PRÓLOGO

LA MAFIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

PODER REAL Y PODER APARENTE

ENTRE LA OPERACIÓN CASABLANCA Y EL BANCO DE BOSTON

IBM - Banco Nación Argentina

I COLOMBIA, LA CULTURA DE LA MUERTE

ANTIOQUIA

CUENTOS CORTOS

FIOCCONI Y LA CONEXIÓN FRANCESA

LOS CARTELES Y LA GUERRILLA

EL PODER ECONÓMICO

SUSTANCIAS PRECURSORAS

DEPORTE

EL ASALTO AL PALACIO DE JUSTICIA

EL DERRUMBE DEL CARTEL

VIOLENCIA Y JUSTICIA

UN PRESIDENTE EN APUROS

II NARCOTRÁFICO EN LOS ANDES

COCA Y COCA COLA

LOS CIRCUITOS DE LA DROGA

PERÚ

BOLIVIA

ECUADOR

III LA CONEXIÓN CUBANA

NORIEGA

EL DEPARTAMENTO MC

EMPRESAS PANAMEÑAS

EL DINERO DE LOS BORN

1987

HU CHANG

EL GENERAL OCHOA

EL PROCESO

IV MEXICO, LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CINISMO

V LAVADO Y LAVADORES DE DINERO

LAS ISLAS SEYCHELLES

ARGENTINA: EL “BANCO”- OFICINA POSTAL

LA NUEVA LEY MEXICANA

LOS TOP TEN

INFORME DE LA AGENCIA ANTIDROGAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (DEA)

Sudeste asiático

Singapur

Tailandia

Hong Kong

Amenazas emergentes:

Nigeria

Rusia

México

DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

EL FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS

RAÚL SALINAS DE GORTARI Y EL CITIBANK

CONFIDAS Y RUKAVINA

Jane Wexton

MALOS CONSEJOS

LOS SOCIOS DE RAÚL SALINAS DE GORTARI

UN BANQUERO EN COMÚN CON EL CARTEL DE MEDELLÍN

VI LEGALIZACIÓN

EL DEBATE

“SE NECESITAN ESTUDIOS,” DICE THE NEW YORK TIMES

EL ARGUMENTO DEL TABACO

PROHIBICIONISMO Y SOCIEDAD

LEGALIZACION CONTROLADA

DESDE LA IZQUIERDA

ALTERNATIVAS A LA PROHIBICIÓN DE LAS DROGAS

NORMAS SOCIALES VERSUS CONSTRUCCIONES LEGALES

HACIA LA TRANSICIÓN

APOYO EN AUMENTO

LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

ALGUNAS CONTRADICCIONES

EL COSTO ELEVADO DE LA CONDENA A LOS CONSUMIDORES DE DROGAS

EPÍLOGO

LA PARADOJA SUIZA

LA PREVALENCIA DEL LAVADO DE DINERO

UNA NUEVA PRUEBA PARA LOS ESTADOUNIDENSES

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ARTÍCULOS

PUBLICACIONES DEL GOBIERNO

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ABREVIATURAS COMUNES

EL DINERO DE LA DROGA

Los carteles y
los bancos mundiales de elite

Eduardo Varela-Cid

Miami – México – Panamá – Bogotá – Quito – Lima – Santiago – Buenos Aires

© 1999, Eduardo Varela-Cid

evc@e-libro.co

© 2015, El Cid Editor S.A.

elcideditor@elibro.co

Publicado por Hudson Street Press, Nueva York, NY

Producido en coedición con El Cid Editor, Inc., Miami, FL

Traducción capítulos 2, 5, 6, el prólogo y el epílogo:

Mariana Hamelink y Paula B. Grillo

Diseño de cubierta: Carlos Calabró

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, magnético, por fotocopia o por grabación o cualquier otro medio conocido, sin el permiso previo por escrito de la editorial, excepto cuando esté permitido por ley.

ISBN versión papel: 978-1-4135-0085-1

ISBN versión ePub 978-1-4135-0096-7

ISBN: 0-935016-00-0

Catálogo de la Biblioteca del Congreso Ficha Nº: 98-74722

El dinero de la droga /Los bancos mundiales de elite

1. Lavado de dinero 2. Narcotráfico 3. Los Carteles

4. La Mafia 5. La Corrupción 6. La Ley de Correos 7. La Guerra contra la Droga

8. Legalización 9. América Latina

A Marcela,
mi amada esposa, con la que atravesamos juntos etapas difíciles

A Eduardo Alberto Duhalde

Por su valor en desbaratar el accionar del grupo Yabrán

PRÓLOGO

LA MAFIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

“El problema no radica en que haya mucha gente corrupta sino que hay tanta que los honestos les tienen miedo.” Así es como Frank Serpico, un ex oficial de policía de Nueva York, comenzó su relato. Ya no se esconden, sino que atacan y acusan a aquellos con los que no han llegado a un acuerdo, un acuerdo que en general llaman “lealtad”.

¿Qué sucede cuando la corrupción llega al punto de controlar a la policía, nombrar jueces y dirigir el congreso? Los corruptos incluso tienen sus propios ejércitos de periodistas y abogados.

En México, el hermano del ex presidente Salinas posee cuentas en bancos extranjeros que atesoran millones inexplicables; con sus socios, trabajó en contratos de privatización llevados a cabo por el gobierno de su hermano, y, para colmo, un agente encubierto de la DEA ha encontrado una conexión entre las cuentas y el lavado de dinero para una red de narcotraficantes.

Es imposible contar toda la historia de lo que sucede en México. Limitémonos a decir que, como resultado de una investigación, todos los ministros de un estado determinado tuvieron que renunciar, habiendo estado implicados en una red de narcotráfico de la zona. Un narcotraficante estuvo preso, y después de cumplir su condena, fue designado director de un banco. Al parecer, los requisitos para ese cargo no son tan rigurosos.

En Colombia, hay once legisladores presos. Hasta hace poco había llevado la cuenta: ciento un legisladores muertos y doscientos setenta periodistas asesinados. No obstante, es realmente imposible llevar la cuenta de los trabajadores que han muerto, de los que están presos, y de aquellos que no lo están pero que han sido acusados. El héroe de esta historia es el ex Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el político que quería extraditar a los narcotraficantes porque sentía que no podía darles batalla en su propio país. Primero, le depositaron USD 12.000 en una cuenta para financiar su campaña para senador; luego lo hostigaron en el congreso durante meses usando sus propios periodistas que día tras día lo acusaban de corrupción; finalmente, lo asesinaron. Los corruptos tienen sus propios problemas pero cualquiera que combate seriamente contra el narcotráfico es asesinado. Las operaciones de la mafia para desacreditar a aquellos que trabajan en contra de sus intereses son impresionantes y desalientan aún al más valiente.

En Perú, el Presidente Fujimori puso a las Fuerzas Armadas a trabajar en la lucha contra el narcotráfico. Primero, un capitán del ejército pidió refugio y confesó que el ejército estaba cobrando a los traficantes USD 15.000 por cada helicóptero que partía con drogas y luego dividían lo recaudado. Las máximas autoridades negaron la historia. Poco tiempo después, un narcotraficante que estaba preso se presentó ante el fiscal y los cargos en su contra eran tantos que solamente su lectura llevó ocho largas horas. Parecía que había mucha gente implicada. Unas semanas después un avión de la Fuerza Aérea fue detenido en Canadá con 250 kilogramos a bordo, y unos días después de eso, se encontró droga en dos barcos de la Armada.

Cuando asumió en Bolivia el ex presidente Jaime Paz Zamora, dijo que él mismo no tenía quórum pero que los narcos sí lo tenían. Manifestó que gobernaría con honestidad en la parte de Bolivia que él controlaba, pero que había otra parte bajo el control de otros.

En Brasil, una vez visité una favela acompañado de un legislador y de un policía. Le tuvimos que pedir permiso a un caballero del comando Vermelho que tenía una ametralladora en un trípode y que nos permitió pasar a regañadientes.

En Argentina, un país no productor debido a su clima y, hasta hace poco, con poco consumo y sin carteles como se los conoce en otros lugares, vivía un hombre, Alfredo Nallib Yabrán. Todos le temían, y tanto políticos como periodistas se cuidaban de no ir en contra de sus intereses. Algunos trabajaban directamente para él, y otros simplemente querían sobrevivir. Muchos conocen a los periodistas que trabajan para él; si a alguien se le ocurriera ir en contra de sus intereses, lo atacarían sin piedad de inmediato. Hay pruebas de sus manejos de prensa otorgando dinero en una mesa de un bar.

Tres hombres importantes del mundo financiero, un banquero suizo, un banquero español y un ex Ministro de Economía de Argentina, me contaron que en 1993 Yabrán ofreció USD 800 millones de dinero en efectivo para adquirir un paquete accionario mayoritario en Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, este no es el hecho más relevante. Entre 1994 y 1995, logró tener tanto control en el congreso como para obtener la aprobación de una ley que habría privatizado el correo, que él denominaba un “traje a medida”. Todos sabían que Yabrán sería el futuro dueño del correo y que la ley de privatización contenía una cláusula que lo hubiera autorizado a ofrecer servicios monetarios secretos. Esto significa giros postales, transferencias en pesos argentinos o en cualquier otra moneda, dentro o fuera del país, sin limitación alguna, con una prohibición legal de informar a las autoridades monetarias acerca de quién envía dinero a quién y cuándo (artículo 4, inciso 5)

En otras palabras, en un país sin leyes de secreto bancario, un empresario iba a tener el poder, desde el correo, de enviar y/o recibir transferencias desde o hacia cualquier lugar del mundo, y las autoridades monetarias tenían prohibido por ley ejercer cualquier tipo de control. Algo así como: Lavadores de dinero, Bienvenidos. Vengan, delincuentes del mundo.

Una buena pregunta sería: ¿Quién es el autor real del proyecto de ley que crearía una ley tan particular? De hecho, se sabe que fue uno de los abogados de Yabrán, aunque esto no ha sido debidamente probado. Los dos senadores que presentaron el proyecto no tenían conocimiento del tema y nunca han sido capaces de debatirlo siquiera.

No menos curiosa es la actitud del Partido Radical (U.C.R), que ha estado en contra de todas las privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno de Menem (petróleo, gas, electricidad, teléfonos, etc.); sin embargo, apoyó sin objeción alguna la privatización del correo del estado.

El funcionamiento interno del Congreso también fue notable, en aquel año anterior al intento de aprobación de la ley, varios miembros de la Comisión de Comunicaciones fueron destituidos, un paso necesario para que el proyecto llegue al recinto sin objeciones.

Finalmente, la ley no se aprobó gracias al coraje de algunos legisladores que se opusieron a ella poniendo en riesgo sus carreras políticas, al Ministro de Economía Cavallo, que llamó a las cosas por su nombre, y a la dignidad del ex presidente Raúl Alfonsín quien, avergonzado por la orgía de corrupción entre los miembros del parlamento, ordenó un voto en contra.

El clima de impunidad y de resignación es tal que todos aquellos legisladores continúan disfrutando de un gran prestigio como políticos como si nada hubiera sucedido. Un tiempo después, en enero de 1997, el fotógrafo periodístico José Luis Cabezas fue asesinado, aparentemente bajo las órdenes de Yabrán, y los Radicales acusaron a los partidarios de Menem de ser socios de Yabrán.

Quizás no hayan estado tan alejados de la verdad, ya que cuando el FBI trajo a Excalibur, se descubrieron más de 500 llamadas telefónicas entre Yabrán y varios ministros y legisladores menemistas incluyendo llamadas a la residencia del propio Presidente.

En todos los países se lava dinero, pero en pocos ha sido tan evidente el control ejercido por la delincuencia sobre el Congreso.

Estados Unidos realiza informes, certifica o descertifica, según su parecer en virtud del modo en que un país está colaborando en la guerra contra las drogas; sin embargo, fronteras adentro evidencia tantas contradicciones como los otros países mencionados. El Banco de Boston lavó USD 1.200 millones en cinco años, lapso durante el cual fue objeto de una inspección realizada por un representante del Departamento del Tesoro; el inspector era tonto. El banco se declaró culpable y pagó una multa de USD 500.000.

Ahora se acaba de descubrir que el dinero lavado por Raúl Salinas de Gortari pasó por el Citibank de Nueva York y por sus subsidiarias en Londres, Suiza y México, utilizando fondos de inversión que prestan dinero a los mismos países a los cuales el dinero ha sido cobrado.

Si dividimos el mundo entre ganadores y perdedores, sin preguntar cómo, creamos una filosofía de vida despiadada y amoral. En defensa de esta posición, el camino tomado por un gran segmento de la sociedad es una ética nihilista. “No me involucro y sobrevivo.”

Lo que ocurrió durante los períodos totalitarios en los que gobernaban los comunistas y los Nazis está sucediendo nuevamente dentro de los círculos de corrupción. ¿Quién se hubiera atrevido a denunciar a Stalin o a Hitler? Aunque el totalitarismo no reina en la actualidad, los ejércitos de políticos, periodistas y abogados corruptos pueden generar el mismo tipo de intimidación.

Los abogados de la mafia escriben libros en Estados Unidos y producen programas de televisión donde describen a Estados Unidos como un país maravilloso. Pero aquellos que mueren (los perdedores) en las garras de sus clientes (los ganadores) no escriben esos libros. Mientras tanto, públicamente, a todo este proceso se lo califica como una guerra contra las drogas.

El discurso residual de esta “guerra contra las drogas” se ha convertido en una exposición política; sin embargo, ninguno de los políticos en el poder explica qué camino deberíamos seguir para erradicar realmente este problema. Sólo se decomisa entre el 5% y el 10% de las drogas y entre el 2% y el 3% del dinero lavado. El problema de la droga y la corrupción institucional resultante ha sido explicado infinidad de veces. Pero ¿cuál es la solución? ¿Más guerra?

Son 1.300.000 las personas encarceladas en Estados Unidos, 59% de ellas por delitos relacionados con drogas. ¿A cuántas personas vamos a encarcelar? A la cifra anterior, tenemos que agregar 2.700.000 más que están en libertad bajo fianza o libertad condicional.

Los jefes de la Mafia mueren en sus mansiones a una edad avanzada; los que están en prisión son conductores, prostitutas, asesinos a sueldo de menor importancia que no pueden costearse un buen abogado. Por otro lado, el abogado del BCCI fue Clark Clifford, probablemente uno de los abogados más importantes de Washington, asistente del Presidente Truman (1948-1952) y Secretario de Defensa durante el mandato del Presidente Johnson.

El lavado de dinero va a ser el tema político más importante de los próximos años. En una reunión del Parlamento Latinoamericano en 1991, un legislador uruguayo votó a favor de una propuesta para combatir el tráfico de drogas, pero en contra de otra que se oponía al lavado de dinero. Para ese legislador, las drogas eran malas y no las quería en su país, pero estaba a favor del ingreso de dinero.

La misma discusión tuvo lugar en la Cámara de los Lores en el Reino Unido. No permitían el ingreso del opio, pero el dinero proveniente de la venta del opio era bienvenido.

Un periodista argentino Bernardo Neustadt dijo repetidas veces: “No importa de dónde viene el dinero, sólo adónde va.”, quizás convencido de que los traficantes iban a dárselo a él para comprar radios a fin de poner al aire programas democráticos que criticaran a la corrupción.

PODER REAL Y PODER APARENTE

En el sistema capitalista, el poder real está concentrado en las manos de unos pocos. Por otro lado, con el avance de la tecnología, ha aumentado el desempleo y la falta de oportunidades. El establishment no quiere ni socializar ni democratizar su poder. Sin embargo, las drogas no pueden convertirse en un vehículo de movilidad social y poder. Los millonarios quieren que los políticos conserven sus cargos por un tiempo corto para que no representen una amenaza a su fortuna o a su poder; luego quieren que otro político inexperto entre en la arena política por otro breve período. Aunque los políticos pueden discutirle a los periódicos, el poder real, el poder permanente, es el dinero, que es algo completamente distinto.

El debate acerca de cómo abordar esta situación es importante. No obstante, es claro que no podemos intentar desafiar el poder de los traficantes de drogas o lavadores de dinero jugando su juego. Es decir, combatir con las mismas armas, o en este caso, pagar con la misma moneda. La Sociedad perecería, estrangulada entre el viejo establishment y la nueva Mafia.

Es notable la historia de la lucha de Robert Kennedy contra la Mafia. Kennedy exiló al infame traficante de drogas de Nueva Orleans, Carlos Marcelo, durante dos años. Actualmente hay pruebas que indican que Kennedy fue una de las personas que Marcelo marcó para matar. Marcelo murió en su mansión a la edad avanzada de 83 años. ¿Entonces Bobby Kennedy fue un perdedor y Marcelo un ganador? El abogado de Marcelo escribió un libro (Abogado de la Mafia) en el cual llegó a la conclusión de que “si se quiere ser político, primero hay que hacerse amigo de un jefe de la Mafia.”

¿Los políticos que adoptan esa alternativa están destinados al poder transitorio, irreal y superficial? O, para ser cínico, ¿deben ser amigos inescrupulosos de la Mafia? ¿Es esta la única manera de abordar campañas electorales? ¿A dónde nos llevará este camino de incredulidad política? ¿Si un político quiere ser decente, cuánto tiempo pasará antes de que el crimen organizado lo ahogue?

¿Es posible que alguien en Colombia creyera que el ministro de justicia pudo haber sido comprado por USD 12.000? No obstante, Lara Bonilla pasó los últimos meses de su vida declarando que él no había endosado el cheque. El periodista que lo estaba atacando era portavoz del cartel, con línea directa a Pablo Escobar.

Este libro quizás aporte luz sobre hechos con los cuales usted tal vez no estaba familiarizado. Defiende la visión de que si nosotros no nos replanteamos esta guerra contra la droga, nunca saldremos victoriosos o de que realmente nunca ha existido una guerra tal, sino sólo maniobras para aumentar los precios. En conclusión, si sabemos que estamos en una guerra que sabemos que no ganaremos, ¿por qué no probamos abordar el problema desde otro enfoque?

La guerra está llena de héroes que han sacrificado sus vidas. También está llena de burócratas inservibles y docenas de organizaciones de seguridad que derrochan la mayor parte de su tiempo luchando entre ellos mismos, quizás tratando de asegurarse un mayor presupuesto o de incrementar su poder.

La policía hace lo que está a su alcance para confiscar kilos de drogas, que terminan en estadísticas tediosamente calculadas. Todo esto sucede como si desconocieran que la persona a la que acaban de arrestar no es importante y que si fuera importante no habría estado ahí con la droga. Es un conductor o un asesino a sueldo.

¿Es inevitable la Mafialización de la sociedad?

Cuando José Oberholzer era vicepresidente del Union Bank de Suiza asesoró a muchos clientes latinoamericanos, entre ellos a Raúl Salinas de Gortari. En el oscuro juego de mover dinero, ayudó a crear fachadas con el fin de esconder el origen real de los fondos. Actualmente, Oberholzer se encuentra acusado de lavar USD 150 millones del dinero del cartel de Medellín.

Fue arrestado por la policía en el Cantón de Vaud, Suiza, en febrero de 1994 junto con Sheila Arana de Nasser, esposa de Julio César Nasser David, un operador de Pablo Escobar, el difunto líder del cartel de Medellín. Dos meses después de su arresto, a pedido de Estados Unidos de conformidad con el Tratado de Asistencia Legal Mutua, las autoridades suizas confiscaron los USD 150 millones.1

Jackes Antenen, juez del Cantón de Vaud, dijo: “esta es la confiscación de dinero proveniente de la droga más grande en la historia de Suiza.” Según la DEA, David Nasser traficó más de 25 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En consecuencia, la policía continuó buscando los otros USD 755 millones.

Dieter Jann Cerrodi, el detective suizo que continuó con la investigación, acusó a Oberholzer de lavar dinero proveniente de América Latina. El procurador general suizo confirmó la acusación. Oberholzer continuó bajo arresto domiciliario luego de pasar 48 horas en la cárcel. Sin embargo, el juez, tomando en consideración el Código Penal Suizo de 1990, predijo: “quizás le darán algunos meses en prisión.”

ENTRE LA OPERACIÓN CASABLANCA Y EL BANCO DE BOSTON

Parecía una reunión de más de una docena de empresarios ricos y bien vestidos, que habían viajado en sus jets privados para discutir algún acuerdo importante en el transcurso de una cena en un casino. Después de la cena, un convoy de limusinas llegó al lugar luego de atravesar 80 millas de desierto para llevar a los “ejecutivos” desde el Casablanca Casino Resort, en Mesquite, Nevada, hasta Las Vegas, donde iban a pasar la noche. Los vehículos atravesaron las calles bien iluminadas a alta velocidad y volvieron a la autopista, donde la policía en sus patrulleros les hizo señas para que se detuvieran.

El chofer de Víctor Manuel Alcalá Navarro bajó la ventanilla que lo separaba de los pasajeros y se disculpó: “Perdón. Me temo que estaba excediendo la velocidad.” Alcalá Navarro, presumiblemente el lavador de dinero más importante del cartel más poderoso de México, miró por la ventana al grupo de agentes vestidos de civil que venían hacia el auto y dijo: “Creo que esto es algo más que una multa por exceso de velocidad.”

Las limusinas traídas aquella noche de sábado a los alrededores de Las Vegas – según explicaron el martes los agentes de la Aduana de los Estados Unidos que estaban familiarizados con la operación describieron– fue parte de lo que los fiscales describen como el caso de lavado de dinero más importante en la historia de Estados Unidos, que por primera vez vinculó al sistema bancario de México con las ganancias del lavado de dinero proveniente de la droga.

La operación, que duró tres años y estuvo a cargo del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, implicó a algunos de los bancos más grandes y prestigiosos de México y penetró en el cartel de Juárez. Los detalles de la operación, en la cual se hicieron más arrestos el martes, sorprendió a los fiscales, políticos y financistas mexicanos a los que no se les informó de la operación hasta el anuncio oficial desde Washington el lunes.

Aunque las autoridades mexicanas y estadounidenses habían intentado en el pasado llevar a la justicia a las personas involucradas en casos específicos de lavado de dinero y habían documentado la gran corrupción existente en los círculos políticos y judiciales de México, nunca antes un gobierno había formado un equipo de investigación que tratara de documentar la corrupción sistemática generada por el narcotráfico en las instituciones financieras mexicanas. Las autoridades estadounidenses indicaron que la investigación podría involucrar hasta USD 152 millones en al menos cien cuentas bancarias en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Esto no es nada, por supuesto, comparado con los USD 1.200 millones que lavó el Banco de Boston, pero este dinero provenía del exterior, por eso se consideró que revestía más gravedad.

La Operación Casablanca comenzó hace tres años como una investigación de poca envergadura cuyo objetivo era “localizar e infiltrar a aquellos que eran invisibles para nosotros.” Es decir, empresarios que movían ganancias de millones de dólares a través de caminos financieros complejos y convertían el efectivo en ganancias de negocios aparentemente legítimos, según lo explica un importante supervisor del Servicio de Aduanas que estuvo a cargo de la operación.

La operación realmente se encaminó cuando los agentes encubiertos crearon una pantalla, un negocio que llamaron Emerald Empire Corporation con oficinas en Santa Fe Springs, en las afueras de Los Ángeles, según la acusación formal presentada en el tribunal federal de esa ciudad el lunes. Los agentes, que se hacían pasar por ejecutivos de la empresa, habían ido ahí en busca de bancos mexicanos que quisieran aceptar su “dinero sucio”. El hecho de que el dinero siempre estuvo claramente identificado como proveniente de la droga nunca fue una razón para que los bancos mexicanos lo rechazaran; el único tema en discusión consistía en la comisión que se le pagaría a los bancos por administrar el dinero. La cifra mencionada con más frecuencia rondaba el cuatro por ciento del monto de la transacción.

El supuesto dinero proveniente del narcotráfico se depositaba luego en cuentas bancarias mexicanas bajo nombres falsos de personas y empresas. Luego de que se hacía el depósito, un empleado corrupto del banco, a veces un vicepresidente de una sucursal o un jefe de departamento, llamaba a un colega desprevenido de una sucursal del mismo banco en Estados Unidos para decirle que había aprobado una transferencia de dinero de la persona o empresa falsas.

Alcalá Navarro, quien rápidamente se dio cuenta de que había sido atrapado allí al costado de la autopista aquel sábado por la noche en Las Vegas, fue uno de los mejores contactos para los agentes encubiertos, según lo indica la acusación: “Alcalá Navarro podía localizar a banqueros que trabajaban para bancos con sede en México y pedirles su ayuda para lavar dinero proveniente de las ganancias de la venta ilegal de narcóticos” y jugó un papel clave para reunir a otros banqueros, según la acusación.

La acusación describe una serie de reuniones entre Alcalá Navarro y los informantes y agentes encubiertos del Departamento de Justicia en las cuales habrían acordado el lavado de decenas de millones de dólares en representación del cartel de Juárez y de la Mafia de la cocaína y heroína de Cali.

La acusación narra una serie de seis transferencias bancarias por un total de seis millones de dólares que fueron iniciadas por Alcalá Navarro y que fueron depositadas mediante giro postal en el banco mexicano Banorte entre el 11 de noviembre y el 16 de diciembre de 1997. Es más, la acusación enumera docenas de depósitos que excedían los USD 10.000, que por ley deberían haber sido denunciados como sospechosos, pero que no lo fueron. El monto de los depósitos oscilaba entre USD 32.000 y USD 3,9 millones.

La acusación también menciona que el 29 de agosto de 1997 Alcalá Navarro, en una reunión con narcotraficantes y un agente encubierto, hizo una reseña de los estrechos lazos entre la gente del cartel de Juárez – incluyendo al que en otros tiempos fue su jefe Amado Carrillo Fuentes – y “autoridades mexicanas de alto nivel.” Los fiscales estadounidenses investigaban la participación de los bancos mexicanos y al mismo tiempo llevaban a cabo una investigación paralela sobre la Mafia de la droga de México más grande e influyente, el cartel de Juárez, que había sido liderado por Carrillo Fuente hasta su misteriosa muerte durante una operación de cirugía plástica.

Esta gente no eran personas vestidas con remeras de colores brillantes y con el pelo peinado a la gomina. Tenían la apariencia de empresarios bien vestidos con títulos de universidades prestigiosas. Viajaban por todo Estados Unidos, Europa y Sudamérica, vestían bien y comían y se alojaban en los mejores hoteles – una empresa integral.

Estos eran los mismos hombres que fueron invitados por los agentes encubiertos a pasar un fin de semana de negocios discutiendo y cerrando tratos mientras disfrutaban del Casablanca Casino Resort. Los agentes de la aduana eligieron cuidadosamente a sus contactos mexicanos para que pudieran mezclarse con facilidad en una reunión de este tipo. Algunos de ellos llegaron a la pista de aterrizaje privada cerca del casino en jets pertenecientes al Servicio de la Aduana pensando que los jets eran propiedad de Emerald Empire. Con posterioridad, los hombres fueron arrestados y transportados en limusinas suministradas por el gobierno de Estados Unidos.

Inmediatamente después del arresto en las Vegas de Víctor Alcalá Navarro, la “mano derecha” del director financiero del cartel de Juárez, José Álvarez Tostado, Estados Unidos instó a México a arrestar a Tostado por estar involucrado en el escándalo que salió a la luz el lunes.

La fiscal interina de Estados Unidos en Los Ángeles, Julie Shemitz, contó al New York Times que las autoridades estadounidenses nunca habían “compartido información con México durante la investigación por miedo a arriesgar la seguridad de sus agentes encubiertos.” Shemitz dijo: “No es que no creamos en los mexicanos. En realidad no hablamos con nadie. Este tipo de operaciones son tan peligrosas que podemos terminar arriesgando la vida de los agentes.”

Aquellos arrestados en primer lugar fueron detenidos hasta el martes 26,fecha en que fueron formalmente acusados. Se los acusó de lavar sumas de dinero proveniente del narcotráfico de entre USD 212.000 y USD 19 millones. La jueza Rosalyn Champan decidió que deberían permanecer en custodia porque tenían pocos lazos financieros y familiares en el Sur de California que pudieran reducir la posibilidad de fuga. Agregó que luego consideraría la posibilidad de la fianza.

Más de cien personas están incluidas en la acusación formal presentada aquel lunes con respecto al lavado de dinero en seis países. La Operación Casablanca apuntó a los empleados de doce de los diecinueve bancos mexicanos más grandes. El caso dará lugar a una cantidad de juicios que podrían continuar durante meses.

En la primera etapa, se incautaron USD 35 millones pero se espera poder incautar otros USD 122 millones de cuentas bancarias en Estados Unidos y en otros países. Las primeras ocho personas acusadas, todos ciudadanos mexicanos, están enfrentando cargos de lavado de dinero y conspiración, y de ser condenados, podrían ser sometidos a prisión perpetua.

Sólo uno de aquellos acusados negó los cargos de inmediato. El abogado de José Ángel Cazares pidió el retiro de los cargos contra su cliente, alegando que las autoridades carecían de prueba suficiente para arrestarlo. El Juez denegó su pedido “sin efecto de cosa juzgada”, es decir que puede ser planteado nuevamente más adelante.

A pesar de que habrían recibido comisiones jugosas para ayudar a esconder el origen del dinero proveniente del narcotráfico, las ocho personas comparecieron ante los tribunales federales de Los Ángeles y declararon bajo juramento que ellos no tenían los recursos económicos para pagar su propia defensa; por ello, se les asignó abogados de oficio.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito organizó un congreso auspiciado por la organización boliviana, las Naciones Unidas, y los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Citibank. (Este es el mismo banco que estaría siendo investigado por el lavado del dinero de Salinas de Gortari y el Cartel de Juárez, una investigación que raramente se menciona).

La Asociación Panameña de Bancos (Apabancos) se adelantó a los hechos y anunció que saldría limpia de cualquier asociación con el “escándalo” mexicano, aunque no había habido ningún indicio de que Panamá estuviera involucrada.

El gobierno de Estados Unidos anunció que la Operación Casablanca alcanzó a Venezuela con la acusación contra cinco empleados de cuatro bancos de ese país. Los cinco empleados fueron acusados del lavado de USD 9,5 millones a través del Banco del Caribe, del Banco Industrial de Venezuela, del International Finance Bank y del Banco Consolidado.

Tres de los cinco arrestados fueron identificados como Carmen Salima Irigoyen, Esperanza de Saad y Carlos Izurieta Valery. Los otros dos son Roberto Vivas y Marco Tulio Henríquez, que estaban en Venezuela, según el Departamento de Justicia. ¿No sería más barato simplemente investigar a los bancos que no lavaron dinero? En estos días estamos siendo testigos de un espectáculo internacional de cinismo institucionalizado.

Los agentes encubiertos de la Policía de Fronteras estadounidense pudieron infiltrar a narcotraficantes y a lavadores de dinero de México y Venezuela. Todo fue cuidadosamente filmado y todas las grabaciones evidenciaron que el dinero provenía del narcotráfico; sin embargo, los banqueros nunca expresaron ni la más mínima preocupación por este hecho prefiriendo limitarse a discutir acerca de sus comisiones.

Utilizando un subterfugio, una agencia gubernamental de Estados Unidos que trabajaba clandestinamente en otros países logró traer a los banqueros a Estados Unidos y apresarlos. Lo que importa es el poder. Sólo Estados Unidos puede hacer algo así, no porque sea mejor sino porque tiene mayor poder.

El Banco de Boston lavó USD 1.200 millones para el narcotraficante Angiulo, pero sus drogas provenían del exterior del país. Siguiendo este criterio, habría sido posible invitar al presidente del Banco de Boston a México y apresarlo allí. Sin embargo, nadie podía imaginar ese escenario ya que tal procedimiento pondría en funcionamiento mecanismos de represalia que sólo están disponibles para aquellos que están en el poder.

¿Cómo culminó la investigación del Citibank, Raúl Salinas y Confidas?

IBM - Banco Nación Argentina

En 1995, se descubrió que IBM había pagado USD 34 millones en coimas a varios funcionarios del Banco Nación en Argentina para vender un sistema informático al banco. El Ministro de Economía en aquel momento, Domingo Cavallo, aportó al juez argentino información que posibilitaba detectar los fondos en cuentas en bancos suizos y en Luxemburgo, donde los funcionarios corruptos habían escondido su dinero. Después de la investigación, varios ex empleados del banco y de la sucursal local de IBM fueron encarcelados. El problema se hizo notorio cuando se descubrió, durante la misma investigación, que había cuatro empleados de la sede central de IBM en Estados Unidos que tenían la misma responsabilidad: dos brasileños, Robeli Libero y Marcio Kaiser, un australiano, Peter Rowley, y el estadounidense Steve Lew. El juez argentino pidió su captura a Interpol.

La sede central de IBM vino a la defensa de sus ejecutivos corruptos. Es raro que el Departamento de Estado, que se queja de la corrupción tan a menudo, haya repetido el mismo discurso trillado de la empresa corrupta. Los estadounidenses tienen como deporte hablar de la corrupción en América Latina, pero se limitan a esperar que aparezca entre los altos ejecutivos de su país. Aún antes de que el juez pidiera una orden internacional de captura, el Departamento de Estado había manifestado su oposición a dicha medida.

IBM Argentina había alcanzado el primer puesto a nivel internacional en términos de confianza. Ahora, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, decidió sabotear la justicia en un país donde había hecho mucho dinero, recurriendo a estrategias contrarias a las leyes argentinas y estadounidenses. Asimismo, pretendió ignorar una orden judicial internacional con el apoyo de su propio gobierno.

En otras palabras, IBM actuó de igual manera que el Banco de Boston, sólo que en menor medida. El mensaje a los sudamericanos sería: Si quieren sobornar, no lo hagan entre ustedes mismos, dañando nuestros intereses; si quieren lavar dinero, no lo hagan en detrimento de nuestros propios bancos. Déjennos hacerlo a nosotros, porque tenemos una patente especial.

Desde 1977, Estados Unidos cuenta con una ley contra las Prácticas Corruptas Extranjeras. Un ejecutivo de una multinacional (estadounidense) que ofrece un soborno a un extranjero será juzgado en Estados Unidos.

El senador argentino Leopoldo Moreau afirmó: “La velocidad con la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reaccionó al pedido de los fiscales argentinos contrasta con la lentitud con la cual la organización actuó para aportar información al juez Bagnasco en lo referido a los sobornos depositados en cuentas bancarias estadounidenses.”

I COLOMBIA, LA CULTURA DE LA MUERTE

ANTIOQUIA

El origen de los antioqueños se remonta a la época de la Conquista, cuando los Reyes Católicos desalojaron a los moros de España y exigieron a los judíos que querían quedarse allí, que cambiaran su religión por el catolicismo. Muchos de ellos prefirieron abandonar el viejo mundo y llegaron a esta región, cambiando sus apellidos. Por eso se llamaron «judíos conversos». El antioqueño tiene características propias que lo diferencian del resto de los colombianos. Una de ellas es su gran habilidad para las ocupaciones relacionadas con el comercio, y la otra actividad a la que se dedican con marcada afición, es a la cría de caballos pura sangre.

Por su posición geográfica, Colombia es un punto de enlace entre los grandes mercados consumidores y las regiones productoras de estupefacientes. Esta posición de «privilegio» para el tráfico de drogas, sumado al entorno social de desocupación y pobreza, hicieron el blanco fácil al impacto del crimen organizado que apuntó hacia allí toda su artillería y sentó sus bases de poder.

En Envigado y Medellín el narcotráfico, buscando preservar su riqueza ilícita, dio origen al sicariato2. Su estructura, sustentada en el poder económico de la mafia, fue adquiriendo las proyecciones de un verdadero ejército, dispuesto a ejecutar homicidios y atentados terroristas de cualquier índole, a cambio de la paga de ingentes cantidades de dinero que presuponen un rápido enriquecimiento.

En Medellín existen escuelas donde educan niños para ingresar al negocio del crimen, a los 12 o 15 años ya están preparados para ser lanzados. A diferencia de casi todos los delincuentes, el sicario se preocupa en hacer saber a todos, cada una de sus «proezas». De acuerdo a su escala de valores, las armas y el terror son los instrumentos de poder que le permiten ganar el respeto y la admiración en su barrio. Cada chico quiere escalar posiciones dentro de la estructura jerárquica de la organización. Para alcanzar esta meta, se someten a pruebas absurdas de valor criminal, llegando a asesinar a sus mejores amigos o a sus novias, como muestra de sangre fría y lealtad hacia sus jefes. En los últimos tiempos se introdujeron ceremonias para el ingreso de nuevos reclutas a las bandas. Una de ellas, consiste en atrapar un gato negro, cortarle la cabeza y beber su sangre mezclada con vino tinto. Según sus creencias, por medio de este rito adquirían la agilidad felina en sus movimientos y también les permitía ver en la oscuridad.

Lo único que identifica al sicario es su «alias» porque cada vez que tiene una orden de captura, cambia su filiación por medio de documentación falsa. Tal es el caso de la “Quica”, un jefe de sicarios, que al ser capturado por el ejército permaneció seis días bajo interrogatorio sin conocerse su verdadera identidad. Un llamado telefónico anónimo, reveló que se trataba de Francis Muñoz Mosquera, quien tenía en su haber más de 50 asesinatos y se había fugado espectacularmente de la cárcel de Bellavista dos años antes. Pagando una considerable suma de dinero a la Registradura del Estado Civil, cambió su identidad.

Para caracterizar esta situación, la prensa acuñó expresiones como la generación del no futuro y la cultura de la muerte3. Estas terminologías se hicieron comunes en discusiones y foros organizados para estudiar el fenómeno de los sicarios. La primera de estas frases dio origen a la película Rodrigo D. No Futuro, dirigida por Víctor Gaviria, presentada con gran éxito en el Festival de Cine de Cannes. Los coprotagonistas eran chicos del barrio en que se filmó. Tres de ellos fueron asesinados durante el rodaje, a los demás los mataron antes de que se estrenara la película. El único sobreviviente fue el protagonista, que es un actor profesional.

«Uno se pone a pensar que más tarde le pueda ir mejor trabajando. ¡Qué va! Lo único que hay que hacer es coger cartel para que le llegue algún día un buen cruce, y uno pueda llenarse de plata y morirse tranquilo»4. Estas declaraciones sintetizan la pérdida absoluta del concepto de futuro que sufre la última generación de las zonas marginales. Su expectativa de vida no excede los 30 años, vividos día a día como si fuera el último.

La muerte es para ellos la liberación de la dura carga que significa el esperarla en cada cruce (tarea). Por eso en vez de llorar, los sepelios son verdaderos festejos donde se organizan cenas y se bebe en abundancia. Tampoco falta la música y el baile, del que hasta el mismo difunto participa. En horas de la madrugada, sus amigos lo sacan del féretro para tomarse fotografías bailando con él, las que los sobrevivientes guardarán como último testimonio de su existencia.

Los sicarios ocupan el nivel más bajo dentro de los niveles operativos del narcotráfico, muy pocos de ellos, en reconocimiento a su destreza, llegan a ser capos. En general son calificados como desechables en razón de que por cada uno que es eliminado, hay diez o doce chicos esperando una oportunidad de ingresar a sus filas. El cartel de Medellín contrató oficinas (grupos) encargadas de limpiar a los sicarios que ejecutan los asesinatos, para salvaguardar a los autores intelectuales de los atentados. Uno de los encargados de estas oficinas, declaraba: «A uno le piden que cuanto menos gente sepa del cruce, mejor. Los clientes se cuidan mucho. Y hasta tienen razón, porque es mucho lo que ponen en juego. Por eso hay que barrer con todos los traqueteos después de cada negocio. Hay que hacerlo por la seguridad de todos»5.

Los sicarios profesan una profunda devoción hacia la madre, compartida con la virgen María Auxiliadora, en quien glorifican las bondades de sus propias madres. La violación del sagrado mandamiento de no matar, no los hace caer en contradicción por pedir a la virgen protección y éxito en sus actividades criminales, según puede apreciarse en el siguiente testimonio:

«El que traquetié (mate) y no se encomiende a la Virgen, seguro que se lo lleva el putas (demonio). Yo le rezo casi todos los días, y más cuando estoy en grave billete (sin dinero). Le digo: virgencita linda sacame de esta olla tan verraca (pozo); traéme cruces buenos y déjame hacerlos bien, para darle billete (dinero) a mi cucha (madre). Que ella no tenga que matarse tanto para conseguir la comida. Si vos no disponés que me vaya (muera), me voy con gusto porque vos me vas estar esperando. Pero por lo que más querás, por chuchito (Jesucristo) lindo, no me dejés caer en la cana (cárcel); matame antes de la ley me caiga y me mande para allá». (Manuel F., «Caney», 22 años6.

En 1984 el ejército no tenía ninguna responsabilidad en las operaciones antinarcóticos; no había voluntad política para combatirlas. La introducción ilegal de narcóticos a los Estados Unidos, se incrementó y con el dinero obtenido se infiltraron todos los organismos del Estado. Esto se comprobó por ejemplo, cuando fue detenido «Chirusa», jefe de la organización de sicarios de Pablo Escobar. Este le preguntó al oficial que lo había apresado, si acaso no sabía que era él quien pagaba el mantenimiento de los vehículos de la Sección de Inteligencia de la Cuarta Brigada. Esto fue efectivamente comprobado, pero cuando recuperó su libertad, salió tan enojado con el ejército, que no volvió a aportar ni un solo peso para el mantenimiento de los carros.

Hubo dos épocas en que el estado colombiano declaró la guerra al narcotráfico. La primera fue en Bogotá, el 30 de abril de 1984, a raíz del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara. La segunda, como respuesta al asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, muerto en Soacha el 18/9/89. Ambos crímenes fueron ordenados por el Cartel de Medellín.

1989 fue la época más cruda de la lucha contra la droga. En Medellín el precio de dos kilos de pasta de coca era de USD 1.000.- Cumplido el proceso de refinamiento se reducía a un kilo de clorhidrato de cocaína cuyo valor era de USD 3.000. y vendido por gramo su precio alcanzaba los USD 35.000. El negocio en gran escala, eran embarques semanales de 1.000 o 2.000 kilos.

Por entonces, Pablo Escobar prometió pagar 2 millones de pesos por cada policía muerto en Medellín. Los sicarios aprovecharon la ocasión para vengarse de los uniformados, en los primeros tres meses de ese año, murieron 150 policías.

Este jugoso comercio ilícito, que hace posible que se enriquezcan de la noche a la mañana miles de personas, ha engendrado una nueva cultura donde el valor de las cosas no está dado por el trabajo, lo que provocó que una gran parte de la población se dedicara a ganarse la vida imponiendo la voluntad de sus capos a cualquier precio. Pablo Escobar, jefe del Cartel, es mirado con admiración por muchos de ellos porque les enseñó la manera de conseguir grandes fortunas con poco esfuerzo, llegando a convertirse en figura pública haciendo política en los barrios populares.

En 1990 en el barrio de Aranjuez fueron asesinados dos soldados voluntarios que cumplían tareas de inteligencia para capturar al “Pana” o “Panadero”, jefe de una banda de sicarios. En este barrio se alojaban más de 3.000 asesinos a sueldo del Cartel de Medellín. La «ley del silencio» respetada por todos los vecinos, era impenetrable para la fuerza militar. A partir de este hecho, se inició el procedimiento denominado «el raqueteo» que consistía en un registro minucioso, casa por casa, de todo un barrio previamente acordonado. Los sospechosos eran llevados a una escuela cercana, llamada «Simona Duque». Estos procedimientos eran realizados sin orden judicial, porque ningún juez se atrevía a firmarla. Como represalia, la directora de la escuela, Fabiola del Rocío Loaiza Alzate, fue asesinada por un sicario, por haberse negado a liderar la protesta para que el ejército se retirara de la escuela.

Concluida la ocupación de los barrios se solicitó a la Dirección de Instrucción Criminal un reporte oficial sobre la situación de 970 delincuentes puestos por el ejército a órdenes de jueces subalternos de esa dirección. Aunque no hubo respuesta por esta vía se averiguó por otros métodos, que de los 970 detenidos, sólo 86 permanecían en la cárcel, 68 habían muerto y el resto había sido puesto en libertad7.

El Dr. Julio Matis, inspector del Departamento de Seguridad y Control del Municipio de Envigado, buscó refugio en la Cuarta Brigada. Varios agentes que trabajaron con él, al enterarse que pensaba dejar el puesto, lo buscaron para «silenciarlo» porque estaban seguros de que él sabía muchas cosas. Al ser interrogado sobre «esas cosas» comenzó a dar detalles sobre el accionar de sus perseguidores:

«Los agentes salían por las noches a conseguir sospechosos. Bastaba que un vehículo tuviera placa de Cali, para que sus ocupantes fueran investigados. Los capturaban de inmediato, y sin aceptar ninguna explicación, eran sometidos a interrogatorio en sus oficinas. Quien fuera sospechoso de alguna relación con el cartel de Cali era encerrado.

Los calabozos del fondo estaban destinados a las próximas víctimas que harían desaparecer. Ataban al detenido, luego le ponían esparadrapo en la boca y en horas de la madrugada era llevado a alguna de las vías despobladas de las montañas que rodean a Envigado. Allí era asesinado a golpes de hacha.

Al día siguiente, regresaban al mismo lugar, con un inspector, levantaban el cadáver y, si era reclamado, lo entregaban a sus familiares informando que desconocían completamente quiénes eran los autores del crimen»8.

Días más tarde se presentó otra empleada del Departamento de Seguridad y Control, Marta quien había sido agente del mismo departamento. Le dieron 35 hachazos para asesinarla y se salvó milagrosamente gracias a su chaleco. Otro caso fue un informante del Departamento de Seguridad y Control, Eleázar López. Los agentes de ese departamento le hicieron varios disparos, fue alcanzado por cinco pero logró escapar con vida y fue recibido en la brigada con su esposa y sus hijos. El general Harold Bedoya, con oficialidad bajo su mando, trató de organizar algo parecido al programa de protección de testigos de la justicia federal de los Estados Unidos. Solicitó el traslado a Medellín de varios jueces de orden público para que iniciaran una investigación de todos los casos denunciados. Cuando la situación de orden público se agravó en la Brigada llegaron a tener alojados a 20 jueces de orden público, 40 secretarios y peritos enviados desde Bogotá y a más de 30 testigos.

Meses antes habían estado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, sacrificado en trágicas circunstancias, el ex alcalde William Jaramillo Gómez y, en la campaña electoral el liberal César Gaviria Trujillo9. Doce de los responsables de los crímenes fueron capturados y remitidos a la Penitenciaria Nacional de La Picota, Bogotá, pues ninguna de las cárceles de Medellín garantizaba su seguridad. Este programa improvisado de protección de testigos, fue un esfuerzo más en la búsqueda de la paz para Medellín. Ningún organismo de seguridad del Estado quiso responder por los gastos de los testigos. El general Bedoya en rueda de prensa difundió en forma amplia las graves acusaciones que pesaban contra los agentes.

En febrero de 1990 dio comienzo una nueva operación de «raqueteo» en Envigado para dar la ofensiva final. Si Medellín es la capital mundial del narcotráfico, Envigado es el cuartel general de los narcotraficantes. Ha sido elegido como centro de operaciones por las facilidades que tienen para actuar. El Alcalde es un agente incondicional de Pablo Escobar Gaviria y de la familia Ochoa, creador del «Departamento de Seguridad y Control», una policía civil al servicio de los capos.

El Concejo Municipal, que cumplía órdenes del narcotráfico, publicó un Acuerdo donde señalaba a los militares y a sus procedimientos, como violadores de los derechos humanos, obteniendo buen eco no sólo en la prensa, sino en cuanta comisión de derechos humanos existía a la redonda.

El dinero pagado por las mafias del narcotráfico en asesinatos y actos terroristas en Colombia, según datos oficiales, alcanzó unos 70 millones de dólares entre 1984 y 1990. Ante tal volumen de «grandes negocios» la población marginal de Medellín fue incorporándose a la industria de la muerte, única salida al desempleo que desató la mafia, después de sentir los primeros embates de la ley. La industrialización del proceso para convertir la hoja de coca en cocaína y las nuevas modalidades para su transporte, dejaron sin ingresos a centenares de personas que vivían de llevar la droga en pequeñas porciones hacia los centros mundiales de consumo. Poco a poco, los desocupados terminaron formando parte de la organización delictiva.

La fuerza de la mafia colombiana como organización se debe, en gran parte, al sello militar en el planeamiento y ejecución de sus acciones. Si bien nació como un poder alrededor de familias y grupos como los Escobar y los Ochoa, muchos oficiales retirados del ejército y la policía se han vinculado a los ejércitos de sicarios de los narcotraficantes, aportando los recursos necesarios para conformar una máquina militar perfecta. Convertidos en piezas claves del engranaje de esas organizaciones, garantizaban la seguridad de los capos en sus desplazamientos y operaciones.

En algunos casos, como el del general Villegas, esta colaboración no se daba espontáneamente, sino como desenlace de hechos ocurridos en su vida particular. Villegas comenzó a tener desavenencias en su matrimonio y se consiguió una «amiga» que había sido pagada por la mafia para convertirlo en informante, aprovechando los secretos que, por su relación a morosa, conocía de boca del mayor. Esta situación más su adicción al alcohol, adquirida en esos tiempos, le valió la baja en la institución. Al abandonar las filas del Ejército, ocupó el cargo de jefe de seguridad del cartel de Medellín, en especial, de Pablo Escobar Gaviria y posteriormente de Jorge Luis Ochoa. Una información recibida por el cartel lo señaló como doble agente y Gaviria ordenó un interrogatorio. Después, su cadáver fue encontrado en la carretera Las Palmas.

Otro caso fue el del oficial de inteligencia Lino Correa. Destacado deportista en equitación, había participado con éxito en varios concursos internacionales con su hijo, que heredó el gusto por los caballos. Al poco tiempo de su traslado a Medellín los clubes hípicos reconocieron las cualidades que tenía su hijo para montar. El club que lo patrocinó le consiguió su propio caballo y se hizo cargo de su sostenimiento. La realización de su hijo lo colmaba de felicidad y agradecía al espíritu deportivo de los antioqueños que la hicieron posible, la equitación era demasiado costosa para sus medios. El coronel Correa comenzó a inquietarse cuando notó que los patrocinadores de su hijo le hacían preguntas un tanto extrañas, pero decidió alejar esas preocupaciones atribuyéndolas a un sano interés por la milicia. Para los narcotraficantes cualquier respuesta, por vaga que fuera, les era valiosa y ellos sabían que no había un solo movimiento que planeara el Ejército que Correa no conociera.

No pasó mucho tiempo para que las respuestas a sus preguntas se hicieran imperiosas y el oficial de inteligencia se convirtió en informante de la mafia.

El fracaso de todas las operaciones para capturar a Pablo Escobar, por sorpresivas que fueran, llamó la atención del entonces comandante de la Brigada, Ruiz Barrera, quién ordenó grabar secretamente las llamadas telefónicas de algunos oficiales, ya que la única explicación a esos fracasos era que había un infidente que pasaba información a los narcotraficantes. Así se registró una comunicación de Correa pasando información confidencial a uno de los lugartenientes de Escobar. Entonces fue llevado a un Tribunal Disciplinario y retirado del servicio. Este oficial corrió mejor suerte que su compañero Villegas, dicen que aún no ha caído en desgracia y sigue trabajando en el cartel de Medellín.

En el transcurso de esta lucha, los militares han tenido oportunidad de conocer importantes secretos de los narcos. Algunos oficiales, como el mayor Pacheco y el capitán Uscátegui, los usaron en provecho propio. En agosto de 1990 se tuvo noticia del lugar donde Gonzalo Rodríguez Gacha, antes de morir, había enterrado una importante suma de dólares. Sin dar participación a nadie, fueron hasta allí, se apropiaron del tesoro y lo trasladaron a Bogotá. Al ser descubiertos, abandonaron el país con sus familias y hoy viven como millonarios.

Henry de Jesús Pérez, comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio, enemigo acérrimo de Pablo Escobar, estimaba que un 50% de los organismos de seguridad del Estado lo combatía y el otro 50% lo protegía, por lo que resultaba imposible dar con su paradero. Este sentimiento era compartido por un grupo de oficiales retirados que promovieron el «Movimiento Moral Militar 3M» declarando la guerra a oficiales y suboficiales que favorecieran a Pablo Escobar.

El 9 de abril de 1984, a la una y cinco de la tarde, se produjo el asesinato de Gaitán, líder del partido liberal quien, de no mediar su muerte, habría accedido al poder por un aplastante triunfo electoral. Su perfil político era social-demócrata y representaba para Colombia una opción populista comparable a la de Perón en Argentina. Esta comparación está basada en el nuevo cauce evolutivo propuesto por Gaitán, que implicaba el ascenso de corrientes populares y un cambio en los estamentos dirigentes de la república.

Con su muerte, la violencia cobró protagonismo en los cambios políticos y el escepticismo sobre la legitimidad de los medios democráticos para subir al poder, se instala en la izquierda y en los sectores populares urbanos y del campesinado. Cerrados los caminos legales, se abre paso al poder de las armas y se engendra un desprecio progresivo de la vía electoral.

El doble juego de coyunturas, una doméstica y otra internacional, da origen a la violencia guerrillera, empeñada en reemplazar el orden democrático por otro de inspiración marxista. Los grupos guerrilleros FARC, ELN, MPL, y el M-19 surgen como réplica a la opresión política y social ejercida por el Frente Nacional. El clientelismo es otro factor del deterioro de la situación colombiana, el modelo económico propuesto por la CEP AL restó dinamismo y apertura al sector privado favoreciendo el crecimiento del sector público. El desarrollo de monopolios estatales (servicios públicos, aduanas, comunicaciones, puertos) con fuerte injerencia de la clase política clientelista, es generador de burocracia y corrupción.

Este falso concepto de soberanía nacional que practica un desarrollo hacia adentro, ha determinado un crecimiento insuficiente, a la vez que ha impedido una real apertura en su economía. Se llega así a un Estado, que no logra garantizar el orden público, la seguridad y la administración de justicia, que interviene en áreas donde el sector privado se manejaría con más eficacia si tuviera el espacio y la libertad de hacerlo. La ausencia de alternativas renovadoras, el desgaste y clientelización de los partidos, la hegemonización en el manejo de la economía por parte del Estado, han sido factores determinantes de una grave crisis nacional que transformó la insurgencia en subversión y preparó el campo fértil para que la semilla del narcotráfico echara sus raíces.

CUENTOS CORTOS

Desde los comienzos de la década del 70 comenzaron a surgir diversos grupos que se dedicaban principalmente al tráfico de marihuana con destino a los Estados Unidos, lo que produjo la aparición de nuevos ricos, dándose lugar a incidentes como el de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salgado Vázquez (que terminaría asesorando narcotraficantes) a quien se le acercó un mafioso para comprarle su casa por 2 millones de dólares, cuando su valor no superaba los USD 500.000. A Salgado Vázquez le pidieron que hiciera la escritura por el menor valor para que el narcotraficante que la adquiría no tuviera problemas tributarios, pero una vez realizada la misma se negaron a pagarle la diferencia, lo que provocó que el escándalo saliera a la luz.

Otro personaje típico fue Julio Calderón, quien en sociedad con los hermanos Alfonso y Lucky Cotes, compró la empresa de aviación Aerocóndor. Esta sociedad llevó a la quiebra a la empresa, no sin antes utilizarla para el lavado de dólares y financiar la construcción de una sofisticada casa en Miami que se conoció con el nombre de “El Palacio Azul”. Calderón, también compró la mansión que poseía en La Florida el ex presidente Richard Nixon, en una negociación que se afirma fue al contado. Fue propietario, en Barranquilla, de una serie de lujosos hoteles. Sin embargo el despilfarro llevó a Calderón a la ruina, y hoy trabaja como lugarteniente en la costa atlántica del Clan Ochoa.

FIOCCONI Y LA CONEXIÓN FRANCESA

Para entonces, la especie de marihuana más codiciada en el mercado norteamericano era la “punto rojo”, que empezó a decaer por dos factores: la pérdida de calidad, y la aparición de un nuevo producto más cómodo de transportar y con un índice de utilidad superior: la cocaína. Un kilo de tan preciado alcaloide llegó a costar casi lo mismo que un buque cargado de marihuana. A ello se sumó un nuevo elemento, en California comenzó a proliferar un nuevo tipo de marihuana conocida como “la sin semilla “que se podía cultivar incluso en los balcones de un departamento.

El período de bonanza de la venta de marihuana generó para la economía “negra” de Colombia un importante ingreso de divisas, se calcula que en 1978 se introdujeron USD 1.600 millones de dólares en forma subterránea, que comparados con los USD 1.734 millones ingresados legalmente por servicios, dan una muestra del poder económico que fueron acumulando las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Cuando llegó un nuevo gobierno, el de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), se ordenó combatir a todos aquellos que se dedicaban a actividades inmorales o ilegales, especialmente a los narcotraficantes, pese a que el eslogan de su campaña política parecía protegerlos: “reduciré la inmoralidad a sus justas proporciones”10. Muchos creyeron que el país sería encaminado hacia un período de tranquilidad y legalidad, pero lo que ocurrió en realidad fue muy distinto.

Uno de los casos que sirvió de alerta a los colombianos sobre las proyecciones del narcotráfico, fue el protagonizado por un francés de nombre Laurent Charles Fiocconi, prófugo de la justicia de su país y la norteamericana. Este personaje era un importante eslabón de la organización europea dedicada al tráfico de heroína, conocida como “Conexión Francesa”. Fiocconi fue capturado en 1970 en Marsella cuando entregaba 100 kilos de heroína a su jefe, Marcel Boucan, siendo condenado por un juez francés a 15 años de prisión. A su vez, un tribunal de Nueva York, lo condenó -en ausencia- a 25 años de prisión, lo que no le impidió ingresar, cuatro años más tarde, clandestinamente a Colombia mediante un pasaporte falso.

A cambio de una pequeña suma de dinero, Fiocconise hizo adoptar como hijo por un humilde anciano de Bogotá, a quien luego asesinó, y en 1975 se casó con una colombiana de apellido Bedoya con quien tuvo cuatro hijos. La Cancillería Colombiana certificó en 1977 que “El Señor Laurent Fiocconi es nacional colombiano, puesto que es hijo de padre colombiano, nacido en tierra extranjera y domiciliado en la República de Colombia”11.

A estas alturas, este personaje contaba con tres pedidos de extradición en su contra y ocho sentencias condenatorias en países extranjeros por tráfico de estupefacientes, sin embargo, no fue detenido por ninguno de estos procesos. Debido a haber librado un cheque sin fondos, fue capturado por autoridades colombianas en agosto de 1977, encontrándose en su poder varios elementos para procesar cocaína.

Cuando se conocieron sus antecedentes, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la viabilidad de su extradición, pero luego de un dilatado proceso del que se encargó uno de los estudios de abogados más prestigiosos del país, entre ellos un ex ministro de la Corte Suprema- y mientras la Sala de Casación Penal de la Corte estaba considerando que había razones suficientes para entregarlo a la justicia extranjera, Fiocconi decidió financiar una operación de fuga en masa con guerrilleros del M-19 que, como él, se encontraban recluidos en la Penitenciaría de La Picota, en Bogotá.

Con una pequeña bomba lograron derrumbar una pared y huyeron con destino desconocido. Hasta la fecha nada se sabe del paradero de Fiocconi.

Por esas épocas, a mediados de los 70, Pablo Escobar Gaviria, era conocido como un simple “gatillero” de los grupos mafiosos colombianos, especialmente vinculado con los bajos fondos delincuenciales antioqueños, pero sus ambiciones por el poder, poco tardarían en ser demostradas.

La aparición de Pablo Escobar Gaviria en el mundo policial se registró en 1976, con 26 años de edad, en una indagatoria que le realizaron por estar vinculado al robo de autos. Allí declaró que tenía como profesión el comercio de automóviles y se dedicaba a la ganadería y agricultura en general. Dijo poseer un capital de USD 180.000 a USD 200.000 y que además vendía artículos de mármol como lápidas para cementerios12.

Sin embargo, el primer problema que tuvo Escobar con la justicia se remonta al 5 de septiembre de 1974, a raíz de una denuncia formulada por Guillermo García Salazar, a quien le habían robado un vehículo marca Renault 4 de modelo reciente. Cuando la policía localizó e interceptó el automóvil, encontraron a Pablo Escobar tras el volante, quien adujo que se lo había prestado un amigo de nombre Francisco Jiménez.

La Fuerza policial detuvo a Jiménez y a otro individuo, José Cadavid, de quien sospechaban había sido el autor material del robo. Meses más tarde, los tres hombres fueron sometidos a un careo y los testimonios comprometían a Escobar y señalaban que tenía montada una organización dedicada al robo de autos.

Sin embargo, el proceso se demoró en forma inexplicable y dos años después, cuando se prestaban a condenar a Escobar, tanto Francisco Jiménez, José Cadavid y el denunciante García Salazar, aparecieron muertos a balazos, lo que paralizó el proceso en forma definitiva (por haber desaparecido los testigos de cargo), logrando Escobar un sobreseimiento provisorio.

Pablo Escobar fue vinculado a un nuevo proceso penal en junio de 1976 en momentos de ser capturado en una zona cercana a Medellín junto a su primo Gustavo Gaviria Rivero, James Espinoza, Hernando Bolívar, su cuñado Mario Vallejo y Marco Hurtado Jaramillo. En su poder se encontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilogramos de cocaína de máxima pureza.

La historia de este operativo se inició dos meses antes, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) recibió informes que se estaba montando una organización de narcotraficantes en Medellín, conducidos por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Según dicho informe, los traficantes recibían cocaína de Ecuador introduciéndola en camiones que aparentaban transportar llantas para automóviles, para luego llevarla por vía aérea a los Estados Unidos.

Un oficial del ejército de nombre Monroy Arenas, decidió montar un operativo y envió a dos de sus agentes en un camión a hacer el mismo trayecto que el vehículo de los traficantes. El objetivo consistía en que se hicieran amigos de los choferes y recaudaran la mayor información posible. Ambos agentes fueron descubiertos y alegaron haber pasado al bando de la delincuencia habida cuenta que sus sueldos no eran suficientes como para mantener a sus familias. Ante ello, se realizó una reunión en una confitería de la ciudad colombiana de Itaquí en la que participaron los agentes policiales, los choferes del camión, Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria.

En ese momento, se presentó Monroy Arenas con más agentes de la DAS y capturaron a los narcotraficantes por violación de la ley de estupefacientes colombiana. Escobar y los demás fueron remitidos a la cárcel de Medellín, pero comenzó un calvario para la jueza encargada del proceso.

Los dos detectives que participaron del operativo, Gildardo Patiño y Luis Vasco, fueron asesinados a las pocas semanas. La jueza fue amenazada en varias oportunidades y se descubrió un plan para asesinarla. Oportunamente, también se encontraron evidencias de un plan que tendía a eliminar a Monroy Arenas.

El caso judicial planteó un problema de competencias ya que un juez fronterizo reclamaba entender en la causa. Cansada de las presiones, la jueza de Medellín le remitió el expediente al magistrado Franco Guido Jurado, quien resolvió otorgar la libertad a Escobar y a su primo, y devolver los vehículos incautados. Tres meses después, el juez Jurado renunció a su cargo y se instaló con su familia en Bonn, Alemania.

Al enterarse de estos hechos, el Juez del Tribunal Superior Nº11 de la Capital Antioqueña, Gustavo Zuluaga, dictó el auto de detención contra Escobar y Gustavo Gaviria, como autores intelectuales del homicidio de los agentes policiales, sin embargo al día siguiente, mientras su esposa se trasladaba en automóvil fue interceptada por dos personas armadas que la hicieron descender y arrojaron el vehículo por un abismo, no sin antes advertirle: “la próxima vez no la dejaremos bajar”13.

A pocos meses de esto, el juez fue promovido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por su tenacidad en la lucha contra la delincuencia. El mismo día de su nombramiento fue acribillado mientras se dirigía a su casa. La Corte Suprema de Colombia ordenó abrir una investigación que con el transcurso del tiempo no tuvo resultados positivos. Pablo Escobar era considerado todo un personaje en Medellín, sus campañas cívicas eran celebradas por gran parte de sus habitantes y contaba con la bendición de dos sacerdotes, Elías Cárdenas y Hernán Cuartas, quienes pronunciaban encendidas homilías en defensa de sus campañas.

Vecinos del narcotraficante en su barrio de adolescente, La Paz, donde vivió por muchos años y llegó a ser concejal, aseguran que Escobar llegó a acumular una importante fortuna compuesta por casas y terrenos. Se sostiene que fue propietario en los Estados Unidos de unos 200 departamentos distribuidos a lo largo de toda La Florida, una línea aérea y un hotel en Venezuela, otra aerolínea en Bogotá y varios hoteles en Medellín.

También fue propietario de una hacienda, conocida como “Hacienda Nápoles”, que cuenta con un zoológico y llegó a tener una nómina de 843 empleados.

Otro de los grupos que comenzaron a hacer dinero fácil con la venta de drogas en Colombia, lo componen los miembros del llamado Clan Ochoa. Este grupo comenzó a estructurar en forma rápida su negocio y organización con la conducción de don Fabio Ochoa Restrepo, al que se unieron en forma rápida sus seis hijos Juan, Fabio, Jorge Luis, Cristina, Ángela y Martha Nieves.

Don Fabio Ochoa, fue considerado como uno de los fundadores de la ciudad de Medellín, en donde a poco de establecerse se dedicó a la cría de ganado. Durante los años 30, su poder económico -por la venta de animales-, sumado a la gran cantidad de tierras que fue adquiriendo, lo convirtieron en uno de los más poderosos y prestigiosos hacendados terratenientes de Colombia.

Jorge Luis Ochoa, el más osado y arriesgado de los hermanos, asumió, con la anuencia de su padre, el liderazgo de la familia y dispuso la estrategia: empezar a colonizar los mercados de droga en Estados Unidos. Para ello, en agosto de 1978, envió a su hermano Fabio a estudiar a los Estados Unidos, quien tomó verdadera conciencia de una importante demanda que la sociedad americana tenía para consumir marihuana. Es así, que volvió a Medellín y propuso a su familia organizar un “negocio” para exportar marihuana, lo que fue inmediatamente aceptado, debido que el producido de la venta de ganado no era redituable por el decaimiento de los términos de intercambio de ese tipo de productos.

Durante los últimos años de la década del 70, la familia Ochoa comenzó a introducir marihuana en Estados Unidos y contrataron los servicios de asesoramiento de Luis “Kojak” García, un narcotraficante experimentado que conocía a la perfección las rutas. Con este asesoramiento, descubrieron que el verdadero negocio no radicaba en la venta de marihuana sino en introducir cocaína.

El problema fundamental consistía en que la hoja de coca no crece naturalmente en Colombia, sino que la debían comprar a diversos grupos en Bolivia y Perú.

Por ello, Jorge Luis propuso formar una suerte de Cosa Nostra Criolla, que supervisara desde las plantaciones de hoja de coca hasta la introducción del clorhidrato de cocaína en EE.UU. y Europa. Así, instalaron laboratorios, pistas de aterrizaje, centros de fraccionamiento y de distribución. En nuestros días, sólo en Medellín, hay un promedio de cinco asesinatos por día atribuibles a los Ochoa, quienes pagan por un simple asesinato unos USD 100 y por asesinar a un ministro USD 30.000. Obviamente, los asesinos provienen del llamado Gran Medellín, una de las zonas más pobres de la ciudad, cuyos habitantes por poco dinero están dispuestos a todo.

Uno de los hombres que trabajaba para la familia Ochoa era un taxista de la ciudad de Medellín de nombre José Ocampo, quien de la noche a la mañana comenzó a comprar propiedades costosas en la zona céntrica de la ciudad. Una de sus adquisiciones fue la discoteca Kevin’s, que se promocionaba como una de las mejores del país, llegando a contratar el día de su inauguración a cantantes de fama internacional como el español Raphael y el brasileño Roberto Carlos.

Ocampo llegó a ser propietario de una hacienda, restaurantes, un centro comercial y varios supermercados, como por ejemplo el de nombre Seppy, al que utilizaba como medio para lavar el dinero de las ventas de cocaína. Todo ello hizo que se lo conociera como un hombre de suma bondad que no escatimaba esfuerzos para dar trabajo a los más necesitados o tender una mano para la construcción de lugares de esparcimiento para niños.

Su fama llegó a tal punto que el párroco del pueblo de Necolí -cercano a Medellín-con desparpajo expresó a un periódico: “Nuestro pueblo nada sería sin don Ocampo. Las gentes han fijado la mirada en este hombre que como obra de Dios llegó para ayudar en torno a las obras de desarrollo”14.

Un pequeño infortunio debió sortear José Ocampo cuando su esposa fue capturada en los Estados Unidos con un cargamento de 35 kilogramos de cocaína, lo que le ameritó una fianza de un millón de dólares que pagó sin el menor problema.

Este personaje tenía otros socios de nombre Pablo, Rigoberto y Arturo Correa Arroyave. Respecto de ellos, Pablo fue asesinado por el propio Jorge Luis Ochoa por haber querido independizarse, mientras que los otros dos hermanos, Rigoberto y Arturo, fueron traicionados y en agosto de 1986 se los pudo arrestar en Pennsylvania, siendo condenados por la justicia estadounidense por la introducción de 7.5 toneladas de cocaína y el lavado de 25 millones de dólares. También se encontraba ligado al clan Ochoa un hombre llamado Alberto Uribe Sierra, cuyo hijo Álvaro primero se desempeñó como Director Nacional Aerocivil, y otorgó licencias de vuelo a varios narcotraficantes, alcanzando posteriormente una banca en el Senado de Colombia.

Don Uribe estuvo a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, pero los buenos oficios de su hijo y su amistad con Jesús Aristizábal, entonces Secretario de Gobierno de Medellín, permitieron no sólo impedir tal cosa, sino que lo pusieran en libertad. Al entierro de don Uribe asistió el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, mientras se desarrollaban protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína.

Otro narcotraficante ligado al poder colombiano fue Severo Escobar Ortega, un narcotraficante que se dedicó al transporte de cocaína desde Bogotá hasta Miami o Nueva York, en los Estados Unidos. Era un combativo dirigente conservador, apadrinado por la ex senadora Bertha Hernández de Ospina, quien en muy poco tiempo se convirtió en importante hombre de negocios, logrando alcanzar una banca en la Cámara de Diputados tras ofrecer un aporte de un millón de dólares a la lista oficial. Luego de su mandato asumió como secretario de Agricultura, y con fondos de dicho organismo mandó construir una lujosa piscina en el municipio de Medina. Tiempo después se pudo descubrir que en realidad en los vestuarios funcionaban laboratorios de refinamiento de cocaína.

Escobar Ortega también apoyó económicamente a los candidatos conservadores a la Presidencia de la República, incluido Belisario Betancur, a quien le correspondería años más tarde firmar su extradición. La organización de Escobar Ortega en Nueva York fue puesta en descubierto por revelaciones de la madre de uno de sus empleados a la DEA. De esta forma se trazó un plan a seguir y pudo ser capturado en Estados Unidos, sin embargo, un descuido de la policía lo dejó en libertad, al colocar un sello equivocado en su expediente.

En Cundinamarca operaba uno de los miembros del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, el más folclórico y despiadado de los narcos del interior, conocido como «El Mejicano». En ningún archivo oficial figuraban datos sobre él, carné de conducir, documentos o pasaporte, es decir que no existía para el estado colombiano. Sin embargo, él mismo se ha encargado de demostrar lo contrario y que su poder era importante.

Su imperio era controlado desde la firma Rodríguez G. & Compañía. Era propietario de una empresa agroindustrial, ocho departamentos, un centro recreacional en cercanías del aeropuerto de Guaymaral, desde el cual realizaba sus envíos de cocaína, una finca y varias casas en el interior de Colombia.

En 1985 compró las mejores tierras de una localidad llamada Pocho, p ero el párroco del pueblo organizó una protesta ciudadana contra Rodríguez Gacha, frente a una de sus lujosas discotecas. Para congraciarse con la comunidad ofreció arreglar la iglesia, a lo que se opuso abiertamente el sacerdote. Al poco tiempo el templo se desplomó y los habitantes expulsaron a pedradas al párroco del pueblo.

En 1986 celebró su cumpleaños con una gran fiesta y gracias a su amistad con el capitán Yesid Vera, los agentes de la Policía Nacional lo protegieron por cualquier eventualidad que pudiera tener él o sus invitados Pablo Escobar, dos de los hermanos Ochoa, Francisco Barbosa, Gilberto Molina, y otros importantes narcotraficantes.

En una entrevista concedida al periodista Germán Castro para un programa de televisión, Rodríguez Gacha reconoció públicamente sus actividades como narcotraficante, exhibió fotografías de sus propiedades y lanzó un violento discurso contra quienes se oponen al narcotráfico, a pesar de lo cual el Gobierno de Betancur no tomó medida alguna para evitar la salida al aire del programa.

Rodríguez Gacha también intentó crear su propia aerolínea, Aerolíneas Especiales de Colombia, pero no lo logró porque quien figuraba como solicitante, Luis Guarnizo, era propietario de dos avionetas que se habían estrellado en Estados Unidos con cocaína.

En la ciudad colombiana de Armenia -importante centro comercial de café y capital del Departamento de Quindio-, hizo su presentación otro narcotraficante llamado Carlos Lehder Rivas, quien realizó durante 1972 varios viajes a Estados Unidos con cargamentos de marihuana. La justicia norteamericana logró detenerlo en enero de 1974, pero debieron condenarlo en ausencia ya que escapó de la cárcel que lo alojaba.

A pesar de ello, Lehder compró una extensa propiedad en una isla en Las Bahamas, el Cayo Norman, ubicada a 60 kilómetros al sur de Nassau y a cuarenta minutos de vuelo de Miami. El pago de los 155.000 dólares que le costó la isla lo hizo en efectivo, y cuentan que el dinero no fue contado, sino que lo pesaron en una balanza debido a que los billetes eran de 1 y 5 dólares. Es más, aseguran que el vendedor se sorprendió cuando se decidió a contarlo porque sobraban casi 10.000 dólares.

Cayo Norman poseía un hotel y varios galpones, en donde Lehder montó la compañía Internacional Holandesa de Recursos Ltda., que funcionaba como fachada de su verdadera actividad: alquilar hangares y vender combustible a los colombianos que transportaban marihuana y cocaína a los Estados Unidos. Además alquilaba por 10.000 dólares cada avioneta, su flota estaba compuesta por 5 aeronaves, y por otros 5.000 ofrecía un piloto.

Lehder afirmó en varias oportunidades que pagó 800.000 dólares a Lynden Pindling, primer ministro de Las Bahamas, para no ser molestado. Sin embargo, Richard Novak, un profesor norteamericano que consiguió el afecto del narcotraficante y le permitió instalarse en la isla a estudiar los tiburones martillo, llevó un registro de todas las aeronaves que constantemente aterrizaban o despegaban, tomó fotografías de sus habituales visitantes y contabilizó en forma secreta todas sus actividades.

En septiembre de 1981 la Corte Distrital de Estados Unidos del Estado de La Florida le dictó el auto de acusación número 81-82-CR-J-M, en el que se formularon 12 cargos por comercialización y transporte de 3.800 kilos de cocaína desde Cayo Norman, entre enero y diciembre de 1980.

La DEA estadounidense tenía suficiente información de sus actividades, pero Lehder estaba al tanto de ello. Cuando en 1981 se organizó un operativo con la policía de Bahamas para atraparlo, el superintendente en jefe a cargo del arresto, Howard Smith, logró que se retrasara 15 días, tiempo suficiente para que el narcotraficante pudiera escapar de Cayo Norman y se instalara nuevamente en Armenia, Colombia.

Cuando llegó a Armenia, Lehder consiguió que uno de sus hombres de confianza le propusiera al nuevo gobernador del departamento, Jesús Niñio Diez, la compra de su avioneta en 700.00 dólares pagaderos al contado. El negocio no sólo se consumó sino que Lehder introdujo de contrabando otras tres avionetas, a las que colocó el mismo número de matrícula.

A su vez, el traficante tenía un primo llamado Eduardo Rivas que trabajaba en el Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo encargado de trazar las directrices en la lucha contra el narcotráfico, otorgar los certificados de carencia de antecedentes para la compra de aviones, la expedición de licencias de pilotaje y la construcción de aeropuertos. Con estas herramientas comenzó a reconstruir su imperio, que según datos de la DEA pudo introducir un promedio de 8.000 kilos de cocaína en forma anual a los Estados Unidos.

Lehder compró en Armenia varias fincas y haciendas, una de ellas era Pisamal, adquirida en cinco millones de dólares pagados en efectivo, que se encontraba en una hoya rodeada de montañas, lo que le brindaba un excelente sistema de seguridad.

También constituyó una sociedad, Cebú Quindino S.C.A., desde donde dirigía sus operaciones y mediante la cual compró un famoso hotel llamado La Posada Alemana, que fue la piedra fundamental para la construcción de un complejo turístico, que llevó adelante luego que el obispo diera sus bendiciones al lugar. Cuando huyó de una de las tantas redadas para capturarlo lo vendió en 900.000 dólares.

