispuesto —según reiteradas proclamaciones— a exigir responsabilidades a todos los culpables de los excesos cometidos por la represión militar de los pasados años, todo parecía indicar que la sociedad argentina, centrada ya en su nueva etapa democrática, se disponía a zanjar de una vez sus propias cuentas, castigando por la correcta vía judicial a aquellos militares culpables de la sistemática violación de derechos humanos, y afrontando así el futuro con unas Fuerzas Armadas constitucionales, encuadradas por profesionales honorables, ajenos a todo exceso criminal. Por añadidura, y confirmando tal esperanza, durante aquellos dos primeros años apenas se apreció conato alguno de insubordinación militar, frente a esta actuación relativamente firme del poder civil.

3. EL COMIENZO DE LA PENDIENTE. DEBILIDAD CIVIL, CRECIENTE ESCALADA MILITAR: LEY DE PUNTO FINAL. PRIMERA REBELIÓN DEL TENIENTE CORONEL ALDO RICO

En contraste con lo sucedido en los dos años anteriores, 1986 iba a marcar una fuerte y negativa inflexión. Tan pronto como la Justicia civil inició sus actuaciones contra los militares más directamente implicados en tales excesos, las altas instancias de las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer una creciente presión, encaminada a oponerse, al más alto nivel, a los requerimientos del poder judicial.

El resultado de tal presión militar, y de la incapacidad civil para contrarrestarla, fue la llamada «Ley de Punto Final», mediante la cual se limitaba a un plazo de sesenta días la presentación de nuevas denuncias y evidencias acusatorias sobre los protagonistas de la represión. Pasado dicho plazo, ya no cabría abrir ningún nuevo caso bajo tal acusación. Este plazo tan perentorio vino a interrumpir la acumulación de datos y testimonios que se venían presentando, lo que limitó a unos 450 el número de posibles procesados —entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y policías— por su flagrante participación en los secuestros, torturas y crímenes perpetrados en la llamada «lucha contra la subversión».

Esta importante concesión del poder civil iba a marcar el comienzo de una pendiente de sucesivos retrocesos, cuyos peldaños siguientes, por increíbles, todavía nadie podía imaginar.

Las sucesivas citaciones de los jueces a ese limitado número de posibles procesados se veían, una y otra vez, desatendidas o largamente aplazadas, ante la resistencia de los implicados a comparecer, y ante el evidente respaldo —tácito o explícito— que sus propios superiores otorgaban a su desafiante actitud.

Esta situación de creciente indisciplina culminó el 15 de abril de 1987 y fue inicialmente protagonizada por el mayor de Infantería Ernesto Barreiro, en su día «jefe de interrogatorios» del temible centro clandestino «La Perla» (provincia de Córdoba), donde unas 1.500 personas fueron ilegalmente encerradas, largamente torturadas y asesinadas, y donde, según los testimonios concordantes de los supervivientes, se cometieron algunas de las mayores atrocidades perpetradas durante la llamada «lucha antisubversiva». El mayor Barreiro, al ser citado por la Justicia para responder de múltiples delitos, no sólo se negó a comparecer sino que consiguió sublevar a su unidad, el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada, con sede en Córdoba, unos 700 kilómetros al noroeste de la capital.

Se había iniciado así la llamada «rebelión de Semana Santa», que iba a demostrar hasta qué punto la democracia argentina, pese a haber condenado a las Juntas Militares, seguía siendo todavía dramáticamente débil frente a unas Fuerzas Armadas mucho menos propicias al acatamiento del orden constitucional que a la defensa de su cerrado corporativismo estamental.

Inmediatamente, otro jefe hasta entonces desconocido, pero que en pocas fechas acapararía todo el protagonismo de la insurrección saltando a las páginas de la prensa internacional, el teniente coronel Aldo Rico —destinado en una lejana guarnición del norte junto a la frontera brasileña, y no sometido a requerimiento judicial alguno relacionado con la represión—, se desplazó a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, a pocos kilómetros de Buenos Aires, donde, al frente de numerosos jefes y oficiales, se sublevó a su vez, proclamando las condiciones exigidas para deponer su actitud. Las condiciones de Rico, al igual que las expuestas por Barreiro, eran básicamente las siguientes: cese inmediato de las comparecencias ante la Justicia de los militares acusados de delitos vinculados a la represión, para los que se exigía una plena amnistía; y destitución del Jefe de Estado Mayor y máxima autoridad del Ejército de Tierra, general Héctor Ríos Ereñú, profesional de un relativo talante democrático y probada fidelidad al presidente constitucional.

Miles de ciudadanos, atemorizados ante el grave riesgo de que la rebelión se extendiera a otras guarniciones hasta degenerar en otro golpe de Estado en toda regla, capaz de devolver la sociedad argentina a su aciaga situación de pocos años atrás, se congregaron en la Plaza de Mayo para exigir la necesaria firmeza del poder democrático frente al nuevo pronunciamiento militar. Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, los tranquilizó anunciando el inmediato envío de tropas leales para sofocar la insurrección, si los rebeldes no deponían de inmediato su actitud.

Pero cuando telefoneó a las unidades para proceder por la fuerza, el presidente hubo de enfrentarse a la dura realidad: no existían esas «tropas leales» dispuestas a cumplir tal misión. Ni una sola de las unidades convocadas en la capital y zonas adyacentes se mostró dispuesta a reprimir la rebelión. Tras varios intentos fallidos, finalmente logró que el general Ernesto Alais, con sus tropas de guarnición en Corrientes (a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires), se pusiera en marcha cumpliendo la orden presidencial. Sin embargo, a medida que su columna se acercaba a la capital, su lentitud aumentaba de forma proporcional a su proximidad. Por último, ya en la madrugada del Domingo de Resurrección, al llegar la cabeza de la columna a la localidad de Zárate (todavía a más de sesenta kilómetros de Campo de Mayo), los oficiales de rango intermedio detuvieron la marcha, manifestando de forma unánime su posición: «No daremos un paso más contra nuestros compañeros».

Ante esta situación, atrapado en medio de esta dramática tenaza —por un lado una sociedad civil y unas instituciones democráticas reclamando el restablecimiento del orden constitucional, y, por otro, unas Fuerzas Armadas negándose a reprimir a las unidades sublevadas—, el presidente Alfonsín asumió una difícil y arriesgada decisión: acudir personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos.

Así lo hizo y, en principio, pareció que el éxito había culminado su arriesgada decisión. La alegría popular se desbordó en las calles cuando Alfonsín comunicó el resultado de su gestión: «Los rebeldes han depuesto su actitud». Numerosos telegramas, antes y después de este desenlace, mostraron el apoyo de los principales gobiernos democráticos del mundo, viniendo a fortalecer moralmente la posición del presidente y su Gobierno ante el nuevo trance que la democracia argentina acababa de superar.

Sin embargo, pronto iba a evidenciarse hasta qué punto los rebeldes habían logrado sus objetivos y en qué grado el presidente se había visto obligado a claudicar para poder obtener aquella «victoria», que iba a revelarse pírrica por demás.

En efecto, en las horas siguientes se anunció el cese —por supuesta petición propia— del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ríos Ereñú, y de su sustitución en dicho puesto por el general José Dante Caridi, quien, pese a figurar implicado en una de la causas por los excesos de la represión, pasó a ocupar ese importante puesto de jefe efectivo del Ejército de Tierra. Con ello quedaba cumplida la primera de las condiciones que los rebeldes acababan de exigir.

4. LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA: GRAVE CESIÓN DEL PODER CIVIL ANTE LA PRESIÓN MILITAR

Pero lo peor iba a venir a continuación. Pocas semanas después, el Gobierno enviada al Congreso de Diputados para su aprobación un proyecto de ley cuyo contenido básico era nada menos que el siguiente: todos los jefes y oficiales que participaron activamente en la «lucha antisubversiva» hasta el grado de teniente coronel quedarían exentos de responsabilidad, y exculpados de todo cargo —incluidos los de secuestro, torturas y homicidios—, sobre la base de que tales acciones habían sido realizadas «obedeciendo órdenes de la superioridad». Estaba en marcha la que pronto sería conocida como «Ley de Obediencia Debida», inaudito engendro jurídico y vergüenza de la moral militar occidental, como más adelante podremos comprobar.

El impacto que esta noticia causó en la sociedad argentina fue tremendo. Las protestas de los amplios sectores sociales castigados por la represión y de los organismos defensores de los derechos humanos se alzaron contra esta grave claudicación. En vano diputados y senadores del propio partido del Gobierno señalaron los «graves errores de un texto legal que castiga con mayor severidad el robo de bienes que la tortura y el crimen», aludiendo a la increíble particularidad de que —por ejemplo— el saqueo de bienes domésticos de los secuestrados podía ser castigado, mientras que los propios secuestros, las salvajes torturas y el asesinato de las víctimas eran considerados como parte integrante de la «guerra sucia» y amparados por la supuesta obediencia debida al mando superior. La respuesta del presidente resultó patética: incluso admitiendo explícitamente que numerosas personas culpables de hechos gravísimos quedarían impunes, aun así, «por razones de Estado», manifestó, «es preciso votar el proyecto de ley tal como ha sido envidado a la Cámara por el Gobierno de la Nación».

De esta forma, volvía a ponerse de manifiesto —esta vez en toda su cruda evidencia— hasta qué extremo habían llegado las concesiones que el presidente había tenido que aceptar para conseguir que los insurrectos de Semana Santa «depusieran su actitud». O, lo que es lo mismo, hasta qué extremo llegaba todavía la fuerza coactiva de un estamento —las Fuerzas Armadas Argentinas— capaz aún de imponer al poder constitucional emanado de las urnas algo tan duro de admitir, y tan radicalmente injusto en una valoración objetiva, como la libertad e impunidad garantizadas para sujetos tales como el teniente Alfredo Astiz y demás caracterizados torturadores y homicidas de la ESMA que con tan increíble entusiasmo y tan mortíferos resultados se ensañaron contra curas, monjas, estudiantes, sindicalistas y profesionales de todo tipo en aquella macabra institución.

El hecho de que individuos de tal calaña pudieran quedar impunes bajo el amparo legal tocó de lleno una de las fibras más sensibles de la sociedad argentina, hurgando en la dolorosa herida —todavía reciente y no cicatricada en absoluto— abierta por los crímenes de la represión.

En la madrugada del día 16 de mayo de 1987, tras un maratoniano debate, con el apoyo a regañadientes de los propios diputados radicales —en buena parte conseguido bajo la directa presión presidencial— y con el voto contrario del peronismo, el proyecto de ley fue aprobado al fin. Pero no iba a terminar ahí el calvario de Alfonsín ni la claudicación del poder civil democrático ante la presión militar. Pocos días después, el día 21 de mayo, el presidente, reunido con los altos mandos militares, les expresó sus razones para mantener el texto tal como había sido aprobado en el Congreso; les hizo saber la resistencia de sus propios representantes parlamentarios a la impunidad de los mandos de rango inferior, y subrayó que, tal como preveía dicho texto, los mandos implicados por encima del grado de teniente corones tendrían que comparecer ante la Justicia para responder de su respectiva responsabilidad.

Los Jefes de Estado Mayor allí reunidos manifestaron al presidente de la República su acuerdo con aquella redacción; pero al día siguiente modificaron su postura, reanudando, acrecentada, la presión estamental y exigiendo la ampliación de la llamada «Ley de Obediencia Debida», hasta alcanzar en su exculpación al grado de general. Pese a la iracunda reacción presidencial ante este incumplimiento de lo acordado la víspera, el resultado efectivo de esta nueva e intensificada presión fue que el texto del proyecto de ley, a punto ya de ser debatido en el Senado —con insuficiente mayoría del Partido Radical—, vio retrasado dicho debate, mientras un número creciente de senadores del sector más derechista del peronismo y de otros partidos conservadores de provincias —secundando dicha presión militar— propugnaban que la ley en cuestión quedara convertida en una amnistía general.

Cuando la Ley pudo ser finalmente debatida y aprobada en el Senado, su nuevo texto supuso otro duro golpe para el cumplimiento de aquellos propósitos de justicia tan reiteradamente proclamados por el Gobierno desde la restauración de la democracia: la impunidad garantizada por la obediencia debida no sólo era aplicable a los represores hasta el grado de teniente coronel, sino que también se beneficiaban de ella los coroneles, e incluso los generales, excepto aquellos que hubiesen ejercido el mando de zona o subzona operacional durante la lucha contra la subversión.

Ello reducía aún más drásticamente la cifra de posibles procesados, desde más de cuatrocientos hasta menos de cuarenta, incluso teniendo en cuenta los relevos producidos en dichos puestos de mando durante los años de la represión. Raquítico número de presuntos culpables para dar cuenta de los miles y miles de secuestrados, torturados y asesinados durante el período dictatorial.

5. DESALIENTO CIVIL, EUFORIA MILITAR. NUEVAS INSURRECCIONES DE RICO Y SEINELDÍN. ATAQUE AL ACUARTELAMIENTO DE LA TABLADA

La definitiva aprobación de la «Ley de Obediencia Debida» el día 5 de junio de 1987, en su versión más amplia y favorable a la exculpación del máximo número de implicados en los excesos represivos —tras el tenso y largo forcejeo que desembocó en dicha ley— produjo un sentimiento de fatiga y desaliento en los sectores sociales y políticos democráticos, y, al mismo tiempo, una desbordante euforia en los sectores más duros del estamento militar.

Como explícita manifestación de esta euforia, el día 29 de mayo, importante festividad militar argentina, una nutrida delegación de casi un centenar de jefes y oficiales de los tres Ejércitos acudieron a la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, dentro del gran acuartelamiento de Campo de Mayo, donde permanecía detenido el teniente coronel Aldo Rico. Su objetivo era testimoniar a éste su gratitud por haber conseguido, con su rebeldía, la exculpación de casi todos su compañeros implicados en la violación de los derechos humanos durante la represión, logrando, al propio tiempo, interrumpir las comparecencias de los acusados ante la justicia civil. El director de la Escuela, tras recibir a la numerosa delegación, cumplió de inmediato el encargo de ésta, consistente en «transmitir al teniente coronel Rico el agradecimiento de todos por recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas».

Los acontecimientos producidos al año siguiente —fuga y segunda rebelión de Aldo Rico (enero de 1988), insurrección del coronel Seineldín (diciembre de 1988)—, aunque finalmente controlados por las fuerzas leales al Gobierno constitucional, proporcionaron a la sociedad argentina nuevos motivos de sobresalto y preocupación, y, lo que es peor, vinieron a demostrar una vez más hasta qué punto el gran problema seguía irresuelto.

Paralelamente, los pronunciamientos públicos de altos jefes en diversas ceremonias castrenses —reivindicando nuevamente la «guerra sucia» y la «exitosa lucha» de las Fuerzas Armadas contra «la Subversión»— se hicieron más duros y frecuentes a partir de la promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Ello vino a demostrar, por si todavía fuera necesario, que el ala militar más prepotente y reaccionaria seguía viva, desafiante y en absoluto arrepentida de sus excesos represivos, velando sus armas en espera de su nueva oportunidad.

Por añadidura, un posterior y grave suceso (enero de 1989) vino a empeorar este equilibrio de fuerzas Ejército-Sociedad —tan precario en Argentina— fortaleciendo más todavía la presión militar frente al crónicamente débil poder democrático civil: el desconcertante y disparatado asalto —prácticamente una operación suicida— desencadenado por un fuerte grupo de ultraizquierda al acuartelamiento militar de La Tablada, a veinte kilómetros de la capital federal.

Extraña operación, de finalidad difícilmente comprensible, que, tras ser reprimida sin contemplaciones, y con un importante número de víctimas —unos treinta atacantes y unos diez defensores— vino a potenciar a posteriori la arrogancia del más duro sector militar, brindando en bandeja a los represores de hace diez años el más precioso argumento que nadie a estas alturas les podía regalar «Ésta es la barbarie contra la que nosotros luchamos en los años setenta. Y está claro que nuestra represión fue demasiado floja, pues todavía no hemos conseguido suprimir los ataques de la subversión».

Han sido tantas las interpretaciones del episodio de La Tablada que hemos tenido oportunidad de escuchar —algunas de ellas realmente grotescas, pero todas ellas explicadas como absolutamente ciertas—, que no es cuestión de entrar aquí en su análisis, ni siquiera en su enumeración; preferimos reservar nuestro espacio y nuestro tiempo para nuestros análisis finales, centrados en el problema que consideramos esencial.

Lo que sí podemos afirmar es que, en cualquier caso, sea cual fuere su motivación y sus fuerzas inductoras, el ataque a La Tablada y sus consecuencias en el área militar acabaron de herir de muerte al ya gravemente desgastado gobierno de Raúl Alfonsín, propiciando —junto con el grave deterioro económico del año precedente— la derrota electoral del partido radical en 1989, así como la rápida renuncia del presidente sin agotar su mandato constitucional. Ello anticipó la asunción del poder por el presidente Carlos Saúl Menem, que tuvo lugar en junio de 1989, seis meses antes de la fecha prevista para su toma de posesión.

6. EL PRESIDENTE CARLOS MENEM Y EL ESTAMENTO MILITAR. INDULTOS DE 1989 Y 1990 A LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA «GUERRA SUCIA»

En el terreno de lo militar, y ya desde su acceso a la presidencia, la política del presidente Carlos Menem pareció consistir básicamente en no irritar a las Fuerzas Armadas, efectuando cuantas concesiones fueran necesarias para que no le ocurriera algo que por encima de todo estaba dispuesto a evitar: verse en la misma situación de choque casi permanente con el estamento castrense que durante todo su mandato tuvo que soportar su antecesor, el doctor Raúl Alfonsín.

Uno de los hechos más notables que hemos podido observar en la Argentina, y que Menem tuvo muy en cuenta desde el comienzo mismo de su gestión, fue el fuerte sentimiento de odio —no de crítica, ni de aguda discrepancia, sino de odio sin paliativos— que para numerosos militares despertaba la figura del doctor Alfonsín. El hecho de haber constituido la CONADEP —que descubrió ante el mundo entero lo que realmente fue la llamada «lucha antisubversiva»—; el haber ordenado y conseguido el procesamiento de las tres primeras Juntas y de otros muy destacados responsables de las torturas y desapariciones —Camps, Richieri y Suárez Mason—, así como el haber intentado —aunque esta vez sin éxito— conseguir que fueran también juzgados cierto número de responsables de nivel inferior, además de otra serie de medidas de su política de Defensa, acumularon sobre su persona una feroz animadversión de buena parte del estamento castrense. Hasta tal extremo es así que, en innumerables ocasiones, hemos tenido que escuchar la afirmación de que «la meta primordial de Alfonsín era la destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas». Frase tópica, y para nosotros disparatadamente falsa, pero también altamente descriptiva de ese extendido estado de ánimo en el ámbito militar.

Y esto fue, precisamente, lo que el presidente Menem desde el primer momento de su mandato —y al precio que fuera— estuvo decidido a evitar, impidiendo que algo parecido pudiera sucederle a él. Entre sus primeras metas incluyó el «aplacar» al estamento militar, resolviendo el problema de los treinta y ocho jefes todavía procesados, que por razón de sus altos puestos en la estructura represiva no pudieron ampararse en la ley de «obediencia debida».

Para resolver ese problema, el doctor Menem renunció desde el principio a la amnistía como solución: se trataba de una vía que, al requerir una ley, exigía un suficiente consenso parlamentario, que de ninguna manera existía en un tema tan conflictivo y que todavía divide a la sociedad argentina. Ello hubiera desembocado en un largo y duro debate en el Congreso, con el consiguiente desgaste político y crispación estamental. En cambio, la vía del indulto ofrecía una gran ventaja: podía ser directamente promulgado por decreto presidencial.

Esa fue, en definitiva, la solución adoptada, aplicada en dos fases: en la primera se promulgaron los indultos de octubre de 1989, que dejaron en libertad no sólo a los treinta y ocho todavía procesados por violación de derechos humanos durante la dictadura, sino también a un número muy superior de militares procesados (hasta un total de 280) por su deficiente actuación en las Malvinas o por su participación en las crisis militares de 1987 y 1988 (Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli).

La segunda fase, demorada tácticamente por Menem algo más de un año, se materializó finalmente en los indultos promulgados a finales de diciembre de 1990, con los cuales el presidente peronista se plegó a los requerimientos tantas veces reiterados en los últimos años por las máximas autoridades militares: la liberación de los seis únicos altos mandos todavía encarcelados, cinco de ellos por sentencia firme (Videla, Massera, Viola, Ricchieri y Camps), y el general Suárez Mason, extraditado de los Estados Unidos y pendiente de juicio. Por otra parte, tratando de dar a estos indultos un aspecto de reconciliación de ambas fuerzas enfrentadas en los años setenta, el presidente incluyó en ellos al jefe montonero Mario Firmenich, anteriormente extraditado del Brasil.

El motivo invocado para los indultos —la supuesta «reconciliación nacional»— se vio radicalmente desmentido, a partir del momento mismo de su promulgación, por la reacción simultánea de las dos posiciones enfrentadas desde años atrás. Por un lado, las organizaciones pro Derechos Humanos y amplios sectores sociales, tanto desde la calle como desde los medios de comunicación, clamaban contra la escandalosa impunidad que implicaba la libertad de los máximos responsables de las masivas torturas y asesinatos de la «guerra sucia», sólo cinco años después de las condenas por tan gravísimos delitos, en una sociedad todavía traumatizada por sus secuelas y cuyas heridas permanecían aun dolorosamente abiertas tras el escaso tiempo transcurrido. Y, por el lado opuesto, irrumpía la actitud recalcitrante de los recién indultados, cuyo más caracterizado representante, el ex general Jorge Videla, libre ya del cumplimiento de su condena de prisión perpetua, en nota dirigida al jefe del Ejército y distribuida al mismo tiempo a la prensa, se apresuró a reivindicar todos los delitos cometidos bajo su autoridad durante la llamada «lucha antisubversiva», exigiendo lo que llamó «la reparación del honor militar», refiriéndose a su «injusta condena» y manifestando que la sociedad argentina seguía debiendo a su Ejército nada menos que «un pleno desagravio institucional»[344].

En cuanto a la Iglesia, las opiniones se dividieron con arreglo a la línea ya previamente definida por cada prelado en su trayectoria anterior. Los arzobispos de Buenos Aires, monseñor Antonio Quarracino, y de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, se mostraron partidarios del indulto, con diversos matices en su respectiva posición. Monseñor Justo Laguna, obispo de Morón, conocido por su postura crítica a la represión ejercida por las Juntas, afirmó que «el indulto no tiene por qué ser analizado desde la fe»[345], y que, en consecuencia, no tenía por qué pronunciarse corporativamente la Conferencia Episcopal, pudiendo cada obispo asumir en conciencia su propia posición. Monseñor Emilio di Cárcano, obispo de Azul, netamente adverso a la medida, manifestó hallarse «perplejo» ante el nuevo indulto presidencial[346].

Por su parte, prelados católicos tales como Miguel Hessayne (obispo de Viedma), Jaime de Nevares (obispo de Neuquén) y Jorge Novak (obispo de Quilmes), así como los obispos metodistas Emérito Pagura y Aldo Etchegoyen, junto con el escritor Ernesto Sábato y otras relevantes personalidades argentinas, hicieron públicos rotundos textos de condena a la «inicua injusticia» que significaba para el pueblo argentino la liberación, sin arrepentimiento alguno, de «los autores de los más aberrantes crímenes de su historia», según palabras de monseñor de Nevares en su comunicado emitido en la fecha misma de los indultos (29-12-90)[347].

7. CUARTA Y SANGRIENTA ACCIÓN DE LOS «CARAPINTADAS»: LA INSURRECCIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1990

Pero esta claudicante política frente a la presión del Ejército ni siquiera sirvió a Menem para resolver el persistente problema militar. A pesar del bloque de indultos del año anterior (octubre de 1989), que incluyó también a los «carapintadas» encarcelados por las insurrecciones de los años anteriores, y a pesar de tener anunciado para finales de aquel mismo mes (diciembre de 1990) el segundo y definitivo bloque de indultos recién comentado, nada de ello bastó para desactivar los planes golpistas de un determinado sector militar.

En efecto, a las tres de la madrugada del día 3 de diciembre de 1990 se produjo la cuarta y más grave rebelión protagonizada por el sector «carapintada», acción iniciada con la ocupación casi simultánea, por fuerzas insurrectas, del edificio «Libertador», sede de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército (apenas a doscientos metros de la Casa Rosada) y del Regimiento número 1 «Patricios» en Palermo (Buenos Aires), así como de la fábrica de carros de combate situada en Boulogne, en las afueras de la capital. Más tarde serían ocupadas, en la zona portuaria de Buenos Aires, las instalaciones de la Prefectura Naval. Finalmente, tras varias horas de combate, la rebelión era abortada con un sangriento balance de quince muertos. Entre las víctimas mortales del Regimiento de Infantería «Patricios» figuraba el teniente coronel Hernán Pita, segundo jefe de la unidad.

Un profundo conocedor del tema militar argentino, el profesor Robert Potash, autor de uno de los más extensos e importantes estudios sobre el papel político y social de las Fuerzas Armadas en aquel país, escribía días después: «El presidente Menem, creo, ha de haber comprendido que su política de indultos no era la correcta para resolver el problema del Ejército»[348].

Dentro de la misma jornada del día 3, la insurrección fue sofocada por las fuerzas leales, al mando directo del general Martín Raiza, entonces subjefe del Estado Mayor del Ejército. Pero los quince muertos producidos por la intentona golpista la convertían en la más grave de las cuatro insurrecciones producidas por los «carapintadas» en el intervalo 1987-90.

7.1. La permanente contradicción «carapintada»

El coronel Mohamed Alí Seineldín se autoproclamó como cabeza responsable de la acción emprendida por sus seguidores, pese a hallarse en aquellas fechas en prisión, arrestado como consecuencia de una carta suya dirigida anteriormente al presidente de la República, cuyo contenido fue considerado amenazador y digno de sanción. Uno de sus hombres, el mayor retirado Hugo Abete —encarcelado en su día como participante en la rebelión seineldinista de Villa Martelli en 1988, pero después beneficiado por el primer indulto del presidente Menem en 1989—, participó de lleno en la nueva rebelión de su líder, asumiendo en ella, una vez más, el papel de portavoz de los rebeldes. Con el ya peculiar discurso «carapintada», plagado de contradicciones, el mayor Abete, situado ante la verja del Regimiento «Patricios» —cuando éste permanecía en poder de los insurrectos— manifestó a los periodistas que se agolpaban al otro lado, entre otras cosas:

«Somos oficiales del Ejército Argentino, y no un grupo de disidentes». «Quiero señalarles que esto no es un golpe de Estado… Reconocemos la autoridad del presidente de la Nación; pero dentro del Ejército reconocemos una sola autoridad: la del coronel Mohamed Alí Seineldín».

«Este alzamiento es continuación de los tres anteriores, lo que demuestra la división de nuestro Ejército».

«Nuestros generales no representan el pensamiento de nuestro Ejército»[349].

Es decir no era un golpe de Estado, pero actuaban con las armas contra la autoridad del gobierno constitucional. Reconocían la autoridad del presidente, pero proclamaban como única autoridad militar a un coronel sedicioso, cuando el jefe supremo constitucional de las Fuerzas Armadas Argentinas no es otro que el propio presidente de la República. No eran disidentes, pero rechazaban la autoridad de sus generales. Por añadidura, ese supuesto «reconocimiento de la autoridad del presidente» quedaba drásticamente desmentido por las ráfagas que, desde el edificio «Libertador», dispararon contra el helicóptero que aterrizaba en la contigua Casa Rosada, llevando a bordo al vicepresidente Eduardo Duhalde —quien resultó ileso—, vehículo que muy bien podía transportar en aquellos momentos al propio presidente, cuya autoridad supuestamente respetaban.

Afortunadamente, Menem sí pareció tener esta vez las ideas claras al respecto. Rápidamente, declaró el Estado de Sitio y ordenó reprimir incondicionalmente a los insurrectos, negándose a todo tipo de negociación. Apreciable diferencia respecto a la forma de resolver las tres rebeliones producidas durante la presidencia de Alfonsín; dato éste que, objetivamente, es obligado reconocer. Según Menem manifestó más tarde, la acción del 3 de diciembre constituyó un verdadero intento de golpe de Estado, cuyos autores tenían prevista incluso su eliminación física, según precisó. Por todo lo cual asumió públicamente haberse equivocado respecto a los «carapintadas»[350], a los cuales —a diferencia de su antecesor en la presidencia— había venido prestando hasta entonces no poca consideración. Incluso demasiada consideración, según iba a revelarse por boca del propio coronel Seineldín en importante declaración ante el tribunal militar —el Consejo Supremo— que lo juzgaría poco después.

7.2. Sorprendentes revelaciones ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Increíbles contactos entre el presidente Menem y el coronel Seineldín

En efecto, el día 15 de diciembre de 1990 —sólo doce días después de la fracasada rebelión—, Seineldín, asistido por su defensor, el general Américo Daher, comparecía en Buenos Aires ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para la correspondiente declaración indagatoria. Interrogado sobre los antecedentes de los sucesos del 3 de diciembre, el coronel refirió con amplio detalle sus increíbles contactos en 1989 con el peronismo recién llegado al poder. La opinión pública argentina quedó perpleja una vez más —si aún cabía una nueva perplejidad— al conocer cómo el propio presidente Carlos Menem consultaba al coronel, ya entonces arrestado por su «cuartelazo» de Villa Martelli, importantes decisiones de Estado, tales como la designación del ministro de Defensa, del secretario del mismo departamento y del jefe del Ejército, así como la conveniencia o no de promulgar los indultos a los altos jefes militares condenados por los excesos de la represión, y de incluir o no en tales indultos al jefe montonero Mario Firmenich. Puntos en los cuales —en todos ellos— el nuevo presidente, de forma harto sorprendente, se ciñó al pie de la letra a lo propuesto por Seneldín.

Detalladamente, el coronel insurrecto fue explicando, requerido por el citado Consejo Supremo, cómo en 1989, estando recluido bajo arresto en el cuartel de Palermo, por su anterior alzamiento del 2 de diciembre de 1988, fue sacado de su confinamiento y conducido en dos ocasiones a sendos encuentros con el presidente Menem. El primero de ellos se produjo cuando éste, ya electo pero sin haber asumido aún la presidencia, le invitó a reunirse con él una noche en un lugar de Buenos Aires. Sobre tal conversación, el coronel detalló ante el Consejo lo siguiente:

«Como síntesis, le planteé al doctor Menem allí la necesidad de colocar un buen ministro de Defensa que tranquilizara las aguas dentro del Ejército y le propuse al doctor Lúder, y le propuse de segundo al doctor Humberto Romero. El doctor Menem me dijo: “Aceptado”. Luego le propongo al hombre que iba a arreglar la Institución, que era el general Cáceres (…) Dijo: “Aceptado, ellos van a arreglarlo. Aceptado”»[351].

Efectivamente, tan pronto como Menem asumió el poder, ésas fueron las tres personas designadas para los cargos propuestos: el doctor Italo Lúder, Ministro de Defensa; el doctor Humberto Romero, Secretario de Defensa; y el general Isidro Cáceres, jefe del Estado Mayor General del Ejército (cargo que, como en España, implica la jefatura real del Ejército de Tierra). Así, de esta inaudita forma, un coronel que permanecía arrestado por una insurrección anterior dictó directamente al nuevo presidente electo de la República los más importantes cargos en materia militar, tanto en su área política como en su máxima jefatura profesional.

Pero no acabó ahí la claudicante posición contemporizadora del recién designado presidente hacia el sector militar que, hasta entonces, había protagonizado ya tres graves insurrecciones en menos de dos años. Seineldín, en su declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, reveló hasta qué punto Menem, en aquella primera entrevista, llegó mucho más lejos aún. Tras haberle otorgado prácticamente la designación efectiva de los más altos cargos de Defensa, Menem ofreció al mismo Seineldín su participación en el gobierno que por aquellas fechas preparaba. He aquí las palabras del coronel ante el Consejo:

«El doctor Menem, la noche del primer encuentro, me dijo: “Bueno, ¿y usted, señor coronel?”. Y le digo: “Mire, doctor, yo ya terminé mi función. Si yo termino resolviendo este problema de unidad, yo finalizo”. “No”, dice, “yo quiero que usted participe en mi Gobierno”. Entonces le digo: “Mire, yo ya no puedo volver a la Fuerza en actividad porque no voy a ser un elemento de unidad (…)” Me insiste de nuevo, y entonces yo le digo: “Bueno, ya vi que insistió”. Le digo: “Si tiene alguna fuerza de combate, de reacción rápida de combate, yo puedo hacerme cargo, pero de retirado. (…) Una fuerza antinarcotráfico, o antiguerrilla, de la que yo, de retirado, podría hacerme cargo y comandarla”»[352]. (Las cursivas son nuestras).

En otro momento de aquella primera entrevista, según consta en el texto de la «declaración indagatoria», Seineldín solicitó de Menem la libertad de Videla, Massera y demás antiguos Comandantes de las Juntas. En este sentido, declaró lo siguiente:

«Y luego le pedí un indulto para los Comandantes que están presos (…) Me dijo el doctor Menem: “¿Usted no se va a enfadar si también dejo libre a Firmenich?”. Y yo le digo: “Doctor, con tal de que la Institución deje de estar presa como está, que salga”»[353].

Otra notable revelación de esta declaración indagatoria del coronel Seineldín ante el Consejo Supremo consistió en la constatación de los numerosos e importantes contactos que mantuvo con altos miembros del partido peronista, tanto antes como después de la toma de posesión de Carlos Menem. No sólo mantuvo otra segunda entrevista con Menem, esta vez ya presidente, en su residencia oficial de Olivos (a pesar de seguir Seineldín todavía preso), sino otras numerosas reuniones con el doctor César Arias, hombre de confianza del presidente y enlace directo entre éste y el coronel. Al cual, a tales efectos, visitaba una vez a la semana en su lugar de detención, según consta en la repetidamente citada declaración:

«El doctor Arias una vez por semana almorzaba conmigo, y yo le explicaba todos los problemas, que él llevaba al doctor Menem»[354].

Pero aparte de estos contactos con el presidente Carlos Menem y con su enviado César Arias, Seineldín mantuvo muchos otros contactos confesados, dentro de los altos niveles del peronismo gobernante. Según reconoció el coronel, aparte de sus ya citadas entrevistas, acudieron a visitarle y consultarle hombres como el entonces Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo; el Secretario de la Función Pública, Gustavo Bélir, el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa; el que fue secretario de Defensa y después ministro del mismo departamento, Humberto Romero; el que fue ministro de Bienestar Social, Alberto Kohan; el secretario de la Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy, así como su antecesor en el cargo, Juan Bautista Yofre[355].

Pero aparte de todas estas entrevistas, explícitamente manifestadas por Seineldín ante el Consejo Supremo, se le conocen a nivel público —y estando ya libre— no pocos contactos con destacadas personalidades menemistas o pertenecientes al más directo entorno presidencial, tales como la ex primera dama Zulema Yoma, los asesores presidenciales Luis Barrionuevo, Hussein Mohamed Assad y Mario Rotundo, así como el ex director de la Central Nacional de Informaciones, Carlos Cañón.

En el análisis sobre la significación de esta serie de contactos —prolongados después, según todos los indicios, hasta bien poco antes de la insurrección de diciembre— y de otros datos aportados por el coronel Seineldín en su declaración ante el Consejo y después difundidos por la prensa de Buenos Aires, escribe Horacio Verbitsky:

«La gravedad de los hechos narrados por Seineldín en indisimulable: entrevistas clandestinas del Presidente con un militar sometido a proceso por alzarse en armas contra el gobierno nacional; negociaciones con él sobre el pase a retiro de oficiales superiores y jefes del Ejército; designación de sus recomendados como ministro y secretario de Defensa y como jefe del Estado Mayor del Ejército; su intervención en la crisis que provocó el alejamiento del primer secretario de Defensa; (…); la consulta acerca del ejercicio de facultades constitucionales indelegables del Presidente, como la de indultar a condenados por la justicia; la redacción de un documento sobre reorganización militar que Menem firmó como prueba de compromiso».

«La transcripción de la indagatoria a Seineldín no sólo pone en evidencia la promiscuidad del Gobierno con los facciosos. También es ilustrativa acerca del movimiento y sus promotor (…). Aunque pretenda que no se proponía desbaratar el sistema institucional, describe su objetivo como colocar al Ejército en las condiciones en que estuvo antes. Es decir, apuntando con una pistola a la nuca del poder político[356]». (Las cursivas son nuestras).

En este último párrafo, el comentarista hace referencia a la definición que el coronel Sineldín formuló ante el Consejo Supremo cuando fue requerido para que concretara el objetivo de la fracasada insurrección. Según el texto literal de la «declaración indagatoria», el coronel definió en estos términos el objetivo de su operación:

«La idea de la operación era colocar un grupo de hombres, coroneles en actividad, que condujeran y levantaran al Ejército Argentino, y lo colocaran en las condiciones en que estuvo antes. (…)»

«¿El objetivo final era la remoción de la cúpula del Ejército?».

«Exacto. La remoción, el reemplazo por hombres que llevaran adelante la Institución».

«¿Cómo pensaba lograrlo?».

«Mi general, la única forma de lograr es combatir. Las instituciones demandan, así como en la lucha contra el terrorismo, Malvinas, etc., demandan el combate para lograr los objetivos (…). Si se permitía ese paso lento, esa transición lenta, la muerte del Ejército y de las Fuerzas Armadas es una realidad. Porque esta política va llevando hacia la destrucción de la Institución Militar, al debilitamiento total»[357]. (Las cursivas son nuestras).

Con estos datos de primera mano —las explicaciones y pronunciamientos del máximo responsable del frustrado alzamiento—, pasemos a nuestras propias conclusiones al respecto.

8. BREVES CONCLUSIONES SOBRE LOS DOS ACONTECIMIENTOS CLAVE DE DICIEMBRE DE 1990: LA INSURRECCIÓN SEINELDINISTA Y LOS INDULTOS, RECHAZADOS POR LA MAYOR PARTE DE LA SOCIEDAD

A la vista de los datos recién expuestos en el apartado precedente, resulta inevitable constatar que en el más reciente episodio insurreccional argentino (el del 3 de diciembre de 1990) se encuentran presentes todos los ingredientes del crónico problema cívico-militar de aquel país:

Por la parte civil:

—Estrechas y oscuras vinculaciones de alguna fuerza política civil con el sector militar más activo, insatisfecho e intervencionista (en este caso, la fuerza política fue el peronismo que en 1989 llegaba al poder, y el sector militar implicado fue la facción «carapintada» seineldinista). Viciosa e indeseable práctica, de hondo arraigo histórico en la Argentina, mediante la cual fuerzas políticas civiles, a través de solapados contactos, propician en ciertos sectores militares un equívoco sentimiento de protagonismo político, fortaleciendo su convicción (tan errónea como peligrosa) de que se les reconoce el derecho legítimo de compartir con el Gobierno amplias cotas de decisión y de poder, en áreas que afectan a toda la sociedad. Tales sectores militares, sintiéndose legitimados por tales contactos y consultas, se consideran después plenamente autorizados a protagonizar todo tipo de insurrecciones y alzamientos (golpes de Estado incluidos) tan pronto como creen apreciar que ese poder civil, débil y pactista, no cumple sus pactos, no se pliega a sus presiones o no responde a sus exigencias.

—En este terreno hay que señalar que la actuación del «menemismo» como fuerza política se ha inscrito en la peor tradición argentina de colaboración civil con el intervencionismo militar, estableciendo contactos más o menos inconfesables con los elementos más activos y de mayor capacidad «golpista» del Ejército, llegando con ellos a acuerdos y concesiones cuyo alto precio antidemocrático rara vez queda sin pagar por el conjunto de la sociedad.

Por la parte militar.

—Desconocimiento prácticamente total, por el sector militar implicado, de la premisa básica de una sociedad democrática: la subordinación del poder militar al poder democrático civil. Poder civil entre cuyas responsabilidades y obligaciones figura la dirección tanto de la política civil como de la política militar.

—Rechazo, por un sector militar autoritario, de aquellos jefes militares que otorgan un cierto juego al poder democrático y aceptan un cierto nivel de subordinación del estamento castrense a la autoridad civil. Jefes, estos últimos, que se ven descalificados y permanentemente presionados por ese otro sector militar empeñado en la recuperación de «la situación anterior» —que no pocos militares argentinos añoran—; situación allí tradicional, consistente en un Ejército dotado de un fuerte protagonismo en la vida nacional, dispuesto a decidir, establecer y ejecutar plenamente la política militar, e incluso una buena parte de la civil.

—Decisión de sustituir por la fuerza una cúpula militar por otra cúpula militar, con el pretexto de que es preciso evitar males como ese «debilitamiento total», «la destrucción de la Institución Militar», «la muerte lenta del Ejército», etc. Frases todas ellas de Seineldín ante el Consejo Supremo, y, por cierto, bastante similares a las pronunciadas en ocasiones históricas precedentes: argumentos de supuesta regeneración civil o militar, invocados tantas veces desde 1930 para justificar toda clase de golpes de Estado y de intervencionismo militar.

—En el caso que nos ocupa, los jefes militares rechazados por los «carapintadas» eran los generales Martín Bonnet y Martín Balza (jefe y subjefe del Ejército), al igual que lo fueron todos los anteriores jefes del Ejército que se sucedieron durante el mandato del presidente Alfonsín desde la aparición del movimiento «carapintada» en Semana Santa de 1987. Movimiento que, desde su principio, incluía entre sus objetivos no sólo impedir el juicio y castigo de los jefes y oficiales procesados por violación de derechos humanos durante la represión, sino también sustituir la cúpula del Ejército (encabezada entonces por el general Ríos Ereñú), y recuperar, en definitiva, aquel papel hegemónico tradicional del Ejército Argentino en la vida nacional, en evidente detrimento del poder democrático civil.

—Habituados a conseguir grandes repliegues del poder civil mediante actos de fuerza militar, como lo fue la «ley de obediencia debida» lograda tras la primera rebelión «carapintada» en abril de 1987; indignados tras el «incumplimiento» del llamado «pacto de Villa Martelli», logrado por Seineldín tras su insurrección de diciembre de 1988, con el cual trató de imponer una serie de exigencias que incluían —como siempre— la sustitución del jefe del Ejército (entonces el general Dante Caridi); no suficientemente satisfechos con los primeros indultos del presidente Menem otorgados en octubre de 1989, y ni siquiera con los segundos y definitivos, anunciados por Menem para antes de finalizar 1990 (nuevo y notable logro de la presión militar sobre el poder civil), Seineldín y los suyos, a primeros de diciembre y sin esperar a fin de año, sintieron llegada la hora de lograr sus demás objetivos, incluida —cómo no— la sustitución de la cúpula castrense (ahora los ya citados generales Bonnet y Balza), y todo ello por esa única vía eficaz reconocida por el coronel: empuñar las armas y combatir.

—Justo es reconocer, sin embargo, que en este caso la rebelión fue afrontada con saludable decisión por el presidente Menem, y reprimida militarmente por las fuerzas leales con una resolución y efectividad que se echó de menos en los alzamientos producidos bajo el gobierno del doctor Alfonsín. A diferencia de lo ocurrido en la insurrección de Aldo Rico en Campo de Mayo en 1987, y en la del propio Seineldín en Villa Martelli en 1988, casos ambos en que los rebeldes lograron forzar el pase a retiro de los máximos jefes del Ejército en ambas fechas —los generales Ríos Ereñú y Dante Caridi respectivamente—, esta vez, por el contrario, la cúpula militar mantuvo su posición, y el presidente la suya, sin dar lugar a ningún tipo de negociación con los rebeldes y sin someterse a pacto alguno, con documento escrito o sin él.

—Sin embargo, buena parte de esa favorable respuesta del Ejército a la hora de reprimir el alzamiento del 3 de diciembre no fue otra cosa que el fruto de las concesiones previas del presidente Menem a la institución. Si el presidente Alfonsín no logró en su día la obediencia del Ejército para reprimir a los rebeldes de Campo de Mayo (Semana Santa de 1987) fue porque aquel Ejército se hallaba mayoritariamente indignado por el juicio y condena de los Comandantes y, más aún por la pretensión de Alfonsín de juzgar a otros numerosos jefes de alta y media graduación. Menem, por el contrario, sí pudo contar con la obediencia del Ejército para reprimir a los rebeldes de diciembre de 1990, porque se trataba ya de un Ejército satisfecho en su más obsesiva y persistente reivindicación: la de liquidar las responsabilidades de la «guerra sucia». Liquidación negada por Alfonsín y otorgada por Menem, no sólo por los indultos de octubre de 1989, que impidieron todos los juicios pendientes, sino también por el definitivo bloque de indultos, anunciados ya por Menem para antes de terminar 1990 (y que finalmente serían promulgados el 29 de diciembre), mediante los cuales iban a ser liberados los máximos responsables de los crímenes de la represión. Indultos que venían siendo reclamados reiteradamente por el Ejército, y que Alfonsín no hubiera concedido jamás, pero que Menem incluyó en su política de «apaciguamiento militar». Así, este Ejército —complacido por tales concesiones presidenciales—, puesto en el trance de reprimir una insurrección «carapintada», mostró hacia Menem una obediencia y fidelidad que negó a Alfonsín menos de cuatro años atrás.

En cuanto al segundo acontecimiento destacado del año 1990 —los indultos del 29 de diciembre a los seis últimos y principales responsables de los masivos excesos represivos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional—, lo negativo y desacertado de tal medida para el conjunto Ejército-Sociedad quedó patente por esta doble realidad: por una parte, la falta de arrepentimiento y arrogante actitud del máximo responsable, general Videla, reclamando honores y desagravios institucionales para quienes organizaron y cometieron tales crímenes; y, por otra, el rechazo mayoritario de la sociedad. En este sentido, cabe destacar los aspectos siguientes:

—Las encuestas efectuadas en las fechas siguientes a los indultos del día 29-12-90 (véase la prensa argentina de los últimos días de diciembre de 1990 y primeros de enero de 1991), situaban entre un 70 y un 80 el porcentaje de desaprobación popular. Tomando, pues, un 75 por 100 como cifra indicativa, la promulgación de estos indultos bajo la persistente presión militar (tanto del Ejército oficial como del sector «carapintada») venía a manifestar, una vez más, y a cuantificar simbólicamente el crónico drama de la sociedad argentina, alumbrando una cruda verdad: entrando ya en el año 1991, sus Fuerzas Armadas seguían teniendo mayor peso decisorio que las tres cuartas partes de la sociedad civil, en un tema que afectaba de lleno a todo el cuerpo social.

—De esta forma, aquel doble y meritorio intento histórico —protagonizado por el Gobierno radical— de hacer justicia, por una parte, y de lograr, por otra, un pleno restablecimiento de la autoridad civil democrática frente a la tradicional prepotencia del intervencionismo militar argentino —decidido intento que se inició con la investigación de la CONADEP (1984), y que culminó con el juicio a los Comandantes (1985)—, quedaba en gran parte contrarrestado por la larga serie de concesiones civiles que dieron comienzo en 1986 y que con estos últimos indultos llegaban a su culminación. Largo retroceso que se inició con las «Instrucciones a los fiscales» para limitar el número de procesamientos (1986); que continuó con la «Ley de Punto Final» que los limitó aún más (1986); que alcanzó su máximo logro con la presión militar que dio lugar a la «Ley de Obediencia Debida», con la que tales procesamientos quedaron reducidos drásticamente (1987). Resulta, por tanto, obligado admitir que el notable fortalecimiento de la posición civil conquistada por el Gobierno Alfonsín durante el bienio 1984-85 fue, en gran parte, perdida por el mismo Gobierno en su retroceso de los años 1986-1988 ante la fuerte y persistente presión militar.

—Pero resulta igualmente obligado reconocer que ese retroceso recorrió sus últimos peldaños descendentes bajo el Gobierno del doctor Menem. El penúltimo de tales peldaños fue descendido al liberar a todos los militares todavía procesados por sus responsabilidades represivas o insurreccionales, mediante la primera serie de indultos, en octubre de 1989. Y el peldaño final (el bloque de indultos otorgado en diciembre de 1990) materializó la liberación de los seis últimos y supremos responsables de la masiva violación de derechos humanos perpetrada a partir del 24 de marzo de 1976. Responsables reconocidos y condenados como tales por sentencia firme, tras un impecable y minucioso juicio, en el que contaron con todas las garantías de defensa y apelación propias del Estado de Derecho; las mismas garantías que ellos negaron sistemáticamente a los miles de víctimas causadas bajo su directo mando y responsabilidad.

* * *

Tras este necesario repaso a los principales acontecimientos posteriores a la dictadura de las Juntas (desde su terminación en 1983 hasta finales de 1990), pasemos ya a nuestro análisis sociológico-militar, que abarcará los puntos siguientes:

1. Examen de los comportamientos de las Fuerzas Armadas Argentinas, a la luz de los principales modelos de relación Ejército-Sociedad vigentes en la Sociología Militar actual.

2. Interpretación del intervencionismo castrense en la Argentina desde 1930 hasta 1990. Explicación de diversos autores al respecto. Nuestra propia interpretación causal del fenómeno. Análisis del que consideramos máximo factor determinante de dicho intervencionismo militar.

3. Análisis de la represión militar ejercida entre 1976 y 1983, en el plano de los valores esenciales de la profesión: la moral castrense, la disciplina y el honor militar.

4. Conclusiones sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la dictadura de las Juntas Militares y período posterior hasta finales de 1990. Breve epílogo referente a los años 1990-94. Consideraciones finales.

VIII. UBICACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS MILITARES EN EL MARCO DE LOS PRINCIPALES MODELOS TEÓRICOS VIGENTES EN LA SOCIOLOGÍA MILITAR ACTUAL

En este capítulo vamos a tratar de situar los comportamientos militares hasta aquí considerados, examinándolos a la luz de algunos de los principales modelos sociológicos de comportamientos castrenses y de relación Ejército-Sociedad, según las distintas características de los Ejércitos, su jerarquía de valores predominantes, su clase de profesionalidad y su tipo de inserción en la sociedad civil. Recurriremos para ello a aquellos modelos que en el último medio siglo han sido más utilizados como marco de referencia en el área de la Sociología Militar.

1. LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS Y EL «ESTADO MILITAR» DE HAROLD LASSWELL

Hace ya medio siglo (principios de 1941) el American Journal of Sociology publicó un extraordinario artículo, titulado «The Garrison State» (literalmente «El Estado Guarnición», pero habitualmente traducido como «El Estado Militar»), del profesor Harold Lasswell[358]. Tal artículo pudo inicialmente ser considerado como sociología-ficción, por su enfoque especulativo y futurista, pero, décadas después, pudo y puede ser considerado con toda justicia —afirma con razón el profesor chileno Jorge Tapia Valdés— como «una de las más impresionantes predicciones en el área de la Ciencia Política»[359].

En dicho trabajo Lasswell sostenía que, debido a los avances de la ciencia, y a los consiguientes medios de control de grandes masas humanas y de todo tipo de recursos, el mundo caminaba hacia una situación de pleno dominio ejercido por los técnicos de la violencia. Según sus palabras, las sociedades modernas estaban abocadas a un proceso «que conduce de forma natural a la supremacía del soldado sobre el hombre de negocios y sobre el político civil».

Resumiendo las características de ese «Estado Militar» concebido por Lasswell, éstas serían básicamente las siguientes:

Prevalecerá una nueva clase de militar profesional, con una doble capacidad: por una parte, la de especialista en la administración de la violencia y la coacción; por otra, la de directivo y organizador de grandes empresas y estructuras de base civil. Este tipo de militar profesional ejercerá el gobierno a través de un aparato estatal militarizado, sobre un tipo de sociedad igualmente militarizada. Todas las capas de la población serán controladas mediante el empleo tecnifícado de las armas y demás medios coercitivos, junto con un poderoso aparato de información omnipresente y tentacular, y con todos los medios de comunicación de masas sometidos a riguroso control. La propaganda y la acción psicológica serán ejercidas intensamente, al servicio de conceptos tales como «la gran misión del Estado» y «los altos destinos de la Nación».

La coacción y la represión serán los instrumentos supremos del Estado Militar. Dicha acción coactiva y represiva se dirigirá muy principalmente contra el sector obrero, contra todo movimiento mínimamente reivindicativo, así como contra todo elemento intelectual sospechoso de oponerse a los designios del poder militar. El descenso del peso productivo de los trabajadores manuales, como resultado de los crecientes avances tecnológicos, potenciará a la máquina y devaluará a la mano de obra no tecnificada, abaratándola drásticamente. En consecuencia —siempre según la previsión de Lasswell—, las grandes masas proletarias no cualificadas serán peor tratadas que nunca, y sometidas a una implacable explotación.

En el plano político, la acción de gobierno, sin el más mínimo atisbo democrático, será netamente dictatorial. A efectos propagandísticos se mantendrá una fraseología nutrida de eslóganes seudodemocráticos, mientras en el campo de los hechos la acción ejecutiva y administrativa prescindirá de toda práctica mínimamente democrática: serán absolutamente suprimidos los partidos políticos, las elecciones, las cámaras parlamentarias con facultades legislativas. El poder se sucederá a sí mismo, mediante fórmulas de autorreclutamiento basadas en un sistema de cooptación interna, capaz de asegurar su continuidad.

La opinión pública será absolutamente monopolizada por el aparato del Estado Militar, anulando toda libertad de expresión y de información, todo pluralismo de opinión y todo posible margen de interpretación: no existirá otra interpretación posible que no sea la oficial, dictada por la autoridad, militar por supuesto. El estamento castrense, como élite dirigente del Estado, así como la oligarquía financiera e industrial sometida a sus órdenes, obtendrá las grandes beneficios derivados del acaparamiento y control de los medios de producción. Al propio tiempo, la permanente amenaza de un supuesto enemigo interior o exterior será sistemáticamente esgrimida para mantener vigente el gran aparato militar y policial, con su enorme gasto, posponiendo siempre los requerimientos populares de acceder a unos bienes de consumo y a una vida mejor.

Este es, en esencia, el perfil del Estado Militar laswelliano, con toda independencia de que tal sistema se establezca al servicio de una ideología nazi, o de un partido único estalinista, o de algún integrismo religioso de fanatismo radical.

Hay quienes alegan que el profesor Lasswell no tuvo que agudizar demasiado su imaginación para concebir su hipótesis de Estado totalitario en un momento histórico (1941) en que ya, en Europa, se hallaban en plena y desgraciada vigencia los regímenes de Hitler y Stalin. Sin embargo, su hipótesis de ese Estado Militar como régimen «con futuro» y con posibilidades de implantación en otros escenarios del mundo, hizo que muchos estudiosos volvieran sus ojos hacia ese modelo teórico de Estado, unos con escepticismo, pero otros con seria preocupación, por compartir la idea de su amenazadora verosimilitud.

Así, por ejemplo, entre los negadores de este modelo —al que acusaban de poco verosímil— cabe citar a Gino Germani y Kalman Silvert; los cuales, veinte años después de su enunciado por Lasswell, y refiriéndose al área latinoamericana, escribían en 1961 que el Estado Militar totalitario no era otra cosa que:

«… una pesadilla de escritores imaginativos, ya que no se encuentran ejemplos históricos del mismo en parte alguna. El bajo nivel de las artes tecnológicas en América Latina hace imposible ese desarrollo en el presente, en estas repúblicas»[360].

Curioso argumento, el del escaso nivel tecnológico, como barrera invocada frente al riesgo de una férrea dictadura militar.

En cualquier caso, un año después de este análisis adverso, Harold Lasswell se ratificaba en su planteamiento inicial, publicando en 1962 su análisis «The Garrison State Hypothesis Today» (La hipótesis del Estado Militar hoy), cuya conclusión era que, lamentablemente, los factores sociales, políticos y tecnológicos que dieron origen a su hipótesis del Estado Militar, lejos de haberse debilitado en las dos décadas transcurridas, se habían fortalecido aumentando su probabilidad[361].

Por desgracia, la realidad latinoamericana de la década siguiente iba a dar mayor razón a Lasswell que a sus detractores. Así, ya en la segunda mitad de los años 70, establecidas las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, entre tantas otras, el acreditado sociólogo norteamericano Morris Janowitz reconocía en 1977 la válida aproximación del modelo laswelliano para aquella trágica realidad[362].

A su vez, el ya citado profesor Tapia Valdés escribía en 1980:

«Afirmamos que la hipótesis lasswelliana se ha hecho realidad, en otros lugares y por otras razones que las que Lasswell imaginó, pero con las mismas características que él predijo. Bajo el patrocinio de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y mezclado con claros tonos fascistas, el Estado Militar ha aparecido en muchos países del Tercer Mundo en general, y en América del Sur en particular»[363].

Hay que registrar el hecho de que Lasswell, acertado en tantos aspectos de su modelo, no supo acertar en cuanto al aspecto geográfico de su predicción. Otorgando gran importancia al aspecto tecnológico, llegó a negar que pudieran darse casos de Estado Militar en las naciones «marginales», todavía no suficientemente incorporadas a los procesos organizativos y productivos propios del progreso tecnológico occidental[364]. Sin embargo, es precisamente en ese tipo de países donde, en las décadas de los sesenta y setenta, iban a surgir los casos de mayor grado de aproximación al Estado Militar que Lasswell esquematizó. Entre los cuales, el caso argentino ocupa un destacado lugar.

Hoy día, ya en los años 90, con la amplia documentación disponible sobre los comportamientos militares producidos en la Argentina entre 1976 y 1983, incluida la supresión de las elecciones y de la vida parlamentaria, el riguroso control de la sociedad civil en todas sus áreas, así como la forma sangrienta en que fue reprimida toda oposición incluso pacífica, resulta obligado constatar que la actuación de los militares argentinos durante el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» participó de muchas —aunque no de todas— las características de aquel modelo ucrónico que Lasswell denominó «el Estado Militar».

Resulta obligado señalar, como requisito no cumplido, el hecho de que el modelo laswelliano atribuía a los militares de su «Garrison State», entre otras características, una notable capacidad para la dirección gerencial, técnica y económica, incluida la gestión de grandes empresas en el ámbito civil. Facultad de la que obviamente carecieron las autoridades militares argentinas durante el «Proceso», pues el resultado de su gestión, tanto en lo macroeconómico como en lo empresarial —dato ampliamente ratificado por todo tipo de analistas—, puede resumirse en estas palabras del corresponsal en Buenos Aires de un periódico español:

«La dictadura militar desindustrializó el país, desarticuló al movimiento obrero, y fomentó una demencial estructura financiera, que todavía no ha concluido»[365].

Esa desarticulación del movimiento obrero —entre tantas otras desarticulaciones de estructuras demócratas civiles— es algo que encaja de lleno en el modelo militar de Lasswell; pero esa desindustrialización, y esa demencial estructura financiera son dos factores que escapan en gran medida de dicho modelo, pues unos militares antidemócratas, pero, al menos, hábiles administradores y expertos ejecutivos empresariales —según exige el modelo que nos ocupa—, no hubieran incurrido jamás en semejante catástrofe financiera e industrial. Así pues, los militares argentinos del PRN se ajustaron a lo peor del modelo de Lasswell, pero incumplieron la única faceta positiva de tal modelo: la alta capacidad de gestión y administración.

2. LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS Y EL «ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL» DE D. YERGIN

En 1974, D. Yergin presentaba en la Universidad de Cambridge su tesis doctoral titulada «The National Security State»[366]. En ella estudiaba las características del tipo de Estado entonces vigente en numerosos países, bajo la inspiración de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, subrayando cómo tal tipo de Estado significaba la vigencia real de no pocos de los aspectos más siniestros del «Estado Militan» que Lasswell enunció más de treinta años atrás.

Ahora bien: no basta con constatar que a partir de 1959 el Pentágono y otros centros norteamericanos productores de doctrina militar comenzaron a crear ese cuerpo conceptual que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional. También hay que reconocer que, paralelamente, por aquellos mismos años, importantes sociólogos civiles habían empezado a teorizar sobre la conveniencia de fusionar lo militar con la «Seguridad Nacional», entendida ésta como «un todo» que incluía también un alto grado de control en el área de lo político y lo social.

Entre las características de este modelo, cabe señalar las siguientes:

2.1. Aportación de importantes sociólogos civiles norteamericanos al concepto de «Seguridad Nacional»

En esta línea, fue precisamente un sociólogo norteamericano tan notable como el profesor Samuel Huntington el primer investigador que se planteó la teoría «fusionista», es decir, la propuesta de vincular al máximo ambos conceptos, con todas las consecuencias que tal «fusión» iba a traer. Previamente (ya en 1957) en su clásica «The Soldier and The State», Huntington conceptuaba como actitud normal que el Ejército, en su calidad de institución corporativa, se esforzase por conservar y afianzar el control interno de su profesión, protegiéndose del control político externo, y elevando en lo posible su grado de autonomía institucional[367].

Posteriormente (1961), el propio Huntington, en su trabajo «The Common Defense», exponía sin ambages la ya citada teoría «fusionista», tendente a la inseparable vinculación del aparato militar y la denominada «Seguridad Nacional»[368], con toda la enorme implicación que ello confería al estamento castrense como factor de intervención activa, dentro de múltiples países del área de influencia estadounidense y de América Latina en particular.

En efecto, Huntington es uno de los numerosos autores norteamericanos que no oculta su preferencia por las soluciones militares duramente conservadoras, en detrimento de las de tipo democrático liberal. Su fe y confianza en los militares resulta tan evidente como su recelo y desconfianza hacia los políticos civiles. Así, tras subrayar enfáticamente la importancia del concepto de Seguridad, sostiene que ésta se ha convertido en «la meta final de la política, en lugar de su punto de partida», por lo cual la pregunta decisiva ya no es:

«… qué modelo de relaciones cívico-militares resulta más compatible con los valores norteamericanos de tipo liberal democrático. Esta cuestión ha sido ahora sustituida por otra más importante: qué modelo de relaciones cívico-militares mantendrá más eficazmente la seguridad de la sociedad norteamericana»[369]. (La cursiva es nuestra).

Cruda interrogante, a la que él mismo se responde pocas páginas después:

«La condición para una adecuada seguridad militar exige un cambio en los valores básicos norteamericanos desde el ángulo liberal al conservador»[370].

En otras palabras: la política liberal de los Kennedy, Carter, Móndale y demás dirigentes demócratas debía ser sustituida —como de hecho lo fue en su momento— por el duro conservadurismo de los Reagan, Bush y demás halcones del partido republicano. Para dejar claras sus preferencias, por si aún no lo estaban, Huntington culminaba su argumento al respecto con la siguiente afirmación:

«… los Estados Unidos de hoy pueden aprender más de West Point que West Point de los Estados Unidos»[371].

Esta línea de pensamiento político y sociológico, de neta prevalencia de lo militar sobre lo civil —cuyas consecuencias se hicieron sentir tan dramáticamente sobre tantos países latinoamericanos—, gozaba sin embargo de amplio predicamento en no pocos autores estadounidenses, tales como Lucien Pye, Michael Conley, Symour Deitchman y J. G. Pauker, entre otros. Refiriéndonos únicamente al primero de ellos, entre sus diversos pronunciamientos contra los gobiernos democráticos civiles y en favor de las dictaduras militares tercermundistas, Pye escribía, por ejemplo, lo siguiente:

«El abrir simplemente la puerta a una cada vez más amplia participación popular en política, de ciudadanos analfabetos e inseguros, puede fácilmente destruir toda posibilidad para la existencia de un gobierno ordenado (…) Resulta necesario un gobierno fuerte si se pretende que las sociedades avancen hacia metas definidas»[372].

Según comenta el profesor Tapia Valdés, refiriéndose a la obra de este último autor:

«Sin embargo, es Lucien Pye el más desenfadado propagandista de este tipo de política que define sistemáticamente la organización y habilidades de los militares como superiores a las del gobierno civil y democrático en el ámbito del Tercer Mundo. La serie de ensayos (…) recopilados en su obra Aspects of Political Development constituyen un increíble llamamiento a la militarización de la sociedad y han tenido una influencia permanente y amplia en los círculos militares a través del mundo, como en el auge de los especialistas en contrarrevoluciones»[373].

Vemos, pues, que no han sido los centros militares estadounidenses los únicos generadores de los conceptos básicos de la «Seguridad Nacional», con toda su carga antidemocrática, sino que ésta tuvo también, desde sus orígenes, su dosis de aportación teórica procedente del ámbito universitario civil.

Pero también vemos algo más importante para el tema que nos ocupa: el hecho de que ese «llamamiento a la militarización de la sociedad» y esa proliferación de «especialistas en contrarrevoluciones» no iban a afectar sólo a países netamente tercermundistas, sino también —y aun en mayor grado— a países de la categoría de Argentina, cuyas Fuerzas Armadas, bajo las Juntas Militares del PRN, protagonizaron uno de los ejemplos más paradigmáticos de este modelo de Estado y de este tipo de relación Ejército-Sociedad.

2.2. El factor tecnológico como ingrediente de la «Seguridad Nacional»

Es de notar el gran énfasis que no pocos analistas de este «Estado de la Seguridad Nacional» otorgan a su aspecto «tecnológico», reiterando su decisiva influencia en la cuestión. Así, por ejemplo, el profesor chileno Jorge Tapia Valdés, uno de los más exhaustivos estudiosos del tema, escribe al respecto:

«… la modalidad “tecnologista” que reviste la DSN (Doctrina de Seguridad Nacional) le permite manipular y construir los hechos que van a ser utilizados como pretexto inmediato del golpe de Estado. En la práctica, sin embargo, la razón es siempre una y la misma: impedir que la izquierda política tome o conserve el poder político, cualquiera sea la vía que use (…). Y así como hay una sola razón para el golpee de Estado, existe también una técnica que se usa siempre para la preparación de este tipo de golpee: la exacerbación del conflicto social y la quiebra terrorista del orden y la paz sociales, por medio de grupos paramilitares de ultraderecha, que actúan directamente o infiltrándose en las fracciones más radicalizadas de la izquierda»[374]. (Cursivas y paréntesis nuestros).

Una vez más, también en este punto el caso argentino resulta paradigmático. Porque esa actuación de «grupos paramilitares de ultraderecha», tan eficazmente contribuyentes a «la quiebra terrorista del orden» para preparar y justificar un golpe de Estado, resultó aparatosamente visible en la Argentina de 1973 a 1976, cuando la Triple-A, de inequívoca base militar y policial —y contando con el soporte técnico, económico y de información de un importante ministerio (el encabezado por López Rega) y de la propia policía (a las órdenes del comisario general Alberto Villar)—, cumplió su siniestra misión durante los treinta meses que precedieron al golpe de marzo de 1976.

Recalcando esta vertiente del modelo basado en la Seguridad Nacional —el factor tecnológico aportado, tanto a la preparación del golpe militar como a la metodología represiva de la dictadura subsiguiente—, escribe el mismo autor:

«Las dictaduras militares que invocan la DSN son más sofisticadas (…). Son también increíblemente eficaces en materia de represión, en la medida en que han convertido a la policía y a la tortura en un simple problema de tecnología»[375].

Incidiendo nuevamente en la vertiente tecnológica, el mismo Tapia señala una de las raíces generadoras de la DSN: la exportación de métodos y tecnología represiva desde ciertos países occidentales (especialmente Estados Unidos y Francia, como ya vimos en capítulo anterior):

«A raíz de sus viajes y estudios en las naciones occidentales, particularmente Estados Unidos, los oficiales de los nuevos países adquirieron un nivel de conocimiento científico y tecnológico que los colocó en posición para juzgar e influenciar los sistemas sociopolíticos de sus naciones»[376].

En el mismo sentido, J. P. Vatikiotis —citado por Tapia— va más lejos aún, al afirmar que, por no haberse extendido paralelamente los conocimientos tecnológicos a otros sectores sociales, en no pocos países las Fuerzas Armadas llegaron a ser la institución mejor preparada de la sociedad, lo que se convirtió en otro factor de su intervencionismo político, y de su capacidad para ejercer eficazmente el control y la represión de la sociedad civil[377].

Respaldando tal argumentación, dice Tapia Valdés:

«El argumento de Vatikiotis en el sentido de que las Fuerzas Armadas dominaron la política de los países a causa de la superioridad científica y tecnológica del ejército, es ciertamente plausible y de gran fuerza explicativa»[378].

He aquí, pues, muy posiblemente, el factor que Lasswell no supo prever: la exportación de cierta tecnología y especial preparación a las Fuerzas Armadas de otros países, principalmente desde Estados Unidos hacia numerosas naciones latinoamericanas, a través de cursos impartidos a miles de sus jefes y oficiales entre 1950 y 1975, tal como vimos en capítulo anterior. Factor que permitió establecer fórmulas relativamente similares al «Estado Militar» —y perfectamente encables en el «Estado de Seguridad Nacional»— en lugares donde Lasswell, en su día, había considerado imposible tal implantación por su insuficiente nivel tecnológico general.

Y obviamente, Argentina —aunque nunca incluida entre los países de más bajo nivel— no escapó en absoluto a este peculiar tipo de «importación tecnológica», sino que sus militares se situaron entre los más eficaces importadores de esa «tecnología antisubversiva», a la que aportaron sus propios elementos autóctonos, de larga tradición anterior.

2.3. Superación del dictador individual, en beneficio de la dictadura corporativa. Notable ejemplo: las Juntas Militares argentinas entre 1976 y 1983

Por su parte, Morris Janowitz hace notar otra característica del «Estado de Seguridad Nacional»: la existencia cada vez menos frecuente del dictador individual[379], figura ya prácticamente superada en beneficio de otro tipo de autoridad dictatorial más colectiva y menos personalizada. Se trata de dictaduras encabezadas por cúpulas militares que, gozando de amplio respaldo corporativo, aparecen sin embargo formadas por oscuros jefes de escaso relieve individual, susceptibles de ser sustituidos cuando resulte preciso sin grandes traumas y dentro de la propia élite castrense, por otros jefes de condición similar. Fórmula dictatorial tal vez no muy espectacular en su apariencia externa, pero que se ha revelado de gran eficacia en cuanto a la práctica represiva y el férreo control social, según la realidad latinoamericana nos ha permitido comprobar con reiteración.

En este sentido, incluso registrando la excepción chilena durante el período 1973-89, con Pinochet como dictador de cierto carisma individual y prolongada duración —y sin dejar de mencionar la arcaica dictadura paraguaya de Stroessner—, hay que convenir que resultaron más representativas del modelo de Estado de Seguridad Nacional las dictaduras militares de Argentina, Uruguay y Brasil, durante sus correspondientes períodos de vigencia, tras los respectivos golpes militares de 1976, 1973 y 1964.

También en este aspecto, las Juntas Militares argentinas nos proporcionan otro ejemplo paradigmático de este modelo de Estado dictatorial, particularmente en este punto concreto: militares de escasa talla y sin notoriedad previa, perfectamente sustituibles por otros colegas similares, asumieron y ejercieron el poder de forma más bien colegiada y corporativa, sin que ningún líder de fuerte carisma se impusiera sobre los restantes de forma duradera e indiscutida. Los forcejeos internos dentro de las cúpulas militares fueron frecuentes —pese a sus pretensiones de cohesión externa—, pero ello no disminuyó su implacable eficacia en la represión.

2.4. El ansia desmedida de seguridad y sus desastrosas consecuencias para el Cuerpo Social

Otra de las características del planteamiento teórico de la llamada «Seguridad Nacional» —concepto básico del modelo de Estado del mismo nombre—, es su desmesurada exaltación del concepto de seguridad. Así, por ejemplo, en un trabajo —interesante por otra parte— del sociólogo militar chileno Milan Marinovic, éste define con los puntos siguientes —entre otros—, ese concepto de seguridad, y su vinculación con la Defensa y la Seguridad Nacional:

«La seguridad es un componente esencial de la estabilidad social».

«La seguridad no se sitúa sólo en el plano de la preservación, sino que es pre-rrequisito para la integración y el desarrollo».

«La seguridad, en su realización, conlleva un correlato lógico, cual es el concepto de defensa, entendido como el sistema organizacional que busca materializarla»[380].

«La Defensa, en la perspectiva dinámica de la Seguridad Nacional, comienza mucho antes de la agresión, y a ella concurren todos los ámbitos del quehacer nacional, por lo que su dimensión excede los límites de lo estrictamente militar»[381].

«La Seguridad Nacional contribuye al logro de objetivos que se fija una nación y, como tal, busca evitar que agentes o fenómenos externos o internos, perturbadores de la estabilidad social, la desvíen en la consecución de sus fines, sean éstos políticos, económicos, sociales o culturales»[382]. (Cursivas nuestras).

Salta a la vista que estos conceptos de «seguridad» y de «Seguridad Nacional» proporcionan a los militares una ilimitada posibilidad de invadir todas las áreas de lo civil: no sólo se reconoce abiertamente que, desde «mucho antes» de que se produzca una hipotética agresión, ya la seguridad exige un tipo de actuación que «excede los límites de lo estrictamente militar», abarcando «todos los ámbitos del quehacer nacional». Y todo ello dirigido a asegurar el logro de esos «fines», calificados, nada menos, como «políticos, económicos, sociales o culturales». Prácticamente no existe, pues, área alguna de la sociedad que escape de la vigilancia y control militar bajo esta filosofía seguritista, característica del modelo de «Estado de Seguridad Nacional». Filosofía de la que el PRN argentino constituyó una destacada manifestación.

Marinovic, al subrayar la importancia y necesidad de la seguridad, y la casi ilimitada amplitud que corresponde a su concepto de Seguridad Nacional, fundamenta su argumentación en el concepto sociológico de «el Cuerpo Social», concebido «como órgano vivo e inmerso en un contexto global»[383].

Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en aceptar como válido para este análisis el concepto orgánico de «Cuerpo Social», concibiendo a la sociedad —según lo hace la escuela sociológica organicista— como un gran «cuerpo» compuesto por un conjunto de órganos (instituciones y grupos sociales), órganos cuyo funcionamiento correcto o incorrecto (funcional o disfuncional, en términos sociológicos funcionalistas) determinará el comportamiento, asimismo correcto o incorrecto, del conjunto de la sociedad.

Pero incluso desde esa perspectiva, razonablemente científica, resultan evidentes los graves daños causados al Cuerpo Social por los excesos derivados de un abusivo concepto de la seguridad[*].

En efecto, incluso admitiendo sin reservas que el Cuerpo Social —como organismo vivo y, como tal, vulnerable— puede y debe ser defendido de diversos tipos de amenazas —lo que justifica, entre otras cosas, la existencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes y actuantes hasta en las sociedades más democráticas—, aun así, los hechos demuestran con contundencia y reiteración que ciertos conceptos exacerbados de «seguridad» —como el que caracteriza al «Estado de Seguridad Nacional»— producen un daño extenso, profundo y duradero a la sociedad, resultando insidiosamente agresivos contra el propio Cuerpo Social.

En cualquier caso, el Estado de Seguridad Nacional cobró cuerpo, doctrina, consistencia teórica y práctica, hasta acabar configurándose con los ingredientes ya conocidos: el desmesuradamente extenso concepto de «Subversión», asumido como fenómeno omnipresente y global; la lucha antisubversiva como «guerra permanente y total»; la atención militar concentrada en el «enemigo interior»; la mentalización policial de los profesionales de las armas; la implantación de métodos de interrogatorio que incluyen la tortura masiva de sospechosos, como medio válido y habitual de acceso a la información. Puntos, todos ellos, que ya en capítulos anteriores (particularmente I.4 y II.5) tuvimos ocasión de examinar y sobre los cuales no merece la pena insistir una vez más.

El resultado fáctico del Estado de Seguridad Nacional es tan lógico como desolador: la anulación del sistema democrático, mediante la supresión del conjunto de valores cívicos —las libertades de reunión, expresión y asociación, el pluralismo político y social, los partidos, los sindicatos, las elecciones, la soberanía popular, la supremacía del poder civil— que constituyen los pilares básicos de la democracia y del Estado de Derecho. En este sentido, el profesor Tapia Valdés señala «el impacto destructivo de la Doctrina de la Seguridad Nacional»:

«Los principios de la participación universal, elecciones periódicas, alternancia de las autoridades y decisión por mayoría, supremacía de la ley y responsabilidad de los gobernantes, esencias de la filosofía democrática, son negados uno a uno, en nombre de las más aberrantes razones. La DSN es, a este respecto, una teoría intrínsecamente oligárquica, dentro de la cual el pueblo no tiene ni puede tener otro papel que el de “objeto” de gobierno»[384]. (Cursivas nuestras).

Esta destrucción del Estado de Derecho y de todos los valores democráticos —en aras de una desmedida pretensión de seguridad, más allá de todos los límites de lo razonable— se manifestó trágicamente en la dictadura militar argentina de los años setenta, particularmente en cuanto a la desmesurada amplitud de la acción represora. Desmesurada amplitud inherente al Estado de Seguridad Nacional, tal como lo subraya el ya citado Tapias Valdés:

«… todo el programa de guerra antisubversiva está dirigido a contrarrestar una supuesta amenaza comunista: pero lo grave es que, en la práctica, el programa identifica como comunista a todo movimiento “izquierdista”, “populista”, “neutralista”, “tercermundista”, de “disidencia” o de mera “protesta”»[385].

He aquí otra flagrante manifestación de ese «ansia desmedida de seguridad», que considera como enemigo —dentro de esa supuesta «lucha anticomunista»— a una amplísima gama de actitudes sociales y políticas que abarca, no ya al comunismo en cualquier de su variantes, sino a otra extensa serie de posiciones ajenas a él, desde el socialismo democrático hasta el neutralismo activo, pasando por la simple reivindicación sindical. De hecho, en la mayor parte de las sociedades occidentales, el neutralizar a todas esas fuerzas políticas y sociales equivale a paralizar y quebrantar la mitad del «Cuerpo Social», pues suele ser aproximadamente la mitad del electorado —y a veces más— la que expresa su preferencia por esa gama de opciones, que con frecuencia resultan —en su suma total— mayoritarios en el conjunto de la sociedad.

Y esa paralización «contra natura» de la mitad o más del Cuerpo Social exige la eliminación de un alto número de supuestos «subversivos», exigencia que, en el caso concreto de Argentina bajo las Juntas Militares, significó la pérdida de decenas de miles de vidas, sacrificadas a ese abusivo concepto de seguridad.

En cuanto a la forma de lograr tal eliminación, y refiriéndose precisamente al caso argentino, el investigador británico Richard Gillespie expresa así los medios utilizados por la dictadura militar del PRN:

«Campos de concentración y centros de tortura, oficialmente establecidos pero clandestinos, junto con unidades especiales, militares y policiales, cuya función era secuestrar, interrogar, torturar y matar. Bajo el nuevo régimen no sólo la tortura fue más salvaje: el detenido quedaba ahora a la plena disposición de sus captores, que tenían todo el tiempo del mundo, sin ser molestados por interferencia judicial alguna; podían aislar totalmente al prisionero de la sociedad, y no tenían necesidad de entregar una persona viva al final».

«… muchos de sus participantes (de la dictadura militar argentina) proclamaban sus simpatías por el Nazismo; y los métodos que usaban, y que se les permitía usar, no eran precisamente distintos a los de la Gestapo»[386]. (Cursivas y paréntesis son nuestros).

Pues bien; un concepto de «seguridad» que elimina de raíz las prácticas democráticas y que obliga a recurrir a tales atrocidades, aplicándolas no sólo a cierto número de terroristas sino también a muchos miles de personas ajenas a la violencia —por simples razones de oposición política o reivindicación social—, dicho concepto de seguridad resulta mucho más traumático y más grave —en número de muertos, torturados, desaparecidos, daño institucional y destrozo social— que aquella previa amenaza terrorista que se trataba de combatir. Amenaza que un régimen democrático hubiera combatido enérgica y eficazmente dentro de los límites del Estado de Derecho, mediante la adecuada acción policial y judicial.

Para dar fin a este apartado dedicado al modelo de Estado de Seguridad Nacional y a «la extraña y peligrosa naturaleza de esta doctrina» —según califica a la DSN el tan citado profesor Tapia Valdés[387]— recogemos aquí dos últimas y caracterizadas valoraciones sobre el modelo de Estado que nos ocupa.

La primera de tales valoraciones es la de Irving Horowitz. Según el estudio de este sociólogo, entre los tres ingredientes teóricos básicos que conforman la DSN, los dos primeros no son otros que la teoría leninista del Estado y la teoría fascista de la sociedad[388]. El tercero de tales ingredientes señalados por Horowitz es el concepto de movilización total para la guerra, concepto cívico-militar que dicho autor comparte con Alfred Vagts, y que éste desarrolló en su estudio «A Study of Militarism»[389]. Pues bien; con esos dos primeros ingredientes básicos, el primero de ellos netamente leninista —la ocupación plena del poder y el mantenimiento de éste por una minoría absolutamente autoritaria, apoyada en una rígida burocracia al margen de todo mecanismo democrático—, y el segundo inequívocamente fascista —la filosofía agresivamente clasista de la sociedad, contemplada desde un ultraderechismo radical—, con estos dos elementos constitutivos, a cual más totalitario, no resultaba difícil prever lo que tal doctrina podía dar de sí en cuanto a la relación Ejército-Sociedad. Pero añadiendo a tales ingredientes, a modo de espoleta, ese tercer elemento —el concepto de «movilización total»—, no cabe sorprenderse del mortífero resultado final del cóctel en cuestión.

Finalmente, tampoco cabe sorprenderse de la segunda y última de las valoraciones con que vamos a terminar este apartado. Se trata, esta vez, de una valoración excepcionalmente legítima y autorizada, por su procedencia: la de cuatro coroneles del Ejército Argentino retirados, todos ellos diplomados de Estado Mayor: Rattenbach, Ballester, García y Gazcón. Los cuales, en su libro «Fuerzas Armadas Argentinas: el cambio necesario», resumen en estos términos los frutos de la Doctrina de Seguridad Nacional y del modelo de Estado inherente a ella:

«Si bien hasta el presente la Doctrina de la Seguridad Nacional no ha logrado ningún resultado duradero (derrota norteamericana en Vietnam y francesa en Indochina y Argelia), no por ello ha dejado de constituir una eficaz arma de dominación, y un peligro para la independencia de los países ubicados en cualquier parte del mundo».

«Sus implicaciones, hasta el momento, han sido trágicas. Por un lado, han costado ríos de sangre nacional, derramada en aras de intereses espúreos. De otro lado, han servido para hipotecar el futuro de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, creando una impagable deuda externa que servirá para maniatar a los Estados por tiempos prolongados»[390]. (Cursivas nuestras).

En definitiva, esos «ríos de sangre nacional» (argentina) «derramados en aras de intereses espúreos», así como esa «impagable deuda exterior», constituyen parte del tributo que la República Argentina (entre tantas otras) ha tenido que pagar a ese modelo de Estado que D. Yergin, en su tesis académica de 1974, tituló «el Estado de Seguridad Nacional».

3. LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS EN EL MARCO DE LOS MODELOS AUTORITARIOS Y DICTATORIALES: LA «DICTADURA DUAL», DE S. FINER, EL «ESTADO BUROCRÁTICO-AUTORITARIO», DE G. O’DONNELL, EL «RÉGIMEN AUTORITARIO», DE J. J. LINZ Y EL «ESTADO ANTIPOPULAR», DE A. TOURAINE

Existen otras formas de contemplar los distintos tipos de poder militar, lo que da lugar a los subsiguientes modelos sociológicos de interpretación.

Entre otros, cabe citar el régimen que el sociólogo norteamericano Samuel Finer llamó la dictadura dual, forma de poder en la cual el dictador se apoya en dos elementos: las Fuerzas Armadas y un partido único, de base civil[391]. Como ejemplos de esa «dictadura dual» suelen citarse, con mayor o menor grado de ajuste, regímenes como el franquismo, y, pese a sus grandes diferencias, también el leninismo soviético, el fascismo italiano y el nazismo alemán, en la medida en que todos ellos se fundamentan en el apoyo político de un solo partido, con exclusión de otras opciones, y en el imprescindible respaldo de la institución militar, sin la cual este tipo de regímenes nunca podrían subsistir.

Este modelo difícilmente podría ser aplicado al caso argentino, pues las dictaduras militares de ese país nunca se apoyaron en un partido único (salvo, por supuesto, en el denominado «partido militar», ya definido en capítulo anterior). Algunas veces se ha calificado de «dictadura dual» a la del general Perón en su período más autoritario (1952-55), pero hay que señalar que ni siquiera en ese período se mantuvo el Justicialismo como partido único, pues siguieron existiendo otros partidos de funcionamiento legal, aunque más o menos coartados por la política de aquél. Por ello, en rigor, tampoco en ese período cabría aplicar tal denominación.

También cabe señalar el modelo del argentino Guillermo O’Donnell, al que éste llama burocrático-autoritario (o, simplificado, BA). Después de estudiar las corrientes internas en las Fuerzas Argentinas y las distintas modalidades de intervención militar registradas en ellas, O’Donnell las divide en cuatro categorías, a las que llama respectivamente «paternalista», «nacionalista», «liberal-autoritaria» y «profesional». Clasificación cuya compleja y pormenorizada argumentación, llena de complicados matices, escapa al propósito de nuestro estudio, pero que puede ser consultada en la obra 1966-1973: El Estado Burocrático Autoritario, del citado autor[392].

El mismo sociólogo recién citado, en otra de sus obras, Modernización y autoritarismo, propone otro modelo basado en establecer la relación entre el grado de modernización que un régimen autoritario pretende implantar y el grado de exclusión que impone a la participación política y social. Apoyándose en argumentos predominantemente económicos para explicar las realidades políticas —enfoque objetado por Alain Touraine como inadecuado para el ámbito latinoamericano[393]—, O’Donnell concluye que los regímenes militares «burocrático-autoritarios» de América Latina tienden a imponer la máxima exclusión de la participación democrática ciudadana precisamente cuando mayor modernización alegan querer conseguir, y que éste es el caso concreto de la Argentina en particular[394].

También cabe citar aquí a nuestro compatriota, el prestigioso sociólogo Juan José Linz, de la Universidad de Yale, cuyo modelo analítico establece diferencias apreciables entre los regímenes fascistas europeos y otros distintos tipos de poder autoritario militar, definiendo un tipo de régimen al que llama autoritarismo, en contraste con el totalitarismo[395]. En todo caso, esa línea propia de Linz y O’Donnell —que pone mayor énfasis en el concepto de autoritarismo que en cualquier otra fórmula dictatorial— señala, como características propias de ese modelo de poder, la fuerte restricción de las libertades y del pluralismo político y social. Pero, al mismo tiempo, subraya el hecho de que, a diferencia de los propiamente totalitarios y fascistas, en los regímenes autoritarios no existe una fuerte movilización ideológica, sino simplemente —que no es poco— un permanente control represivo de la sociedad.

Tampoco podemos pasar por alto en este capítulo al modelo estudiado por el acreditado sociólogo francés Alain Touraine, y al que llama Estado antipopular. En su extenso y profundo estudio América Latina: Política y Sociedad, este autor dedica muy densas páginas a las formas de intervención militar, y a las que llama «dictaduras antipopulares» latinoamericanas[396]. Abundando, en buena medida, en la línea argumental de Linz, Schmitter y del propio O’Donnell, Touraine afirma que la diferencia más clara entre un régimen autoritario y un régimen fascista consiste en que, en el autoritario, «la movilización ideológica y militar» es sustituida por «un control puramente represivo de la población». A continuación, refiriéndose a los regímenes autoritarios latinoamericanos, añade que «el único elemento común a todos fue la represión antipopular»[397]. (Las cursivas corresponden al original).

A su vez, el profesor argentino Antonio Manna, inscribiéndose en la anterior línea de interpretación —y citando conjuntamente a los dos últimos autores comentados, O’Donnell y Linz— destaca la siguiente característica del modelo autoritario:

«… uno de los móviles esenciales del autoritarismo es instaurar un pluralismo limitado, erradicar la participación o lograr la exclusión política del sector popular, junto a la supresión de la ciudadanía, variables éstas que conforman parte del modelo…»[398].

Vemos, pues, que —incluso aceptando la diferencia entre un régimen fascista propiamente dicho y un régimen de este modelo de autoritarismo—, aun así resulta evidente que, tanto el «Estado pretoriano árbitro» —el menos extremo de los definidos por Perlmutter— como la «dictadura dual» de Finer, o el «Estado autoritario» de Linz, o el «Estado burocrático-autoritario» de O’Donnell, o el «Estado antipopular» de Touraine, todos ellos incluyen ese propósito de «erradicar la participación», «excluir al sector popular», «suprimir la ciudadanía», y ejercer —según la frase ya vista del mismo Touraine— ese «control puramente represivo de la población».

Salta a la vista que, salvo en el aspecto del «partido único» que caracteriza a la «dictadura dual» de Finer —modelo en el que, como hemos dicho, no encajan las dictaduras militares argentinas—, en cambio, tales dictaduras, con su fuerte recorte de las libertades, sí entran de lleno en los modelos autoritarios definidos por los autores que acabamos de citar. Y resulta obligado constatar que, muy especialmente, la dictadura de las Juntas (1976-83) participó en alto grado de las peores características autoritarias señaladas en sus modelos respectivos por O’Donnell, Linz y Touraine, incluyendo las más graves formas de desprecio a la democracia, a la participación política, a la soberanía popular, a los derechos humanos irrenunciables, y al conjunto de las libertades imprescindibles a nivel colectivo e individual.

4. LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS EN EL MARCO DEL MODELO «INSTITUCIONAL/OCUPACIONAL» DE CHARLES MOSKOS, DE GRAN VIGENCIA ACTUAL

Ahora debemos referimos a uno de los modelos sociológicos más utilizados y discutidos en la actualidad. Nos referimos al modelo institucional/ocupacional (I/O en abreviatura), propuesto por el profesor norteamericano Charles Moskos, de la Northwestern University, que divide los comportamientos castrenses en dos tipos genéricos a los que llama respectivamente «institucional» y «ocupacional». Al igual que venimos haciendo con los modelos anteriores, y en atención al lector no especializado, presentaremos esquemáticamente el modelo (y las distintas perspectivas de otros sociólogos sobre él), antes de pasar a los comportamientos militares argentinos que tratamos de valorar.

Según este modelo, el Ejército institucional (llamado por otros autores, con diversos matices, profesional y por otros vocacional) es aquel que se basa en el fuerte predominio de unos valores y normas tradicionales, nutridos de conceptos trascendentes tales como «deber», «honor», «patria», «vocación de servicio». Por el contrario, el Ejército ocupacional corresponde a un tipo de comportamiento más bien empresarial: sus cuadros cobran un determinado salario por efectuar una determinada tarea, establecida en términos contractuales, basados en la mutua lealtad entre ambas partes y el correcto desarrollo de la función[399].

He aquí un breve resumen del esquema que el propio Charles Moskos proporciona de ambos conceptos de lo militar. Empezando por el concepto institucional, dice así:

«El militar institucional. Una institución es legitimada en términos de valores y normas, es decir, en un propósito que trasciende el interés individual, en aras de un bien considerado superior. Tales valores son incorporados en conceptos tales como “deber”, “honor” y “país”[*]. Los miembros de la institución son frecuentemente considerados como seguidores de una llamada vocacional»[400].

Entre las características del militar institucional señala las siguientes:

«… disponibilidad para el servicio 24 horas al día, frecuentes desplazamientos del interesado y de su familia, sujeción a la disciplina y las leyes militares, imposibilidad de dimisión, de huelga, o de negociar las condiciones de trabajo»[401].

En cuanto al concepto de ocupación, Moskos dice entre otras cosas:

«El militar ocupacional. Una ocupación es definida en términos de mercado. La oferta y la demanda, más que las consideraciones normativas, son los factores que prevalecen.»… «(Como) en una moderna sociedad industrial, los empleados disponen normalmente de cierta voz en cuanto a salario y condiciones de trabajo. Tales derechos son contrapesados mediante responsabilidades establecidas por obligación contractual»[402].

En cuanto a las características esenciales de este modelo, Moskos incluye entre otras:

«El modelo ocupacional implica una prioridad del interés individual, más que del interés de la organización “empleadora”».

«El modelo militar ocupacional está sujeto a los principios básicos del mercado».

«No existe diferencia analítica entre los militares y otras organizaciones; en particular, no hay diferencia entre los análisis coste-eficacia de las empresas civiles y los servicios militares».

«Las compensaciones militares deberán ir directamente vinculadas a las diferencias de capacidad de los individuos en el servicio»[403].

Como vemos, ambos modelos, tanto el «institucional» (tradicional o vocational) como el «ocupacional», son modelos teóricos puros —modelos «ideales» en el sentido weberiano— con sus características fuertemente marcadas y contrapuestas en la definición de su autor. Ello determina, como es lógico, que ningún Ejército del mundo se ajuste exactamente a ninguno de los dos tipos así definidos. Lo cual no resta validez a tal fórmula como instrumento de análisis sociológico; instrumento válido para los análisis evolutivos y comparativos de los comportamientos militares, como los que el propio profesor Moskos, y tras él tantos otros sociólogos, vienen desarrollando desde años atrás.

Dentro de esa vía analítica, Moskos pone de manifiesto la marcada evolución que viene produciéndose en los Ejércitos modernos occidentales, tendente a alejarse gradualmente del antiguo y tradicional modelo «institucional» para acercarse al modelo llamado «ocupacional», centrando su estudio principalmente en el estamento militar estadounidense. Otros sociólogos, por análoga vía, han estudiado la evolución de diversos Ejércitos; así, por ejemplo, Charles Cotton ha analizado en ese sentido al Ejército canadiense[404]: Marina Nuciari[405] y Hans Radbruch[406] al italiano; Dimitrios Smokovitis el griego[407]; el sociólogo militar chileno Omar L. Gutiérrez se ha ocupado, en un mismo trabajo, del caso estadounidense y del caso español[408].

A su vez, el prestigioso profesor Morris Janowitz —uno de los «padres» reconocidos de la moderna sociología militar, durante 35 años presidente del Inter-University Seminar, organismo editor de la revista Armed Forces and Society— asumía como inevitable una evolución de los Ejércitos en el sentido de asemejarse cada vez más a ciertas estructuras civiles, como resultado del fuerte impacto que los organismos militares reciben del progreso tecnológico, de las técnicas empresariales y de los cambios sociales en general. Estos cambios e influencias van determinando —reconocía Janowitz en su obra básica, The Professional Soldier— una progresiva similitud de la profesión militar y sus organismos estructurales respecto a las grandes instituciones burocráticas civiles[409].

En cambio, el otro gran «padre» de la sociología castrense norteamericana, el profesor Samuel Huntington, en su también clásica The Soldier and the State, aunque admite que las Fuerzas Armadas responden a un doble imperativo —el funcional, derivado de las necesidades de la defensa, y el social, procedente de las fuerzas sociales e ideologías dominantes en la sociedad civil—, aun así, nos presenta en su obra un tipo relativamente diferente de militar profesional. En efecto, Huntington concibe unas Fuerzas Armadas más cerradas sobre sus propios valores específicos, y un tipo de estamento militar más pendiente de conservar su propia autonomía y de protegerse del control político externo que de conectar con —y adaptarse a— las grandes tendencias emergentes de la sociedad[410].

No resulta extraño, por tanto, que Charles Moskos —aplicando a ambos clásicos su modelo I/O— escriba lo siguiente:

«Hablando en términos generales, la profesión militar diseñada por Samuel P. Huntington en The Soldier and The State cae más cerca del tipo institucional, mientras que las tendencias descritas por Morris Janowitz en The Professional Soldier son más congruentes con el tipo ocupacional»[411].

Sin embargo, las últimas investigaciones y los trabajos publicados en los últimos años señalan la considerable compatibilidad y coexistencia de ambos tipos, institucional y ocupacional, cuya contraposición no resulta tan aguda como a primera vista pudiera parecer. De hecho, no son pocos los analistas que encuentran entre ambos modelos un alto grado de correlación y compatibilidad.

Así, por ejemplo, el propio Janowitz, pese a haber subrayado siempre las tendencias ocupacionales de los ejércitos modernos, sostiene paralelamente que ciertos elementos básicos del modelo institucional conservan su plena validez[412].

Por su parte, los profesores David y Mady Segal[*], de la Universidad de Maryland, profundos estudiosos del modelo I/O de Moskos, sostienen que las Fuerzas Armadas estadounidenses y todo el aparato de Defensa de aquella nación han sabido crear mecanismos internos que, de hecho, vienen a contrarrestar la inevitable tendencia ocupacional, introduciendo factores tendentes a una sólida reafirmación de los valores del ejército institucional[413].

Tras efectuar numerosas aplicaciones del modelo I/O en investigaciones empíricas sobre el estamento militar, David Segal llega a la conclusión de que las conceptos de institución y ocupación no constituyen polos opuestos de una misma dimensión, sino más bien dos dimensiones relativamente autónomas entre sí, capaces de coexistir en gran proporción[414].

A su vez, otros sociólogos europeos participan de la misma conclusión. Por ejemplo, Marina Nuciari subraya el carácter «necesariamente institucional» del Ejército[415], pero asumiendo como inevitables, al mismo tiempo, ciertas tendencias ocupacionales[416].

Por su parte, el sociólogo militar italiano Giussepe Caforio ratifica tal compatibilidad en estos términos:

«La conclusión en este punto es que las fuerzas armadas, como conjunto, siguen siendo todavía una institución, dentro de la cual existen a la vez posiciones profesionales y ocupacionales»[417].

Nuestra posición al respecto es la siguiente: consideramos que un Ejército moderno puede y debe mantener una sólida base de valores de carácter profesional/institucional (deber, honor, patria, servicio), y, al propio tiempo, puede y debe incorporar ciertos elementos funcionales (técnicas de gestión, valoraciones coste/eficacia, rendimiento individual, personal contratado civil y militar, etcétera) de carácter más bien empresarial/ocupacional.

Ahora bien: ¿Tiene algo que ver el intervencionismo militar sobre la sociedad civil —golpes de Estado incluidos— con el hecho de que un Ejército se fundamente en el modelo institucional o en el ocupacional? La respuesta rotunda es: tiene mucho que ver, máxime cuando un Ejército se proclama y se siente netamente institucional. Porque, como ya hemos visto en su propia definición, el militar institucional se comporta motivado por un conjunto de valores que considera fundamentales: el deber, el honor, la patria, etcétera. Por tanto, el comportamiento de ese Ejército institucional para con la sociedad dependerá del conjunto de valores éticos, filosóficos, políticos y sociales que nutran esos conceptos de la patria, del deber y del honor. Porque nunca debemos olvidar que este bloque de conceptos puede nutrirse de valores humanistas y firmemente democráticos, pero también de una fuerte carga oligárquica y antidemocrática, del más nocivo efecto en la relación Ejército-Sociedad.

Punto fundamental, al que pronto habremos de volver al referirnos a los conceptos desviados del honor y del deber, con su pernicioso efecto autoritario y antidemocrático, cuando tal desviación afecta a ese núcleo de valores que sirven de base al llamado por Moskos «Ejército institucional».

5. LOS COMPORTAMIENTOS MILITARES ARGENTINOS, BAJO LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL/OCUPACIONAL. GRAVE DESVIACIÓN DE SU NÚCLEO DE VALORES INSTITUCIONALES, DEMASIADO ALEJADOS DE UNA BASE SÓLIDAMENTE DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL

Si preguntásemos a cien militares argentinos con qué tipo de Ejército se identifican más, si con el «institucional» o con el «ocupacional» (dentro del modelo I/O propuesto por Charles Moskos), estamos convencidos que los cien nos contestarían sin vacilar manifestando su preferencia por el «institucional». Todos afirmarían rotundamente que no podrían sentirse identificados con un Ejército de mentalidad empresarial, que contemplase lo militar como una simple «ocupación», basada en conceptos laborales y de puro compromiso contractual. Todos contestarían que «lo suyo» es un Ejército inspirado en ese bloque de valores profundamente sentido que caracterizan al Ejército/institución, diferenciándolo del Ejército/ocupación.

Nada que objetar, por nuestra parte, a tal elección. El problema viene al comprobar qué tipo de valores institucionales son los que prevalecen en ese Ejército tan marcadamente institucional. Porque nunca se repetirá bastante que esos valores —honor, deber, patria, lealtad, disciplina—, que alimentan al Ejército/institución definido en el modelo I/O por Charles Moskos, pueden ser nutridos de un alto contenido democrático, de un firme sentido constitucional y del más acendrado respeto al legitimo poder civil; pero también pueden nutrirse basta la médula de una pesada carga autoritaria, de un grave lastre antidemocrático y de una muy escasa estimación —por no decir de un notable desprecio— hacia los derechos humanos, hacia las instituciones democráticas y hacia la capacidad de la clase política civil.

Y en ese sentido, aunque nos duela decirlo —y cómo desearíamos poder decir lo contrario—, nos parece innegable que el Ejército Argentino es uno de los que con mayor intensidad han sufrido ese negativo proceso de deterioro moral y social que en un apartado del capítulo siguiente titularemos «La fuerte carga antidemocrática que llega a adquirir, en ciertos Ejércitos, su bloque de valores institucionales». Todo lo dicho en aquellas tres páginas escasas, bajo dicho título, para describir ese proceso con carácter general, resulta a nuestro juicio especialmente aplicable al Ejército Argentino en particular.

