Éste es el relato en primera persona de quien tuvo en España la principal responsabilidad ante la crisis en el periodo 2008-2011. Sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno en mayo de 2010, escribe el autor: «Qué dilema tan acuciante. O recortabas, o podías alimentar la espiral de la falta de solvencia, del riesgo sobre el cumplimiento de nuestros compromisos de deuda. No había un camino intermedio. Y en apenas días, casi horas, debías actuar en una intersección en la que tus ideas y compromisos se bifurcaban probablemente de manera irremediable». Del dilema de mayo de 2010 a seiscientos días de vértigo. Porque cada día, desde entonces hasta el último de su mandato, el expresidente Zapatero lo vivió como una encrucijada llena de incertidumbres. Este libro da a conocer hechos y documentos inéditos, de gran trascendencia para entender este periodo, así como las posiciones de los líderes europeos y mundiales (Merkel, Sarkozy, Trichet, Obama, entre otros). Contiene también una valoración del autor sobre la responsabilidad política en la génesis y la evolución de la crisis. Y sobre los esfuerzos realizados para limitar sus consecuencias sociales.

José Luis Rodríguez Zapatero

El dilema

600 días de vértigo

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Yorik 01.12.13

José Luis Rodríguez Zapatero, 2013

Editor digital: Yorik

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INTRODUCCIÓN

Lo primero que le debo al lector de estas líneas es una respuesta a dos interrogantes: qué tipo de libro tiene en sus manos y por qué he decidido escribirlo y publicarlo ahora.

Éste no es un libro de memorias, si por tal se entiende el que cubre un determinado periodo de tiempo y en el que el autor va relatando secuencialmente sus más variadas experiencias y reflexiones con ocasión de la actividad de relieve público que ha protagonizado o en paralelo a ella.

Éste es un libro sobre la crisis, un libro que se ciñe a los hechos y a la acción de gobierno relacionados con ella. Pero sería inexacto, además de pretencioso, calificarlo como un ensayo porque, aun no siendo un libro de memorias, es un libro con memoria, la de quien dirigía el Gobierno de España cuando la crisis irrumpe y deja sentir sus efectos en los años inmediatamente posteriores. Y esa memoria de la crisis, mi memoria, es la que está aquí reflejada.

Mi propósito es dar cuenta de mis vivencias, de lo que pasaba por mi cabeza en esa etapa, y de cómo esa experiencia se ha ido sedimentando hasta hoy. Y he procurado hacerlo del modo más completo posible, por dos razones. En primer lugar, para cumplir lo que siento como una cierta obligación democrática de explicación a los ciudadanos, con la libertad que confiere no ostentar ya ninguna responsabilidad pública. Mientras estuve al frente del Gobierno, comparecí en muchas ocasiones en el Parlamento y ante los medios, como estaba obligado a hacer. Ahora con este libro completaría, pues, de algún modo, esa tarea.

La segunda razón que me ha movido a publicarlo es el deseo de que su contenido pueda resultar útil para quienes, y son muchos (economistas, periodistas, representantes de otras disciplinas…), desean ofrecer un diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en el mundo, en Europa y, en particular, en España en estos años, un diagnóstico para el que aún necesitamos, en todo caso, a mi juicio, de una mayor perspectiva, la que tal vez sólo podamos tener cuando la crisis finalmente concluya.

No ignoro, por supuesto, que, aunque ésas hayan sido mis motivaciones conscientes, sea muy difícil escapar a la tentación de justificarse que normalmente surge cuando alguien escribe sobre uno mismo o sobre las decisiones que ha tomado. Vaya por delante el reconocimiento de esa tentación y lo demás lo dejo al juicio del lector.

¿Y por qué ahora? ¿Por qué el libro se publica en este momento, no antes ni después? La respuesta es que he preferido que transcurriera un tiempo razonable para decantar mis ideas, pero no tanto como para que pierda utilidad la información que aporto en sus páginas.

Viví en primera línea, al frente del Gobierno de España, la irrupción de esta crisis en 2008, y después sus diversos giros y consecuencias hasta finales de 2011.

Soy muy consciente de que en la gestión de la misma recibí duras críticas, no sólo de la oposición política, sino también de amplios sectores sociales. Y mi deber era encajarlas con espíritu democrático.

La sociedad tiene todo el derecho a exigir a sus gobernantes respuestas, resultados, aciertos… y la explicación más coherente posible del camino que hay que seguir. El impacto de la crisis ha sido tan severo que entendía perfectamente el malestar social creado.

Durante esa etapa, más de dos millones de personas perdieron su empleo, y muchas familias empezaron a experimentar serias dificultades en sus vidas. Por ello, mi afán era tanto el de intentar reaccionar a cada coletazo de la crisis, y luchar por encontrar la salida, como el de hacer lo posible por preservar la cohesión social y proteger a quienes más lo necesitaban.

La constante preocupación, la inquietud, y no pocas veces la desazón, estuvieron presentes en mi ánimo durante esos años. A pesar de que me considero una persona con temple, hubo días en que me asaltaban los pensamientos más amargos. Mi fe en la fuerza de la voluntad política se tambaleaba y no me era fácil encontrar la energía suficiente para salir cada día al campo de batalla de los mercados, las cifras, la UE, los medios…

Hubo momentos muy difíciles. Los peores, cuando me comunicaban los datos del desempleo. Supongo que a cualquier presidente del Gobierno le ocurrirá algo parecido: piensas en los cientos de mujeres y hombres que cada día recibían una fría comunicación de despido. Y te sientes responsable, y entiendes que los ciudadanos te hagan responsable.

He decidido comenzar este libro por el mes de mayo de 2010. El mes en que hubo que rescatar a Grecia, y que me llevó a tomar medidas inesperadas e impopulares de austeridad. Los hechos que sucedieron en la zona euro en ese mes fueron trascendentales. Hubo un antes y un después para Europa, para España y para mi Gobierno.

El segundo capítulo se retrotrae al momento de explosión de la crisis en 2008 y a la fuerte reacción inicial de los gobiernos e instituciones internacionales. El capítulo 3 se sitúa en 2009, analizando los gravísimos efectos de la crisis en su fase recesiva, las ayudas y las políticas de estímulo llevadas a cabo para combatirla. Los capítulos siguientes, el 4 y el 5, nos llevan ya al momento posterior a mayo de 2010, en el que los caminos europeos se bifurcan, tanto en el alcance de la crisis como en el tratamiento de ésta. En esos capítulos se abordan los diversos episodios y graves repercusiones de la crisis de deuda de la zona euro.

Los capítulos 2 y 3 son los antecedentes de 2010, y el 4 y el 5, sus consecuencias.

Sé que la opción por este orden no estrictamente cronológico comporta un esfuerzo adicional para el lector, que se ve obligado a ir y venir en el tiempo. Pero creo que esta opción es la que más sentido tiene y responde a un hecho que he vivido con frecuencia: siempre que alguien me pregunta por la crisis, empieza interrogándome por mayo de 2010.

El epílogo cierra el libro intentando hilvanar respuestas a los dilemas que se presentan a lo largo del mismo. Respuestas que incluyen un análisis, el mío, sobre mi propia responsabilidad.

1

12 DE MAYO DE 2010

DOSCIENTAS SETENTA PALABRAS

Fueron dos minutos y medio. Doscientas setenta palabras interminables que leí con toda la convicción de que fui capaz. Mientras desgranaba los recortes en el presupuesto, miraba una y otra vez a los diputados de mi grupo, seguramente para encontrar un refugio en sus gestos, para adivinar en ellos una actitud de comprensión. Las caras de los compañeros eran serias, graves y con algún rictus de amargura. Pero no advertí rechazo, más bien resignación.

Comparecí aquella mañana del 12 de mayo de 2010 en el Parlamento para informar de los acuerdos adoptados tanto en la reunión de los líderes políticos de la zona euro el 7 de mayo como en la de los ministros de Economía europeos el 9 de mayo.

Eran fechas decisivas para Europa y para España. Los acuerdos de la zona euro para el rescate de Grecia implicaban que varios gobiernos europeos, el español entre ellos, tomaran medidas de recorte en los presupuestos. Medidas duras.

Son de esos días en que sabes que algo termina, aunque no esté muy claro qué va a comenzar. Intuyes que va a ser difícil para tu formación política, y para ti mismo, pero piensas que haces lo correcto, lo imprescindible para el país.

Quienes mejor me conocen podían advertir en mi rostro la gravedad real del momento. Estoy seguro de que muchos compañeros se estarían preguntando por mis sentimientos, y algunos de los más afines desearían no haberme visto pasar por ese trance. ¿Dimitir y convocar elecciones era una opción a mi alcance? En ningún momento llegué a considerarlo así. Había que tomar decisiones difíciles, y había que tomarlas ya: hacerlo debía recaer sólo sobre mis espaldas.

El liderazgo político no me parece concebible de otro modo: quien se lleva los aplausos debe asumir los reveses del devenir político. Es justo e inevitable. No sé si la renuncia hubiera favorecido mi imagen o la de mi partido, pero estoy seguro de que no era conveniente para España.

Viví una gran paradoja. A partir de aquel mayo de 2010, a medida que notaba mayor apoyo de los líderes europeos y generaba más confianza en los grandes inversores internacionales, perdía popularidad entre mis compatriotas. Y, como es fácil de entender, no era una paradoja fácil de sobrellevar. No lo era en cuanto que revelaba la brecha de distanciamiento e incomprensión que se abría con los ciudadanos, cuyos intereses creía, de verdad y tal vez más que nunca en mi ánimo, seguir defendiendo, aunque ahora en un escenario mucho más complicado y perentorio.

Me afectaba esa incomprensión. Consciente o inconscientemente, me aferraba a la ética de la responsabilidad weberiana para inyectar dosis de justificación a mis decisiones. Hacía lo que tenía que hacer, lo que yo creía que había que hacer, aunque ello defraudara las expectativas depositadas en mí durante años por muchas personas, en particular en el ámbito de la izquierda. Sus anhelos y mis anhelos. Y sabía bien que ese dilema en el que estaba atrapado no iba a tener, en último término, más respuesta que la que le confiere la democracia. Si la desconfianza hacia la acción de un Gobierno se convierte en mayoritaria, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir uno nuevo. Incluso aunque la realidad anticipe que no es probable que las cosas cambien simplemente porque cambie el equipo que salta a la cancha.

En democracia, los ciudadanos deben ser exigentes con sus gobernantes, y en tiempos de dificultades las apelaciones a la responsabilidad de evitar un mal mayor para justificar medidas que limitan expectativas vitales de la sociedad suelen valer de poco. Es así, y en épocas de fuerte malestar aún más.

Lo cierto es que, desde mayo de 2010, tuve que renunciar prácticamente a la batalla competitiva en el escenario partidario de nuestro país.

Y no sólo porque sabía que iba a ser muy difícil ganarla, sino porque mi tarea esencial iba a consistir, a través de una larga maratón poblada de obstáculos, en evitar que España tuviera que pedir ayuda financiera o, lo que es lo mismo, que tuviéramos que ser rescatados e intervenidos.

Pensando en mi país, siempre temí que la caída en un rescate nos devolviera a un estado de ánimo colectivo parecido al sentimiento del noventa y ocho. Otra vez en nuestra historia un «no podemos». Otra vez los demonios de nuestro atormentado pasado…, después de más de tres décadas demostrando al mundo, y a nosotros mismos, que éramos capaces de convivir en libertad y progresar como pocos países de la Tierra.

Para la generación a la que pertenezco, que llega a la mayoría de edad a la vez que la democracia, que vincula el orgullo de ser español con la capacidad de autogobernarnos y de hacer las cosas como los mejores, la idea de perder parte de nuestra soberanía, de nuestra aptitud para ordenar la economía, podía ser una pesadilla. Una pesadilla fría y pesada, una especie de ironía maléfica de la historia.

La generación de la democracia afrontaba el peor momento de nuestro tiempo como país libre. La generación mejor formada de nuestra historia se hallaba en un laberinto inédito para recuperar el futuro.

¡Qué paradoja, qué contradicción más difícil de digerir, de racionalizar, de asumir! Quien había vivido como presidente la tasa de paro más baja de la historia veía cómo se destruía empleo como nunca en nuestro país. Quien había tenido tres años de superávit veía cómo llegábamos al mayor déficit público de la democracia. Y quien había gobernado con el proceso de inmigración más grande jamás conocido en España presentía un nuevo ciclo de emigración española. Todo esto en un periodo de apenas algo más de un año.

Repasando la historia —yo lo hacía entonces a menudo— se podía comprobar fácilmente que incluso las naciones más poderosas del mundo han vivido crisis gravísimas. Políticas por supuesto, pero también económicas. Bastaba con volver la mirada al siglo XX: las naciones más fuertes vivieron grandes convulsiones y retrocesos económicos. Es cierto que en muchos casos se correspondían con momentos prebélicos y posbélicos. Como les había ocurrido a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia…, pero también a los admirados países nórdicos: Suecia y Finlandia. Y en Asia, los grandes países tampoco se habían librado de graves recesiones, casi siempre vinculadas a crisis financieras, como la crisis asiática de los noventa o la larga crisis de más de dos siglos de la potencia emergente que marca hoy el ritmo en el mundo, el gigante chino.

Me preguntaba a mí mismo si mirar hacia atrás y a otras naciones no era una forma de justificarme. De buscar un asidero que me permitiera fortalecerme y comprender lo que sucedía, ensanchar y poner perspectiva a mi percepción de la realidad. Pero ¡qué diferente es leer e interpretar la historia a vivir el presente! En el primer caso, se tiende a ver en la sucesión de los acontecimientos una explicación más o menos lógica. Cuando vives las sacudidas de tu tiempo, sin embargo, muchos eventos no tienen una fácil explicación ni parecen responder a una lógica racional. Y, además, pensaba que esto no podía aliviar en nada a las familias que ya atravesaban serias dificultades. Ésa era la gran cuestión, la cuestión para la que no tenía respuestas ni suficientes ni inmediatas, como necesitaban los ciudadanos.

Pero no cabe duda de que la medida de nuestro carácter como nación se ponía a prueba en nuestra capacidad de levantarnos y volver a empezar. A la larga, ésos son los países que generan confianza. Confianza interna y ante el mundo.

Sabía que aquella mañana del 12 de mayo no iba a ser precisamente fácil transmitir confianza a los ciudadanos de mi país. Y que esa confianza se la debíamos también a nuestros socios europeos, con los que habíamos adquirido un compromiso al fundar la Unión Monetaria. Un compromiso que, tras el último fin de semana, una vez desencadenada la crisis de deuda en Europa, tenía una dimensión bien concreta: acelerar significativamente nuestro Plan de Consolidación Fiscal. Ese plan que habíamos presentado en enero y que suponía una senda gradual aunque ya exigente de reducción del déficit, el mismo que la Comisión Europea había dado por bueno algunas semanas antes, pero que los acontecimientos sobrevenidos convertían en insuficiente.

Porque los esfuerzos singulares de los dos países ibéricos eran ahora imprescindibles no sólo por nuestro propio bien, sino también para que se pudiese determinar el plan de apoyo financiero a Grecia. Éste se había aprobado en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) de febrero, después de una agria discusión que duró semanas y apremiados por la presión que los mercados habían puesto sobre algunos países de la zona euro, especialmente sobre el país helénico.

De hecho, y aunque hoy pueda sorprender al recordarlo, cuando se comenzó a representar la tragedia griega, en abril de 2010, nuestra prima de riesgo se movía entre los ochenta y los cien puntos básicos de diferencia con el bono alemán. Y mayo se había abierto con 94 puntos básicos de diferencia. Sin embargo, del 3 al 6 de ese mismo mes, sólo en tres días, pasamos de 94 a 149 puntos básicos de prima. Y todas las alarmas se encendieron sobre la zona euro. Como le comenté entonces a un medio de comunicación, y luego se publicó, Europa vivió aquellos días una especie de ataque como el de Pearl Harbor, pero financiero. Un ataque masivo y por sorpresa que dejaba al descubierto nuestras débiles defensas y nuestros ineficaces sistemas de alerta.

Y, con todo…, ¡habíamos llegado a los 149 puntos básicos! Una prima de riesgo que habríamos firmado a ciegas si hubiésemos conocido lo que nos iba a deparar el futuro.

Pero seguramente pocos recuerdan que, en concreto, aquel 12 de mayo, aquel día que reverbera en mi memoria con inusitada fuerza, la prima de riesgo se encontraba en los 99 puntos básicos.

Prima de riesgo. Prima de riesgo. Tres palabras por las que no me tuve que preocupar, en absoluto, los primeros cuatro años de mi mandato y que se convertirían a partir de mayo de 2010 en una especie de toma de tensión permanente de nuestro país. Sí, es como si a un país le instalaran un monitor Holter financiero, y no por veinticuatro horas, como es habitual en los que miden la presión arterial, sino de forma permanente…, con la única delicadeza de que no se activa en los días no laborables. Desde mayo de 2010 trabajamos con un monitor Holter que medía la presión a la que nos sometían los mercados.

Esa presión ha sido en algunos momentos muy alta, momentos inducidos siempre por factores exteriores, como demuestra la cronología de los hechos. Esos momentos de subida de tensión eran como amagos de angina de pecho, ante los cuales había que tomar decisiones para contener y rebajar la presión. Al menos en tres ocasiones, desde mayo de 2010, vivimos esa sensación de que nos acercábamos al colapso, de que no podríamos seguir financiándonos como país. De que el latido de nuestro Tesoro, que se había mostrado fuerte y rítmico hasta ese mes de mayo de 2010, pudiera perder su capacidad de irrigar la necesaria financiación al Estado, obligándonos a tener que acudir a una ayuda externa, a una especie de corazón prestado durante un tiempo para cubrir las necesidades financieras de España.

Acabo de señalar que los episodios de elevación descontrolada de nuestra prima de riesgo obedecieron al impulso de desencadenantes externos, como los diversos «momentos griegos», Irlanda, la cumbre franco-alemana de Deauville, etc. Eso es así, aunque no quiero decir con ello, por supuesto, que no contaran nuestros propios factores de riesgo, como el abultado déficit, la deuda externa de familias y empresas, el crecimiento de la tasa de paro, y las dificultades para la recuperación económica. Lo que ocurre es que la medición de estos factores de riesgo no la realiza un sofisticado aparato neutral, que ni siente ni padece, que no se juega dinero con los registros que anota, sino que interactúa con ellos en su propio beneficio, como hacen los mercados cuando socavan la estabilidad del Tesoro de un país. En el fondo, no deja de ser paradójico que aquellos que elevan la presión sobre nuestra prima de riesgo, con posiciones de venta y desafección, son los que luego determinan la evaluación sobre los efectos de sus propias decisiones, para otorgar mayor o menor grado de solvencia al país. Y lo peor es que, en este mundo abierto y de plena libertad de movimiento de capitales, no cabe recurrir a una segunda opinión o a un tribunal independiente, ni siquiera a un arbitraje.

Los mismos que antes decidían financiarte prácticamente sin límites porque consideraban que les eras rentable pueden en veinticuatro horas estrangular tus posibilidades de capacidad financiera. Este sistema parece lejos de ser equilibrado y racional. Más allá de la socorrida explicación sobre lo que significa en el mundo de las finanzas la codicia y la aversión al riesgo, todo parece indicar que el modelo perfilado en la Unión Monetaria presenta fallos notables. Aunque todavía más perturbador resulta un modelo de globalización sin una gobernanza mínimamente efectiva.

Ni Maastricht ni Ámsterdam fueron lo que parecían. Pero, si tenemos honestidad intelectual, debemos reconocer que casi nadie lo pensó o lo dijo en aquel momento. Y, como casi siempre ocurre, la idoneidad de un proyecto político o económico sólo se pone a prueba cuando sobreviene un momento crítico. Y es cuando el edificio no resiste cuando se investiga si falló el arquitecto, o si fue la constructora, o la inspección técnica, o se llega a la conclusión de que el proyecto no se había concebido para resistir un terremoto de un determinado grado en la escala de Richter, que no parecía verosímil que se produjera a tenor de la experiencia de los últimos setenta años. Y que fue, sin embargo, el que se produjo. De modo que, si se hubiera podido prever un terremoto financiero de la magnitud del de 2008, es probable que el euro no hubiese nacido, o no hubiese nacido como nació.

LA NOCHE ANTERIOR Y LA MAÑANA DEL 12 DE MAYO

Apenas dormí esa noche del 11 al 12 de mayo de 2010. De madrugada releía el discurso que debía pronunciar en el Congreso. Corregí algún matiz que incorporé al texto a primera hora de la mañana con mi secretaria Gertrudis Alcázar. Era muy temprano, pero Gertru siempre estaba antes de que la necesitara y siempre se iba más tarde del último compromiso. Su entrega al trabajo es sólo comparable con su integridad y buen juicio. El mayor privilegio que alguien puede tener es contar con una colaboradora, más bien compañera, de una dimensión humana como la de ella.

Para Gertru tampoco debió de ser fácil repasar el discurso. Pero no me dijo nada. No hacía falta.

Apenas dormí aquella noche. Repasaba mentalmente las medidas y el impacto en quienes se iban a ver afectados por ellas. Los empleados públicos con sus sueldos rebajados. Los pensionistas, que no verían revalorizarse su pensión, salvo los que cobraban las mínimas. Una parte de los beneficiarios de la dependencia, que verían reducidas sus ayudas. Las madres embarazadas, que no percibirían los 2.500 euros…

Con el paso del tiempo aquellas medidas pueden parecer limitadas, pero en aquel momento se percibieron como un jarro de agua fría, o más bien helada, en nuestra base social. Los titulares lanzaron un mensaje de forma generalizada: «El mayor recorte social de la democracia».

No eran fáciles de explicar y, por tanto, de defender. Ese recorte lo hacía un Gobierno socialista. Lo hacía un presidente que se había comprometido a mantener y extender el máximo posible la protección social durante la crisis.

Y qué paradoja, qué dilema tan acuciante. O recortabas, o podías alimentar la espiral de la falta de solvencia, del riesgo sobre el cumplimiento de nuestros compromisos de deuda. No había un camino intermedio. Y en apenas días, casi horas, debías actuar en una intersección en la que tus ideas y compromisos se bifurcaban probablemente de manera irremediable.

Y qué contradicción para la mayoría de los ciudadanos y especialmente para nuestros votantes. El Gobierno que más había ampliado los derechos sociales y las políticas de igualdad de oportunidades, el Gobierno que más había elevado el gasto social en menor tiempo, se veía abocado a dar un frenazo a la política de la que más orgulloso se sentía: el fortalecimiento del Estado de bienestar.

La crisis y mayo de 2010 abrieron un debate, por otro lado latente en la sociedad española —o, para ser más precisos, en algunos sectores de la sociedad española—, sobre la viabilidad de nuestro Estado de bienestar, sobre los hipotéticos excesos del gasto social. Algunas de estas voces se sustentan en posiciones ideológicas, pero otras muchas carecen de prejuicios ideológicos, y se basan en la mera convicción intelectual en torno al ideal de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Aunque sobre este trascendental tema daré mi opinión en la parte final de esta obra, donde intentaré extraer algunas conclusiones, sí quiero avanzar que, mientras la socialdemocracia no ponga encima de la mesa un modelo alternativo a los fundamentos básicos de la visión económica dominante en las últimas décadas, las políticas que expresan el significado de las ideas e ideales progresistas seguirán teniendo, como una de sus principales señas de identidad, la política de redistribución del gasto público, la preocupación por reforzar la red de derechos sociales.

Si esta ambición dejase de ser la columna vertebral de un proyecto socialdemócrata le quedaría a éste muy poco de su razón de ser. Es más, que el Estado de bienestar o el Estado social dejase de formar parte del corazón europeo sería una refutación histórica de la razón fundacional de la propia Unión.

Sí, muchas cosas iban a pasar tras ese mes de mayo de 2010. Buena parte de las carpetas ya archivadas desde la Transición se iban a desempolvar. Íbamos a pasar de las grandes certezas sobre nuestro pasado inmediato a crecientes dudas preñadas de ansiedad. De un optimismo aparentemente fundado a un desconcertante pesimismo.

El recorrido desde la Moncloa hasta la Carrera de San Jerónimo solía durar veinte o veinticinco minutos. Durante ese tiempo normalmente charlaba con el conductor y el jefe de escoltas o releía los documentos que llevaba para las intervenciones. Sin embargo, aquel día mantuve silencio mientras miraba a través de las ventanillas del vehículo a la gente que con aparente tranquilidad caminaba por las calles de Madrid.

Veía a ciudadanos de toda edad y condición, mujeres y hombres, jóvenes y veteranos, trabajadores y ejecutivos. Recuerdo que intentaba fijarme en sus caras, en sus miradas, para interrogarme sobre cómo se enterarían de lo que iba a decir pocos minutos después y qué efecto produciría en sus expectativas vitales. Me planteaba si cambiaría algo en caso de que pudiese explicarles lo que iba a suceder. Mirar a la gente y saber que de tus decisiones puede depender una parte importante de su futuro supone sentirte íntima y abrumadoramente responsable.

Era tan consciente de lo que aquella mañana iba a suponer que cerca ya del Congreso se cruzaron en mi cabeza las imágenes de la calle Ferraz de la noche del 14 de marzo de 2004. Aquel grito unánime y joven. Aquel sentimiento de identificación con una tarea nueva. Aquel «¡No nos falles!» que marcó mi arranque como líder del PSOE en el Gobierno de España. ¿Les iba a fallar aquella mañana? No tenía una respuesta clara a este interrogante. Es probable que muchos de los que más de seis años atrás me habían dirigido esa admonición para expresar su apoyo fueran a responder ahora afirmativamente. Les habría fallado. Pero en cualquier caso también sabía que no podía fallar a mi país. Y recordé el juramento como presidente del Gobierno en la Zarzuela del día 12 de abril de 2008: «Prometo fielmente cumplir con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno». Y reconozco que eso me alivió. Porque cumplir con tu obligación como presidente del Gobierno es tu primer compromiso, tu deber prioritario. Y sabía que en ese momento mi obligación era cambiar el paso y dejar de un lado una buena parte de mis aspiraciones, de mis promesas.

Y con ese último pensamiento llegué al Congreso. El trayecto se me hizo largo. Todo se me hizo largo. Mi discurso. El debate. Y la salida de la Carrera de San Jerónimo, el regreso a la Moncloa. Y la tarde también fue una tarde larga y solitaria, densa y vidriosa.

HACIA LA TRIBUNA DEL CONGRESO. EL DEBATE

Solía llegar al Congreso con un margen de tiempo suficiente para estar durante unos minutos en la llamada Zona del Gobierno del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que se encuentra a la derecha al entrar en el Palacio. Hay en esa zona tres despachos y un pasillo largo que conduce a una sala para altos cargos y asesores, que se usa también para celebrar excepcionales Consejos de Ministros cuando el Gobierno decide hacerlo en el Congreso por razones operativas. Uno de los despachos es para el presidente del Gobierno. Allí, unas veces en soledad y otras acompañado por algún ministro o personal del Gabinete, es donde los presidentes se concentran antes de saltar a la cancha del hemiciclo.

Allí también libré algunas de las negociaciones más arduas en momentos decisivos de la Legislatura, con Duran i Lleida, con Erkoreka o por teléfono con Urkullu. Es un despacho pequeño, apenas caben tres o cuatro personas. Es un espacio por donde no parece que haya pasado el tiempo, ni varios presidentes. Mantiene el mismo mobiliario y los libros que había en la Transición. Es el despacho del presidente del Gobierno en la sede de la soberanía nacional. Es impersonal e inmutable, como si estuviese ahí y así para recordarte la temporalidad del cargo que ocupas, la necesaria sensación de provisionalidad de los cargos elegidos democráticamente.

Supongo que, como me ocurrió a mí, en aquel despacho todos los presidentes hemos vivido la tensión previa a la salida al hemiciclo. Pero hasta llegar a éste, desde la zona reservada al Gobierno, hay como unos quince metros de distancia. Cuando sales de esa área de uso del Ejecutivo, se «levanta el telón», los periodistas y las cámaras se te acercan, te observan, buscan un gesto, una palabra. En los días de grandes debates no es fácil avanzar esos quince metros. Hay tantos periodistas que, aunque los conoces a todos sobradamente, llegas a confundirlos. En realidad, el debate empieza en esos quince metros de pasillo. Importa la cara que te ven, las personas que te acompañan y cómo te acompañan. Las cámaras y las grabadoras te escrutan, como aparatos de rayos X, en búsqueda de síntomas sobre tu estado y moral de combate. En esos metros también hay diputados que te observan. Si son de tu grupo, te dan ánimos, y si no lo son, suelen mostrarse respetuosos. Finalmente, accedes al hemiciclo y, cuando te sientas en el escaño que te corresponde, un pelotón de fotógrafos se agolpan a dos metros de distancia y disparan sus flashes desde todas las posiciones imaginables, eso sí, bajo la tutela defensiva de dos o tres ujieres de las Cortes.

Es una sensación extraña que no hace más que intensificar el clima de expectación. Cuanto más trascendente es el debate, más flashes, cámaras, periodistas y gráficos. No es precisamente una manera de distenderse para subir a la tribuna. En esos instantes cada pequeño detalle cuenta y no puedes bajar la guardia de la concentración. A la vez, debes estar pendiente de los compañeros de tu grupo, que suben por la escalera que está a tu derecha hacia sus escaños y te saludan o hacen breves comentarios. Y tienes que responderles con amabilidad y gestos de confianza. Se lo debes. Ellos, escuchándote con atención y mostrándote su apoyo, también van a ser parte importante del debate. Y a todo esto, en tu cabeza y en tu preocupación están el discurso y las posibles réplicas. Por eso, se puede entender que, cuando el presidente del Congreso decide iniciar la sesión y te dispones a subir a la tribuna, experimentes la primera sensación de descanso, como si ya hubieras librado una parte de la batalla sin que ésta haya comenzado aún.

El presidente Bono siempre buscaba mi mirada cuando me sentaba en el hemiciclo para saludarme con sincera amabilidad. La verdad es que José Bono ha tenido conmigo un comportamiento ejemplar. Allí donde le he visto trabajar de cerca lo ha hecho con entrega y eficacia, y tuvo detalles de cariño que me han ayudado mucho. Le dije en más de una ocasión que, cuando dejáramos nuestras respectivas responsabilidades, disfrutaríamos de la amistad, y así ha sucedido. Quienes creen que la política y la amistad no pueden ir de la mano se equivocan.

Desde el escaño del presidente del Gobierno, se sitúe éste al lado izquierdo o derecho del banco azul, tu mirada natural se dirige al escaño de enfrente, donde se sienta el líder de la oposición, tu principal contendiente en el hemiciclo.

Es una extraña situación. Es muy difícil no cruzar la mirada con tu contrincante. A veces tratas deliberadamente de esquivarla, y en otras ocasiones, casual o conscientemente, te encuentras con ella. Son apenas décimas de segundo. Un momento enojoso, creo, para ambos. Me atrevo a pensar que, al igual que me sucedía a mí, a todos los presidentes y a quienes han sido líderes de la oposición les ha pasado algo parecido por la cabeza en ese instante de recíproco escrutinio inmediatamente antes de la batalla. Esta situación de estar sentados los dos frente a frente, y a punto de arrancar el duelo dialéctico, no tiene parangón con ninguna de las sensaciones que se pueden vivir en los distintos escenarios en los que se ejerce el liderazgo político. Casi sólo con esa mirada ya puedes adivinar el tono de mayor o menor dureza que va a emplear tu oponente unos minutos después.

Sin embargo, cuando ya estás en la tribuna y te diriges al líder de la oposición, la mirada que le lanzas es completamente diferente. No es incierta o tentativa. No es ya personal, es decididamente política. Trata de reflejar seguridad, convicción, a veces desafío. Y si es así, quien te escucha tratará de mostrar que no se siente verdaderamente interpelado, que tus palabras no le afectan o inquietan. Pero no siempre le resultará fácil. Cuando tus argumentos son poderosos, suele percibirse su impacto en el rictus de tu oponente. Y cabe pensar que eso mismo ocurre a la inversa.

No es fácil elegir el gesto, y en muchas ocasiones no se controla. La sonrisa es un recurso habitual. Parece transmitir confianza a la hora de encajar las palabras agrias que te dirigen desde la tribuna. Pero es un arma de doble filo. Si parece que en vez de sonreír te ríes de lo que te están diciendo, rozas el límite de la cortesía y excitas la agresividad del orador. Cuando optas por el gesto grave y serio, se acumula la tensión dentro de ti y la rigidez de tu cara acaba proyectándose en los argumentos que desgrana tu oponente. En ese escaso periodo de tiempo rebuscas en tus fichas los datos o ideas para sustentar la réplica. Pero cuando tu contrincante cambia el argumento o la dirección de la crítica, tienes que buscar nuevas fichas o informes. Es una auténtica carrera contra reloj, aderezada en bastantes ocasiones con aplausos o con voces, o con algo más que voces, que buscan subrayar y enfatizar una crítica o hacer brillar un argumento o una frase elocuente, si proceden de tu bancada, o afear y exagerar tu debilidad argumental, o simplemente neutralizarte, si las manifestaciones te las dirigen tus contrincantes.

Los debates parlamentarios se ganan o se pierden normalmente en las réplicas. Aunque es cierto que el discurso inicial puede contribuir a crear un cierto clima y también que influye de manera determinante el contexto político, favorable o adverso, en el que se desenvuelve la contienda parlamentaria. Si el Gobierno acude a ella con desgaste en la opinión pública, resulta más difícil salir airoso. Pero el debate es el debate, y las réplicas son el momento decisivo. No hay prórroga, ni penaltis. Y la clave de las réplicas y contrarréplicas se decide en los minutos en los que, escuchando a tu oponente, eliges los temas sobre los que vas a discutir y el orden de la intervención. Ser capaz de adornarlo con alguna frase efectista suele ayudarte psicológicamente cuando estás en la tribuna de oradores. Concentración y reflejos, ahí es donde te la juegas, y, claro está, la información, los datos, te los tienes que saber y saber manejarlos. Los antecedentes han de estar frescos en tu cabeza porque allí no hay tiempo para más. Cuando escucho ahora las críticas a los líderes políticos, por sus intervenciones desde la tribuna del Congreso, siempre me pongo del lado de quien tiene que subir al estrado y, disponiendo de tan poco tiempo, ha de acertar con los temas, la selección de datos, el tono y las palabras, y hasta el gesto, consciente de que hay decenas, cientos, miles de ojos, o incluso muchos más, atentos a descubrir el más mínimo fallo.

Tengo un gran respeto al Congreso de los Diputados y a la solemnidad que desprende el noble hemiciclo de nuestra democracia. Por la historia que allí se encarna y, sobre todo, porque allí están, en cada momento, y no se puede olvidar, todos los ciudadanos representados. Lo están por los 350 diputados cuyo destino sólo pertenece a la voluntad de la gente. Siempre procuré transmitir, como líder de la oposición y como jefe del Ejecutivo, con mi actitud y con mis decisiones, ese respeto que siento por el Parlamento.

Cuando aquel 12 de mayo me disponía a subir a la tribuna, todos estos sentimientos y reflexiones se agolpaban en mi conciencia. Y me preguntaba, aquel día más que ningún otro, si estaría a la altura de mi responsabilidad con el país. Me preguntaba si estaría a la altura de la fuerza política que representaba. Sobre todo, me preguntaba si las medidas que iba a anunciar servirían para enderezar el barco ante la tormenta desatada, tormenta que amenazaba con llevárselo todo por delante.

Unos cuantos compañeros miembros del Gobierno, además de los responsables del Gabinete de Presidencia y de la Oficina Económica, habían contribuido a preparar las medidas que iba a anunciar esa mañana, se les había consultado sobre ellas o las conocían. Elena Salgado, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Manuel Chaves, Celestino Corbacho… Todos los que conocían el contenido de mi discurso estaban circunspectos.

Como era previsible, el debate fue difícil para el Gobierno. La oposición tuvo una actitud de crítica global y de rechazo a las medidas de recorte. Los grupos que colaboraban con el Gobierno fueron menos incisivos en sus críticas, pero el tono general del debate, como era fácil de esperar, no supuso el más mínimo aliento para el Ejecutivo. Supe desde el momento en que empecé a explicar las medidas de recorte que el clima en la Cámara era claramente adverso.

El principal partido de la oposición atisbaba, por fin, una esperanza clara de llegar al poder.

Me esforcé en explicar la situación de solvencia del Tesoro de España. El coste de nuestra financiación se situaba en tipos de interés del 3,4 por ciento. El porcentaje del PIB que dedicábamos al pago de nuestra deuda pública era del 2 por ciento, una cantidad inferior a la de los grandes países europeos. Y nuestra deuda pública era 20 puntos inferior a la media europea.

Repasé todos los avances que había realizado en políticas sociales.

Y argumenté sobre la debilidad estructural de una unión monetaria sin unión fiscal ni unión económica.

Como era de esperar, fue inútil. Los «misiles» cayeron sobre el banco azul desde la derecha y la izquierda.

La sesión parlamentaria terminó a las dos y media de la tarde.

Las llamadas y SMS de apoyo que recibí tenían más tono de compasión que de reconocimiento.

Bajo la planificación de José Blanco habíamos convocado a los secretarios generales regionales a una reunión en Ferraz. Ofrecer a los compañeros, que tenían que afrontar un año después unas elecciones autonómicas y municipales, la explicación de las nuevas medidas no iba a ser tarea grata. Nada más llegar comprobé su grado de preocupación. Se reflejaba en sus gestos, en sus saludos, en sus intervenciones. Me flanquearon Manolo Chaves y José Blanco, que apelaron a la defensa sin fisuras del Gobierno, a la lealtad y al compromiso con nuestro proyecto político. En las intervenciones hubo comprensión y cariño, si bien algunas de ellas anticiparían las posiciones que se explayarían con más claridad en los primeros meses de 2011, en el tiempo previo a mi anuncio sobre la candidatura a la presidencia del Gobierno.

Durante la tarde me llamó el Rey. Siempre lo hizo en momentos trascendentales y siempre para darme su apoyo. Lo sentí sinceramente cerca en muchas ocasiones difíciles y para mí esa cercanía siempre tuvo valor.

LAS MEDIDAS DE RECORTE DEL GASTO

Para Elena Salgado, el fin de semana había sido especialmente difícil, con la reunión del Eurogrupo en la que se había comprometido, en nombre del Gobierno, a reducir el déficit público en 15.000 millones de euros. Había sido capaz de articular, en apenas veinticuatro horas, un grupo de medidas que equivalían al 1,5 por ciento del PIB. Su equipo había trabajado sin parar el domingo 9 y el lunes 10 para proponer, evaluar y formalizar esas medidas. Para ella era decisivo que el compromiso de reducción del déficit tuviera una implementación ágil y eficaz. Era decisivo para ganar confianza en el Eurogrupo y en el Ecofin. Y, sin duda, lo consiguió. La reputación de la vicepresidenta Salgado no dejó de ganar terreno durante 2010 y 2011, y al terminar su tiempo al frente de la economía del país, después de las elecciones de noviembre de 2011, se había ganado la buena consideración de sus colegas europeos. Se la tenía por sensata y eficaz.

Preparar el conjunto de medidas para alcanzar una reducción del déficit de 15.000 millones parecía entonces una tarea hercúlea. Aunque las cifras de los Presupuestos Generales del Estado son todas muy elevadas, los márgenes de maniobra son muy limitados. Hay una serie de gastos obligatorios, o que juzgas imprescindibles, que representan el 90 por ciento del presupuesto del Gobierno central. Por ello, era inevitable que la reducción, que operaba sobre otras ya previamente aprobadas, afectase a algunas de las llamadas partidas sensibles. Aquellas que recogen prestaciones económicas en beneficio de los ciudadanos.

La elección final de las medidas que incluimos en el discurso del 12 de mayo se hizo en la Moncloa, en una pequeña sala llamada Bores que está en la primera planta del edificio del Consejo de Ministros. Todos los lunes a las nueve nos reuníamos en la sala Bores el núcleo de dirección política para coordinar la agenda de la semana y la acción del partido y del Gobierno.

La reunión a la que me refiero ahora la celebramos el lunes 10 a primera hora de la mañana. Se habían pedido diversas propuestas e informes a varios ministerios y a la Oficina Económica. Durante el sábado y el domingo habíamos avanzado el esquema básico y los criterios para abordar el recorte. Después de varias conversaciones con Elena Salgado, había decidido los puntos centrales donde reduciríamos el gasto público. Y qué partidas presupuestarias considerábamos intocables.

En primer término, las prestaciones por desempleo, que habíamos ampliado antes de la crisis y durante ésta, porque eran el gran eje para garantizar la cohesión social, la gran palanca de apoyo a los ciudadanos con más dificultades, la expresión más real de la solidaridad que supone el Estado social.

En segundo lugar, la educación, porque en la promoción de la mejora de la formación de los ciudadanos está la base esencial de una economía competitiva, a la vez que la clave de la igualdad de oportunidades, un postulado constitutivo y fundacional de la socialdemocracia. Y hablar de igualdad de oportunidades en la educación es, en gran medida, hablar de la política de becas. La juzgaba una partida prioritaria. Por ello, de 2004 a 2008, impulsamos la etapa de mayor incremento de becas y becarios de la democracia.

La tercera política pública que no quería tocar era la sanidad. Nuestro sistema nacional de salud, con su garantía de universalidad y gratuidad, es la más poderosa razón de confianza en el Estado y la más relevante manifestación de equidad. La igualdad plena, incuestionable, en el acceso a la sanidad, con independencia de cualquier circunstancia personal, es la expresión de los valores más queridos por la ciudadanía y por mi formación política.

Mi criterio sobre los recortes fue, pues, el de no menoscabar los pilares centrales del Estado de bienestar y de la protección social. Afectar lo menos posible a las políticas sociales y centrar el ahorro en los gastos que en el medio plazo pudieran ser recuperados. Y, además, aplicar los recortes con criterios de progresividad.

Llegó a abordarse la discusión sobre si introducir o no alguna fórmula de copago en la sanidad. Hubo posturas encontradas con un informe de la Oficina Económica, que fue apoyado por la ministra de Sanidad, en el que se evaluaban diversas alternativas de copago con una estimación de ahorro de unos mil millones de euros. El informe desaconsejaba la medida por entender que el ahorro que se conseguiría no compensaba la grave perturbación que iba a suponer en los usuarios y la complejidad de su propia gestión.

Una vez descartada esta opción, la ministra de Sanidad presentó una propuesta de ahorro del gasto farmacéutico, que fue valorada como seria y realista por Elena Salgado y que decidimos incluir en el abanico de medidas, aunque sabíamos que exigiría una difícil negociación con la industria farmacéutica, que siempre se mostró colaboradora con el Gobierno para proceder a sucesivos recortes en el gasto público farmacéutico.

Las dos medidas más debatidas en aquella reunión de la sala Bores fueron la reducción del salario de los empleados públicos y la no revalorización de las pensiones, excluyendo de la congelación a las pensiones mínimas.

La reducción del salario de los empleados públicos para 2010 y la congelación para 2011 era la medida más imprescindible y la que generaría una reducción del gasto más segura y automática. Era necesario alcanzar la cifra de 8.000 millones de ahorro en este apartado y la Secretaría de Estado de Presupuestos había realizado con toda rapidez los cálculos y las distintas posibilidades con diferentes porcentajes. En definitiva, los detalles tenían no sólo la complejidad política —porque había que optar entre un sistema progresivo o un sistema lineal de reparto de la carga—, sino también la complejidad técnica derivada de la muy variada tipología de empleo público existente en nuestro país. Por una parte, se encuentran los empleados públicos del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración local. Por otra, están los funcionarios, el personal estatutario, y el personal laboral ubicado en Administraciones con regímenes jurídicos diferentes o singulares, como las empresas públicas. Delimitar el perímetro y la cuantía del recorte por grupos de las escalas de la Administración se convirtió en un auténtico laberinto.

Desde luego, éramos muy conscientes de que bajar el salario de los empleados públicos era una medida dura, que no se había hecho nunca en democracia y que nos iba a indisponer con dos millones y medio de ciudadanos.

En la reflexión política para la explicación de la medida, optamos por no recurrir al argumento de la «seguridad» en el trabajo. La defensa de la función pública es una defensa de lo público, aunque en España existen demasiados tópicos sobre el tema. No hay una democracia seria que no incorpore el «consenso social» para articular la defensa de los servicios y de los servidores públicos. Sin embargo, dada la tradición de nuestro país, aquí todavía no es fácil hacerlo. La imagen del «vuelva usted mañana», inmortalizada por Larra, está presente en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Nadie puede discutir que nuestras Administraciones necesitan reformas y una mayor eficiencia, pero esa rutinaria descalificación de la función pública es abusiva e injusta.

En los años que fui presidente, tuve la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de los empleados públicos y comprobé que la gran mayoría de ellos cumplen bien su tarea, se esfuerzan por ser útiles, y son muy conscientes de que su función consiste en trabajar con neutralidad en favor de los ciudadanos. Mentiría si dijera algo distinto. Pero es difícil combatir los tópicos.

Tan difícil como lograr que la actividad política tenga por parte de la opinión pública un cierto grado de reconocimiento o, al menos, un cierto grado de comprensión.

La política debe ganarse el respeto de la ciudadanía, y no conozco otro camino mejor para ello que hacer que la política se respete a sí misma. Porque nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y no nos respetamos cuando las diferencias se formulan, invariablemente, como posiciones irreconciliables; cuando desdeñamos la existencia de parámetros compartidos de racionalidad que, al confrontar las ideas, permiten extraer conclusiones de validez general. En la contienda política casi siempre se pone más énfasis en el quién que en el qué. Por ello, no nos puede extrañar que los ciudadanos perciban la escena pública como una representación, en la que participan como figurantes los que están y los que aspiran a estar, más que como una deliberación sobre qué harán unos u otros.

Es verdad que el proceso político en nuestros días es extraordinariamente competitivo y que este factor induce al exceso en la contraposición y a la búsqueda insistente de los defectos del adversario. Pero habría que hacer un esfuerzo sostenido y renovado por profundizar en los programas, por argumentar con menos prejuicios, por admitir, aunque sólo sea de vez en cuando, que los que no piensan como tu formación política pueden tener razón en determinadas cuestiones. Y por que los ciudadanos pudieran apreciarlo.

La política en España venía marcada en los últimos diez o quince años por un discurso con un alto grado de confrontación. Con la crisis, esta confrontación se agudizó en buena medida, y se generaron debates que llegaban a ser estériles por lo interesado de las posiciones que en ellos se mantenían, como cuando nos perdíamos discutiendo si sólo había una crisis española o además, y principalmente, otra distinta, europea o mundial…

Pero volvamos a las medidas del 12 de mayo. Como he señalado anteriormente, consideramos que la reducción de los salarios de los empleados públicos era imprescindible. No obstante, y a pesar de su mayor complejidad, optamos por aplicar fórmulas de progresividad, de tal manera que el recorte fluctuó entre el 0,5 y el 7 por ciento.

En cierta medida, el daño que se infligía no era tan alto, porque en el periodo 2005-2009 los empleados públicos habían mejorado su poder adquisitivo en un 2,6 por ciento (ya que en ese periodo el incremento acumulado de los salarios nominales había sido del 15,9 por ciento y la inflación del 13,3 por ciento).

Esa subida de los salarios de los empleados públicos se había convertido, además, en uno de los argumentos principales utilizados por las autoridades europeas para poner en cuestión la marcha de la competitividad y los desequilibrios fiscales de algunos países de la zona euro.

En concreto, el presidente del Banco Central, Jean-Claude Trichet, exhibía con frecuencia y con gran énfasis un gráfico de la evolución de los salarios públicos en una serie de países europeos durante la última década, y planteaba que ése era un factor determinante para entender la presión que tenían que soportar sus Tesoros.

Y, ciertamente, el gráfico era significativo. El ranking de las mayores subidas de salarios públicos lo encabezaba Grecia, seguida de Portugal, Irlanda, España e Italia. Justo el orden que se correspondía con los sucesivos problemas de los países periféricos de la eurozona. Y como ejemplo contrapuesto se invocaba el de Alemania, país en el que los empleados públicos habían perdido poder adquisitivo en el mismo periodo.

A partir de la primavera de 2010, cuando surge con inusitada fuerza la crisis de deuda en los países de la eurozona, Trichet esgrimía frecuentemente este gráfico y llegó a repartirlo entre los miembros del Consejo.

Y sí, aquel gráfico ejerció su papel en los debates en el seno del Consejo Europeo. Trichet lo manejaba con habilidad y con la suficiente prudencia como para no molestar excesivamente a ningún jefe de Estado o primer ministro.

Ni que decir tiene que para los líderes de los países del centro de Europa, el llamado núcleo de la triple A, la tesis de Trichet fortalecía su posición en el duelo soterrado y permanente vivido en la eurozona desde mayo de 2010. Un duelo que enfrenta dos posiciones claramente diferenciadas y que explica el tortuoso proceso vivido en torno a la crisis de la deuda de los países de la zona euro.

De un lado, los países cuya posición en los mercados era cómoda a la hora de financiar a sus Tesoros. Estos países defendían con contumacia, y con un cierto aire de superioridad, que los problemas de la presión de los mercados sobre las primas de riesgo tienen una etiología nacional y, por tanto, una respuesta nacional. Una respuesta que debía apoyarse en dos premisas básicas: recortes y reformas. Reformas y recortes. Este planteamiento excluía que la naturaleza de la crisis de la deuda tuviera su causa principal en un diseño fallido del euro, del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La otra posición, como es fácil de colegir, estaba integrada por los países llamados periféricos, que sosteníamos que, además de causas nacionales que no discutíamos, existían razones directamente vinculadas a la construcción de la moneda común. Una construcción que adolecía de problemas estructurales, como la crisis misma había puesto de manifiesto. Y que exigía avanzar hacia un Gobierno común europeo, hacia un Tesoro común y un Banco Central Europeo que actuase como lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos.

Consejo tras Consejo, la pugna entre estas dos visiones iba a estar muy presente en la nueva fase de la crisis desencadenada en 2010, la de la deuda europea. Porque, en cierto modo, Europa —o mejor, la zona euro— se partió en dos. Dos almas, dos políticas, dos visiones que estaban latentes en cada paso, en cada palabra que los líderes pronunciábamos en el Consejo, en cada decisión, en el lenguaje de los textos oficiales. En todo.

No sería justo si no dejase claro que los países del centro de Europa no se negaban a comprometerse y a avanzar hacia una unión más política y económica del euro, pero cada paso costaba un gran esfuerzo, y sólo cuando la tensión en los mercados encendía las alarmas se adoptaban decisiones, casi agónicas. Lamentablemente, estas decisiones se tomaban cuando esa tensión ya había dañado la credibilidad del país correspondiente.

Tras la crisis griega nadie negó en las deliberaciones del Consejo el factor contagio y el consiguiente sobredimensionamiento de los riesgos de las posiciones fiscales de algunos países de la zona euro, como España. Pero el reconocimiento de ese «factor contagio» no solía llevar aparejada una consecuencia lógica que, por cierto, siempre reclamé en los debates con los líderes: los esfuerzos de los países con dificultades debían acompañarse en paralelo de decisiones tomadas con inequívoca determinación en la zona euro. Y eso ocurría en pocas ocasiones.

No voy a conjeturar en este momento hasta qué punto esta forma de actuar, que viví y sufrí en los Consejos Europeos, ha podido influir en la duración y alcance de la crisis de la deuda en los llamados países periféricos. En el epílogo de este libro daré mi opinión. Pero es difícil no pensar que si las decisiones se hubiesen adoptado en tiempo y forma, con otro enfoque, con otra convicción, los acontecimientos posteriores a mayo de 2010 habrían sido muy diferentes, o, al menos, bastante diferentes.

Pero no completaría el cuadro de la situación que se definió en Bruselas a partir de 2010 si no hiciese referencia al papel desempeñado por los otros actores decisivos de la etapa más difícil que desde su nacimiento han vivido y viven la UE y, por supuesto, la moneda común.

Un país y un líder político, Francia y Sarkozy, desempeñaron un papel permanente de puente, de bisagra, para facilitar el entendimiento, para acercar posturas.

En el modelo político y económico de Unión Europea, Francia se sitúa más cerca de los países del sur. Pero, fiel a su pacto de reconciliación con Alemania tras la segunda guerra mundial, que dio lugar al nacimiento de la UE, mantiene siempre una fidelidad incuestionable con la potencia germánica. No recuerdo que en el seno del Consejo hubiese ningún momento de tensión dialéctica entre Merkel y Sarkozy, apenas algún chispazo ocasional.

Los dos llegaban a los Consejos con un esquema acordado de respuesta a cada situación. Y, cuando en el transcurso de los debates había que definir las posiciones para formular los acuerdos concretos, se reunían bilateralmente. Si algo se bloqueaba, los colaboradores de Merkel y Sarkozy, o ellos mismos, buscaban el punto de encuentro; a veces, con presencia del presidente del Consejo, del presidente de la Comisión e incluso del presidente del Banco Central. Ante esta realidad, se comprenderá que, en más de una ocasión y en momentos decisivos, le diera a mi interlocución con Sarkozy casi tanto valor como a la que tuve con Angela Merkel, que fue de menos a más, ya que progresivamente fuimos cuajando una relación sincera y de confianza a la que me referiré en páginas posteriores.

Por otro lado estaban las instituciones europeas. La Comisión, su presidente y el presidente del Consejo, esa nueva e híbrida figura que arrancó su andadura con la elección del belga Van Rompuy.

Por cierto, Herman Van Rompuy tiene una personalidad austera que no facilita su proyección pública. Es un hombre culto e inteligente. Y, sobre todo, paciente. Porque tuvo que integrar en su tarea de presidente asuntos y decisiones que provenían en muchas ocasiones más de los acuerdos franco-alemanes que de su propia iniciativa. Por su función, buscaba sumar. En más de una coyuntura, le vi cerca del abatimiento. En la cumbre que, bajo la presidencia española, celebramos con Marruecos me dijo, poco antes de entrar en la reunión con nuestros amigos marroquíes: «Me toca a mí explicar el funcionamiento de la UE a nuestros vecinos del sur, y no será fácil porque explicar la UE es como explicar matemática superior».

Aquella metáfora me pareció aguda y a la vez preocupante. No le faltaba razón al presidente del Consejo. El Gobierno de la UE se sustenta en una arquitectura tan sofisticada que en muchas ocasiones resulta muy difícil de entender, no sólo para los ciudadanos, sino incluso para los gobiernos de la propia Unión. Y, claro, también lo es para los que, desde los poderosos fondos de inversión, bancos, compañías aseguradoras o fondos soberanos, mueven libremente los capitales por el mundo, de un modo muchas veces caótico e imprevisible que puede llevar a empresas o países o bien a situaciones de sequía financiera, o bien a sobreabundancia de financiación.

Recuerdo que uno de los argumentos que Trichet exponía ante el Consejo Europeo para enfatizar, en los momentos más complicados, la dimensión de la crisis que vivíamos y los riesgos que corríamos era el de que había tres billones de dólares en los mercados mundiales dispuestos o predispuestos a atacar al euro. Trichet lo repetía con frecuencia en un tono que iba de lo admonitorio a lo angustioso. Sólo a muy pocas personas, a las de más confianza, yo les contaba este dato que Trichet repetía Consejo tras Consejo: el dato era sencillamente escalofriante. Y abrió enseguida un lugar privilegiado en mi memoria junto a otras cifras y porcentajes negativos. ¿Cómo se enfrenta un país cuyo PIB es de un billón de euros a un posible ataque de hasta tres billones de euros? ¿Cómo puedes resistir en pie si combates con alguien que tiene tres veces tus fuerzas?

Trichet utilizaba el dato con una extrema habilidad. Lo hacía para impactar en las dos sensibilidades de la mesa del Consejo. Para los países con riesgos fiscales suponía un llamamiento exigente a efectuar ajustes. Para los países con posiciones de reputación fiscal solvente representaba una advertencia muy seria. Sólo una respuesta europea podía enfrentarse a la amenaza que representaban esos tres billones frente al euro.

El hecho de dejar para el último lugar de esta primera aproximación al escenario europeo de la crisis a las instituciones comunes no ha sido deliberado, pero es significativo. En la Unión Europea, al menos en esta crisis, ha primado la afirmación de los gobiernos o de los Estados sobre las instituciones comunes. Claramente. Y ello explica buena parte de las cosas que han sucedido.

Volvamos a las medidas de mayo de 2010. Junto a la rebaja de los salarios de los empleados públicos, otra decisión de impacto directo en la ciudadanía, muy sensible, fue la de no incrementar la cuantía de las pensiones en 2011. Se suspendía para 2011 tanto el incremento inicial, que se aplica desde el 1 de enero, como la revisión que se debería hacer con el IPC del mes de noviembre. La revisión del ejercicio 2010 sí se mantuvo. Y como en noviembre el IPC fue del 2,3 por ciento, superior al crecimiento aplicado a las pensiones a comienzos de este año (1 por ciento), se compensó a los pensionistas por esta desviación en enero de 2011, tal y como se hacía todos los años.

La decisión de congelar las pensiones incorporaba un atenuante bastante significativo, que trataba también de respetar una cierta progresividad. Los 2,65 millones de pensiones mínimas serían revalorizadas y el medio millón de pensiones no contributivas también se incrementarían en 2011. En consecuencia, en torno al 35 por ciento de las pensiones, las más bajas, no se vieron afectadas por la medida.

Congelar las pensiones fue una de las decisiones más difíciles de adoptar. Suponía un ahorro de en torno a 1.800 millones de euros, pero sabíamos que era un campo fácil para la crítica de los partidos políticos y para acumular agravios por parte de los sindicatos. También fue la medida que más incomodó al PSOE, como pude constatar tanto en las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal como en las que celebré con los líderes regionales. También a los militantes con los que hablé en aquellos días.

La medida suponía ahorro, pero sobre todo suponía afectar al gasto estructural básico por antonomasia de los Estados modernos que disfrutan de un sistema universal de pensiones públicas. Es el gasto más voluminoso y el que va a tener una evolución al alza muy significativa en los próximos años y décadas como consecuencia de la evolución demográfica y del progresivo envejecimiento de la población; lo que es, por otro lado, muy positivo como expresión de la elevada esperanza de vida de las sociedades europeas.

Cuando opté por incluir en el paquete de mayo la congelación de pensiones, era muy consciente del coste político que podía suponer. Pero también sabía que tomar una decisión que afectase al control del gasto en materia de pensiones suponía lanzar una potente señal de austeridad, tanto a la Comisión Europea como a los líderes europeos más exigentes, así como a los inversores y analistas. Aquellos bonistas que adquirían nuestra deuda a largo plazo querían tener seguridad sobre la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas en el futuro, contar con la expectativa razonable de recibir el dinero prestado, incluidos, claro está, los correspondientes intereses. La Comisión Europea había publicado distintos informes y advertencias sobre la evolución del gasto público en pensiones y la necesidad de adaptar los parámetros clave de los modelos de Seguridad Social en los diferentes países de la UE.

También sabía que la cuestión del gasto en pensiones era un asunto importante para Angela Merkel. Alemania había hecho una reforma del sistema, con el lógico coste social, elevando la edad de jubilación a los sesenta y siete años, y era presumible que la medida de congelar las pensiones, imprescindible en aquel momento tan delicado, fuese bien acogida por nuestro socio alemán.

En el núcleo de dirección del Gobierno, especialmente en el área social, había alguna reticencia a incorporar la congelación de pensiones. Pero otros dirigentes comprendieron desde el primer momento que, aunque dolorosa, la medida de las pensiones era inevitable entonces para que la apuesta del Gobierno de España por la consolidación fiscal y la reducción del déficit público resultara creíble.

Teníamos sólidos argumentos para defender nuestro crédito en materia de pensiones, a tenor de la política que habíamos realizado desde 2004, en el periodo marcado por los superávits presupuestarios. En cinco años, el incremento nominal acumulado de la pensión media contributiva había sido del 30,8 por ciento, y en términos reales —es decir, descontada la inflación— del 14,6 por ciento. Las pensiones habían ganado un 14,6 por ciento de poder adquisitivo en cinco años. No había precedentes de una mejora como ésta en un periodo de tiempo similar en la etapa democrática.

Pero los datos eran aún más llamativos si se analizaban las pensiones mínimas. En cinco años, el mismo periodo de 2004 a 2009, el incremento real de las pensiones mínimas de mayores de sesenta y cinco años con cónyuge a su cargo había sido del 24,8 por ciento. Frente al incremento real del 3,6 por ciento en el periodo 1996-2004.

Es decir, que con el Gobierno que presidí las pensiones mínimas habían ganado cuatro veces más poder adquisitivo que en etapas anteriores, y todo ello manteniendo cada año importantes superávits en la Seguridad Social que permitieron un gran crecimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Detrás de este esfuerzo especial, estaba el objetivo de hacer aún más solidario nuestro sistema de pensiones y de dignificar las pensiones mínimas, tradicionalmente muy bajas en nuestro país. Quienes las perciben no tienen excesivas armas de reivindicación. Quienes tienen que afrontar la vida con ingresos muy modestos son, en muchos casos, ciudadanos con difíciles vidas laborales que merecen ese esfuerzo de solidaridad. Junto a los aumentos del salario mínimo profesional y la Ley de la Dependencia, las mejoras en las pensiones mínimas fueron un pilar de nuestra política social, la seña de identidad más querida para un proyecto socialdemócrata.

Pero, a pesar de esta, creo, incuestionable trayectoria, intuía que congelar las pensiones supondría en buena medida «borrar» los avances de 2004 a 2009. Era una gran paradoja. Un dilema más que tuve que afrontar a partir de mayo de 2010. Me preguntaba qué quedaría en la retina de los ciudadanos…: ¿las subidas de las pensiones que cada año anunciaba en Rodiezmo o el anuncio de la congelación del 12 de mayo de 2010?

No era fácil para mí encontrar una respuesta a esta pregunta. Lo que hice en la mejora de las pensiones lo hice, así me decía a mí mismo, no tanto para que quedara en la retina de la gente sino porque era justo y porque ese modelo de sociedad solidaria era el que merecía la pena vivir. Pero no sería totalmente sincero si no reconociera aquí que un político toma decisiones amables también para que se le recuerde, para que quede en la memoria colectiva. En mi caso, de manera especial, para que integrase el haber del PSOE en su trayectoria de defensa y puesta en pie de las políticas sociales.

Sí, sería absurdo, por no creíble, negar que el reconocimiento por las cosas hechas, a los avances sociales, no sea algo buscado por los líderes políticos. Pero con la misma sinceridad digo que, si te toca vivir una situación como la que yo afronté a partir de mayo de 2010, casi nada que tenga que ver con el reconocimiento por tu labor pasada te importa. Es como si en tu organismo se desencadenase una reacción bioquímica que te permite asumir con entereza la «deconstrucción» de las percepciones políticas y sociales sobre una gestión y un proyecto políticos.

En aquellos intensos días de mayo los dilemas y las contradicciones no se agotaban en la congelación de las pensiones. Sabía que eran imprescindibles otras medidas y me producía una gran contrariedad adoptarlas. La prestación de 2.500 euros por nacimiento que había anunciado en el Debate del estado de la Nación de 2007 era una medida muy querida para mí. El universalmente conocido como «cheque bebé» formaba parte de una decidida política en favor de la natalidad, dado que España registraba y registra uno de los índices más bajos del mundo. Esta medida complementaba las políticas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar incluida en la Ley de Igualdad, y el esfuerzo de inversión realizado para cubrir el ciento por ciento de la educación pública de tres a seis años, y el 35 por ciento de cero a tres años.

El cheque bebé había recibido muchas críticas incluso desde algunas posiciones progresistas, donde tradicionalmente anidan posturas refractarias a utilizar la política fiscal como cauce de las políticas sociales. Sin embargo, la medida tuvo una gran aceptación social.

Cuando la aprobamos intentamos explicar que la configuración de la prestación de 2.500 euros como una desgravación o cheque fiscal era el único vehículo con el que contaba el Gobierno del Estado para adoptar una medida de estas características, dado el reparto de competencias del Estado autonómico que atribuye a las comunidades este tipo de políticas sociales.

Sí, fue una medida muy criticada, y cuando decidí suprimirla sabía que sus opositores se frotarían las manos para ahondar en la crítica. Es verdad que, como ocurre en tantas ocasiones en la vida pública, cuando se reclama una política, por ejemplo de apoyo a la natalidad, y se articula una medida para ese fin, llueven las críticas, sin que se formule una propuesta concreta alternativa.

Suprimir el cheque bebé suponía un ahorro de 1.250 millones. Era también imprescindible. Estaba en la mente de todos, de mis colaboradores y, por supuesto, del Ministerio de Economía. Pero hasta que lo puse encima de la mesa, nadie se había atrevido a plantearlo abiertamente. Suprimir el cheque bebé era una cicatriz que quedaría grabada en los pliegues, que cada vez se agrietaban más, de mi piel política.

Y además de suprimir el cheque bebé, teníamos, también, que frenar el gasto en dependencia. Era otra de las partidas que era necesario controlar en el desarrollo previsto en su ley de creación, una ley muy ambiciosa, transformadora, que buscaba apoyar a las familias y a las personas sin autonomía personal. Fue la ley con mayor impacto en la realidad de cientos de miles de familias con dificultades. Fue la ley más aplaudida por mi partido en todo mi periodo como presidente. Manteníamos lo esencial de la ley, pero era doloroso frenar su desarrollo y suprimir la retroactividad del pago de prestaciones para los nuevos solicitantes.

Y, junto a los salarios de los empleados públicos, las pensiones, el cheque bebé y la dependencia, la ayuda oficial al desarrollo, que redujimos en seiscientos millones de euros. Una cifra que, aun siendo importante, permitía mantener todavía un volumen notable después de un gran incremento en toda la Legislatura, que nos había situado en el grupo de países con más ayuda al desarrollo.

La ayuda oficial al desarrollo sufriría nuevos recortes en los Presupuestos de 2011, recortes igualmente muy dolorosos porque los logros que veníamos obteniendo en políticas de salud, de educación, de seguridad alimentaria y para situaciones de emergencia habían dado a España una gran credibilidad en el mundo en una tarea internacional donde sólo destacan los países más solidarios.

El recorte de mayo incorporó, asimismo, la reducción de 6.045 millones en la inversión pública estatal. Era una cuantía muy elevada, que aportó más del tercio del total de los 15.000 millones. Salvo para el Ministerio de Fomento, el recorte en este capítulo era el que menos costaba explicar. De 2004 a 2009 habíamos hecho una gran inversión pública en infraestructuras de todo tipo, y formaba parte de nuestra política en favor de un cambio en el modelo productivo y de mejora de la competitividad.

Afortunadamente, este campo tan decisivo para nuestra futura recuperación económica no va a sufrir excesivamente por las inevitables restricciones que en el gasto público vamos a padecer durante cierto tiempo. El gran esfuerzo que se hizo ahí está, en el patrimonio colectivo de los españoles.

El conjunto de los recortes se completaba con la exigencia de reducción del gasto a las comunidades autónomas y ayuntamientos por un volumen de 1.200 millones de euros.

En aquella reunión del 10 de mayo, en la sala Bores de la Moncloa, repasamos una y otra vez las medidas. No era fácil cuantificar algunas de ellas. Pero era decisivo que las cifras que íbamos a aportar fueran creíbles y, por tanto, que se pudieran sostener en cualquier debate público o frente al escrutinio de los analistas.

Hicimos numerosas simulaciones sobre el impacto que tendrían en la reducción del gasto las medidas más significativas, como los 5.000 millones de ahorro que estimaba el Ministerio de Economía y Hacienda por la reducción del 5 por ciento de los salarios públicos. Como ya he señalado anteriormente, muchos detalles quedaron sin concretar hasta el día de la comparecencia, que iba a ser el miércoles 12, e incluso hasta la aprobación del decreto ley por el Consejo de Ministros del jueves 20.

Todas las que acabo de describir eran medidas de reducción del gasto público. Se planteó por qué no se había actuado también aumentando los ingresos mediante una subida de impuestos. Debo recordar que los Presupuestos para 2010 ya incorporaban una subida del IVA de dos puntos porcentuales a partir del 1 de julio; que se eliminó en el IRPF la reducción de los cuatrocientos euros; y que se elevó el tipo impositivo del gravamen sobre los rendimientos del capital.

TRAS EL DEBATE TODO CAMBIÓ

Aunque las metas en política siempre son provisionales, al final de cada debate parlamentario tenía una sensación de vacío y de tarea realizada. Sin embargo, en el del 12 de mayo de 2010, el vacío se tornó en una extraña sensación. Y si cada debate era el fin de una etapa, aquél suponía antes que nada el inicio de un tiempo de zozobra, un tiempo incierto y laberíntico. Aún no podía barruntar qué desafíos me aguardaban, pero intuía que los frentes de acción ante la crisis en los que tendría que emplearme se iban a multiplicar y a hacerse aún más difíciles y complicados. Y todo este nuevo escenario había llegado de manera abrupta, casi a traición, en una fase de la crisis en la que habíamos dejado atrás la recesión y el PIB empezaba a recuperarse, y en la que la destrucción del empleo apuntaba señales de una leve mejoría.

Todas las dificultades en las que me vi envuelto irrumpieron delante de mi mesa. Se abrieron todos los frentes. Y la hoja de ruta que llevábamos tuvo que alterarse sustancialmente.

A pesar de la premura en las decisiones, nuestra preocupación se centraba no sólo en el efecto político y social de las medidas del 12 de mayo, sino también en el efecto económico, en el impacto sobre el crecimiento y el empleo.

El gasto público y las exportaciones habían sido los ejes que habían llevado a la economía española a un trimestre con crecimiento intertrimestral positivo después de siete trimestres con crecimiento negativo. ¿Cuánto restaría la austeridad a ese incipiente y débil crecimiento del PIB? Ya estábamos plenamente instalados en uno de los dilemas que ha presidido la evolución de la crisis en la zona euro: austeridad versus crecimiento.

Los expertos suelen estimar que una reducción del gasto público equivalente a un punto porcentual del PIB genera una disminución de éste de en torno al 0,5 por ciento. Nuestro recorte era de un 1,5 por ciento. Por lo tanto, nuestro crecimiento en el momento de la recuperación se iba a ver afectado. Pero no había elección posible. Hay dilemas en los que no existe la alternativa, salvo en términos teóricos. La retórica europea cambió drásticamente. Si hasta la primavera de 2010 la regla era la retirada gradual de los estímulos fiscales mientras se consolidaba la recuperación, a partir de entonces fue reemplazada por la de la drástica reducción de los déficits públicos como prioridad que debía anteponerse a cualquier otra consideración.

El tiempo ha venido a confirmar que una consolidación fiscal acentuada, aplicada a una economía sin crecimiento, yugula a ésta aún más. Y si ese escenario se produce en un contexto de desconfianza en los mercados, la restricción de las fuentes de la recuperación se agudiza como consecuencia de la crisis de liquidez.

Los defensores a ultranza de la austeridad esgrimen a menudo que una política de rigor fiscal supone un estímulo al crecimiento porque genera confianza. Según esta tesis, el ahorro en el gasto público determina que los actores privados puedan planificar y decidir invertir más, dado que la carga fiscal que habrán de soportar será menor gracias a unas cuentas públicas más equilibradas.

El llamado efecto ricardiano, que suele contraponerse a la política keynesiana, es una especie de estímulo económico invisible. Pero, como ocurre con casi todos los conceptos que en economía se apellidan «invisibles», se trata más bien de creencias o propuestas ideológicas formuladas con coherencia lógica pero que en la realidad de los hechos muchas veces no se confirman. Es como la reputada mano invisible del mercado. En mi experiencia, esa mano que mueve los mercados no es ni mucho menos invisible. Comprobé por mí mismo que la afirmación, en la que yo también creía, de que los mercados no tienen cara y ojos es falsa. Los tienen, yo tuve enfrente algunas de esas caras y ojos.

En todo caso, una de las consecuencias de los acontecimientos de la segunda semana del mes de mayo de 2010 fue que los frentes de combate ante la crisis se ampliaron. Hasta ese momento, los inversores y bonistas que financiaban el Tesoro no habían sido objeto de atención preferente. El Tesoro español goza de un gran prestigio, cuenta con profesionales de alto nivel y experiencia. Los gobiernos democráticos de España no habían tenido que preocuparse por la tarea que realizaban para la obtención de la financiación de las arcas públicas. Pero, a partir de mayo de 2010, el Gobierno y quien lo presidía tuvimos que dedicar un ingente esfuerzo a reforzar la acción seria y eficaz del Tesoro.

Y este frente de los bonistas no fue el único que varió. El frente europeo también cambió de forma radical. La Unión y la eurozona, que siempre habían sido un foro de colaboración, pasaron a convertirse en una especie de árbitro de la economía española, un árbitro con tendencia a sacar tarjetas.

Además, los grandes medios de comunicación internacionales con mayor crédito en temas económicos también se convirtieron en un campo de trabajo esencial. Su importancia es enorme, sirven para conformar la opinión de inversores, analistas, altos funcionarios de la UE y, por supuesto, gobiernos. En los días previos al 12 de mayo viví la primera gran experiencia en este nuevo campo de batalla. El 4 de mayo una agencia de información difundió la noticia de que España pediría a la UE y al FMI ayuda financiera por valor de 280.000 millones de euros. El IBEX 35 perdió un 5,4 por ciento y la prima de riesgo subió veinte puntos básicos aquel día. A ese rumor se le sumó el de una posible rebaja del rating de España por parte de Moody’s y Fitch, que ambas agencias de calificación desmentirían después.

Otro frente que cambiaba notablemente era el político interno y especialmente el parlamentario.

Conviene recordar que el Gobierno que surgió de las elecciones del 9 de marzo de 2008 afrontó la Legislatura con 169 diputados. Éramos la mayoría minoritaria, pero nos faltaban siete diputados para llegar a la mágica cifra de 176 votos que garantiza la gobernabilidad. El panorama parlamentario no era fácil para sumar apoyos. Y esa realidad ya se había evidenciado en la investidura de 2008, que superé en segunda votación únicamente con los votos del Grupo Socialista.

No hubo posibilidad de forjar un acuerdo de Legislatura. Los potenciales socios tenían una posición política en su ámbito territorial o en su campo político que dificultaba un maridaje estable con el PSOE. Así, CiU era el competidor nato del PSC, que estaba al frente del Gobierno de la Generalitat. El PNV tenía al PSE como principal rival en las elecciones vascas. CiU y ERC habían interpretado los resultados de las elecciones generales, en las que habían perdido apoyos, presumiblemente en favor del PSOE, como un mandato de marcar distancias con el Gobierno. CC gobernaba con el PP en Canarias; y Uxue Barkos, de NaBai, era la oposición al entendimiento entre UPN y el PSOE en Navarra, si bien éste favorecía la colaboración de los dos diputados de UPN con el Gobierno de España.

La situación parlamentaria era difícil en el inicio de la Legislatura. Aun así, hasta mayo de 2010, conseguimos el respaldo suficiente para las principales decisiones, incluida la aprobación de los Presupuestos de 2010, gracias al acuerdo con el PNV, CC y UPN. Pero no se puede obviar que las políticas contra la crisis hasta mayo de 2010 se habían basado fundamentalmente en una respuesta de estímulos fiscales, para combatir el desplome de la actividad privada con el esfuerzo del sector público. Esta política era más «atractiva» para los grupos minoritarios y, por ello, hasta 2010 no tuvimos problemas graves para llegar a acuerdos parlamentarios.

Pero después de mayo de 2010 esta relativa estabilidad parlamentaria se iba a ver seriamente amenazada, y conjurar esta amenaza pasó a ser otra nueva prioridad en la acción de gobierno.

Ganar las votaciones en los temas decisivos exigía un proceloso movimiento de negociación y acuerdos. Acuerdos a veces en el límite del tiempo y en alguna ocasión en votaciones trascendentales, pendientes del tablero de luces rojas y verdes del hemiciclo del Congreso tras los quince segundos de los que disponen los diputados para activar su voto.

En una de estas votaciones estuvimos a punto de resultar derrotados, algo que, de haber ocurrido, habría tenido entonces consecuencias imprevisibles, aunque con seguridad muy negativas, no sólo para el Gobierno, sino también para el país y su economía. Eso sucedió, precisamente, con ocasión de la convalidación del decreto ley que contenía las medidas de mayo. Aquél fue para mí el día más difícil de todos los que viví en el Congreso como presidente del Gobierno. Pronto el lector podrá comprobar hasta qué punto nos asomamos al abismo. Sólo en otro momento mis sentimientos fueron más angustiosos y tristes: la jornada en la que comparecí en el hemiciclo tras el brutal atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Todo esto sucedió a partir del 12 de mayo de 2010. Las cosas cambiaron sustancialmente, y de forma inesperada, desde luego a mis ojos y pienso sinceramente que a ojos de la mayoría. Tuve que adoptar la decisión de cambiar la política económica, desde una orientación de respuesta keynesiana a la crisis, coherente —he de recordarlo de nuevo— con las pautas, recomendaciones y directrices de la UE, el G-20 y el FMI, por otra que daba prioridad a la consolidación fiscal. El Gobierno pasó de centrar las reformas en la innovación y en ganar espacios a la competencia a tener que afrontar, por ejemplo, una reforma laboral sin acuerdo. De extender el máximo posible las políticas sociales a tener que poner freno y recortar partidas muy queridas para mí. En fin, ante las nuevas circunstancias tuve que cambiar de dirección; de dirección y de discurso. No lo hice a regañadientes. Lo creí mi deber. Lo hice con convicción. Y también, pienso, sin ignorar muchas de las consecuencias, muchas de las nuevas dificultades que, en todos los órdenes, nos aguardaban.

¿CÓMO SE LLEGÓ AL 12 DE MAYO?

La elección del primer presidente del Consejo

Pero ¿qué sucedió para que, en una semana, en unos días, las cosas cambiaran tan drásticamente?

Mi memoria, mi agenda y las notas que conservo sobre aquel lapso de tiempo, inmediatamente anterior a las fechas claves de ese momento tan decisivo en la evolución de la crisis, son bien ilustrativas. Nos sitúan ante un escenario que parece el de un síndrome colectivo de pánico.

Es cierto que hubo un detonante objetivo, que fue la situación de Grecia. Pero, además, y como casi siempre ocurre cuando las situaciones se vuelven endiabladas, en aquellos días y semanas concurrieron una serie de hechos que parecían predeterminados, en su conjunción, a provocar una crisis de deuda soberana en la zona euro como la que se iba a producir.

Los hechos a los que me voy a referir son fruto en última instancia de una incapacidad, de una falta de preparación de la zona euro y de la UE, para afrontar una situación en la que un país, y posteriormente dos más, se encontraran en la situación de no poder financiarse en los mercados. La UE tardó en reaccionar para dar un primer respaldo y una solución provisional al primer episodio, y a partir de ahí iría siempre con el pie cambiado.

Es verdad, nunca se había contemplado esta coyuntura, ningún documento de la UE o del Eurogrupo había previsto esa posibilidad. Se vivió durante años con la implícita convicción de que, en el marco de la moneda común, ningún país europeo podría sufrir una crisis de deuda, una crisis de liquidez o incluso de solvencia.

No está de más recordar que la crisis de deuda de un país se produce cuando las necesidades que tiene para financiarse no se pueden cubrir porque los intereses que le exige el mercado acaban siendo exorbitantes, o sencillamente porque el mercado no acude en grado suficiente a cubrir sus demandas en las subastas periódicas que convoca su Tesoro.

Pero no existe una regla prefijada que determine cuándo se produce la situación límite. Son demasiados los interrogantes que esta crisis ha puesto encima de la mesa. ¿Con qué déficit público se produce esa situación límite? ¿Con qué deuda pública? ¿Qué porcentaje del PIB de pago de intereses es asumible en los Presupuestos? ¿Qué influencia tiene el déficit de balanza por cuenta corriente? ¿Es un factor decisivo la deuda externa neta de un país? ¿Hasta qué punto en una crisis financiera influye la situación de las entidades financieras? ¿Es una garantía de defensa o un riesgo contar con una moneda fuerte como el euro en una situación de crisis? ¿Qué influencia ejercen las agencias de calificación? ¿Quién influye en las agencias de calificación? ¿Es lícito y racional que los capitales se puedan mover con absoluta libertad en cualquier circunstancia? ¿Es imposible regular y evitar las operaciones especulativas de los inversores que apuestan a corto plazo y descapitalizan empresas y países?…

Demasiadas preguntas, y no están todas. Y aunque los comportamientos de los seres humanos ante las realidades del dinero y las expectativas sobre ganar o perder se repiten a lo largo de la historia, cada crisis financiera grave presenta nuevas situaciones y muestra mutaciones en función de las condiciones en que se desarrolla y las respuestas que se adoptan.

Está lejos de mi intención y de mi capacidad intentar responder a todas estas preguntas. Me limito, en esta tarea de revisión de nuestro pasado reciente, a contar los hechos y la interpretación que de ellos fui haciendo paso a paso. Y, eso sí, a hacerlo con la perspectiva que, ineludiblemente, otorga el paso del tiempo y el alejamiento de la primera línea de la responsabilidad política.