Para lavar su dinero creó una agencia importadora de vehículos desde Estados Unidos llamada Lehderautos. Mediante esta agencia introdujo en teoría cientos de Mercedes Benz y BMW, aunque sus tres Mercedes Benz blancos los trajo de contrabando, lo que le ocasionó una denuncia por este delito.

Lehder también incursionó en el mundo de la política y creó el Movimiento Latino Nacional, una organización proselitista con la cual buscaba canalizar el respaldo contra la extradición. Sus banderas además eran la socialización de las economías latinoamericanas, la creación del peso latino como moneda regional, la nacionalización de la banca latinoamericana, dar por cancelada la deuda externa y luchar contra el aparato policiaco opresor del Estado.

Para atraer su atención hacia la extradición, Lehder publicó decenas de páginas pagadas en los principales periódicos y revistas colombianos convocando a adherir a un Movimiento de Los Secuestrables en Defensa de la Guerrilla. Este grupo luego se convertiría en Los Extraditables, donde puso a total descubierto sus actividades de narcotraficante.

Según los hombres de la DEA encargados de investigarlo, Lehder había vuelto a Colombia a gastar sus dólares, convencido de que nunca sería juzgado. Cuando entendió que no sería esa su suerte, inició una lucha donde quedaron varias personas asesinadas por el camino.

Debido a los gastos que demanda la vida en la clandestinidad, Lehder decidió culminar sus días como “cocinero” -persona encargada de refinar el clorhidrato de cocaína- del Cartel de Medellín, a cambio de protección y de un mediano salario mensual. Sin embargo, en mayo de 1985 el coronel Jaime Ramírez Gómez estuvo a punto de atraparlo cuando se encontraba descansando en una pequeña finca ubicada en la zona de Airapúa. El operativo se frustró por un aviso que recibió antes, pero en su escape debió dejar abandonados 1,6 millones de dólares en efectivo, que luego reclamaría por medio de una carta pública.

Luego de varios intentos para capturarlo, tanto de las fuerzas de seguridad colombianas como de la DEA norteamericana, Lehder fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos. En estos momentos se encuentra alojado en la Penitenciaría Federal de Marion, Illinois, pagando una condena de cadena perpetua más ciento treinta y cinco años, a pesar de haber solicitado una rebaja por colaborar permanentemente con la justicia brindando datos o información. El mismo Lehder, fue llamado a prestar declaración en el juicio que se siguió contra el líder panameño Antonio Noriega en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.

LOS CARTELES Y LA GUERRILLA

El secuestro de Martha Ochoa, miembro del Clan Ochoa, en octubre de 1980, dividió la historia del narcotráfico en Colombia. Martha fue secuestrada por una célula del movimiento guerrillero M-19 que veía en los narcotraficantes una fuente de ingresos fáciles para financiar su lucha.

La mafia de narcos colombianos consideró esto un atentado contra todos sus miembros, amén de una falta de respeto total al poder que supieron conseguir, y resolvió responder con un argumento contundente y ejemplificador: la creación de un grupo armado identificado con el nombre de MAS, Muerte a Secuestradores. El montaje de este aparato de justicia privada requería la presencia de los grandes capos del narcotráfico, ya que la idea era tener su propio grupo de autodefensa, pero ante todo, lograr el rescate de Martha Ochoa sana y salva.

Por ello fueron citados a una reunión cumbre todos los jefes de las grandes y medianas organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína de Cali, Medellín, Leticia, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. El encuentro se cumplió en la estancia Las Margaritas, propiedad de los Ochoa, en las afueras de Medellín.

Según lo trascendido -por una investigación de la Procuraduría General de la Nación realizada en 1982- la reunión fue muy breve, pero se acordó que cada uno colocaría una millonaria suma en dólares, se conformaría una especie de ejército compuesto de 300 hombres fuertemente armados, se buscarían los contactos para identificar a los integrantes del M-19 comprometidos con el secuestro, se habilitaría un canal de comunicación permanente para el intercambiar de la información obtenida y delinear las operaciones a seguir, y se confeccionaría una lista con los funcionarios gubernamentales y agentes de policía confiables.

Un mozo que atendió y sirvió bebidas a los narcotraficantes durante dicha reunión, aseguró que en forma inmediata se construyeron lugares de refugio como el ubicado en la propiedad de Pablo Correa Arroyave, llamada La Ganadería Horizontes, que estaba provista de todos los mecanismos de seguridad personal necesarios, como sótanos camuflados con todas las comodidades para vivir allí sin salir al exterior por varias semanas, helipuerto, circuito cerrado de televisión, guardias personales, armas automáticas, equipos infrarrojos para ver durante la noche, granadas y otros explosivos.

Uno de los hombres encargados de conseguir apoyos para la misión fue Carlos Lehder, quien financió la publicación en diarios y revistas de consignas en donde se expresaba que nadie debería pagar un solo peso a la guerrilla para obtener la libertad de aquellos que fueran secuestrados y que debía entablarse una lucha a muerte contra quienes intentaran apoderarse de las riquezas de los hombres de negocios. Con este argumento buscaban la solidaridad de la clase dirigente empresarial del país, sometida en forma constante a los secuestros de la guerrilla.

Frente a las instalaciones de los diarios de Medellín fueron dejados miembros del M-19 atados con cadenas, inconscientes y con un letrero en el pecho que decía: “Soy del M-19. Soy un secuestrador”. Una decena de líderes encubiertos del M-19fueron secuestrados y asesinados en Antioquia, otros, sencillamente fueron delatados al Ejército, que en ese momento los buscaba para juzgarlos en Consejos de Guerra Verbales.

Después de múltiples “allanamientos” del MAS a casas de dirigentes de izquierda -que se iniciaban con un oficial del servicio de inteligencia del Ejército que exhibía una placa para conseguir entrar a las residencias- Martha Ochoa fue dejada en libertad por los guerrilleros.

Luego de ello, un importante hombre del M-19 logró contactarse con los narcos para buscar una solución integral a lo que parecía ser una guerra definitiva entre las dos facciones. Celebraron entonces un pacto de tregua y nunca más se volvieron a enfrentar.

Solucionado el problema, los narcos decidieron realizar una nueva reunión cumbre en la estancia Las Margaritas, con el objetivo de solidificar la unión alcanzada y delinear las bases para la constitución de un Cartel en el sentido técnico: una asociación de traficantes de cocaína que se organizaban para controlar mercados sin superponerse y fijar los precios de la droga.

En la reunión se asignó a cada narcotraficante un color que sirviera de distintivo ante algunas autoridades norteamericanas que “no ven” ciertos embarques de cocaína. El color azul, para el Clan Ochoa y el amarillo, para la organización de Escobar. También se distribuyeron los mercados de Nueva York para el Cartel de Cali, Florida para el Cartel de Medellín, California, especialmente Los Ángeles, para el que lograra consolidar la mayoría, que terminaría en poder de los Rodríguez Orejuela bajo el distintivo color rojo. Luego, vendría un complejo desarrollo de claves con la combinación del color y letras.

En teléfonos públicos de los centros comerciales de Miami, Nueva York y Los Ángeles, se recibían llamadas desde Bogotá o Medellín, en las que sencillamente una voz decía: “Rojo, FDR”. El distribuidor simplemente contestaba con una clave numérica y la entrega quedaba establecida. A los pocos minutos el teléfono público volvía a sonar con otra llamada desde Colombia para reconfirmar los datos, y ante un simple “O.K.” del distribuidor, el negocio quedaba definitivamente pactado.

Estas comunicaciones telefónicas, por la poca cantidad de tiempo que insumían eran imposibles de detectar. El Clan Ochoa fue el más listo en comprender la organización como factor de poder y entró en forma inmediata con la mafia ítalo-norteamericana. Esta alianza se pudo comprobar en el caso denominado “Pizza Connection” de Nueva York, una red de pizzerías controladas por la mafia de Estados Unidos para distribuir la cocaína de los Ochoa.

La organización de Ochoa comenzó a rendir al máximo en poco tiempo, al punto tal que el 9 de febrero de 1984, Jorge Ochoa sostuvo al periodista Max Merlmesteinque estaba en capacidad de enviar 2.000 kilos de cocaína con un 90% de pureza semanales a Estado Unidos.

Para ese momento, Pablo Escobar, tenía afianzado su sistema de distribución de cocaína a Estados Unidos. Se aseguraba que a dicho país podía ingresar un promedio mensual de 1.500 kilos del alcaloide y una cantidad similar era enviada a los mercados europeos, con puente en Caracas.

Si el precio del kilogramo de cocaína oscilaba entre los 25.000 y 50.000 dólares, la ganancia mensual de Escobar, deducidos los gastos y comisiones a intermediarios, era aproximadamente de 4 millones de dólares. Con semejantes ingresos, podía darse el lujo de comprar clubes deportivos, construir mansiones y hoteles, y realizar la ayuda social necesaria como para ganar la simpatía y el respeto popular que obviamente logró.

El First Interamerican Bank, controlado por Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa, fue destinado durante cuatro años a lavar los dólares del narcotráfico, incluso se utilizaron bancos oficiales colombianos como el Banco Cafetero. En abril de 1985 se puso al descubierto una importante operación de blanqueo de dinero de los Rodríguez Orejuela, que involucró al Continental National Bank of Miami, de donde se emitieron órdenes de giro por 40 millones de dólares a una cuenta que tenían en la filial panameña del Banco Cafetero, mediante una sociedad que operaba en Miami, la Irving Trust Co.

Quedaron desde entonces consolidados dos grandes Carteles: el de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, el Clan Ochoa y Rodríguez Gacha, que ejercían su control sobre toda la costa atlántica; y el de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela y Santacruz Londoño, con dominio en la parte sur del país.

Sin embargo, la prensa comenzó a revelar los nombres y denunciar muchas de sus operaciones, lo que produjo un aumento de las investigaciones y allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad. Pablo Escobar debió huir a Australia por unos meses, donde tenía una finca, y algo similar ocurrió con Jorge Luis Ochoa, quien viajó a España junto a Gilberto Rodríguez Orejuela, cuyos contactos se facilitaron por la gran cantidad de cocaína que vendía en dicho país.

Ambos hombres reunidos en España, decidieron conformar una sociedad para llevar una estrategia conveniente y altamente lucrativa basada en: “si en Colombia no quieren sus dólares, inviértanlos en la península, donde no sólo eran recibidos, sino agradecidos. Además hay un régimen socialista que no depende de los Estados Unidos”. Estos fueron algunos de los consejos que les expusieron para convencerlos.

Ochoa y Rodríguez comenzaron una verdadera fiesta de consumo, abrieron cuentas corrientes con importantes sumas de dinero en efectivo, e intentaron comprar cuanto hotel de categoría encontraban a su paso. Rodeados de mujeres, fiestas con cientos de invitados, autos de lujo y membresías en los mejores clubes sociales españoles, comenzaron a producir sospechas entre banqueros y otros hombres de negocios, que observaban cómo miles de dólares ingresaban semanalmente a sus cuentas.

Una agencia de la DEA acababa de abrirse en Madrid, ante el insistente rumor de la existencia de narcotraficantes colombianos que viajaban para establecer una verdadera red de distribución de cocaína y lavado de dinero. Jorge Luis Ochoa, quien usaba el nombre de Moisés Moreno Miranda y se escondía tras una cirugía plástica practicada por un médico griego residente en Brasil, fue denunciado por un celoso banquero madrileño ya que en su banco nunca habían abierto siquiera una caja de ahorros.

Cuando fueron capturados el 21 de noviembre de 1984, eran propietarios de una flota de diez automóviles Mercedes Benz y 6 BMW. Además se confiscaron los fondos que tenían en una cuenta por 1.700.000 dólares, y unos 6 millones de dólares que guardaban en efectivo en la casa donde fueron arrestados. Asimismo, era reciente la compra de una casa en las afueras de Madrid por un valor de un millón y medio de dólares, y contaban para sus operaciones con la asistencia de los más importantes y prestigiosos abogados madrileños, que les sirvió de poco, pues les encontraron en un maletín importantes documentos que describían con gran detalle millonarias transacciones de cocaína. A Rodríguez Orejuela, le decomisaron una libreta de contabilidad con operaciones de contrabando de más de 4.100 kilos de cocaína de Colombia a Estados Unidos, en un período no superior al año y medio.

Con lo secuestrado pudo saberse que para conformar su red de distribución de cocaína, contrataban a familias de bajos recursos residentes en La Florida y California, a quienes les entregaban la droga en cantidades nunca superior a los dos kilos. Cada familia recibía precisas instrucciones de cómo esconder el alcaloide en sus viviendas, desarrollar una vida normal que no atrajera la atención de los vecinos y, ante todo, que no derrocharan dinero en fiestas o reuniones sociales, especialmente cuando estuvieran en posesión de la droga. A los dos o tres días pasaba un camión, que aparentaba ser distribuidor de agua mineral, cuyo conductor recogía la cocaína, la confrontaba con una lista ya elaborada, y pagaba el servicio. Los narcotraficantes detenidos en España descubrieron que el único país del mundo donde podían vivir tranquilos era Colombia y decidieron elaborar un plan para permanecer allí sin problemas. En ese momento se selló la muerte de quienes en la Corte Suprema de Justicia de Colombia se oponían a declarar la inconstitucionalidad del tratado de extradición con los Estados Unidos, y de todos los que intentaran detenerlos. En definitiva habían decidido comprar el país.

Los acontecimientos se sucedieron tal lo esperado por los narcotraficantes, el Gobierno de Colombia solicitó la extradición de Jorge Luis Ochoa y de Rodríguez Orejuela, que tras la aceptación de España fueron trasladados hasta el país sudamericano con fuertes medidas de seguridad. Una jueza inexperta y joven, Cecilia Montoya, acusó a Ochoa de importación ilegal de toros y lo sentenció a dos años de prisión.

A los tres meses, luego de una apelación, la misma jueza le concedió la libertad bajo una fianza de USD 11.500, y el compromiso de que debería presentarse ante el tribunal dos veces por mes. Por los delitos de narcotráfico no fue juzgado y durante largos años lo siguieron buscando. Tras su actuación, la jueza desapareció y se piensa que vive en Europa. Según informes de la DAS, la jueza se reunió, antes de liberarlo, con Fabio Ochoa y Pablo Escobar, quienes le entregaron una suma cercana a los 5 millones de dólares.

Al ser extraditado, Rodríguez Orejuela fue acusado de homicidios reiterados y permaneció un año en una prisión de Cali. Todos lo llamaban Don Gilberto y el día del prisionero se ofreció una fiesta en su honor donde asistió el gobernador de Cali. El juicio por narcotráfico se hizo con un testigo, agente de la DEA que no hablaba español y una traductora que no hablaba casi inglés, por tanto su libertad fue casi inmediata. Recién en julio de 1987, quedó absuelto por todas las acusaciones.

EL PODER ECONÓMICO

Los hermanos Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela crearon un verdadero imperio económico y de relaciones públicas, que se inició con el Banco de los Trabajadores. Los Rodríguez entendieron que la posibilidad de manejar un banco no sólo les permitiría blanquear el dinero de la venta de la droga, sino que mediante la apertura de cuentas corrientes y el otorgamiento de préstamos, se abriría una inmejorable posibilidad de construir una estructura de relaciones públicas.

El Banco de los trabajadores fue creado en 1974 con un aporte de 500.000 dólares realizado por dos fundaciones, con el objetivo de fortalecer el sindicalismo en América Latina: la Interamerican Foundation y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre.

En el acta de constitución del banco, figuraban como accionistas sindicatos, fondos de empleados, cooperativas populares y líderes sindicales conocidos, pero con el correr de los años dejó de cumplir una función social y se convirtió en una fuente otorgadora de créditos incobrables en favor de los líderes sindicales. Gilberto Rodríguez Orejuela comenzó a buscar la forma de controlarlo, como mecanismo que complementara su círculo del lavado de sus dólares que debía sacar de los Estados Unidos hasta otro banco de su propiedad, el First Interamerican Bank de Panamá.

Como entidad bancaria, en virtud de sus estatutos, sólo podía tener como accionistas a cooperativas de trabajadores o sindicatos, por ello, el presidente de la institución, Tulio Cuevas, designó a Rodríguez Orejuela gerente de una institución dependiente del banco, la Cooperativa El Hogar.

Rodríguez fusionó dos droguerías para constituir una cooperativa, Coodrogas, y a través de esta firma comenzó una rápida compra de las acciones de la entidad financiera, logrando en menos de un año obtener un puesto en su directorio.

Como miembro de la Junta Directiva, el narcotraficante solicitó y obtuvo una convocatoria a una asamblea extraordinaria, donde acordaron modificar los estatutos para excluir la participación de los obreros.

Mediante esto, tomó el control del banco a través de la compra de acciones por parte de una serie de droguerías y laboratorios del Cartel de Cali: Laboratorios Kressfor, Drogas La Rebaja, Drogas La Séptima, Coodrogas, Drogas Unidas y Servicios Sociales Ltda. También existían importantes cantidades de acciones a su nombre, el de su hermano Miguel Ángel, su esposa Gladys, el hermano de su cuñado, el diputado nacional, Dagoberto Rivas, y otros familiares.

En síntesis, Rodríguez Orejuela logró controlar el 75% del total de las acciones del Banco de los Trabajadores y fue designado presidente de su junta directiva. Los trabajadores colombianos fueron despojados de su banco, sin ningún tipo de control por parte de la Superintendencia Bancaria, ejercida entonces por Francisco Ordóñez, que pasó a manos del narcotráfico como su propia “lavandería”.

Los hermanos Rodríguez obtuvieron también permiso para instalar una concesionaria para la venta de vehículos de la Chrysler Corporation de Estados Unidos en Colombia, con el nombre de Chrysler Discor. En ese momento la automotriz norteamericana tenía su propia filial en el país, Colmotores, gerenciada por el Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya Vélez, pero al tiempo que los hermanos Orejuela negociaban el contrato con los americanos, el techo de la concesionaria se desplomó.

Los dueños de Chrysler Discor Ltda. eran ambos hermanos Rodríguez Orejuela, pero pusieron a cargo a un hombre llamado Tomás de los Ríos, actualmente preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

En febrero de 1984, la empresa de autos ofertó una licitación de la Policía Nacional para el suministro de vehículos por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, pero la operación, a pesar de haber sido adjudicada a los Orejuela, se frustró porque el Banco Nacional de México le quitó el apoyo. Los archivos en lo referido a los narcotraficantes de la Policía Nacional debieron ser bastante deficientes, pues los hermanos Rodríguez Orejuela terminaron siendo proveedores de vehículos para la seguridad del organismo, y a su vez, también les vendieron lanchas rápidas de fibra de vidrio destinadas a interceptar embarques de droga ingresados por la vía marítima.

A partir de una pequeña cadena de emisoras, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundaron en 1979 el Grupo Radial Colombiano. El GRC estaba compuesto por 28 emisoras que operaban en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Paso, Cali y Palmira.

Ante las reiteradas denuncias de la prensa sobre la presencia de la mafia del narcotráfico en los medios de comunicación, en junio de 1884 cedieron sus acciones aun periodista llamado Oscar Jiménez y a otro testaferro de nombre Álvaro Gutiérrez Cerdas. Las acusaciones se fundaban principalmente en la ley 129, vigente desde 1976, según la cual ninguna persona con antecedentes penales puede ser propietario de una cadena de emisoras.

Desaparecidos los Rodríguez Orejuela de las escrituras de la sociedad, el ministro de Comunicaciones en 1987, el senador Edmundo López Gómez, firmó la resolución número 675, en virtud de la cual se reconoció como cadena al Grupo Radial Colombiano. El mismo López Gómez, pasó ese mismo año a desempeñarse como ministro de Justicia, y desde esa posición elaboró y presentó a la firma del presidente Virgilio Barco un decreto por el que se negaba la extradición a los Estados Unidos de los narcotraficantes Gilberto Rodríguez Orejuela y José Santacruz Londoño.

Edmundo López Gómez renunció de inmediato a su cargo, los intereses que se movían eran importantes y las presiones por haber redactado aquel proyecto fueron demasiado fuertes, ya que en su informe sostuvo que se hallaban vencidos los términos legales dentro de los cuales se podía conceder la extradición, y como era público, a ambos hombres los intentaban juzgar en Cali por los mismos delitos imputados en Estados Unidos, por tanto, se corría el riesgo de violar el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito - “Non bis in ídem”-. El presidente Virgilio Barco, como era previsible, firmó el decreto y ninguno fue extraditado.

El domicilio habitual de los Rodríguez Orejuela era la ciudad de Cali, donde crearon una sociedad denominada Servicios de Seguridad Ltda., que contaba con autorización del Ministerio de Defensa para el uso de 50 armas de fuego y una dotación de 100 hombres. Tal autorización fue concedida luego de presentar las declaraciones escritas de dos personas que garantizaron la buena conducta de los hermanos, dichas personas fueron los senadores Eduardo Mestre Sarmiento y Germán Hoyos.

Otras empresas de estos narcotraficantes eran dos complejos de edificios de lujosos departamentos en Cali, el Centro Comercial Los Fundadores, la empresa de recreación para menores El Mundo de los Niños; las empresas de computación Mocromatización y Cinco; las discotecas Los Dos Alegres Compadres y Club los Ahijados; y medio centenar de bares y restaurantes en Cali.

Sin embargo, otros narcotraficantes no se quedaron atrás. Pablo Escobar financió el semanario Medellín Cívico, que daba publicidad a todas sus acciones. Su último número, en enero de 1987, fue editado en papel esmaltado y con letras de 72 puntos se anunciaba: “Triunfó el Pueblo. Cayó la Extradición”. También contaba con su propio ejército privado autorizado por el Ministerio de Defensa, Seguridad Nitibara, con sede en Medellín, que tenía un permiso para 143 armas y 215 hombres.

El Clan Ochoa controlaba por medio de testaferros las empresas aéreas Austral y Pilotos Ejecutivos, la primera de ellas prestaba servicios con dos jets y un avión hospital que se trasladaba en forma permanente a cualquier parte del mundo. La segunda, Pilotos Ejecutivos, tuvo cancelada la licencia entre el 9 de agosto de 1984 y el 3 de julio de 1985, dado que se habían formulado cargos por transportar cocaína, a pesar de lo cual, el 28 de octubre de 1985, el ministro de Justicia Enrique Parejo González, certificó que no registraba antecedentes de narcotráfico y volvió a operar normalmente.

Austral poseía una moderna sede con hangar privado en el aeropuerto de El dorado de Bogotá, junto a otro registrado bajo el nombre de Rodríguez Gacha, quien también controlaba varias empresas de fumigación aérea, que en realidad eran medios de transporte de cocaína.

Otro hombre de los Ochoa era el ex diputado Hernando Suárez Burgos, un narcotraficante que regenteaba la fábrica de muebles Metálicas Modernas Ltda., el Hotel El Duque, las fábricas Confecciones Luber, La Cigarra, Santa Rita, y la empresa de electrodomésticos Electrodomésticos Modernos Ltda., que contaba con 70 sucursales en las principales ciudades colombianas.

Algunas de las formas en que operaba este ex diputado fueron descubiertos por la DEA, una de ellas se basaba en vender los aparatos del hogar con fallas para que la gente los entregara en reparación, eran enviados -con cocaína en su interior- aun centro de refacción ubicado en la frontera con Ecuador, y luego los devolvían a sus dueños en perfecto estado. El ex diputado nunca fue detenido.

Otro legislador que no contó con igual suerte fue el diputado Samuel Escrucería, detenido en Estados Unidos cuando realizaba un vi aje de placer y condenado en el Estado de Carolina del Norte, el 5 de noviembre de 1987, a sólo 240 años de prisión, gracias a los buenos servicios de su abogado que le consiguió una rebaja de 30 años, y una multa de 500.000 dólares.

Al congresista se le imputaron cargos por haber utilizado sus influenciase inmunidad para traficar más de cuatrocientos kilogramos de cocaína. Su hijo, Samuel Escrucería Manzzi, también está involucrado en la misma investigación, pero no pudo ser detenido ya que fue electo diputado por el distrito de Nariño.

SUSTANCIAS PRECURSORAS

Uno de los negocios que más creció en Colombia fue el de los laboratorios y las agencias importadoras de los productos necesarios para esa actividad, comúnmente conocidos como sustancias precursoras.

La Policía Nacional y la DEA efectuaron un relevamiento de las importaciones de éter, entre enero de 1978 y junio de 1981, que arrojó resultados sorprendentes.

Una inmensa cantidad de dicho producto era importado por empresas colombianas y un 80% se utilizaba para refinar cocaína. En el período mencionado ingresaron 3.713.630 kilogramos de éter, cantidad suficiente como para procesar 296.876 kilogramos de cocaína.

El mayor importador de éter a Colombia era en ese momento Luis Eduardo Orejarena Gómez, miembro de la Junta Directiva de la multinacional petrolera Shell de Colombia, que en el tiempo señalado importó 863.078 kilogramos. El estudio realizado señaló a las siguientes firmas como principales importadoras de éter para el narcotráfico: Abácidos Ltda, Laboratorios Algubert, Grupo Aldenhoven, Grupo Castro Bermejo, Jorge Cueter Lletally Ltda, Distribuidora Fénix Ltda., Dotaciones Universales, Furia Químicos, Productos Químicos Alfa Omega, y Representaciones Continental.

El negocio de los precursores creció amparado en la decisión tomada en 1982, del presidente Turbay Ayala, que declaró a estos insumos como libres de importación y exentos de impuestos. Pero a partir de 1983, los productos básicos para el refinamiento de cocaína pasaron a un régimen especial, según el cual se requiere una licencia especial otorgada por un organismo estatal, como paso previo a expedir el permiso de importación. Además, se exige al solicitante un certificado donde conste la inexistencia de antecedentes penales.

No obstante, un hombre vinculado al Clan Ochoa llamado Francisco Huérfano logró importar legalmente a fines de 1983, 300 tambores de éter de 140 kilogramos cada uno. También su esposa, importó 400 tambores de éter etílico, 400 cajas de ácido clorhídrico, y 100 cajas de ácido sulfúrico.

Fueron varias las personas que continuaron importando estos productos a pesar de contar con antecedentes, pero el grueso de los insumos químicos ingresaba de contrabando.

DEPORTE

Otra actividad que permitía lograr apoyo popular y lavar dinero es la dedicación de los narcotraficantes colombianos al deporte, y muy especialmente al fútbol, a pesar de que el organismo encargado de su vigilancia, Coldeportes, nunca ha tomado medidas.

El equipo de fútbol Atlético Nacional tenía como principal accionista al narcotraficante Hernán Botero Moreno, quien además era propietario de una cadena de hoteles. Su hermano Roberto fue condenado en los Estados Unidos por el lavado de 70 millones de dólares, y contra el propio Hernán, los norteamericanos libraron una orden de detención en 1981 por haber lavado 5 millones de dólares y ser propietario de un cargamento de 1.762 kilogramos de cocaína, incautado en Miami.

A pesar de haber interpuesto decenas de maniobras legales para evitar su extradición, fue entregado a las autoridades norteamericanas el 15 de noviembre de 1984. Por este motivo, la división mayor del fútbol colombiano suspendió los partidos de la fecha en señal de protesta. El Nacional fue adquirido luego por Ignacio Aguirre, quien cargaba con una solicitud de extradición, librada por un tribunal peruano, por tráfico de cocaína.

El Club Deportivo Los Millonarios, de Bogotá, era controlado por el ya difunto Edmer Tamayo, vinculado a un cargamento de 2.000 kilos de cocaína, capturado en septiembre de 1982 en La Florida. Tras su muerte en 1983, sus intereses fueron representados por los abogados Germán y Guillermo Gómez, quienes recibieron un pago de 15 millones de dólares por la venta del total de sus acciones en favor de Gonzalo Rodríguez Gacha.

En 1984 el arquero argentino Navarro, jugador comprado por el equipo colombiano, denunció públicamente que el fútbol se encontraba infiltrado por la mafia del narcotráfico. Como su pase estaba en manos de un socio de Rodríguez Gacha, lo pasaron a reserva y hasta el momento no ha podido volver a jugar.

El Club América de Cali es propiedad de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, sobre quienes pende una solicitud de extradición a los Estados Unidos por 15 cargos relacionados con el narcotráfico.

Uno de los casos más conocidos se identificó con el nombre de “La maleta de Fonseca”, apellido de un valijero de los hermanos Orejuela, encargado de entregar 25.000 dólares a cada jugador del equipo si ganaban la final de la Copa Libertadores de América. Por otra parte, en el edificio Los Conquistadores de Cali, los Rodríguez le regalaron un departamento al jugador Roberto Cabañas por un gol que les dio el campeonato.

Los narcotraficantes invirtieron sus dineros en varios otros deportes, como en el boxeo. El ex campeón mundial Kid Pambelé, luego de su retiro conformó una sociedad con los hermanos Orejuela para la venta de indumentaria deportiva: Pambelé Producciones. También se vincularon al ciclismo, por ejemplo Roberto Escobar -hermano de Pablo Escobar Gaviria- financió con su nombre en varias oportunidades la presencia del equipo nacional en la carrera mundialmente conocida como Tour de France.

Otro deporte donde incursionaron fue el automovilismo. El Autódromo Internacional de Tocanipá era propiedad de Gilberto Rodríguez Orejuela, aunque el financiamiento a corredores era soportado por todos los narcotraficantes. Se tienen informes de que los automovilistas transportan cocaína en el interior de sus autos, cuando competían en carreras donde se debían cruzar fronteras, aunque a pesar de los múltiples procedimientos realizados no han podido detenerlos.

EL ASALTO AL PALACIO DE JUSTICIA

El 14 de septiembre de 1979 culminó en Washington un extenso período de negociaciones diplomáticas iniciadas al arribo a la Presidencia de Turbay Ayala, y se suscribieron dos tratados bilaterales: la extradición de nacionales acusados de narcotráfico y delitos conexos, y el intercambio judicial de pruebas.

Ambos convenios se mantuvieron por casi un año sin elevarlos a consideración del Congreso, y cuando finalmente se aprobaron, lo hicieron en el más absoluto silencio. La ley que incorpora los tratados a la legislación colombiana lleva el número 27 y fue sancionada a mediados de 1980.

En este estado llegó a la Presidencia de la Nación, Belisario Betancur (1982-1986), que acababa de recibir en la última etapa de su campaña -personalmente, tal como se lo impusieron los narcotraficantes- una cantidad de dinero cercana a los dos millones y medio de dólares.

Bernardo Gaitán Mahecha, su primer ministro de Justicia, siempre evadió el tema de la extradición, salvo cuando se estaba a punto de retirar, ocasión en que expidió algunas órdenes de captura contra narcotraficantes pequeños.

En su reemplazo fue nombrado Rodrigo Lara Bonilla, quien a escasas dos s emanas de ocupar el cargo afrontó un debate político con los diputados Jairo Ramírez –principal hombre de Pablo Escobar- y Ernesto Quevedo, sobre la inaplicabilidad del tratado de extradición firmado con los Estados Unidos.

Al poco tiempo, el diario El Espectador reveló los antecedentes penales de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa y Jorge Van Griecken, este último estaba arrestado en un pueblo cercano a Medellín con una solicitud de extradición de Estados Unidos por tráfico de cocaína.

El presidente Betancur negó la extradición de Van Griecken, que al poco tiempo recobró su libertad ya que fue detenido sin orden de arresto. Ante ello, un ex asesor del Ministerio de Justicia, Jorge González Vidales, impugnó ante el Consejo de Estado la resolución que había negado la extradición. El día que el Consejo iba a tratar la impugnación presentada por el ex asesor, éste fue asesinado mientras se dirigía en su automóvil a su domicilio. El expediente con la investigación de su muerte, tiempo después se quemaría junto al Palacio de Justicia.

Rodrigo Lara Bonilla intentó explicar que su firma en el proyecto mediante el cual Betancur negó dicha extradición se debió a las múltiples amenazas recibidas y al propio pedido del Presidente de la República, sin embargo, el ministro entendió que con ello los narcos terminarían con la justicia colombiana, y asumió un compromiso: combatir al narcotráfico aunque fuera con su propia vida y luchar por el juzgamiento o la extradición de los narcotraficantes.

En los primeros días de 1984, llegó a su despacho, proveniente de la Presidencia de la República, un decreto en el cual se negaba la extradición a Estados Unidos de Carlos Lehder. Lara Bonilla anunció en rueda de prensa que nunca lo firmaría. Varios funcionarios, incluida la titular de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Lilian Suárez Melo, trataron de disuadirlo, pero Lara Bonilla amenazó con una renuncia pública.

En esos días apareció una grabación en la que el secretario privado del Procurador de la República, Willam Bedoya, ofrecía dinero a funcionarios del Ministerio de Justicia para que se lo entregaran al ministro. Los Diputados del Movimiento Latino Nacional, grupo político de Lehder, solicitaron interpelar al ministro, tras otorgarle 24 horas para preparar las pruebas de su defensa. Bonilla aceptó el reto sabiendo en gran medida lo que le esperaba.

Dos diputados de apellidos Lucena y Ortega, mostraron en el recinto legislativo un cheque por un millón de pesos colombianos -12.821 dólares- que había sido depositado a nombre de Lara Bonilla, por el narcotraficante Evaristo Porras Ardila, para solventar los gastos de su campaña senatorial. Sin embargo, el ministro comenzó su discurso diciendo “Mi vida es como un libro abierto “y realizó una descripción detallada de su estado patrimonial. A las inquisitivas preguntas que intentaban terminar con su carrera política de quince años de brillante actuación, pero sobre todo con su lucha contra los traficantes, respondió con una estrategia en la que lo habría de acompañar buena parte del país:

“Si ustedes exhiben un cheque que supuestamente me pagaron, ello debe corresponder a la compra de mi silencio. Para probarle al país que ello no es así, los denunciaré en forma oficial a todos y cada uno, y me convertiré en su principal enemigo”. También arremetió contra los varones de la droga diciendo: “¿Qué dicen ustedes de Pablo Escobar?¿Acaso creen que es verdad que ha logrado obtener una inmensa fortuna gracias a su fábrica de bicicletas y algunas inversiones o negocios realizados con suerte?”.

Al día siguiente, Lara convocó una conferencia de prensa y exhibió los prontuarios de Pablo Escobar, Carlos Lehder, los hermanos Rodríguez Orejuela, Jorge Luis Ochoa y otros doscientos treinta y dos narcotraficantes, entre quienes se encontraban los legisladores que habían solicitado su interpelación.

El ministro se transformó en un personaje incómodo para los varones de la droga, ya que en los seis meses siguientes ordenó paralizar 250 aeronaves de los traficantes, firmó la extradición de 45 de ellos a Estados Unidos y reveló las vinculaciones de éstos con el deporte, la política y los negocios.

Sin embargo, el 30 de abril de 1984, un grupo de personas que cumplían órdenes de Pablo Escobar, lograron interceptar con una motocicleta al automóvil en que se desplazaba Lara Bonilla y lograron terminar con su vida. Bonilla llegó al final de sus días con tres balas en la cabeza, dos en su pecho, una en la nuca y otra en uno de sus brazos. Los narcotraficantes se habían quitado un hombre tenaz y molesto de encima, el turno estaba reservado ahora para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Colombia.

El Juez de Primera Instancia en lo Criminal de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, llamó a Pablo Escobar a responder en el juicio como autor intelectual del asesinato, junto a otras 12 personas como autores materiales, y ordenó abrir una investigación contra la Familia Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, mencionados en el proceso como coautores. Sin embargo, tres meses después el juez Castro Gil fue asesinado a bordo de un taxi que había tomado para ir a su casa. La autoría de Pablo Escobar, fue brillantemente sostenida por el Procurador Segundo Delegado en lo Penal, Álvaro Dorado, quien debió abandonar el país luego de fundar su acusación. Tras cuatro meses de proceso Escobar fue sobreseído por falta de méritos, la única persona que resultó condenada fue quien realizó los disparos contra el ministro, un pistolero llamado Byron Velásquez.

Los narcos centraron su atención en la Corte Suprema de Justicia. Para ello propusieron la toma del Palacio a un grupo guerrillero conocido como Frente Ricardo Franco, que no aceptó debido a que se encontraban en formación y el operativo demandaba una organización inalcanzable en ese momento para ellos. Quienes sí aceptaron el reto fueron los líderes del M-19, a cambio de 5 millones de dólares y las armas.

En noviembre de 1985 se encontraba visitando Colombia el líder francés François Miterrandy por temor a un atentado guerrillero, el Presidente ordenó reforzar las custodias en los edificios del gobierno. A pesar de ello, el 6 de noviembre, Betancur aplazó en forma sorpresiva un viaje largamente programado a Europa, acompañando al Jefe del Gobierno de Francia, y levantó las medidas de seguridad adoptadas. Ese día, un grupo de hombres del M-19 ingresó por asalto al Palacio de Justica, donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Los guerrilleros ingresaron al Palacio con un objetivo claro, tomar el cuarto piso donde se encontraban las oficinas de los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal de la Corte, ambas encargadas de conocer lo atinente a las extradiciones.

El grupo del M-19, que estaba al mando de Andrés Amarales, decidió en forma inmediata enjuiciar a los magistrados por traición a la patria. Querían además, que el gobierno avalara tal postura, lo que resultó inaceptable para el presidente Betancur, quien envió a un escuadrón antiterrorista de elite a tomar el edificio. El fatídico 6 de noviembre, los jueces Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero y Alfonso Roselli, inclinados por la tesis de validez constitucional del tratado de extradición, fueron los primeros en ser asesinados. Murieron más de 100 personas, incluidos 12 de los 25 miembros de la Corte Suprema, pero muchos de aquellos que salvaron sus vidas encontraron la muerte al poco tiempo.

Dos semanas más tarde de la hecatombe judicial se realizó la primera sesión para la jura de los nuevos magistrados. En la reunión varios de los nuevos integrantes del cuerpo reconocieron haber recibido amenazas para definirse en contra de la extradición.

Otro magistrado de la Sala Penal de la Corte, Luis Aldana, murió el 17 de octubre de 1986. El mismo había participado en Washington de la redacción del tratado bilateral y obviamente su posición favorable era inmutable. El ministro Aldana recibió en su casa un féretro con una dedicatoria personal. Con la salud quebrada, sufrió un ataque cardíaco y fue trasladado a la ciudad norteamericana de Houston para una intervención quirúrgica. Cuando salió del quirófano, misteriosamente fueron cortados los tubos que le suministraban el oxígeno y murió de inmediato.

El 13 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el tratado de extradición por un vicio de forma (los narcos eran muy persuasivos y habían expuesto varias razones jurídicas): había sido sancionado, luego de la ratificación del Congreso, por Germán Hernandez, ministro encargado de la Presidencia mientras el presidente Turbay Ay ala se encontraba de viaje. Este tipo de acuerdos debían haber sido firmados por el presidente y no por otro funcionario, tal el criterio del Tribunal, a pesar de las varias extradiciones ya concedidas por el nuevo ministro de Justicia, Enrique Parejo.

Parejo firmó quince extradiciones, incluida la de Carlos Lehder, obstaculizó aeronaves de la mafia y dictó varias órdenes de detención. Al poco tiempo abandonó el ministerio y fue designado embajador de Colombia en Hungría. El 13 de enero de 1987, un latino se le acercó en su residencia en Budapest, y le hizo varios disparos al cuerpo sin poder asesinarlo. Interpol pudo detectar a los autores materiales del atentado, se trataba de hombres de nacionalidad argentina con residencia en Italia que colaboraban al servicio de la mafia siciliana. El problema “jurídico” radicaba en que Hungría había abandonado la investigación y se negaba a solicitar la extradición a Italia de los argentinos Carlos Alberto Chiachiareli, Carlos Gómez y Susana Lazati.

Sin embargo la batalla contra la extradición persistía. Además de continuar la lucha contra las medidas que tomaban los funcionarios del presidente Barco, se presentaba una oportunidad fantástica para dar solución al problema. La Cámara de Diputados avanzaba un debate sobre la reforma constitucional, que debía luego ser aprobada por el pueblo mediante un referéndum. El olfato político de Pablo Escobar no dejó pasar por alto este acontecimiento y se propuso obligar al gobierno a incluir el tema de la extradición dentro de la consulta popular. Convencido de que la ciudadanía votaría en contra de la extradición, comenzó, junto a los hermanos Rodríguez Orejuela, a intimidar o sobornar legisladores.

Así llegó el 5 de diciembre de 1989, cuando el plenario de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional con el tema de la extradición y un indulto incluido. Esa sesión se vio plagada de insultos y acusaciones mutuas entre distintos congresistas, pero a la postre el presidente Barco (1986-1990), promulgó la norma amparándose en la autonomía e independencia del Poder Legislativo.

El resultado fue el llamado a elecciones, que finalmente se realizaron en 1991, bajo la presidencia de César Gaviria (1990-1994). Del acto eleccionario resultaron electos 70 personas, cuya misión fue reformar de la Constitución Política de Colombia. A ellos se los conoció con el nombre de “notables” por su prestigio personal o profesional, que amén de haber dado forma a una nueva carta fundacional política y jurídica, incluyeron un artículo que expresamente prohíbe la extradición:

“Artículo 30: Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia”.

Con ello, el problema de la extradición quedó sepultado para siempre.

EL DERRUMBE DEL CARTEL

Un nuevo acto de violencia, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, producido el 18 de agosto de 1989, produjo un hecho inusitado: el fastidio de la sociedad colombiana por la sangre derramada y el surgimiento de una demanda hacia el gobierno basada en una franca erradicación de los narcotraficantes en aras de la paz social.

Luis Carlos Galán era un político apasionado que consiguió un espacio en la vida colombiana denunciando actos de corrupción existentes entre funcionarios de gobierno. Era una especie de fiscal popular que mostraba una posibilidad de gobierno con manos limpias. Por ello comenzó a trabajar en búsqueda de la Presidencia de la República.

El homicidio fue planeado por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, quienes contrataron a un grupo comando que logró burlar a los 85 agentes secretos y a un escuadrón de policías que lo custodiaban. El atentado fue perpetrado por un conjunto de hombres divididos en seis grupos. El primero se ubicó debajo del palco donde hablaría el político; el segundo, conformaba la retaguardia y debía responder con fuego en cuanto los hombres de seguridad reaccionaran; el tercero, se encargaba de velar por la fuga; el cuarto, era el responsable de camuflarse entre los asistentes al acto político y dispararían al aire para crear la confusión necesaria para la huida; el quinto, asesinaría a cualquiera que fuese detenido; y el sexto, transportaría a aquellos que lograran escapar con vida hacia lugares ocultos.

El asesinato de quien era el virtual presidente de Colombia, tal como lo señalaban todas las encuestas, fue una demostración de poder hacia la administración Barco, habida cuenta de que los narcotraficantes no lograban negociar con el gobierno una ley de amnistía o reducción de penas en caso de entregarse.

Tres meses antes del crimen, los narcos habían intentado acabar con el director de la DAS, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien era considerado un hombre “duro”, decidido a terminar con las organizaciones criminales, y altamente influyente para evitar cualquier negociación que perdonara o no castigara fuertemente a algún traficante de drogas.

El 5 de mayo de 1989, el general Maza Márquez, consiguió escapar por segundos a un atentado mientras se dirigía a su trabajo. A su paso por una calle céntrica explotó un coche-bomba cargado de 80 kilos de explosivos. Cinco personas murieron y varios edificios se derrumbaron, pero el oficial salvó su vida ya que el encargado de detonar la carga a control remoto la accionó un instante después de que su automóvil blindado pasara junto a los explosivos.

Maza Márquez había venido señalando la inserción de las bandas de traficantes en las esferas del Estado. También había denunciado que los narcos habían contratado a mercenarios israelíes para recibir entrenamiento militar y colaborar en matanzas de campesinos simpatizantes de grupos guerrilleros de izquierda y militantes de la Unión Patriótica, en una guerra declarada por Rodríguez Gacha a las FARC.

El presidente Virgilio Barco había sido advertido de los crímenes ordenados por Pablo Escobar, no sólo mediante informes producidos por los servicios de inteligencia del Estado, sino a través de su hermano, quien residía en España y le entregó una serie de documentos -producidos por los servicios de inteligencia españoles-donde se describían las actividades del Cartel de Medellín y la ofensiva que estaban preparando.

A las 20:40 hs, del 18 de agosto de 1989, el presidente Barco fue informado del asesinato del candidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán. En forma inmediata llamó a reunión de gabinete y posteriormente decidió dirigirse a la población para anunciar lo ocurrido, declarar el estado de sitio y proponer un paquete de medidas que se orientaban a reactivar la extradición de narcotraficantes, por medio de decretos presidenciales, e implantar un régimen para decomisar o incautar sus bienes. Las fuerzas de seguridad lograron arrestar a cinco sospechosos de participar en el asesinato, que casi cuatro años después, cuando se demostró su inocencia, fueron puestos en libertad.

La conmoción nacional que produjo el asesinato de Galán fue más allá de cualquier presupuesto. Durante el velatorio y el sepelio lo acompañó una multitud, que a gritos reclamaba una sola cosa: justicia. La opinión pública expidió una suerte de cheque en blanco al gobierno para que de una vez por todas enfrentara a los narcos.

Dentro de este panorama se desarrolló la campaña presidencial, cuyos aspirantes con alguna chance de ganar eran César Gaviria Trujillo, heredero político de Galán, ministro de Hacienda y Gobierno durante la administración de Virgilio Barco; Rodrigo Lloreda, candidato por el partido social conservador; Álvaro Gómez Hurtado, un dirigente político del ala conservadora; y Carlos Pizarro Leongómez, el último comandante del M-19 y artífice de la transformación del grupo armado en un movimiento político.

César Gaviria, a los 43 años se encontró en el c amino a la Presidencia en forma casi inesperada. Este joven político del interior de Colombia decidió acompañar a Galán en las elecciones primarias de su partido, pero a dos días del asesinato, el 20 de agosto de 1989, el hijo mayor del difunto lo proclamó como candidato oficial. Juan Manuel Galán, frente a la tumba de su padre expresó: “Doctor Gaviria, tome usted las banderas de mi padre...”. Luego de algunos meses Gaviria obtuvo con casi el 50% de los votos la nominación oficial partidaria para la Presidencia.

Pablo Escobar era contrario a que un heredero de Galán llegara a tan alto cargo, por ello ordenó una serie de atentados en todo el territorio colombiano con el fin de perturbar el clima político y boicotear el acto eleccionario. El candidato Carlos Pizarro abordó, la mañana del 26 de abril de 1990, un avión de la compañía Avianca hacia Barranquilla para cumplir con sus compromisos políticos. A los pocos minutos del despegue, a pesar de la escolta numerosa que lo acompañaba, un hombre se acercó a su asiento y logró acertarle nueve disparos en la cabeza, tres en el cuello y tres en la mano izquierda.

Se presume que los narcotraficantes lo escogieron como blanco por su antigua militancia en el grupo guerrillero M-19, quien consiguió pactar la paz con el gobierno sin haber incluido en sus negociaciones a Los Extraditables.

El 26 de mayo de 1990 la democracia colombiana sobrevivió a una prueba de fuego, en una elección caracterizada con un 58% de abstención estimulada por el temor a que se produjeran actos de terrorismo en los lugares de votación, el doctor César Gaviria Trujillo fue electo Presidente de la República por 2.800.000 votos, cuando los habilitados para sufragar eran casi 14.000.000 de personas. Así llegó el 7 de agosto, y ante la presencia de más de un centenar de Jefes o Representantes de Estado, Gaviria asumió el mando. El acto se realizó al aire libre, separado del auditorio por un vidrio blindado, con helicópteros artillados sobrevolando el lugar, y hombres de custodia fuertemente armados. El nuevo presidente expresó: “El narcotráfico es hoy la principal amenaza contra nuestra democracia. Le haremos frente sin concesiones. No de otra manera se pueden erradicar de la vida colombiana el magnicidio, los centenares de muertos con carrobombas, los niños caídos en el Día de la Madre, los soldados y las gentes humildes víctimas de toda clase de atentados, los agentes asesinados en los pisos destruidos del edificio del DAS, los policías acribillados en las calles de Medellín...”.

El presidente Gaviria produjo un cambio rotundo en la política de lucha contra las organizaciones de las drogas, su idea principal era implantar un sistema de sometimiento a la justicia.

Por ello, el 5 de septiembre anunció la entrada en vigencia del decreto número 2047 que ofrecía la no extradición, una rebaja sustancial de penas y trato digno para los narcotraficantes que se entregaran en forma voluntaria, siempre que confesaran los delitos cometidos, entregaran sus bienes y aportaran información sobre sus socios en la organización.

Con ello, Gaviria copiaba las modalidades penales y judiciales imperantes en Estados Unidos e Italia, con el fin de desmontar la amenaza de la extradición que tanto enfurecía a los narcos, rescatar el rol de la justicia colombiana, y finalizar con la guerra interna que se había desatado.

Sin embargo las medidas adoptadas no produjeron resultado alguno en lo inmediato, y César Gaviria comenzó a trabajar en la redacción de un nuevo decreto para rebajar aún más las penas. El 17 de diciembre se anunció el decreto número 3030, mediante el cual se establecía que la política oficial se basaba en lograr que los delincuentes arrepentidos que desearan reintegrarse a la vida social lo podrían hacer luego de cumplir una pena mínima. Con este instrumento legal, la confesión se llevaba a un solo delito y la extradición se aplicaría únicamente en caso de fuga o de falsa confesión.

Tampoco este decreto produjo resultados ya que la posibilidad de extradición se mantenía. El gobierno anunció uno nuevo, registrado bajo el número 303, de fecha 25 de enero de 1991, por el cual se ampliaban todavía más las ofertas a los líderes de los carteles. En éste se establecía que no se concedería la extradición de quienes se sometieran a la justicia colombiana. Este instrumento posibilitó el comienzo de las negociaciones entre el gobierno y los narcotraficantes.

Una finca ubicada en Envigado, llamada La Catedral, cuyo propietario era un testaferro de Pablo Escobar, Antonio Bustamente, pasó el 10 de mayo de 1991 a manos del municipio. Junto al Ministerio de Justicia se celebró un acuerdo para la construcción de un centro de rehabilitación penal, y se creó una comisión especial para su administración, compuesta por el procurador de Antioquia, el alcalde de Envigado y el director de la cárcel. En el acuerdo también quedó establecido que el ejército y la policía sólo tendrían acceso al penal en caso de producirse un motín y el director podría cambiar las guardias cuando lo considerara pertinente.

De esta forma, el gobierno quedaba sin mayor injerencia sobre la dirección de la prisión y se neutralizaba el acceso de la policía al lugar. Así, Pablo Escobar preparó su entrega sin dejar cabos sueltos, ya que además, cualquier movimiento extraño le sería avisado en forma inmediata por las miles de personas que en Envigado le debían algún favor, habían trabajado para él o se habían beneficiado de la bonanza económica que el narcotráfico había llevado al municipio. La prisión se situaba en una pequeña planicie a 2.600 metros de altura, en un enclave de varias montañas de difícil acceso, con una vista panorámica que permitía una gran visión sobre la zona.

La tarde del 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entregó a la justicia. Un helicóptero lo recogió de su finca El Quijote y fue trasladado a lo que se parecía a una casa de fin de semana en lugar de una prisión. La misma contaba con varios salones y seis cuartos con baño privado.

Escobar se fijó tres prioridades, una era velar por su seguridad debido a que sus enemigos sabían dónde encontrarlo, la segunda, consistía en orientar el proceso jurídico en su defensa ya que confesaría sólo un delito menor, y la tercera, era mantener el control de su organización y del tráfico de cocaína tal como lo había venido haciendo por años. Para cumplir su última prioridad en realidad estableció un impuesto al transporte de droga, por entender que todos le debían la eliminación de la extradición y la paz alcanzada, por ello, quien quisiera transportar cocaína dentro de sus rutas debían pagarle un porcentaje de las ganancias.

Con el paso del tiempo, Escobar retomó y encauzó sus actividades ilícitas desde dentro del penal e incluso desde fuera. En varias oportunidades se lo pudo ver en fiestas o eventos deportivos. Sus salidas no eran inconveniente, los guardias que lo custodiaban día y noche ganaban 400 dólares al mes y un soldado 150 dólares, cifras que él muy fácilmente podía multiplicar. Así contaba con un pelotón móvil que lo acompañaba y velaba por su seguridad.

El 23 de enero de 1992 funcionarios de la Procuraduría General resolvieron realizar una visita y constataron que Escobar y sus hombres contaban con lujos como televisores, equipos de audio, alfombras, esculturas, libros, tinas de baño, pero lo más grave, era que tenían armas, equipos de comunicaciones, telescopios y droga en pequeñas cantidades. Lo insólito se presentó cuando los funcionarios debieron solicitar autorización a los presos para poder ingresar al penal.

Con el informe elaborado por los hombres de la Procuraduría y otros confeccionados por la DEA, en los que se describían las salidas de Escobar y los negocios que continuaba manejando, el presidente Gaviria decidió retomar el control de la penitenciaría y trasladar a Escobar. Tras analizar las posibles razones jurídicas que podría alegar Escobar si lo trasladaban, se convenció de que no tendría problemas por no existir ninguna cláusula que obligara al gobierno a mantenerlo en esa prisión. Sin embargo, debía evitar que el desalojo lo hiciera el ejército o la policía como un acto unilateral, sino que debía mostrar una clara señal de que la decisión era tomada sin presiones por parte de quien detentaba el poder político en Colombia. Para ello, designó al vice ministro de Justicia a cargo de la operación.

Las fuerzas de seguridad comenzaron a desplazarse hacia la ubicación de la cárcel, pero Escobar y su gente observaron lo que acontecía a la espera de una resolución. Además, los narcotraficantes eran permanentemente informados, desde los puestos de guardia, acerca de la cantidad exacta de guardias que marchaban para la toma de La Catedral.

A Escobar le preocupaba una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que el 21 de junio de 1992, había sostenido que las autoridades americanas podían detener a delincuentes en cualquier nación del mundo, siempre y cuando tuvieran cuentas pendientes con la justicia de su país. Este fallo justificó el secuestro de Alvarez Machaín, retenido en México y llevado a la fuerza a Estados Unidos, para ser juzgado por su participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. El traficante colombiano sabía perfectamente que en los tribunales de La Florida se mantenían abiertas varias causas en su contra, y lo que parecía ser una práctica del gobierno norteamericano, llevar ante sus estrados judiciales a personas sin antes preguntarles su opinión, podría convertirse en realidad para él.

Estados Unidos también había capturado en Tegucigalpa, en abril de 1988, al narcotraficante José Matta, quien fue trasladado por la DEA a Santo Domingo y de allí, mediante un vuelo comercial, fue alojado en una prisión de Illinois donde purga una pena de cadena perpetua. Asimismo, a fin de 1989 se produjo la invasión a Panamá con el justificativo de apresar al general Manuel Noriega, otro de los antiguos aliados de Escobar. Por otra parte, por su mente pasaba la idea de que si la DEA lo secuestraba y lo trasladaba a Estados Unidos, el presidente Bush capitalizaría la acción dentro de su campaña electoral contra el demócrata Bill Clinton.

Tampoco podía olvidar el sentimiento que los agentes de policía y hombres del ejército tenían hacia él, cuando por décadas se dedicó a aniquilarlos. Por tanto, el temor a ser asesinado durante la ocupación estaba latente.

Pablo Escobar tomó una determinación, el 22 de julio de 1992, apenas pasadas las dos de la mañana, se marchó con la convicción de que su fuga pondría en apuros al gobierno de Gaviria, y su nuevo paso a la clandestinidad le daría mayores garantías de seguridad personal, amén, de verse en la obligación de desatar una nueva escalada de violencia ya que su poder había sido desoído.

En su nueva vida reorganizó su estructura militar y sembró el terror en las principales ciudades colombianas, sin embargo un grupo de hombres que debieron pagarle el impuesto al transporte de droga, cansados de los manejos que hacía de la organización, optaron por pagarle con la misma moneda. Conformaron una banda llamada “Los Pepes”, Perseguidos por Pablo Escobar, e iniciaron una matanza contra sus hombres, quemaron sus propiedades y asaltaron sus cargamentos de estupefacientes. El grupo ansiaba además capturarlo, debido a la recompensa de 500 millones de pesos que el gobierno ofrecía por su enemigo.

Llegó el 1° de diciembre de 1993, día en que un grupo comando de la DAS disparó contra el sobrino de Escobar en una calle de Medellín. El narcotraficante se enteró y llamó a su esposa e hijos por teléfono.

La comunicación se demoró y pudo ser rastreada mediante un sistema de triangulación radiogonométrica, que permite determinar el origen y destino de una llamada. Se estableció un perímetro de 800 metros cuadrados donde se presumía que el narco se hallaba, pero a las pocas horas Escobar volvió a llamar y el equipo precisó en forma exacta el lugar en donde habitaba.

El operativo comenzó a diagramarse, se rodeó la casa donde habitaba Escobar, se lo observó con binoculares y se montó una guardia especial. A las tres de la tarde del 2 de diciembre de 1993, el narcotraficante más buscado del mundo, caía sin vida tras recibir tres disparos de uno de los oficiales que seguía sus pasos.

VIOLENCIA Y JUSTICIA

Para el análisis de la violencia en Colombia es necesario tomar como punto de referencia las circunstancias, los requerimientos sociales y la respuesta, ineficiente por cierto, que el Estado ha puesto de manifiesto para dirimir diferencias entre las dos franjas sociales.

Cuando un Estado deja de ser el intermediario entre el interés privado y el interés colectivo y sus decisiones apuntan a beneficiar a núcleos selectos de la población, refleja en la comunidad un cambio sustancial que trastorna las r elaciones entre uno y otro componente social.

De hecho, si un Estado no da respuestas satisfactorias a l anhelo mayoritario, pierde la legitimidad necesaria para ser respetado y obedecido por sus gobernados. La vasta franja que queda huérfana de la atención oficial pierde la credibilidad por las instituciones políticas y buscará otros caminos para ejercer, por sus propios medios, las funciones que originalmente deben cumplir esas instituciones.

Estos hechos propician el protagonismo de fuerzas emergentes, basado en las fortunas incalculables que poseen, pero desprovistas de moral y de cultura. Una gran mayoría, agobiada por sus propias necesidades, es seducida por el espejismo del dinero. Comienza así el ascenso de las clases emergentes en los ámbitos políticos, social y económico; el auge de la justicia privada; el monopolio de la economía y la apertura definitiva para que otras manifestaciones personalistas diluyan finamente la verdadera noción del Estado.

Anomalías e irregularidades que en principio despertaban una actitud de rechazo, van sufriendo una gradual metamorfosis en el esquema mental de la población, que va desde la actitud permisiva, luego cómplice y finalmente incursa.

El haber negociado los principios morales en busca de prebendas económicas y bienestar material, hizo perder potestad al Estado para castigar, y excluyó de su órbita punitiva a quienes acreditaban capacidad económica.

La noción de que el delito político y el delito común deben diferenciarse claramente el uno del otro se ha ido desvirtuando, llegando a identificarlos en los mismos patrones de comportamiento. Mientras por un lado emerge una delincuencia organizada con aspiraciones de elevar su status y obtener del Estado un tratamiento político, por otro se observa una insurgencia que luego de cancelar su propio proyecto ideológico, termina convirtiendo los delitos comunes en un modus vivendi.

No debe adjudicarse la totalidad de este fenómeno al desajuste provocado por la capacidad económica del narcotráfico o a su devastadora intimidación. El fenómeno coincide con la pérdida progresiva de valores estructurales, paralelo a la incursión de fuerzas interesadas en acceder al poder medio de cualquier vía, desvirtuando así la jerarquía del sistema democrático. Las secuelas de este flagelo terminan agregándose a las derivadas de la actividad guerrillera y a los vacíos del poder político entre otros.

UN PRESIDENTE EN APUROS

En agosto de 1995 el gobierno colombiano presidido por Ernesto Samper comenzó a transitar el momento más crítico de su gestión en el plano político. A pesar de la captura del segundo hombre del Cartel de Cali -líder de la organización tras la muerte de Pablo Escobar- Miguel Rodríguez Orejuela, no ha podido disipar momentáneamente el agudo problema que está afrontando por haber sido asociado al escándalo de presuntas infiltraciones de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de 1994, hechos que fueran denunciados por Santiago Medina, el ex tesorero de la campaña, quien afirmó la existencia de una relación entre el Cartel de Cali, el candidato y sus colaboradores más cercanos.

Las detenciones son especialmente notables porque ocurren en un momento en que los narcos colombianos se encuentran en el pináculo de su poder, expandiendo enérgicamente el tráfico de cocaína en Europa y la antigua Unión Soviética y forjando lazos con grupos delictivos de la mafia italiana.

Respecto de Miguel Rodríguez Orejuela, el segundo hombre en importancia del cartel de drogas de Cali, se caracterizó por ser el miembro más cauteloso y aristocrático de la organización sobre el que pesaban siete pedidos de captura por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Nacido el 15 de agosto de 1943 en la ciudad de Cali y apodado “El Señor”, inició sus actividades ilícitas a finales de la década de 1960 con su hermano Gilberto, quien hoy también pasa sus días tras las rejas de una prisión.

Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado el 6 de agosto de 1995, en la Ciudad de Cali -capital del departamento del Valle, a 250 kilómetros al sudoeste de Bogotá- cuando se encontraba en un edificio ubicado en inmediaciones del cerro de las Tres Cruces. Tras su captura, el multimillonario criminal fue alojado en una celda aislada en la prisión de la Picota, que alguna vez albergó a Pablo Escobar, un castigo que comparte junto a sus libros, una radio, un televisor de 14 pulgadas para satisfacer su pasión por el futbol, baños termales, gimnasio personal y cancha de fútbol.

Pero los operativos de captura de los líderes del Cartel habían comenzado un tiempo atrás. El 9 de junio de 1995 cayó Gilberto Rodríguez Orejuela, máximo jefe del Cartel, alias “el Ajedrecista”, quien había asumido la dirección de la organización criminal cuando fue capturado por una unidad de elite de la policía en la ciudad de Cali. El 19 de junio se logró apresar a Henry Loiza Ceballos, alias “el Alacrán” quien en realidad decidió someterse voluntariamente a la Justicia Colombiana, y el 24 de junio también se entregó Víctor Julio Patiño, alias “el Papi” que ocupaba el quinto lugar en importancia dentro de la cúpula de la organización. Asimismo, el 4 de julio, mientras cenaba en un restaurante, fue capturado por la policía de Bogotá José Santacruz Londoño, el tercer narcotraficante en importancia dentro del Cartel, y el 8 de julio se sometió a la justicia colombiana, presentándose ante el jefe de la policía secreta, Ramiro Bejarano, el traficante Phanor Arizabaleta, otro de los más importantes hombres dentro de la esfera de poder del grupo delictivo.

Tras estas capturas, se inició el ocaso del mayor imperio del tráfico de drogas que en su momento de esplendor llegó a controlar el 80% del tráfico mundial de cocaína y contar con más de 3000 empleados. En estos días, al finalizar 1995, el único líder del Cartel que continúa prófugo y en la clandestinidad es Elmer Herrera Buitrago, que se desempañaba como jefe de seguridad del grupo de traficantes, sobre quien el gobierno ofrece un millón de dólares de recompensa a quienes suministren información acerca de su paradero.

Sin embargo, las detenciones realizadas no fueron suficientes para detener la ola de acusaciones que se han dirigido contra el presidente Samper que se encuentra en medio de un escándalo por presuntas contribuciones del narcotráfico a su campaña proselitista por un monto que ascendería a los seis millones de dólares. Con la detención del ex ministro de Defensa de Colombia, Fernando Botero, mano derecha del presidente y quien tuviera a su cargo las finanzas de la campaña de 1994, la crisis política se agravó hasta poner en jaque al propio mandatario, ya que Botero confesó la existencia de infiltraciones de los jefes de la droga con los círculos del poder.

Pero el asunto no quedó allí, con el arresto de Santiago Medina, un comerciante que se desempeñó como tesorero en la campaña proselitista junto a Botero, se logró comprobar que al menos los hombres de Samper recibieron un cheque por 50.000 dólares proveniente de los narcotraficantes como aporte a la campaña, una pequeña suma que se ha podido comprobar hasta el momento, si se considera que en su declaración confesó que seis millones de dólares del Cartel de Cali ingresaron en la financiación de la campaña presidencial autorizados por Samper.

Los hechos llevan a los colombianos a descreer de su gobierno y sobre todo de la defensa asumida por el presidente Samper, basada en que estos aportes se recibieron sin su conocimiento. El 77% de los colombianos, según las encuestas que realizan los principales medios de prensa del país, cree que el narcotráfico financió las pasadas campañas presidenciales, situación por demás comprometedora para Samper si se agregan las declaraciones realizadas por el narcotraficante Nelson Urrego al diario El Tiempo, quien sin miramientos confirmó haber contribuido con 100.000 dólares a la campaña del actual presidente.

En parte, la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela y el resto de la plana mayor del Cartel, coadyuvaron a la defensa asumida por el Jefe de Estado, a lo que hay que sumar el anunció de estado de conmoción interna, y otras medidas tendientes a iniciar una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, proteger a los menores inocentes, descongestionar la administración de la justicia, promover la participación ciudadana en la lucha contra la violencia, penar con prisión de hasta 60 años a quienes participen en organizaciones criminales, y modificar la Constitución Política para establecer la cadena perpetua para los autores de delitos atroces como masacres y secuestros. En definitiva, la Comisión de Acusaciones del Congreso -única instancia que puede procesar al presidente- junto a la Fiscalía de Colombia tenían a cargo la investigación, y en ellos ha depositado el pueblo colombiano la credibilidad en su gobierno.

El 1° de febrero de 1996, el periódico El Tiempo informó que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de cuatro congresistas vinculados a los carteles de la droga. Se trata del diputado Rodrigo Garavito, detenido el 18 de octubre de 1995 y luego excarcelado a pesar de los cargos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado que tenía en su contra.

Otro de los enlistados por la Corte fue el senador Alberto Santofino Botero, acusado de tener nexos con el Cartel de Cali ya que figuraba en los registros de contabilidad incautados a Miguel Rodríguez Orejuela. Además, Santofino fue señalado por Guillermo Pallomari, el ex contador del Cartel de Cali, como uno de los 21 congresistas favorecidos con dinero de la organización. También fue detenida la senadora María Izquierdo, que deberá responder por dos cheques que aparecen en los libros de contabilidad de Rodríguez Orejuela. El último arresto se produjo el 14 de febrero del 9 6 contra el senador Gustavo Espinosa, acusado de enriquecimiento ilícito derivado de supuestos nexos con el Cartel de Cali.

Pero a pesar de las detenciones y los anuncios realizados por el presidente Samper de combatir el narcotráfico, el 1° de marzo de 1996, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, resolvió descertificar a Colombia como uno de los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Dicha acción no parece, en realidad, estar dirigida hacia el pueblo colombiano sino hacia su presidente, quien se encuentra con el paso del tiempo más comprometido con las acusaciones de haber mantenido contactos con el Cartel de Cali con el objetivo de obtener fondos para llegar a la presidencia de la República.

Si bien Samper respondió a la Administración Clinton con una frase cargada de tinta política, “La única certificación que necesito es la que el pueblo colombiano me ha dado cuando me eligió como su presidente”, la medida adoptada por los norteamericanos significa colocar a Colombia en una lista junto a Nigeria, Siria, Birmania y Afganistán. Una posición más que incómoda ya que si bien no significa la suspensión de la ayuda económica para combatir el narcotráfico, quedan suspendidos los préstamos o créditos que el gobierno sudamericano solicite para mejorar su economía y afecta las inversiones que pudieran realizar las corporaciones o empresas norteamericanas. Asimismo, debe agregarse una carga adicional sobre las espaldas del presidente Samper, en el mismo acto en que su país fue descertificado, México recibió la certificación como país que coopera y realiza avances en la lucha contra los traficantes. Todo ello en tiempos en que el 70% de la droga que ingresa a los Estados Unidos lo hace precisamente por la frontera mexico-americana.

Pero ante tanto escándalo, Colombia recibió un premio consuelo. El lunes 6 de mayo del 96, el gobierno de Samper proclamó como un éxito la decisión del Consejo Económico y Social de la ONU de incluir al país como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano que tiene como propósito la promoción y vigilancia de las disposiciones que los países miembros de las Naciones Unidos han suscrito para el control de las drogas.

Sin embargo, el presidente Ernesto Samper recibió de sus congresistas el premio mayor. Los diputados colombianos debatieron largamente las alternativas del juicio político del primer mandatario, y el resultado fue el fiel reflejo de un pronóstico anunciado: Samper fue absuelto el 12 de junio de 1996, de los cinco cargos que pesaban sobre sus espaldas.

II

NARCOTRÁFICO EN LOS ANDES

Un documento de las Naciones Unidas observa:

“La historia de la humanidad también ha sido la historia del uso indebido de drogas. Desde tiempos inmemoriales, se han usado hierbas, raíces, cortezas, plantas y hojas para aliviar el dolor y combatir enfermedades.

El consumo de drogas en sí mismo no está mal, pero desafortunadamente hay drogas que desde el principio tienen efectos colaterales placenteros. Lo que parece haber comenzado como una actividad recreativa se convirtió a la larga en una actividad ilícita y de uso adictivo.”15

La adicción a las drogas probablemente se ha convertido en el mayor flagelo del mundo moderno. A pesar de los esfuerzos, el control sobre el narcotráfico sigue siendo, en el mejor de los casos, dudoso. El impacto del dinero proveniente de la droga desestabiliza a los gobiernos, distorsiona las economías y pone a grandes sectores de la sociedad en peligro. Los estupefacientes no sólo son responsables de la degradación y delincuencia de una parte de la juventud en los países desarrollados sino que también representan un negocio multimillonario fundado en la violencia y la corrupción.

Estados Unidos ha recurrido a presionar a los gobiernos para que hagan uso de la fuerza militar contra los narcotraficantes y productores. No obstante, el mero uso de la fuerza no ha tenido el éxito anticipado por sus partidarios. Al contrario, las inmensas fortunas acumuladas por los traficantes les han posibilitado fortalecer sus ejércitos a fin de defender sus intereses. Estas fortunas, asimismo, les han servido para sobornar a multitudes de jueces así como a policías, militares y otros altos funcionarios de gobierno. Como consecuencia, la propagación de la corrupción institucionalizada ha afectado a las bases mismas del sistema político actual.

El impacto social del tráfico ilegal de narcóticos genera inseguridad en todos los niveles – personal, institucional, y en lo que respecta a la propiedad – y se evidencia como un elemento de grave deterioro moral en todos los aspectos de la sociedad. El impacto económico es aún más insidioso en el sentido de que no puede ser fácilmente medido, aunque el narcotráfico finge traer alivio a algunos países andinos. El flujo de ingresos derivados de la coca, de la marihuana y más recientemente de las plantas de amapolas es, en el mejor de los casos, poco previsible, lo que impide cualquier planificación estructurada de las economías nacionales. Desde luego, todos los indicadores económicos se ven afectados por el dinero proveniente de la droga (narco dólares), en especial los índices de inflación, las reservas de divisas extranjeras, así como las tasas de interés, los valores de las propiedades, los sueldos, los precios de los servicios, etc.

El cultivo de plantas para la elaboración de narcóticos afecta la producción agrícola de productos alimentarios. Las zonas donde se pueden producir alimentos se utilizan para el cultivo de la planta de coca, lo que necesariamente afecta el valor y el precio de los alimentos.

El uso indebido de la tierra también genera consecuencias peligrosas para la ecología, dadas las características botánicas de la planta de coca y la naturaleza de los productos químicos utilizados en su procesamiento. Lo mismo puede decirse del uso de los fosfatos en la erradicación de la marihuana y de las plantas de amapola.

Cuando hablamos de América Latina y de la problemática de la droga, es necesario considerar a cada país de manera individual como entidades diferentes con medio ambientes diferentes. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, podemos observar que un número considerable de ciudadanos participan de una manera u otra en la llamada “cultura de la coca”, es decir, cultivan coca, la mascan, la toman, la fuman, la muelen o la venden. En Bolivia, cerca de 60.000 hectáreas son utilizadas en la actualidad para el cultivo de la planta de coca, lo que deriva en la producción de 100.000 a 120.000 toneladas de hojas de coca por año. Según la ley boliviana es legal cultivar plantas de coca pero ilegal elaborar sus productos refinados. No obstante, 80% de esta producción es procesada para obtener cocaína.

Perú es el mayor productor de plantas de coca del mundo. Al igual que en Bolivia, su población indígena está involucrada física, social y espiritualmente con la planta de coca. El Departamento de Cuzco fue durante mucho tiempo el corazón de la producción tradicional de la planta de coca hasta que la producción aumentó de manera espectacular en todo el país en respuesta a la demanda internacional.

La campaña para su erradicación iniciada por el gobierno de Alan García causó el desplazamiento de grupos guerrilleros tales como Sendero Luminoso hacia la región de Ayacucho, en especial al Alto Huallaga. Ahí, las guerrillas encontraron suelo fértil para el reclutamiento de tropas utilizando el pretexto de que existía una conspiración entre el gobierno y un poder imperialista (Estados Unidos) para despojar a los pueblos originarios de su modo de subsistencia.

Ningún otro país se encuentra tan asediado por las múltiples ramificaciones del tráfico ilegal de drogas como Colombia. El narcotráfico afecta en la actualidad al proceso político en todos los niveles: internacional, nacional, regional y local. Al mismo tiempo, se ha realizado un gran esfuerzo por controlar el tráfico de estupefacientes. El estado ha tomado medidas represivas a fin de reducir las actividades relacionadas con el narcotráfico. Se ha denominado a esta estrategia “sumisión a la justicia”. Sin embargo, aunque este enfoque ha tenido resultados favorables, las estadísticas indican un aumento en el consumo de bazuco, una pasta de cocaína mezclada con tabaco y marihuana.

En cuanto a Ecuador, este país es un productor marginal de hojas de coca y cocaína. Pero el hecho de compartir la frontera con Colombia lo ha convertido en un refugio para el almacenamiento de productos químicos utilizados en la elaboración de la cocaína así como para el lavado de dinero.

Por último, Venezuela ha pasado de ser una ruta alternativa para narcotraficantes colombianos a constituir, no sólo un punto vital de partida de droga con destino a Estados Unidos y Europa, sino también un productor de estupefacientes. La amplitud y la complejidad de su frontera y el continuo refugio de los narcotraficantes colombianos en toda su extensión debido a la persecución por parte de las autoridades colombianas han contribuido a que este país se vea involucrado en el comercio ilegal de drogas. Venezuela se ha convertido en un centro importante de lavado de dinero y también sirve como puente hacia los países consumidores gracias a las conexiones por mar y aire cada vez mayores.

En otros tiempos Venezuela era considerada un mercado marginal, tal como lo eran Ecuador y Chile. Alan Riding menciona en el New York Times del 18 de julio de 1987: “era evidente en 1985 que los mismos ríos, caminos y pistas de aterrizaje utilizados para traer productos químicos a Colombia también eran utilizados para traficar cocaína a Venezuela.”

Entre 1984 y 1987, ingresaban anualmente al país entre aproximadamente 25 y 37 toneladas de drogas, según el diputado venezolano Vladimir Gessen. En su discurso pronunciado el 14 de mayo de 1988, el Presidente Jaime Lusinchi hizo pública su gran preocupación al expresar: “La nación rechaza el narcotráfico y el uso de drogas. Quiero poner énfasis en que esta lucha debería unirnos en lugar de separarnos. El problema es grave y el peligro es real, poderoso, persistente.”

En una sesión del noveno Parlamento Andino en septiembre de 1989 presidida por el Presidente Carlos Andrés Pérez en el Palacio de Miraflores, este jefe de estado fue categórico ante la delegación colombiana al remarcar que su gobierno estaba decidido a hacer todo lo necesario para combatir al narcotráfico en todos los niveles.

Hablar de drogas en la región andina significa hablar de marihuana, hojas de coca y, más recientemente, plantas de amapola. Estos productos son considerados elementos de agresión contra su sociedad. Sin embargo, no tener en cuenta ciertos rasgos culturales de las regiones que cultivan estos productos, en especial la hoja de coca, puede conducir a malentendidos que distorsionarían el estudio de las drogas. Para algunos grupos indígenas, la hoja de coca representa sus valores biológicos, sociales, económicos y mágicos. El uso de la coca activa el proceso de integración social. Aparte de tener un valor intrínseco en el intercambio económico, también cumple un rol fundamental en ceremonias sociales y mitos colectivos; equivale a valores que todavía se nutren en la idea de un mundo mágico.

En el siglo XIX, debido al interés general por los alcaloides y otras sustancias terapéuticas, el farmacéutico alemán Albert Neiman fue motivado a sintetizar cocaína en su laboratorio. El poderoso alcaloide rápidamente generó una enorme atracción entre los círculos científicos del Viejo Mundo. Fue así como Sigmund Freud tomó conocimiento de este tipo de alcaloide. Cuando era un joven profesor, Freud intentó encontrar una cura para la adicción a la morfina.

