Índice

Portada

Dedicatoria

Cita

Prólogo

Introducción

Primera parte. De la estafa de la Transición a la llegada de Zapatero

CAPÍTULO 1. ¿Cuándo se jodió España?

CAPÍTULO 2. La etapa de Felipe González

CAPÍTULO 3. La etapa de José María Aznar

CAPÍTULO 4. Un atentado múltiple trae a Zapatero, y todo lo que pueda ir mal irá mal

CAPÍTULO 5. Conclusiones sobre el modelo de Estado que nos ha llevado a la ruina

Segunda parte. La crisis económica y social

CAPÍTULO 6. La crisis inmobiliaria, el aviso de la Inspección y el punto de inflexión

CAPÍTULO 7. La crisis financiera internacional

CAPÍTULO 8. La crisis del sistema financiero español

CAPÍTULO 9. MAFO falsea el crecimiento y Zapatero gana de nuevo

CAPÍTULO 10. Camino a la depresión

Tercera parte. Quo Vadis Hispania?

CAPÍTULO 11. Zapatero encuentra la solución a la crisis mundial: prohibirla por ley

CAPÍTULO 12. Las otras crisis sectoriales

CAPÍTULO 13. ¿Está en quiebra España? La deuda bruta supera el 400 por ciento del PIB

CAPÍTULO 14. Egipto tuvo sus plagas, España a Zapatero

CAPÍTULO 15. Rubalcaba, Rajoy y Rosa Díez

EPÍLOGO ¿Y cómo se arregla España?

Notas

Créditos

A mi mujer Isabel y a mi hijo Alfonso, que están a mi lado
en estos tiempos procelosos, para que conozcan la verdad de lo sucedido

Miré los muros de la Patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados...
entré en mi casa y vi que era despojos...
y no hallé cosa en que poner los ojos.

«Miré los muros»,
FRANCISCO DE QUEVEDO

Prólogo

Conocí a Roberto Centeno de una manera que —los más— calificarían de casual y yo me inclino por considerar providencial. Ojeando un día las páginas de un periódico de tirada nacional, tropecé con un artículo de economía que leí con verdadera satisfacción. Su contenido exacto se me ha ido de la memoria, pero me consta que me sorprendió la manera en que el autor, sin pelos en la lengua, deshacía, de forma contundente y documentada, uno de los muchos mitos que durante dos mandatos se ha dedicado a propalar el Gobierno presidido por ZP. Para remate, según indicaba el texto, el autor era catedrático universitario e imagino que el hecho de encontrarme con un docente de nuestra malhadada enseñanza superior que sabía de sobra de lo que hablaba, que lo exponía con claridad y que, por añadidura, no tenía miedo a enfrentarse con el poder me conmovió. O el personaje no existía y era una broma de la redacción del periódico o, en caso de que fuera real, se trataba, sin duda, de un mirlo blanco.

Para descubrir si, efectivamente, aquel sujeto desconocido para mí era como a mí me daba la impresión o, por el contrario, se trataba de un toque de flauta excelente, pero brotado de la casualidad, como en el caso del conocido asno, lo invité al programa que yo dirigía a la sazón. Recuerdo que lo estuve entrevistando por espacio de unos tres cuartos de hora y que aquella noche Roberto Centeno superó mis expectativas más optimistas. Era, como se desprendía del artículo, una persona que sabía de lo que hablaba y que, por añadidura, se expresaba de manera comprensible, coherente y sólida. Pero, para colmo, a todo ello sumaba un denuedo propio del legionario de la famosísima canción. Ahora no cabía duda. Roberto Centeno era un fuera de serie, e inmediatamente le ofrecí que se incorporara a la tertulia económica de mi programa. A fin de cuentas, reunía lo que yo siempre he buscado en los contertulios de los programas que he dirigido: que conozcan muy bien el tema, que lo expongan para que lo entienda cualquiera que pase por la calle y que no estén enfeudados a ningún partido, sindicato o iglesia, independientemente de cuáles puedan ser sus simpatías ideológicas o sus creencias religiosas.

A pesar de que era un recién llegado, de que el programa llevaba años disfrutando de un notable éxito de audiencia —nunca antes de que yo asumiera la dirección tuvo tanto y mucho menos nunca después, ya que en los últimos años ha perdido más del cincuenta por ciento de los oyentes— y de que los economistas que participaban en él eran extraordinarios, Roberto Centeno apenas necesitó unas pocas semanas para convertirse en un personaje extraordinariamente popular. Al gran público le entusiasmaba aquel profesor duro como el pedernal y ocurrente como un bardo que dejaba las cosas más claras que el agua cristalina de los arroyuelos y que, sobre todo, le cantaba las verdades al lucero del alba, fuera éste el nefasto Solbes, la incompetente Salgado, el manirroto Gallardón o los siempre codiciosos nacionalistas.

Durante aquellos primeros años, Centeno chocó más de una vez con algún compañero de tertulia por sus posiciones, pero no recuerdo que el tiempo desmintiera jamás lo que propugnaba. A lo sumo, los oyentes de Centeno encontraron que sus apreciaciones tardaban en cumplirse un par de meses más de lo preconizado. No puede extrañar que cuando, finalmente, aquella cadena en la que yo dirigía el programa de la noche decidió prescindir de la independencia mediática y optar por una programación más deportiva, yo ofreciera a Roberto Centeno que continuara siendo contertulio de economía en «La noche de César» y que él aceptara. Ambos sabíamos que comenzábamos de cero, pero también cuál era el valor seguro y el que no iba a dejar de perder enteros.

Ahora, a dos años de distancia, me pide Roberto Centeno que prologue este libro suyo en el que aborda el desastre económico en que se encuentra sumida nuestra nación y las razones para llegar a donde hemos terminado desgraciadamente recalando. Siempre he entendido que el prólogo lo escribe alguien que sabe, si no más, al menos tanto como el prologado, y no es necesario que insista en que resulta obvio que ése no es mi caso. A decir verdad, mi conocimiento de la disciplina económica se limita a haber obtenido las máximas calificaciones en las asignaturas de Derecho dedicadas a la misma, a haber leído a los clásicos y a escuchar a especialistas como el propio Centeno. No paso, pues, de ser un aficionado. Vaya pues por delante que he aceptado la misión —que sé que debía haber declinado— fundamentalmente por imperativo de amistad y de gratitud.

Plantea Centeno en las siguientes páginas una tesis que también han suscrito Alberto Recarte o Mikel Buesa, la de que nuestra crisis económica no es la causa de la mala situación política sino que, por el contrario, la más que criticable estructura de nuestro actual sistema político ha terminado por llevarnos a la crisis. Centeno dista mucho de comulgar con esos mitos sobre nuestra Transición que la presentan como una especie de octava maravilla política. No fue así y, de hecho, buena parte de nuestros problemas actuales —quizá los más graves— derivan directamente de no haber realizado las tareas entonces de la mejor manera. Sin duda, la Transición tuvo virtudes, como su carácter pacífico, su defensa de la reconciliación nacional o su paso de un régimen a otro sin sobresaltos. Sin embargo, todos esos aspectos vinieron acompañados por la constitución de una partitocracia que no responde, en realidad, ante los ciudadanos y por un poder otorgado a los partidos nacionalistas catalanes y vascos que se ha traducido en la erosión del sistema constitucional y en la ruina económica. Ciertamente, ZP —al que Centeno considera un verdadero traidor exactamente igual que, por ejemplo, ha afirmado en público Mikel Buesa— ha significado el paroxismo de esos pecados originales en actuaciones increíblemente dañinas, como el impulso al inconstitucional estatuto de Cataluña, la búsqueda de un pacto con ETA, la estúpida política exterior y, en general, la incompetencia gravísima en temas de enorme trascendencia. Independientemente de lo que muchos puedan pensar, lo cierto es que el PSOE ha perpetrado la política más antisocial que cabía esperar multiplicando la cifra de desempleados, acabando con la solidaridad nacional, favoreciendo a oligarquías como la catalana, eximiendo a los más ricos de la carga impositiva que cae sobre las clases medias y seguramente dañando de manera irreversible el Estado del bienestar en áreas como la educación.

Todo este proceso degenerativo que ahora sufrimos, pero cuyas raíces son anteriores a los desastrosos años de gobierno de ZP, lo expone Centeno con su conocimiento sólido, su exposición impecable de argumentos y, de manera especial, su punch difícilmente igualable. Por añadidura, indica cómo podríamos salir de este abismo al que nos han arrastrado los políticos, los centros de poder y sus terminales mediáticas. Considero, por lo tanto, más que recomendable la lectura de este libro y, sobre todo, no me cabe duda de que los que se acerquen a sus páginas lo disfrutarán, porque en ellas encontrarán al mejor Centeno explayándose sin límite de tiempo. No quiero yo retrasarles ese deleite. Adelante.

CÉSAR VIDAL
Madrid, septiembre de 2011

Introducción

En septiembre de 2011, la situación económica de España era sencillamente crítica. En palabras del conocido gurú Nouriel Roubini, famoso por haber previsto la crisis del sistema financiero ya en 2006, «España se encuentra en el borde del abismo y con los pies colgando». Pero no sólo es la economía; el desastre al que nos ha llevado una casta política parasitaria, irresponsable y venal nacida en la Transición es también social, educativo y moral. El daño que estos irresponsables han infligido a nuestra gran nación es el mayor producido en tiempos de paz en toda nuestra larga Historia, y se necesitarán varias generaciones —un siglo según el profesor Velarde— para repararlo.

Los nombres de los responsables del hundimiento final son bien conocidos: Zapatero y Rubalcaba —el hombre que destruyó la enseñanza pública en nuestro país—, y Solbes y Fernández Ordóñez específicamente en lo económico. Pero las bases que lo hicieron posible comenzaron mucho antes, con la irresponsabilidad y la falta de sentido del Estado de los «padres» de la Transición, cuyo momento álgido, el «café para todos», fue una barbaridad histórica que daría paso a un modelo de Estado único en el mundo —económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventarían diecisiete autonomías, contrarias en su mayoría a la realidad histórica y objetiva de España— y a una partitocracia totalitaria que impide la democracia tal como se la conoce en el mundo occidental y que se repartiría España como si fuera un solar.

Por ello hay que decir desde el principio que es inaceptable, es inmoral, es indigno que el mito de una «Transición modélica» se mantenga por más tiempo. Y aunque los desastrosos efectos de la misma son ya absolutamente evidentes y cada vez mayor el número de análisis y trabajos que desmontan esta gigantesca patraña, es hora ya de poner a cada uno en su sitio para que los responsables de este desatino respondan ante las nuevas generaciones y ante la Historia. Como me diría mi amigo Camilo José Cela: «Si los responsables de este desastre tuvieran vergüenza, se habrían pegado un tiro.»

En octubre de 1982, el Partido Socialista arrasaría en las elecciones generales, aniquilando literalmente a los irresponsables de UCD, que desaparecería para siempre, abriendo así grandes expectativas de un lado y grandes temores de otro. La etapa de Felipe González duraría más de trece años, y su partido mantendría la mayoría absoluta durante tres legislaturas, aunque para la cuarta tendría que pactar con los nacionalistas catalanes. A pesar de tan largo período y de las mayorías tan rotundas, que le darían un margen de maniobra inigualado, las grandes expectativas de los ciudadanos se demostrarían, como siempre ha ocurrido con el socialismo, absolutamente erróneas.

El inmenso caudal de esperanzas depositado en Felipe González se convirtió pronto en el culto al pelotazo; en la destrucción, que no la reconversión, de la industria; en errores estructurales tremendamente dañinos para la competitividad, como la moratoria nuclear; en la mayor concentración de renta y riqueza de la historia de España en manos de unos pocos amigos del poder; en unas diferencias salariales jamás alcanzadas; en una negociación desastrosa de la entrada en Europa, y, lo que es infinitamente peor, en cesiones tan disparatadas como innecesarias a las autonomías y los nacionalistas, y en la destrucción de la enseñanza pública a todos los niveles.

Sin embargo, las grandes empresas y las grandes fortunas, que habían temido la llegada del socialismo al poder, encontrarían en él un formidable aliado para enriquecerse como jamás habían soñado. González les entregaría a precio de saldo los grandes monopolios energéticos propiedad del pueblo español (el mayor expolio de la historia industrial de España) y eximiría a las grandes fortunas del pago de la mayoría de los impuestos a través de la creación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV); al final de su mandato, dejaría la nación sumida en una profunda crisis económica y social.

Una crisis que abriría la puerta al cambio. Fue la hora de Aznar, que ganaría las elecciones generales en marzo de 1996. Todos sus esfuerzos iniciales se concentraron en cumplir los criterios de Maastricht para poder entrar en el euro, cuya creación había sido decidida unos meses antes en la reunión del Consejo Europeo en Madrid. Para ello, Aznar utilizaría a un hacendista mítico, Pepe Barea, que desde la Oficina Económica de Moncloa realizaría los recortes necesarios para equilibrar nuestra economía, de forma que a finales de 1997 España cumple todos los criterios y se convierte así en socio fundador del euro, algo que Solbes, último ministro de Hacienda de González, había declarado que era imposible.

Sin embargo, llevados de una ola de entusiasmo indescriptible, nadie se tomaría la molestia de analizar los pros y los contras de la entrada en el euro, y el tiempo ha demostrado que dicha entrada ha sido un error histórico. El euro, que puede ser una bendición para países con gobiernos responsables, ha sido un desastre para países con gobiernos insensatos, como desgraciadamente es nuestro caso. La entrada en el euro, como ha señalado acertadamente Alberto Recarte, significó para España el abandono de todas las reformas estructurales, la integración en una área económica en la que los tipos de interés eran cinco veces inferiores a los habituales, y la capacidad de endeudarse sin límite, que impulsaría el crecimiento, pero orientado esencialmente a las inversiones especulativas, y no a las productivas, a la vez que profundizaría una cultura del pelotazo y del gasto público sin límites.

Esta oleada de dinero barato y casi ilimitado, desastrosamente gestionado y peor utilizado, acabaría arruinando al país. Pero ya es tarde para dar marcha atrás. En un estudio publicado en septiembre de 2011 por el banco suizo UBS, se señala que el coste de la salida o expulsión del euro sería brutal: suspensión de pagos del Estado, cierre masivo de empresas, colapso del sistema financiero, paro salvaje... España perdería sólo en el primer año entre el 40 y el 50 por ciento del PIB, aunque el coste económico sería el menor de los problemas; las consecuencias sociales y políticas serían peores. Según el mencionado banco suizo, la Historia demuestra que estas situaciones llevan a graves revueltas sociales, lo que conduce inevitablemente a la instalación de un Gobierno militar o autoritario para contener o reprimir el desorden social, con el riesgo de producir una división interna o una guerra civil.

El supuesto modelo económico de Aznar-Rato del que frecuentemente se habla, y que como también nos recuerda Alberto Recarte fue sólo de Aznar, redujo el déficit público, reactivó la actividad económica e hizo descender el nivel de paro, pero no sentaría las bases para un crecimiento sostenido y estable, y al final de su mandato los desequilibrios económicos eran claramente insostenibles. Aznar renunciaría a presentarse a un tercer mandato y nombraría a Rajoy como sucesor, un procedimiento perfectamente antidemocrático. Y aunque todas las encuestas le daban como vencedor, los atentados del 11-M, los más sangrientos jamás cometidos en España y en Europa, cambiarían el sentido del voto de los españoles, y darían la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, momento a partir del cual todo lo que podría salir mal saldría mal.

Zapatero nombraría a Pedro Solbes, cuya incompetencia había quedado ampliamente probada tanto como ministro de Hacienda de González, cuando dejaría quebrado al país, como en la UE como comisario de cuota nombrado por el PSOE. Ninguno de los dos haría absolutamente nada por enderezar los crecientes desequilibrios, antes al contrario, los acentuarían. Ambos veían cómo la economía crecía de día en día sin que ninguno supiera por qué, aunque Zapatero, un ignorante y un iletrado, creía que era por su mera presencia.

A mediados de 2006, la Inspección del Banco de España enviaría un demoledor informe a Solbes sobre la imposibilidad de continuar por ese camino, advirtiendo de los serios riesgos para la economía y el sistema financiero del endeudamiento masivo en que estaban incurriendo. Solbes no sólo no haría ningún caso, sino que además, en la primavera de 2007, cuando era evidente el inminente estallido de la burbuja inmobiliaria, hizo un llamamiento a que continuara el endeudamiento de familias y empresas, porque según este irresponsable no había ninguna burbuja y cuanto más se endeudaran las familias más ricas serían, ya que los activos que compraban, normalmente viviendas, sólo podían subir de precio. Si esto lo hubiera hecho en Estados Unidos, ahora mismo estaría en la cárcel.

Cuando en agosto de 2007 estalla la crisis financiera internacional, y siendo España el país más endeudado del planeta, Solbes y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), el gobernador del Banco de España nombrado por Zapatero, afirmarían con una desvergüenza y un cinismo absolutos que esa crisis no nos afectaba y que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo, algo que todavía Zapatero repetiría solemnemente en 2009, cuando casi la mitad del mismo estaba quebrado. Antes de las elecciones de marzo de 2008, MAFO manipularía las cifras de crecimiento para que Zapatero pudiera afirmar que, mientras el resto del mundo se estaba hundiendo en una profunda crisis, España seguía creciendo y, en consecuencia, no existía ninguna crisis.

Sorprendentemente, una vez ganadas las elecciones, lo racional hubiera sido reconocer la crisis y haber empezado a actuar contra ella, pero siguieron manteniendo la ficción, y comenzaron financiar el insostenible gasto con déficits públicos crecientes, que en 2011 totalizaban un despilfarro de casi 500.000 millones de euros, o el 50 por ciento del PIB. Mucho peor aún, Zapatero derogaría todos los límites de endeudamiento de comunidades autónomas (CC. AA.) y ayuntamientos, algo que definitivamente nos llevaría a la ruina. El incremento del gasto y del endeudamiento de las administraciones territoriales sería exponencial y no sometido a control alguno; tanto, que a día de hoy son responsables del 80 por ciento del gasto público, mientras que el Estado ha quedado tan increíblemente mermado, que ya no hay dinero suficiente para financiar España. A efectos comparativos, en los Estados Federales, los gastos no centralizados son de media el 30 por ciento, casi la tercera parte que los nuestros.

El negacionismo fue tal que los razonamientos empleados por el inepto de Zapatero merecen ser conservados en la antología del disparate. Después de acusarnos de catastrofistas y antipatriotas a quienes advertíamos del desastre a finales del 2008, cuando la economía estaba cayendo en vertical y se destruían puestos de trabajo por cientos de miles, afirmaría: «Sabéis que el pesimismo no crea puestos de trabajo. Desde luego yo nunca me subiría a un barco en que el capitán tuviera dudas. Yo sólo me subo a un barco en que el capitán tenga plena confianza en cómo nos van a salir las cosas.» Pero ¿cómo un memo de este calibre ha podido llegar a ser nuestro presidente? ¿Es posible acaso decir una estupidez mayor? Y en 2009, ya en plena fase de hundimiento, afirmaría: «No estamos en una crisis económica, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.» Y la economía española estaba cayendo al 4 por ciento oficial y al 8 por ciento real.

Y también en 2009, con la mitad del sistema financiero quebrado, afirmaría: «Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional.» Y el colmo del ridículo, cuando nuestra renta per cápita venía cayendo desde 2006, afirmaría en Nueva York ante el asombro y el pitorreo generalizado de la prensa económica internacional: «Ya hemos superado a Italia en renta per cápita —lo que era falso— y pronto superaremos a Francia, lo que enfada mucho a mi amigo Sarkozy.» Sarkozy nunca ha sido su amigo, y desde siempre ha sentido un profundo desprecio por el personaje.

De esta manera, Zapatero negaría la crisis cuando el crecimiento se hundía y el paro crecía exponencialmente, y sólo en mayo de 2010, cuando los mercados se nos cerraron de golpe, reconocería la crisis, pero las medidas que adoptaría serían no sólo manifiestamente insuficientes, sino algunas, como el Plan E, una forma de tirar el dinero de los españoles por el fregadero. A día de hoy, la deuda bruta de España supera el 400 por ciento del PIB; la pública, el ciento por ciento sumando todo: deuda computable y no computable, deuda con proveedores, avales al sistema financiero que en su mayoría jamás serán devueltos, y estimación de la deuda territorial oculta, a la vista de lo encontrado con los cambios de gobierno.

El paro supera los seis millones, sumando a la EPA los dos grandes colectivos excluidos: parados «desencantados», aquellos que en la semana anterior a la encuesta no buscaron activamente un trabajo, entre 400.000 y 500.000, y que el INE clasifica como inactivos, y parados que la nueva metodología de encuesta califica de empleados a tiempo parcial, a mayor gloria de Zapatero, entre 500.000 y 600.000. El gasto público casi dobla los ingresos por cuarto año consecutivo, porque CC.AA. y ayuntamientos parece que no se han enterado de la crisis, y lo que es peor, la Seguridad Social ha entrado en una espiral de déficit insostenible: agosto ha sido terrorífico, con 138.800 afiliados menos.

La carga de intereses supera el 3,5 por ciento del PIB, incluyendo las administraciones territoriales, no hay financiación para empresas y familias, y el crecimiento es cada vez menor, 0,7 por ciento interanual oficial, y entre el –3 y el –4 por ciento, medido por indicadores independientes. Y mientras tanto, el empobrecimiento de las familias, que comenzaría hace dos años por primera vez desde los años cincuenta, llega al punto de que han agotado todas sus reservas. El ahorro en el primer trimestre 2011 ha caído al 4,4 por ciento de la renta disponible (9.240 millones) casi la mitad de hace un año, cantidad que ya es insuficiente para abordar el pago de las hipotecas (13.030 millones).

Durante julio de 2011, la prima de riesgo de España escalaría hasta los 400 puntos básicos —un nivel de intervención de haberse mantenido por encima del mismo durante unas semanas—, los mercados se cerrarían y siguen cerrados para la mayoría de bancos y empresas españolas. En la última semana del mes, España necesitaba urgentemente un rescate, dado que, si la situación se prolongaba unas semanas, el colapso financiero era inevitable. A la vista de la situación, Merkel y Sarkozy autorizarían al BCE la compra masiva de deuda española, un rescate encubierto, lo que aliviaría de inmediato la presión de los mercados sobre la misma y haría bajar la prima de riesgo por debajo de los 300 puntos. Pero no sería gratis. La condición para recibir dicha ayuda era un techo constitucional, algo que luego quedaría en papel mojado.

Zapatero, Solbes y MAFO han arruinado a esta gran nación, sólo por ello deberían sentarse en el banquillo como en Islandia han sentado al primer ministro, mientras que el ministro de Economía y el gobernador del Banco de Islandia ya han sido condenados y están en la cárcel, porque algunos políticos incapaces o malvados no se pueden ir a su casa de rositas después del gigantesco daño que han causado. No sólo hay que echarles de sus poltronas, los tres deben ser procesados.

Y en el caso de Zapatero y de Rubalcaba, la situación es infinitamente peor. De una ETA derrotada, aislada política y mediáticamente en 2004, se ha pasado a que por primera vez en la historia del mundo civilizado se ha legalizado a una banda de asesinos, sin haber entregado las armas y sin haber renunciado a la lucha armada. Además, con los votos del Partido Socialista, Zapatero les entregaría el gobierno de una de las provincias más ricas de España, Guipúzcoa, y en un acto de suprema locura Zapatero ordenaría que se les diera acceso a las bases de datos de Hacienda, de forma que esta banda de asesinos tiene hoy acceso a los datos fiscales y personales de todos los españoles. Y después de las elecciones del 20-N, estos asesinos tendrán probablemente grupo propio en el Parlamento de España, a la que han jurado destruir. Se trata del mayor acto de presunta traición cometido en nuestro país desde hace más de mil años.

Madrid, septiembre de 2011

PRIMERA PARTE
De la estafa de la Transición a la llegada de Zapatero

CAPÍTULO 1

¿Cuándo se jodió España?

Aunque muchos ciudadanos prefieran las falsas ilusiones a la realidad, España se desliza hacia un desastre económico y social sin precedentes, cuyo momento culminante será la quiebra directa o indirecta de las cuentas públicas, algo que en la práctica se produjo en agosto 2011, cuando nuestra prima de riesgo superó los 400 puntos, que es un nivel de quiebra, situación que sería salvada temporalmente por las compras masivas de deuda española por el Banco Central Europeo (BCE), a cambio de que se introdujera un límite de deuda en la Constitución.

En todo caso, a partir de ahora, con un endeudamiento total bruto del país superior en cuatro veces el PIB, un gasto de las administraciones públicas (AA. PP.) fuera de control y que casi dobla los ingresos, la renta de las familias cayendo y el paro subiendo, nos espera, en palabras del economista jefe de Bloomberg para Europa, «un largo valle de sombras», donde van a hacer agua todas las grandes conquistas sociales, que tanto esfuerzo, sudor y lágrimas han costado a varias generaciones de españoles, desde la clase media al sistema de pensiones, pasando por Sistema Nacional de Salud y las prestaciones a los parados, que ya han reconocido que son insostenibles.

Y al desguace educativo, social y moral de la sociedad que hoy vemos casi concluido, y la mayor ruina económica conocida en tiempos de paz, que afecta a las propias raíces de la generación de riqueza, se añade la aprobación de un Estatut que convierte a España en una colonia, y la ya mencionada legalización de una banda de asesinos. Todo esto es responsabilidad exclusiva de José Luis Rodríguez Zapatero, pero las bases que han hecho posible este desastre comenzaron mucho antes.

Y la pregunta entonces, parafraseando a Mario Vargas Llosa, es «¿Cuándo se jodió España?».¹ El origen de todos nuestros males es claro e inequívoco: la irresponsabilidad y la falta de sentido de Estado de los «padres» de la Transición, cuyo momento álgido fue el «café para todos», daría paso a una barbaridad histórica, un modelo de Estado único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventarían diecisiete autonomías, contrarias en su mayoría a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que impide la democracia tal como se la conoce en el mundo occidental, somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado, e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas, que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos pueden llegar a contar hasta cinco veces más que los del resto de los españoles.

Por ello es inaceptable, es inmoral, es indigno que el mito de una «Transición modélica» se mantenga por más tiempo, y aunque cada día son más evidentes los desastrosos efectos de la misma, y cada vez mayor el número de análisis y trabajos que desmontan esta gigantesca patraña, ya es hora de poner a cada uno en su sitio, y que los responsables de este desatino respondan ante las nuevas generaciones y ante la Historia.

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo

La Transición española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte del general Franco, fue una oportunidad casi irrepetible para cambiar los destinos de España. Para los «historiadores» oficiales fue «el período en que España abandona el régimen autoritario² del general Franco, y pasa a regirse por una Constitución que consagra un Estado Social, Democrático y de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Sin embargo, nada más lejos de la realidad: resulta casi imposible acumular tantas falsedades en tan poco espacio.

La intención de los padres de la Transición nunca fue dotar a los españoles de una democracia real, sino de un simulacro, una democracia tutelada por la nueva casta política autoproclamada, que iba a decidir todos los asuntos importantes para España y para los españoles en petit comité, que era lo que más les gustaba y lo único que sabían hacer los «revolucionarios de café» que decidieron nuestro destino. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sería su verdadero lema; lo importante lo discutían y decidían los barones centristas y socialistas, y luego, a través de los medios que controlaban absolutamente, nos lo imponían. ¿Cómo iban a saber los españoles, pobres ignorantes, lo que convenía España y a ellos? Las consecuencias serían desastrosas: todo sería lo contrario a lo proclamado.

España no es un Estado social. Desde entonces, las diferencias entre ricos y pobres se han incrementado exponencialmente. La mayoría de la clase trabajadora —más de un 50 por ciento— vive en lo que en una sociedad industrializada se consideraría mínimo de supervivencia —lo que hoy denominamos «mileuristas»—, y la clase media, el mayor logro social del régimen de Franco, se encuentra en vías de desaparición, mientras una clase social muy alta, que ni siquiera paga impuestos, se enriquece en forma jamás vista en nuestra historia. En concreto, a principios de 2011, un 90 por ciento de las familias estaba perdiendo renta real, un 60 por ciento casi no podía llegar a fin de mes y un 23 por ciento estaba por debajo del umbral de la pobreza. El índice de miseria —paro más inflación— se había duplicado desde 2007.

Con la dictadura partitocrática se iba a producir la mayor diferencia de rentas y la mayor concentración de riqueza de la historia de España, por encima de la originada por la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, cuando se expropiaron los grandes latifundios de la Iglesia y se repartieron entre unos pocos, enviando a millones de campesinos que encontraban su sustento en esas tierras a la más absoluta miseria. Las diferencias salariales pasan de 1 a 50 en los años sesenta a 1 a 300 en el momento actual, y en cuanto a riqueza, el 10 por ciento más rico de la población posee el 60 por ciento de la riqueza de la nación, y el 1 por ciento más rico el 24 por ciento, casi el doble de la media europea.

España no es una democracia. Los ciudadanos no pueden elegir directamente a sus representantes como en el resto de países democráticos, sólo pueden elegir entre unas listas cerradas elaboradas por una nueva casta política parasitaria; la dictadura de Franco fue sustituida por una dictadura partitocrática coronada, incompetente y venal, llamada «monarquía parlamentaria», en la que más de mil diputados nacionales y provinciales a los que nadie ha votado manejan presupuestos enormes sin control alguno y nombran a dedo como empleados públicos a cientos de miles de personas en razón de parentesco, amistad o filiación política: una corrupción institucional y personal como jamás se había conocido en este país.

Una prueba reciente del poder de esa casta política es que mientras el movimiento de los «indignados» nacido en 2011 exigía a los principales partidos listas abiertas, circunscripciones únicas y escaños proporcionales al número de votos, socialistas y populares han introducido una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para boicotear a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria con obstáculos que para la mayoría resultarán insalvables. Esta modificación significa que necesitarán la firma, al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo de la circunscripción electoral, y su efecto es tan brutal que 88 de los 98 partidos o coaliciones que presentaron listas en las elecciones generales de 2008 no podrán concurrir en futuros comicios. Es decir, socialistas y populares, con el apoyo de CiU y PNV, se burlan de los «indignados» y de los ciudadanos para blindarse e impedir aún más una verdadera democracia.

España no es un Estado de Derecho. Un país donde todas las instituciones destinadas a contrapesar el poder ejecutivo —fundamentalmente el poder judicial y sus más altas instancias— están controladas por el poder político no es un Estado de Derecho, es una democracia bolivariana, o si lo prefieren, una república bananera.

De hecho, los «valores superiores» como la libertad no existen en amplias zonas de España, porque o te matan o te marginan socialmente, y tienes que abandonar la tierra que te vio nacer, como han tenido que hacer 350.000 vascos —un número mayor que los votos obtenidos por el partido filoterrorista Bildu legalizado por Zapatero—, en el curso de la mayor limpieza étnica ocurrida en Europa desde la segunda guerra mundial, mientras se legaliza a una banda de asesinos, algo que no ha ocurrido jamás en el mundo civilizado. O como no poder estudiar en español, la lengua común, o no poder rotular en español, pero sí en francés, inglés o chino. Y en cuanto a la igualdad, no consigues un trabajo si no hablas la lengua local. La justicia, totalmente corrompida por el poder político, o el pluralismo político, es una patraña cuando sólo, salvo en territorio nacionalista, dos partidos ostentan el monopolio del mismo.

Nunca quisieron la democracia real, todo se negociaría bajo cuerda

Adolfo Suárez, principal artífice de la Transición, decidió desde el principio y por razones tácticas establecer una democracia representativa limitada, basada en los partidos políticos, y con un sistema electoral impuesto unilateralmente, deformando las proporciones de participación en su propio beneficio, o al menos eso es lo que creía. Suárez sometió su Ley para la reforma política a referéndum, en el que sólo podía optarse por el «sí» o el «no». Como el «no» era, según la patraña difundida por la nueva casta política, la incertidumbre y el miedo a un nuevo enfrentamiento civil, sólo podía ganar el «sí», la «libertad sin ira», es decir, la demagogia en estado puro, porque el enfrentamiento civil no se hubiera producido en ningún caso.

Las negociaciones bajo cuerda, a espaldas de los ciudadanos, con unos y con otros, se convertirían en norma de conducta, llevarían a cesiones, ambigüedades y contradicciones de todo tipo, en las que en ningún momento se plantearía ni por unos ni por otros el interés de España y de los españoles. Sólo intereses cortoplacistas y las conveniencias partidistas de los protagonistas fueron tenidas en cuenta: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y como nosotros somos el pueblo, todo para la casta política y sin el pueblo. La falta de responsabilidad y de patriotismo de los protagonistas, en un momento histórico trascendental, resulta sobrecogedora.

Así, las elecciones de junio de 1977, en las que ganó Unión de Centro Democrático (UCD), un partido de aluvión creado por Suárez, cuyo común denominador era la ambición ilimitada y provinciana de la mayoría de sus dirigentes, permitieron la creación de instituciones predemocráticas para repartirse España como si fuera un solar. Y con una irresponsabilidad como rara vez ha sucedido en nuestra historia, decidieron iniciar la fragmentación política y económica de una de las naciones más antiguas de Europa, concediendo la autonomía provisional «a las regiones cuyos diputados, constituidos en asamblea parlamentaria, así lo soliciten», es decir, a quien le viniera en gana.

La causa era el ansia de poder de los barones de UCD, de los socialistas —que después de cuarenta años de vacaciones, en las que no hicieron oposición alguna al franquismo, vieron aquí la oportunidad única de hacerse con un inmenso botín de riqueza y de poder, con el que nunca llegaron a soñar— y de los nacionalistas, por lo que todos apoyaron esta fragmentación de España con absoluto entusiasmo, a la vez que se presentaban ante una opinión engañada, desinformada y apática como los grandes salvadores de la patria que nos habían devuelto la democracia. El modelo de Estado, la Ley Electoral y la Carta Magna con la que los padres de la Transición engañaron a los españoles han sido un fraude democrático y una estafa sin precedentes a toda una nación.

Para comprender mejor lo que sucedió y por qué, refiero aquí un hecho del que fui testigo, y que resume a la perfección cómo aquellos insensatos tomaban decisiones trascendentales que afectaban al futuro de la nación a largo plazo en función exclusivamente de sus miserables intereses particulares a corto plazo. El País Vasco y Navarra mantenían un régimen fiscal nacido en las guerras carlistas, y pensado para una economía básicamente agraria. Al terminar la guerra civil, el general Franco, en base a las lealtades y deslealtades al alzamiento, suprimió los fueros en Guipúzcoa y Vizcaya y los mantuvo en Álava y Navarra. Se trataba de un anacronismo fiscal inaceptable en una sociedad moderna y democrática, y durante la Transición, el entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, dentro de una ambiciosa reforma fiscal y dada la supuesta igualdad de todos los españoles, decidió suprimirlos definitivamente.

Sin embargo, los cabezas de lista de UCD por Guipúzcoa y Vizcaya, Marcelino Oreja y Rodríguez Sahagún, respectivamente, ambos pesos pesados en el partido, no sólo se opusieron tajantemente, sino que además exigieron que el régimen foral fuera restituido a las dos provincias por las que se presentaban, con el increíble argumento de que si no se hacía así, UCD perdería las elecciones en ellas. Fernández Ordóñez se negó en redondo, y entonces los dos barones de UCD recurrieron al presidente Suárez, quien ordenó a su ministro de Hacienda la restitución del régimen foral, haciendo oídos sordos a la fundada argumentación de que eso era un disparate y una injusticia histórica para el resto de España. Suárez y todos los barones insistieron y Fernández Ordóñez tuvo que claudicar, aunque ciertamente podía y debía haber dimitido.

Todos los errores y los vicios posibles en una sociedad: incompetencia, egoísmos, falta de sentido de Estado, se darían profusamente durante la Transición, y su resultado sería un desastre sin precedentes, que en el mejor de los casos habrá sembrado el odio y el enfrentamiento entre las regiones españolas, hundido la economía y destruido los grandes logros sociales que tanto costó conseguir. Y en el peor, habrá destruido una de las naciones más antiguas de Europa. Alguien debería responder por ello.

Mitos y mentiras de la Transición

Engaño a todo un pueblo

La historia oficial ha construido una gigantesca farsa, un mito idílico sobre la Transición, que se mantiene porque así conviene a los grandes monopolistas del poder —la dictadura partitocrática corrupta— a la Monarquía frente a la que se ha hecho la vista gorda en numerosas cuestiones, a los grandes banqueros, medios de comunicación y empresarios. Éstos se han enriquecido hasta límites inimaginables en un corto período de tiempo, gracias al expolio de los españoles que el sistema nacido de la Transición permite.

La primera de las grandes mentiras del mito de la Transición es el «enorme logro» que supuso conseguir el cambio de la dictadura a la democracia. Aunque formalmente sea así, no tiene mérito alguno porque no fueron los «padres» de la Transición sino los franquistas quienes se lo entregaron, porque no podían hacer otra cosa, ya que el mantenimiento de una dictadura personal a la muerte de Franco, en medio del mundo desarrollado y democrático, era algo metafísicamente imposible, como lo ha sido el mantenimiento de las dictaduras comunistas del Este de Europa, incomparablemente más férreas y consolidadas, y que sin embargo no han tenido que hipotecar su futuro para dar ese paso.

Más aún, el propio Franco contaba con ello porque lo veía inevitable. Mas allá del retórico «atado y bien atado» y de las mentiras de seudohistoriadores izquierdistas como Paul Preston, el propio Don Juan Carlos cuenta (¿y quién lo iba a saber mejor que él?) que, cuando le pidió consejo sobre cómo gobernar, la respuesta de Franco fue contundente e inequívoca: «En eso me es imposible aconsejarlo, usted es muy diferente a mí, pero, sobre todo, el mundo actual es muy diferente al que yo me encontré; actúe usted siempre como mejor crea para el bien de España.» La clase política franquista sabía que no tenía el menor poder real ni la menor posibilidad de mantener la situación, y por ello no opuso la menor resistencia al cambio. Los partidos comunistas y la nomenklatura de los países del Este, infinitamente más poderosos y organizados que los cuatro fascistas de opereta de nuestro país, también se dieron cuenta de que era imposible detener el curso de la Historia y se apuntarían al cambio.

Pero el asunto es más grave aún. Adolfo Suárez era perfecto conocedor de que el franquismo no se iba a oponer en absoluto a la democratización del país, por la simple y sencilla razón de que Franco así se lo había hecho saber personalmente. Se trató de una conversación entre Franco y Adolfo Suárez, que entonces era secretario general del Movimiento, en los días postreros del régimen, y que Luis Herrero relata en uno de sus libros. En dicha conversación, Franco preguntó a Suárez: «¿Entonces cree usted que la democracia es inevitable?», a lo que Suárez respondió: «Así es, Excelencia, estoy absolutamente convencido de ello», y la respuesta de Franco, perfectamente en línea con su conversación con Don Juan Carlos, fue: «Bueno, pues qué le vamos a hacer, pero por lo menos tendrán que procurar que ganen los nuestros.»

Es decir, el general Franco tenía perfectamente asumido que la democracia era inevitable; no le gustaba, pero, como era una persona pragmática, pensaba que al menos había que intentar que fueran «los nuestros» quienes ganaran. Esta anécdota es absolutamente cierta. Fernando Abril me la relataría con otras palabras en los interminables paseos por su despacho de Castellana a las tres de la madrugada, hablando de la crisis del petróleo y de todo lo divino y lo humano, ya que Fernando tenía el horario de trabajo más endiablado que he conocido jamás, le gustaba hablar más que a nadie y era realmente muy ameno.

Suárez y su entorno inmediato sabían, igual que el Rey, que la democracia no sólo era inevitable, sino que no había otra opción, y que el franquismo, más allá de figuras aisladas como Blas Piñar o Utrera Molina, que no pintaban nada, no iba a resistirse al cambio. Por ello resulta absolutamente incomprensible que montaran la farsa de traer la democracia como si de un hecho épico se tratase, porque aunque no hubieran hecho nada, que es justo lo que habían hecho, absolutamente nada, la democracia habría llegado de todas formas. Lo que hicieron en realidad, fingiendo vencer mil y una dificultades para conseguirla, fue crear los mecanismos jurídicos necesarios para poder repartirse España.

Por otro lado, y eso no debemos olvidarlo, el franquismo jamás tuvo una oposición democrática, sólo la oposición de totalitarios y terroristas, es decir, del Partido Comunista y de ETA. Esta organización habría desaparecido sin la ayuda de la izquierda, que, con la mala conciencia de no haber hecho nada en cuarenta años, vio en los asesinos que la integraban una aureola romántica, que también vieron los nacionalistas vascos y parte de la iglesia vasca. Todos ellos dieron a tales criminales una gran fuerza y un protagonismo que ha culminado en su reciente legalización por parte de un indigno Tribunal Constitucional a las órdenes del Partido Socialista. La misma UCD, que aceptaba como dogma la superioridad moral de la izquierda, contemplaría sin mover un dedo el reforzamiento de la banda.

Tres grandes patrañas: la reconciliación, la modernización y la separación de poderes

La segunda de las grandes mentiras fue el Pacto Constitucional que supuestamente lograba la reconciliación, la modernización de la nación y la separación de poderes. Nada más lejos de la verdad. La Constitución de 1978 fue, como veremos en el punto siguiente, una chapuza monumental, una Carta Magna con más agujeros que un queso emmental y en la que las cesiones de soberanía fueron casi ilimitadas, por la irresponsabilidad sin límites de los líderes de UCD, y por una falta total de sentido de Estado por parte del Partido Socialista, algo por otra parte consustancial a él.

Respecto a la reconciliación, ya había sido asumida de una manera natural antes de la Transición por la inmensa mayoría de la población. Santiago Carrillo, presunto responsable de la mayor masacre de la guerra civil con gran diferencia —casi cinco mil hombres, mujeres y niños fueron asesinados en Paracuellos y el cementerio de Aravaca, y no pocos enterrados vivos, frente a las 130 personas que morirían en el bombardeo de Guernica—, o Lluís Companys, un genocida que se jactaba de haber «exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña», serían glorificados sin problemas. Más aún, el rector Ángel Gabilondo —quede su nombre para memoria y desprecio de los españoles de bien— invistió a Carrillo doctor honoris causa por la Universidad de Madrid, donde perpetró sus mayores fechorías. Sólo Zapatero ha pretendido un nuevo enfrentamiento entre los españoles, con la mal llamada «memoria histórica».

En cuanto a la modernización de la nación, hay que señalar que la afirmación es simplemente una broma: la nación ya estaba modernizada, y lo que se hizo fue exactamente lo contrario, desindustrializarla con la llamada «reconversión industrial» realizada por Felipe González, y terciarizarla. Asimismo, se destruyeron la enseñanza pública y la universidad —la actual es infinitamente de peor calidad que durante el franquismo—, expulsando al profesorado más capacitado y sustituyéndolo por personas sin conocimientos y sin aptitud docente e investigadora, nombrados por amiguismo y credo político.

La división de poderes prácticamente ha desaparecido. Como afirmaría Alfonso Guerra, número dos del PSOE con Felipe González, «Montesquieu ha muerto» —si lo sabrá él, que ha sido uno de los principales responsables de tamaña tropelía—, y una democracia sin división de poderes no es una democracia, es una burla como la que estamos sufriendo todos los días. Y ésta es precisamente la tercera gran patraña, la afirmación de que dotaron a España de una democracia moderna y representativa de los intereses de los ciudadanos y de la nación. La Ley para la reforma política impuesta por Suárez por decreto ley fue el triunfo de la chapuza y del regate corto para soslayar la herencia política del régimen anterior, pero no introducía por sí misma un régimen democrático, enterrado por un sistema electoral manifiestamente antidemocrático, y por la decisión de financiar los partidos políticos con cargo al Estado.

La casta política parasitaria

Lo primero que preocupaba a los nuevos padres de la Patria no era el futuro de España y de los españoles, sino cómo conseguir perpetuarse en el poder y cómo meter la mano en la caja impunemente, es decir, cómo llegar a ser la nueva casta política parasitaria creada por la Transición. El sistema electoral elegido, el sistema d’Hont, garantizaba un plus de representación a los partidos nacionales mayoritarios, algo que encantaba y encanta a la UCD y al PSOE, pero estos irresponsables no se dieron cuenta, y si lo hicieron fue una felonía, de que los partidos regionales o nacionalistas se beneficiaban desproporcionadamente de los votos obtenidos en sus feudos. El sistema electoral que nos sería impuesto es el sistema menos democrático de toda Europa. España carece de la principal seña de identidad de una democracia: la capacidad del pueblo de elegir a su gobierno y a la cámara legislativa sin listas impuestas por nadie. Somos el único país europeo donde no existe relación alguna entre los diputados electos y sus votantes: los ciudadanos no pueden elegir directamente a sus representantes, éstos dependen exclusivamente del partido que les nombra, y es al partido y sólo al partido ante quien deben responder.

Cuando el partido lo exija, votarán sin pestañear en contra del interés de sus votantes, de sus promesas electorales y de sus propias convicciones, algo que ha ocurrido con frecuencia en asuntos trascendentales, desde el Estatuto de Cataluña al expolio del Archivo Histórico de Salamanca, pasando por los planes de rescate bancario, todo según lo que a la dirección del partido le parezca más conveniente en cada momento. Además, se trata de un sistema absolutamente antidemocrático por otra razón esencial. No cumple con la condición fundamental de toda democracia: un ciudadano, un voto. Aquí el voto de una persona puede valer hasta seis veces el voto de otra, en función de la circunscripción en que se encuentre, porque no existe una circunscripción única que garantice la igualdad, sino circunscripciones diferentes a efectos electorales. ¿Cabe acaso algo más antidemocrático y disparatado?

La Constitución de 1978: la catástrofe de las autonomías

Una Carta Magna con más agujeros que un queso emmental

Con estos mimbres, y como no podía ser de otra manera, la Constitución de 1978 fue el resultado de un simple intercambio de votos estratégicos entre los diferentes partidos, fruto de la cesión, el trapicheo, y los acuerdos secretos. Por ello no es de extrañar que tengamos una Carta Magna con más agujeros que un queso emmental, llena de disparates, contradicciones y ambigüedades en las cuestiones esenciales, pero, ante todo y sobre todo, un texto en el que, con una irresponsabilidad suicida, se sientan las bases de la destrucción de la nación.

La Constitución de 1978 ha destruido la unidad administrativa, ha destruido la unidad de mercado, ha destruido todas las referencias éticas y morales, y ha destruido el sentimiento patriótico de España. Se puede ser patriota catalán y se aplaude, se puede ser patriota vasco y se aplaude, pero no se puede ser patriota español, eso es puro fascismo para la izquierda y sus palmeros, y no se atreven a definirse como tales los acomplejados de la derecha. «No hay nada que más me fastidie que un patriota español», me diría el exministro socialista Carlos Solchaga en un debate en CNN+ hace algunos años, y eso que Solchaga presume de «españolista». Le contesté que me parecía un insulto a los españoles, y que si de verdad lo pensaba, que renunciara a la nacionalidad. Los autores visibles de este despropósito fueron siete, queden sus nombres para conocimiento de todos los españoles actuales y futuros.

Gabriel Cisneros (UCD)
Miguel Herrero de Miñón (UCD)
José Pedro Pérez-Llorca (UCD)
Gregorio Peces Barba (PSOE)
Miquel Roca (Pacto Democrático por Cataluña)
Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España)
Manuel Fraga (AP)

Pero estas siete personas eran sólo los portavoces, los «chicos de los recados» sin fuerza real para cambiar nada importante. Los verdaderos artífices fueron sus jefes políticos, Suárez por un lado y González por otro, y más directamente sus respectivas manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra, que todo lo discutían y todo lo pactaban en forma secreta completamente al margen de los ciudadanos, a los que no se consideraba dignos de saber cómo se estaba decidiendo su destino.

La Constitución fue aprobada en el Congreso, ¿cómo no, si el conjunto de congresistas eran un rebaño de paniaguados nombrados a dedo?, pero el Senado, donde existían numerosas personas de prestigio nombradas de forma independiente, no aceptó el texto, por lo que finalmente tuvo que ser retocado en una Comisión mixta Congreso-Senado creada al efecto, donde el mercadeo, la componenda y las presiones alcanzaron cotas nunca vistas. El resultado fue el engendro que denominamos «Constitución española», una Carta Magna que jamás ha sido utilizada para unir y construir sino sólo para desunir y destruir.

Ya no se trata sólo de que el texto constitucional sea entre ambiguo e infumable en muchos aspectos esenciales, sino que además, en las cuestiones más claras, perfectamente lógicas y aceptables por todos, la realidad posterior se ha concretado en sentido absolutamente contrario al mandato constitucional, de forma que la Constitución se ha convertido en la práctica en mero papel mojado, pues además las altas instancias jurídicas que deben interpretarlo han sido nombradas por el poder político, y no pueden hacer otra cosa que plegarse a los deseos y caprichos. La fórmula de jurar o prometer, impuesta a los altos cargos de la nación («cumplir y hacer cumplir la Constitución»), es una burla y una befa hacia los españoles. Veamos algunos ejemplos de incumplimientos sangrantes en temas esenciales:

Para tratar de controlar todos los despropósitos, de los que sus autores eran perfectamente conscientes, se reservaron para las Cortes y el Gobierno dos instrumentos de armonización y control: la ley de bases y la alta inspección. Pero para no molestar a los nacionalistas-separatistas catalanes y vascos, ni se ha legislado lo necesario, ni cuando se ha hecho se ha inspeccionado su cumplimiento; de hecho, la inspección ha desaparecido. El articulado social del que comunistas y socialistas se enorgullecieron, como el que todos tengamos derecho a una vivienda digna, a un empleo o a una pensión decente, ha quedado en una broma siniestra. Y así mil y un incumplimientos, que convierten la Carta Magna en una estafa pura y dura a los españoles. Lógicamente, la evolución hasta la situación terminal que vivimos en la actualidad fue gradual. La catástrofe autonómica fue creciendo paso a paso, el control político del poder judicial y de las instituciones se desarrolló en varias etapas; la conversión de la Carta Magna en papel mojado, del que ya nadie respeta nada con total naturalidad e impunidad, también.

En definitiva, las decisiones tomadas por los padres de la patria durante la Transición, que nos fueron impuestas mediante el engaño, el miedo y la propaganda masiva, constituyen en su conjunto un auténtico desastre nacional, y conducen inequívocamente, a no ser que se produzca un giro de ciento ochenta grados, a la ruina y la destrucción de la nación española.

La catástrofe de las autonomías

Pero sería en las autonomías y en las corporaciones locales donde los padres de la Transición encontrarían el inagotable pesebre para la nueva casta política parasitaria creada por ellos. Diecisiete reinos de taifas, varios de ellos obsesionados por constituirse como nación, con sus Parlamentos, sus instituciones, sus coches oficiales, sus televisiones y sus miles de empresas públicas, donde colocar a decenas de miles de familiares sin ningún tipo de control, donde gastar también sin control alguno. Era la desvertebración de España: diecisiete sistemas sanitarios diferentes que han acabado por no poderse financiar, diecisiete sistemas educativos contradictorios y a cual peor, en muchos de los cuales hasta se niega la propia realidad de España como nación, peleas entre regiones, donde se blindan privilegios, prebendas y hasta los ríos. ¿Cuántos centenares de miles de cargos públicos perfectamente inútiles? ¿Cuántas decenas de miles de miles de millones de euros despilfarrados, saqueados, expoliados? Esto fue lo que hicieron los padres de la Transición.

Pero, lo que es aún peor, han estado centrifugando España, destruyendo la idea de nación. «España ya es marginal en Cataluña», diría Maragall, socialista de toda la vida, y muchos se lo tomaron a broma, pero era en serio. Proclamas de identidad nacionalista, que nada tienen que ver ni con la realidad histórica ni con las verdaderas necesidades de los ciudadanos. La unidad de la lengua, un patrimonio histórico que se ha forjado a lo largo de siglos, y que el invento de estos miserables destruiría en muchas regiones, un invento que ha venido siendo fuente de todo tipo de corrupciones, de desmesura en el gasto, del amiguismo y del nepotismo.

A esto se suma el asunto de los ayuntamientos democráticos, ya que en lugar de optar por la elección directa de alcaldes, como en el resto de las democracias, y mantener las instituciones locales como ámbitos de gestión, se optó por la orgía partidista, por los políticos de turno con su legión de enchufados, de forma que donde había diez funcionarios pusieron a cien.

Sorprendentemente —o tal vez no, porque la capacidad de los políticos para afirmar que lo negro es blanco o que los burros vuelan es ilimitada—, muchos «padres» de la Transición continúan resaltando sin que les tiemblen el pulso ni la voz lo magnífico de su actuación. Uno de ellos resumió recientemente así en un diario nacional su punto de vista: «Aquellos a los que el tiempo nos encontró trabajando ilusionada y sufridamente —el sufrimiento y el trabajo de estas pobres gentes fue realmente inenarrable, yo estaba allí y vi en primera persona cómo sufrían para arreglar España tomándose una cerveza con gambas— para que la España del posfranquismo consiguiera ser lo que los padres del 98 habían predicado y nunca desde entonces conseguido: un país democrático, moderno y próspero.»

Hay que tener una cara dura fuera de lo común para calificar de moderna la fragmentación de una de las naciones más antiguas de Europa en diecisiete regiones, absolutamente injustificadas e innecesarias, con la única finalidad de repartirse España y expoliar impunemente a los españoles. Y para poder expoliar y despilfarrar a placer, el antiguo cuerpo de interventores locales sería disuelto «por ser una reminiscencia del franquismo», y éste es un asunto central: ¿es que a estos irresponsables que siguen contando mentiras en todos los medios les parece democrático, moderno y europeo desmantelar el principal sistema de control del gasto autonómico y local? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Cómo pueden hablar de prosperidad, cuando estos ineptos detendrían en seco el formidable crecimiento de los quince años anteriores y llevarían el país a la ruina, de la que tendría que sacarnos Fuentes Quintana con los Pactos de la Moncloa. Pero además el daño sería permanente: jamás llegaríamos al nivel de convergencia con la UE-9, la Europa rica, alcanzado en 1975. Y en cuanto a «país democrático», llamar democracia a la dictadura partitocrática implantada es un insulto más a los españoles.

«Los españoles estuvieron a la altura de las circunstancias y aprovechando un conjunto de felices circunstancias —entre las que siempre habrá que poner de protagonistas al Rey Juan Carlos I y al presidente del Gobierno Adolfo Suárez— lograron que la regeneración no fuera sólo una reclamación poética sino además y sobre todo una realidad popular y nacional, de la que la Constitución del 78 es testigo y horma.»³ Los españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como un rebaño de borregos, que fueron a donde sus «pastores», la nueva casta política parasitaria y los medios para quienes la libertad iniciaría un negocio y una capacidad de influir y chantajaer con el que jamás habían soñado, les dijeron, y votaron lo que les dijeron. Y que la Constitución del 78, una chapuza de aluvión, pero sobre todo que es papel mojado, porque su articulado se incumple masivamente y no pasa nada, sea horma de algo, resulta simplemente ridículo.

«Si fueran hombres, los responsables de este desastre se habrían pegado un tiro»

Y ahora resulta que los que vemos que el Rey está desnudo, y tenemos la osadía de decirlo, somos «aprovechadores de la confusión, que se lanzan a diversas enmiendas a la totalidad», y sólo hay una cosa que hacer «sin renunciar al regeneracionismo que tan buenos resultados nos dio a partir de 1975: hacer que la Constitución se cumpla».⁴ Pero si la Transición ha dado excelentes resultados, ¿dónde están? ¿En el modelo de Estado que nos llevaría a la ruina?, ¿en la fragmentación arbitraria de esta gran nación?, ¿en la mayor corrupción institucional y personal de nuestra historia propiciada por las reglas de juego de la Transición?, ¿en la distribución más injusta de la renta y la riqueza conocida jamás y propiciada también por las reglas de la Transición? Porque todo esto no ha sucedido porque se han utilizado perversamente las sabias disposiciones de los padres regeneracionistas, por la «gratuita vesania del Gobierno socialista en los últimos siete años»,⁵ que por supuesto también. No, todo estaba escrito en el disparatado guión inicial, y otro resultado distinto al desastre económico y político era imposible. Es verdad que Zapatero lo ha acelerado y agudizado, pero hubiera sucedido igualmente sin él.

Creo que los padres de la Transición merecen el juicio más severo de los españoles y de la historia. Lo que han hecho a este país, tirando por la borda la mejor ocasión que hemos tenido de democratizar y modernizar esta gran nación, por su incompetencia, por su egoísmo y por su falta de sentido de Estado, simplemente no tiene perdón de Dios. No sé cómo tienen la desvergüenza de seguir defendiendo lo indefendible. La mejor definición de lo que deberían hacer me la daría una noche en una cena mi gran amigo Camilo José Cela: «En España ya no quedan ni vergüenza ni hombres; si los hubiera, los responsables de este desastre se habrían pegado un tiro.»

El hundimiento económico: los Pactos de la Moncloa

Ningún economista ni persona informada puede dudar que el equipo que dirigió la economía española desde el Plan de Estabilización en 1959 hasta la muerte de Carrero Blanco en 1972 fue el mejor que hemos tenido nunca. Este grupo de personas, en sólo doce años, conseguiría convertir un país atrasado y tercermundista en un país industrial y desarrollado. El año 1975 supondría el fin del mayor proceso de crecimiento de toda nuestra historia. Durante el mismo, el PIB había sido multiplicado por tres, la renta per cápita había pasado de 3.000 a 10.000 dólares, pero lo más relevante fue el grado de convergencia con los nueve países de la entonces CEE, que alcanzaría el máximo de todos los tiempos. La primera crisis del petróleo, pero sobre todo la incompetencia absoluta de los gobiernos de UCD para enfrentarse con la misma, pondría fin bruscamente a este período de crecimiento.

Convergencia real: treinta y seis años perdidos

Desde la muerte de Franco, España ha padecido un proceso de divergencia real respecto a la media europea. Por supuesto, la renta española ha aumentado, pero menos que la de los países de nuestro entorno. Desde el punto de vista económico, han sido treinta y seis años perdidos en el proceso de nuestro acercamiento a la Europa más rica. Esto es un hecho esencial e incontrovertible para juzgar los treinta y seis años de partitocracia antidemocrática y corrupta que nos impusieron los padres de la Transición, y que la inmensa mayoría de los ciudadanos desconoce, entre otras razones, porque la casta política parasitaria ha hecho todo lo que ha estado en su mano para ocultarlo.

Sin embargo esto no es un juicio de valor, es un hecho perfectamente cuantificable y en consecuencia incontrovertible. En 1993, Enrique Fuentes Quintana presentó en la Academia de Ciencias Sociales y Políticas un importante informe sobre la convergencia real de España con Europa, fundado en las estadísticas facilitadas en Bruselas por la agencia oficial Eurostat. Las cifras eran las siguientes: en 1959 el PIB por habitante español sólo era del 56 por ciento comunitario —de los nueve países miembros iniciales— mientras que en 1975 ese porcentaje se había elevado al 79,2 —al 81,4 según FUNCAS—, en una carrera de crecimiento económico sin paralelo en el continente. Se trataba del llamado «milagro español», algo de lo que la nueva casta política parasitaria ha decidido no hablar. Era una cifra de convergencia, que el desastre político y económico de la Transición hundiría hasta el 70,8 por ciento en sus diez primeros años, y que cuantificaría el desplome de la convergencia real con centristas y socialistas.

El cálculo a día de hoy, basado también en las cifras de Eurostat y los mismos nueve países iniciales, y no en los cálculos tramposos con la UE-15 y la UE-27 que utiliza la casta política, es que treinta y un años después, en 2006, el año de máxima convergencia posterior, no había podido ser superado, pues esta cifra era entonces sólo del 77,4 por ciento, cuatro puntos por debajo de la conseguida en 1975, para descender en 2010 hasta el 75,4 por ciento.

Alguien puede objetar que ahora tenemos más de todo que en 1975, y efectivamente es así, pero lo relevante no es si se tiene más de todo, algo obvio ya que en todo el mundo desde Europa a Asia, pasando por África y por América, también se vive mejor. La cuestión es si la renta ha aumentado más o menos que la de los demás. La respuesta es que ha crecido menos que la de los países de nuestro entorno, por lo que en términos relativos —que es como se mide la eficacia de una determinada política— la situación ha empeorado.

Otro parámetro económico esencial, porque como veremos está llevando a España a la ruina, es la deuda pública. A la muerte de Franco, la deuda pública española representaba el 12,8 por ciento del PIB, cifra que los gobiernos posteriores elevarían hasta casi el ciento por ciento del PIB en 2011, es decir, la multiplicaron por 8, convirtiendo a España en uno de los países más endeudados de Europa. Pero hubo muchas más cosas, de las que quisiera cuantificar dos hechos relacionados. El primero es el océano de injusticia en el reparto de la renta y la riqueza creadas. En 1975, el 56 por ciento del PIB correspondía a las rentas salariales, frente al 47,9 por ciento en 2010, y una estimación del 47 por ciento para 2011, es decir, que los empresarios se han apropiado del incremento total de la productividad. Este hecho nos convierte en el país de la UE con mayor grado de iniquidad distributiva.

El segundo es que España e Irlanda tenían en 1975 la misma renta per cápita, 10.000 euros. Treinta y seis años después, Irlanda, incluso después de su tremenda crisis, tiene un 30 por ciento más que España. Las razones son la mala gestión económica y el desastre del Estado de las Autonomías, cuatro veces más caro que uno centralizado, y fuente del mayor grado de despilfarro y corrupción de toda la Historia de España. Somos más ricos en cifras absolutas, por supuesto, pues todo el mundo ha crecido, pero ni de lejos lo que debiéramos haber crecido.

La incompetencia de los padres de la Transición nos lleva al hundimiento

Parte del problema del hundimiento de nuestra economía durante la Transición fue la primera fase de la crisis petrolera de 1973-1974, pero esto es sólo la parte menor y la excusa habitual de los culpables. El resto del mundo sufriría la misma crisis y, exactamente como ocurre ahora, saldrían rápidamente de ella mientras que España seguiría cayendo. La segunda fase, 1978-1980, nos daría la puntilla, pues prolongaría la crisis durante diez años porque el principal problema fue la desastrosa gestión económica. Primero, y de nuevo igual que durante la crisis actual, el Gobierno no adoptó una política restrictiva, como en el resto del mundo industrializado, pensando ingenuamente que la crisis sería breve y, en consecuencia, no valía la pena hacer sacrificios, pues cuando los demás países salieran de ella, nos arrastrarían a nosotros también pero sin haber realizado sacrificio alguno. Así, mientras en el resto del mundo las subidas del petróleo se trasladaron de inmediato al consumidor, en España los precios al público se mantuvieron artificialmente bajos, utilizando para ello el mecanismo de la Renta de Petróleos, con la realización de una política de gasto expansiva.

Los costes laborales experimentaron fuertes subidas para evitar un enfrentamiento con los entonces todopoderosos sindicatos. Se trataba de incrementos normales del IPC en más de dos o tres puntos. Este incremento de costes arruinaría la competitividad y llevaría a muchos sectores a una situación crítica. UGT y CC. OO., con una irresponsabilidad suicida, consiguieron eliminar todas las desventajas de la legislación laboral del franquismo —los trabajadores no podían ir a la huelga pero a cambio no podían ser despedidos— y mantener todas las ventajas, particularmente todas las rigideces laborales. Así, mientras en el resto del mundo industrializado la contracción de la demanda y la mejora de la productividad se hicieron a base de un ajuste temporal de plantillas, en España, como eso era imposible, la única alternativa era el cierre de la empresa.

En cifras absolutas, el colapso económico fue tal que de un crecimiento del 7,5 por ciento en el período de 1960-1975, pasaríamos al 0,8 por ciento en 1975-1985; el paro, del 6 por ciento en 1974 al 36 por ciento en 1977; la inflación, del 7 por ciento al 44 por ciento a mediados de 1977, y la deuda externa superaría en tres veces las reservas del Banco de España. En sólo dos años, la incompetencia de los padres de la Transición colocarían a España al borde del colapso. En estas condiciones, la situación económica se hizo insostenible, tanto que de golpe y porrazo las nuevas fuerzas políticas dedicadas a medrar y a repartirse España se dieron cuenta de la necesidad de un gran Pacto de Estado para evitar el colapso. Finalmente, Suárez y el resto de fuerzas políticas tuvieron el buen sentido de confiar el arreglo de la situación al mejor economista existente en aquellos momentos: Enrique Fuentes Quintana. El profesor Fuentes redactó un documento que contenía por un lado las medidas más urgentes e inaplazables contra la inflación y el desequilibrio exterior y, por otro, todo un paquete de reformas estructurales, para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado a largo plazo.

Entre agosto y septiembre de 1977, Fuentes Quintana discute con los sindicatos y con el Gobierno un borrador con las medidas necesarias, y a principios de octubre presenta el documento final, al que Felipe González tendría la miseria moral de denominar «resumen de trabajo» para quitar importancia y trascendencia a un paquete de medidas formidable que evitaría nuestra ruina. El 25 de ese mes el paquete de medidas, conocido como «Pactos de la Moncloa», fue aprobado y rubricado por los principales responsables políticos. Las medidas a corto plazo, política monetaria restrictiva para frenar la inflación, política presupuestaria para reducir el déficit público, fijación de un tipo de cambio realista para reducir el déficit exterior y fijación de las subidas salariales en función de la inflación prevista y no de la pasada, tendrían un éxito espectacular. La inflación acabaría el año en el 26 por ciento, frente al 80 por ciento previsto, y en el 16 por ciento en 1978. Además hay que añadir que, se duplicaron las reservas de divisas.

Sin embargo, las reformas estructurales serían otra historia. La frivolidad, por decirlo suavemente, de los grandes barones de UCD, Garrigues Walker, Oliart, Jiménez de Parga y Sánchez de León, paralizó la puesta en marcha de las mismas, ante la indiferencia de socialistas y comunistas, que probablemente ni entendían de qué se trataba. La gota que colmó el vaso fue la negativa de Alberto Oliart de aceptar la nacionalización de la red de alta tensión, una reforma que el que esto escribe había realizado en un nuevo Plan Energético Nacional encargado por Fuentes Quintana para conseguir reducir los precios de la energía, medida crucial para la reducción de los costes de la electricidad. Oliart, siempre en defensa de los poderosos, quienesquiera que sean —como presidente de RTVE respaldado por el Rey, se pondría al servicio incondicional de Zapatero— apoyó la negativa de UNESA, la patronal eléctrica, que a pesar de saberla imprescindible se negaba a ella por temor a que fuera el inicio de nuevas nacionalizaciones, un temor tan infundado como estúpido. Fuentes Quintana, que sentía un profundo desprecio profesional y personal por Oliart, lo consideró intolerable, y al no tener un apoyo decidido de Suárez frente a sus barones para sacar adelante las reformas, presentó la dimisión. El resultado de los pactos fue evitar el desastre inmediato, pero, en contra de lo pretendido por Fuentes Quintana, las reformas estructurales no se realizarían, y hoy, más de treinta años después, continúan sin acometerse.

El negocio de la libertad

Con este sugestivo título, que resume perfectamente el gran fraude de la Transición, el periodista Jesús Cacho describió en el año 2000 cómo se había prostituido la supuesta recuperación de la libertad. Se trataba de un relato centrado en cómo la Transición dio lugar a la instalación de otro régimen conformado por una casta política antidemocrática y rapaz, en perfecta simbiosis con la oligarquía empresarial y financiera y la propia Corona.

«Convéncete, Jesús», había manifestado José María Aznar a Jesús Polanco, el todopoderoso «mogul» mediático a la cabeza del grupo PRISA y niño mimado de Felipe González, tras perder las elecciones de 1993, «los ricos madrileños no me apoyan porque saben que conmigo les iría bastante peor que con Felipe....». Tras la victoria de 1996, Aznar se vio obligado a suscribir un «Pacto de Investidura» para formar un gobierno que significaba en esencia la renuncia al compromiso de regeneración democrática, porque era obvio ya que el régimen impuesto por los padres de la Transición no era una democracia real, compromiso que le había permitido ganar las elecciones.

Porque ese compromiso de regeneración suponía un peligro mortal para las élites que a la muerte de Franco se habían repartido España: banqueros, grandes fortunas, la Corona, la nueva casta política parasitaria y, naturalmente, el único poder fáctico real existente en ese momento: el grupo PRISA de Jesús Polanco. ¿Accedería el primer Gobierno de la derecha democrática española a cortar por lo sano, levantando las alfombras y abordando el saneamiento radical de las instituciones completamente corrompidas por la Transición? Ciertamente no: toda la casta política, desde socialistas a nacionalistas, pasando por la propia derecha firmemente asentada en el gobierno de Aznar, y todos los poderes fácticos estaban en contra.

Todas las promesas de regeneración de la vida pública se irían al garete. Por ejemplo, los papeles del CESID que iban a ser entregados a los jueces, lo que hubiera comprometido seriamente a Felipe González, quedarían bajo secreto, después de que el expresidente buscara y consiguiera la intermediación del Rey. «Existen afirmaciones del diputado Pablo Castellano según las cuales existe un pacto, que podría llamarse de Marivent —la residencia oficial del Rey en Mallorca— entre Felipe González y José María Aznar, para evitar a todo trance contrariedades procesales al expresidente del Gobierno.» González llegaría a «amenazar» a través de El País con desvelar que el monarca estaba al corriente de las actividades de los GAL por medio de los despachos habituales, «una amenaza que, caso de concretarse, se habría llevado por delante el modelo de poder surgido tras la muerte de Franco, esa pirámide en cuyo vértice institucional está la monarquía juancarlista, con la nueva casta política y mediática alrededor, y todo ello con el apoyo de las grandes fortunas del país».

En esa época tuve una experiencia personal que me abriría los ojos y me haría abandonar mi ingenuidad. En el año 1979, y como consecuencia de la toma del poder en Irán por el ayatolá Jomeini, se desencadenaría una segunda crisis del petróleo en la que nuestros suministros petroleros volvieron a estar amenazados. Como consejero delegado de CAMPSA, el problema de los suministros me afectaba de lleno, y las reuniones con el vicepresidente Fernando Abril y mi amigo Paco Fernández Ordóñez, de quien dependía el Monopolio de Petróleos, eran continuas para tratar de evitar un desabastecimiento. Así las cosas, un día me llamó por teléfono un viejo conocido, Fernando Schwartz, un diplomático de carrera que a la sazón era embajador de España en Kuwait. Fernando me informó de que tenía unas excelentes relaciones con la familia al-Sabah, familia que reina y gobierna en el país, y que creía poder conseguir los suministros adicionales de petróleo para España.

Era justo lo que necesitábamos, así que volé a Kuwait, donde Fernando, que no había exagerado nada sus contactos, me presentó a los responsables de la empresa nacional de petróleos, con quienes contraté un primer cargamento y la posibilidad de varios más. Volví a Madrid entusiasmado y convencido de que tanto Paco, que además era mi jefe, como Fernando Abril iban a quedarse encantados con mi gestión.

Efectivamente, al llegar tenía varias llamadas de Paco. «Ya está —pensé—, Fernando Schwartz debe de haberle informado, y me llama para felicitarme», porque en aquellos días nuestra situación era tremendamente precaria. Me citó al día siguiente y, al entrar en su despacho de la calle de Alcalá, Paco se puso en pie, levantó los brazos al cielo y me dijo:

—La que has liado, Roberto, me vas a buscar la ruina. Me quedé atónito.

—Pero ¿qué he liado? —pregunté.

—Pero ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait y contratar un cargamento de petróleo por tu cuenta? —me dijo.

—¿Cómo que por qué?, pues porque Fernando Abril y tú me habéis encargado solucionar el problema de abastecimiento y eso es exactamente lo que he hecho.

—Sí, pero no en Kuwait, ni en los emiratos del Golfo, ni en Arabia Saudí.

—¿ Y adónde queréis que vaya si no?, ¿a comprárselos a Jomeini?

—Mira —me respondió— ha estado aquí Manolo Prado y me ha montado un pollo que no te puedes ni imaginar; me ha dicho que esos países son suyos exclusivamente y nadie más que él puede negociar ni un barril, así que ni se te ocurra volver a hacer nada parecido?

Mi sorpresa se cambió en ira, así que con la confianza que me permitía y el cariño que siempre tuve por Paco, le dije:

—No tengo ni idea de quién es ese tío, pero, para empezar, si yo estuviera en este ilustre despacho y alguien viniera gritándome, le hubiera tirado por el balcón, y además el responsable de garantizar los suministros soy yo, y no ningún Manolo.

Entonces el que se quedó atónito fue Paco.

—Pero, vamos a ver, Roberto, ¿tú en qué mundo vives?, ¿es que no sabes a quién representa Manolo Prado?

Realmente no lo sabía, y resultaba que la altísima instancia a la que representaba, o decía representar, tenía el monopolio de nuestros suministros durante la crisis.

Ésta era la España moderna y democrática que nos habían traído. Y por cierto, nadie hablaba de precios. En aquellos momentos el Monopolio de Petróleos pagaba por el crudo lo que costara, sin entrar en más averiguaciones, ni caer en la ordinariez de comentar que se podía comprar más barato, particularmente si lo había comprado el tal Prado. Eso hubiera sido completamente antidemocrático, en realidad puro fascismo. Desde la Transición, la Monarquía ha roto sus relaciones con la aristocracia, que en su mayor parte ya no tiene un duro, pero la ha sustituido por empresarios, banqueros y las élites económicas en general, exactamente igual por otra parte que la casta política parasitaria. Unas élites que con la excepción de Amancio Ortega de Inditex, Juan Roig de Mercadona y media docena más, se han enriquecido en forma inimaginable, no gracias a su trabajo o a su creatividad, sino gracias a la especulación y al pelotazo posibilitado por el poder y el modelo de Estado creado por los padres de la Transición. El gran negocio de la libertad.

La reimplantación del cupo vasco-navarro: un expolio inaceptable

Otro de los disparates estructurales cometidos por la irresponsabilidad, el cortoplacismo y la absoluta falta de sentido de Estado de la mayoría de los líderes de UCD fue, como ya he explicado anteriormente, la reimplantación del cupo vasco-navarro, una reliquia del siglo XIX que tenía sentido en una economía rural casi de subsistencia, pero que resulta absolutamente injustificada e inaceptable en una sociedad moderna. No hay ni que decir que nada parecido al cupo vasco-navarro existe hoy en las democracias occidentales.

¿Qué es el cupo vasco-navarro?

El cupo significa que el País Vasco y Navarra gestionan su Hacienda como Estados soberanos, lo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta, y pagan una cantidad ridícula al Estado por los servicios que éste les presta. Pero además, como sus empresas venden casi el 80 por ciento de sus productos y servicios en el resto del país e ingresan los correspondientes impuestos en las Diputaciones forales, la situación es infinitamente mejor que la de un Estado soberano, y se asemeja a la de una metrópoli con sus colonias en el siglo XIX. Se trata de un privilegio tan descomunal que les permite ganar dos puestos en renta per cápita relativa, a costa del resto de las regiones españolas.

El cálculo del cupo se ha hecho siempre rindiéndose a las exigencias maximalistas e insaciables de los separatistas del PNV. No voy a entrar en la historia de estos chantajes, porque tampoco tiene mayor interés, sólo hay que mencionar el del año 2002, en el que, mediante una serie de cálculos tramposos, que ha descrito muy bien Mikel Buesa en varios artículos, y que Rato se tragó, el cupo se redujo a 1.035 millones, en lugar de los 2.000 millones que habrían correspondido. Pero lo relevante no son estos detalles, sino la cuantificación del expolio, es decir, ¿qué ocurriría si el País Vasco y Navarra estuvieran sometidos al régimen fiscal común?

La solidaridad invertida o el derecho al saqueo del resto de España

El PIB del País Vasco es el 6,3 por ciento del nacional, y el de Navarra el 1,7 por ciento, en consecuencia la contribución a los ingresos no financieros del Estado en 2010 debería haber sido de 11.600 millones de euros el País Vasco y de 3.150 millones Navarra. En realidad, el País Vasco contribuyó con una cantidad neta de 906 millones y Navarra con 508. Y a pesar de que son dos de las regiones más ricas, y de que venden en el resto del país el grueso de sus productos y servicios, no aportan ni un céntimo a los Fondos de Suficiencia y de Compensación, destinados a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales. Nos encontramos así en un proceso de solidaridad invertida por el cual las regiones pobres resultan expoliadas para que las ricas sean todavía más ricas.

Siguiendo con la cuantificación, hay toda una serie de gastos y servicios que son financiados por los gobiernos vasco y navarro, y que en caso de funcionar en el régimen común tendrían que ser financiados por el Estado, por lo que esas cantidades deben ser deducidas. A la vista de los Presupuestos de 2010 de ambas comunidades, y suponiendo unos sueldos de los funcionarios forales iguales a la media nacional y no un 40 por ciento superiores, estas cantidades pueden estimarse en 3.400 millones de euros para el País Vasco y en 900 para Navarra. Por tanto, si se rigieran por el régimen común, la aportación en 2010 del País Vasco debería haber sido de 8.200 millones de euros, y la de Navarra de 2.250 millones. La diferencia con lo que en realidad aportarán es pura y simplemente un expolio al resto de las regiones españolas, en concreto, el País Vasco debería aportar 9,1 veces más si se rigiera por el régimen fiscal común, y Navarra 4,5 veces más. Se trata de un expolio conjunto al resto de regiones de 9.000 millones de euros anuales.

Estas cifras, espeluznantes, no incluyen el efecto fiscal de las empresas forales con actividades en toda España. Me refiero al destino final de los impuestos originados en sus operaciones fuera de los territorios forales. El problema no debería existir si, como es preceptivo, los impuestos se ingresaran proporcionalmente al lugar en el que se generan, pero muchos fiscalistas señalan que aunque esto es lo que sucede con las grandes, no ocurre lo mismo con los cientos o miles de empresas medianas y pequeñas, que ingresan sus impuestos que corresponden a actividades en otras regiones en las Diputaciones Forales, a falta de un control riguroso porque ello sería una «ofensa» para las Diputaciones. Se trata de un dinero que les permite rebajar el Impuesto de Sociedades a estas mismas empresas, disfrutando así de una competencia desleal en relación con las del resto del país, y además ¡con nuestro dinero! Por ejemplo, según apareció en los medios, la compra de Scottish Power por Iberdrola añadía a las arcas forales 100 millones de euros al año, ¿y al Estado le ha correspondido algo?

Bien, y así las cosas, Zapatero blindaría en 2010, en otra de sus varias felonías, este increíble expolio. Como tanto Zapatero como los separatistas se fuman un puro con la Constitución y con el Estado de Derecho, decidieron porque sí que las normas forales del País Vasco adquiriesen rango de ley, algo abiertamente anticonstitucional. Es decir, ahora no sólo se llevan el dinero, además legislan con validez en toda España, lo que produce una indefensión jurídica total del resto de las regiones, que tendrán que competir con las reducciones de impuestos de las sociedades forales en todo el país, aunque lógicamente las más afectadas son las limítrofes: Cantabria, Castilla y León, La Rioja, y también Aragón, que se enfrentan así a un doble problema, la competencia desleal con las empresas forales en el mercado y la deslocalización, ya que muchas empresas preferirán instalarse en el País Vasco, disfrutar de las reducciones de impuestos, y así competir mejor en el resto de España. Zapatero traicionaba una vez más a la mayoría de las regiones españolas por un puñado de votos. Recientemente, la UE ha declarado ilegales las «vacaciones fiscales» vascas, pero de momento, con la complicidad de Zapatero, todo sigue igual.

CAPÍTULO 2

La etapa de Felipe González

El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista arrasaría en las elecciones generales, aniquilando literalmente a los irresponsables y acomplejados de UCD, que desaparecería como formación política, y abriendo así grandes expectativas por un lado y grandes temores por otro. La etapa de Felipe González duraría más de trece años, con mayoría absoluta durante tres legislaturas, aunque para la cuarta tendría que coligarse con los nacionalistas catalanes. Aquí González cometió un error histórico al aceptar la desaparición del PSOE en Cataluña y su sustitución por el PSC, que recoge el voto de los electores de cultura y lengua españolas, a quienes traiciona haciéndoles asumir el catalanismo.

A pesar de tan largo período y de las mayorías tan rotundas, que le darían un margen de maniobra inigualado, las grandes expectativas de los ciudadanos se demostrarían, como siempre ha ocurrido con el socialismo, absolutamente erróneas. El inmenso caudal de esperanzas depositadas en Felipe González se convirtió pronto en el culto al pelotazo; en la destrucción, que no la reconversión, de la industria, que del 34 por ciento del PIB en 1975 caería al 20 por ciento; en errores estructurales tremendamente dañinos para la competitividad, como la moratoria nuclear o las líneas de AVE, un lujo ruinoso, que enterraría cualquier mejora de nuestro transporte ferroviario de mercancías, diez veces más barato que la carretera; en la mayor concentración de renta y riqueza de la historia de España en manos de unos pocos amigos del poder; en unas diferencias salariales jamás alcanzadas; en una negociación desastrosa de la entrada en Europa, y lo que es infinitamente peor, en cesiones tan disparatadas como innecesarias a las autonomías y los nacionalistas y la destrucción de la enseñanza pública a todos los niveles.

Gasto público y paro subirían exponencialmente, lo que es el efecto más demostrativo del resultado real de las políticas económicas aplicadas. A la muerte de Franco había superávit, es decir, el Estado gastaba menos de lo que ingresaba, pero en 1996 el déficit superaría los cuatro billones⁶ de pesetas. Como consecuencia de estos déficits, la deuda crecería exponencialmente, y así, de poco más de un billón en 1975, pasaría a 56 billones en 1996. El paro alcanzaría la cifra récord del 23 por ciento, la más alta de toda la OCDE, con 3,7 millones de desempleados, frente a 589.000 en 1975, o 2,3 millones en 1982. Aunque lo más catastrófico sería la política de tipos de interés que literalmente sería la ruina de España. Durante la etapa de Felipe González tuvimos los tipos de interés más altos, la inflación más alta y, en consecuencia, el paro más alto de toda Europa.

Sin embargo las grandes empresas y las grandes fortunas, que habían temido la llegada del socialismo al poder, encontrarían en él un formidable aliado para enriquecerse como jamás habían soñado. González les entregaría a precio de saldo los grandes monopolios energéticos propiedad del pueblo español, el mayor expolio de la historia industrial de España; eximiría a las grandes fortunas del pago de la mayoría de los impuestos, a través de la creación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), y al final de su mandato dejaría la nación sumida en una profunda crisis económica y social.

El ideario económico inicial de Felipe González estaba calcado del de su faro político François Mitterrand, que Milton Friedman denominaba «keynesianismo ingenuo», con un altísimo grado intervencionista y estatalista, aunque con una excepción notable, ya que el socialismo español incluiría un programa marxista-ecologista cuya consecuencia más visible y desastrosa sería la «moratoria nuclear». Es decir, copió del socialismo vecino todo lo malo y rechazó lo único bueno, ya que Mitterrand mantuvo la política energética francesa, con la nuclear como energía estrella. Sin embargo, en España, González hizo la promesa absolutamente demagógica de crear 900.000 puestos de trabajo durante la legislatura. Como Mitterrand había ganado las elecciones un año antes, y había puesto en marcha el programa que deseaba imitar González, un año después el desastre estaba a la vista en forma de caída de la producción y del tipo de cambio, de aumento del paro, de la inflación y fuga de capitales, lo que obligaría al primer gobierno de González a abandonar parcialmente su celo estatalista.

El período Boyer

El responsable económico del primer gobierno socialista sería Miguel Boyer, en quien Felipe González depositaría una confianza absoluta. Boyer, que siempre había tenido un alto concepto de sí mismo, ejercería su función con un despotismo casi total. Para Boyer, el resto de ministros eran, en el mejor de los casos, unos indocumentados, a los que trataba con displicencia cuando no un desprecio abierto. «Usted cállese porque de esto no sabe nada», le espetaría a un compañero de gobierno que osó llevarle la contraria en un Consejo de Ministros. Yo fui testigo directo de cómo un importante ministro económico iba temblando cuando Boyer le llamaba para despachar. Sólo respetaba al Banco de España y, sin duda con toda razón, a su íntimo amigo Mariano Rubio, el último gran gobernador de la institución.

Boyer pertenecía a un grupo extremadamente elitista conocido como beautiful people, un grupo que ya existía en la época de Franco en el Banco de España, «un equipo incombustible, de una gran amistad entre ellos, todos socialdemócratas de sentimiento y monetaristas de oficio. Boyer no era importante antes de llegar a ministro con el PSOE, y es entonces cuando logran que la tradicional tensión institucional entre el Banco de España y el ministro de Hacienda desaparezca».⁷ Con estas características y su política de ajustes, el enfrentamiento con los ministros más izquierdistas y partidarios del gasto, es decir, todos, y con la UGT eran inevitables.

Al principio no tuvo problema alguno. Era el ojito derecho de González y como consecuencia estaba por encima del bien y del mal, mientras que los otros eran en su opinión unos ignorantes —lo eran objetivamente en su mayoría, pero unos premios Nobel al lado de los que llegarían con Zapatero veintidós años después—, y los enfrentamientos se saldaron a su favor con dos ministros, Enrique Barón y Julián Campo, yendo a la calle. Pero el problema con la UGT fue más correoso. En la organización socialista le pusieron la proa desde el principio, pero Miguel Boyer sentía por los sindicalistas un profundo desprecio, lo que demostraba lo bien que se conocía el paño. Más allá de las vacías declaraciones verbales, en el XXX Congreso del Partido, en 1985, Nicolás Redondo en particular y la UGT en general tendrían una posición radicalmente crítica contra Boyer y su política «liberal» y los «esquemas de ajuste económico puro y duro, que van en contra de los trabajadores».

Desde luego, esto a Miguel Boyer le importaba un pimiento, que consideraba a sus compañeros de gobierno y a UGT unos analfabetos funcionales, y la desastrosa experiencia del socialismo francés así lo avalaba. Además, Mariano Rubio había delineado tiempo antes un plan de ajuste de corte monetarista, y todo ello de espaldas al resto de los ministros económicos, en particular a la denominada «banda del gasto», encabezada por Obras Públicas.

Boyer no trató de limar asperezas ni nada parecido. Se negaba a perder un tiempo que consideraba precioso templando gaitas, así que a su amigo Felipe, que tenía debilidad por él, le hizo un planteamiento maximalista: la «banda del gasto» a la calle y la concentración de todo el poder económico en su persona con la categoría de vicepresidente, y con todos los ministros económicos bajo su mando. Algo que tenía toda la lógica en un fuerte proceso de ajuste, para estar además al mismo nivel que su enemigo declarado, Alfonso Guerra. De esta manera, pensaba, se acallarían las críticas o al menos quedaría tan por encima de ellas que la izquierda y UGT podrían decir misa. Pero eso fue más de lo que Felipe González podía darle, así que con gran sentimiento de su corazón tuvo que decirle que no, y Boyer, indignado, dio un portazo y se marchó. Guerra conseguiría así una victoria pírrica.

La realidad es que la actuación de Miguel Boyer evitó el desastre del socialismo en la primera legislatura: fue el único gobierno realmente socialdemócrata que ha habido en España, e intentó sin éxito seguir adelante con el plan de reformas estructurales de Fuentes Quintana abortado por los barones de UCD. Boyer veía la entrada en la CEE como un choque para nuestra economía por la mayor productividad de los países miembros, lo que exigía una profunda reestructuración económica que llevaría al paro a 500.000 personas —1,4 millones al final del mandato—, algo inasumible por un Gobierno que había prometido la creación de 800.000 puestos de trabajo durante la primera legislatura —800 o 1.000, se diría después jocosamente—, y además Boyer exigía para acometer esta reestructuración todo el poder económico, en el cargo de vicepresidente, para poder coordinar las acciones de todos los ministerios implicados.

Más allá de las formas y el autoritarismo, Boyer abandonó en buena parte los dogmas del socialismo francés, lo que fue claramente acertado, si bien los logros fueron modestos: redujo ligeramente la inflación, aunque estamos hablando de un disparatado 12 por ciento, redujo algo el déficit exterior devaluando la peseta en un 8 por ciento nada más empezar su mandato, pero no mejoró el paro, que continuó por encima del 18 por ciento, y elevó el déficit del sector público, lo que arrastraría el de los tipos de interés.

Aparte de sus medidas de política económica, todos los activos de los monopolios de petróleo y gas, incluidas las redes logísticas, fueron adjudicados a dedo por el propio Boyer a las tres empresas refinadoras, en proporción a su cuota de mercado, y a Gas Natural, por la décima parte de su valor, un hecho sin precedentes en los procesos de privatización del mundo civilizado, y una estafa histórica a los ciudadanos. Personalmente, y como consejero-delegado de CAMPSA, que era un servidor en aquellos momentos, y amigo colateral de Boyer, traté de disuadirle y de convencerle de que anunciara una subasta internacional de dichos activos, eso sí, dando a las refinerías españolas un derecho preferencial a igualar el mejor precio obtenido. Miguel y el propio Mariano consideraban que vender los monopolios a extranjeros era algo impensable. Eran liberales ma non troppo, y prefirieron regalárselo a los nacionales a precio de saldo.

Además, y como se suponía que las empresas energéticas tenían que adaptarse a la competencia futura obligada por nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea, recibieron una serie de ayudas económicas masivas, con nombres tan falaces como «costes de transición a la competencia», o sin nombre alguno como en el caso del sector petrolero, pero igual de efectivas, lo que les permitió realizar un enorme salto en los beneficios, los cuales fueron invertidos no en prepararse para la competencia, porque, con las redes logísticas y el Boletín Oficial del Estado en su mano, España quedaba cerrada en la práctica, sino en su expansión exterior.

La discutible expropiación de Rumasa y el escándalo de su reprivatización

Bajo el mandato de Boyer se produciría la expropiación del grupo Rumasa, que contaba con una fuerte presencia en el sector alimentario y bancario. Las razones aducidas fueron amplias y variadas, desde la obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España y los riesgos asumidos por los bancos que financiaban el grupo —¿qué diríamos hoy de los riesgos asumidos por cajas y bancos en el inmobiliario?— y las deudas con la Seguridad Social y la Hacienda Pública. La legalidad o no de la medida suscitaría numerosas dudas, dado que existía una posibilidad intermedia de la intervención, que fue desechada. Años después, Miguel Boyer explicaría así su decisión: «La expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubiera correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podía tener consecuencias muy graves.»

No está claro que lo afirmado por Boyer sea totalmente cierto, ya que la legalidad de la operación fue sancionada in extremis por el Tribunal Constitucional sólo por el voto de calidad de su presidente, que según se comentó fue presionado lo indecible por el Gobierno, y por otro lado la situación de muchas empresas del grupo no era peor que la de infinidad de empresas de la época, que, al tener que pagar intereses de hasta el 25 por ciento, estaban al borde de la quiebra. Pero lo que fue un expolio sin paliativos y un robo a los ciudadanos fue la reprivatización de las empresas nacionalizadas. Su venta se hizo de una manera tan oscurantista y tan incompetente, con el amiguismo y el pelotazo como norma, que la reprivatización hubiera merecido una investigación en toda regla cuando en 1996 el Partido Socialista perdió las elecciones. Pero como en la dictadura partitocrática corrupta el lema es: «Tú me rascas la espalda y yo rasco la tuya», nadie dijo ni pío de este gigantesco expolio a los ciudadanos.

El coste de la expropiación fue cero, porque los Ruiz-Mateos no se llevaron un euro, pero la desastrosa gestión después de expropiada nos costó mil millones de las antiguas pesetas, de lo que se recuperaría sólo una cantidad irrisoria, y de lo que, como es habitual con la partitocracia corrupta, nadie responde de nada. El caso más escandaloso, pero ni mucho menos el único, fue la adjudicación prácticamente a dedo a los hermanos Cisneros, dos magnates venezolanos íntimos de la cúpula de Gobierno socialista, de Galerías Preciados por una cantidad irrisoria, 220 millones de pesetas, poco más de un millón de euros actuales. Dos meses después, los nuevos propietarios se lo venderían al grupo británico Mountleigh por el equivalente a ¡180 millones de euros!

Maravall, Solana y Rubalcaba: la destrucción de la enseñanza pública

En esta etapa, aunque no fuera responsabilidad de Boyer sino por haber aceptado sin rechistar tal cúmulo de disparates en los consejos de ministros, se produciría uno de los mayores dislates de la democracia, cuyos efectos han dañado ya gravemente a toda una generación. Me refiero a la reforma de la enseñanza puesta en marcha por José María Maravall y su entonces mano derecha Alfredo Pérez Rubalcaba, que después sería secretario de Estado de Educación y luego ministro, y que bajo la excusa del progresismo y la igualdad —«todos iguales», el típico lema para vagos y maleantes, tan querido del socialismo— desterraron de la misma la cultura del esfuerzo, del trabajo bien hecho y del respeto a unas normas y a una disciplina, fomentando la irresponsabilidad, la ausencia de emulación, la autoindulgencia y el descabezamiento de toda iniciativa individual. Cuando España necesitaba de los hombres y mujeres más capaces, que la competencia feroz desatada por la globalización requería, estos sectarios, irresponsables e ignorantes introducirían en nuestra Enseñanza Pública una inflexión histórica, y, en lugar de haber mejorado la excelente Ley de Educación de 1970, decidirían desmontar el sistema en su totalidad, para convertirlo en un gigantesco dispositivo de adoctrinamiento al servicio de la izquierda más reaccionaria y radical de Europa. Si la gente humilde descubriera que puede prosperar estudiando, se acabaría la razón de ser del socialismo y de sus sindicatos comisionistas.

Primero fue la LRU (1983), después la LODE (1985) y finalmente la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, buque insignia del PSOE, con la que se completaba la ruina de la enseñanza pública, que se ha convertido en sinónimo de ignorancia y que ha producido la fuga de todos los alumnos con medios hacia la enseñanza privada, ya que, por grande que sea el sacrificio, cada vez son más los padres dispuestos a hacerlo para que sus hijos tengan acceso a una enseñanza digna, en lugar de la calamidad en que se ha convertido la enseñanza pública.