¿Cuándo se puede considerar que se inicia la crisis griega? ¿Cuándo se puede entender que se produce el efecto contagio? ¿Por qué se produce ese efecto de contaminación desde Grecia a otros países de la zona euro?

Repasemos lo sucedido en Europa desde finales del año 2009 hasta aquella segunda semana del mes de mayo de 2010.

Grecia celebró elecciones generales el 4 de octubre de 2009, que dieron la victoria a Yorgos Papandréu, al frente del PASOK, el Movimiento Socialista Panhelénico. Con el cambio de Gobierno, Grecia transmitió a la Comisión que el déficit previsto para 2009 superaría el 12 por ciento.

A finales de ese mes de octubre, los días 29 y 30 concretamente, se celebra un Consejo Europeo que, ni en sus conclusiones ni en el debate interno, aborda los posibles problemas de Grecia. Los temas centrales de aquella reunión fueron la preparación de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático y la fase final del proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. La situación económica se incorpora a las conclusiones a partir del epígrafe 27, lo que pone de manifiesto que por aquellas fechas no existía una percepción de urgencia sobre la situación económica o financiera de los países de la UE, ni tampoco sobre los potenciales problemas de deuda soberana de los países de la eurozona.

En aquel periodo aún seguíamos en la Unión con la política de impulsar la recuperación económica y salir de la recesión. Como ya había algún dato alentador, el apartado relativo a la economía de las conclusiones arrancaba afirmando que «el marcado declive de la actividad económica europea se está deteniendo y se observa una estabilización de los mercados financieros y un aumento de la confianza», y se añadía que «la incipiente recuperación se ha de seguir de cerca y las políticas de apoyo no deben retirarse hasta que no se haya afianzado totalmente la recuperación». Y se mandataba a la Comisión para que en el Consejo de diciembre informase sobre las estrategias de salida de las políticas de estímulo, que los países de la UE presentamos a final de año, con planes de reducción del déficit, lo que se conoce como senda fiscal de consolidación.

Los otros aspectos relativos a la acción económica de la Unión se ciñeron a la renovación de la Estrategia de Lisboa de 2020, que pasaría a denominarse Estrategia Europea para el Crecimiento y el Empleo, y que se aprobaría bajo la presidencia española en el primer semestre de 2010.

Por otro lado, se mencionaban las dos propuestas legislativas (un Proyecto de Reglamento y un Proyecto de Decisión del Consejo) sobre la creación de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos para la supervisión macroprudencial.

La última referencia en el apartado económico insta «a realizar avances rápidos en materia de refuerzo del marco reglamentario para la prevención, la gestión y la resolución de las crisis financieras y en el desarrollo de un marco global a escala de la Unión Europea que permita una coordinación más estrecha de las políticas de estabilidad financiera, en consonancia con el programa de trabajo acordado por el Consejo el 20 de octubre de 2009».

Incorporo aquí párrafos literales de las conclusiones del Consejo para demostrar que durante 2009 el objeto de debate, así como el seguimiento de la situación económica de la UE y, en particular, de la eurozona, pivotaba sobre dos temas:

La recuperación económica a través de estímulos fiscales que sólo deberían retirarse una vez consolidada la salida de la crisis, acompañados de reformas estructurales.

El nuevo marco regulatorio del sistema financiero a escala europea, con más regulación, mejor supervisión y un mecanismo de prevención de las crisis financieras más eficaz.

Ni potenciales problemas de deuda pública, ni la conveniencia de abordar reformas de calado de la propia Unión Monetaria, tales como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el semestre europeo, el Pacto por el Euro Plus, la Unión Bancaria, la Unión Fiscal…, y mucho menos eventuales instrumentos de ayuda financiera a los países de la zona euro. Nada de todo ello se atisbaba en 2009.

No está de más recordar, en este sentido, que, a tan sólo cuatro meses de desencadenarse la crisis griega, la prima de riesgo del país heleno se situaba en los 194 puntos básicos de diferencial sobre el bono alemán. Nadie barruntaba a finales de ese año lo que iba a suceder sólo unos pocos meses después.

Por su parte, la prima de riesgo de España estaba en ¡55! puntos básicos, es decir, en una muy cómoda posición. Para que nos hagamos una idea mediante comparaciones, setenta puntos básicos es la cifra habitual de Francia, y en torno a los cincuenta puntos básicos suele estar la prima de riesgo de la solvente Austria.

Pero si ése era el clima en octubre de 2009, aún de calma, la situación no era muy diferente en diciembre de 2009, ya a las puertas del episodio griego, cuyas consecuencias nadie parecía anticipar.

Merece la pena detenerse también en el desarrollo y las conclusiones del Consejo de diciembre de 2009, para recordar hasta qué punto Europa y el clima político económico general todavía estaban muy alejados de la forma en que se iban a suceder los acontecimientos pocas semanas después.

De hecho, aquel Consejo tuvo como tema central el «bautizo» de los titulares de los nuevos cargos emanados del Tratado de Lisboa. El presidente del Consejo, una figura nueva, que en principio debería tener gran trascendencia, y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El 1 de diciembre había entrado en vigor el Tratado de Lisboa, y ese mismo día Herman Van Rompuy tomaba posesión de su puesto de presidente del Consejo Europeo, y Catherine Ashton del de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Ambos habían sido «nominados» en un Consejo Europeo informal el 19 de noviembre.

Precisamente, creo que el conocimiento de algunos hechos en relación con la elección de Van Rompuy y de Catherine Ashton puede ayudar a comprender muchas de las cosas sucedidas en Europa en los últimos años. Por esta razón, me animo a desvelarlos.

Dirigir el Consejo Europeo, tener la capacidad de convocarlo y fijar el orden del día de sus reuniones, representarlo en su condición de institución europea con mayor poder político… supone tener una gran fuerza, tanta quizá como para dar un nuevo rumbo a la alambicada y tensa arquitectura de la Unión, donde los procesos de formación de la voluntad política suelen ser lentos y con un pulso político limitado.

La propuesta de la candidatura de Van Rompuy fue en buena medida una sorpresa de última hora. Ciertamente, los líderes del Consejo conocíamos a Herman Van Rompuy, puesto que había sido primer ministro de Bélgica. Y lo había sido en circunstancias muy difíciles, dada la singularidad de ese país a la hora de elegir y mantener gobiernos. Su imagen para nosotros era la de un político serio y riguroso, pero no había dado señales de un gran liderazgo. De hecho, era un gran desconocido para la inmensa mayoría de la ciudadanía europea.

Meses atrás, y en las semanas previas, habían circulado diversos nombres para hacerse cargo de la nueva e importantísima responsabilidad de presidir el Consejo. Algunos de ellos trascendieron a los medios de comunicación, cosa, por cierto, bastante frecuente tratándose de conversaciones «discretas» entre líderes políticos. Entre los nombres que aparecieron en los medios de comunicación se encontraban Felipe González y Tony Blair.

Los dos tenían un poderoso perfil como líderes políticos europeos. Y los dos pertenecían a la familia socialdemócrata y contaban con gran proyección en la opinión pública internacional. Esos dos nombres no surgieron por casualidad. Cinco o seis meses antes, Nicolas Sarkozy me habló de la posible candidatura de Felipe González a la presidencia del Consejo. Como es fácil imaginar, la posible propuesta me pareció excelente.

Felipe, además de compatriota y compañero, es un europeísta con credibilidad.

La idea de Nicolas me pareció sincera y bien argumentada. Quería al frente de ese puesto un líder político con alto perfil y no un técnico más o menos moldeable. Quedamos en seguir hablando sobre el tema a medida que se acercara el momento de la designación. Le dije que, por supuesto, contaba con mi complicidad entusiasta y que haría alguna aproximación para conocer la opinión de Felipe, dado que intuía que si la propuesta llegase a cuajar podríamos encontrarnos con la resistencia del expresidente español a aceptar tal responsabilidad.

Como es natural, procuré llevarlo con la máxima discreción. Creo recordar que sólo lo comenté con Alfredo Pérez Rubalcaba, porque su relación con Felipe me permitía evaluar las posibilidades de que aceptase.

Tanteé a Felipe pero no hubo éxito, no estaba en sus planes asumir esa tarea, aunque siempre me quedará la duda de si hubiese aceptado en el último instante ante una propuesta unánime del Consejo.

Con la misma discreción hice algún sondeo entre los líderes socialdemócratas del Consejo y, como era de esperar, su nombre suscitaba apoyos claros. Así ocurría con Sócrates, Papandréu y Werner Faymann, primer ministro austriaco. Y con Gordon Brown, si bien las conversaciones con el primer ministro británico tuvieron otro tono y alcance, dado que el nombre de Tony Blair también estaba encima de la mesa. Era lógico que éste fuese el candidato de Gordon Brown, pero el nombre de Felipe González le gustaba. La situación obligaba a que cada uno apoyase a su compatriota, pero también que tanto Felipe como Tony fuesen para cada uno de nosotros las segundas opciones en función de las circunstancias.

Aproximadamente un mes antes de proceder al cónclave para elegir al presidente del Consejo, Sarkozy me habló de Tony Blair como opción. Mi posición fue de prudencia, ya que no había que dar por descartada la alternativa de Felipe González.

Nicolas no me dio demasiadas explicaciones sobre la nueva candidatura, aunque sí volvió a utilizar la idea del liderazgo fuerte como muy conveniente para la UE.

Al ver esta nueva propuesta, no le insistí en la de Felipe González, guardé silencio y decidí mantenerme a la expectativa, pues parecía evidente que el proceso para llegar a un consenso no iba a ser nada fácil.

Llegué a hablar en dos ocasiones con Tony Blair sobre su posible candidatura. Como es natural, le transmití que si la hipótesis de Felipe no cuajaba, él contaría con mi apoyo.

Mi relación con Tony Blair en los años que coincidimos en el Gobierno fue de menos a más, y en la última etapa consolidamos una muy buena sintonía y un aprecio recíprocos. Su generosa actitud a la hora de colaborar en el fin de ETA fue decisiva. Y, posteriormente, en el combate contra la crisis financiera, también colaboró conmigo en el análisis de la situación y en la gestión de la interlocución con el mundo financiero.

Para mí, tanto Felipe González como Tony Blair hubiesen imprimido un ritmo político bien distinto al Consejo Europeo. No podemos estar seguros de si la respuesta a la crisis de la deuda hubiese sido distinta con alguno de los dos al frente de la máxima institución europea, pero podemos especular con ello.

En algún momento, Nicolas Sarkozy me comentó la dificultad de la propuesta de Felipe, dada su condición de ciudadano de un país ibérico, teniendo en cuenta la misma condición del presidente de la Comisión. El argumento era verosímil, porque en el seno del Consejo siempre existe un cierto criterio de reparto geográfico. Además, Felipe ya había dado señales públicas de su no disponibilidad.

En la recta final, sólo el nombre de Tony Blair tenía cierta fuerza. Era sostenido con vigor por Gordon Brown y contaba con la simpatía de los gobiernos socialdemócratas.

A la hora de tomar la decisión, apareció un nuevo argumento que circulaba entre los gabinetes de los líderes políticos. Y que tenía un claro aroma partidista. Empezó a imponerse la idea de que el presidente del Consejo debería ser alguien del territorio ideológico del centro-derecha europeo. Y más concretamente del Partido Popular Europeo, ya que, se aducía, era la fuerza política mayoritaria tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo.

No pongo en duda que este factor no influyera en la elección de Van Rompuy, miembro del Partido Popular Europeo. Pero en mi experiencia de casi ocho años en la intensa vida de la Unión Europea constaté que el registro partidista o de familia política no es uno de los prioritarios a la hora de la toma de decisiones. El interés nacional respectivo, o la mayor o menor vocación europeísta de los líderes o los países a los que representan, ejercen mucho mayor influencia que la adscripción a la familia política de quienes toman las grandes decisiones en el seno de la UE.

Ya en los días previos al de la nominación del presidente del Consejo, el nombre de Van Rompuy aparecía en los medios de comunicación europeos. Y en los días previos al Consejo informal de noviembre recibí la llamada de Angela Merkel para confirmar que la propuesta era la de Herman Van Rompuy. Era la propuesta final franco-alemana, o quizá, más bien, la propuesta germano-francesa. Y aunque Gordon Brown insistió hasta el final sobre la candidatura de Tony Blair, la suerte estaba ya echada.

Una vez más se ponía de manifiesto que el peso de los grandes de la UE y del euro se impone sin discusión. Como es natural, todos dimos nuestro apoyo a Van Rompuy, que hizo ticket con la británica Ashton, que asumía la tarea de alta representante de la Unión para la Política Exterior.

Como España tenía la presidencia de turno a partir del 1 de enero de 2010, me iba a corresponder ser el primer presidente rotatorio en cohabitar con la nueva figura del presidente permanente del Consejo.

Esta circunstancia me llevó de inmediato a mantener una estrecha relación de trabajo con Herman Van Rompuy, y debo decir que conservo de él una excelente opinión. Su comportamiento con España, y conmigo personalmente, fue siempre de disposición a ayudar y a colaborar. Buscaba hasta la extenuación el consenso en el seno del Consejo y tengo para mí que sus posiciones políticas son más europeístas que las decisiones que le tocaba acordar y defender después de tener que trabar pactos entre los gobiernos de la UE, a veces en el límite de lo agónico.

Ahora bien, desde mi punto de vista, la elección de un líder belga, de perfil político limitado hasta ese momento, era un mensaje suficientemente significativo para dejar las cosas muy claras en el seno de la UE. Nadie como un belga puede representar el llamado eje franco-alemán. Y la lectura del perfil elegido era también muy clara.

Por tanto, de algún modo el predominio de los gobiernos en el Consejo estaba llamado a mantenerse a pesar de la creación de la institución del presidente permanente.

La propuesta fue de Alemania, y luego franco-alemana, como tantas veces, y así se dirimen las grandes cuestiones en el tablero político de la Unión.

Si alguien de las características de Tony Blair (o él mismo) llega algún día a ser presidente del Consejo Europeo, puede que las cosas discurran de otra manera. ¿Más Europa y menos gobiernos nacionales? Es probable. ¿Podremos comprobarlo en el futuro? Es difícil.

Volvamos a las conclusiones de aquel Consejo Europeo de finales de año, el último en el que los temas relativos a la deuda soberana no ocuparon casi monotemática y dramáticamente las discusiones, como ocurriría a partir de 2010:

«La situación económica está comenzando a mostrar signos de estabilización y se está recuperando la confianza. Las previsiones indican una recuperación débil en 2010, seguida de un retorno a un mayor crecimiento en 2011. No obstante, subsiste la incertidumbre y la fragilidad, previéndose que la situación social y del empleo se deteriorará aún más en 2010. Por tanto, las políticas de apoyo a la economía deben seguir aplicándose, y ser retiradas únicamente cuanto esté plenamente garantizada la recuperación.» (Las cursivas son mías).

No parece que sea muy necesario añadir muchas consideraciones a estas conclusiones. Que las instituciones europeas y los veintisiete gobiernos de la Unión Europea afirmasen en diciembre de 2009 que se estaba recuperando la confianza y que las políticas de apoyo a la economía debían retirarse únicamente cuando estuviera plenamente garantizada la recuperación pone al descubierto, de manera inequívoca, lo inesperado y abrupto de los acontecimientos que estallarían a finales de abril y primeros de mayo.

La UE no advertía ningún riesgo grave inmediato, y la mejor prueba es el epígrafe 11 de las conclusiones, que alentaba al Consejo a que prosiguiera sus trabajos sobre las estrategias de salida y a que presentara un informe, a más tardar en junio de 2010, tanto en el ámbito fiscal como en el financiero.

Cuando se celebra ese Consejo de fin de año de 2009 (10 y 11 de diciembre), ya se conocía que el déficit público de Grecia en 2008 no había sido del 5 por ciento del PIB sino del 7,7 por ciento, y que el de 2009 superaría el 12 por ciento. Se lo había comunicado el nuevo Gobierno heleno a la Comisión.

En la sesión del Consejo, el recién elegido primer ministro griego hizo un riguroso y transparente informe sobre la situación de la economía griega y especialmente sobre el estado de las cuentas públicas.

El informe fue impactante, por desolador. Papandréu, además de exponer con crudeza la perspectiva del déficit y de la deuda pública, con cifras abultadísimas, narró toda una serie de singularidades de las Administraciones públicas griegas. No deseo dar detalles de las cosas que describió Papandréu sobre las pensiones, o en torno a los beneficios de los funcionarios, o a las dificultades de identificación de las propiedades públicas…, por respeto a él y a su país, que tanto sufrimiento está padeciendo a lo largo de la crisis. Yorgos Papandréu se ganó la confianza del Consejo con su seriedad y transparencia, pero su descripción provocó un impacto considerable en los líderes políticos europeos. Las caras de una buena parte de los jefes de Estado y de Gobierno expresaban estupefacción y a la vez una cierta compasión hacia el primer ministro griego.

Pero, a pesar de la crudeza del relato griego, ni en el Consejo ni en la Comisión se encendieron las alarmas rojas. La situación se consideraba seria, pero parecía que existía una cierta confianza en que el nuevo Gobierno heleno fuera capaz de afrontar una política de transparencia, rigor y ajustes fiscales. De hecho, Papandréu presentó para 2010 unos presupuestos muy restrictivos, así como compromisos de lucha contra la evasión fiscal y una batería de reformas estructurales.

Y lo cierto es que el 31 de diciembre de 2009 la prima de riesgo de la deuda griega estaba en 239 puntos básicos, aún muy alejada de la que alcanzaría el 7 de mayo de 2010 (965 puntos básicos).

No está de más retener que el último día de 2009 la prima de riesgo de España estaba en 59 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, es decir, estábamos en una cómoda posición que explica la relativa tranquilidad con la que asumí la situación del proceso de consolidación fiscal y de reducción del déficit, dado que los mercados y las agencias de calificación nos consideraban plenamente solventes.

Mi gran preocupación, y la de todo el Gobierno, era, en aquel final de 2009, el paro. El año terminó con una tasa del 18,83 por ciento, aunque desde el segundo trimestre de 2009 hasta el 31 de diciembre sólo se había incrementado en un punto y medio. Se había contenido la hemorragia iniciada en la segunda mitad del 2008, que había continuado el primer trimestre de 2009, y que había supuesto un incremento de la tasa de paro de siete puntos y medio.

Sin duda, el Plan E y la ingente inversión pública habían frenado la brutal destrucción de empleo, y, como los datos que conocíamos sobre la evolución del PIB apuntaban a que saldríamos de la recesión en el primer trimestre de 2010, albergábamos una cierta esperanza de que 2010 tuviese una perspectiva más favorable para las expectativas económicas, sociales y políticas.

Mi composición de lugar era que si mantenía la capacidad de gasto público con volumen suficiente, aunque menor que en 2009, seguiríamos garantizando una amplia cobertura de protección social, con las prestaciones por desempleo ampliadas mediante la nueva prestación (el PRODI) y con el mantenimiento de todas las políticas sociales ampliadas. De esta manera, y aunque la economía necesitase aún de un tiempo para tener el vigor de crear empleo, podía asegurarse una fuerte cohesión social, que sirviera de dique de contención a la desafección ciudadana hacia lo público y sus instituciones, y hacia la democracia y sus representantes.

De hecho, las expresiones de desafección no se produjeron prácticamente hasta la irrupción del movimiento de mayo de 2011, con el impactante 15-M. Y los problemas económicos de las familias más afectadas por la crisis no se empezarían a tornar angustiosos hasta 2011. Ya en 2012 la crisis habrá impactado de forma muy generalizada en los ciudadanos y, en particular, en una parte de la clase media que venía sufriendo la situación de la crisis de una forma que era inimaginable apenas tres años antes.

En el Consejo de diciembre de 2009, y a pesar de la intervención de Yorgos Papandréu, existió una cierta tranquilidad. Para mi Gobierno se iniciaba un tiempo de gran responsabilidad y trabajo, ya que nos correspondía ejercer la presidencia rotatoria de la UE a partir del 2 de enero de 2010. Una presidencia que, claro está, debía pivotar sobre la economía.

El objetivo expresado públicamente por mí, tanto en el Parlamento de España como en el Parlamento Europeo, y también ante la prensa europea, era avanzar en la gobernanza económica, dar pasos políticos sustanciales para que la unión económica no fuese sólo el mercado común y la moneda compartida. Este proyecto aparecía ya como una necesidad vital para la Unión antes de la crisis de la deuda de los países periféricos. Pero hasta la irrupción de la crisis de la deuda no hubo, salvo en dos cuestiones relativas al sistema financiero, un sentimiento de necesidad de nuevas estrategias, nuevas reglas y nuevas exigencias para las políticas económicas, más allá de ese método de la coordinación abierta, cuyo resultado ya se había demostrado como un fiasco en la Estrategia de Lisboa. De ahí que la nueva versión de esta estrategia, bautizada como Estrategia 2020, buscara un nuevo método de gobernanza.

Pero en 2009 la ambición europea no iba más allá. Y se puede comprobar, una vez más, en las conclusiones del Consejo de diciembre. Los desafíos estructurales a los que se enfrentaba la Unión se pensaban abordar con una nueva Estrategia de Lisboa. Aunque en el debate de aquel Consejo, al hilo del intercambio de opiniones sobre la primera aproximación a esa nueva Estrategia de Lisboa, advertí un cierto cambio de tono.

De manera todavía tímida, se empezaba a abrir la posibilidad de debatir sobre el «gobierno económico europeo», lo que apuntaba a una mayor cooperación y una mejor coordinación de las políticas económicas estatales. El cambio de tono provenía de la canciller Merkel, hasta ese momento bastante fría respecto a la apertura de esa posible nueva etapa en la unión económica, más allá de la reforma del sistema financiero y una Estrategia de Lisboa reforzada, así como de la incorporación de una dosis más exigente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Al inicio de 2010, el cuadro de la situación de nuestros principales datos económicos ofrecía el siguiente panorama:

Crecimiento: 2009 se iba a cerrar con una caída anual de la actividad del 3,9 por ciento, algo inferior a la media de la UE (que caería un 4,3 por ciento). Pero el último trimestre la caída ya se había detenido con un cero por ciento de evolución intertrimestral.

Paro: como ya he indicado, la tasa de paro se situaba en el 18,83 por ciento. Suponía en torno al doble de la media europea.

Desequilibrios estructurales: el principal desequilibrio que la economía española acumuló desde 1997 a 2007 fue el déficit de la balanza por cuenta corriente (diferencia entre la inversión que realiza un país y su ahorro interno). En 2007 el déficit alcanzó un máximo del 10 por ciento. En 2009 el déficit se situó en el 5,4 por ciento.

Inflación: el diferencial de inflación durante el año 2009 fue negativo para nuestro país en 0,6 puntos, lo que hizo mejorar la competitividad de la economía.

Déficit público: 11,2 por ciento, muy abultado, como consecuencia de la bajada abrupta de ingresos, del juego de los estabilizadores automáticos y del esfuerzo anticíclico en inversión pública.

Deuda pública: 55,2 por ciento del PIB, veinte puntos por debajo de la media europea. Los intereses de la deuda pública se situaban en el 1,8 por ciento, inferior a los de Alemania (2,7 por ciento), Francia (2,8 por ciento) e Italia (4,7 por ciento). Este dato del gasto anual por el pago de intereses de la deuda fue, junto al volumen de deuda pública sobre el PIB, fundamental para mí. Entendía que me daba un margen. Insistía en él continuamente ante inversores, líderes políticos y periodistas. Muchos de ellos lo desconocían.

La buena situación del Tesoro explicaba que, hasta el 19 de enero de 2009, España tuviera reconocida la triple A de las agencias de calificación. En esa fecha Standard & Poor’s nos rebajó un escalón el rating. Para Fitch y Moody’s, España merecía la misma calificación que Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá o los Países Bajos. Fitch y Moody’s aclararon, el 9 y 10 de febrero respectivamente, por qué mantenían la triple A. El argumento fue coincidente: el margen fiscal de nuestro país, dado el punto de referencia del porcentaje de deuda pública sobre PIB. Ese amplio margen, aunque deteriorado por los déficits recientes, seguía existiendo, puesto que la ratio de deuda pública era significativamente menor que la de la media europea.

De igual forma, la Comisión Europea valoró positivamente tanto los Presupuestos de España para 2010 como el Plan de Consolidación Fiscal, actualizado con el Programa de Estabilidad 2009-2013.

Éste era el mapa de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades cuando se produjo, de manera traumática, en los primeros meses de 2010, la eclosión de la crisis de la deuda soberana de diversos países de la zona euro, incluido el nuestro.

El calvario griego

Pero el mes de enero anunciaría ya los síntomas de una nueva situación. Síntomas muy evidentes en el caso de Grecia y aún muy tenues para otros países de la eurozona.

El 28 de enero el diferencial de la prima de riesgo griega sobre el bono alemán alcanzaba los 396 puntos básicos, una cifra que entonces empezó a resultar muy llamativa.

En diciembre las agencias de calificación ya habían degradado la solvencia del país heleno. El 24 de diciembre Atenas aprobó el presupuesto para 2010 con el objetivo de reducir el déficit público desde el 12,7 por ciento del PIB en 2009 al 9,1 por ciento en 2010, y el 5 de enero el Gobierno anunció nuevas medidas para reducir el déficit hasta situarlo por debajo del 3 por ciento del PIB en tres años, de acuerdo con el Pacto de Estabilidad.

El 12 de enero un informe de la Comisión acusa a Grecia de irregularidades en el envío de datos fiscales a Bruselas. La constatación de la falsificación de los datos griegos fue un durísimo golpe a la credibilidad del país heleno y de toda la UE. El 15 de enero Grecia presenta a Bruselas un programa de austeridad para llevar el déficit del 12,7 al 2 por ciento en 2013, y el 3 de febrero la Comisión aprueba el Plan de Austeridad Griega, con una vigilancia reforzada de éste.

Durante ese primer mes de 2010 se sucedieron las declaraciones públicas y los contactos entre los gobiernos de la zona euro y las instituciones comunitarias. El debate sobre la improbable capacidad de Grecia para financiarse monopolizaba la atención de la opinión pública europea. Pero las alternativas a esa temible hipótesis, que cada vez era más verosímil, provocaban la desorientación y la división en el seno de la Unión.

Abierta en canal la posibilidad de una ayuda financiera a Grecia, las posiciones durante el mes de enero y febrero generaron enfrentamientos, desconcierto y, lo que en mi opinión era más grave, el deterioro ante el mundo de la imagen de la moneda común. Comenzaba a ponerse de manifiesto, a medida que se espesaban las dudas a propósito de Grecia, que lo que se compartía no tenía acaso la consistencia necesaria para que la Unión inspirase credibilidad y solvencia.

La situación de Grecia originó distintos debates a medida que la evolución del país heleno fue empeorando.

En una primera fase se dirimió si, a la luz de los tratados, un país de la zona euro podía recibir ayuda financiera del resto de los Estados.

Durante casi dos meses, Alemania, Holanda y Finlandia sostuvieron que los artículos 123 y 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no permitían instrumentar ayudas financieras. Frente a esta interpretación, las instituciones comunitarias mostraban una actitud más flexible y otros gobiernos europeos, entre ellos España, esgrimíamos la necesidad de fortalecer la unidad de la zona euro y, por tanto, éramos favorables a la ayuda a Grecia si ésta fuese necesaria.

En este clima hablé con Papandréu en varias ocasiones durante aquellas semanas. Me confesó su disgusto ante las actitudes de algunos países europeos.

Papandréu defendía entonces con orgullo que su país podría solventar la situación por sí mismo y, en la medida que advertía más resistencias en los socios europeos, más se enrocaba en no plantearse pedir ayuda. De hecho, la reunión extraordinaria de febrero de jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona terminó con un extraño comunicado que evidenciaba la tensión vivida y la necesidad de transmitir a la opinión pública la imagen de un acuerdo mínimo, aunque las tensiones y las diferentes visiones ante el problema de financiación de la deuda griega eran tan evidentes en las declaraciones de los líderes y los gobiernos de la UE que eran imposibles de ocultar.

Las posiciones dominantes en la eurozona partían de la idea de que los problemas de un país con la financiación de su Tesoro eran responsabilidad exclusiva suya. El argumento principal era jurídico, y se amparaba, como decíamos anteriormente, en la interpretación literal de los tratados y, en concreto, de los preceptos 123 y 125 del TFUE. Pero, en el fondo, la razón era política, muy política. Alemania, con el apoyo de los países con mejor salud fiscal y con una mejor balanza por cuenta corriente, entendía que no podía ayudar a alguien que no había sido prudente en su endeudamiento. Y que si se produjera esa ayuda, se instalaría un precedente peligroso para todos los países que en el futuro pudieran encontrarse en situaciones parecidas. Sería un «incentivo» para no cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En definitiva, estaríamos ante el llamado «riesgo moral».

Acompañaba a esta posición dominante la invocación a un supuesto acuerdo histórico implícito en la fundación del euro y, yendo más allá, en la historia de la UE, tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana.

Digamos que ese gran pacto histórico habría consistido en que Europa aceptaba la reunificación alemana, que convertiría nuevamente a este país en una superpotencia y que, por su parte, Alemania reafirmaría su compromiso europeo renunciando al marco y «transfiriendo» su poderío económico a la UE con la asunción del euro. Esto implicaba una política monetaria común, con un modelo del BCE a imagen y semejanza del Bundesbank. Un banco central para el control de la inflación y nada más. Porque Alemania consideraba que ya «contribuía» bastante a la Unión con el euro y con su aportación al presupuesto comunitario como principal contribuyente neto de la Unión.

Desconozco si existió ese pacto histórico implícito en los años noventa. Dudo que hoy nadie, ni siquiera los líderes políticos que fraguaron el euro en el Tratado de Maastricht, pudiese confirmar o desmentir ese gran acuerdo.

Los procesos de negociación y acuerdo político en Europa no tienen, no pueden tener, un significado tan unívoco, tan explícito. La conjunción de intereses nacionales e intereses europeos, el peso de la coyuntura política en cada país, de las diferencias ideológicas de los gobiernos y, muchas veces, de la personalidad de los líderes, componen un mosaico en el que no es fácil identificar una idea fuerza como expresión única y decisiva de un pacto.

Más bien ocurre lo contrario, que el resultado final y los motivos que lo impulsan provienen de energías que se superponen y a veces se yuxtaponen. Por ello, no es fácil elucidar, con la precisión y claridad que desearían los historiadores o los economistas, los hechos que marcan la evolución de la UE.

En la medida en que la promesa de unión europea se fue convirtiendo en algo consustancial a nuestras vidas, la capacidad de resolución o de determinación de los gobiernos nacionales fue debilitándose. La promesa europea ha sido la paz democrática, la unión económica, el mercado común e incluso el euro. Y para hacer avanzar esa promesa de un modo gradual, sin reemplazar de golpe a las soberanías nacionales, se ha ido recurriendo a una sucesión de expedientes que han ido dando respuesta a los retos de la economía mundial, ya fueran comerciales o derivados de la situación monetaria internacional, especialmente ante el fenómeno de la globalización.

El último gran acto político de Europa fue la apertura de la Unión a los países del Este, tras la caída del Muro de Berlín. Esa decisión no fue tamizada por un cálculo de coste-beneficio. Había que abrir la puerta de la historia a los países que habían sufrido el autoritarismo después de la segunda guerra mundial bajo la influencia de la Unión Soviética. Y así se hizo. Europa abrió las compuertas al torrente de la historia que suponía la caída del Muro de Berlín, pero esas aguas caudalosas alteraron las remansadas aguas europeas. Por un lado, la identidad europea, una identidad supranacional y, por tanto, débil, se diluía en la integración de países con un ADN bien distinto que, además, refundaban sus límites territoriales y sus proyectos como naciones democráticas. Por otro, la gobernabilidad de una Europa con veintisiete países se hacía aún más compleja. Y, además, la caída del Muro de Berlín abrió una etapa inevitable de predominio del paradigma económico neoliberal, con una clara orientación en favor de la desregulación, de la libertad absoluta del movimiento de capitales, de la economía financiera…, y una alergia a todo lo que sonara a políticas intervencionistas. Baste recordar lo extendida que estaba la idea de que la mejor política industrial es la que no existe.

En paralelo, el Estado de bienestar empezó a verse más como un problema para Europa que como la gran solución del continente. De manera más o menos consciente, se impuso el «programa máximo» neoliberal. Y, como suele ocurrir cuando se imponen los programas máximos, los equilibrios entre la política y la economía se rompen antes o después.

Si hago estas consideraciones es para ir hilando las reflexiones que me han llevado a mí mismo a encontrar una explicación a la falta de decisión política mostrada por la Unión ante lo vivido en los primeros, decisivos, meses de 2010. Veníamos de un tiempo de fatiga europea, como ya habían puesto de relieve las vicisitudes sufridas en el proceso de aprobación del Tratado de Lisboa, que iba a ser una Constitución para Europa. Precisamente, cuando estábamos culminando con más pena que gloria ese proceso, irrumpió la crisis de la deuda soberana de la zona euro. Es como si tuviéramos que enfrentarnos a una maratón después de casi no haber podido superar una media maratón.

En efecto, Europa no parecía estar, a principios de 2010, para grandes retos. Sólo había habido un fugaz rayo de esperanza al inicio de la crisis, en octubre de 2008. En París, en la Cumbre del Elíseo, cuando pareció que la grandeur del país galo, acentuada por la sensación de dramatismo compartida que provocaba el desplome de las grandes instituciones financieras, se podía transmutar en una suerte de grandeur europea. Pero más adelante veremos que aquel desembarco de los aliados europeos para hacer frente a la crisis financiera, con una respuesta común, valiente y solidaria, aquella primera etapa llena de vigor y determinación, donde la voluntad de regular y controlar a los mercados financieros parecía firme…, se convirtió en un espejismo.

Era como si la fuerza europea, la que había, se hubiera agotado durante 2008 y 2009. Y, a partir de 2010, el espíritu de unión y de solidaridad no pudiera sino ceder ante los requerimientos nacionales.

Éste es el escenario que se dibujaba en ese decisivo primer trimestre de 2010.

Conviene recordar que durante los meses de enero y febrero el debate parecía orientarse en la dirección de no ayudar a Grecia y que, si fuese necesario, actuase el FMI. Esta posición, defendida por los países centrales de Europa, suponía de facto una abdicación vergonzosa de la responsabilidad compartida que supone el euro y, más allá, la UE en su conjunto.

Como ya he señalado, el 29 de enero Grecia tenía un diferencial de 396 puntos básicos sobre el bono alemán, pero no fue hasta el 11 de febrero, después de semanas de tensiones y esperas, cuando los jefes de Estado y de Gobierno abordaron por primera vez la situación de Grecia en una reunión monográfica.

La reunión fue descorazonadora. Papandréu se esforzó en pedir comprensión, más que ayuda. Recriminaba las declaraciones y mensajes que abundaban en la idea de soledad de su país. Insistió en que las duras decisiones que estaba tomando (subidas de impuestos, recorte de los salarios públicos, etc.) merecían más apoyo por parte de todos los gobiernos de la eurozona y de las instituciones europeas. Consideraba que el pueblo griego no merecía pagar las consecuencias de la gestión del Gobierno conservador que precedió al suyo. Y, con un gran afán de mantener el orgullo de país, dijo que no pediría ayuda de momento, que intentaría seguir acudiendo a los mercados y que, vista la actitud europea, se plantearía en su caso pedir ayuda al FMI.

En aquella reunión del 11 de febrero mantuve una actitud combativa en favor de Grecia. Aduje que sería incomprensible que un país de la zona euro tuviese que recurrir al FMI, ya que suponía tanto como decirle al mundo que Europa era incapaz de ayudarse a sí misma, incapaz de mostrarse unida, incapaz de ser solidaria. Una Europa así no podía merecer la confianza de los mercados ni de la comunidad internacional.

Era cierto, no obstante, que los datos de Grecia eran alarmantes y que los anuncios de las medidas de austeridad del Gobierno griego eran como fuegos artificiales porque se ponían en cuestión desde dentro de la propia Europa. Y que los antecedentes de Grecia inducían a la sospecha. Pero la sensación que comenzaba a extenderse entre inversores y analistas era la de la incapacidad de la zona euro para atajar un problema grave de deuda de un país que no representaba más del 2 por ciento del PIB de la eurozona.

En la reunión del 11 de febrero ya se hicieron patentes las visiones tan opuestas que se descubrían en torno a la Unión Monetaria y Económica. La declaración que se aprobó es todo un reconocimiento de la situación que se vivía entre los países del euro. Un triste reconocimiento. Y escondía, o intentaba esconder, la amarga sensación que se había vivido en la citada reunión.

Detengámonos un momento en esa declaración. Lo primero que podía llamar la atención era su brevedad. Apenas cinco párrafos, sin que se intentase un mínimo análisis común sobre la situación en los mercados. Ni siquiera un mensaje de apoyo al pueblo griego ante las dificultades que atravesaba.

Si fue tan breve es porque era muy difícil ponerse de acuerdo. Si fue fría es porque el clima no era de solidaridad. Y, lo que es peor, si fue inútil es porque no se abordó a fondo la situación ni la respuesta de alcance que exigía.

El arranque y el final de la declaración, que, a la postre, marcarían todo el enfoque europeo de la crisis de deuda pública, son una buena síntesis de cómo se afrontaron desde un principio los problemas de la deuda griega.

Porque la primera afirmación es un «recordatorio» de la responsabilidad compartida por las diversas políticas nacionales en relación con la estabilidad económica y financiera de la zona. Pero nada se dice de la responsabilidad común o solidaria. Tan sólo en el último párrafo se afirma que «los miembros de la zona actuarán de forma resuelta y coordinada, si es necesario, a fin de preservar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto».

Algunos, con escaso éxito, propusimos que el primer párrafo contuviera un pronunciamiento contundente de toda la zona euro en apoyo a Grecia. Una especie de férreo compromiso político para despejar las crecientes dudas en torno a cómo se iba a responder ante los mercados si la situación griega se seguía deteriorando. Pero el objetivo de la posición mayoritaria era otro: era dejar claro que el problema de Grecia era griego y ante todo griego. Y dicho así, ante el mundo, estábamos incitando a que el problema griego fuese mayor y que desbordara las fronteras del país heleno para penetrar poco a poco en buena parte de la eurozona.

Y no deja de ser significativa también la referencia, claramente innecesaria, al FMI, para «aprovechar» los conocimientos técnicos del organismo internacional. La invocación al FMI venía a ser un anuncio de que el citado organismo desempeñaría un papel clave en un hipotético proceso de ayuda a Grecia. A pesar de la inicial oposición de la Comisión al reconocimiento de ese eventual papel, la mención se incluyó.

Y tampoco resulta indiferente en el texto que analizamos la referencia al Banco Central Europeo. A éste se le encomienda que esté en contacto con la Comisión en el estrecho seguimiento de la ejecución de las recomendaciones dirigidas a Grecia para el cumplimiento de sus compromisos en orden a la reducción del déficit. Se atribuye, pues, ya al BCE una función —que posteriormente se consolidaría en los «procesos» de rescate— de examinador y vigilante integrante de la famosa troika que evalúa los planes de los países con programas de ayuda. Hay que hacer notar que esta función del BCE no aparece en los tratados en vigor. Personalmente, no veo injustificado que el BCE cumpla esta misión, pero es llamativo que en este caso nadie invocase un cumplimiento de los tratados…

El comunicado se cerraba con una frase que daba lugar a múltiples interpretaciones: «Grecia no ha solicitado ayuda financiera». Y, aunque es cierto que esta afirmación se recogió a modo de concesión a Papandréu para intentar trasladar la idea de que Grecia aún podía, ese final del comunicado se iba a interpretar más bien como la prueba de la imposibilidad de llegar a un acuerdo que comprometiese una ayuda en condiciones al país heleno. Y, para ser claro, mi sensación en aquella cumbre fue que se quería eludir como fuera un plan de apoyo a Grecia. Para ello se buscaron argumentos de variada índole: legales (los tratados lo impiden), políticos (el principio de responsabilidad nacional) o económicos (si los países no aplican estrictos programas de consolidación fiscal, los mercados no nos creerán). Ya quedaba muy claro —recuerdo haberlo pensado entonces— que la ayuda a Grecia iba a ser un largo calvario.

Aun así mantuve la esperanza de que, en última instancia, ante un agravamiento de la situación y ante las apelaciones de la Comisión y de un buen número de países —desde luego de España bajo mi representación—, el espíritu europeísta provocara una reacción de compromiso solidario y eficaz, aunque para ello hubiera que asomarse al abismo. Entre los factores que alimentaban en mí esa esperanza estaba la posición de Francia, que, en la práctica, es el país que ejerce mayor influencia en la todopoderosa Alemania.

El comunicado se aprobó cogido por alfileres y, como era previsible, dado su contenido, no dio resultado ante los mercados. El diferencial de Grecia y las bolsas europeas recibieron el mensaje con decepción.

Y es que su ambigüedad no despejaba los interrogantes que planeaban sobre los líderes de la zona euro: ¿habrá ayuda o rescate a Grecia? ¿Con qué cantidad de dinero? ¿Con qué condiciones? ¿Se aprobará en los Parlamentos nacionales?

Las declaraciones posteriores a la cumbre intentaron transmitir ese mensaje de apoyo a Grecia. Así, Merkel afirmó que no dejaríamos caer a Grecia, y Sarkozy dijo: «Grecia no está sola», pero ninguna concreción más, ningún compromiso importante.

Los responsables políticos sentimos una cierta obligación de transmitir tranquilidad, sobre todo en los momentos de zozobra. Pero creo que todos los líderes europeos teníamos una especie de miedo a lo desconocido. En soledad, en las reuniones sin publicidad, en los momentos de sinceridad…, dudábamos de nuestra capacidad para prever los acontecimientos en la medida suficiente como para ofrecer a las opiniones públicas respectivas las respuestas que legítimamente esperaban de nosotros. No teníamos seguridad sobre qué esperaban los bonistas, si más rigor o más solidaridad. Si más austeridad o más políticas expansivas.

Ese adversario sinuoso que es el mercado también reacciona de forma imprevisible y, como hemos visto en la crisis de la deuda, pasa de la confianza a la huida por simples declaraciones públicas de líderes políticos.

Es importante destacar que en la primera cumbre sobre Grecia, la que abrió las compuertas a la crisis de deuda pública de la zona euro, no estaba encima de la mesa la posibilidad de un riesgo cierto de contagio a otros países del euro.

No digo que no se contemplase como posibilidad, pero no parecía probable. Es verdad que, durante el mes de enero, la prima de riesgo de España se había incrementado en 32 puntos básicos. Pero el último día de febrero estábamos en 76 puntos sobre el bono alemán, y tampoco marzo fue un mes negativo: empezamos en 71 puntos y cerramos el día 31 en 72, una cifra razonable que no permitía barruntar síntomas de contagio.

Abril marcó un cierto incremento de la presión, ya que el diferencial se elevó en 29 puntos; pero los 101 de diferencia con que terminamos el mes tampoco hacían suponer que las alarmas se fueran a encender, teniendo en cuenta que ya se había desencadenado el proceso de ayuda a Grecia. El mes de mayo ya arrojó síntomas de un mayor grado de preocupación, dado que nuestra prima de riesgo se incrementó en ese mes en 63 puntos, hasta llegar el día 31 a los 160, que era la más alta desde el inicio de la crisis. De esa cifra sólo bajamos ocasionalmente, coincidiendo con la publicación de las pruebas de resistencia de las entidades financieras en el mes de julio de 2010.

Grecia solicitó ayuda formalmente el 23 de abril, casi un mes después de la reunión de líderes del Eurogrupo del 24 de marzo, en la que, por primera vez, después de semanas de dudas, incertidumbres y contradicciones, se abrió la puerta, a la ayuda financiera a Grecia. Más bien se entreabrió esa puerta, y no sería la última barrera que la zona euro se ponía a sí misma para afrontar la inestabilidad de los mercados y la zozobra general que se padecía en Europa.

El contenido de la declaración de los líderes del Eurogrupo cambió de manera significativa respecto a la del 8 de febrero, que había resultado, a tenor de la reacción de los mercados, un intento fallido. Y, como veremos también, las decisiones del 25 de marzo no contuvieron el desplome de los mercados ni la creciente tensión sobre la prima de riesgo helena, que en abril se iba a extender de manera clara a otros países de la eurozona.

La declaración cambia el tono y el orden de los compromisos. Así, la primera afirmación ya no es una exigencia a Grecia, sino la voluntad de actuar de manera resuelta y coordinada para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. Decía el texto: «Como parte de un conjunto de medidas, que comprende una financiación sustancial procedente del FMI y una financiación mayoritaria europea, los Estados miembros de la zona del euro están dispuestos a contribuir a préstamos coordinados bilaterales», y se añadía que «todo desembolso con cargo a los préstamos bilaterales sería decidido por unanimidad por los Estados miembros de la zona euro, estaría supeditado a una condicionalidad estricta y se basaría en una evaluación efectuada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo».

Este acuerdo refleja muy bien las tensiones y las dificultades que Europa ha vivido para llegar a un plan de ayudas creíble y con un respaldo sólido y eficaz ante los mercados.

Grecia estaba ya muy cerca de no poder afrontar los compromisos de refinanciación de su deuda. Sus emisiones a largo y a corto plazo se cubrían con tipos de interés altísimos y, sin embargo, la zona euro aún mostraba más dudas que certezas, más disensiones que compromisos.

El acuerdo de ese primer plan, sobre el que los ministros de Economía habían «hablado» el día 15 de marzo sin precisar detalles, fue un auténtico «salvar la situación», un «esto es todo lo que podemos dar para unos» y un «es todo lo que podemos conseguir para otros».

Pero la sombra de la debilidad europea se proyectaba sobre el conjunto de la declaración.

Acudir al FMI, establecer préstamos bilaterales, el requisito de la unanimidad…, todo ello suponía «deseuropeizar» la solución, reconocer nuestras limitaciones y mostrar todos los flancos débiles de la arquitectura de la eurozona al mundo inhóspito de los mercados.

Los mercados, con tendencia a la euforia en la bonanza y a la dramatización en la crisis, se percataron en efecto de lo débiles que eran nuestros flancos y prepararon el ataque que sufrimos en los primeros días de mayo.

Y debo decir, no obstante, que aquel acuerdo me pareció entonces un avance. A muchos, incluidos el presidente del Consejo y el de la Comisión, no nos gustaba la entrada en juego del FMI ni el método de los préstamos bilaterales, pero sabíamos cómo eran las posiciones de algunos países, especialmente de Alemania, siempre flanqueada por Holanda y Finlandia.

Como en ese periodo España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo, aunque ya estaba disminuida en su papel por la puesta en marcha de la presidencia del Consejo, asistí a reuniones decisivas y a conversaciones con los diferentes líderes que me llevaron a pensar, quizá movido por mi convicción europeísta, que había que hacer de la necesidad virtud. También es cierto que los movimientos a veces espasmódicos de los mercados me parecían exacerbados; ya no digo injustos, porque hablar de justicia cuando está en juego el interés que se obtiene en una inversión o el temor a no recobrar unos préstamos supone una ingenuidad.

Pero era cada vez más evidente, en aquellas fechas, que las muestras públicas de vacilación, de exigencias a Grecia, de nuevos requisitos… disparaban la tensión en los mercados.

Hay una fecha particularmente significativa a este respecto. El 23 de abril Grecia solicitó formalmente ayuda para pagar los 8.500 millones de euros que vencían el 19 de mayo. El 19 de mayo se había convertido en una fecha de referencia imprescindible, pero no era la única fecha de ese mes que estaba presente en las conversaciones sottovoce entre nosotros. No hay que olvidar que el 9 de mayo había elecciones en el Land alemán de Renania del Norte-Westfalia.

Pues bien, el 23 de abril la canciller Merkel condiciona los préstamos de su país a la aprobación por parte del FMI de un nuevo plan de ajuste más estricto para Grecia. El diferencial griego llegó a situarse en los 693 puntos básicos. Aunque el 29 de abril, al llegar el FMI a un acuerdo con la Comisión Europea para que el mecanismo de rescate estuviese definido antes del 1 de mayo, el diferencial de Grecia con el bono alemán se redujo hasta los 593 puntos. Pero este reflujo fue un espejismo, ya que en los primeros días de mayo de 2010 se produciría una fuerte elevación de la tensión en los mercados, el que he denominado ataque financiero de Pearl Harbor, que desmontó el esfuerzo que se había hecho por controlar la situación. Más bien, la situación nos controlaba a nosotros; o, mejor, nos descontrolaba.

Pero volvamos al acuerdo del Consejo del 25 de marzo. Un acuerdo de mínimos al que muchos nos aferrábamos y que, aun así, era de difícil aplicación. Dada la sensación de urgencia que ya se había instalado, los mercados se preguntaban si el dinero que Grecia necesitaba para pagar en mayo sus compromisos de refinanciación llegaría, y cómo llegaría. Se preguntaban también qué pasaría con el siguiente compromiso y con la explosiva situación interna helena.

Los medios de comunicación continuaban destilando noticias sobre las reticencias alemanas al plan de ayuda a Grecia. Reticencias que se extendían a las filas del SPD, cuyos dirigentes afirmaban que exigirían más condiciones para su respaldo al préstamo griego. Esta actitud del SPD me llevó a telefonear el 1 de mayo al líder parlamentario de la formación socialdemócrata alemana, Frank-Walter Steinmeier, a quien pedí el respaldo al plan de ayuda a Grecia, y le dije que esperaba una actitud del SPD a la altura del desafío que teníamos por delante. Le recordé también el papel decisivo que en la construcción europea había desempeñado la colaboración estrecha entre el SPD y el PSOE. Aun en la oposición, el SPD es un gran referente en Europa, especialmente para todo el campo socialdemócrata. Por eso le pedí un apoyo decidido a Papandréu.

Tres días antes había hablado con Durão Barroso y con Juncker. Ambos estaban muy preocupados y a la vez claramente posicionados. Preocupados por lo que sucedía en Berlín, y no se referían tanto a la posición de Angela Merkel sino al clima general de opinión en Alemania. Y posicionados en favor de una respuesta enérgica y urgente de la eurozona. Durão Barroso tenía ya a su equipo trabajando en varias hipótesis por si la situación se agravaba. Di mi apoyo a las gestiones que estaban realizando. Les pedí que trabajaran con Alemania, que lo hicieran con firmeza y que dieran apoyo a Papandréu. De España apenas comentamos nada. Aún no habíamos aparecido en la carpeta de preocupaciones europeas…

El 2 de mayo hablé con Papandréu. Estaba agobiado, pero mantenía un discurso firme. Firme para llevar adelante el durísimo Plan de Austeridad que se le reclamaba a cambio de la ayuda financiera. Pero a la vez me transmitió, con dolor, con dolor y una cierta resignación, que no sentía la suficiente solidaridad europea. Me pidió que hablase con Merkel. Me comprometí a hacerlo. Y lo hice el jueves 6 de mayo, el día antes de la cumbre convocada de forma urgente ante el empeoramiento agudo en los mercados.

Pero antes de esa conversación con Angela Merkel habían sucedido hechos de graves consecuencias para Europa y en particular para España.

El martes 4 de mayo tenía una agenda intensa en Bruselas dentro de mi responsabilidad como presidente rotatorio: visita a la OTAN, almuerzo con el presidente del Parlamento Europeo, entrevista con Durão Barroso, inauguración en el Parlamento Europeo del Pacto de los Alcaldes, entrevista con Van Rompuy… En fin, un denso día europeo.

Pero esa apretada agenda quedó completamente en un segundo plano. Desde primeras horas de la mañana circuló una noticia, un rumor según el cual España pediría ayuda a la UE y al FMI por valor de… ¡280.000 millones de euros!

Y poco después, como ya he comentado, aparecieron especulaciones sobre un recorte del rating de España por parte de Moody’s y Fitch.

Todas las alarmas se encendieron entre reunión y reunión de aquella apretada agenda en Bruselas. Mis colaboradores, encabezados por Bernardino León, Javier Vallés y el equipo de prensa, se agitaron e intentaron multiplicar su capacidad para desmentir semejante rumor, un rumor tan injustificado como letal por sus consecuencias.

Ese día el IBEX se desplomó un 5,4 por ciento, la segunda mayor caída del año, y la prima de riesgo pasó de 97 puntos básicos a 116, el máximo desde la implantación del euro.

Al día siguiente, y a pesar de que había quedado contundentemente desmentido ese pernicioso bulo que tanto nos dañaba como país, los medios de comunicación, consciente o inconscientemente, asumieron que había una situación cualitativamente diferente y que la reacción de los mercados era fruto del inmovilismo del Gobierno español y de la desconfianza sobre nuestra situación financiera… Los medios nacionales podían resumirse bien con el editorial de El Mundo, que consideraba que los mercados castigaban el «inmovilismo de Zapatero» y añadía: «Lo que hay que hacer en nuestro país es lo que han hecho Irlanda, Portugal y Grecia». El lector podrá entender que no me resista a subrayar que, paradójicamente, esos tres países iban a acabar en el rescate y que España, al menos mientras yo estuve al frente del Gobierno, no fue ni rescatada ni intervenida, ni tuvo que pedir ayuda.

Pero aún fue más demoledor el impacto de aquel día funesto en la prensa internacional, en la que se basa en gran medida la opinión de los analistas e inversores, quienes le atribuyen con frecuencia mayor credibilidad que a los datos e informaciones de los propios gobiernos. Un repaso a los comentarios en diversos periódicos del día 5 de mayo es suficientemente revelador. Así, el Financial Times, que es como la Biblia en el mundo económico, denunciaba la «lentitud de España en su reforma financiera», y alertaba a muchos inversores preocupados por España y Portugal. El International Herald Tribune consideraba: «España se arriesga a caer en la misma trampa que Grecia». Por su parte, The Times apuntaba: «El rescate de Grecia no salvará del contagio a España y Portugal».

El día anterior, desde Bruselas, en una multitudinaria rueda de prensa, cargada de expectación, ante todos los medios acreditados en la capital europea, me había empleado a fondo para desmentir con toda la rotundidad de la que fui capaz el rumor de la petición de ayuda, por 280.000 millones de euros, de mi Gobierno a la UE y al FMI.

Estaba enojado, indignado, y mis palabras reflejaban mi estado de ánimo y también mi preocupación por las consecuencias de aquella gran falsedad que circulaba en parte como rumor y en parte como noticia.

«No doy crédito, es una absoluta locura, un despropósito monumental […]. Los rumores infundados son un hecho muy grave, sencillamente intolerable».

Sí, es probable que se creyeran mi rotundo desmentido, pero es seguro que la difusión de ese rumor tuvo un efecto muy dañino en la credibilidad y solvencia de nuestras finanzas públicas. Y no sólo lo digo por la reacción de los mercados y la prensa; también empecé a percibir en el seno europeo una mirada distinta hacia nuestra realidad. Mirada distinta que advertí en la conversación con Angela Merkel del día 6 de mayo y en la reunión de líderes del Eurogrupo del día 7.

Se había traspasado una barrera: de una relativa confianza en España se pasaría en pocos días a una creciente preocupación por nuestra estabilidad y solvencia financieras.

La importancia que atribuyo a lo sucedido el día 4 de mayo no pretende ignorar o esconder las debilidades estructurales que afectaban a la economía española. Pero es insólito que se diese esa noticia. Una noticia o rumor que no tenía ni por aproximación nada que ver con la realidad. Hasta ese momento no había oído decir a nadie que España iba a pedir ayuda, ni tuve el más mínimo indicio de que alguien en Bruselas estuviera pensando en esa hipótesis. Pero el rumor quedó ahí como una sombra que oscurecía nuestras fortalezas y ponía el foco en nuestro país y sus debilidades.

Y no sólo reaccionaron la prensa internacional y la nacional, también el FMI lo hacía por primera vez, recomendando a países como España o Portugal aplicar «con rapidez las medidas de sus planes de austeridad».

Ciertamente, al rumor no se le dio pábulo, pero afectó a la percepción general sobre España. A partir de esos días pasamos al debate de si España estaba o no estaba como Grecia. En el fondo, ya estábamos atrapados en la espiral de la sospecha.

Aquel rumor del 4 de mayo de 2010, tan dañino e injustificado, me llevó a pensar en la necesidad de hacer una reflexión colectiva sobre cómo asimilar las informaciones que recibimos. Y a tener muy en cuenta la importancia de las noticias inciertas y sus efectos. Enfrentarse a ellas, cuando pueden conllevar consecuencias serias para tu país, es uno de los retos más difíciles de manejar para un gobernante democrático. De hecho, existe una amplia literatura sobre la rumorología. Por ejemplo, Cass R. Sunstein (Rumorología. Cómo se difunden las falsedades, por qué nos las creemos y qué se puede hacer) explica de manera muy ilustrativa las características más claras de los rumores. Afirma, por un lado, que en épocas de crisis la dinámica del rumor tiene más fuerza, ya que hay una especie de predisposición emocional a aceptar noticias negativas. Y, por otro, que acabar con una creencia falsa no sólo es muy laborioso, sino que al intentar combatirla se puede reforzar el apoyo a esa creencia errónea: lo que el citado autor denomina «correcciones contraproducentes». En definitiva, no es siempre cierto que cuando el río suena agua lleva, pero una vez que suena, es mejor prepararse para nadar contra corriente. Lo realmente difícil de asumir —insisto— es que en ocasiones esa corriente imaginaria se lleve por delante la confianza y pueda poner en riesgo la economía de un país.

Y justo el día 5 recibía a Rajoy. La prima de riesgo aún no se había incrementado a los niveles a los que llegaría el día 6. El día 4 se había cerrado en 116 puntos. Era alta, pero no alarmante. En la reunión abordamos el rescate de Grecia, le aporté la información de la que disponía sobre cómo serían las condiciones de éste y no hubo en tal punto ninguna discrepancia. Y de la misma manera nos comprometimos a acelerar la reestructuración de las cajas de ahorro y a modificar su legislación. Estábamos de acuerdo en que había que sanear, reducir el número de entidades y profesionalizarlas, cambiando su marco normativo para hacer que funcionasen como bancos. Es cierto que, a pesar de que no existían señales de grave preocupación sobre la situación de las cajas, ambos sabíamos que algunas no iban a resistir y que acelerar el proceso de reestructuración era un factor positivo para generar confianza.

En una primera fase hubo consenso en el proceso de profunda reordenación de nuestro sistema financiero; donde no hubo acuerdo fue en la política de reducción del déficit público.

Ya en diciembre de 2009 el Gobierno había presentado en Bruselas un plan de consolidación fiscal que contemplaba una senda gradual de reducción del déficit. Pero Rajoy era partidario de acelerar e intensificar esa reducción. Aunque el 27 de mayo no apoyara las medidas de recorte propuestas por el Gobierno.

Yo en aquella reunión le argumenté, tal y como haría posteriormente en rueda de prensa, que una reducción drástica del déficit pondría en riesgo la recuperación económica y la que había sido la gran batalla durante 2009: volver al crecimiento. Los datos de que disponíamos del primer trimestre hacían vaticinar al Ministerio de Economía que ese retorno al crecimiento ya se había producido, con un crecimiento del 0,2 por ciento intertrimestral después de siete trimestres negativos consecutivos. Por su parte, el Banco de España cifraba en un 0,1 por ciento el crecimiento del PIB, tal y como, por cierto, haría público al día siguiente.

Esto sucedía el día 5, miércoles, y el domingo 10 acepté una reducción mayor del déficit público para 2010 y 2011: una reducción del 1,5 por ciento del PIB, que me llevaría a la sesión del 12 de mayo en el Congreso.

Es obvio que no barrunté el escenario que iba a vivir ese fin de semana. No había aquel día datos para pensar en esa línea, ni indicios de ningún mensaje de las autoridades europeas. Sí había una fuerte tensión en los mercados, pero no pánico. El pánico se instaló el jueves 6 y el viernes 7, con los mercados desbocados. Se temía al lunes 10, como si pudiese llegar una especie de ataque masivo al euro.

Lo cierto es que Rajoy dispuso de una gran baza política. Él me pidió el 5 de mayo lo que tuve que hacer el 10, y yo lo había desestimado por negativo para la recuperación económica. Y además era fácil hacer un discurso para presentar mi actitud como una «imposición» europea. Una especie de correctivo ante la relajación del Gobierno. Y llevando al extremo las cosas se dijo que estábamos intervenidos…

Pero así es la política. Aquella cita con Rajoy en la Moncloa y sus conclusiones, así como los hechos posteriores, dieron alas al líder de la oposición, y a mí me pusieron a la defensiva.

Y ya a la defensiva estuve en la conversación con Merkel del día 6. Aunque ella siempre mantuvo conmigo un tono impecable de respeto y consideración, noté una nueva actitud en sus palabras. El Parlamento alemán iba a aprobar el día siguiente la ayuda a Grecia. Para Merkel esto era decisivo, dado que le había costado convencer a su coalición, y además la oposición del SPD se mostraba crítica con ella por su conducción de la crisis. Pero la canciller era consciente de que el plan aprobado para Grecia iba a ser insuficiente, que en los mercados se empezaba a instalar la idea de contagio y que en la cumbre de líderes de la eurozona del día siguiente íbamos a tener que adoptar medidas enérgicas para frenar el ataque al euro y la enorme volatilidad de los mercados.

Fue la primera vez que la canciller me planteó varias preguntas sobre la situación de España: las cajas, las autonomías, el mercado laboral… Y también me preguntó por la situación política. Le respondí a todas las cuestiones con convicción, esgrimiendo nuestros buenos datos sobre deuda pública, el porcentaje muy asumible en relación con el PIB (1,9 por ciento) de pago de intereses y los datos que confirmaban la salida de la recesión. Le hablé también del proceso de diálogo social y de los pasos que deseaba dar en la reforma laboral y en la reforma del sector financiero. En paralelo, le dije que la respuesta que esperaban los mercados era una respuesta europea, un compromiso claro y decisivo con el euro y especialmente de Alemania. Estuvo receptiva, agradeció toda la información, pero me dijo de forma genérica y delicada que todos teníamos que hacer esfuerzos para generar confianza en los mercados, y que éstos estaban muy preocupados con la evolución de los déficits públicos de algunos países de la eurozona.

De la conversación no extraje la conclusión de que se iba a pedir una acción concreta e inmediata a mi Gobierno, aunque era ya evidente que la aproximación hacia nuestro país era distinta.

Al día siguiente, viernes, celebramos Consejo de Ministros en la sala del edificio que alberga las reuniones del Gobierno en el complejo de la Moncloa y que es conocido como el edificio del Consejo. La sala es amplia y agradable, decorada con cuadros de Miró. Es un sitio propicio para un diálogo sereno y fértil.

Pero, aunque así sea, en nuestro sistema político las reuniones del Consejo de Ministros expresan de la manera más clara la responsabilidad y el poder del presidente del Gobierno. Tener la última y decisiva palabra sobre las decisiones que adopta el Gobierno, reunido en Consejo, es una sensación singular e intransferible. El presidente dirige el debate y decide. Escucha a todo el mundo, pero en último término decide él. En muchas ocasiones, en pocos minutos tiene que optar entre diversas posiciones que pueden ser distantes. La tendencia natural de quien dirige un debate en el seno de un Gobierno es buscar un acuerdo entre ministros discrepantes. Pero no siempre es posible, y cuando llega ese momento en que tiene que ser A o B, el peso de la responsabilidad le alcanza y le presiona inevitablemente. Es una presión que trata de disimular ante los ministros. Porque no siempre está seguro de la decisión. En mi experiencia, los ministros aceptan con cierta resignación una decisión del Consejo que no les agrada y, curiosamente, entonces, en caso de un contratiempo en el seno del Gobierno, pasan a explicar sus problemas a sus propios equipos.

Es conocido que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, y es más que razonable que así sea.

En mi etapa de gobierno hubo contadísimas ocasiones en las que se filtró el contenido de alguna de las reuniones. Aunque no me dediqué a anotar las veces en que se dio tal situación, sí tengo en la memoria que la mayoría de esos pocos casos de filtración de los debates tuvieron que ver con la política en relación con los derechos de la información, o la regulación que afectaba tanto al medio público de información (RTVE) como a las leyes o reglamentos sectoriales que incidían, de una u otra manera, en el llamado panorama mediático.

Este dato es un buen ejemplo de la «vis atractiva» que la política tiene sobre la comunicación, o quizá la comunicación sobre la política.

En todo caso, sí me parece conveniente que los ciudadanos sepan que los Consejos de Ministros no son en absoluto un mero trámite. Tienen la máxima relevancia. Hay debates intensos y en algunos momentos tensos. Los ministros pelean sus posiciones hasta el final. Y en ese final decide el presidente. Por eso, esta sala del complejo de la Moncloa encarna, mejor que cualquier otro lugar, la autoridad que tiene el presidente del Gobierno en nuestro sistema parlamentario.

El ejercicio responsable de esa autoridad me llevó, en buena parte de los Consejos, a trasladar a los ministros un análisis, mi análisis, de la situación política. En la segunda Legislatura incluyó casi siempre un análisis de la situación económica.

Hasta esa semana del mes de mayo de 2010, mi análisis ante el Gobierno desprendía un tono de confianza, dentro de la gravedad y la preocupación. Confianza en la política económica que aplicábamos y confianza en la capacidad de preservar la cohesión social, pues el paro era el tema central de nuestras preocupaciones y debates. Y, a pesar de que ya llevábamos casi dos años de dura crisis, mantenía también la confianza en nuestra capacidad de resistencia política.

Pero aquel viernes las sensaciones y la visión de lo que sucedía entraron en una dimensión distinta. Hasta mayo de 2010 combatí la crisis económica; a partir de entonces me defendí de la crisis de la deuda.

Todo sucedió en cuarenta y ocho horas. El viernes 7, los líderes de la zona euro habíamos sido convocados para ratificar el Acuerdo de Ayuda a Grecia del 2 de mayo. Dada la gravedad de la situación de las finanzas griegas, decidí que ese mismo día aprobáramos el decreto ley de concesión de un préstamo a Grecia por un importe de 9.794.387.450 euros. El importe total del préstamo, tal y como ya hemos señalado, era de 110.000 millones de euros, de los que 30.000 serían aportados por el FMI y 80.000 por los Estados de la zona euro. A nuestro país le correspondía el 12,24 por ciento de esa última cantidad.

En la reunión del Consejo, Elena Salgado dio los detalles del préstamo. El interés de éste seguiría la fórmula del FMI: un tipo variable con referencia en el euríbor, con un recargo de trescientos puntos básicos, más cincuenta puntos básicos de costes operativos, y otro recargo de cien puntos básicos para toda cantidad que quedara, en su caso, pendiente de reembolso durante más de tres años. En definitiva, el tipo de interés del préstamo a Grecia se situó en un 7 por ciento, una cifra que siempre consideré excesiva y que posteriormente se reduciría.

De igual manera, la vicepresidenta económica informó sobre la situación de los mercados y sobre el progresivo nerviosismo de algunos de sus colegas. Y esbozó alguna de las ideas que se estaban intercambiando en las últimas horas entre los gobiernos de la zona euro y, especialmente, entre los países más grandes de ésta: Francia, Alemania, Italia y España. Los ministros de Economía de estos cuatro países, junto con el comisario Rehn, funcionaron a partir de mayo de 2010 como un grupo de gestión económica en la sombra.

Por mi parte, trasladé a los ministros que aquella tarde viviríamos en la UE —o, mejor dicho, en la eurozona— una reunión decisiva. Ya era claro que los mercados nos habían ganado la posición y que el modelo de ayuda acordado para Grecia no generaba ni credibilidad ni confianza.

Por tanto, estábamos abocados a tomar nuevas medidas, de alcance y urgentes, ante la tensión de los mercados de deuda y de valores. Como en tantas ocasiones, el pánico al lunes merodeaba por Bruselas y por los principales gobiernos europeos. Un pánico que acabó contagiándose a los medios de comunicación, y de ahí a la sociedad en general. A partir de aquel fin de semana de mayo, esa sensación de que algo muy grave puede pasar el lunes si no se toman medidas decisivas reaparecería cada cierto tiempo como una especie de maldición cíclica.

La paradoja era bien notable. Habíamos convocado una reunión para aprobar un plan de ayuda a Grecia que nosotros mismos, jefes de Estado y de Gobierno, ya considerábamos insuficiente para contener el riesgo de contagio desde Grecia al conjunto de la eurozona, y teníamos que poner sobre la mesa nuevas iniciativas.

El Consejo de Ministros de aquel 7 de mayo de 2010 fue denso y con temas de gran interés. Para mí tiene un especial simbolismo que en ese Consejo, el Consejo del préstamo a Grecia, el Consejo previo al 12 de mayo, se aprobara la Estrategia Universidad 2015 y un aumento del 3,5 por ciento de la dotación para becas, con una inversión total de 1.203 millones de euros. Y, de manera singular, incrementábamos en 82 millones de euros la cuantía para la modalidad de ayuda creada en 2009, conocida como beca salario, que tiene como finalidad compensar la ausencia de ingresos que comporta la dedicación plena a los estudios universitarios.

Ésta fue la última vez que en un Consejo de Ministros de mi etapa como presidente pudimos aprobar una mejora en política social. Fue en educación. Fue para becas. Y aunque no pudimos volver a aumentar significativamente la partida destinada a becas, sí que me queda el recuerdo del esfuerzo que habíamos hecho año a año en las dotaciones para becas y en la mejora de las condiciones para su obtención.

A pesar del clima que se respiraba ese viernes, nadie, incluido yo mismo, podía pensar que en el siguiente Consejo de Ministros fuésemos a aprobar una reducción del gasto público por importe de 15.000 millones de euros para los ejercicios de 2010 y 2011. Aunque la presión sobre nuestra prima de riesgo se había intensificado en los últimos días, mi análisis hasta el domingo 9 me hacía pensar que no estábamos como país en una zona de riesgo real, ya que los datos de la situación de la financiación de la deuda del Estado —que seguía, día a día, y evaluaba con Elena Salgado, Javier Vallés y Soledad Núñez, la directora general del Tesoro— indicaban que nuestro punto de partida era muy sólido y que, por tanto, tendríamos capacidad de adaptarnos a un entorno más exigente.

Nada más terminar el Consejo, salí hacia Bruselas con mis colaboradores. Sabíamos que la reunión de esa tarde de los líderes del Eurogrupo iba a ser muy importante para los mercados. La sensación de vértigo y la convicción de que la cadena de malas noticias iba a agrandarse fueron imparables. Sabía que aún no había contagio para mi país, pero ya sentía que estábamos en observación. Así lo había deducido de la conversación con Merkel, así se extraía de los análisis de la prensa europea, y ya llevábamos algunas semanas en España con el nefasto debate sobre si España era o no como Grecia.

Cada vez que escuchaba a alguna personalidad pública iniciar una declaración diciendo «España no es Grecia, pero…», sabía que, queriéndolo o no, nosotros mismos inducíamos a las comparaciones. Y el que te comparasen con Grecia en aquel contexto era una señal muy negativa. Pero también fui consciente de lo difícil que era evitar esta dinámica, la de la teoría de la profecía autocumplida, formulada por el sociólogo Robert K. Merton.

De hecho, la Oficina Económica me trasladó una nota bajo el título «España no es Grecia». Cuando vi este título sentí que la marea había llegado al mismísimo puente de mando del país, a la Moncloa. Por cierto, la nota, que estaba elaborada de manera exhaustiva, era irrebatible a la hora de concluir que las diferencias entre la situación de los dos países eran abismales… Pero ya estábamos comparando, para negar algo. Para refutar una visión falsa de la situación de nuestra capacidad de financiación. Y esa falsa percepción acabaría provocando efectos que a la postre iban a dificultar las posibilidades de financiación de España.

En el viaje fui repasando las notas que acompañaban al proyecto de intervención que llevábamos para la reunión. Es bien ilustrativo recuperar aquí tanto los informes con los que acudí a aquella reunión como la intervención que planteé ante los líderes europeos.

En mi carpeta había tres informes: uno de carácter general sobre la reunión, otro sobre la Estrategia de Consolidación Presupuestaria, y un tercero, de capital importancia, sobre la situación de la financiación de la deuda del Estado. Los tres de la Oficina Económica. Los tres rigurosos y objetivos. El que los dos informes específicos fueran sobre la Estrategia de Consolidación Presupuestaria y sobre la situación de la financiación de la deuda del Estado era ya un hecho significativo que anticipaba en qué cuestiones podían surgir problemas.

Se trataba con esta documentación de disponer de datos completos y actualizados para demostrar ante nuestros socios europeos que teníamos fortaleza financiera y que nuestro compromiso con la reducción del déficit era inequívoco.

El documento «Estrategia de Consolidación Presupuestaria» era un relato de las medidas incluidas en los Presupuestos para 2010 y en el Plan de Austeridad 2010-2013.

Pero aún tenía mayor valor la nota relativa a la deuda del Estado. Si el debate y la preocupación fueran a girar en torno a nuestra capacidad de financiación como país, los datos eran tranquilizadores y me pertrechaban de argumentos sólidos para defender que España no era un problema, sino que más bien podía verse afectada si, a pesar de ello, se la señalaba como un problema. En mi cabeza estaba muy presente aquel rumor del día 5 según el cual íbamos directos a pedir ayuda a la UE y al FMI. Y lo cierto es que, desde entonces, la espiral ya se había puesto en marcha, tenía vida propia. Con fundamento o sin él, España comenzaba a ser vista como un problema.

Sin embargo, en mayo de 2010 las necesidades de refinanciación del Tesoro español eran sólo el 7,5 por ciento del PIB, gracias a nuestro bajo porcentaje relativo de deuda sobre PIB (53,2 por ciento a finales de 2009). Para tener una referencia, Francia tenía que refinanciar el 15 por ciento de su PIB e Italia alrededor del 20 por ciento. Además, la carga de intereses de España con relación a su PIB era en 2009 del 1,8 por ciento, un punto menos que la media de la UE. Y la evolución de 2010 en el Tesoro era positiva: la ratio de cobertura (la relación entre la demanda y la adjudicación en las subastas del Tesoro) mejoraba respecto al registro de 2009, el coste de la deuda en circulación seguía cayendo, y el aumento de vida media de la deuda en circulación reducía el riesgo de refinanciación. Y, para reforzar aún más nuestra posición, era conveniente tener en cuenta que las previsiones de gastos financieros contenidos en los Presupuestos se habían elaborado con supuestos conservadores respecto a la evolución de los tipos de interés, por lo que nuestro Tesoro tenía capacidad de absorción de costes financieros más elevados.

Todos estos datos contenidos en la nota referida fueron expuestos por mí en las conversaciones con los líderes políticos, periodistas de medios internacionales, inversores, expertos, académicos, etc.

Pero ya notaba que los datos objetivos empezaban a contar menos que la sensación general. Es como cuando, ante un gran rumor en un acontecimiento de masas, la gente reacciona despavorida y nadie atiende a la petición de permanecer quietos que efectúan las autoridades. Así fue la percepción que tuve a partir de un determinado momento, a partir de esos días de mayo de 2010.

La reunión del Eurogrupo era a las siete. A las seis había quedado con Sarkozy. El tono del presidente de la República Francesa en ese encuentro fue dramático. Me dijo que, si no éramos capaces de articular una decisión resuelta y una política ambiciosa en favor de la unidad europea y de la defensa del euro, el lunes los mercados podían llevarnos a una situación límite. Me comentó que la postura de Alemania era muy dura, aunque pensaba que al final estaría a favor de un compromiso de alcance para restituir la credibilidad. A esas alturas de la tarde del 7 de mayo ya sabíamos que se abrían paso las ideas para poder construir ese acuerdo fuerte e imprescindible. Por un lado, la creación de un «cortafuegos» suficiente, poniendo en marcha una especie de «fondo europeo» con un volumen elevado de recursos para ayudar a los países que pudieran necesitarlo, en particular Grecia; y, por otro, una mayor exigencia para la reducción del déficit público de los países con más dificultades. Por supuesto, el fondo, que se alumbraría como mecanismo de respaldo financiero, llevaría aparejado, en caso de utilizarse, una estricta condicionalidad.

La referencia a la mayor exigencia en la reducción del déficit público era genérica. Sí, me habló de España, pero sin precisar la necesidad de algún compromiso concreto. Y me insistió en que la creación del mecanismo y la «salvación» de Grecia debían percibirse como fruto de la corresponsabilidad de todos, a fin de transmitir a los mercados toda la determinación sobre una política de rigor en la zona euro. En la entrada a la reunión y en los minutos previos a ella, en ese tiempo en el que corres el riesgo de que las cámaras capten las conversaciones que se producen entre los dirigentes políticos —algo que cuando se produce suele dar un gran juego mediático—, tanto Juncker como Barroso me dijeron que había posibilidades de llegar a un acuerdo sobre una especie de fondo europeo, aunque los detalles seguramente tendrían que discutirse en una reunión urgente ese mismo fin de semana entre los ministros de Economía de la zona euro, en todo caso antes del lunes. Ese lunes 10 de mayo que se había convertido en una especie de espada de Damocles para la zona euro.

Como era habitual en los prolegómenos de las reuniones, también conversé brevemente con Angela Merkel. Como siempre, estuvo correcta y prudente. Pero me insistió en la necesidad de hacer más esfuerzos y reformas en España y en todos los países de la zona euro.

Al inicio de la reunión, mi impresión era que a países como España les pedirían un esfuerzo genérico en esa dirección y especialmente, claro está, en la aceleración de la reducción del déficit. Durante la reunión no extraje la conclusión de que a España se le requiriese un compromiso específico y concreto, es decir, cuantificado en plazos, para adelantar la senda de consolidación fiscal que habíamos adoptado meses antes con la aprobación de la Comisión Europea.

Ese compromiso específico se nos demandó en la reunión que el sábado y el domingo celebraron los ministros de Economía y Hacienda. Un compromiso concreto que autoricé en la tarde-noche del domingo 9 de mayo.

Sobre la reunión de líderes del Eurogrupo planeaba no sólo el riesgo sistémico que advertían los analistas y que a nosotros nos parecía verosímil, también la conciencia de que a esta situación habíamos llegado tras cuatro meses de dudas, incertidumbres y acuerdos, insuficientes y agónicos, en torno a la crisis de deuda de Grecia. Cuatro meses para dar una respuesta seria y eficaz al problema de endeudamiento de un país que representaba el 2 por ciento del PIB de la eurozona. Nadie se hacía directamente responsable de ello, pero nadie dudaba tampoco de que la falta de acierto europeo ante el problema heleno había contribuido de manera decisiva a acelerar el temor al contagio y a provocar un incremento de la tensión en los mercados.

Desbordados. Ésa era la sensación que tuve en aquella extraña cumbre, en la que se puso de manifiesto que el ataque de los mercados, el ataque a Pearl Harbor, dejaba al descubierto las debilidades económicas de la arquitectura del euro, proyectada en Maastricht, y, lo que era más preocupante, las debilidades políticas que la Unión padecía como consecuencia de las diferentes visiones o intereses nacionales e ideológicos.

En aquella cumbre planeaban también las elecciones que el domingo se celebraban en el Land de Renania del Norte-Westfalia. De hecho, esas elecciones sobrevolaban la UE desde hacía meses. Aunque nadie llegara a verbalizarlo en público, en las conversaciones privadas entre los líderes políticos y los miembros de los gabinetes era corriente escuchar que esas elecciones regionales suponían un condicionante muy serio para la canciller Merkel.

No deseo hacer juicios de intenciones sobre esta cuestión. Es verdad que la coincidencia de las fechas era significativa y que existía un clima negativo en Alemania sobre las ayudas a Grecia. Pero, en mi opinión, sin descontar una cierta incidencia del hecho electoral, la cuestión era más de fondo y trascendía una coyuntura concreta, como se pudo comprobar con el tiempo. Por cierto, aquellas elecciones supusieron una derrota para la CDU, y la interpretación generalizada de ese resultado apuntaba al malestar de los votantes alemanes por tener que ayudar a otros países de la zona euro.

Anteriormente afirmé que la reunión fue extraña y no sólo porque en ella aprobamos un plan de ayuda a Grecia que nosotros mismos íbamos a enmendar una semana más tarde creando el Fondo de Estabilidad, sino ante todo porque no hubo una declaración por escrito, un comunicado, como siempre sucedía cuando nos reuníamos al máximo nivel y en circunstancias tan extraordinarias. Con el paso del tiempo me he preguntado por qué en aquella reunión no se perfiló el mecanismo de ayuda, y por qué no se concretó cómo y qué países debían hacer el mayor esfuerzo de reducción del déficit público.

Es cierto que la reunión empezó tarde, que acabamos de madrugada y que la tensión interna y la dificultad objetiva de llegar a un acuerdo eran un fuerte incentivo para dejar que fueran los ministros de Economía quienes se encargaran de abordar la letra pequeña, los detalles del acuerdo, allí donde, según el dicho, alemán por cierto, habita el diablo… Pero siempre pensé que dejar los aspectos más difíciles de la decisión para la cita de los ministros había sido una manera buscada de eludir entre nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, una situación que podía vivirse con gran tensión e incomodidad.