Se trata de un proceso de deterioro que, desde 1930 (crisis económica mundial, oligarquía amenazada en sus privilegios, estrechamiento de lazos Ejército/oligarquía, aparición en Argentina del «partido militar», etcétera), y más intensamente desde 1959 (triunfo de Castro en Cuba, implantación creciente de la Doctrina de Seguridad Nacional, obsesión anticomunista, «enemigo interior», guerra «total» con tortura incluida, etcétera), ha afectado a diversos Ejércitos latinoamericanos en su posicionamiento moral y social, hasta configurar en ellos ese desviado bloque de valores «institucionales»», proceso cuyo desenlace histórico condujo a las dictaduras de los años setenta, y, muy principalmente, a la padecida por la Argentina a partir de 1976.

Dictadura, ésta última —la del llamado «Proceso de Reorganización Nacional»—, demostrativa, por sus efectos, del tipo de comportamientos militares que pueden producirse cuando unas fuerzas Armadas han llegado a asumir un determinado tipo de «honor», una determinada idea de la «dignidad», un determinado sentido del «deber» y un cierto concepto de la disciplina militar. En otras palabras: un cierto tipo de «valores institucionales» —en la denominación propia del modelo I/O de Charles Moskos— notablemente alejados del núcleo central de «valores» que caracteriza a un Ejército también institucional, intensamente institucional, incluso orgullosamente institucional, pero cuyos conceptos del honor, del deber, de la dignidad y de la disciplina le obligan a respetar el funcionamiento democrático de la sociedad y de las instituciones civiles, el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas, y a asumir, a plena conciencia, la debida subordinación constitucional al poder democrático civil.

En definitiva, por lo que respecta al modelo I/O, el problema de las Fuerzas Armadas Argentinas no consiste en optar entre el tipo de militar institucional y el ocupacional, sino en, manteniéndose dentro del tipo que realmente sienten como propio (el institucional), y sin perjuicio de incorporar a él los aspectos ocupacionales que puedan ser necesarios por exigencias de carácter funcional (como lo hacen todos los Ejércitos modernos), asumir el verdadero desafío que han de afrontar en el momento actual. Desafío que consiste a nuestro juicio en, dentro de ese modelo institucional, desembarazarse del pesado lastre antidemocrático (moral y conceptual) que han acumulado en las seis últimas décadas de intervencionismo y «partido militar», para asumir rotundamente, patrióticamente, el conjunto de valores institucionales que caracterizan a unas Fuerzas Armadas de profunda convicción democrática, humanista y constitucional.

6. LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS EN EL MARCO DE LOS DISTINTOS MODELOS «PRETORIANOS»

Dada la importancia del modelo llamado «pretoriano», y su especial aplicabilidad al caso argentino, concederemos un espacio adecuado a su explicación previa, siguiendo a su más caracterizado diseñador, el profesor norteamericano Amos Perlmutter, de la Universidad de Harvard.

Después expondremos algunos modelos «cronológicos» —el del propio Perlmutter, con breve alusión a los de Huntington y North—, explicativos del desarrollo del pretorianismo, a lo largo del tiempo, en Argentina y otros países del área. Observaremos a continuación —siguiendo a Perlmutter— un panorama comparativo de los períodos pretorianos en diversos países, que abarca hasta 1976. A partir de dicho año —de tan notoria significación en la historia argentina— desarrollaremos, según nuestra propia interpretación —pero siempre dentro del marco pretoriano—, un análisis de los comportamientos de las Juntas Militares, a partir del golpe de marzo de 1976, —hasta la forzosa entrega del poder por la cuarta y última Junta, tras las elecciones democráticas de 1983.

Para empezar, Perlmutter establece una clasificación de los Ejércitos actuales en las siguientes cuatro categorías:

Ejército profesional: aquel que adquiere una técnica y preparación específica para la guerra, asumiendo su carácter de instrumento armado al servicio del Estado, al que mantiene su subordinación. Su capacidad se manifiesta en «el conocimiento específico basado en requisitos objetivos de competencia profesional elevada»[418].

Ejército corporativo (considerado por Perlmutter como derivado del anterior): aquel que adquiere una idea de clase, asumiendo una conciencia de cuerpo; en definitiva, una noción de colectividad con fuertes características de unión. Este espíritu corporativo —dice Perlmutter— puede irse implantando, a partir de un Ejército profesional, con riesgo de llegar a incurrir en una «celosa tradición de rígida exclusividad», «ceremonial» y «restricciones de clase». En general, el Ejército corporativo asume también su subordinación al Estado, siempre y cuando su corporativismo sea respetado por éste. Ese corporativismo se manifiesta en «espíritu de grupo, confianza colectiva en sí mismo, y competitividad con otros grupos»[419].

Ejército pretoriano: aquel que, lejos de considerar su subordinación al Estado como factor primordial, ejerce un fuerte poder político, reservándose una enorme capacidad de intervención en la vida política y social de la nación, ya sea mediante el empleo directo de la fuerza, o a través de la coacción, mediante la amenaza de emplearla. Al mismo tiempo, el Ejército pretoriano, mucho más aún que el corporativo, es el máximo defensor de la autonomía de la institución militar. En el Ejército pretoriano «el conocimiento profesional no se exige demasiado estrictamente», mientras que, por el contrario, su «disposición para intervenir es permanente y continua»[420].

Ejército revolucionario: es aquel que, según Perlmutter, pone toda su capacidad militar al servicio de una determinada convicción política —la de un determinado partido—, mediante un enfrentamiento revolucionario con la autoridad estatal vigente. Una vez derribada ésta, es decir, una vez «institucionalizada» tal revolución, con su ideología ya implantada, tal Ejército —siempre según Perlmutter— «acepta el tipo racional (profesional) de la organización militar», pasando a integrarse en las características del primer grupo: el Ejército profesional. A partir de su triunfo revolucionario este tipo de Ejército «rechaza las premisas del corporativismo militar y su derecho a intervenir en política»[421].

Pues bien; dentro de esta clasificación esquemática del profesor Perlmutter, nos centraremos en el modelo concreto que aquí nos interesa: el Ejército pretoriano, al cual, por cierto, el propio autor citado otorga la mayor extensión y profundidad en su análisis.

El término «pretoriano», con su doble carga militar y política, procede, como es sabido, de la antigua Roma, que reservaba un selecto contingente armado —la guardia pretoriana— cuya misión fundamental consistía en proteger el órgano legislativo —el Senado— contra todo posible ataque civil o militar. El hecho de que dicha guardia tuviera la atribución de imponer como jefe a su propio candidato, sobre el criterio del Senado, dio lugar a un especial concepto de autoridad militar, con notable repercusión política. Concepto que, con esa doble implicación —política y militar— ha perdurado hasta hoy.

En los planteamientos sociales de Max Weber aparece el «pretorianismo» definido como el dominio ejercido por los antiguos «honoratiores» (nobles aristócratas, hombres de honor) cuya autoridad, de carácter patrimonial, abarcaba todas las áreas del poder, incluida la militar. Así, según Weber, la autoridad militar y la judicial, formando parte de aquel antiguo «pretorianismo», eran ambas «ejercidas sin restricciones por el dueño y señor, como componentes de su poder patrimonial»[422].

Más modernamente aparece la definición de «pretorianismo» de Frederick Mundell comúnmente aceptada hasta nuestros días y asumida básicamente por Perlmutter. Según Mundell:

«El pretorianismo es un término utilizado frecuentemente para definir una situación en la que la clase militar, dentro de una sociedad dada, ejerce un poder político independiente de dicha sociedad, en virtud de un empleo real de la fuerza o de la amenaza de emplearla»[423].

En el mundo actual, según Perlmutter, existen tres formas o subtipos de pretorianismo, que define en estos términos:

«Autocracia: es una simple tiranía militar, el gobierno militar detentado por un solo hombre. En este sistema la autoridad personal se encama, sin obstáculos, en un único regulador supremo».

«Oligarquía militar: el gobierno corre a cargo de unos pocos. El poder ejecutivo está compuesto principalmente por militares. La única diferencia intrínseca entre oligarquía y autocracia militar estriba en el número de dirigentes».

«Pretorianismo autoritario: se caracteriza por una dirección fusionada y ejercida por civiles y militares. (…) Un régimen militar autoritario está compuesto, casi exclusivamente, por militares, burócratas, administrativos y tecnócratas que prescinden del apoyo político. (…) La cabeza del gobierno no es necesariamente un militar»[424].

Todas estas formas tienen, según Perlmutter, una característica común: «La fuente primordial de todos los subtipos pretorianos militares es la institución militar»[425].

Pero la anterior clasificación se refiere, como se ha visto, solamente a las formas (pues aspectos formales son el número de dictadores que componen la cúpula, o la proporción de civiles y militares en el gobierno). Sin embargo la principal clasificación sociológica propuesta por Perlmutter, la realmente importante por su carga cualitativa, no es la de los anteriores «subtipos», sino la de los dos grandes tipos o categorías que dicho autor define, a los que llama, respectivamente, pretorianismo de tipo «arbitro» y pretorianismo de tipo «dirigente».

Las características del «Ejército pretoriano de tipo árbitro» son enumeradas así por Perlmutter:

«Aceptación del orden social existente.

Deseo de volver a los cuarteles una vez zanjadas las discrepancias.

No cuenta con una organización política independiente y carece del deseo de potenciar una dirección a su cargo.

Se fija un tiempo límite para dicha dirección.

Preocupación por la mejora del profesionalismo.

Tendencia a actuar entre bastidores como grupo de presión.

Temor a la opinión civil»[426].

En cambio, las características propias del «Ejército pretoriano de tipo dirigente» son expresadas así por el mismo autor:

«Rechaza el orden existente y pone en duda su legitimidad.

Carece de confianza en la dirección civil y no tiene ningún proyecto de volver a los cuarteles.

Cuenta con una organización política y tiende a potenciar la dirección por el Ejército.

Se siente convencido de que esa dirección es la única alternativa al desorden político.

Sacrifica el profesionalismo en aras de la conveniencia política.

Le importa poco la reacción civil.

Carece de temor a la justicia civil»[427].

Evidentemente, no cabe esperar que un Ejército concreto se ajuste exactamente a todos los puntos característicos de cualquiera de tales modelos, pudiendo darse, en cada caso concreto, algunas o casi todas las características de uno de tales tipos, mezcladas con algunas de las correspondientes al otro. Pero, de forma general, podemos resumir el modelo de Perlmutter en la idea de que el Ejército pretoriano-árbitro vigila estrechamente a la sociedad civil, desconfiando de la capacidad de ésta, pero al mismo tiempo temiéndola en cierta medida; mientras que el Ejército pretoriano-dirigente, con notable desprecio a la sociedad civil, a la capacidad civil, al sistema político civil, sin sentir temor ni respeto alguno a la justicia civil, ni a cualquier posible reacción de las fuerzas sociales ante los excesos de la autoridad militar, asume el poder total, incluido el político, con fuerte detrimento de la faceta militar específicamente profesional.

En cualquier caso, para ambos tipos de pretorianismo, Perlmutter da un dato cuantitativo de notable interés:

«Un ejército se hace pretoriano cuando un pequeño grupo de oficiales, unos pocos activistas clave, tienen éxito en impulsar a la organización militar hacia la política. Ese grupo nunca es superior al 5 por ciento del total del cuerpo de oficiales»[428].

6.1. Nacimiento del «pretorianismo» en América Latina, y en la Argentina en particular. Modelos cronológicos de Amos Perlmutter, Samuel Huntington y Liissa North

La caótica etapa americana de los «caudillos», que se prolongó a lo largo de casi todo el siglo XIX, significó por sus características, para los países latinoamericanos, la negación práctica de una verdadera profesionalidad militar.

Esa situación empezó a modificarse a finales del siglo pasado y principios de éste, cuando los principales Ejércitos del área pusieron en marcha un intenso programa de profesionalización, cuyos fundamentos fueron:

1. Importación de instructores extranjeros, especialmente de los ejércitos de Prusia y Francia, las dos instituciones militares de mayor prestigio a finales del XIX.

2. Fundación de academias y colegios militares, cuyas enseñanzas se inspiraron fundamentalmente en las normas y tradiciones militares —de fuerte carga corporativista— de ciertos Ejércitos europeos, y de los ya citados prusiano y francés en particular.

3. Centralización de la autoridad estatal y fortalecimiento de la burocracia, con vistas a ejercer el suficiente control gubernamental sobre todo el aparato del Estado y también sobre la institución militar[429].

Este programa de racionalización alcanzó especial éxito en países tales como —entre otros— Argentina, Chile y Brasil. Pero —tal como señala Perlmutter— «al mismo tiempo se preparó, sin pretenderlo, el camino al pretorianismo y a la aparición del Ejército tipo árbitro»[430]. (Cursivas nuestras).

La mentalidad predominante en aquella profesionalización tuvo un doble componente digno de destacan primero, un intenso corporativismo institucional. Segundo, una fuerte influencia de la ideología positivista de Augusto Comte:

«Las nuevas instituciones militares en Argentina, Brasil, Venezuela y Perú estuvieron influidas por los instructores extranjeros alemanes y franceses, que, a la sazón, eran los más tendentes al profesionalismo corporativo de toda Europa. Su ideología era positivista, influida por las ideas de Comte, y, a la vez, era anti-jacobina»[431].

En efecto, cabe recordar que el «comteísmo» o «positivismo», filosofía formulada por Augusto Comte (considerado por algunos como el fundador de la moderna sociología) tiene como fundamento la negación de la teología y la metafísica como vías válidas de acceso al conocimiento, que, según Comte, sólo puede basarse en los hechos y experiencias, mediante el estudio de los fenómenos registrados por las ciencias naturales y sociales. Es decir, mediante el conocimiento positivo, según la denominación de su autor. Esta filosofía, pese a su materialismo dominante, rechazaba al jacobinismo revolucionario, por considerarlo de base metafísica y, como tal, carente de todo fundamento fenomenológico de posible comprobación.

Respecto a la influencia de esta doctrina en los primeros Ejércitos profesionales latinoamericanos, escribe Perlmutter:

«El impacto de la escuela fenomenológica de Comte fue considerable en Iberoamérica, especialmente en los colegios militares (la bandera del ejército brasileño lleva como blasón el símbolo “comteísta”)»[432].

«La etapa entre 1890 y 1920 podría denominarse como comteísta-positivista. Durante ella se lanzó la ideología del pretorianismo militar. Con ella encontró apoyo la creencia de que el militar tenía el deber de intervenir como guardián de los regímenes liberales y nacionalistas. (…) Durante ese período se incubó la ideología del cuerpo de oficiales»[433].

El profesor Samuel Huntington ha establecido un modelo cronológico sobre este largo proceso —de creciente corporativismo y avance hacia el modelo pretoriano—, según el cual el pretorianismo militar en América Latina se desarrolló en tres fases:

1. ª Fase, de «pretorianismo oligárquico» (1890-1920): En esta primera etapa, «las fuerzas sociales dominantes son los grandes terratenientes, el clero, los hacendados y los que empuñan la espada».

2. ª Fase, de «pretorianismo radical» (1920-1950): En este período, según Huntington, «la revolución, llevada a cabo por las fuerzas más progresistas (…), o por oficiales radicales, derriba las instituciones políticas tradicionales o el mandato de la oligarquía, y despeja así el camino para la aparición, en el terreno político, de otros elementos de la clase media».

3. ª Fase, de «pretorianismo de masa» (a partir de 1950): En esta fase, «los militares pueden conservar el poder y sacar provecho del mayor abanico de participación política», dado que ese «mayor abanico» siempre les permite encontrar un sector social, más o menos masivo, que apoye su intervención[434].

Observamos que Huntington, al desarrollar este modelo de intervencionismo militar, aunque no escatima el término «pretoriano», le otorga un cierto sentido progresista (en su segunda fase) o populista (en la tercera), reconociendo su carga oligárquica solamente en la fase primera. Cosa no demasiado sorprendente, dada la línea predominantemente conservadora de este sociólogo, y su aportación no despreciable —como ya vimos— a las bases iniciales de la Doctrina de Seguridad Nacional.

A su vez, la socióloga Liissa North, de la Universidad de Berkeley, propone otro modelo cronológico —no coincidente con el de Huntington— y cuya base radica en una compleja interpretación política, ideológica e institucional, fundamentada en la interacción de ideologías y fuerzas sociales. Su conclusión es que, a lo largo del período 1890-1920, la institución castrense permaneció estrechamente «identificada con un grupo dirigente», mientras que, en la fase posterior (1920-1950), actuó también con fuerte carga política, «pero con una tendencia ideológica independiente»[435]. Es decir, habiendo adquirido y afianzado un alto grado de autonomía, incluso para decidir las motivaciones de su propio intervencionismo en el ámbito político civil.

Por su parte, el modelo cronológico de Amos Perlmutter no coincide ni con el de Huntington ni con el de North, si bien intenta integrarlos a ambos mediante una explicación basada —según su autor— en la interacción dinámica de «dos variables independientes: organización e ideología»[436]. Su principal conclusión es que el verdadero pretorianismo no apareció basta después de 1920, y en Argentina, concretamente, no lo hizo basta 1930.

A este respecto, dice el tan citado profesor de Harvard:

«Mi modelo difiere de ambos (Huntington y North) en varios aspectos. En primer lugar, en que la llamada etapa de pretorianismo oligárquico fue oligárquica, pero no pretoriana. La época de los caudillos, 1800-1890, debería estar incluida, en mi opinión, dentro de la etapa de pretorianismo histórico y oligárquico de Huntington»[437].

«El período entre 1890 y 1920 fue de pretorianismo latente potencial (no de pretorianismo oligárquico, como afirma Huntington). Hasta después de 1920 no apareció el pretorianismo explícito. En su conjunto, la etapa 1890-1920 no se caracterizó por la intervención militar, aunque el papel de las Logias (militares) en Argentina representa un pretorianismo latente»[438]. (El segundo paréntesis pertenece al texto original. Los otros son nuestros. Las cursivas también).

6.2. El pretorianismo en Argentina, entre 1930 y 1976

Subrayado el hecho de que el verdadero pretorianismo argentino no nació hasta 1930, precisa Perlmutter:

«En 1929, con la Gran Depresión, se inició un cambio que sacudió los precarios regímenes de la mayoría de los Estados iberoamericanos, sino de todos. La depresión constituyó un factor de lo más significativo en la aparición de un pretorianismo explícito en Iberoamérica».

«En la mayoría de los países iberoamericanos el régimen civil fue sustituido por otro militar del tipo pretoriano explícito»[439].

A continuación, tras atribuir el golpe del general Uriburu (6 de septiembre de 1930) a una conspiración de «generales y ganaderos conservadores de la clase elevada»[440], Perlmutter precisa que la presidencia de Uriburu (1930-32) constituyó «uno de los primeros regímenes pretorianos de Iberoamérica»[441]. Y más adelante añade:

«Las fuerzas armadas no estuvieron directamente representadas en el gobierno de Uriburu, que fue un modelo excelente de régimen pretoriano de tipo árbitro»[442].

«La intervención militar con el (pretorianismo) tipo árbitro, de Uriburu, no consiguió restablecer el orden y, por consiguiente, no erradicó los males institucionales y políticos de Argentina»[443]. (Las cursivas y el paréntesis son nuestros).

Posteriormente, refiriéndose ya a la década de los cuarenta, el mismo autor señala el declinar del pretorianismo más moderado —el de tipo árbitro— para dar paso en Argentina al primer núcleo militar de vocación pretoriana en su versión más dura —la de tipo dirigente—:

«El 10 de marzo de 1943 (Perón) fundó la primera organización orientada hacia el pretorianismo dirigente, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), compuesto por oficiales anticomunistas que abogaban por la estabilidad, el nacionalismo, la modernización y el orden. El establecimiento del GOU[*] marcó la decadencia de la orientación pretoriana tipo árbitro. Aunque entre 1940 y 1970 árbitros y dirigentes alternarán entre sí, la realidad es que el monopolio del tipo árbitro fue puesto en duda por un nuevo tipo político-militar el equipo de vigilancia permanente»[444].

Vigilancia permanente que constituye una de las características decisivas del pretorianismo dirigente, cuyo intervencionismo se haría sentir en las décadas siguientes en la Argentina con creciente intensidad.

Más tarde —según la visión cronológica del profesor Perlmutter—, a partir de los últimos años cincuenta, derribado y prohibido ya el peronismo, se produjo un triple proceso paralelo:

«1. Crecimiento del pretorianismo tipo dirigente.

2. Expansión del poder militar hasta absorber acciones de lo civil.

3. Aparición de la mano de obra organizada y de los sindicatos de trabajadores»[445].

Refiriéndose a este último aspecto —las organizaciones obreras—, el mismo autor constata que «su libertad de acción, bajo condiciones pretorianas, quedó más restringida»[446]. Pero, principalmente, hace hincapié en el primero de los aspectos: el auge del pretorianismo en su más duro y ambicioso modelo: el dirigente. En este sentido, Perlmutter ofrece el siguiente cuadro comparativo entre varios países que vivieron la experiencia del pretorianismo militar.

TIPOS DE ORIENTACIÓN PRETORIANA A LO LARGO DEL PERÍODO 1930-1976[447]

Pretorianismo

tipo Arbitro

Pretorianismo

tipo Dirigente

Ejército-Partido

Argentina

1930-31[*]

1931-43

1943-45

1946-55

1955-58

1958-66

1966-74[*]

1974-76[*]

1974-76[*]

1976

Brasil

1930-45

1946-64

1964-68

1968-76

1976

Chile

1924-25

1932

1970-72

1973-76

Perú

1914-25

1930

1931

1968-71

1971-76

Egipto

1952-54

1954-61

1961-73

1973-76

Siria

1949-51

1952-54

1901-63

1958-59

1960-61

1961-62

1963-66

1966-76

Irak

1936-37

1938

1941-42

1939-41

1958-63

1963-68

1968-76

Libia

1970-76

Argelia

1962-65

1965

1966-76

Sudán

1958-64

1964-69

1969-71

1971

1971-76

Pakistán

1966-68

1969-71

1971-76

La inclusión en este cuadro comparativo de esos otros países africanos y asiáticos (desde Egipto hasta Pakistán) sirve para poner de manifiesto el hecho dramático de que una sociedad de tan apreciable nivel de desarrollo y cultura como es la Argentina haya tenido que soportar, desde 1930, más períodos de gobierno pretoriano que esa otra serie de países tercermundistas —dicho sea con todos los respetos— de mucha menos entidad cultural y social.

Obsérvese, en efecto, que, la Argentina presenta la máxima acumulación de periodos de pretorianismo, superior al resto de los países incluidos por Perlmutter en su cuadro comparativo. Según puede observarse, tanto en Argentina como en Brasil, las Fuerzas Armadas no han dejado de mantener una actitud pretoriana durante todo el período abarcado (1930-76), pero hay que resaltar el hecho de que Argentina sigue superando ampliamente al Brasil en cuanto a mayor incidencia del pretorianismo dirigente, es decir, de la versión más dura del intervencionismo militar. Hemos de subrayar, por añadidura, el dato de que el período estudiado por Perlmutter para su cuadro —al finalizar precisamente en 1976— no incluye el más duro período que el pretorianismo dirigente argentino haya producido jamás.

6.3. Los comportamientos de las Fuerzas Armadas Argentinas bajo las Juntas Militares (1976-83), examinados a la luz del modelo «pretoriano» de Amos Perlmutter

Hay que hacer notar que algunos de estos modelos teóricos ya vistos, formulados por acreditados sociólogos —incluidos los diversos pretorianismos de Perlmutter y Huntington—, lejos de resultar incompatibles entre sí, resultan en buena medida superponibles, de forma que una situación histórica determinada, con un determinado régimen y un concreto tipo de relación Ejército-Sociedad, puede a veces ser encajado en dos o más de estos modelos. Así, por ejemplo, nada impide que los comportamientos militares producidos en Argentina a partir de marzo de 1976 sean ubicados por Alain Touraine en su modelo de «dictadura antipopular», mientras que Amos Perlmutter los incluye en su cuadro comparativo (ya visto en apartado anterior de este mismo capítulo) con la calificación de «pretoriano dirigente», el más duro de los contemplados en su modelo de interpretación.

Dado que dicho cuadro de Perlmutter sólo abarca hasta 1976 inclusive, nosotros trataremos de analizar los hechos registrados a partir de dicho año, a la luz del mismo modelo de interpretación. Recordemos, pues, que el repetidamente citado profesor de Harvard dividió las conductas pretorianas en dos distintos tipos o niveles: el pretorianismo de «tipo árbitro» (el menos extremo) y el de «tipo dirigente» (el más duro en métodos, ambiciones y política represiva general). Recordemos igualmente que, dentro del «tipo dirigente», figuraba entre sus características propias la del desprecio hacia la reacción civil, así como otra aún más concreta: la carencia de temor a la justicia civil. En cambio, dentro del pretorianismo de «tipo árbitro», Perlmutter incluía entre sus características un cierto temor a la opinión civil.

Pues bien: por estas y otras características propias de ambos tipos, resulta obligado coincidir con dicho autor en su calificación de «pretorianismo dirigente», el más duro de todos, al comportamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas en el último año abarcado por su estudio: 1976. Continuemos, pues, nuestro análisis a partir de ahí.

a) 1976-79: Periodo de crudo pretorianismo, en su más dura expresión

Desde el 24 de marzo de dicho año, y a lo largo de 1976, 1977, 1978 y 1979, la actuación de las autoridades militares argentinas se mantuvo inequívocamente dentro de ese marco de arrogancia estamental, menosprecio a la sociedad civil y falta de temor a toda posible consecuencia judicial de sus actos. Actitudes, todas ellas, concordantes con las del modelo «pretoriano dirigente» en su más dura acepción.

En el campo de los hechos —prohibición total de los partidos y de toda actividad política, control represivo de la población, y aniquilamiento implacable no sólo de la violencia armada sino de todo tipo de oposición—, puede estimarse que la actuación del régimen, su género de represión y sus niveles de control social, sobrepasaron incluso las características del modelo pretoriano para adentrarse de lleno en ciertos aspectos del modelo lasswelliano del «Estado Militar».

Pero, conocidos ya suficientemente —por los capítulos anteriores— los aspectos fácticos de la represión, vamos a centrar este análisis en otro aspecto, sumamente ilustrativo del carácter pretoriano de la dictadura de las Juntas y de su proceso evolutivo a lo largo de sus siete años y medio de duración: su postura oficial ante la opinión pública nacional e internacional.

Ejerciendo la más descarada desfachatez, durante todo el año 1976 y gran parte de 1977 —precisamente el período en que la represión alcanzaba sus más terribles niveles en extensión y crueldad—, el régimen se negó oficialmente a reconocer la más cruda evidencia: negó la existencia de secuestros, la existencia de cárceles clandestinas, la existencia de torturas, la existencia desaparecidos, admitiendo únicamente la existencia de «muertos en enfrentamiento».

Ya a la altura de septiembre de 1977 —tras un año y medio de durísima actuación represiva— la masiva evidencia de lo que estaba ocurriendo, producida por la persistente avalancha de denuncias de las asociaciones de Derechos Humanos y de los organismos internacionales, así como la presión ejercida desde Estados Unidos por la administración Carter, obligó al presidente de la 1.ª Junta Militar, general Videla, a admitir por primera vez la existencia de desaparecidos, aunque lo hiciera en unos términos cuyo cinismo rayó en los límites de lo grotesco. Según su explicación, recogida inmediatamente por la prensa de Buenos Aires, existían nada menos que cuatro tipos de desaparecidos: los que pasaron a la clandestinidad para unirse a la subversión; los eliminados por la propia guerrilla en calidad de traidores; los que quedaron irreconocibles como consecuencia de explosiones o incendios producidos en los enfrentamientos; y, por último, los que podían imputarse a los excesos o inevitables errores cometidos en la represión[448].

Como era de esperar, Videla se abstuvo de proporcionar dato alguno, ni siquiera aproximado, sobre la cifra correspondiente a cada uno de tales tipos, ni tampoco la cifra total. Con ello, la única posibilidad admitida de que se hubiese producido algún exceso quedaba diluida entre las otras tres supuestas causas de desaparición. Explicación inaudita, insultante para la inteligencia del pueblo argentino, puesto que excluía —o, a lo sumo, incluía veladamente en el último apartado— la más terrible y masiva de las formas de desaparición: la de personas secuestradas en su propio domicilio o en su local de trabajo, por fuerzas militares o policiales, en presencia de testigos, desarmadas, y sin oponer resistencia alguna. De ninguna manera cabía, por tanto, ni la desaparición voluntaria «para unirse a la subversión», ni la «eliminación por la propia guerrilla en calidad de traidores», ni mucho menos la muerte «en explosiones o incendios producidos en enfrentamiento». Sólo una de las cuatro causas apuntadas por Videla era estadísticamente significativa, abrumadoramente significativa: la cuarta de las citadas.

Dos semanas después de tal declaración de Videla, el general Roberto Viola (entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, y posterior presidente de la 2.ª Junta Militar), en los lujosos locales de la Sociedad Rural —el centro por excelencia de la más reaccionaria oligarquía agrícola y ganadera del país—, proporcionaba un dato que inmediatamente trascendió a la prensa: en el año y medio transcurrido desde el golpe del 24 de marzo de 1976, habían sido neutralizados «unos 7.000 u 8.000 subversivos, entre abatidos y detenidos»[449]. Tampoco proporcionó dato alguno sobre la proporción de unos y otros, como si ello fuera irrelevante; incalificable imprecisión en un tema que implicaba a miles de vidas humanas, argentinas por añadidura.

Evidentemente, ambas declaraciones seguían situadas en la más clara línea «pretoriano-dirigente», por el alto grado de desprecio que implicaban hacia una opinión pública que, caso de haber sido mínimamente respetada, hubiera exigido una cuantificación mucho más precisa en tema tan fundamental.

Pero las actuaciones sucesivas, dentro de esa mentalidad pretoriana definida por el modelo de Perlmutter, iban a continuar con toda pujanza a lo largo de los dos años siguientes, 1978 y 1979. Ante la celebración en Argentina del Campeonato Mundial de Fútbol en julio de 1978, se desarrolló, bajo aquel famoso eslogan «los argentinos somos derechos y humanos», una amplia campaña de imagen en la que la dictadura militar, negando todavía ante el mundo la metódica masacre que estaba perpetrando, trató de contrarrestar la gran presión que, precisamente en el campo de los Derechos Humanos, estaba recibiendo de la comunidad internacional.

Al año siguiente, la arrogancia pretoriana se mantuvo en toda la línea, confirmando la característica señalada por Perlmutter para su pretorianismo de «tipo dirigente»: la falta de todo temor ante la opinión pública y ante la hipotética acción de la justicia. En el Día del Ejército (29 de mayo) el general Videla, ante la tenaz exigencia de explicaciones sobre los miles de personas desaparecidas, incluyó en su discurso la siguiente afirmación: «La única explicación que el Ejército dará al país será decirle que ha cumplido su misión». En la misma fecha, el entonces Jefe del Estado Mayor, general Viola, pronunció una de esas frases emblemáticas de la reciente historia argentina: «No existen desaparecidos, sino ausentes para siempre»[450].

Meses después, y tras una compleja negociación de más de un año entre la administración Carter y la 1.ª Junta, llegó a Buenos Aires la delegación investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA (Organización de Estados Americanos). Tal delegación —importante logro de las asociaciones de Derechos Humanos de varios países— desarrolló su tarea investigadora del 6 al 20 de septiembre de 1979, entrevistándose tanto con políticos y militares como con sindicalistas, empresarios y periodistas, recogiendo también numerosos testimonios y denuncias de familiares de desaparecidos. Ante la presencia en Argentina de dicha Comisión, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, en el habitual tono de desafío, pronunció otra frase antológica: «Argentina sólo se confiesa ante su Dios»[451].

La misma altivez, de pleno signo pretoriano, se mantuvo en los primeros meses de 1980. Las clamorosas peticiones de una solución al angustioso problema de los miles de secuestrados que seguían sin dar señales de vida, siguieron recibiendo respuestas igualmente arrogantes por parte del poder, que negaba cualquier tipo de explicación. Ya en marzo, el citado ministro y general, aludiendo a la victoria conseguida sobre la subversión (Montoneros y ERP habían sido ya exterminados tiempo atrás), manifestó sin ambages que a los Ejércitos vencedores no se les enjuicia ni se les pide rendición de cuentas después de haber ganado una guerra[452].

Al mes siguiente, el general Roberto Viola (futuro presidente de la 2.ª Junta Militar), en su despedida como jefe del Estado Mayor del Ejército, aseguró que las Fuerzas Armadas nunca admitirán la revisión de lo actuado en la lucha contra la subversión[453]. En la misma ceremonia, su sucesor en el cargo (y futuro presidente de la 3.ª Junta), general Leopoldo Galtieri, manifestó: «No nos pidan explicaciones porque no las daremos, como no las darían nuestros enemigos si hubieran ganado la guerra»[454].

b) 1980-83: Progresivo descenso, desde el pretorianismo más duro hacia el de nivel inferior

Sin embargo, en aquellos meses de marzo y abril de 1980, se produjo una notable inflexión en la postura oficial de los militares, demostrativa de que empezaba a quebrarse aquella confianza pretoriana en sí mismos y en su garantizada impunidad. Ante la magnitud de la protesta y de la presión internacional, pero también —y quizá incluso principalmente— ante la creciente pérdida de control de la economía y el grave «impase» político a que la dictadura había llegado tras sus cuatro primeros años en el poder, el general Videla, que un mes antes había convocado a los representantes de los partidos, manifestó que la concurrencia de éstas a la mesa convocada para negociar una hipotética salida política, implicaba nada menos que la legitimación, por toda la sociedad, de la guerra librada contra la subversión[455]

A su vez, el mes anterior, el general Harguindeguy, al efectuar en su calidad de ministro del Interior aquella convocatoria a los partidos, había manifestado, como condición necesaria, que éstos se pronunciasen apoyando explícitamente la actuación militar durante la lucha antisubversiva[456].

El cambio de actitud empezaba a producirse. La seguridad en sí mismo propia del comportamiento «pretoriano dirigente» había empezado a resquebrajarse. Por otra parte, la presión social en torno al drama de los desaparecidos, y la acumulación de pruebas y testimonios ya publicados en muy diversos lugares del mundo, obligó a cambiar de táctica a los militares del «Proceso»: la desvergonzada negación de los excesos represivos, mediante las más extravagantes explicaciones, fue sustituida por la justificación de su necesidad. Paralelamente, el desprecio hacia las fuerzas políticas fue reemplazado por la convocatoria a la negociación, aunque todavía con inadmisibles exigencias, tendentes a garantizar la futura impunidad.

Este cambio de actitud es reflejado en estos términos por Horacio Verbitsky, uno de los más lúcidos comentaristas de la prensa bonaerense:

«Los tres jefes supremos de la dictadura y dos de sus primeras espadas, coautores del plan de exterminio, coincidían así en un punto central: dejaron de negar las acusaciones y de salmodiar excusas inverosímiles sobre las desapariciones. Por el contrario, pasaron a justificarlas, y colocaron ese reconocimiento como condición de existencia para los políticos que aspiraran a sentarse a su magnánima mesa. El gobierno todavía se sentía fuerte, pero ya miraba nerviosamente a sus costados en busca de cómplices»[457].

Este viraje, evidente retroceso de la arrogante actitud anterior mantenida durante cuatro años por la 1.ª Junta, significaba, dentro de la clasificación introducida por el modelo de Perlmutter, un claro descenso desde la posición pretoriana más fuerte (la de «tipo dirigente»), con su inherente desprecio a la opinión civil, a la posición pretoriana menos dura (la de «tipo árbitro»), una de cuyas características, el «temor a la opinión civil», empezaba ya a manifestarse en ciertos aspectos de la posición militar.

Por otra parte, el simple hecho de prever, aunque de lejos, una hipotética salida política a la dictadura militar, venía a quebrantar otro de los requisitos del pretorianismo dirigente: la carencia de todo proyecto de dar fin al gobierno dictatorial militar, para asumir en cambio, aunque todavía en forma incipiente, una de las premisas del pretorianismo tipo árbitro: la previsión de dar fin, de alguna manera, a la dictadura militar mediante una salida política civil.

Por añadidura, el día 18 de abril de 1980, se hizo público el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cuyas conclusiones constataban graves y numerosas violaciones a los derechos fundamentales de la persona, cometidos entre 1975 y 1979. Violaciones que afectaron a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas, así como a la justicia. El informe daba como comprobado el sistemático empleo de la tortura, y concluía que los miles de desaparecidos habían sido muertos por las fuerzas militares y de seguridad que ejercían la represión[458].

La respuesta de la Junta Militar a este informe de la OEA —muy lejos ya de la arrogancia de los años precedentes— ya no podía ser denegatoria sino justificatoria; en resumen, el argumento gubernamental afirmaba que se había creado un estado de necesidad, frente al riesgo de disgregación nacional, lo que había obligado al Estado a ejercer su potestad de autodefensa, recurriendo a los métodos que consideró más aptos para tal necesidad[459].

Pese a todo, todavía el general Viola se permitió un curioso alarde en su visita a Estados Unidos en febrero de 1981, manifestando que la victoria militar eximía de toda responsabilidad. «Nadie puede pedir cuentas a un Ejército vencedor», proclamó, recuperando aparentemente la más firme seguridad pretoriana. Redondeó su argumentación añadiendo que, en caso de haber sido contrario el resultado de la Segunda Guerra Mundial, los juzgados y condenados hubieran sido los dirigentes norteamericanos en su propio país: «Si Alemania hubiera ganado, los juicios de Nüremberg se hubieran celebrado en Richmond, Virginia»[460]. Argumento posiblemente cierto, pero que fue utilizado por Viola para extraer una conclusión disparatadamente falsa: la de que sólo los vencidos pueden ser llevados a juicio, pero nunca los vencedores. Los militares argentinos habían vencido sobre la subversión, luego —según esta norma— nadie podía juzgarles ya. La victoria suprimía toda posible culpabilidad.

Deleznable concepto de la moral militar, según el cual no existe límite alguno a los crímenes y aberraciones que los militares pueden cometer durante una guerra, con tal de que finalmente la ganen. Una vez obtenida la victoria, todos los crímenes por atroces y sanguinarios que hayan sido, quedan eximidos de toda responsabilidad por el logro que todo lo borra: la victoria militar.

No participa de esa idea, al menos en parte, el general argentino Tomás Sánchez de Bustamante, quien desde su puesto en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, fue partidario de castigar y difundir a la opinión pública aquellos delitos —como violaciones y saqueos— que tanto abundaron en la actuación de los represores. Discrepando de la opinión de que al vencedor se le perdona absolutamente todo, mantiene la opinión de que ciertos comportamientos deben ser castigados, y su castigo difundido a efectos de ejemplaridad, incluso si se gana la guerra. En un trabajo de investigación sobre el Ejército Argentino, los periodistas Jorge Grecco y Gustavo González recogen un fragmento de su entrevista con el citado general:

«El general Tomás Sánchez de Bustamante, director del Instituto Sanmartiniano, fue miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hasta 1984. Por sus manos pasaron varios casos, de los cuales emergía la punta del iceberg que se descubriría tiempo después».

General S. Bustamante: «Durante la lucha antisubversiva se produjeron numerosos hechos de indisciplina y delitos de diferente característica. Nosotros, desde el Consejo Supremo, juzgamos alrededor de 300 oficiales y suboficiales acusados por delitos que iban desde los saqueos a los homicidios y violaciones, especialmente esto último. (…)»

Grecco y González: «¿Por qué nunca se dieron a conocer estos hechos?».

General S. Bustamante: «Nosotros, desde el Consejo Supremo, insistimos en reiteradas ocasiones para que se dieran a publicidad, pero la respuesta que siempre recibíamos era que no se podía dar la imagen de un Ejército de violadores y ladrones»[461].

Pues bien: ese recelo a dar a la publicidad que tales hechos se producían y que se castigaba a algunos —aunque fuera a una mínima parte— de sus autores, suponía un temor a la opinión pública impropio del comportamiento «pretoriano dirigente». En cualquier caso, tal como acertadamente afirman Grecco y González, esos aproximadamente 300 casos de saqueos y violaciones comprobados —sobre todo violaciones, según concreta el general Bustamante— no eran entonces otra cosa que la pequeña «punta del iceberg», es decir, la mínima expresión emergente del tremendo cúmulo de atrocidades que más tarde saldrían a la luz con la publicación del informe de la CONADEP y con los juicios a los jefes de las Juntas y al general Ramón J. Camps.

Hay que hacer notar que la posterior Ley de «Obediencia Debida» (5-6-87), que eximió de responsabilidad a la inmensa mayoría de los participantes en los más aberrantes excesos represivos, mantuvo como actos punibles las violaciones y saqueos, pero incluyó, en cambio, dentro de las conductas amparadas por esa supuesta «obediencia debida» a la tortura y el homicidio, es decir, a los delitos de máxima gravedad, por considerar que tales actos, en el contexto de la represión —he ahí la gravísima claudicación moral—, sí entraban dentro de las órdenes que era obligado obedecer. También es preciso recordar que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que —como hemos visto por uno de sus miembros—, fue partidario de sancionar los casos de saqueo y violación, se negó reiteradamente en cambio a procesar a los responsables de los miles de casos de torturas y homicidios, considerando «inobjetable» —en su famoso dictamen de 1984— el método utilizado contra la subversión. Todo lo cual, en definitiva, no deja de constituir un comportamiento pretoriano en su más dura expresión, entrando incluso dentro del más duro modelo laswelliano del Estado Militar, con su concepto del militar profesional como supremo «administrador de la violencia y al coacción».

La derrota militar en el Atlántico Sur (junio de 1982), con el duro golpe consiguiente para la moral de los militares argentinos, acentuó el descenso de su nivel de pretorianismo, cada vez menos encajable en su categoría superior y cada vez más coincidente con las características definidas por Perlmutter para su nivel inferior. La 4.ª y última Junta Militar, presidida por el general Reinaldo Bignone, considerando inevitable el final de la dictadura a corto plazo, demostraba una creciente preocupación: asegurar la impunidad de la actuación militar durante su etapa dictatorial. Aceptada ya la idea de convocar nuevas elecciones, la Junta dirigió un documento a los partidos exigiéndoles una lista de requisitos para la futura concurrencia electoral, dentro de los cuales seguía figurando la no revisión de la «guerra sucia» y de los «ilícitos económicos» cometidos desde 1976[462]. El temor al futuro poder civil y a la futura acción de la justicia comenzaba a hacerse sentir, ya sin disimulo, en el comportamiento militar, cada vez más alejado de la línea pretoriano-dirigente que prevaleció hasta poco tiempo atrás.

Esta tendencia —pretorianismo decreciente, temor creciente— alcanzó su más evidente manifestación en el llamado «Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la subversión y el terrorismo», de 23 de abril de 1983. En este largo documento, tras admitir que «los procedimientos empleados en la guerra sucia fueron inéditos», se reconocía que, en el curso de esa «guerra sucia» —denominación literal empleada en el documento— «se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos fundamentales». Tras este explícito reconocimiento de algo que había sido tenaz y cínicamente negado durante años, el propio documento proclamaba que todas las operaciones fueron ejecutadas con arreglo a planes concebidos y supervisados por los Estados Mayores y por la Junta Militar, y que «todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio». La finalidad de esta proclamación era doble, según Verbitsky:

«Esta decisión tenía dos objetivos, orientados al inquieto frente interno: Por un lado, sustraer cualquier juicio posible de los estrados civiles y derivarlo a las cortes castrenses. Por el otro, permitir a cualquier acusado la entonación de la letanía que, en otro idioma, se pronunció ante otros jueces, después de otra guerra: Yo obedecí órdenes»[463].

Esta alusión a Nüremberg (nombre que por aquellas fechas empezaba a pronunciarse entre las filas castrenses con creciente inquietud) iba a resultar sumamente justificada dos años después, aunque por aquellas fechas, todavía con la 4.ª Junta en el poder, sólo se vislumbraba como una preocupante premonición. Así, pues, la aparente firmeza que implicaba asumir ante la sociedad, plena y explícitamente, la total responsabilidad de los planes y órdenes impartidas (a primera vista, una decidida actitud pretoriana de tipo «dirigente»), ocultaba de hecho esa doble maniobra defensiva: garantizar, a los numerosos jefes, oficiales y suboficiales implicados en los excesos represivos, la cobertura de la obediencia (evitando así que se sintieran abandonados por sus generales y se convirtieran en acusadores contra éstos), y, al mismo tiempo, asegurarse —para el peor de los casos— la comparecencia ante la justicia militar y nunca ante la civil.

Hay que recordar, sin embargo, que ninguno de estos dos objetivos preventivos se cumplió: finalmente, los jefes de las Juntas hubieron de comparecer ante un tribunal civil en 1985; y uno de los motivos de la insurrección de Campo de Mayo en 1987 fue la acusación de los rebeldes (jefes, oficiales y suboficiales) contra sus generales, por haberles ordenado ejercer la represión y abandonarles después frente a las citaciones judiciales recibidas de la justicia civil. Fue sólo entonces cuando, gracias a esta insurrección, se logró la Ley de Obediencia Debida, que supuso la impunidad para la inmensa mayoría de los implicados en los excesos represivos.

En cualquier caso, los evidentes propósitos defensivos del Documento Final se alejaban del modelo pretoriano de «tipo dirigente», caracterizado, según la definición de Perlmutter, por la falta de todo temor a la justicia civil.

Por otra parte, el citado Documento —en incomprensible gesto avestrucesco— seguía negando todavía la existencia de cárceles secretas para los secuestrados; lugares que al año siguiente, bajo el nombre de «Centros Clandestinos de Detención», serían uno por uno localizados, testificados y reconocidos como tales, en número de 340, por la CONADEP y difundidos en su informe «Nunca más». Pero, sobre todo, dicho Documento Final, reconociendo ya el dato inocultable del gran número de desaparecidos, trataba sin embargo de justificarlos con el siguiente argumento:

«En la guerra clásica existen numerosos desaparecidos. En una guerra donde el enemigo no usaba uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos, el número de muertos no identificados se incrementa significativamente»[464].

Ello implicaba un nuevo insulto a la inteligencia de los argentinos: la gran pregunta que imponía la presión social —nacional e internacional— era sobre la suerte corrida por aquellos miles de personas concretas, con nombres y apellidos perfectamente conocidos, con documentos de identidad en regla, secuestrados ante testigos, arrancados con vida de su casa, lugar de estudio o de trabajo; pero la respuesta militar en su Documento Final, ignorando tal pregunta y escondiendo nuevamente la cabeza bajo el ala, contestaba sólo sobre «muertos no identificados». Respecto a esta nueva y vertiginosa huida de la realidad, escribe el ya citado Verbitsky:

«La clave que el documento no revelaba era precisamente qué bahía ocurrido en ese tránsito que va desde la detención de una persona viva, con nombre y apellido, basta su conversión en un muerto anónimo. Los datos de los organismos de Derechos Humanos indicaban que el 80 por cien de los desaparecidos habían sido raptados en sus casas, en la calle o en sus lugares de trabajo, ante testigos»[465]. (Todas las cursivas, en esta y anteriores citas, siguen siendo nuestras).

La propia Iglesia consideró necesario pronunciarse, ante el contenido de este Documento Final. El diario vaticano «Osservatore Romano» se manifestó en contra de la pretensión militar de liquidar, mediante un simple documento, un drama de magnitud moral y humana tan grave como el de los desaparecidos; el propio Papa Juan Pablo II, en manifestación pública, se unió al dolor de las familias afectadas, «cuya esperanza había sido destrozada». Por su parte, la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino, en un comunicado de 12 puntos, se dolió de que la represión militar no siempre se hubiera ajustado a elementales criterios éticos en lo individual y lo social, juzgando que el Documento Final, aunque presentaba aspectos positivos, resultaba «insuficiente», por la ausencia en él del necesario reconocimiento y claro rechazo de los yerros cometidos, y la falta de referencias sobre la búsqueda de posibles fórmulas de reparación del daño causado, particularmente en el caso de la recuperación de los niños desaparecidos. En otras palabras, según la aguda frase del comentarista recién citado: «La Iglesia deseaba rescatar a los militares del borde del abismo, pero no estaba dispuesta a precipitarse abrazada a ellos»[466].

En definitiva, estos pronunciamientos eclesiásticos (desde Roma y desde Buenos Aires), acentuando la evidencia de la soledad del régimen militar y su patética falta de apoyo moral, socavaron todavía más la confianza en sí mismo de un sistema ya en plena descomposición. Ese requisito esencial de todo gobierno «pretoriano dirigente» —la confianza en su propio poder y la seguridad de no rendir cuentas ante nadie— se desvanecían por momentos ante el empuje de la realidad.

Finalmente, la 4.ª Junta Militar creyó ver una única forma de asegurar la impunidad futura: la conocida como Ley de Autoamnistía, mediante la cual el régimen se perdonaba a sí mismo todos sus excesos perpetrados, pretendiendo sustraerse al juicio de los hombres para responder únicamente ante Dios y ante la Historia. La gestación de tal Ley no fue fácil:

«La elaboración de la ley de autoamnistía se extendió durante varios meses, que el Ejército empleó en persuadir a la Fuerza Aérea y a la Armada. Los aviadores no la necesitaban, dado su perfil más bajo en la guerra interna, y los marinos la consideraban con toda lógica deshonrosa»[467].

Sin embargo, apenas cinco semanas antes de la fecha electoral, dicha Ley fue promulgada por la última Junta el 23 de septiembre de 1983. En ella se amnistiaba a todos aquellos que, participando en la lucha antisubversiva, «pudieran haber apelado al empleo de procedimientos que sobrepasaron el marco legal», tanto si se trataba de militares como de sus colaboradores civiles.

Nuevamente nos hallamos, por tanto, ante lo que podríamos llamar un comportamiento «pretoriano decadente». Pretoriano, todavía, porque aún se creía capaz de imponer sus dictados a una sociedad a la que había maltratado hasta límites nunca vistos en la historia del país; pero decadente, por no decir agonizante, porque un Ejército que pretende autoperdonarse sus crímenes en el último minuto de su permanencia en el poder no es precisamente un ejemplo de ese pretorianismo dirigente definido por Pelmutter, sin temor alguno a la sociedad ni a la justicia civil.

Los hechos iban a demostrar que sus temores estaban justificados, y que su intento de exculpación iba a resultar inútil. Ya el día 27 de septiembre —sólo cuatro días después de su promulgación— dos jueces de la capital federal, Jorge Torlasco y Guillermo Ledesma, hicieron público un dictamen valorativo, declarando el carácter inconstitucional y la «insanable nulidad» de aquella Ley. Y el nuevo gobierno constitucional, surgido de las elecciones celebradas el 30 de octubre, tan pronto como asumió el poder efectivo en diciembre, entre sus primeras disposiciones legales incluyó dos, de importancia primordial. Por el decreto 158 (18-12-83), se dispuso el procesamiento de todos los integrantes de las tres primeras Juntas que gobernaron entre 1976 y 1982, en aplicación del Código de Justicia Militar argentino, que establece que sólo el presidente de la República puede ordenar el enjuiciamiento de jefes militares de rango superior (generales, almirantes y brigadieres). Pocos días después, se promulgaba la Ley 23.040 (27-12-83), por la cual se declaraba «inconstitucional» e «insanablemente nula», y en consecuencia se derogaba, la conocida como Ley de Autoamnistía promulgada tres meses atrás por la última Junta Militar, impropiamente llamada por sus redactores «Ley de Pacificación Nacional».

Con ello llegaba a su fin la última y aciaga etapa «pretoriana» que la nación argentina ha tenido que sufrir.

Terminemos este apartado volviendo, por un momento, al máximo argumento pretoriano: la supuesta «incapacidad de los políticos civiles, que tantas veces ha tenido que ser patrióticamente subsanada por la intervención de los militares». Falaz argumento, hoy ampliamente desmentido por el análisis histórico y sociológico, que no permite descubrir por ninguna parte las supuestas incapacidades que justifiquen históricamente —por citar un par de casos— los derrocamientos de presidentes tales como Hipólito Yrigoyen (segundo mandato) y, sobre todo, el de Arturo Illia, apartados ambos ilegítimamente del poder por los respectivos golpes de 1930 y 1966. Muy al contrario, lo que demuestra hoy el estudio histórico es que se trataba de dos notables presidentes que nunca debieron ser derrocados, y que las motivaciones reales para tales golpes no se situaban precisamente en el campo de la incompetencia de los presidentes ni de sus gobiernos, sino en el área mucho más oscura de las conspiraciones oligárquicas y de los intereses de ciertos sectores sociales, con la activa participación de grupos militares de mentalidad fuertemente intervencionista, autoritarista y escasamente respetuosa del poder civil. En otras palabras: militares con esa mentalidad «pretoriana» definida por Perlmutter, y que tanto daño ha hecho a la República Argentina, impidiendo a su sociedad adquirir la necesaria madurez: esa madurez que los pueblos únicamente alcanzan mediante la práctica civil de la democracia en libertad.

IX. INTERPRETACIONES SOCIOLÓGICAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR EN LA ARGENTINA DESDE 1930 HASTA 1990. SU MÁS DECISIVO FACTOR CAUSAL

Han sido muchas las interpretaciones que hemos podido escuchar —y muchas más leer— sobre las causas del intervencionismo militar en la Argentina, factor más o menos actuante desde los orígenes de la República, pero notablemente agudizado desde 1930 hasta nuestros días.

Resumiremos aquí unas cuantas interpretaciones, antes de exponer la nuestra.

1. EL «PARTIDO MILITAR»

En una de nuestras conversaciones con el ya citado presidente de la Comisión de Defensa, diputado Miguel Angel Toma, éste nos proporcionó una coherente y precisa explicación —ampliamente ratificada por otros interlocutores y por numerosos autores y analistas— sobre el importante papel desempeñado en la sociedad argentina por el llamado «partido militar». En efecto, buen número de estudiosos —desde militares de neta línea democrática como Horacio Ballester, Augusto Benjamín Rattenbach y José Luis García, hasta diputados como Simón Lázara y el ya citado Toma, además de otros autores argentinos y de estudiosos extranjeros como Rouquié— señalan la existencia y relevante papel de ese peculiar «partido», cuyo origen y motivación pueden resumirse como sigue.

El llamado «modelo de 1880», sistema socioeconómico basado en la rica producción agropecuaria —agrícola y ganadera—, que, auspiciado por Inglaterra, enriqueció ampliamente a la clase dominante argentina, entró en crisis a la altura de 1929-30. La dura incidencia de la crisis económica mundial, por una parte, y el descenso de Inglaterra como potencia hegemónica que propiciaba y controlaba aquel régimen de producción, por otra, así como el auge de los Estados Unidos como nueva potencia hegemónica, con nuevos planteamientos e intereses, este conjunto de factores, entre otros, hicieron que dicho modelo viera amenazada su continuidad.

La dase oligárquica argentina, viendo peligrar el modelo económico que durante medio siglo garantizó su prosperidad; considerando —por otra parte— peligrosamente progresista al partido radical, cuyo presidente, Hipólito Yrigoyen, acababa de ser reelegido en 1928 para un segundo mandato presidencial; temerosa, además, de la presión social derivada de la crisis mundial de 1929, y, sobre todo, sintiéndose incapaz de aglutinar en tomo suyo un partido de masas suficientemente numeroso como para garantizarle la conservación de su peso político por la vía electoral, hubo de buscar otra vía para conservar su hasta entonces predominante posición. Y esa vía no fue otra que ampliar y fortalecer al máximo sus vinculaciones con las Fuerzas Armadas por toda clase de lazos —institucionales, empresariales, familiares y de estrecha relación social—, con objeto de asegurarse, a través de la institución fáctica más potente de toda la sociedad, el alto grado de influencia que las urnas nunca le iban a proporcionar.

Fue así como, en un momento histórico dado (1929-30), nació lo que hoy muchos llaman el «partido militar». Un partido que no tiene existencia jurídica, que en ninguna parte aparece registrado como tal, que no concurre a las urnas, que carece de representación parlamentaria, pero que, desde 1930, y mucho más aún desde 1955, ejerce un permanente y fuerte peso sobre la sociedad argentina, con un alto grado de influencia política y social, mediante la cual la alta clase dominante, profundamente conservadora, ha seguido ejerciendo su peso sobre la sociedad a través de la intervención política del estamento militar.

Este intervencionismo militar puede registrar todos los grados posibles: desde la fuerte presión estamental sobre el poder político civil, imponiendo a éste sus criterios e intereses, hasta el golpe de Estado propiamente dicho, con derrocamiento presidencial incluido; sin desechar el pronunciamiento insurreccional, que, sin llegar a la categoría de golpe de Estado y sin derrocamiento alguno —véase Semana Santa de 1987—, consigue imponer importantes giros políticos y arrancar fuertes concesiones al poder constitucional.

Así, el golpe militar del general José Uriburu, que derribó al presidente Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, constituyó la primera intervención activa del «partido militar», cuya presencia en la vida política argentina, durante las seis décadas siguientes, no ha dejado de manifestarse en diferentes formas y grados de intensidad.

Hay que señalar, sin embargo, que el «partido militar» nunca ha podido contar con las Fuerzas Armadas Argentinas en su totalidad, sino únicamente con los sectores militares más conservadores; pero no con los sectores populistas —por ejemplo peronistas— que siempre han existido también en el ámbito militar.

Así, por ejemplo, no cabe en absoluto atribuir al llamado «partido militar» el golpe del 4 de junio de 1943, protagonizado por el entonces coronel Perón y los generales Rawson y Ramírez, que pronto pasaron a segundo plano en beneficio de aquél. El propósito populista de Perón y sus seguidores no encaja en el esquema netamente oligárquico que todos los comentaristas señalan en el golpe de Uriburu, según vimos en capítulo anterior.

Por el contrario, la intensa actividad conspiratoria posterior y los posteriores golpes de 1955 (derribo de Perón), 1962 (derrocamiento del presidente Frondizi), 1966 (deposición del presidente Illia) y, más que ninguno, el de 1976, se sitúan de lleno, con una u otra variante, en la línea de influencia intervencionista de ese denominado «partido militar».

Rechazando la idea justificativa de quienes niegan la existencia del «partido militar», alegando que los militares sólo intervienen como «última ratio» cuando el deterioro político o social lo hace inevitable, Alain Rouquié niega tal argumento, con aquella rotunda frase ya vista más atrás, pero que conviene recordar:

«Las fuerzas armadas no intervienen a modo de “ultima ratio” o en condiciones excepcionales, sino como “partido militar” y para hacer triunfar la línea política que la opinión pública u otro sector militar rechazaron»[468].

2. LA CLASE MEDIA, ACTOR SOCIAL DESENCADENANTE DE GOLPES DE ESTADO, SEGÚN J. NUN, Y FACTOR ESTABILIZADOR SEGÚN A. PERLMUTTER, G. GERMANI Y K. SILVERT

Existen otras numerosas formas de interpretar el fenómeno del intervencionismo militar (en Latinoamérica y en la propia Argentina en particular), sobre cuyas causas los analistas, incluso los más acreditados, no siempre coinciden, produciéndose desacuerdos incluso en factores de notable significación social. Así sucede, por ejemplo, con el factor que vamos a examinar a continuación.

Como es sabido, los estudiosos del fascismo, del nazismo y de las dictaduras de fuerte base derechista, siempre han señalado, entre las características de estos regímenes, el hecho de que su soporte social se nutre, precisamente, de fuertes sectores de la clase media y de la pequeña burguesía nacional.

También cabe recordar el criterio sostenido por la analista Mónica Peralta Ramos, que aporta una compleja interpretación del golpismo militar en la Argentina. Interpretación basada en el forcejeo entre diversas fracciones de la burguesía, las cuales, según el análisis de dicha autora, luchan duramente para alcanzar mayores cotas de poder, implicando en tal lucha de intereses sectoriales a las Fuerzas Armadas, que acaban viéndose arrastradas a intervenir[469]. Según esta ardua interpretación, por tanto, también sería la clase media y burguesa —aunque en este caso no exactamente la pequeña burguesía, sino más bien la media y alta— la protagonista principal del golpismo militar.

Otra diferente tesis es defendida por el sociólogo José Nun, pero con carácter más general, elevándola a la categoría de fenómeno típicamente latinoamericano. Efectivamente, en su trabajo «Latin American Phenomenon: The Middle Class Military Coup», Nun sostiene que prácticamente todos los golpes militares producidos en América Latina proceden precisamente de la clase media, la cual, por diversos mecanismos de influencia y presión, siempre consigue defender sus intereses frente a los avances populares de las clases más bajas, impulsando a los Ejércitos, una y otra vez, a apoderarse del poder. Poder militar que —según Nun— da lugar a regímenes diseñados en defensa del bloque de conceptos y valores predominantes en esa clase social, aunque ello suponga un grave deterioro para las clases más desfavorecidas de la sociedad[470].

Según argumenta este sociólogo, las clases medias latinoamericanas fueron especialmente sensibles al discurso manipulador que prevaleció durante la Guerra Fría, lo que les hizo «endurecer» su actitud hacia las capas más bajas de la población. Según su planteamiento, dichas clases medias asumieron un cerrado anticomunismo como el más idóneo instrumento defensivo de su «status» social:

«… el anticomunismo sistemático se presenta como el tipo de racionalización más adecuado a sus intereses. Comunismo, para las clases medias, es el nombre que su miedo le pone al ascenso de los sectores populares»[471].

Tal vez hoy día, hundidos los regímenes comunistas que más sólidos parecían, la tesis de Nun puede verse debilitada, o incluso plenamente descalificada para su aplicabilidad futura; pero tal vez esa misma tesis no fuese del todo equivocada para los años cincuenta, sesenta y setenta, pues fue el golpismo militar de aquellas décadas el que Nun trató de interpretar, y en aquellos tiempos el comunismo era contemplado por los militares latinoamericanos —y por amplios sectores civiles— como el más peligroso enemigo a contrarrestar.

En cualquier caso, esa tesis de Nun sobre la clase media como promotora de los golpes militares latinoamericanos, es rechazada por Amos Perlmutter, incluso para el período 1930-1970:

«No considero aceptable la interesante proposición de Jóse Nun, que afirma que los golpes hispanoamericanos proceden de la clase media. Es una explicación demasiado genérica para un fenómeno que se ha dado de forma muy irregular en Hispanoamérica entre 1930 y 1970. Aunque Nun es consciente de las divisiones que existen dentro de la propia clase media, sus conclusiones no reflejan esta realidad»[472].

Igualmente, William Thompson rechaza la interpretación de Nun, afirmando que existe base empírica para afirmar que los militares pueden intervenir a favor de una clase, de todas o de ninguna, y que, en definitiva, no existe evidencia probatoria de que las Fuerzas Armadas sean la «punta de lanza» de la clase media en particular[473].

Por su parte, ratificándose en su posición de negar el papel de la clase media como agente social promotor de los golpes militares, Perlmutter sostiene exactamente lo contrario: según él, es la inexistencia de una clase media, o su gran debilidad y fragmentación, la que favorece el intervencionismo militar.

«La ausencia de una clase media articulada, fuerte y cohesiva —la clase que históricamente ha actuado durante la modernización como estabilizadora de los gobiernos civiles— es otra situación que contribuye al establecimiento de un gobierno pretoriano. La clase media es, en la mayoría de los Estados pretorianos, pequeña, dividida y políticamente impotente»[474].

En esta misma posición —y, por tanto, contradiciendo a Nun— se alinean Gino Germani y Kalman Silvert, quienes subrayan el papel estabilizador de las clases medias, afirmando que el intervencionismo militar resulta frenado, y prácticamente desactivado, por la aparición de estratos medios en la estructura social, dado que esos estratos medios poseen, en gran medida, la capacidad de crear y sostener instituciones políticas estables[475].

Factor más notable en el caso de la Argentina, país que ya desde las primeras décadas del siglo, y con legítima razón, podía enorgullecerse de poseer una de las clases medias más cultas y extensas de toda América Latina (del orden del 50 por 100 de la población en 1930).

Como vemos, un factor social tan destacable como la existencia o inexistencia de una clase media fuerte y con peso propio —cuya influencia favorable o adversa al golpismo militar debiera, a primera vista, resultar evidente—, lejos de resultar patente en uno u otro sentido, se convierte en punto de desacuerdo entre conocidos sociólogos, que mantienen criterios contradictorios al respecto, creyendo contar cada uno con apoyo empírico a su respectiva posición.

3. APOYOS DE LAS MÁS DIVERSAS FUERZAS CIVILES AL GOLPISMO MILITAR, AL MARGEN DE LA CLASE SOCIAL

Tampoco faltan los autores y análisis que subrayan otra diferente explicación: el hecho —ya registrado en capítulo anterior— de que en la Argentina todas las fuerzas políticas han conspirado en uno u otro momento en favor de la intervención militar, atendiendo a su propio interés de grupo, partido o corporación. Tal es, como ya vimos, uno de los puntos señalados por el ya citado Rouquié y por Robert Potash, José Nun, José Luis de Imaz y tantos otros autores, argentinos o no.

Curiosamente, ni siquiera los partidos de izquierda se libraron de esta tendencia, y así pudo verse —en una de esas desconcertantes paradojas de la política argentina tan difíciles de entender desde Europa— al mismísimo Partido Comunista Argentino apoyando —aunque con las inevitables reservas— a la dictadura militar del general Videla, por ver en ella el predominio del sector militar «moderado» (sic), única forma de impedir la caída del régimen en manos del sector «pinochetista», encabezado por el peligroso grupo de generales ultrafascistas (Menéndez, Saint Jean, Suárez Mason, Díaz Bessone, etcétera), mucho más duros y agresivos, y situados, supuestamente, mucho más a la derecha que aquél.

En este mismo aspecto, y refiriéndose a los extraños apoyos que consiguen todas las dictaduras, incluso en sus períodos más sangrientos, dice Rodríguez Molas: «Se ha sostenido una y otra vez, y con razón, que el fascismo, y todo movimiento autoritario, traspasa siempre a los grupos sociales»[476]; es decir, que no encuentra apoyos únicamente en el sector o estamento social causante o directamente beneficiario de la tiranía, sino también en otros sectores y grupos, por las más diversas razones que quepa imaginar: «los ricos industriales y terratenientes lo apoyan por alguna razón, la clase media inferior por otra, los psicópatas y los criminales por otra muy distinta…», dice el respecto William Ebenstein en su ensayo «El totalitarismo»[477]. Pues bien: esta multiplicidad de apoyos —que «traspasa» los partidos y grupos sociales— es señalada por algunos como otra de las fuentes habituales del respaldo al golpismo militar, y al argentino en particular.

4. EL «NEW PROFESIONALISM» DE ALFRED STEPAN, FACTOR GENERADOR DE INTERVENCIONISMO MILITAR, SEGÚN J. TAPIA VALDÉS

Uno de los factores que más propician el intervencionismo militar en América Latina —incluidas las formas más duras de pretorianismo definidas por Huntington y Perlmutter— es el tipo de profesionalidad que el sociólogo norteamericano Alfred Stepan denomina «new professionalism»[478], también llamado «integrated professionalism» por Robert Potash[479]. Se trata de un fruto directo de la Doctrina de Seguridad Nacional, de cuyo contenido y efectos ya hemos tratado en partes anteriores de la presente obra.

Este neoprofesionalismo, tal como lo define Stepan, parte de la base de que la vieja versión profesional, que centraba su atención en la defensa contra amenazas externas, no resulta la adecuada para el contexto latinoamericano, por lo que ha dado paso a un neoprofesionalismo que dirige su atención preferente a los problemas de la seguridad interior. Así, frente al viejo profesionalismo, llamado por el autor citado «de Defensa Externa», aparece lo que el mismo autor denomina nada menos que «el nuevo profesionalismo de la seguridad interna y de la expansión del rol militar»[480]. Como característica de este militar «neoprofesional», subraya Stepan su gran conocimiento «en materias de seguridad interna, cuya definición abarca todos los aspectos de la vida económica, política y social». (…) El resultado —dice Stepan— es «un militar neoprofesional altamente politizado»[481].

Respecto a qué tipo de politización caracteriza a este oficial neoprofesional, el propio Stepan lo define como un militar que, contando como un gran apoyo corporativo, demuestra una notable confianza en sí mismo para asumir el control e incluso la dirección de los cambios sociales y económicos[482]. Obsérvese que de este tipo de militar (tan altamente calificado para asumir responsabilidades políticas, económicas y de control social) a aquel tipo de militar descrito por Harol Lasswell para su «Estado Militar» (con su alta capacitación organizativa, económica y gerencial) no hay más que un paso. No resulta, pues, extraño que refiriéndose precisamente a este «neoprofesional» de las armas escriba el profesor Paul Zagorski, de la Universidad de Pittsburg:

«… en el contexto latinoamericano, el “profesionalismo” es una espada de doble filo. No puede, por sí mismo, asegurar la subordinación militar a las autoridades democráticas»[483].

A su vez, otro profundo estudioso del tema, el profesor chileno Jorge Tapia Valdés, dice:

«… este nuevo profesionalismo, tal como se practica hoy en los países del Cono Sur, exige en sus cultores, de manera ineludible, aquel complejo de características que definen la personalidad autoritaria, la cual supone una tendencia intrínseca a aceptar la ideología antidemocrática»[484].

El mismo profesor Tapia Valdés capta de inmediato la estrecha correlación entre esta mentalidad militar antidemocrática y aquel bloque ideológico difundido por la Cité Catholique años atrás, principalmente en la Argentina, como ya vimos en capítulo anterior:

«Se impone, naturalmente, a este respecto la asociación entre este marco conceptual y el que desarrolló la “Cité Catholique” (…) Por una y otra vía, igualmente fascista, se desemboca en la postulación de un Ejército convertido en supraélite, encargado de discriminar sobre lo “accidental” y lo “permanente” en política, y capacitado para emplearse a fondo desde el Estado…»[485].

Resulta evidente que esta mentalidad del militar vigilante de la sociedad civil, convencido de su capacidad para decidir sobre las grandes cuestiones políticas y sociales; sobre los grupos, partidos o sindicatos que pueden o no pueden ser legalizados; sobre las medidas de reforma económica o fiscal, agraria o industrial que pueden ser toleradas o que deben ser impedidas; sobre lo “accidental”, que puede ser reformado, y lo “permanente”, que no puede ser tocado, con toda independencia de lo que pueda opinar la autoridad civil; resulta evidente, decimos, que este tipo de profesionalidad militar —llámesela «neoprofesionalismo», como lo hace Stepan, o «profesionalismo integrado», como Robert Potash, o «la élite militar-tecnocrática», como Tapia Valdés— configura un tipo de militar absolutamente dispuesto a ejercer cualquiera de las formas de pretorianismo definidas por Huntington y Perlmutter, constituyendo una fuente potencial de golpes de Estado y de «dictaduras antipopulares» (en la denominación de Touraine) como las que tantos países latinoamericanos han tenido que padecer.

Se trata, en una palabra, de una actitud militar estudiada ya por numerosos autores, y que desemboca en esa situación que el citado profesor Tapia define en estos términos, parafraseando la antigua frase de Mirabeau sobre Prusia: «ciertos países no son una nación con un ejército, sino un ejército con una nación». Frase que muchos ciudadanos argentinos han podido hacer dolorosamente suya en demasiadas ocasiones a lo largo del presente siglo, y muy especialmente entre 1976 y 1983.

5. COINCIDENCIA DE NUMEROSOS AUTORES EN RECONOCER LA INFLUENCIA CAUSAL DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO EN LOS GOLPES MILITARES. DISCREPANCIA DE ALAIN TOURAINE

Pasando a otro elemento de análisis —la influencia de los factores socioeconómicos en el intervencionismo militar—, las discrepancias vuelven a surgir en la interpretación, aunque con predominio de quienes sostienen la influencia real de ese factor.

Recordemos, por ejemplo, que ciertos autores anteriormente citados, en alguna de sus argumentaciones incluían ya la gran crisis económica mundial de 1929 como factor coadyudante a distintos golpes militares, a uno y otro lado del Atlántico. Vimos cómo Perlmutter señalaba a la Gran Depresión de 1929 (mayúsculas en el original) como «factor de lo más significativo en la aparición de un pretorianismo explícito en Iberoamérica». Esta misma coyuntura de 1929, y su fuerte impacto sobre las relaciones cívico-militares en no pocos países, es subrayada también por Daniel Headrick:

«Entre los años 1880 y 1920, la mayoría de los países de América Latina disfrutaron de paz y prosperidad. En algunos casos se llegó incluso a pensar que la era turbulenta de los golpes de Estado y las rebeliones había pasado… Sin embargo, la crisis de 1929 trajo consigo una nueva intervención militar endémica desde entonces en toda Hispanoamérica»[486]. (Cursivas nuestras).

A su vez, José Nun, sin referirse a una situación coyuntural —como lo fue el «crack» económico de 1929—, sino con un enfoque más general, subrayó también la influencia del factor económico en el fenómeno estudiado, afirmando que la intervención militar dentro de un país con una renta de 500 dólares per cápita, y con una amplia clase media, constituía un fenómeno distinto que en otro país cuya renta era sólo de 150, y cuyas clases media y alta difícilmente sumaban entre ambas el 8 por 100 de la población[487]. (Datos aproximados respectivamente a la situación de Argentina y Guatemala en 1965).

Este peso concedido por Nun al factor económico en los golpes militares, hasta el punto de considerarlo como «un fenómeno distinto» según el nivel de renta mayor o menor y de su estratificación social, resulta ampliamente confirmado por Samuel Finer, el cual, en uno de sus estudios empíricos, estableció una correlación estratificada entre la renta per cápita de los Estados y el número de países (dentro de cada estrato de renta) que sufrió golpes de Estado en un determinado período de diez años. El resultado fue rotundamente concluyente en la siguiente correlación: a menor renta, mucha mayor probabilidad de golpe militar[488].

Dentro de ese tipo de interpretaciones de base socioeconómica, cabe señalar la sostenida por la analista Mónica Peralta-Ramos —alta funcionaría de la embajada argentina en Washington—, cuyo estudio contempla el drama argentino, incluidas las intervenciones militares, como el resultado, entre otros factores, de «un choque entre las más potentes fracciones de la burguesía», y, más concretamente, entre «los más poderosos sectores del capital financiero, agrario e industrial»[489]. Su análisis, aunque ampliamente argumentado, tal vez resulte riguroso desde una perspectiva marxista ortodoxa, pero a nuestro juicio peca de un excesivo economicismo, y, en todo caso, resulta demasiado complejo para ser expuesto aquí.

No está demasiado distante de su conclusión, sin embargo, la siguiente afirmación de A. Rouquié, que lleva al extremo —en este punto no coincidimos con el ilustre sociólogo francés— la imagen de unas Fuerzas Armadas Argentinas contempladas como víctimas, poco menos que desgarradas por la intensa rivalidad civil:

«… en la Argentina las Fuerzas Armadas no son ni el partido de las clases medias, ni los protectores de la burguesía industrial, ni la punta de lanza de la gran burguesía agraria, ni el instrumento privilegiado de las sociedades multinacionales, pero, en tanto que poderosos y decisivos actores del juego político, son el objeto de una lucha feroz entre sectores socioeconómicos y grupos políticos rivales»[490].

Hay que hacer notar, sin embargo, que incluso estos analistas —tanto Peralta-Ramos como Rouquié, entre otros— que ofrecen este tipo de interpretaciones de gran implicación civil en el intervencionismo militar, no dejan por ello de recalcar y reprobar los excesos represivos cometidos a partir del golpe de 1976. Ya vimos, en su momento, contundentes pronunciamientos de Rouquié en tal sentido; en cuanto a Mónica Peralta-Ramos, tras explicar esos choques «entre las más poderosas fracciones de la burguesía», y las terribles consecuencias económicas de la dictadura para las clases bajas, dice en el mismo ensayo antes citado:

«En esta espiral, la actividad represiva del Estado continuó hasta adoptar formas cada vez más clandestinas; formas que violaban su propia legalidad. Esta situación culminó en 1976 con la introducción sistemática de lo que hoy conocemos como terrorismo de Estado. En el nombre de Dios, de la Nación, de la Familia y de la Libertad, proliferaron los campos de concentración, los asesinatos, todos los tipos de tortura y aniquilación moral, así como la “desaparición” de personas. Todo esto fue el resultado de las acciones de las fuerzas represivas del Estado, organizadas al margen de su propia ley»[491].

Vemos, por consiguiente, que incluso los analistas que dan muy complejas explicaciones sociales y económicas sobre el drama argentino de los años setenta, siguen rechazando el brutal exceso represivo, con independencia de todas las rivalidades y forcejeos civiles, sociales o económicos, que pudieran haberse producido con anterioridad.

En definitiva, Peralta-Ramos atribuye la «crisis de legitimidad institucional» padecida por la Argentina en las últimas décadas (incluidos los correspondientes golpes militares) a la sistemática confrontación de diversos sectores sociales en lucha por la redistribución de la renta[492].

En cuanto a las motivaciones del golpe de marzo de 1976 en concreto, Peralta-Ramos sostiene:

«En mi opinión, uno de los principales objetivos perseguidos por la política económica del gobierno militar instalado en 1976 consistió en el logro de una drástica modificación de las “reglas del juego económico” preexistentes, con objeto de provocar un cambio en la relación de fuerzas entre los grupos de intereses de mayor significación»[493].

Sin embargo, frente a estos y otros autores que inciden en la argumentación de base económica, el ya citado sociólogo francés Alain Touraine rechaza en cambio —por considerarla inconsistente— la explicación socioeconómica de los golpes militares —en América Latina y en Argentina— diciendo al respecto:

«Una vez más, las explicaciones económicas (…) se revelan insuficientes. Es la destrucción del modelo nacional-popular y no la creación de un nuevo tipo de sociedad o de economía lo que constituye el sentido principal de las dictaduras antipopulares»[494]. (Las cursivas pertenecen al texto original).

Al margen de este concepto de Touraine —de compleja y elaborada explicación—, numerosos autores proponen distintos argumentos de base económica para explicar el intervencionismo militar. Además de los ya citados, existen autores como John Johnson, decididos partidarios del intervencionismo militar como forma dinamizadora del desarrollo económico. (Quienes se interesen por esta teoría desarrollista pueden consultar su libro, editado por la Universidad de Stanford)[495]. Otros autores, como T. Moulian y P. Vergara, proporcionan otra explicación muy trabajada y netamente economicista, consistente en que las dictaduras militares actuaron dominadas por el proyecto económico de un sector tecnocrático, plenamente identificado con la burguesía financiera[496].

Pues bien; estas interpretaciones de base económico-tecnocrática, consistentes en explicar los golpes militares como si su pretensión consistiera en un desarrollismo económico a través de una tecnocracia, capaz de fortalecer al mismo tiempo el aparato burocrático estatal y la economía nacional, son igualmente rechazadas por Alain Touraine, también para el caso argentino:

«… los regímenes militares no pueden ser llamados tecnocráticos (…) El aparato estatal argentino, ya débil, fue debilitado más aun por la política de la dictadura después de 1976»[497].

Hay que constatar, sin embargo, el notable predominio de aquellos analistas que —con una u otra línea argumental— conceden al factor económico, con su consiguiente impacto social, una significativa influencia causal en la actitud intervencionista del estamento militar.

6. LA «MOVILIZACIÓN SOCIAL», COMO FACTOR ACTIVADOR O DESACTIVADOR DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. TEORÍAS COINCIDENTES Y DISCREPANTES DE S. FINER, S. HUNTINGTON Y OTROS AUTORES SOBRE EL PAPEL DE DICHO FACTOR

Según un clásico como Finer, la intervención militar tiene tendencia a disminuir cuando aumenta la movilización social[498]. Pero según Huntington, autor no menos clásico, cuanto mayor es la movilización social y menor la institucionalización política, más alta es la probabilidad de intervención militar[499]. Vemos, pues, que entre los dos factores señalados por Huntington como favorecedores de la intervención militar figura la movilización social; exactamente el mismo factor que Finer da como tendente a disminuir tal intervención.

Estos dos mismos autores, al enfocar el arduo tema del profesionalismo militar, vuelven a presentar otra contradicción, captada y subrayada por Robert Putnam[500]. En efecto, en su muy clásica The Soldier and The State, Huntington sostiene que la profesionalización de los militares hace disminuir el intervencionismo militar[501], mientras que, en su igualmente clásica The Man on Horseback, Finer afirma que la profesionalización del estamento castrense conduce a un incremento de la intervención militar[502].

Nada extraño, por otra parte, puesto que ya hemos visto más atrás muy distintos conceptos de lo que significa la «profesionalización» del militar: desde el concepto de «militar profesional» de Perlmutter (la primera categoría de su clasificación), básicamente ajeno a todo intervencionismo político, hasta el «neoprofesionalismo» de Stepan, con su alto grado de politización intervencionista y su irresistible tendencia a controlar y aun a dirigir los procesos políticos y sociales de la vida nacional.

Por otra parte —y ello facilita la comprensión de este desacuerdo—, creo que todos conservamos grabadas dos imágenes francamente contrapuestas. La primera es la imagen de las manifestaciones y fuertes movilizaciones populares en Chile, en defensa del gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, ante la creciente amenaza golpista; movilización ciudadana que no impidió en absoluto —y para muchos incluso activó— la llegada del trágico 11 de septiembre de 1973. Y frente a esa imagen, todos recordamos la segunda; la de una Argentina carente de toda movilización popular activa que defendiera las instituciones democráticas contra la previsible intervención militar, en los meses y semanas anteriores al aún más trágico 24 de marzo de 1976. Falta de movilización social que tampoco impidió en absoluto la llegada del esperado golpe militar.

Dado que estos hechos sucedieron bastante después de que Finer y Huntington formularan sus respectivas teorías, el golpe chileno pudo servir para ratificar la tesis de Huntington (a mayor movilización social, mayores probabilidades de golpe militar) desmintiendo la tesis opuesta de Finer. Pero he aquí que dos años y medio después, el golpe argentino de 1976 vino a restablecer el empate, contradiciendo a Huntington y dando satisfacción a la tesis de Finer.

Creemos que esta serie de concepciones teóricas contradictorias hasta aquí expuestas sobre el mismo fenómeno, el intervencionismo militar —concepciones todas ellas dotadas, según sus autores respectivos, de un suficiente apoyo empírico—, es algo que colabora a la humilde pero obligada aceptación de un hecho: la extremada complejidad del fenómeno estudiado, y la falta de un carácter unívoco en las causas y efectos de los fenómenos sociales, factor ya señalado con anterioridad.

7. EL CLIMA DE VIOLENCIA SOCIAL Y LA INFLUENCIA INTERNACIONAL, FACTORES COADYUVANTES AL INTERVENCIONISMO MILITAR, ENTRE OTROS SEÑALADOS POR JULIO BUSQUETS

Dentro de la división que efectúa este sociólogo militar español entre causas endógenas (engendradas en el interior de la institución militar) y exógenas (procedentes del exterior de ella), entre estas últimas, aun señalando también otras, destaca el clima de violencia social producido por la conflictividad social e ideológica cuando ésta alcanza graves niveles de intensidad.

Aunque la argumentación desarrollada por este autor se basa principalmente en ejemplos históricos españoles (algunos de los pronunciamientos del siglo XIX y los dos golpes triunfantes del presente siglo, los de 1923 y 1936[503], precedidos ambos de un clima de desorden y violencia social), resulta evidente que ese factor también estuvo presente en la gestación del golpe argentino de 1976, como ya vimos al estudiar los terrorismos de signo contrapuesto que azotaron a aquel país entre 1970 y 1976.

De ninguna manera cabe, en efecto, pensar que tales ejemplos sólo son españoles, y ahí está, por ejemplo, la efervescente situación de choque ideológico y social que precedió en Chile al golpe pinochetista de 1973, y el alto índice de terrorismo y tensión social que, objetivamente, prevalecía en la Argentina antes del golpe de marzo de 1976. Dicho sea todo ello, sin propósito alguno de justificar tales golpes, sino señalando simplemente una clara correlación entre alteración social y golpe militar y que corrobora —al otro lado del Atlántico— uno de los factores causales planteados por Busquets. Realidad compatible con el hecho —que tampoco podemos dejar de señalar— de que, en no pocas ocasiones, esas situaciones de tensión social resultan favorecidas, y en buena parte provocadas, por la mismas fuerzas interesadas en que el golpe de Estado se llegue a producir.

También estudia Busquets otros factores exógenos que inciden en los golpes militares, contribuyendo a su motivación causal. Entre ellos, cabe citar la influencia internacional, es decir, el impacto externo procedente tanto de los procesos revolucionarios como de los fuertes movimientos reaccionarios que se registran en otros países, pero cuya pujanza tiene, en ciertos momentos históricos, influencia en la mentalidad y comportamientos militares de países terceros, que viven o podrían vivir una situación similar[504].

En este sentido, Busquets señala el efecto mimético que produjo en los dos citados golpes españoles del siglo XX la imparable escalada del fascismo en la Italia de los años veinte y la irresistible ascensión nazi en la Alemania de los treinta, con el consiguiente impacto motivador en las fuerzas derechistas españolas frente al creciente empuje de las fuerzas de izquierda. Fuerzas impulsadas a su vez, como todas las izquierdas de Europa, por el potente efecto mimético de la revolución rusa de 1917.

Refiriéndonos ya al ámbito latinoamericano, y especialmente al argentino —el que realmente nos ocupa en esta obra—, pero dentro de este mismo tipo de influencias por encima de las fronteras, señalemos el hecho, unánimemente aceptado por los estudiosos, de que el triunfo de la revolución castrista en Cuba (1959) y el activismo de Ernesto ‘Che’ Guevara en Bolivia (mediados de los sesenta) fueron factores que influyeron en numerosos países del área, contribuyendo tanto a la aparición de diversos grupos guerrilleros como a fomentar los golpes militares represivos de los años sesenta y setenta en distintos países de la región. Se trata, pues, de un tipo de influencia exógena que acertadamente cabe llamar mimética —«ellos lo hacen allí, luego nosotros también podemos hacerlo aquí»—, argumento igualmente válido en sentidos opuestos: tanto si se trata de organizar un grupo guerrillero contra la oligarquía local como si se pretende preparar un golpe de Estado militar contra una creciente amenaza popular.

Resulta claro que, en este sentido, los militares argentinos de 1976 tuvieron no pocos ejemplos a imitan aparte del suyo propio en sus anteriores golpes desde 1930 —y mencionando sólo los tres casos de máxima vecindad geográfica— tenían al lado la «vía brasileña», abierta con el golpe militar de 1964, así como la «vía uruguaya» y la «vía chilena», iniciadas ambas en sus respectivos golpes de 1973. Demasiadas vías concordantes, y demasiado próximas, como para resistir la tentación mimética. Factor que sin duda, entre tantos otros —y aunque no con carácter decisivo—, también estuvo presente en el golpe de marzo de 1976.

8. OTRO POSIBLE FACTOR DEL INTERVENCIONISMO MILITAR: DIRECTA COLABORACIÓN DE POTENCIAS EXTRANJERAS

Aparte de ese efecto internacional señalado por Busquets, cabe añadir otros tipos de influencia internacional, no precisamente mimética, sino derivada de la actitud de otros países por acción u omisión. Como ejemplo de esa influencia por acción directa, resulta obligado señalar —aunque saliéndonos por unos momentos del marco argentino— el caso del golpe del general Pinochet en Chile en septiembre de 1973. No mucho tiempo después, una comisión investigadora del Senado norteamericano permitió averiguar, entre otros datos igualmente sustanciosos, el número de millones de dólares que la CIA y otros organismos oficiales habían dedicado a «desestabilizar» al gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, financiando acciones tales como la huelga de la mina de cobre «El Teniente» (centro minero vital por el volumen de divisas que aportaba) y la huelga del transporte (mediante pagos al poderoso sindicato de camioneros), servicio igualmente vital para un país de las características geográficas de aquél. Huelgas ambas que resultaron decisivas para lograr el clima de deterioro social, invocado cínicamente por los golpistas para derribar a aquel gobierno constitucional.

Afortunadamente, la televisión norteamericana, en una de esas inefables paradojas características de aquel gran país, difundió al mundo entero la escena en la cual el directo responsable de aquella política agresivamente intervencionista —el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger— compareció ante la Comisión del Senado constituida para aquella investigación. Todos pudimos ver y escuchar el momento culminante de la comparecencia: ante la pregunta de «¿En nombre de qué principio ordenó o toleró usted esas acciones contra el gobierno constitucional de un país soberano?», Kissinger contestó escuetamente: «En nombre de los intereses superiores de los Estados Unidos».

Dice al respecto el profesor chileno Tapia Valdés:

«Las declaraciones de los presidentes Nixon y Ford y del Secretario de Estado Kissinger respecto de la intervención de la CIA en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, y los “hearings” en informes de las comisiones parlamentarias americanas que condujeron investigaciones sobre las acciones encubiertas de las agencias norteamericanas de espionaje (CIA, DIA y FBI especialmente), hacen innecesario proporcionar más detalles sobre el contenido, realidad y alcance de la política intervencionista de los Estados Unidos»[505].

En este sentido, y dentro de la curiosa peculiaridad estadounidense de investigar sus propios «trapos sucios» y conservar constancia documental de ellos, hay que señalar, como piezas definitivas, dos documentos reveladores, ambos del Senado de los Estados Unidos, cuyos títulos hablan por sí solos: «Acciones encubiertas en Chile, 1963-1973», y «Conspiraciones de asesinato alegadas, dirigidas contra políticos extranjeros», de noviembre de 1975[506] (Recuérdese el flagrante caso Letelier).

Vemos, pues que, entre las motivaciones exógenas de los golpes militares, no podemos olvidar esta causa, la más exógena de todas, no ya procedente de fuera de la institución militar, sino de más allá de las fronteras del propio país: el golpe promovido, gestionado y financiado por una potencia extranjera, y finalmente ejecutado por los militares del Ejército local. Otro modelo —y bien triste, por cierto— del intervencionismo de un Ejército contra la legítima institucional civil de su país.

Pero volvamos al escenario argentino, que nos proporciona un buen ejemplo de la que hemos llamado influencia por omisión. Según se reveló en 1987, cuando el periodista norteamericano Martin Andersen tuvo acceso a documentación de la Secretaría de Estado referente a los acontecimientos argentinos de la década anterior —en su mayor parte, informes y mensaje del entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill—, quedó claro hasta qué punto la influencia de la política estadounidense, a través de la actuación de su secretario de Estado Henry Kissinger, resultó favorecedora —por omisión— en el terrible recrudecimiento de la represión militar en Argentina en la segunda mitad del año 1976.

Ya en mayo de 1976, el embajador Hill había informado a Kissinger alertándole sobre la dramática situación de los derechos humanos en Argentina a raíz del golpe de Estado producido dos meses atrás. La copia a la que tuvo acceso Andersen —de fecha 25 de mayo— estaba cortada en su parte central, y sólo permanecían intactos el principio y el final, cuyo texto era el siguiente:

«Tema: Petición de instrucciones».

«En vista del empeoramiento de la situación de los derechos humanos allí, creo que ha llegado el momento de iniciar gestiones a alto nivel. Pido instrucciones para una entrevista urgente con el ministro de Relaciones Exteriores…».

«Visto el ritmo del desarrollo de los acontecimientos, apreciaría una respuesta inmediata»[507].

Dos días después (27-5-1976), Kissinger envió un cable secreto a sus embajadas en Montevideo y Buenos Aires:

«Tema: Situación de los derechos humanos en la Argentina».

«El secretario auxiliar en funciones, Ryan, ha llamado al embajador Vázquez el 27 de mayo para advertirle sobre la creciente preocupación en Estados Unidos por la violencia en la Argentina y las desapariciones de personas. Esta preocupación es expresada por las principales Universidades, los responsables de prensa, como The New York Times, y miembros de las dos Cámaras del Congreso, y tiene un efecto desfavorable en la imagen de la Argentina en el país. Si esto sigue se hará difícil la cooperación con la Argentina, como sucedió en el caso de Chile… El embajador Ryan dijo que en Estados Unidos hay preocupación no solamente por las detenciones que lleva a cabo el gobierno argentino sino por su fracaso en controlar las actividades del terrorismo de derecha»[508].

Tal como subraya Andersen, este cable —pocas fechas después de haber recibido Kissinger los terribles datos que en seguida veremos, sobre atroces actos represivos perpetrados la semana anterior en Buenos Aires— llama la atención por su blandura: frases como «tiene un efecto desfavorable…», «se hará difícil la cooperación…», etcétera, señalando distintas presiones procedentes de diversas áreas de la sociedad norteamericana, pero ningún pronunciamiento firme de su propia Administración, presentan muy escasa contundencia en relación con el lenguaje tajante y conminatorio que en otras ocasiones, y frente a otra clase de gobiernos, la diplomacia norteamericana ha sido siempre capaz de utilizar.

Dos semanas más tarde, Henry Kissinger viajó a Santiago de Chile, para asistir a la Sexta Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Allí, el día 10 de junio sostuvo una entrevista con su colega el ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti. La entrevista tuvo lugar en la suite norteamericana del Hotel Carrera. Sobre tal entrevista dice Andersen, recogiendo el relato detallado en otro documento del embajador Hill:

«Cuando Kissinger llegó a la conferencia de Santiago, los generales argentinos estaban nerviosos ante la posibilidad de que Estados Unidos les llamara la atención sobre la situación de los derechos humanos. Pero Kissinger se limitó a decirle a Guzzetti que el régimen debía resolver el problema antes de que el Congreso norteamericano reanudara sus sesiones en 1977. A buen entendedor, pocas palabras. En el lapso de tres semanas empezó una ola de ejecuciones en masa. Centenares de detenidos fueron asesinados (…) Para fin de año (1976) había millares de muertos y desaparecidos más. Los militares ya no darían marcha atrás. Tenían las manos demasiado empapadas de sangre»[509].

La firme llamada al orden que Videla y sus generales temían, procedente de la primera superpotencia mundial, con su considerable capacidad de presión sobre los regímenes latinoamericanos, no se produjo. Solamente se les urgió a que dieran fin a aquella «tarea» antes de enero de 1977. Así, libres ya de ese último posible freno, apretaron el acelerador. De ahí la acusación del embajador Hill:

«A comienzos de 1977, Robert Hill, por entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, le comunicó a un alto funcionario de la administración Carter (que aquel mismo mes de enero asumía el poder) que Kissinger bahía autorizado la represión por la cual al menos 9.000 personas fueron (en los meses y años siguientes) secuestradas y clandestinamente asesinadas. Acusó a Kissinger de dar su aprobación a las desapariciones masivas en una reunión que tuvo lugar en junio de 1976 en Santiago de Chile, con el almirante C. A. Guzzetti, ministro de Asuntos Exteriores de la Argentina».

«Kissinger le preguntó (a Guzzetti) cuánto tiempo les llevaría a los argentinos acabar con este problema. Guzzetti contestó que a fin de año (1976) ya estaría resuelto. Kissinger aprobó».

De esta forma, «sólo tres meses después de que los generales tomaran el poder en la Argentina en 1976, el secretario de Estado Kissinger les dio “luz verde” para que continuaran la guerra sucia, según un documento del Departamento de Estado que consiguió el semanario de Nueva York The Nation»[510]. (Los paréntesis y las cursivas son nuestros).

Este largo reportaje de Martin Andersen, publicado simultáneamente en los semanarios The Nation (Nueva York) y El Periodista (Buenos Aires), y difundido después, por su importancia, en un total de catorce países, se fundamentaba principalmente en documentación clasificada de la citada Secretaría de Estado, e incluía en su parte final, entre otras, esta conclusión del embajador Hill:

«Una palabra oportuna y firme de Kissinger en junio de 1976 hubiera podido frenar el baño de sangre. Los militares no eran insensibles a la presión internacional sobre el tema de los derechos humanos. El Departamento de Estado señalaba poco después del golpe que los generales (argentinos) hacían un esfuerzo por evitar la etiqueta de “Made in Chile”»[511].

Una palabra «hubiera podido frenar» por el contrario la omisión de esa palabra, es decir, el silencio cómplice, se encargó de potenciar e impulsar la represión. En efecto, tras la reunión Kissinger/Guzzetti, los represores argentinos, contando ya con la complicidad por omisión del poder que más podía preocuparles, se lanzaron «a tumba abierta» —y nunca mejor dicho— a la masiva represión que, a partir de los meses siguientes, iba a incrementar las cifras de desaparecidos de forma trágica e irreversible:

«… tal como sospechaba Hill, las ejecuciones en masa de prisioneros se convirtieron en un fenómeno generalizado sólo después del encuentro entre Kissinger y Guzzetti».

«En el momento en que Jimmy Carter tomó cartas en el asunto, los esfuerzos para que la cúpula militar detuviera la matanza se estrellaron contra un hecho inmodificable: los generales habían ido tan lejos que ya eran incapaces de dar marcha atrás»[512].

Así, lo que todavía era relativamente factible el 10 de junio de 1976, fecha de la citada reunión (sólo dos meses y medio después del golpe del 24 de marzo) resultó ya impracticable diez meses después de dicho golpe, cuando la administración Carter asumió el poder el 20 de enero de 1977. Aunque Carter situó la defensa de los derechos humanos como elemento central de su política exterior, la maquinaria de secuestrar, torturar y matar había adquirido ya en Argentina tal volumen y tan irrefrenable inercia que los reiterados esfuerzos y gestiones del nuevo inquilino de la Casa Blanca sólo consiguieron salvar a personalidades aisladas (tan notables, por otra parte, como Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo, entre otros), pero no pudieron alcanzar el efecto de freno colectivo que hubieran podido y debido tener en aquellos meses iniciales de la 1.ª Junta Militar. He ahí, en definitiva, un ejemplo patente de lo que hemos llamado «influencia por omisión».

Otro indeseable factor de procedencia extranjera —y éste no precisamente por omisión— es el constituido por las acciones represivas ejercidas por ciertas dictaduras más allá de sus fronteras, frecuentemente en colaboración con otra dictadura de carácter similar. Tal fue el caso de los gobiernos militares de Argentina y Uruguay durante los años setenta, pues existe constancia de la colaboración que existió entre las autoridades militares y policiales de ambos países, con intervención de agentes uruguayos en Argentina y de argentinos en Uruguay, con episodios tan graves como el que exponemos a continuación.

El día 18 de mayo de 1976, es decir, menos de dos meses después del golpe del 24 de marzo, dos prominentes parlamentarios uruguayos, el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, y el conocido senador y ex-ministro Zelmar Michelini, exiliados ambos en Argentina por causa de la dictadura militar establecida en el Uruguay tres años atrás, fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Buenos Aires por sendos grupos fuertemente armados. Ninguno de ellos estaba implicado en organizaciones armadas, ni estaban situados políticamente en la extrema izquierda de su país.

El secretario de Estado Kissinger, ante la repercusión pública de estos hechos y la presión de organismos como Amnesty International —que informó inmediatamente de la «brutal captura» de ambos parlamentarios— pidió mayor información a sus embajadas en Buenos Aires y Montevideo. Sólo dos días después del secuestro, el antes citado embajador en Buenos Aires, Robert Hill, envió un mensaje a Kissinger en el que explicaba que «tales operaciones (los secuestros citados) son sumamente difíciles, si no imposibles, sin el consentimiento del gobierno argentino»[513].

Al día siguiente, los cadáveres de ambos parlamentarios eran hallados dentro de un coche, junto a otros dos cadáveres más. Michelini tenía el cerebro destrozado por un balazo. Peor suerte había corrido Gutiérrez Ruiz: su cuerpo presentaba atroces huellas de quemaduras, le faltaba un ojo, la mitad de su rostro estaba aplastado, y los nudillos de sus manos habían sido machacados.

Los asesinos, en un vano intento de falsear la autoría del crimen, dejaron junto a los cadáveres panfletos que daban a entender que los asesinatos habían sido perpetrados por un grupo de la ultraizquierda uruguaya. Nadie picó tan burdo anzuelo[*], y más tarde pudo comprobarse que ambos políticos uruguayos, tras su secuestro, fueron conducidos al centro clandestino «Automotores Orletti», uno de los numerosos antros de tortura y detención ilegal que, en la zona de Buenos Aires, las autoridades argentinas habían encomendado a los «grupos de tareas» bajo control militar. Allí, entre las sesiones de tortura, fueron vistos e inequívocamente identificados por otros cautivos supervivientes, que posteriormente testificaron sobre su presencia en aquel lugar, donde ambos políticos uruguayos fueron «interrogados» y posteriormente «trasladados» (léase, respectivamente, torturados y asesinados), sin que importe demasiado dónde tuvo lugar este último paso, si en el propio centro Orletti o ya fuera de él.

Tampoco importa demasiado saber si estos dos destacados parlamentarios uruguayos fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes uruguayos actuado en Buenos Aires con autorización de los militares argentinos y utilizando la infraestructura represiva de éstos, o si toda la tarea fue efectuada directamente por militares y policías argentinos, pero siguiendo instrucciones y datos proporcionados por los militares uruguayos. Lo que importa, en cualquier caso, es el salto, por encima de las fronteras, de la mano represora de otro país, con capacidad para cometer sus crímenes represivos fuera de su territorio, sea con la colaboración directa, o, como mínimo, con la pasividad cómplice de otro régimen dictatorial.

Fue exactamente tres semanas después de estos hechos —y pese al puntual conocimiento de ellos que le proporcionó el embajador Hill— cuando Kissinger mantenía en Santiago de Chile la antes citada reunión con el almirante Guzzetti, con los trágicos resultados ya dichos. Otro diplomático norteamericano, que pidió se respetase su anonimato, manifestó que «había tenido conocimiento de la “luz verde” que dio Kissinger por fuentes militares argentinas»[514], lo que simplemente corrobora —por si los hechos posteriores no lo hicieran innecesario— la claridad con que la 1.ª Junta captó «el mensaje» del Secretario de Estado norteamericano sobre las «manos libres» que la administración republicana les otorgaba, como mínimo hasta finales de 1976.