Reducen el bachillerato a dos años, el más corto del mundo civilizado

El bachillerato, el pilar esencial de toda la enseñanza secundaria, fue reducido a sólo dos años, con lo que el bachillerato en España es hoy el más corto no sólo de Europa, sino de todo el mundo civilizado. Pero además se abandonó la formación integral, humanista y científica, y se introdujeron materias impropias de ese nivel, sobre todo teniendo en cuenta la enseñanza precedente llamada «comprensiva», que es un desastre sin paliativos, pues se imparte una enseñanza básica igual para todos y hasta se pueden repetir dos cursos. El título de Graduado de Secundaria pensado con niveles de exigencia tan bajos que podría ser conseguido por casi todos los alumnos, y la indisciplina generalizada, la violencia escolar y los bajos rendimientos académicos llevaron el nivel de fracaso a cifras tan elevadas que tuvieron que arbitrarse medidas de «atención a la diversidad», e incluso se llegaron a enviar inspectores, comisarios políticos en realidad, para que prohibieran suspender a más del 30 por ciento de los alumnos.

No es difícil imaginar el grado de degradación del clima de estudio y trabajo en las aulas que ello comportó, en el que se impusieron los alumnos más holgazanes e indisciplinados, porque pronto se dieron cuenta de que no había que hacer nada para aprobar las asignaturas ya que podían pasar de curso con dos y hasta tres suspensos. Se eliminaron los exámenes de septiembre y desapareció con ellos la exigencia veraniega de estudiar. Y para que al final nadie se quedara sin aprobar se inventaron la denominada «promoción automática», con lo que eliminaron el fracaso escolar por el sencillo procedimiento de prohibirlo. En cuanto al ambiente de los centros, uno no sabe si reír o llorar, porque si un salvaje le rompe la crisma a un profesor, en lugar de llamar a la Guardia Civil para detenerlo y encerrarlo, se envía a una Comisión de Expertos para la Prevención y Resolución de Conflictos para que le explique a la criatura que no está bien romperle la crisma a los profesores.

Como era previsible, de un bachillerato de excelencia que tenía España hasta entonces, el retroceso sería espectacular; hemos pasado a uno de los niveles más bajos de todo el mundo desarrollado, pero sobre todo se trata de la mayor caída jamás registrada por ningún otro país. Para desgracia de estos irresponsables, los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) han hecho posible cuantificar la dimensión de su tropelía y resulta que en las tres pruebas que se realizan para evaluar la calidad de un sistema educativo —lectura, ciencias y matemáticas—, entre los 57 países que se analizan, España ocupa lugares en torno al número 40, mientras que por PIB somos el país número doce del mundo. Es decir, España, gracias al socialismo, ocupa los últimos lugares en todos los estudios sobre calidad de la enseñanza, muy por debajo de su importancia económica y como nación.

El ocaso de las universidades públicas

Todos los que pertenecemos al mundo académico, aunque en mi caso lo haya compatibilizado con puestos directivos en empresas, hemos sido testigos del hundimiento de las universidades públicas españolas, y por supuesto por culpa de los mismos siniestros personajes que destruyeron la enseñanza no universitaria y por las mismas razones. Ya no se trata sólo de que ninguna universidad española se encuentre hoy entre las trescientas primeras del mundo, algo verdaderamente grave y que jamás había ocurrido en nuestra historia, sino que además la politización extrema y la endogamia hacen que la adhesión ideológica o la amistad personal sean infinitamente más importantes para seleccionar al profesorado que la competencia y el conocimiento.

Tanto es así que, como consecuencia de la legislación puesta en marcha por el Partido Socialista, el sistema de contratación del profesorado en la universidad hoy no requiere un buen currículum, tener una buena formación o ser un buen investigador, sino tener un padrino o ser militante de un partido de izquierdas, por lo que si la primera obligación de una universidad es ser una fuente de saber y conocimiento, con el socialismo ha pasado a ser un mecanismo de adoctrinamiento político.

Aunque todavía quedan excelentes profesores e investigadores en nuestras universidades, su número va siendo cada vez más marginal, y menos del 15 por ciento del profesorado universitario entraría en una calificación de excelencia, el 85 por ciento restante es pura mediocridad cuando no incompetencia absoluta. Pero el asunto es mucho peor aún: los buenos profesores están cada vez más acorralados por los mediocres con filiación política, que dedican su tiempo no tanto a enseñar sino a intrigar y conspirar para hacerse con el poder de las universidades, empezando por las jefaturas de departamento, casi invariablemente ocupadas por «profesores» de carnet, lo que a su vez les permite contratar más correligionarios y hacerse con todos los cargos de poder porque poseen una amplia mayoría de votos. La mayoría de los rectores universitarios son de obediencia o simpatía izquierdista. Con una universidad así, no es de extrañar nuestro creciente retroceso económico, cuya salida hay que buscar en la innovación y la mejora de la productividad, algo imposible con tan ínfima calidad en la enseñanza superior.

Los programas de enseñanza de las universidades públicas se deciden «democráticamente» por profesores (la mayoría perfectamente incompetentes para proponer un programa sensato), alumnos y personal administrativo y auxiliar, algo inaudito en el mundo académico, donde los programas son cambiados cada cuatro o cinco años por no más de media docena de expertos y grandes profesionales, para adaptarlos a la realidad cambiante de las materias que imparten. Y ya la puntilla: al transferirse las competencias de educación a las autonomías, las universidades han crecido como hongos, sin plantillas idóneas para una enseñanza seria, y en lugar de fábricas de licenciados son fábricas de parados: a día de hoy, el 70 por ciento de sus licenciados están, lógicamente, en el paro. Y como no hay exigencia, los títulos no valen nada. En estas condiciones, ¿cómo puede crecer y desarrollarse España en un mundo globalizado y extraordinariamente competitivo? La respuesta es gracias a la enseñanza y las universidades privadas.

Para mayor disparate si cabe, el Gobierno cedió a las CC. AA. las competencias en cuanto a enseñanza, y cuando el Estado intentó recuperar lo que le correspondía de esas competencias, el Partido Socialista, que había redactado la Ley que luego incumplió, votó en contra de restablecer la legalidad que ellos mismos habían promulgado. Esto permitiría a las CC. AA. gobernadas por nacionalistas o incluso socialistas —que se convirtieron por razones electoralistas en más nacionalistas que nadie— que se dedicaran, más que a enseñar y formar, a inventarse una historia, una cultura y una nación inexistente, con el fin de separar y dividir. Si la clase trabajadora y las clases más desfavorecidas se dieran cuenta del daño que el Partido Socialista ha perpetrado contra sus hijos y nietos, éste desaparecería para siempre.

El período Solchaga: el apóstol del pelotazo

Carlos Solchaga, ministro de Industria, que había encabezado la oposición a Miguel Boyer con una propuesta de impulso económico a través del déficit y el endeudamiento público —¿les suena?— sería el elegido para sustituir a Boyer. El modelo Solchaga tendría un cierto éxito inicial, crearía empleo y los elevados tipos de interés a que el modelo daría lugar atraerían capital exterior, pero al mismo tiempo hundirían la inversión y la actividad económica, lo que llevaría a la crisis de 1992. Su política económica sería marcadamente contradictoria, pretendiendo hacer coexistir una política fiscal expansiva, que tras nuestra entrada en la entonces CEE nos llevaba directamente a la crisis, con una política monetaria restrictiva, que elevaba los tipos de interés, y reducía drásticamente el crecimiento. «Con esos tipos de interés se van ustedes a cargar el país», sentenciaría Margaret Thatcher en una conferencia que pronunció en Madrid, y efectivamente se lo cargaron.

El sustituto de Miguel Boyer pronto explicó a quien le quiso escuchar, y no fueron pocos, la cultura del pelotazo, lo importante que era enriquecerse con rapidez, la superioridad de la especulación y el amiguismo por encima de la seriedad y el trabajo bien hecho. Solchaga fue el auténtico apóstol del pelotazo, dando todo un aval ideológico para los corruptos, el gran impulso para el saqueo del Estado que iniciaron algunos altos cargos socialistas como Roldán y Barrionuevo, apropiándose de los fondos reservados del Ministerio del Interior, pero que sería corregido y aumentado posteriormente por políticos de uno y otro signo, unidos a empresarios amigos, lo que conduciría a la mayor concentración de renta y riqueza de toda la historia de España.

OTAN, de entrada no

España había entrado en la OTAN en mayo de 1982, meses antes de la aplastante derrota de UCD por el Partido Socialista, el cual se había manifestado radicalmente en contra de nuestra permanencia en la organización con el eslogan —una forma habitual de los socialistas de lavar el cerebro a los ciudadanos— «OTAN, de entrada no». Felipe González calificaría la entrada de «barbaridad histórica» y «tremendo error». Pero una vez en el poder, y presionado por sus colegas socialdemócratas alemanes, cambió de opinión, y comenzó una de las mayores operaciones de travestismo político conocidas en nuestro país, y sólo superada hoy por José Luis Rodríguez Zapatero, que es capaz de defender con total naturalidad una cosa, luego la contraria, y luego afirmar sin pestañear que no había dicho lo que había dicho.

El Partido Socialista redactó una larga pregunta para someterla a referéndum, cuyos párrafos principales eran el primero y el último: «El gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica.» ¡Toma castaña!, justo lo contrario de lo que predicaban dos años antes, y al final, después de tres párrafos para vestir el muñeco, preguntaban al personal si consideraba conveniente quedarse. Con una participación escasa, un 52 por ciento votaría a favor. Felipe González tuvo al menos la gallardía de reconocer públicamente los errores de su actitud anterior y justificó el cambio de postura, en parte, en que la entrada en la OTAN favorecería el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, que finalmente se produjo en enero de 1986. El colmo de la contradicción no sólo socialista, sino de la propia Alianza, llega en 1995. Cuando el socialista Javier Solana, uno de los principales activistas contra la OTAN, fue nombrado secretario general de la misma.

La desastrosa negociación de entrada en la CEE

Nadie en toda la historia de la CEE primero y la UE después sería sometido a un proceso de negociación tan complejo, ni a unas condiciones de entrada tan duras como lo sería España. A ningún otro país se le exigiría, y desde luego nadie lo aceptaría, que redujera drásticamente su producción lechera y sacrificara una parte sustancial de su cabaña, redujera sus capturas y su flota pesquera, redujera sus producciones agrícolas, su producción siderúrgica, su sector naval, ni nada de nada, en forma tan profunda y tan extensa. Visto retrospectivamente, las condiciones impuestas a España fueron inauditas, pero lo peor no fue que los burócratas de Bruselas nos obligaran a recortar nuestra capacidad productiva, esencialmente agropecuaria y la industria pesada, sino que el gobierno español lo aceptara por sus prisas para entrar cuanto antes y «como fuera». Porque, ¿qué habría ocurrido si nos hubiéramos negado en redondo?, pues absolutamente nada, sólo que habríamos tardado uno o dos años más en entrar. ¿Han visto ustedes acaso que países como Polonia, Chequia, Lituania, Finlandia, y cualquiera que se les ocurra, hayan tenido que renunciar a sus producciones nacionales o a cosas parecidas?

La entrada de España en la CEE había sido un largo sueño acariciado desde 1962, cuando el entonces ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, un gigante de nuestra diplomacia, solicitó formalmente la entrada, algo que no pudo realizarse por la existencia del régimen autoritario del general Franco. Sin embargo, el competente exministro Ullastres, a la sazón embajador de España en Bruselas, conseguiría en 1970 un Tratado Preferencial, que era muy superior en lo económico a lo que se conseguiría después con el Tratado de Adhesión. Teníamos casi todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. No obstante, era obvio que la adhesión era algo irrenunciable, y una baza política de primer orden para el partido político que la consiguiera.

Durante la Transición se realizó una nueva solicitud, pero aunque ninguno de los nueve Estados miembros se opuso a nuestra entrada, el tema se demoraría siete años y sería el Partido Socialista quien tras su llegada al poder tomaría las riendas de la negociación, y en concreto el ministro de Exteriores Fernando Morán, con Manuel Marín, encargado de las relaciones con las comunidades europeas. Las negociaciones fueron una imposición tras otra, y las condiciones impuestas a España en materia agropecuaria y pesquera fueron absolutamente ruinosas: la cabaña lechera española quedaría tremendamente dañada (hasta el punto de que tuvimos que importar leche de Francia), así como la flota pesquera, que era la primera de Europa y la tercera del mundo, con un tonelaje bruto que representaba las dos terceras partes de la flota comunitaria. En la etapa final, Marín diría: «España no quiere romper la baraja, pero tampoco entrará en la comunidad firmando un tratado que pueda crear una situación de inferioridad en el futuro.»

Y eso fue exactamente lo que sucedió. Perdimos de inmediato nuestra producción lechera y pesquera, mientras que la liberalización del comercio de frutas, hortalizas y aceite de oliva se retrasó hasta 1996, y la posibilidad de pescar en caladeros comunitarios se fijó para 2003, una auténtica tomadura de pelo. España quedó en una situación de manifiesta inferioridad, pero lo peor fue el desmantelamiento industrial: la siderurgia, que tenía una competitividad algo inferior a la comunitaria, pero nada que no pudiese solucionarse concentrando y modernizando la producción; los astilleros, que ocupaban el tercer puesto en la producción mundial con un nivel competitivo muy alto, todo ello acabaría desmantelado por la incompetencia de estos insensatos, para quienes producir y crear era absurdo, cuando especulando se podía ganar mucho más sin mancharse las manos. En cuanto a la libre circulación de trabajadores, no se nos aplicó porque se consideraba que existía el riesgo de emigración masiva desde España. En resumen, una negociación absolutamente desastrosa para nuestros intereses.

Puede objetarse que España se beneficiaría de los Fondos europeos, que representarían un 0,8 por ciento del PIB durante quince años, y otras muchas cosas más, pero es que ése no es el tema, sino que la entrada de España en Europa era inevitable, y que sin las prisas del Gobierno por entrar cuanto antes hubiéramos entrado, como ha ocurrido con la mayoría de los países, a coste cero. Por ello es incomprensible que se aceptara dañar gravemente la cabaña ganadera, la flota pesquera, la industria pesada y numerosas producciones agropecuarias a cambio de algo que hubiera caído como fruta madura sólo con haber esperado unos meses más. Los beneficios de la adhesión serían coyunturales, pero los daños por la desastrosa negociación serían estructurales. Sin duda, España ha sido la que ha pagado el precio de entrada más alto de todos los países miembros.

Los grandes errores estructurales: el desmantelamiento industrial y la moratoria nuclear

La reconversión industrial se había planteado como un objetivo prioritario en los Pactos de la Moncloa, pero el abandono de los mismos en marzo de 1978, por la frivolidad y/o intereses bastardos de los ministros económicos de UCD, dio al traste con tan gran oportunidad. La reconversión resultaba ahora una medida imprescindible de cara a la liberalización obligada por nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea, pero a su vez era más imprescindible aún la otra cara de la moneda, el adelgazamiento y la reforma del sector público. Sin embargo, la primera se implementó de una manera tan disparatada que los potentes sectores siderúrgico, naval y textil, que han crecido espectacularmente en el resto del mundo, no fueron reconvertidos sino simplemente desmantelados. Los desmantelamientos provocaron también el cierre de innumerables industrias, incluidas las auxiliares, que podrían haber subsistido perfectamente de haberse realizado una reconversión real. En sentido contrario, la reconversión de la función pública, del tamaño del Estado, mucho más imprescindible aún, no sólo no fue acometida sino que éste creció prácticamente sin control.

La demagogia socialista de la época afirmaba que la desindustrialización era una señal de progreso, y además imprescindible por la baja productividad del trabajo, dos megaestupideces por el precio de una. No existe ningún país rico sin una poderosa actividad industrial, y el problema de la productividad no es sólo del trabajo, sino de todos los demás factores, y ocurría que mientras la productividad aparente del trabajo crecía la de capital decrecía, y no digamos la de la inversión pública, despilfarrada en asuntos delirantes, sin orientación productiva alguna. El proceso sería descrito certeramente por el Financial Times en marzo de 1991: «Durante los años de expansión, se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo, en lugar de a incrementar la dimensión y la competitividad del tejido productivo.»

Las causas de que el proceso de reconversión industrial, que costaría ríos de dinero, acabara en la ruina de sectores perfectamente viables fueron varias: «la política de gota a gota —ayer una empresa, hoy otra, mañana una tercera— sin resolver para nada los problemas del contexto general»;⁸ la desastrosa negociación de entrada en la CEE ya comentada; el coste de la financiación más elevado de Europa con tipos de interés del 15 por ciento en la época, consecuencia de una política monetaria disparatada; la cultura del pelotazo implantada por los padres de la Transición y elevada a categoría por Carlos Solchaga; una economía especulativa que desprecia la economía productiva y el trabajo bien hecho, y un mercado laboral con una rigidez monolítica que impedía adaptar los efectivos laborales a la realidad.

Se cerraron grandes fábricas, siderúrgicas y astilleros y los miles de industrias auxiliares que dependían de éstos. Medio millón de personas perderían su trabajo como consecuencia de este proceso en sólo cuatro años, y los empleos perdidos no se recuperaron jamás a pesar de las promesas, todas incumplidas, de que se crearían empleos alternativos. La competitividad que se suponía mejoraría con este proceso de desmantelamiento salvaje apenas lo hizo, y el grueso de dichas ganancias vendría del lado de las devaluaciones. Como consecuencia de la política económica seguida, España tenía que soportar los mayores costes de financiación no sólo de Europa sino de toda la OCDE, a lo que se añadía la estructura oligopolista creada por Boyer, que sustituyó los monopolios públicos privados con precios regulados por oligopolios privados con precios libres, lo que elevaría los precios de los factores productivos energéticos muy por encima del de nuestros principales competidores. En lugar de haber reducido los costes financieros y de los factores productivos, y haber redimensionado las instalaciones, con una irresponsabilidad que causa pavor, se limitaron a cerrarlas.

También se llevaron a cabo recortes de los derechos laborales de los trabajadores y recortes de las pensiones a los que se replicó con la primera huelga general del mandato socialista de junio de 1985. Por otra parte, el desarrollo de los estatutos de autonomía, durante el cual las comunidades que habían optado por la vía del artículo 143 de la Constitución exigieron que se reformaran sus estatutos para situarlos al nivel de las comunidades «históricas», obligaría a realizar innumerables transferencias que incrementarían exponencialmente el peso del sector público. Tanto que, desde 1975, en España sólo se han creado dos millones de puestos de trabajo en el sector privado, frente a 2,5 millones en el sector público, algo realmente inaudito y que sentaría las bases del desastre en que nos encontramos actualmente.

Un exvotante socialista escribiría entonces en El Confidencial: «Yo pido perdón a España por haber votado PSOE en las últimas elecciones. Lo siento de veras. En mi descargo, lo único que puedo alegar en mi favor es que hasta a mí, que me considero persona informada, me ha engañado ese partido. Nunca más, ¡¡¡vive Dios!!! Por cada cosa que hacen bien, hacen mil mal, así que no compensa. Una vez más perdón a todos... ¡¡¡no volverá a suceder!!!»

La moratoria nuclear

Pero no todos los disparates se referían a asuntos relacionados con la competencia, hubo otro mucho peor aún, porque afectaría a los costos de producción a largo plazo, y mientras las decisiones protegiendo al mercado podían ser variadas, esto ya no tiene solución y sus costes los estamos pagando hoy, y los seguirán pagando nuestros hijos. Me refiero a la moratoria nuclear decidida por el Gobierno de Felipe González, que desmanteló cuatro grandes centrales nucleares prácticamente terminadas, la decisión más absurda y más perjudicial tomada nunca en el sector energético español.

Para compensar a las empresas del coste generado por esta paralización, el Gobierno aprobó una disposición que permitía a las compañías eléctricas cobrar un porcentaje para recuperar las inversiones perdidas, a través de un incremento del 1,72 por ciento en la factura eléctrica, un concepto denominado precisamente «moratoria nuclear», y que casi todo el mundo ha considerado siempre el costo de la paralización, algo total y absolutamente falso. En realidad, lo pagado con ese porcentaje es el chocolate del loro comparado con el coste real que representa para los consumidores y para el país.

¿Y cuál es ese coste? Su cálculo es sencillo: de haberse concluido, esas centrales estarían produciendo hoy 40.000 millones de kWh al año a un precio del orden de 14 euros por MWh, y esa energía ha tenido que ser sustituida por un mix, 90 por ciento de gas y 10 por ciento eólica, con un coste medio del orden de 85 euros MWh, lo que significa que el coste de la moratoria nuclear equivale a 2.800 millones de euros al año, o el 10 por ciento del recibo de la luz, y ese costo no sólo no ha terminado, sino que tenderá a escalarse con la subida inevitable de los precios del gas, un incremento de precio que seguiremos pagando nosotros y nuestros hijos, por un tiempo equivalente al de la vida útil de las centrales.

Pero ni siquiera esto fue todo, ya que las obras paralizadas eran sólo una parte de un ambicioso programa nuclear en marcha —algo así como la punta del iceberg—, porque de no haberse producido la moratoria las empresas hubieran seguido adelante con sus planes, y había ya otros siete grupos de 1.000 MW de potencia unitaria listos para iniciar las obras y otros cinco más en preparación. Es decir, de no haberse producido la moratoria, todas las centrales en ejecución y en proyecto avanzado se hubieran llevado a efecto.

En concreto, hoy estaríamos generando 195.000 millones de kWh año, en lugar de 59.000, el 63 por ciento de la generación total, prácticamente el mismo porcentaje que Francia, a un precio de 14 euros MWh, y eso significaría un ahorro anual de 10.000 millones, casi el 40 por ciento de la tarifa, o en otras palabras: el precio de la electricidad sería hoy poco más de la mitad del que pagamos. ¿Se dan cuenta de lo que esto habría significado en términos de competitividad de nuestra economía y para la renta disponible de las familias y, en consecuencia, para el consumo? ¿Se dan cuenta de lo que esto supondría para un sector industrial no ya en crisis, sino que se está desintegrando, y cuya caída, al contrario que en otros sectores, no se está desacelerando, sino justamente lo contrario? Bien, pues éste ha sido el catastrófico balance de la demagogia marxista-ecologista del Partido Socialista, el mayor error de nuestra historia industrial.

El AVE, un lujo ruinoso

En 1992, coincidiendo con el 500.º aniversario de la toma de Granada por los Reyes Católicos y el final de la Reconquista, se darían cita dos grandes celebraciones de impacto mundial, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, que darían un impulso más que notable al prestigio y el conocimiento de España en el exterior. En relación con el segundo se tomaría una decisión tan espectacular en imagen y mejora del tráfico de viajeros como desastrosa desde el punto de vista económico: el inicio de una importante red de alta velocidad, con trenes extraordinariamente lujosos capaces de alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. La primera de estas líneas sería la que uniría Madrid con Sevilla, y cuyo coste de 400.000 millones de pesetas jamás podrá ser recuperado. A pesar de haber generado un tráfico intensísimo, los ingresos de explotación sólo cubren los gastos variables y el mantenimiento de la infraestructura, pero el principal no puede ser amortizado.

Sólo Francia y Japón, en razón del desarrollo de sus propias tecnologías, han puesto en marcha sistemas de alta velocidad, pero con una ventaja gigantesca sobre España desde el punto de vista de la inversión: han utilizado la infraestructura viaria existente, reforzada y mejorada, por supuesto, pero nada que ver en inversión con una infraestructura ex novo como ha sido necesaria en España, el paraíso de las grandes constructoras. La alternativa, entonces presentada y rechazada, fue el Eurotren, la solución aplicada en toda Europa, capaz de alcanzar velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, que habría unido todas las capitales de provincia aprovechando la infraestructura existente, y que hubiera supuesto, por ejemplo, sólo media hora más de tiempo en el trayecto Madrid-Sevilla, y simultáneamente la modernización radical del tráfico de mercancías, el más obsoleto de Europa, con una ventaja enorme sobre la productividad de la economía. El Eurotren costaba la cuarta parte que el AVE por kilómetro instalado.

Entiendo que ante la comodidad y la rapidez de este medio de transporte de gran lujo, la mayoría de los ciudadanos que lo disfrutan están encantados con él, y yo el primero, pero no es óbice para que sepan que se trata de un servicio que el resto del mundo desarrollado no se ha podido permitir, y que existían opciones casi tan buenas que costaban la cuarta parte y que además hubieran unido todas y no sólo unas cuantas ciudades españolas y mejorado extraordinariamente lo más importante para la competitividad, el tráfico de mercancías. Les pongo un ejemplo que ilustra perfectamente lo que digo: en otoño de 2010, el gobierno de California le propuso al inversor más rico del mundo, Warren Buffet, construir una línea de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, más o menos la misma distancia de Madrid a Sevilla pero con cuatro veces más población conectada. Después de estudiar detenidamente el proyecto, Buffet desistió porque no era rentable «ni de lejos». Conectar, como se pretende hoy, ciudades de poco más de 100.000 habitantes por razones políticas, es un dislate.

Pero el asunto del AVE no había hecho más que empezar. Tanto los socialistas como el PP convertirían el Ministerio de Fomento en el Ministerio de Promoción Política, y se lanzarían a la construcción de una red de alta velocidad absolutamente ruinosa y disparatada. Ni el AVE a Sevilla, ni los posteriores a Barcelona y Valencia serán jamás no ya rentables, sino que ni siquiera se recuperará nada de lo invertido, ya que con los ingresos obtenidos y a pesar de sus altas tasas de ocupación ni siquiera se cubren los gastos variables y el mantenimiento de las vías. Por poner unas cifras, el AVE Madrid-Valencia supuso una inversión de 6.600 millones de euros, y con 17 trenes funcionando diariamente, que es el máximo posible y una ocupación del ciento por ciento, se transportarían al año 2,2 millones de viajeros; pues bien, para hacer break-even, es decir, para que los costes incluida la amortización se igualaran a los ingresos (de hacer beneficios ni se habla), sería necesario transportar 9 millones de pasajeros al año. Una diferencia abismal.

Y lo que ya fue una ruina de proporciones estratosféricas fue el denominado AVE manchego, una inversión patrocinada e impulsada por José Bono, que supuso 3.500 millones de euros, y que conectaba Toledo con Cuenca y Albacete. Seis meses después de su puesta en marcha en enero de 2011, con vistas a que el Partido Socialista ganara de nuevo las elecciones autonómicas, Renfe tuvo que suspender el servicio porque sólo lo utilizaba una media de 9 personas diarias, lo que no ha sido óbice para que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, anunciara la puesta en marcha para el 10 de diciembre de 2011 del AVE gallego, que unirá las ciudades de Orense, Santiago y La Coruña. Muchos políticos deberían dar explicaciones por este desastre económico: en cualquier otro país, más de un responsable habría sido procesado y habría ido a dar con sus huesos en la cárcel.

El final del período Solchaga

El paro generado por la desastrosa política económica hizo que los enfrentamientos con los sindicatos fueran la tónica general, enfrentamientos que culminaron en una gran huelga general en 1988. Todo ello, junto con las luchas internas entre los guerristas organizados alrededor del vicepresidente y los «renovadores» identificados con González, y sobre todo los escándalos de corrupción que afectaban a personas muy concretas del partido y que obligaron incluso a la salida de algunos ministros, incluido el propio Guerra por el caso de su hermano Juan —que había utilizado ilícitamente su despacho oficial para la realización de transacciones privadas—, alteró finalmente el equilibrio de poderes a favor de González. A ello se unieron casos como Filesa, una trama de corrupción para la financiación ilegal del Partido Socialista, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales de 1989, y en la que varios relevantes socialistas fueron condenados por ello e indultados por Aznar en diciembre de 2000. También lo fueron por el uso irregular entre 1987 y 1993 de fondos reservados destinados a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, de los que quedaría probado que habían sido sustraídos cinco millones de euros, y otros similares.

Con los socialistas «entretenidos» en peleas internas y corrupciones varias, además de la desastrosa política económica seguida, España entra en una profunda recesión y con enorme déficit presupuestario. Con la habilidad política que siempre le ha caracterizado, Felipe González, que vio la cosa perdida, decidió convocar elecciones de inmediato, antes de que las cosas se pusieran peor: ganó, pero no por mayoría absoluta, lo que nos obligaría a pagar un chantaje multimillonario a nacionalistas y separatistas para garantizar su apoyo, y lo que fue infinitamente peor, a conceder transferencias que jamás debían de haberse producido. Demagogo de primera, afirmaría: «He entendido el mensaje, los ciudadanos quieren el cambio del cambio», un viva Cartagena que sonaba muy bien pero que no significaría absolutamente nada.

Sea como fuere, lo que sí ocurrió es que los gastos extraordinarios en los que se había incurrido como consecuencia de los «fastos del 92» hicieron que el gasto público se elevara exponencialmente justo en el momento en que los ingresos fiscales estaban cayendo como consecuencia de la fuerte caída del crecimiento, un 0,7 por ciento frente al 3 por ciento. La respuesta a esta situación imposible fue típicamente socialista: subida de impuestos —el IVA pasó del 13 al 15 por ciento, y el IRPF del 53 al 56 por ciento—, reducción de prestaciones sociales elevando las condiciones para disfrutarlas, devaluación de la peseta e introducción del control de cambios para luchar —¡adivínenlo!—, contra los especuladores que eran los culpables de todo. La culpa no era del despilfarro, la culpa no era de las disparatadas inversiones, la culpa no era del descontrol general, era de los especuladores.

Solchaga no culminaría la ruina de España, pero sí la de Argentina

Curiosamente, Carlos Solchaga, que ha demostrado una gran habilidad personal de supervivencia, después de haber dejado noqueada a la economía española, se presentaría en Argentina como gran orate de la economía mundial y convencería a Menem de que lo que Argentina necesitaba para convertirse en una potencia mundial era hacer del peso una moneda fuerte y para ello nada mejor que imponer por ley la paridad del peso con el dólar. El resultado fue la ruina económica de Argentina, ya que, al no poder controlar la cantidad de dólares, tuvieron que disminuir drásticamente la cantidad de pesos, lo que dejó al país sin liquidez y obligó al despojo de los ahorros de las familias pobres, porque los ricos habían convertido sus pesos en dólares y los habían sacado del país, tanto como 150.000 millones de dólares en muy escaso tiempo: fue el famoso «corralito». Como al final ya no había dinero, apareció la economía de trueque, y luego el hambre en uno de los países con más recursos alimenticios del mundo. Solchaga casi arruinó a España, pero con los conocimientos aquí conseguidos tuvo un éxito total y conseguiría arruinar plenamente a Argentina.

El período Solbes: un profesional de la quiebra

Ganadas las elecciones por la mínima, en julio de 1993 González nombraría un nuevo Gobierno, poniendo a Pedro Solbes al frente de la economía. Conocí a Solbes en el Consejo de la antigua CAMPSA: era un hombre tranquilo, afable, educado y muy callado, por lo que no era posible valorar sus conocimientos. Cuando en 1993 el presidente González decidió cambiarlo desde su puesto en el Ministerio de Agricultura al de ministro de Economía —aunque con todos los poderes, no como con Zapatero— no era algo disparatado sino muy razonable, a la espera, naturalmente de que los hechos demostraran lo acertado o no de tal decisión. Si se hubieran admitido apuestas, yo habría apostado a favor de Solbes. Desgraciadamente, el asunto no funcionó, tal vez porque, como rezaba en la tumba de aquel emperador romano, «no sabía que no podía hasta que lo intentó».

Con Solbes todo iría a peor. La situación era tan desastrosa que en enero de 1994 se convocaría otra gran huelga general bajo el lema: «Hay que pararlos. Te juegas mucho», en oposición a una reforma laboral impulsada por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán —el de los ERE falsos, ¿recuerdan?—, en la que se inventarían los contratos basura, «fomento de contratos con bajos salarios para jóvenes», a la vez que se recortaban algunas prestaciones por desempleo porque ya no había dinero.

La inestabilidad del tipo de cambio se agudizó, el triunfalistamente denominado «Programa de Convergencia del Gobierno», para conseguir cumplir los objetivos exigidos por el Tratado de Maastricht y poder entrar en el euro, fue un fracaso rotundo, que obligaría a cuatro devaluaciones entre 1992 y 1994, algo que jamás había ocurrido en nuestra historia económica. A pesar de la reducción de crecimiento económico iniciada en 1989, nadie buscó la necesidad de una reconversión del Estado burocrático, manirroto e ineficaz, y sin ello, cualquier propósito de mejora resultaba más bien un sarcasmo, increíblemente, a pesar de que los objetivos principales consistían en reducir el déficit y la deuda pública a unas cantidades prefijadas, el programa no decía nada de política presupuestaria, con un gasto público disparado por el creciente despilfarro de las AA. PP. Los resultados no pudieron ser peores:

— Déficit público, el mayor desde la guerra civil, 6,7 por ciento del PIB, frente al 3 por ciento exigido.

— Deuda pública, la mayor también desde la guerra civil, 70 por ciento, frente al 60 por ciento exigido.

— Inflación, 4,3 por ciento, más de dos puntos por encima de la exigida.

— Dos devaluaciones, la última en 1995, porque no cumplíamos la estabilidad cambiaria.

— Tipos de interés a largo plazo, cinco puntos por encima de lo exigido.

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, le tacharía con toda razón de «ridículo» y «lerdo».

Y en cuanto al cumplimiento de las exigencias de Maastricht, Solbes estaba totalmente convencido de que era imposible para España la entrada en el euro porque no veía factible conseguir las exigencias pedidas. Por ello resulta ridículo a la vez que estúpido que socialistas y medios afines afirmen que gracias a su gestión «España pasaría el examen de Maastricht y a formar parte del euro desde su creación».⁹ Es realmente delirante la cara dura que tienen algunos.

Felipe González confesaría en 2009: «Prometí crear 800.000 empleos y se destruyeron 800.000» —en realidad se destruirían 1,4 millones—, y añadiría: «los empleos los dan los empleadores, no el Estado». Un poco tarde para darse cuenta de esta evidencia; con su disparatada política de cesiones a las CC. AA., el empleo público crecería en 1,3 millones de personas. Si no hubiera sido así, el empleo habría caído durante su mandato en 2,7 millones de personas. Además, la reforma del sistema educativo, bajo la estúpida excusa del progresismo y la democratización, ha aniquilado la calidad de la enseñanza pública en este país. La reforma destruyó la cultura del esfuerzo, del respeto a los profesores y del trabajo bien hecho. Se rebajaron los contenidos a los niveles más elementales, convirtiendo la escuela pública en un aparcamiento de jóvenes desinformados, y la universidad pública en una gigantesca fábrica de parados.

La desastrosa situación económica sería la que haría perder las elecciones a Felipe González. El asunto del GAL, tan denostado por algunos medios, no le quitaría ni un voto, entre otras razones porque la «guerra sucia» ha sido utilizada por la mayoría de los países democráticos para acabar con el terrorismo, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras por ello, ni haya puesto en peligro la democracia. Francia acabaría así con la OAS, Alemania con la Baader Meinhof o Italia con las Brigadas Rojas, con la diferencia en nuestro caso de que los responsables de llevar a cabo la misma, unos corruptos hasta la médula, se embolsaron el 90 por ciento del dinero destinado a ese fin, por lo que al final sólo les quedó para contratar a gente poco profesional y chapucera, a pesar de lo cual casi consiguieron poner de rodillas a los asesinos de ETA. En cuanto a la corrupción, se trataba de un fenómeno demasiado extendido e intrínseco al modelo de Estado, como para que les causara el menor perjuicio.

CAPÍTULO 3

La etapa de José María Aznar

La situación económica al final de la etapa de Felipe González era realmente penosa. El paro ascendía a 3,7 millones de personas, un 23 por ciento de la población activa; el déficit público alcanzaba el 6,7 por ciento del PIB y la deuda el 70 por ciento del PIB, todos, los más altos de nuestra historia; el socialismo volvía a batir récords de ruina para los españoles. La inflación era del 4,3 por ciento, y los tipos a largo plazo, principal medida del coste de financiación de las empresas, todavía alcanzaban la disparatada cifra del 11 por ciento, aunque habían empezado en el 24 por ciento; y, como guinda del pastel, la Seguridad Social estaba en quiebra. En estas condiciones, el descontento era creciente, más por la situación económica que por los sucesivos escándalos, algunos de los cuales, como ya he explicado, como el tan traído y llevado de los GAL, tan querido de determinados medios, no tendría efecto electoral alguno.

El PP ganaría las elecciones europeas, municipales y autonómicas de 1994, esencialmente por el profundo deterioro de la situación económica, y en las generales de marzo de 1996 se convertiría en el partido más votado (156 escaños de un total de 350), y tras duras negociaciones con CiU y PNV, logró el apoyo de los mismos logrando formar gobierno en mayo de 1996. Fue la hora de Aznar. Sus ocho años de gobierno, como escribiría Le Monde Diplomatique, corresponderían a «una opción atlantista y al modelo liberal conservador». Con Aznar, España seguiría la tendencia de las economías occidentales, pero con un ritmo y una intensidad excepcionales.

«La incorporación de España a los mercados financieros, el crecimiento y la internacionalización de la Bolsa de Madrid», y de las grandes empresas y bancos, añado, «son impresionantes», y Aznar completa la transformación de una economía real de volúmenes medios en una economía financiera agresiva, lo que se traduce en un crecimiento superior a la media comunitaria, pero además lo hace en el marco del equilibrio que garantizaban los preceptos de Maastricht: inflación controlada, déficit presupuestario inferior al 3 por ciento y deuda por debajo del 60 por ciento del PIB.

Pero las mejoras no serían sólo sobre el crecimiento, impulsado por las reducciones de impuestos; los efectos sobre el paro, el gran fracaso de Felipe González, serían espectaculares, pasando del 23 por ciento en 1995 a menos del 11 por ciento en 2003, y eso sin hacer trampas con las estadísticas como haría Zapatero desde 2005. La prima de riesgo como diferencia entre el bono español a diez años y el Bund alemán cae de 450 puntos en 1995 a sólo 40 puntos tres años después; la presencia de las empresas españolas en el exterior pasa del 6 por ciento en 1995 al 40 por ciento en 2003, y el gasto público total cae desde el 44,3 por ciento del PIB en 1995 al 38,2 por ciento en 2003.

La entrada en el euro: luces y sombras

Todos los esfuerzos iniciales de José María Aznar se concentran en el cumplimiento de los criterios de Maastricht para poder entrar en el euro, cuya creación había sido decidida en diciembre de 1995 en la reunión del Consejo Europeo de Madrid, donde se fijaría la fecha para su puesta en circulación en enero de 2002. Se trataba de un acontecimiento realmente único: la mayor unificación monetaria europea desde la caída del Imperio romano. El atractivo era tan enorme que nadie se paró, ni por un instante, a analizar los pros y los contras de la moneda única, sólo se hablaba de las enormes ventajas de las «áreas monetarias óptimas», sin pararse a pensar que a la zona euro le faltaban requisitos esenciales para ser un área óptima. Y menos aún, nadie pensaría que, si bien la moneda única podía ser una bendición para países con gobiernos sensatos, podía ser un desastre para países con gobiernos insensatos, y que las primeras grandes víctimas serían las reformas estructurales, que quedaron completamente abandonadas. Con unos tipos de interés que eran la quinta parte de los habituales y dinero ilimitado, ¿a quién le importaba embarcarse en complejas y difíciles reformas?

En julio de 2011, cuando la supervivencia del euro estaba puesta en cuestión por razones que analizaremos más adelante, diecisiete economías europeas utilizan esta nueva divisa. En Europa existía desde el período comprendido entre las dos guerras mundiales una animadversión hacia los tipos de cambio volátiles, que habían sido los culpables del colapso de sus economías, de sus sistemas monetarios y del comercio, por lo que el entusiasmo hacia la moneda única era perfectamente comprensible. A finales de 1997, los esfuerzos de Aznar para poner orden en el desastroso estado de cosas heredado de su predecesor se ven coronados por el éxito, y España no sólo cumplió rigurosamente en esa fecha los criterios de Maastricht, sino que fue uno de los países que lo logró con más holgura. España se convierte así en socio fundador del euro, sin que ni por un momento nadie cuestionase su conveniencia.

El 1 de enero de 1999 se introduce oficialmente el euro en los once países¹⁰ de la Unión que, cumpliendo los requisitos para ello, se acogieron a la moneda única, la denominada zona euro, y el 1 de enero de 2002 se pondría en circulación tras el período requerido para la fabricación de los nuevos billetes y monedas. Seis meses después, el 1 de julio, serían retiradas de la circulación todas las restantes monedas europeas. Como decía Robert Mundell en 2002, «que once países comparativamente avanzados, y algunos de ellos cabezas de antiguos imperios, con monedas que se remontaban a un millar de años, hayan decidido abandonarlas a favor de un signo continental común es algo que no tiene precedentes en la historia universal».

Ventajas e inconvenientes de la moneda única

La introducción del euro conllevaba, en teoría, una serie de ventajas y desventajas tanto de orden económico como de orden político. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de las ventajas no han sido tales y algunas de las desventajas han sido mucho mayores de lo inicialmente previsto.

Pero antes de entrar en ellas, hay que subrayar, como se ha comentado, que la moneda única se introduciría con una tremenda precipitación, sin un proceso previo o al menos paralelo de unificación política. Ello quedaría perfectamente de manifiesto con motivo de los famosos «shocks» asimétricos, «porque si la moneda es de todos pero cada uno puede hacer su propia política económica, la divisa común queda al albur de la irresponsabilidad, la demagogia electoralista y los compromisos de cada cual. Es la resultante de lo que sumen los gobiernos austeros y eficientes y lo que resten los manirrotos y torpes».¹¹ Aznar sigue defendiendo a capa y espada su apuesta por el euro, y culpa de la actual crisis europea a la ruptura del Pacto de Estabilidad que preveía fuertes sanciones a cualquier país de la eurozona que superase el 3 por ciento de déficit presupuestario, y que sería vulnerado por Francia y Alemania sin que derivase de ello sanción alguna. Pero una cosa era incumplir por uno o dos puntos el pacto, y otra muy distinta superar el 12 por ciento de déficit como ha hecho Zapatero (sería más del 16 por ciento sumando todo lo que han escondido).

Pero, volviendo a las ventajas, la primera era que el euro daba estabilidad y nos ayudaba a mantener un crecimiento sostenido. En el caso de España, donde las crisis nos afectaban más que a la media, la ventaja era considerable; además, el euro contribuiría a bajar los tipos de interés y, al hacer desaparecer los riesgos de tipo de cambio, haría fluir los créditos a bajo tipo de interés, lo cual incitaría a los empresarios a invertir más, a las familias a consumir más y, en consecuencia, a incrementar el crecimiento y el empleo. Y efectivamente fue así al principio.

La segunda ventaja, esencial para muchos gobiernos europeos escaldados por lo sucedido en el pasado con las devaluaciones competitivas, era que hacía imposible volver a utilizar los tipos de cambio para crear ventajas comparativas dentro de la región. La teoría económica explica cómo una depreciación del tipo de cambio equivale a una combinación de subvención a las importaciones más un arancel a las importaciones, lo cual acaba afectando al libre comercio interregional, que es la base de la UE.

Esto, que aunque teórico es muy real en la práctica, quedó puesto de manifiesto en forma absolutamente contundente en 1992 durante la crisis del entonces sistema monetario europeo, crisis que produjo la depreciación de la lira y simultáneamente la apreciación del franco francés y el marco alemán, y como la integración comercial de los tres países era muy alta se produjo un notable aumento de las exportaciones italianas y una mejora de su balanza por cuenta corriente, con una notable mejora económica interna. En sentido contrario, Francia y Alemania experimentaron una pérdida de competitividad respecto a Italia, lo que llevó a Francia a presionar a Bruselas para que los sectores industriales afectados fueran subsidiados, e idéntica situación se produjo con las devaluaciones españolas y portuguesas, todo lo cual daría el impulso definitivo a la acción política para la introducción de la moneda única.

La tercera ventaja teórica, y en este caso sólo teórica, porque lo sucedido sería justamente lo contrario, es que una economía más grande favorecería la recuperación en el caso de recesiones a nivel local, haciendo que la divisa común se fortaleciese. Pero esta supuesta ventaja mal utilizada, como en realidad lo ha sido, se ha convertido en uno de los factores determinantes de nuestra ruina. Dicha ventaja se concretaría en la facilidad de recibir créditos ilimitados del exterior a muy bajos tipos de interés, tan bajos que durante años llegarían a ser negativos en términos reales. Estos créditos serían el factor principal de nuestro espectacular crecimiento hasta 2007, pero ante la irresponsabilidad absoluta y la falta de control por parte de las autoridades económicas y del Banco de España, llevarían los desequilibrios económicos a límites inaceptables, producirían una gigantesca burbuja inmobiliaria y financiera y nos conducirían al desastre.

Otras ventajas asociadas eran la eliminación de los costes de transacción como consecuencia de la sustitución de las distintas monedas nacionales por la moneda única (no había que cambiar de divisa) y la eliminación de la incertidumbre asociada a la variación de los tipos de cambio de las monedas de los países que se integran en la moneda única, que en el caso de España eran nuestros principales mercados tanto exportadores como importadores con una gran diferencia. Además, y al menos en un plano teórico, porque el desarrollo posterior fue muy diferente, existían toda una serie de ventajas indirectas derivadas de que el euro nacía en el ámbito de la Unión Económica y la creación de un mercado único, lo que llevaba a un aumento de la competencia, a una mayor transparencia de los mercados, a una mayor estabilidad macroeconómica derivada de la obligatoriedad de cumplimiento del Pacto de Estabilidad, de las consecuencias del poder económico derivado de la existencia de una moneda fuerte que serviría de referencia internacional, etcétera.

La desventaja esencial es que la pertenencia a la zona euro limita extraordinariamente las políticas económicas que pueden implementar los distintos países, en particular la más importante y efectiva de todas, la política monetaria, es decir, la posibilidad de devaluar tu moneda para compensar las caídas de tu productividad relativa, limitación que hizo que algunos países que cumplían perfectamente los criterios de Maastricht para entrar en el euro, no lo hicieran porque no querían perder una herramienta de ajuste tan poderosa. «Los países miembros no tenían posibilidades de tomar las medidas de política económica adecuadas para recuperar los desequilibrios externos e internos cuando sus ciclos económicos no coinciden, y en el tiempo transcurrido desde la creación del euro no han coincidido.»¹²

Pero lo cierto es que, con una alegría y una irresponsabilidad inauditas, estos problemas fueron totalmente ignorados. Las ventajas a corto plazo eran tan claras y sugestivas que los responsables económicos y políticos no quisieron o no supieron valorar adecuadamente los riesgos tremendos que la moneda única suponía, en particular el hecho de que, como cada país es soberano, no había suficientes herramientas económicas coordinadas en caso de crisis. Es precisamente lo que ha ocurrido ahora, aunque el problema no ha sido tanto la crisis como la irresponsabilidad absoluta con la que los gobiernos han manejado el tema, despilfarrando y gastando lo inimaginable y mintiendo en sus cifras macroeconómicas, que sorprendentemente nadie se molestaba en analizar.

La irresponsabilidad en los procesos de admisión y la patética falta de control

Pero si la construcción monetaria fue precipitada, mucho peor serían los graves errores en su proceso de implementación. Para empezar, se fue enormemente laxo en la admisión de países cuya historia demostraba su incapacidad para mantener en el tiempo los parámetros exigidos para la integración monetaria. Casi la mitad de los países jamás debieron ser aceptados como Estados miembros, o al menos sólo después de un largo período de adaptación, y en lugar de ello fueron admitidos sólo por cumplir, supuestamente, durante un breve período, las condiciones de entrada; y digo supuestamente porque las estadísticas que suministraron y que la UE se tragó sin comprobar eran falsas en muchos casos. Además, las paridades que se establecieron con sus monedas originales se alejaban mucho de su competitividad real, y el caso de España fue uno de los más sonados. Y para terminar, y más importante aún, la eurozona no se dotó de un sistema fiscal supranacional que garantizara la homogeneidad entre los diversos países. Nadie estuvo dispuesto a renunciar a su soberanía fiscal, y a crear un Ministerio de Finanzas único europeo que unificara los impuestos en toda el área y con capacidad para captar fondos en los mercados internacionales.

En este sentido, el papel jugado por Eurostat, la institución estadística europea, ha sido patético. Esta institución altamente dotada y que nos cuesta un ojo de la cara a los europeos, se ha convertido en un mero buzón de correos de las agencias estadísticas de los países miembros. Eurostat se limita a recibir, a integrar y a hacer comparaciones de los datos que recibe, pero no comprueba nada, la tolerancia y la negligencia de la misma ha llevado a que los engaños estadísticos de numerosos países, que además era conocida su falsedad, hayan sido publicados no como propios del país, sino avalados por la agencia estadística europea, lo cual es ya el colmo. Los datos de déficit, deuda, paro y en general de todas las variables macroeconómicas estaban falseados, en forma tan burda a veces, que el hecho de que Eurostat no lo haya comprobado raya en lo delictivo. Grecia estuvo mintiendo años y años antes de que estallara la crisis, y Eurostat no alertó como era su obligación de lo que estaba ocurriendo, y lo mismo ocurre con España, cuyas cifras oficiales y la realidad cada día están más alejadas.

En cuanto al papel jugado por el Banco Central Europeo (BCE), es tan lamentable o más que el de Eurostat: toda su gestión ha sido un conjunto ininterrumpido de despropósitos desde sus inicios. «Los errores de bulto cometidos desde el inicio de la crisis en su deseo de contemporizar, lo han situado en el punto de mira tanto por el riesgo que acumula en su balance, como por el riesgo cruzado que acumulan sus bancos centrales o el riesgo de deuda soberana que acumulan sus supervisados gracias a la barra libre de liquidez al 1por ciento primero y al 1,5 por ciento en 2011, ofrecida por él. Ha hecho un pan como unas tortas dedicándose a tapar vías de agua antes de afrontar que el buque necesitaba una reparación completa que cubriera de una vez por todas las grietas del sistema, porque lo que ha ocurrido es que el riesgo sistémico no sólo no ha desaparecido, es que se ha agudizado.»¹³ En estos momentos, el BCE ha relegado su primer deber de control de la inflación al baúl de los recuerdos, y en su lugar, a imagen y semejanza de la FED, cuyos deberes son otros, se está hinchando a fabricar billetes, para ayudar a comprar tiempo a bancos y gobiernos insensatos, lo que inevitablemente acabará derivando en una inflación de primera magnitud.

El euro no es un «área monetaria óptima»

Según la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas desarrollada por el economista Robert Mundell, las áreas monetarias constituyen la etapa final de un proceso de integración económica regional como es el caso de la UE. Para Mundell, la integración comercial de un grupo de países requiere tarde o temprano la integración monetaria, debido a los graves problemas que originan las devaluaciones competitivas antes mencionadas. Sin embargo, el condicionante esencial para el funcionamiento correcto de las Áreas Óptimas es la movilidad de la mano de obra. Si se producen «shocks» asimétricos, como es el caso, y en un país se genera mucho paro como consecuencia de la falta de competitividad, el problema se soluciona a base de que los parados vayan a trabajar a otros países del área en mejor situación económica. En teoría, la libertad de movimiento para la mano de obra es total, pero en la práctica no es así.

Como señalaba el economista Franco Modigliani en una conocida y celebrada sentencia, «para los monetaristas el largo plazo es lo único que importa, ya que el efímero corto plazo es irrelevante, en cambio para los keynesianos el corto plazo es lo único relevante, porque en el largo plazo estaremos todos muertos». Esta sentencia es aplicable a la formación de uniones monetarias; desde un punto monetarista se demuestra que a largo plazo la mayoría de los países ganarían con la moneda única, pero como la vida real está llena de rigideces (como la escasa movilidad del trabajo), la política monetaria y el tipo de cambio resultan esenciales para suavizar esas rigideces, y en consecuencia en el corto y medio plazo serán muy pocos los países que se beneficien de la moneda única.

Y precisamente el otro gran fallo del euro sería que la zona euro no es un área monetaria óptima. Para serlo, es requisito imprescindible la plena movilidad de la mano de obra dentro de la misma, como ocurre en Estados Unidos; sin ese requisito, el asunto simplemente no funciona. Como describe Alberto Recarte con meridiana claridad, «en la Unión Monetaria Europea lo fundamental es el Estado-nación. Las fronteras siguen existiendo, las legislaciones son diferentes, los derechos y deberes de los ciudadanos también, como los impuestos, las tradiciones y los sistemas judiciales. Y la lengua, un factor que facilita o puede llegar a hacer imposible la unión política y económica, nos separa mucho más de lo que parece».

A día de hoy, y vistas las cosas retrospectivamente, el euro ha sido un desastre para España, pero no tanto por el balance de ventajas y desventajas objetivas de la moneda única, sino por la incompetente e irresponsable utilización de las ventajas derivadas de la misma. El euro puede ser muy bueno para un país cuando éste se encuentra gobernado por personas responsables, pero una ruina cuando los gobernantes son unos irresponsables, como sin duda fue nuestro caso ya desde la segunda legislatura de Aznar, y de forma sobresaliente con José Luis Rodríguez Zapatero, cuya irresponsabilidad, junto con la de la casta política parasitaria, sería tan desmesurada que acabaría llevando al hundimiento a la nación.

Los éxitos de Aznar

Como he señalado antes, a partir de la ruinosa herencia de Felipe González, José María Aznar conseguiría en poco menos de dos años coronar su objetivo prioritario: entrar en el euro, un logro que Solbes consideraba totalmente imposible. A pesar de que los medios izquierdistas y simpatizantes, con PRISA a la cabeza, atribuyan el éxito inicial de Aznar a «la buena labor económica y los cambios estructurales realizados por Solbes», lo cierto es que fue justamente lo contrario y dejó arruinada la Hacienda Pública y la Seguridad Social. De hecho, su grado de desconocimiento, su desidia y su incompetencia quedarían demostrados durante su segundo mandato más allá de toda duda razonable. La verdad es que la propaganda de los medios izquierdistas para demonizar a Aznar ha sido masiva; personalmente me ha llamado la atención el resumen realizado sobre la era de Aznar en Wikipedia, que supuestamente debería ser un medio serio y neutral, y resulta por el contrario de un sectarismo y una falsedad fuera de lo común.

El éxito de Aznar se conseguiría a través de tres mecanismos diferentes que por orden de importancia fueron: los Fondos Estructurales de la Unión Europea, que junto al Fondo de Cohesión y la PAC supusieron, gracias a las durísimas negociaciones de Aznar, más de la mitad de los fondos totales destinados por Bruselas a fortalecer las economías de los países más pobres, en total unos 50.000 millones de euros en los ocho años de legislatura; la privatización de las grandes empresas públicas que representaría unos ingresos cercanos a los 40.000 millones de euros, y la reducción del gasto público y a la vez la reducción del impuesto sobre la renta. Un prestigioso hacendista, el profesor José Barea, sería el alma máter del importantísimo recorte del gasto. Barea, que no dependía de Rato sino de Aznar, diseñaría los sacrificios imprescindibles para cumplir los requisitos de entrada en el euro, desde la congelación del sueldo a los funcionarios hasta podar hasta la última partida de gasto, para lo que el profesor, perfecto conocedor de todos los entresijos y camelos presupuestarios, tenía una habilidad que rayaba en el virtuosismo. Aznar asumiría el coste y aguantaría el tirón sin pestañear.

Pero más allá de la ordenación de las cuentas públicas devastadas por la desastrosa gestión anterior, su principal mérito sería su apuesta por la creación de riqueza a través de la libertad económica, el estímulo de la actividad empresarial y la liberación de recursos de los particulares, entendiendo perfectamente que, cuanto menor es el tamaño del Estado, mejor y más eficientemente funciona un país, una doctrina radicalmente opuesta a la apuesta socialista por la subvención y el gasto. Éste, además, como se demostraría al llegar las vacas flacas, se había realizado con una incompetencia y una falta de control absolutas.

La otra cuestión que los socialistas, con sus habituales cuadrillas de iletrados, jamás han entendido es que toda la evidencia empírica ha demostrado que la clave de la recaudación fiscal no se encuentra en los tipos impositivos, sino en el crecimiento de las rentas, y en la medida en que unos tipos marginales altos son responsables del bajo ahorro, de la recesión, del estancamiento de la productividad y de la elevada inflación, resulta esencial que los tipos marginales sean bajos para obtener buenos resultados económicos. Esto llevaría a Aznar a reducir dos veces los tipos marginales del IRPF. Lo que mejor caracterizaría su política económica fue el principio de realismo y coherencia con los fundamentos de economía de mercado.

El modelo Aznar-Rato que era sólo de Aznar

Otra cuestión que acertadamente señala Alberto Recarte es que «el supuesto modelo económico Aznar-Rato, del que tan frecuentemente se habla, no es tal. El modelo ha sido el de Aznar, y como tal debería ser reconocido. Él ha controlado férreamente el gasto público, ha limitado las peticiones a los ministerios de gasto, ha decidido rebajar dos veces los impuestos sobre la renta, y ha asumido los costes de unas durísimas negociaciones con la Unión Europea, para fijar cuánto correspondía recibir a España de los fondos estructurales y de cohesión. Y, finalmente, ha peleado tanto por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad como por el contenido de la Constitución europea, consciente de que la pérdida de poder de España se traduciría no sólo en menor influencia política sino en costes económicos para nuestro desarrollo. Otra cosa es que la generosidad de Aznar para con sus ministros, permitiéndoles apuntarse como propios los éxitos cuando se producían, haya oscurecido a veces esta realidad». Esto es tan cierto como que Rato, como veremos en el punto siguiente, fue el principal responsable de los grandes errores del período, en el que no sólo no realizaría ni una sola reforma estructural, sino que consolidaría deliberadamente los monopolios para favorecer a las grandes fortunas.

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público, reactivara la actividad económica y, en consecuencia, redujera el nivel de paro que había llegado con Felipe González a límites socialmente inasumibles. Los éxitos de Aznar se pueden medir perfectamente recurriendo a las principales magnitudes macroeconómicas; la primera, el paro, uno de los grandes fiascos de los distintos gobiernos de Felipe González, pasaría del 23 por ciento a cerca del 11 por ciento (sólo a finales de 1997 se habían creado 360.000 empleos); de un déficit público de más del 6 por ciento del PIB se pasaría al cero; durante los cuatro primeros años se crecería a un ritmo espectacular sólo superado por el del período 1960-1975, el 4 por ciento, casi el doble de la media europea, y el 3 por ciento en los cuatro años siguientes. A finales de 2003, la tasa de actividad —porcentaje de activos sobre la población de dieciséis a sesenta y cuatro años— había subido notablemente, y se situaba en el 69,4 por ciento, con un incremento de 4,6 puntos, casi al nivel de la media de la UE que era del 69,7.

El reconocimiento internacional

Esta realidad pasó a trascender a órganos de prensa importantes. El profesor Velarde recoge tres artículos significativos que resumen perfectamente la situación.¹⁴ El primero apareció en el suplemento de economía de Le Monde en marzo de 2004. La tesis central era que las magnitudes macroeconómicas fundamentales resultaban «de tal modo buenas que se puede preguntar qué motivos de preocupación pueden encontrar los electores que se disputan el PP y el PSOE, en las cercanías del escrutinio, para discrepar de esa realidad de buena salud». La respuesta era una especie de envés del decorado, de carácter social, que, para esta publicación izquierdista, oscurecía este excelente panorama macroeconómico.

Según el diario, dos tercios de los empleos creados eran eventuales; el coste de la vivienda, exorbitante; los salarios y las pensiones, bajos; la economía de los hogares se ve obligada a «financiar» una cantidad importante de gastos de salud y de educación, al no ofrecerla los poderes públicos, por lo que es preciso recurrir a seguros privados y abandonar la escuela pública, en tanto que la enseñanza superior pierde cada año un poco más de calidad. Realmente, el sectarismo y la mendacidad de Le Monde eran los habituales, ya que contraponía a unos éxitos económicos incontrovertibles unos problemas sociales heredados todos ellos de la etapa socialista, y que estaban en vías de solución. Sería interesante conocer la opinión del diario izquierdista al ver los «éxitos sociales» del gobierno socialista que seguiría al del PP.

También en marzo de 2004 la revista Time anunciaba una larga información en portada, «Spain Rocks». «Encontrémonos con los nuevos conquistadores —resumía—: los españoles conducen una resurrección nacional en los negocios financieros mundiales, en la política internacional y en las artes.» En el interior, bajo el título «Arco de Triunfo», se podía leer: «La economía española está creciendo más deprisa que la mayoría de las economías de la Unión Europea. El presidente Aznar se vanagloriaba en un reciente viaje a Estados Unidos de que el PIB de su país sobrepasa ahora al de dos miembros del G-8 —Canadá y Rusia— y ocupa el octavo puesto mundial, dando a entender, sin excesiva sutileza, que España debería ser miembro de algún Club de Pesos Pesados y, desde luego, la voz de España se oye —aunque no siempre se valore— desde Bruselas a Buenos Aires, pasando por Washington.» Sin embargo, habíamos olvidado la terrible sentencia de Juan Pablo Fusi: «Hemos perdido el sentido de que la Historia de España siempre acaba en un desastre.» Viendo lo ocurrido en los años siguientes, la frase resulta profética.

Finalmente, el tercer artículo mencionado por Velarde era del semanario Newsweek, que en su portada del 2 de febrero de 2003 decía: «El auge de la economía española es de las escasas partes brillantes de la del Continente; ¿puede ser un modelo para Europa?» Es evidente que, de la situación desastrosa heredada del socialismo en 1996, la transformación conseguida por Aznar fue de tal calibre que traspasó fronteras y consiguió despertar la admiración del mundo desarrollado.

El hundimiento del Prestige y la guerra de Irak

En otro orden de cosas, hubo algunos acontecimientos que la izquierda en general y el Partido Socialista en particular explotarían al máximo para desprestigiar los rotundos éxitos económicos. El primero fue el hundimiento del petrolero Prestige, cargado con 70.000 toneladas de fuel, en las costas gallegas. A raíz de este desastre el Partido Socialista instrumentaría manifestaciones masivas en las que responsabilizaría al Gobierno de ocultar información, cuando la transparencia había sido total, de no haber tomado la decisión adecuada impidiendo la entrada del petrolero ya gravemente dañado en el puerto de El Ferrol y alejarlo de la costa. Sin embargo, el juzgado encargado de investigar el caso exculpó completamente a Fomento, sentenciando que no cabía más opción que denegar el acceso a puerto y alejarlo lo más posible de la costa.

En aquellos días de irracionalidad y sectarismo al por mayor, el semanario The Economist afirmaría: «El hundimiento del Prestige es algo inevitable, miles de petroleros bordean cada año las peligrosas aguas gallegas, igual que las del canal de la Mancha, y es imposible evitar que alguna vez suceda. Los daños ecológicos se han exagerado extraordinariamente, en unas aguas abiertas y fuertemente batidas por el mar, éstos habrán desaparecido en menos de dos años», como efectivamente sucedió, y continuaba: «Para catástrofe de verdad, la que estuvo a punto de ocurrir cerca de Barcelona, y que ha pasado completamente desapercibida, cuando un submarino nuclear norteamericano estuvo a punto de chocar con un gran metanero, eso sí que hubiera sido desastroso.» El diputado socialista Antonio Carmona tendría que dimitir de su cargo al ser grabado diciendo: «Creo que tenemos votos suficientes, pero si no, hundimos otro Prestige.»

El otro acontecimiento relevante fue la Guerra de Irak, en la que Aznar se alinearía inequívocamente con Estados Unidos y Gran Bretaña, y se haría la famosa «foto de las Azores» con Bush, Tony Blair y José Manuel Durao Barroso. Tres días después de la misma se iniciaría la invasión de ese país. En España, como en el resto de Europa, el 90 por ciento de la población estaba en contra de la guerra, y el Partido Socialista lo explotaría al máximo, porque que finalmente existiera una resolución de la ONU respaldándola no les importaría, y se lo ocultarían a la opinión. Más de treinta países intervendrían en la guerra de Irak, todos ellos con la opinión pública fuertemente en contra, pero ninguno, excepto España con Zapatero, desertaría cobardemente, apuñalando por la espalda a sus aliados y además pidiendo públicamente la deserción de los demás. Nadie escucharía a este felón, pero sobre todo nunca nos lo perdonarían, y desde entonces España quedaría relegada a una situación de paria.

El círculo virtuoso de los «nueve impulsos»

Para el profesor Velarde, el extraordinario resultado económico de la era Aznar, sólo superado por el crecimiento espectacular de los años sesenta, se había logrado gracias a lo que llama «círculo virtuoso movido por nueve impulsos enlazados».

Equilibrio presupuestario

El primero, y más divulgado, fue alcanzar el equilibrio presupuestario, conseguido por el empecinamiento de Aznar, al que había convencido Fuentes Quintana, y la eficacia puesta para su implementación por José Barea, al frente de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, una política que lograría por primera vez en la historia de la democracia un superávit del 0,1 por ciento del PIB en 2002. Esta evolución supondría una reducción de la deuda y en consecuencia una menor carga de intereses, como explica el profesor Lagares, uno de los mejores hacendistas de este país: «Los intereses efectivos que pagaba el sector público en el año 1975 eran del 0,4 por ciento del PIB, subieron al 0,7 por ciento en 1980», y el gobierno de Felipe González los elevaría hasta el 6,6 por ciento en 1995, cifra que Aznar reduciría a menos del 3 por ciento del PIB. Además, ello liberaría una enorme cantidad de ahorro, que pudo ser absorbido por el resto de los sectores de la economía para financiar inversiones que incrementaron el potencial productivo de la economía, el crowding out o efecto desplazamiento al revés, que en su versión extrema significaría que cuando el Estado reduce sus gastos en 100 euros, la inversión privada y otros gastos sensibles a los tipos de interés aumentan en 100 euros.

Las reformas tributarias

El segundo impulso fueron las reformas tributarias que redujeron la carga impositiva permitiendo un incremento del empleo y una mayor renta disponible de las familias, lo que llevó a un crecimiento del consumo. En concreto, con las reformas tributarias de Aznar, inspiradas por Enrique Fuentes, que no por Rato, los españoles pasamos a pagar un 25 por ciento menos de impuestos que en 1990 como porcentaje de renta, que fue una cantidad enorme. Como es habitual, los dirigentes socialistas y sus grupos mediáticos acusaron a Aznar de haber elevado la presión tributaria y haber reducido el gasto social, algo completamente falso en ambos casos. Respecto al primero, siendo cierto que los ingresos públicos subieron del 38,4 por ciento del PIB en 1995 al 39,6 en 2001, lo que no cuentan los socialistas y sus amigos es que el déficit lo pagan los españoles, y si en 1995 el déficit era del 6,6 por ciento del PIB, la carga pública total era del 45 por ciento, lo que significa que la presión fiscal había bajado y no subido, como falsamente afirmaban los socialistas. En cuanto al gasto social, descontando la inflación, la dotación de los servicios públicos pasaría de 5.029 euros por cada ciudadano en 1995 a 5.331 euros.

La política de privatizaciones

El tercer impulso, siempre en la opinión del profesor Velarde, fue la política privatizadora, aunque aquí tengo que diferir de mi maestro. La política privatizadora extraordinariamente mal gestionada por Rato como luego explicaré, más allá de los importantes efectos sobre los ingresos del Estado, unos 40.000 millones de euros, que pudieron ser muchos más si se hubiera realizado con eficacia, trajo como consecuencia la conversión de los monopolios públicos con precios administrados a monopolios privados con precios libres. Supuso unos ingresos a corto plazo pero un desastre a medio y largo plazo, aunque, como he señalado, el culpable fue Rato y no Aznar.

El índice de percepción de la corrupción

El cuarto impulso se refiere a la mejora en el índice de percepción de la corrupción, que mejoró desde el 4,3 en 1995 hasta el 6,9 en 2003, lo que supuestamente hacía a nuestro país más atractivo para las inversiones extranjeras. En esto, de nuevo vuelvo a estar en desacuerdo con mi maestro: el proceso de privatización de los monopolios no fue tal sino un reparto entre amiguetes. Conozco de primera mano, porque lo viví en primera persona, cómo muchas multinacionales hubieran estado encantadas de participar en el proceso de privatizaciones, con lo que se hubieran conseguido dos objetivos esenciales: el primero, haber recibido un precio mucho más alto por las empresas que se privatizaban, el segundo y tal vez más importante, se hubieran conseguido las tan cacareadas y nunca realizadas reformas estructurales en los sectores esenciales. Esto no fue un error, fue simplemente el deseo de Rato y no de Aznar, que en todo caso fue el responsable al no haberle parado los pies a aquél, de entregar los grandes monopolios a precio de saldo a los amiguetes, y además, como explicaré luego, hacerles unas leyes a medida para garantizar el monopolio indefinido en los sectores donde actuaban. Cuando a Rato le preguntaron por qué ponía a sus amigos al frente de las empresas públicas, con una soberbia fuera de lo común, que en cualquier país civilizado hubiera supuesto su destitución inmediata, contestó: «No voy a poner a mis enemigos.»

La mayor eficacia recaudatoria

La quinta fuerza impulsora vino provocada por la propia reactivación que así se produjo, lo que, al haber mejorado la eficacia de los instrumentos fiscales, generó lógicamente una mayor recaudación tributaria. Su valoración en relación con la presión fiscal es la descrita por el profesor Lagares, desmontando las patrañas de los socialistas y sus terminales mediáticos, patrañas que, inasequibles al desaliento y a la verdad, siguen manteniendo a día de hoy.

Reducción del paro e inmigración creciente

El sexto impulso sería el efecto que la reducción del paro y el creciente proceso de inmigración ejercieron sobre los ingresos de la Seguridad Social que había sido llevada a la quiebra por Solbes. Aquí sin embargo hay que poner muchos peros. Ciertamente la inmigración dio un impulso a los ingresos pero también a los gastos, es curioso que cuando se habla de los beneficios de la inmigración, y no discuto que lo sean cuando ésta se encuentra sometida a reglas, nadie habla de los costes.

Por ejemplo, el gasto sanitario creció fuertemente, no sólo por el incremento de la demanda asistencial, que también, sino por el hecho de que los inmigrantes han venido consumiendo tres veces más por persona que los nacionales, tanto por su peor situación física como por la gigantesca picaresca montada alrededor que ha llevado al Sistema Nacional de Salud a atender a miles de familiares de inmigrantes que no residían en España, pero que sus parientes traían temporalmente para ser tratados de graves y costosas dolencias. Otro tema relacionado es que el incremento de la oferta de trabajo a bajo precio ha hecho descender los salarios reales de los colectivos de trabajadores no especializados, y ha permitido a los empresarios un desarrollo intensivo en mano de obra y muy reducido de capital, con lo que la productividad apenas ha crecido, justo lo contrario de lo ocurrido, por ejemplo, en Irlanda, donde el modelo seguido fue justo el contrario, intensidad de capital y poca mano de obra, lo que la ha llevado a ser el segundo país en renta per cápita de Europa sólo por detrás de Luxemburgo, y ello después incluso de la crisis financiera, y donde, por cierto, el gobierno responsable fue barrido en las elecciones y los culpables bancarios están en la cárcel.

En todo caso, en mi opinión es perfectamente estéril entrar en un debate sobre inmigración sí o inmigración no, puesto que ésta tiene aspectos positivos y negativos; por ello, el único juicio que me permito es sumarme a la tesis de Sarkozy, que me parece la posición más inteligente que he escuchado sobre el tema: «Inmigración elegida sí, inmigración impuesta no.»

La intensificación de la apertura al exterior

El séptimo impulso, según el profesor Velarde, ha sido la apertura cada vez más intensa de nuestra economía al exterior, lo que al principio originaría una situación muy favorable al ampliarse las dimensiones del mercado. Sin embargo, el disparate autonómico pronto generaría un impulso mayor aún pero en sentido contrario: la fragmentación del mercado interior en diecisiete mercados independientes, hasta el punto de que en 2008, en una reunión con la Comisión de Industria del Congreso, las empresas multinacionales operando en España afirmarían que les costaba más mover productos dentro de España que entre los diferentes países de la UE, y como es habitual, los señores diputados se fumaron un puro con esta advertencia y no sólo no tomaron medida alguna, sino que la fragmentación y las barreras interregionales se incrementarían más todavía. En todo caso, el año 2003, según la Organización Mundial de Comercio, España fue el decimocuarto exportador mundial y el séptimo del conjunto de la UE, con un 2 por ciento del volumen total del comercio mundial, posición que hoy ha perdido ampliamente.

La expansión empresarial internacional

El octavo impulso, derivado del anterior, fue lo que el profesor Velarde denomina «creciente y diferente sector industrial, impulsado dentro de España por una auténticamente nueva realidad empresarial». Sin embargo, siendo cierto lo segundo, una realidad empresarial que ha llevado a varias grandes empresas y entidades financieras españolas a una expansión internacional más que considerable, la realidad interna es completamente diferente, porque lo que se ha producido en realidad ha sido el hundimiento continuado del sector industrial, que en 2011 apenas representaba ya el 14 por ciento del PIB, lo que ha convertido nuestra economía en un conglomerado casi exclusivamente de servicios. Este proceso de desindustralización masiva tendremos ocasión de analizarlo en profundidad más adelante.

Los efectos derivados de la nueva estructura fiscal

Finalmente, el noveno impulso procede de que una serie de factores generados por la nueva estructura fiscal —por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, incluyendo el subsector de la Seguridad Social—, hicieron posible una mejor distribución de la renta, un proceso que sin embargo se invertiría en forma dramática con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que el reparto de la renta y la riqueza creadas sería auténticamente medieval. En todo caso, en ese momento, al unirse esa mejor distribución a un incremento notable del empleo y en los ingresos familiares se disminuyó la tensión social. Las cifras de conflictividad laboral, para desesperación de UGT y CC. OO., que estaban deseando lo contrario, bajarían a mínimos históricos.

De esta manera, España superó sin grandes problemas la crisis de 2000-2003. El secreto del éxito de Aznar es claro: factores externos como la entrada de España en el euro que permitiría una financiación de familias y empresas casi ilimitada a tipos de interés tan bajos que llegarían a ser negativos; la venta de las «joyas de la Corona», que aunque mal vendidas proporcionaron cerca de 40.000 millones de euros al tesoro; el río de dinero procedente de los Fondos europeos, y la reforma fiscal ideada por Fuentes Quintana e implementada por Aznar y Barea. Sin embargo, a partir de la segunda legislatura, el modelo que tan bien había funcionado empezaba a dar señales de agotamiento, y al contrario de lo ocurrido hasta entonces, y a pesar de contar con una mayoría absoluta que hubiera hecho posible casi cualquier cosa, los errores empezaron a acumularse, las medidas a no tomarse, sentándose algunas de las bases del desastre que vino después y al que hoy nos enfrentamos. Jaime Terceiro lo resumiría perfectamente en su intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en junio de 2003: «el patrón de crecimiento de la economía española en los últimos años no parece sostenible a medio plazo, ya que ha estado alentado, entre otros factores, por fuertes niveles de endeudamiento y por ingresos de carácter transitorio, derivados de las privatizaciones y de los ingresos de la UE».

Los errores de Rato

Los éxitos económicos de Aznar suelen atribuirse habitualmente a su vicepresidente económico Rodrigo Rato y, aunque tiene una cierta lógica dado el puesto ocupado, no se corresponde con la realidad, algo que salta a la vista en cuanto se analiza con un mínimo de cuidado lo que en realidad sucedió. Rato no tendría arte ni parte en ninguno de los hechos que produjeron el fuerte crecimiento de la economía y que he relatado en el punto anterior. La reforma fiscal y el recorte de gasto fueron idea de Fuentes Quintana, que convenció totalmente a Aznar. Fuentes ni siquiera se reuniría con Rato, por quien no sentía simpatía alguna.

La reforma sería implementada por José Barea desde la Oficina Económica de Presidencia, no por el Ministerio de Hacienda. La parte externa (créditos y tipos), le era ajena, y la parte que le correspondía, el haber encauzado el endeudamiento de familias y empresas de una manera racional y ordenada, ni siquiera la intentó, todo se produjo de la manera más irracional y desordenada posible, algo que si en los primeros años no tendría efectos visibles, acabaría siendo letal. También en el proceso de privatizaciones, que fue mayoritariamente de su responsabilidad, jugarían más el amiguismo y el compadreo que la defensa de los intereses de España; los resultados fueron, como ya he explicado, unos menores precios de venta y el control monopolístico de sectores esenciales por grupos privados. En esa época se concederían también cuatro licencias de telefonía móvil UTMS, por una cifra escandalosamente irrisoria, 86.000 millones de pesetas, cuando otros gobiernos europeos obtenían cifras infinitamente mayores: 8,4 billones Alemania; 6,3 billones Gran Bretaña; 3,2 billones Francia.

El creciente desequilibrio de la balanza corriente

Desde un punto de vista macroeconómico, responsabilidad directa de Rato, el mayor problema fue el creciente desequilibrio de la balanza por cuenta corriente. La razón era que se había desdeñado un modelo de crecimiento basado en la intensidad de capital, en lugar de la mano de obra barata y la baja productividad, y en las exportaciones. El modelo Rato, por llamarlo de alguna manera, en realidad era dejar que las cosas fueran a su aire y se basaba en el mercado interior público y privado, y crecientemente en la construcción que acabaría años después en la burbuja inmobiliaria. Por ello dio como resultado un déficit corriente que en 2003 alcanzaría los 25.000 millones de dólares, con un incremento brutal de tanto como el 60 por ciento. Carlos Solchaga, que tantos y tan profundos errores había cometido durante su etapa ministerial, sí sería un crítico certero de la situación, por ello fue una pena que Zapatero no lo pusiera al frente de la economía, porque los errores de Rato los describiría con gran lucidez: «se puede señalar como una debilidad de la política económica el deterioro de la competitividad de la economía causado por nuestras relativamente altas tasas de inflación, y más recientemente, por el encarecimiento del euro frente al dólar, y se puede acusar también al Gobierno actual de haber tirado la toalla en dos terrenos fundamentales para el desarrollo de nuestra productividad en los próximos años: el desarrollo de la sociedad de la información y la reforma del mercado de trabajo».

El pelotazo de las renovables

Pero el asunto sería mucho peor aún: en el tema energético, absolutamente esencial para la competitividad del país, Rato sentaría las bases del desastre absoluto en el que nos encontramos hoy. Gracias a un sistema de generación eléctrica disparatado impulsado por él que completaba el dislate de la moratoria nuclear socialista y a la consolidación de los grandes monopolios energéticos en la Ley 6/2000, España tiene hoy la energía más cara de Europa, algo mucho más importante para la productividad y el crecimiento económico que la reforma del mercado laboral.

En el año 1999 se publica un plan de energías renovables que no planteaba estrategia económica alguna. Es decir, se subvencionaban sine die unas energías, en lugar de plantear un calendario de reducciones, dado que se sabía de sobra que las mejoras tecnológicas, particularmente en la eólica, que suponía más del 90 por ciento, iban a reducir mucho sus costos. El chollo era tan grande, que quien conseguía permisos para montar un parque eólico, y no digamos nada si era fotovoltaico, se forraba hasta límites inimaginables, y estoy hablando de muchos millones de euros, es decir, las energías renovables se iban a convertir en lo que son hoy, una fuente de especulación y de enriquecimiento masivo auténticamente escandalosa para unos pocos privilegiados o espabilados.

Y luego, y eso ya no es una chapuza sino otra cosa, el día después del atentado del 11-M, se aprobó el RD 436/2004, un disparate que convertía las energías renovables en la mayor fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito de toda nuestra historia industrial. ¿Quién tenía tanta prisa por aprobar las subvenciones, que no podía esperar a que fuera el nuevo Gobierno? Un solo papel, autorizando un parque eólico, o un campo fotovoltaico, puede suponer para el que lo consiga un pelotazo de 50, 100 o 200 millones de euros, sólo por el papel. Y después viene todo lo demás: miles de millones de euros anuales en subvenciones, absolutamente injustificadas en su mayoría. No hay palabras para calificar este latrocinio.

Los derechos de emisión de gases o los más tontos de Europa

También, en el año 2000, España negocia en Bruselas los derechos de emisión derivados del cumplimiento del protocolo de Kioto, aunque lo de negociar es sólo una manera de hablar, ya que en lugar de hacerlo sobre cifras absolutas de contaminación, que era lo único razonable, se hizo sobre la base de tasas de crecimiento, algo que no se le ocurre ni al que asó la manteca, ya que España, que era el país que menos contaminaba de Europa, era el que más crecía, por lo que al final nos hemos encontrado en la situación más absurda y estúpida que cabe imaginar: somos los que más incumplimos porque nuestro crecimiento nos ha obligado a ello, y en consecuencia los que más pagamos, y sin embargo nuestra contaminación per cápita es de las bajas de Europa. ¡Tenemos que comprar derechos de contaminación, es decir, pagar un dinero, a países que contaminan mucho más que nosotros!

La Ley de «intensificación de la competencia»,para los monopolistas

Y las decisiones erróneas siguieron acumulándose. Casi cada año se publicaba un decreto para garantizar la competencia, pues como no aparecía por ninguna parte, se sentían obligados a legislar una y otra vez, y toda esta serie de disposiciones liberalizadoras termina finalmente con una burla de proporciones ciclópeas: la Ley 6/2000 de intensificación de la competencia, supuestamente un traje a medida para la economía española, era efectivamente un traje a medida, pero para los monopolistas. Esta Ley, con un lenguaje ultraliberalizador, no liberalizaba nada en realidad, más aún, sus diferentes partes fueron redactadas por los propios monopolistas, y si alguien lo niega, tengo que decirle que yo vi los borradores. El efecto útil fue que las estructuras monopolísticas quedaron sólidamente consolidadas, y así seguimos hoy aunque con una diferencia sustancial: que los operadores extranjeros se han dado cuenta de que, aunque el mercado está cerrado en la práctica, pueden entrar perfectamente a través de operaciones corporativas, con lo que al final se convierten también en parte del monopolio, ¿acaso Enel, que pagaría un disparate por Endesa, tiene el más mínimo interés en fomentar la competencia?

Anecdóticamente, y para ilustrar una de las innumerables triquiñuelas que permitía la Ley 6/2000, comentaré que en el sector petrolero, por ejemplo, una vez publicada la Ley, se consideraron por encima del bien y del mal, y decidieron pactar los precios sin más. Es decir, precios iguales para cada producto, y para todos los puntos de venta de España. Pero a raíz de una denuncia en Bruselas, porque ni la Comisión Nacional de la Energía (CNE), siempre al lado de los monopolios, ni la Dirección de la Energía hacían el menor caso de las denuncias —a pesar de que incluían actas notariales demostrativas—, cambiaron el sistema, y como entonces todos los jueves por la tarde se reunían el número uno comercial de Repsol con el número uno comercial de CEPSA para pactar los precios en toda España para la semana siguiente y para darle al tema un toque de color, también pactaban guerras de precios, en pequeños puntos concretos, a las que daban una gran publicidad mediática. Si esto lo hacen en Estados Unidos, los responsable de estas dos empresas, junto con los consejos de administración, hubieran ido directamente a la cárcel.

Pero más demostrativo de los agujeros negros del 6/2000 es el caso del gas, donde se obligaba, como había hecho Margaret Thatcher en Reino Unido, a que el monopolista se desprendiese de una parte de sus contratos de gas, y en particular del gas canalizado de Argelia cuyos bajos precios permitían a Gas Natural forrarse y controlar el mercado al mismo tiempo. ¿Y cuál fue la trampa? Pues que al contrario que en Gran Bretaña, donde British Gas tuvo que ceder los contratos tal cual, aquí se permitió a Gas Natural subastarlos y quedarse así con el grueso del beneficio, con lo que los adquirientes en lugar de competidores son en la práctica meros revendedores de Gas Natural.

Dos puntos finales: primero, la CNE, cuyo origen se remonta a la época socialista, pero cuyos defectos el PP no cambió, en lugar de un regulador independiente del mercado se ha convertido en un órgano ciento por ciento politizado, cuyo balance de gestión a favor de la competencia y los consumidores ha sido profundamente negativo, ya que sólo defiende a los monopolistas; segundo, el peligro que representan terminales de gas líquido y el tráfico de metaneros en la proximidad de zonas densamente pobladas. El gas natural licuado es el explosivo más potente que se conoce, aparte de las armas nucleares. Un metanero de tamaño normal, transportando 100.000 o 150.000 metros cúbicos de gas líquido, en caso de accidente o atentado terrorista, produciría un radio de destrucción instantáneo de entre uno y dos kilómetros, y si se trata de un almacenamiento con 500.000 o un millón de metros cúbicos, como el existente en el puerto de Barcelona, entonces sería el Apocalipsis, y España tiene más terminales de gas que toda Europa junta.

Todos los terminales de gas de España deben ser relocalizados, y al igual que ocurre en Estados Unidos, ninguno debería encontrarse a menos de 20 kilómetros de un sitio habitado, de la misma forma que los metaneros tampoco pueden acercarse a esa distancia de zonas pobladas. Evidentemente eso tendrá un costo muy elevado, pero es absolutamente imprescindible si no queremos despertarnos una mañana con un millón de muertos, y tengo que decirles que los terminales de gas líquido figuran en el lugar número dos dentro de las prioridades de atentados de Al-Qaeda, después de las plantas separadoras de gas de los campos saudíes. Lógicamente, no serán las empresas las que asuman el coste, que de una u otra forma tendrá que cargarse a la tarifa.

La planificación eléctrica y gasista

Y por último, la desafortunada planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista, aparte de ser una chapuza, pues no aportaba ni un solo dato económico y mucho menos un análisis de sensibilidad, lo que tiene mucha guasa, apostaba simultáneamente por las energías más caras del mercado, por una mayor dependencia exterior, y para acabar de rizar el rizo, empeoraba nuestra ya desastrosa eficiencia energética, pues somos con diferencia el país de la OCDE con mayor consumo de energía final por unidad de PIB. Aunque, eso sí, el Plan nos contaba detalladamente lo que se iba a construir en cada sitio, desde Formentera a la más pequeña isla canaria, y por supuesto en cada CC. AA., una casuística irrelevante y absurda, pero que llevó a discusiones y peleas tan estériles como interminables con las comunidades. Realmente, no caben más despropósitos en una planificación.

Para mayor desgracia, esta planificación ha sido la seguida por Zapatero y sus secuaces, aunque, eso sí, con la sobredosis de populismo y demagogia ecologista habituales, ya que al ministro Montilla el tema no le importaba, al igual que todos los demás, pues él estaba sólo a lo suyo, la Presidencia de la Generalitat y la OPA de Gas Natural sobre Endesa; de hecho, apenas iba por el ministerio. Y éstos son algunos de los hechos más relevantes que nos han llevado a donde estamos hoy, sin competencia efectiva, con el doble de dependencia exterior que Europa, con una eficiencia energética impresentable, con una vulnerabilidad exterior que aterra por la concentración de suministros y con los precios al público antes de impuestos más altos o entre los más altos de Europa.

La «liberalización» de los sectores energéticos encarece los precios un 40 por ciento

La «liberalización» comienza con la Ley del Sector Eléctrico de 24 de noviembre de 1997, y la del gas y los productos petrolíferos a partir de la Ley de Hidrocarburos de 14 de mayo de 1998. A partir de aquí se fijó un calendario de liberalización tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta; del lado de la demanda, el calendario empezó de mayor a menor, es decir, primero se liberalizaron los suministros a grandes consumidores y después se fue hacia abajo. En teoría, la competencia entre suministradores debería hacer que el precio pagado fuera el mejor posible; en la práctica, nada de eso sucede. Lo que nos encontramos del lado de la oferta es un oligopolio macizo que maximiza sus beneficios a costa de los consumidores, y unas instituciones, Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional de la Energía, pagadas por los ciudadanos para impedir que tal cosa suceda y que hacen justo lo contrario: defender a los oligopolistas frente a los consumidores. Para que pueda existir competencia en un mercado, la primera empresa no podría controlar más del 20 por ciento y las dos primeras no más del 30 por ciento; en España, las dos primeras controlan el 75 por ciento.

La «liberalización» supondría el derecho de los oligopolistas a aplicar los precios que les vinieran en gana y sin control alguno. En los diez años siguientes el recibo de la luz experimentaría una subida para las familias, las pymes y los autónomos del 40 por ciento, y el gas más de un 50 por ciento. El disparatado aumento de los precios energéticos ha sido un factor esencial en el hundimiento de nuestra productividad, y la causa principal del cierre y cambio de localización de numerosas empresas españolas, y las pocas industrias intensivas en energía que quedan están preparando el cierre de sus instalaciones y su reubicación en países europeos cuyo costo de la electricidad y el gas es la mitad. Al lado de esto, el ahorro de costes y la mejora de productividad que puede suponer una reforma laboral en profundidad es el chocolate del loro.

Un final nada edificante

En septiembre de 2003, y contra todo pronóstico, probablemente porque se había dado cuenta de los desastres originados por Rodrigo Rato, y haciendo honor a su compromiso de no presentarse a unas elecciones por tercera vez, Aznar propondría a Mariano Rajoy para sucederle como candidato a la presidencia, y la dirección nacional del PP, como no puede ser de otra manera dentro de la dictadura partitocrática impuesta durante la Transición, aprobó su propuesta por unanimidad. Aznar se convertiría así en el primer gobernante español después de Carlos V que renunciaba voluntariamente a seguir en el poder.

Aznar daría un premio de consolación a Rato, utilizando toda su influencia americana, que era enorme, y la no americana que también era importante, al conseguir su nombramiento como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El papel de Rato en dicha institución fue menos que mediocre, pero, sobre todo, de una manera súbita dimitió con una excusa inaudita: porque a su familia no le gustaba vivir en Washington, algo inédito en los anales de las grandes instituciones internacionales. Tan endeble explicación movió todo tipo de especulaciones sobre las razones reales de la dimisión y si ésta había sido o no voluntaria.

De vuelta en España, el PP le colocaría de presidente de su mayor caja, que a su vez se fusionaría con otra serie de ellas, la mayoría también del PP, y finalmente formarían un banco, Bankia, y casi en el límite conseguirían salir a Bolsa. Y aquí se daría uno de los mayores escándalos que se ha producido nunca en el sector financiero, tan dado a los mismos. Los tres primeros ejecutivos del nuevo banco, dos de los cuales habían llevado a la quiebra a sus respectivas cajas, a pesar de haber recibido y no devuelto miles de millones de euros en dinero público, tanto en efectivo como en avales, cuando hay seis millones de parados (un 60 por ciento de familias apenas llega a fin de mes y un 23 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza), se fijarían un sueldo de escándalo que es un auténtico insulto a los ciudadanos: 10,5 millones de euros, 3,5 millones de euros por barba en el supuesto no explicitado de que el reparto sea proporcional. Esta cifra es el triple que el sueldo del primer ejecutivo de Caixa Bank, infinitamente mejor gestionada, y muy superior al del primer banquero del país, Emilio Botín.

CAPÍTULO 4

Un atentado múltiple trae a Zapatero, y todo lo que pueda ir mal irá mal

En las semanas anteriores a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, todas las encuestas daban como ganador al PP por mayoría absoluta. Tres días antes, el 11 de marzo (11-M), el mayor atentado terrorista jamás cometido no sólo en España, sino en Europa, con un balance de 192 muertos y más de 1.600 heridos, planeado y ejecutado con el fin de impedir la victoria del PP, cambiaría el sentido del voto y le daría una mayoría relativa a José Luis Rodríguez Zapatero que, con la ayuda de Izquierda Unida y los separatistas radicales, y a cambio de importantes concesiones económicas y políticas, conseguiría formar Gobierno y cambiar literalmente el destino de España. La mayor crisis económica, política, moral e institucional de los últimos doscientos años había recibido el pistoletazo de salida. Zapatero se rodearía de unos equipos ministeriales que, como él, serían de un nivel tan ínfimo que representarían un auténtico insulto a los españoles, y desde entonces en España se cumpliría la conocida Ley de Murphy: «todo lo que pueda ir mal irá mal».

El atentado y las movilizaciones promovidas por el Partido Socialista el 13-M, el día de reflexión, cercando y atacando las sedes del PP, fueron la clave de su llegada al poder y de nuestra desgracia. Pero ¿quién o quiénes planificaron y ordenaron el atentado? No lo sabemos. ¿Cuál fue el arma del crimen? No lo sabemos. ¿Quién ordenó la destrucción de 90 toneladas de pruebas, precisamente para ocultar el arma del crimen? No lo sabemos, pero sí sabemos que se vulneraron todos los protocolos de actuación policial y de los TEDAX. ¿Quién dio la orden de sembrar de pruebas falsas los lugares de los hechos, y de destruir todo aquello que podría llevar al descubrimiento de la verdad? No lo sabemos, pero obviamente fueron aquellos que planificaron y ordenaron el atentado. En teoría, debería ser muy sencillo, desenmascarando a los responsables de la destrucción de pruebas y de la creación de las falsas llegar los responsables finales, máxime cuando esos presuntos responsables eran altos cargos policiales. Sin embargo, eso no sólo no sucedió, sino que además el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los policías y jueces a su servicio, y los medios de comunicación a su servicio, al servicio del mal, nunca mejor dicho, hicieron lo posible y lo imposible para ocultar los hechos, poniendo en marcha una versión oficial que es un insulto a la inteligencia.

¿Por qué se montó la farsa de las comparecencias ante el Congreso, donde se cometerían perjurios al por mayor, y no pasaría nada? Eso sí lo sabemos, por orden de Zapatero. España es el único país donde la mentira sale gratis. ¿Por qué se montaría una farsa de juicio, donde el juez Javier Gómez Bermúdez —quede su nombre como ejemplo de vergüenza en la historia judicial española—,¹⁵ con su contumaz afán de congraciarse con el poder, sólo condenaría a tres pobres diablos, que obviamente ni pudieron planificar ni ordenar el atentado, y ni siquiera colocar las doce bombas, para lo que se necesitaron doce personas? Gómez Bermúdez ignoraría pruebas y testigos esenciales para el esclarecimiento de los hechos, empezando por los responsables de la destrucción de las pruebas. ¿Qué pruebas hay de que la versión oficial sea cierta?, absolutamente ninguna, las dos pruebas fundamentales del caso no aparecieron en los escenarios del crimen, sino en sendas comisarías.