Ante la falta de comunicado, Herman Van Rompuy puso encima de la mesa los mensajes que debíamos trasladar en nuestras ruedas de prensa. Y comparecimos ante los periodistas con un relato que, por reiterado, empezó a parecer rutinario y carente de fuerza: «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender el euro». Así lo transmitieron Merkel y Sarkozy, Barroso y Van Rompuy. En mi comparecencia, y fruto del compromiso genérico que habíamos acordado, adelanté además que España aceleraría la reducción del déficit público. Pero en aquel momento aún no podía definir cómo se iba a traducir ese compromiso. Eso sucedería en la cumbre de ministros del domingo. Lo adquiriría en mi nombre la vicepresidenta Salgado en una dificilísima reunión.

Permanezcamos, no obstante, por un momento más en el viernes 7. Aquel día las preocupaciones se me agolpaban. Era uno de los pocos españoles que sabía que a la mañana siguiente iban a intervenir al Rey en una clínica de Barcelona de una lesión en el pulmón. Una lesión cuyo alcance no conocíamos. En los días previos, había estado preparando con el Rey, y muy intensamente también con el gran servidor del Estado que es Alberto Aza, el jefe de la Casa Real por aquellas fechas, todo lo relativo a esa intervención: el momento de informar, el grado de transparencia necesaria, los pasos que había que dar ante los distintos escenarios, mi inmediata presencia en la clínica, a quién se debía informar previamente…, en fin, toda una agenda de trabajo intenso y de la máxima trascendencia.

La noche del 9, algo más que una noche

El lector podrá comprender que a mi regreso de aquella cumbre, de por sí inquietante, estuviese aún más preocupado debido a la operación del Rey. Dormí apenas un par de horas. Me desperté muy pronto, esperando ya la llamada desde Barcelona. Ésta se produjo en torno a las once. Al otro lado del teléfono, el cirujano que acababa de intervenir al Rey. Desde la misma mesa de operaciones me transmite, en un tono extraordinariamente amable y de gran satisfacción, que tiene la mejor de las impresiones sobre el alcance de la lesión del Rey y que le augura una buena recuperación. Aquella llamada fue muy reconfortante. En los días previos a la intervención mi impresión era más bien pesimista. No sé si influido por todos los avatares en torno a la economía, pero tenía unas sensaciones extrañas sobre lo que nos podríamos encontrar en la cirugía.

El que acertó fue el propio Rey. Él era el más tranquilo entonces. Pensaba que aquello no iba a tener importancia, y no se equivocó. Yo me alegré más que nunca de su acierto. Creo que no desvelo ningún secreto si digo que siento un profundo afecto por el Rey. Es fuerte y optimista. Siempre le he visto como el último general que abandonaría una batalla. Y siempre tuvo conmigo una actitud de cercanía y de apoyo continuo. Compartía los reveses y me felicitaba cuando las cosas salían bien.

Todo lo relacionado con la operación y la gestión de su comunicación pública se había preparado correctamente. En mi opinión, tanto la Casa Real como el Gobierno estuvieron a la altura de unas circunstancias que eran potencialmente muy delicadas. Al día siguiente, tal y como habíamos planificado, visité a Don Juan Carlos en el hospital. Fui una de las primeras personas que le veían. Le encontré bien, con renovadas ganas de vivir. De vivir y de la vida, de eso hablamos.

Al salir de la habitación, mientras me dirigía a atender a los periodistas, iba pensando que la fuerza vital que tiene el Rey había sido clave en nuestro devenir desde la Transición. Es como si hubiese habido un paralelismo entre la confianza y el optimismo del Rey y los del país, una especie de cordón umbilical.

Así pues, el domingo por la mañana fue agradable, y el encuentro con el Rey, entrañable, pero me esperaban una tarde y una noche peliagudas, de las más complicadas de todo mi mandato.

Antes de entrar de lleno en la noche del 9 de mayo, quiero referirme a la jornada que el día anterior, el sábado de la operación del Rey, viví con ocasión de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El motivo principal de la visita era mostrar por parte del Gobierno de Obama el agradecimiento a España por su compromiso en Afganistán. Por ello, la cita incluía una visita a los BRIPAC (Brigada de Infantería Ligera Paracaidista) en Paracuellos de Jarama. Pero la reunión en la Moncloa se centró en la situación económica en los mercados y en la zona euro. Y fue bien interesante. Biden es un político curtido, de larga trayectoria, un demócrata norteamericano clásico. Con una fuerte personalidad en las distancias cortas. Derrocha energía en las conversaciones. Es directo, y puede llegar a ser descarnado en sus análisis y opiniones. Y aquel día lo fue. Al darme su opinión sobre los mercados, me dijo, con una crudeza que hasta ese momento no había escuchado, que la única manera de lograr ganar su confianza era tomando decisiones que te hicieran sufrir de verdad y a fondo. Que sólo eres creíble en determinadas circunstancias si sometes a los ciudadanos a pruebas difíciles, si los sindicatos rechazan abiertamente tu política, en definitiva, si hay lágrimas y sufrimiento… Me llamó la atención su mensaje, por su franqueza y por su dureza. Lágrimas y sufrimiento.

Esta conversación resultó premonitoria. Me situó en la antesala del dilema que iba a vivir sólo unas horas después, un dilema que para mí resultaba muy difícil, muy amargo.

El domingo por la tarde, después de regresar de ver al Rey, me dispuse a estar pegado al teléfono para seguir la evolución de la reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo. Estuve desde primeras horas de la tarde, y hasta las tres de la madrugada, en estrecho contacto con Elena Salgado. Fueron varias conversaciones telefónicas y varios mensajes por SMS de ida y vuelta durante aquellas horas de angustia e incertidumbre. Incertidumbre porque se discutía todo el plan de ayuda, el mecanismo, su cuantía, las condiciones para su puesta en marcha, las contrapartidas que los países de la periferia teníamos que hacer para que las naciones triple A comprometieran los recursos…

Y angustia porque el debate y la fijación de las posiciones no los podía hacer yo mismo en directo y en persona ante los líderes, ante los interlocutores que ya conocía bien, sino que debía delegar en un vicepresidente la pesada responsabilidad de comprometer, en circunstancias tan extraordinarias, decisiones difíciles en nombre mío y de todo el Gobierno.

De la angustia pasé a la sensación de vacío, vacío en forma de silencio y de soledad. Y ello a pesar de las diversas ocasiones en que hablé durante aquellas horas con mis colaboradores y con varios miembros del Gobierno. Pero sus palabras, siempre de aliento, se desvanecían al cabo de segundos ante la expectativa inquietante, por incierta y por grave, de las decisiones que tendríamos que acordar y adoptar.

Aquella noche, el teléfono móvil, ese invento que ha cambiado nuestras vidas, era todo mi anclaje con la realidad.

Debo confesar que el desarrollo y el resultado de la reunión fueron más duros de lo que podía prever. Sabía que nos iba a tocar asumir compromisos. Pero no pensé que de una manera tan inmediata y concreta.

Las primeras llamadas de la vicepresidenta ya me alertaron sobre esta posibilidad. Sobre las ocho de la tarde, Elena Salgado me transmitió que se nos exigía a Portugal y a nosotros un compromiso expreso, con anuncio público, de una significativa reducción del déficit. Le di el margen de confianza suficiente para que pudiera decidir en función de las circunstancias.

En situaciones así, tienes que depositar una confianza plena en tus ministros. Lo peor que hubiera podido suceder es que la vicepresidenta, en aquella cumbre, no hubiera sentido mi pleno respaldo y mi comprensión. Los tuvo. Y se los mereció. Defendió los intereses de España. No consintió que hubiera ninguna supervisión especial hacia nuestro país. Y condicionó nuestro compromiso de reducir el déficit a la aprobación global del programa de ayuda financiera europea.

La batalla fue dura. Avanzada la noche, en torno a las once, llegó la hora de la verdad. En una nueva llamada, Elena Salgado me dice que se nos pide concretar esa noche una cantidad o porcentaje del PIB de reducción del déficit que pudiéramos aplicar con carácter inmediato. Intercambiamos opiniones sobre la cifra. Evaluamos el margen que teníamos. Ambos teníamos las grandes cifras del presupuesto en la cabeza. Éramos conscientes de que cualquier reducción que fuese más allá de 0,5 décimas del PIB nos obligaría a afectar a partidas sensibles. No había mucho tiempo más para meditar ni para consultar, ni podíamos seguir con la línea telefónica abierta permanentemente… Tomé una decisión: le dije que se plantara en el 1,5 por ciento del PIB de reducción inmediata del déficit, frente a la pretensión inicial del 3 por ciento.

Le dije que tenía mi pleno apoyo en la negociación. Los dos sabíamos, porque conocíamos a algunos de los ministros de Economía de la eurozona, que habría voces que insistirían en reclamar un esfuerzo mayor.

Desde el momento en que autoricé la propuesta, sabía muy bien qué tipo de decisión estaba tomando. Sabía que iba a dejar muchos jirones en el camino de la aplicación de los recortes. Lo sabía, pero también que debía hacerlo, que el dilema no se podía resolver de otro modo. Es difícil, si no imposible, evaluar estas decisiones en abstracto, o retrospectivamente. Las circunstancias fueron las que fueron y se precipitaron de la forma en que lo he relatado. Y como aún las tengo muy presentes, no podría decir que, en el ejercicio de mi responsabilidad como presidente del Gobierno de España, hubiera debido hacer cosa distinta a la que hice. Adopté la decisión con pesar, con mucha preocupación, sin duda, pero convencido de que tenía que dar ese paso.

En muchas ocasiones me han preguntado cómo viví aquella noche. Es un interés comprensible. Pero el lector podrá entender que en la vivencia de unas horas tan intensas y trascendentes mi pensamiento estaba más bien en el deseo de alcanzar una solución, un acuerdo en Bruselas. Un acuerdo que, aunque duro, pudiera ser asumible por nuestro país, a la vez que contribuyera al compromiso del conjunto de la Unión Europea de dar una respuesta que evitara el desastre sistémico que se nos anunciaba a partir del lunes. Hoy sabemos que aquello fue sólo una estación más del vía crucis europeo frente a la crisis, pero entonces, como luego pasaría en posteriores y sucesivas ocasiones, igualmente agónicas, cabía pensar que ese esfuerzo, que parecía tan duro, sin precedentes, podía valer, podía servir para recorrer el último tramo descendente y empezar a ver, al fin, la luz.

La reunión en Bruselas terminó en torno a las dos y media de la madrugada. Elena me fue confirmando, vía SMS, el resultado de la reunión. El acuerdo europeo y nuestro compromiso.

Durante todas aquellas horas seguí hablando con varios ministros y colaboradores. Les explicaba cómo podía sustanciarse el acuerdo a tenor de cómo evolucionaba la reunión. Y me transmitían sensaciones ambivalentes, como las que yo tenía. Por un lado, el acuerdo, con el gran volumen de recursos que se comprometía por parte de la UE y del FMI (750.000 millones de euros), permitía fundar la creencia de que con él se alzaba un cortafuegos suficiente para frenar cualquier hipótesis de contagio, y que, por tanto, podía ser un factor decisivo para estabilizar los mercados y permitir así la ansiada vuelta al crecimiento. Por otro, claro está, mis interlocutores eran también conscientes de que los nuevos recortes iban a afectar a las llamadas partidas sensibles; iban a afectar, directamente, a muchos ciudadanos. Un duro paso. Un paso que nunca pensamos que tuviéramos que dar.

A las dos y media había terminado la reunión en Bruselas. Elena Salgado anunció públicamente que reduciríamos en 2010 y 2011 el gasto público en 15.000 millones de euros.

Todo había terminado. También mi capacidad para descansar. Hacia las tres intenté dormir. Fue imposible. La tensión acumulada me lo impedía. Tan consciente era ya, aquella misma noche, de las consecuencias del compromiso adoptado que me venían a la cabeza imágenes de Rodiezmo, allí donde había proclamado, delante de muchos ciudadanos, delante de Cándido Méndez y de otros representantes sindicales, que no cedería ante las presiones de los mercados.

Otro café. Más agua. No había ya nada que esperar. Pero las horas se hacían interminables. Y junto a esas imágenes emotivas empecé a pensar en cómo abordar la decisión, y en cómo explicarla.

De repente, en medio del silencio, sonó el tono de los SMS en mi móvil. Eran las cinco de la mañana. «Los futuros de los mercados asiáticos van en positivo». El remitente era Miguel Sebastián.

Aún no me atrevía a vaticinar qué harían los mercados a partir de las nueve de la mañana, pero experimenté un cierto alivio. No tanto por el contenido del mensaje, sino porque lo interpreté como un gesto cálido de solidaridad de una persona por la que siento un gran afecto y respeto.

Respeto por sus cualidades profesionales, y afecto por su bonhomía. Hablé con él muchas veces de economía en mis años de gobierno y aun antes en la oposición. Siempre estuvo disponible, siempre con un trabajo serio.

Los «futuros» de Miguel Sebastián se confirmaron. Las bolsas abrieron al alza. Y cerraron aquel lunes con fuertes subidas. El IBEX experimentó una subida del 14,43 por ciento, la mayor de su historia en una sola jornada. Los bancos Santander y BBVA anotaron subidas superiores ¡al 20 por ciento! París ganó un 9,66 por ciento, Fráncfort un 5,30 y Londres un 5,26. Y la prima de riesgo bajó de los cien puntos básicos, después de haber cerrado el viernes en 164. El BCE contribuyó a ello interviniendo en el mercado secundario de deuda (con la crítica del presidente del Bundesbank, Axel Weber).

La forma en la que los mercados habían reaccionado era un consuelo dentro de la tempestad. Con mi radio de siempre pasé las últimas horas de la madrugada dispuesto a empezar un nuevo día. Aunque más que un nuevo día me parecía un nuevo tiempo. Entre el 9 y el 10 de mayo había mucho más que una noche. Hubo un cambio de sentido de muchas cosas, entre ellas algunas de las que más apreciábamos.

Y de ahí a la reunión de los recortes en la sala Bores, que ya he descrito. La semana se presentaba muy áspera. Sabía que el miércoles iba a ser un día especial en el Congreso. Especial por amargo. Así llegué a ese día. Y pensé que después del 12 podría tener un respiro para ordenar las prioridades que, a partir de todas esas fechas, cambiaban irreversiblemente. La gran prioridad pasaba a ser evitar una intervención de nuestro país. Una intervención a la que se me «invitaría» hasta en tres ocasiones antes del final de mi mandato. Para evitar el rescate libré unas cuantas batallas en muy diversos frentes. Pero llegará el momento de que el lector conozca con detalle cuándo y cómo tuve que hacer frente a esas «invitaciones» para pedir ayuda.

LA REUNIÓN CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS

Pensaba que después del miércoles 12 podría tener un espacio de respiro. En aquel momento no podía imaginar que lo peor estaba aún por llegar. No imaginaba que en la votación de las medidas del plan de recortes nos íbamos a jugar, por un solo voto, el destino del país y de mi Gobierno.

El 13 de mayo había convocado a los interlocutores sociales para informarlos sobre las medidas que el Gobierno iba a aprobar en el Consejo de Ministros del viernes y que había expuesto en el Congreso el día anterior. La convocatoria era obligada. Durante la primera Legislatura, y en el periodo que llevábamos de dura crisis económica, la relación con CC.OO. y UGT había sido fluida, sincera y constructiva. Y también, aunque con mayor distancia y menos confianza, la comunicación con la CEOE y la CEPYME era razonable.

Cité, por separado, primero a los sindicatos y después a las organizaciones empresariales.

En la etapa de la crisis, hasta ese momento, los principales responsables sindicales habían mantenido una actitud de comprensión y en cierta medida de apoyo a la política económica y especialmente a la política social. De manera singular, era muy determinante para ellos la política de prestaciones ante el desempleo. Cándido y Toxo, como es fácil de entender, estaban además de acuerdo con una política de estímulos fiscales ante la crisis. Y, como asimismo es conocido, recelaban de los mensajes que situaban en la austeridad y en las reformas las únicas palancas para superar la grave crisis económica que padecíamos.

Sabía, cuando cité a CC.OO. y a UGT a la reunión, que su disgusto por las medidas era muy considerable. Que para ellos suponía una quiebra del compromiso tácito que habíamos mantenido en aras de garantizar la cohesión y la paz social en un tiempo de tantas dificultades.

El día que los recibía, en la mañana después del debate parlamentario, los medios de comunicación y, en particular, la prensa escrita vertían graves y parecidos titulares. Fuese o no cierto, el mensaje era unívoco: «El recorte social mayor de la democracia», «Cambio de rumbo», «Europa mete en vereda al Gobierno»…

El clima en el que se iba a desarrollar la reunión con CC.OO. y UGT no era, pues, nada favorable. Y, durante su transcurso, esa sensación se confirmó con creces. Aquél fue, sin duda, el encuentro más frío que mantuve con Cándido y Toxo. Me afectó la manera en la que Cándido Méndez guardó las distancias conmigo a la hora de sentarse, mostrando un gesto de seriedad y malestar ante las cámaras. No se me olvidará fácilmente ese momento, al igual que el acto que precedió a la huelga general del mes de septiembre celebrado en la plaza de toros de Vistalegre. Donde los eslóganes contra mí resonaron con gran fuerza… en el mismo sitio en el que se habían celebrado los mítines más potentes y emotivos de mi trayectoria política como líder del PSOE.

La vida política suele ir de los éxitos a las derrotas, de la exaltación al rechazo. Y no es infrecuente que eso suceda en el mismo lugar y con los mismos protagonistas.

En la reunión les expliqué a los dos líderes sindicales las razones de mi decisión, el estrecho margen del que disponía y el fundamento del compromiso contraído. Unos países comprometen sus recursos para defender el euro y la UE, y otros deben demostrar su capacidad de hacer sacrificios.

Ésa era la lógica que se impuso a partir de aquel momento. Una lógica plagada de tensiones y desavenencias. De tira y aflojas. De declaraciones con muy distinto contenido y sentido sobre la naturaleza de la Unión Monetaria y el proyecto de unión política.

Esa cacofonía ha debilitado la confianza en nuestras posibilidades de resolver los desafíos comunes como europeos. Pero siempre he creído que la última «ratio europeísta» tenía que estar presente en este difícil proceso.

Mis argumentos no convencieron a los líderes de UGT y CC.OO. En tono serio, aunque siempre respetuoso, me expresaron su disconformidad y me alertaron sobre el riesgo que suponían los recortes para el incipiente crecimiento. En algún momento de la reunión, pude intuir que su reacción sindical sería medida, pero que se produciría. No pienso que buscaran sumarse al debilitamiento político del Gobierno, pero nada podía hacer ya, en todo caso, para disuadirlos de su posición.

A partir de ese momento, el clima de cierta comprensión mutua ante la crisis cambió hacia un distanciamiento progresivo, que tendría su punto álgido en la huelga general de septiembre de ese año. Aunque ese distanciamiento no iba a ser ni definitivo ni total. De hecho, en 2011 recuperaríamos el diálogo para alcanzar un acuerdo cuyo núcleo esencial afectó a las pensiones y que supuso un gran activo ante mis interlocutores europeos, especialmente ante Angela Merkel. Pero ya llegará el momento en que me refiera a esta cuestión con mayor detalle.

El encuentro con los responsables de CEOE y CEPYME fue ciertamente distinto. Apoyaban las medidas e incluso pensaban que se debía ir más allá en la política de reducción del déficit público.

Pero era ya evidente que, entre las muchas consecuencias de aquel 12 de mayo, una de las más claras y sensibles para mí y para mi formación política era la distancia que se abría con una parte de nuestro soporte social natural, con aquellos trabajadores más cercanos a las centrales sindicales. De hecho, el mismo día 13 de mayo, los sindicatos convocaron un paro general en el sector público ante la rebaja de las remuneraciones de los empleados públicos.

Fueron aquéllos unos días de extraordinaria intensidad. También difíciles en el seno del Gobierno, para ajustar técnicamente las medidas y conformar el decreto ley, que no pudo aprobarse hasta el jueves 20. Cuando volví a Bruselas para la reunión del Consejo que habría de ratificar los acuerdos del Eurogrupo del día 9, recibí parabienes generalizados por la «valentía» de las medidas que había adoptado.

Cuantas más críticas recibía en mi país, más me respaldaban mis colegas europeos. Era una gran paradoja. Algo no funcionaba bien desde el punto de vista democrático cuando aquello que se consideraba positivo por los líderes europeos se cuestionaba por amplios sectores de la ciudadanía. Una de dos: o bien habíamos creado demasiadas expectativas en los ciudadanos sobre la Unión Europea, o la Unión Europea no estaba sabiendo interpretar el momento histórico que vivíamos.

En todo caso, ni entonces ni en los sucesivos momentos, no menos azarosos e imprevistos, que nos tocaría vivir había mucho tiempo para el análisis del proceso histórico que teníamos delante de nosotros.

En aquellos días de mayo, mi tarea se concentraba en que el Gobierno interiorizase la nueva situación y que el decreto ley de las medidas fuese coherente y estuviese adecuadamente estructurado.

Había sido muy duro el fin de semana, amargo el pleno del 12 y un auténtico trago la reunión con Cándido y Toxo. Pero lo más difícil estaba por llegar.

UNA VOTACIÓN DECISIVA. POR UN SOLO VOTO

El decreto ley debía ser convalidado por el Congreso. Hasta entonces, a pesar de que el Ejecutivo no disponía de la mayoría absoluta, habíamos tenido capacidad suficiente de llegar a acuerdos con diferentes grupos para tener el respaldo necesario y sacar adelante la tarea de gobierno. Y pensaba que así ocurriría también con el decreto ley. No es que estuviera plenamente confiado en cómo se iban a pronunciar los grupos políticos nacionalistas, pero albergaba la esperanza razonable de lograr su abstención y así superar la votación. Para ello, y con apelaciones al sentido de la responsabilidad, mantuvimos con ellos desde el Gobierno un diálogo casi diario para asegurarnos la votación del 27.

Ya sabíamos que, por razones diversas, tanto los grupos de IU, ERC, BNG, NaBai, UPyD como el PP votarían en contra. Nuestro campo de trabajo se centraba pues en el PNV, CiU, CC y UPN, con quienes manteníamos una relación razonable, más allá de los naturales intereses políticos de cada uno. Y, puesto que contábamos con 169 diputados, la abstención de CiU, PNV, CC y UPN resultaba más que suficiente.

Durante todo el periodo de la crisis mantuve numerosas conversaciones con Urkullu, presidente del PNV; con Duran i Lleida, portavoz del Grupo de CiU; y también con Ana Oramas, portavoz de CC, y con el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero. La relación con UPN la llevaban tanto José Blanco como Elena Salgado. La vicepresidenta también era habitual interlocutora de PNV y CiU.

Todos ellos sabían que era una votación decisiva, casi a vida o muerte, para las expectativas sobre la solvencia de España. Y también era verdad que, para todos ellos, esa votación era especialmente incómoda. Las medidas eran impopulares y apoyar al Gobierno de Zapatero en ese tiempo exigía tanto coraje como convicción.

La votación era el 27, jueves. Durante los días previos había hablado tanto con Duran i Lleida, siempre colaborador pero muy estratega, como con Urkullu, tan parco en palabras como amigo de dar pocos rodeos a la hora de fijar su posición política. Duran parecía en buena disposición para la abstención, pero me recordaba siempre la posición de Convergència y su confrontación con el PSC, y, en aquellas circunstancias, también se interesaba por la actitud del PNV.

De manera sorprendente para mí, Urkullu anunció en rueda de prensa que votarían en contra del decreto ley. Lo hizo sólo unas horas antes, el miércoles por la tarde. En las conversaciones que previamente había tenido con él, no me había dicho que iban a votar en contra. Le había notado algo esquivo, pero como teníamos el Acuerdo Presupuestario de 2010 pensaba que a la abstención podría llegar.

La rueda de prensa de Urkullu provocó un auténtico shock en todas las fuerzas políticas. Todas las alarmas se encendieron. Los teléfonos sonaban incesantemente. Los grupos hicieron inmediatamente las cuentas. Sólo si CiU, CC y UPN se abstenían, el Gobierno sacaría adelante el decreto ley, y, en tal caso, ¡por un solo voto!

El escenario era de altísimo riesgo. Hablé con el líder del PNV después de su rueda de prensa. Pero ya no había ninguna posibilidad, lógicamente, de que variase su postura. No hubo reproches, pero me pregunté a mí mismo por qué había fallado mi pronóstico sobre la actitud del PNV y me propuse mejorar la comunicación con ellos en el futuro, si es que iba a haber futuro después de la votación del día siguiente.

Como era de esperar, la postura del PNV causó impacto en CiU, CC y UPN. Sus posiciones ahora eran más dubitativas. CC y UPN esperaban a conocer la actitud de CiU. Con Duran hablé varias veces aquella noche y por la mañana a primera hora. Y aunque me dijo que lo tenía difícil, siempre mantuvo la puerta abierta a la abstención. Él entendía que el rechazo a las medidas podía ser un fiasco para la economía española y un duro golpe para el euro. Es probable que los problemas estuvieran en Convergència. Artur Mas entendía que el comportamiento de los socialistas catalanes era agresivo y que la actitud responsable siempre le correspondía a CiU.

A pesar de todo, Duran me dijo en la última llamada de la noche y en la primera de la mañana que se abstendrían. Y, con su abstención, podíamos contar con la de CC y UPN, aunque hubo que trabajar intensamente por ello. De esa forma, lograríamos aprobar el decreto ley, pero por un voto de diferencia. No era ciertamente tranquilizador. Un voto. Sólo un voto. Podía perfectamente haber un error o una indisciplina.

Desconozco si PNV y CiU hablaron aquella noche, intuyo que sí. Desconozco si el PP y CiU hablaron, pienso que sí.

También llamé a Rajoy. Sabía que mis posibilidades de convencerle eran prácticamente nulas, pero hice esa llamada. Tenía que apelar a su sentido de la responsabilidad en un momento como ése. El intento fue en vano.

La conversación fue breve, el tono era de aparente normalidad, pero ambos sabíamos lo que estaba en juego: «Humm…, presidente, ya sabes cuál es nuestra postura, sé que esto es duro, pero…». Rajoy no tenía ganas de que la conversación se prolongase excesivamente y, en el poco tiempo que duró nuestro diálogo, siempre tuve la sensación de que era imposible cambiar la voluntad del líder del Partido Popular. Él sabía lo difícil que podía ser la votación para mí y lo fácil que era para él oponerse a rebajar el salario de los empleados públicos o a congelar las pensiones.

No pasé por ningún trance parecido en el periodo en que fui líder de la oposición, por eso no me es fácil responder a la cuestión de qué hubiese hecho yo en una situación similar. Pero sí creo que hubiese meditado el sentido del voto en una circunstancia como ésa…, no sé si Rajoy lo hizo.

Cuando el pleno comenzó, el ambiente era frío y tenso en el hemiciclo y en los pasillos. Sentado ya en mi escaño y cuando quedaba una hora para la votación, Duran i Lleida me llamó a través del teléfono del que disponemos los portavoces y los miembros del Gobierno en nuestros escaños. Con un tono serio y deprimido, me dijo que lo sentía, pero que la coalición había decidido esa mañana votar en contra. Por unos segundos y mirando a los diputados pensé que ya no podía remar más. Que las consecuencias iban a ser gravísimas. Y que me tenía que preparar para asumir allí mismo la situación. Reaccioné y le dije que me había dado su palabra. De manera correcta, pero conminatoria, apelé a su responsabilidad y a las consecuencias para España de su decisión. Le insistí y me escuchó. Le miré desde mi escaño y su gesto era de profunda preocupación. No me dijo apenas nada más. Colgué el teléfono sin saber qué iba a votar CiU. Nunca había vivido una situación parlamentaria así. Tanto en juego y tan pocos minutos para que se dilucidara.

Duran subía a la tribuna en penúltimo lugar. Hizo una intervención dura contra mí. Pero de sus palabras se deducía que se iba a abstener.

En ese tiempo de incertidumbre y de angustia, compartí mi conversación con Duran con las dos vicepresidentas y con el ministro del Interior. Y les pedí su opinión sobre qué decisión adoptar en caso de que no prosperase el decreto ley. «Démosle una pensada», «Hay pocas salidas…», «¿Se puede volver a presentar el decreto?»… Ésas eran las ideas que me transmitían.

Pero mi decisión, en caso de perder la votación, hubiese sido la de disolver las Cortes y convocar elecciones. No era, en ese momento tan crítico, una decisión conveniente para el país —tampoco desde el punto de vista de la UE—, pero perdida toda la autoridad para poder seguir al frente del Gobierno, con una derrota parlamentaria en un tema tan crucial, cualquier otra alternativa me parecía inviable. Es bastante probable que la situación hubiese desembocado en un caos en los mercados y, en último término, en una intervención del país.

No recuerdo en todo mi tiempo como líder del PSOE un momento parlamentario como éste. Intenté mantener el tipo, pero es seguro que, si me hubieran puesto un pulsímetro, mi ritmo cardiaco habría superado las ciento treinta pulsaciones por minuto. Nunca me había sentido así en el Parlamento. Tensión e incertidumbre máximas.

Pasadas las dos de la tarde, se votaba. Y podía suceder cualquier cosa. Un solo voto. Miré al hemiciclo antes de votar y se respiraba la trascendencia de lo que podía suceder unos segundos más tarde.

Como se sabe, disponemos de quince segundos para votar. Una vez pasado ese lapso de tiempo, los marcadores electrónicos reflejan el resultado. Fueron quince segundos eternos y, por fin, 169 a favor, 168 en contra y 13 abstenciones (CiU, CC y UPN).

Recuerdo cómo en ese momento María Teresa Fernández de la Vega, siempre tan leal, fue la primera en dirigirme una mirada llena de afecto y alivio.

Noté cómo el Grupo Socialista también respiró aliviado. Habían sentido la tensión, aunque seguramente no supieron hasta qué punto estuvimos cerca del precipicio.

En tan sólo quince días, el panorama había cambiado sustancialmente. El diálogo social, resquebrajado. La posición parlamentaria, debilitada. Los mercados y los analistas pasaron a poner el foco en España. Para los líderes europeos, estábamos en «observación». Y, lo que era más significativo, la sociedad española empezaba a percibir que esta crisis era distinta a otras vividas en el pasado, peor que las que habíamos conocido. Y, también, que a pesar de que nuestro país había incrementado notablemente su riqueza y su protección social, la salida de la crisis iba a ser lenta y dura. Singularmente, por el daño social que producía el alto desempleo.

En todos los frentes, debería volcar mi capacidad política para generar confianza en nuestro país.

A pesar del efecto que el acuerdo de los 750.000 millones de euros del mecanismo europeo, aprobado el 9 de mayo, había producido en los mercados, con un fuerte descenso de la prima de riesgo, en los días posteriores la volatilidad y la desconfianza se instalaron de manera clara. De hecho, si el 12 de mayo nuestro diferencial se había situado en 99 puntos básicos tras los acuerdos europeos, el 27 de mayo, el día que votamos el decreto ley en el Parlamento, la prima de riesgo de España se encontraba ya en los 153 puntos.

El efecto de los ¡750.000 millones! de euros parecía haberse evaporado. Las dudas se volvieron a apoderar de los mercados y de los analistas. Dudas sobre la implementación del acuerdo, sobre la unidad de los europeos, sobre la sostenibilidad de la deuda griega… Dudas, dudas y temores. Y a esos temores y dudas contribuía la nueva tarea de «policía» de las instituciones europeas sobre los países de la periferia de la eurozona. Si los socios más poderosos de una empresa ponen a los demás en observación, en el fondo se está diciendo, seguramente sin pretenderlo, que no se confía mucho en ellos.

Pude constatar que esta reflexión era compartida por grandes inversores públicos y privados. Lo hice con ocasión de la actividad de comunicación directa con los grandes fondos de inversión que inicié por entonces. Y es que tuve que poner en marcha una nueva agenda como presidente del Gobierno, la agenda de la deuda. Y en esa agenda aparecían unos nuevos actores, actores muy influyentes en el juicio sobre las perspectivas de España y la labor del Gobierno. Entre esos grandes actores, además de los grandes inversores, se situaban los medios de comunicación más influyentes de habla inglesa.

Y mi obsesión fue que España no «cayera». Que no tuviéramos que pedir ayuda, que nuestra autonomía como país se preservase. Rescate, suspensión de pagos, intervención, prima de riesgo… eran palabras que volaban en torno a mi cabeza con la misma agresividad que aquellos pájaros de la mítica película de Alfred Hitchcock.

ESTADOS UNIDOS Y CHINA. TAMBIÉN PRESENTES EN MAYO

La crisis de la deuda en la zona euro se convirtió en la máxima preocupación de la recesión mundial. Por ello también dediqué una atención muy especial a los gobiernos de las dos primeras potencias, Estados Unidos y China.

De modo que hablé tanto con el presidente Obama como con el primer ministro chino, Wen Jiabao. Ambas conversaciones se produjeron el día 11 de mayo.

Con el primer ministro chino hablé por la mañana. Mi objetivo era explicarle cómo veía la evolución de la zona euro y, en particular, la situación de España. Por aquel entonces había cuajado una relación sólida y de confianza con China y sus autoridades. Tanto el presidente Hu como el primer ministro Wen se referían a España como «el mejor amigo de China en Europa». Nos dimos un apoyo recíproco en distintos temas, y durante la crisis de deuda sus compras y las subastas del Tesoro español a las que acudieron fueron decisivas. China es el país con más reservas del mundo. Como se ha dicho, es la «hucha» de Estados Unidos, y los inversores siguen con gran atención sus movimientos en los mercados de capitales. Hoy, pasado ya un cierto tiempo, puedo desvelar que en varias ocasiones, coincidiendo con los momentos de mayor tensión sobre nuestra prima de riesgo, pedí a los líderes chinos personalmente su compromiso con la deuda del Tesoro español. Siempre respondieron acudiendo a subastas o comprando en el mercado secundario a través de sus poderosos fondos o del propio Banco Central. Y la eficacia era inmediata. China siempre ha contribuido a la estabilidad de la zona euro.

No me resisto a añadir que ningún país me ha impresionado tanto en mis años de gobierno como China. He podido comprobar directamente la vertiginosa evolución de su crecimiento y modernización. Su poderío es creciente en la geopolítica mundial, aunque lo administran con paciencia. Es evidente que padecen fuertes contradicciones internas. Y que en la tarea de sacar de la pobreza a millones de personas han conocido grandes avances pero aún tienen un buen trecho por recorrer. La evolución de China en los próximos años determinará la economía mundial, la geopolítica y los avances o frenazos en la lucha contra el cambio climático. En todo caso, dejar expresa constancia del comportamiento de China con España me parece justo y obligado.

Con el presidente de la otra gran potencia, la conversación tuvo un tono distinto. La llamada se había fraguado en la visita del vicepresidente Biden. Se comprometió a decirle al presidente Obama que me llamara para escuchar directamente mi análisis de la crisis de la deuda; y, efectivamente, el lunes por la tarde, Obama me llamó.

Mantuvimos una sincera y relajada conversación. Es curioso recapitular sobre aquella llamada. Sirve para ver cómo se producen los hechos y sus imágenes en la vida política. La llamada de Obama se presentó en la opinión pública como una llamada de atención o una especie de apremio por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, el mensaje de Obama era de apoyo, de comprensión, de solidaridad…

He tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones. Es el líder político con mejores formas que he conocido. Es respetuoso y escucha. Nunca aprecié en él el más mínimo ápice de prepotencia o de altanería.

Aquella llamada del 11 de mayo confirmaba la importancia que para la economía internacional tenía la evolución de España. La reflexión estaba bastante extendida. Si España caía, podía arrastrar al euro y la economía mundial volvería a la recesión y a una gran incertidumbre. España no es Grecia, seguía oyendo frecuentemente para mi desesperación. Pero también estaba muy presente, para evocar consecuencias sistémicas, una comparación, si se quiere, aún más gráfica: «Si cae España, será peor que la caída de Lehman Brothers». Todos estos comentarios no hacían sino generar en mi ánimo sentimientos crecientes de inquietud y responsabilidad.

LA PRIMERA INVITACIÓN A PEDIR EL RESCATE. EL FMI EN LA MONCLOA

Fue el 18 de junio de 2010, en el edificio del Consejo de Ministros del complejo de la Moncloa. Fue inesperado. Nunca se llegó a saber. No lo comenté con mis colaboradores. Y la percepción pública de aquel momento distó mucho de la realidad que viví detrás de las cámaras y los micrófonos, en ese espacio en el que algunas veces se dirimen las situaciones más difíciles y comprometidas. Allí donde, como presidente del Gobierno, tienes que dar una respuesta que puede condicionar el futuro de tu país.

Fue aquel 18 de junio, cuando Dominique Strauss-Kahn vino a Madrid. La cita la habíamos concertado en la conversación telefónica que mantuvimos el 14 de mayo, dos días después de haber llevado al Parlamento las medidas extraordinarias de ajuste. Mi llamada al director del FMI perseguía un objetivo claro: explicarle la determinación del Gobierno sobre la consolidación fiscal y la voluntad de llevar adelante las reformas en las que se centraba el debate en torno a España. Reformas a las que se refería el informe del FMI relativo a las consultas del capítulo IV, del 24 de mayo de 2010: la reforma laboral, la del sistema de pensiones y la del sistema financiero. Ese informe era exigente, pero medido en las valoraciones. Y apuntaba, por cierto, a una recuperación débil y frágil de la economía española a corto plazo.

En concreto, el FMI proponía hacer más flexible el mercado laboral, reformar el sector bancario y el sistema de pensiones, y profundizar en la liberalización de los mercados de bienes y servicios. Acerca del sector bancario, el informe afirmaba que «el sector bancario es sólido pero sigue bajo presión […], los bancos españoles muestran en general capital y colchones de reservas robustos, […] apoyados en una supervisión fuerte […], pero los riesgos se mantienen elevados […] centrados en las cajas de ahorros, […] el progreso, al amparo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha sido demasiado lento, aunque el reciente acuerdo al respecto entre los dos principales partidos políticos es esperanzador». Y que «por ello, y para afianzar la confianza de los inversores, podría establecerse un sistema de diagnóstico banco por banco, amplio y transparente, basado en supuestos conservadores de valoración de activos y pasivos».

Debo recordar que el Banco de España y el Gobierno ya habían hecho pública su intención de promover una prueba de resistencia del sistema financiero español.

El FMI desempeña un papel de la máxima relevancia en el orden monetario internacional. Debido a su independencia, sus opiniones gozan de credibilidad. Una credibilidad bastante extendida, a pesar del sesgo tradicionalmente liberal o neoliberal de la doctrina en la que aquéllas se apoyan y de que, en cuanto a esta crisis en particular, fuera incapaz de preverla, como el mismo organismo reconoció.

Desde la aprobación del programa de ayuda a Grecia, el FMI había quedado asociado a la crisis de la deuda de la eurozona, al formar parte de la temida troika que evalúa a los países que reciben ayuda financiera y dispone sobre su política económica.

Además, Dominique Strauss-Kahn gozaba en aquel entonces de una buena imagen. Sus opiniones eran escuchadas con respeto. En todas las reuniones del G-20 en que coincidí con él, sus informes y análisis fueron sólidos y tenían gran peso en ese foro mundial de la economía.

El conocimiento de la reunión con el director del Fondo Monetario Internacional era lógicamente público y, además, habíamos concertado una posterior rueda de prensa.

No tenía ninguna duda de que sus palabras sobre la economía española y sobre las medidas del Gobierno, en aquellos días, iban a tener impacto. Traté de preparar a fondo el encuentro.

Le hice un análisis de la situación económica, de la holgada situación de la deuda pública española, tanto por su bajo porcentaje respecto al PIB como por el bajo volumen de pago del servicio de la deuda también respecto al PIB (1,7 por ciento en algún momento), que era inferior al de los grandes países europeos. Y me volqué en explicarle con detalle las reformas del Gobierno: la laboral, que acabábamos de aprobar en el Consejo de Ministros de 16 de junio; la del sistema de pensiones, que estábamos planificando; y de manera especial la relativa al sistema financiero, con las dos bazas de que en ese momento disponía: por un lado, las pruebas de resistencia y, por otro, el acuerdo con el PP para agilizar la reforma de las cajas.

Los días previos a esa cita habían estado llenos de tensión y de rumores. Tensión en los mercados. El día antes del encuentro, el 17 de junio, la prima de riesgo había alcanzado los 211 puntos básicos, la cifra más alta desde el nacimiento del euro, y más del doble de la que había apenas un mes antes.

El alivio que habían supuesto los acuerdos para el rescate griego de la segunda semana de mayo se había disipado. El plan no había convencido a los mercados y rápidamente empezaron a especular sobre su efectividad y sobre el posible contagio a otros países como España. Los rumores habían apuntado hacia una posible petición de ayuda de España. Eran rumores que, una vez más, hacían daño, y que no estaban fundamentados. Pero en aquel encuentro y para mi sorpresa, desagradable sorpresa, descubrí que había algo más que rumores.

El día antes del encuentro con Strauss-Kahn se había celebrado Consejo Europeo, con un buen desarrollo, en mi opinión, para el interés de España.

A él se llegaba con tensión en los mercados de deuda, en un clima que ponía en cuestión las decisiones de mayo sobre Grecia y sobre el Fondo de Ayuda europeo. En ese Consejo se empezó a consolidar una dinámica significativa, que se iba a reproducir en las cumbres europeas durante el resto de 2010 y en 2011. Cada vez que se acercaba un Consejo Europeo o una reunión de líderes del Eurogrupo, los mercados de deuda pública y de valores se tensionaban, ejerciendo presión sobre los gobiernos y las instituciones europeas.

Era como si los inversores y los analistas quisieran poner especialmente a prueba en esos momentos la capacidad de unos y otros de comprometerse con el euro y con la difícil situación de algunas deudas soberanas, para conjurar los potenciales riesgos de impago.

El Consejo aprobó la Estrategia 2020, dio pasos relevantes para fijar una agenda sobre un nuevo gobierno económico de la UE y respaldó las medidas, adoptadas recientemente por países como España, para reducir el déficit público. También tomó una decisión de gran relevancia a instancias de nuestro país: realizar las pruebas de esfuerzo de la banca. Esa iniciativa fue en aquel momento un activo importante para el Gobierno. La defendí con fuerza y convicción ante los líderes europeos. Expuse la necesidad de que las pruebas de resistencia abarcaran a todas las entidades y se hicieran con supuestos exigentes y con criterios homogéneos en toda la Unión Europea.

Trichet respaldó con firmeza la posición española. Lo que resultaba extraño era que algunos de los países considerados como más sólidos pusieran reparos a algunos de los requisitos de las pruebas al sistema financiero.

Alemania, en concreto, no era partidaria de que el examen afectara a todas las entidades, sino sólo a aquellas de naturaleza sistémica. Al final, hubo un acuerdo flexible, consistente en encargar al BCE la coordinación de las pruebas de esfuerzo, atribuyendo un margen de discrecionalidad a cada país en relación con el número de entidades que debía incluir en la evaluación. El BCE logró que la comunicación de los resultados se hiciese al mismo tiempo en toda la UE, en el mes de julio.

El Consejo había salido francamente bien para los intereses de España y sentí un respaldo sincero de los colegas europeos. Ese respaldo fue muy explícito en las declaraciones públicas. Así, Van Rompuy nos felicitó por las medidas adoptadas (los recortes del 12 de mayo), que calificó de valientes. Angela Merkel —cuya opinión siempre resultaba decisiva— apoyó expresamente las medidas adoptadas por el Gobierno español, y Nicolas Sarkozy afirmó que no creía que hubiese problemas con España.

Con ese Consejo de junio se cerraba, además, la presidencia rotatoria española de la Unión, que tan difícil había sido desde la primera semana de mayo. La prensa española hizo también, en general, un balance positivo del desarrollo del Consejo, destacando el respaldo a las reformas del Gobierno.

Los mercados también reaccionaron bien, siguiendo, eso sí, una tónica que se convirtió en familiar. Después de los Consejos, las tensiones en el mercado de deuda se relajaban, hasta en treinta o cuarenta puntos básicos, pero esta relajación solía durar muy poco.

Por todo ello, era entendible que acudiese con buen tono a la reunión con Dominique Strauss-Kahn y que buscase completar la secuencia descrita con una declaración suya de apoyo claro a la economía española. Y así acabó siendo de hecho. El máximo responsable del FMI estuvo contundente en sus manifestaciones públicas al expresar su respaldo a las decisiones del Gobierno.

El director del FMI afirmó ante los periodistas:

«La política tiene que ver con el futuro de un país y lo que estamos viendo en Europa actualmente, en España y en otros países, es un verdadero liderazgo político y una visión de lo que verdaderamente es importante para el futuro de esos países, sin intentar eludir el impacto político que puedan tener las decisiones difíciles y duras que están tomando. Muchas de ellas se han tomado ya, habrá que tomar quizá otras, de aquí a un año, dos, quién sabe; pero, desde luego, clarísimamente se están tomando las decisiones correctas para seguir adelante».

Pero lo que había ocurrido al comienzo de la reunión difícilmente conducía a esas conclusiones.

Apenas habíamos terminado de intercambiar las obligadas palabras de cortesía, que muchas veces actúan a modo de relajación preparatoria, Strauss-Kahn me planteó sin ambages la posibilidad, o más que la posibilidad la conveniencia, de que solicitase ya una ayuda al FMI, en forma de una línea de financiación precautoria, como la que estaba a disposición de algunos países emergentes.

Aunque acusé el golpe, reaccioné de inmediato y le dije que no lo haría. Que España no lo necesitaba. Y que si aceptaba su propuesta, tal y como estaban los mercados, supondría dar por buena la asfixia financiera de mi país y la incapacidad de la zona euro para resolver la crisis.

Le razoné que eso nos equipararía a Grecia, aunque el plan de ayuda fuese muy diferente, y que con la aceptación de su posición había más riesgo de excitar a los mercados que de disuadirlos.

En pocos minutos tenía que ser capaz de convencerle de lo inconveniente de su idea, pues inmediatamente después teníamos que comparecer en rueda de prensa. Mientras él hablaba, se agudizaba en mí la preocupación de qué podría decir el director del FMI ante los periodistas. Me asaltaron varias preguntas: ¿habría concertado el «mensaje» de la visita con la Comisión Europea?, ¿y con el BCE?, ¿estaría Angela Merkel detrás de la invitación?, ¿se habría discutido antes en la dirección del FMI?, ¿sería este acto un hecho aislado o el primer paso de una cadena de insinuaciones para que pidiera la ayuda?, ¿sabría alguien con qué intención había venido Strauss-Kahn a la reunión?… Demasiadas preguntas, demasiada incertidumbre, antes de celebrar una rueda de prensa que podía resultar tan decisiva.

Si después de tener que adoptar decisiones tan difíciles como las del 12 de mayo me veía forzado, sólo unas semanas después, a acabar pidiendo ayuda financiera y, por tanto, la intervención, ¿cómo podría justificar los recortes sociales ya aprobados?

Había tenido que hacer recortes dolorosos en buena medida para evitar algo parecido a un rescate. Si éste se producía, aquéllos habrían perdido su sentido.

Pues ésa había sido mi principal motivación: evitar un rescate. Adopté las duras medidas de mayo porque creí que protegían a nuestro país del vendaval que se había desatado en Europa. Desde ese planteamiento, trabajé con todas mis fuerzas para que España no entrara en uno de los llamados «programas», que podían suponer años de depresión económica y una inevitable «estigmatización».

Mi preocupación era tan intensa como la satisfacción que experimenté al ver la reacción de Strauss-Kahn ante mis palabras de resistencia y de convicción. Tras escucharme, el director del FMI pareció modificar claramente su posición inicial. Dijo entender mi reacción y me adelantó que en la rueda de prensa daría su apoyo a las medidas del Gobierno y que desmentiría cualquier rumor sobre una posible ayuda financiera a España.

Así lo hizo, con claridad.

En efecto, Strauss-Kahn estuvo muy claro manifestando su apoyo a las medidas del Gobierno, expresando su confianza en el futuro de la economía española y alejando cualquier sombra de duda sobre la posibilidad de un rescate. La rueda de prensa quedó muy bien y se sumó, en la percepción pública, al respaldo de los líderes europeos expresado el día anterior en Bruselas.

Los medios de comunicación se hicieron eco de que se abría la expectativa de un nuevo rumbo en la política económica, capaz de favorecer la recuperación. Los mercados también fueron sensibles a estos dos pronunciamientos. Si el día antes del Consejo Europeo el diferencial de la prima de riesgo se había situado en 221 puntos básicos, tres días después descendió hasta los 170.

De este modo se pudo salvar la primera situación de match ball para el rescate. Una situación que se había desencadenado de un modo inesperado, pero que intensificó mi estado de alerta. La única manera de evitar, o en su caso superar, nuevos match balls no podía ser otra, dado el terreno de juego, que acelerar el proceso de reformas, generar más información y ganar confianza en el frente europeo, así como entre los grandes gobiernos del mundo y los grandes inversores de deuda pública.

Si también he querido desvelar el contenido de aquella reunión con el director del FMI es para que el lector pueda valorar cómo suceden los hechos en la realidad. Cómo, en el mundo globalizado en el que vivimos, con una crisis como la que sufrimos, las opiniones pueden cambiar en minutos y las decisiones adoptadas en un espacio tan corto de tiempo pueden marcar el rumbo de un país y de sus ciudadanos.

Nunca le pregunté después a Dominique Strauss-Kahn por qué me había planteado aquel día de junio que pidiera la ayuda financiera. Preferí no hacerlo, quizá a modo de defensa psicológica. Como si eso sirviera, de alguna forma, para que él lo olvidara. Pero a mí no se me olvidó.

Todo es más lábil e inconcreto de lo que puede parecer, incluso en el comportamiento de los organismos internacionales de mayor peso y relevancia. No siempre los sucesos políticos de mayor calado responden a un plan establecido. Menos aún en tiempos de crisis. Los hechos suceden de forma más aleatoria, entre un cúmulo de circunstancias entreveradas. En contextos así se toman no pocas veces las decisiones.

Soy consciente de que esta observación no es precisamente tranquilizadora, de que la seguridad, la certidumbre, es un gran deseo colectivo en todos los órdenes de la vida y, por supuesto, en el mundo de la economía y de las finanzas. Pero, según mi experiencia, así son las cosas en esta época que vivimos. La globalización económica ha acentuado la inesperada relevancia de lo imprevisible, de lo azaroso, de lo circunstancial.

Los gobiernos —los gobiernos democráticos—, están constreñidos por las reglas, que prescriben procedimientos y controles. La calidad de una decisión está condicionada por un buen proceso de toma de decisiones. Ese proceso exige información depurada, una mínima reflexión y, si es posible, un intercambio fluido de ideas y propuestas; es decir, un plan, una estrategia.

Pero cuando la información circula en tiempo real y se genera por cientos o miles de actores, que a su vez reaccionan a esa información y provocan expectativas instantáneas en los mercados, ese deseable proceso de toma de decisiones se viene abajo. Sencillamente, porque no hay tiempo para seguirlo. Hay que decidir. Decidir ya, con los datos de que dispones, con los que tienes a tu alcance. En muy poco tiempo.

Así sucedió en la reunión del 18 de junio con el director del FMI, y así me sucedería en varias ocasiones posteriormente.

2

12 DE OCTUBRE DE 2008

LOS DÍAS PREVIOS: PÁNICO EN EL MUNDO

Como cada año, el 12 de octubre de 2008 habíamos celebrado en la Castellana el desfile de las Fuerzas Armadas y la posterior recepción del Rey en el Palacio Real. Desde hacía tres años, lo más noticiable de ese desfile que, siempre de manera muy profesional, realizaban nuestras Fuerzas Armadas eran los abucheos que nos dirigía, a los representantes del Gobierno y a mí en particular, una parte del público que acudía.

No se puede decir, ciertamente, que aquello resultara agradable, pero siempre lo asumí como una manifestación de la libertad de expresión de los ciudadanos. No obstante, sí valoraba que, al menos ante mí, algunos representantes políticos evidenciaran su incomodidad o su disgusto por un clima que podía enturbiar la dimensión institucional del acto. Recuerdo bien las caras de circunstancias de Alberto Ruiz-Gallardón, de Esperanza Aguirre y del jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando me recibían en la plaza de Colón. Nadie comentaba los abucheos, quizá porque era la forma más elegante de quitar hierro a la situación. Lo que siempre escuché en estos lances fue una palabra amable del Rey, quien tiene, entre otras, la virtud de decir lo que piensa más allá de su papel institucional.

Pero aquél, el de 2008, no fue un 12 de octubre más: la atención europea y mundial estaba centrada en la reunión que los líderes del Eurogrupo, jefes de Estado y de Gobierno, íbamos a celebrar unas horas más tarde en París, en la sede de la presidencia de la República, convocados por Nicolas Sarkozy.

Era la primera vez en la historia del euro que se reunían los líderes de estos países. La zona euro y su sistema de gobierno se ceñían al llamado Eurogrupo, que integra a los ministros de Economía, más la Comisión y el BCE. La razón de este modelo de gobierno, un tanto extraño, caracterizado por la ausencia de cumbres de los líderes políticos de la zona euro, radicaba en el sesgo que podríamos llamar despolitizador que se había pretendido dar a ese modelo, para preservar el carácter de rigor y de ortodoxia de algo supuestamente tan sensible como las deliberaciones o decisiones sobre la moneda común. Se entendía que de otro modo la imprescindible independencia del Banco Central Europeo, a quien los tratados atribuyen la ejecución de la política monetaria, podía verse afectada. Esa independencia del BCE, reclamada con vigor por el pensamiento económico dominante, constituye también una «exigencia» de los mercados y se considera un pilar esencial en la arquitectura del euro.

A raíz de la crisis financiera, y por iniciativa sobre todo de Sarkozy, a la que yo siempre brindé mi apoyo, se trató de «institucionalizar» las cumbres de líderes del Eurogrupo. Este intento contó entonces con la indisimulada reticencia de algunos países de la zona euro, como Alemania, además de con la explicable desconfianza de los países de la UE ajenos a la moneda común. De hecho, a la reunión del domingo 12 de octubre le siguió, el viernes 17, la cumbre de todos los líderes de la UE. Así ocurriría en otras ocasiones y cuando, por fin, el Consejo Europeo deliberó sobre la normalización de las reuniones de líderes de los países del Eurogrupo, se produjo un intenso debate. ¡Tres años después! se abrían paso tímidamente estas cumbres, en mi opinión útiles, como resultó la de aquel histórico 12 de octubre. Y es que así son de difíciles las cosas en la formación de la voluntad política europea.

La reunión era decisiva, trascendental. En las semanas previas, y especialmente en los dos días anteriores al 12 de octubre, el sistema financiero internacional había vivido un derrumbe, una hecatombe. Bancos de inversión convencionales y grandes grupos financieros, de Estados Unidos y europeos —entre los que no había ninguno que fuera español—, arrojaban pérdidas millonarias, y un verdadero coloso, Lehman Brothers, se precipitaba a la quiebra. El Gobierno y los bancos alemanes habían acordado el 5 de octubre un plan para rescatar el Hypo Real Estate, que comportaba una inyección de 50.000 millones de euros en concepto de préstamo y que se sumaba a los 35.000 millones aprobados hacía tan sólo una semana.

Los mercados de valores se desplomaban. La segunda semana de octubre de 2008 fue la peor de la historia de las bolsas mundiales, que sufrieron pérdidas superiores a las de las mayores crisis vividas hasta entonces, en 1929 y 1987. Con pérdidas de hasta un 20 por ciento en una semana y de cerca del 10 por ciento el viernes 10 de octubre.

El pánico se extendía por el mundo.

Y eso que ya se habían adoptado medidas importantes desde los bancos centrales. El 8 de octubre los principales bancos centrales del mundo se concertaron para bajar los tipos de interés, y el 9 de octubre el BCE decidió continuar con sus líneas extraordinarias de liquidez, pero sin límite en las cantidades solicitadas por las entidades.

Ése era el panorama: las mayores pérdidas de la historia en las bolsas mundiales; lo repito para que el lector se sitúe en aquellas horas, en aquellos días. Son momentos en los que sabes que, en tu país, todas las miradas e interrogantes se van a dirigir a ti y que tú no te puedes mostrar como realmente estás: angustiado.

Angustiado, pero dispuesto a hacer todo lo necesario para comprender lo que estaba sucediendo y reaccionar con determinación. Sabía lo que estaba en juego. Recuerdo haber sido plenamente consciente de la extraordinaria gravedad del momento. Pero también de que tenía confianza en Europa, en la democracia, en la política, y la esperanza, por ello, de que el abismo de un tiempo similar a la Gran Depresión del 29 y sus consecuencias no se reprodujeran.

Dos días antes de la cumbre del 12, viajé a París para reunirme con Sarkozy. Era el presidente de la Unión en aquel semestre, y para España era importante estar, en ese momento tan trascendente, en el núcleo de información y de decisión. Y creo que lo conseguimos. De hecho, le pedí ese encuentro a Sarkozy porque España no había podido estar en la reunión de los países europeos del G-8 que se había celebrado con anterioridad. El presidente francés siempre fue muy receptivo con España y siempre tenía en cuenta nuestra relevancia como país. No es menos cierto que siempre traté de corresponderle con lealtad. En aquella reunión coincidimos en que la gravedad de la crisis exigía una respuesta valiente, urgente y de amplio calado, tanto a escala europea como mundial. La reunión de los países del G-8 no había producido resultados y se iba abriendo paso la necesidad de encontrar un marco más amplio y representativo, lo que conduciría al G-20, para el que nosotros nos postulamos entonces, desde el primer momento.

Sarkozy tenía ya en la cabeza una reunión de los líderes del Eurogrupo, con la posibilidad de invitar a Gordon Brown, algo que yo apoyé decididamente. De hecho yo ya había hablado con Gordon Brown, que venía reclamando estar presente en dicha reunión del Eurogrupo. El presidente francés creía contar para su iniciativa con el visto bueno de la Comisión y del BCE; y de Angela Merkel, sobre todo con el de Angela Merkel. Me explicó cuáles eran los pasos que tenía previstos, que coincidían en lo fundamental con lo que yo había hablado con mis colaboradores para la preparación del encuentro. Y así, sin dilaciones, como le gustaban las cosas a Sarkozy, me propuso que anunciáramos juntos allí, a las puertas del Elíseo, la convocatoria de la reunión del 12 de octubre, que se atisbaba como una de las más importantes que Europa había celebrado en décadas.

Ese viernes, día 10, había sido un viernes negro, como titularon varios medios informativos. Ponía fin en los mercados a una semana que vivimos con un permanente sentimiento de zozobra. Parecía que el crash financiero mundial iba a llevarse por delante todo un modelo económico tras dos décadas de crecimiento económico global.

Durante toda la semana mantuve mucha actividad. La empecé reuniéndome, el lunes 6, con los principales representantes del sector financiero. Lo hice, en concreto, con los presidentes del BBVA, Francisco González; de Unicaja, Braulio Medel; del Banco Popular, Ángel Ron; de Caja Madrid, Miguel Blesa; de la Caixa, Isidre Fainé; y con el consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz.

Quería escuchar su opinión sobre lo que estábamos viviendo, informarlos de que el Gobierno, en la línea de la orientación europea, iba a incrementar la cuantía garantizada de los depósitos, pasando de 20.000 a 100.000 euros por titular y entidad. Y quería tratar de que, entre todos, pudiéramos transmitir confianza sobre nuestro sistema financiero.

Los ministros de Economía de la zona euro se reunían ese mismo día 6 y acordaban elevar el mínimo garantizado de los depósitos a 40.000 euros. De este último encuentro también salió un compromiso genérico de apoyo al sistema financiero, que Jean-Claude Juncker resumió ante la prensa: «Ninguna institución financiera sistémica debe quebrar y los Estados serán los garantes de que esto no ocurra». Pero esta declaración no tuvo fuerza suficiente para frenar el descalabro de las bolsas europeas, que se agudizó durante toda la semana. Y eso porque ni se concretaba nada sobre cómo los Estados iban a apoyar al sistema financiero, ni era suficiente una declaración política realizada únicamente por los ministros.

Vuelvo a la reunión con los presidentes de los bancos porque me interesa resaltar que, tal y como ellos expresaron públicamente, me transmitieron la solvencia y fortaleza del sistema financiero español. Y lo destaco porque, en la primera etapa de la crisis, nuestro sistema financiero ofrecía una buena capacidad de resistencia. Muchos bancos europeos necesitaron voluminosas ayudas del sector público vía inyección de capital y préstamos, y, sin embargo, los bancos y cajas españoles se mostraban razonablemente sólidos. En aquel tiempo esta «buena salud» de nuestras entidades financieras se atribuía a la política de rigor llevada a cabo por el Banco de España, a través del modelo de las llamadas provisiones anticíclicas. La petición unánime fue que, ante la falta de confianza de los mercados financieros, se proveyera de liquidez extraordinaria a los bancos.

Y es verdad que esta opinión sobre la actuación del Banco de España estaba muy extendida. En más de una ocasión fue puesta en valor por distintos líderes europeos en las reuniones del Consejo. Recuerdo bien las referencias en este sentido de Gordon Brown, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Jean-Claude Juncker. También del entonces presidente del Banco Central, Jean-Claude Trichet; incluso Obama, en la Cumbre del G-20 de Pittsburgh, puso públicamente como ejemplo al Banco de España.

Pero los hechos transcurren a una velocidad de vértigo en la sociedad en que vivimos. Y más aún con una crisis de esta envergadura.

Cuatro años después, ante los problemas de solvencia de una parte de nuestro sistema financiero, al que se le han ido exigiendo requisitos más elevados de capital de la máxima calidad, la imagen del Banco de España se ha visto seriamente afectada. Y, como suele ocurrir, es probable que ni los elogios de 2008 fuesen tan merecidos ni las críticas de 2012 tan justificadas.

Éste es un tema central en la evolución de la crisis, y subrayo el término evolución. Porque es verdad que nuestro sistema financiero era fuerte en 2008, en 2009 y en 2010 (así lo pusieron de manifiesto las pruebas de resistencia de julio de ese último año). No era una imagen falsa, ni había un error mayúsculo de apreciación. ¿Qué ha sucedido, pues? La crisis financiera derivó en una recesión económica que parecía que superábamos a finales de 2010 y en la primera parte de 2011, para volver a recaer en ella unos pocos meses más tarde. Esa situación originó un progresivo deterioro de los activos, especialmente de los inmobiliarios, lo que, unido a las dificultades de financiación de la economía española, acabó afectando a los balances de las entidades financieras, aunque gravemente sólo a algunas de ellas. Todo esto sin perjuicio de la muy negativa gestión de algunas cajas, cuya tutela correspondía a las comunidades autónomas.

Pero lo cierto es que en aquel último trimestre de 2008 los principales bancos no dudaban de la solvencia de nuestro sistema. Entonces, la preocupación fundamental que me transmitieron fue la de sus problemas de liquidez, pues el crash financiero había provocado un cierre de los canales habituales de financiación de los bancos, lo que se conoce como el mercado interbancario. Los bancos se dejaron de prestar entre sí, los grandes fondos no prestaban dinero a los bancos y, por ello, la liquidez era su gran preocupación. Varios de los asistentes a aquella reunión dijeron que nunca habían vivido una situación así. La perplejidad y la preocupación fueron las notas dominantes en el clima del encuentro.

En aquel momento, se abría paso ya una idea incuestionable: si no queríamos vivir una depresión como la de los años treinta del siglo pasado, era urgente e imprescindible una acción mundial fuerte y coordinada. Así se lo transmití a los representantes de la banca y me comprometí a contribuir a ello en todos los frentes internacionales, empezando, claro está, por la UE.

Repasando mis notas y la prensa de aquella semana, me doy cuenta de lo fácil que es perder la perspectiva de los hechos vividos. Más allá de la sensación mundial de vivir un terremoto financiero sin parangón, elevar el umbral de la garantía de los depósitos era la gran preocupación y la cuestión de debate concreta de aquellos días.

Este dato pone de relieve la situación a la que nos tuvimos que enfrentar. Garantizar los ahorros de los ciudadanos hasta los 100.000 euros. Una necesidad que era sencillamente impensable para nadie sólo unas semanas antes. Entonces, como en sucesivas vicisitudes de esta crisis, fue inevitable improvisar, decidir con urgencia y con un margen mínimo de tiempo y, por tanto, con la dificultad de recibir y asimilar en ese estrecho margen muchas opiniones expertas, sin poder evaluar con sosiego las respuestas ante cada nuevo giro inesperado de los acontecimientos.

Afortunadamente, durante el tiempo que permanecí en el Gobierno no hizo falta aplicar la garantía de los 100.000 euros. Pero parece justo reconocer, en aras de la confianza que merece el Estado en estas situaciones de emergencia, que la garantía se articuló a tiempo.

Sí, fue una semana que no olvidaré. El martes 7 estuve con los agentes sociales. Les informé sobre la decisión de elevar la cuantía garantizada de los depósitos, y procuré ofrecerles una radiografía completa de la situación. Compartimos la inquietud y la preocupación. Su mayor insistencia también se centró en la garantía de los depósitos, y en la respuesta que Europa podía dar de manera coordinada.

Los empresarios suscitaron ya otra cuestión que no iba a abandonarnos durante toda la crisis: su preocupación por las dificultades crediticias y de liquidez de las empresas ante lo que se adivinaba como una incipiente y severa restricción del crédito, fruto de las dificultades de liquidez que a su vez tenían los bancos.

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) empezaba a ser un actor principal en todo el debate público después de muchos años en el más puro anonimato.

El ICO pasó a ser como una especie de solución mágica para la obtención de crédito por parte de las empresas. En todos los debates parlamentarios se me reclamó que el ICO diera más crédito a las empresas y, de hecho, se hizo con él un gran esfuerzo para paliar la falta de financiación. Pero la potencia del instituto era limitada, porque en último término esa entidad de crédito tenía también que captar recursos en el mercado de capitales, y devolverlos. Y eso exige cautela, pues se trata de dinero público. No obstante, ante el dilema entre abrir al máximo este cauce de financiación pública de la actividad económica y evitar el riesgo que podía originar facilitar más crédito a las pymes, en un contexto económico negativo, con el consiguiente impacto para las arcas del Estado, opté por exponer más al ICO, hasta el límite que los propios gestores entendían como asumible.

Por aquel entonces, no se había precipitado la escalada de destrucción de empleo, ni existía ningún horizonte inmediato de reducción de las prestaciones sociales o de la inversión pública. Por ello, los sindicatos no me transmitieron demandas concretas. La reflexión general de éstos se dirigía a Europa como el ámbito fundamental para afrontar todo lo que estaba ocurriendo. CC.OO. y UGT siempre han tenido una convicción muy firme sobre la UE. Son europeístas, nada nacionalistas, aunque rechacen una parte de las políticas europeas que ellos consideran neoliberales, o demasiado resignadas a la voluntad de los mercados. Por la misma razón, siempre respaldaron los planes keynesianos para afrontar la crisis que la propia Unión, el G-20 y, por supuesto, España pusieron en marcha durante 2008-2009.

Cuando se desencadena la crisis griega, en abril de 2010, y se abre la etapa en que se otorga una prioridad casi absoluta a la consolidación fiscal, a la reducción del déficit, CC.OO. y UGT se distanciarán, más abiertamente que nunca antes, de las políticas impulsadas por la Unión. Debatí con ellos en muchas ocasiones sobre el cambio de rumbo, sobre la necesidad imperiosa de reducir el déficit, sobre la política que apliqué a partir de mayo de 2010. Siempre pensé que entendían mis apremiantes y a veces angustiados razonamientos. Pero no los podían aceptar, buscaban otro camino, convencidos de que la brusca reducción del gasto público nos llevaría a una recesión económica. Y en parte tenían razón. Pero ese otro camino, con el clima de desconfianza y aversión al riesgo que se instaló en quienes financiaban a los llamados países periféricos, unido al criterio casi unánime de los principales actores europeos —el BCE, la Comisión, Alemania…— de intensificar al máximo la consolidación fiscal, era entonces imposible de vislumbrar, de transitar.

Durante esa semana que concluye con la Cumbre del Elíseo, hablé por teléfono con diversos líderes europeos. Destacaré las dos conversaciones con Gordon Brown, entonces primer ministro de Gran Bretaña. Las opiniones que vertía Brown en el Consejo Europeo y en el G-20 siempre eran escuchadas con atención por el «club» de líderes mundiales que afrontamos la crisis. Gozaba de la justificada reputación de contar con una sólida preparación económica. Aunque a Gordon Brown le acompañaba también la fama de ser un tipo poco simpático y comunicativo, yo sólo puedo decir que siempre tuvo un trato deferente hacia mí, amable y receptivo. En las conversaciones que mantuvimos aquellos días, me informó con detalle de las decisiones que estaba adoptando para hacer frente a la crisis de los grandes bancos británicos. Era un convencido de la necesidad de una amplia intervención pública, tal y como hizo con su sistema financiero.

El premier inglés también juzgaba imprescindible una gran operación de coordinación global de los principales gobiernos del mundo. Y en el ámbito europeo reclamaba que Gran Bretaña, a pesar de no pertenecer a la zona euro, estuviera en la primera línea de las decisiones que se adoptaran, por su peso económico y por la importancia de la City. Me pidió apoyo y le dije que lo tenía, que trabajaría por su presencia en una eventual cumbre del euro.

El jueves 9 hablé con Durão Barroso, que me transmitió que quería persuadir a todos los líderes de la zona euro de la necesidad de celebrar una reunión urgente, y que lo veía factible. Aproveché para hacerle partícipe de mis conversaciones con Gordon Brown, y de la conveniencia de contar con él. Estuvo muy receptivo sobre esta posibilidad, que ya contemplaba, y que al final se materializó.

Durão Barroso tiene afecto por España. En el tiempo que trabajé con él, siempre fue sensible a nuestras posiciones.

Cuando le di mi apoyo para su reelección, apoyo que tenía un valor singular al prestárselo un líder socialdemócrata a un candidato del PPE, recibí críticas, que en parte entendía, pero si lo hice fue porque siempre vi en su actitud como presidente de la Comisión un compromiso europeísta, que le llevaba a defender los poderes de la Comisión, dentro de los márgenes que Alemania y Francia permitían, y a volcarse para encontrar respuesta a las crisis sucesivas de Grecia, Portugal e Irlanda.

La víspera de la reunión en el Elíseo, el sábado 11, la pasé hablando con el vicepresidente Solbes, con David Vegara y con mis colaboradores más directos, que, a su vez, estaban en contacto permanente con los gabinetes de los principales jefes de Estado o de Gobierno, y de manera especial con los de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Los mensajes eran claros: máxima preocupación, máximo convencimiento de la necesidad de una respuesta fuerte y coordinada para apoyar el sistema financiero.

Aun con las reservas necesarias, la percepción que tenía era que la reunión podía ir bien. Nadie ignoraba lo que estaba en juego. Pero faltaba por comprobar si la voluntad unánime, o al menos claramente mayoritaria, era la de tomar decisiones de calado, probablemente inéditas hasta entonces.

En el afán de tener el mayor número de opiniones fundadas y de ideas para la reunión, indagué sobre quién podría aportarme un conocimiento más profundo sobre las pautas del sistema financiero; me parecía útil recabar una opinión más y a poder ser desde fuera del Gobierno. Tras varias pesquisas hubo coincidencia en la persona: José Pérez. Pepe Pérez, como responsable de la supervisión del Banco de España, tuvo que gestionar la intervención y el saneamiento de Banesto en 1992. Y con anterioridad fue responsable de la modernización de nuestro sistema financiero y su apertura al exterior.

Aunque había oído hablar de él, no le conocía, y sin más le llamé. Como mi agenda estaba repleta aquellos días le propuse que viajara conmigo a París el viernes día 10, y así aprovechar el viaje para conversar. Aceptó de inmediato. Fue un viaje de ida cargado de ansiedad, pero muy útil para mí. José Pérez me dio ideas para articular el apoyo al sistema financiero, para facilitar liquidez a los bancos. El viaje de vuelta fue más relajado, aunque en todo momento éramos conscientes del momento histórico que vivíamos.

La reunión del Elíseo se había convocado para las cinco de la tarde del domingo día 12. El sábado 11, Sarkozy y Merkel tuvieron una reunión en la ciudad francesa de Colombey-les-Deux-Églises para preparar la reunión de emergencia de París. Acordaron básicamente que habría respuesta conjunta, un marco común de actuación europea, con dos respuestas esenciales a la crisis: capitalizar los bancos y garantizar deudas.

El resultado de la reunión franco-alemana era un buen anticipo para la Cumbre del Elíseo. Aunque ahora nos sorprenda, conviene recordar que el Gobierno alemán, hasta esa reunión, no veía nada clara una respuesta coordinada y común europea.

El FMI alertaba ese mismo día de que el sistema financiero global estaba «al borde del colapso». Hubiera sido insólito que Alemania no hubiese apostado por una respuesta europea más que por una nacional. Ahora bien, este recordatorio es revelador de dónde se sitúan los problemas políticos a la hora de abordar las decisiones desde la UE. Porque no ha sido la única vez que Alemania, y circunstancialmente algún otro país, no ha visto clara la necesidad de europeizar las decisiones, de coordinar las políticas. Seguramente, porque ya se temía que este camino podía conducir a «mancomunar» los riesgos y las consecuencias que iba a tener la crisis.

Efectivamente, desde 2008 hasta 2011 viví esa actitud por parte de Alemania. Siempre buscaba una solución que comprometiera lo menos posible al conjunto de la UE, siempre agotaba todos los márgenes temporales en los momentos de agravamiento de la crisis. Y cualquier opción de ayuda o de compromiso mancomunado era imposible de plantear sin que se pusiesen encima de la mesa las temibles dos palabras: conveniente condicionalidad. Alemania piensa que así defiende sus intereses y una Europa de rigor. Hago aquí este comentario porque resulta decisivo para entender cómo ha sido el proceso político europeo en esta crisis.

No sería sincero si no reconociese que Angela Merkel, casi siempre con muchos matices, a veces sin ningún entusiasmo, mostraba en último término su conformidad con el compromiso europeísta y con las decisiones de apoyo a los países con dificultades. Pero la pregunta es: ¿cuánta desconfianza suscitábamos cada vez que vivíamos un tortuoso proceso de toma de decisión en el seno del Consejo?

Ese mismo día, el 11 de octubre, el G-20, en su formato tradicional, es decir, como reunión de ministros de Economía y Finanzas, se reunía en Washington; a la reunión asistió por sorpresa el presidente Bush y afirmó que se comprometía a «utilizar todas las herramientas financieras y económicas para asegurar la estabilidad y el buen funcionamiento de los mercados».

El acuerdo franco-alemán previo a la cumbre era ya tranquilizador porque es muy difícil que una propuesta conjunta de estos dos países no prospere en la zona euro. De hecho, cada Consejo Europeo solía venir precedido de manera sistemática de una cumbre franco-alemana. Pero, digámoslo con claridad, ni a la Comisión ni al presidente del Consejo le entusiasmaban estas precumbres. Tampoco al resto de los países de la UE. En mi opinión, un buen entendimiento entre franceses y alemanes es casi indispensable para que fluya el proceso político europeo, pero habría que idear algún procedimiento o formato para que esa relación bilateral superpuesta fuese más acorde con el espíritu de los tratados y con la necesidad de fortalecer las instituciones comunes de la Unión.

De todas las precumbres franco-alemanas que se celebraron entre 2008 y 2011, la más trascendente sería la Cumbre de Deauville, donde se acordó la participación del sector privado en la reestructuración de la deuda griega. Aquella decisión, aceptada ulteriormente por todos (no hubo alternativa), marcó un antes y un después en todo el proceso seguido para abordar los problemas de la deuda soberana de los países periféricos de la zona euro y dio lugar a los debates más enconados en este periodo en el seno del Consejo. Siempre quedará en mi memoria la beligerancia que mantuvo el presidente del Banco Central frente a esa iniciativa. Tiempo habrá en páginas posteriores para analizar este evento. Pero lo refiero aquí para subrayar el método de decisión europeo, con sus luces y sus sombras, y una de las claves de todo lo ocurrido durante 2010 y 2011.

LA REUNIÓN EN EL ELÍSEO: EL «DESEMBARCO DE NORMANDÍA»

Por fin llegó el domingo 12. Viajé a París después del desfile matinal de la Castellana y me acompañaron en el avión Bernardino León, David Vegara y Javier Vallés.

Éramos muy conscientes de cuál debía ser nuestro papel en aquella cumbre, quizá la más importante de las que habíamos vivido hasta entonces. Íbamos a mostrar un pleno apoyo a la iniciativa de Sarkozy y a los acuerdos que se habían ido preparando los días, cuando no las horas, antes. Las medidas concretas para salvar al sistema financiero, y con él a la economía real, sobre las que tenía que definirse la posición de España, debían facilitar liquidez y evitar la quiebra de bancos por el riesgo de contagio. De hecho, varios países —Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica— ya habían decidido inyectar recursos públicos y participar en el accionariado de algunos bancos que habían entrado en quiebra.

El Gobierno de España, por su parte, ya había aprobado la creación de un fondo de compra de activos a los bancos, con posterior recompra por parte de éstos, y con una imposición por parte del Estado de 80.000 millones de euros.

Como no podía ser de otra manera, el debate en torno a la regulación del sistema financiero tras la catástrofe iba a estar presente, pero sólo se podía plantear como una línea de actuación a medio plazo, en la que había que contar con los otros grandes actores de la economía mundial. El G-20 era el foro llamado a impulsar esta tarea, como luego sucedió. Pero la señal clara de salida debía darla Europa ya, pues no en vano era la región políticamente más unida del mundo.

La cumbre discurrió por los cauces de las grandes ocasiones. El tono fue grave, los debates serios y sin concesiones a la galería.

No había tiempo para analizar las causas de la debacle ni para anticipar sus consecuencias en la economía real. Sólo había tiempo para decidir. Y se decidió y se hizo con unidad absoluta, sin fisuras.

Aquel día, aquel 12 de octubre de 2008, fue Europa, la gran Europa, la que estuvo en el Elíseo. Unidos y con valentía, se adoptaron decisiones importantes. Por eso, a pesar de la preocupación que todos teníamos, había motivos para sentir orgullo de estar allí. Si tuviera que evocar algún momento histórico trascendente, a modo de metáfora, se me viene a la memoria el desembarco de Normandía, todos aliados y con toda nuestra fuerza.

Los acuerdos fueron un buen ejemplo de política europeísta, el mejor en mi opinión de toda la crisis. Conviene repasar la declaración que aprobamos bajo el título Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, porque allí aparecen algunos postulados fundamentales que debieron haberse mantenido siempre después:

«Como miembros de la eurozona, compartimos una responsabilidad común y tenemos que contribuir a una propuesta europea conjunta. […] En las actuales circunstancias excepcionales, enfatizamos la necesidad de que la Comisión actúe rápidamente y aplique flexibilidad en las decisiones sobre ayudas de Estado. […] Confiamos en que los bancos centrales consideren todas las vías e instrumentos para reaccionar con flexibilidad ante el momento actual».

No se pueden decir las cosas más claras, en menos palabras y con mayor determinación política.

Responsabilidad común y flexibilidad. En efecto, ése era y es el camino. Y esa flexibilidad llegaba hasta el punto de pedir a los bancos centrales que considerasen todas las vías e instrumentos para reaccionar con flexibilidad. Este texto, en un comunicado de los líderes europeos, resultaba bien novedoso. Pedir tareas al Banco Central, cuya autonomía e independencia es un dogma en la zona euro, era algo extraordinario. Extraordinario e inteligente.

En momentos posteriores, ante posibles graves problemas de liquidez de algunos Tesoros de países de la zona euro, fruto de sus elevados tipos de interés, diferentes líderes europeos reclamamos que el Banco Central Europeo fuera flexible y utilizase todo su arsenal para reaccionar. Pero entonces no hubo ni tanta determinación, ni la unidad necesaria, ni la inteligencia suficiente.

Cabe preguntarse: ¿por qué, ante la crisis de solvencia y liquidez de las entidades financieras europeas que vivimos en aquel momento, las medidas extraordinarias y no convencionales de la UE, incluyendo al propio BCE, no se encontraron con el muro de los tratados y del llamado mandato del Banco Central?

¿Acaso la diferencia de las situaciones radica en que la crisis financiera afectaba a todos los países de la zona euro y la crisis de las deudas soberanas sólo a algunos países de la moneda común?

Ojalá pudiera dar una respuesta negativa a esta última pregunta. En todos los Consejos Europeos a los que tuve la oportunidad de asistir durante siete años y ocho meses, he visto que al final la voluntad común se abre paso aunque en muchas ocasiones con dolor y tras arduas y a veces angustiosas negociaciones.

Sabemos que las ayudas o rescates de Grecia, Portugal e Irlanda son, sin duda, decisiones de cooperación y de responsabilidad compartida. Pero ante la crisis de la deuda no se han llegado a utilizar todos los resortes y toda la flexibilidad necesarios para que los inversores y las grandes potencias económicas piensen que, en efecto, los miembros de la eurozona comparten una responsabilidad común con todas las consecuencias.