COCA Y COCA COLA

En 1863, Angelo Mariani, un médico de Córcega, erigió un santuario a “Mamá coca”. Este médico elaboró un vino muy especial al que le había agregado un polvo blanco secreto. Las propiedades altamente eufóricas del vino ganaron la aceptación de los adeptos del Zar de Rusia, la princesa de Gales, y T. Edison, quienes recomendaban beber el vino. El Papa León XIII, que tenía la costumbre de llevar con él un tarro con hojas de coca, le envió a Mariani una medalla de oro por sus descubrimientos y por el vino que le había enviado.

En 1880, el farmacéutico estadounidense J. Pemberton registró el vino de coca francés en Estados Unidos, considerado como el tónico ideal. Pemberton había modificado la fórmula disminuyendo el contenido de alcohol y agregando ciertos ingredientes tales como cafeína y nuez de cola.

Había nacido el imperio mundial de Coca Cola. El siglo diecinueve fue testigo del fin del reinado legal de la cocaína y del comienzo del uso legal generalizado de los alcaloides en el mundo occidental. De repente, se denunció a la cocaína como una seductora peligrosa. Coca Cola la eliminó de su fórmula en 1914.

Mediante una ley federal, Estados Unidos restringió el uso del opio en 1909 y en 1912 se firmó la Convención de la Haya, restringiendo el uso del opio a nivel mundial. En 1914, se promulgó una ley que calificaba de delincuentes a todos los usuarios de drogas. En 1924, la Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó el punto de vista de la profesión médica que consideraba el uso de drogas como una enfermedad.

El 2 de mayo de 1949, la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas encargó un estudio sobre los efectos de la hoja de coca. Este estudio fue solicitado por Perú en primer lugar y luego por Bolivia. Las conclusiones del estudio revelaron que el problema de la droga no era un fenómeno exclusivo de Perú y Bolivia, ni era solamente el resultado de factores económicos y sociales de aquellos países. Asimismo, se determinó que la cocaína reduce peligrosamente el apetito en los consumidores, lo que conduce a un círculo vicioso de desnutrición.

Durante el gobierno de Richard Nixon, hubo un aumento de la cantidad de usuarios de estupefacientes y el uso de la heroína se generalizó. Durante ese período, la Organización Mundial de la Salud admitió que la dependencia a los fármacos planteaba un problema fuera de su alcance y del de otras organizaciones dentro de las Naciones Unidas. Comenzaron a estudiar y a descartar soluciones que eran meramente represivas u orientadas a la salud por falta de una mayor comprensión. Al mismo tiempo, se inició en América Latina un enorme tráfico y consumo de marihuana.

En la década de los ochenta tuvo lugar una gran invasión de cocaína controlada por organizaciones internacionales. La cocaína se explotó masivamente en Perú, Bolivia y Colombia, causando así inmensos problemas socio-económicos en estos países.

Las drogas que plantean la mayor amenaza a Estados Unidos son la heroína y la cocaína. Un informe titulado Estrategia Nacional para el Control de Drogas, publicado por la Casa Blanca (Gobierno de Estados Unidos) en septiembre de 1989, indica: “Casi toda la cocaína que ingresa en Estados Unidos se cultiva en Perú (60%), Bolivia (30%) y Colombia (10%). El 80% de la cocaína que entra a Estados Unidos es refinada y enviada desde Colombia.”

El informe menciona que Colombia es la principal fuente de marihuana para Estados Unidos, representando 40% del mercado. México representa 25%; el 10% es traficado desde otras fuentes, y el 25% restante es producido internamente.

El otro aspecto importante para Estados Unidos es que el narcotráfico ha estado relacionado con la actividad de la guerrilla subversiva. Como resultado, la lucha contra las drogas ha tomado un tinte ideológico, un elemento de narco-subversión, y ha adquirido prioridad a nivel nacional e internacional.

En 1985 un informe de la Casa Blanca indicaba:

“El tráfico de cocaína es sólo uno de los problemas de la región andina. La inestabilidad económica y la insurgencia política crean desafíos para las instituciones democráticas y para la estabilidad de la región. Los problemas están entrelazados. Es imposible reducir el abastecimiento de cocaína simplemente ocupándose de un aspecto y no de los otros.

El objetivo es motivar a los gobiernos de los países productores de cocaína para que colaboren con nosotros de manera significativa atacando a la industria de la cocaína y también llevando a cabo sus propios programas contra las drogas. Para cumplir con estas metas, se lanzará una campaña a gran escala y perdurable en el tiempo, en la cual participarán los organismos económicos, militares y los encargados del cumplimiento de la ley. Los objetivos de esta campaña deberían ser:

1) El aislamiento de las principales zonas de cultivo en Perú y Bolivia.

2) La interceptación de cargamentos de sustancias químicas que se necesitan para elaborar cocaína.

3) La destrucción de las instalaciones utilizadas en el procesamiento del clorhidrato de cocaína.

4) El desmantelamiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la erradicación del cultivo de la planta de coca donde esto fuera posible.

Podemos y debemos cumplir esto con la mínima participación de Estados Unidos. Este es el punto crucial. Los países de la región deberían asumir la carga principal.”

La presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre los gobiernos andinos está precipitando crisis en sus regímenes políticos, en particular en los países productores de hojas de coca. Esta presión ha colocado este problema sobre los hombros del estado. Todos estamos de acuerdo, no obstante, en que el tráfico y el consumo de drogas son factores que contribuyen a la violencia y a la corrupción, debilitan el desarrollo de las democracias emergentes, impiden el desarrollo de actividades legales al tiempo que malgastan los recursos nacionales.

Los países latinoamericanos han llegado a la conclusión de que las ganancias obtenidas del narcotráfico no compensan los costos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, debido a la debilidad de las economías rurales, miles de pequeños agricultores y sus familias dependen del cultivo de la hoja de coca en Bolivia y Perú para su sustento, lo que plantea un dilema político importante.

El 1º de febrero de 1990 en una reunión en Cartagena de Indias, los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú consensuaron establecer un pacto antidroga. Fue el primer esfuerzo mancomunado para renovar el ataque contra el narcotráfico y el consumo de cocaína en particular. En esta cumbre presidencial, el Presidente de Estados Unidos George Bush admitió que las medidas represivas solamente no eran suficientes para reducir la producción de droga y que el problema exigía estrategias socioeconómicas con respaldo financiero.

El Presidente Alan García demostró en la misma reunión que para combatir el creciente consumo de cocaína en Europa se necesitaba un programa económico que contara con la participación de Estados Unidos y la colaboración prometida por Europa. Paz Zamora, Presidente de Bolivia, mencionó la idea de brindar respaldo financiero a los agricultores bolivianos que cultivaban hojas de coca para que pudieran plantar cultivos alternativos con la posibilidad de distribuir estos cultivos alternativos en Estados Unidos y Europa.

La Declaración de Cartagena no fue un acto ni repentino ni aislado. Al contrario, representó un esfuerzo estratégico de Estados Unidos hacia un concepto más delimitado de seguridad nacional post guerra fría. Por estas circunstancias, la guerra contra el narcotráfico se convirtió en un tema político central para Estados Unidos en América Latina. El documento de Cartagena divide a los países en productores y no productores, designando a Bolivia, Colombia y Perú como responsables de la producción y el tráfico de cocaína, y describiendo a Estados Unidos como un país consumidor y víctima.

Dos años después de la Cumbre de Cartagena (abril de 1992), los jefes de estado de Colombia, Bolivia, México, Perú y Estados Unidos y el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela se reunieron en San Antonio, Texas para expresar su deseo de ir más allá de lo acordado en Cartagena. También prometieron “mejorar la cooperación internacional de cara a los desafíos que surgen de los cambios mundiales en el tráfico y el consumo de droga.” Las conclusiones a las que llegaron durante esta reunión fueron resumidas en una declaración:

El problema mundial de las drogas ilícitas y de los delitos asociados a ellas representa una amenaza directa a la salud y al bienestar de nuestros países, economías, sociedades y a la armonía de nuestras relaciones internacionales. Las drogas inducen a la violencia y a la dependencia farmacológica. Representan una amenaza a nuestras instituciones democráticas y una pérdida de recursos humanos que, de lo contrario, podrían beneficiar a nuestras sociedades. Los programas de desarrollo de cultivos alternativos han demostrado ser eficientes al sustituir el cultivo de la hoja de coca en las naciones productoras. Sin embargo, las medidas de cooperación deben ser ampliadas y reforzadas en todas las áreas y deben tomarse de manera tal que las responsabilidades sean compartidas de una manera equilibrada, y el esfuerzo mutuo se pueda llevar a cabo cumpliendo con la legislación nacional, respetando plenamente la soberanía nacional y la integridad territorial de nuestros países y cumpliendo de modo estricto con las leyes internacionales. En consecuencia, es fundamental contar con economías fuertes e iniciativas económicas innovadoras a fin de tener éxito en la lucha contra las drogas.

Sin embargo, estas reuniones no tuvieron ni el brillo ni el éxito deseado. Desde el comienzo se hizo una distinción entre Colombia (una nación procesadora de cocaína) y Bolivia y Perú, países que producían hojas de coca. Colombia ha asumido a toda costa la posición más fuerte a favor de la represión en la guerra contra el narcotráfico. Este es el resultado de la presión que ejerce Estados Unidos para actuar de tal manera, mientras que Perú y Bolivia han indicado su disconformidad con los acuerdos bilaterales con Estados Unidos acerca de la erradicación de los cultivos. El Senador boliviano L. Escobar, que formó parte del comité que acompañó al Presidente Paz Zamora, manifestó:

“Debido a lo que se ha erradicado en los últimos años, los agricultores bolivianos han perdido un ingreso de USD 150 millones. Este es un sacrificio muy importante que Estados Unidos no quiere reconocer. Bolivia ha erradicado 20.000 hectáreas cultivadas con hojas de coca entre 1985 y 1992. Las ventas de estas hojas habrían beneficiado a 300.000 agricultores que, junto con la caída del precio de la hoja de coca, han sido testigos de la reducción de los ingresos de sus familias a niveles lamentables.”

Una situación similar afecta a 250.000 agricultores peruanos. Debido a la represión contra quienes cultivan hojas de coca, el Presidente Alberto Fujimori sostiene que si las Fuerzas Armadas entraran a la región conocida como Alto Huallaga, Sendero Luminoso seguramente reclutaría a seguidores nuevos y la violencia en esa región definitivamente aumentaría.

LOS CIRCUITOS DE LA DROGA

Según Alain Labrousse, director del Observatorio Geopolítico de las Drogas, es evidente ahora que el problema de la droga se ha vuelto más internacional. De hecho, los centros de producción y distribución más importantes ya no están centralizados en los países andinos sino que están esparcidos a lo largo de toda América Latina.

Han surgido otros países, como Brasil, que trafican la hoja de coca desde Bolivia, la refinan y la venden. De manera similar, las redes de lavado de dinero se han expandido en este país. Venezuela, según Labrousse, se encuentra en la misma situación y es ahora un centro de tráfico y lavado de dinero.

Argentina tampoco ha podido escapar: se han encontrado laboratorios en Salta. Asimismo, Chile ha participado en la exportación de cocaína a través del Puerto de Antofagasta, y en Uruguay existen grandes empresas que lavan dinero.

Además de estos centros latinoamericanos, hay otros puntos focales para el tráfico de drogas tales como Líbano y Marruecos. Líbano, con anterioridad a la guerra, producía cannabis y amapola. En la actualidad, también transporta cocaína a España y al Medio Oriente. Marruecos, otro país clave en la red del narcotráfico, optó por no ser un gran exportador de hachís a Francia y España para convertirse en un centro de transporte de cocaína y heroína y para cultivar plantas de amapola. En la opinión de este autor, existen dos amenazas: en primer lugar, África y los países del Este, donde hay centros de lavado de dinero, podrían convertirse en la nueva Latinoamérica. Además, existen pruebas de la existencia de plantaciones de marihuana y algunas plantaciones de hojas de coca y de amapolas en esta región. En segundo lugar, los países del Este plantean un nuevo problema porque Kazajistán y Uzbekistán están produciendo hachís y heroína para exportar.

Todas las rutas se entrecruzan. Parece que los carteles de heroína y de cocaína tienen arreglos importantes para promover sus fines comerciales. En consecuencia, Colombia ha comenzado a ver cultivos de plantas de amapola de manera generalizada. Prácticamente no existe región por encima de los 2.000 metros de altura que no se encuentre amenazada por el cultivo de esta planta. El resultado visible de la integración de los carteles es el aumento de los mercados y la diversificación de los centros de distribución.

Un informe reciente de la Guardia Civil española considera que su país es el principal centro de distribución de cocaína colombiana para el mercado europeo. La distribución se lleva a cabo a través de cuatro rutas principales:

1) La ruta colombiana: Bogotá a Madrid.

2) La ruta venezolana: Caracas a Madrid o a Tenerife y Santiago de Compostela.

3) La ruta brasileña: Río de Janeiro a Madrid o Barcelona.

4) La ruta argentina: Buenos Aires a Madrid o las Palmas.

El proceso de producción de cocaína es relativamente simple ya que no requiere una gran cantidad de tecnología sofisticada. La sustancia sin procesar, la hoja de cocaína, crece en grandes regiones de Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador. Los pasos del proceso de elaboración pueden sintetizarse de la siguiente manera: primero se mezclan las hojas de coca con carbonato de sodio para precipitar el alcaloide. Luego, se agregan gasolina y ácido sulfúrico y se deja reposar por doce horas después de las cuales se pasa la mezcla por una prensa para moldearla y obtener la pasta de cocaína.

Luego se mezcla la pasta con amoníaco y permanganato de potasio y se filtra para purificarla y producir la base de coca. Luego, esto se trata con ácido clorhídrico, éter y acetona para obtener el clorhidrato de cocaína.

Es evidente que el proceso de producción de cocaína no requiere terrenos especialmente grandes, mano de obra altamente calificada ni una gran inversión de capital. También es evidente que las grandes ganancias de la industria de la cocaína no surgen del proceso de producción en sí mismo sino de los procesos naturalmente ilegales que acompañan a la producción, el tráfico y el consumo de cocaína. Estos son los factores que la hacen una de las industrias que generan más ganancias en el mundo. El negocio de la cocaína como un emprendimiento ilegal es un negocio de alto riesgo. Es precisamente este riesgo el que genera ganancias.

Dentro del mercado mundial para la cocaína, la región andina, especialmente Perú, Colombia y Bolivia, tienen ventajas comparativas:

1) La falta de autoridades estatales en grandes regiones de estos territorios nacionales prácticamente garantiza la impunidad con respecto a la ilegalidad de la actividad.

2) La presencia de autoridades estatales ha sido sustituida por fuerzas sociales tales como Sendero Luminoso en Perú o las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia.

3) El potencial de corrupción de las autoridades competentes en estos países es alto. Una vez que la cocaína abandona el estado de origen, las posibilidades de captura y de castigo aumentan. No obstante, la capacidad de soborno por parte de los traficantes deja sin aire a las estructuras institucionales.

4) En estos países existe una larga tradición histórica de contrabando. Su origen puede rastrearse a las épocas donde nuestras economías fueron absorbidas por la economía mundial. Al haberse integrado en el comercio internacional como economías territoriales, la base financiera de esta región es respaldada por los tributos provenientes del exterior. A la vez, esto ha generado la tendencia por parte de algunos sectores de la población a ignorar los controles oficiales sobre la producción, el comercio y una gran cantidad de mercadería, así como también la habilidad para hacerlo. Las leyes en estos países han perdido vigencia debido a su constante incumplimiento. Debemos agregar a esto la falta de mecanismos coercitivos y fuertemente punitorios.

El tráfico de droga puede clasificarse en tres categorías básicas según su jerarquía en términos comerciales. En el nivel inferior, están las “mulas” o “camellos” que transportan drogas en pequeñas cantidades en sus pertenencias o en su organismo. Estos individuos desempeñan actividades de bajo nivel y pueden ser reemplazados fácilmente. Su arresto no causa alarma ni afecta a las operaciones de los carteles.

En el nivel intermedio se encuentran los pilotos, tesoreros y administradores de campos que dirigen y llevan a cabo las operaciones delictivas. Desempeñan funciones esenciales de contrabando y comercio. Por otra parte, con frecuencia tienen conocimiento de la totalidad de las operaciones y de los miembros que pertenecen a la organización.

En la cima de la pirámide están las cabezas de la red de narcotráfico. Como raramente participan del transporte de las drogas en sí, prácticamente no tienen miedo de cargar con la responsabilidad. Además, estos individuos generalmente pueden protegerse gracias a la colaboración política, el soborno y la intimidación. Los traficantes más importantes nunca tocan la droga o el dinero. Siempre son las personas en el nivel intermedio las que se encargan de estas tareas. El lavado de dinero, otra responsabilidad del nivel intermedio, no sólo es realizado a través de bancos, entidades financieras y concesionarias de automóviles, por ejemplo, sino a través de cualquier tipo de negocio que haya sido financiado por dinero proveniente de la droga.

PERÚ

Durante cientos de años, los pueblos indígenas de los Andes peruanos han cultivado, mascado y realizado ceremonias utilizando la hoja de coca. Hasta la década de los setenta, el cultivo de la coca fue constante y se utilizó básicamente para abastecer el uso indígena tradicional y las ventas legales del estado a la industria farmacéutica. Coincidiendo con el advenimiento de un mayor consumo en Estados Unidos, se inició también un cambio estructural en los sectores rurales de Perú que constituiría la base de lo que se convertiría en el cultivo más extendido en el país. Pronto, la coca de alto rendimiento desplazó violentamente a los cultivos cosechados tradicionalmente. Además, debido a la cantidad limitada de tierras disponibles para el cultivo de coca, la frontera agrícola se extendió hacia el Amazonas, hasta las regiones orientales de los Andes.

La práctica de quemar la tierra y el uso de fertilizantes artificiales pronto provocaron erosión y desequilibrio ambiental y crearon la necesidad de expandir un poco más el área de cultivo. Otro factor que contribuyó a la expansión de tierras para el cultivo ilegal de coca fue la creciente demanda del mercado internacional.

En los últimos años, Perú ha contribuido entre el 60% y el 70% de la producción mundial de hojas de coca, con el cultivo de 120.000 hectáreas. El punto central de la producción de coca se encuentra en el valle de Alto Huallaga, la región más extensa de cultivo de coca en el mundo, que contiene 80.000 hectáreas cultivadas.

Originariamente, los habitantes de esa región fueron llevados allí a comienzos del programa de colonización lanzado por el gobierno peruano durante la década de los sesenta. Al no cumplirse las promesas de asistencia técnica y crediticia para la agricultura, los agricultores se vieron forzados a encontrar una alternativa que les rindiera lo suficiente como para vivir. El cultivo de coca se ajustaba a estas necesidades.

Durante la década de los ochenta, la migración de los agricultores al valle se precipitó a causa de dos factores: la enorme demanda de cocaína en Estados Unidos y la crisis económica en Perú que se tradujo en la ausencia de alternativas legales para grandes sectores de la población. Son 300.000 los colonos que han venido a la región debido a la demanda de coca. Alrededor de 120.000 hectáreas de tierra se cultivan de manera ilegal en Perú y se producen 100.000 toneladas de pasta de coca, que se destinan principalmente a laboratorios colombianos.

Estas transacciones representan un ingreso de cerca de USD 1.000 millones por año para la economía peruana. Esto equivale al 30% de las exportaciones legales de Perú y al 5% de su Producto Bruto Interno. Las ganancias derivadas de la hoja de coca también sirvieron para alivianar los efectos de la crisis económica en Perú. Hacia fines de la década de los ochenta, la inflación había escalado a 2.775% anual. Los ingresos reales cayeron a menos de USD 205. Las posibilidades de obtener préstamos de la comunidad bancaria internacional disminuyeron ya que el país no podía hacer frente al pago de la deuda que había ascendido en ese momento a USD 20.000.000.000. De esta manera, el dinero proveniente de la coca no sólo contribuyó a contrarrestar la situación económica de una gran parte de la población, sino que también colaboró con las necesidades cambiarias del Banco Central y, de igual manera, ayudó a cumplir con los requisitos de importación. Sin las ganancias de la coca, habría sido necesario realizar varias devaluaciones significativas de su moneda en los últimos años.

Los bancos más importantes del país, incluido el Banco Central, tienen sucursales en las regiones donde se cultiva coca. Gracias a la actitud de tolerancia cada vez mayor, una gran cantidad de dinero de la industria de la droga se lava a través de estas sucursales. El Ministro de Economía César Vásquez Bazán ha admitido que la eliminación de la industria de la coca conduciría al colapso total de la economía peruana. La guerra contra las drogas no es una prioridad importante para la gran mayoría de la gente en Perú. Este es un sentimiento particularmente verdadero para Altos de Huallaga, una de las regiones productoras de coca más grandes del mundo.

Una encuesta llevada a cabo en Lima en 1990 ponía a la crisis económica del país en el número uno de la lista de prioridades en Perú, seguida de cerca por la situación de la guerrilla. Sólo 4% de los encuestados mencionaron al narcotráfico como un problema de gravedad. Se puede explicar la falta de interés hacia la lucha contra la industria de la cocaína por el alivio que representa este segmento en el marco de la crisis económica- alivio para todos los niveles de la sociedad, desde el Estado hasta los individuos.

Ninguna solución pensada para erradicar el cultivo ilegal de coca puede ignorar esta realidad. Sin un programa de sustitución de cultivos que rindan una ganancia comparable a la de la coca, los agricultores no tendrán ningún incentivo claro para colaborar con los programas de erradicación.

BOLIVIA

El uso de la coca en Bolivia precede este milenio. Los indígenas Aymara la utilizaban con anterioridad a la conquista por los Incas en el siglo X. El uso de la coca por parte de los pueblos originarios tiene un fin fisiológico, social y ritual. Mascar la hoja de coca les otorgaba resistencia al hambre y al cansancio durante los largos viajes y el trabajo intenso. Además, la hoja de coca simbolizaba riqueza. El cultivo de la hoja de coca estuvo monopolizado por los Incas, y los miembros de la clase alta eran cubiertos con hojas de coca en sus tumbas. En la tradición indígena, la hoja de coca era una parte integral de los rituales realizados por los sacerdotes y videntes. También es digno de mencionar que este uso tradicional de la hoja de coca nunca ha constituido un problema de ninguna clase para los indígenas, ni fisiológico, ni social, ni sociológico.

En la actualidad, la coca continúa siendo central en la cultura indígena. Además de su utilización como estimulante y en los rituales, la coca también tiene un valor medicinal. En tanto que la producción legal de coca se centra en la región de las Yungas, la región de Chapare es el principal centro de cultivo ilegal.

Durante la década de los sesenta y a principios de la década de los setenta, el gobierno de Bolivia incentivó a los pueblos indígenas a migrar a la región de Chapare, con la intención de extender la frontera agrícola.

El gobierno de Estados Unidos participó de manera activa en estos programas al financiar la construcción de una autopista en 1971. Esta ruta facilitaba a los pobladores el acceso a la zona y a los mercados.

Para el año 1981 la población de Chapare se había triplicado desde la década de los sesenta. La estrategia del gobierno para el desarrollo agrícola, iniciada una década antes, había colapsado, dejando así una alternativa ilegal de alto rendimiento. Debido a la falta de asistencia técnica, créditos limitados, la aridez del suelo y la creciente demanda de cocaína proveniente de Estados Unidos, los agricultores de aquella región comenzaron a cultivar coca.

Los regímenes militares de la década de los setenta y de los comienzos de la década de los ochenta se constituyeron en firmes aliados para los productores de coca. Los productores enseguida se convirtieron en financistas a fin de ayudar a mantener a los regímenes en poder y de ese modo aumentar sus ganancias. Durante la década de los ochenta, en medio de la caída de la economía legal/formal, el cultivo de coca pasó a ser el producto de mayor rendimiento y el más dinámico de la nación. Hacia mediados de la década, los pagos de la deuda externa de Bolivia habían aumentado de manera significativa. Por supuesto, este hecho hizo que el dinero proveniente de la droga fuera más que bienvenido.

Por muchos años, Bolivia ha sido el segundo proveedor de coca más importante a nivel mundial, precedido sólo por Perú. En la actualidad, produce 80.000 toneladas de hojas de coca, o un tercio del suministro total. La mayoría de la coca se procesa para convertirla en cocaína en laboratorios colombianos. No obstante, en los últimos años, una gran cantidad ha sido procesada en Bolivia, lo que causa un conflicto con los traficantes colombianos.

Según un asesor del Presidente Paz Zamora, Bolivia es el país andino cuya economía es la más dependiente de la producción y el procesamiento de hojas de coca y cocaína. Las ganancias ilegales para el año 1987 se elevaron a USD 1.500 millones, lo que equivale a 30% del Producto Bruto Interno.

Según el mismo asesor, USD 600 millones permanecen en el país. Esta suma equivale a la totalidad de las exportaciones legales. No es casualidad que la importancia de esta industria ilegal haya florecido en medio de una sombría crisis económica. Bolivia es una de las naciones más pobres de América del Sur, con la tasa más baja de expectativa de vida y la tasa más alta de mortalidad infantil. Por otro lado, a comienzos de la década de los ochenta, el Producto Bruto Interno de este país se redujo un 20% mientras el consumo per cápita cayó un tercio. El desempleo se había duplicado y la tasa de inflación aumentaba a niveles descomunales en América Latina. La importancia de este dinero sucio se hizo evidente en el manejo de esta crisis macroeconómica. Al asumir el poder en 1985, el gobierno del Presidente Paz Estensoro implementó un plan ortodoxo de austeridad. La moneda se devaluó un 95%. Los impuestos al combustible aumentaron un 1.000%. Se levantaron todas las restricciones a las exportaciones y a las importaciones y cesaron todos los subsidios gubernamentales. De la misma manera, el plan facilitó la entrada de capital ilegal a la economía. Asimismo, estaba prohibido por ley investigar el origen de cualquier fortuna amasada dentro del país, y existía una amnistía general declarada para el capital repatriado. Al mismo tiempo, se desregularon los requisitos para la venta de divisas extranjeras al Banco Central.

De esta manera, el ajuste económico fue costeado por las economías de la cocaína y de la coca. Comenzaron a aumentar las reservas internacionales, en parte debido al dinero proveniente de la droga. Esto permitió la estabilidad de la moneda nacional y disminuyó la presión inflacionaria. Además, esta industria ilegal absorbió a la mano de obra desplazada por la economía. Esto redujo las presiones sociales ya que a medida que aumentaba la tasa de desempleo oficial, también lo hacía la mano de obra empleada en Chapare.

Según cálculos aproximados, unas 300.000 personas en Bolivia dependen directamente del comercio de cocaína. Esta cifra constituye un quinto de la población económicamente activa. El mismo Presidente ha utilizado esta estadística para atraer fondos internacionales para los programas de erradicación del cultivo ilegal.

El gobierno boliviano instituyó un programa voluntario de erradicación que compensa al agricultor por cada hectárea donde se elimina la hoja de coca. El gobierno comprendió que el cultivo ilegal era necesario para la supervivencia de estos agricultores. El plan tuvo éxito en tanto y en cuanto los precios cayeron durante la primera mitad de 1990. Sin embargo, este éxito se debió a la lucha contra los narcotraficantes colombianos después del asesinato de Luis Carlos Galán. Por lo tanto, al renovarse el tráfico de drogas y, a su vez, al aumentar el precio de la hoja de coca, los agricultores volvieron a plantar coca una vez más debido a la falta de opciones económicas competitivas. Este plan demuestra nuevamente que ninguna estrategia tendrá éxito si no se les ofrece a los agricultores una opción alternativa de similar rendimiento.

ECUADOR

¿Cuál es el país andino con la menor participación en la producción de coca y cocaína? El primer cultivo de coca en Ecuador apareció recién en 1984. Esto ocurrió no muy lejos de la población colombiana de Utumayo, en la provincia ecuatoriana de Nato. Por supuesto, esta proximidad con territorio colombiano no es pura coincidencia. El surgimiento de los primeros cultivos cosechados es resultado de una ofensiva tomada por el gobernador de Colombia en aquella época con posterioridad al asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984.

Como consecuencia de este hecho, los traficantes colombianos buscaron refugio a la luz de la ofensiva del gobierno. Luego, reubicaron algunas de sus actividades en el sur. Se deduce de esta hipótesis que los ciudadanos ecuatorianos no eran los que habían entregado el territorio ecuatoriano a este negocio altamente redituable. Sin embargo, queda claro que si se observa el crecimiento de estas zonas cultivadas en los años posteriores, no quedarán dudas acerca de la participación ecuatoriana así como la de su contraparte colombiana.

Ecuador aparece por primera vez en las estadísticas internacionales de producción de coca en 1986, con 2% de la producción total. En los años posteriores, nunca ha sobrepasado el 1%. Debido a que la producción de coca es un negocio de tan alto rendimiento es difícil comprender por qué los ecuatorianos no han aumentado su producción, en especial si ellos tenían realmente el control del cultivo en su país. La única explicación razonable es que el cultivo ecuatoriano es controlado por traficantes extranjeros (probablemente colombianos) quienes recurren a la producción en aquellas zonas sólo cuando alcanzan límites importantes en sus propias zonas de cultivo. De una forma u otra, es indudable que el papel que desempeña Ecuador en la producción internacional de coca es menor. No obstante, el país está situado en un punto estratégico entre el origen de la materia prima y el producto refinado; es decir, Ecuador está entre Perú, el mayor productor de coca, y Colombia, el mayor productor de cocaína. Este escenario – la importancia geologística de Ecuador – ha transformado a esta nación en un proveedor de productos químicos utilizados en el procesamiento de la cocaína y en un facilitador de lavado de dinero. La expansión de la industria productora de químicos en Ecuador ha sido notable. En la primera mitad de 1989 los sectores químicos y del plástico aumentaron 30%. Esto representó con claridad una tendencia divergente al compararla con el Producto Bruto Interno o con cualquier otro sector económico. Asimismo, la importación de químicos legales ha aumentado de manera significativa más allá de las necesidades del país. Además, se han detectado cargamentos constantes de éter y de acetona a través de la vigilancia de inteligencia. Estos son elementos esenciales para la transformación de la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína.

Teniendo en cuenta varias fuentes, se estima que las ganancias derivadas del negocio de lavado de dinero probablemente hayan alcanzado entre USD 400 millones y USD 1.000 millones en 1989. Con respecto a la confiabilidad de estas cifras, es importante precisar que la cifra más elevada fue mencionada por el presidente del consejo fiscal y ex Ministro de Finanzas Alberto Dahik.

Otras fuentes de Estados Unidos han estimado que la cantidad de dinero que se lavó anualmente entre 1980 y 1985 ronda entre USD 200 millones y USD 500 millones.

Utilizando el prudente número de USD 400 millones, se puede llegar a la conclusión de que el impacto de la economía ilegal en Ecuador es impresionante. Esta cifra conservadora correspondería a 20% de todas las exportaciones, incluyendo al petróleo. Esto indicaría un alto potencial para la demanda agregada aumentada y un incentivo para la producción (de cocaína). Sin embargo, lo que se desconoce, es qué porción de los recursos permanece en el país. Como Ecuador desempeña un papel diferente al de Perú, Bolivia o Colombia, como centro de lavado de dinero, se asume que una buena parte de los fondos se canaliza nuevamente al sistema financiero internacional con posterioridad al lavado.

Tomando en cuenta este factor, algunos analistas han reducido sus cálculos de los recursos derivados del narcotráfico a cifras de aproximadamente USD 100 millones y USD 150 millones (5% – 8% del total de las exportaciones). No obstante, esta es una suma bastante importante para un país cuya participación en la producción mundial de cocaína es mínima. La mayoría del dinero lavado parece provenir de Colombia.

Una razón que avala esta hipótesis es el aumento notable de turistas en este país durante la segunda mitad de la década de los ochenta. Es decir, estos turistas inyectaban dólares a la economía y no pesos como solían hacer antes. Por otra parte, el dólar puede adquirirse más barato dentro de Ecuador en la localidad de Tulcán, que se encuentra en el límite con Colombia.

Los sectores productivos que se prestan al lavado de dinero son la agricultura y, en menor medida, la minería. La adquisición de tierras por parte de los colombianos ha sido particularmente notoria en las regiones de Santo Domingo de los Colorados, la provincia de Pichincha y la provincia de Los Ríos.

La magnitud de este fenómeno es tan grande en el sector de Santo Domingo de los Colorados que es denominado sarcásticamente “Santo Domingo de los Colombianos”. Efectivamente, los colombianos han adquirido, y a precios exorbitantes, más de un tercio de la tierra en esta región.

En medio de esta situación, la actitud que adoptó el gobierno es básicamente la represión de los pequeños traficantes y algunos consumidores, sin considerar las complejidades sociales y económicas del problema. Quizás la razón sea que un ingreso anual de entre USD 200 y 400 millones se traduzca en una base considerable para la economía ecuatoriana.

III LA CONEXIÓN CUBANA

Desde 1931, la República de Cuba fue signataria de la Convención sobre Estupefacientes acordada en la II Conferencia Internacional sobre el Opio y durante más de medio siglo ha suscrito los convenios elaborados con la finalidad de limitar el uso, la producción y el comercio ilegal de drogas. En 1973 adhirió al Convenio para limitar la fabricación de sustancias psicotrópicas, así como al Protocolo de París, que actualizaba dicho Convenio; en 1961 a la Convención Única sobre Estupefacientes, y en 1971 al Convenio sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la ONU.

Sin embargo, a partir de los ‘60 el fenómeno del narcotráfico desembarcó en la isla con la indiferencia de los más altos funcionarios del gobierno surgido de la revolución castrista de 1959, sin atender la Disposición N° 6, de fecha 7 de octubre de 1958, cuando el jefe de la revolución, Dr. Fidel Castro Ruiz, que antes de realizar su entrada triunfal en La Habana expresó: “Es responsabilidad y objetivo del Movimiento Revolucionario y de esta Administración la eliminación total de las drogas y el juego ilícito, las que en la actualidad hacen imposible un verdadero desarrollo físico, mental y económico del pueblo cubano. POR TANTO: Se solicita a los Tribunales Rebeldes, de los Jueces y Auditores, así como de las autoridades Policíacas y Militares que en vista de la gran responsabilidad de sus funciones, presten la mayor atención a esta Disposición, actuando severamente en todos los casos que lleguen a su conocimiento y jurisdicción, para erradicar totalmente tan peligrosa amenaza pública”.

Desde octubre de 1970 hasta marzo de 1981, las Fuerzas de Tropas Guardafronteras de la República de Cuba, registraron 83 violaciones de su espacio aéreo o aguas jurisdiccionales, capturando 328 narcotraficantes. La cantidad de droga decomisada en tal período fue de 250 toneladas de marihuana, 1 tonelada de cocaína, 735.000 pastillas de Qualude y 147.000 de Dialudid.

A pesar de las proclamas revolucionarias y los tratados suscriptos, varios altos miembros del gobierno cubano se han involucrado al tráfico de estupefacientes y nada les ha sucedido. En noviembre de 1982, un fiscal del distrito de Miami acusó a seis funcionarios cubanos de contrabandear cocaína de Cuba a los Estados Unidos. Según los informes de la fiscalía, un narcotraficante colombiano llamado Jaime Guillot-Lara, había despachado drogas desde Colombia hacia Cuba y las hizo recoger por lancheros del sur de La Florida para transportarlas a territorio norteamericano. Entre los documentos que se lograron obtener para probar la ilicitud de las actividades de Guillot-Lara, encontraron un registro donde constaban 1,2 millones de kilogramos de marihuana y 40 kilos de cocaína, transportados a través de Cuba.

Testigos del proceso contra Guillot-Lara, llevado adelante en Miami, declararon que Fernando Ravelo, entonces embajador cubano en Colombia, había solicitado luz verde oficial en La Habana para todos los embarques de droga a Cuba. Los barcos contrabandistas habían utilizado la contraseña “Viviana” para alertar a la marina cubana cuando se acercaban las embarcaciones cargadas con estupefacientes.

Además, las acusaciones recaían sobre el vicealmirante cubano Aldo Santamaría, encargado de supervisar la protección y el reabastecimiento de combustible de los barcos del narcotraficante colombiano. Este vicealmirante jamás fue acusado en Cuba, es más, Fidel Castro sostenía que este tipo de juicios e imputaciones eran parte de una nueva patraña imperialista.

Fidel Castro y los narcotraficantes colombianos habían venido manteniendo un estrecho contacto desde mucho tiempo atrás, en general basado en la conveniencia política. El líder cubano habría ordenado a su servicio de inteligencia que penetrase los carteles de la droga durante el final de los ‘60, para obtener información de primera línea sobre lo que estaba convirtiéndose prontamente en una de las fuerzas políticas y económicas más poderosas de América Latina.

A principio de los ‘80, Castro utilizó sus contactos con el Cartel de Medellín para enviar armas por avión al grupo guerrillero M-19 en Colombia. Los aviones volaban sobre espacio aéreo cubano sin que nadie hiciera preguntas y recogían las armas en pistas improvisadas en distintas islas caribeñas, y a veces en la propia Cuba.

NORIEGA

Los vínculos del régimen cubano con los narcotraficantes colombianos se pudieron apreciar en 1984, cuando Fidel Castro ayudó a resolver una disputa de 4,6 millones de dólares entre el líder panameño, el general Noriega, y el Cartel de Medellín. Cuando el Cartel amenazó con matar a Noriega a menos que devolviese el dinero que ellos habían pagado para proteger un enorme laboratorio de cocaína en Panamá, que había sido destruido por la DEA, Castro convenció a su par panameño de que llegase a un acuerdo.

Una mañana de junio de 1986, cuando un exiliado cubano llamado Reinaldo Ruiz entró en una oficina del gobierno cubano en la ciudad de Panamá para solicitar una visa de salida de Cuba para su sobrina, comenzó a desatarse el escándalo político ligado al narcotráfico más grande en la historia de la revolución cubana.

Reinaldo Ruiz había huido de Cuba en 1962, tres años después de la revolución, para asentarse en la ciudad de Miami. En sus comienzos trabajó en casas de venta de comidas y tiendas, hasta que en 1974 lo arrestaron en el aeropuerto de Los Ángeles por intentar contrabandear 15.411 billetes de lotería portorriqueños de México a Estados Unidos. Había comprado los billetes por 90.000 dólares y pensaba revenderlos por casi el doble de dinero, ya que la lotería era ilegal en California en ese momento. Se declaró culpable y a los dos años logró su libertad mediante una fianza de 500 dólares. A partir de allí, se trasladó a un suburbio de Los Ángeles donde ganó una pequeña fortuna vendiendo propiedades inmobiliarias. Con su pequeño capital, fundó una agencia de viajes en Panamá y comenzó a aprovechar los jugosos frutos del tráfico de cocaína que realizaba su nueva esposa colombiana. Sin embargo descubrió otra nueva forma de aumentar sus ingresos en forma rápida: la venta de visas panameñas a cubanos que querían abandonar la isla de Fidel Castro.

Pero esa mañana de junio de 1986, Ruiz afrontaba un problema respecto de una visa cubana que su agencia de viajes no podía resolver. Su objetivo esta vez, era sacar de Cuba a su sobrina, pero había un obstáculo legal casi insalvable. De acuerdo a la ley cubana la mujer no podía salir de la isla por ser menor de edad. Cuba rehusaba las visas de salida a las personas menores de 21 años, con el argumento de que debían devolver con su trabajo la educación gratuita que habían recibido del sistema comunista. Reinaldo Ruiz necesitaba una autorización especial; sabía que podía conseguirla, el único problema era cuánto le cobrarían. En forma confiada se dirigió a un edificio cercano al centro de la ciudad de Panamá, sede de la empresa gubernamental cubana Interconsult, que se ocupa de solucionar problemas de inmigración, y apenas entró pidió hablar con el gerente.

Unos minutos más tarde, Reinaldo Ruiz fue sorprendido cuando ante sus ojos apareció el administrador de la empresa, no era otro que su primo Miguel Ruiz Poo.

EL DEPARTAMENTO MC

Tanto Reinaldo como Miguel festejaron el inesperado encuentro y en forma inmediata solucionaron el pequeño problema de la visa y pasaron a conversar de cuestiones más importantes para ellos. Miguel Ruiz Poo le contó con lujo de detalles la verdadera función que tenía, en dicha oficina. Allí funcionaba en realidad un organismo dependiente del Ministerio del Interior de Cuba, conocido por el nombre de Departamento MC, iniciales que correspondían a las palabras “moneda convertible”, cuyo real objetivo era conseguir divisas y artículos que Cuba no podía importar a causa del embargo comercial norteamericano.

Una de las primeras propuestas sugeridas por Ruiz Poo a su primo Reinaldo, consistía en que éste comprara computadoras en Estados Unidos y las despachara a la isla vía Panamá. Para empezar analizaron una prueba piloto con un embarque de diez computadoras IBM y varias cajas de decodificadoras para televisión por cable.

En pocas semanas, ambos primos habían creado una lucrativa relación comercial de contrabando. Para transportar los artículos electrónicos, habían logrado contratar, mediante las gestiones del Departamento MC, a varios capitanes de embarcaciones dispuestos a desafiar el embarque comercial norteamericano.

Estos navegantes, conocidos como “lancheros”, eran en su gran mayoría exiliados cubanos de Miami, con la capacidad de ir y venir sin ser vistos por la Guardia Costera estadounidense. Sólo un tipo de “lanchero” podía cumplir con la misión: los traficantes de drogas, ya que nadie conocía los estrechos costeros de La Florida como ellos.

Las cosas funcionaban muy bien, pero no tardaron en tomar conciencia de la posibilidad de explotar un nuevo negocio con aristas lucrativas superiores: el tráfico de cocaína.

De modo que cuando Reinaldo Ruiz propuso a su primo este tipo de transacción, éste no se escandalizó ni mucho menos. Esta era la oportunidad de sus vidas de ganar dinero en serio, sin embargo, Ruiz Poo debía consultarlo con sus superiores en el Ministerio del Interior de Cuba y programar una reunión.

El jefe de Ruiz Poo, en el Ministerio del Interior isleño, era el mayor Padrón Trujillo, quien llegó de visita a Panamá en agosto de 1986. Los tres hombres se encontraron a almorzar y Reinaldo Ruiz explicó los detalles del plan. Su esposa colombiana tenía un contacto con el hermano de Pablo Escobar, el jefe del Cartel de Medellín, quien suministraría la cocaína.

Dos aviones de Ruiz, un Cesana 401 y un Piper bimotor, la transportarían desde suelo colombiano a Cuba, y una vez allí, la depositarían en lanchas rápidas para llevarla a las costas de La Florida. Lo más importante para Ruiz era que los cubanos autorizaran el aterrizaje de los aviones en la isla y la permanencia de la mercancía unas pocas horas hasta que los botes la recogieran.

El mayor Padrón se mostró partidario de realizar la operación, pero entendió que su jerarquía no alcanzaba para garantizar vuelos con droga sobre espacio aéreo cubano. Es cierto que el propio Fidel Castro autorizó vuelos con cocaína colombiana sobre el espacio aéreo de la isla a cambio de que los narcotraficantes llevaran armas a los guerrilleros del M-19 en el camino de regreso, pero que él autorizara la llegada y permanencia de estupefacientes en territorio cubano era un asunto que lo superaba. Tendría que consultarlo con los funcionarios más altos en La Habana.

En noviembre de 1986, los primos Ruiz partieron desde Panamá hacia Cuba en un vuelo regular de la Compañía Aérea Cubana de Aviación. Debían reunirse con uno de los más altos funcionarios del Ministerio del Interior para discutir el plan. A su arribo los escoltaron a una oficina en la calle 66, y fueron recibidos por el coronel Antonio “Tony” de la Guardia, jefe máximo del Departamento MC. El funcionario cubano, más conocido como Tony, comenzó en forma inmediata a abordar el negocio de las drogas, y Reinaldo Ruiz ni siquiera preguntó si la operación debía ser aprobada por otros mandos superiores, después de todo, De la Guardia era un coronel y estaban hablando en su oficina del Ministerio del Interior.

EMPRESAS PANAMEÑAS

De la Guardia no era cualquier funcionario, era un hombre de elite dentro del Ministerio del Interior que había conquistado un enorme poder económico y político durante los ‘80. Al frente del MC, el coronel tenía carta blanca para viajar donde deseara en el momento que lo decidiera, y para organizar compañías clandestinas en el mundo entero.

Era una especie de súper agente secreto que pasaba una buena parte de su tiempo en el extranjero, fundando firmas comerciales en Panamá, concertando acuerdos en México para vender cigarros cubanos a Estados Unidos, o recorriendo Europa Oriental para adquirir armas destinadas a diferentes guerrillas procubanas en América Latina. Pero este coronel, además de ser una estrella entre los agentes secretos, era uno de los protegidos de Fidel Castro.

El líder cubano había descubierto a De la Guardia en 1961, dos años después de la revolución, en la regata de canoas que se realiza anualmente en la playa de Varadero. Castro se encontraba allí para inaugurar la regata y entregar los premios. Los ganadores resultaron ser los hermanos mellizos De la Guardia, y por ello fueron invitados a una reunión para festejar el triunfo.

En ella, Fidel constató que ambos habían concurrido a la Universidad de La Habana, y que si bien en el momento de la revolución se encontraban viviendo en los Estados Unidos, apenas los hombres de Castro iniciaron su entrada victoriosa a La Habana en enero de 1959, los dos hermanos dejaron La Florida y regresaron a Cuba.

En el encuentro deportivo y social de 1961, los hermanos Tony y Patricio de la Guardia ganaron la simpatía de Castro. El revolucionario los incorporó a las tropas del Ministerio del Interior para combatir las guerrillas contrarrevolucionarias que aún quedaban, y en pocos meses se convirtieron en capitanes, rodeados de una reputación de audacia en el campo de batalla.

En 1962, durante la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, Castro envió a Tony de la Guardia en misión especial a Nueva York, el joven oficial viajó como parte de la delegación que acompañó al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, a las Naciones Unidas16.

También en 1971, luego de la elección del presidente de izquierda de Chile, Salvador Allende17, encabezó el primer contingente de tropas especiales cubanas destinadas a suministrar asesoramiento y apoyo militar al Gobierno de Unidad Popular Chileno.

EL DINERO DE LOS BORN

En 1975 Tony de la Guardia viajó a Suiza llevando los 60 millones de dólares que los guerrilleros Montoneros argentinos habían embolsado por el secuestro de los empresarios industriales Jorge y Juan Born18. En 1978, ya como alto oficial de las Tropas Especiales del Ministerio del Interior, dirigió el primer grupo de asesores militares cubanos que participaron en la guerra de Nicaragua, e incluso participó junto a los sandinistas en la toma del palacio presidencial del presidente Anastasio Somoza.

Por otra parte, en enero de 1985, Fidel Castro distinguió a De la Guardia con el grado de coronel y lo puso al frente del aludido Departamento MC del Ministerio del Interior. Eran tiempos difíciles en Cuba, el gobierno de Reagan había endurecido el embargo comercial y bloqueado todos los contactos políticos con la isla. Cuba necesitaba desesperadamente aumentar sus exportaciones e importar tecnología de occidente. Por ello la misión de la Guardia fue crear una red de empresas comerciales bien disimuladas en el exterior, para realizar transacciones sin que nadie supiera que Castro se encontraba detrás.

Al cabo de unos meses en su misión, el coronel cubano estableció excelentes contactos con el submundo de la banca y el comercio en Panamá. Además, la gran mayoría de sus socios comerciales tenían conexiones con el narcotráfico. De modo que cuando De la Guardia mantuvo la reunión con Reinaldo Ruiz, Miguel Poo y el mayor Padrón, no sólo no se escandalizó, sino que aceptó y garantizó personalmente la propuesta de transporte de cocaína.

El 10 de abril de 1987 Reinaldo Ruiz lanzó su primera operación de contrabando de cocaína a través de Cuba, pero las cosas no salieron nada bien. Desde el punto de vista conceptual, el plan era casi perfecto. Dos pilotos debían transportar 300 kilogramos de cocaína desde Colombia hasta la playa de Varadero, la carga, camuflada en cajas de cigarrillos Marlboro, sería recogida allí por lancheros de Ruiz y trasladada rápidamente a las costas de Miami. El avión Cesna retornaría vacío y “limpio” al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en la península de La Florida.

La operación comenzó bien. Cuando los contrabandistas ingresaron en el espacio aéreo cubano utilizando los códigos preestablecidos, oyeron una fuerte interferencia de radio proveniente de un avión de caza MIG cubano que había salido al encuentro. La nave militar ofreció por radio escoltar al Cesna hasta Varadero, donde aterrizaron sin problemas ya que los estaban esperando varios agentes del Ministerio del Interior. Descargaron las cajas y las ocultaron en unos galpones del Servicio Guarda fronteras de Cuba. A las pocas horas llegó una lancha llamada Flérida y comenzaron a embarcar la droga, pero a partir de allí todo se arruinó.

Los hombres de la Flérida debían ir a alta mar y traspasar la carga a otra embarcación, sin embargo, por las malas condiciones del clima, ésta nunca llegó a la cita y los tripulantes de la Flérida resolvieron continuar el viaje hasta las playas del sur de La Florida. Pocas horas después, un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos, divisó a los narcotraficantes navegando entre los cayos del sur de La Florida e impartió la orden de detenerse para inspeccionarlos. Como la embarcación sospechosa no hizo caso comenzó una persecución a toda marcha. Los traficantes empezaron a arrojar frenéticamente al mar las cajas con cocaína, dejando una huella de burbujas blancas. Cuando la lancha patrullera los alcanzó, los contrabandistas habían tirado al mar 206 kilos de cocaína. Todos fueron detenidos con 94 kilos de droga todavía a bordo.

Entretanto, un tonto error de los pilotos arruinó también su aterrizaje en los Estados Unidos. Después de enviar un mensaje radial a los controles aéreos norteamericanos afirmando que se habían detenido en Cuba por dificultades técnicas, intentaron tocar suelo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, punto inicial de la partida de la nave. Los funcionarios aduaneros estadounidenses sospecharon de inmediato que algo raro estaba pasando: los pilotos de Estados Unidos saben bien -o se les informa en Cuba- que los aviones provenientes de la isla sólo pueden aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde deben someterse a controles de seguridad. Los pilotos que solamente habían volado a Colombia y Panamá no conocían la existencia de estas normas especiales.

Los agentes de la aduana esperaron al avión en la pista y lo examinaron minuciosamente. Nada pudieron encontrar, pero el nombre de los pilotos, la matrícula del avión, y el nombre de Reinaldo Ruiz, fueron de inmediato incorporados a los registros de la DEA y vigilados de allí en más.

Reinaldo Ruiz y Antonio de la Guardia no se amedrentaron por el fracaso de su primer embarque de tráfico de cocaína, y no perdieron mucho tiempo para comenzar a organizar una nueva operación. Su equipo había cometido varios errores pero podían aprender de ellos, lo más importante era que los agentes del Ministerio del Interior habían cumplido el plan sin ninguna filtración de información, y estaban dispuestos a seguir intentando.

1987

Planear la segunda operación era un tanto más complicado, los proveedores colombianos se negaban a suministrar una nueva carga de cocaína y no estaban dispuestos a arriesgar un nuevo embarque con un grupo a quienes veían como aficionados. Después de varias semanas de tratativas, el 1° de mayo de 1987, Reinaldo Ruiz consiguió reunir un cargamento importante de cocaína, aportado por un conjunto de colombianos que ocupaban posiciones poco importantes dentro de los Carteles. Para esta operación, Ruiz contrató a un nuevo piloto llamado Hu Chang, ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Nacionalista China y dueño de una pequeña empresa de aviación llamada Chang International que operaba en el aeropuerto de Miami. Lo que Ruiz no sabía era que Chang era un informante regular de la DEA.

HU CHANG

Del sudeste asiático a Florida

Hu Chang era un personaje legendario para quienes conocían su pasado. Había actuado como mercenario en cuanta guerra sacudió al sudeste asiático, incluso fue contratado por la CIA como piloto durante la Guerra de Vietnam. Chang solicitó en 1981 asilo político en los Estados Unidos ya que era juzgado en Taiwán por espionaje en favor de China continental. Después de prolongadas negociaciones con el Servicio de Inmigración encontró una salida: aceptó convertirse en informante de la DEA.

El plan de la DEA norteamericana era que Chang continuase los preparativos con los contrabandistas hasta el día del vuelo. En ese momento, Ruiz y sus compañeros, serían arrestados en la pista del aeropuerto de Miami, acusados de conspiración para el contrabando de cocaína.

El 9 de mayo de 1987 llegó el gran día. Chang y Ruiz encendieron los motores y llevaron el avión hasta la pista, pero descubrieron un problema mecánico y resolvieron postergar el viaje. A un costado de la pista había un equipo fuertemente armado de hombres de la DEA, que se impactaron al ver retornar el avión al hangar. Después de esperar casi tres horas los agentes de seguridad suspendieron el operativo, convencidos de que los contrabandistas suspenderían el viaje al menos hasta el día siguiente.

Pero Ruiz insistió en reparar la nave inmediatamente y al cabo de algunas horas estuvieron nuevamente en la pista. Chang esperaba que en cuanto intentara despegar los detuvieran, pero allí no había nadie. Unos momentos más tarde se encontraban en el aire rumbo a Colombia para recoger la carga de cocaína. Chang no sabía si la DEA había cambiado el plan o los agentes fallaron en la operación.

Ambos hombres recogieron 400 kilos de cocaína y volaron sin inconvenientes hasta Cuba, aterrizaron en Varadero y como se había realizado anteriormente, la droga fue trasladada a un galpón del Servicio de Guarda fronteras de Cuba, para llevarla posteriormente a dos lanchas rápidas que partirían hacia La Florida. La cocaína llegó a Miami dos días después, tal como estaba previsto.

Reinaldo Ruiz le debía a Chang el pago de los 100.00 dólares por sus servicios, y el 3 de junio de 1987 se presentó en las oficinas del piloto para efectuarlo. Estaba muy contento y expresó que se preparara para realizar futuros viajes semanales. Cuando la DEA se enteró concurrieron varios agentes y se apoderaron del dinero, pero Chang protestó: “arriesgué mi vida en este viaje y ustedes no hicieron nada, tendrían que dejarme retener al menos una parte”.

Como Ruiz comenzó a asistir regularmente a entrevistarse con el piloto chino para organizar los embarques, la DEA instaló cámaras de video ocultas tras el escritorio de Chang. Al presionar uno de los botones de su teléfono -el que estaba al lado del que utilizaba para llamar a su secretaria- Chang podía activar las cámaras y los grabadores de cinta. En adelante, las visitas de Ruiz quedaron registradas. Por fin había pruebas sólidas que vinculaban al negocio de las drogas a Reinaldo Ruiz, varios narcotraficantes colombianos, Antonio de la Guardia, el Ministerio del Interior de Cuba, altos generales cubanos, e importantes funcionarios panameños.

Las grabaciones mostraban a un Reinaldo Ruiz jactándose de sus actividades, mientras Chang fingía sorprenderse ante un hombre cada vez más hablador.

- “Si tú tienes un acuerdo válido, no te detendrán. Yo tengo un acuerdo con el primer jefe de pilotos de combate de la fuerza aérea cubana. No exagero. El jefe de pilotos de la fuerza aérea allí...”.

- “Cuando volamos estaban allí, te lo juro. Me preguntaron si necesitaba escolta ¿te imaginas? Olvídate, hombre. Allí te puedes sentir tranquilo, porque estamos protegidos”.

- “¿Sabes una cosa, sabes qué tenemos? ¿Vas a creerme si te lo digo? ¿Conoces esos grandes barcos militares, ésos que están equipados con radares y el resto de esas cosas? ¡Tenemos dos torpederas!...¡Y pueden rastrear toda la costa norteamericana y nos pueden decir: vayan por acá y vayan por allá!...”.

- “Te voy a decir algo, no te miento. He volado a lugares en Cuba que nadie conoce. Te estoy hablando de aeropuertos militares. Te estoy hablando de aviones MIG 20 camuflados. ¿Entiendes?... Ellos siempre nos ayudan”.

- “Nos tenemos que meter en aguas y espacio cubano porque allí tenemos protección. Allí se puede trabajar libremente...”.

- “Fidel no ve las drogas, pero sabe todo. Y si alguien lo acusa de narcotraficante ¿quién puede probarlo? No pueden demostrar un carajo. Fíjate, tú puedes acusar a Cuba de todo lo que quieras, pero si él no lo admite, ¿de qué les sirve? ¿qué pueden demostrar? ¡Nada amigo, nada de nada!».

- “Todos estamos ganado millones, nadie se puede quejar. Fidel está ganando como nunca, Castro sabe arreglárselas! No se anda con vueltas... Si el dinero es bueno, ¿para qué joder con chucherías? Por algo vive como un duque...”.

- “Nosotros cumplimos y ponemos el lomo y el pellejo. Todo sale de buenas, pero no nos olvidemos del dinero de Fidel. No hay que olvidarse de poner el dinero en su gaveta..”.

El 28 de febrero de 1988 Reinaldo Ruiz llegó al Aeropuerto Omar Trojillos de Panamá desde la ciudad de México.

Tras dejar atrás los controles de inmigración y aduanas fue abordado por un teniente de las Fuerzas de Defensa de Panamá. El oficial le informó que tenía una orden de arresto contra él por tráfico de drogas, pero Ruiz no se preocupó y decidió acompañarlo sin resistencia a las oficinas de la policía secreta del régimen de Noriega. Cuando llegaron se sorprendió ya que fue fotografiado y se le tomaron las impresiones digitales como a un simple criminal. Furioso pidió hablar con algún superior, y ante la negativa solicitó llamar a La Habana para aclarar todo con el coronel Tony de la Guardia. En el Ministerio del Interior de Cuba, le informaron que el coronel no lo podía atender por estar considerando compromisos más importantes.

En las primeras horas del día siguiente, lo trasladaron nuevamente al aeropuerto donde lo esperaban varios agentes de la DEA para llevarlo a Miami. Lo habían traicionado. Habían pasado apenas pocas semanas desde que un tribunal americano había procesado en ausencia al general Noriega por contrabando de cocaína, el régimen panameño deseaba limpiar su imagen y decidió sacrificar a Ruiz, que no formaba parte del círculo interno de narcotraficantes panameños, y por lo tanto no representaba un peligro para Noriega.

El 1° de marzo de 1988 los panameños y la DEA arrestaron a otras 15 personas que fueron llevadas a Estados Unidos encausadas por contrabandear cocaína a través de Cuba, Haití y las islas Turcos y Caicos. El 3 de marzo, Fidel Castro fue informado de lo sucedido y advirtió a sus funcionarios que por un tiempo no permitieran que la cocaína colombiana tocase suelo cubano.

Pocos días después, el mundo entero comenzó a enterarse de las vinculaciones de Castro y los hombres de la revolución con el narcotráfico. La editorial del periódico Miami Herald, del 10 de marzo de 1988, revelaba parte de las conversaciones grabadas entre Ruiz y Chang, y afirmaba que los ingresos del tráfico de drogas habían ido a parar a “la gaveta de Fidel”.

Entretanto, Tony de la Guardia recibió información que indicaba que tanto Reinaldo Ruiz, como los demás arrestados, estaban dispuestos a declararse culpables y a cooperar con las autoridades norteamericanas a cambio de una reducción en las sentencias. Especialmente Ruiz atestiguaría públicamente acerca del papel del Ministerio del Interior de Cuba en el tráfico de cocaína. Ruiz sabía que Tony de la Guardia representaba un botín valiosísimo para Estados Unidos, y si confesaba todo lo que sabía y había visto, se lo recompensaría con una importante reducción de su condena.

Fidel Castro tomó conciencia inmediata de la crisis que se avecinaba, por ello encargó a su propio hermano, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro, que iniciara una severa investigación cuyo objetivo no era otro que “lavar la ropa sucia” y demostrar la inocencia no sólo de Fidel sino de toda la revolución.

Hacia fines de 1988 la tensión entre los militares y el Ministerio del Interior llegó a niveles altísimos. Los militares de la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) se quejaban abiertamente de los privilegios que tenían los funcionarios de Interior, y cómo los exhibían sin vergüenza alguna. Las acusaciones de corrupción e ineficacia se cruzaban en ambas direcciones19.

A diferencia de sus colegas más austeros del ejército, que no tenían acceso a los viajes al extranjero o a las divisas, los funcionarios de Interior podían obtener casi todos los productos de occidente que quisieran, y dentro de dicho ministerio, el Departamento MC, gozaba de mayor autonomía. Por su carácter secreto, no estaba sometido a ningún tipo de auditoría, en los libros operaba con un presupuesto de 70.000 dólares anuales, pero todos sabían que aquella era nada más que una cifra simbólica.

El organismo tenía varias oficinas en Panamá, operaba con cientos de empresas en todo el mundo y generaba millones en divisas extranjeras. Sus ingresos habían convertido al Ministerio del Interior en un poder importante dentro del sistema cubano.

Raúl Castro ordenó a sus servicios de inteligencia militar que trabajaran sin descanso en la investigación de los contrabandos de cocaína. Necesitaba un arma contra sus adversarios y estaba dispuesto a demostrar que el Ministerio del Interior era el único responsable de las torpes operaciones con estupefacientes.

Durante las investigaciones, el hermano del líder cubano encontró algunas pruebas que vinculaban a Antonio de la Guardia con el General de División Arnaldo Ochoa. Si bien podía demostrar una relación de amistad y comercial entre ambos, y que algunos de los hombres de Ochoa habían colaborado en las operaciones realizadas por Interior, no tenía nada sólido en su contra. Además, Raúl Castro debía decidir si firmaría el ascenso de Ochoa a comandante del poderoso ejército occidental, que incluía el mando sobre la Marina y la Fuerza Aérea en dicha región.

EL GENERAL OCHOA

Arnaldo Ochoa se unió a las tropas de Fidel Castro a muy temprana edad.

Fue uno de los primeros rebeldes que ocupó la ciudad cubana de Santa Clara y participó en casi todas las batallas importantes que llevaron a la victoria a las fuerzas revolucionarias el 1o de enero de 1959. Una vez que Castro asumió el poder, Ochoa se convirtió en capitán del nuevo ejército revolucionario. Luchó contra las fuerzas exiliadas apoyadas por la CIA en Bahía de Cochinos en 1961 y durante los años siguientes ayudó a combatir las guerrillas contrarrevolucionarias.

En 1977, fue ascendido a general de división y comandante de las fuerzas conjuntas etíopes, cubanas, polacas, húngaras y alemanas orientales que operaban en Angola. También organizó las Fuerzas Armadas de Grenada y suministró entrenamiento militar a los ejércitos de Yemen del Sur, Siria, Vietnam, Libia, Afganistán, Irak y Laos. En 1983 fue enviado a Nicaragua como asesor militar del régimen sandinista y colaboró para repeler a los “contras” financiados por Estados Unidos.

Por sus hazañas y logros en favor de la revolución castrista, en 1984 el régimen cubano le concedió uno de los más altos títulos honorarios otorgados jamás: la Orden de Héroe de la República de Cuba y la Orden de Máximo Gómez, Primer Grado. Los decretos 250 y 251 de enero de 1984, publicados en Grama20 afirmaban: “la vida del compañero Ochoa Sánchez es un ejemplo vivo de las cualidades y los méritos de esos hombres del más humilde origen que... cultivan los rasgos auténticos de la modestia y la sinceridad, y gozan de la admiración y el respeto de las masas”, agregando además que su carrera servía como “estímulo para todos los combatientes”.

Además de sus medallas, había otra poderosa razón por la cual el resto de los generales cubanos trataban con sumo respeto a Ochoa. Era uno de los pocos cubanos que tuteaba a Fidel y hasta se daba el lujo de hacerle bromas o cargarlo por su forma de vestir. Eso significaba más que cualquier rango jerárquico.

Al igual que otros comandantes de tropa, Arnaldo Ochoa realizaba transacciones comerciales para ayudar a financiar sus campañas bélicas y mejorar las condiciones de vida de sus soldados. Los predecesores de Ochoa en Angola habían aumentado el presupuesto de sus ejércitos con exportaciones de diamantes, marfil, cuarzo y otros productos, cosa que el mismo general imitó. Comenzó a utilizar sus contactos en todo el mundo para realizar lucrativas ventas de armas. En 1987 cerró un acuerdo con los sandinistas de Nicaragua por 161.000 dólares para venderles 100 lanzagranadas alemanas M-79 y 12.000 proyectiles. En 1988 utilizó sus relaciones en el mercado internacional de armas para comprar 100 radios militares para el ejército de Angola por una suma de 595.000 dólares. También intervino en la organización de varias operaciones mediante las cuales aviones de la Fuerza Aérea Cubana llevaban embarques de azúcar hacia Angola; éste era uno de los pocos productos que en la isla abundaban, y obtuvo durante largo tiempo un promedio de 17.000 dólares mensuales por estas ventas.

Arnaldo Ochoa se acercó mediante uno de sus hombres de confianza, el capitán Martínez Valdés, a la persona que estaba en mejores condiciones para vender sus productos en el exterior: el coronel Antonio de la Guardia.

Sea como fuere, Ochoa se había convertido en un hombre de gran influencia, con mando sobre casi 300.000 soldados que lo seguían y respaldaban. Para Raúl Castro, el general se había transformado en un personaje demasiado popular y debía ser detenido. Además, Arnaldo Ochoa, se encontraba influido por los oficiales soviéticos “perestroikos” con quienes había fraternizado en Angola o en la propia Unión Soviética. Por ello, el hermano del líder cubano comprendió que de alguna forma debía sacarlo de la vida cubana, de lo contrario su escepticismo político comenzaría a corroer el entusiasmo revolucionario de las Fuerzas Armadas de Cuba.

La gota que colmó el vaso se produjo a mediados de 1989. Los organismos del gobierno norteamericano tenían tanta información sobre la colaboración del régimen cubano con los traficantes de droga colombianos, que intentaron realizar un golpe espectacular: secuestrar al ministro del Interior de Cuba, el General de División José Abrantes.

El Servicio de Aduanas de Estados Unidos, con la ayuda de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, la DEA, y la cooperación del Fiscal de Distrito del Sur de La Florida, elaboraron un plan para atrapar a José Abrantes en medio de una reunión con traficantes de cocaína. El encuentro debía realizarse en algún lugar de las aguas del caribe entre Cuba y Bahamas, una vez allí, sería detenido y llevado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. El plan llevaba el nombre de Operación Greyhound21.

La oficina del fiscal norteamericano coordinaba el grupo de trabajo, la Aduana y la DEA se encargaban de la operación encubierta, y la Agencia de Inteligencia se ocupaba de brindar la información necesaria y coordinaría la participación de la Marina y la Fuerza Aérea, en caso de que la operación terminara en una batalla campal con los buques de guerra que seguramente escoltarían a José Abrantes.

El hombre que debía atraer al ministro del Interior de Cuba al encuentro en el mar era un narcotraficante convicto llamado Gustavo Fernández, un ex colaborador de la CIA que cumplía una sentencia de 50 años por haber introducido 300 toneladas de marihuana. Fernández era un exiliado cubano que, a pesar de estar detenido, mantenía excelentes relaciones con sus antiguos socios en la isla. El 13 de mayo de 1989 fue liberado de la cárcel de Okeechobee, en La Florida, para llevar a cabo la Operación Greyhound.

Fernández se instaló en una casa en los cayos al sur de Miami y se le permitía deambular por las calles de 8 a 17 horas, siempre vigilado por agentes de la Aduana. Con el paso del tiempo solicitó a sus custodios mayor libertad, ya que no podía ser un narcotraficante muy convincente con ese horario. El reclamo fue aceptado y lo fueron dejando cada vez más solo, le entregaron un automóvil Lincoln Continental completamente nuevo, una gran lancha a motor, 5.000 dólares mensuales y una pistola calibre 45.

De acuerdo al plan, Fernández debía ofrecer secretos militares norteamericanos al gobierno cubano. Un agente le había entregado dicha documentación en hojas membretadas del Departamento de Defensa, con información sobre los satélites norteamericanos que sobrevolaban Cuba con capacidad infrarroja para tomar fotografías penetrando el follaje de los bosques isleños. Era información legítima aunque no demasiado detallada, lo suficiente como para abrir el interés de los cubanos. A cambio de los documentos, el gobierno cubano debía autorizar a Fernández aterrizar un avión con 1.500 kilos de cocaína colombiana. Fernández mostraría preocupación por su seguridad y reclamaría que el propio ministro Abrantes estuviese presente en el encuentro para sellar el pacto.

Sin embargo, Fernández resultó ser más vivo que el resto de sus compañeros de plan. La madrugada del 2 de junio de 1989 tomó su embarcación, cargó inclusive su lujoso automóvil, y partió hacia mar abierto. El ex convicto llegó a las costas cubanas, donde permanece hasta el presente rodeado de una vida privilegiada. Había revelado el Plan a los hombres de Castro a cambio de su refugio. El gobierno norteamericano cubrió la Operación Greyhound con un manto de silencio, toda la información fue inmediatamente clasificada como secreta.

Fidel Castro y su hermano Raúl contaban con los informes de inteligencia suficientes como para tomar alguna medida. Ambos entendían que el problema de las drogas atraería mayores problemas a la isla. Todo el tema debía ser resuelto cuanto antes con una decisión política. El 12 de junio de 1989 Fidel y Raúl Castro se reunieron por varias horas, era el fin para Antonio de la Guardia, Arnaldo Ochoa, y el resto de los involucrados con el narcotráfico y otros actos de corrupción.

EL PROCESO

El 14 de junio del 89 fueron arrestadas 14 personas, acusadas de cometer delitos contra la patria, abuso en el cargo, y tráfico de drogas tóxicas. Los detenidos en la denominada Causa 1/89, eran:

- Antonio de la Guardia

- Patricio de la Guardia
-Miguel Ruiz Poo
-Arnaldo Ochoa
-Jorge Valdez
-Amado Padrón
-Antonio Sánchez Lima

- Leonel Estévez
-José Luis Pineda

- Eduardo Díaz Izquierdo

- Alexis Lago

- José María Abierno

- Gabriel Prendes Gómez
-Antonio Rodríguez Estupiñan

El mismo día, el periódico Grama publicó un comunicado de cuatro párrafos que decía: “Nos vemos en el desagradable deber de informar que el General de División Arnaldo Ochoa Sánchez, quien ha recibido del Partido y las Fuerzas Armadas Revolucionarias importantes responsabilidades y honores, ha sido arrestado y sometido a investigación por graves cargos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos.” Agregaba además que Ochoa había incurrido en “graves violaciones a la moral y las leyes socialistas”. Respecto de todos los acusados, advertía: “el peso inexorable de la justicia revolucionaria caerá sobre ellos”.

El primer paso judicial lo constituyó la convocatoria a un Tribunal de Honor de la Fuerzas Revolucionarias para decidir sobre el futuro del General de División Arnaldo Ochoa y su gente. El propio Raúl Castro, como ministro de las FAR, rindió el 1o de julio de 1989 el informe de acusación, donde principalmente sostuvo:

“La actuación de Ochoa se encubría en un aparente desvelo por las condiciones de vida de las tropas, que en realidad servía de pretexto a un afán desenfrenado de acumular dinero y realizar negocios, aun cuando estos fueran ilícitos y se llevaran a cabo a costa de violar todas las normas, regulaciones, leyes, incluso de estados amigos, traicionando así la confianza de sus gobiernos, como en el caso del comprobado contrabando de diamantes y marfil”.

También decía que “como se ha revelado, Ochoa reservaba su tiempo más selecto en urdir y promover por medio de su ayudante, el capitán Jorge Valdés, el delirante proyecto de convertirse en un zar del narcotráfico. Por otra parte y aunque ello no les exime de modo alguno de responsabilidad, es lógico suponer el clima de impunidad y el impulso en su desenfrenada actividad que significó para elementos ya comprometidos con el narcotráfico, como el coronel Tony de la Guardia y su grupo del Departamento MC del Ministerio del Interior, saber que un hombre de los méritos y el prestigio de Ochoa marchaba por el mismo camino y recababa su cooperación”.

Para finalizar expresaba: “Queridos compañeros, sepamos lavar de forma ejemplar este ultraje que ha causado a la patria y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Arnaldo Ochoa Sánchez. Sobre él debe recaer el rigor de la ley revolucionaria. Los antecedentes que obren en su expediente militar, lejos de ser atenuantes, devengarán agravantes por haber faltado al honor y la confianza que en él se depositó”.

Tras escuchar atentamente este alegato, el general Ochoa se limitó a realizar una descripción de su vida en favor de la causa revolucionaria, para luego decir:

“Me faltan las palabras, porque no son sólo ustedes y el pueblo el que está indignado, yo también estoy indignado conmigo mismo, porque hoy veo las cosas unidas y veo el gran horror que cometí... Pero sí quiero decirles a los compañeros que traicioné a la patria y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro que cualquiera”.

Para terminar agregó:

“Primero que nada quiero decirle a todos los miembros del Tribunal que yo mantendré una actitud legítima de lo que fue un General de la Fuerzas Armadas, hasta mi última consecuencia. Segundo, decirles que no albergo en lo absoluto ningún reproche por lo que aquí se ha dicho, pues yo comparto la opinión de todos en lo que se ha dicho hasta este momento, que creo que se ha hecho una valoración justa y meridiana de la realidad. Yo creo firmemente, conscientemente en mi culpabilidad, y si aún puedo servir aunque sea de mal ejemplo, la Revolución me tiene a su servicio, y si esta condena, que puede ser por supuesto el fusilamiento, les prometo que mi último pensamiento será para Fidel, por la Revolución que ha dado a este pueblo”.

El 3 de julio de 1989, los 47 generales y almirantes que integraron el Tribunal de Honor Militar expresaron sus consideraciones del caso, sosteniendo que “de una forma ejemplar, sin paralelo en la historia, nuestra Revolución ventila el bochornoso episodio del grupo de irresponsables que, movidos por vulgares fines de lucro y de dulce vida, asociados a proyectos locos, fantasiosos e irreales, implicaron a nuestro país con el narcotráfico”.

“El enemigo imperialista está desconcertado. Su principal problema interno, hoy por hoy, es la droga, que como un cáncer corroe su sociedad de consumo y genera cada año cientos de miles de millones de dólares para alimentar el narcotráfico internacional. No saben ahora si beneficiarse con la batalla que Cuba libra en estos momentos contra el mismo fenómeno por estrictas razones de ética y principios revolucionarios, o dejarse llevar por la intención de utilizar este episodio para hacer campañas infames contra nuestra Revolución... El enemigo trata de aprovechar este episodio, frente al proceso político y judicial más limpio que se pueda concebir, afirman que los acusados están drogados, que de modo mecánico aceptan los cargos. De milagro no empiezan a decir que los hemos torturado atrozmente. Algunos grupúsculos hipócritas que dicen ocuparse de los derechos humanos comienzan a chillar, exclamando que hace falta un juicio justo, que los acusados no tienen garantías para un veredicto imparcial, etcétera”.

“Es evidente que los órganos de inteligencia de Estados Unidos conocían que desde 1987, aunque espaciadamente, aviones con droga procedentes de Colombia estaban realizando aterrizajes en el aeropuerto de Varadero con la complicidad de oficiales cubanos”.

“Ellos sabían quiénes eran esos oficiales, pues -según se conoce hoy- tenían agentes infiltrados entre los que participaban en estas operaciones. Sin embargo, no informaron una sola palabra al Gobierno de Cuba, de modo oficial o confidencial. Podía haberse evitado el ingreso de varias toneladas de droga a Estados Unidos, pero se preocuparon mucho más en obtener argumentos para sus campañas contra Cuba, que en impedir verdaderamente la entrada de droga en su país”.

“Arnaldo Ochoa, lo mismo que Antonio de la Guardia y su grupo, expusieron al país y a la Revolución a mortales peligros, no sólo porque Cuba podría ser acusada con pruebas irrebatibles de estos hechos, sino porque socavarla moral y el prestigio de la Revolución, es afilarlas garras del imperialismo contra nuestra patria y debilitar nuestras defensas. Con su conducta irresponsable, estaban poniendo en juego los frutos del heroísmo, la sangre y el sudor derramados durante tantos años de lucha”.

“Por tanto, este Tribunal de Honor Militar, en uso de sus facultades legales y reglamentarias que le están conferidas, respecto de la conducta del General de División Arnaldo Ochoa, RESUELVE:

1- Proponer al ministro de las FAR y que eleve al Consejo de Estado:

a) La solicitud de que sean retirados el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y demás órdenes, medallas y condecoraciones conferidas.

b) Que solicite al Presidente del Consejo de Estado y de Gobierno y Comandante en Jefe, la privación del grado de general de división y su expulsión deshonrosa de las FAR.

c) Ponerlo a disposición del Tribunal Militar Especial para que sea juzgado por su alta traición a la patria, y que sobre él recaiga todo el peso de la ley, en correspondencia con la extrema seriedad de sus delitos.