Zapatero, entre otras muchas cosas que analizaremos, ha coronado la vieja aspiración socialista: destruir la independencia del poder judicial. «Montesquieu ha muerto», diría muy ufano Alfonso Guerra, pero no sería él quien lo matase, sería Zapatero, que probablemente no tenía ni idea de quién era Montesquieu, pero sí de a quién debían obedecer los jueces. Es obvio que lo que se ha intentado encubrir con la insostenible versión oficial es algo de mucho mayor calado que un simple atentado terrorista.

En todo este desastre hay algo que no puede pasarse por alto, una figura patética, el ministro del Interior del PP en el momento del atentado, Ángel Acebes. Destruyeron 90 toneladas de pruebas delante de sus narices y ni se enteró; se sembraron pistas falsas, y ni se enteró; tan poco se enteraba, que sería él mismo quien nombraría a los presuntos responsables de tan enormes tropelías. El asunto resulta tan increíble que en una ocasión en que coincidí con un exministro del Interior le pregunté cómo era posible. ¿Acaso un ministro no tenía mecanismos para controlar acciones esenciales de sus subordinados? La respuesta fue contundente: a ningún ministro del Interior, no sólo de España, sino de todo el mundo democrático, jamás le hubieran podido cometer tales desmanes sus subordinados, y menos aún ante el mayor atentado de la historia. Según él, el comportamiento de Acebes sólo podía tener dos explicaciones: o era el mayor inútil que ha pasado jamás por ese ministerio, o el atentado le llevó a tal estado de shock que era incapaz de obrar o pensar correctamente. En ambos casos, era evidente que no daba la talla para ocupar el puesto de ministro del Interior.

Las primeras medidas y la manipulación del sistema estadístico

Los atentados del 11 de marzo de 2004 y su inmediata consecuencia, el desenlace de las elecciones del día 14, quedarán en la historia de España como dos hechos aciagos que nos hicieron retroceder varias generaciones en lo económico, en lo moral, en lo social, en la cohesión territorial, en nuestro papel en el concierto internacional y en la unidad de la Patria, y que siete años después nos situarían al borde del abismo.

Durante todo su mandato, Zapatero estaría no sólo más interesado, como señalan una mayoría de los analistas, en «promover su agenda ideológica que en prestar atención a los verdaderos problemas de los españoles y a los que podían llegarnos de fuera». El asunto sería infinitamente peor, porque, respecto a los problemas internos, haría todo lo que estuvo en su mano por incrementarlos cuando existían y crearlos cuando no existían, y a los procedentes del exterior, habiendo perdido todo apoyo y prestigio internacionales después de traicionar a sus aliados en Irak, también los aumentaría, Zapatero se convertiría en un izquierdista radical irrelevante y patético a nivel internacional. Zapatero no dejaría ni un solo día de mentir, tergiversar y enfrentar a los españoles no sólo por razones ideológicas, sino también por origen geográfico, sexo, educación, moral y estatuto social. Entraría en Moncloa con unos trenes llenos de muertos, y saldrá de ella dejando a un país moribundo.

«El Partido Socialista ha ganado las elecciones»

Cuando en la noche del 14 de marzo de 2004 apareció en las pantallas de televisión el señor Blanco y anunció que «el Partido Socialista ha ganado las elecciones», les juro que se me heló el corazón. Había seguido con interés la declaraciones de Zapatero y me parecía un ultraizquierdista y un sectario de la peor especie. Su ideario expresado en junio de 2000 era la mayor colección de banalidades que uno puede imaginar, desde el disparate de «construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes», a las obviedades de «crear empleo estable y promover la cultura», a la utopía infantil de «dar más tiempo a los padres para estar con los hijos y cuidar a los ancianos», terminando por la memez de «convertir a España en un país admirado por ayudar a los más necesitados». Su comportamiento sectario y mentiroso en la crisis del Prestige, la invasión de la isla de Perejil, la guerra de Irak, y sus ideas sobre las denominadas «políticas sociales», que eran demagogia en estado puro, hacían temer lo peor, y sin embargo no fue esto lo que sucedió, lo que sucedió fue mucho más desastroso de lo que nadie, ni en sus peores sueños, podría llegar a imaginar.

Zapatero heredaría una España reconocida internacionalmente por primera vez en casi un siglo —«España vuelve a estar de nuevo en el mapa», sentenciaría entonces el Wall Street Journal—, con una economía en fuerte crecimiento. Pero, una vez en el poder, su primera medida fue traicionar a nuestros amigos y aliados en Irak, la mayor felonía cometida por un presidente de España desde Fernando VII, la segunda sería la anulación del Plan Hidrológico Nacional, la infraestructura hidráulica más importante jamás proyectada en nuestro país, que iba a ser financiada además con fondos de la UE, y que este irresponsable anularía sólo y exclusivamente por su odio africano hacia Aznar, que era el impulsor del proyecto. Y como guinda del pastel, cometería la increíble ignominia de negar a España, a la que definiría como «una realidad discutida y discutible», es decir, niega a una de las naciones más antiguas de Europa la condición de tal, una realidad que luego se dedicaría a destruir. Zapatero institucionalizaría el sectarismo, la incompetencia y la mentira como forma de gobierno, mientras la economía crecía sin que tuviera que mover un dedo y sin tener la menor idea, ni él ni su vicepresidente, de por qué crecía, igual que, agotado el ciclo, tampoco tendría ni la menor idea de por qué se hundía.

Desde un punto de vista económico, lo primero que hizo fue nombrar a Pedro Solbes —persona de incompetencia probada en la etapa de Felipe González, el hombre que creía imposible cumplir con los criterios de Maastricht, y cuya ineptitud se vería ampliamente refrendada como Comisario de cuota en la UE, en cuya dirección se produciría el escándalo de corrupción más sonado en toda la Comisión Europea— como vicepresidente económico. Con este nombramiento, y con una economía que seguía creciendo gracias al impulso dado a la misma por Aznar y nuestra incorporación al euro, Zapatero se desentendería de los asuntos económicos y se dedicaría a lo que de verdad le gustaba: la destrucción de la familia y la moral tradicionales, la fragmentación de España, y reescribir la Historia en una dinámica guerracivilista similar a la de la primavera de 1936.

La manipulación del Sistema Estadístico Nacional

Y la primera actuación de la pareja Zapatero-Solbes en el área económica fue la manipulación masiva del sistema estadístico nacional. El tema llegaría a ser tan escandaloso, que hasta el propio Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, comentaría que «algunas cifras españolas son difíciles de creer», lo que, dado el obligado lenguaje diplomático de Trichet, equivalía a un grave varapalo a nuestro sistema estadístico. Efectivamente, no hay ni una sola cifra macroeconómica importante cuyo sistema de cálculo no haya experimentado durante su gobierno cambios metodológicos sustanciales favoreciendo los puntos de vista de Zapatero, bien porque producen mayores valoraciones o bien porque muestran una situación conveniente para el Gobierno pero radicalmente opuesta a la verdad.

El cambio de la base de cálculo del PIB

El caso de mayores valoraciones se produce en los cálculos del PIB, que son consecuencia de la aplicación de la nueva base 2000 de Contabilidad Nacional, que tenía que haber estado en funcionamiento en 2003, pero que no se produjo hasta después de las elecciones. Se sabía también que esta nueva base elevaría las cifras de PIB entre 0,4 y 0,5 puntos, lo que hace sencillamente inaudito que el Gobierno de Aznar no pusiera todos los medios para aplicarla; pero como iban de sobrados, ni siquiera se molestaron. Sea como fuere, añadió de golpe 0,4 puntos al crecimiento del PIB respecto al sistema anterior, lo que convirtió una bajada de crecimiento al 2,7 por ciento del primer año Zapatero, frente al 2,9 por ciento en 2003 en términos homogéneos, en una subida al 3,1 por ciento, algo que la pareja Zapatero-Solbes, con la mendacidad que les caracteriza, se apresuró a apuntarse como mérito propio, lo que la inmensa mayoría de medios y ciudadanos se tragó.

Esta nueva metodología ha permitido un crecimiento medio durante la primera legislatura del 3,5 ciento, el «gran éxito mundial de Zapatero», aunque claramente inferior al 3,9 por ciento obtenido en las dos legislaturas de Aznar calculado en términos homogéneos. Pero además hay otra medida que ha sido decisiva en el engaño a los ciudadanos de cara a las elecciones, pues se publicó pocas semanas antes, y me refiero al avance trimestral del crecimiento del PIB, calculado con una metodología de ciclo-tendencia que los propios directivos del INE estimaron completamente inadecuada y que suaviza enormemente las caídas, en más del 10 por ciento.

El cambio de la metodología de cálculo de la Encuesta de Población Activa

El cambio de mayor calado se produjo en 2005 en la metodología de cálculo de la Encuesta de Población Activa (EPA), pues trastornaría el sentido de la realidad. Con el nuevo sistema de cálculo el paro bajó automáticamente del 10,5 por ciento al 8,5 por ciento, casualmente la media europea, cuando la realidad era justo la contraria, porque el paro en la España de Zapatero no ha dejado de aumentar. Los cambios introducidos eran de tres órdenes: la adaptación de las nuevas proyecciones de población; la introducción de nuevas variables a investigar exigida por la UE, y una nueva redacción de muchas preguntas para «captar mejor situaciones de trabajos de muy corta duración o jornada muy reducida», lo que llevaría a una notable afloración de empleo a tiempo parcial.

Con ello, la EPA del primer trimestre 2005 arrojaría 1.169.000 ocupados más que la publicada para el cuarto trimestre de 2004, antes de los cambios, pero de ellos, sólo 72.600 respondían a creación de empleo real, el resto —casi ¡1,1 millones!— eran debidos a los cambios metodológicos, realizados a mayor gloria de Zapatero. Como señalaría entonces Ángel Laborda, director de coyuntura de FUNCAS, «estos cambios han supuesto una ruptura, de forma que los datos de este trimestre no son homogéneamente comparables con los de los trimestres anteriores», que habían sido parcialmente revisados. El INE nunca publicaría, como era obligado, los enlaces de los datos históricos con el fin de disponer de series homogéneas y comparables a lo largo del tiempo, para mantener la patraña de que Zapatero, por su cara bonita, había reducido el paro en forma espectacular.

Unos meses después, y mientras el número de personas ocupadas según la EPA crecía, la Contabilidad Nacional daba otra cifra mucho menor, y la tasa de crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social estaba contrayéndose, lo que era estadísticamente imposible. «Algo no cuadra», titularía Ángel Laborda, y concluiría: «o la EPA sobreestima el empleo, o la Contabilidad Nacional infraestima el crecimiento del PIB». Era en esta basura en lo que Zapatero había convertido el antes prestigioso y respetado Instituto Nacional de Estadística.

Ciudadanos y medios se tragarían íntegramente este engaño, y lo siguen creyendo a día de hoy. Pero lo que no tiene pase es que el Banco de España avalase la bajada en sus boletines estadísticos, no homogeneizara las series, y publicase el enorme salto en el empleo sin molestarse en explicar, ni siquiera en una mísera nota a pie de página, que el mismo sólo era debido a un cambio de método, una indignidad sin precedentes en un banco central de un país democrático, porque la verdad era justo lo contrario, y engañar a sabiendas a los agentes económicos no forma parte de los usos y costumbres de los bancos centrales del mundo civilizado.

Población, IPC y operaciones extrapresupuestarias

Y aunque no puedo extenderme, sí quiero citar otras estadísticas esenciales que no reflejan la realidad y que ni han sido modificadas, ni siquiera se advierte al público de sus carencias. La primera es la población, calculada mediante los censos y que infravalora la realidad en al menos un millón y medio de personas, lo que hace falsas todas las cifras per cápita. ¿Por qué no lo advierte el Banco de España?, ¿o es que su cometido ya no es la verdad sino la gloria de Zapatero? La segunda es el IPC, que no recoge ya el incremento real del coste de la vida para el 50 por ciento más pobre de la población, que es del orden del doble. Y la tercera, es el supuesto superávit presupuestario hasta 2007, y digo supuesto, en primer lugar, porque el 80 por ciento del superávit era de la Seguridad Social, y en segundo lugar porque Solbes, que se fumaba un puro con la Ley General Presupuestaria, había generalizado las operaciones extrapresupuestarias y, eliminado como gasto numerosas partidas que suponían casi un 1 por ciento del PIB; utilizaba operaciones financieras para ocultar gastos reales; proliferaban las bolsas presupuestarias de libre disposición y se empleaba «ingeniería presupuestaria» a discreción para ocultar el gasto estructural. Es decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero además, ¿qué mérito podría tener un superávit de 12.000 millones cuando se había incrementado la presión fiscal en 30.000? En definitiva, la primera y única acción de la pareja Zapatero-Solbes en sus primeros dos años de legislatura fue poner a su servicio exclusivo todas las instituciones del Estado, desde la judicatura, al sistema estadístico nacional, al objeto de mostrar cifras patrióticas a mayor gloria de Zapatero.

Crecimiento, pero ¿de qué crecimiento hablan?

Durante 2005 y hasta octubre de 2008, en que se iniciarían los crecimientos negativos —el punto de inflexión se produciría a principios de 2007—, la economía seguía creciendo ante los ojos maravillados de Zapatero y Solbes, y aunque no tenían la menor idea de por qué ocurría, con la irresponsabilidad pasmosa que caracterizaba a ambos, se limitaban a celebrar cada mes la mejora de las cifras que más impactaban en la opinión pública. No se preocupaban lo más mínimo de investigar las causas, y mucho menos de si ese crecimiento era tal o se debía a una mera ficción, consecuencia del endeudamiento masivo de familias y empresas como en realidad era, y que lo que estaba ocurriendo en realidad era que la riqueza nacional en términos netos, es decir, descontando el endeudamiento, no estaba creciendo sino que se estaba reduciendo.

Para empezar, y como consecuencia del cambio de base de la contabilidad nacional que llevó a cabo el INE, las cifras de crecimiento resultaban incrementadas en 0,4 puntos sólo por el cambio metodológico, con lo que para comparar las cifras de crecimiento económico de la época de Zapatero con las anteriores habría que restarles esta cantidad o bien sumársela a las otras, con lo que el primer efecto del cambio de gobierno fue que el crecimiento, que había sido del 3,9 por ciento en el período 1996-2003, se había desacelerado en 0,7 puntos.

El endeudamiento crece el doble de la riqueza nacional

Pero, con todo, eso no era lo más importante: lo verdaderamente clave era el crecimiento descontando el efecto del endeudamiento, que es lo único que muestra realmente si estamos enriqueciéndonos o por el contrario estamos empobreciéndonos. Y me explico: en cifras absolutas el PIB de España crecería en términos reales en 251.000 millones de euros —de 837.000 en 2004 a 1.088.000 en 2008—; por lo tanto, en una visión simplista, España, como nación, se había enriquecido en esa cantidad. Pero ¿qué estaba ocurriendo por otro lado? Pues que la deuda neta total del país se había incrementado en 520.000 millones de euros —de 360.000 millones en 2004 a 880.000 millones en 2008—. ¿Y qué pasa entonces? Pues que después de la primera legislatura con Zapatero no éramos 251.000 millones de euros más ricos, sino 269.000 millones de euros más pobres.

El crecimiento de los desequilibrios

Pero paralelamente a este empobrecimiento real, y en parte como consecuencia del mismo, los desequilibrios económicos se estaban desarrollando, como el imparable déficit por cuenta corriente, que llegaría a superar el 10 por ciento del PIB, la cifra más alta de todo el mundo desarrollado, la caída continua de nuestra productividad, el incremento incontrolado de la inmigración, en línea con la irresponsable filosofía de Zapatero de aceptar a todos los inmigrantes —hasta el punto de que el INE señalaría en 2009 que España era el país del mundo con mayores flujos migratorios en relación con su población—, las crecientes rigideces estructurales, y, cómo no, el disparatado crecimiento de la construcción, hasta el punto de que en 2006 y 2007 se construirían en España más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos. En línea con esto último, las familias españolas no ganaban lo suficiente para mantener su nivel de vida, todo era una ficción mantenida a base de un endeudamiento tan masivo como irresponsablemente alentado por el Gobierno y el sistema financiero. El ahorro familiar caería por debajo del 10 por ciento de la renta disponible, y no cubriría sus necesidades de inversión, principalmente en viviendas.

La deuda familiar acumulada escalaría hasta el 10 por ciento anual de la renta disponible, y el pago por intereses y devolución del principal estaba llevando a las familias españolas a tener que dedicar a ello del orden de la cuarta parte de la renta familiar en 2006, más del doble que en año 2003; a su vez, el volumen de préstamos pendientes de pago por las familias había pasado de 450.000 millones de euros en 2003 a 723.000 en 2006, es decir, todo el crecimiento económico era debido lisa y llanamente al incremento del consumo y la inversión, financiada en su totalidad con el endeudamiento de familias y empresas, donde el fenómeno era superior incluso al de las familias. Y, como señalaría el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) en diciembre de 2006, «sin caer en pesimismos no justificados, parece inevitable una desaceleración del consumo, empleo e inversión en la construcción. Si queremos evitar que ello se traduzca en un menor ritmo de crecimiento del PIB, habrá que tomar acciones compensadoras muy especiales, particularmente en la dinamización del sector exterior».

Nada de ello se hizo, sino todo lo contrario. El gran argumento esgrimido por estos insensatos y avalado por el Banco de España, para ignorar las consecuencias diabólicas de este proceso de endeudamiento masivo, era que su riqueza (el valor de los activos financieros o inmobiliarios) también aumentaba, y en consecuencia dicho endeudamiento no sólo no tenía importancia, sino que cuanto más se endeudaran las familias más ricas serían, porque los activos que adquirían sólo podían subir de precio.

Durante este período, Zapatero se dedicaría esencialmente a destruir España y a enfrentar de nuevo a los españoles entre sí, negando primero la condición de nación, y reabriendo viejas heridas con una mal llamada «memoria histórica», sectaria hasta la náusea. Todas sus decisiones estaban impregnadas de sectarismo y subjetividad por los cuatro costados. Ni una sola en toda la legislatura serviría para unir, sólo para dividir y enfrentar. Otra característica relevante de Zapatero es afirmar una cosa y hacer la contraria casi en forma inmediata. Cito algunos ejemplos: «no subiré los impuestos», dos meses después realiza la mayor subida de impuestos de la historia; «el ahorro es fundamental para la recuperación» y después lo penaliza; «reduciremos el déficit en 50.000 millones», y luego sólo lo reduciremos «cuando empecemos a crecer»; «nadie, absolutamente nadie puede quitar la vida a nadie», en Ginebra, el mismo día aprueba la ley del aborto más permisiva de Europa. El colmo de la mendacidad y del cinismo.

El más injusto reparto de la riqueza y de la renta de Europa

Dos de las consecuencias más importantes de la falta de política económica del gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero han sido la práctica ausencia de medidas que corrigieran la insostenible marcha de la economía e hicieran posible un aterrizaje suave, medidas que deberían haber ido desde una reforma laboral digna de ese nombre a una política energética que redujese la dependencia del petróleo y del gas, pasando por una política fiscal que corrigiera el devastador efecto de la inflación sobre las clases medias o la fragmentación del mercado único en diecisiete mercados, creando mayores barreras internas que las existentes entre los veinticinco países de la UE, y más importante aún, aunque menos conocido, un cambio radical en el reparto del crecimiento, o si se prefiere en el reparto de la tarta que constituye la renta nacional a favor de las rentas del capital y de las rentas mixtas y en contra de las rentas salariales. Se trata de un cambio en la distribución primaria de la renta que se agrava más aún en su distribución final, como consecuencia de una política fiscal que penaliza a las rentas medias y bajas y al ahorro de las familias, muy por encima de la media tanto de la UE como de la OCDE.

El vuelco en la distribución primaria de la renta

Muchas veces parece que el interés principal de una economía es el crecimiento del PIB, pero es mucho más importante aún cómo se crece y cómo se distribuyen las ganancias. Precisamente la denominada distribución primaria de la renta, es decir, la forma en que se distribuye el PIB obtenido, es un elemento esencial para evaluar en qué forma los asalariados, particularmente la clase media y la clase trabajadora, se benefician del mismo. Y en un régimen que se denomina a sí mismo «socialista», que ha sido votado mayoritariamente por la clase trabajadora, habría que esperar que la parte de la tarta correspondiente al trabajo creciera, y ello no sólo en términos absolutos, sino también y particularmente en términos relativos. Pues bien, nada más lejos de la realidad: el gobierno del señor Zapatero, en forma muy similar a lo ocurrido con el reparto del crecimiento de los años treinta en la Alemania nazi, se ha volcado a favor del capital y de los impuestos y en contra del trabajo.

Así, mientras que en el segundo trimestre de 2004, el último bajo gobierno o con el impulso del PP, las rentas salariales representaban el 48,2 por ciento del PIB, el primer trimestre de 2007, después de tres años de gobierno Zapatero, esta cifra se había reducido al 47,3 por ciento, es decir, las rentas del trabajo habían perdido casi un punto de PIB, lo que representa una cifra enorme, y algo que no ha ocurrido en ningún otro país de la UE. Para ponerlo en términos más comprensibles a nivel individual, si la distribución primaria de la renta en 2007 hubiera sido la misma que a principios del 2004, los asalariados habrían recibido 10.000 millones de euros más de lo que recibieron, lo que representa unos 500 euros por asalariado y año menos que con el reparto de la riqueza nacional en la época del PP.

¿De qué sirven las medidas puramente demagógicas del señor Zapatero dedicando poco más de 1.000 millones de euros a elevar el salario mínimo, o los 1.500 millones que el gobierno regalaría para subvencionar contratos indefinidos, y además de una sola vez, si cada año estaba restando 10.000 millones de euros a los asalariados y sumándolos al excedente bruto de explotación y la fiscalidad indirecta, que es además regresiva y la más perjudicial para los trabajadores? Y para acabar de remachar el clavo de esta política de reparto, la más antisocial de las últimas décadas, las rentas salariales más altas, particularmente las de los directivos, han crecido más rápidamente en términos relativos que las rentas más bajas, ahondando las diferencias económicas existentes entre las diferentes clases sociales.

Hay que ser un mentiroso compulsivo como lo es Zapatero para que con esta política de distribución de rentas tenga la desvergüenza de autodenominarse «patriota social», y el problema empeoraba aceleradamente, ya que tanto el excedente bruto de explotación como los impuestos están creciendo a una tasa doble a la remuneración de los asalariados. Pero ni siquiera acaba aquí el problema, porque esto es sólo la distribución primaria: la distribución final, es decir, lo que resulta después de pagar los impuestos directos sobre la renta y sobre el ahorro de las familias, es todavía mucho peor.

La presión fiscal sobre el trabajo más alta de la OCDE

Así, la fiscalidad sobre los asalariados en España según la OCDE, en sus análisis habituales sobre la presión fiscal que recae sobre el trabajo en los países miembros, resulta ser no ya superior sino muy superior a la que soportan el resto de los factores productivos, y muy superior también a la media tanto de la OCDE como de la UE. En concreto, la presión fiscal sobre un trabajador que ganara justo el sueldo medio, casado y con dos hijos, medida como el porcentaje que representan los impuestos directos sobre las rentas salariales más las cotizaciones sociales, era del 50,2 por ciento, frente al 46,2 por ciento para la media de la UE, todo un ejemplo de política socialista, sobre todo teniendo en cuenta que antes de que Zapatero se hiciera con el poder, la presión fiscal sobre el trabajo en España estaba por debajo de la media.

Y por si esto fuera poco, el señor Solbes haría una reforma fiscal que incrementaría aún más la presión sobre las clases medias porque entre otras cosas no se tiene en cuenta el enorme efecto de la inflación, y se penaliza seriamente el ahorro de las familias, ¡y luego aducían como mérito que sube la recaudación!, realmente hay que tener cara dura y un desprecio absoluto por la inteligencia de los ciudadanos, para que mientras incrementaban la presión fiscal sobre los asalariados y con una inflación disparada, que eleva los pagos por renta y la recaudación del IVA laminando a las clases trabajadora y media, además se jactaban de ello.

La presión fiscal subiría a su máximo de todos los tiempos, y el brutal incremento de presión tributaria —30.000 millones de euros/ año— recaería en un 80 por ciento sobre la clase media y los pensionistas. Como consecuencia, incluso durante la etapa de mayor crecimiento, de 2005 a 2007, se produciría una pérdida de renta real para un 60 por ciento de las familias. Si esto sucedía en la época de vacas gordas, ni se imaginan lo que ocurriría cuando llegaron las vacas flacas. Por su parte, el gasto social que ha crecido en términos absolutos, como no podía ser de otra manera, ha disminuido como «esfuerzo social» o porcentaje del PIB, y brutalmente en términos per cápita, por lo que Zapatero nos llevaría a ocupar el último lugar de Europa.

La distribución de la renta entre las familias

Por lo que se refiere a este empeoramiento, aparece demostrado y cuidadosamente cuantificado en un reciente estudio de nuestro mejor y más prestigioso estadístico, don Julio Alcaide, que nos presenta los datos más recientes de las dos grandes medidas de la desigualdad de la renta y de la riqueza, la curva de Lorenz y el índice de Gini. La primera muestra es ver el grado de desigualdad dividiendo la población en décimas partes, «decilas» en lenguaje estadístico, y viendo el porcentaje de la renta total que recibe cada decila, desde el 10 por ciento más pobre al 10 por ciento más rico. Y los resultados resultan sobrecogedores, entre 2003 y 2005 las seis primeras decilas, el 60 por ciento de la población, había perdido renta real, desde un 9,5 por ciento de pérdida para la decila más pobre, hasta un 0,7 por ciento la sexta decila, y de las cuatro decilas más ricas, la que más gana es la última, representativa del 10 por ciento más rico de la población, que mejora en un 3 por ciento. En conjunto, el 20 por ciento más pobre de la población recibe poco más de un 6 por ciento de la renta total, mientras que el 20 por ciento más rico recibe nada menos que el 44,3 por ciento del total.

Y digo que las cifras son sobrecogedoras, no sólo porque muestran un reparto casi medieval de la renta y la riqueza, sino porque como esta tendencia se ha intensificado en 2006 y en 2007, la pérdida de renta al final de la primera legislatura por parte del 60 por ciento de la población española ha sido como mínimo el doble de las cifras mencionadas, un incremento de la desigualdad sin precedentes. Pero además, si con las cifras de 2006 calculamos lo que los economistas denominan «ratio de desigualdad», que mide la relación entre lo que gana el 20 por ciento de personas más ricas y lo que percibe el 20 por ciento más pobre, este ratio era de 6,5 frente a una media de 5,5 para la UE-25, y de 4,2 para los países centrales, es decir, el «ratio de desigualdad» en la España de Zapatero es un 18 por ciento más alto que la media de la UE-25 y un 55 por ciento superior que la media de los países centrales hacia los que supuestamente pretendemos converger. Lo que representa unas diferencias de desigualdad enormes, y lo que es peor, en 2006 y 2007 este ratio se ha elevado por encima de 7 mientras se ha reducido en Europa.

Finalmente, el índice de Gini cuantifica también la concentración de la riqueza. Su valor oscila entre 0 y 1, y la desigualdad es mayor cuanto mayor es su valor. Dicho índice ha alcanzado en la España de Zapatero su valor más alto desde que empezó a medirse hace treinta años, 0,398 en 2005, un 4 por ciento peor que en 2003 y un 22 por ciento peor que la media europea.

En definitiva, aunque la creación de riqueza en la España de Zapatero ha sido muy alta, su reparto ha sido sencillamente medieval. Después de casi cuatro años de fuerte crecimiento económico, un 60 por ciento de la población se ha empobrecido, un 30 por ciento ha mejorado marginalmente y el 10 por ciento más rico se ha llevado la parte del león. Pero dentro de ese 10 por ciento más rico, España sería el país europeo con mayor incremento en el número de millonarios durante este período, la élite empresarial y financiera se ha enriquecido hasta límites inimaginables, en lo que constituye el mayor proceso de concentración de riqueza de toda la historia de España.

Y un informe de la OCDE, referente a los años 2005 y 2006, no sólo confirmaría estas evidencias, sino que además pondría de manifiesto algunos datos realmente aterradores de esta realidad:

• Primero, que España es el único país de la OCDE en el que se ha producido un retroceso del poder adquisitivo por parte de los ciudadanos. Es decir, la economía iba muy bien según Zapatero, sus terminales mediáticos y las grandes fortunas, pero los españoles éramos los únicos ciudadanos del mundo industrializado, que no paramos de perder poder de compra.

• La política social del gobierno Zapatero durante la primera legislatura fue absolutamente desastrosa. Frente a una renta per cápita que, aunque empezaría a retroceder en 2007, alcanzó todavía el 96 por ciento de la media de la UE-25, el gasto público social per cápita era sólo el 62 por ciento de la media europea de ese mismo grupo de países. Zapatero situaría a España a la cola de la Europa social.

• Finalmente, que el 96 por ciento de los empleos creados durante la primera legislatura, o fueron empleo público o empleos basura, con una remuneración en torno a los 1.000 euros, y de ellos, más de la mitad, un 54 por ciento, con una duración inferior a los seis meses.

Los datos son tan abrumadores que no creo que haya mucho más que añadir, pero sí un par de reflexiones:

• La primera es que la política económica de Zapatero ha sido lo más alejada que cabe de lo que se supone que debería ser una política socialista. Se trata, por el contrario, de una política económica de reparto de riqueza claramente oligárquica, a favor del enriquecimiento de unas élites políticas y económicas, exprimiendo sin contemplaciones a los ciudadanos, a quienes se engaña masivamente con discursos populistas.

• La segunda, en línea con el significado y la práctica de una política oligárquica, que los empresarios, en este caso la CEOE y la élite empresarial del país, con no más de media docena de honrosas excepciones, aplaudieron a rabiar esta política que les beneficia extraordinariamente, y tenían la desvergüenza, la cara dura, la indignidad, de afirmar que en España no se estaba abriendo brecha social alguna, y que la cohesión social había mejorado mucho. Hay que tener narices. El propio presidente del Santander, señor Botín, afirmó sin sonrojarse que Zapatero «era el mejor presidente que había tenido España jamás».

El camelo del crecimiento del PIB per cápita

La otra gran mentira de la época sobre el excelente comportamiento económico fue contarnos por activa y por pasiva cómo crecía nuestro PIB per cápita, en términos absolutos y en términos relativos a Europa, algo rotundamente falso, porque nuestra renta per cápita empezó a caer, a partir de 2006, un 0,3 por ciento. El engaño, aparte de la infravaloración de la población por parte del INE, estaba en la realización de comparaciones heterogéneas, incluyendo países más pobres que bajan extraordinariamente la media, aunque esto es habitual de toda la casta política parasitaria. Primero se sustituye la comparación de la CEE-9 por la UE-15, que incluye dos países más pobres que España, luego por la UE-25 que incluye diez países muy pobres y ahora por la UE-27, donde Rumanía y Bulgaria tienen una renta per cápita que es un 30 por ciento de la media, lo que permitiría afirmar a estos demagogos que España ha superado ya la media europea.

Una felonía sin precedentes: el Estatut o España como colonia

En esta misma época (2006) Zapatero cometería la segunda mayor felonía de toda su legislatura, y una de las mayores cometidas en toda nuestra historia, al afirmar que «aprobaría cualquier Estatut que redactara el gobierno de Cataluña». Nacionalistas y separatistas, junto con los socialistas catalanes que siempre han sido pieza fundamental en la legitimación de lo peor del nacionalismo, aprovechando tan increíble oportunidad, algo en lo que ni siquiera se habían atrevido a soñar, redactarían un Estatut que en esencia convierte a Cataluña en una nación separada de España, a quien se le niega esta condición por cuatro indocumentados enloquecidos, y lo que es infinitamente peor, el resto de España queda configurado como una colonia de Cataluña tanto en lo político como en lo económico. Cataluña tendrá voz y voto en todos los asuntos de España y el resto de España no tendrá ni voz ni voto en los asuntos de Cataluña.

El Estatut destruye el modelo constitucional de equidad-solidaridad, Cataluña tendrá el derecho a colocarnos todos sus productos y servicios, y a mantener desequilibrios comerciales gigantescos a su favor con el resto de las regiones, pero en ningún caso esas regiones tendrán derecho a desequilibrios fiscales a su favor, las balanzas fiscales han de estar equilibradas, las comerciales y de ahorro-inversión pueden estar absolutamente desequilibradas a favor de Cataluña. Un esquema colonialista propio del siglo XIX.

¡Realmente grandioso!, no sólo porque así lo quisieran nacionalistas y separatistas, que también, sino porque esta canallada sería votada en el Parlamento español por los diputados del PSOE y de IU, que con tamaña indignidad han perdido el derecho a llamarse españoles. Si estos irresponsables hubieran tenido un mínimo de decencia, de honor y de conocimiento, hubieran votado que no. Como una de las características esenciales de Zapatero es la de ser un cobarde, poco después de su decisión de dimitir y convocar elecciones generales en julio de 2011, al realizar un demencial resumen sobre lo que había sido su mandato calificándolo de «una colección de éxitos sin precedentes», en el caso del Estatut tendría la miseria moral de afirmar que él no tenía intención de aprobar cualquier texto aprobado por el Parlament, que esa parte se la metió de matute Barroso, el marido de Carme Chacón, y que él se limitó a leerlo sin haberlo visto previamente. Éste es Zapatero, que sólo por esto debería ser procesado por irresponsable y por traidor.

Centrándonos en el Estatut, la inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del mismo; unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave. También hay que subrayar que, increíblemente, el Estatut fue sometido a «referéndum» sólo de los «beneficiarios», el 15 por ciento de la población, pero al 85 por ciento al que perjudicaba nadie le preguntó nada. Pero ante todo y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.

Pero, desgraciadamente, esta muestra de sentido común del pueblo catalán no serviría de nada, pues a pesar de que el Estatut carece de legitimidad constitucional y ahora de legitimidad política, pues ha sido apoyado sólo por una minoría, la clase política actuó como si hubieran obtenido un respaldo rotundo, y por ello parece imprescindible saber adónde puede llevarnos este despropósito. Y lo primero que hay que decir es que, además del Estatut, existen tres cuestiones esenciales que no están en el mismo, pero que condicionan el futuro de España.

La primera es el hecho derivado del sistema electoral que hace que mientras los partidos mayoritarios fuera de Cataluña no pueden influir prácticamente en la política catalana, los partidos mayoritarios en Cataluña no sólo pueden influir, sino que tienen en su mano la llave de la gobernabilidad de España. La segunda, que mientras económicamente Cataluña no puede sobrevivir sin el mercado español, que representa los dos tercios de las ventas y de los beneficios de las empresas catalanas, el resto de España puede vivir perfectamente sin Cataluña, y no digamos si además, como es imperativo, se vetase la entrada en la UE de cualquier territorio secesionista. Y la tercera, que un presidente de Gobierno que ha traicionado a España, a la Constitución y a la democracia, impulsó el Estatut no porque se lo escribió Barroso y él lo leyó, sino porque buscaba una alianza entre socialistas y nacionalistas para la abolición del orden legal y el inicio de un proceso revolucionario que excluya a media España del proceso político, exactamente lo mismo que Largo Caballero en 1936.

Con este Estatut, Cataluña obtiene la independencia a todos los efectos. Se establece el derecho a la autodeterminación, el principio de bilateralidad en sus relaciones con España, se hace obligatorio el catalán y se discrimina y persigue ferozmente todo lo español como a los judíos en la Alemania nazi, y aquí resulta particularmente monstruoso el que se impida a los niños españoles, un 60 por ciento del total, hablar en su propia lengua, algo que jamás sería tolerado en una democracia y, lo que ya resulta auténticamente canallesco, que se les castigue por ello. También se reservan la política y las relaciones exteriores siempre que afecten a sus competencias o a sus intereses, crean un sistema judicial propio, se arrogan la gestión de la casi totalidad de competencias de un Estado soberano, desde el control de la inmigración a las infraestructuras, pasando por el control de las cajas de ahorros a pesar de que el grueso de sus recursos pertenecen a no catalanes, o la obtención y homologación de títulos académicos y profesionales, y la implantación de un régimen nazimarxista en el control de los medios de comunicación y en el control y la regulación de los derechos y deberes de los ciudadanos, un elemento que sin duda ha sido crucial en el rechazo mayoritario del proyecto.

Identidad

«Cataluña es una nación», afirmación que es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatut, porque sin esta idea el conjunto del texto carece de sentido. Pero sobre todo se niega a España esta condición, una aberración histórica que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España, una de las naciones más antiguas del mundo, no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas y separatistas enloquecidos, apoyados por Zapatero, para quien España «es un concepto discutido y discutible».

Sin embargo Cataluña no es una nación ni lo ha sido nunca. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801, el Imperio carolingio funda la Marca Hispánica, una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante doscientos años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal; a partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. Alfonso II, hijo de la infanta aragonesa y el conde barcelonés, recibió las dos herencias. Ambas, encuadradas en la Corona de Aragón, permitirían una política fuertemente expansionista, y en 1479 España-Castilla, con cinco millones de habitantes, y Aragón, con un millón, harían un Imperio. Por lo que se refiere a la lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Éstos son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.

Competencias

El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real, una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con «vínculos históricos», su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado, y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etcétera, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.

Se tiene «derecho a la opción lingüística»; en realidad, la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y por el que el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las cajas de ahorros, cuyos beneficios «deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta», aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como «nación soberana», pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.

Financiación

La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación e inspección de los impuestos propios, es decir, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVA de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.

En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si «no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CC. AA.» (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro y la corrupción probadas de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa —en 2010 crecieron 0,2 puntos por debajo de la media, 0,4 menos en lo que va de 2011, y es líder nacional en crecimiento del desempleo— primero no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, «la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad» para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña deberá ser compensada.

En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios. Y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.

Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión

«España nos roba», afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quién «roba» a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorroinversión son los más importantes.

Balanzas fiscales. Se trata de otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CC. AA. ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balanza fiscal. Según el BBVA, en el período 20012005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas y en 2005 Cataluña aportaría 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de esta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 por ciento —su parte en el PIB— de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.

Balanzas comerciales. Cataluña obtuvo en 2010 un «superávit» con el resto de las CC. AA. de unos 30.000 millones, más del doble del «déficit» fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el «superávit» es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.

Balanzas de ahorro-inversión. Gracias a su red de cajas, un 70 por ciento de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El «España nos roba» no sólo es una memez sino que es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar «productos de proximidad». Además, el Estatut destruye el modelo constitucional de equidadsolidaridad que era la base de la convivencia nacional, dividiendo inequívocamente a los españoles en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con sus derechos y prestaciones económicas fuertemente recortados. En concreto, el fondo de suficiencia —que es el principal mecanismo nivelador para cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma y su capacidad fiscal— prácticamente desaparece, pues las nuevas transferencias reducen drásticamente sus recursos, de forma que a partir del segundo año de vigencia del Estatut, cada comunidad autónoma dispondrá sólo de sus propios recursos para financiar los servicios de acceso universal como la Sanidad o la Educación, y en concreto de una cifra sensiblemente igual de 2.450 euros por habitante y año, en cifras del año 2009. Cuando la nueva filosofía del Estatut esté en marcha, «mejores servicios para mayor esfuerzo fiscal basado en el territorio», las CC. AA. más pobres como Andalucía o Extremadura verán reducida esta cifra a unos 1.450 euros por persona y año, mientras que Cataluña la incrementará hasta 2.650 euros.

Y una opinión autorizada: la del señor Bono en los pasillos del Congreso. «Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta», y tan mala, don José, y tan mala, pero su señoría votó a favor. Pero don José sería la excepción, el PSOE como partido respaldaría la pretensión de que Cataluña recaude todos los impuestos, los derivados de las ventas —IVA, Especiales y Sociedades— en esa región, más los derivados de las ventas de las empresas catalanas en el resto de las regiones. Esto sería lo que una irresponsable y enloquecida Carmen Hermosín, secretaria de Política Autonómica del PSOE, propuso en nombre de su partido, y dijo más aún: que los que critican este punto de vista «van contra el pueblo catalán», algo que demuestra más allá de toda duda razonable que el PSOE está dispuesto a destruir la nación española, y que ninguno de sus indocumentados dirigentes se ha molestado en hacer ni un solo número. A efectos comparativos, Madrid aporta al Estado el doble de lo que aportaba entonces y aporta hoy Cataluña.

Cataluña tiene un superávit comercial con el resto de España que dobla su supuesto déficit fiscal

Uno de los asuntos más indignantes del victimismo de los políticos nacionalistas y separatistas catalanes, e incluso de algunos catedráticos que por sus conocimientos y su sagrada función docente deberían ser ecuánimes y no unos sectarios nacionalistas más y es considerar, como saben perfectamente que se hace siempre entre países, la totalidad de los flujos, y, por supuesto, que lo que es razonable comparar entre países resulta inaceptable entre las regiones de un mismo país. ¿Alguien ha visto comparar los flujos comerciales o fiscales entre lander alemanes, Estados canadienses o norteamericanos, o cantones suizos? Realmente, el grado de sectarismo y de miseria moral al que se ha llegado en España no tiene parangón en el mundo civilizado.

Siempre me he resistido a comparar flujos fiscales, comerciales o de ahorro entre regiones españolas, porque si Cataluña u otra región tienen superávit comercial o de ahorro captado en otras regiones por sus cajas de ahorros, pues muy bien, esto es un país, esto es una nación, y plantear el tema es un mero fraude intelectual sin significado alguno. Pero si nacionalistas, separatistas y profesores poco respetuosos con su función y con la verdad nos restriegan cada día el supuesto déficit fiscal, pues vamos a por todo, a por el saldo fiscal, el comercial y los flujos de ahorro.

Cataluña acumula desde siempre un saldo comercial favorable que duplica el déficit fiscal que la Generalitat asegura que arrastra con el resto del Estado. Cataluña es la segunda comunidad que más bienes y servicios vende en el resto del Estado, inmediatamente después de Madrid; sin embargo, Cataluña compra muchos menos bienes y servicios del resto del Estado, de forma que alcanza el mayor saldo «exportador» favorable de todas las comunidades. En opinión del profesor Julio Alcaide, nuestro mejor estadístico, la dependencia comercial de Cataluña del resto de España es tan obvia que asegura que no entiende cómo es posible que esta comunidad quiera poner límites a la solidaridad con otras regiones que son, en definitiva, grandes clientes. Si Cataluña perdiera el mercado español, su renta per cápita retrocedería en casi una tercera parte. Como señala Pablo Alcaide, también profesor e hijo de don Julio, «no hubo más que ver lo que sucedió con la crisis del cava, los comentarios contra Madrid se cortaron de raíz porque dañaban el negocio catalán». Se refiere al perjuicio —totalmente injusto e injustificado, en mi opinión— que provocó en la industria catalana del cava la caída de ventas en Madrid debido a que el exlíder de ERC, Carod-Rovira, enemigo declarado de España, había hecho un llamamiento al boicot de la organización de los Juegos Olímpicos del 2012 en Madrid.

Es evidente que cuanto mejor vayan las regiones menos prósperas de España, mejor le irá a Cataluña, porque mayores serán sus ventas. Otra cosa distinta es que Cataluña y Madrid, y los españoles en general, tienen derecho a exigir que se fijen unos criterios claros de solidaridad, y que se acabe con el despilfarro generalizado y los criterios políticos que se aplican en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. En sentido contrario, la forma de calcular el supuesto déficit fiscal es absolutamente discutible, ya que para inflarlo la Generalitat imputa a Madrid todos los gastos no regionalizables.

Para el resto de España es más dañino el Estatut que la independencia

Creo que todo lo anteriormente señalado tiene una conclusión clara: para el conjunto de España es mucho más ventajosa desde un punto de vista económico la independencia de Cataluña que el Estatut. Por esta razón, lo primero que debería hacer el PP es impugnar el Estatut, porque se han producido irregularidades inaceptables en democracia, porque sólo un tercio de la población lo ha apoyado, y porque aunque afecta drásticamente a la totalidad del país nadie ha preguntado a los afectados, y en una consulta parcial más del doble de españoles se han opuesto, y además, el día que en España haya un gobierno digno, promover la realización de referendos de independencia provincia a provincia, y las que así lo deseen que se vayan, pero eso sí, con dos premisas muy claras: la primera, que ni un solo producto ni una sola empresa radicada en la provincia secesionista tendría acceso al mercado español, y la segunda, que España vetaría su incorporación a la UE.

Y finalmente una reflexión sobre el auténtico papelón que están jugando las instituciones en este proceso inequívocamente revolucionario, empezando por el Rey, cuya pasividad no se comprende, pues aunque no se haya enterado o, lo que es peor, haga como que no se entera, con este Estatut ya ha dejado de serlo de facto en Cataluña, y dejará de serlo en el resto de España en cuanto los españoles decidan que la ficción de que la Monarquía garantiza la unidad nacional constituye un fraude, porque no garantiza nada. Así sucede también con las demás instituciones, donde son depurados todos los que no se ponen al servicio del proceso revolucionario, incluidas las Fuerzas Armadas, a las que antes o después, más bien antes, se les obligará a salir de Cataluña o a ponerse a las órdenes de la Generalitat previa depuración drástica de sus mandos.

CAPÍTULO 5

Conclusiones sobre el modelo de Estado que nos ha llevado a la ruina

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, catástrofe es «un suceso infausto que altera gravemente el orden natural de las cosas». Ningún otro adjetivo describe con mayor precisión lo que es el modelo de Estado que nos sería impuesto por la nueva casta política parasitaria: ineficiente, despilfarrador hasta la obscenidad e intrínsecamente corrupto. Diecisiete cortijos, diecisiete legislaciones diferentes en cuestiones esenciales, diecisiete sistemas de salud, diecisiete sistemas de enseñanza, barreras lingüísticas, educativas y culturales, una tupida red de empresas públicas, observatorios, fundaciones, inventos y entelequias para despilfarrar sin control alguno y para colocar a parientes, amigos y correligionarios políticos por cientos de miles.

La causa esencial del caos político y económico que está llevando España a la ruina es el modelo de Estado. Hay muchas personas e instituciones que nos hablan de otros problemas como la falta de productividad, la necesidad de la reforma del mercado de trabajo, el restablecimiento del crédito a familias y empresas, y muchos otros más, sin duda todos necesarios, pero ¿cómo la mejora de la productividad, del mercado laboral o del crédito va a generar los 150.000 millones de euros anuales que gasta anualmente de más el sector público, 100.000 de los cuales en puro y simple despilfarro? El sector público gasta casi el doble de lo que ingresa y no existe ni voluntad ni tendencia al cambio, y eso sólo tiene un final posible, que es la ruina total y absoluta de la nación. Por ello lo digo ahora, y lo repetiré hasta la saciedad: el problema de España, la condición sine qua non para sentar las bases de la recuperación, es el cambio radical del modelo de Estado heredado de la Transición.

La denominada «Transición» ha sido el mayor fraude a los españoles de toda su larga historia: ha fragmentado la nación en forma tan disparatada e irracional que nos ha llevado al mayor riesgo de ruptura que ha tenido España en más de quinientos años; ha destruido todos los organismos de control económico del antiguo régimen, «nosotros no necesitamos de ningún control, como en tiempos del franquismo, nosotros somos demócratas y sólo nos controla el pueblo», me diría el alcalde comunista de Prat de Llobregat en una comida relacionada con el paso del oleoducto Tarragona-Barcelona, algo para cuya construcción teníamos todas las autorizaciones legales, una legalidad que al demócrata del alcalde le traía al pairo, y sólo previo pago de un sustancioso «peaje» evitaría que «el pueblo» saliera a las calles a manifestarse contra la obra.

Y esto no era una excepción, sólo un ejemplo entre mil, de cómo interpretaban la democracia la mayoría de los cargos electos: derecho a despilfarrar sin freno ni control alguno y derecho a expoliar a los ciudadanos y a las empresas. Corrupción generalizada institucional y de la otra. Irresponsabilidad, incompetencia y falta de sentido de Estado. Éstos serían los ingredientes principales de la Transición que en poco más de una generación nos llevarían a la ruina.

De desequilibrios insostenibles y errores estructurales

Como ya he explicado, en 1982, como culminación del deterioro de UCD, dedicados sus miembros en cuerpo y alma a apuñalarse los unos a los otros, el Partido Socialista liderado por Felipe González conseguiría una victoria aplastante, poniendo fin al lamentable período de UCD —y «un desastre sin paliativos», en palabras del Rey—, partido que a partir de ese momento se desintegraría y desaparecería para siempre.

Desde un punto de vista económico, el largo mandato de trece años de González estuvo marcado por un pragmatismo lleno de luces y sombras, como ya hemos visto antes. Abordaría la denominada reconversión industrial, mejoraría las infraestructuras y nos convertiría en miembros de la Unión Europea, un sueño anhelado por todos los políticos de uno u otro signo durante casi treinta años. Sin embargo, González cometería errores fundamentales que han lastrado y siguen lastrando nuestro futuro, algunos de los cuales ha tenido la honestidad y el coraje de reconocer públicamente. La reconversión industrial no fue tal. Fue un desmantelamiento puro y simple de sectores industriales completos sin nada que los reemplazase, y si parte de ello era necesario pues se trataba de industrias de dudoso futuro, en otros casos, como en la siderurgia, se renunciaría a construir una gran planta moderna y competitiva en Sagunto optándose en cambio por apuntalar lo existente y obsoleto: éste fue un error de primer nivel; en el caso del sector de la construcción naval, el tercero del mundo, es aún más difícil de entender.

La entrada en la entonces Comunidad Económica Europea sería un objetivo esencial del gobierno de González, algo completamente lógico después de tantos años de espera, pero precisamente las prisas por entrar llevaron a una negociación desastrosa para los intereses de España: las cesiones que se hicieron en materia agrícola, ganadera e industrial fueron colosales, y ni una sola fue necesaria; fue un disparate histórico, porque España hubiera entrado en la CEE en cualquier caso sin cesión alguna, como han hecho la mayoría de los países; nos hubiera costado unos meses más, dos años a lo sumo, pero no hubiéramos tenido que pagar ni un solo céntimo.

En el lado positivo, la economía española se vería muy favorecida por el fuerte descenso de los precios del petróleo en 1986 y por el inicio de la reducción de los tipos de interés. La inversión extranjera mejoraría significativamente a partir de la firma del Tratado; sin embargo, el inmenso caudal de esperanzas depositado en Felipe González se convirtió pronto en el culto al pelotazo, al amiguismo y al apaño, pero más aún se verían infundados los temores de la clase empresarial y de las grandes fortunas, que encontrarían en el Partido Socialista un formidable aliado para enriquecerse como jamás habían soñado y que incluso les eximiría del pago de la mayoría de los impuestos.

Y lo peor, se sentarían las bases del hundimiento de la enseñanza pública, se iniciaría una política de empleo que generalizaría los contratos basura, y su política económica cambiaría las bases del reparto de la riqueza creada a favor del capital y en contra del trabajo. La moratoria nuclear sería el mayor error de nuestra historia industrial, y un lastre permanente y creciente para la competitividad de nuestra economía. Después de once años, la economía entraría en una fuerte recesión, que sería determinante en la pérdida de las elecciones. En 1996, Solbes, un funcionario manifiestamente incompetente y poco trabajador, dejaría España sumida en una grave crisis y el Estado casi quebrado.

Fue la hora de Aznar, que se encontraba en el sitio adecuado en el momento adecuado; unos cuantos tijeretazos al gasto, pero sobre todo la venta de las joyas de la Corona, la privatización de las grandes empresas públicas, le permiten ordenar las cuentas y entrar en el euro, y a partir de ahí el ciclo alcista de la economía mundial nos llevaría en volandas: crédito ilimitado, bajos tipos de interés y el inicio del boom inmobiliario garantizarían un crecimiento muy rápido. Por eso cuando se oye al PP decir que sacó a España de una crisis y que lo volverán a hacer, cabe recordar que los dos mayores inútiles de nuestra historia económica, Solbes y Zapatero, consiguieron sin despeinarse crecimientos mayores aún en la parte final del ciclo alcista.

¿Aznar y su equipo supieron gestionar la riqueza y la mayoría absoluta y tomar las decisiones esenciales para garantizar un crecimiento sostenible y regenerar España? La respuesta es un no rotundo. Los defectos estructurales fueron tapados por la burbuja inmobiliaria, y no sólo no se abordaron, sino que resultaron amplificados y consolidados. El desbarajuste autonómico, en vez de ordenarse y limitarse, creció sin freno, y hasta el cupo vasco, en una negociación errónea y disparatada del ministro Rato, quedó reducido a menos de la mitad de lo que correspondía. Los monopolios públicos con precios regulados pasarían a monopolios privados con precios libres. Ni contención del empleo público, ni reforma del mercado de trabajo, ni reforma estructural alguna, ni nada de nada.

Cuando vendieron los monopolios públicos, en lugar de hacerlo en forma que se fomentase la competencia, hicieron todo lo contrario. En lugar de hacer un plan energético serio que garantizase una menor dependencia energética exterior, unas energías más baratas y una mayor eficiencia energética —en concreto, levantar la moratoria nuclear convocando para ello un referéndum si hubiera sido preciso, y desarrollar una red eficiente de transporte de mercancías por ferrocarril, que consume diez veces menos energía por unidad de carga que la carretera—, hicieron justo lo contrario: apostar por las energías más caras e ineficientes del mercado, y montar un sistema de subvención absolutamente escandaloso a las energías renovables inexistente en el resto del mundo y que ha llevado la corrupción y la cultura del pelotazo a niveles jamás alcanzados en la historia energética española.

Finalmente, el odio africano entre Aznar y González, fuera quien fuese quien tuviera una culpa mayor, fue un desastre político para España, ya que de no haber existido podría habernos encauzado en la dirección correcta, y sólo benefició al nacionalismo y al separatismo.

Los socialistas «expolian» 243.000 millones de euros de las pensiones

Durante más de veinte años, pero fundamentalmente en los catorce de Gobierno socialista (1982-1996), el excedente generado por la fuerte diferencia positiva entre cotizaciones y pensiones, fue «sustraído» por el Gobierno y empleado fundamentalmente en la reconversión industrial, en la que el Estado se hizo cargo de costes que tendrían que haber pagado las empresas, en la financiación de infraestructuras como el AVE a Sevilla, en los «fastos» del 92 y en la cobertura de la fuerte reducción de ingresos impositivos que supuso la exoneración para los ricos del pago de impuestos. En concreto, estamos hablando de nada más y nada menos que de 243.000 millones de euros, que les fueron literalmente expoliados a los pensionistas. El saqueo sólo terminaría cuando Aznar implementó, de acuerdo con lo previsto en el Pacto de Toledo, una separación de fuentes y la creación de la caja separada para conservar los excedentes generados.

La caja de las pensiones debería tener hoy 300.000 millones de euros, en lugar de los 57.000 que se supone que tiene. Sólo con los intereses de esos 300.000 millones de euros, bien gestionados, el sistema de pensiones podría ingresar anualmente cerca de 20.000 millones, lo que le permitiría sobrevivir casi indefinidamente, por lo que lo primero que tendría que hacer el Gobierno es devolver a los pensionistas lo que les ha quitado, porque el excedente de las pensiones no era para financiar los gastos corrientes ni inversiones públicas, como tampoco lo es hoy para comprar deuda del Estado o bonos basura de la Generalitat. Este dinero tiene que devolverse por la sencilla razón de que es de los pensionistas, un dinero que los trabajadores aportaron para poder garantizar sus pensiones, no para que el Gobierno socialista pudiera exonerar de impuestos a los ricos, ni para financiar la reconversión industrial y todo lo que se le pasó por la mente.

El expolio fue tan gigantesco que dejarían el sistema de pensiones en 1996 al borde de la quiebra. Pero con Zapatero ha sido mucho peor. A la hora de hacer recortes, en lugar de recortar los infinitos despilfarros autonómicos o locales, o las ayudas a los tiranos, gais y lesbianas del Tercer Mundo, el recorte se ha hecho precisamente con funcionarios y pensionistas, y la intención es reducir las pensiones hasta una media del 30 al 40 por ciento, porque simplemente los números ya no salen. ¿Y cómo van a salir si el Estado no les devuelve los 243.000 millones que utilizó indebidamente en los años ochenta y noventa? ¿Y qué dicen de eso los sindicalistas de pesebre UGT y CC. OO.? Pues no dicen ni pío. Mejor dicho, sí dicen, y dicen que a cambio de recibir 1.500 millones de euros anuales, el sistema de pensiones es insostenible y en consecuencia hay que congelar primero y reducir después las mismas.

Zapatero supera con creces los peores temores

Los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004, hábilmente manipulados por Rubalcaba con el cerco a las sedes del PP y la ayuda mediática del grupo PRISA, consiguen darle la vuelta a lo que las encuestas preveían como una clara derrota electoral del PSOE y dar la victoria a un desconocido Rodríguez Zapatero. Sobre los atentados en sí mismos, el Gobierno hizo todo y más por que no fueran investigados, ni los culpables hallados; la policía destruyó todas las pruebas a su alcance, los jueces no investigaron adecuadamente ni sacaron las conclusiones más obvias, por lo que la autoría intelectual, e incluso material, continúa siete años después constituyendo un misterio.

Sin embargo, pensando probablemente que no iba a ganar, el programa económico del Partido Socialista en 2004 era correcto, señalaba los problemas y abogaba por el cambio de un modelo económico a todas luces insostenible. Pero, una vez en el poder, Zapatero no daría una a derechas; en realidad, ni a derechas ni a izquierdas. Me decía hace unos años en una cena uno de mis consuegros, un empresario de enorme éxito, cuando le relataba los desastres de Zapatero: «Hombre, Roberto, creo que exageras, algo habrá hecho bien el hombre», a lo que respondí: «Nada, Juan, absolutamente nada, y lo malo es que lo peor está por llegar.» Debo decir que Zapatero superaría con creces mis peores temores, y ahora mi consuegro no sólo está convencido, sino que ha liderado la oposición de los grandes empresarios contra el personaje.

Zapatero se rodearía de unos equipos ministeriales a su propia altura, cuyo nivel intelectual y sus conocimientos de la gestión pública se encontraban a un nivel de incompetencia que causaba pavor. Un antiguo alto cargo francés me diría de uno de los ministros: «Pero ¿cómo puede ser fulanito ministro? En Francia no estaría ni de conserje en ese ministerio.» Todo cuanto recibieron en buen estado lo han podrido o simplemente destruido. Aniquilaron nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales, destrozaron el modelo de igualdad-solidaridad interterritorial, y sentaron las bases para la destrucción de la nación española, y en la economía, como iremos viendo en los siguientes capítulos, no es sólo que no dieran una a derechas, no es sólo que no reconocieran la crisis, no es sólo que las medidas que tomaron fueran una auténtica broma, sino que serían tan increíblemente inútiles que pasarían del negacionismo inicial de la crisis al disparate desaforado del gasto público para demostrar que había una salida socialista, que hacía innecesarios los sacrificios.

El vicepresidente económico nombrado para pilotar ese cambio, un personaje que se había convertido en alguien completamente abúlico y sin ganas de meterse en problemas que, por otra parte, desconocía, se olvidó de trabajar ayudado por una coyuntura que hacía crecer la economía sin problemas, así que se dedicó a sestear y hacer sudokus, mientras los desequilibrios cada vez más graves le daban lo mismo. Y no digamos Zapatero, dedicado a tiempo completo a la involución de España, a enfrentar a los españoles, a fomentar la homosexualidad y el aborto, al ataque sin tregua al cristianismo utilizando para ello el islamismo que aspira a reconquistar Al-Ándalus, a destruir el sistema de enseñanza pública, y a la liquidación, en suma, de la nación española.

Desde 2004 hasta 2007, Zapatero no hizo nada en el terreno económico, el impulso de la burbuja inmobiliaria y el dinero fácil de la época Aznar continuó, con lo que Zapatero estaba encantado, y no hubo estupidez o memez que no se atreviera a decir al respecto. Pero todo esto llegaría a su fin. A principios de 2007, los desequilibrios, particularmente el exterior y el endeudamiento de familias y empresas eran sencillamente insostenibles, la economía había alcanzado su punto de inflexión e iniciamos la caída. Esto era claro y meridiano, y así lo manifestamos algunos (los antipatriotas), pidiendo que el Gobierno actuara. Todos los grandes medios mundiales auguraban también el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero como el pesimismo no crea puestos de trabajo, Solbes y el Banco de España no solamente no hicieron nada, sino que se dedicaron a engañar a los ciudadanos.

En julio de 2011, Jáuregui, uno de sus ministrillos lacayos, afirmaría que a Zapatero «le hará más justicia la Historia que la prensa», y con toda seguridad será así: la Historia explicará cómo llegó al poder tras la manipulación absoluta del mayor atentado de Europa. También explicará cómo hizo todo lo que estuvo en su mano para reabrir viejas heridas y volver a enfrentar a los españoles; cómo tomaría el control de las decisiones judiciales más importantes; cómo vulneraría la Constitución siempre que le vino en gana, con el Estatut de Cataluña, con su aplauso a la persecución y la discriminación de todo lo español en esta Comunidad, con la legalización de una banda de asesinos, con la destrucción de la enseñanza pública, y con el hundimiento económico, moral y político de la nación española.

Los hitos del desastre

El modelo de Estado, la Ley Electoral y la Carta Magna con los que los padres de la Transición engañaron a los españoles para perpetuar en el poder a una oligarquía partitocrática, han sido un fraude democrático y una estafa masiva a toda una nación. Hasta el momento, la mal llamada «democracia» (mal llamada porque ni lo es ni resulta homologable con el resto de democracias occidentales y los sucesivos gobiernos salidos de la misma) han conseguido los siguientes logros, ya explicados pero que resumo otra vez aquí:

a) Carencia de una democracia representativa. Los ciudadanos no pueden elegir a sus representantes, sólo escoger entre unas listas elaboradas por una oligarquía política en forma totalmente antidemocrática. b) Carencia de un Estado de Derecho. El poder judicial está sometido al poder político, que vulnera la Ley y la Constitución sin límite alguno siempre que así conviene a la estrategia política del Gobierno de turno.

c) En regiones enteras como Cataluña, no rige la ley, ni el Estado de derecho, ni se respetan los derechos humanos más elementales.

d) Corrupción institucional y personal generalizadas.

e) Modelo de Estado económicamente insostenible, absolutamente ineficiente, e intrínsecamente corrupto.

f) Destrucción de un modelo educativo de enorme nivel, basado en el esfuerzo y en el trabajo bien hecho. Han degradado el sistema público de enseñanza hasta situarlo a la cola del mundo desarrollado, un sistema público que ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado.

g) Un nivel de paro que más que dobla la media europea en todos sus grados: paro total, paro femenino y paro juvenil.

h) Un sector industrial en fase de extinción.

i) Un Sistema Nacional de Salud al borde de la quiebra, que debe más de 15.000 millones de euros a proveedores y paga los medicamentos hasta con setecientos días de retraso.

j) Una deuda bruta total del 400 por ciento del PIB, la mayor

del mundo desarrollado.

k) Una deuda pública desconocida, porque no existen datos fiables ni de autonomías, ni de ayuntamientos, ni de empresas públicas, pero que se acerca al ciento por ciento del PIB.

l) Un déficit de las AA. PP. también desconocido, por las mismas razones, pero que gasta casi el doble de lo que ingresa.

m) Un sistema financiero técnicamente quebrado en una buena parte.

n) Un transporte ferroviario de mercancías a la cola de Europa, con una velocidad media de 10 km/h.

o) La desaparición de la flota mercante, otrora una de las mayores del mundo.

p) Un sistema de pensiones quebrado, en el que las prestaciones han sido congeladas y que necesitan reducirse hasta en un 40 por ciento para equilibrar la situación.

q) Una productividad a la cola del mundo industrializado.

r) Precios de los inputs esenciales (gas, productos petrolíferos antes de impuestos y electricidad) a la cabeza de Europa, consecuencia de la sustitución de los monopolios públicos con precios regulados por oligopolios privados con precios libres.

s) Una distribución de la renta y la riqueza creadas totalmente oligárquica: con la seudodemocracia los ricos se han hecho cada vez más ricos, algunos inmensamente más ricos, y los pobres cada vez más pobres.

Éste es el país moderno y democrático que los padres de la Transición afirmaron que traerían, y que siguen pregonando aún hoy.

SEGUNDA PARTE La crisis económica y social

CAPÍTULO 6

La crisis inmobiliaria, el aviso de la Inspección y el punto de inflexión

A principios de 2007, el análisis de Bloomberg, la mayor agencia de noticias, comentarios y análisis económicos a nivel mundial, era ya «apocalíptico»: «La explosión del espejismo español [la burbuja inmobiliaria] dañará al resto de Europa», y sus afirmaciones clave eran las siguientes:

a) «El crecimiento español es insostenible.»

b) «Los desequilibrios han alcanzado tal magnitud que el aterrizaje suave es imposible», afirmación que además se realizaba en función de datos ya superados por la realidad: un 8,9 por ciento de déficit exterior cuando éste alcanzaba ya el 10,7 por ciento del PIB, y con una tasa de inflación del 4,3 por ciento, medida por el deflactor del PIB, que es el verdadero indicador de la inflación que genera una economía, mucho más completo que el IPC. La productividad perdería cinco puntos respecto a la UE en los tres primeros años de gobierno de Zapatero, lo que suponía una pérdida sustancial del potencial de crecimiento de la economía española.

c) El tema ya «no se arregla con una política fiscal restrictiva», algo que el gobierno tampoco estaba haciendo. La afirmación de los analistas de Bloomberg era que para «volver a estar equilibrada, la economía española necesita un largo período de lento crecimiento, desempleo creciente y demanda deprimida». Éste será sin duda el desastroso legado económico del gobierno de Zapatero a España y a los españoles.

d) «Cuando la economía española entre en recesión, las empresas que han invertido fuertemente en el exterior van a tener serios problemas. Algunas pueden no sobrevivir.»

e) «El problema español será también un problema para el resto de Europa —por la dimensión de la economía española— y arreglar este desastre puede llevar años.»

Una crisis, además, que en contra de lo que falsamente se afirmaba, iba a afectar esencialmente a los trabajadores, que iban a perder el empleo en mucho mayor número que en el resto de los países europeos. Fue una visión profética.

Origen, desarrollo y estallido de la burbuja inmobiliaria

La economía española en general y el sector inmobiliario en particular llegaron a su punto de inflexión en el primer trimestre de 2007. La parte del sector inmobiliario en el PIB superaba nada menos que el 20 por ciento, una cifra anormalmente elevada y más del doble de lo que había venido siendo históricamente. La situación del inmobiliario a principios de 2007 se había equiparado por parte de la mayoría de los bancos internacionales de inversión a la de Alemania durante el proceso de reconstrucción de su parte oriental tras la caída del muro de Berlín. La construcción llegaría a representar casi un 20 por ciento del PIB alemán pero caería después al 9 por ciento, algo que los bancos de inversión vaticinaban que ocurriría en España antes o después. No imaginaron, sin embargo, la rapidez y profundidad de la caída.

El ritmo de construcción de viviendas en España era algo insostenible, en 2006 fuimos el primer país de la UE en viviendas terminadas, y un 25 por ciento de todas las construidas en la UE lo habían sido en España, en concreto, tantas viviendas como en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas, aunque nuestra población es sólo el 9 por ciento del total. Era obvio que eso no tenía posibilidades de continuar. Aunque gobierno, bancos y constructoras, con una insensatez y una mendacidad pasmosas, afirmarían por activa y por pasiva que no había burbuja alguna, y que los pisos nunca podrían bajar de precio.

La Inspección del Banco de España alerta al Gobierno de la inminencia de la crisis en mayo de 2006

«Los inspectores del Banco de España, a través de esta nota informativa, queremos distanciarnos de la complaciente lectura de la situación económica española que hace en sus intervenciones el actual gobernador, y mostrar asimismo nuestra preocupación por su falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual hasta hacerla más sostenible y segura.»

A lo largo de cuatro folios que entregaron a la jefa del Gabinete de Pedro Solbes, los inspectores hacían un análisis de la situación que, a la vista de los acontecimientos posteriores, se ha demostrado profético. En el texto, los técnicos del órgano regulador acusan a su jefe de «obviar las principales causas de los desequilibrios actuales y minimizar la importancia del riesgo latente». Sin embargo, ni Ordóñez, ni Solbes, ni Zapatero hicieron nada para cambiar la situación. Por cosas así meten a la gente en la cárcel en el mundo civilizado. Y sin embargo, a principios de 2011 y con la desvergüenza que le caracteriza, Zapatero afirmaría que «ni siquiera el Fondo Monetario Internacional pudo prever la crisis». Nadie no, los inspectores del Banco de España sí lo hicieron, y con tiempo más que suficiente para actuar, el problema es que nadie les hizo caso.

La Inspección del Banco de España había advertido al Gobierno del serio peligro que para la economía española y para un considerable número de familias entrañaba el irresponsable comportamiento de bancos y cajas concediendo créditos al sector inmobiliario y para la compra de viviendas por encima de todo lo razonable, máxime cuando estos préstamos se estaban realizando esencialmente no con los recursos propios del sistema, sino con dinero prestado del exterior, fundamentalmente de las cajas de ahorros alemanas y francesas.

Se endeudaban masivamente a corto plazo para prestar a largo, y no sólo eso, se concedían hipotecas y créditos a promotores con una irresponsabilidad nunca vista en el pasado. Hipotecas por el 120 por ciento del valor de tasación, períodos de amortización de hasta cuarenta años, cuotas hipotecarias equivalentes al salario del hipotecado, y si en lugar de hipotecas hablamos de crédito promotor o a suelo, la irresponsabilidad y la corrupción, porque los responsables de la concesión de los créditos se embolsaban jugosas comisiones, superaban todo lo imaginable. Préstamos promotores absolutamente alocados garantizados por suelo sobrevalorado o incluso sin valor, porque carecía de los permisos correspondientes. De esta forma se concederían hasta 1,1 billones de euros al inmobiliario en todas sus facetas. Por estas razones, la Inspección urgía al gobernador, a Solbes y al Gobierno a frenar de inmediato tamaño disparate, algo no sólo perfectamente posible para el Banco de España, sino absolutamente obligado. Por mucho menos de esto, habían expropiado al grupo Rumasa años antes.

La mejor explicación del origen y desarrollo de la burbuja inmobiliaria es sin duda la realizada por Ricardo Vergés, arquitecto y economista del equilibrio, para quien el seguimiento de la pista del dinero es la clave para entender todo el proceso: «Sin dinero no hay burbujas», reza un conocido axioma económico. Vergés sigue la pista del dinero a través de los datos oficiales del Banco de España, analizando la evolución del saldo vivo de crédito privado a empresas y hogares por el sistema financiero. Ciertamente, el proceso no empieza con Zapatero, pues si comparamos la evolución del mismo éste habría pasado de unos 270.000 millones de euros en 1993, año de la crisis anterior, a 800.000 en 2004, pero llegaría a 1,9 billones en 2008, cuando los excedentes de liquidez europea que estaban financiando todo el proceso se agotaron y nos cerraron el grifo. Pero hay un hecho diferencial esencial en el caso de Zapatero, que, a pesar de las serias advertencias de la Inspección del Banco de España, no sólo no hizo nada por evitarlo, sino que, con la insensatez que ha caracterizado todo su mandato, lo impulsaría.

Hasta 2005, el dinero para financiar la burbuja salía casi íntegramente del ahorro nacional, de los depósitos de los ahorradores españoles en el sistema financiero, pero a partir de ese año, bancos y cajas, con una irresponsabilidad suicida, empezaron a endeudarse masivamente a corto plazo con bancos y cajas fundamentalmente alemanes. El endeudamiento con el exterior sería brutal: en sólo cuatro años el sector financiero pediría prestados al exterior ¡casi 800.000 millones de euros!, y el Banco de España, cuya principal obligación como regulador del mercado era precisamente evitar situaciones como ésta, no haría absolutamente nada por decisión personal del gobernador siguiendo instrucciones de Zapatero y Solbes, que no querían producir ningún frenazo en lo que estos insensatos consideraban un crecimiento económico inagotable.

Esos 800.000 millones serían prestados al sector inmobiliario, «pasando de bancos y cajas europeas a bancos nacionales y, acto seguido, de estos últimos a los prestatarios operativos que eran nuestros constructores y promotores. Y como éstos no pudieron terminar y/o vender gran parte de lo que en su momento habían iniciado —amén de dedicar mucho dinero a la compra de aún más suelo “de cara al futuro”: realmente el grado de estupidez e insensatez de los promotores corría parejo con el de Zapatero y Solbes—, no podían entonces y no pueden ahora devolver el dinero a los bancos españoles y, en consecuencia, éstos tampoco pueden devolverlo a los bancos europeos», por lo que estamos obligados a refinanciar la casi totalidad, en buena parte con aval del Estado —más de 80.000 millones de euros a mediados de 2011— y sobre todo a pagar unos intereses que nos están ahogando y ahogarán también a la siguiente generación.

El hundimiento de Astroc

El primer toque de atención serio hacia nuestra realidad inmobiliaria se produciría en abril de 2007, por el súbito desplome de la cotización de la inmobiliaria Astroc, que había sido el valor estrella del año 2006 de toda la Bolsa española, y que perdería de golpe el 80 por ciento de su valor. En las semanas siguientes, el desplome de Astroc produciría un efecto de arrastre en las sociedades del sector, o en aquellas que habían tenido revalorizaciones fuera de lo común. Reuters lo vería con toda claridad y explicaría: «El problema de esta crisis es que acabará trasladándose inevitablemente a los bancos, que han financiado buena parte de las operaciones de sector con la garantía de las propias acciones de las inmobiliarias.»

Este desplome incrementaría el riesgo país y encendería todas las alarmas entre los inversores, que temían, con total fundamento, que esto fuera, como apuntaba el Financial Times, «el principio del estallido de una burbuja inmobiliaria, que de producirse tendría graves consecuencias para todo el conjunto de la economía». En palabras de don Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros, «el riesgo es serio e importante para el empleo y para las rentas de cientos de miles de ciudadanos». Y es que el desplome de Astroc era sólo la punta del iceberg de una situación que iba a poner en grave riesgo no sólo al sector inmobiliario, sino también a muchas entidades financieras, particularmente cajas de ahorros —el 70 por ciento de cuyo crédito era al ladrillo y que han realizado préstamos insensatos a empresas insensatas, particularmente inmobiliarias no cotizadas, garantizados por unos activos cuyo valor hoy, en caso de tener que realizarse, difícilmente alcanzaría la mitad de su valor de tasación—. Con la irresponsabilidad que habría de presidir todos sus actos, Zapatero negaría que la «burbuja» inmobiliaria fuera a pincharse, y tanto el Ministerio de la Vivienda como el gobernador del Banco de España, los bancos y las constructoras negarían la existencia de una «burbuja», indicando que en todo caso lo que se produciría sería un «aterrizaje suave».

En aquel momento, las diferencias teóricas de los precios de venta con los valores de tasación eran ya de hasta un 30 por ciento en la costa y hasta un 10 por ciento en las ciudades. Y digo teóricas porque esto era sólo cuando las viviendas se vendían, pero la realidad, y éste era el nudo de la cuestión, es que en aquellos momentos, y ahora ya ni les cuento, no se vendía casi nada. Esto originaba un desfase entre la oferta y la demanda absolutamente insostenible, que es lo que haría saltar por los aires la burbuja inmobiliaria. Un «aterrizaje suave» podría haberse producido dos años antes si se hubieran realizado las reformas estructurales oportunas; nada se hizo y para entonces el abismo entre la oferta y la demanda y las condiciones del entorno hacían que el ajuste gradual fuera ya imposible.

En aquel momento había ya casi tres millones de viviendas sin vender (1,8 millones adquiridas para especular) y que el espectacular endurecimiento de las condiciones financieras, la subida de tipos y la creciente incertidumbre sobre el futuro obligaba a liquidar cuanto antes —vender hoy era peor que ayer pero mejor que mañana—. A lo que se añadía un millón de viviendas más en construcción para una demanda, entonces, de unas 450.000 viviendas anuales. El desastre estaba servido.

«A día de hoy son más probables los desplomes súbitos y sin previo aviso tipo Astroc que los ajustes más moderados tipo grandes constructoras cotizadas con fuerte diversificación de activos», afirmaba Ricardo Vergés antes del verano de 2007, y precisaba: «no es que exista una burbuja, sino un antimercado, es decir, una burbuja de carácter extremo cuyas consecuencias serán dramáticas para los más de diez millones de familias hipotecadas que habrán de devolver 3,25 billones de euros, el equivalente a lo pagado por las viviendas construidas en los últimos once años», y concluye que «lo que va a producirse es un efecto pobreza para todos aquellos que han comprado pisos sobrevalorados».

No hacía falta ser premio Nobel de Economía para comprender lo que se venía encima; desde Bloomberg hasta los inspectores del Banco de España, pasando por todos los analistas independientes, todos menos el Gobierno y sus paniaguados, que años después afirmarían con una desvergüenza infinita que nadie podía prever la amplitud de la crisis sobre lo que tan certeramente había alertado la Inspección del Banco de España un año antes.

El engaño masivo de Solbes y MAFO: motivos para su procesamiento

Y el Gobierno y el Banco de España, en lugar de tomar las medidas adecuadas sobre lo que era la primera demostración práctica de lo que habían advertido los inspectores del Banco de España, y de lo que iba a suceder, hicieron justo lo contrario, mentir masivamente minimizando lo ocurrido y no tomando medida alguna. Y lo que es infinitamente peor, el Gobierno animaría a las familias a seguir endeudándose, porque como «los pisos sólo pueden subir de precio, cuanto más se endeuden para la compra de los mismos, más ricos son». Esta afirmación, a sabiendas de que era mentira, porque tenían en sus manos el informe de la Inspección y todos los datos macroeconómicos que demostraban que la economía se estaba desacelerando, era claramente delictiva. Sólo por esto, en cualquier país democrático ambos habrían sido procesados. El daño ocasionado a millones de familias y miles de empresas ha sido tan enorme que no se pueden ir a su casa de rositas.

Para tratar de valorar el alcance del daño producido, puede utilizarse el concepto económico denominado «efecto riqueza». Según éste, el consumo de las familias no sólo está determinado por la renta, sino también por la riqueza, y si la riqueza sube, por ejemplo porque sube la bolsa o porque sube el valor de los pisos, las familias se sienten más ricas y tienden a consumir más; a este comportamiento los economistas lo denominan «efecto riqueza», que lógicamente funciona en las dos direcciones, cuando la riqueza sube y cuando la riqueza baja. Se estima que por cada 100 euros de pérdida de valor el consumo bajaría en 0,4 euros.

El daño ocasionado es la suma de dos factores. Si se hubiera hecho caso del aviso de la Inspección, y el Banco de España hubiera tomado las medidas adecuadas para frenar el endeudamiento externo del sistema financiero y la disparatada concesión de hipotecas y créditos a promotores, al menos un millón y medio de viviendas no habrían sido construidas y/o vendidas. Si consideramos que el valor medio de una vivienda es de 150.000 euros, la pérdida inducida por las falsedades y la falta de acción de gobernador y vicepresidente económico asciende a más de 60.000 millones de euros.

Pero el exceso de oferta generado no afectaría solamente al precio de las viviendas que nunca debieron ser construidas y vendidas, afectaría a la totalidad del parque de vivienda residencial. Como este parque es de 25 millones, suponiendo el mismo valor medio, el valor total es de 3,7 billones de euros. Una caída de precios de un 30 por ciento reduciría el valor de las propiedades inmobiliarias de España en 1,1 billones de euros, es decir, una pérdida equivalente a todo el PIB, directamente causada por las mentiras y la falta de acción de estos dos personajes. Si los culpables de tamaña tropelía no merecen ser procesados, que alguien explique qué es entonces lo que merece un procesamiento. Además, y como consecuencia del efecto riqueza, al verse empobrecidas por este hecho, las familias reducirían el consumo del orden de 44.000 millones de euros al año, y el crecimiento del PIB en el 0,44 por ciento.

El punto de inflexión

Pero nuestros problemas económicos no se limitaban desgraciadamente a la cuestión mencionada, sino a la marcha de la economía en su conjunto. Sorprendentemente, la creencia más arraigada, incluso entre las personas informadas, era que la economía iba bien. Ciertamente existían cuestiones preocupantes, como el gigantesco déficit exterior o la falta de reformas estructurales, pero todo quedaba olvidado o al menos relegado a un segundo plano cuando nos decían que la economía crecía casi a un 4 por ciento, que el paro bajaba y que se seguía creando empleo; y sin embargo se trataba de una percepción superficial pero que demostraba hasta qué punto las personas informadas son víctimas también de su propio entorno y del abrumador control mediático por parte del gobierno.

Hasta un niño de primaria sabe que lo importante no es el tamaño de la tarta, sino el trozo que le toca a cada uno, y que si la tarta crece pero el número de comensales crece más, el resultado es que cada vez tocamos a menos. En términos científicos, se trataba de un crecimiento que los economistas denominan tercermundista, derivado exclusivamente del incremento de la demanda interna por el aumento de la población; en nuestro caso, del mayor proceso migratorio del planeta. En palabras del INE, que en aquellos momentos estaban entrando inmigrantes al ritmo de unos 100.000 al mes, ¡se habían legalizado casi 300.000 en el primer trimestre de 2007!

El crecimiento absoluto no sólo no significa nada, sino que además produce consecuencias extremadamente nocivas sobre la gran mayoría de la población, incluidos los inmigrantes legalizados, consecuencias que van desde la reducción continua de los salarios reales y el enriquecimiento hasta límites inimaginables de una minoría, a la caída vertical en la calidad de los servicios públicos de uso universal, como la enseñanza y la sanidad, pasando por temas no económicos como la reaparición de enfermedades que habían desaparecido décadas atrás o el incremento de la inseguridad ciudadana.

El segundo efecto ya no lo entendería un niño de primaria, pero era también sencillo. El crecimiento de la población incrementa la oferta de trabajo, y esto produce automáticamente, como explican los modelos de oferta, un aumento del empleo y una disminución de los salarios reales, un proceso inevitable que nada tiene que ver con la política económica en el supuesto de que tal cosa existiera. Y el otro efecto ligado, supuesta disminución del paro, sencillamente era falso. En 2005 el paro había bajado, como ya se ha explicado, del 10,5 al 8,5 por ciento, como consecuencia de los cambios metodológicos introducidos por el INE a mayor gloria de Zapatero; en cifras homogéneas el paro no había dejado de subir.

Después de once años, España deja de converger con Europa

Por ello, el indicador más representativo de la marcha de una economía es la renta por habitante, ya que es el único parámetro que permite saber si una economía crece o retrocede. Y según este índice, si tomamos la población real, unos 46,5 millones de habitantes, España era el único país, no ya de Europa, sino de todo el mundo desarrollado, cuyo PIB per cápita había retrocedido casi un 2 por ciento en los dos años anteriores. A efectos comparativos, los países europeos crecieron per cápita una media del 2,2 por ciento en 2006 y un 3,4 por ciento la media mundial. Pero incluso utilizando las cifras infravaloradas que publicaba el INE, según Eurostat, España dejó de converger con la Unión Europea en 2006. Después de once años consecutivos de convergencia, ésta se redujo en 3 décimas.

Pero ni siquiera la renta por habitante nos muestra la realidad económica individual, ya que no deja de ser una media que no tiene en cuenta la distribución de la renta entre las distintas clases sociales, y las cifras disponibles configuraban una imagen de reparto de la riqueza oligárquico que ya hemos explicado. Pero hay muchos más indicadores que cuantifican también el océano de desigualdad creado por Zapatero. Los salarios reales habían bajado en España un 5 por ciento desde junio de 2004 frente a un crecimiento medio del 8 por ciento en la UE, y según la Agencia Tributaria 10,4 millones de trabajadores ingresaban menos de 1.000 euros al mes, y 4,5 millones de pensionistas tenían que malvivir con menos de 600 euros al mes, tanto que el porcentaje de jubilados que vivía entonces por debajo del umbral de la pobreza es del 48,5 por ciento, una cifra auténticamente aterradora.

Respecto a la presión fiscal, y a pesar de que su reducción era la promesa económica estrella de su programa electoral, ésta había experimentado un incremento notable, casi tres puntos de PIB al final de la legislatura, la cifra más alta de toda nuestra historia, y el 80 por ciento de este incremento había recaído sobre los asalariados y los jubilados. Y, como no podía ser de otra manera, esto era lo que directamente percibían los ciudadanos, una caída espectacular en el bienestar general. Así, según el barómetro del CIS antes de las elecciones de 2004, el número de españoles que decía vivir bien o muy bien era del 44,2 por ciento, cifra que había caído hasta el 24,8 por ciento en enero de 2007, y los que decían vivir mal o muy mal se han duplicado holgadamente, del 10,9 al 28,4 por ciento.

En resumen, la economía española había alcanzado en la primavera de 2007 un punto de inflexión —en realidad la media del año sería del 1,2 por ciento, aunque al final del mismo entraríamos oficialmente en recesión— y los riesgos eran ya serios e inmediatos. El banco Morgan Stanley estimaba una caída del crecimiento del PIB absoluto en 2008 hasta el 2,4 por ciento, y una reducción de la parte del sector de la construcción en el PIB hasta el 9 por ciento, exactamente igual que ocurrió en Alemania después del boom de la reunificación. En palabras de uno de sus responsables, «la economía española se enfrenta a un duro período de ajuste», diez años en concreto, diagnóstico que coincide con el realizado hace unos meses por Bloomberg y por The Economist.

El incumplimiento de las reglas de un Estado de Derecho

En medio de este cambio de tendencia se produce una pérdida enorme de credibilidad en los mercados financieros internacionales, por el manifiesto incumplimiento del Gobierno de Zapatero de las reglas del Estado de Derecho. Tanto, que el departamento de Comercio de Estados Unidos aconsejaría a sus empresas que tuvieran sumo cuidado con las inversiones en España y, en caso de hacerlas, que incluyeran siempre una cláusula obligando a que los posibles conflictos fueran dirimidos por tribunales norteamericanos. La seguridad jurídica es crucial en la economía de un país. En septiembre de 2011, a raíz de la negativa de los nacionalistas catalanes a cumplir la Constitución, las sentencias del Supremo y el respeto de los derechos humanos más elementales, en el tema lingüístico, el Presidente de una gran multinacional con fábricas en Cataluña me confesaría en una cena en París, «estamos siguiendo con una enorme preocupación la deriva del gobierno catalán dispuestos a incumplir la Ley y las sentencias de los tribunales cuando les da la gana. He pedido que estudien cómo podemos blindarnos ante estos hechos, y también cuál sería el coste de trasladar la producción a otra zona de España. Por supuesto todas las ampliaciones las hemos congelado», y luego me explicaría, «el Presidente Mas dice que quiere atraer nuevas inversiones a Cataluña, si piensa que alguien va a ir a una región donde no se respeta la ley y que busca romper con el resto de España, que es el mercado que busca cualquiera que quiera instalarse en Cataluña, es que ha fumado crack».

En los mercados financieros internacionales, el daño que produjeron las manipulaciones de la oficina económica de Zapatero en la OPA de Endesa resultó enorme. Y no sólo ellos, el subgobernador del Banco de España, señor Viñals, cometió uno de los actos más indignos realizado jamás por un alto funcionario de esta institución, al impedir con su voto en la CNMV que se investigaran las presuntas irregularidades cometidas por Acciona y Enel en la OPA de Endesa, lo que hundiría literalmente en el fango toda nuestra credibilidad en el exterior. ¿Cabe acaso mayor despropósito para el subgobernador de un banco central?

El imparable crecimiento de los desequilibrios

Dos de las consecuencias más importantes de la falta de política económica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han sido la práctica ausencia de medidas que corrigieran el insostenible crecimiento de los desequilibrios, medidas que deberían haber ido desde la imposición de un estricto techo de gasto a CC. AA. y ayuntamientos hasta una política energética que redujese la dependencia del petróleo y del gas, pasando por una política fiscal que corrigiera el devastador efecto de la inflación sobre las clases medias o la fragmentación del mercado único en diecisiete mercados, creando mayores barreras internas que las existentes entre los veinticinco países de la UE.

¿Qué estaba sucediendo en la economía?

Pero antes de analizar estos hechos, parece necesario explicar qué estaba sucediendo en la economía. Y lo que sucedía era muy claro, la confluencia de factores externos, perfectamente previsibles algunos, con unas políticas internas económica, energética y presupuestaria disparatadas, que iban justo en sentido contrario a lo que se necesitaba. Y en este punto, como desgraciadamente en todos los demás, las mentiras del vicepresidente Solbes y del Gobierno en pleno, afirmando que «no son necesarias medidas porque no existen problemas de fondo en nuestra economía», constituyen una irresponsabilidad sin precedentes y un engaño masivo a los ciudadanos.

Para empezar, era inaceptable que el señor Solbes culpase, por ejemplo, de la inflación a factores exógenos, cuando no había realizado ni una sola de las reformas estructurales pendientes, lo que llevaba a un encarecimiento desproporcionado de los productos básicos en su camino desde el productor al consumidor. O que el señor Zapatero culpase al petróleo y al gas de todos nuestros males, cuando había desarrollado una política energética demencial, política que había prometido intensificar desmantelando todo el parque nuclear, lo que elevaría el recibo de la luz en un 40 por ciento adicional, y que ha llevado nuestra dependencia energética exterior a un 82 por ciento —el máximo de todos los tiempos— y el doble de la media europea y reducido nuestra eficiencia energética al 70 por ciento de la media de la UE-15.

Igual que resultaba una tomadura de pelo afirmar que no se podía hacer nada a corto plazo, cuando el exceso de gasto público era la causa fundamental de las tensiones inflacionistas, y en lugar de unos presupuestos restrictivos, propusieron unos tan fuertemente expansivos que ponían en peligro la estabilidad presupuestaria futura. Y esta indignidad, en el caso de Solbes, adquiría la categoría de miseria moral cuando culpaba de la inflación a la escasez de alimentos, por la sencilla razón de que como comisario económico de cuota en Bruselas fue el primer responsable de la drástica reducción de la producción agropecuaria europea.

Pero la realidad era todavía peor por varias razones. La primera, porque la inflación empeoraría, por la enorme cantidad de inflación embalsada y por los efectos de segunda vuelta. La segunda, y esto es esencial, porque la inflación real sobre el 50 por ciento más pobre de la población es, como ya se ha explicado, del orden del doble del IPC. La tercera, porque la dimensión de la crisis inmobiliaria estaba siendo muy superior a lo previsto. La cuarta, porque el supuesto cambio del modelo de crecimiento era otra patraña más del gobierno. Las supuestas alternativas al ladrillo, el sector industrial y los servicios, eran una tomadura de pelo; el primero había entrado también en recesión y su caída sería paralela al inmobiliario, y en cuanto a los segundos, el crecimiento de las ventas de grandes empresas había caído a cero en noviembre de 2007 y el turismo se había estancado. Y la quinta porque la crisis inmobiliaria estaba reduciendo más aún el consumo, vía efecto riqueza, y aniquilando las expectativas.

Todo empeora y don Tancredo Solbes afirma que «no existen problemas de fondo»

Como ya he dicho, para el señor Solbes, un auténtico don Tancredo, en la economía española «no existen problemas de fondo». La irresponsabilidad del personaje era tan brutal, tan irracional y tan dañina que en aquellos días un servidor escribiría y comentaría en radio y televisión lo siguiente. «Pero vamos a ver, señor Solbes, pero ¿cómo puede tener usted tal desvergüenza? Con una inflación que supera en un 50 por ciento a la media europea y un déficit exterior que es el más elevado del mundo, del que se derivan unas necesidades anuales de financiación gigantescas, de 100.000 millones de euros, ¿eso no es un problema de fondo? Con un endeudamiento masivo de familias y empresas, en una situación de altos tipos de interés y fuertes restricciones crediticias, ¿eso no es un problema de fondo? Haber dejado el gasto del Estado reducido a un mísero 22 por ciento del total, la mitad de un Estado federal, lo que nos impide realizar una política fiscal contracíclica, pues el grueso de la capacidad inversora lo tienen las autonomías y los ayuntamientos, algo insólito y disparatado que no sucede en ningún lugar, ¿eso no es un problema de fondo?»

Y luego la mendacidad del vicepresidente alcanzaba cotas nunca vistas hasta entonces, aunque más adelante las superaría ampliamente, cuando en pleno declive afirmaba que «España es hoy mucho más solvente». Para Solbes, una economía cuyo déficit corriente y de capital se había multiplicado por 9, cuya deuda exterior se había duplicado sobradamente hasta la astronómica cifra de 1,5 billones de euros —deuda que tendría que devolverse en plena crisis, y cuya carga de intereses crecía al 42 por ciento anual—, que había perdido el 70 por ciento de sus reservas de oro y divisas —la persecución a la Iglesia católica y la pérdida del oro del Banco de España, como señas de identidad socialista, no habían cambiado en setenta años—, cuya productividad relativa a la media de la UE-15 había retrocedido cuarenta años, al nivel relativo de 1969, y que desde 2006 había dejado de converger por primera vez en once años con la UE, resulta que es una economía mucho más solvente. «Pero, señor Solbes, ¿qué pretende usted con ese esperpento? Lo que no alcanzo a comprender es cómo la oposición no se lo ha comido con patatas.»

Balanza de pagos de 2007

En el año 2007, el déficit por cuenta corriente alcanzaría la increíble cifra de 106.000 millones de euros, el 10,2 por ciento del PIB, medalla de oro mundial en déficit como porcentaje del PIB, o como entonces señalaba Ángel Laborda, el director de coyuntura de FUNCAS, «el déficit español fue casi el doble del americano». Aunque al formar parte España de una unión monetaria su déficit carecía de significado a nivel macroeconómico, sí tenía un significado y unas consecuencias importantes. «Los hogares y las empresas gastaron mucho más de lo que ingresaron, algo que sucede desde hace diez años, lo que ha originado una deuda histórica que, en estos momentos de dificultades para lograr financiación, pesa como una losa. No hay más remedio que reducir el gasto corriente y de capital, y eso significa menor crecimiento del PIB y menor creación de empleo.» Y Zapatero, Solbes y el gobernador, ciegos y sordos ante la realidad, y luego tendrían la desvergüenza de afirmar que la crisis era imprevisible, cuando nunca había sido tan evidente la llegada de una crisis.