En mi opinión, el espíritu que reinó en el Elíseo el 12 de octubre de 2008 no se mantuvo con el mismo grado de compromiso a partir de los primeros meses de 2010 cuando, como consecuencia de la situación de Grecia, se desencadenó la tercera fase de la crisis, la de la deuda soberana, tras la financiera y la económica. Y no cabe duda de que los graves problemas de la deuda soberana de algunos países de la eurozona fueron determinantes para frenar la recuperación de las economías de la zona euro, que se venía produciendo durante 2010 y que se estancó drásticamente en la primera mitad de 2011.

Pero volvamos a la cumbre de la eurozona del 12 de octubre porque resulta de gran interés recordar las consecuencias de aquella decisiva reunión.

El compromiso que adquirimos los jefes de Estado y de Gobierno, así como el presidente de la Comisión y el presidente del Banco Central Europeo, fue el de lanzar un mensaje único y fuerte a Europa y al mundo, a los ciudadanos y a los mercados.

Nada más salir del Elíseo me dirigí a la Embajada de España en París para dar una conferencia de prensa e informar de los acuerdos. Estaba satisfecho por el resultado, por el ambiente de unidad y de profunda responsabilidad que había advertido en la reunión. Por ello, no tuve que dedicar mucho tiempo a preparar la explicación pública. La semana había sido dura y sin tiempo para el descanso, pero había acabado bien y me sentía confiado.

Siempre que el contenido del discurso que vas a trasladar es contundente y claro, y con buenos materiales preparatorios, resulta mucho más fácil comunicarlo bien. Cuando se dice que hay fallos de comunicación, suele ser más bien que falla aquello que hay que comunicar, que no es redondo ni rotundo, o que tu propia convicción interna no es suficiente para que quien lo escucha sienta seguridad y confianza. Todo eso se nota. Se percibe por los ciudadanos y, en primer lugar, por uno mismo.

Desde la Embajada de España expliqué los acuerdos adoptados y cómo íbamos a respaldar al sistema financiero. Pero sobre todo quise trasladar la idea de que la pauta europea para afrontar la mayor crisis del sistema financiero internacional era acción coordinada, unánime, fuerte y decidida.

Mientras ofrecía la rueda de prensa mi pensamiento se centraba en cuatro ideas prioritarias: en primer lugar, intentar conseguir el máximo consenso posible en torno al Plan de Apoyo al Sistema Financiero y, en la medida que fuera posible, sobre la política económica general; en segundo lugar, transmitir confianza y seguridad ante una opinión pública alarmada por los acontecimientos; en tercer lugar, pensar cómo íbamos a reaccionar con políticas que amortiguasen los efectos tan duros que el credit crunch iba a provocar en la economía real y en el empleo; y, por último, trabajar para que España estuviese en la mesa de las decisiones mundiales sobre el futuro del sistema financiero y la economía, dado que aún no éramos miembros ni del G-8 ni del G-20.

En la rueda de prensa anuncié que llamaría a Rajoy al día siguiente para explicarle los acuerdos y buscar el consenso. Esa misma semana, por iniciativa suya y mía, Solbes y Montoro habían dialogado sobre los términos de las vías de apoyo al sector financiero; las conversaciones habían ido bien, por lo que pensaba que podíamos lograr un entendimiento esencial, aunque obviamente no sería fácil.

Los periodistas me hicieron diversas preguntas y entre ellas me plantearon si pensaba que los mercados iban a reaccionar bien el día siguiente. Mi respuesta fue: «Mi opinión es que debe producir efectos positivos mañana».

LOS ACUERDOS DEL ELÍSEO EN ESPAÑA

El lunes 13 de octubre las bolsas de todo el mundo recibieron el Plan de Rescate con subidas históricas: la bolsa española subió el 10,6 por ciento, Londres el 8 por ciento, París y Fráncfort superaron el 11 por ciento y Wall Street registró un alza del 11,8 por ciento. El Ibex cerró en 9.955 puntos.

La impresión general era que Europa había estado a la altura del desafío. Muchos gobiernos y las organizaciones económicas internacionales felicitaban a la eurozona por la unidad mostrada y por el alcance de las medidas aprobadas. Desde el otro lado del Atlántico llegaban noticias sobre el gigantesco plan de rescate financiero de Estados Unidos, abordado en una reunión del secretario del Tesoro, Henry Paulson, con los principales bancos del país, pero en la conciencia mundial quedaba una idea clara: Europa había frenado, con su poderosa respuesta, la deriva hacia el abismo que se había producido en los mercados en los primeros días de octubre.

El desembarco de Normandía había cubierto sus objetivos. Pero era sólo una batalla en la dura guerra de la crisis de nuestro tiempo. Más adelante vendrían otras batallas, y no en todas iba a haber el mismo compromiso y, por ende, el mismo acierto de los aliados.

Regresé de París de madrugada y, para ejecutar al día siguiente el plan surgido de los acuerdos del día anterior, celebramos Consejo de Ministros extraordinario, en el que aprobamos el decreto ley que contenía las medidas de apoyo al sistema financiero y que derivaban directamente de los acuerdos del Eurogrupo. El decreto ley incluía la concesión de avales a las emisiones de los bancos, con un plazo para el vencimiento de las operaciones de cinco años. El plazo para el otorgamiento de avales se extendía hasta el 31 de diciembre de 2009. Para el año 2008, se podían conceder avales por un importe máximo de cien mil millones de euros. También incluimos el mecanismo, con carácter preventivo, de la autorización para la adquisición de títulos para el reforzamiento de los recursos propios, a efectos de una posible recapitalización de las entidades financieras.

Este decreto ley se unía al que habíamos aprobado el viernes 10, que activaba un fondo de adquisición de activos financieros por parte del Estado. Ambas líneas de ayuda a la liquidez de los bancos incorporaban una comisión a las entidades financieras.

En muy pocos días el Ministerio de Economía, en colaboración con el Banco de España, había hecho un buen trabajo: las dos líneas de ayuda cumplieron su finalidad y permitieron a los bancos obtener financiación y liquidez en un escenario de cierre de los mercados y del interbancario.

Tras el Consejo de Ministros, comparecí en rueda de prensa porque, a pesar de haberlo hecho la noche anterior, entendía que, en unos momentos de profunda preocupación de la sociedad, los ciudadanos tenían el derecho de escuchar directamente del máximo responsable del Gobierno de la Nación la explicación de las medidas que adoptábamos y la valoración de la situación.

Durante la mañana de ese día había telefoneado a Rajoy y quedamos en vernos el martes por la tarde. Por el tono de la conversación, noté una disposición favorable de su parte. Sensación que confirmaría al día siguiente en la Moncloa.

Aquella mañana del lunes recibí también varias llamadas de personas que se congratulaban de las medidas adoptadas en París y de la imagen de unidad ofrecida: presidentes de bancos, economistas, sindicalistas, periodistas y, por supuesto, compañeros de partido y de Gobierno. Con muchos de ellos —además, por supuesto, de con los responsables del Ministerio de Economía, del Gabinete y de la Oficina Económica de la Presidencia— hablaría después en otros momentos álgidos de la crisis. No puedo dejar de citar las conversaciones y mensajes que con gran frecuencia intercambiaba con Alfredo Pérez Rubalcaba y con José Blanco. Ellos siempre me trasladaban el clima de opinión del partido. Es cierto que, como se ha dicho tantas veces, la soledad del poder existe, pero se hace más llevadera cuando hay compañeros, y no compañeros, que están ahí.

Aunque aquel lunes 13 tuve una intensa actividad por la tarde y noche, ya que asistí a la entrega del Premio Don Quijote al presidente Lula, y posteriormente a una cena con él y con el Rey, tuve tiempo para reflexionar sobre la reunión del Elíseo.

Aquél fue un momento de confianza tras el primer embate, muy serio, de la crisis. La fortaleza exhibida por la Unión era alentadora. La posición de España, aún sólida. Después de lo que pasó más tarde es fácil olvidarlo, pero, cuando estalló la crisis financiera, teníamos superávit público; la deuda pública en relación con el PIB había descendido hasta el 36 por ciento, veinte puntos menos que la media europea; el PIB, aunque había sufrido un rápido frenazo, con los datos disponibles entonces, en el segundo trimestre todavía crecía a una tasa positiva; y el paro, aunque había repuntado con fuerza, se situaba en una de las tasas más bajas del periodo democrático.

Había margen para una fuerte política de protección social y de estímulo en lo económico, tal y como llevé a la práctica hasta donde pude.

No ignoraba el volumen de nuestra deuda privada externa, y el excesivo peso de la construcción en nuestro PIB, pero las tres agencias de calificación nos consideraban triple A, la máxima calificación crediticia, y nuestra prima de riesgo, que se iba a convertir a partir de mayo de 2010 en el gran problema de nuestro país y en la causa fundamental de nuestras dificultades, se situaba en ¡62 puntos básicos! Los mercados nos veían muy solventes y no había en este terreno expectativas preocupantes.

Ciertamente, las cosas evolucionaron de forma muy negativa. A posteriori, los análisis que han explicado las causas de las dificultades de nuestra deuda soberana parecen consistentes, pero las cosas eran o parecían ser de otra manera a finales de 2008.

El clima de opinión sobre la gestión realizada ese fin de semana fue bastante favorable. Basta citar el titular del editorial del diario El País del día 14: «Acertada reacción de las autoridades españolas». Se reconocía, en efecto, esa reacción acertada frente a las amenazas de la crisis financiera global sobre la economía y el sistema financiero español. Sin embargo, es bien constatable que, con carácter general, durante la crisis las opiniones vertidas en los medios de comunicación estuvieron ampliamente dominadas por las críticas.

La reunión con Rajoy fue positiva. En ella acordamos un consenso básico sobre la política y las medidas de respaldo al sistema financiero que, con altibajos, se mantuvo durante la mayor parte de la Legislatura. Las medidas sobre los avales, el fondo de adquisición de activos, la creación del FROB, el proceso de reestructuración del sector —incluyendo la intervención de algunas entidades— y el papel de liderazgo del Banco de España fueron objeto de negociación. Me planteó algunas exigencias sobre la transparencia y el control de las ayudas, el papel del Parlamento, la función del Banco de España, que acepté por parecerme razonables, aunque acordamos que los aspectos técnicos se discutirían entre el Ministerio de Economía y sus portavoces en la materia.

Era un buen principio para intentar extender el perímetro de los acuerdos con el principal partido de la oposición. De hecho, en ese mismo encuentro decidimos abrir un diálogo sobre reformas estructurales y pensiones. Pero los dos sabíamos que no era fácil la consecución de unos acuerdos de fondo sobre los otros grandes temas de la economía nacional.

Había diferencias de criterio y, sobre todo, diferentes expectativas políticas. En la medida en que el Gobierno ya sufría un cierto desgaste por la gestión de la crisis, se ensanchaba el campo de posibilidades para quien era la alternativa al Ejecutivo.

Porque, aunque esos días se valoró positivamente la actuación del Gobierno y recibimos el apoyo de todos los partidos al Plan de Rescate Financiero, desde pocas semanas después de la victoria electoral de marzo, mi gestión ya venía recibiendo críticas crecientes ante la evolución de la economía. Las críticas, más que sobre las decisiones tomadas, se centraban en una especie de pecado original: la tardanza contumaz en utilizar la palabra crisis, en lugar de otras que parecían menos graves. En otro lugar de este libro me referiré con mayor detalle a esta cuestión, pero sí quiero adelantar ya que la responsabilidad de emplear expresamente ese término sólo a partir de julio de aquel año, meses antes en todo caso de que estallara inopinadamente una crisis financiera mundial de las dimensiones de la que se produjo, fue exclusivamente mía, y que he sido muy consciente de que ése fue un factor decisivo en la conformación de la opinión pública y en la actividad de desgaste del Gobierno desplegada por la oposición y otros adversarios a lo largo de toda la crisis.

Hay que asumir los errores con una cierta dignidad. Pero no puedo compartir la idea según la cual la tardanza equivocada en el uso de la palabra crisis fuera un condicionante para afrontarla desde los primeros síntomas.

Después de la reunión con Rajoy, me reuní al día siguiente con los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Todos mostraron una actitud constructiva y sentido de la responsabilidad ante la gravedad de la situación.

Los grupos de izquierda exigieron el máximo control parlamentario sobre las ayudas, y los portavoces de CiU, PNV y Coalición Canaria, Duran i Lleida, Erkoreka y Ana Oramas, expresaron la mayor voluntad de colaboración.

Quiero aprovechar esta ocasión para destacar la actitud de Iñigo Urkullu, que, como presidente del PNV, resultó decisiva en varios momentos políticos. Cuajé con él una relación personal buena, muy buena, de la que surgió y conservo un sentimiento de profunda gratitud.

Era miércoles y quedaba mucha semana por delante. El jueves 16 celebramos Consejo Europeo Extraordinario. La reunión era obligada después de los acuerdos del Eurogrupo del domingo porque, a pesar de que los países de la zona euro más Gran Bretaña representaban el 85 por ciento del PIB de la UE, política e institucionalmente correspondía hacerlo.

El Consejo asumió las decisiones del Eurogrupo y apuntó las primeras líneas sobre todo el proceso de reforma legislativa del sistema financiero; en particular se hizo hincapié en la función de supervisión. Lo más relevante del Consejo fue el llamamiento formal a celebrar una cumbre internacional para «refundar el sistema financiero» en noviembre o diciembre. Los líderes europeos manteníamos el compromiso de unidad y fortaleza. Pero las bolsas volvieron a registrar fuertes descensos ese día: Wall Street un 7,8 por ciento, el IBEX un 5 por ciento, Londres un 7 por ciento, el DAX alemán y la bolsa francesa el 8,5 por ciento. El barril de crudo continuaba cotizando con fuertes bajadas que anticipaban la recesión económica mundial.

Tras la finalización del Consejo Europeo, el mismo día 16 volví a comparecer en rueda de prensa desde Bruselas. Era la tercera rueda de prensa que daba en cinco días, además de responder a preguntas parlamentarias en el Senado y en el Congreso.

En ocasiones como ésta, algunos colaboradores me planteaban que tenía una exposición excesiva a los medios de comunicación. Pero siempre pensé que debía afrontar las decisiones en primera persona, como hice en mayo de 2010. Y es cierto que, entre las muchas críticas que recibí en la gestión de la crisis, no estuvo la de no dar la cara.

3

2009. PARO, RECESIÓN, ESTÍMULOS FISCALES

El crash financiero mundial del último trimestre de 2008 provocó una grave recesión en todo el mundo, que duró desde la segunda parte de ese año hasta prácticamente finales de 2009. Aunque no afectó por igual a los diferentes países y áreas económicas, su magnitud fue extraordinaria.

«La economía mundial atravesó un periodo de inestabilidad sin precedentes en 2008-2009, que estuvo acompañado de la peor recesión económica mundial y del colapso más marcado del comercio internacional en muchas décadas […]; la propagación de la crisis financiera fue imprevistamente fuerte y rápida durante el ejercicio 2009 y desembocó en una caída histórica del producto y del comercio internacional». Con estos términos, así de contundentes y categóricos, se expresó el FMI en su informe sobre la situación económica mundial de 2009.

Son las cosas extrañas de la política: mientras la economía mundial sufría la recesión más grave desde los años treinta del siglo pasado, en España una buena parte de la opinión pública y algunas fuerzas políticas no dejaban de sostener que cuando me refería a ella no era sino a modo de excusa para reducir la responsabilidad sobre la crisis que afectaba a nuestro país.

DE LA CRISIS FINANCIERA A LA CRISIS ECONÓMICA. LA RESISTENCIA INICIAL DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

Por supuesto, España no tardó en acusar el duro impacto de la crisis mundial. Sin duda, en nuestro país existían causas propias que permitían explicar ese impacto singularmente doloroso en el empleo, además de las causas vinculadas a la situación europea, pero ignorar u obviar que el mundo estuvo al borde del abismo a finales de 2008 suponía, a mi entender, un ejercicio intelectual muy poco serio y una posición política de muy corto alcance.

Y conviene recordar que en el periodo 2008-2009, y a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y en buena parte de la UE, en España tan sólo hubo que intervenir una entidad financiera, la Caja Castilla La Mancha, que sólo representaba el 0,5 por ciento del conjunto del sector. Tal como explicaba la AEB (Asociación Española de Banca) en su informe anual y sostenía en sus informes el Banco de España, el balance de nuestro sistema financiero en 2009 presentaba rasgos positivos en comparación con los países europeos.

Es a partir de julio de 2011, dos años después de la intervención de la Caja Castilla La Mancha, cuando se produce la intervención de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), lo que supuso el inicio de una cadena de intervenciones bancarias (Catalunya Caixa, Unnim y Nova Caixa Galicia, en septiembre de 2011; Banco de Valencia, en diciembre de 2011; y Bankia, la mayor entidad nacionalizada, en mayo de 2012).

Traigo a colación todos estos datos para hacer comprender que durante 2008, 2009 y 2010 nuestro sistema financiero resistía. Podríamos decir que muy bien en 2008, a pesar del credit crunch mundial, bien en 2009 y regular en 2010, hasta llegar a tener problemas serios en una parte de él a partir de la segunda mitad de 2011 y, aún peor, en 2012. Esta evolución está avalada por los datos de las pruebas de resistencia realizadas al sector en julio de 2010 y en 2011, que depararon una valoración del sistema financiero español bastante razonable.

El Gobierno había puesto en marcha el proceso de reestructuración bancaria a partir de la segunda mitad de 2009. El punto de partida fue el Real Decreto Ley de 26 de junio de 2009 por el que se creaba el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un año más tarde, el Banco de España (nota informativa de 29 de junio de 2010) aseveraba que «después de dos años de crisis del sistema financiero, las entidades financieras españolas mostraban una elevada capacidad de resistencia que, en su mayor parte, han mantenido hasta ahora» y que «una vez concluido el nuevo mapa de cajas de ahorro en España, puede afirmarse que el sistema bancario español sigue manteniendo una posición sólida y coherente».

En su informe sobre la situación del sector financiero, de diciembre de 2010, el propio Banco de España aportaba datos de gran interés:

El coeficiente de solvencia total en junio de 2010 era del 11,8 por ciento (10 puntos básicos más con respecto a junio de 2009).

La ratio Tier 1 (capital de máxima calidad) en junio de 2010 era del 9,6 por ciento (60 puntos básicos superior al de junio de 2009).

La ratio core capital en junio de 2010 era del 8 por ciento (50 puntos básicos más que en junio de 2009).

Desde finales de julio de 2010, se abrieron de nuevo los mercados mayoristas. Las pruebas de resistencia, los procesos de integración de las cajas, las reformas de su régimen legal, los planes de consolidación fiscal y las reformas estructurales ayudaban a explicar esta mejora. Así, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se emitieron en torno a dieciséis mil millones de euros en los mercados mayoristas de medio y largo plazo.

El recurso de las entidades españolas a la liquidez del Eurosistema se había reducido significativamente. En junio, los préstamos del BCE a las entidades españolas representaban el 23 por ciento, y en noviembre el 12,5 por ciento, el porcentaje de capital que España representa en el BCE.

Aunque ahora no resulta fácil encontrar afirmaciones de respaldo a la actuación del Banco de España, tengo que recordar que hasta 2012 la reputación y la confianza de las que había gozado nuestro banco central eran generalizadas. Lo eran fuera y dentro de nuestro país, en el pensamiento económico, en las entidades financieras y, también, en el conjunto de las fuerzas políticas. Siempre que durante la crisis pusimos en marcha decisiones sobre el sistema financiero, los grupos políticos, y de manera singular el PP, me reclamaron que el proceso fuese liderado y ejecutado por el Banco de España. Y más allá de nuestras fronteras, la reputación del Banco de España, por su modelo de inspección y por la decisión tomada en el año 2000 de exigir las llamadas provisiones dinámicas, era muy buena tanto entre los bancos centrales —desde luego en el BCE—, como en las instituciones europeas y en los propios mercados de capitales.

Por mi parte, debo añadir que la información que el Banco de España me facilitaba, a través de su gobernador, me parecía fundada, seria y realista (nadie dijo nunca lo contrario). En todo caso, siempre procuré atenerme, como era mi deber legal e institucional, a la posición de autonomía que nuestro ordenamiento le garantiza jurídicamente al banco. Y me consta que el Ministerio de Economía y Hacienda también lo hizo.

Con los datos y consideraciones que acabo de aportar, no es de extrañar que, durante 2009, la situación de nuestras entidades financieras, salvo el caso singular de Caja Castilla La Mancha, no ocupara un lugar destacado en el debate público y tampoco en los muy intensos debates parlamentarios que desarrollamos durante todo ese año. En realidad, tampoco en 2010, y ni siquiera en 2011, fue objeto prioritario de discusión en las Cámaras.

Asimismo, para dotar de cierta perspectiva al análisis y a la vivencia de la crisis —de esta crisis tan intensa e imprevisible en sus sucesivas manifestaciones—, considero útil recordar que, hasta que estalla la crisis de la deuda en la primavera de 2010, la situación de las llamadas economías periféricas no constituía una preocupación específica para los analistas, las fuerzas políticas y los organismos europeos e internacionales.

Llama la atención un dato: de Grecia no se habló ni una sola vez en los Consejos Europeos hasta 2010. De Irlanda sí, pero no por los potenciales riesgos de su deuda, sino del intrincado proceso que hubo de seguirse para que ratificara el Tratado de Lisboa, que fue el sustituto posible del malogrado proyecto de Constitución Europea después de que el pueblo irlandés lo rechazara en referéndum en junio de 2008.

Claro que quizá ya nos hemos olvidado de que la prima de riesgo española terminó en 2009 en 59 puntos básicos, cuando ya se conocía que nuestro déficit público iba a pasar del 8 por ciento y que nuestra cifra de paro iba a situarse por encima del 18 por ciento.

Cuando a partir de mayo de 2010, a raíz de la crisis griega, empezaron a acecharnos los problemas en torno a la deuda soberana, el argumento económico que más se extendió sobre nuestra economía (entre académicos, organizaciones internacionales, agencias de calificación, inversores…) fue el excesivo peso de la deuda de España frente al exterior. Una deuda que alcanzaba un volumen de en torno al ciento por ciento del PIB, fruto de muchos años de déficit de la balanza por cuenta corriente, déficit que llegó a representar el 10 por ciento del PIB en 2007, para corregirse rápidamente en los años posteriores.

Ese endeudamiento reflejaba, en efecto, que durante la década anterior la economía española (nuestras empresas y familias) había invertido una cantidad muy superior a la de su ahorro. El déficit se financió, claro está, recurriendo al exterior. La conclusión inmediata y aparentemente lógica fue la de que nuestra economía había sido poco competitiva. Este análisis causó estado, ha sido suscrito prácticamente por todas las opiniones que merecen tenerse en cuenta, y ello a pesar de que nuestra cuota de mercado fue de las que mejor ha resistido, en comparación con otros países europeos, la irrupción en el comercio internacional de los países emergentes en el comercio internacional.

En relación con ello, hay un interrogante que permanece presente en mi cabeza: ¿por qué los mercados y las agencias de calificación en 2009, con la misma deuda neta privada externa, con un déficit público que ya era alto y con un déficit por cuenta corriente más alto que el que alcanzó en 2010, además de con un paro muy alto, no consideraban entonces que existía riesgo alguno sobre nuestra deuda soberana?

Creo que la respuesta a esta pregunta es decisiva para poder aproximarse a entender los efectos de la crisis financiera en nuestro país, la prolongación de ésta y las consecuencias sociales, económicas y políticas tan severas que ha provocado.

Quizá el lector pueda imaginarse las veces que he intentado responder a esta pregunta y los esfuerzos que realicé para refutar el riesgo que podía suponer ese desequilibrio de nuestros fundamentales económicos.

Basta decir en este momento que, para mí, la evolución económica de un país no cabe en un modelo matemático. Los factores que determinan en muchas ocasiones los hechos están llenos de prejuicios, de informaciones limitadas, de climas de opinión, del afán de algunos para que se cumplan las profecías. Es, en definitiva, un universo complejo de precomprensiones y de expectativas, que interactúa con una realidad económica mucho menos intangible en cuanto a sus fundamentos y constantes vitales, pero condicionada por ese universo.

Así pues, 2009 fue un año en el que se extendió la recesión en el mundo y en el que su consecuencia más amarga y destructiva en nuestro país fue un incremento incesante del paro. Los demás datos macroeconómicos se asemejaban a los del resto de los países de la zona euro, significativamente en lo relativo a la caída de la actividad económica. Es verdad que nuestro déficit público se incrementaba a mayor velocidad, pero con una deuda pública significativamente inferior a la media europea (veinte puntos menos que la media de la UE). Al inicio de la crisis, nuestra deuda pública se situaba en el 36 por ciento del PIB, después de haberla reducido en casi diez puntos desde 2004. Es decir, teníamos una deuda pública veinticuatro puntos de PIB inferior al límite fijado en el Pacto de Estabilidad —el famoso 60 por ciento—. Una deuda pública mucho menor que la alemana, la francesa o la del Reino Unido —y no digamos la italiana—, por poner los ejemplos de los países con mayor PIB de la UE.

LAS POLÍTICAS DE ESTÍMULOS FISCALES: EL PLAN E

Con ese margen en la deuda pública y ante una recesión que traía consigo una fortísima destrucción de empleo, mi decisión fue responder con una importante acción de estímulos a la economía desde el sector público, con el objetivo de paliar los efectos, tanto económicos como sociales, de la crisis sobre las familias españolas y, de manera especial, el drama del paro.

Estímulos fiscales para activar la economía, ante el parón en seco de la inversión y del consumo privados, y para preservar la protección social y, por tanto, la cohesión del país. Los estímulos fiscales fueron muy elevados, ciertamente, y la opción comportaba riesgos. Como todas las opciones que se adoptan en una situación de grave crisis económica.

Y conviene recordar, pues también en este punto se pierde a veces la perspectiva, que ésa fue la opción unánime del mundo. Del G-20, de la UE, de Estados Unidos, de los países emergentes, del FMI, de la OCDE…, desde finales de 2008 y durante 2009: una respuesta de impronta keynesiana al shock financiero y al desplome subsiguiente de la actividad. En 2008 y 2009 se vertieron ríos de tinta sobre qué había ocurrido en la Gran Depresión de los años treinta y las lecciones que debíamos aprender de ella ante la crisis de 2008. El dictamen era generalmente asumido en todos los foros, también en los mercados financieros, para evitar las consecuencias de la última gran crisis: había que adoptar, aunque fuera sólo por un cierto tiempo, una política resuelta de estímulos fiscales, coordinada y que evitase las tentaciones proteccionistas.

No es necesario traer aquí a colación las conclusiones del G-20 de Washington el 15 de noviembre de 2008, o de Londres el 2 de abril de 2009, ni las recomendaciones del FMI o de la OCDE; basta con recuperar la respuesta formalizada de la UE —donde, por cierto, no predominaban en ese momento los gobiernos socialdemócratas— adoptada en los Consejos Europeos del 7 de noviembre de 2008 y del 11 y 12 de diciembre de ese mismo año, en los que se aprueba el Plan Europeo de Recuperación Económica.

El plan suponía un esfuerzo total equivalente al 1,5 por ciento del PIB de la UE. Y establecía, por un lado, un conjunto de medidas que llevar a cabo desde las instancias comunitarias y, por otro, un marco general para aplicar por cada país. De hecho, la mayoría de los países ya estábamos poniendo en marcha distintas medidas, esencialmente de incremento del gasto público, para estimular la demanda, apoyar a sectores estratégicos y fortalecer el apoyo social a los ciudadanos más vulnerables.

Quizá sea bueno recuperar las líneas esenciales de ese marco general:

«Las medidas de apoyo a la demanda deben buscar un efecto inmediato, tener un límite temporal, y centrarse en los sectores más afectados y los más importantes para la estructura de la economía (por ejemplo, el sector del automóvil y la construcción).

»Estas medidas podrán adoptar, según las situaciones nacionales, la forma de un aumento del gasto público, de reducciones juiciosas de la presión fiscal, de una disminución de las cargas sociales y de apoyo a determinadas categorías de empresas o de ayudas directas a las unidades familiares, en particular las más vulnerables.

»Irán acompañadas de un esfuerzo acrecentado de aplicación de las reformas estructurales en el marco de la Estrategia de Lisboa. Estas reformas se centrarán en el incremento de la financiación de la inversión y de las infraestructuras, la mejora de la competitividad de las empresas, la concesión de mayor apoyo a las pymes y el fomento del empleo, la innovación, la investigación y el desarrollo, así como la educación y la formación».

Leer estos párrafos del Consejo Europeo de diciembre de 2008 y cotejarlos con los de 2010 y 2011, relativos al gasto público, es como vivir en dos Europas, o en dos siglos distintos. En apenas un año todo cambió. ¿Cambió Europa o cambiaron las circunstancias? Quizá ambas cosas a la vez.

Pero volvamos a las directrices europeas de finales de 2008. Esas directrices, que tenían una orientación muy clara a pesar del lenguaje burocrático habitual de los Consejos, eran fruto del diálogo y del contraste de iniciativas y propuestas entre los jefes de Estado y de Gobierno, y reflejaban el sentido de las medidas que, simultáneamente, y con mayor o menor intensidad en función de las especificidades nacionales, estábamos poniendo en marcha unos y otros.

El plan de España, el conocido como Plan E (de Estímulo a la Economía y el Empleo), se insertó, pues, en este marco general de la UE. De hecho, el programa más importante de estímulo económico de mi Gobierno, el que conjugaba el Fondo Local de Inversión, de 8.000 millones de euros, con el Fondo Estatal, de 3.000 millones de euros (en total, un punto del PIB), se aprobó el 29 de noviembre de 2008, tras haberlo anunciado personalmente dos días antes en el Congreso de los Diputados con ocasión, precisamente, del debate sobre el Consejo Europeo celebrado el 7 de noviembre de 2008. Por su parte, la Comisión Europea, siguiendo el mandato de ese Consejo Europeo, había aprobado el 26 de noviembre las líneas del Plan Europeo, plan que el Consejo del 11 y 12 de diciembre al que me he referido anteriormente hizo finalmente suyo.

Por tanto, la respuesta coordinada de las economías mundiales y de la UE a la recesión económica de 2008-2009 ocasionada por la crisis financiera se basó en fuertes programas de apoyo a la demanda a través de estímulos fiscales, de gasto público.

En el seno de la UE el plan fue en realidad una «suma» de los programas nacionales más una acción muy limitada de la Comisión, puesto que cuando en la UE se habla de políticas fiscales es extraordinariamente difícil ir más allá de unas indicaciones generales sobre las cantidades de gasto público de cada país.

En España, el Plan E fue diseñado, de acuerdo con estas directrices de la Unión, para generar actividad, mantener empleo y empresas, apoyar a pymes y sectores estratégicos, invertir en infraestructuras e innovación, y apoyar a las familias más vulnerables. Y representó una cantidad global de en torno al 2,2 por ciento del PIB.

El Plan E contenía 82 medidas estructuradas en cuatro ejes: el primero de ellos incluía medidas de apoyo a las familias y empresas; el segundo recogía medidas de fomento del empleo; el tercero contemplaba medidas de apoyo al sistema financiero; y el cuarto acogía medidas de modernización de la economía.

El Plan E recibió fuertes críticas de la oposición, especialmente del PP, y de distintos sectores de opinión.

Aunque es cierto que las críticas se centraron en los proyectos de inversión en obras y equipamientos municipales, los dos fondos locales, el de 2009, de 8.000 millones de euros, y el de 2010, de 5.000 millones de euros, supusieron un ingente esfuerzo inversor muy valorado, claro está, por los ayuntamientos de toda España, de todos los colores políticos.

¿Por qué los fondos municipales? ¿Y bajo qué criterios se articularon? La razón de optar por ellos para canalizar una parte sustancial de la inversión pública fue doble: agilidad y homogeneidad. Agilidad, en primer término, pues necesitábamos que la reacción frente al desplome de la actividad y del empleo fuera lo más inmediata posible. Un plan más clásico de grandes obras públicas no hubiese permitido esa eficacia de la inmediatez.

Además, los fondos locales fueron pensados para que la acción inversora y la actividad llegasen a todos los rincones del país. El criterio elegido, basado en un volumen de inversión en función del número de habitantes de cada municipio, garantizaba la máxima objetividad e igualdad de trato en el reparto de la gran inversión. El Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido entonces por Elena Salgado, fue el encargado de aprobar los proyectos municipales y de transferir los recursos a los ayuntamientos una vez que se iba certificando la ejecución de las obras. Fue un gran esfuerzo de gestión el que desplegaron el ministerio y los ayuntamientos, y tuvo un soporte fundamental en el alto grado de desarrollo telemático de nuestras Administraciones públicas.

Seguramente no todas las inversiones realizadas por los ayuntamientos fueron las idóneas, lo que fue utilizado por algunos para caricaturizar y descalificar globalmente la iniciativa, convirtiendo en categoría ejemplos, casi siempre de entidad menor, de inversiones discutibles decididas por los consistorios.

En mi opinión, se produjo una mejora notable en infraestructuras y equipamiento de las ciudades y pueblos de España, lo que es un factor positivo para el potencial de crecimiento de la economía española. Aunque, sin duda, la iniciativa puede ser, como lo ha sido, muy discutida, ya he señalado cuáles fueron las razones que nos llevaron a adoptarla cuando lo hicimos, a finales de 2008: el temor a las consecuencias de un abrupto desplome de la actividad privada y el margen de la deuda pública de nuestro país.

El Plan E contenía, además de los fondos locales, otras líneas de inversión pública y de apoyo a sectores productivos estratégicos y a la innovación. Y también un reforzamiento de la protección social en dos sectores: desempleo, con la ampliación de las posibilidades de tener derecho a prestación con el programa Prodi, sustituido posteriormente por el Prepara, y un mayor gasto social en dependencia.

Mi mayor preocupación era conseguir que los terribles efectos de la crisis en el empleo y en las familias más vulnerables pudiesen paliarse mediante el conjunto de políticas y prestaciones sociales, hasta que la recuperación económica volviese a ofrecer expectativas de actividad económica y empleo.

Dentro de las opciones existentes, elegimos apoyar singularmente a dos sectores productivos. De un lado, el del automóvil, que sufrió una fuerte caída de la producción como consecuencia del descenso de la demanda. El sector del automóvil es en España muy competitivo y generador de un importante volumen de empleo. Obtuvo del Plan E en torno a dos mil millones de euros en subvenciones a la producción, préstamos blandos para inversiones y ayudas para la compra de vehículos. Esta línea del Plan E permitió el mantenimiento en España de todos los centros de producción. El riesgo de cierre de nuestras factorías de automóviles fue entonces muy alto, y gracias al Plan E se pudo conjurar.

El otro sector que recibió un apoyo especial fue el turístico, con ayudas de en torno a los mil quinientos millones de euros, que posibilitaron una modernización muy notable de las infraestructuras de este sector, tan decisivo en la economía española. Ambos programas, el del sector turístico y el del automóvil, dieron buenos resultados, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dirigido por Miguel Sebastián, hizo un gran esfuerzo de gestión y concertación con los agentes afectados.

Para no bajar la intensidad de la inversión en I+D+i que habíamos logrado en el periodo 2004-2008 —más que duplicando la cantidad destinada en 2003— incluimos quinientos millones de euros adicionales para proyectos innovadores, que gestionó el Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por Cristina Garmendia.

Esta última línea de ayuda, junto a los seiscientos millones de euros que también se destinaron a inversiones en infraestructuras medioambientales, respondía al objetivo que veníamos persiguiendo desde la Legislatura de 2004: incentivar la transformación de nuestro modelo productivo. En el mismo capítulo hay que considerar los 160 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas, que buscaban estimular la actividad en el sector de la construcción, que sufría severamente la crisis, pero reorientándola hacia actividades más sostenibles que la obra nueva.

Una mención final sobre el contenido inversor del Plan E merece la partida de cuatrocientos millones de euros destinada a la construcción y mejora de comisarías de policía, casas cuartel de la Guardia Civil e instalaciones de defensa.

Para el Gobierno que presidí, el apoyo y la mejora de las condiciones de trabajo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue una preocupación constante. La gran mayoría de los equipamientos públicos había conocido en las dos décadas anteriores un creciente proceso de inversión modernizadora, pero los equipamientos de la seguridad pública se habían quedado rezagados y merecía la pena hacer este esfuerzo especial. Lógicamente, también generaba actividad en el sector de la construcción, en concreto de la obra civil, con obras de tamaño medio y pequeño, intensivas en mano de obra. Bajo el impulso de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en aquella época, se abordó ese plan de inversiones en comisarías y cuarteles, que tuvo una buena acogida entre la policía y la Guardia Civil.

En los años que estuve al frente del Gobierno de España, pude comprobar día a día la gran profesionalidad y dedicación de los servidores públicos que integran la Policía Nacional, la Guardia Civil y, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas. Deseo expresarlo de la manera más clara y sentida que puedo: hacen honor al juramento que prestan sirviendo a los ciudadanos desde la ley.

Todo eso y algunas cosas más fue el Plan E. Un gran esfuerzo por atenuar la caída de la economía con la mayor rapidez posible. Un gran esfuerzo por mantener empleo. Un gran esfuerzo por modernizar las infraestructuras y equipamientos públicos de todas las ciudades y pueblos de España. Un gran esfuerzo por apoyar a empresas y sectores productivos decisivos. Un gran esfuerzo por extender los apoyos sociales a las familias más necesitadas.

Sé que se ha invocado que el volumen del gasto público del Plan E fue excesivo, en torno al 2,3 por ciento del PIB, y de dudosa eficacia.

A este respecto, quiero reiterar que, con una deuda pública por debajo del 36 por ciento y con un superávit en 2007, creí que podíamos y debíamos hacer un esfuerzo extraordinario ante una crisis excepcional. Creo también que, si nos situamos en ese momento y en aquella situación, ante el primer embate de la crisis a finales de 2008 —situación que debería ser el marco de referencia para juzgar la iniciativa—, ésta contaba con un apoyo mayoritario en la sociedad española. Hubo, desde el principio, críticas por parte de la oposición a la forma en que se articularon los fondos, pero no tanto a la necesidad de hacer entonces un esfuerzo inversor especial. Y hubo también quien entonces opinaba que el esfuerzo era insuficiente, que hacía falta una acción contracíclica más intensa. En todo caso, y como casi siempre ocurre, a la hora de valorar aquella gran acción inversora, hay luces y sombras.

Los apoyos al automóvil y al sector turístico tuvieron resultados muy favorables. Los fondos locales mejoraron ciudades y pueblos, y generaron empleo durante un periodo de tiempo. Es cierto que una parte de las inversiones no se destinó a actuaciones eficientes desde el punto de vista económico. Otra parte importante de las inversiones sirvió, sin embargo, para fortalecer el capital público de nuestros municipios, promoviendo la innovación, extendiendo las nuevas tecnologías, el ahorro y la eficiencia energética, y la mejora medioambiental. Y ésas están ahí, son una palanca para la actividad económica cuando lo permitan las condiciones generales de la economía, cuando por fin se produzca nuevamente un crecimiento económico sostenido.

Es cierto que, visto a posteriori, cabría pensar que el Plan E no cumplió los objetivos planteados, dado que la crisis de la destrucción de empleo ha continuado de forma abrupta hasta el cierre de la edición de este libro. Pero un análisis más exhaustivo permite introducir algunos matices.

El esfuerzo de inversión pública realizado en 2009 y 2010 contribuyó a la recuperación, tímida ciertamente, pero recuperación del crecimiento al fin y al cabo, que vivimos en 2010 y en la primera parte de 2011. Pero, dado que a partir del segundo semestre de 2011 la actividad económica volvió a caer en nuestro país y en general en la zona euro, produciéndose la fatídica «W» en el desarrollo de la crisis, la percepción que tenemos ahora es la de que los efectos del Plan E fueron limitados.

La inversión pública del Plan E generó empleo, pero de forma insuficiente para compensar la destrucción de puestos de trabajo que se producía en el sector privado, especialmente en el de la construcción de viviendas, que había llegado a ocupar a 2,6 millones de trabajadores. Basta recordar que más del 70 por ciento de los cerca de tres millones de empleos perdidos en la crisis hasta finales de 2011 se derivaban directa o indirectamente del sector de la construcción.

El arsenal del Plan E, a pesar de su volumen, no compensaba más que una parte limitada de la inversión privada en construcción, que se reducía drásticamente.

No obstante, sí hubo un cierto efecto en el empleo y en la evolución de la tasa de paro, que moderó su incremento e incluso descendió en algún trimestre de 2010, conforme a los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).

El gran esfuerzo inversor del Plan E se desarrolló a partir del segundo trimestre de 2009 y durante buena parte de 2010, y sí tuvo un claro efecto en limitar la caída del PIB durante 2009 e impulsar la vuelta al crecimiento durante 2010, a pesar del estallido de la crisis de la deuda en Europa de ese último año. Es interesante reproducir la evolución del PIB intertrimestral en 2008, 2009, 2010 y 2011 para recordar cómo los estímulos fiscales, unidos a la salida de la recesión en la zona euro y en el mundo, permitieron una vuelta a los crecimientos intertrimestrales positivos que se produjeron a partir del primer trimestre de 2010, tras siete trimestres de caída de la actividad económica. En la parte final de 2009 ya se advertía esa incipiente y débil recuperación observada en la economía mundial, y varios países europeos tuvieron crecimientos positivos en el último trimestre de ese año.

En nuestro país, la vuelta a tasas de crecimiento del PIB positivas tuvo un cierto retraso, pero también nuestro primer trimestre en negativo se había producido más tarde que en la mayoría de los países europeos.

En octubre de 2009, el Consejo Europeo, en sus conclusiones, afirmaba: «La incipiente recuperación se ha seguido de cerca y las políticas de apoyo no deben retirarse hasta que no se haya afianzado la recuperación».

Pero veamos la evolución interanual del PIB trimestre a trimestre en los cuatro años clave de la crisis hasta mi salida del Gobierno: la primera tasa de crecimiento negativa se produjo en el cuarto trimestre de 2008 (-1,4 por ciento); todo el año 2009 tuvo tasas negativas (-3,5 por ciento, -4,5 por ciento, -4,1 por ciento y -3,1 por ciento), así como los dos primeros trimestres de 2010 (-1,4 por ciento y -0,1 por ciento). A partir del tercer trimestre de 2010 y durante cuatro trimestres consecutivos el crecimiento pasó a ser positivo (0,2 por ciento, 0,5 por ciento, 0,6 por ciento y 0,3 por ciento). Y en el tercer trimestre de 2011 se produce la inflexión con una tasa del cero por ciento. El cuarto trimestre de 2011 vuelve a tener una tasa interanual negativa (-0,6 por ciento).

Como sabemos, la crisis de la deuda soberana en la primavera de 2010 y su potencial contagio provocaron un brusco cambio en la política de la UE y también en las recomendaciones de los principales organismos internacionales. En pocas semanas, pasamos de la doctrina de «no retirar estímulos fiscales hasta que la recuperación fuese sólida» a la «imperiosa y urgente necesidad de retirarlos y concentrarnos en los planes de consolidación fiscal».

Como ya he explicado en el capítulo 1, a partir de mayo de 2010 me vi obligado a cambiar la senda de consolidación fiscal y a aplicar un plan de fuerte reducción del déficit público que modificaba el ya presentado y aprobado por Bruselas a finales de 2009. Baste recordar que en el plan aprobado el 10 de mayo en el Eurogrupo se establecía que el déficit debía bajar al 9,3 por ciento del PIB a finales de 2010, desde el 11,1 por ciento con el que concluyó 2009. Y se cumplió, e incluso se situó una décima por debajo.

En 2010, el mayor esfuerzo fiscal lo asumió el Estado. En 2011, fueron las comunidades autónomas las que tenían que haber asumido la mayor parte del ajuste, y en 2012 volvió a ser el Estado.

En 2010, la reducción del déficit fue de más de diecinueve mil millones de euros. El reparto del ajuste fue muy similar entre aumento de ingresos (un punto porcentual de PIB) y reducciones de gasto (0,8 puntos de PIB).

Para 2011, el objetivo comprometido era alcanzar un déficit del 6 por ciento, lo que suponía rebajar el déficit en 32.000 millones. Habría de ser el mayor esfuerzo de todo el periodo.

En la parte final del libro abordo lo sucedido con el déficit de 2011, pero quiero apuntar en este momento que ese año el grueso del compromiso del ajuste correspondía, a diferencia de 2010 y de 2012, a las comunidades autónomas.

Sin duda, los estímulos fiscales contribuyeron a esa tenue recuperación, y la imperiosa obligación de la reducción del déficit pudo explicar una parte de por qué no prosiguió la recuperación. Pero, en mi opinión, la causa fundamental hay que buscarla en las consecuencias de la llamada crisis de la deuda de la zona euro y la respuesta que la eurozona y la UE ofrecieron en ese periodo.

Con la evolución de la economía española en 2012, resulta probablemente inútil decir que, cuando algún miembro del Gobierno se hizo eco de los famosos «brotes verdes» (una expresión que había acuñado Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, para referirse a la evolución de la crisis), se sustentaba en este dato que hoy parece yacer en el olvido: cuatro trimestres de crecimiento interanual positivo.

No obstante, el dato económico más sensible, el que más incidía en la sociedad, en la confianza del país, y en el país, en mí y en todo el Gobierno, lo que provocaba la mayor angustia, la mayor impotencia, era el incremento del paro. La recesión de 2008 y 2009 provocó incrementos del paro en Europa, en Estados Unidos, y en general en todos los países desarrollados, pero las cifras de España resultaban alarmantes e incomparables con cualquier otro país por su elevadísimo volumen.

La crisis afectó lógicamente desde el principio a toda la sociedad con la disminución de la inversión, la restricción del crédito, el cierre de empresas… Pero nuestros niveles de prestaciones sociales servían para que la gran mayoría de las familias pudiera soportar un deterioro económico creciente pero que no podía durar indefinidamente. Esa red de apoyo básico se sustentaba en una eficiente y equitativa sanidad pública y universal, en un sistema educativo público y concertado con educación obligatoria gratuita hasta los dieciséis años, en un consolidado sistema de seguridad social que progresivamente venía mejorando las pensiones, especialmente las mínimas, y en otras prestaciones sociales con las que se había reforzado en los últimos años nuestro Estado social.

Las sociedades europeas lucharon duramente más de un siglo, con los trabajadores al frente, por lograr la protección, la seguridad ante el infortunio —por usar la terminología clásica— de la enfermedad, del paro o de la imposibilidad de trabajar por edad o incapacidad. La construcción de los sistemas de salud, de seguridad social, con pensiones públicas, y la protección a través de una prestación económica en las situaciones de desempleo han ido configurando el Estado social, nacido y consolidado en Europa. El Estado social o Estado de bienestar se ha convertido en la gran seña de identidad de la Europa de posguerra, y debería seguir siendo el anclaje del «modo de ser» europeo. Por ello se nos reconoce y respeta en el mundo.

En mis encuentros con líderes internacionales no europeos, era frecuente que me preguntaran cómo organizábamos el llamado Estado de bienestar en Europa: la sanidad como un derecho, la educación obligatoria, el sistema de pensiones, etc. Y conste que quienes me pedían información eran mandatarios de todos los continentes. Por supuesto, era un tema muy querido por los líderes latinoamericanos, pero también por políticos norteamericanos. En más de una ocasión el presidente Obama me preguntó por las claves de nuestro modelo de sanidad pública. La reforma de la sanidad era la gran promesa electoral de su primer mandato, cumplida por cierto, para tratar de afrontar el problema social de que en la primera potencia mundial cerca de cuarenta millones de ciudadanos no tuvieran garantizada la asistencia sanitaria. No sé si es suficientemente conocido, pero el sistema de salud pública de España goza de un amplio reconocimiento en la mayoría de los países del mundo.

Ésta era mi obsesión principal, reforzar el sistema de «apoyos sociales» del que disponíamos para garantizar un «mínimo» vital, un refugio de seguridad, a las familias y ciudadanos a los que más duramente les podía afectar la crisis. La crisis y, sobre todo, el paro.

EL GRAN DRAMA: EL PARO

El paro había sido tradicionalmente la gran pesadilla en nuestro país durante las crisis. Lo fue a principios de los ochenta y lo fue en la crisis del 93. En ambos periodos habíamos superado la tasa del 20 por ciento de desempleados. Y todos teníamos muy presente aquella idea, que pronto emergería de nuevo en nuestras vidas, sobre la posibilidad de una generación perdida. Sin embargo, parecía que la evolución vivida en las dos décadas anteriores a la crisis, en las que se había creado un gran volumen de empleo, podía empezar a diluir al fin este hecho diferencial de nuestra economía.

De hecho, en la Legislatura de 2004 a 2008 se crearon en España 2,8 millones de empleos. Y en 2007 alcanzamos la tasa de paro más baja de la democracia, un feliz 7,9 por ciento que nos situaba por vez primera en la media europea. Si no fuese porque las estadísticas y las hemerotecas están ahí y son incuestionables, se podría pensar, después de lo que hemos vivido y sufrido, que los datos de 2007 no eran ciertos.

Pero lo eran. En poco más de un año, pasé de presidir un país que creaba empleo sin cesar a un país en el que el paro aumentaba sin freno. Ésta es una experiencia poco común para un gobernante. Es verdad que en 2009 la economía mundial registraría el peor dato de crecimiento desde la segunda guerra mundial, pero el cambio de tendencia era tan brutal que costaba asumirlo, y desde luego me provocaba un pesado y doloroso sentimiento de responsabilidad.

En la evolución del incremento del paro viví momentos especialmente amargos, muy desalentadores, y el día a día era de una tensión extrema.

El último trimestre de 2008 y el primero de 2009 arrojaron datos tremendos de destrucción de empleo. Cuando, el día antes de la publicación de la EPA, el director de la Oficina Económica me informaba por teléfono de los datos del trimestre, mi capacidad de encaje bordeaba los límites de mi fortaleza emocional.

Jamás se me olvidará la tarde en la que Javier Vallés me informó de los números que arrojaba la EPA del primer trimestre de 2009. Más de ¡setecientos mil! empleos perdidos. ¡Más de setecientas mil personas al paro en tan sólo tres meses! Los datos no podían ser peores, eran sencillamente horrorosos.

La voz de Javier estaba entrecortada, era casi imperceptible; sabía que para mí esa noticia suponía un durísimo golpe. 780.000 empleos perdidos. Es la cifra más ácida y fría que he escuchado en mi vida. Me viene frecuentemente a la memoria, retorna a mi conciencia como una sombra alargada.

Estuve prácticamente toda la noche sin dormir, pensé si disponía de más herramientas para generar actividad y empleo, si podíamos hacer algo más para frenar una hemorragia social de tal envergadura.

Al día siguiente, analizando los datos con el Ministerio de Economía y con mi Gabinete, concluimos que era pronto, muy pronto, para que los estímulos del Plan E pudieran tener efecto, dado que el grueso de las obras se pondrían en marcha a partir de los meses de abril, mayo y junio.

Mi preocupación esencial, una vez que era ya evidente que íbamos a afrontar un periodo largo de incremento del paro y que era difícil adivinar cuándo volvería a crearse empleo, se focalizó en la protección por desempleo.

Sabía que en ese terreno nos jugábamos la cohesión social. Además, para un gobernante socialdemócrata, no hacer todo lo que estuviese en sus manos para respaldar con políticas decididas a las personas en desempleo era sencillamente inasumible.

Pedí que todos los meses me remitieran un informe sobre la situación de protección del desempleo en la que se detallase al máximo el porcentaje de parados protegidos, el número de prestaciones contributivas y de prestaciones asistenciales, y la evolución y las previsiones de todas estas variantes.

Aunque me referiré a este tema más adelante, quiero destacar que durante todos los años de la crisis, y a pesar de la muy alta tasa de paro que sufrimos, logramos mantener los más elevados porcentajes —por encima del 75 por ciento— de personas en paro con protección, es decir, con una prestación económica. Es obvio que esto no es un consuelo ante la herida social y personal que supone el paro, pero, pensando en cada persona, en cada familia que engrosaba aquella lista tan destructora, era lo mínimo a lo que estábamos obligados como Gobierno. Y no sólo porque las prestaciones por desempleo son esenciales para la vida de las personas que han perdido su trabajo, sino también porque representan un gran compromiso de responsabilidad compartida y de solidaridad en una sociedad democrática, en la que los ciudadanos participamos de un destino común.

Pero como indicaba antes, el último trimestre de 2008, cuando estalla la crisis financiera, había arrojado unas malísimas cifras de paro, con 400.000 empleos perdidos. Desde entonces, día tras día recibía el dato de paro registrado y de afiliaciones que me facilitaban, o bien la Oficina Económica, o directamente el ministro de Trabajo o el secretario de Estado de la Seguridad Social. Así, todos los días laborables, y aunque estuviera fuera de España, me los remitían a través de SMS. Es fácil entender que prácticamente todos los días esperaba con ansiedad el «parte» de las listas del INEM.

La mayoría de los días durante 2009, 2010 y 2011 ese «parte» fue desesperanzador. Sólo algunos meses recibí noticias que no resultaban tan desalentadoras.

Llevado por la inquietud, por la permanente ansiedad, llamaba al secretario de Estado de la Seguridad Social para que me evaluara los datos de las afiliaciones que se iban produciendo y las previsiones que tenía la Tesorería de la Seguridad Social, que, por cierto, cuenta con magníficos funcionarios. Octavio Granados me hacía pormenorizados comentarios sobre la situación en los diferentes sectores de actividad. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social hizo muchos esfuerzos para preservar el equilibrio financiero. Algo que prácticamente se logró hasta 2011, a pesar de la fuerte caída de la afiliación a la Seguridad Social y tras años de superávits que permitieron un permanente incremento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, hasta sobrepasar los 60.000 millones de euros a finales de 2011.

Sí, la pesadilla de un elevado paro volvía sobre España, sobre todo para los que perdían su empleo o lo veían amenazado. También para el Gobierno, y especialmente para mí, que siempre me sentí el principal responsable de él. Hacerme cargo de las dificultades de los ciudadanos sin trabajo, multiplicar las iniciativas, pedir ideas, comparar las políticas de otros países… No dejaba de darle vueltas y de pedir a todos mis colaboradores que se esforzaran por ver qué más podíamos hacer.

Como es natural, la oposición política y una gran parte de la opinión pública atacaban con fuerza y reiteración al Gobierno con las cifras del paro. Así sucedió en prácticamente todos los numerosos debates parlamentarios que protagonicé en el Congreso de los Diputados y en las reuniones de control del Senado.

El primer debate en que el paro se constituyó en el argumento central de la crisis fue el 10 de febrero de 2009. A aquel debate se llegó como consecuencia de los malos datos de la EPA del último trimestre de 2008. A cada comparecencia que hice ante el Pleno del Congreso durante la crisis, y fueron muchas, le dediqué un intenso trabajo previo de estudio de los informes de la Oficina Económica, del Gabinete y de los ministerios de Economía, Industria, Trabajo, y en ocasiones de algún departamento más. Debía conocer, y estar en condiciones de explicar, los datos fundamentales de la realidad económica de España y su evolución (PIB, empleo, afiliaciones, inflación, déficit público, deuda sobre PIB, balanza por cuenta corriente, endeudamiento externo, evolución del crédito, productividad, demanda interna, demanda externa, competitividad…). Además, se hacía imprescindible conocer también los datos de los principales países europeos, la media europea en las principales variables macroeconómicas, los datos de Estados Unidos…

Había que tener en la cabeza todas las medidas y decisiones que desde el Gobierno se tomaban para combatir la crisis en todos los ámbitos, los resultados que producían en los diferentes sectores…, en fin, una amplia base documental para informar a la Cámara y estar en condiciones de responder a todos los portavoces. Para poder hacerse una idea del trabajo que realizaron mis principales colaboradores —esos asesores tantas veces denostados—, a los que siempre agradeceré su titánico esfuerzo aportaré un dato que habla por sí mismo: en la Legislatura de la crisis, 2008-2011, sólo la Oficina Económica elaboró más de mil quinientos informes o notas para el presidente del Gobierno y más de quinientas cincuenta fichas para los debates parlamentarios.

Sabíamos que en cada comparecencia nos jugábamos muchas cosas: la confianza ante la opinión pública, la credibilidad ante los mercados y los socios europeos, la capacidad de lograr los imprescindibles apoyos parlamentarios y de poder facilitar acuerdos más amplios con los grupos políticos…

Recuerdo bien que, ya desatada plenamente la crisis, la preocupación fundamental de mi Gabinete y de los compañeros del Gobierno era que lograse transmitir realismo y un plan o rumbo cierto ante la crisis. El lector deducirá fácilmente que esas dos preocupaciones pretendían salir al paso de las dos críticas fundamentales que recibí en la gestión de la crisis. Por un lado, estaba el coste que había supuesto para mí la reticencia a utilizar, en los primeros meses de 2008 (¡que mis adversarios hacían todo lo posible por prolongar!), la palabra crisis, lo que obligaba a que mis intervenciones tuvieran un tono de realismo incuestionable. Por otra parte, para rebatir la acusación de «improvisación» que se hacía a nuestra política tratábamos de encuadrar nuestras medidas en planes reconocibles y que fueran explicados como un todo coherente, como un rumbo trazado desde una idea de respuesta global a la crisis.

En la relectura que he hecho de todos los debates parlamentarios celebrados durante 2008-2011 se aprecia claramente cómo buscábamos esos dos objetivos: realismo y un plan ante la crisis.

Por cierto, recuerdo haber compartido con otros líderes europeos, ante esa acusación recurrente de «improvisación» que ellos también sufrían en sus países, la reflexión de que, más que los gobiernos, quien parecía no dejar de improvisar era la crisis misma, esta crisis, particularmente impredecible en su evolución.

Antes del debate del 10 de febrero de 2009, la sociedad había recibido con mucha preocupación la noticia de los datos del paro del cuarto trimestre de 2008, con casi cuatrocientos noventa mil empleos destruidos. La tasa de paro, aunque aún en un porcentaje no muy alto para la historia reciente de nuestro país —un 13,9 por ciento—, suponía ya un serio aviso de cómo en muy poco tiempo íbamos a asistir a un gravísimo incremento del paro, dado que la recesión aún no había tocado suelo.

Pensé durante varios días en cómo iniciar mi intervención parlamentaria en ese Pleno y opté por que mis primeras palabras fuesen la cita literal y precisa de la cifra de parados que arrojaba la EPA, 3.207.900 personas. Además de poner la dura cifra por delante, consideré que era necesario expresar del modo más franco y descarnado posible lo que, como principal responsable político del país, sentía por aquellos ciudadanos que habían perdido su empleo o temían perderlo. Pedí a un buen amigo y compañero, José Andrés Torres Mora, que me pasase una reflexión sobre lo que significaba para él el paro y una persona en paro. José Andrés había reflexionado a fondo sobre el problema social del paro como buen sociólogo perteneciente a la misma generación que la mía, la de 1960:

«3.207.900 personas. […] Todos los que estamos aquí reunidos sabemos bien lo que ese dato significa. Yo lo sé bien. Pertenezco a una generación cuya juventud estuvo marcada por el desempleo […]. Sabemos qué significa para muchas personas no poder abordar la emancipación familiar, no poder tener a tiempo una casa o un hijo y qué significa el paro de larga duración […]. El trabajo es algo más que una forma de ganarse el sustento, pero ante todo es una forma de ganarse el sustento. El trabajo es el cauce de integración social, quizá la forma más importante de sentir que pertenecemos a esta sociedad. […] Todo eso y más es lo que se pierde cuando se pierde el empleo […]. Todo eso y más es la vida que se esconde debajo de los números cuando decimos 3.207.900 personas.

»Como sé que es así y como tengo la obligación moral y política de saber que esto es así, no hay nada en la vida actual de nuestro país que me pueda producir mayor preocupación. No hay nada más acuciante que la dedicación y el empeño del Gobierno para hacerle frente ni nada más importante que la necesidad de que acertemos en las decisiones».

Este inicio de mi intervención fue acogido con silencio grave en el hemiciclo. Creo que el conjunto de las diputadas y diputados participaban del sentido de estas palabras.

Nunca pude saber si los ciudadanos en general, y en particular las personas afectadas por el desempleo, percibieron que el presidente de su país se hacía cargo con toda crudeza —y sin los eufemismos habituales del lenguaje político— de su situación amarga y de sus expectativas, de sus dificultades, de sus anhelos frustrados, de su desconfianza en el futuro… Era una de las reflexiones que más a menudo me asaltaba durante este periodo.

Saber que de tus decisiones depende el futuro de tantos compatriotas es una enorme prueba para uno mismo. Saber que tus palabras pueden alentar o herir a tus compatriotas que lo están pasando mal exige una actitud de permanente respeto. Siempre procuré mantener ese tono de respeto, y sé muy bien que la democracia obliga al poder a ser respetuoso y humilde, sobre todo cuando hay ciudadanos que pasan dificultades.

Es cierto que siempre he tenido una visión optimista de la realidad. Es mi forma de ser y de aproximarme a los demás. Siempre he percibido más virtudes que defectos en nuestra sociedad. He vivido con ilusión el nacimiento y el desarrollo de la democracia española contemporánea, y no dejé ni una sola vez de confiar en el futuro de España. No ignoro que ese optimismo me ha costado críticas, ha podido percibirse como inoportuno cuando las cosas se torcían, y ha dado bazas a los adversarios para abundar en una determinada representación de mi personalidad política. En épocas de bonanza el optimismo es simplemente un rasgo de carácter. En épocas de crisis se percibe como un irritante defecto.

No sería sincero si no reconociese que mi optimismo se atemperó a medida que la crisis iba mostrando su virulencia. Así fue, así ha sido. Pero sigo abjurando de quienes usan el pesimismo como una imprescindible, y muchas veces cómoda, credencial del esfuerzo intelectual de aproximación a la realidad.

Debo reconocer que la oposición fue eficaz en esa tarea de hacer de mi optimismo toda una categoría política negativa. No es una queja ni un reproche. El combate político en democracia es por esencia muy competitivo, a veces excesivamente, y eso comporta asumir los éxitos de tus oponentes, sin excusas ni matices.

LA CRISIS EN EL PARLAMENTO Y SUS EFECTOS POLÍTICOS Y ELECTORALES

En la Legislatura que se inició en abril de 2008 y duró hasta noviembre de 2011, comparecí ante el Pleno del Congreso para debatir sobre la economía, es decir, sobre la crisis económica, en veinticuatro ocasiones. Veinticuatro debates intensos y difíciles. En ellos incluyo los Debates del estado de la Nación (2009, 2010, 2011) y las comparecencias tradicionales tras los Consejos Europeos, dado que prácticamente fueron debates monográficos sobre la economía. Veinticuatro plenos sobre la crisis, sin contar las sesiones de control en ambas Cámaras.

Estimo necesario ofrecer al lector la relación completa de todos los debates celebrados en el Congreso (véase la página 186). No se trata, por supuesto, de invitarles a que se los lean, pero sí quiero dejar constancia de que el Parlamento cumplió con su papel institucional de impulsar y acoger el debate permanente sobre las inquietudes y problemas de España.

Me importa destacarlo ante las críticas frecuentes que reciben las instituciones democráticas. Las mayorías electorales se fraguan en el Parlamento, en los debates parlamentarios, en el control del Gobierno. Nunca traté de eludirlo, ni siquiera en circunstancias tan adversas para el Ejecutivo. Era nuestra obligación. Y lo cierto es que fue en el Parlamento, como singular foro de resonancia social, donde, especialmente a partir de 2010, se gestó la mayoría electoral de noviembre de 2011 como consecuencia del desgaste del Gobierno y el afianzamiento de la sensación de alternativa natural o inevitable que representaba el PP.

Pero 2009 era también año electoral. Galicia y el País Vasco elegían sus Parlamentos y en junio se celebraban elecciones europeas. Y puedo decir que, a pesar de que la crisis había mostrado ya su gravedad y sus peores consecuencias, el PSOE obtuvo, en general, un considerable respaldo en esas citas electorales.

En concreto, el 1 de marzo se celebraron las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Las urnas arrojaron un resultado agridulce. En Galicia, el PP recuperó el Gobierno con un descenso del PSOE. Pero el resultado en el País Vasco, con un gran ascenso del Partido Socialista, que pasó de dieciocho a treinta escaños, abriría la puerta a que por primera vez hubiese un lehendakari socialista, Patxi López.

Siempre he pensado que la apuesta por el proceso de paz fue la clave de ese resultado. Una apuesta en la que habían estado muy comprometidos los compañeros de Euskadi y en la que me había empeñado personalmente como una de las grandes prioridades de mi tarea al frente del Gobierno.

El 9 de junio se celebraron las elecciones europeas. Eran las primeras elecciones de ámbito nacional con la crisis ya desatada y con el paro en un ascenso continuo. Los electores dieron la victoria al PP con un 43 por ciento de los sufragios, pero el PSOE mantuvo un importante respaldo electoral con un 39 por ciento, sólo cuatro puntos menos que en 2004; un resultado similar al de los años 89 y 87, y claramente mejor que el de las convocatorias de los años 1994 y 1999.

Después de casi un año de dura crisis, manteníamos un importante nivel de respaldo popular. Esa situación cambiaría a partir de mayo de 2010.

En las elecciones europeas hubo una baja participación, no sólo en España, sino en general en la UE. Nuestra lista la encabezó uno de nuestros más brillantes compañeros, Juan Fernando López Aguilar. Recuerdo que en aquella tarde-noche electoral, mi preocupación fundamental era la participación. Los datos eran muy preocupantes y mi principal reflexión era sobre el desinterés ciudadano hacia los vitales asuntos europeos. Pero es verdad que muchas cosas tenían que cambiar en Europa para que los ciudadanos se sintiesen más comprometidos con el proceso europeo. Esta reflexión no hizo más que intensificarse durante el proceso de la crisis de deuda soberana.

Tras las elecciones de Galicia y el País Vasco había planificado dos decisiones políticas. La primera era realizar un cambio de Gobierno y la segunda celebrar el Debate del estado de la Nación, ambos antes de las elecciones europeas.

Los cambios de Gobierno suelen ser, para los presidentes, procesos muy especiales y cargados de intensidad emotiva y mediática. Decirle a un compañero del Consejo de Ministros que le vas a relevar suele ser un momento poco agradable. Siempre es a solas, cara a cara, con alguien que es tu amigo o amiga, que ha trabajado contigo y en gran medida para ti. La conversación suele tener preámbulos. Cuando al final le dices que vas a cambiar el Gobierno, tratas de presentarlo con seriedad y cercanía. Debo decir que la reacción de aquellos a los que transmití mi decisión de relevarlos durante mis mandatos fue, prácticamente sin excepciones, de gran comprensión y buena asunción de la situación. Deseo dejar testimonio de la actitud de quienes formaron parte de mis gobiernos. Este libro es un buen lugar para expresar mi gratitud a todos ellos por su tarea.

En los cambios de Gobierno se libra un curioso duelo entre el presidente y los periodistas. Quien hace la crisis de Gobierno pelea por que nada se sepa y los periodistas por dar los nombres de los cambios. La partida suele terminar en tablas. Siempre se filtran cosas, pero casi nunca se sabe todo. Así fue en aquel cambio de Gobierno que efectué el 7 de abril. Un cambio que comportaba el relevo en la vicepresidencia económica en plena crisis. Con Pedro Solbes tenía, desde las elecciones de 2008, el compromiso de que no estaría toda la legislatura, y de que al cabo de un año más o menos dejaría el Gobierno. Uno de los motivos de efectuar el cambio fue esa idea, que, por cierto, sólo a veces se cumple, según la cual un cambio de Gobierno permite recuperar la iniciativa política.

Y, tras el cambio, decidí convocar el Debate del estado de la Nación para el mes de mayo, antes de las elecciones europeas. El objetivo era que el debate de las elecciones europeas no fuese sólo sobre temas internos y se centrase en las grandes cuestiones europeas.

COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO SOBRE ECONOMÍA

Comparecencia para informar de las medidas ante la situación económica (2 de julio de 2008)

Comparecencia para informar de las medidas ante la situación económica y para la creación de empleo (10 de septiembre de 2008)

Debate sobre los RDL de fondo para la adquisición de activos financieros y de medidas urgentes en materia económico-financiera (20 de octubre de 2008)

Comparecencia para informar de la situación económica y las medidas sociales y de fomento del empleo (27 de noviembre de 2008)

Comparecencia para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo (18 de diciembre de 2008)

Comparecencia para informar de la situación económica y en especial sobre la evolución del mercado de trabajo y el empleo (10 de febrero de 2009)

Comparecencia para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo (25 de marzo de 2009)

Debate del estado de la Nación (11 y 12 de mayo de 2009)

Comparecencia para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo (24 de junio de 2009)

Comparecencia para informar sobre la evolución y las perspectivas de la situación económica y del empleo (9 de septiembre de 2009)

Comparecencia para informar sobre la estrategia para el crecimiento económico sostenible (2 de diciembre de 2009)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo y de la presidencia española de la UE (16 de diciembre de 2009)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo Extraordinario del 11 de febrero y de las medidas que se vienen adoptando ante la evolución de la situación económica y del empleo (17 de febrero de 2010)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo (21 de abril de 2010)

Comparecencia urgente para informar de la reunión extraordinaria del Eurogrupo del 7 de mayo en relación con el rescate de Grecia y la situación de los mercados financieros (12 de mayo de 2010)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo (23 de junio de 2010)

Debate del estado de la Nación (14 y 15 de julio de 2010)

Comparecencia para informar sobre políticas de empleo (18 de noviembre de 2010)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo (22 de diciembre de 2010)

Comparecencia sobre políticas sociales (24 de febrero de 2011)

Comparecencia para informar del Consejo Europeo (30 de marzo de 2011)

Debate del estado de la Nación (28 y 29 de junio de 2011)

Comparecencia sobre la reunión del Eurogrupo (27 de julio de 2011)

Comparecencia sobre el Real Decreto Ley 9/2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 (23 de agosto de 2011)

Pero es interesante retrotraernos a mayo de 2009, y más concretamente a los días 12 y 13 de ese mes, en los que se celebró el Debate del estado de la Nación. Me detengo en este momento político por distintos motivos: era el primer Debate del estado de la Nación desde las elecciones de 2008, el primero ya en plena crisis. En mayo de 2009 estábamos en recesión, con una fuerte caída del PIB y ya con cuatro millones de desempleados. En un año se habían perdido 1,3 millones de empleos, centrados en el sector de la construcción. El panorama era ciertamente negativo. Las empresas padecían restricciones de crédito y, ante las dificultades de financiación y la caída de la demanda, optaban por las reducciones de plantilla.

Acudí a aquel debate plenamente consciente de que era una oportunidad para infundir confianza, para explicar el conjunto de las medidas que estábamos adoptando frente a la crisis y para anunciar otras medidas que pretendían abrir un nuevo rumbo para la economía española. Un rumbo más sostenible, que apostara por sectores productivos con más futuro, que sacara las oportunas consecuencias de la acusada experiencia colectiva que estábamos viviendo.

Hasta ese momento, el Plan E había sido la respuesta del Gobierno al primer gran impacto de la crisis, un plan para frenar la caída, para paliar los efectos demoledores de la recesión.

Pero el Plan E sólo llevaba tres meses en marcha y aún faltaba por implementar una buena parte de las medidas aprobadas, que suponían un gran volumen de inversión pública. Confiaba en que el impacto de las inversiones fuese generando una mejora de la actividad económica y frenando el incremento de la tasa de paro. Pero, en paralelo, era imprescindible acometer nuevas políticas, nuevas iniciativas, decisiones en algún caso difíciles, y acelerar la transición hacia lo que se vino en denominar un nuevo modelo productivo.

En las semanas anteriores al debate puse a todos los ministerios, al Gabinete y a la Oficina Económica a estudiar, debatir y proponer nuevas medidas, en un horizonte de medio y largo plazo, para la economía española.

El Gabinete era el buzón de las iniciativas de todos los departamentos y quien formulaba una primera evaluación. La Oficina Económica era el segundo estadio del chequeo y la responsable de ir dando coherencia a las propuestas. El Ministerio de Economía actuaba de filtro último de idoneidad de las medidas. Además, ejercía una función de evaluación del coste de las iniciativas y, por tanto, de su viabilidad financiera.

Este trabajo dio como resultado un discurso que permitía tomar la iniciativa como una carta de navegación hacia el futuro, pero no simplemente retórica, sino con medidas concretas y cuantificables. En mi intervención me referí a los errores que el Gobierno había cometido en sus previsiones (sin que sirviera de consuelo que también hubieran incurrido en ellos otros gobiernos y organismos internacionales) y a la necesidad de que la economía española aprendiera la lección de lo que había ocurrido con el estallido de la burbuja inmobiliaria, siendo de nuevo el Gobierno el principal responsable de sacar las oportunas conclusiones. Propuse entonces un gran esfuerzo colectivo para acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo, más competitivo y menos dependiente de la construcción inmobiliaria, haciendo las reformas estructurales necesarias y sin olvidar la necesidad de recuperar el principio de la estabilidad presupuestaria. Anuncié la presentación de una Ley de Economía Sostenible, acompañada de una batería de medidas concretas: entre otras, la eliminación de la deducción por compra de vivienda desde 2011 y a partir de un determinado nivel de renta, la informatización de las aulas y la reducción de cinco puntos en el impuesto de sociedades para las pymes que incrementaran o al menos mantuvieran sus plantillas.

Por supuesto, en aquel largo Debate del estado de la Nación de 2009, ni la prima de riesgo, ni Grecia, ni el sistema financiero, ni las cajas de ahorro ocuparon lugar alguno en las habituales intervenciones de los líderes políticos. Hasta un año después, la tan conocida y repudiada prima de riesgo no sería la gran protagonista, y la situación de las cajas no se convertiría en un tema de primer orden hasta dos años más tarde. Lo cual es bien revelador de lo compleja, poliédrica e imprevisible en su evolución que ha sido —y lamentablemente todavía es— esta crisis. Una crisis inédita para el mundo, para Europa y, desde luego, para nuestro país. Para nuestro país también, aunque sólo fuera porque en todas las crisis anteriores, como en la última de 1993, contábamos con una moneda propia, y con la capacidad soberana de devaluar la moneda como palanca fundamental para ganar competitividad y volver al crecimiento. En la crisis de 2008, el Gobierno, por vez primera, no iba a disponer de esa poderosa arma.

Y no fue así porque, en realidad, esta crisis fue la primera gran crisis de la Unión Monetaria, del euro. La primera gran crisis que afectaba a quince países que compartían una moneda común, con un banco central único, pero sin unión fiscal ni financiera, y con una unión económica por completar. En 2008 el euro apenas tenía nueve años de existencia. Hasta entonces, bien se podría haber dicho que el resultado de la Unión Monetaria había sido claramente positivo. Fueron nueve años de crecimiento y empleo, y para algunos países, como España, de fuerte desarrollo del Estado de bienestar. Pero ni aquellos que más reticencias o reparos habían puesto en su día a la Unión Monetaria imaginaron cuántos riesgos acechaban a la eurozona ante una crisis financiera como la que se precipitó en el otoño de 2008.

No se previeron esos riesgos cuando se fundó el euro ni cuando se diseñó su sostén fundamental: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ni siquiera estuvo presente la amenaza en la primera fase de la crisis, en 2008 y 2009.

Las preocupaciones y, por tanto, las políticas coordinadas por los países de la UE y junto con éstos por el resto de las economías mundiales para dar respuesta a aquéllas, se centraron, primero, en sostener el sistema financiero y, después, en combatir la recesión y el paro. En paralelo, Europa y los gobiernos europeos abordaron reformas de regulación y supervisión del sistema financiero, así como la exigencia de renovar la Agenda de Lisboa, el otro pilar de la Unión Monetaria, que había arrojado resultados ciertamente mediocres.

Esa renovada Agenda de Lisboa es la Estrategia 2020, aprobada en el primer semestre de 2010, en el periodo de la presidencia española de la UE. Hasta la primavera de 2010, la pesadilla de la crisis de deuda no se había presentado en el campo de batalla. De forma imprevista y abrupta, la situación fiscal de Grecia y los titubeos de la eurozona ante la situación del país heleno desencadenan una nueva manifestación de la crisis, una mutación que provocaría la intervención de Grecia, Irlanda y Portugal, y crearía graves problemas a nuestro país y a Italia, es decir, a más de un tercio de la zona euro.

La crisis de Grecia fue una especie de Lehman Brothers, un fenómeno tan inesperado como nocivo, tan dañino como fruto de la indecisión política.

No sería riguroso si dijese que el déficit público en el que incurrían en 2009 la mayoría de los países europeos y, desde luego, España no era motivo de preocupación, pero no era la gran preocupación. Las resoluciones de los Consejos Europeos siempre se referían a la necesidad de volver a los parámetros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no con un tono apremiante y, menos aún, dramático. Y en los debates políticos en nuestro país el déficit tampoco constituía el tema central. Debo reconocer, no obstante, que Rajoy solía poner de manifiesto, con más o menos énfasis, su discrepancia con una política de déficit público excesivo. Pero también es cierto que, en paralelo, muchas de las propuestas que hacía el PP (bajadas de impuestos, desgravación de la compra de vivienda, ayudas a determinados sectores sociales…) estaban llamadas a producir un claro incremento del déficit público.

Si se repasan las intervenciones de los distintos portavoces en aquel Debate del estado de la Nación de 2009, se comprueba que las preocupaciones mostradas eran parecidas. El análisis se centró, como era de esperar, en cuestiones vinculadas, en primer término, con el aumento del desempleo, con propuestas sobre las que se hizo más o menos hincapié en función de las posiciones ideológicas de los intervinientes. Pero ni la financiación del Tesoro, ni un posible problema de crisis de deuda soberana, ni la preocupación por el sistema financiero o el endeudamiento externo de la economía española ante el resto del mundo ocuparon la atención de los discursos, réplicas y contrarréplicas de los días de debate en el Congreso de los Diputados.

Cabe hacerse una pregunta: ¿todas las fuerzas políticas y la gran mayoría de los analistas fueron incapaces de anticipar cuál iba a ser la evolución de la crisis?

No tiene mucho sentido, no obstante, dar respuesta a esta pregunta. Porque, en todo caso, una respuesta afirmativa no exime en democracia de la responsabilidad esencial y máxima que tiene el Gobierno.

Sólo me interesa subrayar que, aunque alguien hubiese anticipado en 2009 el riesgo cierto de una crisis de deuda soberana, dudo mucho que España, por sí sola, hubiera podido evitar que le afectase.

Los debates parlamentarios en general y, especialmente, los Debates del estado de la Nación tienen, además de importancia por sí mismos —por su contenido, por las iniciativas que surgen de ellos—, una vertiente política de medición de fuerzas. Es una especie de combate, de duelo, que resulta atractivo para los medios de comunicación y, por supuesto, para los miembros de los partidos. Ese duelo se centra en el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Celebré durante el tiempo que fui líder del PSOE, como jefe de la oposición y como presidente del Gobierno, nueve debates de este tipo.

A partir de esa experiencia, sé que el resultado de estos debates depende mucho del momento político en que se celebran, de la actuación que se tenga en la tribuna y de la capacidad de iniciativa que se transmita.

El debate, por su formato, favorece al presidente del Gobierno, y eso exige que el aspirante tenga que salir a ganar con claridad, porque, si no lo hace, pierde. En general, si hacemos caso de las encuestas publicadas tras los debates que con tanta fruición escrutamos los políticos, obtuve buenos resultados en ese trance del toma y daca dialéctico, que tiene bastante de representación. Representación que los ciudadanos saldan con una reflexión crítica bastante extendida: «Siempre lo mismo, sólo saben atacarse». Pero no es menos cierto que, si en esos debates no asumes lo que tienen de pugna, de duelo entre líderes, corres el riesgo de que te den, también en el veredicto popular, fácilmente por derrotado.

Y no deja de ser curioso que las empresas de sondeos, o los medios e instituciones que les encargan las encuestas, hagan casi todas las preguntas sobre la dialéctica ganador-perdedor para que luego muchos analistas de esos mismos medios arguyan que eso es lo que menos importa, que lo que importa es el contenido del debate.

Pues bien, aquel Debate del estado de la Nación se presentaba especialmente difícil para mí y para el Gobierno. La crisis era ya muy fuerte, había cuatro millones de parados y una sensación, que se iba extendiendo, de falta de capacidad del Gobierno para afrontarla.

Y, sin embargo, la percepción generalizada tras el debate fue que mantuvimos la iniciativa y que no sufrí una derrota, esperada por muchos dadas las circunstancias.

Los medios de comunicación anticiparon con sus análisis lo que luego certificarían los sondeos de opinión. Así, El País sentenciaba: «Zapatero toma la iniciativa con medidas económicas frente a un Rajoy que perdió su oportunidad», y El Mundo afirmaba que «las razones de fondo de Rajoy no pudieron contra un presidente que demostró más habilidad».

Aquella percepción fortaleció mi posición en el Parlamento y supuso para mí una clara inyección de confianza en un momento en el que las dudas y el abatimiento podrían haberse antepuesto a la determinación y la capacidad de resistencia.