2- Recomendar a los organismos políticos y a la Asamblea Nacional, dada la gravedad de los hechos, su expulsión del Partido y por lo tanto de su Comité Central, así como privarlo de su condición de Diputado de la Asamblea Nacional”.

El 6 de julio de 1989 comenzó el juicio oral sumarísimo del Tribunal Militar Especial. En el comienzo del debate fue llamado a prestar declaración Arnaldo Ochoa, quien en todo momento asumió su responsabilidad:

FISCAL: Ochoa, hablemos de las inversiones. La idea suya era propiciar, abrir un camino para Escobar y llevar droga a los Estados Unidos.

OCHOA: Sí.

FISCAL.: ¿Usted no iba a beneficiarse de eso en nada?

OCHOA: No, ¿en qué me iba a beneficiar?

FISCAL: Es decir, Cuba no recibiría ningún beneficio.

OCHOA: Si, todo.

FISCAL: ¿Cómo todo?

OCHOA: Sí, él tenía que invertir el dinero en Cuba.

FISCAL: Entonces hablamos de un negocio de lavado de dinero en Cuba.

OCHOA: Sí, en realidad era en edificios.

FISCAL: ¿En edificios?

OCHOA: Sí, en turismo, porque queríamos hacer inversiones para el turismo.

FISCAL:¿Qué garantía tenía usted de que lo iban a invertir en Cuba?

OCHOA: Bueno, la confianza de los años que tengo con él.

FISCAL: ¿Usted me habla de su confianza con Pablo Escobar?

OCHOA: Sí.

FISCAL: ¿Y qué beneficios iba a obtener Cuba como país de todo esto?

OCHOA: Bueno, si se desarrolla el turismo, Cuba se beneficia.

FISCAL: ¿Alguna vez se puso a pensar qué sucedería si descubrían que el narcotráfico realiza inversiones en nuestro país, o que nosotros lavamos dinero de las drogas?

OCHOA: No, la verdad nunca lo pensé.

FISCAL: ¿Nunca pensó por un instante en el descrédito para Cuba?

OCHOA: No, pero usted tiene razón. Yo actué con ligereza, actué irresponsablemente. Siento ahora una profunda consternación.

FISCAL: Ochoa, hay una pregunta que hace rato me da vueltas en la cabeza, porque por razones de mi trabajo me ha tocado participar en una serie de eventos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, convocados por las Naciones Unidas, donde hemos tenido la posibilidad de ver las consecuencias del consumo de droga, sobre todo en jóvenes, incluso en niños. ¿No llegó a sentir repugnancia por las consecuencias de sus actos? ¿Usted cree que algún día hubiese podido llegar a ser como Pablo Escobar, y al mismo tiempo sentirse feliz, sabiendo que está asesinando a una buena parte de la humanidad para enriquecerse y hacer hoteles en Cuba?

OCHOA: La verdad usted tiene razón. Nunca me detuve a pensar, cuando uno tuerce el camino no se conforma con nada.

FISCAL: ¿Usted cree que nuestra Revolución puede vivir subvencionada por el narcotráfico?

OCHOA: No, la culpa es mía aunque me aborrezcan, pero es mía.

Luego fue llamado ante el estrado Antonio de la Guardia, quien tampoco negó los cargos que pendían sobre él.

ANTONIO DE LA GUARDIA: Quiero señalar aquí que acepto todos los cargos que se me imputan, y resaltar que el máximo responsable soy yo, tengo un gran cargo de responsabilidad en esto, además, ninguno de mis jefes tenía conocimiento de esto. Quiero señalar también que la razón fundamental de todas las operaciones está dada por un estado de deformación, de irresponsabilidad, de cuanto calificativo de corrupción que en un momento determinado llegué a tener, que no me hizo ver o no me hizo tomar conciencia de los graves errores que estaba cometiendo. Estoy consciente totalmente del daño, del error tan grande que he cometido o le he hecho a Fidel, a la Revolución, a mis compañeros, a mi institución, a mis hijos, daño que es irreparable. Nosotros nos olvidamos de todo, traicionamos la imagen de nuestros mártires y de nuestros hermanos héroes revolucionarios. La conciencia mía está muy mal, los he traicionado vilmente. En realidad no pensé en ello. Sin embargo, esto no se borra con la conciencia, nos merecemos lo peor, que nos castiguen severamente. Es imposible traicionar al Comandante en Jefe, a esta Revolución y a mis compañeros que tanto tiempo fueron leales a mí. Yo les pido que esto sirva de ejemplo para otros combatientes o revolucionarios, para que no cometan el delito que yo cometí, además, exhorto al resto de los detenidos a que tengan una actitud cívica honesta y que digan qué hicieron y por qué lo hicieron. Espero que algún día, ahora es muy pronto, pero en un tiempo lejano, me puedan perdonar y recordar como el revolucionario que fui y no como lo que soy ahora. Eso es todo.

FISCAL: Acusado De la Guardia, el señor Arnaldo Ochoa prestó declaración ante este Tribunal. Para nosotros es importante conocer en detalle sus relaciones con Arnaldo, cuándo se inician, y cuándo estas relaciones se vinculan a la problemática del narcotráfico.

DE LA GUARDIA: Mis relaciones con él comienzan en 1988, a partir de que yo viajo a Angola. No me acuerdo del momento que se conversó de droga, no puedo precisarle cuándo fue, ni cómo fue. Si sé que hablamos, él me comentaba las posibilidades económicas que brindaba la droga en operaciones muy grandes, países que vivían de eso, y las conversaciones radicaban en ese aspecto, en un sentido muy general, sin caer en el campo de identificaciones de las operaciones que yo hacía. Sin embargo él sabía que yo hacía operaciones y que las hacía con aviones que ingresaban a Cuba y lanchas que sacaban la droga de nuestro territorio hacia Estados Unidos. Sin embargo yo le comenté que los vehículos míos, las lanchas, eran pequeñas y los lancheros eran muy irresponsables, porque a veces cuando los perseguían tiraban la droga al mar. Por eso le propuse utilizar un barco grande, uno de la marina mercante

FISCAL: ¿Un barco mercante cargado de droga?

DE LA GUARDIA: Sí.

FISCAL: ¿Cuánto cargaría ese barco, cientos de toneladas?

DE LA GUARDIA: No, no creo que tantas. Hablamos de cinco o diez toneladas.

FISCAL: ¿Quién les proveería la droga?

DE LA GUARDIA: Me dijo Ochoa que sería Pablo Escobar.

FISCAL: ¿Ochoa le dijo que en esa negociación habría una vinculación con Pablo Escobar?

DE LA GUARDIA: Yo me entero de la negociación con Escobar por nuestro compañero Jorge Valdés, él me dijo que viajaba a ver a Escobar.

FISCAL: ¿Jorge Valdés viajó a Colombia a ver a Escobar?

DE LA GUARDIA: Sí, él viajaba con un pasaporte colombiano y después me informaba.

FISCAL: ¿Ochoa también le habló de esa relación?

DE LA GUARDIA: Sí, me habló en varias oportunidades de sus contactos con Pablo Escobar, incluso me dijo que tenía comunicaciones regulares para planear las operaciones.

FISCAL: Le pregunto: ¿nunca ninguno de los dos despertó del sueño de que este país jamás podrá vivir del dinero del narcotráfico?

DE LA GUARDIA: No, en verdad nunca lo pensamos, usted tiene toda la razón.

Posteriormente fue llamado a testificar Amado Padrón, quien había recibido y encauzado las operaciones de narcotráfico de Reinaldo Ruiz y su primo Ruiz Poo.

FISCAL: ¿Dónde se vinculó con Ruiz y con Ruiz Poo?

PADRÓN: Lo hice en Panamá, cuando debo confesar que adquirí mi nuevo papel de empresario

FISCAL: ¿Empresario?

PADRÓN: Sí, en realidad hablo de comercio de drogas. Sin embargo la primera conversación seria la mantuvimos aquí en Cuba en el Departamento MC.

FISCAL: ¿Qué le planteó Ruiz Poo sobre drogas?

PADRÓN: Me planteó que su primo le había dicho que su mujer era colombiana y tenía posibilidades de hacer operaciones de narcotráfico por Cuba.

FISCAL: ¿No le molestó que le hiciera esta propuesta?

PADRÓN: Bueno, en principio sí, pero después la elevé a Tony de la Guardia. Se lo planteamos y nos dijo que se encargaría de cómo lo íbamos a hacer.

FISCAL: ¿Qué historia le hizo usted a Guardafronteras para que le mandaran oficiales para dar cobertura a los aviones?

PADRÓN: Esta coordinación la hizo el compañero Tony.

FISCAL: ¿Todas las operaciones que usted realizó las consultó con Tony?

PADRÓN: Correcto, todas.

FISCAL: ¿Y si Tony estaba en el exterior usted no las hacía hasta que viniera de regreso?

PADRÓN: Es correcto, si él no estaba no se hacían.

FISCAL: ¿Puede decirnos la cantidad de operaciones que hicieron?

PADRÓN: No, no sé el total, pero por ejemplo en abril del año pasado hicimos cinco.

FISCAL: ¿En un mes?

PADRÓN: Sí, en un solo mes.

FISCAL: ¿Nunca se sintió penetrado por el enemigo en este comercio?

PADRÓN: No, siempre pensamos que todo era en secreto. En las ocasiones que nuestros lancheros cayeron presos en Estados Unidos, nunca dijeron que venían de Cuba, siempre decían que venían de Bahamas.

FISCAL: ¿Usted cree que, entonces, la DEA no tenía la más ligera noticia de esto?

PADRÓN: Creo que al principio no, pero supongo que se informaron cuando Reinaldo Ruiz cayó preso.

FISCAL: A usted se le encontraron escondidos en una nevera 294.918 dólares. ¿De dónde salió ese dinero?

PADRÓN: Ese dinero fue el pago de las últimas dos operaciones de droga que se hicieron. Estoy hablando de hace un mes atrás.

FISCAL: Señor Padrón, nosotros encontramos 156 kilogramos de cocaína enterrados en Cayo Romero. Creemos que este cargamento era suyo, y según el laboratorio de criminalística la cocaína posee un ciento por ciento de pureza. ¿Esta droga era suya, por qué la enterraron?

PADRÓN: La droga era mía y del compañero Eduardo Díaz Izquierdo, pero la enterramos porque nos ordenaron que suspendiéramos todo por un tiempo.

FISCAL: ¿Quién se lo ordenó?

PADRÓN: El compañero Tony de la Guardia.

El 9 de julio de 1989 se dio por finalizado el debate en el juicio. En dicha oportunidad el fiscal, general de Brigada Juan Escalona Reguera, finalizó con la exposición de motivos en que su sustentaban sus pedidos de aplicación de la pena capital para Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Valdés, y penas de 10 a 30 años de prisión para el resto de los acusados.

“Es evidente que más allá de cualquier tecnicismo legal, por encima de los graves cargos imputados y probados, cuyas penas están claramente previstas en nuestras leyes vigentes, la falta mayor de Ochoa es haber traicionado a su pueblo. En las vistas del juicio, quedó evidenciado la delicada situación en que la traición de Ochoa ha colocado a nuestro país, lesionando gravemente el prestigio de la Revolución y su credibilidad internacional, que son, por decirlo de alguna manera, las principales y a veces las únicas armas con que cuenta nuestro país frente a la agresividad del imperialismo”.

“A quien primero traiciona Ochoa es, precisamente a Fidel, de quien no basta decir, en sólida argumentación técnica, que es su Comandante en Jefe. Ochoa sabe, como nadie, que está traicionando un símbolo, una historia de limpieza jamás empañada con una mentira. Al atentar contra la credibilidad de Fidel, Ochoa, y con él todos los demás encartados, clavaron a la patria y al pueblo un puñal en medio de la espalda”.

“¿De qué se cansó Ochoa? No fue del servicio militar, porque no es un militar de carrera, ni el heredero de una tradición familiar castrense, y porque ningún militar se hubiera cansado nunca de un servicio tan atractivo como el suyo. Ochoa se cansó del servicio público, se aburrió de vivir consagrado a una causa, se hastió de luchar y trabajar para los demás, se cansó de la lucha de liberación de los pueblos y decidió, con pleno conocimiento de causa, vivir su propia vida... Ochoa escogió otros modelos y otros caminos: el modelo de un Pablo Escobar, zar de las drogas, millonario sin control de nadie, no sometido a ninguna disciplina y no contenido por ningún principio ni ideología, escogió el camino del dinero fácil, el del narcotráfico”.

“Estos hombres han cometido actos aberrantes. Por orden de responsabilidad está, por ejemplo Antonio de la Guardia, principal responsable de haber involucrado a Cuba en el narcotráfico, amparándose en la confianza depositada en él para dirigir un Departamento consagrado al noble esfuerzo de quebrar el bloqueo norteamericano, utiliza y abusa de sus prerrogativas para ponerlas al servicio del infame comercio de cocaína. Difícilmente haya contado nunca un narcotraficante con semejantes ventajas y con semejantes recursos. Tony de la Guardia hizo de Cuba un rehén del narcotráfico internacional. Tony de la Guardia o cualquiera de esos delincuentes sentados aquí, eran capaces de paralizar la acción de los servicios de defensa más vitales del país. De la Guardia inhibía la actuación de las actividades en la represión de la navegación marítima y aérea ilegal, disponía de los corredores aéreos del país, contaba con atribuciones para violar todas las disposiciones migratorias, permitía la entrada al país y escondía en nuestra tierra a connotados delincuentes y era capaz de impedir la acción de las autoridades. Hoy resulta, además, muy difícil establecer cuántos de esos lancheros eran agentes de la CIA, y cuántas de sus acciones están registradas en los servicios especiales del enemigo. Tony de la Guardia no puede alegar ingenuidad, su delito es también la traición y la más repugnante deslealtad a su país, a su pueblo y a su institución”.

“Los acusados han realizado actos hostiles contra estados extranjeros, lo que es un agravante cuando hablamos de drogas tóxicas. Estos actos dan motivo al peligro de una guerra o a medidas de represalia contra Cuba, o exponen los bienes cubanos a represalias. Estos presupuestos están claramente establecidos en los hechos que hemos venido examinando en esta causa. Pero llamo la atención al Tribunal que éstos no sólo están establecidos en relación a Estados Unidos, sino también se refieren a Colombia, México, o Panamá, quienes fueron lesionados por sus actividades”.

“Esta lluvia de injurias, de infamias, de mentiras, que caen en este momento sobre nuestro país, motivadas principalmente por las agencias de prensa imperialistas pero con la excusa de la acción de los acusados, permite confirmarla certeza de que Cuba está vinculada al negocio del narcotráfico. Más de 10 millones de cubanos tienen que sufrir pacientemente las vejaciones, las campañas de prensa, y los horrores que hablan de la Revolución Cubana, por obra y gracia de estos 14 ciudadanos que nacieron en este país”.

El 10 de julio de 1989, el Tribunal Militar Especial dictó sentencia, condenando a la pena capital a Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Valdez y Amado Padrón. Asimismo sancionó con 30 años de prisión a Patricio de la Guardia, Antonio Sánchez, Eduardo Díaz Izquierdo, Alexis Lago, Miguel Ruiz Poo y José María Abierno. Respecto de Luis Pineda, Gabriel Prendes Gómez y Leonel Estévez, les aplicó una pena de 25 años de prisión. La menor pena, 10 años de prisión, recayó sobre Antonio Rodríguez Estupiñan.

El 11 de julio, los acusados a muerte interpusieron un recurso de apelación para que la causa 1/89 pasara a consideración del Consejo de Estado.

El artículo 483 de la Ley de Procedimiento Militar establece que en procesos sumarísimos en donde se impongan sanciones de muerte, no pueden ser ejecutadas sin previa comunicación del Consejo de Estado, a los efectos del ejercicio del derecho de indulto.

El 12 de julio se reunió el Consejo, los 29 miembros que lo integraban, incluidos los hermanos Raúl y Fidel Castro, resolvieron confirmar el fallo condenatorio y ratificar la pena de muerte para los acusados. El último en expresarse en la reunión fue Fidel Castro, quien expuso: “En nombre de los que cayeron por un país digno y respetable, por los ideales que ellos defendieron y de la patria que ellos soñaron, estamos obligados a ser severos”.

En horas del amanecer del 13 de julio, los condenados Ochoa, De la Guardia, Valdez y Padrón, fueron ejecutados. Los tres últimos enfrentaron el paredón de la muerte con quejas y pedidos de clemencia. Ochoa, antes de su final, simplemente giró hacia los soldados que le apuntaban y dijo: “Sólo quiero que sepan que no soy un traidor. Muchachos, cumplan su misión, no tengo nada contra ustedes, sólo están cumpliendo órdenes”. Unos instantes después su vida se apagó.

Fidel Castro observó la escena en un videotape que le trajeron los médicos militares horas más tarde. Con la vista fija en el monitor finalmente comentó: “Murió como un hombre”. Para el Gobierno de Cuba se terminaba una de sus páginas más complejas desde que se inició la revolución, el asunto del tráfico de cocaína había finalizado.

IV MEXICO, LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CINISMO

México ingresó en el mercado del tráfico internacional de estupefacientes a principios de la década del setenta, principalmente introduciendo al mercado norteamericano vastas cantidades de heroína. En gran medida los esfuerzos realizados por las agencias especiales de lucha contra las drogas de Estados Unidos y Francia, en 1972, para desbaratar la denominada Conexión Francesa, basada en la producción de opio en Turquía, llevó a los traficantes de las calles de Nueva York y de otras ciudades de la costa oeste estadounidense a buscar un nuevo país o región que proporcionara heroína, la que tenía para esa época una importante demanda.

El opio y la heroína producidos en tierra turca habían demandado la elaboración de un sistema sumamente complejo y costoso de transporte hasta los Estados Unidos, mientras que México no sólo estaba a la “vuelta de la esquina”, sino que cientos de kilos podían ser llevados hacia las principales ciudades en automóviles, pequeños barcos o simplemente en bolsos de mano por aquellos que diariamente cruzaban la frontera.22

La cadena montañosa llamada Sierra Madre Occidental toma los vientos húmedos que provienen del Océano Pacífico, creando una región intermedia con condiciones inmejorables para todo tipo de cultivos. Esta región, abarcada por los estados de Sinaloa y Durango, cuyas capitales son las ciudades de Culiacán y Victoria de Durango respectivamente, fue considerada como uno de los mayores centros para el sembrado, empaquetado y comercialización de productos vegetales como tomates, pepinos y otras hortalizas.

Sin embargo, el cultivo de la amapola para la producción de opio, fue introducido a principios de siglo por trabajadores chinos que se dedicaban al tendido de las vías férreas de la zona occidental mexicana, y durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de México legalizó la producción de opio para ser utilizado por los Estados Unidos en la fabricación de morfina para los soldados norteamericanos que se encontraban en el frente de batalla en Europa.

Esta situación produjo que, durante la década del cincuenta, surgieran algunas familias de campesinos que comenzaron a dedicarse de lleno a la producción de opio y a la fabricación de heroína, para introducirlos en algunas ciudades norteamericanas como Los Ángeles, Houston y Phoenix. Este negocio, aunque realizado en baja escala y sin una organización definida hasta principios del setenta, les redituaba interesantes sumas de dinero que, mediante la producción o comercialización de productos tradicionales, nunca hubieran alcanzado.

Muchos personajes adquirieron pequeñas fortunas, pero ninguno de los que se dedicaban al tráfico de heroína fue tan importante como Jaime Herrera Nevares, quien llegó a convertirse en una verdadera leyenda. Don Jaime, tal como lo llamaban sus amigos, nació en 1927 en un pueblo del estado de Durango que precisamente se llama Los Herrera, y comprendió en forma rápida la importancia que podía tener México dentro del mercado del tráfico de heroína. Por ello, junto a su numerosa familia, compuesta por ocho hermanos y cuatro hermanas, decidió conformar una verdadera organización que se encargara de introducir heroína a las mayores ciudades de la costa oeste de los Estados Unidos, con un completo dominio y control de todas las etapas para su elaboración: el cultivo de la amapola, la extracción del opio, su refinamiento en heroína y su transporte a los principales centros de consumo.

El Clan Herrera tenía una ventaja respecto de otros narcotraficantes: toda la organización estaba compuesta por miembros de la familia. Los hermanos de Don Jaime eran casados, incluso el propio Jaime Herrera se casó en dos oportunidades y de la banda participaban ambas esposas, los suegros, todos los primos y sobrinos, al punto que en 1980 el Clan era integrado por 200 personas con lazos de sangre, lo que hacía casi imposible a las fuerzas de seguridad mexicanas o a la DEA estadounidense penetrar en la organización para introducir agentes encubiertos o lograr la colaboración de informantes.

Los más jóvenes de la familia eran enviados a distintas ciudades de Estados Unidos para encargarse de la distribución, aquellos de edad intermedia se ocupaban de organizar el transporte, y los miembros más viejos se instalaron en ciudades importantes mexicanas como Culiacán, Victoria de Durango, Ciudad Obregón, Chihuahua, Ciudad Juárez o El Paso, para supervisar todas las operaciones.

El Clan llevaba la heroína hacia el norte mediante métodos simples, en automóviles con tanques de combustible falso, en camiones, o simplemente entre las ropas de quienes cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos. Según los analistas de la DEA, los Herrera lograron entre 1975 y 1978 introducir heroína por un valor estimado en 60 millones de dólares, y dominar los mercados de Los Ángeles, Chicago, Denver, Pittsburg y Miami.23

Con los ingresos provenientes de la venta de heroína, Jaime Herrera Nevares adquirió una casa en Guadalajara, mientras que en Durango fue propietario de tres verdaderas mansiones, dos hoteles, una compañía constructora, una discoteca, un salón de bowling, varios talleres de reparación de automóviles y cientos de hectáreas de campo. Pero además, Don Jaime llegó a ser considerado un humanitario benefactor, ya que mandó a construir tres hospitales públicos en Durango y aportó a distintas uniones vecinales para pavimentar o alumbrar calles, construir escuelas y parques con juegos para niños.

Según informes de la DEA, conservaba su inmunidad ante las fuerzas policiales mexicanas ya que “mantenía estrechos contactos con la mayoría de los policías y jefes de policía municipales, directores de las fuerzas de seguridad de los distintos estados de México, alcaldes y gobernadores. Todos ellos respondían o reportaban cualquier novedad a Jaime Herrera, quien incluso financiaba las campañas proselitistas de aquellos jóvenes dirigentes que quisieran hacer una carrera dentro de la política”.24

Por otra parte, los Herrera nunca recurrieron a la violencia para eliminar oponentes, sino que cualquier posible enfrentamiento con otro grupo de traficantes o las disputas internas entre los distintos integrantes de la familia eran solucionados por el propio Don Jaime mediante una charla al mejor estilo paternal, lo cual le garantizaba mantener un estado de calma civil.

Uno de los personajes que intentó competir con el Clan de los Herrera dentro del estado de Sinaloa, fue Pedro Avilés Pérez, un mexicano nacido en 1940 que se inició en actividades ilegales a muy temprana edad, contrabandeando automóviles y que a principios de los setenta comenzó a introducir heroína en el sur de California; pero sus conflictos con los Herrera hicieron que abandonara su interés por la venta de heroína y se ocupara de satisfacer la demanda de marihuana. Avilés montó una importante organización para el tráfico de esta sustancia hacia Estados Unidos e incluso llegó a tener contactos con varios grupos de narcotraficantes de distintos países sudamericanos para colaborar en el transporte y distribución de cocaína. Sus centros de operaciones se ubicaban en las ciudades de Tijuana y Mexicali, aunque él residía en la ciudad de San Luis Río Colorado —las tres ciudades están en la frontera noroccidental del país— donde poseía una de las mejores mansiones que aún hoy existen en el lugar.

En 1973, Phil Jordan, un joven agente de la DEA que trabajaba en la ciudad de Phoenix, convenció a los funcionarios de la Policía Judicial Federal de México, a cargo del comandante Florentino Ventura, de la necesidad de emprender una acción conjunta para atrapar y juzgar a Pedro Avilés Pérez. Los Federales25 resolvieron allanar cinco casas que pertenecían al narcotraficante, encontrando en sótanos y depósitos 25 toneladas de marihuana, 42 kilos de cocaína con un 90% de pureza y algunos pocos gramos de heroína, pero lamentablemente, Avilés no pudo ser arrestado ya que huyó unas horas antes de que el procedimiento se efectuara.

Otro narcotraficante que operaba en la región occidental fue Alberto Sicilia Falcón, un extravagante bisexual cubano que vivía a mediados del setenta de la compra y venta de cualquier tipo de estupefaciente o artículos robados, en las calles de Miami. Con algunos pocos dineros que ahorró comenzó a regentear un grupo de prostitutas, lo que al cabo de pocos meses le reportó significativas sumas de dinero que utilizó para perfeccionar su actividad y montar una gigantesca red de prostitución y tráfico de mujeres. En 1970, Falcón ya era uno de los más conocidos miembros del jet set de varias ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York, quien no sólo ofrecía sus mujeres a importantes hombres de negocios, sino que aceitaba sus contactos con muchos de los distribuidores mayoristas de cocaína, heroína o marihuana de Sudamérica y Europa.

Alberto Sicilia Falcón, que permanentemente se trasladaba a bordo de alguno de sus cuatro Rolls Royce —era la única marca de automóvil en la que aceptaba viajar— se convirtió en uno de los mayores traficantes de cocaína, marihuana y heroína, con conexiones en el Distrito Federal26, Guadalajara y Tijuana, encargado de transportar la droga principalmente hasta la ciudad de Los Ángeles y desde allí, al resto de las ciudades de la costa oeste y el centro de los Estados Unidos.

Alberto Sicilia Falcón creció dentro del mercado de las drogas, en parte gracias a la información que recibía de algunos agentes de la DEA. Sus relaciones con el asistente del Director Regional de la DEA en Nueva Orleans, Joseph Baca, fueron descubiertas por medio de una investigación interna que realizó el propio Director de la DEA en Nueva Orleáns, Willam R. Coonce, en 1976. En el reporte que escribió Coonce se detallaron registros telefónicos que mostraban los llamados permanentes realizados por Baca a las distintas residencias que poseía Falcón, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Se estudiaron los gastos realizados por el agente mediante sus tarjetas de crédito, que superaban holgadamente sus ingresos, y descubrieron que poseía una casa, a nombre de su esposa, en la ciudad de Tijuana, valuada en aproximadamente unos 700.000 dólares que se cancelaron en efectivo. Por estas razones, el Administrador de la DEA, Peter Bensinger, convocó al agente Joseph Baca para exigir explicaciones, pero éste simplemente concurrió al encuentro y tras negar los hechos renunció. La documentación fue puesta en manos de varios fiscales, que rechazaron la posibilidad de iniciar una acusación formal por considerar que las evidencias eran circunstanciales o no tener jurisdicción para investigar determinados hechos que tenían que ver con el estado mexicano.27

A fin de 1973, los agentes de la DEA de Los Ángeles decidieron formar una brigada llamada Unidad Táctica Central, cuyo principal objetivo era acentuar las tareas de inteligencia, reunir las pruebas necesarias, e intentar desbaratar la organización de Falcón, que para ese momento tenía ramificaciones en todas las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa. Esta brigada cumplió su misión durante varios años, a ella se abocaron más de 50 agentes, y su objetivo final se alcanzó en julio de 1978 cuando la Policía Judicial Federal de México logró arrestarlo. Su encarcelamiento durante años fue una de las detenciones más sustanciales que realizaron los Federales en cooperación con la DEA, pero muchos de los agentes norteamericanos que participaron recordaron que Alberto Falcón era ciudadano mexicano.

Sin embargo, Falcón continuó manejando sus operaciones desde la cárcel mediante uno de sus hombres de mayor confianza llamado Manuel Salcido Uzeta, más conocido por el apodo de Cochi Loco, quien de inmediato se convirtió en el nuevo varón de la heroína mexicana, luego de establecerse en la ciudad de Mazatlán — ubicada en la zona costera centro occidental del país—, en sociedad con un químico hondureño llamado Juan Ramón Matta Ballesteros, quien también estaba ligado a Alberto Sicilia Falcón. Ambos narcotraficantes entraron el contacto con un ansioso personaje interesado en ampliar su casi insignificante negocio de tráfico de heroína que operaba en Culiacán, llamado Ángel Félix Gallardo, y dieron el puntapié inicial a lo que pocos años más tarde se conocería como el Cartel de Guadalajara, una organización que dominaría gran parte del mercado de heroína y cocaína en Estados Unidos, con contactos y cooperación del Cartel de Medellín a cargo de Pablo Escobar Gaviria.

Entre 1974 y 1975, se produjo en Estados Unidos la explosión de la heroína mexicana. Miles de personas la demandaban, y aunque todavía el Cartel de Guadalajara no se había conformado, el país azteca contaba con una región desarrollada para el cultivo de opio y la fabricación de heroína conocida como el Triángulo de Oro Mexicano, una zona delimitada geográficamente entre las ciudades de Chihuahua, Culiacán y Guadalajara. Por ello, un conjunto de agentes de la DEA propuso a sus superiores en Washington que una de las posibles soluciones consistía en realizar una campaña de erradicación de los cultivos de opio en la mencionada región mexicana, que ya había sido elevada a consideración del presidente Nixon28 en 1973. Como resultado de la insistencia en este tipo de solución, el presidente de los Estados Unidos Gerard Ford, comenzó a presionar a su par mexicano, Luis Echeverría Álvarez29, para aceptar la propuesta de erradicación. Varios políticos comenzaron a presionar a los mexicanos para que adoptaran una decisión, incluso el diputado Charles Rangel30 visitó a fines de 1974 los estados de Durango y Sinaloa, invocando la necesidad de dar fin a las plantaciones de opio mediante el rocío de productos químicos lanzados desde el aire por medio de aviones. Al proyecto se oponía el Procurador General de México, Pedro Ojeda Paullada, por entender que podría resultar altamente peligroso para la salud de los pobladores de la región de la Sierra Madre Occidental, si se aceptaba que los norteamericanos lanzaran productos químicos defoliantes tóxicos como el Agente Naranja, utilizado por las tropas americanas durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, el gobierno americano propuso utilizar un herbicida llamado 2,4-D, un producto con muy bajos niveles de toxicidad para el ser humano, incluso conocido y empleado por los campesinos mexicanos para desmalezar extensiones de tierra, sin causar daño a las propiedades minerales del suelo.

El presidente Luis Echeverría aceptó la propuesta a principios de 1975, a pesar del sentimiento antiamericano que existía —por considerar que los norteamericanos se entrometían en asuntos internos de México— y del rumor general que acusaba al Presidente de pretender estrechar lazos con los funcionarios de Washington para que posteriormente avalaran su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, cargo al que obviamente no podría acceder si no tomaba una firme posición respecto de la producción de heroína en su país.

Para llevar a cabo el plan, el Departamento de Estado Norteamericano accedió a otorgar apoyo financiero al gobierno mexicano, el que fue efectivizado mediante la donación de 39 helicópteros Bell, 22 pequeñas avionetas equipadas con tanques rociadores de productos químicos, y un aporte de 10 millones de dólares anuales. Además, el gobierno americano contrató los servicios de la compañía de Oregón llamada Evergreen International Aviation Inc., que se dedicaba a la fertilización de tierras desde el aire y cuyos pilotos en su gran mayoría eran veteranos de la guerra de Vietnam, para que colaborara en las tareas de erradicación de las plantas de opio. Todo ello, bajo la coordinación de la Procuración General de México y la DEA. En noviembre de 1975 dieron comienzo las acciones bajo el nombre de Operación Cóndor, lo que en definitiva significaba para el gobierno azteca una suerte de apertura de su espacio aéreo, ya que los pilotos utilizados eran en su mayoría americanos; entretanto los mexicanos iniciaban su etapa de entrenamiento. Los pilotos volaban a lo largo de toda la zona occidental del país y moni toreaban casi metro a metro cada una de las plantaciones, luego elaboraban un informe y, una vez que éste era aprobado, regresaban y descargaban cientos de litros del químico herbicida.

La Operación Cóndor fue mostrada por ambos gobiernos como un programa modelo que debía ser imitado por otros estados, incluso durante 1976, se organizaron giras de reporteros para que filmaran y publicaran los éxitos y avances que se producían en la lucha contra las drogas, pero si bien todo se mostraba como el principio del fin para las plantaciones de opio, la realidad indicaba que los verdaderos responsables de que estas plantas se cultivaran allí y aquellos que re finaban la heroína, no eran arrestados, ya que la DEA no tenía jurisdicción para hacerlo31 y los Federales parecía que tampoco tenían intenciones de detener a ningún traficante importante.

Travis Kuykendall, un alto oficial de la DEA en México, que se desempeñó desde 1972 hasta 1985, describía la situación: “Si usted se encuentra en un país como México, con funciones para erradicar las drogas y el país no reconoce la gravedad del problema, ¿cómo hace para convencer a cinco policías mexicanos para que salgan y arresten a un gran narcotraficante que cuenta con treinta guardaespaldas armados? Peor aún, si nosotros no podemos colaborar en los arrestos, mi única función es permanecer en mi oficina y tomar café. La gran motivación que teníamos era que salíamos a las calles de todo el país, ciertamente con un alto riesgo, y nos metíamos en todos lados. Ahora los mexicanos, cuando queremos proceder, nos dicen: ¡Eh, muchachos, no sean tan serios con este tema! Hemos perdido el respeto, los Federales no proceden e incluso se sonríen en nuestras caras y algunos comienzan a mostrarnos dinero que dicen haber cobrado para no hacer nada”.

Pero el gobierno mexicano no podía excusarse más por la falta de detenciones. Los traficantes continuaban habitando sus lujosas mansiones y ni siquiera eran molestados por las autoridades. Por ello, al gobierno nombró en diciembre de 1976, como jefes de la Operación Cóndor, a un oficial de policía del Distrito Federal que era considerado por todo el pueblo como una especie de súper agente al mejor estilo cinematográfico, el comandante Jaime Alcalá García, y a un miembro de la Fiscalía General llamado Carlos Aguilar Garza, apodado el «Elliot Ness» de México. Sus órdenes eran terminar con las plantaciones de opio en los estados de Sinaloa y Durango, y desbaratar las organizaciones de tráfico de heroína.

Los procedimientos se intensificaron, se realizaba un promedio de veinte vuelos diarios en la región, y todos los días, tanto Aguilar Garza como Jaime Alcalá, visitaban las distintas zonas para interrogar a los campesinos o impartir órdenes directas para quemar o destruir los laboratorios de refinamiento de heroína que eran encontrados. Ambos hombres realizaban sus incursiones a bordo de un helicóptero y eran acompañados por varios Federales fuertemente armados. Los agentes de la DEA simplemente coordinaban las operaciones, pero al cabo de un tiempo comenzaron a darse cuenta de que decenas de campesinos eran detenidos y nada se volvía a saber de ellos, varios campos con cultivos legales eran incendiados y viviendas rurales precarias eran destruidas.

En mayo de 1977, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Culiacán denunció que Carlos Aguilar Garza y Jaime Alcalá García violaban los derechos humanos, e incluso llegaron a amenazar públicamente con realizar una presentación ante las Naciones Unidas. Se acusaba al gobierno mexicano de utilizar torturas para obtener información, someter a campesinos a shocks eléctricos, sumergirles la cabeza en agua casi hasta la asfixia, quemarlos en diferentes partes del cuerpo con cigarrillos encendidos, amputarles dedos u orejas, provocar abortos en mujeres embarazadas, o hacerlos beber gasolina. Sin embargo, en diciembre de 1977 una subcomisión del Senado de Estados Unidos, luego de interpelar a Peter Bourne, Director de la Oficina para las Políticas del Control de Abuso de Drogas de la Casa Blanca, dictaminó: “Las actividades que realizan los gobiernos de Estados Unidos y México encaminadas para controlar el abuso de drogas, constituyen la forma más ejemplificadora de cooperación internacional existente en el mundo actual”. La administración de James Carter32, que tenía como eje central de su política exterior el respeto por la libertad y los derechos humanos, continuaba catalogando a la Operación Cóndor como un programa modelo, y la prensa americana nunca consideraba o escribía algo sobre lo que muchos llamaban el lado oscuro de la lucha contra las drogas.33

Los agentes americanos tenían una preocupación importante respecto de su propia seguridad. El gobierno mexicano, a pesar de los pedidos del Departamento de Estado, se negó en reiteradas oportunidades a conceder a los hombres de la DEA un status diplomático. De allí que para ellos no era extensible la inmunidad o protección que detentan los representantes de estados acreditados en el exterior; en consecuencia, los agentes que actuaban en la región de la Sierra Madre Occidental sólo tenían visa de turismo, que además les impedía portar armas, tal como sucede con cualquier extranjero. Sin embargo, el asunto de las armas fue convenido en forma verbal, como un “acuerdo de caballeros”, entre los funcionarios de Washington y México DF, pero que no garantizaba que un agente de la DEA no fuera arrestado por los policías locales. Incluso varios agentes se quejaban de que sus teléfonos eran intervenidos por los Federales, pero nadie estaba interesado en llevar malas noticias a Washington; todos tenían un objetivo que era lograr erradicar de suelo mexicano las plantaciones de opio y debían poner su mejor voluntad y esfuerzo en ello.

De todas formas, la Operación Cóndor no sólo fue la primera acción conjunta entre dos gobiernos para luchar contra las drogas, sino que además permitió la destrucción de 22.000 acres de plantaciones de opio, suficientes para producir ocho toneladas de heroína, lo que en Estados Unidos era celebrado como una victoria. Pero el presidente de México, José López Portillo34 anunció en enero de 1978, la eliminación de la supervisación de los vuelos por parte de los americanos, su intención de reducir al máximo la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano y que todas las operaciones serían llevadas adelante únicamente por los Federales.

Esta decisión o cambio de política, nada tenía que ver con probables inconvenientes en el programa de erradicación, sino con un sentimiento creciente antiamericano de la sociedad mexicana por una disputa entre ambos países por el precio del gas natural. El presidente Jimmy Carter había resuelto reducir la dependencia que tenía Estados Unidos con el Medio Oriente en relación al petróleo, e intentaba llegar a un acuerdo con el presidente López Portillo en torno al gas mexicano. En las negociaciones que se llevaron a cabo para que la compañía estatal Petróleos Mexicanos concediera un bajo precio por el gas, que hasta ese momento era venteado, el presidente mexicano solicitó como parte del acuerdo, un retiro sustancial de agentes de la DEA y que las operaciones de erradicación fueran totalmente controladas y coordinadas por la Policía Judicial Federal de México.

El 8 de marzo de 1978 los pilotos americanos y una decena de agentes fueron retirados de suelo mexicano, y a partir de ese momento, los funcionarios locales se negaron a entregar a la DEA informes u otro tipo de detalles. Sin embargo, los pocos americanos que permanecieron acreditados, intentaban en forma discreta evaluar la continuidad y marcha de los operativos. Sus conclusiones fueron sorprendentes: las avionetas sólo realizaban un vuelo cada dos o tres días, y el herbicida que debían rociar había sido suplantado con agua. A fin de 1978, Carlos Aguilar Garza fue promovido al cargo de Fiscal General de Baja California, y Jaime Alcalá fue nombrado Comandante de la Policía Judicial Federal de México en la ciudad de Tijuana. Ambos solicitaron sus transferencias por razones de salud, pero para algunos agentes de la DEA las razones eran otras: según algunos informantes, los hombres habían cambiado de bando y se habían vinculado con varios narcotraficantes. Las investigaciones de los americanos confirmaron tales versiones, ya que Aguilar Garza adquirió varias propiedades en San Diego y dos hoteles en Tijuana, mientras que Jaime Alcalá compró un lujoso hotel en Guadalajara. Estos hombres, que habían sido escogidos para enfrentar al narcotráfico, terminaron conviviendo con sus antiguos enemigos, pero sus vidas culminaron súbitamente en marzo de 1985: Alcalá fue asesinado a plena luz del día en una calle céntrica de Guadalajara, y Aguilar Garza se estrelló cuando viajaba en una pequeña avioneta que transportaba cocaína hacia Estados Unidos.

A principios de la década del ochenta, varios países del mundo fijaron sus miradas en Sudamérica ante la creciente organización de diferentes grupos —carteles— para producir, refinar, transportar y comercializar cocaína y marihuana, a lo largo y ancho del planeta. Los principales líderes políticos realizaban constantes discursos en favor de unir esfuerzos en la lucha contra las drogas y desbaratar las bandas de narcotraficantes que, a estas alturas, tenían desarrollados nuevos métodos para expandir su negocio de productos ilegales. Los nuevos traficantes utilizaban técnicas modernas de transporte, empleaban aviones, radares, equipos sofisticados de comunicación, contrataban especialistas en derecho, contadores, banqueros e ingenieros agrónomos para mejorar los cultivos, químicos y otros especialistas, ya que sus organizaciones constituían una verdadera industria que traspasaba las fronteras, pero necesitaba de la cooperación de policías, alcaldes, gobernadores, generales de ejército, jueces y, en algunos casos, ministros de Estado.

La gran mayoría de los europeos culpaban a los gobiernos latinoamericanos de no emprender acciones concretas para terminar con el problema, y sus palabras más duras se dirigían hacia Colombia, Bolivia y Perú, mientras que el resto de los países eran considerados como sospechosos de participar en alguna de las etapas del tráfico de estupefacientes o permitir el blanqueo de los capitales provenientes de estas actividades ilícitas. Sin embargo, la situación de México era diferente: nadie levantaba su voz acusadora, o mejor, ni siquiera mencionaban el tema.

Los Estados Unidos Mexicanos se habían convertido para Estados Unidos en un país de suma importancia estratégica y de relevancia geopolítica. El Ministerio del Interior de México contaba con una Dirección Federal de Seguridad (DFS), que cumplía funciones de enlace con la CIA y el FBI de los Estados Unidos. Dicho organismo era utilizado por los americanos para recibir información, tomar fotografías, realizar escuchas telefónicas y otras actividades de inteligencia respecto de Cuba o de las misiones soviéticas llevadas adelante por la KGB en el Distrito Federal. Para las agencias de Estados Unidos los datos que obtenían eran de vital importancia, y la Dirección Federal de Seguridad cooperaba sin ningún tipo de restricciones. Una vez que la información se obtenía, era entregada al embajador estadounidense, quien la elevaba directamente a Washington para su análisis. Esta relación, que en realidad nació a principios del sesenta, contó con la bendición de aquellos hombres que llegaron a la Casa Blanca y sin excepción todos se empeñaron en mantenerla, a pesar de tener que tolerar ciertas cuestiones como por ejemplo los métodos de tortura, asesinatos y desaparición de personas, que utilizaron los mexicanos para combatir a los grupos guerrilleros urbanos de izquierda a mediados del setenta.

La actitud de los gobiernos norteamericanos para pasar por alto determinados actos ilegales de los miembros de la Dirección Federal de Seguridad, se reflejó en noviembre de 1980. En esa fecha se puso en marcha un operativo de la Patrulla de Caminos del Estado de California llamado Operación Cargo, que intentaba dar fin a una banda que operaba en el sur del estado norteamericano dedicada al robo de autos lujosos, cuyos destinos eran distintas ciudades mexicanas. El cuerpo policiaco tenía información de que los ladrones habían robado durante los tres últimos años unos 300 Jaguars, 100 Porches y otros tantos jeeps y autos costosos, para luego venderlos a un buen precio a personajes VIP de la sociedad mexicana. La Patrulla de Caminos de California logró detener a uno de los asaltantes, pero se quedó perpleja cuando el conductor, de nacionalidad mexicana, se identificó como colaborador del FBI, e incluso mostró una credencial que lo acreditaba como tal. De inmediato los policías que patrullan las autopistas llamaron al jefe del FBI en San Diego, Norman Zigrossi, quien impartió órdenes precisas de no detenerlo, mantener el caso en reserva y dar por concluida la Operación Cargo.

Los hombres del FBI sabían que el Director de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, utilizaba para transportarse una van marca Dodge, un Porche amarillo o un Ford azul, todos robados en el área de Los Ángeles; pero éste no era el único caso, una gran cantidad de autos robados en los Estados Unidos eran estacionados frente al edificio de la DFS en el Distrito Federal. Los datos de cada uno de los automóviles eran proporcionados por un informante llamado Bobby Montoya, quien fotografiaba o filmaba a cada uno de los que ascendían a los vehículos, pero en julio de 1981 apareció muerto con dos balazos en la cabeza en las afueras de la capital mexicana. Este hecho colmó la paciencia de algunos jefes del FBI que permitieron la continuación de la Operación Cargo.

Cuatro personas de nacionalidad mexicana fueron detenidas en San Diego y aceptaron colaborar con la justicia americana a cambio de una reducción en su sentencia, pero las pruebas contra Nazar Haro eran circunstanciales. Douglas Schwartz, el asistente del Fiscal encargado del caso intentó llevar adelante su teoría de acusar a Nazar Haro de cometer el delito de conspiración, pero Gordon McGinley, representante legal del FBI en la Embajada de México, se reunió con el jefe de la Dirección Federal de Seguridad para que los robos culminaran, cosa que fue aceptada por el mexicano. Sin embargo, el asistente Schwartz realizó la presentación formal de cargos contra Nazar Haro ante los tribunales de San Diego, hecho que provocó la ira inmediata de McGinley, quien envió el 17 de agosto de 1981 un cable directamente a Washington que decía: “La CIA y el FBI tienen el convencimiento pleno que en relación a nuestros intereses y en consecuencia para los intereses y seguridad de Estados Unidos, las informaciones sobre terrorismo de izquierda, las acciones de inteligencia o contrainteligencia que se realizan en México, pueden ser perjudicadas si el caso contra Nazar continúa o éste es forzado a renunciar a su cargo”.

Sin embargo, Schwartz y su jefe, el fiscal Willam Kennedy, comenzaron a presionar para proseguir la causa judicial, al punto de instar al propio Departamento de Estado para que tomara una resolución. Lowell Jensen, asistente del Fiscal General de la División Criminal del Departamento de Estado en Washington, aconsejó que se dejara actuar a Schwartz y que el caso se solucionara en una audiencia preliminar sin llegar al Gran Jurado de San Diego, pero el 26 de marzo de 1982 el periódico local The San Diego Union35 publicó una nota que describía lo que había pasado con el caso, mencionando las operaciones que realizaban en territorio mexicano la CIA y el FBI, y lo sucedido con la Operación Cargo. El escándalo fue mayúsculo para la gente del Departamento de Estado, que culpó al fiscal Willam Kennedy de haber cedido la información al diario, y el presidente Ronald Reagan lo despidió, ya que además Nazar Haro debió renunciar a su cargo en México.

El juicio, que a pesar de todo había comenzado, obtuvo un giro imprevisto el 21 de abril de 1982, cuando Douglas Schwartz, que logró mantenerse en el caso y en su puesto, consiguió que Nazar Haro viajara a suelo americano y se sentara en el banco de los acusados, todo ello a pesar de las constantes presiones que recibía desde Washington por parte de la CIA y el FBI.

Luego de dos días de audiencia, el jurado encontró a Nazar Haro culpable del delito de conspiración para el robo de autos, pero al día siguiente, sin que el juez hubiera emitido el tiempo de la condena, su abogado, Marvin Mitchelson —un ex asesor jurídico de la CIA— se presentó con los 200.000 dólares que le fijaron como fianza. Nazar Haro salió en libertad tras pasar catorce horas en una prisión, y en forma inmediata cruzó la frontera hacia México. Aún su nombre continúa en la lista de los fugitivos de la justicia americana.

El sucesor de Nazar Haro fue José Antonio Zorrilla Pérez, un hombre ligado a Nazar que continuó cooperando con las actividades de inteligencia de la CIA y el FBI. Sin embargo, la relación entre la Dirección Federal de Seguridad y la DEA, cuando de droga se trataba, no fue muy buena, llegando incluso a pasar por momentos de confrontación que en el fondo involucrarían a ambos estados. El número de acusados por la Operación Cargo fue de 38 personas, de los cuales 24 eran funcionarios u oficiales de agencias de seguridad de México.

Entre los miembros de la Dirección Federal de Seguridad acusados estaban los comandantes Esteban Guzmán, Ramón Peseros, Javier García y Guillermo Lira, y los agentes Ricardo Rodríguez, Juventino Prado, Martín Arrambide Dávila, Jaime Garza, Raúl Pérez Carmona, Santiago Torres y Enrique Castillo. También se acusó a dos altos funcionarios del Servicio de Aduana de México, Francisco Arredondo y Carlos Veytia, así como al jefe del Registro Federal de Automóviles, Ramón Rangel. Parte de las actas de acusación, preparadas por Douglas Schwartz, decían:

“Varios agentes, jefes y comandantes de la DFS impartían órdenes precisas para que les trajeran los automóviles que deseaban, los que eran robados de calles o locales de venta de autos nuevos de la zona norte de San Francisco, o de las ciudades de Los Ángeles, San Diego o San Antonio. Era usual que los agentes de menor jerarquía acompañaran o condujeran los vehículos robados y cruzaran la frontera bajo el amparo de sus credenciales oficiales, incluso varios camiones con autos robados eran introducidos mediante sus contactos con el Servicio de Aduana de México. Una vez que llegaban al territorio mexicano, los autos eran entregados a quienes los habían requerido y otra parte se destinaba a venderlos en el mercado a un buen precio. Varios vehículos robados fueron observados regularmente estacionados en los garajes del edificio de la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México D.F.”

La DEA tenía operando en territorio mexicano, a principios del ochenta, a tan sólo unos veintidós agentes que vivían allí en forma permanente. Algunos de ellos eran James Kuykendall, Tony Ayala, Pete Hernández, Enrique Kiki Camarena y Butch Sears, quienes venían observando el traslado de los antiguos traficantes de la Sierra Madre Occidental hacia la ciudad de Guadalajara; pero lo más importante era que habían surgido nuevos líderes o una nueva generación de narcotraficantes que imitaban a sus pares colombianos en cuanto a la búsqueda de poder y brutalidad criminal.

Los líderes del Cartel de Guadalajara eran un personaje de 29 años de edad llamado Rafael Caro Quintero, un viejo bandido de nombre Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido en Culiacán en 1946. Ninguno de ellos superó el colegio primario o el primer nivel educativo, pero llegaron a manejar con suma habilidad cientos de millones de dólares, e inversiones en bancos de primera línea mundial, gracias a la coordinación que tenían para llevar adelante sus negocios ilegales.

Mientras que Rafael Caro Quintero se dedicaba a coordinar las operaciones en general y a aceitar contactos con las agencias policiales o funcionarios gubernamentales mexicanos o estadounidenses, Miguel Ángel Félix Gallardo controlaba el tráfico de cocaína de todo el mercado del sur del estado de California. Para lograrlo, contaba con un escuadrón compuesto por más de cincuenta pilotos que volaban hacia Colombia para recoger cocaína, luego regresaban y se reabastecían de combustible en el norte de México y se dirigían hacia un determinado descampado, rancho, o pista clandestina en el sur de California. Además, montaba pequeños laboratorios de refinamiento para la fabricación de heroína, en la zona occidental del país, y por medio de sus contactos la introducía en las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos. Pero Félix Gallardo, también tenía buenas relaciones con los Federales, ya que se había desempeñado hasta 1980 como guardaespaldas personal del gobernador del estado de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, y había desarrollado una gran amistad con infinidad de policías locales o federales.

Para Félix Gallardo, el Cartel debía traficar tanto heroína como marihuana y cocaína, pero la sustancia que él prefería era la cocaína, debido a que era más lucrativa ya que llegaba a México refinada, y además, los que hacían la mayor parte del trabajo eran los colombianos. Ellos tan sólo debían transportarla y distribuirla, y las ganancias eran superiores a lo que dejaban las otras dos sustancias, ya que había que preocuparse constantemente de las plantaciones —que no fueran descubiertas, la calidad del suelo, la necesidad de fertilizantes, refinarla y empaquetarla— mientras que, con un simple avión pequeño que viajaba hasta Colombia, donde cargaba la mercancía y luego con un vuelo a baja altura que cruzaba la frontera norte de México para aterrizar en Estados Unidos, la operación finalizaba.

Ernesto Fonseca era el encargado de supervisar las plantaciones de opio y marihuana, de ubicar nuevas tierras para destinarlas a cultivos ilegales, solucionar los inconvenientes con los campesinos y encontrar nuevas técnicas para convertir zonas áridas en pequeños valles o buscar formas para mantener los cultivos con humedad suficiente si la tierra no era apta. Este hombre, el de mayor edad de los líderes del Cartel, nacido en 1931, también participaba del resto de las actividades de la organización, y en varias oportunidades se ocupó del transporte de cocaína y marihuana desde Tijuana a Los Ángeles o de la distribución de heroína en la ciudad de San Diego.

Para los agentes de la DEA, y especialmente para Kuykendall y Camarena, el Cartel de Guadalajara podía considerarse en 1982 como una de las mayores organizaciones de tráfico de cocaína, marihuana o heroína de toda América Latina, ya que calculaban que transportaba a Estados Unidos una tonelada y media de cocaína mensual, cosa que en aquel tiempo los Carteles de Colombia todavía no habían logrado. Por tanto, el panorama que tenían de Guadalajara los agentes americanos era realmente desalentador, aunque bajo la influencia dada por la experiencia de Kuykendall, los agentes Kiki Camarena, Pete Hernández y Butch Sears, comenzaron a buscar informantes y a relacionarse con políticos, hombres de negocios y algunos Federales, con el objetivo de conseguir pistas que indicaran las actividades de los narcotraficantes y en lo posible pruebas sólidas que demostraran su culpabilidad en el negocio de las drogas.

En enero de 1982, Butch Sears recibió información de que Miguel Ángel Félix Gallardo utilizaba el Banco de Guadalajara para lavar el dinero de sus negocios. Ante ello, solicitó al gobierno mexicano los registros que pudieran tener sobre posibles transacciones financieras del narcotraficante, pero le fueron negados por estar amparados por el secreto bancario. Sin embargo, un agente de la DEA en Lima, Perú, obtuvo copias de cheques a favor de Félix Gallardo que fueron depositados en el Banco de América para ser girados a su cuenta en el mismo banco en la ciudad de San Diego.

En un solo mes la sucursal peruana del Banco de América giró a las cuentas del traficante 20 millones de dólares, una gran parte luego fue transferida por el mismo banco a su sucursal en la capital azteca, otra cantidad se transfirió al Banco Nacional de México. Para los hombres de la DEA, el Cartel realizaba un movimiento anual estimado en 200 millones de dólares anuales, suma que ingresaba en cuentas de los narcotraficantes mediante giros de 50.000 o 70.000 dólares, o la compra de cheques de caja por valores superiores a los 40.000 dólares.

Uno de los principales depositantes en favor de Félix Gallardo era Tomás Valles Corral, un contador boliviano con residencia alternada en Bolivia y Colombia —años más tarde se lo sindicaría como asesor financiero de Pablo Escobar, Jefe del Cartel de Medellín—, quien realizó cuatro operaciones financieras de 200.000 dólares cada una para transferir el dinero desde el Banco de América en México al Banco Credit Suisse —http://www.cspb.com/— en Europa. También la DEA obtuvo registros que indicaban varias transferencias a favor de Rafael Caro Quintero efectuadas por Roberto Suárez Jr. —miembro de una de las familias bolivianas más conocidas de traficantes de cocaína— por un valor de 275.000 dólares cada una, dinero que posteriormente era administrado por la Unión de Bancos de Suiza36 —www.ubs.com—. Sin embargo, en 1982 el único de los líderes del Cartel de Guadalajara sobre quien existía una investigación seria por parte de algunos fiscales estadounidenses de la ciudad de San Diego, era Ernesto Fonseca. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos había comenzado a indagarlo ya que personas muy vinculadas al traficante habían intentado introducir en una oportunidad 2 millones de dólares sin realizar la declaración correspondiente.

Los agentes de aduana estaban al corriente de que varias personas ingresaban a Estados Unidos con dinero, lo entregaban a banqueros o financistas y éstos luego se encargaban de lavarlo. Los americanos sabían que Fonseca estaba viviendo temporalmente en un rancho de su propiedad ubicado en la ciudad de Santa Fe, Estados Unidos, que no sólo era regularmente visitado por Rafael Caro Quintero, sino que además era utilizado como depósito para guardar cargamentos de marihuana y cocaína. El 26 de abril de 1982, el Servicio de Aduana solicitó una orden judicial para ingresar a la propiedad, pero le fue negada ya que las investigaciones relacionadas a los narcóticos o al lavado de dinero no estaban bajo su competencia, sino que debía actuar la DEA, la policía local o el FBI. Cuando la información llegó a manos de la gente de la DEA y mientras volvían a solicitar una nueva orden de allanamiento, Ernesto Fonseca escapó rumbo a México. Cuando los agentes ingresaron a la propiedad, solamente encontraron la ropa que el narcotraficante había dejado en los armarios; la posibilidad de arrestarlo se había esfumado.

En mayo de 1982, un informante de Enrique Camarena se presentó a la puerta de su oficina y relató una historia casi increíble. El hombre dijo que había visto aproximadamente 200 acres de plantaciones de marihuana a unas doscientas millas al noreste de Guadalajara, dentro del estado de San Luis de Potosí. Kiki Camarena desconfió, la plantación que su relator decía haber visto podía estar en cualquier lugar menos en la región que éste indicaba, ya que se trataba de una zona ubicada en medio de un desierto donde, obviamente salvo cactus nada crecía.

Pero el hombre insistía en que la plantación estaba allí, incluso comentaba que las plantas de marihuana eran regadas mediante un sistema de canales construidos especialmente bajo tierra que llevaban agua extraída de pozos; es más, afirmaba que también dos avionetas sobrevolaban el sitio esparciendo agua y que en tres oportunidades vio en el lugar a los mismísimos Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca que llegaron en unos helicópteros piloteados por Federales.

Los agentes de la DEA no estaban muy convencidos del relato, pero debían investigar, ya que si el Cartel había logrado producir marihuana en la zona árida central de México, mediante técnicas sofisticadas de irrigación intensiva y fertilización de tierras, el problema sería más que grave. De ser ciertas las afirmaciones del informante, el potencial de producción de marihuana del Cartel era incalculable. Camarena intentó confirmar la versión, pero fue un informante de Pete Hernández quien comentó que también había visto la plantación y agregó que era protegida por varios comandantes de los Federales e incluso que varios de los hombres armados que vigilaban el lugar eran policías.

Enrique Camarena solicitó a Kuykendall que lo dejara al frente de la investigación, amén de la coordinación que existía entre ellos, lo que fue aceptado sin problemas. Para Kiki la manera más rápida y fácil de corroborar los datos era mediante una inspección desde el aire en algún planeador o avioneta, pero los agentes de la DEA no estaban autorizados a sobrevolar el espacio mexicano si no contaban con una expresa autorización de la Procuraduría General de México, que debía ser solicitada oficialmente por la embajada americana. Por ello, en agosto de 1982, realizó algunos viajes en automóvil a los poblados cercanos a la supuesta plantación y aunque no pudo descubrir evidencias concretas, detectó movimientos extraños —para la normal tranquilidad que caracteriza a estos pueblos— de camiones, avionetas, y vehículos todo terreno, que iban y venían en todas direcciones, personas que no aparentaban ser del lugar, y un silencio absoluto de parte de los lugareños cuando Kiki preguntaba discretamente sobre algo relacionado a la marihuana.

Camarena tomó algunas fotografías, que en realidad no mostraban nada relevante, y elaboró un informe para persuadir al embajador de Estados Unidos, John Gavin, de la existencia de la plantación, pero las pruebas no eran suficientes y Gavin se negó a intervenir en el asunto.

Sin embargo, Enrique Camarena continuó trabajando, pero como era casi imposible conseguir evidencias, conversó con Kuykendall y Sears sobre la posibilidad de realizar un vuelo sobre el lugar a pesar de la prohibición que pesaba sobre ellos. Una mañana de septiembre de 1982, Camarena contrató a un piloto que lo llevó en un pequeño planeador hasta el lugar. Las sospechas se transformaron en realidad, pero para su sorpresa no se trataba de una sola plantación, sino de varias, separadas una de otra por una corta distancia. Kiki no sólo fotografió los campos verdes de marihuana que emergían del agreste suelo central mexicano, sino que filmó todo su descubrimiento. Era una prueba concreta, por fin lo había logrado. El 28 de septiembre, sin dar ningún tipo de explicaciones acerca del modo mediante el cual se obtuvieron las fotografías y la película de video, el embajador de Estados Unidos John Gavin formalizó el pedido a la Procuraduría General de México para que se investigara lo descubierto y se adoptaran las medidas necesarias para destruir las plantaciones.

El 30 de septiembre de 1982 a la madrugada, despegaron desde la ciudad de Guadalajara siete helicópteros con varios agentes de la Policía Judicial Federal, oficiales del ejército y los agentes de la DEA, Kuykendall y Camarena. Al llegar a la zona de las plantaciones todos quedaron conmocionados: los cultivos verdes se extendían por hectáreas y las técnicas para que las plantas se desarrollaran eran de las más modernas en el campo de la agricultura. Se habían utilizado más de 200 toneladas de fertilizantes químicos y un sistema de irrigación por canaletas y rociadores que nutrían a las plantas, algunas de las cuales alcanzaban el metro ochenta de alto. Sin embargo, al llegar no pudieron encontrar a un solo campesino o narcotraficante; en parte los agentes de la DEA se sentían victoriosos ya que todo sería quemado, pero la historia se volvía a repetir: los culpables nunca aparecían o eran detenidos.37

La Fiscalía del Estado de San Luis de Potosí se comportaba en forma evasiva ante las requisitorias de Camarena para dar con los traficantes y le negaban información relacionada con el caso. Pero Kiki insistió y entregó algunas pruebas que relacionaban a un mexicano llamado Antonio Pérez Praga, presunto encargado de vigilar las plantaciones y ligado a Ernesto Fonseca, pero que no fue arrestado. Los hombres de la DEA se sentían impotentes, no sólo por la inactividad o complicidad de los policías mexicanos, sino porque además debían luchar contra la burocracia del Departamento de Estado de su país, que directamente ignoraba las constantes quejas o pedidos de ayuda que les realizaban.

Unas semanas más tarde, otro informante se presentó en las oficinas de la DEA en el Distrito Federal y contó que existían otras plantaciones de Rafael Caro Quintero en distintos lugares del estado de Sonora. Los datos fueron detalladamente apuntados por un nuevo agente llegado de los Estados Unidos llamado Roger Knapp. El agente se trasladó a la ciudad de Culiacán y obtuvo mayores precisiones; se trataba de un campo que aparentemente tenía 170 acres destinados al cultivo de marihuana. Knapp habló con algunos policías locales para convencerlos de realizar juntos un operativo, inmediatamente se desplazaron a Ciudad Obregón, con la intención de establecer una base de inteligencia y desde allí hacer el procedimiento. A las seis de la mañana del día siguiente, Knapp fue despertado por un comandante de la Policía Judicial Federal de México de apellido Esparragoza que instó a Knapp a suspender sus actividades bajo la amenaza de arrestarlo por interferir en una investigación federal e inmiscuirse en asuntos internos de un país extranjero. El agente de la DEA se comunicó con James Kuykendall y relató el problema, pero a pesar de su insistencia, le ordenaron retornar a la capital mexicana.

Varios miembros de la DEA con misiones en el norte del país ya habían tenido esta clase de inconvenientes, pero nada se podía hacer, ninguno de ellos estaba en posición de enfrentar a los Federales. Kuykendall redactó un memo confidencial al embajador John Gavin, mediante el cual le transmitía que era evidente que Rafael Caro Quintero gozaba de la protección de la Policía Judicial Federal, que éstos les impedían actuar cada vez que querían investigar y que era necesario tomar alguna resolución para revertir la situación, de otro modo los traficantes continuarían con la venta de droga en gran escala bajo la negligencia o corrupción de las autoridades de diferentes niveles locales. En parte demandaba no sólo la intervención del embajador, sino que se adoptara una medida drástica, que seguramente debía llegar a conocimiento del propio presidente de los Estados Unidos o del Congreso.

John Gavin comprendió el reclamo y en enero de 1983 organizó una reunión en San Antonio entre Kuykendall y tres funcionarios importantes del Departamento de Estado. El hombre de la DEA mostró fotografías y relató sus experiencias casi con lujo de detalles, pero casi al culminar su monólogo lo interrumpieron con una frase: “Usted habla de corrupción en el gobierno, no prosiga explicando, la decisión de nuestra administración es que debemos conservar nuestros intereses en México y el caso que usted plantea los afecta”. Éste fue el fin del encuentro. Sin embargo, a modo de insistencia, Kuykendall escribió un cable y lo envió directamente a la Casa Blanca. Nunca le contestaron38. A pesar de todo, Kuykendall, Camarena, Sears, Hernández y Knapp intentaban continuar con su trabajo. Para aflojar en parte las tensiones, se reunían con frecuencia en un bar ubicado a pocas cuadras del consulado americano de Guadalajara llamado Camelot, donde intercambiaban opiniones y conversaban sobre diversos temas. Sus presencias regulares allí eran conocidas por muchos mexicanos, mas a estas alturas, nada de eso importaba a los agentes de la DEA. Una noche marzo de 1983 se les acercó un hombre de baja estatura y les comentó que en la prisión de Zacatecas estaba alojado un ex empleado de Miguel Ángel Félix Gallardo que se encontraba dispuesto a dar información si luego ellos lo protegían. La DEA no podía garantizar la protección solicitada al presunto informante, pero de todas maneras Butch Sears viajó hasta la penitenciaría y solicitó que lo dejaran conversar con un detenido llamado Claudio39. Los custodios se negaron a dejarlo entrar, con más razón aún al tratarse de un extranjero y sin ningún tipo de credencial o pasaporte diplomático, pero Butch lo consiguió, no sin antes desenfundar unos cuantos dólares para repartir entre los guardianes. Al llegar al patio principal, Claudio vino a su encuentro y lo invitó a ingresar a su celda y tomar asiento. La charla duró casi dos horas.

El informante había trabajado como guardaespaldas del narcotraficante, había sido despedido cuando pidió un salario mayor, tenía una esposa y varios hijos que mantener, había quedado en la calle y para colmo lo habían arrestado por portar un arma sin permiso. Actuaba por deseos de venganza, pero los datos que aportaba no eran novedosos para Butch, aunque estaba dispuesto a testificar en contra de Miguel Félix Gallardo si en alguna ocasión era atrapado. En parte, la entrevista podía ser considerada todo un éxito pero primero debían arrestar a Félix Gallardo. Lo que nunca calculó el agente de la DEA fue que cuando quiso salir de la prisión, lo acompañaron a otra celda y lo retuvieron por once horas sin ningún tipo de explicación.

Cuando obtuvo su libertad, un custodio se acercó y le dijo que se alejara cuanto antes ya que Claudio se había ahorcado y la presencia del agente americano los podía comprometer. Pero éste no fue el único caso, algo parecido le sucedió poco tiempo después a Kiki Camarena, cuando un informante le pidió que lo acompañara al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para presenciar la compra de un kilo de cocaína a un traficante ligado a Rafael Caro Quintero llamado Rogelio Guzmán. Camarena y Kuykendall conversaron con el comandante de la Policía Judicial Federal Nicolás Flores Almazán, para que se hiciera presente en la entrega y arrestara al narcotraficante, sin embargo, el día del procedimiento Rogelio Guzmán no apareció, y tampoco se hizo presente el informante. Los agentes de la DEA buscaron a su confidente por todos lados, hasta que, finalmente tres días después, Kiki encontró su nombre en un periódico entre los avisos fúnebres. Butch Sears concurrió a identificarlo a la morgue; el informante había sido torturado y luego asesinado.

A pesar de ello, Kiki Camarena no se encontraba dispuesto a renunciar a su lucha y a mediados de 1983 estaba más convencido de que Rafael Caro Quintero era el líder del Cartel de Guadalajara. Sus informantes le advertían sobre una inmensa cantidad de tierras que los narcotraficantes dedicaban al cultivo de marihuana y opio, pero con estos datos no alcanzaba. Camarena se reunió con Roger Knapp y James Kuykendall para que en forma conjunta realizaran reportes sobre la situación y se los elevaran al embajador Gavin, para que éste autorizara informalmente ciertas operaciones encubiertas en suelo mexicano. A las tareas de investigación que comenzaron se las denominó Operación Milagro, ya que sería precisamente un milagro contar con la venia del embajador estadounidense para que los avalara o protegiera en sus máximos objetivos: realizar vuelos sobre los presuntos lugares de plantaciones ilegales y en lo posible detener a Rafael Caro Quintero, todo ello sin el conocimiento de los Federales.

En Washington se enteraron rápidamente de las intenciones de la gente de la DEA en México y, para evitar cualquier posible inconveniente entre ambos gobiernos, nombraron como jefe a cargo de la DEA para todo el territorio mexicano a un agente llamado Ed Heath. El nuevo supervisor general, que accedió al cargo por recomendación de Francis Mullen, Administrador General de la DEA en Washington, recibió inmediatamente los reclamos de parte de Kuykendall y Camarena, pero les aclaró que bajo ningún punto de vista los autorizaría a subirse a un avión para inspeccionar supuestos campos ilegales; según él, todo debía hacerse de acuerdo a los límites impuestos por el gobierno mexicano y en lo posible con su cooperación. A pesar de ello, Camarena desobedecía las órdenes directas y continuaba con sus incursiones, elaboraba informes y los enviaba a distintos congresistas o políticos en los Estados Unidos.

Ed Heath intentó trabar amistad con algunos miembros de la Procuraduría General de México y algunos Federales, cosa que en cierta forma logró. Con estilo diplomático consiguió un excelente diálogo con el Director de la Policía Judicial Federal de México, Manuel Ibarra, y a la mayoría de sus reuniones lo acompañaba el embajador John Gavin. La relación era cordial, pero el resto de los agentes de la DEA veían cómo se intercambiaban saludos, cenas y reuniones de agasajo en tanto que, respecto a la lucha contra las drogas, nada sucedía. Peor aún, Heath utilizaba una buena parte del presupuesto que tenían para organizar reuniones sociales, cosa que irritaba al resto de los agentes americanos. A mediados de 1983, Kuykendall y Camarena irrumpieron en la oficina de Heath y le enseñaron fotografías de las plantaciones y diversos informes que demostraban un incremento en la producción de marihuana y heroína por parte de los traficantes del Cartel. En parte presionaron a su jefe, solicitaron una medida concreta y acciones directas. El supervisor llamó a Manuel Ibarra, jefe de los Federales, y propuso compartir la información a cambio de que los procedimientos pudieran ser observados por sus hombres. Ibarra aceptó, y Ed Heath le entregó los documentos con las direcciones y teléfonos de las residencias de Caro Quintero y Félix Gallardo, además de un informe detallado del modo en que llevaban adelante sus negocios.

En los primeros días de junio de 1983 parecía que en cierta forma la Operación Milagro daría sus resultados, decenas de policías locales, federales y algunos hombres de la DEA iniciaron allanamientos en casas ubicadas en Guadalajara, el Distrito Federal y otras ciudades del interior. Era una especie de operativo rastrillo, entraban a todos lados y decomisaban todo tipo de drogas; lograron incautar en total doscientos kilos de marihuana, y casi cien kilos de heroína, destruyeron siete laboratorios de refinamiento de heroína y capturaron a setenta personas. Todo parecía ser un éxito, pero Caro Quintero y Félix Gallardo no pudieron ser vinculados a pesar de que varias de las casas en las que se encontró droga eran de su propiedad, Los Federales no presentaron ninguna acusación en su contra e igual actitud asumió la Oficina del Procurador General de México. Camarena y Kuykendall sabían que los arrestados eran en definitiva los peces pequeños y un nuevo trabajo les esperaba: volver a recopilar una serie de información para poder dar con los verdaderos jefes del Cartel.

En los Estados Unidos eran pocos los funcionarios o congresistas que estaban informados de lo que realmente sucedía en México, salvo aquellos que recibían en forma no oficial y confidencial los informes de Camarena. Ante ello, algunos diputados y senadores americanos conformaron el Comité Contra el Control del Abuso de Narcóticos y citaron —el 22 de junio de 1983— a prestar declaración a Dominick Di Carlo, un Subsecretario de Estado que dentro del Departamento de Estado se encontraba a cargo de la Oficina para Asuntos de Narcotráfico Internacional. Di Carlo expuso a grandes rasgos que México era uno de los países que estaba involucrado en el tráfico internacional de estupefacientes, pero minimizó la gravedad del problema.

Este funcionario atestiguó que “las plantaciones ilegales de marihuana son realmente pequeñas y de allí la dificultad de localizarlas”, y agregó que la Unidad de Asistencia contra las Drogas del Departamento de Estado consideraba que “hablar de plantaciones en el desierto es una aberración, falta de toda lógica”. El funcionario explicó a los congresistas que se tenía conocimiento de plantaciones de opio en la zona de la Sierra Madre Occidental y de la existencia de algunos laboratorios de refinamiento en pequeños pueblos cercanos a la frontera estadounidense, y que las tareas emprendidas por el gobierno mexicano para erradicar este tipo de estupefacientes estaban bien encaminadas ya que se había dado continuidad a las antiguas campañas de erradicación iniciadas tiempo atrás entre ambos estados. Sin embargo, un asistente de Di Carlo que testificó una horas más tarde, llamado Jon Thomas, dijo a los parlamentarios que desde el aire muchos pilotos americanos continuaban observando plantaciones de opio y marihuana en toda el área de la Sierra Madre Occidental, y que “el gobierno mexicano seguramente está al tanto de la existencia de los cultivos ilegales. Es hora que alguien, en este caso yo, haga sonar la señal de alerta para comprender el problema ante el cual nos encontramos”.40

En agosto de 1983, el diputado norteamericano Charles Rangel, miembro del Comité Contra el Control del Abuso de Narcóticos y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, decidió realizar un viaje a la ciudad de México con el objetivo de analizar la situación con los hombres allí asignados. Kuykendall intentó conversar con el legislador, pero el embajador Gavin y su jefe Ed Heath no lo autorizaron. La agenda de Rangel estuvo plagada de recepciones protocolares y visitas de cortesía que incluían a la oficina del Procurador General de México y la Policía Judicial Federal, obviamente nunca participaron los agentes de la DEA. Como resultado de los encuentros, el congresista elaboró un informe que decía:

“Los hombres de la DEA se encuentran entusiasmados con la cooperación recibida de parte de la Policía Judicial Federal de México, que ha realizado sustanciales arrestos y esfuerzos contra el narcotráfico en la zona fronteriza y en el interior de su país. El gobierno mexicano lleva adelante una exitosa campaña de erradicación contra las drogas, un programa que puede elogiarse por su profesionalismo, competencia, performance, experiencia y técnica... que lo convierten en algo único en el mundo... Como siempre ha sucedido entre nuestros pueblos, México es un buen vecino”.41

Otros miembros del congreso que acompañaron a Rangel fueron bastante críticos del documento final que se rubricó. El diputado Willam J. Hughes, un demócrata de Nueva Jersey, también miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes y jefe de la Comisión de Lucha Contra el Crimen, dudó no sólo del documento, sino que en cierta manera se mostró desconfiado tanto de las acciones y actitudes del embajador Gavin y el jefe de la DEA Ed Heath, como de las operaciones que los Federales decían realizar para luchar contra las drogas. Willam Hughes cuestionó la poca importancia que se le había otorgado a los agentes de la DEA y recomendó observar atentamente a México como parte de una actitud de prevención.42

A comienzos de 1984, se presentó ante Kiki Camarena un informante con datos y algunas pruebas que indicaban que los traficantes Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y un hombre llamado Juan Esparragoza, habían conformado un fondo para financiar una plantación de cientos de acres de marihuana en Zacatecas, Durango y Chihuahua. Camarena resolvió comunicar sus informes con Kuykendall y que juntos realizaran una incursión aérea sobre la zona donde se encontraban los presuntos cultivos.

A pesar de la prohibición que pesaba sobre ellos de sobrevolar el espacio azteca, ambos agentes convencieron a un piloto y ex militar mexicano, el capitán Alfredo Zavala, para que los llevara a recorrer los alrededores de Zacatecas y localizar así las plantaciones de marihuana, que encontraron tal como el informante le había contado a Kiki.

De regreso al consulado norteamericano en Guadalajara, Camarena y Kuykendall redactaron una serie de informes acerca del descubrimiento que además indicaba que tanto el comandante de la Dirección Federal de Seguridad Felipe Aparicio Núñez, como el comandante de la Policía Judicial Federal de México Galo Gutiérrez, no sólo tenían conocimiento de la existencia de las plantaciones, sino que también recibían aproximadamente entre 9.000 y 12.000 dólares mensuales de parte de Rafael Caro Quintero. Enrique Camarena y Roger Knapp se dirigieron a las oficinas de Galo Gutiérrez y sin ningún tipo de titubeos le preguntaron sobre su relación con los narcotraficantes.

En igual modo el comandante les respondió: “Ellos vienen y te hacen una oferta. Los términos son muy simples: o uno colabora o muere. Por supuesto todos preferimos la salud antes que la muerte”.