Más del 80 por ciento del déficit corriente procedía de los intercambios de mercancías. Año tras año las importaciones habían crecido por encima de las exportaciones, que no sólo iban mal, es que llevaban desde 2003 creciendo muy por debajo del comercio mundial en términos reales. Esto significaba que estábamos perdiendo cuota de mercado a chorros en el mercado mundial, algo que se acentuaría en los años siguientes y cuya causa principal era la pérdida de competitividad, consecuencia de tener los precios de la energía más altos de Europa, de las barreras internas al comercio y los intercambios impuestas por las diecisiete autonomías, de la preferencia empresarial por los procesos intensivos en mano de obra con el mínimo de capital aprovechando el bajo coste de la mano de obra inmigrante y por último, sólo por último, de la necesidad de la reforma del mercado laboral. Subrayo esto porque uno de los mitos de los que explican los métodos para salir de la crisis es colocar en primer lugar la reforma laboral, lo que no sólo es un completo error, sino que significa que hablan por boca de ganso y no se han molestado en hacer ni un solo número.

Además del déficit comercial, también el resto de rúbricas estaban contribuyendo al aumento del déficit corriente. El saldo de servicios, incluido el turismo, estaba disminuyendo como porcentaje del PIB, y los déficits por rentas de inversión y por transferencias aumentaban fuertemente, alcanzando entre las dos cerca del 4 por ciento del PIB.

La inmigración incontrolada como problema nacional

A principios de 2007, el ministro de Trabajo Caldera sorprendió una vez más a propios y extraños al afirmar que en España no existían prácticamente inmigrantes ilegales, y que en consecuencia necesitábamos que vinieran más, es decir, dos disparates por el precio de uno. A los que somos de Salamanca, los despropósitos del ministro Caldera ya no nos sorprenden, a nosotros nos juró y perjuró que jamás consentiría que se desguazara el Archivo Histórico Nacional, y ya ven ustedes, no sólo no se opuso a la destrucción del archivo, sino que votó a favor, algo que espero que mis paisanos no olviden jamás.

Pues bien, el hecho de que no existieran prácticamente inmigrantes ilegales significaba que había un millón y medio. Sólo rumanos había cerca de 700.000, y este gobierno de insensatos se había comprometido a legalizar a 400.000. Pero además, según el ministro Caldera necesitábamos más, y como seguían entrando al ritmo de 60.000 al mes, fundamentalmente de países del Este, significaba que ese río de llegadas todavía le parecía insuficiente. ¡Y es este irresponsable el que ha preparado el proyecto económico de Rubalcaba!

¿Y cuáles son los efectos económicos de esa desastrosa política de inmigración, que en palabras del INE ha conducido a que España estuviera sufriendo el mayor proceso migratorio de todo el planeta? Pues los efectos eran muy claros: en primer lugar, la inmigración incrementaba la oferta de trabajo, y dicho incremento producía automáticamente un crecimiento del empleo —algo que el ministro Caldera se apuntaba como mérito propio, cuando era una consecuencia inevitable del proceso—, y el segundo efecto, también automático, era una reducción de los salarios reales del conjunto de los trabajadores, algo que el ministro Caldera ocultaba cuidadosamente.

El primer efecto, crecimiento del empleo, se estaba desacelerando, pero el segundo, la reducción del salario real, continuaba a todo ritmo. Según el conocido indicador Adecco-IESE, el salario real en 2006 había caído en España un 0,7 por ciento, la peor cifra de Europa, con lo que había retrocedido ya al nivel de 1997. Peor aún, la estimación para 2007 era de nuevas reducciones del salario real, que no ha cesado de bajar desde julio del 2004, es decir, desde que Zapatero se hizo con el poder.

El tema era tanto más grave cuanto que los salarios reales habían venido creciendo en toda Europa, y además porque no sólo se habían degradado los salarios, también lo habían hecho las condiciones de trabajo. Así, según Eurostat, España es el país europeo donde se trabajan más horas y donde existen menos vacaciones. En concreto, 38,7 horas semanales frente a una media de 36,5 para Europa, y 22,8 días al año de vacaciones frente a 26,8. Además, y según datos del CIS, el 50 por ciento de los trabajadores realiza horas extraordinarias, pero sólo la mitad las cobra. ¿Y qué nos decía de todo esto el autodenominado «patriota social» señor Zapatero? ¿Y qué nos decían los sindicalistas Méndez y Fidalgo, que ya sólo se bajaban del coche oficial para manifestarse a favor de Zapatero o para aplaudir entusiasmados, codo a codo con los empresarios más ricos del país, la política económica más antisocial en cincuenta años?

Pero lo que realmente encantaba al Gobierno de la inmigración, aparte de pensar que en el futuro una mayoría votaría socialista, era su efecto sobre el crecimiento, ya que la inmigración incrementaba la demanda y en consecuencia el PIB absoluto, lo que les permitía exhibir buenas cifras económicas en apariencia, pero lo que en realidad sucedía era que reducía significativamente el crecimiento por habitante, tanto que España era el país que menos crecía en renta per cápita, no sólo de Europa, sino de todo el mundo desarrollado, y esto resultaba gravísimo.

Todo lo señalado lo resumía brillantemente el profesor Costas, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, que afirmaba: «Todas aquellas familias cuyos ingresos para vivir vengan de los salarios, o sea, la mayoría, seguirán perdiendo capacidad adquisitiva, es decir, serán más pobres el año que viene.» Y mientras tanto el PP no sólo era incapaz de contrarrestar las mentiras masivas del Gobierno, pues aparte de denunciar los gigantescos desequilibrios que la gente no entiende, sólo entonces empezaba a percatarse de que una mayoría de las familias se estaban empobreciendo, es que además Zapatero iba a utilizar sus supuestos éxitos económicos como bandera electoral. Pero luego ni siquiera lo utilizarían durante la campaña. A esto en mi pueblo lo llaman dejarse comer la sopa en el plato.

España era el único país del mundo donde si una persona llega sin papeles y se niega a decir de dónde viene, se le acoge, se le entrega un dinero, se le da una lista de ONG y casas de acogida, y además se le garantiza manutención, asistencia médica y medicinas gratuitas, y derecho preferente en la enseñanza pública, donde todos los años se dejan plazas libres para acoger a hijos de sin papeles en cuanto lleguen. Si esto no era un efecto llamada que baje Dios y lo vea.

¿Por qué la inmigración incontrolada disminuye los salarios reales de la clase trabajadora?

La distribución de la renta es el resultado final y más importante de toda la actividad económica y, en contra de lo que podía esperarse en un período de crecimiento económico sin precedentes como el experimentado en los diez años anteriores, las diferencias de renta y riqueza, lejos de reducirse como esperaba Alfred Marshall, se habían incrementado como creía Karl Marx, una de las pocas predicciones en las que el filósofo judío-alemán ha dado sin duda en el clavo.

Se trata sin duda de un fenómeno mundial ligado al funcionamiento intrínseco de las economías de mercado, por el cual el sistema recompensa a una minoría con muy altos ingresos mientras que la inmensa mayoría gana muy poco. La teoría de la distribución de la renta es un caso particular de la teoría de precios, según la cual el precio de los factores, en este caso del trabajo, se determina como el de cualquier otro bien o servicio en función de la oferta y la demanda, y el precio del factor es igual al ingreso marginal que produce, es decir, el salario es igual al ingreso producido por el último trabajador contratado. Esto explica por qué los creadores y vendedores de productos financieros estructurados basura, que han estado a punto de arruinar al mundo, tenían salarios y bonus fabulosos, porque el ingreso que generaban para su empresa era mucho más fabuloso aún, mientras que los pobres currantes que se pelean a dentelladas por un trabajo donde apenas se añade ingreso marginal a duras penas son mileuristas.

Bien, dirán ustedes, y toda esta historia ¿qué significa? Pues significa que cuanto mayor es la oferta de trabajo menores serán los salarios, si todo lo demás no varía. Y centrándonos en el caso de nuestro país, la entrada masiva e incontrolada de inmigrantes ha elevado significativamente la oferta de trabajo, cuyo resultado ha sido una fuerte disminución de los salarios reales y un incremento también importante de la producción. Y esto no es ni racismo, ni nacionalismo trasnochado, ni nada que se le parezca, esto es teoría elemental de precios, y esto es el corazón del funcionamiento de las economías de mercado, tanto si nos gusta como si no, digan lo que digan izquierdistas, progres descerebrados y tontos útiles.

Sebastián enloquece: España necesita veinte millones de inmigrantes

Miguel Sebastián es uno de los más claros exponentes del desgobierno radical que sufrimos en España. Sebastián, al igual que Solbes y, por supuesto, Zapatero, es un inepto absoluto. Sus artículos de la época explicando por qué la crisis no era una crisis y por qué la «desaceleración» era cosa de cinco minutos eran la rechifla general entre los economistas, y merecerían un lugar de honor en cualquier antología del disparate nacional.

Pero Miguel Sebastián tenía además un plus de irracionalidad e insensatez, que le llevaba a realizar las propuestas y planteamientos más necios y disparatados que cabe imaginar, de las bombillas chinas al coche eléctrico, pasando por devolver 400 euros a las rentas altas mientras las rentas bajas pasaban la mano por la pared. Cuando Sebastián abandonó Moncloa, donde era nada más y nada menos que el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, convocaría a la prensa económica en la sede de la Asociación de la Prensa y presentaría un supuesto estudio sobre «Inmigración y Economía», en el que propugnaba nada menos que la intensificación de la entrada masiva de extranjeros; en concreto, ante el asombro y la hilaridad de los presentes, propuso la entrada de veinte millones de inmigrantes más, porque «en España tenemos margen para aumentar la población en un 50 por ciento». Realmente resultaba el colmo de los colmos de la estupidez y de la ignorancia.

Además de esto, el estudio, por llamarle de alguna forma, manipulaba las cifras sobre los ingresos y gastos que los inmigrantes generan al Estado en forma tan grosera que causaba vergüenza ajena. Las de ingresos eran discutibles, pero las de gastos resultaban grotescas. En concreto, el estudio chapuza afirmaba, negro sobre blanco, que siendo los inmigrantes legales un 11 por ciento de la población y al menos otro 4 por ciento los ilegales, y con mucha peor salud y familias más numerosas que las españolas, sólo representan el 4,5 por ciento del gasto sanitario o el 6 por ciento del educativo. La increíble conclusión es que la inmigración ha aportado 623 euros a cada español. Pero con todo, lo más llamativo del estudio chapuza no era lo que decía sino lo que no decía.

Y lo que no decía, y sería imprescindible en una cosa denominada «Inmigración y economía», era: primero, los inmigrantes estaban enviando al año más de 10.000 millones de euros a sus países de origen, un 1,0 por ciento del PIB, cifra que además estaba creciendo rápidamente, lo que, como hemos visto, estaba agravando nuestro ya insostenible déficit exterior. Segundo, los inmigrantes eran la causa de que los salarios reales, al contrario que en el resto de Europa, no hubieran parado de bajar.

Tercero, la inmigración incontrolada había permitido perpetuar un modelo de crecimiento basado en salarios bajos, bajo stock de capital y baja productividad; tanto, que España era el país de la OCDE con un menor crecimiento de la misma. Era también falsa de toda falsedad la afirmación de que los inmigrantes eran los que habían permitido nuestro crecimiento, porque éste se hubiera producido no ya igual, sino infinitamente mejor con el incremento del stock de capital, como ocurre en Irlanda, lo que permitiría además mayor productividad y mayores salarios.

También es un mito la creencia de que para incrementar la productividad hay que invertir más en educación e investigación. Esto, que es cierto en abstracto, es sólo demagogia barata en nuestro país, porque en el supuesto de que esa inversión estuviera bien hecha y mejorara la educación y la investigación, y en la España de Zapatero no es el caso ni de lejos, eso sería dentro de diez o veinte años. Lo único que incrementa la productividad, aquí y ahora, es la inversión en stock de capital, algo que los empresarios no hacen, porque disponen de mano de obra barata y abundante que les suministran estos insensatos.

Los madrileños debieron de tomar buena nota, porque este grotesco personaje perdería por goleada las elecciones a la alcaldía. Sin embargo, Zapatero le nombraría después ministro de Industria, un puesto increíble para una persona sin capacidad de razonamiento ni sentido de la medida; claro que al lado de las Pajines, los Pepiños y la señorita Trini, tampoco desentonaría mucho.

Otro de los planteamientos más delirantes fue cuando se autodenominó «keynesiano» y afirmó que las medidas de Zapatero se encontraban precisamente en esta línea. Es evidente que el día que explicaron la Teoría de la Renta y del Empleo keynesianos Sebastián no fue a clase y se quedó en el bar tomando un pincho de tortilla.

Keynes propugnaba las reducciones de impuestos y la inversión pública como medidas para superar una crisis, pero Zapatero había hecho justo lo contrario: elevar la presión fiscal en forma brutal, del 33,9 por ciento del PIB en 2003 al 38,5 por ciento en 2008, nada menos que 42.000 millones de euros/año, que habían recaído además íntegramente sobre la clase media y sobre la clase trabajadora.

Algunas razones obvias de los perjuicios de la inmigración incontrolada La realidad económica es justo la contraria de la que nos contaba el ínclito don Miguel. La inmigración incontrolada y no selectiva sólo favorece a los empresarios y a las expectativas electorales del Partido Socialista, o al menos eso pensaban entonces, aunque luego ha resultado no ser así. Sin embargo, perjudica gravemente a la inmensa mayoría de los españoles y a los inmigrantes ya legalizados.

Las razones son numerosas, pero mencionaré tres principales:

a) La primera, porque la inmigración incontrolada y no selectiva produce un vuelco espectacular en el reparto del crecimiento a favor del capital y en contra del trabajo, afectando drásticamente y negativamente a las rentas familiares de los trabajadores y de la clase media.

b) La segunda, porque tiende a perpetuar un modelo de crecimiento tercermundista, basado en mano de obra barata, bajo stock de capital y baja productividad, es decir, justo lo contrario de las economías europeas más dinámicas, un modelo que además nos conduciría a la mayor crisis económica de nuestra historia contemporánea, en la que los grandes perjudicados serían precisamente los asalariados españoles e inmigrantes. Ante este hecho de base, las continuas proclamas de Zapatero a favor del cambio del modelo productivo, de la mejora de la productividad y del I+D+I, que no tiene ni idea de lo que es, resultan un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

c) Y la tercera, porque ha producido el desbordamiento y la degradación de los servicios públicos de acceso universal, como la sanidad y la educación, y los grandes perjudicados son de nuevo la clase media y la clase trabajadora. A los ricos les importa un pimiento porque van a instituciones privadas.

CAPÍTULO 7

La crisis financiera internacional

En agosto de 2007, el mundo en general y los españoles en particular nos enteramos asombrados de que existían unas cosas denominadas «hipotecas y créditos subprime», que nadie sabía muy bien lo que eran pero que se habían expandido como la peste a lo largo y ancho del sistema financiero internacional, y que consistían en que un banco daba hipotecas a cualquier pelanas sin posibilidad real de devolverlas, a elevados tipos de interés, y a su vez las vendía a otros bancos, empaquetadas con otros activos de alta rentabilidad y alto riesgo —aunque lo del riesgo se lo callaban—, que a su vez se lo colocaban a sus clientes.

Se han escrito ríos de tinta sobre el origen y la gestación de la crisis de las subprime, pero ninguna explicación tan clara a la vez que rigurosa, o al menos yo no la conozco, como la que en clave de humor darían dos cómicos ingleses en un conocido programa de televisión con el título de The Last Laugh, que pueden encontrar en YouTube y que les recomiendo vivamente. En resumen: en Estados Unidos se concedieron una enorme cantidad de créditos hipotecarios a gente que no los podía pagar y para propiedades que estaban perdiendo valor, hipotecas que habían sido incentivadas extraordinariamente por Bill Clinton durante su mandato por razones sociales.

¿Y cómo funcionaba eso? Pregunta un cómico al otro. «Imagina, si puedes, a un negro desempleado, en camiseta y sin mangas, en un pórtico derruido de Alabama, y un hombre se le acerca y le pregunta: “¿Quieres comprar esto antes de que se caiga? Te dejaría el dinero.” Era un vendedor de hipotecas, y su sueldo dependía de cuántas hipotecas hiciera, así que sus criterios no eran precisamente estrictos.» ¿Les suena a ustedes de algo? Después, esa deuda pasaba a poder de un banco y era «empaquetada» con otras similares, sin entrar para nada en los detalles de lo que había dentro. Y de alguna manera, ese paquete de deudas arriesgadas dejaba de serlo porque entonces sucedía algo extraordinario: se convertían en un «vehículo de inversión estructurada», y entonces unos bancos se los vendían a otros, y luego a sus clientes, y eso sucedía varias veces a lo largo y a lo ancho del mundo, y cada vez que sucedía, los vendedores sacaban enormes beneficios de ello.

Pero, dirán ustedes, sabiendo que en esos paquetes había deudas arriesgadas, ¿qué es lo que atraía a los inversores?, pues que los hedge fund que los vendían tenían una gran reputación y nombres muy atractivos, por ejemplo, el banco de inversión norteamericano Bear Stearns —que quebraría— tenía dos de esos fondos, que se especializaban en hipotecas, y perdieron tanto dinero que el banco anunció que tendrían que inyectar 3.200 millones de dólares, aunque eso fue para empezar, porque luego todo iría infinitamente peor y se llevaría por delante el banco.

Uno de esos fondos se llamaba Fondo Estratégico de Crédito Estructurado de Alta Rentabilidad, y el otro, Fondo Apalancado de Crédito Estratégico de Alta Rentabilidad, y ésa era la magia del mercado, con esos nombres y ofertados por una entidad del prestigio de Bear Stearns, ¿quién iba a pensar que el subyacente eran cientos de miles de hipotecas basura?

Lo que empezó con una hipoteca a un negro de Alabama se había convertido en un Fondo de Apalancamiento de Crédito Estructurado. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos superfondos anunciados por televisión en nuestro país a todo trapo y en las oficinas bancarias, «superseguridad», «superrentabilidad», y «supercalifragilísticos», que la gente compraba incautamente, presionada por el director de la sucursal donde tenía sus ahorros sin saber lo que había detrás, donde le cobraban hasta un 4 por ciento por la gestión y donde cientos de miles de familias perderían hasta la camisa? Pues eso es lo que había detrás, el negro de Alabama. Esa burbuja estallaría a partir del verano de 2007, produciendo una crisis gigantesca, y para evitar un colapso financiero gobiernos y bancos centrales tuvieron que devolver a los especuladores el dinero que habían perdido, porque si no recibían ese dinero habría un crack económico de proporciones apocalípticas. Esto que parece una broma es exactamente lo que pasó.

Pero hubo otra razón que ayudaría extraordinariamente a consolidar el engaño. La mayoría de bonos basura, de superfondos y fondos estructurados recibiría, asómbrense ustedes, una calificación triple A por parte de las tres agencias de rating, S&P, Fitch y Moody’s.

El hundimiento de los créditos subprime

La razón de la crisis, como se ha explicado, tiene su origen en la enorme burbuja especulativa montada alrededor de las hipotecas basura y otros activos inmobiliarios. Era un ejemplo claro de lo que la Teoría de la Escuela Austriaca denomina «expansión artificial del crédito». En Estados Unidos, origen del problema, el crecimiento del precio de la vivienda había sido enorme desde 2001, pero cuando en 2004 la Reserva Federal empezó a subir tipos, el proceso se ralentizó primero y las ventas cayeron en picado luego, lo que produjo una caída de precios y los impagos hipotecarios crecieron como la espuma, ya que en Estados Unidos si uno no paga la hipoteca, basta con que entregue la casa para saldarla, al contrario que en España, donde una legislación casi medieval hace que el comprador responda con la casa y con todos sus bienes presentes o futuros.

Como el riesgo de las subprime había sido trasladado a fondos de inversión, de pensiones, de seguros, con la alegría e irresponsabilidad antes descrita, al derrumbarse el valor de activos subyacentes, la burbuja especulativa se derrumbaría como un castillo de naipes. Las hoy denostadas agencias de rating, S&P, Fitch o Moody’s, no explicaron a nadie que lo que había detrás de los «paquetes de activos financieros» era una estafa, y empezaron a ser investigadas porque se sospechaba que podían ser parte en el juego, pero cuando la crisis se desató en toda su amplitud, endurecieron sus criterios, la investigación quedaría en nada, y se fueron de rositas.

A principios de agosto de 2007, el banco de inversiones Bear Stearns, que ya había cerrado varios de sus fondos en junio por estar en quiebra, cierra varios más, la BNP y el Deutsche Bank suspenden también varios fondos por falta de liquidez, y las bolsas mundiales entran en caída libre. El BCE convoca en una reunión de urgencia a los gobernadores de los bancos centrales de la eurozona, a la que asisten todos excepto MAFO, porque estaba de vacaciones y no le dio la gana interrumpirlas. Este irresponsable absoluto, a quien pagamos un sueldo de lujo con nuestro dinero precisamente para que se ocupe de estas cosas, haría caso omiso de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, y lo grave, lo insólito, es que aún sigue siendo el gobernador del Banco de España.

La reunión del BCE concluiría con una advertencia muy seria, «estamos ante una crisis financiera muy seria por el pinchazo del capital riesgo y las hipotecas subprime». El día 12 de agosto, el otro irresponsable absoluto, el vicepresidente Solbes, afirmaría públicamente con toda su cara que la crisis financiera no tendría efecto alguno sobre nuestro país. Es decir, que a España, el país más endeudado del planeta, una crisis financiera internacional no la afectaba en absoluto. Pero ¿cómo es posible que estos dos insensatos vayan a irse de rositas y nadie les vaya a pedir responsabilidades?

Entre el 13 y el 15 de agosto, ante la creciente falta de liquidez del sistema financiero, se produciría una acción coordinada de todos los grandes bancos centrales, iniciándose una serie de inyecciones de dinero, pero todavía a pequeña escala. En los meses siguientes, cada vez un mayor número de bancos, algunos de los cuales líderes mundiales, entraron en fuertes pérdidas, y para empezar lo primero que ocurrió sería que la cúpula directiva se iría directamente a la calle, justo lo contrario que en España, donde nadie ha respondido de nada y los responsables del hundimiento de las entidades rescatadas con dinero público siguen instalados cómodamente en sus poltronas o poniéndose sueldos de absoluto escándalo, como en el caso de los «bancos buenos» y los «bancos malos».

A principios de 2008 se produce el inevitable contagio de la crisis financiera a la economía real, con una primera estimación de pérdidas por el Fondo Monetario Internacional de un billón de dólares. Las bolsas de valores se hundirían en enero, y las pérdidas multimillonarias de varios grandes bancos e infinidad de pequeños pasan a ser quiebras: de los pequeños no se ocupa nadie, excepto para garantizar depósitos, garantías que en Estados Unidos pasarían de 100.000 a 250.000 dólares, pero los grandes eran otra historia y se instrumentarían fusiones para su «salvación»; así, Bear Stearns, el quinto banco de Estados Unidos, sería adquirido por JP Morgan, «obligado» por el gobierno, después de una pérdida de valor de las acciones de Bear del 95 por ciento. Todos sus ejecutivos serían despedidos de inmediato sin indemnización alguna.

Luego le tocaría el turno a Merryll Lynch, uno de los mayores bancos mundiales de inversión, que sería adquirido por Bank of America, y así muchos otros, entre ellos Fannie Mae y Freddie Mac, las dos mayores instituciones financieras de Estados Unidos por el tamaño de su balance general. La crisis de las hipotecas subprime se extiende por todo el mundo y sus efectos son devastadores. De nuevo, en España, esta vez Zapatero afirmaría que la crisis no nos afectaba y que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo: hacía falta ser el rey de los memos o el rey de los mentirosos para afirmar tal cosa.

La quiebra de Lehman Brothers

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En septiembre de 2008, el cuarto banco de inversión norteamericano estaba fuertemente afectado por las subprime, y después de arduas negociaciones nadie había salido en su rescate, por lo que su quiebra era inevitable. Y en este punto hay que destacar la increíble estupidez de su presidente ejecutivo, el arrogante e implacable Richard Fuld, que pocos meses antes había rechazado una oferta de compra del HSBC por 20.000 millones de dólares; después, y convencido de que lo peor de la crisis había pasado, en lugar de desapalancarse y vender, este insensato haría justamente lo contrario. Con un pasivo cierto de 613.000 millones de dólares, la mitad del PIB de España de la época, y unos activos teóricos de 639.000 millones, sufriría la mayor quiebra de la historia mundial. Hasta el día antes de su quiebra, las agencias de rating calificaban de triple A los activos de la entidad. Equivocado o no, el Gobierno de Bush, en contra de lo que había hecho hasta ese momento, decidiría no rescatar a Lehman Brothers, y en las semanas siguientes el sistema financiero internacional estuvo a punto de desmoronarse.

La quiebra de Lehman provocaría una serie de reacciones en cadena que afectaron a las economías del resto del mundo, mucho más que al propio Estados Unidos. Lehman había emitido cientos de miles de millones de dólares en deuda a corto plazo, algo esencial para el funcionamiento de la economía mundial, ya que este tipo de activos son los que necesitan las empresas para financiar su actividad de producción y distribución. Cuando Lehman se declaró en quiebra, sus instrumentos financieros perdieron valor y esto despertó el pánico entre los inversores, y el mercado de deuda a corto plazo donde Lehman era esencial. Los bancos y las instituciones financieras del mundo entero perdieron la confianza mutua, nadie se fiaba de nadie, y con toda razón, pues todos ocultaban su exposición real a los productos estructurados subprime y las pérdidas que estaban experimentando, y éstas podían ser de tal calibre, como había demostrado Lehman, que podían hacer quebrar al banco aparentemente más sólido. En consecuencia, el crédito se secó, los tipos de interés a corto plazo se fueron a las nubes y las economías se paralizaron. «Constato que la crisis financiera no nos afecta», había afirmado Zapatero solemnemente.

El comercio mundial empezó a reducirse fuertemente, y en palabras de la Organización Mundial de Comercio, «la producción y el comercio mundiales han caído en picado, primero en las economías desarrolladas y luego en las de los países emergentes». La caída era brutal. A finales de 2008 el comercio mundial estaba cayendo al ritmo del 40 por ciento interanual. Esta tremenda caída de las exportaciones supuso una conmoción tan fuerte como la explosión de la burbuja inmobiliaria. El crédito fácil en el que se había basado el fuerte crecimiento de años anteriores había desaparecido, el intercambio de bienes había caído espectacularmente, y todos se preguntaban si la recuperación de la economía norteamericana en 2009 podría reconducir al resto del mundo hacia el crecimiento.

En Islandia, todos a la cárcel. En España nadie responde de nada

Bueno, en todo el mundo no, en la España de Zapatero «no había ninguna crisis». El crédito, por supuesto, había desaparecido, y el sector inmobiliario y el sector industrial, la alternativa al ladrillo según el Gobierno, se encontraban en caída libre, pero no había ningún problema, el negacionismo de lo obvio era la consigna, y la estupidez oceánica la regla, «el pesimismo no crea puestos de trabajo», afirmaría el gran memo. Mientras tanto, el Banco de España, en connivencia con el sector financiero, ocultaría con todos los medios a su alcance la situación real de bancos y cajas. La insensatez, la incompetencia y la mentira serían la respuesta de nuestro Gobierno a la crisis, y también la descalificación y el insulto: todos aquellos que llevábamos desde finales de 2006 alertando de la situación, y nos desgañitábamos en todos los medios a nuestro alcance para explicar a la gente lo que estaba pasando, éramos unos catastrofistas y unos antipatriotas.

En el caso de Islandia, cuyos bancos caerían dos semanas después de lo de Lehman, el gobernador del Banco Central, Oddsson, cuya incompetencia e inacción llevarían al país a la ruina, los directivos de los bancos que engañaron sistemáticamente a los islandeses y despilfarraron el dinero público recibido y el ministro de Hacienda, que permitiría que la deuda externa, pública y privada, superara tres veces el PIB, es decir, lo mismo que la de España entonces, irían todos a la cárcel, y el no menos inepto exjefe de gobierno, Geir Haarde, está procesado.

Una acción concertada evitaría el hundimiento, pero no solucionaría la crisis

Desde el inicio de la crisis, gobiernos y bancos centrales empezarían a tomar toda una serie de medidas que irían desde las inyecciones de liquidez hasta la intervención y nacionalización de bancos, pasando por la creación de fondos millonarios para la compra de activos que habían perdido valor o no tenían una salida rápida, y también pasarían a la garantía de los depósitos y la deuda bancaria. Esto segundo llevaría a la quiebra a Irlanda, el segundo país más rico de Europa en renta per cápita.

Como era lógico, ya que Estados Unidos había sido el origen del problema, fue en ese país donde se iniciarían las medidas, se congelarían los tipos de interés en las hipotecas a tipo variable y, sobre todo, se lanzaría un plan de rescate de 700.000 millones de euros, equivalentes al 4,6 por ciento del PIB, para comprar activos tóxicos, pero a devolver por los rescatados. Reino Unido lanzó otro de 400.000 millones de libras para los ocho principales bancos pero a cambio de participaciones en el capital de los mismos, y otros países adoptarían medidas similares, pero no fue suficiente, por lo que el Fondo Monetario Internacional del país y los países más ricos del mundo agrupados en el G-7 decidieron lanzar una acción concertada siguiendo el modelo británico, es decir, dirigida a entrar en el capital de los bancos con problemas para asegurar su recapitalización.

La Comisión Europea, bajo la presidencia rotativa de Sarkozy, lanzaría en octubre de 2008 un plan de acción conjunto comprometiendo un billón de euros para rescatar bancos en dificultades, aunque las intervenciones deberían ser decididas a nivel nacional, pero dentro de un marco coordinado. Además, se fijaría un nivel mínimo de garantía de depósitos de 100.000 euros. España se quedaría en el mínimo, pero otros países como Irlanda suministrarían una garantía ilimitada a los depósitos de las seis entidades financieras más importantes del país. Alemania iría al «y yo más», y decidiría unilateralmente garantizar la totalidad de los depósitos de todos sus bancos, y además flexibilizaría las reglas de contabilidad para ayudar a sus instituciones financieras a enfrentarse mejor a la crisis.

Además, los gobiernos prohibirían las ventas a corto plazo, un mecanismo usado por los operadores en Bolsa para apostar a la caída de los títulos de una compañía vendiendo acciones prestadas para después comprarlas a un precio más bajo, aunque la Historia había demostrado que esta prohibición no servía de nada, y esta vez, después de un fuerte repunte bursátil, el desplome del sector financiero llevó las bolsas de valores hacia un crack histórico: en la segunda quincena de septiembre el sector financiero perdería el 50 por ciento de su valor a pesar de la prohibición de especular a la baja. Es decir, que a pesar de las medidas acordadas, la volatilidad de las bolsas de valores no sólo no se redujo, sino que se incrementó.

Meses después, el director gerente del FMI, Strauss-Kahn, señalaría que las previsiones de crecimiento para 2009, a pesar de todas las medidas tomadas, eran inferiores a las inicialmente previstas y no preveía el fin de la crisis, al tiempo que retrasaba la fecha de salida de la crisis para el año 2010. Strauss-Kahn aseguraría que para alcanzar la recuperación económica se necesitarían políticas mucho más activas que, según su opinión, no estaba seguro de que se estuviesen implementando en los diferentes países, asegurando que las medidas tomadas hasta la fecha habían sido insuficientes. La lluvia de millones no había bastado, y la recesión global desarrollada durante 2008 distaba mucho de estar solucionada.

En todo caso quiero terminar con esta breve descripción de la crisis internacional con lo explicado por Rodrick en 2009.

1. La innovación financiera ha ido por delante de los reguladores del sistema incurriendo en niveles de riesgo demasiado altos.

2. Los desequilibrios macroeconómicos, sobre todo los de las balanzas por cuenta corriente, son una fuente de inestabilidad.

3. No hay mecanismos adecuados para responder a las crisis financieras a nivel global porque no existe una autoridad supranacional que controle los problemas de nuestro sistema globalizado.

¿Y cómo salimos de ésta?

En mi opinión, y el pasado mes de agosto hemos visto dramáticamente la prueba, la mejor explicación de lo ocurrido y de lo que puede ocurrir se encuentra en el libro de Nouriel Roubini y Stephen Mihn titulado Cómo salimos de ésta (Destino). Roubini se haría famoso en 2008 como la persona que había previsto la crisis y había acertado, y sus conclusiones no tienen ni desperdicio ni pueden ser ignoradas. «En los próximos años, con el declive del poder norteamericano, y a falta de una superpotencia que pueda cooperar con otros poderes emergentes para recuperar la estabilidad de la economía mundial, seguirá habiendo crisis cada vez más frecuentes y cada vez más virulentas. Lejos de ser un evento que ocurre una vez en un siglo, el reciente desastre financiero pasará a ser la norma.» Estos dos economistas piden que nos mentalicemos de esto para que no tengamos que lamentar, como tantos hemos tenido que lamentar en el verano de 2011 el «no nos esperábamos esta crisis».

Para ellos, hemos entrado en una nueva era económica: «La economía de la época de crisis.» Por ello recomiendan huir de los charlatanes que siempre afirman que «esta vez es diferente» porque, al contrario de lo que se piensa, la historia y el sentido común demuestran que las crisis se parecen mucho, porque «las burbujas se autosostienen». Lo único que recomiendan es que, como en crisis anteriores, se aprueben regulaciones para evitar que vuelvan los sustos, pero los sustos volverán porque forman parte esencial del sistema económico. Es decir, «saldremos de una crisis para entrar en otra, porque las puertas están juntas». En España es peor aún, porque ni siquiera hemos salido de la primera.

La crisis internacional deja sin liquidez a nuestros bancos y cajas

El sistema financiero más sólido del mundo, el que no sería para nada afectado por la crisis, según los irresponsables que estaban al mando, al ser nuestros bancos y cajas los más endeudados con el exterior del mundo desarrollado, se quedarían sin liquidez en pocos meses. Como ya he explicado, en agosto de 2007 la economía española se encontraba en fase de recesión, con tasas de crecimiento decrecientes del PIB y fuerte incremento del desempleo. Se acostumbra a decir, nunca he entendido por qué, que la crisis impactó de forma menos virulenta en el sistema financiero español, y que fueron los sistemas de control establecidos por el Banco de España los que evitaron la caída de algunas entidades financieras españolas, y a la vez dieron a la economía española un respiro en términos de crecimiento, al menos durante la primera mitad de 2008.

Es difícil afirmar tanta falsedad y tanta estupidez en tan breve espacio. Pero vamos a ver, ¿cómo que los sistemas de control del Banco de España evitaron nada?, ¿cómo alguien medianamente informado y no atado al pesebre puede afirmar tal barbaridad? Fue exactamente lo contrario, los sistemas de control funcionaron y la Inspección alertó de ello a mediados de 2006, pero no fue escuchada, y en consecuencia no evitaron nada, ¿evitaron acaso lo más grave de todo, el endeudamiento masivo con el exterior y la concesión de préstamos masivos en una forma absolutamente insensata? Y si hablamos de las reservas genéricas, el responsable de su creación fue puesto de patitas en la calle por el genial MAFO, que consideraba tales reservas absolutamente innecesarias. ¿Es a eso a lo que denominan «previsión y eficacia del regulador»? Y claro, lo de que dieron un respiro a la economía durante la primera mitad de 2008, eso ya es de aurora boreal, lo que dio el respiro fue la manipulación masiva del sistema estadístico nacional, porque la economía medida por sus componentes había entrado en caída libre, y quien no comprenda eso y sea capaz de calcularlo, es mejor que se dedique a opinar de fútbol o de gastronomía, porque de economía no tiene ni la menor idea.

A partir de agosto de 2007, el problema más grave del sector financiero español sería, como he dicho, el de la falta de liquidez, lo que obligaría a la drástica reducción del crédito a todos sus clientes y a captar depósitos pagando elevados tipos de interés, dado que la crisis financiera internacional, «que no afectaba para nada a España», había secado el grifo, lo que hacía imposible a nuestras entidades seguir financiándose en el exterior. Sólo la ayuda del BCE, a quien los bancos españoles han acudido desde entonces masivamente, conseguiría evitar el desastre, aunque no para restaurar el crédito a los clientes, crédito que cuatro años después continuaría sin aparecer.

A finales de 2007, después de haber hecho caso omiso de las advertencias de la Inspección del Banco de España, el sistema financiero español, en contra de la versión oficial, y de los propios interesados, estaba gravemente tocado. Las razones eran varias, pero había tres principales:

a) Los balances de las entidades no reflejaban ni de lejos la realidad patrimonial de las mismas. En concreto, y al contrario de Estados Unidos y otros países, donde los bancos están obligados a cuantificar trimestralmente el valor de sus activos a precio de mercado —«mark to market»—; nuestros bancos y cajas seguían valorando sus activos por el precio de adquisición. Si los hubieran tenido que valorar a precio de mercado, seis de cada diez entidades habrían estado quebradas.

b) Además, el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la pérdida de valor de las viviendas, hacía que la deuda hipotecaria fuera superior al valor de mercado de lo hipotecado. Como consecuencia, la morosidad estaba creciendo rápidamente, y era cuestión de meses el que se comiera las reservas genéricas —51.000 millones—; los créditos dudosos estaban creciendo al ritmo de 8.000 millones. Si se extrapolaba esa cifra a nivel año como hacen los anglosajones, un procedimiento no sólo lícito, sino fuertemente conservador, porque la situación no iba a ir a mejor sino a peor, tendríamos 108.000 millones a final de 2008, y si sumamos la estimación de beneficios de ese año y los siguientes, supondrían casi diez años de beneficios. Y esto incluye sólo la morosidad publicada, no la encubierta, es decir, los activos admitidos en dación de pago para evitar las quiebras, y que era muy superior.

c) Y lo más grave, tal vez, la deuda exterior. Estos insensatos sin fronteras no sólo prestaron el dinero de sus depositantes en la burbuja inmobiliaria, se endeudaron también masivamente con el exterior, en total unos 715.000 millones de euros, el 80 por ciento del PIB, la deuda de entidades financieras más elevada del planeta. En 2008 tenían que devolver o refinanciar 80.000 millones de euros, y cifras parecidas en cada uno de los próximos diez años. ¿De dónde los iban a sacar?

La inaudita venta del oro a Rusia

En ese año 2007, Solbes tomaría una de las decisiones más esperpénticas de su desdichado mandato: vendería casi la mitad de las reservas de oro de España. Las dos razones que expuso en el Parlamento no tienen desperdicio. La primera, porque «el oro ya no es una inversión rentable». La segunda, «porque lo rentable es invertir en deuda pública soberana». Había que ser realmente un indocumentado para pensar tamañas estupideces, el valor del oro vendido a 600 dólares la onza es hoy de 1.800 dólares, el valor de la deuda soberana ha caído drásticamente. Más aún, si Rusia, que fue el comprador, era el principal productor de oro del mundo, y en consecuencia, el mejor conocedor de la tendencia de este mercado decidía adquirirlo, hay que ser rematadamente tonto para no darse cuenta de que la venta era un error de primer nivel. Los diecisiete millones de onzas que el Banco de España tenía depositados en 2004, quedarían reducidas a menos de nueve. Se trataba de la mayor salida de oro de España desde el expolio de 1936 durante la guerra civil. Montoro, responsable económico del PP, no diría ni pío, porque al parecer compartía los delirantes puntos de vista de Solbes. El episodio nos costaría 3.000 millones de euros y nadie respondió de nada. Ésta es la calidad de nuestra clase política.

El tema despertaría el pitorreo generalizado en los mercados, primero porque nadie vendía oro entonces, ya que la creciente demanda de China e India hacía absolutamente previsible una fuerte subida del oro como en realidad sucedió. Y en segundo lugar por el destino, ya que era la segunda vez que un gobierno socialista mandaba a Rusia el oro de España, aunque obviamente esto no tuviera nada que ver con el expolio de 1936 cuando, por orden del estalinista Negrín, se trasladarían a Rusia 500 toneladas de oro, supuestamente para su custodia, y que «historiadores» izquierdistas nos cuentan que era para pagar la ayuda de Rusia a la República, una afirmación delirante porque, cuando el oro sale de España, la ayuda rusa no había comenzado, y en consecuencia era imposible de cuantificar.

Pero, ¡oh, casualidad!, cuando acaba la guerra, los soviéticos presentan unas cuentas en las que su ayuda era exactamente igual al oro recibido. Comparado con el coste de la ayuda alemana e italiana al bando nacional, el coste de la ayuda soviética fue exactamente ¡doce veces mayor! Lo que no tiene pase es que autores que se llaman a sí mismos historiadores y españoles hayan presentado cifras que no se tienen en pie, con el único fin de justificar la estafa presentada por la Unión Soviética. Deberían renunciar a la nacionalidad española y solicitar la rusa, ciertamente se la han ganado.

El verdadero drama sería que el oro enviado a Rusia hubiera servido para financiar la reconstrucción de un país devastado y dar de comer a una población empobrecida y hambrienta durante muchos años. Los responsables de este expolio, Negrín y Largo Caballero, unos miserables y unos traidores, a los que la izquierda glorifica, y que ocasionarían años de hambre, dolor y lágrimas a millones de españoles que no se hubieran producido de haber contado con el oro.

Y lo que es peor, Negrín, que aparte de un estalinista era un ladrón, se dedicaría a partir de entonces, el primer año de la guerra, a saquear iglesias, bancos, cajas privadas y todo lo que pudo pillar, para garantizarse un exilio de lujo cuando terminara la guerra, que era ya evidente que estaba perdida.

CAPÍTULO 8

La crisis del sistema financiero español

Alberto Recarte, el mejor conocedor sin duda del sistema financiero español como ha demostrado en sus numerosas publicaciones sobre el tema, nos recordaba en un artículo sobre «El crack financiero español» cómo nuestro sector financiero en 2007 era un sistema muy poco capitalizado, donde los fondos propios y el pasivo a largo plazo eran más pequeños, en relación con su pasivo total, que el de cualquier otro sector. Además, el sistema financiero español soportaba en esos momentos muchos más riesgos que la mayoría de los países, incluido Estados Unidos con sus hipotecas subprime, que, al fin y al cabo alcanzaba los 500.000 millones de dólares, una cifra muy elevada, pero reducida en relación con los fondos propios totales de su sistema financiero.

Riesgos que habían sido puestos de manifiesto por la Inspección del Banco de España un año antes, y que derivaban de un lado, del hecho de que desde la creación del euro, mientras el crédito del sistema financiero al sector privado había crecido en un 130 por ciento en el conjunto de la eurozona, en España había superado el 370 por ciento; y de otro, la absoluta irresponsabilidad con la que dichos créditos fueron otorgados, sin las garantías mínimas necesarias en muchísimos casos, con procedimientos que recuerdan la hipoteca al negro descamisado de Alabama que he mencionado antes.

Por otro lado, era inexacto hablar del sistema financiero como de algo homogéneo, tanto en su estructura como en su gestión. Las cajas de ahorros —que representaban la mitad del crédito total a familias y empresas, y al contrario que los bancos, si pierden su capital no pueden reponerlo fácilmente— tendrían que emitir cuotas participativas, que fueron un rotundo fracaso cuando lo intentaron por primera vez en su historia, o emitir deuda a largo plazo, que nadie estaba dispuesto a comprar. Pero, sobre todo, estaban gestionados en su mayor parte con criterios políticos y por gestores nombrados no por sus conocimientos, sino por sus amistades y filiación política, por lo que afirmar que un sistema politizado hasta la náusea en más del 50 por ciento y gestionado por políticos y amigos del poder podía ser eficiente y era un ejemplo para el mundo era sencillamente una broma. ¿Cómo nadie en sus cabales puede afirmar que un sistema financiero controlado mayoritariamente por políticos y caciques locales, que lo manejan como si fuera un cortijo, pueda ser ejemplo de nada?

Y finalmente, un regulador que no sólo no había regulado, sino que había permitido sin pestañear todos los increíbles excesos cometidos por unos bancos y cajas insensatas, prestando sin garantías adecuadas a personas y empresas insensatas, un dinero que no tenían y que debían pedir prestado al exterior, algo que jamás podrían haber realizado sin el beneplácito del Banco de España, un regulador que estaba mintiendo masivamente sobre la situación, un regulador que en lugar de adoptar las acciones necesarias ante el grave problema que se nos venía encima, haría justo lo contrario: dedicar todas sus energías a manipular la realidad y ocultar lo que estaba pasando.

Una de las mayores estafas del gobierno de Zapatero, que ha hecho de la mentira sistemática y la negación de la evidencia su principal seña de identidad, sería su afirmación reiterada de que «tenemos el sistema financiero más sólido del mundo», y que nuestro sistema de regulación —el Banco de España— era la envidia del planeta. Algo que, increíblemente y contra toda evidencia —el sistema está quebrado en más del 50 por ciento, y el regulador ha demostrado una ineficacia y un sectarismo pasmosos—, siguen afirmando no sólo el gobierno y los interesados, sino numerosos seudoexpertos que pululan por los medios explicando una estupidez tras otra, sin el menor contraste con la realidad.

Las cifras básicas del sistema financiero español

A finales de 2007, las cifras básicas del sistema financiero español eran las siguientes:

— Préstamos concedidos por el sistema financiero: 1,81 billones de euros.

— De los cuales, al «ladrillo»: 1,1 billones

— Otros: 0,71 billones

— Dentro del «ladrillo»:

A promotores: 330.000 millones. Estos préstamos, la subprime española, no podrán devolverlos en más de un 20/30 por ciento, unos riesgos de pérdida de principal que superan ampliamente los fondos propios del conjunto de entidades financieras españolas.

A hipotecas: 660.000 millones.

A constructoras: 160.000 millones.

En el núcleo del problema están los casi 500.000 millones concedidos a promotores y constructoras, que como veremos después no podrán ser devueltos en su mayor parte, lo que implica que los más de 700.000 millones de euros contraídos con bancos europeos —fundamentalmente las cajas de ahorros alemanas, entre 2003 y 2007— no podrán ser devueltos mientras siga siendo el stock de dos millones y pico de viviendas terminadas o sin terminar pero no vendidas, unidas a las casi 100.000 que sorprendentemente se siguen construyendo anualmente. Esto significa que tardaremos casi veinte años en recuperarnos. Y ocurre que los intereses de esta inmensa deuda sustraen tanta liquidez a la economía española que ésta funciona bajo mínimos. Ésta es la segunda causa —después del modelo de Estado, en el que las AA. PP., que parecen no haberse enterado de la crisis, siguen gastando desaforadamente.

No entro en detalles, pero a día de hoy, aunque sea adelantar acontecimientos, la situación es la siguiente: la banca tiene un capital de unos 170.000 millones y unas provisiones de 90.000, parte acumulada desde entonces, pues no las tenían en 2008. ¿A qué tiene que hacer frente? En primer lugar, a la morosidad, que no para de crecer —147.000 millones oficiales en julio 2011 y 250.000 millones estimados como reales—; en segundo lugar, a las subprime españolas —que ya hemos comentado y que apenas ha variado—; y en último lugar, a la deuda de promotores y constructoras, es decir, a 500.000 millones, de los cuales no podrán recuperar ni la mitad. En cuanto a la deuda soberana, entonces la cantidad no era tan importante, 330.000 millones; hoy vale un 35 por ciento menos. Y, finalmente, a la deuda con CC. AA., ayuntamientos y empresas públicas, que asciende a casi 200.000 millones, de los cuales tampoco recuperaran ni la mitad.

Además, tienen que devolver los 700.000 millones que, como ya hemos dicho, debían al exterior y siguen debiendo hoy casi cuatro años después. De dicha cantidad no se ha amortizado prácticamente nada, y en el segundo semestre de 2011 vencen 45.000 millones y ¡120.000 en 2012! Ahora sumen: impagos probables de morosos, 100.000; impagos de los promotores y las constructoras, 250.000; pérdidas de la deuda soberana, 60.000; pérdidas de la deuda autonómica, 100.000. Total: 510.000 millones. Esto es, el doble del capital más las provisiones. Y lo más grave es que todo va a peor y a velocidad acelerada. ¿Cómo van a poder devolver la deuda si el agujero estimado es ya mayor que la fosa de las Marianas? De momento, refinanciando 90.000 millones con un aval del Estado, pero ¿por cuánto tiempo? A día de hoy, más de la mitad de las cajas y algún banco están en situación de insolvencia y deberían ser cerrados. En los puntos que siguen se explica cómo se llegó a eso.

La masiva ocultación de la realidad

Como ya se ha explicado, en 2006, el Banco de España pudo haber evitado lo peor de la crisis sólo con haber cumplido con sus obligaciones, y en concreto haber hecho caso de la advertencia de los inspectores sobre los riesgos inasumibles en los que estaba incurriendo el sector financiero, obligando a adaptar préstamos e hipotecas a los recursos propios disponibles, en lugar de permitir a las entidades financieras endeudarse en la mayor cifra del planeta en términos de PIB. Si el Banco de España hubiera cumplido con su obligación, la burbuja inmobiliaria se habría desinflado gradualmente, y la crisis nunca habría alcanzado ni la velocidad de deterioro ni la profundidad actuales.

Pero la crisis inmobiliaria, como en el resto del mundo, se transformaría en una crisis financiera, una crisis que a la vista de la enorme cantidad de préstamos al «ladrillo», y el brutal endeudamiento exterior para financiarlo, era obvio desde el principio, y así lo denunciamos algunos, que de estar obligado nuestro sistema financiero a funcionar con las mismas reglas de transparencia y rigor que en los países anglosajones estaría quebrado en más del 50 por ciento. Pero en lugar de acometer el saneamiento del sector financiero, todo se supeditaría a las necesidades políticas cortoplacistas y electoralistas de Zapatero.

Se empezó con la manipulación masiva del valor de los activos, cuando ante la caída vertical del valor de los mismos, que estaba produciendo la quiebra en cadena de innumerables entidades financieras a lo largo y a lo ancho del mundo, en lugar de proceder a un saneamiento de los balances, el gobernador optó por lo increíble: permitir a nuestras entidades el mantenimiento de su valor contable, aunque su valor de mercado era sustancialmente inferior, es decir, ocultar la enfermedad en espera de que el enfermo se curase solo.

Después la morosidad, donde gracias a lo anterior se ocultaría una morosidad real a base de compra o aceptación masiva en dación de pago de activos inmobiliarios, que en muchos casos dobla la oficial. La estrategia de las entidades era clara: refinanciar todos los créditos posibles (roll over), tanto que los créditos hipotecarios concedidos en 2008 y 2009 serían, en realidad, nuevos créditos sobre antiguas deudas. Refinanciar y pedir dinero al BCE a un tipo de interés del 1 por ciento, poniendo como garantía la deuda pública adquirida al Tesoro, cuya rentabilidad era cuatro veces el costo del préstamo del organismo monetario.

Y sin embargo, en España había una experiencia no desdeñable en la resolución de crisis bancarias. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, más de cincuenta entidades se encontraron con graves problemas de solvencia, y el asunto no sólo se solucionó perfectamente, sino que además el sector saldría considerablemente reforzado, y lo más importante, dotado de unos mecanismos y unas normas de actuación perfectamente válidas para abordar una crisis, y que estos irresponsables han ignorado olímpicamente. Pero había una diferencia, había un Banco de España independiente y había un gobernador expeditivo y capaz, Mariano Rubio, a quien no le temblaba el pulso para tenérselas tiesas a quien hiciera falta. Nada que ver con lo que ocurría entonces.

En lugar de acometer la reestructuración, el Banco de España cambia las reglas para ocultar la realidad

Igual que Lehman, el Banco de España, que ya antes de la crisis había contemplado impasible cómo el sistema financiero incurría en unos niveles de riesgo y endeudamiento insostenibles, en lugar de obligarle a desapalancarse y reestructurarse, haría justo lo contrario. Como garante principal de la delirante afirmación de Zapatero y los interesados de que tenemos el sistema financiero más sólido del mundo entró en una espiral de permisividad, que toleraría, por ejemplo, que CCM y otros muchos, dieran beneficios cuando sus pérdidas eran colosales. Además, el Banco de España cambiaría las reglas de provisión de préstamos dudosos, para evitar que muchas entidades dieran pérdidas este año.

El Banco de España, en lugar de acometer la reestructuración del sector como era su obligación, cerrando lo inviable y capitalizando lo viable, dedicaría su tiempo y esfuerzos a ocultar la realidad por todos los medios a su alcance. La intervención de CCM, que luego relataré, sería un desastre sin paliativos, perpetrado con absoluta opacidad y un robo a los contribuyentes; la politización de las cajas se ha llevado hasta lo inaudito, y lo peor, no ha habido desapalancamiento alguno, las entidades están refinanciando su inmensa deuda con aval del Estado, sin el menor análisis de quién podrá devolver y quién no, lo que acabará convirtiéndose en un expolio histórico, porque ahora ya no son ellos sino nosotros, el pueblo, los responsables de su devolución. El final será la quiebra de la mitad del sector, pues el costo de su rescate estará fuera de las posibilidades del país.

La subprime española

La Ley Hipotecaria española, al contrario de las del resto del mundo, obliga, como ya se ha explicado, a que los hipotecados respondan al pago de la misma no sólo con devolución de la vivienda, sino con todos sus bienes presentes y futuros, lo que hace muchísimo más difícil que en el resto del mundo el impago de hipotecas como ocurrió en Estados Unidos, aunque si la crisis continuaba, como en realidad sucedió, los impagos crecerían inevitablemente, como sucede a día de hoy. Pero en España teníamos nuestra propia subprime.

A finales de 2007, la tasa de morosidad real, que viene siendo el doble de la oficial, estaba creciendo exponencialmente, y era sólo cuestión de tiempo que se comiera las tan cacareadas por Solbes provisiones para insolvencias y riesgo país, que según el personaje garantizaban la solvencia del sistema, y que en el caso de las cajas las provisiones no sólo habían desaparecido sino que habrían tenido que provisionar más, en concreto 3.000 millones en el primer semestre de 2008, y la pregunta era: ¿qué iba a pasar, una vez que se han quedado sin provisiones?, y la respuesta era sencilla, que entrarían en pérdidas, porque si la morosidad iba a seguir y sus beneficios ya no daban para cubrir las pérdidas, el agujero iba a ser enorme, y el Banco de España tendría que intervenir en algunas de ellas.

Pero esto no era lo más grave, lo verdaderamente devastador, la auténtica bomba termonuclear, es la subprime española, es decir, los promotores, cuya deuda era de 330.000 millones —200.000 millones de los cuales debidos a las cajas—, una deuda que se había multiplicado por diez en ocho años, mientras el «patrimonio neto» de las entidades financieras se había multiplicado sólo por dos. Unos promotores que se enfrentan a una situación dramática, un 80 por ciento tenían un coeficiente de endeudamiento del 95 por ciento, con sus activos valorados según libros, una situación insostenible porque el valor de mercado estaba muy por debajo, y como no se vendía nada, el servicio de la deuda podía ser cuatro o cinco veces los ingresos recurrentes. Es decir, la mayoría no podía devolver casi nada, por lo que las pérdidas para el sector financiero que los había financiado podían ser devastadoras.

¿Y qué hicieron las cajas, y también algunos bancos?, pues una política sencillamente suicida para ocultar el mayor tiempo posible que se encontraban en suspensión de pagos: aceptar activos —terrenos y pisos— a precios enormemente sobrevalorados, pero esto, aparte de que destruía el valor de los activos de las cajas, tiene un límite. ¿De dónde iban a sacar el dinero si impagaban el 70 por ciento, es decir, que necesitarán 250.000 millones de euros del Estado, tanto como la Reserva Federal, en términos de porcentaje de PIB, había puesto a disposición de las dos grandes sociedades hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac, ¿de dónde iba a sacar el Banco de España una cifra que equivalía al 50 por ciento de todos los ingresos públicos?

Pero ni siquiera esto era todo, la deuda de las entidades de crédito con los mercados mayoristas —con el exterior— ascendía, como ya se ha señalado, a 715.000 millones de euros, de los cuales las cajas debían 400.000 millones, el dinero que habían tomado prestado en los años de bonanza para realizar sus alocados préstamos, con vencimientos del orden del 15 por ciento anual, y ¿cómo iban a pagar o refinanciar algunas de ellas? Y la única solución es la de Bear Stearns, una combinación de ayudas públicas y su compra por otra entidad, es decir, era imprescindible privatizar las cajas de ahorros, y no sólo por razones de eficacia, que también, sino por razones de supervivencia. España no podía financiar el agujero que se ha creado, y ante esta evidencia, que la casta política se tomaría muy en serio, ya que perderían una fuente de poder gigantesca, se lanzarían a una huida hacia delante, para evitar por vía política la imprescindible privatización o la suspensión de pagos que tenían ya encima, una huida política hacia delante para tratar de mantener lo inmantenible.

Para facilitar esta maniobra se fue sustituyendo los gestores del momento, por políticos del partido gobernante, políticos sin la menor formación, pero de lealtad acreditada, que dicho sea entre paréntesis, pasaban a cobrar entre sueldo, consejos y bonus, cerca del millón de euros anuales, más coche y tarjetas de crédito a discreción. Pero lo que permitió de verdad esta huida hacia delante, fue el inicuo comportamiento del Banco de España, que en lugar de coger el toro por los cuernos, como se había hecho en el resto del mundo, decir la verdad de lo que estaba ocurriendo, cortar por lo sano y sanear todo el sistema cayera quien cayera, hizo todo lo contrario, utilizar todos sus medios para ocultar la realidad, permitiendo el falseamiento masivo de los balances, y tapando con dinero público, los agujeros que inevitablemente iban apareciendo.

La quiebra de Caja Castilla-La Mancha

La primera entidad financiera en ser intervenida sería la Caja Castilla-La Mancha (CCM), todo un modelo de eficacia y previsión, el asombro de Occidente, que se estudia hoy en las Escuelas de Negocios de todo el mundo. Por tres veces el gobernador se había negado a intervenir una entidad manifiestamente inviable, como le pedían sus servicios, pero además sabiendo que era falso, es decir engañando conscientemente a los ciudadanos, algo que es claramente delictivo, el gobernador permitiría a CCM dar un beneficio de treinta millones en 2008, cuando la realidad era una pérdida de 740, y en la misma línea permitiría a su presidente, el socialista Moltó, explicar pocas semanas antes de la intervención que los beneficios y la excelente situación de CCM había mejorado en todos sus ratios.

Y cuando al final fue inevitable, todo se realizó en la forma más opaca y chapucera posible, y para empezar, y siguiendo la línea habitual, mintiendo como bellacos. Según afirmaba el Banco de España en su comunicado de intervención sin que le templara el pulso, «CCM tiene un patrimonio neto positivo y es una entidad solvente, pero tanto la situación de su capital regulatorio como sus perspectivas financieras aconsejan buscar soluciones que garantizaran su futuro», y añadían con toda su cara que todo se hacía para «evitar que el resultado final pudiera ser muy costoso para el contribuyente».

Resulta increíble la desfachatez del vicepresidente Solbes, afirmando sin pestañear que sólo es un problema de liquidez, que no hay ningún desfase patrimonial y que la caja es viable. Realmente este indocumentado pensaba que los españoles somos imbéciles, aunque en eso desgraciadamente quizá no le faltaba razón. Pero ¿cómo que no había un desfase patrimonial? De 3.000 millones irrecuperables, según Price Waterhouse, que serían más de 4.000 sumándole la Corporación Industrial que aún no se ha auditado, a los que se añadían los 900 millones aportados inicialmente por el Banco de España, más 3.000 millones de deuda exterior que debe devolver en los próximos dos años y medio, 8.000 millones de euros, para empezar a hablar, y eso no es un desfase patrimonial según Solbes. ¡Hay que tener cara! Por cierto, Mario Conde fue condenado a doce años de cárcel por un agujero de seis millones de euros.

Esta «entidad solvente», que debería haber sido cerrada y sus responsables procesados, como había sucedido con las entidades similares en tamaño en el resto del mundo, nos acabaría costando 9.000 millones de euros, ya que estos insensatos garantizarían absolutamente todo, incluso los bonos emitidos por la misma y su deuda con cajas alemanas, algo que no se garantizaría en ningún lugar del mundo. Por su parte, los directivos seguirían en sus puestos sin problema alguno con sus Audis y sus VISAS oro, y el presidente y el Consejo, responsables principales, se irían de rositas sin problema alguno, ya que tanto el PSOE como el PP estuvieron interesados desde el principio en echar tierra encima, y aquí no ha pasado nada.

La vergonzosa actuación del PP en el caso CCM

Así, en la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España para explicar la intervención en CCM, las preguntas que había decidido realizar el PP eran:

— ¿Cuándo supo el Banco de España que CCM había falsificado las cuentas?

— ¿Cuándo supo el Banco de España que CCM era insolvente?

— ¿Cómo se puede justificar el empleo de 9.000 millones de dinero para tapar los agujeros originados por la mala gestión y los pelotazos producidos en CCM?

— ¿Qué tipo de sanciones se van a aplicar a los directivos de CCM, y si van a ser investigadas la evolución de sus patrimonios y cuentas personales?

Esto era lo acordado. En lugar de ello, Montoro, ante el asombro y el estupor de todos los presentes, no hizo una sola pregunta sobre CCM, y se limitó a decir que estaba muy preocupado por el paro. Varios diputados del PP indignados, abandonaron la sala, y el portavoz del PSOE dejó de estar a defensiva y pasó a la ofensiva, y en un plan absolutamente chulesco recordó que todas las decisiones de CCM se habían tomado por unanimidad, con el voto a favor del marido de la señora Cospedal, y que el presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la CCM, Arturo García Tizón, presidente del PP de Toledo y portavoz del PP en el Congreso, jamás había denunciado una mala práctica, sino todo lo contrario.

La única que plantó cara al gobernador fue Rosa Díez, y el comentario generalizado entre los diputados del PP fue que ojalá hubieran tenido ese día de portavoz a Rosa Díez.

Pero después y ante el estupor generalizado, y en contra de lo asegurado por él mismo y por Rajoy un mes antes de oponerse a la utilización de 9.000 millones de dinero público en el reflotamiento de CCM, Montoro votaría a favor. El desánimo más absoluto cundiría entre muchos diputados del PP, por lo que consideran una megaestafa y una traición a sus votantes del PP.

La extrapolación de CCM

Pero, dado que el Banco de España ocultaba sistemáticamente la realidad de los balances y la inmensidad de la deuda, la cuestión era: ¿cómo conocer la realidad? El analista financiero de El Confidencial, S. McCoy, pondría sobre la mesa un instrumento adecuado para realizar una aproximación a la realidad: las cifras auditadas de CCM. Y extrapolando las mismas a las entidades en situación similar, ¿cuántas?, no se sabía, pero siendo muy conservadores no menos del equivalente al 30 por ciento de los recursos del sistema. Si CCM era el 0,89 por ciento del total del sistema financiero y su tasa de morosidad del 17,3 por ciento, frente a un supuesto 4,49 por ciento oficial comparable, algo que resultaba de broma, tendríamos un crédito dudoso de más de 120.000 millones, y suponiendo también que la mora real para el 70 por ciento restante, que también la estaba ocultando, fuese sólo un 50 por ciento superior a la oficial, el volumen absoluto de crédito dudoso a mediados de 2008, ascendería a más de 200.000 millones de euros, más del triple de la oficial, frente a unos 60.000 millones del «cómodo colchón de reservas».

Un plan de rescate único en el mundo: lo hacen los banqueros

A pesar del engaño y la manipulación masiva de Gobierno y Banco de España, la desastrosa situación del sector financiero, particularmente las cajas de ahorros, que manejadas por políticos y caciques locales no había tropelía que no hubieran cometido, ni charco donde no se hubieran metido, hacía inevitable una intervención, porque como decía el camarada Lenin, tan admirado de Zapatero, «los hechos son muy tozudos». Pero como España es diferente y la de Zapatero más, al contrario que el resto de gobiernos mundiales, un Zapatero sin la menor idea del problema (en realidad ni sabía lo que estaba pasando, porque según su especial mentalidad una crisis no podía pasarle a él), de espaldas al vicepresidente económico y al gobernador del Banco de España —una forma de actuar inimaginable en una democracia— se reúne con los grandes banqueros del país, y en base a un papel que le había redactado uno de ellos, decide poner en marcha un gigantesco plan de rescate bancario, el mayor del mundo en términos de PIB.

Para ser justos, Zapatero no hacía más que seguir una tradición implantada a raíz del advenimiento de la partitocracia, según la cual los grandes sectores económicos afectados por una norma decidían ellos qué tipo de norma debía redactar el Estado, bien para subvencionarlos o bien para controlar su actividad. Es la regeneración democrática, las nuevas formas políticas, económicas y vitales, con las que nos obsequiaron los padres de la Transición. Y así, por ejemplo, Rato, como ya se explicó, encargaría la redacción de la Ley para la intensificación de la competencia a los grandes monopolistas, porque como todo el mundo sabe eran los primeros interesados en introducir la competencia en los mercados, por ello ¿quién mejor para confeccionar lo que don Rodrigo llamaría pomposamente «un traje a medida para la economía española»?

Pero volviendo al plan de rescate, ¿se imaginan ustedes a Bush reuniéndose con los mayores banqueros de Estados Unidos y, a espaldas del secretario del Tesoro y el presidente de la FED, decidir el plan de rescate que le proponían los banqueros? Simplemente, le hubieran decapitado públicamente en Times Square, junto con los banqueros, pero en esta España desinformada y borreguil, donde como decía mi amigo Cela «ya no quedan ni vergüenza ni hombres», Solbes y MAFO, con la cobardía y el servilismo que les caracteriza, asintieron sumisamente. Según dicho papel —«mira, Pedro, esto es lo que hay que hacer»— el Tesoro adquiriría activos de «alta calidad», en realidad activos fuertemente sobrevalorados, por valor de 30.000 millones de euros ampliables a 50.000, a lo que se añadían líneas de avales por 100.000 millones de euros ampliables hasta 200.000, ¡si sería por dinero!

El objetivo era inyectar liquidez para facilitar el crédito a familias y empresas y ni un euro iría a las mismas

El objetivo era inyectar liquidez en las entidades de crédito para a su vez facilitar crédito a familias y empresas, pero el problema era que no se establecía ningún método de control para garantizar que la banca fuera a aplicar ese dinero público al fin previsto. Y cuando el PP exigió esa garantía, ¿saben ustedes lo que un Zapatero visiblemente irritado contestaría?: «No podemos perder el tiempo en detalles de alcance limitado, si yo fuera el líder de la oposición respondería sí, sin condiciones, sí, sin ningún pero.» Realmente es para no creérselo, la desvergüenza y la miseria moral de Zapatero no tienen parangón en el mundo civilizado.

Y ocurría que, ¡oh, casualidad!, ese dinero coincidía con los vencimientos de deuda que la banca tenía que cubrir en los meses siguientes, por lo que nadie se sorprendería cuando ni un solo céntimo del dinero entregado fuera destinado ni a familias ni a pymes, y además, si ésa era la finalidad, ¿por qué no prestar directamente ese dinero a familias, pymes y autónomos, como estaba haciendo la FED en Estados Unidos, adquiriendo papel comercial? Muy fácil, porque era una estafa más de Zapatero, y el PP, tras protestar de boquilla, votaría a favor de este expolio. Si lo habían preparado los grandes banqueros, no iban a decir que no. Como dirían entonces varios medios, una «foto de 30.000 millones».

Y luego avales a gogó, 100.000 millones ampliables a 200.000, y que han sido utilizados para fines justamente contrarios a los previstos, una burla a los ciudadanos, ya que han sido utilizados «no para que las entidades puedan colocar sus emisiones en el exterior, y captar así el imprescindible dinero exterior» que España necesita desesperadamente, que era lo que ponía el papel, sino para especular, comprándose y vendiéndose deuda unas a otras, que era mucho más rentable y seguro, y luego con esas emisiones ir al BCE y obtener un dinero al 1 por ciento, que después prestan a la gente solvente al 16 por ciento de interés. Una estafa en toda regla, pero como el gobernador ni siquiera estaba invitado a la fiesta, y lo único que le preocupa es no intervenir ninguna entidad, atento siempre a la voz de mando, no diría ni pío.

Hasta el verano del 2008, la restricción de créditos se centraba esencialmente en familias y empresas, pero desde septiembre se extendería también al papel comercial. Casi todo el papel comercial que estaban presentando al descuento los proveedores de promotoras no se estaba descontando, o se hacía en condiciones leoninas. ¿Y qué significaba esto?, pues que los proveedores de promotores y los propios promotores, excepto los grandes amigos de Zapatero, ya no podían pagar a los empleados, ni el alquiler de la nave o de la oficina, es decir, no se llegaría a Navidad.

«Cinco personas alrededor de una mesa camilla» deciden qué son activos de «máxima calidad»

¿Y quién decide cuáles son los activos de «máxima calidad» que iban a ser adquiridos por un denominado Fondo de Adquisición de Activos Financiero (FAAF) creado a ese fin? No se lo van a creer, «cinco personas alrededor de una mesa camilla», en símil afortunado de Rajoy, y los activos serían bonos de titulización hipotecaria, y cédulas, cuyo subyacente eran activos inmobiliarios o deuda de promotores, la subprime española, de los que no podrá recuperarse más que una mínima parte, pero que encontraban así una vía de solución con el dinero de todos los españoles. Los bonos son los típicos fondos de titulización de activos (FTA) que funcionan en este caso en la forma siguiente: el banco coge una parte de la deuda de promotores con la garantía que tenga, inmuebles o suelo, suficientes o insuficientes, en su mayoría manifiestamente insuficientes para garantizar la deuda, la mezcla con activos («ladrillos») con los que no ha tenido más remedio que quedarse para evitar males mayores, tal vez añadan otra cosilla para darle sabor, se agita, se mezcla, se tituliza por el valor teórico de la mezcla —el valor al que el banco tiene contabilizado la deuda y los ladrillos, y que puede ser el doble o el triple del valor de mercado de la mezcla— y voilà, tenemos unos bonos de titulización hipotecaria. ¿Se acuerdan de la hipoteca del negro de Alabama convertida en «vehículo de inversión estructurada»? Pues lo mismo pero en vez del negro, Manolo el promotor.

¿Y qué hace el banco? Primero asume la «primera pérdida», una cifra estadística en función de los impagados posibles. ¿De cuándo? ¿De ese momento? ¿Del próximo futuro? No, del pasado cuando casi no había impagados, es decir, una tomadura de pelo. ¿Y después? Después coloca el producto en el mercado, y a partir de ahí, y esto es esencial, el banco no responde de nada, los bonistas tendrían que ir contra subyacente. En esas condiciones, y a día de hoy, el precio de estos bonos que imaginamos responde al valor contable para el banco de los activos subyacentes, no los compraría nadie ni a mitad de precio, y probablemente a ningún precio, y entonces llega Zapatero al rescate, y los de la mesa camilla, gracias a la total opacidad del procedimiento compran los bonos tan tranquilos, total, ¡como el dinero no es suyo! ¡Pero si son triple o doble A!, exclaman. ¿Triple qué?

¿Y qué es lo que necesitan los de la mesa camilla para cubrirse las espaldas y no ir a la cárcel por tamaña tropelía? Unos datos «objetivos» de que los activos valen lo que dice el banco, para empezar, tenemos unas cifras indiscutibles e imposibles de trucar, las cifras oficiales del precio de la vivienda nueva que no han parado de subir, y que como todo el mundo sabe son las verdaderas, y no el 20 o el 30 por ciento menos que decíamos los subversivos y los antipatriotas —y esto no es una broma, ante un tribunal las cifras oficiales irían formalmente a misa—, a esto se añada las cifras de tasación de una «entidad solvente». No parece que estos nuevos paquetes de bonos vayan a ser analizados y calificados por agencias internacionales de rating, porque si la opacidad va a ser total, se afirma que los bonos son triple A y el que no lo crea, peor para él. De todas formas, las agencias de rating han estado dando A hasta las doce menos cinco de las suspensiones de pagos, y no han tenido por ello responsabilidad alguna.

Nos expolian 50.000 millones para adquirir deuda incobrable de promotores

En resumen, el que el FAAF pagase el doble o el triple de su valor de mercado por los bonos de titulización en condiciones de total opacidad estaba tirado, y demostrar lo contrario ante un tribunal sería harto difícil. Es decir, expresado en román paladino, al pueblo español le iban a expoliar 50.000 millones de euros, aunque luego debió darles vergüenza y «sólo» fueron 20.000, para adquirir deuda incobrable de promotores y «ladrillos» cuyo valor de mercado es muy inferior al valor de balance, y mientras tanto, los bancos repartían dividendos, bonus y todo lo que se les pasaba por la mente, ¿pues cómo vamos a estigmatizar a los pobres ejecutivos, quitándoles sus bonus multimillonarios? Eso eran cosas de los americanos y de los británicos, donde todo estaba manga por hombro, no del sistema financiero más sólido de la galaxia. Como decían entonces el gobierno y sus terminales mediáticos, la mejor prueba de la fortaleza de nuestro sistema financiero es que ningún banco ni caja, vamos, ni siquiera una pequeñita, ha tenido los problemas que aquejan a toda la gran banca mundial.

¿Y cuál era y es la estafa? La estafa es que no tenemos ni idea de cuál es el valor real de los activos que soporta su supuesta solvencia, si se vieran obligados como en la mayoría de los otros países a contabilizar los activos y la deuda inmobiliaria por su valor real, y además tuvieran que hacer frente solitos a los gigantescos vencimientos de deuda, entre 80.000 y 90.000 millones de euros al año, una parte sustancial del sistema no sobreviviría. Y los cinco de la mesa camilla hacen todo en la más absoluta opacidad, no explican lo que dan ni a quién se lo dan, en realidad podrían dárselo a su tía y no nos enteraríamos. ¿Y saben por qué?, porque publicarlo «estigmatizaría» a las entidades que los recibieran, y los bancos «que tendría un efecto reputación negativo», ¡pobrecitos, cómo se les va a hacer eso si son tan solventes y tan buena gente!

¿Y qué han hecho en el resto del mundo? En el resto del mundo, como ni son solventes ni son buena gente, han sacado en la primera página de los periódicos a las entidades que recibían ayudas, vamos que a Sarkozy, a Brown, a la Merkel y a todos los demás, les ha importado un pimiento el estigmatizar a sus banqueros. Realmente son unos irresponsables, no como Zapatero, y además, y esto ya es el colmo, no sólo no los han estigmatizado, es que han eliminado por decreto los dividendos y los bonus de todos los ejecutivos de las entidades receptoras de ayudas. ¿Concebirían tamaña maldad en un patriota social como nuestro presidente?

Pues claro que no, y por ello con cargo al ejercicio 2008 salvado gracias al saqueo inmisericorde de nuestro dinero, cerca de cien personas recibirán bonus, entre uno y cinco millones de euros, cerca de 2.000 entre 500.000 y un millón, unos 5.000 entre 100.000 y 500.000, y menos de 100.000 ni se sabe. Y no sólo los recibirán en 2009, sino que gracias a la generosidad de nuestro amado líder, como todo el proceso será opaco, también en 2010, aunque para ello tengan que esquilmar al conjunto de la clase media y de la clase trabajadora.

Lo único claro y transparente en todo este proceso son tres cosas. La primera, que, en condiciones de opacidad, todas las trampas, favores políticos y enjuagues varios son perfectamente posibles, por no decir inevitables. La segunda, que ni un solo céntimo, ni uno solo, iría a parar a familias y a pymes, esta condición ha desaparecido del Decreto, todo el dinero se dedicará a tapar socavones —diferencia entre los valores contables y la realidad— y a atender los vencimientos de deuda. Y la tercera, que esto nos aleja total y absolutamente del comportamiento obligado de todo Estado democrático, y nos acerca peligrosamente a los comportamientos político-económicos de las repúblicas bolivarianas.

Los avales al sistema financiero: una bomba nuclear

El tema de los avales al sistema financiero es algo que ha pasado desapercibido para la mayor parte de la gente, y sin embargo es una bomba nuclear con temporizador, pues los avales al sector bancario serían los que llevarían a Irlanda a la quiebra, ya que al haber avalado el Estado cantidades ingentes de refinanciaciones de deuda a su vencimiento de estas entidades, porque no podían devolverla, al final, cuando de nuevo volvieron a vencer las deudas refinanciadas con aval, era Irlanda y no los bancos quien tuvo que responder de la deuda. Esto haría caer al gobierno, llevaría a la cárcel a los principales responsables bancarios, y el jefe de Gobierno, el exministro de Economía, y el exgobernador del Banco de Irlanda están hoy procesados, como corresponde a una democracia real y no a una partitocracia corrupta hasta la médula. No se fueron de rositas como ocurre en nuestro país.

Y el mecanismo puesto en marcha entonces en España es exactamente el mismo, y con una deuda con entidades financieras europeas superior a los 700.000 millones de euros, con vencimientos anuales que oscilan entre los 70.000 y los 90.000 millones de euros anuales, con una carga anual de intereses de más de 40.000 millones de euros, no hacen falta muchas luces para saber que muchas entidades, cajas en su mayoría, jamás podrán devolverlos, lo que significa que a su vencimiento los préstamos refinanciados con aval del Estado son ya una deuda del pueblo español, no de los bancos y cajas que no puedan pagar.

También y como Fuld, el irresponsable presidente de Lehman, con el HSBC, propuestas razonables de fusión fueron vetadas por caciques políticos locales, porque implicaban el control de cajas de una región por las de otra, y el Banco de España, en lugar de dar un puñetazo encima de la mesa como era su obligación, se arrugaría ante los políticos, después de haberles entregado decenas de miles de millones de dinero público entre efectivo y avales, unos recursos que habrían bastado para evitar el cierre de decenas de miles de pymes y autónomos, y que han sido utilizados, no en sanear sino en refinanciar una deuda que no podrán pagar, y de la que ahora quien responde ya no son ellos, sino España. «El sistema financiero español no pasaría un test de sentido común», afirmaría entonces la casa de análisis Variant.

No hacía falta ser premio Nobel de Economía para darse cuenta de que después de dos años de manipulaciones y mentiras sobre el deterioro imparable del sistema, después de las actuaciones más chapuceras del planeta, politizadas hasta la médula, con una irresponsabilidad tal que ni siquiera se ha analizado previamente quién puede y quién no puede ser salvado, estamos a las doce menos cinco de una crisis de solvencia generalizada, y todo ello después de haber despilfarrado a ciegas decenas de miles de millones para tratar de salvar los privilegios de una casta política parasitaria indigna y miserable. Y en este sentido el broche de la obscenidad lo pone la ministra Salgado afirmando: «No tenemos previsto que haya gasto para los contribuyentes.» Mal está que nos expolien, pero al menos no nos insulte, señora ministra. Con estos rescates se demuestra que el Partido Socialista no tiene problema de despilfarrar el dinero público para intentar salvar a una banca insolvente, pero no para la economía real que genera empleo y produce bienes y servicios.

La fulgurante destrucción de un sistema centenario

La debacle de parte de nuestro sistema financiero tiene innumerables facetas, pero quiero destacar lo que a mi juicio resulta más grave y que ha pasado prácticamente desapercibido, entre la profusión de números y noticias: la desaparición de una institución centenaria, las cajas de ahorros, que presta un servicio esencial al pueblo llano en la mayoría de los países avanzados, desde Alemania a Suiza, pasando por Italia, Francia, Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, y que en España ha sido el referente de ahorro de una mayoría de familias durante más de ciento sesenta años, a quienes ha ayudado, de quienes gestionarían sus escasos dineros acumulados con hambre, sudor y lágrimas, con una prudencia a toda prueba, hasta que los dirigentes autonómicos politizaron hasta la náusea su conservadora y eficaz gestión, dando paso a una corrupción tan masiva, institucional y de la otra, que las ha llevado a la ruina económica en poco más de seis años, y probablemente a su destrucción.

Las cajas de ahorro y Montes de Piedad, ligadas históricamente a instituciones de la Iglesia, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas, fueron a partir del siglo XIX apoyadas por los poderes públicos, para a la vez que fomentar y remunerar el ahorro de la clase trabajadora y así poder financiar inversiones en sus regiones de origen y realizar una amplia labor social. Así financiaban la compra de grano y semillas por los agricultores y las mejoras de las condiciones de vida de todo tipo. En 1835 se crearía la Caja de Ahorros de Madrid, y desde entonces las cajas jugarían un papel crucial no sólo en nuestra historia económica y social, sino también en la historia económica y social de Europa, donde el proceso comenzó algún tiempo antes.

Hasta más allá del año 2000, las cajas de ahorros en España gozaban de una aceptación muy superior a la de la banca privada entre la clase trabajadora y la clase media, porque sus recursos estaban mucho mejor gestionados, hasta el punto de que las cajas eran más rentables que los bancos, algo que hacía casi impensable su fulgurante hundimiento. En 1997 todos sus ratios de eficiencia sobre activos, sobre resultados, sobre gastos, superaban ampliamente a los de la banca, «consiguiendo incrementar el negocio controlando simultáneamente los gastos», «el 88,7 por ciento del balance de las cajas estaba constituido por recursos de la clientela; mientras que el porcentaje de recursos recabados en el mercado interbancario era sólo del 10,2 por ciento (en la banca esos porcentajes eran del 52 y 48 por ciento, respectivamente), lo que implicaba una captación de recursos a menor costo». En el año 2000 existían un total de 50 cajas de ahorros independientes, y concentraban más del 54 por ciento del ahorro de la nación.

¿Cómo es posible que en poco más de seis años este gigantesco edificio centenario haya quedado tan seriamente dañado, que buena parte del mismo corre el riesgo cierto de ser nacionalizado y revendido a terceros a precio de saldo? Las razones son básicamente tres: la desastrosa gestión de las personas, sin preparación alguna, puestas al frente de las mismas por los dirigentes autonómicos; el inicuo comportamiento del gobernador del Banco de España, haciendo una dejación tan absoluta de sus obligaciones más esenciales como supervisor, que hasta la persona que defendió las reservas genéricas para prever la posible debacle, don Pedro Villasante, director general de Supervisión, fue puesto de patitas en la calle por Ordóñez a petición de bancos y cajas, que las consideraban «totalmente» innecesarias, aunque luego con una desvergüenza y un cinismo absoluto, unos y otros harían alarde de ellas a lo largo y a lo ancho del mundo; y el peor Gobierno en tiempos de paz, desde la época del felón Fernando VII, un Gobierno que es el hazmerreír de Europa, y que presionado por los dirigentes autonómicos ha dejado pudrirse el problema, mintiendo a quien le quería oír sobre la realidad de la situación.

Todo empezó entre 2002 y 2003, cuando ante la abundancia de dinero barato en los mercados financieros, bancos y cajas, pero particularmente estas últimas, rompieron su regla virtuosa de prestar sólo lo que tenían, con los criterios extremadamente conservadores que exigía la garantía de unos depositantes pertenecientes abrumadoramente a la clase trabajadora y a la clase media. En un tiempo realmente récord, estos insensatos empezaron a endeudarse masivamente con instituciones financieras extranjeras, y a prestar dinero sin la garantía suficiente, o sin garantía alguna, para financiar hipotecas, promociones, o inmobiliarias con la garantía de unos terrenos que no valían nada, y que hoy se han convertido en el mayor problema. Pero no sólo eso, los dirigentes autonómicos vieron la oportunidad de que las cajas, que controlaban férreamente a través de sus cúpulas directivas y sus consejos, financiaran los proyectos más disparatados que se les pasaban por la mente, desde aeropuertos absurdos a Terras Míticas y similares, ruinas cantadas todas ellas, o las sociedades participadas para esconder su deuda.

Todo ello generaría un gigantesco agujero, suma de la gigantesca deuda exterior, más la derivada de las pérdidas ocultas en los balances, con la ayuda del BdE, y de las que no tenemos ni idea, ¿200.000, 300.000 millones?, la incertidumbre es total, y en base a ella la banca española acaba de realizar a Zapatero una proposición auténticamente indecente: déjese usted de nacionalizaciones, que son un lío, y a lo peor se nos cuelan entidades extranjeras y acaban introduciendo la competencia, nosotros nos quedamos con todas las cajas con problemas, pero como desconocemos la situación real, el gobierno nos garantiza que el pueblo español se hace cargo de todas las posibles pérdidas y así podemos entrar sin riesgo. Para eso, sería infinitamente mejor para España y para los españoles, porque nos saldría gratis, porque veríamos incrementarse drásticamente la competencia, porque el crédito fluiría de nuevo, y porque Alemania y Francia implementaran conjuntamente en marzo nuestro rescate, el tratar de convencer a Merkel y Sarkozy de la entrada de las cajas y bancos alemanes y franceses en el proceso, ya que siendo acreedores del 80 por ciento de la deuda de las entidades en dificultades, cientos de miles de millones de euros, fueran ellas quienes se las quedaran y reflotaran, a cambio de la liquidación de su deuda, ¿cómo si no vamos a poder devolverla?

Bankias, Bancas Cívicas y similares o el mayor expolio financiero conocido

La alternativa «a la española» sería el mayor expolio financiero jamás conocido en el mundo civilizado, ya que las cajas de ahorro y Montes de Piedad españoles han sido troceadas separando la parte buena de la parte mala: la parte buena se ha convertido en banco a cuyo cargo se han quedado los políticos responsables de la ruina de las mismas, y cuya primera medida, con el visto bueno de MAFO que es preceptivo, ha sido ponerse sueldos de escándalo, de dos, tres y hasta cinco millones de euros anuales. Y en cuanto al resto, a los despojos, éstos se han quedado en las cajas saqueadas, las cuales se agrupan también en un holding que aglutina el suelo, toda la ruina y las ayudas públicas, el denominado «banco malo».

Es decir, en román paladino para que nos entendamos, el «banco malo» convertido en holding se queda con los despojos, como no podrá conseguir un céntimo en los mercados mayoristas, el «banco bueno», generoso él, le apoyará, pero sólo excepcionalmente, no se vayan ustedes a creer, y como la necesidad de fondos será continua y creciente, ¿de dónde va a sacar, por ejemplo, el BFA, el holding donde Bankia ha aparcado toda la basura, los 4.500 millones de euros que nos deben del FROB, si esa cifra es el 75 por ciento del capital de la propia Bankia? Y de los miles de millones de pérdidas restantes, mejor no hablar. Pues del pueblo español, cada día más empobrecido, desinformado y sometido, que deberá, por un mecanismo u otro, hacerse cargo de las pérdidas y de la deuda exterior. La alternativa «a la española» me recuerda a aquella mítica escena de la película Hampa dorada, en la que Al Capone ante un mapa de la ciudad de Chicago explica a sus socios el reparto de ciudad con otras bandas, diciendo: «Esto es como el dibujo de la vaca que había en la carnicería de mi pueblo en Sicilia, nosotros nos quedamos con el solomillo, y ellos con los despojos.»

Han nacido así, Bankia, Banca Cívica, y otras más, ¡hasta el desastre sin paliativos de Caixa Catalunya ha creado su banquito, para multiplicar los sueldos de los ejecutivos!; con tal incentivo, ¿quién podía quedarse atrás? Un fraude absoluto que no sólo no favorece la reestructuración del sector, es un puro esquema de expolio. La mecánica es la siguiente: supongamos un grupo de cajas X cuyo resultado conjunto es, pongamos, de –2.000 millones de euros. De ese grupo de cajas se sacan todos los activos rentables, el «solomillo», y con ellos se constituye un banco que sale a bolsa y en cuya salida consiguen un dinero adicional del mercado, pero que tienen lógicamente que remunerar. Bueno, del mercado exactamente no se saca, el grueso se lo sacan a los impositores a «punta de pistola», por procedimientos dignos de Al Capone, los jefes de sucursal que tienen obligación grave de conseguir cada uno una cuota, cogen a aquellos clientes con pólizas de crédito más importantes y les dicen: mire, don Fulano, o compra usted tantas acciones del nuevo banco que los jefes se han montado para su mayor gloria y enriquecimiento personal o le cancelo la póliza, esto es lo que hay. Una vez sacado el banco a bolsa, éste puede tener un beneficio de, digamos, 1.000 millones, y como en las cajas expoliadas sólo han quedado los despojos el resultado conjunto de las mismas es de –3.000 millones.

¡Bien por MAFO!, eso es reestructurar y lo demás es una broma. ¿Y qué dicen los socialistas amigos del pueblo, y los del PP, y los nacionalistas y separatistas? Es decir, ¿qué dice la casta política parasitaria, donde la corrupción es la regla y la honradez la excepción? Pues no dicen ni pío, porque son ellos mismos. ¿Y por qué no explican quién va a hacerse cargo de la parte mala, de la ruina que dejan atrás? La deuda de promotores y constructoras, ¿dónde se queda? La incobrable en las cajas obviamente. La red de oficinas y de captación de pasivo, ¿quién se las queda? Obviamente, el banco las buenas; y las malas, que además serán cerradas en su mayor parte, y los empleados, despedidos (se habla de 40.000 despidos adicionales para que los capos de los nuevos bancos puedan forrarse en condiciones), se las quedan las cajas supervivientes; bueno, lo de supervivientes es un decir, porque no van a sobrevivir.

¿Y quién gana con esto? Ya lo he explicado, pero la palabra «ganar» no es la correcta, la correcta es «forrarse», pues los grandes directivos de las cajas quebradas, los responsables del desastre, que en lugar de ser procesados y responder de sus actos, van de grandes jefes de los nuevos bancos, pero con sueldos de banqueros, es decir, dos, tres o hasta cinco millones de euros al año, con la aprobación y la bendición del Banco de España, donde el gobernador insulta una vez más a los españoles, justificando tamaña tropelía porque los sueldos de escándalo que se han puesto «están en la banda baja del IBEX». Estos inútiles se han puesto sueldos que multiplican hasta por diez el de la señora Lafargue, que dirige el Fondo Monetario Internacional por 375.000 euros al año. ¿Y qué opina de eso el señor gobernador?

Pues ésta es la gran remodelación del «patriota social» Rodríguez Zapatero y sus escuderos Elena Salgado y MAFO. ¿Y quién se hace cargo ahora de la ruina que dejan tras de sí, de las cajas quebradas y de la devolución de la deuda? Porque las cajas quebradas, a quienes se les ha expoliado sus mejores activos reciben a cambio de ello la parte alícuota del dividendo del porcentaje que les corresponde en el nuevo banco, que es sólo una fracción de lo que obtendrían si esos activos hubieran seguido en las cajas, y que además queda doblemente diluido, primero porque de los rendimientos de los mismos sólo una parte va a dividendos, y por otra un 50 por ciento corresponden a los que han puesto capital, y que se han llevado los mejores activos a precio de saldo. Y no se lo pierdan, MAFO ha abierto la puerta a un esquema de protección de activos, que significaría que el Estado estaría obligado a asumir las pérdidas en cajas que recaigan en manos del sector privado, es decir, si los mejores activos expoliados no valiesen lo que se supone que valen, la diferencian la pagaría el Estado, es decir, ustedes y yo; es para no creérselo. ¿Pero hasta cuándo el pueblo español puede seguir tolerando tales expolios?

Porque, de qué les sirven a las cajas quebradas, de qué sirve a la reestructuración del sector, los 3.000, los 2.000 o lo que hayan pagado los nuevos accionistas, que en conjunto es una miseria, menos de lo que despilfarraría Zapatero en el Plan E, y por separado es una miseria al cuadrado. Y entonces, al final, señor gobernador, ¿quién se va a hacer cargo de los impagados, del monstruoso agujero de promotores y constructoras? ¿Las Bankias, Bancas Cívicas y demás hermanos mártires? ¿Con qué lo iban a hacer, si después de pagar los supersueldos de sus directivos no les queda lo justo para dar algún dividendo para que los accionistas, forzados o no, no les denuncien? Seremos los de siempre, los españoles, porque para eso la casta política parasitaria nos ha traído la democracia, la prosperidad y el progreso, el de ellos, claro, no el nuestro. Lo único que está por ver es de cuánto dinero estamos hablando, porque entre impagados y deuda exterior pueden ser cientos de miles de millones que MAFO ha aparcado en espera de su jubilación y que sea otro quien lidie con el problema. Pero lo que va a ocurrir es que el problema no es lidiable, la deuda no se podrá devolver sin una quita enorme, y el Tesoro, es decir, los españoles, ya no puede hacerse cargo.

El robo legal del FROB

¿Y qué tenemos de momento para arreglar esto? La ayuda para las entidades financieras se articularía en el denominado «Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria» (FROB), que no era una reestructuración ordenada ni nada que se le pareciera, porque sólo serviría para tapar agujeros según se iban produciendo. Resulta realmente curioso el lenguaje del socialismo en general y del zapaterismo en particular, para el que los conceptos significan justo lo contrario de lo que parecen. «Reestructuración ordenada» significa tapar agujeros sin plan específico alguno; «política social» significa expoliar el dinero a los pobres y los trabajadores para dárselo a los ricos; «unidad de España» supone fragmentación de la nación; «volver al corazón de Europa» significa sacar a España del mapa y convertirnos en un país internacionalmente irrelevante; «brotes verdes» significa hundimiento acelerado, y «lo peor de la crisis» ha pasado significa que ni siquiera hemos tocado fondo, y así sucesivamente.

La dotación de capital inicial del FROB fue de 9.000 millones mediante la aportación del Estado de 6.750 millones en efectivo y 2.250 millones de euros aportados en efectivo y títulos de deuda pública por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. El FROB depende directamente del Ministerio de Economía y su Consejo de Administración de ocho miembros está nombrado directamente por el Gobierno, es decir, que hacen lo que les manden sin rechistar. El FROB está pensado para prestar soporte económico a las entidades financieras que decida el Banco de España, mediante gestión directa de las entidades afectadas, mediante personal nombrado por el Banco o mediante refuerzo y recapitalización de las entidades financieras. El FROB puede emitir deuda o contratar préstamos con otras entidades hasta 90.000 millones de euros.

El FROB es un nuevo expolio a los ciudadanos y a las generaciones futuras, pues todo se hará con el dinero de nuestros hijos y nietos, o sea vía deuda, y con el que el Gobierno no pretende arreglar una situación de insolvencia manifiesta, consecuencia del aluvión de morosidad, directa e indirecta, y de la imposibilidad de atender a los vencimientos de la deuda, sino realizar una serie de fusiones, para mantener en el poder tanto tiempo como sea posible a la casta política parasitaria y a los sindicalistas de pesebre que controlan las cajas, para que todos puedan seguir chupando del bote.