La nueva administración Carter, que inició su tarea en enero de 1977, tuvo como nuevo secretario de Estado a Cyrus Vance, el cual desarrolló una política en materia de derechos humanos harto diferente que la de su antecesor, si bien no consiguió —salvo en ciertos casos— limitar la masacre represiva perpetrada en Argentina por la dictadura militar. Años después, el propio Vance manifestaba en una reunión de cancilleres americanos: «Los esfuerzos de un Estado para protegerse a sí mismo no pueden ejercerse negando la dignidad del hombre»[515].

También es digna de señalar la abierta intervención de militares argentinos en Bolivia, colaborando al sangriento golpe militar del 17 de julio de 1980 y subsiguiente represión, golpe que llevó al poder al general Luis García Meza[*]. So pretexto de colaborar en la lucha contra «la subversión internacional», los tenientes coroneles argentinos Julio César Durand, Benjamín Cristoforetti y Osvaldo Guarnaccia aportaron su experiencia en ese terreno a sus colegas bolivianos. Un año y medio después, al ser despedidos con todos los honores y condecorados con la medalla al mérito José Miguel Lanza, el teniente coronel Durand, contestando en nombre propio y de sus compañeros, evocó la colaboración histórica de ambos Ejércitos en las luchas por la independencia manifestando que, hoy como ayer, «un puñado de soldados argentinos, integrando el Ejército boliviano, lucha por preservar la libertad que ambos países obtuvieron en los albores de la liberación americana». A lo que añadió que, en aquella lucha contra la internacional de la subversión, «no hay fronteras, ni ética, ni procedimientos convencionales»515 bis. (Cursivas nuestras).

Explícito reconocimiento, una vez más, de la carencia de toda ética en esta lucha, a la que se añade la inexistencia de fronteras, con la posibilidad consiguiente de extender los tentáculos represivos & otros países de la región.

Para terminar este apartado, digamos que en febrero de 1993, en Asunción (Paraguay), justo cuatro años después de la caída del general Stroessner —la única dictadura de la zona que, por haber sido derrocada violentamente, no tuvo tiempo de hacer desaparecer su documentación comprometedora—, se descubrió, en los archivos de la antigua policía secreta, una interesante documentación sumamente relacionada con cuanto acabamos de decir. Se trataba de la llamada «Operación Cóndor»[*], acuerdo secreto —vigente en los años setenta— entre las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, por el cual todas ellas se comprometían a colaborar mutuamente en la tarea represiva, actuando en sus respectivos territorios contra los «elementos subversivos» de cada una de las otras, así como previendo la entrega secreta de ciertas personas a su país de origen al margen de todo tratado de extradición. Igualmente, no resulta difícil deducir que, para cierto tipo de casos, ese acuerdo incluyera —de forma tácita o no— la eliminación directa de ciertos elementos, sin las molestias derivadas del cruce clandestino de fronteras al margen de todo requisito legal. Ello explicaría asesinatos como los recién citados, y otros tipos de actuación, tales como —por ejemplo— el arresto y tortura en Uruguay del famoso músico argentino Miguel Angel Estrella, acusado de «subversivo» y posteriormente liberado sólo gracias a la presión internacional.

Refiriéndose a estas intervenciones represivas fuera de los países de las víctimas, el senador argentino Hipólito Solari Yrigoyen escribía ya en 1983, es decir, diez años antes de que se hiciera público el acuerdo secreto que acabamos de mencionar:

«Esta solidaridad (entre las distintas dictaduras del Cono Sur) ha llevado a la entrega de prisioneros políticos, y a una actuación conjunta de las policías de un país en el seno de los otros en reiteradas ocasiones. También se ha reflejado en una persecución implacable contra los refugiados de los países vecinos. En Argentina varios de ellos, reconocidos demócratas, han encontrado la muerte, como el general chileno Carlos Prats, el ex presidente de Bolivia Juan José Torres y los ex parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz ex presidente éste de la Cámara de Diputados, a quien la III Reunión Conjunta de los Parlamentos Latinoamericanos y Europeos proclamó “mártir de la democracia”, en la sesión celebrada en México el 27 de julio de 1977»[516]. (Cursivas y paréntesis nuestros).

Por su parte, en 1985, y contando con mayor documentación probatoria, el fiscal Julio César Strassera, en su intervención ante la Cámara Federal en el juicio a los jefes de las tres primeras Juntas, hizo notar, con mayor precisión, la intervención uruguaya contra ciudadanos uruguayos en la represión argentina:

«El Fiscal hizo referencia a la colaboración de las fuerzas de segundad argentinas con las uruguayas, para la persecución de opositores políticos uruguayos refugiados en la Argentina. Mencionó la existencia de un centro clandestino de detención que funcionaba bajo la fachada de un taller de automóviles, los llamados “Automotores Orletti”. Explicó el funcionamiento de este centro clandestino, la probada participación en él de oficiales en actividad del Ejército y de la policía uruguayos, en ese sitio; y se detuvo en los asesinatos del ex presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, y del ex ministro y senador Zelmar Michelini, así como de otras personas, hechos producidos en mayo de 1976»[517]. (Cursiva nuestra).

He aquí, pues, otra forma de intervencionismo en la sociedad civil: la actuación represiva ejercida por autoridades militares, dentro o fuera de su propio territorio, al servicio de otras dictaduras de signo similar. Ominoso factor —pero real— de intervencionismo represivo a nivel internacional, que no podíamos dejar de incluir entre las demás formas de intervencionismo militar mencionadas aquí.

9. OTRAS INTERPRETACIONES CONTRAPUESTAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR EN ARGENTINA

Huelga decir que existe otro tipo de autores, casi todos del sector militar más duro y vinculado a la represión —ya sea en lo teórico (como el general Díaz Bessone o el coronel Abel de la Vega) o en lo práctico (como el general Camps) o como el defensor de este último en el juicio que le condenó (el general Osiris Villegas)—, cuya justificación del intervencionismo militar en sus escritos se basa siempre en las —según ellos— imperdonables deficiencias y debilidades del poder civil.

Por otra parte, hemos de decir que en nuestras conversaciones personales con ex-presidentes militares como los generales Juan Carlos Onganía y Roberto Marcelo Levingston —aunque siempre sin llegar a los extremos de dureza que suelen caracterizar a los autores del grupo recién citado—, entre los argumentos básicos esgrimidos por tan caracterizados representantes de los gobiernos de facto surgidos de los golpes de Estado de los años sesenta y setenta figuraba siempre éste: el deficiente rendimiento y calidad de la clase política argentina, como factor histórico causante de la reiterada intervención militar.

Por el lado opuesto, aparece otra amplísima serie de autores civiles, como Jorge Tapia, Adolfo Gilly, Guillermo O’Donnell, Enrique Vázquez, Arnold Spitta, Eduardo Duhalde, Alipio Paoletti, entre tantos otros, que, sin negar la existencia de esos poderosos sectores civiles y castrenses que forman el «partido militar», ponen el mayor énfasis, cada uno con sus matices, en otro factor como causa principal del intervencionismo que nos ocupa: la tendencia netamente reaccionaria, clasista y conservadora predominante en la mayor parte de los militares profesionales argentinos. Tendencia derivada inicialmente de las permanentes vinculaciones oligárquicas de las Fuerzas Armadas, y, más tarde, del largo estudio, asimilación y aplicación práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

10. NUESTRA PROPIA INTERPRETACIÓN: LA AUTONOMÍA MILITAR, MÁXIMO FACTOR CAUSAL DEL INTERVENCIONISMO CASTRENSE EN ARGENTINA

Admitimos, de entrada, la existencia de múltiples factores contribuyentes al fenómeno que nos ocupa: reconocemos lo mucho que hay de cierto en la teoría del «partido militar», así como en las diversas formas y grados de implicación civil. Tampoco dejamos de admitir, igualmente, los posibles fallos y deficiencias en que las autoridades civiles argentinas puedan haber incurrido en el desempeño de sus funciones constitucionales. Aceptamos, igualmente, la incidencia de los diversos factores sociológicos señalados por otros autores, como acabamos de ver.

No obstante, puestos a centrar en un único factor sobresaliente, puestos a señalar un elemento causal predominante, máximo agente generador, causa básica y fundamental del drama desencadenado en Argentina a partir de marzo de 1976 —y que de hecho venía gestándose desde largo tiempo atrás—, nosotros, sobre la base de nuestro largo trabajo de investigación en España y Argentina, y de nuestra experiencia en el Ejército profesional y en el campo de la Sociología Militar, señalaríamos una causa concreta, por encima de todas las demás: la autonomía militar. La autonomía del estamento castrense, llevada a sus últimas consecuencias teóricas y prácticas, morales, filosóficas, sociales y políticos. La autonomía militar respecto al resto de la sociedad, con sus consecuencias directas en el campo de las ideas y en el campo fáctico de su aplicación.

Suprimamos, para empezar, algunos posibles errores de interpretación.

Cuando decimos autonomía militar no nos referimos a un tipo de aislamiento autosuficiente y autárquico en lo social, que distancie a los militares argentinos de todo contacto con los distintos estamentos civiles de la sociedad. Difícilmente cabe hablar de tal tipo de aislamiento cuando, como hemos visto, casi todas las fuerzas políticas argentinas y no pocas fuerzas sociales y económicas han mantenido tradicionalmente —de una u otra forma— estrechos contactos con las Fuerzas Armadas, tratando no pocas veces de conseguir su apoyo político y, llegado el caso, incluso su intervención militar.

Tampoco nos referimos a la autonomía institucional, pues las Fuerzas Armadas Argentinas dependen orgánicamente del Gobierno través del Ministerio de Defensa, y tienen como comandante supremo al presidente de la República, lo que garantiza, al menos en la concepción normativa —aunque no siempre en la realidad—, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional.

Al hablar de autonomía militar, tampoco nos referimos a la autonomía doctrinal como fuente de producción teórica propia, pues hemos visto las múltiples influencias extranjeras —principalmente de origen norteamericano y francés— que han configurado la doctrina vigente en las Fuerzas Armadas Argentinas. Del bagaje doctrinal de los militares argentinos podría decirse todo, excepto que sea autónomo en su origen, como hemos podido ver.

Tampoco queremos referimos, al hablar de la autonomía militar en la Argentina, a algún tipo de autonomía económica que permita a las Fuerzas Armadas de ese país organizarse y autoabastecerse al margen del conjunto de la economía nacional, pues hemos podido comprobar personalmente que la grave crisis económica sufrida por la sociedad argentina ha venido castigando también, y muy duramente, al estamento militar, tanto en lo referente a sueldos como a dotación presupuestaria general.

¿A qué nos referimos, entonces, cuando ponemos el énfasis en el concepto de autonomía militar? Nos referimos a un doble factor, fuertemente actuante en la historia argentina de las últimas décadas:

1. La certeza, la seguridad, la firme convicción sólidamente instalada en las mentes de gran número de militares argentinos —hasta el punto de determinar muchas veces el comportamiento de las Fuerzas Armadas como institución— en el sentido de que pueden y deben intervenir en las grandes cuestiones de la política nacional, juzgando, valorando y decidiendo su mayor o menor concordancia con «los intereses de la Patria», sonora denominación tras la cual, históricamente, han aparecido agazapados demasiadas veces los intereses de ese sector social conocido como «el partido militar».

2. La convicción, igualmente firme, de que cuando la actuación del gobierno constitucional no responde a esas expectativas y se aparta demasiado de ellas, el estamento militar puede y debe actuar sobre aquél en todos los grados posibles: desde la fuerte presión estamental basta el golpe de Estado militar.

10.1. Algunos ejemplos histéricos, flagrantemente descriptivos de esa autonomía militar

Veamos a continuación algunos ejemplos históricos concretos —entre tantos posibles—, altamente ilustrativos de lo que llamamos autonomía militar: el derrocamiento del presidente Arturo Illia en 1966; la insurrección militar de la Semana Santa de 1987; el controvertido ascenso del teniente Astiz, también en 1987; la forma en que se produjo la toma de posesión del presidente Frondizi en 1959; y, por último, la llamada «lucha antisubversiva» a partir de marzo de 1976.

a) Derrocamiento del presidente Arturo Illia en 1966

El día 28 de junio de 1966, el doctor Illia, presidente de la República al frente del Partido Radical, fue derrocado por un golpe militar cuidadosamente preparado y ejecutado, cuyos autores, encabezados por el general Pascual Pistarini, entregaron después el poder al general Juan Carlos Onganía.

Hoy día, veinticinco años después de aquel golpe militar, los análisis de los historiadores, y aun de los protagonistas de aquellos hechos, no permiten descubrir por ninguna parte las graves razones mínimamente objetivas que pudieran servir de presunta justificación a aquel derrocamiento presidencial.

Hoy todo el mundo conoce, por el contrario, los motivos reales de la destitución. El doctor Illia había alcanzado el poder en las elecciones de 1963, aunque con un bajo porcentaje electoral, motivado por la no comparecencia del peronismo, que no pudo concurrir a las urnas por proscripción militar. Illia, intachable demócrata, conocedor de que la realidad política y social argentina resultaba profundamente distorsionada por la forzada prohibición de la más poderosa fuerza electoral, procedió a su legalización. Esta medida, que sin duda hubiera llevado al poder pocos años después al «populacho peronista» (así conceptuado por el sector oligárquico y su brazo político, el «partido militar»), así como la rescisión de contratos con las empresas petrolíferas extranjeras (fuertemente vinculadas a los intereses financieros de dicho «partido»), determinaron el golpe de Estado contra uno de los más ilustres estadistas que la República Argentina haya conocido jamás.

Simón Lázara explica en estos términos aquel lamentable episodio:

«A mediados de 1966 la situación estalló: el pretexto fue, otra vez, el problema del peronismo, pero la realidad era la franca crisis que afectaba al modelo de la “democracia restringida”. Este sistema político fue diseñado por los clases dominantes, después de 1955, para controlar la voluntad popular y evitar los caminos (…) La clave del sistema consistió en mantener marginada a la mayoría electoral para poder controlar la orientación del gobierno. (…) Por otra parte, es obvio que Arturo Illia no coincidía con la idea de mantener proscrita a una fuerza política de tal significación (…) Por eso, confiado en la democracia —a cuyas reglas se subordinaba, porque era un auténtico demócrata— Illia legalizó al peronismo, que se encontró finalmente con la posibilidad de presentarse libremente a las elecciones. Cuando se avizoró que mantenía intacta su fuerza electoral y que podría triunfar en futuros comicios, la suerte del gobierno quedó definitivamente sellada»[518].

Un cuarto de siglo después de aquellos hechos, hemos tenido oportunidad de conversar largamente con dos de sus protagonistas; el teniente general Juan Carlos Onganía, designado presidente en sustitución del derrocado Illia, y el coronel César Luis Perlinger, el hombre que desempeñó la misión moralmente más violenta de la operación: el desalojar al presidente de su despacho de la Casa Rosada. El teniente general Onganía nos negó toda participación personal en, los preparativos y ejecución del golpe, cuyos autores vinieron a ofrecerle la presidencia, que él aceptó. En cuanto al coronel Perlinger, nos manifestó su profundo arrepentimiento por aquella intervención. Momentos antes de abandonar por la fuerza el despacho presidencial, Illia le dijo: «Llegará un día en que usted se arrepentirá de su acto de hoy. Sus propios hijos se lo reprocharán».

Ambas predicciones se cumplieron, según nos confesó el coronel. El cual, años después, tuvo la entereza de dirigirse al ex presidente, expresándole, mediante carta abierta a la opinión pública, sus disculpas personales, junto con el arrepentimiento por su acción anticonstitucional.

Hay que señalar, en este mismo contexto, el hecho de que también el teniente general Alejandro Lanusse —que llegaría a la presidencia algunos años después— manifestó igualmente, en su libro «Mi testimonio», el arrepentimiento por su participación en aquel golpe de Estado, que nunca se debió producir.

Hoy, la visión histórica y sociológica ofrece pocas dudas sobre este punto en particular si el peronismo, ya legalizado por Illia, hubiera podido concurrir libremente a las urnas —triunfante o no—, la libre participación política del Partido Justicialista hubiera permitido un encauzamiento legítimo de todas aquellas energías que se desbordaron hacia la violencia en la década posterior. Pero la llamada «Revolución Argentina», triunfante con el golpe de 1966, al prohibir tal participación, fue produciendo la progresiva radicalización de aquellas activas juventudes peronistas que, privadas de todo cauce para sus ansias de avance social, acabaron empuñando las armas a partir de 1970 como única vía posible de participación, dando lugar al movimiento montonero con toda su agresividad posterior. Y que nadie tome estas palabras como una justificación de aquella violencia, sino como lo que realmente son: una explicación lógica —y hoy ampliamente aceptada— de cómo pudo y debió ser evitado el baño de sangre de los años setenta, eliminando su primer factor generador, mediante la legítima participación democrática de todos los sectores de la sociedad.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Aquellos actos anticonstitucionales y descaradamente antidemocráticos de los años sesenta —entre los que destaca el derrocamiento del presidente Illia—, directo fruto de la autonomía militar frente al legítimo poder civil, trajeron en la década siguiente los lodos ensangrentados de la guerrilla montonera y del ERP, de la criminalidad igualmente autónoma de la AAA, y, como terrible culminación, los bárbaros excesos del PRN, período en que la autonomía militar iba a alcanzar su suprema y más dramática manifestación.

b) Insurrección de Semana Santa de 1987: pretendida cuestión «estrictamente militar»

Como ya recordamos en capítulo anterior, a mediados de abril de 1987, a raíz de las primeras citaciones de los jueces a los jefes y oficiales procesados por graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de las Juntas Militares, se produjo la insurrección encabezada por el entonces teniente coronel Aldo Rico en el extenso recinto militar de Campo de Mayo, a unos 25 kilómetros de la capital.

En aquellas tensas horas del día 17 de abril, en las que el presidente Alfonsín trataba —sin éxito— de conseguir el envío de tropas leales para reprimir la grave insurrección, sucedió algo agudamente descriptivo de lo que entendemos por «autonomía militar».

En primer lugar, el simple hecho de que las unidades militares requeridas por el presidente se negaran a acudir a cumplir la orden de su jefe supremo —el presidente de la República— ya constituye de por si una flagrante manifestación de autonomía militar, la de unos mandos militares que se atribuyen el derecho de obedecer o no a la suprema autoridad civil —pese a ser también, constitucionalmente, la máxima autoridad militar—, en función de su valoración, positiva a negativa, de las órdenes recibidas. Y dado que, en esta ocasión, se hallaban en presencia de una orden que les disgustaba, en uso de esa autonomía que se reservaban, optaron por no obedecer.

Pero no es a esa manifestación —aunque importante y extremadamente grave, en el campo fáctico— a la que queremos referimos aquí de forma prioritaria, sino a otra, situada en el área de las definiciones conceptuales, aunque no por eso menos flagrante y reveladora de una determinada mentalidad militar.

Recordemos brevemente la escena que todos pudimos ver por televisión: en las instalaciones de Campo de Mayo, todavía en plena insurrección, el entonces teniente coronel Aldo Rico se acercó a los periodistas, para informar, según se dijo, del motivo de su insubordinación. Tras unas breves palabras explicativas, en las que subrayó lo inadmisible de aquellas comparecencias ante la justicia —manifestando que el objetivo de su actitud era poner fin a tal situación—, después de aquella escueta explicación, al recibir las primeras preguntas de los periodistas, Rico cortó la entrevista diciendo: «No hay nada más que decir: se trata de una cuestión estrictamente militar».

He aquí, quizá, la más expresiva manifestación de ese concepto, de esa actitud que hemos llamado «autonomía militar». El hecho de que la comparecencia ante los jueces —o la no comparecencia— de los ejecutores de un vasto plan represivo que incluyó el secuestro, tortura y muerte discrecional de miles de civiles sin juicio de ninguna clase, seguida de la desaparición deliberada de sus cadáveres —con toda la inmensa serie de implicaciones morales, familiares, jurídicas, judiciales y sociales de toda índole que inseparablemente conlleva una tragedia de tamaña magnitud—, el hecho, decimos, de que un siniestro problema de tan tremendas dimensiones humanas y sociales pueda ser calificado de «cuestión estrictamente militar», negando de esta forma sus múltiples vertientes no militares y despreciando sus gigantescos aspectos específicamente civiles, es algo que constituye probablemente la mejor y más rotunda evidencia de esa mentalidad, de esa postura, de esa concepción sociológico-castrense a la que venimos denominando «autonomía militar». Es algo así como proclamar que la sociedad civil no existe; única forma de que resulte cierta una afirmación tan atroz como la que acabamos de comentar.

Resulta desolador oír hablar a un militar profesional como si todo lo sucedido en la Argentina entre 1976 y 1983 fuera un asunto interno de la institución militar, como si la sociedad civil no hubiera sufrido en sus carnes aquellos excesos militares que motivaron las citaciones judiciales en cuestión; como si la sociedad civil no existiera por ninguna parte, como si no hubiera nada ni nadie más allá del ámbito militar. Sólo así cobra sentido el que un asunto con tan agudas aristas incrustadas en la sociedad civil argentina, como el que motivó aquella insurrección, pueda ser calificado por alguien como «cuestión estrictamente militar».

Por supuesto —y esto sí que se entiende— no cabe imaginar autonomía militar más perfecta que la basada en considerar inexistente a la sociedad civil.

c) El imparable ascenso del teniente Astiz

A finales de 1987 y comienzos de 1988, el crónico forcejeo entre los poderes civil y militar —que caracterizó fundamentalmente al período presidencial del doctor Alfonsín— iba a conocer un nuevo episodio de no poca significación.

Esta vez el problema iba a centrarse nuevamente en la figura del teniente de navío Alfredo Astiz. El ya célebre torturador de las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet, y principal artífice de la desaparición y muerte de la súbdita sueca de diecisiete años Dagmar Hagelin —el «verdugo con cara de ángel»— vio vetado su ascenso a capitán de corbeta por el criterio adverso del presidente de la República, quien, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuenta entre sus atribuciones la de otorgar los ascensos dentro de la carrera militar.

Tras una demora de dos años en dicho ascenso, motivada por las diversas causas procesales que se seguían contra Astiz —no sólo por los escandalosos casos Hagelin[*] y Domon-Duquet, sino también otro distinto proceso militar por su rendición inmediata ante los ingleses como jefe de la guarnición argentina en las islas Georgias del Sur— llegó el momento en que, a finales de 1987, se planteó de nuevo el tema de su ascenso.

La cúpula jerárquica de la Armada, encabezada por el almirante Ramón Arosa, inició una fuerte presión estamental, exigiendo el ascenso de Astiz. La insinuada y temida posibilidad de una petición de retiro en bloque de dicha cúpula, y de una insubordinación general de la Armada similar a la explosiva situación producida en el Ejército de Tierra varios meses atrás, se convirtió en otra seria amenaza que el presidente —una vez más— se vio en la disyuntiva de afrontar o soslayar.

Ante este nuevo desafío, Alfonsín adoptó una decisión salomónica: ascendió a Astiz, cediendo a la fuerte presión de la Armada, pero, al mismo tiempo, dispuso su pase a la situación de retiro. Aunque la causa seguida contra el citado oficial por el caso Hagelin había ya prescrito —extraña peculiaridad de la justicia argentina—, y aunque también había sido exculpado en la causa sustanciada por el espeluznante caso de las monjas francesas —por aplicación de la ley de obediencia debida—, aun así, pese a esta impunidad legal ya lograda por «el ángel verdugo», el presidente Alfonsín, con harto fundamento, estimó que la sociedad argentina no podía permitirse que un individuo de tal catadura moral siguiera ejerciendo puestos de mando de creciente nivel, ni la Armada podía tolerar que tal sujeto siguiese figurando en el mismo escalafón naval que en su día incluyó nombres históricos tan ilustres como los de Liniers, Brown, Espora, Piedrabuena y otros destacados marinos que dieron honra y prestigio a la institución.

El presidente Alfonsín expresó este criterio en un informe reservado que hizo llegar al ministro de Defensa, y que éste cursó al Estado Mayor de la Armada, recordando la notoriedad nacional e internacional de los excesos cometidos por el oficial en cuestión en su tarea represora, y subrayando la improcedencia de que éste continuara en activo su carrera militar, por razones de prestigio nacional y de simple decoro estamental.

Pero la Armada, logrado ya el controvertido ascenso —consumado el 31 de diciembre de 1987—, volvió a cerrar filas, tratando de mantener a Astiz en activo, en virtud de una previsión muy simple: en caso de pasar este oficial a retiro, muchos otros marinos, con sus manos tan manchadas de sangre y de picana como aquél —aunque no envueltos en casos de tanto relieve público—, podrían seguir su mismo camino, viéndose apartados del servicio activo por decisión administrativa, al margan de su ya asegurada impunidad judicial.

Finalmente, tras largos meses de paralización burocrática, y cuando ya aquel forcejeo parecía relativamente olvidado, el Estado Mayor de la Armada decidió la continuación de Astiz en plena situación de actividad. Con ello, una vez más, con dicho oficial ascendido y en activo, la autonomía militar (fáctica) se impuso sobre la autoridad (teórica) del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente constitucional de la República.

Sirva este nuevo caso como ejemplo de lo que llamamos autonomía militar. Nueva manifestación de esa capacidad, expresada en muy distinto tipo de acciones y posturas, mediante las cuales las Fuerzas Armadas como institución, o bien un determinado sector de ellas —el Ejército (caso Rico), la Armada (caso Astiz)— consiguen imponerse sobre los legitimas autoridades civiles; o bien imponiendo algo que éstas no desean en absoluto (ley de obediencia debida en el caso Rico, ascenso en el caso Astiz), o bien rechazando algo que la misma autoridad desea legítimamente conseguir (retiro de Astiz), y que queda finalmente sin efectuar.

d) El presidente Arturo Frondizi y su acceso al poder bajo rigurosa amenaza militar

Merece la pena retroceder nuevamente unos cuantos decenios, para valorar un episodio muy poco conocido, y cuya revelación, por ello mismo, resulta más digna de agradecimiento por nuestra parte a su protagonista, el ex-presidente de la República doctor Arturo Frondizi, quien personalmente nos lo relató muchos años después (1990).

Un día de 1968 (es decir, diez años después de su acceso a la presidencia, tras las elecciones de 1958, y seis años después de su derrocamiento por el golpe militar de 1962), el doctor Frondizi caminaba por una calle del centro de Buenos Aires cuando fue abordado por un desconocido, que le dijo lo siguiente: «Doctor: es prácticamente imposible que usted se acuerde de mí. Pero sí recordará que aquel día de 1958 en que usted iba a tomar posesión de la presidencia, una escolta militar, en dos vehículos, acudió a su casa para acompañarle en su traslado al Congreso. Allí debía pronunciar su discurso inaugural y ser investido como presidente de la Nación. Pues bien: yo era el jefe que mandaba aquella escolta. Ahora, después de tanto tiempo, puedo revelarle algo que en aquellos momentos ni usted ni nadie podía sospechar. Las órdenes que yo tenía aquel día eran las siguientes: darle escolta normalmente hasta el edificio del Congreso, salvo que se produjese una determinada señal. Si tal señal se producía, yo tenía orden de detenerle durante el trayecto y conducirle arrestado a un determinado lugar. La señal no se produjo y todo transcurrió de forma normal»[*].

De todas formas, Frondizi acabaría cumpliendo su destino inexorable cuatro años después, al ser derrocado por el correspondiente golpe militar y encerrado en la isla de Diego García. «Conozco muy bien a los militares argentinos: me han encarcelado doce veces», nos confesó el anciano dirigente. La primera de ellas no se hizo esperan al terminar, con sólo veintiún años, la carrera de Derecho, sucedió que el general Uriburu —llegado poco antes a la presidencia de la República mediante el golpe de septiembre de 1930 que dio comienzo a la llamada «era militar» en Argentina— comunicó al recién graduado su deseo de imponerle personalmente la banda «cum laude» que le había correspondido como el alumno más aventajado de su promoción. La respuesta del joven Frondizi al presidente golpista fue contundente: «Me niego a recibir mis honores legítimos de manos ilegítimas». Ello le valió su primer internamiento en la prisión de Villa Devoto. Después, a lo largo de su carrera política, llegarían bastantes más.

En 1958, Arturo Frondizi, encabezando la fracción disidente del Partido Radical, resultaba victorioso en las primeras elecciones efectuadas tras el golpe militar que había derrocado, tres años antes, al general Perón. La concurrencia a las urnas había sido inevitablemente escasa, por estar proscrito el peronismo, que optó por la abstención. El recelo de los militares hacia Frondizi era tan agudo que, durante sus cuatro años de mandato, tuvo que sortear numerosas conspiraciones e intentos insurrecionales, hasta ser finalmente derribado por el golpe de 1962. Ese obsesivo recelo militar hacia Frondizi procedía, para ciertos sectores militares, del temor a que éste legalizase al peronismo, mientras otros sectores del Ejército, aún más ultraderechistas, le acusaban —sin la más mínima base razonable— de su supuesto propósito de entregar la Argentina al comunismo internacional.

Con razón dice Alain Rouquié, refiriéndose a la agitada y siempre amenazada presidencia de Frondizi:

«… desde el día de la toma del poder, el golpe en sus dos vertientes, civil y militar, está en marcha. Sólo por una habilidad, que algunos calificaron de maquiavélica, Frondizi logrará mantenerse cuatro años en el poder»518 bis.

En cualquier caso, el hecho de que la misma cúpula militar que aceptó a regañadientes las elecciones de 1958 mantuviera una secreta y amenazadora espada de Damocles suspendida sobre la cabeza del presidente, ya electo, hasta el momento mismo de su toma de posesión, es otro dato revelador de esa autonomía militar a la que nos venimos refiriendo. Esa autonomía militar que se reserva la última palabra, la última decisión aprobatoria o desaprobatoria sobre las más altas instancias del poder civil. Incluso del poder civil recién emanado de las urnas, como en el caso del doctor Arturo Frondizi el mismo día de su acceso al cargo presidencial.

e) Máxima manifestación de la autonomía militar en la República Argentina: la llamada «lucha antisubversiva» a partir del 24 de marzo de 1976

La autonomía militar en su mayor plenitud no surge nunca de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando de forma gradual, ascendiendo peldaños de creciente nivel. Así, Marcos Kaplan señala tres niveles sucesivos: primero, la intervención militar como factor regulador durante los crisis, en el intervalo entre dos regímenes civiles; segundo, como función tutelar permanente sobre la sociedad; y tercero, el poder autónomo total:

«Desde el golpe militar de 1930 (…) las fuerzas armadas se van convirtiendo en corporación que define y promueve sus propios intereses y objetivos, y se interna cada vez más en un proceso de politización permanente. La aventura ocasional de la institución armada que toma el gobierno en las crisis, como interludio regulador entre dos regímenes civiles, va siendo reemplazada primero por la reivindicación de una Junción tutelar sobre la nación, y luego por el ejercicio de un poder autónomo fuera y por encima de la sociedad y del propio Estado»[519].

Por su parte, el sociólogo Gustavo Druetta ve así el proceso de autonomización de las Fuerzas Armadas Argentinas desde 1930 hasta 1983:

«1930-45: El Estado de origen golpista y legalidad fraudulenta, acepta y fomenta el carácter autónomo de sus fuerzas armadas, y se establecen relaciones de igual a igual entre el aspecto “civil” y el “militar” del aparato estatal, arbitradas por gobernantes militares o civiles en tanto gocen de la confianza del emergente “partido militar”»[520].

«1945-55: El Estado constitucional popular (peronista) intenta sumar a las fuerzas armadas a un proyecto nacional (…) subordinadas al mando político en su aspecto doctrinario y organizativo, pero sin lograr quebrar la tendencia a la autonomización y la dinámica “semicerrada” corporativa, heredada del período anterior»[521]. (El paréntesis y las cursivas son nuestros).

«1955-82: El golpe de 1955 recompone la autonomización castrense, acompañando una primera década de ficción democrática, durante la cual se acelera el intervencionismo militar supraconstitucional. Las fuerzas armadas se proponen un “nuevo” Estado bajo su tutela, para lo cual terminan, en dos oportunidades (1966 y 1976) haciéndose cargo totalmente del mismo para rediseñarlo a su imagen y semejanza. El Congreso es cerrado, y durante el “Proceso” (1976-83) funciona en el palacio una “Comisión de Asesoramiento Legislativo” a cargo de oficiales en actividad»[522].

A su vez, Simón Lázara resume así el proceso de creciente autonomización:

«Inevitablemente, el “partido militar” empujó hacia la solución de los conflictos y de la inestabilidad por la vía del Estado militar (…). En el seno de este Estado, cuya fortaleza reside en sus guardias pretorianos, se produce un desplazamiento del poder político autónomos, (incluso) respecto de otros sectores con los cuales mantuviera alianzas»[523].

Así, en ese progresivo camino de creciente autonomización, las Fuerzas Armadas Argentinas, desembarazándose incluso de compromisos y Alianzas anteriormente contraídos, iban quedando cada vez más libres de trabas en su avance hacia la autonomía prácticamente total.

Refiriéndose también al caso argentino, Marcos Kaplan expresa así este proceso autonomizador:

«Estos (los grupos y partidos civiles), para instrumentar a las fuerzas armadas en función de sus intereses y cálculos particularistas, las incitan a intervenir corporativamente como casta, a ejercer e imponer su arbitraje en los conflictos y en las funciones gubernamentales más o menos permanentes. En este proceso las fuerzas armadas van dejando de ser medios y adquieren intereses y fines propios, para los cuales los civiles y sus instituciones son medios»[524].

Esa adquisición de «intereses y fines propios» por las Fuerzas Armadas propició y determinó el logro de crecientes niveles de autonomía militar, favorecidos por esa actitud de importantes sectores de la sociedad civil. Por otra parte, las tendencias autoritarias tan frecuentes en la sociedad argentina también desempeñaron su papel, según señala el ensayista Eduardo Tiscornia:

«El fortalecimiento de la institución militar significó un paso considerable hacia una creciente autonomía, que habría de llegar a una independencia dentro del Estado. Este hecho, cuya gravedad es evidente, fue posible dentro del marco de una cultura en cuya formación han persistido tendencias autoritarias, tanto en quienes ejercitaban el poder como en quienes soportaban sus desafueros…»[525].

Por último, llega el paso final en la escalada hacia la verdadera autonomía militar, situación en la cual, en expresión de Jorge Tapia Valdés:

«… el militar asume clara, abierta y agresivamente una función que consiste no simplemente, como antaño, en “intervenir” en política, sino en “apoderarse” de la política»[526].

En tal situación, el estamento militar, ya sin cortapisa alguna, asume el poder total. Tal como dice Kaplan:

«Las fuerzas armadas se sienten y proclaman única agencia integradora y suprema conducción política de la nación. Como tales, tienden a operar de modo abierto y total, sin intermediaciones, coberturas ni eufemismos, en una plenitud de poder que no admite restricciones ni plazos»[527].

Llegamos así al conocido concepto del «pretorianismo» moderno —el «praetorianism» de Samuel Huntington[528] y el «praetorian soldier» de Amos Perlmutter que ya vimos más atrás (véase nota 420)—; situación de desmesurado predominio castrense, en la que afloran, ya sin reserva alguna —según Kaplan—, las más negativas características imputables al militarismo en su peor acepción, y que, refiriéndose siempre el caso argentino, son expresadas en estos términos por el ya citado autor:

«En el mismo sentido han operado los elementos inherentes a la institución militar, que determinan un tipo particular de personalidad, de relaciones humanas y de comportamientos: autoridad jerárquica y disciplina rígida; segregación del mundo civil; proclividad al uso de la violencia; definición militar de la realidad; sentido de superioridad respecto al resto de la sociedad»[529].

Llegamos así a la más pura y peligrosa expresión de la autonomía militar, cuyos excesos frente a la sociedad civil ya no encuentran, prácticamente, límite alguno: sin embargo, una vez más hemos de recordar, en aras del debido rigor, que la llegada a tan indeseable situación —de autonomía militar total— nunca es de exclusiva responsabilidad militar, pues tal como reconoce el mismo Kaplan, refiriéndose a la Argentina una vez más:

«El advenimiento de esta situación ha sido preparado por las tendencias preexistentes en la sociedad argentina al autoritarismo y la tecnoburocratización, y en respuesta a las exigencias del modelo neocapitalista (…), a las brechas de consenso y a los vacíos de poder»[530].

Nuevamente tropezamos con las «tendencias preexistentes al autoritarismo» en la Argentina, así como con insuficiente consenso, vacíos de poder, fallos —todos ellos— imputables también en gran medida a la sociedad civil. Por su parte, Friedrich y Brzezinski, refiriéndose al paralelismo de la politización civil y militar en una sociedad, afirman al respecto:

«El grado de “politización” del ejército que sea capaz de lograr un movimiento totalitario indica también hasta qué punto se ha hecho totalitaria la sociedad misma»[531].

En cualquier caso, aquel último paso hacia el más alto nivel de autonomía militar se dio en la Argentina el día 24 de marzo de 1976, y su llegada no sorprendió a nadie. Según recuerda Gustavo Druetta:

«Cuando el 22 de marzo (de 1976) los diarios dan cuenta de los primeros movimientos de tropas, no había manera de asombrarse: la generación militar del 55, la de Videla, Viola, Galtieri y Bignone, había aprendido en 1955, en 1962, y en 1966, una sola manera de relacionarse con el pueblo: la violencia,»[532].

Fue a partir de entonces cuando el pueblo argentino empezó a conocer lo que era la autonomía militar en un grado desconocido con anterioridad en su país. A decir verdad, empezó a conocer las más plenas y avanzadas manifestaciones de la verdadera autonomía militar: la implacable aplicación por las Fuerzas Armadas de un «decreto de aniquilamiento» ubérrimamente interpretado, totalmente al margen del sentido —en letra y espíritu— que le dio y que mil veces ha reiterado la autoridad que lo promulgó, según vimos más atrás; la aplicación de una brutal metodología clandestina, evidentemente ilegal y altamente autónoma, al margen de todas las normas legales nacionales e internacionales; la actuación de los autores de tal represión, mucho más allá de su pretendida alegación de combatir al terrorismo, dirigiendo sus mortíferos métodos contra miles de personas ajenas a toda violencia, pero que eran, disparatadamente, englobadas dentro de un extensísimo e impreciso concepto de «subversión»; la captura y muerte de miles de personas por realizar actividades sindicales o estudiantiles absolutamente legítimas y normales en cualquier país del Occidente civilizado, pero que también eran ubicadas en aquel mortal concepto de «subversión»; la actuación de los represores al margen y por encima de toda moral, tal como reconocieron explícitamente algunos de sus más caracterizados miembros («La lucha que libramos no reconoce limites morales: se realiza más allá del bien y del mal», afirmaba bravamente el teniente coronel Hugo Pascarelli, comandante del Grupo I de Artillería de Ciudadela en marzo de 1977)[533]; la concesión, a su vez, de amplia autonomía operativa a los llamados Grupos de Tareas para decidir a quiénes más secuestraban y torturaban, en función de los nombres y demás datos —muchos de ellos inevitablemente falsos— obtenidos bajo tortura a otras personas secuestradas con anterioridad; las grandes atribuciones —otra irreparable manifestación de autonomía militar— concedidas a mandos de muy bajo nivel, bajo en todos los órdenes —especialmente en el orden moral, según acredita la enorme acumulación de testimonios al respecto— para decidir directamente sobre la vida y la muerte de las víctimas secuestradas, en función del resultado de los interrogatorios —léase de los tormentos— y de su criterio valorativo igualmente autónomo y discrecional; la admisión plena de la tortura, sin escrúpulo alguno, como vía sistemática de acceso a la información; el asumir, como se asumió, que aquella forma de actuar llevaría consigo inexorablemente la tortura y la muerte de gran número de inocentes, mezclados con un bajo porcentaje de culpables (realidad explícitamente admitida por el coronel Roberto Roualdes, jefe de la plana mayor del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, ante el doctor Emilio Mignone, al que dijo literalmente: «Si detenemos a cien personas, no aparecen nunca, y cinco de ellas son terroristas, el procedimiento está justificado»[534]); la desvergonzada proclamación de aquella plena autonomía decisoria sobre la muerte de los secuestrados («Yo soy aquí el señor de la vida y de la muerte», decía el mismo coronel Roualdes al doctor Mignone, refiriéndose a los numerosos secuestrados que tenía encerrados en los sótanos del citado Comando, situado entonces en Palermo, pleno centro de Buenos Aires[535]); toda esta serie de hechos y pronunciamientos delirantes no son otra cosa que el fruto directo, el fruto dramático, más aun, el fruto inevitable —en su última fase degenerativa— de la autonomía militar en su más cruda y desnuda expresión.

Sólo los miembros de una institución absolutamente autónoma, que no pueden imaginar que vayan a rendir cuentas ante nadie, pueden expresarse en tales términos de arrogancia y desprecio hacia los derechos más elementales e irrenunciables de los seres humanos: el derecho a no ser torturados, a no ser asesinados, a no ser condenados sin juicio, en el caso hipotético de haber contraído algún tipo de responsabilidad. Sólo la convicción de disfrutar de una autonomía absoluta e irrestricta —en lo moral, lo doctrinal, lo estamental, lo social, lo judicial, con la consiguiente impunidad garantizada al no sentirse amenazada por parte alguna— puede llegar a los extremos que caracterizaron a lo que se llamó la «lucha antisubversiva». Lucha que, tomando como pretexto la eliminación de un terrorismo real —que obviamente había que afrontar, pero cuya capacidad militar fue rotundamente negada por el propio Estado Mayor del Ejército en importante documento ya visto más atrás— incurrió en otro terrorismo de magnitud incomparablemente superior, que nunca hubiera sido posible sin ese requisito que lo posibilitó y propició: la plena autonomía militar, en su suprema y más luctuosa manifestación.

A esto, en definitiva, llamamos «autonomía militar»: a algo que se sitúa, profundamente arraigado, en las mentes y conciencias de muchos militares —no sólo argentinos, por cierto—, y que, en el caso argentino en concreto, es capaz de saltar en ciertos momentos históricos, flagrantemente, al campo de los hechos. Se trata, por tanto, de una doble capacidad, manifestada en dos diferentes áreas:

a) En el área de las ideas: autonomía deliberante, que concentra los dos elementos ya señalados páginas atrás, y que, resumidos en un único factor podrían definirse como la certeza —a nuestro juicio gravemente errónea— de que el estamento militar argentino puede y debe vigilar y valorar la actuación de los sucesivos gobiernos constitucionales, y tomar sus propias decisiones al margen de —y no forzosamente coincidentes con— las decisiones del poder civil legítimo, democrático y constitucional, pudiendo actuar al margen de dicho poder, y, si preciso fuera, contra él en caso de que lo considere necesario la institución militar. (Puro «pretorianismo dirigente», en el concepto de Perlmutter).

b) En el área de los hechos: autonomía fáctica, es decir, capacidad suficiente para imponer fácticamente sus propios criterios e intereses sobre las decisiones —incluso firmemente tomadas— de la autoridad civil, incluidas las del propio presidente constitucional. En efecto, de bien poco serviría la primera de estas capacidades —la deliberante—, con su permanente análisis de lo que se puede y lo que no se puede tolerar en la actuación de la autoridad constitucional y en el comportamiento del conjunto de la sociedad civil. De bien poco serviría por sí sola esa posición crítica, analítica y deliberante respecto al poder civil, si la autonomía militar no diese de sí lo suficiente para poder actuar sobre él o contra él.

Por desgracia, la historia de la República Argentina en este siglo ha demostrado hasta qué punto sus Fuerzas Armadas disponen de esa doble capacidad, y hasta qué punto han sido capaces de ejercer esa doble autonomía, de deliberación y de intervención.

Pues bien; éste es para nosotros el factor esencial, el que mejor explica el intervencionismo militar argentino, tan reiteradamente manifestado en todos sus grados de intensidad. Reconocemos como cierta la existencia de otros elementos, plenamente compatibles, por otra parte, con este factor ahí está, en efecto, el «partido militar»; ahí está la presión, tantas veces producida, de fuerzas civiles en favor de intervenciones militares en diversos momentos históricos; ahí están, por supuesto, los fallos y deficiencias de los políticos argentinos —fallos tan reales como los de la clase política de tantos otros países que no padecen un nivel semejante de intervención militar—; ahí están todos estos factores y algunos más. Pero ahí está también, por encima de su conjunto, el más grave y dramático de todos ellos: el alto grado de autonomía —deliberante y actuante— históricamente acreditado por su estamento militar.

11. ORAS CAUSAS CONCRETAS, A NUESTRO JUICIO ESPECIALMENTE PERTURBADORAS DE LA RELACIÓN EJÉRCITO-SOCIEDAD Y CONTRIBUYENTES AL INTERVENCIONISMO MILITAR

Aparte de las explicaciones causales ya examinadas, procedentes de diversos sociólogos ya mencionados, y de la causa que consideramos central del fenómeno que nos ocupa —la autonomía del estamento castrense respecto a la sociedad y al legítimo poder civil—, deseamos añadir y poner especial énfasis en algunos otros factores, a nuestro juicio especialmente influyentes en la tendencia del Ejército Argentino a la intervención militar y al golpismo en general.

Vamos a referirnos concretamente a los siguientes factores:

—La errónea desviación del concepto del honor.

—La errónea desviación del concepto de disciplina.

—La fuerte carga antidemocrática que en ciertos Ejércitos —y así ha sido, a nuestro juicio, en el argentino— llega a adquirir el bloque de valores «institucionales».

—La enseñanza militar basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, factor decisivo en la configuración de una mentalidad castrense propicia a todo tipo de intervencionismo militar.

11.1. La errónea desviación del concepto del honor, factor generador de intervencionismo militar

Llegados a este tema, hemos de manifestar nuestro desacuerdo con Amos Perlmutter en un punto concreto: tal vez el único punto de discrepancia, pero, en todo caso, de importancia fundamental. Dice el sociólogo de Harvard:

«Conceptos tales como la disciplina, el honor y la jerarquía, aunque son analizados frecuentemente en la sociología militar, son, en mi opinión, marginales para cualquier explicación de la organización militar considerada como actor político»[536].

Por nuestra parte, hemos de decir que los conceptos de disciplina y honor, lejos de ser marginales, resultan centrales y altamente significativos, para bien o para mal —pues caben ambos efectos— en la motivación de numerosos golpes militares y pronunciamientos insurrecionales, o, por el contrario, en que tales golpes y pronunciamientos no lleguen a producirse jamás. Pues numerosos casos de golpismo y de intervencionismo militar son fruto, de hecho, de un erróneo concepto de la disciplina, y sobre todo —muy principalmente—, de un degenerado concepto del honor y del deber.

Los hechos demostrativos de esta realidad son tan reiterados que aquí nos limitaremos a mencionar dos de ellos, uno argentino y otro español. Empezando por el español, una de las frases antológicas que han quedado como símbolos de lo que fue la transición española a la democracia y de las duras tensiones que suscitó en el ámbito militar, fue aquella célebre invocación al honor —«Antes que la disciplina está el honor»— que un conocido capitán de navío dirigió en 1977 al entonces vicepresidente del gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, en medio del tenso ambiente emocional producido en el entierro de varios policías, víctimas del terrorismo. Terrorismo que aquel vicepresidente se esforzaba más que nadie en combatir. Pues bien; el concepto del honor de aquel capitán de navío quedó en evidencia —si aún no lo estaba— cuando, pocos años después, entró en el Parlamento, apoyando al teniente coronel Tejero en su golpe de Estado de febrero de 1981, por lo que fue condenado como participante en aquella rebelión militar.

El peculiar concepto del honor de aquel militar español le impulsaba a mantener una actitud beligerante contra la implantación de las libertades democráticas en España —que para él debían significar el caos absoluto o una catástrofe similar—, y ese desviado sentido del honor le obligó a hacer cuanto pudo para impedir la instauración de un régimen democrático en nuestro país.

Pasando al ámbito argentino, todos recordamos las proclamaciones de los llamados «carapintadas» en cada una de sus sucesivas insurrecciones producidas entre 1987 y 1990. En todas ellas, entre su lista de reivindicaciones motivadoras de su acción, siempre ha figurado una: la plena reivindicación de la «guerra antisubversiva» de los años setenta como acción meritoria, cuyo reconocimiento resultaba, según sus portavoces, imprescindible para la «recuperación de la dignidad» de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y ése fue precisamente —«Operación Dignidad»— el nombre aplicado por ellos a la primera de sus insurrecciones: la de Campo de Mayo en Semana Santa de 1987, uno de cuyos oficiales participantes manifestó enfáticamente ante las cámaras de televisión: «Un Ejército no puede vivir sin honor».

Nos hallamos, evidentemente, ante otro deforme y degenerado sentido del honor y de la dignidad. Un concepto de honor y de dignidad que no se sintió herido en absoluto a la hora de los miles de secuestros clandestinos, de las infernales sesiones de tortura a miles de hombres y mujeres en su mayoría inocentes, de los lanzamientos colectivos al mar, desde aviones de transporte, de grupos de presos todavía vivos, exhaustivamente torturados y finalmente dormidos mediante inyecciones de penthotal. Un concepto de la dignidad y del honor que se consideró compatible con la tortura de niños para arrancarles información sobre el paradero de sus padres; con la frecuente violación de mujeres en las prisiones clandestinas; con el saqueo de los domicilios de muchas de las víctimas secuestradas; con la tortura y muerte de miles de estudiantes, sindicalistas y profesionales diversos, incluidos sacerdotes y monjas; hechos, todos ellos, constatados documentalmente por el informe de la CONADEP y por las sentencias de la Cámara Federal dictadas contra los miembros de las dos primeras Juntas Militares. Un concepto del honor y la dignidad que permitió la tortura y la muerte de numerosos adolescentes de ambos sexos por ejercer funciones asistenciales voluntarias en barrios miserables, y que, junto con miles de personas de todas las edades y condiciones sociales, fueron sacrificados bajo el escalofriante criterio selectivo manifestado personalmente por el coronel Roberto Roualdes al doctor Emilio Mignone, consistente en la plena justificación de la muerte de cien sospechosos si dentro de ellos había cinco subversivos[*]. Un concepto del honor y la dignidad que consideró y sigue considerando digno y honorable este tipo de lucha, sólo puede ser entendido dentro de esa «grave enfermedad estamental» y de ese «envilecimiento profesional» que el teniente general español Juan Cano Hevia atribuye a «algunos militares argentinos»[537]. Precisamente a esos militares argentinos que planificaron y ejecutaron aquella «lucha antisubversiva», que los «carapintadas» de hoy —algunos de ellos torturadores de ayer— reivindican en nombre de un supuesto honor y una supuesta dignidad.

Resulta evidente que ese concepto del «honor» —cargado de contenido fuertemente corporativista y descaradamente antidemocrático—, que se sitúa por encima de la disciplina, por encima de la autoridad constitucional, por encima y al margen de toda moral, por encima y en contra de las exigencias mayoritarios de la sociedad, constituye una peligrosa fuente de intervencionismo militar y de violación masiva de los derechos humanos, como los hechos se han encargado reiteradamente de demostrar.

11.2. El erróneo sentido de la disciplina vinculado al concepto de «obediencia debida», nuevo elemento impulsor del intervencionismo militar

Otro de los argumentos invocados por los insurrectos de Semana Santa de 1987, y respaldado por amplios sectores militares no participantes en aquella sublevación —pero que la apoyaron con su pasividad sin acudir a reprimirla— fue la tesis de la «obediencia debida». Según tal argumentación, no resultaba tolerable que los participantes en la «lucha antisubversiva», librada años atrás, fueran procesados por supuestos delitos cometidos en ella, dado que su papel, como jefes y oficiales de graduaciones medias y subalternas, no había sido otro que el de obedecer las órdenes de sus jefes de rango superior, los cuales les ordenaron ejecutar aquella represión.

Este planteamiento nos sitúa ante un erróneo e inadmisible concepto de la disciplina, igual que antes nos encontrábamos ante un erróneo sentido del honor y la dignidad. El concepto de disciplina militar vigente en los Ejércitos occidentales —ámbito occidental al que los militares argentinos afirman insistentemente pertenecer— impone y reglamenta un tipo de disciplina que prohíbe al superior dar órdenes de carácter delictivo, y —por si, a pesar de todo, alguien las diera— prohíbe al subordinado el cumplirlas si las recibe. O, como mínimo, le libera de la obligación de cumplirlas, haciéndole plenamente responsable de los delitos perpetrados en el cumplimiento de tales órdenes, que nunca se deben dar ni cumplir.

Esta doble prohibición —de dar y cumplir órdenes cuya ejecución implique actos delictivos—, redactada en unos u otros términos por los códigos militares de cada país (como podrá verse, con mayor detalle, en el capítulo XI), reviste una enorme trascendencia para la moral militar de nuestros días, hasta el punto de impedir radicalmente, en cualquier Ejército serio del mundo occidental, el uso de una metodología antisubversiva tan brutal e indiscriminada, y de tan tremendo desprecio hacia los derechos humanos más elementales como la utilizada por las Fuerzas Armadas Argentinas en su represión posterior al golpe militar de 1976.

Por el contrario, la carencia de ese recto y exigente sentido de la disciplina, no sólo hace posibles los más terribles excesos represivos, al amparo de una obediencia falsamente debida —allí donde lo obligado hubiera sido la desobediencia legítima—, sino que tal concepto de obediencia, obligada para todo tipo de órdenes, se convierte en un factor netamente favorecedor del intervencionismo militar. En efecto, basta que un determinado jefe se sienta obligado a encabezar un golpe de Estado para que todos sus subordinados, al amparo de esa obediencia ilimitada que supuestamente deben a su jefe, participen de su acción insurreccional. Por añadidura, tales subordinados saben que, en caso de fracaso de la intentona golpista, podrán acogerse a ese principio de «obediencia debida», asegurándose la impunidad al alegar que ellos «se limitaron a obedecer».

Harto diferente resulta, en cambio, la situación en un Ejército imbuido de un correcto sentido de la disciplina, que incluye la desobediencia obligada para las órdenes delictivas, y muy especialmente, para las dirigidas contra la legitimidad constitucional. En efecto, bajo este concepto de disciplina, todo jefe de proclividad golpista sabe muy bien que, en cualquier intento anticonstitucional por su parte, tropezará con una fuerte resistencia a todos los niveles de sus mandos subordinados, cuya obediencia le resultará muy difícil conseguir. Entre otras cosas porque saben que, si fracasan, habrán de pagar muy duramente por su insurrección, sin que ninguna cobertura de «obediencia debida» les pueda proteger. Todo lo cual constituye —por así decirlo— un eficaz «freno antigolpe», mientras que ese erróneo concepto de la «obediencia debida a todo tipo de órdenes» constituye, por las razones ya dichas, otro factor favorecedor de las formas más directas de intervencionismo militar.

11.3. La fuerte carga antidemocrática que llega a adquirir, en ciertos Ejércitos, el bloque de valores «institucionales», factor igualmente propiciador del intervencionismo militar

Acabamos de examinar el pernicioso efecto intervencionista procedente de determinados conceptos erróneos del honor y la disciplina. Otro tanto cabe decir del concepto del deber, pues éste procede en gran medida de los dos anteriores: la disciplina no es otra que el deber de obedecer; y el honor, por su parte, se traduce en otra forma de deber, el deber actuar de una u otra forma, en función de ese honor, con independencia de que se obedezca o no. Pero obsérvese que estos conceptos —honor, deber, disciplina—, y precisamente éstos, configuran el núcleo central de ese bloque de valores que Charles Moskos llama «institucionales», y que, en contraste con los valores «ocupacionales», nutren a los Ejércitos del tipo llamado «institucional» por el sociólogo citado, en su modelo I/O (institucional/ocupacional), ya visto más atrás.

Basta, pues, añadir a esos conceptos —ya peligrosamente desviados— del honor, del deber y la disciplina, un sentido cerradamente corporativista de la patria y un concepto socialmente reaccionario y ultraderechista del Estado, y ya tenemos el bloque completo de los valores que nutren al «Ejército institucional» convertido en un firme baluarte antidemocrático, que configura a dicho Ejército como una supra-institución vigilante de la sociedad, capaz de impedir al poder civil asumir cualquier línea política que no goce de su beneplácito, o que lesione mínimamente la autonomía corporativa de la institución militar. En otras palabras: ya tenemos al «Ejército institucional» no sólo netamente diferenciado del «Ejército ocupacional» (dentro del modelo formal de Moskos), sino también convertido en un Ejército inmerso de lleno en el modelo «autoritario» de Juan Linz o en el modelo «burocrático-autoritario» de Guillermo O’Donnell; un Ejército perfectamente capacitado para ejercer tanto la «dictadura dual» de Finer como la «dictadura antipopular» de Touraine; un Ejército plenamente dispuesto a dar, en el momento propicio, el salto a cualquiera de las fórmulas «pretorianas» de Huntington, y, por supuesto, más capacitado que ninguno para asumir el «pretorianismo dirigente» de Perlmutter. Y no decimos un Ejército perfectamente equipado para materializar el más puro y duro «Estado Militar» de Lasswell porque, generalmente, los Ejércitos lastrados por ese conjunto de valores antidemocráticos suelen carecer también de aquella destacada capacidad administrativa, gerencial y empresarial que el modelo lasswelliano —junto a su carácter totalitario— exige como requisito funcional.

Una advertencia fundamental: que nadie interprete este planteamiento nuestro como un rechazo del Ejército de modelo «institucional», basado en valores esencialmente militares, para propugnar en cambio un Ejército de modelo «ocupacional», nutrido de valores ocupacionales/empresariales. Nuestra postura al respecto —expresada ya páginas atrás, al subrayar la coexistencia de ambos modelos— no es otra que el mantenimiento de los valores «institucionales» específicamente militares, pero incorporando también la necesaria proporción de valores «ocupacionales», en la razonable línea de compatibilidad entre ambos tipos señalada por Morris Janowitz, David Segal y Giuseppe Caforio. Pero siempre con un requisito fundamental: que ese conjunto de valores que constituyen la esencia del Ejército «institucional» —honor, deber, etcétera— lejos de fundamentarse en una base ideológica y conceptual de neta tendencia corporativista, autoritaria y antidemocrática —en la negativa línea que acabamos de exponer—, se sustenten, en cambio, sobre una base de valores éticos y sociales de carácter inequívocamente democrático, humanista y de fuerte espíritu constitucional.

En una palabra: si los valores denominados «institucionales» en el modelo I/O de Charles Moskos —fundamentalmente patria, honor, deber y disciplina— están nutridos hasta el tuétano de sentimientos democráticos, de respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, y de subordinación al poder político emanado de las urnas, entonces ese Ejército institucional, sin ejercer interferencia política alguna, será una permanente garantía de democracia y estabilidad, civil y militar.

Pero si, por el contrario, ese Ejército mantiene como valores «institucionales» un concepto de patria excluyente, duramente autoritario y de concepción social ultraderechista; un concepto del deber que incluye la permanente vigilancia y control del poder civil; un deforme concepto del honor que no se ve afectado en absoluto por la práctica sistemática de la tortura y de toda clase de excesos represivos; un subdesarrollado concepto de la disciplina que le obliga a cumplir incluso las órdenes criminales al amparo de un inadmisible concepto de «obediencia debida», entonces, en ese desafortunado caso, la mentalidad militar «institucional» constituirá una auténtica desgracia social. Porque ese tipo de Ejército se verá abocado a una situación de permanente conflicto con la sociedad civil —cuyo verdadero desarrollo democrático perturbará siempre— llegando a ser, con razón, temido por la mayor parte de ella, sin llegar a ser respetado jamás.

He aquí el grave inconveniente de algunos Ejércitos de tipo «institucional»: el hecho de que la pesada carga antidemocrática que lastra su bloque de valores «institucionales» los convierte, inevitablemente, en fuente inagotable de intrusión política, de violación de derechos humanos y de sistemático intervencionismo militar.

11.4. La enseñanza militar basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, factor decisivo en la configuración de una mentalidad castrense fuertemente proclive a todo tipo de intervencionismo militar

Otro importante foco, quizá el principal —pues de él nacen, en gran medida, las desviaciones conceptuales que se acaban de examinar— es el tipo de enseñanza que en materia ética, política y social se imparte en los centros argentinos de enseñanza militar. Respecto a la peculiar manera en que se desarrolla la formación académica del militar profesional, escribe Busquets que, de forma genérica, el hombre de armas de cualquier país suele recibir:

«… una educación distinta a la que recibe el resto de la sociedad, realizada en una estructura de gran presión social, en régimen de internado, con profesores que inculcan al futuro militar unas inquietudes, criterios y valores completamente distintos de los que se inculcan en la universidad o en cualquier otro tipo de instituciones pedagógicas»[538]. (La cursiva pertenece al texto original).

Pero este fenómeno, bastante general —más o menos intenso según el tipo de Ejército y de sociedad—, adquiere caracteres particularmente agudos en ciertos países, entre los cuales, según los investigadores Daniel Poneman y Kalman Silvert, cabe incluir de lleno a la Argentina como ejemplo de este tipo de formación antidemocrática, cuando no anticonstitucional.

En este sentido, el profesor Silvert recoge las declaraciones del general argentino Luis Rodolfo González, el cual, en 1966 —es decir, ya en plena vigencia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional—, criticaba «los ataques a nuestro desarrollo democrático» que se perpetraban en las aulas militares de su país, dado que, según constataba:

«(Los profesores) enseñan la historia civil acusando a los hombres más representativos de haber tolerado todo lo malo que padecemos, y de no darnos todo lo bueno que necesitamos. Esto excita el espíritu impaciente del cadete, y su patriotismo lo predispone en contra de nuestro sistema de gobierno constitucional; al mismo tiempo, pierde la fe en los partidos y termina negando las virtudes de la mayoría de nuestros hombres públicos. Simultáneamente, el profesor de historia militar despierta entusiasmo en un sentido adverso, al mostrar las grandes obras y las expediciones y victorias deslumbrantes de dictadores de éxito, desde los tiempos más remotos hasta el presente»[539]. (Cursivas nuestras).

En este género de enseñanza —tendente a ensalzar a los grandes dictadores históricos y a menoscabar la figura de los dirigentes democráticos pasados y presentes, así como a desacreditar a los partidos y demás organizaciones democráticas— tuvo como resultado, según el citado general argentino, que los oficiales así educados adquirieran un sentimiento de rechazo hacia el libre debate ideológico, un desprecio hacia los civiles responsables de la cosa pública, y una falta de fe en la capacidad ciudadana para asumir los destinos de la nación. En otras palabras: un considerable desprecio hacia la sociedad civil, y un fuerte recelo hacia las instituciones democráticas como expresión de la soberanía nacional.

Evidentemente, una enseñanza basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, sólo puede engendrar en los alumnos unos «valores institucionales» concordantes con tal doctrina. Pero ya vimos en capítulo anterior los ingredientes de aquella doctrina, y también acabamos de ver, pocas páginas atrás, su repercusión lógica sobre conceptos tales como la disciplina, el honor y el deber. Por tanto, si éste era el modelo educativo militar en la Argentina de los años cincuenta y sesenta, no cabe sorprenderse de los comportamientos militares en dicho país durante los años setenta y ochenta, ni de la mentalidad predominante en la generación militar actual.

Dice al respecto el investigador norteamericano Daniel Poneman:

«Los lazos de honor y lealtad inculcados en todo cadete siguen siendo mucho más fuertes entre los mismos militares que entre éstos y sus superiores civiles»[540].

«Cada año, los oficiales juran simplemente honrar la bandera, en lugar de prometer la defensa de la Constitución. La enseñanza militar argentina ha seguido el modelo autocrático prusiano. Antes de 1984 el plan de estudios de los oficiales nada contenía acerca de la virtudes de la democracia»[541].

En cuanto a ese concepto de disciplina que obliga a obedecer todo tipo de órdenes, el antes citado Kalman Silvert dice que en los centros de enseñanza militar argentinos, la obediencia ciega configura «la personalidad del cadete, quien aprende a obedecer ciegamente la más leve indicación del mando, sin discusión y con rapidez, en orden y en silencio»[542].

Frente a esta línea educativa del militar profesional argentino, el citado general Luis Rodolfo González proponía el concepto central que debía constituir el núcleo básico de la enseñanza militar y de la moral del Ejército Argentino en su vertiente política y social. Tal concepto central no era otro que éste:

«… nuestro deber es aceptar las decisiones de la ciudadanía, sosteniendo a las autoridades libremente elegidas, sin intervención de ninguna clase en la vida y las decisiones de los partidos»[543].

Muy otra hubiera sido la historia argentina de las últimas seis décadas si esta regla de oro hubiera prevalecido en la política de aquel país, en vez de ser militarmente pisoteada, como tantas veces lo fue.

No obstante, resulta grato descubrir que hace un cuarto de siglo (1966), al menos un general argentino sostenía tales ideas. Pero, por desgracia, y pese a tan destacada excepción, toda la enseñanza militar y toda la elaboración doctrinal vigente en la Argentina de aquella década y de la siguiente, iba a seguir absolutamente dominada por un concreto bloque ideológico y conceptual; la tan citada DSN. Y no sólo para los cadetes del Colegio Militar (más o menos equivalente a nuestra Academia General), a cuya enseñanza recibida se refería el general L. R. González, sino también en los centros de más alto nivel, como la Escuela Superior de Guerra, según pudimos comprobar en sus textos docentes comentados en capítulo anterior (Cap. II, aps. 5.3 y 5.4).

Huelga decir que este conjunto de conceptos, denunciados en su día por el general argentino citado —«predisposición contra el sistema de gobierno constitucional», «pérdida de fe en los partidos», negación de la capacidad de los hombres públicos (civiles), exaltación de los grandes dictadores históricos (militares)— conceptos asimilados por los cadetes argentinos a partir de su primera formación académica, así como el contenido de aquellos textos de la citada Escuela Superior —referentes a la presencia del «enemigo» en todos los estratos sociales, y la forma en que tal enemigo, incrustado en la sociedad civil, debía ser vigilado, controlado y combatido—, huelga decir, repetimos, que este bloque conceptual no podía por menos de configurar un tipo de moral castrense, proclive a todas las formas del autoritarismo y del comportamiento dictatorial.

«Si la clase política argentina es tan incapaz, resulta obligado que seamos los militares los que asumamos y ejerzamos, las veces que sea necesario, esas responsabilidades de gobierno para las cuales los políticos civiles muestran una y otra vez su incapacidad». Este ha sido, con unas u otras palabras, el argumento que más de una vez hemos podido escuchar, incluso en labios de algún ex-presidente de la República, no llegado precisamente al poder por vía electoral.

En esa misma línea, tan frecuente en muchos militares argentinos, se sitúa la siguiente declaración escrita del ex-teniente coronel Aldo Rico, redactada por éste en el penal de la Magdalena —donde permanecía encarcelado tras sus insurrecciones de Campo de Mayo (1987) y Monte Caseros (1988)— y difundida con motivo del sexto aniversario de la guerra de las Malvinas. He aquí el comienzo del citado documento:

«El Ejército Argentino es anterior a la Nación misma: nació antes que la Patria, ayudó a parirla y siempre fue un actor de poder preponderante en el desarrollo nacional y el progreso social.

Los sucesivos golpes de Estado son una consecuencia directa de la ausencia de una clase dirigente poseedora de una clara inteligencia para resolver los problemas del país en orden a un definitivo proyecto nacional»[544].

El enfoque no puede ser más descriptivo: el Ejército, como vemos, «anterior a la Nación misma», «factor de poder preponderante», y, en cuanto a la sociedad civil, «ausencia de una clase dirigente», etcétera. He aquí los ingredientes básicos de ese fuerte sustrato formativo, netamente proclive a lo autoritario y a lo dictatorial, que hace posibles —y por desgracia frecuentes en la Argentina— gobiernos del tipo que J. J. Linz sitúa en su modelo de «régimen autoritario», y de los que G. O’Donnell incluye en su modelo «burocrático-autoritario»; pero que también encajan de lleno en el modelo de «dictadura antipopular», nombre que les aplica A. Touraine. Modelos, todos ellos, caracterizados precisamente —entre otras complejas peculiaridades— por ese intenso componente corporativo, autoritario y de fuerte tendencia dictatorial, derivado —entre otras causas— de una inadecuada y fuertemente tendenciosa formación ética, política y social.

X. DESTACADAS EXCEPCIONES: MILITARES ARGENTINOS EN LÍNEA CON LAS EXIGENCIAS MORALES Y SOCIALES DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

De ninguna manera cabe decir que todo el Ejército Argentino participó de las desviaciones que acabamos de señalar. Durante las pasadas décadas de predominante alejamiento del comportamiento democrático, siempre ese mismo Ejército proporcionó algún exponente de lo que era, o debía ser, una correcta línea de comportamiento militar respecto a la sociedad civil. Sin pretensión alguna de proporcionar un examen completo de tales comportamientos, y únicamente a modo de muestras puntuales, pero significativas en tal sentido, vamos a referirnos aquí a una serie de pronunciamientos concretos, así como a algunos casos de militares argentinos que, de uno u otro modo, fueron represaliados por sus actitudes democráticas.

1. PRONUNCIAMIENTOS DEMOCRÁTICOS DE MILITARES ARGENTINOS, CONTRARIOS AL CRÓNICO INTERVENCIONISMO DE SU INSTITUCIÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL

Ciñéndonos a las tres recientes décadas de máximo intervencionismo militar y golpismo propiamente dicho (1960-1990), podemos señalar como datos demostrativos de esta línea democrática, entre otros, los expresados a continuación.

En 1964, el mismo año en que era enunciada por el general Juan Carlos Onganía la llamada «Doctrina West Point» en su famoso discurso en la Academia Militar norteamericana —de contenido ya plenamente inscrito en la Doctrina de Seguridad Nacional—, y cuando ya esta última ideología, junto con la doctrina contrarrevolucionaria francesa, venía siendo masivamente impartida en las Fuerzas Armadas Argentinas desde años atrás —con toda su carga antiizquierdista, intolerante, mesiánica y dirigida contra el «enemigo interior»—, un teniente coronel del Ejército Argentino, Mario Horacio Orsolini, preocupado por el entusiasmo acrítico con que eran aceptadas tales doctrinas, elevadas a la categoría de «causa» a defender publicaba un libro en el que, entre otras cosas, se decía lo siguiente:

«La ideología como causa conduce fácilmente a la guerra santa, con los caracteres de ferocidad que le son peculiares: sin pedir ni conceder cuartel, sin reconocer al adversario el carácter de beligerante. Insensiblemente, desarrolla en todas las jerarquías del Ejército la tendencia a compartir las ideas de los políticos más extremistas, a imitar los procedimientos del terrorismo adversario, y a considerar como enemigo a todo aquel que levante la voz contra ese estado de demencia colectiva y que se niegue a secundar planes que considera erróneos. El odio pasa a convertirse en el principal impulso de la propia acción, y el miedo en su fundamento recóndito»[545].

Teniendo en cuenta, por añadidura, que el texto original fue escrito dos años antes (a raíz del golpe militar que derribó al presidente Arturo Frondizi en 1962), está claro que estos conceptos, expresados en la época en que fueron escritos y publicados —absolutamente contra corriente de la obsesiva ideología predominante en aquellas fechas y en aquel Ejército—, suponían una prueba de racionalidad y entereza democrática poco común.

Pocos años después (1966), el general argentino Luis Rodolfo González criticaba «los ataques a nuestro desarrollo democrático» que, a través de la entonces obligatoria Doctrina de Seguridad Nacional, eran perpetrados por el profesorado en los centros de enseñanza militar de su país, según vimos, páginas atrás, en cita de un texto del profesor Kalman Silvert en el que se recogían unas importantes declaraciones del citado general[546]. Recordemos que entre tales declaraciones se incluía también el valiente pronunciamiento del mismo general contra el pernicioso intervencionismo castrense que tanto perjuicio ha causado, históricamente, al desarrollo político de su país, subrayando que el deber del Ejército es «aceptar las decisiones de la ciudadanía, sosteniendo a las autoridades libremente elegidas», y todo ello «sin intervención de ninguna clase en la vida y las decisiones de los partidos», según vimos también en cita anterior[547].

El que estos pronunciamientos tuvieran lugar en 1966, es decir, en uno de los momentos álgidos del golpismo militar argentino —con el lamentable derrocamiento del presidente Arturo Illia—, fue otra valiosa prueba de la presencia de una línea de pensamiento militar democrático en el mismo Ejército golpista. Y ello con independencia de la proporción cuantitativa de dicha línea a nivel estamental —que imaginamos más bien reducida, pero cuya verdadera cuantía no podremos conocer jamás—, y con independencia también de que dicha línea democrática y constitucional se viera superada o anulada «de facto» por los autores de aquel golpe, inscrito, por cierto, en la línea del peor intervencionismo militar.

En esa línea de pensamiento militar democrático cabe situar también a algunos militares profesionales argentinos, que en cierto momento histórico participaron de serias implicaciones golpistas, y que, con los años, llegaron a comprender su error, asumiendo sólidas posiciones democráticas, que vienen manteniendo desde largos años atrás. Tal es el caso, por ejemplo, de los militares ya citados en capítulo anterior el general Alejandro Agustín Lanusse y el coronel Luis César Perlinger, que años después de su importante participación en el golpe que derribó al citado presidente Illia en 1966, tuvieron el valor de hacer, cada uno a su manera, y ambos por escrito, pública manifestación de su arrepentimiento y reconocimiento de su error.

Otros militares argentinos mucho más jóvenes —que por razón de su fecha de nacimiento no pudieron tener participación alguna en las acciones golpistas de los años sesenta—, han sido capaces de analizarlas a posteriori (aunque no precisamente a través de sus estudios en los centros militares de su país), llegando a la conclusión objetiva de que aquellos golpes militares —propiciados por sectores interesados, tanto civiles como militares— aparecen hoy como acciones anticonstitucionales absolutamente injustificables, fruto de presiones sectoriales civiles y de la nociva tendencia intervencionista del propio estamento militar.

Así, el teniente coronel Néstor Cruces subraya el carácter injustificado del derrocamiento del presidente Illia en 1966, formulando a la memoria histórica de sus colegas las dos siguientes preguntas:

«Los militares, por su parte, ¿saben realmente a qué intereses están sirviendo cuando colaboran activa o pasivamente a un golpe de Estado? ¿Recuerdan, por ejemplo, la activa campaña de cierta prensa durante el gobierno del Dr. Illia, exagerando los males de una situación, posteriormente desmentida por los indicadores económicos?»[548].

El mismo autor militar se refiere al caso del presidente Arturo Frondizi, que se vio obligado a desarrollar su mandato, durante los cuatro años en que pudo mantenerse en el poder (1958-62), bajo el permanente acoso de unos sectores militares cuyo ultraderechismo, impregnado ya del obsesivo anticomunismo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, les hacía considerar a dicho presidente como «marxista» y «enemigo de las Fuerzas Armadas», alentados a su vez —como siempre— por sectores civiles interesados en derribar a aquel gobierno constitucional. A este respecto, el teniente coronel Cruces escribe lo siguiente:

«Recordemos al presidente constitucional que asumió en 1958, doctor Arturo Frondizi, quien atravesó azarosos años de gobierno bajo el permanente rumor de su filiación marxista y sus ulteriores intenciones de llevamos al comunismo».

«A los pocos años de su derrocamiento, muchos actores del mismo comprendieron su error, y hoy, creemos, está bastante claro que su gobierno no tuvo corte ni intenciones marxistas, y no fue un enemigo de las Fuerzas Armadas»[549].

Hoy podemos decir todavía más: el doctor Frondizi —con quien tuvimos ocasión de entrevistarnos en Buenos Aires en 1990— no sólo no era marxista en 1962, ni tuvo jamás esa intención de «llevar a la Argentina al comunismo», sino que, por añadidura, y según pudimos comprobar por el contenido de sus últimas conferencias, el ya anciano dirigente se sitúa, desde 1987, perfectamente alineado con los planteamientos del sector militar «carapintada» —línea Aldo Rico—, tras una larga trayectoria no ya ajena al marxismo sino radicalmente opuesta a él.

Años después de los citados derrocamientos de los presidentes civiles Frondizi e Illia, otro militar retirado, el coronel Luis Gazzoli, publicaba en 1973 una obra en la que efectuaba una severa autocrítica sobre los errores intervencionistas acumulados por las Fuerzas Armadas Argentinas entre 1962 y 1972. Yendo más lejos aún, y en aquel preciso momento en que Argentina reanudaba las prácticas democráticas (elecciones de 1973, tras siete años de dictadura militar), fue capaz de prever, con notable clarividencia, las nuevas acciones golpistas que se avecinaban si el estamento militar argentino no corregía su irresistible tendencia a interpretar por sí mismo la Constitución y a autoatribuirse el derecho de intervención en la marcha política del país. Incluso llegaba a manifestar que, para 1975, no tendría nada de sorprendente una acción militar antidemocrática más o menos similar a la de 1966. Previsión que, con sólo unos meses de desplazamiento, se cumplió con notable exactitud.

En dicha obra, analizando el crónico problema de los golpes de Estado en su país y la manera de evitarlos en el futuro, escribía el coronel Gazzoli:

«La única solución no es juzgar a la democracia en cuanto se refiere a su interpretación sino vivirla y nada más. (…) ¿Quién interpreta mejor el interés del pueblo en estos casos? ¿Las amas de casa, que son pueblo, las madres, que son pueblo, los obreros, que son pueblo, o los militares, que decimos interpretarlo?»[550].

Está claro que este interrogante, sobre quién está más legitimado para valorar una situación social a la hora de decidir la supuesta legitimidad de las intervenciones militares, lleva implícita su propia respuesta.

Otro militar argentino, aunque también retirado, Virgilio Beltrán, ex profesor de la Escuela Mayor, en un trabajo sobre la transición política en la Argentina, extrae como última conclusión la siguiente:

«Una de las claves (del comportamiento de los militares argentinos) debe ser la neutralidad política. Deben acostumbrarse a ver gobiernos de diferentes signos políticos fracasar y cambiar. Los asuntos políticos internos, incluso los más dramáticos, han de ser tratados por los partidos y por los políticos, que son pasajeros, y no dentro del dominio de lo militar, que es permanente»[551].

Conclusión innecesaria, de puro obvia, para unas Fuerzas Armadas insertadas en una democracia desarrollada y estable, pero que todavía necesita ser enfáticamente subrayada al referirnos al caso argentino en particular. Hasta tal punto es así que, después de haber sido escritas las líneas recién citadas (publicadas en 1987), todavía se dieron las cuatro insurrecciones «carapintadas» del período 1987-1990, flagrantes muestras del intervencionismo militar frente al poder democrático civil.

2. MILITARES ARGENTINOS OPUESTOS A LA FILOSOFÍA Y LA PRÁCTICA REPRESIVA APLICADA POR LAS JUNTAS MILITARES DESDE MARZO DE 1976

En cuanto a los métodos represivos utilizados durante los años setenta por el Ejército, no faltaron militares argentinos que se pronunciaron en contra de aquella metodología del terror.

Por ejemplo, el informe final del seminario del National Democratic Institute de Washington, celebrado en Santo Domingo en diciembre de 1988, recoge así la intervención de uno de sus participantes argentinos, general de Aviación retirado:

«Un alto oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina, que prestaba sus servicios cuando la represión militar estaba siendo planeada, manifestó que muchos de sus colegas no habían querido participaren aquella guerra. Recibieron la orden de hacerlo. Se les explicó que la represión clandestina era la única forma en que una guerra antisubversiva podía ser ganada»[552].

Esa precisión de que «muchos de su colegas no habían querido» habla muy en favor de quienes se opusieron (fueran muchos o pocos) a la metodología planeada, la cual es descrita en estos términos por el mismo informe:

«Para vencer en tal “guerra” los militares creyeran necesario dejar a un lado las normas legales y constitucionales; restringir severamente la actividad política civil interceptar las comunicaciones; realizar allanamientos y secuestros; aterrorizar a es sospechosos de ser subversivos, forzándoles a confesar no sólo su propia implicación —real o imaginaria— en actividades ilegales, sino también la de amigos, parientes y conocidos»[553].

No resulta extraño, pues, que cierto número de militares argentinos de conciencia se negaran a este tipo de tarea, tan ampliamente delictiva y tan escasamente militar. Sin embargo, y pese a la anterior afirmación del citado alto jefe argentino —sobre la actitud reacia de muchos de sus colegas—, lo cierto es que a los más altos niveles de mando no puede decirse precisamente que fueran muchos los que se opusieron, habida cuenta del dato siguiente, de cuya exactitud no cabe duda posible, dada su procedencia y precisión En efecto, Monseñor Justo Laguna, obispo de Morón, nos proporcionó en entrevista personal un importante dato: en la reunión decisiva (septiembre de 1975) en que se decidió definitivamente adoptar tal metodología, de los 53 generales presentes, solamente tres se opusieron a ella, si bien, finalmente, hubieran de plegarse a la decisión mayoritaria. Dato que dicho prelado conoció por información directa de un destacado participante en dicha reunión.

Con independencia de que tuvieran que ceder ante tan aplastante mayoría, tal vez algún día trasciendan a la opinión pública los nombres de aquellos tres generales que se opusieron a la implantación de la metodología del terror. Tres militares argentinos que, a buen seguro, estaban convencidos de la necesidad de combatir a la violencia armada, pero dentro del marco de la legalidad constitucional; militares que, en definitiva, respetaban a su pueblo lo suficiente como para negarse a arremeter contra él de forma tan increíblemente masiva y anticonstitucional como la requerida por aquel modelo de represión.

Respecto a este último punto —el modelo represivo utilizado y su elemento básico, la tortura—, hay que registrar el hecho de que algunos militares argentinos se pronunciaron con firmeza contra tales medios, considerando que su intrínseca inmoralidad los hacía impropios de la profesión militar. Así, por ejemplo, el teniente coronel Jorge Mittelbach, que en dos ocasiones distintas se negó a que se practicaran torturas dentro de la unidad bajo su mando. El precio que tuvo que pagar por esta intachable actitud fue la paralización de su carrera en el grado de teniente coronel.

A raíz del problema planteado, en los meses finales de 1987, respecto al ascenso del teniente de navío Alfredo Astiz (al que, como ya vimos, se oponía el propio presidente Alfonsín), el semanario «El Periodista» comparó el caso de este marino, caracterizado torturador —que resultó finalmente ascendido—, con el caso del teniente coronel Mittelbach —al que, en penosa paradoja, le fue negado el ascenso—, comentario en el que se calificaba a este militar como «el único jefe en actividad indiscutiblemente democrático»[554].

El propio Mittelbach rechazó esta calificación, en carta al citado semanario, agradeciendo el elogio pero considerándolo exagerado, habida cuenta —decía— de que «existen otros militares, y no solamente jefes, de nuestras Fuerzas Armadas que comparten mis convicciones republicanas»[555]. A esto añadía, refiriéndose a su reclamación presentada por el retraso en su ascenso:

«Cuatro años de ejercicio de la democracia se me ocurren excesivos para que se me dé respuesta a cuáles motivos se oponen a mi ascenso al grado de coronel. Carezco, claro está, de mérito alguno en materia de secuestros, saqueos, violaciones, torturas, sustracciones de menores, y, para honra de mis treinta años de servicio en el Ejército, de la obvia responsabilidad de haber sido responsable del asesinato de mis conciudadanos»[556].

La publicación de esta carta en el semanario citado le valió al teniente coronel Mittelbach un arresto de 30 días. Con ello quedaba claro, una vez más, el problema crónico de aquel Ejército y de aquella sociedad: todavía a finales de 1987, cuatro años después de instaurada la democracia, el poder corporativo de la institución militar —de espaldas a los requerimientos de la sociedad civil— seguía siendo tan desmesurado como para poder, por una parte, paralizar la carrera de un oficial de acreditada línea democrática, y por otra, en plena coincidencia cronológica, conseguir forzar —contra el criterio del propio presidente— el ascenso de otro oficial, caracterizado como un notorio represor.

Logros, ambos, conseguidos en abierta oposición a las exigencias de la sociedad argentina y de los valores defendidos por sus fuerzas políticas civiles, en otra flagrante demostración de lo que llamamos «la autonomía militar». Porque ambos hechos simultáneos ponían en evidencia, una vez más, el predominio, dentro de aquellas Fuerzas Armadas, de una moral y unos valores absolutamente distintos de los defendidos por una sociedad civil que, sólo dos años antes, había condenado con duras sentencias a los máximos responsables militares de una serie de gravísimos delitos: precisamente de aquellos múltiples delitos aludidos por el teniente coronel Mittelbach, exhaustivamente comprobados por vía judicial, y en los que él, con legítimo orgullo, manifestaba no haber participado jamás.

Otro rotundo pronunciamiento contra los métodos represivos ejercidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional fue el efectuado por el coronel retirado José Luis García, diplomado de Estado Mayor y profesor titular de la Escuela Nacional de Guerra, quien, en una comparecencia televisiva, rechazó tajantemente que el concepto de «obediencia debida» incluyera el deber de cometer o ser cómplice de secuestros, torturas, asesinatos, robo de bienes y otra larga serie de delitos, proclamación sobre la que más adelante habremos de volver.

Es de notar que también este coronel fue arrestado en su día, a raíz de su solicitud de que el antes citado teniente Astiz —una vez agotada la vía judicial— fuera sometido a un Tribunal de Honor (institución plenamente vigente en el estamento militar argentino), con objeto de dilucidar si la conducta de este oficial de la Marina permitía seguir considerándole como tal, o si debía ser excluido deshonrosamente de la institución militar. Solicitud que, como decimos, valió al coronel J. L. García un arresto, al ser considerada improcedente por la superioridad.

En esa misma línea de oficiales represaliados por sus actuaciones democráticas o por sus pronunciamientos individuales contra la represión militar practicada por las Juntas, cabe citar también al coronel retirado Juan Jaime Cesio, quien en su momento se permitió el lujo de asistir en Buenos Aires a alguna manifestación en defensa de los derechos humanos, acompañando a las Madres de Plaza de Mayo. Sometido por ello a una dura sanción, fue desposeído de su derecho al uso del uniforme —aunque sin perder su condición militar—, curiosa peculiaridad del reglamento disciplinario argentino para cierto tipo de faltas consideradas como muy graves.

3. LOS «33 ORIENTALES»: MILITARES ARGENTINOS «NO COMPENETRADOS CON EL SENTIR INSTITUCIONAL»

El caso más notable, por su carácter colectivo, es el de los llamados «33 Orientales» (denominación tomada de un episodio histórico del siglo pasado). En noviembre de 1980, en plena dictadura militar y recién asumida la presidencia de la Tercera Junta Militar por el general Leopoldo Galtieri, se comunicó a 33 jefes y oficiales del Ejército Argentino (de graduaciones entre teniente coronel y teniente) la resolución de su pase forzoso a la situación de retiro. Por tal comunicación individual se les hacía saber, a cada uno de los afectados, que había sido calificado de «inepto para las funciones de su grado» por el motivo siguiente: «haber suscitado en la superioridad el convencimiento de que su permanencia en situación de actividad perjudica la cohesión espiritual de los cuadros, por no encontrarse adecuadamente compenetrado con la filosofía y el sentir institucional del Ejército»[557].

Sin embargo, la decisión de separar del servicio activo a este grupo de militares profesionales no puede calificarse como una precipitada decisión de la recién llegada Tercera Junta, sino que fue la culminación de un largo proceso de selección iniciado largo tiempo atrás. Tal como señala el analista Pablo Mendelevich, los integrantes de este grupo, «mayoritariamente peronistas, se distinguieron por desafiar en conjunto el autoritarismo militar frente a la sociedad», y los informes de los servicios de inteligencia sobre los que se basó esta decisión «se habían iniciado mucho antes del golpe de 1976»[558].

De hecho, estos oficiales, ya en las sucesivas dictaduras militares del período 1966-1973 (Onganía, Levinsgton, Lanusse), habían venido manifestando, de una u otra forma, su rechazo contra la dictadura militar como modelo de gobierno, máxime en un período como el recién citado, cuyas sucesivas dictaduras tuvieron como motivación principal el impedir el acceso del peronismo al poder. Según precisa el citado comentarista:

«El núcleo originario de los 33 Orientales se remonta a fines de la década de los sesenta, cuando varios tenientes y capitanes que simpatizaban con el justicialismo (…) mantenían una tímida actividad política contra la Revolución Argentina, nombre que recibía el gobierno militar de entonces (el encabezado por el general Onganía desde 1966)»[559]. (Paréntesis nuestro).

El grupo en cuestión —que nunca llegó a constituir un colectivo organizado, pues sus miembros sólo establecieron entre sí lazos de camaradería y coincidencia ideológica— cesó en sus actitudes antigubernamentales a raíz de la llegada al poder del peronismo tras las elecciones de 1973. Sólo dos años después, fallecido ya Perón, pero todavía bajo el gobierno de su viuda, el general Jorge Videla asumía en 1975 la jefatura del Estado Mayor del Ejército. A partir de entonces (aunque todavía bajo un gobierno peronista) los miembros del grupo empezaron a sufrir crecientes dificultades en su ámbito profesional:

«Cuando todavía gobernaba la viuda de Perón, fueron víctimas en algunos casos de sutiles discriminaciones (…) Particularmente, en las decisiones sobre destinos: con clara intención, el grupo —que en buena medida se había relacionado merced a la camaradería profesional— fue dispersado y casi todos sus miembros quedaron sin mando de tropas»[560].

Dificultades que, por supuesto, aumentaron considerablemente a raíz del golpe que llevó a Videla a la presidencia de la primera Junta en marzo de 1976. Iniciada ya a partir de entonces, con toda su crudeza, la represión desencadenada por «el Proceso», la situación de los miembros del grupo se hizo más incómoda y difícil:

«… sus disidencias con los procedimientos de la lucha antisubversiva, y la corrupción que advertía en algunos niveles del gobierno, se tradujeron en oposiciones personales, por cierto enmarcadas en la rigidez del mando militar y más aún del terror impuesto, también filas adentro, por el Proceso»[561].

A lo largo del año 1979, y todavía bajo la Primera Junta encabezada por el general Videla, seis de los 33 vieron postergados sus ascensos que dentro de dicho año les hubieran correspondido de forma normal.

Finalmente, a primeros de noviembre de 1980, y ya bajo la Tercera Junta, se produjo el paso final:

«El general Leopoldo Galtieri estampó su firma al pie del veredicto, surgido de la opinión de un grupo de generales constituidos en “comisión secreta”, que analiron los informes de inteligencia sobre aproximadamente 100[*] oficiales poco aptos a la represión ilegal encarada por el Ejército»[562].

El resultado de dicho análisis sobre tales informes, acumulados en tantos años sobre ese centenar aproximado de oficiales, fue finalmente la decisión de separar de las filas a los 33 oficiales mencionados, manteniendo la continuidad de los demás.

Bajo ese argumento acusatorio que sirvió para retirar del servicio activo a aquellos 33 jefes y oficiales —«no encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía y el sentir institucional del Ejército»— se ocultaban, de hecho, las dos verdaderas causas de dicha resolución: por una parte, las convicciones peronistas de no pocos de los implicados (dato venenoso, por aquellas fechas, para los militares del «Proceso», dadas las recientes experiencias de Cámpora, Perón y su viuda), y, por otra parte, y muy principalmente, su rechazo a la dictadura militar de las Juntas en general, y al carácter ilegal de sus procedimientos antisubversivos en particular.

El desenlace final del caso de «los 33 Orientales» llegaría cinco años después. En septiembre de 1985, y al cabo de dos años de gobierno democrático, los citados 33 —todos ellos instalados ya profesionalmente en la vida civil— recibieron del gobierno del doctor Alfonsín una reparación, aunque sólo parcial, de aquella decisión que truncó su carrea militar, la rehabilitación y el ascenso en un grado, pero sin reincorporación al servicio activo. Después, algunos de ellos, como el mayor Mario Rossi y el capitán Luis Tibiletti, asumieron, entre otras importantes responsabilidades, la de asesores del Congreso, como expertos en materia de Defensa.

4. IMPORTANTE NÚCLEO DE PENSAMIENTO MILITAR DEMOCRÁTICO: EL CENTRO DE MILITARES PARA LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA (CEMIDA)

En 1971, un sector del Ejército Argentino intentó sin éxito dar fin a la línea dictatorial recorrida sucesivamente por los generales Onganía, Levingston y Lanusse desde 1966, forzando a este último a convocar elecciones libres, con independencia de que éstas, por aquellas fechas, sólo pudieran desembocar en un resultado seguro: el triunfo del peronismo.

Entre los protagonistas de aquel intento figuraba un selecto grupo de coroneles, todos ellos diplomados de Estado Mayor, con larga trayectoria de profesorado en centros militares y civiles: Augusto Rattenbach, Horacio Ballester, José Luis García y Carlos Gazcón. El fracaso de su intento (la llamada insurreción de Azul-Olavarría) les condujo al procesamiento, juicio y pérdida de su carrera, pues como consecuencia final quedaron en situación de retiro definitivo. Los cuatro citados, junto con el general Ernesto López Meyer y otros jefes militares en situación más o menos similar a la de los citados, y de convicciones igualmente democráticas, constituyeron hace años el CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia en Argentina), desde el cual han venido desarrollando una línea de pensamiento militar que, sin renunciar en ningún momento a su esencia latinoamericana y argentina, resulta plenamente concordante con las exigencias de una sociedad democrática en su vertiente militar.

Dentro de esa línea, los cuatro coroneles arriba citados publicaron en 1987 el libro «Fuerzas Armadas Argentinas: el cambio necesario», cuya dedicatoria habla ya por sí sola:

«A nuestros camaradas: Para que nunca más sean el brazo ejecutor de un golpe de Estado».

«A nuestros compatriotas: Para que nunca más den consenso a un golpe de Estado».

«A todos: Para que nunca más preponderen los intereses sectoriales sobre los genuinos de la Patria»[563]. (Todas las cursivas pertenecen al original).

En el prefacio de dicha obra se resume, en buena medida, sus motivaciones y planteamiento general:

«Este libro constituye un trabajo realizado por cuatro coroneles del Ejército Argentino que vivimos una de las etapas más aciagas de la historia nacional».

«Estuvimos en servicio activo desde 1943 hasta 1971. Nos iniciamos con un golpe de Estado militar y fuimos separados de las filas durante otra dictadura militar. Entre ambos hechos, nos tocó participar directa o indirectamente en cientos de episodios graves, otros intrascendentes, de la ingerencia del poder militar sobre el libre ejercicio del poder por parte de los gobernantes civiles de tumo».

«Ya en retiro, a partir de 1971, también fuimos actores y espectadores de otros hechos similares. Pero en este período pudimos observarlos con la perspectiva que da el estar fuera de la influencia directa de la institución militar».

«Tenemos así una doble experiencia: conocemos a las Fuerzas Armadas en su esencia más profunda y —al mismo tiempo— sabemos, también por propias vivencias, cuál es la visión que el país civil tiene de sus Fuerzas Armadas»[564].

Esta doble perspectiva o contemplación simultánea de los comportamientos del Ejército desde ambos ángulos, militar y civil —de la que muchos militares se muestran incapaces, y que, sin embargo, constituye requisito imprescindible para una sociología militar mínimamente válida—, se convierte, en este caso, en uno de los más sólidos pilares del libro que comentamos. Proyectando su mirada y su reflexión desde ambos prismas, este destacado grupo de militares argentinos señalan, ya desde el prefacio de su obra, los siguientes puntos de partida para sus análisis posteriores:

—De su vivencia directa de más de cuarenta agitados años de conflictos cívico-militares se deduce que la Argentina ha padecido «una permanente discordancia» entre el comportamiento militar (en pensamiento y actuación) y el de las fuerzas políticas civiles de todas las tendencias y partidos sin excepción.

—Esta discordancia «que no existe en otros países bien organizados» —constatan los autores— «ha causado enormes perjuicios espirituales y materiales a la nación».

—Esta «desarmonía institucional» no proviene exclusivamente del campo militar; «la parte civil participa de la “culpa” en igual medida que aquél. Pero como nosotros somos profesionales de las armas» —precisan— «nos ocuparemos preferentemente del aspecto castrense de la discrepancia»[565].

Así lo hacen en el libro que nos ocupa, saltando por encima de no pocos tabúes culturales del ámbito militar argentino. Todavía en el texto del prefacio, reconocen esta dolorosa realidad:

«Nuestra generación (y las que nos precedieron) fueron utilizadas en nombre de la Patria, de la Bandera y del bien del servicio, y de tantos otros conceptos tan caros a nuestro sentir nacional»[566].

En consecuencia proponen a sus camaradas, los militares argentinos, «el camino de regreso a la ética sanmartiniana, a la legalidad sin concesiones, a la moral espartana (…) y a la vocación de servicio en función de los intereses supremos del país»[567].

En cuanto a la masiva importación de las doctrinas norteamericana y francesa efectuada por las Fuerzas Armadas Argentinas en los años sesenta y setenta, señalan los cuatro coroneles del CEMIDA:

«Lo que ni los norteamericanos ni los franceses pusieron entonces en evidencia, es que tanto la Doctrina de la Seguridad Nacional (…) como la de la guerra contrarrevolucionaria, habían sido estatuidas para ser aplicadas fuera de las respectivas fronteras nacionales. Así fue que los Estados Unidos la aplicaron en Vietnam (…), y Francia hizo lo mismo en Indochina y Argelia».

«El Ejército Argentino, en cambio, “compró” tales doctrinas para aplicarlas contra la propia ciudadanía, iniciando un lento camino de desvirtuamiento profesional y de alejamiento de su propio pueblo que lo nutre y le da su razón de ser».

«Este erróneo camino encontró su culminación cuando el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” utilizó a las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación, en abierto enfrentamiento con la población»[568].

Respecto a la formación cultural e ideológica que el militar de una sociedad democrática debe recibir, dicen los autores del libro comentado:

«Los militares no pueden tener una base ideológica que sea distinta y —sobre todo— que esté por encima de la que sustenta la nación. Por el contrario, deben compartir la ideología del país, y al servicio del mismo, tomando éste como un todo y de manera integral»[569].

«La ideología de las Fuerzas Armadas debe ser un reflejo directo del modelo político que adopte el país, y debe estar en consonancia con las legítimas aspiraciones del mismo».

«Las Fuerzas Armadas deben acompañar —no pueden ni preceder ni torcer— los procesos políticos nacionales. De no hacerlo así, se convierten en fuerzas de ocupación para imponer a la ciudadanía sus criterios sectoriales».

«La vieja práctica de usurpación del poder y sus consecuencias, cuya exégesis está contenida en la doctrina West Point del general Onganía (marzo de 1964), tampoco debe ser reemplazada por la doctrina de Carcagno (1973), que pasa al otro extremo. Según ésta, las Fuerzas Armadas deben ser vanguardia de los procesos de cambio y deben liderar los movimientos internos que procuran la liberación».

«Ambas posturas ideológicas, aunque antitéticas, poseen un mismo vicio fundamental: propician la intervención militar en problemas que no son de incumbencia castrense»[570].

«Cuando la ideología militar es distinta de la que sustenta la mayoría del cuerpo social, entonces no puede caber duda de que el yerro está en el campo militar, porque es la población —la voluntad popular— la que marca las pautas ideológicas. Y no a la inversa»[571].

Al entrar en el campo de las reformas técnicas, estructurales y organizativas, las propuestas del libro comentado resultan —inevitablemente— más opinables y discutibles, como todas las propuestas y proyectos que en tales campos se pueden formular. Pero en materia de relación Ejército/Sociedad, hemos de decir que los principios y criterios básicos expuestos en dicho texto se ajustan plenamente a los comportamientos que una sociedad moderna y democrática puede y debe exigir de sus Fuerzas Armadas. Muy otra, y harto menos dramática, hubiera sido la historia argentina de los últimos sesenta años si sus militares se hubieran ajustado a estos principios, absteniéndose de todo golpismo y haciendo posible un sólido desarrollo institucional y una firme consolidación de la práctica democrática civil.

Terminaremos nuestra referencia al libro en cuestión (sólo 200 páginas, pero muy densas en conceptos y propuestas) reproduciendo una de sus conclusiones finales:

«La verdad, por gravosa que sea, debe salir a la luz. Todo el dolor, la sangre y d desencuentro generados por el pasado reciente deben ser capitalizados en beneficio de las generaciones presentes y futuras».

«La Argentina ha sufrido un terremoto físico y espiritual. Ahora, como el Ave Fénix, debe resurgir de entre sus ruinas y demostrar al mundo que es un país con vitalidad suficiente como para superar los desafíos que le presenta la historia»[572].

Si bien hay que reconocer —muy lamentablemente— que el CEMIDA tiene por el momento muy poco peso en el Ejército Argentino de hoy, también hay que subrayar, sin embargo, su importancia de cara al futuro, como una fuente de pensamiento militar moderno, netamente argentino, y dirigido a las necesidades de una sociedad democrática. De una cosa sí estamos seguros: el Ejército Argentino del siglo XXI se ajustará incomparablemente más a los planteamientos militares de Ballester, Rattenbach, García y Gazcón que a los conceptos reflejados en los textos de Díaz-Bessone, Ramón Camps, Osiris Villegas, Abel de la Vega y demás representantes de la vieja línea seguritista, que contempla al Ejército como el eterno vigilante-interventor de la vida política nacional.

XI. ANÁLISIS VALORATIVO DE LA REPRESIÓN EJERCIDA POR LAS JUNTAS, A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE CARÁCTER ESPECÍFICAMENTE MILITAR

En un capítulo anterior examinamos la represión bajo los argumentos de los militares que la ejercieron: supuesta lucha antiterrorista, supuesta lucha antisubversiva, supuesta defensa de los valores cristianos, defensa real de la más reaccionaria versión de «lo occidental», con desprecio del modelo —democrático y ampliamente pluralista— europeo occidental. Pasemos ahora a examinar el comportamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, durante la represión, bajo los aspectos militares propiamente dichos. Para ello dividiremos ese examen en tres planos: la moral militar, la disciplina y el honor.