Más tarde, en abril de 1984, el supervisor Ed Heath reprendió duramente a Camarena y Knapp por haberse presentado ante Galo Gutiérrez, pero la verdadera razón del disgusto se basó en que ambos agentes habían actuado sin consultarle nada previamente e incluso de todo lo relativo a las plantaciones se había enterado por boca de los Federales.

Ed Heath inició una serie de tratativas junto al embajador John Gavin para que el gobierno mexicano realizara incursiones aéreas sobre los cultivos y utilizara de foliantes para su erradicación, pero Camarena se opuso tenazmente sin dar motivos válidos, cosa que llamó ligeramente la atención del supervisor.

El 28 de mayo del ‘84, a cargo del Primer Comandante Miguel Aldana, los Federales partieron a bordo de varios helicópteros hacia la zona e iniciaron un gran operativo. Lograron detener a 117 personas, incautar 20 toneladas de marihuana empaquetada, 200 litros de aceite de hachís, y desfoliaron 150 acres cubiertos de plantas de marihuana. El resultado alegró a Ed Heath, pero Camarena y el resto de los agentes estaban furiosos; para ellos, lo incautado no era nada comparado con lo que realmente debieron encontrar si el supervisor hubiese esperado un tiempo más; en definitiva, entre los detenidos no figuraban Rafael Caro Quintero ni Ernesto Fonseca.

El 30 de mayo, James Kuykendall redactó un reporte, que posteriormente elevó a su jefe en Washington, Francis Mullen, en el que expresó: “Creo que la operación realizada sirve para demostrar la existencia de plantaciones ilegales, pero también deja en descubierto que por las técnicas utilizadas en los cultivos hallados en Zacatecas y el nivel de impunidad con que los traficantes se desarrollaron, no puede dejarse de lado la hipótesis de la complicidad que varios funcionarios de la Policía Judicial Federal de México tienen respecto de este asunto. Lo que hemos encontrado es realmente escaso si lo comparamos con lo que nuestros informantes nos detallan. Tengo serias presunciones que estamos en presencia de un operativo del Gobierno de México que apunta a mostrar al mundo sus esfuerzos en la lucha contra la droga, mientras encubre una gran cantidad de otras plantaciones y laboratorios de refinamiento. Esta vez los Federales actuaron bien, contamos con su cooperación, pero es evidente que los verdaderos responsables del narcotráfico fueron alertados con anterioridad ya que la mayoría de los detenidos son simples campesinos”.

El mal humor de los agentes de la DEA para con Ed Heath tenía sus razones. En parte no confiaban en él debido a que lo veían más como un diplomático ingenuo, que como un hombre dispuesto a enfrentar a los narcotraficantes. Pero la verdadera razón de sus pensamientos y cosa que explica el motivo por el cual Camarena se opusiera al operativo, era que Kiki había logrado infiltrarse en la banda de Caro Quintero mediante la ayuda de un colaborador arrepentido del traficante, llamado Manuel Chávez. Por primera vez, Camarena había podido llegar a conversar personalmente con Caro Quintero y Ernesto Fonseca, había logrado una importante dosis de confianza de parte de los narcos y se disponía a desarrollar una serie de tareas, como agente encubierto, para recopilar información o pruebas — entre otras cosas, detectó las direcciones, números telefónicos y cuentas bancarias de varios hombres de la organización— y así conseguir su arresto. El apuro de Ed Heath frustró todo lo realizado por Kiki, pero además, algo los preocupaba sobremanera. Entre los detenidos figuraba Manuel Chávez quien, tras recuperar su libertad en menos de veinticuatro horas, se reunió inmediatamente con Fonseca y le contó todo sobre las actividades de Camarena. Los agentes de la DEA sabían, por datos que les acercaron algunos informantes, que Rafael Caro Quintero al enterarse reaccionó con un disgusto increíble y puso precio a la cabeza de Enrique Camarena. Para el narcotraficante, las investigaciones mediante las cuales durante años lo intentaron acosar no lo habían perturbado o puesto en peligro, pero una cosa muy distinta era que un agente de la DEA hubiera entrado en su casa y lograra su confianza, de allí que ordenó su asesinato.

Sin embargo, Camarena no le dio la menor importancia al asunto, en parte por su carácter testarudo y su obsesión por combatir a los narcotraficantes, por lo que decidió continuar con su trabajo. Muchos de sus colegas le aconsejaron que pidiera a Ed Heath, o directamente a Francis Mullen en Washington, que lo trasladaran a un país con menores riesgos, pero Kiki ni siquiera los escuchaba. Muchos agentes temían no sólo por la vida de su amigo, sino por las propias, tal fue el caso de Butch Sears que requirió un nuevo destino en forma inmediata y por ello mandaron como reemplazante a un nuevo agente llamado Victor Wallace, más conocido como Shaggy, un íntimo amigo de Camarena que años anteriores había compartido sus luchas en las calles de California.

Kuykendall, Camarena, y el resto continuaron buscando información y en septiembre de 1984, un hombre llamado Gabriel43 se presentó ante Kiki y le contó su historia. Había trabajado durante casi 20 años en el negocio de las drogas, comenzó como transportista del Clan Herrera, luego abrió su propio negocio de distribución, pero en los últimos cinco años el Cartel dominado por Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca lo habían absorbido, obviamente todavía trabajaba para ellos. Sus motivos para denunciarlos se basaban en que su hijo había sido asesinado en Jalisco por orden de Félix Gallardo sin motivo alguno, salvo el de demostrar a otros transportistas, que en diversas oportunidades discutían el precio que recibían por su trabajo, que ante él nada se debía cuestionar. Gabriel contó que los traficantes habían construido una verdadera red de influencias y complicidades con funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad del Ministerio del Interior de México y la Policía Judicial Federal Mexicana, y entre todos coordinaban operaciones para contrabandear heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos.

Los agentes de seguridad les proveían información y cubrían o vigilaban las operaciones, Gabriel decía que los Federales “les dan protección, informes computarizados de cuándo y dónde cruzar la frontera, los ayudan a organizarse, y les venden armas automáticas o semipesadas que deberían ser de uso exclusivo militar”. Gabriel contó que unas semanas atrás, había manejado un camión de transporte de gas que dentro de sus tanques llevaba 600 kilos de marihuana. A unos 15 kilómetros del límite del territorio mexicano fue interceptado por una patrulla de la Dirección Federal de Seguridad, y un comandante lo acompañó hasta el paso fronterizo.

Al llegar comprobó un trato más que cordial con los Federales, y cuando entraron en territorio americano su acompañante entregó 50.000 dólares a un inspector del Servicio de Aduana e Inmigración de los Estados Unidos. Su viaje continuó sin inconvenientes hasta la ciudad de Los Ángeles, donde entregaron el camión y regresaron en un automóvil que les tenían preparado. Por su trabajo, Gabriel dijo haber cobrado 10.000 dólares, recibidos de manos del propio Ernesto Fonseca, pero a continuación expresó que los montos que narraba no eran nada si se los comparaba con los dineros que los traficantes destinaban a apoyar a algunos políticos del PRI —Partido Revolucionario Insti-tucional— que detentaban el poder. Los dichos de Gabriel fueron transmitidos a la oficina de la DEA en Washington a cargo de Francis Mullen, quien ordenó una investigación dentro del Servicio de Inmigración y Aduana.

Sin embargo, el 28 de octubre de 1984, cuando Gabriel se disponía a subirse al automóvil que lo aguardaba frente a su casa, para que Camarena y Wallace lo acompañaran hasta el aeropuerto de Guadalajara para viajar a Estados Unidos a ampliar sus denuncias, una ráfaga de ametralladora terminó con su vida. Los agentes de la DEA no lo podían creer, lo habían asesinado frente a sus ojos.

El 14 de noviembre, a menos de un mes de la tragedia, Camarena descubrió que un hangar presuntamente de propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo tenía sus puertas abiertas. Con su largavista en mano y una cámara fotográfica tomó las fotos que pudo y anotó los números de matrícula de las avionetas. En unos pocos días, su trabajo dio resultados, el 17 de noviembre dos agentes de la DEA de California encontraron en un campo una de las avionetas; para sorpresa de ellos, no contenía estupefacientes sino 3,7 millones de dólares en efectivo en billetes de baja denominación. El 26 de noviembre, el sheriff del condado de Mohave, estado de Arizona, descubrió que una pequeña avioneta intentaba aterrizar en un camino de tierra, inmediatamente solicitó refuerzos y cuando registraron el avión encontraron 173 kilos de cocaína camuflados en paquetitos de regalos navideños. El aparato era uno de los que Camarena había registrado en el hangar de Félix Gallardo.

Los hallazgos dieron cierta alegría a Kuykendall y sus camaradas, a punto tal que el 29 de noviembre se reunieron como de costumbre en el bar Camelot a festejar, pero todos sabían en el fondo que los miembros del Cartel no tardarían en responder. Una de las personas que más preocupada estaba era Mika Camarena, esposa de Enrique, quien en realidad deseaba con ansias que trasladaran a toda su familia lejos de México. Enrique siempre contestaba lo mismo ante los constantes miedos de su esposa: “Los traficantes no se van a animar a disparar contra un norteamericano, nunca lo han hecho y no se van a animar a hacerlo”, pero el 2 de diciembre del ‘84 la situación cambió. Dos ciudadanas americanas oriundas de California, Dennis y Rose Carlson, resultaron asesinadas cuando aparentemente fueron testigos involuntarias de un pago que Ernesto Fonseca le hacía a otro hombre, y el 3 de diciembre a la noche, una pareja de Nevada, Ben y Patricia Mascarenas, desaparecieron cuando daban un paseo a la luz de la luna en el barrio residencial donde habitaba Miguel Ángel Félix Gallardo.

Estos hechos preocuparon a los hombres de la DEA, especialmente porque los Federales no hicieron absolutamente nada para investigar lo sucedido, por tanto, que los traficantes no se animaran a matar a un norteamericano ya no era tan así. En enero de 1985 dos investigadores del Comité de Política Exterior del Congreso de los Estados Unidos se preparaban para visitar México con la misión de exigir el esclarecimiento de las muertes de los ciudadanos americanos, pero Marian Chambers y Richard Peña suspendieron el viaje cuando se enteraron de que serían acompañados por funcionarios de la Unidad de Asistencia Contra las Drogas del Departamento de Estado. Los únicos en llegar a suelo mexicano fueron los funcionarios de dicho Departamento, y Kuykendall entendió que se presentaba una muy buena oportunidad para hacerles comprender que la situación en que se encontraban era sumamente compleja. Se reunieron en cuatro oportunidades y conversaron durante varias horas, pero cuando los funcionarios regresaron a su país no redactaron ningún tipo de informe ya que para ellos nada lo justificaba. La reacción de Camarena fue casi un presagio, a pesar de su carácter fuerte y su personalidad arrolladora, se sentó en el sillón de su oficina y mirando a todos sus compañeros dijo: “¿Es necesario que alguno de nosotros muera para que alguien haga algo? ¿Es acaso necesario que asesinen a uno de nosotros?”.

Durante los años setenta Enrique Camarena vivía en la ciudad norteamericana de Fresno, estado de California, y como agente de la DEA pasaba sus días en las calles intentando atrapar pequeños traficantes o distribuidores de drogas que recibían la mercancía proveniente de México mediante la utilización de aeronaves pequeñas que aterrizaban en caminos desolados del Valle de San Joaquín. Este hombre de tez trigueña y ascendencia mexicana había soñado desde su adolescencia con ser un miembro del FBI, pero con el tiempo su interés en luchar contra la droga lo llevó a ingresar a las filas de la U.S. Drug Enforcement Administration, hecho que llegó a apasionarlo muy especialmente en lo relacionado a los patrullajes nocturnos por las calles o las persecuciones en automóvil a gran velocidad por las rutas o autopistas.

Kiki Camarena no era un hombre común, era un enamorado de su trabajo y cuanto más peligroso mejor, no porque su vida no le interesara sino que lo apasionaba la constante actividad y movimiento que la lucha contra los narcotraficantes le imprimía a su existencia. Era una persona superactiva a quien no le preocupaba pasar una o dos noches sin dormir y, a diferencia de la gran mayoría de sus compañeros, luego del trabajo no iba a descansar sino que compartía largas charlas con sus amigos en algún bar para intercambiar opiniones e información. Sus conversaciones siempre giraban en torno a su rechazo por los estupefacientes, cosa que para muchos ya era algo monotemático habida cuenta de que cuando hablaban de mujeres, deportes o jugaban a los naipes, Kiki siempre terminaba introduciendo el tema de la droga.

En la oficina de Fresno su labor fue ejemplar, sus superiores perdieron la cuenta de la cantidad de arrestos que hizo, pero lo que más les llamó siempre la atención fue que se las arreglaba solo, en raras oportunidades solicitaba apoyo para los procedimientos y varias veces se repitió la escena en donde llegaba a una comisaría con cuatro o cinco detenidos esposados o atados con una soga. Para algunos era un agente brillante, pero para otros era una especie de loco del que debían estar lo más lejos posible ya que con sus pretensiones de presentarse como un supermacho latino los llevaría a encontrarse con la muerte en una esquina. Pero Camarena no consideraba nada de ello, él simplemente esgrimía que era un simple policía antinarcóticos que cumplía con su deber. Sin embargo, sus reflexiones lo llevaban más allá de la tarea de un simple policía; se preguntaba constantemente: ¿Quiénes son los verdaderos traficantes? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién supervisa el dinero o financia las bandas? ¿Cómo hacer para dar con los cabecillas o cómo dar por terminados estos asuntos? Pero era consciente de que la solución no estaba en Fresno, en definitiva, el Valle de San Joaquín no era más que una estación de paso de los verdaderos objetivos de los narcotraficantes que eran los mercados de Los Ángeles y San Francisco.

Una mañana a principios de 1980, Enrique Camarena recibió una llamada de Pete Hernández desde México. Su interlocutor era un texano de ascendencia mexicana que además de ser uno de sus mejores compadres y padrino de bautismo de sus hijos, era agente de la DEA y se encontraba acreditado desde hacía unos pocos meses en Guadalajara. Hernández lo llamó con un motivo específico, quería que Kiki se uniera al equipo en México. Camarena no tardó ni un instante en aceptar, era una gran oportunidad para dejar las calles de California y una misión en el exterior era algo muy bueno para su carrera. Los hombres de la DEA nunca son obligados a aceptar una transferencia al exterior, lo hacen voluntariamente y en caso de lograrlo consiguen importantes puntos que se suman a sus legajos para futuros ascensos. Además, su amigo Pete le dijo que Guadalajara era una hermosa ciudad para vivir junto a su familia, existía un colegio americano en donde podría enviar a sus hijos, el clima era excelente con temperaturas primaverales casi todo el año y, por otra parte, el gobierno les asignaba una bonita casa e incrementaba los salarios.

Con respecto al trabajo, había mucho para hacer. Pete le comentó que la Sierra Madre Occidental era el centro de la producción de marihuana y heroína, y Guadalajara se había convertido en la ciudad de asentamiento de los grandes traficantes de Sinaloa y Durango, quienes compraban lujosas propiedades, bares y hoteles, y vivían aparentemente bajo el amparo de los policías locales o federales. Para Camarena esto representaba lo que siempre había buscado: acción, y él estaba listo para ella. Por otra parte, meses antes uno de los hombres con los que entabló una muy buena amistad en Mexicali, un comandante de los Federales llamado Rafael Dávila, había sido trasladado a Guadalajara, pero presuntamente al negarse a aceptar las reglas de juego que imponían los traficantes fue asesinado en la puerta de una discoteca por dos personas que le dispararon una ráfaga de ametralladora. Este hecho le daba a Kiki la pauta de que en dicha ciudad no todo era tranquilidad, sino que había en ella una parte que se regía por las leyes de la jungla, pero Camarena amaba vivir al límite y tal como decía: “Estoy listo para la acción, y si los pesos pesados están en Guadalajara, es allí en donde quiero estar”.

Mika Camarena, su esposa de 34 años de edad, que estaba embarazada de su tercer hijo no se opuso al traslado. En parte ella sabía que varios serían los riegos que los esperaban y confiaba en que juntos saldrían adelante, además era consciente de que no existía ciudad en el mundo que fuera segura para un agente de la DEA y su familia. A su vez, no la afectó el saber que la actividad de los agentes encubiertos —que constantemente realizaba su esposo— no estaba contemplada en la ley mexicana y que además no contarían con la inmunidad y garantías que se conceden a los agentes diplomáticos. Mika solamente pensaba que la familia debía permanecer unida y estaba dispuesta a acompañar a su marido al lugar del mundo al que decidiera ir, bajo ninguna circunstancia interferiría en su carrera y sabía la pasión que éste tenía al hacer su trabajo. La DEA era en definitiva parte de la vida de toda la familia.

El traslado de Enrique Camarena y su familia a la ciudad de Guadalajara se efectivizó en junio de 1980, año en que Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca comenzaron a estructurar en forma organizada sus negocios de producción, distribución y comercialización de marihuana, heroína y cocaína hacia los Estados Unidos, conformando el denominado Cartel de Guadalajara. Pero Kiki Camarena, a pesar de compartir sus tareas con agentes como James Kuykendall, Tony Ayala, Pete Hernández, Butch Sears —quien luego pediría su traslado— y los últimos en incorporarse como Roger Knapp y Victor Shaggy Wallace, se convirtió en el enemigo número uno de los traficantes.

En pocos años demostró una forma tenaz de luchar contra ellos, incluso llegando a violar determinadas barreras que se le habían impuesto por cuestiones políticas entre ambos estados, como la prohibición de volar sobre espacio mexicano o de intervenir en acciones policíacas directas; enfrentó la burocracia de los hombres de Washington y con la pasión y valor que había caracterizado su vida desafió a cuanto funcionario local o federal mexicano que se puso delante de su objetivo: contribuir a terminar con el negocio de las drogas y apresar a los jefes de la organización. Pero su situación no era envidiada por nadie, durante años redactó una infinidad de reportes que comprometían con el narcotráfico no sólo a los conocidos jefes del Cartel, sino que involucró a varios altos funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad, organismo dependiente del Ministerio del Interior de México, y de la Policía Judicial Federal de México, todo ello en un tiempo en que armas largas y pistolas se repartían por todas las esquinas de Guadalajara como si se tratara de elementos inofensivos.

En los barrios lujosos de la ciudad se podían observar guardaespaldas por doquier, los choferes o ayudantes de los traficantes siempre llevaban consigo alguna credencial de la Policía Federal Judicial o de la Dirección Federal de Seguridad, o se desplazaban en vehículos sin ningún tipo de identificación, mientras que los agentes de la DEA eran permanentemente interceptados cuando iban a velocidad excesiva, cruzaban un semáforo en rojo o cometían la más mínima infracción de tránsito.

La lucha era despareja y tanto Camarena como los demás compañeros lo sabían, aunque no imaginaron nunca lo que en realidad podía llegar a acontecer con sus vidas.

El asesinato de los cuatro ciudadanos americanos producidos el 2 y 3 de diciembre del ‘84 había sido considerado como una señal de alerta, pero poco tiempo después sucedería algo que los llevaría a asumir una posición desesperada. El 3 de enero de 1985, mientras Camarena, Kuykendall, Knapp y Shaggy almorzaban en el bar Camelot, se presentó ante ellos un hombre llamado Antonio Vargas44. Este personaje solicitó apartarse con Camarena a una mesa contigua para conversar y allí le narró que tenía documentos que demostraban pagos regulares mensuales de 10.000 y 20.000 dólares que los líderes del Cartel hacían en favor de altos funcionarios de los organismos de seguridad. En el sorpresivo encuentro, Vargas le entregó un sobre a Camarena con las pruebas, pero le solicitó que lo abriera en privado una vez que se retirara. A dos cuadras del bar, Vargas fue interceptado por un automóvil sin identificación, dos hombres se le acercaron y le efectuaron ocho disparos, de milagro pudo salvar su vida, pero a causa de haber recibido tres impactos en la espina dorsal continúa hasta la fecha sobre una silla de ruedas.

El 18 de enero de 1985, once días después del atentado perpetrado contra Vargas y mientras los hombres de la DEA investigaban los hechos, se produjo el primer acto de violencia directa contra uno de los agentes americanos. A las siete menos diez de la mañana, mientras Roger Knapp estaba alistándose en su dormitorio y su esposa Carol se encontraba en la cocina compartiendo el desayuno con sus tres hijos a la vez que controlaba que todo estuviera en orden para enviarlos a la escuela, una persona corpulenta se paró frente al automóvil del agente que se encontraba estacionado en la puerta de la vivienda y lanzó en su interior un artefacto explosivo. Al escuchar la detonación, Carol se abalanzó sobre sus hijos y por suerte los recostó en el suelo ya que el atacante comenzó a disparar con una ametralladora AK-47s hacia el interior. Todo quedó destruido, había vidrios esparcidos por doquier y agujeros por donde uno mirara, el agresor había efectuado casi doscientos impactos en poco más de dos minutos. Por suerte, ninguno de los miembros de la familia sufrió heridas de gravedad, salvo por algunas cortaduras pequeñas o golpes menores. Inmediatamente James Kuykendall habló con Francis Mullen para que Knapp fuera trasladado a la brevedad, pero éste se negó a aceptar un nuevo destino. Para ellos lo ocurrido era una advertencia clara de parte de los traficantes para que abandonaran el país, pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo, es más, fue Camarena quien a modo de arenga levantó la moral de todos e incluso, fiel a su estilo, recorrió toda la ciudad, sus bares, discotecas, restaurantes y calles para asegurarse de que Caro Quintero y sus compadres se enteraran de su nuevo mensaje: “A partir de ahora la guerra es total, con la DEA no se jode, son ellos o nosotros y veremos quién es más macho”.

Tras el episodio, el clima era dominado por una gran tensión; pero no solamente en Guadalajara sino que lo acontecido produjo un cimbronazo entre los burócratas de Washington. La primer consecuencia fue el relativo desplazamiento de Francis Mullen como administrador de la DEA, quien fue obligado a solicitar unos meses de descanso por razones particulares, y fue nombrado para ocupar el cargo en forma interina uno de sus colaboradores llamado John Lawn —un agente que comenzó en las calles y que con el correr de los años logró hacer una importante carrera— quien tenía la fama de ser un duro al estilo Camarena, pero con un excelente manejo y conocimiento en lo relativo a la política y diplomacia, tal como quería el Secretario de Estado Norteamericano George Shultz.

El 7 de febrero de 1985 se produjo el hecho más lamentable para aquellos que han luchado o luchan contra el tráfico de drogas. Ese martes Enrique Camarena se encontraba abrumado por el calor que imperaba y que a esas alturas agudizaba su mal humor. Desde su oficina se comunicó telefónicamente con su esposa Mika y la invitó a almorzar a fin de despejarse y aprovechar el resto del día para compartir un poco de tiempo con su familia. Antes de abandonar su despacho en el Consulado de Guadalajara, guardó en la gaveta de su escritorio el revólver que portaba regularmente, y a las dos en punto de la tarde se despidió de sus compañeros. Caminó por la calle Libertad hasta el estacionamiento descubierto del bar Camelot en busca de su automóvil, al llegar desconectó la alarma antirrobo, puso en funcionamiento el motor y encendió la radio, a partir de ese momento cientos de hipótesis y conjeturas intentaron explicar lo inexplicable: Enrique Camarena había desaparecido. Su caso no sólo llegaría a ocupar las primeras planas de los principales periódicos del mundo, sino que se convertiría en el punto central de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Entretanto, Mika Camarena lo esperaba en el restaurante convenido, sumamente ansiosa de encontrarse con Enrique para conversar sobre cuestiones familiares y pasar un rato a solas, cosa que no habían podido hacer por largo tiempo. Ella permanecía sentada aguardándolo en una mesa, al transcurrir casi dos horas y ante la mirada indiscreta de algunas personas que estaban allí, supuso que era tiempo de retirarse ya que seguramente a su marido se le había presentado algo importante a último momento. Mika llamó al consulado y la secretaria de Kiki le dijo que éste se había retirado hacía un largo rato; nunca imaginó lo peor, decidió aguardar un tiempo más y luego se dirigió hacia la escuela de sus hijos para llevarlos de regreso a casa.

Al llegar la noche, Mika acostó a los niños y posteriormente ingresó en su habitación, las horas pasaban y ella no podía conciliar el sueño. Intentaba buscar una explicación a lo sucedido cuando el reloj marcó las cinco y treinta de la mañana del miércoles. Ella quería llamar por teléfono al resto de los agentes, pero era demasiado temprano, tal vez tampoco era necesaria tanta angustia ya que Kiki podía estar realizando un procedimiento o haber pasado la noche conversando con un informante. No era el momento aún de demostrar histeria, después de todo era la esposa de un agente de la DEA, y resolvió esperar. Pero a las seis y treinta levantó el teléfono y llamó a Shaggy Wallace.

Mika confiaba en que Shaggy no contestaría, si no lo hacía se confirmarían sus pensamientos acerca de que Kiki estaba junto al resto de sus compañeros en medio de un caso, pero Shaggy estaba en su casa y atendió el llamado. “¿Acaso no se encontraron ayer para almorzar?”, dijo sorprendido su amigo. Mika desató su llanto y comprendió que algo malo le había pasado a su esposo.

Wallace intentó tranquilizarla, tal vez Kiki se encontraba trabajando en un caso surgido imprevistamente y él no lo sabía por alguna falla en el diálogo del equipo de agentes, pero al cortar la comunicación se preocupó, sabía muy bien que Camarena nunca se ausentaría sin comentarlo a nadie.

Con un nudo en el estómago telefoneó inmediatamente a James Kuykendall —James y Kiki eran virtualmente inseparables— y le contó las novedades. El experimentado agente recordó lo que últimamente venía repitiendo: “algo va a suceder, alguien va a terminar lastimado” y rogó para que su mal presentimiento estuviera errado. Rápidamente comenzó a llamar a sus informantes, amigos y al resto de los hombres de la DEA, pero ninguno de ellos sabía absolutamente nada. A las ocho treinta Kuykendall llamó a la embajada americana en la capital mexicana e informó a John Gavin la situación, para finalizar expresó: “Estoy convencido que nuestro hombre ha desaparecido y ha caído en desgracia”.

James dejó su casa y condujo a gran velocidad hacia el Consulado de Guadalajara, al llegar, cuando transitaba la calle Libertad, observó que el automóvil de Kiki estaba estacionado frente al bar Camelot con las puertas sin seguro, las llaves en contacto y la radio prendida. A los pocos segundos llegó Shaggy que había ido hasta la casa de Mika para intentar tranquilizarla, ambos hombres se miraron y no dijeron nada, las palabras sobraban, con el hallazgo sus peores pensamientos quedaban confirmados. Camarena podía estar en cualquier lugar del país e incluso cabía la posibilidad de que lo hubieran llevado a Colombia, Bolivia, o a algún otro lugar de Centroamérica o Europa.

La noticia llegó a los pocos minutos a oídos del supervisor de la DEA en México Ed Heath quien se encargó de comunicarse con el administrador de la DEA en Washington, John Lawn. Este último hizo regresar al trabajo a Francis Mullen y lo puso a cargo de una parte de las investigaciones. Dentro de los Estados Unidos, se dio prioridad a las ciudades de la costa oeste del país, treinta agentes viajaron con urgencia a la zona de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, y junto a los policías locales y sheriffs iniciaron una búsqueda. Los americanos entraban a bares, restaurantes y otros sitios en donde regularmente se reunían los presuntos distribuidores del Cartel de Guadalajara, pero sus manos estaban atadas. Ellos no podían practicar allanamientos ni realizar arrestos, tan sólo interrogaban a informantes e insinuaban a personas sospechadas de estar ligadas al Cartel que Camarena debía aparecer cuanto antes con vida o de lo contrario las consecuencias serían terribles. En México la situación era sumamente compleja, Ed Heath y Kuykendall debían convencer a los Federales para que iniciaran una búsqueda puerta a puerta. Los miembros más jóvenes de la Policía Judicial Federal eran considerados honestos, pero el problema radicaba en los jefes máximos. Shaggy intentó hablar con el jefe de los Federales de Guadalajara, el comandante Alberto Arteaga, más se encontraba de viaje, de allí que intentó conversar con el jefe del estado de Jalisco, el comandante Carlos Acévez Fernández, pero le dijeron que estaba demasiado ocupado para atenderlo. Wallace persistió en dar con algún alto funcionario pero nadie estaba disponible para escucharlo. También fue ignorado por el Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, Richard Morefield y por el Gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. A las 17 horas de ese miércoles los agentes de la DEA estaban reunidos en la oficina de Kuykendall, hicieron un esfuerzo en mantener la calma y comenzaron a delinear distintas estrategias. A los pocos minutos llegó Ed Heath quien volvió a llamar al cónsul Morefield y dejó instrucciones precisas a su secretaria: o lo atendía inmediatamente y se unía al equipo o era el final de su carrera.

En menos de media hora, el cónsul se hizo presente en la reunión y decidieron llamar al embajador John Gavin para que presionara al gobierno mexicano en favor de una pronta solución. A las 20 horas los hombres de la DEA recibieron una llamada de un asistente del Procurador General de México, el funcionario se excusó de que tanto su jefe como el Procurador del Estado de Jalisco no los pudieran atender personalmente debido a que se encontraban de viaje en el exterior. De todas maneras se comprometió a impartir órdenes para que los Federales iniciaran la investigación correspondiente lo antes posible y aseguró que la cooperación del Estado Mexicano con la DEA sería total.

El jueves 9, Shaggy recorrió casi todos los hospitales para ver si alguna persona había sido ingresada con la descripción de Camarena, pero no obtuvo resultados. Entretanto, durante todo el día Kuykendall y Pete Hernández continuaron con sus llamadas, mientras Knapp recorría las calles interrogando informantes. Al caer la tarde todos volvieron a reunirse y la desesperación estaba entre ellos, pero las miradas acusadoras se dirigían a Ed Heath, a él lo culpaban de todo. Amén de haberlo considerado siempre como un inepto para el cargo que ocupaba, ahora quería hacerse cargo de todas las acciones a emprender cuando en realidad nada sabía del tema y no había estado junto al resto desde el principio de la crisis. El encuentro finalizó abruptamente, mientras Heath se defendía de los insultos que recibía por los errores que le imputaban en su gestión y le pedían que no se entrometiera más. Kuykendall lo tomó del saco y tras levantarlo del sillón en el que estaba sentado le acertó dos golpes de puño en la mandíbula, suficientes como para dejarlo tendido sobre el suelo.

Tras ello, Shaggy consideró oportuno ir a visitar a Mika para darle ánimo, ella les había dicho a sus hijos que su padre había desaparecido y estaba destrozada. Wallace y su esposa llegaron a la casa, cuando Mika abrió la puerta le dijeron: “Debemos ser fuertes, tenemos que confiar en que todavía está con vida”. Al rato llegó Pete Hernández, se sentía el peor hombre de la tierra, después de todo él había convencido a Camarena para que viajaran a México. Los cuatro intentaron mantener el control, pero fue una noche en que el llanto y la tristeza los invadió hasta sus lugares más íntimos.

Los Federales comenzaron la búsqueda recién el viernes 10 de febrero a última hora, aproximadamente ochenta miembros de dicha fuerza de seguridad recorrían las calles de Guadalajara golpeando puertas y rastrillando las zonas de Durango y Sinaloa. Sin embargo, sus movimientos eran lentos, se quejaban de no contar con suficiente cantidad de automóviles y no tener un equipo de comunicaciones adecuado para coordinar el operativo. La DEA les entregó todo lo que necesitaban, pero el Primer Comandante Armando Pavón Reyes — que fue enviado desde el Distrito Federal para encabezar las acciones— continuaba aportando excusas, como por ejemplo que le faltaba gente o que cualquier decisión importante primero la debía consultar con el máximo jefe de la Policía Judicial Federal, el comandante Manuel Ibarra Herrera.

A las dos de la tarde del sábado 11 de febrero, la DEA logró intervenir el sistema de comunicaciones de Miguel Ángel Félix Gallardo y escuchó que hablaba con Rafael Caro Quintero. Este último le ordenó que saliera del país lo antes posible como forma de protegerse de la difícil situación que se estaba viviendo. Gallardo realizó a continuación una llamada para que le prepararan su avión de inmediato. Kuykendall tenía una lista de los aviones que pertenecían al narcotraficante y se la entregó a Pavón Reyes para que, junto al agente americano Salvador Leyva, fueran al aeropuerto a inspeccionar. Antes de salir, James apartó a Salvador y le dijo: “Ve con ellos pero ten mucho cuidado, no dejes que se te pierdan de vista”. Al llegar al hangar de Félix Gallardo observaron que cuatro hombres estaban acondicionando un jet ejecutivo perteneciente a Ernesto Fonseca y otros cinco custodiaban el lugar con ametralladoras en mano. Pavón Reyes ordenó a sus agentes que desenfundaran sus armas y rodearan el aparato. Se vivieron minutos de extrema tensión cuando los Federales se identificaron, ambos bandos sabían que si alguien comenzaba a disparar todos morirían. Del interior de la nave salió un hombre que aparentaba estar al mando, era un personaje extraño, lucía un corte de cabello estilo punk, ropas holgadas de seda negra, varios colgantes de oro alrededor de su cuello, anillos en sus dedos, algunas pulseras en su muñeca derecha y lentes oscuros que ocultaban sus ojos.

Pavón Reyes se le acercó —el agente de la DEA miraba todo desde uno de los vehículos ubicados a unos cincuenta metros— y le estrechó la mano. Ambos hombres conversaron un rato en forma tranquila y Pavón Reyes dijo a sus oficiales que podían inspeccionar tanto el avión como el hangar, luego de lo cual se dirigió hasta donde estaba Salvador Leyva y le expresó que nada se había encontrado. Mientras el piloto encendía los motores, el punk se despidió de Pavón Reyes con un abrazo, le obsequió una botella de champagne y con risas le dijo que estaba a su disposición pero que la próxima vez que lo interceptaran sin motivo trajeran armas de verdad y no los juguetes que portaban.

Tras ello el avión despegó. En el camino de regreso a la ciudad, Salvador Ley va interrogaba a todos por lo sucedido, pero un joven oficial le dijo: “Leyva, vos sabés y nosotros sabemos que algunos de los muchachos están metidos en esto, nosotros no podemos hacer mucho contra los narcos. La mafia es muy grande y poderosa, tal vez estamos cometiendo un error, pero no podemos ir en contra de la corriente”. Cuando Leyva llegó al consulado en Guadalajara y contó lo que observó, Ed Heath le solicitó que identificara al punk mediante una fotografía recientemente tomada; la rabia dominó a todos los presentes, el personaje en cuestión era Rafael Caro Quintero y lo habían dejado escapar.

El domingo 12 de febrero los agentes de la DEA realizaron una reunión en el consulado de Guadalajara para diagramar distintas acciones a emprender, de la misma participaban el supervisor Ed Heath, el cónsul Morefield, el embajador John Gavin y el recientemente arribado Francis Mullen, pero sorpresivamente se presentó Mika Camarena. Ella quería algunas explicaciones, su esposo había escrito cientos de reportes sobre el estado de anarquía que existía en la región para controlar a los narcotraficantes, había contado infinidad de veces la situación en la que se encontraban los agentes de la DEA y había denunciado la corrupción de los funcionarios mexicanos, pero nunca nadie le respondió nada. Era tiempo de que su gobierno, los Estados Unidos, interviniera de una vez por todas en el asunto y ejerciera una presión sobre el presidente De la Madrid45. Mika exigía que alguien tomara las cosas en serio en Washington, que los sucesos salieran a la luz, que los diarios dejaran de hablar de los carteles colombianos y se ocuparan de los mexicanos, que todos los políticos que los habían visitado o se presentaban al público como luchadores contra las drogas resolvieran el caso de su esposo, que se destaparan los asuntos de la CIA, el FBI y del Departamento de Estado, que por cuestiones de interés ocultaban la realidad de las drogas en México. En síntesis, Mika arremetió contra todos, para ella ya no existían cuestiones políticas, estaba dispuesta a dar batalla para que se esclareciera la muerte del padre de sus hijos.

Para defenderse, Heath le dijo a Mika que comprendía sus reclamos y en parte tenía razón, pero que su función no era la de controlar los movimientos de sus agentes; para él era imposible conocer qué hacía cada uno minuto a minuto y en definitiva ellos eran un “pequeño engranaje dentro de una enorme máquina en movimiento”. Mika no aceptó las justificaciones y comenzó a insultarlo, Mullen intentó tranquilizarla diciendo que si bien todos aquellos que ingresan a la DEA saben que pueden ser asesinados a la vuelta de una esquina o sus familias agredidas, esta vez lo sucedido con Kiki había superado todos los límites. Por su parte, Mullen le prometió que haría todo lo posible por ayudarla y que no descansaría hasta encontrar a los culpables. Mika lo miró fijo a los ojos y entre llantos le rogó: “Soy consciente que el gobierno mexicano nunca encontrará a Kiki si desde lo más alto de nuestro gobierno no son presionados. Si ha pasado lo peor solamente viviré para demandar justicia, mis hijos tienen derecho a saber lo que le ocurrió a su padre. Yo quiero que me devuelvan a Kiki aunque sea dentro de un ataúd, y si es así, demando que encuentren y castiguen a los culpables”. Nadie se atrevió a decir nada, el embajador Gavin atinó a acercarse y Mika remató: “No dejen que mi esposo se convierta en un número”.

El mismo día, el comandante Pavón Reyes comenzaba junto a unos cuarenta policías a revisar las casas de los traficantes, pero como era de esperar en ninguna había nadie. Mullen llamó a Jack Lawn para comentarle lo que estaba pasando con los procedimientos de los Federales, pero agregó algo que habían descubierto minutos antes. La fuga de Caro Quintero desde el aeropuerto bajo su nueva apariencia punk tenía una explicación.

Un secretario del comandante Pavón Reyes, Rogelio Muñoz Ríos, se había comunicado con Kuykendall para confesarle que su jefe acababa de entregarle 270.000 dólares para que se los depositara en una de sus cuentas de banco, dinero que había recibido de parte de uno de los ayudantes del traficante para que permitiera el escape. El caso era más complicado de lo que imaginaban —después de todo Pavón Reyes era el encargado de encontrar a Kiki—, de allí que Lawn resolvió poner al tanto de todas las cuestiones relacionadas al caso Camarena y al tráfico de drogas desde México, al Procurador General de los Estados Unidos, Willam French Smith, quien envió un cable oficial a su par mexicano que entre otras cosas decía: “Me encuentro sumamente preocupado por la desaparición de Camarena, solicito me remita los antecedentes que obren en su poder para adjuntarlos a la investigación que he iniciado... Respecto a las acciones inmediatas de vuestro gobierno, espero el informe que corresponda a la brevedad posible”. El cable hizo sonar las alarmas cuando los funcionarios del Departamento de Estado obtuvieron una copia, pero comprendieron que esta vez el escándalo no podría ser evitado.

El 13 de febrero las autoridades mexicanas arrestaron a algunas personas y expusieron su hipótesis de lo acontecido: probablemente cinco hombres interceptaron a Camarena cuando se prestaba a salir del garaje y quien llevaba el mando del grupo era José Luis Gallardo Parra, testaferro de Fonseca. Tres de ellos estaban disfrazados con uniformes de la Policía Judicial Federal, hecho que seguramente lo confundió, y le permitió convencerlo que subiera a un automóvil marca Volkswagen Atlantic de color beige. Esta teoría no era creíble para la DEA, nada se sabía del aludido automóvil, los detenidos eran personas de bajos recursos que incluso acusaban a los Federales de haberlos torturado para confesar. Los agentes de la DEA empezaron a interrogar a posibles testigos que pudieron haber visto a Kiki cuando transitaba por la calle Libertad o en el garaje del bar Camelot, pero nadie había visto u oído nada, algo que resultaba extraño ya que el hecho se produjo a medio día en una calle que normalmente era muy transitada.46

El 14 de febrero por la mañana, Mullen viajó al Distrito Federal para conversar en duros términos con el Jefe de los Federales, el Director y comandante Manuel Ibarra Herrera. Mullen le replicó: “Cada vez que allanan una propiedad está vacía”, pero el comandante daba explicaciones poco satisfactorias. Mullen se convenció de que estaba ante un hombre que pertenecía al otro bando. Dejó la reunión abruptamente y se dirigió a la embajada americana para desde allí convocar a una conferencia de prensa. Antes de hacerlo discutió la necesidad ello con John Gavin, recientemente llegado de Guadalajara, pero ambos sabían que de llevar adelante esta decisión se produciría un conflicto entre su gobierno y el mexicano, de todas formas ya era hora de que el mundo conociera la verdad. Era tiempo de golpear y no de hablar o negociar, en definitiva se lo debían a Mika.

Los principales medios de prensa mexicanos y americanos asistieron al encuentro programado para última hora de ese 14 de febrero, sentados frente a los reporteros se ubicaron el embajador y Mullen. Entre los dos explicaron con lujo de detalles la manera en que operaba en Cartel de Guadalajara, dieron los nombres de sus tres líderes, se explayaron sobre las plantaciones de amapola y marihuana que habían sido descubiertas, la complicidad de los altos miembros de la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad, las vinculaciones que existían entre los traficantes mexicanos y colombianos para introducir cocaína en Estados Unidos, los problemas que habían atravesado durante años los agentes de la DEA, y finalmente, narraron extensamente el rol que desempeñara Enrique Camarena en la lucha contra las drogas y lo sucedido con su desaparición.

La mañana del día siguiente convulsionó a millones de personas. El New York Times, en primera plana y con grandes letras, tituló: “Enrique Camarena, un agente de la DEA fue secuestrado en México” y como subtítulo agregó: “Usualmente nuestra gente es maltratada o asesinada”. Uno de los principales periódicos mexicanos encabezó su primera página con “Escándalo en el país y en el Gobierno por el narcotráfico. Enrique Camarena, un agente de la DEA fue secuestrado”. Todos los matutinos y noticieros se ocupaban del tema, las editoriales acusaban al gobierno de México de complicidad e inoperancia para combatir a los traficantes.

El Washington Post dedicó al asunto un lugar central y encabezó el tema con una frase que decía “Corrupción en México, vinculaciones del gobierno con el narcotráfico. Enrique Camarena fue secuestrado”. El gobierno mexicano se defendía negando todo lo que Gavin y Mullen habían contado a los reporteros, para ellos se trataba de un asunto interno que estaba fuera de la jurisdicción de los americanos, pero además los criticaban ya que siempre creían que podían ir por el mundo con arrogancia dando cátedra de la supuesta superioridad moral yanqui. El Director Antinarcóticos de la Procuraduría General de México, Jesús Antonio Sam López, se convirtió en el vocero oficial y declaró a Newsweek y al Washington Post que “En México no existen carteles dedicados al narcotráfico. En nuestro país no hay una fuerza superior a la del Estado y no existe zona alguna en toda la nación en que éste no ejerza su control. El tráfico de drogas es combatido como debe ser y nunca se permitió ni permitirá que los traficantes dominen los destinos de la sociedad. Todo lo que se dice es un gran invento norteamericano para desprestigiar al gobierno, pero a pesar de ello se pondrá el mayor empeño en localizar al agente perdido”. Sin embargo, el mismo día Kuykendall aceptó ser reporteado por decenas de canales de televisión locales y extranjeros.

Para sorpresa de todos, el agente mostró las fotos de los traficantes y entregó copias de filmaciones que mostraban las plantaciones de amapola descubiertas en zonas desérticas, las mansiones, hoteles, restaurantes, bares y discotecas que tenía Miguel Ángel Félix Gallardo, las propiedades de Ernesto Fonseca y la última fortaleza que había mandado a construir Rafael Caro Quintero, una mansión resguardada mediante sistemas de seguridad de última tecnología y un generador de energía eléctrica propio que tenía nueve habitaciones en su tercer piso, un parque de 8.600 metros cuadrados con varios estanques con peces de distintas especies, dos piscinas y dos canchas de tenis, todo ello, rodeado por un muro de casi tres metros de alto y custodiado por una veintena de hombres fuertemente armados.

Las imágenes eran impactantes, pero además los periodistas americanos se abalanzaban sobre sus máquinas de escribir para contar que sus habitaciones de hotel eran constantemente registradas y sus teléfonos intervenidos.

El gobierno del presidente Miguel de la Madrid estaba siendo acorralado, por ello el Jefe de Estado decidió solicitar la renuncia del Director de los Federales, Manuel Ibarra Herrera, y lo reemplazó por un ex representante de Interpol, el comandante Florencio Ventura, quien se comprometió públicamente a resolver el caso. Sin embargo, para Mullen la estrategia mexicana tendía en realidad a mejorar su imagen ante la prensa internacional, de allí que el 16 de febrero levantó su teléfono para conversar con Lawn y solicitarle que gestionara la adopción de una dura medida contra el gobierno azteca.

Éste así lo hizo, se comunicó con el procurador general estadounidense, Willam French Smith y convinieron en ejercer una mayor presión sobre su propio gobierno para que instara al presidente De la Madrid a intervenir en el caso. Smith llamó a la Casa Blanca y pidió hablar con el presidente Ronald Reagan, pero pudo llegar hasta Donald Reagan —jefe del staff que manejaba las cuestiones personales de su hermano— quien consideró que no era prudente que Ronald participara directamente en el tema.

Al día siguiente, Smith insistió y pudo charlar no sólo con el presidente sino también con su asesor en cuestiones de seguridad nacional, Robert McFarlane. Ronald Reagan le dijo: “Tenga usted la seguridad que los mexicanos darán mucho más de lo que pueden para resolver el caso y cooperarán con nosotros. Le doy mi palabra”. El 18 de febrero Reagan envió una nota al presidente Miguel de la Madrid en donde expresaba su interés personal respecto del caso Camarena y esperaba que ello fuera compartido mutuamente.

El 20 de febrero Jack Lawn se encontraba en su oficina acompañado por Francis Mullen cuando el teléfono sonó. Era Willy Von Raab, Comisionado del Servicio de Aduana de los Estados Unidos, un neoyorquino ligado al partido republicano que había dejado sus estudios en la Universidad de Yale para dedicarse a combatir el contrabando y las drogas. Raab, que odiaba todo tipo de trámite burocrático o todo aquello que a su entender le impedía realizar su trabajo, como solicitar autorizaciones, órdenes judiciales, etc., se estaba ofreciendo para colaborar en lo que pudiera para solucionar el caso. Lawn le dijo: “Willy, tu ayuda nos puede venir muy bien. Sería interesante que amplíen el control en la frontera”. Raab contestó: “¿Controlar?, haré algo mejor que eso, de ahora en más por allí no pasa nadie”. A los pocos minutos, Von Raab llamó a su comisionado asistente y le ordenó: “Quiero que te encargues personalmente de producir un virtual cierre de la frontera sud-occidental y a aquellos que pasen me los revisan a fondo, los demoran lo más que puedan y les preguntan todo”. El comisionado asistente cumplió la orden y llamó al operativo, Operación Intercept.

Los resultados fueron inmediatos. Para los mexicanos el turismo era la segunda fuente de ingresos de divisas detrás del petróleo, y cientos de personas eran demoradas en la frontera o en aeropuertos y cancelaban sus reservas. Además, los agentes de aduana expresaban a los que querían viajar a México que las demoras y controles se debían a la inminente probabilidad de un golpe de estado en suelo azteca, que todo el territorio caería en manos de la guerrilla o de los militares. Obviamente la gente huía espantada, al punto que el presidente De la Madrid llamó al embajador Gavin, pero éste se negó a atenderlo. Por otra parte, Von Raab tenía un amigo en el Departamento de Estado, el Secretario para Asuntos de Narcotráfico, Jon Thomas, que comenzó a hacer circular un rumor basado en que dicho Departamento aconsejaría al presidente Reagan suspender un préstamo de 250 millones de dólares que el gobierno mexicano le había solicitado al Departamento del Tesoro.

Un senador estadounidense en representación de Texas, Lloyd Bentsen, protestó inmediatamente por el operativo, lo calificó de “interferencias en cuestiones inherentes a un estado extranjero y perjudicial para las buenas relaciones entre ambos países”. Bentsen llamó al Secretario de Estado George Shultz, quien avaló el procedimiento y especialmente a Jon Thomas, sin embargo, Shultz nunca había sido consultado sobre el tema y estaba furioso.

De todas maneras ya era tarde para revertir lo realizado, con más razón aun cuando llamó al embajador Gavin y se enteró de que los mexicanos estaban empezando a cooperar. El 25 de febrero, Jorge Espinosa, embajador mexicano ante los Estados Unidos, se comunicó con Shultz para elevar una queja, pero con habilidad el Secretario de Estado le contestó con evasivas y promesas que a su entender nada anormal sucedía en la frontera y en última instancia los controles eran parte de las obligaciones del Servicio de Aduanas.

El 26 de febrero el presidente De la Madrid llamó personalmente a Ronald Reagan. Ambos mandatarios conversaron aproximadamente unos quince minutos mediante sus intérpretes. De la Madrid le expresó que lo que estaban haciendo en la frontera no era la forma correcta de luchar contra el narcotráfico, a su entender estaban realizando todo lo posible y muchos policías habían muerto en la lucha. Reagan le explicó, sin mencionar a Camarena, que el asunto radicaba en garantizar la seguridad de los ciudadanos americanos en México, pero su par azteca insistía en que no existía necesidad de hacer lo que estaban llevando adelante los americanos. Para finalizar, Reagan con dureza le expresó: “Nosotros queremos más cooperación y la única manera evidente o tangible que demostraría que ella está en progreso será el inmediato esclarecimiento del caso Camarena”.

El 28 de febrero, el comandante de los Federales Armando Pavón Reyes, aún a cargo de la búsqueda de Kiki, se presentó en la oficina de Kuykendall y le mostró una nota anónima que indicaba que Camarena estaba en un rancho llamado El Mareño, ubicado en un pueblo llamado La Angostura, dentro del estado de Michoacán.

El rancho pertenecía a un legislador estatal llamado Manuel Bravo, sobre quien la DEA no tenía ninguna información a pesar de que Pavón Reyes sostenía que tenía vinculaciones con el Cartel. El comandante Pavón Reyes le propuso a Kuykendall organizar para primera hora del día siguiente una operación de rastrillaje y allanamiento del rancho en forma conjunta, para lo cual debían encontrarse a las seis de la mañana en la oficina central de la Policía Judicial Federal para abordar un helicóptero.

Al agente de la DEA le quedó una duda, ¿por qué el comandante, que siempre había actuado lenta y erráticamente, se mostraba ahora tan apresurado en llevar adelante una acción repentina, basándose en una simple nota anónima?

A la mañana siguiente, los agentes Kuykendall y Tony Ayala se presentaron en el lugar y a la hora convenida dispuestos a emprender el viaje, pero el comandante Alfonso Velásquez Hernández los recibió y les comunicó que los Federales habían resuelto salir dos horas antes. Tony Ayala no dudó un instante en que se trataba de una nueva jugarreta de Pavón Reyes, subió a su automóvil y se desplazó a gran velocidad rumbo al rancho.

Cuando llegó, a las ocho y cuarenta de la mañana, todo había terminado. Manuel Bravo y su esposa estaban muertos —la mujer había recibido tres impactos en su espalda— dos de sus hijos, Hugo y Manuel, yacían sin vida a unos diez metros de la casa principal, y el tercer hijo, Rigoberto, estaba tendido en la cama de su cuarto con un disparo en la cabeza. Además, uno de los oficiales mexicanos se encontraba tendido en el suelo con tres impactos efectuados con arma automática de grueso calibre en su pecho. La versión de los Federales dada a la DEA y a los reporteros fue que cuando llegaron se identificaron y ordenaron a la familia que permaneciera donde se encontraba y permitiera el acceso, pero desde el interior comenzaron a disparar.

Según ellos, el primero en morir fue el oficial mexicano, tras lo cual no tuvieron otra alternativa que contestar a los disparos, desatándose una batalla que se extendió por casi media hora. Pavón Reyes mostró a la prensa varias ametralladores y otras armas automáticas que según él pertenecían a la familia Bravo, pero un joven trabajador, que dijo haber observado todo el operativo desde una colina ubicada a unos trescientos metros del lugar, sostuvo que los habían matado a sangre fría. El testigo declaró a la cadena CBS News que los Federales primero asesinaron a su propio oficial e ingresaron a la propiedad disparando. Por ello, el Gobernador del estado de Michoacán, Cuauhtemóc Cárdenas, elevó una protesta al presidente De la Madrid, calificó al hecho como “la masacre del Rancho El Mareño», y solicitó se iniciara una investigación.47

Debido a que el rancho se encontraba bajo la investigación de la masacre, recién durante la mañana del 5 de marzo el comandante Pavón Reyes autorizó a los agentes de la DEA a ingresar. Los americanos cubrieron la propiedad centímetro a centímetro intentando encontrar algún rastro de la presencia de Camarena en el lugar, pero los resultados fueron negativos y regresaron por la tarde a Guadalajara. Sin embargo, a las veinte horas, cuando un campesino llamado Antonio Navarro caminaba por una senda lateral del campo, comenzó a sentir un olor nauseabundo en el aire. Con algo de curiosidad, se acercó a unos pequeños arbustos y descubrió una bolsa de fertilizantes abierta de la cual sobresalía un pie humano. Navarro corrió hasta la estación de policía del pueblo y comentó su hallazgo, el jefe de Policía Salvador Sandoval se comunicó con Pavón Reyes y concurrieron al lugar sin dar aviso a la DEA.

La mañana del 6 de marzo de 1985 los canales de televisión de México anunciaron que el cuerpo de Enrique Camarena había sido encontrado y trasladado a la ciudad de Zamora, dentro del estado de Michoacán. Los agentes de la DEA Kuykendall, Wallace, Hernández y Ayala, concurrieron inmediatamente al hospital del pueblo y esperaron la llegada de las autoridades mexicanas. A las once del mediodía entraron a una habitación y observaron el cadáver, se trataba de un hombre que cumplía con la descripción ósea de Kiki pero era imposible reconocerlo sin una autopsia, ya que los médicos calcularon que la muerte se había producido unos veinticinco días atrás. Esa tarde se produjo la primera autopsia en presencia de varios agentes de la DEA, entre los que se encontraba Ed Heath. El cadáver tenía tres costillas del lado izquierdo fracturadas, numerosas lesiones en el brazo derecho y la muñeca quebrada, algunas contusiones en el rostro y la cabeza, y el recto había sido violado con algún objeto contundente. En opinión de los médicos, la muerte se produjo mediante una asfixia por sofocación.

Jack Lawn, el administrador de la DEA, sabía que el lugar en donde hallaron del cuerpo de Kiki había sido patrullado por sus agentes, además, no confiaba tanto en la autopsia que le practicaron y conversó con Mika para practicar una segunda en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas ubicado en Washington. Para ello debía conseguir también el permiso de las autoridades mexicanas para llevar el cuerpo a Estados Unidos, pero los Federales y la Procuración de la República se negaron ya que primero ellos debían finalizar su propia investigación, cosa que podría demorar meses o años. Por ello, el 8 de marzo aterrizaron en Guadalajara, procedentes de Washington, el Dr. Jerry Douglas Spencer, un capitán de la Marina de los Estados Unidos especializado en patología forense, y otros dos especialistas del laboratorio del forense del FBI. Los patólogos identificaron positivamente el cuerpo de Enrique Camarena y opinaron, según sus análisis, que su muerte se produjo el 8 de febrero, pero un hombre muerto puede indicar muchas cosas más de las que uno se imagina. Los médicos sostuvieron que no se encontraron evidencias de picaduras de insectos, y si se aceptaba la tesis oficial de que el cuerpo había permanecido en el lugar descubierto días y noches, era imposible que no existieran vestigios de picaduras o mordeduras de roedores, por tanto el cadáver debió haber sido abandonado en el lugar tan sólo unas horas antes de que lo encontraran. También se hallaron en la piel determinados microorganismos que no sólo no existían en el suelo de la zona del hallazgo, sino que los mismos se desarrollan en zonas de mayor altura y humedad, y por otra parte, al analizar el estado en que se encontraban los órganos internos, se podía concluir que el cuerpo permaneció refrigerado al menos durante dos o tres días.

Ese mismo 8 de marzo, por decisión del presidente Miguel de la Madrid el cuerpo de Camarena fue puesto a disposición de las autoridades americanas para que lo repatriaran. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos transportó sus restos hasta San Diego. Una vez allí, y luego de la ceremonia de honor dada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Mika resolvió cremar lo que había quedado de su esposo. Al día siguiente abordó junto a James Kuykendall un pequeño avión hacia la frontera mexicana y entre las montañas esparció sus cenizas convencida de que el alma de Kiki debía permanecer allí para resguardar a todos aquellos que se decidieran a enfrentar a los narcotraficantes.

El 11 de marzo de 1985 uno de los jefes de la Policía Judicial Federal Mexicana más comprometidos con el caso Camarena y sospechado de tener vinculaciones con el Cartel, el comandante Pavón Reyes, dejó abruptamente Guadalajara. Su paradero se convirtió en un misterio y la DEA exigió que el jefe de los Federales, el Primer Comandante Florentino Ventura, adoptara una medida para dar con su paradero y para que fuera sometido a una rigurosa investigación. Sin embargo, Ventura anunció el 12 de marzo que en relación al asesinato de Kiki Camarena sus hombres habían detenido a trece personas, siete eran miembros de la Policía Judicial Federal destinados en Jalisco, y los restantes seis eran policías locales de dicho estado. Dos de los policías de Jalisco, Víctor Manuel López y Gerardo Torres Lepe, confesaron su participación en el secuestro de Camarena por órdenes del narcotraficante Ernesto Fonseca. Otro de los detenidos, el Jefe de la Policía de Jalisco, Benjamín Locheo Salazar, también confesó su participación en el hecho, admitió que para otorgar apoyo logístico a los narcotraficantes había recibido 75.000 dólares y declaró tener una relación de amistad estrecha con Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Para la administración del presidente Miguel de la Madrid el caso estaba casi cerrado, a pesar de que faltaba atrapar a los narcotraficantes. Por el contrario, el gobierno americano consideraba que se debía ir hasta el fondo del asunto, una vez más los detenidos eran cómplices o partícipes secundarios, y no los verdaderos culpables.

George Shultz, el Secretario de Estado americano, comenzó a mantener contactos telefónicos con el embajador Gavin para que en forma conjunta presionaran a los mexicanos, para ellos el caso Camarena se había convertido en una parte sustancial de la política exterior de Estados Unidos hacia México, y como primera medida acordaron que sería oportuno reemplazar al Fiscal General Willam French Smith —que había realizado una excelente labor— por una persona de carácter más fuerte, como Edwin Meese, quien era conocido por sus públicas manifestaciones contrarias al gobierno mexicano y especialmente a su política migratoria.

En síntesis, el nuevo Fiscal General sentía un profundo rechazo por los mexicanos que vivían en Estados Unidos y sus pensamientos eran peores respecto del gobierno azteca.

Asimismo, el secretario Shultz avaló las iniciativas públicas de la senadora por el estado de La Florida, Paula Hawkins48 quien, en relación a la muerte de Kiki, no escatimaba esfuerzos para acaparar cuanta cámara de televisión se cruzaba a su paso y disparar: “Nunca obtenemos nada de los mexicanos, nada. Nuestra relación de amistad debe concluir si no nos responden a las presiones para que aclaren lo sucedido con Enrique Camarena. Lo violaron, lo torturaron y lo asesinaron, ¿nosotros no haremos nada? Es tiempo de terminar, de lo contrario deberíamos darnos vuelta y pedirles que nos vuelvan apatear”.

Por otra parte, la senadora contaba con el apoyo de varios congresistas para bloquear el acceso de México a los créditos del Fondo Monetario Internacional, que en ese momento eran vitales para su economía. Sin embargo, unos pocos congresistas se oponían a la toma de medidas drásticas, como el senador Patrick Leahy, quien fue uno de los que tomó la vanguardia en la defensa de los mexicanos. Cada vez que era reporteado expresaba: “Estamos todos muy dolidos, pero nuestros agentes de la DEA saben muy bien a lo que se enfrentan, ahora no pueden quejarse y solicitar a nuestro gobierno que rompa relaciones con nuestros vecinos. Si la situación en México es compleja, está bien que resolvamos algo, pero presionar a otro gobierno o extorsionarlo con los créditos es algo que nos debería dar vergüenza. Creo que es hora que también nos miremos a nosotros mismos y desnudemos el sistema corrupto que tenemos, gran parte de la culpa del negocio de las drogas es nuestro”.49

El 22 de marzo de 1985, el Administrador de la DEA John Lawn invitó a Washington al Procurador General de México, Sergio García Ramírez, para conformar una agenda que los llevara a solucionar el problema del narcotráfico y arrestar a los culpables. El primer punto lo constituía la necesidad de realizar operaciones conjuntas y en estrecha cooperación entre los Federales y la DEA para detener a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo. El segundo punto se basaba en el compromiso del gobierno mexicano en depurar sus fuerzas de seguridad y arrestar a todos aquellos que de alguna forma participaron en el asesinato de Enrique Camarena. El tercer ítem era la captura y juzgamiento del comandante Armando Pavón Reyes. Como contrapartida, Estados Unidos se comprometía a no interferir en las solicitudes de crédito que México realizaba ante organismos financieros internacionales o bancos estadounidenses, e incluso la posibilidad de que se otorgara una ayuda económica para combatir el narcotráfico y adecuar a los organismos de seguridad, siempre que México cumpla fielmente con lo acordado previamente. Al final de las reuniones, Edwin Meese sostuvo ante los hombres del Departamento de Estado y la DEA que a partir de ese momento tenía la convicción de que las autoridades aztecas realizarían las reformas necesarias para enfrentar a los traficantes, y en relación al caso Camarena se llegaría a la verdad de lo sucedido y se perseguiría a los culpables.

Hacia finales de marzo del ‘85, el encargado de la DEA en Costa Rica, Don Clements se encontraba investigando las vinculaciones que podían existir entre narcotraficantes locales y el Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. El agente americano, de grueso bigote y cuerpo musculoso, que había pertenecido a la Marina de los Estados Unidos, se encargaba de verificar posibles embarques de estupefacientes que se realizaban desde la costa occidental en el Océano Pacífico hacia las costas mexicanas. La DEA tenía informes de que Costa Rica era utilizada para reabastecer de combustible a distintas embarcaciones provenientes de Colombia o Panamá, con destino final en México o las ciudades del oeste de Estados Unidos, y el desbaratamiento de tales operaciones era el objetivo principal de Don Clements.

A pesar de que por esos días se estaba ocupando de cuestiones personales ya que su traslado a San Diego había sido aprobado y se efectivizaría en una o dos semanas, a primera hora del 3 de abril, Clements recibió una llamada de un oficial de la policía local de nombre Victor Mullins, quien le comentó que algunos narcotraficantes fugitivos de México se hallaban en el país. A las nueve treinta de la mañana Don Clements, Mullins y otro agente de la DEA, Sandalio González, se reunieron en el consulado americano de la ciudad capital. El policía le informó a agentes antinarcóticos que en las calles de San José habían observado que sin ningún inconveniente paseaba y compraba en las grandes tiendas una joven de 17 años llamada Sara Cristina Cosío Martínez, la novia de Rafael Caro Quintero.

En parte, se sabía que Caro Quintero había secuestrado, meses antes de escapar de Guadalajara, a Sara, una adolescente de figura deslumbrante con una larga cabellera y ojos negros. Pero la familia Cosío Martínez nunca había efectuado la denuncia correspondiente para preservar su reputación. Su padre se había desempeñado como ministro de Educación de Jalisco y era uno de los más prestigiosos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, y según algunos informantes había pagado un rescate de más de un millón de dólares, hecho que no le devolvió a su hija debido a que la joven Sara se enamoró del narcotraficante durante su cautiverio.

Clements llamó a Ed Heath a la ciudad de México para comentarle la novedad. Le sugirieron que se contactara de inmediato con la embajada mexicana en San José e iniciara las gestiones para que entre las fuerzas de seguridad locales, los funcionarios mexicanos, y la DEA, se conformara un grupo de trabajo para investigar y en lo posible detener a Caro Quintero. Clements hizo las llamadas pertinentes y la organización fue perfecta. La CIA entregó a las autoridades mexicanas, a través de la DEA, un equipo sofisticado de interceptación de llamadas mediante el cual se intervinieron las líneas telefónicas de la familia Cosío Martínez. Tras algunos días de espera, finalmente Sara se comunicó desde Costa Rica con su padre y el número que dio origen al llamado quedó al descubierto. Los datos fueron elevados a la DEA en Costa Rica y Clements se los entregó a Victor Mullins para que chequeara en la compañía telefónica local la dirección correspondiente al número obtenido. La pista no los llevó demasiado lejos de la ciudad capital, se trataba de una plantación de café llamada La Quintana que estaba registrada como propiedad de dos ciudadanos mexicanos, Inés Calderón Quintero y Jesús Gutiérrez, quienes la habían adquirido un mes y medio atrás por un valor de 800.000 dólares abonados en efectivo.

Sandalio González y Mullins abordaron un pequeño avión y se dirigieron al lugar para tomar algunas fotografías. El sitio era magnífico, en el centro del terreno había una casa de dos plantas de unos aproximados 450 metros cuadrados cubiertos, un jacuzzi, piscina, una pequeña casa de huéspedes y una enorme jaula con pájaros de distintas especies, el resto estaba cubierto de plantas de todo tipo. Entretanto Clements se dedicó a recorrer junto a policías locales los alrededores de la propiedad para intentar confirmar las identidades de ambas personas. Los pobladores no sólo identificaban las fotos que les enseñaban, sino que agregaban que la pareja era descortés e insolente con ellos, los trataban como seres inferiores y permanentemente se paseaban en lujosos automóviles haciendo gala de su riqueza. Para los agentes de la DEA no quedaban dudas que se trataba de Rafael Caro Quintero y Sara Cosío.

Clements entregó un reporte detallado de la situación al embajador americano en Costa Rica, Francis McNiel, pero éste derivó el caso al encargado de las relaciones con el gobierno local, George Jones, ya que en esos días había sido designado como representante ante otro país.

Clements y Jones se reunieron y resolvieron acudir a las autoridades máximas para lograr su colaboración para organizar la detención del narcotraficante, hecho que descontaban a pesar de que el gobierno del país centroamericano era extremadamente legalista. El jefe de la DEA se contactó con el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Benjamín Piza, considerado un hombre de pensamiento brillante entre los funcionarios del presidente Luis Alberto Monge, que siempre había avalado cualquier iniciativa que modernizara el sistema de administración de justicia.

El ministro escuchó tranquilamente a Clements y luego fue directamente al punto central: “¿Qué necesitan de nosotros?”. El agente de la DEA le contestó que según sus cálculos Caro Quintero era custodiado en su propiedad por unos quince guardaespaldas con armas muy sofisticadas y no estaba seguro si la policía local estaba en condiciones de realizar un operativo en el que seguramente se produciría un enfrentamiento encarnizado.

En parte Clements tenía razón, el comandante Luis Barrantes Aguilar, jefe de la Policía de San Juan, sólo contaba con el equipamiento requerido para estos casos como para pertrechar a unos veinte hombres, cantidad realmente insuficiente. Sin embargo, Piza le expresó que no tenía inconvenientes en poner en el caso al Comando Antiterrorista que dependía de su Ministerio. Dicha unidad secreta de combate estaba compuesto por más de cien hombres entrenados en Estados Unidos por el FBI, sometidos a permanentes cursos de actualización en la CIA, y solamente utilizados para casos de emergencia nacional, al punto de que su existencia es desconocida para muchos de los ciudadanos del país.

Piza consideraba que si bien Caro Quintero no era un terrorista y tampoco se encontraban ante una situación de terrorismo, el asunto ameritaba ubicar el caso como de seguridad y emergencia nacional. Clements se sentía impresionado por la decisión del ministro y comentaba a sus agentes: “Es casi imposible de creer, nunca hemos estado en una posición tan favorable respecto de la colaboración de las autoridades locales, ahora todo depende de nuestro esfuerzo y no tenemos excusas para cometer errores”.

Mientras un grupo de policías montaba guardia en lugares próximos a la propiedad de Caro Quintero, el jefe del Comando Antiterrorista, Miguel Torres, junto al jefe de la Policía de San Juan, Coronel Barrantes Aguilar, el agente Clements y el encargado de la embajada George Jones, comenzaron a diseñar el plan a seguir. El mismo se basaba en realizar un asalto estilo SWAT aunque suponían que el incidente aparejaría bajas entre los hombres de seguridad, sin embargo existía un inconveniente a solucionar: cómo hacer el operativo con participación de la DEA en el lugar del asalto, cuando sobre ellos existía la prohibición de intervenir en acciones policíacas directas en territorio extranjero derivadas de la ley Mansfield. La decisión era compleja pero Jones estaba de acuerdo en ir más allá de la línea, comprendía perfectamente los riegos que ello acarrearía pero se presentaban dos opciones.

La primera era dejar todo en manos del comando especial y una vez que culminara el operativo, que ingresara la DEA; o la segunda, actuar sin miramientos y esperar luego las consecuencias. Clements fue quien decidió aceptar la responsabilidad en caso de futuros problemas y su posición quedó reflejada cuando dirigiéndose a Jones, expresó: “Haré todo lo posible por cumplir con las regulaciones que pesan sobre nuestras espaldas, pero de ninguna manera permitiré que Caro Quintero se nos escape. No importan las circunstancias, de todas formas lo voy a arrestar, lo que haga el día del asalto lo haré porque creo que debe hacerse”, a ello luego agregó “Estoy convencido que toda la DEA quiere que lo hagamos, esperan mucho de nosotros y juro que detendré a ese traficante hijo de perra”.

V LAVADO Y LAVADORES DE DINERO

Se estima que la suma de dinero proveniente de la droga que se lava anualmente es de aproximadamente USD 500 mil millones, cifra que muestra a las claras la magnitud del problema. Sin embargo, ¿es este un problema que se centra en los bancos de las naciones en vías de desarrollo (los bancos panameños, mexicanos o uruguayos, por ejemplo) o la comunidad financiera internacional también está involucrada? Esta es una pregunta difícil de responder ya que el dedo acusatorio a menudo ha señalado directamente a instituciones financieras latinoamericanas y del Caribe, mientras que el establishment financiero mundial se ha autoimpuesto un estado de ceguera deliberada. Además, en un mundo interconectado, el precio de ser admitido en los organismos internacionales más importantes exige de cada país una convicción expresa en lo referente a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Esto es, los países participantes deben contar con legislación para combatir estos delitos, y deben, además, cumplir con tratados de reciprocidad y demás acuerdos internacionales. No obstante, en este contexto, existen países que dan la nota como caricaturas que no se ajustan al sistema.

LAS ISLAS SEYCHELLES

Islas Seychelles es una república que se encuentra en el Océano Índico y cuyas 90 pequeñas islas albergan 73.000 habitantes distribuidos en más de 445 kilómetros cuadrados. Su Producto Bruto Interno es de USD 90 millones, con un déficit de USD 22 millones, y un comercio exterior anual de USD 180 millones. Además, cuenta con legislación que ha sido descripta como la “Ley de Bienvenida a los Delincuentes”50, según la cual cualquier persona que invierta USD 10 millones o más en el país no tendrá que declarar el origen de los fondos, y gozará además de protección plena en caso de que otra nación hiciera un pedido de extradición. Esta ley se ha convertido en una verdadera invitación para que lavadores de dinero y otros delincuentes actúen con la mayor impunidad, ya que uno de sus artículos establece: “El gobierno de Seychelles podría otorgar pasaportes diplomáticos y otro tipo de protección a dichas personas, protegiéndolas de los órganos internacionales del orden público.”

El Presidente de Seychelles, France Albert René, en el poder desde 1977, sostuvo que dado que el turismo, la principal industria fuente de ingresos, había sido devastada por la Guerra del Golfo, habían tenido que diversificar su economía, y la “Ley de Bienvenida a los Delincuentes” fue la mejor solución. Sin embargo, el Presidente y el embajador de Seychelles ante los Estados Unidos, Marc Marengo, explican que el objetivo de la ley no era proteger delincuentes ya que se investiga a cada inversor antes de otorgarle protección legal. De este modo, a pesar de la presión ejercida por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, el gobierno de René sigue defendiendo la ley, dejando a la vista de las agencias internacionales contra el narcotráfico y el lavado de dinero las oscuras intenciones de un gobierno que garantiza “Inmunidad de extradición o procesamiento para todos los delitos penales, excepto respecto de delitos cometidos en Seychelles.”

La Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF), que supervisa los mercados de dinero del mundo, se quejó, con justa causa, de la ley promulgada por el Gobierno de Seychelles y recomendó que las naciones europeas adoptaran medidas concretas contra el país insular.51 Hubo un escándalo que dio lugar a protestas importantes: un periodista del Sunday Times, simulando representar a un grupo de compañías rusas que operaban commodities agrícolas sudamericanos, y con un ingreso real que, según él aseguraba, provenía del narcotráfico, obtuvo inmunidad diplomática y facilidades para el lavado de dinero a condición de que invirtiera los USD 15 millones que decía tener.52

ARGENTINA: EL “BANCO”- OFICINA POSTAL

No menos interesante es la propuesta de Ley de Correos en Argentina. Su objetivo era privatizar el Servicio de Correos del Estado, y regular las empresas privadas existentes. A pesar de haber sido aprobada por el Senado de ese país en noviembre de 1994, ningún senador se arrogó la legislación como propia, ni defendió públicamente su texto. Los senadores que votaron a favor sólo manifestaron que de haber errores en el proyecto aprobado se los podría corregir; sin embargo, para empezar, nadie explicó por qué la legislación tenía tantos errores. Por ejemplo, los siguientes constituyen dos errores muy extraños:

1) La empresa privatizada podría brindar servicios monetarios, inclusive cajas de ahorro, de modo “secreto”. Pero nadie explicó cuáles eran tales “servicios monetarios”. Se puede deducir del contexto que estos servicios podrían implicar cajas de ahorro, transferencias de dinero y otras actividades de ese tipo. Estas transacciones, de conformidad con la redacción del proyecto de ley, podrían efectuarse no sólo en pesos argentinos, sino en cualquier moneda, y los comitentes podrían ser nacionales y extranjeros. Además, se garantizaría la inviolabilidad de las transacciones de conformidad con la Constitución. Es decir, quedaría prohibido divulgar quién realizó las transacciones y la cantidad de dinero objeto de la transacción. Esta información sólo podría obtenerse mediante orden judicial. Estos términos están expresamente consignados en el texto del proyecto de ley: “Estas operaciones son secretas y se encuentran amparadas por la garantía constitucional de inviolabilidad de la correspondencia. Sólo los comitentes de la transacción se encuentran autorizados a revelar sus detalles, excepto en caso de orden judicial.”

Existe una advertencia al respecto: a pesar de que este ente postal tendría prohibido divulgar información, los propios bancos están obligados a informar al Banco Central la totalidad de sus transacciones. Si el Servicio Postal estuviera exento de esta obligación, podría trabajar como un “banco encubierto”, ¿y quién podría impedir que llevara a cabo actividades ilegales?

El informe final de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el órgano que trató este tema, fue firmado de modo unánime. Entre los signatarios se encontraban siete Diputados por la Unión Cívica Radical, cinco del Partido Justicialista, y uno del MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia). Tal unanimidad es rara en temas tan controvertidos.

2) Otro artículo dice:

Los envíos postales están protegidos por las garantías constitucionales de inviolabilidad de la correspondencia y secreto postal.

La garantía de inviolabilidad de la correspondencia incluye la prohibición de abrir dicha correspondencia, incautarla, eliminarla o desviar su entrega, dañarla, o de cualquier modo tratar de determinar su contenido.

La garantía del secreto incluye la prohibición de determinar las identidades de las partes, lo cual constituye una extensión de la garantía constitucional de la privacidad.

En la práctica, esto significa que si llegara un camión cargado con 50 bolsas de cartas y bultos, algunos de los cuales contuviera drogas, los agentes del orden público no podrían demorar ni interceptar su entrega, ya que tales acciones, así como también el mero pretexto de conocer el contenido de la correspondencia, serían ilegales. La edición del 1 de julio de 1996 de The Wall Street Journal informó sobre otro aspecto del asunto:

En 1995, (el ex) Ministro de Economía argentino Domingo Cavallo hizo públicas las acusaciones de que los legisladores estaban diseñando las especificaciones de la licitación para una privatización del correo de modo tal que sólo una persona podría ganarla: el dueño de un servicio de correo a quien Cavallo acusó públicamente de utilizar tácticas ‘mafiosas’, como por ejemplo comprar legisladores y pegarle a los rivales. Los legisladores atacaron al ministro con una ola de juicios y luego archivaron el debate sobre la liquidación.53

La prensa argentina ha interpretado estos hechos como una lucha personal entre Cavallo y el empresario Alfredo Nallib Yabrán. Finalmente, nadie hizo comentarios sobre el artículo relativo a los servicios monetarios secretos.