No pienso que Rajoy estuviera mal en aquel debate; su crítica fue efectiva y bien construida. Pero las expectativas eran las que eran y se esperaba que el líder de la oposición dijera muchas más cosas y que el presidente ya no tuviera nada que decir. Y creo que ocurrió precisamente lo contrario. La batería de propuestas y medidas que presenté, bien acogidas en general, desmintieron ese prejuicio, y una vez más la capacidad de iniciativa resultó decisiva en la confrontación política.

En aquel debate, y en términos parlamentarios, me interesaba mucho también conocer cuál podía ser la actitud de los grupos en sus relaciones con el Gobierno y qué apoyos podíamos tener para sacar adelante nuestra acción de gobierno.

La situación no era fácil. CiU mantenía una distancia crítica por la situación política de Cataluña, aunque es cierto que Duran siempre intentaba el acuerdo. El PNV acababa de perder el Gobierno vasco por un pacto PSE-PP que hizo lehendakari a Patxi López, y eso dificultaba extraordinariamente el horizonte de acuerdos con la formación nacionalista vasca en Madrid, como suelen decir sus líderes. Los grupos de izquierda iban a tratar de evidenciar su distanciamiento del Gobierno. Reclamarían un giro a la izquierda de la política económica, cuando en mi opinión la situación que vivíamos no pedía tanto girar a izquierda o a derecha como, más perentoriamente, intentar poner a la economía de nuevo en pie. Sí contábamos con una razonable expectativa para el diálogo con Coalición Canaria y UPN, pero esto no era suficiente.

La búsqueda de acuerdos parlamentarios en las dificilísimas votaciones que en 2009, y especialmente en 2010 y 2011, tuvimos que superar en el Parlamento añadía una dificultad más a la que ya entrañaba por sí misma el hacer frente a la crisis, y creo que de ello se deja clara constancia en este libro.

En definitiva, en mayo de 2009, la crisis ya mostraba su alcance más duro. Nuestra economía caía un 4 por ciento, el paro se situaba en el 17,9 por ciento y las empresas tenían serios problemas para obtener financiación. Sin embargo, la cohesión y la paz social eran sólidas gracias a una red de protección pública que, lejos de debilitar, habíamos reforzado y a la propia malla de solidaridad de las familias españolas. Políticamente, parecía que después de una primera fase en la que la reacción del Gobierno se veía inconexa y poco eficaz, podíamos contar con una planificación y una agenda más ordenada de medidas y prioridades ante la crisis. Teníamos el Plan E y los nuevos paquetes de reformas que conformarían la Estrategia de Economía Sostenible. El primero, para amortiguar las consecuencias de la recesión, y la segunda, para relanzar el crecimiento y cambiar el modelo productivo.

Desde el Debate del estado de la Nación de aquel mes de mayo de 2009 hasta el último trimestre de ese año, se vivió una etapa de cierto impasse. Los datos que se iban conociendo durante los meses de verano confirmaban que la caída de la economía era menos aguda de lo que se temía. Y, si en los dos primeros trimestres la caída intertrimestral del PIB había sido del 1,7 por ciento y del 1,1 por ciento respectivamente, las previsiones que me transmitía la Oficina Económica ya apuntaban a que en el tercer y cuarto trimestre se iba a ir suavizando la recesión para estar en condiciones de ver de nuevo un crecimiento intertrimestral positivo en el primer trimestre de 2010. Y así fue, en el tercer trimestre de 2009 el PIB se redujo un 0,3 por ciento, en el cuarto un 0,1 por ciento y, por fin, en el primer trimestre de 2010 la economía española repuntaba, aunque aún levemente, con un crecimiento del 0,1 por ciento del PIB.

Por otro lado, los datos del paro registrado eran menos dramáticos. De hecho, entre mayo y julio, el paro descendió en 100.000 personas.

El 26 de junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley sobre Reestructuración Bancaria y Reforzamiento de los Recursos Propios de las Entidades de Crédito. Como ya he dicho al principio de este capítulo, nuestro sistema financiero había aguantado bien, más allá de las iniciales medidas preventivas que habíamos adoptado tras el crash financiero mundial del otoño de 2008. Ello se había debido a nuestra muy escasa exposición a lo que entonces se conocía como «activos tóxicos», que desde Estados Unidos se habían esparcido por no pocas instituciones bancarias europeas. Sin embargo, como se decía en la exposición de motivos de la norma, el sistema bancario español no había sido «inmune a esta crisis, en la medida que supuso, desde sus comienzos, un drástico endurecimiento del acceso a la financiación de mercado y a la liquidez, a lo que se fue uniendo, a medida que la crisis se prolongaba en el tiempo, un deterioro de activos, especialmente de aquellos relacionados con la exposición al sector de la promoción inmobiliaria».

Para afrontar estos problemas, el Gobierno elaboró este decreto ley, que fue negociado, y básicamente acordado, con las principales fuerzas políticas, además de consultado con el sector financiero. La hoja de ruta para reestructurar el sector bancario español quedaba fijada, con el objetivo de reducir su tamaño a través de fusiones e integraciones y, en su caso, de liquidar entidades. Se trataba, en paralelo, de prevenir la posible inviabilidad financiera de algunas cajas de ahorro que, como todos los datos apuntaban, podían ser los puntos débiles del sistema. Por ello, el decreto ley abría la puerta a un profundo cambio en la naturaleza y papel de las cajas de ahorro.

Para hacer la reestructuración, se creó el FROB, con un marcado carácter técnico y muy vinculado al Banco de España. Ante las potenciales necesidades del sistema financiero, se dotó al FROB de 9.000 millones de euros provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos y de los Presupuestos. Esos 9.000 millones eran ampliables hasta 90.000.

Pero en aquel entonces no existía ningún clima de alerta por la situación de la inmensa mayoría de las entidades financieras. Y si no existía clima de alerta era porque no había razones para ello. Que algunas entidades no podrían aguantar un periodo de recesión o estancamiento económico que se prolongara en el tiempo, con alto paro, morosidad creciente y deterioro de activos, era previsible, pero todo hacía indicar que, incluso en esas circunstancias adversas, se trataría de un número limitado de entidades y, en concreto, de algunas cajas.

Además, en ese frente de la crisis siempre hubo una razonable voluntad de consenso y cada paso que daba el Gobierno lo negociaba con las fuerzas políticas más representativas. De hecho, el Congreso aprobó el 17 de marzo una proposición no de ley en la que fijaba las bases y principios de la reestructuración. En ese texto aparece ya un criterio que inspiró toda la política del Gobierno y del Banco de España. Un criterio de actuación que todas las fuerzas políticas y la opinión pública reclamaban: que la reestructuración costase lo menos posible a las arcas públicas. Por eso, toda la estrategia desarrollada buscaba que las entidades financieras extremasen su diligencia y acometiesen la reconversión de sus estructuras para atraer capital privado.

Que no existía sensación de alarma o de grave preocupación sobre nuestro sistema financiero, ni discrepancias de fondo sobre la estrategia de reforzamiento seguida, lo muestra el hecho de que el sistema financiero no ocupó un lugar destacado en ninguno de los cuatro debates celebrados en el Parlamento en 2009, después de la aprobación del referido decreto ley de 2009 (24 de junio, 9 de septiembre, 2 de diciembre y 16 de diciembre).

Nos acercábamos, pues, al final de 2009, con algo más de esperanza sobre las posibilidades de recuperación y con el paro, en todo caso, como el principal problema, el mayor motivo de inquietud social de la crítica al Gobierno. Porque si bien la pérdida de empleos se moderaba, la tasa de paro ya se había situado en un suelo inasumible. Habría que esperar a 2010 para recibir algún rayo de luz tibia y ocasional sobre el empleo. El frente financiero no ofrecía, como acabo de indicar, muestras de grave preocupación. La prima de riesgo, es decir, la solvencia que se nos atribuía para financiarnos como Estado, reflejaba una envidiable situación teniendo en cuenta lo que nos iba a tocar vivir más adelante. Sabíamos ya que nuestro déficit iba a ser muy alto a finales de año y que tendríamos que empezar a corregirlo en cuanto concluyera la recesión. Pero seguíamos disponiendo del margen que supone tener una deuda pública veinte puntos porcentuales del PIB inferior a la media europea, es decir, el equivalente a 200.000 millones de euros.

El deterioro del empleo y nuestra permanente preocupación por prevenir una quiebra de la cohesión social nos llevó, el 13 de agosto, a aprobar una nueva prestación por desempleo, por seis meses y de una cuantía de 426 euros, para los parados que ya no tuvieran derecho a la prestación asistencial.

La crisis se presentaba ya larga, las expectativas de generar empleo aún eran remotas, y si algo había esencial y prioritario era ayudar a las personas que perdían su empleo y su fuente de ingresos más común. De este modo, conseguimos unos porcentajes de protección a las personas en paro del 75 al 77 por ciento. Fue la última gran decisión que tomé para mejorar la protección social y, después, cuando los recortes fueron inevitables, afectaron a casi todas las partidas disponibles del presupuesto, pero no a la protección por desempleo. Destinamos a este fin aproximadamente treinta mil millones de euros al año en este periodo de crisis, tres puntos del PIB de déficit público, la mayor partida de gasto, pero la más solidaria y justa.

Tuve que optar muchas veces entre alternativas difíciles. Viví dilemas continuos. Pero nunca dudé en una cosa: no reduciría la prestación por desempleo, ni la original ni el aumento que hicimos en el Prodi.

Es verdad que, en este punto, todos los grupos políticos nos dieron su apoyo y las centrales sindicales siempre valoraron el esfuerzo que hicimos para ayudar y proteger a las personas en paro.

Estamos ya a finales de 2009. Si atisbábamos una cierta capacidad de recuperación de la economía, aunque débil y lenta, se hacía necesario imprimir un ritmo ambicioso de nuevas medidas y reformas, y encarar 2010 con prioridades claras y una estrategia global de actuación. En el Debate del estado de la Nación había anunciado algunas de ellas, como la Ley de Economía Sostenible, cuyo contenido expliqué en el Congreso en el debate del 9 de septiembre. Pero había que ir más allá, tratar de realizar un enfoque más completo que aunara las reformas para ganar competitividad con la consolidación fiscal y el mantenimiento de la cohesión social. Y, por ello, durante los meses de octubre y noviembre elaboramos, con el esfuerzo de todos los ministerios, la llamada Estrategia de Economía Sostenible. El objetivo era presentarla en el Congreso antes de fin de año para que 2010 y 2011 contasen con un plan global de política económica que tomase el relevo del Plan E.

La estrategia fue coordinada por el Gabinete y la Oficina Económica bajo la dirección de José Enrique Serrano y presentada por mí en el Congreso el 2 de diciembre.

El eje de la estrategia era el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ya aprobado por el Gobierno y, junto a él, un programa global de reformas, entre las que se incluían las laborales y del sistema de pensiones. Así pensábamos encarar 2010, pero 2010 fue otra historia. La Ley de Economía Sostenible se aprobaría finalmente, también algunas de las reformas propuestas en la estrategia. Pero la crisis de la deuda que se desencadenó con el problema de Grecia en la primavera de 2010 trastocaría ritmos y prioridades y malograría las iniciativas vinculadas con el cambio de modelo por la imposibilidad de financiarlas.

A duras penas pudimos poner en marcha la Estrategia de Economía Sostenible porque tuvimos que volcarnos en otra tarea: la crisis de deuda soberana, a la que me he referido en el capítulo 1.

4

AGOSTO DE 2011. EL BCE. LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

LA SITUACIÓN PREVIA: EL PROCESO DE REFORMAS

En mayo de 2010, tras el estallido de la crisis griega, comienza la presión sobre las deudas soberanas de varios países de la zona euro. Desde esa fecha hasta finales de junio de 2011, la prima de riesgo de España se comportó con una cierta estabilidad. El 30 de mayo de 2010 la prima era de 198 puntos básicos, y el 3 de junio de 2011, de 217.

Vivimos, sí, el sobresalto del mes de noviembre de 2010 coincidiendo con el rescate de Irlanda, que elevó el diferencial con el bono alemán hasta los 283 puntos básicos, pero con carácter general puede decirse que, durante más de un año, pudimos financiar, a un coste elevado pero asumible, las necesidades del país. Pudimos hacerlo a pesar de las amenazas y de los malos augurios que se cernían sobre nosotros, especialmente a raíz de que otros países, como Irlanda y Portugal, tuvieran que acudir al rescate. Aunque con dificultades, en ambos casos logramos sortear el terrible efecto contagio.

De hecho, la barrera psicológica que teóricamente nos situaba ante un riesgo inminente de intervención estaba entre los cuatrocientos y los quinientos puntos (aunque la realidad posterior vino a demostrar el error de este vaticinio, ya que a mediados de 2012 nuestra prima de riesgo llegaría a superar los seiscientos puntos).

Esa relativa estabilidad de la prima de riesgo se mantenía en un horizonte de cierta recuperación económica, que los indicadores parecían ir mostrando a partir del primer trimestre de 2010, después del fuerte impacto recesivo de 2009, ya que, tal como hemos recordado, tuvimos varios trimestres de crecimiento positivo.

Incluso el paro se contuvo durante 2010 y, en cierta medida, también hasta el segundo trimestre de 2011, después de un nefasto 2009 en el que la tasa de paro había subido del 13,9 al 18,8 por ciento. Así, en el primer trimestre de 2010 la tasa de paro se situaba en el 20,1 por ciento y en el segundo trimestre de 2011 permanecía en un nivel similar, el 20,9 por ciento. Era, sin duda, un dato muy malo, una alta tasa de paro, pero que no se había incrementado prácticamente en seis trimestres consecutivos.

Asimismo, nuestro principal desequilibrio macroeconómico, el déficit exterior —o, lo que es lo mismo, la necesidad de financiación de la economía con ahorro externo—, que había alcanzado la cifra del 9,6 por ciento del PIB en 2008, empezaba a corregirse. 2010 se cerró en el 4,5 por ciento.

Las exportaciones crecieron en 2010 un 11,7 por ciento y en 2011 un 7,6 por ciento. Eran datos alentadores que se reconocían como tales, que abrían la posibilidad de un crecimiento más equilibrado y que generaban la expectativa de corregir el desequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente, condición necesaria para frenar y reducir el endeudamiento de la economía española, y en particular el endeudamiento neto. Éste era el dato esencial en que se centraban los análisis sobre el hecho diferencial de nuestro país; el que explicaba, más allá de las consecuencias derivadas de la crisis financiera internacional, las serias dificultades para financiar nuestra economía que padecimos especialmente a partir de mayo de 2010.

En 2010, nuestro endeudamiento neto frente al exterior era de un 90 por ciento del PIB, uno de los más altos del mundo. Volveré sobre esta cuestión en la parte final del libro, pero quiero subrayar aquí que, antes de la crisis de 2008, aunque el pensamiento económico dominante ya llamaba la atención sobre el endeudamiento de la economía española, no consideraba que esa vulnerabilidad fuera tan preocupante, dada nuestra pertenencia a la zona euro y nuestro anclaje a una moneda común sólida. Esta situación se reputaba casi determinante para preservar la capacidad de financiación de la economía española. Una validación de esta posición podría verse en el hecho de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el pacto fundacional del euro, establece límites al déficit público y a la deuda pública, pero no contiene ninguna exigencia concreta en relación con la deuda de las economías nacionales frente al exterior.

Y parece que los mercados y las agencias de calificación también estaban imbuidos de ese pensamiento dominante, ya que hasta enero de 2009 el Reino de España disfrutó de una calificación de triple A por parte de las tres agencias más importantes (Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s), y nuestra prima de riesgo nunca fue preocupante hasta mayo de 2010, a pesar del alto endeudamiento externo que ya teníamos.

En todo caso, y con la perspectiva de llevar al lector hasta los días más difíciles vividos en agosto de 2011 tratando de evitar el rescate, me interesa resaltar los hitos más importantes de ese periodo de algo más de un año (desde mayo de 2010 hasta julio de 2011) en el que parecía posible, aunque no fácil, lograr la salida progresiva de la crisis.

Tal y como he descrito en el capítulo 1, a partir del rescate griego y de la amenaza de contagio de una intervención a otros países de la eurozona, que devino irreversible en el caso de Irlanda y Portugal, el Gobierno de España tuvo que reorientar el combate contra la crisis económica, que ahora era, además, una crisis de deuda. Esta reorientación, necesaria para contrarrestar las dudas crecientes tanto sobre nuestro país como sobre todos los llamados periféricos, se manifestó en diversas líneas de acción:

La intensificación del control del déficit y de la deuda pública. Así lo hicimos a partir de las medidas de mayo de 2010 y con la política de acentuar la vigilancia sobre el gasto público de todas las Administraciones, especialmente las comunidades autónomas.

Una política activa de reformas que incluía la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones y de las políticas activas de empleo, así como reformas para mejorar la competitividad de la economía, medidas para impulsar la buena senda del sector exterior y, como elemento central, la reforma del sector financiero.

Y junto a esos dos grandes vectores (austeridad y reformas), nos propusimos, como objetivo político básico, el de preservar la cohesión social. Y sabíamos que ello iba a depender de nuestra voluntad y capacidad de mantener el arsenal de las grandes prestaciones públicas con las que paliar los perversos efectos de la crisis en los sectores más vulnerables, aquellos que la crisis hacía depender más de dichas prestaciones.

Así, mantuvimos en su integridad las prestaciones sanitarias, conscientes de que la sanidad pública universal constituye el suelo básico del Estado social. Lo hicimos también con las políticas de inversión en educación, especialmente en becas, sabedores de que éste es el terreno esencial de la igualdad de oportunidades. Y con la política de mejora de las pensiones mínimas, que afectan a tres millones de ciudadanos, y que habíamos venido incrementando significativamente desde 2004, con una ganancia de poder adquisitivo de un 25 por ciento. También con el sistema de ayuda a la dependencia que habíamos creado con 700.000 beneficiarios y que suponía para muchas familias una importante transferencia de rentas.

En ese periodo multiplicamos las iniciativas y las reformas, y a medida que íbamos observando mejores datos de empleo, el crecimiento del PIB y el control del déficit público, empezábamos a acariciar una cierta esperanza.

Pero a partir del 12 de mayo de 2010 las medidas de recorte implicaron una dificultad añadida en el combate contra la crisis y el desgaste político. No disponíamos de mayoría absoluta en el Congreso y necesitábamos conseguir apoyos de otros Grupos Parlamentarios, tarea que se barruntaba muy complicada. Digámoslo con claridad: no era fácil apoyar al Gobierno. Por ello, dedicamos muchos esfuerzos a trabajar con los grupos que por unas y otras circunstancias podían respaldarnos: el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y, con más dificultad, Convergència i Unió.

En nuestra agenda había un índice de temas realmente difíciles para el acuerdo. Ninguno era amable, todos tenían el aroma de las reformas y de los recortes, dos palabras que, a esas alturas, significaban ya sacrificios que se imponían a los ciudadanos por culpa de banqueros y políticos.

Por delante teníamos la reforma laboral, la de las pensiones, profundizar en la del sector financiero —lo que incluía la inyección de dinero público en bancos y cajas—, unos presupuestos restrictivos para 2011…, en fin, un temario muy poco propicio para lograr acuerdos.

Por aritmética parlamentaria, el PNV era la clave y había votado en contra el 27 de mayo, el día más decisivo. El PNV era nuestra oposición en Euskadi. No era fácil trabar un entendimiento con esa formación política, pero lo logramos. Desde esa base podíamos ampliar la capacidad de acuerdo con Coalición Canaria y UPN. Y en algunos casos, ya entonces muy excepcionales, como la reforma laboral, pudimos entendernos con CiU.

De hecho, ésta fue la primera reforma que pusimos en marcha tras mayo de 2010: la aprobamos por decreto ley el 16 de junio de 2010. La reforma laboral era una de las más reclamadas desde el inicio de la crisis. El argumento era irrebatible: el paro masivo que la crisis había generado. La reforma laboral provocó la convocatoria, para el mes de septiembre, de la primera y única huelga general contra mi Gobierno.

Durante todo mi mandato había defendido y practicado una política de acuerdos sociales para los temas relativos al ámbito laboral y a la política de protección social. Durante la Legislatura 2004-2008 suscribimos más de veinte acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Soy un firme defensor de la utilidad social y económica de los acuerdos sociales. Cuando las políticas en el ámbito socio-laboral se llevan adelante con acuerdo, son más eficaces y, además, refuerzan la integración y la participación social.

La reforma laboral se estuvo negociando durante casi un año entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Cuando estábamos cerca de un acuerdo, la CEOE se negó a él.

La reforma reducía los costes del despido y flexibilizaba la negociación colectiva. Supuso una ruptura con los sindicatos después de un periodo de entendimiento razonable durante la crisis. Sin embargo, la ruptura no fue definitiva, y durante el otoño, tras la huelga general del 29 de septiembre, retomamos el diálogo, que culminaría con el acuerdo de la reforma de las pensiones de enero de 2011.

Pero la clave para seguir adelante con las reformas era contar con apoyos para los Presupuestos de 2011. Conseguimos, no sin arduas negociaciones, el acuerdo con el PNV, que abarcaba también los temas centrales para la gobernabilidad del país y la estabilidad de gobierno. Ese acuerdo fue fruto de varias reuniones que mantuve con el líder del PNV, y debo desvelar aquí que si ese proceso de entendimiento fue posible se debió a la expectativa que tanto Urkullu como yo teníamos sobre el final de ETA. Si el PNV me apoyó en esta dura etapa, fue ante todo por lograr ese objetivo. Un objetivo que, por cierto, pudimos ver hecho realidad el 20 de octubre de 2011.

El 29 de octubre de 2010 habíamos superado las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, tras los acuerdos con el PNV, CC y UPN. Fue un gran balón de oxígeno para el Gobierno. En efecto, desde las medidas de mayo y la huelga general de septiembre, nuestra situación política era de clara debilidad. Sacar adelante los Presupuestos de 2011 fue vital para el Gobierno. Podíamos seguir adelante con las reformas.

Mi determinación por aprobar las reformas y por controlar el déficit era muy fuerte, aunque era muy consciente del desgaste político que le ocasionaba a mi partido. Estaba convencido de que ésa era la dirección para evitar el rescate de España.

Esa determinación debía ser evidente ante los socios europeos y ante todos los españoles. Por este motivo, pronuncié aquellas frases en el Debate del estado de la Nación de 2010, celebrado el 10 de julio, con las que aseguraba que, si hubiera contradicción entre los intereses de lo que necesitaba mi partido y lo que necesitaba España, yo optaría por lo que necesitaba España: «Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste». Las frases no fueron improvisadas. Las llevé muy meditadas al debate porque pensé que era conveniente pronunciarlas con rotundidad. Sabía lo que tenía por delante. Y en más de una ocasión tuve que optar, efectivamente, entre intereses contrapuestos, como el lector podrá comprobar en este mismo capítulo.

Por cierto, aquél fue uno de los debates más intensos y de mayor confrontación que viví en toda mi etapa política.

Con el acuerdo presupuestario habíamos recuperado un cierto pulso político y, además, tuvimos en aquellos meses algún dato esperanzador, como la EPA del tercer trimestre de 2010. Era la primera vez desde el comienzo de la crisis en que se reducía el número de desempleados, 70.000 menos; la tasa de paro se situó en el 19,8 por ciento y se crearon 70.000 empleos. El dato era sólo un pequeño alivio. En noviembre de 2010 llevábamos perdidos casi dos millones de puestos de trabajo.

En julio se dieron a conocer las pruebas de resistencia de las entidades financieras europeas. España sometió a examen a todas sus entidades, a diferencia de la media europea, que fue del 50 por ciento. La fotografía de las entidades españolas fue razonablemente positiva. Aprobaban todas salvo cuatro grupos de cajas que necesitarían un capital de 2.000 millones de euros.

Las iniciativas más importantes que tomamos en ese periodo fueron la reforma de las pensiones y la profundización en la reforma del sistema financiero.

La reforma del sistema de pensiones era reclamada por los organismos internacionales como uno de los pilares de sostenibilidad de las cuentas públicas. La evolución demográfica de nuestro país, al igual que la de la mayoría de los países europeos, la exigía.

Después de un proceso de agotadoras reuniones y de intercambiar numerosísimas propuestas y estimaciones de escenarios, logramos llegar a un acuerdo con UGT y CC.OO., acuerdo al que esta vez sí se sumó la CEOE, ya con un nuevo presidente.

Por parte del Gobierno negociaron la ministra de Economía, Elena Salgado; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados; y Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue reclamado por los sindicatos para dialogar.

La actitud de CC.OO. y de UGT fue muy constructiva. El acuerdo, tras dos meses de negociación diaria, se cerró en una cena en la Moncloa el 26 de enero de 2011 y se firmó el 2 de febrero, también en el Palacio de la Moncloa. Deseo destacar el valor que tiene una reforma como ésta cuando se hace con acuerdo social. Para los representantes de los trabajadores el sistema de protección social es una cuestión esencial, por lo que consideran que sus posiciones han de ser necesariamente tenidas en cuenta. Preservar ese acuerdo es muy conveniente. Ignorarlo es un error.

El acuerdo de pensiones mereció una valoración positiva de la opinión pública. Así, el periódico El Mundo escribió: «Un buen pacto que puede quedarse corto», y El País: «El acuerdo de pensiones es un éxito político del Gobierno y un precedente para los sindicatos». Estos comentarios favorables en la prensa no eran frecuentes en aquellos tiempos.

El 3 de febrero, el día siguiente de la firma del acuerdo de pensiones, celebramos una cumbre bilateral España-Alemania en el Palacio de la Moncloa.

Había una gran expectación por la visita de Angela Merkel a Madrid. Habíamos preparado la cumbre concienzudamente. Merkel era, sin duda, la voz política europea más determinante.

Nuestro objetivo era doble: lograr, por un lado, un respaldo público de Merkel a España y a las políticas de reforma, y por otro, un diálogo entre los sectores económicos de ambos países. Por ello organizamos un almuerzo de trabajo con los líderes de la patronal y de los sindicatos de ambos países, así como con representantes de grandes empresas y de las cajas españolas y alemanas.

La cumbre tuvo una repercusión pública muy favorable. En la rueda de prensa que celebramos juntos, Merkel manifestó que España había «hecho sus deberes» y se situaba en «muy buen camino». Los medios de comunicación españoles del día siguiente acogían la cumbre favorablemente, aunque la idea de que Merkel ponía deberes a España estaba muy presente en los análisis.

Todo parecía mejorar lentamente: ligera recuperación económica, capacidad política para impulsar las reformas y respaldo claro de los socios europeos. Y la prima de riesgo estaba en una cifra bastante asumible.

El sistema financiero estaba en el punto de mira de todos los análisis y en un proceso de intensa transformación. A pesar de los buenos resultados de las pruebas de julio, los datos de la evolución de algunas entidades eran preocupantes, y se hacía necesaria una nueva fase en el proceso de reconversión, para intentar generar mayor confianza en torno a la salud del conjunto del sistema y especialmente de las cajas de ahorro, que se convirtieron en un auténtico talón de Aquiles.

Por ello, el 18 de febrero de 2011 aprobamos un decreto ley para el reforzamiento del sistema financiero. Los objetivos eran, por una parte, aumentar la solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia de capital de máxima calidad y, por otra, acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades financieras.

En cuanto a la solvencia, se establecía un nivel mínimo de capital principal del 8 por ciento. Estos nuevos requerimientos entraban en vigor el 10 de marzo de 2011. Las entidades que en esta fecha no alcanzasen el nivel requerido tenían de plazo hasta el 30 de septiembre de 2011 para lograrlo.

La estrategia de captación de capital de recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades debía aprobarlas el Banco de España.

En marzo de 2011 trece entidades necesitaban elevar su capital principal por un volumen de 15.152 millones de euros. En septiembre se cubrieron 5.838 millones con capital privado y 7.551 millones con capital público, a través del FROB, para cinco cajas de ahorro.

Si me he referido a la reforma del sistema financiero con algún grado de detalle es para subrayar que la estrategia del Gobierno fue en todo momento incentivar todas las vías para que la reestructuración del sistema financiero fuese lo menos gravosa posible para el erario público. El 10 de marzo, el decreto ley fue convalidado por el Congreso con la abstención del PP, que hasta ese momento había apoyado el proceso. Tres fueron los argumentos del portavoz del PP: primero, que llegaba tarde; segundo, que las exigencias de capital iban más allá de Basilea III, lo que haría que nuestros bancos y cajas compitieran en desventaja; y tercero, que no se había contado con su partido para una auténtica negociación.

En definitiva, aprobamos reformas en los temas centrales de nuestra economía, el PIB volvió a tasas de crecimiento modestas pero positivas y, aunque el paro se había seguido resistiendo a disminuir durante el primer trimestre de 2011, a partir de abril y durante cuatro meses consecutivos se redujo. Concretamente, en abril se registraron 46.000 parados menos, en mayo 79.701, en junio 67.000, y en julio 42.000.

Parecía que el viento empezaba a soplar ligeramente a favor, pero nuestras expectativas se truncarían abruptamente a partir del mes de julio. El cómo y el porqué lo conocerá el lector en las páginas que siguen.

LA CARA Y LOS OJOS DE LOS MERCADOS

A raíz de la crisis de deuda de la zona euro y de sus efectos sobre la confianza en los diversos países, la información sobre los movimientos de los mercados podía resultar decisiva para nuestra economía.

Los mercados se presentan como actores invisibles dotados de un gran poder, tan grande como para dejar de financiar a un país y ponerle a los pies de una intervención.

En el mercado de deuda pública, el que incide directamente en el Tesoro de los países, participan muy diversos actores (públicos y privados) de casi todos los continentes, especialmente de Estados Unidos, de Europa y de los países asiáticos más poderosos. Desde el fondo de pensiones de los maestros de Texas hasta el fondo noruego del petróleo.

Sus decisiones, sus tomas de posición, se hacen a diario: venden o compran deuda pública de un país o de sus empresas. Si la desconfianza se instala en torno al Tesoro de un país, ésta se traslada automáticamente a sus empresas, haciendo subir o bajar las primas de riesgo de uno y otras.

Los que toman estas decisiones son, como digo, invisibles, pero sólo en apariencia, porque tienen cara y ojos. Y hube de preocuparme de identificarlos, al menos a los más importantes, para después contactar con ellos, aportarles información y responder a sus cuestiones sobre la economía española. Lo hice. Por la cuenta que nos traía. Y en varias ocasiones salí deliberadamente a su encuentro para persuadirlos de que invirtieran en deuda pública española.

Me reuní con muchos de los responsables de los principales fondos que operan en el mercado abierto de la deuda soberana.

Claro que tienen cara y ojos, y muy abiertos, por cierto. Pero me interesa subrayar, más allá de las situaciones singulares, algunas características comunes que pude constatar en su forma de aproximarse a las decisiones que toman en cada momento.

En general, cabe decir que aceptan bien el contacto y el diálogo con los gobiernos. Sus inquietudes solían centrarse en la determinación política con que estábamos dispuestos a tomar determinadas medidas, así como en la aceptación social de éstas. Se interesaban por la realidad sindical y por las claves del mercado laboral. En lo que afectaba al euro, sin duda la gran cuestión era si Europa constituía un verdadero proyecto de unidad política, y cómo y quién mandaba en realidad en ella.

Sobre cuestiones fiscales, el impuesto de sociedades siempre salía a colación. En torno a la sostenibilidad de las cuentas públicas, las pensiones eran recurrentemente el principal motivo de preocupación.

Dos cuestiones específicas interesaban de manera especial a los grandes inversores norteamericanos: la protección de la propiedad intelectual y el apoyo a las energías renovables. Aunque con menor intensidad, las cuestiones relativas a las comunidades autónomas y a las cajas también estuvieron presentes en mis diálogos con los grandes inversores.

De esos diálogos, muchas veces intensos por lo que estaba en juego, deseo extraer algunas conclusiones, por si pueden ser útiles.

La primera conclusión es que, a pesar del poder del que disponen los grandes inversores, su información es limitada y muy condicionada por los grandes medios de comunicación internacionales con prestigio en temas económicos. Comprobé que los climas de opinión presentes en éstos pesan más que los juicios académicos o los vaticinios de los organismos internacionales.

Es sorprendente, pero constaté en varias ocasiones la falta de conciencia sobre algunos aspectos de nuestro país, sobre nuestra fortaleza exportadora o sobre la importancia que tienen en el mundo nuestras empresas en sectores de alto valor tecnológico.

Por otra parte, su posicionamiento suele estar motivado, y ello no extrañará al lector, más que por consideraciones de largo plazo, por los objetivos concretos de corto o medio plazo ligados a sus carteras de inversiones.

La suma de información limitada e inmediata, junto a objetivos a corto plazo, más su también característico comportamiento gregario (o «efecto manada»), explica bien los movimientos compulsivos, los saltos de la exuberancia al fatalismo, de la confianza a la desconfianza.

En una economía global, con mercados abiertos y con un gran número de actores en los mercados, es fundamental que los gobiernos fortalezcan su capacidad de elaborar, producir y transmitir información, a través de todos los canales posibles, hacia donde se conforma la opinión de aquellos cuyas decisiones pueden comprometer el futuro económico de los países. Pero esta tarea es tan compleja que exige un replanteamiento de las estructuras y del funcionamiento de los gobiernos en esta sociedad global. Incluso los gobiernos de países muy relevantes disponen de menos medios personales y técnicos que buena parte de los poderosos fondos de inversión.

Sí, tienen cara y ojos, y defienden sus intereses desplegando una incontrolable influencia sobre la evolución de la economía real de los países. Éste es uno de esos fenómenos que ha crecido paralelamente a la globalización y que pone en cuestión los viejos paradigmas de la soberanía de las naciones en general, y de la soberanía democrática en particular. Un fenómeno que, de algún modo, hay que abordar, racionalizar o regular, y que un gobernante actual debe, en lo que pueda afectar a su país, tomar muy en cuenta.

GRECIA OTRA VEZ Y PORTUGAL TAMBIÉN

No fueron necesarios muchos meses, desde la aprobación del programa de ayuda a Grecia en mayo de 2010, para comprobar su ineficiencia. Aristóteles afirmó que «el principio es más de la mitad del todo». Esta sentencia del sabio griego es perfectamente aplicable al llamado programa de ayuda y asistencia financiera a ese país. Como ya se ha dicho, la respuesta de la UE a la situación de riesgo cierto e inminente de suspensión de pagos de Grecia fue tardía, políticamente azarosa, y muy poco realista en el análisis económico y financiero de las posibilidades futuras de ese país para recuperar su economía y atender a sus compromisos bajo una condicionalidad tan estricta y depresora de la actividad como la que se le impuso.

La situación de las cuentas públicas griegas era dramática. El 15 de noviembre de ese mismo año, el Eurostat confirmó que el déficit público de Grecia había alcanzado en 2009 nada menos que el 15,4 por ciento del PIB. Y durante los primeros meses de 2011 la incertidumbre y la cascada de hechos y noticias sobre la situación de las finanzas griegas, lejos de amortiguarse, desencadenaron una espiral endemoniada. Sucesivamente, las tres agencias de calificación rebajaban el rating de la deuda griega. El 8 de marzo, el bono a diez años del país heleno alcanzó un máximo histórico con un interés del 13 por ciento y una prima de riesgo de mil puntos básicos.

El 26 de abril de 2011 se dio a conocer el dato de la deuda pública de Grecia: había alcanzado en 2010 el 142,8 por ciento del PIB. El mes de mayo se produce un salto cualitativo, pues se habla ya, abiertamente, de la necesidad de un segundo rescate o plan de ayuda a Grecia. Así lo hizo, el día 13 de aquel mes, el comisario de Economía, el finlandés Olli Rehn. Y, en efecto, ante las apremiantes dificultades de Grecia para financiarse y las cada vez menores disponibilidades de ese país para afrontar sus obligaciones de pago, el Eurogrupo aborda su segundo rescate el 17 de junio, si bien en la reunión del Eurogrupo del 20 de junio, Bruselas aplaza la decisión hasta julio. En esa reunión se aprobaba el quinto tramo del primer programa de ayuda. Se esperaba entonces que Grecia aprobara un nuevo Plan de Austeridad, algo que hizo el 29 de junio. El plan incluía un ambicioso conjunto de privatizaciones, lo que generó un alivio coyuntural en los mercados.

Aquel 17 de junio se produjo, a mi juicio, un hecho de la mayor relevancia. Merkel y Sarkozy se reunieron y acordaron dar el visto bueno a ese segundo rescate griego, pero con una novedad sustancial: habría de incluir la participación «voluntaria» del sector privado.

Era un acuerdo de compromiso entre los que planteaban una reestructuración obligatoria de la deuda griega y los que se oponían abiertamente a esta hipótesis, encabezados por el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet. De hecho, la eventualidad de una reestructuración de la deuda griega se había lanzado como idea unos meses antes en la ciudad de Deauville, también en una reunión entre Merkel y Sarkozy, coincidiendo con una cumbre del G-8. Desde que la propuesta alemana se explicitó en Deauville, Trichet había expresado su firme oposición a ella en los Consejos Europeos. Firme y beligerante. En varias ocasiones, delante de todos los líderes europeos manifestó que una reestructuración de la deuda de un país del euro, cosa inédita por considerarse una zona segura para la inversión, podría abrir una peligrosa brecha de desconfianza, lo que extendería e intensificaría el efecto contagio a otros países del euro.

En todo caso, el proceso de definición y acuerdo de este segundo rescate de Grecia fue difícil y tortuoso.

Todas las señales parecían indicar que en esta ocasión íbamos a estar más cerca del precipicio que nunca. En julio, Grecia no tenía caja para afrontar pagos comprometidos. Las dificultades internas en aquel país eran cada vez mayores para el Gobierno de Papandréu, obligado a adoptar más y más planes de recortes sociales. Y en el seno de la zona euro, división.

División entre los que considerábamos que ya era muy difícil pedir más esfuerzos a Grecia, y los que no estaban dispuestos a comprometer nuevas ayudas sin más condiciones, aunque fueran socialmente destructivas. La discrepancia se producía una vez más entre los llamados países de la periferia y los países centroeuropeos, mientras Francia hacía de bisagra tratando de flexibilizar los planteamientos de Alemania, que eran normalmente secundados por los Países Bajos y Finlandia, y en menor medida por Austria.

Esa tarea de búsqueda de compromiso también la asumían el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión y el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Juncker, con frecuencia receptivo a las tesis de los países con dificultades en sus deudas soberanas.

Este clima que se iba gestando en torno al segundo rescate de Grecia llegaba después de que los mercados de deuda hubieran atravesado una etapa de cierta calma tras la última situación vivida durante el rescate de Irlanda (noviembre de 2010). Si tomamos como referencia mediados de abril de 2011, justo antes del inicio del largo proceso de dudas e incertidumbres que íbamos a vivir con ocasión de ese segundo rescate de Grecia, podemos comprobar hasta qué punto la respuesta al gravísimo problema griego volvía a condicionar, más que ningún otro factor, la estabilidad de la zona euro y, en particular, la del conjunto de los llamados países periféricos.

En este sentido, tal vez el lector no recuerde algunos datos que, en mi opinión, son bien elocuentes: el 4 de abril de 2011 la prima de riesgo de España estaba en 175 puntos básicos sobre el bono alemán, y la de Italia, en 142. Y en agosto, en concreto el día 4, España alcanzó los ¡407 puntos! En tan sólo cuatro meses, pasamos de 175 a 407 puntos básicos. ¿Habían cambiado los fundamentos de la economía española? No, según los datos disponibles: el PIB había tenido crecimientos intertrimestrales positivos en el primer y el segundo trimestre de 2011, el programa de consolidación fiscal se cumplía razonablemente, las exportaciones crecían a una tasa de dos dígitos, el déficit de la balanza por cuenta corriente se situaba en el 4,5 por ciento después de haber alcanzado el 9,6 por ciento en 2008, el Tesoro se financiaba con relativa normalidad, el sistema financiero seguía su plan de reestructuración, y en julio nuestras entidades financieras habían superado razonablemente la prueba de esfuerzo aprobada por la EBA (Autoridad Bancaria Europea) con un programa de recapitalización asumible por su cuantía. Además, en febrero habíamos alcanzado un importante acuerdo social con sindicatos y empresarios que tuvo como punto central la reforma del sistema de pensiones.

Así estaban las cosas; acariciábamos, con prudencia, la expectativa de la recuperación. Se habían abierto poco a poco los canales de financiación para bancos y empresas, y en ese margen inferior a los doscientos puntos básicos de prima podíamos atisbar una salida, aunque la situación iba a seguir siendo dura y difícil.

Pero esos tres meses, desde mayo a julio, fueron demoledores para nuestras expectativas y para que la zona euro consolidara la recuperación.

Tres meses demoledores. En julio, Grecia ya no podía afrontar sus compromisos de pago. El segundo programa de ayuda era inevitable y, a pesar de que se sabía con certeza desde mayo, no se aprobó hasta ese mes de julio. Un programa fallido porque en octubre hubo que modificarlo. Y todo ello con el perturbador agravante adicional de la participación voluntaria del sector privado en la ayuda, es decir, con quitas o pérdidas para los bonistas e inversores con títulos de deuda pública griega.

No podía extrañar a nadie que en el verano de 2011 se extendiera la percepción, como nunca antes durante la crisis, de que había un riesgo cierto de que un país saliera de la zona euro y que ello podía acabar provocando una ruptura incontrolada de la moneda común.

Llovía sobre mojado, y a cántaros. A Grecia se le exigía más y más porque no cumplía con la reducción del déficit, y cuantos más ajustes se le imponían, más difícil le resultaba reducir el déficit porque el crecimiento se hundía.

Y todo al amparo de la moneda única. Porque una reestructuración de la deuda ya estaba encima de la mesa y, mientras tanto, la artillería germánica no dejaba de apuntar al BCE para que no se saliese de su política de control estricto de la inflación y se atuviera a límites claros en las operaciones de compra de deuda que incidían en su posible monetización.

Por si fuera poco, nos adentrábamos en aquel verano de 2011 con el riesgo abierto, en paralelo, de que Estados Unidos no llegara a un acuerdo sobre su deuda y ello provocara un colapso fiscal. Dos terremotos financieros en ciernes, pues, el europeo y el norteamericano, situados en la estela del impacto económico ralentizador, cuya intensidad era aún difícil de evaluar; y, además, el terremoto japonés —en este caso no metafórico, sino real— con el consiguiente y gravísimo accidente nuclear de Fukushima del mes de marzo. Éste era el más que inquietante escenario global entonces.

Pero reparemos de nuevo, en particular, en nuestro terremoto financiero, el europeo. Bien se puede decir que se fraguó a conciencia durante los meses de junio, julio y agosto, y que sus réplicas se dejarían sentir con fuerza en octubre y noviembre, coincidiendo con la Cumbre del G-20 de Cannes, que abordamos en el capítulo siguiente.

El epicentro de este seísmo se localizaba, de nuevo, en Grecia, pero lo que estaba en realidad en juego —y nadie lo dudaba ya— era la concepción de Europa, y especialmente de la zona euro. El epicentro era Grecia, pero las ondas expansivas alcanzaban con nitidez a varios países de la zona euro, como Portugal, Irlanda, Italia, España y Chipre, y amagaban en algún momento con afectar a Bélgica y a Francia.

Al igual que en los terremotos naturales, en el de la deuda europea la causa era el choque de placas tectónicas. El choque, en este caso, entre las posiciones que podríamos calificar de unionistas o solidarias y las ortodoxas o soberanistas. Un choque del que surgía un ruido sordo de mar de fondo cada vez que, casi siempre con dificultad, se adoptaban acuerdos, con frecuencia inestables, en la Unión; ruido que, con el paso del tiempo, acabaría convirtiéndose en una incontenible cacofonía.

Siempre que había que adoptar una decisión o una posición común, las actitudes ante la negociación pugnaban a la postre sobre el grado de integración, unidad, corresponsabilidad y solidaridad que había que mostrar en la zona euro: eurobonos sí y ya, o eurobonos no, o todavía no; el BCE como prestamista de última instancia —o al menos como garante de una adecuada transmisión de la política monetaria—, o el BCE rigurosamente fiel al mandato de los tratados, ciñéndose al control de la inflación; ayudas limitadas en su cuantía, o tantas como pudieran ser necesarias; ayudas sujetas a una estricta condicionalidad, al modo del FMI, o coherentes con un modelo de unión política y monetaria como el que la zona euro representa…

En fin, ésas eran las grandes cuestiones que se reproducían en algunas de sus proyecciones más concretas; por ejemplo, si la intervención del BCE en los mercados de deuda debía o no sujetarse a programas de condicionalidad, o si había que hacer lo propio con las ayudas para recapitalizar la banca desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

En ambos lados había, y hay, razones y argumentos. En ambas posiciones había, y hay, el reflejo de necesidades y condicionamientos políticos nacionales. Razones y necesidades, argumentos y condicionamientos, para defender la solidaridad o para alertar sobre el riesgo moral. Ésos eran los polos del debate, las placas tectónicas que una y otra vez chocaban, conmoviendo a los mercados y desfigurando la capacidad política de tomar decisiones.

Es verdad que aquellos países que invocábamos la solidaridad, la unión más perfecta, la unión de transferencias, una cierta mancomunidad de la deuda, un papel más activo del BCE…, éramos los que teníamos dificultades. Frente a nosotros, el grupo de las naciones triple A, por no atravesarlas, se sentían más proclives a defender, si no planteamientos claramente opuestos a ésos, sí con otros acentos, otros énfasis, otras prioridades.

Si, más allá de los intereses circunstanciales, de nuestro lado se podría invocar que nos situamos, con nuestra defensa de la unión y de la solidaridad, en la línea de la única Europa posible, desde la otra orilla se replicará a buen seguro que no se pueden recorrer las nuevas etapas de la unidad sin determinados esfuerzos nacionales. Y si desde esta última posición se añade que hay, además, una responsabilidad nacional en la situación creada, no nos será difícil admitir a quienes tendemos a argumentar en clave europea que en la situación que estamos viviendo hay una muy relevante responsabilidad europea, al menos desde la gestación misma de la Unión Monetaria.

Ateniéndome a mi propia experiencia directa de la crisis, estoy convencido de que si los recortes han tenido que ir más allá de lo razonable, y las ayudas han tenido que ser mayores de lo imaginable, es en gran medida por no haber actuado con más contundencia y compromiso colectivo europeos en mayo de 2010. Los pasos tímidos que se dieron en el arranque sembraron de incertidumbres nuestra capacidad de respuesta al desafío al que nos enfrentábamos. Y los mercados no necesitaban mucho más para exacerbar esas incertidumbres y ponernos al borde del abismo varias veces desde entonces.

Es decir, mi opinión es que la zona euro no habría padecido una crisis de deuda tan prolongada en el tiempo y tan extendida en sus efectos, que han dilatado y extendido las consecuencias de la propia crisis económica general, si la política europea hubiese actuado con más determinación y con más visión de futuro.

Pero convengamos también en que no era fácil hacerlo. El lector sabe bien que las circunstancias políticas nacionales han pesado mucho y eran de muy complicado manejo. Unos gobiernos tenían, y aún tienen, que explicar a sus ciudadanos que están comprometiendo ayudas a otros países; y otros gobiernos tienen que justificar recortes sociales y pérdida de derechos. No es fácil ni para éstos ni para aquéllos.

Sin ignorar el inevitable prejuicio que arrastran los apremios nacionales y la complejidad intelectual del análisis, mi convicción, tanto entonces como ahora, es que el que podíamos llamar argumento europeo debió y debe seguir pesando más que ningún otro argumento de los que también han de ser estimados. Y todos los líderes somos, en mayor o menor medida, responsables de no haber logrado que así fuera. Si nos consideramos europeos, dueños de una identidad irreversible, portadores de un compromiso histórico de unidad real, la balanza debería decantarse del lado de la solidaridad. Sin ella, o con ella debilitada o puesta en cuestión, no hay modo de fortalecer, o incluso de preservar, ningún tipo de unión política, unión de ciudadanos y entre ciudadanos.

Lo cierto es que, al calor de esa tensión entre los dos polos de la concepción o de la necesidad europea, se ha ido tejiendo una nueva realidad, un nuevo modelo de unión monetaria, aún imperfecto e indeterminado en su progreso futuro, que ha avanzado en cuanto que ha sobrevivido, superando con acuerdos políticos el vértigo existencial, el vértigo de la ruptura. Que tal vez sea, éste sí, común y característicamente europeo.

Y, pensando en vértigos, volvamos a esos meses tan decisivos de junio, julio y agosto de 2011.

Grecia se tambaleaba y no estaba claro que los gobiernos de la zona euro estuvieran dispuestos a sujetarla.

Como ya se ha dicho, en abril y mayo de 2011 ya estaba claro que Grecia iba a necesitar un nuevo programa, es decir, más ayuda, para evitar una suspensión de pagos inminente con las consecuencias que ello podía acarrear para toda la zona euro.

Se habían producido declaraciones, reuniones a distintos niveles —por supuesto, del Eurogrupo—, aproximaciones a cómo debería ser el nuevo programa…, pero el primer tratamiento a fondo de la cuestión no llegaría hasta la reunión del Eurogrupo del 20 de junio y la cumbre europea, es decir, la reunión del Consejo, de los días 23 y 24 siguientes.

Aunque pueda resultar un tanto prolijo, considero de interés reproducir varios puntos de las conclusiones de este Consejo. El punto 11 era una especie de clásico que se repetía Consejo tras Consejo o en las reuniones de líderes del Eurogrupo. Su reiteración, solemne, seguramente quería poner de manifiesto la voluntad de contrarrestar, aunque con escasa fortuna, un estado de la opinión pública y de los mercados de signo opuesto a lo que declarábamos. Se trataba de afirmar nuestra plena determinación de salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro: «Los jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro reiteran su compromiso de hacer todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto».

Visto en perspectiva, el punto siguiente, el 12, hoy puede chirriar sobremanera: «La recuperación de la zona del euro está bien encauzada y ha alcanzado una senda sostenible de crecimiento sólido». Aunque lo cierto es que en esa primera parte de 2011 los datos permitían, no sé si con tanta rotundidad, hacer aseveraciones optimistas sobre la salida de la crisis.

Traigo a colación esta reflexión porque mi Gobierno sufrió severas críticas, a posteriori, por mostrar un horizonte favorable en la evolución de la economía. Pero si se repara en los datos, había razones para ese discurso. Y el hecho de que, lamentablemente, esa senda de recuperación se truncase en la segunda parte de 2011, para conducir a la economía de la zona euro y, en particular a la de España, a una recaída en forma de W, no debería llevar a dar por bueno que nuestro análisis, o el de las propias instituciones europeas, en aquel tiempo y con los datos de aquel momento, fuese meramente voluntarista o, peor aún, estuviese destinado a camuflar la realidad. Es, una vez más, el problema de los juicios retrospectivos, que tanto han abundado en una crisis como ésta, tan larga y con tantos giros, y que en muchas ocasiones pasan por alto las razones objetivas de un pronóstico, una vez que los hechos han desmentido posteriormente ese pronóstico.

El punto 14, al plantear la necesidad de un nuevo programa, era en realidad el reconocimiento del fracaso del programa de ayuda de mayo de 2010. Pero nótese que este reconocimiento aparece en el texto después de exigirse en él a las autoridades nacionales que siguiesen profundizando en los ajustes: «El Consejo Europeo pide a las autoridades nacionales que continúen ejecutando con firmeza los necesarios esfuerzos de ajuste con el fin de colocar al país en una senda sostenible». Ésta era la lógica del proceso de ayuda: exigir más y más severos ajustes sin reparar apenas en la situación social del país y aun a sabiendas de que al cabo de pocas semanas Grecia no podría afrontar los compromisos de pago.

Al igual que hicieron otros primeros ministros, combatí el nivel de exigencias a Grecia para disponer de la ayuda, y reclamé en aquel Consejo, como hice en otras cumbres, una intervención más decidida del BCE y la puesta en marcha de los eurobonos.

De hecho, en esta como en otras cumbres, el texto de la declaración se fraguaba en reuniones reducidas, en las que estaban habitualmente representados Alemania, Grecia, Francia, la Comisión, el presidente del Consejo y, en algunos casos, el presidente del BCE. El grueso de los gobiernos esperábamos pacientemente los resultados de este singular método de trabajo, que era el habitual tanto antes de las reuniones formales del Consejo como antes de las cenas de los líderes, en que las discusiones se producían de manera más abierta y descarnada.

De las conclusiones del Consejo de junio de 2011, el punto crucial fue el 15. Porque en él, por vez primera, se decía: «Los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro manifiestan su acuerdo con que los fondos adicionales requeridos se financien a partir de fuentes tanto oficiales como privadas».

La quita del sector privado, temida por unos y deseada por otros, se había oficializado. Y esto, como ya he indicado, suponía dar un paso de gran trascendencia. Las instituciones y países miembros de la zona euro, un área monetaria que en principio era de la máxima solvencia, admitían que uno de ellos reestructurara su deuda. El mensaje enviado a los mercados no podía ser sino de máxima alerta, cuando no de alarma. Si la deuda pública no era segura ya en los países de la zona euro, podría no serlo también en otros. El efecto sería claro: una llamada implícita a retirar posiciones de (todos) los países con dificultades.

Pero el acuerdo adoptado en aquel Consejo sobre la reestructuración de la deuda privada fue inevitable. Para Alemania y Francia era una condición imprescindible en la decisión de seguir ayudando a Grecia.

No obstante, el debate sobre este punto crucial fue duro y apasionado. La posición contraria la encabezó Jean-Claude Trichet, como ya he comentado. Para el presidente del Banco Central, la reestructuración del sector privado suponía abrir la caja de Pandora y provocar un contagio de la tensión en los diferenciales de las deudas soberanas de la zona euro. Trichet estuvo brillante y vehemente. Una vehemencia que se reflejó en su rostro, que se hizo patente en cada uno de sus gestos, habitualmente adustos. Su afán por evitar este nuevo enfoque, que abría la puerta a la participación del sector privado en la ayuda a Grecia, motivó algunos de los momentos de mayor confrontación dialéctica y personal que viví en los Consejos Europeos. Trichet mantuvo un intenso duelo con Sarkozy. No se perdieron las formas, pero no estuvimos lejos de una situación muy desagradable. Merkel, por su parte, con menos vehemencia, argumentó que la ayuda que necesitaba Grecia no podía recaer exclusivamente sobre los contribuyentes europeos y que los mercados tenían también que pagar su parte y que, si no era así, sería imposible alcanzar una senda de sostenibilidad de la deuda pública griega. Merkel ponía encima de la mesa un argumento sólido que, con una visión progresista, no podía ser descalificado sin más. Una y otra postura se podían apoyar en razones de peso. Trichet alertaba de los muy graves riesgos que se podían correr. Merkel invocaba un trato justo y una corresponsabilidad de bancos y fondos de inversión en la ayuda a Grecia. Una verdadera encrucijada o, más aún, un dilema diabólico.

Respaldé la posición de Trichet. Como presidente del Gobierno de España, no tenía ninguna duda de que así defendía el interés de mi país. Porque, como los hechos demostraron más adelante, sobre todo en el mes de agosto, el efecto en los mercados de deuda de la otra opción podría ser muy negativo, en particular para España y otras naciones europeas. Pero en el caso de haber tenido que pronunciarme sólo en función de mis ideas, es probable que hubiese secundado la posición de Merkel. Como queda reflejado en las páginas de este libro, no era la primera vez que la crisis me situaba ante dilemas que comprometían el equilibrio entre convicciones y responsabilidad. Y que yo, en soledad, tenía que decantar en una u otra dirección a medida que irrumpían al socaire de la propia crisis.

Normalmente —porque no siempre sucede así—, cuando uno reflexiona a posteriori sobre esos momentos, tiende a confirmar las decisiones tomadas. Pero no sé si esta confirmación es fruto del instinto de autoafirmación propio de los seres humanos, y singularmente de los responsables políticos, o del reexamen sosegado. El dilema sobre el dilema sigue vivo.

Pero, más allá de cuál fuese la posición más acertada, el balance del Consejo fue que salimos sin un nuevo programa de ayuda a Grecia. Sabía que las consecuencias iban a ser negativas para todos, también para España. El verano iba a ser caliente, pero en aquel momento no pensé que la temperatura llegaría a los niveles que los indicadores de la tensión financiera reflejarían en las primas de riesgo, 407 puntos básicos en la española. Una temperatura demasiado elevada, que escaló en unas pocas semanas. Julio de 2011 había marcado, hasta entonces, el récord de intensidad de aumento mensual de nuestra prima de riesgo: 119 puntos. Y, en concreto, después del Consejo de junio sin respuesta al segundo programa para Grecia, sólo desde el 1 de julio hasta el 18 del mismo mes, la prima de riesgo del Tesoro español pasó de 235 a 367 puntos básicos. 132 puntos de incremento en tan sólo trece días. Pero no era únicamente España. Italia vio cómo su prima de riesgo pasaba en el mismo periodo de 183 a 332 puntos: un incremento de 149 puntos básicos.

Al igual que había ocurrido en mayo de 2010, cuando se desencadenó abruptamente la crisis de la deuda periférica europea, la situación que vivimos en el verano de 2011 tuvo como detonante la inquietud por la deriva de las finanzas griegas y sus consecuencias para una eventual ruptura del euro. Ruptura que aparecía como posible ante una insuficiente respuesta de las instituciones europeas y la falta de compromiso real de los países centrales de la zona con las dificultades de los países periféricos. Cada sacudida griega generaba una espiral de temores y de desconfianza sobre la consistencia de la Unión Monetaria Europea. El problema, en realidad, no era Grecia, pero Grecia lo evocaba con crudeza.

En este sentido, es posible constatar cómo los episodios de mayor tensión que han vivido los Tesoros de países como España no fueron el fruto de hechos, decisiones o datos propios, internos, que tuvieran lugar en esos momentos. El primer semestre de 2011, los indicadores económicos en España eran, como ya he recordado, razonablemente alentadores sobre la salida de la recesión. La vuelta al crecimiento anticipaba la mejora de los ingresos y un más fácil manejo de los objetivos de déficit y deuda pública, así como el mantenimiento de la prima de riesgo en niveles razonables y, por tanto, una financiación de la economía más fluida. Y si el crecimiento de esos trimestres se consolidaba, empezaría a contenerse el desempleo, la morosidad se frenaría, la caída de la valoración de los activos de las entidades financieras dejaría de agravarse y con ello también los problemas de solvencia del sector…

Una solvencia que se puso, por cierto, nuevamente a examen en ese decisivo mes de julio de 2011. En concreto, el día 15 se hicieron públicos los datos de una nueva prueba de resistencia realizada a la banca europea tras las primeras pruebas de julio de 2010. Y conviene recordar que España fue el país que voluntariamente sometió a ese examen a una gran parte de su sistema financiero, prácticamente a la totalidad de éste. Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), del conjunto de entidades evaluadas sólo ocho —cinco españolas, dos griegas y una austriaca— no pasaban la prueba al no alcanzar el mínimo de capital de máxima calidad (un 5 por ciento) requerido en un hipotético escenario de recesión. Estas ocho entidades necesitarían un capital de 2.500 millones de euros. De esta cantidad, 1.564 millones, una cifra muy modesta, correspondían a las entidades españolas. Además, el Banco de España consideró que ni siquiera esas entidades necesitaban más capital por el efecto de las provisiones anticíclicas.

Cuesta entender cómo ha sido posible que desde ese examen de julio de 2011 hayamos pasado en nuestro país, en sólo cuestión de meses, a determinar que el sistema financiero español podría necesitar (en el primer trimestre de 2012) en torno a 60.000 millones de euros, y que hayamos tenido que acudir para cubrir esa recapitalización a pedir un préstamo a la UE.

Es cierto que en esos meses, desde julio de 2011 a mayo de 2012, la economía española volvió a la recesión y que los criterios de la auditoría de los consultores privados, Oliver Wyman y Roland Berger, eran más exigentes que los de la EBA, pero aun así resulta difícil, muy difícil, comprender la magnitud de la diferencia en los análisis sobre la situación de nuestro sector financiero y sus necesidades de capital.

El día en que el Banco de España hizo públicos los resultados de la prueba de resistencia, a través de su gobernador, éstos parecían creíbles y fruto de un detallado análisis. Y cuando, bajo el impulso del nuevo Gobierno, se dio a conocer el resultado de la auditoría privada, de entre 50.000 a 60.000 millones, también esta conclusión parecía fundada. Cómo pudo cambiar tanto la situación en un periodo de tiempo tan corto, o en qué medida ese cambio era la consecuencia de la aplicación de diferentes criterios de evaluación, y si éste es el caso, por qué o hasta qué punto debían serlo, es para mí una de las mayores —y no han sido pocas— incógnitas de esta crisis.

Si hago hincapié en las pruebas de julio de 2011 sobre nuestras entidades financieras es para subrayar que la evolución de los datos en el primer semestre de 2011 apuntaba en una dirección moderadamente favorable para nuestra economía, que no hacía presagiar en absoluto la grave recaída que sufrimos a partir de finales de aquel mes de julio.

Pero las nuevas circunstancias de la zona euro provocaron un cambio brusco de escenario. La necesidad de articular un nuevo plan de ayuda a Grecia y la vacilante respuesta europea a ésta arrumbaron las expectativas con las que contábamos en la primavera de 2011.

Si traemos a nuestra memoria la atmósfera europea después de aquel Consejo de junio, nos encontramos con los más negros nubarrones en forma de hipótesis alarmistas: impago de Grecia, salida del euro del país heleno, contagio inevitable a las economías periféricas, ruptura de la moneda común…

Ése era el contexto del debate público y, aunque la secuencia parecía ser siempre la misma (las vicisitudes de los programas de ayuda a Grecia desencadenaban las dudas sobre el compromiso europeo con la Unión Monetaria y el euro, y éstas se trasladaban al conjunto de la zona replicando en las primas de riesgo de los llamados países periféricos), los analistas, deseosos de encontrar una explicación a lo que pasaba, cada vez que dicha secuencia se reproducía, focalizaban su escrutinio más en las debilidades nacionales que en ese contexto.

Lo cierto es que aquel mes de julio, antesala de los muy graves riesgos que corrimos en agosto, fue, desde el punto de vista de la gobernanza europea de la crisis, un auténtico despropósito.

Después del fallido Consejo Europeo de junio, la presión de los mercados forzó la convocatoria de una cumbre de líderes del Eurogrupo para el 21 de julio de 2011. Los pronunciamientos de los principales actores en los días previos a esa cumbre hablan por sí solos. En referencia a ésta, Angela Merkel afirmaba el 19 de julio que no habría «un avance espectacular», mientras que el presidente de la Comisión, Durão Barroso, parecía apuntar precisamente a lo contrario, a la necesidad de un avance muy significativo, cuando ese mismo día sentenciaba: «La situación es muy grave». Palabras que, no obstante, se quedaban cortas ante el diagnóstico que se hacía desde el FMI, organismo que no dudaba en aseverar: «No hay ningún tipo de plan coherente por delante, lo que deja la puerta abierta a un final desordenado de la crisis griega y a un posible contagio europeo y global». No era de extrañar entonces que, de acuerdo con ese análisis de situación del Fondo, los mercados no vieran «una solución sostenible a mano» pero, para que no tuvieran duda de ello, el propio FMI los advertía sobre la «vulnerabilidad de los bancos de la periferia». Todo muy tranquilizador.

Así se presentaba la nueva cumbre europea. Una vez más el vértigo, la incertidumbre, la impresión de que podía pasar cualquier cosa. Recordemos que desde el 1 hasta el 18 de julio la tensión en los mercados de deuda soberana no había dejado de subir. Es verdad que el día de la reunión en Bruselas y los dos previos se produjo un alivio de esa tensión (nuestra prima de riesgo descendió 81 puntos), pero tan fugaz que sólo duró esas tres jornadas.

Y es que la cumbre aparecía ante la opinión pública como una especie de última oportunidad para salvar el euro. Pero la situación de las finanzas griegas, el contagio a Italia y España, las dificultades que seguían atravesando los países rescatados —Portugal e Irlanda— y la ausencia de una determinación inequívoca de unidad y compromiso hacían que hasta los más convencidos europeístas flaqueáramos en nuestras convicciones.

Como era de esperar, la cumbre fue difícil, áspera y de desarrollo incierto, a pesar de que, como en ocasiones anteriores, la reunión del día previo entre Merkel y Sarkozy, a la que esta vez se sumó el presidente del Banco Central Europeo, había tratado de fijar una hoja de ruta. El obstáculo principal para ahormar un acuerdo era la conocida posición del BCE, contraria a la participación del sector privado en el plan de «ayuda» a Grecia. La contrapartida planteada por Alemania, Francia y los técnicos de la Comisión y del Consejo era que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el instrumento llamado a sustituirlo a partir de 2013, el MEDE, flexibilizasen sus cauces de actuación.

Y así se acordó, en efecto. Si hasta ese momento la ayuda financiera estaba pensada para ser destinada a préstamos a los Estados, a partir de entonces podría canalizarse a través de tres nuevos instrumentos: los programas cautelares; la recapitalización de instituciones financieras mediante préstamos a los gobiernos, incluso en el caso de países no sujetos a intervención (éste fue el instrumento de ayuda o préstamo solicitado por el Gobierno de Rajoy para recapitalizar el sistema financiero español prácticamente un año después, el 8 de julio de 2012); y la intervención en los mercados secundarios, establecida sobre la base de un análisis del BCE y de la decisión por mutuo acuerdo de los Estados miembros.

Estas tres nuevas vías de actuación, aprobadas en ese Consejo, tenían su cara y su cruz. La parte positiva era que la zona euro parecía estar activando con ellas un nuevo arsenal en defensa de la estabilidad del euro, lo que debería servir para transmitir una mayor confianza en ella. La parte negativa se encontraba, en mi opinión, en el hecho de que al permitir al FEEF y al MEDE intervenir en el mercado secundario de deuda a través de un programa —con estricta condicionalidad, claro está—, parecía sustraerse al BCE de la intervención sin condiciones en ese mismo mercado para ayudar a los países con dificultades.

Privar al BCE de ese papel que, aunque de manera limitada, venía desempeñando al comprar bonos en el mercado secundario traía consigo la consecuencia, de indudable trascendencia, de que en el futuro cualquier intervención en ese mercado sólo se podría hacer a través del MEDE y con una adecuada condicionalidad, es decir, con un programa de ajuste, que suele imponer fuertes sacrificios y obtener escasos resultados, tal y como ponen de manifiesto las experiencias de los países rescatados. Por el contrario, las intervenciones del BCE no implicaban una condicionalidad estricta y formalizada, sino a lo sumo, como enseguida veremos, compromisos tácitos y recíprocos reflejados en un cruce de cartas.

Fue muy significativo que, a pesar de este programa de posible compra de deuda a propuesta del MEDE, el BCE tuviera que establecer un nuevo programa, en julio de 2012, en este caso con condicionalidad pero sin límite de cuantía, cuyo simple anuncio —de sólo catorce palabras— por parte de Draghi supuso una notable reducción de las tensiones que, especialmente a raíz de la crisis de Bankia, habían venido afectando a nuestra prima de riesgo durante ese año.

En consecuencia, lo que sucedió en julio de 2012 iba a certificar que sólo la intervención del BCE, cuando desempeña el papel de prestamista de última instancia bajo el eufemismo de lograr la «adecuada transmisión de la política monetaria», produce el efecto de aliviar las tensiones de deuda y de ahuyentar a los especuladores.

Lo cierto es que en aquel momento, para Jean-Claude Trichet, transferir al MEDE la responsabilidad de intervenir en el mercado secundario suponía una auténtica liberación.

Éste fue el compromiso que se reveló imprescindible para articular el nuevo plan de ayuda a Grecia. Una Grecia en situación extrema, tanto financiera como socialmente, a la que se le otorgaba un nuevo programa junto con el FMI y la contribución voluntaria del sector privado, por un monto de 109.000 millones de euros, con tipos de interés más bajos y plazos de vencimiento ampliados. También se prometía una especie de Plan Marshall cuya concreción, hasta donde he podido constatar, nunca llegó a plasmarse.

El BCE exigió que la participación del sector privado en el nuevo plan de ayuda a Grecia tuviera un carácter «voluntario», para intentar evitar que las agencias de calificación lo consideraran un impago selectivo. Aunque así figuró en los acuerdos, esa voluntariedad era más bien un eufemismo. En paralelo a la cumbre de líderes del Eurogrupo, las autoridades comunitarias negociaban contra reloj un acuerdo con el Instituto Internacional de Finanzas, que representaba a la gran mayoría de los acreedores privados de Grecia. Llamados por Europa, instados al acuerdo, aceptaron aportar en torno a 106.000 millones de euros para el periodo 2011-2019, con un reconocimiento promedio de pérdidas de en torno al 21 por ciento para los tenedores de los bonos griegos.

El camino iniciado en Deauville, en la cumbre entre Merkel y Sarkozy, se había consumado. Trichet no pudo evitarlo, y los miembros del Consejo que nunca apostamos por esta opción, tampoco. Además, Grecia aceptaba el nuevo plan como única opción de supervivencia, y tras haber aprobado a su vez el correspondiente programa de medidas adicionales de ajuste fiscal y de privatizaciones.

Parecía indiscutible el carácter de precedente que podía suponer la quita del sector privado de la deuda griega. Los mercados podían pensar que esta regla se extendería a otros países, lo que constituía un factor más de desconfianza en las deudas soberanas de la zona euro. Y por ello la declaración incluyó un párrafo explícito —que cada uno piense hasta qué punto es concluyente— sobre el carácter «especial de Grecia».

Como hemos visto, de la cumbre salía también la posibilidad de que hubiese ayuda financiera europea para la intervención en el mercado secundario de bonos, a través del FEEF y del MEDE, aunque recordemos, sólo bajo una determinada condicionalidad, a cambio de un programa de ajustes. De este modo, se convalidaba el modelo de las ayudas financieras europeas a los países miembros con un esquema similar al del FMI.

Para mí, esta opción no era coherente con el significado de una unión monetaria en el marco de una unión política. Además, cabía imaginar circunstancias especiales de contagio que afectasen a algún país que estuviese cumpliendo sus deberes y que en un momento dado necesitase una ayuda, vía compra de bonos soberanos, sin que fuese ni útil ni justo que se le impusiera un programa de condicionalidad.

En la reunión de aquel día me opuse hasta el final a que figurase en el texto de la declaración la locución «linked to appropriate conditionality» (con la condicionalidad apropiada), que figura en su apartado 8. Intervine en tres ocasiones para mostrar mi discrepancia, pero fue en vano. Recuerdo las miradas comprensivas, y en cierto modo solidarias, del presidente Van Rompuy, pero Angela Merkel, en tono siempre amable, exigía la condicionalidad por encima de todo. La suerte estaba echada. Un nuevo dilema perverso: si bloqueaba el acuerdo, con aquel clima tan negativo en los mercados, y Europa aparecía sin solución y dividida, las consecuencias podían ser catastróficas.

Acepté el texto resignadamente, pensando que sería muy preocupante que la presión sobre la prima de riesgo volviera por sus fueros y España se viese obligada a pedir ayuda con una intervención en el mercado de bonos. Además, un escenario de grave inquietud era más indeseable, si cabe, para nuestro país, para su plena estabilidad institucional y democrática, ya que tenía decidido anunciar el día 29 de julio elecciones para el día 20 de noviembre.

Me parecía razonable hacer el anuncio en ese momento y llevar el proceso electoral a una fecha que hiciera posible al nuevo Gobierno tomar decisiones sobre el ejercicio presupuestario de 2012. Y, aun con conciencia de los riesgos que podíamos correr en los meses siguientes, así lo hice finalmente.

Y algunos de mis temores se confirmarían al poco tiempo de concluir aquella cumbre.

Pero, para cerrar el relato de lo acontecido en ella, no quiero dejar de referirme a una anécdota de su intrahistoria con cierto valor de categoría. Tiene que ver con las dificultades exasperantes que algunos países, como Finlandia, ponían para no ceder, insaciables en su nivel de exigencia, a las condiciones del préstamo a Grecia. Fueron quizá los momentos más desagradables que viví entre mis colegas europeos. Eran ya las tres de la mañana y no se lograba el acuerdo ¡por 0,25 puntos de interés!, además de reclamarse incesantemente garantías y más garantías a Grecia: «El Partenón, las islas griegas…, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Es eso lo que quieres como garantía?», llegó a exclamar un Papandréu indignado y casi fuera de sí, con gestos nada habituales en un líder que siempre tuve por persona serena y templada, además de muy educada. Pero sí, episodios como ése llegamos a vivir en nuestras reuniones.

La cumbre no convenció. A pesar de todo el esfuerzo declarativo despegado por los líderes aquella noche, las dudas persistían. No estaba claro cómo y cuándo se iban a implementar los acuerdos, y el deteriorado clima en el Consejo trascendía de puertas afuera. Tan poco convenció que en los diez días siguientes de funcionamiento de los mercados la prima de riesgo de Italia se incrementó en ¡143 puntos básicos! Y la de España en ¡113 puntos!, hasta superar el 4 de agosto los 407. Aunque en España o con España no había pasado nada, específicamente, esos días. Es más, la declaración de la reunión de líderes del Eurogrupo incluyó una mención positiva y expresa a nuestro país: «Acogemos con satisfacción las ambiciosas reformas emprendidas por España en el ámbito presupuestario, financiero y estructural».

Y la mejor demostración de que ese nuevo plan para Grecia nacía otra vez con defectos de fabricación fue que la cumbre del Eurogrupo celebrada cuatro meses después, el 23 de octubre de 2011, tuvo que modificarlo con una sustancial ampliación de la quita de la deuda griega de hasta el 50 por ciento, lo que implicaba que el total de la ayuda a Grecia alcanzaría los ¡239.000 millones de euros! La mayor cifra de ayuda a un país en la historia.

LAS CARTAS CON TRICHET. POR FIN EL BCE ACTÚA

Según un hábito parlamentario muy arraigado en nuestro país, después de cada Consejo Europeo o reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, el presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados para informar de su contenido y celebrar el oportuno debate. Para informar de la cumbre del 21 de julio, comparecí el día 27 en el Congreso. Hice una valoración moderadamente positiva de los acuerdos alcanzados, aunque latía en mi ánimo el temor a un nuevo episodio más o menos duradero de agitación en los mercados.

El debate transcurrió por los derroteros habituales: respaldo amplio a las decisiones europeas y crítica al presidente del Gobierno. Quizá el tono de Rajoy fue ligeramente más moderado, no mucho en todo caso, o al menos así me pareció en aquel momento. En esta percepción pudo influir la cena que él y yo habíamos mantenido el 20 de julio, justo el día antes del Consejo, en la que le informé de cómo estaba la situación y de las perspectivas europeas tan difíciles que teníamos por delante. Ese encuentro con quien, tras las elecciones de noviembre, sería el nuevo presidente del Gobierno no había sido el único que mantuvimos ese año 2011, en el marco de una interlocución que se hizo más fluida tras mi renuncia pública, en abril de ese año, a encabezar las listas del PSOE. Así, de mayo a diciembre, además de los contactos telefónicos, me reuní cinco veces con Mariano Rajoy: la primera, tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, que dieron una abultada victoria al Partido Popular; la segunda, con ocasión de la cena que acabo de referir; la tercera, el 1 de noviembre, el día previo al G-20 de Cannes; y las dos últimas, el 23 de noviembre y el 16 de diciembre, para hablar sobre el traspaso de poderes.

Como es natural, la iniciativa de los citados encuentros fue mía. Mi objetivo era informar a Rajoy, con todos los elementos que tenía a mi alcance, sobre la situación financiera, la crisis de la zona euro, el clima en el Consejo Europeo…, pero también le adelanté algunas de las decisiones que ya podría adoptar, tanto en el terreno económico como en el político.

Sin duda, estos encuentros contribuyeron a que la confianza mejorase notablemente entre nosotros. Estimo que Rajoy valoraba mi sinceridad y yo su discreción. Creía que debía mantener, con quien tenía muchas posibilidades de ser presidente del Gobierno, un puente de comunicación abierto y fluido. El interés general lo exigía en momentos tan complicados como los que vivimos, sobre todo a partir del verano. Y pienso que esa confianza mejorada fue clave para poder lograr un acuerdo sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución, que incorporó la llamada «regla de oro fiscal».

Tras el debate del día 27, tenía una cita importante el viernes 29. Ése era el día que había elegido desde hacía semanas para anunciar, con una antelación que me parecía clarificadora, que las elecciones generales serían el 20 de noviembre. Y el día no se había iniciado mal: la EPA relativa al segundo trimestre de 2011, hecha pública aquella mañana, arrojaba un descenso del paro de 76.500 personas, lo que reducía la tasa en 4 décimas, hasta el 20,9 por ciento. La ocupación había registrado en el segundo semestre un incremento de 151.400 personas. Era un cierto alivio, que no iba a durar mucho porque la nueva agudización de la crisis de la deuda soberana estaba ya frenando la incipiente recuperación de la actividad económica.

Tenía muy presente que cientos de miles de personas, de compatriotas, ansiaban una mínima expectativa de recuperación para poder encontrar un empleo y poner horizonte de nuevo en sus vidas. Aunque sabía que cada vez menos cosas dependían de nosotros mismos, el Gobierno era el principal responsable de la situación, hacia quien los ciudadanos podían dirigir legítimamente sus exigencias.

Curiosamente, la prima de riesgo del viernes 29 de julio de 2011, el mismo día que había empezado bien con los datos de empleo, alcanzó los 354 puntos básicos, el mayor diferencial con el bono alemán desde el comienzo de la crisis. Y las expectativas apuntaban mal para el arranque de la primera semana de agosto, con un riesgo cierto de entrar en la franja de los cuatrocientos puntos, en la que los analistas situaban, también hasta entonces, la línea roja de un posible rescate.

Y a mí no me cabía ninguna duda de que, si el rescate se llegaba a producir, su consecuencia más inmediata, visible y dolorosa —entre otras también muy negativas, económicas y políticas— sería la imposición de un paquete de ajuste social que quebraría las defensas de esa cohesión que, con tanto ahínco y creciente dificultad, tratábamos de mantener y que se cifraba aquel año en un porcentaje del 58 por ciento del gasto social respecto del gasto público global. Ése era el trance en que nos podíamos encontrar.

Pero tras la mala acogida de la cumbre de líderes del Eurogrupo del 21 de julio, que —recordemos— sucedía al ya fallido Consejo Europeo de junio, sabíamos que la batalla, ante la escalada de los mercados, sólo se podía librar desde el BCE, la única institución capaz de intervenir en los mercados comprando deuda y, por tanto, reduciendo su inestabilidad, aliviando la prima de riesgo y frenando la deriva hacia el colapso.

Entre tanto, en esos días, Elena Salgado, junto con mi equipo de confianza, trabajaba ya en posibles nuevas medidas, tanto de consolidación fiscal como de reformas por el lado de la oferta. Pero en esta ocasión no habría, pasase lo que pasase, un nuevo y duro ajuste social, otro «12 de mayo». No era ni justo ni políticamente viable con la situación parlamentaria existente en el tramo final de la Legislatura.

El sábado 30 y el domingo 31 de julio fueron de calma tensa. Calma porque los mercados estaban cerrados. Y tensión porque el lunes acabaría llegando y todo apuntaba en la peor dirección.

Y el lunes fue negro, tan negro como el carbón de mi tierra.

Valgan dos titulares: «Batacazo en la bolsa», «La prima de riesgo en 374 puntos básicos, su máximo desde la entrada en el euro». En efecto, el IBEX se desplomó un 3,24 por ciento, la mayor caída desde junio de 2010; Milán cayó un 3,87 por ciento; Fráncfort un 2,86 por ciento; y París un 2,27 por ciento. Sólo había un pequeño y relativo consuelo: la prima italiana empeoraba más rápidamente que la nuestra y se acercaba a nuestro diferencial. Y eso que la rentabilidad del bono español en el mercado secundario se elevaba ya al 6,3 por ciento, frente al 2,5 por ciento del bono alemán. En mi cabeza estaban los diferenciales con los que Grecia, Irlanda y Portugal habían sido rescatados: respectivamente, 595, 521 y 518 puntos.

De poco parecía servir el acuerdo que se había logrado entre republicanos y demócratas para recortar la deuda norteamericana, una cuestión que, mientras estaba pendiente, parecía ser uno de los focos de inestabilidad. Ahora la crisis europea de la deuda mostraba que podía cabalgar sola, y al galope. Y así lo hacía a través de la convulsa red por la que navegan inversores y analistas, y que vuelca en las pantallas de los terminales los movimientos compulsivos, los más negros y excitantes vaticinios, los rumores de catástrofe.

El 1 de agosto viajé a Palma de Mallorca para celebrar el tradicional despacho de verano con el Rey en el Palacio de Marivent. No pude transmitirle ni una buena noticia ni un buen augurio. Dependíamos del BCE. Y ambos sabíamos que era muy difícil que el Banco Central Europeo, concebido en el molde del Bundesbank, interviniera para respaldar la deuda de dos países tan grandes como España e Italia. Que Alemania, y no sólo ella, se iba a mostrar totalmente reticente a esa intervención. Como siempre, el Rey me transmitió un cariñoso apoyo, pero sé que me notó abatido y con temor a que nos llegase el momento del rescate, esa palabra que se había convertido en la más indeseable del debate público.