Pero antes de pasar a esa valoración, juzgamos necesarias unas consideraciones sobre la tortura y su aceptación, como método de obligado uso, bajo una determinada mentalidad militar y policial.

1. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA TORTURA COMO MÉTODO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En nuestra conversación con el entonces teniente coronel Aldo Rico tuvimos ocasión de expresarle nuestra dificultad para comprender un concepto del honor como el expresado por alguno de sus hombres durante la insurrección de Semana Santa de 1987: aquel concepto del honor que consideraba intolerable la comparecencia ante los jueces bajo acusaciones de violación de derechos humanos, pero que, en cambio, no consideró lesionado en absoluto ese honor cuando se cometieron las atrocidades correspondientes; precisamente aquellas atrocidades que dieron lugar a las citaciones judiciales que fueron el origen de aquella insurrección.

La respuesta de Rico fue que aquellas «supuestas atrocidades» no eran más que la consecuencia inevitable de la guerra contra la subversión; que en todas las guerras hay excesos, que la guerra es, en sí misma, el gran exceso. Le objetamos que, aun así, su propia moral sanmartiniana, de la que tan orgullosos estuvieron siempre los militares argentinos —y que es precisamente una moral para la guerra— tiene como regla fundamental que el enemigo, una vez capturado y desarmado, se vuelve absolutamente intocable; que ese mismo individuo, que un momento antes nos podía haber matado, y al que nosotros podíamos haber matado en el enfrentamiento, una vez rendido e indefenso, teniéndole plenamente a nuestra merced, ya no se le puede tocar.

Respondió que todo eso es muy cierto en la guerra convencional, pero no en la guerra antisubversiva. Que «en la guerra vale todo, como en el amor» —frase literal—, y que, especialmente, la guerra contra la subversión exige otro tipo de actuaciones, por la gran importancia que tiene, en ese tipo de lucha, el rápido logro de la información. Que la información era necesaria, y que era necesaria con rapidez, para poder desarticular rápidamente el comando del terrorista capturado, para impedir el inmediato atentado que está preparando o el que tiene preparado ya. Que ese tipo de guerra y esas mismas técnicas fueron utilizadas por los franceses en Argelia y por los norteamericanos en Vietnan.

En otras palabras: los argumentos tantas veces escuchados para justificar la tortura a partir de las situaciones límite, las mismas razones de Larteguy en su obra sobre la batalla de Argel —el atentado a punto de producirse y que es preciso abortar, la bomba a punto de estallar y que es preciso desactivar—; la justificación es fundamentada a partir de una situación extrema, y luego es sistemáticamente utilizada para torturar a miles de personas que no han visto una pistola ni una bomba en su vida, y que rechazan la violencia, pero que son torturadas absolutamente al margen de ese esquema bélico, con el cual no guardan la menor relación.

Curioso argumento ése del «rápido logro de la información», aplicado, por ejemplo, al caso del profesor Alfredo Bravo, torturado durante días e interrogado sobre el funcionamiento de las asociaciones perfectamente legítimas de las que era dirigente —la Conferencia de Trabajadores de la Educación de la Républica Argentina (CTERA), de la que era entonces secretario general, y la Asamblea Permanente pro Derechos Humanos (APDH), de la que era copresidente—, y que fue finalmente liberado gracias a un mensaje del presidente Carter. Cabe preguntase qué comando terrorista se pretendía desarticular torturando a una persona así. Y qué decir del caso de Adolfo Pérez Esquivel, posterior Premio Nobel de la Paz, torturado igualmente durante días sin que nadie le interrogara en absoluto; ¿qué atentado había que abortar, qué bomba había que desactivar?

Son casos directos, reales, que personalmente hemos podido conocer y con cuyos protagonistas hemos podido conversar. Aunque Pérez Esquivel no había adquirido, al ser secuestrado y torturado en 1977, la notoriedad mundial que conoció después al recibir tan sonoro galardón, aun así su puesto de presidente del Servicio de Justicia y Paz le dotaba ya entonces de un cierto relieve internacional que facilitó su liberación, al igual que sucedió en el otro caso que acabamos de citar. Pero ¿qué decir de los muchos otros secuestrados normales, sin relieve público alguno, que fueron también torturados y muertos por formar parte de organizaciones similares, sin que nadie los pudiera salvar?

¿Qué tenía que ver con esa supuesta «urgente necesidad de información», sin ir más lejos, el caso de Pablo Díaz, el único superviviente de la «Noche de los lápices», torturado durante tres meses y medio junto con sus compañeros estudiantes, en su mayoría de 16 y 17 años, que durante todo ese tiempo fue una y otra vez interrogado sobre su militancia estudiantil en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) a raíz de su activismo en el logro del llamado «boleto escolar» en un centro de enseñanza de La Plata? Él nos confesó que hubiera bastado el primer minuto de terror, en el momento en que le pusieron la capucha y se lo llevaron, para haber abandonado en el acto cualquier militancia habida y por haber. ¿Para qué seguir entonces, durante meses, torturando a ese tipo de «enemigo», al que en un momento dado —dicho sea de paso— le arrancaron con una tenaza una uña del pie?

Ése es el drama, y ésa es también la inmensa falacia: se busca para la tortura una supuesta justificación militar, y luego se aplica discrecionalmente contra todo tipo de gente civil, por razones de oposición política, o por pertenecer a asociaciones o grupos profesionales que suponen algún tipo de estorbo para la autoridad militar. Así fue reconocido en numerosos casos por los propios torturadores, al comunicar al torturado que no se le castigaba por ningún tipo de actividad violenta, sino por ejercer algún tipo de oposición, según pudimos ver, por ejemplo, en el caso del doctor Liwsky, y en otros de los ya reseñados en el Apéndice II.

En cuanto al argumento de que esos métodos fueron utilizados por franceses y americanos, hay que señalar dos factores: primero, tanto los franceses en Argelia como los estadounidenses en Vietnan utilizaron esas técnicas contra otros pueblos, contra otras razas, siempre fuera de su país y en un contexto de guerra imperialista o colonial. Cosa igualmente lamentable, puesto que sus acciones iban dirigidas contra otros seres humanos; pero al menos se abstuvieron siempre de aplicar tales métodos en su propia tierra, contra sus propios compatriotas, cosa que los represores argentinos sí fueron capaces de hacer.

Y a eso hay que añadir el segundo factor ese tipo de guerras sucias así llevadas, con esos métodos admitidos como válidos y aun como imprescindibles, jamás condujeron a la victoria final. Sólo produjeron, a lo sumo, pírricas victorias, acompañadas de una gravísima crisis moral, y jamás consiguieron evitar la derrota política, cultural y social. Recordemos la crisis moral producida en el Ejército Francés cuando el general Paris de la Bollardiére, con un importante mando en Argel, y enemigo de la tortura aplicada por los hombres del también general Massu, chocó con éste y renunció a su puesto, dando lugar a una polémica que no se extinguió hasta mucho después. Pero el Ejército Francés supo hacer su examen de conciencia, y hoy su reglamento de disciplina contiene el precepto según el cual el militar francés —al igual que el español y el de Occidente en general— no está militarmente obligado a obedecer las órdenes de tipo ilegítimo o criminal, lo cual supone una seria barrera para el tipo de actuación que nos ocupa. Y, en todo caso, ahí queda la constancia histórica: el uso de aquel tipo de métodos no permitió a los franceses quedarse con Argelia, ni a los norteamericanos mantenerse en Vietnam.

Existe, por añadidura, otro aspecto que no podemos pasar por alto, por su importancia en la valoración moral del método represivo desarrollado por las Juntas Militares argentinas, cuando confiesan haber estudiado y aplicado la célebre «doctrina francesa». Decía el coronel francés Roger Trinquier, defendiendo la tortura aplicada al terrorista capturado:

«Ningún abogado está presente cuando se efectúa este interrogatorio. Si el prisionero ofrece rápidamente la información que se le pide, el examen termina en seguida. Pero si esta información no se produce de inmediato, sus adversarios se ven forzados a obtenerla empleando cualquier medio. Entonces el terrorista, como antes el soldado, tiene que soportar sus sufrimientos, y quizás hasta la misma muerte (…). El terrorista tiene que aprender a aceptar estas consecuencias como una condición inherente a su función y al método de guerra que él y sus superiores, con perfecto conocimiento de lo que hacen, han escogido».

«Una vez el interrogatorio ha terminado, sin embargo, el terrorista puede seguir la misma suerte que el soldado, quedando prisionero y retirado de la circulación basta que el conflicto baya terminado. Sería inútil, y poco inteligente, hacerle responsable de los actos que ha cometido, como no se puede culpar tampoco al soldado de infantería por las muertes y destrozos que ocasionan las armas que sus generales le ponen en la mano»[573]. (Cursivas nuestras).

Así pues, Trinquier, máximo exponente de la antigua doctrina contrarrevolucionaria francesa y apologista de la tortura en la lucha antiterrorista, sobre la base de sus experiencias en Indochina y Argelia, sostenía en definitiva que, al igual que el soldado asume el riesgo de soportar sufrimientos en el campo de batalla —graves heridas, mutilaciones, tal vez la propia muerte—, el terrorista, como nuevo soldado de esa «guerra moderna» que es el terrorismo, ha de estar igualmente dispuesto para asumir el riesgo propio del tipo de lucha que practica, y que —según Trinquier— incluye inevitablemente la tortura como método inherente a ese tipo de confrontación, como ya vimos más atrás (Capítulo II, apartado 5).

Pero obsérvese este punto fundamental: incluso subrayando una vez más que esta doctrina nos resulta moralmente rechazable —ni el propio Ejército Francés la asumió nunca de forma oficial—, incluso rechazando, repetimos, este planteamiento moral, aun así hay que señalar que aquella «doctrina contrarrevolucionaria francesa», tan valorada, estudiada e imitada, según confesión propia, por los Camps, Vilas y demás torturadores argentinos, incluía este importante principio: el terrorista que, después de la correspondiente sesión de tortura, corta o larga, había proporcionado ya los hombres y direcciones de su jefe directo y su colaborador más inmediato (únicos datos que según Trinquier se le podían y debían extraer), podía ser ya tratado como un soldado preso en campaña, por lo que «quedaba como prisionero» y permanecía «retirado de la circulación hasta el final del conflicto».

Abismal diferencia respecto al método argentino, que incluía, en la mayor parte de los casos, el homicidio de los presos, una vez agotada su utilidad informativa. El tiro en la nuca, para quienes habían sido ya torturados durante días, semanas o meses, fue el final predominante de la mayor parte de los desaparecidos en la represión. Esto significó un salto moral, un importante salto cualitativo —hacia abajo— de considerable magnitud respecto a aquel «modelo francés» del que ni siquiera fueron capaces de imitar el único aspecto humano y mínimamente salvable que presentaba desde el punto de vista militar.

En cuanto a ese otro argumento de que «en la guerra vale todo», su falsedad es de una rotunda evidencia: si en la guerra valiera todo, todas las órdenes, incluso las más criminales, tendrían que ser obedecidas sin rechistar, y nuestros códigos, ordenanzas y reglamentos militares no incluirían, como de hecho incluyen, el rechazo de las órdenes de tipo delictivo, que no deben ser dadas ni cumplidas jamás.

Y respecto a la validez de la información obtenida bajo tortura, es mucho lo que habría que decir, y más aún que rechazar. En la primera década de este siglo, ocurrió en España un hecho que pasó a la historia por su notable significación. En un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, uno de sus habitantes desapareció de pronto, sin que nadie pudiera dar al respecto la menor explicación. Las sospechas recayeron sobre dos habitantes del lugar: pronto, la Guardia Civil, por ciertos indicios, llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de homicidio con ocultación del cadáver. Interrogados ambos sospechosos por separado, y brutalmente torturados, se acusaron mutuamente del crimen. Cada uno de ellos, al no haber sido él, adquirió la certeza de que había sido el otro. Finalmente, uno de ellos, incapaz de soportar por más tiempo las torturas, se confesó autor del crimen. Aunque el cadáver nunca pudo ser hallado en el lugar aproximado donde dijo haberlo enterrado, aun así fue sentenciado a una larga pena de prisión.

Años después, de pronto, el desaparecido reapareció. Según explicó, se fue del pueblo sin decir nada a nadie, reorganizó su vida en una lejana población de otra provincia, se casó, tuvo familia, y mucho después llegó de visita a su pueblo natal, ignorante del drama que involuntariamente había causado años atrás. El falso culpable fue liberado, se pidieron las disculpas de rigor, y todo acabó ahí. Pero este caso ejemplar, conocido desde entonces bajo el nombre de «el crimen de Cuenca» quedó esculpido para la historia como pieza demostrativa incontestable de un hecho fundamental: la tortura aniquila al ser humano, de manera que —salvo casos de excepcional fortaleza—, a partir de un cierto nivel de crueldad y duración, el torturado ya no es él —con su mayor o menor dignidad personal— sino un pingajo humano, capaz de confesar la mayor atrocidad y la más descomunal falsedad con tal de que le dejen de torturar.

Es el mismo mecanismo ignominioso que en pasados siglos sirvió para que muchas personas acabaran en la hoguera, después de interminables sesiones en el potro, que invariablemente desembocaban en su confesión de ser brujas, o herejes, o lo que hiciera falta para terminar de una vez. En esa misma línea de hábil interrogación, numerosos torturadores argentinos «se trabajaron» a sus víctimas hasta que éstas «se quebraban», Orgullosa frase que implicaba el éxito del interrogador, máxime cuando el interrogado había demostrado mayor resistencia de la normal; incluso entonces «acababa quebrándose», según alardeaba un caracterizado torturador argentino, orgulloso de su eficacia como especialista en tan noble actividad, como más adelante podremos ver.

Monseñor Miguel Hessayne, obispo de Viedma —angustiado tras una conversación en la cual el entonces ministro del interior, general Albano Harguindeguy, con el apoyo del gobernador de Río Negro, del comandante de la guarnición de Bariloche, y del comandante Castelli, del V Cuerpo de Ejército, defendió y justificó la práctica de la tortura como instrumento necesario en la lucha antisubversiva que entonces se libraba—, dirigió una carta al citado ministro el 24 de abril de 1977, en la que le recordaba la condena que el papa Pablo VI formuló sobre la tortura calificándola de «antihumana y anticristiana», carta cuyo texto se hizo público con considerable impacto en la opinión, pero con impacto mucho menor o casi nulo —nos tememos— en la actuación de las autoridades responsables de aquella represión.

Es nuestra convicción que, durante los siete años y medio de vigencia del régimen dictatorial de las Juntas Militares, y muy especialmente durante los tres primeros años (1976-1979), se cometieron en la Argentina miles de «crímenes de Cuenca». Es decir: miles de personas fueron secuestradas y torturadas como resultado de falsas denuncias previas —arrancadas igualmente bajo tortura—, y acabaron muertas y desaparecidas como castigo a crímenes que no cometieron jamás.

2. LA MORAL MILITAR: NECESARIA DEGRADACIÓN

2.1. El Pacto de Sangre

Decíamos casi al principio, entre las características generales del militarismo latinoamericano, que para llegar a la práctica de los métodos más brutales de represión, tortura incluida, resulta necesaria una profunda alteración —en sentido degenerativo— de los códigos morales más habituales en la vida militar, y que son normalmente impartidos en la formación académica del profesional de las armas.

En el caso argentino, este «factor degenerativo» aparece con flagrante y dramática claridad. Tan pronto como la cúpula militar decidió que la vía a utilizar iba a consistir en el aniquilamiento físico, primero de la guerrilla, y después de la «Subversión» en general —incluyendo en ella a todos los sectores mínimamente progresistas, violentos o pacíficos, cristianos o laicos, vinculados o desvinculados por completo de dicha guerrilla—, los mandos, conscientes de que, al menos en la fase inicial, sus subordinados tendrían que ser «empujados» hasta lograr de ellos el grado de brutalidad que se pretendía ejercer, sintieron la necesidad de dar ejemplo con su propia actuación, participando personalmente en no pocas acciones violentas que los “Grupos de Tareas” a sus órdenes debían ejecutar.

En este sentido, hay que destacar por su significación el llamado «Pacto de Sangre» —ideado e impulsado por el general Luciano Benjamín Menéndez, siendo jefe del III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba—, en virtud del cual todos los jefes y oficiales de dicha gran unidad, para verse implicados por igual en los actos sangrientos de la represión, eran obligados a participar por turno rotatorio —como en cualquier otro servicio de armas— en dicho tipo de actos, principalmente en el fusilamiento de personas secuestradas y ya exhaustivamente torturadas hasta su nula utilidad. En ocasiones, como veremos, incluso los generales participaban activamente en este menester. En este sentido, Adolfo Gilly señala la vigencia de dicho pacto entre los cuadros de mando durante la represión:

«Los altos mandos de las Fuerzas Armadas instituyen un pacto de sangre, por el cual todos los oficiales tienen que participar directamente, de un modo u otro, en este tipo de represión, para que nadie pueda erigirse mañana en acusador desde dentro»[574].

Análogamente, el investigador norteamericano Daniel Poneman hace notar el efecto negativo de ese Pacto de Sangre, derivado de un nocivo sentido de la «lealtad» mal entendida, con el consiguiente entorpecimiento a la acción de la justicia dentro del ámbito militar:

«Esta lealtad fraternal tiene un aspecto oscuro, que es el pacto de sangre que obliga al silencio a muchos de los oficiales que llevaron a cabo la guerra sucia y saben quiénes hicieron qué a quiénes»[575].

Por otra parte, uno de los dirigentes de CADHU (Comisión Argentina pro Derechos Humanos) y director hasta el golpe de 1976 del diario El Independiente de la Rioja, Alipio Paoletti, en su libro sobre los campos de prisioneros bajo la dictadura, informa sobre el mortífero campo clandestino llamado «La Perla», dependiente de la antes citada jurisdicción militar:

«En este centro ilegal de reclusión participaron en actividades represivas, en forma rotativa, oficiales del Ejército de todo el vasto ámbito del III Cuerpo. Se trata de lo que luego se llamó el “Pacto de Sangre”, una forma concebida por los altos mandos de la fuerza para implicar en el genocidio a todos los niveles de la cadena de mandos. Los oficiales que reprimían en ese destino transitorio, eran conocidos en La Perla como “números” y participaron en ceremonias militares de fusilamientos y otros hechos aberrantes. Algunos nombres han podido ser retenidos para el justo castigo, hasta ahora pendiente. Además de los generales Vaquero, Maradona, Centeno, Sassiain y Santiago, participaron el coronel Raúl Fierro…». (Siguen varios nombres de graduación inferior)[576].

«La participación represiva de los oficiales del Ejército fue de tal envergadura que Barreiro (el mayor Ernesto Barreiro, jefe entonces de dicho centro ilegal) dijo a una prisionera, a fines de 1977, en relación al Pacto de Sangre: “Aquí sólo estarán limpios los subtenientes que egresen[*] el año próximo del Colegio Militar”»[577]. (Paréntesis nuestros).

Otro tanto sucedía en el centro clandestino «El Vesubio», situado bajo la jurisdicción del general Suárez Mason:

«Tanto el general Suárez Mason como el coronel Ferro solían visitar el campo. En tales oportunidades se realizaba una especie de recepción en las instalaciones de la “jefatura”. Fue frecuente, además, la visita a El Vesubio de oficiales del Ejército de baja graduación, en su mayoría inexpertos en las tareas de represión ilegal (allanamientos, secuestros, torturas, etc.), y allí eran iniciados en la práctica del terrorismo de Estado y, de paso, incluidos en el llamado “Pacto de Sangre” existente entre los oficiales del Ejército»[578].

Diversos testimonios prestados ante la justicia señalan también la práctica de ese «Pacto de Sangre» en el centro clandestino situado en las cercanías de la Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga». Una de las personas secuestradas que sobrevivió a las duras penalidades de su internamiento en dicho centro, la señora Matilde de los Ángeles Palmieri de Cerviño, de 67 años, bioquímica, profesora y dirigente de Acción Católica, tuvo que soportar, aparte de su propio secuestro, el de cuatro de sus doce hijos. Dos de ellos reaparecieron después de cuarenta días de permanecer desaparecidos. Una de las hijas fue hallada muerta, colgando de un puente, y la otra permanece desaparecida hasta hoy. Igualmente permanecen desaparecidos los esposos de ambas hermanas. Pero la viuda de Cerviño, durante su permanencia en dicho centro en 1977, observó —y testificó más tarde ante la Cámara Federal— la presencia en él del general Antonio Domingo Bussi, al que pudo ver e identificar[579].

El objeto de la presencia de dicho alto jefe —general de división— en aquel centro clandestino quedó revelada años más tarde, cuando se supo que, aparte de su cargo oficial como gobernador militar de la zona, era también el responsable jerárquico de los centros clandestinos situados en su área jurisdiccional.

Uno de los represores que prestó sus servicios en aquel campo, el gendarme Ornar Eduardo Torres, en su comparecencia como testigo ante la Cámara Federal durante el juicio de los nueve comandantes de las tres primeras Juntas, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:

«… vi cómo un detenido desnudo era enterrado vivo, dejándole sólo la cabeza fuera (…) En dos oportunidades presencié fusilamientos en ese campo… y el que efectuaba el primer disparo era el general Bussi; después hacía participar a todos los oficiales de mayor jerarquía…»[580].

Fue así como, por testimonio de uno de los represores de más baja graduación, pudo comprobarse la participación personal del general Bussi —al igual que hicieron tantos otros jefes— no sólo en su responsabilidad de alta dirección, sino descendiendo al nivel de la ejecución material, con todo el contenido simbólico de esta participación como ejemplo e impulso moral para sus subordinados, algunos de los cuales tal vez vacilaban ante aquel tipo de misión, tan escasamente concordante con lo que en su formación académica se les enseñó.

A continuación precisa Paoletti, refiriéndose al mismo centro clandestino:

«El 24 de manso de 1977, en el primer aniversario del golpe, altos oficiales del Ejército fusilaron a tres cautivos. El “Pacto de Sangre” propiciado por el general L. B. Menéndez se extendería como una mancha de aceite en un papel»[581].

Pero este llamado «Pacto de Sangre» no es más que una manifestación de ese descenso degenerativo de la moral militar producida por este género de represión. Tal alteración moral tiene otros aspectos que, por cierto, también hallan su explicación en escritos y declaraciones públicas de importantes generales, que tuvieron destacada participación, teórica y práctica, en el desarrollo y metodología represiva utilizada, como vamos a ver a continuación.

2.2. Un teórico (el general Díaz-Bessone) y dos prácticos (los generales Acdel Vilas y Ramón Camps)

Uno de los más caracterizados ideólogos del PRN, el general Ramón Genaro Díaz Bessone, perteneciente al más duro sector militar, en su libro Guerra revolucionaria en Argentina deja bien sentado el principio de que, en situaciones de guerra, el fin si justifica los medios, brillante aportación teórica que abre paso a toda clase de excesos en la represión:

«Si el fin no justifica los medios, y éste es un valor absoluto que está por encima de la Nación misma, no nos defendamos ante la agresión externa o interna, porque para vencer al agresor tendremos que matarlo, no podremos convencerlo con el abrazo fraterno (salvo que se trate del abrazo del oso ruso). Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios, preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en preparamos para la guerra, y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la tierra»[582]. (Cursivas nuestras. El paréntesis pertenece al texto original).

«Tendremos que matarlo», dice el general Díaz Bessone. Nada de detenerlo, juzgarlo y condenarlo legalmente, sino matarlo. Basta, por tanto, considerar que se está librando una «guerra» —«guerra sucia», «guerra antisubversiva» o como se la quiera llamar— para que, automáticamente, todo método resulte admisible, incluido el secuestro del sospechoso o de sus allegados; la tortura del interesado, o de sus familiares, para obtener información sobre aquél; la muerte violenta del sospechoso y de sus supuestos encubridores, familiares o no; la eliminación clandestina de sus cadáveres —por citar sólo algunas de las prácticas reiteradamente utilizadas, documentadas y testificadas ante la Cámara Federal—. Admitido ese principio moral —realmente inmoral— de la justificación de cualquier medio, incluso en esa «guerra» contra el «enemigo interno», ya no hay tope para el horror.

Parafraseando la afirmación final de Díaz Bessone, nosotros diríamos: si los profesionales de las armas asumimos este tipo de moral militar, preparémonos para convertimos en asesinos y torturadores de nuestros compatriotas discrepantes, y en carceleros de una Nación aterrorizada, borrada ya de entre las naciones libres de la tierra.

Otro destacado exponente de esta misma moral militar de la barbarie, pero aún más detallado y matizado, nos lo ofrece el general Acdel Edgardo Vilas, que ejerció el mando del llamado «Operativo Independencia», emprendido en febrero de 1975 —más de un año antes del golpe de Estado de 1976— contra la guerrilla que ya entonces actuaba en la provincia de Tucumán.

Vilas, peronista vinculado a los sectores más duros del justicialismo, explicó su actuación en dicha jefatura escribiendo, en 1977, un libro que no llegó a ser publicado, pues su difusión no fue autorizada, por razones obvias, por la propia cúpula militar. Sin embargo, a principios de 1986, los periodistas Martin Andersen y Antonio López Crespo lograron acceso al original mecanográfico (329 páginas) y publicaron ciertas partes de aquél en el semanario «El Periodista» de Buenos Aires[583]. Tales partes bastan y sobran para ilustrarnos ampliamente sobre el punto que aquí nos ocupa: el cambio —forzosamente degenerativo— que necesita sufrir la moral militar para poder asumir las innobles características de la llamada «guerra sucia».

Para empezar, el general Vilas explica así su propósito:

«Mi intención (…) fue la de suplantar, aun utilizando medios que me estuvieran vedados, a la autoridad de la provincia de Tucumán, tratando de superar, aunando los esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias».

«Si bien mi tarea no era reemplazar a las autoridades, pronto me di cuenta de que, de atenerme al reglamento, manteniéndome en el mismo plano que el gobernador, el Operativo concluiría en un desastre (…). Si yo me limitaba a ordenar, entrenar y comandar mis tropas, descuidando esferas que en el papel no me correspondía atender —la esfera gremial, empresarial, universitaria, social, etc.—, el enemigo seguiría teniendo los “santuarios” de que disponía hasta el momento».

«Haciendo caso omiso a las órdenes —conforme a las cuales mi acción debía estar encaminada a combatir el brote guerrillero en la zona selvática, creí conveniente darle a la acción militar su importancia y a la política la suya».

«De todo lo visto y actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo Criminal… Decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces cómplices de la subversión»[584]. (Las cursivas son nuestras).

Vemos, pues, que este general no sólo hizo «caso omiso de las órdenes», sino que —como tantos otros colegas harían a partir de marzo del año siguiente en todo el territorio argentino— no se limitó a reprimir a la guerrilla sino que extendió espectacularmente su radio de acción, irrumpiendo en el área de la política y en esos otros ámbitos —gremial, empresarial, universitario, etc.— de la sociedad civil, incluyendo en ese vasto campo enemigo —hasta el punto de declararles esa «guerra a muerte»— también a los que consideraba «abogados y jueces cómplices de la subversión». Respecto a cuál era su concepto de «la subversión», este punto también quedaba claro en otros párrafos igualmente reveladores:

«Cuando en Tucumán nos pusimos a investigar las causas y efectos de la subversión llegamos a dos conclusiones ineludibles. Una, que entre otras causas, la cultura era verdaderamente motriz. La guerra a la que nos veíamos enfrentados era una guerra eminentemente cultural. Dos, que existía una perfecta continuidad entre la ideología marxista y la práctica subversiva, sea en su faceta militar armada, sea en la religiosa, institucional, educacional o económica. Por eso a la subversión había que herirla de muerte en lo profundo, en su esencia, en su estructura, o sea, en su fundamento ideológico».

«Si permitíamos la proliferación de elementos disolventes —psicoanalistas, psiquiatras, freudianos, etc.— soliviantando las conciencias y poniendo en tela de juicio las raíces nacionales (y) familiares, estábamos vencidos».

«El problema fundamental, pues, habiendo desestimado (…) el recambio de profesores y planes, era la destrucción física de quienes utilizasen los claustros para encubrir acciones subversivas. De ahí en más, todo profesor o alumno que demostrase estar enrolado en la causa marxista fue considerado subversivo, y, cual no podía ser de manera distinta, sobre él cayeron las sanciones militares de rigor»[585]. (Las cursivas siguen siendo nuestras.).

Estas «sanciones militares de rigor» no eran otras que el secuestro, tortura y muerte de estos «elementos disolventes» («subversivos» en el campo de las ideas), materializando esa «destrucción física» preconizada por el general, quien explica así las líneas maestras de su actuación:

«El ERP se manejaba con un amplísimo aparato de cobertura. Si uno de ellos era arrestado —y debe recordarse que muchos de ellos eran personas conspicuas dentro de Tucumán— se movilizaban inmediatamente los partidos políticos, la Justicia y hasta el Ministerio del Interior, interesándose por su suerte. Si el procedimiento de detención se había realizado vistiendo mis hombres uniforme del Ejército, entonces no había más remedio que entregarlo a la justicia, para que en pocas horas saliera en libertad. Pero si la operación se realizaba con oficiales vestidos de civil y en coches “operativos” como lo ordené tan pronto me di cuenta de lo que era “la justicia” y la partidocracia, la cosa cambiaba»[586].

En efecto, «la cosa» cambiaba espectacularmente. La detención quedaba convertida en secuestro al margen de la Ley, la entrega de la víctima a la justicia ya no era necesaria, la libre disposición de su integridad física y de su propia vida en manos de sus captores era ilimitada, sin que ningún mecanismo legal pudiera interferir. Esa forma de actuar clandestinamente (militares profesionales disfrazados de civiles, utilizando coches «operativos», es decir, vehículos civiles con placas trucadas), proporcionaba una plena impunidad a los represores, dejándoles las manos absolutamente libres para los brutales interrogatorios bajo tortura y la eliminación final de los secuestrados, sin tener que dar cuenta a nadie sobre el paradero de cada desaparecido.

Quebrantando así las normas vigentes, especialmente la que obligaba a poner cualquier detenido en manos del juez en un plazo establecido, los análisis y planteamientos del general Vilas iban por otro camino bien distinto:

«No obstante tener sus grandes ventajas, los grupos especiales corrían dos riesgos: 1) Si moría en el procedimiento alguno de mis hombres, ¿cómo justificar su deceso? 2) Si llegábamos a una casa o un departamento sin uniforme, existía la posibilidad de ser recibidos a tiros por gente atemorizada (…) al ver a grupos armados sin uniforme. De todos modos, las ventajas eran infinitamente mayores que los peligros, y los grupos siguieron actuando hasta diciembre de 1975, cuando hube de delegar el mando de la brigada en el general Antonio Domingo Bussi»[587].

Vemos, pues, que hasta el final del llamado «Operativo Independencia» (febrero-diciembre 1975), los «grupos especiales» siguieron actuando con esta metodología, al margen de la legalidad vigente todavía bajo el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Esto obligó, por supuesto, a un fuerte cambio de pautas morales, punto fundamental que en este apartado nos ocupa en particular. Ello es explícitamente reconocido por Vilas en párrafos como el siguiente:

«Hubo que olvidar por un instante (sic) las enseñanzas del Colegio Military las leyes de la guerra convencional, donde los formalismos (el honor y la ética) son las partes esenciales de la vida castrense, para consustanciarse con este nuevo tipo de lucha. De otra manera hubiera sido imposible extraer saldos positivos en la misma. Si por respeto a las normas clásicas nos hubiésemos abstenido de emplear métodos no convencionales, la tarea de inteligencia —y ésta era una guerra de inteligencia— se habría tornado imposible de llevar adelante»[588]. (Cursivas nuestras).

Así, pues, para el aguerrido general Vilas, el honor y la ética son «los formalismos» de la vida castrense que, según él, deben ser olímpicamente despreciados al afrontar «este nuevo tipo de lucha». En consecuencia, hubo que olvidar «por un instante» las enseñanzas del Colegio Militar, con la leve particularidad de que ese instante se prolongó durante los diez meses ya señalados de 1975; instante que después se ampliaría durante otros siete años más, a partir del golpe militar de marzo del año siguiente (especialmente durante el terrible trienio 1976-1979). Pero este nuevo instante de olvido de la ética y el honor militar ya no iba a extenderse sólo sobre la provincia de Tucumán sino sobre todo el territorio nacional.

Respecto a la base teórica de sus métodos prácticos, Vilas se muestra igualmente explícito:

«Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia —y traducidos en la Argentina o España— debidos a oficiales de la OAS y el Ejército Francés que luchó en Indochina y Argelia. En base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema y el análisis de la situación argentina, comencé a impartir órdenes, tratando siempre de preparar a mis subordinados. Porque, claro está, muchas veces los órdenes recibidas no se correspondían con lo que durante años habíamos aprendido en el Colegio Military la Escuela Superior de Guerra. De más está decir que no creía en la posibilidad de “traumas psíquicos” o “trastornos emocionales”, pero determinadas misiones —más siendo la primera vez que debían cumplirse— resultaban difíciles de asumir y llevar a cabo»[589]. (Cursivas nuestras).

Una vez más, se hace patente el serio problema planteado a la moral militar por esa lamentable «necesidad de olvidar lo aprendido», es decir, los valiosos conceptos éticos asimilados en los años de academia militar. También se manifiesta, en este último párrafo de Vilas, la difícil adaptación de los jóvenes oficiales a esta criminal metodología operativa, tan difícilmente digerible por cualquier militar de conciencia, máxime para los bisoños oficiales las primeras veces en que éstos recibían la orden de cumplir estas patrióticas misiones, disfrazados de civiles y actuando clandestinamente: misiones que siempre acababan con el enemigo atado, indefenso y sometido al aniquilamiento degradante de la tortura, antes de llegar —como tantas veces sucedía— al tiro en la nuca como paso final.

Según especifica Vilas, la tarea de formación de sus hombres —llamando formación a esa deliberada degradación de su formación anterior—, tenía una doble vertiente civil y militar. Sus esfuerzos en este sentido los resume en estas dos tareas clave:

«1) Cambiar la mentalidad de los cuadros, preparándolos para una guerra donde se actuaría sobre causas y efectos, empleando métodos no convencionales de lucha, y 2) Formar una minoría civil selecta, consustanciada con las ideas directrices del Operativo»[590].

Con ello vuelve a insistir en la —para él— imprescindible necesidad de ese cambio de mentalidad de los cuadros de mando, es decir, de ese patético retorcimiento de conceptos éticos, con su inherente y gravísima claudicación moral, sin la cual resulta imposible asumir este tipo de lucha, intrínsecamente inmoral, por más que tal carácter pretenda enmascararse bajo el eufemismo de «no convencional».

Pero también este enfoque «formativo» del general Vilas nos señala, en su punto segundo, otro lado ya conocido, pero que desde la perspectiva sociológica nunca está de más recordar. En efecto, su propósito de formar esa «minoría civil selecta» vuelve a subrayar el hecho de que toda represión militar necesita contar con el apoyo de un activo sector civil.

En cuanto al trato aplicado a los guerrilleros y sus colaboradores, Vilas explica su línea de actuación:

«… di órdenes expresas de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de entidad dentro de los cuadros del enemigo»[591].

«… decidí separar en tres grupos a los guerrilleros, de modo tal que los más peligrosos e importantes nunca llegaran al penal».

«Entre estos últimos, y para evitar riesgos inútiles, muchos eran retenidos en Famaillá[*], procediéndose a su interrogatorio basta que no fueran de más utilidad»[592].

Así, esta discrecional clasificación, efectuada según los criterios valorativos de los propios torturadores —y basándose en una fuente tan poco fiable como los datos obtenidos bajo tortura de anteriores secuestrados o de las propias víctimas—, era el instrumento inapelable que decidía sobre la vida y la muerte de éstas, en absoluta negación de las garantías mínimas exigidas por todo proceso judicial. Con ello, el factor decisorio que condujo a la muerte a cientos de secuestrados fue precisamente ese gravísimo retorcimiento moral, sin el cual resulta imposible asumir este tipo de lucha con toda su intrínseca inmoralidad.

Con asombrosa sinceridad y desvergüenza Vilas se permitía, en el texto aquí citado, especificar que sólo los presos conceptuados como «inofensivos» llegaban «a manos del juez». El resto eran eliminados sobre la marcha, una vez agotada su «utilidad» informativa, según confesaba con todo descaro el propio general. Tampoco se anduvo por las ramas a la hora de comentar los efectos de tales métodos «no convencionales» sobre torturadores y torturados. En este sentido, y con un cinismo que hiela la sangre, escribía:

«En cuanto a los interrogatorios, los interrogadores y los interrogados, hay un par de cuestiones que es hora de aclarar en primera instancia, es falso de toda falsedad que los hombres encargados de tomar declaración, empleando muchas veces medios no convencionales, quedasen traumatizados o con psicosis de guerra».

«En segundo lugar, es menester desmontar uno de los principales mitos del enemigo, referido precisamente a su capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico. Tarde o temprano su capacidad se agotaba y terminaban “quebrándose”, como se dice en el lenguaje operativo»[593].

Palabras que, como militares que somos, sólo pueden repugnarnos y llenarnos de vergüenza estamental. Increíble párrafo, este último, expresado con indisimulado orgullo, como si no supiéramos todos que la tortura, suficientemente cruel y prolongada, puede acabar aniquilando y convirtiendo en un pingajo humano al hombre más digno, con tal de que sea torturado con la adecuada crueldad y persistencia por otros hombres suficientemente indignos y desalmados, con uniforme o sin él.

Respecto al verdadero objetivo de aquel «Operativo Independencia» de 1975, este texto de Vilas, según señala Alipio Paoletti, confirma su carácter de ensayo previo al vasto método represivo que, al año siguiente, se extendería a toda la nación:

«Estos hechos revelan —como los ocurridos en otras zonas del país— que si la finalidad aparente del Operativo Independencia fue “aniquilar la acción de la guerrilla”, la específica fue ensayar en forma embrionaria, pero masiva, la base misma del terrorismo de Estado: la política de desapariciones, concentración de prisioneros, torturas sistemáticas, operatividad clandestina»[594].

Y respecto al testimonio personal del propio general Acdel E. Vilas, apostilla el mismo Paoletti, refiriéndose al texto repetidamente citado:

«Tiene una sola virtud: con franqueza brutal desvela la “doctrina” empleada en la guerra sucia que las Fuerzas Armadas declararon entonces contra su propio pueblo»[595]. (Entrecomillado y cursivas correspondientes al original).

A la vista de estos contenidos del texto comentado, no resulta extraño que la Primera Junta Militar no permitiera su publicación. Una cosa es ordenar que se ejecuten determinadas acciones y se apliquen determinados métodos represivos (como los desarrollados bajo las órdenes de dicha Junta) y otra muy distinta es permitir que la bárbara filosofía que los inspiró sea desvergonzadamente expuesta, difundida y transmitida a la posteridad por uno de sus más caracterizados protagonistas, para futura vergüenza histórica de los diseñadores y ejecutores de aquel tipo de represión. De ahí que, tal como escriben Martin Andersen y López Crespo refiriéndose al texto en cuestión:

«… su publicación no fue aprobada por el Comando en Jefe del Ejército. Como Camps, Vilas pertenece al bando de los iluminados que pregonan con orgullo sus aberraciones. Con más sensatez, el Comando en Jefe, que no desaprobó los actos del general, censuró su difusión»[596].

Pero si alguien sabe de moral militar, de esta moral militar, ése no es otro que el general Ramón Camps, jefe que fue de la Policía de la provincia de Buenos Aires en 1976 y 1977, precisamente los años más duros de la represión. En efecto, durante los meses de octubre y noviembre de 1983, numerosos diarios y revistas europeos recogieron amplias declaraciones de este general, sumamente propicio a toda clase de comparecencias públicas, en las que siempre se jactó —hasta su encarcelamiento en enero de 1984— de su decisiva participación personal en las tareas represivas, desde su jefatura en el antes citado puesto policial. Puesto en cuyo desempeño —alardeó— se produjeron 5.000 desaparecidos debidos a su labor.

Ante la indignada reacción que este tipo de jactanciosas declaraciones produjeron dentro y fuera de su país, y ante la evidencia, autoproclamada, de los graves delitos cometidos por el general, el Gobierno ordenó su detención y procesamiento —según expresaba el texto del correspondiente decreto—, por haberse atribuido graves delitos en «declaraciones que conmovieron a la opinión pública nacional e internacional», reconociendo hechos que «se ven corroborados por imputaciones reiteradamente formuladas por testigos». «En cuanto a la materialidad de los hechos imputados —precisaba el texto gubernamental— está plenamente acreditada con el hallazgo de innumerables cadáveres no identificados y con múltiples denuncias de secuestros y desapariciones»[597].

Concretamente, el Gobierno informó que se detuvo a Camps por reconocer públicamente «su participación directa en el secuestro y la muerte de miles de personas, en la sustracción de menores y en la consiguiente alteración de su estado civil», y por «hacer apología de distintos delitos, en particular de los tormentos»[598], como ya tuvimos ocasión de ver al referirnos al mismo general Camps en el capítulo anterior.

Nuevamente, vemos a la tortura defendida como legítimo medio, y no por un teórico cualquiera, sino por un militar que habla desde la absoluta implicación personal.

He aquí un mínimo extracto de las declaraciones formuladas por el general Ramón Camps y publicadas en numerosos medios españoles y europeos hasta su encarcelamiento en enero de 1984:

«Mientras yo fui jefe de la Policía de Buenos Aires desaparecieron unas cinco mil personas. A algunas de ellas yo les di sepultura en tumbas sin identificar»[599].

«En las guerras se permite el bombardeo de ciudades, donde mueren miles de personas que no son militares. Aquí libramos una guerra, y para vencerla hubo que adoptar medidas drásticas. Quizá nos equivocamos, pero al final, y eso es lo que cuenta, vencimos»[600].

«El jefe que participa en este género de lucha antisubversiva tiene que estar dispuesto a descender con sus hombres a los infiernos, a lo más bajo, metiéndose con ellos en el mismo barro y participando con ellos en las acciones más crudas de la misión»[601].

«Siendo la guerra un acto violento, quien desee ganarla no lo podrá lograr con la aplicación de paños fríos. Si hubo que emplear, pues, medidas enérgicas, no fue por el goce de su aplicación sino por necesidad. Al respecto debemos recordar que es lícito hacer en la guerra todo lo necesario para la defensa del bien público comprometido. Muchas de las confusiones e infundios relacionados con el tema se deben a traducciones de autores franceses especialmente, que no fueron comprendidos en profundidad. Como aquel que dijera que quien participe en la guerra contra la subversión con voluntad suficiente para ganarla debe chapalear en el barro. Es cierto, pero de la citada enunciación pocos supieron leer entre líneas y concluir que quien chapalea en el barro se ensuciará el calzado y no necesariamente se salpicará el alma, que es en definitiva lo que se busca salvar. El concepto de meterse en el barro significa que la guerra contra la subversión trae aparejada una metodología, con sus normas y pautas correspondientes»[602]. (Las cursivas son nuestras).

Ese concepto de la «salvación del alma», de un alma que no se ve salpicada en absoluto por todas las atrocidades represivas, por muy criminales que resulten, constituye una de las más degeneradas desviaciones en que puede incurrir la moral de un Ejército o de un cuerpo policial. Se trata, como vemos, de una moral compatible con toda clase de crímenes, sobre la base de que todos los homicidios, torturas y violaciones de derechos humanos que se cometan en la llamada «lucha antisubversiva» podrán manchar, a lo sumo, las botas de los represores, pero no su alma. Que es, en definitiva —dice Camps—, lo que se trata de salvar.

Procesado y juzgado por la Cámara Federal, el general Ramón Camps recibió una sentencia de veinticinco años de prisión, como responsable de numerosos delitos de secuestro, torturas y homicidios. Pero sus palabras quedan ahí, como muestra antológica de una determinada moral militar. Una moral militar que incluye la tortura y la muerte de simples sospechosos —bajo el argumento de que «en toda guerra mueren miles de inocentes»—, así como la muerte de numerosos opositores políticos, sindicales, estudiantiles o de cualquier otro estamento social, como parte supuestamente inevitable de la lucha contra ese vago e impreciso monstruo llamado «la subversión».

2.3. La represión como técnica «médico-quirúrgica» sobre el cuerpo social

Otro jefe militar argentino, que asumió importantes responsabilidades en la «lucha antisubversiva» —y cuyo nombre omitimos por razones obvias— nos explicó crudamente, en larga conversación personal, el fundamento filosófico de aquella represión. Tal fundamento básico, que podríamos calificar de «médico-quirúrgico», no era otro que el siguiente: Cuando en un organismo vivo se produce un tumor o núcleo infeccioso suficientemente grave, la solución médica sólo puede ser quirúrgica. Además, su técnica operativa no puede consistir en extirpar ese tumor cortando el tejido por el borde mismo de dicho núcleo maligno, sino que, inevitablemente, resulta necesario «cortar por el tejido sano», a cierta distancia de aquél.

Otro tanto —nos explicaba el citado jefe militar— sucede en el cuerpo social: cuando un núcleo de la sociedad se infecta, es preciso extirparlo, pero no resulta posible hacerlo sin extirpar también, inevitablemente, una parte del tejido social sano. Ante este argumento, le objetamos que ese criterio, aplicado a la sociedad, suponía el aniquilamiento seguro de gran número de inocentes. Su respuesta fue que «un fenómeno subversivo como el que se dio en Argentina en los años setenta no puede ser aniquilado sin aniquilar al mismo tiempo a cierto número de inocentes».

El problema dramático consiste en que ese «cierto número», una vez admitida tal filosofía operativa, resulta ser desmesurado en su magnitud. En efecto, basta que el «cirujano» de turno sitúe el bisturí a una distancia de la mitad del diámetro del quiste maligno, y efectúe el corte a esa distancia, para que el volumen total del tejido extirpado resulte ocho veces mayor que el del tejido dañado (dos elevado al cubo). Análogamente, si esa distancia «de seguridad» se amplía algo más, hasta situar el corte a una distancia de dicho núcleo maligno igual al diámetro de éste, entonces el volumen del tejido extirpado resulta ser 27 veces mayor (tres al cubo) que el del tejido maligno que se pretendía extirpar.

Esta última debió ser, aproximadamente, la distancia de seguridad quirúrgica adoptada por los eficaces cirujanos del cuerpo social argentino al extirpar el tumor terrorista de los años setenta, ya que, incluso admitiendo que un movimiento terrorista necesite, para ser vencido, recibir en su campo igual número de muertos que los causados por dicho terrorismo (proporción de uno a uno, que nunca se alcanzó, por ejemplo, en la lucha antiterrorista en España ni en Italia), aun así, incluso admitiendo como buena tal proporción, la eliminación de un terrorismo causante de 700 muertos escasos (según datos del propio Ejército Argentino) hubiera requerido aproximadamente otros 700 muertos en el campo terrorista. Sin embargo, el número de víctimas de aquella represión se elevó hasta casi 30 veces más (unos 20.000 muertos, según vimos en capítulo anterior).

Dato que nos recuerda aquella otra aberrante desproporción que el doctor Emilio Mignone, como ya vimos, tuvo que escuchar de boca del coronel Roberto Roualdes: «Si detenemos a cien personas, no aparecen nunca, y cinco de ellas son terroristas, el procedimiento está justificado». Lo cierto es que esta terrible desproporción, ya sea de 20 a 1, ó de 27 a 1, ó de 30 a 1, no fue, en definitiva, otra cosa que el resultado de ese criterio «quirúrgico», que asume y acepta como fenómeno natural e inevitable la muerte de un elevado número de inocentes, como integrantes de esa parte de «tejido sano» que resulta «inevitable» sacrificar.

Así pues, nuestro rechazo del símil quirúrgico no se basa en su carácter «organicista» —consideración de la sociedad como un cuerpo u organismo vivo, símil socialmente válido en no pocos argumentos funcionalistas—, sino por esa brutal extrapolación del quirófano a la realidad social, como si una sociedad pudiera admitir masivas amputaciones de miles y miles de vidas sólo por la proximidad coyuntural de las víctimas a un núcleo supuestamente infeccioso de la sociedad. Y decimos «supuestamente» porque no podemos olvidar lo que los diseñadores de esta filosofía llamaban «subversión»: una amplísima gama de conductas y actividades ajenas al terrorismo y perfectamente legítimas en una sociedad democrática.

Esta desproporción numérica fue, a su vez, pretendidamente justificada por el citado jefe militar aduciendo que, en tiempo de paz, se mantiene el principio de in dubio pro reo, pero que en tiempo de guerra ese principio no puede ser aplicado, pues en tal situación no se le puede conceder al enemigo el beneficio de la duda. En otras palabras: el sospechoso de terrorista, en la duda de si lo es realmente, debe ser tratado como si lo fuera, a diferencia de lo que hubiera ocurrido con un delincuente común en tiempo de paz.

Creemos que estos argumentos, personalmente escuchados de boca de un notable participante en aquella represión, resultan tan reveladoras a nivel filosófico como lo fueron a nivel práctico las explicaciones escritas de los generales Vilas y Camps.

2.4. La desaparición de personas como método ventajoso, limpio y eficaz

Una vez asumida esta degradación de la moral militar, derribadas ya las barreras éticas que hacen moralmente intolerable la metodología del terror aplicada por los militares y policías argentinos durante la década de los setenta, tal metodología adquiere una lógica aplastante, apareciendo como la más eficaz, la más económica, la más ventajosa respecto a cualquier otra forma de lucha antisubversiva que quepa imaginar. Metodología clandestina y extrajudicial cuyas ventajas —desalmadas, pero evidentes— son crudamente descritas en estos términos por un militar español, el comandante José Luis Pitarch:

«En vez de fusilar ciudadanos por pelotones de soldados tras farsas de juicio (…), salen a la luz desde las tinieblas las famosas bandas paramilitares, los escuadrones de la muerte, las triples aes, las manos blancas, que secuestran, torturan, hacen desaparecer hombres, mujeres y niños, algunos en el vientre de sus madres. De este modo van llenándose de cadáveres minas abandonadas y fosas comunes, porque resulta mucho más “limpio” y simple el que una persona desaparezca sin rastro que juzgarle y tenerle en una prisión, donde hay que darle de comer, donde se puede quizá escapar, donde puede escribir y hablar con otros hombres. Los juicios siempre atraen la mirada internacional, constituyen escaparates comprometidos. Los muros de las prisiones nunca logran ocultar todos los gritos y lágrimas que se producen tras ellos: siempre sale alguno al exterior y turba el sueño del tirano. La desaparición es más pulcra, más eficaz incluso que la alienación ideológica, más demencialmente lógica para un militarismo desquiciado, olvidado de que la base de los ejércitos sólo es el pueblo. En definitiva, no representa sino la clave de la bóveda del discurso militarista-fascista, cuando militarismo equivale a invasión y ocupación de esferas ajenas a lo castrense, a maniqueísmo y simplismo tan máximo cuanto autoritario. Y es la culminación de tal discurso, porque la ausencia de formación cultural y política, el sentido ultrasimplista para encarar problemas complejos, el caciquismo y la disciplina mal entendida, el desconocimiento del propio pueblo, el miedo a la libertad, pueden llevar, de consuno y con inexorable lógica, a acordar que la desaparición de las personas es la mejor forma de que dejen de molestar a los poderes constituidos»[603]. (Cursivas nuestras).

Este debió ser, con gran aproximación —cambiando las connotaciones peyorativas por otras encomiásticas—, el potente bloque argumental que prevaleció en aquella reunión del generalato argentino en septiembre de 1975, en la que —por cincuenta votos contra tres— prevaleció y quedó establecido el «método antisubversivo» que empezaría a ser sistemáticamente aplicado desde marzo del año siguiente. El método basado en el secuestro clandestino, la detención ilegal, la tortura masiva y, para muchos miles de seres humanos, el tiro en la nuca, seguido de la eliminación también clandestina del cadáver, todo ello sin la menor intervención del aparato judicial, resultaba —prescindiendo de toda consideración moral— más rápido y expeditivo, presentando incuestionables ventajas sobre la vía legal. La negación por las autoridades civiles y militares de haber capturado a las víctimas, y la negación, igualmente sistemática, de tenerlas en su poder, evitaba todas las molestias derivadas de abogados, visitas, condiciones carcelarias, habeas corpus, derecho de defensa, juicio legal, trámites de prueba, notoriedad del juicio en la prensa, posibles recursos, falta de pruebas contra gran número de sospechosos, etc. Igualmente, la eliminación clandestina del cadáver suprimía todo control posterior sobre el trato recibido y forma de la muerte, permitiendo además mantener la postura oficial de que tal persona nunca fue capturada ni estuvo en manos de la justicia. Con ello, todos los requisitos propios de la lucha contra el terrorismo en una sociedad civilizada, fueron soslayados por los militares argentinos mediante la técnica de la desaparición. Dato tanto más grave cuanto que esta metodología no se aplicó sólo contra el terrorismo, sino también —en aras de un desquiciado concepto de seguridad— contra un gran número de personas ajenas a la violencia, pero que, de un modo u otro, fueron incluidas en el inmenso campo de la llamada «subversión». Fue así como, en nombre de la eficacia, se pisotearon tantas cosas, y el primero de los valores pisoteados fue, precisamente, la moral militar.

3. LA DISCIPLINA MILITAR: «OBEDIENCIA DEBIDA» O «DESOBEDIENCIA LEGÍTIMA» ANTE LAS ÓRDENES DE CARÁCTER CRIMINAL

La forzada promulgación de la «Ley de Obediencia Debida» —conseguida como resultado de la insurrección de Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987, y de la irresistible presión corporativa que impidió al gobierno sofocar dicha rebelión— constituyó sin duda una de esas patéticas pruebas de debilidad muy propias de una democracia aún no consolidada y, como tal, forzada a efectuar todavía enormes concesiones a un estamento militar que sigue ejerciendo un desproporcionado peso sobre el conjunto de aquella sociedad.

En virtud de esa ley, de los múltiples excesos cometidos durante aquella represión sólo podían ser castigados delitos tales como sustracción de menores, violaciones o robos de material. Pero todas las atrocidades de mayor envergadura moral, todos los secuestros, todas las torturas y homicidios, quedaban amparados bajo la eximente de «obediencia debida», por considerar que se ejecutaron cumpliendo órdenes de la superioridad. Salvo aquellos altos mandos considerados responsables por su elevado nivel de decisión, que finalmente quedaron reducidos a los jefes de Zona o Subzona operacional.

Para valorar el significado de esta ley desde la perspectiva sociológico-castrense que nos es propia, se hace preciso tener en cuenta, aparte de todos los elementos hasta aquí analizados, otro factor fundamental: la actual doctrina militar occidental en materia de obediencia debida, y el encaje de la actuación de los represores argentinos en dicho marco doctrinal.

A diferencia del antiguo concepto de disciplina, entendido como una obediencia prácticamente ciega, en la cual el subordinado no tenía por qué plantearse nunca la legitimidad o ilegitimidad de la orden que recibía —pues la llamada «eximente de obediencia debida» le dejaba teóricamente libre de responsabilidad—, el moderno concepto de mando y obediencia actualmente vigente en las Fuerzas Armadas occidentales establece en cambio otro tipo de disciplina mucho más exigente, y moralmente mucho más digna, en la cual el correcto ejercicio del mando y de la obediencia se sitúa obligatoriamente, con plena conciencia, dentro del respeto a los límites de la ley.

Ya no basta, por consiguiente, con recibir y obedecer a ciegas cualquier orden, incluso de tipo delictivo, pensando que la responsabilidad exclusiva corresponde al superior que la da: «Hoy día, el profesional de las armas ha de saber y tener asumido que su obediencia tiene que producirse dentro de los límites de la ley: que sólo dentro de esos límites se le exige una obediencia total. Pero que fuera de tales limites no debe obedecer, pues si cumple una orden delictiva, tendrá que responder militarmente de su acción, sin que le sirva de nada el antiguo eximente de obediencia debida, por mucho que alegue que él cumplió la orden que recibió»[*].

Así, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas inglesas, el «Manual of Military Law» dispone: «Si una persona que está obligada a obedecer a un superior recibe de éste una orden ilegal, está obligado a no cumplimentar tal orden, y, caso de hacerlo, caerá en la responsabilidad penal de haberlo hecho».

En las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, el «Soldatengesetz» establece: «Una orden no debe ejecutarse cuando su cumplimiento comporte una acción contraria a la ley o una irregularidad».

En el Ejército Italiano, su Reglamento de Disciplina dice: «El deber de obediencia es absoluto, salvo los límites establecidos por las leyes penales». (En consecuencia, toda orden que quebrante tales límites queda excluida de dicho deber).

En el Ejército de los Estados Unidos, el Reglamento prescribe: «Toda persona que presta servicio militar está obligada a ejecutar rigurosamente y con prontitud las órdenes legitimas de sus superiores». (Quedan, por tanto, excluidas de la obediencia las ilegítimas).

En el Ejército Francés, el Reglamento de Disciplina dispone a su vez: «El inferior que ejecuta una orden que comporta la ejecución de un acto ilegal previsto en el Reglamento, asume plenamente la responsabilidad penal y disciplinaria del mismo».

En las Fuerzas Armadas Españolas, nuestras Reales Ordenanzas disponen también:

Art. 34: «Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión».

Baste este resumen, forzosamente incompleto, para poner de manifiesto un hecho capital: frente a la obediencia debida a todo tipo de órdenes, por muy delictivas que sean, la doctrina que prevalece en el ámbito militar occidental establece, por el contrario, la desobediencia legítima a las órdenes cuya ejecución entrañe cualquier acto criminal.

Este era también el criterio jurídico vigente en Argentina (por vía jurisprudencial anterior, ratificado después por la ley 23.049 de 9-2-84), hasta que la insurrección de Aldo Rico en las instalaciones militares de Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987, junto con la actitud general del Ejército negándose a reprimir dicha rebelión, forzó al gobierno radical a promulgar la tan controvertida Ley de Obediencia Debida (5-6-87), que justificaba la obediencia, con efecto retroactivo, incluso ante órdenes de gravísimo carácter criminal[604].

No hace falta malgastar un solo argumento para rechazar la pretensión de defensores de la civilización cristiana por parte de quienes pisotearon los preceptos cristianos más elementales de forma tan sistemática y brutal. Pero sí vamos a resaltar un último y definitivo argumento, rechazando su adscripción occidental. Porque al mismo tiempo que proclaman enfáticamente esa defensa de lo occidental, sin negar en absoluto su participación en los miles de secuestros, torturas masivas y millares de homicidios sin juicio alguno y con eliminación clandestina de los cadáveres, los autores de tales desmanes pretenden eludir su responsabilidad acogiéndose nada menos que al concepto de «obediencia debida», es decir, cubriéndose tras una figura jurídica rechazada por los códigos militares del mundo occidental.

En este terreno también resulta obvia la falacia de su argumentación. Si realmente su meta hubiera sido la tan repetida defensa de los valores occidentales, como militares comprometidos en esa defensa, habrían asumido los valores de la sociología militar occidental, de la moral militar occidental, de la disciplina militar occidental, y jamás se les habría ocurrido recurrir a la «obediencia debida» para justificar los inhumanos excesos de su actuación. Así, el último argumento de los represores argentinos —el de su adscripción «occidental»— se desploma aparatosamente, al pisotear con su comportamiento un decisivo concepto asumido y fuertemente afianzado por la filosofía militar occidental. La cual, junto con los códigos, ordenanzas y reglamentos en ella inspirados, hace mucho que rechazan la posibilidad de acogerse a la obediencia debida como cobertura de cualquier delito o actuación criminal.

Así, pues, con independencia de las condiciones tácticas que hayan podido hacerla inevitable, «la llamada Ley de Obediencia Debida es un engendro moral, militar y social que —valga la expresión— no hay por dónde tomarlo ni por dónde contemplarlo: ni desde la perspectiva de la justicia —al garantizar la impunidad de quienes cometieron repugnantes crímenes al amparo de una obediencia absolutamente indebida—, ni desde la óptica militar, por su absoluto desprecio hacia un criterio jurídico fundamental: el de la desobediencia legítima a las órdenes criminales, que constituye uno de los más valiosos avances del humanismo cástreme de nuestro tiempo, y uno de los mejores logros de la sociología militar occidental»[*].

4. EL HONOR MILITAR: TARDÍA Y ERRÓNEA INVOCACIÓN. NUEVA MANIFESTACIÓN DE UNA GRAVE ENFERMEDAD ESTAMENTAL

Dentro de cualquier intento de análisis de lo ocurrido en Argentina durante el período que nos ocupa, y su valoración desde la perspectiva de la moral castrense y del honor individual y estamental, el primer dato decisivo con que nos encontramos es que los autores de aquella represión y de sus tremendos excesos no niegan en absoluto su participación en ella, sino que la reivindican como propia. Nadie niega, en efecto, esta evidencia: que los planificadores y ejecutores de aquella vasta operación represiva fueron precisamente militares profesionales, ya sea mediante su actuación directa formando parte de los llamados «Grupos de Tareas», o bien utilizando como ejecutoras a fuerzas policiales, que siempre actuaban, a su vez, directamente subordinadas a la autoridad militar.

De hecho nadie, ni siquiera los propios autores de los secuestros, torturas y homicidios se molestaron en negar a posteriori su participación en tales tareas: los numerosos militares profesionales de todas las graduaciones —generales, jefes, oficiales y suboficiales— implicados en tales hechos a nivel de mando o de ejecución, reconocen tales acciones como suyas, y, lejos de negarlas, lo que hacen es tratar de justificarlas en virtud de los consabidos argumentos: el orden, la seguridad nacional, la supuesta lucha contra la Subvención y la pretendida defensa de la civilización cristiana y occidental.

Pero mientras se secuestró, mientras se torturó, mientras se asesinó y se enterró clandestinamente a miles de hombres y mujeres argentinos, con métodos indignos de la más elemental moral militar, ninguno de los planificadores y ejecutores de aquella masacre pareció recordar que existiese en el mundo un concepto moral llamado «el honor». La invocación al honor no se produjo en este asunto hasta años después, y de forma harto lamentable como vamos a ver.

En efecto, todos pudimos contemplar y oír por la televisión, durante la mencionada rebelión de Aldo Rico en Semana Santa de 1987, a uno de los oficiales participant es en ella —cuyo nombre no se facilitó—, quien, preguntado por los periodistas sobre los motivos de su insubordinación, manifestó con rotundo énfasis: «Un Ejército no puede vivir sin honor».

Se refería con ello —según explicó— al intolerable quebranto que, a su juicio, suponía para el honor de las Fuerzas Armadas la comparecencia ante los jueces de aquellos jefes y oficiales acusados de participar en las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el período dictatorial. Pero aquel oficial, al reivindicar en términos tan rotundos el honor de la institución y el de sus compañeros procesados por tales delitos, no lo hacía por considerar a sus compañeros erróneamente acusados de unos hechos que no habían cometido, sino porque, sabiendo muy bien que sí los habían perpetrado, seguía convencido de que los autores de los miles de secuestros, seguidos de torturas y asesinatos, producidos en aquella masiva represión, no debían ser llamados ante los jueces, ni procesados, ni castigados en absoluto, por considerar correcta su actuación. Y por ello mismo, en definitiva, le resultaba intolerable, e incompatible con el honor del Ejército, la comparecencia de los autores de tales delitos ante la justicia.

Espeluznante sentido del honor militar, el de unos hombres que no sienten herido ni menoscabado ese honor por unos crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de su propia institución —según los constata y califica el irrefutable informe de la CONADEP—, y sí se sienten, en cambio, tocados en la fibra más sensible de ese mismo honor cuando los autores de tales delitos son llamados a rendir cuentas ante la ley.

Nos hallamos, pues, ante un extraño y aberrante concepto del honor individual e institucional, que constituye otro de los síntomas más reveladores de esa enfermedad estamental a la que se refería el teniente general Cano Hevia en su escrito citado páginas atrás.

Creemos que, en efecto, resulta difícil discrepar de esta apreciación: difícilmente cabe diagnosticar de otra forma que como una grave enfermedad moral y profesional la de unos militares capaces de invocar tan equívoco y deformado concepto del honor. Un extravagante concepto del honor para el cual lo intolerable no eran los inhumanos excesos cometidos so pretexto de aquella lucha «contra la Subversión» —excesos no esporádicos ni individuales, sino sistemáticamente planificados y ejecutados, y absolutamente incompatibles por su naturaleza con un concepto mínimamente exigente del honor militar—; no eran tales atrocidades, que harían enrojecer de vergüenza a cualquier militar digno de tal nombre, las que resultaban intolerables para aquel concepto del honor; lo intolerable para los defensores de dicho concepto era el penoso desfile de sus autores, acudiendo uno tras otro ante los jueces. Era aquella frecuente comparecencia de militares ante la justicia —militares que por otra parte no ocultaban en absoluto su participación en los hechos imputados— lo que el honor del Ejército Argentino no podía permitir, según proclamaba aquel oficial en el episodio insurreccional que acabamos de recordar. Los brutales secuestros —absolutamente ilegales—, las aberrantes torturas con la picana eléctrica y otros instrumentos —que tantas veces produjeron la muerte de las víctimas—, los miles de homicidios de personas previamente secuestradas y torturadas —ajenas en su mayoría a todo tipo de violencia— eran actos que, por lo visto, no lesionaban en absoluto su concepto del honor; pero la humillante citación de sus autores por los jueces competentes, esa sí que lesionaba de forma intolerable el honor de la institución militar.

Entre otros muchos motivos, nos interesa el caso argentino por constituir el más agudo, el más rotundo ejemplo de lo que es un concepto erróneo del honor. No sólo erróneo, sino altamente dañino a nivel individual y social, tanto para la sociedad en su conjunto como para unas Fuerzas Armadas cuyos miembros —o buena parte de ellos— han llegado a asumir una perniciosa jerarquía de valores, involucrando en ella nada menos que su honor militar.

El problema es de tremenda magnitud. Las causas, orígenes y razones profundas de que unas Fuerzas Armadas, o un poderoso núcleo dentro de ellas, hayan llegado a sentir como suyo ese tergiversado concepto del honor son suficientemente complejas como para requerir, para su correcta explicación, no ya unas páginas sino todo un libro de sociología militar. Pero tratando de resumir y concentrar aquí en una sola la causa principal de este dramático «envilecimiento de la profesión militar» —por citar la frase exacta del general Cano Hevia—, concordamos con él en este punto concreto: la causa central y, a la vez, «el síntoma más claro de la enfermedad que como clase sufrían» —otra frase literal del citado general español— era el factor que el mismo general resume en estos términos: «Ellos no aceptaban ninguna solución que pusiera en duda que estaban en posesión de la verdad y de la razón, y se seguían considerando jueces últimos del bien y del mal de la patria»[605].

He aquí la clave: en el tipo de Patria al que estos militares vincularon su honor. El monopolio dogmático, y absolutamente autónomo, del concepto de Patria para una rígida y estrecha ideología, y para un cerrado estamento, condujo, como tantas otras veces en la historia, a considerar como enemigo de la Patria a toda aquella persona, por pacífica que fuera, que profesase otra distinta ideología, otras creencias, otros ideales u otro proyecto de organización social diferentes de los sostenidos por ese sector mesiánico, acaparador de la Verdad total. A todo aquel que no encajaba en su raquítico esquema de valores e intereses se le aplicaba el nombre de «apátrida», cuando no de «enemigo de la Patria» y, como tal, en cualquier caso, reo de necesaria eliminación.

Un concepto de Patria tan rígido y tan estrecho que contempla como enemigos a amplios sectores sociales que de hecho también forman parte de la Patria; un concepto tan excluyente de la Patria que deja fuera de ella a tan grandes masas de compatriotas; un concepto de Patria tan oligárquico, tan escasamente aceptado por el conjunto de la sociedad que, para poder prevalecer, requiere de unas drásticas limitaciones de los derechos y las libertada legítimas, y cuya implantación exige y lleva consigo una matanza de miles de compatriotas; un concepto de Patria basado en una llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» cuya vigencia requiere de una institucionalización de la tortura como método habitual y de generalizada aplicación, así como la prohibición de ideologías y comportamientos perfectamente asumibles en una sociedad civilizada y democrática; un concepto tal de la Patria acabará desencadenando, inevitablemente, tremendos conflictos sociales. Y un concepto del honor militar vinculado a ese tipo de Patria no impedirá en absoluto conductas militares tan lamentables como las registradas en Argentina entre 1976 y 1983, y que el caracterizado comentarista español anteriormente citado calificaba de «tremendos crímenes», «inversión de principios éticos», «trágica enfermedad» y «envilecimiento profesional.»[606].

Así, los militares argentinos que invocan el honor del Ejército en los términos antes recordados incurren con ello, como mínimo, en tres gravísimos errores de consecuencias fatales:

«Primero: vinculan su honor a la defensa de un concepto de Patria en el que sólo tienen cabida ellos y el sector social que les es afín, en grave detrimento del resto del cuerpo social.

Segundo: desvinculan por completo su honor de todas las torturas, secuestros, crímenes y atrocidades cometidos para imponer su ideología a toda la sociedad, como si tales indignidades pudieran ser cometidas por profesionales de las armas sin afectar ni poco ni mucho a su honor militar.

Tercero: vinculan su honor a un concepto cerradamente corporativo de la institución militar, hasta el extremo de considerar intolerable el individualizar ante la justicia las responsabilidades de aquellos de sus miembros involucrados de lleno en los excesos de dicha represión»[*].

Así, los efectos obtenidos resultan dramáticamente contraproducentes, pues con todo ello sólo se consigue que la responsabilidad y la indignidad de tales excesos recaigan sobre todo el colectivo militar argentino, con grave daño moral para éste y para su estimación ante la sociedad civil. Por el contrario, una correcta investigación y un juicio justo a los culpables hubiera permitido no sólo hacer la justicia imprescindible sino también, simultáneamente, dejar sentada la respetabilidad de la mayoría no implicada y dejar a salvo el honor del conjunto de la institución. Cosa que, por desgracia, no ha sido posible, como consecuencia de un erróneo y deforme sentido del honor.

Afortunadamente —todo hay que decirlo— en su día recibimos en este terreno una gran satisfacción: las declaraciones del coronel argentino José Luis García, que en su momento alcanzaron considerable repercusión, el cual, entre otras cosas, afirmó: «Jamás se nos enseñó en el Ejército que la obediencia debida incluyera el cometer asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, robos de bienes, venta de niños y una interminable lista de delitos aberrantes. Cualquier militar, sea cual sea su rango, sabe que la obediencia que se le exige está en el cumplimiento de las leyes y reglamentos militares: ésa es la fórmula mediante la cual nosotros nos sometemos a la obediencia. Pero no para ser cómplices ni partícipes de delitos aberrantes como los que se cometieron en nuestro país»[607].

Estas rotundas palabras pronunciadas por este coronel del Ejército Argentino, aunque retirado, tienen mucho más que ver con el verdadero honor de las Fuerzas Armadas de su país, y salvan mucho más el honor de su institución, que las de aquel otro oficial antes citado, que también invocaba el honor de su Ejército. Aquel oficial, con un calamitoso concepto del honor, consideraba intolerable la citación ante el poder judicial de los militares presuntos culpables de atroces excesos gravemente delictivos; en cambio, este coronel, con un recto concepto del honor, consideraba intolerable lo único realmente intolerable en este asunto: el que unos militares profesionales de su mismo Ejército hubieran cometido tales aberraciones. He aquí un concepto del honor correctamente situado en lo moral, lo social y lo profesional, frente a otro concepto del honor garrafalmente desviado en su contenido moral, social y estamental.

Concretamente: cuando los militares argentinos recibieron por primera vez la orden de secuestrar a personas civiles —conceptuadas como sospechosas de algún tipo de vinculación con el terrorismo, o por participar en actividades reivindicativas en materia sindical o de Derechos Humanos, o en actividades opositoras no violentas en el área política, religiosa, profesional o estudiantil—, con instrucciones de conducirlas a «chupaderos» clandestinos, torturarlas con la «picana» u otros eficaces instrumentos de noble uso militar hasta que dijeran todo lo que sabían —incluso de lo que nada podían saber—, y, como remate final, asesinarlas y arrojarlas al mar o a la fosa común, fue entonces, justo entonces, al recibir por primera vez estas criminales órdenes, cuando llegó el momento de insubordinarse invocando rectamente el honor militar.

Entonces, con toda la sociología militar en la mano, con el apoyo de todo el humanismo castrense generado en las últimas décadas por el pensamiento militar occidental, y con toda la fuerza moral del Universo, debieron negarse a tal barbarie, indigna de militares profesionales de cualquier graduación, de cualquier Ejército, de cualquier país.

Aquél, y no otro, fue el momento obligado de pronunciar la solemne frase: «Un Ejército no puede vivir sin honor».

XII. CONCLUSIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS DURANTE LA DICTADURA DE LAS JUNTAS MILITARES Y PERÍODO POSTERIOR HASTA 1990

1. Las dos organizaciones de la guerrilla izquierdista argentina (Montoneros y ERP) —según consta, como hemos visto, en documentación militar— habían sido ya prácticamente derrotadas para finales de 1975. En consecuencia —y en ello coincidimos con la apreciación de otros autores—, desde el golpe de Estado de marzo de 1976, las masivas acciones de represión desencadenadas por la dictadura militar no iban dirigidas fundamentalmente a suprimir la violencia ultraizquierdista, que hubiera podido y debido ser enfrentada por la legítima vía policial y judicial. De hecho, dicha represión fue dirigida a aniquilar todo tipo de oposición e influencia social procedente de los sectores liberales y progresistas, y de la izquierda en general, incluyendo aquellas fuerzas sindicales y aquella izquierda civilizada que un sistema democrático hubiera podido y debido admitir en su plena legalidad institucional.

2. No es cierto que las Fuerzas Armadas pretendieran primordialmente suprimir la violencia terrorista en general —de ambos extremos— que venía castigando a la sociedad argentina, primero con escasa incidencia a partir de 1969-70, y después con notable intensidad desde 1973 hasta 1976. De haber sido cierta dicha intención, la acción represiva militar se hubiera dirigido con el mismo empeño contra el terrorismo de ultraderecha (Triple-A y Comando Libertadores de América) y contra el de ultraizquierda (Montoneros y ERP). Pero, mientras estos últimos fueron exterminados —y de paso miles de personas ajenas a tales grupos—, la mortífera Triple-A, por el contrario, nunca fue investigada, ni perseguida, ni desarticulada, ni molestada jamás. Simplemente su acción terrorista y represiva al margen de la ley pasó a ser ejercida por los «grupos de tareas» al mando de las autoridades militares a partir del 24 de marzo de 1976.

3. La aparente irracionalidad de la represión, al abarcar no sólo a los grupos violentos sino a otro gran número de personas de todo tipo, edad y extracción social —muchas de ellas no vinculadas en absoluto a tales grupos, y que desaparecían sin dejar rastro tras ser secuestradas, sin volver a ser vistas jamás—, este factor de irracionalidad aparente señalado por varios autores, fue, a nuestro juicio, sólo eso: una irracionalidad sólo aparente, pero inteligentemente concebida por los verdaderos cerebros del PRN, y eficazmente dirigida a difundir un sentimiento general de terror en la sociedad, con objeto de ejercer sobre ésta un efecto disuasorio y paralizador de esos sectores progresistas o reivindicativos cuya influencia social se trataba de anular. Dichos sectores, en su mayoría juveniles, pero con hombres y mujeres de todas las edades, profesiones y estratos sociales, hubieran podido ejercer su actividad libremente en cualquier sociedad democrática sin necesidad de ser exterminados, como de hecho lo fueron contra todo derecho y contra toda moral.

4. No es cierto que el objetivo último del golpe de marzo de 1976 y de la acción de las Juntas Militares durante sus siete años de poder dictatorial consistiese en salvar «los valores occidentales y cristianos», argumento invocado hasta la saciedad en sus proclamaciones orales y en sus documentos escritos por los represores militares del PRN. Aunque muchos de los militares participantes en la represión así lo creyeran —tal vez incluso de buena fe—, de hecho, el obsesivo anticomunismo y el mesianismo ultracatólico —netamente preconciliar— profesado por gran parte de los militares profesionales argentinos, fueron hábilmente utilizados como fuerza de choque por los cerebros diseñadores del PRN —civiles y militares— contando para ello con otro eficaz soporte teórico: la Doctrina de la Seguridad Nacional. Al amparo de toda esa cobertura argumental y doctrinal, la verdadera meta final era otra: la implantación, lo más duradera posible, de un sistema político, económico y social de corte netamente reaccionario y oligárquico, cuyos aspectos democráticos quedasen reducidos a su más mínima expresión; sistema basado en un duro capitalismo no contrapesado por fuerzas sindicales o políticas de cierta entidad actuando en la oposición. De ahí que se procediese a eliminar todo núcleo opositor en lo político, en lo sindical y en lo estudiantil, así como en los ámbitos intelectuales y profesionales. Y, de hecho, los valores occidentales y cristianos fueron conculcados y brutalmente atropellados hasta límites no conocidos en Argentina con anterioridad.

Desde nuestra perspectiva sociológica específicamente militar, resultan especialmente llamativos por su negativa incidencia y sus trágicos efectos los factores siguientes:

5. La forma como han sido violentadas la ética y la moral militar propias de la formación académica del profesional de las armas. Tal formación, en todos los Ejércitos del mundo, se centra en la preparación del «militar de campaña» —capacitado para actuar entre las penalidades y riesgos del campo de batalla frente a un enemigo exterior. Pero el militar argentino así formado —con independencia de su formación ideológica ultrarreaccionaria—, hubo de ser reconvertido, mediante una intensa presión moral ejercida por sus altos mandos —ahí está, entre otros elementos, el llamado «Pacto de Sangre»— hasta transformarse en otro tipo de militar con otras habilidades técnicas y mucho más baja estatura moral, capaz de actos tan valerosos y militarmente dignos como el matar a prisioneros indefensos, o enfrentarse, picana en mano, a un secuestrado —o secuestrada— atado, desnudo y encapuchado, al que había de considerar como su «enemigo interior», por más que se tratase de un compatriota que, en la mayor parte de los casos, nada tenía que ver con la violencia, y sí con alguna forma de actividad de oposición política, sindical o estudiantil. Y a veces ni siquiera esto, sino sólo con trabajos de alfabetización y apoyo asistencial en zonas del más bajo nivel social.

6. La forma como ha sido deformado el concepto del honor militar y hasta el extremo de no sentir tal honor comprometido o menoscabado por las atrocidades cometidas por numerosos miembros de la institución militar en el transcurso de la represión, y sentir, en cambio, ese mismo honor insoportablemente ofendido por la citación de los más caracterizados represores a comparecer ante el juez. En primer término, un recto concepto del honor hubiera impedido a los militares argentinos incurrir en los indignos excesos de aquella represión. Por el contrario, este equívoco concepto del honor —socialmente dañino, por resultar compatible, como se ha visto, con toda clase de excesos criminales contra la sociedad civil— resulta altamente peligroso en unos hombres portadores de las armas que les entrega la misma sociedad, a la que, en un momento dado, están dispuestos a reprimir con tan acreditada crueldad. Las causas sociológicas de este extraño y deforme concepto del honor militar son básicamente, a nuestro juicio, un cerrado sentimiento corporativista, con un acendrado sentido de «casta», unido a un estrecho y excluyente concepto de lo que es la Patria y la Antipatria, el Bien y el Mal, la Seguridad Nacional, etcétera, absolutizando conceptos esencialmente relativos por su propia naturaleza filosófica, política y social.

7. La forzada —y a estas alturas inaudita— implantación contra natura del concepto de obediencia debida como exculpación de tremendos crímenes de lesa humanidad, según los calificó el incontestable informe de la CONADEP y la descomunal carga testifical acumulada durante el juicio a las tres primeras Juntas ante la Cámara Federal. Este concepto, que conduce a la obediencia ciega a toda clase de órdenes, por muy criminales que sean, constituye una figura jurídica obsoleta, absolutamente desechada por los códigos militares de los países de Occidente y rechazada plenamente por la moderna sociología militar occidental. El acorazarse tras un concepto como éste para eludir la responsabilidad de las atrocidades cometidas contra miles de personas, ajenas en su mayoría a cualquier violencia, resulta una actitud tanto más lamentable cuanto que procede de unos militares profesionales que no dejan de invocar su defensa de los «valores occidentales». Si realmente fuesen defensores de tales valores conocerían la norma occidental al respecto: la desobediencia legítima para las órdenes de carácter criminal.

8. Los oficiales argentinos graduados en el Colegio Militar a partir de 1975 se encuentran con que, hasta hoy, han tenido que vivir las experiencias siguientes:

Primero: a partir del golpe de Estado de 1976, les tocó presenciar o participar de lleno, según los casos, en la «guerra sucia» contra la subversión, con todo el daño moral que este tipo de lucha —por la rechazable naturaleza de los métodos empleados— produce en cualquier Ejército profesional que se vea arrastrado a tal tipo de actuación.

Segundo: en 1982, les tocó presenciar o participar en la derrota militar de las Islas Malvinas, con el consiguiente golpe moral recibido por todo Ejército que percibe no sólo la amargura de la derrota sino, por añadidura, la decepcionante ejecutoria de sus altos mandos y su deficiente rendimiento a nivel general.

Tercero: en 1985, les tocó vivir el juicio a los Comandantes de las tres primeras Juntas Militares, juicio que puso en evidencia todo lo que había sido la «guerra sucia» de los años setenta, y marcó el momento de mayor desprestigio de las Fuerzas Armadas ante la sociedad argentina y ante la opinión internacional.

Cuarto: Después de todo lo anterior, les tocó presenciar, o tal vez participar, en las insurrecciones de Semana Santa de 1987, de Monte Caseros y Villa Martelli en 1988, y en el alzamiento seineldinista de 1990, con la grave «fractura horizontal» —enfrentamiento entre mandos medios y generalato— que estos episodios revelaron en un sector del Ejército Argentino, y que, con esa reiterada quiebra de la disciplina —cuatro insurrecciones en menos de cuatro años— vinieron a confirmar, todavía en el último tercio de los años ochenta y comienzo de los noventa, hasta qué punto se mantenían vivas ciertas formas de intervencionismo militar al margan del marco legal.

Este conjunto de vivencias, altamente perturbadoras para la moral de cualquier Ejército, acumuladas en mayor o menor grado durante los 15 o menos años de vida profesional de aquellos militares argentinos que en 1990 tenían menos de 35-37 años, incluyendo, por tanto, todos los grados inferiores al de «mayor» —en definitiva, una generación entera de militares profesionales llamada a ejercer el mando hasta bien entrado el siglo XXI—, ese impactante conjunto de vivencias acumuladas por esa generación militar, constituye a nuestro juicio un factor ambivalente y temible, a la vez preocupante y esperanzador.

8-a. Factor preocupante, porque de ese cúmulo de vivencias cabría extraer y confirmar, por una parte, enseñanzas y sentimientos negativos tales como los siguientes: afianzarse, mediante la guerra sucia, en la dañina idea de que «en la guerra vale todo», y más aún en la llamada «guerra contra la subversión»; mantener y afianzar la visión equivocada de que el juicio de 1985 a las Juntas fue «una agresión a las Fuerzas Armadas» por parte de las instituciones civiles y del poder judicial, igualmente civil; refugiarse en la idea evasiva y falaz de que en las Malvinas «no fuimos derrotados por los ingleses sino por los norteamericanos», soslayando así las responsabilidades ineludibles de aquella derrota militar, e ignorando, de forma acritica, tanto la muy alta preparación del adversario como la falta de preparación propia. Y, finalmente, extraer la nefasta conclusión de que las acciones insurreccionales, tales como las de los «carapintadas», pueden servir para obtener grandes logros antidemocráticos arrancados al poder civil, como de hecho lo fue la ley de Obediencia Debida, obtenida tras la insurrección de Semana Santa de 1987. Si éstas fueran las enseñanzas y conclusiones extraídas de las experiencias mencionadas —y sería lamentable que así fuese— el pronóstico para la Argentina del futuro volvería a ser inquietante en cuanto a su relación Ejército/Sociedad.

8-b. Pero, como hemos dicho, esa serie de duras experiencias también ofrecen una probabilidad positiva, un posible panorama esperanzados Porque si lo aprendido de la guerra sucia fue que jamás debe repetirse ese tipo de represión militar al margen de la ley, por sus terribles consecuencias sociales y estamentales; si lo extraído de la derrota en el Atlántico Sur ha sido, como nos afirmó el teniente general Martín Balza, «una autocrítica bien severa», cuyo resultado ha sido «aprender algo fundamental: a no salimos de nuestra específica función profesional»[608]; si la consecuencia fundamental obtenida del juicio a los Comandantes consistió en asumir la evidencia incontestable de hasta qué punto las Fuerzas Armadas «chapalearon en el barro» (el famoso verbo utilizado por el general Ramón Camps al justificar sus abominables excesos), y frente a tal filosofía represiva se ha extraído la conclusión de que esa moral de la tortura debe ser definitivamente rechazada y sustituida por una recuperada y exigente ética sanmartiniana (precisamente aquella que impone, entre otras cosas, el respecto a la integridad física del enemigo capturado); si de las sucesivas rebeliones «carapintadas» se ha extraído la conclusión de que esas insurrecciones militares contra la autoridad civil y militar resultan absolutamente incompatibles con la estabilidad y la dignidad del Estado democrático y del propio Ejército, por lo que deben desaparecer para siempre; si son éstas las conclusiones y consecuencias extraídas de las duras vivencias de este último cuarto de siglo —y ojalá así sea—, entonces podremos decir que las Fuerzas Armadas Argentinas se hallan en vías de hallar su recto camino institucional.

9. En cuanto a los indultos promulgados por el presidente Carlos Menem —que proporcionaron la libertad a todos los todavía procesados (octubre 1989) e incluso a los ya condenados (diciembre 1990) por la masiva violación de derechos humanos perpetrada durante el PRN—, su interpretación jurídico-constitucional resulta irreprochable: el indulto, a diferencia de la amnistía, no significa la supresión del delito que motivó la condena (los indultados siguen considerados como delincuentes), sino simplemente su puesta en libertad. Medida que obedece, por otra parte, a una atribución constitucional que el presidente puede legítimamente ejercer. Todo correcto, pues, desde la perspectiva legal. Sin embargo, la lectura sociológica ha de ser forzosamente otra. Estos indultos significan, de hecho, otra gran concesión —entre tantas otras— a las Fuerzas Armadas como poder fáctico capaz de imponer sus condiciones a una sociedad civil que —según revelaban las encuestas en las fechas inmediatas al indulto (finales de diciembre y primeros de enero de 1991)— se mostraba adversa en un 75 por 100 a dicha concesión.

10. El procesamiento de las tres primeras Juntas Militares, aunque sólo castigó a un número insignificante de culpables, sirvió al menos para demostrar ante la sociedad argentina y ante el mundo entero, con peso probatorio abrumador, este hecho irrefutable: tomando como pretexto la lucha contra un terrorismo real, las Fuerzas Armadas desencadenaron otro terrorismo igualmente real, pero mucho más intenso, incomparablemente más extenso, mucho más impune, pero también mucho más imperdonable. Porque, frente a un terrorismo que actúa contra un Estado democrático, cabe la defensa ejercida por las Fuerzas de Seguridad del propio Estado y por el legítimo aparato judicial. Pero cuando son las mismas Fuerzas del Estado (Fuerzas Armadas y de Seguridad) las que ejercen el terrorismo a sus anchas, secuestrando, torturando y asesinando discrecionalmente al margen de todo control judicial, entonces toda posibilidad de defensa del ciudadano se desvanece, quedando éste absolutamente indefenso y sometido al puro terror.

Trágica lección, la aprendida en este sentido por la sociedad argentina. Esperemos que los grandes sufrimientos —aún no cicatrizados— padecidos por aquella entrañable República, y por otras en situación más o menos similar, sirvan para hacer cierto, allí y en toda América Latina, el famoso título de Sábato: NUNCA MÁS.

A MODO DE EPÍLOGO

Aunque el período que nuestro análisis pretende abarcar en este libro se extiende, fundamentalmente, sólo hasta 1990, nos sentimos obligados, en aras del debido rigor, a señalar aquí, aunque sólo sea brevemente, algunos factores registrados en el intervalo 1990-1994 y que parecen marcar el inicio de un cierto cambio cualitativo respecto a las pautas y comportamientos militares predominantes que, a lo largo de este libro, hemos tenido oportunidad de examinar. Tales factores dignos de señalar son los siguientes:

1. La rebelión militar de los «carapintadas» seguidores del coronel Seineldín en diciembre de 1990 fue afrontada y combatida vigorosamente hasta la rendición incondicional de los insurrectos. Notable diferencia respecto a las tres insurrecciones anteriores (abril de 1987, enero y diciembre de 1988), en las cuales se negoció con los rebeldes para lograr su desactivación, aceptando concesiones tales como el cambio de la cúpula militar, e incluso otras más graves, como las de Semana Santa de 1987. Nada de esto se produjo en esta ocasión: el poder civil decidió sofocar la rebelión, y el Ejército así lo hizo, siguiendo las órdenes de aquél.

2. El juicio del coronel Seineldín y sus seguidores rebeldes, y las duras sentencias de cárcel que recibieron, han sido contempladas por el conjunto de la institución castrense con un atento silencio y una actitud de disciplina harto diferentes de las reacciones que se produjeron a raíz de los arrestos del entonces teniente coronel Aldo Rico y del propio coronel Seineldín, tras sus respectivas rebeliones de Campo de Mayo (1987) y Villa Martelli (1988). Ambos oficiales rebeldes recibieron entonces en sus respectivos centros de reclusión, innumerables visitas y muestras de solidaridad estamental, incluso de militares de alta graduación. En abierto contraste con aquella situación —de hace bien pocos años—, la prácticamente total ausencia de ese tipo de manifestaciones y el silencio institucional ante las fuertes condenas por los sucesos del 3 de diciembre de 1990 dan pie a pensar que el fenómeno «carapintada» ha llegado a su fin.

3. La drástica disminución de efectivos y las durísimas limitaciones presupuestarias sufridos por el Ejército Argentino en estos últimos años, tienen también un significado no despreciable en cuanto al comportamiento estamental. Para darse cuenta de lo que significan esas reducciones, basta señalar que los 60 generales que tenía el Ejército en 1983 han quedado reducidos a 36; para los próximos años están previstas importantes disminuciones del número de jefes y oficiales (actualmente casi 6.000) y suboficiales (hoy casi 24.000); y que la incorporación de la tropa se ha reducido a un contingente que, a la altura de 1992, se sitúa en 13.000 conscriptos anuales (soldados de reclutamiento forzoso, únicos disponibles, pues en Argentina no existe el voluntariado). Increíbles reducciones, en una palabra, junto con la fuerte restricción presupuestaria, que un Ejército de las características históricas del argentino hubiera rechazado rotundamente pocos años atrás —como supuestas «agresiones de la clase política civil»—, y que hoy asume con sorprendente disciplina y aceptación.

4. El actual jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, y, como tal, jefe efectivo del Ejército de Tierra, teniente general Martín Antonio Balza, con quien hemos tenido el honor de entrevistamos personalmente repetidas veces en los últimos años, nos dijo en la última de ellas: «Todos los pueblos y todas las instituciones tienen páginas oscuras que hubieran preferido no tener que vivir. Así es la historia, que nos obliga a sobrevivir a todas las adversidades, avanzar y cambiar, corrigiendo y superando los errores cometidos, extrayendo de los acontecimientos pasados las conclusiones adecuadas para que ciertos hechos no vuelvan a producirse jamás»[609]. Estas hermosas, sinceras y potentes palabras, aunque todavía —lamentablemente— no puedan ser atribuidas de ninguna manera a todos los militares argentinos, aun así, habiendo sido pronunciadas por la máxima autoridad de su Ejército a la altura de 1992, tienen, objetivamente consideradas, un alto valor y proyectan un positivo factor de esperanza sobre el futuro comportamiento de la institución. (Véase Apéndice VI y último, págs. 553 a 563).

A la vista de estos datos recientes, y con la visión panorámica de estos últimos años —aunque la distancia sea todavía insuficiente— nos resulta obligada en conciencia, de cara al futuro, una consideración difícil, pero necesaria. Todavía es demasiado pronto, y será preciso un lapso histórico mayor para valorar los resultados de los acontecimientos producidos en la Argentina a partir de la restauración democrática de 1983; pero si esa positiva tendencia incipiente que acabamos de señalar se consolidase, si el acatamiento del estamento militar al poder civil resultase definitivamente implantado en la Argentina, si el intervencionismo militar desapareciese definitivamente en ese país, si los militares argentinos jamás volvieran a secuestrar, ni a torturar, ni a ejecutar clandestinamente a nadie, ni a montar operación alguna al margan de la ley; si ninguna otra insurrección «carapintada» se llegase a producir, si ningún otro golpe militar interrumpiese el funcionamiento de las instituciones civiles, si jamás ningún partido o fuerza política volviera a «llamar a la puerta de los cuarteles» incitando al golpe militar; en otras palabras, si se produjese ese enorme salto cualitativo en la relación Ejército/Sociedad, sólo en ese caso, ante este logro tan fundamental, tan gigantesco, tan liberador, estaríamos dispuestos —por mucho que nos duela— a admitir algo tan duro para nosotros como esto: que las leyes e indultos conducentes a la impunidad —total o parcial— de los represores, pese a significar la libertad para los responsables de crímenes abominables, pudieron contribuir finalmente a la normalización democrática, desactivando la tensión todavía acumulada en el estamento militar y que hubiera seguido impidiendo dicha normalización. Por supuesto, el llegar a admitir tal posibilidad no lleva consigo la más mínima justificación del método represivo —socialmente criminal, moralmente reprobable y militarmente inadmisible— que la dictadura militar aplicó a partir de marzo de 1976. El admitir que tales crímenes puedan quedar impunes —sin dejar por ello de ser crímenes— sólo significa la confirmación de un hecho bien conocido por los estudiosos de las transiciones: que todas las transiciones tras dictaduras duramente represivas son operaciones inevitablemente impuras, en las que resultan necesarias enormes concesiones sine qua non.

En efecto, según nos demuestra la reiterada experiencia de las transiciones que siguen a las dictaduras militares, la impunidad total o parcial de los represores y de los más caracterizados golpistas suele constituir, desgraciadamente, parte del precio inevitable a pagar por la recuperación de la democracia. Así ha sido, sin ir más lejos, en todos los países del Cono Sur. Más aún: hay que subrayar el hecho de que la Argentina es el país donde la impunidad ha sido menor, el país que más lejos ha llegado en el castigo a los culpables. Ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, lograron jamás en su regreso a la democracia, tras sus respectivas dictaduras militares, nada similar, ni mínimamente parecido, a lo logrado por la Argentina en este terreno. Frente a la impunidad general y prácticamente absoluta conseguida por los represores de los años setenta en todos esos países y en otros, la democracia argentina consiguió acumular un aplastante volumen de pruebas, acusar judicialmente, procesar, llevar a juicio, presentar centenares de testimonios, y finalmente sentenciar y condenar a algunos de los máximos responsables del más temible poder militar que el continente americano haya conocido en el presente siglo. Durante los meses del juicio (abril a diciembre de 1985) aquellos altos jefes, algunos de ellos ex-presidentes de la República, se vieron en el punto de mira de toda la sociedad y de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, y durante siete años (diciembre 1983 a diciembre 1990) los principales condenados permanecieron en prisión. De ninguna manera cabe hablar, por tanto, de total impunidad, cosa que sí puede hacerse respecto a las restantes dictaduras militares de la región. Y ese logro, cívico y moral, de la democracia argentina no queda, ni muchos menos, invalidado por los indultos promulgados cinco años después de la sentencia emitida en 1985 por la Cámara Federal.

Pues bien; incluso admitiendo que las leyes de «punto Final» y «obediencia debida» hubieran sido necesarias —que ya es admitir—, y que también hubieran sido necesarios los dos indultos —lo que es admitir mucho más—, incluso llegando a aceptar que tan graves concesiones hubieran sido precisas para la consolidación de la democracia, incluso así, creemos que la futura democracia sólida y estable que prevalecerá en la Argentina del siglo XXI se reconocerá mucho más deudora del histórico juicio de 1985 que de las leyes e indultos citados. Es nuestra convicción que el enorme esfuerzo realizado por el gobierno del partido Radical durante los dos primeros años de su mandato (1984-85), incluido el juicio citado a los Comandantes de las tres primeras Juntas, será considerado históricamente como el más serio, valiente y decidido intento de romper el subdesarrollado modelo de relación Ejército/Sociedad iniciado en 1930, fortalecido desde 1955 y llevado a sus últimas consecuencias en 1976. Meritorio intento —que la historia acabará por medir en su justo valor— de restablecer la supremacía del poder democrático civil sobre el crónico intervencionismo militar que, desde 1930, había venido perturbando la vida política y social del país. A nuestro juicio, la prueba decisiva, ejemplar, aleccionadora como ninguna, proporcionada al mundo entero por dicho juicio, al demostrar que hasta los máximos dictadores militares pueden ser llevados a juicio, para responder de sus excesos ante la sociedad civil, constituye una de las lecciones más gigantescas y uno de los pilares más sólidos edificados por la democracia en América Latina en toda su historia cívico-militar. Hito histórico cuyo efecto ejemplificador se proyectará durante muy largo tiempo, con unos efectos mucho más profundos y duraderos de cara al futuro que aquel papel «desactivador de tensiones» que las mencionadas leyes e indultos, en un momento y lugar dados, pudieron ejercer.

Habíamos iniciado esta especie de epílogo registrando unos cuantos indicios positivos apreciados desde finales de 1990, y que, aunque situados ya fuera del período que nos habíamos prefijado para nuestro estudio, nos han parecido suficientemente significativos como para sentirnos obligados a mencionarlos aquí. Sólo el tiempo dirá si tales indicios quedarán más adelante barridos por la poderosa inercia adquirida en tan largos años de intervencionismo y de autonomía militar, pensante y actuante, o si, por el contrario —como fervientemente deseamos—, podremos ir comprobando en el futuro que tales datos no son más que las primeras manifestaciones de otra firme tendencia: la del acatamiento sistemático del estamento militar a la autoridad democrática civil, de forma que las Fuerzas Armadas Argentinas lleguen a consolidar tal tendencia como norma permanente de su comportamiento institucional.

CONSIDERACIONES FINALES

Cuando alguien ha dedicado sus mejores esfuerzos durante cinco años a estudiar a fondo un determinado tema sociológico —y, por tanto, de profunda raíz humana—, volcando en él miles de sus horas de trabajo y dedicación, y por más que tal esfuerzo haya pretendido mantenerse dentro de los términos de la objetividad científica —sociológica en este caso—, creemos que ese alguien ha adquirido un cierto derecho a dejarse llevar mínimamente por sus sentimientos, siquiera en el momento final.

Tal vez alguien pueda decir que ya nos hemos dejado llevar por los sentimientos a lo largo del libro. Pero no han sido los sentimientos sino la rigurosa objetividad la que nos ha hecho llamar literalmente «crímenes» a los crímenes, «secuestros» a los secuestros, «torturas» a las torturas, o «enfermedad estamental» a una seria dolencia que afecta —o afectaba— a un determinado estamento social.

Sin negar que el sentimiento haya podido estar también implicado —el pretender lo contrario no hubiera sido humano— en un tema que nos toca tan profundamente por profesión y vocación, no ha sido el sentimiento, ciertamente, sino el obligado rigor, el que nos ha hecho aplicar calificativos duros para los hechos duros, calificativos terribles para los hechos terribles.

Hemos conocido a muchos militares argentinos durante nuestra estancia en su país. Algunos de ellos nos han hablado con los mismos planteamientos y valoraciones intachablemente profesionales y absolutamente democráticos con que hubiera podido hacerlo cualquier selecto militar europeo occidental. Otros, en cambio, hablándonos con igual sinceridad, nos han dicho a veces cosas terribles; tan terribles que más de una vez nos ha resultado difícil mantener nuestra línea prefijada, consistente en escuchar, tomar datos o grabar cintas, callar y no discutir. Nos han explicado lo que hicieron y por qué lo hicieron, convencidos de tener razón, de haber librado a su patria de un grave peligro, de haber actuado bien.

Los parámetros mentales, morales, sociales y profesionales en los que están situados para creer tales cosas son, obviamente, muy diferentes de los nuestros, y eso explica tanto su certeza en lo que dicen como su insistencia en la defensa de lo que hicieron. En todo caso, creemos que esa misma diferencia, a veces tan abismal en cuanto a coordenadas profesionales, criterios sociales y convicciones morales, es también, precisamente, el factor que mejor explica la necesidad de este libro.

Volviendo, pues, a los sentimientos, permítasenos en el momento final hablar con el corazón en la mano a nuestros colegas, los militares argentinos. Para decirles que la sociedad argentina y sus propias Fuerzas Armadas como institución se verán enormemente beneficiadas si ellos, los militares profesionales, conservando intacta la intensidad de su patriotismo, fueran capaces de desembarazarse de dos enormes cargas que han lastrado su profesionalidad militar, lesionado su prestigio ante el mundo y perturbado gravemente sus relaciones con su propia sociedad:

—El excesivo protagonismo político que han venido ejerciendo históricamente, asumiendo para siempre que su papel no es el de intervenir en la vida política nacional, y que todas las crisis política o económicas, por graves que sean, han de ser resueltas por las vías democráticas, con riguroso respeto a la legítima autoridad civil, y jamás mediante una intervención militar.