LA NUEVA LEY MEXICANA

Otro tema sobresaliente es la nueva ley mexicana contra el lavado de dinero, promulgada en mayo de 1996.

La ley no exige a los bancos que informen sobre grandes transacciones de dinero.54 Además, según un trabajo del ex jefe del FBI James Moody presentado en un simposio CIA-FBI sobre tráfico de drogas celebrado en 1994, “El FBI observa que muchas de estas empresas (relacionadas con el programa de privatizaciones de México) son compradas por organizaciones de narcotráfico mexicanas y colombianas … Estas empresas semi-estatales están constituidas por instituciones financieras importantes, fábricas valuadas en miles de millones de dólares.” El diario El Financiero de la Ciudad de México consiguió el trabajo de Moody.

Según un informe sobre el narcotráfico en México, publicado en abril de 1996 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos: “No es exagerado decir que el dinero proveniente de la droga se invierte en la industria, la banca, la agricultura, el turismo y posiblemente el mercado bursátil mexicano”. El informe incluía una variedad de empresas e individuos relacionados con narcotraficantes, inclusive un ex presidente de la Asociación de Bancos de México; un agente de Ford Motor Co.; una empresa de taxis aéreos y un hotel de lujo en Puerto Vallarta.

En México, la oposición a los informes sobre transacciones de moneda es encabezada por los bancos y las instituciones financieras, algunos de los cuales habrían sido infiltrados por las mafias de la droga. De hecho, “Fuentes de la DEA informan que muchos traficantes mexicanos han comprado gran parte de bancos y han colocado sus miembros en los directorios, … como resultado, muchos bancos llevan dos juegos de libros y los examinadores bancarios son sobornados por funcionarios bancarios corruptos.”55

Sin embargo, el Congreso mexicano no ha brindado a las fuerzas de seguridad leyes mejores con las cuales poder combatir el lavado de dinero. “El problema es que tenemos herramientas del siglo diecinueve para lidiar con los criminales del siglo veintiuno,” dijo el jefe de la DEA, Thomas Constantine, a los miembros del Congreso mexicano.

De hecho, es difícil imaginar el día en que México sancione una ley efectiva para tratar el lavado de dinero. Según un agente encubierto de la DEA, las cuentas bancarias de Raúl Salinas de Gortari se usaron para lavar dinero del cartel del Golfo. Salinas, además de tener conexiones con la elite política de México, era socio de Ricardo Peralta Quintero, el magnate de la telefonía celular, y de Ricardo Salinas Pliego, el propietario actual de TV Azteca. En 1993, Raúl Salinas transfirió a éste último USD 29,8 millones desde su cuenta bancaria, al mismo tiempo que se llevó a cabo la privatización del canal de TV. Televisa, otro canal de TV, criticó esta privatización con dureza. En poco tiempo, su director de noticias fue reemplazado por Abraham Zabludovsky, quien también era socio de Raúl Salinas de Gortari.

Asimismo, José Madariaga Lomelin se convirtió en el banquero más importante de México luego de comprar Multibanco Mercantil de México, y admitió ser socio de Raúl Salinas en esta empresa. En síntesis, vemos el espectro de intereses de Raúl Salinas: bancos, transporte, periodismo, televisión, y comunicaciones. Eso es todo.56

LOS TOP TEN

Según surge del cuadro que figura más abajo, los diez países que proporcionalmente lavan la mayor cantidad de dinero son Liberia, Norfolk, Irlanda, Malta, Paraguay, Islas Caimán, México, Sierra Leona, Panamá y Granada.

Liberia ocupa el primer lugar, con una proporción de dinero lavado en relación con sus exportaciones anuales (USD 390 millones) que es la más elevada del grupo. La Isla Norfolk ocupa el segundo lugar; según informes oficiales este pequeño archipiélago que depende de Australia incluye al turismo y las ventas de flores y vegetales como sus industrias principales.

Los medios estadounidenses han dado mucha importancia al tema del narcotráfico y el lavado de dinero; sin embargo, el tema recibe un tratamiento diferente dependiendo del país o la institución financiera involucrada. Por ejemplo, si el escándalo involucra a una nación en vías de desarrollo, un banco latinoamericano, por ejemplo, se da a la noticia un tratamiento espectacular, con mucha exposición; en cambio, si la historia de lavado de dinero tiene que ver con un banco o una financiera importante de Estados Unidos, la noticia se presenta con cautela.

Algunos países rara vez son cuestionados o criticados. Uno de ellos es Suiza. No obstante, esta nación singular ha desarrollado un sistema de lavado de dinero tan sólido y eficiente como sus relojes de fama mundial. Si bien no sucede a menudo, las cuentas numeradas de este país, mantenidas bajo la más rigurosa confidencialidad, atraen alguna que otra queja por parte de Estados Unidos. A ese país productor de relojes, su industria de servicios financieros le ha permitido alcanzar un nuevo nivel de independencia económica.

Al noreste de Suiza se encuentra la pequeña Liechtenstein, un territorio con 9.000 habitantes, aunque extraoficialmente, otros 48.000 residen dentro de sus fronteras. Suiza controla las relaciones exteriores de este estado; pero Liechtenstein cuenta con un parlamento compuesto por 24 legisladores, una constitución y una separación de poderes interna, y desde 1993 es miembro de Naciones Unidas. En contra de lo que se cree, Liechtenstein no se caracteriza principalmente por el turismo, sino por su sistema bancario, que es similar al suizo. En Liechtenstein, no sólo las instituciones bancarias preservan la confidencialidad de las transacciones con mucho cuidado, el sistema judicial del país también lo hace. Por lo tanto, cada vez que los países helvéticos se ven en problemas debido a investigaciones sobre lavado de dinero, canalizan los fondos en cuestión a su vecino Liechtenstein, donde sus secretos son siempre bien resguardados.

Stanley E. Morris, Director de la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN), expresó con absoluta claridad que “ahora los bancos son vistos como la primera línea de defensa contra los delitos financieros.” Estos comentarios fueron motivados específicamente por el escándalo de lavado de dinero que involucró al Citibank y tuvo lugar en Estados Unidos durante los primeros meses de 1996.

Jack Nelson, periodista de Los Ángeles Times, explicó: “el Citibank en Nueva York, por ejemplo, cooperó con las autoridades federales en un esfuerzo por ayudar en la investigación de Raúl Salinas de Gortari llevada a cabo por México.”57 Sin embargo, tal como se verá más adelante en este capítulo, el Citibank participó en esta operación contra el lavado de dinero en un grado mucho mayor que el de una mera cooperación con las autoridades. De hecho, el Citibank constituyó una parte central de la indagatoria inicial, lo cual ilustra el doble estándar mencionado con anterioridad; es decir, cuando el culpable es Liberia o Seychelles, la condena es absoluta, pero cuando el caso de lavado de dinero está relacionado con un banco prestigioso de Nueva York, “la institución está cooperando.”

Para ocuparse de este tema, el Gobierno de Estados Unidos creó, en abril de 1990, la Red contra los Delitos Financieros. A la FinCEN, producto de la Orden Nº 105-08 del Departamento del Tesoro, se le otorgó una misión especial: “brindar una red analítica y de inteligencia que abarque a todos los estratos gubernamentales, y de fuentes múltiples en apoyo a la identificación, la investigación y el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero y otros delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional por parte de las agencias del orden público federales, estaduales, locales y extranjeras.”

No obstante, algunos miembros del Congreso están en desacuerdo con la función y existencia de FinCEN. Tal es el caso del Presidente del Comité del Senado de Asuntos Bancarios, Alfonse D’Amato, un activista de larga data en el tema del lavado de dinero, quien, el 24 de enero de 1996, escribió una carta al Secretario del Tesoro Robert Rubin. En ella manifestó que FinCEN “debería servir sólo como una oficina de apoyo para la comunidad responsable de hacer cumplir la ley y no como una agencia de regulación o investigación.” Esto se fundaba en el hecho de que, en junio de 1994, el Departamento del Tesoro había anunciado una reestructuración de su División de Lavado de Dinero, asignando a FinCEN la responsabilidad y la autoridad para dictar la reglamentación de la Ley de Secreto Bancario. Es por ello que el Senador D’Amato solicitó a Rubin que brindara una “descripción concisa de la misión de FinCEN.”58

INFORME DE LA AGENCIA ANTIDROGAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (DEA)

El 28 de febrero de 1996, el Agente Especial de la DEA Harold Wankel se reunió con los Comités de Asuntos Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes para informar y poner al día a sus miembros sobre el lavado de dinero proveniente de la droga en determinados países. Este testimonio no contribuyó demasiado al conocimiento de los congresales sobre el tema dado que sólo dio un panorama general y abordó asuntos de larga data.

“Como sabemos, el lavado de ganancias ilegales provenientes de la droga constituye una parte integral del narcotráfico, tan importante y esencial para las organizaciones dedicadas al narcotráfico como la distribución de las drogas ilegales. Las organizaciones dedicadas a la droga constituyen verdaderos negocios internacionales, y al igual que en cualquier negocio, estas organizaciones son alimentadas y motivadas por las grandes ganancias que es lo que las mantiene vivas”

El narcotráfico es un negocio que mueve varios miles de millones de dólares en efectivo, y el dinero proveniente de la droga es esencial para estas empresas. Sin él, no pueden financiar la fabricación, el transporte, el contrabando, la distribución, los asesinatos e intimidaciones que constituyen una parte vital para su comercio ilegal. Las organizaciones dedicadas al lavado de dinero proveniente de las drogas ilegales se constituyen para garantizar el flujo de fondos a estos negocios ilegales. Las ganancias provenientes de la venta de drogas ilegales se reciclan a través de inversiones blanqueadas, que se concretan atravesando muchas fronteras y a menudo involucran a instituciones financieras internacionales, bancos y casas de cambio. Con las sofisticadas técnicas bancarias actuales, entre las que se encuentran la transferencia electrónica de dinero, una vez que el dinero ingresa en el sistema bancario, se lo puede transferir entre decenas de bancos en un lapso de 24 horas, haciendo que el seguimiento documental sea imposible o tome un tiempo extremadamente prolongado. La globalización del comercio de las drogas hizo necesaria la expansión y sofisticación del lavado de las ganancias provenientes del narcotráfico.

Los mercados internacionales de la droga se han expandido a todos los continentes y a casi todas las naciones, y lo mismo ha ocurrido con los métodos utilizados para lavar — o tornar legítimas – las ganancias ilegales del comercio mundial de la droga. Los métodos de lavado de dinero proveniente de la droga varían en razón del país y la región del mundo, y dependen de una variedad de factores, inclusive la sofisticación de los centros bancarios y financieros, la existencia de sistemas bancarios subterráneos que operan mayormente a través de líneas étnicas, y la presión de los encargados de hacer cumplir la ley.

Queremos dar una idea de la magnitud de los problemas que enfrentan los agentes del orden público a la luz del lavado internacional de dinero proveniente del narcotráfico así como de los adelantos logrados con socios internacionales tendientes a bloquear el flujo de ganancias que vuelve a las empresas dedicadas al tráfico ilegal de drogas. Por lo tanto, nos concentraremos en aquellos países y zonas del mundo donde los agentes del orden público tienen a la vista la mayor parte de las actividades de lavado de dinero proveniente de las drogas, comenzando por el epicentro del comercio de cocaína, Colombia. La Mafia de Cali sigue siendo uno de los principales receptores de dinero proveniente del tráfico de drogas desde Estados Unidos. Hasta hace poco, era responsable del 80% de la cocaína que se vendía en las calles de Estados Unidos.

Según estimaciones conservadoras de economistas colombianos, cada año los narcotraficantes repatrían USD 4.500 millones a Colombia. Los arrestos de los líderes de Cali en 1995 y la aparición de organizaciones mafiosas provenientes de México han impactado de algún modo en la cantidad de dólares estadounidenses que vuelven a Cali, pero el impacto a largo plazo aún no se ha determinado. Estos dólares son controlados por un grupo de contadores bien educados y hábiles, quienes cumplen con las normas establecidas por los líderes de la Mafia de Cali para literalmente hacer un seguimiento de cada dólar en su red de tráfico mundial. La ciudad de Cali es un monumento a los miles de millones de narcodólares que la Mafia de Cali ha llevado de vuelta a Colombia. El horizonte de la ciudad aparece repleto de rascacielos majestuosos y modernos, muchos de los cuales permanecen vacíos, ninguno de ellos con hipotecas pendientes. La alianza de la Mafia de Cali con las organizaciones de traficantes de México ha creado un método de un alto grado de efectividad en lo que respecta a la repatriación de las ganancias de Cali. El lavado de dinero ha evolucionado desde fines de la década de los setenta y principios de la década de los ochenta, cuando los traficantes simplemente se presentaban en bancos estadounidenses con valijas repletas de dinero, que depositaban en cuentas y luego transferían ya sea de vuelta a Colombia o a lugares seguros de Europa y bancos offshore.

Cuando la legislación de Estados Unidos obligó a informar los depósitos que superaban los USD 10.000, el método elegido por muchos lavadores de dinero fue el de fraccionamiento o “structuring”. Una modalidad de structuring es el pitufeo o “smurfing,” mediante la cual individuos reclutados por los colombianos van de banco en banco y depositan un monto que no supera los USD 10.000 en efectivo. Una organización de 10 smurfs, en la que cada uno de ellos recorre 10 bancos por día, puede convertir a diario alrededor de USD 1 millón en efectivo en una pequeña pila de cheques de caja de entre USD 9.000 y USD 9.900 cada uno, que son mucho más fáciles de sacar de Estados Unidos.

Este sistema era engorroso y no carecía de riesgos significativos. Cuando la mafia de Cali empezó a monopolizar el comercio de la cocaína en la década de los noventa y sus ganancias comenzaron a ascender desmesuradamente, recurrieron a las transferencias de grandes cantidades de efectivo en embarques comerciales. Con el objeto de resolver algunos de sus problemas para transferir dinero, los traficantes colombianos compraron una flota de aviones grandes, tales como Boeing 727, Caravelle, y Turboprop Lockheed Electra, los vaciaron, y los utilizaron para transportar cargas de varias toneladas de cocaína a México, Canadá, Portugal y África Occidental para su venta en Estados Unidos y Europa. Una vez que descargaban la cocaína, volvían a cargar los aviones con efectivo estadounidense, a veces con sumas de entre USD 20 y USD 30 millones de ganancia por la venta de drogas ilegales, que enviaban de vuelta a Colombia.

Los envíos de dinero en grandes cantidades, ya sea en aviones de carga o embarques comerciales, siguen siendo el método principal para contrabandear dinero; sin embargo, otro método cada vez más popular para lavar el dinero procedente de la droga es el “descuento de dólares”. En este método, un broker contacta a un empresario en Colombia que necesita dólares estadounidenses para comprar mercadería en Estados Unidos. El broker simplemente le vende al empresario el dinero proveniente de la droga, que ya se encuentra en Estados Unidos, con un descuento de hasta un 20 por ciento. El empresario deposita la suma equivalente en pesos en la cuenta bancaria del traficante en Colombia y un representante en Estados Unidos retira los dólares estadounidenses. El descuento del 20 por ciento constituye un incremento drástico en el costo del negocio de los lavadores de dinero de Cali. Antes, los brokers colombianos pagaban entre un 6 y un 10 por ciento para mover fondos a cuentas colombianas.

También hemos visto un aumento de los envíos de grandes cantidades de giros postales. Los giros, donde se deja el nombre del destinatario en blanco, se envían directamente a Colombia y Panamá. Allí, los fondos se venden a casas de cambio por efectivo que se deposita en las cuentas de los traficantes. Los giros son vendidos y revendidos a través de las redes de casas de cambio. Por último, son cobrados en bancos fuera de Colombia. Cuando la Oficina de Correos de Estados Unidos empezó a detectar este patrón de lavado de dinero y comenzó a incautar estos fondos, los encargados de mover el dinero empezaron a enviar los giros de regreso a Estados Unidos para ser depositados en cuentas bancarias.

También han surgido alternativas más sofisticadas que el sistema bancario, tales como el lavado de dinero proveniente de la droga mediante empresas de importación-exportación y otras empresas fachada. Se están usando planes elaborados de importación-exportación para hacer aparecer el producido de la droga como una ganancia legítima. Para justificar pagos de grandes sumas enviadas a Colombia se utilizan documentos de exportación, conocimientos de embarque y facturas falsificadas referentes a mercancía que se envía desde Colombia a Estados Unidos. El uso de cuentas empleadas para pagos en otras plazas mantenidas en bancos de Estados Unidos por bancos extranjeros dificulta el seguimiento del dinero por parte de los encargados de hacer cumplir la ley. Estas cuentas pueden tener cientos de titulares de subcuentas en otros países que tienen acceso completo a estas cuentas y que son desconocidos para el banco estadounidense y posiblemente hasta para el banco extranjero. El objetivo de todos estos planes es hacer ingresar el dinero en el sistema bancario sin dificultades. En 1995, Colombia sancionó una ley que exige a los bancos colombianos que informen las transacciones de grandes sumas de dinero; sin embargo, una vez en el sistema, el dinero puede transferirse electrónicamente de inmediato a un laberinto mundial de cuentas.

Los reiterados arrestos y encarcelaciones de los zares más importantes del cartel de Cali han desbaratado el refugio financiero que los traficantes colombianos han gozado en su país por muchos años. El cumplimiento de requisitos monetarios y los esfuerzos de la policía en la lucha contra la corrupción también pusieron en riesgo los activos provenientes del tráfico ilícito de drogas en Colombia.

La red internacional se cierra cada vez más, restringiendo las oportunidades de los traficantes colombianos de ocultar sus activos con un mínimo de riesgo. Por ejemplo, se cree que el crimen organizado controla un 20 por ciento de los bancos comerciales en Rusia;59 sin embargo, la falta de estabilidad en el país, así como la falta de credibilidad de larga data, han impedido que se realicen inversiones importantes en esa alternativa. Incautaciones y decomisos recientes en Europa, en particular la incautación de USD 142 millones al traficante colombiano Julio Nasser David en Suiza, han provocado una fuerte preocupación a los zares de la droga colombianos en lo que respecta a la colocación de su dinero ilegal en bancos europeos.

La clave del éxito futuro en Colombia y México reside en el fomento de leyes duras contra el lavado de dinero que sean cumplidas de modo estricto en todos los países, y el mantenimiento de fuertes lazos con funcionarios de otros países en los centros financieros mundiales. En la Directiva de Decisión Presidencial (PDD) 42, Estados Unidos se dirige a aquellos países que ofrecen refugio al dinero ilegal de los traficantes de un modo explícito. El 21 de octubre de 1995, el Presidente Clinton hizo uso de la facultad que le otorgó la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional para invocar sanciones económicas contra 97 empresas e individuos involucrados con cuatro miembros de la Mafia de Cali. Ahora es ilegal para cualquier empresa de Estados Unidos comerciar con estas empresas o individuos.

Sudeste asiático

A diferencia de las organizaciones dedicadas a la cocaína, que en su mayoría se encuentran en América Latina y se encuentran concentradas en el hemisferio occidental, los traficantes de heroína están más diversificados y operan desde bases en todas partes del mundo, inclusive desde el sudeste asiático, el sudoeste asiático, Oriente Medio y en la actualidad Colombia.

Los esfuerzos internacionales de los encargados de hacer cumplir la ley se ven frustrados por el hecho de que el cultivo de opio y la fabricación de heroína se llevan a cabo principalmente en países con una agitación política extrema y gobiernos en vías de desarrollo. Por ello, son limitados el acceso y la influencia de nuestras naciones en los principales países de donde proviene la heroína en el sudeste y el sudoeste asiático.

El lavado de dinero en esta zona del mundo se realiza a través de un complejo laberinto de personas de confianza que han hecho negocios durante muchas generaciones. Estos sistemas bancarios subterráneos se remontan a tiempos en que los miembros de la familia trabajaban lejos del hogar y necesitaban que sus ingresos llegaran a sus familias que se encontraban en otras provincias. Ese mismo sistema es el que existe en la actualidad y se utiliza para lavar millones de dólares de dinero proveniente de la droga para los traficantes del sudeste asiático.

Restringiré mis observaciones a los países más activos en el lavado de dinero del sudeste asiático: Singapur, Tailandia, y Hong Kong.

Singapur

A pesar de que en Singapur no se lleva a cabo ni el cultivo ni el procesamiento de drogas, este país constituye un importante centro financiero para los ingresos provenientes del narcotráfico. Junto con Hong Kong, Singapur tiene un rol vital en la transferencia y el ocultamiento de las ganancias provenientes de la venta de heroína del sudeste asiático.

Singapur no ha suscripto la Convención de Viena de 1988, pero es miembro de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF) y sigue manteniendo una dura postura contra el tráfico de drogas. En 1993, Singapur sancionó la Ley contra el Narcotráfico (Confiscación de Beneficios), que establece una pena de siete años de prisión y una multa de USD 100.000.

Los funcionarios de Singapur creen que entre 1989 y 1992 un grupo de narcotraficantes envió a Bahrein alrededor de USD 100 millones en moneda estadounidense a través de un banco subterráneo en Singapur y finalmente a las cuentas bancarias de la organización en todo el mundo. El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur ha congelado un equivalente a USD 20 millones de dólares estadounidenses perteneciente a miembros de esta organización de tráfico de hachís y marihuana que previamente habían sido arrestados y declarados culpables. 

Tailandia

Tailandia cuenta con una red de bancos e instituciones financieras extensa y eficiente que los narcotraficantes utilizan para mover y esconder sus ganancias en toda Asia. En lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero relacionado con las drogas, Tailandia concretó varios logros importantes en el último año. En 1995, se iniciaron alrededor de 138 investigaciones de conformidad con la ley de incautación de activos de Tailandia, y el otoño pasado, se dictaron las primeras condenas penales y acciones de decomiso. Desde mediados de diciembre, se habían congelado más de USD 9 millones, frente a USD 1 millón hace sólo un año.

Tailandia ha aprobado leyes contra la conspiración para el tráfico de estupefacientes y sobre decomiso de bienes. La ley sobre decomiso de bienes estipula que los sospechosos deben demostrar que han adquirido sus bienes por medios legales.

Tailandia ha tomado medidas significativas para convertirse en un centro financiero importante en Asia. El país ha establecido una banca offshore y ha emitido varias licencias. Tales bancos pueden tomar tanto depósitos como crédito en moneda extranjera, en instituciones locales y del exterior. Tailandia ha propuesto una nueva ley contra el lavado de dinero que contemple solamente las ganancias provenientes de la droga. La ley exigirá el registro y la denuncia de transacciones importantes y sospechosas, también contendrá disposiciones para proteger de posibles represalias a los empleados bancarios que cumplan con la ley.

Los bienes inmuebles continúan siendo un medio ampliamente usado para invertir ganancias provenientes de la droga. Los narcotraficantes también han invertido en empresas de procesamiento de caucho, empaquetado de mariscos, productos alimentarios, empresas de importación-exportación, hoteles, y joyerías. La banca subterránea utiliza estos negocios para enviar dinero a todo el mundo.

Hong Kong

Debido a su legislación flexible en materia societaria, una industria bancaria sofisticada y controles de moneda y cambio, Hong Kong constituye un lugar excelente para el lavado de ganancias ilícitas por parte de los narcotraficantes. Sin embargo, Hong Kong ha implementado legislación sobre incautación de bienes, lavado de dinero y crimen organizado mediante la cual se exige a los bancos que notifiquen a las autoridades en caso de transacciones sospechosas.

Otras leyes permiten a Estados Unidos solicitar el decomiso civil de ganancias identificadas como provenientes del narcotráfico. Asimismo, una ley permite al gobierno de Hong Kong identificar e incautar las ganancias generadas por cualquier delito, no sólo aquellos relacionados con el narcotráfico.

En 1995, Hong Kong concluyó los primeros juicios penales exitosos por lavado de dinero. Dos miembros de la Tríada China fueron condenados por el lavado de USD 56 millones provenientes del tráfico de heroína.

Amenazas emergentes: 

Nigeria

Este país constituye una base de operaciones para grupos importantes de traficantes que contrabandean heroína proveniente del sudeste y el sudoeste asiático a Estados Unidos y Europa. Los nigerianos también utilizan Sudáfrica como punto de transbordo. Si bien Nigeria no es un centro financiero regional ni internacional importante, ni tampoco es un centro bancario offshore o paraíso fiscal importante, los narcotraficantes han lavado dinero proveniente de la droga en instituciones financieras nigerianas.

Las ganancias provenientes de la droga se vierten en la economía y se las lava para su reutilización en otros países. Los nigerianos utilizan una variedad de métodos, inclusive el contrabando de grandes sumas de dinero escondidas en automóviles en lugares que se accionan electrónicamente, refrigeradores, y otra mercadería que luego se vende; transferencias bancarias a Hong Kong y Tailandia; servicios de mensajería; y la compra de “mercadería usada” que más tarde se vende a precios elevados.

Las cuentas en moneda extranjera en instituciones financieras nigerianas no están prohibidas, y los bancos no tienen que develar la fuente de los fondos. La ley prohíbe los intentos de esconder las ganancias provenientes de la droga así como también el transporte internacional de las ganancias de la droga. El lavado de dinero también es ilegal y conlleva penas de prisión de entre 15 y 25 años.

Los traficantes de heroína nigerianos parecen estar capitalizando la vulnerabilidad de las fronteras sudafricanas para crear un nuevo canal de drogas para la heroína que sale del sudeste asiático con destino a Estados Unidos. Los grupos de delincuentes locales con un historial de tráfico de drogas están emigrando a Sudáfrica y usan ese país como base para contrabandear heroína a Estados Unidos. La DEA cree que Sudáfrica también puede estar en la mira de los zares de la droga de Brasil y Colombia como un mercado potencial para la cocaína y otras drogas. Los nigerianos contrabandean cocaína a Europa y la distribuyen a intermediarios que la venden en Sudáfrica. Según INTERPOL, una cantidad cada vez mayor de sudafricanos son arrestados en Europa y África por delitos relacionados con drogas. Deberíamos anticipar que Sudáfrica también será utilizada por lavadores de dinero.

Rusia

En los últimos años ha habido un aumento del tráfico de drogas por parte de agrupaciones del crimen organizado en Rusia. El país ha surgido como ruta de tránsito de la heroína proveniente del sudoeste y del sudeste asiáticos con destino a Europa y Estados Unidos, así como también respecto de la cocaína proveniente de Sudamérica con destino a Europa. En la actualidad existe una mayor amenaza de lavado de dinero internacional proveniente de la droga por parte de elementos criminales en Rusia así como también por parte de elementos criminales entre exiliados rusos en zonas como Europa y Estados Unidos.

La enorme cantidad de dinero asociado con el comercio de drogas ha atraído a agrupaciones del crimen organizado ruso que en la actualidad participan de todos los aspectos de las industrias del opio y del hachís, incluyendo el cultivo, la producción, la distribución, y las operaciones de lavado de dinero. Los grupos de criminales en Rusia explotan el libre acceso a Occidente y la ausencia de regulación en el sector bancario, financiero y comercial de su país. La falta de controles reglamentarios y de legislación inhibe los esfuerzos del gobierno ruso para concentrarse en las operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los funcionarios rusos piensan que los criminales han tomado el control de algunos bancos y están lavando ganancias provenientes de una amplia variedad de actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico. Algunos expertos estiman que el 25% de los bancos comerciales de Moscú son controlados por el crimen organizado, y se cree que posiblemente los traficantes de cocaína colombianos y la mafia siciliana estén usando bancos rusos para lavar dinero.

México

A medida que las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico adquieren un mayor poderío sobre el tráfico de drogas internacional, también aumenta su influencia en el lavado de dinero. México devuelve más excedentes en divisas a Estados Unidos que cualquier otro país. En la actualidad, los agentes del orden público ven cómo organizaciones mexicanas lavan millones de dólares. La razón principal de ello es que los colombianos están pagando con cocaína a las organizaciones de transporte mexicanas. Teniendo en cuenta que el 80% de la cocaína contrabandeada a los Estados Unidos proviene de México, la Federación Mexicana constituye un actor importante en el tráfico de drogas y debe encontrar modos de lavar y esconder las ganancias provenientes de sus ventas de cocaína.

En México, entre abril y octubre de 1995, las autoridades mexicanas llevaron a cabo tres incautaciones de moneda estadounidense por un total de alrededor de USD 20 millones. En abril pasado, se descubrieron USD 6,2 millones dentro de un embarque de aires acondicionados en el Aeropuerto de la Ciudad de México. El mes siguiente, las autoridades mexicanas incautaron USD 1,5 millones a un lavador de dinero colombiano en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Y en octubre, los funcionarios mexicanos encontraron USD 12 millones en valijas provenientes de un avión privado que se cree pertenece a la organización dedicada al narcotráfico de Amado Carrillo Fuentes.

Todos los años, ingresan a Estados Unidos más de 500.000 giros bancarios librados contra bancos mexicanos. Un banco en Arizona determinó que el giro bancario mexicano promedio estaba valuado en USD 65.000, pero no era inusual autorizar giros que superasen los USD 200.000 a USD 400.000. Los giros de bancos mexicanos, que no estaban sometidos a los requisitos de información estadounidenses, en la actualidad deben ser informados y se están redactando las normas de implementación al respecto. Con anterioridad, éste era un método importante para volver a introducir las ganancias de la droga en Estados Unidos. A pesar de que el enriquecimiento ilícito es ilegal y el lavado de dinero constituye un delito fiscal en México, el lavado de dinero aún existe y no es una actividad criminal. A los bancos también se les solicita que lleven registros de las transacciones, que deberán estar disponibles en caso de que los soliciten los agentes del orden público. Sin embargo, fuentes de la DEA informan que muchos traficantes mexicanos han comprado gran parte de bancos y han colocado a sus miembros en los directorios. Como resultado, muchos bancos llevan dos juegos de libros y los examinadores bancarios son sobornados por funcionarios bancarios corruptos. Además, gran parte del dinero que vuelve a México se invierte en la infraestructura de la economía mexicana y no puede ser incautado. También se invierte dinero en instituciones estadounidenses, y en instituciones financieras de todo el mundo.

Por ser un delito fiscal, los cargos por lavado de dinero establecen multas y condenas de hasta 5 años. En México, la ley de lavado de dinero tiene como objeto cualquier acto ilícito, inclusive la evasión impositiva, el enriquecimiento ilícito, la corrupción y el narcotráfico. En mayo de 1995, el Procurador General de México Antonio Lozano anunció que su oficina redactaría una nueva ley contra el lavado de dinero que apuntaría específicamente a las principales organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico. El proyecto, que será presentado en el Congreso en 1996, penaliza el lavado de dinero de conformidad con el Código Penal.

Lamentablemente, los requisitos del Informe de Transacción de Moneda (CTR) no forman parte de la legislación propuesta; sin embargo, el proyecto pendiente intenta subsanar algunas lagunas de la legislación actual. Por ejemplo, establece penas para los bancos que no denuncien las transacciones sospechosas. El proyecto también invertiría la carga de la prueba en casos de decomiso de activos relacionados con el narcotráfico. Al igual que en Estados Unidos, el demandado debería demostrar el origen legítimo de sus bienes. La principal oposición a esta propuesta de legislación proviene de los bancos y las instituciones financieras, así como de una comunidad muy unida que durante años ha controlado la mayor parte del negocio en México.

Todos los años, las organizaciones dedicadas al narcotráfico acumulan botines de guerra de miles de millones de dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Este dinero equivale al poder y a la capacidad para producir más drogas ilegales, que son vendidas en todo el mundo. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años, es el poder de las investigaciones financieras. La droga se vende al contado y los narcotraficantes deben encontrar el modo de que su riqueza parezca legítima, el lavado de dinero es el único modo en que pueden hacerlo. El narcotráfico es un círculo vicioso, y atacando la base financiera de estas organizaciones podremos impactar directamente en su capacidad empresarial.

El poder de las investigaciones financieras pudo apreciarse en dos operaciones recientes a nivel mundial que tuvieron como objeto desbaratar las operaciones financieras de los carteles de cocaína colombianos. Dichas operaciones fueron la Operación Hielo Verde de 1992 y la Operación Dinero de 1994.

En la Operación Hielo Verde, agentes del orden público provenientes de Italia, Colombia, el Reino Unido, Canadá, España, Costa Rica, Islas Caimán, y Estados Unidos colaboraron para poner en evidencia la infraestructura financiera de la Mafia de Cali. Durante la primera fase de la Operación Hielo Verde, se incautaron más de USD 50 millones en efectivo y propiedades y se arrestaron a casi 200 personas en todo el mundo, inclusive a siete administradores de alto rango de los fondos del cartel de Cali. Además, los agentes del orden público obtuvieron información valiosa al acceder a libros y registros financieros, así como también a discos rígidos que contenían transacciones financieras e información sobre cuentas bancarias. Durante la segunda fase de Hielo Verde, se incautaron casi 6.400 kilogramos de cocaína, alrededor de 7 kilogramos de heroína, cerca de USD 16 millones en efectivo, y se efectuaron más de 40 arrestos.

Durante la Operación Dinero, una investigación encubierta que llevó dos años y medio en la que participaron la DEA y el IRS, así como también organizaciones policiales y aquellas encargadas de hacer cumplir la ley en Italia, España, Canadá, y el Reino Unido, los agentes del orden público se introdujeron en las redes de lavado de dinero del narcotráfico y rastrearon el dinero hasta las jerarquías más elevadas de las organizaciones de tráfico de cocaína de Cali

Por medio de esta investigación también se establecieron vínculos directos entre organizaciones criminales de la mafia italiana y la mafia colombiana de la cocaína. También se trató de un operativo histórico porque fue la primera vez que una agencia del orden público estableció un banco privado, operado por agentes encubiertos, como una herramienta de investigación para lograr un mejor conocimiento del sórdido submundo del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los resultados de la Operación Dinero hicieron de ella un éxito abrumador. Se incautaron más de USD 52 millones y nueve toneladas de cocaína, y se arrestaron 88 personas en todo el mundo. Esto significa cocaína que no terminó en las calles de nuestras ciudades, dinero que no se utilizará en la producción y distribución de más drogas ilegales, y criminales que no seguirán en el círculo mortal de crimen y violencia derivados del negocio de la droga.

El Agente Especial Wankel concluyó su testimonio explicando que el aspecto más importante de “ambas operaciones, Hielo Verde y Dinero, fue el mensaje dirigido a las mafias de la droga, de que la cantidad de refugios para el dinero proveniente del narcotráfico está disminuyendo rápidamente. Las agencias del orden público seguirán utilizando investigaciones financieras como estas dos operaciones altamente exitosas contra los traficantes y los lavadores de dinero. Como ocurre en todo tipo de delito, el dinero es el factor de motivación. Para que el accionar de las agencias del orden público sea efectivo, debemos ir contra el dinero de estas empresas multimillonarias dedicadas al narcotráfico. Debemos continuar trabajando con nuestros socios internacionales y reforzar tales asociaciones, manteniendo a la vez fuertes lazos con nuestras contrapartes en los centros financieros mundiales. Debemos seguir alentando a todos los países a que ratifiquen el Convenio de Naciones Unidas y que sancionen legislación más efectiva contra el lavado de dinero y sobre decomiso. Sobre todo, debemos continuar identificando los puntos donde el dinero es más vulnerable y determinar qué se puede hacer para separar a los traficantes de sus ganancias adquiridas ilícitamente.”60

DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A pesar de los esfuerzos continuos por parte de las agencias a cargo de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, se calcula que las ganancias provenientes del tráfico de cocaína sólo en Estados Unidos ascienden a USD 29.000 millones. Un gran problema en la lucha contra estos carteles ha sido la capacidad de los traficantes para desarrollar nuevas técnicas para legitimar su capital.

En el proceso de lavado de dinero, los traficantes necesariamente deben confiar en un banco o entidad financiera que les sirva para filtrar su dinero ilegal a través de un cedazo de legalidad. Los bancos más utilizados con este propósito se encuentran en Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, e Islas Caimán; sin embargo, en los últimos años, muchos otros bancos en otras partes del mundo se han convertido en centros importantes de lavado de dinero. Lo más importante para los narcotraficantes es poder depositar o transferir dinero con rapidez a un lugar con políticas de confidencialidad estrictas y al que no le preocupe el origen del dinero.

En 1986, el Presidente Ronald Reagan incluyó los problemas del narcotráfico y el lavado de dinero entre sus prioridades más importantes a nivel internacional. En la esfera nacional, suscribió la Directiva de Seguridad Nacional Nº 221, que identificó al narcotráfico y el lavado de dinero como la prioridad nacional más alta, y que mejoró los mecanismos con los cuales enfrentar el problema (una disposición importante – que los bancos informen al Departamento del Tesoro cualquier transacción que supere los USD 10.000- ya estaba en vigor desde 1980).

Esta mayor supervisión a los bancos dio como resultado, como mínimo, una mala publicidad para instituciones como E.F. Hutton, Merrill Lynch, el Chemical Bank de Nueva York y el First National Bank of Boston. Si bien en algunos casos el lavado de dinero no pudo demostrarse, las sospechas de los comités del congreso y otras entidades que los investigaron eran razonables. En otros casos, como el del BCCI, directamente se ordenó a los bancos que cerraran sus puertas.

Muchas investigaciones sobre lavado de dinero terminan en Suiza. Un caso importante salió a la luz cuando se descubrieron lazos entre la Ministra de Justicia Elizabeth Kopp y su esposo, y el cartel de Medellín y la mafia turco-libanesa. La Ministra Kopp, haciendo uso de su cargo, escondió o directamente denegó los pedidos de extradición de determinados narcotraficantes que vivían en Suiza; mientras tanto, su marido se desempeñaba como abogado de estos hombres. Además, en varias ocasiones Kopp se negó a congelar cuentas pertenecientes a los traficantes. Como consecuencia del escándalo resultante, en 1989 el Parlamento suizo definió el lavado de dinero como delito, y comenzó a apoyar los esfuerzos internacionales para regular el secreto bancario y a establecer requisitos acerca del “conocimiento del cliente.”

Luego de las medidas contra las organizaciones dedicadas al lavado de dinero, los bancos y otras entidades financieras han elevado el precio de su trabajo. En 1990, aquellos a cargo del lavado de dinero ilícito cobraban un 6% de comisión. En la actualidad, la comisión varía entre un 20% y un 25%. Teniendo en cuenta que los lavadores enfrentan más dificultades para realizar su trabajo –debido a la necesidad de una mejora constante de las técnicas— y que ha aumentado la cantidad de dinero a lavar, se justifica el incremento de las tasas de comisión.

A pesar de que muchos países han evaluado las medidas que se deberían tomar para combatir el lavado de dinero proveniente de la droga, la solución radica en un enfoque mundial. Al tratarse de un problema que afecta a todos los países, es necesario aumentar la cooperación internacional y desarrollar estándares mundiales mediante tratados multilaterales. Las políticas mundiales deben homogeneizarse. Muchos países han sido seducidos por la industria del narcotráfico que mueve miles de millones de dólares, pero a un costo social y político elevado. A medida que la corrupción se abre paso a través de las esferas más altas del gobierno, la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, quienes transitan ese camino deben aceptar la responsabilidad por los asesinatos y los actos de terrorismo que los traficantes imponen a sus oponentes.

La Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ratificada por 99 países, es un buen comienzo. Pero lo que se necesita ahora, especialmente para el resto de los países, es adoptar una nueva convención internacional lo antes posible, que aborde solamente el delito de lavado de dinero. Después de todo, todos buscamos lo mismo: lograr un esfuerzo multilateral.

Naciones Unidas se ha comprometido con ese objetivo, suministrando una plataforma para el debate internacional. Expertos, políticos y representantes de los estados, se han reunido una y otra vez. El resultado de esas reuniones fueron declaraciones y proclamas sin valor que han resonado como mandatos oficiales o como la voz oficial del mundo. Sin embargo, pareciera que muchos han olvidado que el verdadero objetivo es encontrar una solución. En cada reunión, recomendación, y presentación, los participantes tratan temas como robo de automotores, prostitución, tráfico de menores, falta de educación y una lista infinita de problemas como si estuvieran directamente relacionados con las drogas y el lavado de dinero. Esta voz oficial ha definido el tema fundamental de este modo:

El problema del narcotráfico es considerado parte del crimen organizado transnacional. Las organizaciones criminales transnacionales más importantes son las siguientes:

a) La mafia italiana, también conocida dentro de su jurisdicción territorial como la “Cosa Nostra” (en Sicilia), “Camorra” (en Nápoles), y “Ndrangheta” (en Calabria);

b) La mafia rusa, que floreció como resultado de la caída del comunismo, y aprovechó el colapso económico, social, institucional y judicial durante el período de transición que enfrentaron los países que habían estado detrás de la cortina de hierro soviética;

c) La Tríada china, cuya jefatura se encuentra en Hong Kong;

d) La Yasuka japonesa;

e) Los carteles colombiano y mexicano.

Las organizaciones criminales transnacionales basan sus actividades ilícitas en lo siguiente:

a) Tráfico de material nuclear y armas convencionales y militares;

b) Terrorismo;

c) Tráfico de menores, recién nacidos;

d) Tráfico de órganos para trasplante o ablación;

e) Tráfico de narcóticos;

f) Lavado o legitimación de capitales.

Para hacer frente a estas organizaciones, la comunidad internacional por lo general ha suscrito acuerdos bilaterales. Los resultados de estas tácticas, al compararlos con el crecimiento de las organizaciones criminales ya descriptas, son escasos. A modo de ejemplo podemos citar los siguientes tratados:

a) El acuerdo de 1984 suscripto entre Estados Unidos e Italia para la creación de una Fuerza de Tareas para combatir las Organizaciones Dedicadas al Narcotráfico. El acuerdo incluyó asistencia mutua e intercambio de información.

b) Protocolo de Cooperación, firmado en 1993, entre Alemania y Rusia. Su objeto consistía en intercambiar información sobre las diferentes organizaciones delictivas que operaban en los dos territorios.

c) Otros acuerdos bilaterales de asistencia recíproca, cooperación, extradición, intercambio de información, etc.

Los acuerdos regionales también cumplen su papel en la lucha contra el crimen organizado. Esto representa un nuevo enfoque del problema, especialmente en las áreas de narcotráfico y lavado de dinero. En este ámbito, ha habido adelantos significativos, entre otros, las iniciativas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD, creada por la OEA) y las recomendaciones de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF).

Para hacer frente con responsabilidad al avance continuo de las organizaciones criminales, la comunidad internacional debe ir más allá de las conferencias de Naciones Unidas y celebrar una conferencia mundial para establecer específicamente reglas claras y estrategias mundiales.

Siguiendo la recomendación de la voz oficial, cientos de expertos de todo el mundo se reúnen una y otra vez para encontrar soluciones al problema. En varios rincones del planeta, se examinaron diversos asuntos relacionados con el lavado del dinero, y como si fuera una verdad universal, se proclamó un nuevo descubrimiento: “el problema debe ser abordado a nivel mundial, y la única solución es la diplomacia”. Ya sea que se utilice un tratado multilateral o una convención mundial para compatibilizar la legislación existente, la aceptación de las recomendaciones apropiadas debe constituir una condición de facto para pertenecer a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general. Las conclusiones específicas y recomendaciones concretas que se alcanzaron, como resultado de estas reuniones son las siguientes:

El cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (firmada en Viena en 1988) debe ser obligatorio para todos los países miembros de Naciones Unidas.

Deben tenerse en cuenta las recomendaciones de la FATF, el “Grupo de los Siete” (Canadá, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, y Estados Unidos), y los Presidentes de la Comunidad Europea. Por ejemplo, Suecia, Suiza, Austria y Australia se han unido a este grupo en respaldo al principio de “conocimiento del cliente” y de la limitación del secreto bancario. Asimismo, se están realizando esfuerzos diplomáticos para incorporar a esta lista a Finlandia, Noruega, Turquía, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur.

Todos los países, en sus sistemas legales, deben definir el lavado de dinero como un delito, limitar el secreto bancario, y adoptar el principio de “conocimiento del cliente.” Es decir, los países deben realizar un seguimiento de quienes abran cuentas bancarias, verificar con regularidad el estado patrimonial de estas personas, tomar nota de las sumas de capital involucradas en sus transacciones, identificar el destino de las transferencias de capital, prohibir las cuentas codificadas, mejorar los estándares institucionales y del personal relativos a las operaciones financieras, permitir el uso de fondos incautados en programas de prevención y represión del narcotráfico.

Sin embargo, todos estos principios y declaraciones serán inútiles si no se adoptan y se hacen cumplir las medidas propuestas. Estados Unidos ha confiado en leyes contra el lavado de dinero desde 1970, y todos los años, el Departamento del Tesoro y el Congreso han revisado y perfeccionado estas leyes y disposiciones, que en la actualidad ascienden a varias centenas. De este modo, Estados Unidos parece ir en la dirección correcta, aunque la realidad no da la razón a este pionero en materia legal.

Los informes de los medios de comunicación y de las agencias oficiales revelan a diario la lucha de los estadounidenses contra el lavado de dinero. Se ha convertido en algo común escuchar que alguna organización de traficantes ha utilizado uno u otro banco para legitimar su dinero. Muchos funcionarios sólo cuentan historias parciales o detalles, pero ha llegado la hora de contar el resto de las historias y escuchar todas las versiones.

La historia de la lucha contra el lavado de dinero está repleta de casos como el que tuvo lugar en Texas en 1989. En esta historia, los funcionarios de la Aduana de los Estados Unidos descubrieron que el First City Texas Bank era utilizado por mexicanos para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Los funcionarios recibieron informes acerca de dos bancos ubicados en el Valle del Río Grande y una empresa mexicana de Monterrey, Cologne Currency Exchange, que utilizaban el banco de McAllen, Texas, para promover sus intereses comerciales ilícitos. Según la investigación, varias personas ingresaban a Estados Unidos y, sin haber declarado en la frontera el dinero que transportaban iban al banco y depositaban efectivo u otros instrumentos monetarios a nombre de Cologne Currency Exchange. Después de hacer el depósito, la casa de cambio, desde su ciudad base de Monterrey, ordenaba transferencias semanales de entre USD 5 y USD 10 millones a otras sucursales de la casa de cambio que Cologne poseía fuera de México. Cuando el dinero finalmente volvía a suelo mexicano, estaba limpio. Con esta información, funcionarios del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos en McAllen iniciaron una operación denominada Casa Rico, en la cual dos agentes, haciéndose pasar por traficantes, contactaron a los bancos del Valle del Río Grande y a Cologne Currency Exchange. La operación culminó en 1992 con el arresto de 25 personas, todos ellos funcionarios de alto nivel de bancos mexicanos así como también los propietarios de Cologne Currency Exchange. También se había conseguido prueba que demostraba el lavado de alrededor de USD 30 millones a través del First City Texas Bank. El éxito de la operación, por supuesto, dejó contentos a muchos; sin embargo nadie se atrevía a mencionar – sólo se rumoreaba secretamente – el hecho de no se había arrestado a ningún estadounidense, y que el First City Texas Bank no sufrió ni la más mínima consecuencia. Pero sobre todo, el haber descubierto que se habían lavado USD 30 millones no era garantía de mucha satisfacción ya que en el mundo del lavado de dinero, esta suma es insignificante.

Una de las operaciones más importantes contra lavadores de dinero se llamó Operation Tracer. En 1982, el Banco de la Reserva Federal en Nueva York envió a su contraparte en Puerto Rico, Banco de Ponce, un informe que evidenciaba un enorme aumento en el flujo de divisas en Puerto Rico entre 1980 y 1982. En este período, Puerto Rico tenía 16 bancos cuyos fondos aumentaron aproximadamente de USD 1.600 millones a USD 11.740 millones de dólares. Sin embargo, el punto más llamativo del informe era que los bancos portorriqueños no estaban cumpliendo la Ley de Secreto Bancario dado que no habían presentado Informes de Transacción de Moneda (Currency Transaction Reports - CTR).61 El Servicio de Recaudación de Impuestos (Internal Revenue Service – IRS) se había quejado ante los diversos Bancos de la Reserva Federal respecto de los CTR faltantes para las transacciones en que participaban bancos de Puerto Rico.

Como consecuencia de estas irregularidades y del incumplimiento de sus responsabilidades, los Departamentos de Justicia y del Tesoro aunaron fuerzas y participaron en la investigación mencionada con anterioridad, que ya había sido iniciada por la DEA. Los agentes encubiertos de la DEA se habían infiltrado en varios grupos portorriqueños en un esfuerzo por descubrir quién dirigía la red de distribución de heroína que unía Puerto Rico y Chicago.62

La investigación exigió realizar entrevistas e interrogatorios a representantes de diez de las principales entidades financieras de Puerto Rico. También se debió consultar a gerentes y examinadores del Comité del Banco Federal de Préstamo Inmobiliario y a investigadores de la Corporación Federal de Seguro de Depósito, quienes a su vez se reunieron con el Secretario del Tesoro de Puerto Rico y el Fiscal Federal de Estados Unidos asignado a Puerto Rico. La investigación recayó sobre siete de los bancos más importantes de Puerto Rico, y se realizó una auditoría completa a cada uno, que incluyó una revisión de los procedimientos para el procesamiento de efectivo y respecto de la capacitación de funcionarios bancarios sobre el manejo de operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Una de las primeras conclusiones de la investigación fue que esta isla caribeña se había convertido en un paraíso para evasores fiscales norteamericanos y sudamericanos, quienes, con la ayuda de los banqueros, abrían cuentas con nombres falsos. Estos funcionarios habían sucumbido ante el atractivo estilo de vida que los narcotraficantes les podían brindar; después de todo, tratar con evasores fiscales y traficantes no era lo que podría llamarse legal. Su principal maniobra consistía en ayudar a aquellos que deseaban lavar dinero a comprar billetes de lotería ganadores por sumas que superaban los USD 100.000. De este modo, docenas de conocidos traficantes ganaron la Lotería de Puerto Rico.

La Operation Tracer culminó cuando dos agentes encubiertos lograron infiltrarse en un grupo de banqueros y se les ofreció la oportunidad de comprar un billete de lotería ganador. El 6 de junio de 1985, alrededor de 200 agentes federales llevaron a cabo una redada en las diez instituciones financieras más importantes de Puerto Rico; 17 personas fueron arrestadas, acusadas por conspiración para cometer fraude y para cometer otros delitos contra Estados Unidos, y por haber omitido presentar los informes sobre transacciones de moneda por montos superiores a USD 10.000 en efectivo o su equivalente y haber provocado la falta de presentación de tales informes, como parte de un patrón de ilegalidad que incluía transacciones que superaban los USD 100.000.

Este caso no sería ni el primero ni el último contra los infractores de las leyes contra el lavado de dinero. Las agencias estadounidenses aún tendrían que enfrentar sus campañas más difíciles y controvertidas, es decir, aquellos casos contra los bancos más grandes y prestigiosos del país por violaciones a la Ley de Secreto Bancario.

EL FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

El 7 de febrero de 1985, el First National Bank of Boston, uno de los bancos más conocidos de Estados Unidos, se declaró culpable del delito que se le imputaba: no haber presentado los formularios correspondientes a USD 1.200 millones por transacciones internacionales de moneda contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, el caso estaba repleto de contradicciones y era confuso. Por lo tanto, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado inició una investigación, el Senador William V. Roth expresó con claridad su objetivo:

Estamos aquí para tratar de descubrir varias cosas. En primer lugar, queremos contar con una explicación fidedigna de cómo un banco de la magnitud y el prestigio del First of Boston pudo llegar a esta situación. En segundo lugar, es necesario explorar, en la medida de lo posible, cuán generalizado es este tipo de incumplimiento. Sinceramente, hubiera preferido que esta audiencia se concretara antes. Tal vez, de ese modo se hubieran podido evitar algunas de las desafortunadas filtraciones que se dieron en este caso. De hecho, me parece reprochable, y el colmo de la irresponsabilidad, que la prensa haya tenido acceso a la lista del Tesoro donde figuran nueve bancos de Massachusetts. Como veremos hoy, esta lista no es importante para determinar si los bancos que en ella se mencionan realmente han incumplido la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, la reputación de los bancos incluidos en esa lista ha sido dañada por su aparición en titulares de diarios.

También queremos averiguar por qué las agencias del orden público, específicamente la Oficina del Contralor, no han detectado y denunciado infracciones durante sus exámenes bancarios ordinarios. Por último, queremos saber qué cambios serán necesarios en la legislación o la reglamentación a los fines de garantizar su cumplimiento.

En 1983, el Subcomité Permanente de Investigaciones llevó a cabo una gran cantidad de audiencias sobre la banca offshore y el uso de instalaciones offshore para el lavado de fondos ilegales. Ha habido muchos cambios acerca de este tema desde tales audiencias. No me detendré en ello en este momento ya que el Subcomité los incluirá en detalle en el informe final que realizará sobre este tema a la brevedad. Si bien nuestra labor previa se ha concentrado en el aspecto offshore del lavado de dinero, en nuestro fuero interno también somos conscientes de los problemas nacionales. Los dos aspectos son inseparables.

Deseo felicitar al Senador Rudman, nuestro vicepresidente, por traer al Subcomité el tema del Banco de Boston. El Senador Rudman fue un participante activo en nuestras investigaciones sobre la banca offshore, y de inmediato se dio cuenta de la importancia del incumplimiento del Banco de Boston y recomendó que debíamos contar con todos los hechos.

Tenemos en claro que la Ley de Secreto Bancario constituye un eslabón indispensable en la cadena de enjuiciamiento de delitos graves; en particular aquellos relacionados con el crimen organizado, los narcotraficantes y las defraudaciones graves. En este Subcomité hemos visto los estragos que provocan estos delitos, que en algunos casos se llevan los ahorros de toda una vida y en otros hasta la vida. También hemos visto que la Ley es una de las herramientas más efectivas en el arsenal de los fiscales de Estados Unidos. Por lo tanto, no tomamos la Ley de Secreto Bancario a la ligera. Tampoco la consideramos una disposición técnica que se hará cumplir en los ratos libres de las agencias correspondientes o cuando no haya asuntos más apremiantes de que ocuparse. Hoy escucharemos un testimonio que lamentablemente nos indica que nuestra opinión respecto de la importancia de la Ley de Secreto Bancario no es tan ampliamente compartida como debiera serlo – tanto en el gobierno como en el sector privado.

Mucha es la gente que ha preguntado cómo es posible que el First of Boston se encuentre en su situación actual. Les diré cómo. No tomaron la Ley en serio, ni como sociedad ni como individuos pertenecientes a esa sociedad. La ignoraron. Bien podrían haber tirado a la basura las notificaciones de la Oficina del Contralor, la ley y la reglamentación.

¿Y dónde estaban los examinadores bancarios? Estaban en el banco. Incluso, el Departamento del Tesoro los envió de vuelta al Banco de Boston para que controlaran específicamente el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Hasta se les dijo dónde y qué debían controlar.

Puedo entender que 50 examinadores bancarios cuya principal preocupación es la solvencia bancaria y que pasan semanas en un banco de la magnitud del First of Boston quizás no consideren importante dedicar mucho tiempo a la Ley de Secreto Bancario. Pero ¿cómo pudieron pasar por alto una infracción de esta magnitud y alcance teniendo en cuenta que se les dijo específicamente dónde y cuál era la infracción? La respuesta a esa pregunta es lo que buscamos hoy.

Esta no es la primera vez que se hace un llamado de atención a las agencias de regulación bancaria por un cumplimiento insuficiente de la Ley de Secreto Bancario. En 1977, durante el gobierno de Carter, las audiencias ante el Comité del Senado sobre Operaciones Gubernamentales revelaron que los examinadores de las agencias de regulación bancaria no habían detectado las infracciones relativas a la falta de información en el Chemical Bank de Nueva York con anterioridad al enjuiciamiento en ese caso. En 1979, el Departamento del Tesoro admitió al Comité de Asuntos Bancarios de la Cámara de Representantes que había muy pocas remisiones por parte de las agencias de regulación bancaria. En 1980, en las audiencias ante el Comité de Asuntos Bancarios del Senado las actividades tendientes al cumplimiento de la ley por parte de las agencias de regulación bancaria fueron descriptas como “deprimentes” y “desganadas”. Asimismo, según un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) emitido en 1981, el control del cumplimiento por parte de las agencias de regulación bancaria fue insuficiente, superficial o inexistente.

Respecto de cuán amplia fue esta inobservancia – esta inobservancia casi irrespetuosa de la Ley de Secreto Bancario … dudo en hacer la pregunta. Lo que sabemos hasta el momento indica que posiblemente el problema sea pandémico. Solamente en Boston, se ha enjuiciado a tres instituciones financieras, se está investigando a una cuarta y tengo entendido que una quinta está bajo la mira de los fiscales federales.

Creímos necesario que nuestros investigadores debían tomarse un tiempo mientras estaban en Boston para debatir el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario con otro banco importante, el Shawmut Bank de Boston. Luego de cursar una citación para la presentación de registros al Banco Shawmut el 1 de marzo de 1985, quedamos consternados al descubrir que el Shawmut no había presentado Informes de Transacción de Moneda por casi USD 200 millones en concepto de transacciones internacionales de moneda durante los últimos cinco años … Debo decir esto sobre el Shawmut Bank. Es mérito de ellos haber tomado la iniciativa, poco después de la declaración del First of Boston, de determinar si estaban cumpliendo el Título 31. Cuando descubrieron que no habían hecho las presentaciones, informaron al Contralor y al Departamento del Tesoro. Hicieron esto varios días antes de nuestro contacto inicial con ellos…

El Wall Street Journal informó que el Bank of New England, el segundo banco más grande de Boston, no había presentado informes sobre varias transacciones internacionales de moneda. De este modo, los tres bancos más grandes de Boston habían incumplido esta disposición de la Ley de Secreto Bancario.

Pero no estamos aquí simplemente para apuntar un dedo acusador a dos o tres bancos. Como ya he dicho, este no es un problema nuevo. El First Bank of Boston no inventó la falta de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Desde 1976, se ha enjuiciado a veintiocho bancos por infracciones al Título 31, según una lista que nos ha sido suministrada por el IRS. Dicha lista comienza con el Chemical Bank y culmina con el First National Bank of Boston, dos de nuestros bancos más importantes. Actualmente, el IRS lleva a cabo 188 investigaciones relacionadas con el Título 31, que incluyen a 41 bancos. Cincuenta y tres de estos 188 casos se encuentran en el noreste de Estados Unidos. Unos 81 casos adicionales están siendo llevados por diversos fiscales de Estados Unidos a la espera de pronunciamientos judiciales. Estas estadísticas son muy perturbadoras, especialmente por el tipo de bancos implicados.

Creo que la epidemia del uso indebido de drogas es uno de los problemas más serios que enfrenta el país. Podríamos perder una generación entera de jóvenes por este problema. Como ya he dicho – el lavado de dinero es el pegamento que mantiene unido todo esto. No podemos tolerar que nuestros bancos más importantes sirvan de continente para ese pegamento ignorando lo dispuesto por la Ley de Secreto Bancario. Este es un problema de la sociedad, no sólo del cumplimiento de la ley. Los bancos no pueden seguir escondiéndose detrás de la afirmación de que ellos no son agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Los bancos son parte de esta sociedad, y por ello tienen la responsabilidad de colaborar en esta batalla. Si bien no creo adecuado que los bancos deban cumplir con infinidad de disposiciones, tampoco creo que sea mucho pedirles que cumplan instrucciones simples. No creo que sea un exceso pedirles que hagan algunas averiguaciones si uno de sus clientes se presenta en el banco con bolsas de compras llenas de billetes de poca denominación.

Una de las primeras personas en brindar su testimonio ante el Subcomité fue John P. Hamill, Presidente de Shawmut Corporation y Vicepresidente Ejecutivo de Shawmut Bank de Boston. El banquero subió al estrado y, luego de prestar juramento, comenzó con su declaración: “El banco tiene 29 sucursales, todas ellas en la zona de Boston, y brindamos servicios financieros principalmente a personas físicas y comercios locales y regionales. Deseo describir, si se me permite, Sr. Presidente, el modo en que descubrimos nuestras deficiencias en materia de presentación de informes y cómo salieron a la luz dichas deficiencias.”

El Senador Roth lo interrumpió y, para clarificar la situación, le preguntó “Disculpe. ¿Podría decirnos cuándo ocurrió esto?” Hamill, respondiendo a la pregunta, continuó con su declaración:

Después del 7 de febrero de 1985, cuando la situación del Banco de Boston se hizo pública, la gente del banco recurrió a mí. Comenzamos una investigación. Llegamos a la conclusión de que el banco involuntariamente había continuado tratando a determinados clientes como exentos algo que, luego de los cambios introducidos en la normativa de 1980, no estábamos autorizados a hacer sin la autorización específica del Tesoro. Entre tales clientes se encontraban siete bancos extranjeros que operaban con Shawmut desde hacía mucho tiempo, así como también 20 instituciones locales y sociedades comerciales muy conocidas en Boston. Se trataba de iglesias, organizaciones culturales, instituciones educativas, y aerolíneas regulares.

En ese momento, pedimos reuniones con el Departamento del Tesoro y el Contralor de la Moneda. Esas reuniones se celebraron el 19 de febrero de 1985, de conformidad con conversaciones telefónicas que tuvimos con las oficinas del Tesoro y del Contralor a última hora del 14 de febrero y a primera hora del 15 de febrero.

El 19 de febrero, en esas reuniones, presentamos las conclusiones de nuestra revisión interna, y presentamos los CTR de las transacciones extranjeras desde 1980. Además, presentamos al Departamento del Tesoro solicitudes de exención para 20 clientes del banco – aerolíneas regulares, iglesias, e instituciones educativas – de conformidad con un procedimiento mediante el cual creemos que esos clientes reúnen las condiciones para una exención.

Nuestra revisión confirmó que habíamos cometido un error. No habíamos cumplido adecuadamente con la Ley de Secreto Bancario. Como describiré, no se trata de un caso donde nadie en el banco haya estado al tanto de las disposiciones. De hecho, el Departamento Sucursales del banco recibió las disposiciones y las aplicó diligentemente, si no perfectamente, desde el momento en que las recibió en 1980. De hecho, el Departamento Sucursales presentó más de 800 CTR entre 1980 y 1984.

El Departamento de Moneda del banco, sin embargo, no vio las disposiciones. Déjenme explicar un poco, si puedo, la diferencia entre el Departamento Sucursales y el Departamento de Moneda. El Departamento Sucursales es el principal punto de contacto con los clientes privados y comerciales del banco. El Departamento de Moneda, sin embargo, está separado del Departamento Sucursales, y es en el Departamento de Moneda donde tratamos con los bancos nacionales, los bancos extranjeros, los grandes clientes corporativos, e instituciones que normalmente realizan transacciones en efectivo. Estos se encuentran entre las mismas 20 compañías e instituciones que ya he mencionado.

Algo de esto explica el por qué el Departamento de Moneda no tenía las disposiciones. Si me permiten remitirme a 1972, cuando la Ley de Secreto Bancario entró en vigor, las transacciones con bancos extranjeros y con bancos nacionales estaban exentas, al igual que las transacciones con clientes que en el curso normal de sus negocios depositaban grandes cantidades de efectivo.

Estas exenciones básicamente significaban que todos los clientes del Departamento de Moneda no se vieron afectados por la Ley de Secreto Bancario durante el período de 8 años comprendido entre 1972 y 1980. Las enmiendas de 1980 eliminaron la exención general para transacciones de bancos extranjeros y limitaron la exención para clientes nacionales. Cuando los cambios introducidos en 1980 entraron en vigor y fueron recibidos por el banco, se los encaminó a aquella parte del banco que se había encargado de la Ley de Secreto Bancario durante los ocho años anteriores; esa parte era el Departamento Sucursales del banco.

… El Departamento Sucursales cumplimentó las disposiciones enmendadas mediante la actualización regular de la lista de exenciones y recordatorios periódicos a las sucursales sobre la importancia de cumplir plenamente con los CTR.

El Departamento de Moneda nunca recibió una copia del cambio de las disposiciones, y continuó tratando a los clientes como lo había hecho durante los ocho años previos.

En 1983, como resultado de cambios en el funcionamiento de las sucursales, el Departamento de Moneda comenzó a manejar ciertos depósitos de algunos clientes de las sucursales con lo cual en ese momento, algunos clientes enviaban depósitos a las sucursales, que los enviarían directamente al Departamento de Moneda.

En aquel momento, el Departamento de Moneda tomó consciencia de que existía una disposición que exigía la confección de una lista de sus clientes, básicamente, los clientes con los que trabajaba, y que debía suministrar dicha lista al Departamento Sucursales a fin de concentrar las listas en un único lugar para la inspección del ente regulatorio. Las dos listas llegaron juntas por primera vez en 1983. Según parece, incorrectamente, el Departamento de Moneda continuó creyendo que este requerimiento consistía sólo en llevar una lista de sus clientes porque con ellos operaba en el curso normal de sus negocios y, por lo tanto, estaban exentos de informar.

Cuando iniciamos nuestra revisión interna, vimos que la lista de exenciones, de hecho, cumpliría los requerimientos de las disposiciones del CTR con la excepción de aquellos 20 clientes y los siete bancos extranjeros.

… Los bancos extranjeros que Shawmut trató como exentos también son clientes del banco desde hace mucho tiempo. La gran mayoría de las transacciones con estos clientes eran transacciones en las cuales ellos nos enviaban dinero, depósitos en efectivo. A su vez, Shawmut transfería fondos electrónicamente a cuentas de bancos extranjeros en otros bancos de Estados Unidos. Es decir, el efectivo venía a nosotros y era transferido a otros bancos estadounidenses.

Entre los bancos extranjeros del grupo había uno en España, dos en Portugal, uno en Irlanda y cuatro en Canadá. Todos ellos son clientes desde hace tiempo, y algunos lo han sido durante 50 años; ninguno por menos de 20 años. Los depósitos de moneda provenientes de bancos extranjeros entre 1980 y 1985 totalizaron USD 157 millones mientras que las extracciones totalizaron USD 33,9 millones.

Dado que la revisión interna de nuestros procedimientos de cumplimiento se iniciaron el mes pasado, hemos tomado una serie de medidas específicas para mejorar nuestro nivel de cumplimiento con los requerimientos del CTR.

… Señor Presidente, hemos obrado de la mejor manera posible. No deberíamos haber pasado por alto esta disposición en particular, pero creemos que el error se circunscribió al Departamento de Moneda. Al mirar atrás y ver por qué sucedió, pensamos que entendemos los motivos. Lamentablemente no encontramos el error, pero siempre hemos tratado de cooperar plenamente con la Oficina del Contralor y el Departamento del Tesoro respecto del cumplimiento con los requerimientos del CTR, y también en lo que respecta a este asunto en particular. Días después de haber encontrado el error lo informamos voluntariamente al Contralor y el Departamento del Tesoro. Nunca fue nuestra intención retener ni demorar la información relacionada con los requerimientos según lo que nosotros entendíamos, y creemos que nuestro nuevo programa de cumplimiento continuará mejorando en el transcurso de los próximos años. Estamos preparados para cooperar con el subcomité, con el Tesoro y con el Contralor, y con todo gusto responderé las preguntas que puedan tener.

PRESIDENTE ROTH: Sr. Hamill. ¿Es correcto que la medida correctiva fue iniciada por la gerencia del banco, que no fue consecuencia de ningún pedido de información o investigación de parte del Gobierno?

SR. HAMILL: Es correcto, Senador.

SENADOR RUDMAN: Quiero referirme a una parte de su declaración que dice:

“Los bancos extranjeros que Shawmut trata como exentos también son clientes del banco desde hace mucho tiempo. La gran mayoría de las transacciones con estos clientes son depósitos. A su vez, Shawmut transfería fondos electrónicamente a cuentas de bancos extranjeros en otros bancos de Estados Unidos.”

Supongo que ustedes tenían una relación de corresponsalía con algunos de esos bancos, o hacían esto sólo como un servicio a estos otros bancos.

¿Algunas de estas transferencias a nombre de los bancos extranjeros con los que operaban tenían otro destino que no fueran los depósitos en nombre de esos bancos extranjeros en tales bancos estadounidenses? En otras palabras, ¿algunas de esas transferencias estaban dirigidas a una cuenta de un individuo o sociedad?

SR. HAMILL: Senador, la amplia mayoría iba a cuentas de los bancos extranjeros en otros bancos estadounidenses. Había algunas. No tenemos la lista completa. Había algunas que iban a sociedades, y estamos examinando algunos de esos casos.

Los Senadores continuaron la sesión, no sólo indagando sobre la lista de exenciones del banco, sino sobre todo preguntando a Hamill sobre la investigación de la Oficina del Contralor. El banquero explicó que desde 1980 el Contralor había realizado inspecciones al banco casi todos los años, pero nunca les había advertido sobre infracciones a la Ley de Secreto Bancario. Finalmente, Daniel Rinzel, Asesor Jefe de la Mayoría del Subcomité, tomó la palabra y, yendo al punto central del asunto, preguntó, “¿Conoce la empresa Deak-Perera?” Luego de que Hamill respondiera de modo afirmativo, Rinzel lo interrogó acerca del tipo de relación que existía o había existido entre Shawmut of Boston y Deak-Perera. Las preguntas claramente incomodaron a Hamill. Este tipo de preguntas tenían un objetivo que iba más allá de saber si Shawmut había informado sus transacciones con esa empresa; es decir, todos en la sala estaban al tanto de las actividades de Deak-Perera.

Durante esos primeros días de marzo de 1985, varios diarios estadounidenses revelaron una relación escandalosa entre Deak-Perera y dos bancos –Shawmut de Boston y First National Bank of Boston. Deak-Perera era controlada por Gennaro Angiulo, quien junto con sus cuatro hermanos estaba a cargo de una operación de lavado de dinero en ueva Inglaterra a través de un grupo de empresas a su cargo.63

Asimismo, se sospechaba que, además de sus actividades de lavado de dinero, Angiulo era el encargado de ingresar grandes cantidades de heroína y cocaína provenientes de México a la zona de Boston. Sin embargo, la única prueba contra el hombre estaba relacionada con los cargos por lavado de dinero. En abril de 1985, Angiulo, luego de una investigación federal y un juicio, se sumó a muchos otros miembros de su familia que ya estaban en prisión cumpliendo condenas prolongadas dispuestas por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts.

Hamill se limitó a responder: “Hemos realizado algunas operaciones con la empresa Deak-Perera donde podemos comprar o vender divisas extranjeras, donde tenemos clientes que van a hacer viajes al exterior y necesitan divisas extranjeras…” Rinzel continuó indagando sobre el asunto, preguntando si las transacciones con esta empresa se informaban o no. Hamill respondió sin rodeos: “las veces que les compramos divisa extranjera, en general no informamos una transacción de Deak-Perera. Creo que hemos concretado aproximadamente USD 1 millón en un período de cinco años, y estamos analizando esa situación particular para determinar los requisitos de información.”64 Si bien los senadores comenzaban a obtener la información que buscaban, decidieron que Hamill finalizara su declaración testimonial, pero no sin antes solicitarle que enviara al Subcomité los resultados de su investigación interna (especialmente los resultados correspondientes a las operaciones con la famosa empresa de Angiulo).65

Ahora era el turno de Todd Conover, Contralor de la Moneda, quien convocó una audiencia a la que asistieron Joe Selby, Subcontralor Senior para Supervisión Bancaria, y Jordan Luke, Subasesor (Políticas). Luego de prestar juramento, Conover pidió la palabra:

Hoy estoy aquí para tratar el cumplimiento de las disposiciones sobre información de la Ley de Secreto Bancario. La reciente condena al First National Bank of Boston por no haber cumplido con los informes de transacción de moneda ha provocado preocupación sobre la implementación de esa ley. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) comparte esa preocupación.

En septiembre de 1982, el Departamento del Tesoro notificó a esta Oficina que una revisión de los flujos monetarios en el Banco de la Reserva Federal de Boston había demostrado que varios bancos de Massachusetts, inclusive el Banco de Boston, tenían un gran volumen de actividad monetaria. En ese momento, la OCC se encontraba realizando un proceso de examen regular en el Banco de Boston desde el 30 de septiembre de 1982. El Tesoro estaba al tanto de esto y solicitó que le informáramos acerca de los hallazgos de nuestro examen sobre el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.

En respuesta a ese pedido, nuestros examinadores, que estaban investigando el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte del Banco de Boston, centraron su investigación en la preocupación del Tesoro, y pudieron explicar más del 95% del flujo de moneda que preocupaba al Tesoro fundamentando que el banco no había incluido a los bancos nacionales en su lista de exenciones. Citaron al Banco de Boston por esta violación de las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario, y un funcionario del banco prometió que se implementarían medidas correctivas.

Durante el examen, un funcionario del banco también expresó algún grado de confusión respecto de los requerimientos de información para las transacciones internacionales de divisas y confirmó que el banco estaba en contacto con el Tesoro en lo concerniente a este tema.

… A fines de abril de 1983, el Servicio de Recaudación de Impuestos comenzó a investigar al banco. Como es habitual en estos casos, el Tesoro nos notificó que suspendiéramos la investigación del banco respecto del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. El 7 de febrero de 1985, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el Banco de Boston por no haber informado más de USD 1 mil millones en efectivo transferidos entre el banco y varios bancos extranjeros.

Hemos llegado a varias conclusiones luego de la revisión inicial de estos hechos. En primer lugar, si bien brindamos respaldo a la investigación y a la condena del Banco de Boston, no estamos satisfechos con nuestro desempeño en general. Hemos aprendido que podríamos haber sido más efectivos en la aplicación de nuestros procedimientos, la capacitación de nuestro personal examinador, y la respuesta a la solicitud de información por parte del Departamento del Tesoro sobre potenciales problemas de cumplimiento de determinados bancos.

Ahora reconocemos que podríamos haber realizado una revisión de cumplimiento más vigorosa durante el examen de 1982. Los procedimientos de examen mejorados implementados por las agencias bancarias en noviembre de 1981 representaron una mejora sustancial en nuestra capacidad para supervisar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, recientemente ha quedado en claro que los examinadores que participaron en el examen del Banco de Boston no conocían los procedimientos de 1981 y los requisitos específicos sobre información según la modificación de 1980. También es claro que, si bien esta Oficina respondió a la notificación del Tesoro sobre potenciales problemas con el Banco de Boston, la atención y el seguimiento que dedicamos al tema no fueron suficientes.

Para muchos senadores, especialmente el Presidente William Roth, las excusas y las declaraciones del Contralor fueron prácticamente intolerables. Es decir, aquellos presentes estuvieron de acuerdo en que el sector privado no estaba dando la prioridad e importancia necesarias a las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario; sin embargo, era algo muy diferente el hecho de que un ente del estado como la OCC no hiciera su trabajo correctamente y, por algún motivo, no prestara atención a las disposiciones dictadas por su propio gobierno. Lo que enfureció a los senadores fue que los examinadores no contaban con un conocimiento preciso de los requerimientos y las disposiciones de la legislación sobre Secreto Bancario.

Conover se defendió a sí mismo y a su oficina. El Contralor sostuvo que todos los miembros de la Oficina tenían las aptitudes y el conocimiento necesarios para su cargo. En el caso de los examinadores, siempre eran evaluados de modo profesional antes de ser promovidos al nivel siguiente, y parte de la evaluación incluía la Ley de Secreto Bancario. Asimismo, en cada una de las oficinas de distrito había una cantidad de sesiones de capacitación obligatorias por año. De hecho, explicó que la OCC invertía USD 14 millones por año en capacitación, lo cual implicaba el 9% de su presupuesto anual. Con estos fondos, los investigadores tomaban clases universitarias especializadas sobre sistema bancario y finanzas. Además, se impartían 90 seminarios de capacitación diferentes, la mayoría de los cuales incluía aspectos de la Ley de Secreto Bancario.

Pero la defensa del Contralor molestó a los senadores aún más. No podían comprender cómo, dada la cantidad de capacitación, el desempeño de los examinadores fuera tan bajo. Después de todo, hasta el mismo Conover había descrito su desempeño de ese modo. El Presidente Roth pidió explicaciones. Conover respondió que quizás no hubiera una explicación válida, pero bastaba con ver la carga de trabajo de estos examinadores para entender las deficiencias. Explicó que en los últimos años los examinadores habían recibido una carga excesiva de auditorías e inspecciones de procedimientos bancarios y financieros. Además, advirtió que la crisis de las empresas y la infraestructura bancaria estadounidenses sobrecargó aún más sus agendas. El Contralor explicó que los examinadores no podían ni pueden estar presentes en los bancos los 365 días del año, y tampoco podían llevar a cabo una inspección completa de cada una de las millones de transacciones que realiza cada banco. Su función básicamente consistía en ponerse en contacto con los gerentes y directores de los bancos a fin de supervisar las políticas bancarias en cada área, analizar sus procedimientos, y trabajar junto a los auditores internos. Sin embargo, Conover manifestó que la experiencia del Banco de Boston los ayudaría a evitar este tipo de “error humano” en el futuro; dejó en claro que su oficina estaba trabajando con el Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras para desarrollar mejores procedimientos para la capacitación y la educación de los examinadores en relación con la Ley de Secreto Bancario.