Veamos un ejemplo de para qué sirve el FROB. Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas entidades reciben 4.500 millones, que supuestamente nos devolverán, aunque nadie sabe ni cómo ni cuándo, porque esas cajas, como ya se ha explicado, se han constituido en un banco, valorado en 3.000 millones de euros. Aparte, les hemos avalado vencimiento de deuda por 89.000 millones de euros porque no tenían ninguna posibilidad de devolver ni un euro, ni la tendrán en el futuro, algo que al parecer nadie se ha molestado en analizar, porque el dinero se utiliza para tapar fuegos sin ninguna planificación ni nada que se le parezca. Lo hemos pagado solidaria y participativamente con nuestro dinero, como les encanta decir a nuestros políticos, pues para eso somos una democracia moderna. Y como suele ser también habitual lo hemos pagado por triplicado, primero como contribuyentes, después porque habíamos depositado nuestro dinero en las mismas, pensando que no eran bancos sino cajas de ahorros, y en consecuencia no las movía el ánimo de lucro, y además estaban obligadas a devolver sus posibles beneficios a través de la obra social, pero ahora, sin consultarnos, deciden convertirse en un banco y la obra social se la quedan ellos. ¿Qué mejor obra social que enriquecer a los políticos que han hecho posible nuestra maravillosa democracia?

El Banco de España como culpable principal según los españoles

La Fundación de las Cajas de Ahorros financió sobre la opinión de los españoles ante la crisis y sus protagonistas, realizado a través de sendas encuestas representativas de población en octubre de 2009 y octubre de 2010, respectivamente. La principal conclusión de dicho estudio es que la opinión de los ciudadanos coincide casi totalmente con lo que he venido explicando. La institución que sale peor parada es el Banco de España, al que los ciudadanos acusan mayoritariamente, en un 66 por ciento, de haber faltado a su deber de vigilancia y previsión, permitiendo que las entidades financieras se endeudaran en exceso, por lo que le consideran el principal culpable de la profundidad de la crisis. Le siguen los líderes de los dos principales partidos políticos, Zapatero y Rajoy, a los cuales el 62 por ciento y el 59 por ciento de los ciudadanos, respectivamente, acusan de no tener ni idea de lo que hablan cuando se pronuncian sobre la crisis y la situación económica.

La gran mayoría, un 78 por ciento en 2010, está en desacuerdo con la forma en que el Gobierno está afrontando la crisis, pero son muy pocos los que creen que un Gobierno del PP lo haría mejor, sólo un 25 por ciento en 2010. El sentir generalizado es de una gran desconfianza acerca del futuro económico del país, tanto que las expectativas de mejora son cada vez menores. Y como explica FranceSoir, «Los españoles, sometidos a un régimen que ya no consideran que sea una democracia, se sienten frustrados, con miedo al futuro, presos del sistema y sin esperanza».

Y así las cosas, el gobernador MAFO, en lugar de reconocer que España es el único gran país que todavía no ha resuelto los problemas de su sistema financiero, sólo aborda los problemas tarde y mal cuando el incendio ha destruido regiones enteras del panorama económico, y sin embargo ahora sostiene con una desvergüenza que causa estupor que «lo importante es la anticipación». ¿Y qué hizo usted con el informe de la Inspección en 2006?, ¿lo utilizó para anticiparse?, ¿y con un informe de Moody’s de septiembre de 2007 en el que se decía que cinco cajas de ahorros tendrían graves dificultades para sobrevivir por el pinchazo de la burbuja? ¿Le sirvió para algo? Realmente, el gobernador MAFO ha hecho tanto daño a esta nación que sería un insulto que saliera de ésta de rositas y con un retiro de lujo pagado con el dinero de aquellos a quienes tan activamente ha contribuido a arruinar.

CAPÍTULO 9

MAFO falsea el crecimiento y Zapatero gana de nuevo

En los meses anteriores a las elecciones generales de marzo de 2008, el mundo entero estaba en recesión. ¿Todo? Bueno, todo no. Un país llamado «España», situado en el extremo suroeste de Europa, al igual que el poblado galo de Astérix y Obélix, resistía bravamente contra todos, no tenían la poción mágica, pero tenían a MAFO, el gobernador del Banco de España, que adelantaba los datos macroeconómicos esenciales que después el comisario político que Zapatero había situado al frente del INE, un militante del PSC, se encargaría de corroborar, décima arriba o décima abajo para que no dijeran que se copiaban. No era una poción mágica, pero sus efectos sobre el crédulo y desinformado pueblo español eran igual de potentes.

A partir del verano del 2007, el gobernador del Banco de España entraría en campaña a favor de la reelección de Zapatero, y no hubo mentira, manipulación o fechoría que no fuera capaz de hacer. Negaría la crisis por activa y por pasiva, afirmaría que teníamos el sistema financiero más sólido del universo, pero su mayor fechoría, que además sería determinante en el desenlace de las elecciones, sería la manipulación de la cifra de crecimiento de la economía. Así, afirmaría sin que le temblara el pulso que el PIB del cuarto trimestre 2007, publicado días antes de las elecciones, había crecido un 0,8 por ciento, lo que comparaba con un 0,7 por ciento del trimestre anterior, «ergo» no había ninguna crisis, estábamos creciendo y no retrocediendo como el resto del mundo, y los que afirmábamos que habíamos entrado en una crisis de enormes proporciones éramos unos fascistas, unos catastrofistas y unos antipatriotas.

Que todos los indicadores sectoriales se hubieran hundido en el cuarto trimestre respecto al tercero, que todas las cifras de afiliación a la Seguridad Social y productividad, o de consumo de gasóleo automoción, fuertemente correlacionado con el PIB, indicaran justamente lo contrario no perturbaría lo más mínimo al gobernador. España estaba creciendo de nuevo y punto; más aún, según el Banco de España, «en 2007 se produjeron significativos avances en el reequilibrio de las fuentes de crecimiento de la economía española». Había que tener una cara dura fuera de lo común para afirmar tamaña patraña. Sin embargo sus mentiras serían la pieza clave de la nueva victoria de Zapatero, y también de nuestra desgracia, ya que eso le permitió sostener su discurso esencial de que gracias a su «buen hacer» España no sólo estaba al margen de las turbulencias internacionales, sino que además éramos la única economía del mundo que estaba creciendo.

Por supuesto, el comisario político del INE confirmaría la cifra del Banco de España, porque aunque se publicarían después de las elecciones, hubiera sido demasiado escandaloso dar una cifra diferente tres semanas después; pero seis meses más tarde el INE sacaría una nueva cifra «corregida», según la cual el PIB del cuarto trimestre había crecido un 0,6 por ciento y no un 0,8 por ciento, por lo que incluso con las cifras oficiales, la economía española estaba cayendo. Esto es socialismo en acción: manipulación, mentira y demagogia, y todo al por mayor.

Pero no serían sólo el Banco de España y el INE. El 2 de marzo de 2008, el señor Caldera, un profesional de la mentira como bien sabemos sus paisanos, después de ocho meses de incremento del paro —desde junio de 2007— decidiría cambiar la tendencia siete días antes de las elecciones, subiendo el empleo en 15.000 personas, cifra que compararía con caídas de 57.000 en enero, y de 138.000 en marzo, una vez pasados los comicios. Esta cifra de paro, unida a los datos también conscientemente falsos de crecimiento en el cuarto trimestre de 2007, publicados dos semanas antes por el Banco de España, eran «prueba incontrovertible de que no había ninguna crisis»: tanto el PIB como el empleo empezaban a crecer de nuevo.

El debate Solbes-Pizarro

Unos días antes de las elecciones generales de 2008 tendría lugar un debate entre Solbes y Pizarro sobre la situación económica del país, debate que había despertado una enorme expectación tanto por la importancia de los protagonistas como del tema a debatir, y cuyo desenlace sería significativo en el resultado de los comicios. Por una serie de razones, me vería «inmerso» en el mismo, ya que un amigo y hoy diputado del PP, a través de FAES, a cuyos debates asistía regularmente, me pidió un papel sobre cómo desmontar los posibles argumentos que emplearía Solbes. El tema no podía ser más sencillo, Solbes era un mediocre totalmente previsible, incapaz de sacarse ningún «conejo de la manga», entre otras razones porque no había ningún conejo que sacar, sus argumentos eran perfectamente conocidos y, dada su falsedad evidente, facilísimos de desmontar. Envié el papel, pero además el día anterior lo publiqué en el diario Expansión. Éste es el resumen:

Don Pedro Solbes y don Manuel Pizarro mantendrán mañana un debate sobre la situación económica, y en esta confrontación hay algo que Pizarro deberá tener muy claro: dado que posee elementos suficientes para ello, tiene que salir a tumbar a su adversario desde el primer momento, porque si no gana por KO, los medios, totalmente volcados a favor de Zapatero, darán la victoria a Solbes a los puntos. Pizarro lo tiene fácil analizando el pasado, pero sobre todo la actual caída en picado de la actividad económica, tanto que si las elecciones fueran dentro de tres meses, Zapatero las perdería por goleada.

En mi opinión, Pizarro debería comenzar explicando cómo en 1996 Solbes dejó quebrada la Seguridad Social y la economía, y a años luz de cumplir los requisitos para entrar en el euro. Pero lo relevante era la actual legislatura, donde los hechos habían sido las mejoras de algunos grandes agregados macroeconómicos, consecuencia de los cambios metodológicos del INE o del propio funcionamiento de leyes económicas universales, sin nada que ver con la política económica, la infravaloración de los que eran adversos, y el reparto medieval de la renta y la riqueza creadas. Lo que sugería, en definitiva, era exponer sintéticamente los hechos que ya he explicado aquí, demostrar la falsedad de las cifras oficiales, acusar directamente al Gobierno de mentir y manipular ante la opinión pública, y sobre todo incidir en el océano de injusticia en el reparto de la renta y la riqueza creada.

Primer hecho: crecimiento del PIB. El INE cambió su método de cálculo después de las elecciones de 2004, lo que lo elevaría una media de 0,4 puntos anuales; eso permitió un crecimiento medio del 3,5 por ciento, que aun así es inferior al 3,7 por ciento durante los ocho años de Aznar. Pero, además, Solbes no ha tenido en ello ni arte ni parte, pues se ha debido exclusivamente a la disponibilidad ilimitada de crédito con tipos de interés reales negativos y al fuerte incremento de la demanda interna consecuencia de la inmigración masiva. Sin embargo, en términos per cápita, que es lo único representativo, España dejó de converger con la media europea desde 2006, y comparada con la media de los nueve países centrales hemos retrocedido al 77,4 por ciento, cuatro puntos por debajo del nivel relativo en que lo dejó el último gobierno de Franco en 1975, un 81,4 por ciento.¹⁶ Terminaba diciendo que esperaba que Pizarro no cayera en la trampa de aceptar las comparaciones con la media de la UE-25 o de la UE-27, porque eso es una estafa.¹⁷ Y además esto era con las cifras de población publicadas por el INE, basadas en los censos, y que infravaloraban la misma en 1,5 millones de habitantes, como me reconocería en privado la directora anterior al comisario político de Zapatero.

Segundo hecho: la supuesta reducción del paro. Diciendo que el PP dejó el paro en el 10,5 por ciento y que ellos lo habían bajado hasta el 8,5 por ciento, algo rotundamente falso, pues toda la bajada había sido debida al cambio en el método de cálculo introducido por el INE en enero de 2005, donde 1.169.000 parados pasaron a ser considerados ocupados a tiempo parcial. Medido en términos homogéneos, el paro no ha dejado de crecer; en concreto, calculado con la metodología anterior, el paro ha pasado del 10,5 al 11,7 por ciento, y con la metodología actual, del 7,6 al 8,5 por ciento.

Tercer hecho: la creación de empleo. Pedro Solbes y todo el Gobierno se jactan de haber creado tres millones de puestos de trabajo, cifra que es cierta, pero que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, pues como explica la teoría económica —ley de demanda de trabajo—, cuando aumenta la oferta de trabajo, en nuestro caso por la entrada masiva de inmigrantes, sube el empleo y baja el salario real, y esto es absolutamente automático, y no tiene nada que ver ni con Solbes, ni con política económica alguna. Pero además la mitad del empleo creado se había generado en el sector público.

Cuarto hecho: se ha minimizado la importancia de otros agregados macroeconómicos esenciales como el saldo de la balanza corriente, o el endeudamiento insostenible de familias y empresas. El vicepresidente ha llegado a decir barbaridades tan escandalosas como que el endeudamiento de las familias no era preocupante porque adquirían activos —viviendas— que siempre subían de precio, y el efecto riqueza contrarrestaba ampliamente el endeudamiento. ¿Y qué pasa cuando el efecto riqueza se convierte en efecto pobreza, porque los pisos están bajando de precio? ¿Y qué pasaría si tuviéramos que conseguir 100.000 millones de euros al año para seguir financiando nuestro déficit exterior y el Banco de España estuviera casi sin reservas?

Quinto hecho: «La gente vive mejor hoy», afirmaba Sobes sin despeinarse. Realmente patético cuando ha reducido la parte del trabajo en el PIB en casi tres puntos, el mínimo de todos los tiempos y el mínimo de toda Europa, cuando han empobrecido a un 60 por ciento de las familias según los datos publicados por don Julio Alcaide, nuestro mejor estadístico, o cuando la última encuesta del CIS afirma que un 84 por ciento de los españoles, el doble que en 2003, dicen vivir hoy regular, mal o muy mal.

Sexto hecho: frente al compromiso electoral de reducir la presión fiscal, la han elevado al máximo de todos los tiempos. Más de 30.000 millones de euros al año en cifras absolutas, pero además Solbes ha convertido el sistema fiscal español en el más injusto de toda la OCDE, gravando desproporcionadamente a las personas de rentas más bajas. Concretamente, y según la OCDE, la presión tributaria real sobre un trabajador casado y con dos hijos es en España la más alta de todo este grupo de países.

Y séptimo: la parte del Estado en el gasto público total ha quedado reducida al 22 por ciento, cifra que hace imposible el funcionamiento correcto de las instituciones del Estado. Así como mantener el poder de compra de los funcionarios del Estado, que verán una vez más en 2008 recortada su renta real, al tener un incremento salarial del 2 por ciento con una inflación del 4,3 por ciento. Además, el sistema de solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución y que es la piedra angular de la convivencia entre los españoles ha quedado fuertemente dañado.

Por todo esto y mucho más, concluía, «Pizarro puede y debe dejar KO a Solbes».

Sin embargo, no fue eso lo que sucedió, sino lo contrario, fue Solbes quien dejaría KO a Pizarro. El guión fue exactamente el previsto, los argumentos igual, pero, increíblemente, Pizarro fue incapaz de responder. Peor aún, se dejó zarandear como un muñeco con un Solbes crecido ante la falta de respuestas coherentes de Pizarro, y le vapuleó a placer. «Estoy ya muy harto de que digan que hay crisis, porque no hay ninguna crisis», le espetaría con toda su cara y en muy mal tono. Y Pizarro, noqueado y sin argumentos, sería incapaz de responderle. Hoy se dice que Solbes mintió y que Pizarro tenía razón, y que el debate lo ganó Pizarro. Por supuesto que Solbes mintió, eso era lo previsto, ¿o es que alguien pensaba otra cosa? Y Pizarro tenía razón, pero no ganó el debate, fue incapaz de contrarrestar las mentiras de Solbes, incluso las más obvias, y sobre todo de convencer a los españoles, y eso que lo tenía facilísimo.

Cuando terminó el debate, que había contemplado atónito, confieso que me entraron ganas de llorar, pero ¿cómo Pizarro había podido ser tan torpe? Cinco minutos después me llamaría por teléfono mi amigo del PP, absolutamente desolado, no entendía cómo había podido suceder, «es que Pizarro no sabe de macroeconomía», me dijo, pero ésa no podía ser la explicación, Solbes tampoco sabía, y con los datos que tenía Pizarro debería haber machacado a Solbes. Nunca supe la razón, pero fue un desastre. Pudo hacer ganar las elecciones al PP denunciando públicamente las mentiras y las manipulaciones, pero no lo hizo. ¡Hasta dio por buenas las cifras del Banco de España que eran manifiestamente falsas!, realmente inaudito. Después me dirían que había recibido órdenes de Génova de no ser agresivo y mantener un tono amable. Si es así, una persona como Pizarro nunca debió acatarlas, allí se iba a ganar, no a mantener un perfil bajo cumpliendo órdenes.

Zapatero repite: «delenda est Hispania»

Ciertamente hay muchos motivos que explican la nueva victoria de Zapatero, la razón de la sinrazón iría por orden de importancia, desde las mentiras del gobernador sobre el crecimiento y las expectativas de la economía y el sector financiero, el debate Solbes-Pizarro y el aplastante control de los medios, y por supuesto la falta de criterio de muchos españoles que daban más crédito a la demagogia y la mentira que a lo que veían con sus propios ojos en su entorno. Sea como fuera, y en eso creo que nadie podrá estar hoy en desacuerdo, las consecuencias para España y para los españoles iban a ser catastróficas, y eso era ya claro y previsible; sin embargo, lo que no era claro, ni siquiera para los catastrofistas y antipatriotas como yo, era la dimensión y la profundidad del desastre que se avecinaba.

Aparte de los mencionados, otro motivo significativo fue la pobre actuación del líder de la oposición, que hizo una campaña de perfil bajo pidiendo casi perdón, que era lo que le había recomendado su gran asesor áulico, y que no podía llevar más que a la derrota. En ningún momento pondría Rajoy en duda las cifras oficiales, las afirmaciones del Banco de España sobre nuestro crecimiento y sobre la fortaleza de nuestra economía, ni que la crisis mundial no nos afectaba, ni nada de nada, sus dos debates cara a cara con Zapatero los ganaría este último.

Los debates con Rajoy

Rajoy, al igual que Pizarro, en lugar de poner sobre la mesa la manipulación masiva de las cifras económicas y de la realidad del sistema financiero, que estaba inmerso en la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, ni siquiera la mencionó, ¿o es que él y sus asesores se creían también lo del sistema financiero más sólido de la galaxia? Por el contrario, Rajoy entraría al trapo como un pardillo en una discusión sobre la guerra de Irak auspiciada por Zapatero, en la que un líder de la oposición sin convicciones, incapaz de echar en cara a Zapatero su traición a nuestros aliados y al mundo occidental, saldría malparado. ¿Cómo iba a ganar así? ¿Cómo se podía ser tan torpe? Rajoy demostraría ser incapaz de ganar unas elecciones, otra cosa distinta es que el otro las pierda, que es lo que aparentemente pasará el 20-N.

Por supuesto, los medios, esencialmente las televisiones, se volcaron a favor de Zapatero, pero eso era culpa del PP, que en la segunda parte de la legislatura de Aznar entregaría, a sugerencia de Rato, que tendría por ello un duro enfrentamiento con Álvarez Cascos, unas enormes cuotas de poder a sus enemigos, y muy especialmente al grupo PRISA, en lugar de borrarlo del mapa, que es lo que hubiera hecho cualquiera con un mínimo de sentido común.

Pero aun así los verdaderos protagonistas de la reelección de Zapatero fueron los once millones de españoles que le votaron, al final del día ellos fueron los culpables. Otra de las citas de mi amigo Cela tenía que ver con esto: «En España, si los descerebrados volaran, cambiaría el clima», porque las bandadas que formarían serían tan numerosas y espesas, explicaba, que no dejarían pasar el sol. Tenía razón, la densidad de descerebrados por kilómetro cuadrado en nuestro país es la más alta sin duda del mundo desarrollado. Pero aun así resultaba increíble, con los escasos medios de que disponía, yo me desgañité a explicarlo desde dos meses antes de las elecciones, pidiendo que no votaran a Zapatero porque sería su ruina, que buena parte de los que le votaran estarían en el paro en pocos meses, y mil cosas más, y no era que yo y otros catastrofistas lo dijéramos, es que era obvio para cualquier persona que tuviera los ojos abiertos. Si no me creen a mí, decía, miren a su alrededor, miren en su casa, en su barrio, votar a Zapatero es votar su propia ruina. Y lo ha sido.

El 9 de marzo de 2008 se celebrarían las elecciones y el Partido Socialista obtendría 169 escaños, cinco más que en 2004, lo cual realmente, y aunque cueste reconocerlo, dice muy poco de la capacidad de análisis y raciocinio de los españoles como sociedad. El resultado de las elecciones fue en todo caso el triunfo arrollador del bipartidismo, un triunfo de la dictadura partitocrática antidemocrática y corrupta implantada en la Transición. A partir de ese momento la corrupción llegaría a cotas tales que parecen imposibles de superar en el futuro. UPyD, un partido emergente que sacaría los mismos votos que el PNV, tendría derecho a un escaño frente a seis los segundos. ¿Y a esto se le llama democracia? El gobierno que nombraría después sería sin duda el segundo peor de la historia de España (lo superaría después), muchos de los ministros sin preparación, sin educación, sin saber estar, serían un insulto a la inteligencia y algo que causaría la hilaridad y la mofa en todas las cancillerías, pero claro, eso es lo que los españoles habían votado y además con contundencia, así que eso es lo que tenían. Además, si alguien creyó que tal gobierno era imposible de empeorar, se equivocaba de pleno. Sólo cabía una conclusión para lo ocurrido «delenda est Hispania», y así se lo dije a todo el que me quiso oír.

El debate de investidura

Muchos expertos y almas bienintencionadas dirían que lo de que no hay crisis y que éramos los mejores del mundo era para ganar las elecciones, porque no es posible que se lo crean, así que ahora que ha ganado reconocerá la realidad y se pondrá manos a la obra. Por ello se daba por supuesto que Zapatero se «emplearía a fondo» en el debate de investidura, para explicar un paquete de medidas económicas con el que hacer frente a lo que eufemísticamente denominaban «suave desaceleración». Y lo primero que hay que decir es que lo expuesto en el debate fue un fraude intelectual en el que Zapatero mintió de nuevo deliberada y conscientemente a los españoles sobre la realidad de la situación, y donde el plan de actuación presentado fue una tomadura de pelo. Como ingeniero y economista sentí vergüenza y sonrojo al ver al Gobierno de mi país proponiendo un «plan de choque» para afrontar la mayor recesión en treinta y cinco años con medidas irrisorias en efectividad y dimensión.

El gran problema era que tanto Solbes como Zapatero actuaban como si creyeran las mentiras del Banco de España y del sistema estadístico nacional que ellos mismos se habían inventado y obligado a publicar. Y pensaban que, como ocurrió en los tres primeros años de legislatura, las cosas funcionaban solas y resultaba innecesario acometer reformas que permitiesen recuperar el crecimiento. El drama era que el ministro de Economía, que no vicepresidente, como demostró cumplidamente en la crisis de los años noventa, y volvía a demostrar ahora, ni entendía cómo funcionaba la economía ni tenía la menor idea de los problemas a los que nos enfrentábamos. Peor aún, Solbes era un pusilánime incapaz de mantener su autoridad, sus convicciones y sus principios, y aceptaría sin rechistar el nombramiento de su tradicional enemigo, Miguel Sebastián, como ministro de Industria y Energía, a pesar de haber puesto como condición para continuar su exclusión expresa del área económica y la adscripción de Energía a su ministerio.

«Frenazo en seco»

En todo caso, el problema era que el conjunto de indicadores y datos del primer trimestre de 2008 definían una situación de recesión de una profundidad desconocida, y lo peor era que el ritmo de deterioro de la economía se estaba produciendo a una velocidad tal que cada mes veíamos superadas las peores previsiones.

Y lo siguiente a resaltar eran dos conclusiones escalofriantes, que se desprendían de los datos publicados. La primera, que la economía había dejado de crear empleo, y la segunda, que el crecimiento en ese primer trimestre había sido sólo del 0,2 por ciento, frente al 0,8 por ciento del anterior que nos había contado MAFO. El director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros, don Ángel Laborda, daba los datos en un análisis que acertadamente titulaba «Frenazo en seco». La caída en picado de las cifras de afiliación a la Seguridad Social demostraban inequívocamente que el empleo había dejado de crearse, es decir, todo el incremento de población activa iba ya directamente al paro, lo que ponía al descubierto las trampas masivas con las cifras de paro registrado perpetradas por mi paisano Caldera justo antes de las elecciones.

Pero la consecuencia derivada de lo anterior es peor. El PIB había crecido un 0,2 por ciento en este primer trimestre, algo que para el Gobierno sólo significaba que el crecimiento de la economía en tasa interanual había pasado del 3,5 al 2,7 por ciento, algo irrelevante, pero ésa no era la lectura real, ya que, como afirmaba Alan Greenspan en sus memorias, y es perfectamente conocido de los analistas, «los datos del último trimestre disponible son mucho más útiles para la predicción que todos los modelos juntos, por eso me afano siempre en desentrañar los últimos datos disponibles». Las mejores proyecciones sobre la marcha de una economía se consiguen extrapolando a nivel año el último crecimiento trimestral disponible. ¿Y qué teníamos entonces? Pues un desastre peor que todo lo que habíamos venido pronosticando catastrofistas y antipatriotas: el crecimiento de la economía española se había desplomado al 0,8 por ciento en tasa anual, lo que unido a una inflación del 4,5 por ciento definía una situación inequívoca de estanflación, o estancamiento con inflación, el peor de los escenarios posibles.

Alicia en el País de las Maravillas

Pero, volviendo al debate, hubo dos partes perfectamente diferenciadas en el discurso del candidato: análisis de la situación y paquete de propuestas. Respecto al primero, Zapatero expondría un panorama idílico propio de Alicia en el País de las Maravillas: España estaba mejor preparada que nunca para afrontar cualquier cosa, y la culpa no era nuestra, era de Estados Unidos y de los mercados financieros internacionales, menos el nuestro, que era el más sólido del mundo mundial.

Por el contrario, los desequilibrios esenciales eran tan gigantescos que jamás habíamos sido tan vulnerables. Teníamos el déficit exterior mayor del mundo desarrollado, más del 10 por ciento del PIB, el doble del siguiente, que era el de Estados Unidos. Nuestra deuda exterior era de 2,5 veces el PIB, el doble que en 2004, las AA. PP. debían ya 300.000 millones, los Bancos, 700.000 y las empresas, 600.000. En números redondos, unas cantidades inmensas, aunque nada que ver comparadas con las actuales, un 50 por ciento de las cuales tenían que ser refinanciadas en poco más de un año, en condiciones muy exigentes, tanto que sólo por esta causa tendríamos una reducción significativa del PIB y del empleo. Además, la deuda de las familias se situaba en el máximo de todos los tiempos, 665.000 millones de euros. Como nos recordaba entonces la prensa inglesa, «España se encamina a la mayor debacle económica de la historia moderna». Había que ser un irresponsable absoluto para ocultar la verdad de esa manera.

La indecencia de Zapatero

La otra parte del análisis de la situación podría encuadrarse en la palabra «decencia», la gran novedad del discurso de Zapatero, que la repetiría dieciséis veces. Mencionaré cuatro engaños principales: distribución de la riqueza, paro, gasto social y solidaridad e igualdad entre todos los españoles. «Somos un país decente, que redistribuye con equilibrio la riqueza que genera», dijo, una afirmación indecente cuando se ha empobrecido al 60 por ciento de las familias, cuando se ha enriquecido hasta límites inimaginables a una élite empresarial y financiera, y cuando se ha reducido la parte del trabajo en el PIB a su mínimo histórico y al mínimo de toda la UE. «Somos un país decente, que hemos reducido drásticamente el paro», otra afirmación indecente: el paro se había reducido sólo sobre el papel por los cambios metodológicos introducidos por el INE. Medido en términos homogéneos, el paro no había dejado de crecer.

«Somos un país decente, nuestro Gobierno tiene una indiscutible vocación social, y hemos incrementado enormemente el gasto en esta área», afirmó el candidato sin sonrojarse, otra farsa indecente, particularmente para las familias menos favorecidas. El gasto social había crecido lógicamente en términos monetarios, ¡hasta ahí podíamos llegar! En concreto un 39 por ciento entre 2004 y el presupuesto de 2008 si se cumplía, pero como el PIB había subido todavía más, un 42 por ciento, el «esfuerzo social», es decir, el gasto social como parte de la riqueza nacional, se había reducido del 14,4 por ciento al 14,0 por ciento, y el PP sin enterarse. Zapatero había reducido el esfuerzo social de España, lo que no ha ocurrido en ningún otro país europeo, y si nos referimos al gasto social per cápita, éste era el menor de toda la UE.

«Incrementaremos el gasto social y bajaremos los impuestos»

Y para rizar el rizo, lo remachó con otra indecencia: «Incrementaremos el gasto social y bajaremos los impuestos», afirmó solemne. Realmente era evidente, si es que alguien había podido dudarlo, que los destinos de esta gran nación habían caído en manos de un demente. ¿Cómo podía afirmarse tal barbaridad en medio de una crisis? Lo de incrementar el gasto social era un insulto a las clases menos favorecidas, porque tendría que bajar, y además era lo que estaba previsto pues así lo había anunciado Solbes, y efectivamente sucedió, aunque muchísimo más de lo que nadie hubiera podido imaginar. Y lo de no subir impuestos, ¿cómo podían tener la desvergüenza de afirmar tal cosa, si la presión fiscal había subido ya por la inflación, un 4,5 por ciento el IVA, que es el impuesto de los pobres, y el IRPF se había corregido sólo un 2 por ciento? Un incremento fiscal de 4.000 millones, incremento que recaería en un 80 por ciento sobre la clase media y las clases menos favorecidas. Y, finalmente, la afirmación de que ha mejorado la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles, que como bien dijo es un derecho constitucional e inalienable, simplemente no tiene pase, es una burla sangrante.

«Ellos nos votaron, nadie les obligó, ahora sólo pagan las consecuencias»

Entrando en las medidas propuestas, éstas se concretaban en dos grupos principales: reactivación del sector de la construcción mediante el adelanto de licitación de obra pública ya programada, más construcción de VPO, y devolución de 400 euros a los contribuyentes con rentas superiores a 22.000 euros al año. Es decir, los obligados a declarar por IRPF, que son el 40 por ciento más «rico» de la población, mientras al 60 por ciento más pobre, que normalmente vota a los socialista, son mileuristas, pensionistas y similares, que les zurzan. Y el resto, ayudas a parados, etcétera, era pura demagogia tercermundista que ni merece mencionarse. Descartando la broma de los 400 euros, ya que, aparte de la flagrante injusticia distributiva, lo que se da con una mano a los más «ricos» se le quita por una cantidad similar vía aumento de la presión fiscal a los más «pobres», la obra pública era la típica medida keynesiana que no se aplicaba en ningún país desde hacía más de treinta años. La obra pública apenas genera empleo y tiene efectos colaterales muy negativos, como el crowding out o expulsión de la inversión privada, algo particularmente grave en un contexto de crisis financiera. Plantear entonces, y hoy, medidas de estimulación de la demanda vía incremento del gasto no se le ocurre ni al que asó la manteca, pero gastar es lo único que los socialistas saben hacer.

Además se trataba sólo de adelantar lo presupuestado, es decir, nada, porque en España al Estado lo han dejado en cueros, con menos de la mitad de recursos que un Estado federal, no hay ya para pagar y menos dotar a los funcionarios, ya que restando gastos fijos, como deuda pública o aportación a UE, le queda poco más del 16 por ciento del gasto total. Realmente nos hemos vuelto locos.

Y las VPO tampoco tenían fundamento. Que el Estado se pusiera a construir obra nueva cuando había más de millón y medio de viviendas en venta y otro millón en construcción, era un puro dislate. El gran problema en las crisis inmobiliarias, y cito de nuevo a Alan Greenspan, es la «incertidumbre sobre el valor de los bienes inmuebles, que tienen como garantía de préstamos una incertidumbre que deja a los banqueros paralizados, asustados y reacios a prestar más», y continúa, «en estos casos hay que ir sin demora a un sistema de pujas, sacando activos por bloques, no hay nada como un saldo para estimular la demanda». Éste era el camino, contribuir a clarificar el mercado y no a complicarlo más incrementando la oferta, es decir, haber promovido subastas para comprar 150.000 o 300.000 viviendas, que se revenderían después como VPO. Por supuesto, los vendedores tendrán que ser realistas, la banca extranjera estaba liquidando masivamente deuda hipotecaria española al 40 por ciento de su valor. ¿Mucho, poco? Pero los propietarios tendrían que decidir entre recuperar, aclarar la situación y empezar sobre una base sólida, aceptando fuertes descuentos por bloques, o vender pisos gota a gota y arruinarse en el camino. Afortunadamente, como en tantas otras cosas, el plan no se llevó a cabo.

Pero el resumen era claro: Zapatero, como siempre, había mentido masivamente a los españoles, la recesión era más profunda y estaba avanzando a un ritmo mucho más acelerado de lo que preveíamos los catastrofistas y antipatriotas, las medidas de «choque» y el gobierno «social» eran de vergüenza ajena, y quienes pagarían el pato serán los menos favorecidos. Si Zapatero había empobrecido al 60 por ciento de las familias cuando la economía crecía al 3,7 por ciento, ni si imaginan lo que podía ocurrir a partir de ahora. Como decía Goebbels cínicamente en los últimos días de Berlín refiriéndose al pueblo alemán: «Ellos nos votaron, nadie les obligó, ahora que no se quejen, sólo están pagando las consecuencias.»

«Durante las vacas gordas se hizo todo lo posible para que vinieran las flacas»

La valoración más precisa de la actuación del gobierno de Zapatero, sería magistralmente resumida por el profesor Velarde, maestro de varias generaciones de economistas: «En la época de vacas gordas, se hizo todo lo posible para que llegaran las vacas flacas.» Vacas flacas que serían mucho más profundas y de mayor duración de lo que la gente pensaba, y que además, al contrario de otras crisis, afectaría de lleno al consumo de las familias y al bienestar de la población. Peor aún, nuestra economía no se había adaptado en absoluto a la globalización, ya habíamos perdido un 25 por ciento de nuestra cuota exportadora internacional, e íbamos justo en sentido contrario a lo necesario, lo que unido al demencial Estado de las Autonomías, con un nivel de despilfarro y corrupción inasumibles por cualquier país, habíamos iniciado un proceso de declive económico de duración y consecuencias imprevisibles.

Y para comprender estos hechos, que nos guste o no encuadran nuestra realidad económica, una forma de explicarlos es describir algunas de las grandes mentiras de la crisis, que por orden cronológico podrían resumirse así.

a) Durante la primera legislatura, Zapatero no hizo nada en absoluto. Los desequilibrios fundamentales crecieron exponencialmente y no fue acometida ni una sola reforma estructural. La disponibilidad ilimitada de crédito a tipos de interés negativos, y la abundancia de mano de obra barata, consecuencia de la inmigración incontrolada, permitirían un crecimiento elevado de corte tercermundista, y como tal, con un reparto medieval de la renta y la riqueza creadas.

b) A mediados de 2006 la Inspección del Banco de España advertiría por escrito al gobernador y al vicepresidente de los enormes riesgos en que estaba incurriendo el sistema financiero; con la irresponsabilidad de su comportamiento y los graves riesgos que ello suponía para nuestro futuro económico. Sorprendentemente, porque eso jamás había sucedido en el pasado, ya que los informes de la Inspección iban a misa, ni el gobernador ni el vicepresidente harían el menor caso.

c) A principios de 2007, la economía había alcanzado su punto de inflexión, y los desequilibrios, particularmente el exterior y el endeudamiento de familias y empresas, eran sencillamente insostenibles. Esto era claro y meridiano, y así lo manifestamos algunos de los antipatriotas, pidiendo que el gobierno actuara. También, todos los grandes medios mundiales auguraban el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero como el pesimismo no crea puestos de trabajo (Zapatero dixit), Solbes y el Banco de España no sólo no hicieron nada, sino que dedicaron todas sus energías a mentir y a engañar a los ciudadanos. Lo más grave, tal vez, fue la increíble afirmación de que el endeudamiento no era importante, pues quedaba más que compensado por el efecto riqueza derivado de la revalorización de los activos adquiridos.

d) En agosto, la crisis financiera internacional aceleraría notablemente la caída de la economía real. La respuesta de Solbes y del Banco de España fue sencillamente demencial, «la crisis financiera no nos afecta» y «tenemos el sector financiero más sólido del mundo». ¿Cómo una crisis financiera mundial no iba a afectar al país más endeudado del planeta? Y respecto a la supuesta solidez del sector financiero, un sistema que había concedido masivamente préstamos a largo plazo y con una irresponsabilidad escalofriante, avalados por activos que no cubrían ni la mitad de lo debido, y financiados con préstamos obtenidos a corto plazo, era una megainsensatez que habría llevado a la quiebra a más de la mitad del sector de no ser por la ayuda masiva del BCE, más del doble, con relación al tamaño, de lo que estaba recibiendo el sector financiero norteamericano de la Reserva Federal. Que el sistema tuviese reservas específicas era el chocolate del loro. Sólo serviría para cubrir por un tiempo la morosidad de las familias, pero no había ni para empezar con las subprime españolas ni con la deuda de los promotores. La mayoría no puede devolver un céntimo. Las entidades financieras se apresuraron a cambiar las acciones que tenían como garantía —equity swap— por activos cuidadosamente seleccionados, y la pregunta era: ¿cuánto van a tardar estas inmobiliarias en suspender pagos cuando finalice el proceso? Y ¿qué les quedará a los proveedores y pequeños accionistas después de quedarse sin el solomillo? No obstante, el mayor problema a corto plazo del sistema financiero eran los vencimientos de la inmensa deuda con el exterior, BCE excluido.

e) Antes de las elecciones, Gobierno y Banco de España afirmaban que 2008 se cerraría con un superávit de las AA. PP. del orden del 1 por ciento, algo realmente obsceno. A mediados de año, el déficit del Estado era del 1 por ciento y en ayuntamientos y CC. AA. la situación era dramática aunque no cuantificada, porque las trampas y las ocultaciones eran la regla de conducta, y ello a pesar del fuerte incremento de la presión fiscal sobre la clase trabajadora y la clase media derivada del efecto del aumento de la inflación en IVA e IRPF, lo que auguraba la próxima subida de numerosos impuestos. Era una irresponsabilidad absoluta que Solbes, que carecía de recursos para financiar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, les prometiese un dinero que ni tenía ni iba a tener.

f) El paro estaba creciendo exponencialmente, y el porcentaje de jóvenes parados (25 por ciento) era el mayor de toda la eurozona. Aunque nada tenía que ver con lo que ocurriría después. Por primera vez en casi cuarenta años, los españoles volvían a emigrar a Europa —vendimia, manzana, etcétera— para poder sobrevivir.

g) Finalmente, la gran estafa a la clase trabajadora, el supuesto sesgo social de la política económica del Gobierno. Aparte de la distribución oligárquica de la renta y la riqueza creadas, cuantificada por Julio Alcaide y otros estadísticos, España era el único país de Europa, como ya he explicado, donde ha disminuido el «esfuerzo social», y con un deterioro impresionante de la sanidad, la educación y los servicios sociales esenciales.

En definitiva, nuestra economía presentaba una dinámica y un patrón de crisis completamente nuevos, estructurales y de larga duración. Serían necesarios años de ajuste muy duro y totalmente incompatible con el actual Estado de las Autonomías que es infinanciable. Por ello, en lugar de preguntarse cuándo se producirá una imposible recuperación, lo pertinente era preguntarse justo lo contrario, ¿hasta dónde iba a llegar el derrumbe? Y ¿cuáles iban a ser los siguientes sectores en caer? La mitad del financiero, la Seguridad Social y las cuentas públicas eran tres apuestas seguras.

Mientras discutían el sexo de los ángeles, lo peor estaba por llegar

Y mientras la economía seguía cayendo día a día, y a una velocidad desconocida en nuestra historia económica, a semejanza de los bizantinos del siglo XV, discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos escalaban las murallas de Constantinopla, políticos, medios y gobierno se enzarzarían en uno de los debates más estériles de los que se tiene memoria: buscar la forma de que el presidente del Gobierno pronunciase la palabra «crisis», como si tal reconocimiento pudiera cambiar en algo la dramática situación en la que se encontraba nuestra economía.

Lo único relevante eran las medidas que había que adoptar, pero la realidad era que el Gobierno no tenía ni la menor idea de a qué nos enfrentábamos, y ante ello creía o quería creer que, al igual que en el pasado, las cosas en economía se arreglarían solas, no había más que esperar. Si durante más de tres años se había estado creciendo sin que el gobierno moviera un dedo para ello, ¿por qué razón no va a ocurrir ahora lo mismo? Por tanto, todo es cuestión de esperar, algo que el tiempo político permitía holgadamente. Además, Zapatero se encontraba cómodo con la situación, pues le estaba permitiendo hacer precisamente lo que mejor sabe: prometer lo que no puede cumplir, realizar planteamientos sectario-progresistas y mentir masivamente.

Las delirantes propuestas de Zapatero al 37.º Congreso Federal

En este contexto, las propuestas del 37.º Congreso Federal, en un momento en el que estábamos entrando en lo que será, sin duda, la mayor crisis económica y social en varios siglos, fueron sencillamente delirantes. ¿Que el paro está creciendo exponencialmente y no sabemos qué hacer para arreglarlo? A cambio ofrecemos a los parados algo mucho más importante, el acoso a la Iglesia y a la fe católicas, y la supresión de los crucifijos y otros signos religiosos cristianos, aunque no musulmanes. ¿Que, como consecuencia de los brutales aumentos de precios, un 50 por ciento de las familias no puede llegar ya a fin de mes y tiene que realizar sus compras contando los céntimos? Tampoco sabemos qué hacer, pero les ofrecemos algo mucho mejor: ampliar la Ley del aborto. ¿Que, como consecuencia de las subidas de tipos, millones de familias, engañadas por un irresponsable Solbes, se encuentran al límite económico? Ningún problema, para los más desesperados se pondrá en marcha una Ley sobre la eutanasia.

Y no sólo eso, un Zapatero exultante, en su línea habitual de promesas vacías, afirmaría que «el gobierno no va a incumplir ninguno de sus compromisos sociales», y eso lo decía justo cuando estaba llevando a la quiebra a la Seguridad Social. Un estudio actuarial de la Universidad de Valencia acababa de demostrar que ya no podían cubrirse más de los dos tercios de las prestaciones comprometidas, que los inmigrantes suponían una gigantesca losa, pues su coste en prestaciones sociales era muy superior a lo que aportaban, y que el tan cacareado Fondo de Reserva sólo daría para un tiempo limitado. También afirmaría con el desparpajo y el ultraje a la verdad que le caracterizan que «las personas vulnerables son las que más le preocupan», le preocupaban a él, que ha fomentado el capitalismo más depredador del mundo desarrollado, que había empobrecido a un 60 por ciento de las familias, mientras éramos el país europeo con un mayor incremento en el número de millonarios. Le preocupaban a él, cuando nos había situado a la cola de Europa en gasto social per cápita. ¿Hasta cuándo una sociedad civil puede seguir sin reaccionar ante tanto dislate? Una sociedad civil normal no sé, pero la española parece que indefinidamente.

Pero ¿dónde estábamos en realidad?

Pero más allá de la demagogia, más allá de las promesas sin posibilidad de cumplimiento y de las palabras huecas, la gran cuestión era muy clara, ¿dónde estábamos en realidad? Por supuesto, no estábamos en 1993 como decían muchos analistas, ni en una estanflación similar a la de finales de los años setenta; estábamos mucho peor. La caída del ahorro y la de la inversión eran ahora muy superiores, el endeudamiento exterior, entonces un 16 por ciento del PIB, era ya de más del 300 por ciento y creciendo, el endeudamiento de familias y empresas era cinco veces más alto, nuestro déficit exterior, entonces del 1 por ciento del PIB, era superior al 10 por ciento, algo que no estaba en los escritos.

Nuestra economía presentaba una dinámica y un patrón de crisis completamente nuevo: estructural y de larga duración, pero no igual a la japonesa de 1993, durante la cual el sector exterior siempre se mantuvo fuertemente positivo, serán años de ajuste muy duro, y no meses, como afirmaban muchas almas cándidas. Trataré de sintetizar algunos hechos básicos, y el primero es que de los posibles motores que podrían ayudar a salir del pozo al que estábamos cayendo no había ninguno con capacidad de hacerlo en un futuro previsible.

La industria manufacturera, que registraba ya tasas negativas tanto interanuales como trimestrales, superiores al «ladrillo», carecía totalmente de posibilidades, España no se había adaptado en absoluto a la globalización, y la industria sólo podía ir a menos, no a más. La construcción, con 1,5 millones de casas en venta, en contra de las mentiras oficiales o interesadas, y un millón más en construcción, tenía viviendas para diez años, pero eso cuando se empiecen a vender, porque de momento no se vendía nada. El sector exterior, en el que habíamos perdido casi un 30 por ciento de cuota de mercado, sería, según don Miguel Sebastián, el de los veinte millones de inmigrantes, el «motor que solucionará la crisis», pero con un euro sobrevaluado, una productividad por los suelos y empeorando rápidamente, una enseñanza tercermundista y una dependencia del petróleo y del gas que doblaba la media europea, escribir a los Reyes Magos tendría sin duda muchas más posibilidades.

Los servicios estaban a su vez en caída libre, con 110.000 afiliados menos en mayo, justo cuando comienza la campaña de verano, por lo que malamente serán motor de nada. Y si a todo eso uníamos el desastre sin paliativos del Estado Autonómico, con un coste —cuatro veces más funcionarios que un Estado centralizado—, un despilfarro y una corrupción desconocidas en nuestra historia, y que pone mil barreras burocráticas y lingüísticas al comercio interior y a la entrada de empresas en nuestro país, ¿alguien puede explicar cómo podría iniciarse la recuperación en tales condiciones?

Zapatero «encargaría» a la CEOE y los sindicatos comisionistas la tarea de sacarnos de la crisis

Y termino: Zapatero anunció también que «consensuaría todas las medidas», es decir, una dejación de responsabilidades sin precedentes, algo insólito en el mundo civilizado. ¡Ahora resulta que serían la CEOE y los sindicatos los encargados de sacarnos de la crisis! El Gobierno no iba a hacer absolutamente nada sin su acuerdo, nada excepto subvencionar con 35.000 millones de euros a los reyes del ladrillo, cuando son las pymes, estranguladas financieramente, quienes necesitan desesperadamente los avales del ICO. O sea, no sólo estábamos a la deriva, estábamos completamente locos.

CAPÍTULO 10

Camino a la depresión

La depresión es un concepto empleado para designar una crisis profunda, prolongada y acumulativa, algo que entra en la categoría del desastre. A finales de 2008 no sólo estábamos en una crisis, sino que los motores que nos habían impulsado los últimos quince años se habían esfumado, y además teníamos el peor gobierno en siglos, lo que nos llevaba directos a la segunda depresión de nuestra historia —la primera fue en 1818, consecuencia de la guerra de la Independencia, la más sangrienta y devastadora de nuestra historia, y de la pérdida de América, y duraría más de veinte años—. La evolución de nuestra economía no tenía forma de U y ni mucho menos de V, como afirmarían el Gobierno y no pocos analistas, estaba evolucionando en forma de L, por lo que era obvio para cualquiera que tuviera los ojos abiertos que íbamos a experimentar un fuerte deterioro económico a partir de 2009 que sólo Dios sabía cuándo podía detenerse, ya que nuestros desequilibrios se agravaban cada día y no existía la menor voluntad política de abordarlos, sólo de negarlos y ocultarlos.

Y esto no era catastrofismo, ni siquiera un juicio de valor, eran matemáticas y extrapolación estadística de las tendencias más obvias. El propio Financial Times señalaba entonces: «España encara la perspectiva de algo peor que una recesión, una depresión de tipo nunca visto», aunque la realidad demostraría que los catastrofistas y antipatriotas nos quedaríamos muy cortos, que la España que saldrá de la crisis, cuando quiera que eso ocurra, será más pobre, con una clase media gravemente dañada, que habrá perdido buena parte de su riqueza, y por supuesto retrocedido fuertemente en renta y riqueza relativa respecto al resto del mundo desarrollado. Por primera vez en dos siglos, los hijos serán más pobres que los padres, y probablemente los nietos más pobres que los hijos.

Una realidad mucho peor que la versión oficial

Como he venido diciendo desde el principio, y esto es algo central si se quiere entender lo que ha estado pasando, en la España de Zapatero tenemos un grave problema con las cifras oficiales. El sistema estadístico nacional manipula todos y cada uno de los datos macroeconómicos, a veces de forma tan desmesurada que la cifra real se encuentra a años luz de la oficial. Por esta razón, cualquiera que pretenda saber cuál es la realidad tiene que elaborar sus propias cifras, como hacen las grandes multinacionales que operan en nuestro país.

La caída del PIB

Empecemos por el PIB. La estimación «oficial» trimestral del Banco de España caería hasta el 0,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2008, lo que significaba un desplome del –2,8 por ciento elevado a tasa anual, pero es que además la cifra oficial, como de costumbre, se encontraba por debajo de todas las estimaciones realizadas por vías indirectas difícilmente manipulables. Dentro de estas vías indirectas, los procedimientos más habituales nos daban cifras mucho mayores. El basado en las afiliaciones a la Seguridad Social y la productividad nos daba una caída en tasa anualizada del 5 por ciento; el basado en la fuerte correlación entre el consumo de gasóleo automoción y PIB, el –6 por ciento, y las realizadas a través de la evolución de los componentes del PIB, consumo privado, inversiones, gasto público y saldo de la balanza comercial, estimados vía ventas interiores deflactadas, consumo de energía, consumo aparente de cemento, ventas de vehículos industriales, disponibilidades de bienes de equipo, etcétera, se encontraban también en torno al –6 por ciento.

En definitiva, la economía estaba cayendo en realidad en el entorno del –5 por ciento, y eso era una depresión. Pero más importante que el dato puntual era la tendencia, y justo al contrario de lo que afirmaba el señor Zapatero sin absolutamente ningún dato que lo avalase, excepto su mendacidad sin límites, ésta nos indicaba que caíamos a gran velocidad. Y así lo demostraban todos los indicadores adelantados, como pedidos industriales, visados de construcción, etcétera. La caída de abril de las ventas de automóviles, la peor de nuestra historia, era no sólo otro indicio claro sino también, como señalaba recientemente el Dr. Pankaj Ghemawat, de Harvard, autor de numerosos trabajos sobre la crisis, actualmente profesor de la escuela de negocios IESE y profundo conocedor de nuestra realidad económica: «La industria del automóvil no podrá sobrevivir en España más de diez años.» ¡Justo lo que nos faltaba!

El crecimiento del desempleo

El segundo indicador era el de los datos de paro, una cifra terrorífica, 766.000 nuevos parados, pero con tres agravantes: el primero, que la población activa había dejado de crecer, por lo que la totalidad del paro había sido destrucción de empleo. España destruía nueve de cada diez empleos europeos; el segundo, que el Plan E, que luego explicaré, una increíble chapuza de Zapatero, puesto en marcha en enero de 2009 para estimular el empleo, había creado hasta fin de marzo más de 100.000 empleos temporales que volverían al paro en diez meses, pero que de momento estaban empleados, y el tercero, que había 200.000 personas afectadas por ERE, que no estaban en el cómputo pero que ninguno volvería a trabajar. Pues bien, haciendo abstracción de ello y haciendo abstracción también de la metodología implantada por el INE desde enero de 2005 de los «parados desencantados» (terminología del Banco de España para referirse a las personas, en su mayoría jóvenes universitarios en paro, que no habían hecho gestiones activas para la búsqueda de empleo en la semana anterior a la realización de la EPA, y que el INE clasifica como «inactivos»), si ese ritmo prosiguiese, y prosiguió, a fin del año 2004 nos acercaríamos a los cinco millones y medio de desempleados. Y eso era una depresión.

El deterioro de las cuentas públicas

En el primer trimestre de 2004, los gastos crecieron al mismo ritmo que en la época de las vacas gordas, mientras que los ingresos habían caído en un 20 por ciento. Esto nos llevaría a fin de año a un déficit computable a efectos de Maastricht y sólo del Estado de 70.000 millones de euros o el 7 por ciento del PIB. A esta cifra le debíamos sumar los gastos que van directamente a deuda, pero que forman parte de la diferencia entre ingresos y gastos, que es lo relevante, los 8.000 millones del Plan E, el manguerazo de 9.000 millones que entregaría Zapatero a las CC. AA. para que siguiesen despilfarrando, los 9.000 millones de CCM para tapar lo que algunos se han llevado a carretadas, y que ni el PP ni el PSOE quieren investigar, y los 20.000 millones en infraestructuras, que van por el título VIII, directamente a deuda. Total, 116.000 millones de euros, o el 11,6 por ciento del PIB de diferencia entre ingresos y gastos del Estado, tanto si va a déficit como si va a deuda, a lo que hay que sumar el déficit de CC. AA. y ayuntamientos, y la deuda con proveedores que estaba creciendo como la espuma. En conjunto, un socavón del 16 por ciento del PIB. Y eso era una depresión.

El rápido deterioro del superávit de la Seguridad Social

Y luego el rápido deterioro del superávit de la Seguridad Social. De 14.400 millones de euros a finales de 2008 habíamos pasado a 7.100, o sea, habíamos perdido la mitad del superávit en sólo tres meses. Mientras Zapatero, con su mendacidad habitual, afirmaría en el Congreso sin inmutarse que «el superávit de la Seguridad Social se mantendrá en 2009 y en los próximos veinte años, lo que nos permitirá seguir subiendo las pensiones mínimas, y mejorar las prestaciones de la Seguridad Social». ¿Cómo se puede ser tan increíblemente tramposo?, pero sobre todo, ¿cómo se podía engañar así a 8,8 millones de jubilados, muchos de los cuales sólo cuentan con la pensión para sobrevivir? En otras palabras, la Seguridad Social estaba a punto de quebrar, tanto que Zapatero había sido advertido por Bruselas de la insostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de la reducción urgente de la deuda pública. Y eso es una depresión. De hecho, sólo dos años después la Seguridad Social entraría en una espiral de déficit acelerado.

La locura autonómica a toda marcha

Y finalmente los dos grandes problemas sin cuya solución previa cualquier salida es imposible. El primero, la locura autonómica. «España se parece al modelo económico de los reinos de taifas, donde no se potencia la demanda interna como en Estados Unidos, Japón o Brasil», señala el Dr. Ghemawat, un mercado interno fragmentado en 17 trocitos, un desastre sin paliativos para la productividad y el comercio. Peor aún, las CC. AA. gastarían ese año —PGE 2009— 177.000 millones de euros —¡el 70 por ciento del gasto público!— más lo que Zapatero, que literalmente había enloquecido, les entregaría adicionalmente con cargo a deuda que pagarán nuestros hijos y nietos, y de todo lo cual 85.000 millones de euros eran ya puro despilfarro. ¿Es que alguien en su sano juicio podía pensar que en estas condiciones un país era económicamente viable?

El sistema financiero mintiendo sobre valor de activos. Morosidad y capacidad de repago de su inmensa deuda exterior

Y el segundo gran problema era el sistema financiero, cuyos balances no reflejaban ni de lejos la realidad, el valor real de los activos era muy inferior al contabilizado, la morosidad publicada no tenía nada que ver con la real, unas dos veces mayor, incluyendo activos aceptados a precios irreales, y para remate, el sistema debía al exterior el equivalente a casi cinco veces su capital y reservas, y tenía que devolver o refinanciar a razón de unos 80.000 millones al año. Y así las cosas, estos insensatos, PP incluido, han decidido tirar a la basura 9.000 millones de euros con CCM, el 0,8 por ciento del sistema, una entidad sin salvación posible, que serían 155.000 millones si las siete cajas —14 por ciento del sistema— con gravísimos problemas tuvieran el mismo trato. Luego quedaba el 86 por ciento restante, que también necesita ayuda. Y mientras se despilfarran a ciegas decenas de miles de millones de los contribuyentes, la falta de crédito y los tipos de interés de usura, se estaba destruyendo literalmente el tejido productivo del país, 1.000 pymes y autónomos al día, lo que origina el 90 por ciento del paro. Realmente estamos en manos de ciegos, locos e irresponsables, y así se va directamente al desastre.

«El Himalaya de falsedades que la prensa roja ha depositado sobre las almas ingenuas»

De «no hay ninguna crisis», Zapatero y sus terminales mediáticos pasarían a «tenemos una grave crisis», manteniendo la gran mentira de que su objetivo era luchar contra la crisis y el paro, algo que recuerda las palabras del socialista Julián Besteiro en los años treinta: «El Himalaya de falsedades que la prensa roja ha depositado en las almas ingenuas.»

A finales de 2008 ya no podía seguir negando la crisis ni el gobernador del Banco de España: el brutal incremento del paro en el cuarto trimestre en 489.600 personas, la brusca caída de ingresos fiscales en 20.000 millones sobre lo previsto, el hundimiento de las ventas de automóviles y vehículos industriales en un 60 por ciento, y el cierre total del crédito bancario, demostraban sin lugar a dudas que la economía española estaba cayendo en picado desde el verano. Así que Zapatero no tuvo más remedio que salir a la palestra y sin preparación previa contarle a los españoles, a quienes se había negado por activa y por pasiva que hubiera ninguna crisis, pues que era que no, y en realidad la había, y además ¡vaya crisis! ¿Y qué hizo Zapatero? Pues tratar de relanzar la economía con un programa típicamente socialista que se resumía en tres palabras: despilfarro, despilfarro y despilfarro, porque es lo único que saben hacer. No lo llamo gasto, porque para gastar hace falta un mínimo de conocimientos, de estrategia y de sentido común que el socialismo español jamás ha tenido.

Y mientras tanto, lo que quedaba de España se empobrecía de día en día, endeudándose en 445 millones de euros/día en diciembre de 2008, 580 millones en enero de 2009, y 829 millones de euros/ día en febrero y marzo, a pesar de haber incrementado las retenciones a trabajadores y pensionistas para disponer de mayor liquidez. Y eso era sólo el Tesoro, porque de lo que ocurría en las CC. AA. y los ayuntamientos no teníamos entonces ni tenemos ahora la menor idea: ¿en cuántos miles de millones han incrementado su endeudamiento con las cajas locales, que controlan férreamente apropiándose del ahorro de los ingenuos ciudadanos?

El Plan E de estupidez

Y lo primero que se les ocurre «para que las pymes puedan mantener actividad y empleo» es «una fuerte inversión pública para mejorar nuestras calles, nuestros pueblos y nuestras ciudades». Este plan de gasto, denominado «Plan E», sería realmente de vergüenza, porque se despilfarrarían literalmente 8.000 millones de euros de dinero público en obras entre esperpénticas y de muy dudosa utilidad: desde pistas de pádel a campos de fútbol con césped artificial, al cambio de las aceras que estaban en perfecto estado en los centros de las ciudades, pasando, cómo no, por renovar el aire acondicionado de los ayuntamientos y cosas similares, proyectos todos ellos estrafalarios que no mejorarían en absoluto ni nuestras infraestructuras ni nuestra productividad.

Un gasto disparatado e inconexo, que no ha frenado sino que ha acelerado la destrucción del tejido productivo del país, en palabras del FMI: «El estímulo fiscal en España ha sido de los menos eficaces debido a la obsesión del Gobierno por el gasto público sin atender a su composición y calidad.» Se crearían 225.000 empleos de seis meses a 35.000 euros por empleo, realmente para echarse a llorar. Claro que, como según varios prebostes socialistas, empezando por la señora Carmen Calvo, «el dinero público no es de nadie», realmente les daba igual.

En aquella época tendría que debatir en varias tertulias televisivas con algunos socialistas el disparate que se estaba cometiendo, y la verdad es que nunca me resultó tan sencillo desmontar los argumentos peregrinos que contaban, porque el Plan E no había por dónde cogerlo. Si estos insensatos hubiera tenido un solo ápice de sentido común, y hubieran deseado de verdad ayudar a las pymes a mantener la actividad y el empleo, lo más lógico y eficaz hubiera sido dedicar ese dinero a pagar las enormes deudas de los ayuntamientos con ellos, unas deudas cuyo impago estaba llevando a miles de pymes y autónomos a la quiebra.

El plan anticrisis de Zapatero, «errático y sin soluciones», según el NYT En mayo de 2009, ante la perspectiva de un debate del Estado de la nación debilitado por la recesión y la falta de apoyos parlamentarios, Zapatero lanzaría una «amplia batería de medidas anticrisis» que el New York Times calificaría de «errática y sin soluciones», pero criticaría también al PP diciendo que no tiene «un programa económico coherente».

A una crisis estructural de dimensiones nunca vistas, el Gobierno, que había demostrado que no tenía la menor idea de lo que pasaba, respondería con medidas que ni siquiera serían coyunturales sino una chapuza antisocial, mezclando la devolución de 400 euros a las rentas superiores en el IRPF —una memez sin precedentes urdida por Sebastián, que al parecer la había leído en un cómic americano, y urdida con Zapatero a espaldas de Solbes, y que este pusilánime incapaz de defender sus convicciones y principios se tragó sin pestañear— con el alargamiento de los plazos de las hipotecas, que el propio Solbes y el Banco de España consideraban un dislate, o los avales al ladrillo, que Solbes dijo que no se darían porque no estaban justificados, pero que también se lo tragaría. Y por si esto no fuera ya suficiente humillación, Solbes además tuvo que defenderlo en público: pero ¿cómo pudo aceptar tal indignidad? Y es que el Zapatero postelectoral había liquidado al socialismo tradicional para erigirse en caudillo de una versión propia, rodeado de mediocres incondicionales, igual que el líder de la oposición, todo hay que decirlo.

La devolución de los 400 euros, un expolio a las rentas más bajas

La gran idea de Sebastián, el de los veinte millones de inmigrantes, el de las bombillas y el del coche eléctrico como solución a la crisis, consistía en devolver 400 euros del IRPF, pero sólo a las rentas superiores a los 22.000 euros al año, es decir al 40 por ciento más «rico» de la población, a los que llegan sin problemas a fin de mes, mientras que al 60 por ciento más pobre, que ha avalado mayoritariamente con su voto la permanencia de estos irresponsables, a ésos ni agua. Realmente resultaba imposible comprender las retorcidas mentes de Sebastián y del autodenominado «patriota social» Rodríguez Zapatero al dejar fuera de esta medida para «estimular el consumo» a los más humildes; hay que ser, digámoslo claramente, unos auténticos canallas.

Pero es que además, como recaía sobre las rentas más altas, la efectividad de la medida era mucho menor. Sebastián debería saber, porque se supone que es economista, aunque a veces resulte increíble, que la efectividad depende de la propensión marginal al consumo del colectivo al que la medida se aplique, y esa propensión es mucho menor cuanto más elevadas son las rentas, ya que parte de los 400 euros irá al ahorro y no al consumo. Es decir, que además son unos ineptos. Sólo quiero añadir, y siento decirlo crudamente, pero es la pura verdad, que el colectivo excluido, que era más o menos el 50 por ciento de las familias, es el granero de votos de Zapatero, por lo que hay que decir sin ambages que tenían lo que habían votado. Y por si eso fuera poco, el dinero saldría del incremento de la presión fiscal que recae esencialmente sobre ese 60 por ciento más pobre de la población, por el efecto de la inflación sobre el IVA y el IRPF. Sólo en el primer cuatrimestre han pagado ya 2.000 millones de más. Visto desde otro ángulo, en términos netos, la renta disponible de las familias se vería reducida en 2.000 millones en 2008, ¡grandioso!

La prolongación de las hipotecas

Otro de los camelos de este plan anticrisis —habría más— fue el engaño de la prolongación de las hipotecas, es decir, ¿que no puede pagar las cuotas de la hipoteca? Ningún problema, le prolongamos la duración de la misma a cuarenta o cincuenta años. ¿Pero no se han enterado ustedes, señores hipotecados, de que eso era un engaño, porque van a pagar en intereses lo que no está escrito y además los bancos se lo darán sólo a quienes tengan garantías y acepten una serie innumerable de contrapartidas? Tanto que si ustedes no pueden afrontar la deuda en forma demostrable ante un Tribunal tienen opciones infinitamente mejores, ahora que los pisos están bajando en forma acelerada, en Barcelona se estaban practicando ya descuentos de entre el 20 y el 40 por ciento. Esto es otro engaño increíble a personas que no tiene información y no pueden defenderse. ¿Hay acaso algo más antisocial?

El crecimiento de 2008 y 2009 según Solbes

Según Solbes, creceríamos un 2,4 por ciento. «Pero ¿cómo que vamos a crecer el 2,4 por ciento, señor Solbes?, ¿de qué chistera se ha sacado esa cifra? Porque en este primer trimestre la economía ha dejado de crear empleo, y estamos creciendo ya al 0,8 por ciento en tasa trimestral anualizada», escribía un servidor en esa época en un artículo de opinión. Y como nos recordaban desde FUNCAS: «las tendencias apuntan a que no se supere esa cifra en lo que resta de año», cifra que acaba de confirmar además el prestigioso semanario The Economist, cuya unidad de análisis sitúa el crecimiento de la economía española en el 1 por ciento para 2008. Al final la cifra oficial sería del 1,1 por ciento; la real, sobre todo la coherente con la destrucción de empleo, muy inferior a eso.

Además, el consumo privado y toda la inversión, no sólo vivienda, se habían desmoronado, y para arreglarlo las medidas no incrementan sino que reducen la renta disponible de las familias, y sobre todo no se ha tomado ni una sola acción a medio y a largo plazo, aunque en 2009 y siguientes era evidente que el efecto contractivo iría a más y el crecimiento sería negativo. ¿Pero qué tomadura de pelo era ésa? Y que nadie se engañe con las cifras oficiales, o los análisis complacientes de los bancos, que en el mejor de los casos sólo reflejan la tendencia, lo que equivale, como decía Greespan, «a conducir mirando por el espejo retrovisor», porque además de emplear modelos obsoletos y técnicas inapropiadas, se manipulan los datos sin rubor, pues en el nuevo orden de Zapatero no se tolera que los funcionarios «no comprendan las prioridades políticas».

Los estabilizadores automáticos, los preferidos de Solbes

En economía se denominan «estabilizadores automáticos» a determinados gastos e impuestos que cuando la actividad se reduce tienen un efecto fiscal expansivo, y lo contrario cuando entra en fase expansiva. Así, cuando se produce una depresión, lo que era el caso, los estabilizadores automáticos reaccionan aumentando el consumo y la inversión, frenando así la caída de la demanda, que es la causa esencial de la depresión. Estos estabilizadores funcionan solos, por eso son automáticos, es decir, funcionaban mientras Solbes resolvía sudokus y dormía la siesta en su despacho, que eran sus ocupaciones preferidas. No es claro que Solbes supiera qué eran los estabilizadores automáticos, ni siquiera que sospechase de su existencia, pero cuando alguien se lo contó debió de pensar: «Esto es lo mío, y además es verdad que funcionan, en tres años no hemos hecho nada y la economía no ha parado de crecer», y se haría un adicto.

De ahí que Solbes afirmara por entonces: «Dejemos actuar a los estabilizadores automáticos», es decir, al igual que en la anterior legislatura, sentémonos tranquilamente a esperar que la economía se ajuste sola, pero lo que a Solbes no le explicaron es lo poquito que los estabilizadores automáticos pueden hacer, y menos aún cuando coinciden recesión e inflación. Y lo que tampoco le explicaron fue lo de los desestabilizadores, y en particular el desestabilizador automático gigante, el agujero negro de las cuentas públicas, ¿o es que no sabía el lío que tenían montado en las CC. AA. y corporaciones locales, que estaban perdiendo recaudación a chorros, y tenían los gastos comprometidos, unos gastos que eran ya casi el 80 por ciento del gasto total de las AA. PP.? Y para solucionar el problema, el superávit del Estado en el primer trimestre se había reducido a la mitad.

«En fin, once millones de españoles tienen lo que han votado, y a tales votantes, tales medidas», escribiría yo entonces, porque uno no era capaz de asimilar tanta incompetencia y tanta injusticia social, «así que disfrútenlo y a seguir apretándose el cinturón, y así se van entrenando para cuando se firme el “gran pacto social”, que es el verdadero “plan de choque” de Zapatero, donde les van a crujir de nuevo los salarios reales, pues machacar a la clase trabajadora en España no tiene como se ha visto coste electoral alguno». La demagogia de este Gobierno es el súmmum del cinismo y de la hipocresía, y lo asombroso es que mucha gente cree más las mentiras que a su propio bolsillo. «Pero esto es lo que hay, aunque esta vez la estupidez y el sectarismo no van a salir gratis. Antes de un año, cientos de miles de votantes de Zapatero estarán en el paro, y en años siguientes ni les cuento», terminaría.

La herencia de Solbes

El 7 de abril de 2009, Solbes, que había expresado su deseo de dejar el Gobierno, abandonando así un barco en pleno hundimiento provocado por él en buena medida, sería sustituido por Elena Salgado, dejando detrás no una despensa vacía sino un desastre económico sin precedentes. Vaya por delante que no se trata aquí de hacer un pliego de cargos a una persona, sino de analizar los porqués de una política económica, o mejor, de la falta de ella, que estaban llevando a la ruina a millones de familias y a España a un declive económico sin precedentes. Doña Elena Salgado, su sustituta, una izquierdista radical sin la menor idea de a qué nos enfrentábamos, pero dispuesta a poner en marcha el alocado plan de gasto público de Zapatero y todo lo que se terciase, era nada más y nada menos la encargada de devolver la confianza a los agentes económicos y de sacarnos de la crisis. Una auténtica broma que casi haría bueno a Solbes.

No heredaría una despensa vacía, como mendazmente afirmaría, pero sí un modelo económico inviable

Ya se ha explicado la actuación de Solbes durante su primer mandato en el último Gobierno de Felipe González, así que ahora toca hablar del segundo con Zapatero. En marzo de 2004, contra todo pronóstico y por razones bien sabidas aunque no explicadas, Zapatero ganaría las elecciones, y curiosamente, con un programa económico que identificaba las debilidades del modelo económico y proponía las soluciones correctas.

Solbes diría, supongo que irritado por los comentarios de la oposición, que se «encontró la despensa vacía», un auténtico dislate, y sin embargo no apuntó a lo que de verdad se había encontrado: un modelo de crecimiento insostenible, unas tendencias al endeudamiento inasumibles, una situación estructural desastrosa, pues Rato, en su famoso Decreto de Intensificación de la Competencia, había cerrado de facto toda posibilidad de competencia en los sectores esenciales, convirtiendo a los monopolios públicos con precios administrados en monopolios privados con precios libres, una política energética delirante, que apostaba simultáneamente por las energías más caras del mercado, por el incremento de la dependencia exterior y por el empeoramiento de la ya disparatada intensidad energética, o consumo de energía por unidad de PIB.

Además, heredaría un sistema de subvenciones a las energías renovables que era un robo manifiesto y fuente de todo tipo de corrupciones y enriquecimientos ilícitos, y una negociación de los derechos de emisión de CO₂ que no se podía haber hecho peor, por la que España, uno de los países que menos contaminaba en términos absolutos, tenía que pagar a los que contaminaban mucho más, porque no se les había ocurrido otra cosa que aceptar como parámetro no la contaminación absoluta, sino su crecimiento a partir del nivel de contaminación en un momento concreto, que en el caso de España era bajísimo.

Solbes sería incapaz de cambiar nada porque ni tenía conocimientos ni tenía coraje

Es decir, las tendencias heredadas eran tales que Solbes, sólo con un poco de inteligencia y decisión, se hubiera cubierto de una gloria imperecedera, pero obviamente carecía de lo uno y de lo otro. O también si, cuando Zapatero comenzó a ningunearle, hubiera dado un puñetazo encima de la mesa y dimitido. Y sin embargo eso no sucedió. ¿Por qué? Obviamente no lo sé. ¿Porque las cosas iban bien y entonces para qué cambiar nada? ¿Porque no le dejaban o le daba pereza acometer unas reformas complejas que le iban a llevar a enfrentamientos serios, una palabra, «enfrentamiento», que nunca había estado en el vocabulario del vicepresidente? ¿Porque algunas de las medidas a tomar, por ejemplo, frenar el endeudamiento masivo de familias y empresas, iba a reducir el crecimiento? Sea por lo que fuera, Solbes no hizo lo que debería haber hecho. Ni en los momentos de bonanza, cuando debería haber acometido las reformas estructurales esenciales, ni sobre todo cuando se inició la caída negando lo evidente, engañando a los ciudadanos, mintiendo en las estadísticas, y perdiendo veinte meses en empezar a tomar medidas, que además muchas de ellas, las más esperpénticas, ni siquiera serían suyas.

Una de dos, o Solbes no se percató de la gravedad de la crisis —algo imposible de creer sobre todo porque así se lo había advertido la Inspección del Banco de España a mediados de 2006 o, desde la primavera de 2007, porque los indicadores económicos eran inapelables y no hacía falta ser premio Nobel de Economía para ver que estábamos cayendo en picado— o, lo más probable, que presionado por su jefe, y dada su debilidad de carácter, decidió «sostenella y no enmendalla» contra viento y marea, y aquí lo más sorprendente no es que no reconociera la crisis y engañara masivamente a los ciudadanos antes de las elecciones generales de 2008; lo increíble es que, una vez ganadas y con cuatro años por delante, siguiera sin reconocerla y mintiendo sin que le temblara la voz.

El legado: una ruina desconocida en doscientos años

Y ello nos lleva al legado. ¿Qué dejaba Solbes tras de sí?: la mayor crisis desde la guerra napoleónica y la pérdida de América, y que no es imputable al exterior, como afirma la versión oficial, sino que tiene una dinámica propia y además, de tal intensidad, que cuando otros países empezaron a salir del hoyo, España siguió hundiéndose. Los demás pueden tardar dos o tres años en superarlo, pero nosotros tardaremos entre una y dos generaciones, y cuando lo hagamos, será después de haber empobrecido masivamente a los españoles, sobre todo a las clases medias, dañado gravemente el Estado de bienestar y el sistema de pensiones, aniquilado el modelo territorial de equidadsolidaridad y retrocedido muchos puestos en renta y riqueza respecto al resto del mundo.

Y las diferencias no eran sólo las aterradoras cifras económicas, que también, era la inacción total en los años de bonanza, y el crecimiento imparable del despilfarro autonómico y local. La tardanza en iniciar las medidas anticrisis —veinte meses que fueron decisivos—, a lo que se añade lo absurdo y estrafalario de las mismas, que más parecían diseñadas por Leire Pajín. El engaño sobre la situación real del sistema financiero, al que no sólo se le permite falsear a voluntad los balances, a través de una valoración delirante de sus activos, es que al no haberse analizado el sector para ver qué entidades son salvables y cuáles no, se está llevando a una asignación enorme de recursos públicos completamente a ciegas. Esto, unido al endeudamiento masivo con el exterior, acabará hundiendo a más de la mitad del sistema, con consecuencias devastadoras sobre la economía real.

Y finalmente, lo más trascendente, por delante incluso de la situación real del sistema financiero: el desastre autonómico, con un despilfarro masivo de recursos públicos, 177.000 en 2009, un 78 por ciento de los cuales en gasto no productivo, y la mitad puro despilfarro, la ruptura brutal de la unidad de mercado, una losa imposible para nuestra productividad, con 120.000 personas dedicadas a legislar, implantar, vigilar y multar, diecisiete legislaciones diferentes, no para mejorar sino sólo y exclusivamente para empeorar la vida de los ciudadanos. ¡Hay que estar rematadamente locos! Y con el mayor nivel de corrupción de toda la historia de España. Las CC. AA. son el cáncer y la ruina de España; y o acabamos con ellas, o ellas acabarán con nosotros.

Y ésta es su herencia. Obviamente, no todo es culpa de Solbes, pero está claro que sin Solbes hubiera tenido otro carácter, la Historia podría haber sido diferente. Si Solbes hubiera cogido el toro por los cuernos desde el principio —siguiendo simplemente el programa electoral socialista—, si hubiera dicho no al despilfarro autonómico en general y al Estatut de Cataluña y a la gigantesca estafa del cupo vasco-navarro, en particular, y puesto su dimisión encima de la mesa, si hubiera obligado a decir la verdad al sistema financiero salvando sólo lo que fuera salvable, la economía española no estaría hoy en caída libre, no se habrían destruido dos millones de puestos de trabajo en 2009 ni se habrían perdido dos millones de cotizantes a la Seguridad Social, poniendo el sistema al borde de la quiebra, y sobre todo no estaríamos al borde de entrar en una depresión que durará más de diez años.

Giro a la desesperada

Unos meses después, ante el estrepitoso fracaso de las medidas económicas relatadas, y las malas perspectivas electorales, Zapatero decidiría abandonar todo atisbo de racionalidad presupuestaria, y llevar a España a la bancarrota. Y para ello nombraría a un gobierno de apparatchik, en el sentido soviético del término, aunque apparatchik cutres e incompetentes, nada que ver con los soviéticos, con el doble objetivo de implicar al partido en su alocada huida hacia delante, y girar a la vez hacia la izquierda más extrema.

Un giro que pretendía desviar la atención sobre la economía, y cuando se produjeran disturbios sociales, ponerse al frente de ellos como ocurriría en 2011 con los «indignados» del 15-M, y con la ayuda de los sindicatos comisionistas UGT y CC.OO., desviar las iras de la gente hacia los bancos, la CEOE y la Iglesia católica, que merecerán lo que les pase por su insensatez. La banca porque aunque tiene la llave de los superendeudados medios de comunicación los mantiene al servicio de la ultraizquierda, y «diversas instancias» católicas, que justo cuando se anuncia el mayor acoso a la Iglesia desde 1936, ha decidido desarmarse, cesar en la crítica al gobierno, y aliarse con los separatistas y contra los derechos humanos como monseñor Sistach, un emulador del arzobispo nazi de Viena, monseñor Innitzer.

Más de lo mismo pero a mayor escala: un plan de gasto masivo

En cuanto a la reacción —ya saben que el socialismo sólo es capaz de implementar medidas que supongan gastar el dinero de los demás—, sería poner en marcha un plan de gasto masivo, más de lo mismo pero a una escala mucho mayor. Y el primer acto del plan de gasto masivo sería la entrega de 20.000 millones adicionales a CC. AA. y ayuntamientos, donde la discriminada y maltratada Cataluña se llevaría, como siempre, la mayor parte. Un paso más en la insolidaridad territorial y el desmantelamiento de España. Entregas que se harían por la vía del título VIII de los presupuestos, calificando las transferencias como activos financieros, lo que les permitía llevarlas directamente a deuda, y así poder ocultar el déficit real, lo que no evitaría que éste se situase en el 15 por ciento del PIB a fin de año.

Zapatero empobrecerá a varias generaciones de españoles, porque ese dinero no llegaría ni a los parados, ni a las pymes, ni a los dependientes. Sus afirmaciones de que cumpliría los compromisos sociales, cuando tenía a dos millones de españoles tirados en la cuneta sin prestación ni subvención alguna, y el sistema de pensiones al borde de la quiebra, son la mentira más abyecta que cabe imaginar. El dinero se emplearía fundamentalmente en sustituir deuda privada por deuda pública, es decir, en avalar con nuestro dinero los agujeros de bancos, cajas y eléctricas, que nos lo agradecerían con el mayor recorte crediticio y los mayores tipos de interés reales de la Historia —16 por ciento— unos, y con una subida brutal del recibo de la luz. Y aquí habría que plantear una pregunta obligada a los millones de hipotecados: ¿por qué no salían a la calle a exigir al Gobierno que avalase también su deuda, y, como en el caso de bancos y eléctricas, la asuma el Tesoro si ellos no pueden pagarla?

Y cuando, como es habitual, se comprobaba la falsedad de todas y cada una de las promesas, la consigna era prometer y prometer hasta el infinito, porque para estos izquierdistas totalitarios la mentira sistemática y la negación de lo evidente es norma de comportamiento y forma de gobierno. Simultáneamente, seguirían utilizando su habitual dialéctica marxista, que ha demostrado su eficacia en una sociedad tan abundante en descerebrados, subvencionados y sectarios radicales, para quienes sólo la izquierda es lícita y la derecha, como Cartago, «debe ser destruida».

Pero el problema no era sólo la mentira y el embuste sistemáticos, es sobre todo una oposición que dedicaba sus mejores esfuerzos a apuñalarse los unos a los otros, como en la UCD. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro país democrático, este gobierno de totalitarios e ignorantes hasta la náusea habría salido ya por la ventana. Un Berlusconi, por ejemplo, con todos sus defectos, se los habría comido con patatas.

Los nuevos personajillos

Y luego los personajes. La vicepresidenta económica, por obra y gracia de Rubalcaba, una izquierdista radical, sin la menor idea de cómo abordar la crisis, sería la encargada de infundir confianza y sacarnos de la crisis. «Una página en blanco», en palabras de Rajoy. David Vegara, «cerebro» de economía, le dio el portazo antes que aceptar su disparatado incremento del gasto.

La señora González-Sinde, jefa de los pancartistas callejeros, ha vivido siempre del cuento y de la subvención, igual que los mafiosos de la SGAE, que ahora no sólo nos robarían los 500 millones de euros anuales que Zapatero les había concedido para pagar su incondicional apoyo, sino que dispondrán del BOE para saquearnos a placer. Su primera declaración, rodeada de los titiriteros de la ceja, fue que restringiría la libertad de acceso a Internet, igual que en Cuba y Corea del Norte.

Luego don José Blanco y doña Trinidad Jiménez, «la señorita Trini» en palabras de Guerra, cuyos conocimientos específicos y experiencia de gestión son de cero absoluto, nombrados sólo, pásmense ustedes, porque el gran hombre se lo había prometido. Sólo le faltó nombrar a Zerolo ministro de Defensa, aunque la nacionalista radical Carme Chacón, la de «la puta España», se ha bastado y sobrado para destruir al ejército de España, que cuando dos años después tuvimos que intervenir en Libia, teníamos nuestras principales fuerza de choque —como el portaaeronaves Príncipe de Asturias, las fragatas F-100 y los F-14— incapaces de hacerlo por falta de mantenimiento. Una nacionalista radical que, en agosto de 2011, con motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Gobierno catalán a implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, haría un llamamiento al desacato y al incumplimiento del mandato constitucional. ¿Cómo esta antiespañola puede ser ministra de Defensa de España?

Y finalmente Manuel Chaves, virrey de Andalucía durante veintisiete años, que dice «no recordar nada de lo que no se sienta orgulloso», un caso de necedad y amnesia extremas, ya que dejaría el virreinato con 700.000 parados más, el doble de cuando llegó al poder, y ello a pesar de los 500.000 funcionarios, cuatro veces más de cuando empezó. Y una posición relativa al resto de CC. AA. en renta per cápita, en infraestructuras, y en todos los parámetros que no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, a pesar de haber recibido ríos de dinero de la Unión Europea y del Gobierno, cuyo destino alguien tendrá que investigar, y llegaba para alumbrarnos con su experiencia. Realmente de broma. No tendremos para comer, pero tendremos Ley del aborto, Ley de la ciencia, Ley de igualdad, y persecución a los católicos, que entretiene mucho a la izquierda. ¿Qué más podríamos pedir?

La élite empresarial y financiera, corresponsable del desastre

El señor Zapatero, dentro de su línea de gobernar no para el bienestar de la sociedad, sino para sus propios y exclusivos intereses, estaba dispuesto a echar el resto para conseguir una foto de paz y amistad con los agentes sociales y dejar una vez más en ridículo a Rajoy. Algo a lo que los empresarios cobardemente accederían, porque si no «corremos el peligro de que Gobierno y sindicatos nos demonicen, culpándonos del fracaso de la negociación», «el efecto psicológico positivo que tendría el acuerdo para la economía», etcétera. Todo lo cual llevaría a una bajada de pantalones en toda regla de quienes más estaban obligados a presionar al ejecutivo hacia un cambio radical de rumbo.

Respecto a lo primero, era evidente que el Gobierno, apoyado por los sindicalistas comisionistas, los sindicalistas traidores a la clase trabajadora cuya dramática situación les importa un pimiento, no titubearía ni un segundo en sacar a sus paniaguados a la calle pidiendo la cabeza de los grandes empresarios, si considerara que eso beneficia a su estrategia política, aunque al final sería más el ruido que las nueces, pues afortunadamente estamos en la UE y no en julio del 36 cuando los pistoleros de ERC y el PSUC tiraban a los empresarios catalanes por las ventanas o los metían directamente en los hornos de las fábricas, como tan brillantemente relata el escritor catalán Manuel Maristany en su excelente novela La enfermera de Brunete. Y, sin embargo, no era menos cierto que la banca española tenía y tiene cogidos por el cuello a todos y cada uno de los medios de comunicación, zapateriles o no, de este país, a los que puede hacer quebrar en veinticuatro horas con el dedo meñique, y puestos a ir por las malas, podrían imprimir un giro radical a la política informativa de este país, con sólo obligarles a ser imparciales y contar la verdad.

La cobardía de las élites empresariales: una irresponsabilidad histórica

Y miren ustedes, cuando este gobierno de insensatos estaba sentando las bases de la ruina de la nación española, y cuando a los crecientes desequilibrios respondían con más desequilibrios, había llegado la hora de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado. Pero no sólo no lo hicieron, sino que fueron por el camino contrario de adular y lisonjear al culpable de nuestra ruina. Los grandes empresarios de este país han incurrido en una irresponsabilidad histórica, porque alguien que sea responsable de verdad no puede ocuparse solamente de maximizar sus cuentas de resultados, debe ocuparse también del bienestar general y de la marcha de la economía, entre otras razones porque ello afecta también a sus resultados. ¿O es que la caída en picado de los consumos energéticos le viene de cine a las empresas del ramo? ¿O es que la morosidad y el empobrecimiento generalizado de familias y empresas les viene bien a las entidades financieras? Era tiempo de los empresarios con mayúscula, no de los cobardes, pero ya no había de los primeros, sólo de los segundos.

Y su excusa, la razón de la sinrazón, «efecto psicológico positivo», era de aurora boreal. ¿De qué efecto positivo estaban hablando? Del mismo de «el pesimismo no crea puestos de trabajo», una filosofía de comportamiento disparatada e irracional, que nos ha llevado literalmente a la catástrofe. Y digo esto porque los grandes empresarios no ignoraban la realidad, no podían creerse las mentiras oficiales, y no se lo podían creer, porque tenían los datos en la mano; porque sabían de sobra que los brotes verdes de los que hablaba Zapatero, una expresión copiada del gobierno norteamericano, jamás habían existido; porque sabían de sobra que no habíamos tocado fondo ni nada parecido, y que ni siquiera el ritmo de caída se estaba desacelerando como apuntan algunas plumas mercenarias, y que aunque tal velocidad de caída no podía mantenerse, caer más despacio no era tocar fondo, era seguir cayendo.

¿Y de qué habló la élite empresarial con Zapatero?

Así que ¿de qué es de lo que iba a hablar la élite empresarial en el diálogo social impuesto por Zapatero? ¿De que los clubes españoles estaban contratando a los jugadores de fútbol más caros del planeta, algo que ningún otro país podía permitirse?, ¿O de la pléyade de empresarios que están al borde de la ruina, que ni pueden invertir, ni pueden contratar trabajadores, ni pueden encontrar financiación? Y si hablamos de los autónomos, totalmente olvidados y dejados de la mano de Dios, pues para echarse a llorar. ¿O se van a limitar a poner el cazo, los barones del PP, en este caso los 7.000 millones de euros que supondría la bajada de dos puntos de las cotizaciones sociales? Un dinero que, como todo, tendría que ir con cargo a deuda, o a un incremento insoportable de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media, porque la Seguridad Social está quebrada. Un dinero que, en definitiva, ellos saben mejor que nadie que España ni tiene ni puede pagar.

Sin embargo, se harían la foto que Zapatero quería, se mostrarían abyectos, serviles, aduladores —con la excepción de Juan Roig de Mercadona y Amancio Ortega de Inditex—, y alguno se arrastraría hasta la ignominia de afirmar públicamente que Zapatero era el mejor presidente de todos los tiempos, y no conseguirían nada, absolutamente nada. Pero es que además estamos hablando de las mayores fortunas del país, de patrimonios de varios miles de millones de euros. ¿Qué necesidad tenían? Juan Roig diría, remedando a Unamuno, que a él «le dolía España». Al resto de los grandes empresarios, España y los españoles les importábamos un pimiento.

Colaboradores necesarios en el mayor desastre económico de la historia de España

Me decía Rafael del Pino padre, que fue mi jefe en Enagás, y para mí el mejor empresario español de todo el siglo XX, que los empresarios no podían estar nunca contra el poder a no ser que se produjeran circunstancias muy excepcionales. Del Pino tenía razón, pero creo que si viviera estaría de acuerdo en que las circunstancias hoy son absolutamente excepcionales, pues estamos hablando nada más y nada menos que de la ruina de España. Y estoy seguro de que Rafael jamás se hubiera plegado al chantaje de un poder político indigno. Como afirma Felipe González: «Hay momentos en la vida en que uno tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa, con independencia de cuáles sean las consecuencias.» Pues bien, señores empresarios de élite, ese momento había llegado, y no sólo para no engañar a los españoles, dando una impresión de normalidad inexistente haciéndose la foto que Zapatero desea, sino para decir al inquilino de la Moncloa que hasta aquí hemos llegado, y que el cambio de rumbo es imprescindible. No lo harían entonces ni lo harían después, por lo que se han convertido en corresponsables, en colaboradores necesarios, del mayor desastre económico de la historia de España en doscientos años.

La «doctrina Botín»

Y la relación gobierno-élite empresarial llegaría al límite de lo inaceptable, en la reunión mantenida en la primera mitad de 2011, cuando el desastre era ya tan evidente y la necesidad de un adelanto electoral tan obvia que resultó un auténtico escándalo que los principales empresarios del país le dijeran a Zapatero que sería contraproducente adelantar las elecciones, algo que los medios denominarían «doctrina Botín». La reunión desataría una auténtica avalancha de críticas, porque daba la impresión de que los empresarios más poderosos del país «que no han sido elegidos» habían traspasado el límite de lo razonable y «sustituyan a las instituciones de la democracia», una crítica absurda, porque en España no estamos en una democracia, sino en una dictadura partitocrática, en la que los diputados ni han sido elegidos por los ciudadanos ni les representan para nada.

El problema, sin embargo, no sería que el presidente se hubiera saltado a unas instituciones que no representaban a nadie, sino que los empresarios, salvo raras excepciones de aquellos cuyas cuentas de resultados no dependían para nada del favor del poder, irían esencialmente a resolver sus propios problemas y no los del país. La mayoría de los convocados, particularmente banqueros, constructoras, empresas energéticas y de telecomunicaciones, se mostraron mucho más preocupados por asegurarse de que el gobierno protegería sus intereses por encima de todo, aunque ello empobreciera más aún a la mayoría de la población española, que por plantear soluciones a la crisis.

Irían a saber con cuántas cajas iban a poder quedarse a precio de saldo después de sanearlas con nuestro dinero, a saber cuánta obra pública les iban a adjudicar, a saber cuánto les iban a dejar subir las tarifas del gas, de la electricidad, del teléfono, de los carburantes, y cuántas subvenciones iban a recibir, y como todo ello se encontraba en fase de decisión avanzada, iban a necesitar «estabilidad», no ante el riesgo del mercado, porque el verdadero riesgo del mercado es Zapatero, sino porque necesitan que el personaje que debe concederles tan suculentas canonjías siga mandando, que no se le ocurra irse antes de cumplir, porque si se producen cambios puede suceder cualquier cosa, o al menos tener que volver a discutir desde el principio lo ya apalabrado.

De ahí que algunos pidieran la continuidad de Zapatero, un despropósito que superaba todo lo razonable, ya que la continuidad de Zapatero era la mejor garantía de que España irá al desastre. Y sin embargo, esta continuidad fue lo más importante de lo hablado, o al menos mediáticamente, y que ha dado en denominarse «doctrina Botín», porque algunos atribuyeron al primer banquero del país haber enarbolado la bandera de la continuidad de Zapatero, mientras que otros afirmarían lo contrario, diciendo que Botín no apoyó a Zapatero, sino que le echó en cara que está descuidando la acción de gobierno por el tema de la sucesión. Afortunadamente, los hechos impedirían que este disparate prosperara.

TERCERA PARTE Quo Vadis Hispania?

CAPÍTULO 11

Zapatero encuentra la solución a la crisis mundial: prohibirla por ley

Me temo que todo lo expuesto hasta ahora les haya llevado a la precipitada conclusión de que Zapatero es un iletrado, un incompetente y un sectario fuera de lo común. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El que en España no hubiera dado una a derechas, y ni siquiera a izquierdas, que era lo suyo, no significaba en absoluto que no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo. Lo que ocurría es que un espíritu tan elevado como el suyo, un fénix de los ingenios, no estaba para solucionar pequeños problemas como los de la economía española, un país discutido y discutible, algo cuya solución había delegado en el servicio, porque lo suyo era de una escala muy superior. Era en la economía europea y en la mundial donde iba proyectar su verdadero yo, su verdadera valía, y la presidencia europea que debería desempeñar durante el primer semestre de 2010 iba a servir para demostrar a Europa y al mundo de lo que Zapatero era capaz.

Como proféticamente definiría esa otra mente preclara, la «Nostradamus» del Partido Socialista, Leire Pajín, la coincidencia de dos líderes progresistas de altura inigualada, Obama como presidente de la mayor potencia mundial y Zapatero, como presidente la UE, sería una «conjunción planetaria», algo que el mundo estaba esperando con ansiedad, porque sabía que ello arreglaría definitivamente todos los problemas del planeta para varias generaciones. Una visión tan certera del acontecimiento que sólo por ello Zapatero la nombraría ministra de Sanidad, cargo en el que demostraría desde el principio su capacidad y dotes de mando, cuando, criticada duramente por los medios de la derecha más retrógrada por nombrar a una incompetente para un cargo de altísimo nivel, reaccionaría valientemente diciendo: «¿Desde cuándo una ministra no va a poder nombrar a quien le salga de los cojones?» ¡Así se habla, doña Leire, que sepan quién está al mando!