—La sorprendente y tenaz justificación de la tortura como instrumento válido y necesario para cierto tipo de lucha, y su protección mediante un concepto tan aberrante como la «obediencia debida» incluso para las órdenes criminales —concepto rechazado por la moral militar occidental—, asumiendo, por el contrario, el hecho de que nadie jamás obtuvo una victoria duradera basada en tales métodos, y que, incluso las aparentes victorias momentáneas así obtenidas, fueron siempre acompañadas de la derrota política, social, cultural y moral.

Una vez libres de tan negativa carga, estarán en condiciones de:

—Asumir la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al poder democrático civil, dando fin a su arraigado concepto de autonomía militar.

—Asumir el apartidismo de la institución castrense, única forma de que los Ejércitos permanezcan al servicio del conjunto de la sociedad.

—Asumir el respeto a todas las opciones políticas no violentas, por grandes que sean las discrepancias que sus ideologías les puedan suscitar.

—Acostumbrarse a recibir serenamente las críticas del resto de la sociedad, como un estamento social que la sociedad mantiene y costea, y sobre el cual tiene pleno derecho a opinar y decidir.

—Asumir un concepto del honor centrado en valores éticos de base inequívocamente humana y democrática, y que rechace aquellos comportamientos —como la tortura— absolutamente incompatibles con un recto honor militar.

—Rechazar el concepto de «obediencia debida», entendido como obediencia obligada a todo tipo de órdenes —incluidas las criminales o anticonstitucionales—, como un concepto netamente inmoral, ya rechazado por los códigos y reglamentos de los Ejércitos más avanzados de nuestro tiempo.

Este conjunto de logros permitirá a los militares argentinos situarse de lleno en línea con los Ejércitos del mundo occidental, al que ellos mismos, con tanta insistencia, afirman pertenecer.

Confiamos en que las futuras Fuerzas Armadas argentinas del siglo XXI habrán dejado atrás esos pesados lastres históricos, y que sus hombres aparecerán ante el mundo como ejemplares profesionales democráticos, merecedores del aprecio de los Ejércitos más exigentes en materia profesional y moral, y, sobre todo, acreedores del más valioso respeto a que unas Fuerzas Armadas pueden aspirar: el de su propia sociedad.

APÉNDICES

APÉNDICE I. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES CAUSADAS POR LA TRIPLE-A DURANTE SUS 30 MESES DE EXISTENCIA (OCTUBRE 1973 A MARZO 1976)

Ante la carencia de datos estadísticos mínimamente documentados y razonados al respecto, he aquí nuestra propia evaluación, lo más aproximada posible, de las víctimas realmente causadas por la AAA, en sus dos años y medio de existencia más generalmente reconocida: desde su nacimiento en el último trimestre de 1973 hasta su desaparición práctica a finales del primer trimestre de 1976.

Empezando por orden cronológico, el primer dato fidedigno —por la acreditada seriedad de su autor— nos lo proporciona el investigador británico Richard Gillespie:

«En total, unas 200 personas habían sido muertas por la Triple-A y comandos fascistas civiles, ya para septiembre de 1974…»[610].

Pues bien: si ya para septiembre de 1974 la Triple-A y demás organizaciones ultraderechistas de su entorno habían ocasionado unos 200 muertos (en los diez meses transcurridos desde la aparición explícita de la AAA en octubre-noviembre de 1973 hasta agosto de 1974, ambos inclusive), el ritmo medio de tal período se sitúa en 20 muertos al mes. Ritmo éste, por otra parte, ratificado por Ignacio González Janzen para un trimestre concreto: el de julio, agosto y septiembre de 1974, dentro del cual, según dicho autor, se cometieron 60 asesinatos por la AAA, como ya vimos en cita anterior[23]; dato que viene a confirmar ese ritmo de 20 asesinatos mensuales imputados por Gillespie a la citada AAA en aquella fase de su actuación.

Dada la carencia de datos estadísticos sobre los últimos cuatro meses (septiembre-diciembre) de 1974, cubriremos esta laguna con un cálculo francamente conservador, consistente en admitir que tal ritmo de 20 víctimas mensuales se mantuvo durante los cuatro meses restantes de dicho año (pese a la fuerte tendencia alcista que reflejan los datos del año siguiente). Con ello, el número total de muertos (cadáveres hallados), víctimas de la AAA y grupos similares, sumaría otros 80 en esos últimos cuatro meses, totalizando, por tanto, 280 a Anales de 1974. A ellos habrá que añadir, como mínimo, los 46 secuestrados desaparecidos a manos de los grupos de ultraderecha a lo largo de 1974[611]. Ello da, para el Anal de dicho año 1974, una cifra aproximada de 326 víctimas en total.

Al año siguiente, las actuaciones de la AAA y su número de víctimas iban a experimentar un notable incremento, como vamos a ver, pues para 1975 existen datos fidedignos que abarcan dicho año en su totalidad, y a partir de los cuales puede obtenerse una ajustada aproximación a la cifra que buscamos. En efecto, los datos de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) y la recopilación de datos tomados exhaustivamente de la prensa por la APDH (Asamblea Permanente pro Derechos Humanos), nos dan la cifra de 359 secuestrados desaparecidos a manos de grupos parapoliciales, paramilitares o por fuerzas militares propiamente dichas, y de 564 cadáveres hallados, víctimas de la acción de esas mismas fuerzas y grupos a lo largo de 1975[612].

Tenemos, por tanto, como víctimas mortales conjuntas de la represión durante todo el año 1975 la suma de esos 564 muertos y 359 secuestrados desaparecidos, lo que suma un total de 923. Pero, en rigor, para obtener las víctimas de la Triple-A en ese año, de esta cifra hay que restar otras dos: las de la represión específicamente militar realizada al amparo de los dos llamados «decretos de aniquilamiento» dictadas por el gobierno peronista en 1975. El primero de ellos (5-2-75) dio lugar a una represión localizada en la provincia de Tucumán desde febrero hasta Anal de año, desarrollada por unidades militares de manera oficial, y no por grupos semiclandestinos como la AAA. Aquella represión, según los datos estadísticos de las mismas fuentes recién citadas, produjo en dicha provincia un tal de 253 muertos en el año que nos ocupa (147 cadáveres a la vista y 106 desaparecidos) todos ellos dentro de 1975[613]. Por tanto, estas 253 víctimas, causadas por la intervención oficial del Ejército, y no por la AAA, han de ser restadas del total.

En cuanto al segundo de tales decretos (6-10-75), que ordenaba extender la represión de los grupos subversivos a todo el territorio argentino, no existe disponible para nosotros estadística alguna que nos permita cuantificar con precisión el número de víctimas producidas oficialmente en aquellas fechas por las Fuerzas Armadas y policiales, distinguiéndolas de las otras, las producidas clandestinamente por la AAA. Dado que el período de esta incertidumbre es corto —último trimestre del año— sí podemos proceder a un cálculo suficientemente aproximado, basado en datos fidedignos que abarcan dicho período, englobado en otro período mayor.

En efecto, las valiosas estadísticas acumuladas por la APDH (Asamblea Permanente pro Derechos Humanos) de Argentina proporcionan, para el período concreto comprendido entre junio de 1975 y febrero de 1976 (ambos inclusive) la cifra de 524 detenidos desaparecidos y 661 cadáveres hallados[614], causados por el conjunto de la represión, clandestina y oficial. Dado que se trata de un período de nueve meses, y aceptando la hipótesis aproximativa de que el ritmo de desaparecidos y muertos se mantuviera más o menos constante durante dicho período, para sólo tres meses (dentro de los nueve citados) la cifra aproximaba de víctimas sería de 173 muertos y 220 desaparecidos (393 en el total trimestral).

Pues bien: desde la promulgación del segundo de los decretos citados (el de 6-10-75), que ordenaba a las Fuerzas Armadas y de Seguridad la represión de las organizaciones subversivas, la mayor parte de las víctimas ya no correspondían, lógicamente, a la AAA, sino a dichas Fuerzas Armadas y de Seguridad, actuando en función de dicho decreto gubernamental. Admitamos, por tanto, a partir de tal decreto, un cierto predominio de la acción represiva oficial de las fuerzas militares y policiales (entre dos tercios y un medio del total de las víctimas de la represión en ese período) y aceptemos, en consecuencia, que sólo entre un tercio y un medio de tales víctimas fueran víctimas de la AAA durante ese trimestre final de 1975.

Bajo tal hipótesis, que también estimamos conservadora, de la cifra total antes vista para todo 1975 sería preciso restar, para su último trimestre, una cifra situada entre un máximo de 262 (116 desaparecidos y 146 muertos) y un mínimo de 197 (87 desaparecidos y 110 muertos), correspondientes a los dos tercios y a la mitad de los respectivos totales trimestrales (173 y 220) ya vistas más atrás. En definitiva, dichas cifras (262 como máximo y 197 como mínimo) habrán de ser restadas del total del año 1975, por tratarse de víctimas de la acción represiva oficial, y no de la AAA.

Resumiendo estas cifras referentes al año 1975, tendríamos el siguiente cuadro. (Ver pág. siguiente).

VÍCTIMAS MORTALES NO IMPUTABLES A LA AAA, SINO A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD, A LO LARGO DEL AÑO 1975

Detenidos

desaparecidos

Muertos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Total

Desaparecidos y muertos por las fuerzas militares en la provincia de Tucumán, a lo largo de 1975, a raíz del decreto de 5-2-75[*]

106

147

253

Estimación aproximada para el resto del territorio argentino en octubre-noviembre-diciembre de 1975 a raíz del decreto de 6-10-75[*]

116 max.

87 mín.

146 máx.

110 mín.

262 máx.

197 mín.

Total aproximado de víctimas mortales causadas al amparo de ambos decretos citados (víctimas no imputables a la AAA) a lo largo de 1975

222 max.

193 mín.

293 mín.

257 mín.

515 máx.

450 mín.

Descontando, por tanto, estas víctimas del total de las producidas en la represión general contra la izquierda (subversiva o no), tendremos las víctimas realmente imputables a la Triple-A y demás grupos armados ultraderechistas en dicho año 1975:

VÍCTIMAS MORTALES IMPUTABLES A LA TRIPLE-A Y DEMÁS GRUPOS PARAMILITARES Y PARAPOLICIALES A LO LARGO DE 1975

Desaparecidos

Cadáveres

hallados

Total

Víctimas mortales de la represión general contra la izquierda (subversiva o no) durante el año 1975[*]

359

564[*]

923

Víctimas mortales no imputables a la AAA sino a las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante 1975[*]

222 máx.

193 mín.

293 máx.

257 mín.

515 máx.

450 mín.

Estimación aproximada de las víctimas mortales imputables a la AAA y demás grupos armados ultraderechistas durante 1975

137 mín.

166 máx.

271 mín.

307 máx.

408 mín.

473 máx.

Vemos, pues, que las víctimas realmente imputables a la AAA y grupos afines pueden estimarse entre 408 y 473 para todo el año 1975.

Así llegamos al primer trimestre de 1976, último anterior al golpe del 24 de marzo y a la desaparición práctica de la AAA. Admitiendo razonablemente el mismo ritmo de víctimas del trimestre precedente y la misma hipótesis proporcional, el número de víctimas correspondientes a la AAA para dicho trimestre se situaría entre un tercio y un medio de los 393 que, como ya vimos, corresponden al total trimestral. En consecuencia, tal cifra oscilaría entre 131 y 197.

En definitiva, el total de víctimas mortales imputables a la AAA puede ser estimado con arreglo al siguiente cuadro resumen:

VÍCTIMAS IMPUTABLES A LA AAA Y GRUPOS AJINES, EN SUS 30 MESES DE EXISTENCIA (OCT. 73-MAR. 76)

Octubre 1973 – Diciembre 1974

326

Enero 1975 - Diciembre 1975

Entre 408 y 473

Enero 1976 - Marzo 1976 Entre

131 y 197

Total aproximado…

Entre 865 y 996

Vemos, pues, que la Triple-A y demás grupos terroristas de ultraderecha difícilmente alcanzaron en su conjunto el millar de víctimas mortales, muy lejos, por tanto, de las 2.000 que les atribuyen los autores citados con anterioridad. Los cuales, por otra parte, no nos proporcionan cálculo ni estimación alguna —ni siquiera aproximada como la nuestra—, ni nos citan su fuente de datos ni sus hipótesis estimativas para justificar la cifra en cuestión. Pero incluso asumiendo la cifra que estimamos más real —en torno a 900 cadáveres—, tal cifra, acumulada en dos años y medio, se sitúa por encima de esas 687 víctimas mortales producidas conjuntamente por todo el terrorismo de izquierda en los diez años que éste duró, según vimos más atrás y, por añadidura, según datos de procedencia militar.

APÉNDICE II. SELECCIÓN DE ALGUNOS TESTIMONIOS INDIVIDUALES PRESTADOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP), REFERENTES A LA REPRESIÓN PERPETRADA BAJO LAS JUNTAS MILITARES EN ARGENTINA ENTRE 1976 Y 1983

Tras su extensa investigación por todo el territorio argentino, la CONADEP redactó su informe, en cuyo texto se explica:

«Cada uno de los testimonios incluidos bien pudo haber sido seleccionado al azar entre los miles de legajos que contienen relatos similares. Los incorporados a este informe son sólo una ínfima muestra del copioso material hasta ahora reunido. Cualquiera de ellos por sí solo permitiría formular la misma condena moral a la que arriba esta Comisión; pero es su pluralidad pródiga en referencias semejantes y convergentes lo que cimenta incontrastablemente nuestra certidumbre de la existencia y puesta en práctica de tal metodología represiva».

Pues bien; tomando de esa «ínfima muestra» otra muestra todavía mucho más ínfima, nos ceñiremos aquí al resumen testimonial de algunos casos de los incluidos en el informe en cuestión. Pese a la notable dificultad que supone, dentro de la vasta y terrible casuística recopilada por la CONADEP, extraer una selección tan limitada como la que aquí pretendemos ofrecer, he aquí unos cuantos casos y testimonios concretos, representativos de cada una de las facetas más señaladas de lo que fue aquella represión.

1. CASO DE LAS RELIGIOSAS FRANCESAS ALICE DOMON Y LÉONIE RENÉE DUQUET

Empecemos por uno de los casos que consideramos más paradigmático, por doble motivo: primero, por responder fielmente a la secuencia más habitual (secuestro-tortura-muerte-eliminación clandestina de los cadáveres), y segundo, por tratarse de un caso que alcanzó amplia repercusión dentro y fuera de Argentina, por la condición eclesiástica de las víctimas y por la gran conmoción que la noticia de su secuestro y desaparición produjo en su país de origen (Francia) y en la opinión pública internacional.

La hermana Alice Domon, de cuarenta y dos años, y la hermana Léonie Renée Duquet, de sesenta y dos, ambas pertenecientes al «Institute des Missions Etrangères», con sede en Toulouse, prestaban asistencia a familiares de desaparecidos en distintas parroquias de la provincia de Buenos Aires. La primera de ellas fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 en la parroquia de Santa Cruz, y la segunda, dos días después, en la iglesia de San Pablo, ambas de la capital federal.

El artífice principal de su secuestro y posteriores torturas no fue otro que el entonces desconocido y hoy famoso oficial de la Armada Argentina Alfredo Astiz, actualmente conocido en la prensa europea con sobrenombres como «el ángel rubio» o «el verdugo con sonrisa de ángel», en irónica alusión a su distinguido aspecto físico y a su acreditada crueldad. Indeseable sujeto, sobre quien hoy pesa orden de arresto internacional por parte de Francia (a raíz de este caso) y de Suecia, por el secuestro y muerte de la muchacha Dagmar Hagelin, 17 años, súbdita de aquel país.

Al amparo de su favorable apariencia externa, e integrado en el Grupo de Tareas que funcionaba en la hoy también trágicamente célebre ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, en las afueras de Buenos Aires), su misión consistió por algún tiempo en infiltrarse, bajo falsa identidad, en las organizaciones de defensa de los derechos humanos y familiares de desaparecidos, con objeto de extraer los datos precisos para la represión dentro de tales colectivos, cuyas actitudes de denuncia empezaban ya a resultar, por aquellas fechas, demasiado incómodas para el régimen militar.

A partir de agosto de 1977 había comenzado a gestarse la operación. Apropiándose, mediante documentación falsa, de la identidad de un tal Gustavo Niño, ciudadano argentino entonces residente en Estados Unidos (el verdadero Gustavo Niño hubo de prestar declaración años después, compareciendo personalmente ante el tribunal que juzgaba a los ex comandantes), Astiz se fue ganando la confianza de las Madres de Plaza de Mayo, asistiendo a sus marchas y reuniones.

A finales de noviembre del mismo año, un grupo de dichas madres y otros familiares de personas desaparecidas se hallaban preparando la publicación en la prensa de una proclama, reclamando la aparición de los desaparecidos. El falso Gustavo Niño participó en alguna de tales reuniones, celebradas en la parroquia bonarense de Santa Cruz.

El día 8 de diciembre se reunieron en la citada parroquia, donde terminaron la colecta del dinero necesario para dicha publicación. A la salida de la reunión, ya en la calle, se vieron rodeados por los integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA, que rápidamente se llevaron a diez o doce personas: las señaladas allí mismo personalmente por Astiz, cuya selección individual condenó a muerte a todos los «elegidos». Entre éstos se hallaba, para su desgracia, la monja Alice Domon, a la que se llevaron «arrastrándola por los pelos y con los brazos sujetos a la espalda», según precisaron después los testigos presenciales que no fueron secuestrados. Entre éstos figuraban María del Rosario Cerrutti, Nélida de Chidichino y Beatriz Ricardi de Neuhaus (madres de desaparecidos), Oronzo Matrogiacomo (padre de un desaparecido) y Cecilia Vázquez, personas, todas ellas, que reconocieron después en el teniente Alfredo Astiz a aquel Gustavo Niño que les acompañó en diversas ocasiones hasta aquella mortífera reunión.

Dos días después, el mismo Grupo de Tareas secuestraba a otras dos personas: la hermana Léonie Duquet, compañera de vivienda de Domon, y doña Azucena Villaflor de Vicenti, fundadora y primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Ambas fueron conducidas también a la ESMA y sufrieron la misma suerte de los secuestrados dos días atrás. Pese a todos estos secuestros, la reclamación sobre los desaparecidos fue publicada el día 10-XII-77 en el diario La Nación, respaldada por 800 firmas, incluyendo todavía entre ellas —macabro detalle— la de Gustavo Niño.

Todas las víctimas de aquellos secuestros, incluidos los dos últimos citados, fueron recluidas en la ESMA y «trasladadas» con posterioridad. Recuérdese que, tal como indicamos más atrás, la palabra «traslado» —que se hará harto frecuente en los testimonios que siguen—, en el argot de los centros clandestinos de detención, significaba el envió a la muerte y la desaparición del cadáver de la víctima, que, una vez «trasladada», no volvía a ser vista jamás.

He aquí un par de testimonios de personas que compartieron el cautiverio de las monjas Domon y Duquet, en los terroríficos locales del Centro Clandestino de Detención ubicado dentro del recinto de la ESMA; personas que consiguieron sobrevivir a aquel infierno, y de las cuales reproducimos los párrafos siguientes, extraídos de su respectiva declaración ante la CONADEP:

Testimonio del secuestrado Lisandro Raúl Cubas:

«Cayeron alrededor de 10 ó 12 familiares, entre ellos la hermana francesa Alice Domon. Más tarde fue llevada también a la ESMA la hermana Renée Duquet, de la misma Congregación religiosa que la hermana Alice. (…) Las hermanas Alice y Renée fueron salvajemente torturadas, especialmente la primera, la conducta de ellas fue admirable. Hasta en sus peores momentos de dolor, la hermana Alice, que estaba en Capucha[*], preguntaba por la suerte de sus compañeros, y, en el colmo de la ironía, de forma particular por “el muchachito rubio”, que no era otro que el teniente de fragata Astiz, quien se había infiltrado en el grupo haciéndose pasar por familiar de un desaparecido. A punta de pistola obligó a la hermana Alice a redactar una carta de su puño y letra… Para coronar esa parodia, se les tomó (a ambas hermanas) fotografías en el propio laboratorio fotográfico de la ESMA, en las que aparecían sentadas delante de una mesa, con un cartel del Partido Montonero detrás. Las hermanas Alice y Renée fueron “trasladadas”, y junto con ellas los familiares secuestrados en la misma circunstancia». (Legajo núm. 6974)[615].

Testimonio del secuestrado Horacio Domingo Maggio:

«Lo mismo sucedió con las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Renée Duquet. Tuve oportunidad personal de hablar con la hermana Alice, ya que fue llevada junto con la hermana Rénee (…). Esto ocurre alrededor del 11 ó 12 de diciembre. Es cuando me cuenta que había sido secuestrada en una iglesia, conjuntamente con familiares de desaparecidos. Luego supe que eran 13 personas. Las hermanas estaban muy golpeadas y débiles, ya que para llevar al baño a la hermana Alice tenían que sostenerla dos guardias. Le pregunté si la habían torturado y me contestó afirmativamente: la habían atado a una cama totalmente desnuda y le habían aplicado la picana por todo el cuerpo; además dijo que después la habían obligado a escribir una carta a la Superiora de su Congregación; la escribió en francés, bajo constante tortura, y posteriormente les sacaron una foto a ambas, sentadas junto a una mesa (…) Luego fueron “trasladadas” junto con las once personas restantes». (Legajo núm. 4450)[616].

Ante la fuerte repercusión que el secuestro de ambas religiosas tuvo en Francia, el entonces presidente de la República, Valéry Giscard d’Estaign, se apresuró a reclamar su inmediata reaparición. Por su parte, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Francesa, Edgar Faure, hizo desplazarse de inmediato a la Argentina a su enviado especial, Francois Gadot-Clet, con la misión de gestionar la rápida localización y puesta en libertad de las dos monjas. Pero su entrevista con el ministro del Interior argentino, general Harguindeguy, no dio otro resultado que la vaga afirmación de que «existían algunas posibilidades de que llegasen a aparecer».

El informe de la CONADEP finaliza en estos términos su alusión a los casos Domon y Duquet:

«Pese a todas las incontables y elevadas influencias que se movilizaron en América y Europa para esclarecer el destino de ambas religiosas, hasta la actualidad no ha podido darse con su paradero».

«Tampoco dieron resultado las múltiples pesquisas y diligencias de esta Comisión realizadas con la colaboración de autoridades francesas y en distintos e insólitos lugares del país»[617].

Sin embargo, en el juicio de los ex comandantes de las tres primeras Juntas, ya en 1985, pudo conocerse con mayor precisión la suerte corrida por ambas monjas y sus infortunados compañeros. Todo el grupo citado, incluidas Azucena Villaflor y Léonie Duquet —las dos últimas secuestradas— permanecieron en la ESMA durante diez días antes de ser asesinadas. Según testificaron algunos supervivientes de la ESMA ante los organismos internacionales y en el juicio citado, las dos monjas fueron duramente torturadas a base de golpes y de picana, y finalmente, junto con todos los demás componentes del grupo, fueron asesinadas y sus cadáveres arrojados al agua en el Delta del río.

Según el testimonio de Graciela Daleo:

«Cuando los oficiales regresaron del traslado se los vio con las botas embarradas, y uno de los ex prisioneros escuchó comentar que habían encontrado un buen lugar para dejar “los bultos”, y que en el recorrido habían visto una lancha en el Delta (…) Por si faltaba corroborrar que los habían tirado al río, otro oficial se refirió a las religiosas como “las monjitas voladoras”»[618].

Dada la intensa reacción internacional ante el secuestro y desaparición de dos ciudadanas francesas, los militares sintieron la necesidad de negar su participación en aquel crimen, para lo cual recurrieron a su técnica ya utilizada en ocasiones anteriores: intentar atribuir los hechos a las organizaciones violentas de la izquierda. En esa ocasión, los servicios de información de la Marina distribuyeron una foto de las dos monjas secuestradas, sobre un fondo en el que aparecían símbolos y letreros que pretendían hacer creer que ambas religiosas se hallaban en manos de los Montoneros. Pero dicha foto —según se constató después— había sido preparada y hecha en la propia Escuela de Mecánica de la Armada, dato que fue testificado por compañeros de cautiverio en dicha Escuela, quienes lo supieron por boca de las mismas monjas cuando éstas ya se hallaban destrozadas por la tortura, pocos días antes de que fueran asesinadas, como acabamos de ver. Pero, de hecho, con independencia de tales testimonios prestados años después, nadie creyó nunca tan burda manipulación[*].

De la misma forma que los testigos presenciales del secuestro de las dos monjas francesas identificaron después a Astiz como aquel Gustavo Niño que conocieron en 1977, a su vez, los testigos supervivientes de la ESMA —entre otros Ricardo Coquet, Silvia Labayrú, Graciela Daleo, Sara de Otasinsky y Andrés Castillo— identificaron después al mismo teniente como el represor que, dentro de los siniestros recintos de aquel centro naval, se hacía llamar por apodos tales como «Ángel», o «Cuervo», o «Rubio».

Finalmente, el teniente Astiz —junto con el capitán de navío Jorge Vildaza (alias «Gastón»), el capitán de fragata Raúl Scheller (alias «Pingüino»), el también capitán de fragata Jorge Acosta (alias «Tigre»), y demás miembros del Grupo de Tareas 3.3/2 de la ESMA, al igual que tantos otros represores y torturadores argentinos— quedó exonerado de toda responsabilidad en el caso Domon-Duquet, por aplicación de la ley de «obediencia debida» de 5-VI-87, en virtud de la cual se admitió que aquellos criminales excesos represivos, como tantos otros, se ejecutaron cumpliendo órdenes superiores, por lo que sus autores quedaron exentos de cualquier responsabilidad[*].

2. NIÑOS Y ADOLESCENTES TORTURADOS Y ASESINADOS

2.1. Caso del niño Floreal E. Avellaneda

Uno de los más tenebrosos aspectos de la represión militar argentina radicó en que el repetido ciclo secuestro-tortura-muerte-eliminación del cadáver no se detuvo ni siquiera ante niños y adolescentes, que en muchos casos fueron tratados con inhumana crueldad.

Sin entrar aquí en la suerte corrida por aquellos niños de muy pocos años cuyos padres fueron secuestrados a la vez —muchos de ellos retenidos, y a veces incluso vendidos en adopción por sus secuestradores—, y prescindiendo igualmente de los numerosos bebés que nacieron estando sus madres secuestradas en centros clandestinos —criaturas cuyo paradero actual se desconoce en su gran mayoría—, nos ceñiremos aquí a unos pocos casos de los muchos comprobados de niños y adolescentes de trece a diecisiete años que sufrieron en sus carnes, al igual que tantos miles de adultos, los implacables efectos del secuestro, la tortura y su definitiva eliminación.

Cabe destacar entre ellos el caso del niño Floreal Avellaneda (14 años), sobre el cual la CONADEP ha constatado lo siguiente:

«El 15 de abril de 1976, aproximadamente a las dos de la madrugada, fue allanado el domicilio de la familia Avellaneda; el personal interviniente, ostensiblemente disfrazado, inició la búsqueda del Sr. Avellaneda, y al no encontrarlo detuvo en calidad de rehenes a su esposa, Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda y a su hijo Floreal Edgardo, que contaba catorce años de edad». (Legajo núm. 1639)[619].

Según el testimonio de la madre, tras despertarlos, les obligaron a vestirse y salir:

«Me sacaron junto con mi hijo a la calle. Tenía a éste tomado de la mano. En determinado momento nos indicaron que debíamos poner las manos en el techo de un automóvil. Fue la última vez que lo vi, mirándome cómo me ponían la venda sobre los ojos».

Ya en el coche —prosigue el testimonio de la madre—:

«Mi hijo me apretó las manos, como para darme ánimo. Nos mantuvimos en silencio».

Durante cierto tiempo, madre e hijo permanecieron encerrados en la Comisaría de Villa Martelli, donde ambos fueron torturados con picana eléctrica y persistentemente interrogados sobre el paradero del Sr. Avellaneda. De aquella terrible prueba recuerda la madre:

«Largo rato estuve oyendo la música y los gritos de dolor de mi hijo. Y después, de nuevo, el silencio aterrador». (Legajo núm. 1639)[620].

Semanas más tarde, la madre, después de ser internada sucesivamente en el Comando de Institutos Militares y en la cárcel de Olmo, sería puesta en libertad. No así el niño, de cuyo paradero se perdió toda noción.

Finalmente, el informe de la CONADEP detalla en estos términos el desenlace del caso:

«El día 16 de mayo de 1976, el diario argentino Última Hora, bajo el título “Cadáveres en Uruguay” publica una noticia en la cual se afirma que flotando en aguas uruguayas aparecieron ocho cadáveres».

«Según la versión periodística, un comunicado oficial de la Prefectura Nacional Naval refería que el último cadáver hallado (…) tenía un rasgo característico, consistente en un tatuaje en forma de corazón con las iniciales F. y A.».

«Accediendo a una petición efectuada ante el Juzgado Federal núm. 1 de San Martín, se requirió por exhorto diplomático a Uruguay el envío de los datos sobre el cadáver encontrado con el tatuaje referido y, después de una dilatada tramitación, se recibieron las fotografías y fichas dactiloscópicas respectivas».

«Las fotografías —calificadas de “espeluznantes” en otro lugar del informe mostraban al niño con sus manos y piernas atadas, desnucado, con signos de haber sufrido graves torturas». (Legajo núm. 1639)[621].

2.2. Caso Hernández Hobbas

Se trataba de una familia uruguaya residente en Argentina. Los padres permanecían presos: el padre, Nelson, había sido detenido, y su madre, Lourdes, secuestrada en la vía pública por un grupo de hombres armados. Respecto a sus hijos, dice el informe:

«Los cuatro chicos Hernández Hobbas habían quedado con los únicos amigos que tenían en el país. Beatriz Hernández Hobbas (16 años), la mayor de los hermanos, fue secuestrada en una confitería de Munro. Fue llevada viva, y no se supo más de ella».

«Washington Fernando Hernández Hobbas, de trece años, luego de que fueran secuestradas su madre y su hermana mayor, quedó con otra familia. Ése, su nuevo domicilio, también fue allanado el 6 de julio de 1977. Parecía un jardín de infancia, pues había ocho niños pertenecientes a tres familias que habían corrido suerte similar (…), todos menores de trece años. Tres mujeres los cuidaban. Cerca de las 17 horas irrumpió en la casa un grupo de hombres de civil, fuertemente armados, y luego de inspeccionar todo, se llevaron a las tres mujeres y a Washington Fernando, que aparentaba ser el mayor».

«Fernando fue visto en dos oportunidades más; en ambas fue puesto como señuelo para capturar a otras personas. Era usado para denunciar las posibles casas donde sus padres se reunían con amigos, o para que lo fueran a buscar sus amigos, tendiéndoles una emboscada».

«Hasta el día de hoy no hay noticias ciertas sobre su paradero; permanece detenido-desaparecido». (Legajo núm. 6263)[622].

He aquí, pues, el caso de un niño de trece años (ni siquiera cabría calificarlo de adolescente) secuestrado y desaparecido hasta el momento actual; y de su hermana de dieciséis, en idéntica situación.

2.3. Caso de Claudio Luis Román

Como resumen de los testimonios aportados, el informe recoge el caso en los términos siguientes:

«La familia Román, de origen costarricense, residía desde hacía largo tiempo en la ciudad de Córdoba. Claudio Luis Román Méndez tenía dieciséis años y cursaba el cuarto año en el Colegio Secundario Manuel Belgrano, de la citada ciudad. Era representante de su curso, elegido por sus compañeros».

«A las tres de la madrugada del día 27 de julio de 1976, diez hombres amenazaron con tirar la puerta de su domicilio si no se les abría. Al pedírseles que se identificaran, mostraron su armamento, diciendo: “Esta es nuestra identificación”. Se llevaron a Claudio Luis».

«Fue largo y penoso el camino para encontrar a Claudio. El 13 de agosto los periódicos matutinos de Córdoba daban cuenta de un comunicado del Ejército, donde se informaba que Claudio Luis Román, junto con otro joven, había muerto “en un enfrentamiento” con las fuerzas del Ejército».

«El 14 de agosto de 1976, después de largos trámites, entregaban el cuerpo de Claudio en la Morgue del Hospital de Córdoba. Allí sus padres pidieron a los encargados que se les permitiera ver el cadáver para recogerlo, pero les respondieron que debían esperar un poco, para darles tiempo a acomodar los innumerables cuerpos de jóvenes que yacían apilados en el suelo por falta de lugar».

«De uno de esos montones sacaron el cuerpo de Claudio, aconsejándoseles que trataran en lo posible de no verlo. El cuadro que allí se presentó era desgarrador no había parte del cuerpo que no estuviera lacerada. El muchacho presentaba horribles muestras de torturas que prácticamente lo habían destrozado». (Legajo núm. 7615)[623].

Esta desvergonzada explicación oficial —«muerto en enfrentamiento»— fue ampliamente utilizada en muchos casos como éste, pese a su radical falsedad y absoluta inverosimilitud, con total desprecio a la incontestable pregunta de cómo pudo morir en enfrentamiento una persona que fue secuestrada en su domicilio, arrancada de éste por un numeroso grupo que se lo lleva presto y desarmado, y cuyo cadáver aparece después salvajemente torturado. ¿Dónde y cómo pudo producirse tal «enfrentamiento con el Ejército»?

Sólo cabe una respuesta: Claudio Román, con sus dieciséis años —al igual que tantas otras víctimas de diversa edad—, atado, con los ojos vendados, absolutamente inerme y aterrorizado, se enfrentó a algún valeroso militar armado con la picana, la varilla o instrumento similar —el Astiz, Pernia o Alfaro de tumo—, y en este duro y equilibrado enfrentamiento sucumbió quien tenía que sucumbir.

2.4. La «noche de los lápices» y otros casos de secuestro de adolescentes

Como caso indicativo de hasta qué punto la crueldad de la represión militar argentina alcanzó también a los estudiantes de enseñanza secundaria —uno de los cuyos ejemplos, el de Claudio Román, acabamos de referir—, resulta obligado citar otro caso que, por sus características, alcanzó gran notoriedad:

«La noche del 16 de septiembre de 1976 es tristemente recordada en La Plata como la “Noche de los lápices”».

«Esa noche fueron secuestrados por Fuerzas de Seguridad en sus respectivos domicilios, y continúan hasta hoy desaparecidos: Horacio Angel Ungaro (Legajo núm. 4205), Daniel Alberto Rasero (Legajo núm. 4205), Francisco López Muntañer (Legajo núm. 5479), María Claudia Falcone (Legajo núm. 2800), Víctor Triviño (Legajo núm. 4018), Claudio de Acha (Legajo núm. 148), María Clara Ciocchini (Legajo núm. 1178). Formaban parte de un grupo (…) entre catorce y dieciocho años de edad, que habían tomado parte en una campaña pro boleto escolar. Cada uno de ellos fue arrancado de su hogar. La policía de la provincia de Buenos Aires había dispuesto un operativo de escarmiento para los que habían participado en esta campaña pro boleto escolar, considerada por las Fuerzas Armadas como “subversión en las escuelas”. Otros tres chicos secuestrados fueron liberados».

«De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Comisión y testimonios obrantes en la misma, los adolescentes secuestradas habían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilines (…)»

«Según testimonio de Pablo Díaz (Legajo núm. 4018), pudo ver aún con vida el día 22 de septiembre de 1976 a Víctor Triviño en el centro clandestino de detención Arana, y a María Claudia Falcone la vio por última vez, después de compartir con ella varios meses de cautiverio, el día 28 de diciembre del mismo año en Banfield. También vio en este mismo centro a Claudio de Acha, a (…), todos ellos estudiantes secundarios vinculados entre sí, como asimismo a numerosas personas, entre ellas a tres mujeres embarazadas que dieron a luz en el lugar»[624].

Otro adolescente, cuyo testimonio se acaba de citar, Pablo A. Díaz, que tuvo la fortuna de sobrevivir a largos meses de cautiverio en estos últimos «pozos» (Arana, Banfield y Quilmes) y que coincidió en ellos con algunos de los escolares secundarios antes citados —lo que le permitió facilitar las últimas noticias existentes sobre tres de ellos (Triviño, Falcone y Acha)—, relata a su vez su propia experiencia personal, recogida así por el informe de la CONADEP:

«Pablo A. Díaz estuvo en Arana y en los pozos de Quilmes y Banfield. Su testimonio nos habla de la dureza de la represión para con los adolescentes; el gran escarmiento que tuvieron los secundarios que quisieron reivindicar sus derechos. Pablo A. D. y otros lo sufrieron en carne propia»[625].

Dice así el testimonio de este estudiante secundario:

«Tanto en Arana como en Banfield fui torturado. En Arana me aplicaron la picana eléctrica en la boca, encías y genitales. Incluso, con una pinza, me arrancaron una uña del pie. En Banfield ya no me picanearon, pero fui golpeado con palos y pinchado con agujas. Era muy común pasar varios días sin comer. Me tuvieron atado durante largo tiempo con una soga al cuello». (Legajo núm. 4018)[626].

Cabe igualmente señalar, entre tantos otros casos de adolescentes secuestrados y desaparecidos, el de José Ariel Kreplak:

«Don Pedro Kreplak era viudo y padre de tres hijos. El 9 de julio de 1977 es allanado su domicilio; buscaban a su hijo mayor, Gabriel, quien no vivía con su padre y éste no sabía nada de él».

«Ese 9 de julio tampoco estaba José Ariel, por lo que la “patota” se llevó a Pedro Kreplak y a su hijo menor, Ernesto. El padre fue torturado con picana eléctrica para que denunciara dónde estaba José Ariel. Al decirles que estaba en casa de su abuela lo fueron a buscar, y hasta el día de hoy permanece detenido-desaparecido. José Ariel Kreplak tenía en ese momento dieciséis años». (Legajo núm. 1661)[627].

Especialmente patético resulta el caso del joven Benedicto Víctor Maisano, que, pudiendo haber huido, se entregó y llegó a prestar ayuda a sus captores en el momento mismo del secuestro.

Aquella noche del 4 de agosto de 1976, Benedicto había acudido al estadio del River a presenciar el partido Boca-Unión. Mientras se desarrollaba el encuentro, una «patota» de unas ocho personas armadas se presentaron en su domicilio preguntando por él. Al no estar presente, montaron en su casa la habitual «ratonera» —prevista para estos casos en la técnica de los secuestros— en espera de su llegada. Pese a todo, su padre logró salir de casa y advertirle antes de que llegase a subir. Todavía hubiera podido escapar.

El informe de la CONADEP prosigue:

«El muchacho decidió entrar en la casa, pues no tenía nada que ocultar, por lo que fue detenido sin ningún tipo de resistencia. Se cambió, comió algo, y, cuando salió a la calle con sus secuestradores, éstos notaron que habían dejado las luces de posición del Falcon encendidas y se había acabado la batería»[628].

El padre refiere así, en su testimonio, la extraña situación:

«Entre dos de ellos, mi hijo y yo, empujamos el auto basta que arrancó. A partir de ese momento perdí todo rastro de mi hijo. Agoté todos los medios legales y contactos personales, entre los cuales tuve dos entrevistas con Monseñor Graselli. En la segunda entrevista, él me desconsoló mucho, relatándome el trato que recibían los prisioneros (…)» (Legajo núm. 4810)[629].

Nunca volvió a saberse dato alguno de Benedicto Maisano, que permanece desaparecido aún.

3. ROBO DE BIENES EN DOMICILIOS DE SECUESTRADOS: CASOS ERÓLES, NÚÑEZ Y ALDAY

Referiremos aquí sólo tres ejemplos —entre tantos otros similares— para ilustrar otra de las prácticas habituales de la represión argentina en el período que nos ocupa: el robo de bienes, auténtico saqueo perpetrado —en mayor o menor grado— en casi todos los domicilios de las personas secuestradas, y muy particularmente en aquellos donde los secuestradores encontraban objetos de especial valor y fácil transporte, aunque también se dieron casos de saqueo prácticamente total.

Muy descriptivo al respecto resulta el caso de Rita Verónica Eróles Turucz, cuya vivienda fue saqueada, al mismo tiempo que eran secuestradas varias personas de su familia, todo ello en una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires. He aquí el testimonio prestado por la interesada ante la CONADEP:

«El 21 de mayo de 1978 a las 13*30 horas, a la finca que tenemos en Hornos, prov. de Buenos Aires, llegaron unos siete u ocho vehículos particulares y un furgón de productos alimenticios. Descendieron más de 30 personas que vestían de civil, aunque usaban camisas de fagina debajo de los sacos (camisas militares bajo sus chaquetas de paisano). Irrumpieron saltando cercos y forzando ventanas de nuestra casa. (…) El trato fue brutal. Cuando se retiraron se llevaron detenidos a mis hijos Ronaldo y Verónica, al esposo de mi hija, Daniel Bidón Chanal, y a un empleado nuestro de nacionalidad uruguaya, Luis Carvalho. Los cuatro siguen aún desaparecidos». (Legajo núm. 3351)[630].

Respecto al expolio perpetrado simultáneamente por los secuestradores, la testigo detalla a continuación:

«Mientras estuvieron en nuestra casa destruyeron montones de cosas y robaron una edición antigua del Quijote de la Mancha; una Biblia del año 1400 escrita en latín, restaurada; un diccionario bilingüe de 7.000 páginas; una colección de “Caras y caretas” del siglo XIX; una fusta inglesa antigua con virola de plata trabajada; un rifle Mauser de la guerra argentino-paraguaya; artículos de electrónica como radios y grabadores, y los marcos de plata de varios cuadros». (Mismo legajo anterior)[631].

Otro caso representativo de muchos otros, con actuación en dos domicilios y secuestro de varios miembros de una misma familia, fue el caso de Roque Núñez, cuya hija paralítica proporcionó el siguiente testimonio de los hechos ante la Comisión:

«El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombres vestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal (…) Se llevaron a mi papá, que tenía en ese momento sesenta y cinco años. Al día siguiente mi hermano Miguel presentó un recurso de Habeas Corpus ante el juzgado de San Isidro. Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detenida a mi madre, la encapucharon y condujeron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi hermano Miguel en el domicilio, también fue secuestrado. Durante el operativo que duró cuatro horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica (parálisis en los cuatro miembros) y debí permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis necesidades fisiológicas (…)» (Legajo núm. 3081)[632].

Vemos aquí, por tanto, un caso de aplicación prolongada de la «ratonera», es decir, la espera por largo tiempo de los secuestradores dentro de la casa de sus víctimas, cuando éstas no se hallaban presentes en el momento de su irrupción. Espera que a veces se prolongaba no ya horas sino incluso días, llegando, cuando era necesario, a establecer turnos de espera entre los integrantes de la «patota» como en un servicio de guardia o de retén, hasta la llegada de la persona o personas que se pretendía secuestrar. En este caso concreto, la «patota» hubo de aguardar par un día y medio la llegada de Miguel Núñez, que, cuando entró al fin, fue secuestrado y permanece desaparecido basta hoy.

Pero, ciñéndonos nuevamente al tema de la rapiña que ahora nos ocupa, continúa el testimonio de la hija de Roque Núñez y hermana de Miguel:

«Al retirarse los responsables de esta operación, se llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido. Mi madre fue puesta en libertad, con los ojos vendados, a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano permanecen desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen Núñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado». (Mismo legajo 3081)[633].

Así, al horror del secuestro y desaparición de cinco personas —ninguna de las cuales volvió a ser vista jamás— se une el robo de un vehículo y el saqueo total de una vivienda; fenómeno siniestramente típico dentro del modus operandi de los autores de aquella represión.

Otro caso ilustrativo —también con saqueo masivo de un domicilio— fue el secuestro de Jorge Alday, cuya esposa testifica así el episodio:

«Mi esposo —Jorge Eduardo Alday— fue secuestrado el día 22 de agosto de 1977, entre las 11 y las 12 del mediodía, cuando salía de la empresa Carlos Calvo S. R. L. de cobrar sus haberes. (…) Fue un grupo de personas civiles fuertemente armadas que, después de golpearlo y desmayarlo, lo introdujeron en un auto particular sin patente partiendo con rumbo desconocido. En la misma fecha de la desaparición de mi esposo, a las 16 horas, fueron allanados mi domicilio y el de mis padres, ambos en la localidad de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, en procedimientos similares, con mal trato, gran despliegue de personas armadas, violando domicilios vecinos y rodeando totalmente las manzanas. Cuando regresé a mi domicilio fui detenida en la puerta por esas personas, que tenían a mi madre como rehén “por si yo no llegaba”.» (…) «Cuando me detuvieron a mí y tenían a mi madre como rehén, vi cómo cargaban en camiones todos nuestros enseres y pertenencias (…) Cuando fuimos a realizar la denuncia correspondiente en la subcomisaría de Villa Diamante y en la 3.ª de Valentín Alsina, nos informaron que habían actuado en el procedimiento las “Fuerzas Conjuntas”, y que éstas habían solicitado AREA». (Mayúsculas en el original). (Legajo núm. 4512)[634].

Este caso no sólo aporta el testimonio del saqueo completo de una vivienda, cargando en vehículos pesados los «enseres y pertenencias», incluidos esta vez hasta los muebles y objetos voluminosos —dejando el piso, según precisa literalmente el testimonio, «sin rastro de que hubiera vivido persona alguna en éste»—, sino que también constata otro aspecto digno de señalar la impunidad garantizada para el latrocinio en cuestión.

El hecho de que la autoridad militar hubiera ordenado a la policía la reserva de «Área Liberada» garantizaba al grupo secuestrador no sólo la no intervención policial durante su acción de secuestro y saqueo, sino también la inutilidad de cualquier denuncia posterior referente a las personas o a los bienes desaparecidos en el desarrollo de la operación.

4. CASO DE LOS PADRES PALOTINOS

Examinados ya los aspectos más habituales de la represión, resulta obligado referirse aquí a otro de los episodios que mayor conmoción produjo en su día, dentro y fuera del país.

Nos referimos al asesinato de los sacerdotes y seminaristas de la Congregación de los Palotinos Irlandeses, Padre Alfredo Leaden (57 años, delegado de la Congregación); Padre Pedro Duffau (sesenta y cinco años, profesor); Padre Alfredo Kelly (cuarenta años, director del Seminario de Catequesis en Belgrano y profesor en el Colegio de las Esclavas del Santísimo Sacramento); seminarista Salvador Barbeito (veintinueve años, profesor de filosofía, psicología y catequesis, además de rector del Colegio San Marón); seminarista Emilio Barletti (veinticinco años, también profesor).

La CONADEP, como resultado de los datos y testimonios recopilados, resume así el caso referido (los subrayados siguen siendo nuestros):

«En la madrugada del 4 de julio de 1976 fueron asesinados los sacerdotes de la comunidad palotina de San Patricio Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano».

«Tanto amigos como feligreses de los religiosos asesinados coincidieron en que éstos habían predicado siempre la paz y condenaban la violencia».

«La noche del crimen, personas del vecindario vieron un automóvil Peugeot negro largamente estacionado frente a la Parroquia, con cuatro hombres dentro, y también un patrullero que se detuvo junto a ellos y luego se alejó. Seguramente los asesinos aguardaban que se encontrasen en la Parroquia todos sus moradores para entrar en acción»[635].

A la mañana siguiente, los primeros feligreses que llegaron al recinto parroquial se encontraron con el luctuoso espectáculo: los cinco cadáveres acribillados yacían en charcos de sangre, acompañados de una inequívoca explicación sobre el motivo de su muerte. Un letrero allí pintarrajeado por los asesinos dejaba la cosa perfectamente clara: «Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud»[636].

Continúa así el informe de la CONADEP:

«El 7 de julio la Conferencia Episcopal elevó una nota a la Junta Militar donde, entre otras cosas, decía: “Consideramos los graves hechos de violencia que han sacudido últimamente y en forma desconocida al país, hiriendo íntimamente el corazón de la Iglesia. Nos referimos, naturalmente, al incalificable asesinato de una comunidad religiosa en la Parroquia de San Patricio de Buenos Aires”. Y el 5 de julio, en el sermón pronunciado durante el oficio celebrado en San Patricio, el sacerdote asuncionista Roberto Favre decía: “Es necesario rogar a Dios no sólo por estas muertes, sino por los innumerables desapariciones que ocurren cotidianamente”»[637].

Respecto a este mismo episodio, dos secuestrados supervivientes, Graciella Daleo y Andrés Castillo, atestiguaron ante la CONADEP:

«A mediados de 1976, fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas de la Orden de los Palotinos, que vivían en una parroquia de Buenos Aires; el teniente Pernio participó en esta operación, según sus propios dichos jactanciosos». (Legajo núm. 4816)[638].

He aquí, pues, otra destacada actuación del teniente Pernia, el mismo que un año y medio después compartiría protagonismo con el entonces teniente Astiz en la tortura y muerte de las monjas francesas Domon y Duquet.

Hay que hacer notar que, a diferencia de los casos anteriormente expuestos por su carácter «típico» —correspondientes a situaciones ampliamente repetidas en la represión argentina—, este asesinato de los Padre Palotinos constituye un caso más bien atípico en el cuadro general de dicha represión, aunque también se dio algún caso similar. Caso atípico, decimos, pues su víctimas no fueron secuestradas ni torturadas, ni enterradas clandestinamente, ni incineradas o arrojadas al mar, sino directamente asesinadas in situ, sin otro trámite que su acribillamiento a tiros en su propia iglesia parroquial.

5. CASO DE LOS OBISPOS MONSEÑOR ANGELELLI Y MONSEÑOR PONCE DE LEÓN, Y DE LOS SACERDOTES GABRIEL LONGEVILLE Y CARLOS DE DIOS MURÍAS

Como casos también atípicos por su forma —secuestro con aparición inmediata de los cadáveres, en el caso de estos sacerdotes, y supuesto «accidente de tráfico» provocado al efecto, en el de los obispos—, por su importancia resulta obligado señalar los casos siguientes, demostrativos de que ni siquiera las altas jerarquías eclesiásticas adversas a la Dictadura se vieron libres de la mortífera represión.

El primero —cronológicamente— de estos casos es resumido así por la CONADEP:

«El 18 de julio de 1976 fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal, los sacerdotes Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, en la localidad de Chamical (La Rioja), donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente a este crimen, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero éste se había ido por recomendación del Obispo, monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, lo acribillaron»[639].

Dos semanas después de cometerse estos asesinatos —concretamente el siguiente 4 de agosto— se produjo la muerte en criminal atentado, burdamente disfrazado de accidente, del propio Obispo de la Diócesis de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli. Este prelado —ordenado en Roma, especialista en Derecho Canónico, asesor de la Juventud Universitaria Católica y fundador de la Juventud Obrera Católica en la ciudad de Córdoba—, al asumir la dirección de su diócesis en 1968, expresó así el propósito de su línea pastoral:

«No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna de clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres»[640].

El mantenerse fiel a este comprometido propósito iba a llevarle el choque inevitable con la oligarquía dominante, o, lo que es lo mismo, con la concepción esencialmente clasista y totalitaria del llamado «Proceso de Reorganización Nacional».

Según los testimonios recogidos por la CONADEP:

«El Obispo acababa de dejar Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado una homilía en la que denunciaba aquellos asesinatos. El Obispo manejaba una camioneta, y el padre Arturo Pino, que lo acompañaba, recuerda que apenas dejaron Chamical comenzó a seguirlos un automóvil; el Obispo aceleró, pero entonces apareció otro coche y, a la altura de Palma de los Llanos, los encerraron hasta hacer volcar la camioneta».

«El cuerpo del Obispo quedó tirado en el suelo durante seis horas; la camioneta desapareció, y la única lesión que presentaba el cadáver de monseñor Angelelli era la nuca destrozada, tal como si la hubiesen molido agolpes. La carpeta que llevaba el Obispo jamás pudo ser encontrada»[641].

Por otra parte, respecto a este mismo caso, el secuestrado superviviente Plutarco Antonio Scheller testificó lo siguiente ante la CONADEP:

«Durante uno de los interrogatorios, el capitán Marcó y el capitán Goenaga me dijeron que el Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, el psiquiatra Raúl Fuentes y el periodista Alipio Paoletti iban a ser muertos (…) Fuentes se encuentra desaparecido desde fines de 1976, y Alipio Paoletti (…), en agosto del mismo año, debido a las condiciones físicas en que había quedado por las torturas, fue internado en el hospital Presidente Plaza. Estando allí, fue ingresado una noche el cadáver de Angelelli (…); quienes me custodiaban, miembros de la Policía de la provincia, aludiendo a la muerte del Obispo, manifestaban cosas como: “Eso le tenía que pasar a ese cura comunista hijo de…”». (Legajo núm. 4953)[642].

Otro caso muy similar fue el del obispo de San Nicolás de los Arroyos, monseñor Carlos Ponce de León. Según resume la CONADEP, este prelado, tras asistir al entierro de monseñor Angelelli, comentó a sus allegados: «Ahora me toca a mí». De hecho, venía recibiendo amenazas desde tiempo atrás, como resultado de su firme actitud de denuncia frente a los excesos de la represión perpetrados en el área de su diócesis.

Finalmente, tras reunir amplia documentación al respecto, se decidió a dar un paso decisivo, explicado así por la CONADEP sobre la base de los datos y testimonios recogidos en su investigación:

«El prelado se dirigió a la Capital Federal (…) con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementada en la Diócesis de San Nicolás y también en Villa Constitución (Provincia de Santa Fe). Esa documentación involucraba al entonces general Carlos Guillermo Suárez Mason (Jefe del Primer Cuerpo de Ejército), al coronel Camblor (Jefe del Regimiento de Junín), y más directamente al teniente coronel Saint Aman (Jefe del Regimiento con asiento en San Nicolás)»[643].

A tal efecto, el día 11 de julio de 1977 monseñor Ponce de León partió en coche hacia Buenos Aires. Pero ni el obispo ni su documentación llegaron a su destino: un oportuno «accidente» —tan eficaz como el sufrido meses atrás por monseñor Angelelli— acabó con su vida, y también con su documentación, que desapareció y no volvió a ser vista jamás.

Según testificó ante la CONADEP el soldado Víctor Oscar Martínez, colaborador del Obispo, y que estaba prestando su servicio militar en la Prefectura de San Nicolás, fue arrestado por orden del teniente coronel Saint Aman y sometido a un duro interrogatorio sobre las actividades del prelado:

«(…) Me golpearon hasta desmayarme. Así durante horas. Luego empezaron a preguntarme cuáles eran las actividades del Obispo, qué personas lo visitaban, a cuántos extremistas había ocultado». (Legajo núm. 734)[644].

Según revela este mismo testimonio, el citado teniente coronel Saint Aman dirigió reiteradas amenazas personales al prelado antes de su muerte, con frases tales como: «Tenga cuidado, usted está considerado un Obispo rojo». Igualmente, le tenía prohibido celebrar misa de campaña en su regimiento de San Nicolás, «porque allí no entraban curas comunistas». (Mismo legajo anterior)[645].

Respecto al general Suárez Mason, responsable de la represión ejercida en aquel área, hay que señalar el hecho de que, años después —implantado ya el régimen democrático y constitucional—, huyó al extranjero ante la abrumadora cantidad y calidad de las pruebas acumuladas contra él por su directa responsabilidad en los crímenes perpetrados bajo su mando del Primer Cuerpo de Ejército. Después de ser declarado prófugo y de permanecer largo tiempo en ignorado paradero, fue finalmente arrestado en Estados Unidos, por efecto de la orden internacional de búsqueda y captura que pesaba sobre él. Extraditado después a la Argentina, permaneció en prisión hasta ser liberado por el presidente Menem (incluido en el segundo indulto) a finales de diciembre de 1990.

Pero su intento de hurtarse a la justicia vino a ratificar hasta qué punto eran verídicas y fundadas las denuncias que Monseñor Ponce de León se disponía a formular en el viaje que le costó la vida, y también hasta qué extremo resultaba necesaria la desaparición en el supuesto accidente de aquella documentación, que tan gravemente implicaba a dicho general. Obviamente, dicho acopio documental era «dinamita pura» para el régimen militar, pues su repercusión internacional hubiera sido considerable, caso de haber llegado a manos de su destinatario: el representante diplomático del Vaticano en Buenos Aires.

Dentro del comportamiento, más bien amorfo, de la mayoría del episcopado argentino —quizá el más conservador de toda la jerarquía católica americana—, la firme actitud frente a la sistemática violación de los derechos humanos asumida por unos prelados tan vinculados a su pueblo como Monseñor Angelelli y Monseñor Ponce de León difícilmente podía ser tolerada por la dictadura de la 1.ª Junta Militar. Una dictadura cuyo terrorismo de Estado ambos destacados eclesiásticos, con entereza poco común, trataban valientemente de denunciar.

6. DATOS Y TESTIMONIOS SOBRE LOS MÉTODOS APLICADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE CADÁVERES

A continuación recogemos unos cuantos casos, representativos de los diversos métodos mediante los cuales los represores lograron hacer desaparecer la voluminosa acumulación de cadáveres que, inevitablemente, iba produciendo su método general de actuación. Operación ésta —la eliminación física del cuerpo del delito— que constituía el último peldaño dentro de la cadena de actos previstos por su metodología del terror.

6.1. Enterramientos clandestinos

Respecto a las inhumaciones clandestinas en fosas comunes, grandes o pequeñas, son ya tantos los lugares de entierro ilegal localizados por todo el territorio argentino, y tan numerosos los restos humanos extraídos de ellos en los últimos años bajo las siglas «N. N.» (Ningún Nombre) —cadáveres anónimos sin registro documental alguno ni ningún tipo de identificación—, que tales siglas resultan ya tan tristemente familiares en aquella República como esos otros siniestros términos —«traslado», «tabicamiento», «picana», «pozo», etcétera— vinculados al sangriento ámbito de la represión desencadenada por el llamado «Proceso de Reorganización Nacional».

No sólo se utilizaron fosas en pleno campo, individuales o colectivas, sino también dentro del recinto de cementerios legales, pero siempre sin registro ni identificación, gracias al absoluto control que sobre ciertas áreas de las necrópolis ejercían las autoridades militares y policiales, reservándolas para tal fin.

En algunos cementerios legales, la acumulación de cadáveres que esperaban su enterramiento anónimo e ilegal llegó a producir problemas como los reflejados en el siguiente documento presentado ante la CONADEP:

«El 30 de junio de 1980, en una petición administrativa dirigida a la Presidencia de la Nación por personal de la Morgue Judicial de la ciudad de Córdoba, se leen estos párrafos increíbles, referentes a 1976:»

«Es imposible, Sr. Presidente, describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósitos sin ningún tipo de refrigeración; una nube de moscas y el piso cubierto por una capa de aproximadamente diez centímetros de gusanos y larvas, que retirábamos en baldes cargándolos con palas.» (…) «Morgueros y Ayudantes Técnicos de Autopsia, en la caja del camión junto a los cadáveres, y custodiados por dos móviles de las fuerzas de Policía de la Provincia, correspondientes a un operativo montado para tal fin, nos dirigimos así hasta el Cementerio de San Vicente. Era inenarrable el espectáculo que presentaba el cementerio: los móviles de la Policía alumbraban la fosa común donde fueron depositados los cadáveres (…), e incluso encima, de los techos los vecinos del cementerio observaban la macabra tarea realizada». (Legajo núm. 1420)[646].

He aquí el testimonio de Francisco Rubén Bossío, funcionario de la Morgue Judicial de dicha ciudad de Córdoba, dentro del mismo documento que se acaba de citar:

«La mayoría de las veces remitía los cadáveres personal policial y otras veces la Gendarmería, el Ejército o, en conjunto, entre los grupos de las Fuerzas de Seguridad. Los funcionarios que iban entregando eran tenientes o subtenientes cuyos nombres no recuerdo. A veces venían con grupos de diez o doce soldados, pero yo no prestaba atención. Estos cadáveres tenían las siguientes características: venían heridos de balas, algunos con muchas perforaciones (…) Venían todos con los dedos pintados y con marcas evidentes de torturas. Tenían marcas en los puños como si hubiesen sido atados con piolas. Esporádicamente aparecían algunos destrozados, muy abiertos».

«Se ordenó la evacuación de los cadáveres del hospital» (…) «Lo hicimos en las dos camionetas, dos viajes en el mismo camión con treinta cadáveres en cada vuelta, que se colocaron en una fosa del cementerio de San Vicente. Quiero aclarar que esta fosa era nueva, la inauguramos nosotros. Sus medidas aproximadas eran de unos treinta y seis o cuarenta metros de largo por ocho de ancho, y seis o siete metros de alto. La Municipalidad había hecho esa fosa; cuando fuimos estaba incluso la máquina. Nunca en mi vida vi una fosa tan grande. Después, del Hospital Córdoba, en diciembre del 76, retornamos a la Morgue del Hospital San Roque, y por marzo del 77 retornamos a la fosa grande (…) Concretamente no recuerdo el número que transportamos a ese lugar. Pero sí me acuerdo que faltaba sólo un metro y medio para completar la fosa». (Mismo legajo 1420)[647].

Otro documento administrativo, esta vez de la Municipalidad de Avellaneda, revela también, y esta vez con mayores precisiones, la práctica persistente de la inhumación clandestina por los autores de la represión:

«La Intendencia Municipal de Avellaneda resolvió con fecha 19 de enero de 1983 instruir un sumario administrativo para determinar la existencia de ilicitudes en la inhumación de cadáveres no identificados en la necrópolis de esa ciudad».

«Del detalle de las inhumaciones de cadáveres no identificados se desprende que hasta el mes de mayo de 1976 la cantidad de N. N. era escasa y correspondía a gente de avanzada edad. Comparativamente se produce un crecimiento abrupto de la cantidad a partir de esa fecha, resaltando que desde ese momento la edad promedio de las personas fallecidas es muy inferior, aproximadamente veinticinco años. Esta situación subsiste hasta comienzos de 1978, en que vuelve a decrecer la suma total (…)» (Legajo núm. 7316)[648].

Este brusco salto cuantitativo y cualitativo de los cadáveres N. N. —número y edad de las víctimas—, observado desde mayo de 1976, es decir, desde dos meses escasos después del golpe de Estado, y a partir del cual las altas cifras y bajas edades de los cadáveres sin nombre se mantuvieron durante todo 1976 y 1977 —para tender a cifras más normales a partir de 1978—, se corresponde exactamente con la estadística general de las víctimas de la represión, cuyas máximas cotas numéricas se produjeron precisamente en los dos años señalados, los dos primeros y más sangrientos del grotescamente llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Respecto al mismo sumario administrativo de la ciudad de Avellaneda, continúa el informe de la CONADEP:

«Asimismo, el propio Director del Cementerio expresa que no puede asegurar que todas las inhumaciones realizadas en las fosas comunes del sector de la Morgue figuren registradas en el libro correspondiente; y lo explica en razón de que la Morgue estuvo bajo un control policial absoluto, con entrada exclusiva y personal propio; la zona funcionaba como un ente autónomo con respecto a las autoridades del cementerio». (Mismo Legajo 7316)[649].

Esta última frase describe con exactitud una situación repetida en gran número de cementerios del país. Realidad demostrativa de que los represores no sólo utilizaron fosas clandestinas en pleno campo, sino también dentro de los cementerios legales; pero siempre sin identificación ninguna y bajo el riguroso control de las autoridades militares de cada zona, o, lo que es lo mismo, de las fuerzas policiales a las órdenes de aquéllas. Estas se reservaban, dentro de las necrópolis, los recintos acotados que consideraban necesarios para practicar los enterramientos de un gran número de cadáveres, al margen de todo control funcionarial.

Como resultado de este tipo de enterramientos anónimos y al margen de todo requisito legal, desde el año 1983 —disuelta ya la última Junta Militar e implantado el sistema democrático— comenzó a resultar frecuente en la prensa diaria argentina la aparición de breves noticias como éstas (entresacadas del propio informe de la CONADEP):

«En el Juzgado Penal del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del doctor Pedro Luis Soria, se realizó una denuncia y pedido de investigación para identificar cadáveres y determinar circunstancias que rodearon su inhumación en el cementerio de esta ciudad. Se expresa que en la noche se llevaban los cadáveres y se procedía a enterrarlos, sin permitir la intervención de las autoridades del cementerio».

«El jefe comunal le confirmó al Juez la existencia de 295 tumbas N. N. (…)» (Diario La Prensa, 29 y 30 de octubre de 1983)[650].

«El senador provincial bonarense Sirio Augusto Gómez se presentó como denunciante y testigo ante el Juzgado Federal núm. 4, señalando que en el mes de mayo de 1976 fueron sepultados en el cementerio de San Martín cadáveres no identificados en fosas comunes. La denuncia fue corroborada por varios empleados de la necrópolis ante el Juez interviniente.» «… al abrirse los cajones se encontraron restos de jóvenes, mujeres embarazadas y adolescentes con heridas de bala». (Diario La Razón, 30 de diciembre de 1983)[651].

«Unos 300 cadáveres registrados en los libros de esa necrópolis como N. N. (se refiere al Cementerio de Grand Bourg) fueron inhumados allí durante los años de la lucha antiterrorista, según una denuncia en poder del Juez Federal Hugo Gándara, quien ordenó las tareas de exhumación. Se encontraron unas noventa fosas, donde se comprobaron sepulturas de tres y basta cinco cadáveres cada una, por lo que se presume que el número de cuerpos inhumados ilegalmente podría superar la cifra mencionada». (Diario Clarín, 13 de enero de 1984)[652].

Basta esta breve selección de casos para expresar un doloroso aspecto de la realidad argentina de hoy: la existencia, en determinadas zonas de sus cementerios, de puntos patéticamente señalizados con las siglas N. N., en las cuales siguen practicándose esporádicas exhumaciones, a instancias de familiares de desaparecidos. Personas —padres, madres, abuelas, hermanos— que aún no renuncian a su última y ya remota esperanza: la de localizar los restos del ser querido que un día fue secuestrado, y que aspiran a reconocer mediante algún indicio peculiar —dentaduras, lesiones óseas, algún anillo sorprendentemente retenido por algún dedo ya descarnado— que todavía pudiera permitir su identificación. Esperanza rara vez cumplida, por el estado ya irreconocible de los restos, mezclados con la tierra y con los huesos de otros cadáveres arrojados a la misma fosa común.

6.2. Cremaciones clandestinas

En cuando a la cremación, igualmente clandestina, de cadáveres de personas secuestradas y asesinadas, he aquí una breve selección de testimonios, extraídos de entre los registrados por la CONADEP:

Testimonio del agente de policía Juan Carlos Urquiza, referente al centro clandestino llamado «el Banco»:

«Allí en San Justo (…) se hacían lo que llamaban “capachas”, que eran pozos rectangulares que tendrían 50 a 60 centímetros de profundidad por 2 metros de largo. Vi esos pozos hechos al tamaño de una persona. (…) En el interior de estos pozos metían cuerpos humanos, los rociaban con gas-oil que traían de los tanques, y calcinaban los cuerpos». (Legajo núm. 719)[653].

Testimonio del agente de custodia Luis Vera, del centro clandestino llamado «Pozo de Arana»:

«En lo que atañe al enterramiento de los cuerpos de los detenidos fallecidos, debo decir que una vez colocados en la fosa, se les prendía fuego al mismo tiempo que se disimulaba dicha inhumación o cremación quemándose neumáticos; con ello se disimulaba el olor y el humo característico de una cremación». (Legajo núm. 1028)[654].

Testimonio del soldado Alejandro Hugo López, de servicio en la Escuela de Mecánica de la Armada:

«En el mes de mayo de 1976 fui incorporado al Servicio Militar, con tareas en la ESMA. Allí se hacían algunos trabajos que llamaban “operativos”, y se construyó lo que llamaban “parrilla”, que consistía en una batea de acero con un tubo para introducir gas-oil, donde se ponían cuerpos para incinerarlos. (…) A menudo también llegaba el helicóptero que trasladaba cuerpos. Esas eran las dos formas en que hacían desaparecer a los detenidos». (Legajo núm. 2740)[655].

Testimonio del agente de policía Segundo Fernando Aguilera, de servicio en el centro clandestino «Vesubio».

«El dicen te vio aplicar picana a detenidos, y que se les pegaba con un hierro del 8 en las rodillas, (y hacer) el “submarino”, aplicación de bolsa de polietileno en la cabeza, cerrando a la altura del cuello, para provocar asfixia. Le consta que murió un detenido, sintiéndose el dicen te horrorizado al ver que el cuerpo fue depositado en un tanque de 200 litros para destruir toda evidencia, para lo cual echaban goma de cubiertas o cámaras y keroseno, procedimiento que observó durante tres días (…)» (Legajo núm. 5848)[656].

Testimonio del miembro de la Gendarmería Nacional Antonio Cruz, en servicio de custodia en el centro clandestino ubicado en el «Arsenal Miguel de Azcuénaga»:

«Esa noche llegó un coche de civil y sacaron de él a tres detenidos. Por lo que pude oír, dos de ellos eran padre e hijo. Los detenidos fueron trasladados al borde del pozo y les dijeron que no gritaran, pues “los largarían”. Acto seguido se pararon detrás de ellos y, extrayendo sus revólveres, comenzaron a disparar a quemarropa. Los tres detenidos cayeron dentro del pozo; dos murieron en el acto, pero el hombre mayor quedó vivo. Cuando les estaban arrojando la leña, les dije que lo remataran por un acto de caridad, ya que iban a quemarlo vivo; pero no dando importancia a la tarea se continuó con la misma (…), J al rato fuimos a ver la quemazón». (Legajo núm. 4636)[657].

Testimonio de Fernando López, funcionario municipal encargado de transportar féretros y contenedores a bordo de su camión, en el Cementerio de la Chacarita (Buenos Aires):

«En el año 1977, ingresó el vehículo en la zona del crematorio, en un lugar donde tenían prohibido entrar a los empleados, y se bajó del mismo con la intención de ver cómo funcionaba el horno. Vio dos contenedores similares a los que se utilizaban para los camiones, de 2 por 4 por 3 metros de alto; como uno de estos contenedores estaba abierto, verificó que se encontraba lleno de cadáveres de gente joven de ambos sexos, que aún no se hallaban en estado de descomposición, llamándole la atención el hecho de que se encontraban desnudos». (Legajo núm. 3926)[658].

Este caso, entre otros, demuestra que también se practicó la incineración de cadáveres procedentes de la represión dentro de cementerios legales, pero siempre en condiciones clandestinas, sin registro ni identificación alguna, y creando un área de acceso prohibido en torno a los hornos de cremación.

6.3. Lanzamiento de cadáveres al mar

Los datos disponibles y testimonios al respecto no ofrecen lugar a dudas sobre la práctica de este increíble método por parte de los represores argentinos. He aquí algunos de los testimonios y datos aportados por el informe de la CONADEP:

En su comparecencia ante la Asamblea Nacional Francesa, tres mujeres secuestradas, supervivientes de su cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada, expresaron así su experiencia en dicha Escuela, en los momentos en que eran llamados los presos que iban a ser «trasladados», es decir, arrojados al mar:

«El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar o no. Se comenzaba a llamar a los detenidos por el número (…) Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero, que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba. Así, vivos, eran sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos, eran llevados al Aeroparque e introducidos en un avión que volaba hacia el Sur, mar adentro, donde eran tirados vivos».

«El capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema “traslados”. En momentos de histeria hizo afirmaciones como la siguiente: “Aquí al que molesta se le pone un Pentho-naval y se va para arriba”». (Legajos núms. 4442 y 5307)[659].

Este testimonio resulta plenamente coincidente y confirmatorio del prestado por Norma Susana Burgos, también secuestrada y cautiva en la ESMA (Legajo núm. 1293); por otra parte, el testimonio de Lisandro Cubas, igualmente preso y superviviente de aquella institución, corrobora por completo lo anterior:

«En general, en lo que concierne al destino de los “traslados”, los oficiales evitaban tocar el tema, e incluso prohibían expresamente hacerlo. Según nuestra experiencia, a partir de lo comentado por algunos oficiales del Grupo de Tareas, a los detenidos “trasladados” se les aplicaba una inyección de penthotal y, luego de cargarlos dormidos en un avión, se los tiraba al mar». (Legajo núm. 6974)[660].

Otros testimonios, éstos correspondientes al centro clandestino situado en la base militar de Campo de Mayo, proporcionan también datos sobre este mismo método de eliminación. Entre tales testimonios figura el de Jorge Luis Eposto:

«Todas las noches salía un avión de transporte Hércules del campo de aterrizaje de la base de Campo de Mayo; lo reconocí por ser un tipo de avión muy conocido e inconfundible, que se dirigía siempre para el mismo rumbo sur-este. La hora de salida era entre las 23 ó 24 horas (…), en un vuelo que no excedía de una hora de duración»[661].

Resumiendo dicho testimonio, era bien sabido entre el personal del Hospital de Campo de Mayo que aquel avión, «que excepcionalmente dejaba de verse o escucharse» (…) «llevaba a la gente que era tirada al mar»[662].

Esta decisión de arrojar los cadáveres al mar a considerable distancia de la costa —mediante el empleo de aviones de suficiente autonomía y capacidad— surgió como consecuencia del fallo inicial de este método, que, en un cierto período posterior al golpe de Estado —meses centrales de 1976— fue practicado lanzando los cadáveres con helicóptero demasiado cerca de la costa. Ello dio lugar a la aparición demasiado frecuente de cadáveres en las playas, lo que motivó, entre otras, la siguiente denuncia formulada años después por la Intendencia Municipal de la localidad de General Lavalle, ante el Juzgado núm. 1 del Departamento Judicial de Dolores:

«Treinta y siete cadáveres N. N. fueron descubiertos en el cementerio ubicado a 38 km al sudoeste de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Los muertos habían aparecido a partir de mediados de 1976, en distintas playas. El mar, que en la zona del golfo tiene corrientes muy irregulares, los fue arrojando a la arena muy desfigurados. En algunos cuerpos se observaban inequívocas señales de violencia; el agua salobre y la voracidad de los peces habían desfigurado a casi todos. Los cadáveres eran recogidos por los bomberos voluntarios de Santa Teresita, con intervención de la policía provincial. Un médico municipal extendió los correspondientes certificados de defunción, siempre a nombre de N. N.» (Diario Clarín, 30 de diciembre de 1983)[663].

Resulta ineludible citar, dentro de esta modalidad de eliminación —lanzamiento al mar de personas aún vivas o ya muertas—, un caso de muy notable significación: el de la joven Adriana Landáburu, hija única del ex ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor Jorge Landáburu.

Según testificó la madre de la víctima:

«Fue aprehendida en la vía pública el día 7 de junio de 1976, en el trayecto entre las localidades de Vicente López y San Isidro, provincia de Buenos Aires».

«(…) desde el primer momento de su detención intervinieron para obtener su libertad las más altas jerarquías sociales y castrenses al alcance de una familia cuyos antecedentes hacían natural acceder a estos niveles».

«La familia logró hacerse con noticias que revelaban el alojamiento de la joven en la Comisaría de San Isidro, y, posteriormente, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El padre se entrevistó casi enseguida con el Presidente de la Nación, General Jorge Rafael Videla, quien en su presencia se comunicó con los Comandantes en jefe de las tres Armas, instruyéndoles la averiguación y comunicación inmediata al Brigadier Landáburu sobre los resultados. Consecuentemente, al día siguiente llamó a la casa familiar el Almirante Emilio E. Massera, para informar que su Fuerza no había intervenido en el episodio; en ese momento se le preguntó si la joven no estaría en la ESMA, a lo que respondió tajantemente: “En la Escuela no hubo ni hay detenidos”».

«Por fin, la familia recibió informaciones de que la joven, luego de estar alojada en la ESMA, fue arrojada al mar»[664].

He aquí un caso doblemente significativo. Por una parte, revela la cínica determinación con que las más altas autoridades militares del momento negaban todavía la existencia del gran infierno clandestino que ellas mismas, meticulosamente, se habían ocupado de concebir y poner en marcha desde tiempo atrás. Descarada negación, mantenida en unos momentos —mediados de 1976— en que dicho infierno funcionaba ya a pleno rendimiento y con frenética intensidad, con el centro clandestino de la ESMA repleto ya de desdichadas personas secuestradas, en trance de durísima cautividad, sistemática tortura y casi segura eliminación.

En segundo lugar, este caso resulta también demostrativo de que incluso familias de muy alto nivel —en este caso, de alto nivel castrense— se vieron afectadas de lleno por la ferocidad de la represión. Si hasta dicha clase social, igual que el alto estamento eclesiástico —recordemos el trágico final de dos obispos— resultó afectada por aquella barbarie, cabe imaginar el grado aterrador de inseguridad que hubo de padecer el resto de la población, y la permanente amenaza que pesó durante aquellos años sobre las familias de nivel social medio o inferior.

6.4. Lanzamiento de cadáveres a los ríos

Esta modalidad puede considerarse como una versión subdesarrollada del método anterior. Fue relativamente frecuente en provincias, y, al principio, incluso en el área de la capital. Tal fue, entre otros, el caso del niño de catorce años Floreal Avellaneda, ya referido páginas atrás.

Dentro de este tipo de casos, cabe destacar otro muy señalado, que afectó también a una familia de la alta sociedad bonaerense, alcanzando especial notoriedad por la profesión de la víctima: la diplomática de carrera Elena Holmberg.

Como resultado de los testimonios recogidos, la CONADEP resume el caso en los términos siguientes:

«Elena Holmberg, perteneciente a una tradicional familia argentina, se desempeñaba como funcionaría de alto nivel en la Embajada Argentina en París».

«Habiéndose suscitado diferencias de criterios entre el personal del “Centro Piloto de Información”, instalado en París y a cargo de oficiales de inteligencia de nuestra Fuerza Naval, y la diplomática de carrera, fue convocada a Buenos Aires para informar a sus superiores, resultando secuestrada en esta ciudad el 20 de diciembre de 1978, ante testigos, al salir del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de periodistas franceses».

«El 11 de enero de 1979, su cadáver descompuesto fue encontrado en el rio Lujan, localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires».

«Personas liberadas de la Escuela de Mecánica de la Armada declararon que, en esa época, ciertos oficiales de la misma aludieron a su participación en la desaparición de Elena Holmberg»[665].

Entre tantos otros casos de cadáveres aparecidos en ríos, en su mayoría con carácter anónimo y que nunca llegaron a ser identificados, cabe citar como ejemplo el de dos cuerpos extraídos en su día del río Paraná, y que hubieron de ser enterrados bajo la designación N. N. en el Cementerio de San Pedro, provincia de Buenos Aires, los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 1976:

«Ambos fueron rescatados de las aguas del rio Paraná, jurisdicción de San Pedro, encontrándose los dos cuerpos con los ojos vendados, amordazados y con las manos atadas con alambres sobre sus espaldas. A simple vista se podía observar que habían sido víctimas de evidentes malos tratos.» (…) «… ambas licencias (de las autopsias practicadas) dicen “muerte por sofocación”, a pesar de haber sido rescatados del río Paraná; esto daría la pauta de que ambos cuerpos habrían sido arrojados a las aguas ya sin vida; de no ser así figuraría “muerte por inmersión”». (Legajo núm. 1296)[666].

Este certificado de «muerte por sofocación» no tiene nada de sorprendente, puesto que una de las torturas practicadas por los represores fue precisamente la capucha de plástico con cierre hermético al cuello, que situaba al torturado al borde de la asfixia por falta de oxígeno, y que, si se prolongaba un poco más de la cuenta, producía la muerte sin remisión.

Diferente fue, en este aspecto, el caso de Jacobo Chester, funcionario del Departamento de Estadística y Registros Hospitalarios, aunque también corresponde a la misma vía de eliminación:

«Los cruentos episodios vividos por el personal del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, de la localidad de Haedo —provincia de Buenos Aires—, arrojan la comprobación de una técnica para la desaparición del cuerpo material de la víctima: su arrojamiento a las aguas del Río de la Plata».

«El día 26 de noviembre de 1976, el señor Jacobo Chester (…) fue secuestrado y saqueado su domicilio por un grupo armado que, entre voces de mando, decidían el destino a dar a cada pertenencia rapiñada. No alcanzaron a violar a la hija, una niña de doce años, sólo por razones de tiempo. En medio del terrible maltrato, atinó a preguntar: “¿Dónde voy a ir a buscar a mi papá?”, a lo que se le respondió: “A los zanjones, ahí tenés que ir”». (Legajo núm. 1333)[667].

Sin embargo, no fue en ningún tipo de zanjas donde su padre iba a aparecer. Otra funcionaria del mismo hospital, Gladys Cuervo, junto a los detalles referentes a su propio secuestro, pudo aportar algún dato sobre la suerte corrida por Jacobo Chester entre su secuestro y su final:

«(…) Gladys E. Cuervo denuncia su propio secuestro y privación de libertad en un sector del mismo hospital; allí fue trompeada por dos hombres simultáneamente, le aplicaron el “submarino”, le rompieron el esternón y varias costillas, y le quemaron con cigarrillos distintas partes del cuerpo. En el lugar se enteró de que habían estado varias personas aún desaparecidas; incluso vio al doctor Jorje Mario Roitman “en un charco de sangre y orina”. Y agrega: “De Chester supe también por los comentarios que me hizo el mencionado Juan (encargado de torturar a los detenidos) que era flojo y no aguantaba la picana”». (Legajo núm. 1537).

«Un año después del secuestro, un Juzgado de la Capital Federal convocó a la señora Chester para informarle que el cuerpo sin vida de su marido había aparecido en las aguas del Rio de la Plata el día 2 de diciembre de 1976, o sea, seis días después de su desaparición, habiendo pasado en esa fecha por la Morgue Judicial. La partida del Registro Civil incluye como causa de la defunción “asfixia por sumersión y politraumatismo”». (Legajo núm. 1333)[668].

Esta vez, la certificación de «asfixia por sumersión» como causa de la muerte indica que, a pesar de los múltiples traumatismos y torturas previas, al ser arrojado al río Jacobo Chester estaba vivo aún.

Como conclusión a estas páginas precedentes, dedicadas a casos concretos con su aportación testimonial, cabe reproducir el siguiente párrafo —breve pero concluyente— del informe de la Comisión Nacional tantas veces citada, que resume así el resultado de su exhaustiva recopilación por todo el territorio argentino:

«El país ha sido sembrado de cuerpos de personas no identificadas, sepultadas individual o colectivamente, en forma ilegal y clandestina. Están en los cementerios, en descampados, en los ríos, en los diques, y según hemos visto, también en el mar»[669].

APÉNDICE III. EL OBSESIVO CONCEPTO DE «SUBVERSIÓN» COMO FENÓMENO GLOBAL: SUS CONSECUENCIAS EN EL AMBITO DE LA CULTURA BAJO LAS JUNTAS MILITARES EN ARGENTINA ENTRE 1976 Y 1983

Dentro de la vasta acumulación posible de datos descriptivos de lo que Julio Cortázar llamó «las alambradas culturales», tendidas por el régimen militar para proteger las esencias de lo que llamaban «el ser argentino» contra el ataque masivo y omnidireccional de «la Subversión» —ese monstruo que, procedente de todos los puntos del Universo, atacaba a la Argentina en el núcleo mismo de su ser, según las autoridades del PRN—, dentro, decíamos, de lo que fue ese extenso plan de defensa contra tan insidiosa amenaza, ofrecemos aquí una breve selección de datos sobre cómo se manifestó tal «defensa» en el área de la enseñanza, en el campo editorial, en el propiamente literario, en el cinematográfico, y en el ámbito de la cultura en general.

1. LA «SUBVERSIÓN» EN LA ENSEÑANZA

En una conferencia de prensa convocada por el general Acdel Edgardo Vilas, entonces Comandante de la V Región Militar, éste manifestó lo siguiente, el día 4 de agosto de 1976:

«Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión, no hemos tocado más que la parte alta del iceberg (…) Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias».

«La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphiné y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina»[670]. (Cursiva nuestra).

Pero donde la obsesión persecutoria contra «la subversión» adquirió niveles particularmente esperpénticos fue en el área de la llamada «subversión escolar». En efecto, tal como señala el informe de AIDA sobre la situación cultural en aquella Argentina sometida a la dictadura militar de las Juntas:

«En las escuelas (…) la vida cotidiana se caracteriza por la existencia de una verdadera política del miedo. Todo puede ser considerado “subversivo”, “punto de vista favorable al marxismo” o “colaboración inconsciente con la guerrilla”»[671].

Veamos hasta qué punto cualquier profesor que no tuviera extremo cuidado —o incluso teniéndolo— podía ser acusado de «subversivo» por su labor docente. En este sentido, cabe citar los siguientes párrafos del mismo informe:

«Un profesor puede ser acusado de promover la subversión porque aplica las técnicas de trabajo en grupo, enseña las matemáticas modernas, menciona (aun indirectamente) la existencia de diferencias sociales, o lee una historia tomada de un libro para niños censurado».

«Las prohibiciones son comunicadas a los enseñantes por circulares oficiales o por vía oral, tendentes a crear un efecto psicológico que forma parte del estado de terror que se instala. El general Menéndez, jefe de la III Zona Militar, se encargó personalmente de dar un ejemplo a los profesores y directores de escuela sobre la manera de actuar de “la subversión”: “A partir de una simple composición sobre las estaciones del año, un “maestro subversivo” o un “idiota útil” comentará a sus alumnos la posibilidad de combatir el frío según los ingresos de cada familia”…»[672].

Así pues, incluso esta mínima referencia económico-climática constituía, para la celosa actitud vigilante del general Menéndez, prueba inequívoca de una línea educativa marxistizante, por poner excesivo énfasis en el concepto de clase social, y en un factor tan evidentemente materialista como la temperatura invernal.

En otro discurso recogido en el citado documento, el mismo general Luciano Benjamín Menéndez, dentro de esa irresistible tendencia de los mandos militares argentinos consistente en definir los comportamientos correctos e incorrectos de todos los estamentos de la sociedad, irrumpía una vez más dentro del ámbito docente civil y definía así las obligaciones de los profesores y de los alumnos:

«Para los educadores; inculcar el respeto de las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la grandeza del destino del país; consagrarse por entero a la causa de la Patria, actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno».

«Para los alumnos: comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta confianza en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles (sic) de todos los enemigos pasados y presentes de la Patria»[673]. (Como en los casos anteriores, la cursiva es nuestra).

Huelga decir que, si este discurso hubiera sido pronunciado después de junio de 1982, el ampuloso triunfalismo del general Menéndez hubiera descendido muchos puntos, viéndose obligado, al menos, a suprimir su calificación de «triunfadoras invencibles» tras la dura derrota argentina en el Atlántico Sur. Pero nos importa mucho más subrayar aquí otro exceso infinitamente más significativo y peligroso que el de la simple verborrea folklórica y patriotera: el de permitirse fijar, como obligación de los educadores, la de cooperar con las Fuerzas Armadas hasta el extremo de «desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollen su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno». Este tipo de «cooperación» implicaba introducir en los centros docentes el terror, el espíritu de delación, la desconfianza mutua, y, para el profesor, una tremenda coacción sobre su forma de enseñar, viéndose siempre forzado a omitir cualquier referencia, por leve y circunstancial que fuera, susceptible de ser interpretada dentro de aquel arbitrario y amplísimo concepto de subversión, en el que tan difícil resultaba no incurrir ejerciendo una enseñanza normal.

2. LA MATEMÁTICA MODERNA, INSIDIOSO FACTOR DE SUBVERSIÓN

Pero esta patológica obsesión de algunos importantes mandos militares argentinos por la llamada «subversión de la enseñanza» conoció aún más altos exponentes de estupidez. Así, por ejemplo, siendo precisamente gobernador de la provincia de Córdoba el ya citado general Luciano Benjamín Menéndez, éste no se limitó a ejercer una feroz represión en su área jurisdiccional —con gran número de secuestros y desapariciones definitivas— sino que, en noviembre de 1978, se prohibió, por su carácter subversivo, la impartición de la Matemática Moderna en todos los centros de enseñanza de dicha provincia, tanto en los colegios como en la Universidad.

A raíz de esta sorprendente noticia, el diario La Nación difundió el tema en la capital, y, a su vez, el Buenos Aires Herald, por la pluma de su director James Neilson en su muy leída columna «As I see it», comentaba en estos irónicos términos la inaudita medida antisubversiva:

«Las autoridades educacionales de Córdoba acaban de cumplir un servicio público al oponerse abiertamente a la enseñanza de la Matemática Moderna. Esta disciplina, donde los números se tratan en grupos colectivos —en vez de serlo como tenaces individuos— no es popular. Pero la mayoría de las personas se deja intimidar por los especialistas y acepta confiada sus argumentos, aunque el instinto les diga que ha de haber algo gravemente erróneo en libros de texto tan plagados de elipses que parecen tratados sobre huevos, no sobre números (…)»

«Una cosa es pensar que la Matemática Moderna está fundamentalmente equivocada, y otra bastante distinta decir con exactitud por qué. Esto, sin embargo, es lo que las autoridades educacionales de Córdoba no han vacilado en hacer. Llegaron a la conclusión de que la Matemática Moderna no sólo es enigmática, sino también potencialmente útil para los subversivos. La Matemática Moderna no sólo niega —maligna cosa— los postulados de la lógica formal: además, aparta a tiernas mentes de las certezas, y las arroja sin remordimientos a la continua mudanza de lo relativo. La Nación, que llevó este asunto a la atención general, citó algunos siniestros párrafos de un folleto que se ha convertido en un manifiesto para los cordobeses. Según sostiene ese folleto, titulado “La Matemática Moderna y la realidad”, los abogados de la Matemática Moderna enseñan que “las únicas certezas racionales se encuentran en esta disciplina”, y que, peor aún, “como de ello resulta que todo está sujeto a cambio y revisión, no existe ninguna certeza definitiva y nos queda una racionalidad coherente, pero con estructuras provisionales”».

«Las implicaciones políticas de esto son bastante claras. Una vez establecida la convicción de que nada es absoluto, y cualquier cosa es aleatoria, toda la cuidadosa enseñanza del pasado se encuentra expuesta a un irrespetuoso cuestionamiento»[674].

Poniendo su énfasis en el argumento impecablemente reaccionario de los autores de la prohibición, Nielsen, con la mordacidad característica de su estilo, culminaba así su comentario:

«La Matemática Moderna no es cuestionable sólo porque destruye la fe de la juventud en las certezas. Además, disocia y socava la unidad de la familia, porque resulta incomprensible para cualquier persona de más de treinta años que se haya educado cuando la matemática clásica disfrutaba de autoridad indiscutida… Existe obviamente una sola manera de extirpar esta poderosa cuña que las escuelas introducen entre las generaciones, y consiste en arrojar a la hoguera todos los textos de Matemática Moderna y reeditar los familiares volúmenes antiguos».

«Así como repudian las tendencias políticas manifiestas en la Matemática Moderna, los cordobeses están alarmados por su vocabulario. Este tiene, a sus oídos, una nota claramente marxista. Objetan en especial la palabra “vector”. Aunque los matemáticos la emplean por lo menos desde 1704, cuando los bisabuelos de Karl Marx todavía eran niños, posee un nítido sabor marxista que su respetable abolengo latino no logra disimular del todo. Ello se debe a que el marxismo se ha apropiado de una amplia selección de términos científicos, o que suenan a científicos, para su propio uso, y se deleita en una retórica cuasi científica desagradable para quienes prefieren otros estilos de lenguaje de mayor ampulosidad»[675].

La noticia de esta patriótica prohibición, por su carácter tan pintoresco como revelador de una determinada mentalidad, trascendió al otro lado del Atlántico, saltando de continente y de hemisferio, llegando hasta la capital francesa y haciéndose pública en un órgano de tan amplio eco internacional como Le Monde.

«Considerando que las matemáticas modernas trastornan los postulados de la lógica formal y, de ese modo, abren un peligroso camino a la penetración subversiva, el gobernador de Córdoba acaba de prohibir su enseñanza en toda la provincia»[676].

3. LÉXICO MARXISTA

Esa obsesión de los cerebros y ejecutores del Proceso de Reorganización Nacional por la detección de palabras o conceptos de procedencia real o supuestamente marxista —términos tan usuales en política y sociología como «contradicción», «relativo», «relación de fuerzas», «condiciones objetivas», «crítica», «reaccionario», etc.—, con objeto de detectar a su vez, a través de su empleo, el supuesto carácter subversivo —explícito o encubierto— de quienes los utilizaban, fue una de las vías investigadoras sistemáticamente empleadas por los militares del PRN, y no sólo dentro del ámbito educacional. Tal como explica el investigador argentino Enrique Vázquez en su riguroso estudio sobre el origen, apogeo y caída de la dictadura militar en Argentina:

«De hecho, los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas tuvieron durante todo el “Proceso” equipos de seguimiento de los medios de comunicación, para detectar la aparición de términos —por lo general empleados con especificidad en la sociología— “de origen marxista”. Otras palabras de supuesta o verdadera extracción marxista, como “reaccionario”, permitían descubrir el “accionar subversivo” en diarios y revistas»[677].

En su permanente deseo de sistematizar la acción antisubversiva —sometiéndola a una doctrina unificada que excluyese toda improvisación— el Ministerio de Educación, cuidadosamente controlado como todos los demás —y éste más, si cabe— por la autoridad militar, emitió en mayo de 1978 su Decreto núm. 538, por el que se establecía como obligatoria para profesores y maestros la lectura y comentario del folleto «Conozcamos a nuestros enemigos», editado como instrumento auxiliar en una afanosa lucha contra «la subversión». Tal como explicaba el diario La Prensa refiriéndose a dicho decreto:

«El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo».

«Expone también “la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo”». (Obsérvese la obsesiva reiteración).

«En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que “es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado”»[678].

Favorecidas por esta presión gubernamental, las publicaciones de tendencia más ultraconservador y de más estrecha vinculación con los sectores oligárquicos aportaban su propio grano de arena a esta tarea inquisitorial, como, por ejemplo, en el caso señalado a continuación, referente también al área que nos ocupa: la enseñanza a nivel escolar.

«Para padres con hijos en edad escolar: cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas».

Este expresivo título encabezaba, en una revista de amplia difusión, a principios de 1977, un trabajo dirigido a los padres argentinos, a los que se proporcionaba una serie de instrucciones concretas sobre la forma de detectar indicios subversivos en la enseñanza de sus hijos. Entre tales instrucciones cabe señalar las siguientes:

«Léxico marxista para uso de los alumnos: (…) Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese “trasbordo ideológico” que nos preocupa».

«Así aparecerán frecuentemente los vocablos: diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo, etc.».

«Y en las cátedras religiosas abundarán algunos términos comunes: preconciliar y posconciliar, ecumenismo, liberación, compromiso, etc.».

«¿Cómo detectar este lenguaje? Simplemente, interesándose periódicamente por ver las tareas, escritos y apuntes que hace su hijo».

«Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía, y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento. Algo similar ocurre también con Castellano y Literatura, disciplina en la que han sido erradicados todos los autores clásicos, para poner en su lugar “novelistas latinoamericanos” o “literatura comprometida” en general».

«Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos, aparecidos en diarios y revistas, y que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones».

«Asimismo, el “trabajo grupal” que ha sustituido a la “responsabilidad personal” puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para “pasar” ideas».

«Erradicar esta verdadera pesadilla: Estas son algunas de las técnicas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros “combatientes”. Pero los padres son un agente primordial para erradicar esta verdadera pesadilla. Deben vigilar, participar, y presentar las quejas que estimen convenientes…»[679].

No creemos que estas instrucciones necesiten comentario, salvo éste: si el uso de términos tan vulgares y tan vinculados a las realidades actuales como los señalados convierten a alguien —maestro o alumno— en «subversivo», «agente izquierdista» y demás, toda persona medianamente culta y mínimamente inquieta en materia social tendría que ser incluida en esa arbitraria calificación. Sólo mentes gravemente deformadas en su moral social, taradas y obsesas de un furibundo maniqueísmo, pueden llegar a creer que tales conceptos caracterizan, a quien los utiliza, como peligroso enemigo de la civilización cristiana y occidental.

4. LIBROS PROHIBIDOS

La obsesión antisubversiva de los militares del «Proceso de Reorganización Nacional» les llevó a ejercer también, a través de su control del Ministerio de Cultura y Educación, una fuerte censura en materia de libros de toda índole, muchos de los cuales, acusados de contenido subversivo, vieron prohibida su difusión en el país, o su empleo en los centros de carácter educacional.

Así, por ejemplo, la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, editada por Salvat (Barcelona), fue prohibida —decreto núm. 2038 de julio de 1980— para todos los establecimientos dependientes de dicho ministerio, y excluida de todas las bibliotecas escolares argentinas —según el texto de la resolución— por:

«… incurrir en falseamiento de la verdad histórica (…), analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico»[680].

Igualmente, el Diccionario Salvat, de la misma editorial catalana[*], fue también prohibido por el mismo decreto de julio de 1980. En su parte expositiva, el decreto 2038 señalaba la causa de la prohibición:

«Las dos obras distribuidas por Salvat Editores Argentina revelan de hecho un proceso editorial sistemático, en el cual la Enciclopedia y el Diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante (…) un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir éstos por otros que responden y son típicos de esa ideología»[681].

Obsérvese que se trata de unos textos que circulaban ya libremente por España en pleno régimen del general Franco, sin que nadie señalara en ellos la menor peligrosidad. Fueron precisos unos esquemas mentales tan raquíticos como los de los militares argentinos del PRN para descubrir, en el léxico de unos textos enciclopédicos modernos, un grave peligro para la formación cívica del estamento estudiantil.

Por su parte, en octubre de 1978, las obras La educación como práctica de la libertad (Ed. Siglo XXI) y Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la Historia (Ed. La Aurora), junto con otras dos más, todas ellas del educador brasileño Paulo Freire —profesor de la Universidad de Sao Paulo, asesor del Consejo Mundial de las Iglesias, experto de la Unesco y, más tarde, Premio 1980 de la Fundación Rey Balduino de Bélgica—, fueron prohibidas por el ministro del Interior (y entonces interino de Educación), cuya resolución establecía que tales textos:

«… no podrán ser recomendados a los alumnos ni utilizados por los profesores, como tampoco podrán figurar en la bibliografía de los programas de las escuelas públicas o privadas, ni en ninguna biblioteca escolar».

Como motivo de tal resolución, ésta alegaba que dichas obras de Paulo Freire:

«… sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos, y su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa».

«Las fuentes del pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que propone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana»[682].

Análogamente, en octubre de 1978, corría idéntica suerte la novela La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, editada por Seix Barral. Esta vez, el decreto ministerial señalaba que esta obra:

«… revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del Estado de Sitio»[683].

El 14 de septiembre de 1980, el diario Clarín informaba de lo siguiente:

«Por decisión ministerial, ha sido prohibido el uso en las escuelas de los textos de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de “El Principito”»[684].

Este hermoso cuento de Saint-Exupéry, Le petit prince, universalmente reconocido y valorado por su belleza poética, alcanzaba ya en Argentina su 95 edición, con más de un millón de ejemplares vendidos, cuando los cerebros del PRN descubrieron en él, por lo visto, algún insidioso concepto antipatriótico, dentro de la alta peligrosidad general de la obra —en su mayoría aventuras aéreas— del famoso piloto francés.

Puestos a prohibir cuentos, ya en 1977 se habían prohibido relatos infantiles como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Isabel Bornemann (Ed. Librería Fausto), y El nacimiento, los niños y el amor, de Agnes Rosenstichl (misma editorial). Según precisaba el decreto 3155, que prohibía la distribución, venta y circulación de ambos libros:

«Se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo»[685].

Hasta aquí, unos cuantos ejemplos, entre muchos otros, de las múltiples prohibiciones de textos escritos impuestas por las autoridades del PRN, por aplicación de su desmesuradamente amplio concepto de «subversión».

5. LA SUBVERSIÓN CULTURAL. «LISTAS NEGRAS» DE CONFECCIÓN MILITAR

Pero las prohibiciones no se limitaron al área de la producción escrita. Como ejemplo ilustrativo al respecto, cabe citar un documento altamente clarificador: se trata de una circular, difundida por el Comando del III Cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Córdoba, para toda su área jurisdiccional (provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy y Santiago del Estero).

Este tipo de circulares eran remitidas por la autoridad militar a todos los organismos civiles implicados: emisoras de radio y de televisión, productoras y distribuidoras cinematográficas, etc. El documento que nos ocupa, dirigido a una emisora, aparece encabezado por la siguiente nota manuscrita:

«Por orden del señor interventor de esta radio, usted debe prestar mucha atención a esta lista, de una manera confidencial. Gracias»[686].

El texto propiamente dicho se inicia con una lista de películas, bajo el título de Largometrajes no aconsejables —léase rigurosamente prohibidos, por la cuenta que les traía a distribuidores y exhibidores—, incluyendo filmes tan distintos entre sí como Help! (de los Beatles), Yo acuso (el caso Dreyfuss) y El juicio de Nuremberg. Después, tras una lista de Autores disolventes, aparece otra relación de Discos, autores e intérpretes prohibidos (desde Bésame, de Bruce Springsteen, hasta P’al comisario, de Ortiz Medina, pasando por Este Cristo americano, de Petrocheli). Sigue una extensa relación de Actores prohibidos, entre los que figuran profesionales argentinos de la talla de Héctor Alterio, Nacha Guevara, Marilina Ross, Cipe Linkovsky, Norma Aleandro, Luis Politti (fallecido en su exilio de Madrid en 1980), Federico Luppi, Lautaro Murúa y Walter Vidarte, todos ellos bien conocidos en el mundo cinematográfico español[687].