Los miembros del Comité se sorprendieron una vez más cuando el senador Rudman introdujo otro tema en la audiencia. El Senador tenía en sus manos un informe elaborado por el mismo Contralor de la Moneda. En el párrafo 26 de este documento decía que “durante la revisión de la OCC sobre su manejo del tema del Banco de Boston, el personal mantuvo varias discusiones con el Fiscal Adjunto de Estados Unidos a cargo de la investigación penal. Nos informó que no estaba satisfecho con el nivel de cooperación que había recibido de parte de los dos examinadores.” Si bien Conover sostuvo que en realidad el problema había sido menor –tan sólo un caso de diferencia de criterios, una situación que no volvió a surgir– los senadores no pondrían fin a este tema con tanta facilidad.

De hecho, Rudman insistió a Conover que “su oficina no hizo nada para cooperar de algún modo significativo con el Fiscal de Estados Unidos en Boston. En realidad, su oficina dio al Fiscal de Estados Unidos información engañosa. No digo que lo haya hecho deliberadamente, pero la información que brindaron era engañosa.” Jordan Luke respondió limitadamente a este ataque sosteniendo que él siempre había colaborado con el Fiscal, y además, que la falta de acuerdo sobre los criterios había conducido a la formación de un grupo de tareas. Según el Subasesor, el Fiscal tuvo acceso a los documentos, inclusive los informes de los examinadores del First National Bank of Boston; y si bien estos documentos no fueron entregados con la urgencia debida, ello se debió a que el permiso proveniente de Washington para entregar los informes también fue otorgado tardíamente.

El senador Rudman quiso saber los nombres de quienes investigaron al First National Bank of Boston. Los nombres de Steve Conners y Thomas Rollo fueron ofrecidos de inmediato ya que todos los presentes conocían a estos dos hombres; además, los dos investigadores se encontraban en la sala de espera preparándose para brindar su testimonio. Pero el senador Rudman quería saber específicamente si los investigadores enviados al First National Bank of Boston conocían en aquel momento la Ley de Secreto Bancario y el resto de la normativa estipulada en el Título 31 del Código de los Estados Unidos, y si sabían lo que debían buscar al trasponer las puertas del banco. Si bien Jordan Luke había manifestado que ambos examinadores conocían a la perfección la normativa relacionada con el Título 31, declaración que enfureció a los integrantes del Subcomité, resultó que en 1982, cuando los hombres habían investigado al First National Bank of Boston, al menos uno de ellos, Thomas Rollo, no estaba familiarizado con la legislación. De hecho, casi no la conocía.

Ante esta revelación, la sala volvió a inquietarse y demostró su enojo. Luke, por segunda vez, atribuyó esta falta de conocimiento a las deficiencias de capacitación de la OCC. El senador Rudman rápidamente se dirigió al Controlador y respondió:

Bien, Sr. Conover, supongo que si un oficial de policía del Estado de New Hampshire ve un cuerpo en una zanja con dos orificios en la frente, no hace nada y le dice a la policía que él no sabía que existía una ley contra el homicidio, supongo que eso también es falta de capacitación. A mi modo de ver, este es un requisito básico. Ustedes envían al Banco de Boston examinadores que ni siquiera saben que las transacciones de divisas que ascienden a USD 1 millón deben informarse. Para ustedes, eso es capacitación, para mí eso es culpa grave.

Conover respondió débilmente: “No lo puedo justificar, Senador”. Luego, Rudman resumió la situación a la perfección:

Creo que lo que tenemos aquí es un pésimo desempeño por parte de los examinadores, no digo que se los pueda culpar; es posible que no lo hayan sabido. Supongo que si el capitán del Titanic hubiera sobrevivido al incidente, habría dicho en su testimonio que debería haber estado atento a la existencia de icebergs. El hecho es que, su navegante, el Departamento del Tesoro, les dijo específicamente en 1982 que estuvieran atentos a la existencia de icebergs. Siguieron adelante, chocaron con uno; hasta donde yo sé, se hundieron. En mi opinión, se trata de un desempeño lamentable, Sr. Conover. Espero que haga un mejor trabajo en otras áreas. Pero en base a lo que he visto en esta investigación, no lo garantizaría.

El senador Alfonse D’Amato solicitó la palabra con el objeto de aclarar un punto que todavía no estaba claro. Quería saber si los resultados insatisfactorios se debieron a más factores o sólo a la falta de capacitación. Específicamente, el senador preguntó a Luke si los examinadores estaban utilizando un procedimiento de evaluación conocido como “módulo 1.” Luke respondió afirmativamente, y explicó que el “módulo 1” era un procedimiento comúnmente utilizado en las investigaciones de contralor, y constituía una técnica básica para la evaluación de bancos. Y, si bien Luke describió en detalle el procedimiento del “módulo 1” de modo muy técnico, los senadores, a través del vocabulario técnico, pudieron entender los argumentos subyacentes de este enfoque. Los miembros del Subcomité, otra vez escandalizados, nunca habían escuchado algo por el estilo. El procedimiento consistía en entrevistar a la gerencia del banco y preguntarle si estaban cumpliendo con la normativa sobre transferencia de efectivo y otras leyes. D’Amato, fue directo al grano y preguntó, “¿le preguntan al banco si está cumpliendo?” La respuesta, una vez más, fue afirmativa, pero Luke trató de explicar que ésta era tan sólo una parte del proceso de investigación del módulo 1. D’Amato lo interrumpió: “¿Cuál es la otra parte? Si el banco responde ‘sí, estamos cumpliendo’, ¿qué hacen después?” Luke se limitó a repetir la misma explicación que ya había dado –que el módulo 1 era un procedimiento de control común– y prometió entregar, tan pronto como fuera posible, informes sobre otras instituciones financieras que se habían realizado utilizando el mismo procedimiento.

Sin embargo, los senadores volvieron a manifestar su indignación respecto de la labor de los examinadores, de Conover, y de su oficina en general. Le manifestaron que su informe iba a ser riguroso en la crítica a las operaciones de la OCC, especialmente dado que el First National Bank of Boston había logrado lavar cerca de USD 1,2 mil millones delante de sus propias narices.

Los miembros del Subcomité anunciaron a quienes habían estado sentados en la sala de espera: Stephen Conners, Ex Examinador Bancario Nacional Senior, Contralor de la Moneda, y Thomas Rollo, Examinador Bancario, Contralor de la Moneda. Los senadores estaban ansiosos por escuchar su declaración testimonial ya que estos hombres eran quienes habían investigado directamente al First National Bank of Boston desde adentro.

El primero en hablar fue Steve Conners, que en ese momento trabajaba para Patriot Bank Corporation. Primero, Conners confirmó que él había estado a cargo de la investigación del Banco de Boston, y que, a partir del 7 de septiembre de 1982, esta investigación se basó en las disposiciones del Título 31. El ex examinador indicó que él había asignado al Sr. Rollo la tarea de revisar el programa de dinero en efectivo del banco. De allí en adelante, gran parte de la declaración testimonial de Conners no coincidió con lo manifestado por quienes habían prestado declaración testimonial con anterioridad. Por ejemplo, Conners dijo que Thomas Rollo apenas había comenzado su investigación cuando le manifestó a su superior que había encontrado algunos problemas. Rollo explicó que antes de su llegada, el Departamento del Tesoro había devuelto al Banco de Boston una gran cantidad de formularios CTR que habían sido enviados incompletos, y que no había obtenido respuesta de los funcionarios del banco respecto de este tema. El dato que faltaba en todos los CTR era la dirección y los números de identificación; y si bien el Departamento del Tesoro había devuelto los formularios y había indicado qué información era necesario agregar, el banco nunca lo había hecho.

Otro tema, y quizás el más importante, tenía que ver con la lista de exenciones. El banco había incluido en esta lista a individuos y empresas sin la autorización previa del Departamento del Tesoro. El 21 de septiembre de 1982, Robert Powis, Subsecretario Adjunto del Tesoro, envió una comunicación a la Oficina del Contralor de la Moneda según la cual los informes preliminares que estaban llegando respecto de envíos de divisas por parte de los bancos de Massachusetts hacia el Banco de la Reserva Federal de Boston y desde él, sus listas de exenciones y sus registros de Informes de Transacción de Moneda, debían ser explicados cuanto antes. Powis también incluyó en la comunicación una lista de bancos nuevos que habían realizado transacciones con el First National Bank of Boston, pero cuyos CTR correspondientes no habían sido presentados; la cantidad de transacciones no informadas con estos bancos ascendía a USD 1.218.682.281. La lista de bancos incluía las siguientes instituciones:

Swiss Credit Bank; Zurich, Suiza

Swiss Bank Corporation of Basel; Basilea, Suiza

Union Bank of Switzerland; Zurich, Suiza

Barclays Bank International; Nueva York

Bank of Boston S.A.; Luxemburgo

Bank of Lev; Zurich, Suiza

Die Erste Oesterreichische; Viena, Austria

Canadian Imperial Bank of Commerce; Ottawa, Canadá

Standard Chartered Bank Limited; Nueva York.

Daniel Rinzel tomó la palabra para solicitarle a Conners que se expidiera sobre los individuos y los entes incluidos en la lista de exenciones. Conners, sin embargo, manifestó que habían pasado algunos años desde su participación en el asunto, y que no podía recordar ninguno de los nombres o empresas eximidos por el banco de tener que informar transacciones que superasen los USD 10.000. Sin embargo, Conners sí recordaba que el banco marcaba qué bancos debían incluirse en esta lista colocando una “X” al lado del nombre, una práctica que le pareció extraña a Conners, pero personalmente nunca pudo tener en claro qué significaba dado que Thomas Rollo era quien había analizado estos libros.

Sin embargo, a pesar de no haber sido quien había revisado personalmente los documentos del banco, en calidad de supervisor había ordenado realizar investigaciones adicionales en la totalidad de las áreas del banco, lo cual implicó la participación de 50 examinadores adicionales en el caso. El informe final preparado por Thomas Rollo indicó que el First National Bank of Boston no cumplía con la Ley de Secreto Bancario ni con las disposiciones del Título 31.

Thomas Rollo habló a continuación confirmando lo declarado por Conners. También confirmó que en las etapas preliminares de la investigación había reconocido problemas serios en las operaciones internacionales de información sobre monedas y billetes del banco. En consecuencia, sintetizó estos problemas en una comunicación del 8 de octubre de 1982, que envió a Conners. Este, a su vez, la entregó a la oficina regional, y desde allí, fue enviada a la oficina central en Washington. Hasta donde él sabía, la comunicación llegó al Departamento del Tesoro – un hecho que él había confirmado personalmente con Karen Wilson, Examinadora Bancaria Nacional Jefa del Departamento del Tesoro, y con Robert Powis, Subsecretario Adjunto de Aplicación de la Ley del Tesoro. Según Rollo, gracias a esta comunicación, estas personas pudieron comprender los problemas en que estaba inmerso el First National Bank of Boston. En consecuencia, le habían dicho que de ahí en adelante, el Departamento del Tesoro se encargaría de que la institución financiera cumpliera con las normas y los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario.

El 8 de diciembre de 1982, Powis envió otra comunicación a la Oficina del Contralor, solicitándole un informe completo de la situación del First National Bank of Boston. También solicitó informes sobre los otros seis bancos de Massachusetts que estaban siendo investigados. Sin embargo, cuando los informes llegaron, el 5 de abril de 1983, la información correspondiente a la auditoría del First National no se encontraba entre las carpetas.

A pesar de la carpeta faltante, el Subcomité pudo descubrir otro caso de incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en la sucursal North End del Banco de Boston que implicaba infracciones relativas al requerimiento de la lista de exenciones impuesta por la Ley. Durante muchos años, Gennaro Angiulo y varios miembros de su familia habían realizado transacciones con el banco sin que tales transacciones fueran informadas. Las empresas de Angiulo, Federal Investments Inc. y Huntington Realty Company, habían sido incluidas en una lista de eximidos antes de la modificación de las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario en 1980. Sin embargo, después de establecerse las nuevas disposiciones, el banco continuó incluyéndolas en la lista de exenciones como si nada hubiera sucedido. Obviamente, no informaron esa situación al Departamento del Tesoro.

Este descubrimiento y los reconocimientos que siguieron por parte del ex empleado pusieron al banco en una situación incómoda. Howard Matheson, un ex gerente de la sucursal North End que se jubiló en 1985, confirmó públicamente que “Angiulo controlaba Huntington Realty Co. y Federal Investment Inc. Estas empresas se encontraban entre las 10 o 15 incluidas en la lista de exenciones del Banco de Boston. Solía verlas todo el tiempo.” Peor aún, otro ex empleado del banco explicó que “en 1982, los hermanos Angiulo regularmente entraban a la sucursal con más de USD 10.000 en una bolsa de papel y utilizaban el efectivo para comprar cheques de caja.”66 Esto se confirmó cuando mediante una investigación federal a esta familia famosa se descubrió que, sólo en 1982, habían comprado USD 1,7 millones en cheques de caja en las sucursales del Banco de Boston.67

Los senadores que integraban el Subcomité sintieron que casi habían logrado su objetivo –el de descubrir la verdad sobre lo que había ocurrido en el caso del Banco de Boston. Si bien continuaron escuchando la declaración de otros funcionarios, muchos en realidad estaban esperando que el Presidente del Banco de Boston les brindara una explicación satisfactoria.

Sin embargo, cuando William Brown prestó su declaración testimonial, sólo declaró que esta experiencia del First National of Boston constituía un ejemplo de lo que sucede cuando la gerencia bancaria toma una decisión errada. El presidente del banco lamentó que su equipo de gerentes hubiera cometido un error de juicio al incluir partes cuestionables en su lista de exenciones. Brown pidió a los senadores que lo disculparan y, sin nada más que decir, se excusó.

En cierta medida, William Brown no tenía mucho más que decir, pero tampoco quería hacerlo. En enero y febrero de 1985, el Banco de Boston había logrado, a través de largas negociaciones con abogados del gobierno, un acuerdo por el cual el banco reconocería su culpa sólo respecto de un cargo – el de no haber enviado CTR de sus transacciones internacionales por USD 1.200 millones en efectivo con nueve bancos extranjeros.68

TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS

DISTRITO DE MASSACHUSETTS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

INFORMACIÓN

CARGO I: (Violaciones a la moneda 31 U.S.C. §§1081 y 1059, reemplazado por 31 U.S.C. §§5313 y 5322 (b)).

Estados Unidos de América, por medio de William F. Weld, Fiscal de Estados Unidos y Jeremiah T. O’Sullivan, Fiscal General, Fuerza de Ataque contra el Crimen Organizado de Nueva Inglaterra, sus letrados acusa:

1) En todo lo concerniente a la presente, el First National Bank of Boston, (de aquí en adelante “Banco de Boston”) parte demandada en el presente, era una institución financiera constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, cuya oficina principal se encontraba ubicada en Boston, Massachusetts. El Banco de Boston era en todo momento una Asociación Bancaria Nacional, y era una “institución financiera” según se define en el Título 31 U.S.C. Artículo 5312 (con anterioridad artículo 1052).

2) En todo lo concerniente a la presente, el Banco de Boston debía presentar al Servicio de Recaudación de Impuestos (de aquí en adelante “IRS”), Informes de Transacción de Moneda de moneda estadounidense que superasen los USD 10.000 a efectos de que el IRS pudiera recolectar información relativa a grandes transacciones en efectivo, para su uso en procedimientos penales, impositivos y regulatorios.

3) Desde el 1 de julio de 1980, o aproximadamente esa fecha, hasta el 30 de septiembre de 1984 o aproximadamente esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, el demandado, Banco de Boston, una institución bancaria dedicada al manejo de dinero, con conocimiento e intencionalmente no presentó, y provocó la falta de presentación, de Informes de Transacción de Moneda (Formularios IRS 4789) ante el Comisionado del Servicio de Recaudación de Impuestos, relativos a las transacciones de moneda que realizó, de conformidad con lo estipulado por ley, según se resume en el Anexo A, adjunto al presente y que forma parte del presente.

4) Que al demandado Banco de Boston se le solicitó que presentara un Informe de Transacción de Moneda por cada una de las transacciones de moneda estipuladas en el Anexo A que figura más abajo; e intencionalmente no presentó tales Informes, en violación del Título 31, U.S.C., Artículo 1081 sobre transacciones realizadas con anterioridad al 14 de septiembre de 1982, y en violación del Título 31, U.S.C., Artículo 5313 para transacciones realizadas el 14 de septiembre de 1982 o con posterioridad a dicha fecha, y en violación del Título 31 del Código de Regulaciones Federales, Artículos 103.22(a) (1980) y 103.25 (1980), delitos que fueron cometidos como parte de un patrón de actividad que implicaba transacciones de moneda por montos superiores a USD 100.000,000 en un lapso de doce meses, a saber:

1980 - USD 194.410.422,00

1981 - USD 544.721.484,00

1982 - USD 269.307.393,00

1983 - USD 161.378.672,00

1984- USD 48.864.310,00

TOTAL USD 1.218.682.281,00

Todo ello en violación al Título 31, U.S.C. Artículos 1081 y 1059, y al Título 31 U.S.C. Artículos 5313 y 5322(b).

Presentado con el debido respeto,

WILLIAM F. WELD

Fiscal de Estados Unidos

JEREMIAH T. O’SULLIVAN

Fiscal Especial

Por:

PATRICK M. WALSH

Fiscal Especial

FECHA: 7 de febrero de 1985

Los congresales finalmente quedaron satisfechos por haber abordado seriamente el caso del First National of Boston. Por un lado, estaba el aspecto judicial: el banco de fama y prestigio había admitido su culpabilidad unos días antes y, mediante el pago de una multa de USD 500.000, había evitado un escándalo importante; sobre todo, el público estadounidense ahora sabía lo que había sucedido. Por otro lado, estaba el aspecto normativo: los entes gubernamentales a cargo de detectar y evitar el lavado de dinero habían permitido que el First National of Boston lavara dinero ya sea de manera culposa o dolosa.

Los senadores expusieron sus conclusiones en un extenso informe de 250 páginas. En ese informe, criticaron duramente el desempeño de los organismos de control del gobierno y respaldaron la necesidad de mejorar los mecanismos legales tendientes a evitar el lavado de dinero. El informe también expresaba el mandato ferviente de que “nunca” volviera a suceder una situación como la que involucró al First National of Boston en territorio estadounidense. Debe reconocerse que, desde 1985, ha habido un adelanto en la legislación pertinente; sin embargo, la esperanza de que un hecho similar no vuelva a ocurrir “nunca más” no es realista.

Si bien el First National Bank of Boston negó haber lavado dinero o haber sido utilizado para tal fin, la reputación y el prestigio de esta institución de más de 100 años resultó claramente dañada. Esto se ve reflejado en las reacciones de las ciudades de Malden y Medford: ambas retiraron sus depósitos municipales de las sucursales locales del Banco de Boston. “La confianza del público en el banco ha sido totalmente destrozada,” expresó Robert Penta, asesor legal de la Ciudad de Medford, quien instó a retirar el dinero de Medford del banco.

Asimismo, el alcalde de Boston, Raymond Flynn, expresó: “Simplemente, no me pareció correcto que una municipalidad continuara teniendo una relación con un banco que ha estado bajo sospecha todo este tiempo.” Inmediatamente se reunió con sus asesores financieros y con funcionarios bancarios para tratar el retiro de USD 45 millones de la ciudad.

En vista de estas medidas, un vocero del First National Bank of Boston declaró: “no discutimos quiénes pueden ser posibles clientes nuestros.”69 Mientras tanto, la totalidad de los funcionarios del banco ponían todo su empeño en restaurar la imagen pública del banco. Sin embargo, el fiscal de Estados Unidos para Massachusetts William F. Weld expresó que como resultado de lo sucedido con el First of Boston, otros bancos en Nueva York, Los Ángeles y Chicago serían investigados y probablemente acusados.

Para muchos de los banqueros, la tormenta de acusaciones se evaporaría con el transcurso del tiempo. Los funcionarios del gobierno a cargo de la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, e inmersos en un debate sobre los procedimientos a seguir, contaban con una conclusión predeterminada: el tiempo dirá. 

RAÚL SALINAS DE GORTARI Y EL CITIBANK

Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del ex presidente de México Carlos Salinas (1988-1994), ocupaba un puesto público intrascendente con un sueldo anual de USD 190.000. Sin embargo, rápidamente saltó a la fama como “El Sr. 10%.”

Si bien los vínculos de Raúl Salinas con los carteles mexicanos de la droga aún no han sido probados judicialmente, el cartel del Golfo utilizaba sus cuentas en el Citibank para canalizar sus ganancias. Esto ha sido confirmado por declaraciones de un ex abogado del cartel e informante de la DEA; dichas declaraciones también confirman que “Salinas podrá manejar a los funcionarios mexicanos, si se le hacen preguntas.”70

Raúl Salinas de Gortari depositó el dinero a su nombre y utilizó dos alias: Juan Guillermo Gómez Gutiérrez y Juan José Gonzalez Cadena. Una investigación en curso está tratando de determinar el momento en el cual un empleado del Citibank le dijo a Salinas que ese procedimiento no era necesario. En esa coyuntura, se cree que Salinas comenzó a utilizar un mecanismo mucho mejor. Depositaba pesos mexicanos en el Banco Cremi que eran convertidos a dólares por Tyler Corporation, una filial del Citibank en la Ciudad de México. A partir de ese momento, el dinero era transferido electrónicamente a la división internacional de la “banca privada” del Citibank en Nueva York. Luego, el dinero se enviaba a uno de estos tres destinos:

1) Islas Caimán: una cuenta de una empresa llamada Trocca Ltd (la única prueba de la existencia de esta empresa de Islas Caimán son los registros bancarios del Citibank en Londres);

2) La sucursal del Citibank en Londres;

3) Suiza: una cuenta de Confidas (filial del Citibank en Suiza, pero con sede central en Panamá y con oficinas en Zurich).

En noviembre de 1995, la tercera esposa de Raúl Salinas, Paulina Castañón, fue arrestada en un banco suizo cuando estaba tratando de retirar USD 86 millones. Uno de los cargos en su contra se basó en la documentación falsa que presentó. Esta documentación pertenecía a su esposo, aunque estaba a nombre de Gómez Gutiérrez, e incluía una licencia de conducir, un pasaporte y un certificado de nacimiento.

Para México y Suiza se trató de una investigación sencilla. Pero para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el tema no era tan simple. Es decir, ni México ni Suiza contaban con leyes suficientes para combatir el lavado de dinero. En consecuencia, no es sorprendente que el flujo de dinero que ingresa a México supere las exportaciones de bienes y servicios de ese país en un 29,8%.

Recientemente, unos agentes encubiertos de la DEA viajaron desde San Diego a Tijuana con USD 35 millones en billetes de poca denominación, el banco no sólo aceptó el efectivo sin problemas, sino que lo hizo con pericia y discreción. A pesar de la información brindada por los agentes de la DEA al fiscal de distrito mexicano, nada ha cambiado.

El 25 de marzo de 1996, la prensa estadounidense levantó su dedo acusatorio fronteras adentro en vez de fronteras afuera.71 Es decir, en vez de focalizar la atención en las deficiencias de las leyes mexicanas o suizas, se mencionó la falta de cumplimiento de Estados Unidos respecto de sus propias leyes. Asimismo, se informó que estas leyes estadounidenses no eran suficientes para lograr el objetivo, aun si se las cumpliera.

Esto es lo que sucedía. En vez de pasar de México a Suiza, quizás haciendo paradas en España o Francia, la mayor parte del dinero de Raúl Salinas era confiado a Amelia Grovas Elliott, vicepresidenta del Citibank, que utilizaba oficinas en Nueva York, Londres, México y Suiza para las transferencias. Un gran jurado federal en Washington había estado recolectando las pruebas de este caso. Hasta ese momento, sólo había habido pruebas que involucraban al ex-vicepresidente del Union Bank de Suiza, José Oberholzer, quien había sido investigado por supuestos vínculos con el cartel de Medellín. Pero también se esperaba que esta investigación “aclarara si, además del dinero que los magnates mexicanos depositaban en sus cuentas de inversión sin documentación alguna, parte del dinero de Salinas provenía de narcotraficantes mexicanos.”72

Amelia Grovas Elliott, la funcionaria del Citibank responsable de la transferencia de millones de dólares a las cuentas bancarias de Salinas en Suiza, brindó declaración testimonial en el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Antonio Giraldi, el presunto “lavador” que trabajaba para Juan García Abrego, líder del cartel del Golfo. Giraldi, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por su participación en el lavado de USD 35 millones, era empleado de Elliott en el Citibank de Nueva York. El 12 de mayo de 1994, Elliott brindó declaración testimonial sobre el riguroso procedimiento dispuesto por las leyes de Estados Unidos respecto del conocimiento cabal que los funcionarios bancarios deben tener de sus clientes. A continuación se transcribe parte de su declaración testimonial:

P: ¿… (C)uáles (son) sus deberes como vicepresidenta en el Citibank?

R: Estoy a cargo del equipo mexicano de la banca privada internacional del banco … Desde junio de 1983, es decir hace 11 años.

P: ¿(C)uáles (son) sus deberes … en ese cargo?

R: Tengo a cargo un equipo de 10 personas…mi función principal consiste en manejar cuentas para individuos mexicanos de patrimonio neto elevado.

P: ¿Cómo define a un individuo de patrimonio neto elevado?

R: Usualmente, se trata de un individuo con un patrimonio neto de USD 5 millones como mínimo y que cuenta con una liquidez de al menos un millón para invertir con nosotros.

La banca de “guante blanco”

P:¿Qué es la banca privada internacional?

R: La banca privada es el área del banco … que trata con clientes que poseen más dinero que el público en general, lo hace en un entorno más personalizado … En la banca privada de un banco, el cliente tiene un nombre. Se lo conoce, se sabe quién es, se conoce a su familia, se le reconoce la voz… (S)e trata básicamente de un tipo de relación bancaria más personalizada.

P: …¿(L)as leyes que regulan la conducta de los banqueros del ámbito privado internacional son las mismas leyes que regulan la conducta de los banqueros en la banca minorista, la banca comercial, la banca privada nacional?, son las mismas leyes ¿correcto?

R: Esas son las leyes, las leyes bancarias, correcto.

Clientes “de alto perfil alto”

P: ¿Es razonable suponer que los funcionarios bancarios … como usted, que cuentan con una vasta experiencia con clientes de la banca privada internacional en México, probablemente sean más capaces de detectar algo inadecuado o de notar algo extraño en un eventual cliente que un gerente de relaciones con clientes relativamente inexperto?

R: Sí.

Confidencialidad para clientes

P: ¿A alguno de sus clientes de la banca privada internacional le preocupa la confidencialidad de su cartera de valores?

R: A la mayoría les preocupa el tema.

P: ¿Como para que el gobierno mexicano no se entere?

R: No tanto como el gobierno mexicano – No lo sé. Nunca se lo he preguntado a un cliente. No se trata de eso – el gobierno mexicano puede estar al tanto. Muchos de mis clientes han informado al gobierno – cuando han sacado el dinero y continúan informando ahora y pagan impuestos allí. Muchos de mis clientes han traído dinero de vuelta y luego han informado sobre la totalidad de su cartera de valores en el exterior…

P: … Respecto del tema de la confidencialidad …¿sería prudente decir que …una de las preocupaciones de la banca privada internacional por razones legítimas – y no estoy sugiriendo que usted haría algo con un propósito inadecuado – es el ocultamiento de la fuente o la titularidad de los fondos de un cliente en particular respecto de personas que no tienen razones para conocer tal información?

R: Sí.

P: ¿Cuál es su nivel de confianza en las autoridades mexicanas?, ¿confía en los funcionarios mexicanos de cualquier tipo?

R: En algunos sí, en otros no.

P: ¿Y cómo determina en cuáles confía y en cuáles no?

R: Si se los llega a conocer – quiero decir, es bastante obvio, creo. Se habla mucho de los funcionarios mexicanos.

P: Es de larga data su fama de amasar grandes fortunas mientras están en funciones, ¿no es así?

R: Algunos …

P: ¿Su equipo maneja fondos de inversión en algunos activos, sin importar el vehículo fiduciario o de inversión, para ex líderes políticos mexicanos o miembros de sus familias?

R: No.

P: …(C)onsiderando que Ud. ha trabajado con México durante aproximadamente una década …, ¿se sabe quiénes son los … que tienen la mayor cantidad de dinero en ese país?

R: Sí, se sabe.

P: ¿Es inusual que alguien aparezca en México de repente con una gran cantidad de dinero sin que se lo conociera con anterioridad?

R: Puede suceder. … México es un país muy grande, pero las personas que tienen dinero, la mayor parte del dinero del país, no son pocas, pero se trata de una cantidad que es … manejable. De este modo, … alguna vez se los ha conocido o se sabe de ellos o se reconoce su nombre. Esto no quiere decir que no pueda haber otros, pero en general, se trata de una clase alta bastante reducida y cerrada.

P: ¿Alguna vez aceptó un cliente o supo de un cliente que dijo ‘Tengo USD 12 millones para invertir, pero no he tenido relación con bancos con anterioridad’?

R: No.

P: ¿Alguna vez durante su trayectoria. . . alguna vez se le presentó una situación en la cual una persona adinerada le dio a Ud. el control de USD 2 o USD 3 millones sin haberla visto nunca?

R: No.

Proceso de due diligence – “Nuestro modo de hacer las cosas”

P: ¿ … Conoce alguna ley o disposición específica de Estados Unidos que exija específicamente a los bancos en proceso de aceptación de un posible cliente …llevar a cabo una cantidad particular de due diligence o tomar alguna medida específica antes de aceptar al cliente?

R: No sé si se trata de una disposición. No sé si se trata de una ley. Sólo sé que esa es la manera en que hacemos las cosas.

P: Precisamente. ¿Concuerda con que el proceso de due diligence – fue desarrollado por los bancos para proteger a los bancos

R: Probablemente.

P: ¿Concuerda con que el objetivo del due diligence o la política de “conocimiento del cliente” tiende a que el banco logre algún grado de confiabilidad con el posible cliente antes de aceptar sus fondos y comenzar una relación bancaria?

R: … Es muy riesgoso no hacer el due diligence, no conocer con quién se está tratando.

“Metodología” del Citibank

P: (E)n su … grupo de la banca privada internacional… ¿cómo se enteraría un gerente de relaciones con clientes que simplificó el proceso de due diligence o tomó márgenes muy pequeños al llevarlo a cabo luego de que el asunto le haya sido informado a usted?

R: El gerente de relaciones con clientes hablará con su supervisor sobre el cliente potencial durante todo el proceso … (S)e trata de un tipo de venta compleja, por lo cual lleva un tiempo, especialmente si Ud. no está … en México, lleva un tiempo bastante prolongado. Se habla con otra persona por la única razón de querer asegurarse de estar haciendo las cosas bien. “Fulano y mengano me derivaron a esta persona. Esta persona hace esto y aquello. Tengo que visitar a esa persona.”… Y luego esa persona dirá, “Bien, debe hacerse esto.” Esa es la metodología que usamos. Por lo cual, para el momento en que el cliente es aceptado, todas esas cosas han sido resueltas…

P: …(U)sted se describió como terriblemente conservadora frente al gran jurado, ¿es verdad?

R: …Cuando estuve frente al gran jurado, me describí como una inversora conservadora.

P: Conservadora como inversora, inflexible como –

R: Inflexible en la manera en que hago las cosas …

“Conocimiento del Cliente” como “parte de la cultura”

P: Ahora bien, cuando contrató al Sr. Giraldi y cuando esta política de ‘conocimiento del cliente’ que Ud. describió estaba en vigor, ¿usted le brindó esta información, lo capacitó y lo instruyó en base a ella?

R: … El ‘conocimiento del cliente,’ al menos en nuestro banco, es parte de la cultura. Es parte del modo en que se hacen las cosas. Es parte de la manera en que se actúa. Si alguien trae un cliente potencial y/o el nombre de un cliente potencial, seguramente un mínimo de tres o cuatro personas de un cargo superior le preguntarán, ‘¿Quién es esta persona, a qué se dedica, quién se la presentó? Funciona de este modo …

P: Y…su banco hizo que sus banqueros internacionales se esforzaran por conocer a su cliente antes de que usted los aceptara?

R: Sí.

P: ¿… Cuál es el objetivo de que el funcionario bancario verifique la firma del cliente?

R: La tarjeta de firma probablemente sea el documento más importante en una relación bancaria porque un gerente de relaciones con clientes, tal como lo hago yo, conoce al cliente y generalmente llega a conocer la voz del cliente, la firma del cliente, todo lo relacionado con el cliente ….

P: … Como parte de esta … política, procedimiento … de ‘conocimiento del cliente’ ... ¿existe un requerimiento de obtener referencias bancarias?

R: Solicitamos dos referencias bancarias …

P: ¿Aceptaban referencias verbales o solicitaban referencias por escrito?

R: Solicitábamos referencias por escrito.

P: El proceso de due diligence para el ‘conocimiento del cliente’ … ¿es algo progresivo y continuo o, una vez que se toma la decisión de aceptar un cliente, es decir, que el cliente ya está adentro, no vuelven a considerar su nivel de confiabilidad?

R: … Visitamos a nuestros clientes entre 10 y 12 veces por año en su país. Ellos vienen tres o cuatro veces a Nueva York. Tenemos mucho contacto con los clientes. Por supuesto, se trata de algo progresivo, no se trata solamente de conocer al cliente para asegurarnos de estar al tanto de lo que está sucediendo, sino porque nuestra relación puede profundizarse cuanto más conocemos a esta persona. Es por ello que visitamos sus hogares, es por ello que visitamos a su familia, es por ello que vamos a sus empresas, es por ello que recordamos sus cumpleaños. Todo ello profundiza la relación …

P: …Usted manifestó que una de las cosas que trata de hacer para conocer a su cliente y llevar a cabo el proceso de due diligence y el seguimiento de sus clientes es alentar a sus gerentes de relaciones con clientes a que traten de visitarlos en sus hogares.

R: En sus hogares o en sus oficinas, correcto.

P: Y otra cosa … que usted dijo que le gustaba que hicieran sus gerentes de relaciones con clientes era que conocieran a la familia completa.

R: Sí.

P: Todos desde la esposa, las hijas o hijos, hasta sus cuñados y cosas por el estilo, ¿correcto?

R: Cuñados si fuera relevante, pero respecto de los miembros más cercanos de la familia, es correcto.

Atracción de las cuentas bancarias suizas

P: ¿Tiene conocimiento de que algunas personas se sienten atraídas por las cuentas bancarias suizas?

R: Sí.

P: ¿-- o carteras de inversión suizas?

R: Sí, sí, debido a la confidencialidad.

P: ¿Por qué cree que existe esa percepción o … sentimiento de que Suiza es especial?

R: …(P)orque Suiza es conocida por tener cuentas numeradas. Suiza es conocida por contar con …leyes de confidencialidad muy estrictas. Ha habido algunos cambios en la legislación suiza –y lo hemos visto – ya no mantienen la confidencialidad si mediaran motivos penales y/o se les solicitara que suministren información. Un banquero suizo puede, de hecho, ser encarcelado si divulga la confidencialidad de un nombre de una cuenta . . .73

Luego de este testimonio, Antonio Giraldi fue encarcelado por haber utilizado su cargo en instituciones financieras estadounidenses, tales como el Citibank y American Express, para lavar dinero del narcotráfico.

El Citibank perdió su posición de institución bancaria más importante de la nación cuando Chase Manhattan Bank y Chemical Banking Corporation se fusionaron. Sin embargo, a principio de la década de los noventa, William Rhodes, Vicepresidente de Citicorp, presidió el comité de acreedores bancarios que negoció un acuerdo con México para reducir la deuda de ese país.

Según las leyes de Estados Unidos, una persona puede abrir una cuenta bancaria utilizando un alias; sin embargo, el banco debe llevar un registro de la verdadera identidad del titular de la cuenta. En consecuencia, en diciembre de 1995, “Amy” G. Elliott fue interrogada por un Fiscal. La noticia fue publicada por Andrés Oppenheimer, quien había estado investigando en México durante los tres años anteriores.74 El New York Times también publicó un artículo de fondo sobre la historia, confirmando una vez más que era un periódico serio e independiente.75

Mientras tanto, otros periódicos informaron sobre la historia de modo parcial. Uno de ellos, en el pequeño artículo que dedicó a la historia, repitió siete veces que “Citibank no está siendo investigado;” sin embargo, en realidad, eso era lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la palabra oficial del Departamento de Justicia aclaró las cosas, cuando su vocero, Carl Stern, manifestó que “ni los mexicanos ni los suizos han compartido los resultados de sus investigaciones con Washington dado que sus leyes se lo prohíben. . . . Obviamente, Citibank se encuentra dentro de los límites de la investigación.”

Según el New York Times, lo que sucedió en el banco fue lo siguiente:

Durante 1993, con una periodicidad de unas pocas semanas un sobre misterioso llegaba al piso 16 del edificio de paredes vidriadas del Citibank en México. El sobre contenía un cheque de caja en pesos mexicanos por un valor de entre tres y cinco millones de dólares. Los empleados aceptaban los cheques, que eran librados por una subsidiaria del Citibank, y los convertían de pesos a dólares. Luego, el dinero era transferido a la sede central del banco en Nueva York, y desde allí, se lo colocaba en cuentas suizas. Todo esto se llevaba a cabo sin que mediara pregunta alguna.76

Es significativo que estas transacciones no hayan sido informadas al Departamento del Tesoro, tal como lo estipulaba la ley.

Raúl Salinas de Gortari dijo a los investigadores suizos que en 1989, poco después de la elección de su hermano como Presidente, él había abierto cuentas en el exterior con nombres falsos “para evitar un escándalo político”. Había necesitado gerentes de relaciones con clientes como Elliott, que se ocupaban de los clientes ricos, para que le brindaran tanto discreción como atención personalizada.

Una vez que Raúl Salinas pudo obtener esta categoría exclusiva, los funcionarios del Citibank en Nueva York “idearon una estrategia completa” mediante la cual no sería necesario utilizar alias, según lo que manifestó a los investigadores suizos. En vez de usar alias personales, los fondos serían transferidos a bancos europeos y se los depositaría bajo nombres de empresas ficticias ubicadas en Islas Caimán o en Suiza.

Raúl Salinas afirmó que su gerente personal, Amy G. Elliott, se ocupó de todos los detalles y movió su dinero de un país a otro en busca de las mejores tasas de interés. Elliott continuó consultando a la esposa de Salinas meses después de que éste fuera encarcelado por asesinato, con el objeto de consolidar la fortuna familiar en un fideicomiso en Europa. Este fideicomiso, una empresa llamada Confidas, era dirigida por Huberto Rukavina, vicepresidente ejecutivo de Citicorp.

CONFIDAS Y RUKAVINA

Los investigadores especiales confirman que Raúl Salinas de Gortari podría haber tenido cuentas en más de dos docenas de bancos estadounidenses. Según Salinas, ese dinero provenía de créditos, adelantos y operaciones financieras legítimas; sin embargo, los fiscales mexicanos informan que Salinas no ha presentado pruebas de tales operaciones. Ronald K. Noble, ex-Subsecretario del Tesoro, que en la actualidad se encuentra a cargo de una fuerza de tareas internacional dedicada a la lucha contra el lavado de dinero, pregunta, “¿Cómo es posible que alguien que se apellide Salinas de Gortari haya depositado en su propio nombre millones de dólares sin que nadie nunca le hiciera alguna pregunta?”

Richard Howe, vocero del Citibank, confirmó en julio de 1996 que Elliott continúa en su puesto de vicepresidenta del banco, y que goza de buena reputación en la organización. Cuando se le preguntó a Howe si los funcionarios bancarios de alto nivel habían tenido conocimiento de las cuentas de Salinas durante los tres años en que fue cliente, respondió que “la gerencia corporativa no participó en modo alguno en la apertura o el manejo de esta cuenta.”

Pero Confidas, desde luego, se encuentra en el epicentro de la investigación. El tema principal consiste en determinar exactamente quiénes son los titulares del dinero que se encuentra en Confidas. Si la empresa no es una subsidiaria del Citibank, ¿por qué el banco no aclara este tema? Esto aún se desconoce. Sin embargo, no se necesita ser un genio para comprender que los fondos invertidos en Confidas no sólo pertenecen a Raúl Salinas de Gortari.

Por su lado, Citibank no confirma ni niega el contenido de cientos de artículos de periódicos que mencionan el tema. El banco sólo brinda un historial de carrera anodino de Huberto Rukavina, y no menciona nada sobre su rol de director de Confidas:

Huberto Rukavina es Vicepresidente Ejecutivo de Citicorp y su principal subsidiaria, Citibank, a cargo del Grupo de Productos de Inversión y Distribución. Fue designado en ese cargo en enero de 1996. Previamente había estado a cargo del Grupo de la Banca Privada, con sede en Zurich, desde enero de 1993. El Sr. Rukavina se unió a Citibank como pasante en octubre de 1973. En 1975, fue destinado a Panamá, y estuvo a cargo de la planificación y gestión financiera en Centroamérica, … Fue asignado a la Banca Privada en junio de 1987 como jefe de negocios para Suiza y Luxemburgo. En 1989, se le asignaron más responsabilidades en Citibank como Gerente General del País para Suiza. 

Jane Wexton

Si bien el Citibank había iniciado una investigación interna, no se permitió que Jane Wexton, Vicepresidente y abogada del banco, participara en ella. La exclusión de Wexton fue extraña dado que ella era la especialista del banco en lavado de dinero, sus colegas la llamaban cariñosamente “Señora Lavado de Dinero”. El Citibank no hizo comentarios sobre por qué, durante una investigación interna tan importante que involucraba a personal tan crítico, se había dejado de lado a la persona con más experiencia en el tema. Asimismo, poco después del arresto de Raúl Salinas como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el Citicorp comenzó su investigación interna.

A pesar de las aseveraciones del Citibank de que no habían hecho nada malo, el banco había tomado algunas medidas muy extrañas relacionadas con el caso. Los funcionarios de alto rango de la banca privada, el departamento que había trabajado con Raúl Salinas, fueron destinados a otros puestos en enero de 1996. En esta reorganización se incluyó al jefe de la banca privada, el argentino Huberto Rukavina, y al asesor legal de la banca privada, George Baxter. El banco reasignó a Rukavina y a Baxter luego de que las auditorías internas a la banca privada llevadas a cabo en 1995 revelaran un nivel de control de riesgos abominable, especialmente en las áreas de cuentas nuevas y conocimiento de antecedentes de los clientes.

Wexton, Vicepresidente y asesora legal sobre política y regulaciones bancarias, había establecido un programa contra el lavado de dinero, y sus esfuerzos le hicieron ganar una excelente reputación en el banco. Además de capacitar a los empleados en el reconocimiento de fondos ilícitos y de diseñar un sistema avanzado de gestión de la información, Wexton era consultada con frecuencia por ejecutivos bancarios y otros individuos cuando surgían actividades sospechosas. Sin embargo, en diciembre de 1995, cuando surgieron problemas con cuentas mexicanas, se le informó que sería asignada a otra área del banco y no se le permitió formular preguntas sobre el asunto.

Michael Zeldin, asesor de Decision Strategies International y ex Director de esa división del Departamento de Justicia, describió bien lo inusual de la situación:

En el sector bancario, Jane Wexton es considerada una de las mejores profesionales especializadas en regulaciones judiciales de los bancos de Estados Unidos.

Si surgió un problema, ella era una de las personas a quien debieran haber consultado; sin embargo, aparentemente hubo un problema y todo lleva a pensar que no la consultaron.77

De hecho, entre sus colegas guardianes de la legalidad y en el Citibank, Wexton era conocida como una “mujer policía ejemplar”. Además, se la consideraba una persona honesta, que en caso de descubrir operaciones ilícitas probablemente lo habría informado a las autoridades. Wexton dedicó la mayoría de su tiempo a temas relacionados con el lavado de dinero, y viajó mucho por todo el país durante sus siete años en el Citibank. Como miembro de la Junta Asesora sobre Secreto Bancario y del Tesoro, Wexton asistió a gran cantidad de conferencias y reuniones con otras personas que compartían su interés por la lucha contra el lavado de dinero.

Por otra parte, el Citibank es una de las instituciones más internacionales del mundo. Mueve USD 98 millones al año en transferencias bancarias a través de 98 países. A pesar de su éxito, parece que la culpa recae en este gran banco internacional. Según los expertos, a menos que la persona provenga de una familia acaudalada y tradicional, como en el caso de los Rockefeller, a los políticos conectados de algún modo con el lavado de dinero por lo común se los considera sospechosos de inmediato.

El periódico mexicano El Norte, en un editorial extenso pero anónimo denominó al proceso íntegro como ceguera intencional. De no haber sido por el trabajo del periodista argentino Andrés Oppenheimer, The Miami Herald y Money Laundering Alert, seguiríamos inmersos en la ignorancia respecto de los hechos.

MALOS CONSEJOS

El 23 de noviembre de 1995, Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas de Gortari, siguiendo el consejo de un ejecutivo del Citibank de retirar fondos de una cuenta en Suiza, fue arrestada por la policía en las oficinas del Pictet Bank de Ginebra.

El arresto y los descubrimientos posteriores revelaron que Salinas tenía USD 80 millones, utilizaba pasaportes falsos, etc. Además, después del arresto de su esposa, las acusaciones que recaían sobre Raúl Salinas respecto de haber sido el ideólogo del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu recibieron mayor atención. Asimismo, la investigación resultante sobre corrupción relacionada con el narcotráfico constituyó la investigación que más daño causó a una familia presidencial en México. La paradoja es que la persona que ayudó a Salinas en estas maniobras multimillonarias es la misma persona que lo hundió con un mal consejo: Amy G. Elliott.

A fines de 1995, la DEA inició una investigación sobre Raúl Salinas de Gortari. Si bien era confidencial, esta información circuló con rapidez en los círculos de alto nivel. Elliott actuó con celeridad, llamó a Paulina y le aconsejó que fuera a Suiza y retirara los fondos; pero era demasiado tarde – la policía suiza estaba esperándola. En ese momento, Elliott no podía hacer nada por su cliente. En comentarios de Raúl a los investigadores suizos en 1995, él parece haberse sentido traicionado por su banco: “Supongo que la Sra. Elliott estaba tratando de mantener al Citibank al margen del problema, o que había escuchado historias sobre narcotráfico, o tal vez participó de modo directo en el arresto de mi esposa.”78

Raúl había estado utilizando nombres falsos para retirar su dinero cuando Carlos Hank Rhon le aconsejó que negociara un mejor arreglo con el Citibank. Es decir, Rhon había desarrollado un esquema de ingeniería financiera que incluía fideicomisos que permitirían al hermano del presidente dejar de usar nombres de fantasía, a la vez que garantizaba la más estricta confidencialidad bancaria posible en Estados Unidos y Suiza. Nadie sabría quién era el titular de las cuentas.

La ejecución de estas maniobras se asignó a la vicepresidente de la banca privada de Citicorp. Lo más importante, sin embargo, es que aún se desconoce quién asignó este rol a Elliott – seguramente ella no se encontró con este cargo por casualidad.

“Elliott puso en práctica la estrategia y conoció al primer inversor que realizó transferencias de dinero,” Raúl Salinas manifestó ante la fiscal suiza Carla del Ponte.79 Elliott creó dos fideicomisos en Zurich, Trocca Limited y Novatone, en los cuales depositó el dinero de Raúl. Ordenó a la sucursal de la Ciudad de México que aceptara sin cuestionamientos cheques provenientes de emisarios de Raúl por sumas de hasta USD 5 millones. Dispuso transferencias a Islas Caimán, Londres y Suiza, y aconsejó a Raúl y sus personas de confianza. Luego, bajo presión, hizo un mal movimiento y dio un mal aconsejó a Paulina, la tercera esposa de Raúl:

A partir de 1990, Suiza sancionó legislación que castiga a los banqueros que, a sabiendas, aceptan dinero proveniente de delitos. Las leyes también brindan a los banqueros el derecho de ignorar las normas sobre secreto bancario de Suiza e informar a la policía sobre transacciones sospechosas.

‘Los adelantos logrados por Suiza en la lucha contra el lavado de dinero merecen un reconocimiento, y muchos aspectos del sistema suizo podrían servir como ejemplo a otros,’ dice un informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, un grupo compuesto por países que luchan contra el lavado de dinero, con sede en París. Las cifras exactas siguen siendo un secreto, pero algunos estiman que los bancos suizos manejan cerca de USD 2 billones, o 40% de todas las cuentas bancarias ‘offshore’.

Laurent Kasper-Ansermet, un ex fiscal de Ginebra, manifestó que los banqueros le informaron que dos tercios del dinero que se encuentra en Suiza podrían provenir de evasión fiscal. Agregó que según otros cálculos se estima que la cantidad de dinero relacionado con las drogas en Suiza es de entre 400.000 millones y 500.000 millones de francos suizos.

Suiza es popular entre los evasores fiscales porque se niega a ayudar a otros países en su enjuiciamiento. Ello es significativo para el negocio del lavado de dinero ya que los mismos canales utilizados por los evasores impositivos para dar refugio a su dinero son utilizados por la Mafia o los dictadores corruptos para esconder su dinero.

Los bancos ubicados en refugios tales como Isla de Man e Islas Caimán pueden ofrecer secreto bancario y una serie de fondos comunes de inversión, al igual que los suizos. Pero no siempre pueden ofrecer la fortaleza financiera de Suiza.

Los bancos suizos gozan de una de las calificaciones más elevadas en el ranking mundial de credibilidad. Los 17 bancos privados de Suiza, concentrados en Ginebra, son sociedades. Esto significa que los propietarios arriesgan su propio dinero. Otro motivo por el cual los depositantes acuden a Suiza es la estabilidad política de ese país.

Las ventajas explican por qué todos, desde el dictador iraquí Saddam Hussein hasta Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, han escondido dinero en ese país. Las nuevas leyes hacen más difícil el ingreso de dinero sucio a Suiza. Pero quienes combaten el delito dicen que los bancos podrían aplicar las leyes con mayor diligencia.

En 1994, cuando a los bancos suizos se les permitió por vez primera ignorar las leyes de secreto bancario para informar depósitos sospechosos, las fuerzas del orden público suizo-estadounidenses en un esfuerzo conjunto congelaron USD 265 millones en bancos suizos.

Según los fiscales, los bancos deberían brindar aún más información a las autoridades. Sólo se han presentado cerca de 30 informes en Ginebra de conformidad con la nueva ley sobre divulgación de información, a pesar de que la ciudad alberga alrededor de 150 bancos.

La mayoría de esos casos surgió luego de que los funcionarios comenzaran a investigar. Las investigaciones a menudo se iniciaron en Estados Unidos.

El parlamento suizo está considerando sancionar legislación que obligue a los bancos a informar depósitos sospechosos en vez de simplemente darles el derecho a hacerlo. Los banqueros se quejan de que tales medidas representarán un mayor papelerío.

Pero la Fiscal General de Suiza, Carla del Ponte, expresó que duda que los bancos la recargarán con información. ‘Conozco a los bancos,’ dijo. ‘Sólo darán a conocer información cuando sea apropiado.’80

LOS SOCIOS DE RAÚL SALINAS DE GORTARI

A decir verdad, ser el socio de Raúl Salinas de Gortari cuando su hermano ocupaba el sillón presidencial en México otorgaba prestigio. Pero el problema que tienen ahora es que nadie sabe dónde se originó el dinero, y la policía y los fiscales parecen estar siguiendo las pistas del dinero hacia un cartel mexicano. Ahora, Raúl no tiene socios.

Básicamente, Raúl invertía en tres sectores: comunicaciones, medios (especialmente TV) y transporte. Por ejemplo, TV Azteca era un ente de propiedad estatal, Imevisión, antes de su privatización en 1993. Y, según las quejas del periodista Joaquín Vargas, propietario de MVS Multivisión y Stereo Rey, para poder participar de esta privatización, era necesario ser socio de Raúl Salinas.

Vargas presentó una serie de ofertas para adquirir Imevisión (ahora TV Azteca), pero un grupo liderado por Ricardo Salinas Pliego finalmente la ganó el 18 de julio de 1993. Ricardo Salinas Pliego defendió su éxito:

Definitivamente no tengo ninguna relación comercial con Raúl … creo que se trata sólo de un chisme jugoso, de gente que dice ‘¿sabían que Ricardo Salinas es socio de Raúl Salinas?’ ¿Buen chisme, no?; pero que sea bueno no lo convierte en verdadero.81

Sin embargo, luego de haber negado en varias ocasiones el haber recibido un préstamo de USD 30 millones de parte de Raúl, diciendo que ese chisme era una broma, finalmente admitió la verdad: “A mediados de 1993, cuando ocurrió todo esto, Raúl Salinas era el hermano del presidente mexicano. Si él me hubiera pedido que lo ayudara a invertir su dinero … no creo que ningún otro empresario se hubiera negado a hacerlo.”82

Se entendía que para participar en la privatización del canal, primero había que ponerse del lado de Raúl. Si alguien trataba de actuar de otro modo, se hubiera pensado que estaba poniendo en riesgo el objetivo del negocio:

Había muchos funcionarios públicos que le dijeron: ‘Joaquín, estás cometiendo un error. Lo único que necesitas es un socio – Raúl Salinas de Gortari. A esto, Joaquín Vargas contestaba, ‘Es posible que todos ustedes perciban que estoy cometiendo un error, pero del modo en que yo lo veo, son ustedes los que lo están cometiendo. Más adelante verán que tengo razón.’83

En este lapso, Raúl Salinas de Gortari retiró USD $29,8 millones de una de sus cuentas y depositó ese dinero en una de las cuentas de Ricardo Salinas Pliego, bajo el nombre de Silvestar, una empresa con sede legal en Panamá. Desde allí, el dinero pasó por Estados Unidos e Islas Caimán, para llegar al destino final: Servicios Patrimoniales Integrados, otra empresa de Salinas Pliego. Por cierto, Salinas Pliego hizo que ese dinero diera un paseo por el mundo por un motivo en particular. Salinas Pliego tampoco indicó que Impulsora de Frecuencias, una empresa perteneciente a Raúl Salinas de Gortari, es la socia mayoritaria de TV Azteca, con control sobre el 51% de sus acciones.

Raúl Salinas también es socio de la empresa de transporte de pasajeros Mexicana de Autobuses (MASA) junto con el periodista Abraham Zabludovsky, quien es el comentarista político de un canal privado de la competencia. De este modo, a pesar de que la industria televisiva es considerada generalmente como una guerra de canales, lo que se ve en realidad es la determinación absoluta por parte de los lavadores de dinero de controlar determinados medios de comunicación. Esta práctica es común en muchas partes del mundo. En respuesta a quien pueda afectar los intereses de los traficantes, cientos de periodistas están preparados para difamar y desacreditar a quienes traten de investigarlos o denunciarlos.

A propósito, MASA también era una empresa estatal hasta su privatización en 1988. Luego de la privatización, MASA recibió infinidad de contratos del gobierno estadual. Una nota final es que el padre de Abraham Zabludovsky, Jacobo, es el presidente de División Noticias, que incluye a Sistema Informativo ECO.

Raúl luego vendió sus acciones en MASA al director de la revista Época. Por algún motivo, ya no estaba interesado en la industria del transporte.

Otro socio de Raúl Salinas es José Madariaga Lomelín, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. El 10 de junio de 1991, Madariaga Lomelín adquirió Multibanco Mercantil de México, una institución con una larga trayectoria en México. Este banco, con nuevo propietario, emitió una tarjeta de crédito a Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, alias Raúl Salinas, con la cual podía lavar dinero.

Otro socio es Adrián Sada González, Presidente de Serfin Financial Group.84 De acuerdo con documentos obtenidos por la DEA, Raúl Salinas de Gortari transfirió millones de dólares desde una cuenta suiza a Sada González. La Embajada de Estados Unidos envió una carta al Fiscal Especial Adjunto Pablo Chapa Bezanilla informándole de la operación.

Poco después de que el Banco Serfin fuera otorgado a Sada González, “esta institución financiera abrió una línea de crédito por USD 783 millones a Raúl Salinas de Gortari.”85

El empresario Carlos Peralta, Vicepresidente de Grupo Iusa, reveló que en 1994 al menos 20 empresarios fueron invitados por Salinas de Gortari a participar en un fondo de inversión. Entre ellos, Peralta mencionó a Roberto González Barrera y Adrián Sada González. El presidente del Grupo Serfin, sin embargo, negó haber sido invitado a participar.

Pero Carlos Peralta, el propietario de una empresa de telefonía celular, no tuvo problema alguno en admitir que había transferido USD 49.727.000 a cuatro cuentas de Raúl en Nueva York. Estos fondos, junto con USD 23.000 en los denominados depósitos nocturnos, podían ser retirados al día siguiente. Según lo manifestado por Peralta al fiscal suizo, las transferencias se realizaron del siguiente modo:

USD 20 millones se transfirieron a la cuenta del Citibank nro. 021000089, enviados a la atención de Amy G. Elliott, quien con la cooperación de funcionarios bancarios mexicanos y estadounidenses manejaba las cuentas de Salinas.

USD 15 millones se enviaron al Chase Manhattan Bank, cuenta nro. 676-015140147.

USD 10 millones se depositaron en Bankers Trust Co., cuenta nro. 18043738.

Otros USD 4.727.000 se depositaron en el Citibank de Nueva York mediante una transacción con Bear Sterns.

Según una carta suscripta por Peralta el 21 de abril de 1994, las transferencias fueron realizadas por Langness Investment Ltd., una empresa de Peralta ubicada en la Isla de Man, un paraíso financiero británico.86 Según Peralta, no existió evidencia documental que mencionara el destino de la inversión.

UN BANQUERO EN COMÚN CON EL CARTEL DE MEDELLÍN

Raúl Salinas de Gortari compartía los servicios de José Oberholzer, el ex presidente del Union Bank of Switzerland (UBS), con el cartel de Medellín. El nombre de este banquero salió a la luz en la prueba documental utilizada en el juicio de Raúl Salinas.

Oberholzer, cuyo origen se desconoce, manejaba grandes fondos latinoamericanos y sirvió como contacto en Suiza para las transferencias multimillonarias en dólares de Salinas. Es decir, Oberholzer depositó fondos en la cuenta abierta por Juan G. Gómez González, alias de Raúl Salinas. La policía suiza pudo verificar la existencia de acuerdos entre Raúl Salinas, Carlos Hank Rohn, y Oberholzer, y que este último fue tesorero y persona de confianza de Raúl.

José Oberholzer, en calidad de vicepresidente de UBS, aconsejó a sus clientes latinoamericanos en el juego turbio de mover dinero y crear fachadas para ocultar el origen del dinero. En la actualidad, Oberholzer está siendo enjuiciado por el lavado de alrededor de USD 150 millones de dinero del cartel de Medellín. Fue arrestado en Zurich el 23 de febrero de 1994, junto con su cliente Sheila Arana de Nasser, esposa de Julio César Nasser David, uno de los agentes del difunto Pablo Escobar. Recientemente, información obtenida en la investigación de Raúl vinculó a Oberholzer con estas operaciones de lavado.87

La detención del ex-vicepresidente del UBS duró 48 horas, y Oberholzer se encuentra confinado en su hogar bajo arresto domiciliario. Al principio, el UBS lo defendió, y luego, lo retiraron a los 65 años. Según las reformas de 1990 al Código Penal Suizo, José Oberholzer sólo puede ser condenado a unos pocos meses de prisión.

Maribel González, corresponsal de Reforma en Washington, indagó al Citibank en varias oportunidades en busca de información sobre una reunión entre Amy G. Elliott y el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, el banco siempre respondió del mismo modo: “Citibank no está siendo investigado.”

Mike Wallace, del programa “60 Minutos” de la CBS, comentó:

Dos hombres poderosos, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, y John Reed, presidente del Citibank, ignorarían lo que el tercer hombre, Raúl Salinas de Gortari, hizo para acumular una enorme fortuna personal en bancos suizos y británicos. Como en los tiempos del Watergate, la prensa y la sociedad deben formular las preguntas difíciles a fin de saber quiénes sabían qué y cuándo lo supieron. El presidente del banco, John Reed, y el presidente adjunto a cargo de Latinoamérica, Bill Rhodes, tienen la responsabilidad fiduciaria de garantizar que no se realicen operaciones de lavado de dinero bajo los auspicios del Citibank.

VI LEGALIZACIÓN

Hasta el día de hoy nadie nos ha dicho cómo se supone que debemos poner fin a la guerra contra el narcotráfico. Ni el pronosticador más optimista vaticina una victoria; lo máximo a lo que podemos aspirar es a lograr controlar la situación. Sin embargo, dado que sólo se confisca entre el 5% y el 10% de las drogas y entre el 2% y el 3% del dinero lavado, dicho control no parece estar al alcance teniendo en cuenta estos resultados proporcionalmente tan bajos.

El sistema legal existente para combatir a las drogas está construido sobre la base de una concepción criminal. Las leyes vigentes imponen fuertes penas a aquellas personas condenadas por la venta, posesión, importación o cultivo de drogas. Estas estructuras, sancionadas por los sistemas judiciales y legales de diferentes países, equivalen a procesos penales y no tienen en cuenta los problemas para la salud y el orden públicos. Sin embargo, es precisamente la consideración de estos temas importantes lo que genera el crecimiento de las organizaciones que se oponen a las políticas de represión, postulan nuevos conceptos en la guerra contra las drogas y proponen diferentes estrategias para lograr los mismos objetivos.

Al dedicarse a esta tarea dichas organizaciones descubrieron que lo que más socavaba la guerra contra el narcotráfico era la postura oficial. Estos grupos sostienen que la mayoría de los elementos nocivos provienen exactamente de los mismos órdenes nacionales, legales y judiciales dedicados a combatir a las drogas.

La primera propuesta de legalización de las drogas fue elaborada por Ernesto Samper Pizano en 1985 cuando detentaba la presidencia de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia (ANIF). El 29 de junio de 1985, ante una audiencia de banqueros y políticos cuyo objetivo era concertar un acuerdo acerca de las maneras de impedir la utilización de los bancos colombianos para el lavado del dinero proveniente de la droga, Samper expresó:

Nuestra nación debe rechazar el tráfico y el uso de drogas. Sin embargo, quiero remarcar que esta lucha debe encontrarnos unidos, no separados. El problema es muy serio. Hoy en día la epidemia es peor que al comienzo de esta lucha – una lucha que continuará en el futuro. Cada uno de nosotros debe ofrecer una solución por la responsabilidad que le debemos a nuestra sociedad.

El dinero sucio ejerce una fuerte influencia sobre las instituciones democráticas de la nación. Estamos obligados a buscar los medios adecuados para hacer frente a esta amenaza. El lavado de dinero es el negocio ilícito más complejo dentro del espectro de los delitos financieros que existen en la actualidad y se origina en la industria del narcotráfico. Es ahí donde tenemos que dirigir nuestra atención. La base del asunto radica en que las drogas son un negocio, y mientras lo sigan siendo, la situación va a permanecer igual. Partiendo de esta base, una de las herramientas más aptas para poner fin a este negocio es la legalización de las drogas. La guerra que estamos librando hoy es extremadamente costosa. Gastamos demasiado dinero en cárceles, aviones, fumigaciones para eliminar las plantaciones de amapolas e incluso en conferencias. Nada de ello nos reportará ningún beneficio a largo plazo, en tanto el enemigo resista y su negocio crezca. Si el enfoque prohibicionista contra las drogas fuera un éxito, no estaríamos reunidos aquí hoy.

Por lo tanto, creo oportuno un cambio de rumbo y considerar seriamente la posibilidad de la legalización como medio de lucha, sin prejuicios o actitudes negativas. Aquellos que no están de acuerdo con la legalización se verán obligados a ofrecer pruebas concretas de los beneficios que aporta la ilegalidad de las drogas a la sociedad.88

Indudablemente, Samper modificó su pensamiento y sus principios tras las duras críticas que recibió al proponer dicho proyecto. En un informe de 1990, Samper declaró que no era hora de continuar con el tratamiento de dicha legislación. Aunque la astucia política de Samper es clara, lo que no quedó claro es si realmente había cambiado de opinión.89

EL DEBATE

A mediados del año 1988 surgió un fuerte movimiento a favor de la legalización entre la gente joven en Estados Unidos. Este movimiento contaba con el apoyo de activistas de derechos humanos y de grupos de investigación jurídica y de salud pública.

La prensa se hizo eco de sus inquietudes y el debate verdaderamente se encendió con un editorial publicado el 15 de abril de 1988 en el Wall Street Journal:

California del Sur ha sido tierra fértil para todo tipo de cambios en la cultura estadounidense. Lo que nos está demostrando ahora es cómo librar la guerra contra las drogas: aplastando a los consumidores. Un informe reciente del Departamento de Estado acerca de los “principales países traficantes de droga” se asemeja a una lista de naciones del tercer mundo: Birmania, Egipto, India, etc. Sin embargo, aun si pudiéramos destruir todas las operaciones de narcotráfico desde Colombia hasta Tailandia, el problema continuaría en tanto haya producción nacional y drogas sintéticas. Hasta ahora, ha sido demasiado fácil para los políticos culpar a los extranjeros por el problema de la droga en Estados Unidos. Sólo se llegará a una solución real cuando sean más los policías y fiscales que tengan la voluntad y la autorización para combatir este flagelo aquí en Estados Unidos.

Lo que siguió fue una serie de editoriales en todos los periódicos de Estados Unidos que manifestaban su posición acerca del tema, con algunas acusaciones muy graves:

Para muchos países, las políticas antidroga de Estados Unidos son pura arrogancia. Las familias locales (de otros países) han cultivado marihuana, cocaína y opio durante siglos. De repente, se les pide que dejen de hacerlo. Los estadounidenses nunca estarían de acuerdo con un mandato externo de este tipo.

¿Quién está en falta? ¿Los mexicanos que aceptan sobornos, o los estadounidenses que, con sus compras, posibilitan su existencia? La guerra contra las drogas no se ganará en las calles de Karachi o de la Ciudad de México sino en las calles de Nueva York y Los Ángeles. Si los estadounidenses no están dispuestos a pagar el costo de la victoria en la guerra contra las drogas en Estados Unidos, no hay otro lugar donde la puedan ganar.90

El debate continuó en The Los Angeles Times:

En 1982, el Congreso enmendó la Ley Posse Comitatus. La enmienda autorizó a las Fuerzas Armadas a compartir información de inteligencia con la Guardia Costera y la Policía, lo que derivó en el arresto de algunos narcotraficantes pero no ha interrumpido el flujo de estupefacientes. Como hemos dicho con anterioridad, Estados Unidos no podrá detener el tráfico de drogas hasta que los legisladores descubran la manera de frenar la gran demanda de drogas en este país. Por supuesto, este no es un problema que se preste a soluciones fáciles en un año electoral. 91

“SE NECESITAN ESTUDIOS,” DICE THE NEW YORK TIMES

Irritados por la aparente infinidad de muertes, corrupción y delitos generados por la industria de las drogas ilegales, una cantidad cada vez mayor de funcionarios e intelectuales están convocando al debate de lo que había sido políticamente impronunciable por muchos años: la legalización de las drogas. Sin embargo, la mayoría de los políticos y legisladores sienten que sería una apostasía peligrosa. Significaría que algunas sustancias altamente peligrosas serían más económicas y puras y generalmente serían más accesibles, lo que causaría - ellos afirman - un fuerte aumento de la adicción. Es curioso que no existan estudios acerca de cómo afectaría a la sociedad la legalización de la cocaína y de la heroína. Durante más de una década, la idea de la legalización ha sido tan inaceptable que nadie ha financiado un estudio de sus posibles efectos.92

EL ARGUMENTO DEL TABACO

Fumar causa la muerte de más de 300.000 personas al año en Estados Unidos, pero hemos tomado la decisión política de no tratar al tabaco como un problema penal sino como un problema de salud. La cantidad de fumadores continúa en descenso gracias a una campaña concertada de educación pública acerca de las consecuencias del cigarrillo para la salud. No existe motivo alguno por el cual no podamos hacer lo mismo con las drogas.93

En 1988, un comunicado de la Prensa Asociada de la Haya dio a conocer las opiniones de un grupo de especialistas del gobierno holandés acerca de la legalización del uso de las drogas. Se declararon a favor de esta medida ya que pensaban que reduciría la cantidad de delitos menores de manera drástica. Sin embargo, admitieron que sólo sería viable adoptar estas medidas si también lo hicieran las otras naciones. El Consejo Académico de Políticas Gubernamentales, asesorado por el Primer Ministro Ruud Lubbers, declaró oficialmente que “de los 20.000 drogadictos de este país, muchos son alemanes e italianos. Si los grandes países europeos y Estados Unidos continúan con sus estrictas políticas de represión, Holanda no puede luchar por la legalización de forma individual.” Sin embargo, Holanda ya había legalizado la marihuana en aquel momento.94

El debate continúa encendido. Las exposiciones a favor y en contra de la legalización siguen extendiendo el entramado de interrogantes y puntos salientes que definen a ambas políticas.

Todos los argumentos a favor de la legalización parecen razonables y económicamente viables pero sólo tienen en cuenta las teorías, olvidándose de las personas. Las personas se vuelven adictas, improductivas y, a veces, peligrosas. Las drogas matan.

¿De qué nos sirven las leyes? El problema es la reconstrucción del carácter del individuo. La mayoría de los políticos sólo le presta atención a la oferta de drogas y no a la demanda, pero si no hay demanda, no hay venta.

PROHIBICIONISMO Y SOCIEDAD

Francis Caballero es profesor de la Universidad de Derecho Penal en París y presidente del Movimiento para la Legalización Controlada de las Drogas. Caballero está a favor de la liberalización de las leyes concernientes al consumo de estupefacientes y manifiesta que el marco legal de represión y prohibición que ha estado en vigor durante más de 20 años no ha dado resultados convincentes. De hecho, sugiere que en realidad estas leyes promueven el aumento del crimen organizado. El profesor señala que la prohibición de las drogas es aliada de los traficantes ya que les garantiza un valor elevado.95

Un gramo de heroína en Francia cuesta mil francos franceses, 10 veces más que el valor del oro. El costo financiero que este hecho arroja sobre los usuarios seguramente puede manifestarse de maneras perjudiciales para la sociedad: “El drogadicto, en búsqueda de dinero suficiente para comprar drogas, es incitado a cometer delitos que van desde hurto menor hasta prostitución e incluso asalto a mano armada y homicidio.”96

Caballero observa que existe un vínculo económico entre las actividades del crimen organizado (tales como el tráfico de drogas y armas), el terrorismo y la seguridad del estado y la soberanía. Por supuesto, el lavado de dinero - que ha contaminado al sistema bancario y a la economía mundial en su totalidad - es parte de esta telaraña de economías ilícitas. Mientras tanto, el costo derivado por mantener la prohibición es cada vez mayor.

Según Caballero, los segmentos de la población más golpeados por la prohibición son aquellos más frecuentemente victimizados por la discriminación y el racismo en el cumplimiento de estas leyes. De esta manera, la prohibición puede transformarse en una herramienta de represión contra determinados ciudadanos.

Asimismo, el enfoque prohibicionista tiene un impacto negativo en el sector de la salud pública. Es decir, resulta más difícil establecer programas efectivos de prevención y tratamiento con dichas políticas. Además, la prohibición redunda en un desconocimiento de la calidad y la composición de las drogas, lo cual constituye un factor importante en el alto índice de muertes por sobredosis

LEGALIZACION CONTROLADA

Los grupos bajo este estandarte están a favor de una alternativa a la política prohibicionista y su correspondiente represión, es decir, promueven una política de legalización controlada que pone el acento en la libertad individual y en la salud pública. Estos grupos también promueven el desarrollo de una red de información e investigación sobre temas relacionados con el abuso de las drogas y el narcotráfico. En carácter de miembros de un grupo de presión a favor de políticas alternativas, han propuesto la modificación de los tratados, leyes y reglamentaciones existentes concernientes a la producción, venta y uso de drogas. Otro de los objetivos de estos grupos consiste en revertir la severa ley antidroga promulgada en Francia en 1970 y reemplazarla con leyes que traten a cada droga por separado, tomando en cuenta sus cualidades particulares y su nivel de peligrosidad, y abolir la prohibición automática generalizada. Otra de sus prioridades consiste en permitir que los ciudadanos que consumen dichas drogas reciban un trato que no restrinja ni elimine sus derechos como individuos.

DESDE LA IZQUIERDA

El Dr. Noam Chomsky, profesor de filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y una de las figuras más sobresalientes de la izquierda estadounidense también ha criticado la estructura de vigilancia existente. Él apunta al problema que radica en la adopción por Estados Unidos de un enfoque prohibicionista para justificar las políticas de opresión que ejerce en los países del Tercer Mundo. Chomsky también se refiere a un tercer mundo dentro de Estados Unidos, es decir, zonas de empobrecimiento. Explica que, como la idea es ganar la campaña contra las drogas, se necesita un enemigo visible, uno que se ajuste a las necesidades del establishment estadounidense y sea por lo tanto definido por ese mismo establishment.

Chomsky sostiene que las drogas son, indudablemente, tanto un tema relacionado con la salud como un tema social. Sin embargo, este enfoque dual está prácticamente ausente en el modo en que Estados Unidos aborda la guerra contra las drogas. De hecho, para Chomsky, este enfoque no es nada menos que una estrategia global que genera una industria de represión. Es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la CIA y otras agencias de Estados Unidos han sido las responsables de establecer y mantener un sistema de represión. Por ejemplo, después de la guerra, se utilizó a la participación de la mafia como una justificación para infiltrar y desestabilizar a los sindicatos franceses y a los partidos comunistas en Europa. Chomsky explica que se usa a las drogas de manera similar para crear un enemigo en común y una pantalla de humo para las operaciones encubiertas; las drogas son el medio más sencillo para definir un enemigo y efectuar acusaciones. Mientras tanto, paradójicamente, Estados Unidos tiene su propia industria de la droga que impone en todo el mundo. A modo de ejemplo, Chomsky observa que un representante de comercio estadounidense del gobierno de Bush constantemente proponía sanciones contra Tailandia por no seguir comprando tabaco a Estados Unidos y por no levantar las restricciones a la importación sobre el tabaco de Virginia. Estas sanciones se propusieron inicialmente en 1989.

Chomsky cita como ejemplo comparativo la Guerra del Opio de 1841 entre Gran Bretaña y China. Como Gran Bretaña no tenía nada que vender a China, le obligó a comprarles opio con el objetivo de convertirlos en adictos a la droga. Las dos guerras resultantes, que son llamadas colectivamente La Guerra del Opio, dejaron a la sociedad china en estado de caos. En efecto, gran parte de la actitud china de repudio a Occidente surgió de este conflicto. 

ALTERNATIVAS A LA PROHIBICIÓN DE LAS DROGAS

El Dr. Ethan Nadelmann ha estudiado los efectos del enfoque prohibicionista en la sociedad y considera que es difícil justificar el sistema actual utilizando un análisis de costo-beneficio. Señala que éste es el caso cuando se consideran temas tales como la privacidad, la tolerancia y la presunción de libertad personal; estos temas adquieren especial protagonismo cuando se toma en cuenta que la mayoría de las actividades relacionadas con el uso de la droga no son violentas. Considerando lo antedicho, Nadelmann ha formulado unas preguntas que ayudarían a desarrollar criterios para la creación y evaluación de políticas alternativas:

La consideración seria y sistemática de alternativas a las políticas de vigilancia de la prohibición de las drogas requiere de un gran nivel de apertura mental e intelectual, lo que con frecuencia está ausente en los análisis políticos.

El desarrollo de criterios para tal consideración puede ser abordado mediante dos preguntas complementarias: en primer lugar, ¿cómo podemos maximizar los beneficios del libre mercado y minimizar los riesgos?; en segundo lugar, ¿cómo podemos conservar las ventajas de la prohibición de las drogas y al mismo tiempo minimizar los costos directos e indirectos? 97

Nadelmann ve ventajas en lo que él denomina el modelo “supermercado”, haciendo referencia al libre mercado de opiáceos que existió durante la mayor parte del siglo XIX en Estados Unidos. En este período, había una tasa elevada de consumo de dichas drogas; sin embargo, Nadelmann señala que no existían los problemas sociales resultantes que vemos hoy.

Esto indicaría una ventaja importante de este modelo; es decir, este modelo permitiría ahorrar muchos de los miles de millones de dólares que se gastan en juicios y acciones legales y utilizarlos en cambio para la prevención del crimen no organizado. Nadelmann señala que un mercado de la droga liberalizado generaría, como mínimo, aprehensión en varios sectores de la sociedad ya que percibirían una manipulación del espectro de políticas aplicables. Es decir, una ley que garantizara el libre consumo de drogas - tal como son garantizados los derechos a la libertad de expresión, de prensa, de culto y de reunión – derivaría en un conflicto de valores respecto de este tema, un conflicto que cada individuo tendría que resolver.

“El temor más común con respecto a la legalización de las drogas”, explica Nadelmann, “es que aquellos que actualmente se abstienen de consumirlas o las consumen con moderación, se conviertan en drogadictos al tener libre acceso a estas sustancias.”