Y el 2 de agosto las cosas fueron a peor. En la apertura de los mercados, la prima de riesgo superó por primera vez la temida barrera de los cuatrocientos puntos básicos, aunque cerró en 374 con el interés al 6,3 por ciento.

Todas las alarmas se habían encendido y emprendí una movilización de contactos, llamadas y reuniones. Ese día 2 hablé con Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea. Le transmití con tono grave y exigente que ahora sí estaba el euro en juego y que sólo había una respuesta: la intervención del BCE. Durão era consciente de la situación y se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su mano, aunque me advirtió de las dificultades que había en determinados ámbitos para respaldar esa vía.

Ese mismo día también hablé con Rajoy, en dos ocasiones. Y con Duran i Lleida, el portavoz de CiU, y con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Y, por supuesto, con el candidato de mi partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. A todos les transmití mi preocupación por la situación. A todos les expliqué mi batalla por una intervención del BCE, de todos recibí comprensión y apoyo. Y me comprometí a informarles puntualmente, bien directamente o bien a través de Elena Salgado.

Pero serían, sin duda, los cuatro días siguientes, el 3, 4, 5 y 6 de agosto, los más cargados de llamadas, de tensas y agotadoras comunicaciones telefónicas. Como nunca, creo, en todo mi mandato.

El día 3, una vuelta de tuerca más, la prima de riesgo había vuelto a superar los cuatrocientos puntos básicos, aunque de nuevo se moderó al cierre de la sesión hasta los 378 puntos, con una rentabilidad del 6,3 por ciento. También Italia sufría con su prima de riesgo, ya en el entorno de los 390 puntos.

Ese día llamé a Van Rompuy y, de nuevo, a Durão Barroso. A ambos les reclamé su compromiso activo con una intervención del BCE en favor de España y del euro. Conviene recordar que, al día siguiente, el BCE reunía a su órgano de gobierno y Trichet, su presidente, comparecía en la tradicional y tan determinante a veces rueda de prensa mensual. No llamé ese día a ningún líder de los países de la zona euro. Entendía que los máximos responsables de las instituciones europeas, el Consejo y la Comisión, debían ser quienes tomaran las medidas de persuasión oportunas.

Hablé nuevamente con Rajoy y con los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios: Ana Oramas, Joan Ridao, Gaspar Llamazares, Francisco Jorquera, Carlos Salvador, Rosa Díez y Uxue Barkos. También con los líderes de UGT y CC.OO. Además de con compañeros del Gobierno y con los miembros de mi equipo que tomaban la temperatura de los principales gobiernos de la zona euro en Alemania, Francia e Italia.

Entre llamada y llamada vi el titular de un medio en su edición digital: «España, al borde del abismo».

Por la tarde celebré una reunión a la que convoqué a la vicepresidenta económica, al portavoz del Gobierno, al ministro de la Presidencia, al director del Gabinete y al de la Oficina Económica. La reunión tenía tres objetivos: primero, transmitir a la opinión pública que el Gobierno estaba al frente en una situación muy difícil; segundo, avanzar en la concreción de las nuevas medidas de consolidación fiscal que veníamos perfilando; y, tercero, intercambiar información sobre los datos que teníamos sobre la mesa de operaciones.

Mi preocupación esencial era la financiación del Tesoro. Al día siguiente se celebraba una subasta y aunque habíamos desarrollado una estrategia de captación de los máximos recursos en los primeros meses del año, con los mercados más relajados, aún teníamos por delante la necesidad de emitir deuda por valor de varios miles de millones para poder sufragar los gastos del Estado, es decir, el desempleo, la educación, la sanidad, los salarios de los empleados públicos… Y es que nada puede llegar a inquietar más a un Gobierno que atisbar la imposibilidad de sufragar las obligaciones de gasto. Además, teníamos asumido el compromiso con nosotros mismos, por ser un deber con el país, de dejar una caja suficiente al nuevo Ejecutivo.

La vicepresidenta me transmitía datos tranquilizadores al respecto. Y debo hacer aquí un reconocimiento a la profesionalidad y dedicación del Tesoro de España, que tenía al frente a Soledad Núñez.

Tras la reunión, la vicepresidenta compareció ante los medios de comunicación para dar un mensaje de tranquilidad.

Fue un día intenso, intensísimo. El Palacio de la Moncloa me pareció más grande que nunca, y cuando tarde, por la noche, me quedé solo, sentí por momentos que podía perder la batalla. Pero ¿había alguna manera de que no la perdiera el país?

4 de agosto. Todos estábamos esperando a Trichet. Sólo el BCE podía evitar el colapso, pero para ello debía actuar de un modo parecido a como lo hacían, cuando era necesario, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra o el Banco Central de Japón. Debía actuar, al menos por esta vez, como prestamista de última instancia.

Porque, si España e Italia se vieran abocadas a pedir un rescate, ¿sobreviviría el euro?, ¿y la propia UE? ¿O es que acaso era concebible acopiar un volumen suficiente de ayuda para esos dos países?

Éstas eran las preguntas que nos hacíamos aquellos días de manera recurrente, tratando de buscar respuestas no sólo a nuestro favor, sino también al de la Unión Monetaria: España e Italia son demasiado grandes para caer. Sin embargo, la información que nos llegaba a través del gobernador del Banco de España era la de que las cosas en el Consejo de Gobierno del BCE, integrado por los seis miembros del Comité Ejecutivo más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los diecisiete países de la eurozona, no estaban nada fáciles. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nuestro gobernador, era muy celoso de su independencia, pero no tenía más remedio que atender los requerimientos que le hacíamos desde el Gobierno. Con él y a través de él fraguaríamos el compromiso del intercambio de cartas al que enseguida me referiré.

La reunión del BCE del día 4 supuso, de hecho, un inmenso jarro de agua fría. No sabíamos cómo se desarrollaba, las expectativas se concentraban en la comparecencia que ante la prensa debería hacer Trichet. La jornada se había iniciado con cierta calma, la prima estaba en 370 puntos básicos. Algún medio de comunicación afirmaba: «El futuro del mundo depende hoy de un solo hombre: Jean-Claude Trichet». Y la decepción se produjo, aunque no al principio de su intervención, sino al poco de concluir ésta. En efecto, tras varias preguntas sobre el programa de compra de bonos, Trichet comentó: «No me sorprendería que ustedes vieran algo en los mercados antes de que se termine esta conferencia», lo que provocó un inmediato descenso de la prima de riesgo de España (de 385 a 370 puntos básicos) y que el IBEX, al igual que los demás índices bursátiles europeos, volviera al color verde; pero Reuters informaba pocos minutos después de que el BCE estaba comprando sólo deuda de Irlanda y Portugal, y todo cambió. En aproximadamente cincuenta minutos, la prima de riesgo española volvía a superar los cuatrocientos puntos para cerrar en 398, y la de Italia llegó a su máximo de la era del euro al alcanzar los 389 puntos básicos. Las bolsas se desplomaban: Madrid caía un 3,9 por ciento, París otro 3,9, Londres un 3,4, Milán y Lisboa un 3,2, y Nueva York se dejó un 3 por ciento.

Desolación. Y era jueves. El lunes podía ser el lunes definitivo, y Trichet ya había hablado… Sólo teníamos por delante la tarde del jueves y el fin de semana para intentar alguna acción a la desesperada.

El viernes 5, la prima española arrancó en 421 puntos básicos y la italiana en 417. Sin embargo, a lo largo del día ambas descendieron y la nuestra cerró en 369. La razón de este movimiento fue el rumor de que el BCE estaba comprando deuda de España y de Italia.

Y, como ya hemos visto en otros episodios iniciales de esta crisis, así se juega a veces el futuro de un país, con un rumor o con una frase afortunada o desafortunada del presidente del Banco Central Europeo. Parece difícil de asimilar, pero es así. Aunque en realidad esto ocurre en todos los campos de la vida, en los que nos gustaría que las cosas fueran más previsibles, es más duro de aceptar cuando el destino inmediato de todo un país puede verse condicionado por factores tan azarosos.

Con todo, ese día 5 arrojó un dato que iba a ser de gran relevancia para la situación de España. Por primera vez durante la crisis, la prima de riesgo de Italia en relación con el bono alemán superó a la de España, ya que cerró en 374 puntos.

Pero lo más decisivo de aquel día no ocurrió en los mercados. Lo relevante fueron las conversaciones telefónicas que se sucedieron sin parar en todos los centros europeos de decisión.

Por mi parte, hablé aquel día con dos líderes europeos, Berlusconi y Sarkozy. Con Berlusconi, para aunar esfuerzos de persuasión en todos los frentes de cara a una reconsideración de la posición del BCE. Como normalmente ocurría con el singular líder italiano, estuvo muy receptivo y no fue difícil coincidir en los planteamientos. El diálogo con Sarkozy era más decisivo. Era el presidente de Francia, el segundo país en peso económico de la zona euro, uno de los dos pilares del eje franco-alemán y, por tanto, el que mayor influencia podía ejercer sobre Alemania. La conversación fue densa. Apelé a su europeísmo, al papel de Francia en Europa, a la injusticia que suponía para España vernos abocados a un rescate después de los esfuerzos que estábamos haciendo. Le pedí que hablara con Alemania. Sarkozy fue comprensivo y solidario, y me aseguró que se estaba empleando a fondo para que se adoptaran decisiones contundentes. Y siempre tuve la certeza de que sus actos se correspondían con sus palabras.

Decidí no llamar a Merkel. Me pareció lo más prudente. Ella no iba a poder darme la razón. Ni podría hacerme ningún gesto. Sabía cuál era el pensamiento dominante en Alemania. Sabía, sabíamos todos, que su banco central, el Bundesbank, se oponía a cualquier programa de compra de bonos.

La conversación determinante, sin duda, fue la que mantuve aquel día con el mismo Trichet. Sabía desde primera hora de la mañana que se iba a producir. Trichet hablaba con el gobernador del Banco de España y el gobernador con nosotros. Trichet quería ayudar, su declaración del día 4 no había salido bien, seguramente porque el clima en el Consejo de Gobierno del Banco no era propicio para hacer movimientos significativos… Necesitaba algo, un argumento, un compromiso que pudiera esgrimir, una acción, alguna decisión por parte de mi Gobierno para poder intervenir. De él surgió la idea de una carta o de las cartas. Pero teníamos que hablar. Teníamos que decirnos las cosas directamente, sin intermediarios. Cada uno en su papel, pero ambos sabiendo lo que verdaderamente estaba en juego.

Cuando me avisaron de que estaba en línea, pensé que iba a tener la conversación política más importante de toda la crisis. «Señor primer ministro…», escuché al otro lado. Ése fue el tono en que se dirigió a mí en toda la conversación. «Señor presidente del Banco Central», le contesté. El diálogo fue en todo momento correcto, pero con la distancia que imprime encarnar la independencia del Banco Central. Y a esa distancia institucional me atuve.

Trichet me expuso lo grave que era la situación y apeló a la responsabilidad del Gobierno de España. Que eran necesarias medidas y que los mercados las esperaban. Su lenguaje fue bastante críptico y lleno de elipsis. Ni una palabra podía ser interpretada fuera de ese carácter de independencia que acompañaba a su cargo. Le aclaré que España no iba a pedir ayuda, ya que él me había planteado de forma indirecta esa posibilidad. Y le expliqué todas las medidas que estábamos tomando y las nuevas que teníamos previstas sobre la consolidación fiscal y el mercado laboral. Entramos en detalle sobre algunas de ellas. En particular, sobre el escenario de los acuerdos en torno a la evolución salarial del sector privado. Le dije que estaba convencido de que el pacto de rentas entre sindicatos y empresarios se mantendría con el criterio de vincular salarios a productividad. Éste era un tema capital para Trichet, y de forma somera me hizo referencia a la negociación colectiva, a la posibilidad de un contrato de trabajo «excepcional» y me confirmó que me remitiría una carta con todas estas consideraciones.

La conversación estuvo llena de sobreentendidos. Pienso que él tenía una idea aproximada de lo que yo podía estar dispuesto a hacer, que había límites. Tan sobreentendida era la conversación que no le pedí directamente la compra de bonos españoles. No hizo falta en ese momento. Y acepté, lógicamente, el cruce de cartas. Cartas que no estaban marcadas, pero que podían suponer de facto un acuerdo, un compromiso.

Acuerdo y compromiso nada menos que para abrir la intervención del BCE en el mercado secundario de bonos y conjurar el riesgo del colapso.

Recibí la carta ese mismo día 5. La leí, la leímos, mis colaboradores y Elena Salgado, varias veces. Había cosas que teníamos preparadas; otras estábamos dispuestos a hacerlas. La carta incluía también medidas excepcionales para adoptar en el mercado de trabajo que yo no estaba dispuesto a asumir.

Nuestra contestación fue enviada el día 6, después de medir al máximo su contenido y de sopesar especialmente el último párrafo, en el que de forma expresa pedía que el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en volumen suficiente para estabilizar los mercados y asegurar el «mecanismo de transmisión de la política monetaria». Me pareció que debía hacer esa petición expresa y que constara. El BCE debe ser independiente, pero no puede ser indiferente. Y un Gobierno sobre el que al final pesa la responsabilidad última de un país, aún más dentro de los límites de una unión monetaria, debe agotar todas las posibilidades a su alcance. No sé si esto contraviene las reglas de independencia de los bancos centrales. Pero no tengo duda de que no contraviene las reglas del sentido común y de la responsabilidad democrática, la de mi Gobierno en este caso.

He decidido hacer públicas las cartas, incluyendo a continuación los textos literales, porque considero que tienen un alto valor. Ahora, pasado ya un tiempo prudencial y después de que los principales actores hayamos dejado nuestras responsabilidades, hacerlo no entraña, en mi opinión, ningún riesgo institucional y puede contribuir al conocimiento y análisis exhaustivos de este proceso de la crisis de la deuda soberana en la zona euro, tan imprevisible en su desarrollo, tan difícil de manejar casi siempre, y tan dramático en sus consecuencias muchas veces.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA[1]

STRICTLY CONFIDENTIAL

Mr José Luis Rodríguez Zapatero

Prime Minister

Presidente del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa

Avenida de Puerta de Hierro, s/n

28071 Madrid

España

Frankfurt/Madrid, 5 August 2011

Dear Prime Minister,

The Governing Council of the European Central Bank discussed on 4 August 2011 the situation in Spain’s government bond markets. The Governing Council considers that for Spain pressing action by the Spanish authorities is essential to restore the credibility of the sovereign’s signature in capital markets.

We recall that the Euro area Heads of State or Government summit of 21 July 2011 concluded that «all euro countries solemnly reaffirm their inflexible determination to honour fully their own individual sovereign signature and all their commitments to sustainable fiscal conditions and structural reforms». The Governing Council considers that Spain needs to urgently underpin the standing of its sovereign signature and its commitment to fiscal sustainability and structural reforms with credible evidence.

At the current juncture, we consider the following measures to be essential:

1. We see a need for further significant measures to improve the functioning of the labour market with a view to making clear progress towards reducing the very high rate of unemployment.

a) The wage-bargaining reform bill adopted by the Spanish government on 10 June 2011 should more effectively strengthen the role of firm-level agreements, with a view to ensuring an effective decentralisation of wage negotiations. During the forthcoming parliamentary process, the law should be amended in order to reduce the possibility for industry-level agreements (at national or regional level) to limit the applicability of firm-level agreements.

b) Furthermore, we remain very concerned that the government has not taken any measures to abolish inflation-adjustment clauses. Such clauses are not an appropriate feature for labour markets inside a Monetary Union as they are a structural obstacle to the adjustment of labour costs and thereby contribute to hampering competitiveness and growth. We encourage the government to take bold and exceptional steps to exclude the use of such clauses in view of the current crisis.

c) The government should also take exceptional action to encourage private sector wage moderation, following the significant cuts in public wages agreed last year. We invite the government to explore all possible avenues to this end.

d) We also suggest reviewing other labour market regulations at short notice, with a view to speeding up the reintegration on unemployed into the labour market. We see strong benefits in introducing an exceptional new labour contract with only very low severance payments, to be applied for a limited period of time. In addition, we suggest eliminating all restrictions for the roll-over of temporary contracts for a certain period of time.

In view of the severity of the financial market situation, we regard as crucial that action in the above fields be taken as soon as possible, but at the latest by end-August.

2. The government also needs to take bold measures to ensuring the sustainability of public finances.

a) The government should clearly demonstrate with actions its unconditional commitment to meetings its fiscal policy targets independent of the economic situation. To this end, we urge the government to announce already in August additional structural fiscal consolidation measures for the remainer of 2011 of above 0,5% of GDP as a minimum with a view to convincing the markets that the 6% deficit target for 2011 will be reached under all circumstances. At the same time, strict implementation of the national fiscal rules to ensure control of regional and local government budgets (including the authorisation of regional government debt issuance) must continue and additional adjustments to regional and local government consolidation plans implemented swiftly when needed.

b) The recent publication of quarterly data on the budget execution of regional governments is an important step forward in terms of transparency; but it does not go far enough. The government should publish in the short term national accounts for each government sub-sector in conjunction with the publication of quarterly government finance statistics. In addition, in the medium-term, the government should encourage the publication of monthly national accounts data for other government sub-sectors with the same detail and timeliness as for central government.

c) The introduction of a new spending rule (limiting spending increases in normal times to the trend growth rate of GDP, unless financed by changes to tax legislation) is welcome. It is key that this rule applies in the future to all government sub-sectors.

3. Finally, we encourage the government to undertake further product market reforms. Several elements should be addressed here:

(i) Increasing competition in the energy sector, so that prices better reflect the cost of energy, as well as taking measures to reduce the high energy dependence of the Spanish economy;

(ii) Promoting the rental market for housing, by improving the regulation of contracts; and

(iii) Increasing competition in the services sector, by specifically addressing the regulation of professional services.

Overall, we trust that the Spanish government is aware of its very high responsibility for the smooth functioning of the euro area at the current juncture and will decisively undertake all necessary measures to regain market confidence in the sustainability of its policies again. Such actions, together with all measures underway to restructure and recapitalise the Spanish banking sector, should lead to high benefits not only for the Spanish economy but also for the euro area as a whole.

With best regards,

JEAN-CLAUDE TRICHET       MIGUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Cc Finance Minister Elena Salgado

CARTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

AL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

Mr. Jean-Claude Trichet

Presidente del Banco Central Europeo

Fráncfort

Alemania

Madrid, 6 de agosto de 2011

Estimado presidente:

En respuesta a su carta del 5 de agosto, quisiera informarle de que el Gobierno de España ha estado trabajando sobre una serie de medidas en línea con las propuestas contenidas en dicha carta, algunas de las cuales ya han sido implementadas. Además, tal como anuncié el pasado 29 de julio, en agosto tendrán lugar dos Consejos de Ministros extraordinarios para aprobar un conjunto de medidas adicionales.

En concreto, el Gobierno anunciará nuevas medidas de consolidación fiscal que supondrán una reducción adicional en el déficit presupuestario de más del 0,5 por ciento del PIB en 2011, con el objeto de asegurar que no se exceda el objetivo de déficit presupuestario del 6 por ciento del PIB a finales del presente año y reforzar nuestra consolidación fiscal más allá de 2011. Las medidas específicas incluyen: una reducción anual en el gasto farmacéutico de 2.400 millones de euros (600M€ ya en 2011) con la mayor parte de este ahorro repercutiendo en las cuentas de los gobiernos regionales; ingresos adicionales provenientes de mayores retenciones y mejoras en la gestión del impuesto de sociedades alcanzando los 2.500 millones de euros en 2011; e ingresos adicionales resultantes de la subasta de una parte del espectro radioeléctrico que suponen 2.000 millones de euros. Además, los gobiernos regionales se han comprometido a mejorar la transparencia en su información fiscal. Nos hemos marcado como objetivo proporcionar información trimestral sobre la ejecución presupuestaria para todas las regiones, en términos de contabilidad nacional, empezando en el tercer trimestre de 2011.

En lo que respecta a medidas estructurales para el mercado laboral, la reforma de la negociación colectiva aprobada recientemente aumenta la flexibilidad empresarial, reforzando la prevalencia de los acuerdos dentro de las empresas tanto en salarios, distribución de horarios como en categorías profesionales. Este real decreto ley está siendo tramitado en el Parlamento, y el Gobierno tiene la intención de apoyar todas aquellas enmiendas que mejoren esta flexibilidad y generalicen la prevalencia de los acuerdos de negociación colectiva dentro de las empresas. El Gobierno tiene, además, la intención de aprobar en los Consejos de Ministros extraordinarios anteriormente mencionados varios cambios regulatorios en la normativa laboral, mejorando la flexibilidad en la contratación para incrementar así la creación de empleo.

En relación con los acuerdos de salarios, y además de la flexibilidad dentro de las empresas introducida en la regulación ya aprobada, es importante resaltar que el año pasado los agentes sociales acordaron por primera vez que la evolución salarial no estaría vinculada anualmente a la evolución de la inflación en los próximos tres años. El Gobierno está decidido a seguir ese camino promoviendo acuerdos futuros entre los agentes sociales en los que se vincule explícitamente la evolución de los salarios con la productividad, de acuerdo con los objetivos mencionados en su carta. El Gobierno también tiene el firme compromiso de mejorar el ajuste entre los precios y los costes de producción en los mercados energéticos. En concreto, la reducción del déficit del sistema eléctrico es una prioridad, habiéndose incrementado la tarifa eléctrica en más del 11 por ciento desde comienzos de año.

El incremento de las tensiones en los mercados financieros en las semanas recientes supone un riesgo muy grave para la Unión Monetaria, en particular para aquellas economías —la española entre ellas— más afectadas por dichas tensiones. Las medidas arriba referidas reafirmarán el compromiso del Gobierno de España con la consolidación fiscal y las reformas estructurales generadoras de crecimiento económico y contribuirán a la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. Sin embargo, la respuesta a la situación actual requiere una acción decidida de todas las autoridades en materia de política económica en el ámbito europeo. Junto con las medidas de ámbito nacional, la implementación urgente de las decisiones adoptadas por los jefes de Estado y Gobierno de la eurozona el pasado 21 de julio debe ser una prioridad.

Sin embargo, es imposible que tales reformas estén plenamente operativas en el corto plazo para corregir las disfunciones que se están produciendo en este momento en los mercados financieros. El Gobierno de España considera que el Banco Central Europeo puede desempeñar un papel crucial en la reducción de las tensiones a través de la compra de deuda pública española en volumen suficiente para estabilizar los mercados y asegurar el funcionamiento correcto del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Tales acciones deben mantener su impacto hasta que las medidas formuladas el pasado 21 de julio por los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, relativas a la posibilidad de intervenir sobre los mercados secundarios a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, en sus siglas en inglés), estén plenamente operativas. Confío en que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo contribuirá, con la adopción de esta medida, a responder a las circunstancias excepcionales que amenazan a la zona euro.

La vicepresidenta Salgado y yo estamos a su disposición para dar más información sobre las medidas indicadas anteriormente.

Atentamente,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El sábado 6 y el domingo 7 estuve más tranquilo. Ya empezaba a confiar en que el BCE interviniera. Aunque ni Trichet ni nadie me lo anunció. Pero ésas eran las reglas.

El domingo 7, el Consejo de Gobierno del Banco discutió por teleconferencia la situación y anunció en una declaración que estaba listo para implementar su programa de compra de bonos, el SMP (Securities Markets Programme).

El lunes 8, la agencia Reuters informó de que el BCE estaba comprando bonos españoles e italianos. El mercado cerró ese día con la prima de riesgo en 285 puntos básicos, desde los 369 con los que había abierto. Agosto había comenzado con varios días, el 3, el 4 y el 5, en los que la prima de riesgo de España había superado en algunos momentos los cuatrocientos puntos. El mes de agosto cerraría en 283. Esto refleja la importancia de un banco central cuando actúa como prestamista de última instancia. Lo saben los norteamericanos, los británicos, los japoneses. Lo deberíamos saber en igual medida los europeos…, pero eso será en el futuro, espero.

Sí, Trichet estuvo a la altura en aquel trance. Deseo dejar constancia en estas líneas de su decisivo papel.

Durante unos días estuve con mi familia pensando que podríamos tener algunos momentos más tranquilos. Pero pronto surgió de nuevo la inquietud, esta vez a partir de los indicadores de la economía real. Las vicisitudes sobre el acuerdo para reducir la deuda en Estados Unidos y el recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, entre otros factores menos fácilmente identificables, parecían estar volviendo rápidamente a enfriar las economías de los países desarrollados. En nuestro caso, a partir de mediados de agosto comenzamos a percibir que se podía estar produciendo ese frenazo, algo que pronto se confirmaría. La desconfianza y el temor sobre el futuro, la huella que dejaba la elevación de las primas de riesgo en forma de contracción del crédito, estaban inhibiendo la actividad como antesala de la vuelta a la recesión y al nuevo empeoramiento del paro.

Ese punto de inflexión que se producía en el verano de 2011 frustraba las expectativas de crecimiento de la zona euro y, como había ocurrido en ocasiones anteriores, acabó echando por tierra las previsiones de los organismos internacionales y de la propia UE para el conjunto del año. Qué razón tenía Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando me dijo en una reunión en la Moncloa: «Las crisis financieras son las más endiabladas; yo he vivido muchas, y siempre vuelven, lleva años superarlas».

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Los compromisos que habíamos asumido en la carta a Trichet tenían que cumplirse. Y más allá de que la llave para la contención de la presión de los mercados estaba en el BCE, era imprescindible aprobar las nuevas medidas e infundir la mayor confianza posible con el acuerdo de los agentes sociales sobre la moderación salarial.

Por ello, el 19 de agosto el Gobierno aprobó un decreto ley de medidas fiscales que contenía la reducción del gasto farmacéutico y otras decisiones en el ámbito sanitario, con un ahorro estimado de 2.400 millones de euros —600 ya para 2011— y un aumento de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades para las grandes empresas que suponía unos ingresos adicionales de 2.500 millones de euros para 2011. Con estas medidas, junto a la subasta del espectro radioeléctrico por valor de 2.000 millones de euros, pensábamos disponer de recursos adicionales, por un importe de en torno al 0,5 por ciento del PIB, para apuntalar la consolidación fiscal.

El 23 de agosto defendí personalmente en el Congreso la convalidación del decreto ley. Aproveché la comparecencia para explicar, hasta donde me era posible, la situación vivida aquellas semanas en la zona euro. Así lo habíamos hablado con los Grupos Parlamentarios, a los que veníamos informando, como he dicho antes, tanto de la situación derivada de los mercados como del alcance de las medidas proyectadas. Y he de decir que el conjunto de los grupos mostró una actitud razonable y constructiva. La gravedad de lo que había ocurrido en los primeros días de agosto y el esfuerzo de comunicación mantenido con ellos contribuyeron a la contención en sus declaraciones, así como al compromiso de la mayoría, incluido el PP, de que no votarían en contra. Por tanto, esta vez no hubo que hacer negociaciones agónicas como en otros momentos también decisivos de la Legislatura.

En mi intervención, además de realizar un análisis de la evolución de los mercados de deuda en la zona euro y sus consecuencias, anuncié que el siguiente viernes 26 aprobaríamos otro decreto ley con medidas en el ámbito laboral, que estaban implícitas en la carta que remití el 6 de agosto al presidente del Banco Central Europeo. Y, de igual manera, informé de una carta que, con fecha 18 de agosto, me habían enviado los secretarios generales de UGT y CC.OO., en la que se afirmaba: «Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento como el establecido en el actual Acuerdo para el Empleo y la negociación colectiva con una extensión a un periodo temporal más amplio».

Ese compromiso era el que le había trasladado a Trichet en la tantas veces citada carta del 6 de agosto. Suponía que el principio recogido en dicho acuerdo, de vincular la evolución salarial a la productividad, se podría mantener para los años siguientes, y este escenario tenía una gran relevancia para el BCE. El que hubiera en nuestro país, al menos en determinados ámbitos particularmente sensibles, un compromiso compartido, como el que expresaban en este caso los sindicatos, sobre los esfuerzos para salir de la crisis, era un importante factor de confianza externa. Deseo, por ello, dejar constancia de que UGT y CC.OO. aportaron su parte de responsabilidad en aquellas duras semanas y de cara al futuro, algo que, creo, no se ha ponderado ni reconocido lo suficiente.

En aquella sesión parlamentaria omití cualquier referencia al diálogo telefónico y epistolar mantenido con Jean-Claude Trichet. Rajoy me preguntó: «¿Podría informar el presidente del Gobierno de si ha recibido alguna carta de esta institución [BCE] en las últimas fechas coincidiendo con la compra de deuda española?». Pero no podía informar, porque el BCE insistió en su carácter reservado, ya que su divulgación podría tener un impacto negativo en los mercados. Por ello, no contesté, ni negué, ni confirmé. No tenía otra opción.

Pero el gran tema de aquel debate parlamentario y de las semanas posteriores no iba a ser ni el decreto ley ni las cartas…

En la segunda parte de mi intervención lancé la propuesta de incorporar a la Constitución la conocida como «regla de oro fiscal», para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, y vinculando a todas las Administraciones públicas. Era una propuesta de reforma de la Constitución en un tema de enjundia y al final de la Legislatura. La iniciativa pilló por sorpresa a muchos, pero no a todos.

Además de a mis directos colaboradores en el Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano, Javier Vallés y José Miguel Vidal, y en Economía a Elena Salgado y José Manuel Campa, a quienes, a unos y a otros, había puesto ya a trabajar en ello, la idea se la había trasladado, tal y como expliqué en la Cámara, al candidato de mi partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al líder de la oposición, Mariano Rajoy.

En efecto, el 17 de agosto había llamado a Rajoy para plantearle abiertamente la posible propuesta. Su primera reacción fue receptiva y me pidió unos días para dar su respuesta. Y el 22 de agosto, un día antes del debate, me confirmó que estaba dispuesto a apoyarla. Pero que habría que sentarse a negociar el contenido. Un contenido que, ya le había comentado, estaría en principio inspirado en la Constitución alemana, que era el referente en esta materia.

La propuesta no entusiasmó a las filas socialistas y Rubalcaba, con el apoyo de quien sería su vicesecretaria general, Elena Valenciano, que desempeñó un destacado papel, tuvo que emplearse a fondo para materializar el acuerdo y llevar a la Constitución la mentada «regla de oro fiscal». Ellos contribuyeron, a través de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista José Antonio Alonso, Txiki Benegas y Francisco Fernández Marugán, designados para perfilar el acuerdo con los representantes del PP, a desarrollar y flexibilizar un texto inicial de trabajo que, como he dicho, tenía su mayor fuente de influencia inicial en la reforma alemana. El texto pactado entre los dos grandes partidos se convirtió en una proposición de reforma presentada conjuntamente, junto a la que se hizo público un Acuerdo Político sobre la Ley Orgánica de Desarrollo del Artículo 135 de la Constitución Española, una vez que se decidió en esa negociación llevar a dicha norma de desarrollo la fijación de los límites concretos de la estabilidad.

No descenderé a los detalles al respecto, pero soy muy consciente de que la citada reforma fue una de las decisiones de mi mandato menos respaldadas y comprendidas por mi partido. Y aún hoy perdura esa opinión crítica en no pocos compañeros y en otros sectores de la izquierda. Esta oposición a la recepción en la Constitución de la Regla de la Estabilidad Presupuestaria se fundamenta, dicho en pocas palabras, en la idea de que constitucionalizar una política fiscal de estabilidad supone una restricción al juego legítimo de alternativas políticas que una Constitución democrática garantiza. Una restricción que afectaría en mayor medida a las políticas más proclives a instrumentar prestaciones sociales a través del gasto público.

Además, como la reforma habría de tramitarse de forma urgente, dado que estábamos al final de la Legislatura, existía la posibilidad de que se objetara que este procedimiento fuera poco conforme con los requerimientos de una modificación de la Constitución. Aunque la reforma se ceñía a un solo artículo, parecía aconsejable un trámite pausado en el que tuvieran suficiente cabida la deliberación pública y el debate parlamentario sosegado. Por si fuera poco, la reforma se iba a articular a través del artículo 167 de la Constitución, por no afectar a materias especialmente protegidas por la Carta Magna, lo que permitía culminarla sin la necesidad de un referéndum, salvo que lo pidiese, conforme prescribe el texto constitucional español, un 10 por ciento de los diputados y senadores, cifra difícil de alcanzar en la composición parlamentaria de ese momento sin el respaldo del PSOE y del PP. De hecho, aunque hubo una petición formal de referéndum, no superó ese umbral del 10 por ciento.

Así que no puede sorprender que desde distintos sectores políticos y desde el ámbito académico, especialmente, se formularan críticas a la forma en que se hizo la reforma, a su urgencia, además de a su contenido. Creo, pues, que debo exponer las razones, razones y convicciones, que me llevaron a impulsarla.

La primera afirmación que deseo hacer es que en ningún caso la reforma fue el fruto de una imposición, ni siquiera de una sugerencia, de autoridad europea alguna. Se ha especulado sobre la posibilidad de que hubiera sido una exigencia del BCE, incluida en la carta del día 5, desvelada en este libro. Ni en la carta ni en ninguna otra comunicación escrita o verbal se planteó al Gobierno de España que reformásemos la Constitución para incorporar la «regla de oro fiscal».

Fue una decisión autónoma, adoptada por razones de fondo y con la motivación política inmediata de asegurar nuestra autonomía, nuestra capacidad soberana. Con la reforma buscaba fortalecer el compromiso de nuestro país con la estabilidad presupuestaria, pieza angular del euro desde su fundación, y, con ello, la confianza en nuestra solvencia en el medio y largo plazo, pero con efectos que podían ser inmediatos para los actuales bonistas y tenedores de nuestra deuda. Buscaba preservar el acceso a la financiación externa, entonces y en el futuro, afianzando el control de la deuda y la devolución de los préstamos con el máximo rango normativo interno, el constitucional. Buscaba reforzar el apoyo de nuestros socios y de las instituciones europeas, así como dar respuesta a las expectativas de los inversores.

Habíamos estado al borde del colapso, evitado por el BCE a través del acuerdo epistolar del 5 y 6 de agosto. Pero el campo estaba lleno de minas. La recesión económica volvía, Grecia seguía siendo un volcán, Italia tenía serios problemas políticos y, lo peor de todo, la zona euro daba muestras de clara fatiga, de impotencia. En las manos del Gobierno quedaban pocas iniciativas posibles para generar más confianza en el compromiso de nuestro país con su solvencia económica. Como expliqué al narrar la crisis de los primeros días de agosto, no estaba dispuesto a recortar derechos laborales sustanciales ni a adoptar nuevas medidas duras de ajuste social, que me parecían dudosamente eficaces, cuando no ya contraproducentes, para resolver el nuevo coletazo de la crisis que teníamos encima. Además de injustas y políticamente inviables al final de la Legislatura.

Pensé que la constitucionalización de la «regla de oro fiscal» podía ser un arma eficaz para evitar o el rescate o una crisis política que limitase nuestra democracia, que tenía una cita con las urnas pocos meses después. Además, creí que un gran acuerdo entre los dos grandes partidos del país, en un tema tan trascendental y en una coyuntura tan delicada, podía sumar credibilidad para España.

Así pues, en el momento en que se adoptaba era una propuesta que trataba de preservar nuestra autonomía y nuestro normal funcionamiento democráticos. Y pienso sinceramente que contribuyó a fortalecer nuestra posición. Una posición todavía difícil, sin duda, pero que con la prima de riesgo de Italia por encima de la nuestra a partir del 5 de agosto era ya algo menos vulnerable. Y así se hizo claramente patente en la Cumbre del G-20 de Cannes, antesala del Gobierno técnico de Italia, a la que me refiero detalladamente en el capítulo siguiente.

Pero no quiero dejar de fijar mi posición sobre la cuestión de fondo, sobre la «regla de oro fiscal», sobre el principio de estabilidad presupuestaria. Tal y como lo hemos consagrado, implica asumir como exigencia interna —que habrá de comprometer la acción de todas las Administraciones— cumplir con los límites de déficit estructural y de deuda que establezcan las instituciones europeas o, en su caso, los más rigurosos que prevea la Ley Orgánica de Estabilidad vigente en cada momento (en el acuerdo político que acompañó a la reforma —recordemos— había un límite de déficit estructural de un 0,4 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones). Límites que serán constitucionalmente vinculantes a partir de 2020, previéndose, no obstante, la posibilidad de superarlos «en circunstancias extraordinarias, de recesión económica o catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinarias que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Éste es el núcleo del nuevo artículo 135.

En mi opinión, la estabilidad presupuestaria es, ante todo, o con carácter general, una buena pauta económica, una pauta necesaria y, como tal, indesligable de la sostenibilidad del Estado social o de bienestar.

Formulado el principio de manera elemental, cabría decir que ahorrar cuando la economía crece es lo que permite mantener políticas sociales en las fases negativas del ciclo. Mi experiencia al frente del Gobierno ha sido clara: sin déficit, hicimos avances en políticas sociales. Y si durante 2008, 2009, 2010 y 2011 mantuvimos en gran medida las políticas sociales, incurriendo, eso sí, en un alto déficit que nos originó serios problemas, fue en parte debido a que veníamos de unos ejercicios previos en los que se había registrado superávit en las cuentas públicas, así como una reducción de la deuda pública de cerca de diez puntos, que situó a ésta, antes de que la crisis comenzara, en el 36 por ciento del PIB, una cifra ciertamente baja.

Pensemos en un ejemplo concreto, en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ese fondo se ha nutrido de los superávits generados en los años buenos de nuestra economía. Cuando salimos del Gobierno, alcanzaba una cifra de 70.000 millones de euros. Ese fondo ha permitido que, ante la caída de ingresos de la Seguridad Social y el consecuente déficit de ésta en 2012 y 2013, se haya podido hacer frente al pago de las pensiones.

El hecho de que el principio de estabilidad hunda sus raíces en nichos ideológicos alejados de la socialdemocracia no lo invalida para ésta, del mismo modo que nadie discute que el Estado de bienestar, o al menos muchas de sus conquistas, tienen una fuerte paternidad socialdemócrata y eso no ha impedido a los partidos de centro-derecha ir incorporando, con más o menos convicción, su defensa.

En mi opinión, el mayor o menor esfuerzo en políticas sociales y de redistribución no se ventila, ni se debe ventilar, salvo en circunstancias extraordinarias —y la reforma, como hemos visto, se refiere a ellas—, en el terreno del déficit y de la deuda pública, sino en el de la política de ingresos y de gastos, de su composición y de su distribución. Y aquí hay un espacio natural y propicio para las diferencias programáticas propias de las democracias pluralistas.

Pero éste es otro debate. Un debate que debería incluir también las claves de la aspiración a una mayor equidad en los ingresos, lo que desde el pensamiento progresista anglosajón se viene a denominar como «predistribución». Es decir, un debate sobre qué políticas se pueden implementar, en el marco de la ordenación económica, que favorezcan la equidad más allá de la política redistributiva vía gasto.

Me parecen muy significativos los estudios que constatan que los países que han sido más respetuosos con la estabilidad presupuestaria en los últimos lustros, los escandinavos, sean a su vez aquellos que figuran entre los que poseen un Estado social más robusto. De hecho, la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo hace tiempo que es asumida con naturalidad por muchos socialdemócratas.

Por otra parte, si la finalidad de la estabilidad presupuestaria es, junto con la propia sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, resulta de interés la propuesta formulada por el PSOE el 6 de julio de 2013 de «dar cobertura constitucional a un Fondo de Garantía del Estado de bienestar». Esta iniciativa, que, sin duda, exige maduración, complementa y explica en parte (más allá del paradigma de la racionalidad económica) el sentido de la reforma constitucional.

Hay otros argumentos que avalan la creciente conveniencia de atenerse a la regla de la estabilidad. El rampante fenómeno de la globalización es uno de ellos. Hoy todas las economías del mundo, desarrolladas o emergentes, se exponen y compiten ante los inversores para cubrir sus necesidades de financiación. La marca de la solvencia es una referencia internacional de primer orden para las naciones, más de lo que nunca lo fue en el pasado.

Y el argumento más determinante de todos es, seguramente, el que se asocia a nuestra opción europea como país, una opción constitutiva de la democracia de 1978. Porque la Unión Europea, y la UEM en particular, que tienen entre sus señas de identidad el llamado modelo social europeo, no han dejado de dar pasos en la dirección de comprometerse, y comprometer a quienes a ella pertenecemos, con la estabilidad presupuestaria. Por citar el último instrumento jurídico que la consagra, en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) (cuyas bases se sentaron en el último Consejo Europeo al que asistí, el 9 de diciembre de 2011, y que fue suscrito, el 2 de marzo de 2012, por veinticinco de los veintisiete Estados miembros de la UE —no lo hicieron el Reino Unido y la República Checa—) se establece que los Estados miembros han de recoger la «regla de oro fiscal». Ésta se cifra en un límite de déficit estructural del 0,5 por ciento del PIB nominal, a no ser que el nivel de deuda pública se sitúe significativamente por debajo del 60 por ciento, en cuyo caso se permite un déficit estructural de hasta el 1 por ciento del PIB.

Por tanto, con la reforma del artículo 135, que además vincula nuestro propio compromiso con la estabilidad a lo que vayan imponiendo los instrumentos jurídicos europeos, no nos obligamos a nada a lo que no nos tengamos que obligar por el hecho de pertenecer al proyecto de la Unión. Es verdad que no era imprescindible —no lo era entonces y sigue sin serlo hoy— consagrar dicho compromiso en la Constitución, pero hacerlo tiene en su favor, a mi juicio, argumentos que lo respaldan. Me he referido al factor confianza que tanto necesitábamos reforzar cuando acometimos la iniciativa, y no hay mensaje jurídico más fuerte que el constitucional. Además, puede traerse a colación la conveniencia, que habíamos percibido desde el Gobierno y que nos hacían notar con frecuencia las autoridades y socios europeos, de que quedara clara la vinculación a la regla de todas las Administraciones públicas españolas, singularmente de las comunidades autónomas, y para ello resultaba pertinente un respaldo constitucional expreso. Asimismo, la reforma nos permitía incorporar a nuestro texto constitucional una realidad tan determinante de nuestro sistema político-institucional, y que tanto impacto tiene en general en nuestras leyes y decisiones de política económica, como es nuestra pertenencia a la UE y a la Unión Monetaria. Por razones temporales, la Constitución, más allá de la vía genérica de su artículo 93, no había podido incorporar ni a la UE ni a la UEM desde el punto de vista de las consecuencias que, en el orden interno, tiene nuestra pertenencia a éstas. Era una especie de ángulo ciego de nuestro ordenamiento constitucional que, a falta de una reforma más amplia, como la que intentamos sin éxito a partir de 2004, podíamos aprovechar para iluminar, aunque fuera sólo parcialmente. El nuevo artículo 135 abre la visión sobre ese ángulo ciego que tenía nuestra Constitución sobre Europa. Es sólo un primer paso, pero creo que es significativo.

Queda pendiente el otro orden de críticas sobre la reforma, las que ponen el acento en su urgencia. Y reconozco que aquí surgieron las dudas que más me costó superar. No es fácil defender una reforma de la Constitución hecha por vía de urgencia en un mes, tan sólo en un mes. Curiosamente, como mis asesores me recordaron en su día, la reforma de 1992, para introducir el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales reconocido en el Tratado de Maastricht, y que era la única que había prosperado hasta que abordamos la del artículo 135, también se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia. Pero aquella modificación había sido técnica y políticamente más sencilla que la de la estabilidad presupuestaria.

Para mí supuso un verdadero dilema, otro más que tuve que afrontar en esta crisis.

Creo haber podido acreditar mi respeto al fiel mantenimiento de las formas en democracia y mi convicción sobre el valor de la deliberación pública. De hecho, cuando mi Gobierno, años atrás, había intentado impulsar una reforma, ciertamente más ambiciosa, de la Constitución en aquellos cuatro aspectos a los que me había referido en la campaña electoral de 2004 y en mi discurso de investidura, trató de hacerlo preparándola de la mejor forma posible. Para ello, optó por modificar antes que nada, y con un altísimo grado de consenso, la Ley del Consejo de Estado, para que nuestro más alto órgano consultivo elaborara, como así hizo, con plena libertad de criterio y la alta calidad técnica que le caracteriza, un amplio informe sobre las diversas posibilidades que abría la propuesta inicial del Gobierno. A partir de ahí, tendría que haber empezado a fraguarse un consenso tan amplio como hubiera sido posible, pero el proceso no siguió adelante porque el líder del mayor partido de la oposición, actor imprescindible para llevarlo a cabo, me mostró su voluntad contraria a ello. En fin, ahora las cosas no se iban a poder hacer así, desde luego, sólo había tiempo para ceñirse estrictamente a los plazos legales; es verdad que esta vez con el apoyo de partida de los dos grupos representativos de las dos grandes fuerzas de gobierno españolas, que sumaban, de acuerdo con la composición de las Cámaras, una amplísima mayoría que excedía los requerimientos constitucionales.

Puedo decir que la urgencia obedeció a una especie de estado de necesidad constitucional, al alto riesgo que había en agosto de 2011 —que yo percibía desde luego como tal— de que nuestro país tuviera que solicitar un rescate, ser intervenido, perder parte de su soberanía…, algo que yo estaba dispuesto a combatir con todas las armas a mi alcance. Con la información de que disponía entonces, ante las circunstancias que estábamos viviendo, creí que la de la reforma constitucional era una de las pocas que podía utilizar y surtir el efecto deseado: conjurar o aliviar significativamente ese riesgo, con el menor coste o sacrificio adicionales para nuestro país. Por eso lo hice. Y el coste fue precisamente el de la urgencia, el de apurar los plazos, el de no poder abrir un debate en la sociedad española, como hubiera requerido la iniciativa en condiciones normales. Para preservar nuestra soberanía, la que queda cuando ya formas parte de un marco político-institucional como el que representan la Unión Europea y Monetaria, con la reforma hicimos uso de esa soberanía —pues eso ante todo implica hacer Constitución—, pero no del modo democráticamente más deseable. Comprendo, pues —cómo no hacerlo—, las críticas de los constitucionalistas.

Con esa importante salvedad, creo que, en cierta forma, nuestra no siempre bien valorada Constitución de 1978 prestó un servicio más a nuestro país, permitiéndonos reaccionar para protegernos en circunstancias tan extraordinarias.

Sólo deseo añadir que sé muy bien que en aquellas semanas mi partido respaldó la propuesta con más lealtad que convicción. Y que, a las muchas dificultades que teníamos ante la contienda electoral de noviembre de 2011, se sumaba una reforma que parecía impuesta por actores externos y por imperativos ideológicos. Se entenderá bien que mi agradecimiento al PSOE sea tan profundo. Y que recuerde aquellos días como algunos de los más complicados en la relación con muchos compañeros.

Lo cierto fue —porque creo que no trascendió en su día lo suficiente— que la reforma de la Constitución fue muy bien valorada en las instituciones europeas y que alivió la presión extrema que se había ejercido sobre nuestra deuda soberana. Nos dio un importante respiro, pero —como ya había ocurrido antes en más de una ocasión durante la crisis— fue sólo un respiro, un respiro temporal. Teníamos una necesidad permanente de oxígeno. Y poco tiempo después tuvimos que pasar una nueva prueba. Fue a primeros de noviembre, en el G-20 de Cannes.

5

EL G-20 DE CANNES

EL G-20. NUESTRA BATALLA POR ESTAR

Cuando estalló la crisis financiera global en octubre de 2008, era fácil pensar que se conformaría un nuevo marco internacional como respuesta a la dimensión del crash que se había producido, y que ese marco podía determinar la gobernanza global de la primera mitad del siglo XXI. El G-20 es la expresión de esa incipiente gobernanza económica global. Es el foro mundial económico más relevante, a cuyas cumbres normalmente acude algún país como invitado para hacerlo más participativo. La condición de España, desde la Cumbre de Seúl, es la de invitado permanente.

El G-20 se conformó en su origen desde el G-7, los siete países más industrializados del mundo en aquel momento: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Canadá. Éstos más Rusia constituyen el G-8. Y sumando un grupo de países representativos del bloque de los llamados emergentes —Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la UE como bloque económico— se completa el G-20.

El foro, como queda claro por la prolija relación anterior, es extraordinariamente representativo y ha acabado desplazando al G-8 o al G-7. Fue el presidente Obama quien el 25 de septiembre de 2009 lo consagró en Pittsburgh como el organismo encargado de la situación económica mundial.

La idea de convocar una cumbre global surgió de inmediato en el arranque mismo de la crisis de 2008. En general, las organizaciones surgen como respuesta a una crisis. No deberíamos sorprendernos de que se reaccione internacionalmente frente a las crisis, sobre todo cuando éstas son de una gran dimensión. Hay claros ejemplos de ello en la historia: la Sociedad de las Naciones surgió tras la primera guerra mundial, y la ONU después de la segunda.

El G-7 nació tras el abandono de Estados Unidos del patrón oro y el desconcierto que esto provocó en el sistema monetario, y el mismo G-20 como encuentro de ministros de Economía ya se había constituido en 1999, tras la crisis financiera de los países asiáticos. La novedad sustancial era entonces la presencia de países emergentes junto a las potencias tradicionales. La globalización obligaba a seguir un nuevo modelo, mucho más participativo, pero éste tenía todavía un significado limitado, dado que las reuniones y la cooperación sólo alcanzaban el nivel de ministro.

En 2008 se constituye el G-20, ya como marco de reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Entre 2008 y 2011, el G-20 celebró seis cumbres. Acudí a las seis y la idea sobre la necesidad de una gobernanza global no hizo más que afianzarse en mí con esta experiencia.

Hubo que librar una intensa batalla diplomática para conquistar, y después consolidar, un puesto para España. Era difícil obtener una plaza. Desde su conformación nadie había logrado incorporarse y no faltaban candidatos a hacerlo. Para España, estar presente era, y posiblemente siga siendo en el futuro, muy importante. Desde hacía mucho tiempo, hasta que se pierde la memoria, nuestro país se había quedado al margen de los sucesivos momentos fundacionales de la comunidad internacional. Éste parecía ser uno de ellos, y no nos podía volver a ocurrir lo mismo. Cuando nos postulamos, esgrimimos nuestra condición de octava potencia mundial y los grandes intereses que nuestro sistema financiero y nuestras empresas tenían en el mundo.

En la reunión del Consejo Europeo del 16 de octubre de 2008, a la que me he referido en el capítulo 2, al mismo tiempo que decidimos apoyar a la presidencia francesa y al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, para convocar una gran cumbre internacional, encargué la tarea de lograr nuestra participación en ella a Bernardino León, secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Inicialmente, parecía que Sarkozy y Merkel iban en la línea de sumar los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al G-8. Nosotros ya habíamos preparado un informe sobre el peso de España, de su economía, sobre la fuerza de nuestros bancos globales, el liderazgo mundial de algunas de nuestras empresas…, que hicimos llegar a los cuatro grandes de la UE (Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia).

El sábado 18 de octubre se reunieron Bush, Sarkozy y Barroso en Washington. Hubo acuerdo tanto sobre el lugar de la cumbre, Washington, como sobre la agenda, pero el formato quedó sin definir.

El lunes siguiente se iniciaron los movimientos para determinarlo. Sarkozy hizo una primera declaración a favor de un G-8 ampliado que nos podía cerrar el camino. Nuestra reacción fue hablar enseguida con el presidente francés para insistir en nuestra petición y tratar de contar con el apoyo de Gordon Brown.

Ese mismo lunes la noticia en la prensa española era que España se quedaba fuera de esa primera reunión. El martes hablé con Sarkozy y cambió su posición sobre la idea de tomar como referencia al G-8. Bernardino León y los asesores del presidente francés prepararon un comunicado en el Elíseo en el que quedaba claro que Francia apoyaría la presencia de España.

Mientras tanto, se había producido una conversación entre Bush y Brown, y este último fue el que propuso como foro de referencia el G-20. Poco después, Estados Unidos anunció la convocatoria de una cumbre global para el 14 y 15 de noviembre, siguiendo el criterio, para cursar las invitaciones, de hacerlo a los países pertenecientes al G-20. No era una buena noticia para nosotros, en cuanto que la invocación al G-20 se presentaba como un formato cerrado.

Diseñamos una estrategia para poder estar en Washington, aunque sabíamos que era muy difícil. La opción fue seguir trabajando con Francia. Sarkozy era el presidente de turno de la UE y teníamos una muy buena relación con él. Acordamos con los franceses que, como Francia tenía una silla propia y otra que le correspondía como presidencia de la UE, trataría de ceder una a España, con el acuerdo de Estados Unidos.

Era un planteamiento ciertamente complejo. Una silla más para Europa: los países europeos deberían apoyar que la ocupara España y Bush tenía que aceptar, cuando mis relaciones, aun siendo correctas, no eran, por razones que son conocidas, las mejores.

Bernardino León desplegó toda su capacidad movilizadora: embajadores, altos funcionarios de la Casa Blanca y de los gobiernos europeos. Multiplicamos los contactos. Incluso viajé a China a la VII Cumbre Asia-Europa —un viaje que no iba a tener lugar— para hablar con el presidente de China, Hu Jintao, y otros líderes; el objetivo era recabar su apoyo.

El 4 de noviembre de 2008, diez días antes de la cumbre, tuvieron lugar las elecciones en Estados Unidos en las que el candidato republicano resultó derrotado.

El jueves 6 de noviembre se produjo una difícil conversación entre los equipos de Estados Unidos, Francia y España. Situación de bloqueo. Las noticias que nos llegaban de nuestra embajada en Washington eran malas.

La opinión pública española estaba muy pendiente del desenlace. El viernes 7 de noviembre, tras arduas conversaciones con los miembros de las delegaciones clave, se consiguió cerrar el acuerdo. España estaría en Washington, en el lugar cedido por la presidencia francesa, pero en realidad como un país más, que lograba poner el pie en el G-20, y que lo hacía en el momento crucial, cuando se iba a refundar y a constituir en el foro de referencia el nuevo orden global surgido inmediatamente después del primer gran impacto de la crisis financiera.

Asistir a la segunda cumbre, en Londres, resultó ya mucho menos complicado. Gordon Brown siempre nos apoyó y en la capital inglesa todo fueron facilidades.

La tercera cumbre, que se celebraba en Pittsburgh, nos resultó, sin embargo, más difícil. El sherpa de Obama, Mike Froman, creía que en Londres había habido un exceso de países y organizaciones internacionales representadas, y esta consideración, aunque no se dirigía específicamente a nosotros, podía constituir una amenaza para consolidar la participación de España.

Las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país eran buenas y fluidas. De hecho, en un breve plazo de tiempo había coincidido con Obama en cuatro cumbres: el G-20 de Londres; en Kiehl-Estrasburgo, con ocasión del sexagésimo aniversario de la OTAN; en Praga, con motivo de la Cumbre Unión Europea-Estados Unidos, donde celebré una reunión bilateral con el presidente norteamericano; y en la Cumbre de la Alianza de Civilizaciones en Estambul.

Los días 8, 9 y 10 de julio de aquel año 2009 tuvo lugar una cumbre del G-8 en la ciudad de L’Aquila (Italia), a la que tuvimos la oportunidad de asistir después de que yo le pidiera a Berlusconi que nos invitara.

Fue allí, en L’Aquila, donde le trasladamos a la delegación norteamericana que para España era prioritario estar en Pittsburgh y consolidar nuestra presencia en el G-20, y que esperábamos contar con su apoyo para ello.

Y el 16 de julio recibimos la confirmación de la invitación a Pittsburgh.

La Cumbre de Pittsburgh fue un éxito para Obama. Pero lo más trascendente fue la institucionalización del G-20 como primer foro de la cooperación económica internacional. Los líderes encargaron a sus sherpas que prepararan la institucionalización del grupo o, lo que era lo mismo, el formato del grupo.

Estados Unidos presidía el G-20, pero había cedido a México la reunión de la organización de sherpas donde se iba a decidir la institucionalización del grupo. Entre octubre y diciembre los veinte miembros originales prepararon las contribuciones.

De partida teníamos garantizado el apoyo inequívoco de México y de los países europeos. Pero todos los miembros que se habían expresado por escrito lo habían hecho a favor de mantener el formato original del grupo y no «abrir el melón» de la incorporación de nuevos miembros.

Las cosas se presentaban muy difíciles.

Las propuestas venían de ministerios de Finanzas, bancos centrales, gabinetes. No querían afrontar procesos de adhesión para los que no había consenso. Lo más preocupante era que Estados Unidos y China mantenían la postura de no abrir el formato original porque había muchos candidatos. Y, de abrir una puerta, no iba a ser para un continente que tenía cuatro países representados y que, para colmo, era el único que tenía una silla que lo representaba colectivamente…

Diseñamos una estrategia de presencia activa en todos los foros internacionales y un plan de comunicación internacional. Participaron en ella los altos cargos de Economía y Exteriores. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tuvo una intensa actividad y fue especialmente relevante para lograr el apoyo de China.

La reunión de los sherpas en México el 9 de enero era clave. Llamé a Lula, a Erdogan, a Medvédev y a Kevin Rudd. Pedí al Rey que llamara al Rey de Arabia Saudí, y así lo hizo.

Bernardino León se desplazó el 7 de enero a Estados Unidos para convencer a la Administración Obama. Se reunió con Mike Froman, que aún no estaba completamente seguro sobre si debían apoyar la apertura del grupo.

De Estados Unidos a México. Bernardino León habló con todos los sherpas antes de la reunión. El panorama que me transmitió el 8 de enero seguía siendo muy difícil… Todos prometían ayudar, pero todos tenían instrucciones de no ampliar el grupo. Buscamos la mayor complicidad posible con los países iberoamericanos, los europeos y con Estados Unidos y China. El sherpa de la gran potencia asiática aún no tenía instrucciones.

En la reunión decisiva, el tema candente era España. Después de la intervención de Bernardino León, abrió el fuego Argentina. Gran intervención a nuestro favor, después Japón, Rusia; más tarde Gran Bretaña, que tenía un gran ascendiente sobre el G-20, y luego, de manera contundente, México ofreció su respaldo a la inclusión de España. Turquía y Arabia Saudí fueron los siguientes apoyos. Brasil intervino a continuación y afirmó de manera diplomática que no era partidario de ampliar. Francia tomó el relevo y expresó su respaldo a España. La expectación era creciente en la reunión, aunque los sucesivos pronunciamientos se iban produciendo, más o menos, en los términos que nosotros habíamos buscado en los interminables contactos preparatorios. Sudáfrica intervino a continuación, es el único país africano en el G-20. Y, como es lógico, reclamaba más presencia africana. Era difícil que mencionara a España. Pero al final hizo una referencia que se parecía bastante a un apoyo.

Se habían producido once intervenciones, más del 50 por ciento, una gran mayoría de ellas positivas y en todo caso sin ningún rechazo expreso.

Entonces tomaron la palabra dos países asiáticos que expresaron su posición contraria a la ampliación.

Pero Alemania, a través del hoy gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, nos dio su apoyo, e Italia también, con entusiasmo. Tomó la palabra Mike Froman para afirmar que se estaba constatando un amplio consenso favorable a la presencia permanente de España y que, a pesar de que su posición inicial no era hacer ampliaciones en el G-20, «se podía hacer esta excepción», por lo que la presidencia norteamericana, bajo la que se convocaba esa reunión, se sumaba a ese consenso.

Ya en la recta final, Corea nos dio su apoyo y más tarde Australia dio la sorpresa al sumarse al consenso. Canadá se pronunció con evasivas.

Y, cuando la reunión abordaba otros temas, China pidió la palabra… Las palabras de su representante, frías y medidas, fueron un níhil óbstat para España. Aquello fue definitivo.

He decidido incorporar el relato, ciertamente prolijo, sobre cómo se logró el puesto de invitado permanente de España, no sólo porque fue un buen logro de nuestra diplomacia, sino también porque es una buena muestra del juego de equilibrios políticos en la escena internacional y del mapa de los apoyos y afinidades de España, por fortuna muy amplio. Cuando aquel 9 de enero, vía SMS, Bernardino León me iba informando del desarrollo de la reunión, mi convicción era que podíamos conseguirlo. Habíamos cuajado una buena relación con la gran mayoría de los países que allí decidían y contábamos con un apoyo «natural» de los países latinoamericanos (y de los países europeos), pero al final la clave fueron Estados Unidos y China. Cuando recibí el último SMS en el que se confirmaban las buenas noticias, sentí una gran satisfacción.

A partir del acuerdo formalizado en México, se consolidaba nuestra participación en el G-20, con una próxima cumbre en Toronto, pero no bajamos la guardia porque hubo algún intento de revisarlo. Pero esos intentos de reabrir el «consenso» de México no prosperaron. En noviembre de 2010 asistí a la Cumbre de Seúl, y el 3 y 4 de noviembre de 2011 a la Cumbre de Cannes. La próxima y última estación de este libro. Como se comprobará en las páginas siguientes, fue una cumbre trascendente.

Pero ha sido evidente que el G-20, desde su conformación como foro de cooperación económica internacional, ha ido perdiendo fuerza: las cumbres de Washington y Londres fueron trascendentales. En Pittsburgh el G-20 se institucionalizó, pero a partir de ahí, quizá porque la crisis internacional dejó de impactar con fuerza a determinadas regiones del planeta, las cumbres fueron perdiendo fuerza. Hasta la Cumbre de Cannes.

DE NUEVO GRECIA… ¿Y AHORA ITALIA?

Era la última vez que iba a acudir a una cumbre del G-20.

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, la tensión en los mercados se había ido recrudeciendo desde el principio del verano hasta vivir momentos dramáticos en los primeros días de agosto. Como consecuencia de la intervención del BCE en los mercados secundarios de deuda soberana de España e Italia, se abrió un paréntesis de cierta calma que duraría el resto de ese mes. Pero septiembre se cerró ya con un ligero incremento de la prima de riesgo, 38 puntos básicos más en el caso de la prima española, con picos que la llegaron a situar en 364. En octubre, la prima se incrementó en otros diecinueve puntos, con un pico más alto del mes que alcanzó los 353. Ese máximo mensual se produjo el 20 de octubre. El jueves 20 de octubre, precisamente.

El jueves 20 de octubre de 2011 fue y es, por otras razones, una fecha difícil de olvidar. Lo es para mí y creo que para muchos españoles. Fue el día en que se produjo el comunicado de ETA en el que anunciaba el fin de la violencia. Y aunque queda fuera del propósito de estas páginas expresar, ni siquiera de manera aproximada, lo que suponía ese acontecimiento, sin al menos evocarlo no podría entender el lector cómo viví aquellas semanas previas al fin del mandato.

Porque, en efecto, en pocas ocasiones se puede experimentar en la tarea pública una mayor carga de intensidad emotiva, de tensión. Era el anuncio por el que tanto había batallado tanta gente de bien y después de haber sufrido tanta violencia inicua y sin sentido. Un anuncio que invitaba, a pesar de las dificultades de otro orden que atravesábamos, a redoblar la confianza en la democracia y en España. Superábamos un gran desafío colectivo, el más duro de los que estaban pendientes desde la Transición.

No recuerdo ningún día en la Moncloa en el que viese tantas lágrimas y a la vez tanta contención. Emociones que compartí ese 20 de octubre, sobre todo, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay vivencias en la trayectoria biográfica de cada cual —y ésta en concreto fue mucho más que una, muy larga, vivencia política— que cuando las compartes con otras personas generan vínculos muy intensos, realmente imborrables.

También llamé a Eduardo Madina. Recordaba muy bien que, cuando le había visitado en el hospital tras haber sufrido un grave atentado de ETA en 2002, impactado por la serenidad de su reacción, le había dicho que iba a hacer todo lo posible por terminar con quienes habían intentado acabar con él. Seguramente se entenderá que en esa llamada casi no pudiésemos intercambiar palabra porque la emoción compartida nos lo impedía.

Pero volvamos a la deuda soberana, a Grecia y a nuestra impenitente prima de riesgo.

Sí, el escenario se complicó gravemente a principios de agosto. Y no es fácil asegurar cuál fue el factor decisivo para que se produjera ese fuerte empeoramiento en la economía internacional, y en la europea en particular.

Por un lado, influyeron, sin duda, las tensiones generadas en Estados Unidos para llegar a un acuerdo, agónico, entre demócratas y republicanos sobre la prórroga de los Presupuestos. Por otro, el parón de la recuperación del crecimiento de la economía mundial, que ya empezaba a sentirse entonces. Un parón, de nuevo, más acusado en la zona euro, después de un 2010 y un primer semestre de 2011 de crecimiento económico débil, pero crecimiento al fin.

Sobre las causas de ese parón se han dado distintas explicaciones. Desde el repunte del precio del petróleo y otras materias primas hasta las consecuencias del terremoto de Japón. Y, claro está, en Europa en concreto, el efecto de la brusca retirada de estímulos fiscales producida tras la crisis de deuda que irrumpió en la primavera de 2010.

A partir del verano de 2011 comenzábamos, pues, a sufrir un nuevo agravamiento de la crisis, uno más. Y lo que iba a suceder a principios de noviembre en el G-20 de Cannes sólo se explica por esa nueva recaída de la economía en la parte final de 2011.

Si 2012 y lo que llevamos de 2013 ha sido un periodo tan difícil, se debe a la caída de la actividad que se gesta a partir de agosto de 2011. Es el último jalón de una secuencia perversa que, simplificando mucho, se podría enunciar así: la crisis financiera internacional, que estalla en otoño de 2008, se convierte en una profunda crisis económica, que es combatida con fuertes políticas anticíclicas adaptadas a las circunstancias de cada país. De estas políticas surge una recuperación económica débil, que pronto se ve amenazada en Europa por la crisis de la deuda soberana de la primavera de 2010, tras el periodo anterior de acumulación de déficits excesivos. Y el combate de esta crisis de deuda contribuye decisivamente, a su vez, a generar una segunda etapa recesiva que convivirá y se retroalimentará con la propia crisis de deuda.

Es cierto que en esos tres años pasaron muchas cosas. En los marcos nacional, europeo e internacional se adoptaron muchas medidas, y otras no se adoptaron o se adoptaron tarde. Europa se enfrentó a un dilema que, hoy por hoy, aún no ha resuelto: el dilema entre crecimiento y austeridad. Que es el dilema entre expansión financiera y política de rigor de la autoridad monetaria. O el dilema entre una cierta inflación y un control estricto de ésta. El dilema, en fin, entre deudores y acreedores.

En la otra área económica más parecida a la zona euro, que era y es Estados Unidos, tanto por el valor de la moneda como por su renta per cápita, capacidad tecnológica, formación de la población, reglas económicas, sistema político…, no se ha planteado ese dilema, o lo han resuelto de otro modo. Una vez agotado el margen de las políticas fiscales, para favorecer la recuperación económica, la opción elegida ha sido la expansión monetaria. Pero ¡cómo ignorarlo!, el dólar es una moneda de un solo Estado, aunque federal, que cuenta con un banco central, la Reserva Federal, que actúa como prestamista de última instancia con todas las consecuencias. Ésta es la senda, en mi opinión, por la que habrá de caminar el euro indefectiblemente de la mano de la unión política y económica europea. Su destino no puede ser otro.

Aunque ya antes había tenido varias experiencias en el mismo sentido, no pensaba, mientras viajaba hacia Cannes, que todavía tendría que enfrentarme al trance de esquivar que España tuviese que pedir ayuda financiera internacional. Lo hice de nuevo, aunque en esta ocasión, ya lo adelanto, desde una posición más cómoda, de mayor fortaleza relativa.

La situación de Grecia seguía pesando mucho, y el país que entonces pasó a ocupar un segundo lugar en la preocupación de instituciones y líderes europeos fue Italia.

Como ya he indicado, a partir del 5 de agosto de 2011 la prima de riesgo de Italia se situó por encima de la de España. Para el Gobierno este dato era decisivo. Habíamos trabajado con ese objetivo. Nos parecía clave porque la experiencia ponía de manifiesto que el país con más riesgo de caer en el rescate era aquel que tuviera la prima de riesgo más elevada.

Descontando a Grecia, que estaba ya fuera de los mercados, cuando Irlanda tuvo que pedir ayuda era el país con la prima de riesgo más alta. Y, tras Irlanda, Portugal tenía el diferencial más alto y también tuvo que acudir al rescate. Después de la intervención de Portugal, España era —lo fue durante meses— el siguiente en la lista, hasta ese 5 de agosto de 2011. A partir de entonces pasamos a ocupar una posición de menor vulnerabilidad. Además, por si aún hubiera alguna duda de que el problema de las deudas soberanas tenía una dimensión sistémica en la zona euro, el hecho de que Italia —país fundador de la Unión, la cuarta economía de la zona, representativa de más de un 15 por ciento de su PIB— se situase en primera línea de riesgo la disipaba de modo harto elocuente.

¿Por qué se produjo el sorpasso? En mi opinión, hubo varios factores que jugaron a nuestro favor en la ponderación relativa de la credibilidad que en aquel momento inspiraban uno y otro país. A Italia no le beneficiaba la sensación que crecientemente se instalaba en la zona euro de que incumplía muchos de los compromisos que anunciaba. Por el contrario, a nosotros se nos atribuía una posición más consecuente, que tendió a consolidarse con las decisiones que adoptó el Gobierno en esos meses de agosto y septiembre, especialmente la iniciativa de introducir en la Constitución la llamada «regla de oro fiscal». Por la reforma en sí, por su contenido, y por el rápido acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos españoles para aprobarla.

Tanto en la reunión de líderes del Eurogrupo del día 26 de octubre, a la que luego me referiré, como en la propia Cumbre de Cannes, varios líderes europeos valoraron positivamente la iniciativa de la reforma constitucional española. De manera especial, Angela Merkel, que le atribuía una gran importancia. De hecho, Alemania, siempre dispuesta a hacer los deberes la primera, ya la había incorporado a su Ley Fundamental.

He descrito hasta qué punto no me fue fácil tomar la decisión de impulsar la reforma constitucional, sabiendo que las condiciones en que ésta se iba a llevar a cabo no eran precisamente las más idóneas. Y también he hecho referencia a mi convicción personal de que la reforma fue decisiva para afrontar la crisis de agosto y la posterior de noviembre que provocó las caídas de los gobiernos griego e italiano. España acudiría a las urnas el 20 de noviembre, sin rescate y sin tener que adoptar ninguna fórmula excepcional para su gobernabilidad, como sucedería con Grecia e Italia, donde se constituyeron lo que se ha venido en llamar gobiernos técnicos, con primeros ministros que no habían pasado por las urnas.

Y es que, a partir de la crisis griega, España aparecía siempre como uno de los Estados candidatos a pedir el rescate.

Cuando Grecia acabó pidiendo la ayuda, se abrió el debate sobre si España era como Grecia. Cuando Irlanda tuvo que pedir el rescate, también se hicieron vaticinios sobre el siguiente país que había que intervenir, y en ese vaticinio también aparecía España. Cuando Portugal entró en un proceso imparable que culminaría con la intervención, también se pronosticó que España acompañaría a Portugal. Pero estos análisis y prospectivas sobre el futuro de nuestra solvencia no se cumplieron. Afortunadamente.

En el Consejo Europeo de diciembre de 2010, el presidente de la Comisión, Durão Barroso, me comentó, en uno de esos momentos de conversación sincera que tenía con él, que los técnicos de la Comisión pensaban que Portugal y España tendrían que pedir el rescate en 2011. Puede imaginarse el lector que aquella confesión de Durão Barroso me intranquilizó especialmente.

Vaya por delante que siempre tuve en Durão a un buen aliado en la defensa de la posición de España. También, como es lógico, defendió hasta el final la capacidad de Portugal para sobrevivir. Con este propósito, apoyó los esfuerzos del entonces primer ministro de aquel país, José Sócrates, un buen dirigente político, una persona cercana y a quien vi resistir desesperadamente en las semanas previas a la petición de ayuda.

Recuerdo bien que hablé en numerosas ocasiones con él en aquellos momentos, y también puse de su lado las fuerzas de las que disponía para ayudar a evitar el rescate del país vecino. No pudo ser. Y el hecho de vivir tan de cerca su resistencia, su lucha y su angustia no hizo otra cosa que acrecentar mi temor a que nuestro país se encontrara finalmente en una situación similar.

Sócrates luchó hasta el final y sé que en su interior quedó un profundo sentimiento de decepción hacia la UE. Era un europeísta convencido y reclamó una y otra vez la puesta en marcha de los eurobonos, que sin duda habrían cambiado el panorama. Invocó una acción más decidida del BCE y trató de ganarse la confianza y la credibilidad ante Merkel y Sarkozy. De hecho, él, personalmente, gozaba de respeto en el seno del Consejo Europeo. Pero no pudo ser. Después, la evolución económica y social de Portugal ha venido a confirmar que un programa de rescate es un túnel largo y oscuro para un país.

Afortunadamente, los altos funcionarios de la Comisión del área económica se equivocaron y España no tuvo que pedir ayuda en 2011.

Aprovecho este momento para incorporar una consideración sobre la relevancia de los altos funcionarios de las instituciones decisivas en todo el periodo de la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la UE, de manera singular los de la Comisión, el BCE y el FMI. Quizá sea una impresión equivocada, pero casi siempre tuve la percepción de que los informes o pronósticos sobre la evolución de la sostenibilidad de los Tesoros con problemas por parte de los cualificados técnicos de los organismos referidos eran bastante pesimistas. El color de sus opiniones no era neutral ni inocuo. Los altos funcionarios de estos centros de gran influencia hablan entre ellos y, a su vez, hablan con los periodistas económicos de los principales medios de comunicación. Es normal que así sea, los periodistas hacen su labor y buscan en todos los recovecos de los despachos oficiales impresiones, pronósticos, riesgos, alarmas. Pero ¿no cabe exigir a esos altos funcionarios que, además de buenos profesionales, sean capaces de blindar sus impresiones?

En cuanto a su tendencia a situarse en los escenarios más adversos, creo que podía ser en gran medida fruto del clima de inquietud colectiva que la irrupción de la crisis había producido, también en los organismos internacionales. Era como si el péndulo estuviera fatalmente abocado a desplazarse de un extremo al otro. Desde la pasada tranquilidad generalizada por la situación económica mundial hasta los vaticinios más negativos de ahora, sobre todo los realizados para la zona euro. Pero era una reacción comprensible. Y una predisposición que hay que tener en cuenta para incorporar a los análisis que han proliferado y seguirán haciéndolo sobre la crisis.

La tarde-noche que volaba hacia aquella reunión del G-20 en Cannes se iniciaba la campaña electoral. Una campaña muy difícil para mi partido. Las encuestas no podían ser más adversas. Pero iba a vivir esa campaña mucho más preocupado de la encuesta diaria de los mercados que de las electorales. Y no sólo porque no era el candidato a la presidencia del Gobierno, sino porque la preocupación por mantener la solvencia de nuestro país, sin tener que pedir ayuda financiera, me absorbía por completo, hasta el último día del mandato.

Participaría en muy pocos actos públicos, en los que volvería a constatar la generosidad de mis compañeros, expresada en sus muestras de apoyo y afecto. Ellos sabían que las cosas estaban mal para nosotros. Y yo sabía que lo sabían. Ellos sabían que para la opinión pública yo era el principal responsable de esas malas expectativas y, aun así, ahí iban a estar mostrándome su cariño y cercanía. Los resultados confirmarían los malos augurios. Sufrimos una dura derrota.

Durante mi mandato como secretario general del Partido, se celebraron tres elecciones generales. Vencimos en las dos primeras, pero fue del resultado de la última de la que, a pesar de no concurrir como cabeza de lista, me sentí más directa y personalmente responsable. No había podido lograr la recuperación de la economía ni frenar la fuerte destrucción de empleo. Y haber evitado el rescate, lo que siempre creí que era el mal mayor, no podía servir para aliviar los otros males, los que los ciudadanos vivían en sus propias carnes.

Así es la democracia. Así de poderosa e inapelable. Aunque había tratado de mantener en lo posible la protección y la cohesión social, tampoco eso suavizó la percepción crítica de la mayoría de los ciudadanos. Éstos hablaron y su veredicto fue rotundo. En mí quedaba el profundo agradecimiento a todos los que, en dos ocasiones, me concedieron la mayor confianza política que cabe alcanzar en un sistema político como el nuestro, la otorgada para dirigir el Gobierno de tu país.

Sobre este horizonte político inmediato giraban entonces mis reflexiones mientras volaba hacia Cannes y la campaña electoral arrancaba.

Una campaña en la que ya no iba a enfrentarme a las entrevistas y debates de turno, dirigirme ante miles de simpatizantes en los mítines y volcar en ello toda mi energía. Esta vez ya no. Y sabía que no lo iba a echar de menos.

Pero tenía otra campaña por delante, una campaña de sólo dos días. Y no ante periodistas ni electores. Una campaña ante líderes políticos. Ante los líderes de los países más poderosos de la Tierra y de los principales organismos internacionales.

Llegamos a Cannes con el sobresalto de la iniciativa del primer ministro griego Papandréu de someter a referéndum el acuerdo alcanzado con alfileres en la reunión del Eurogrupo del 26 de octubre. Era el acuerdo que incluía un plan de nuevos recortes en Grecia, la participación de la banca privada en el rescate de ese país con una contribución del 50 por ciento, y el incremento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de hasta un billón de euros. El Eurogrupo había adoptado, además, en aquella reunión nuevas iniciativas sobre el gobierno económico europeo y el sector bancario.

La idea del referéndum cayó como una bomba en los gobiernos de la zona euro y en Bruselas. Fueron días de gran nerviosismo. Parecía que en esta ocasión el cántaro, después de haber ido tantas veces a la fuente, se iba a romper y el euro podía saltar por los aires.

La reflexión era sencilla. De celebrarse ese referéndum, lo más probable era que el resultado fuera negativo. En tal caso, no habría ayuda y la eventualidad de una suspensión de pagos sería inevitable, con imprevisibles consecuencias sucesivas. Entre ellas, un probable shock y contagio masivo a los países del euro con menos resistencia.

Aquellos días hablé en varias ocasiones personalmente con Papandréu sobre su iniciativa. Le manifesté con respeto, por el sincero aprecio que siento por él, los graves riesgos que conllevaba su sorprendente propuesta. No era fácil decirle algo a Papandréu que sonase a reproche. Siempre templado, en aquellos días previos a su renuncia me transmitió lo desolado que se sentía ante la situación económica y social de su país. Así como las crecientes dificultades parlamentarias que afrontaba su Gobierno, después de tantos planes de ajuste y recortes sociales, y con la economía y el empleo cada vez peor. Y la troika cada vez más dura. «Ya no puedo más», me dijo… Le entendí y no volví a mencionarle el referéndum. Una iniciativa que murió en los pasillos y salas del Palacio de Festivales y Congresos de Cannes.

En ese Palacio de Festivales y Congresos, convertido en una especie de castillo asediado por los mercados, asedio que hacía mella en todos los dirigentes mundiales, en todos los organismos internacionales, se vivirían de nuevo horas decisivas para el futuro del euro y para la estabilidad financiera y económica del mundo.

Tal y como descubrirá el lector, en aquellas cuarenta y ocho horas de Cannes pude comprobar, quizá de manera más fehaciente que en ningún otro momento, las limitaciones que el poder político tiene en el mundo contemporáneo cuando se trata de dar respuesta a las amenazas del sistema financiero internacional, a los temores de los inversores, a los estados de opinión de los analistas o a las calificaciones de las agencias. Fue una experiencia de las que te obligan a reconsiderar postulados o convicciones que creías haber ido consolidando a lo largo de toda una vida.

Porque ¿cómo explicar que los inversores, desde sus terminales, vendiendo o comprando deuda soberana de algunos países y elevando los tipos de interés de sus bonos soberanos, puedan en horas poner en jaque a todo el poder político mundial?

Sólo cuando se vive en directo se puede comprender hasta qué punto la angustia y la tensión se pueden concentrar en una cumbre en tan sólo unas pocas horas, con los máximos líderes mundiales como grandes, y frágiles, protagonistas.

Las flechas del asedio, que más bien parecían misiles Tomahawk, silbaron en mis oídos, pasaron cerca, estuvieron a punto de llevar a España a una situación tan comprometida como en la que ya se encontraba Italia. Cuando, además, teníamos elecciones el 20 de noviembre.

Pero no adelantemos acontecimientos, recuperemos en nuestra memoria el clima inmediatamente previo a la Cumbre de Cannes.

La propuesta del referéndum y el clima social en el país heleno hacían más verosímil que nunca la ruptura del euro. Y al salto al vacío de Grecia se unía la situación de Italia, con el diferencial de su prima de riesgo en 428 puntos básicos (68 más que España) y con una notable inestabilidad política. El panorama era de máxima incertidumbre, de vértigo.

Era mi última cumbre del G-20. Había asistido a las cinco reuniones anteriores, que arrancaron con la histórica cita de Washington de octubre de 2008, inmediatamente después del estallido de la crisis financiera con la caída de Lehman Brothers.