Así, el primero de enero de 2010, después de ingentes gastos en preparación y propaganda, pues todo era poco para preparar tan fausto acontecimiento, Zapatero asumiría la presidencia de la UE, y como cuando Hitler inició la Operación Barbarroja (la invasión de Rusia) en junio de 1941, el mundo contendría la respiración. Tras mantener un primer encuentro en Moncloa con los entonces presidentes del Consejo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión, Durao Barroso, Zapatero afirmaría eufórico: «España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha hecho ya», y defendería la capacidad de la presidencia española de la UE, es decir, de él mismo en persona sin ayuda de nadie, para liderar la salida de la crisis internacional, prometiendo una presidencia ambiciosa y de recuperación económica. «¡Éste es nuestro presidente!», debieron de decir ese día entusiasmados sus 11 millones de votantes.

La Ley de Economía Sostenible y de los Grandes Expresos Europeos

Poco antes de iniciarse la «conjunción planetaria», y en una demostración al mundo de lo que Zapatero era capaz de hacer, en noviembre de 2009 se aprobaría el proyecto de Ley de Economía Sostenible, por el que pretendía cambiar de una tacada el modelo de crecimiento del ladrillo tradicional por el de la tecnología y la innovación, la formación y la energía medioambiental y, ya puestos a decir palabras huecas y sin contenido, por qué no también de los grandes expresos europeos. Como la definiría el diario El Mundo, se trataba de una ley ómnibus que incluiría un conjunto de leyes que necesitarían un desarrollo posterior y que serían rápidamente olvidadas. Eso sí, diría el diario «envuelto en papel de celofán para que parezca que el Gobierno tiene un plan para cambiar el modelo productivo después de cinco años en el poder y de dos de la peor crisis en doscientos años». Es algo así como «la carta a los Reyes Magos», concluía.

El Gobierno cogería todos los proyectos, disparates y desarrollos de leyes pendientes para meterlos todos en el mismo saco y confeccionar una ley similar a un cajón de sastre. Además, diseñar un cambio de modelo por ley, en un sistema de libertad de mercado y en un mundo globalizado, era una estupidez que sólo podría ocurrírsele a Zapatero y sus cuatro chalados, que todavía no se han enterado de cómo funciona hoy el mundo. El modelo no lo puede crear nunca un Gobierno, son los agentes económicos los que deciden el modelo con su actividad. Al Gobierno lo único que le compete es crear las condiciones para que la economía funcione, que no es, por ejemplo, dividir el país en 17 compartimentos estancos, levantando barreras administrativas, lingüísticas y de todo tipo; o dejar a la mitad del sistema financiero en manos de políticos y caciques locales, o no proponer reforma estructural alguna. En resumen, otro brindis al sol, u otra tomadura de pelo, lo que ustedes prefieran.

Y, mientras tanto, The Economist definía la situación de la economía española de «insostenible», no mala, ni muy mala, sino insostenible. Y así las cosas, con un modelo de Estado inviable, con el paro creciendo sin cesar, con las cuentas públicas fuera de control, con la mitad del sector financiero incapaz de amortizar su gigantesca deuda y asfixiado por una morosidad inasumible, el Gobierno anunciaría a bombo y platillo un plan económico que arreglaría todos nuestros males y sería la envidia del mundo, y nos sale con un refrito de las banalidades, mentiras y chorradas que había ido improvisando en meses anteriores. Una vez leídas las seis páginas —el resumen— que cambiarían la historia, uno se pregunta qué clase de gobierno puede afirmar tal sarta de memeces y perpetrar semejante insulto a una nación en crisis.

Nada de reducir el tamaño de un Estado infinanciable, nada de reformas estructurales, nada de reordenar el sector financiero con criterios económicos y no políticos, nada de fijar objetivos de crecimiento y empleo, nada de reformar un sistema de pensiones técnicamente quebrado, nada sobre un nuevo modelo productivo, nada de restablecer la unidad de mercado dividido en 17, nada de eliminar 4.000 ayuntamientos inútiles, miles de coches oficiales, viajes de lujo, embajadas ridículas, decenas de miles de asesores y liberados sindicales que viven del cuento, nada de nada. Pero ¿cómo no se les caía la cara de vergüenza?

Una estafa previa: la recuperación se está acelerando

Poco antes del refrito, Zapatero anunciaría por segunda vez —la primera fueron los brotes verdes en primavera— que la recuperación se estaba acelerando, una estafa similar al «no hay ninguna burbuja inmobiliaria» o «no hay ninguna crisis, que podía llevar una vez más a tomar decisiones económicas equivocadas a familias y empresas, o como señalaba The Economist, «la aversión al pesimismo» de Zapatero, «su negativa a reconocer los problemas de España», conduce a la «pérdida total de credibilidad».

Según el Gobierno, el déficit del Estado se había reducido en octubre, es decir, la situación mejoraba, algo que le era imprescindible para su cita con la Historia en enero. ¿Y cómo ese milagro? Reduciéndolo artificialmente vía falta de homogeneidad del ingreso; por ejemplo, el segundo pago de sociedades, 6.000 millones de golpe, frente a poco más de 500 los dos meses que faltaban, y variando el cómputo del gasto, eliminando el último día del mes en el que se realizan pagos importantes, así «reducen» los intereses de la deuda a la misma cantidad de 2008, cuando ya se debían ¡130.000 millones más!, y muchos otros pagos a lo que se añade el recorte de todas las partidas esenciales para el cambio del modelo productivo según la nueva la Ley: inversión productiva, –17 por ciento; becas, –55 por ciento; I+D, –43 por ciento, y el gasto de las Fuerzas Armadas, convertidas en una ONG por una nacionalista pacifista, que ni cree en España ni en la Constitución que ha jurado defender, que se recortaba un 45 por ciento.

Pero lo verdaderamente importante, las necesidades de financiación, demostraban que la diferencia entre ingresos y gastos del Estado estaba fuera de control: 96.000 millones de euros, 10.500 millones más que en septiembre, lo que nos llevaría a un déficit del 13 por ciento del PIB a fin de año, porque diciembre es siempre el peor mes a efectos de déficit, y al 18 por ciento de AB sumando el resto de AA. PP.

Contra la crisis, refrito de memeces y mentiras

La chapuza sería de tal calibre y las medidas tal cúmulo de despropósitos, que hasta el propio Solbes se burlaría de la ley afirmando que a él también le preocupaban «las finanzas sostenibles». Veamos lo más relevante.

Fomento de la competitividad. Las grandes medidas serían la reducción de plazos para la creación de pymes y la supuesta intención de ir reduciendo la morosidad. No mencionaban que tenemos tres veces más funcionarios de los necesarios, el doble de ayuntamientos, que el mercado se ha fragmentado en 17 trozos, cada uno con sus propias reglas, lo que constituye una losa gigantesca para la productividad, que tenemos la energía más cara de Europa y que gracias a esta ley la electricidad iba a subir un 50 por ciento adicional, que el precio de los productos agrarios se multiplica por seis por el sistema de distribución más monopolístico de Europa, y que la morosidad de las AA. PP. era ya de 40.000 millones, y en lugar de destinar los fondos del Plan E para pagar a las pymes los despilfarraron sin sentido alguno. Y luego decían que la morosidad iba a reducirse pero sólo a partir de ¡2013! Para no creérselo.

Fortalecer la supervisión financiera. Lo proponía el personaje que había destruido la independencia del regulador, que estaba actuando con una arbitrariedad y un oscurantismo desconocidos en el mundo civilizado. Que permitía que los políticos y caciques locales conduzcan a su capricho el proceso de integración de la mitad del sistema financiero con nuestro dinero. Que estaba expoliando a los ciudadanos para ayudar a tapar agujeros, sin que ello nos confiera derecho alguno de participación. Que está avalando con decenas de miles de millones de nuestro dinero las refinanciaciones de su inmensa deuda, en lugar de avalar el crédito a familias y empresas. Frente a esta realidad, las medidas propuestas, entre ellas conocer los sueldos de los altos ejecutivos, son una tomadura de pelo.

Promover la innovación y el conocimiento. Lo proclamaba quien había hundido el sistema público de enseñanza en todos sus grados a un nivel tercermundista, y conseguido que ni una sola universidad española esté entre las 300 mejores del mundo. El que ha conseguido un desplome tal que la enseñanza pública ha dejado de ser el ascensor social que había sido en el pasado. Igual que la internacionalización de empresas, para lo cual acababa de reducir drásticamente el miserable presupuesto del ICEX, el organismo encargado de ello. Definitivamente, Zapatero nos tomaba por imbéciles.

Un robo puro y duro: la política energética marxista-ecologista de Zapatero

Y como final de tanto despropósito, la guinda del pastel: las subvenciones masivas a las energías renovables, un proceso económicamente insostenible y una fuente inagotable de pelotazos y enriquecimiento ilimitado para unos pocos amigos del poder. Una locura energética que esquilma a las familias, destruye la competitividad de la economía y apenas crea empleo, 32.000 a día de hoy, con un coste de 150.000 euros al año por empleo. Las energías renovables cuestan en 2011, sólo en subvenciones, cerca de 7.000 millones de euros —280 euros por familia—, cifra que llegará a 10.000 millones en 2013 con la nueva ley, lo que elevará el recibo de la luz en un 30 por ciento. Una irresponsabilidad oceánica en un país con casi cinco millones de parados, y con un déficit y una deuda pública insostenibles.

En los días festivos en que la demanda eléctrica es menor, se daban y se dan casos en los que, si coinciden con fuertes vientos, la energía eólica suministra casi la mitad de la potencia necesaria, equivalente a casi el 20 por ciento en un día laborable, lo que puede hacer pensar a las almas ingenuas que es estupendo. Pero nada más lejos de la realidad: cuanto más viento hace, mayor es el río de dinero en subvenciones que reciben los amigos del poder y, en consecuencia, mucho más caro el recibo de la luz, así que recen para que no haya viento. Y como esos días suele sobrar energía, en lugar de parar los «molinillos», la exportamos a Francia... ¡a menos de la mitad de su coste! Y otra cifra para los marxistas-ecologistas: un panel fotovoltaico necesita casi tanta energía para producirse como la que generará durante toda su vida, igual que un litro de biodiesel necesita para producirse 0,8 litros de diésel normal, aparte del desastre que supone para la producción de alimentos.

Además, las energías renovables están haciendo operativamente inviable el sistema eléctrico, en el que se necesita duplicar la potencia instalada y la inversión, ya que cuando no hay viento suficiente, es decir, el 70 por ciento del tiempo, la electricidad tiene que generarse con otras fuentes, pero además afecta también a la estabilidad del sistema, todo lo cual incrementa enormemente los costos. Finalmente, las energías renovables son las que han generado el problema del carbón, que necesita 2.000 millones más de subvención para sobrevivir. En resumen, la nueva ley, aparte de la rechifla general, será la mayor fuente de pelotazos de Europa y una ruina para la economía, para la competitividad y para las familias.

Zapatero se convierte en el bufón de Europa

El acontecimiento planetario que iba a marcar la presidencia de Zapatero, a pesar de su costosísima preparación, no podría empezar peor, y no es que se equivocara tan rápidamente, es que el pitorreo generalizado extendido por doquier se concretaría en un «desafortunado incidente» cuando un hacker conseguía introducir en las páginas web de la Presidencia española una imagen del cómico Mr. Bean, con una cierta semejanza física con Zapatero y conocido por su torpeza. Y eso que entre los multimillonarios gastos en los que habíamos incurrido para preparar el semestre de Presidencia figuraban doce millones de euros para asistencia y seguridad a la web oficial. Alguien se había forrado por no hacer su trabajo, vamos, lo normal con este gobierno de inútiles. Este incidente que provocó burlas de todo tipo haría que, desde el principio, Zapatero fuera percibido como un torpe.

«Éramos el milagro español y ahora en España vivimos de milagro y los europeos se han dado cuenta de eso y del presidente que tenemos, y se echan lógicamente las manos a la cabeza y al bolsillo», advertiría el PP tras la mofa general que recorrería Europa. «El nuevo presidente europeo es... Mr. Bean», titulaba la BBC en su versión online. Toda la prensa europea y parte de la internacional sacaría chistes y todo tipo de gracietas del incidente. Soraya Sáenz de Santamaría, en Las mañanas de Federico, en la COPE, se lamentaba del daño que nos estaba haciendo con su imprevisión y señalaba que «la imagen de Zapatero ayer en el acto con motivo de la Pascua Militar en el Palacio de Oriente, haciéndose esperar y saltándose el protocolo, es evidencia de un presidente que siempre llega tarde a todo, como hizo con la crisis», y refleja «su falta de seriedad e improvisación constante». En un tono más serio, el Financial Times, en un editorial titulado «Una España torpe guiará Europa», criticó la ridícula agenda de trabajo de la Presidencia española, cuestionando la capacidad personal de Zapatero, «quien ha llevado a España a una situación crítica». Por el contrario, el editorial valoraba las presidencias de turno de Felipe González y José María Aznar, lo que dejaba a Zapatero a la altura del betún.

Todas y cada una de sus disparatadas iniciativas serían rechazadas

Pero las desgracias nunca vienen solas, y después del incidente del hacker en nuestra costosísima web, el presidente permanente del Consejo explicaría a Zapatero que quien mandaba era él, que de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, los presidentes rotativos ni pinchan ni cortan, que sería Van Rompuy y no él el protagonista de la Unión, que sería él y no Zapatero quien presidiría las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante la presidencia española, y no sólo los consejos europeos sino también las cumbres bilaterales previstas en España. Él lo presidiría todo. Zapatero sólo se sentaría a su derecha, pero calladito como don Tancredo. Una vez aclarado el asunto, mientras Zapatero le escuchaba con su eterna sonrisa y su gesto inescrutable, el belga Van Rompuy huiría de él como de la peste.

La presidencia española sería la peor de todas las que ha tenido la Europa comunitaria, ya que los grandes líderes europeos sentían entonces y sienten hoy un profundo desprecio por Zapatero, particularmente la «fracasada» Merkel y Sarkozy. Todas las iniciativas presentadas por Zapatero en Europa serían rechazadas sin excepción: desde su plan económico de salvación mundial, hasta sus iniciativas para levantar las sanciones a Cuba, o su interés en abrir las puertas de Europa a Turquía. Su errática política exterior y la traición a sus aliados en Irak —algo que no haría ningún otro país, aunque sus ciudadanos estaban tan en contra o más que en España— hacían que todos le ningunearan hasta el punto de que nadie quería aparecer a su lado para no contagiarse de su mala imagen. «Volvemos al corazón de Europa», dijo cuando retiró las tropas, pero el corazón de Europa no se lo había perdonado.

Sus primeras propuestas, como proponer un catálogo de sanciones para los Estados miembros que no cumplieran los objetivos de Maastricht, producirían una profunda irritación en Gran Bretaña, Alemania y Francia, que consideraban ofensivo a la par que estúpido que Zapatero propusiera controlar en Europa lo que era incapaz de controlar en su propio país. Pero la mayor humillación vendría de la mano de Merkel y Sarkozy, que le dejarían fuera de la negociación del primer plan de rescate para Grecia, algo insólito en los anales de la UE, y más cuando aparecieron ellos solos con el presidente griego en la foto final, algo que Zapatero anhelaba por encima de todo para presumir de cómo él solito había rescatado a Grecia.

Otro rechazo sonoro sería el de los planes para controlar Internet, seguramente preparado por la izquierdista radical ministra de Cultura. Pero, inasequible al desaliento, Zapatero seguiría poniendo en ridículo a nuestro país con su defensa de los líderes tercermundistas más impresentables del planeta, como los que gobiernan en Cuba, Venezuela, Bolivia y los palestinos, lo que haría que los líderes europeos se indignasen con él.

Y luego Obama, con quien compartiría, según la señorita Pajín, la conjunción planetaria que asombraría al mundo, se alinearía con los líderes europeos y dejaría arrinconado a Zapatero, preocupado también porque la pérdida de credibilidad de tan ridículo personaje, que había dedicado 23 millones de euros a los preparativos de tan excelso acontecimiento, podía perjudicarle en caso de aparecer pactando algo a su lado.

La presidencia más deslucida y marginal de la historia de la UE

Zapatero se había convertido en el hazmerreír de Europa, pero, jaleado por sus incondicionales, decidiría no desaprovechar la «conjunción planetaria» y presentar su plan para acabar con la crisis mundial que, según pensaba, tendría una acogida entusiasta en la prensa mundial especializada. Así, poco tiempo después de la presentación de su propuesta estrella para solucionar la crisis europea, el Wall Street Journal, en un editorial titulado «Legislando prosperidad», realizaría un devastador ataque a la estupidez de nuestro presidente: «Zapatero llega a Europa —diría— con una ingeniosa solución para la crisis: hacerla ilegal», refiriéndose a las propuestas de Zapatero de penalizar a los países que incumpliesen las previsiones de crecimiento incluidas en la Estrategia 2020, una necedad casi inimaginable, es decir: usted, país X, tenía que haber crecido este año según el Plan un 3 por ciento. Si crece menos se le sanciona.

Objetivos obligatorios como en los planes quinquenales de Stalin

Pero ¿a quién se le podía ocurrir tamaño despropósito? Supongo que a alguno de sus asesores marxista-leninistas que pensaba que la Europa del siglo XXI podía dirigirse con la misma estrategia de los planes quinquenales soviéticos de la época de Stalin. La República Socialista Soviética de Bielorrusia debía crecer un 4 por ciento, la producción industrial un 6 por ciento, la producción agrícola un 2 por ciento, y quien no cumplía, directo al gulag; pero como ahora ya no había gulags, Zapatero se conformaba con sanciones. Era un desatino, un insulto a Europa, pero sobre todo un insulto a España y a los españoles. Y así el WSJ continuaba: «Los europeos preocupados por la recesión y el paro pueden dormir tranquilos, siempre que el primer ministro socialista español José Luis Rodríguez Zapatero se salga con la suya, y pronto todos esos problemas estén expresamente prohibidos.» Y luego se preguntaba: «Pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Cómo es que nadie había pensado en ello?» Realmente, era una vergüenza pública. Nos habíamos convertido en el hazmerreír de Occidente, nunca en la historia reciente había habido tal unanimidad de críticas en los medios internacionales contra un gobernante español.

Zapatero se había centrado en la denominada «Estrategia 2020» que para él no era una continuación de la Agenda de Lisboa, porque sus objetivos no eran obligatorios, por ello explicaría a los medios que «para la salida de la crisis es absolutamente necesaria la estrategia 2020, asumiendo una naturaleza nueva, una naturaleza vinculante», o sea, como los planes quinquenales de Stalin. La Estrategia 2020 era en realidad la típica declaración de buenas intenciones que no sirven absolutamente para nada. Lo primero eran objetivos a diez años, largo me lo fiáis; era obvio que a tan largo plazo sólo podía hablarse de deseos y buenas intenciones.

En segundo lugar, se fijaban cinco objetivos: 1) Empleo: 75 por ciento de las personas de veinte a sesenta y cuatro años; pues muy bien, encantados de la vida, ¿y eso cómo se hace? 2) I+D e innovación: inversión del 3 por ciento del PIB de la UE; pues lo mismo, qué bien; y si tu economía está cayendo, el paro por las nubes y la deuda en las estrellas y no tienes ni para pipas, ¿de dónde sacas el 3 por ciento? 3) Cambio climático y energía: reducción del 20 por ciento de gases de efecto invernadero, aumento del 20 por ciento de energías renovables, y aumento del 20 por ciento en la eficiencia energética; o sea, más de lo mismo porque, primero, ¿dónde está el cambio climático? (al final del capítulo dedicaré un apartado específico al tema), y, segundo, el costo de lo que proponen, excepto la eficiencia, era inasumible. ¡Lo que nos faltaba! En España, con la industria moribunda y casi desaparecida, ¿vamos a pagar por emisiones de gases cuando somos los que menos contaminamos en cifra absoluta porque una inepta del PP no lo supo negociar? ¿Y vamos a pagar unas subvenciones salvajes a cuatro amigos del poder por las renovables, y pagar, así, como ya estamos haciendo, la electricidad más cara de Europa? 4) Educación: reducir las tasas de abandono escolar; algo muy fácil, reduzcamos las exigencias y prohibamos suspender, como hace Zapatero en la enseñanza pública, y tan contentos. 5) Finalmente, cómo no, luchar contra la pobreza y la exclusión social: aquí Zapatero lo tiene crudo porque el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social había crecido como la espuma, y teníamos ¡el 50 por ciento! de lo previsto para toda la UE. Lo más gracioso del asunto es que los objetivos tiene que conseguirlos cada país por su cuenta, cada uno los suyos. Y así las cosas, Zapatero quería convertir este catálogo de buenas intenciones, desglosado por países, en obligatorio, y quien incumpliera debería ser sancionado.

No podía solucionar la crisis en su propio país e iba a solucionar la europea. Realmente de broma. ¿Y para eso tenía 600 asesores? ¿Y por qué no prohibimos no poder pagar las hipotecas, o la sequía? Otra propuesta importante sería imponer por decreto el movimiento continuo, de esa forma tendríamos la economía sostenible hasta la consumación de los siglos.

A Zapatero, con la presidencia europea, le pasaría lo mismo que aquello que dicen le dijo la madre de uno al que nombraron ministro: «¡Qué pena, hijo mío! Hasta ahora sólo sabíamos en la familia lo tonto que eres, y ahora se enterará todo el mundo.» Y se enteraron, ¡vaya si se enteraron! Pero 11 millones de españoles habían votado a esta lumbrera, así que nada podíamos hacer.

Los líderes europeos ya no estaban dispuestos a soportar sus sandeces

El diario francés France Soir, el de mayor tirada del país, publicaría en aquellos días un artículo sobre la presidencia europea de Zapatero, que sería el alegato más demoledor contra un presidente europeo desde la segunda guerra mundial: «Han hecho falta seis años para descubrir que detrás de la sonrisa de Zapatero había solamente un mal hombre, aunque eso ya lo sabían los principales dirigentes europeos que le desprecian y consideran un político extremadamente dañino para España y para Europa.»

«Joaquín Almunia, vicepresidente europeo y compañero de partido, no oculta su desprecio por el líder español en sus conversaciones privadas y públicas ocasionales, y estima que debido a Zapatero, la economía española no tiene otra alternativa que el hundimiento. Y en Bruselas es de general conocimiento que Merkel y Sarkozy u otros líderes están tan indignados por la pésima imagen que Zapatero ha dado a Europa que ya no están dispuestos a soportar por más tiempo sus sandeces.»

«En España, un Zapatero aislado continúa avanzando hacia el abismo y llevando su país al desastre, acompañado por el partido socialista más radical y retrógrado de Europa, la legión de colocados y paniaguados que esquilma la ubre del Estado y la multitud de fanáticos que la izquierda española ha reclutado entre sus filas, tan cargados de odio contra la derecha que son incapaces de cuestionar a los suyos aunque hundan el país.»

«No crearemos empleo, pero ayudaremos a luchar contra el cambio climático, el desafío más importante para la humanidad»

Un periodista del Financial Times le hizo una entrevista e, incapaz de creer lo que oía, le preguntó en cuánto iban a ayudar sus «ideas» a la creación de empleo. Zapatero le respondió: «Ayudarán a luchar contra el cambio climático y a cambiar el modelo energético, que es el desafío más importante para la humanidad en esta generación.» Tal cual lo leen. «¡Que Dios salve a los trabajadores y a la clase media!», escribiría un servidor entonces.

Y después de ocuparse en la entrevista de arreglar todos los grandes problemas de la humanidad, no tuvo empacho en afirmar: «Vamos a tener déficit, pero contamos con amplio margen para endeudarnos.» Y aquí la falsedad y el delirio adquieren caracteres épicos. Pero ¿cómo que vamos a tener déficit? Lo teníamos ya, el mayor de Europa con gran diferencia, y en cuanto al margen, la deuda exterior era la mayor del mundo, en términos de PIB. Realmente, la capacidad de los socialistas españoles para despilfarrar y arruinar a la nación resulta asombrosa. Y en el colmo de la irresponsabilidad, le dice al periodista que va a liderar la ayuda al Tercer Mundo con el 0,7 por ciento del PIB, equivalente a 5.500 millones de euros, porque, según él, «es un imperativo ético». Es decir, haber dejado tirados en la cuneta a más de dos millones de parados, que no reciben ya prestación ni subvención alguna, o que casi más de un millón de familias tengan a todos sus miembros en el paro no era un imperativo ético para Zapatero.

Y finalizaba con un pronóstico: «Esperen cuatro meses y verán los síntomas de la recuperación.» Una afirmación surrealista, porque la economía seguía cayendo en vertical y al cabo de cuatro meses, con el sistema financiero contra las cuerdas, la situación estaría claramente peor.

La estimación de la caída de la economía con indicadores alternativos

La desviación entre las cifras de crecimiento oficiales durante los años 2008 y 2010 y la realidad fue tan clamorosa que sería contestada desde todos los medios independientes serios. Aunque lo importante es ver por qué tales cifras eran contestadas y cuáles eran los argumentos empleados. Para ello, nada mejor que reproducir algunos de los análisis más rigurosos realizados al respecto.

Frente a una caída oficial de la economía del –4 por ciento, la realidad fue del –18 por ciento

Empiezo por el publicado en Burbuja, un conocido foro digital de economía, que se centraba en los defectos de la forma de medir el PIB que tiene el INE. Para el autor, Juan Carlos B., los errores se concentraban en las partidas de consumo privado y de inversión, que el INE denomina «Consumo final de los hogares» y «Formación bruta de capital fijo». La primera representaba un 56 por ciento del PIB y la segunda, un 30 por ciento, es decir, el 86 por ciento en conjunto. Pues bien, tomando los indicadores con una mayor correlación (por ejemplo: ventas de grandes empresas cuya correlación con el PIB es de 0,89; afiliados a la Seguridad Social, 0,88; disponibilidades interiores de bienes de consumo, 0,82 con la inversión en equipo; o afiliados de la construcción, 0,81 con la inversión en construcción) el resultado era estremecedor, de una caída del PIB del –4,1 por ciento dada por el INE entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2009, al –18 por ciento obtenido a través de los indicadores alternativos.

Es absolutamente obvio que tal diferencia no es posible. O el INE miente o los indicadores alternativos mienten, pero ocurre que es imposible que mientan los indicadores alternativos, porque o bien se trata también de cifras oficiales como los afiliados a la Seguridad Social, más difíciles de manipular, y en todo caso siempre sobreestimándose, o cifras de agentes económicos independientes como ventas de grandes empresas, consumo aparente de cemento, ventas de automóviles, etcétera. Lo que significa lisa y llanamente que el INE y el Gobierno han mentido masiva y conscientemente sobre la profundidad de nuestra crisis. Pero no sólo son estos datos, hay muchos más.

La estimación de Lombart Research

Otra de las discrepancias con más impacto exterior, porque fue recogida por la prensa económica internacional, fue la que describiría la prestigiosa consultora londinense Lombart Research (LSR). Dicha consultora había observado una gran discrepancia entre los datos de los resultados económicos de las empresas obtenidos por la Central de Balances del Banco de España y el excedente de explotación publicado por el INE. En el pasado, dichos datos habían concordado razonablemente bien, pero a partir de 2008 se observaba una enorme discrepancia entre ambas cifras, tanto como un 20 por ciento en 2008 y 2009.

La conclusión de LSR era demoledora: «nominal GDP and corporate profits get overstated» («el PIB y los excedentes de explotación han sido sobrestimados»), o dicho de otro modo, las estadísticas oficiales no reflejaban adecuadamente la contracción de la economía española. Las discrepancias eran brutales: para el INE, los excedentes de explotación habían subido desde un 42 por ciento en 2007 hasta un 44 por ciento en 2009; según el Banco de España, el excedente de explotación había caído (que no subido), un 6 y un 15 por ciento, respectivamente. Un desfase del orden del 9 por ciento del PIB. Pero es que además, todos, absolutamente todos los indicadores independientes confirmaban la falsedad de las cifras del INE. Los datos de ventas de grandes empresas (AEAT) que publica Hacienda señalaban una caída cercana al 19 por ciento entre 2008 y 2009. La cifras de recaudación tributaria mostrarían lo mismo: la evolución de los resultados empresariales en función de los datos fiscales daría caídas de beneficios del 30 por ciento, 11 puntos más.

En la recaudación de IVA se observaba el mismo patrón, con caídas no sólo mucho mayores para las pymes, sino brutales, del –95 por ciento, pero poco representadas en la muestra del Banco de España. En resumidas cuentas, la conclusión del informe de Lombert sobre la exageración del PIB en la contabilidad nacional del INE se veía confirmada por los datos obtenidos de otras fuentes oficiales.

Informe «anónimo» publicado por el Financial Times

Siempre en la misma línea de denuncia del engaño masivo del INE y del Gobierno de Zapatero sobre la realidad del crecimiento a partir de 2007, el Financial Times publicó un informe «anónimo», es decir, no revelaba el nombre de los autores pero sí los conocía, ya que de otro modo no lo hubiese difundido, es decir, altos funcionarios españoles probablemente de Hacienda y del Banco de España, y que estaba perfectamente fundamentado, porque en caso contrario FT tampoco lo hubiera publicado.

El citado informe analizaba la falta de veracidad de las cifras del INE desde otro ángulo completamente diferente al informe Lombart. Incidía en las discrepancias observadas en el sector servicios de España, que representa más del 60 por ciento del PIB nacional medido por sectores de actividad. En concreto, destacaba la enorme diferencia existente entre el Valor Añadido Bruto (PIB del sector servicios) y el IASS, el indicador de actividad que mide la cifra de negocios del sector. Y concluía que la estadística oficial ocultaba una caída real del PIB próxima al 14 por ciento entre 2008 y 2009. El informe giraba única y exclusivamente en torno a ese eje y publicaba unos gráficos en los que se demostraba que el VAB y el IASS de este sector habían evolucionado siempre en forma pareja, hasta justamente el cuarto trimestre de 2007, momento en el que el Banco de España, siguiendo la órdenes del gobernador, cambiaría las cifras, como ya he explicado, para ayudar a Zapatero a ganar las elecciones. A partir de ese momento ambas estadísticas comienzan a divergir. Esta discrepancia sólo se produciría en España. En Francia, que sigue la misma metodología, ambos indicadores discurrirían en forma pareja.

El INE, coreado por El País y por Intermoney, una agencia ligada a Moncloa, negaría la mayor y explicaría que el problema era que el cálculo del IASS había cambiado de metodología, lo que justificaba las diferencias. Este argumento, que fue la principal línea de defensa del INE y sus escuderos para explicar las divergencias entre VAB e IASS en el sector servicios, era completamente falso. Efectivamente, la metodología en la elaboración del IASS había cambiado en enero 2009 (nueva CNAE), pero como explica el propio INE en la letra pequeña: «La serie se ha corregido retrospectivamente para que resulte comparable.» Además, los cambios aplicados sólo afectaban al distinto peso de los subsectores, pero no al indicador general. El impacto calculado por el informe era que la economía había caído un 17 por ciento en 2008 y 2009. J. C. Barba y M. Llamas, en Libertad Digital, harían sus propios cálculos, y asumiendo que la repercusión en el VAB de los servicios de mercado fuera menor de lo estimado en dicho informe, «reducirían» la caída al 13 por ciento. Como recordatorio, la Contabilidad Nacional de España mostraría un crecimiento del PIB del 0,9 por ciento y una caída del –3,7 por ciento en 2009.

En todo caso el resumen era claro: se mirara por donde se mirara, era un hecho que existían graves discrepancias entre los indicadores parciales y la Contabilidad Nacional, que, ¡oh, casualidad!, se ajusta siempre a las necesidades políticas de Zapatero. En el primer semestre de 2011, por ejemplo, los indicadores parciales mostraron una caída de la economía del 4 por ciento, frente al +0,8 por ciento oficial en tasa interanual.

Otros indicadores correlacionados: energía/PIB y empleo/PIB

He trabajado toda mi vida en el mundo del petróleo y del gas y he colaborado en la redacción de dos planes energéticos nacionales, con Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente económico y con el primer gobierno socialista. Pues bien, en ellos siempre se utilizaban correlaciones entre crecimiento económico y consumo de energía; en realidad era por donde empezábamos, pues los consumos de las distintas energías los estimábamos precisamente a través de sus correlaciones con el crecimiento del PIB, que se tomaba como base del Plan, sometido lógicamente a los análisis de sensibilidad al alza y a la baja que parecían más razonables.

Pues bien, entre todos ellos la correlación entre variación consumo de gasóleos de automoción/variación del crecimiento del PIB era casi la unidad. Mis actuales amigos en Repsol me siguen comentando que la correlación, como es lógico, apenas ha cambiado y, en consecuencia, es una herramienta válida para estimar lo que de verdad está pasando en la economía. Más aún, en Repsol, como en el resto de grandes empresas, no se creen las cifras oficiales y calculan las suyas propias. No sé cómo lo hacen otros, pero en Repsol utilizan lo que mejor conocen: estiman la variación del PIB con la variación de las ventas de gasóleo, que además tienen disponibles mensualmente (bueno, en realidad, día a día). ¿Y qué teníamos entonces y qué tenemos ahora? Pues que así estimado, el crecimiento económico del 2008 y 2009 fue del –14 por ciento, y el del primer semestre de 2011 del –4 por ciento.

Finalmente, tenemos la relación PIB y desempleo. Sobre esto se han realizado numeroso estudios, pero la conclusión es siempre la misma: la caída del empleo en 2008 y 2009 no es consistente con las cifras del PIB oficial —si estas últimas fueran ciertas, la caída del empleo habría sido mucho menor, una caída de 1,5 puntos frente a la caída real de 9,7 puntos—, y tampoco coinciden con el VAB de la construcción, ni con el IPI (índice de producción industrial), ni con nada. En resumen, el engaño del INE en las cifras de crecimiento desde 2007 ha sido sencillamente masivo. La pena es que sus sueldos los pagamos con nuestros impuestos, y les pagamos para que nos mientan.

La estafa del calentamiento global

Y para terminar este capítulo, dada la continua utilización por parte de Zapatero de la patraña del calentamiento global para justificar cualquier estupidez, quiero explicar lo que de verdad sabemos sobre el mismo.

En medio del invierno más frío en cuarenta años, y me estoy refiriendo a 2009, con temperaturas de –30 °C en Moscú, y de –20 °C en muchas otras capitales, se pretendían tomar en Copenhague, en la cumbre sobre el cambio climático, medidas enormemente lesivas para familias y empresas. Pero en esas condiciones de entorno la patraña del calentamiento no podía prosperar. Dios se había apiadado de nosotros para impedir que nos siguieran saqueando una panda de golfos y demagogos. Los gobiernos más ricos estaban dispuestos a poner dinero porque los temas medioambientales venden mucho electoralmente, aunque no sin que China e India se comprometieran a reducir emisiones. ¿Cómo iba China a reducir su crecimiento y su bienestar por un supuesto calentamiento cuando medio país sufría una ola de frío extremo? ¿Cómo iba a hacerlo la India, con los Himalayas sufriendo las nevadas más intensas en décadas? China además no tiene que contentar a una izquierda ecologista para obtener su voto, porque ellos son la izquierda y, además, no se vota.

El resultado de la cumbre fue excelente para los ciudadanos indefensos: se tomarán medidas cuando la temperatura suba en 2 °C (no ha subido ni un grado en un siglo y cero en los últimos diez años); objetivos de reducción de emisiones para 2050, pero sin fecha para llegar a un máximo, y pasta, la mínima, unos seis mil millones de euros/año hasta 2020, lo mismo que Zapatero solito, con nuestro dinero, regala anualmente a las renovables. Un Zapatero sin ideas, incapaz de hacer frente a la crisis, pero dispuesto a los mayores dislates. Y esto es lo grave, porque el mayor contaminador de Europa —aparte de la mamarrachada «La tierra no pertenece a nadie. Sólo al viento»— ha decidido arruinarnos para conseguir los votos de la extrema izquierda y los ecologistas.

Su apuesta por «una nueva era basada en las energías renovables» es un desastre para la competitividad, para el empleo y para el bienestar futuro de los españoles. Apuesta por las subvenciones brutales a los amigos del poder —los que consiguen las concesiones— y por las energías más caras e ineficientes del planeta, mientras nuestros nuevos competidores tienen la electricidad y el gas a la mitad de precio.

El cambio climático: una constante universal

El calentamiento global es la mayor estafa planetaria de los tiempos modernos. El cambio climático es una constante universal originada por numerosas variables, en las que destacan cambios en las corrientes oceánicas —si la corriente del Golfo cambiara su curso ligeramente, Europa entraría en una edad glacial— y en la radiación solar, que oscila cíclicamente. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. En los últimos cuatrocientos veinte mil años ha habido cuatro glaciaciones con sus períodos interglaciales, y en todos ellos la temperatura alcanzó niveles superiores a los actuales. Hace ocho mil años el desierto del Sáhara era una selva, intercalada con épocas glaciales, una documentada en el 2200 a. J.C, que dejó a Egipto y los países de la zona al borde del hambre.

Más cerca de nosotros, en la España del Cid, en el año 1000, los ríos españoles llevaban el doble de agua que en la actualidad, el Guadalquivir, por ejemplo, era navegable hasta Córdoba. Groenlandia estaba libre de hielos en la Edad Media. También en esa época hubo períodos cálidos en toda Europa, tanto que en el norte de Inglaterra se cultivaba la vid. En el siglo XVIII, por el contrario, hubo un período de enorme frío, y los ejemplos son múltiples. Ninguno de estos cambios climáticos, tremendos por otra parte, ha estado causado por la actividad humana.

El estado del miedo

¿Se acuerdan ustedes del «agujero de ozono» en la Antártida que dejaba ciegos a los pingüinos y a las focas y que iba a destruir el mundo? Pues ni había agujero, ni dejaba ciego a nadie, ni nada de nada. Resulta que se trata de un fenómeno cíclico que se repite anualmente: al final del crudo invierno antártico se producen una serie de reacciones fotoquímicas en la estratosfera que reducen la cantidad de ozono. En septiembre la cantidad de ozono llega a un mínimo, luego se recupera y en noviembre el «agujero» se ha cerrado. Con esta patraña se amedrentó a toda una generación, se forraron unos cuantos y miles de activistas ecologistas vivieron del cuento como rajás.

Ahora es igual pero a gran escala, «el planeta se calienta, los hielos se derriten y asciende el nivel del mar». Es el nuevo «estado del miedo». Un camelo total. Sin embargo, el supuesto «calentamiento global» ha permitido a los vendedores del Apocalipsis y a las ideologías izquierdistas que no han aportado nada útil a la humanidad en ochenta años, excepto dictadura, miseria e injusticia, crear un engaño colectivo del que se benefician extraordinariamente.

«El planeta se calienta»: mentira. Los gráficos de temperaturas medias mundiales muestran desde 2007 una bajada, no una subida. En el verano de 2008, el que esto escribe estuvo en el santuario de ballenas del río S. Lorenzo, cerca de Quebec. La bióloga marina que nos acompañaba nos explicó que el invierno anterior había sido el más frío que recordaba. Los jesuitas que llevan registros de la altura de la nieve caída en Quebec desde hace cuatrocientos años, medirían la mayor altura en cuatro siglos.

La mayoría de las medidas de temperatura se toman en «islas de calor», grandes ciudades y aeropuertos. También se utiliza el truco de emplear los años que convienen, y en la mayoría de los casos los cálculos se realizan sin garantía alguna. En West Point, por ejemplo, con garantía de seriedad, continuidad y método, no se han producido cambios en la temperatura media en ciento setenta y cinco años, 51 °F en 1826 y 51 °F en el 2000. Pero la prueba del nueve ha sido que unos hackers han pillado a los gurús del calentamiento de la Universidad de East Anglia con el carrito de los helados. Han manipulado datos, han destruido pruebas y han silenciado o desacreditado a los disidentes. Y toda la información que utiliza la ONU y las organizaciones internacionales procede de esta fuente. Por cierto, estos mismos golfos predecían en los años setenta una nueva glaciación, pero como es mucho más rentable el calentamiento, han cambiado la predicción.

Ecoterrorismo

Este tipo de comportamientos es lo que el conocido escritor Michel Crichton, el autor de Parque Jurásico, denomina «ecoterrorismo»: científicos dispuestos a modificar o manipular sus datos según las necesidades de las organizaciones que les subvencionan. Han falsificado de todo, pero lo más relevante han sido las temperaturas que no han crecido en los últimos diez años, lo que invalida totalmente la gran estafa del calentamiento. Una falsificación que no es nueva, porque es la que llevan haciendo durante décadas los marxista ecologistas, utilizando fotos de glaciares en verano con menos hielo, diciendo que son de invierno, o filmando desprendimientos de masas de hielo polar en verano, diciendo que es en invierno.

El CO₂ en la atmósfera ha pasado de una media de 250 ppm a 385 ppm, pero en el Holoceno, hace doce mil años, ese nivel era de 7.000 ppm, sin mediar actividad humana. De los gases emitidos por la centrales de carbón, parte es CO₂ y parte SO₂, y ocurre que el SO₂ refleja los rayos solares, y en consecuencia enfría. El conjunto de emisiones contaminantes de las innumerables centrales de carbón tenderá a enfriar y no a calentar en los próximos veinte años. Otra cosa distinta es el desastre ecológico en las zonas colindantes, pero eso no es calentamiento global, es contaminación local contra la que se debe luchar con todos los medios. Además, si hubiera un efecto invernadero, las temperaturas sólo podrían subir y un invierno glacial como el actual sería imposible.

«Los hielos se derriten», un camelo estratosférico. El Polo Sur, que contiene el 90 por ciento del hielo de la Tierra, se está enfriando excepto en una pequeña zona. Las mediciones con radar de banda lateral muestran que la masa de hielo de la Antártida oeste crece al ritmo de 26,8 gigatoneladas al año, y el hielo marino antártico dura ahora 21 días más que en 1979. Hace dos años se produjo el invierno más frío en cien años en el hemisferio sur; hasta nevaría en Buenos Aires.

Y ya la repanocha de la tomadura de pelo: «asciende el nivel del mar». ¿Adónde asciende? Cualquiera que viva o vaya habitualmente a la playa, podrá comprobar la absoluta falsedad de la afirmación. No ha subido ni un centímetro en sesenta años, y en cien, si miramos fotos antiguas de nuestras playas, ha bajado. Si el deshielo fuera cierto, el nivel del mar habría crecido un metro o dos. Y todas esas playas habrían desaparecido. Así que ¿qué trolas nos cuentan estos golfos? Hay, sí, playas a veces destrozadas pero siempre por las tormentas, nunca por la subida del nivel del mar, algo que puede verse perfectamente en los puertos. Por ello, no se dejen engañar, crean sólo lo que ven sus ojos, no hay más cambio climático que el natural.

CAPÍTULO 12

Las otras crisis sectoriales

Nuestras dos grandes crisis, la del sector inmobiliario y la del sector financiero, se encuentran aún a gran distancia de terminarse. La crisis inmobiliaria iniciada con el derrumbe de Astroc, corregida y aumentada por el hundimiento de Martinsa Fadesa (el mayor expediente de quiebra en la historia española), continúa con unas perspectivas muy negativas en que los precios no han tocado fondo. Y no se dejen engañar en esto, ni lo tocarán en un futuro previsible. Échenle cuatro o más años, porque el stock de viviendas continúa siendo enorme, y aun así se sigue construyendo, menos de 100.000 anuales pero se construye. Y el problema es que no se vende nada, y mucho menos si, como parece indicar el hundimiento de las bolsas de valores en agosto, entramos en una nueva recesión antes de salir de aquella en la que ya estábamos. El stock no se está reduciendo, las ya escasas ventas agudizarían su caída a mediados de 2011 y las perspectivas para 2012 son tenebrosas. Como diría Greenspan, el sector inmobiliario español y sobre todo el financiero, que es la mayor inmobiliaria de España, en lugar de hacer un baratillo, limpiar los tajos y empezar de nuevo sobre una base sana, ha decidido arruinarse gota a gota.

El sector financiero está herido de muerte. Los vencimientos de deudas en 2012 ascienden a 120.000 millones de euros y, salvo milagro, el colapso está asegurado. Las cajas de ahorro y Montes de Piedad españoles, ciento sesenta años de la mejor historia social de este país, hundidas en pocos años por la nueva casta política incompetente y venal, han sido troceadas separando la parte buena de la parte mala; la parte buena se ha convertido en banco a cuyo cargo se han quedado los políticos responsables de la ruina de las mismas. Y en cuanto al resto, a la parte mala o los despojos, se ha quedado en las cajas saqueadas, las cuales se agrupan en holdings que aglutinan toda la ruina.

Y ahora ¿qué pasa con los «bancos malos»? Pues que después de haberles esquilmado sus mejores activos a un tercio de su valor, el agujero que tienen se asemeja a la fosa de las Marianas. Casi los dos tercios de la subprime española, crédito a proveedores y constructoras, que suponen más de 500.000 millones, de los que no recuperarán más de un tercio, están aparcados en ellas, y los 400.000 millones adeudados al exterior por las cajas se están refinanciando con aval del Estado porque no pueden pagar. ¿Quién se va hacer cargo de esto, señor gobernador? ¿Quién responderá del desastre si los culpables, en lugar de ser procesados, se han ido a los «bancos buenos» con sueldos de escándalo?

Pero además de las dos principales, hay también otras crisis. La del sector industrial, la del Sistema Nacional de Salud, la de las pensiones y la de la enseñanza pública.

La desindustrialización de España

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno afirmaría sin que le temblase la voz que la industria sustituiría el liderazgo económico ejercido por el «ladrillo» durante más de diez años. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho es el sector que exhibe un peor comportamiento del PIB, incluso peor que el de la construcción. Y la consecuencia inmediata del proceso de industrialización es que la productividad de la economía española se aleja de la media europea, y que la competitividad ha empeorado los últimos años. La destrucción industrial de los últimos tres años es el peor registro desde que el INE comenzó a elaborar su estadística en 1975. Se trata de un hundimiento sin precedentes históricos, y aunque la desindustrialización no es un proceso único de España, es aquí donde ha adquirido caracteres más dramáticos dentro del mundo desarrollado. Lo que constituye una grave amenaza estructural sobre nuestro futuro: convertirnos en una economía sólo de servicios, prácticamente tercermundista.

Entre 1975 y mediados de 2011 el peso de la industria en el PIB pasaría del 34 al 14 por ciento. ¡Nada menos que 20 puntos, una cifra casi inimaginable! ¿Éste era el país moderno, dinámico y próspero que iba a sustituir a la España de Franco y que nos vendieron los artífices de la Transición? Pero el asunto es peor aún, si se excluye la energía, que en cierto modo es un servicio fijo, la industria representa sólo el 11 por ciento, una cifra realmente irrisoria. Los servicios, por su parte, pasarían del 46 al 65 por ciento. En el empleo sería aún peor, apenas un 13 por ciento de la población ocupada. En los últimos tres años, la producción industrial ha caído un 32 por ciento, según el INE; en realidad la caída supera el 40 por ciento. Aunque sectores esenciales como el de bienes de consumo duradero cayeron un 50 por ciento y los de equipo un 40 por ciento. No se trata de un reajuste, es un desplome en toda regla de la economía real, de la economía de verdad.

Y no se crean ustedes las comparaciones con otros países para justificar el desastre. En Estados Unidos, Reino Unido y otras grandes economías el proceso de externalización de actividades es gigantesco, nada que ver con España. Y como no existen estadísticas diferenciadoras, una gran parte de la actividad industrial se contabiliza como servicios o como importaciones. La industria subcontrata casi todo, dentro o fuera de su territorio, y aparece reducida a la mínima expresión, pero es la actividad industrial la que mantiene todo el tinglado, y no sólo la parte externalizada. Hay innumerables servicios que dependen de ella, desde los financieros al transporte, pasando por los comerciales, la ingeniería y un largo número de ellos. Afirmar como hacen muchos que el Estado de bienestar produce desindustrialización es una memez. Y ¡ay del país donde se produzca no por externalización, sino por extinción! Sin una industria fuerte es imposible el desarrollo y el empleo.

Las causas de la desindustrialización

Casi todos los infortunios que han sucedido y sucederán sin duda en este desgraciado país se deben a una mezcla de incompetencia, impunidad y venalidad de nuestra clase dirigente. Y la desindustrialización no es una excepción. La demagogia política afirma que esto es una señal de progreso, una auténtica burla que además hace recaer toda la responsabilidad sobre la clase trabajadora, cuando el problema no es sólo de la productividad del trabajo sino de todos los factores. Y ocurre que la productividad aparente del trabajo crece mientras la del capital decrece, y no digamos la inversión pública, despilfarrada en temas delirantes, sin orientación productiva alguna, como los 8.000 millones del Plan E, literalmente tirados por el fregadero.

De los 20 puntos de participación en el PIB perdidos por el sector industrial entre 1975 y mediados de 2011, menos de un tercio es consecuencia de la productividad del trabajo. El resto responde a la inexistencia de una política industrial efectiva capaz de asignar los recursos a los sectores que merece la pena salvar y no a los electoralmente más rentables, y al coste monopolista de factores esenciales, desde los costes financieros a los costes de la energía, pasando por las barreras a la externalización o subcontratación de numerosas actividades. La reconversión industrial, impuesta por la crisis del petróleo y la creciente competencia exterior, y que afectó a todo el mundo desarrollado, se planteó como objetivo prioritario en los Pactos de la Moncloa, pero el abandono de los mismos en marzo de 1978, por la frivolidad y/o los intereses bastardos de algunos ministro de UCD, y que provocó la dimisión de Fuentes Quintana, dio al traste con tan gran oportunidad

Las causas de que un proceso de reconversión, el realizado por Felipe González, que costaría ríos de dinero acabara en la ruina de sectores perfectamente viables fueron varias: la «política de gota a gota —ayer una empresa, hoy otra, mañana una tercera—, sin resolver para nada los problemas del contexto general», como nos recuerda Ramón Tamames; la desastrosa negociación de entrada en la CE, que empeoraría extraordinariamente lo conseguido por Ullastres en el Tratado Preferencial de 1970; el coste de financiación más elevado de Europa, consecuencia de un sistema bancario oligopolista y rapaz; y la cultura del pelotazo implantada en la Transición, corregida y aumentada tanto por el PSOE como por el PP, una economía especulativa que desprecia la economía productiva y el trabajo bien hecho. Como certeramente describiría el Financial Times en marzo de 1991, «durante los años de expansión se vio un gran crecimiento de las inversiones financieras que en su mayor parte han derivado hacia actividades de tipo especulativo —principalmente hipotecarias— en lugar de a incrementar el tejido productivo», ése ha sido el problema.

Cómo revertir el hundimiento industrial. El I+D+I: el nuevo pelotazo ibérico

Cuando se reflexiona o discute sobre si el sector industrial español tiene o no tiene futuro, desde el Gobierno hasta el PP, pasando por la mayoría de «expertos» del país, se habla siempre del I+D+I como la solución mágica de este problema y de todos los demás. Y se quedan tan panchos, fundamentalmente porque no tienen ni la menor idea ni de qué es eso, ni de las infinitas trampas que pueden hacerse, como sabemos muy bien los que hemos estado al frente de grandes empresas que recibíamos dinero de manos de unos funcionarios que no tenían ni idea de lo que hacíamos, que eran absolutamente incapaces de controlar nada, y que además les importaba un pimiento, con tal de que los papeles estuvieses en orden. Por eso la ministra Garmendia, que sí sabe de qué va eso, y conoce en lo que de verdad se emplea el dinero para I+D+I, ha decidido ser honrada y dar ese dinero a los cocineros vascos, sin trampa ni cartón.

Sin embargo, y en palabras del profesor de Harvard y del IESE en Barcelona P. Ghemawat, «hay —en España— una referencia constante e irreflexiva sobre la innovación, como si pudiera resolver todos los problemas; la innovación es una parte muy pequeña de las soluciones, mientras que mover recursos correctamente de un sector a otro tiene más impacto en el crecimiento que cualquier otra cosa». Esta afirmación me parece esencial, porque hablar del I+D+I en España es una frivolidad cuyo único efecto real es el pelotazo descomunal para los amigos del poder.

¿Cómo se puede hablar en serio de innovar en un país donde el sistema público de enseñanza ha sido literalmente arrasado por el Partido Socialista y desterrada la cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho? El hablar de I+D+I en la España de Zapatero, donde el 80 por ciento de los ministros son analfabetos funcionales, es un insulto a la inteligencia. Pero es que además, aunque tuviéramos un sistema de enseñanza público de alta calidad y una cultura del esfuerzo como la teníamos en los años sesenta, algo por lo que los indocumentados y sectarios actuales te llaman fascista, es que daría lo mismo. El I+D+I, incluso en las mejores condiciones posibles, tardaría lustros o décadas en dar resultado, y la tecnología está disponible en el mercado para quien desee comprarla.

¿Cómo, entonces, revertir el hundimiento industrial de nuestro país? En primer lugar, asignando los recursos públicos a aquellos sectores con futuro que merezca la pena salvar, y no, como se está haciendo, a sectores que no tienen futuro alguno. En concreto, para el profesor Ghemawat, «la industria del automóvil no va a sobrevivir en España más de diez años, no tienen ni margen de beneficios ni perspectivas de crecimiento, es cuestión de tiempo que la trasladen a otros lugares». La alimentación y el textil son dos de los ejemplos de sectores con futuro a salvar mencionados por el profesor del IESE.

Lo segundo, el coste de los factores esenciales. Es imposible que España no se desindustrialice si el sector tiene que soportar los mayores costes financieros no sólo de Europa, sino de toda la OCDE; es imposible si los costes del gas y de la electricidad superan ampliamente los de nuestros principales competidores. Tercero, hay que liberalizar los servicios y permitir un incremento drástico de la externalización, mucho más importante aún de la que permitiría la reforma del mercado laboral. Cuarto, la recuperación del mercado único, hoy fragmentado en 17 trozos, un desastre para la productividad; el ejemplo de Cataluña, donde más lejos se ha llevado la ruptura, es pavoroso. La desindustrialización la está dejando arrasada. ¿Cómo, por poner un ejemplo disparatado, se les ocurre a los supermercados Eroski-Caprabo colocar los productos etiquetados en catalán en la primera línea de ventas? ¿Es que han enloquecido? Si hasta los productos franceses, ingleses o alemanes los etiquetan en español. Y quinto y último, la reforma laboral.

Sigan despilfarrando recursos públicos en inversiones sin orientación productiva y/o en sectores insalvables; mantengan los costes financieros y energéticos más altos del mundo industrializado; mantengan la connivencia oligopolios-gobierno e impidan la competencia exterior; no liberalicen los servicios para facilitar la externalización; y sigan profundizando las barreras lingüísticas y legales en el mercado interior. Y luego cuenten a la gente que con la reforma laboral y el pelotazo ibérico del I+D+I todo se arregla. El desastre está asegurado, España no camina hacia la tercerización, camina hacia el tercermundismo.

La insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud, las pensiones y la enseñanza pública, los tres grandes pilares del Estado de Bienestar, están en fase de liquidación por Zapatero y su pandilla de inútiles. El nombre de «Sistema Nacional de Salud» (SNS) fue la denominación que se daría al sistema de sanidad pública en 1986, algo por lo que no pocas almas ingenuas piensan que fue un invento de Felipe González, que lo único que hizo fue articular las distintas prestaciones sanitarias existentes hasta entonces. El asunto viene de mucho más lejos, en concreto de diciembre de 1942, cuando se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad, bajo el Instituto Nacional de Previsión, un sistema público de cobertura de riesgos sanitarios financiado a través de una cuota pagada por trabajadores y empresas, y reestructurado por la Ley General de la Seguridad Social de 1974.

El Seguro Obligatorio había ido asumiendo durante los años cincuenta y sesenta cada vez un mayor número de patologías dentro de su cuadro de prestaciones, así como cubriendo a un mayor número de personas y colectivos. De hecho, para conocimiento de las almas ingenuas y sectarios izquierdistas que afirman que todos los grandes hospitales públicos los construyó Felipe González, sepan que todos los grandes hospitales públicos, los siete grandes de Madrid, desde la Paz al Primero de Octubre, pasando por todos los demás, los cinco grandes de Barcelona, e igual en el resto de España, fueron construidos durante el franquismo. Es una pena, pero qué le vamos a hacer. En los años sesenta es cuando se construyen casi todos los grandes hospitales de España.

El sistema público de salud contaría desde sus inicios con los mejores profesionales de la medicina del país, algo que conocemos bien varias generaciones de españoles. De hecho, el perfil de un profesional de cinco estrellas es un médico que trabaja por las mañanas en la sanidad pública y por las tardes tiene su consulta privada. Las únicas excepciones se dan casi siempre en medicina general, donde no pocos profesionales excelentes —y tengo un par de nombres en la mente, que son auténticos médicos de los médicos— sólo trabajan en la sanidad pública y en la enseñanza de la medicina.

Pues bien, estos excelentes profesionales, gracias a los payasos de la Transición, que politizarían la sanidad hasta la médula, y esto no es patrimonio socialista, ya que el PP y los nacionalistas han hecho lo mismo, sufren de una gestión política administrativa desastrosa que les impide realizar su trabajo con eficacia. Con una asignación disparatada de recursos, son los más reducidos, 6,4 por ciento del PIB, de toda la OCDE. Pero, además, como señalaba The Economist el 17 de septiembre de 2011, también están extraordinariamente mal gestionados: «los medicamentos cuestan un 40 por ciento más que en el Reino Unido, los hospitales sólo abren de mañana, hay casi 10.000 liberados sindicales, inexistentes en el resto del mundo, y tienen el mayor absentismo de Europa.»

Gestión, escasez de recursos y asignación disparatada de los mismos

Pero si alguien creía que la politización extrema de la salud no podía empeorar, se equivocaba. El traspaso de la sanidad a las CC. AA. ha sido un desastre sin paliativos que ha incrementado a límites inasumibles la estructura política administrativa del SNS y los liberados sindicales que no le dan un palo al agua han crecido como la espuma, de forma que el coste de personal supone ya más del 50 por ciento del coste total. Para hablar de ello, nada mejor que resumirles el análisis realizado sobre estos temas por uno de los grandes profesionales de la medicina que ejerce su trabajo en un gran hospital de Madrid.

La asignación de los recursos, ya de por sí escasos, es disparatada. «Se produce un pésimo aprovechamiento de las instalaciones y los medios, los grandes hospitales funcionan sólo de mañanas, por las tardes están desiertos, hay decenas de miles de metros cuadrados de consultas y salas vacías por la tarde, así como miles de millones en aparatos sin utilizar». Y en lugar de optimizar los recursos existentes se construyen otros nuevos porque políticamente hay que inaugurar hospitales, y cuanto más lujosos y llenos de mármoles mejor. «Se crean nuevas áreas sanitarias, en Madrid dos, con hospitales de referencia (Infanta Sofía e Infanta Elena) que no tienen ni de lejos los servicios que ofrecen los demás hospitales que son cabecera de área. Es imposible que la gestión de los nuevos hospitales pueda ser similar a la de los viejos. Asimismo resulta chocante que cuando se tiende a la informatización sanitaria, el sistema que se va a utilizar en los nuevos hospitales sea diferente al ya establecido en los demás centros»; alguien se llevaría una comisión que le solucionaría la vida.

Además, de acuerdo con el espíritu implantado por los padres de la Transición en general y socialista en particular, ¿recuerdan la enseñanza pública?: «Las plazas se asignan a dedo, aun disfrazado, y el sistema es absolutamente desincentivador, se trata igual al diligente que al vago, al que está y cumple sus obligaciones, que al que llega tarde, se marcha pronto, y se va a casa con los periódicos leídos.» Se han incrementado la discriminación y las diferencias de calidad, por mucho que las leyes digan lo contrario, las remuneraciones de los profesionales pueden diferenciarse hasta en un 50 por ciento de una comunidad a otra, el resultado final es un sistema profundamente insolidario y al borde de la quiebra, que debe ya más de 15.000 millones de euros a proveedores y recibe menos de lo que gasta, y eso no se sostiene.

Luego está la farmacia. Entre el 25 y el 28 por ciento del gasto total, otra partida de gasto inasumible, y aquí la responsabilidad es en primer lugar del Ministerio de Sanidad, al que prácticamente la única función que le queda es la de la Dirección General de Farmacia, que es la que negocia los precios de los medicamentos con los laboratorios, y lo hace tan chapuceramente que «estamos pagando más que nadie en muchos preparados, algunos muy caros y de dudosa eficacia». La señorita Trini había prometido revisar la fórmula de cálculo de precios, con la que según ella se ahorrarían 2.400 millones de euros, y al final no hizo nada. Pero esto le ha venido fenómeno a su jefe y a su sucesora, la señorita Pajín, porque como la gente no tiene memoria, les vuelven a contar lo mismo, lo meten en el paquete de «nuevas medidas de ahorro del Gobierno», y todos contentos. Al final no harán tampoco nada. ¿Pero qué le importa eso a Zapatero, que para entonces estará en León, y a la señorita Pajín, que tampoco estará, pero que ya la buscará Rajoy algún apaño, porque en partitocracia antidemocrática y corrupta, creada por los padres de la Transición, prima un pacto de hierro no escrito, «hoy por mí y mañana por ti»? Luego están los médicos, algunos mal pagados pero mimados por los laboratorios con viajes y congresos y que recetan sin freno.

Todo el sector está en pie de guerra, los suministradores de material, a quienes no les pagan, los laboratorios, los farmacéuticos, e incluso las Entidades de Seguro Libre, según las cuales la quiebra de Muface, la Mutualidad de Funcionarios, que está a punto de producirse, dejaría sin sanidad privada a más de 30 provincias. Mientras tanto, las CC.AA. piden a gritos un dinero inexistente, pero nada de reducir personal político administrativo y liberados sindicales, excepto Madrid, donde van a reducirlos en cerca de 1.000 (por lo que esta panda de vagos no para de pedir la cabeza de la señora Aguirre) o a asignar unos recursos escasos con criterios económicos y no políticos. Y la ministra Jiménez antes y la inefable Pajín ahora sólo han hecho promesas y no han cumplido nada. Pero ¿cómo estas dos mujeres que no han hecho otra cosa en su vida que militar en el Partido Socialista van a poder dirigir la sanidad nacional? Los españoles están «majaretas» como diría Obélix. El SNS está hoy en manos de los dioses.

Y además, el mayor disparate del mundo civilizado y sin civilizar

Por si todo esto fuera poco, hay un tema esencial, tan inexplicable como insultante, algo inexistente en el resto del planeta. Al hatajo de insensatos que se hizo cargo de la gobernación de este país a partir de la inconmensurable desgracia de la Transición no se les ocurrió otra cosa en 1968 que, en la Ley General de Sanidad, hacer obligatorio tratar a cualquier persona que demande asistencia, con papeles o sin ellos, residente o no residente. Realmente, estamos en manos de locos peligrosos. Este dislate se fue extendiendo, y cada vez es mayor el número no ya de sin papeles que viven en España, sino de extranjeros que viven en sus países con patologías graves y de tratamiento muy costoso a los que las mafias organizadas, del Este, de Latinoamérica, de África, mandan en un avión a Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, y colocan en las urgencias de los grandes hospitales públicos, que están colapsadas, pero donde exigen y consiguen prioridad absoluta bajo la amenaza de denunciar al hospital por xenofobia o lo que se tercie.

Nada mejor para entender el disparate gigantesco que un ejemplo entre miles. En un gran hospital de Madrid, concretamente La Paz: «Hace unos meses, aunque esto ocurre todos los días y en todos los grandes centros, un rumano de treinta y cinco años, alcohólico activo, sufre una fuerte hemorragia y es internado en su país. Una mafia local lo mete en un avión hasta Barajas, y de ahí lo dejan en urgencias de La Paz. El tipo amenaza con denunciarles si no es tratado de inmediato, y ante la cobardía generalizada de los responsables de nuestros hospitales, se le trata y, a los pocos días, saltándose todas las listas de espera, se le hace un trasplante de hígado en el Ramón y Cajal. A un español, alcohólico activo, jamás le hubieran trasplantado un hígado, y menos aún se habrían saltado las listas de espera.»

«Las parturientas extranjeras reciben todas al finalizar la preparación al parto una caja con los elementos básicos para el bebé: biberones, chupetes, ropita, etcétera. A las españolas, normalmente, ni agua.» En conjunto, los inmigrantes, que suponen el 10 por ciento de la población, representan el 20 por ciento de la asistencia sanitaria y consumen tres veces más medicamentos por familia que los españoles. «Un 10 por ciento de las plazas MIR, médicos internos residentes, está reservado exclusivamente para inmigrantes, que además tienen derecho a optar al 90 por ciento restante, mientras existen miles de médicos españoles, parados o subempleados, que tienen que emigrar.»

«Por otro lado, cada vez acuden más enfermos de otros países de la UE de renta muy superior, pero donde determinados actos médicos, por ejemplo, las prótesis de articulaciones, tienen limitaciones de edad y no las implantan, y aquí sin problemas y gratis.» «También cada vez más familias de extranjeros afincados en España acuden a ver a sus hijos y casualmente se ponen enfermos. Muchos con patologías crónicas que requieren costosos tratamientos o intervenciones. ¡Totalmente gratis!», los imbéciles de los españoles lo pagan con sus impuestos. No hay palabras para explicar esta locura izquierdista-progresista, y que el PP no cambió cuando tuvo mayoría absoluta. Mientras tanto, el sistema va directo a la quiebra, ante la incompetencia, la cobardía y la iniquidad de nuestra clase política.

La quiebra del sistema de pensiones

En julio de 2011, la Tesorería General de la Seguridad Social facilitó los datos oficiales de la situación del conjunto del sistema. El número de prestaciones ascendía en esa fecha a 8,8 millones, y el coste de las mismas era de 85.200 millones de euros, una cantidad que, a pesar de la congelación de pensiones decidida por el Gobierno en mayo de 2010, estaba creciendo al ritmo del 5 por ciento anual debido al incremento de la cuantía media de las mismas, derivado de un número creciente de jubilaciones con largos períodos de cotización y al incremento del número de pensionistas. Simultáneamente al crecimiento de los gastos, los ingresos del sistema público de pensiones estaban cayendo al 1,3 por ciento con tendencia a una mayor profundidad de las caídas. El número de cotizantes se reduciría en 200.000 personas entre junio de 2010 y junio de 2011, pero en julio de 2011 el número de cotizantes caería en 50.000, y en agosto en ¡137.000! Es una espiral hacia el desastre.

Como consecuencia, desde finales de 2010 y por primera vez en la Historia, los ingresos regulares por cuotas eran inferiores a los gastos regulares por prestaciones económicas, es decir, se ha producido un déficit de explotación. Estos números rojos han podido ser compensados temporalmente por los ingresos financieros provenientes de la caja de la Seguridad Social, como consecuencia de sus inversiones en deuda pública. Una caja que dispone de 65.000 millones de euros y que Zapatero ha descerrajado y puesto en riesgo cierto al decidir saltarse por las buenas la obligación de comprar sólo deuda de máxima calidad, triple A, para comprar bonos del Estado español. Y lo que es peor, con la intención declarada de comprar también bonos basura de la Generalitat catalana, para conseguir el apoyo de CiU.

Pero el problema no es sólo que el sistema de pensiones haya entrado ya en déficit de explotación, el problema mayor es que el déficit se está acelerando por dos tipos de razones. La primera es que la tendencia al crecimiento de los gastos va a continuar, por los mismos motivos que la han hecho crecer últimamente. El número de jubilaciones y el de jubilaciones caras está previsto que aumente, mientras que la tendencia de los ingresos es a la baja, porque la caída de afiliaciones va a continuar y, lo que tal vez es más importante, por la precarización del trabajo, con contratos a tiempo parcial y la terciarización de la economía, con cada vez mayor participación del sector servicios de poco valor añadido y de muy bajos salarios. Con la industria, donde los salarios son mayores, en caída libre, la mejora es imposible.

Pues bien, en un escenario optimista en el que las tendencias actuales se mantienen en lugar de empeorar en los próximos cinco años, para poder reequilibrar los ingresos y gastos del sistema las pensiones tendrían que experimentar una reducción de un 30 por ciento en términos reales. Si, por el contrario, y como parece más probable, la situación sigue deteriorándose aunque sea a un ritmo más moderado, las pensiones deberían reducirse en un 40 por ciento como media para hacer sostenible el sistema. Y esto significa pura y simplemente el hambre física para 4 millones de personas adicionales. A este fin, en julio de 2011, con los votos del PSOE y los comprados a CiU, a cambio precisamente de que la caja de la Seguridad Social compre bonos basura de la Generalitat, se aprobaría una nueva normativa del sistema público de pensiones.

El primer hecho relevante es lo que sin duda constituye el escenario de quiebra de la Seguridad Social, algo que Zapatero y sus secuaces están haciendo ímprobos esfuerzos por ocultar a los ciudadanos. El escenario de quiebra tiene tres elementos diferenciados por un lado e interrelacionados por otro. El primero es la desaparición del superávit de la Seguridad Social el pasado mes de abril; el segundo, la insostenibilidad del actual sistema de pensiones según todos los estudios actuariales, y el tercero, la utilización por Zapatero de la caja de las pensiones para financiar el imparable déficit de las administraciones públicas.

De las «quiebras parciales» a la «quiebra total»

El sistema de pensiones, del que los socialistas detrajeron, como ya se ha explicado, más de 250.000 millones de euros en los años ochenta para financiar la reconversión industrial, inversiones como el AVE a Sevilla y el gasto corriente, está quebrado. Y lo primero que ha hecho Zapatero, en lugar de devolver el dinero que sustrajo del sistema, ha sido realizar «quiebras parciales» —así, los que trabajen menos de quince años no tienen pensión; las viudas, el 50 por ciento; siete CC. AA. quebradas, etcétera—, y como las «quiebras parciales» ya no son suficientes para mantener la gigantesca estafa piramidal que representa nuestro sistema público de pensiones, pues el dinero que aportan los nuevos cotizantes se utiliza para pagar a los que causan baja. Hay que reformarlo de urgencia, porque ni aun así se sostiene.

Para ello, en enero de 2011, el Gobierno presentaría una reforma para conseguir «un sistema de pensiones reforzado, equilibrado y de consenso», donde las pensiones —con el visto bueno de la CEOE y los sindicatos de pesebre UGT y CC. OO., a cambio de 1.500 millones de euros anuales— han sido primero congeladas, luego serán recortadas un 5 por ciento, y gradualmente los recortes llegarán al 30 por ciento, mientras que los activos pagarán más. Tomen nota los más de 8 millones de pensionistas de cómo Zapatero y los socialistas les están llevando a la miseria: les reducen las pensiones, mientras les suben los impuestos y los servicios esenciales, como la luz o el gas.

Mientras, los sindicatos de pesebre, UGT y CC. OO., que jamás han criticado la política de Zapatero que nos ha llevado a este desastre, se dedican al «intercambio de cromos», a ver lo que pueden pillar para ellos engañando a los pensionistas, o el «pacto social» en lenguaje socialista, porque el dinero se ha acabado para las pensiones, no se ha acabado el despilfarro autonómico y local, ni para evitar la quiebra de la mitad del sistema financiero, cuya pérdida estimada en palabras de Rubalcaba «no se acerca en absoluto a esa cifra —se refería a los 26.000 millones que aparecen en una presentación del FROB para engañar a los inversores—; desgraciadamente, la cantidad es muy superior».

En los próximos dos años, la reforma realizada por el gobierno supondrá una reducción de la pensión media de los 890 euros al mes actuales a 700, que es el efecto útil de la reforma que se aprobará en unos días. Si a esto añaden ustedes una pérdida de poder de compra para una mayoría de jubilados cercana al 9 por ciento, y que no será compensada en forma alguna, la pensión media en términos reales quedará reducida a poco más de 640 euros, lo que llevará directamente a la miseria a más de la mitad de los pensionistas.

Y el déficit de las pensiones mencionado es sólo en términos de caja, es decir, dinero que entra en el cajón y dinero que sale del cajón a día de hoy. Pero si la Seguridad Social se gestionara como una empresa, que lo es, la cifra relevante son sus deudas o compromisos firmes de pago y sus expectativas de ingresos a medio plazo, y entonces es para cortarse las venas, porque los compromisos firmes de pago acumulados por la Seguridad Social equivalen a ¡tres veces el PIB de España! No es necesario tener muchas luces para darse cuenta de que la rebaja de las pensiones en un 25 por ciento es sólo para abrir boca.

La sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo

En un estudio sobre el desequilibrio financiero-actuarial del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social española, realizado en la Universidad de Valencia por María del Mar Devesa, el más serio y detallado del que tengo conocimiento, las conclusiones resultan devastadoras.

a) La deuda implícita neta del sistema de pensiones supone el 224 por ciento del PIB.

b) Para hacernos una idea del volumen de la deuda, si se pretendiera amortizar mediante términos amortizativos constantes, al 4 por ciento, habría que destinar casi 75.000 millones de euros cada uno de los próximos cincuenta años, es decir, un 7,5 por ciento del PIB.

c) Para conseguir un déficit igual a cero sería necesario que la cotización aplicable a todo el sistema se incrementara en un 22 por ciento, que la edad de jubilación pasara a 67,5 años, y que el crecimiento nominal de las pensiones aplicables a todo el sistema pasara del 2 al 0,9 por ciento, lo cual supone una caída en términos relativos del 53 por ciento.

En definitiva, para que el sistema sea sostenible a largo plazo, las pensiones tendrían que bajar gradualmente hasta la mitad de las cifras actuales.

La destrucción de la enseñanza pública

«Confieso no saber nada sobre las leyes que rigen nuestra enseñanza, de cualquier grado que sea. Pero conozco sus escalofriantes resultados. Los alumnos de instituto son prácticamente analfabetos y no les interesa dejar de serlo. Brillantes universitarios defraudados por su profesorado, al que desprecian. Algo ha sucedido para que los estudiantes aprendan poco y mal.»¹⁸

Me formé en los años cincuenta y sesenta sólo y exclusivamente en centros públicos. Todo lo que sé se lo debo a ellos, al Instituto Nacional de Enseñanza Media Fray Luis de León de Salamanca, a la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. Tuve los mejores profesores que un joven pueda desear, verdaderos catedráticos los del instituto, altos directivos de la industria española en la Escuela de Ingenieros, que habían construido plantas siderúrgicas, centrales eléctricas, perforado pozos de petróleo en el mar, construido refinerías, y qué decir de la Facultad de Económicas: Fuentes Quintana, Tamames, Velarde, Castañeda, Sampedro, Rojo, Alcaide. ¿Qué más se podía pedir? Cuando hice cursos de posgrado en universidades de élite de Francia y Estados Unidos, nunca encontré mejores maestros que los que había tenido en el instituto y en las universidades públicas españolas.

Pero no sólo yo, sobre todo en Salamanca tuve compañeros de clase muy humildes a los que el sistema público de enseñanza y las becas permitieron progresar en la vida: llegarían a ser médicos de renombre nacional, abogados de éxito, ingenieros, directivos, un ascenso social imposible en la España moderna y progresista de la Transición. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos en el país democrático, moderno y próspero que con tanto esfuerzo, sudor y desvelos nos legaron los padres de la Transición? El mayor cataclismo educativo de nuestra historia: no es que se haya producido una misteriosa degeneración neuronal entre generaciones, es sólo el producto de unos sectarios, no sé si indocumentados o malvados, o las dos cosas a la vez, que han destruido el ascensor social que la enseñanza pública fue en el pasado, y condenado al estancamiento y la exclusión social a los hijos de todas aquellas familias sin recursos suficientes para pagar a sus hijos una enseñanza digna en un centro o una universidad. Mira que han cometido tropelías los líderes socialistas, pero éstos en concreto: Maravall, Solana y Rubalcaba y sus colaboradores, que han aniquilado literalmente lo mejor que tenía este país, su sistema público de enseñanza, no tienen perdón de Dios.

Cuando Maravall asume el Ministerio de Educación en 1982, cargo que ocuparía hasta 1988, junto con su hombre de confianza, Rubalcaba, que sería nombrado secretario de Estado para la Educación en 1988 y luego ministro, los institutos públicos de enseñanza media eran, de largo, los mejores centros del país para este tipo de enseñanza, y el bachillerato que impartían, uno de los mejores de Europa. Y respecto a las enseñanzas universitarias cabía decir exactamente lo mismo. Y sin embargo Maravall no era ningún indocumentado, no era un inculto como la mayoría de los ministros que hemos conocido de Zapatero. Era abogado y sociólogo de prestigio, premio extraordinario de fin de carrera, lo que hace más difícil entender qué le movió a hacer lo que hizo, algo que sólo desde un sectarismo y una perversidad extrema puede encontrar la razón de la sinrazón. Tal vez una pista de ello podamos encontrarla en aquella famosa entrevista con Federico Jiménez Losantos, en la que se le escaparía que su intención con sus reformas de la enseñanza superior había sido convertir las universidades españolas, que además han proliferado como hongos por razones político-electoralistas, en un gran aparcamiento de parados. Y en cuanto a la enseñanza media, dada su instrumentación y resultados, la intención no ha podido ser otra que tratar de implantar la mediocridad, el adoctrinamiento y la erradicación de cualquier tipo de idea de sacrifico y esfuerzo entre nuestra juventud, un planteamiento intrínsecamente destructivo y malvado.

Los planteamientos de la LOGSE

Ya he explicado en la parte correspondiente a la etapa de Felipe González los grandes rasgos de lo ocurrido, pero aprovechando el excelente trabajo del profesor Miguel Ángel García Olmo, «La Educación que nos trajo la LOGSE», voy a profundizar un poco más en el significado de tan nefanda reforma educativa, que aunque iniciada a principios de los ochenta por Maravall y continuada por Javier Solana, sería Rubalcaba, como secretario de Estado primero, y como ministro de Educación después, quien le daría la forma final y la implantaría de verdad. Debo decir, sin embargo, que es inconcebible la dejación, la falta de responsabilidad y la cobardía del PP, que seis años después gobernaría durante ocho años, y sin embargo no acabaron con todo ello de un plumazo, por temor a ser acusados de retrógrados y fascistas, por lo que se han convertido en colaboradores necesarios en esta barbarie.

La filosofía, por llamarle de alguna manera, de este engendro se ha dado en llamar «concepción constructivista del aprendizaje». ¡Qué bonito! ¿A que suena bien esta memez? Y, sobre todo, sólo con decirla, la gente entiende perfectamente de qué están hablando, pero por si son un poco duros de mollera, si no les gusta esta definición, los socialistas, igual que Groucho Marx, tienen otras: secuenciación, actitudinal, temporalización, tutorial, diseño curricular, transición a la vida activa, segmento de ocio o contenido transversal, que supongo aclararán a todos de qué va el tema, y si no se lo aclaran, lo tienen crudo porque no pertenecen a la lengua española y no están en el diccionario, así que tendrían que escribir, por ejemplo, a la señorita Pajín, que seguro que lo domina.

Se ha creado incluso un nuevo tipo de alumno, el «objetor escolar», es decir, el alumno de catorce a dieciséis años que no tiene ningún interés por estudiar, pero que, por imperativo legal, todavía debe seguir matriculado en un centro de enseñanza, y que debe ser mimado especialmente. Ni que decir tiene que estos «objetores» suelen ser los que provocan mayores problemas de disciplina.

Y luego, para controlar las esencias de la LOGSE, se ha creado un cuerpo de los que ningún instituto puede librarse: los psicopedagogos, que eso sí que es fácil de entender porque aparecen siempre en todo tipo de organización socialista. Son los temibles comisarios políticos, pero como somos demócratas y «Uropeos», estaría feo que los denominaran así. Estos tipos, izquierdistas radicales en su mayoría, son las figuras más influyentes de la reforma, tanto entre el personal docente como por su función de orientación sobre los alumnos.

En sentido contrario, todas aquellas palabras o conceptos que cualquier persona racional identifica con lo educativo, tales como exigencia, espíritu de sacrificio, trabajo personal, responsabilidad, rigor científico, afán de superación, esfuerzo intelectual, amor por la obra bien hecha, han quedado definitivamente proscritas. Además, la burocracia ha aumentado exponencialmente y, aparte de su coste, «hace del trabajo de enseñar un permanente naufragio en un océano de papeles y cuestionarios». Para engañar a la opinión —increíblemente adormecida e indiferente, ya que se trata nada más y nada menos que del futuro de sus hijos—, se usan profusamente argumentos demagógicos de corte populista como que lo que pretende la LOGSE es «integrar a todos en todo, sin distinción ni discriminación alguna».

«¡Dale una hostia, que no pueden hacerte nada!»

Naturalmente, la forma de resolver los continuos brotes de indisciplina y el grave retraso general ni siquiera se contempla. Terror y silencio en las aulas de una sociedad que ha perdido todos los valores. Los informes internos que se realizan en muchos centros, pero que no se publican por miedo «a los de arriba y a los sindicatos», son escalofriantes. Una muestra: «Un chico abofetea a una chica, y cuando un profesor le sujeta por el brazo recibe una tunda de patadas. Una profesora sale en su defensa y uno de estos salvajes le dice al otro: “¡Dale una hostia, que no pueden hacerte nada!”» Sexo en los retretes, robos, insultos, amenazas, esto es lo que está sucediendo en la enseñanza de Zapatero, la peor de Europa con diferencia, pactada por los funcionarios izquierdistas y los sindicatos.

Luego, la creación de un complejo entramado de directrices «políticamente correctas» a las que se bautiza como «Contenidos transversales», y cuya finalidad esencial es el adoctrinamiento político —ríanse ustedes de aquella «maría» de nuestra época llamada «Formación del espíritu nacional», que todos nos tomábamos a pitorreo; los fascistas eran unos auténticos pardillos al lado de los izquierdistas radicales actuales—, ahora son contenidos completos, un rimero de asignaturas doctrinales, «Educación sexual», «Educación no sexista», «Educación multicultural», «Educación para la paz», y memeces similares y, por supuesto, «Educación para la ciudadanía», el summum del adoctrinamiento zafio-izquierdista impuesto por Zapatero.

Pero el drama de esta basura es que ha expulsado de las aulas la enseñanza de verdad, las asignaturas humanísticas en particular, de forma que hoy, según un amplio estudio realizado por el INCE en 1998 con la participación de 12.000 padres y 50.000 alumnos, los alumnos «no conocen la historia de la literatura y son incapaces de distinguir funciones sintácticas en las oraciones», en ortografía el resultado es «patético», los alumnos de hoy no saben escribir, ponen faltas a discreción, son incapaces de escribir un texto bien articulado y su vocabulario es limitadísimo. De eso doy fe a tenor de lo que me escriben los alumnos en sus exámenes. Si aplicara la regla de uno de mis viejos profesores, que suspendía a todos los que cometían faltas de ortografía, no aprobaría ni un 10 por ciento. «En matemáticas, los rendimientos de los alumnos entre catorce y dieciséis años en ningún caso se aproximan a lo que sería deseable», «un 79 por ciento no conoce la evolución de las ideas y acontecimientos más sobresalientes desde el siglo XIV hasta nuestros días.»

Cuando hoy se pregunta a los militantes pro-LOGSE —cada vez menos, afortunadamente— por la causa de la ineficacia del modelo, su respuesta es la típica marxista-leninista: «la culpa no es del modelo, la culpa es de quienes lo llevan a la práctica», docentes recalcitrantes a pesar de los comisarios políticos, los psicopedagogos, cuando no fascistas infiltrados, que sabotean tan innovadoras genialidades. Y lo increíble, los de la izquierda más retrógrada y radical, es decir, los de Rubalcaba, tienen la solución muy clara: prohibir la enseñanza privada. La enseñanza pública, antes un gigantesco ascensor social, ha sido degradada hasta situarla a la cola del mundo civilizado, tanto que si una familia no dispone de los medios para enviar a sus hijos a un colegio y a una universidad privados, su posibilidad de progreso en la vida equivale a la existente en el siglo XIX. Éste será uno de los grandes legados del socialismo en general y de Zapatero en particular.

Y eso es sólo una parte, porque a partir de 1999, esta vez el PP, esta vez Aznar, comete el increíble disparate de transferir la educación a las CC.AA., y eso fue el acabose, pues aparte de todo lo anterior, España desaparece de los textos en un tercio del país, la Historia y la cultura se tergiversan hasta límites inauditos, la mentira, el adoctrinamiento, en este caso nacionalista, dominan el panorama educativo. Si alguien creía que la tropelía del trío Maravall-Solana-Rubalcaba era insuperable, se equivocaba. Aznar —sí, Aznar—, sería responsable de tan desastrosa decisión.

La destrucción de la universidad española

«Hubo un tiempo en el que todo el mundo suponía que a la universidad se iba a estudiar. La universidad era en realidad una asociación de personas dedicadas al estudio: los profesores y los alumnos. En el momento actual aún sigue estando claro que los alumnos, aun a trancas y barrancas, tienen que seguir estudiando. Pero si contemplamos el panorama académico español desde la perspectiva de los profesores, da la impresión de que a lo que se va a la universidad es a opinar y a maquinar.»¹⁹

La norma que ha aniquilado la calidad de la universidad española fue la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, por la que se aprobarían las normas reglamentarias para la contratación de profesorado, que suprimiría las antiguas oposiciones a cátedra que habían garantizado la alta calificación del profesorado de nuestras universidades durante más de un siglo, y que serían sustituidas por nombramientos prácticamente a dedo, a través de supuestos concursos «públicos» que producen vergüenza ajena, y donde lo único que cuenta es la filiación política del aspirante, o su amistad o parentesco con los profesores de mayor rango, careciendo de importancia la preparación y la capacidad del mismo. Para entrar en la universidad hoy, prácticamente uno tiene ir con el carnet del partido en la boca

Antes de que el paso del tiempo fuera jubilando a los profesores más valiosos y llegáramos al nivel de degradación actual, la Ley de Incompatibilidades de 1984 expulsaría de las universidades públicas a lo mejor de su profesorado, desde Fuentes Quintana a Luis Ángel Rojo pasando por los mejores en cada rama del saber que compatibilizaban la enseñanza con el ejercicio de su profesión, y que pasarían a enseñar en universidades privadas, al impedirles la nueva ley el compatibilizar ambas situaciones.

Aquí viví una experiencia personal inolvidable, pues la Ley de Incompatibilidades era algo tan brutal que se escapaba a cualquier intento de explicación racional. Si un economista, Rojo, Fuentes, Velarde, por ejemplo, los mejores del país, trabajaban en el Banco de España o en otras instituciones públicas similares, no podían impartir sus enseñanzas en las universidades públicas. Tenían que optar: o Rojo abandonaba el Banco de España o abandonaba su cátedra en la Complutense. Si un cirujano eminente catedrático de cirugía se dedicaba a operar en hospitales públicos, que era lo normal, tendría que optar: u operaba o enseñaba, no podía tener dos sueldos públicos. Parece increíble, pero fue así como sucedió. El descerebrado que ideó esta tropelía fue un tal Moscoso. Como el tema me afectaba, convoqué conjuntamente con Enrique Fuentes una comida en La Dorada, un conocido restaurante madrileño, a la que asistimos catorce catedráticos a los que la Ley nos afectaba de lleno, entre ellos varios jefes de servicio de grandes hospitales públicos que eran además catedráticos. Yo trataba de que alguien (Fuentes) con acceso directo a González le pidiese audiencia y le explicara la barbaridad que esto entrañaba, pero no hubo forma. Me desesperé tanto que me encaré —injustamente— con Fuentes, diciéndole: «¡Pero, Enrique, de qué tienes miedo! ¿Qué más pueden hacernos?» Su respuesta fue contundente: «Eres un ingenuo, Roberto, ni te imaginas el daño que esta gente puede hacernos.» Tenía toda la razón.

Gracias a los socialistas (y Aznar no hizo nada por corregirlo), la universidad española se ha desplomado en términos académicos. Queda entre un 10 o 15 por ciento de profesores excelentes del pasado, que poco a poco se van jubilando, y el resto es desde mediocre a profundamente ignorante. Un sistema endogámico altamente politizado para cubrir los puestos de profesorado. Una caída tal de calidad que no existe ninguna universidad española entre las 300 primeras del mundo —algo que no se justifica por el estado de España ni en términos históricos, ni económicos, ni sociales—, y un estado de terror donde a quien se atreve a criticar y denunciar lo que sucede, le ocurre lo mismo que al profesor Penalva, que por su libro Corrupción en la Universidad. El ocaso de la educación fue suspendido de empleo y sueldo de forma fulgurante antes de investigar la verdad o no de sus afirmaciones. Me estoy refiriendo a la Universidad de Murcia, cuyo rector, un tal Covacho, quede su nombre para conocimiento y desprecio de las gentes de bien, se ha estado postulando para candidato del Partido Socialista a la presidencia de la comunidad autónoma.

Finalmente, con la coartada de la autonomía universitaria, los ciudadanos pagamos las universidades con nuestro dinero, pero nadie audita ni controla cómo se gasta. Así, hay rectores que están dejando unos agujeros en las universidades, malgastados o malversados, porque eso no se sabe, que son absolutamente disparatados.

La ruina de la política energética marxista-ecologista

En junio de 2008, los transportistas, el primer colectivo al que la crisis, con la reducción de cargas y el precio del gasóleo, había puesto al límite de supervivencia, declararía una huelga salvaje, y la pasividad y la incompetencia iniciales del Gobierno permitirían la casi paralización del país, lo que ocasionaría daños enormes, tanto a corto como a medio plazo. Era justo lo que nos faltaba cuando estábamos entrando en un auténtico desplome económico.

España al borde del caos, y el Gobierno, desaparecido

Mientras la falta de transporte sumía a España en el caos, la desidia del Gobierno era absoluta. Primero Fomento, responsable de los transportes, donde la ministra estuvo desaparecida hasta que fue demasiado tarde, y luego el Ministerio del Interior, que durante tres días permitiría a los huelguistas campar por sus respetos, y sólo ante una situación imposible, presionado por los empresarios —cuyas instalaciones se paralizaban una tras otras por falta de piezas— o por los supermercados que empezaban a estar vacíos —existían ya problemas serios de abastecimientos en muchos puntos de España—, Zapatero anunciaría «tolerancia cero». ¡A buenas hora mangas verdes! ¿Por qué no lo hizo tres días antes? Y las fuerzas de seguridad, una de las pocas instituciones que aún funciona en este país, restablecieron la normalidad en cuanto se lo ordenaron, igual que harían con el 15-M si no lo hubieran tenido prohibido por Rubalcaba, que para eso son sus camisas pardas.

¿Y cuál fue el coste de tanta imprevisión y tanta ineptitud? Nunca se supo con exactitud, estuvieron los costes directos, las subidas de precios y las cesiones del «gabinete de crisis», del que ZP excluyó a Solbes, para poder meter la mano en el cajón, que es lo que hizo tirando de presupuesto, y lo que es mucho peor, reduciendo cotizaciones a la Seguridad Social de los transportistas que tuvieron que ser asumidas por otros colectivos. Y después, el gran problema: las regulaciones de empleo. Varias empresas que estaban deseando salir de España vieron la ocasión de realizar despidos masivos, supuestamente temporales, pero nadie sería readmitido de nuevo.

Esta exposición quedaría coja si no llegáramos al fondo del asunto. ¿Por qué se produjo una explosión social tan violenta? La respuesta era obvia: los transportistas fueron el primer colectivo que se encontró literalmente al borde de la supervivencia y, al contrario que otros colectivos que se encontrarían después en situación similar, tenían capacidad de organización, y sobre todo capacidad de paralizar el país.

Zapatero, como de costumbre, se lavaría las manos, afirmando que él no tenía culpa de nada, que la culpa era del petróleo, de los alimentos y de los tipos de interés, cosas que, como todo el mundo sabe, «están fuera de su alcance». Por supuesto, el Gobierno no era responsable de que el crudo estuviese a más de 130 dólares, pero sí era responsable, después de cuatro años de Gobierno, de que los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representen el 82 por ciento de nuestro consumo energético, más del doble de la media de la UE-27, donde los hidrocarburos representan el 40 por ciento de la energía total.

El coste de la política energética marxista-ecologista de Zapatero

La política marxista-ecologista de Zapatero —que además ha intensificado después de haber ganado unas elecciones que le han llevado a la firme convicción de que los españoles somos imbéciles, y que los disparates y el aplastamiento de la clase trabajadora no tienen coste electoral alguno— ha supuesto que toda la potencia eléctrica instalada durante su legislatura haya sido de ciclos combinados de gas (90 por ciento) y de energías renovables fuertemente subvencionadas (10 por ciento), cuyo coste de generación multiplica el de las centrales nucleares en funcionamiento: 14 euros MWh frente a 80/90 el gas y el eólico y por 40 la solar que promedia los 450 euros MWh.

Pero sobre todo, y en relación con el problema que tenemos encima, hay otro hecho más importante aún, y completamente desconocido por la opinión pública: el brutal incremento del precio del gasóleo ha sido parcialmente debido a esta política marxista-ecologista. Me explico. El consumo de gasóleos de automoción, agrícola y pesca en España ascendía a 31,8 millones de toneladas al año, y ocurría, que como consecuencia de esta política que ha impedido construir nuevas refinerías y modernizar las existentes, tenemos un sistema de refino de petróleo totalmente insuficiente para nuestras necesidades, lo que nos lleva a un déficit tan gigantesco de gasóleos que tenemos que importar anualmente más de 15 millones de toneladas, casi el 50 por ciento del total.

Y esto tiene unas consecuencias económicas muy serias para los consumidores, porque al alza de precios del petróleo se le suma el coste de la política marxista-ecologista de Zapatero. ¿Y cuál es ese coste adicional? Pues tanto como 4.500 millones de euros/año, debido a que el gasóleo importado cuesta del orden del 30 por ciento más que el obtenido del crudo en una refinería. ¿Y dónde estaban entonces los progres subvencionados y la asociaciones marxista-ecologistas que tan tenazmente se oponen a la modernización de España? ¿Por qué no salían a distribuir gasolina y transportar la fruta y los alimentos que se estaban pudriendo? ¿Y quién pagó todo ese estropicio? Pues los sufridos contribuyentes, que para eso Zapatero había dejado a Solbes fuera del «comité de crisis», para meter la mano en el cajón sin que nadie protestase. ¡Si será por dinero! Se vuelve a subir la presión fiscal y en paz.