Respecto a la existencia y funcionamiento de estas «listas negras», Luis Gregorich escribe:

«Los propios funcionarios han admitido que la “subversión cultural” ha obligado a excluir a determinados nombres de la circulación pública. (…) Se trata de individuos ideológicamente “sospechosos”, a los que se impide trabajar en los medios masivos —sobre todo en los controlados por el Estado— y a quienes, incluso, no se debe mencionar en dichos medios».

«¿Acaso los marcados de tal manera son delincuentes? (…) ¿Por qué se les castiga? ¿Quién es el encargado de dictaminar acerca de la toxicidad o inocencia de sus ideas?»[688].

Después de subrayar «el anonimato en que permanecen los responsables de la calificación ideológica, las dudas acerca de su idoneidad e imparcialidad, la potestad suprajudicial que se arrogan, el contenido errático y vago de sus dictámenes», se pregunta:

«¿Cuál es, en definitiva, la consecuencia más obvia de las listas negras? Por supuesto, la instauración de un ambiente de conformismo, inepcia y corrupción, sostenido por la obsecuencia y el temor…»[689].

El temor, he ahí la clave. El temor que castró la libertad de expresión de tantos creadores argentinos, y que motivó el exilio de tantos otros, afortunados a su vez, si se les compara con aquellos en los que el temor dio paso al puro terror del secuestro, la tortura y la definitiva desaparición. Las «listas negras», anticipo de ese terror de lo que podía venir, producían en los afectados una fuerte autocensura y un temor sobradamente justificado, por un doble factor por una parte, la trágica experiencia de tantos colegas del mundo de las letras —cientos de víctimas entre periodistas y escritores vinculados a la docencia y la cultura en general—, y, por otra, ese carácter «vago y errático» de los criterios, absolutamente imprevisibles, que en un momento dado podía convertirles, de simples «sospechosos» incluidos en las listas, en peligrosos «enemigos» al servicio de ese vasto monstruo, siempre indefinido y fantasmagórico, llamado «subversión».

6. LA SUBVERSIÓN CINEMATOGRÁFICA. PELÍCULAS PROHIBIDAS. PELÍCULAS MUTILADAS

Fue precisamente en el campo de la cinematografía donde la pregunta de cuáles eran los criterios manejados por los autores de las «listas negras» y por los censores de películas en particular —militares, por supuesto— iba a recibir una respuesta oficial. Esta respuesta llegó por boca del capitán Bitleston, interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, y, como tal, uno de los principales responsables de esta higiénica función. Este capitán manifestó al diario La Prensa en noviembre de 1977:

«Sólo serán autorizadas las películas que muestren al hombre en su lucha eterna y cotidiana contra el materialismo, el egoísmo, el desaliento, la venalidad y la corrupción; el hombre luchando por el honor, su religión y sus principios, que no cae nunca en la violencia ni en el escepticismo. Sólo estos films serán considerados como obras de arte».

«Por otra parte (…), todas las películas sin valor artístico o que no presenten ningún interés en divertir al público, y que atenten contra los sentimientos nacionales, serán prohibidas total o parcialmente»[690].

Estos criterios —que obviamente seguían concediendo un amplio margen a la arbitrariedad y a lo imprevisible— dieron resultados tales como los reflejados en las noticias de prensa reproducidas a continuación:

«Novecento, film de B. Bertolucci, resulta prohibido. Motivo: que es “contrario al orden moral y a la ética cristiana”. Regreso sin gloria, de Hal Ashby, con Jane Fonda, es prohibido. Motivo: que “atenta contra la unidad de la familia”. Piedra libre, del director argentino Leopoldo Torre Nilsson, es primero prohibido, después autorizado, y finalmente prohibido, “a causa de sus ataques contra la familia, la religión, la moral, la tradición y otros valores básicos de nuestro sistema de vida”»[691].

«La escopeta nocional, película española del director García Berlanga, en la que actúa el actor argentino Luis Politti[*], exiliado en España, es prohibida sin que se da a conocer las razones»[692].

«Las largas vacaciones del 36, película española del realizador Jaime Camino, fue autorizada por el Ente Nacional de Cinematografía, pero prohibida por el general Menéndez en la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército» (extensa zona que abarca nueve provincias del norte del país)[693].

«Del 23 al 31 de julio de 1979 debía celebrarse en Buenos Aires una Semana del Cine Español. Pero las autoridades del Instituto Nacional de Cinematografía señalaron “la inconveniencia” de presentar varios de los films seleccionados por la Dirección General de Cinematografía de España para ser exhibidos en Buenos Aires». «Los directores y realizadores españoles, enterados de esta forma de censura previa, se negaron a enviar sus películas, lo que motivó la postergación sine die de la Semana»[694].

«Ayer, a las 18 horas, una comisión policial se hizo presente en el cine Iguazú, en el que se exhibía Corrupción se escribe con sangre, y procedió al secuestro de los rollos del film». «El film, que llevaba diez semanas de exhibición continuada desde la fecha de su estreno, contaba con la autorización correspondiente del Ente de Calificación Cinematográfica»[695].

Pero el caso más flagrante fue el que afectó a la realizadora sueca Marianne Arhne, reflejado en estos términos en la prensa de la capital:

«Cerca y demasiado lejos, film sueco de Marianne Arhne, presentado en Buenos Aires el 8 de agosto de 1979. La crítica señala unánimemente el suceso de la película, hablando de su directora como “discípula de Bergman”, “talentosa directora de la nueva generación del cine sueco”, “excelente trabajo de dirección”, etc. Una semana después, a pesar del éxito de público, la película es retirada de las salas de exhibición por sus distribuidores. ¿Qué había pasado? Simplemente, “la talentosa directora” Arhne había pasado a transformarse en “mujer maldita al servicio de la subversión”, por haber presentado en el Festival de Cine de Moscú un film sobre una pareja de exiliados argentinos refugiados en Suecia, que contaban las torturas y persecuciones a que habían sido sometidos antes de partir de su país»[696].

Otras películas pudieron ser exhibidas, pero en versiones destrozadas por la patriótica labor de poda del antes citado capitán y su eficacísima unidad de tijereteros. Tal fue el caso de El Gran Dictador, de Charles Chaplin —exhibida a partir de 1980 tras cuatro años de prohibición—, así como otras películas decisivamente mutiladas como La ciudad de las mujeres, de Federico Fellini; Manhattan, de Woody Allen; La mujer 10, centrada, como se sabe, en la actriz Bo Dereck, y finalmente autorizada con ¡65 cortes!; Argentinisima, selección de folklore argentino, en la que se suprimieron todas las escenas en las que aparecían los cantantes Mercedes Sosa y Horacio Guaraní; Submarino amarillo, de los Beatles; All that jazz, de Bob Fosse; y la famosa Hair, en su versión de Milos Forman, tan bárbaramente mutilada que entre los cinéfilos argentinos se hizo popular la siguiente frase: «A Hair le han cortado el pelo»[697].

7. LA SUBVERSIÓN EDITORIAL. LIBROS QUEMADOS «EN DEFENSA DEL ALMA ARGENTINA»

El día 30 de abril de 1976 el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, hizo reunir y quemar en el patio de su cuartel general en La Calera (Córdoba) millares de libros de muy diversos autores y contenidos. Allí, en la gran pira del más noble y valioso combustible —el papel impreso— las llamas devoraron conjuntamente una heterogénea mezcla de obras y autores: Proust, García Márquez, Pablo Neruda, Freud, Marx, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Paulo Freire, Marta Hanneker, John Cooke, Eduardo Galeano, Saint-Exupéry, entre tantos otros igualmente subversivos, fueron simultáneamente sacrificados en el siniestro altar de la intolerancia y el raquitismo mental.

Está diversidad de autores, épocas y géneros literarios tenía, sin embargo, según el general Menéndez, una característica común: la de constituir «un veneno para el alma de la nacionalidad argentina»[698].

Aclarando el sentido de su actuación y de sus futuras intenciones, el mismo general declaró: «De la misma manera en que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina»[699].

Inevitablemente, acude a nuestro recuerdo histórico otra escena demasiado similar el 10 de mayo de 1933, unos 20.000 volúmenes de una gran variedad de autores —Einstein, entre otros— eran apilados y quemados en el centro de Berlín, en plena Plaza de la Ópera. El motivo era muy parecido, digamos más bien exactamente el mismo: aquellas obras habían sido condenadas por «contrarias a los valores de la nueva cultura alemana representada por el nacional-socialismo».

En ambos casos, tanto en Alemania nazi como en la Argentina del PRN, el acto no se produjo de forma subrepticia o clandestina, sino clamorosamente celebrado, en presencia de periodistas y autoridades, y con la solemnidad propia de una importante ceremonia, de un grandioso acto de purificación ritual. Los nuevos Goebbels —esta vez argentinos— se disponían a implantar, mediante la eliminación de cuantas ideas y seres humanos fuesen necesarios, su mortífero modelo de «civilización occidental», al que, por añadidura, tuvieron la desvergüenza de agregar el título de «cristiana»: precisamente el título que más cruelmente iban a pisotear.

Hoy, la opinión pública nacional e internacional conoce ya hasta qué punto aquella defensa del alma argentina implicaba un destrozo del cuerpo argentino: del cuerpo torturado y masacrado de tantos miles de argentinos, y del cuerpo social de toda una nación, cuyas carnes y cuyos sentimientos iban a pagar, al más terrible precio, los grandiosos delirios espirituales de este general y de tantos otros como él.

Pero no fue la de Córdoba la única quema masiva de libros, aunque sí la de mayor notoriedad. Otros episodios menos difundidos, pero de signo similar, protagonizados siempre por «elementos no identificados», se produjeron en diversas bibliotecas argentinas durante los años de la represión. Así, por ejemplo, la Biblioteca Popular José Enrique Rodó, de Buenos Aires, fue desalojada e incendiada por un grupo de encapuchados el 25 de julio de 1979. Más de 8.000 volúmenes fueron pasto de las llamas. Algo parecido sucedió —aunque no se facilitó dato alguno sobre los incendiarios— con los valiosos fondos multidisciplinarios quemados en la biblioteca del Centro Argentino de Ingeniería, hecho producido el 9 de julio de 1976 y calificado oficialmente de «incendio intencional». Un atentado similar se registró en la Facultad de Teología de Buenos Aires, cuya biblioteca —considerada por algunos demasiado vinculada a la Teología de la Liberación— fue incendiada a su vez el 24 de noviembre de 1980, mediante «lanzamiento y estallido de bombas incendiarias», según informó la propia policía, la cual, por su parte, se abstuvo de proporcionar al respecto mayor precisión[700].

Pero la represión tampoco acabó en la destrucción material de libros. Cuando el poder represor lo consideró necesario, se procedió a la eliminación física de las personas. Fue así, de hecho, como fueron eliminados —limitándonos sólo al campo de la cultura— no sólo los alumnos de enseñanza secundaria secuestrados, torturados y asesinados a raíz de la lamentablemente célebre «noche de los lápices», y en otros casos de menor notoriedad, sino también los muy numerosos estudiantes universitarios que fueron secuestrados y desaparecieron para siempre, así como esos «varios centenares de profesionales universitarios, hombres de la cultura y docentes en general, asesinados o detenidos-desaparecidos que» —según constata el profesor Luis Eduardo Duhalde— «integran las listas parciales que deben tomarse como meramente referenciales, puesto que el número total de víctimas es notoriamente muy superior a los casos registrados por los organismos humanitarios»[701].

8. TERROR, AUTOCENSURA, ELIMINACIÓN «VOLUNTARIA» DE LIBROS

Para empezar, como macabro anuncio, ya en la mañana del día 26 de marzo de 1976 —sólo dos días después del golpe de Estado— aparecía en un pozo el cadáver torturado de Alberto Burnichón, editor y distribuidor de libros, secuestrado en Córdoba dos días atrás. Aquel hecho vino a marcar, simbólicamente, el comienzo de la etapa de represión que el mundo de la cultura escrita iba a padecer.

Al día siguiente —por tanto, tres días después del golpe militar— ocurrió otro hecho de no poca significación. En aquellos últimos días de marzo de 1976 se inauguraba en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro. Para el acto inaugural estaba prevista la presencia del que, hasta aquellas fechas, había sido ministro de Cultura y Educación; pero, en su lugar, apareció el Jefe de la Marina y miembro de la recién estrenada Junta Militar, almirante Emilio Massera. Escasas horas antes, varios grupos de individuos vestidos de paisano, pero cuyo aspecto marcial y disciplinado denotaba a las claras su condición castrense, «acompañados por el director de la Feria, visitaban uno por uno los stands, indicando qué libros debían retirarse de la venta. Hubo stands donde se debió retirar casi el cincuenta por ciento de los libros expuestos»[702].

Todos estos hechos —prohibiciones, «listas negras», amenazas directas y, en ocasiones, el secuestro y la muerte— tuvieron su efecto inevitable sobre la industria editorial. Numerosas editoriales hubieron de desaparecer. El primer caso notorio fue el de la clausura forzada de la sucursal en Argentina de la editorial mexicana Siglo XXI, acompañada del secuestro de dos de sus hombres. Dado el prestigio de esta editorial en el extranjero y sus sólidos apoyos internacionales, el hecho alcanzó amplio eco fuera de Argentina, motivando comentarios de protesta de Le Monde, del International Herald Tribune y del Washington Post. Gracias a dicha presión exterior y a intensas gestiones diplomáticas, pudo lograrse la liberación de ambos secuestrados, uno al cabo de un mes de permanecer encerrado con los ojos vendados, y el otro tras un año y medio de encarcelamiento, sin que ninguna acusación concreta pudiera finalmente ser formulada contra ninguno de los dos.

Respecto a lo sucedido con otras editoriales, dice el informe de AIDA:

«La Editorial Tiempo Contemporáneo, que publicaba libros de tipo teórico en diversas líneas, tuvo que cerrar, al recibir sus directores amenazas sobre sus vidas. Desaparecieron por propia decisión muchas editoriales pequeñas independientes, como La Rosa Blindada, Periferia, Granica, Argonauta, Anteo, Hernández Editor, Caldén y otras. Cambiaron su línea editorial Schapire, Galerna, e incluso grandes empresas que habían publicado libros que nunca volverían a hacer, como Sudamericana y Paidós.» (…) «Dentro de la literatura no-conveniente se incluía toda la bibliografía psicoanalítica (…) en especial los textos freudianos, y los relativos a terapia grupal, a la que se consideraba cuna de la subversión»[703].

Este conjunto de intervenciones contra todo elemento cultural ajeno al rígido y subdesarrollado esquema mental de los represores —y, en especial, las bárbaras acciones directas contra las personas supuestamente subversivas en el campo de las letras— tuvieron un intenso efecto psicológico, que creó y extendió un alto grado de terror en todo el ámbito cultural.

De hecho, el efecto más castrante de aquella represión en las áreas de la cultura no fue el cierre de empresas editoriales, ni siquiera la quema de miles de libros en recintos militares o en bibliotecas civiles —como en los casos anteriormente recordados—, sino otro fenómeno más extenso y profundo, aunque menos espectacular por su carácter privado e individual: el hecho de que miles de argentinos se deshicieron por su cuenta, en su propia casa, de aquellos libros «subversivos» que, por su temática más o menos izquierdista o progresista, en caso de registro domiciliario, les hubieran comprometido muy seriamente, haciendo recaer sobre ellos una grave sospecha, peligrosísima dentro del histérico ambiente antisubversivo que caracterizaba a los represores del PRN: la sospecha de simpatizar con la subversión, como mínimo a nivel intelectual.

De ahí a la acusación de complicidad o apoyo fáctico no había más que un paso. Y ya es sabido lo que significaba ese paso: el secuestro, los interrogatorios brutales, la barbarie de la tortura, y la muerte con alto grado de probabilidad. Miles de argentinos, por esos u otros mecanismos igualmente arbitrarios e imprevisibles, se vieron atrapados en el diabólico círculo de sospechoso-acusado-subversivo-detenido-desaparecido. Y muchos otros miles de argentinos, para evitar esa atroz posibilidad, renunciaron a muchas cosas: a la libertad de expresión, a la libertad de enseñanza, a la libertad de lectura, a la posesión de libros que ya tenían en su poder, y que «voluntariamente» prefirieron eliminar.

Tal como señala el informe de AIDA, al constatar esta realidad social:

«Pero lo más terrible de este aspecto de la represión cultural no es que los militares quemen los libros: implantando el terror, ellos han llevado a millares de argentinos a quemar sus propios libros “sospechosos”».

«En efecto, temerosos de que un allanamiento rutinario descubra en su biblioteca un Freud, un Marcusse, un Marx (…), o revistas y diarios “de izquierdas”, y que ello motive el arresto del propietario de esos “instrumentos perniciosos”, miles de argentinos han procedido contra su voluntad a depurar sus lecturas y a quemar libros que les eran caros».

«Y la autodestrucción no se detiene solamente en los libros o retratos, sino que va también hasta el ocultamiento o la destrucción de discos o cintas de intérpretes considerados por los militares como “ideólogos de la subversión”»[704].

El escritor Eduardo Galeano, director de la revista ‘Crisis’ —hasta que ésta se vio forzada a cerrar en julio de 1976—, resumía así la situación fáctica y legal del texto impreso, bajo la férrea normativa de la dictadura militar:

«El nuevo Código Penal sanciona, como siempre, al escritor y al editor de un libro subversivo. Pero además castiga al impresor, para que nadie se atreva a imprimir un texto simplemente dudoso; y también al distribuidor y al librero, para que nadie se atreva a venderlos; y, por si fuera poco, castiga al lector, para que nadie se atreva a leerlo y mucho menos a guardarlo»[705].

En nuestras conversaciones con numerosos profesionales argentinos —del campo de la docencia, el derecho, la economía, la sociología, etc.—, muchos de ellos han coincidido en hacemos una confesión común: la de haberse deshecho por sí mismos de muchos de sus libros, dentro del ambiente de terror motivado por la desaparición de amigos, conocidos, familiares o colegas de profesión. Muchos se exiliaron y permanecieron años fuera del país; pero aquellos que se quedaron tuvieron que tomar sus medidas de precaución, entre las que figuró siempre la «limpieza» —auténtica purga— de su biblioteca particular.

Hubo quienes abandonaron bolsas enteras de libros y colecciones de revistas en descampados y vertederos; otros, temerosos de que sus nombres o datos personales pudieran aparecer anotados por alguna parte, optaron por el fuego; otros, tal vez más inteligentes, o más optimistas, prefirieron la ocultación de tales bolsas o maletas con libros lejos de su casa, en los lugares más insospechados, lo que les permitió su recuperación años después.

En cualquier caso, el terror, introducido hasta el fondo de los domicilios particulares y de las bibliotecas privadas de miles de ciudadanos cultos y pacíficos —terror extendido a todas las manifestaciones de la cultura y de la información—, constituyó una de las facetas más negras del tipo de sociedad que los militares del PRN estaban dispuestos a implantar.

«… me bastó volver a la Argentina poco después de las elecciones para verificar los estragos que la censura y la información deformada y deformante habían operado en el pensamiento de millones de ciudadanos»[706].

Esta afirmación del escritor Julio Cortázar resume una patética realidad: el extenso y profundo daño cultural —del que sólo hemos mostrado aquí algunas de sus facetas— que la dictadura de las Juntas Militares causó a la sociedad argentina en virtud de su obsesivo concepto general de «Subversión».

9. ALEJANDRA: UN ARQUETIPO

El día 16 de marzo de 1990 tuvimos ocasión de presenciar, en el mismo centro de Buenos Aires, una de las manifestaciones multitudinarias producidas como consecuencia de la grave crisis económica y la disparada inflación (sólo en el mes anterior la cotización del dólar había pasado de 1.900 australes a 6.000). Los manifestantes dirigían la mayor parte de sus gritos contra los miserables salarios y contra el duro programa económico de Menem y Alsogaray.

Aquello distaba mucho de ser una manifestación específicamente «de izquierda», pues junto a militantes del MAS (Movimiento al Socialismo) también aparecían peronistas críticos y, por supuesto, nutridos grupos del Partido Radical.

Junto a la gran concentración inicial de grupos y pancartas formada frente al Obelisco, una muchacha —no aparentaba más de diecisiete o dieciocho años— vendía ejemplares de un periódico del MAS. Con el mismo propósito informativo con que habíamos aceptado todas las octavillas que por allí se distribuían en mano, le compramos un ejemplar de dicha publicación. Sus titulares, al igual que los eslóganes de las hojas y folletos circulantes, con sus mensajes esquemáticos, eran vivas muestras de aquellos puntos y problemas que más dolían a aquella sociedad.

Al entregarnos el periódico, la chica, notando nuestra condición de extranjeros, nos preguntó qué opinábamos de la situación argentina. Empezamos a charlar. Se la veía despierta, inteligente, vivaracha. «Yo soy docente, enseño a niños —decía— y ayudo a orientar a muchachos muy jóvenes. Trabajo en dos sitios y me muero de hambre igual. Reunimos cinco sueldos en casa, y casi no podemos vivir. Pero no sólo somos nosotros: hay ya muchas profesiones, muchos gremios, los estatales, los maestros, los ferroviarios, los telefónicos, muchos trabajos en los que se levanta muy poca plata, en los que no se puede vivir».

Hablaba con entusiasmo de lo «muy importante» que era el que los gremios se hubieran organizado para «dar una respuesta democrática a los abusos del gobierno». «Pero el plato fuerte —afirmó— viene el próximo jueves, en que nos reunimos todos los gremios en otra manifestación mucho mayor. Este gobierno se va a enterar», añadió con gesto contundente.

A nuestra pregunta de cómo veían ellos el entonces reciente desplome de los regímenes del Este, demostró tener las ideas absolutamente claras al respecto: «Nos parece muy bien la caída de un sistema tiránico. No queremos saber nada del estalinismo ni de ningún tipo de dictaduras. Luchamos por un socialismo democrático». Insistió en la importancia de aquellas manifestaciones de respuesta popular y de las acciones coordinadas de las organizaciones gremiales, que —según afirmó con rotunda seguridad— acabarían modificando la política del gobierno y mejorando la situación.

Oyéndola hablar, con su expresión ilusionada, con su voz casi infantil, con sus gastos de adolescente casi niña, con su desbordante idealismo y su aplastante ingenuidad, escuchando sus apasionados argumentos sobre la importancia de la solidaridad, de la organización colectiva, de la protesta de la gente humilde que se ve obligada a trabajar catorce horas diarias para malvivir, comprendí que Alejandra —pues ése era su nombre, único dato que de ella retuvimos— constituía la más germina personificación sociológica del tipo de joven —muchacho o muchacha— que, sin necesidad de haber practicado la violencia, resultó víctima de la represión militar a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

Este tipo de persona joven, en plena edad del idealismo desaforado, estudiando o trabajando —en este caso, en uno de los campos más peligrosos: la docencia—, con su intensa actividad gremial, su sentimiento utópico, sus ansias de reforma política y social, su rechazo de cualquier dictadura, su firme reivindicación de un socialismo democrático, todo ello con sus inseparables dosis de apasionamiento e inocencia juvenil, se hubiera visto automáticamente incluida por los represores del PRN —incluso sin haber tocado un arma— dentro de aquel vasto campo subversivo conducente inexorablemente al secuestro, la tortura y la desaparición.

Esos conceptos, tan entusiásticamente expresados por Alejandra, y esas actuaciones suyas la situaban, fatalmente, dentro de la antológica definición videliana de que «terrorista no es sólo quien maneja la metralleta o la bomba, sino todo aquel que, con sus ideas, actúa contra la civilización cristiana y occidental», tal como vimos en el capítulo correspondiente. Y esas actuaciones de Alejandra —militancia izquierdista, asistencia a manifestaciones, reivindicación de mejoras para los más humildes, críticas a la política económica y social de un gobierno derechista— entraban de lleno dentro del delirante concepto que el general Videla y sus colegas tenían sobre lo que era asumir ideas y actuaciones supuestamente contrarias a esa «civilización cristiana y occidental» que, por otra parte, tan falsamente afirmaban defender.

En efecto, tales ideas y actuaciones hubieran convertido a Alejandra —como convirtieron a tantos otros y otras en edad, situación y actitud similares a las suyas— en carne de secuestro, de picana, y con gran probabilidad —dados su sexo y edad— también de violación en el antro clandestino correspondiente, para finalmente acabar, en fríos términos matemáticos y estadísticos, sentenciada a muerte y desaparición con un alto grado de probabilidad. No sólo la visión política, sino también los parámetros culturales de Videla y compañía, ubicaban a Alejandra —y a todas las Alejandras de ambos sexos— en el peligrosísimo campo de «la subversión». Difícilmente hubiera podido salvarse, si hubiera tenido la desgracia de alcanzar la misma edad catorce años atrás.

Sin embargo, la Argentina del futuro va a necesitar de muchas Alejandras, capaces de trabajar en dos sitios, de seguir adelante ganando una miseria, y manteniéndose, pese a todo, capaces de seguir hablando y actuando con ilusión, capaces de no perder la esperanza en medio de la adversidad: capaces de luchar, cívica y políticamente, por un futuro mejor para ellos y para su país.

APÉNDICE IV. ESTIMACIÓN APROXIMADA DEL NÚMERO DE MIEMBROS ARMADOS DE LAS ORGANIZACIONES «MONTONEROS» Y «EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO» (ERP)

1. DIFICULTADES PARA UNA CORRECTA CUANTIFICACIÓN

Las discrepancias —absolutamente abismales— en las cifras que se manejan a la hora de evaluar el número de miembros de las organizaciones armadas clandestinas —con independencia de su denominación como «terroristas», «subversivas», «revolucionarias» o «guerrilleras»— son demostrativas de lo difícil que resulta establecer dicho número con un mínimo grado de precisión. Tales diferencias se derivan, inevitablemente, de los factores siguientes, que hacen sumamente difícil tal cuantificación:

a) El hecho de que cada una de las partes implicadas modifica las cifras según su interés particular. Este tipo de organizaciones, de cara al exterior, siempre tienden a «inflar» su volumen y su potencia operativa real, por razones de prestigio y autoafirmación ante la sociedad.

b) Igualmente, las dictaduras que combaten a tales grupos por métodos totalitarios y al margen de toda moral, necesitan exagerar, mucho más aún que los propios grupos citados, el volumen de éstos, con objeto de justificar la práctica del terrorismo de Estado como método de represión.

c) La dificultad de distinguir, numéricamente, entre la masa de simpatizantes y militantes políticamente próximos a tales grupos, por una parte, y los miembros de una organización que se nutre de aquéllos, por otra.

d) Igualmente, desde fuera de cualquier organización clandestina, resulta extremadamente difícil evaluar el número de sus miembros armados y el de aquellos que ejercen en ella algún otro tipo de colaboración.

e) El hecho de que casi nadie establece una distinción —difícil pero muy necesaria para una correcta evaluación— entre dos cifras muy diferentes: el número total de hombres y mujeres que llegan a empuñar las armas en una organización a lo largo de una serie de años (en este caso una década entera, 1970-1980) y el número máximo de tales elementos armados existentes en un momento dado, incluso en su momento de máxima potencia, cifra, esta última, considerablemente inferior, tal vez la mitad o incluso menos, respecto a la anterior.

En efecto, el contingente armado va cambiando inevitablemente su composición. Cierto número de sus miembros son capturados; otros resultan muertos; otros son relevados de la lucha armada y asignados a otras misiones; otros incluso abandonan la militancia y desertan de la organización. Otros son enviados al extranjero para desempeñar otras funciones —relaciones internacionales, propaganda, recaudación de fondos, etc.— en diferentes países. Al mismo tiempo, otros militantes van siendo incorporados a la lucha armada, cubriendo los huecos anteriores. De esta forma, una organización que llegó a contar en su mejor momento —por ejemplo— con 500 miembros armados, a través de los años puede ir acumulando, mediante sucesivas bajas e incorporaciones, 600, 700, 800 y, al cabo de una década, tal vez incluso 1.000 o 1.200 miembros que, en uno u otro momento, llegaron a empuñar las armas. Y ello sin haber superado nunca esos 500 combatientes como cifra máxima en su momento de mayor capacidad.

2. ESTIMACIONES PARA EL CASO ARGENTINO

Expuestos ya estos factores que hacen difícil la cuantificación que nos ocupa, hablemos del caso argentino en particular. Salvo mínimos episodios anteriores, la gestación de los movimientos armados en Argentina se produjo durante el período 1968-70, siendo en 1970 cuando se produjeron las primeras acciones de relieve. En los primeros años setenta existían ya en la Argentina cinco grupos de cierta entidad: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), los Montoneros, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Este último, a su vez, era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fruto de la fusión del Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y el Partido Obrero Trotskista (POT). En definitiva, tras la desaparición de algunos de estos grupos y la unificación de otros, finalmente quedaron sólo dos importantes organizaciones: Montoneros y ERP.

Según fuentes militares citadas por Peter Waldmann, «en 1975 el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) contaba con 3.000 combatientes armados: los Montoneros, en cambio, sólo contaban con 1.000»[707]. Cifra, esta última, perfectamente verosímil, mientras que la primera resulta a todas luces errónea por excesiva; existe acuerdo unánime en que el ERP siempre tuvo menos efectivos que los Montoneros. En cuanto al número total de militantes, el propio Waldman los sitúa entre 3.000 y 4.000 para cada una de tales organizaciones en su momento de máximo poder»[708], y sin hacer distinción entre miembros armados y no armados, si bien reconoce que todas estas cifras ofrecen muy poca garantía («estimación nada ajustada», según sus palabras). En efecto, tales cifras resultan hoy excesivamente abultadas. Los más recientes cálculos efectuados al respecto hacen bajar drásticamente dicha cuantificación.

Así, los investigadores Daniel Frontalini y María Cristina Caiati, teniendo en cuenta datos de procedencia militar, como los proporcionados por los generales Ramón Camps (La Prensa, 4-1-81) y Juan Bautista Sassiain (La Opinión, 10-9-77, y Clarín, 11-9-77), y documentos incautados a las propias organizaciones guerrilleras y hechos públicos por los generales Viola y Jáuregui (conferencia de prensa de 19-4-77), así como otros datos, también de procedencia guerrillera, pero difundidos en publicaciones del Ejército, efectuaron un estudio que constituye, que nosotros sepamos, el único intento serio de cuantificación sobre una base documental. Su estimación pormenorizada, incluidos los datos de las fuentes recién citadas y justificando las hipótesis asumidas, les permite comprobar que, de los soportes documentales existentes, se desprende que el número real de insurgentes en aquellos años corresponde a unas cifras mucho más bajas de las que —sin soporte alguno— se habían venido manejando con total gratuidad. En definitiva, su conclusión documentada y razonada es la siguiente: en su momento de máximo apogeo, la suma total de militantes {entre Montoneros y ERP) no llegaba a 2.000, de los cuales sólo el 20% (unos 400) estaban armados[709].

Subrayemos que tales cifras —a diferencia de tantas otras arbitrariamente manejadas— se basan en el análisis e interpretación, por ambos investigadores citados, de toda la documentación mencionada, de procedencia guerrillera y militar. Pues bien; en la hipótesis de que fuera acertado el número de 400 insurgentes armados en su momento máximo —y esto no lo dicen Frontalini y Caiati, sino que lo añadimos nosotros—, podría admitirse que, a lo largo de toda la década, el total de efectivos que llegaron a pasar por la acción armada pudo ascender a 800 o 1.000, por ese inevitable factor de relevo continuo ya señalado más atrás.

3. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE LOS EFECTIVOS ARMADOS DEL ERP

En cuanto al ERP, como es bien sabido, en 1974-75 efectuó una concentración de fuerzas que se mostró muy activa en la provincia norteña de Tucumán, cuya naturaleza agreste —montuosa y boscosa—, y con extensas áreas poco pobladas, la hacían especialmente propicia para crear en ella una «zona liberada», logro más psicológico y propagandístico que efectivo, pero que, por aquellas fechas, era el objetivo que pretendían conseguir.

Pues bien; aquella concentración de fuerzas, la mayor que el ERP pudo acumular allí, estaba constituida, según detalló el general Ramón Camps, por cuatro «compañías», una de ellas formada por «terroristas procedentes de la Capital Federal y Gran Buenos Aires», otra con «elementos de Rosario y su zona de influencia», otra —según indicaba su nombre— nutrida por efectivos del área de Córdoba, y otra, la principal —la llamada «Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez»—, «organizada con miembros provenientes de todo el país». Este conjunto de fuerzas —agrega Camps— estaba apoyado además por un «pelotón independiente»[710].

Atribuyendo, en una primera aproximación, a cada una de tales «compañías» la cifra más normal en los Ejércitos latinoamericanos y europeos occidentales (unos 120 hombres) —pronto veremos la imposibilidad de mantener esta cifra—, y una estimación de entre 15 y 20 hombres para ese «pelotón independiente», el total redondeado sería de unos 500 hombres concentrados por el ERP en la provincia de Tucumán. (Esta es también la hipótesis inicial de los dos investigadores citados, hipótesis que se verá desmentida después).

Frente a esta concentración de fuerzas insurgentes, a partir del 9 de febrero de 1975 (como consecuencia del primer «decreto de aniquilamiento», promulgado cuatro días antes), el Ejército Argentino concentró a su vez los siguientes efectivos en la región:

«… un total aproximado de 5.000 hombres, con una fuerza de tarea nucleada en torno a la V Brigada de Infantería de Monte (3.500 hombres), con los regimientos 19 de Infantería (Tucumán), 28 de Infantería de Monte (Tartagal, Salta), 20 de Infantería de Montaña (Jujuy), el Grupo de Artillería de Montaña 5, Compañías de Comando de Ingenieros, de Comunicaciones, de Sanidad, pertenecientes a la V Brigada, 3 Escuadrones de Gendarmería, 3 Compañías de la Policía Federal, y fuerzas policiales provinciales»[711].

Un contingente militar de 5.000 hombres frente a 500 hipotéticos enemigos. En este punto, hay que tener en cuenta un concepto muy arraigado en los ámbitos de la lucha antiguerrillera latinoamericana: la idea de que la proporción de 10 a 1 (diez miembros del Ejército regular por cada guerrillero) es el grado de superioridad numérica adecuada —como norma general— para tener posibilidades de lograr un resultado positivo. Como ejemplo al respecto, recordado por los citados Frontalini y Caiati, cabe citar estas palabras del marino de guerra argentino Francisco Manrique, después de regresar de El Salvador, donde había asistido a las elecciones que otorgaron la presidencia al tecnócrata Álvaro Magaña en 1982:

«Ustedes se preguntarán por qué la Fuerza Armada (salvadoreña) no pone fin a la guerrilla. Creo que la razón por la que no se termina con ella desde el punto de vista militar, es porque realmente no hay una Fuerza Armada preparada para ello. Para combatir el terrorismo es necesario contar con una fuerza proporcional de 10 a 1, y allí, frente a los 5.000 guerrilleros, sólo existen 12 ó 13.000 efectivos militares, que se encuentran en un estado incipiente de preparación para este tipo de acciones»[712].

Bajo este criterio proporcional parece lógica aquella concentración de 5.000 hombres frente al núcleo insurgente de Tucumán, inicialmente estimado en unos 500 combatientes. Sin embargo, existe un valioso documento interno del ERP (difundido por los propios militares en su libro El terrorismo en la Argentina, publicación ya citada en el capítulo II) cuyo contenido viene a desmentir, de manera rotunda, la estimación antes expresada, haciendo imposible mantener la citada relación. Dicho documento, titulado «Informe sobre guerrilla rural», detalla el proceso de implantación del foco guerrillero en la provincia de Tucumán, a partir de su etapa preparatoria iniciada en marzo de 1974, pormenorizando las principales acciones de ese año y del siguiente, y en especial las producidas desde la intervención a gran escala del Ejército en febrero de 1975.

Dicho documento, redactado desde la óptica de los guerrilleros, registrando sus éxitos y fracasos, resulta crudamente descriptivo en este punto concreto: la sorprendente, pero irrefutable, pequeñez de los efectivos guerrilleros que actuaron en la provincia de Tucumán, contra los que se montó el aparatoso «Operativo Independencia», aparentemente destinado a combatir a una fuerza insurgente de considerable magnitud y efectividad. Sin embargo, la evidencia está ahí. El núcleo básico —y prácticamente único— de dicha fuerza no fue otro que la llamada «Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez», pretendida unidad militar de montaña, que debía servir de base a toda la acción guerrillera en la región. La insignificancia de los efectivos integrantes de dicha unidad —única con pretensión de cierta permanencia— y de sus refuerzos momentáneos, resulta patética de principio a fin, según se desprende del informe citado, elaborado por el ERP para uso interno, pero finalmente conseguido y difundido por la citada publicación militar. Observemos, en efecto, algunos de sus párrafos más clarificadores:

«Etapa preparatoria. En marzo de 1974 nuestra organización destinó una veintena de compañeros para realizar un curso de monte y prepararse como base para la formación de la Compañía de Monte. Cuando estaba próximo el fin del período de instrucción, el grupo fue detectado por el enemigo, que lanzó un operativo de búsqueda muy publicitado. Nuestra unidad aprovechó la ocasión para tomar Acheral y hacer conocer al país el nacimiento de la guerrilla rural».

«A partir de fines de junio la Unidad se dividió en tres grupos, que se lanzaron al trabajo político entre las masas, al tiempo que se envió 10 compañeros más desde las ciudades»[713].

La primera acción de cierta importancia de dicha «Unidad» (la antes citada Compañía de Monte R. R. Giménez del ERP) fue el ataque al Regimiento Aerotransportado de Catamarca, que se produjo en agosto del mismo año 1974:

«La acción se realizó el 11 de agosto y fracasó al ser detectada nuestra presencia en la zona por la policía; y al perderse en la retirada un grupo de 16 compañeros, fue asesinado por el enemigo. Esta derrota fue un golpe muy duro para nuestra Unidad, que quedó reducida a 18 compañeros que se refugiaron en la zona en que operaban activamente, apoyados por la población».

«Los meses de septiembre a diciembre (de 1974) fueron de asentamiento en la población. Se envió un nuevo refuerzo de 10 compañeros, e ingresaron 40 obreros y campesinos de la zona, con lo que la Compañía llegó a contar con 62 combatientes».

«Debido a una serie de errores políticos y a algunas detenciones, entre ellas la del compañero que más dinamizaba el trabajo de masas, la Compañía no se consolidó internamente y se produjeron alrededor de 20 pedidos de baja. Con la fuerza restante se inició una campaña en el mes de enero (de 1975), tomándose varias poblaciones sin enfrentamientos debido a las mínimas fuerzas policiales existentes, que no hacían resistencia»[714].

Una vez iniciado el Operativo Independencia por el Ejército (9-2-75), la citada «Compañía» y las «masas» que la apoyaban, recibieron el fuerte impacto de la intensa intervención militar:

«El estado de ánimo de las masas decayó y se generalizó un espíritu de temor ante la brutalidad de la represión, que asesinó alrededor de 100 obreros y campesinos, torturó a miles y mantiene en prisión a centenares. Pese a ello, la Compañía mantuvo su núcleo principal con 35 efectivos y se movió en la zona sin dificultades, bien abastecida y manteniendo una presencia mínima, bajo directivas de no buscar combate»[715].

La siguiente acción, de mayor importancia, fue la llamada «Operación Famaillá», reflejada así en el informe del ERP:

«Operación Famaillá: La dirección de nuestro Partido resolvió enfrentar la movilización enemiga en base a un pequeño refuerzo permanente, y a dos operaciones grandes a realizarse empleando personal de tres Unidades (urbanas). (…) De esta manera se preparó la toma del puesto de Comando enemigo en la ciudad de Famaillá, para lo que hubo que reforzar la Compañía con alrededor de 80 hombres. Después de golpear Famaillá, esa misma Unidad atacaría en Los Sosa otra concentración enemiga, después de lo cual regresarían a sus Unidades (urbanas) 70 de los 80 hombres de refuerzo,»[716]. (Los paréntesis pertenecen al texto original. La cursiva sigue siendo nuestra).

He aquí unos datos de gran valor aclaratorio. Aquellas tres Unidades urbanas a las que se refería el general Camps (tres «Compañías» procedentes de Buenos Aires, Córdoba y Rosario), que según dicho general participaron junto a la Unidad básica del ERP en Tucumán (la ya citada «Compañía del Monte Ramón Rosa Giménez»), no fueron nunca unidades de unos 120 hombres actuantes en dicha provincia, como inicialmente supusimos en una primera aproximación. De hecho, tales unidades urbanas sólo aportaron conjuntamente ese esfuerzo de 80 hombres en total a la «Compañía de Monte» mencionada. La cual, a su vez, tampoco llegó a contar nunca con 120 hombres, sino que, como hemos visto, sólo había conseguido mantener ese núcleo de 35 efectivos antes precisado por el propio informe, tras las importantes bajas (por abandono y por acción enemiga) sufridas con anterioridad.

Así pues, dicha Compañía, una vez reforzada por dichos efectivos urbanos, llegó a su cifra máxima: unos 115 hombres, con los que el ERP abordó sus dos «operaciones grandes» ya planeadas: los ataques sucesivos a las concentraciones enemigas de Famaillá y Los Sosa. Después de lo cual, 70 de los 80 hombres regresarían a sus unidades urbanas, dejando un refuerzo permanente de sólo 10, lo que volvería a dejaren unos 45 hombres los efectivos de la Compañía en cuestión, sin incluir las bajas que en dichas operaciones se pudieran producir.

A continuación, el informe del ERP se extiende en algunas consideraciones sobre la acción de Famaillá (frustrada porque la guarnición fue alertada por una delación, lo que dio lugar al choque de Manchala), y sobre los combates que se desarrollaron con posterioridad:

«Desde finales de mayo (Manchala) a la fecha, el enfrentamiento se ha hecho más encarnizado: hubo tres choques principales (Manchala, Los Sosa y Yacuchina) y cuatro enfrentamientos menores, con un total aproximado de 52 muertos y varias decenas de heridos del enemigo, y 2 muertos, 6 heridos (uno de ellos detenido) y 2 desaparecidos en nuestras fuerzas. Además tuvimos otros 7 detenidos, 5 de los cuales fueron asesinados, y uno fugó»[717].

Ya en su parte final, el informe acaba con unas conclusiones y perspectivas, entre las que destaca la siguiente: «Los 16 meses de experiencia que hemos acumulado se han materializado en un excelente núcleo de varias decenas de cuadros, base de un desarrollo acelerado»[718].

Aunque la fecha del documento no aparece en la publicación del Ejército que lo difundió, por esa alusión a los «16 meses de experiencia» cabe deducir que el ERP lo redactó en julio de 1975. Tal informe, por tanto, nada recoge sobre lo sucedido en la segunda mitad de dicho año, en la que el ERP fue destruido en la provincia de Tucumán. Ello explica los términos todavía optimistas que prevalecen en su texto —sin ocultar sus pérdidas y fracasos—, pero siempre con esa característica común, que es la que objetivamente se impone de la lectura del documento en cuestión: la sistemática pequeñez de las cifras referentes a este núcleo armado, único núcleo militar permanente del ERP en la provincia de Tucumán.

El valor testimonial del documento aquí comentado —aceptado como indiscutiblemente auténtico por el propio Ejército Argentino e incluido como tal en su ya citada publicación— resulta patente. Recordemos que se trata de un informe interno del ERP, no destinado a ningún tipo de propaganda externa, y en el que se recogen éxitos, fracasos, pérdidas, abandonos («pedidos de baja»), etc., con un evidente propósito —más o menos acertado— de valoración realista de la situación. Documento, por tanto, de notable valor, en la medida en que nos ilustra con penetrante claridad sobre la magnitud de la tan cacareada «Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez», la unidad de montaña especialmente creada por el ERP con el ambicioso propósito de afincarse en la ya citada zona agreste de Tucumán.

Se trata, en efecto, del núcleo militar básico y prácticamente único de la fuerza guerrillera del ERP en dicha región. Pues bien: todos los datos cuantitativos aportados por dicho informe resultan concluyentes respecto a la magnitud de dicho contingente armado. Desde esa «veintena de compañeros» que constituyeron el bloque inicial, hasta llegar a ese otro «núcleo principal de 35 efectivos» más o menos permanentes, pasando por todas esas vicisitudes, tales como la incorporación de «10 compañeros más», el asesinato del «grupo de 16 compañeros», con lo que la Unidad «quedó reducida a 18 compañeros»; el nuevo «refuerzo de otros 10 compañeros»; el ingreso de «40 obreros y campesinos», con lo que «la Compañía llegó a contar con 62 combatientes»; el contratiempo producido por los «20 pedidos de baja», etc., hasta llegar a ese refuerzo momentáneo de 80 hombres, procedentes de tres Unidades urbanas ajenas a Tucumán (con los que por primera vez, aunque de forma coyuntural, la tan citada Compañía se aproximaba a los 120 hombres), para terminar con ese último dato citado: el logro de ese «excelente núcleo de varias decenas de cuadros», creemos, en definitiva, que este conjunto de datos resultan concluyentes sobre la verdadera magnitud de aquella «Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez», o, lo que es lo mismo, sobre la verdadera capacidad militar del ERP alcanzada en 1975 en su lugar de máximo empeño y concentración. Y ello con toda independencia del número de colaboradores desarmados que pudieran tener en la región.

Del análisis del mismo documento, los antes citados Frontalini y Caiati llegan a similar conclusión:

Del documento se desprende que la cantidad de combatientes permanentes no sobrepasaron los 50. Cuando fue reforzada con las unidades que menciona Camps, no superaban las 120 personas[719].

Así pues, los 5.000 hombres del Ejército concentrados frente al ERP en Tucumán no se enfrentaron a los 500 combatientes inicialmente estimados, manteniendo esa hipotética proporción de 10 a 1, sino que la proporción real resultó ser de 30 a 1. Proporción que resulta confirmada por operaciones concretas como la referida por el diario bonaerense La Opinión en esta noticia, de 1-XI-1975:

«Los periodistas fueron llevados hasta el cuartel general de Famaillá, a 12 km de La Fronterita. La zona visitada abarca una extensión de 10 km de frente en dirección a la montaña. Esa “zona de fuego” es campo operativo para la Fuerza de Tareas Aguila, compuesta por efectivos de la Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza. Allí se lleva a cabo un anillo de cercamiento sobre un grupo de 10 o 15 guerrilleros que se repliegan por la denominada “selva tucumano boliviana” rumbo a Catamarca».

«En la zona (…) operan alrededor de 350 efectivos especializados en escalamientos de montaña, que están allí desde hace sesenta días sin ser relevados. Con apoyo de helicópteros artillados, esos especialistas siguen el rastro de los grupos guerrilleros por la selva y escalando montes»[720].

Esa persecución de una docena de guerrilleros por 350 especialistas de montaña, «apoyados por helicópteros artillados», marca la descomunal desproporción de efectivos que fue habitual (la ya vista relación de 30 a 1) en la lucha librada contra el ERP desde febrero de 1975 en los montes y bosques de Tucumán, hasta la derrota de dicho núcleo guerrillero en diciembre del mismo año.

Derrotada finalmente la guerrilla en dicha provincia, el ERP todavía fue capaz de emprender una acción de envergadura a finales de 1975, esta vez en ámbito urbano, y bien lejos de Tucumán. Movilizando prácticamente todos sus efectivos disponibles (dos «compañías» reforzadas para la ocasión, totalizando unos 150 miembros, incluyendo el aparato logístico de la operación y su contingente armado), llevaron a cabo el ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingólo, provincia de Buenos Aires, el día 23 de diciembre de 1975.

Como ya dijimos en su momento, el fracaso de esta acción fue total.

También esta vez la guarnición atacada esperaba la llegada de los atacantes, lo que permitió a los militares batirse con gran ventaja sobre el grupo agresor[*]. El propio ERP reconoció 45 bajas definitivas (22 muertos y 23 desaparecidos); algunas informaciones periodísticas elevaron a más de 100 el número de atacantes muertos, mientras otras fuentes dieron cifras intermedias, hablando de 60 o 70 bajas mortales en las filas del ERP. Hay que hacer notar, en todo caso, que las cifras referentes a 100 muertos del ERP eran erróneas, y motivadas por el hecho de que, en el desorden de su retirada, un numeroso grupo de guerrilleros buscó refugio en un «poblado de emergencia», zona de viviendas miserables, próxima al lugar de la acción. Ello costó la vida a docenas de sus habitantes, ajenos por complejo a los hechos, que fueron abatidos junto a los fugitivos allí refugiados, sin que nadie hiciera grandes esfuerzos por ahorrar víctimas entre los no participantes en la operación.

De todas formas, el quebranto sufrido por el ERP en esta actuación fue tan severo que ya nunca volvió a montar ninguna operación de ese género contra un centro militar.

Pues bien; concretándonos al momento de su máxima potencia (mediados de 1975), puede estimarse razonablemente que el contingente armado del ERP en todo el territorio argentino pudo consistir en 8 o 10 «compañías», en su mayoría urbanas, de magnitud similar a la repetidamente citada de Tucumán. Se trataba, por tanto, de unidades que, como hemos visto, difícilmente conseguían mantener un núcleo permanente de 50 miembros, sin perjuicio de ser reforzadas momentáneamente por elementos de las otras, en caso de necesidad. Esto daría un total de 400 a 500 miembros armados, como contingente militar permanente del ERP en todo el territorio nacional, con independencia del número mayor o menor de militantes no armados que sus estructuras (logística, propaganda, etc.) pudieran mantener.

4. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE LOS EFECTIVOS ARMADOS DE LA ORGANIZACIÓN MONTONEROS

Esta organización armada surgió de las grandes masas juveniles procedentes de las izquierdas de origen católico, nacionalista y peronista, como ya vimos en el capítulo II. Las cifras atribuidas a los Montoneros y su contingente armado resultan tan oscilantes y arbitrarias como las adjudicadas al ERP.

Pese a la considerable fuerza que los Montoneros llegaron a tener, tal fuerza nunca fue suficiente para enfrentarse con éxito al Ejército en choques directos contra éste. La única acción de tipo específicamente militar, en toda la historia de esta organización, que implicó choque directo con una unidad del Ejército, se saldó con un notable fracaso para los atacantes: el ataque frustrado al Regimiento de Infantería de Monte núm. 29 de Formosa, ciudad situada al norte del país, el 5 de octubre de 1975. La operación tuvo no poca complejidad. Como acción preparatoria tres montoneros secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas en su vuelo Buenos Aires-Formosa, forzándolo a tomar tierra en un pequeño campo de aterrizaje próximo a Rafaela (provincia de Santa Fe). Allí subió a bordo un grupo de unas 20 o 30 personas, que después, ya en Formosa, participaron en el ataque al acuartelamiento militar. Además, se secuestró también una avioneta y se utilizaron un total de diez vehículos en la operación.

Como siempre, la prensa dio cifras absolutamente discordantes: desde 50 hasta más de 100 montoneros participantes en la acción, incluyendo en tales cifras el amplio soporte logístico que la apoyó. Sin embargo, el propio Ejército —en su repetidamente citado libro El terrorismo en la Argentina— proporcionó datos más precisos: intervinieron sólo 41 montoneros, de los cuales sólo 33 participaron en el ataque[721]. De ellos murieron 16. Por parte militar murieron un subteniente, un sargento y 9 soldados, uno de los cuales era «entregador». Según versión montonera, durante las dos horas que duró el ataque, sus hombres lograron hacerse con 50 fusiles FAL, dato que fue negado por el correspondiente comunicado militar.

Hemos incluido estos datos a modo de simple aportación documental sobre la capacidad real —francamente limitada— de los Montoneros a la hora de ejecutar su más ambiciosa operación militar, y única basada en el choque con una verdadera unidad del Ejército. En cualquier caso, la pérdida de casi la mitad de sus efectivos atacantes en esta operación constituyó un fracaso suficientemente grave como para hacer que esta organización no volviera a emprender nunca otra operación similar.

Volviendo a nuestro propósito, el intento de cuantificar con la mayor aproximación posible el contingente armado, específicamente militar, de los Montoneros tropieza con el obstáculo habitual en estos casos: la escasez de datos documentales disponibles, capaces de permitir una ajustada estimación. Pero afirmar que tales datos son escasos no significa que sean totalmente inexistentes, como vamos a ver a continuación.

Ahí están, por ejemplo, los documentos titulados «Criterios generales sobre compra, alquiler, montaje y reposición de viviendas», remitido por la «Conducción Nacional» de la organización Montoneros a sus «Conducciones Regionales», de fecha 1 de junio de 1976, y la Nota de la «Secretaría Militar Nacional» a la «Secretaría de Organización», solicitando a ésta aportaciones económicas para adquisición de viviendas necesarias para uso de la organización, de fecha 27 de agosto de 1976[722].

Estos documentos, hechos públicos en conferencia de prensa el 19-4-77 por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Roberto Viola, nos proporcionan, entre otras cosas, el número de células de que disponía la organización a primeros de junio de 1976, divididas en «células de combate» (en número de 18), de logística (11), de organización (10), de información (6) y de otros tipos, junto con la indicación del número de viviendas asignadas a cada una de tales categorías dentro del aparato logístico de la organización[723].

Vemos que, a diferencia del ERP, cuya unidad básica era la «compañía» (nombre específicamente militar, no en vano el nombre de la organización era «Ejército Revolucionario del Pueblo»), los Montoneros, en cambio, adoptaron otra unidad de tamaño menor: la «célula», denominación más tradicional en las organizaciones de tipo revolucionario y clandestino.

Los dos documentos citados nada nos dicen sobre la composición numérica de una de tales células, por lo que resulta necesario recurrir a la razonada interpretación. Recordemos, como primera referencia, que el FLN argelino, en su lucha contra el poder colonial francés, utilizó células de tres hombres, uno de los tamaños más clásicos al respecto, pues permite funcionar orgánicamente de forma que cada hombre —en previsión de que sea capturado y torturado— sólo conoce a otros dos miembros de la organización: su compañero y su inmediato superior. Está claro, por los datos disponibles, que no fue ése el tipo de célula que los Montoneros establecieron, sino otra de tamaño bastante mayor, como veremos a continuación.

Frontalini y Caiati efectúan sus cálculos sobre la base de 10 miembros por célula. Nuestra hipótesis, en cambio, será aún más alta, basándonos para ello en otro dato del mismo documento: el número de viviendas asignadas a esas 18 células combatientes en su conjunto: 162 pisos[724]. Ello nos obliga a admitir que los Montoneros llamaban «célula» a una unidad operativa de cierta entidad y autonomía, con una composición situada entre 20 y 25 miembros. Nos parece inviable atribuirle un volumen mayor, pues nadie ha oído jamás, en ninguna parte, hablar de «células» de 40, 50 o más miembros, que, sin duda, recibirían otro tipo de designación. La palabra «célula» se refiere siempre a la unidad elemental, al mínimo grupo capaz de recibir algún tipo de misión operativa y de funcionar de forma articulada en un conjunto superior. Por ello, nos parece imposible, en buena lógica, otorgar a la célula montonera un número superior a esos 20 ó 25 miembros, que es, a nuestro juicio, el máximo volumen compatible con esa denominación.

También en el coeficiente de ocupación de las viviendas situamos nuestra hipótesis numéricamente por encima de la de los dos investigadores citados, que estiman en 1,5 el número medio de personas ocupantes de cada vivienda asignada a las células operativas de combate[725]. Sin embargo, reconocemos como bastante razonable tal hipótesis, que se funda básicamente en las consideraciones siguientes:

a) En aquellas fechas (mediados de 1976), resultaba peligroso y altamente sospechoso para la policía, y para sus numerosos informantes en cualquier vecindario, la acumulación de más de dos personas jóvenes viviendo en un mismo piso. Ello hacía que muchas de tales viviendas, asignadas a las células armadas, estuvieran ocupadas individualmente por una sola persona, o a lo sumo por dos.

b) Por otra parte, el carecer de vivienda y permanecer la mayor parte del tiempo en la calle, resultaba sumamente peligroso, por la intensa vigilancia y el gran número de controles policiales existentes en las ciudades en aquellos meses centrales de 1976, los más duros de la represión. Resultaba necesario, desde todos los puntos de vista, tener un domicilio, lo que obligaba a disponer de un número de viviendas proporcionalmente muy numeroso, debido a la limitación anterior.

c) El riesgo de que uno de los ocupantes de una vivienda fuera capturado y revelara bajo tortura la dirección de su vivienda hacía necesarias dos cosas: que el resto de sus ocupantes fueran muy pocos, a ser posible sólo uno más, y que éste, o éstos, tuvieran prevista y accesible una vivienda alternativa —distinta para cada uno y desconocida por el otro u otros—, a la que poder acudir en caso de necesidad, sin que pudiera ser delatada por el compañero capturado.

Así pues, ese 1,5 de ocupantes por vivienda asignada a los elementos armados constituye un cálculo razonablemente justificado. Sin embargo, estimamos por nuestra parte que, a la altura de junio de 1976, fuertemente presionada ya por la dureza de la represión militar tras el golpe de marzo, la organización montonera se vio obligada a elevar esa cifra hasta un promedio de 2,5 ocupantes por vivienda asignada. De esta forma, las 162 viviendas asignadas a las células de combate estarían ocupadas por un total aproxima do de unos 400 elementos armados, en la fecha del documento en cuestión.

Por otra parte, disponiendo entonces los Montoneros —según se comprueba en el mismo documento— de un total de 18 células de combate en todo el territorio argentino, y atribuyendo a cada una de ellas la composición antes dicha —de 20 a 25 miembros—, ello nos proporciona un total situado entre 360 y 450 miembros armados, magnitud plenamente concordante con esos 400 que acabamos de estimar sobre la base del número de viviendas asignadas y su coeficiente de ocupación.

A ello añadiremos otro factor, no considerado por Caiati y Frontalini, pero que, desde nuestro personal punto de vista, nos resulta obligado introducir. Si a primeros de junio de 1976 (fecha del documento) los Montoneros conservaban todavía ese contingente de aproximadamente 400 elementos armados que acabamos de estimar, en tal caso, resulta razonable suponer que un año antes (mediados de 1975), es decir, antes de las pérdidas sufridas en el citado ataque al Regimiento de Formosa (5-10-75), y antes también del segundo «decreto de aniquilamiento» (6-10-75), que extendió la represión militar a todo el territorio argentino, y mucho antes todavía de haber recibido el tremendo impacto de la represión masiva ejercida ya en los meses de abril y mayo de 1976 (primeros dos meses tras el golpe del 24 de marzo), resulta razonable admitir, decimos, que antes de sufrir en sus filas dichos factores de desgaste, el aparato armado de los Montoneros podía estimarse entre una vez y media y el doble de ese número de 400 antes calculado, todavía restante a la altura de junio de 1976. Ello nos daría como contingente armado de los Montoneros, en su momento de mayor fuerza (entre julio y septiembre de 1975) una cantidad situada entre 600 y 800 miembros armados permanentes. Con independencia, como siempre, de todos los colaboradores que, al margen de las armas, pudieran desempeñar otro tipo de función.

5. ESTIMACIÓN TOTAL DE LOS ELEMENTOS ARMADOS EN AMBAS ORGANIZACIONES

De los datos, cifras y consideraciones anteriores, a partir de los documentos ya citados, se desprende que el contingente armado, específicamente militar, de las organizaciones guerrilleras de los años 70 en Argentina, en sus momentos de mayor capacidad, pudo estimarse, como hemos visto, entre 400 y 500 hombres para el ERP, y entre 600 y 800 para los Montoneros, totalizando en su conjunto, por tanto, una cifra máxima situada entre 1.000 y 1.300 miembros armados permanentes en su época de máxima fuerza militar (segunda mitad de 1975).

Nos damos cuenta de que esta estimación nuestra triplica la formulada y razonada por los reiteradamente citados Caiati y Frontalini (que la sitúan, como ya vimos, en unos 400 efectivos armados como cifra total), pero nosotros, según nuestro propio criterio, consideramos nuestras hipótesis y nuestro análisis más ajustados a la realidad. Todo ello sin perjuicio de reconocer los valiosos datos y respetables argumentos formulados por ambos investigadores, a los que debemos, que nosotros sepamos, el primer intento razonado de cualificación con apoyo documental, frente a la arbitraria atribución de cifras caprichosas que nadie es capaz de contabilizar.

Ante los resultados obtenidos en estos intentos de cuantificación apoyados en documentos fidedignos, y ante las cifras —bastante exiguas bajo cualquier hipótesis razonable— que tales datos nos proporcionan, cabe legítimamente preguntarse: ¿Por qué los militares argentinos difundieron, en publicaciones editadas por el propio Ejército, documentos interiores de los propios guerrilleros, demostrativos del muy escaso volumen de los efectivos con que contaban tales grupos? ¿Por qué incluyeron en su libro El terrorismo en la Argentina el ya citado documento interno del ERP, demostrativo de que en su momento de máxima acumulación de efectivos en Tucumán dicha organización a duras penas logró concentrar en aquel escenario 120 militantes armados? ¿Por qué difundieron los mismos militares, en conferencias de prensa, documentos de la dirección de Montoneros en los que se demostraba que, sólo dos meses después del golpe de 1976, esta organización sólo contaba con 18 células de combate en todo el territorio nacional? ¿Por qué el propio comandante General del Ejército reconoció, en su informe de finales de enero de 1976, publicado en la prensa civil, la «impotencia absoluta» de tales grupos en cuanto a su poder militar, así como su «incapacidad para trascender al plano militar», junto con la «obvia evidencia de su debilidad»? ¿Por qué todos estos reconocimientos de la debilidad del aparato armado de los grupos insurgentes, que luego, desde 1980, se convertirían en reiteradas proclamaciones, por parte de los mismos militares, de su enorme fuerza y peligrosidad?

La clave de la respuesta a estas preguntas está, una vez más, en la fecha. Si el Comandante General del Ejército reconoció la insignificancia militar de las organizaciones subversivas en enero de 1976 (dos meses antes del golpe militar), y si en 1977 difundió los documentos antes comentados sobre el verdadero volumen de los Montoneros en junio de 1976, y si en 1979 fue capaz de editar la publicación tan citada, incluyendo en ella datos tan concluyentes sobre la escasa fuerza del ERP en Tucumán en 1975, fue porque en aquellos años (hasta 1979 inclusive) las autoridades militares argentinas se sentían absolutamente seguras de sí mismas y no experimentaban la menor necesidad de justificarse mediante ningún tipo de demostración sobre el volumen grande o pequeño de sus enemigos.

Ni en 1977, ni en 1979, podían imaginar que pocos años después se verían obligados a buscar toda clase de argumentos, incluso los más inverosímiles, para justificar el terrible y desproporcionado volumen de su represión. Pero por aquellas fechas, cuando hacían públicos tales datos y documentos, no podían adivinar que muy pronto se verían obligados a contradecir tales datos, multiplicando astronómicamente las cifras de los subversivos e inventando las más inauditas explicaciones para justificar el drama de tantos miles de desaparecidos, fruto de una errónea y desmesurada técnica de represión.

No debemos dar fin a este apartado sin salir al paso de un argumento muy utilizado por quienes hablan del gran tamaño y potencia de las organizaciones subversivas argentinas. Tal argumento consiste en afirmar que, a diferencia de las organizaciones terroristas europeas, que nunca tuvieron fuerza suficiente para chocar con los Ejércitos de sus respectivos países atacando a instalaciones militares y llegando a ocuparlas, Montoneros y ERP sí disponían de tal capacidad. Pues bien; en realidad no fue así, salvo en un plano momentáneo y puramente propagandístico. Si nos hemos referido con cierto detalle a las «acciones militares» de ambas organizaciones, y usando datos de procedencia guerrillera y militar, ha sido precisamente para dejar claros tres puntos:

a) Que tales ataques y ocupaciones fueron siempre fugaces, muy breves y dirigidos más bien al efecto psicológico y al robo de armamento y equipo (lo que, dicho sea de paso, también fue efectuado en su día por organizaciones armadas europeas, como ETA e IRA, que en ciertos casos también atacaron instalaciones militares con ese fin).

b) Que tales acciones, incluidas las más importantes —incluso la única en el caso de los Montoneros— fueron llevadas a cabo mediante momentáneas concentraciones de fuerzas de varias docenas de miembros, muy rara vez superando el centenar al incluir el apoyo logístico; concentraciones muy trabajosamente logradas, y conducentes siempre al rápido fracaso final, siempre que se atacó a una verdadera unidad militar de cierta entidad.

c) Que el pretendido propósito de lograr una «zona liberada» en cierta área poco accesible de Tucumán fue, igual que las acciones anteriores, meramente psicológica y propagandística, basada en la ocupación de mínimas poblaciones dotadas de un insignificante contingente militar o policial que, casi siempre, «se entregaba sin combatir», según vimos en la propia documentación del ERP, cuyas posibilidades de una ocupación estable de cualquier territorio nunca existieron en la realidad.

6. DESCARADA FALSEDAD DE UNA CIFRA, DENTRO DE UN CONTEXTO DE FALSEAMIENTO GENERAL

En abril de 1983, tras la derrota en el Atlántico Sur, y ante la irremediable celebración de elecciones y la próxima entrega del poder a las nuevas autoridades democráticas —y cuando ya la palabra «Nuremberg» se murmuraba en los cuarteles con creciente insistencia—, la 4.ª y última Junta Militar sintió la necesidad de redactar su llamado «Documento Final». En dicho documento, entre otras lindezas, se decía nada menos que lo siguiente: que los subversivos contaron con 25.000 militantes, «de los cuales 15.000 eran combatientes»[726].

Por supuesto, estas desorbitadas cifras no sólo no venían respaldadas por el más mínimo cálculo, ni por el más breve documento aclaratorio, ni por la más insignificante pieza probatoria (cosa obviamente imposible, dada su falsedad), sino que, por añadidura, aquel disparatado dato (15.000 miembros armados) contradecía frontalmente todos los datos aportados por los propios militares referentes a la escasa cuantía numérica y capacidad militar de los grupos insurgentes. Y ello precisamente en estos tres momentos concretos, que merece la pena recordar:

a) Mediados de 1975: Documento interno del ERP, demostrativo de su incapacidad de superar la cifra de 120 hombres en su concentración de Tucumán, ni siquiera mediante refuerzos procedentes de sus zonas de mayor implantación urbana, y su extrema dificultad de mantener un contingente de 50 combatientes con carácter permanente en dicha región. (Documento difundido en la tantas veces citada publicación militar, editada en 1979 por el Poder Ejecutivo Nacional).

b) Finales de enero de 1976: Informe del Comandante General del Ejército (en aquellos momentos el general Videla), en el que, refiriéndose a «las organizaciones terroristas» en general, y tras la importante derrota del ERP en Monte Chingólo, señala la «impotencia absoluta» de tales organizaciones en cuanto a «su presunto poder militar», proclamando en su párrafo final la ya repetida «incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar». (Publicado en el diario Clarín, Buenos Aires, 31-1-1976).

c) Primeros de junio de 1976: Documento interno de la organización Montoneros, dirigido por su «Conducción Nacional» a las «Conducciones Regionales» sobre «compra, alquiler, montaje y reposición de vivienda», en el que consta un dato tan concluyente como éste: en aquella fecha, los Montoneros sólo tenían 18 células de combate en todo el territorio argentino. (Documento de fecha 1-6-1976, difundido en conferencia de prensa por los generales R. E. Viola y L. A. Jáuregui el día 19-4-1977, y publicado por la prensa de Buenos Aires el 20-4-1977).

Obsérvense las fechas, en cuanto a la situación de los grupos guerrilleros: el primero, mediado 1975 (época de máxima fuerza de tales grupos); y los dos siguientes, situados respectivamente dos meses antes y dos meses después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es decir, cuando ya habían empezado a recibir un serio castigo. Y subrayemos, por otra parte, las fechas en que tales documentos y datos se hicieron públicos: 1979, 1976 y 1977 respectivamente. Es decir, todos ellos se difundieron en aquella primera época de la dictadura (1976-79) en que los militares ni siquiera consideraban la remota posibilidad de rendir cuentas ante nadie, permitiéndose todavía lujos como éstos en el campo de la información.

Por el contrario, la cifra de 15.000 insurgentes armados (dada en el citado «Documento Final», de 23-4-1983) es uno de los frutos típicos de la segunda época dictatorial (1980-83), en la que los militares empezaron a hablar y actuar en función de justificar su actuación y asegurarse su impunidad. Y la primera necesidad en tal sentido fue exagerar desmesuradamente el volumen de los subversivos y de su aparato militar.

El pretender que nos creamos, o que alguien se crea —después de conocidos los datos recién comentados—, que entre Montoneros y ERP sumaron alguna vez 15.000 elementos armados, es una pretensión tan inaudita como aquella de intentar hacernos creer que las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet habían sido secuestradas por los Montoneros (como pretendieron los militares mediante la famosa foto trucada en la ESMA, según se comprobó); o como aspirar a que la opinión pública se creyera que los parlamentarios uruguayos Gutiérrez y Michelini habían sido asesinados en Buenos Aires por un grupo ultraizquierdista uruguayo (como pretendieron mediante falsas hojas de propaganda, después de torturarlos y asesinarlos en el centro clandestino Orletti, como también se comprobó); o como pretender que la sociedad argentina aceptara como ciertas las increíbles afirmaciones incluidas en otra publicación militar, difundida por el Ejército Argentino en 1980, algunas de las cuales vamos a ver a continuación.

6.1. Las falsedades de una publicación militar

En efecto, la citada afirmación de los militares, en su «Documento Final» de 1983, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que los insurgentes tuvieron en algún momento 15.000 miembros armados, merecía y sigue mereciendo la misma credibilidad que el contenido de este otro inefable documento, también de edición militar, en el que todavía ¡en 1980! se pretendía hacer creer, a la sociedad argentina y al mundo, nada menos que lo siguiente:

«En cuanto a las denuncias por presuntas torturas, reiteradamente expuestas por los prófugos, sus socios, sus encubridores o sus simpatizantes, puede responderse con la realidad de los hechos. Comisiones de la Cruz Roja Internacional, de otros organismos y de entidades diversas preocupadas por la vigencia de los derechos humanos, han visitado la Argentina en los últimos tres años. En este país tuvieron oportunidad de conocer las cárceles y de constatar el tratamiento humanitario que en ellas se da y de conversar con otros detenidos».

«En ningún caso pudieron señalar fehacientemente, pese a las presiones ejercidas desde esferas interesadas, que se hubiese torturado a preso alguno en la órbita de los institutos penales o de las fuerzas armadas»[727]. (La cursiva es nuestra).

Nadie se hubiera atrevido a escribir estas líneas ya en 1985, pero en 1980 todavía algunos creían en la posibilidad de ocultar la descomunal verdad. Y la verdad, patente ya en aquellas fechas, era que el atroz problema no estaba en absoluto en las cárceles. El trágico problema, la tortura masiva, los miles de «ejecuciones» sin ningún juicio, no se estaban produciendo «en los institutos penales», sino en los 340 antros clandestinos (los llamados «centros de detención», o «chupaderos» en el lenguaje de los represores), absolutamente ajenos al Ministerio de Justicia y oficialmente inexistentes, pero cuya existencia y funcionamiento bajo autoridad y control militar fueron minuciosamente comprobados por la CONADEP y ratificados por la Cámara Federal en el juicio a las Juntas. En cuanto a esa alusión al «tratamiento humanitario» y a la inexistencia de torturas en el ámbito de las fuerzas armadas, baste recordar que para entonces ya se habían producido los mayores horrores de la Escuela de Mecánica de la Armada y de tantos otros establecimientos militares, hechos exhaustivamente constatados años después por vía testifical y sentencia judicial. La alusión a las visitas de organismos internacionales se refiere sólo a aquellas que se dejaron engañar y conducir a las cárceles normales, pero se omiten aquellas importantes comisiones internacionales como la de Amnesty (noviembre de 1976) o la de la Organización de Estados Americanos (septiembre de 1979), las cuales, venciendo grandes dificultades, consiguieron penetrar lo suficiente en la pavorosa realidad de lo que realmente estaba ocurriendo en el negro submundo de la represión ilegal, y cuyos informes respectivos acumularon incontestables testimonios sobre cárceles clandestinas, desapariciones, torturas, absoluta anulación del derecho de defensa, y numerosos homicidios perpetrados al margen de todo trámite judicial.

Esa cifra de 15.000 insurgentes armados, inventada para ese Documento Final de 1983, resulta tan grotescamente mendaz como los párrafos que acabamos de ver, y se sitúa en el mismo plano de falsificación absoluta de la realidad que estas otras afirmaciones de la misma publicación militar de 1980:

«Los delincuentes terroristas reciben en los establecimientos de detención el trato que reglamentariamente se aplica a todos los reclusos por cualquier tipo de delitos, de acuerdo con la gravedad que las leyes le asignan».

«Esta es una posición invariable de las autoridades argentinas, porque se compagina con la tradición jurídica del país».

«El artículo 18 de la Constitución Nacional manda, desde 1853: “Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que lo autorice”».

«Ese mandato es respetado por autoridades civiles y militares, y los jueces naturales efectúan inspecciones periódicas a las cárceles para comprobar el estado de los detenidos y recibir observaciones y quejas».

«Es decir que los terroristas detenidos con condena firme o procesados, así como sospechosos colocados a disposición del Poder Ejecutivo por imperio del estado de sitio, gozan de garantías suficientes para preservar su integridad física y moral, en un nivel similar al de los demás delincuentes presos, comparable al determinado por los mejores regímenes penales conocidos»[728]. (La cursiva sigue siendo nuestra).

El cinismo de esta publicación militar vuelve a alcanzar niveles insostenibles. El problema dramático no estaba en las personas puestas «a disposición del Poder Ejecutivo» —lo que significaba la salvación, con más o menos meses o años de cárcel legal—, sino en los miles de personas puestas a disposición de los bárbaros interrogadores y ejecutores en los antros clandestinos, sin juez, sin defensor, sin el menor vestigio de apoyo legal.

La bajeza moral de quienes son capaces de mentir así no necesita mucha demostración. La cínica alusión al admirable artículo 18 de la Constitución Argentina cuanto ésta ya llevaba cuatro años siendo masivamente conculcada por ellos mediante la sistemática aplicación de «suplicios infernales» —otra de las inolvidables definiciones de Ernesto Sábato en el informe de la CONADEP— y con miles de «ejecuciones» sin juicio alguno, esa retorcida invocación a la Constitución que ellos mismos estaban pisoteando sólo resulta comparable en falsedad a la cifra de «15.000 combatientes subversivos», incluida, como hemos visto, en otro documento de procedencia militar.

También se califica por sí misma la publicación de un libro en el que, tratando de ocultar la masacre perpetrada en centenares de cárceles secretas, se alardea del carácter humanitario —«comparable al de los mejores regímenes penales conocidos»— vigente en unas cárceles supuestamente sometidas a esas «inspecciones periódicas» para comprobar el estado de los detenidos y «recibir observaciones y quejas». Paradisíaco panorama carcelario, con el que se trataba de ocultar el inmenso infierno subterráneo que pocos años después emergió a la luz, para horror de la opinión pública mundial.

Dice también la citada publicación:

«Con la vigencia del “estado de sitio”, el Poder Ejecutivo no puede condenar por sí, ni aplicar penas, pero está facultado para arrestar a personas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si no prefieren salir del país según las normas que reglamentan esta cuestión».

«Es por tal razón que fueron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo algunas personas consideradas peligrosas para la conservación de la paz social»[729].

He aquí otro engaño de difícil calificación. Ese Poder Ejecutivo que no podía «condenar por sí, ni aplicar penas», ni siquiera en plena vigencia del «estado de sitio», venía dedicándose desde 1976 a ejecutar sin juicio a millares de personas, sin concederles posibilidad alguna de defensa legal, y negándoles igualmente esa posibilidad de «salir del país según las normas», sino secuestrándolas directamente, torturándolas y ejecutándolas, sin haber pasado en ningún momento por una cárcel legal. Aquella masiva y mortífera realidad es convertida por el libro que comentamos en ese inocuo dato de que «fueron detenidas algunas personas consideradas peligrosas para la paz social».

Como último ejemplo de la veracidad del texto al que nos venimos refiriendo —y de la credibilidad que merecían los datos y pronunciamientos de los militares argentinos en aquellos años—, reproducimos el párrafo siguiente, en el que, elevando el cinismo hasta niveles propios del Guiness, el caso del periodista Jacobo Timerman es descaradamente expuesto como prueba del impecable funcionamiento de la justicia bajo la dictadura militar:

«Un ejemplo cabal de lo expresado está referido al caso protagonizado por Jacobo Timerman, nacido en Ucrania y honrado con la ciudadanía argentina durante el gobierno del presidente Frondizi. Se lo consideró ideólogo de la subversión y vinculado a sus intereses financieros. Pero la Justicia Nacional estimó que no había pruebas suficientes al respecto y dispuso se hiciese lugar a su opción por salir del país. El Gobierno se allanó respetuosamente al mandato forense y así el mencionado personaje se fue en 1979 a Israel, desde donde se sumó a la campaña difamatoria contra la Argentina, que tan generosamente lo había acogido en su juventud»[730].

Grotesca falsificación, una vez más. Timerman, cuya línea de rechazo activo de toda violencia —como director del diario de Buenos Aires La Opinión— le había valido recibir amenazas de muerte de la extrema derecha y de la extrema izquierda, fue secuestrado en 1977 por un fuerte grupo armado con ropas civiles, pero perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército, según le comunicó el propio general Camps, primera persona a la que pudo ver cuando le destaparon los ojos. Sus torturas y penalidades, sufridas en las cárceles clandestinas de la dictadura militar argentina fueron internacionalmente conocidas por el libro que escribiría años después («Preso sin nombre, celda sin número»), cuya publicación en Estados Unidos en 1981 produjo considerable escándalo, así como la película sobre el mismo tema (protagonizada por Roy Scheider) filmada poco después.

La presentación del caso Timerman como un episodio ejemplar, demostrativo del exquisito respeto de la dictadura de las Juntas hacia las decisiones de la Justicia —cuando todo el aparato represor funcionaba al margen de ésta— constituye otro inaudito falseamiento de la realidad, al ocultar el dato decisivo: que cuando Timerman fue puesto en libertad en 1979 por «falta de pruebas» —léase por la fuerte presión norteamericana e internacional—, para entonces ya había pasado dos años y medio encerrado, habiendo sufrido durante largos meses torturas, simulacros de ejecución, y toda clase de vejaciones en el antro clandestino llamado «Coti Martínez», en las afueras de Buenos Aires. Siniestro lugar donde pudo ver cómo se torturaba a familias enteras, a veces juntos, y otras por separado, y donde fue testigo de escenas como ésta:

«El padre, los hijos y la nuera fueron encarcelados en la prisión clandestina de Coti Martínez. Durante algún tiempo, los cuatro fueron torturados. Luego solamente el padre. Antes de cada una de las sesiones de tortura del padre, se ordenaba a sus hijos que le prepararan comida y cuidaran de él para que estuviera fortalecido para la tortura. El padre estaba atado a la cama por una argolla de hierro y comía con su otra mano, ayudado por sus hijos y su nuera. Luego los tres le decían adiós, tratando de levantarle el ánimo para la sesión de tortura»[731].

Al ser liberado finalmente por dichas presiones internacionales, Timerman fue privado de su nacionalidad argentina y le fueron confiscados sus bienes. Todo ello, a pesar de esa «falta de pruebas». Pues bien: el presentar este caso —no más abominable que tantos otros, pero mucho más conocido— como intachable ejemplo de actuación respetuosa de la legalidad, cuando todo lo fundamental del caso se desarrolló al margen de la ley —en el oscuro campo de los interrogatorios clandestinos, la picana, la incomunicación, la humillación física y moral, la ocultación del paradero de la víctima y su consideración por largo tiempo como persona desaparecida—, constituye otra muestra más, entre tantas otras, del rotundo desprecio a la verdad que en aquellos años inspiraba a las autoridades militares argentinas, empeñadas en una defensa a ultranza de su cada vez más insostenible posición. Valga este ejemplo, al igual que los anteriores, como una prueba más de hasta qué punto y con qué desvergüenza se vieron obligadas a mentir a la opinión pública nacional e internacional.

Esta colección de burdas falsedades resulta aún más flagrante cuando leemos el primer párrafo del libro en cuestión, cuya autoría aparece inequívocamente manifestada desde el comienzo mismo del prólogo:

«El Ejército Argentino, que con las otras dos Fuerzas Armadas de la Nación, debió asumir la responsabilidad del Gobierno de la República Argentina en un momento excepcional del país, procura con esta publicación brindar la información verídica sobre lo acontecido en su ámbito durante los últimos lustros…»[732].

«Brindar la información verídica», he ahí el propósito con que se difundió este conjunto de afirmaciones premeditadamente falsas que acabamos de ver, todas las cuales quedarían evidenciadas como tales por las investigaciones de 1984 y por las sentencias judiciales de 1985.

Si ese libro hubiera aparecido firmado —y no anónimo, como se publicó para resaltar su autoría netamente institucional—, entonces su firmante o firmantes habrían enrojecido de vergüenza en 1985, al ver desnudamente exhibido ante el mundo todo el gigantesco aparato —subterráneo, mortífero, inhumano, absolutamente ajeno a las leyes, a los jueces, a las cárceles legales, a la Constitución Argentina, a todos los acuerdos y convenciones internacionales— que con tanto empeño como cinismo se habían obstinado en negar, en párrafos como los que acabamos de comentar. Negación persistente, contra las gravísimas evidencias ya acumuladas para aquellas fechas, y que ya en 1980 resultaban imposibles de ocultar bajo la superficial cobertura de unas cárceles legales donde los presos recibían «trato humanitario», y supuestas garantías para «preservar su integridad física y moral».

Está claro que quienes escribieron el libro en cuestión en 1980, igual que los autores de la «Ley de Autoamnistía» en 1983 (negando todavía la existencia de la vasta red de cárceles secretas), cuando redactaban tales engendros estaban convencidos de que todavía podían ocultar todo lo que habían hecho al margen de la ley, aspirando a que tales hechos no fueran investigados jamás. No podían imaginar que la historia les iba a alcanzar y atropellar con tan insospechada rapidez.

6.2. El «Documento Final» y sus inverosímiles «15.000 combatientes subversivos»

Llegamos, por último, al propio «Documento Final». Documento que, a la altura de finales de abril de 1983 —y ello raya una vez más en lo increíble— ¡todavía negaba la existencia de los centros clandestinos de detención! Con ello, los militares negaban otra voluminosa realidad, la de dichos antros secretos, que sólo un año después serían, en número superior a 300, localizados por la CONADEP y cuya existencia y horrores quedarían judicialmente constatados menos de dos años después, en diciembre de 1985, por la sentencia condenatoria de la Cámara Federal. Nada tiene de extraño, pues, que en esa misma línea de negación de la evidencia, sea ese mismo «Documento Final» el que nos brinde esa extravagante cifra de «15.000 combatientes» como brazo armado de la subversión.

Fue, en efecto, en medio de este contexto de delirante falsificación de la realidad (característica cada vez más acusada en los documentos emitidos por los militares en aquel período 1980-1983), donde se engendró dicha cifra. Su flagrante falsedad no es mayor ni menor que la de la serie de afirmaciones que acabamos de reproducir en las páginas precedentes, extraídas del repetidamente citado libro de autoría y edición militar.

Sin embargo, la aparición de esa arbitraria cifra resulta plenamente coherente con el propósito de dicho «Documento Final» (23-4-83) y de la «Ley de Autoamnistía» del mismo año (23-9-83): conseguir la autoexculpación por todos los excesos cometidos en más de siete años de dictadura y represión militar. En este sentido, la inclusión de ambas cifras (25.000 subversivos, 15.000 de ellos armados) no era precisamente arbitraria, sino escogida con un doble objetivo: por una parte, justificar la aplicación de métodos clandestinos, extrajudiciales, anticonstitucionales y extremadamente crueles, ante la tremenda magnitud —deliberadamente «inflada»— de la amenaza terrorista, pretendiendo que ésta, por su gran volumen, no podía ser combatida en el marco de la legalidad. Y, por otra parte, equiparar lo más posible el número de subversivos armados con el número real de desaparecidos, con lo cual se intentaba establecer una especie de «empate», tendente a justificar los atroces resultados de la técnica de la desaparición.

En cambio, la cifra comentada resulta incoherente con otra: el número de víctimas producidas por dichos grupos armados. Si el número de víctimas mortales, causadas por tales organizaciones fue de 687 muertos (como ya vimos, según cifras de los propios militares), actuando durante nada menos que diez años, está claro que ese número de víctimas —aun siendo una cifra trágica y terrible— sigue siendo mucho menor que la que hubieran causado 15.000 elementos armados a lo largo de un período tan prolongado. La desproporción es absoluta. Una cifra de 687 víctimas mortales no apunta, ni siquiera aproximadamente, a un enorme despliegue enemigo de 15.000 elementos armados actuando durante diez años, sino a otro número de enemigos incomparablemente menor.

Hemos visto estimaciones muy distintas, que van desde la de Frontalini y Caiati, que sitúan en unos 400 el total de elementos armados entre Montoneros y ERP (dentro de un total de unos 2.000 militantes escasos), hasta la de Peter Waldmann (entre 6.000 y 8.000 miembros para el conjunto de ambas organizaciones, sin especificar el número de los armados y los no armados, y admitiendo el carácter absolutamente impreciso de tales cifras, como ya vimos más atrás). Por nuestra parte, hemos explicado nuestras fuentes, nuestros datos de partida, nuestras hipótesis y nuestra estimación: entre 1.000 y 1.300 militantes armados, como suma total de ambas organizaciones citadas en su momento de máximo volumen, aparte de los militantes no armados que colaborasen con cada organización.

Recordemos, para terminar, un dato geográficamente distante pero muy digno de consideración. Según declaró el que fue ministro del Interior de Italia, y posteriormente presidente de aquella República, Francesco Cossiga:

«En 1978 en Italia tenían (las Brigadas Rojas y otros grupos) unos 2.000 hombres armados y alrededor de 100.000 militantes o simpatizantes»[733].

Incluso dejando a un lado esa tremenda cifra de 100.000 militantes o simpatizantes, y ciñéndonos sólo a los elementos armados, nos encontramos en Italia con una cifra casi doble que en la Argentina, para un país de población casi doble también. Salvadas las inevitables diferencias, los datos citados configuran una situación francamente comparable, respecto a la magnitud de la amenaza terrorista que ambos Estados tenían que afrontar.

Sin embargo, Italia resolvió este grave problema mediante una eficaz represión efectuada con plena vigencia de las instituciones democráticas, poniendo los servicios de inteligencia bajo el control directo del Parlamento, y mediante unas pocas leyes de excepción. Cinco años escasos después, a comienzos de 1983, la dirección de las Brigadas Rojas admitía en un comunicado el fracaso de la vía armada. «Hay que renunciar a esta forma de lucha», decían los brigadistas, llamando a sus seguidores a sustituirla por la lucha política, dentro del marco constitucional. En definitiva, la sociedad democrática había vencido sobre uno de los más potentes y agresivos movimientos terroristas de ultraizquierda jamás aparecidos en un país occidental.

No decimos que el caso argentino hubiera sido cómodo ni fácil. En Italia tampoco lo fue, y, de hecho, por ejemplo, varias docenas de jueces pagaron con su vida su firme lucha contra las Brigadas Rojas hasta su derrota final. Tal vez hubiera sido necesaria alguna ley de excepción: quizá, en caso de necesidad extrema, incluso hubiera sido precisa la recuperación de la Cámara Especial disuelta en su momento por el presidente Cámpora, o algún instrumento similar. Lo que sí afirmamos es que resulta factible, para una sociedad civilizada y democrática, hacer frente con eficacia a un fenómeno terrorista, incluso de gran violencia, con las armas civiles de la democracia y la legalidad constitucional.

7. CONSIDERACIÓN FINAL

Estamos hartos de leer afirmaciones gratuitas e insostenibles tales como «Los Montoneros, o el ERP, tenían equis miles de combatientes armados». Así, directamente, porque sí, «porque lo digo yo», sin que quienes aventuran tales cifras aporten sobre ellas ni un solo apoyo documental que las justifique, ni siquiera en términos aproximados. Ni un solo dato de partida, ni un solo cálculo, ni un solo documento de una u otra organización. Ni una sola hipótesis razonada que, sobre dichos datos documentados —en función de sus procedencias, de sus fechas, de sus circunstancias concurrentes— permita sostener una razonable aproximación. Aproximación que siempre incluirá un cierto margen de error; pero siempre resultará más valiosa y fidedigna que las arbitrarias cifras que cada uno, por su cuenta y capricho, se pueda directamente inventar.

Los datos que nosotros hemos manejado se han basado —dentro de la limitada medida en que ello fue posible— en cifras proporcionadas por documentos de las propias organizaciones insurgentes, hechos públicos por el Ejército Argentino; partiendo de tales cifras, hemos formulado y explicado las hipótesis a nuestro juicio más coherentes y razonables, y de ahí el resultado de nuestra personal estimación. Nuestro resultado final, como se ha visto, ha sido bastante más alto que el estimado por otros investigadores —que también han explicado sus hipótesis—, pero más bajo que las cifras aventuradas por otros, que nada han explicado sobre las bases de su estimación.

Admitimos, por supuesto, la posibilidad de otros documentos de partida, de otras cifras, de otras hipótesis, y por tanto, de otros resultados. Tal vez alguien pueda refutar, hacia arriba o hacia abajo, las cifras de nuestra aproximación. Pero tendrá que hacerlo con datos fehacientes, explicando su origen, sus puntos de apoyo, sus cifras de partida, y cuando ello lo requiera, sus hipótesis de interpretación. Tendrá que hacerlo con documentos, datos y explicaciones, y no con caprichosas cifras redondas de imposible justificación.

APÉNDICE V. GUERRA DE LAS MALVINAS: ALGUNOS DATOS Y VALORACIONES. AGUDO CONTRASTE ENTRE LA EFICACIA DE LAS FUERZAS BRITÁNICAS Y EL DEFICIENTE RENDIMIENTO DE LAS ARGENTINAS EN MATERIA DE MANDO, ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIDAD MILITAR

Como ejemplos muy expresivos al respecto, cabe señalar algunos datos dignos de consideración. Para este breve balance comparativo entre ambas partes antagonistas, nos ceñiremos a unos cuantos hechos especialmente significativos, examinando por separado, para cada uno de los bandos en conflicto, los aspectos terrestre, aéreo y naval de su actuación.

1. PARTE BRITÁNICA

1.1. Esfuerzo operativo y logístico en materia aérea

Inicialmente, el mando argentino abrigó la convicción de que sus instalaciones, tanto del continente como de las islas Malvinas, sólo podrían ser bombardeadas por fuerzas aeronavales con base en portaaeronaves, pero nunca alcanzadas por aviones de bombardeo estratégico con base en tierra. Convicción fundamentada en que la base inglesa más próxima estaba en la isla Ascensión, en pleno centro del Atlántico (a 6.800 kilómetros de Gran Bretaña y a 6.250 de las Malvinas), y esta distancia superaba de tal forma la autonomía de cualquier avión inglés que no resultaba factible ataque aéreo alguno, mientras la flota enemiga con sus portaaeronaves no alcanzase una suficiente proximidad.

Pero el mando británico, sin esperar la llegada del grueso de su flota al Atlántico Sur, juzgó necesario, por diversos motivos, atacar con mayor rapidez. Para ello, y como única forma de superar tan enorme distancia, fue necesario planificar y ejecutar un complejísimo conjunto de operaciones aéreas, entre las que resulta obligado citar el primer bombardeo sobre el aeródromo de Port Stanley durante la noche del 30 de abril al 1 de mayo, anticipándose ampliamente al desembarco, que no se iniciaría hasta 20 días después.

Para comprender el ingente esfuerzo logístico requerido para esta acción —como para otras que le siguieron—, basta señalar que cada vuelo de un solo avión de bombardeo estratégico Avro «Vulcan» desde la base de Wideawake (isla Ascensión) hasta las Malvinas, con la misión de bombardear su aeródromo principal, hubo de ser apoyado en vuelo por un total de 13 aviones cisterna «Victor», de muy superior tamaño y tonelaje, encargados de proporcionarle el combustible necesario para su llegada al objetivo y su regreso a la base, dada la excepcional longitud de tal misión.

Tras despegar sucesivamente y reunirse en nutrida formación, con sus depósitos cargados a tope, estos grandes aviones, acompañando al único avión de ataque, cumplieron dos misiones paralelas: uno tras otro, los designados para ello fueron repostando en vuelo al «Vulcan», a medida que éste lo necesitaba en su largo recorrido; entretanto los otros, con arreglo a un plan minuciosamente trazado, agotando al máximo su propia autonomía y reteniendo el combustible justo para regresar a su base, fueron cediendo el contenido de sus grandes tanques a sus compañeros de formación, es decir, a aquellos otros «Victor» que habían de repostar nuevamente al «Vulcan» —un total de tres veces en el trayecto de ida— hasta mucho más allá de su propia autonomía, y que, en consecuencia, necesitaban ser reabastecidos a su vez, conservando para sí el suficiente combustible que les permitiese regresar a la isla Ascensión desde una distancia cada vez mayor.

La forma en que esta misión requirió apurar al máximo las posibilidades de estos aparatos —tanto del avión de bombardeo como de los cisternas— quedó patente en los datos altamente reveladores del riesgo y dificultad de la misión. Por una parte, los cuatro primeros aviones cisterna que regresaron a la base —tras ceder simultáneamente toda su carga transferible a otros tantos «Victor» que continuaron su vuelo acompañando al «Vulcan»— agotaron hasta tal punto su combustible por cumplir el programa de apoyo previsto que, de hecho, pusieron en peligro su propio regreso a la base. En efecto, al llegar a ella, los cuatro «Victor» se vieron obligados uno tras otro a efectuar un aterrizaje casi de emergencia, pues sus depósitos, prácticamente vacíos, no permitieron efectuar con cada aparato la maniobra de aproximación normal ni respetar los intervalos mínimos de seguridad.

Harto más difícil resultó, por otra parte, la situación del comandante Robert Tuxdorf, jefe de la formación de apoyo, quien, a bordo de su avión cisterna, tras haber sido reabastecido tres veces a lo largo del trayecto por otros tantos «Victor» —que a continuación regresaron sucesivamente a la base— fue el último en proporcionar combustible al bombardero «Vulcan» antes de que éste alcanzara con sus bombas su objetivo final. Fue entonces, al efectuar su último repostaje al avión de ataque, cuando el comandante se vio abocado a una grave decisión. Las adversas condiciones de vuelo, y el verse obligados a mantener una velocidad de compromiso entre la de crucero del «Victor» y la del «Vulcan» —incómoda para los dos aparatos y alejada del óptimo de cada uno de ellos— habían ido produciendo, a lo largo del prolongado vuelo, un consumo de carburante bastante superior al previsto al planificar la operación. En consecuencia, el comandante Tuxdorf, al abastecer por última vez al «Vulcan», tomó la decisión de ceder a éste parte de su propio combustible reservado para el regreso, asegurando así que el bombardero pudiera cumplir su misión. Pero con ello ponía en grave peligro su propio retorno a la base, sabiendo que no podría llegar a ella salvo que lograra ser reabastecido en una nueva e imprevista operación de repostaje, al margen de lo establecido en el ya de por sí complejo plan inicial.

A partir de ese momento, Tuxdorf, lejos de apresurarse a comunicar a la base su difícil situación, mantuvo un riguroso silencio radio —para no alertar a las defensas antiaéreas argentinas— hasta que supo que el «Vulcan» había lanzado ya su carga de 21 bombas sobre el aeródromo de Puerto Argentino. Sólo entonces comunicó a la base su situación. Fue necesario improvisar otra operación de repostaje aéreo, mediante la cual otro «Victor» logró reabastecerle en última instancia, todavía a casi 1.000 kilómetros de la base de Wideawake, lo que finalmente le permitió efectuar un aterrizaje normal en este aeródromo de la isla Ascensión, tras 14 horas de vuelo agotador. Más tarde, el comandante Robert Tuxdorf recibiría la Cruz de las Fuerzas Aéreas, como reconocimiento al especial mérito de su acción[734].

Por su parte, una vez efectuado el bombardeo, el «Vulcan», ya suficientemente abastecido, pudo alejarse de las islas y llegar sin grandes dificultades hasta el punto previsto sobre el océano para su último reabastecimiento en vuelo, que le permitiría regresar a la base con toda normalidad. Pero, a su vez, esta última operación de repostaje, por lo muy alejada de la base, requirió el apoyo —éste sí previamente planificado— de otros cuatro aviones «Victor» salidos de la misma base de Wideawake en la isla Ascensión. Estos cuatro aviones cisterna, mediante el sucesivo vaciado y regreso de tres de ellos, permitieron la llegada del cuarto hasta el lugar donde el avión de bombardeo, ya en pleno vuelo de regreso, fue reabastecido por última vez.

El vuelo del «Vulcan» duró 16 horas en total.

Pero el dato que realmente importa, y el que aquí nos interesa subrayar, es precisamente éste: para lanzar, desde un solo avión, y a 6.250 kilómetros de su base, 21 bombas de 1.000 libras (450 kilos) sobre la pista del aeródromo principal de las Malvinas fue necesario el apoyo directo de 13 grandes aviones cisterna, cargados al máximo de su capacidad, que, efectuando un total de 18 salidas, necesitaron un total de 21 operaciones de repostaje en vuelo, incluidas las efectuadas por los propios aviones cisterna entre sí, y entre éstos y el avión de bombardeo. En definitiva, bahía multado necesaria nada menos que una operación de repostaje en vuelo por cada una de las bombas arrojadas sobre el objetivo. Lanzamiento que —aunque ejecutado por un solo avión— no hubiera sido posible sin el alarde logístico-operativo que acabamos de referir[735].

Este tipo de vuelos —los más largos de la historia de la aviación militar— se repitieron varias veces más en nuevas misiones de bombardeo de las instalaciones próximas a Puerto Argentino o de ataque a los equipos radar que lo protegían, alguno de los cuales fue destruido mediante misiles «Shrike» lanzados desde los «Vulcan» y teleguiados por la propia emisión del radar a destruir.

En cuanto a los bombardeos de la pista, es de notar que no causaron daños demasiado grandes sobre ella; daños, en todo caso, desproporcionadamente escasos respecto al enorme esfuerzo y gasto que significaron; pero, en cambio, tales incursiones de ataque lograron un efecto estratégico de importancia relevante en el desarrollo posterior del conflicto. En efecto, aquellas acciones de bombardeo efectuadas desde la remota isla Ascensión demostraron que, sin necesidad de recurrir a los portaaviones, la aviación británica era capaz de bombardear objetivos continentales en cualquier punto de la costa argentina o del interior, puesto que habían sido capaces de hacerlo en las Malvinas, más distantes aún. Ello obligó al mando aéreo argentino a retirar de la zona a su único escuadrón de reactores de intercepción Dassault «Mirage III», que hubieron de ser desplegados en otras bases situadas bastante más al norte, en previsión de ataques a puntos neurálgicos del área continental. Esto redujo considerablemente la intervención futura de tales aparatos sobre el TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), otorgando a los Harrier británicos —con base en la flota— un margen más amplio de actuación, cuyo peso se haría sentir fuertemente con posterioridad.

Otro dato, igualmente revelador de la dificultad de los problemas logísticos que el mando británico tuvo que superar fue el siguiente, derivado de la gran cantidad y variedad de abastecimientos que necesitaba la «Task Forcé» o fuerza expedicionaria inglesa, abastecimiento de todo tipo que requirió otro conjunto de operaciones de considerable complejidad. Los materiales —víveres, munición, cargas de todo género— tenían que ser transportados en aviones Lockeed de tipo «Hércules», tetramotor de hélice, aparato de transporte mundialmente conocido por su excelente rendimiento y seguridad, pero también por su inevitable lentitud. Estos aparatos tenían que llegar hasta la flota británica, situada cada vez más próxima a las Malvinas —y, finalmente, ya a la altura de éstas—, para dejar caer sus pesadas cargas junto a los navíos en grandes paracaídas con especiales sistemas de flotación.

Pero, al llegar a tan gran distancia, necesitaban ser repostadas en vuelo, mediante el único avión cisterna entonces disponible de la RAF: el antes citado «Victor», avión mucho más antiguo y de tamaño mayor, pero también más veloz, por la potencia de sus reactores y por haber sido diseñado inicialmente —en los años siguientes a la segunda guerra mundial— como avión de bombardeo estratégico de alta cota y gran velocidad. Avión que, posteriormente, superado ya por otra generación de bombarderos, fue relegado a misiones de reconocimiento marítimo, y finalmente habilitado como avión cisterna para repostajes en vuelo, en cuyo cometido venía siendo utilizado desde bastantes años atrás. Y de aquí vino el problema: la velocidad máxima del «Hércules» no alcanzaba la velocidad mínima de los «Victor», velocidad mínima también llamada «de pérdida» en términos aeronáuticos, porque, por debajo de ella, el aparato pierde sus condiciones de sustentación y estabilidad, viéndose abocado a su caída fuera de control.

Esta discordancia de velocidades obligó a los pilotos británicos a poner en práctica una complicada forma de repostaje bautizada como «cita alcanzada» («Overtake RV»), que, para cada transferencia de combustible de un «Vulcan» a un «Hércules», requería la siguiente técnica operacional: a unos 7.000 metros de altura, el aparato que debía ceder el combustible —el «Victor»— alcanzaba y rebasaba al receptor —el «Hércules»— con su manguera de abastecimiento ya desplegada, y se situaba encima y por delante de él, a una velocidad muy ligeramente superior a la de su tope mínimo, es decir, peligrosamente próxima a su velocidad de pérdida, mientras el «Hércules» a su vez aceleraba hasta su máxima velocidad horizontal. A partir de ese momento, ambos aparatos iniciaban un suave descenso cuidadosamente graduado (unos 2,5 metros por segundo), pero suficiente para permitir al «Hércules» incrementar su velocidad más allá de su máximo en vuelo horizontal, hasta hacerla coincidente con la del «Victor», que mantenía la suya sólo mínimamente por encima de su límite inferior[736].