Si, como ya he comentado, el G-20 fue llamado a constituirse como el gran centro de coordinación de la política económica mundial, ello se debió, al menos en un primer momento, a la iniciativa y al impulso europeos. Fueron los presidentes de la Comisión y del Consejo europeo en aquel momento quienes, tras la Cumbre del Elíseo del 12 de octubre de 2008 y del Consejo Europeo, viajaron a Washington para entrevistarse con el presidente Bush y proponerle que convocara una cumbre mundial para abordar la crisis financiera que angustiaba al mundo.

Eran los días de las caídas de los grandes colosos financieros norteamericanos y algunos europeos, los días del pánico en las bolsas. Los días en que los economistas e historiadores desempolvaban los manuales sobre la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. Los días en que los gobiernos nos mirábamos y hablábamos entre nosotros conscientes ya de la que íbamos a tener por delante. Y, creo que para hacer honor a la historia, los días en que, gracias a la coordinación de las grandes potencias económicas y de los principales bancos centrales, se evitó una auténtica catástrofe.

Europa había tenido la iniciativa política de la cumbre, demostrando que cuando pone toda su voluntad política y actúa unida tiene una gran capacidad de liderazgo y relevancia en el mundo. Sí, conviene recordar que, en aquellas semanas de octubre que pusieron a la economía mundial contra las cuerdas, Europa estuvo a la altura.

El presidente Bush no reaccionó inicialmente de manera favorable a la iniciativa europea. Según me comentó el presidente Sarkozy, un George Bush «abatido y ensimismado» no alcanzaba a ver la utilidad de una cumbre internacional. Y no es de extrañar, los norteamericanos son mucho menos amigos de las cumbres que los europeos. Normalmente, sólo toman la iniciativa para su celebración, o acceden a ellas, si ven con claridad su utilidad y su contenido efectivo. El temor a las expectativas que podía generar una gran cumbre mundial, si luego resultaban frustradas por los resultados de ésta, o incluso por un fracaso de su misma convocatoria, explicaban los recelos de la presidencia norteamericana. Pero Sarkozy y Barroso convencieron a Bush. Fue un gran acierto. Porque la historia sería hoy muy distinta si no se hubiera celebrado aquella decisiva cumbre de Washington.

Cuando me dirigía desde el hotel hacia el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, pensaba en la paradoja que suponía la cita en el país galo, tres años después de la primera cumbre de líderes del G-20 en Washington. Entonces, Europa había tenido la iniciativa y, ahora, en 2011, esa misma Europa —o, mejor, la zona euro— representaba el mayor riesgo para la estabilidad de la economía mundial. Una economía que en 2010 había conseguido salir de la recesión, pero que, a partir del segundo semestre de 2011, se enfrentaba a nuevas amenazas.

La cumbre iba a comenzar con un orden del día en el que figuraban cuestiones como las del crecimiento económico, los avances en la nueva regulación del sistema monetario internacional y los paraísos fiscales. Pero la realidad del encuentro fue muy distinta. Una vez más, las tensiones sobre las primas de riesgo de algunos países de la zona euro iban a acaparar toda la atención de los líderes políticos y de los representantes de los organismos internacionales. Y, junto a unos y otros, de los sherpas, así llamados porque acompañan a los líderes a las cumbres y desempeñan un papel fundamental en la confección de los documentos y en las negociaciones. Y, en el caso del G-20, asisten, además, los ministros de Economía.

Me acercaba al Palacio de Festivales y Congresos y sabía, pues, que la situación era difícil, muy difícil…

LA LLEGADA A LA CUMBRE: NUEVA INVITACIÓN A PEDIR EL RESCATE

Angela Merkel fue una de las primeras líderes que me encontré en el recinto de la cumbre.

Angela Merkel es correcta y directa en el trato personal. También lo fue, ambas cosas, en aquella conversación del día 3 de noviembre.

Me saludó cordialmente y me planteó, casi sin preámbulos, una propuesta sobre la que no habíamos tenido ningún indicio, ni en la decisiva cumbre del Eurogrupo de pocos días antes (26 de octubre) ni en los contactos previos a la cita de Cannes entre mis colaboradores y los responsables de la maquinaria del G-20. Merkel me planteó si estaba dispuesto a pedir una línea de ayuda preventiva de 50.000 millones de euros al FMI; añadió que a Italia le correspondería otra por valor de 85.000 millones de euros.

Mi respuesta también fue directa y clara: no.

Le dije que desde agosto habíamos ganado confianza en los mercados, que nuestras entidades financieras ya habían comprometido la recapitalización acordada en el Eurogrupo del 26 de octubre, que el Tesoro español mantenía, aunque a tipos de interés altos, su capacidad de financiación… Y, para cerrar esta apresurada y rotunda enunciación de argumentos en contra de cualquier forma de rescate, le recordé que mi país estaba en plena campaña electoral. Además, le añadí que la cuestión central seguía siendo Grecia y la preocupación que existía sobre un posible abandono del país heleno de la moneda común. Que la cuestión central era, pues, la integridad de la zona euro. Mientras le explicaba con forzada serenidad todas estas razones, escrutaba su mirada y sus gestos. Merkel en las distancias cortas es más expresiva de lo que parece. Me escuchaba atentamente, de manera receptiva. Y mi intérprete debía de estar haciendo una gran labor, a tenor de los gestos comprensivos que podía percibir en el rostro de ella.

Pero mientras el intérprete hacía su tarea, yo pensaba pesaroso que, tras un año y medio de lucha sin cuartel para evitar el rescate, y después de haber logrado capotar el temporal del último verano, aún podía aguardarme una incierta batalla más.

El escaso tiempo que duró la interpretación se me hizo eterno. Y con toda mi tensión contenida, finalmente se abrió paso una afirmación congruente con lo que sus gestos de comprensión parecían anunciar. Lo expresó directamente en inglés mirándome a los ojos: «OK, I understand». Y ya no volvería sobre ello a lo largo de toda la cumbre, a pesar de la incesante ofensiva que se iba a desplegar en ella frente al Gobierno italiano.

Cambiamos el tercio de la conversación hacia las elecciones en España. Me preguntó por Rajoy y por la posibilidad de que después de la confrontación electoral hubiera un clima de acuerdos políticos entre los dos grandes partidos españoles. Por último, mostrando amabilidad y afecto, se interesó por lo que iba a hacer después de dejar la presidencia…

Me quedé pensando en el contenido de la conversación. Era la primera vez que Angela Merkel me había planteado, de esa forma tan alemana, tan abiertamente, la fórmula de una petición de ayuda. Creo que mi respuesta le pareció sincera y convincente. A pesar de nuestras discrepancias, de nuestras distintas visiones sobre la construcción del euro, sobre los eurobonos, sobre el papel del BCE…, nuestra relación siempre había sido sincera y respetuosa. No tenía por qué dudar de la respuesta de la líder alemana a mis argumentos. Pero pensé que, por si acaso, tenía que prepararme para resistir otras presiones. Y lo iba a hacer, vinieran de donde vinieran.

Afortunadamente, no fue necesario. Más allá de la referencia genérica que hizo aquella misma mañana en el plenario la directora del FMI, Christine Lagarde, a su famosa línea precautoria para los países de la zona euro con problemas (que eran, obviamente, España e Italia, puesto que Grecia, Irlanda y Portugal ya no tenían «problemas», sencillamente tenían «rescate» y durísimos programas de ajuste que ponían a sus sociedades y gobiernos en situaciones límite), España no iba a ser en el G-20 de Cannes objeto de atención específica.

… PERO ITALIA SE LLEVA EL PROTAGONISMO: «CONOZCO MEJORES FORMAS DE SUICIDIO»

En aquellos días, y al margen del volcán griego, Italia era el centro de atención de los mercados y de la prensa por su inestabilidad política y porque los inversores habían puesto el interés de su deuda soberana en el entorno del 6,5 por ciento y su prima de riesgo por encima de los cuatrocientos puntos básicos.

Enseguida, me di cuenta de que la estrategia que pudo haberse planteado inmediatamente antes de la cumbre consistía en instar a Italia y a España a pedir conjuntamente la línea del FMI, la denominada línea precautoria, para hacer así más llevadero el proceso ante sus opiniones públicas y sus Parlamentos. Aunque Italia era el problema mayor en aquel entonces, si España también accedía a pedir la ayuda, el Gobierno italiano aceptaría de mejor grado ese paso tan difícil. Y esa estrategia, que era ciertamente peligrosa para nosotros, pudo haber quedado desactivada después de mi conversación con Merkel.

Comenté, de manera un poco edulcorada, el contenido de la conversación con mis más directos colaboradores en la cumbre: la ministra de Economía, Elena Salgado; el director de la Oficina Económica, Javier Vallés; y la secretaria general de la Presidencia, Cristina Latorre, que tanto empeño había puesto en que todo saliera perfectamente en Cannes.

Vi cómo en numerosas ocasiones los líderes de los principales países europeos, los responsables de las instituciones de la UE y los de los organismos internacionales presentes en Cannes hablaban con Berlusconi y con su ministro de Economía, Tremonti, y con sus respectivos equipos.

Nosotros también contactamos con los italianos varias veces durante el día. Nos confirmaron que la petición para que solicitasen una línea de ayuda del FMI era constante. Y nos aseguraron que no la aceptarían.

El día fue largo. Berlusconi se resistía ante todas las invitaciones que recibía, y en los pasillos ya se empezaba a hablar de Mario Monti.

Mi impresión, confirmada posteriormente en la no prevista y trascendental cena que tuvimos ese mismo día 3 de noviembre, fue que la presión sobre Italia no cejaría hasta que se arrancase al país del sur, fundador de la Unión Europea y tercera economía de la zona euro, un compromiso que pudiera dar cierta tranquilidad a los mercados y a los principales gobiernos del mundo.

No se puede perder de vista que en noviembre de 2011 el riesgo cierto de un parón en la economía mundial se atribuía a la crisis de la zona euro y en particular a los serios problemas de los Tesoros de algunos países de la llamada periferia. Los principales Estados de la UE y el FMI se veían en cierta forma obligados ante el resto de las potencias mundiales a ofrecer una respuesta a la crisis de la zona euro. Y tenían que hacerlo allí mismo, en la Cumbre del G-20 de Cannes, porque era allí donde se estaban produciendo negociaciones con las otras potencias (China, India y Brasil) sobre los compromisos que había que adoptar en relación con la nueva regulación del sistema financiero, los paraísos fiscales, la reforma del FMI o la participación de China en el Fondo Europeo de ayuda a los países con dificultades.

En todas las reuniones del G-20 a las que asistí, siempre se produjo una batalla tácita entre los países desarrollados y los conocidos como emergentes. Una batalla en la que los países desarrollados, encabezados por Europa, querían ir más lejos en la supervisión del sistema financiero, en la lucha contra los paraísos fiscales, en la lucha contra el cambio climático, en los avances comerciales de la ronda de Doha, en el equilibrio en los tipos de cambio de las principales monedas…, frente a las resistencias mostradas desde el bloque de los emergentes. Al mismo tiempo, los países que controlan el FMI, por el reparto de cuotas y votos, eran reacios a dar más poder a los emergentes.

La actitud de estos últimos siempre respondía a una misma lógica: los países con fuertes crecimientos, pero aún no dentro del grupo de los desarrollados, los BRIC especialmente, no querían tomar medidas que limitasen su desarrollo potencial, con más regulaciones o limitaciones en los campos financiero, comercial y, especialmente, medioambiental. «Ustedes nos llevan décadas de desarrollo y de crecimiento industrial y comercial; cuando alcancemos su nivel convendremos en adoptar medidas coordinadas más contundentes». Una posición esta hasta cierto punto comprensible aunque, más allá de los argumentos que reclaman una suerte de equidad histórica en los que se apoya, suponga un límite objetivo para la consecución de un orden económico y medioambiental más equilibrado y sostenible.

Pero esto es el G-20, un crisol, un espejo del momento que vivimos, de la relación de fuerzas entre países diversos, de las tensiones entre los que hasta ahora han estado arriba y los que aspiran a sustituirlos en esa posición. Y en la etapa actual, y por primera vez desde hacía décadas, los problemas más graves los sufrían los países más ricos, y los menos ricos lo sabían y querían aprovechar su oportunidad histórica.

En las cumbres siempre se procuraba alcanzar un cierto equilibrio, un mínimo acuerdo. Para eso sirve también, singularmente, el G-20, como imprescindible foro de coordinación que debería avanzar en su institucionalización, en el fortalecimiento de su capacidad de hacer valer sus resoluciones para que se conviertan en decisiones efectivas de los países y de los organismos internacionales.

Pero volvamos a Cannes. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, las sesiones formales de aquel 3 de noviembre en la ciudad francesa se atuvieron más o menos al orden del día previsto, con los tradicionales discursos poco improvisados de los líderes de los países participantes.

Personalmente, intervine en el Plenario en nombre de España reclamando un esfuerzo colectivo de impulso al crecimiento que debía ser realizado por los países que disponían de margen fiscal. Expresé mi convencimiento sobre la determinación política de la zona euro para mantener la moneda común, así como el compromiso de mi país con la reducción del déficit y con el proceso de reformas en marcha. Y, en concreto, afirmé que el Gobierno que surgiese de las urnas en las próximas elecciones del 20 de noviembre también mantendría los compromisos con Europa y con la comunidad internacional.

Pero, sin duda, para mí y para el resto de los líderes europeos y de las grandes potencias, lo trascendente de aquella cumbre no estaba en la agenda formal de sus sesiones. Porque ésta parecía ajena al asunto políticamente más caliente, difícil y relevante que se iba a ventilar allí: cómo salía Italia de Cannes. Que entonces era tanto como decir qué horizonte de futuro le esperaba al euro. Y esto se iba a dirimir en reuniones más reducidas, o en las conversaciones de los pasillos y, en todo caso, entre unos pocos protagonistas.

Se iba a dirimir, sobre todo, en la cena de aquella noche. Una cena a la que sólo fuimos convocados los países del G-20 miembros de la eurozona y Estados Unidos —en las personas de los titulares de los respectivos Ejecutivos acompañados por los ministros de Economía—, además de los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, y la directora del FMI. Una cena, en efecto, sobre Italia y el futuro del euro. Un encuentro trascendental. Uno de esos momentos que definen los procesos de toma de decisiones, las fuerzas en concurso, los intereses en juego, así como las personalidades de los líderes políticos, su visión del mundo, el alcance de sus ideas… Una reunión que, a buen seguro, habría colmado la curiosidad de periodistas, economistas e historiadores.

«Conozco mejores formas de suicidio».

La frase es de Giulio Tremonti, ministro de Economía del Gobierno de Italia hasta la dimisión de Berlusconi el 16 de noviembre de 2011. La pronunció ante todo aquel que quería oírle aquel día en Cannes. Tremonti es un experimentado político, con finezza italiana. «Conozco mejores formas de suicidio» era la sentencia que utilizaba para explicar la negativa italiana a pedir ayuda al FMI.

La frase es muy reveladora de lo que representaba el rescate en el imaginario colectivo de la eurozona, las consecuencias económicas, políticas y sociales de los programas de ayudas para los países insertos en ellos. Lo que estaba ocurriendo en Grecia, Portugal e Irlanda estaba en la mente de todos.

Recordemos que la UE se había enfrentado a la crisis financiera y de deuda sin contar con un marco o una previsión de posible asistencia financiera a países con dificultades. Es más, los tratados excluían expresamente esta posibilidad. Y cuando resultó inevitable articular un sistema de préstamos, con un volumen ciertamente considerable, en favor de determinados Estados, se hizo siguiendo el modelo tradicional de ayudas del FMI acompañadas de una estricta condicionalidad. Condicionalidad que, como bien saben en Latinoamérica, puede llevar consigo, a corto y medio plazo, serias consecuencias para la cohesión social de los países afectados.

Entendí, pues, perfectamente la resistencia que había mostrado Italia durante todo el día a involucrarse en un programa de ayuda financiera (aunque éste fuese uno de los considerados como «preventivos» y hubiera algunos precedentes tenidos por positivos, como los de Polonia y México en su día).

Sí, es verdad, Italia había podido aguantar durante todo el día, pero aún quedaba la ofensiva de la cena.

Porque, sobre todo para Alemania, Francia, la Comisión Europea y el FMI, la situación resultaba insostenible. Y el agobio, como ya habíamos vivido en situaciones precedentes, se expresaba en dos palabras: lunes y mercados. Cómo abrirían el lunes los mercados, los de deuda en particular, cómo interpretarían los resultados de la cumbre, ¿reaccionarían bien o nos abocarían a un nuevo abismo?

Sí, así había ocurrido en ocasiones sucesivas desde octubre de 2008. Durante tres duros y largos años. Tras no pocas cumbres europeas y de la zona euro, o del propio G-20. Los mercados, el lunes, eran como una espada de Damocles que pendía sobre todos nosotros. Como en la leyenda griega, por cierto.

Ahora, a medida que el paso del tiempo me va distanciando de ese periodo tan vertiginoso y complejo que vivimos, me pregunto hasta qué punto es justificable, en un clima así, tener que tomar decisiones que pueden afectar, casi con carácter inmediato, a la vida de los ciudadanos, a su futuro, a su bienestar, a sus expectativas. Se me dirá, tal vez, que así es la política. Pero pocos podrán compartir una forma de hacer política de tan difícil explicación a esos mismos ciudadanos llamados a sufrirla.

En la experiencia que yo he vivido podría afirmar que todos los líderes políticos con los que compartí esas cumbres, sometidas a la espada de Damocles del lunes y los mercados, actuaban con su mejor saber y entender, cada uno a partir de su posición ideológica, cada cual en defensa del interés de su país. Todos montados en una montaña rusa cuyo mecanismo no controlábamos y de la que no era posible apearse.

No sé si tal forma de afrontar decisiones cruciales, en una crisis como ésta, es inevitable. Pero deberíamos intentar otro modelo, otro esquema de relación entre la política y la economía, entre los gobiernos y los mercados. Uno que permita a los ciudadanos comprender y distinguir los ámbitos de responsabilidad de cada uno para poder ejercer mejor su derecho a exigir cuentas.

Porque no deja de ser curiosa, y llamar a la reflexión, la interrelación entre las acciones de los gobiernos, y de instituciones como los organismos reguladores, y los mercados de capitales. Siempre tomando decisiones unos pendientes de los otros, escrutándose, tratando de anticipar, recíprocamente, sus movimientos…, en una especie de atracción fatal.

Sin duda, esa nueva posible relación debería contar con reglas más transparentes, con un papel más claro de las agencias de calificación, con una política más abierta a la información.

Pero claro, la política no podía, no puede, en todo caso, eludir su responsabilidad. Porque, además, en mi experiencia he constatado que el peso de las decisiones institucionales puede sobreponerse a la inmensa capacidad de los mercados de determinar la evolución del mundo financiero y la situación de países y empresas. Puede sobreponerse, en efecto, pero sólo cuando esas decisiones llevan el marchamo de su aplicación efectiva e inmediata, cuando son indubitadas, contundentes, cuando son expresión de fuerza y autoridad. Cuando las decisiones son firmes, los mercados se aquietan, pierden su capacidad de perturbación.

El problema es que, como es natural, las decisiones de las autoridades institucionales están sometidas a un proceso político donde subyacen los distintos intereses, las visiones contrapuestas, el respeto a las reglas procedimentales propio de las democracias. Y es evidente que, en sus posicionamientos diarios, todas estas restricciones no están presentes en la toma de decisiones de los inversores, que se mueven por motivaciones bien diferentes y con reglas propias.

Habría que revisar esta relación dialéctica de dependencia e interacción entre gobiernos e instituciones y mercados. Al igual que, en el mundo productivo, las empresas y los trabajadores tienen ciertos marcos de relación y de puesta en común para administrar intereses contrapuestos, ¿por qué no abrir un debate sobre posibles reglas de cooperación y arbitraje en el ámbito de los mercados financieros? ¿O es que tenemos que resignarnos a no poder evitar o paliar los riesgos que generan los gigantescos vaivenes que van de la exuberancia a la aversión al riesgo, esos movimientos que tan graves impactos económicos y sociales son capaces de generar?…

Ésta es una cuestión que merece una reflexión política de largo alcance. Aquí queda sólo apuntada, pero es probable que este enfoque pueda abrir nuevas expectativas a una mayor racionalidad en el funcionamiento del sistema monetario actual, que, tras la revolución financiera de las tres últimas décadas, ha cambiado tantas cosas y puesto en riesgo tantos objetivos de las grandes democracias.

Con este telón de fondo, a la altura de una crisis que ya había causado mucha fatiga económica y política, nos encontrábamos librando una nueva batalla en Cannes cuando, al final de la jornada del 3 de noviembre, la presidencia francesa nos convocó a esa cena no prevista.

Como ya he indicado, lo que había pasado en el backstage de las sesiones a lo largo de todo el día, el formato elegido y, sobre todo, los líderes convocados apuntaban a una reunión tensa y decisiva. Yo, desde luego, cuando me disponía a acudir a la cena llevaba alojada en mi estómago una sensación de incertidumbre y de riesgo. Y ello a pesar de que, después de la conversación con Angela Merkel, no había recibido ningún nuevo mensaje sobre la posibilidad de pedir ayuda al FMI, y de que todas las presiones se habían centrado en Italia. De hecho, había procurado no estar muy activo durante todo el día. Dediqué bastante tiempo a despedirme de los líderes no europeos del G-20, porque a los europeos aún los iba a ver en el Consejo de diciembre.

UNA CENA HISTÓRICA

La mesa era más bien pequeña y rectangular. Estábamos muy cerca unos de otros, lo que auguraba un clima de confianza y sinceridad.

Vuelvo a indicarle al lector quiénes nos acabábamos de sentar allí: los cuatro países de la zona euro del G-20, Francia, Alemania, Italia y España, representados por los jefes de Gobierno (en el caso de Francia por el presidente de la República) y sus ministros de Economía; y el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, la directora del FMI y el presidente de Estados Unidos, acompañado del secretario del Tesoro.

No está de más recordar de nuevo que el contexto del G-20 de Cannes estaba marcado por la debilidad de la zona euro, por la situación de infarto vivida en torno a Grecia, por las crecientes incertidumbres sobre Italia y, en general, por las tensiones en los mercados sobre las primas de riesgo de varios países europeos.

Y esta situación concernía a todos los países representados en la ciudad francesa, puesto que la inestabilidad de la zona euro suponía una amenaza cierta para la recuperación económica mundial; de hecho, así se consideraba con carácter general. No podía sorprender entonces que las grandes potencias no europeas, como China y Estados Unidos, reclamaran determinación europea para no obstaculizar esa recuperación y como paso previo para comprometer nuevas decisiones, referidas bien a la ampliación de recursos del FMI, bien a la posible participación financiera de China en el propio fondo de ayuda y asistencia europea.

Las declaraciones de los líderes mundiales en el arranque del G-20 habían sido, en este sentido, suficientemente claras. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había afirmado: «El aspecto más importante de nuestra tarea durante los próximos días es resolver la crisis financiera de Europa».

De modo que Europa —en particular, la zona euro— estaba llamada a dar una respuesta, a ofrecer algo nuevo.

Volvamos a la mesa de la cena. Reparemos de nuevo en su composición. Veamos que tenía un marcado carácter atlántico. Que la integraban las economías más grandes de la costa del Atlántico (salvo Gran Bretaña, que no es zona euro y no estaba presente). Esa costa, esa zona del mundo que había liderado a éste en los dos últimos siglos, y que ahora ya sentía seriamente amenazado ese liderazgo por las economías emergentes del Pacífico a consecuencia del reequilibrio de la riqueza mundial originado por la globalización. Y aunque no estaban sentados en esa mesa, los líderes de los países de la costa del Pacífico y los demás emergentes también esperaban nuestras soluciones.

Así que de aquella reunión atlántica deberían salir nuevas decisiones para apuntalar el euro, para que Europa recuperase credibilidad. Nuevas decisiones políticas, quiero subrayarlo. Lo que estaba en cuestión era la capacidad política de los europeos. Nadie dudaba de sus recursos económicos y financieros, de sus posibilidades si actuaban unidos y determinados. En este terreno se situaba la pelota en aquel partido que parecía la final de una competición mundial entre la política y los mercados.

Los mercados estaban prestos a jugar el lunes, expectantes, ávidos de obtener ganancias rápidas o de atacar a nuevos países si los resultados de la cumbre no los tranquilizaban.

De la cena, que se prolongó durante casi dos horas, retengo dos impresiones que me parecen interesantes, por encima de otros detalles que nos puedan también ilustrar, una vez más, sobre el proceso de toma de decisiones en esta crisis.

Esas impresiones son las siguientes: una, la dura, descarnada ofensiva a la que se sometió al Gobierno italiano y la resistencia mostrada por éste; y la otra, la constatación de la dependencia real y psicológica de los gobiernos respecto de los mercados.

La ofensiva para que, allí mismo, Italia aceptase una ayuda financiera del FMI, y ésta se anunciase al mundo, fue, en efecto, intensísima. Sarkozy, Merkel, Barroso, Van Rompuy y Obama, todos ellos, se emplearon a fondo. Los argumentos eran coincidentes, los estilos, los propios de la personalidad de cada uno de los líderes. Sarkozy, vehemente; Merkel, rocosa; Barroso, incisivo; Van Rompuy, frío; Obama, respetuoso pero firme.

Una y otra vez, se afeaba a los italianos la falta de credibilidad de las medidas anunciadas por su Gobierno en agosto, la imposibilidad de que el país transalpino pudiera continuar financiándose a un interés del entorno del 6,35 por ciento, el vigente entonces, y el riesgo de que los ataques se contagiaran no sólo a España, sino también a otros países europeos, como Bélgica y Francia, lo que devendría en una situación imposible para la zona euro que acabaría proyectando sus efectos negativos sobre el conjunto de la economía mundial…

En el debate hubo momentos de tensión, serios reproches, invocaciones a la historia, hasta recordatorios cruzados del papel de los aliados tras la segunda guerra mundial… Palabras mayores, argumentos que tocaban la médula de cada país. Y es que a veces los líderes y los socios políticos de las democracias consolidadas son capaces de decirse las cosas de una forma que la opinión pública no podría imaginar. Sobre todo, si nos atenemos a las fotografías de familia al uso y a los discursos prefabricados. En ocasiones, se siente el vértigo de la historia, la gigantesca responsabilidad que supone gobernar. Y debo decir que, en general, aunque los debates sean crudos y la tensión muy elevada, se preserva el respeto, el respeto democrático que impone el hecho de que cada uno de los líderes ostente la representación de su país.

En la cena hubo momentos de intensidad inolvidables. Me impresionó singularmente que en una fase de la discusión algunos líderes europeos llegaran a esgrimir los agravios producidos en la posguerra. Fue sólo un destello, pero por un momento parecía que la dramática división europea del siglo pasado aún proyectaba sus consecuencias. Fueron sólo cinco minutos, pero cinco minutos en los que las palabras que escuchaba contenían la fuerza evocadora de todas las lágrimas derramadas en la historia europea.

Volvamos al curso de la cena. ¿Qué vemos? Frente a la ofensiva en aluvión, la cerrada defensa, el catenaccio en toda regla, que articularon Berlusconi y Tremonti: una y otra vez despejando balones, ya con los argumentos más técnicos de Tremonti o con las invocaciones más domésticas de Berlusconi a la fuerza de la economía real, del comercio o de la capacidad de ahorro de los italianos.

La disciplina del catenaccio no mostraba fisuras. Mientras la reunión avanzaba, se podía constatar que Italia no iba a ceder, que no iba a aceptar préstamos con condicionalidad. Italia no se iba a sacrificar de este modo, allí, bajo presión, en el altar de la estabilidad financiera de Europa y del mundo. No con su anuencia.

Al final, se llegó a una solución de compromiso consistente en que el FMI y la UE constituirían un grupo de supervisión para evaluar las reformas comprometidas días atrás por carta por el Gobierno de Berlusconi ante la UE. El acuerdo suponía una vigilancia trimestral, que sería, según palabras de la directora gerente del FMI, «exigente y rigurosa».

Berlusconi, por su parte, explicó públicamente que el papel del FMI era de «certificación» de las reformas, al tiempo que comunicaba haber rechazado la oferta del organismo para recibir un préstamo. Fue así. Y lo cierto es que, hasta el día de cierre de la edición de este libro, Italia no ha tenido que pedir ayuda. A pesar de que en aquellos primeros días de noviembre la prima de riesgo italiana se situaba en los 454-455 puntos básicos, con un interés del bono del 6,37 por ciento, un umbral considerado crítico por analistas y organismos internacionales.

Pero el Gobierno italiano quedó tocado a raíz de lo ocurrido en Cannes. Sólo unos días después de la cumbre, el 12 de noviembre, Berlusconi presentaba su dimisión, tras la aprobación por el Parlamento de los Presupuestos para 2012, que incluían las veintisiete reformas comprometidas por el Gobierno italiano ante la UE. Y Mario Monti era elegido primer ministro de Italia.

El lector podrá extraer sus propias conclusiones.

La segunda impresión que, recuerdo bien, me produjo aquella cena fue la que tenía que ver con el sentimiento de cierta impotencia de los gobiernos democráticos frente a los mercados. Y la recuerdo porque la expresó allí, de un modo muy elocuente, quien se supone que dirige el Gobierno democrático más poderoso de la Tierra, el presidente de Estados Unidos de América.

Sí, esa intervención de Barack Obama sobre la relación con los mercados se me quedó grabada en la memoria. No sólo por ser la del representante de la primera potencia mundial, sino también por proceder de alguien cuyos análisis, bien articulados y expresados con convicción, me merecían siempre respeto.

Obama vino a reconocer con mucha claridad, como algo enojoso pero inevitable, la posición de suma debilidad que la comunidad política internacional tenía ante los movimientos de la comunidad financiera. «Éste es el mundo que hemos construido y que hay que cambiar —dijo Obama—, pero hoy por hoy nuestro margen de maniobra es reducido». Y este sentimiento de incómoda resignación le llevaba a hacer una aproximación realista a la posición de los mercados y a las decisiones que desde el ámbito de la política se podían tomar para aplacarlos. Recuerdo haber cruzado miradas de complicidad con la ministra Salgado mientras escuchábamos esta confesión, y comentado con ella después la dificultad de explicar a los ciudadanos, a aquellos que confiaban en nosotros la suerte de su destino, que éste, más que en nuestras manos, se encontraba atrapado en esa telaraña a la que con afán simplificador denominamos «mercados». Esos mercados que, por otra parte, sí tienen cara y ojos, posibles representantes o interlocutores, como he comentado en otra parte de este libro.

El sistema financiero, que creció desmesuradamente en los últimos treinta años, es un gigante que nadie lidera, que actúa en función de expectativas construidas sobre hipótesis no fundadas o inverificables, resultado de integrar un sinfín de variables con mucha rapidez, lo que casi siempre le lleva a moverse de manera gregaria y a veces compulsiva. Esa compulsión que se observa en Wall Street y en otros mercados en los días de agitación. Claro está que el interés y la codicia cuentan, pero no es sólo eso. La falta de liderazgo y de un marco de diálogo con el poder político abona los cambios bruscos en los estados de opinión, fruto en muchas ocasiones del albur de circunstancias y de hechos colaterales más que de los llamados «fundamentales» de la economía.

Pero del lado de los gobiernos también existe esa ausencia de liderazgo fuerte e inequívoco. La emergencia de otras potencias junto a Estados Unidos y Europa ha propiciado que el rumbo de las políticas económicas de los países sea más impredecible; de ahí que la coordinación y cooperación entre los gobiernos resulte trascendental. El G-20 es, hoy por hoy, la única plataforma real con la que cuenta el mundo para ese objetivo de establecer grandes orientaciones y compartir decisiones coherentes que supongan cooperación, que busquen coherencia, unidad.

Se podrá decir que la persecución de ese objetivo es una mera utopía. Que los intereses de las grandes potencias son y seguirán siendo contrapuestos y que ello limita mucho la posibilidad de configurar ese orden económico mundial predecible y racionalizable.

Seguramente en buena medida es así, pero creo que hay un camino posible por recorrer. Y que el G-20 puede ser, al menos, el embrión. Éste es el reto más importante que tiene nuestro momento histórico. No basta, no es suficiente la defensa del interés nacional o regional. En un mundo globalizado hay un interés cada día más prevalente, el interés global, la defensa de los bienes públicos mundiales y, entre ellos, el de una economía sostenible y el de una redistribución de las oportunidades y de la riqueza. Tengo el convencimiento de que ese camino se irá recorriendo poco a poco, que avanzaremos hacia una mayor coordinación económica internacional. Sin duda, deseable y, seguramente, cada vez más, inevitable.

Pero volvamos, y ahora será ya por última vez, a la cena del 3 de noviembre. Ya estamos en los postres, cerca del final. Una vez que la solución para Italia se había situado en esa posición, en cierto modo intermedia entre la ofensiva y el catenaccio, consistente en que el país aceptaba la supervisión de su proceso de reformas por parte del FMI y de la propia UE —para llegar a la cual, por cierto, Obama y Van Rompuy fueron decisivos—, se produjo un instante de vacío, como si hubiese terminado un gran combate y todos los asistentes rompiésemos a sudar.

Durante toda la reunión no se había hablado de España, que era lo mejor que nos podía pasar. Por razones obvias, mantuve en todo momento una actitud discreta. Aunque tenía preparadas algunas notas por si se abría la carpeta de mi país.

Pero no fue necesario. Es más, la reunión se levantó con un gesto de Obama, un gesto y unas palabras de complicidad amables hacia España. El presidente Obama me miró y dijo: «No sé si el primer ministro de España quiere decir algo…». Esas palabras las acompañó con una sonrisa tranquilizadora, muy expresiva para todos los que allí estábamos. De inmediato contesté: «No, gracias, no tengo nada que añadir». Y nos levantamos de nuestras sillas.

Tuve una sensación parecida a la que producen las endorfinas después de un ejercicio exigente. Habíamos salvado la última amenaza.

Cuando regresé al hotel, ya tarde, quise hacer partícipes a mis colaboradores de nuestra sensación de alivio explicándoles lo que había pasado en la cena. Curiosamente, los miembros de la delegación italiana también se alojaban allí y también estaban, como nosotros, reunidos de manera informal en el bar. Había un claro contraste en los semblantes de unos y otros. Nosotros, relajados; ellos, preocupados. Después de una jornada tan dura, me sentí particularmente solidario con esa preocupación. La amenaza de un control externo ejercido sobre tu país, aunque fuera en este caso aún bajo la forma de una supervisión especial, era un trago muy amargo que no se podía desear a nadie. Menos todavía a una nación como Italia, por la que sentimos una especie de simpatía y afinidad naturales, y con la que llevábamos meses compartiendo serias dificultades y riesgos.

Aquella noche me costó conciliar el sueño, a pesar del cansancio. Sí, es verdad, me sentía aliviado. Definitivamente, íbamos a concluir el mandato habiendo sorteado todas las amenazas de rescate o de intervenciones de otro género. España celebraría sus elecciones en condiciones de normalidad (Portugal fue rescatada poco antes de tener las suyas). Después de todo lo vivido durante aquellos meses, nuestro país contaba con un margen de confianza… ¡Y qué bien que hubiéramos podido estar presentes, hacernos valer, en un foro tan importante como el G-20, importante por lo que se ve y, sobre todo, por lo que no se ve!

Pero ese alivio me duraba poco. No podía abstraerme de la realidad económica y social de mi país, de las durísimas consecuencias de la crisis y de que, tras un periodo de calma y de incipiente recuperación de la actividad durante el primer semestre de aquel año (que hizo que en el conjunto de 2011, con los datos disponibles a su término, todavía se registrara un crecimiento positivo del 0,7 por ciento del PIB), los últimos meses nos volvieran a situar ante el escenario de una posible nueva recesión. Y de que el paro ya hubiera superado el 21 por ciento en el tercer trimestre.

Al día siguiente finalizaba la cumbre. Celebramos la reunión formal para aprobar las conclusiones y todos los líderes comparecimos en las obligadas ruedas de prensa. Se dio a conocer el acuerdo sobre Italia. Grecia parecía que volvía al tablero después de la renuncia de Papandréu al referéndum y la perspectiva de un Gobierno de concentración nacional con un técnico al frente.

En mi comparecencia, traté de reproducir las sensaciones ambivalentes que había tenido la noche anterior. Ante los medios, enfaticé que habíamos llegado hasta aquí, hasta el final de la Legislatura, sin tener que pedir el rescate. Aunque precisé que con las cifras del paro que teníamos no había ninguna razón para la complacencia.

Para mí, terminar la Legislatura sin un programa de intervención tenía que ser un motivo de satisfacción, porque era muy consciente tanto de los riesgos que habíamos podido sortear como de las consecuencias que el rescate habría traído consigo. Nadie me hubiera podido convencer de lo contrario: el rescate habría implicado más sufrimiento social, además de la estigmatización del país ante nosotros mismos y ante el mundo. Pero, a la vez, entendía que a la sociedad española le costase valorar ese esfuerzo del Gobierno por evitar el mal mayor. La crisis seguía golpeando duramente a trabajadores y empresas. De poco podía servir, en democracia, argumentar que estábamos evitando el mal mayor cuando las condiciones económicas y sociales seguían siendo tan adversas, en noviembre de 2011, después de tres años de crisis.

Aunque no trascendió el contenido de la cena, ni lo acontecido en Grecia ni la respuesta dada a la inquietud sobre la situación italiana hicieron posible que el G-20 de Cannes supusiese un factor de confianza y estabilidad duradera en los mercados. De hecho, durante el mes de noviembre la prima de riesgo de España subió veinte puntos básicos, de los 375 a los 395, con un máximo, el día 22, que alcanzó los 465, y la de Italia los 490, aunque llegó a ponerse el día 9 en ¡553!, justo antes de la dimisión de Berlusconi.

Con el G-20 concluían diez días de gran estrés. El 26 de octubre, con un Eurogrupo decisivo. Con Grecia al borde del abismo. Con Italia y España en observación. Con una dura negociación sobre la recapitalización de la banca que supuso la necesidad de incrementar el capital de las cinco entidades españolas más grandes en 18.000 millones de euros. Del 27 al 30 de octubre, con el viaje a Paraguay para asistir a la cumbre iberoamericana, donde tuve que explicar la difícil situación de la zona euro a una Iberoamérica más segura de sí misma que nunca. Y de vuelta a España, a la Cumbre de Cannes del G-20, con un trasfondo tan inquietante y revelador como acabo de intentar relatar.

LA RECTA FINAL

Y, tras superar la prueba que había supuesto el G-20 de Cannes, llegaba la recta final de mi mandato. El 20 de noviembre fueron las elecciones generales y las encuestas ya venían siendo claramente desfavorables. Acudí a Ferraz por la tarde para vivir la noche electoral. El resultado fue malo para el PSOE. El PP ganó las elecciones y obtuvo una amplia mayoría absoluta.

Alfredo Pérez Rubalcaba y los compañeros de la dirección soportaban la llegada de los resultados con una entereza encomiable. Me sentía el responsable principal de aquel resultado tan adverso. Procuré mantener el tono, de nada servía incrementar la depresión, pero aquella noche tuve un dolor sin paliativos, tal y como leí en un artículo de opinión de un periódico de tirada nacional.

Llamé a Rajoy para felicitarle y le garanticé que el traspaso de poderes se haría con lealtad y plena colaboración del Gobierno. Y creo que cumplí la palabra.

Desde las elecciones hasta la toma de posesión de Rajoy como presidente me reuní con él en dos ocasiones. Para hablar de los temas fundamentales del país y especialmente de la crisis.

Además, teníamos que concretar la posición de España en el Consejo Europeo del 8 y el 9 de diciembre.

El día 9, los líderes de la zona euro aprobamos una declaración que expresaba el compromiso de adoptar un tratado internacional para avanzar hacia una unión económica más fuerte, lo cual requería actuar en una doble dirección:

Alcanzar un nuevo pacto presupuestario y una coordinación reforzada de las políticas económicas.

Desarrollar nuevos instrumentos de estabilización para hacer frente a los desafíos a corto plazo. Este acuerdo político se convertiría en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de marzo de 2012.

En la declaración se incluía un último punto que decía: «Nos congratulamos de las medidas adoptadas por Italia; asimismo nos congratulamos del compromiso del nuevo Gobierno griego y de los partidos que respaldan aplicar íntegramente su programa, así como del positivo avance logrado por Irlanda y Portugal en la aplicación de sus programas». España no aparecía mencionada, ni estábamos en un programa ni se había tenido que llegar a un Gobierno técnico.

Y como era mi último Consejo, siguiendo la tradición, los líderes de los países europeos me dedicaron palabras amables.

Me despedí del edificio Justus Lipsius, la sede del Consejo Europeo en Bruselas. Había acudido a la capital belga para participar en cumbres europeas en cincuenta y dos ocasiones, veinticinco durante los años de la crisis.

Era un edificio familiar. En aquella sala del Consejo Europeo viví grandes momentos y no pocas situaciones de inquietud o de impotencia también. Pero ninguna de estas últimas logró debilitar el ideal europeo en mis convicciones.

Los últimos días de mi mandato fueron el tiempo para las despedidas y los recuerdos, los agradecimientos, las llamadas, los últimos papeles…, el tiempo para recapitular y comenzar a hacer balance.

Pensé que había vivido con tanta intensidad esa segunda legislatura que no sería difícil escribir sobre ella. Casi nada se me iba a olvidar. Casi nada se me ha olvidado.

EPÍLOGO

Y llega la hora de la verdad. Después de rememorar hechos, vivencias y emociones, repasar notas, recuperar informes, releer discursos y conclusiones de las cumbres europeas y del G-20, revisar las medidas que mi Gobierno adoptó, los debates parlamentarios del periodo, y una buena parte de los análisis de los economistas sobre la crisis…, después de hacer todo ello con cierta perspectiva como para poder valorar esfuerzos y errores, me aproximo a la parte final de este libro.

Este epílogo recoge mi contribución al análisis de esta crisis a partir de la experiencia directa que he relatado en los capítulos precedentes, una contribución abierta, cómo no, al debate y a la discusión, pero también a una mayor perspectiva, necesaria para completar el diagnóstico sobre lo que ha pasado y para extraer las lecciones necesarias.

Sé que hay opiniones que parecen ya cerradas, casi definitivas, sobre la crisis. A mi juicio, estamos aún lejos de ese estadio. Es curioso, algunos de los que sostienen que el debate sobre la Gran Depresión de 1929 sigue vivo parece que se atreven ya a sentenciar sobre la Gran Recesión de 2008. Yo pienso que necesitamos más tiempo, y seguramente el sosiego colectivo que sólo encontraremos cuando podamos dar definitivamente por clausurada esta larga y dura fase del ciclo económico.

Este análisis, esta recapitulación final, conjuga los tres enfoques, las tres miradas, sobre la crisis que han estado presentes en el relato de mis vivencias sobre ella: la global, la europea y la española. Las tres son imprescindibles y su imbricación muy intensa, aunque es cierto que la crisis ha sido más grave en la zona euro que en el ámbito global, y que en algunos países como el nuestro ha sido especialmente difícil y traumática.

En los capítulos previos he contado al lector los dilemas a los que me tuve que enfrentar, los que yo percibí como tales, y sobre los que a continuación volveré. Pero antes quiero referir uno nuevo, el de cómo abordar el juicio autocrítico sobre mi respuesta a la crisis.

En diversos momentos de mi relato he pensado qué otras decisiones hubiese podido tomar, pero me ha resultado muy difícil aislarlas de las que efectivamente adopté. Y es que volver hacia atrás es una posibilidad que el tiempo no nos ofrece. El tiempo es futuro. Futuro imprevisible. Y tal vez lo único que esté en realidad a nuestro alcance es alejarnos de los dogmatismos y contribuir a que un amplio, intenso y fértil debate colectivo nos deje alguna lección.

Conociendo lo que ha pasado posteriormente, nuestra recomposición de los hechos tendrá siempre una cierta tendencia «a ajustar nuestra visión del mundo para dar en él acomodo a la sorpresa», tal y como afirma Daniel Kahneman. Y no me resisto a recoger una larga cita de este psicólogo y premio Nobel de Economía en 2002:

«He oído decir que muchas personas sabían que la crisis financiera de 2008 era inevitable antes de que se produjera. En esta afirmación hay una palabra muy discutible que habría que desterrar de nuestro vocabulario en las discusiones sobre acontecimientos de gran calado. La palabra es ciertamente sabían. Algunas personas pensaban que se avecinaba una crisis, pero eso no era algo que se supiera. Ahora dicen que lo sabían porque es ya un hecho. Aquí hay un uso indebido de un importante concepto. En nuestro lenguaje cotidiano empleamos la palabra saber sólo cuando lo que sabemos es verdad y podemos probar que lo es. Podemos saber algo sólo si es verdadero y puede conocerse. Pero quienes pensaban que habría una crisis (que son menos de los que ahora recuerdan haberlo pensado) no podían probarlo de forma concluyente. Muchas personas inteligentes y bien informadas que estaban muy atentas al futuro de la economía no creían que fuera inminente una catástrofe; de este hecho deduzco que la crisis no era entonces predecible. Lo perverso del uso del verbo saber en este contexto no es que algunas personas cayeran en una presunción que no poseen, sino que el lenguaje supone que el mundo es más cognoscible de lo que realmente es. Ello contribuye a perpetuar una perniciosa ilusión. El núcleo de la ilusión es que creemos entender el pasado, lo cual supone que también el futuro puede conocerse, pero la verdad es que entendemos el pasado menos de lo que creemos» (Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio).

La cita es larga, pero, en mi opinión, muy sugestiva, y me permite entrar en el primero de los diversos momentos autocríticos a los que me quiero referir.

MI TARDÍA UTILIZACIÓN DE LA PALABRA CRISIS

Hasta julio de 2008 no hablé de crisis al referirme a la situación económica española. Durante los meses de mayo y junio, fui requerido en muchas ocasiones para que sustituyera la palabra desaceleración por la de crisis. No sólo la oposición, sino también medios de comunicación, articulistas y economistas esperaban comprobar si utilizaba esa palabra. Hubo un momento culminante en ese círculo perverso que a veces es el lenguaje. Fue el 29 de junio en una entrevista que concedí a El País cuyo titular, en portada, fue: «Es un tema opinable si hay crisis o no hay crisis». La segunda pregunta que se me hizo resume bien la polémica de entonces: «¿Tener como tabú la palabra crisis no da argumentos a los que dicen que el Gobierno no reconoce la situación?». Mi respuesta fue: «Yo no me empeño en usar ni una palabra ni otra. Desde la responsabilidad del Gobierno hay que decir, uno, que hay dificultades, dos, explicar por qué, y tres, actuar con medidas». A continuación, el director del periódico me hacía la siguiente observación: «Al margen de los economistas, en la calle el ciudadano siente que hay una crisis». Mi respuesta fue: «Lo que el ciudadano siente es que la economía va a peor que hace un año, y es verdad. Pero conceptos como recesión, desaceleración o crisis pertenecen más al ámbito académico. No sé cuál es el interés por eso, pero es un tema opinable».

Debo reconocer que ya en aquellos momentos algunos de mis colaboradores eran partidarios de que usara la palabra crisis, tal y como hice a partir del 8 de julio de ese año en una entrevista a la cadena de televisión Antena 3. Sí, fue un error no hacerlo antes, porque en la calle y en los medios ya había empezado a calar un cierto clima de crisis, sensación que se iba a ver, por supuesto, confirmada después, con el crash financiero que se produjo a partir del otoño, a pesar de que éste no fuera en absoluto previsible en la primavera de 2008. Fue un error dar la impresión de que se combatía una determinada percepción en la sociedad por parte de alguien al que se le atribuía una predisposición optimista ante la realidad, pero fue un error que —pienso sinceramente— no afectó a nuestra reacción, a que ésta se produjera, frente a los síntomas de deterioro inicial que se detectaban en aquellos meses.

Fue un error que se debió a dos razones, una puramente subjetiva y otra objetiva. La razón subjetiva era, ciertamente, mi afán por no transmitir mensajes pesimistas que ahondaran en la desconfianza de los agentes económicos, cuando entonces los datos no justificaban, en mi opinión, esa desconfianza, o no la justificaban hasta el punto en que se iba extendiendo en algunos círculos. La objetiva eran esos propios datos y previsiones sobre la economía española en aquel momento.

Habíamos cerrado el año 2007 con unos datos muy buenos. En el conjunto del año, el PIB (con datos de aquel momento según el INE) había crecido un 3,8 por ciento, y el empleo un 3 por ciento, lo que había dejado la tasa de paro en el 8,3 por ciento. En el último trimestre de ese año el crecimiento del PIB había sido de un 3,5 por ciento interanual y de un 0,8 por ciento intertrimestral, y la inversión en bienes de equipo de un 8,6 por ciento. Incorporo este último dato porque en muchas ocasiones oí decir a distintos economistas que el dato de crecimiento de esta variable es uno de los mejores indicadores del comportamiento futuro de la economía. Un 8,6 por ciento era un buen dato, aunque durante 2006 y 2007 habíamos tenido crecimientos del 10 por ciento.

El primer trimestre de 2008, el PIB anual creció un 2,7 por ciento y el intertrimestral un 0,3 por ciento. La inversión en bienes de equipo seguía creciendo con brío, al 6,3 por ciento, y su peso como porcentaje del PIB había aumentado del 7,5 en 2004 al 9,3 por ciento.

Ésos eran los datos de nuestra economía en ese periodo por los que me resistía a utilizar la palabra crisis. Generalmente se identifica la recesión con la sucesión de dos trimestres de crecimiento negativo, lo que no sucedería hasta finales de 2008 (el tercer y cuarto trimestre de ese año el crecimiento del PIB fue, respectivamente, de un -0,8 por ciento y un -1,1 por ciento), y que en la primavera de ese año no parecía en absoluto el escenario para los meses siguientes.

Porque ¿cuáles eran las previsiones entonces?

En abril de 2008, el FMI vaticinaba para España un 1,8 por ciento de crecimiento del PIB para ese año y un 1,3 por ciento para 2009. Y situaba la tasa de paro en el 9,5 y 10,4 por ciento, respectivamente. La OCDE preveía en mayo un crecimiento del PIB del 1,6 por ciento para 2008 y un 1,1 por ciento para 2009. Y la Comisión Europea, en esa primavera de 2008, estimaba para ese año un crecimiento del 2,2 por ciento y para 2009 del 1,8 por ciento.

Por su parte, el panel de Funcas, el llamado consenso que agrupa a los principales servicios de estudios económicos de España, vaticinaba en mayo-junio de 2008 un 2,2 por ciento de crecimiento del PIB para 2008, y para 2009 un 1,7 por ciento. Y The Economist, en febrero de 2008, auguraba para España un crecimiento del 2,4 por ciento en ese año y un porcentaje equivalente en 2009, de modo que nuestro país estaría llamado a liderar el crecimiento de las economías más desarrolladas.

Estas previsiones quedaron pulverizadas a partir de octubre de 2008, con el crash financiero tras la caída de Lehman Brothers. Pero ésos eran los datos y las previsiones en la primavera de 2008.

Seguramente ya no se recuerde, pero los primeros seis meses de 2008 el problema principal de la economía española era la inflación, que había llevado al euríbor a alcanzar el 5,1 por ciento en junio, lo que presionaba a las economías domésticas, especialmente en el pago de las hipotecas. Ésta fue la razón por la que se tomó la medida de la devolución de los cuatrocientos euros: aliviar el impacto sobre las familias de la subida de precios y del euríbor. Una medida tomada en un contexto de superávit de las cuentas públicas de un 2,2 por ciento del PIB.

Quizá también nos hayamos olvidado de que el 3 de julio de 2008 el BCE subió los tipos de interés en veinticinco puntos básicos, hasta el 4,3 por ciento, situando el precio del dinero en la zona euro en su nivel más alto de los últimos siete años.

«El repunte de la inflación a su máximo histórico desde la creación del euro, que en junio alcanzó el 4 por ciento por culpa del petróleo, y no se espera que baje a corto plazo, ha llevado al banco a elevar el precio del dinero tras doce meses sin cambios. Una postura que le convierte en el único instituto emisor junto al sueco que ha optado por movimientos al alza en plena desaceleración y contrasta con su homólogo estadounidense». Así se expresaba la crónica de El País de aquel 3 de julio de 2008.

Ciertamente, el BCE no vaticinaba una recesión económica inmediata, ni que la inflación fuera a terminar aquel año por debajo del 2 por ciento, tal y como ocurrió.

Éste fue el contexto en el que se produjo mi error. No, hasta octubre de 2008 en que tuvo lugar el crash financiero no pensé que íbamos a sufrir una crisis como la que nos ha impactado con tanta dureza. Sí creía, a finales de la primavera de 2008, que podíamos tener por delante un tiempo de dificultades y que el paro volvería a subir, pero jamás imaginé que lo haría de forma tan dramática.

Además, consideraba que la situación de las cuentas públicas, con un superávit del 1,9 por ciento del PIB en 2007 y una deuda pública que habíamos reducido al 36 por ciento del PIB, nos permitía un buen margen de maniobra.

Extraigo una primera conclusión: los líderes políticos deben tomar siempre las previsiones económicas con gran cautela. Y esto plantea un gran dilema a los gobiernos y a los políticos en general, ya que se espera de ellos previsibilidad, confianza, seguridad y, si no las aportan, decepcionan. Reducir las causas y los efectos de la imprevisibilidad de la evolución económica es una gran tarea pendiente que sólo se podrá lograr con un cambio sustancial en la gobernanza de la globalización económica. Una tarea hercúlea, pero necesaria.

LA ETIOLOGÍA DE LA CRISIS. EL CONTAGIO

En lo que sí existe mayor consenso —aunque, como siempre, hay terreno para la discusión— es en lo referente a la génesis de la crisis.

La crisis fue consecuencia de un gran crecimiento de la economía financiera, que adquirió una dimensión global debido a los cambios tecnológicos y a la liberalización de los mercados financieros. Un crecimiento que se produjo, en buena medida, a través de lo que se ha venido en denominar banca en la sombra, fenómeno de banca atípica y en cuyo contenido explosivo no repararon las autoridades de supervisión y regulación financiera.

Krugman, en una brillante conferencia en Lisboa, con motivo de la recepción de su doctorado honoris causa por la universidad de la capital portuguesa, lo expresó en febrero de 2009 con claridad: «En retrospectiva, no hubiera tenido que ser difícil fijarnos en la aparición de un sistema financiero paralelo, un sistema bancario llevado a cabo por entidades no de depósito, como los bancos de inversión que se financiaban a sí mismos por pactos de recompra. Y no hubiera tenido que ser difícil darnos cuenta de que una institución que utiliza los préstamos a corto plazo para invertir en activos a largo plazo o no líquidos era inherentemente vulnerable a algo equivalente a un típico pánico bancario. Y que las instituciones que hacían esto no tenían el respaldo de una garantía de depósitos ni de una regulación efectiva».

Y añade el premio Nobel: «No pensé ni por un momento en los riesgos sistémicos».

Ese proceso de gran crecimiento de las finanzas tenía un esquema novedoso y desregulado por el que créditos hipotecarios y otros más complejos se titulizaban y se colocaban en el mercado en forma de bonos. Éstos se emitían con el marchamo de triple A de las agencias de calificación, aunque en los paquetes de hipotecas hubiera grupos de crédito con alto riesgo de impago, como así sucedió.

Esos bonos circulaban desde la entidad concesionaria hacia fondos de inversión o planes de pensiones y se retiraban del activo del balance de la entidad emisora. Y como en una economía con una amplísima libertad y velocidad en el movimiento de capitales los productos son muy sofisticados y cambian de mano con frecuencia, cuando suena una alarma, como ocurrió en agosto de 2007 y después con mucha mayor intensidad en octubre de 2008, el pánico se apodera de los mercados. Éstos se cierran, se produce un credit crunch, y la economía entra en caída libre, con las consecuencias conocidas.

Pero el cuadro de la crisis financiera no estaría completo sin hacer referencia a otros dos fenómenos muy relevantes para su comprensión.

Por un lado, el proceso de endeudamiento vivido, especialmente por los países occidentales, durante las tres décadas anteriores a la crisis. La cifra impresiona: la deuda de los países desarrollados se multiplicó por cuatro en ese periodo. El endeudamiento se generó, espoleado por los bajos tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en varios países europeos y, entre estos últimos, especialmente en los que desde el nacimiento del euro habían disfrutado de un largo periodo de gran liquidez, de fácil acceso al crédito, como España. Baste recordar que, a partir de la entrada en vigor de la moneda única, en cuestión de meses, los tipos de interés bajaron en nuestro país nueve puntos, lo que favoreció una explosión del crédito y del endeudamiento.

El segundo fenómeno que conviene destacar es la procedencia del ahorro que, en ese proceso de endeudamiento, llegaba a los países occidentales, necesitados de financiación externa. El ahorro procedía en buena medida de los países emergentes, especialmente China, que habían acumulado grandes reservas en las últimas décadas. De modo que esos flujos han venido acompañados de un claro reequilibrio en el crecimiento de la economía en el mundo, lo que queda claro en datos tan elocuentes como los siguientes:

Cuota de PIB en el mundo (%)

UE

EE. UU.

BRICS

Resto del mundo

1980

32

25

12

31

1990

29

25

15

31

2000

25

23

18

34

2010

20

19

25

36

Fuente: FMI.

Es decir, en los últimos treinta años los BRICS han duplicado su participación en el PIB mundial, mientras que la UE y Estados Unidos han pasado de representar el 57 por ciento al 39 por ciento. Es un cambio notable. Y los pronósticos casi unánimes son que esta tendencia se consolidará en las próximas décadas.

En este sentido, hay analistas que insisten en la idea de que los desequilibrios comerciales globales han sido la causa principal de la crisis económica y financiera.

Son las paradojas de la globalización comercial y financiera: ha tenido efectos positivos en cuanto que ha equilibrado la riqueza en el mundo y ha permitido salir de la pobreza a millones de ciudadanos, pero también los ha tenido negativos, en cuanto que ha creado serias dificultades en los países desarrollados, que han visto frenada su expansión y que se enfrentan al reto de mantener su potencial de crecimiento económico para preservar sus logros de bienestar social.

En un principio fueron las hipotecas subprime y el pinchazo de las burbujas inmobiliarias en diversos países; de ahí a los problemas de solvencia en los balances de determinadas instituciones financieras; y más tarde a la falta de confianza en todo el sistema financiero, que agravó el credit crunch y cortocircuitó la financiación a la actividad económica… Pero es interesante preguntarse: ¿por qué esa transmisión generalizada, por qué ese contagio tan espectacular que afectó, aunque en distinta medida, a todo el sistema financiero y provocó en 2009 la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado?

Juan José Toribio ha escrito que «lo que convirtió el problema inmobiliario en una crisis mundial de efectos muy superiores a lo inicialmente esperado, es decir, lo que transformó el simple desbordamiento de la crisis norteamericana en un auténtico contagio global, fue el efecto sorpresa».

Coincido plenamente con esta observación. Ésa ha sido mi experiencia. Cada hecho no previsible y sorprendente que se producía en esta crisis provocaba un contagio más allá de lo razonable, un pánico exacerbado en los mercados. Lo sucedido en Grecia, como origen de la crisis de deuda de los países del sur de la zona euro, es bastante elocuente. Era impensable que un país de la zona euro no pudiera afrontar sus compromisos de deuda. Cuando eso sucedió, el contagio fue automático y sin que se tuvieran muy en cuenta los datos de deuda de algunos países como España. Así ocurrió en mayo de 2010, pero también en noviembre de 2010, y en agosto de 2011, y en octubre y noviembre de 2011… Cada vez que Grecia se situaba al borde del abismo, el mercado de deuda temblaba en otros países, como en España, más allá de los datos de nuestra deuda pública o de cómo se financiaba el Tesoro, o de la razonable cantidad que, hasta 2011, teníamos que afrontar para el pago de los intereses de aquélla.

Y es bastante sensato pensar que en un mundo globalizado en las finanzas, con una amplia libertad de movimientos de capitales, con ingentes flujos de dinero que se mueven cada día, el «efecto sorpresa» puede originar shocks de gran envergadura. Y más si añadimos el hecho de que vivimos en una sociedad permanentemente comunicada gracias al cambio vertiginoso que supone la revolución de las tecnologías de la información.

Por ello es tan decisiva, tan imperiosa, la conformación de un sistema internacional capaz de ordenar, de regular y de supervisar el sistema financiero, y de concebir un mecanismo que actúe como cortafuegos ante una situación de crisis. Ésta es la tarea que ha comenzado a impulsar el G-20 y sería fundamental, como he manifestado reiteradamente a lo largo de este libro, que las ideas de concertación mundial que en su seno se han desarrollado no se queden a medio camino. Un camino que también ha iniciado la UE, con avances ya significativos, hacia una vigilancia y prevención mucho más estrictas del sistema financiero.

No podemos olvidar, a pesar del fiasco que ha supuesto el comportamiento de no pocas instituciones financieras, que el papel de éstas ha sido clave en la historia del crecimiento, el progreso y el bienestar, quizá porque, tal y como afirma Ferguson, «la evolución del crédito y la deuda ha sido tan importante como cualquier innovación tecnológica en el auge de la civilización». De hecho, hay un significativo paralelismo entre el alto desarrollo histórico de las entidades de crédito y la riqueza de los países.

EL EURO. LA ZONA EURO. CRISIS Y RESPUESTAS

Aunque sea reiterativo, cabe recordar una vez más que la crisis financiera arrancó en Estados Unidos y se contagió después, con mayor o menor intensidad, a Europa y a todos los mercados.

La crisis no se esperaba y por eso fue tan abrupta y veloz en su propagación. En 2008 y 2009, el impacto fue bastante generalizado en la economía mundial, aunque se dejó sentir con mayor intensidad en los países desarrollados (rescates bancarios, recesión, desempleo…), con respuestas impulsadas por Europa y coordinadas a través de las cumbres del G-20.

Sin embargo, a partir de finales de 2009, los efectos de la crisis, o la capacidad mostrada por los diferentes países para superarla, han sido bien diferentes.

En 2010, mientras los países emergentes aceleraban su crecimiento y Estados Unidos se recuperaba poco a poco, la zona euro, tras unos meses de tibia recuperación, y envuelta en una dificilísima crisis de deuda soberana que golpeaba sucesivamente a varios países, se encaminaba a una nueva recesión que se hizo patente en la segunda mitad de 2011.

Paradójicamente, algunos datos agregados de la zona euro presentaban, entonces, un aspecto saludable:

La balanza por cuenta corriente estaba equilibrada.

El déficit de las finanzas públicas era bastante inferior a los de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.

La relación entre deuda y PIB no era excesiva.

La crisis abrió una brecha muy preocupante en la Unión Económica y Monetaria, parte esencial de esa unión más perfecta que ha constituido el gran horizonte estratégico de la Europa surgida de la posguerra. Porque la fragmentación que provocó en los costes de financiación en los diversos países, en sus sistemas financieros y en el empleo distaba de manera palmaria del objetivo fundacional del euro.

Las opiniones de los expertos muestran un alto grado de coincidencia en cuanto a la etiología de la crisis, pero bastante menor en cuanto a las medidas de respuesta. Carecería de sentido que yo tratara de reproducir aquí los problemas de diseño del euro que han originado esta situación, en una zona monetaria cuyos países (aún) representan el 15 por ciento del PIB mundial y el 40 por ciento del comercio internacional. Me remito, pues, a las decenas y decenas de estudios publicados, aunque si tuviera que referirme a algunos —que, a mi juicio, son especialmente claros— de entre los que han visto la luz entre nosotros, podría citar «Cambios institucionales necesarios en el área euro», de Guillermo de la Dehesa, y «Naturaleza y causas de la crisis del euro», de José Carlos Díez.

En síntesis: con la Unión Monetaria, la política monetaria pasa a depender, para todos los países de la zona euro, del Banco Central Europeo, a quien corresponde la fijación de los tipos de interés y que está concebido, conforme al ortodoxo modelo alemán, con la finalidad esencial de controlar la inflación y la prohibición expresa de comprar directamente deuda de un país para salvarlo de una situación de impago. Por tanto, los Estados miembros no tienen control sobre su moneda, y tampoco disponen de un banco central capaz de actuar como su prestamista de última instancia; ni cuentan con el respaldo de un Tesoro europeo que sea el único emisor de deuda, es decir, con una deuda mancomunada. Es fácil entender la «camisa de fuerza» que para un Estado supone no contar con un prestamista de última instancia ni disponer de la capacidad de devaluar la moneda.

En el diseño del euro, la supuesta medida precautoria para evitar riesgos como los de la crisis de deuda y la inestabilidad de algún país que pudiera afectar a la zona habría de ser el simple cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (hoy reforzado tras la crisis), con los límites del 3 por ciento del PIB para el déficit público y del 60 por ciento para la deuda pública. Si se sobrepasaban estos límites, se debían imponer sanciones. Más allá de la insuficiencia del modelo, no podemos olvidar que cuando Alemania y Francia incumplieron reiteradamente el pacto no recibieron ninguna sanción, por contar entre ambos con los votos suficientes para evitarlo. Pero en todo caso, como se ha demostrado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no era garantía suficiente para prevenir las consecuencias de un shock económico y su impacto en los Tesoros nacionales. Como ha dicho y escrito Krugman en más de una ocasión, España era un buen ejemplo de ello: en el inicio de la crisis contábamos con un superávit del 1,9 por ciento y una deuda del 36 por ciento del PIB. También lo ha subrayado Martin Wolf en un artículo cuya lectura me parece imprescindible: «What was Spain supposed to do?» (Financial Times, 25 de junio de 2012).

En efecto, ahora sabemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no era suficiente. No lo era tanto por su debilidad intrínseca como por no contemplar otros datos macroeconómicos decisivos para la estabilidad, como el déficit por cuenta corriente, el endeudamiento externo o la productividad. Es cierto que indirectamente la finalidad que persiguen estos otros indicadores habría que situarla en el marco de la Estrategia de Lisboa del año 2000, pero también sabemos que ésta no pasó de ser un conjunto de buenos deseos.

Asimismo, es probable que al desbordamiento de la zona euro ante la crisis haya contribuido la ausencia, en la Unión Económica y Monetaria, de los elementos que se consideran propios de una unión monetaria óptima, como son la unión fiscal, la movilidad laboral o unos Presupuestos suficientes para afrontar una situación de crisis y ayudar a los países con dificultades. Sí, con el euro los países nos unimos, pero (sólo) para perder la política monetaria, porque cada uno retuvo la soberanía fiscal. No se diseñó una unión económica europea suficientemente fuerte y coherente.

Cuando se creó el euro hubo una corriente de opinión, especialmente en el mundo anglosajón, que advirtió de los riesgos de una unión monetaria sin una integración suficiente ni una convergencia macroeconómica de los países miembros. Pero ésa no era la opinión mayoritaria, y sería hipócrita ignorar ahora que el euro nació como un hito en el proyecto europeo, con un amplio respaldo del mundo económico y con un gran apoyo social.

Y tengo el convencimiento de que los líderes y los servidores públicos que en aquel entonces participaron en el diseño de la Unión Monetaria no imaginaron ni por un momento que podría producirse una crisis financiera de la envergadura de la que vivimos, sólo comparable a la de 1929. Ni ellos lo imaginaron, ni casi nadie lo hizo. No olvidemos que vivíamos en el tiempo de la gran moderación, de una larga etapa de estabilidad económica mundial.

Hasta tal punto no se pensó en una posible crisis financiera y de deuda de gran magnitud que no se contempló ningún mecanismo ni fondo de reacción ante un escenario de esa naturaleza.

El relato del euro era convincente. Hoy sabemos que más desde un punto de vista político que en sus bases económicas. El relato tenía tanta fuerza histórica que los detalles no contaron, pero «en los detalles está el diablo». Y, ciertamente, en ellos o, mejor, en su ausencia, estaba ese diablo.

Pero debo dejar claro que considero injusto cualquier intento de responsabilizar de los males actuales a quienes concibieron y aprobaron el Tratado de Maastricht. Sería injusto, primero, porque, a pesar de los «defectos de fabricación» de la moneda común, el euro es un proyecto que, sin duda, merece la pena. El euro es Europa y Europa es más importante que cualquier crisis económica, por dura que ésta sea. Y, segundo, porque es políticamente indecoroso que los gobernantes miren hacia atrás en un tiempo de dificultades graves. Lo que ha pasado nos ha pasado a quienes estábamos en los gobiernos en este tiempo. Y ha sucedido bajo nuestra responsabilidad.

Tengamos en cuenta también que en los años comprendidos entre el nacimiento del euro y el comienzo de la crisis, desde 1999 hasta 2008, hubo crecimiento, empleo, estabilidad de precios, etc. Y en concreto, el crecimiento y la creación de empleo fueron especialmente intensos en países como España. Las razones son conocidas. Durante los primeros años del euro, el BCE mantuvo los tipos de interés nominales bajos para paliar el lento crecimiento de Alemania y Francia.

Esos tipos bajos allí donde la inflación era más alta, como en España, dieron lugar a tipos de interés reales cercanos a cero o incluso negativos, lo cual facilitó extraordinariamente el acceso al crédito y el consiguiente sobreendeudamiento de empresas y familias (véase gráfico 1).

Con bajadas de tipos de interés, moneda alemana solvente, segura, y en un marco de libertad de movimientos, se inició un importante flujo de capitales hacia países como el nuestro, en los que los inversores externos depositaban sus expectativas de rentabilidad. Por su parte, las sociedades como la española, con apetito de consumo e inversión, podían contraer ahora créditos a bajo interés, con lo que se fomentaba el desarrollo y la convergencia en renta per cápita con Europa. Y, como suele ser frecuente cuando hay abundancia de liquidez, el sector de la construcción residencial acaparó una buena parte de ese gran flujo de capitales. Financiar ese crecimiento de la economía, con una gran inversión que superaba a nuestro ahorro, generaba un persistente y elevado déficit por cuenta corriente que alcanzó el 10 por ciento del PIB en 2008. Un desequilibrio claro de nuestros fundamentos macroeconómicos.

Cabe preguntarse cómo llegamos a la crisis de la deuda soberana.

Es una constatación irrefutable que los países con más déficit por cuenta corriente, y, por tanto, con un alto endeudamiento, son los que más han sufrido dicha crisis. Curiosamente, no tanto por la deuda pública como por la deuda privada.

A partir de lo anterior, el corolario sería fácil de deducir: si los países con mayor endeudamiento son los que han sufrido la crisis de deuda soberana, esta crisis se debe, sobre todo, a un problema fiscal o a un problema estructural interno y, por tanto, la responsabilidad en su superación sería fundamentalmente propia… ¡Como si la política monetaria nada hubiera tenido que ver en el proceso de expansión y endeudamiento!

Y cuando, en último término, por imperativo de la supervivencia del euro, llega el doloroso momento de las ayudas, tras el farragoso proceso que conocemos, se imponen fuertes condiciones para evitar el supuesto «riesgo moral».

¿Solidaridad y responsabilidad? Sí, mucha responsabilidad de cada país y sólo una cierta solidaridad del conjunto. Porque se impuso una determinada visión económica: la crisis de deuda de la zona euro es fruto de los excesos de los países afectados. Y a cuantos hemos intentado rebatir o modular esa idea, contextualizar lo ocurrido, como ha sido mi caso, nos han acusado de eludir nuestra responsabilidad o la de nuestros países.

Esta visión económica explica en buena medida la ausencia de una respuesta europea enérgica a lo largo de toda la crisis de deuda soberana. Y esto, a su vez, desplaza el protagonismo a los mercados que, con el diseño del euro, ya habían asumido el ejercicio de la disciplina sobre nuestras economías abiertas. Los mercados reaccionan agudizando nuestras dificultades, retirando inversiones y deprimiendo a buena parte de nuestras economías.

Que la respuesta de la zona euro a la crisis de deuda no ha sido satisfactoria es bastante evidente. Cuestión distinta es si hubiese cabido concebir, en términos políticos, otra manera distinta de actuar en este momento histórico. Honradamente, pienso que no era fácil. He narrado en este libro momentos decisivos de las cumbres europeas. Son, en mi opinión, reveladores de las restricciones políticas existentes. Europa es todavía una Europa muy de países, de Estados y de gobiernos, de gobiernos democráticos que se deben a sus sociedades, a sus ciudadanos. Y me parece muy significativo, en este sentido, que cuando con ocasión de las cumbres o en las conversaciones informales yo insistía, por ejemplo, en la idea de los eurobonos, se me decía, al igual que a los otros líderes que los reclamaban: «Yo podría estar de acuerdo, pero mi Parlamento no lo aprobaría».

Esto es revelador del estadio en que aún se encuentra la formación de una auténtica comunidad política europea. El proyecto de la UE y de la zona euro ha sido un proyecto avanzado en la historia, ambicioso, necesario en la globalización, pero no ha podido ir más deprisa. Y bien que lo hubiéramos necesitado en esta crisis, pero, dadas las limitaciones políticas nacionales, habría sido poco menos que un milagro que sucediera. De hecho, los síntomas de fatiga europea ya se habían advertido en el proceso de aprobación de la non nata Constitución Europea, que hubo de ser transformada en un nuevo tratado aprobado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

No voy a hacer un análisis pormenorizado de la secuencia de reformas que se han producido con ocasión de la crisis europea de la deuda soberana (me permito recomendar para ello el trabajo de Agustín José Menéndez «La mutación constitucional de la Unión Europea», del año 2012). Sólo pretendo hacer algunas consideraciones, pero antes quiero llamar la atención sobre el hecho de que algunos de esos cambios, como los que introduce el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), se hayan tenido que aprobar no mediante la modificación de los tratados europeos, sino como instrumentos convencionales de derecho internacional.

El conjunto de las reformas para reforzar la gobernanza económica en el seno de la Unión, como la que representa el fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la vigilancia sobre las variables macroeconómicas y la incorporación de las «reglas de oro fiscales» en los ordenamientos de los países, camina, a mi juicio, en la buena dirección y debería favorecer la estabilidad. También, lógicamente, la necesaria regulación y supervisión financiera y la incipiente unión bancaria, que no deberían quedarse sólo en la supervisión, sino que deberían incluir garantías comunes para los depósitos y un único fondo de reestructuración bancaria. Son avances nítidos para apuntalar el euro. Pero aún no nos sitúan ante una unión monetaria óptima, que debería ser el gran objetivo a medio plazo. Necesitamos una unión fiscal y fórmulas de mutualización de la deuda, asumiendo la corresponsabilidad en los riesgos. Soy consciente de que para eso se requiere más tiempo.

La cuestión de fondo es que hemos necesitado y necesitamos políticas e instrumentos más eficaces que los que hemos utilizado, tanto para prevenir contagios como para intervenir ante situaciones de crisis grave. Ya hemos dicho que el contagio de las crisis de deuda de Grecia a otros países de la zona euro ha sido el fracaso más notable en la respuesta a la crisis. Si el riesgo inicial, a comienzos de 2010, del impago de Grecia, un país con una economía que representa el 2 por ciento de la zona euro, se hubiera resuelto con contundencia, sin tantas dudas, con determinación, no se habría producido el famoso contagio. Pero las dudas fueron excesivas, la ayuda inicial insuficiente y el plan de condicionalidad excesivo. No funcionó y la consecuencia fue otro plan para Grecia, que quizá no sea el último, un plan que incluyó la quita al sector privado, lo que ahuyentó a los inversores; y además el rescate de Irlanda, el de Portugal, un préstamo a España para su sistema financiero y el rescate de Chipre.

Si la crisis de deuda no se hubiese enquistado, provocando el riesgo de ruptura de la zona euro, seguramente no hubiésemos caído en la segunda recesión de 2011, que comportó un mayor deterioro de los balances de los Estados y de los bancos, en particular en España.

Los sucesivos fondos y esquemas de ayudas fueron cambiando desde el que se improvisó en mayo de 2010. Primero las ayudas bilaterales, después el FEEF y finalmente el MEDE, creado el 25 de marzo de 2011, y ampliado en sus capacidades de intervención en julio de 2011. Siempre con un programa de condicionalidad. Como se sabe, en todos los diferentes fondos que se han ido superponiendo, el FMI ha participado aportando una parte de las ayudas. Los planes no han dado, hasta el momento de publicar este libro, los resultados apetecidos. Las economías rescatadas han sufrido severas recesiones, con altos índices de desempleo.

Quizá no haya habido otra solución política, pero el problema es que no ha habido una solución. Es cierto que la situación de Grecia era muy grave y que la zona euro no estaba preparada para abordarla, pero la respuesta dista de lo que hubiéramos debido esperar. El lector no ignora que el trasfondo del problema es que existe una tensión entre acreedores y deudores. El norte, que con su ahorro invirtió en el sur, y el sur, que con ese ahorro se endeudó en exceso.

Alemania ha marcado el ritmo y el modelo de las ayudas. Y, a pesar de las fuertes discusiones sobre ese modelo, se ha impuesto su tesis. Y tampoco es de extrañar, puesto que ese país supone el 28 por ciento del PIB de la zona euro; como no lo es que el debate en Alemania se haya centrado en gran medida en la cuantificación de su compromiso global con las ayudas. Se baraja una cifra del entorno de los cien mil millones de euros, aproximadamente un 3 por ciento de su PIB. Es verdad que al mismo tiempo se cuantifica en 40.000 millones de euros el ahorro que supone para el Tesoro alemán el bajo tipo de interés de su bono soberano a diez años, al haberse convertido en valor refugio.

Ahora bien, de manera casi natural surge una pregunta: ¿es propio de una unión económica y monetaria, en el marco de una unión política, un modelo de respuesta ante situaciones de crisis que consista en ayudas con fuertes planes de condicionalidad?

Es difícil contestar afirmativamente a partir de una convicción europea. Aunque discutí en el seno del Consejo este modelo, le di mi apoyo. Tuve que hacerlo, era la única alternativa para evitar la ruptura del euro. La opción no era entre un mal y un mal menor. La opción era entre un gran mal y la catástrofe.

Pero cuando las aguas se calmen y se supere esta crisis, lo que aún llevará tiempo y sufrimiento, habrá que replantearse este modelo. Y estoy convencido de que así sucederá.

Ahora debo añadir que al problema del modelo de ayudas se ha sumado el de la falta de elasticidad del BCE para actuar como un verdadero banco central. Tengo que decirlo una vez más: cuando se desbordan los problemas financieros de un país y la presión sobre sus Tesoros, la única solución posible es la entrada en acción del prestamista de última instancia, el banco central. Lo viví en agosto de 2011, cuando España e Italia vieron cómo sus primas de riesgo escalaban por encima de los cuatrocientos puntos básicos (véase gráfico 2). Trichet intervino y volvió la calma. Pero incluso para esa entrada en escena pueden bastar unas pocas palabras, como sucedió en julio de 2012 con el discurso de Draghi ante la situación de mayor tensión sufrida por la prima de riesgo.

Roubini, reconocido por ser uno de los pocos analistas que vaticinó la crisis financiera, lo explica con claridad: «La solución a una crisis de liquidez es la misma en el caso de un pánico bancario que en el caso de un pánico sobre la deuda soberana: un prestamista de última instancia, es decir, un banco central, que puede garantizar la liquidez de una deuda soberana, monetizando su deuda».

Éste ha sido el tema central de la crisis de deuda de la zona euro. Debe quedar claro que, en mi opinión, si el BCE hubiese actuado como decidido prestamista de última instancia, la crisis hubiese sido menos grave y ya habríamos recuperado, aunque tímidamente, el crecimiento. Hubiésemos sufrido una crisis seria, pero no de la gravedad y de la duración como la que estamos padeciendo. Y, por supuesto, las reformas y la austeridad deberían haberse aplicado, pero con una mayor gradualidad en el caso de esta última, de modo que no hubiera agravado y prolongado la recesión, atenazando, además, el necesario proceso de desendeudamiento de varios países de la zona euro.

¿Se convertirá el BCE en el futuro en prestamista de última instancia? Sabemos que esta idea es prácticamente un anatema para el pensamiento alemán, para su tradicional concepción del papel de los bancos centrales y la rígida ortodoxia del Bundesbank.

No es fácil vaticinar lo que ocurrirá y cuándo. Constato un hecho: sólo el riesgo de ruptura del euro ha provocado la implementación de políticas monetarias cada vez menos convencionales por parte del BCE, aunque todavía alejadas de las que han venido aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra, o el de Japón. Y quienes consideramos que esta tendencia es positiva tenemos que perseverar en nuestros argumentos.

Mi experiencia no avala, a pesar de todo, la extendida tesis sobre la irreductibilidad del pensamiento germánico. Más bien considero que Alemania dará pasos más profundos cuando arraigue en ella la convicción de que los países de la zona euro acreditan un inequívoco compromiso con las políticas de estabilidad y rigor. En ésas estamos. Va a ser un proceso de recuperación de la confianza mutua, pero que aún se adivina largo.

No puedo terminar este epígrafe sin mencionar dos cuestiones de gran importancia que suscitan las reformas institucionales, normativas y de responsabilidades que la crisis ha provocado en la UE y, en particular, en la zona euro.

En primer lugar, al incrementarse los poderes de la Comisión y del Consejo con la cesión de competencias soberanas en materia económica y dado, además, que esas dos instituciones no son elegidas por los ciudadanos europeos, existe el riesgo de que se agrave el problema del déficit democrático de la Unión. Esta peliaguda cuestión desborda el objeto de este libro. Me limito a hacer constar que éste es un reto pendiente de la UE y que el fortalecimiento de las competencias del Parlamento Europeo, así como contar con un presidente elegido por los ciudadanos, parecen pasos ineludibles que habrá que dar en el futuro.