Pero no es sólo eso, lo peor era que como consecuencia de esta política marxista-ecologista, el coste de generación de la electricidad en España es el que más ha subido de toda Europa en los últimos cuatro años, un coste que recae íntegro sobre los consumidores, algo sobre lo que existe una gran confusión pero que es muy sencillo. La empresas eléctricas tienen derecho por Ley, y es lógico, a repercutir la totalidad de sus costes, lo cual hacen sin problemas en el mercado «liberalizado» que era entonces entre el 35 y el 40 ciento del total, pero que ha pasado ya en su casi totalidad a esta modalidad. Y en el mercado a tarifa, el resto, podían ocurrir dos cosas, que se pudiera subir políticamente la tarifa o que no se pudiera; si no se puede, las subidas se periodifican en quince o veinte años, es decir, que los hijos pagarán mañana lo que consumen los padres hoy. Éste fue un invento de Rato, corregido y ampliado por Montilla y siguientes, y que en 2008 había generado ya un «déficit» de tarifa de 14.000 millones de euros, más del doble de la facturación anual del sector, y que pagarán nuestros hijos.

En términos macro, la enorme dependencia del petróleo y el gas, derivada de esta política marxista ecologista, supone que España tenía que destinar el 6,2 por ciento del PIB a aprovisionarse, frente a sólo al 2,3 por ciento tres años antes, y para comprar básicamente lo mismo. No hay que ser economista para entender el tremendo significado de esta cifra sobre el crecimiento y el empleo. Pero eso sí, Zapatero no tenía culpa de nada, la culpa era de Bush, de la guerra de Irak y de la foto de las Azores.

CAPÍTULO 13

¿Está en quiebra España? La deuda bruta supera el 400 por ciento del PIB

El segundo problema más importante de nuestra economía —después del de un modelo de Estado insostenible que nos está llevando a la ruina y en el que las AA. PP. siguen gastando 100.000 millones más de lo que ingresan— es el endeudamiento total de España, relacionado en la parte referente a la deuda pública con lo anterior. A pesar de tratarse de datos teóricamente públicos, existe un desconocimiento sobre el endeudamiento real de la economía española. La última cifra oficial del endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas, familias y empresas tanto financieras como no financieras, se encuentra en torno al 400 por ciento del PIB. La real, obviamente, resulta mayor, ya que aquí no están contabilizadas las deudas con proveedores, que a la vista de los últimos datos conocidos, después de las elecciones municipales y autonómicas, pueden superar los 80.000 millones de euros, ni los avales al sector financiero, que ascienden a 86.000 millones y que se convertirán en deuda en su inmensa mayoría y, por supuesto, la deuda oculta de CC. AA. y ayuntamientos, que ha demostrado ser mucho mayor que la publicada en cuanto los gobiernos han cambiado de manos, pero cuya cuantía desconocemos.

En relación con el tamaño de nuestra economía, se trata ya de la deuda más elevada de todo el mundo desarrollado. España es el país más endeudado del mundo, si consideramos sólo las grandes economías, después de superar a Japón y Gran Bretaña y teniendo en cuenta toda la deuda. Pero es que eso no es todo, primero porque la deuda sigue creciendo, segundo, porque la deuda de las administraciones públicas, como ya he señalado, está claramente infravalorada, y tercero, porque nuestra economía es mucho más débil. No es lo mismo mantener una deuda elevada en un país con ingresos predecibles que en otro con ingresos menos predecibles.

De esta cantidad, la deuda bruta con el exterior, ascendía a 1,74 billones de euros, o el 174 por ciento del PIB, lo que supone que cada español, desde los niños de pecho hasta los ancianos, debemos 37.700 euros a extranjeros, y cada trabajador, tanto como 100.000 euros, el sueldo medio de más de tres años. Si se descuenta la deuda que los bancos, empresas, ciudadanos y gobiernos extranjeros mantienen con España, la deuda neta asciende a 1,02 billones, o el 102 por ciento del PIB. Esto es lo que se desprende de un documento publicado en julio de 2011 y que toma los datos del Banco de España entregados a 31 de marzo. La explicación de cómo se llegó a este disparate es la que se ha venido exponiendo aquí a lo largo de los diferentes capítulos, «las razones por las que los poderes públicos (Gobierno) y los reguladores (Banco de España) consintieron en que ocurriera tal disparate no son claras (...) Lo más probable es que se tratara de una mezcla de ignorancia y exceso de confianza en un sistema que parecía estable y cortoplacismo político».

El endeudamiento de las familias

El endeudamiento de las familias españolas, según el Banco de España, ascendía a 957.000 millones de euros a final de 2010, con un crecimiento interanual del 1,1 por ciento. El endeudamiento de los hogares durante 2010 se caracterizó por un descenso de los préstamos a corto plazo y la estabilización de los préstamos a largo plazo, ligados a hipotecas en su mayor parte, que constituyen más del 90 por ciento del endeudamiento total. Por el contrario, los préstamos comerciales, en su mayoría de sociedades financieras, vulgo usureros, cuyos intereses oscilan entre el 20 y el 30 por cientos anual, casi se doblaron hasta 17.000 millones de euros, consecuencia del cierre del grifo de bancos y cajas a las familias y la penuria extrema de muchos que se ven obligados a recurrir a este tipo de préstamos para sobrevivir. La riqueza financiera neta de las familias, es decir los activos financieros menos la deuda, descendería ligeramente hasta los 814.000 millones.

En el año 2004, el primero de Zapatero, las familias tenían un ratio de endeudamiento del 80 por ciento de su renta disponible; a finales de 2010, la deuda de las familias era más del 120 por ciento de su renta bruta disponible. Y entonces, ¿de dónde se saca Zapatero su penúltima afirmación demagógica, según la cual el endeudamiento de familias y empresas se generó en la etapa de Aznar? Pero, sobre todo, ¿por qué el PP no le saltó al cuello y le cantó los números de verdad? Lo cierto es que esto lo dijo Zapatero en el Comité Federal antes de las elecciones autonómicas y municipales, y ya ven para que le sirvió: el PP le barrería sin molestarse en contradecirle, pero creo que eso no es ganar, es sólo que el otro pierde, y aunque el resultado fue el que fue, no es exactamente lo mismo.

El hundimiento de la renta disponible de las familias

La renta disponible de las familias es un concepto importante en economía, pero mucho más en la vida real, porque es la renta final de la que una familia dispone para gastar o ahorrar. De los ingresos totales debemos restar, pues, los impuestos directos pagados por las familias (el impuesto sobre la renta de las personas físicas) y también las cotizaciones de la Seguridad Social. La renta disponible es el motor de la demanda privada, que en España supone el 56 por ciento del PIB y, por tanto, el principal motor del crecimiento junto con la inversión. Pero mucho más importante que esto, que a mucha gente le puede sonar a chino, es que la renta disponible es de lo que vive la gente, y por ello esta variable macroeconómica es la primordial para las familias, mientras que el PIB les puede quedar lejano.

¿Y qué tenemos aquí? Pues que Zapatero ha conseguido rizar el rizo y, por primera vez desde principios de los años cincuenta, la renta disponible de las familias está descendiendo. En 2010, y según los datos de Contabilidad Nacional, de los que sólo sabemos que son falsos, la pérdida de renta total fue de 29.000 millones de euros, es decir, que en realidad está bajando mucho más. En parte ha sido debido a los menores ingresos de las familias, a la mayor presión fiscal directa, y a la inflación. Y en 2011 este empeoramiento se está acelerando, algo que a la vista del desastre del verano de 2011, que anunciaba un otoño dramático, que se prolongará en 2012; como diría proféticamente Juan Roig, presidente de Mercadona, a principios de año.

La reducción ulterior de la renta disponible es inevitable, pero es que además la parte que de verdad les quedará para vivir se reducirá mucho más ya que en la segunda mitad del año el recibo de la luz subirá un 23 por ciento para la energía consumida y un 12 por ciento para la cuota de potencia, y ello a pesar de la bajada de precios del petróleo y el gas, como consecuencia de las brutales subvenciones a las renovables y al abuso oliogopolista del mercado, que jamás fue tan elevado como con Zapatero. El segundo semestre de 2011 y todo 2012, al menos, serán dramáticos para una mayoría de familias españolas.

Y sobre este tema, en el último debate sobre el Estado de la nación, Zapatero se saldría por la tangente, afirmando que la renta disponible de las familias se había incrementado un 17 por ciento desde 2004, ocultando que había caído un 5 por ciento en 2010, que era el ejercicio que se debatía. Rajoy, como casi siempre, en vez de tirársele al cuello y acusarle de mentiroso, no diría ni pío, una debilidad o una ignorancia incomprensible, que haría además que fuera Zapatero quien le saltara al cuello a Rajoy, para exigirle que hiciera rectificar públicamente a su portavoz económico por haber afirmado que «Zapatero nos ha llevado al borde abismo». Y no me hubiera sorprendido nada si Rajoy hubiera rectificado.

El problema del endeudamiento familiar no es sólo su nivel, sino la rapidez con que ha crecido

Aparte de su nivel, el problema del endeudamiento familiar en España es la rapidez con que ha crecido, y la retrógrada legislación española para resolver situaciones de elevado endeudamiento familiar. Se decía hasta hace poco que la morosidad hipotecaria española se encontraba dentro de límites manejables, y no era cierto, porque las cifras oficiales eran menos de la mitad de la realidad. Pero ahora ya ninguna cifra es buena, lo verdaderamente grave es el drama que esta morosidad esconde, y el número de ejecuciones hipotecarias está creciendo vertiginosamente y llegan ya a casi 10.000 al mes, sin que las familias puedan hacer prácticamente nada para evitarlo.

No pueden entregar la vivienda y saldar su deuda como en Estados Unidos y otros países, y la moratoria hipotecaria decidida en marzo de 2009, otra de las jaimitadas demagógicas de Zapatero, siempre por detrás de los problemas y de la realidad, para que los parados con una hipoteca de menos de 170.000 euros pudieran dejar de pagar el 50 por ciento de la cuota durante tres años, sería un rotundo fracaso. A las familias españolas no les quedan ya ahorros, y con unas cifras de paro que no cesan de crecer, incluso en las cifras oficiales, la morosidad y las ejecuciones hipotecarias van a seguir creciendo exponencialmente.

El endeudamiento de las empresas no financieras

El endeudamiento bruto de las empresas españolas no financieras ascendía a finales del 2010 al 142 por ciento del PIB, una cifra realmente escalofriante, bastante por encima de la totalidad de nuestro PIB. Por poner un ejemplo clarificador, las empresas alemanas tienen menos deuda que las españolas, a pesar de que el PIB de Alemania es más del doble que el de España, pero sobre todo a pesar de que el tejido empresarial alemán es incomparablemente mayor que el nuestro. La empresas del Ibex, en concreto, acumulan una deuda de 250.000 millones de euros.

Antes de que Zapatero tomara las riendas de este desgraciado país aquel infausto 14-M del 2004, la deuda de las compañías alemanas superaba en un 150 por ciento a la de las españolas; hoy nuestras empresas deben un 44 por ciento más y si lo comparamos con las francesas, las nuestras deben un 63 por ciento más, o un 120 por ciento más que las británicas, que son las menos endeudadas en relación con el PIB. La agencia de calificación crediticia S&P señalaba a mediados de 2011 que el elevado endeudamiento del sector empresarial español era un freno muy serio al crecimiento. Uno más, claro, porque aquí todo son frenos.

Pero, yendo un poco más al detalle, nuestras empresas soportan un endeudamiento que es un 50 por ciento superior al de la media de las europeas, aunque si restáramos los más de 500.000 millones de euros que el sector financiero tiene prestados al sector inmobiliario, nos acercaríamos más a la media europea, pero todavía seguiríamos por encima. Por otro lado, y esto es más grave, el ratio de endeudamiento sobre el Excedente Bruto de Explotación es del 750 por ciento, una auténtica salvajada si se compara, por ejemplo, con Estados Unidos, donde este mismo ratio se encuentra en el 350 por ciento.

En palabras de Ángel Laborda, director de coyuntura de FUNCAS, «en el caso de las empresas no financieras, la diferencia entre sus activos y sus pasivos da una cifra negativa, es decir, tienen pasivos netos. El proceso de desendeudamiento apenas ha comenzado, y sumando la deuda bruta de todos los sectores y, en particular, las sociedades financieras y las administraciones públicas, que han seguido aumentando, particularmente la segunda, hacen que la deuda bruta de todos los sectores —la oficial a finales de 2010— equivalga al 400 por ciento del PIB». La descomposición, siempre hablando de cifras oficiales, sería: 95 por ciento familias, 143 por ciento empresas no financieras, 80 por ciento empresas financieras, y 81 por ciento deuda pública.

Aquí tengo que mencionar una opinión muy repetida por analistas y medios, según la cual el problema no es la deuda pública sino la deuda privada, algo que no es cierto. El argumento es muy simple, como la deuda privada es superior a la pública, la culpa de nuestras desgracias no es la deuda pública sino la privada, así que ya saben los barones/esas y alcaldes/esas, que comparten plenamente esta teoría, a despilfarrar, que todavía debemos poco. La verdad es que el asunto no se tiene en pie, primero porque no es lo mismo una deuda derivada de la compra de un piso o de una maquinaria, que además debe una persona o una empresa, que la deuda derivada de un alcalde o un presidente insensato —y lo son en más de un 90 por ciento—, para colocar a sus parientes, o a la novia, o a los correligionarios políticos de diez en fondo —30.000 acaba de colocar Griñán porque le ha dado la santísima gana, no porque fuera necesario ni uno solo de ellos— para despilfarrar en coches oficiales, oficinas de lujo, proyectos políticos, embajadas, estudios y cualquier estupidez que se le pase por la mente al político de turno.

En segundo lugar, porque la deuda privada ha dejado de crecer e incluso baja ligeramente, mientras que la deuda de las AA. PP. sigue creciendo a toda velocidad. Y en tercer lugar, porque es precisamente la deuda pública y su evolución la que valoran las agencias de rating para calificar la deuda de un país, y más importante aún, la que tienen en cuenta los mercados para fijar las primas de riesgo. Por ello, no tiene sentido afirmar que la deuda privada es la más importante sólo porque sea mayor, y lo que ya entra en el terreno de la fantasía o de la estupidez más supina es la afirmación de algunos analistas y medios, que van mucho más allá y dicen que nuestra deuda pública es todavía pequeña, y en consecuencia no sólo no debe preocuparnos, es que podemos seguir gastando más.

Nuevo hito histórico del socialismo: la deuda pública supera el billón de euros

El año pasado, en una de sus visitas a España, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz afirmaría: «España podría estar entrando en el mismo tipo de espiral mortal que afectó a Argentina hace sólo una década.» La espiral mortal se produciría cuando al partir de una posición de grave deterioro económico por falta de acción efectiva del Gobierno, el déficit público crece sin control, lo que produce un desplome del crecimiento y un incremento exponencial del desempleo, y el Gobierno decide subir impuestos como vía principal para reducir el déficit. Esto produce un menor crecimiento y más paro, y como consecuencia los ingresos fiscales caen, se incrementan los pagos por desempleo e intereses, el déficit público crece, y vuelta a empezar. Ésta es la espiral. Y ciertamente estamos en ello.

Deuda computable, pasivos en circulación y deuda total

En términos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un camelo más de los burócratas de Bruselas, donde a base de excluir partidas de deuda, consiguen «reducir» la de España a 638.787 millones de euros, es lo que se denomina, en términos comunitarios, «deuda computable». Pero hay muchas más cosas, como por ejemplo la deuda destinada a inversión que se contabiliza aparte, aunque luego se utilice en pagar la nómina, algo que Eurostat ni se molestan en comprobar, el Plan E y otros similares. Y este nuevo total oficial, lo que de verdad se debe y que el Banco de España denomina «pasivos en circulación», ascendía a finales de 2010 a 814.000 millones.

Pero hay mucha más deuda, al menos tres grandes conceptos adicionales. El primero se refiere a la deuda no contabilizada, fundamentalmente por CC. AA. y ayuntamientos y para cuya ocultación utilizan normalmente, aunque no exclusivamente, las empresas públicas de las que existen más de 4.000, una cifra muy difícil de cuantificar pero de lo conocido hasta ahora con los cambios de gobiernos pueden suponer entre 30.000 y 60.000 millones de euros. En los últimos diez años, las CC. AA. han duplicado el número de empresas públicas y similares, que en la mayoría de los casos sólo sirven para colocar a parientes, amigos y correligionarios, algo que sería de cárcel en cualquier país del mundo civilizado, y aquí no pasa absolutamente nada. Las entidades públicas escapan además a cualquier tipo de supervisión y control. A día de hoy, el gasto realizado a través de estos entes públicos supera ya como media el 30 por ciento del gasto total de las CC. AA.

La segunda corresponde a la deuda que esconden las AA. PP. como retraso en los pagos a proveedores de bienes y servicios. La creciente morosidad en la que incurren, sobre todo CC. AA. y ayuntamientos, es una forma de ocultar deuda real. La deuda oficialmente reconocida por este concepto ascendía a mediados de 2011 a 80.000 millones de euros, pero a la vista de los cajones llenos de facturas, algunas hasta en pesetas, que se han encontrado los nuevos presidentes de CC. AA. y alcaldes, la cifra puede superar los 100.000 millones. Y aquí se está generando una bomba de tiempo tremenda, porque desde primeros de año estas deudas, si son denunciadas, hay que devolverlas con intereses de demora, euribor más 700 puntos básicos, lo que convierte su pago en misión imposible para la mayoría.

Y el tercero, los avales concedidos a bancos y cajas para conseguir una prórroga en el vencimiento de sus deudas, que en su mayor parte, plagados de morosos y agujeros de todo tipo y condición, no podrán devolver jamás, y que seremos nosotros, los ciudadanos, quienes tendremos que devolver, porque ese dinero ya no lo deben unas cajas cuyos gestores deberían estar procesados, lo debemos nosotros, 86.000 millones de euros. Sumando todo, la deuda pública española supera ya el billón de euros, es decir, el ciento por ciento del PIB, el máximo histórico de todos los tiempos, y ahora ya no quedan las joyas de la Corona para vender como en 1998. Una cifra que es casi el doble de la de los esquemas con los que por razones desconocidas trabajan los mercados al menos hasta ahora, y que suponen la deuda pública española en el 62,6 por ciento del PIB.

La deuda oculta

La consultora Freemarket Corporate Intelligence, en un informe del economista Bernardo de Quirós, sin duda uno de los mejores analistas de la realidad española, estimaba que la deuda oculta por las autonomías ascendía a 26.400 millones de euros, o el 2,3 por ciento del PIB. Creo, sin embargo, por un lado, que esa cifra está por debajo de la realidad, aunque, por otro, está por encima, ya que las auditorías que tratan de determinar esta cifra se limitarán sólo a las comunidades y ayuntamientos donde han cambiado los gobiernos, que representan sólo el 13 por ciento de la deuda total, mientras que los gigantescos agujeros de los lugares donde no han cambiado, seguirán ocultos. No va a pedir el señor Rajoy auditar las cuentas del ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Valencia, ni Zapatero las de Andalucía.

Y me explico con dos casos reales de una gran comunidad del PP. Una empresa pública de aguas, ingresos 200 millones al año, gastos 180, deuda con proveedores 165, deuda financiera 1.000. Jamás podrá devolver su deuda. Otra para construir colegios públicos, ingresos 0, gastos 150 millones, deuda financiera 2.000. Una ruina total. Y de éstos, mil y un casos, que por supuesto una auditoría puede cuantificar. Y ocurre que la comunidad que los creó tiene una deuda de 9.000 millones, sin incluir la de sus entes, un déficit previsto de 4.000 millones para 2011, y debe 5.000 a proveedores. Obviamente no serán ellos quienes puedan liquidar las deudas de sus entes. El lío autonómico y local es inimaginable para la economía en general y para las cajas en particular. El día que los mercados echen cuentas de verdad, se acabó la fiesta.

Y lo que es peor: su imparable tasa de crecimiento

El gasto del Estado a largo plazo, haciendo caso omiso de las exigencias de Bruselas y de los mercados, ha seguido disparado en 2011, un 10 por ciento del PIB en tasa anual. Pero los pagos estatales comprometidos más allá de cada ejercicio presupuestario, excepto amortización de deuda, alcanzaron entre enero y mayo los 220.000 millones de euros, el doble de cuando Zapatero llegó al poder. Los expertos suelen advertir que los pagos a largo plazo son un gasto público que tendrán que pagar las generaciones futuras, los niños actuales y los no nacidos, algo que parece encantar a los socialistas españoles. Mientras el gasto de las comunidades también sigue disparado, y además la recaudación de los tributos especiales y de sociedades sigue cayendo, y el resto de impuestos únicamente se sustenta gracias a las subidas de tipos, no porque la economía crezca. Para 2012, estos insensatos han aprobado un techo de gasto que supone que los ingresos crecerán un 20 por ciento. Realmente se han vuelto locos.

Por otro lado, el FMI estima que sólo la deuda computable, que es la que menos crece, se incrementará un 76 por ciento de aquí a 2016, y denuncia la manifiesta insuficiencia de la lucha contra el déficit por Zapatero, alertando que el gasto autonómico no sólo está fuera de control, es que es la parte esencial.

En concreto, la deuda de las CC. AA. subió un 31,7 por ciento en 2010, hasta los 115.000 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica. Desde 1995, la deuda de las CC. AA. no ha cesado de aumentar, batiendo los récords históricos con cada ejercicio, y ello a pesar de los continuados compromisos de estabilidad, que los responsables autonómicos se toman a guasa, y el Gobierno es incapaz de controlar. La comunidad autónoma más endeudada en 2010 y en cifras absolutas es Cataluña, con 32.000 millones, seguida de Valencia, con 17.000, la número uno en deuda en relación con el PIB, y seguida de Madrid con 13.000 millones. Entre las tres acumulan el 55 por ciento del endeudamiento regional.

Por lo que se refiere a la deuda computable de las entidades locales, ésta crecería un 2,4 por ciento en 2010, hasta los 35.000 millones de euros. Los ayuntamientos lideran esta deuda con un importe total de 29.000 millones, seguidos de las diputaciones, consejos y cabildos insulares, con 6.000 millones. Pero los pasivos en circulación ascendieron a 54.000 millones, con un crecimiento del 15 por ciento, una cifra brutal y una aceleración imparable, dado que en 2009 el crecimiento de la deuda había sido del 9 por ciento, y luego están las empresas municipales, el pozo sin fondo de la administración periférica. El problema es que el gasto autonómico y local se ha consolidado al nivel de las vacas gordas, y al desplomarse los ingresos su reducción no resulta posible sin una marcha atrás en el gasto corriente y de lujo, a lo que nadie está dispuesto a renunciar.

Un ejemplo claro lo tenemos en Cataluña, donde el cambio de gobierno y el levantamiento de alfombras ha producido un auténtico terremoto seguido de un tsunami. Imposible de mantener el frenético crecimiento del gasto, el tema ha empezado a romperse por la Sanidad, que es ya totalmente inviable: no se paga a proveedores, no se pueden mantener abiertos hospitales y quirófanos, se manda a su casa a los enfermos antes de tiempo, y las plantillas no están garantizadas. En palabras de los colectivos médicos, se está empezando a practicar una medicina de emergencia, una medicina de guerra.

El tema es tremendo porque otro pilar esencial del Estado de Bienestar —el primero han sido las pensiones— se está resquebrajando, pero así las cosas el Govern sigue abriendo embajadas, manteniendo cientos de automóviles oficiales, financiando televisiones autonómicas que son un pozo sin fondo, miles de asesores inútiles —disuelto el tripartito catalán, la señora de Montilla, por ejemplo, continúa con sus 16 empleos— y cientos de miles de empleados públicos inútiles, con un rimero de oficinas de lujo, subvenciones —a musulmanes que nos amenazan y a titiriteros blasfemos— y estudios disparatados, etcétera, y han decidido que antes se quedan los catalanes sin Sanidad pública que ellos renunciar a uno solo de sus escandalosos privilegios y caprichos. Pero no es sólo Cataluña, es Valencia, es Murcia, es Andalucía, donde ya no pueden pagar los sueldos a los funcionarios que sufren retrasos constante y a la vez hacen funcionarios a dedo a 30.000 correligionarios políticos, o es el alcalde de Madrid, el mayor despilfarrador del reino, con 137 coches oficiales, 1.600 asesores, y que acaba de construirse una sede palacio tan suntuosa que parece diseñada por Albert Speer, el gran arquitecto de Hitler, y que nos ha costado a los madrileños 500 millones de euros, casi el doble que el Museo Thyssen.

¿Y cuál es la solución que nos propone la casta política?

La solución la tienen clara, nada de reducir personal, nada de reducir asesores, televisiones autonómicas, y menos reducir coches oficiales: por ejemplo, cuando los nuevos concejales electos de UPyD renunciaron al uso del coche oficial, en el Ayuntamiento de Madrid, se organizó un lío monumental, pues ni socialistas, ni comunistas, ni los del PP estaban dispuestos a renunciar a ese privilegio, antes que se hunda España que ellos renunciar a un solo privilegio, así que primero les rogaron, luego les amenazaron, y como no consiguieron que aceptaran los coches, al final se encogieron de hombros, y todos menos UPyD continúan con el coche oficial.

Para la casta política parasitaria, la solución es otra: subir impuestos hasta donde haga falta, copago en Sanidad, en Educación y en lo que se tercie, pero sin renuncia a privilegio o despilfarro alguno. Ya han empezado con subidas encubiertas que recaen esencialmente sobre la clase media: no se ha corregido la escala del IRPF con la inflación, 2.500 millones, se pretende suprimir la declaración de renta conjunta por «machista», un insulto a los ciudadanos, 3.000 millones, sube el valor catastral de la vivienda cuando los precios han caído un 30 por ciento, lo que elevará los IBI a millones de hogares, y que serán seguidas por otras no encubiertas de la mayoría de impuestos, y todo tipo de tasas después del 20-N.

Las propias autonomías siguen despilfarrando en forma indecente. Por poner un ejemplo, insultante y de mofa para los ciudadanos, en esta situación de ruina, durante 2010, siete CC. AA., siete, abrieron veinte embajadas adicionales y ¡ocho de ellas en Miami! Esto es ya una burla y un expolio intolerable.

Nada de reducir gastos en serio, nada de reducir personal en serio, nada de suprimir oficinas de lujo —siempre son los edificios de mayor lujo de cada región—, nada de suprimir coches oficiales, comilonas, embajadas, estudios inútiles, etcétera. ¡Faltaría más! La solución la encontró el que fuera responsable económico de la Generalitat, señor Castells: que los ciudadanos se paguen la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, de momento una parte y luego lo que haga falta. ¡Un fenómeno el tal Castells!

Cuando hay seis millones de parados reales, cuando un 23 por ciento de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza, cuando un 50 por ciento no puede llegar a fin de mes, cuando decenas de miles de hambrientos sobreviven cada día gracias a Cáritas y a lo que consiguen cada noche rebuscando en los cubos de la basura de los supermercados, es obsceno, es inmoral, es un insulto intolerable que ayuntamientos como el de Madrid, Valencia y otros muchos pongan coche oficial a los concejales, o a cualquier mindundi con mando —sólo en la Comunidad de Madrid, la «menos» despilfarradora, hay 100 directores generales con coche oficial—, tenemos más coches oficiales que Estados Unidos, y eso no puede mantenerse.

Además están los miles de asesores que no asesoran: ¿cómo puede tener el alcalde de Madrid 1.600 asesores? Pero ¿qué broma es ésa?, y el escándalo de las televisiones locales, de las embajadas, y de mil y una cosas más. Pero lo más gordo, lo sustantivo: las más de 4.000 empresas públicas, fundaciones y consorcios de las administraciones territoriales, con 500.000 enchufados digitales, que cuestan anualmente entre 15.000 y 18.000 millones de euros, y que no sirven absolutamente para nada, por lo que deben ser eliminadas en su totalidad, porque un 90 por ciento son inútiles, y las funciones del 10 por ciento restante puede realizarlas el sector privado a la mitad del costo.

La única persona que ha anunciado un plan de recorte razonable, porque aunque lejos aún de lo que se necesita va en la buena dirección, ha sido la señora de Cospedal, que se ha comprometido a reducir el gasto de su comunidad en un 20 por ciento, el objetivo irrenunciable del nuevo Gobierno castellano-manchego es ahorrar «1.815 millones entre 2011 y 2012», eliminando cargos, privilegios, liberados sindicales, empresas públicas, subvenciones sindicales, coches oficiales, teléfonos móviles, etcétera. Lo que José Blanco ha descrito como «sacar la motosierra, para recortar el Estado de bienestar», como si los miles de enchufados, los liberados sindicales, las subvenciones, los coches oficiales fueran a recortar el Estado de bienestar: realmente, la demagogia de este siniestro personaje es ilimitada. Pero la dirigente del PP le contestaría que la única motosierra es «la del Partido Socialista recortando el bienestar, el progreso y el empleo», algo tan obvio que nadie puede ignorarlo.

Más de 2.400 ayuntamientos «quebrarán» antes de fin de año

Aquí son ellos mismos quienes cuantifican el desastre. La Federación Española de Municipios afirma que un 30 por ciento, más de 2.400 ayuntamientos, dejará de pagar las nóminas antes de fin de año. En Andalucía, según la Federación Andaluza, dos de cada tres ayuntamientos está al borde de la suspensión de pagos: «Son muchos los que no pueden ya pagar el agua, la electricidad y las nóminas, en unos meses habrá una cascada de ERE.» Y la situación es similar con los ayuntamientos de numerosas CC. AA., desde Cataluña a Madrid, pasando por casi todas las demás.

El caso de Madrid es espectacular, primero la deuda oficial, 7.314 millones a final de 2010, casi 500 millones más que a fin de 2009, un 150 por ciento de sus ingresos, a pesar de los falsos presupuestos restrictivos de 2010, un –4 por ciento, una estafa como la pirámide de Keops, y eso después de haber esquilmado a los madrileños hasta lo intolerable. Pero eso no es todo, la Empresa Municipal de Vivienda se ha endeudado por otros 1.000 millones, y suma y sigue. Mientras, el alcalde Gallardón, tiene las principales calles de la capital, desde Castellana a Alcalá pasando por todas las demás, en una situación tercermundista, con grietas y agujeros en el asfalto por doquier, más parecida a Lagos o Caracas que a una capital europea. Y esto es la regla general: los servicios degradados al máximo y el despilfarro en oficinas de lujo, asesores y obras faraónicas, a todo trapo.

Por ello el problema no es cuántas CC. AA. o cuántos ayuntamientos suspenderán pagos antes de fin de año. El problema es una estructura del 80 por ciento del gasto público, la mitad de la cual es puro despilfarro suntuario, que no hay voluntad de reducir y que ya no se puede financiar, ni ahora ni nunca. En palabras de Alberto Belloch, «la culpa de esta situación la tienen los gestores autonómicos y municipales, un 90 por ciento de los cuales son un auténtico desastre». Estos irresponsables, ineptos cuando no corruptos, y su infinita corte de sanguijuelas no están dispuestos a apretarse el cinturón: para ellos la solución es que el Gobierno les transfiera más dinero aunque no lo tenga y que los ciudadanos paguen por todos los servicios que utilicen, y seguir viviendo como rajás. En resumen, aunque a muchos les parezca lo contrario, la economía con el tejido productivo en fase de destrucción acelerada y sobre todo las cuentas públicas no cesan de empeorar, y si tamaño gasto autonómico y local no se reduce a la mitad, en más de 100.000 millones de euros, España entrará en bancarrota en cuestión de meses.

La crisis de deuda no ha hecho más que empezar

Y así las cosas, llega Moody’s y reduce por segunda vez en siete meses el rating de la deuda española y además la pone en perspectiva negativa, es decir, con la amenaza de volverla a reducir en breve, y da tres razones para justificarlo. La primera, la incapacidad del Gobierno para controlar el gasto de las CC. AA., ocho de las cuales no han cumplido los objetivos de reducción de déficit, y en su opinión tampoco cumplirán en 2011 ni en 2012, eso lo oficial; off the record, el mercado comenta que la primera comunidad en la que se han levantado las alfombras por el cambio político, Cataluña, el déficit era el doble del oficial, no hay razón alguna para pensar que la situación no sea análoga en el resto, lo que llevaría a nuevas bajadas.

La segunda, que las necesidades de capital de las cajas —y en eso coinciden con Fitch— oscilan entre un mínimo de 40.000 millones y un máximo de 120.000, nada que ver con la cifra del Banco de España que ha infravalorado escandalosamente las provisiones. La tercera, que el estancamiento de la economía agravará aún más los dos problemas anteriores. Además, Moody’s rebajó también el rating de cuatro CC. AA., Cataluña y Valencia entre ellas, y prepara la rebaja en bloque de hasta 30 entidades financieras, lo que hará más difícil y caro obtener la liquidez necesaria, algo de lo que el BdE tiene toda la culpa, por la lentitud, la opacidad y las mentiras con que ha llevado a cabo todo el proceso.

¿Y qué pasa con España? Está al alcance de cualquiera que se tome la molestia de sumar y restar. El modelo de Estado hace estructuralmente imposible reequilibrar las cuentas. CC. AA. y ayuntamientos son los responsables del grueso del gasto, un gasto que se encuentra muy por encima de los ingresos, y el Gobierno no tiene ni la posibilidad ni la voluntad real de controlar ese gasto. Pero además España se ha instalado en la senda de crecimiento negativo, y no saldrá de ella en un futuro previsible, entre otras razones porque las medidas de recorte y la caída de la renta disponible no sólo no permiten salir de esta situación, sino que la acentúan. El Servicio de Estudios de la Bolsa habla ya de crecimientos negativos e inferiores al –1 por ciento, para 2011. Mi previsión, ya lo he explicado, es de entre un –3 y un –4 por ciento. En julio de 2011 la economía estaba cayendo un 7 por ciento medido por indicadores independientes.

El resultado es obvio: España no podrá reequilibrar sus cuentas, y tendrá que reestructurar su deuda en algún momento; aplicar quitas, en román paladino. Y aquí aparece el otro gran problema, bancos y cajas han estado financiando la deuda española tomando el dinero del BCE al 1 por ciento, y prestándoselo al Estado entre el 3 y el 5 por ciento. Un chollo. Pero de repente la deuda en sus carteras, que asciende a 220.000 millones de euros, ha llegado a perder hasta un 10 por ciento de su valor, cerca de 10.000 millones —las letras del Tesoro a corto no han perdido valor—. Trichet mantendrá la barra libre, pero ¿qué van a hacer los bancos? El Banco de España, ¿cómo no?, ha ideado otra trampa para que estas minusvalías no aparezcan en balance: «las entidades podrán no integrar las minusvalías generadas por valores representativos de deuda», pero los inversores no se chupan el dedo, vean por ejemplo las caídas de Santander y BBVA. ¿Van a seguir los bancos comprando deuda «a su propio riesgo»? Y si no lo hacen, o la compra Trichet, que es lo que está haciendo masivamente desde agosto, o se acabó la fiesta, pero esto no puede durar indefinidamente. La crisis de deuda no ha hecho más que empezar.

Por qué es imposible mantener nuestro nivel de vida

«The bigger government leads to lower growth», ésta es una evidencia económica empírica que se cumple siempre: «Un mayor tamaño del gobierno lleva a un menor crecimiento.» Existe una elevada correlación entre el ratio «sector privado/sector público» y la tasa de crecimiento estructural. Un ratio como el existente actualmente en España, con el mayor sector público del mundo civilizado, lleva a una tasa de crecimiento estructural inferior al 1 por ciento. Es decir, las diecisiete CC. AA. y los 8.200 ayuntamientos, cuyo gasto desenfrenado no sólo nos lleva a la ruina, sino que además impiden el crecimiento económico. Para poder alcanzar crecimientos estructurales superiores al 3 por ciento, deben recortar su gasto en más de 100.000 millones de euros año. El endeudamiento no sólo nos lleva a la ruina, además impide el crecimiento.

Y la conclusión es que el país en su conjunto no puede mantener su actual nivel de vida. Lo ilustraré con una identidad contable, es decir algo que se cumple siempre por definición, y que muestra lo que es o no posible:

Balance financiero del sector privado + Balance fiscal del sector público – saldo balanza corriente (–superávit , +déficit ) = 0

En el momento actual tenemos un déficit real de las AA. PP. del orden del 10 por ciento del PIB, 100.000 millones de euros, el del sector exterior del 5,4 por ciento del PIB, 54.000 millones de euros. Para equilibrarlo, y no hay más remedio que equilibrarse, porque la igualdad anterior no es una teoría, es una identidad, el sector privado (bancos, empresas, familias) debería conseguir, endeudándose, 154.000 millones de euros año, pero como debe más del 300 por ciento del PIB, eso es metafísicamente imposible. ¿Y entonces que pasa? Pues pasa que o el sector público reduce su gasto drásticamente (y no van los tiros por ahí, porque la deuda total está creciendo vertiginosamente), o el sector exterior consigue un fuerte superávit.

¿Y eso cómo se hace con una productividad por los suelos y sin poder devaluar la moneda? Si excluimos la salida del euro y el dejar de pagar la deuda, que sería peor, eso sólo es posible bajando nuestros costos en torno al 40 por ciento, reduciendo salarios, destruyendo empleo o ambos a la vez. Tengan en cuenta que desde la creación del euro, Alemania se ha hecho un 13 por ciento más competitiva y España un 20 por ciento menos. Es decir, hemos perdido el 33 por ciento de competitividad, esto es, en Alemania y en general en nuestros principales importadores, cuesta hoy un 33 por ciento menos que en España producir la misma cantidad de bienes y servicios, un desequilibrio brutal.

Eso significa que los sueldos y en consecuencia la renta disponible de las familias tendrá que reducirse más o menos en un 40 por ciento para equilibrar la situación: a final de año se habrá reducido en un 10 por ciento desde principios de 2010, pero queda todavía mucho más ajuste. Es a un desastre total adonde nos ha llevado Zapatero, culminando la obra iniciada por los padres de la Transición, que fueron los inventores de las 17 españitas. Se hundirán el Estado de Bienestar y nuestro nivel de vida para varias generaciones, y esto no puede ignorarse porque son habas contadas. Puede ignorarlo Zapatero, pero aunque lo supiera le daría igual. Él sólo quiere mantener el poder a costa de lo que sea, y si se hunde España, que se hunda.

«You can take de austerity, downside your labor cost, or borrow more money», «there are not good choices, no easy way», nos dice el conocido analista John Mauldin o el simple sentido común. De «austerity» nada, justo lo contrario: ayuntamientos y autonomías, especialmente socialistas y nacionalistas, titiriteros de la ceja y sindicalistas comisionistas siguen despilfarrando sin freno, porque como dicen MAFO y la señora Salgado, «aún tenemos un pequeño margen». ¡Pero de qué margen hablan estos insensatos! ¿De endeudarnos más aún?

«Borrow more money» está tocando a su fin. España aún no ha quebrado gracias a la barra libre del BCE, pero esto no puede durar siempre. Ayuntamientos y CC. AA. sobreviven sus últimos meses gracias a los préstamos de las cajas de ahorros locales, no pueden colocar deuda en el exterior porque nadie la compraría. El Santander, por ejemplo, ya no le presta a la Generalitat, estamos al final del camino. Por tanto sólo queda «downside your labor cost», bajar los costes laborales, algo que la nueva reforma laboral facilitará, junto con un incremento sustancial del paro.

«Y esta bajada será claramente una depresión, lo que significa que la recaudación de impuestos bajará también, el Gobierno recaudará menos y el PIB caerá. Lo perverso de la situación es que el ratio deuda/PIB empeorará, incluso aunque se implementen medidas de austeridad.» En resumen, nuestro nivel de vida se vendrá abajo, la política de Zapatero nos lleva a una recesión severa o siendo más realistas, a una depresión. Además, el Estado de bienestar quedará reducido a cenizas. La expresión correcta no es «no easy way» es «no way out», sin salida, hasta que la gente desesperada salga a la calle y exija la cabeza de los responsables.

El imparable crecimiento del coste de la deuda

El Tesoro está afrontando en 2011 las mayores amortizaciones de deuda de su historia, la cantidad récord de 145.000 millones de euros, a lo que se añade una necesidad neta de financiación de más de 80.000 millones, muy por encima de la cifra prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que era de 43.300 millones. Pero además de un mayor volumen de deuda, los tipos de interés se han disparado, las letras a 3 y 6 meses han duplicado el cupón medio este año, y el tipo de interés de los bonos han subido entre el 20 y el 30 por ciento según los plazos. En conjunto, la deuda emitida hasta agosto le ha costado al Estado 4.200 millones más en intereses. El coste total de la deuda en circulación ha ido creciendo sin descanso, lo que empieza a constituir un verdadero drama. El tipo medio a cierre de junio 2011 era, según los datos del Tesoro, del 3,89 por ciento, mientras que la rentabilidad que se pide a los bonos españoles es la más alta desde la creación del euro.

Además, y lejos de reducir el montante de emisiones netas anunciado en los PGE y que se suponía que sería del 24 por ciento, en la primera mitad del año las emisiones netas se han incrementado un 22 por ciento, de forma que la deuda en circulación a final de año puede superar los 600.000 millones de euros, casi un 15 por ciento más que la de 2010, un nuevo récord de todos los tiempos. Aquí vamos de récord en récord, y como CC. AA. y ayuntamientos siguen gastando y endeudándose sin freno, los pasivos en circulación, la deuda total real oficial —no la medida en términos de Protocolo de Déficit Excesivo— llegará a 900.000 millones, a lo que habría que añadir deuda a proveedores, avales incobrables y lo escondido bajo las alfombras, o sea el 110 por ciento del PIB. No es de extrañar que la señora Salgado haya anunciado su decisión irrevocable de salir corriendo antes de que se le hunda la casa encima.

Esto es exactamente lo que está ocurriendo, la carga de intereses de la deuda del Estado supone ya el 2,5 por ciento del PIB, y sumada la de las administraciones territoriales estamos hablando de un 3,5 por ciento, que no sólo es una carga insoportable, lo más grave es que estamos cargando sobre las generaciones futuras una carga insoportable, «un empobrecimiento general» que en palabras de mi maestro Juan Velarde, «va a durar un siglo», y todo porque España está desvertebrada, los reyezuelos al frente de las comunidades autónomas gastan sin límite y sin control, porque el Estado ya no tiene apenas elementos de control, porque el demente de Zapatero se los ha cedido todos.

Merkel y Sarkozy obligan a un límite de déficit: Zapatero y Rajoy pactan un brindis al sol

A finales de julio 2011, la prima de riesgo de España superaría los 400 puntos básicos respecto a Alemania: era la antesala de la quiebra. Con un diferencial de este calibre era cuestión de semanas que los mercados de deuda quedasen cerrados para España, y eso sería la quiebra, pero es que además los tipos de interés a pagar, que superaban ya el 6 por ciento para las obligaciones a diez años, eran absolutamente prohibitivos, una ruina para España y para los españoles. «No hay nadie al otro lado del teléfono», así resumiría un ex alto cargo de Economía lo que ocurría en julio a empresas, entidades financieras e instituciones públicas cuando planteaban poner en marcha una operación de emisión de deuda. En sólo una semana del mes, dos operaciones con aval del Estado habían sido rechazadas: el FROB sólo pudo cubrir la mitad de lo que quería, y el Fondo de déficit eléctrico tendría que dejar suspendidas sine die sus emisiones, dejando en el aire unos siete mil millones de euros.

España necesitaba urgentemente un rescate, dado que, si la situación se prolongaba unas semanas, el colapso financiero era inevitable. Sólo las CC. AA. necesitaban 27.500 millones para todo el año, y no habían captado más que 7.000. ¿Quién les va a prestar los 20.000 restantes si los mercados los tienen cerrados? De este total, sólo Cataluña necesita 11.000 millones para no quebrar, y Andalucía 3.500, pero la situación del Estado no es mejor, con rentabilidad de su deuda por encima del 6 por ciento, el Tesoro había atravesado ya su margen de seguridad, y habían saltado todas las alarmas. A la vista de la situación, Merkel y Sarkozy autorizarían al Banco Central Europeo la compra masiva de deuda española: cerca de 30.000 millones serían adquiridos durante el mes de agosto, lo que aliviaría de inmediato la presión de los mercados sobre la misma y haría bajar la prima de riesgo por debajo de los 300 puntos. Pero esta vez el rescate no sería gratis.

Unos días antes del inicio de las compras masivas del BCE, esta institución enviaría una carta al Gobierno, y aunque el contenido no se hizo público, su síntesis era clara: la condición para recibir dicha ayuda era una reforma de la Constitución para poner techo al gasto público. Una reforma que Zapatero había rechazado pocos meses antes cuando la planteó el PP, porque para la izquierda limitar el gasto era ponerle un corsé a la economía; pero ahora, ante la amenaza de que el BCE dejase de comprar deuda española, lo que nos haría quebrar en pocas semanas, no tendría más remedio que aceptar.

Zapatero se venga del «traidor» Rubalcaba, y le hace añicos la campaña

La reforma de la Constitución para limitar el gasto público «no tiene fundamento ni eficacia», afirmaría Zapatero en tono despectivo en el debate del Estado de la nación, respondiendo a esta propuesta por parte de Rajoy. «Esa propuesta y yo fuimos objeto de una descalificación en toda regla», señalaría Rajoy, «por ello me gustaría saber si quien hizo las descalificaciones, las gracietas y las chanzas ha cambiado de opinión», dijo con referencia a Rubalcaba, que un año antes había preguntado a Rajoy si «tiene algo más que decir, además de la idea genial de cambiar la Constitución», y «la Constitución es una ley que se cambia fácilmente en un plis-plas y va a acabar con la crisis».

Pero que Rubalcaba tuviese que tragarse todas sus múltiples gracietas, lo único que sabe hacer, ya que soluciones efectivas ha sido incapaz de proponer una, no sería lo peor, lo realmente grave es que la propuesta obligada de Zapatero echaría por tierra toda su ultraizquierdista estrategia electoral, basada en el gasto sin freno y el enfrentamiento guerracivilista con la derecha y con los católicos, un enfrentamiento, este último, que se había saldado en un rotundo fracaso durante la visita del papa que los camisas pardas de Rubalcaba y los sindicatos comisionistas a su servicio habían intentado boicotear, y que acabaría en 1,5 millones a favor, 5.000 en contra, y seguimiento cero de las huelgas convocadas por UGT y CC. OO.

Izquierda Unida, los sindicatos comisionistas y los radicales y delincuentes que se han hecho con el control del 15-M se oponen a las supuestas nuevas medidas de austeridad, y hablan de que la «ley del mercado» se impondrá al Estado de bienestar, una demagogia tan profundamente estúpida, sólo apta para almas cándidas y víctimas de la LOGSE, que ignora lo principal, lo que ocurriría si prevalecieran sus disparatados criterios: pues que los mercados se cerrarían, y la continuidad del Estado de bienestar sería imposible. Pero lo más grave de todo es que la propuesta de Zapatero ha ocasionado una fuerte contestación en el propio Partido Socialista, que se encuentra en plena desbandada, algo sin duda malo para un partido en vísperas electorales, pero estupendo para España y los españoles.

¡Los dos principales candidatos a las elecciones generales a cara de perro, obligados a ponerse de acuerdo sobre la propuesta estrella de uno de ellos!, inédito en el mundo, eso sólo lo consigue Zapatero. Todo parece indicar que el vengativo personaje, le está ajustando las cuentas por sus continuos desprecios, porque aunque le nombró, hoy le considera un traidor. Cuando Rubalcaba conoció la noticia se quedó lívido, «el presidente me convenció cuando me dijo que ya lo había pactado con Rajoy», era ya entrada la noche y supongo que se metería en la cama a llorar, o mejor a jurar en hebreo, porque su «amigo» le había dejado a los pies de los caballos.

Rosa Díez, la líder de UPyD, le recordaría también a Zapatero que ella había solicitado el cambio constitucional desde el principio, y que en 13 ocasiones Zapatero se había negado, ¿por qué ha tardado siete años en proponer estas medidas, que ahora resulta que son imprescindibles para nuestra economía? Rosa Díez le recordó también que esta medida es necesaria pero no suficiente, porque el 80 por ciento lo tienen CC. AA. y ayuntamientos, por lo que si se quiere que sirva de algo «es imprescindible establecer un límite de endeudamiento para CC. AA. y ayuntamientos y a la vez una penalización para las que no cumplan». Y Díez le instaría a ir más allá: «Vayamos al fondo de todas las cuestiones, no basta con un mero parche. La Constitución tiene treinta años, hay miles de duplicidades e ineficiencias en el conjunto de AA. PP. Hay que terminar con ellas para las futuras generaciones.»

Un brindis al sol

Pero luego todo quedaría un mero simulacro, a semejanza de la Constitución de 1978, llena de contradicciones y agujeros. Lo primero fue pactar una modificación del artículo 135 «para introducir ciertos criterios y principios para garantizar la estabilidad presupuestaria» pero sin dar cifras concretas, un Viva Cartagena en toda regla. Y luego, en línea con la mejor tradición de la dictadura partitocrática impuesta en la Transición, esto se lo guisan y se lo comen los dos partidos mayoritarios, sin consultar a los niños que somos los españoles, «todo para el pueblo pero sin el pueblo», la norma fundamental de la Transición.

Las cifras concretas, un límite de 0,4 por ciento para el déficit estructural, «aquel que se deriva de no considerar los ingresos y los gastos públicos relacionados con las expansiones y las recesiones», es decir, para situaciones de pleno empleo, se plasmarán en una Ley que deberá estar aprobada en la primera mitad de 2012. Pero en la letra pequeña se explica que si se producen situaciones de fuerte desempleo, es decir, siempre, la casta política parasitaria que quisiera podrá seguir gastando como le venga en gana, exactamente igual que ahora. Una tomadura de pelo a Merkel y Sarkozy y a los españoles, un nuevo secuestro de la democracia, a la que la dictadura partitocrática coronada ha vuelto a despreciar y a engañar. Ha sido como trazar una raya en el agua del despilfarro del dinero público, del dinero de todos los españoles. Lo que está por ver es por cuánto tiempo lograrán engañar a los mercados.

CAPÍTULO 14

Egipto tuvo sus plagas, España a Zapatero

El 2 de abril de 2011, y tras innumerables desmentidos, Zapatero anunciaría por sorpresa ante el Comité Federal del Partido Socialista que se iba. Mi primera reacción y la de millones de españoles, supongo, fue de alivio. ¡Gracias sean dadas al Altísimo! Pero no todavía, aún pensaba seguir durante unos meses cruciales completando la desintegración económica y moral de España, hundiendo la renta disponible de las familias, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la inmensa mayoría, incrementando el paro y el sufrimiento de millones, y no sólo permitiendo sino que animando a los nacionalistas a saquearnos impunemente mientras proscriben y persiguen todo lo español y se niegan a cumplir la Ley y a respetar los derechos humanos más elementales.

Zapatero ha sido una plaga bíblica para España y para los españoles: el daño producido tardará generaciones en recuperarse, e incluso lo que ha dividido puede no recomponerse nunca. El 11 de marzo de 2004 y su inmediata consecuencia, el resultado de las elecciones del 14, quedarán en la historia de España como dos hechos aciagos que nos hicieron retroceder varias generaciones en lo económico, en lo moral, en lo social, en la cohesión territorial, en nuestro papel en el concierto internacional y en la unidad de la patria, y que siete años y medio después nos situarían al borde del abismo.

Además, y esto es alta traición, ha legalizado a una banda de asesinos sin haber entregado las armas y renunciado a la lucha armada, les ha entregado con los votos socialistas una de la provincias más ricas de España, y aplaude y comparte el incumplimiento de la Ley y de la Constitución por parte de los nacionalistas catalanes y su desprecio hacia los derechos humanos, prohibiendo que los niños estudien en castellano, la lengua del Estado, y discriminen y proscriban todo lo español.

Un iletrado, malo y felón

Mientras un jefe de gobierno decidido y capaz, Papandreu, se está comportando como un auténtico gigante, tratando de sacar a su país de la ruina, el necio, malo y felón que es Zapatero dedicaría su último debate del Estado de la nación no a proponer las medidas urgentes que impidan el desastre, sino a culpar a los demás de la crisis, y a explicar que ha hecho siempre lo que se tenía que hacer, algo que no sólo es falso, es que raya la esquizofrenia, pues es obvio que tiene seriamente alterada la percepción de la realidad. Desafortunadamente, un jefe de la oposición al que se presentaba una ocasión de oro para comerse con patatas a este iletrado que ha llevado España a la ruina fue incapaz de acorralarlo y mostrarlo en toda su incompetencia y toda su vileza ante la nación. De entre todos los lamentables portavoces, personas pequeñas, de mentes pequeñas, algunos abyectos y con intereses bastardos casi todos, que ignoraron los verdaderos problemas de los españoles, sólo Rosa Díez iría directa al grano y pondría a Zapatero contra las cuerdas, acusándolo de haber destruido España y de traición.

Que Zapatero es, por decirlo suavemente, corto de entendederas, es algo que no necesita demostración.

Y que se ha comportado como un felón, ahí están los hechos. Sólo Rosa Díez le acusaría directamente de ser el responsable de haber legalizado a unos asesinos responsables de la muerte y mutilación de miles de hombres, mujeres y niños, algo que jamás había ocurrido en ningún otro país del planeta, civilizado o sin civilizar. Acusación a la que Zapatero no respondió. ¿Qué iba a decir? Rosa Díez, que protagonizaría el enfrentamiento más tenso del debate, le acusaría también de dejar al país en una situación de emergencia nacional.

Y además un vago consumado

Dentro de las diferentes características que definen a Zapatero, desde ser tan ignorante que no sólo es que nunca se ha enterado de nada, es que ni siquiera es consciente de lo que no sabe —hace un año anunciaría en Nueva York a bombo y platillo que «la crisis de deuda soberana ha terminado»—, hasta ser un presunto traidor, hay otra característica que si siempre ha estado presente, hoy se hace más relevante ante la situación de ruina general hacia la que camina España a pasos acelerados: es un vago. Siempre se ha caracterizado por su aversión al trabajo. Los fines de semana, vacaciones y fiestas de guardar son para él sacrosantos, tanto, que a veces ha dejado reuniones a medio terminar y hecho vuelos injustificados de miles de kilómetros sólo para estar en casita el fin de semana.

Pero el tema ha sido mucho más grave. Este irresponsable ha anulado reuniones esenciales para España para no tener que trabajar en fin de semana. Una de las más sonadas fue la anulación en el último minuto de una visita a Polonia, donde estaba preparada desde hacía tiempo una reunión con el jefe de Gobierno polaco, a quien dejó plantado porque tendría que haber salido un viernes tarde y resulta que «estaba cansado». El polaco se puso hecho una pantera, porque esto no había sucedido jamás en el mundo civilizado, claro que tal vez se consolaría pensando que este majadero acababa de tirar por la borda toda la posición de fuerza conseguida por Aznar en la UE a cambio de nada. Y lo que es más grave, se había comprometido estúpidamente, como si el dinero de los españoles fuera escombro, a financiar 40.000 millones de euros de la ampliación al Este, que iba a suponer un desembolso conjunto de 150.000 millones de euros a pagar por todos los países miembros. La cifra comprometida por este irresponsable fue del 26,7 por ciento del total, cuando nuestro PIB era sólo el 6,8 por ciento de la UE. En consecuencia nos hubiera correspondido pagar la cuarta parte: 10.200 millones.

Pues bien, si entonces estaba cansado, hoy que la mayoría de sus leales le consideran un apestado, está mucho más cansado y sobre todo deprimido, así que en vez de ocuparse de los problemas de España, de nuestra imparable decadencia, dedica la mayor parte de su tiempo a distraerse, a comer con amigos. El otro día fue hasta Zamora, en día laborable naturalmente, y pasó el día con viejos colegas, pues los fines de semana los reserva para la familia, lo que no deja de ser tremendamente paradójico en quien ha hecho todo lo posible precisamente por destruirla. Pero sobre todo, a lo que parece dedicar hoy buena parte de sus tardes laborables es a jugar al mus, y así, mientras la cumbre no ha disipado las dudas sobre nuestra solvencia y los mercados nos obligan a pagar intereses ruinosos, él juega al mus; mientras los fiascos del Banco de España nos cuestan decenas de miles de millones y ponen en riesgo cierto el ahorro de millones de familias, él juega al mus; mientras la economía retrocede, el paro crece y la renta de las familias se hunde, él juega al mus. Es de juzgado de guardia.

El PP debería pedir la inhabilitación y el procesamiento de Zapatero

Es evidente que la estrategia de Rajoy es la de mantenerse de perfil en lugar de exigir cuentas al presidente del Gobierno por todos los disparates e irregularidades que han caracterizado todo su mandato. Pero si la señora Cospedal, ante el cúmulo de tropelías descubiertas en Castilla-La Mancha, ha pedido la inhabilitación iniciando plantear acciones legales contra el expresidente autonómico socialista porque «ha mentido» y es «el verdadero culpable de una situación desbocada y sin control», cuando lo que ha perpetrado Barreda en su comunidad es una broma comparado con lo que Zapatero ha hecho con España, ¿cuánto más es necesario para pedir la inhabilitación y el procesamiento de tan siniestro personaje?

Si con Barreda el PP piensa en pedir responsabilidades legales, no pueden dejar de pedir el procesamiento de Zapatero.

De momento, sus más fieles entre los fieles le están abandonando en masa, y lo más sonado ha sido el giro copernicano de PRISA, el grupo mediático de cabecera del socialismo, que ha empezado a tirar a degüello contra Zapatero. Si a principios de 2011 el diario El País afirmaba que era inaceptable la estrategia del PP pidiendo la dimisión de Zapatero, poco después diría que «la situación económica y política es un auténtico desastre, y que la culpa de todo la tiene Zapatero», que tiene que marcharse «de inmediato» y que incluso «noviembre es una fecha tardía». Juan Luis Cebrián remacharía el clavo si cabe afirmando que «ante el creciente malestar social y la ausencia de liderazgo, la pérdida de confianza en Zapatero es clamorosa». ¡A buenas horas! De ahí a pedir responsabilidades sólo hay un paso. Y en línea con ello, tertulianos y periodistas de izquierdas, que defendían a capa y espada a Zapatero, han abandonado en masa al personaje.

Dado que PRISA ha apostado decididamente por Rubalcaba, no cabe duda de quién es el inspirador de tan tremendas descalificaciones, como dice Guerra, gran amigo del pareado: «Rubalcaba, si te vuelves, te la clava», y, efectivamente, Zapatero piensa ahora que Rubalcaba es un traidor —el «puñal de Bruto», en palabras de Leguina—, pero en todo caso es un traidor a su persona, una traición con minúsculas, nada comparable a la gran traición de Zapatero a España y a los españoles, una traición con mayúsculas, una traición histórica. Zapatero debe responder de sus actos, y no sólo ante Dios y ante la Historia; nadie ha hecho tanto daño a España y a los españoles en siglos.

«El peligro está en España, no en Grecia»

«Paso útil, pero sin estrategia, porque el peligro está en España, no en Grecia», afirmaba el Financial Times en el verano de 2011. Para comprender bien por qué el peligro está en España, les voy a relatar un hecho real que muestra la ruina a la que estamos abocados: un pueblo de Madrid de 4.000 habitantes. Con Franco, con la República, y antes con la Monarquía, el pueblo tenía un alcalde a tiempo parcial, que era agricultor, tendero o similar, con dos funcionarios al principio y cuatro en 1975. A día de hoy tiene 200, y varios de ellos «directores» de algo, de infraestructuras, de medio ambiente, o de cualquier chorrada para llevarse una pasta. El déficit anual supera el millón de euros y la deuda acumulada los seis.

Ya han hecho de todo para «reducir déficit», no pagan a nadie, expolian a los vecinos con todo tipo de tasas y multas, no gastan un euro en reparar nada ni atender a nadie, porque bastante tienen con pagarse a sí mismos los sueldos, pero aun así, las cuentas no salen y el déficit cada vez es mayor: es evidente que esto no se sostiene, y que la deuda jamás podrán devolverla. Y este pueblo no es de los peores. Ahora multipliquen eso por los municipios que quieran, elévenlo a n en las CC. AA. y eso es la España de hoy, despilfarro sin freno, una ruina total, más de tres millones de empleados públicos y asesores, casi cinco veces más que en 1975 —en toda la OCDE, la cifra de empleo público, gracias a la informatización, o se ha reducido o ha crecido ligeramente—, y sumen a eso las inversiones disparatas, los coches, las televisiones, las oficinas de superlujo, las embajadas, y la Biblia en pasta. Y esto no son juicios de valor, son matemáticas. El sector público ha incrementado su deuda en 49.700 millones de euros, ¡sólo en el primer trimestre del año 2011!, y cada mes nos endeudan más y más. Realmente se han vuelto locos. ¿Cómo creen que España va a poder devolver eso? Y eso no es todo, después de casi cuatro años de crisis, «la deuda total de la economía española sigue creciendo hasta alcanzar los cuatro billones de euros, la cifra más alta jamás alcanzada», y la más alta de la OCDE, ¡casi cuatro veces el PIB!

Y esto es lo oficial. Mientras la señora Salgado no cesa de repetir, no sabemos si por estupidez o por mendacidad, que las CC. AA. han cumplido sus objetivos de déficit, resulta que en Cataluña el déficit era tres veces mayor, el de Castilla-La Mancha cinco veces, el de Extremadura el triple a primera vista, en Asturias igual, en grandes ayuntamientos como Sevilla o Córdoba, cinco o seis veces, etcétera. Esto significa que el déficit de 2010 no fue del 9,2 por ciento ni por aproximación ya que daba por buenas las cifras de CC. AA. y ayuntamientos que se han demostrado absolutamente falsas. ¿Por qué nadie se molesta, ni el PP ni las agencias de rating, en recalcular el déficit real a la luz de los nuevos datos? Y lo que es mucho peor, la contención del despilfarro no forma parte de las prioridades de Zapatero, y mucho menos de las de Rubalcaba, que se ha decantado por la vuelta al guerracivilismo de la primavera de 1936 y rechaza cualquier ahorro, mientras seguimos gastando sin control alguno.

Y además está el cierre de las cuentas del Estado a julio 2011, con un déficit oficial de 22.700 millones de euros, un 11,8 por ciento menos que en 2010. Son unos tramposos compulsivos, si miran el desglose de gastos, los pagos por intereses que han computado para tratar de engañar no sé a quién, eran sólo 9.200 millones mientras que el año anterior a la misma fecha eran 15.000 millones. ¿Cómo era posible una bajada si la deuda es mucho mayor y los intereses más altos? No era posible, las obligaciones de pago, las reales, eran 17.200, lo que significaba que el déficit sólo por esto, porque con toda seguridad había muchas más trampas, era de 30.700 millones. ¡Un 19,7 por ciento más que en 2010! El resultado es estremecedor: ¡el sector público en conjunto seguía a mediados de 2011 gastando casi el doble de lo que ingresa por cuarto año consecutivo!

Zapatero legaliza a una banda de asesinos, sin entregar las armas ni renunciar a la violencia

En un acto de felonía sólo comparable a la de Fernando VII felicitando abyectamente a Napoleón por sus victorias sobre los españoles, Zapatero, dentro de una estrategia largamente decidida y pactada, daría orden a sus lacayos del Tribunal Constitucional para que legalizaran Bildu, una franquicia de ETA, para que pudiera presentarse a las elecciones municipales. Se trata de un hecho inconcebible, algo que jamás había sucedido en un país civilizado. Lo perpetrado por Zapatero, con la colaboración necesaria de los seis magistrados, que no jueces, del Constitucional,²⁰ es presuntamente no sólo colaboración con banda armada, es alta traición. El día que en este país haya un Gobierno digno, responderán por ello.

Los mayores efectos de la irrupción de los proetarras de Bildu en las instituciones serán sobre los vascos no separatistas, que aparte de haber sido traicionados tendrán que soportar el acoso diario de estos filoterroristas. Zapatero, con una irresponsabilidad que causa escalofríos, ha introducido una bomba de relojería de consecuencias imprevisibles.

Y la pregunta del millón: ¿por qué lo han hecho? Sólo hay dos posibles respuestas. O bien el Gobierno tiene una enorme deuda con estos asesinos y la están devolviendo, o bien ETA hará un simulacro de entrega de armas antes de las elecciones generales para intentar cambiar el sentido del voto a favor del PSOE. Se trataría de una especie de Plan Renove. Con el río de dinero que van a recibir, los etarras pueden perfectamente entregar todo lo viejo, y dotarse después del armamento ultramoderno que deseen.

Dicen los izquierdistas irredentos que no se podía dejar fuera de las urnas a 300.000 vascos, algo no solamente falso sino de un fariseísmo estremecedor. Falso, porque nadie les dejaba fuera de las urnas, lo que no podían era votar a una banda de asesinos, algo que tampoco se puede hacer en ninguna sociedad civilizada. Y de un fariseísmo atroz, porque a esta gente le importa, sin embargo, un pimiento que haya otros 350.000 vascos que no puedan votar, porque han sido expulsados de su tierra por estos bárbaros. A la izquierda radical española realmente no hay por dónde cogerla.

Zapatero y Rubalcaba entregan a ETA el Gobierno y la hacienda de Guipúzcoa

Pero si la legalización ya fue gravísima, quedaría empalidecida comparado con lo ocurrido poco después en Guipúzcoa, donde el Partido Socialista entregaría la Diputación Foral y el Ayuntamiento de San Sebastián, y esta vez sin intermediarios, con sus votos directos, a una banda de asesinos. Es decir, mientras en Madrid pactan con el PNV una parcela indelegable de la soberanía nacional, en Guipúzcoa hacen lo contrario, y en lugar de pactar con el PNV lo hacen con ETA. Zapatero entregaría el Gobierno y la hacienda de toda una provincia con más de 700.000 habitantes. Realmente no existen palabras ante tamaño latrocinio, ¡les han entregado el poder político y económico de una de las provincias más ricas de España!

A partir de ahora, ETA recaudará todos los IVA de los bienes y servicios vendidos dentro y fuera de la provincia por empresas residentes en la misma, es decir, en la totalidad de España. Una vez ingresados, cuando se trata de empresas no demasiado grandes, se quedan con la totalidad y punto. Cuando se trata de empresas grandes, en teoría debe aplicarse el principio de «cifra relativa de negocio», es decir, los impuestos se dividirían en función de la proporción de la cifra de negocios en cada sitio. Los generados en Guipúzcoa irían a la hacienda foral y el resto a la denominada «hacienda común», que es un chiringuito adosado a la gigantesca hacienda foral, donde unos inspectores de la Hacienda española, arrinconados y muertos de miedo, les piden por favor que si tienen a bien darles los datos de la cifra relativa de negocio, porque la hacienda foral —a partir de ahora, ETA— es la única que los tiene.

De unos ingresos anuales de 4.300 millones de euros, gestionan directamente 838 millones, devuelven al Estado ¡122 millones!, y el resto al gobierno vasco y ayuntamientos. De los ingresos totales, casi 1.500 millones corresponden a IVA y sociedades de las empresas con sede social en Guipúzcoa, y si casi el 80 por ciento de su cifra de negocios se realiza fuera de la provincia. ¿Cómo narices devuelven sólo esa cantidad ridícula? El resultado final es un expolio de proporciones épicas. Los ciudadanos vascos pagan los mismos impuestos o más que el resto de los españoles, pero de ese dinero la parte que va a la «hacienda común», es ocho veces menos que si tributaran en el régimen general. Y ahora, en Guipúzcoa, ese dinero lo administra ETA. No es de extrañar que los etarras denominen a esta increíble rendición del Estado «nueva era histórica». De la misma forma que son ya avalancha las personas físicas y jurídicas que están abandonando su domicilio fiscal en Guipúzcoa, creo que las empresas guipuzcoanas importantes como Eroski, Fagor y otras, que realizan el grueso de sus ventas fuera de la provincia, deberían analizar seriamente los pros y los contras del cambio de su sede social, para evitar suspicacias y malentendidos respecto al destino final de los IVA por ellos recaudados en el resto de España.

Y cuando uno creía que era imposible ir más allá en la vileza y la felonía, pues resulta que no, que sí es posible ir más allá. Por imposición de Zapatero, se ha realizado un convenio de la Agencia Tributaria con la hacienda foral de Guipúzcoa, que incluye el «acceso directo» de la banda terrorista «a la base de datos de Hacienda», es decir, Zapatero y Rubalcaba ponen a disposición de esta banda de asesinos los datos fiscales de todos los españoles, tal y como suena.

Los «indignados» del 15-M

Uno de los fenómenos más repetitivos y desgraciados de nuestra historia es cuando la buena gente resulta engañada por grupos radicales, haciéndoles creer que son demócratas y desean el bien del pueblo. Cuando estos radicales han triunfado, han llevado a España a la ruina o a la guerra civil. Mucho peor aún es el caso de personas que, sirviendo de tontos útiles, y sin molestarse en comprobar el origen real de las cosas y mucho menos de comprobar in situ la realidad, describen en los medios a estos movimientos radicales con una aureola romántica e incluso heroica, más propia de plumas mercenarias que de personas sensatas.

Si se hubieran molestado en comprobar un mínimo el origen de este movimiento, es decir, el de los «indignados» del 15-M, se habrían dado cuenta de que el dominio «democracia real ya», que fue quien empezó la fiesta, pertenece a un conocido radical de Izquierda Andaluza, una escisión de Izquierda Unida, aliado con antisistemas y okupas, algunos de los cuales han recibido entrenamiento en guerrilla urbana de la mano de Segui. Hay que estar ciego o haberse caído de un guindo para llamar a esto «movimiento espontáneo y plural».

Pero aparte de molestarme en comprobar el origen, me pasé también varias veces por la Puerta del Sol, lugar de acampada de los «indignados», para ver por mí mismo lo que estaba ocurriendo. Y, la primera vez, cuando el movimiento era más genuino, antes de convertirse en un movimiento controlado por radicales y delincuentes comunes, como denunciaría el propio ministro del Interior a raíz de la visita del papa, hubo dos cosas que me llamaron la atención: la primera, un grupo de unos cincuenta energúmenos de CC. OO., que además habían montado un chiringuito para repartir doctrina, y que vociferaba e insultaba a todo aquel que salía o entraba en la Comunidad de Madrid, la única comunidad que todavía crea empleo, y blanco del odio ciego de la izquierda en general y del gobierno y sus secuaces en particular, el cerco de cuya sede era entonces la principal seña de identidad del movimiento.

La segunda, un chico que estaba leyendo un manifiesto a unas 60 o 70 personas sentadas en el suelo, que era un compendio de los disparates más increíbles y absurdos de la ultraizquierda radical, propuestas sin pies ni cabeza, que de llevarse a la práctica llevarían a cualquier país al caos y a la miseria. Expropiación de los pisos vacíos y su alquiler a los jóvenes a precios simbólicos, nacionalización de la banca, control de todas las grandes empresas o su sustitución por empresas públicas, subidas de impuestos, restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio, cierre de las centrales nucleares, sustitución por energías renovables, ayuda al Tercer Mundo, etcétera, disparates que provocaban el entusiasmo de los allí reunidos que los coreaban con gritos y grandes aplausos. Completaban el cuadro unos cuantos perroflautas, que amenizaban la mañana a los curiosos y daban a la acampada un toque de color, mientras que, con un sectarismo atroz, que descalificaba a todo el movimiento, ataques o críticas al Gobierno no había ninguno, ataques o críticas a Zapatero, ninguno, ataques a Esperanza Aguirre, numerosos, al PP, lo mismo, a la banca y a los empresarios, todos.

Es decir, los sindicalistas de CC. OO., que han expoliado y expolian sin contemplaciones a la clase trabajadora, cobrando un 8 por ciento de cada ERE, compartiendo 1.500 millones de euros anuales, con UGT y CEOE, por políticas activas de empleo que deberían ser realizadas por funcionarios públicos, que saben mejor cómo hacerlo y que ya estaban ahí, que reciben ríos de subvenciones de los poderes públicos porque sí, que jamás han dado un plato de comida a un hambriento, están en primera fila con un chiringuito «informativo» y formando piquetes de energúmenos vociferantes, en lo que tienen experiencia probada, ante la Comunidad de Madrid.

Jóvenes que, en principio, están parados y sin esperanza, pidiendo más impuestos, energías renovables, la mayor fuente de enriquecimiento para una élite cercana al poder en la historia industrial de España, y causa de que cuatro millones de familias no hayan podido encender la calefacción este invierno, ayuda al Tercer Mundo y a los parados españoles que les zurzan, etcétera. El ideario esencial entre los acampados en la Puerta del Sol. Que además pidieran algunas cosas que pedimos todos, como el cambio de la ley electoral porque lo pide Izquierda Unida, porque si no tampoco lo harían, es irrelevante, aparte de que ni socialistas ni populares les van a hacer ningún caso.

De los «indignados» reales, a una «fuerza de choque» de Rubalcaba

Para empezar, y aunque antes no lo he mencionado, el movimiento del 15-M lo organizan dos personas del CESID de toda la confianza de Rubalcaba junto con el radical de Izquierda Andaluza por lo que es obvio que ya desde el principio este movimiento estaba destinado a un fin muy claro por el Gobierno: conseguir, a semejanza del 14-M de 2004, acosar y cercar al PP, para tratar de revertir el resultado de las elecciones autonómicas y municipales de junio, porque los sondeos, igual que ocurría las elecciones generales de 2004, eran muy negativos para el Partido Socialista. Desgraciadamente para sus organizadores, la maniobra no sólo no les funcionó, es que la gente está tan harta, la gente les tiene tan calados, que los «indignados» obtuvieron justo el efecto contrario, el Partido Socialista no sólo perdería las elecciones, sino que resultaría triturado.

De nuevo, Rubalcaba puso en marcha el dispositivo con las «siete marchas sobre Madrid», que finalizarían en una «gigantesca» concentración en la plaza de Neptuno junto a las Cortes. Yo estuve allí a la hora punta, las dos de la tarde, y no es que me lo hayan contado, es que lo vi personalmente, la plaza estaba sólo mediada, y los alrededores prácticamente vacíos; en conjunto no había más de 5.000 personas, cuando hasta la más pequeña de las manifestaciones contra el terrorismo ha congregado a más de 500.000 personas. Ese día lo vi clarísimo, si Rubalcaba pensaba ganar las elecciones movilizando a estos «camisas pardas», es que ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Y la guinda del pastel, el rotundo fracaso de sus huestes en sabotear junto con los sindicalistas de pesebre la JMJ, la visita del papa a Madrid. Realmente, Rubalcaba lo tiene crudo, al menos tal y como estaban las cosas en verano de 2011.

¿Por qué votar socialismo es votar la propia ruina?

Uno de los hechos económicos más conocidos en el mundo occidental, y sobre el que existen numerosísimas series de datos correlacionados, es la relación entre los gobiernos de izquierda y déficit público. Cuando gobiernan partidos socialistas crecen exponencialmente el despilfarro, la mala gestión y las subvenciones a los grupos afines que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría, que tiene que conformarse con las declaraciones demagógicas habituales sobre el sesgo social de la izquierda. Y lo que aún es peor, son especialistas en la destrucción de riqueza, hablan de repartir, aunque en la práctica sólo entre ellos, pero jamás de crear.

El socialismo europeo y el español en particular están convencidos de que un país que se endeuda es superior a uno que no lo hace, hasta el punto de que la izquierda ha convertido el déficit público, y las subvenciones a los suyos, en una de sus principales señas de identidad. No hay más que ver cómo los sindicalistas subvencionados, UGT y CC. OO., y los radicales izquierdistas del 15-M, han puesto el grito en el cielo cuando Zapatero se vio obligado a incluir un techo de gasto en la Constitución. Resulta absolutamente grotesco ver a estos paniaguados que reciben miles de millones en subvenciones y prebendas de todo tipo, lo que les permite vivir como rajás, llamando a la movilización porque se niegan a acabar con el despilfarro que ha llevado al paro a seis millones de españoles y condenado a la miseria a casi la cuarta parte de las familias.

En agosto de 2011, encarábamos un otoño que no podía pintar peor, tanto por razones internas como externas, el deterioro económico y social se estaba acelerando de día en día. La OCDE acababa de afirmar que las reformas de Zapatero no han mejorado sino que han empeorado la economía española, un agravamiento que se ceba especialmente en los pensionistas y la clase trabajadora, que están viendo cada día hundirse más y más su renta disponible. Los socialistas no tienen piedad para los más débiles, porque están convencidos de que les seguirán votando. Sin embargo, votar socialista es garantizar la propia ruina. Siempre ha sido así cuando han gobernado, aunque esta vez han deteriorado en forma irreversible la economía y el bienestar de los españoles: nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos.

Los desastres del socialismo: la crisis del 33 y la del 96

La primera vez que el socialismo hundiría económicamente a esta nación sería la crisis de 1932, que los «historiadores» izquierdistas cuentan fue debida a «la traición de empresarios y banqueros para sabotear la República», cuando la realidad fue que el Gobierno de la República actuó con una incompetencia económica absoluta, su única preocupación, al igual que Zapatero con Aznar, fue, como nos recuerda el profesor Velarde, la destrucción de los logros económicos de Primo de Rivera, los mayores de la primera mitad del siglo XX. Ortega y Gasset, en su discurso ante las Cortes Constituyentes en julio de 1931, afirmaría que «si el régimen hoy naciente no triunfa en la economía, no tiene porvenir», y espantado por la ineptitud del gobierno clamaría: «Es menester que encarguéis [la economía] a las personas más autorizadas que en España haya, y si no hay bastantes traedlas del extranjero.»

Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, del que Alcalá Zamora decía que «estaba tan ayuno de preparación, que era incapaz de distinguir el maíz de las algarrobas», con el mito republicano del «pan barato» decidió importar grandes cantidades de trigo a finales de 1931, y cuando en 1932 este trigo estaba llegando se recogió la mayor cosecha en años, el exceso de oferta hundiría los precios y sumiría a los campesinos en el hambre y la miseria. El otro mito republicano, la «peseta fuerte», sosteniendo un cambio artificial, nos daría la puntilla. En 1933 la izquierda perdería el poder, que intentaría recuperar en octubre de 1934 alzándose en armas contra el Gobierno legítimo, y que recuperaría con el fraude en las urnas de febrero de 1936, en cuya campaña el socialista Largo Caballero aseguraría: «Si no ganamos, iremos a la guerra civil», por lo que decidirían no volver a correr más riesgos electorales y aplastar a la media España que no pensaba como ellos, lo que haría inevitable la guerra; «el Gobierno de la República ha caído en manos de unos pistoleros», clamaría don Miguel de Unamuno desde Salamanca. Las ocupaciones de tierras y fábricas harían caer la renta per cápita un 13 por ciento hasta julio.

La era González, después de una etapa expansiva entre 1986 y 1990, consecuencia de nuestra incorporación a la UE, «concluyó en catástrofe a causa de un considerable déficit del sector público, de una política monetaria restrictiva y, por ello, con altos tipos de interés, y de una peseta fuertemente sobrevalorada, y de las rigideces estructurales». La Seguridad Social quebrada, la industria aniquilada, por el desastre de la reestructuración siderúrgica, naval y textil, el paro superaría el 23 por ciento y los monopolios públicos serían privatizados a precio de saldo, un expolio de dos billones de pesetas a los españoles.

«Una España arruinada, dividida y con ETA en las instituciones»

Pero estos desastres, excepto la guerra civil a la que nos llevaría la izquierda en 1936, dispuesta a aplastar como fuera a la media España que no pensaba como ellos, y que como es normal, no se resignaría a morir sin defenderse, quedaría empalidecido por Zapatero, y no se me ocurre mejor resumen que el realizado por Esperanza Aguirre: «No sólo nos ha llevado a una ruina económica sin precedentes, que tardará varias generaciones en superarse, también ha dividido España y sentado las bases de su destrucción, y legalizado a una banda terrorista porque los socialistas buscan gobernar el País Vasco y Navarra aliados con ETA y su entorno.»

En abril de 2011, por primera vez en la Historia, el paro y la inflación han hecho descender el gasto en alimentos, y convertido la cesta de la compra en una cesta de supervivencia. Y, sin embargo, con la desvergüenza que le caracteriza, Zapatero afirmaría en junio de 2011 que «miente como un bellaco quien diga que he recortado ayudas sociales». ¡Patético! Cuando un año antes anunciaría en el Congreso el mayor recorte de derechos sociales de la Democracia, afirmando con toda su cara que «era al que más le dolía hacerlo, pero era necesario». Pues si tanto le dolía ¿por qué en vez de recortar gasto social no recortó despilfarro autonómico y local seis veces mayor que los 15.000 millones que cercenaría a los más desfavorecidos? ¿Por qué no eliminó los pagos millonarios a UGT y CC. OO. por trabajos que pueden hacer mejor los funcionarios públicos, de los que sobran más de dos millones? ¿O a los titiriteros de la ceja? Realmente este personaje es que no tiene pase.

Y así las cosas, el gobernador del Banco de España, como es habitual en él, mentiría descaradamente antes de las elecciones autonómicas y locales por segunda vez con las cifras de PIB justo antes de unas elecciones, para ayudar a los socialistas, como hizo en febrero de 2008 diciendo que España, al contrario que el resto del mundo, estaba creciendo y no había ninguna crisis, y ahora diría, aunque esta vez no le serviría de nada, que el crecimiento en 2011 estaba siendo positivo. Con todas las grandes empresas y entidades financieras, el corazón de nuestro sistema económico, con resultados mucho peores en España que hace un año —los ingresos se situaban entre un 5 y un 15 por ciento y el Ebitda (resultado bruto operativo) entre un 10 y un 20 por ciento en el primer trimestre de 2011—, ¿cómo se puede tener la desvergüenza de afirmar que el crecimiento ha sido positivo?

Si fuera cierto, es que muchas otras habrían tenido resultados excelentes. Entonces, señor gobernador, preguntaba yo en diversos medios, ¿por qué no nos las presenta? ¿Quiénes son las afortunadas? Con todos los indicadores de actividad y demanda experimentado caídas generalizados, con la tasa de inflación haciendo estragos en la renta real disponible de los hogares y, por tanto, en el consumo, ¡cómo puede subir el PIB si sus partes principales se hunden! No estamos creciendo al 0,3 ni al 0,2 por ciento oficial, estamos cayendo al 4 por ciento o más, y el gobernador miente de nuevo como un bellaco para ayudar electoralmente a los socialistas. Por ello, parafraseando a Machado y al profesor Niño Becerra,²¹ creo que el mejor resumen es: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios; deuda, paro y socialismo van a helarte el corazón.

«¿Cree usted que Zapatero debe ser procesado?»

Y aunque a los socialistas les importa un pepino hundir a España, lo que les produce auténtico pánico es la debacle de las elecciones autonómicas y municipales, porque la mayoría de la gente parece no haberse percatado de que el Partido Socialista ha perdido en sólo doce meses el 80 por ciento de su poder económico autonómico y local, y eso es una auténtica hecatombe. ¿Qué van a hacer ahora cientos de miles de enchufados, subvencionados y chupópteros, que llevaban viviendo del cuento y sin dar un palo al agua más de treinta años?

La frase de Jordi Pujol pronunciada en junio de 2011, «España no llega a fin de mes», sintetiza el panorama tras el hundimiento del Partido Socialista y los enormes déficit ocultos puestos de manifiesto como consecuencia. Lo que no es óbice para preguntarse cómo el Molt Honorable, que inició el declive económico y la desindustrialización de Cataluña, haciéndola pasar del primero, en tiempos de Franco, al cuarto lugar en renta per cápita, y que ha convertido una región milenaria de comerciantes, emprendedores e industriales en una mera plataforma de multinacionales de alimentación y de farmacia y sobre todo de servicios, y cuyos hijos se pasean por Barcelona en Lamborghini cuando ya no hay dinero para pagar las medicinas de los hospitales, tiene la santa desvergüenza de añadir que «se acabó la chulería de España».

En España, desgraciadamente, pocas veces ha habido chulería, y desde la Transición sólo incompetencia, cobardía, falta de sentido de Estado, corrupción al por mayor, y la mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos de toda nuestra historia. A la élite empresarial y financiera le ha ido de cine con el socialismo, ya que los más cercanos al poder se han enriquecido hasta límites inimaginables, y a todos los demás les ha eximido del pago de la mayoría de los impuestos a través de las SICAV, mientras aplastan sin contemplaciones a la clase trabajadora y a la clase media. Pero, de repente, el PP arrasa en las autonómicas y municipales, levanta sólo el pico de una alfombra, la de Castilla-La Mancha, y todo salta por los aires.

Acaban de descubrir que el déficit autonómico es insostenible: ¡realmente grandioso! Deuda sanitaria, «descubierta» sólo cuando se ha acabado el crédito —porque el dinero se acabó hace más de un año— para pagar las medicinas, el material y pronto para médicos y enfermeras, y así sucesivamente. Y mientras tanto un Zapatero completamente zombi pide a Rajoy que defienda la credibilidad de España. Pero ¡esta gente vive en el limbo! ¿De qué credibilidad hablan? «La verdad en España es justo lo contrario de lo que afirma Zapatero», sentencia el historiador e hispanista norteamericano Stanley Payne.

Si la Fiscalía General del Estado estuviera al servicio de los ciudadanos, que son quienes pagan sus sueldos, y no del gobierno, debería actuar de oficio e investigar en cuanto los datos contrastados estén disponibles la presunta negligencia grave en la gestión de caudales públicos; la presunta destrucción de pruebas y documentos públicos, y toda otra serie de delitos que tienen que ver con el despilfarro continuado de dinero público. Delitos todos ellos castigados con elevadas sanciones económicas e incluso penas de cárcel, justo como está ocurriendo en Islandia.

La idea de procesar a los culpables de la crisis empieza a ganar adeptos exponencialmente. A mediados de junio, en el programa «La Vuelta al Mundo», su presentador, Carlos Cuesta, hizo, como era habitual, una pregunta al principio del programa con dos opciones para que los telespectadores la fueran contestando a lo largo del mismo. La pregunta era: ¿Cree usted que el presidente Zapatero debe ser procesado por su desastrosa gestión de la crisis? Nunca en la historia del programa se había producido una respuesta más contundente: un 92 por ciento de los telespectadores afirmaron que sí debería ser procesado.

No sé si, a semejanza de Islandia, Zapatero podrá ser procesado por «negligencia grave en la gestión de la crisis», pero no tengo la menor duda de que podrá ser procesado junto con Rubalcaba por presunta colaboración con banda armada y alta traición, como traición sería su rendición ante el intolerable desafío nacionalista, negándose a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremos en Cataluña en septiembre de 2011.

Zapatero pide que no se cumpla la Ley y se ignoren los derechos humanos

«La fuerza de un pueblo reside en la fuerza de sus leyes», no en su riqueza y ni siquiera en las armas, así relataba César Vidal como veían los romanos la clave de su fortaleza. Según el Tribunal Supremo y los derechos humanos elementales, «el castellano, que es la lengua oficial del Estado, debe ser objeto de idéntico derecho que el catalán, y debe disfrutar de la condición de lengua vehicular». En línea con ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dictaría un auto en septiembre 2011 instando al departamento de enseñanza de la Generalitat para cumplir las sentencias en los términos exigidos por el Constitucional y el Supremo, para que el castellano esté presente en las escuelas de esa región en igualdad de condiciones al catalán.

Acosado y acobardado por los nacionalistas, el presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña, y con el desprecio a España a que nos tienen acostumbrados los socialistas, Francisco Caamaño y varios altos cargos dirían que no era de aplicación en toda Cataluña. Inmediatamente después en un gesto valiente que les honra, los miembros del TSJC desautorizarían rotundamente a su presidente y al indigno ministro de Justicia de Zapatero, que no de España, señalando que era una sentencia del Supremo de aplicación en toda Cataluña y de obligado cumplimiento.

Pero lo que resulta inaudito y raya en la traición, es que José Blanco, el número dos del Partido Socialista, primero, y el Gobierno en pleno después, digan que les parece perfecto que se prohíba la enseñanza en castellano, así como la discriminación y persecución de todo lo español, porque «está funcionando», y hacen un llamamiento al incumplimiento de la Ley. Es de procesamiento. ¡Todo un Gobierno pidiendo que no se cumpla la Ley y se ignoren los derechos humanos!

Así las cosas, Artur Mas lanzaría un desafío sin precedentes a España y al Estado de Derecho, afirmando con una chulería inaudita que la Generalitat de Cataluña no obedecerá la Ley, y que mantendrá la inmersión lingüística, es decir, la prohibición de estudiar en la lengua del Estado, así como la persecución y discriminación de todo lo español, «caiga quien caiga». Si el Gobierno de España o el Rey en su defecto, no reaccionan con la contundencia debida, y rinden el Estado a este desafío totalitario, habrán asestado un golpe mortal a la unidad de la nación y al Estado de Derecho. Aparte que si no hicieran, ¿para qué queremos un Gobierno o un Rey que sean incapaces de defender la Ley y la unidad de la Patria?

Pues bien, ante éste increíble desafío a la nación, si quienes tienen el sagrado deber de defenderla no lo hacen, servidor afirma lo mismo, deberían pegarse un tiro. Y lo tienen muy fácil, porque para eso está precisamente el Art. 155 de la Constitución, según el cual la autonomía de Cataluña, o cualquier otra, debe ser suspendida hasta que acaten la Ley. ¡Y no pasaría nada! Como no pasó nada cuando un primer ministro fuerte de un país fuerte, Tony Blair, suspendió la autonomía del Ulster.

Es una burla intolerable que Artur Mas salga diciendo: «¿por qué nos tocan las narices con nuestro idioma?, si en Francia no se las tocan al Francés». Pero ¿es que nos toma por imbéciles? Ésa no es la comparación. ¿O es que Cataluña es ya una nación independiente porque lo dice este aprendiz de Mussolini con tupé sin habérselo preguntado a los catalanes y no nos habíamos enterado? La comparación es muy otra, ¿qué haría el Gobierno francés si en Córcega se prohibiera enseñar en francés? ¿O el Gobierno británico si en Gales prohibieran enseñar en inglés?

Cataluña es parte de España desde el principio, hace quinientos años, pero desde la Transición ya no rige allí la Ley. Los políticos nacionalistas catalanes habituados a violar flagrantemente derechos humanos elementales, han decidido seguir violándolos, digan lo que digan los tribunales. El que una formación política que, con su incompetencia y su venalidad, ha hundido económicamente a Cataluña, haciéndola pasar del primero al cuarto lugar en renta «per cápita» entre las regiones españolas, se atreva a amenazar a todas aquellas formaciones no nacionalistas, es intolerable en cualquier nación que merezca la calificación de civilizada. Y lo que es peor, según una encuesta realizada por ABC, el 81 por ciento de los catalanes prefiere la educación bilingüe, pero a estos nacional-fascistas la voluntad del pueblo catalán les trae sin cuidado

El chantaje permanente de los nacionalistas, que no de los catalanes, un 70 por ciento de los cuales no votaron el Estatut, diciendo que España les roba, es una patraña infecta para lo que utilizan unas balanzas fiscales inexistentes en las naciones civilizadas, algo de una falsedad y un sectarismo extremos, porque la realidad es justo lo contraria, pero puestos a ello, que no ha lugar porque Cataluña es España, hay que considerar todos los flujos. Y esto lo explico pensando esencialmente en los empresarios catalanes y en las multinacionales allí ubicadas para abastecer toda la nación y que tienen todo que perder ante un eventual enfrentamiento y ruptura con el resto de España, pero que poseen mecanismos suficientes para frenar una locura que sólo puede llevar a Cataluña a la ruina.

Fiscalmente hablando, lo primero que hay que decir es que los impuestos los pagan las personas, no las regiones, Cataluña no es sujeto jurídico de nada, los sujetos jurídicos son los catalanes. Y como su renta per cápita es un 18 por ciento superior a la media, en todo el mundo civilizado paga más quien más tiene. ¿Y qué ocurre entonces? En cifras absolutas, y como ya se ha explicado en el capítulo 4 los madrileños aportaron en 2009 14.600 millones de euros, seguidos por los catalanes, que aportaron 11.143 millones, lo que sirve a los nacionalistas para decir, «España nos roba». En tiempos de Franco, cuando Cataluña era la región más rica de España, de cada cien euros equivalentes del gasto público allí realizado, 90 eran para los ciudadanos vía inversiones, transferencias, servicios públicos, etcétera, y 10 para la administración regional. Hoy de cada 100 euros, 60 son para la casta política parasitaria y 40 para los ciudadanos. Entonces ¿quién roba a quién?

Cataluña tiene hoy 139.000 empleados públicos, el triple que en 1975, y un salario medio de 42.000 euros/año. Pero esto no es lo peor. Las empresas públicas, absolutamente inútiles en un 90 por ciento, creadas para ocultar deuda y colocar a parientes, amigos y correligionarios, han pasado de 88 a 268 desde 2003, y tienen 96.600 empleados, todos nombrados a dedo, con un sueldo medio de 49.000 euros/año, un 16 por ciento más que los funcionarios, y un 35 por ciento más que los trabajadores catalanes del sector privado. Y esto sólo los salarios, 10.100 millones, luego están los intereses de la gigantesca deuda, más de 2.000 millones, los coches oficiales, embajadas, oficinas de lujo, estudios esperpénticos, viajes de cinco estrellas, televisiones ruinosas, y mil cosas más. Y claro, luego no hay dinero para los hospitales porque ese despilfarro inmenso de la casta política es intocable.

Pero los flujos económicos entre Cataluña y el resto de España no se limitan a la balanza fiscal, existen también las balanzas comerciales de bienes y servicios y las de ahorro-inversión, las cueles también se han explicado en el capítulo 4. Y en las balanzas comerciales de bienes y servicios el superávit de Cataluña con el resto de CC. AA. es de más de 24.000 millones de euros, más del doble que su déficit fiscal. Pero es que además, y más trascendente si cabe, a través de los bancos y cajas catalanas, parte del ahorro del resto de España, se «transfiere» a Cataluña, y se estima que por cada cien euros de ahorro en Cataluña se invierten 180 financiados gracias a este mecanismo. ¿Y qué pasaría, como decíamos al hablar del Estatut, si las comunidades perjudicadas exigieran le reducción del déficit comercial y de ahorro-inversión?