Las siguientes presunciones alimentan este miedo:

Los únicos impedimentos para que los consumidores de drogas no se conviertan en adictos destructivos son el precio elevado y la falta de disponibilidad pública de drogas

Algunas drogas ilegales son más adictivas que las drogas legales que están disponibles al público.

La imposición de un mercado de drogas libre inevitablemente produciría mayores niveles de experimentación con las drogas, y también se fomentaría su uso y abuso debido a la gran variedad de drogas disponibles.

Muchas personas sustituirían o complementarían a las drogas que consumen ahora por otras drogas que ingresarían al mercado.

La imposición de un mercado libre para las drogas psicoactivas y su mayor disponibilidad presupondría una mayor tolerancia pública hacia estas sustancias, fomentando así un incremento en su abuso.

Nadelmann cree que las personas que en la actualidad fuman cigarrillos y abusan del alcohol son aquellas que tienen más probabilidad de sucumbir ante el uso regular de las drogas psicoactivas, si estas fueran legalizadas. Nadelmann señala que estas personas representarían un tipo de personalidad fronteriza para este comportamiento pero esto no quiere decir que aquellos que no fuman o toman estarían exentos de entablar relaciones destructivas con estas drogas con posterioridad a su mayor disponibilidad.

Necesitamos evaluar qué drogas tendrían mayor popularidad en el futuro - explica Nadelmann - y qué personas las consumirían, de manera responsable o destructiva. Es necesario realizar un análisis que ponga el foco en los motivos que llevan a la gente a drogarse y, más precisamente, por qué deciden hacerlo.

Los sectores dominantes de la sociedad mundial claramente favorecen el uso de algunas drogas por sobre otras. El alcohol, consumido en casi toda la Tierra, se bebe principalmente bajo la forma de cerveza, vino o licor. El café, una bebida estimulante, también se encuentra en casi todos lados y es especialmente popular en la sociedad musulmana. La coca, también un estimulante, se consume de manera generalizada en las regiones andinas.

La posición dominante del alcohol se debe al simple hecho de que fue descubierto hace miles de años por varias sociedades. Su larga y amplia historia ayudó a facilitar su difusión y popularizar su uso. Por otra parte, las cualidades adictivas del alcohol y del café/coca ayudan a asegurar los mercados donde penetran. 

NORMAS SOCIALES VERSUS CONSTRUCCIONES LEGALES

…Las sociedades no están a total merced de los mercados libres. Por el contrario, las sociedades conservan la capacidad de crear potencialmente mecanismos de autoprotección a fin de minimizar los riesgos que pueden presentar estos mercados libres.98

Disponibilidad

En las cárceles y en las instituciones mentales las drogas ilegales se consiguen con más facilidad que el alcohol, a pesar de tratarse de sustancias ilícitas en lugares de alta restricción. Una razón importante, por supuesto, es que es más fácil ingresar drogas en tales instituciones.

Respecto de la alternativa de un mercado libre para dichas drogas, Nadelmann sostiene que:

Cuando intentamos modificar o atenuar esta política al proponer el concepto de un mercado libre para las drogas, sugerimos que estén presentes todas las características básicas de accesibilidad de un mercado libre y que el marco que surja se asemeje a un sistema de “pedido por correspondencia” o acceso por pedido específico. El modelo se basa en la noción de permitir a los adultos no sólo poseer pequeñas cantidades de cualquier droga para uso personal sino también disfrutar del derecho de poder obtenerla de una fuente legal y confiable que sea responsable por la calidad de sus productos.

Dicha propuesta no significa sugerir que este derecho se encuentre a la par con el derecho de posesión y/o consumo. Simplemente brinda parámetros éticos y conceptuales útiles en la formación de políticas alternativas de control de la droga.99

Este modelo de acceso se presenta como un medio posible para reconciliar las tensiones existentes entre la libertad individual y el bien común. Nadelmann propone “rellenar” el marco estructural que ofrece esta propuesta con las medidas antidroga existentes, tales como la restricción vigilante del acceso a las drogas ilícitas. Al desarrollar esta propuesta, Nadelmann se inspiró en los modelos existentes de reglamentación y distribución del alcohol desarrollados en Canadá y Suiza durante las primeras décadas del siglo XX. 

HACIA LA TRANSICIÓN

Al analizar las diferentes alternativas al statu quo prohibicionista, Nadelmann es cauto al distinguir dos temas: el consumo en sí mismo y el mercado negro. El doctor Nadelmann señala que no se debería asumir que el mercado negro desaparecerá con la introducción de un mercado de drogas liberalizado, al menos, no en sus comienzos. Sin embargo, el hecho de compartir el mercado con productores legales probablemente repercutirá de inmediato en el precio, la disponibilidad y la intensidad de la reglamentación legal de las drogas.

La experiencia de los traficantes en lo concerniente a la producción y a la distribución seguramente jugará a su favor. Esta ventaja existirá durante las etapas iniciales de la liberalización del mercado.

La despenalización de la droga tendrá un gran impacto en las zonas urbanas donde la práctica de la venta de drogas se ha afianzado profundamente, en especial dentro de las comunidades afroamericanas y latinas.

Nadelmann hace referencia aquí a uno de los principales efectos de la despenalización, es decir, la reducción en el precio de las drogas. Por supuesto, en las circunstancias actuales, el precio elevado de las drogas y su gran margen de ganancia es uno de los incentivos más poderosos que atrae a la gente joven al negocio de la venta.

Nadelmann explica que otro impacto en este sector se relaciona con la salud y su cuidado. Los habitantes de las zonas urbanas empobrecidas, ya sea por factores económicos o culturales, tienen limitadas sus oportunidades de acceso al cuidado adecuado de su salud y/o a consultas médicas. El acceso más amplio a la consulta e información médica constituiría un fundamento importantísimo para la despenalización. Por ejemplo, un farmacéutico autorizado por el gobierno o por organismos profesionales tendría una función cada vez mayor no sólo como regulador de drogas psicoactivas sino como educador y especialista médico en cuanto a los usos preferidos y correctos de las drogas. Es decir, una sociedad que se destaca por su amplia disponibilidad de drogas tendría la posibilidad de desarrollar y promover prácticas de autoprotección contra varias formas de adicción a las drogas y otros peligros relacionados.

En una sociedad así, más personas asumirían una mayor responsabilidad en su relación con las drogas que la que tienen en la actualidad. Asimismo, como los profesionales de la medicina cumplirían la función de reguladores con mayor frecuencia, los consumidores utilizarían las drogas con mayor precaución.

Nadelmann recomienda estructurar la información disponible y brindar dicha información de manera que ambas sean de fácil acceso y comprensión para el público usuario de drogas. A tal fin, sugiere cuatro metas específicas:

1. Desarrollar una manera efectiva para determinar qué categorías de drogas son compradas, tanto por correo o por venta directa, y asegurarse de que se les informe a los consumidores acerca de los riesgos de estas drogas y de su aplicación correcta. Esta tarea puede estar a cargo de la FDA, agencias no gubernamentales o una combinación de ambas.

2. Diseñar un sistema de difusión de la información distinto de los sistemas de distribución mediante el cual los consumidores puedan obtener información por su cuenta y sin costo alguno. Este sistema podría operar a través de un servicio telefónico así como también por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico que sea de fácil acceso.

3. Crear un programa de información que sea honesto y que delimite de manera certera las características de las drogas pero de manera tal que no estimule la curiosidad de los jóvenes para probarlas.

4. Desarrollar una campaña de salud pública que disuada de manera efectiva del uso peligroso o abusivo de las drogas sin mentir, utilizar el miedo o demonizar a los consumidores. Las campañas actuales de disuasión del uso del tabaco y del manejo de automóviles en estado de ebriedad son mejores modelos en este aspecto.100

El tema sobresaliente aquí consiste en saber si la legalización podría generar un mayor espectro de posibilidades o si los interrogantes que genera son muchísimo más numerosos que los que persisten en el sistema de prohibición actual. Claramente, el modelo de legalización ofrece medios efectivos para eliminar o reducir las peores consecuencias de la prohibición de las drogas y representa el mejor modo de conciliar los derechos individuales y aquellos de la comunidad. Aunque Nadelmann admite que este modelo presenta mayores riesgos que el sistema prohibicionista convencional, cree que el primero ofrece un potencial mucho mayor para transformar la naturaleza del consumidor hacia un medio más estable y seguro.

Al abordar el debate intelectual de este tema, Nadelmann considera incuestionable la necesidad de encontrar modelos alternativos a los sistemas actuales de control de las drogas. En consecuencia, argumenta que deben expandirse los criterios aceptables para el análisis de la implementación de nuevas medidas:

Limitar las preguntas que se formulan o las respuestas que se arriesgan a la voz oficial del establishment implica socavar nuestras obligaciones morales e intelectuales así como nuestra profesión y nuestra sociedad. Las generaciones venideras se verán afectadas o expuestas a situaciones de riesgo si los intelectuales de hoy se rinden de manera uniforme al conservadurismo intelectual que domina las ciencias sociales y el análisis de las políticas públicas.

Desde mi perspectiva, el desafío consiste en delinear una política de control que combine un respeto saludable de los derechos individuales y la responsabilidad personal con un fuerte sentido de la compasión. Estos valores no tienen que estar necesariamente unidos o presentes todos al mismo tiempo, pero es importante no olvidarlos cuando se haga presente el fantasma de la droga.101

La legalización del cannabis fue propuesta por el Estado de Alaska en 1975, principalmente por razones de salud pública; es decir, esta propuesta consideraba a la marihuana como una alternativa viable al alcohol y al alcoholismo si se la dejaba competir en el mercado libre. De la misma manera, Holanda justificó la legalización del cannabis como una manera de reducir el abuso de la heroína, siendo desplazada esta última por la marihuana en los círculos de la droga.

Más importante que los distintos niveles de conflictividad y/o (con menor frecuencia) de complementación de los distintos enfoques conceptuales del problema de la droga es el reconocimiento universal de persistencia del problema. Este reconocimiento marca una etapa nueva e importante en la que debemos encontrar un punto intermedio entre la política existente y las alternativas antiprohibicionistas.

Cada opinión conduce a la formulación de preguntas y cada ronda de preguntas nos acerca a la meta de la reforma. Los cuestionamientos y la investigación deben analizar y justificar las razones por las cuales deberá abandonarse el sistema actual por otra variante. La meta consiste simplemente en encontrar un sistema que produzca los mejores resultados y que respete los derechos del individuo tanto como los de la sociedad en su conjunto.

El Profesor Musio, psicólogo e historiador de la Universidad de Yale explica que la naturaleza del uso de drogas en la sociedad es cíclica:

Primero hay un período de experimentación creciente, una epidemia donde la droga se considera tentadora y la posibilidad de peligro lejana. Luego de este período, la sociedad toma cada vez más conciencia de las consecuencias adversas de las drogas. Finalmente, prevalece un clima de intolerancia donde la sociedad toma distancia de las drogas.102

Daniel Samper, un periodista colombiano, sitúa a las posibles consecuencias de la legalización en dos escenarios:

Escenario número 1: La distribución y el consumo de drogas se legaliza. Los precios de la droga caen drásticamente. Debido a la nueva situación de legalidad, millones de ciudadanos deciden probar drogas que previamente eran ilegales. Las mafias de la droga rápidamente toman control de la producción y de la distribución. La cantidad de adictos se triplica o cuadruplica. Aumenta la tasa de mortalidad y también el número de familias disfuncionales/hogares rotos. Los servicios sociales son llevados al límite. En resumen, el problema social se agudiza como nunca antes.

Escenario número 2: La distribución y el consumo de drogas se legaliza. Los precios caen estrepitosamente. Se acaban las mafias de la droga. Los delitos relacionados con la droga caen en picada. Los organismos oficiales y las organizaciones dedicadas a la salud controlan la calidad de las drogas y ofrecen asistencia a los drogadictos. Se intensifican los programas de educación respaldados por el estado, se reduce la represión policial. Disminuye la tasa de mortalidad así como la cantidad de familias disfuncionales/hogares rotos. En síntesis, el problema social se reduce a un mínimo sin precedentes.103

Charles B. Rangel, miembro del Congreso por Nueva York y Presidente de la Comisión sobre Narcóticos de la Cámara de Representantes es un franco defensor del sistema de represión actual:

A fin de determinar si se podrían elaborar respuestas, la Comisión sobre Narcóticos de la Cámara de Representantes se reunió con los defensores de la legalización durante tres días, entre ellos se encontraban el Alcalde de Baltimore Kurt Schmoke y el Profesor Ethan Nadelmann. Ninguno de los que brindaron testimonio pudo responder de manera adecuada los siguientes interrogantes:

¿Qué estupefacientes y drogas deberían legalizarse?

¿Deberían ponerse a disposición de cualquier persona que quisiera probar drogas y estupefacientes, incluidos los niños?

¿Debería suministrárseles narcóticos ilimitados a los consumidores habituales o a los adictos o, por el contrario, deberían tener que pagar el precio de mercado?

¿Podrían trabajar aquellos que sufren de una fuerte dependencia o adicción a las drogas? ¿O se volcarían al delito para financiar sus hábitos?

¿Quién debería suministrar las drogas – las empresas privadas o el gobierno? ¿Deberían venderse al costo o con un margen de ganancias? ¿Deberían pagar impuestos?

¿Dónde se debería poder comprar drogas? ¿En farmacias, negocios especializados, dispensarios, clínicas o en establecimientos que estén abiertos las 24 horas?

¿La legalización podría aumentar el consumo de drogas legales, que serían entonces más económicas y fáciles de obtener? ¿Cómo creen que esto afectaría a la tasa de mortalidad provocada por accidentes relacionados con drogas?

¿La legalización de las drogas podría producir un incremento en los casos de SIDA debido al aumento de los adictos que utilizan agujas?

La falta de respuestas reales por parte de aquellos que defienden la legalización dificulta la identificación de una base conceptual desde la cual poder cambiar las políticas a nivel nacional. Creo que deberíamos desestimar estos disparates y continuar con nuestra guerra.104

Nicolás Harman, editor de Asuntos Latinoamericanos para el semanario británico The Economist, está a favor de la legalización. De hecho, es un exponente fundamental de este enfoque y uno de los pioneros del movimiento pro-legalización:

Los que compran veneno adulterado son los pobres, los que tienen sobredosis son los tontos, y los que experimentan con mezclas peligrosas son los jóvenes. El problema al que se enfrentan estas personas radica en la naturaleza de los servicios médicos. Dadas las circunstancias, si alguien se enferma a causa del consumo de drogas, no visita a un médico ni concurre a una clínica porque admitir su enfermedad es confesar su delito.

Los gobiernos modernos protegen a sus ciudadanos regulando la pureza de cosas tales como el aceite de cocina, el vino y el jabón. Sin embargo, en el caso de las drogas ilícitas, la tarea de controlar la pureza y de brindar consejos acerca de las dosis se encuentra en manos de los delincuentes.

Y esto no es lo peor. Los adictos, aún a pesar de su dramática situación, son sólo una pequeña minoría. Es decir, son muchas más las personas que se ven afectadas por la violencia generada por el tráfico de drogas. La guerra contra las drogas pone en peligro a todo el estado de Colombia. De manera similar, las guerras civiles en el Líbano y en Afganistán son financiadas en gran parte por los traficantes de heroína. Además, como el mercado de cocaína se ha saturado en Estados Unidos, las organizaciones de narcotráfico han comenzado a penetrar en Europa. Sin embargo, a pesar de esto, nuestros gobiernos insisten en aplicar las mismas políticas que han fracasado en Estados Unidos. En consecuencia, el narcotráfico continúa enriqueciendo a las organizaciones delictivas más grandes y poderosas que el mundo haya visto jamás.

Sin embargo, existe una alternativa: legalizar el consumo de las drogas. Esto eliminaría la base de la existencia de estas organizaciones. Entretanto, un mercado gravado de drogas legales canalizaría hacia el Estado las ganancias que ahora son cosechadas por los delincuentes.105

Según Marcos Taradash, representante del Parlamento Europeo y miembro del Partido Radical de Italia, es necesario desmantelar la ideología prevaleciente:

… Es necesario poner un freno a esta manera de pensar abstracta que es indiferente a los resultados (de la prohibición) o a su aplicación práctica, y reavivar un debate crítico de las leyes actuales sancionadas por el gobierno y sus consecuencias. El concepto de legalización no implica la ausencia de leyes; por lo contrario, un sistema de despenalización regularía cada una de las etapas de la producción química de las drogas, su distribución, su uso, etc. Eliminada la prohibición, todos los ciudadanos adultos tendrían acceso legal a los estupefacientes de alguna manera, reduciendo así drásticamente el valor de mercado de dichas drogas.106

Asimismo, Antonio Escohotado, profesor de Sociología en la UNED en España, quien considera innegablemente urgente integrar a la comunidad científica en el debate, aporta al diálogo:

Tratar de prevenir el abuso de drogas a través de la prohibición es lógicamente tan débil como tratar de prevenir un embarazo prematrimonial prohibiendo a su hija llegar a casa después de las 10 de la noche. Al igual que es perfectamente posible copular antes de las 10 pm, es perfectamente posible obtener drogas prohibidas cuando se las desea…

Cambiar el estado de nuestra mente a través de medios químicos es un impulso tan básico como comer, beber o encontrar un compañero.107

Holanda es un país que ha sido pionero en la legalización de las drogas. En lo que respecta a la opinión de la Brigada Antinarcóticos de Amsterdam acerca de la legalidad de la marihuana y del hachís, Leo Zaal, jefe de la brigada, expresa lo siguiente: “… Durante muchos años, 250 coffee shops han estado autorizados para vender drogas ‘blandas’. Esto nos ha permitido controlar el elemento delictivo en la ciudad. Estamos en contra de la penalización del consumo.” 108

Alan Parry, representante del programa de despenalización de las drogas en Liverpool, Inglaterra, comparte una opinión similar:

En Liverpool, tenemos dos políticas aplicables a los consumidores de drogas. La primera está diseñada para aquellos que desean dejarla. Les proveemos los medios y la ayuda necesaria para que lo hagan. La segunda está dirigida a los consumidores de heroína, a quienes les damos recetas médicas para la droga. Creemos que la heroína pura o la cocaína de alta calidad causan muchos menos problemas.

La policía no arresta a los consumidores de ningún tipo de droga. Hemos reducido la delincuencia, la tasa de mortalidad está disminuyendo y no tenemos dealers. En Liverpool no hay narcotráfico. También observamos una disminución de los casos de SIDA entre los drogadictos. Como suministramos estas drogas en su estado puro y sin costo, la industria (ilícita) de la droga está muerta. Nuestro programa es mucho más avanzado que el de Amsterdam.109

Emma Bonino, Secretaria General del Partido Radical Internacional, describe a su organización como “el único partido político verdaderamente internacional que levanta el estandarte (de la legalización)”, y agrega:

La guerra contra el narcotráfico es descripta en términos poco realistas y exagerados. Como saben los militares, sobreestimar al enemigo es la mejor manera de desviar las críticas frente a los contratiempos.

Creo que quedan pocas dudas con respecto a este hecho, y que la percepción pública de la lucha contra la droga está cambiando. No obstante, el costo de la prohibición es mucho más pesado en los países del hemisferio sur, considerando sus economías y los serios problemas sociales que los afectan. Si se levantara la prohibición, se podrían obtener grandes beneficios actualmente detentados por los delincuentes y los terroristas, quienes amenazan la seguridad y los derechos democráticos de los ciudadanos (además, esta situación no es muy diferente en mi país, Italia).

Por otro lado, una vez legalizada la hoja de coca, sería utilizada para fines terapéuticos y nutricionales. Por ejemplo, el gobierno boliviano ha reconocido que el té de coca posee dichas características y está tratando de asegurarse un mercado para la exportación de este producto.

En contraste con los países del hemisferio norte, es difícil imaginar que la legalización incrementaría el consumo, en especial porque la prohibición nunca ha afectado el consumo. El uso de drogas en el sur tiene orígenes culturales completamente diferentes de aquellos del norte. No obstante, son pocos los temas que unen el norte y sur como lo hace este.

Por única vez, no estamos jugando un juego de suma cero, donde una parte gana y la otra pierde. Con el sistema de prohibición actual, tanto el norte como el sur tienen mucho que perder; sin embargo, tendrían mucho que ganar si esta situación cambiara. Realmente vale la pena intentarlo.

El Partido Radical Transnacional ha iniciado una campaña mundial con el propósito de anular las convenciones internacionales de 1961, 1971 y 1988 que establecieron la ilegalidad de la producción y el consumo de drogas calificadas como narcóticos.

No prestaré ni la más mínima atención a aquellos que dicen que esta es una causa perdida dado que son las mismas personas que pronosticaron nuestro fracaso cuando ejercíamos presión a fin de legalizar el divorcio y el aborto en Italia.

Hace unos meses ganamos un referéndum. En abril de 1993, la Cámara de Diputados de Bolivia solicitó la modificación de los artículos de la Convención Internacional que penalizaba la producción y el uso de la hoja de coca. Específicamente, solicitaban la eliminación de la palabra “coca” de la lista de narcóticos. La batalla por la legalización de las drogas y por la revocación del sistema actual es, más que ninguna otra, una pelea transnacional. Para proseguir con esta lucha de manera adecuada, necesitamos un partido político transnacional multipartidista que sea capaz de influenciar a la opinión pública y parlamentaria en todo el espectro ideológico y geográfico.110

La Liga Internacional Antiprohibicionista ha redactado un documento con miras a revisar la Convención Internacional sobre Drogas. Luego de delinear y analizar las consecuencias del sistema prohibicionista, el documento establece un esquema a favor del antiprohibicionismo que se basa en la premisa de que ningún estado puede prohibir o castigar comportamientos que no dañan a terceros (un delito sin víctima).

Luego, el documento analiza el tema desde un punto de vista judicial. Considera la sobrecarga del sistema judicial, la superpoblación carcelaria, y la corrupción endémica dentro del gobierno y las agencias policiales que deriva del dinero de la droga. Desde un punto de vista administrativo, la Liga señala que en la actualidad la burocracia antidroga está cada día más enquistada, y que la industria desregulada de la “desintoxicación” es cada vez más rentable para las empresas privadas que cobran grandes cifras por sus servicios.

La Liga concluye el análisis de las consecuencias de la prohibición al considerar el factor económico:

Somos críticos respecto de las consecuencias económicas de la prohibición … No se puede decir que necesitamos adaptarnos a una situación mala o adversa con el objeto de evitar una circunstancia peor.

El sistema prohibicionista es reconocido mundialmente como el responsable de que los precios de las drogas en el “mercado” sean particularmente elevados. Esta consecuencia se denomina “impuesto a la delincuencia” haciendo referencia a la compensación monetaria que reciben los traficantes producto de los riesgos que corren. De esta manera, el alto margen de ganancias les sirve de incentivo suficiente para correr el riesgo y les permite encontrar fácilmente a otras personas dispuestas a distribuir drogas a pesar de la ilegalidad de esta práctica. Inversa y paradójicamente, desde el punto de vista del consumidor, estos precios elevados, lejos de constituir un obstáculo, funcionan como el motor del mercado. Es decir, el precio elevado de las drogas que el impuesto a la delincuencia genera con frecuencia obliga a los consumidores a involucrarse ellos mismos en la venta a fin de financiar sus hábitos costosos, expandiendo así la venta de estas drogas a un nivel superior y generando a menudo la proliferación de más sustancias adulteradas. Por lo tanto, la prohibición, al crear una escasez artificial de drogas – que en realidad no es tal en los mercados ilícitos – y al generar precios elevados amplía cada vez más la base del mercado de drogas ilegales.

En síntesis, el modelo económico creado por el comercio de drogas ilegales es extremadamente eficiente. Como los traficantes se ayudan mutuamente, su posición monopólica les permite constantemente eliminar defectos e ineficiencias de sus negocios, optimizar sus beneficios y mantener a la demanda en línea ascendente. Estas son las razones principales por las cuales es necesario mejorar el modelo impuesto por la Convención Internacional de las Naciones Unidas. 111

La hipótesis de la legalización apoyada por el movimiento antiprohibicionista puede organizarse en tres categorías temáticas: médica, comercial y legal. La perspectiva médica es la menos tratada en el sistema de prohibición actual. Esta perspectiva se basa en el derecho que tienen los médicos de recetar - con limitaciones - sustancias que están actualmente prohibidas. Por ejemplo, en el caso de la heroína, los médicos podrían recetarla en dosis reducidas y no por vía intravenosa. Desde el punto de vista comercial, el estado tendría el monopolio de la producción y de la venta de las drogas actualmente ilegales en cada país específico. El estado podría decidir los parámetros de disponibilidad de la droga y tendría control total del mercado. La perspectiva legal sugiere un marco de jurisprudencia para los elementos de oferta y demanda, disponibilidad, precio y variedades de drogas producidas. Finalmente, se delimitarían las políticas de “reducción del daño” brindando soluciones sociales y médicas para los adictos y un medio para ayudar a reducir los delitos menores. 

APOYO EN AUMENTO

Han sucedido acontecimientos inesperados con respecto al tema de la legalización, como por ejemplo la apelación al gobierno de Clinton presentada por personas como Milton Friedman y Joseph McNamara para que cese la guerra contra la droga, el manifiesto de Gabriel García Márquez112; el nacimiento del Movimiento para la Legalización (MLC) en Francia, el pronunciamiento del Secretario General de Interpol, Raymond Kendall, a favor de la despenalización de todas las drogas así como declaraciones similares de otra gran cantidad de personas conocidas y de editoriales a favor de la legalización en prestigiosos periódicos tales como The Economist. También han sido importantes las conferencias internacionales celebradas en Washington y Baltimore en noviembre de 1993, 1994 y 1995.

Lo que quizás es más sorprendente es la opinión expresada por William F. Buckley Jr., director de la revista National Review y una de las voces más importantes del Partido Republicano, quien calificó a la guerra contra las drogas como un fracaso, lo que demuestra de manera significativa que una idea que alguna vez se creía asociada únicamente a los liberales, progresistas y radicales es abrazada en la actualidad por miembros del partido conservador dominante. La pregunta ahora es cuánto tiempo llevará que los miembros más poderosos del partido acepten esta idea.

LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

Las políticas internacionales en materia de drogas son reguladas por tres convenciones de las Naciones Unidas:

- La Convención de 1961 sobre Sustancias Narcóticas.

- La Convención de Viena de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas.

- La Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilegal de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas.

La Convención de 1961 es un tratado entre los estados miembros de las Naciones Unidas cuyo objetivo consiste en prevenir y controlar el azote de la drogadicción a través de medidas coordinadas a nivel internacional. Esta convención reemplazó a todos los tratados y estipulaciones previas relativas a las políticas internacionales acerca de la droga. El principio subyacente del preámbulo y del texto escrito del tratado, según lo menciona el Artículo cuatro, es que “el decomiso, uso, venta, distribución, importación, exportación, elaboración y producción de sustancias narcóticas están limitados exclusivamente a fines medicinales y científicos”. El texto estipula dos esferas complementarias de control/regulación: en primer lugar está el uso legal de estas drogas para fines científicos y medicinales legítimos; en segundo lugar está la prohibición del narcotráfico, el abuso y la adicción. El primero estipula la prevención de la desviación del uso legítimo de la droga hacia un uso ilícito y al tráfico. El segundo, de naturaleza represiva, sienta las bases para castigar y disuadir a los traficantes mediante la cooperación penal internacional.

El control de este mercado ilícito, según lo estipulado en los Artículos 2 y 3, tendrá lugar mediante medidas preventivas a nivel nacional e internacional que se ocupen de las drogas clasificadas como narcóticos. Los artículos 5 y 8 establecen que estas medidas sean supervisadas por la Comisión Internacional sobre Narcóticos y la Organización Internacional de Control de Narcóticos. Asimismo, se establece la administración de las organizaciones que monitorean las necesidades nacionales de narcóticos legales (artículo 19) y su producción (artículo 20), al igual que la recopilación de los informes regulares que estudian la situación de la droga en cada país perteneciente a las Naciones Unidas. Estos instrumentos permiten la elaboración de políticas en las áreas de producción (artículo 29), importación y exportación (artículo 31) y distribución (artículo 30), de drogas que únicamente responden a necesidades médicas y científicas, es decir, estupefacientes elaborados y regulados por el estado y sus industrias de venta al por menor (artículo 29). También se incluyen pautas acerca de drogas específicas que se aplican a la producción agrícola de opio, coca y marihuana (artículos 23 y 28).

El principal objetivo del movimiento antiprohibicionista actual consiste en la modificación conceptual de la Convención de 1961. Al llevar a cabo dicha modificación, otro de los objetivos consiste en modificar el texto de los artículos de la Convención lo menos posible, aunque existe una excepción – el idioma. La Convención de 1961 fue redactada en inglés, y en consecuencia, su terminología y sus conceptos tienen una inclinación anglosajona. Por lo tanto, los antiprohibicionistas consideran que el documento no es un modelo de claridad internacional. Por ejemplo, la noción clave de “narcótico” se limita a enumerar más de cien sustancias clasificadas como tales.

La Convención de 1971 es prácticamente una copia de la Convención de 1961. Sin embargo, esta convención más reciente establece estándares menos estrictos de control internacional de las sustancias psicotrópicas producidas por la industria farmacéutica. Pero en general, debido a las semejanzas entre las dos convenciones, “cualquier modificación a la primera probablemente se verá reflejada en la segunda.

La Convención de 1971 es simplemente una corroboración del principio de la economía de recursos. Sin embargo, este no es el caso con la Convención de 1988, que es represiva en esencia. Esta Convención, adoptada en representación de la ‘guerra contra la droga’ y basada en una lógica prohibicionista, está lejos de ser recuperada. La única solución consiste en revocarla. Deberíamos aclarar que algunos países se negaron a adherirse a ella debido a su excesivo rigor. La Convención se aplicó por primera vez a fines de 1990 y para el año 1993, 92 países ya la habían ratificado. Para invalidar la Convención, sería necesario que aquellos países que la han ratificado iniciaran el proceso de revocación”.113

ALGUNAS CONTRADICCIONES

A fines de la década del cincuenta, Inglaterra y Francia elaboraban y distribuían opio en sus colonias indias e indonesias. Francia también ha explotado sus monopolios marroquíes y tunecinos de “kif” y de “takouri”, nombres tradicionales otorgados a la mezcla de tabaco y hachís.

En el caso del opio, ha sido posible la coexistencia del control internacional y de los sistemas de distribución a nivel nacional dado que las primeras convenciones internacionales no expresaban con claridad los principios del uso limitado con fines médicos o científicos. Por ejemplo, la Convención de La Haya de 1922 establece en el artículo nueve que el uso de las drogas debe estar limitado al uso médico y “legítimo”. Con la colaboración de Estados Unidos, la Convención de Ginebra de 1931 estableció con mayor claridad en su artículo cuarto el principio del uso limitado de las drogas – es decir, sólo para necesidades médicas y científicas – modificando así de manera histórica el alcance del control internacional. Es precisamente el objetivo de la gran mayoría de los antiprohibicionistas volver al estado legal internacional que existía con anterioridad a estas convenciones, cuando no existía un mandato generalizado de prohibición de las drogas y cuando los problemas relacionados con las drogas eran insignificantes comparados a lo que son hoy en día. Por otro lado, según este grupo antiprohibicionista, un clima internacional de legalidad de drogas no dificultaría la lucha contra la drogadicción mencionada en la Convención de 1961.

Asimismo, debe observarse que el objetivo de la mayoría de los antiprohibicionistas no consiste en lograr la legalización total de las drogas sino la prohibición parcial, es decir, creen que las drogas que actualmente son ilegales no deberían equipararse a sustancias tales como el tabaco y el alcohol. Además, afirman que las drogas tales como el PCP o el polvo de ángel deberían estar prohibidas ya que presentan un peligro inherente para el consumidor y para otras personas. Por ejemplo, el PCP puede provocar tendencias homicidas y, con frecuencia, asesinatos en serie, como en el caso de Sharon Tate.

EL COSTO ELEVADO DE LA CONDENA A LOS CONSUMIDORES DE DROGAS

Andrés D´Alessio, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y uno de los abogados más prestigiosos de Argentina, ha declarado públicamente su opinión en contra de la penalización por posesión de droga para uso personal. D’Alessio dice que hace más de cinco años se arrestó a una mujer por encontrar 0,4 gramos de cocaína y 0,3 gramos de marihuana en su casa. También había indicios de que había tenido LSD. Llevó tres años y cuatro meses condenarla por el delito de posesión simple que, según la legislación argentina, tiene una pena de entre uno y seis años de prisión (más que la tortura, la malversación de fondos, el secuestro y la usura).

Sin embargo, una Cámara de Apelaciones la absolvió dada la pequeña cantidad de droga que se había encontrado. Luego de esa instancia, la parte querellante llevó el caso a la Corte Suprema, que revocó la absolución y pronunció un nuevo fallo, que consistió en una nueva absolución. La parte querellante volvió a apelar y el caso se encuentra nuevamente en la Corte Suprema.

Este caso tiene especial importancia si se considera que el 70% de los casos registrados en los tribunales federales de Argentina está relacionado con drogas, y el 50% de estos casos involucra la posesión de menos de un gramo. En verdad, aquel que gasta pólvora en chimangos a la larga se va a quedar corto de municiones.114

Consideremos la hipótesis, razona D´Alessio, de que no sea un error amenazar con sancionar a aquellos que poseen drogas en pequeñas cantidades para consumo personal. Imaginen ¿qué pasaría si dicho régimen de castigo se pusiera en práctica para los consumidores de drogas de uso generalizado? Esta persecución implacable parte del supuesto de que se cuenta con los medios suficientes para llevarla a cabo, es decir, suficientes policías para descubrir o detener a los culpables, suficientes fiscales para llevar adelante los procedimientos, una cantidad importante de jueces que dicten sentencia en tiempo razonable y suficientes cárceles en condiciones aceptables para alojar a los condenados a prisión. Seguramente, cualquiera que esté familiarizado con el sistema de administración de justicia sabe que esas ambiciones no son realistas.

El análisis de esta situación no debe ser ni ético ni arbitrario sino práctico. Esta situación está relacionada con la ley económica de la escasez: no se puede producir la cantidad necesaria de bienes para satisfacer totalmente las necesidades y los deseos de una población; es decir, deben utilizarse los recursos existentes de la mejor manera posible. Se debe elegir entre la producción de manteca o de cañones.

En Argentina, importantísimos actos terroristas tales como el atentado a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se encuentran sin resolver desde hace años. Entretanto, los jueces se quejan de que están sobrecargados de casos, que carecen de sistemas modernos de manejo informático y que los narcotraficantes más importantes, al ser detenidos, esperan que transcurran dos años sin sentencia firme para obtener su libertad en virtud del Tratado de Costa Rica.115 Esto es lo que sucede cuando los tribunales están atestados de casos de tenencia de droga de menor importancia.

John Arroyave Arias, comandante en grado cuatro del cartel de Medellín, fue liberado luego de ser arrestado con éxito en la “Operación Langostino”. La operación fue llamada de ese modo porque las drogas eran traficadas a Europa y Estados Unidos adentro de langostinos. Entretanto, mientras que Arroyave Arias era liberado, Ernie Batista, el agente de la DEA que había colaborado con la investigación de la operación, era juzgado al igual que Carlos Savignon Belgrano, uno de los denunciantes de Arroyave Arias. Además, cuando llegó el momento de que el juez Julio Cruciani supervisara la quema de la droga, otro juez le había escondido las llaves.

En otro caso, Zubieta Bilbao, un traficante y lavador de dinero de gran importancia cuyas operaciones se extienden a Europa, había sido investigado durante un período de más de dos años por el juez Roberto Marquevich. Las grabaciones de audio de las conversaciones intervenidas de Bilbao fueron guardadas en cajas enormes de un volumen de un metro cúbico cada una. Algunas de estas cintas contenían conversaciones de sus empleadas domésticas. En Argentina, es muy común que las empleadas domésticas hablen guaraní o quechua, lenguas muy populares en los países vecinos de Paraguay y Bolivia. Como este fue el caso en la casa de Zubieta Bilbao, en primer lugar, la policía tuvo que transcribir los casetes en el idioma original, luego hacer traducir el texto por un traductor público y finalmente guardar toda la información en los expedientes del caso, incluyendo, por ejemplo, conversaciones que tuvo la mucama con su novio acerca de qué película iban a ver esa noche. En consecuencia, el juez Marquevich ordenó que se borraran ciertas cintas que contenían conversaciones que no tenían relevancia con el caso. Esta sería una decisión importante.

Cuando el camión cisterna de Zubieta Bilbao fue interceptado y se descubrió que tenía un doble fondo repleto con 120 kilos de cocaína, el camión acababa de cruzar la Avenida General Paz, una avenida que divide dos distritos judiciales. Por lo tanto, el abogado defensor pidió que el caso fuera juzgado en la ciudad de Buenos Aires en lugar de la Provincia de Buenos Aires. Era obvio que el abogado quería que el procedimiento no llegara a manos de un juez que conocía bien el caso y quería en cambio uno que no estuviera al tanto. Habiéndosele otorgado el pedido, las pruebas tenían que ser transportadas en camionetas a la nueva oficina jurisdiccional en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando se desembalaron e inspeccionaron las cintas intervenidas, se encontró que algunas habían sido borradas - quizás, pensaron, porque algunas de las conversaciones de la mucama podrían haber sido fundamentales para su defensa. A pesar de haber confesado su culpabilidad, Bilbao fue liberado. Al menos, las drogas de Bilbao fueron incineradas. Además, se incautaron en su casa USD 250.000 de dinero en efectivo junto con armamento y equipos de comunicaciones sofisticados. Bilbao era un verdadero líder.

Carlos Capobianco Acha, un ciudadano boliviano y proveedor de pasta de coca al cartel de Medellín, intentó montar un laboratorio en la Provincia de Buenos Aires cuando Pablo Escobar comenzó a tener problemas en Colombia. Capobianco Acha fue perseguido y arrestado en 1993 por tenencia de una bolsa de 19 kilos de cocaína. El juez del juzgado de primera instancia, Alberto Santamarina, lo condenó. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, presidido por Leopoldo Schiffrin anuló la sentencia: “No pudo probarse que la bolsa le pertenecía”.

Cuando Capobianco Acha fue arrestado por primera vez, el juez trató de tomarle declaración. “No tengo abogado,” dijo Capobianco Acha. En consecuencia, se le ofreció un abogado de oficio. “No, sólo voy a tratar con un abogado en quien pueda confiar”. Unas horas después, se presentó como su representante legal Luis Darritchon, un famoso abogado, perito, profesor universitario y consultor de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de Argentina. Este es el mismo abogado que luego representó a Pascuale Molica, miembro de una familia muy famosa de la mafia italiana, que fue arrestado en Buenos Aires.

La familia Molica estaba involucrada en varios tipos de actividades ilegales y estaban siendo investigados por las fuerzas policiales de muchos países. Una de las investigaciones tuvo lugar en Argentina cuando se descubrió un cargamento de 500 kilos de cocaína a punto de ser entregado a Italia por un traficante local llamado Juan Luis Pelikán. La operación que impidió que el cargamento saliera del país fue llevada a cabo por la policía local en colaboración con sus colegas en Italia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Se denominó “Operación Carbón Blanco”. La cantidad de pruebas era espectacular. Todos confesaron y los socios de Pelikán, que fueron arrestados en Europa, están cumpliendo condena. Sin embargo, Juan Pelikán goza de libertad gracias al Tratado de Costa Rica, luego de haber permanecido sólo dos años en prisión. El hombre que tomó la decisión de liberarlo fue el juez Leopoldo Schiffrin, quien algún tiempo después declaró en un programa de televisión que estaba de acuerdo con la legalización de las drogas para consumo personal. Sin embargo, este juez altamente respetado, debería estar debatiendo sus ideas acerca de la despenalización ante el Congreso en lugar de aplicarlas por adelantado a los narcotraficantes que poseen grandes cantidades de droga. Los problemas de la droga en Argentina están íntimamente ligados a su situación geográfica: la frontera con Bolivia y Paraguay significa que todos los días cientos de personas pobres cruzan la frontera, a pie o en pequeños vehículos, transportando pequeñas cantidades de droga. Esta situación distrae a la policía, que pasa por alto camiones que cruzan por otros puntos transportando grandes cantidades de droga. El ochenta y cinco por ciento de los detenidos en las cárceles de Salta y Jujuy, provincias argentinas que limitan con Bolivia, son bolivianos acusados de delitos relacionados con drogas. En consecuencia, los gobernadores de estas jurisdicciones piden constantemente fondos para alojar y mantener a estos inmigrantes bolivianos analfabetos. Esta es la “guerra contra las drogas” en acción: mientras los líderes son intocables, cada recluso que cumple una condena breve le cuesta al gobierno USD 12.000 al año. El presupuesto anual del país para la prevención del narcotráfico y la rehabilitación de los adictos es de tan solo USD 30 millones, lo que hace que la probabilidad de detención de cualquiera de los peces gordos del narcotráfico sea muy baja. Para empeorar las cosas, los zares de la droga contratan a los mejores abogados mientras que los traficantes menores y los dealers callejeros cargan con todo el peso de la ley. Mientras los jueces avanzan lentamente en un mar de casos menores de tenencia, los líderes de la organización del crimen internacional mueren en sus mansiones a edad avanzada.

EPÍLOGO

LA PARADOJA SUIZA

Una organización llamada Transparencia Internacional ha creado un sistema que califica a los países según su nivel de corrupción en base a una escala de 100 puntos. Entre las variables se encuentran el nivel de independencia del sistema judicial de los países y el grado en que los estados participan en actividades comerciales. Esta organización y sus calificaciones señalan la cantidad abismal de países estrechamente ligados al lavado de dinero. Sin embargo, a Suiza se le ha asignado una de las mejores calificaciones. Dado que las cifras del dinero lavado no se encuentran disponibles, los estudios acerca de la corrupción deben ser aún más abarcativos y complejos. Parece una broma que el país que lava el dinero de los delincuentes y ladrones más importantes del mundo – el país de origen del vicepresidente de UBS que fue apresado con USD 150 millones pertenecientes a Pablo Escobar y por ello fue encarcelado durante apenas 48 horas – reciba tal calificación. ¿Es esto lo que Transparencia Internacional llama independencia judicial? ¿Si Pablo Escobar era un delincuente, cómo debemos llamar a la persona que protege su dinero de manera confidencial?

Con excepción de Suiza, no obstante, el resto de la información brindada por Transparencia Internacional es real. En verdad, es horrible vivir en un país como Nigeria donde la policía constantemente reclama sobornos y donde la burocracia es corrupta. Sin embargo, si bien también es cierto que Suiza es limpia y ordenada, nadie nos ha dicho aún de manera exacta de quién es el dinero escondido en Confidas. Transparencia internacional debe revisar sus criterios.

Desde el punto de vista de los narcotraficantes, el mensaje de Transparencia internacional parece claro – si alguien quiere producir o traficar drogas, lo mejor es que vaya a Nigeria, Colombia o México donde se puede sobornar fácilmente a los funcionarios de ser necesario. Cuando el negocio ya está hecho, se retira el dinero y es necesario un país seguro y “honorable” donde colocar el efectivo, entonces se va a Suiza. En el caso contradictorio de Suiza, Transparencia Internacional aparentemente ha premiado a un país donde el valor de la transparencia ha sido desplazado por el de “discreción”, “confidencialidad” y, de hecho, la ausencia de transparencia.

LA PREVALENCIA DEL LAVADO DE DINERO

Si se habla de desarrollo, inversión, crecimiento, educación o el suministro de bienes y servicios, también se debe hablar de corrupción y lavado de dinero. Asimismo, es cierto que no podemos considerar a la corrupción de la misma manera en que lo hacíamos en el pasado. Hoy en día, cuando diseñamos políticas económicas debemos tomar en cuenta las consecuencias de la corrupción dentro de las corrientes de inversión y dentro de nuestros sistemas de producción.

La Fuerza de Tareas de Acción Financiera (FATF), cuyos miembros son las principales naciones consumidoras de drogas, calcula que anualmente se lavan entre 400 mil y 500 mil millones de dólares provenientes de la droga. Esto significa que la industria de los estupefacientes representa entre 10% y 13% de la totalidad del comercio internacional – esto es 1% más que el comercio internacional de petróleo, combustible y lubricantes; más que el comercio mundial de alimentos, ganado, bebidas y tabaco; representa el doble de las ganancias de las empresas farmacéuticas legítimas y siete veces la inversión mundial para el desarrollo del tercer mundo (que es donde se origina la mayoría de las drogas ilícitas).

La mayoría de los cálculos indica que el 50% del comercio de drogas ilícitas tiene lugar en América Latina. Las cifras más bajas, tales como las suministradas por la FATF, sugieren que un mínimo de entre USD 50 y 80 mil millones proveniente de drogas ilícitas llega a América Latina o es absorbido por esa región.

Según las Naciones Unidas, el narcotráfico en Colombia representa entre 3% y 13% de su Producto Bruto Interno. Los economistas colombianos estiman que la cantidad de dinero repatriado anualmente por los narcotraficantes ronda entre USD 1,5 y USD 2 mil millones; esta cifra equivale aproximadamente a un porcentaje de entre 17% y 24% de las exportaciones legales de Colombia en 1994. La inversión privada legal se estima en una suma anual ligeramente superior, que asciende a USD 2,8 mil millones. Alrededor de 300.000 familias cultivan marihuana, hojas de coca o amapolas para la elaboración de heroína; esto es, casi la misma cantidad de familias que aquellas que producen café, que es la exportación legal más importante en Colombia.

En Bolivia, se calcula que el narcotráfico produce alrededor de USD 1,4 mil millones, más del 20% de su Producto Bruto Interno. Según la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas, la sobrevaloración resultante socavó el desarrollo de las industrias del cuero y textil de Bolivia, que se vieron en desventaja frente a los productos brasileños y chilenos de menor precio.

En 1994, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Perú produjo 165.000 toneladas de coca, sobrepasando a Colombia y Bolivia, y se situó como el mayor productor de coca del mundo. El cultivo de coca en Perú genera más de USD 1 mil millones por año, además de las ganancias generadas por el refinamiento y el tráfico. Naciones Unidas informa que la industria de los estupefacientes en Perú representa el 11% de su Producto Bruto Interno, otorgando a este sector industrial más importancia en términos monetarios que al sector minero, de la construcción, la pesca y la producción de electricidad.

México es el país por donde pasa la droga proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, y esto es cada vez más frecuente. Samuel González Ruiz, profesor de derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM), calcula que se venden aproximadamente USD 6 mil millones de cocaína por año en la frontera entre Estados Unidos y México y alrededor de la mitad de ese dinero permanece en México.

Es imposible calcular la cantidad de puestos de trabajo generados por el narcotráfico, pero el fiscal general de México calcula que en los últimos siete años 150.000 personas fueron encarceladas por delitos relacionados con las drogas. Según el profesor González, los agricultores del estado mexicano de Sinaloa ganan 50 veces más cultivando marihuana u opio que cultivos legales.116

¿El lavado de dinero es un tema que involucra solamente a las organizaciones delictivas o a las instituciones bancarias más importantes? ¿Este tema debería ser tratado por las agencias que ejercen poder de policía sobre este tipo de delitos, o por aquellos que diseñan la política económica?

Vito Tanzi es uno de los economistas más famosos del mundo y director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional; Peter Quirk es asesor del Departamento de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario Internacional. En julio de 1996 el FMI publicó informes de estos dos especialistas respecto del lavado de dinero. Tanzi y Quirk, dos hombres totalmente alejados del sensacionalismo, confirman que se lavan aproximadamente USD 500 mil millones por año, una cifra que equivale a dos por ciento del total de la producción anual del mundo, o que equivale al doble del Producto Bruto Interno de México.

Según Tanzi y Quirk, en la actualidad lavar dinero no es sólo un tema penal sino un fenómeno que afecta gravemente a los mercados financieros y a todo lo relacionado con la política económica. En consecuencia, Tanzi propone establecer estándares de vigilancia y de acceso a la información que sean universalmente aceptados. Las organizaciones internacionales de los países que cumplan con dichos estándares tendrían acceso a una cantidad determinada de beneficios; los países que no los cumplan no tendrían acceso a esos beneficios. En síntesis, Tanzi propone que las condiciones para gozar de una buena reputación internacional estén relacionadas con la prevención del lavado de dinero.

Tanzi y Quirk dieron en el clavo. Su propuesta sería una molestia para una de las áreas más sensibles para Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Inglaterra (y sus paraísos fiscales insulares), Uruguay (un país que está luchando para convertirse en “la Suiza de América Latina”), y Estados Unidos, cuyos grandes bancos no cumplen con los requisitos que están en vigor.

La periodista estadounidense Claire Sterling, en su libro Thieves’ World (Mundo de Ladrones), expone en detalle la globalización del crimen organizado desde la caída de la Unión Soviética y la unificación de Europa y describe cómo en 1993 un “Directorio” de la Mafia convirtió a la isla de Aruba en “su estado”. Sin embargo, Sterling cree que el desarrollo más significativo de la actividad mafiosa es y será su usurpación gradual de Rusia.

La mafia siciliana y sus contrapartes internacionales – la mafia rusa, la Yakuza japonesa, la Tríada china (con base en Hong Kong y Taiwán) y los carteles colombianos y mexicanos – han construido, según Sterling, un sistema de alianzas y de división territorial que las ha convertido en una de las fuerzas más poderosas del mundo. La corrupción de los políticos es simplemente una manifestación de estos nuevos superpoderes que ahora parecen inexpugnables.117

UNA NUEVA PRUEBA PARA LOS ESTADOUNIDENSES

En el pasado, las autoridades estadounidenses le habían salvado la reputación a J.P. Morgan - uno de los bancos más prestigiosos del mundo - al no divulgar la participación de uno de sus directores en América Latina en transacciones ilegales. En el caso del Banco de Boston, el tratamiento fue un poco más severo – su presidente bostoniano, el aristócrata William Brown, tuvo que admitir la culpabilidad del banco, atribuyendo lo sucedido a un “error humano”, y se le impuso una multa insignificante de USD 500.000. El testimonio de los directores bancarios y de los burócratas del Departamento del Tesoro ante la Comité de Asuntos Bancarios del Senado fue verdaderamente patético. Ahora nos encontramos con que el sistema es puesto a prueba una vez más con el caso de Confidas. Como he descripto anteriormente, se estableció un fondo de inversión en Panamá, que se depositó en Suiza y fue dirigido por el vicepresidente ejecutivo del Citicorp. Este dinero pertenece nada menos que a Raúl Salinas de Gortari y al cartel del Golfo.

¿Si Raúl Salinas decía la verdad cuando declaró que envió la primera remesa en presencia de Amy G. Elliott en la oficina del Citibank de México, no es razonable preguntarse si la sucursal mexicana era la única sucursal autorizada para recibir tales depósitos “confidenciales”? ¿Las otras sucursales del Citibank en otros países estaban realizando los mismos tipos de transacciones con otros clientes?

Estados Unidos tiene un convenio bilateral con Suiza en virtud del cual ahora puede obligar a las autoridades suizas a abrir los archivos de las cuentas confidenciales de Confidas/Citibank. Pronto conoceremos los detalles del caso. De lo contrario, ¿cómo podrán los funcionarios de Estados Unidos pararse ante una conferencia internacional y declarar qué países deberían estar “certificados” o “no certificados” mientras que ellos mismos permiten que la cuenta Confidas/Citibank permanezca oculta?

Los agricultores colombianos se encuentran en un estado de extrema pobreza; por el contrario, los banqueros aristocráticos de Wall Street están en el otro extremo del mismo negocio. ¿Cómo podemos hacerle la guerra a uno y proteger al otro?

¿Si nunca se revelaran las fuentes de los fondos de Confidas/Citibank, no sería razonable admitir que todos somos corruptos, quizás algunos más que otros, y legalizar las drogas? Es realmente ridículo continuar creyendo que estamos combatiendo el narcotráfico por el mero hecho de fumigar campos en Colombia o Perú. Sólo estaríamos combatiéndolo si siguiéramos estas directivas con el mismo rigor al investigar el extremo más alto de la escala social, es decir, a aquellos que son discretos, de confianza y sofisticados. Quizás el ejemplo más sobresaliente es la investigación del Banco de Boston, que nos hace pensar si siempre tendremos un general valiente que les dé una lección a los agricultores pobres y un burócrata estúpido que controle bancos importantes. Tendría más sentido si la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro también contara con los servicios del General McKaffrey. Sólo entonces podríamos decir que para los políticos la guerra contra el narcotráfico es un esfuerzo serio y no sólo exposición política. Un buen ejemplo: Marvin Smillon, vocero de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos, ha manifestado: “No se ha presentado ninguna acusación formal contra el Citibank; no sabemos cuándo sucederá, si es que alguna vez sucede.”

A fines de julio de 1996, el Citibank contrató los servicios del abogado Robert Fiske Jr. Lo hizo luego de que el Gobierno de Estados Unidos ampliara su investigación respecto de la posibilidad de que el Citibank hubiera violado las leyes bancarias referidas a transferencias de dinero. Es decir, el Departamento de Justicia inició una investigación penal del Citibank.

Fiske, ex fiscal especial del caso Whitewater, cuenta con una amplia experiencia en estos asuntos. Ha defendido al ex Secretario de Defensa Clark Clifford así como al fiscal de Washington Robert Altman en el caso de fraude del banco BCCI. Fiske también fue socio del estudio jurídico Davis, Polk & Wardwell entre 1976 y 1980.118

Walker Todd, ex funcionario de la Reserva Federal en Nueva York y ex asistente del fiscal general del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, explica: “El manejo bancario de la fuga de capitales de los países en vías de desarrollo es un pequeño secreto que guardamos en Estados Unidos. Tal como el secreto que México guarda acerca de quién mató a Colosio.”

El lavado de dinero representa la aceptación institucional de la mafia y un indulto al crimen organizado. Es el motor de un círculo vicioso de desmoralización y corrupción. ¿Qué es lo que más pone en evidencia el tejido moral de nuestra sociedad: atacar a los agricultores pobres o dar refugio a los banqueros mediante leyes inescrupulosas?

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Convenio de NU Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988

DEA Drug Enforcement Administration / Agencia Antidrogas de los Estados Unidos

ESF Economic Support Fund / Fondo de Apoyo Económico

FATF Financial Action Task Force / Fuerza de Tareas de Acción Financiera

FBI Federal Bureau of Investigation / Oficina Federal de Investigación

ha Hectárea

HCI Clorhidrato de (cocaína)

INCSR International Narcotics Control Strategy Report / Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos

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JICC Joint Information Coordination Center / Centro de Coordinación Conjunta de Inteligencia

kg Kilogramo

MLAT Mutual Legal Assistance Treaty / Tratado de Asistencia Legal Mutua

NNICC National Narcotics Intelligence Consumers Committee / Comité Nacional de Consumidores de Inteligencia sobre los Narcóticos

OEA Organización de los Estados Americanos

t Tonelada (Métrica)

USAID Agency for International Development / Agencia para el Desarrollo Internacional

1 Charles Intrago, Money Laundering Alert. Este es un boletín mensual especializado que se publica fuera de Miami.

2 Sicariato: organización compuesta por jóvenes de áreas pobres de Medellín al servicio del narcotráfico.

3 El primero que empleó estos términos para identificar este fenómeno social fue el General Harold Bedoya,

comandante de la IV Brigada, en Medellín.

4 «Los Sicarios en Medellín», Ed. Capriles. Caracas 1992, Venezuela.

5 «Los Sicarios en Medellín», op. cit.

6 Ibídem.

7 «Mi Guerra en Medellín», Intermedio Editores Bogotá 1992.

8 Ibídem.

9 Actualmente Secretario General de la OEA.

10 «Los Jinetes de la Cocaína» Fabio Castillo - Editorial Documentos Periodísticos, 1988 Colombia.

11 Ibídem

12 «Los Jinetes de la Cocaína» op. cit.

13 «Los Jinetes de la Cocaína» op. cit.

14 «Los Jinetes de la Cocaína» op. cit.

15 The United Nations and the Undue Use of Drugs (Nueva York: 1990).

16 Se especula que Tony de la Guardia tenía como misión poner una bomba en las Naciones Unidas. Rafael del Pino «Proa A la Libertad». Ed. Planeta.

17 Salvador Allende asumió la Presidencia de la Repúblca de Chile en 1970 y fue derrocado en 1973.

18 Mario Firmenich, líder guerrillero de los Montoneros en Argentina, declaró que el dinero del rescate fue depositado más tarde en el Banco Nacional de Cuba, en la Habana. «The Curious Case of the Guerrilla Gold», Guy Gugliotta, Miami Herald, 11 de noviembre de 1989.

19 Tensión entre los militares y el Ministerio del Interior, véase «Cuba Leadership After Castro, Biographies of Cuba’s top Generals», Rafael Fermoselle. Ediciones Universal, Miami, 1988.

20 Periódico encargado de publicar oficialmente las decisiones del Partido Comunista de Cuba.

21 Véase Carl Hiassen, Miami Herald, que cita a LUCY Morgan del St. Petersburg Times, 23 de agosto de 1989.

22 Drug Trafficking in México, DEA Report, 1987.

23 The Socioeconomic Impact of Drug Trafficking on the State of Durango”, DEA, México, agosto 1987.

24 The Socioeconomic Impact..., op. cit.

25 Nombre mediante el cual se identifica a los miembros de la Policía Judicial Federal de México.

26 Distrito Federal se utiliza para denominar a la ciudad capital de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo nombre completo es Ciudad de México D.F.

27 Report of investigation, Joseph J. Baca, assistant regional director, New Orleans Regional Office, by Inspector Willam R Coonce. Sept. 17, 1976.

28 1968-1972 y 1972-1974. No pudo completar su segundo período ya que fue obligado a dimitir por sus implicaciones en el llamado caso Watergate. Fue sucedido por el vicepresidente Gerard Ford, para completar su mandato.

29 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el período 1970-1976.

30 Charles Rangel continúa siendo Diputado Nacional por el Distrito de Nueva York, por el Partido Demócrata.

31 A fin de 1975 el Presidente Provisional del Senado de los Estados Unidos, Mike Mansfield, redactó una resolución que en forma directa traería implicaciones para las operaciones que realizaba la DEA. El proyecto, que fue aprobado por el Congreso en junio de 1976 establecía que “En cumplimiento de la ley, ningún oficial, agente o empleado del gobierno podrá participar en ninguna acción policíaca directa en un estado extranjero con respecto a la lucha contra los narcóticos”. En forma obvia, esta medida era una bofetada contra la DEA, que les impedía realizar un arresto en un país extranjero, a pesar de que específicamente el Congreso no les prohibía actuar en otros estados en tareas de inteligencia, cooperación en investigaciones, intercambio de informaciones o asesoramiento. Lo cierto es que en la práctica se obligó a los agentes, luego de hacer todo el trabajo, a dar la espalda u ocultarse de las escenas de los arrestos, que eran practicados por los Federales.

32 James Carter fue presidente de Estados Unidos durante el período 1977-1981.

33 Si se violaban los derechos humanos, ¿por qué los agentes de la DEA no intervenían? Para Travis Kuykendall, la respuesta era simple: “Por un lado debíamos cumplir con la ley Mansfield que nos impedía intervenir en los arrestos en un país extranjero, y todos los agentes tenían órdenes precisas de cumplirla. Además, si algunos de nosotros observábamos una detención ilegal, ¿qué acción emprenderíamos? Ninguno de nosotros estaba en posición de enfrentar a los Federales y además si lo hacíamos se habría considerado una intromisión en una acción policíaca directa, cosa que obviamente la ley nos prohibía”.

34 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el período 1976-1982

35 CIA Intervenes to Block Charges in Car Theft Case, by Jon Standefer, San Diego Union, Mar. 26, 1982.

36 Las transferencias o depósitos que se hacían a favor de los narcotraficantes mexicanos mediante la utilización del Banco de América o del Banco Nacional de México gozaban de total impunidad. En las oportunidades que el dinero fue girado desde los Estados Unidos hacia México, el Departamento del Tesoro americano informó a las autoridades del Banco Central de México la presunta ilegalidad de los fondos, pero a los mexicanos perecía no importarles el asunto y defendían el secreto bancario a rajatabla. Vale aclarar que en Estados Unidos, cualquier operación bancaria o financiera que supere los 10.000 dólares es controlada para evitar el lavado de dinero, para estos casos el Departamento del Tesoro lleva un registro de los clientes que realizan este tipo de operaciones, quienes son constantemente vigilados; este procedimiento no es considerado como violatorio al secreto bancario que está incluido en la Ley Federal de Bancos.

37 En años más tarde James Kuykendall recordaría: “Cuanto estábamos volando a unas veinte millas del lugar indicado, comenzamos a observar manchones de color verde oscuro, que a medida que nos acercábamos se iban agrandando. Cuando aterrizamos era algo increíble, había marihuana por todos lados y estábamos en medio del desierto. Eran millas de pequeños campos improvisados, es algo que nunca olvidaré en mi vida pero lo peor era la sensación que teníamos con Kiki de estar en verdaderos problemas. Estos campos estaban debajo de rutas aéreas comerciales y debieron ser vistos por largo tiempo, mayor razón para creer que gozaban de una enorme protección de los Federales”.

38 El cable reservado, fechado el 3 de febrero de 1983, concluía: “Guadalajara continúa siendo la ciudad donde habitan los mayores traficantes de drogas de todo México, que trabajan en forma impune gracias a la corrupción de la comunidad policial, judicial y política, quienes constituyen verdaderos obstáculos para que realicemos investigaciones efectivas o desarrollemos nuestras actividades”.

39 Claudio es un seudónimo, el verdadero nombre nunca fue dado a conocer

40 Hearings, House Select Committee on Narcotics Abuse and Control, Government Printing Office, Washington D.C., June 22, 1983.

41 International Narcotics Control Study Missions to Latin America. House Select Committee on Narcotics Abuse and Control, Government Printing Office, Washington D.C., Aug. 2, 1984.

42 En 1985, en una reunión del Comité Contra el Control del Abuso de Narcóticos, el diputado Willam Hughes en 1985 expresó: “El gobierno mexicano está plagado de actos de corrupción ligados a las drogas, no puede ser que continuemos diciendo que todo está bien cuando en realidad la situación de los agentes de la DEA es insostenible y sus vidas corren peligro”. Willam J. Hughes continúa siendo diputado en representación de Nueva Jersey, y es miembro de las Comisiones Parlamentarias de Justicia y Marina Mercante y Asuntos Pesqueros.

43 Gabriel es un nombre ficticio, el real permanece en el anonimato por razones de seguridad y en concordancia con la ley estadounidense.

44 Antonio Vargas es un nombre ficticio, sus datos filiatorios reales y las pruebas que oportunamente entregó a Camarena permanecen en secreto.

45 Miguel de la Madrid Hurtado ejerció la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos durante el período 1982-1988.

46 José Luis Gallardo Parra fue liberado por falta de mérito a los cuatro días de su detención.

47 El 10 de septiembre de 1985 el Procurador General, Sergio García Ramírez, acusó a varios policías locales del estado de Durango y a seis oficiales de la Policía Judicial Federal, incluido el comandante Alfonso Velásquez Hernández, de cometer homicidio calificado en relación al asesinato de la familia Bravo.

48 Paula Hawkins se desempeñó como senadora de los Estados Unidos en representación del estado de La Florida, por el Partido Republicano, hasta 1993. Fue miembro de las Comisiones de Asuntos Bancarios y Acuerdos Económicos.

49 Patrick J. Leahy continúa siendo senador en representación del estado de Vermont. Su mandato fue renovado en cuatro oportunidades y es miembro de las Comisiones de Justicia, Agricultura y Nutrición.

50 “Seychelles Offers Investors Safe Haven for $10 Million,” Thomas Lippman, The Washington Post, 31 de diciembre de 1995.

51 Estados Unidos, por su lado, anunció que el Gobierno de Estados Unidos no otorgaría ningún tipo de ayuda económica o préstamo al país, y que cerraría la Embajada de Seychelles en Washington.

52 “Seychelles Forced to Drop Drug Dealers’ Charter After Outcry,” Sunday Times, 21 de enero de 1996.

53 Matt Moffett y Johnathan Friedland, The Wall Street Journal, 1 de julio de 1996.

54 “Drug Profits Crossing Border Plague U.S., Mexican Officials,” Molly Moore y John W. Anderson, The Washington Post, 8 de julio de 1996.

55 Wankel, comparecencia ante el Congreso de la DEA, The Washington Post, op.cit.

56 Información obtenida del testimonio de Raúl Salinas contra Valentin Roschacher, Jefe de la Oficina Central contra el Narcotráfico de la Policía Federal Suiza. Según Salinas, estas personas habían conformado sociedades comerciales con él, a pesar de que en un principio ellos lo negaron. cf. Ignacio Rodriguez Reyna (México: Reforma, 4 de julio de 1996).

57 Los Angeles Times, 6 de junio de 1996.

58 Ver: Money Laundering Alert, marzo de 1996, volumen 7, número 6.

59 El Presidente Clinton expresó que si bien Rusia ya no representaba una amenaza seria para la seguridad de Estados Unidos, “la mala noticia es que una vez levantado el velo del control comunista en Rusia y no habiendo nada que lo reemplace, dentro de cinco años la mitad de los bancos estarán controlados por el crimen organizado.” Los Angeles Times, 6 de junio de l966.

60 Declaración del Agente Especial Harold D. Wankel, Jefe de Operaciones de la DEA. Comité de Asuntos Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes, 28 de febrero de 1996.

61 La Ley de Secreto Bancario y sus normas reglamentarias exigen, con algunas excepciones, que los bancos y otras instituciones financieras presenten un Informe de Transacción de Moneda –CRT- en el Servicio de Recaudación de Impuestos por cada depósito o cambio de divisas que supere los USD 10.000 y que aquellas personas que transporten instrumentos monetarios por más de USD 5.000 al ingresar o salir de Estados Unidos presenten un Informe sobre Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios (Report of International Transportation of Currency or Monetary Instrument Report -CMIR-) en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. Las agencias federales que supervisan las operaciones de las instituciones financieras son las encargadas de controlar el cumplimiento de la Ley y sus normas reglamentarias. El Departamento del Tesoro es el responsable de la implementación de la Ley de Secreto Bancario. El Tesoro ha delegado responsabilidad a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos al informe y al registro de conformidad con la Ley y sus disposiciones reglamentarias del siguiente modo (ver 31 C.F.R.-103.46): Oficina de Contralor de la Moneda, para la totalidad de los Bancos Nacionales; Sistema de la Reserva Federal, para la totalidad de los bancos con autorización estatal miembros de la Reserva Federal; Corporación Federal de Seguro de Depósito, para el resto de los bancos con seguro federal y sucursales de bancos extranjeros que operen en Estados Unidos; Comité del Banco Federal de Préstamo Inmobiliario, para las asociaciones de ahorro y préstamo con seguro federal; Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, para todas las cooperativas de crédito federales; Comisión de Valores, para agentes y corredores de títulos valores; Servicio de Recaudación de Impuestos, para las demás instituciones financieras; y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, para el transporte de moneda hacia o desde el país.

62 El Presidente Ronald Reagan creó el Programa de Fuerza de Tareas en 1982. Dentro de este programa se creó la Fuerza de Tareas Florida-Caribe, que, en 1984, tomó a su cargo Operation Tracer. Normalmente, su objetivo principal consistía en combatir las organizaciones de narcotráfico nacionales e internacionales, pero en este caso, colaboraron en la investigación de las instituciones financieras de Puerto Rico.

63 “Steps Must Be Taken to Clog Money-Laundering Pipeline,” por William Safire, The Atlanta Constitution, 28 de marzo de 1985, p. 17-A.

64 Shawmut Bank de Boston, el tercer banco más importante de Boston, manifestó al Tesoro que no había informado más de USD 190 millones de grandes transacciones de efectivo con bancos extranjeros y había eximido inadecuadamente a 27 clientes de las normas sobre la declaración del dinero. Boston of New England ha admitido la existencia de dos grupos de transacciones de efectivo no informadas. Los funcionarios de ambos bancos niegan haber solicitado inmunidad a la Oficina del Fiscal de Distrito, pero admitieron haber esperado encontrarse con una actitud menos intransigente de parte del Departamento del Tesoro. Ver: “Money Laundering: The Defense Gets a Star Witness,” Blanca Riemer y Loris Therrein, Business Week, 25 de marzo de 1985.

65 El 18 de marzo de 1985, C. Keffe Hurley Jr., Vicepresidente Senior y Asesor General de Shawmut Bank, envió una nota al Subcomité, informando que los registros de los depósitos en efectivo que fueron transferidos a entes extranjeros no se encontraban disponibles dado que no podían encontrar documentación sobre tales transacciones. En la misma nota, Hurley indicó que, respecto de los depósitos que no fueron informados por el banco, la diferencia entre las cifras del Subcomité y las del banco era de USD 13 millones, suma que correspondía a la documentación faltante. Respecto de las transacciones con Deak-Perera, Hurley prometió enviar un informe en cuanto encontrara los registros correspondientes.

66 Ver: “Banking by Paper Bag,” por Tom Nicholson, Newsweek, 25 de febrero de 1985.

67 En esta investigación de la familia Angiulo realizada por el Departamento de Justicia, se descubrió que además de las transacciones con el First National Bank of Boston, la familia también operaba con las sucursales de E.F. Hutton & Co. y Cowen & Co. en Boston. Una declaración jurada presentada por la Fuerza de Ataque contra el Crimen Organizado de Nueva Inglaterra del Departamento de Justicia reveló que los Angiulo compraron cheques de caja al First National Bank of Boston y a Provident Institution for Savings por un valor de USD 520.000 pagaderos a Cowen. Cowen dice que no hubo ninguna transacción en su cuenta controlada directamente por Angiulo. Pero la empresa reconoce haber manejado los cheques de los Angiulo en otras ocho cuentas controladas por personas relacionadas o asociadas con la familia Angiulo. Lawrence Leibowitz, asesor jurídico de Cowen, manifestó que un ex gerente de la empresa, Robert Jaffe, heredó las cuentas de los Angiulo de un colega en E.F. Hutton y las trajo consigo al pasar de la oficina de E.F. Hutton en Boston a Cowen, en 1980. Paul Crabtree, Vicepresidente Regional de E.F. Hutton en Boston, confirma que “miembros de la familia tenían cuentas aquí en el pasado.” Sin embargo, tales cuentas estaban inactivas y los responsables en ambas instituciones niegan haber violado ley alguna. Asimismo, para Mark Kleiman, analista senior de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, “Si las cuentas de Angiulo estaban cerradas, hubiera habido una violación de sus derechos civiles, y sugerir que los brokers tienen la obligación de eliminar las cuentas constituye un grave error.” Ver: “Two Brokerages Get Tangled in the Money-Laundering Net,” por Alex Beam, Business Week, 11 de marzo de 1985.

68 Al First National Bank of Boston se le impuso una multa de USD 500.000; pero los fiscales no han acusado al banco de lavado de dinero, un delito más grave. Sin embargo, funcionarios federales dieron a entender que, ya sea de modo intencional o no, el lavado se llevó a cabo. Los fiscales federales manifiestan que, entre 1980 y 1984, el First National recibió USD 529 millones principalmente en billetes de poca denominación – un peso de 20 toneladas como mínimo – y envió USD 690 millones en billetes generalmente de USD 100 o una cifra superior.

69 Newsweek, 25 de febrero de 1985.

70 Newsweek, 10 de junio de 1996.

71 The Miami Herald, Andrés Oppenheimer, 25 de marzo de 1996.

72 Money Laundering Alert, abril de 1996, volumen 7, número 7. Money Laudering Alert es una publicación mensual especializada editada por Charles A. Intrago.

73 Money Laundering Alert, abril de 1996, volumen 7, número 7.

74 The Miami Herald, 25 de marzo de 1996.

75 Anthony de Palma y Peter Truell, The New York Times, 5 de junio de 1996. Truell es un especialista en el área de lavado de dinero, ya que escribió junto con Larry Gurwin el libro BCCI:False Profits: The Inside Story of BCCI, The World’s Most Corrupt Financial Empire (Houghton Mifflin, 1992). Se trata de uno de los mejores trabajos sobre lavado de dinero que se encuentra disponible.

76 Antonio de Palma y Peter Truell, The New York Times, 5 de junio de 1996.

77 Citado por Laura Hays, The Wall Street Journal, 6 de junio de 1996. The Wall Street Journal, una de las mejores fuentes periodísticas en el tema del lavado de dinero pertenece a Dow Jones & Co. Carlos Salinas de Gortari, el hermano menor de Raúl, se desempeña como director de la empresa.

78 Citado por Ignacio Rodríguez Reyna, Reforma, 1 de julio de 1996.

79 Citado por Ignacio Rodríguez Reyna, Reforma.

80 The Wall Street Journal, 2 de julio de 1996.

81 Declaraciones de Salinas Pliego a Reforma. También aludió a la problemática coincidencia de que tenía las mismas iniciales que el hermano del presidente. Sin embargo, Raúl Salinas, desde su celda, lo contradijo ante Valentín Roschacher, Jefe de la Oficina Central contra el Narcotráfico de Suiza, y Martín Zbinden, un inspector de esta Oficina, el 20 de marzo de 1996.

82 Reforma, 7 de junio de 1996.

83 Pedro Ferriz de Con, citado de Reforma, op.cit.

84 El Financiero, 7 de julio de 1996.

85 El Financiero, 7 de julio de 1996.

86 Andrés Oppenheimer, The Miami Herald y Reforma.

87 Jorge Luis Sierra, Rossana Fuentes-Berain, Luis Vasquez y María Idlaia Gómez, Reforma (México: 27 de mayo de 1996.)

88 Informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia (Bogotá, Colombia: septiembre de 1985).

89 Leonidas Gómez O., Cartel – Historia de la Droga (Colombia: Grupo Editorial Investigación y Concepto, 1991).

90 The New York Times, 8 de mayo de 1988.

91 The Los Angeles Times, 12 de mayo de 1988.

92 The New York Times, 15 de mayo de 1988.

93 The Washington Post, 16 de mayo de 1988.

94 Ob. Cit. nro. 3.

95 Este valor total se estima entre USD 5.000 y USD 7.000 millones por año.

96 Cuestionando a la Prohibición: Informe Internacional sobre Drogas 1994 (Liga Internacional Antiprohibicionista Federada al Partido Radical Transnacional LIA], 1994).

97 Ethan Nadelmann, “Pensando seriamente alternativas a la prohibición de drogas,” ob.cit. 9.

98 Ethan Nadelmann, ob. cit. 11.

99 Ibid.

100 La eficacia de la campaña contra el tabaco es analizada en “Consecuencias de la Campaña Antitabaco sobre el Consumo de cigarrillos,” K.E. Warner, American Journal of Public Health, número 67, 1977.

101 Ethan Nadelmann, ob. cit. 11.

102 El Espectador, Bogotá, Colombia, 12 de enero de 1990.

103 Cambio 16, 1990. Las citas mencionadas más arriba se derivan de una cumbre, convocada por este periódico, que evaluó la alternativa de la legalización y consideró las objeciones presentadas por aquellos que estaban en contra de esta medida.

104 Philip M. Boffey, New York Times. Citado de El Tiempo, 29 de mayo de 1988.

105 Cambio 16, 30 de abril de 1990.

106 “Towards the Dismantling of an Ideology”, Marco Taradash, ob. cit. 14.

107 Cambio 16, 21 de mayo de 1990.

108 El Tiempo, Conchita Penilla, Bogotá, Colombia. Penilla informó sobre un congreso organizado por la Liga Antiprohibición de las Drogas en 1990 en Atenas.

109 Ibid.

110 Congreso sobre compatibilización de leyes de lucha contra la narcocriminalidad, Buenos Aires, 24 de agosto de 1993 (Publicado por el Parlamento Latinoamericano).

111 “Per una revisione delle convenzioni internazionali sulle droghe,” Partito Radicale, Liga Internazionale Antiproibizionista (LIA), Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CORA) (Roma: Graffiti, 1994).

112 Publicado en español en Cambio 16.

113 Ob. cit. 25.

114 Andrés D’Alessio, Clarín, 24 de mayo de 1996. De igual manera, en los tribunales penales, los casos sobre drogas ocupan un 90% del trabajo, y la gran mayoría involucra cantidades muy pequeñas.

115 El Tratado de Costa Rica establece que nadie sin sentencia firme puede permanecer en prisión por más de un período razonable de tiempo; en Argentina, se interpretó que este “tiempo razonable” es dos años. Este Tratado, ratificado por Argentina, no fue ratificado por Estados Unidos.

116 José Mairena, La Nación, Costa Rica, 1 de abril de 1996.

117 Ver también Enrique Quintana, “Mafias y lavado de dinero,” Reforma, México, 8 de septiembre de 1996.

118 Ver Lauri Hays, “Citibank Hires Fiske in Salinas Investigation, The Wall Street Journal, 30 de julio de 1996.