La otra cuestión de considerable relevancia es la de hasta qué punto la misma crisis y el «modelo económico» resultante de las reformas pueden poner en cuestión la viabilidad del Estado de bienestar europeo. Responder a este interrogante también daría para otro libro. Sólo quiero manifestar una convicción muy profunda: Europa sin Estado de bienestar perdería una de sus principales señas de identidad, responsable de la cohesión y el progreso; más aún, de toda una forma de entender la convivencia que durante décadas ha distinguido a esta parte del mundo civilizado. Recuperar los desperfectos causados a nuestro modelo social es, pues, a mi entender, la tarea que hay por delante. Una tarea que sólo es posible acometer, por otra parte, si nuestras economías funcionan y son competitivas. Y desde el pensamiento socialdemócrata no deberíamos perder este anclaje conceptual: en el mundo globalizado, el Estado social sólo es posible en el marco de un Estado dinámico, eficiente, y de una economía competitiva, fuerte, conciliándolos con el objetivo permanente de perseguir la equidad y reforzar la cohesión social.

LA CRISIS EN ESPAÑA. MI ANÁLISIS Y MI RESPONSABILIDAD

Ésta es la parte más sensible de este largo epílogo. Lo es porque estamos en el terreno directísimo de mi responsabilidad y, por tanto, se acrecienta el riesgo de la subjetividad. Las opiniones y análisis que se expresan a continuación pueden ser percibidos fácilmente dentro de ese «código» de razonamientos y palabras que en tantas ocasiones les resultan distantes a los ciudadanos cuando provienen de los responsables políticos.

Me propongo en este apartado pronunciarme de manera sintética sobre los aspectos relativos a la economía española que habrían marcado su singularidad y que explicarían que hayamos acusado la crisis tan intensamente. Deseo expresar mi posición ante cada uno de tales aspectos, así como dar cuenta del porqué de las decisiones que mi Gobierno adoptó en relación con ellos.

Entraré, así, en lo que comúnmente se conoce como debilidades o desequilibrios de la economía española y, para que este ejercicio pueda resultar ágil y significativo, voy a reproducir las cuestiones que periodistas y analistas se han planteado al respecto durante estos años: ¿por qué no abordamos el cambio de modelo productivo? ¿Por qué no pinchamos la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué no frenamos el fuerte crecimiento del crédito y del endeudamiento privado? ¿Por qué no nos preocupamos más del déficit de la balanza de pagos? ¿Por qué se disparó el déficit público? ¿Por qué no reformamos antes, o de otro modo, el sistema financiero? ¿Era inevitable la crisis de la deuda soberana? ¿Cómo fue posible pasar tan rápidamente de un alto crecimiento del empleo a una fortísima destrucción del mismo?…

El modelo productivo

Con razón se nos ha recordado que, desde la etapa de la oposición y en el programa electoral de 2004, había sido precisamente el PSOE el partido que venía insistiendo en la necesidad de un cambio de modelo productivo para España. Básicamente, se trataba de incrementar la productividad y de reducir el peso de la construcción en la actividad económica. No es menos cierto también que la opinión dominante en aquel momento era que el PSOE recibía una buena herencia económica. Los datos de crecimiento y de empleo así parecían avalarlo, aunque la productividad era muy baja. Recuerdo cómo en la sesión de investidura reconocí a Rajoy, en aquel momento líder de la oposición, que no recibía una mala herencia económica, y si repasamos los comentarios de aquel tiempo, advertiremos que ésa era la idea generalizada en España y fuera de España. Éramos nosotros, desde la oposición, los que habíamos puesto más reparos a la supuesta fortaleza de la economía española de entonces. Y digo reparos, no una enmienda a la totalidad…

Y lo cierto es que, quiero subrayarlo aquí ahora, llevados por aquellos planteamientos con los que habíamos accedido al Gobierno, nos pusimos desde el principio a la tarea de hacer girar nuestro modelo productivo. Cuestión distinta es si lo hicimos con la intensidad adecuada o si el tiempo que tuvimos hasta la precipitación de la crisis en 2008 fue suficiente. Como los datos macroeconómicos eran tan positivos, parecía razonable acometer esa política de cambio paso a paso. Obviamente, ni el Gobierno, ni creo que nadie o casi nadie, atisbaba entonces en el horizonte la brutal crisis financiera que unos pocos años después iba a impactar sobre nuestra economía para exacerbar extraordinariamente sus debilidades.

Por ello, no utilizamos en las políticas de cambio de modelo productivo la vía del decreto ley. Pero sí puedo afirmar que teníamos conciencia de la necesidad de ese cambio y que tratamos de materializarlo. Conciencia de su necesidad, reitero, en el marco de un crecimiento económico y del empleo, y, como consecuencia, de un comportamiento de las cuentas públicas y de la deuda que eran cada vez mejores, por lo que no había un fuerte incentivo —en todo caso, no lo percibíamos así— como para practicarle en aquel momento a la economía española una suerte de cirugía mayor, sino más bien un tratamiento gradual.

El plan que desarrollamos para perseguir el cambio de modelo productivo se orientó básicamente en dos direcciones: por un lado, dar un fuerte apoyo público a las condiciones que favorecen la competitividad de la economía, y, por otro, acometer reformas en el sector del suelo y la vivienda para reconducir la burbuja que se había venido produciendo.

Las políticas para aumentar la productividad, que eran las que habían identificado como tales tanto el pensamiento económico como los organismos internacionales, se desarrollaron en tres frentes: la investigación, desarrollo e innovación, donde nuestro país sufría un gran retraso; las infraestructuras; y la educación. El capital tecnológico, el físico y el humano fueron, pues, los hilos conductores de esa tarea para promover el cambio de modelo productivo, junto a la nueva orientación en política de vivienda, a la que me referiré enseguida. No puedo extenderme excesivamente, pero sí deseo dejar constancia de los esfuerzos realizados.

En I+D+i hicimos el mayor esfuerzo de inversión pública que se haya hecho nunca en este país, pasando de 4.284 millones de euros en 2005 a 9.689 millones en 2009. Aunque en 2011 se redujo a 8.586 millones, duplicamos la inversión pública, que pasó en el periodo de mi Gobierno del 0,4 al 0,9 por ciento del PIB. Ninguna otra partida del gasto público experimentó, en términos relativos, mayor crecimiento, lo que refleja que fue una verdadera prioridad del Gobierno (véase gráfico 3).

Ese esfuerzo nos llevó a situarnos en la media europea de inversión pública en I+D+i, aunque no todavía del I+D+i total, dado que la inversión privada no creció al mismo ritmo, a pesar de las poderosas desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades.

Ahorraré detalles al lector. Sólo quiero destacar que el Plan Avanza contó, de 2005 a 2011, con 9.000 millones de euros, lo que supuso un cambio decisivo en favor de la sociedad de la información. La Comisión Europea, en su informe sobre inversión pública en I+D en tecnologías de la información y de la comunicación, situó a España como el segundo país de Europa en este concepto. El número de investigadores creció un 36 por ciento, y el número de becas y contratos de investigadores se duplicó.

Por lo que atañe al capital físico, la inversión en infraestructuras se incrementó desde 2004 hasta 2010 en un 40 por ciento, pasando de 10.971 a 14.325 millones de euros. Y, como es conocido, nos situamos a la cabeza de Europa en redes de transporte por autovías y autopistas y en alta velocidad (véase gráfico 4).

Como consecuencia de la crisis, en ocasiones se ha venido poniendo en cuestión, por considerarlo un exceso, ese esfuerzo de inversión realizado en nuestro país. Respeto esa opinión, pero no la comparto. Con llamativos ejemplos de algunas infraestructuras aeroportuarias de nula viabilidad (por cierto, de iniciativa privada o local), nuestras buenas infraestructuras, aunque costosas de mantener, contribuyen de un modo inequívoco al desarrollo potencial de las capacidades de nuestra economía. ¿Acaso la inversión en puertos, cuyas líneas de atraque aumentaron en un 15 por ciento, no está siendo relevante para nuestras empresas exportadoras? ¿O no es determinante que, para seguir manteniendo el turismo como sector decisivo de nuestra economía, contemos con buenos aeropuertos, autovías y alta velocidad?… Pienso que sí lo son, que esa gran inversión es una plataforma fundamental para exportar y para mantener nuestro potente sector turístico. Por cierto, la capacidad exportadora de nuestras empresas también ha mejorado como consecuencia del incremento de inversión en I+D+i. Y no me resisto a recordar que, en lo relativo al turismo, sólo en el año 2009, y como consecuencia de la aplicación del Plan E, movilizamos otros 2.000 millones de euros para la modernización de las infraestructuras turísticas.

La formación, el capital humano, es el otro importante factor que contribuye a la salud y fortaleza de una economía. No es éste el lugar para profundizar en un tema tan crucial como el de nuestro sistema educativo. Soy consciente de que pesa una intensa sombra de insatisfacción sobre él. Me limitaré a subrayar dónde pusimos las prioridades. En primer lugar, en incrementar el gasto público en educación hasta llevarlo prácticamente a la media de la UE, en torno al 5 por ciento. En segundo lugar, en duplicar el esfuerzo en inversión en becas, como vía para avanzar en la igualdad de oportunidades y como estímulo frente al abandono de los estudios, complementariamente a los programas de apoyo y refuerzo para luchar contra el abandono escolar, que se consiguió reducir en un pequeño porcentaje aunque los datos siguen siendo malos. Y, en tercer lugar, en reequilibrar la formación de nuestros jóvenes potenciando la formación profesional, en la que nuestros porcentajes se separaban claramente de la media europea. Y se registraron avances, aunque insuficientes, en esa estructura tan desajustada de la oferta de cualificaciones que tenemos en España: un déficit de personas con un nivel educativo medio, un alto porcentaje de titulados universitarios y la citada alta tasa de abandono escolar. Este desajuste, en el que reitero que no logramos mejoras significativas, está relacionado, sin duda, con nuestros graves problemas del mercado laboral.

El avance educativo en España en los últimos treinta años ha sido importante, pero no hemos conseguido orientarlo prioritariamente hacia el mercado laboral. Quizá la falta de tradición o de reconocimiento de la formación profesional y de la llamada formación dual pesa como una losa en este pobre balance. Ésta es una tarea pendiente y de la máxima relevancia. No terminé nada satisfecho de los resultados obtenidos en mi etapa de gobierno.

Sólo deseo añadir que, vista la magnitud de la crisis y de sus efectos en la economía y el empleo, es evidente que no logramos el cambio del modelo productivo que había arrancado en 1999 con una fuerza inusitada.

No obstante, los datos avalan que nuestra productividad empezó a mejorar lentamente a partir de 2006.

Productividad por hora trabajada.

Tasa de crecimiento, promedio interanual (%)

España

EE.UU.

UE-27

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

1996-1999

0,3

2,3

1,8

1,6

1,7

2,5

0,5

2000-2003

0,3

2,9

2,0

1,9

2,1

2,9

0,4

2004-2007

0,8

1,6

1,6

1,8

0,7

2,3

0,7

Fuente: Eurostat.

Aún lejos de lo que necesitábamos, las políticas públicas se empezaron a notar, incluso con un fuerte crecimiento del empleo. Además, pienso que las inversiones realizadas y las líneas marcadas son fuerzas subyacentes que contribuirán a la recuperación económica de España.

La burbuja inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria ha sido, sin duda, el epicentro de la crisis en nuestro país. Los manuales de economía explican cómo es el fenómeno de una burbuja. Se trata de un intenso y continuado aumento del precio de algún activo, el inmobiliario en nuestro caso, que no se explica por los fundamentales de la economía. Esta subida anormal, excesiva, tiene un fuerte componente especulativo, se acrecienta si hay facilidad de acceso al crédito, y conduce a un sobreendeudamiento de las familias con los bancos.

Hay circunstancias que favorecen la creación de burbujas. En el caso de la vivienda, una de ellas es una evolución demográfica al alza, como ocurría en España desde finales de los noventa. La formación de hogares alcanzó en esa etapa las cotas más altas de nuestro país. Junto a las cohortes de españoles que demandaban viviendas, estaban los cuatro millones de inmigrantes que recibimos en ese tiempo, y que también lo hacían, así como los ciudadanos comunitarios que buscaban en nuestro país una segunda residencia. El vigoroso crecimiento económico y el empleo sostenidos durante años contribuyeron a crear un marco idóneo para el boom inmobiliario, en un país con una cultura muy arraigada de vivienda en propiedad.

La demanda de viviendas tenía, además, un fuerte componente especulativo, ya que el aumento de los precios alentaba a nuevos demandantes que pensaban que comprar —endeudándose, claro está— merecía la pena, pues se consideraba una buena inversión, de acuerdo con una creencia casi atávica en nuestro país sobre la superior rentabilidad de la inversión inmobiliaria frente a otras.

En el elenco de condiciones impulsoras de la burbuja ocupa un lugar destacado una determinada política monetaria, de tipos bajos, que desde la entrada en el euro nos venía dada por la actuación del BCE, como he mencionado en páginas anteriores y como pone claramente de manifiesto el hecho de que desde 1999 los tipos de interés reales en España experimentaran una fuerte y rápida bajada de casi nueve puntos.

Concretamente, en buena parte del año 2006 el tipo de interés real del euríbor en España fue negativo, llegando en mayo al -1,7 por ciento. No por casualidad, ése fue el año en el que el crédito registró el máximo volumen del periodo (en mayo de 2006 aumentó un 28,6 por ciento), y en el que se constituyeron el mayor número de hipotecas (1.863.816).

Bien es verdad que estas cifras coincidían con un crecimiento del PIB del 3,9 por ciento en dicho año. Si se tiene en cuenta, además, que la productividad repuntaba con una subida del 1 por ciento, no es de extrañar que hasta el vicepresidente económico, Pedro Solbes, al valorar el informe del INE sobre la economía española de 2006, calificara los datos de «excelentes».

No entraré en más detalles para explicar por qué todo conspiraba, al menos desde la creación del euro, en favor de la burbuja inmobiliaria española. Creo que puede tener más interés dar cuenta de cómo analizamos el fenómeno desde el Gobierno y de qué medidas adoptamos en relación con él.

El alza del precio de la vivienda comenzó en 1999. Ese año el precio se incrementó un 7,7 por ciento y en los dos años sucesivos un 8,6 y un 9,9 por ciento. En 2002, con los tipos de interés nominales ya al 3 por ciento, se produce un salto cualitativo: el incremento es del 15,7 por ciento. Ese salto se consolida en 2003 y 2004, con incrementos del 17,6 y del 17,4 por ciento. En 2005 el precio sube un 13,9 por ciento, en 2006 un 10,4 por ciento y en 2007 un 5,8 por ciento (véase gráfico 5).

Si tomamos como referencia el periodo de los años de mayor subida de precios (de 2002 a 2006), cabe observar que coincide con el de los años con mayor número de viviendas iniciadas (en 2002: 546.000; en 2003: 622.633; en 2004: 693.707; en 2005: 717.463; y en 2006: 762.540). Vistos ahora, los números producen escalofríos.

Sin embargo, durante tres años consecutivos (2005, 2006 y 2007) el crecimiento del precio se había reducido de forma suave pero constante, lo que permitía pensar en un ajuste gradual, en que la burbuja se desinflara progresivamente.

El Gobierno confiaba en esa senda de desaceleración gradual; no esperaba, desde luego, un pinchazo provocado por un shock externo de la intensidad del que supuso el crash financiero de otoño de 2008. Por su parte, el Banco de España también consideraba plausible la hipótesis de un ajuste sin estallido.

«Durante los últimos años, el crédito hipotecario para la adquisición de vivienda ha mantenido en España un elevado ritmo de avance, que lo ha convertido en una de las principales fuentes de expansión del negocio bancario. Sin embargo, recientemente se ha comenzado a moderar el dinamismo de estos préstamos, cuya desaceleración está estrechamente vinculada a una progresiva normalización de las condiciones en los mercados inmobiliarios. Esta normalización se refleja tanto en la evolución del precio de la vivienda, cuya tasa de crecimiento interanual mantiene una clara tendencia decreciente desde finales de 2004, como en las variaciones en el número de operaciones hipotecarias vinculadas a la adquisición de inmuebles residenciales.

»Estos cambios refuerzan la verosimilitud de un escenario central en el que los ajustes en este mercado continuarán teniendo lugar de una forma paulatina y ordenada. De este modo, la probabilidad que cabe asignar a escenarios alternativos en los que las correcciones tuvieran lugar de una manera menos ordenada es reducida, aunque ello no debe ocultar el hecho de que, a lo largo de todo este proceso, las entidades de crédito españolas han aumentado considerablemente su exposición a los desarrollos en el mercado inmobiliario nacional.» («Informe de estabilidad financiera», Banco de España, mayo de 2007).

Ése era nuestro razonamiento, que podría haberse confirmado si no hubiese irrumpido el credit crunch, pero ésta es una hipótesis que nunca podremos verificar.

De todos modos, si hubiésemos percibido la necesidad de pinchar la burbuja, ¿cómo hubiéramos podido hacerlo? No es nada fácil tomar la decisión de pinchar una burbuja sin tener la política monetaria en tus manos. Cabría pensar tal vez en una regulación del Banco de España, con efectos claramente restrictivos sobre el crédito. Pero entonces hay que preguntarse: ¿cuál hubiera sido la reacción en un país que, como el nuestro, crecía con fuerza y creaba empleo? Pinchar una burbuja en un momento de gran expansión es como hacer girar bruscamente el rumbo de un trasatlántico que va a velocidad de crucero.

Otro de los factores que suele señalarse como inductor de la burbuja es la desgravación fiscal por adquisición de vivienda, vigente desde 1978 en España y que, sin duda, ha sido una de las principales vías de ahorro fiscal de los ciudadanos en nuestro país. He dejado su tratamiento para este momento porque este factor sí depende enteramente de una decisión política del Gobierno.

Considero que tienen razón quienes han invocado el argumento de la influencia negativa de esta desgravación, como el FMI, por ejemplo, que lo hizo en diversas ocasiones. No sé hasta qué punto pudo ser determinante, pero sí creo que desempeñó un papel en la formación de nuestra burbuja.

En relación con ello, puedo desvelar aquí que en 2006, con ocasión de la reforma del IRPF, valoré ya la posibilidad de suprimir la citada desgravación fiscal. El tema fue comentado en un círculo gubernamental reducido y desistimos de ello por el rechazo social que podría haber generado. Aunque ahora no sea fácil recordarlo, la adquisición de vivienda era un tema central de la sociedad en aquel momento, y la desgravación fiscal contaba con un amplísimo apoyo de los ciudadanos. En aquella época, en las encuestas del CIS sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos, la vivienda aparecía sistemáticamente situada entre las primeras.

Seguramente nos equivocamos en aquel momento no adoptando esa decisión. Era, sin duda, social y políticamente arriesgada, pero ya había tomado decisiones arriesgadas al frente del Gobierno. No la adopté porque creí que podía provocar gran inquietud y malestar social sin que entonces tuviéramos la convicción de la inequívoca nocividad de dicha desgravación. La tuvimos en 2009, cuando finalmente tomamos la decisión de suprimirla.

No quiero concluir estas apreciaciones sobre la burbuja inmobiliaria sin hacer referencia, con brevedad, a los cambios normativos que introdujimos en relación con la vivienda para incidir tanto en su precio de compra como en el fomento de alternativas a su adquisición libre en propiedad. También con ellas quisimos influir en el ajuste de la burbuja. Y también ellas fueron insuficientes para prevenir su pinchazo.

La gran demanda de viviendas explicaba la parte sustancial de su encarecimiento, pero había otro factor por el lado de la oferta, la repercusión del precio del suelo, que también podía influir. Y sobre él nos propusimos actuar.

Como se sabe, el Gobierno anterior había adoptado diversas medidas liberalizadoras del suelo (Decreto Ley 5/1996 de 7 de junio, la Ley 6/1998 de 13 de abril y el Decreto Ley 4/2000 de 23 de junio) con la idea de que, a mayor oferta, menor precio del suelo. La legislación citada anteriormente conformó un modelo que suponía calificar más suelo como urbanizable y colocar ese suelo urbanizable en el mercado.

Al mercado inmobiliario accedía no sólo el suelo realmente transformado (urbanizable), sino también el suelo simplemente clasificado como urbanizable por los planes urbanísticos. Ese mayor valor del suelo se reconocía al propietario antes de que fuera un solar, lo que incrementaba su precio a causa de las nuevas expectativas urbanísticas. Así, esta liberalización no consiguió el objetivo buscado: el precio del suelo aumentó considerablemente.

Para revertir esta situación aprobamos la Ley del Suelo en mayo de 2007. En ella se incorporaron nuevos criterios de valoración del suelo en función de su situación real y no de su clasificación, es decir, sin computar las nuevas expectativas urbanísticas. Debo recordar que el proceso de elaboración de esta ley fue muy complicado, dado que la competencia sobre urbanismo es de las comunidades autónomas y existía una jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy estricta en este sentido.

Junto a la actuación en relación con el problema del suelo, promovimos una política de fomento de la alternativa a la adquisición de vivienda en propiedad con más apoyo al alquiler, a la vivienda de protección oficial y a la rehabilitación de viviendas antiguas. Entre otras medidas, recuperamos la desgravación fiscal por alquiler para los inquilinos y pusimos en marcha un programa de ayuda al alquiler para jóvenes de 210 euros al mes, aprobado en noviembre de 2007, siendo ministra de Vivienda Carmen Chacón, quien a partir de las elecciones de 2008 se convertiría en la primera ministra de Defensa de España, realizando una muy buena tarea al frente de un ministerio considerado como de Estado.

Éste es a grandes rasgos mi análisis de la burbuja inmobiliaria, a partir de mi experiencia y de mi responsabilidad como presidente del Gobierno. En el Parlamento afirmé en un debate que me arrepentía de no haberla pinchado. Así es, aunque el paso del tiempo tampoco me ha servido para descubrir cómo podríamos haberlo hecho.

El endeudamiento y el crecimiento del crédito

De manera genérica se viene considerando que esta crisis fue provocada por un endeudamiento excesivo. La historia aporta numerosos ejemplos de crisis de esta naturaleza. Y a este respecto es imprescindible el libro de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera.

Como es fácil de entender, cuando una economía está fuertemente endeudada ante el resto del mundo y se produce una crisis de liquidez, frenándose en seco las posibilidades de financiación, esa economía se ve abocada a una grave recesión.

Para tener una visión completa del endeudamiento de una economía es necesario distinguir entre sus dos tipos de deuda, la pública y la privada. En cuanto a la primera, en 2008, el año de irrupción de la crisis, el endeudamiento público en España era del 47 por ciento del PIB, una ratio bastante favorable comparada con la que tenían ese mismo año las grandes economías desarrolladas:

Deuda pública sobre el PIB en 2008 (%)

Alemania

69

Francia

73

Italia

101

Reino Unido

52

Japón

188

EE.UU.

60

España

47

Fuente: McKinsey Global Institute.

Nuestra deuda pública se situaba entonces veinte puntos por debajo de la media europea, y cumplíamos holgadamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija el límite de la deuda pública en el 60 por ciento del PIB. Y es que la deuda pública nada tuvo que ver en el caso de España ni con la crisis económica, ni con la financiera, ni con la posterior crisis de deuda soberana de la zona euro. El sector público español, conviene no olvidarlo, había desarrollado una prudente política fiscal. En 2008 éramos un país triple A, es decir, un país sin ningún riesgo ni vulnerabilidad aparente. Sí, cumplíamos holgadamente lo que el Pacto del Euro nos exigía, pero de poco nos sirvió.

La deuda privada, en cambio, había crecido fuertemente en España durante la etapa de expansión, y nos habíamos convertido en una de las economías desarrolladas más endeudadas. Así, en 2008, siguiendo el informe del McKinsey Global Institute (2010), el endeudamiento privado de la economía española, expresado como porcentaje del PIB, era el 295 por ciento, lo que nos colocaba en la parte alta del ranking, sólo superados por el Reino Unido:

Deuda privada sobre el PIB en 2008 (%)

Alemania

205

Francia

235

Italia

197

Reino Unido

328

Japón

271

EE.UU.

230

España

295

Fuente: McKinsey Global Institute.

Sumando la deuda pública y la privada, el endeudamiento de España arrojaba una cifra global del 342 por ciento del PIB. Si agregamos los dos tipos de deuda en los demás países de referencia, tenemos los siguientes resultados:

Deuda total sobre el PIB en 2008 (%)

Alemania

274

Francia

318

Italia

298

Reino Unido

370

Japón

359

EE.UU.

290

España

342

Fuente: McKinsey Global Institute.

Por tanto, si tenemos en cuenta el conjunto de la deuda, España, al igual que en deuda privada, también estaba en la banda alta, sólo superada por el Reino Unido y Japón, países cuyos Tesoros, por cierto, no sufrieron problemas de financiación.

Es interesante desagregar el endeudamiento privado en endeudamiento de las empresas financieras, de las no financieras y de los hogares. Los datos, expresados siempre como porcentaje del PIB, son muy interesantes para el caso de España. De manera muy clara se observa que no era en las familias o en los bancos españoles donde se había producido el mayor endeudamiento, como en ocasiones se tiende a pensar. El mayor volumen de deuda correspondía a las empresas no financieras. Comparemos de nuevo con los datos de las grandes economías desarrolladas:

Deuda privada sobre el PIB en 2008 (%)

Empresas financieras

Empresas no financieras

Hogares

Alemania

76

66

62

Francia

81

110

44

Italia

77

81

40

Reino Unido

113

114

101

Japón

108

96

67

EE.UU.

56

78

96

España

75

136

85

Fuente: McKinsey Global Institute.

Como se puede advertir, el endeudamiento de las empresas no financieras no destaca, en general, en otros países como lo hace en el nuestro, singularidad que se explica por el intenso proceso de internacionalización llevado a cabo por las empresas españolas.

Por su parte, en 2008 las entidades financieras españolas no tenían, en términos comparativos, una deuda especialmente alta; de hecho, era la más baja después de la de Estados Unidos. Y en cuanto a los hogares, estábamos en la banda alta, aunque sensiblemente por debajo del Reino Unido y Estados Unidos. Pero, eso sí, los otros países europeos mostraban en este apartado unos niveles de deuda sensiblemente más bajos. Obviamente, el endeudamiento de los hogares españoles estaba y está directamente vinculado con el boom de la vivienda y con la burbuja inmobiliaria. Por ofrecer un solo dato al respecto, en el periodo alcista (2000-2007) las familias españolas llegaron a cuadriplicar su endeudamiento.

Las cifras que hemos aportado hasta ahora se refieren al endeudamiento de las economías en general, sin distinguir si este endeudamiento se producía entre los propios residentes o con el exterior. Pero es de suma importancia conocer el endeudamiento con el exterior, ya que en una crisis financiera con restricción de crédito la necesidad de financiación externa se convierte en un problema central para la economía.

El endeudamiento bruto de España con el exterior en 2008 era del 168,4 por ciento del PIB, mientras que los de los países tomados como elemento de contraste eran los siguientes:

Deuda bruta externa sobre el PIB en 2008 (%)

Alemania

146,9

Francia

189,7

Italia

118,4

Reino Unido

397

Japón

40,2

EE.UU.

95

España

168,4

Fuente: FMI.

En este ranking parece que nuestra posición, aun siendo elevada, no era dramática. Pero hay que dar un paso más y ver el saldo neto, los pasivos netos con el exterior, porque aquí sí que la comparación nos coloca destacadamente en el peor lugar. El pasivo neto de España era en 2008 el 90,7 por ciento del PIB.

Deuda neta externa sobre el PIB en 2008 (%)

Alemania

+37

Francia

-10,9

Italia

-21,5

Reino Unido

-14,3

Japón

+57

EE.UU.

-24

España

+90,7

Fuente: FMI.

Hay que añadir que, en este caso, lo que diferencia a nuestra economía de las otras potencias es su limitado volumen de activos en el exterior, un 78 por ciento de nuestro PIB, mientras que, por ejemplo, el de Francia era de un 199 por ciento y el de Alemania de un 183,9 por ciento. La limitada presencia de empresas españolas en el exterior se hacía, y aún se hace, notar porque la historia pesa. La internacionalización de las empresas españolas apenas había comenzado ya entrados los años noventa. Antes no existíamos económicamente en el mundo. Y a pesar de que, dadas nuestras carencias de capital propio, el proceso acometido posteriormente necesitó el respaldo de una financiación externa y fue generador de endeudamiento, pienso que en el medio y largo plazo esta apuesta ha sido acertada. Nuestras grandes empresas se han hecho hueco en el exterior y han demostrado ser tan competitivas como las mejores, y, gracias a eso, muchas de ellas han podido resistir la crisis.

Las demás grandes economías desarrolladas contaron con un margen de décadas para internacionalizarse y abrir sus economías. Por ejemplo, Holanda tiene un endeudamiento bruto del 819 por ciento y uno neto del -43 por ciento. Por ello, no deja de ser injusto que, al valorar nuestra posición debida al endeudamiento neto con el exterior, no se tengan en cuenta esas razones históricas.

Si me he detenido en nuestro endeudamiento neto ante el exterior es porque éste es un dato al que se le ha dado una gran relevancia para explicar nuestra vulnerabilidad ante la crisis. Sobre todo, una vez que se constataron sus consecuencias, porque tal y como he comentado en el capítulo referido a mayo de 2010, hasta ese momento dicha variable no aparecía en los análisis y escrutinios de nuestra economía. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento nada decía sobre el endeudamiento total de un país frente al exterior; sólo se tenía en cuenta como factor macroeconómico la deuda pública, donde, como hemos visto, obteníamos una buena nota.

La crisis de nuestro sistema financiero

Aunque en diversos capítulos del libro hay referencias al proceso vivido por el sistema financiero español, voy a hacer aquí una recapitulación de las estrategias seguidas y de las medidas aprobadas, sin eludir los dilemas a los que nos enfrentamos.

Una primera consideración que hoy puede resultar extraña a la luz de los acontecimientos posteriores es que el sistema financiero español soportó bien el impacto de la crisis financiera internacional provocada por la aparición de activos tóxicos en los balances bancarios y el credit crunch tras la caída de Lehman Brothers (véanse gráficos 6 y 7). Durante 2008 y 2009, y a diferencia de buena parte de los grandes países occidentales, sólo hubo que intervenir una entidad que representaba el 0,5 por ciento del sistema. Ese impacto menor en nuestras entidades financieras se debió al sistema de supervisión del Banco de España, que gozaba de un buen reconocimiento fuera de nuestras fronteras (véase, por ejemplo, «Spanish Steps», en The Economist del 15 de mayo de 2008).

Ahora bien, la crisis financiera provocó una recesión económica severa y un brusco incremento del paro. Y si la crisis persistía, parecía claro que iba a afectar a las entidades financieras. Es obvio que la situación de la banca depende de la marcha de la economía. Se trata de un proceso dinámico y cambiante. Además, estábamos ante una crisis financiera mundial radicalmente nueva para nuestro país, en el seno de una unión monetaria y en la era de la globalización. No había ninguna experiencia similar en España.

El riesgo mayor para nuestro sistema financiero se encontraba, como era evidente, en su exposición al sector inmobiliario, que comprometía un volumen muy importante del balance de los bancos y especialmente de las cajas.

No procede hacer aquí una descripción minuciosa de todas las decisiones tomadas a partir de 2008: el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el Programa de Avales, la creación del Fondo de Reestructuración Bancaria en septiembre de 2009, las leyes de fusión y reestructuración del sector, con la desaparición de dos bancos y veintiocho cajas por diferentes procesos de integración, la intervención de seis entidades, las dos pruebas de resistencia a las que nos sometimos, los procesos de mayor exigencia de capitalización, la inyección de dinero público —en torno al 2 por ciento del PIB— hasta 2011… Un proceso complejo que supuso, en particular, una profunda reconversión de las cajas de ahorro. Entre las directamente afectadas por ella, hubo algunas que habían desarrollado una gestión muy negativa, lo que ha dado lugar a diversos procesos judiciales para depurar responsabilidades, como corresponde en un Estado de derecho. Otras, donde no concurría esa circunstancia, lograron resistir a las consecuencias de la larga duración de la crisis.

Por no haber tenido lugar en mi etapa al frente del Gobierno, no haré una valoración del préstamo que España acordó en 2012 con la Unión Europea para la recapitalización del sistema con un monto de hasta cien mil millones de euros, aunque la cantidad dispuesta hasta el momento de escribir este libro ha sido sensiblemente menor.

Pero sí quiero dar cuenta aquí de cuál fue la estrategia adoptada por mi Gobierno y en qué se fundamentó.

Fue una estrategia gradual, paso a paso, en la que actuamos caso por caso, y que partía de la intención inicial de inyectar el menor volumen posible de dinero público. Nos concentramos en la reestructuración del sector de las cajas, exigiendo más provisiones, más capital, para que fueran intervenidas sólo aquellas que no pudieran satisfacer esas exigencias, tras haber apoyado la liquidez del conjunto con los avales y el Fondo de Adquisición de Activos. Además, sometimos al conjunto de nuestro sistema bancario, con clara voluntad de transparencia, a dos pruebas de resistencia, y las dos se superaron razonablemente…

No era previsible que la crisis pudiera prolongarse tanto, que después de haber salido de una primera recesión y de transcurrir varios trimestres, tras el verano de 2011 nos aguardara una segunda que no figuraba en los escenarios centrales de las previsiones. Porque creo, en efecto, que si la sostenibilidad de algunas entidades se hizo inviable se debió al deterioro prolongado de los balances, causado por la duración de la crisis, deterioro que fue particularmente intenso a partir de la recesión desencadenada en el segundo semestre de 2011.

Para observar esa evolución puede resultar de interés recordar los informes del FMI de 2009 y 2010 sobre la economía española y, en particular, sobre el sistema financiero. El de abril de 2009 dice literalmente: «El sector no está sufriendo demasiado por la crisis gracias a una regulación y supervisión financiera eficaz, y un modelo de actividad basado en el negocio tradicional de banca comercial, sin apenas recurrir a productos exóticos de alto riesgo». Aunque es verdad que este informe advertía de las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en el sector inmobiliario y mostraba una mayor preocupación por las cajas. En el informe de 2010, también de abril, el FMI estimaba en su escenario central que el sector financiero podría necesitar 7.000 millones de euros. De ellos, 6.000 corresponderían a las cajas. Y en su escenario más adverso de perspectivas, estimaba que el sector podría requerir hasta 22.000 millones, de los que 17.000 corresponderían a las cajas. Y éste fue el rango en el que se iba a mover el Banco de España.

Por tanto, en relación con las alternativas a la orientación seguida, y tras recordar sumariamente el proceso y su contexto, he de hacer de nuevo una llamada a relativizar el valor de los juicios retrospectivos, si bien ello no me impide reconocer que me he planteado no pocas veces si pudimos y debimos haber adoptado una estrategia distinta.

El déficit por cuenta corriente y la competitividad

Desde 1997, España había venido invirtiendo más de lo que ahorraba. Y esa diferencia se fue incrementando progresivamente hasta 2007, año en que el ahorro nacional se situó en el 20 por ciento del PIB y la inversión en el 30 por ciento, lo que provocó que el déficit por cuenta corriente llegara al 10 por ciento del PIB. Durante este periodo el ahorro nacional permaneció estable, mientras que la inversión creció desde el 25 por ciento del PIB en el año 2000 hasta ese 30 por ciento en 2007.

Por tanto, año a año, desde 1997, hemos visto cómo aumentaba el déficit exterior por cuenta corriente. Pero para valorar este déficit conviene tener en cuenta no sólo su cuantía, sino también el tipo de inversión realizada con el ahorro externo y su capacidad para generar retornos que permitan devolver la financiación.

El déficit exterior de nuestra economía se debía sobre todo a un aumento del déficit comercial por el incremento de las importaciones, lo que, a su vez, obedecía a varias causas: la balanza energética, que llegó a alcanzar el 5 por ciento del PIB en 2008 por los altos precios de la energía; la fuerte inversión dirigida al sector de la construcción, que no exporta pero que sí fomenta las importaciones; y la pérdida de competitividad de ciertos productos.

Cuando empezó la crisis, en la zona euro había un país con un gran superávit en su balanza por cuenta corriente, Alemania, mientras que los países de la periferia del euro tenían un importante déficit externo. En 2008, el superávit alemán fue del 6,6 por ciento de su PIB. Simplificando, esto quiere decir que gran parte del ahorro externo que captábamos era ahorro alemán, que se invertía en España porque los ahorradores alemanes entendían que era rentable hacerlo. O, dicho en otros términos, parte de la producción alemana que no era absorbida por su consumo interno la absorbíamos los españoles.

En apariencia, un país con déficit externo no puede ser un país competitivo en el mercado internacional. Así, hemos oído a menudo que España es poco competitiva; pero su comportamiento en el mercado internacional ha sido razonable: nuestras exportaciones se comportaron bien durante buena parte del periodo analizado, hasta el punto de que sólo España y Alemania mantuvieron la cuota en el comercio mundial en dichos años (véase gráfico 8). En el caso de España, en torno al 1,8 por ciento. Los grandes países de la UE, en cambio, perdieron cuota como consecuencia de la fuerte irrupción de los países emergentes.

¿Cómo era posible que nuestro sector exportador gozase de buena salud a pesar del déficit exterior? Entre las posibles respuestas, me parece que la más acertada es la que pone el acento en la diversidad de nuestra estructura empresarial. Así, las empresas españolas con más de doscientos cincuenta trabajadores son productivas y competitivas. Un buen ejemplo es el sector del automóvil. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país constituyen un elevado porcentaje del total, tienen muchas más dificultades para competir en el exterior.

Por otro lado, aunque durante el periodo 2004-2008 nuestro déficit exterior no estuvo ausente del debate público, la opinión mayoritaria era la de que había que relativizar su importancia, dado nuestro anclaje en una unión monetaria, la zona euro.

Así, por ejemplo, el director del Servicio de Estudios del Banco de España, en un documento de 2007, sostenía: «Dentro de la Unión Monetaria la severidad de la restricción financiera del desequilibrio exterior se encuentra sustancialmente relajada». Al formar parte del euro, nuestro déficit exterior sería, pues, menos grave. Y a quienes así opinaban, parecía que los hechos les daban la razón. Recordemos que en esos años, aunque nuestro déficit por cuenta corriente era muy alto, los mercados financiaban al mismo tipo de interés a España y a Alemania, es decir, nuestra ahora famosa prima de riesgo era cero.

Tenemos que insistir en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento también ignoraba esta variable. Es a partir de la crisis cuando pasa a ocupar un lugar destacado en el llamado proceso de supervisión macroeconómico. Y lo cierto es que el dato de déficit exterior pasó a convertirse recurrentemente en un factor de explicación de las dificultades de nuestro acceso a los mercados de deuda, especialmente a partir de 2010.

Pero es que en 2010 la situación ya había cambiado. Desde la crisis de Grecia cambió el paradigma de manera sustancial, y lo que hasta ese momento era sólo relativamente relevante pasó a ser decisivo en el juicio sobre la sostenibilidad de la deuda, que a veces parecía más el Juicio final que un análisis ponderado. Se había instalado la desconfianza, y la percepción sobre el conjunto de las variables económicas comenzó a interpretarse a partir de esa desconfianza.

En resumen, el déficit por cuenta corriente sólo entró en juego como factor explicativo y como argumento para los inversores a partir de mayo de 2010, precisamente cuando ya se estaba reduciendo con intensidad.

El déficit público y la crisis de deuda

Nuestras cuentas públicas habían registrado superávit en 2005 (1 por ciento del PIB), 2006 (2,4 por ciento) y 2007 (1,9 por ciento). Y la deuda pública se había reducido ese último año hasta el 36 por ciento del PIB.

Cuando la crisis estalla en 2008, reaccionamos con una política anticíclica, en la línea de lo que, desde la primera reunión del G-20, se entendió que era aconsejable para que cada economía combatiera las consecuencias de la abrupta recesión desencadenada en otoño de aquel año. Esos superávits y ese nivel de deuda nos permitían creer que contábamos con margen suficiente para poner en marcha una política activa de estímulos públicos que contrarrestara el frenazo de la actividad privada.

Las políticas anticíclicas, que impulsamos desde el último trimestre de 2008 y durante 2009, junto a la activación de los estabilizadores automáticos, muy intensa por la brusca caída del empleo, nos llevaron a un déficit público del 11,2 por ciento del PIB en ese último año.

Este cambio tan radical en el saldo de las cuentas públicas, producido en un periodo de tiempo tan corto, no se debió sólo al incremento de la inversión y del gasto social —la prestación por desempleo especialmente—, sino también a una reducción de los ingresos, que en apenas dos años supuso el 6 por ciento del PIB (del 41 al 35 por ciento). Nada menos que 60.000 millones de euros. Recuerdo que altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda me trasladaban la opinión de los responsables de Hacienda y de la Agencia Tributaria, excelentes profesionales, de que no había precedentes en la Administración tributaria de una caída tan brutal de los ingresos públicos.

El 11,2 por ciento de déficit público de 2009 era ciertamente una cifra muy elevada, la mayor registrada en las cuentas públicas españolas. Una cifra preocupante por más que fuera inferior a la alcanzada ese año por otras grandes economías como la de Estados Unidos (13 por ciento) o el Reino Unido (11,4 por ciento). No obstante, dado nuestro bajo nivel de deuda pública, durante todo 2009 la prima de riesgo se mantuvo en niveles razonables y seguimos disfrutando de dos de las tres posibles calificaciones triple A que otorgan las agencias de calificación. Asimismo, el promedio de los tipos de interés de los bonos a diez años españoles fue ese año del 3,8 por ciento, uno de los niveles más bajos desde la puesta en marcha del euro (entre 2000 y 2009, sólo tres años registraron un promedio mejor: 2004, 2005 y 2006).

La percepción sobre ese déficit tan abultado cambió a partir de la crisis griega. Antes de mayo de 2010 era un mal dato que, sin duda, había que empezar a corregir pronto; después de esa fecha se convirtió en un factor de gran debilidad de la economía al que había que someter a una vigilancia intensísima.

Y es que alcanzar los dos dígitos en la cifra de déficit público a finales de 2009 tuvo un claro impacto psicológico. No debimos en ningún caso superar el 10 por ciento. Si sucedió fue porque el efecto de los estabilizadores automáticos y la caída de los ingresos fueron mayores de los previstos, en una recesión que se había precipitado sobre nosotros con una brusquedad inusitada.

Fundamentalmente se debió a esto, pero también a otro factor coyuntural de significado político. Me refiero a la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación autonómico, que supuso añadir dos puntos porcentuales de déficit. Una vez más, pesó en mí entonces el afán de fortalecer el vínculo y la relación con Cataluña, y de cumplir mis compromisos con ella y con las demás comunidades autónomas. Pero fue un error acometerlo en aquel momento, en plena recesión. Y el impacto en nuestras cuentas públicas fue muy rápido.

Más allá de esta consideración autocrítica, tengo que ser muy tajante en cuanto al fondo de la cuestión relativa a la presión que sufrió nuestra prima de riesgo en los mercados y que tanto contribuyó después a dificultar la recuperación.

El efecto contagio de la crisis de mayo de Grecia sobre nuestra deuda soberana respondió, sobre todo, a una expectativa de ruptura del euro, que estuvo latente al menos durante todo el periodo 2010-2011 y que fue la consecuencia de un insuficiente compromiso de unidad de la zona euro. Es cierto que no había un modelo, un esquema de respuesta, a una crisis como la que desató el problema griego, pero lo determinante fue que faltó voluntad política.

Con esto no pretendo en absoluto decir que España no hubiera padecido una crisis dura en todo caso, pero estoy convencido de que una resolución ágil, contundente y eficaz de los graves problemas de deuda de Grecia habría supuesto que la crisis de la zona euro, y en igual medida la nuestra, hubiese sido menos grave y de menor duración.

Como hemos indicado anteriormente, los momentos de máxima tensión en nuestra prima de riesgo fueron fruto de los hechos que sucedieron en torno a los episodios de Grecia, Irlanda y Portugal (véase gráfico 9).

Sin embargo, ya conocemos cómo fue de vacilante e insuficiente la respuesta común, la respuesta europea. Lejos de contribuir a aliviar los efectos y la duración de la crisis, nos situó ante el riesgo del mal mayor, el peor de los males, el del rescate. El rescate, que se convirtió en la principal amenaza para España desde mayo de 2010, y evitarlo, en el objetivo prioritario de la acción del Gobierno desde entonces.

Nos costará años superar esta crisis, con un rescate hubieran sido lustros. Esta crisis ha deteriorado el Estado de bienestar, con un rescate se hubiera convertido en irreconocible. Además, nuestra autonomía como país se hubiera visto gravemente limitada y nuestra autoestima muy dañada, aún más, y para mucho tiempo. Ésa era mi convicción entonces y sigue siéndolo ahora.

De modo que, si bien con un 22 por ciento de paro nada servía de consuelo, cuando salí de la Moncloa el 21 de diciembre de 2011 mis pensamientos se centraban en que al menos la batalla de evitar el rescate sí la había librado con más éxito que la de superar la crisis. Eso pensaba aquel 21 de diciembre y, junto a la emoción por el cariño en la despedida de las personas que trabajan en la Moncloa, cuando ya salía del edificio conocido como Palacio, la zona más reservada al presidente del Gobierno, recibí una llamada en mi móvil, la última en realidad de mi etapa como presidente del Gobierno de España. Era Felipe González: «Yo sé lo que es ese momento y te quiero mandar un abrazo». Fue un gesto cariñoso que valoré, que conservo en el balance de los afectos.

Deseo plantear una última cuestión sobre el déficit público. Atañe al déficit de 2011 y al traspaso de poderes.

Nada más lejos de mi intención que suscitar ahora una polémica. Pero, como en su momento se abrió un interrogante sobre el déficit de 2011 y sobre si habíamos transmitido al Gobierno entrante las cifras correctas, quiero hacer una aclaración de los hechos.

Como se recordará, el objetivo de déficit público para el conjunto de las Administraciones públicas era en ese año el 6 por ciento. En el momento en que se inicia el proceso de traspaso de poderes, y a pesar de las medidas de consolidación fiscal que habíamos adoptado en agosto, nuestra previsión era que se podía producir una desviación del entorno de un punto del PIB. Y así se lo transmitimos al Gobierno entrante. Había dado instrucciones al equipo del traspaso de poderes para que se facilitase toda la información requerida y que se hiciese con prontitud; y pienso, sinceramente, que así se hizo.

Ya en diciembre de 2011, el nuevo Gobierno anunció que la estimación de la desviación del déficit era aproximadamente de dos puntos del PIB, es decir, que llegaría al 8 por ciento. El 27 de febrero de 2012, el Gobierno comunicó a la Comisión Europea que el déficit de 2011 ascendía al 8,51 por ciento del PIB. Y el 18 de mayo de 2012, como consecuencia de nueva información aportada por las comunidades autónomas en el avance de ejecución presupuestaria, la estimación del déficit se elevó al 8,9 por ciento.

La cuestión central es conocer qué datos teníamos en diciembre de 2011 sobre el déficit para estimar el 7 por ciento, tal y como se lo transmitimos al Gobierno, y, por otro lado, intentar precisar dónde se produjo la desviación observada desde ese 7 hasta el 8,9 por ciento.

Los datos de los que disponía mi Gobierno eran, en esas fechas, los siguientes:

Los de ejecución presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social del mes de noviembre.

Los de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas del tercer trimestre de 2011.

Y no había datos concluyentes de las entidades locales, ya que siempre se retrasan más que los anteriores.

Veamos cuáles eran esos datos:

Hasta noviembre de 2011, el Estado cumplía las previsiones (-4,8 por ciento del PIB).

Los datos de la Seguridad Social hasta noviembre eran positivos (superávit en torno al 0,4 por ciento del PIB).

Y los últimos datos conocidos de las comunidades autónomas mostraban, hasta el tercer trimestre, un déficit del -1,19 por ciento, algo inferior al del segundo trimestre, que había sido del -1,21 por ciento del PIB. El objetivo final era el -1,3 por ciento.

Con esos datos, y dada la mala evolución de los ingresos que cabía prever en esa parte final del año, se estimó que la Seguridad Social podría sufrir una desviación de cuatro décimas, una décima correspondiente al Estado y tres a las comunidades autónomas. En definitiva, se estimó que la desviación global podía situarse en un punto aproximadamente, es decir, que se podía llegar hasta el 7 por ciento de déficit.

Pero los datos de cierre de 2011, conocidos bien entrado 2012, indicaron que el Estado se había desviado tres décimas, en vez de una. Las comunidades autónomas cerraron con una desviación del déficit de dos puntos (3,3 por ciento en lugar de 1,3 por ciento, es decir, veinte décimas del PIB). Pero, repito, los datos disponibles en noviembre sobre las comunidades autónomas eran los del tercer trimestre (publicados el 28 de noviembre) y daban como resultado un 1,19 por ciento de déficit. Es decir, que en el cuarto trimestre de 2011 se produjo toda la desviación sobre el objetivo del 1,3 por ciento, y más de dos tercios de la desviación del total del déficit fue atribuible a las comunidades autónomas.

Por tanto, nuestra estimación del 7 por ciento del déficit respondía a los datos de que disponíamos en el momento del traspaso, incluyendo una valoración del probable deterioro adicional de los ingresos en la última parte del año.

Era necesaria esta aclaración. Dimos los datos que teníamos y lo que estimábamos en diciembre de 2011 de forma clara y razonable. No hubo nada extraño. Yo no lo hubiese consentido, y es lamentable que en algún momento se haya podido dar pábulo a cualquier otra interpretación.

Teníamos un interés especial en que todo lo relativo a las cuentas públicas se hiciera con el mayor celo posible en el traspaso de poderes. Y también tuvimos un especial interés en que la Caja del Tesoro quedara en la mejor situación posible dadas las circunstancias. Y me constan los esfuerzos del Ministerio de Economía y Hacienda a tal fin: la Caja del Tesoro tenía en aquellas fechas en torno a treinta mil millones de euros.

Quiero destacar, además, la seriedad y profesionalidad del trabajo de la Intervención General del Estado, en colaboración con el Banco de España y con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, el Eurostat nunca puso en cuestión los datos elaborados por estos organismos. Nunca fueron ni cuestionados ni modificados.

Deseo en este apartado hacer alguna consideración sobre el gasto público en nuestro país. Y es que con frecuencia se mantiene la tesis de que parte de nuestros problemas se derivaron del exceso de gasto público en los años previos a la crisis. Sin embargo, los datos desmienten claramente esa creencia. Así, el porcentaje del gasto público sobre el PIB no varió prácticamente entre 2004 y 2007 (en 2004 fue del 38,9 por ciento y en 2007 del 39,2 por ciento). Fue a raíz de la crisis cuando se produjo un sensible incremento: del 39,2 por ciento de 2007 al 45,9 por ciento de 2011 (véanse gráfico 10 y tabla 1). Y ese incremento se debió fundamentalmente al aumento de los gastos de protección social, los estabilizadores automáticos. El cuadro que acompaña al gráfico incluye la descomposición del gasto público por Administraciones, ya que tiene interés conocer el nivel de gasto de cada uno de los niveles de gobierno. Resulta asimismo destacable que el gasto público en 2011 estaba en España cuatro puntos por debajo de la media de la UE, y por debajo de países como Francia, el Reino Unido e Italia (véase tabla 2).

El paro y las instituciones laborales

La destrucción de empleo, tan intensa, que ha ocasionado la crisis ha sido su efecto social más desgarrador. También el dato macroeconómico más singularmente negativo de nuestro país en este periodo.

Los datos sobre el crecimiento del paro son conocidos y aparecen mencionados en este libro en varias ocasiones. Sólo recordaré ahora uno de carácter general. La tasa de paro en 2008 fue del 11,3 por ciento y en 2011 del 21,5 por ciento (véase gráfico 11). En la fecha de mi salida del Gobierno era del 22 por ciento, un porcentaje que nos retrotraía a aquellos momentos de las décadas de los ochenta y de los noventa en los que la tasa de paro superó también el 20 por ciento. Pero en esta crisis la destrucción de puestos de trabajo ha sido aún más abrupta, puesto que veníamos de una etapa de intensa y sostenida creación de empleo. Así, en la primera Legislatura de mi Gobierno se crearon cerca de tres millones de puestos de trabajo y la tasa de paro alcanzó la mejor cifra de la democracia: un 7,8 por ciento en 2007. En aquel entonces la percepción que había en el país, especialmente entre los grandes empresarios, era que estábamos prácticamente en pleno empleo.

Ni en la peor de mis pesadillas imaginé que el paro, ese drama social vivido por varias generaciones de españoles, volvería a situarse en aquellos niveles. Y, menos aún, que toda una generación de jóvenes, mejor formada que las anteriores, tendría que sufrir el desempleo con tanta intensidad.

Esa tasa del 20 por ciento se había superado dos veces antes en democracia, lo que nos sumergía de nuevo en el debate sobre si el paro en España es un problema estructural que no somos capaces de resolver en cuanto se tuercen las cosas. Mi Gobierno tampoco lo fue. Todos nuestros intentos de contener la sangría del paro durante el periodo 2008-2011 fracasaron. Ni los estímulos del gasto público, ni los planes a favor de la contratación de determinados colectivos, ni la reforma laboral, ni las rebajas de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social dieron resultado. El relativo alivio que experimentamos en los trimestres posteriores a la primera recesión desapareció cuando, a mediados de 2011, irrumpió la segunda.

El PIB cayó en España durante 2008, 2009 y 2010 de forma similar a como lo hizo en la UE y en la zona euro, pero en nuestro país la tasa de paro se incrementó mucho más. Ahí reside nuestra singularidad, el desequilibrio económico y social más difícil de asimilar.

El déficit por cuenta corriente existía antes de la crisis, el elevado endeudamiento también, al igual que la burbuja inmobiliaria. El déficit público es consecuencia de la crisis; las graves tensiones sobre la deuda soberana provienen de la crisis de la zona euro; la crisis del sistema financiero, del deterioro de la economía y del shock financiero; y el paro, de la recesión. Pero este último, el crecimiento tan desproporcionado del desempleo, era lo más difícil de explicar ante los organismos internacionales y ante los inversores.

Ante los inversores, los que dirigían los fondos que a diario influían sobre nuestra prima de riesgo, se podían presentar argumentos en relación con los otros grandes temas. Si se trataba de la burbuja, estaban los casos de Estados Unidos o Inglaterra; si del alto déficit por cuenta corriente, teníamos el ejemplo norteamericano, además del argumento de que nuestra pertenencia al euro era una garantía; si lo que se ponía en cuestión era el endeudamiento general de la economía, teníamos también el caso de otros países; y si las dudas se proyectaban sobre el sistema financiero, se podía argüir en nuestro favor que las entidades financieras intervenidas eran menos que en otros grandes países europeos, como Inglaterra o Alemania, y por supuesto Estados Unidos. No era fácil la tarea de ofrecer explicaciones sobre todo lo que acabo de mencionar, pero se podía hacer. Sin embargo, al explicar las cifras de paro faltaban argumentos.

El paro es el factor más negativo, el que más daño ha hecho, en primer lugar, a los millones de personas que lo sufren, y, en segundo, a la imagen de nuestra economía y de nuestro país.

La elevada tasa de desempleo en España contribuía a que los observadores externos creyeran que nos costaría mucho salir de la recesión, y esta consideración pesaba enormemente en sus expectativas. Lo único que se podía traer a colación para contrarrestar esa desconfianza era el hecho, constatable, de que con la misma intensidad con la que se destruía el empleo en los periodos recesivos, se creaba en las etapas de expansión, y que ese fenómeno volvería a suceder en cuanto saliésemos de esta crisis.

La mayoría de los economistas atribuyen este problema estructural de nuestro mercado de trabajo básicamente a nuestras instituciones laborales. No sería éste el único factor que se debe considerar, pero sí el más determinante. Unas instituciones laborales rígidas, con una negociación colectiva rígida que impide la adaptación de los salarios a las circunstancias de la empresa, y un modelo de indemnizaciones por despido que protege especialmente a los trabajadores con contrato indefinido. Esta regulación explicaría la dualidad de nuestro mercado laboral y su alta tasa de temporalidad. Temporalidad que es objetivamente nociva en cuanto que no incentiva la formación ni la productividad.

Pero, más allá del debate sobre nuestras instituciones laborales, existe una realidad muy significativa en la economía española: la vinculación de la creación y destrucción intensas de empleo con el sector de la construcción, fuertemente intensivo en mano de obra. No cabe duda de que la tendencia de nuestra economía a una fuerte expansión del sector de la construcción residencial en las etapas de crecimiento es el factor decisivo en la explicación de las bruscas oscilaciones del empleo. Cada vez que se ralentiza el sector de la construcción de viviendas, la tasa de desempleo sube de modo imparable. Y a la inversa.

La cuestión, entonces, sería si nuestras instituciones laborales fueron las que indujeron nuestro modelo productivo o si es el modelo productivo el causante del mal funcionamiento del mercado laboral.

La lucha contra el paro durante 2009 la abordamos, en primer lugar, combatiendo la recesión con la fuerte política de estímulos aplicada. Es difícil saber qué habría ocurrido sin esta política, cuánto deterioro adicional se habría producido en el mercado laboral, pero es evidente que no logramos el objetivo pretendido, porque la destrucción de empleo continuó con gran intensidad. Eso nos llevó, a partir de finales de ese año, a concentrar nuestros esfuerzos en una reforma de las instituciones laborales.

En esa reforma, entre otros cambios, redujimos las indemnizaciones por despido e introdujimos flexibilidad en la negociación colectiva. Es verdad que nuestro mercado laboral adolecía de rigideces, las cuales, por cierto, estaban fuertemente arraigadas no sólo ya en nuestro ordenamiento jurídico, al menos desde los albores de la democracia, sino, quizá por ello o como expresión de ello, en nuestras pautas culturales. Y, de hecho, creo que nuestra reforma del mercado de trabajo fue la primera que se planteó abordar algunas de esas rigideces.

Que nuestra economía se estaba ajustando de nuevo por empleo y no por salarios era evidente. La Oficina Económica me aportó un interesante análisis comparativo de lo sucedido en la crisis en España y en Alemania, que acreditaba que en Alemania, en 2008, el ajuste se había producido vía salarios y horas de trabajo en lugar de vía empleo, algo que en España sólo empezaría a ocurrir a partir de 2010 gracias a los acuerdos de moderación salarial a los que llegaron los interlocutores sociales. Así, en 2008 y 2009, en Alemania se produjo una reducción de cuarenta horas anuales por trabajador, mientras que en España hubo un aumento de 6,6 horas por trabajador. En el mismo periodo, en Alemania se redujo el empleo en 70.000 personas, y en España, en 1.370.000.

Con todo, no podemos ignorar que el ajuste vía salarios sólo es posible en aquellas empresas que son capaces de mantener la actividad, cosa que no ocurrió en España con muchas pymes vinculadas al sector de la construcción cuando éste se desplomó.

No fue nada fácil abordar la reforma laboral. Quisimos apurar el diálogo con los agentes sociales, con la convicción de que las reformas de cierto calado sólo son realmente eficaces si cuentan con la comprensión y el apoyo de los sectores sociales implicados. Y luego nos encontrábamos con las dificultades inherentes a la ausencia de una mayoría parlamentaria. A nadie se le oculta que, por un lado, los pequeños partidos de la izquierda veían con mucho recelo los cambios en este ámbito, y, por otro, que el PP no iba a facilitar las cosas en ningún sentido, como también ocurriría con la reforma de las pensiones.

Y además estaban, debo admitirlo, nuestras propias dudas. Queríamos, a toda costa, poner coto a la sangría del paro y acabar con la maldición histórica de esas brutales destrucciones de empleo de los periodos recesivos. No nos faltaba determinación para ello. Sin embargo, teníamos conciencia de nuestros límites: no debilitar los derechos de los trabajadores hasta extremos que hicieran irreconocibles los pilares básicos de la negociación colectiva, y garantizar un mínimo equilibrio en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

Di orden a mis colaboradores de explorar todas las posibilidades y todas, en efecto, se exploraron, al tiempo que sondeábamos a nuestros interlocutores políticos y sociales de uno u otro signo. Yo mismo me entrevisté con los más variados expertos en mercado laboral, desde los que veían con reticencia que nuestros problemas del mercado laboral se pudieran resolver con cambios drásticos que desequilibraran irreversiblemente las relaciones entre empresarios y trabajadores, hasta los que defendían con aparente convicción la necesidad de acometerlos, como los que patrocinaban el contrato único.

El resultado de esos equilibrios políticos y sociales, que en todo caso se alteraron, puesto que los sindicatos convocaron una huelga general, fue la reforma aprobada. Que no logró impedir, como quizá no lo hubiera conseguido ninguna otra, que la economía española continuara destruyendo empleo cuando volvió la recesión, porque el crecimiento era y seguirá siendo el factor determinante. Lo que obliga, para evaluar la bondad de los cambios normativos, a tener en cuenta un largo periodo que abarque fases de crecimiento negativo y otras de crecimiento positivo.

En definitiva, necesitamos aún más perspectiva para valorar si los cambios normativos introducidos en los últimos años en el mercado laboral español contribuyen a resolver, al fin, el problema estructural del paro presente durante toda la democracia y que es nuestro gran reto colectivo. Desde luego, supuso mi mayor frustración al frente del Gobierno.

REFLEXIÓN FINAL

No pude vencer la crisis, evitamos el rescate de nuestra economía, y tuvimos como prioridad mantener la cohesión social.

Para este último objetivo, nuestro mayor afán fue la protección por desempleo. Por eso, durante toda la crisis mantuvimos las prestaciones y pusimos en marcha una nueva ayuda para los que las habían agotado (véase tabla 3). Y cuando escribo estos últimos párrafos, pesan sobre mí, precisamente, las vivencias de los españoles a los que esta crisis tan larga ha golpeado más duramente.

De los tres grandes pilares del Estado de bienestar, las pensiones son seguramente, junto con la sanidad, la mayor conquista del periodo democrático. Nos incorporamos a la construcción del Estado de bienestar más tarde que nuestros socios europeos, pero en treinta años dimos un salto trascendental. Entre 2000 y 2004, la protección social creció un 19,9 por ciento, y de 2004 a 2009 un 37,2 por ciento, pasando del 64 al 79 por ciento respecto a la media europea.

En mi opinión, el apoyo a las rentas más bajas es la mayor palanca de redistribución y de cohesión social.

En este sentido me interesa subrayar el proceso de convergencia entre pensión mínima y salario medio en nuestra etapa de gobierno. Recuerdo que el número de pensiones mínimas supera los tres millones. Durante el periodo 1995-2003 la proporción entre estas dos variables disminuyó ligeramente y, en cambio, entre 2004 y 2011 avanzó en nueve puntos (desde el 30,1 hasta el 39 por ciento). La razón fue la revalorización progresiva de las pensiones mínimas, por encima del resto de las pensiones. Entre 2004 y 2011 experimentaron un aumento nominal del 44,4 por ciento, lo que permitió una ganancia de poder adquisitivo del 26,4 por ciento (véase gráfico 12). No hay precedentes en nuestro país de un esfuerzo similar.

Esta política de mejora de las prestaciones mínimas está, a su vez, relacionada con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que entre 2004 y 2010 experimentó un incremento de poder adquisitivo del 17 por ciento (véase gráfico 13). No siempre se recuerda que el SMI es el suelo de la cotización a la Seguridad Social, por lo que su revalorización tuvo un significativo impacto también en los ingresos de la Seguridad Social. Esta política de incremento del SMI desempeñó también un destacado papel en la evolución de la distribución de renta en el periodo 2004-2009 (véase gráfico 14).

Esta política fue compatible con un importante incremento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que a finales de 2011 disponía de un colchón de 70.000 millones de euros (véase gráfico 15).

Junto a las pensiones, la sanidad es otro poderoso factor de cohesión y seguridad. Durante la crisis mantuvimos íntegras las prestaciones del sistema público de salud. Un sistema público eficiente, cuya excelencia es reconocida internacionalmente. De 2004 a 2011 se incrementó la inversión en el sistema sanitario en un 25 por ciento, según datos de la OCDE. Quizá algo tenga que ver con nuestro sistema de salud el hecho de que España es el país que tiene la segunda mejor expectativa de vida del mundo.

En el afán de extender la política social, pusimos en marcha la Ley de Dependencia, que establecía apoyo y prestaciones a 700.000 dependientes, y que supuso una vía de esperanza para las personas con discapacidad.

La política de cohesión social depende en gran medida de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades más transformadora es la educación, y especialmente las becas. Hicimos un gran esfuerzo en política de becas, el más importante de la democracia. Duplicamos el presupuesto para becas (de 739 millones de euros a 1.603) y se incrementó notablemente el número de becarios (de 1.327.500 a 1.733.000). Y la crisis no afectó al presupuesto de becas. De hecho, en los Presupuestos de 2010 y 2011, ya en plena etapa de duros recortes, fue la única partida social que se incrementó (véanse gráficos 16 y 17).

Se acerca el final de este epílogo y, por tanto, de este libro. No sé si servirá para desatar los nudos y resolver los dilemas que la crisis ha planteado.

Deseo, no obstante, hacer una recapitulación final sobre mi análisis de los grandes temas de fondo de esta crisis.

La crisis global de 2008 y sus profundos movimientos tectónicos han hecho tambalear cimientos y convicciones sociales. Y parece que a la política algo muy serio se le hubiese escapado de las manos.

En las últimas décadas hemos vivido cambios tecnológicos profundos. La multiplicación de la información y la comunicación supuso una gran palanca de transformaciones en la economía y en la sociedad que propició el fenómeno de la globalización, que es la seña de identidad de nuestro momento histórico. Los avances técnicos, la supresión de barreras comerciales, la libertad de movimientos de capitales y de personas han ido cambiando las claves de la economía. Crecieron las empresas multinacionales hasta llegar a tener algunas de ellas más poder que muchos gobiernos. Se multiplicaron los fondos de inversión y su tamaño. El crecimiento de la economía mundial, y especialmente del sector financiero, generó grandes volúmenes de ahorro y de capitales que circulan libremente por el mundo, que pueden moverse de una región a otra en días, horas, provocando euforias y depresiones.

Hasta ahora, lo más paradigmático del balance de la globalización es la afirmación de los países emergentes y el declive de los países desarrollados. Este proceso ha supuesto un hecho enormemente positivo: la incorporación de centenares de millones de ciudadanos a las clases medias, dejando atrás la pobreza.

Pero, al mismo tiempo, la globalización ha generado un enorme desequilibrio entre los países con altas reservas y los países con alto endeudamiento. Los dos polos de esta situación asimétrica son Estados Unidos y China. La primera potencia del mundo necesita un gran ahorro externo, y China y otros emergentes se lo financian. Estos desequilibrios son difícilmente sostenibles con el grado de desarrollo financiero global que se ha alcanzado.

Y es que la causa última de la crisis han sido los profundos desequilibrios surgidos de la globalización, unidos a la ausencia de una conciencia colectiva para gobernarla.

En medio de la calma surgió el desorden. Un desorden creado por todos y por nadie. Ése es el problema: que la globalización es el fruto del impulso de todos y que nadie se responsabiliza de su ordenación. Porque la política y las leyes, las leyes y los gobiernos, son nacionales; y la economía, los mercados y el sistema financiero son globales.

La globalización, como dice Innerarity, ha sido más un proceso que un proyecto, y la tarea ahora es dar sentido al proceso con un proyecto global. Ese proyecto debe ser capaz de trascender visiones nacionales y de armonizar intereses contrapuestos, de aprobar normas globales, con instrumentos eficaces para exigir su cumplimiento, y no sólo principios orientativos. Otro Bretton Woods no es suficiente. Esas normas globales deberían incluir la regulación de los sistemas financieros, los tipos de cambio, el comercio internacional, el cambio climático, la lucha contra la pobreza y las migraciones.

Mi convencimiento es que el camino hacia una institucionalización global se abrirá paso. La política, que hoy parece moverse en el desconcierto, tendrá que recuperar su sentido. Porque debemos tener presente que la globalización en todo caso no se detendrá. Que es un fenómeno imparable. (Como, por ejemplo, ha explicado con particular brillantez Martin Wolf en sus artículos del 13 de junio y el 16 de julio de 2013 en el Financial Times).

Y, entre los autores que más lúcidamente han abordado con carácter general este fenómeno de la globalización, me permito citar a Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Joseph Stiglitz, Dani Rodrik y Jeffrey Sachs.

La crisis también ha puesto de manifiesto que la arquitectura de la UE, y en particular de la zona euro, adolecía de importantes defectos de concepción.

Es llamativo que países como España, que dejó de ser emergente hace décadas, y que se acercaba prácticamente a los países con mayor poderío económico, hayan sufrido con mayor gravedad los efectos de la crisis. En el mismo caso están Irlanda, Portugal, Grecia e Italia. Es significativo observar que estos cinco países, que son los que han recibido un impacto más negativo, eran los que tenían menor renta per cápita cuando nació el euro. Eran los países llamados a converger. Algo ha fallado en el modelo del euro. Algo muy serio. El euro impulsó su prosperidad y su crecimiento, pero sin bases sólidas.

Pero la UE y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización. La fuerza de los valores que inspiran la unidad europea es superior a cualquier circunstancia, por muy adversa que ésta sea. No podemos ignorar que los progresos de los treinta años de democracia en España se han logrado de la mano de Europa, por Europa y con Europa, y por muy duras que sean ahora las consecuencias y las limitaciones del euro, no deberíamos ni pensar por un momento en la renuncia a él. La recuperación de la situación en España y en otros países sólo será posible en el euro y con Europa. Aunque seguramente con otra Europa y otra unión monetaria, que avance en la unión económica y fiscal y, sobre todo, que refuerce su unidad política, el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, cuya expresión más nítida es la solidaridad.

Se habla hoy de «solidaridad con condiciones». Pero a la solidaridad, como a la democracia, nunca le han sentado bien los adjetivos. Unidad, solidaridad y, por supuesto, responsabilidad son los valores en torno a los cuales hay que fundamentar ese imprescindible avance de Europa. Por ello, el debate moral entre cumplidores e incumplidores no encaja en un proyecto de unión de Europa (en la línea de lo que Claus Offe defiende en un artículo recientemente publicado en nuestro país).

Europa no puede quedar atrapada en ese debate moral entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia. Y es que para nosotros, en particular, esta crisis ha sido, en cierto modo, una historia entre Alemania y España. Alemania fue el principal inversor externo en nuestro país en la etapa de crecimiento, el que más ahorro puso para contribuir a estimular la inversión y el consumo en España. A la vez que los tipos de interés en la zona euro eran inconvenientemente bajos para nosotros cuando Alemania los necesitaba así para superar el estancamiento que se produjo tras su unificación. Ya durante la crisis, Alemania ha sido la principal promotora de la austeridad y de que el BCE no desplegara una política monetaria más expansiva que hubiera aliviado nuestra recesión y facilitado la recuperación. En esta historia entre Alemania y España, el árbitro, para entendernos, ha sido el Bundesbank. Pero ésta es la misma Alemania a la que, en muchos sentidos, admiramos y con la que estamos abocados a mantener fuertes lazos económicos, empresariales y, más allá de ellos, culturales. Alemania ha defendido sus intereses nacionales con el mismo ahínco con el que otros países lo hemos hecho, pero posee una fuerza incomparable en Europa y su posición va a seguir siendo determinante para el futuro de la Unión.

Michael Pettis lo ha destacado con agudeza: «La crisis europea no tuvo nada que ver con los ahorradores alemanes y los derrochadores españoles, sino con las políticas para fomentar el empleo alemán. Esos ahorros en exceso se tenían que absorber dentro de Europa y los desequilibrios subsiguientes fueron tan grandes (porque el desequilibrio de ahorro de Alemania era tan grande) que llevaron a las circunstancias de hoy». Y añade este autor: «Los moralizadores que insisten en que España no estaba obligada al boom del consumo —la crítica típica: “Nadie les puso un arma en la sien ni les obligó a comprar teles de plasma”— se equivocan de debate. Puesto que Alemania tenía que exportar sus ahorros en exceso, España no tenía más opciones que aumentar sus inversiones o permitir que sus ahorros se colapsasen ya en la forma de un boom del consumo o un aumento del desempleo. Ninguna otra opción era posible» (Foreign Policy, mayo de 2013).

Los efectos tan graves de la crisis en España han sido, en cierta medida, los propios de una crisis de crecimiento, alentada por la ambición histórica de recortar nuestra distancia con Europa y propulsada por nuestra entrada en el euro. Por ello, me resisto a asumir esa idea tan extendida de que España vivía por encima de sus posibilidades, me resisto a asumirla sin más, porque más bien lo que ocurrió es que habíamos vivido por debajo de nuestras posibilidades demasiados años. Sin olvidar, por supuesto, que mientras crecíamos incurrimos en desequilibrios y en excesos, y cometimos errores; aunque éstos no sean, en general, infrecuentes en las etapas de expansión y España nunca haya vivido una tan intensa y prolongada.

Todos los países, incluso las naciones más poderosas, han sufrido grandes crisis. Estados Unidos sufrió la depresión de los años treinta del pasado siglo. Era ya la primera potencia mundial. Pocos años después libró la mayor guerra de la historia y venció, y con su victoria y la de los aliados libró al mundo de la pesadilla más terrorífica jamás imaginada. Y de ahí nació el más alto ideal político del siglo XX, el ideal de la Unión Europea.

Nuestro país escribió una de las mejores páginas del siglo XX: su tránsito limpio y pacífico desde el autoritarismo a la libertad. Y desde la llegada de la democracia, en treinta años, logró duplicar su riqueza, algo que antes de la libertad había costado conseguir más de un siglo.

Cuando la historia nos lo ha permitido, nos hemos reencontrado con la libertad hasta convertirnos en uno de los países más tolerantes del planeta. Cuando la historia nos lo ha permitido, emprendimos el camino del progreso y sentamos las bases del Estado de bienestar. Cuando la historia nos lo ha permitido, hemos visto tanto el renacer de nuestra cultura, de la mano de un idioma admirado y reclamado en el mundo, como a algunas de nuestras empresas convertidas en líderes mundiales… Y cuando la historia se lo ha permitido, las mujeres españolas han protagonizado un trascendental avance en la consecución de la igualdad. Todo esto no ha sido un espejismo. No era una ficción. Era y es real.

Sí, la planta de país de 1978 tiene raíces profundas, pero ahora hay que aprender de lo ocurrido y retomar el paso. España tiene que volver a acertar para continuar el trayecto que inició entonces, para que su historia, la nuestra, termine bien, a pesar de esta crisis.

Después de un cierto tiempo de mi salida de la presidencia, mi confianza en nuestro país es, si cabe, mayor que entonces al ver el ejercicio de responsabilidad de la gran mayoría de la sociedad ante el golpe de la crisis.

Mi máximo deseo es que cuando este libro salga a la luz el horizonte de la recuperación esté a nuestro alcance y los ciudadanos más injustamente afectados puedan recuperar sus expectativas.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento. Siempre he pensado que quien ha tenido el inmenso honor de contar con el respaldo de sus compatriotas para presidir su país sólo puede empezar y terminar sus palabras dándoles las gracias.

ANEXO

Carta del presidente del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno de España (en español)

CARTA DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Sr. José Luis Rodríguez Zapatero

Presidente del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa

Avenida de Puerta de Hierro, s/n

28071 Madrid

España

Fráncfort/Madrid, 5 de agosto de 2011

Querido presidente del Gobierno:

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo abordó el 4 de agosto de 2011 la situación en los mercados de deuda pública española. El Consejo de Gobierno considera esencial que las autoridades españolas adopten medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales.

Recordamos que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro celebrada el 21 de julio de 2011 concluyó que «todos los países de la zona del euro reafirman solemnemente su determinación absoluta de hacer plenamente honor a su propia firma soberana y a todos sus compromisos en materia de condiciones presupuestarias sostenibles y reformas estructurales». El Consejo de Gobierno considera que España debe apuntalar urgentemente la reputación de su firma soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales, y hacerlo mediante pruebas creíbles.

En la coyuntura actual, consideramos esencial la adopción de las siguientes medidas:

1. Consideramos necesario adoptar medidas adicionales que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo con vistas a lograr claros avances en la reducción de la elevada tasa de paro.

a) El decreto-ley de reforma de negociación colectiva aprobado por el Gobierno español el 10 de junio debería reforzar de manera más efectiva el papel de los acuerdos en el ámbito empresarial con vistas a garantizar una descentralización real de las negociaciones salariales. En el transcurso del próximo trámite parlamentario deberían aprobarse enmiendas que lleven a reducir la posibilidad de que acuerdos en el sector industrial (en ámbitos nacional o regional) limiten la aplicabilidad de acuerdos a nivel empresarial.

b) Además, nos preocupa enormemente que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para suprimir las cláusulas de indiciación de la inflación. Dichas cláusulas no constituyen un elemento adecuado en los mercados laborales de una unión monetaria, dado que suponen un obstáculo estructural para el ajuste de los costes laborales y, por ello, contribuyen a dificultar la competitividad y el crecimiento. Animamos al Gobierno a tomar medidas audaces y excepcionales para excluir el recurso a dichas cláusulas a la vista de la actual crisis.

c) El Gobierno también debería tomar medidas excepcionales para promover la moderación salarial del sector privado, en consonancia con las reducciones significativas de los salarios públicos acordadas el año anterior. Invitamos al Gobierno a explorar todas las vías posibles para la consecución de dicho fin.

d) Asimismo, sugerimos revisar en breve otras regulaciones del mercado laboral con vistas a acelerar la reintegración de los desempleados en el mercado de trabajo. Vemos importantes ventajas en la adopción de un nuevo contrato laboral excepcional en el que las indemnizaciones por despido sean muy bajas, y que se aplique durante un periodo limitado de tiempo. Además, sugerimos suprimir toda restricción a la prórroga de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo.

A la vista de la gravedad de la situación de los mercados financieros, consideramos fundamental que las medidas, en los campos arriba expuestos, se tomen con la mayor brevedad posible, y a más tardar a finales de agosto.

2. El Gobierno también debe adoptar medidas audaces que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas.

a) El Gobierno debería demostrar de manera clara, con acciones, su compromiso incondicional con el cumplimiento de los objetivos de política fiscal, independientemente de la situación económica. Con este fin, instamos al Gobierno a anunciar, a lo largo del presente mes, medidas adicionales de consolidación fiscal estructural para lo que queda de 2011 superiores, como mínimo, al 0,5 por ciento del PIB, con vistas a convencer a los mercados de que el objetivo de déficit del 6 por ciento se alcanzará sean cuales sean las circunstancias. Simultáneamente, han de seguir aplicándose normas fiscales nacionales que aseguren el control de los presupuestos regionales y locales (incluyendo la autorización para la emisión de deuda por parte de los gobiernos regionales), y han de implementarse con celeridad, si es necesario, planes gubernamentales de consolidación de los gobiernos regionales y locales.

b) La reciente publicación de los datos trimestrales sobre la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales es un importante paso adelante en cuanto a transparencia, pero no va todo lo lejos que debiera. El Gobierno debería publicar a corto plazo las cuentas nacionales de todos los subsectores gubernamentales junto con las estadísticas trimestrales de las finanzas gubernamentales. Además, a medio plazo, el Gobierno debería promover la publicación mensual de los datos de las cuentas nacionales de otros subsectores gubernamentales, con el mismo nivel de detalle y frecuencia que se aplica al Gobierno central.

c) Se acoge con agrado la introducción de una nueva regla de gasto (que limita los incrementos de gasto, en periodos normales, a la tasa del crecimiento tendencial del PIB, a menos que se financien mediante cambios en la legislación impositiva). Resulta básico que esa regla se aplique en el futuro a todos los subsectores gubernamentales.

3. Finalmente, animamos al Gobierno a adoptar más reformas del mercado de productos. En este ámbito deberían abordarse diversos aspectos:

(i) Aumentar la competitividad en el sector energético para que los precios reflejen mejor el coste de la energía, así como adoptar medidas para reducir el alto nivel de dependencia energética de la economía española;

(ii) Promover el mercado de alquileres para la vivienda mejorando la regulación de los contratos; y

(iii) Aumentar la competitividad en el sector servicios abordando específicamente la regulación de los servicios profesionales.

En suma, confiamos en que el Gobierno español sea consciente de su altísima responsabilidad en el buen funcionamiento de la zona euro en la actual coyuntura, y en que de manera decidida adopte las medidas necesarias para recuperar nuevamente la confianza de los mercados en la sostenibilidad de sus políticas. Dichas medidas, sumadas a todas las que ya están en marcha para reestructurar y recapitalizar el sector bancario español, deberían dar como resultado grandes beneficios no sólo a la economía española, sino a la zona euro en su conjunto.

Con mis mejores deseos,

JEAN-CLAUDE TRICHET        MIGUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Cc a la ministra de Economía Elena Salgado

Notas

[1] La traducción de esta carta al español, realizada por la editorial, figura como último documento del anexo. <<