En estas ajustadísimas condiciones, con la velocidad del avión más lento así incrementada gracias a ese mínimo aprovechamiento de la fuerza de la gravedad, ambos aparatos —ya a idéntica velocidad— conectaban la manguera y descendían conjuntamente a lo largo de unos 20 minutos, al cabo de los cuales el avión cisterna había transferido al de transporte una cantidad superior a los 12.000 kilos de carburante. Terminada esta operación —salvo rotura de la manguera— el «Victor» viraba en redondo y regresaba a la base, mientras el «Hércules» seguía el vuelo hacia su destino, recuperando ambos su altura de vuelo normal. Esta difícil técnica, que requirió de un entrenamiento intensivo y urgente de las tripulaciones, no habituadas a ella, mantuvo su plena vigencia operativa hasta que los ingleses, finalmente, pudieron disponer de aviones «Hércules» en versión cisterna, que vinieron a facilitar notablemente el repostaje de sus homólogos de carga normal.

En cualquier caso, el «enganche» de la manguera en el dispositivo de aprovisionamiento de carburante del avión receptor se veía hasta tal punto dificultado cuando las condiciones meteorológicas eran mínimamente adversas, y la maniobra se veía tan entorpecida por los bruscos movimientos hacia arriba y abajo de ambos aparatos, que más de una misión hubo de ser abortada por la violenta rotura de dicha manguera en el transcurso de la operación.

Otro aspecto que no puede ser silenciado, por su importancia estratégica y por el esfuerzo aéreo implicado, fue el constituido por la ingente tarea de reconocimiento marítimo a larga distancia que la aviación británica se vio obligada a desarrollar. Por citar únicamente un dato al respecto, señalemos que, en vísperas inmediatas al desembarco en las islas, el conocimiento del despliegue de la flota argentina y la información sobre sus movimientos resultaban tan vitales para el mando inglés que, sólo en la última semana anterior a dicho desembarco, los aviones British Aerospace «Nimrod» —de reconocimiento marítimo y apoyo antisubmarino, dotados de potentes sistemas electrónicos— tuvieron que multiplicarse en un sobrehumano esfuerzo, efectuando vuelos de más de 13.000 kilómetros entre ida, barrido de la zona encomendada y regreso a la isla Ascensión. Ello requirió reiterados repostajes en vuelo a cargo de numerosos aviones cisterna «Victor», llegando a intervenir hasta 10 de éstos en alguna concreta misión. Tarea que culminó en la madrugada del mismo día del desembarco (21 de mayo), con un vuelo de 13.600 kilómetros y casi 19 horas de duración[737].

Resulta ineludible señalar —también en este área del esfuerzo técnico y logístico en materia aérea— que todos los aparatos intervinientes en estas misiones de larga distancia en el Atlántico Sur —los tan citados bombarderos Avro «Vulcan», los cisternas Handley Page «Victor», los transportes Lockeed «Hércules», así como los sofisticados «Nimrod» de reconocimiento lejano— hubieron de ser sometidos a urgentes modificaciones, desde la añadidura del máximo volumen posible de depósitos suplementarios de combustible para incrementar su autonomía hasta —muy principalmente— la dotación de los más perfeccionados sistemas de navegación. Necesidad imprescindible, esta última, derivada de un tipo de vuelos cuya principal característica era precisamente la ya señalada: en todas sus variantes, cada misión encomendada a un solo aparato de bombardeo o reconocimiento que partía hacia el teatro de operaciones desde la base en la isla Ascensión requería siempre, entre ida y regreso, la actuación a su servicio de tres, seis, nueve o más aviones cisterna capaces de efectuar todas las operaciones de repostaje necesarias hasta asegurar el regreso a la base de aquél. Y fue precisamente este exigentísimo factor el que obligó a la instalación de equipos de navegación de máxima precisión —los «Carousel», y posteriormente los «Omega», más precisos aún—, destinados a hacer posible, sobre las inmensas extensiones del océano, el logro con éxito de los difíciles encuentros aéreos que era preciso asegurar[738]. Encuentros en vuelo de aviones que, habiendo apurado al máximo su combustible, no podían permitirse una larga búsqueda, sino que necesitaban imperativamente hallar, en el momento justo y en el punto exacto, el vital aprovisionamiento sin el cual caerían al mar sin remisión.

Además de estos urgentes perfeccionamientos del equipo, algunos de los bombarderos «Vulcan» —modelo, al igual que el «Victor», a punto de ser jubilado por la RAF cuando el conflicto de las Malvinas estalló— tuvieron que ser dotados también de equipo electrónico especial para el lanzamiento de misiles antirradar autoguiados, de los que carecían con anterioridad. Este conjunto de rápidas modificaciones y perfeccionamientos, efectuados en muy escasas semanas y hubieron de ser acompañados de una intensiva instrucción —principalmente en los nuevos sistemas de navegación— mediante cursos acelerados para las correspondientes tripulaciones, que debían enfrentarse a un género de misiones de una dificultad, longitud y duración sin precedentes en su vida profesional.

1.2. Esfuerzo logístico y organizativo en materia naval

En el área naval, el esfuerzo logístico británico sólo puede calificarse de ciclópeo, habida cuenta no sólo de su volumen, sino de la urgencia y perentoriedad con que se tuvo que efectuar. En este terreno, nos limitaremos a reproducir aquí unos párrafos del análisis —valioso, aunque esquemático— realizado por tres oficiales españoles (los entonces capitanes Bendala, Martín y Pérez-Seoane), sobre el conflicto que nos ocupa, párrafos que consideramos concluyentes por demás:

«Si algo hubiera de destacarse de la actuación británica a lo largo del conflicto, esto tendría que ser, sin lugar a dudas, la gran capacidad logística demostrada durante el mismo».

«Cuando éste estalló, Gran Bretaña se hallaba empeñada en un amplio programa de reducción de las fuerzas de superficie de su armada, en beneficio de un aumento y modernización de sus submarinos nucleares provistos de misiles balísticos. Así, varias de las unidades participantes en la Operación Corporate hubieran causado baja en los meses siguientes por desguace o por ventas a otras naciones. Por ejemplo, el portaaeronaves “Invincible” iba a ser vendido a Australia y el “Hermes” estaba esperando el relevo para ser dado de baja. Otro barco famoso durante el conflicto, el “Endurance”, también estaba próximo a ser desguazado».

«La enorme distancia (unos 13.000 km) a la que se encontraba situado el teatro de operaciones de la metrópoli y la ausencia de bases próximas al mismo, obligó a los británicos a organizar una impresionante cadena de apoyo logístico a la fuerza destacada, y en el plano táctico se vieron obligados a realizar rápidas y numerosas modificaciones en sus buques, ya que la Fuerza Operativa debía de ser autónoma y ello obligaba a llevar consigo gran cantidad de medios, cuestión de la que La Royal Navy, por si sola, no hubiera sido capaz».

«En este orden de cosas, a los portacontenedores “Atlantic Conveyor” y “Atlantic Causeway” se les habilitó con pistas para los Harrier y Sea Harrier. Prácticamente todos los mercantes fueron provistos de sistemas para poder ser reabastecidos en alta mar. Cinco pesqueros, “Northella”, “Farnella”, “Junella”, “Cordelia” y “Pict”, fueron convertidos en dragaminas, para lo cual se les instalaron equipos de rastreo. Cuatro barcos fueron utilizados para proporcionar asistencia sanitaria: tres de ellos eran buques hidrográficos, “Hedra”, “Herald” e “Hydra”, que con pequeñas modificaciones se ocuparon de transportar los heridos hasta el cuarto, que era el transatlántico “Uganda”. Este último hubo de suspender un crucero que estaba realizando en la base de Gibraltar, y allí mismo fue dotado de todas las instalaciones necesarias, incluyendo unidades de cuidados intensivos y de tratamiento de quemados. En él se trataron a lo largo del conflicto a 730 heridos, incluyendo a 150 soldados argentinos. Unos 20 barcos, entre mercantes, transatlánticos y “ferrys”, fueron habilitados para dotarlos de pistas para despegue y aterrizaje de helicópteros. Numerosos buques fueron dotados de nuevos equipos de navegación y de comunicaciones, y algunos también con plantas productoras de agua dulce. El buque “Fort Toronto”, de 20.000 toneladas de desplazamiento, se encargó del aprovisionamiento de agua dulce. Numerosos petroleros, tanto requisados como de la Royal Navy, transportaron unos 400.000 metros cúbicos de combustible utilizados para necesidades marítimas. Un barco frutero fue utilizado como almacén central para productos alimenticios perecederos. El “Stena Seaspread”, buque de apoyo a instalaciones petrolíferas, de 6.000 toneladas de desplazamiento, desempeñó una importante labor como buque-taller, llevando a cabo numerosas reparaciones a lo largo del conflicto. Finalmente, y como ya es sabido, las tropas fueron transportadas en transatlánticos y “ferrys” requisados, destacando el “Queen Elisabeth II” y el “Canberra”».

«La cantidad de material transportado por vía marítima se estima en unas 100.000 toneladas. Otra cuestión a destacar es que la mayor parte de las tripulaciones de los barcos requisados eran las suyas propias, apoyadas por cierto personal de la Royal Navy, parte del cual se encontraba en la reserva al inicio del conflicto»[739]. (La cursiva es nuestra).

Creemos que este cúmulo de datos, extraídos del trabajo antes citado, resultan más descriptivos por sí solos que cualquier otro tipo de explicación.

1.3. Capacidad logístico-operativa en acciones anfibias y en operaciones específicamente terrestres

La eficacia de la acción británica en tierra se manifestó, ya desde el comienzo, en su primera y más comprometida decisión: la elección del punto más adecuado para desembarcar sus tropas en el archipiélago, iniciando su ocupación militar.

La elección de la bahía de San Carlos para poner sus tropas en tierra constituyó un notable acierto estratégico, punto sobre el cual los analistas muestran una unánime valoración. En efecto, con su desembarco en dicha bahía, situada en el extremo noroeste de la isla de Soledad —mientras que la capital, Puerto Argentino (Port Stanley), se encuentra prácticamente en su extremo oriental— las fuerzas inglesas obtuvieron una triple ventaja:

—Se efectuaba el desembarco en una zona topográficamente favorable y —sobre todo— muy débilmente defendida. Debilidad sorprendente, pero muy cierta, pues el primer núcleo serio de tropas argentinas estaba situado en Darwin, 25 kilómetros más al sur, salvo un destacamento aislado de infantería de mínima magnitud, situado al norte de la bahía de San Carlos, en la península de Fanning Head.

—Se evitaba el ataque frontal desde el mar a Puerto Argentino, lugar donde los argentinos habían concentrado el grueso de sus fuerzas defensivas, con un despliegue concebido precisamente para repeler un desembarco en las inmediaciones de la capital.

—Por último, se lograba —en la parte final de la operación— atacar a las defensas de Puerto Argentino desde tierra adentro, sorprendiendo a su guarnición con sus posibilidades defensivas limitadas por unas posiciones concebidas para ser atacadas desde el mar, pero no desde el interior.

Sin embargo, este planteamiento táctico —que iba a revelarse tan acertado en su ejecución— presentaba a priori sus contrapartidas, y sus serios problemas que era preciso superar.

En primer lugar, se hacía necesaria una amplia adquisición de datos sobre el despliegue terrestre y antiaéreo argentino en la zona: una información, en una palabra, suficiente para permitir el correcto diseño de la operación. Información que debería ampliarse con datos sobre otros numerosos puntos de la costa y del interior, antes de la definitiva elección del punto de desembarco. Una vez escogida definitivamente la bahía de San Carlos, esta elección, junto a sus ventajas ya señaladas, presentaba tres serios inconvenientes:

—La presencia, peligrosamente próxima, de la isla Pebble, sobre la cual se hallaba la pequeña base aeronaval Calderón, cuyos 14 aviones allí basados constituían una amenaza demasiado inmediata para las fuerzas de desembarco en sus críticos momentos iniciales, lo que exigía la eliminación de dicho contingente aéreo enemigo antes de ejecutar la acción principal.

—Por otra parte, la fijación de la bahía de San Carlos como punto de desembarco implicaba un duro recorrido terrestre de 105 kilómetros hasta la capital Puerto Argentino, trayecto en el que —además de sus dificultades intrínsecas, dureza del terreno y del clima, y la casi plena carencia de vías de comunicación— sería preciso combatir, previsiblemente con creciente intensidad, a medida que se avanzase hacia la capital.

—Por último, aquel planteamiento operacional implicaba, para las fuerzas invasoras, atravesar el angosto y accidentado istmo situado entre Monte Kent y Bluff Cove, antes de poder alcanzar las alturas que rodeaban Puerto Argentino, donde se había desplegado la máxima concentración de medios defensivos terrestres y antiaéreos, por ser dicha población no sólo la capital del archipiélago y contar con el único aeropuerto de cierta importancia existente en él, sino también la sede del gobierno y la administración argentina en las islas —como lo fue con los británicos—, así como el lugar donde el general Menéndez, gobernador y jefe de la guarnición argentina, había establecido su cuartel general.

Uno por uno, estos problemas fueron superados por las fuerzas inglesas, no sin esfuerzo y dificultad. El problema de la información en tierra fue eficazmente resuelto gracias, sobre todo, a la inapreciable labor efectuada por pequeñas patrullas que, procedentes casi siempre del submarino «Onyx», al amparo de la noche, fueron llegando sigilosamente, en lanchas neumáticas, hasta diversos puntos de la costa e internándose en tierra para cumplir su misión. Esta silenciosa y discretísima invasión se inició ya a partir del día 1 de mayo, es decir, anticipándose ampliamente al verdadero desembarco, que no se produciría hasta veinte días después.

Estas mínimas patrullas, formadas por muy pocos hombres —dotados de una intensa preparación especial que les capacitaba para desenvolverse por sí mismos en territorio enemigo, pasando inadvertidos y subsistiendo de forma autónoma por largo tiempo, soportando día y noche las muy duras condiciones climáticas—, cumplieron su misión informativa proporcionando datos sobre la situación y magnitud aproximada de los principales núcleos de la defensa terrestre argentina. Datos que resultaron decisivos para la neutralización de las fuerzas enemigas en la isla Pebble, y para la definitiva elección de la bahía de San Carlos como punto más idóneo para materializar la invasión.

En cuanto al obstáculo que suponía la instalación de radar y el destacamento aéreo de 14 aparatos ligeros ubicados en la citada isla Pebble, tan próxima a la entrada norte del estrecho de San Carlos, este problema quedó satisfactoriamente zanjado mediante una rápida operación de limitada magnitud, pero que requirió una plena coordinación terrestre, aérea y naval. En efecto, un reducido comando infiltrado en la isla, además de situar y cuantificar de forma aproximada los efectivos argentinos —unos 150 hombres que guarnecían el aeródromo y sus instalaciones—, lograron balizar un área idónea para helipuerto improvisado; una vez efectuada esta acción preparatoria, en la madrugada del 15 de mayo un comando de ataque formado por poco más de 40 hombres y un oficial de la Royal Artillery, a bordo de varios helicópteros Sea King, tomaron tierra en dicho lugar. A continuación desencadenaron un contundente ataque por sorpresa, cuyo factor más notable fue el fuego —realmente destructivo— efectuado por los cañones del destructor «Glamorgan», fuego dirigido por radio desde tierra por el citado oficial artillero con extraordinaria precisión. El resultado fue la destrucción del equipo de radar, de los depósitos de carburante de la base, y de 11 de los 14 aviones allí destacados, en su mayoría IA-58 «Pucará»[740]. Ello supuso la anulación de aquella amenaza sobre una zona tan vital, lo que permitió —sólo cinco días después— el paso de unos 20 buques británicos ante la isla de Pebble, embocando el estrecho de San Carlos en ruta hacia la bahía del mismo nombre, donde las fuerzas terrestres se disponían a desembarcar.

Por lo que respecta al desembarco propiamente dicho, y posterior recorrido por tierra hasta la conquista de Puerto Argentino, los hechos, esquematizados muy sumariamente, se desarrollaron así:

En las primeras horas del 21 de mayo de 1982, diversos buques británicos abrían fuego sobre muy diferentes puntos de las costas del archipiélago (entre otros Puerto Argentino) y una reducida fuerza invasora efectuaba un amago de ataque sobre Darwin y Goose Green, todo ello con el propósito de desorientar a los argentinos sobre el verdadero punto escogido para la invasión.

Entre la 1 y las 2 de la madrugada, el verdadero desembarco se iniciaba en la bahía de San Carlos. Sin oposición ninguna, los buques de desembarco anfibio, los de carga logística, y algunos de los dedicados al transporte de las fuerzas terrestres, bajo la protección de las fragatas de apoyo, iniciaron el rápido traslado a tierra de las tropas y la voluminosa descarga de material.

Tras el establecimiento en tierra de las primeras tropas de maniobra, los helicópteros Sea King comenzaron a trasladar a tierra grandes cargas de víveres, munición, artillería de campaña, vehículos y material pesado, dando prioridad al armamento antiaéreo —principalmente misiles «Rapier», que fueron helitransportados hasta las colinas inmediatas y rápidamente desplegados en posición—, en espera de los ataques de la aviación enemiga, que, con toda seguridad, no tardarían en producirse, como así fue.

Pasadas las nueve de la mañana se iniciaron los ataques masivos de la aviación argentina, que, partiendo de sus bases del sur del continente, hostigaron a las tropas recién desembarcadas y atacaron a los buques, logrando hundir a la fragata «Ardent» y dejar fuera de combate a la fragata «Argonaut». Varios buques más fueron alcanzados por bombas que no llegaron a hacer explosión. A su vez, la aviación argentina sufrió varios derribos, que, por discrepancia entre las cifras de ambas partes, nunca pudieron ser cuantificados con precisión.

Es de notar que, a lo largo de todo el día —he aquí el factor fundamental—, las tropas desembarcadas no sufrieron contraataque terrestre alguno. El mínimo destacamento argentino situado en Fanning Head —dos secciones de infantería— se replegó casi sin combatir, limitándose a informar sobre las fuerzas desembarcadas y su situación. El resultado de esta pasividad por parte de la defensa terrestre, que regaló un tiempo precioso a las tropas invasoras, fue el siguiente: al finalizar aquel primer día, pese al hostigamiento aéreo, las fuerzas británicas habían logrado situar en su cabeza de playa más de 2.500 hombres y casi 1.000 toneladas de material.

Al día siguiente, 22 de mayo, las severas condiciones meteorológicas impidieron actuar a la aviación argentina, y el contraataque terrestre seguía sin producirse. Ello permitió a los ingleses completar su despliegue antiaéreo en torno a la cabeza de playa, desembarcando nuevos misiles de instalación fija «Rapier», aparte de los misiles portátiles «Blowpipe» y «Stinger» que los marines y paracaidistas llevaban como dotación. Igualmente, se desembarcaron nuevos contingentes de artillería, vehículos de reconocimiento, de recuperación y de transporte, equipo de transmisiones y de zapadores, ambulancias y equipos quirúrgicos, sin que tampoco a lo largo de todo el día se produjese ningún contraataque terrestre que dificultase mínimamente la compleja operación.

En las fechas siguientes —23, 24 y 25 de mayo— la mejoría climatológica permitió la reanudación de los intensos ataques aéreos argentinos. Nuevamente —pese a las importantes pérdidas sufridas por la aviación atacante— los buques atacados llevaron la peor parte: a las pérdidas de la ya citada fragata «Ardent» —hundida el mismo día del desembarco— y del destructor «Sheffield» —hundido ya con gran anterioridad, el día 4 de mayo—, vinieron a unirse las de la fragata «Antelope», el portacontenedores «Atlantic Conveyor» y el destructor «Coventry», igualmente echados a pique entre los días 23 y 25, mientras otros buques sufrían daños de menor entidad. Pero, entre tanto, el contraataque terrestre seguía sin llegar. Ello permitió que, al final del día 25, el total de las fuerzas desembarcadas ascendiera a cerca de 5.000 hombres y otras tantas toneladas de material, municiones y abastecimiento en general.

Sólidamente establecida ya la cabeza de playa, el mando británico consideró necesario eliminar la amenaza que suponía el apreciable núcleo de fuerzas argentinas situadas en torno a Darwin y al aeródromo de Goose Green, que podían hostigar desde el sur su avance hacia la capital. Tras una marcha nocturna de más de 20 kilómetros, el día 28 se tomó Darwin casi sin resistencia. No fue así en Goose Green, donde el 2.º Batallón Paracaidista hubo de luchar duramente contra unas posiciones argentinas más organizadas. Precisamente en estos combates resultó muerto el jefe de dicho Batallón, teniente coronel H. Jones. Por la mañana del día 29 se rendía toda la fuerza argentina que guarnecía Goose Green, aeródromo incluido. Pese a su conocimiento del terreno y a su previa organización sobre él, la cuantía de las tropas argentinas allí capturadas superaba al doble de los combatientes ingleses participantes en aquella operación.

El siguiente paso se vio gravemente entorpecido para los británicos por un serio contratiempo logístico: el hundimiento del buque «Atlantic Conveyor» —producido el día 25—, que se fue a pique con once helicópteros en cubierta —ocho Wessex y tres grandes Chinook— con los cuales contaba el mando inglés para, mediante reiterados desplazamientos de ida y vuelta, transportar las tropas y materiales precisos hasta sus bases de partida para conquistar Douglas y Teal Inlet, lugares de paso obligado en su avance hacia Puerto Argentino.

La pérdida de este valiosísimo material aeromóvil obligó al 45 Comando de los Royal Marines y al 3.er Batallón Paracaidista a efectuar a pie una durísima marcha de 30 kilómetros sobre terreno impracticable, en medio de constantes granizadas y ventiscas, soportando un viento húmedo y helador que todo lo penetraba, atravesando áreas pantanosas y caminando sobre heladas superficies rocosas que provocaron numerosas caídas y lesiones, pues cada hombre transportaba sobre sus hombros no sólo su propio equipo de combate sino otra pesada carga adicional de armamento y munición, hasta superar en ocasiones los cincuenta kilos de carga individual. Dura sobrecarga, impuesta por la ausencia de aquellos medios aeromóviles previstos para esta operación, y perdidos con el «Atlantic Conveyor»[741].

El 31 de mayo, tropas helitransportadas del 42 Comando de los Royal Marines ocuparon sin gran oposición Monte Kent y consolidaron sus posiciones en Monte Challenger, puntos ambos de decisiva importancia en el trayecto a Puerto Argentino. El día 1 de junio desembarcaban en San Carlos las unidades de Guardias Galeses y Escoceses y los Gurkas de Nepal, lo que elevó los efectivos británicos a un total de unos 7.500 hombres en tierra. Con ellos iba a bastar para culminar la ocupación del archipiélago en su totalidad.

Entre los días 3 y 4 de junio, fuerzas del 2.º Batallón Paracaidista, también helitransportadas, alcanzaron la costa oriental de la isla Soledad, ocupando Fitz Roy —posición incomprensiblemente abandonada sin combate alguno—, mientras los Gurkas, en rápidos ataques aeromóviles, eliminaron la resistencia de varias posiciones argentinas que habían sido rebasadas y dejadas atrás en el avance anterior. Cada una de las operaciones efectuadas, antes de ser las tropas atacantes situadas en helicópteros sobre sus bases de partida, era precedida de un tenaz reconocimiento por pequeñas patrullas avanzadas, encargadas de una doble y difícil misión: evaluar la magnitud de las fuerzas enemigas en cada posición, y detectar y señalizar, dentro de lo posible, los campos de minas situados a su alrededor.

Los días 6 y 7 de junio, las pésimas condiciones meteorológicas frustraron el traslado aéreo de los Guardias Escoceses y Galeses, lo que obligó a su transporte por mar. Así, cuando el día 8, levantada ya la niebla, los buques «Sir Galahad» y «Sir Tristam» se hallaban en plena faena de desembarco de estas tropas en Bluff Cove, fueron atacados por la aviación argentina. El bombardeo les produjo incendios y daños tan graves que ambos buques hubieron de ser abandonados, con importantes pérdidas humanas y materiales, en lo que se llamó «el desastre de Bluff Cove».

A partir del 10 de junio se desarrollaron la serie de ataques combinados que darían lugar a la conquista de Puerto Argentino. Tropas de los Guardias Galeses, así como de los Comandos 40, 42 y 45 de los Royal Marines y del 3.er Batallón Paracaidista, con el 2.º como reserva, atacaron sus objetivos asignados, distribuidos entre los montes Dos Hermanas, Harriet, Longdon y Goat Ridge que, a cierta distancia dominaban la capital.

Así, la noche del 11 al 12, los británicos efectuaron otra de sus eficaces operaciones nocturnas: el triple ataque simultáneo del 3.er Batallón Paracaidista a Monte Longdon —donde halló fuerte resistencia por parte del 7.º Regimiento de Infantería argentino—; del 45 Comando de los Royal Marines a Dos Hermanas —posición que tomó con escasa dificultad—; y del 42 Comando sobre Monte Harriet, ataque que sorprendió a las tropas argentinas por la retaguardia, mientras los Guardias Galeses efectuaban un ataque frontal de distracción.

Este conjunto de operaciones recibieron el apoyo del fuego artillero de cuatro buques y numerosas baterías terrestres, todos ellos coordinados por el jefe del Regimiento de la Royal Artillery encargado del apoyo a la operación. Durante el transcurso de ésta, varias unidades argentinas se rindieron sin apenas combatir, y algunas sin haber sido siquiera atacadas.

Dicen al respecto los analistas españoles antes citados:

«Durante esta serie de ataques se dieron algunas rendiciones argentinas, procedentes, además, de posiciones que no estaban siendo directamente atacadas. Prueba evidente de la falta de información, de la carencia de confianza en los mandos y de la falta de experiencia, entrenamiento y cohesión entre unidades»[742].

Finalmente, a las 3 de la madrugada del día 14 se inició la última fase de la operación cuyo objetivo final era la conquista de la capital. Los Guardias Escoceses se lanzaron sobre las posiciones enemigas de Monte Tumbledown, encontrando fuerte resistencia, pese al apoyo artillero prestado por dos buques y una batería terrestre. El mayor problema para los británicos en este ataque consistió en la gran proximidad entre la primera línea de sus fuerzas de asalto y los puntos batidos por el propio fuego de apoyo, problema sólo parcialmente superado mediante intensos fuegos de iluminación.

Desalojadas la cumbre y laderas del monte Tumbledown a punta de bayoneta por los Guardias Escoceses, esta altura cayó finalmente en sus manos, no sin producirse numerosos muertos y prisioneros, entre estos últimos el jefe del 5.º Batallón de Infantería de Marina argentina, unidad que defendía aquella posición. Consolidada la ocupación de dicho monte por las tropas escocesas, los Gurkas lo bordearon avanzando hacia Monte William, que caía en sus manos poco después, mientras el 2.º Batallón Paracaidista, más al norte, también apoyado por fuego naval, ocupaba Wireless Ridge.

Dominadas ya todas las alturas circundantes de Puerto Argentino, y con esta pequeña capital llena de desordenadas tropas argentinas que habían ido replegándose sobre ella en tropel, en medio de una intensa nevada y un viento helador, el general Moore ofreció la rendición al gobernador argentino, general Benjamín Menéndez. A las nueve de aquella misma noche (14 de junio de 1982), el general argentino firmaba el acta de rendición.

Como resumen valorativo sobre la actuación militar británica en tierra, en el más amplio sentido profesional —táctica, logística, resistencia física, capacidad operativa en general—, la opinión de los analistas —pese a ser éstos, en España, mayoritariamente simpatizantes de la parte argentina—, resultó prácticamente unánime en los puntos siguientes:

a) Gran profesionalidad de las tropas británicas, especialmente de los infantes de marina y de las unidades paracaidistas, que llevaron el mayor peso de la campaña.

b) Gran capacidad logística, tanto en operaciones anfibias y acciones aeromóviles con helicópteros como en desplazamientos puramente terrestres, incluso en condiciones climáticas muy adversas.

c) Gran eficacia en la coordinación artillera de fuegos navales dirigidos desde tierra, en apoyo a operaciones terrestres y acciones combinadas en general.

d) Considerable eficacia y capacidad de infiltración en territorio enemigo de pequeñas patrullas especialmente entrenadas para misiones de información.

e) Excelente entrenamiento práctico y gran efectividad operativa en acciones nocturnas, utilizadas con gran profusión.

2. PARTE ARGENTINA

2.1. Destacada excepción, señalada por el Informe Rattenbach e internacionalmente reconocida: acreditado valor y profesionalidad de los pilotos de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval

Dentro del general panorama de imprevisión, bajo rendimiento y escaso espíritu ofrecido por las Fuerzas Armadas Argentinas en esta campaña, desentonaron —dicho sea en su honor— por su capacidad de ataque y notable valor sus pilotos de combate, acreditando un excelente nivel profesional.

Fundamentalmente, la aviación argentina fue capaz de efectuar acciones de ataque de dos tipos: las que requirieron el valor necesario para acercarse en vuelo casi rasante a los navíos enemigos, entrando de lleno en el campo de acción de los misiles antiaéreos británicos, y aquellas otras que, más que valor, requirieron una técnica de relativamente larga distancia, con una cierta dificultad de trayecto y repostaje en vuelo para su ejecución.

Dentro del primer tipo citado, cabe situar casi todos los ataques desencadenados contra la flota inglesa y contra los efectivos terrestres desembarcados. Según los cálculos ponderados entre los datos argentinos y británicos —lógicamente discordantes—, los analistas estiman que, helicópteros aparte, entre los aviones Mirage III, Dagger (versión israelí del anterior) y Pucará de las Fuerzas Aéreas argentinas, y los Skyhawk de su Aviación Naval, derribados en este tipo de acciones por los británicos, tales pérdidas pueden situarse por encima de los cuarenta aparatos en su cifra total. Ello demuestra el riesgo que fueron capaces de asumir los pilotos argentinos, acudiendo una y otra vez —principalmente entre los días 21 y 25 de mayo— al ataque de la flota británica en el llamado «paso de la muerte» —parte norte del estrecho de San Carlos—, así denominado por el denso despliegue antiaéreo que los británicos lograron poner a punto en dicha área, para proteger su desembarco en la fase más vulnerable de la operación.

Dentro también de ese primer tipo de misión —ataque en vuelo rasante y bombardeo a mínima altura— se sitúa la acción realizada el 25 de mayo de 1982 por dos escuadrillas (las llamadas «Zeus» y «Vulcano») de la Armada argentina, cada una con dos aviones A-4B «Skyhawk». Esta vez las naves británicas localizadas y designadas como objetivo estaban situadas a unos 20 kilómetros al norte de Isla Bortón, lo que permitía el vuelo directo, incluido el regreso a su base en Río Gallegos, sin necesidad de ningún reabastecimiento intermedio.

Según relata el brigadier de la Fuerza Aérea argentina Benigno H. Andrada:

«Habían elegido dos rutas de penetración ligeramente distintas. La escuadrilla Vulcano lo haría por Bahía Nueve de Julio ⇒ Isla Rasa ⇒ Objetivo. La escuadrilla Zeus por Islas del Pasaje ⇒ Isla Borbón ⇒ Objetivo».

«Por fallas técnicas de último momento sólo pudieron participar cuatro aviones, dos de la escuadrilla Vulcano y dos de la Zeus».

«Como estaba previsto y después de las acostumbradas fases del vuelo, una primera a gran altura y la segunda de penetración sobre las islas en vuelo muy bajo, la escuadrilla Vulcano llegó a la posición indicada y avistó los dos buques británicos»[743].

Se trataba de una fragata de las llamadas de «tipo 22» y de un destructor de «tipo 42». Los dos aviones de la escuadrilla Vulcano, con una aproximación en vuelo muy bajo, lograron sorprender por completo a la fragata, la cual, antes de poder iniciar su fuego antiaéreo, recibió varios impactos de bomba. Dos columnas de humo demostraron que había sido alcanzada. Cuando el destructor vio que la fragata había sido atacada y dañada, se acercó a ésta para protegerla con sus propios fuegos y recoger a su tripulación en caso de necesidad. Fue en aquel momento cuando entraron en escena los dos «Skyhawk» de la escuadrilla Zeus. Al descubrirla, el destructor maniobró rápidamente buscando su posición más ventajosa para hacer frente al ataque aéreo. Momentos después, los pilotos de ambos aparatos pudieron ver cómo el buque se anticipaba a su ataque:

«El buque se encontraba en una posición de unos treinta grados con respecto al avión cuando se iluminó fugazmente el sector de proa y se formó una nube de humo: acababa de disparar un Sea Dart. El misil salió del buque rasante al mar, en dirección a los aviones y ascendiendo paulatinamente».

«Los pilotos lo vieron con toda claridad: una corta llama muy intensa, de un color anaranjado brillante, casi blanco, y una estela, más larga, de humo negro»[744].

A partir de aquel momento, ambos pilotos hubieron de concentrar toda su atención y todas sus energías en eludir al peligroso misil, cosa que lograron desviando rápidamente su trayectoria y descendiendo hasta casi rozar el agua. Una vez definitivamente esquivado el misil, se lanzaron al ataque. El destructor, acreditando su gran capacidad de maniobra, inició otro rápido giro, que no tuvo tiempo de completar. El piloto del primero de los «Skyhawk» lanzó sus tres bombas, que alcanzaron al buque con un ángulo de unos 45 grados, penetrando por el costado izquierdo del navío por su tercio de proa, a una altura de unos dos o tres metros por encima de la línea de flotación.

Andrada recoge así el momento, tal como le fue relatado por los propios pilotos protagonistas de la operación:

«Fueron tres relámpagos, tres fogonazos instantáneos, con muy poca separación, y que desprendieron una espesa nube de humo».

«No eran las explosiones de las bombas. Al chocar éstas contra la banda del buque había actuado el mecanismo de los iniciadores de las espoletas produciendo los tres intensos chispazos y el humo que había visto el número dos. A partir de ese instante empezaban a correr los segundos de retardo de las espoletas y, a su término, habrían de explotar las verdaderas cargas de las bombas, que producirían daños irreparables al destructor».

«El primer avión había pasado ya por arriba de la nave, rozando casi sus mástiles para volver a descender en seguida hasta ponerse a ras del agua, cuando el número dos llegó a la distancia exacta de puntería. Había apuntado al mismo lugar donde viera los tres impactos anteriores, apretó el disparador y acomodó su avión para pasar después por la derecha de la columna de humo».

«Pero sus bombas no salieron. Alguna falla del sistema de lanzamiento impidió el desenganche y las bombas quedaron colgadas en sus estaciones».

«Saltó el buque y se pegó al agua, buscando a su guía para seguirlo. Los dos aviones continuaron el escape a máxima velocidad hacia el noroeste. Luego, con un suave viraje tomaron el rumbo de doscientos setenta grados que los llevaría al continente»[745].

Posteriormente se supo el resultado final: la fragata tipo 22 inicialmente alcanzada era la «Broadsword», que sufrió serios daños y el destructor tipo 42 atacado en segundo lugar era el «Coventry». Este, devorado por un violento incendio que resultó imposible de controlar, y cada vez más escorado por el gran destrozo lateral causado por las bombas, acabó hundiéndose horas después. Dice Andrada al respecto, como balance final de la operación:

«El Coventry era un destructor de la misma clase y características que el Sheffield, aunque cuatro años más moderno. Esta vez, habían bastado para hundirlo tres bombas convencionales y el coraje de los pilotos que se acercaron a metros del buque para lanzarlas».

«La fragata Broadsword también fue blanco de las bombas de los A-4B y sufrió serios daños que fueron comprobados y posteriormente confirmados por fuentes de origen británico»[746].

En cuanto al segundo tipo de operaciones antes mencionado —ataque a distancia con misil—, cabe destacar como ejemplo la misión de ataque cumplida por otros dos aviones de caza argentinos el mismo día 25 de mayo de 1982. En aquella fecha, fiesta nacional argentina, el mando aéreo decidió ofrecer a la opinión pública nacional e internacional un éxito espectacular, harto necesario, por otra parte, dada la muy desfavorable marcha de las operaciones en tierra desde que el desembarco inglés se inició, cuatro días atrás. Con tal propósito, se planeó una acción de ataque cuyo ambicioso objetivo era nada menos que echar a pique, o como mínimo dañar gravemente, a uno de los dos principales buques de guerra de la «Task Force»: los portaaeronaves «Invincible» y «Hermes», y preferiblemente a este último, buque insignia de la flota expedicionaria, y sede, por tanto, del cuartel general del almirante Woodward, con su cuantiosa carga de aviones Harrier, helicópteros pesados y medios de diverso tipo, lo que hubiera restado a las fuerzas británicas una gran parte de su capacidad operacional.

Por la mañana de aquel 25 de mayo, el potente radar de larga distancia instalado por los defensores en Puerto Argentino había permitido delimitar sobre la pantalla una zona en pleno océano donde aparecían y desaparecían, persistentemente, los mínimos puntos luminosos correspondientes al eco electrónico producido por los aviones o helicópteros que llegaban o despegaban desde allí. Con elemental lógica cabía deducir que en aquella proximidad tenía que hallarse uno de los grandes portaaeronaves británicos, y, muy probablemente —según se confirmaría después—, el mismísimo «Hermes», el más valioso objetivo que el mando aéreo argentino podía ambicionar, aunque su señal no apareciese en dicha pantalla por tratarse de un radar de vigilancia aérea y no de superficie.

En consecuencia, el mando argentino, dispuesto a aprovechar la fecha citada y la excepcional oportunidad que en ella se le brindaba, decidió utilizar su más mortífero medio de ataque: el conjunto formado por el caza «Super Etendard» y el misil «Exocet», ambos de fabricación francesa, y cuya eficacia había quedado sobradamente probada desde el hundimiento del destructor «Shefield», tres semanas atrás. Cursada la orden a la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, dos «Super Etendard», cada uno con un misil «Exocet», despegaron de la base de Río Grande —la más meridional, en plena Tierra de Fuego— y se dirigieron al punto señalado.

Con objeto de no ser detectados por los radares de los numerosos buques enemigos desplegados en torno a las islas, la ruta no se planeó en línea recta, sino desviada hasta un punto prefijado, donde ambos aparatos serían repostados en vuelo a la ida, y nuevamente a la vuelta. Repostaje necesario teniendo en cuenta que la autonomía de dicho caza es inferior a 900 kilómetros, y que la distancia total a recorrer entre ida y regreso alcanzaba aproximadamente los 1.600.

En vuelo rasante sobre el océano, para no ser detectados en su tramo de acercamiento final, ambos aviones, después de su previsto reabastecimiento por sus respectivos aviones cisterna, se aproximaron a su objetivo. Llegados a la adecuada distancia de la posición teórica de éste, se elevaron lo suficiente, conectaron su radar e inmediatamente captaron sobre su pantalla el eco de un gran navío. Introducidas rápidamente sus coordenadas en los cerebros calculadores de sus correspondientes misiles, los pilotos argentinos efectuaron su disparo y, acto seguido, viraron en redondo y regresaron hacia el punto previsto para su segundo y último repostaje, que les permitió alcanzar la base, cumplida ya su misión.

Aunque su objetivo buscado era preferentemente el «Hermes», aquel gran eco radar resultó corresponder al buque portacontenedores «Atlantic Conveyor», de 15.000 toneladas de desplazamiento, situado relativamente cerca del «Hermes» por desempeñar respecto a éste una misión complementaria: la de almacenar en su cubierta aquellos aparatos —aviones Harrier o helicópteros diversos— que no tenían cabida en el buque insignia por hallarse éste al límite de su capacidad.

Alcanzado por uno de los dos misiles «Exocet», el buque se fue a pique varios días después, sin que pudiera ser salvado ni uno solo de los aparatos que en aquel momento transportaba —once helicópteros, entre «Wessex» y «Chinook»— así como el material pesado que iba a ser utilizado para la instalación en tierra de una pista para aviones Harrier de despegue vertical. Este golpe —aunque no tan gravísimo como lo hubiera sido la pérdida del «Hermes»— fue sin embargo suficientemente duro como para obligar a los británicos a modificar sus planes operativos en tierra. Tal como se explicó anteriormente, la pérdida de este valioso soporte logístico aeromóvil —especialmente los once helicópteros— produjo serios problemas a las tropas terrestres, y dio lugar también a graves pérdidas navales, al tener que sustituir el transporte aeromóvil de tropas por el marítimo, lo que condujo al desastre de Bluff Cove, comentado más atrás.

Sin duda que esta eficaz acción de ataque de la aviación argentina debe ser apreciada en su justo valor, como corresponde a una misión de unos 1.600 kilómetros, que requirió un repostaje en vuelo a la ida y otro a la vuelta para cada uno de los dos cazas, a cargo de otros tantos aviones cisterna. Sin embargo, resulta objetivamente obligado no perder de vista —en inevitables términos comparativos— lo bajas que resultan estas cifras frente a los 13.000 kilómetros cubiertos por cada bombardero Avro «Vulcan» británico que atacaba el aeródromo de Puerto Argentino partiendo de la isla Ascensión, con sus 21 operaciones de repostaje en vuelo a cargo de 13 aviones cisterna entre ida y vuelta; misión que implicaba un vuelo de 14 horas para el último avión cisterna, y de 16 horas para el avión de bombardeo que culminaba la operación, como ya vimos más atrás.

No obstante, junto a esta apreciable capacidad operativa, resulta igualmente inevitable señalar otro dato que llamó la atención de todos los comentaristas, sorprendiendo a propios y extraños: el insólito número de bombas que, lanzadas por la aviación argentina, hicieron impacto en los buques británicos sin llegar a estallar.

De hecho, fueron varios los buques ingleses que, habiendo recibido tales impactos, y con una o varias bombas incrustadas en diversos puntos de su estructura —entre otros, los destructores «Antrim» y «Glasgow», y las fragatas «Brilliant» y «Broadsword», esta última con tres bombas—, no llegaron a sufrir daños apreciables al no producirse la explosión de su carga convencional. Es de señalar en este sentido el caso de la fragata «Antelope», que, alcanzada el 23 de mayo por dos bombas de 225 kilos que no hicieron explosión —pero que quedaron alojadas en un punto tan crítico como su sala de máquinas—, hubo de ser retirada al fondeadero de San Carlos, para proceder a su desactivación. Cuando los artificieros trataban de cumplir su arriesgada misión, una de ellas hizo explosión, dando lugar a un incendio de tal magnitud que, al no poder ser atajado, provocó horas después una segunda explosión. Esto incrementó a su vez la extensión del fuego, de forma que, al día siguiente, el buque —ya abandonado— de hundió al fin.

Algunos expertos señalan como causa de este reiterado fallo de las bombas a su relativa vejez —superior a diez años—, mientras otros apuntan la posibilidad de que, al ser lanzadas a muy baja cota, las espoletas no tuvieran tiempo suficiente para desactivar su «seguro de distancia», que impide la explosión de la bomba hasta que ésta se aleja a cierto número de metros del avión. De ser así, ello implicaría un serio fallo táctico en la ejecución de los bombardeos, por desconocer, en cada tipo de bomba, su altura mínima de utilización. Más bien —salvando la pericia de los pilotos argentinos— nos inclinamos a creer que este grave y persistente fallo fuera debido al deterioro de alguno de los elementos más sensibles de su espoleta; pero no precisamente por su vejez —diez años no es demasiado para este tipo de material si permanece correctamente almacenado— sino más bien, probablemente, por alguna prolongada deficiencia en cuanto a temperatura, humedad, o cualquier otra negligencia cometida en sus condiciones de mantenimiento y conservación.

En cualquier caso, tanto si el fallo fue debido a la deficiente ejecución táctica de los bombardeos a altura inferior a la exigida por el tipo de bombas utilizadas, como si la causa fue el deterioro de éstas por su inadecuado almacenamiento, o incluso, apurando las posibilidades, por un fallo original de fabricación —no detectado por falta de pruebas suficientemente rigurosas en su recepción por el organismo comprador y en sus imprescindibles pruebas de fuego real—, en cualquiera de estas hipótesis, esta reiterada deficiencia implicaría una cierta responsabilidad corporativa para la Fuerza Aérea Argentina, en un área técnica de su plena incumbencia material. Responsabilidad que, en justicia, no basta a nuestro juicio para descalificar —en conjunto— su muy digna ejecutoria profesional.

2.2. Armada argentina: notable inoperancia naval

Excepto la inicial «Operación Rosario», efectuada el 2 de abril —ocupación por sorpresa de las Islas Malvinas, defendidas sólo por una insignificante guarnición británica— y los subsiguientes desplazamientos logísticos efectuados por buques argentinos durante todo el citado mes de abril —sin sufrir todavía hostigamiento alguno—, la Armada argentina iba a brillar por su ausencia durante todo el resto del conflicto, es decir, a lo largo de las fases más decisivas de su desarrollo, desde los primeros combates hasta su desenlace final. En efecto, el día 2 de mayo se produjo un hecho que iba a suponer la prematura y sorprendente desaparición de la marina de guerra argentina del escenario bélico del Atlántico Sur.

En la tarde de aquel 2 de mayo, el viejo crucero «General Belgrano», pese a ir escoltado por los destructores «Piedra Buena» e «Hipólito Bouchard» —y a pesar de que navegaba fuera de la «zona de exclusión» fijada por los británicos y alejándose de ella— resultó hundido por el impacto sucesivo de dos torpedos, disparados con tres minutos de intervalo por el submarino británico «Conqueror». A partir de aquel momento, la flota argentina renunció a toda operación bélica propiamente dicha, limitándose a permanecer en puerto o a ejercer misiones secundarias de salvamento nacional.

Así ocurrió al día siguiente, 3 de mayo, en cuya fecha un par de patrulleros, el «Alférez Sobral» y el «Comodoro Somellera», recorrían una determinada zona —en busca de posibles supervivientes de los aviones argentinos derribados en los combates aéreos librados la víspera— cuando fueron sorprendidos por un helicóptero «Lynx» perteneciente a la dotación del destructor «Coventry». Los potentes misiles antibuque «Sea Skua» disparados por el helicóptero —misiles todavía en fase experimental y de evaluación, jamás empleados hasta aquel momento en acción bélica real— demostraron una contundente efectividad, hundiendo de inmediato al «Comodoro Somellera» y dejando inservible al «Alférez Sobral». Este segundo revés, en sólo dos días consecutivos, acabó de decidir la práctica desaparición de la flota argentina, que, recluida desde entonces en sus puertos, prácticamente no se dejó ver, ni siquiera en los momentos culminantes del desembarco inglés, ni en los numerosos combates aeronavales que después se produjeron hasta que la campaña llegó a su fin.

Teniendo en cuenta que —aparte del crucero citado— la Armada argentina contaba con buques tales como el portaaviones «25 de Mayo», 9 destructores, 3 corbetas, 4 submarinos convencionales, y otras 24 unidades entre dragaminas, patrulleros, transportes y otras diversas—, su rápida inhibición y casi completa reclusión resulta, desde cualquier punto de vista, extremadamente difícil de explicar, y más aún de justificar desde una perspectiva militar.

Hasta tal punto llegó la inhibición naval argentina —baste este simple dato— que la operación crucial de la campaña, el desembarco británico, se vio considerablemente facilitado por un hecho sorprendente: el estrecho de San Carlos, paso obligado hacia la bahía del mismo nombre —punto óptimo para cualquier intento de desembarco—, ni siquiera había sido minado en su entrada norte, lo que permitió la cómoda penetración sin obstáculo alguno de la flota británica por dicho extremo septentrional. Operación que quizá no se hubiera visto impedida, pero sí gravemente dificultada, si la flota argentina hubiese sembrado de minas dicho acceso marítimo, cuyo valor estratégico —evidente a priori— el desembarco inglés se encargó de ratificar.

La citada pérdida del «General Belgrano» —antiguo crucero tipo «Brooklyn», de fabricación estadounidense, superviviente de Pearl Harbor, lento, anticuado y casi exento de medios electrónicos de protección y ataque— no puede en absoluto servir como argumento válido para explicar, a partir de su hundimiento, una inoperancia marítima tan total. Con mucha mayor razón, los ingleses pudieron desaparecer de aquellas aguas a partir de lo sucedido dos días después, es decir, el 4 de mayo, aciaga fecha para la Royal Navy, en que uno de sus mejores navíos, el destructor «Sheffield» —orgullo de la flota británica, dotado de todos los adelantos, protecciones y exigencias de la guerra electrónica— sucumbió definitivamente ante el impacto de un único misil «Exocet» disparado por un modesto y más bien anticuado avión «Super Etendard», que a 40 kilómetros de distancia lo lanzó y se alejó, prácticamente sin correr riesgo alguno en su acción.

La posición inglesa ante esta grave pérdida pudo ser similar a la argentina ante el hundimiento del «General Belgrano»: con idéntico espíritu pusilánime, pero con mayor fundamento aún, el mando británico pudo razonar así: «Si con un avión anticuado como éste y con un solo misil disparado a esa distancia, nos hunden un buque tan excelente y bien equipado como éste, más nos vale alejar nuestra flota de estas aguas y renunciar a toda operación naval».

Sin embargo, lejos de razonar de esta forma, y a diferencia del mando naval argentino, los británicos asumieron todo el riesgo y se mantuvieron firmes en su propósito, aunque ello supusiera poner en grave peligro a sus mejores buques ante una amenaza tan mortal como la que suponía el binomio «Super Etendard»-«Exocet». De hecho, a lo largo de las operaciones, su más importante navío, el portaaeronaves «Hermes», soporte operativo de numerosos helicópteros y del principal contingente de aviones «Harrier» —elemento imprescindible para el éxito de la campaña—, incluso este buque, sede del almirante jefe de la «Task Forcé», estuvo, como mínimo dos veces, a punto de ser alcanzado por sendos misiles «Exocet», que muy bien pudieron echarlo a pique, caso de haber impactado en él.

La primera de estas ocasiones se produjo precisamente el ya citado 4 de mayo. En la misma misión en que un «Super Etendard» disparó su «Exocet» al destructor «Sheffield», el otro avión del mismo tipo que lo acompañaba —formando con él la patrulla de ataque— dirigió su propio «Exocet» al «Hermes», situado pocas millas más allá. Pocas horas antes, un avión argentino de reconocimiento «Neptune» había detectado dos fuertes ecos radar en su pantalla, lo que motivó el consiguiente aviso e inmediato despegue de ambos aviones «Super Etendard», cada uno provisto de un único misil «Exocet». Tales misiles, de fabricación francesa y muy avanzada tecnología, acababan de ser montados y puestos a punto pocos días atrás, sobre dichos aviones, por un equipo técnico desplazado a Argentina por la empresa Marcel Dassault.

En vuelo casi rasante sobre las aguas, para evitar su detección, los dos aparatos se aproximaron al punto indicado y, a unos 60 kilómetros de él, se elevaron justo lo suficiente —menos de 200 metros— para captar sobre sus propias pantallas los ecos radar de ambos buques —más próximo y más pequeño el del «Sheffield», más grande y más alejado el del «Hermes»—, cuyas respectivas manchas luminosas aparecieron con toda nitidez tan pronto como los pilotos conectaron sus radares de localización. Introducidas las coordenadas de cada uno de los dos buques por el piloto de cada avión en el cerebro de su respectivo misil, ambos pilotos efectuaron su disparo a unos 40 kilómetros de distancia, y a continuación emprendieron el giro de regreso a su base, sin esperar al resultado de su acción.

Los «Exocet» efectuaron la mayor parte de su veloz recorrido guiados por aquellas coordenadas introducidas por los pilotos, hasta que el propio radar de cada misil —activado automáticamente— detectó la posición de su objetivo; a partir de dicho momento, fue el mismo objetivo el que teleguió a cada misil, atrayéndole hacia él. El «Sheffield» —en posición adelantada respecto al «Hermes» por desempeñar la misión de escolta y alerta radar anticipada—, efectuaba en aquellos momentos una comunicación vía satélite, lo que mermó su capacidad electrónica defensiva, y esto contribuyó a la tardía detección del misil. Falto ya de tiempo para reaccionar eficazmente ante la llegada del «Exocet» que le venía destinado, éste le alcanzó de lleno, con el fatal resultado ya visto páginas atrás.

Por el contrario, el «Hermes», al hallarse varios kilómetros más distante, y alertado ante la explosión de su buque de apoyo, tuvo el tiempo justo para reaccionar, lanzando una densa nube de «chaffs» —miles de pequeñas láminas metálicas—, cuyos falsos ecos consiguieron engañar electrónicamente al radar del segundo misil, que pasó de largo a escasa distancia y, falto ya de objetivo que lo guiase, acabó cayendo al mar. Fue así, mediante esta técnica de engaño antimisil, bien conocida en el campo de la guerra electrónica, como el portaaeronaves «Hermes» —buque insignia de la flota expedicionaria, repleto de aviones y helicópteros, y con el almirante Woodward a bordo— se salvó en última instancia del impacto de uno de los más mortíferos misiles antibuque existentes en la actualidad.

Otro peligro similar, aunque éste no tan extremo, fue el corrido por el mismo «Hermes» en la ya comentada acción del 25 de mayo, cuando otros dos aviones «Super Etendard», cada uno con su «Exocet» bajo el fuselaje, despegaron expresamente en su busca, dirigiéndose hacia su área aproximada de localización. Pero, como ya se vio en su momento, esta vez sólo lograron localizar el eco radar del «Atlantic Conveyor», navío que desempeñaba respecto al «Hermes» una doble misión: no sólo mantener a bordo los helicópteros que en un momento dado no cabían en aquél, sino ejercer también, respecto al portaaeronaves, la misma misión de cobertura que el «Sheffield» estaba desempeñando cuando fue alcanzado y hundido tres semanas atrás. Ello salvó una vez más al «Hermes», y condenó a su buque de apoyo, que, alcanzado por otro «Exocet», se hundió con toda su carga de helicópteros, según vimos en su momento.

Pero, sobre todo, esto demuestra, una vez más, el peligro conscientemente asumido por los marinos ingleses —con las consiguientes pérdidas, importantes en cantidad y calidad—, en agudo contraste con la sorprendente inhibición de la flota argentina, increíblemente inactiva en sus puertos a lo largo de todas las fases decisivas del conflicto, desde semanas antes del desembarco británico hasta la culminación de las operaciones y su desenlace final.

2.3. Actuación terrestre: bajo rendimiento táctico, negligencia logística, insuficiencia operacional. Serio fallo de la cadena del mando, especialmente a nivel superior. Destacable excepción, entre otras: la actuación del Grupo de Artillería núm. 3

A diferencia de los militares británicos, que tuvieron que preparar y ejecutar toda su compleja intervención naval, aérea y terrestre a marchas forzadas, apremiados por la humillante contundencia de un hecho ya consumado, los militares argentinos, por el contrario, gozaron de todas las ventajas de la sorpresa inicial, de la preparación previa —con toda la anticipación que consideraron necesaria— y, sobre todo, de la completa ocupación de las islas durante los 50 días —del 2 de abril al 21 de mayo de 1982— que precedieron al desembarco inglés. Tiempo suficiente para haber fortalecido su despliegue y organizado sólidamente su posición defensiva sobre el territorio hasta el extremo de hacer prácticamente imposible poner pie en cualquier punto del archipiélago sin recibir, de manera inmediata, el fuerte contraataque terrestre capaz de frustrar todo conato de desembarco, en sus momentos iniciales de máxima vulnerabilidad.

Pero, para ello, hubiera sido preciso un intenso y prolongado esfuerzo logístico, anterior y posterior al desembarco enemigo, que asegurase, por vía aérea o marítima, o por ambas a la vez, el considerable y continuo flujo de recursos —víveres, municiones, vehículos, equipo de todo género— imprescindible para mantener en situación de plena operatividad a aquellos 12.500 hombres que constituían la guarnición terrestre argentina en el archipiélago[747]. Tropas cuya simple presencia física no bastaba en absoluto, caso de no estar dotadas de la suficiente capacidad operacional.

Incluso cabe decir que sobraba buena parte de aquel contingente: de hecho, hubiera bastado, por parte argentina, un despliegue defensivo menos numeroso en efectivos humanos, pero con un suficiente nivel de movilidad táctica, de recursos logísticos, de resistencia ante la dureza climática, de capacidad de asestar golpes y de repelerlos con eficacia y decisión. Y todo ello en tierra, precisamente en tierra —con más o menos medios aeromóviles, con más o menos soporte anfibio—, pero sabiendo que siempre, en toda campaña —y las Malvinas no podían ser una excepción—, con independencia de los medios tecnológicos desplegados por ambas partes, el resultado final se decide siempre en tierra, y al final es el combatiente terrestre, el humilde soldado de infantería, el que tiene que ocupar el terreno y conseguir la victoria final.

Sin embargo, pese a los abundantes juicios adversos que se han formulado sobre las operaciones militares en tierra, y pese a las muy duras calificaciones que tales actuaciones merecieron, en general, de los altos jefes que redactaron el Informe Rattenbach —como pudimos ver en el capítulo VI—, aun así, también las fuerzas terrestres del Ejército Argentino proporcionaron algunos apreciables ejemplos de eficacia y profesionalidad. En tal sentido, cabe destacar la actuación del Grupo de Artillería número 3, mandado por el entonces teniente coronel Martín Antonio Balza, quien diez años después, ya teniente general, llegaría al puesto de Jefe del Estado Mayor y Comandante General del Ejército de Tierra.

Dicha unidad llegó a las islas el 13 de abril, sólo once días después de la ocupación. Su contingente desembarcado no estaba al completo: sólo contaba con 220 hombres entre cuadros y tropa. Su material, desplegado en la isla de Soledad no lejos de la capital, estaba formado por tres baterías de seis piezas cada una (obuses Otto Melara, de calibre 105 mm y 10 km de alcance). Un mes más tarde se recibieron dos piezas de mayor potencia y alcance: dos cañones Citer (de 155 mm y 20 km de alcance). Otras dos piezas del mismo tipo no llegaron hasta el 13 de junio, es decir, la víspera de la rendición. Como material de localización el Grupo contaba con un radar de vigilancia terrestre «Rasit» y dos telémetros láser.

Con estos medios, es decir, carentes de radares de «adquisición de objetivos» similares a los que manejaban sus adversarios, y teniendo que recurrir siempre a observadores adelantados; con gran escasez de munición de 155 mm, agotada la noche del 13 al 14 de junio; sin vehículos de tracción adecuados para las piezas pesadas (8.600 kg cada cañón de 155); sufriendo continuamente los inconvenientes de una cobertura aérea insuficiente bajo la neta superioridad británica (lo que les obligaba a continuos cambios de posición), este Grupo de Artillería núm. 3 dio, pese a tales limitaciones, un notable ejemplo de rendimiento y habilidad artillera, aprovechamiento máximo de los medios disponibles y utilización de éstos más allá de lo previsto en su uso normal.

Sus fuegos de contrabatería (neutralización de la artillería enemiga) fueron tan eficaces que le valieron la felicitación personal del jefe de la artillería británica al acabar la contienda (como ya vimos en el capítulo VI, apartado 4). Por su parte, el comandante Chris Keeble, jefe de la 2 de Paracaidistas ingleses tras la muerte de su jefe, el teniente coronel H. Jones, fue sincero y explícito al narrar el infierno que tuvieron que padecer en su avance sobre el llamado Cerro de la Radio, al norte de Puerto Argentino, por causa del acertado fuego de los cañones argentinos de 155 mm, a los que, no sin ironía, calificó de artefactos «endemoniados y desagradables»[748].

Aparte de esas misiones típicamente propias de la artillería de campaña, esta unidad artillera argentina realizó otras, a alguna de las cuales vamos a referirnos brevemente a continuación. Durante la primera etapa del conflicto, los buques británicos recorrían y cañoneaban impunemente cada noche las posiciones argentinas próximas a Puerto Argentino en la costa sur. A partir de la llegada de las piezas de 155 a mediados de mayo, esto iba a cambiar sensiblemente, gracias a la actuación del Grupo de Artillería número 3.

Con el ya citado radar «Rasit» de vigilancia terrestre, y otro radar «Alert Mark II» usado por la artillería antiaérea, consiguieron establecer un sistema que les permitía localizar y determinar la distancia y dirección de dichos buques, estimando con suficiente aproximación su trayectoria y velocidad.

A partir de ahí obtenían en su dirección de tiro los datos necesarios para abrir fuego contra dichos buques. Por este procedimiento tan escasamente ortodoxo, utilizando medios (uno terrestre, otro antiaéreo) no concebidos en absoluto para hacer fuego de artillería contra objetivos navales —y menos contra aquéllos, situados entre 15 y 20 km de distancia—, pese a todo consiguieron disparos suficientemente precisos como para disminuir apreciablemente la intensidad y frecuencia de aquellos impunes cañoneos nocturnos de las Fuerzas navales británicas contra las posiciones argentinas próximas a la zona de la capital.

Según el teniente de la Armada Británica David Tinker, miembro del cuadro de oficiales del crucero «Glamorgan», «los disparos de los cañones argentinos nos caían a menos de 100 yardas». Notable éxito artillero que, desde entonces, ejerció sobre la flota británica un apreciable efecto disuasor, limitando la antes citada impunidad de desplazamientos nocturnos de los buques británicos en aquella zona de la costa meridional[749].

Pero el caso más notable se produjo precisamente en los últimos días de la contienda. Desde los primeros días de junio, el Grupo de Artillería núm. 3, con el equipo y personal de su radar «Rasit» estableció otro sistema de tiro conectado a un lanzador terrestre de misiles Exocet tierra-mar servido por el personal de la Armada. La eficacia de este radar «Radit» —pese a haber sido concebido para uso terrestre— quedó patente una vez más. Con él, los artilleros argentinos lograron localizar en plena noche del 12 al 13 de junio al crucero británico «Glamorgan» con la suficiente precisión para poder proporcionar los datos de tiro al Exocet, consiguiendo un espectacular impacto en el buque citado. Dice al respecto el hoy teniente general Balza:

«El disparo se realizó a una distancia de 27.500 metros, en momentos que la fragata se alejaba a toda máquina y se encontraba a unos escasos 2.500 metros de colocarse fuera del alcance del radar (30 km). Entre sus numerosas víctimas incluimos la muerte de un oficial británico que merece mi respeto y recuerdo, y a quien, sin conocerlo, tengo presente en mis oraciones: el teniente David Tinker, anteriormente mencionado»[750].

Desde la parte británica, el hecho fue observado así:

«Desde un lugar que dominaba Puerto Stalney pudieron ver un haz luminoso (“como los faros de un coche”, dijo uno de los testigos) que al principio se movía con bastante lentitud, recorría la playa y luego se dirigía hacia el mar ganando en velocidad. Era un misil Exocet que los argentinos dispararon desde una batería situada en la costa hacia el Glamorgan, que, con la proa al mar, bombardeaba las posiciones argentinas reforzando al Comando 45. También el Glamourgan lo vio y disparó misiles Sea Cat intentando desesperadamente derribarlo. Pero fue en vano, y al cabo de un momento los que estaban en la colina observaron un deslumbrante resplandor y una sorda explosión»[751].

En estas difíciles condiciones, utilizando un radar de vigilancia terrestre —francamente inadecuado, como tal, contra un objetivo naval— y, por añadidura, contra un navío a punto de salirse de sus 30 km de efectividad máxima y en rápido alejamiento de la costa, aun así el «Glamorgan» resultó alcanzado de lleno y, aunque no llegó a hundirse, quedó fuera de combate con grandes destrozos y un alto número de bajas en su tripulación. Nuevo éxito de los artilleros argentinos del Grupo núm. 3 y del personal del equipo lanzamisiles, así como del extraño conjunto Rasit-Exocet, aunque tal éxito se produjera sólo dos días escasos antes de la derrota final.

No fue ésa, sin embargo, la tónica general en cuanto a rendimiento, eficacia y coordinación de esfuerzos en las operaciones, terrestres o combinadas. Brillantes excepciones aparte, los fallos en tierra se extendieron a todos los niveles, según constata el Informe Rattenbach, tal como pudimos ver en el capítulo VI. Entre las deficiencias señaladas por dicho informe militar argentino figura la baja profesionalidad técnica, factor que aparece ratificado en la siguiente anécdota relatada por uno de los protagonistas del conflicto en tierra: el general británico Julian Thompson, jefe de la 3.ª Brigada de Comandos de los Royal Marines.

Cuando sus hombres conquistaron la sólida posición defensiva del monte Longdon, la mayor parte de los defensores argentinos consiguieron abandonar la posición, retirándose hacia la capital. Entre los cuarenta y un prisioneros allí capturados figuraba un oficial argentino que se expresaba correctamente en inglés. El capitán Irwin, oficial ayudante del Comando 45, le preguntó si conocía al oficial argentino que el año anterior había asistido al curso de Estado Mayor del Ejército Británico. El prisionero respondió afirmativamente, y añadió un curioso dato: el oficial argentino en cuestión formaba parte del Estado Mayor del general Menéndez, gobernador de las Malvinas y responsable de las operaciones terrestres. El general Thompson relata así la reacción de su subordinado:

«“En tal caso, si Menéndez tiene en su Estado Mayor un oficial adiestrado en Camberley, ¿por qué demonios el Ejército Argentino ha estado llevando su batalla defensiva de manera tan poco profesional?”, preguntó Irwin.

“Posiblemente haya estado dormido durante las clases”, fue la respuesta del oficial argentino»[752].

Esta alusión a la «manera tan poco profesional» en que fue ejercida la defensiva terrestre por los argentinos, resulta bastante significativa al ser incluida por el general Thompson en un libro como el suyo, no escrito precisamente para denigrar a sus adversarios. Tal como refleja el título del propio libro («No picnic») y según su autor expresa en el primer párrafo del prefacio, ya en el momento de dar a sus hombres las órdenes e instrucciones previas al desembarco en San Carlos, les advirtió que su actuación en las islas no iba a consistir en un «picnic» turístico, y que «no podrían obtener la victoria sin luchar»[753], como así fue en realidad, y como queda reflejado a lo largo del libro en cuestión.

Ello no le impide registrar datos como el ya citado, o como el siguiente, referido también a la misma operación, la conquista de monte Longdon:

«La escena que saludó a los cansados pero triunfantes soldados del Para 2 en el monte Longdon era la misma que en los otros dos objetivos tomados por la 3.ª Brigada (los montes Enriqueta y Dos Hermanas): armas, ropas, raciones, frazadas (mantas), borceguíes (botas), munición, bolsas de dormir, equipos de camuflaje, bultos… y los muertos».

«Whitehead, como la mayoría de los oficiales británicos aquella mañana, apenas podía creer lo que le mostraban sus ojos, viendo la gran solidez de la fortaleza natural que sus hombres habían tomado. Su único comentario hablado fue: “Si nosotros hubiéramos tenido una Compañía aquí arriba, habríamos muerto de viejos antes de que nos capturasen”»[754]. (Los paréntesis son nuestros).

Explícita alusión a ese «escaso espíritu de combate» que el Informe Rattenbach señala en más de una ocasión.

Sin embargo, los fallos más graves evidenciados por la parte argentina fueron los registrados en los niveles superiores del mando. Los analistas señalan fundamentalmente los fallos siguientes:

a) Excesivos cambios en los puestos de mando de las fuerzas de tierra, mar y aire implicadas en el conflicto. Tal como constatan los tres analistas militares españoles antes citados:

«Por parte argentina la conducción de la guerra, en lo que al Mando se refiere, fue una muestra más de desorganización y de improvisación, pues los cambios en las diferentes jefaturas se sucedieron de forma prácticamente ininterrumpida, y en algunos momentos ni siquiera quedaban claras las áreas de responsabilidad de cada uno»[755]. (Cursivas nuestras).

En efecto, bajo el mando de la Junta Militar encabezada por el general Leopoldo Galtieri, la serie de generales, almirantes y brigadieres del Aire que fueron pasando sucesivamente, durante la breve duración de la guerra, por las diversas jefaturas fue excesivamente variable e indicativa de una falta de criterio unitario de mínima solidez. Basta observar la composición de las distintas jefaturas: la del «Comando del Teatro de Operaciones Malvinas» (general de división Osvaldo García) y, a sus órdenes, la de las fuerzas terrestres (general Américo Daher), la de las fuerzas navales (contralmirante Walter Aliara) y la de las fuerzas aéreas (brigadier Luis Castellanos), se vieron modificadas (el 7 de abril) por la creación de un nuevo «Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur» (TOAS), que vino a sustituir al Comando anterior, y que implicó el cambio de tres de los cuatro jefes antes citados, constituyéndose así: vicealmirante Juan Lombardo como jefe del Comando; general Julio Ruiz (Tierra) y brigadier A. C. Weber (Aire), conservando únicamente al citado Walter Aliara como jefe naval.

De tal Comando dependía el gobernador militar de Malvinas, general Mario B. Menéndez, cuyo jefe de Estado Mayor pasó a ser el general Américo Daher, con un asesor naval (contralmirante Edgardo Otero) y otro aéreo (el antes citado brigadier Luis Castellanos). Posteriormente, el 20 de mayo, el citado Comando del TOAS fue nuevamente sustituido por otro: el llamado Centro de Operaciones Conjuntas, situado en la ciudad costera de Comodoro Rivadavia y constituido así: general Osvaldo García, vicealmirante Juan Lombardo y brigadier A. C. Weber. Después, el mando de las fuerzas terrestres en el archipiélago fue encomendado al ya mencionado general Américo Daher, que, a su vez, fue más tarde sustituido por el general Oscar Jofre. Este conjunto de cambios merece el siguiente comentario de los analistas militares españoles antes citados:

«Como es lógico, todos estos cambios incidieron de forma muy negativa en el desarrollo de las operaciones. Otro aspecto que contribuyó, asimismo, al estado general de desorganización del bando argentino fue la actuación aislada, en muchas ocasiones, de las tres fuerzas combatientes tanto en el campo táctico como en el logístico. Y ello sucedió a pesar de que, como hemos visto, la dirección de las operaciones fue llevada a cabo por Comandos Conjuntos»[756]. (Cursivas nuestras).

b) Deficiente concepción del despliegue defensivo, con el grueso de sus fuerzas concentrado en torno a la capital, Port Stanley, y con enormes áreas desguarnecidas, incluidos los mejores puntos de posible desembarco, lo que permitió a los británicos efectuar el suyo en un punto sumamente propicio —la bahía de San Carlos, a unos 100 kilómetros de Port Stanley— sin hallar, por tierra, la menor oposición. Por otra parte, el hecho de que tales posiciones defensivas en torno a dicha población estuviesen dirigidas a repeler un hipotético ataque procedente del mar hizo menos efectiva su defensa, al verse tales posiciones atacadas desde tierra adentro, como sucedió en la última fase de la campaña, que culminó con la toma de la capital.

c) Patente insuficiencia en cuanto a movilidad táctica, eficacia operativa y capacidad de reacción, hasta el punto de que las fuerzas desembarcadas británicas no sufrieron ningún contraataque terrestre, ni en los momentos iniciales y más vulnerables de su desembarco, ni en las jornadas siguientes en que consolidaron y ampliaron su cabeza de playa, ni en ningún otro momento del conflicto hasta su final. Se echó especialmente de menos la ejecución de operaciones nocturnas de ataque y contraataque, aspecto éste —entre otros— en que los británicos mostraron una neta superioridad. El valor demostrado en la defensa de algunas posiciones por los soldados argentinos no pudo compensar el fallo de sus mandos en la concepción del despliegue, en la organización, en la logística y en la dirección operativa general.

d) Grave fracaso en materia logística. Mientras los ingleses —a miles de kilómetros de sus bases— conseguían desarrollar el extraordinario esfuerzo de aprovisionar a sus fuerzas desembarcadas, mantener su plena operatividad, y desplazarlas por tierra incluso en las condiciones más adversas, sometiendo unas veces a sus hombres a marchas nocturnas agotadoras, y comprometiendo otras veces a sus buques en desplazar a sus tropas en maniobras de transporte costero tan arriesgadas como la de Bluff Cove —pagando por ello un alto precio de todo tipo—, los argentinos, por el contrario, con sus bases incomparablemente más próximas, no consiguieron asegurar su logística terrestre —ni en desplazamiento de hombres ni de materiales— con la suficiente efectividad. En numerosos casos, ni siquiera el suministro de alimentos se logró asegurar con la necesaria continuidad, produciendo problemas de desabastecimiento de considerable gravedad. Todo ello produjo en las tropas argentinas unas carencias, morales y materiales, que —excepciones aparte— repercutieron grandemente en su pobre rendimiento operacional.

e) Carencia de una fuerza de choque de suficiente potencia y movilidad, adecuadamente emplazada sobre la isla de Soledad, formada por un fuerte núcleo de tropas dotadas de los necesarios medios de transporte aeromóvil —que les permitieran acudir rápidamente a aquel punto de la costa donde se produjera la invasión—, y con la suficiente potencia de fuego y capacidad de choque como para batir eficazmente a las tropas recién desembarcadas en los momentos iniciales de máxima e inevitable debilidad. Núcleo central de fuerzas, acompañado de un despliegue periférico complementario —requisito, este último, que más o menos se cumplió, pero que por sí sólo no podía bastar—, consistente en un cordón de mínimos destacamentos distribuidos en los puntos más dominantes de las costas, con la misión de detectar cualquier acercamiento de la flota enemiga, y, sobre todo, de distinguir la auténtica acción de desembarco respecto a los simples amagos ficticios que se pudieran producir. Constatación fundamental, con objeto de empeñar las fuerzas del verdadero contraataque precisamente en el punto de la verdadera invasión.

f) Insuficiente esfuerzo de organización anterior al desembarco inglés. Dado que la casi total carencia de vías de comunicación terrestres en la isla Soledad fue uno de los factores que determinaron la mínima movilidad de las tropas argentinas y su muy escasa capacidad de respuesta, resultó evidente que aquellas siete semanas transcurridas desde la ocupación argentina y el desembarco británico debieron ser intensamente aprovechados por el mando argentino, entre otras cosas, para establecer una mínima infraestructura vial. Una infraestructura precaria, incompleta, imperfecta, rudimentaria incluso —pero en todo caso imprescindible—, que pudo y debió lograrse mediante la urgente construcción de pistas improvisadas de campaña —estrechas carreteras de rápido trazado— que supliesen la casi completa inexistencia, ya señalada, de vías de comunicación. Carencia tan invocada a posteriori para explicar —que no justificar— la paralizante falta de agilidad y de reacción de las fuerzas terrestres argentinas, las cuales, prácticamente inmovilizadas en sus posiciones, nunca llegaron a contraatacar frente al desembarco inglés. Dichas pistas improvisadas, incluso con un trazado precario y discontinuo, salvando sólo los tramos más impracticables —rocosos o pantanosos—, hubieran hecho posible el movimiento de hombres y vehículos, al menos a lo largo de aquellos ejes de más previsible necesidad. Ello hubiera permitido los rápidos desplazamientos terrestres de tropas y materiales del antes citado núcleo central de fuerzas móviles hasta sus bases de partida —suficientemente próximas ya a la costa— desde las cuales desencadenar el contundente contraataque que nunca se materializó. También debió ser más eficazmente aprovechado dicho período de casi dos meses para el establecimiento de posiciones defensivas mucho más fuertemente organizadas, y no sólo en torno a Port Stanley y Goose Green, sino frente a otros puntos de la costa, también bastante propicios para el desembarco inglés. En especial, la carencia de esa mínima infraestructura viaria fue causante, en gran parte, no sólo del grave fallo logístico anteriormente señalado, sino también de la inexistencia de las enérgicas acciones —ofensivas y defensivas— que las fuerzas argentinas terrestres hubieran debido efectuar.

g) Deficiente nivel de entrenamiento e instrucción, baja moral de combate, falta de confianza en el mando, escasa cohesión. El hecho de que, desde los primeros combates, se produjeran rendiciones de unidades argentinas que duplicaban largamente en efectivos a las fuerzas atacantes —como sucedió en Darwin y Goose Green—; el abandono de ciertos puntos clave sin disparar un solo tiro —como en Fitz Roy—; la mínima resistencia, puramente simbólica, presentada en ciertas posiciones —como en Monte Kent y en Monte Challenger—; la inmediata rendición de ciertas unidades que no llegaron a entrar en fuego —como en la ofensiva final sobre las colinas de Dos Hermanas y Monte Harriet—, son datos suficientemente expresivos sobre el bajo nivel de las tropas terrestres argentinas —excepciones aparte— en su eficacia y rendimiento general. Fallos que no llegaron a verse compensados por la apreciable resistencia —siempre en términos defensivos, nunca de ataque o contraataque— presentada por ciertas unidades argentinas en algunas posiciones de Goose Green, Monte Longdon u Tumbledown, que no marcaron la tónica general, sino más bien la honorable excepción. En su conjunto, la valoración predominante de los analistas coincide en que la actuación de las tropas argentinas —con sus 12.500 hombres en tierra frente a los 7.500 ingleses desembarcados— evidenció, a lo largo de los 24 días de combates terrestres, un bajo nivel en materia de mando, entrenamiento, cohesión y fuerza moral.

h) Escasa capacidad de la cadena de mando, sobre todo en sus escalones de más alto nivel. Como factor principal, causante de la mayor parte de las deficiencias hasta aquí recogidas, hay que señalar —y así lo hace el Informe Rattenbach— la negligencia y falta de profesionalidad del Comandante en Jefe del Ejército, y también de su Estado Mayor, sobre cuyas jerarquías superiores recaía la responsabilidad de prever, planificar anticipadamente y proveer los medios precisos y las acciones que iban a ser necesarias para organizar eficazmente la defensa terrestre de las islas, a partir del momento mismo de su ocupación por las fuerzas argentinas a primeros de abril. Previsión, planificación y ejecución de acciones que brillaron por su ausencia, o que, en todo caso, se quedaron raquíticamente cortas, evidenciando la muy escasa capacidad de unos jefes que, ebrios de autosatisfacción por su fácil victoria inicial —y faltos de todo realismo para afrontar sus consecuencias posteriores—, se revelaron sorprendentemente incapaces de afianzar y defender la posesión de aquella tierra insular con un mínimo de fuerza, empeño, competencia técnica y agudeza en la concepción operacional. En otras palabras: unos jefes cuya actuación se caracterizó por un exceso de negligente improvisación y una considerable carencia de profesionalidad militar.

El resultado de este conjunto de deficiencias hasta aquí señaladas —que se fueron manifestando a lo largo de toda la campaña en tierra— quedó aún más patente en el momento de la rendición final. Según informó el ministro de Defensa inglés, John Nott, el estado de los prisioneros argentinos al entregarse a las tropas inglesas era deplorable: la desmoralización, el terrible frío, y con frecuencia el hambre, les habían afectado con especial intensidad. Por su parte, el almirante Woodward manifestó su grave preocupación por el hecho de que muchos de los prisioneros argentinos padecían «hipotermia, desnutrición y otras dolencias»; a este respecto, subrayaba la gran dificultad de mantener secos, calientes y bien alimentados a tal masa de prisioneros, tan superiores en número a sus propias fuerzas en tierra, instando a las autoridades argentinas a colaborar en su rápida repatriación. De lo contrario —advirtió— en breve plazo podría plantearse «un problema de dimensiones catastróficas» que la parte británica, por sí misma, no estaba en condiciones de resolver.

3. BALANCE FINAL

Antes de resumir nuestro propio balance —y como dato informativo que, a nuestro juicio, expresa con bastante aproximación unos criterios bastante comunes entre los militares españoles— recogemos aquí algunos de los factores positivos y negativos incluidos por los tres oficiales antes citados en su balance final.

Como factores positivamente valorados, señalan los siguientes, entre otros:

«La firmeza en la conducción de las operaciones por parte del Gobierno británico y su cadena militar.

La actuación en todos los órdenes de la Fuerza Aérea argentina.

La capacidad logística británica.

La profesionalidad de que hicieron gala los paracaidistas e infantes de marina británicos.

El binomio Super Etendard-Exocet.

El caballeroso comportamiento británico con los heridos argentinos capturados en combate»[757].

Igualmente, y en sentido opuesto, dentro de los factores que por su incidencia negativa —según los citados analistas— «han quedado en entredicho», se incluyen, entre otros, los siguientes:

«El colonialismo decimonónico británico.

La cadena de mando argentina.

La alegre entrada en operaciones por parte argentina desde un punto de vista logístico y de acumulación de medios.

El comportamiento de la Armada argentina.

La acción conjunta de los tres Ejércitos argentinos (Tierra, Mar y Aire).

El hundimiento del crucero “General Belgrano”.

El sistema de reclutamiento del Ejército argentino.

Los numerosos fallos en bombas de aviación y torpedos argentinos»[758].

Por nuestra parte, y como último resumen valorativo sobre la guerra de las Malvinas, creemos que la actuación británica —obsesiones colonialistas aparte— merece objetivamente, en sus aspectos propiamente militares, una alta calificación.

En cuanto a la parte argentina —y dejando también aparte su legítima reivindicación del archipiélago—, creemos que, sobre su actuación militar, sólo cabe formular una conclusión objetiva: la de un pobre balance general. Negativo balance conjunto, dentro del cual la positiva ejecutoria de sus pilotos de combate, de sus artilleros en tierra y de alguna concreta unidad, constituyeron más bien las honrosas excepciones dentro de una deficiente tónica general, tal como la Comisión Rattenbach se encargó de constatar con minuciosa precisión.

Resulta demasiado evidente que no podía bastar con unas cuantas bombas lanzadas contra los buques enemigos con arrojo y precisión, ni la defensa relativamente firme de alguna posición, ni la impecable actuación de la artillería de campaña, ni la arriesgada acción de algún comando de infantería tras las líneas adversarias; nada de eso bastaba para lograr una victoria que exigía, en primer término —y ya desde antes del desencadenamiento del conflicto—, un alto grado de preparación previa y una cuidadosa evaluación de las posibilidades propias y del enemigo; una máxima coordinación de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire para operaciones que requerían el concurso combinado de las tres fuerzas; una prolija y minuciosa labor de Estado Mayor, con previsión dé numerosas acciones que iban a requerir a su vez un gran esfuerzo en su ejecución; un complejo planteamiento defensivo a medio y largo plazo, con enormes implicaciones tácticas y logísticas para después de la ocupación; una exhaustiva atención a los problemas específicamente logísticos —transporte, intendencia, municionamiento, movilidad y abastecimiento general—, así como un espíritu de choque y una capacidad de dura resistencia que —con las ya señaladas excepciones— las fuerzas argentinas estuvieron bien lejos de acreditar. Cualidades, todas ellas, que las fuerzas expedicionarias británicas sí acreditaron con sobrada eficacia y resolución, y, sobre todo, con una cadena de mando que no mostró la menor fisura en cuanto a técnica, capacidad de acción conjunta, competencia y sólida profesionalidad.

Tan patente iba a resultar, por el contrario, la deficiencia profesional del mando argentino —en especial a sus más altos niveles de dirección— que, posteriormente, el propio Consejo Superior de las Fuerzas Armadas no pudo por menos de procesar, juzgar y condenar a los tres miembros de la 3.ª Junta Militar, entonces gobernante: general Leopoldo Galtieri, almirante Isaac Anaya y brigadier del Aire Basilio Lami Dozo.

Esta Junta, que resultó absuelta por la Cámara Federal en el proceso por violación de los derechos humanos durante la represión, fue en cambio condenada militarmente por dicho Consejo Superior, precisamente por su actuación militar durante la gestación y desarrollo del conflicto de las Malvinas. Actuación por la cual, bajo acusaciones tales como «mal desempeño de sus funciones», «no prestar ayuda a fuerzas en peligro», «no proveer abastecimientos necesarios a la tropa», «omisión, impericia y negligencia», fueron juzgados por el citado tribunal militar, y finalmente condenados a duras sentencias de prisión. (Véase nota al pie de la página 261).

Pero el elemento más concluyente, con independencia de lo que podamos decir los analistas extranjeros —que bien poco podemos añadir al documento en cuestión—, es el propio informe de la ya citada Comisión Rattenbach, que, constituida como vimos por altos jefes retirados del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea argentinas, analizó y dictaminó, con inequívoca rotundidad, las actuaciones y responsabilidades de quienes asumieron la dirección de aquel conflicto a los distintos niveles del mando militar.

APÉNDICE VI. ENTREVISTA DEL AUTOR CON EL JEFE DEL EJÉRCITO ARGENTINO, TENIENTE GENERAL MARTÍN BALZA. COMENTARIOS INELUDIBLES SOBRE EL EJÉRCITO ARGENTINO ACTUAL

Cuando el teniente general Martín Balza y este autor mantuvimos la presente entrevista en la residencia oficial del Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino (Buenos Aires, 6 de julio de 1992), ninguno de los dos tenía la menor idea de que sería incorporada a este libro. Cuando, dos meses más tarde, su texto fue revisado conjuntamente por ambas partes en Madrid, durante la visita del teniente general a España invitado por su homólogo, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Español, el propósito consistía en publicar la entrevista en un medio oficial de nuestro país, como así fue (Revista Española de Defensa, número de octubre de 1992).

Sin embargo, año y medio después, al dar fin a la siempre pesada tarea de corregir las pruebas de imprenta de la presente obra (San Salvador, marzo de 1994), releyendo la entrevista, llegamos por nuestra parte a la conclusión de que era obligado incluirla como Apéndice final. No bastaba con citar y comentar, como hicimos páginas atrás, una determinada frase del general: era necesario incluir la entrevista en su totalidad. No podíamos, en conciencia, hurtar a los lectores unos datos tan recientes y tan valiosos como los revelados en ella, aunque resultaran no poco contradictorios —en algún aspecto— con la imagen de ese Ejército Argentino reflejado en la mayor parte de estas páginas, en función de sus actuaciones históricas registradas en décadas anteriores, hasta 1990 inclusive, límite del período que pretendíamos abarcar.

Se trata, pues, de datos posteriores a dicho período, pero que, precisamente por ello, vienen a arrojar luz sobre algunas nuevas actitudes por parte de la institución militar argentina, ya dentro de la presente década. Actitudes dignas de ser señaladas y atentamente observadas, pues en ellas se perciben algunas pautas de conducta que parecerían corresponder a otro tipo de Ejército, situado en unas coordenadas mentales y sociales notablemente diferentes a las que han venido siendo tradicionales en la trayectoria histórica de la institución. Es como si, simplemente, los militares argentinos hubieran aprendido —quizá nada más, pero también nada menos— a extraer las oportunas lecciones de las traumáticas experiencias vividas en las últimas décadas por su país y por su propia colectividad militar.

He aquí, pues, el contenido de la entrevista, reproducido de la ya citada publicación.

* * *

El teniente general Martín Antonio Balza, hijo de emigrante alavés (de Santa Cruz de Campezo), cincuenta y siete años, es el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, cargo que, como en España, significa la jefatura efectiva del Ejército de Tierra. Con una brillante trayectoria como oficial de artillería; exento, por otra parte, de toda imputación sobre violación de derechos humanos; protagonista de una destacada actuación como jefe de artillería de su Brigada en las Islas Malvinas (por la eficacia de sus fuegos fue felicitado personalmente por su colega y adversario, el jefe de la artillería británica, cuando fue hecho prisionero al final de la contienda), el hoy teniente general Balza iba a adquirir, muy a su pesar, una mayor notoriedad pública el día 3 de diciembre de 1990. Aquel día, una foto suya daba la vuelta al mundo: el entonces segundo jefe del Ejército Argentino, en uniforme de campaña, fusil de asalto en mano, encabezaba las operaciones dirigidas a sofocar la última y más grave rebelión del sector militar carapintada, que, una vez más —y en aquella ocasión de forma sangrienta—, atentaba contra el orden democrático de su país.

Los notables cambios manifestados en los comportamientos de los militares argentinos durante los últimos años —sorprendentes para el sociólogo militar que sigue con atención la relación Ejército/Sociedad en aquel país— son analizados en esta entrevista.

—Empezando por el momento presente: ¿cuáles son las misiones consideradas como propias por el Ejército Argentino?

—Nuestra misión principal, como la de todo Ejército con una doctrina defensiva como la nuestra, no es otra que la de ejercer un efecto de disuasión suficiente y creíble, capaz de hacer desistir a cualquier hipotético adversario. Y como misiones subsidiarias, pero importantes en tiempo de paz, tenemos la participación en misiones militares de paz en el ámbito internacional; la colaboración, con aportación de personal y material, en caso de desastres naturales o emergencias nacionales; y el apoyo logístico, de comunicaciones y medios de transporte, en la lucha contra la «narcosubversión». Y digo «narcosubversión» porque, en la XIX Conferencia de Ejércitos Americanos, celebrada en Washington en noviembre de 1991, fue precisamente ése el término aprobado por unanimidad. En este área, por tanto, no nos corresponde la participación activa, sino sólo el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

—Una de las misiones que usted acaba de señalar cobra especial actualidad en estos últimos tiempos: las fuerzas internacionales de pacificación en lo que fue Yugoslavia. ¿Qué puede comentamos del contingente argentino, integrado en los cascos azules de la ONU, dentro del dramático escenario de aquel país?

—He ahí un excelente ejemplo actual de esas misiones militares de paz a las que me acabo de referir: la participación de nuestro Ejército en el esfuerza internacional de pacificación en la antigua Yugoslavia. Hemos enviado allí un contingente de más de 100 vehículos y 900 hombres y todos voluntarios y profesionales (sólo oficiales y suboficiales), con 1.500 toneladas de pertrechos, desplazándolos a 12.000 kilómetros de distancia y situándolos en Croacia (concretamente en Eslavonia Occidental), donde hoy prestan sus servicios formando parte de los cascos azules de la ONU. Merece la pena mencionar que, en la reciente cumbre ECO-92 de Rio de Janeiro, el primer ministro de Croacia manifestó al presidente Carlos Menem su reconocimiento por la aportación de este contingente argentino a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en aquel país. Especialmente, el dirigente croata subrayó la eficacia, corrección, caballerosidad e imparcialidad de los miembros de la fuerza argentina allí destacada, pidiendo a nuestro presidente que así lo difundiera en nuestro ámbito estamental, como así lo hicimos. Por otra parte, hace sólo unos días he recibido una carta personal, de puño y letra del general Jeremy Moore, el que fue jefe de las fuerzas británicas terrestres en Malvinas, hoy retirado, en la que me expresa su más sincera condolencia por la muerte de dos de nuestros suboficiales, cascos azules en Croacia, fallecidos en accidente en el cumplimiento de su misión. Son simples datos, indicativos de cómo es apreciada la aportación de nuestro Ejército en el contexto de las fuerzas internacionales de paz, así como también, dicho sea de paso, de la hidalguía y caballerosidad del general británico.

—Para quienes seguimos con interés la problemática militar argentina, resultan fuertemente llamativos algunos de los cambios, visibles respecto a los comportamientos militares de pocos años atrás en su país. Si le parece oportuno, podemos comentar esos cambios, notables desde la perspectiva sociológico-militar.

—Por supuesto, ¿A qué aspectos quiere que nos refiramos en particular?

—Para empezar: a diferencia de las anteriores rebeliones de los carapintadas, en las que se negoció con los insurrectos, en la última, en diciembre de 1990, nada se conversó, nada se negoció, nada se pactó. Se hizo frente militarmente a los rebeldes hasta su rendición incondicional.

—Cierto. Creo recordar que, en otra entrevista que mantuvimos ya hace dos años, la señalé como característica institucional básica del actual Ejército Argentino el más firme e irrestricto acatamiento y respeto al orden constitucional. Pues bien: los acontecimientos —lamentables por tantos conceptos— que tuvimos que afrontar aquel 3 de diciembre vinieron a demostrar, con su desenlace, basta qué punto era cierta esa proclamación. Ante la actuación de un grupo minoritario, la institución en su conjunto reaccionó dentro del más correcto rigor constitucional. El presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó sofocar la rebelión por la vía más directa y legitima: el cumplimiento de la ley. Tal y como usted acaba de mencionar —aunque por supuesto no voy a entrar en valoraciones políticas sobre aquellos episodios— es cierto que esos acontecimientos se desarrollaron en un marco y en circunstancias completamente diferentes. Esta vez no fue así. Disciplinadamente, todos los cuadros, desde el entonces jefe del Estado Mayor, general Martin Bonnet, hasta el miembro de menor graduación, cumplimos con plena convicción la orden presidencial de hacer frente al amotinamiento.

—Otras diferencias destacadas respecto a las anteriores insurrecciones de 1987 y 1988 fueron estas dos: el fuerte predominio numérico de suboficiales sobre los jefes y oficiales rebeldes, y el hecho de que esta vez se produjeron víctimas mortales.

—Así fue. En cuanto al hecho de que se produjeran muertos por ambas partes, ése fue sin duda el aspecto más dramático y lamentable: cuando se producen muertes, con total independencia de que sean leales o amotinados, civiles o militares, oficiales, suboficiales o soldados, todo muerto argentino es una tragedia irreparable, y ése fue el aspecto más doloroso de la cuestión. Respecto al otro factor que usted señala, la alta participación de los suboficiales entre los amotinados, es preciso distinguir entre dos interpretaciones muy distintas. Una cosa es decir que entre los implicados había un alto porcentaje de suboficiales, cosa cierta, y otra es afirmar —como se hizo en ciertos medios— que los suboficiales, como estamento, participaban ampliamente en la insurrección, cosa absolutamente falsa. Los casi 300 suboficiales implicados en aquellos hechos, dentro de un colectivo de casi 24.000 hombres, suponen sólo un uno y pico por ciento del total, frente al 98 y pico por ciento no participante. Ello demuestra que la mayor parte del estamento sigue manteniendo las cualidades propias del suboficial argentino, caracterizado tradicionalmente por su abnegación, austeridad, disciplina y sentido de la lealtad.

—Otro cambio apreciable: esta vez, a diferencia de anteriores juicios a militares en Argentina, el proceso y las duras sentencias impuestas a los insurrectos han sido recibidas con un silencio total y la más disciplinada aceptación. ¿Significa eso en su opinión, el final definitivo del fenómeno carapintada?

—Así lo veo yo. De hecho, ese sector siempre fue minoritario, aunque la notoriedad de sus acciones en años anteriores, y su repercusión en los medios de comunicación, pudieron hacer aparecer equivocadamente ante el mundo al conjunto de los militares argentinos como indisciplinados ante la autoridad civil y militar. Tampoco esa imagen correspondía a la realidad del Ejército, sino sólo a ese reducido sector. En cuanto a ese silencio y aceptación del juicio y las correspondientes sentencias, era lo lógico y obligado en nuestro caso. El Ejército actuó cuando la autoridad legítima le ordenó actuar. Una vez logrado el objetivo previsto, el problema dejó de ser nuestro y pasó a manos de la justicia: consejo de guerra, Cámara Federal, Corte Suprema, o el desarrollo procesal que corresponda. Ni nos incumbe ya, ni tenemos nada que decir, salvo acatar las decisiones del poder judicial.

—En estos momentos las Fuerzas Armadas Argentinas están asumiendo unos niveles de reducción nunca vistos con anterioridad, hasta el extremo de incorporar sólo 13.000 reclutas al año, aceptando estas reducciones de personal y presupuesto con un silencio y disciplina impensable pocos años atrás.

—Nuestros cuadros profesionales se componen en la actualidad de aproximadamente 6.000 oficiales y unos 24.000 suboficiales, sumando, por tanto, unos 30.000 profesionales en total. Respecto a los mandos superiores, en 1983 teníamos unos 60 generales; ahora tenemos 34. En cuanto a esos 30.000 componentes de los cuadros profesionales, nuestra idea es reducir su número en un 20 por 100 en un plazo de tres a cinco años a partir de ahora, reconstituyendo la pirámide jerárquica de personal y corrigiendo distorsiones como las actuales, dado que tenemos más coroneles que subtenientes. Respecto a la tropa, en sus momentos de máximo volumen nuestro Ejército llegó a tener entre 75.000 y 80.000 hombres. Pues bien, este año está prevista la incorporación de unos 13.000 hombres, y el año que viene serán unos 15.000. Estamos hablando de conscriptos, es decir, de soldados de reclutamiento obligatorio. En el Ejército Argentino no existe, al menos por ahora, la figura del soldado voluntario. Por tanto, esas cifras recién mencionadas —13.000, 15.000 soldados— son, obviamente, cifras reducidas, pero responden a la necesidad de acompañar una situación de restricción presupuestaria común a toda la Nación. En función de las misiones que nuestro Ejército debe asumir en la actualidad, consideramos que sus efectivos deberían situarse entre 22.000 y 30.000 hombres para mantener un razonable nivel de eficacia en cuanto a instrucción, adiestramiento y despliegue, y servir de marco base para una movilización en caso de necesidad. Eventualidad que, aunque muy poco probable, no puede descartarse de forma absoluta. Conviene recalcar que la racionalización y reestructuración que estamos desarrollando en el Ejército obedece a las órdenes y pautas impuestas por el presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pautas que dan prioridad a los intereses de la Nación, después a los del Ejército, y, después, a los de los miembros que lo integran.

—Esta actitud actual del estamento militar argentino, tan distinta de la observada en los últimos sesenta años, ¿puede significar que los militares de su país están captando con lucidez el hecho de que se hallan ante una nueva etapa histórica, en la que los Ejércitos habrán de ser muy distintos de lo que fueron hasta hoy?

—Desde el momento mismo en que perdimos la guerra de las Malvinas, en el Ejército iniciamos nuestra autocrítica, bien severa, que nos hizo ver lo mucho que había que modificar, reestructurar y redimensionar. Hemos aprendido muchas cosas, y la más importante es ésta: la necesidad de no apartamos de nuestra especifica función profesional. Esa toma de conciencia nos ha llevado a un proceso de cambio, de racionalización, que queremos que se inicie ya desde la vía primera y fundamental: el sistema educativo. Es decir, la formación militar. Se trata de conseguir un cambio de pautas culturales, con todo lo que esto significa. Entretanto, y mientras llegan los frutos de ese cambio educativo, vamos a introducir otras modificaciones, tales como el sistema de ascensos. Estableceremos un sistema que privilegie los méritos individuales en busca de una mayor excelencia profesional. Sabemos que un cambio de este tipo, referente a un terreno tan importante para nuestra carrera como es el régimen de ascensos, podría producir algunas incertidumbres y algún descontento, pero pese a ello lo vamos a materializar. Y vamos a hacer este cambio —entre otros— precisamente porque, como usted señalaba en su pregunta, los militares argentinos somos conscientes de esa necesidad de modernización. Los que ejercemos ahora la conducción del Ejército tenemos asumido, por convicción, ese escalonamiento de prioridades que acabo de mencionar: Nación, Ejército, intereses individuales, en ese orden, y la propia institución en su conjunto acepta y asume todas aquellas medidas, de reestructuración y redimensionamiento, que se derivan de ese orden de prioridad.

—Para terminar, ¿cómo ve el futuro del Ejército Argentino cara al año 2000, en este mundo tan cambiante, tras el enorme giro que, en los últimos años, ha tomado la situación internacional?

—Todos los pueblos y todas las instituciones tienen páginas oscuras que hubieran preferido no tener que vivir. Así es la historia, que nos obliga a sobrevivir a todas las adversidades, avanzar y cambiar, corrigiendo y superando los errores cometidos, extrayendo de los acontecimientos pasados las conclusiones adecuadas para que ciertos hechos no vuelvan a producirse jamás. Y creo que nuestras Fuerzas Armadas están demostrando, en estos últimos años, que mantienen una motivación, una fe en el futuro, abiertas a los cambios, por grandes que sean, que las nuevas realidades nos puedan exigir.

* * *

Hasta aquí, la entrevista. Pasemos al obligado —y positivo— comentario final. Se ve y no se cree. El Ejército Argentino, históricamente uno de los más golpistas del mundo, uno de los más tradicionalmente intervencionistas en la vida política de su país, uno de los menos respetuosos de sus autoridades civiles, con su irresistible tendencia a considerar como supuestas «agresiones a la institución militar» a no pocas decisiones procedentes de la autoridad democrática civil, ese Ejército habituado a todo tipo de pronunciamientos insurreccionales —como los cuatro últimos producido entre 1987 y 1990—, ese mismo Ejército, con ese inquietante historial de insubordinación institucional, soporta hoy día, disciplinadamente, las más increíbles reducciones presupuestarias de su historia y su más bajo índice de efectivos que se hayan visto jamás, sin posible comparación, en términos proporcionales, con las de cualquier otro Ejército latinoamericano, incluso en estos años en que la tendencia predominante marca un descenso en la percepción de la amenaza militar a nivel continental.

Algunos argumentan que la falta de hipótesis de conflicto en la actual situación internacional, y la desaparición del comunismo como fuente de agresión interna y externa, explican estas reducciones. Pero igualmente las explicarían para países vecinos como Chile y Brasil, y para tantos otros del continente, y el hecho es que en ninguno de ellos —con las consabidas y especialísimas excepciones de Costa Rica y Panamá— se han registrado casos de reducción mínimamente similar.

Para una valoración comparativa de lo que significan las cifras proporcionadas por el general Balza, basta recordar, por ejemplo, que El Salvador —tras la terminación de su largo conflicto civil— ha reducido su contingente de tropa de 60.000 soldados a 30.000, y que Nicaragua —también tras su conflicto interno— ha reducido aún más drásticamente su EPS (Ejército Popular Sandinista), desde más de 80.000 soldados hasta los 15.250 que tiene en la actualidad. Pero estamos hablando de países de mínimo tamaño (El Salvador equivale en extensión a nuestra provincia de Badajoz), mientras que la Argentina es un país geográficamente inmenso y demográficamente situado por encima de los treinta millones de habitantes. En un país de estas características, un total de 13.000 ó 15.000 soldados (la mitad del número total de jefes, oficiales y suboficiales), con un servicio militar no superior a un año de duración, y sin ningún tipo de contingente voluntario, significan la reducción más aguda de que se tengan noticias en cualquier país, siempre en términos de proporcionalidad.