España no podrá remontar jamás su actual crisis, como he repetido hasta la saciedad, hasta que acabe de una vez por todas con el cáncer autonómico y con el chantaje permanente del nacionalismo. Pues bien, que inicien un proceso secesionista revolucionario, y si triunfan, ¡que se vayan! Pero eso sí, que se lleven todas sus empresas, sus bancos y sus productos al Kazhastán, porque el veto de España impediría su entrada en la UE y no van a pensar que si deciden separarse vamos a permitir vendernos o estar aquí. Con su amenaza secesionista, el Sr. Mas, que está intentando desesperadamente atraer a inversores a Cataluña, va a tener muy difícil el conseguirlo porque, ¿quién va a ser tan estúpido o tan loco de ir a una región donde no se respeta la Ley sino sólo la voluntad de unos pocos, y donde además no podrán colocar sus productos en el resto de España y tampoco no podrán ser miembros de la UE? En todo caso el culpable real de esta catástrofe no es el Mussolini de opereta que hoy gobierna en Cataluña, el culpable real es José Luis Rodríguez Zapatero y el partido socialista.

Por ello, no puedo estar más de acuerdo con la mayoría de españoles que piensan que Zapatero debe ser procesado, primero por haber provocado una crisis que va destruir a éste país durante generaciones, pero sobre todo por haber legalizado a una banda de asesinos y haber rendido España ante los nacionalistas catalanes.

Quousque tandem abutere, Zapatere, patientia nostra?

«¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?» El 22 de octubre del año 63 a. J. C., Marco Tulio Cicerón pronunciaría esta frase inmortal en el Senado de Roma, contra Lucius Sergius Catilina, un conspirador que intentaba hacerse con el poder sin importarle los medios, pero que moriría con valentía y con honor frente a las legiones de Marco Antonio.

No voy a equiparar a Catilina con Zapatero, sería un insulto imperdonable a Catilina, un conspirador, sí, pero un auténtico patriota, un comandante capaz al frente de sus legiones, un excelente gestor como pretor de la provincia de África, aunque venal como todos los romanos, que sería acusado de apropiarse de parte de los rendimientos (hoy sería considerado un bonus), y que, frío, resuelto y decidido ante el peligro, se lanzaría el primero delante de sus hombres contra el enemigo y moriría peleando bravamente. Salvadas las distancias, la frase puede aplicarse perfectamente a nuestro indigno jefe de Gobierno, y aunque no es un patriota, ni un jefe capaz, ni sabría gestionar una tienda de ultramarinos en su pueblo, hay un punto común: los dos dañaron gravemente a su patria, aunque Zapatero totalmente desnortado, niegue su existencia.

Después de siete años en los que ha destruido moral, social, cultural y económicamente España, a la que ha traicionado en todas las formas posibles, aniquilando las raíces de creación de riqueza, dividido a la nación, legalizando a una banda de asesinos, y donde está haciendo agua el Estado de bienestar, que tanto sudor y esfuerzo costaron a varias generaciones de españoles, desde la clase media, al sistema de pensiones, pasando por la enseñanza pública y el Sistema Nacional de Salud, que ya se reconocen como insostenibles, decidiría, en línea con la estrategia electoral de Rubalcaba, culpabilizar a la banca, a los empresarios y a Aznar del paro y de la crisis.

¿Dónde ha ido a parar lo de que la crisis financiera internacional no tendría efecto alguno sobre España? ¿Dónde lo de que no había ninguna crisis? ¿Dónde los brotes verdes? ¿Dónde «lo peor ha pasado»? ¿Dónde la reestructuración del sistema financiero? ¿Dónde el crecimiento económico? ¿Dónde la recuperación del empleo? ¿Dónde «no dejaremos a nadie tirado en la cuneta»? ¿Dónde «hemos superado a Italia de renta per cápita y vamos a superar a Francia»? ¿Dónde el verdadero valor de los activos de las entidades financieras? ¿Dónde «no hay ninguna burbuja»? ¿Dónde «los pisos nunca pueden bajar de precio»? Desde principios de 2007 vivimos instalados en el Imperio de la Maldad, de la Incompetencia y de la Mentira.

Porque quienes estas cosas afirmaban era unos malvados, que sabiendo que era falso incitarían y facilitarían a familias y empresas a seguir endeudándose masivamente, lo que las llevaría a la ruina, porque cuando los mercados se no cerraron en mayo 2010 y los recortes fueron imprescindibles, no recortarían el lujo y el despilfarro de la casta política parasitaria, recortarían las pensiones, los sueldos a los funcionarios, elevarían los impuestos al ahorro y al consumo, y dejarían tirados en la cuneta a más de dos millones de personas su subvención ni ayuda alguna.

Unos incompetentes, con un desconocimiento básico de las cuestiones económicas más elementales, que nunca supieron por qué crecíamos como tampoco sabían después por qué nos hundíamos, un Gobierno en que la mayoría de los ministros eran y son unos analfabetos funcionales, tanto que más parecen haber salido de un vertedero, y por supuesto unos mentirosos compulsivos, que nos han mentido en todo, nos han mentido en el crecimiento, nos han mentido en el empleo, nos han mentido en la situación del sistema financiero, nos han metido en el déficit, nos han mentido en la deuda, no han parado de dar esperanzas vanas que no se tenían en pié. Y así en otoño de 2011 nos encontramos literalmente al borde del abismo.

Zapatero, al más puro estilo socialista, abordaría la crisis recurriendo a un mayor gasto, incurriendo en el mayor deterioro presupuestario del mundo desarrollado. Como explicaba Juan Ramón Rallo en «Libre Mercado», del grupo de Libertad Digital/Es Radio, «Zapatero decidió echar mano de los 20.000 millones de superávit público registrados en 2007, incurrir en un déficit de 45.000 millones en 2008, de 117.000 millones en 2009, 98.000 millones en 2010, y algo más de 60.000 millones en 2011, si se cumplen sus previsiones». Claro que esto es lo oficial, la realidad es muchísimo peor, porque en 2010 el déficit fue mucho mayor, como estamos viendo al levantar las alfombras en autonomías y ayuntamientos, y más aún en 2011.

Pero sigamos. «En total, un coste fiscal de 340.000 millones de euros durante la crisis, dejando así, de forma directa, una factura media de 24.000 euros por cada contribuyente neto. No en vano, cuando Zapatero deje el poder la deuda pública de España casi se habrá duplicado, desde el 36 por ciento del PIB, hasta rozar el 100 por ciento en 2011.» De nuevo se infravalora la realidad, la deuda pública casi se habrá triplicado, hasta más del ciento por ciento del PIB, como ya se ha explicado y cuantificado. Y respecto al gasto, éste crecería en un 50 por ciento, que se compara, por ejemplo, con una subida del 10 por ciento en Alemania, «desde 2003 a 2011, el gasto público se disparó desde los 300.000 a los 477.000, y lo más sorprendente es que el grueso de dicho incremento no se produjo durante la crisis, sino en plena burbuja crediticia en la primera legislatura de Zapatero. En concreto, el gasto público anual creció en 112.000 millones de euros desde 2003 a 2007, casi un 40 por ciento más, mientras que entre 2007 y 2010 lo hizo en 65.000 millones». Esto fue debido a la locura de gasto autonómico y local, y Zapatero renunciaría a poner barrera alguna.

Y mientras tanto el Banco de España afirmando sin rubor, como si no tuviera nada que ver en ello, que la caída de la renta disponible real de las familias en 2010 ha sido la mayor en décadas. En cincuenta años para ser exactos, pero lo que no dice es que será mayor en 2011 y 2012. Pero acto seguido no tiene problema en afirmar que hay que subir el IVA y los impuestos sobre la vivienda, es decir, los que más afectan a parados, jubilados, trabajadores y clase media, y como guinda del pastel propone reducir más aún el sueldo de los funcionarios.

Una realidad, el empobrecimiento de las familias, que no refleja la renta per cápita, porque una media aritmética no explica la distribución de la renta entre la población. Lo más representativo es la mediana,²² y la mediana en España son 18.000 euros per cápita, lo que significa que la mitad de los españoles ganan menos de esa cantidad y la otra mitad ganan más, y 11.000 para los mayores de sesenta y cinco años. España ha caído no al 102 por ciento sino al 80 por ciento de la media de la UE-27, y ¡al 64 por ciento para los mayores de sesenta y cinco años! Una mediana muy por debajo del PIB per cápita, como es el caso, significa un nivel de injusticia brutal en la distribución de la renta.

¿Hasta cuándo, Zapatero, abusarás de nuestra paciencia? Al igual que Catilina, debería ser declarado «hostis», hostil o traidor en la acepción romana, y sin duda así será recordado por la Historia.

CAPÍTULO 15

Rubalcaba, Rajoy y Rosa Díez

El próximo 20 de noviembre, elegido expresamente por Zapatero por ser el 36.º aniversario de la muerte del general Franco, algo que piensa que servirá para movilizar al electorado de izquierdas que parece haber abandonado al Partido Socialista, España se juega su destino. Rubalcaba, el candidato autoproclamado del Partido Socialista, en lugar de apostar por una oferta centrista, se ha decantado por una oferta de izquierda extrema, con el fin de recoger el voto del ala más radical del socialismo. Esto es estratégicamente un disparate, ya que el espectro de voto es una campana de Gauss con el grueso de los votos en el centro y cantidades marginales en la extrema izquierda y la extrema derecha, por lo que ceder el centro al PP es literalmente un suicidio.

Además, en lugar de realizar una oferta de salida de la crisis, un Rubalcaba perdedor apuesta por una campaña demagógica, resucitando el Impuesto de Patrimonio, que es un expolio a la clase media, que penaliza el ahorro y no afecta en absoluto a las grandes fortunas. Y lo que ya entra en el terreno de lo delictivo, es su llamamiento al incumplimiento de la Ley, la Constitución y los derechos humanos en Cataluña. ¿Pero cómo una persona que aspira a gobernar España puede incitar a una desobediencia que está tipificada como delito en el Código Penal? Y no puede excluirse también algún golpe de efecto como la entrega de armas por ETA, algo irrelevante pues con los 1.500 millones de euros que recibirán al haberles entregado los socialistas el gobierno de Guipúzcoa, pueden rearmarse con material ultramoderno en cuanto les dé la gana. Aunque peor sería algo inesperado.

Sin embargo, a Rubalcaba le está saliendo todo mal: los «indignados» del 15-M, con los que contaba para tomar las calles, y provocar enfrentamientos con la derecha y los católicos tensando al máximo la campaña electoral, han derivado en un movimiento marginal, que apenas es capaz de convocar a unos miles de personas en toda España. Su última convocatoria «masiva» contra la implantación de un límite de gasto en la Constitución, realizada a través de las redes sociales, congregaría 3.000 personas en Madrid, 1.200 en Barcelona y 300 en Valencia, y lo que incluso es peor, el propio ministro del Interior ha reconocido que el movimiento está hoy en manos de radicales extremos y delincuentes comunes. En esta misma línea, el boicoteo de la JMJ, con lo que Rubalcaba pensaba adquirir notoriedad e impulso, fue un fracaso rotundo, y los sindicalistas comisionistas que intentaron paralizar el metro de Madrid y los aeropuertos fracasaron estrepitosamente.

Por su parte, Rajoy, que es el ganador seguro, salvo que «hundan otro Prestige», es probable que nombre un gobierno de gente más capacitada, aunque no sabemos si muy capacitada o regular de capacitada, porque los que tiene al lado son de la segunda clase. El problema es que hereda una España justo al borde de la ruina, con un déficit espectacular, un paro en niveles de estallido social y creciendo, con la sanidad al borde del colapso, y mil cosas más, y con todo lo que hasta ahora se ha comprometido a hacer, como reducir ministerios al mínimo, no tiene ni para empezar. Si no pone firmes a los barones y baronesas, a los alcaldes y alcaldesas, empezando por Gallardón, que es el mayor despilfarrador del reino, y que son responsables del 80 por ciento del gasto, apañados van los españoles. O Rajoy cambia radicalmente su política de ajuste, o sólo ganará las elecciones para certificar la ruina de España.

El mito de Rubalcaba

Me comentaba un conocido exministro de Felipe González, a raíz del dedazo que le nombraría candidato, y que coincidió con Rubalcaba en el gobierno cuando éste era portavoz, que ni Felipe, ni él, ni ninguno de sus compañeros de gabinete que habían conocido de cerca su capacidad de gestión, entendían la aureola montada alrededor del personaje, tanto por sus enemigos, como por la casi totalidad de los medios, aunque ni unos ni otros le conocen.

Es lógico que la cúpula socialista cuyos cargos dependen ahora de él, se deshaga en serviles elogios, pero que sus enemigos, sin fundamento alguno que los avalen, le dediquen calificativos que van desde «genio tenebroso» a «Maquiavelo», o los medios cuenten que es un «tipo listo y un pájaro político de cuidado», demuestran que «no conocen en absoluto a Rubalcaba», ya que todos los que han coincidido con él en tareas de gobierno saben que es un mediocre consumado, con una cierta habilidad dialéctica pero sin idea alguna que llevar a la práctica. «Tanto es así —me decía—, que en aquella época —la de portavoz— Felipe ni se le ponía al teléfono, y tenía que comunicarse con él a través de mí». Aunque para esta persona lo más grave, desde el punto de vista del socialismo, es que Rubalcaba es un perdedor y el destrozo que puede ocasionarle al partido puede ser demoledor.

Y concluye su excompañero de gobierno: «Dicen los que no le conocen que Rubalcaba no da puntada sin hilo, y lo que ocurre en realidad es que no da una puntada a derechas.» Lo cierto es que la gente y los medios tienen muy mala memoria y no recuerdan, por ejemplo, que Rubalcaba fue el responsable de la destrucción de la enseñanza pública en nuestro país, primero como coautor y principal impulsor de la LOGSE, un sinónimo de desastre y después como responsable de la politización y el hundimiento de la universidad.

Éste es Alfredo P. en acción, un peligro cierto para los humildes y para la clase trabajadora, el hombre que ha conseguido junto con Maravall, Solana destruir el ascensor social que la enseñanza pública fue en el pasado, algo dificilísimo, pues era una enseñanza de altísima calidad a todos los niveles, y una de las mejores de Europa. Dice Soraya Sáenz de Santamaría que «estamos viendo al peor Rubalcaba, que probablemente es el que es», y eso es así, el pasado lo acredita y los acontecimientos de las últimas semanas lo corroboran, Rubalcaba ha desperdiciado antes de empezar buena parte de su credibilidad, real o ficticia. El 15-M, del que ha sido gran impulsor, se le está diluyendo como un azucarillo. ¿Si no le sirvió en su momento álgido para evitar el desastre, de qué cree que le van a servir ahora, cuando ni siquiera consiguieron congregar a 10.000 personas en su «marcha sobre Madrid»? Y su felonía de legalizar a ETA, de entregarle Guipúzcoa y la capitalidad de la cultura, puede costarle cara en las urnas, pero sobre todo nos aparece con un seudoprograma económico, una deriva ultraizquierdista que mueve al estupor o la ira.

El hombre que lo sabe todo

Como frontispicio de su estrategia populista cutre, propia de principios del siglo XX, Rubalcaba, ahora Alfredo P. Rubalcaba, es el hombre que sabe. «Sé todo de todos», empezó afirmando para asustar al personal, pero Alfredo P. Rubalcaba no sólo sabe todo de todos, sabe más cosas. Por ejemplo, cuando obligó a Zapatero a defenestrar a Carme Chacón —muy bien defenestrada por cierto, porque si ha destruido al Ejército, imaginen lo que hubiera hecho con una España a la que odia y sin la más mínima preparación—, afirmó: «Creo saber lo que España necesita en los próximos cuatro años.» Y si lo sabía ¿por qué no lo aplicó? ¿O es que ha estado haciendo lo contrario a lo que había que hacer en todos estos años? Pero no sólo sabe esto. Cuando a Felipe González, que tiene la peor opinión del personaje, le preguntaron cuándo creía que debía abandonar el Gobierno, porque entonces aún no lo había hecho, dijo airada y secamente: «Ya mismo.» Alfredo P. Rubalcaba, que entendió perfectamente el tono de González, ¿cómo no lo iba a entender si le ninguneaba y le tomaba por el pito del sereno?, le contestaría más airado aún: «Sé bien lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer, y no necesito consejos de nadie.»

Y ya lo último que también sabe Alfredo P. Rubalcaba: «Sé lo que tengo que hacer para crear empleo.» Una afirmación que ha dividido a la opinión a partes iguales entre la indignación y el pitorreo. ¿Pero no decían que era tan listo? Lo cierto es que está quemando sus opciones a velocidad de vértigo. Hasta su periódico de referencia, El País, da 14 puntos de ventaja a Rajoy, y otros le dan más de 16. Porque hasta a las víctimas de su LOGSE seguro que se les ha ocurrido la gran pregunta: ¿si sabe lo que hay que hacer para crear empleo, por qué no lo ha puesto en práctica en estos últimos tres años en que han destruido casi tres millones de empleos? La señora Cospedal diría con una gran retranca: «Es casi delictivo que tenga la solución al paro y no haberla aplicado en los últimos años, y haber permitido que haya cinco millones de parados oficiales.»

Y para colmo ni siquiera la alta cocina del sindicalista Valeriano Gómez ha conseguido ocultar el fuerte empeoramiento de la situación laboral. No sólo se han destruido 200.000 puestos de trabajo los últimos doce meses, una espiral auténticamente diabólica, pues los recientes informes de economía señalan que hemos vuelto al crecimiento cero oficial, y el hundimiento de las bolsas en agosto y septiembre augura un otoño terrorífico, lo que significará una nueva aceleración en la destrucción de empleo.

Con el socialismo, el único futuro es hundirnos todavía más

Su única estrategia es decir: «¡Que viene la derecha!», y que nada cambie, que siga el despilfarro, como si tal cosa fuera posible. Al inicio de su precampaña, antes del verano, y como en tiempos de Franco, con autobuses gratis y dietas desde toda España, Rubalcaba montó su espectáculo del Palacio de Congresos. Ése es el verdadero Rubalcaba, sin la menor idea de cómo hacer frente a la crisis, y a falta de soluciones se dedica a buscar culpables. Ya lo desveló en Sevilla, después de haber sido triturados por el PP en las autonómicas y municipales, «no tenemos culpa de nada, la culpa la tienen la banca y la Ley del Suelo de Aznar, id y contádselo a la gente». Tenemos el Partido Socialista más retrógrado y más inepto de Europa y el único que odia a su propio país, que en lugar de avanzar hacia la socialdemocracia y adaptarse al siglo XXI como parecía haber iniciado Felipe González, ha retrocedido a posiciones de la izquierda radical de hace casi cien años.

No tomará ni una sola medida que sirva para solucionar la crisis, toda su estrategia se basa en promesas vanas de ayudas sociales —igual que Chaves cuando prometió una vivienda a todas las familias andaluzas—, la vuelta a la subvención y la demagogia anticapitalista: una farsa miserable y una burla a las clases más desfavorecidas; no puede dar ayudas sociales ni subvencionar porque ya no tiene con qué hacerlo, y lo poco que queda de crédito al país lo está empleando precisamente en ayudar a banqueros irresponsables —el desastre de CAM nos costará 20.000 millones de euros—, mientras les «ataca» de cara a la galería en lugar de cortarles el grifo y hacer que se responsabilicen de su gestión.

Sus más recientes anuncios sobre lo que será su campaña no tienen desperdicio. Sus ideas de «creación de empleo, la economía sana, la igualdad y la política democrática», realmente de broma. ¿Se pueden decir acaso más vaguedades y lugares comunes en tan poco espacio? «Creación de empleo.» No va a proponer destruirlo, digo yo. Pero ¿y eso cómo se hace? «Economía sana.» Esto sí que es una novedad. Les aseguro que en ningún tratado de economía figura ese tipo de economía, es simple y pura demagogia. A la palabra «economía» le han añadido la palabra «sana» porque suena bien, aunque no signifique nada en absoluto, ¡no iban a decir «economía insana»! «Igualdad.» ¿Y qué opina el señor Rubalcaba, que va a centrar sus esfuerzos electorales en Cataluña y en Andalucía y de la exclusión de todo lo español en la primera? ¿Qué opina de que los que se declaran españoles sean considerados ciudadanos de tercera? La verdad es que los socialistas no tienen vergüenza. «Política democrática.» ¿Qué pasa? ¿Que va a cambiar la ley electoral para que los votos de los nacionalistas y los separatistas no valgan cinco veces los del resto de los españoles? Y si no es así, que por supuesto no lo es, ¿de qué política democrática habla? Es decir, pura demagogia, pura mentira y ausencia de cualquier proyecto digno de ese nombre.

La única ventaja de Rubalcaba es que llevará al socialismo español al desastre, la condición sine qua non para que España supere la crisis. Pero de momento, y sin tomar medida efectiva alguna en una economía que camina directa hacia el abismo, el daño adicional que pueden ocasionarnos los socialistas puede ser espectacular.

Unas propuestas fiscales contra la clase media mientras hace demagogia contra las grandes fortunas

«Los que menos han sufrido con la crisis son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo» ¡Qué bonito suena! ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues nada en absoluto, sólo demagogia. Dice, cómo no, que va a incrementar la tributación a los bancos y a las grandes fortunas, un puro camelo para la galería, porque la gran propuesta fiscal de Rubalcaba es la reimplantación del Impuesto del Patrimonio y la subida de los impuestos especiales sobre carburantes. Para cualquiera que conozca mínimamente el sistema fiscal español, y esté además a favor de la equidad y de la justicia distributiva, la supresión del Impuesto del Patrimonio es una necesidad imperiosa. Éste no existe en la mayoría de los países del mundo desarrollado, y en los que existe, los tipos son mucho más bajos que en España y no tiene la finalidad recaudatoria que tiene en nuestro país.

Se trata además de un impuesto prácticamente confiscatorio, dado que grava el patrimonio acumulado gracias al ahorro de las familias, ahorro conseguido en la mayoría de los casos tras duros sacrificios de muchos años, con un dinero que ha pagado ya todos los impuestos habidos y por haber. La razón aducida por Rubalcaba para su reimplantación es que favorece a los ricos, lo cual demuestra que no tienen ni idea de cómo funciona en la práctica el sistema fiscal español, el más injusto de toda la OCDE.

En España, como ya he explicado, los ricos están exentos de la mayoría de impuestos y, por supuesto, del de Patrimonio, bien a través de las SICAV o las Sociedades de Inversión Inmobiliaria, dos instrumentos jurídico-fiscales introducidos por el PSOE a finales de los años ochenta, y no derogados por el PP, que reducen al 1 por ciento el pago de los ricos de varios impuestos esenciales, o bien vehiculando el grueso de sus ingresos y, por supuesto, su patrimonio, a través de empresas en las que el patrimonio lógicamente no tributa. Y aunque dice que va a incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas, esto no ha hablado de tocarlo, ya que ese incremento piensa realizarlo precisamente con el Impuesto de Patrimonio demagógicamente modificado, algo que por otra parte es una ridiculez, porque por este impuesto sólo se recaudaban poco más de 600 millones de euros. ¿Piensa Rubalcaba arreglar las cuentas públicas con 600 millones de euros? Para eso ¿por qué no suprime el robo de la SGAE?

Y para que no quede duda alguna de que Rubalcaba no piensa hacer nada contra las grandes fortunas, como durante todo el mes de agosto se han subido los impuestos a las altas rentas en la mayoría de los países europeos, José Blanco diría que el Partido Socialista quería hacer lo mismo, pero que ya no había tiempo. Pero ¿cómo que no había tiempo? Tenían más de veinte días para ello, y una propuesta de esta índole en trámite de urgencia nadie la habría rechazado. Lo dicho, demagogia a raudales, pero ya es demasiado tarde, el Partido Socialista perderá las elecciones, así que ya da lo mismo lo que digan o prometan.

Rajoy: «El hombre que no tiene nada que decir»

En un artículo publicado a fines de julio de 2011, titulado «Anyone want to run this country?» («¿Alguien quiere dirigir este país?»), el conocido semanario inglés The Economist, después de llamar a Rajoy «la pesadilla de un asesor de imagen», define a don Mariano como «el hombre que no tiene nada que decir». The Economist se hace eco de lo que es una obviedad para sus votantes y para sus no votantes, y critica su falta de concreción en todos los temas esenciales: «El señor Rajoy se ha dado cuenta de que lo que más quieren los españoles es trabajo y una economía fuerte, pero ofrece algo que distorsiona su credibilidad: austeridad sin dolor.»

El semanario británico augura que Rajoy, a quien da por seguro vencedor de las elecciones generales, se enfrenta al dilema de «ganar votos aparentando ser moderado» o «ganarse el respeto de los mercados y de Bruselas aparentando ser duro». Por el momento, concluye «los votos son los que cuentan». No obstante, el artículo instaba a Rajoy a «explicar» cómo piensa aplicar las medidas que dice que necesita España, porque algunas CC. AA. y ayuntamientos gobernados por su partido se encuentran entre los más derrochadores de España, y no ha sido capaz de ponerles freno. Para The Economist, Rajoy está jugando a «mirar y a esperar» para no asustar a los votantes con propuestas drásticas. Es esta ambigüedad la que critica el semanario.

Tal vez como respuesta a estos interrogantes, Rajoy concedería una entrevista a la agencia Europa Press en la que trataría de explicar alguna de las principales medidas que piensa tomar en cuanto llegue a la Moncloa. Las más inmediatas serían: el establecimiento de un techo de gasto a todas las CC. AA. y ayuntamientos, para intentar cumplir el techo de déficit, una propuesta que se vería refrendada por quien menos podía esperar, la propuesta de Zapatero un mes después de establecer un techo de gasto en la Constitución; una Ley de Emprendedores que apoye a las pymes con, entre otras cosas, rebajarles un 5 por ciento el impuesto de sociedades, y una Ley de Transparencia de las administraciones públicas. Afirmaría también que para crear un clima de confianza, la condición sine qua non es el cambio de gobierno, algo en lo que tiene toda la razón. ¿Qué confianza podría ofrecer un Rubalcaba dentro y fuera de España?

Afirmaría también su intención de nombrar un Gobierno con personas de «la mayor competencia posible», y presentar un plan económico en las Cortes para la salida de la crisis. «Eso va a dar seguridad y certidumbre de cara al futuro», subrayando que ha llegado el momento de los «gobernantes de cuajo», con un «liderazgo claro, determinación y coraje» para afrontar la crisis, «que fije objetivos y los cumpla» y que cree un «equipo competente» que ofrezca confianza. Con un enorme optimismo, afirmaría que prevé «dar la vuelta a la situación» en un «tiempo razonable», aunque poner una fecha sería una «insensatez». Recordaría, cómo no, que «en el año 1998, dos años después de llegar al Gobierno, ya cumplíamos todos los requisitos para entrar en el euro, y después se empezó a crear empleo de una manera importante».

Todo suena muy bien y ojalá sea así, pero, empezando por lo último, que es el gran mantra del PP, 2012 no es 1996. Primero, la profundidad de la crisis actual no tiene nada que ver con aquélla; segundo, estaba Pepe Barea con la tijera apoyado por Aznar sin fisuras, y tercero, las joyas de la corona se vendieron entonces, hoy ya no queda nada por vender. Y siguiendo por lo primero, bien está que busque a personas de la mayor competencia posible, pero son los intrigantes de Génova luchando a cuchilladas entre ellos los que van a la cabeza, y lo más importante, si se considera capaz de arreglar España, ¿por qué no ha sido capaz de arreglar sus propias autonomías y ayuntamientos, en concreto la autonomía más endeudada de España en términos de PIB, Valencia, y el Ayuntamiento más despilfarrador, no sólo de España, sino de Europa, y probablemente del planeta? ¿Por qué no les impuso un techo de gasto cuando podía hacerlo?

En fin, las dudas sobre lo que hará son más que razonables. Aunque obviamente todos debemos concederle un margen de confianza, porque en las nuevas CC. AA. ganadas por el PP hay casos como el de la señora Cospedal, que hizo muy bien levantando las alfombras nada más llegar, y luego mucho mejor en diseñar un plan para reducir el gasto en un 20 por ciento, en esto es sin duda la autonomía más avanzada, pero ya no es suficiente, el recorte tiene que ser mucho más drástico, del 40 por ciento como mínimo. Pero hay dos graves problemas: el primero, que ya es demasiado tarde, y el segundo, que la Comunidad de Castilla-La Mancha es una mínima parte del todo, y el resto no está, que se sepa, en la misma onda.

Ya es demasiado tarde. Cuando entregué este libro a Planeta, el miedo a una nueva recesión se había extendido a nivel mundial, los mercados se estaban cerrando y la prima de riesgo subiendo, y dada la situación de ruina en que nos encontrábamos, ese mismo día el conocido gurú Nouriel Roubini afirmaría: «España se encuentra al borde del abismo y con los pies colgando», por lo que en ese momento, primeros días de septiembre de 2011, las posibilidades de que España esté en quiebra son muy superiores a lo contrario. Si tal cosa sucediera, entraríamos en una emergencia nacional en la que todo lo sucedido hasta ahora nos parecería banal.

Lo segundo es que aun siendo completamente insuficientes las medidas anunciadas por la señora Cospedal nadie más ha dicho que vaya a hacer nada parecido. ¿Qué va a hacer el alcalde de Madrid? Nada parecido. ¿Qué van a hacer las comunidades de Valencia y Murcia, que están entre las más endeudadas? Pues tampoco nada parecido. La de Valencia ha pedido auxilio a la señora Salgado, algo surrealista, primero porque ni en las mejores circunstancias la señora Salgado daría a Valencia ni agua, y segundo porque no tiene con qué, está absolutamente arruinada, el Tesoro quiero decir. Y si vamos a Andalucía, el último reducto del socialismo retrógrado europeo y español, siguen en lo de siempre, despilfarro, despilfarro y despilfarro, claro que ahora sólo teórico, porque no tienen un mísero euro. En definitiva, Rajoy tendrá que ir mucho más lejos que la propia Cospedal, a la que pone, y con razón, de ejemplo a seguir, porque lo que va a encontrarse cuando llegue a la Moncloa será un país en ruina.

¿Quién tiene un plan anticrisis más creíble, Rajoy o Rosa Díez?

«Tengo un plan —exclamaría un Rajoy eufórico en 2010, viéndose ya presidente— y en cuarenta y ocho horas puedo presentar un gobierno.» ¿Qué plan? En todos y cada uno de los muchos lugares donde gobernaba no había ningún plan, se hacía lo que decidía el presidente o el alcalde de turno, sin que nadie le pusiera la menor cortapisa.

El plan de Rajoy

Rajoy se refería a un denominado «Plan Anticrisis Global y Completo» del PP, tan ampuloso en su nombre como inconcreto y demagógico en su contenido. El plan contenía doce propuestas con las que era imposible estar en desacuerdo. Sólo había dos problemas: primero, se trataba de principios generales, sin explicar cómo abordarlos; segundo, y esto es lo más grave, el PP gobernaba en varias CC. AA. y un sinfín de ayuntamientos, y en ni uno solo de ellos había hecho lo que predicaba; en realidad es peor aún: ha hecho justo lo contrario.

Mencionaré cinco de las propuestas. Plan de austeridad de las AA. PP. Ciertamente imprescindible; y, entonces, ¿cómo es que sus comunidades, empezando por Valencia, y ayuntamientos, Madrid y Valencia, por poner dos ejemplos significativos, son los campeones nacionales de gasto y deuda en relación al PIB? Gallardón en concreto se ha convertido en el paradigma del gasto sin control. Y lo que resulta más incomprensible aún, cuando en diciembre de 2010, un Zapatero enloquecido, ofrecería a las CC. AA. 11.000 millones de euros adicionales que España no tiene, en lugar de denunciar esta tropelía, la comunidades del PP fueron las primeras en ir a poner el cazo a Moncloa.

Reforma fiscal. Proclama la eficacia de las reducciones de impuestos para la recuperación económica, pero no dice cuáles ni cuánto, y lo inaceptable, sus CC. AA. y ayuntamientos están a la cabeza de las subidas de impuestos, tasas y multas. De nuevo el paradigma es Gallardón, las mayores subidas del IBI, impuesto de basuras por partida doble, etcétera, y algo inédito en el mundo, ha inundado la capital de radares recaudatorios, que multiplican por tres las multas de tráfico de todo tipo.

Reestructuración del sistema financiero. Demagogia al por mayor, «transparencia, seguridad, confianza» y bla, bla, bla, pero luego el Banco de España acusa a los barones del PP de ser los que más obstaculizan esa reestructuración. Recuperación de la unidad de mercado. Imprescindible, pero con su ruptura del discurso nacional Rajoy dice una cosa en un sitio y la contraria en otro. En este caso ha afirmado en Cataluña, donde se concentra el núcleo del problema, que «es deseable la unidad, pero no se puede imponer». Y uno, anonadado, se pregunta: pero vamos a ver, señor Rajoy, si ni siquiera es capaz de imponer la unidad de mercado sí o sí, ¿cómo va a ser usted presidente?

Y por último, reforma del mercado energético. Imprescindible también, pero lo mismo: generalidades y contradicciones flagrantes. Defiende la opción nuclear en Madrid y la ataca en Castilla-La Mancha. Pero, sobre todo, el disparatado modelo energético actual no es de Zapatero, es el Plan Eléctrico y Gasista del PP el que nos ha llevado al desastre. En definitiva, si no es capaz de arreglar su casa, ¿cómo pretende arreglar España? Rajoy, a no ser que cambie una vez en el poder, carece de autoridad y de carácter para sacar al país de la crisis.

Y luego, el «milagro» de Aznar: «lo hicimos una vez y lo volveremos a repetir» dicen. ¿Qué milagro? ¡Basta ya de tomaduras de pelo! Primero, la situación actual no tiene nada que ver con la de 1996, pero sobre todo no hubo política económica alguna que encauzase el crecimiento para garantizar un desarrollo estable. Todo fue exógeno, tipos de interés, liquidez ilimitada, entorno exterior óptimo, igual que con Solbes, pero con la inmensa fortuna de que les tocó el principio del ciclo. Saneamiento de las cuentas públicas, «se pasa de un déficit del 7 por ciento al equilibrio». ¿Y cómo? Porque habíamos entrado en la fase alcista del ciclo y la recaudación subía exponencialmente sin mediar acción alguna, más el proceso masivo de privatizaciones, decenas de miles de millones de euros a las arcas públicas sin despeinarse.

Sigue el «milagro»: gastar un 10 por ciento más de lo que producimos, y Rato, en lugar de imponer racionalidad, ¡más madera! Familias y empresas se endeudan alocadamente: en ocho años la deuda se multiplica por tres, el mayor incremento de nuestra historia. Medidas para cambiar un modelo productivo insostenible, cero; medidas para frenar el caos autonómico, cero; reducción del empleo público, «de cada cuatro bajas sólo se cubrirá una», ¡mentira!: más de 500.000 nuevos funcionarios de 1996 al 2004; medidas para reducir el endeudamiento limitando a bancos y cajas los préstamos exteriores, cero; reformas estructurales, cero, peor aún, y esto lo viví en primera persona. Rato transforma los monopolios públicos con precios regulados en monopolios privados con precios libres, y pone las instituciones del Estado a su servicio. ¿Es así como piensan repetir el «milagro»?

El Plan de Rosa Díez

Unas semanas después, en el diario digital El Confidencial, S. McCoy, uno de los mejores analistas económicos, aclarando «no soy sospechoso de simpatizar con Rosa Díez», analizaba el plan económico presentado por UPyD, y decía que era el único Plan coherente que conocía, por varias razones, y ofrecía las dos principales: «Es el único partido que defiende ya la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la defensa del idioma frente a la persecución separatista, y es el único con un Plan solvente y carente de demagogia, capaz de sacarnos de la crisis.» «Que no les gusta Rosa porque fue socialista, o por su defensa del aborto, vale, pero si creen esencial la unidad de la patria y si quieren salir de la crisis, no tienen otra opción.» Si votan PSOE o PP, serán cómplices de la partitocracia totalitaria que está arruinando el país, que acepta que vascos y navarros paguen ocho veces menos al Estado que el resto de ciudadanos, que aceptan que se proscriba y persiga la lengua española en un tercio de la nación, y dispuestos a cualquier cesión a los separatistas con tal de gobernar, España les importa un pimiento, y además no nos sacarán de la crisis.

El eje central de su programa es la recuperación del papel del Gobierno central frente a las autonomías, más España frente al desmadre actual, y con medidas concretas, no como el PP: la educación debe volver íntegra al Estado, y los recortes del gasto se centran esencialmente en el sistema autonómico y local, que tienen cinco veces más margen que el Estado. Régimen común para todos, el cupo de las comunidades forales debe ser igual a lo que pagan los demás; no a la postura del PNV, «recortes sí, pero ni un céntimo de lo nuestro»; no a la bilateralidad (Estatut); no al nuevo sistema de financiación, a los 11.000 millones de Zapatero, y las reducciones de gastos así conseguidas dedicadas a reducir el déficit estructural. Ni el PSOE ni el PP están dispuestos ni de lejos a nada parecido, toda su filosofía se basa en la cesión y el despilfarro.

Despolitizar las cajas, suspender y exigir responsabilidades a los malos gestores, terminar con los vetos autonómicos, y condicionar las entregas del FROB a la cesión total de supervisión al Banco de España. «Si se les da dinero público tendrán que aceptar las condiciones, y no ponerlas como sucede ahora»; esta propuesta esencial fue rechazada por el PSOE, el PP y los separatistas. Tercero, política energética, reducción de costes y de dependencia. ¿Cómo? Energía nuclear hasta que las renovables lleguen a un nivel de coste asumible, no como el PP: «Nuclear sí pero no en mi pueblo.» Cambio del modelo productivo, con solvencia y sin demagogia. ¿Cómo? Educación recuperada por el Estado, autoridad del profesorado, y mejora radical de la calidad de la enseñanza pública para que vuelva a ser el ascensor social que fue en el pasado; reformas estructurales en profundidad, no los camelos habituales; reforma laboral, etcétera.

¿Y si saliéramos del euro?

Existe una creciente corriente de opinión en Europa de que aquellos países con desequilibrios estructurales en las cuentas públicas y, en consecuencia, incapaces de cumplir en forma estable los compromisos de Maastricht, deberían ser expulsados del euro, porque constituyen un lastre y una amenaza permanente para el sistema. Para el influyente Der Spiegel: «Después de Grecia y Portugal, el siguiente fallido del club será España.» Y lo primero que a uno le viene a la cabeza es: ¡a buenas horas mangas verdes! Con todos los grandes cerebros de Europa juntos y en unión, y se dan cuenta ahora de que admitir a países con un histórico de desequilibrios que tumba de espaldas, sólo porque cumplan con calzador los requisitos durante cinco minutos, es un disparate que no hay por dónde cogerlo. Además, países como Grecia llevaban diez años incumpliendo, con unas cuentas públicas que no se tenían en pie y que eran conocidas, y los genios de Bruselas sin enterarse, o lo que sería peor, enterándose pero callándose.

Así es como hemos llegado a una eurozona de 15 países, donde un tercio o más nunca debieron haber entrado. Lo mismo que la propia UE, cuya idea original se ha prostituido hasta lo inimaginable, haciéndola ingobernable e inviable a medio plazo. ¿Cómo diablos puede llegar a funcionar una unión económica de 27 países con sistemas económicos y niveles de vida completamente diferentes? Hay que estar locos o ser absolutamente corruptos para llegar a una situación tan disparatada. Bruselas ha sido a partir de los años setenta la ciudad más corrupta del planeta, en ninguna otra capital se pagan tantas comisiones, actúan tan extensamente los lobbies, y se prodigan todos los mecanismo imaginables del cohecho. ¿Tienen idea de lo que han tenido que pagar los países del Este por entrar en el club?

¿Un apocalipsis económico?

Ya comenté en el capítulo 3 los pros y los contras del euro: decía allí que el euro es bueno para países con gobiernos sensatos y un desastre para los que tienen gobiernos irresponsables, como es nuestro caso, donde los contras han sido superiores a los pros. Sin el euro, la financiación de la burbuja inmobiliaria no hubiera sido posible, y sin la burbuja inmobiliaria el sector financiero no hubiera podido cometer tantas barbaridades y, en consecuencia, estar en buena parte amenazado de ruina. En definitiva, sin el euro, España nunca se hubiera hundido tan rápidamente. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? A día de hoy la salida del euro ya no es tan sencilla, y el daño que produciría puede ser muy superior a los beneficios.

Primero, España volvería a la peseta, que se devaluaría de inmediato frente al euro. ¿Cuánto? Probablemente un 40 por ciento para empezar, aunque después se producirían devaluaciones ulteriores que podrían llevarla al 50 por ciento o más. ¿Y eso qué? Pues que familias y empresas serían de la noche a la mañana un 40 por ciento más pobres. Análogamente, los salarios perderían el 40 por ciento de su valor. Parte del impacto se amortiguaría al comprar productos nacionales denominados en pesetas, pero tenderían a subir rápidamente, por lo que el golpe inicial sería devastador. La clase media prácticamente desaparecería, uno de los grandes objetivos de Zapatero, ya que fue la gran creación de su odiado general Franco, cuando los españoles «no existíamos y éramos apátridas» (ZP dixit), y además votan derecha.

Segundo, y más grave aún. La deuda externa neta se incrementaría de golpe un 40 por ciento, y ello supondría para muchas empresas la quiebra pura y dura. Por ejemplo, si la mitad de las entidades financieras no pueden devolver ya su deuda en euros, imaginen esa misma deuda incrementada en un 40 por ciento. Y qué decir de la deuda del Estado, toda ella denominada en euros, simplemente no podríamos devolverla. Perderíamos totalmente nuestra credibilidad internacional y nadie nos prestaría un céntimo. El paro crecería vertiginosamente, y el corralito argentino se reproduciría íntegramente aquí, la gente perdería sus ahorros porque la banca se colapsaría, y el Estado ya no tendría capacidad económica para rescatarla, la garantía Zapatero de los 100.000 euros sería, como todas sus promesas, papel mojado.

Tercero, ante los problemas ingentes de liquidez, el Banco de España tendría que imprimir pesetas en masa, entre otras cosas porque si nos echaran del euro sería porque no hemos cambiado el modelo de Estado y en consecuencia el gasto público continuaría imparable (los 100.000 millones de despilfarro continuarían íntegros y creciendo) y para financiarlo no quedaría más remedio que imprimir billetes, lo que llevaría a una ola de inflación y nuevas devaluaciones. El control de la inflación sería casi imposible.

Cuarto. Muchos dirán: «se olvida de la parte favorable, recobraremos la competitividad perdida y venderemos más al exterior». Y no digo que no, pero, ojo, las importaciones se encarecerán tremendamente. Piensen en la energía, en que nuestra dependencia exterior es el doble de la media europea, y como importamos más de lo que exportamos, al final puede quedar lo comido por lo servido, y en todo caso sería un mecanismo de ajuste a medio plazo, excepto el turismo, que mejoraría de inmediato.

El balance global sería dramático, el hundimiento en una crisis de una duración y de una profundidad desconocidas, quiebras, deflación y paro, y además con las cuentas públicas más fuera de control si cabe. Si estando sometidos al Pacto de Estabilidad el gobierno ha disparado el gasto, ¿se imaginan qué sería con la máquina de hacer billetes en manos de un Zapatero o similar? La fuga de capitales sería masiva, de hecho las grandes fortunas lo tienen a buen recaudo, y muchos particulares están abriendo cuentas en dólares o francos suizos en sus propios bancos, algo legal y a lo que tienen perfecto derecho, y los más desconfiados cambian sus cuentas a bancos europeos en España pero con una exigencia muy clara: «Mis euros los quiero en su sucursal de Fráncfort, de Ámsterdam o de París, no en el Paseo de la Castellana ni en la Diagonal.»

En definitiva, con un endeudamiento como el que tenemos, una moneda más débil incrementaría tanto el volumen de la deuda, en términos de una nueva moneda nacional, que provocaría nuestra suspensión de pagos. Claro que si para nosotros sería un desastre, para nuestros principales acreedores, Alemania y Francia, la suspensión de pagos de España se llevaría por delante sus sistemas financieros. Por ello a nadie le interesa ahora nuestra salida del euro, eso habría que habérselo planteado antes de entrar, algo que no sólo nadie hizo, sino que ni se les pasó por la mente. Creo sin embargo que la inminencia de una expulsión obligará al gobierno de turno, y eso está a la vuelta de la esquina, a recortar drásticamente los gastos y acometer las reformas estructurales que permitan enderezar la situación, algo además perfectamente posible, como se explica en el siguiente capítulo.

¿Y cómo se arregla España?

Todo lo relatado hasta ahora han sido los porqués de la situación lamentable a que nos ha conducido el fraude de la Transición y el desastre Zapatero, por lo que ahora toca explicar cómo, si es posible, y desde luego lo es, se arregla España. En el capítulo 5 adelanté brevemente lo que se podía hacer para evitar seguir cayendo. Ahora toca explicarlo con más detalle, y lo primero, como decía, es saber dónde estamos y dónde está la raíz del problema.

Se dice habitualmente que el problema que tenemos es que los españoles hemos vivido muchos años por encima de nuestras posibilidades y, en consecuencia, debemos apretarnos el cinturón ahora para poder devolver todo lo que hemos vivido de prestado, y esto es verdad. Pero ¿quién lo hizo posible? Unos gobiernos irresponsables y unas instituciones al servicio de los mismos que permitieron e incentivaron el endeudamiento masivo de familias y empresas muy por encima de todo lo razonable, cuando su obligación, y tenían todos los instrumentos de control para ello, era haberlo evitado.

Y no sólo fueron las familias y empresas, también el despilfarro masivo de la España de las autonomías donde unos y otros gastarían sin freno y sin control alguno, a veces en los disparates más inauditos, donde colocarían a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios, un proceso jamás conocido ni en España ni en Europa. Los culpables no han sido los españoles, ha sido la clase política o, más exactamente, porque se corresponde más con la realidad, la casta política parasitaria, porque la Transición la concibió como una casta y porque en su inmensa mayoría son meros parásitos sociales en el sentido literal directo del término.

Arreglar España es, por tanto, un problema esencialmente político, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque un acuerdo político podría poner las cosas en la senda de la solución de inmediato, algo que resumiría magistralmente The Economist como consecuencia del acuerdo de limitación constitucional y legal del gasto público a finales de agosto de 2011. «Cómo de rápido y profundamente puede cambiar España cuando los dos partidos se ponen de acuerdo», explicaría el prestigioso semanario. Y es malo, porque está por ver que estos acuerdos se realicen más allá de las grandes declaraciones, y, si se realizan, que funcionen más allá del papel. Pero, en todo caso, la condición sine qua non para arreglar España pasa por un acuerdo político que lo haga posible. Si alguien cree, como muchos analistas y almas cándidas, que esto se arregla con una reforma laboral o similares es que no sabe lo que dice.

Ni siquiera menciono a los que afirman que lo que hay que hacer para arreglar España es mejorar la productividad. ¡Pues claro que hay que mejorar la productividad! Pero eso ¿cómo se hace? ¿Se va a mejorar sin cambiar antes el modelo de Estado cuyas duplicidades cuestan 34.000 millones de euros anuales, y cuyo despilfarro conjunto supera los 100.000 millones? Es decir, ¿se va a mejorar con la unidad de mercado rota en 17 pedazos? ¿Se va a mejorar con una estructura monopolista del mercado de factores que hace que los españoles paguemos los tipos de interés, la electricidad, el gas y los productos petrolíferos antes de impuestos más caros de Europa? ¿Se va a mejorar con 3,4 millones de empleados públicos y asesores? Quien eso dice y todo lo basa en bajar aún más lo salarios de una clase trabajadora un 50 por ciento de la cual era mileurista y ahora menos que eso, o es un malvado o es un imbécil.

¿Dónde está España hoy?

España, una de las realidades nacionales más antiguas de Europa, una realidad «discutida y discutible» para el iletrado que hemos tenido la maldición bíblica de padecer, terminará 2011 con un déficit real del 10 por ciento de su Producto Interior Bruto —es ridículo hablar del 6,2 por ciento, cuando en las CC. AA. y ayuntamientos, donde se han levantado las alfombras, el déficit de 2011 es hasta cuatro veces el oficial—, un paro real del 25 por ciento de más de seis millones de personas y una deuda pública superior al billón de euros. Los últimos datos oficiales conocidos mostrarían una caída del PIB hasta el 0,2 por ciento, debido fundamentalmente a la continua caída de la renta disponible de las familias y la caída de la inversión, algo que ya había explicado antes. Esta cifra oficial significa que en realidad la economía está cayendo al –4 por ciento anual, medido con indicadores independientes alternativos, y el paro oficial ha crecido en 179.000 personas adicionales. Y las expectativas de la segunda mitad del año son mucho peores.

Es evidente que resulta imprescindible dar un giro de 180 grados si se quiere salir de este pozo que inventaron los padres de la Transición, y en el que Zapatero nos ha hundido hasta el fondo; bueno, hasta el fondo realmente no, porque el fondo aún no lo hemos tocado. Los socialistas bajaron el sueldo de los funcionarios, congelaron las pensiones y flexibilizaron el despido, pero no tocaron lo principal: el despilfarro desbocado de autonomías y ayuntamientos, eso queda para el vencedor del 20-N, si bien ni Rubalcaba ni Rajoy parecen estar por la labor, o al menos no de llevar a cabo el drástico ajuste que se necesita, pero si no lo hacen, me temo que su mandato será breve porque esto ya no da más de sí.

La condición sine qua non

La primera acción que hay que realizar para revertir la senda de ruina en la que España está instalada es dar marcha atrás al sistema autonómico, reduciéndolo a un tamaño manejable de una manera global, estable y fiable, frente a los enfoques cortoplacistas y oportunistas actuales. Cualquier otra acción viene después, sin la marcha atrás autonómica cualquier otra medida sería un mero parche que no arreglaría las cosas. Y primero, antes incluso de empezar a reducir el tamaño, es necesario acabar con la duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 4.000 altos cargos, frente a los 409 del Estado; 4.000 ayuntamientos, de los cuales más del 80 por ciento tiene menos de 5.000 habitantes (el doble que Alemania), diputaciones, consejos y cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.

Las administraciones territoriales son responsables del 80 por ciento del gasto de la nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España? Me decía este verano, a raíz del desplome bursátil, un importante gestor de hedge fund, que los gestores de deuda contemplan ya como probables los dos escenarios más catastróficos posibles: la suspensión de pagos de España o su salida del euro.

Y antes de entrar en algunas de las más relevantes partidas de gasto a suprimir quiero realizar una reflexión sobre el techo de gasto constitucional y que si el nuevo gobierno quisiera cumplirlo no podría hacerlo si antes no se procede a un recorte drástico del Estado autonómico. La razón es muy clara: se puede poner lo que se quiera en una ley, pero su cumplimiento es imposible por la sencilla razón de que el gasto público estructural es casi el doble que los ingresos, y si el déficit tiene que ser cero o casi, sólo caben dos soluciones: o el gasto público se reduce a la mitad o los ingresos, es decir, los impuestos, se doblan. No hay otra salida, porque estamos en crecimiento negativo y no habrá ayuda por ese lado, el crecimiento económico va a jugar en contra, no a favor.

El recorte del gasto

Cuando una empresa se encuentra en pérdidas, y mucho más si tiene una deuda inasumible y se encuentra a punto de quebrar, lo primero que hace es recortar costos de todas partes, y los más importantes con diferencia, tanto en una empresa como en una Administración, son los gastos de personal. Pero, antes de entrar en los detalles de las propuestas de recorte, conviene explicar algunas realidades que la gente, normalmente, o no conoce o piensa justamente lo contrario.

La primera, que el coste medio de los empleados públicos es un 35 por ciento superior al de los salarios privados. La segunda, que en España existe una relación inversa entre el peso del funcionariado y la prosperidad económica de las regiones; en Extremadura, por ejemplo, el coste por habitante es un 9 por ciento mayor que la media nacional y un 20 por ciento mayor que Madrid, la región más próspera. La tercera, que el tamaño del sector público, mientras que en la mayoría de los países se reducía, en España ha experimentado un crecimiento acelerado durante la última década. La masa salarial ha experimentado un crecimiento del 59 por ciento desde la llegada de Zapatero, frente a sólo un 3 por ciento en Alemania, debido esencialmente al aparato autonómico y local, en el que la masa salarial ha crecido en un 96 por ciento desde entonces. Es evidente que o los ciudadanos acabamos con esta orgía desenfrenada de gasto público, o el gasto público acaba con los ciudadanos. En realidad ya lo está haciendo vía incremento del paro y vía empobrecimiento continuado de las familias. Quien no quiera ver esto por razones partidistas y electoralistas, y diga que va a arreglar España sin entrar a saco en este océano de injusticia y despilfarro, está engañando a los ciudadanos.

Gastos de personal

Ésta es la clave del recorte y, en consecuencia, cualquier inicio de la recuperación de España, cualquier estrategia de salida de la crisis que no empiece por este capítulo, es un brindis al sol. Proponer, por ejemplo, como tema prioritario, una reforma laboral con más del 50 por ciento de los trabajadores activos cobrando menos de 1.000 euros al mes es un insulto a los más desfavorecidos y un disparate desde un punto de vista económico.

Pero vayamos a las cifras. Estamos hablando de entre 3,3 y 3,4 millones de empleados públicos y asesores, cifra que se compara con los menos de 700.000 existentes en 1975, cuando los padres de la Transición vinieron a salvar España. En 1975, además, España tenía la administración más tecnificada y capaz que ha tenido en toda su historia, donde hasta los conserjes entraban por rigurosa oposición. Ciertamente hoy existen más servicios y somos más habitantes, pero la informatización ha permitido en todo el mundo una estabilización o un ligero crecimiento del empleo público, nada que ver con la multiplicación casi por cinco que hemos tenido en España como consecuencia del modelo de Estado. Esto ni España ni nadie lo pueden financiar.

En 2004 (aunque podríamos remontarnos mucho más atrás porque el gigantismo administrativo no empezó entonces sino en 1977) se pagaron 84.000 millones de euros en salarios públicos, que serían 130.000 millones en 2010, estimando todo, es decir, los asesores que además cobran mucho más. De este coste total, algo más de un tercio corresponde a duplicidades entre administraciones, y como consecuencia debe ser eliminado en primer lugar. Y luego están las empresas públicas, inútiles en un 90 por ciento, con cientos de miles de empleados digitales (parientes, amigos y correligionarios), y que tienen que desaparecer, por la sencilla razón de que son perfectamente prescindibles, aparte de un nido de corrupción y ocultación al por mayor, donde todos sus gastos escapan a cualquier control, incluido el de los propios Parlamentos autonómicos, algo insólito en el mundo civilizado. En conjunto, resulta imprescindible reducir los gastos de personal en, al menos, un 50 por ciento, algo perfectamente posible sin detrimento alguno de los servicios recibidos por los ciudadanos, unos porque son redundantes y otros porque son absolutamente inútiles, sólo sirven para colocar a parientes y amigos. La realidad es que las autonomías han permanecido ajenas a la crisis: en los últimos dos años han contratado 190.000 funcionarios nuevos, algo realmente de escándalo.

Empresas públicas

Las casi cuatro mil empresas públicas municipales y autonómicas representan un agujero negro en las cuentas del Estado cuya magnitud real desconocemos. Las comunidades autónomas son quienes han perfeccionado el método, aunque también la administración central y los municipios son responsables de unas dos mil cuatrocientas empresas, un número que se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años, sin necesidad ni explicación alguna, y donde la razón de la sinrazón está en que sirven para que los políticos de uno u otro signo puedan acometer cualquier actividad que se les pase por la mente sin ningún tipo de control. Además, la mayoría de esas empresas públicas no lo son formalmente porque están compuestas por tres o más organismos diferentes y ninguno de ellos posee más de un 50 por ciento de las mismas, lo que les permite escapar a cualquier tipo de auditoría y fiscalización.

Y por si gastar sin control alguno no fuera suficiente, los trabajadores pueden ser contratados en forma totalmente discrecional, sin seguir los procesos obligatorios para los funcionarios, con lo que estas empresas son utilizadas por los políticos para colocar a parientes, amigos y correligionarios sin ningún tipo de limitación o problema. Éste es uno de los grandes logros de los padres de la Transición: satisfacer todo tipo de objetivos políticos y personales de los políticos fuera de control. Colocar a los amigos y gastar sin ningún tipo de fiscalización, esto es la democracia de verdad y lo demás son cuentos.

Según los últimos datos del Banco de España, estas entidades deben más de 52.000 millones de euros, más del 5 por ciento del PIB. De esta cifra oficial, 27.000 millones es deuda de las empresas de la administración central, 17.000 millones de las autonomías y 8.000 de las corporaciones locales. La gran explosión se ha producido en los últimos cinco años, cuando la deuda de las mismas se ha duplicado.

Rajoy ha asegurado que habría que eliminar al menos «la mitad de la mitad» de las empresas públicas, y que «es ridículo congelar las pensiones para ahorrarnos 1.500 millones de euros cuando en España existen 3.800 empresas públicas que deben el 5 por ciento del PIB». Pues apañados vamos los españoles si esto es todo lo que se le ocurre a Rajoy; esperemos que no. En Castilla-La Mancha ya han anunciado que las reducirán en un 75 por ciento, pero en realidad sobran muchas más. En mi opinión, la reducción debería fijarse en el 90 por ciento, y aquellos servicios prestados por algunas de ellas que sean necesarios deben contratarse con empresas privadas que pueden suministrarlos a mitad de precio. Por tanto, el desmantelamiento de este tinglado de corrupción al por mayor debe ser una prioridad absoluta.

Diputaciones y cabildos

Las 38 diputaciones de régimen común tienen actualmente 1.037 diputados, políticos y un presupuesto de 6.000 millones de euros anuales, del que un 30 por ciento son gastos de personal, y una deuda de 7.000. La inutilidad de estas instituciones es tan manifiesta que hasta el propio Rubalcaba ha propuesto eliminar toda su estructura política, con un ahorro de unos 1.000 millones, pero la realidad es que sobran en su totalidad. Sus funciones o son redundantes o pueden ser asumidas perfectamente por las autonomías, por lo que pueden y deben desaparecer en su totalidad (el propio Felipe González terciaría en el debate asegurando que «son redundantes»).

En este punto resulta sorprendente la actitud de Mariano Rajoy, que saltaría como una pantera ante las propuestas de Rubalcaba, no sé si por convicción o sólo por llevar la contraria. Si fuera por lo primero, es obvio que Rajoy no sacará a España de la crisis, pero es uno de los mayores propósitos que puede manifestar un líder. Aparte de las 38 citadas, existen también 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Para los últimos es de aplicación lo anterior; sobre las diputaciones forales, cuyo presupuesto es de 15.000 millones de euros, un tercio de los cuales manejado por una banda de asesinos gracias a Zapatero, hablaré en la parte correspondiente a los cambios en el modelo de Estado.

Coches oficiales

La Administración central del Estado dispone de 1.100 coches oficiales, lo que significa que existe un coche oficial por cada 43.000 habitantes a modo de comparación, en Estados Unidos existen 412 coches oficiales, uno por cada 750.000 habitantes. De los cien senadores de la Cámara Alta, sólo el presidente tiene coche oficial, mientras en España tiene coche cualquier mindundi con mando. Es una auténtica vergüenza. Pero esto es la administración central; si pasamos a las administraciones territoriales, el escándalo supera todo lo imaginable: tienen cerca de 30.000 coches oficiales. La verdad es que la cultura del expolio nacida en la Transición no tiene parangón en el mundo civilizado.

El ayuntamiento de Madrid dispone de 134 coches oficiales, mientras que el ayuntamiento de Nueva York no dispone de ninguno asignado, sólo media docena de coches de servicio. El alcalde Bloomberg, dueño de la cadena de noticias financieras del mismo nombre, no dispone de coche oficial, y va en metro a la oficina. Sería curioso saber qué opinan de esto el señor Gallardón y su jefe Rajoy. Pero el dato publicado más increíble es el de la comunidad de Extremadura, la más pobre de España y con sólo un millón de habitantes: su nuevo presidente anunció que reduciría los coches oficiales a «sólo 200». Me pareció una tomadura de pelo, pero no lo era: la Junta anterior tenía ¡1.700! Realmente no es que sea escandaloso; en una comunidad con más del 30 por ciento de paro y un 60 por ciento de paro juvenil; esto es de cárcel.

Pues bien, el tema es muy claro: para arreglar España, los coches oficiales deben reducirse, para empezar, en un 90 por ciento, no existe justificación alguna para este despilfarro.

Teléfonos móviles

Un estudio realizado por el Ministerio de Administraciones Territoriales a principios de 2010 señaló que el número de teléfonos móviles oficiales existente en las distintas administraciones superaba los 300.000. ¡Realmente de traca! A la casta política parasitaria no hay por dónde cogerla, no tienen ni vergüenza ni decencia. El recorte aquí debe superar el 90 por ciento. En Extremadura, según me comentaría el sr. Monago, su mismo presidente, la factura de móviles es de 124 millones de euros al año!

Televisiones autonómicas

Uno de los hechos puestos de manifiesto por la crisis es la inutilidad y el despilfarro de las televisiones autonómicas, instrumentos de influencia y dominio al servicio de los gobiernos regionales, que no cumplen misión social o cultural alguna que justifique su existencia. Son instrumentos de propaganda al servicio de la casta política parasitaria que deberían ser eliminados por una simple cuestión de decencia.

El hundimiento de la publicidad ha llevado a estas televisiones a pérdidas espectaculares. Las 13 televisiones públicas autonómicas cuestan más de 1.900 millones de euros anuales, y se han endeudado en 1.500 millones de euros. Las televisiones públicas más caras son las del País Vasco y Cataluña, y cuestan 253 euros a cada hogar vasco y 210 euros a cada hogar catalán. Como señalaba el año pasado el presidente de Telecinco: «España no puede soportar por más tiempo esta sangría.» Con independencia de la parte interesada que pueda tener esta afirmación, es la mejor descripción que puede hacerse de la situación. ¿Cómo puede, por ejemplo, la señora Cospedal mantener una televisión regional ruinosa e inútil, si no tiene dinero para pagar a las farmacias? Para arreglar España, todas las televisiones públicas deben ser privatizadas o cerradas.

Absentismo laboral

Las cifras que maneja la CEOE son realmente alarmantes. Cerca de un millón de trabajadores cada día no acuden al trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, de los cuales casi la mitad sin justificación alguna. Pero en la administración el absentismo llega al 20 por ciento, comparado con un 3 por ciento en Alemania. Esto es insostenible, por lo que el arreglo de España necesita la reducción drástica de tan dañina picaresca, poniendo en la calle a los infractores. No se pueden mantener cifras del 20 por ciento, es un insulto a la sociedad. Y, sobre todo, la experiencia, tanto en el sector público como en el privado, muestra que a pesar del costo del despido, poner en la calle a estos delincuentes sociales es lo más barato y lo más eficaz.

Los liberados sindicales

No hay cifras oficiales sobre el número de liberados sindicales en las empresas españolas y en la administración, porque la falta de transparencia de los sindicatos comisionistas UGT y CC. OO., no así de USO, que es la única central sindical de clase que defiende hoy los intereses de los trabajadores, es absoluta y total. Pero combinando los datos del número de delegados existentes en España con la normativa vigente respecto a las horas llamadas «sindicales», la estimación es que existen 57.000 liberados sindicales en empresas y administraciones, que cuestan 1.600 millones al año. Éste es otro tema a revisar en la línea seguida por USO y por los grandes países europeos, que reduciría a la quinta parte la cantidad de esta «aristocracia laboral» que no defiende a los trabajadores sino sólo sus intereses.

Supresión de subvenciones a sindicatos, CEOE, artistas y partidos políticos

La Unión Sindical Obrera (USO), la única que como las centrales sindicales europeas vive de las cuotas de sus afiliados y no de la subvención y el chantaje, ha pedido recientemente la supresión de las subvenciones a los sindicatos, que alcanzan cifras de escándalo, porque además, cuanto más paro, cuantos más ERE, más dinero se llevan éstos. USO exige la supresión por la necesidad ineludible de «reducir el gasto en época de crisis y ganar honestidad sindical para defender a los trabajadores de sus efectos».

Así, Zapatero ha reducido todos los gastos en los PGE de 2011 —ha recortado un 15 por ciento los gastos de los ministerios y hasta un 41 por ciento las infraestructuras—, menos los destinados a las centrales sindicales, a las que no les quitaría ni un euro. Y eso es lo de menos, excepto como desprecio a los ciudadanos. Lo de más es el agujero negro de los cursos, el 8 por ciento de comisión que le cobraban a cada trabajador afectado por un ERE, y las decenas de millones que los barones socialistas con sus CC. AA. arruinadas les dan cada dos por tres, porque sí, sin explicación ni justificación alguna. En conjunto, estamos hablando, incluida la CEOE, porque van a pachas con los sindicalistas, de 1.500 millones de euros para 2011.

Esto es, como dice Rubalcaba, lo que diferencia a la izquierda de la derecha: «Los dos nos endeudamos, pero la izquierda distribuye el dinero entre los más necesitados.» Realmente, si alguien es capaz de creer y votar a Rubalcaba, sin estar atado al pesebre, está para que le examinen. ¿Dónde queda este país heroico de Pizarro, de Cortés, del Dos de Mayo, y hoy postrado e incapaz de movilizarse contra estos estafadores, que nos expolian sin conmiseración? Hoy, al mantenimiento de la Iglesia contribuye aquel que así lo quiere, marcando con una X la casilla de su declaración de renta, no recibe ninguna subvención del Estado. ¿Por qué tenemos que subvencionar a estos sindicalistas de pesebre?

Rajoy exigió a finales de 2010 que se eliminasen las subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales. Pues bien, eso es lo que hay que hacer. ¿Lo hará cuando sea presidente? Lo ignoro, pero esto es exactamente lo que hay que hacer, y no sólo por el ahorro que significa, sino por mera decencia.

No me extiendo más: los «artistas» nos roban 600 millones (porque esto es un robo legal con el que Zapatero compensó a los titiriteros de la ceja) y luego su jefe roba a todos los demás. Debe suprimirse en el acto. Y las subvenciones a los partidos políticos exactamente lo mismo.

Y todo lo demás

Quedan muchos recortes imprescindibles pero imposibles de detallar: inversiones políticas ruinosas, aeropuertos inútiles, líneas del AVE, 175 embajadas, oficinas de lujo, viajes «promocionales» por el mundo en primera clase, estudios inútiles y cien cosas más. Todo debe desaparecer de un plumazo.

Las reformas estructurales

Un sinfín de reformas están inconclusas o simplemente sin abordar. Pendientes están la reforma del sistema financiero (ni está ni se la espera), la reforma del mercado energético, la reforma de la enseñanza, de la justicia; inconclusas las del mercado laboral y de las pensiones, de la sanidad. España necesita una profunda transformación institucional que complemente el recorte drástico del gasto y permita la modernización y el crecimiento a largo plazo de nuestra economía. Es lo menos que podemos esperar y exigir de nuestros políticos, que en lugar de expoliarnos como hasta ahora, de gobernar para ellos y sus amigos, empiecen a gobernar para el pueblo pero con el pueblo, y justifiquen así su existencia y su sueldo.

Recuerda Alberto Recarte cómo «la entrada en el euro significó para la economía española el fin de todas las reformas estructurales». Fui testigo de ello. En el sector energético. La integración en una área económica cuyos tipos de interés eran hasta seis veces inferiores a los nuestros impulsaría el crecimiento, pero fundamentalmente la inversión especulativa, profundizaría en la cultura del despilfarro y del pelotazo ideada en la Transición, y todo ello con apariencia de rigor porque los enormes ingresos tributarios derivados del crecimiento nominal del PIB permitían que las cuentas públicas estuvieran en equilibrio. «¿Quién necesitaba reformas en esas condiciones? ¿Qué más daba que la tasa de abandono escolar superara el 30 por ciento si el empleo no paraba de crecer?», se preguntaba Recarte. El resultado, a la vista está, es un desastre sin paliativos. Veámoslo.

La reforma del sistema financiero

A día de hoy, cuatro años después del estallido de la crisis financiera internacional, no sabemos cuál es la situación real del sistema financiero más sólido del mundo. El Banco de España, por razones estrictamente políticas, ha manipulado, ha ocultado, ha dedicado todos sus esfuerzos no a sanear y reestructurar el sector, sino a evitar intervenciones, a aplazar decisiones, y esconder realidades, en espera de que el tiempo arreglara los destrozos que tan irresponsablemente él había contribuido a realizar.

¿Cuál es el agujero real del sector, oculto entre los balances con activos sobrevalorados y los «bancos malos», donde se está aparcando toda la basura de las cajas? No lo sabemos. ¿Cómo va a poder devolver el sector los más de 700.000 millones que debe al exterior, y que de momento no hace otra cosa que renovar, en muchos casos con el aval del Estado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el crédito a familias y empresas sigue prácticamente cerrado. Lo que sí sabemos es que a aquellos afortunados solventes que sí tienen acceso al crédito les piden intereses de hasta el 16 por ciento. Lo que sí sabemos es que el coste de los créditos es el mayor de la eurozona a pesar de que el costo del dinero es el mismo para todos, y eso que los bancos españoles son los mejor gestionados del mundo, porque, si no llegan a serlo, estarían con intereses al nivel de las financieras, vulgo usureros. Y para acabar de arreglarlo, lo que también sabemos es que los mercados están cerrados desde julio para la mayor parte de las entidades financieras españolas.

En estas condiciones no tenemos ni idea de la situación real de solvencia del sector financiero, pero sea ésta la que sea, el efecto útil es que la mayoría de las familias y las empresas no tienen acceso al crédito, ni siquiera para financiar el circulante, y los pocos que lo tienen es en las condiciones más onerosas de Europa. No es difícil señalar cuál es la reforma estructural más urgente que España necesita para salir de la crisis: la reforma del sistema financiero. Por ello, tengo que subrayar una vez más que aquellos políticos o analistas que ponen en primer lugar la reforma laboral, o no tienen ni idea de lo que hablan o tienen interés personal en esconder la verdad: ¿cómo va a ser más importante una supuesta movilidad laboral que la disponibilidad de crédito para todos a precios europeos?

El problema es que MAFO ha dejado tan liado el tema que es difícil saber por dónde empezar. En lugar de cerrar entidades inviables y fusionar las viables para ganar tamaño y competitividad, hizo justo lo contrario. Fusiones que hubieran dado lugar a entidades fuertes y competitivas como Caja Astur, que había recibido 3.000 millones por quedarse con una CCM cuyo saneamiento nos había costado 9.000 millones; con Caja Murcia y Caja Navarra, que de haber salido adelante hubieran creado un grupo con más de 50.000 millones y, sobre todo, con una solvencia mucho mayor que los bancos que han creado por separado, y que ni hubieran necesitado el FROB, ni salir a bolsa, ni buscar inversiones privadas, como explica E. Segovia, uno de los mejores analistas financieros del país. En lugar de ello, lo que hizo el insensato del gobernador fue obligarlas a quedarse con cajas quebradas, en lugar de intervenirlas. Vuelvo a decir lo de siempre, lo de MAFO no tiene perdón de Dios, no puede jubilarse sin más e irse de rositas.

De momento, la morosidad de la banca rozaba el 7 por ciento oficial en julio, lo que significa que el volumen total de partidas dudosas ascendía a 127.000 millones, y probablemente el doble con la morosidad real. Que en 2012 deben devolver 120.000 millones de euros, y que la CAM, cuyo agujero MAFO ocultaría durante dos años, resulta que ahora asciende a 20.000 millones de euros, que tenemos que pagar todos los españoles, a lo que hay que añadir 18.000 millones de vencimientos a corto plazo.

El resumen es que ésta es la primera reforma estructural a realizar. Para ello lo primero que tendría que hacerse es saber la situación real del sistema, valorando activos correctamente y proyectando un desapalancamiento en un tiempo razonable, luego cerrar lo inviable, que será mucho, y capitalizar lo viable para que el crédito empiece a fluir. Finalmente, fomentar la competencia por todos los medios para reducir el costo del dinero a la media de la eurozona. Aquí hay un problema añadido que puede llevarse por delante a más de una entidad: el crédito al sector público y en particular a las administraciones territoriales. No hace falta ser economista para darse cuenta de que los más de 700.000 millones de euros que debe el sector no se podrán devolver y que las quitas serán inevitables antes o después, y el agujero puede ser de abrigo: el sistema tiene 222.000 millones de euros en deuda soberana, cuyo valor de mercado es hoy casi un 30 por ciento inferior, pero el problema mayor es la deuda con las administraciones territoriales que es de más de 150.000 millones, y que sin duda no podrán devolver. Por ello, saber la verdad y actuar en consecuencia en el sector financiero es la reforma estructural más urgente a acometer.

La reforma de la enseñanza

La reforma de la enseñanza, aunque sus efectos tardarían tiempo en hacerse visibles, es la segunda a acometer en una escala de prioridades. La mayor amenaza para el futuro económico de España es el bajísimo nivel de la educación pública. Como ya he explicado, tanto las enseñanzas primaria, secundaria como universitaria están en su nivel más bajo respecto a la sociedad de los últimos doscientos años, cuando un indigno rector de la Universidad de Zaragoza, ante el felón Fernando VII expresaría la filosofía de esta institución: «Lejos de nosotros, Majestad, el nefando vicio de pensar», que servata distantia equivale a la filosofía de la universidad actual, «lejos de nosotros el nefando vicio de enseñar la verdad y de buscar a los mejores para enseñarla».

Y lo primero que hay que tener en cuenta, si de verdad se desea la reforma de la enseñanza, es que ésta no puede venir nunca, nunca, de las propias universidades. Cualquier reforma que parta de ellas será una pura estafa. Con su control firmemente asentado en manos de profesores políticos, mayoritariamente de izquierdas, pensar que esta gente pueda reformar algo, es pura ciencia ficción. Por tanto, lo primero es limitar temporalmente la autonomía universitaria, y luego actuar como en las universidades norteamericanas, las mejores, de largo, del planeta, primero con los programas y después con la selección del profesorado.

Los programas de todas y cada una de las universidades públicas españolas deben ser redactados, en cada una de ellas y en cada especialidad, por un reducido número de personas, tres o cuatro a lo sumo, los mejores que puedan encontrarse. El cachondeo actual de decidir los programas «democráticamente» por profesores —algunos de los cuales tienen un interés vital en que sus asignaturas permanezcan, aunque ya no haya nada que lo justifique—, alumnos —que no tienen ni idea de qué va la fiesta— y personal no docente —que es una broma—, tiene que ser eliminado de raíz. ¿Y cómo se seleccionan las personas que deben decidir? Aquí inevitablemente debe intervenir la universidad, pero bajo vigilancia intensiva y teniendo que atenerse a unos criterios fijos.

El primero, la duración de las carreras: tienen que ser de cuatro años, como en la mayor parte del mundo civilizado. Además existe la necesidad de introducir nuevas materias para adaptar la enseñanza a lo que hoy demandan la sociedad y los nuevos conocimientos. Esto significa una poda brutal de materias (casi la mitad de las asignaturas actuales) que deben quedar eliminadas o desplazadas a cursos optativos o de especialización. En conjunto, probablemente un tercio de asignaturas con todo su profesorado deben desaparecer, y eso obviamente no lo harán las universidades aunque sea a costa de mantener carreras de cinco o seis años, y mantener asignaturas propias del siglo XIX y no del XXI.

El segundo, la selección del profesorado, que de nuevo no se puede dejar en manos de las universidades para que continúen con su proceso endogámico-político de selección y mantengan la enseñanza a nivel de la ruina actual. Hay dos medidas imprescindibles. La primera, desterrar el fraude de la dedicación exclusiva. ¿Quién va a explicar mejor una asignatura de aplicación, como siderurgia, refino de petróleo o aviónica?, ¿una persona que sólo lo ha visto en los libros, o alguien que construye o dirige plantas siderúrgicas, refinerías o aviones? La compatibilización de trabajar en el mundo real y en la enseñanza es fundamental. La segunda, hay que volver al sistema de oposiciones del pasado, los profesores de una universidad tienen que conseguir su plaza ante un tribunal independiente formado por profesores de varias universidades, esto ya estaba inventado, hay que volver a los orígenes, al pasado, como dirían los radicales de izquierda, que no saben hacer una o con un canuto.

El tercero, el número de universidades debe reducirse; quien no consiga un mínimo de alumnos o un mínimo de calidad, debe cerrar.

En cuanto a la enseñanza primaria y secundaria, un cínico podría decir que hay en España un número suficiente de centros privados que proporcionan una enseñanza de calidad, y padres que envían a sus hijos a hacer cursos enteros a Inglaterra, Estados Unidos u otros países, así que dejemos la enseñanza pública hundida porque no pasa nada, si no quieren aprender, que no aprendan; el país va a tener en todo caso la élite intelectual que necesita si la universidad pública se arregla. Bien, para una persona como yo y millones más, que todo lo que sabemos se lo debemos a la enseñanza pública, es simplemente inaceptable. Pero lo más importante: negar, como ahora, gracias al socialismo, la posibilidad de ascenso social por el trabajo y el estudio a las familias sin recursos es inimaginable.

Además, probablemente, el mejor profesorado de primaria y secundaria, al contrario que en la universidad, sigue estando en la enseñanza pública. Por tanto, se impone de nuevo la vuelta atrás, a la época anterior a que los socialistas la destruyeran: autoridad total para los profesores, disciplina en las aulas, exigencia y recompensa del esfuerzo y del trabajo bien hecho, y una reestructuración de la enseñanza, con un bachillerato normal, no la ridiculez actual de dos años. Pero ¿a qué memo con mando se le ocurriría este disparate? Si como consecuencia de ello el fracaso escolar escala al 40 por ciento, no pasa absolutamente nada: un 60 por ciento de niños y niñas sin recursos podrán acceder a la enseñanza superior y labrarse un porvenir, como ocurría antes del socialismo. «Solucionar» el tema bajando el nivel es lo más antisocial e injusto que pueda imaginarse. Y todo esto es muy fácil, sólo hace falta voluntad política.

La reforma del sistema fiscal

El sistema fiscal necesita también ser modificado, pero no para recaudar más sino para recaudar mejor, incentivando la actividad empresarial, reduciendo el coste de la contratación laboral y haciendo que las grandes fortunas no escapen como hasta ahora a la mayoría de los impuestos. En teoría, la presión fiscal podría bajar si recortamos el despilfarro y la redundancia de funciones de autonomías y ayuntamientos en la forma explicada al principio, y que debe permitir un ahorro del orden de los 100.000 millones anuales. Pero el problema es que, con las prestaciones de desempleo y los intereses de la deuda por las nubes, el agujero actual entre ingresos y gasto supera esa cantidad, por lo que sin reducir la recaudación simplemente equilibraríamos y dejaríamos de endeudarnos, aunque para amortizar la inmensa deuda habría que esperar a la recuperación de la economía.

En concreto deberían suprimirse las SICAV, o al menos dejarlas al nivel de otros países. La excusa es que obligar a tributar a las grandes fortunas incrementaría poco la recaudación, y que además algunos sacarían el dinero del país. Pues bien, que lo saquen si pueden, que es falso, porque la mayor parte lo necesitan para financiar actividades en España. Pero sobre todo es que no es de recibo que las grandes fortunas paguen el 1 por ciento de la mayoría de impuestos con seis millones de parados reales y un 23 por ciento de familias viviendo por debajo del umbral de la pobreza; esto sólo pueden aceptarlo los socialistas y la casta política parasitaria, pero no el resto de españoles decentes.

Los impuestos especiales sobre carburantes deben situarse en la media europea, reducir los tipos marginales del IRPF, y el impuesto de sociedades a niveles del orden del 20 por ciento. En cuanto al impuesto de plusvalía por la venta de viviendas, debe eliminarse totalmente tanto el estatal como el municipal. Y analizar cuidadosamente la posibilidad de subir el IVA y bajar en la misma cantidad las cotizaciones sociales. El impuesto del Patrimonio, un expolio a la clase media que no existe en ningún otro país, debe eliminarse.

La reforma de la Justicia

Uno de los disparates que nos impusieron los padres de la Transición fue la politización de asuntos que deberían estar alejados de la lucha política. Y aquí me refiero a la insoportable politización de la Justicia, por lo que es absolutamente imprescindible la separación de poderes, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral al que me referiré luego. Sólo el 13 por ciento de los ciudadanos, según el CIS, cree, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del Gobierno, y sólo un 0,9 por ciento considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho. Por tanto, la despolitización de la Justicia es otra de las reformas prioritarias y esenciales. Que los jueces elijan a los jueces, y que los políticos no tengan ni de cerca ni de lejos, posibilidad de interferir en esos nombramientos, y que los propios jueces busquen la solución para neutralizar a los colectivos de inspiración política.

Luego está la lentitud exasperante por falta de medios, porque la Justicia no tiene ni para fotocopias mientras los titiriteros de la ceja nos roban 600 millones anuales, que servirían para dotarse de personal y medios que mejorarían y acelerarían notablemente los procedimientos. Realmente, el sectarismo de Zapatero repartiendo el dinero de todos los españoles no tiene precedentes. Y luego formar y dotar a una Justicia moderna capaz de entender y resolver con rapidez los infinitos asuntos económicos, algo que tanto los españoles como los inversores extranjeros echan continuamente de menos.

La reforma del sector energético

El sector energético es esencial en cualquier economía. En nuestro caso, los desastres energéticos de Felipe González, con la moratoria nuclear, de José María Aznar, sustituyendo monopolios públicos con precios administrados por monopolios privados con precios libres, su consolidación por Rato con su Ley de Intensificación de la Competencia, las subvenciones a las energías renovables sin ningún límite ni control (la mayor fuente de enriquecimiento para unos pocos amigos del poder de la historia industrial de España) y el Plan eléctrico y gasista de 2001-2012 (el plan más disparatado realizado jamás en España y en Europa, y conozco todos los de España y los más importantes) entre los europeos es imprescindible revertir.

El oligopolio petrolero, que ha pactado siempre precios y «guerras» de precios, algo de lo que he sido testigo directo, el oligopolio eléctrico, que lo ha pactado casi todo, y que ha sido acusado en numerosas ocasiones por el servicio de competencia, aunque luego se haya quedado en nada, que para eso monopolista y casta política mantienen una perfecta sintonía, y el monopolio del gas, porque aquí no se puede hablar de oligopolio, ya que los operadores distintos a Gas Natural son meros revendedores de éste, han conseguido con Zapatero el mayor abuso de sus precios monopolistas de la historia energética española.

Pues bien, esto tiene que acabar. ¿Y cómo? Fundamentalmente dando no sólo independencia sino instando a actuar a los servicios de competencia; segundo, y dado que ya es muy difícil introducir nuevas sociedades que puedan competir, administrando los precios, es decir, poner límites máximos aunque flexibles, en concreto fijar un máximo equivalente a la media de los cuatro mayores países de la UE. Ese control puede llevarlo perfectamente una Comisión Nacional de la Energía despolitizada y al servicio de los ciudadanos, y no al servicio de los monopolios, como viene haciendo invariablemente desde su creación. El control de los precios energéticos es esencial para la productividad.

La reforma laboral

Y luego, después de todo lo anterior, pero nunca antes, porque no es lo prioritario, tenemos la reforma laboral, cuyas primeras modificaciones, aun parciales, no han servido absolutamente para nada. Como dice Alberto Recarte, «plantear la reforma del mercado de trabajo como un factor esencial para recuperar la competitividad en estos momentos, por más que sea necesario es especialmente hiriente para los trabajadores». Con más de un 50 por ciento de los trabajadores ocupados ganando menos de 1.000 euros al mes, y con 6,5 millones de empleados temporales o a tiempo parcial, la supuesta urgencia del tema y que sea lo primero para solucionar la crisis no es que sea hiriente, que también, es que no tiene pase.

Otra cosa diferente es que hablemos de lo que nadie habla, los sueldos escandalosos de las cúpulas directivas de bancos y empresas; en los años sesenta, las diferencias salariales podrían ser de 1 a 50, hoy esas diferencias son de 1 a 300. Es otra de las modernizaciones que nos trajo la Transición. Pero es que además, y para que no haya dudas, mientras los salarios de los trabajadores están por debajo de la media de los grandes países europeos, los sueldos de estos directivos, y no hablo sólo de los números uno y dos, sino de directivos en sentido amplio, están por encima de la media. Por tanto, señores defensores de la reforma laboral, es por ahí por donde hay que empezar.

Las cosas que habría que reformar en todo caso son: la ultraactividad de los convenios, es decir, que cuando un convenio no se renueva siga vigente el anterior; reducir el número de convenios colectivos y la liberalización de las condiciones de trabajo, dando mayor libertad a los trabajadores para elegir las horas que quieren hacer y, por supuesto, acabar con el absentismo y con los liberados sindicales.

El cambio de modelo de Estado y el rescate de la democracia

A finales de 2010, un centenar de empresarios y expertos económicos, hartos de contemplar la destrucción institucional y económica de España, provocada por la irresponsabilidad y las ansias de poder de los líderes de los partidos políticos, a quienes les importa un pimiento la defensa de los intereses de los ciudadanos y la garantía de un Estado de Derecho, entregaron un escrito el Rey en una audiencia privada, en el que le pedían el cambio del modelo de Estado y el cambio de la ley electoral para que el pueblo español recuperase la libertad usurpada por los padres de la Transición.

Consideraban imprescindible «clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable», frente a los enfoques «cortoplacistas y oportunistas actuales».

Según un reciente estudio de UPyD, «a pesar de que las CC.AA. forman parte del mismo Estado, su autonomía frente al Estado es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos». El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la administración pública? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CC.AA. y ayuntamientos son «totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirlo por la contratación a dedo». Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables del 80 por ciento del gasto de la nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?

En relación con ello, otra de las denuncias es el bajísimo nivel de preparación de la casta política parasitaria: «El desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los administradores.» Es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos, algo válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de Gobierno enloquecido, indocumentado y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confesaría que dedicaba su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, era incapaz de poner orden en las CC.AA. y ayuntamientos donde gobierna, y de ahí para abajo lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia y ayunos de preparación.

El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico: como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie de calidad a su lado que pueda hacerles sombra, y la dictadura partitocrática no sólo lo permite, es que hace imposible reclutar a los mejores.

Y finalmente, respecto a la recuperación de la libertad, plantean la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país, y en el que, basándose en el estudio del CIS «Calidad Democrática II», donde entre otras cosas se dice que el 92 por ciento de los ciudadanos cree que los gobernantes no tienen para nada en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones, propone ir hacia «un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes», a la vez que denomina «democracia de incubadora» a la actual dictadura partitocrática. Es decir, el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional, no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.

Vean cómo funcionó en la práctica nuestra maravillosa democracia en las últimas elecciones generales:

IU 969.946 votos, 2 escaños.
CiU 779.425 votos, 10 escaños.
PNV 306.128 votos, 6 escaños.
UPyD 306.079 votos, 1 escaño.
ERC 298.137 votos, 3 escaños.
BNG 212.543 votos, 2 escaños.
CC 174.629 votos, 2 escaños.
Na-bai 62.398 votos, 1 escaño.

Éste es el sistema que nos impusieron los padres de la Transición. No sólo es perfectamente antidemocrático, es que, además, esos insensatos lo diseñaron para dar una cuota de poder absolutamente desproporcionada a los enemigos de España. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con mi amigo Camilo José Cela: si tuvieran vergüenza, los autores de este engendro y del «café para todos» se habrían pegado un tiro.

Como no podía ser de otra manera, el informe presentado al Rey denuncia la labor de los sindicatos y la patronal por «no haber sido capaces de adaptarse a los cambios surgidos» en la sociedad y exige «revisar los mecanismos de financiación de estos agentes sociales». A día de hoy, los primeros ejecutivos del Santander, BBVA, Telefónica y Endesa denuncian que España es un lastre para sus negocios. En el caso del Santander, España representa sólo el 15 por ciento de sus resultados.

Ni que decir tiene que el Rey, en perfecta simbiosis con la casta política parasitaria, no haría ni caso de tan imprescindible propuesta. Una casta política que utiliza la Ley Electoral y de la Constitución con el único objetivo de mantenerse en el poder cueste lo que cueste, y que en consecuencia no está dispuesta a cambiarlas. Y si el Rey ignora las peticiones más razonadas y más obvias para hacer de España un país próspero y democrático, ¿para qué queremos un Rey?

Sólo hay una salida para sacarnos de la crisis y hacer viable España: la supresión del Estado autonómico excepto en Cataluña, País vasco y Navarra. Estas regiones tendrían una autonomía económica similar a un länder alemán o un Estado norteamericano. El cupo vasco debe ser suprimido. Los ayuntamientos deben reducirse a la mitad y hay que cerrar el 90 por ciento de las empresas públicas (los servicios imprescindibles se pueden contratar y reducir así su coste a la mitad). Las subvenciones a sindicatos, CEOE, partidos políticos y otro titiriteros deberían ser como en Alemania: cero. Esto supondría un ahorro de unos 160.000 millones de euros anuales, y el país funcionaría mucho mejor, pero sobre todo sería viable, porque hoy ya no lo es. Y esto es sólo el coste directo, pero ¿cuál es el coste de haber destruido la unidad de mercado?, ¿cuál el de una corrupción institucional y personal generalizada?, ¿cuál el incumplimiento de la constitución y la ley, el haber destruido el Estado de Derecho y no poder ofrecer las garantías jurídicas imprescindibles?

Ahora bien, la casta política parasitaria jamás lo aceptará, el sistema autonómico es la base de su poder para repartir pesebres a su gente. Pero ¿para qué necesita Madrid una autonomía? Que alguien lo explique, por favor. Y lo mismo puede decirse de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía. Los políticos recortarán en sanidad, educación, servicios y sueldos, todo menos tocar los pesebres. La alternativa es la propuesta de Jürgen Stack, el economista jefe dimisionario del BCE: si los gobiernos no pueden o no quieren controlar el gasto —y señala a España entre ellos— deben sustituirse por gestoras que supervisen las finanzas e implementen los recortes y si no, tendrán que abandonar el euro. Es la única salida. La cuestión es cuánto paro, cuánta miseria y cuánta ruina producirán antes de que ocurra.

Y ahí no termina el asunto: queda reformar la enseñanza, la justicia, el mercado de trabajo y el sector energético. Esto no se arregla con decir memeces como «España es un gran país y saldremos de la crisis». No saldremos, ya no somos un gran país, sino un rebaño de borregos que ha permitido que la dictadura partitocrática vampirice la nación y destruya las raíces del sistema productivo y el futuro de nuestros hijos. Pymes y autónomos han caído a cientos de miles y seguirán cayendo por falta de un crédito que no se recuperará en años. Han destruido la enseñanza, la sanidad, la industria y las pensiones; han arruinado España para varias generaciones. Los ingresos fiscales están cayendo en 2011 un 24 por ciento, frente a una previsión de aumento del 9 por ciento; gastaremos el doble que lo que ingresamos por cuarto año consecutivo.

El gobierno que salga elegido el 20 de noviembre de 2011 tiene que actuar con total contundencia, pero no lo hará. Recortes del 10 o el 20 por ciento son una broma; no harán más que mantener el déficit y profundizar nuestra ruina. Sólo el hundimiento obligará al cambio, por ello, mi conclusión es clara: cuanto peor, mejor, porque así nos intervendrán antes y antes empezará nuestra recuperación. En esta hora decisiva, España no tiene líderes capaces ni con el coraje necesario para sacarnos de la crisis, sólo hay timoratos o traidores.

Notas

1. En su obra Conversación en La Catedral, a un trasunto de Mario Vargas Llosa le explicaban «cuándo se jodió Perú».

2. Para aquellos izquierdistas radicales y acomplejados de derechas que no quieren enterarse, hay que recordarles, como señala el profesor Amando de Miguel, que «desde hace mucho tiempo, la cuestión de si el régimen de Franco fue dictatorial o autoritario ha quedado zanjada por todos los historiadores serios: el régimen de Franco fue autoritario, no dictatorial».

3. Javier Rupérez, «Regeneración», ABC, 28 de julio de 2011.

4. Ibídem.

5. Ibídem.

6. Millones de millones (10¹²).

7. Ramón Tamames, Estructura Económica de España.

8. Ramón Tamames, Estructura económica de España, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1974.

9. Juan Velarde.

10. Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

11. Pedro J. Ramírez, El Mundo, 7-8-2011.

12. El informe Recarte, 2009.

13. S. McCoy, «Los siete pecados capitales que condenan a Europa al infierno».

14. Juan Velarde, Cien años de economía española, Ediciones Encuentro.

15. El juez Bermúdez recibiría del Gobierno de Zapatero, por sus valiosos servicios, la Cruz al Mérito Policial, que suponía un incremento automático del 10 por ciento en su sueldo.

16. La Fundación de las Cajas de Ahorros viene publicando una serie de Convergencia real de España con la Unión Europea, que abarca desde 1959. La situación en 1975 fue de un grado de convergencia del 81,4 por ciento con los países que entonces componían esta organización. En ese año se alcanzó un máximo pues como consecuencia del desastre de la Transición la convergencia caería hasta el 70,8 por ciento en 1985, y jamás se recuperaría el grado de convergencia de 1975.

17. El truco profusamente utilizado por el gobierno para medir la convergencia es comparar la convergencia con la UE-15 con la de la UE-25, como si fueran comparables, algo falso porque la media ha descendido enormemente al ser los diez nuevos países mucho más pobres, y lo último es realizar la comparación con la UE-27 que incorpora Rumanía y Bulgaria, cuya renta es el 30 por ciento de la europea.

18. Antonio Gala, progresista donde los haya, en el diario El Mundo.

19. José Carlos Bermejo, catedrático de Historia.

20. Éstos son sus nombres para conocimiento y desprecio por todos los españoles de bien: Pascual Sala, el culpable principal; Adela Asua; Luis Ortega; Elisa Pérez Vera; Pablo Pérez Tremps, y Eugeni Gay.

21. Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull.

22. La mediana estadística es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después de él. Que la mediana de rentas sea de 18.000 euros significa que la mitad de los españoles tiene una renta inferior a esa cantidad, y la otra mitad la tiene superior.

El disparate nacional

Roberto Centeno

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