El argumento del general Balza para explicar este fenómeno es doble, situando en primer plano la solidaridad con el esfuerzo conjunto de la sociedad. Reconoce que esas cifras «son, obviamente, cifras reducidas», pero no lo son gratuitamente. Las aceptan por una razón de gran peso: porque responden a esa «necesidad de acompañar a una situación de restricción presupuestaria común a toda la Nación». Y el segundo argumento resulta igualmente ejemplar desde el punto de vista democrático: toda la reestructuración y el redimensionamiento efectuado obedece a las «órdenes y pautas» dictadas por el presidente de la República, y que se resumen en ese orden de prioridades, tan contundentemente establecido: «prioridad a los intereses de la Nación, después a los del Ejército, y después, a los de sus miembros». En otras palabras: solidaridad con el duro sacrificio económico requerido a nivel nacional, y plena subordinación militar a los mandatos de la legitima autoridad civil.

Criterios, éstos, que podrían parecer normales, si no fuera porque nos estamos refiriendo al mismo Ejército que desde hace más de medio siglo demostró tantas veces su desprecio hacia la autoridad civil, derrocando injustificadamente, entre otros, a presidentes tan intachables como Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia, y cuyos últimos episodios insurreccionales contra las autoridades democráticas se dieron en fechas tan recientes como los últimos años ochenta y diciembre de 1990, llegando en alguno de ellos hasta situaciones tan graves como la de abril de 1987, en que la actitud mayoritaria del Ejercito, aunque por omisión —negándose a reprimir a los insurrectos—, prácticamente arrinconó a la autoridad civil. Y es ese mismo Ejército, tan habituado a toda clase de desplantes estamentales, ese mismo Ejército que en los años ochenta se sintió «institucionalmente agredido» por tantas medidas y decisiones del presidente Raúl Alfonsín —incluidos sus primeros recortes presupuestarios—, es esa misma institución la que ahora, muy pocos años después, aparece ante nuestros ojos aceptando, con silencio, disciplina y pleno acatamiento, sus muy bajos niveles actuales de dotación.

Por otra parte, la propia línea expresiva y argumental del teniente general Balza resulta absolutamente sorprendente en el jefe efectivo de un Ejército cuya proverbial arrogancia —en las posturas y manifestaciones estamentales de sus jefes y portavoces— alcanzó sus máximas cotas bajo la dictadura de las Juntas, y tuvo su perfecta prolongación en las declaraciones del teniente general Rafael Videla al ser puesto en libertad, tras el indulto del presidente Carlos Menem en los últimos días de 1990. Arrogantes declaraciones en las que, ajeno a todo arrepentimiento, se mostró orgulloso de todo lo actuado, proclamando que la sociedad argentina les es deudora de un desagravio institucional, incluida «la reposición de sus grados y honores». Como si tal sociedad no hubiera sido brutalmente agredida por el gobierno golpista y dictatorial que él encabezó.

Lejos de esa línea acrítica y autocomplaciente —concordante con la de tantos militares protagonistas del período dictatorial—, las palabras del general Balza nos resultan, más que sorprendentes, inauditas en boca del actual jefe del Ejército Argentino. Palabras realistas, contundentes, en algún momento crudas, siempre inteligentes, no exentas de un cierto tono de humildad: «autocrítica», «errores cometidos», «cambio de pautas culturales», necesidad de un «cambio educativo», firme propósito de que «ciertos hechos no vuelvan a producirse jamás». Todo ello acompañado del mensaje optimista, de cara al porvenir: «motivación», «fe en el futuro», «apertura a los cambios que las nuevas realidades nos puedan exigir».

Durante años hemos señalado —y seguiremos señalando— en nuestros escritos, así como en nuestros cursos, conferencias y seminarios en muy distintos países del Este y del Oeste, como ejemplo histórico y sociológico altamente negativo, ciertas actuaciones profesionales y conceptos morales del Ejército Argentino —y de otros Ejércitos, por supuesto—, actuaciones y conceptos especialmente válidos como paradigma de lo que las Fuerzas Armadas de una democracia no deben hacer jamás. Dentro de esa categoría paradigmático-negativa, hemos criticado —y seguiremos criticando— los conceptos de la disciplina y el honor que los militares argentinos demostraron y mantuvieron vigentes durante los años de la represión ejercida bajo las Juntas Militares y período posterior. Así, en esta línea de escritura y docencia, hemos denunciado —y seguiremos denunciando— como especialmente erróneo, desviado y gravemente pernicioso ese concepto del honor absolutamente desvinculado de los derechos humanos, que no se considera lesionado en absoluto por la práctica masiva de la tortura y del homicidio ilegal, y sí se considera dañado, en cambio, por la comparecencia de los torturadores y homicidas ante los jueces, cuando llega el momento de rendir cuentas de sus delitos ante la sociedad. Igualmente, hemos subrayado muchas veces —y seguiremos haciéndolo cuantas veces sea preciso— el carácter erróneo, inmoral y degradante de ese concepto de disciplina militar consistente en la obediencia ciega —«debida», según su eufemística denominación— que incluye el deber de cumplir todo tipo de órdenes, incluidas las que implican crímenes en su ejecución, concepto que priva al subordinado de toda responsabilidad criminal, convirtiéndolo en un mero «robot» ejecutor. Concepto absolutamente rechazado, como ya hemos visto, por la moral militar actual y condenado por los códigos vigentes en los principales Ejércitos del mundo occidental.

Sin embargo —nobleza obliga—, sin perjuicio de mantener plenamente nuestra línea recién expresada —duramente crítica con los militares argentinos en los dos conceptos fundamentales que acabamos de recordar—, a la luz de estos nuevos elementos del comportamiento institucional del Ejército Argentino revelados por esta entrevista con su Jefe, nos vemos objetivamente obligados a señalar este reciente comportamiento institucional como paradigmático-positivo, al menos en dos puntos concretos, y el primero es éste: la subordinación militar al poder democrático civil, en momentos en que esta subordinación se ve puesta a prueba —a muy dura prueba— por las más increíbles reducciones que ese Ejército haya conocido jamás.

Hasta tal punto es así que, en el desempeño de nuestras actuales responsabilidades académicas con las Fuerzas Armadas de El Salvador —dentro de la Misión de Naciones Unidas en este país—, cuando los militares salvadoreños nos preguntan, después de una conferencia o seminario: «¿Qué ocurre si los gobernantes civiles salidos de las urnas nos imponen unas drásticas reducciones de efectivos y de nuestro presupuesto militar, inadmisibles para la propia institución? ¿También entonces tendremos que mantener esa subordinación al poder civil?», ante esta pregunta, que ya hemos escuchado más de una vez, nuestra respuesta incluye, entre otros, el siguiente argumento, contundente como pocos: «Los presupuestos generales del Estado emanados de un gobierno democrático, y refrendados por el Parlamento, han de ser aceptados por las Fuerzas Armadas, porque tienen toda la legitimidad democrática y porque responden a las necesidades prioritarias del conjunto de la sociedad. Como ejemplo al respecto, ahí tienen ustedes un caso paradigmático: el Ejército Argentino actual».

En efecto, tan justificado está —a niveles latinoamericanos— subrayar como conducta ejemplar la del Ejército Argentino de 1992-93 en materia de subordinación militar al poder civil ante tan drásticas reducciones en dotación y presupuestos, como denunciar, en calidad de ejemplo paradigmático-negativo, aquel reprobable concepto del «honor», tal como fue proclamado por los protagonistas de la insurrección de Semana Santa de 1987, y apoyado por el amplio sector militar que los respaldó.

El segundo punto paradigmático-positivo de la posición militar reflejada por el actual Jefe del Ejército Argentino es su actitud analítica y autocrítica en la consideración de los «errores cometidos». Qué más quisiéramos que muchos otros Ejércitos latinoamericanos fueran capaces de manifestar, por boca de sus máximos jefes respectivos, un juicio similar sobre lo actuado en pasadas décadas, acompañado de un propósito concordante, dirigido a ese «cambio de pautas culturales, con todo lo que esto significa», según las palabras literales del teniente general Balza. El cual nos señala además, inequívocamente, la vía concreta a través de la que dicho cambio se ha de materializar: «el sistema educativo, es decir, la formación militar».

En cuanto a la forma de realizar ese cambio propugnado por el Jefe del Ejército Argentino, podríamos señalar otro ejemplo práctico altamente positivo, también de referencia sociológica salvadoreña, pero en dirección inversa a la anterior, pues en este punto serían los militares argentinos los que tendrían que aprender de los salvadoreños. En efecto, las Fuerzas Armadas de El Salvador, después de sus lamentables excesos cometidos en la pasada década —sobradamente conocidos a nivel mundial— han sido capaces de modificar espectacularmente su Doctrina Militar y el enfoque formativo de su Ejército, dotando a su nuevo núcleo doctrinal de un fuerte contenido democrático, e introduciendo en su educación castrense un notable contenido en materia de Derechos Humanos y Sociología Militar. Por tanto, a los militares argentinos podríamos decirles: «Para su acertado propósito de establecer ese cambio de pautas culturales a través de la formación militar, ahí tienen ustedes el admirable ejemplo salvadoreño de 1992-1994. Desde hace dos años, el Ejército de El Salvador está asumiendo una doctrina y una educación que sitúan hoy a ese Ejército a la cabeza en cuanto a su línea formativa en valores democráticos y Derechos Humanos, por encima de cualquiera de sus homólogos, no sólo a nivel centroamericano sino de América Latina en su totalidad».

Seamos cautos, sin embargo, en nuestras conclusiones sobre la solidez de todos estos cambios, sean argentinos o salvadoreños. Dos años son muy poco tiempo en términos históricos y sociológicos. Por tanto, todo lo que podamos decir o escribir en 1994 respecto a situaciones y acontecimientos de 1992 y 1993 sólo puede ser dicho o escrito en términos de «tendencia incipiente» o, a lo sumo, de «fase inicial», por muy paradigmático-positivos que tales datos puedan ser en su contexto actual. Se trata, en el mejor de los casos, del comienzo de etapas históricas que pensamos —y deseamos— serán diferentes de las anteriores, pero que todavía necesitarán largo tiempo para su consolidación.

Todavía es pronto para saber si estamos hablando de fenómenos pasajeros, capaces de revertir a los antiguos —y malos— modelos de comportamiento militar, o si realmente estamos entrando, como esperamos —y apostamos firmemente por ello— en nuevas líneas de conducta institucional, que se instalarán de forma cada vez más estable para los próximos decenios, dentro de unos modelos muy diferentes de aquellos que quedaron atrás. Esperemos que así sea, haciendo cierta la frase magistral del teniente general Balza en su párrafo final, en la que se resume esa sabia actitud tan necesaria, aunque a veces tan dolorosa: extraer de los acontecimientos pasados «las conclusiones adecuadas para que ciertos hechos no vuelvan a producirse jamás».

Esperamos que este rotundo «jamás» del general Balza, que viene a unirse al otro célebre y no menos rotundo «Nunca más» de Ernesto Sábato, marque el final definitivo de una vieja línea de comportamiento institucional, que debe quedar superada para siempre en beneficio de la República Argentina y de su propia institución militar.

San Salvador, marzo de 1994.

Notas

[*] Alianza Editorial, Madrid, 1975. <<

[*] El llamar Hispanoamérica o América Hispana a aquel conjunto de naciones incluiría a Brasil, pero ignoraría el enorme componente italiano presente en el Cono Sur americano, especialmente en la Argentina, el país que aquí nos ocupará en particular. Por ello adoptamos la denominación de Latinoamérica o América Latina, por considerarla la más rigurosa y ajustada a aquella realidad. <<

[*] En el caso concreto del mayor Larrabure, capturado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en su ataque a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba (12-8-74), el que fue jefe máximo del ERP, Luis Mattini, nos aseguró muchos años después (1990), en entrevista personal, que este militar se suicidó finalmente, ahorcándose en el lugar donde permanecía secuestrado. Afirmación que, sin pronunciamiento alguno por nuestra parte, nos limitamos a recoger aquí. <<

[*] Obra editada en España por SPEIRO, S. A., Madrid, 1967.También SPEIRO edita la revista ‘Verbo’ en nuestro país. <<

[*] Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y Guardia Restauradora Nacionalista (GRN), grupo derivado del anterior. Organizaciones, ambas, de la extrema derecha católica, entre otras de similar significación. Es de señalar que Meinvielle se distanció finalmente de Tacuara por la creciente influencia en este grupo del sociólogo fascista J. M. de Mahieu, cuyos ensayos El Estado comunitario y La economía comunitaria fueron considerados por Meinvielle peligrosamente «izquierdistas». <<

[*] Incluso de esos once presidentes militares que llegaron al poder entre 1930 y 1973, sólo dos de ellos, designados por vía electoral, llegaron al final de su mandato respectivo: el primero de ellos fue el general Justo, electo en 1932 (tras colaborar decisivamente en el golpe de Estado de 1930), y el segundo fue el general Perón, elegido en los comicios de 1946 (tras su propio golpe de 1943), y que pudo culminar su primer mandato; no así el segundo, interrumpido por el golpe que le derribó en 1955. <<

[*] Datos referidos al 31 de diciembre (de 1975 y 1983). <<

[*] Conferencia internacional sobre «Relaciones cívico-militares: la experiencia argentina», convocada por el DNI (National Democratic Institute for International Affairs), organización con sede en Washington, presidida por Walter Móndale y vinculada al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Se celebró en Santo Domingo (República Dominicana) en diciembre de 1988. <<

[*] Conferencia internacional sobre «Papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática», organizada también por el NDI y celebrada en Montevideo (Uruguay) en julio de 1989. <<

[*] Aquella polémica entre ambos generales franceses fue una de las más notorias manifestaciones de la crisis moral sufrida por el Ejército Francés tras la batalla de Argel. Crisis moral de la que dicho Ejército supo extraer una importante lección: la de incluir, años después, en su nuevo Reglamento de Disciplina el concepto jurídico y moral de que ciertas órdenes no pueden ser dadas ni deben ser obedecidas. <<

[*] El debate sobre el proyecto Granel y Torrent aparece incluido por Ricardo Rodríguez Molas en su recopilación «Textos documentales sobre el orden represivo», núm. XVIII, y resumido en su obra «Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina», EUDEBA, Buenos Aires, 1985, pp. 68 a 72. <<

[*] Silvio Frondizzi, catedrático de la Universidad de Buenos Aires y hermano de Arturo Frondizi (presidente de la República entre 1958 y 1962), fue posteriormente asesinado por el terrorismo ultraderechista de la AAA en 1974. <<

[*] Publicado en España bajo el título de «Nunca más», Informe de la CONADEP (Seix Barral/Eudeba, Barcelona, 1985). <<

[*] Pronto esta frase alcanzó gran eco a ambos lados del Atlántico, al ser reproducida por The Guardian (Londres, 6-5-1977) y por el International Herald Tribune (Nueva York, 26-5-1977). Con increíble retraso —anormalmente largo para un desmentido mínimamente eficaz—, Saint Jean negó en carta pública haber dicho tal cosa, lo que dio pie a la versión de que, quizá, tal frase pudo no haber sido pronunciada en realidad.

Recordemos, sin embargo, un dato fundamental: por aquellas fechas (1977) la postura oficial de las autoridades militares argentinas consistía todavía en negarlo absolutamente todo, desmintiendo sistemáticamente muchos hechos que luego fueron reconocidos, o quedaron probados como inequívocamente ciertos. Este pudo ser también el caso de la frase en cuestión, pero nos parece oportuno hacer constar que tal frase, repetida en innumerables textos (e incluso atribuida equivocadamente a otros generales) no puede considerarse como rigurosamente cierta, como sucede, por otra parte, con tantas frases famosas que llenan los libros de Historia, pero que, al haber sido expresadas verbalmente, carecen de todo apoyo documental.

A nuestro juicio, la interpretación más verosímil es que, en un momento de exaltación patriótica —y tal vez también etílica—, ante una audiencia restringida, el general Saint Jean, bien conocido por sus durísimas posiciones ultraderechistas, pudo irse de la lengua y dejar escapar realmente aquella atrocidad, que alguno de los presentes se ocupó de difundir. Tiempo después, ante el enorme eco adquirido por tan tremenda frase en la opinión pública internacional, con el consiguiente daño y desprestigio para la dictadura militar argentina, su autor recibió probablemente de las autoridades de la 1.ª Junta la orden directa de desmentirla públicamente, con toda independencia de haberla pronunciado o no. <<

[*] Datos recogidos por la APDH (del diario Clarín, 30-6-79) y publicados en el folleto «Las cifras de la Guerra Sucia», con prólogo de Horacio Verbitsky (APDH, Buenos Aires, 1988, p. 32). Se hace notar que esta cifra no incluye a ninguno de los desaparecidos (que integran el grupo segundo), ni tampoco incluye a ninguna de las víctimas atribuidas a la subversión (cuyo número, entre civiles, militares y policías no alcanzó la cifra de 700 en toda la década de los setenta, según los datos de fuente militar que ya vimos en el Cap. II, ap. 1.2). <<

[*] Esta cifra no incluye a las 889 personas contabilizadas por la CONADEP que, habiendo sido secuestradas y permanecido desaparecidas durante mis o menos tiempo, desde días hasta años, sobrevivieron e informaron de su reaparición (del mismo folleto de la APDH referido en la nota anterior, p. 26). <<

[*] Una encuesta efectuada por el doctor Mignone le permitió comprobar que el número de desapariciones no denunciadas resultaba sensiblemente similar al de las denunciadas, dato incluido en el texto de su ponencia presentada en la Universidad de Yale, dentro de Seminario sobre «Derechos Humanos y transición a la democracia en Argentina» (4-8 de marzo de 1990). <<

[*] Durante la audiencia pública del día 4 de mayo de 1983, y en respuesta al llamado Documento Final emitido por la 4.ª y última Junta Militar (23-4-83), en el que se consideraba oficialmente muertos a los desaparecidos, el Santo Padre manifestó:

«En estos días, la opinión pública mundial centra su atención, con nuevo y comprensible sentimiento, en el doloroso drama di los desapañados en la Argentina, manifestando su solidaridad para las familias de las víctimas de tan angustioso caso. El problema apremiante de los desaparecidos siempre estuvo y todavía lo está, máxime ahora, en nuestro ánimo. Deseo renovar a las familias, que tienen en el corazón una espina tan aguda por la suerte de sus seres queridos, mi sentida participación en sus sufrimientos, en un momento en el que parece que se ha roto la esperanza que todavía nutrían. Imploro de todo corazón a María Santísima, Mater Dolorosa, para que obtenga el consuelo para todas las familias que han tenido que afrontar tanto dolor, y para que las ayude en esta hora de amargo desconsuelo. Invito al mundo entero a unírseme en esta sencilla y ferviente oración».

(Texto papal reproducido del libro Iglesia y Dictadura, de Emilio Mignone. Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1986, pp. 78-79). <<

[*] En Argentina resulta frecuente el uso de las palabras ‘accionar’ o ‘activar’ en el sentido que en España daríamos a la palabra actuar. <<

[*] Como dato complementario al respecto, cabe recordar que el hoy vicealmirante Juan José Lombardo fue también procesado por otra muy diferente causa: su deficiente actuación militar como importante responsable del teatro de operaciones en la guerra de las Malvinas. Sin embargo, el indulto del presidente Menem otorgado en 1989 (extensivo a los delitos de la «guerra sucia» y de la campaña del Atlántico Sur) impidió que llegara a ser depurada su responsabilidad. <<

[*] Finalmente, después de más de dos años de penalidades y humillaciones, Estrella pudo reaparecer y ser posteriormente liberado en febrero de 1980.Pero para ello fue necesaria una amplia campaña de solidaridad internacional, impulsada por el «comité por la Liberación de Miguel Ángel Estrella», encabezado por Yehudi Menuhin y Nadia Boulanger. <<

[*] Se hace notar que, en ambas márgenes del Río de la Plata (Argentina y Uruguay), el vocablo «negros» no se refiere a personas de raza negra, sino a los trabajadores de la más baja capa social (obreros y campesinos), generalmente de orígenes indios, reflejados en sus rasgos y en el color relativamente oscuro de su piel. <<

[*] Seminario del National Democratic Institute de Washington, celebrado en Montevideo, Uruguay (Julio 1989). <<

[*] El mayor John Becker, profesor de la Academia Militar de West Point, que compartía mesa con nosotros como ponente en el mismo «panel» de la Conferencia Bienal del IUS (Baltimore, Maryland, octubre 1991), presentó una interesante ponencia titulada «El problema de la moralidad y los Conflictos de Baja Intensidad». En dicha ponencia, apoyándose en los conceptos desarrollados por autores como Gus Anderson («Just War Theory»), Robert Phillips («War and Justice») y Michael Walzer («Just and Unjust Wars»), sostiene que el concepto de «jus ad bellum» y la noción de moralidad deben ser aplicados no sólo a las guerras propiamente dichas, sino también a aquellos conflictos que —como la lucha antiterrorista— se engloban bajo el nombre genérico de «conflictos de baja intensidad». <<

[*] En el lenguaje coloquial argentino, hacer algo «por derecha» significa hacerlo dentro del marco de la legalidad, mientras que «por izquierda» significa realizarlo en forma clandestina e ilegal. <<

[*] De la conversación mantenida por el autor con el teniente coronel Aldo Rico (Buenos Aires, 4 de abril de 1990). <<

[*] Recordamos con afecto la detallada explicación que el propio capitán Curilovic nos proporcionó de esta operación a los miembros de la delegación española que visitamos el Ministerio de Defensa argentino en julio de 1989. <<

[*] Del texto de la conferencia pronunciada por el autor en la Comisión Sudamericana de Paz (Santiago de Chile), el 2 de mayo de 1990. <<

[*] Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones unificó en 1988 dichas sentencias, condenando a los tres jefes citados a la pena de 12 años de prisión. Finalmente, el presidente Carlos Menem los incluyó en el indulto presidencial de 1989, por lo que los tres fueron puestos en libertad. <<

[*] En el transcurso de un debate académico (2-5-1990), tras una conferencia nuestra en la Comisión Sudamericana de Paz (Santiago de Chile), hicimos notar al autor del trabajo aquí comentado, Milan Marinovic —capitán de navío de la Armada Chilena y doctor en Sociología Política por Salamanca— que el concepto de seguridad entendido en términos excesivos, es decir, el ansia desmedida de seguridad que caracteriza a las dictaduras, ocasiona a su vez muy graves daños —con frecuencia irreparables— al mismo Cuerpo Social que se trata supuestamente de proteger. <<

[*] «Country» en el original, es decir, «país» en sentido literal. («Nación» hubiera sido escrita «Nation», y «Patria» hubiera sido escrita «Fatherland»). Obsérvese, pues, el alto valor y respetabilidad que en los ámbitos militares estadounidenses se otorga a la palabra «país» —al lado de «deber», «honor», «servicio», etcétera—, en contraste con la ridícula actitud de los ‘ultras’ españoles, que no perdonan el uso de tal palabra, recriminando torpemente a aquellos escritores militares que alguna vez usamos la palabra país, incluso si no escatimamos la palabra Patria cuando resulta procedente. <<

[*] En conversación personal del autor con el matrimonio Segal, con ocasión del XII Congreso Mundial de Sociología (Madrid, julio 1990), ambos se reafirmaron en señalar su convicción en la coexistencia real de posiciones institucionales y ocupacionales en los ejércitos de hoy. <<

[*] En su momento, de forma inesperada, tuvimos oportunidad de conocer el lugar donde nació esta organización. Al entrevistarnos con el doctor Julio González (jefe que fue de la Secretaría Técnica de la presidenta Isabel Martínez de Perón hasta su derrocamiento por el golpe militar de 1976), éste nos hizo notar el hecho de que aquel mismo piso donde él residía, y donde nos estábamos entrevistando, había sido, hacia casi medio siglo, la primera sede de la Logia de jefes militares encabezados por el todavía coronel Perón, Logia que allí mismo se convirtió en el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) en marzo de 1943.Grupo que tendría gran intervención en el golpe de Estado del 4 de junio del mismo año 1943, y en el posterior peronismo en su vertiente militar. <<

[*] Curiosamente, a pesar de haber calificado en su análisis al gobierno del general Uriburu como pretoriano tipo árbitro, en este cuadro Perlmutter da al primer año de tal gobierno (1930-31) el carácter de pretoriano dirigente. <<

[*] A nuestro juicio, las tres referencias a 1974 están equivocadas y se refieren a 1973, año en que el general Lanusse dio paso a las elecciones que elevaron a la presidencia al doctor Cámpora, y a la posterior entrega del poder por éste a Perón. Si todo esto sucedió en 1973, difícilmente cabe calificar tal año como de «orientación pretoriana dirigente», por lo que pensamos que se trata de un simple error de transcripción. Sí cabe admitir en cambio que durante ese año el Ejército mantuvo una actitud recelosa que encaja de lleno en la definición del pretorianismo «tipo árbitro», así como su papel de «partido militar», que son las otras situaciones que el cuadro de Perlmutter atribuye a dicho año en su clasificación. <<

[*] A nuestro juicio, las tres referencias a 1974 están equivocadas y se refieren a 1973, año en que el general Lanusse dio paso a las elecciones que elevaron a la presidencia al doctor Cámpora, y a la posterior entrega del poder por éste a Perón. Si todo esto sucedió en 1973, difícilmente cabe calificar tal año como de «orientación pretoriana dirigente», por lo que pensamos que se trata de un simple error de transcripción. Sí cabe admitir en cambio que durante ese año el Ejército mantuvo una actitud recelosa que encaja de lleno en la definición del pretorianismo «tipo árbitro», así como su papel de «partido militar», que son las otras situaciones que el cuadro de Perlmutter atribuye a dicho año en su clasificación. <<

[*] A nuestro juicio, las tres referencias a 1974 están equivocadas y se refieren a 1973, año en que el general Lanusse dio paso a las elecciones que elevaron a la presidencia al doctor Cámpora, y a la posterior entrega del poder por éste a Perón. Si todo esto sucedió en 1973, difícilmente cabe calificar tal año como de «orientación pretoriana dirigente», por lo que pensamos que se trata de un simple error de transcripción. Sí cabe admitir en cambio que durante ese año el Ejército mantuvo una actitud recelosa que encaja de lleno en la definición del pretorianismo «tipo árbitro», así como su papel de «partido militar», que son las otras situaciones que el cuadro de Perlmutter atribuye a dicho año en su clasificación. <<

[*] Conviene hacer notar que el intento, por los represores argentinos, de hacer recaer sobre organizaciones izquierdistas los asesinatos de importantes víctimas de la propia represión —principalmente ciudadanos extranjeros—, con la intención de engañar a la opinión pública y desviar la presión internacional, fue utilizado también en otras ocasiones. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, de las cuales los servicios secretos de la Armada llegaron a difundir una foto con cierto tipo de carteles y mensajes (hecha por sus propios verdugos en la ESMA poco antes de ser asesinadas, según atestiguaron ante la CONADEP sus compañeros de prisión, como puede verse en nuestro Apéndice II, apartado 1). Mediante tal fotografía se intentó —aunque sin ningún éxito— hacer creer a la opinión pública que ambas religiosas se hallaban en manos de los Montoneros. Igualmente, se intentó —aunque con éxito igualmente nulo— hacer creer que otras personalidades asesinadas en la Argentina por la ultraderecha, incluso antes del golpe militar de 1976 —como el general demócrata chileno Carlos Prats, el catedrático argentino Silvio Frondizi, el conocido abogado y defensor de los derechos humanos Rodolfo Ortega Peña, entre otros—, aparecieran como víctimas de la ultraizquierda, para lo cual fueron incluidos en las listas de «asesinados por la subversión», en otro grosero intento falsificador, como ya vimos en el capítulo II, subapartado 1.2. <<

[*] Este general boliviano, encaramado al poder en 1980 con la eficaz colaboración de técnicos militares argentinos, no era otra cosa que un indeseable delincuente común, caracterizado violador de los derechos humanos y narcotraficante, después reclamado internacionalmente por sus múltiples delitos y condenado en rebeldía por los tribunales bolivianos, hasta su encarcelamiento en Brasil en 1994. <<

[*] Diario El Dia, Montevideo, Uruguay (13-2-1993), y numerosos periódicos y emisoras de diversos países. A raíz de la publicación de este hallazgo documental en Paraguay, el presidente chileno Patricio Alwyn solicitó inmediatamente de las autoridades paraguayas el envío de toda la documentación que pudiera afectar a ciudadanos chilenos desaparecidos en aquellos años en otros países de la región. <<

[*] Las vicisitudes legales experimentadas por el caso Hagelin resultan escasamente verosímiles, pero claramente indicativas del fuerte desajuste, incluso del duro forcejeo, que por aquellos años se vivía en Argentina entre la justicia civil y la justicia militar. «En marzo de 1984 un juez civil que investigaba la desaparición, ocurrida en 1977, de Dagmar Hagelin, ciudadana sueca-argentina, quiso encausar a dos oficiales navales (…). No pudo hacerlo porque el Consejo Supremo anunció, inesperadamente, que los dos acusados, el teniente Alfredo Astiz y el almirante Rubén Chamorro, ya habían sido absueltos en 1981 de cargos surgidos en este caso. No se había informado a la familia ni al gobierno sueco del proceso militar, y no se había convocado a los testigos clave. La Cámara Federal de Apelaciones instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que volviera a abrir el caso, y el 22 de febrero de 1985 el tribunal militar absolvió, una vez más, al teniente Astiz de responsabilidad en el caso de Dagmar Hagelin. A Astiz, que había permanecido en detención preventiva durante tres meses por orden del juez civil, se le dejó en libertad. El 31 de mayo de 1985, la Cámara Federal declaró nula la decisión del Consejo Supremo, y revocó la decisión anterior del juez naval, que databa de 1981. Se ordenó que el Consejo Supremo continuara sus investigaciones sobre el caso de Dagmar Hagelin. En abril de 1986 el Consejo Supremo volvió a dictar una resolución de no culpable por falta de pruebas. Por tercera vez, el caso fue referido a la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió, el 4 de diciembre de 1986, tras una audiencia pública, que Astiz debía ser absuelto, no por falta de pruebas, sino porque ya había vencido el plazo fijado por la ley penal para que se produzca la prescripción del delito de privación ilegítima de libertad». (Véase «Argentina: Los militares ante la justicia», editado por Amnesty International, Londres, 1987, págs. 15 y 16). <<

[*] Entrevista del autor con el ex-presidente Arturo Frondizi, en su domicilio de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1990.Es de notar que el doctor Frondizi nos señaló el carácter secreto de alguno de los datos que nos refirió, y que lógicamente nos abstenemos de difundir. No fue ése el caso de este episodio, que recogemos aquí por lo que tiene de revelador. <<

[*] En entrevista personal del autor con el doctor Emilio Fermín Mignone, presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), éste nos hizo entrega del texto completo de su conferencia en el Seminario sobre «Derechos Humanos y transición democrática en la Argentina» (Universidad de Yale, 4-8 de marzo de 1990), donde se detallan, entre otros puntos, sus conversaciones con el citado coronel Roualdes y con otras autoridades militares a raíz del secuestro, en su propio domicilio, de su hija Ménica (24 años), que jamás reapareció. <<

[*] Esta cifra (100) aparece borrosa en la fotocopia conseguida por el autor (del diario bonaerense La Razón, 11-9-85). Es de notar que otro diario de la capital (La Nación) se refería a unos 90 jefes y oficiales sometidos a investigación, de los que casi 60 fueron considerados suficientemente «limpios» como para permitirles continuar su carrera en actividad. En cambio, fueron (Misados a retiro forzoso los ya citados 33. <<

[*] En la Argentina y otros países latinoamericanos es habitualmente usado el término «egresar» (contrapuesto a «ingresar»), con el significado de «salir» de un centro académico, una vez terminada una carrera y obtenida la correspondiente graduación. <<

[*] La llamada «Escuelita de Famaillá» —nombre cuyo siniestro recuerdo hoy sólo evoca tortura y muerte— fue utilizada como centro de internamiento de aquellos prisioneros ya clasificados para su exterminio final. <<

[*] Del texto de la ponencia presentada por el autor en el XII Congreso Mundial de Sociología (Madrid) el 9 de julio de 1990. <<

[*] Del texto de la conferencia pronunciada por el autor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), el 16 de abril de 1990. <<

[*] Del texto de la conferencia pronunciada por el autor en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Asunción (Paraguay) el 24 de abril de 1990. <<

[*] Datos extraídos del informe «Las cifras de la Guerra Sucia». (APDH, Buenos Aires, 1988, p. 44). <<

[*] Estimación aproximada, fundamentada en los datos e hipótesis ya señalados en el texto. <<

[*] Datos extraídos del informe «Las cifras de la Guerra Sucia». (Recopilación de APDH, Buenos Aires, 1988, p. 32). <<

[*] Es de notar que estos cadáveres eran registrados en los diarios bajo el nombre de «muertos en enfrentamiento», designación bajo la que se englobaba conjuntamente, por aquellas fechas, a las víctimas de la acción represiva militar y policial junto con las víctimas de la AAA, al no reconocerse oficialmente la existencia de ese terrorismo de ultraderecha. Hay que subrayar, por otra parte, un hecho primordial: ninguno de estos muertas y desaparecidos puede atribuirse a los grupos de ultraizquierda, pues las víctimas de tales grupos figuran (en la misma estadística del informe arriba citado) incluidas en otra columna aparte: la de las 790 víctimas tomadas de la anteriormente comentada lista del diario La Nación. Cifra acumulada en toda la década de los setenta (y falsamente aumentada por inclusión de muertos de otras procedencias, según vimos más atrás, cosa que aquí no hace al caso). De tales víctimas, según tal lista, corresponden exactamente 179 al año 1975 (Informe antes citado, p. 32). Víctimas que, obviamente, nada tienen que ver con las registradas en este cuadro. <<

[*] Estimación aproximada, obtenida en el cuadro anterior. <<

[*] Recibía el nombre de «Capucha» el área reservada al más duro tratamiento de los presos dentro de los locales de la ESMA. <<

[*] Resulta ilustrativo, a este respecto, un dato anecdótico que el entonces embajador de Argentina en París, Tomás de Anchorena, explicó personalmente al autor de este libro trece años después (1990). Por aquellas fechas (finales de 1977), la presión de la opinión pública francesa y del propio presidente Giscard, exigiendo la inmediata reaparición de las monjas, se hacía sentir con agobiante intensidad. Un día, un oficial de la Armada Argentina vino a comunicar al embajador la gran noticia: «Por fin sabemos quién tiene a las monjas: los Montoneros», dijo, mostrándole la foto en cuestión. El embajador, tras echarle un breve vistazo, se limitó a responder «Ya. ¿Y usted de verdad se lo cree?». <<

[*] El caso de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet tuvo un notable epílogo judicial, a miles de kilómetros de Buenos Aires. El 15 de marzo de 1990, Astiz fue juzgado en ausencia por la Cour D’Assises de París, en virtud del artículo 689-1 del Código Penal francés, que permite juzgar a extranjeros por sus crímenes contra ciudadanos franceses, si el criminal ha conseguido plena impunidad en su país. Tras una larga investigación, y tras las oportunas citaciones al acusado —lógicamente infructuosas—, éste fue juzgado en audiencia pública y condenado a reclusión perpetua por dicho tribunal, como culpable por su participación en el secuestro, tortura y muerte de las monjas y ciudadanas francesas Domon y Duquet. El gobierno Menem denegó al Estado francés su petición de captura y entrega del condenado, pues la ley argentina impide expresamente la extradición de ciudadanos argentinos a otro país. <<

[*] El actor Luis Politti, incluido en las «listas negras» del Ejército según vimos más atrás, se exilió en Madrid, donde falleció a finales de 1980. <<

[*] Hay que señalar que en los ataques —poco numerosos— efectuados por grupos guerrilleros argentinos a establecimientos militares resultó bastante frecuente la infiltración mutua: por una parte, el grupo atacante contaba con la complicidad de algún centinela dispuesto a franquearle el paso (el llamado «entregador»), pero, al mismo tiempo, resultó igualmente frecuente que los militares atacados estuvieran previamente advertidos por la delación de alguien, infiltrado a su vez en las filas de los guerrilleros o de su más inmediato círculo colaborador. Esto último fue lo que sucedió en los más importantes intentos de este tipo, incluida la acción de Monte Chingólo. <<

[*] Cabe señalar que en la elaboración de este diccionario enciclopédico de Salvat colaboró un selecto grupo de militares españoles, compañeros nuestros del Ejército de Tierra: Javier Calderón Fernández, Florentino Ruiz Platero, José Ruiz Nicolau, Argimiro Cal ama Rosellón y Julio Busquets Bragulat, todos ellos diplomados de Estado Mayor. <<

[1] José Rodríguez Elizondo, «El gran viraje militar en América Latina», revista Nueva Sociedad, núm. 45, Caracas, 1979, p. 162. <<

[2] IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), «La intervención norteamericana en América Latina y El Salvador», Informe, núm. 2, Madrid, 1980. <<

[3] Discurso del general Juan Carlos Onganía en la academia militar norteamericana de West Point (1964). Cita recogida por Gregorio Selser, «La conferencia de cancilleres», Propósitos, núm. 6, Buenos Aires, 1965, y José Rodríguez Elizondo, ob. cit. (1), p. 164. <<

[4] IEPALA, ob. cit. (2), p. 38. <<

[5] Ídem, id., p. 30. <<

[6] José Rodríguez Elizondo, ob. cit. (1), p. 162. <<

[7] Ídem, id., p. 173. <<

[8] Juan Cano Hevia, «Argentina: ¿Quién es el enfermo?», Diario 16, Madrid, 24-1-88. <<

[9] IEPALA, ob. cit., pp. 31 y 40. <<

[10] J. Nun, «The Middle-Class Military Coup Revisited», trabajo incluido en la obra Armies and Politics in Latin America, recopilación de Abraham F. Lowenthal, Holmes & Meyer Publishers Inc., Nueva York-Londres, 1976, p. 70. <<

[11] José Rodríguez Elizondo, ob. cit. (1), p. 158. <<

[12] Ídem, id., p. 158. <<

[13] Ídem, id., p. 164. <<

[14] Marvin Goldwert, Democracy, Militarism, and Nationalism in Argentina, 1930-1966. An interpretation, Institute of Latin American Studies, University of Texas Press, Austin y Londres, 1972, pp. 141 y ss. <<

[15] Marvin Golwert, ob. cit. (14), p. XII del Prefacio. <<

[16] Ignacio González Janzen, La Triple-A, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1986, p. 39. <<

[17] Ignacio González Janzen, ob. cit. (16), p. 39. <<

[18] Peter Waldmann, ensayo «Anomia y violencia», incluido en la obra Argentina, hoy, recopilado por Alain Rouquié, Siglo XXI Editores, México, 1982, p. 210. <<

[19] Eduardo Luis Duhalde, El Estado terrorista argentino, Argos Vergara, Barcelona, 1983, pp. 47 y 48. <<

[20] Edición y autoría: Ejército Argentino, El derecho a la libertad, Buenos Aires, 1980, pp. 9 y 179. <<

[21] Edición y autoría: Poder Ejecutivo Nacional, Terrorismo en la Argentina, Buenos Aires, 1979, p. 302 <<

[22] Diario La Nación, Buenos Aires, 8-5-1980. Lista recogida también en el folleto «Las cifras de la guerra sucia», Asamblea Permanente pro Derechos Humanos de Argentina, Buenos Aires, 1988, pp. 45-55. <<

[23] leñado González Janzen, ob. cit. (16), p. 127. <<

[24] Ídem, p. 126. <<

[25] Ídem, pp. 16 y 17. <<

[26] Ídem, p. 134. <<

[27] Martin Andersen, semanario El Periodista, Buenos Aires, 23-10-87. <<

[28] Ignacio González Janzen, ob. cit. (16), p. 19. <<

[29] Pierre Faillant de Villemarest, Los estratega del miedo. Veinte años de guerra revolucionaria en Argentina, Ed. Voxmundi, Ginebra, 1980, p. 195. <<

[30] Ignacio González Janzen, ob. cit (16), p. 56. <<

[31] Ídem, id., pp. 57 y 58. <<

[32] Jordán Bruno Genta, La Masonería y el Comunismo en la revolución del 16 de septiembre, Pellegrini Imp., Buenos Aires, 1955, p. 25. <<

[33] Ignacio González Janzen, ob. cit. (16), p. 59. <<

[34] Carlos A. Disandro, La herejía judeo-cristiana, Editorial Struhart, Buenos Aires, 1983, p. 78. <<

[35] Ídem, id., pp. 139 y 140. <<

[36] Ignacio González Janzen, ob. cit. (16), pp. 60 y 61. <<

[37] Ídem, id., p. 62. <<

[38] Julio Meinvielle, El Comunismo en la Revolución Anticristiana, Cruz y Fierro Editores, Buenos Aires, 1982, pp. 167 y 168. <<

[39] Ídem, id., p. 106. <<

[40] Ídem, id., p. 106. <<

[41] CADHU (Comisión Argentina pro Derechos Humanos), Argentina: proceso al genocidio, Elias Querejeta Ediciones, Madrid, 1977, p. 119. <<

[42] Ignacio González Janzen, ob. cit. (16), p. 65. <<

[43] Alain Rouquié, «Hegemonía militar, Estado y dominación social», ensayo incluido en la recopilación de varios autores titulada Argentina, hoy, Siglo XXI Editores, México, 1982, pp. 11 y 12. <<

[44] Cecil Jane, Liberty and Despotism in Spanish America, con prefacio de Salvador de Madariaga, Nueva York, 1966, p. 173. Primera edición: Oxford, 1929. <<

[45] ILCTR1 (Instituto Latinoamericano de Cooperación Tecnológica y Relaciones Internacionales), Fuerzas Armadas y Democracia, con prólogo del general de la Bundeswehr Wolf Graf von Baudissin, El Cid Editor, Barcelona, 1982, y Fundación para la Democracia en Argentina, Buenos Aires, 1982, p. 62. (Aunque esta obra se presenta como publicación institucional del ILCTRI, su director, Norberto Ceresole, se reconoce expresamente autor de toda ella —con excepción del citado prólogo— en su trabajo posterior Crisis Militar Argentina, ILCTRI, Buenos Aires, 1988, p. 117). <<

[46] ILCTRI, Norberto Ceresole, ob. cit. (45), p. 63. <<

[47] Alain Rouquié, ob. cit. (43), p. 11. <<

[48] Ídem, id., p. 13. <<

[49] Ídem, id., p. 12. <<

[50] Alfredo Erie Calcagno, La perversa deuda, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1988, p. 46. <<

[51] Alain Rouquié, ob. cit. (43), p. 11. <<

[52] Marvin Goldwert, ob. cit. (14), p. XI del prefacio. <<

[53] ILCTRI, Norberto Ceresole, ob. cit. (45), p. 63. <<

[53] ILCTRI, Norberto Ceresole, ob. cit. (45), p. 63. <<

[54] Marvin Goldwert, ob. cit. (14), p. XII del prefacio. <<

[55] Argimiro Fernández, intervención resumida en el informe Civil-military relations: the Argentine experience. Report of an International Conference, Santo Domingo, 16-18 de diciembre de 1988, con prólogo de Walter Móndale, National Democratic Institute, Washington D. G, 1988, p. 13. <<

[56] Alain Rouquié, ob. cit. (43), p. 18. <<

[57] Alain Rouquié, El Estado militar en América Latina, Siglo XXI Editores, México, 1984, p. 208. <<

[58] José Nun, ob. cit. (10), p. 66. <<

[59] ILCTRI, Norberto Ceresole, ob. cit. (45), p. 63. <<

[60] Ernesto Palacio, Historia Argentina, Ed. Peña Lillo, Buenos Aires, 1960, y Norberto Ceresole, ob. cit. (45), pp. 63 y 64. <<

[61] Dardo Cúneo, El desencuentro argentino, 1930-1955, Buenos Aires, 1965, p. 168. <<

[62] Alain Rouquié, ob. cit. (57), p. 304. <<

[63] Noberto Ceresole, ob. cit. (45), p. 53. <<

[64] José Luis de Imaz. Los que mandan, Buenos Aires, 1964, p. 84, y José Nun, ob. cit. (10), p. 71. <<

[65] José Nun, ob. cit. (10), p. 71. <<

[66] Alain Rouquié, «El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad», ensayo incluido en la recopilación de varios autores El poder militar en la Argentina (1976-81): aspectos históricos y sociopoliticos. Compiladores: Peter Waldmann y Ernesto Garzón. Edición patrocinada por ADLAF (Asociación de Investigaciones Alemanas sobre América Latina), Editionen der Iberoamericana: Verlag Klaus Dieter Vervuert, Frankfurt, 1982, p. 69. <<

[67] Alain Rouquié, ob. cit. (66), pp. 69 y 70. <<

[68] Alain Rouquié, Ídem, id., p. 70. <<

[69] Alain Rouquié, Ídem, id., pp. 68 y 69. <<

[70] Alain Rouquié, Ídem, id., p. 68. <<

[71] Robert Potash, El Ejército y la política en la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1982, p. 507. <<

[72] Argimiro Fernández, Informe de la Conferencia de Santo Domingo, citado en (55), p. 13. <<

[73] William Woodward y Martin Andersen, Informe de la Conferencia de Santo Domingo, citado en (55), p. 4. <<

[74] Alain Rouquié, ob. cit. (57), p. 304. <<

[75] Peter Paret, «French Revolutionary Warfare From Indochina to Algeria. The Analysis of a Political and Military Doctrine», Center for International Studies, Princeton University, 1964, p. 105. <<

[76] Peter Paret, ob. cit. (75), pp. 108 a 112. <<

[77] Autoría y edición: Escuela Superior de Guerra, folleto titulado La guerra de Indochina (Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria), Buenos Aires, 1961, p. 1. <<

[78] Ídem, id., p. 7. <<

[79] Martin Andersen y Antonio López Crespo, «Un libro inédito del general Acdel Vilas: la Guerra Sucia empezó en 1975», semanario El periodista, Buenos Aires, 31 de enero al 6 de febrero de 1986, p. 3. <<

[80] Diario 16 (20-1-84). <<

80 bis Ídem, id.

[81] Ramón J. Camps, diario La Prensa, Buenos Aires, 4-1-1981. <<

[82] A. B. Rattenbach, H. P. Ballester, J. L. García, C. M. Gazcón, Fuerzas Armadas Argentinas: el cambio necesario, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987, p. 48. <<

[83] Roger Trinquier, La guerra moderna, Ed. Rioplatense, Buenos Aires, 1963, p. 32 <<

[84] Ídem, pp. 41 y 42. <<

[85] Ídem, p. 41. <<

[86] Ídem, p. 43. <<

[87] Bernard B. Fall, Prólogo al libro de Trinquier (83), pp. 13 y 14. <<

[88] Eduardo Luis Duhalde, ob. cit. (19), p. 39. <<

[89] Martin Andersen, «The Military Obstacle to Latin Democracy», revista Forcing Policy, Washington, diciembre de 1988, p. 104. <<

[90] Martin Andersen, ob. cit (89), p. 104. <<

[91] Eduardo Luis Duhalde, ob. cit. (19), pp. 39 y 40. <<

[92] Ídem, id., p. 41. <<

[93] Ídem, id., p. 41. <<

[94] Ídem, id., pp. 41 y 42. <<

[95] Ídem, id., p. 42. <<

[96] Instrucciones para la lucha contra la Subversión, autoría y edición: Secretaría de Guerra, Buenos Aires, 1962, p. 92. <<

[97] Ídem, id., pp. 97 y 98. <<

[98] Eduardo Duhalde, ob. cit. (19), p. 43. <<

[99] Eduardo Duhalde, ob. cit. (19), pp. 43 y 44. <<

[100] Documento citado en (96), pp. 98 y 99. <<

[101] Joseph Comblin, A ideología da Securança Nacional, Ed. Civilizaçao Brasileira, 1980, p. 22. <<

[102] Joseph Comblin, ob. cit. (101), p. 47. <<

[103] Documento citado en (96), pp. 1 y 4. <<

[104] Ídem, id., pp. 4 y 5. <<

[105] Carlos Túrolo, discurso inaugural del Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, edición: Ejército Argentino, Buenos Aires, 1961, p. 4. <<

[106] Documento citado en (96), p. 1. <<

[107] Ídem, id., p. 4. <<

107 bis Ídem, id., p. 4.

[108] Ídem, id., p. 1. <<

[109] «La lucha contra la insurrección urbana», folleto incluido en el bloque de Teoría Contrarrevolucionaria, Ejército Argentino, Buenos Aires, 1961, p. 15. <<

[110] Documento citado en (96), p. 96. <<

[111] Documento titulado «Temario para el desarrollo de la mesa redonda», dentro del Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, Ejército Argentino, Buenos Aires, 1961, p. 2. <<

[112] Horacio Verbitsky, Civiles y militares: memoria secreta de la transición, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1987, p. 30. <<

[113] Ramón J. Camps, diario La Prensa, Buenos Aires, 4-1-1984. <<

[114] Osiris Villegas, «Guerra revolucionaria comunista», citado por Simón Lázara en Poder militar, origen, apogeo y transición, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1988, p. 147. <<

[115] Fray Bartolomé de las Casas, Derechos civiles y políticos, Editora Nacional, Madrid, 1974, p. 155. <<

[116] Ricardo Rodríguez Molas, Tortura y orden represivo en Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984, p. 33. <<

[117] Ídem, id., p. 33. <<

[118] Ídem, id., p. 33. <<

[119] Ídem, id., pp. 23 y 24. <<

[120] Ídem, id., p. 24. <<

[121] Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas, citado por Ricardo Rodríguez Molas en (116), p. 13. <<

[122] Alfonso X el Sabio, Ídem, id., p. 17. <<

[123] E A. Thompson, Los godos en España, Alianza Editorial, Madrid, 1971, pp. 293 a 298, y Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 17. <<

[124] Francisco Tomás y Valiente, La tortura en España, Ariel, Barcelona, 1973, p. 213. <<

[125] Ídem, id., p. 214. <<

[126] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 21. <<

[127] Ídem, id., pp. 51 y 52. <<

[128] Francisco Tomás y Valiente, ob. cit. (124), p. 227. <<

[129] Ian Gibson, El vicio inglés, Planeta, Barcelona, 1980, p. 10. <<

[130] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 54. <<

[131] Ídem, id., p. 61. <<

[132] Ídem, id., p. 57. <<

[133] Ídem, id., p. 57. <<

[134] Ídem, id., p. 59. <<

[135] Ídem, id., p. 67. <<

[136] Francisco Romay, «Las torturas en el procedimiento criminal», revista del Instituto de Investigaciones y Docencia Criminológicas, La Plata, núm. 1, 1967, p. 15. <<

[137] Francisco Romay, ob. cit. (136), p. 15. <<

[138] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 65. <<

[139] Ídem, id., p. 66. <<

[140] Ídem, id., p. 66. <<

[141] Ídem, id., p. 67. <<

[142] Ídem, id., p. 58. <<

[143] Ídem, id., pp. 68 a 72. <<

[144] Ídem, id., pp. 72 y 73. <<

[145] Ídem, id., p. 75. <<

[146] Ídem, id., pp. 74 y 75. <<

[147] Ídem, id., pp. 76 y 77. <<

[148] Ídem, id., p. 83. <<

[149] Ídem, id., p. 83. <<

[150] Ídem, id., pp. 89 y 90. <<

[151] Ídem, id., p. 94. <<

[152] Ídem, id., p. 95. <<

[153] Ídem, id., p. 97. <<

[154] Ídem, id., p. 96. <<

[155] Ídem, id., p. 96. <<

[156] Ídem, id., p. 97. <<

[157] Ídem, id., p. 97. <<

[158] Ídem, id., pp. 97 y 98. <<

[159] Ricardo Rodríguez Molas, Textos documentales sobre el orden represivo, núm. XIV, y ob. cit (116), pp. 98 y 99. <<

[160] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 99. <<

[161] Ídem, id., pp. 117 y 118. <<

[162] Ricardo Rodríguez Molas, Textos documentales sobre el orden represivo, núm. XXVIII, y ob. cit. (116), p. 119. <<

[163] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 120. <<

[164] Ricardo Rodríguez Molas, Textos documentales sobre el orden represivo, núm. XXIX, y ob. cit (116), p. 120. <<

[165] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), pp. 115 y 116. <<

[166] Semanario Qué ocurrió en siete días, Buenos Aires, 30-11-1955, y Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 117. <<

[167] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 116. <<

167 bis Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit., (116) p. 127.

[168] Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, tomo II, Emecé, Buenos Aires, 1981, p. 168. <<

[169] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit. (116), p. 131. <<

[170] Ídem, id., pp. 131 y 132. <<

[171] Ídem, id., p. 132. <<

[172] Alain Rouquié, ob. cit (168), p. 159. <<

[173] Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, Buenos Aires, 1973, p. 145. <<

[174] Foro de Buenos Aires, ob. cit. (173), p. 148. <<

[175] Ídem, id., p. 149. <<

[176] Ídem, id., p. 148. <<

[177] Ídem, id., p. 150. <<

[178] Ricardo Rodríguez Molas, ob. cit (116), p. 146. <<

[179] Ídem, id., p. 149. <<

[180] Ídem, id., p. 159. <<

[181] Helmut Krausnick y Martin Broszat, Anatomy of the SS State, Paladin, Londres, 1970, p. 216, y Desapariciones, informe de Amnistía Internacional, Editorial Fundamentos, Madrid, 1983, p. 9. <<

[182] William L. Shirer, The raise and fall of the Third Reich, Simon & Schuster, Nueva York, 1960, p. 957, e informe citado en (181), p. 9. <<

[183] William L. Shirer, ob. cit. en (182), p. 958, e informe citado en (181), p. 8. <<

[184] Amnistía Internacional, Desapariciones, Editorial Fundamentos, Madrid, 1983, p. 95. <<

[185] Amnistía Internacional, ob. cit. (184), p. 83. <<

[186] Ídem, id., p. 11. <<

[187] Alain Rouquié, Pouvoir militaire et societé politique en République Argentine, Presses de la Fondation National des Sciences Politiques, París, 1978, p. 607. <<

[188] Amnistía Internacional, ob. cit. (184), p. 13. <<

[189] Ídem, id., pp. 13 y 14. <<

[190] Ídem, id., pp. 14 y 15. <<

[191] Ídem, id., p. 81. <<

[192] Informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), Nunca más, con prólogo de Ernesto Sábato, Seix/Barral/Eudeba, Barcelona, 1985, p. 7. <<

[193] Ídem, id., pp. 9 y 10. <<

[194] Ídem, id., p. 8. <<

[195] Ídem, id., p. 15 <<

[196] Ídem, id., pp. 16 y 17. <<

[197] Ídem, id., p. 17. <<

[198] Ídem, id., p. 17. <<

[199] Ídem, id., p. 18 <<

[200] Ídem, id., pp. 8 y 9. <<

[201] Ídem, id., p. 9. <<

[202] Ídem, id., p. 10. <<

[203] Ídem, id., p. 26. <<

[204] Ídem, id., p. 9. <<

[205] Ídem, id., pp. 246 y 247. <<

[206] Ídem, id., pp. 22 y 23. <<

[207] Ídem, id., p. 282. <<

[208] Ídem, id., pp. 141 y 142 <<

[209] Ídem, id., pp. 140 y 141. <<

[210] Ídem, id., pp. 17. <<

[211] Ídem, id., pp. 27. <<

[212] Ídem, id., pp. 27. <<

[213] Ídem, id., pp. 27 y 28. <<

[214] Ídem, id., p. 28. <<

[215] Ídem, id., p. 28. <<

[216] Ídem, id., p. 28. <<

[217] Ídem, id., p. 31. <<

[218] Ídem, id., pp. 29 y 30. <<

[219] Ídem, id., p. 32. <<

[220] Ídem, id., p. 10. <<

[221] Ídem, id., p. 479. <<

[222] Ídem, id., p. 7. <<

[223] Ídem, id., pp. 7 y 8. <<

[224] Ídem, id., p. 7. <<

[225] Ídem, id., p. 10. <<

[226] Ídem, id., p. 11. <<

[227] Ídem, id., p. 10. <<

[228] Ídem, id., p. 479. <<

[229] Ídem, id., pp. 479 y 480. <<

[230] Ídem, id., p. 480. <<

[231] Ídem, id., p. 481. <<

[232] Diario La Prensa, 28-2-80. <<

[233] Ob. cit. (192), p. 342 <<

[234] Ídem, ob. cit., p. 343. <<

[235] Ídem, ob. cit., p. 344. <<

[236] Ídem, ob. cit., p. 28. <<

[237] Ídem, ob. cit., p. 349. <<

[238] Informe de AIDA (Asociación Internacional para la Defensa de los Artistas víctimas de la represión en el mundo), Julio Cortázar, Miguel Ángel Estrella, Mercedes Sosa y otros, Argentina: tomo matar la cultura, Ed. Revolución, Madrid, 1981, p. 164. <<

[239] Diario El País, 28-8-1983. <<

[240] AIDA, ob. cit. (238), p. 215, y diario La Nación, Buenos Aires, 14-10-1980. <<

[241] Ídem, ob. cit., p. 215, y diario La Nación, Buenos Aires, 14-10-1980. <<

[242] Ídem, ob. cit., pp. 216 y ss. <<

[243] Ídem, ob. cit., p. 1, y diario La Razón, Buenos Aires, 3-12-1986. <<

[244] Ídem, ob. cit., p. 1, y diario La Prensa, Buenos Aires, 26-10-1979. <<

[245] Enrique Vázquez, PRN. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985, p. 15. <<

[246] Ídem, ob. cit., p. 89. <<

[246] Ídem, ob. cit., p. 89. <<

[247] Emilio Mignone, Iglesia y Dictadura, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, p. 16. <<

[248] Eduardo Luis Duhalde, ob. cit (19), p. 69. <<

[249] José Luis Martín Prieto, diario El País, Madrid, 1-5-83. <<

[250] CADHU (Comisión Argentina pro Derechos Humanos, Argentina: Proceso al genocidio, Elias Querejeta Ediciones, Madrid, 1977, p. 32. <<

[251] Asociación Americana de Juristas, Juicios a los militares, Cuaderno núm. 4, Buenos Aires, 1988, p. 15. <<

[252] Ídem, ob. cit, p. 15. <<

[253] Diario El País, 24-6-89. <<

[254] Emilio Mignone, Derechos Humanos y transición democrática en la sociedad argentina, conferencia pronunciada en la Universidad de Yale, Schell Center for Human Rights, New Haven, 4-8 de marzo de 1990, p. 50. <<

[255] Alain Rouquié, «El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad», ensayo incluido en la recopilación de varios autores El poder militar en la Argentina (1976-81): aspectos históricos y sociopoliticos, compiladores: Peter Waldmann y Ernesto Garzón, ADLAF (Asociación de Investigaciones Alemanas sobre América Latina), Editionen der Iberoamericana, Frankfurt, 1982, p. 73. <<

[256] Adolfo Gilly, La década trágica, Ed Tierra de Fuego, México D. F., 1984, p. 203. <<

[257] Diario Clarín, Buenos Aires, 31 de enero de 1976. <<

[258] Alain Rouquié, ob. cit (255), pp. 73 y 74. <<

[259] Asociación Americana de Juristas, ob. cit (252), p. 16. <<

[260] Ídem, ob. cit (251), p. 16. <<

[261] Ídem, ob. cit (251), p. 16. <<

[262] Informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), Nunca más, con prólogo de Ernesto Sábato, Seix Barral/Eudeba, Barcelona, 1985, p. 347. <<

[263] Ídem, ob. cit, p. 349. <<

[264] Ídem, ob. cit, p. 349. <<

[265] Diario 16, Madrid, 20-12-1981. <<

[266] Ídem, id. <<

[267] CONADEP, ob. cit (262), p. 348. <<

[268] Ídem, ob. cit., p. 352. <<

[269] Ídem, ob. cit., p. 352 <<

[270] Ídem, ob. cit., p. 348. <<

[271] Ídem, ob. cit, p. 348. <<

[272] Declaraciones de Julio César Strassera, diario El País, Suplemento dominical, Madrid, 18-10-1987. <<

[273] CONADEP, ob. cit. (262), p. 347, y La Nación, Buenos Aires, 10-4-76. <<

[274] Enrique Vázquez, ob. cit. (245), p. 71. <<

[275] Enrique Vázquez, ob. cit (245), p. 172 <<

[276] Diario La Razón, 22-9-65. <<

[277] Enrique Vázquez, ob. cit (245), pp. 86 y 87. <<

[278] Ídem, ob. cit. (245), p. 172 <<

[279] AIDA, ob. cit. (238), p. 241, y diario La Prensa, Buenos Aires, 19-1-81. <<

[280] Enrique Vázquez, ob. cit (245), pp. 86-87. <<

[281] Ídem, ob. cit., p. 87. <<

[282] Ídem, ob. cit, p. 86. <<

[283] Ídem, ob. cit., p. 84. <<

[284] Ídem, ob. cit., p. 85. <<

[285] Diario Clarín, 26-4-81. <<

[286] Juan Cano Hevia, «Argentina: ¿quién es el enfermo?», Diario 16, 24-1-88. <<

[287] Enrique Vázquez, ob. cit. (245), pp. 84 y 89. <<

[288] Ídem, ob. cit., p. 85. <<

[289] Daniel Frontalini y María Cristina Caiati, El mito de la guerra sacia, Ed. CELS, Buenos Aires, 1984, p. 48. <<

[290] Ídem, id., pp. 48 y 49. <<

[291] Ídem, id., p. 48. <<

[292] John Becker, The Problem of Morality and Low-Intensity Conflict, ponencia presentada en la Conferencia Bienal del IUS (Inter-University Seminar on Armed Forces and Society), Baltimore, Maryland, octubre de 1991. <<

[293] Alain Touraine, America Latina: Política y Sociedad, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, páginas 368-369. <<

[294] Emilio Massera, discurso pronunciado el 2 de octubre de 1981, recogido por Arnold Spitta en su trabajo «El Proceso de Reorganización Nacional, de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica», dentro del libro colectivo El poder militar en la Argentina (1976-1981), Verlag Klaus Dieter Vervuert, Frankfurt (Alemania), 1982, p. 77. <<

[295] Diario La Prensa, Buenos Aires, 9-12-1990. <<

[296] Ámbito Financiero, Buenos Aires, 24-12-1990. <<

[297] Robert Potash, El Ejército y la Política en la Argentina, 2.º tomo, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1982, Epílogo, p. 507. <<

[298] Alain Rouquié, Pouvoir militaire et societé politique en Republique Argentine, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, 1978, p. 609. <<

[299] Alain Rouquié, «El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad», ensayo incluido en la recopilación de varios autores, El pedir militar en la Argentita (1976-81), ADLAF (Asociación de Investigaciones Alemanas sobre América Latina), Verlag Klaus Dieter Vervuert, Frankfurt, 1982, p. 73. <<

[300] Ídem, id., p. 74. <<

[301] Diario La Prensa, Buenos Aires, 7-9-1973. <<

[302] Ídem, id. <<

[303] Ídem, id. <<

[304] Diario El Pais, Madrid, 1-5-1991. <<

[305] Francisco Bendala, Manuel Martín y Santiago Pérez Seoane, La campada de los Malvinas, Ed. San Martin, Madrid, 1985, p. 82. <<

[306] Ídem, pp. 93-94. <<

[307] Alejandro Dabat, «El derrumbe de la dictadura», ensayo incluido en la recopilación La Década Trágica, Ocho ensayos sobre la crisis argentina 1973-198}, Editorial Tierra de Fuego, Buenos Aires, 1984, p. 137. <<

[308] Ídem, p. 138. <<

[309] Horacio Verbitsky, Civiles y militares, memoria serreta de la transición, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1987, pp. 32 y ss. <<

[310] Informe Rattenbach. El drama de Malvinas, Ediciones Espartaco, Buenos Aires, 1988, p. 201. <<

[311] Ídem, p. 202. <<

[312] Ídem, pp. 270 y 271. <<

[313] Ídem, pp. 273 y 274. <<

[314] Ídem, p. 250. <<

[315] Ídem, p. 206. <<

[316] Ídem, p. 207. <<

[317] Ídem, p. 207. <<

[318] Ídem, pp. 250 y 251. <<

[319] Ídem, p. 251. <<

[320] Ídem, p. 287. <<

[321] Ídem, p. 287. <<

[322] Ídem, p. 251. <<

[323] Ídem, p. 287. <<

[324] Ídem, p. 287. <<

[325] Ídem, p. 288. <<

[326] Ídem, p. 250. <<

[327] Ídem, p. 250. <<

[328] Ídem, p. 291. <<

[329] Ídem, p. 293. <<

[330] Ídem, p. 293. <<

[331] Ídem, p. 251. <<

[332] Ídem, p. 251. <<

[333] Ídem, p. 252. <<

[334] Ídem, p. 252 <<

[335] El diario del Juicio, Editorial Perfil, Buenos Aires, 1985, p. 45. <<

[336] Norberto Ceresole, 1988. Crisis militar argentina. Instituto Latinoamericano de Cooperación Tecnológica y Relaciones Internacionales (ILCTRI), Buenos Aires, 1988, p. 112 <<

[337] Ídem, p. 113. <<

[338] Ídem, p. 112 <<

[339] Ídem, pp. 120 y 121. <<

[340] Ídem, p. 122 <<

[341] Ob. cit. (335), pp. 516 y 517. <<

[342] Ob. cit. (335), p. 517. <<

[343] Ob. cit (335), p. 517. <<

[344] Diario Clarín, Buenos Aires, 31-12-90. <<

[345] Ídem, id. <<

[346] Ídem, id. <<

[347] Revista Nueva Tierra, suplemento especial núm. 12, Buenos Aires, enero de 1991. <<

[348] Robert Potash, semanario Noticias, Buenos Aires, 6-12-90. <<

[349] Semanario Noticias, Buenos Aires, 6-12-90. <<

[350] Diarios La Nacida y Clarín, Buenos Aires, 8-12-90. <<

[351] Texto de la «Declaración indagatoria» del coronel Mohamed Alí Seineldín ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el día 15 de diciembre de 1990, diario Página 12, Buenos Aires, 27-1-91. <<

[352] Ídem, id. <<

[353] Ídem, id. <<

[354] Ídem, id. <<

[355] Ídem, id. <<

[356] Horacio Verbitsky, diario Página 12, Buenos Aires, 27-1-91. <<

[357] Diario cit. (351). <<

[358] Harold D. Lasswell, «The Garrison State», revista American Journal of Sociology, enero de 1941, pp. 455 a 468. <<

[359] Jorge Tapia Valdés, El terrorismo de Estado: La Doctrina de la Seguridad Nocional en el Cono Sur, Editorial Nueva Imagen, México D. F., 1980, p. 21. <<

[360] Gino Germani y Kalman Silvert, «Politics, Social Structure and Military Intervention in Latin America», revista European Journal of Sociology, núm. II de 1961. Reeditado seis años después bajo el título Garrison and Government. Politics and the Military in New States por Chandler Publishing Co., 1967, p. 227. <<

[361] Harold Lasswell, «The Garrison State Hypothesis Today», incluido en la obra Changing Patterns of Military Politics, Free Press, Nueva York, 1962, pp. 51-70. <<

[362] Morris Janowitz, Military Institutions and Coertion in the Developing Nations, The University of Chicago Press, 1977, p. 16. <<

[363] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), p. 24. <<

[364] Harold D. Lasswell, ob. cit. (358), pp. 457-458. <<

[365] Alberto R. González, «Menem remeda a Pinochet», diario El Observador, Barcelona, 23-10-1990. <<

[366] D. Yergin, The National Security State, Disertación para el Doctorado (PH. D.), Cambridge University, 1974. Citado por Tapia Valdés (359), p. 24. <<

[367] Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1957, pp. 83-85. <<

[368] Samuel P. Huntington, The Common Defense, Columbia University Press, Nueva York, 1961, pp. 1-25. <<

[369] Samuel P. Huntington, ob. cit. (367), p. 460. <<

[370] Ídem, id., p. 464. <<

[371] Ídem, id., p. 466. <<

[372] Lucien W. Pye, Aspects of Political Development. An Analytic Study, Massachussets Institute of Technology, Little Brown and Co., 1966, pp. 98-88. <<

[373] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), p. 62. <<

[374] Ídem, id., pp. 27-28. <<

[375] Ídem, id., p. 137. <<

[376] Ídem, id., pp. 152-153. <<

[377] Ídem, id., p. 153. <<

[378] Ídem, id., p. 153. <<

[379] Morris Janowitz, Sociology and the Military Stablishment, Russell Sage Foundation, Nueva York, 1959, p. 5. <<

[380] Milan Marinovic, «Fuerzas Armadas y Sociedad: marco teórico para un debate político», revista Sociedad y Fuerzas Armadas, Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, Santiago, marzo de 1990, p. 17. <<

[381] Ídem, id., p. 19. <<

[382] Ídem, id., p. 18. <<

[383] Ídem, id., p. 15. <<

[384] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), pp. 261-262. <<

[385] Ídem, id., p. 90. <<

[386] Richard Gillespie, Soldiers of Perón. Argentina’s Montoneros, Clarendon Press, Oxford, 1982, p. 245. <<

[387] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), p. 25. <<

[388] Irving L. Horowitz, «Militarization, Modernization and Mobilization», texto incluido en Soldiers in Politics, Geron X. Inc., Los Altos, 1974, p. 3. <<

[389] Alfred Vagts, A Study of Militarism. Civilian and Military, The Free Press, Nueva York, 1967, p. 365. <<

[390] A. B. Rattenbach, H. P. Ballester, J. L. García y C. M. Gazcón, Fuerzas Armadas Argentinas: el cambio necesario. Bases políticas y técnicas para una reforma militar, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987, p. 49. <<

[391] Samuel E. Finer, Los militares en la política mundial, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1969, p. 228. <<

[392] Guillermo O’Donnell, 1966-1973: El Estado Burocrático Autoritario. Triunfo, derrotas y crisis, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982, pp. 85-95. <<

[393] Alain Touraine, América Latina: Política y Sociedad, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, p. 368. <<

[394] Guillermo O’Donnell, Modernización y Autoritarismo, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1972, cuadro de la p. 126. <<

[395] Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, vol. Ill del Handbook of Political Science, Greenstein and Polsby Ed., Addison Westley, 1975, y «An authoritarian regime: Spain», en la compilación Mass Politics, de Erie Allardt y Stein Rokkan, Free Press, Nueva York, 1970, pp. 251-283. <<

[396] Alain Touraine, ob. cit. (393), pp. 354-378. <<

[397] Ídem, id., p. 369. <<

[398] Antonio Manna, «Acción y participación: Temas para el debate constitucional», texto incluido en la recopilación Actores e instituciones. Sistema político y Constitución en la Argentina, por Hector Muzzopappa y otros, Fundación Friedrich Ebert, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1989, p. 88. <<

[399] Charles Moskos, «From Institution to Occupation», revista Armed Forces and Society, núm. 4 de 1977, Cabin John, Maryland, pp. 41-50. <<

[400] Charles Moskos, «Institutional/Ocupational Trends in Armed Forces: An Update», revista Armed Forcesd and Society, núm. 3 de 1986, pp. 378. <<

[401] Ídem, p. 379. <<

[402] Ídem, pp. 379 y 380. <<

[404] Charles Cotton, «Institutional and Occupational Values in Canada’s Army», revista Armed Forces and Society, núm. 8 de 1981, pp. 99-110. <<

[405] Marina Nuciari, «Professione militare e modelli interpretative Alcune note di discussione», revista Forarmes, núm. 1 de 1985, pp. 128-163. <<

[406] Hans Radbruch, «Dai valori instituzionali ai valori occupazionali: Mutamento soziale nell’esercito italiano», revista Forarmes, núm. 1 de 1985, pp. 1-35. <<

[407] Dimitrios Smokovitis, De los valores institucionales a los ocupacionales: Tendencias de los militares griegos, ponencia presentada en la Convención sobre «La Institución Militar en el proceso de cambio en España», Madrid, mayo de 1985. <<

[408] Omar L. Gutiérrez Valdebenito, «El soldado profesional versus el soldado ocupacional», revista Sociedad y Fuerzas Armadas, Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, núm. 1 de 1990, pp. 29-48. <<

[409] Morris Janowitz, The Professional Soldier, Free Press, Nueva York, 1960. <<

[410] Samuel P. Huntington, The soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1957, pp. 83-85. <<

[411] Charles Moskos, «Intitutional/Occupational Trends in Armed Forces: An Update», revista Armed Forces and Society, núm. 3 de 1986, p. 382 <<

[412] Morris Janowitz, «From Institutional to Occupational: the Need for Conceptual Clarity», revista Armed Forces and Society, núm. 4 de 1977, pp. 51-55. <<

[413] David R. Segal y Mady W. Segal, «Change in Military Organization», revista Annual Review of Sociology, núm. 9 de 1981, pp. 151-170. <<

[414] David Segal, «Measuring the Institutional/Occupational Change Thesis», revista Armed Forces and Society, núm. 3 de 1986, pp. 351-376. <<

[415] Marina Nuciari, ob. cit. en (405), pp. 139-143. <<

[416] Marina Nuciari, Ídem, id. <<

[417] Giuseppe Caforio, «The Military Profession: Theories of Change», revista Armed Forces and Society, núm. 1 de 1988, p. 59. <<

[418] Amos Perlmutter, Lo militar y lo político en los tiempos modernos, Centro de Asuntos Internacionales, Universidad de Harvard. En España: Ediciones Ejército, Madrid, 1982, cuadro de la p. 22. <<

[419] Ídem, id., p. 48. <<

[420] Ídem, id., cuadro p. 22. <<

[421] Ídem, id., p. 19. <<

[422] Max Weber, Economy and Society, Ed. Guenther Roth & Claus Wittich, The Bedminster Press, Nueva York, 1983, vol. 3, p. 1013. <<

[423] Frederick Mundell Watkins, definición de «pretorianismo» en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, edición de 1933. <<

[424] Amos Perlmutter, ob. cit. (418), p. 132. <<

[425] Ídem, id., p. 132. <<

[426] Ídem, id., pp. 146-147. <<

[427] Ídem, id., pp. 151-157. <<

[428] Ídem, id., p. 145. <<

[429] Ídem, id., p. 237. <<

[430] Ídem, id., p. 237. <<

[431] Ídem, id., p. 239. <<

[432] Ídem, id., p. 239. <<

[433] Ídem, id., p. 242. <<

[434] Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968, pp. 208-221. <<

[435] Liissa North, Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Peru, Institute of International Studies, Berkeley, 1966, p. 60. <<

[436] Amos Perlmutter, ob. cit. (418), p. 241. <<

[437] Ídem, id., p. 240. <<

[438] Ídem, id., p. 241. <<

[439] Ídem, id., p. 253. <<

[440] Ídem, id., p. 253. <<

[441] Ídem, id., p. 255. <<

[442] Ídem, id., p. 255. <<

[443] Ídem, id., p. 258. <<

[444] Ídem, id., p. 259. <<

[445] Ídem, id., p. 257. <<

[446] Ídem, id., p. 264. <<

[447] Ídem, id., cuadro de la p. 275. <<

[448] Diario La Prensa, Buenos Aires, 15-9-77. <<

[449] Diario La Nación, Buenos Aires, 30-9-77. <<

[450] Diario La Nación, Buenos Aires, 30-5-79. <<

[451] Diario La Nación, Buenos Aires, 22-9-79. <<

[452] Diario La Nación, Buenos Aires, 22-3-80. <<

[453] Diario Clarín, Buenos Aires, 12-4-80. <<

[454] Ídem, id. <<

[455] Diario Clarín, 17-4-80. <<

[456] Diario La Nación, Buenos Aires, 22-3-80. <<

[457] Horacio Verbitsky, Civiles y militares. Memoria secreta de la transición, Ed. Contrapunto, Buenos Aires, 1987, pp. 29-30. <<

[458] Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los Derechas Humanos en Argentina, Secretaría General, Washington D. C, 1980. Editado en Argentina por CELS, Buenos Aires, 1984, p. 289. <<

[459] Diario Clarín, Buenos Aires, 20-4-80. <<

[460] Horacio Verbitsky, ob. cit. (457), pp. 29-30. <<

[461] Jorge Grecco y Gustavo González, Argentina: el Ejército que tenemos, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1990, pp. 135-136. <<

[462] Diario Clarín, Buenos Aires, 12-11-82. <<

[463] Horacio Verbitsky, ob. cit. (457), p. 35. <<

[464] Ídem, id., p. 35. <<

[465] Ídem, id., p. 35. <<

[466] Ídem, id., p. 37. <<

[467] Ídem, id., p. 37. <<

[468] Alain Rouquié, «Hegemonía militar, Estado y dominación social», ensayo incluido en la recopilación Argentina, bey, Siglo XXI Editores, México, 1982, p. 18. <<

[469] Mónica Peralta-Ramos, «Toward an Analysis of the Structural Basis of Coertion in Argentina», incluido en From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina, Westview Press Inc., Boulder, Colorado, 1987, pp. 39-68. <<

[470] José Nun, «Latin American Phenomenon: The Middle Class Military Coup», incluido en Trends in Social Science Research in Latin America: A Conference Report, University of California Institute of International Studies, Berkeley, 1965, pp. 55-91. <<

[471] José Nun, «The Middle Class Military Coup», incluido en la obra The Politics of Conformity in Latin America, Ed. Claudio Veliz, Oxford University Press, 1967, p. 125. <<

[472] Amos Perlmutter, Lo militar y lo político en los tiempos modernos, Ediciones Ejército, Madrid, 1982, p. 254. <<

[473] William Thompson, Explanations of the Military Coup, tesis doctoral en la Universidad de Washington, Seatle, 1972, pp. 99-103. <<

[474] Amos Perlmutter, ob. cit. (418), p. 135. <<

[475] Gino Germani y Kalman Silvert, «Politics, Social Structure and Military Intervention in Latin America», incluido en el European Journal of Sociology, vol. II de 1961, pp. 62-81. <<

[476] Ricardo Rodríguez Molas, Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina, EUDEBA, Buenos Aires, 1985, p. 150. <<

[477] William Ebenstein, El totalitarismo, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1965, p. 74. <<

[478] Alfred Stepan, «The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion», incluido en la recopilación Armies and Politics in Latin America, Ed. Abraham Lowenthal (Holmes and Meyer, Nueva York, 1976, pp. 247-249. <<

[479] Robert A. Potash, «The Impact of Professionalism on the Twentieth Century Argentine Military», incluido en el Program in Latin American Studies, Occasional Papers, Series 3, University of Massachussets Press, abril de 1977, p. 8. <<

[480] Alfred Stepan, «The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion», incluido en Autoritarian Brasil. Origins, Policies, and Futuro, Yale University Press, 1973, p. 52. <<

[481] Ídem, p. 51. <<

[482] Alfred Stepan, The military in Politics. Changing Patterns in Brasil, Princeton University Press, 1971, p. 173. <<

[483] Paul W. Zagorski, «Civil-Military Relations and Argentine Democracy», revista Armed Forces and Society, núm. 3 de 1988, p. 410. <<

[484] Jorge Tapia Valdés, El Terrorismo de Estado, la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur, Ed. Nueva Imagen, México D. F., 1980, p. 145. <<

[485] Ídem, p. H3. <<

[486] Daniel R. Headrick, Ejército y política en España (1866-1898), Ed. Tecnos, Madrid, 1981, p. 24. <<

[487] José Nun, «The Middle Class Military Coup Revisited», incluido en Armies and Politics in Latin America, Abraham Lowenthal Ed., Holmes & Meyer Publishers Inc., Nueva York, 1976, p. 49. <<

[488] Samuel E. Finer, «Armed Forces and the Political Process», cuadros incluidos en el Penguin Social Sciences Survey 1968, por J. Gould y otros, Penguin, Harmondsworth, 1986, p. 28. <<

[489] Ménica Peralta-Ramos, ob. cit. (469), p. 40. <<

[490] Alain Rouquié, «El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad», ensayo incluido en la recopilación El poder militar en la Argentina, 1976-81, Verlag Klaus Dieter Vervuert, Frankfurt, 1982, p. 76. <<

[491] Ménica Peralta-Ramos, ob. cit. (469), p. 47. <<

[492] Ídem, p. 40. <<

[493] Ídem, p. 47. <<

[494] Alain Touraine, ob. cit. (393), p. 375. <<

[495] John J. Johnson, The Military and Society in Latin America, Stanford University Press, 1964. <<

[496] T. Moulian y P. Vergara, Estado, ideología y políticos económicas en Chile, 1973-78, CIEPLAN, Santiago, 1979. <<

[497] Alain Touraine, ob. cit. (393), p. 373. <<

[498] Samuel Finer, The man on Horseback, Nueva York, 1962, pp. 87-88. <<

[499] Samuel P. Huntington, «Political Development and Political Decay», revista World Politics, abril de 1965, pp. 386-430. <<

[500] Robert D. Putnam, «Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics», incluido en Armies and Politics in Latin America, Edit. Abraham Lowenthal, Holmes & Meyer Publishers, Nueva York, 1976, p. 90. <<

[501] Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1957, p. 84. <<

[502] Samuel Finer, ob. cit. (498), p. 24. <<

[503] Julio Busquets, Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Planeta, Barcelona, 1982, pp. 96-99 y 100-102 <<

[504] Ídem, pp. 100-102. <<

[505] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), p. 59. <<

[506] Informe Covert Actions in Chile, 1963-1973. Staff Report, y Alleged Assasination Plots Involving Foreign Leaders. An interim Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. U. S. Senate Report n.º 94-465, U. S. Government Printing Office, Washington D. C, 20-11-1975. <<

[507] Martin Edwin Andersen, semanario El Periodista, Buenos Aires, 23-10-1987. <<

[508] Ídem, id. <<

[509] Ídem, id. <<

[510] Ídem, id. <<

[511] Ídem, id. <<

[512] Ídem, id. <<

[513] Ídem, id. <<

[514] Ídem, id. <<

[515] Hipólito Solari Irigoyen. Cita de Cyrus Vance, recogida en Los años crueles, Bruguera, Buenos Aires, 1983, p. 25. <<

515 bis Diario La Prensa, Buenos Aires, 15-1-1982.

[516] Ídem, id., p. 33. <<

[517] Amnistía Internacional, Argentina: los militares ante la Justicia, Londres, 1987, pp. 30 y 31. <<

[518] Simón Lázara, Poder militar, origen, apogeo y transición, Legasa, Buenos Aires, 1988, p. 156. <<

518 bis Alain Rouquié, ob. cit. en (468), p. 17.

[519] Marcos Kaplan, «50 años de historia argentina (1925-75). El laberinto de la frustración», ensayo incluido en la recopilación América Latina: Historia de medio siglo, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 43. <<

[520] Gustavo Druetta, «Diputados y Defensa: radiografía de un poder tenue», ponencia presentada en la Conferencia sobre Fuerzas Armadas, Estado, Defensa y Sociedad, incluida en la recopilación titulada Defensa y Democracia. Un debate entre civiles y militares, Puntosur, Buenos Aires, 1990, p. 225. <<

[521] Ídem, pp. 225 y 226. <<

[522] Ídem, p. 226. <<

[523] Simón Lázara, ob. cit. (518), p. 33. <<

[524] Marcos Kaplan, ob. cit (519), p. 43. <<

[525] Eduardo Tiscomia, El destino circular de la Argentina, edición del propio autor, Buenos Aires, 1983, p. 142. <<

[526] Jorge Tapia Valdés, ob. cit. (359), p. 147. <<

[527] Marcos Kaplan, ob. cit. (519), p. 43. <<

[528] Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, 1965, pp. 219 y 221. <<

[529] Marcos Kaplan, ob. cit. (519), p. 43. <<

[530] Ídem, p. 43. <<

[531] Carl Friedrich y Zbigniev Brzezinski, Dictadura totalitaria y autocracia, Ed. Libera, Buenos Aires, 1975, p. 443. <<

[532] Gustavo Druetta, «Guerra, política y sociedad en la ideología de la corporación militar argentina», revista Critica y Utopia, Buenos Aires, noviembre de 1983, p. 128. <<

[533] Eduardo Luis Duhalde, El Estado terrorista argentino, Argos Vergara, Barcelona, 1983, p. 79. <<

[534] Emilio Mignone, Derechos Húmanos y transición democrática en la sociedad argentina, ponencia presentada en el Schell Center for Human Rights, Universidad de Yale, New Haven, marzo de 1990, p. 67. <<

[535] Emilio Mignone, Ídem, p. 70. <<

[536] Amos Perlmutter, ob. cit. (418), p. 10. <<

[537] Juan Cano Hevia, «Argentina, ¿quién es el enfermo?», Diario 16, Madrid, 24-1-88. <<

[538] Julio Busquets, ob. cit (503), p. 188. <<

[539] Kalman Silvert, The Conflict Society, Ed. American Universities, Nueva York, 1966, p. 222. <<

[540] Daniel Poneman, La democracia argentina, puesta a prueba, Emecé Editores, Buenos Aires, 1988, p. 142 <<

[541] Ídem, p. 143. <<

[542] Kalman Silvert, ob. cit. (539), p. 208. <<

[543] Ídem, p. 222. <<

[544] Raúl Jassen, Seineldin: el Ejército traicionado, la Patria vencida, Ed Verum et Militia, Buenos Aires, 1989. Cita de Aldo Rico en p. 177. <<

[545] Mario Horacio Orsolini, La crisis del Ejército, Editorial Arayú, Buenos Aires, 1964, pp. 52 y 53. <<

[546] Kalman Silvert. Declaraciones del general Luis Rodolfo González en The Conflict Society, Ed. American Universities, Nueva York, 1966, p. 222 <<

[547] Ídem, id., p. 222 <<

[548] Néstor J. Cruces, Hacia otro Ejército posible, Sudamericana/Planeta, Buenos Aires, 198$, P 72 <<

[549] Ídem, id., p. 72. <<

[550] Luis Gazzoli, ¿Cuándo los militares tenemos razón? (de Frondizi a Levingston), Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1973, p. 346. <<

[551] Virgilio R. Beltrán, «Political Transition in Argentina: 1982 to 1985», revista Armó Forces and Society, vol. 13, núm. 2, 1987, pp. 215-233. <<

[552] Informe del Seminario Relaciones chico-militares: la experiencia argentina, organizado por el National Democratic Institute de Washington en Santo Domingo (República Dominicana), texto redactado por William Woodward y Martin Edwin Andersen, del N. D. I., y distribuido» los participantes del seminario, Santo Domingo (R. D.), 16-18 de diciembre de 1988, p. 11 <<

[553] Ídem, id., p. 15. <<

[554] Semanario El Periodista, Buenos Aires, 11-12-1987. <<

[555] Ídem, id., 25-12-1987. <<

[556] Ídem, id., 25-12-1987. <<

[557] Diario La Nación, Buenos Aires, 5-11-1980. <<

[558] Diario La Razón, Buenos Aires, 11-9-1985. <<

[559] Ídem, id. <<

[560] Ídem, id. <<

[561] Ídem, id. <<

[562] Ídem, id. <<

[563] Augusto B. Rattenbach, Horacio P. Ballester, José L. García, Carlos M. Gazcón, Fuenes Armadas Argentinas: El cambio necesario. Bases políticos y técnicas para una reforma militar, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987, p. 11. <<

[564] Ídem, id., p. 13. <<

[565] Ídem, id., p. 14 <<

[566] Ídem, id., p. 15. <<

[567] Ídem, id., p. 16. <<

[568] Ídem, id., p. 49. <<

[569] Ídem, id., p. 121. <<

[570] Ídem, id., p. 122. <<

[571] Ídem, id., p. 122. <<

[572] Ídem, id., pp. 191 y 192. <<

[573] Roger Trinquier, La guerra moderna, Editorial Rioplatense, Buenos Aires, 1963, pp. 37 y 38. <<

[574] Adolfo Gilly, «Las Malvinas, una guerra del capital», ensayo dentro del libro La década trágica, Ed. Tierra de Fuego, México, D. F., 1983, p. 207. <<

[575] Daniel Poneman, La democracia argentina, puesta a prueba, Emecé Editores, Buenos Aires, 1988, p. 142. <<

[576] Alipio Paoletti, Como los mods, como en Vietnam. Los campos de concentración de la dictadura, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1987, p. 210. <<

[577] Ídem, ob. cit., p. 211. <<

[578] Ídem, ob. cit., p. 95. <<

[579] Ídem, ob. cit, p. 33. <<

[580] Ídem, ob. cit., p. 31. <<

[581] Ídem, ob. cit., p. 32 <<

[582] Ramón Genaro Díaz Bessone, Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1976), Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1988, p. 17. <<

[583] Martin Andersen y Antonio López Crespo, semanario El Periodista, Buenos Aires, 31 de enero de 1986. <<

[584] Ídem, id. <<

[585] Ídem, id. <<

[586] Ídem, id. <<

[587] Ídem, id. <<

[588] Ídem, id. <<

[589] Ídem, id. <<

[590] Ídem, id. <<

[591] Ídem, id. <<

[592] Ídem, id. <<

[593] Ídem, id., p. 4. <<

[594] Alipio Paoletti, ob. cit. (576), p. 16. <<

[595] Ídem, id., p. 19. <<

[596] Martin Andersen y Antonio López Crespo, ob. cit. (583), p. 2. <<

[597] Diario 16, Madrid, 20-1-1984. <<

[598] Ídem, id. <<

[599] Diario 16, Madrid, 20-1-1984, y otros medios impresos, entre octubre de 1983 y enero de 1984. <<

[600] Ídem, id. <<

[601] Ídem, id. <<

[602] Ramón Juan Alberto Camps, Caso Timmerman, Punto Final, Tribuna Abierta, Buenos Aires, 1982, p. 00. <<

[603] José Luis Pitarch, Diario abierto de un militar constitucionalista, Fernando Torres Editor, Valencia, 1981, pp. 249 y 250. <<

[604] Análisis jurídico desarrollado en el libro Argentina: los militares ante la justicia, Amnistía Internacional, Londres, 1987, p. 102. <<

[605] Juan Cano Hevia, artículo ya citado (537). <<

[606] Ídem, id. <<

[607] José Luis García. Declaración a Televisión Española, grabada por el autor y citada en el artículo «Obediencia debida: innoble coartada moral», Diario 16, Madrid, 22-6-87. <<

[608] Entrevista del autor con el teniente general Martín Antonio Balza, Jefe del Estado Mayor Genera] del Ejército Argentino, Revista Española de Defensa, Madrid, octubre de 1992, p. 67. <<

[609] Ídem, id. <<

[610] Richard Gillespie, Soldiers of Perón. Argentina’s Montoneros, Clarendon Press, Oxford, 1982, p. 155. <<

[611] La cifras de la guerra sucia, Asamblea Permanente pro Derechos Humanos, Buenos Aires, 1988, cuadro p. 32. <<

[612] Ídem, p. 32 <<

[613] Ídem, p. 44. <<

[614] Ídem, p. 33. <<

[615] Informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), Nunca más, con prólogo de Ernesto Sábato, Seix-Barral/EUDEBA, Barcelona, 1985, pp. 351 y 352. <<

[616] Ídem, p. 351. <<

[617] Ídem, p. 388. <<

[618] Diario Página 12, Buenos Aires, 11-3-1990. <<

[619] Ob. cit. (615), p. 240. <<

[620] Ídem, p. 325. <<

[621] Ídem, pp. 240, 241 y 235. <<

[622] Ídem, p. 324. <<

[623] Ídem, p. 329. <<

[624] Ídem, pp. 329 y 330. <<

[625] Ídem, pp. 330 y 331. <<

[626] Ídem, p. 331. <<

[627] Ídem, p. 327. <<

[628] Ídem, p. 328. <<

[629] Ídem, pp. 328 y 329. <<

[630] Ídem, p. 23. <<

[631] Ídem, p. 23. <<

[632] Ídem, p. 23. <<

[633] Ídem, p. 22. <<

[634] Ídem, p. 22. <<

[635] Ídem, p. 356. <<

[636] Ídem, p. 356. <<

[637] Ídem, pp. 356 y 357. <<

[638] Ídem, p. 356. <<

[639] Ídem, p. 357. <<

[640] Ídem, p. 358. <<

[641] Ídem, pp. 357 y 358. <<

[642] Ídem, p. 358. <<

[643] Ídem, p. 359. <<

[644] Ídem, p. 359. <<

[645] Ídem, p. 360. <<

[646] Ídem, p. 244. <<

[647] Ídem, p. 245. <<

[648] Ídem, pp. 243 y 244. <<

[649] Ídem, p. 244. <<

[650] Ídem, p. 242. <<

[651] Ídem, p. 243. <<

[652] Ídem, p. 243. <<

[653] Ídem, p. 236. <<

[654] Ídem, p. 237. <<

[655] Ídem, p. 237. <<

[656] Ídem, p. 237. <<

[657] Ídem, p. 238. <<

[658] Ídem, p. 239. <<

[659] Ídem, p. 235. <<

[660] Ídem, p. 235. <<

[661] Ídem, p. 235. <<

[662] Ídem, p. 236. <<

[663] Ídem, p. 236. <<

[664] Ídem, pp. 250 y 251. <<

[665] Ídem, p. 251. <<

[666] Ídem, p. 241. <<

[667] Ídem, p. 239. <<

[668] Ídem, pp. 239 y 240. <<

[669] Ídem, p. 44. <<

[670] Informe de AIDA (Asociación Internacional fiara la Defensa de los Artistas víctimas de la represión en el mundo), Julio Cortázar, Miguel Ángel Estrella, Mercedes Sosa y otros, Argentina: cómo matar la cultura, Ed Revolución, Madrid, 1981, p. 254. <<

[671] Ídem, ob. cit., p. 238. <<

[672] Ídem, ob. cit., p. 239. <<

[673] Ídem, ob. cit., p. 239. <<

[674] Enrique Vázquez, ob. cit. (245), p. 205, y Buenos Aires Herald, 30-11-78. <<

[675] Ídem, ob. cit. (245), p. 205, y Buenos Aires Herald, 30-11-78. <<

[676] AIDA, ob. cit. (670), p. 242, y diario Le Monde, París, 13-12-78. <<

[677] Enrique Vázquez, ob. cit. (245), p. 206. <<

[678] AIDA, ob. cit. (670), pp. 241 y 242, y diario La Prensa, Buenos Aires, 25-5-1978. <<

[679] AIDA, ob. cit. (670), p. 246, y revista Para ti, Buenos Aires, enero de 1977. <<

[680] Ídem, ob. cit., p. 93. <<

[681] Ídem, ob. cit., p. 93. <<

[682] Ídem, ob. cit, pp. 91 y 92, y diario La Prensa, Buenos Aires, 20-10-78. <<

[683] Ídem, ob. cit, pp. 89 y 90, y diario La Prensa, Buenos Aires, 2-11-78. <<

[684] Ídem, ob. cit., p. 95, y diario Clarín, 14-9-80. <<

[685] Ídem, ob. cit., p. 89. <<

[686] Ídem, ob. cit, p. 211. <<

[687] Ídem, ob. cit., pp. 212 y 213. <<

[688] Ídem, ob. cit., pp. 207 y 208, y revista Resumen, Buenos Aires, 15-12-80. <<

[689] Ídem, ob. cit., p. 208, y revista Resumen, Buenos Aires, 15-12-80. <<

[690] Ídem, ob. cit., p. 131, y diario La Prensa, Buenos Aires, 8-11-77. <<

[691] Ídem, ob. cit., p. 132, y diario La Prensa, Buenos Aires, 16-6-80. <<

[692] Ídem, ob. cit., p. 132, y diario La Prensa, Buenos Aires, 16-6-80. <<

[693] Ídem, ob. cit., p. 132, y diario La Prensa, Buenos Aires, 18-3-79. <<

[694] Ídem, ob. cit., pp. 131-132, y diario La Prensa, Buenos Aires, 8-8-79. <<

[695] Ídem, ob. cit., p. 139, y diario La Prensa, Buenos Aires, 2-7-80. <<

[696] Ídem, ob. cit., p. 137, y diario La Prensa, Buenos Aires, 2-7-80.

Ídem, ob. cit., p. 137, y diario La Prensa, Buenos Aires, 18-8-79. <<

[697] Ídem, ob. cit., pp. 134-135. <<

[698] Ídem, ob. cit., p. 87. <<

[699] Ídem, ob. cit., p. 87. <<

[700] Ídem, ob. cit., p. 88. <<

[701] Eduardo Luis Duhalde, ob. cit. (533), p. 71. <<

[702] AIDA, ob. cit. (670), p. 106. <<

[703] Ídem, ob. cit., p. 106. <<

[704] Ídem, ob. cit., p. 88. <<

[705] Ídem, ob. cit., p. 103, y Eduardo Galeano, revista Alternativa, Malmö, Suecia, mayo de 1978. <<

[706] Julio Cortázar, Argentina: Años de alambradas culturales, Muchnik Editores, Barcelona, 1984, p. 7. <<

[707] Peter Waldmann, ob. cit. (18), p. 211. <<

[708] Ídem, id., p. 212. <<

[709] Daniel Frontalini y María Cristina Caiati, El mito de la guerra sucia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 1984, p. 72. <<

[710] Ramón J. Camps, diario La Prensa, Buenos Aires, 4-1-81. <<

[711] El terrorismo en la Argentina, Autoría y Edición: Poder Ejecutivo Nacional (1.ª Junta Militar), Buenos Aires, noviembre de 1979, pp. 117 y 118. <<

[712] Diario La Prensa, Buenos Aires, 27-3-82. <<

[713] Ob. cit. (711), p. 117. <<

[714] Ídem, p. 117. <<

[715] Ídem, p. 118. <<

[716] Ídem, p. 118. <<

[717] Ídem, p. 118. <<

[718] Ídem, p. 118. <<

[719] Ob. cit. (709), p. 63. <<

[720] Ob. cit. (709), p. 63, y Alberto Silva, diario La Opinión, Buenos Aires, 1-XI-1975. <<

[721] Ob. cit. (711), pp. 221 a 242. <<

[722] Ob. cit. (709), pp. 67 a 71. <<

[723] Ídem, cuadro p. 71. <<

[724] Ídem, cuadro p. 71. <<

[725] Ídem, p. 70. <<

[726] Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la subversión y el terrorismo, editado por el Registro Oficial, Buenos Aires, 23-4-83. Dato sobre el número de subversivos, recogido también por el informe de la CONADEP, ob. cit. (615), y por Frontalini y Caiati, ob. cit. (709), p. 12. <<

[727] El derecho a la libertad, Autoría y edición: Ejército Argentino, Buenos Aires, 1980, pp. 47 y 48. <<

[728] Ídem, id., pp. 48 y 49. <<

[729] Ídem, id., p. 47. <<

[730] Ídem, id., p. 49. <<

[731] Jacobo Timerman, «Preso sin nombre, celda sin número», fragmentos del libro de este título, traducidos de la primera edición (norteamericana) y reproducidos por Diario 16, Madrid, 20-4-1981. <<

[732] Ídem, id. <<

[733] Francesco Cossiga, revista La Semana, Buenos Aires, 5-5-1983. Cita recogida por Frontalini y Caiati, ob. cit. (709), p. 73. <<

[734] Revista Aviones de Guerra, vol. 2, núm. 17, Planeta-Agostini, Barcelona, 1987, pp. 341 a 345. <<

[735] Revista Aviones de Guerra, vol. 4, núm. 47, Planeta-Agostini, Barcelona, 1987, pp. 923 y 924. <<

[736] Ídem, id., p. 925. <<

[737] Ídem, id., p. 924. <<

[738] Ídem, id., p. 922 <<

[739] Francisco Bendala, Manuel Martín y Santiago Pérez Seoane, La campaña de las Malvinas, Editorial San Martín, Madrid, 1985, pp. 68, 69 y 70. <<

[740] Ídem, id., p. 129. <<

[741] Ídem, id., p. 145. <<

[742] Ídem, id., p. 149. <<

[743] Benigno Héctor Andrada, Guerra aérea en las Malvinas, Emecé Editores, Buenos Aires, 1987, p. 158. <<

[744] Ídem, id., p. 159. <<

[745] Ídem, id., pp. 160 y 161. <<

[746] Ídem, id., p. 162. <<

[747] Francisco Bendala y otros, ob. cit. (739), p. 82. <<

[748] The Sunday Times Insight Team, Una tara de la moneda: la guerra de las Malvinas, Editorial Hispanoamérica, Buenos Aires, 1983, pp. 376 y 377. <<

[749] Martín A. Babea, Military Review, Escuela de Comando y Estado Mayor, Fort Leavenworth, Kansas, mayo-junio de 1985, p. 6. <<

[750] Ídem, Id., p. 6. <<

[751] Ob. cit. (748), p. 375. <<

[752] Julian Thompson, No picnic (No fue un paseo): Actuación de la 3* Brígida de Comandos de Infantería de Marina Británica en la guerra de las Malvinas, 1982, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1987, p. 236. <<

[753] Ídem, id., p. 21. <<

[754] Ídem, id., p. 236. <<

[755] Francisco Bendala y otros, ob. cit. (739), p. 77. <<

[756] Ídem, id., p. 78. <<

[757] Ídem, id., p. 154. <<

[758] Ídem, id., pp. 154 y 155. <<